Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-31


C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán, 31 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el letrado Juan Pablo Albornoz Kokot, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIª del 08/8/2003 (fs. 15/vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 04/3/2004 (cfr. fs. 33/vta.).

En esta sede, el querellante presenta memoria sobre el recurso casatorio (fs. 37/vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso (cfr. fs. 40/41). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 23/30 por el letrado Juan Pablo Albornoz Kokot contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 08/8/2003, que declaró inadmisible la querella deducida a fs. 5/8 de autos en representación de Beatriz Adriana Blasco de Haro, por insuficiencia del poder otorgado.

En su relato de los antecedentes de la causa, expresa que la formulación de la querella fue precedida de una actuación cautelar autónoma iniciada por su parte, persiguiendo la suspensión de ejecutoriedad del acto administrativo de cesantía dispuesto contra la Escribana Blasco de Haro, Jefa de la Sección Escribanía del IPV.

Señala que el hecho injurioso se concretó con las declaraciones televisivas formuladas por el Arq. Neme; y que luego de obtener información al respecto mediante una medida preparatoria tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la VIIIa. Nominación, se promueve la querella el día en que se cumplía el plazo de prescripción de la acción.

Pone de relieve que esta presentación fue proveída sin observaciones; y no obstante ello el Tribunal dispuso el pase a estudio de la causa, y emitió el pronunciamiento en recurso al día siguiente. Que previo a la notificación de esta resolución y para evitar planteos dilatorios de la contraparte, presentó escrito de ratificación de querella, acompañando además poder especial para querellar a Rodolfo Mario Neme, otorgado con anterioridad al pronunciamiento de la Cámara.

Le agravian los fundamentos del fallo, que refieren a la insuficiencia del poder especial, por no constar en el mismo la descripción del hecho sobre el cual versará la querella, ni especificarse el delito y la persona imputada; con cita de los arts. 91 del CPP y 1879 del Cód. Civil.

Sostiene que en dicho instrumento consta la encomienda de un negocio determinado y distinto del poder general también conferido a su favor, consistente en el ejercicio de la querella criminal; por lo que considera un excesivo rigor formal dejar de lado la intención de la querellante. En su interpretación, el Tribunal a quo reconoció la existencia de un poder especial para querellar, para luego expresar que es insuficiente.

De otra parte, afirma que en el caso se ha cumplido con los requisitos enunciados en el art. 91 del CPP, que aluden al contenido del escrito introductorio de la querella. A su entender, la Cámara no interpretó la verdadera finalidad de la exigencia de poder especial establecida en esta norma, que consiste en evitar la realización de actos perjudiciales para los mandantes.

Reitera que el poder así otorgado lo fue inequívocamente para iniciar la presente acción, y su ratificación posterior excluye toda duda al respecto. Que si la Sala a quo había intimado a su parte a adjuntar copia de la querella, igualmente pudo requerir la subsanación del pretenso defecto, lo cual de hecho sucedió en el sublite; con lo que se ha desoído tanto la ratificación como la presentación de nuevo poder.

Agrega que según doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, la admisibilidad de la querella debe ser juzgada con amplitud (CSJTuc., sentencia Nº 165 del 26/3/2003, causa "Cuello, Miguel s/ injurias);

y que en autos resulta inaplicable la doctrina citada por la Sala a quo, porque en el caso resuelto se trataba de un poder general para juicios (CSJTuc., sentencia Nº 741 del 22/9/97, causa "González, R.F. y otro s/ calumnias e injurias").

Invoca además la disposición contenida en el art. 3986 del Cód. Civil, que regula con amplitud el efecto interruptivo de la prescripción por demanda contra el poseedor o deudor; y lo normado en su art. 1936, a tenor del cual la ratificación equivale a mandato.

Concluye que desde el inicio existió el apoderamiento, y admitir lo contrario significaría utilizar en contra del mandante un instituto creado a su favor; por lo que la sentencia en recurso es arbitraria e incurre en excesivo rigor formal. Considera cumplidos los recaudos de admisibilidad de la vía recursiva intentada, y que el caso presenta caracteres de gravedad institucional ante el desconocimiento de las normas antes citadas, específicamente aplicables al caso. Se habría conculcado igualmente el principio de congruencia y la garantía del debido proceso legal, de raíz constitucional, por lo que formula reserva del caso federal.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 04/3/2004. A fs. 40/41 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por el rechazo del recurso intentado, en razón de que el poder especial otorgado al letrado recurrente incumple el requisito de especificidad.

2.- El recurso de casación en examen ha sido deducido tempestivamente, contra una sentencia equiparable a definitiva (arg. art. 469 CPP). La cuestión de derecho propuesta remite a determinar si el poder especial para querellar, en el que no se consignan datos que permitan individualizar al querellado, ni al concreto hecho que se le atribuye, habilita al letrado apoderado para interponer querella criminal en representación del otorgante.

Según dispone el art. 91 del CPP, la instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial o "apud acta"; en un escrito que deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, los requisitos enunciados por la misma norma. La exigencia de poder especial se explica por la eventual responsabilidad que puede generar la deducción de querella criminal, en la que se atribuye la comisión de un delito.

En autos, la copia del poder adjuntada a la presentación de querella sólo expresa el otorgamiento de un mandato que se dice especial para querellar; mas no consigna descripción alguna de los hechos que motivan la instancia, ni de la persona querellada. Literalmente, este instrumento da cuenta de que la compareciente otorga -además de un poder general para juicios- "poder especial para querellar a favor de los Abogados más arriba mencionados, para que, actuando en forma conjunta o indistintamente intervengan hasta su terminación en los juicios de querella criminal que iniciase la poderdante, ya sea por sí, o a través de sus apoderados, por cualquier clase de delitos"; con las facultades señaladas a continuación (cfr. fs. 9/vta.). En consecuencia, no reúne el requisito de especialidad exigido por la ley adjetiva; toda vez que omite indicar con claridad, aún sucintamente, el hecho sobre el que versará la querella.

Cabe poner de relieve que el sublite involucra la interposición de una acción de instancia privada, que sólo podrá ser ejercitada por el ofendido (arts. 73, inc. 1º y 75 del Cód. Penal); lo cual implica el predominio de la voluntad del particular a quien el Estado confirió con exclusividad el ejercicio de la potestad de perseguir una sanción penal.

Su poder dispositivo sobre el contenido sustancial del proceso impide la actuación de oficio, dado que involucra una subjetiva valoración de la lesión por el ofendido, y su decisión de promover una acción penal. Ello así, la iniciación de una causa de estas características en representación de otra persona exige el cumplimiento estricto de los recaudos legales, en razón de las responsabilidades que la querella genera.

El criterio rector para juzgar si el poder otorgado al letrado del querellante es suficiente para representarlo en juicio, reside en que de dicho instrumento resulte clara la voluntad del particularmente ofendido en el sentido de querellar a determinada persona -en el caso, por el delito de injurias- y por determinados hechos.

En tal sentido, esta Corte Suprema de Justicia ha establecido como doctrina legal, que: "Debe ser considerado válido el poder que faculta a querellar cuando surge del instrumento la decisión del mandante en cuanto al hecho por el que desea accionar y a la persona a la que imputa su comisión" (CSJTuc., sentencia Nº 232 del 12/4/2002, autos "López, Mario Alberto y/o. s/ defraudación. Incidente de nulidad y excepción de falta de acción").

En el sublite, ni con amplitud puede entenderse que el poder así otorgado baste para legitimar la promoción de la querella; pues la generalidad de la fórmula empleada determina que sólo resulte "especial" por su objeto. El poder presentado al promover la querella es insuficiente a la luz de las precisas e inequívocas disposiciones del ordenamiento adjetivo, dado que sus términos autorizarían a deducirla contra cualquier persona, y por cualquier hecho.

Por ende, se trata de un tercero que invocó una legitimación inexistente, pues no estaba habilitado para instar la querella de autos. Siendo así, resulta evidente la falta de legitimación procesal del mencionado letrado, y en consecuencia la actuación cumplida por su parte careció de efectos procesales, por lo que no se advierte error de derecho en la sentencia impugnada.

3.- Contrariamente a lo sostenido por el impugnante, la ratificación posterior de fs. 19, formulada por Blasco de Haro, y el poder especial presentado cuando ya se había dictado la sentencia recurrida, carecen de efectos procesales retroactivos, y son ineficaces para subsanar la ausencia de apoderamiento especial al tiempo de deducción de la querella.

Cabe añadir que el efecto retroactivo previsto por el art. 1936 del Cód. Civil para la ratificación, citado por el recurrente, está limitado a las partes celebrantes del acto, y según doctrina de esta Corte Suprema de Justicia "La presentación del interesado, ratificando la actuación de quien carecía de mandato al momento de cumplirla, carece de efectos procesales retroactivos" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 512 del 07/7/98, autos "Luna, Josefa del Valle vs. Héctor Luis Semrik s/ liquidación de la sociedad conyugal. Recurso de casación").

Finalmente, la sola mención de la normativa civil que regula el efecto interruptivo del curso de la prescripción por interposición de demanda, no constituye motivo de casación en los términos del art. 468, CPP. El impugnante no intenta mínimamente explicar de qué manera tal regulación de derecho privado podría proyectarse a un proceso penal donde no se dedujo acción civil; con el alcance de convalidar lo actuado por quien carecía de legitimación para promover querella criminal.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 23/30 por el letrado Juan Pablo Albornoz Kokot contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 08/8/2003.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA