Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-17


SENT Nro. 889 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, -por encontrarse recusado sin causa el señor vocal doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos: "Distribuidora Coronel S.R.L. vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos, contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 09/10/2002, que resuelve confirmar la sentencia de fecha 28/02/2002, modificando su punto II únicamente al imponer las costas por el orden causado.

II.- Liminarmente sostiene el recurrente la equiparación de la sentencia a definitiva en tanto, dice, primero el a quo y luego el tribunal han incursionado en la cuestión de fondo, no respetándose así el debido proceso ni la defensa en juicio; que lo resuelto no puede reiterarse nuevamente. Afirma la gravedad institucional en el caso por entender que atañe al interés de toda la comunidad que los contratos se respeten y se hagan respetar por el órgano jurisdiccional y no que, so pretexto de cláusulas abusivas alegadas cinco años después de suscrito las partes puedan borrar la prórroga de la competencia e imponer unilateralmente nuevas reglas contractuales en oposición a las pactadas en forma expresa. Que ello afectaría la seguridad jurídica en las contrataciones.

A lo largo de su libelo casatorio, señala -dando en cada caso razones para ello- que se han violado las normas de los arts. 5, 7 punto 4 procesal; 7 de la LOPJ; art. 2 y 4 de la ley 17454 y reforma ley 25488 (citando doctrina que dice que pactada la prórroga con anterioridad, no puede después ser cuestionada en juicio); y lo demás relativo a las principios de actuación del Ministerio Público estipulados en la LOPJ (ej.: arts. 67 inc. b) y 148 y 149 CPCCT). Señala como violadas también las disposiciones de los arts. 1137 a 1159 CC en lo pertinente y el art. 1071 CC (en tanto fue erróneamente aplicado y sin fundamentar tal aplicación); 1197 y 1198 CC y 218 inc. 3 del Código de Comercio. También considera erróneamente aplicada la ley 24240.

Se refiere a los argumentos del dictamen fiscal que sostiene que no es abusivo pactar una cláusula de competencia en un contrato comercial -más allá de que la validez del contrato se meritúe en definitiva; que no puede aseverarse que se trata de un contrato de adhesión, lo que tampoco implicaría por sí solo que pueda apartarse de los principios generales que regulan la invalidación de un acto jurídico, cuyos requisitos enumera; que los jueces deben ajustarse al principio de fidelidad al contrato en tanto se respeta la ley y la norma; que la prórroga de jurisdicción no solo no está prohibida sino permitida por la ley; que la prórroga es el ejercicio regular de un derecho propio. Sostiene que la prórroga de jurisdicción en el caso es un acto propio del actor; que está reconocida por la parte actora la autenticidad de la propuesta contractual lo que impide sostener que la misma no sea producto de su libre voluntad; que la nota de la distribuidora en la parte referida a la aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Bs.As. es clara y definitoria. Le agravia que la sentencia no se percate de las normas referidas al contrato y al consentimiento y su manifestación. Menciona que las cláusulas de un contrato de adhesión una vez que son aceptadas integran el contrato, máxime cuando sólo refieren a la competencia de los magistrados que "eventualmente" habrán de intervenir en caso de conflicto. Cita las condiciones que considera determinantes del carácter de abusiva de las cláusulas para concluir en que todos los argumentos de la Sra. Fiscal son correctos y que el tribunal se limita a mencionar que no obstante tal dictamen resuelve como lo hace, con lo que desmerece la opinión del Ministerio Fiscal cuya intervención la ley obliga para proceder a sentenciar sin fundamento conforme a derecho y sin oír a su parte.

Recalca que el contrato tenía cinco años de vigencia al tiempo de la demanda y que nadie permanece aceptando una cláusula de competencia si le encontrare algún vicio, defecto o inconveniencia, lo que renueva la conformidad del actor con los términos del contrato en general, que formalizaba una relación que venía desarrollándose desde hace casi 20 años.

Le causa gravamen que la sentencia desmerezca esta convención escrita permitida por el art. 5 procesal; sostiene que la cláusula de prórroga de jurisdicción es neutra y no puede mezclarse con el resto del contrato, no incide sobre la regulación del contrato de distribución que no se altera cualquiera sea el juez que le toque resolver el conflicto. Señala que todas las imputaciones que se hacen al contrato, que su parte no ha tenido oportunidad de refutar por no ser el momento procesal oportuno, no tienen incidencia sobre la cláusula de prórroga de jurisdicción y que la sentencia haya ingresado al fondo del asunto para invalidar tal cláusula la descalifica como acto jurisdiccional. Agrega que ni la actora ni los magistrados han hecho referencia a algún motivo específico de invalidación de la cláusula, ni de la aplicación del art. 5 del CPCCT.

De otra parte, le agravia la afirmación sentencial que entiende que no se prejuzga, toda vez que resuelve en forma definitiva parte de uno de los reclamos objeto de la demanda y que el art. 1071 CC no va en contra de su parte a menos que se lo aplique indebidamente pues solicitar la declaración de incompetencia del Tribunal de Tucumán implica el ejercicio regular de un derecho propio; la cláusula de prórroga de competencia no excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Que el prejuzgamiento radica en que ya han manifestado que se trata de un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas (que niega), lo cual es malo y peor aún que lo hayan hecho sin oír a su parte (pues no ha llegado el momento de contestar demanda); que no han alegado sobre la naturaleza del contrato en la excepción de incompetencia.

Le agravia igualmente que la sentencia asimile a Coronel con un consumidor puesto que la ley de defensa del consumidor y sus definiciones no son aplicables al caso pues la actora es un distribuidor comerciante que no se compadece con un modesto consumidor. Señala los distintos criterios por los que la doctrina considera lo que debe entenderse por "consumidor" para concluir en que ello no se aplica a Coronel; que consumidor y distribuidor son cosas distintas.

Discrepa con la consideración sentencial referida a que no se ha violado su derecho de defensa o debido proceso legal por cuanto es su parte que ha invocado el tema de la jurisdicción al deducir la excepción de incompetencia y con ello ha ejercido su derecho de defensa al plantearla como de previo y especial pronunciamiento y por lo tanto el pronunciamiento no ha sido prematuro, ni inconstitucional. Ello así por cuanto, dice el recurrente, la validez vinculada al contrato todo solo podía ser resuelta al final del pleito luego de escuchadas las partes y producidas la pruebas, nunca bajo la excusa del tratamiento de una cuestión previa que solamente podría considerarse la validez de la prórroga de jurisdicción si hubiera en esa cláusula algún aspecto propio que justificara su nulidad en forma previa. Que su parte entiende que para considerar la mera aplicación de la cláusula pactada bastaba su lectura y análisis a la luz de la normativa del art. 5 citado, sin necesidad de ingresar a otro análisis.

Se agravia por haberse decidido que el presente es un contrato de adhesión resolviéndose el fondo del asunto cuando la accionada no ha tenido participación para defender su posición; que la sentencia no dice porqué considera que hay desigualdad entre las partes y de existir ésta, que sea jurídicamente relevante, por lo que es voluntariosa y no jurídica. Disiente con el criterio de no considerar "normal" la prórroga de competencia que está prevista en todos los códigos procesales del país y se las considera normales por esa misma razón y agrega que la sentencia no dice porqué considera competente a los tribunales ordinarios de Tucumán, según las reglas comunes.

Propone doctrina legal; mantiene y amplía la cuestión federal y solicita se conceda el recurso tentado.

El traslado de ley es contestado a fs. 288/293.

III.- El recurso ha sido concedido mediante auto del 26/5/2003. El Ministerio Fiscal se pronuncia por su procedencia conforme los términos vertidos en su dictamen de fs. 334, correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia de fecha 09/10/2002 afirma que la cuestión ha sido resuelta en forma previa (que menciona como agravio del recurrente) porque ha sido la demandada quien ha interpuesto la excepción de incompetencia de previo y especial pronunciamiento, invocando la cláusula contractual por lo que el análisis de dicha cláusula resultaba ineludible y mal puede la propia demandada que provocó el análisis de la cuestión sostener que la misma no debía resolverse en forma previa. Rechaza también que exista violación al derecho de defensa o al debido proceso legal porque, más allá de que la actora hubiera planteado en la demanda la nulidad de la cláusula de la prórroga de la jurisdicción para justificar su demanda ante estos Tribunales, el análisis de dicha cláusula debía ser efectuado igualmente, aunque nada hubiera dicho al respecto el actor en su demanda, por cuanto ha sido la demandada quien la ha invocado al deducir la excepción de incompetencia, con lo que la demandada no sólo ha ejercido su derecho de defensa sino que es ella la que ha planteado la cuestión como excepción de previo y especial pronunciamiento. Concluye entonces en que el decisorio no ha sido ni prematuro ni inconstitucional, sino tempestivo y respetándose el debido proceso.

En cuanto al resto de los agravios, que detalla, sostiene el tribunal de alzada que el pacto de prórroga de jurisdicción es válido únicamente en el ámbito de los contratos discrecionales o paritarios, pero no lo es en el ámbito de los contratos de adhesión en la medida en que la prórroga de la jurisdicción sea una cláusula impuesta por el predisponente al adherente y que implique una derogación de las reglas normales de la competencia.

Define al contrato que contiene la cláusula mentada como de adhesión a condiciones generales, que contiene cláusulas predispuestas o prerredactadas por el predisponente cuyo contenido nada puede discutir el adherente, quien sólo puede limitarse a suscribir o no el contrato. Cita doctrina en este sentido.

Agrega que aun cuando aparece el adherente como si fuera él quien ofrece la prórroga de la jurisdicción, en realidad la iniciativa de conclusión en estos contratos no cuenta para determinar la iniciación del contrato sino que es la iniciativa de determinación del contenido contractual la válida y que deberá ser considerada la estipulación como primera manifestación de voluntad con intenciones contractuales; en definitiva, manifiesta que la adhesión puede tener la forma de una oferta dirigida al estipulante.

Aplica el art. 7 inc. 4 procesal para determinar la competencia de la Justicia Ordinaria de Tucumán en tanto el contrato de distribución se ejecutaba en esta ciudad (cláusula b). Descarta que pueda hablarse de distinta vecindad conforme al art. 90 inc. 4 del CC y en tanto las operaciones negociales con el actor la demandada las hacía en su establecimiento de Tucumán por lo que no es vecino de otra Provincia para el cumplimiento de las obligaciones, y la competencia no es la federal.

Afirma que el pacto de someter la cuestión a la competencia de la justicia ordinaria de la Ciudad de Bs. As. importa una derogación de las reglas normales de la competencia, sin posibilidad alguna del adherente de cuestionar la prórroga de ella, renunciando por lo tanto al derecho que le correspondía legalmente sin contraprestación alguna que justifique dicho renunciamiento. Sostiene que se trata de una cláusula abusiva derivada de su posición dominante en la contratación, por parte del predisponente del contrato. Cita doctrina.

Por otro lado, considera que tal cláusula es de aquéllas que la Ley de Defensa del Consumidor fulmina con la ineficacia, a tal punto que la considera no nula sino directamente como "no convenida" (art. 37 LDC). Asevera que se ha considerado que la cláusula derogatoria de la competencia es una cláusula abusiva que importa una renuncia o restricción de los derechos del usuario o consumidor, que al ser impuesta unilateralmente por el predisponente implica la derogación de las normas legales supletorias. Que la normativa aplicable en el ámbito de los contratos de consumo, resulta también aplicable al ámbito de los contratos por adhesión a condiciones generales, toda vez que la situación del contratante débil o consumidor no se diferencia de la situación del adherente en el contrato de adhesión que debe aceptar sin posibilidad de discutir.

Aclara que no se discute que los tribunales de la Capital son tan buenos como los nuestros, sino cuál de esos tribunales debe entender en la presente causa y cuál resulta competente; considera también irrelevante el régimen arancelario vigente y sí, en cambio que resulta costoso para el litigante tener que trasladarse a extraña jurisdicción durante un tiempo prolongado para tramitar el juicio. Discrepa con el agravio referido a que la empresa demandada no le conviene tener que litigar a lo ancho y largo del país, ofreciendo -con cita de doctrina- motivos para ello centralizados en el hecho de que si la empresa tiene alguna sucursal, una especie de representación -incluso concesión o agencia-, lo correcto es acogerse a esa jurisdicción, lo cual responde al principio que emana del art. 90 inc. 4° del CC. Sostiene que la cláusula es abusiva cuando es impuesta unilateralmente por el empresario que perjudique de manera inequitativa a la otra parte, o determine una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los consumidores o usuarios (aunque también de cualquier otro contratante que no llegue a revestir el carácter de consumidor, como puede suceder, por ej. en el contrato celebrado entre una empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones impuestas por aquélla). Concluye, en suma, en que la cláusula debe ser declarada inválida por estar incluida en un contrato de adhesión y resultar del contexto que es abusiva en este caso concreto.

En cuanto a las costas, las impone por el orden causado, tanto en esa instancia como en la anterior, acogiendo así el agravio del apelante en este sentido.

V.- Liminarmente cabe poner de resalto que si bien la cuestión traída a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema no se presenta como definitiva ni equiparable a tal en tanto no pone fin al pleito ni impide su continuación, lo cierto es que, en el caso, se advierte que la misma reviste gravedad institucional toda vez que habiéndose pactado dentro del marco de las facultades previstas legalmente (arg. art. 1197 CC y arts. 4 y 5 procesal) la cláusula de prórroga de jurisdicción, los jueces intervinientes en la especie han resuelto en contra de la misma, lo cual subvertiría la organización competencial de los Tribunales de Justicia, cuestión que atañe en forma eminente al orden público. Siendo así, se ahondará en la procedencia recursiva.

En primer lugar, frente a lo extenso de las motivaciones vertidas en el memorial casatorio cabe aclarar que no se ha de seguir al recurrente en todo y cada uno de las argumentaciones, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso planteado (CSJN, Fallos: 278: 271; 291: 390; 300: 584).

Para resolver la cuestión competencial se debe estar a los términos de la demanda -y documentos que la sustentan, a pesar de poder ser estos cuestionados total o parcialmente-, sin perjuicio de que su definitiva consideración deba ser efectuada en el momento de adoptar la decisión final.

En el contrato de distribución se convino que, para todos los efectos legales las partes acuerdan fijar la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Bs.As., renunciando a cualquier fuero o jurisdicción.

Ello así, se está en presencia de una facultad que la ley acuerda a las partes (art. 4 y 5 procesal), esto es: la posibilidad de prorrogar la jurisdicción, produciéndose un desplazamiento de la competencia territorial. "Pacto de foro prorrogando" éste que se reputa válido pues, tal como expresa Podetti en su "Tratado de la Competencia", la cláusula que fija un domicilio especial y prorroga la jurisdicción (competencia) territorial es válida y produce sus efectos cualquiera sea el domicilio de las partes, lugar de celebración del contrato y de la entrega o pago, siempre que no se lesione el orden público (op. cit., pág.536). Luego, advirtiendo que tal pacto sólo atañe al interés de las partes contratantes, nada impide la estipulación contractual de la prórroga cuestionada la que llega a ser, por efecto del art. 1197 CC, verdadera ley para las partes.

De allí que la prórroga pactada opere aunque surja de un documento no auténtico (situación que -incluso- no se da en el caso pues el documento es reconocido, más allá de la nulidad alegada), pues lo relativo a ello y a su contenido constituye cuestión que debe ser analizada en el pleito y motivo de oportuno pronunciamiento de fondo.

Por lo demás, la sola circunstancia de que la cláusula de prórroga de jurisdicción esté incorporada a un contrato de adhesión (como lo califica el tribunal de alzada) no es suficiente para desvirtuar su eficacia pues se trata de una declaración de voluntad común ejercida dentro del marco de la ley (y, por ende, constituye el ejercicio regular de un derecho propio) y sujeta a las directivas del art. 1198 CC. Que el convenio contenga cláusulas predispuestas no determina sin más la nulidad de éstas si no concurren vicios de la voluntad del contratante que las acepta ni se lesionan preceptos o principios generales del derecho. En el caso, se trata de la competencia territorial, indudablemente "prorrogable"; se ha articulado y sustanciado la excepción de incompetencia; se ha ofrecido pruebas y se ha tomado una decisión. Del trámite sustanciado no surge en esta etapa del proceso -a la cual hay que atenerse- vicio o circunstancia invalidante de la cláusula de prórroga de jurisdicción.

Sostiene el tribunal de alzada que el pacto de prórroga de jurisdicción es válido únicamente en el ámbito de los contratos discrecionales o paritarios, pero no lo es en el ámbito de los contratos de adhesión en la medida en que la prórroga de la jurisdicción sea una cláusula impuesta por el predisponente al adherente y que implique una derogación de las reglas normales de la competencia. Pero con este criterio, todos las cláusulas de prórroga de jurisdicción contenidas en contratos de adhesión serían abusivas pues ellas, por su naturaleza, implican precisamente desplazar la competencia del juez al que le correspondería entender y decidir en el asunto, según las "reglas normales" lo que, al decir de la Cámara, sería una "derogación de las reglas normales de la competencia" que no haría válida la cláusula en este tipo de contratos, a la par que éstos, también por su naturaleza, implican precisamente la predisposición de cláusulas a la cual adhiere voluntariamente el co-contratante, con lo que la validez de la cláusula también estaría excluida en todos ellos, según esta pauta del tribunal a quo. En otras palabras: el abuso de derecho no puede derivarse del solo hecho de la posición del predisponente en una contratación. En efecto, la Cámara hace un salto lógico indebido en su razonamiento al deducir, del carácter de contrato "de adhesión", la existencia de abuso de derecho (art. 1071 CC). Pero de una cosa no se deriva lisa y llanamente la otra. Con este criterio, todos los contratos de adhesión quedarían invalidados automáticamente o con la mera alegación del art. 1071 CC, lo que no es posible sostener.

La cláusula que prorroga la competencia territorial será abusiva cuando importe para el adherente una obstaculización de su derecho a la jurisdicción; pero, claro está, siempre queda a cargo de éste la demostración de los extremos necesarios que lleven a enervar la vigencia de la cláusula cuestionada. La sentencia -al derivar de la simple calificación del contrato de distribución como de adhesión, la condición de abusiva de la cláusula- parece aplicar una "presunción de abuso" -que puede entenderse por algunos doctrinarios como válida en el ámbito del derecho del consumo- pero que no puede aplicarse sin más a favor de la aquí actora quien debe demostrar la presencia de elementos abusivos. Y ello porque la pretensión de la demandada no parece sobrepasar el ejercicio normal de un derecho, ni lo acordado constituir -por sí solo- un desvío de la finalidad del contrato, ni el quebrantamiento de su espíritu, sino el resultado de un acuerdo explícito de las partes contratantes (acuerdo que fue mantenido y ejecutadas las obligaciones que de él derivaban, por varios años). Y cualquier examen posterior en este sentido deberá efectuarse por el "Juez del contrato" pues la cláusula, al momento de la demanda, continuó válida y vigente.

Por lo demás, luce asimismo errónea la aplicación al caso de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor pues no se dan, en lo que a la cuestión a resolver se refiere, los presupuestos que puedan hacer aplicables sin más aquel específico microsistema regulativo. La cláusula en análisis, incorporada a un contrato comercial de distribución no puede ser tratada, por ello mismo, bajo la luz de las disposiciones de orden público protectoras del consumidor al menos no sin explicar porqué la relación subyacente a la demanda sería "de consumo" o porqué motivos los contratantes, o uno de ellos, deba ser tenido por "consumidor". No cualquier contrato de adhesión pasa a ser, por ese solo hecho, un acto o contrato de consumo y la sola circunstancia de que la cláusula en cuestión haya sido predispuesta, como suele ocurrir en aquel microsistema, no determina su calidad de abusiva. Nótese que la misma Cámara cita doctrina en la que, para tal calidad, no se requiere sólo la unilateralidad de la disposición, sino que éstas perjudiquen inequitativamente a la otra parte; determinen posiciones de d esequilibrios entre sus derechos y obligaciones. El tribunal de alzada expresa que la cláusula es inválida por estar incluida en un contrato de adhesión (y ya vimos que ello no alcanza para derivar tal carácter) y por resultar abusiva de su contexto (y sin embargo, no ha explicitado concretamente cuál sea este contexto, como no sea el hecho -insuficiente- de que deduce debilidad en la posición de la actora por haber firmado un contrato que tipifica como de adhesión) del que emerja el abuso de derecho.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso tentado y casar la sentencia en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta competente la Justicia Ordinaria Provincial para conocer y decidir sobre la nulidad de un contrato al existir una cláusula contractual que prorroga la jurisdicción en favor de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. y no surgir de modo manifiesto las circunstancias invalidantes de la misma"; dictándose como sustitutiva, la siguiente: "REVOCAR la sentencia del 28/02/2001 corriente a fs. 166/167 de autos y, en consecuencia, HACER LUGAR a la excepción de incompetencia de jurisdicción declarándose incompetente a la Justicia Ordinaria Provincial para entender en el presente caso. Archívense las actuaciones".

VI.- En razón de la forma y términos en que se celebró el contrato entre las partes y la particular naturaleza de la cuestión y el objeto de la acción promovida, resulta de equidad imponer las costas de todas las instancias por su orden (art. 106 inc. 1 CPCCT).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte demandada en autos, contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 09/10/2002; en consecuencia se casa la misma a tenor de la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva la siguiente: "REVOCAR la sentencia del 28/02/2001 corriente a fs. 166/167 de autos y, en consecuencia, HACER LUGAR a la excepción de incompetencia de jurisdicción declarándose incompetente a la Justicia Ordinaria Provincial para entender en el presente caso. Archívense las actuaciones. II.-COSTAS de primera y segunda instancia en el orden causado. III.- RESERVAR...". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE