Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-12


-Trelew, 12 de Setiembre de 2006.- -Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 636 por el Dr. L. Á. N. por derecho propio contra la resolución de fs. 6847/7, registrada bajo el Nº 203/05; memorial de agravios de fs. 700/713 y su contestación de fs.718/721, y -CONSIDERANDO: - -I. Que en la resolución apelada se rechazo la ejecución de honorarios profesionales promovida por el Dr. L. Á. N..Se agravió el apelante del rechazo de la ejecución de honorarios que promoviera contra M. S.A., ejecución que refiere abarcativa del honorario regulado en la sentencia definitiva dictada en los presentes autos y de aquél establecido en la resolución de fecha 1 de abril de 2004.Expuso en lo esencial que la resolución de la que se agravia, violenta el instituto de la cosa juzgada respecto de la sentencia definitiva de fecha 29/10/2002 y la resolución de fecha 1/4/2005, además de transgredir el art. 507 del CPCC en cuanto manda que las excepciones que se deduzcan en el trámite de ejecución de sentencia deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Reitera que la resolución en crisis rechaza no solo el honorario devengado en virtud de la sentencia definitiva dictada en el presente proceso, sino además aquel determinado durante el trámite de ejecución del primero por resolución de fecha 1/04/05.- La resolución que apeló, expresa, es alcanzada por la doctrina de los actos propios. A su turno el representante de M. S. A. a fs. 718/721 contesta los agravios expuestos por el Dr. L. Á. N., expresando que los argumentos contenidos en su memorial no constituyen una crítica razonada de los fundamentos de la resolución que apela. Expresa que el Dr. L. Á. N. pretende crear confusión ya que M. S.A. no fue intimada al pago de los honorarios regulados mediante resolución del 1/04/2005, y por lo tanto corresponderá su pago cuando el primero cumpla con el procedimiento establecido el código de rito, estando en presencia de un título inhábil.

Afirma que la resolución del Sr. Juez "a quo" señala con claridad que corresponde hacer lugar a la excepción de falsedad de la ejecutoria, profundizando respecto de quien resulta obligado al pago de los honorarios del Dr. L. Á. N. en relación a la sentencia definitiva de fecha 29/10/2002 y aclaratoria de fecha 3/02/2003, y que su representada no fue condenada al pago de los honorarios cuyo pago le demanda el Dr. L. Á. N..

Expresa que no ha estado en discusión que la sentencia definitiva de fecha 29/10/2002 y su posterior aclaratoria han pasado en autoridad de cosa juzgada, reconociendo la imposición de costas en forma solidaria, sin que ello comprenda los honorarios del Dr. L. Á. N., sino solo los honorarios de los letrados que han representado al actor, remitiéndose a su presentación de f. 664 vta. y siguientes.

Refiere que la excepción que articulara en representación de M. S.A. se funda en un hecho posterior constituido por la persecución del Dr. L. Á. N. sin derecho en contra de la primera, respecto de los honorarios que se le regularan por su actuación en el proceso. -Manifiesta que la sentencia definitiva impuso las costas del proceso en forma solidaria a M. S.A. y R. M. S.A., bajo el principio de la derrota tal como lo estableciera el Dr. Chialva en su voto. Dice que a fin de concluir con la cuestión respecto de los obligados al pago efectuó un pedido de aclaratoria, habiendo sostenido este Tribunal que ello debería determinarse en la ejecución de sentencia y por el juez de primera instancia.

-Adujo que se dictó una resolución, la que carece de sustento y fundamento jurídico, la que dispuso que su representada debía afrontar el pago de las costas procesales, y que la misma fue revocada por este Tribunal; y que los magistrados que han intervenido en autos han entendido que la calidad de obligado al pago del honorario se debía determinar en la actual etapa procesal de ejecución de sentencia.

Sostiene que en resoluciones de fecha 12/05/2003 y 3/06/2005 se dijo que la cuestión relativa a la calidad de obligado al pago se resolverá en ocasión de dictarse la sentencia de venta.

Afirma que el Sr. Juez "a-quo" ante lo dispuesto por este Tribunal, en virtud de las excepciones deducidas en representación de M. S.A., y aplicando el sentido común, dictó la resolución de fecha 19/12/2005 por la cual se rechaza la ejecución de honorarios profesionales promovida por el Dr. L. Á. N.. Dice, respondiendo a los dichos del apelante en cuanto a que el Sr. Juez "a-quo" ha ido contra su propios actos, que ha seguido el procedimiento establecido para el trámite de ejecución de sentencia ordenando en primer término el embargo y evaluando luego los elementos probatorios para resolver las excepciones planteadas por su representada, preguntándose que de no ser así "¿cual sería el sentido de las excepciones previstas en el código procesal?.

Alega que el Dr. L. Á. N. ha utilizado "gran cantidad de artimañas procesales" para evitar que se trate la cuestión de fondo y que el Sr. Juez " a quo" en su resolución por último sacó a la luz la verdad, sin que ello signifique invadir supuestas etapas procesales precluidas tal como sostiene el apelante.

-Por último, con remisión a lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, dice que las expresiones de agravios del Dr. L. Á. N. no constituye una crítica concreta y razonada de las partes de la resolución que lo agravian, limitándose a plantear solo un disentimiento, consignando una serie de interrogantes que a su entender no fueron tratados en lo que califica una confusa expresión de agravios.

II. Que en principio se ha de ingresar en el tratamiento de la cuestión referida al honorario regulado en la resolución de fecha 1/4/2005, cuyo pago se impuso M. S.A. en tanto existe coincidencia entre apelante y ejecutada respecto a que el emolumento se ha devengado a favor del primero, y así expresa la primera a fs. 718 vta. tercer párrafo, sosteniendo que el pago deberá ser llevada a cabo "...recién cuando el ejecutante cumpla con el procedimiento que establece el código de forma para la ejecución de honorarios, por lo que a su respecto estamos en presencia de un título inhábil para la procedencia de la acción entablada." , ello así porque, y según refiere en párrafo anterior "...la ejecutante nunca ha intimado a su pago a mi representada." La Ley de Aranceles Profesionales Nº 2200 (Ley 4335), establece en su art. 50, primer párrafo, que "Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas dentro de los diez (10) días de notificado el auto regulatorio firme, sino se fijare un plazo menor.", a lo cual debe decirse sin hesitación que ni esa específica norma arancelaria, ni el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial en su Libro III Título I referido a la ejecución de la sentencia, de aplicación al cobro del honorario regulado judicialmente -Art. 500.3.-, imponen el requisito de la intimación previa a la que refiere la ejecutada, como argumento para neutralizar la ejecución incoada.

Ha tenido oportunidad de decir este Tribunal, que efectuada la liquidación del crédito por honorarios y aprobada la misma, o cuando la cantidad surja liquida de la sentencia, se procederá a la ejecución por la suma que resultare (art. 504 párrafo 1º C.P.C.C.), siendo la intimación a la que refiere ésta última norma en su parte final, solo una oportunidad que se le da a quien se pretende ejecutar para evitar el trámite mismo de la ejecución y la mayores costas que irrogue. (SIC 74/2005). Siendo entonces que la regulación del honorario a favor del apelante y su consiguiente imposición a la ejecutada ganó firmeza, el plazo para su pago debe computarse según lo establece el Art. 50 de la Ley 2.200 (4335), quedando constituida en mora automática la obligada por su solo vencimiento, siendo innecesaria su intimación a los fines de su percepción.

-De manera entonces que procede señalar que el embargo dispuesto en la providencia de fecha 30.08.2005, comprensivo de aquél regulado en la resolución de fecha 1.04.2005, fue bien otorgado de acuerdo al art. 502 del C.P.C.C.

-Por otro lado, no fue el planteo excepcionante de la ejecutada dirigido a cuestionar la percepción por el ejecutante del honorario regulado en la resolución de fecha 1.04.2005, sino que solo se limitó a su calidad de obligada al pago respecto del honorario liquidado en función de la sentencia definitiva dictada en el presente proceso.

-En virtud de ello cabe hacer lugar al agravio del ejecutante y en consecuencia revocar la sentencia interlocutoria dictada por el " a quo", en tanto al rechazar la ejecución de honorarios llevada a cabo por el apelante comprendió a aquél regulado en la resolución de fecha 1.04.2005, ya que debe existir una necesaria conformidad entre las sentencias y las pretensiones procesales ejercidas por las partes dentro del proceso -art. 34. inc. 4º del C.P.C.C. y 161 C.P.C.C.

-Entrando en el agravio del apelante referido al rechazo de la ejecución del honorario liquidado en función de la sentencia definitiva dictada en el proceso, se ha de decir que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones o razones esgrimidas, sino sólo respecto de aquellas que se consideren conducentes y decisivas para fundar sus concusiones.

Tratándose de una ejecución de honorarios resultan aplicables las normas del procedimiento de ejecución de sentencia-Art. 500 inc. 3º C.P.C.C.-, y si bien parecería por la redacción del Art. 506 que sólo pueden oponerse las excepciones en él establecidas, se ha abierto camino en la doctrina y jurisprudencia para admitir que el precepto no contiene una enunciación taxativa, admitiéndose otras excepciones a condición que se funden en hechos posteriores al pronunciamiento a los fines de mantener el orden en el desarrollo del proceso y los efectos de la cosa juzgada; cabiendo agregar, respecto de unas y otras, siempre y cuando se prueben por las constancias del juicio o documentos emanados del ejecutante.

La finalidad del precepto contenido en el Art. 507 C.P.C.C. no es otro que impedir que las partes durante la ejecución de las sentencias pretendan introducir cuestiones que en todo caso debieron oponerse oportunamente en las etapas procesales anteriores o bien renovar cuestiones ya decididas; ello además, por haber sido la sentencia precedida del examen de la relación sustancial.

-Dentro de las excepciones que menciona el Art. 506 C.P.C.C. se encuentra la falsedad de la ejecutoria, siendo que ejecutoria es sinónimo de sentencia firme y falsedad de adulteración total o parcial del título; no cabiendo confundirla con inhabilidad de título, excepción reservada "...cuando se ha promovido defectuosamente el proceso ejecutando a un tercero, o la sentencia aún no se encuentra firme." (Fenochietto-Arazi: Cód. Proc. C. y C. De la Nac.", Bs.As. Astrea, tomo II, pág. 624).

La jurisprudencia ha entendido que la excepción de inhabilidad de título o falta de legitimación si bien no se encuentra enumerada dentro de las cuatro previstas en el Art. 506 C.P.C.C., procede admitirla si se cuestiona la falta de alguno de los requisitos del título ejecutorio o de las condiciones exigidas para que proceda la ejecución de la sentencia, pero ello a condición que por esa vía no se intente un pedido de inhabilidad de título por falta de legitimación para actuar en la presente ejecución en base a circunstancias ya resueltas, porque lo impide el principio de preclusión que prohíbe, dentro de un proceso, el regreso a etapas o momentos procesales ya extinguidos o consumados. (Fenochietto-Arazi: Cód.Proc. C. y C. de la Nac.", Bs.As. Astrea, tomo I, pág.581). -Resulta así inadmisible que por vía de la excepción de inhabilidad de título se articulen cuestiones que debieron ser intentadas con anterioridad a que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada. Si la ejecutada no estaba de acuerdo con la sentencia definitiva dictada en el presente proceso, cuyo alcance respecto de las costas procesales comprendía dado su pedido de aclaratoria de fs. 514; debió interponer contra la misma el recurso pertinente; al no haberlo hecho ha quedado firme la misma. En tal sentido, y no otro, cabe entender la resolución de fecha 3.05.2005, ya que la ejecutada aún intimada de pago, antes de continuar con la ejecución, cuenta con la última oportunidad para oponerse a su trámite deduciendo las excepciones previstas en el Art. 506 C.P.C.C. pero en la condición que puntualmente establece el Art. 507 C.P.C.C. en cuanto a que deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, y justificarse con las constancias del juicio o a través de la documentación correspondiente, la que necesariamente debe emanar del acreedor. (Roland Arazi, Jorge A. Rojas, "Cód. Proc. C. y C. de la Nac., Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 643). III. En razón de lo expuesto se acogerá favorablemente la apelación articulada y en su consecuencia se revocará la sentencia que admitió la excepción deducida por la ejecutada, correspondiendo que se readecuen las costas de la instancia anterior, las que serán impuestas a la ejecutada M. S.A. (Art. 279 C.P.C.C.). Consecuentemente, teniendo en cuenta el resultado, importancia y eficacia de las labores desarrolladas, así como el carácter según el cual actuaran las partes y demás pautas legales, los honorarios se fijan: al Dr. L. Á. N. en el 18% del monto de la ejecución, con menos un 10%; y al Dr. R. A. S. en el 12%, con menos un 10% y con más el 40% por mandato, siempre del monto en ejecución, en ambos casos con más el I.V.A. si así correspondiese (arts. 6, 7, 9, 40 y conc. de la ley 2.200 ).

Las costas de Alzada quedarán también a cargo de la ejecutada M. S.A. (Art.68 del C.P.C.C.), Regulándose los honorarios por la labor en la presente instancia, al Dr. L. Á. N. en el 28% y al Dr. R. A. S. en el 25%, en ambos casos sobre los regulados por sus tareas en la instancia de origen, y en ambos supuestos con más el I.V.A. si así correspondiese (Art. 14, ley 2.200).

-En mérito de lo expresado, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew, RESUELVE:

Hacer lugar a la apelación articulada y revocar en consecuencia la sentencia interlocutoria impugnada, quedando así desestimada la excepción deducida por la ejecutada M. S.A.

Readecuar las costas de la instancia anterior, las que serán impuestas a la ejecutada M. S.A. Fijar los siguientes honorarios de primera instancia: al Dr. L. Á. N. en el 18% del monto de la ejecución, con menos un 10%; y al Dr. R. A. S. en el 12%, con menos un 10% y con más el 40% por mandato, siempre del monto en ejecución, en ambos casos con más el I.V.A. si así correspondiese.

- Imponer las costas de Alzada a cargo de la ejecutada M. S.A. - Regular los honorarios por la labor de segunda instancia, al Dr. L. Á. N. en el 28% y al Dr. R. A. S. en el 25%, en ambos casos sobre los regulados por sus tareas en la instancia de origen, y en ambos supuestos con más el I.V.A. si así correspondiese.

-Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. JAVIER GARCIA VAZQUEZ Dr. EMILIO GALENDE Dr. JORGE F. CHIALVA REGISTRADA BAJO EL Nº 111 DE 2.006 - SIC.- CONSTE.- c.