marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra, contrato de trabajo a domicilio
Materia: LABORAL
Carátula: PIASTERLINI DE ENCISO MARIA LIDIA c/ RESTAURANTE LAS ESPUELAS Y OTROS s/ INDEMNIZACION. EXPTE.N 8073
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-06

No se configuraría un "contrato de trabajo a domicilio" sino una "locación de obras" el servicio que prestaba la actora quien - por un precio - colaboraba en el lavado y planchado de la mantelería de las codemandadas (restaurantes), cuyo objeto social y comercial y comercial era totalmente distinto, ya que aquel particular contrato, de relación laboral, según aplicación de la Ley 12.713, exige que el trabajador que ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador en su vivienda, se dedique -en relación de dependencia-, laborando bajo su propia dirección y en la elaboración y confección de mercaderías que hacen a la explotación propia de la empresa que luego las vende o distribuye.
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Luque, Sandra c/ María Soledad Vallejos de Herrera s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-13

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que da por acreditada la relación laboral. Ello así, ya que la apelante que por no haber contestado la demanda se hizo pasible a que su silencio se tuviera como un reconocimiento tácito a la verdad de los hechos pertinentes, conforme lo prevé el art. 85, inc.1, de la Ley 2383. Esta presunción legal, que en paridad, no otra cosa importa que una inversión de la carga de la prueba, no se encuentra de manera alguna desvirtuada en la especie.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Telefónica de Argentina
Materia: LABORAL
Carátula: Valdivieso, Darío Mario c/ Puliser S. A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-30

Resulta solidariamente responsable Telefónica de Argentina, ya que las tareas de limpieza y mantenimiento técnico de los aparatos de teléfonos públicos y semipúblicos de Telefónica lejos de resultar aleatorias y eventuales, completan su actividad normal.
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, improcedencia del recurso, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Aduc)  c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA  s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede confirmar la resolución por medio de la cual la magistrada a quo rechazó el pedido de intervención de terceros que había solicitado la entidad crediticia demandada. Ello por cuanto, si bien es verdad que la apelante manifestó que, si fuera condenada, ella tendría acción de regreso contra las aseguradoras que pretende traer al juicio; no obstante, no ha logrado explicar cuál sería el sustento de esa acción ulterior en términos que demuestren cuál es la relación que ella tendría con lo que es objeto de debate en este pleito. Véase que en esta causa su parte ha sido demandada con base en la imposición a sus clientes y ex clientes del cargo "seguro colectivo de vida sobre saldo deudor y/o términos similares", lo cual habría ocurrido en violación a la ley 24240 y a las disposiciones emanadas sobre el particular del Banco Central de la República Argentina. Lo que aquí habrá que decidir es, entonces, si esas imposiciones fueron o no producto de un obrar ilícito del banco, lo cual de suyo demuestra que el asunto no guarda relación con el eventual derecho a repetir que el nombrado pudiera tener contra las aseguradoras. Es decir: aun cuando se admitiera que no fue el demandado quien diseñó o planificó los seguros de vida otorgados por las distintas aseguradoras, lo relevante aquí será determinar si él impuso o no a sus clientes cargos indebidos. Si la respuesta fuera afirmativa, esa será la razón que, en su caso, justificará su obligación de devolver, lo cual demuestra que por lo menos no es tan claro que, en tal caso, haya de asistir al banco derecho a repetir contra esas aseguradoras, que, como el mismo recurrente afirma, efectivamente prestaron los servicios que por esa vía fueron remunerados.
Apreciación del juez, prueba
Materia: PENAL
Carátula: JAIME, Raúl Ricardo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-06

El voto concurrente agregó que lo que la ley exige a los fines del dictado de estas decisiones es la certeza negativa sobre la falta de acaecimiento del hecho histórico denunciado, de modo que el juzgador pueda, con la debida convicción, emitir un juicio asertivo, y ello deberá estar acompañado de una afirmación -y no una mera suposición o conjetura- sobre la falta adecuación de esa realidad histórica a una figura delictiva. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -según su voto-).
Competencia laboral, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Riquelme, Crisanto c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-23

El consentimiento de la competencia al que el art. 3° de la ley 69 se refiere es el prestado por la parte contraria a quien propuso la prórroga, impedida desde allí de plantear declinatoria o inhibitoria, y no el del magistrado, quien en los asuntos de naturaleza patrimonial no admite ni deja de admitir su competencia por la circunstancia de dictar las providencias iniciales, visto que ha de esperar la aceptación del demandado o su articulación al respecto.
Facultades del Poder Legislativo, impuestos, exenciones impositivas, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Superinox S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio  de  Economía  de laNación - Secretaría de Hacienda) s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La obligada participación del Poder Legislativo en la imposición de contribuciones, consustanciada con la forma republicana de gobierno, también se requiere en el supuesto de supresión de un régimen impositivo de excepción (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Código penal, tipo penal, calificación legal, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, pericia médica, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, interpretación y aplicación de la ley, ley penal más benigna, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: G., J. E. c/  s/ robo doblemente agravado por lesiones y uso de arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2021-12-13

Siempre que en materia penal, dos informes médico forenses resulten contradictorios respecto del daño sufrido por la víctima, la discrepancia sea relevante y a su vez incida directamente en la calificación legal que debe asignarse a la conducta que se pretende reprochar, debe ser aplicada siempre la menos gravosa para el encartado.
Acción meramente declarativa, interés concreto, declaración abstracta, asegurador, INDER, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: SUR SEGUROS DE VIDA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS EN LIQUIDACION s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Esta clase de acciones se refiere a derechos subjetivos concretos (no meras cuestiones de derecho), como si por su intermedio, se pretendiera que el juez interpretara una ley (cfr. Morello, Pazzi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", 1972, Tomo IV, págs.

184). Aquí la actora ha descripto en términos generales cual es su relación con la demandada, pero no ha individualizado las situaciones reales y específicas susceptibles de caer bajo la órbita de la ley 24.447, de presupuesto general para el ejercicio 1995, Adla, lV-A, 313. Queda así la sensación de que esta demanda ha sido promovida con el propósito de obtener una declaración judicial abstracta, acerca de la vigencia de una norma sobre el vínculo que puede presentarse entre una compañía aseguradora y su reasegurador, que es abarcativa de múltiples relaciones posibles. Tampoco se advierte el daño que menciona la recurrente, que aparece como hipotético, pues no esta referido a una relación jurídica concreta.
Remuneración, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Tiene dicho esta Corte que el "sueldo" incluye la totalidad de los ingresos de carácter remuneratorio cualquiera sea su modalidad, los que forman parte integrante del mismo para los efectos legales pertinentes, incluyendo el "sueldo anual complementario" por tratarse de un salario diferido.(doctor de Lázzari, mayoría)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quriroga, Fernando Mario Alberto c/ Fangi, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-12

Aun cuando la parte pretenda una elevada indemnización apoyando su reclamo en el reconocimiento de una factura, el monto de las reparaciones debe fijarse de acuerdo a la realidad del daño sufrido por el automotor. El traslado en forma matemática de los valores reclamados en el demanda hasta la época del fallo aplicando índices de precios, puede conducir a una cifra excesiva que consagre un indebido enriquecimiento del damnificado actor.
Recurso de revisión (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ J. M. c/ A.G.SANCHEZ DE SAID s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-11-03

Conforme a las disposiciones de nuestra ley arancelaria los valores básicos con que cuentan deben ser actualizados (art. 29) según los índices de precios al consumidor en la ciudad de Córdoba (art. 31 y 62).

Luego, todas las impugnaciones referidas al reajuste practicado no justifican la vía extraordinaria si no se demuestra el real perjuicio que el pronunciamiento ocasiona al comparárselo con pautas de actualización impuestas por la ley para la regulación de honorarios. Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación , no es suficiente con la aserción de que la norma impugnada -en el caso resolución -causa agravio, sino que se requiere la demostración del agravio que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto.
Acción de amparo, acción declarativa de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, fallos del Superior Tribunal, competencia contencioso administrativa, control difuso, control concreto
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Fridman, Silvia Beatriz y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-06

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha establecido claramente que el control abstracto de constitucionalidad que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad está llamado a ejercer por vía de la acción directa de inconstitucionalidad, no está destinado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de situaciones jurídicas particularizadas, ni admite acumular pretensiones condenatorias, indicando que la inclusión incidental de una cuestión constitucional en el marco de una acción de naturaleza contencioso administrativa que procura el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, no la convierte en la acción prevista por el artículo 113 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La presente acción escapa al encuadre propio de la regulada en el mencionado artículo en la medida en que los demandantes han invocado a los fines de su legitimación la protección de un interés subjetivo, particular, directo y concreto, y la existencia de un agravio propio y diferenciado, a fin de que el juez brinde una tutela individual ajena al cometido de la acción cuya competencia originaria ha sido confiada por la Constitución al Superior Tribunal, en resguardo único de la validez del ordenamiento jurídico y de la preservación de la jerarquía de las normas que lo integran. La circunstancia de que personas ajenas a la concreta acción promovida puedan encontrarse en situación similar a la de los amparistas, no resulta hábil per se para modificar su naturaleza jurídica. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Balbín).
Inadmisibilidad del recurso, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Wimaco Sociedad Anónima Ind. y Com s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

La resolución recurrida que rechaza la excepción de inhabilidad de título planteada en juicio ejecutivo no finiquita la litis, ni impide su continuación, por lo tanto no es de carácter definitivo;

correspondiendo declarar la inadmisibilidad del recurso intentado.

(Dra. Poggiese de Oudín: Según su voto).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Maurino, Marcelo Daniel Ramón s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente denuncia un supuesto escándalo jurídico originado en la total prescindencia de la sentenciante respecto de la cosa juzgada en el fuero de menores, si el tribunal a quo dio las razones para concluir que el resultado del proceso seguido en el respectivo fuero a un menor lo habilitaba para interrogarlo sin cortapisa alguna; siendo indudable que la razonada interpretación de lo declarado por dicho testigo y la concordancia o no de su declaración con los testimonios de los otros compañeros de la víctima -examinada por el juzgador- encuadra en sus facultades para expedirse sobre los hechos según la prueba recibida en la vista de causa y descarta -en el caso- la arbitrariedad que se alega.
Desistimiento de la acción, monto del juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Agroganadera del Sur S.A. c/ D.G.I. Agroganadera del Sur S.A. c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07|1998-08-07

Habiendo mediado desestimiento de la acción y del derecho, después de trabada la litis, corresponde tomar como monto del juicio a los fines regulatorios el importe total que se discutió en la causa, y rechazar la pretensión de limitarlo a la suma que en definitiva el contribuyente ingresó al organismo de recaudación, pues el desestimiento era una de las condiciones para el acogimiento al régimen legal del decreto 1053/96.
Derechos individuales, privación ilegal de la libertad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, indemnización, derechos políticos, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Marinelli, Francisco Miguel c/ Ministerio del Interior art. 3° ley 24.043 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Dado que la ruptura del orden constitucional tuvo como consecuencia severísimas restricciones a los derechos individuales civiles y políticos de los que la privación ilegal de la libertad fue la expresión más visible, pero no la única que sufrieron los detenidos, no cabe excluir del ámbito de aplicación de la ley 22.043 la protección de los derechos políticos de los afectados (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Ley de empleo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Arévalo, Ernesto Alejandro c/ Riccio, Carmen Elena  y/u otro. s/ Horas extras y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-09

La ley 25345 de prevención de la evasión fiscal, publicada el 17/11/00, no establece fechas ni plazos especiales de vigencia ni ordena su aplicación a las relaciones laborales que se iniciaren después de su entrada en vigencia. No hay razón para apartarse del criterio general que manda aplicar las leyes después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial (ley 16504), aún a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes (artículo 3 del Código Civil). La ley comenzó a ser obligatoria desde el 25-11-00, es decir, cuando la relación laboral estaba en plena vigencia, por lo que carece de sustento rechazar su aplicación por el hecho de que se haya iniciado con anterioridad a su entrada en vigencia.

El juez está obligado a aplicar la ley según su conocimiento del orden jurídico vigente y le incumbe determinar el derecho aplicable, incluso con prescindencia de los planteamientos efectuados por las partes, lo que determina que -aún en el caso de incontestación de la demanda- puede rechazarse la acción si ella no se ajusta a derecho.

Si bien el artículo 47 de la ley 25345 no refiere al artículo 15 de la Ley de Empleo, indudablemente la modificación del artículo 11 conlleva el requisito de comunicación a la AFIP y se haga exigible también para la procedencia de la indemnización duplicada en caso de que la extinción del vínculo se haya producido dentro de los dos años siguientes a la intimación para que se produzca la regularización a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la misma ley.
Interrupción de la prescripción, falta de notificación, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., A. y Otros c/ E. L.J. y/u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

La pasividad del actor para ampliar su demanda y correr el traslado resulta irrelevante para decidir acerca de la suerte de la excepción de prescripción articulada, pues tal pasividad no hace desaparecer el efecto interruptivo logrado con la mera deducción del escrito de inicio. Aceptar que el plazo de la prescripción se cuente hasta una fecha posterior a la de la promoción de las actuaciones y anterior a la de notificación de la demanda, implica una confusión promiscua e inaceptable entre dos institutos diversos: el de la caducidad de la instancia y el de la prescripción liberatoria.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: SEOANE, ELSA MARTA c/ FORMICA, LUIS ALBERTO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-07

La sola privación del uso del automotor, durante el tiempo que razonablemente pueden insumir los arreglos, comporta un daño resarcible porque afecta uno de los atributos del dominio. No es necesario que se lo destine a un uso comercial; en los casos en que así ocurre, a aquél daño se agrega el lucro cesante que, en esos supuestos, debe ser probado.
Transacción, homologación judicial, revocación del contrato administrativo, Banco Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ I.B.M. Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Por no advertirse circunstancias que obsten a la homologación de la transacción -suscripta con el propósito de poner fin al pleito derivado de la revocación del contrato para la informatización del Banco Nación- en lo que atañe a la capacidad de las partes y a la transigibilidad de los derechos, corresponde hacer lugar a lo solicitado (arts. 832, 838 y concordantes del Código Civil y 308 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, prueba, posesión de mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: S.  S. , H.  A. c/ A., C.A. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-21

La prescripción immobiliaria larga es tradicionalmente analizada como revestida de una doble función. De una parte, ella permite a un poseedor, aún de mala fe, adquirir la propiedad al transcurso de treinta años; es a la vez privilegiar al explotador y sancionar al verus dominus presumido negligente.

De otra parte, ella facilita la prueba del derecho de propiedad evitando remontar indefinidamente la cadena de propietarios anteriores -la probatio diabolica-, ... Función adquisitiva, función probatoria, las obras especializadas insisten con justeza sobre el segundo de estos roles: pareciera difícil de concebir un usurpador puro y simple explotando un fundo durante un largo tiempo, sin reacción del legítimo propietario....
Libertad condicional, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: L., R. s/ Robo calificado en tentativa seguido de muerte - Incidente de  Libertad condicional (Expte Nro. 1040-00, Resolución Nro. 316, Tomo 57,  Folio 30)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Si de los informes técnicos criminológicos surge que el penado presenta constitución psicopática de tipo paranoide con marcada tendencia a la descompensación psicótica y delirios persecutorio; de ello resulta la conclusión de que se trata de un sujeto sumamente peligroso por su impulsividad, violencia e irracionabilidad de sus actos, lo que lo lleva a cometer actos de autolesión, la particular situación en que se halla el penado amerita efectuar especiales consideraciones en torno a la motivación de la denegatoria de libertad condicional. Así, el Consejo Correccional parte de lo dictaminado por el Grupo de Clasificación y Tratamiento -que reúne profesionales especializados en distintas disciplinas- y pone de relieve la problemática que en tal nivel se ha constatado en la salu d psíquica del interno, circunstancia que, por lo demás, ha sido corroborada por Junta Médica Forense Psiquiátrica, que ha concluido en el mismo sentido. A partir de ello se le ha sometido al interno a tratamiento especializado, lo que ha impedido hasta el momento su calificación de conducta y concepto. De ahí que la severa patología que presenta, independientemente de la ausencia de calificaciones, haya determinado razonablemente la conclusión de no hacer lugar a la libertad anticipada, por cuanto importa un aspecto que hace a la conducta y que legalmente sirve de base, entre otros aspectos del régimen penal, para el otorgamiento de la libertad condicional (art. 13 C.P., 41 b) y g), 60 y 61 del dec. 396/99, reglamentario de la ley 24.660). La decisión valora los ineludibles elementos aportados por el organismo técnico sin que pueda objetarse el rigor científico de su contenido. Conforme a lo expuesto, no aparece en el caso una denegatoria que viole el principio de legalidad, toda vez que se ha valorado de acuerdo al marco legal aplicable. Ello sin perjuicio de que se revea la decisión, de acuerdo a las alternativas de evolución del tratamiento médico que podría acelerarse si el grado de compromiso familiar se pudiera obtener... ".
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), leyes, interpretación de la ley, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enciso, Nazario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso de  Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 49 Año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-13

Si el particular pretende deducir sus pretensiones ante la jurisdicción contencioso administrativa, correrá con la carga de que se encuentren reunidos los respectivos recaudos de admisibilidad, a cuyos fines resultará de aplicación la norma específica -en el caso, el Código Contencioso Administrativo, ley 4106-, que exige que la resolución atacada haya sido dictada por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento administrativo (en el caso, el previsto en el artículo 42 del decreto 10.204/58). En tal sentido, no puede obviarse lo dispuesto en el artículo 72, inciso 18, de la Constitución provincial, en cuanto atribuye al Gobernador la potestad de "resolver los recursos que se deduzcan contra sus propios actos".