marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño resarcible, daño moral, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Jorge Omar c/ AFIP s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

En la primera parte del art. 95 de la LCT se contempla expresamente el pago de una indemnización por daños y perjuicios que tienen por causa la extinción del contrato antes del cumplimiento del plazo, y las partes no pueden restringir el pago de tal indemnización a la prevista en el art. 7 de la ley 25013, pues ello implicaría disminuir derechos provenientes de normas imperativas. Se advierte, en el caso, que no ha sido probada la existencia de daños directos como consecuencia de la ruptura anticipada, por lo que la reparación debe referirse a la pérdida de ganancia constituida básicamente -en el caso se trataba de un abogado- por los honorarios generados por su actuación profesional que no pudo concretar. Sobre la base de su salario y sin perder de vista que la duración del contrato era de 12 meses y que sólo se cumplieron los tres primeros períodos, resulta adecuado fijarla en la suma de $40.000, comprensiva de todos los daños originados por la ruptura anticipada incluido el derivado del tiempo transcurrido desde la fecha del despido hasta la del reconocimiento del derecho a la reparación (conf. art. 95 ya citado).
Confirmación de sentencia, cobro de sumas de dinero, declinatoria, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Electrónica y Comunicaciones S.R.L. c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. s/ cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-02

Debe confirmarse la declinatoria de la competencia del juez local pues de la documentación acompañada con la demanda no surge expresa ni implícitamente que las partes hayan convenido una prórroga de la competencia territorial. Ello es así, pues la prórroga esgrimida esta ínsita dentro de un texto con las características de un formulario tipo con condiciones generales predispuestas usualmente, la valoración de su virtualidad a los fines perseguidos debe hacerse necesariamente con carácter restrictivo. De lo contrario, se estaría forzando al deudor a litigar fuera de su ámbito natural, no configurándose la presunta prórroga tácita de la competencia territorial respecto de aquel, pues tal leyenda no ha sido conformada. El elemento faltante, repetimos, es la aceptación de la parte demandada, es decir, su renuncia expresa a su derecho a la jurisdicción, no surgiendo con claridad la verdadera voluntad de los contratantes a ese respecto; sumado a que aquella ha desconocido y negado la validez de los documentos indicados por la quejosa.
Recurso de casación, caducidad, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: LUJAN OSCAR RAMON c/ LUGONES DE RUIZ TABOADA BLANCA Y/U OTROS s/ ESCRITURACION-QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-05

En principio las sentencias que resuelven cuestiones de caducidad por tratarse de autos interlocutorios, no constituyen sentencias definitivas, y son, por lo tanto ajenas a la Instancia Extraordinaria de la Casación. Ello por cuanto el art. 311 de la ley ritual prescribe: "La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio...". Excepcionalmente, el Superior Tribunal de Justicia se ha apartado de esta regla, cuando el pronunciamiento causa un gravamen que, por su magnitud, resulta de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior, pues las cuestiones que lo motivan no podrán debatirse para volver sobre lo resuelto, en un juicio posterior.
Derecho de réplica, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Corresponde reconocer y amparar el derecho de réplica, rectifica- ción o respuesta contenido en el art. 14.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, aun a falta de reglamentación legal sobre aspectos vinculados a su ejercicio.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Ricardo Manuel s/ Inf. art. 1 inc. 'a' dec-ley 8895/77. Bertolone, Bernardo Héctor s/ Infracción art. 1 inc. 'f' ley 8895
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21|1987-03-24

Es cuestión ajena al recurso de inconstitucionalidad, la presunta omisión de pronunciamiento en que hubiere incurrido el juzgador, la que debió cuestionarse por la vía correspondiente.
Seguridad social, beneficios previsionales, transformación del beneficio, retiro transitorio por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: "DOMÍNGUEZ,  ERALDO  PATROCINIO c/ A.N.Se.S. s/ Restitución  alrégimen".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Ante la novedosa situación que suscita la transformación del beneficio de retiro transitorio por invalidez en PBU, PC y PAP (la que no fue peticionada por el titular, sino que, cuando debía ser citado a reexamen por la Comisión Médica -art. 50 de la ley 24.241- "Medicina Social Gerencia Control y Prevención de Fraude" alteró el curso del procedimiento, remitiendo nota a la UDAI correspondiente requiriéndole informe de si el beneficiario cumplía con los requisitos necesarios para convertir el beneficio en PBU, y efectuara dicha reconversión de corresponder tal prestación), el organismo debió poner en conocimiento del interesado las nefastas consecuencias patrimoniales que podría acarrearle el cambio, de manera que no fuera inducido por error a formular un pedido en contra de sus intereseses (en el caso, el actor suscribió un nuevo formulario de iniciación de trámite, pero no seleccionó ninguna de las prestaciones que se indican en el punto I del mismo). En consecuencia, y acreditado con el informe del C.M.F. -que suple con su reconocida suficiencia e imparcialidad el reexamen incumplido en la instancia admnistrativa- que el demandante reúne los recaudos del art. 48 inc. a) de la ley 24.241, corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" dejando sin efecto la transformación dispuesta, ordenando al organismo el dictado de una nueva resolución rehabilitando el retiro por invalidez desde que fue revocado, y declarando la inconstitucionalidad del art. 2, ap. 8, del Dec. 526/95.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, intereses
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sulca, Carlos René c/ CNA ART SA s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

Los intereses moratorios deben computarse desde la consolidación de la minusvalía del reclamante, es decir desde el momento en que corresponde considerar permanente la incapacidad.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: ANTINORI TEMISTOCLES c/ GAROFALO JOSE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

Si al absolver posiciones la víctima de un accidente de tránsito admite que su obra social no le abonó por completo todos los gastos médicos, esta confesión importa el reconocimiento de haber recibido de dicha obra social un importe en dinero, que debe denunciar y justificar a fin de no causar un detrimento injustificado en el patrimonio del responsable del ilícito y un enriquecimiento ilegítimo en el suyo.
Sentencia, honorarios, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: VARELA NESTOR ANGEL c/ SIE S.R.L. s/ SUMARIO (RESIDUAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20

El a quo, no puede omitir explicitar los elementos fácticos que, apreciados conforme a las disposiciones legales, han sido tenidos en cuenta para la determinación del quantum regulatorio, sin incurrir en arbitrariedad, máxime cuando tales omisiones han sido motivo de agravios por el recurrente. Se lesiona así el principio de congruencia, dando lugar a una sentencia nula por afectación de los arts. 273 y 280 CPCC, toda vez que la ley exige, como se advierte una estricta correspondencia entre el contenido del fallo y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, en la especie, la adecuación del pronunciamiento a los agravios deducidos en el recurso interpuesto. Tales defectos descalifican la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad, al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y lo establecido por el art. 20 de la ley 5480.
Daños y perjuicios, fuerza física irresistible, indemnización, relación de causalidad, discriminación por razones de género
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C., J. U. y otro c/ T., A. M. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-13

Debe condenarse a un grupo de jóvenes a pagar una indemnización por daños y perjuicios por golpear a una persona por su orientación sexual, y a un amigo de la víctima quien presenció el hecho, dado que se trata de hechos inauditos y totalmente condenables que claramente determinan la responsabilidad de los demandados, con la consecuente obligación de reparar todos los daños que se encuentren en relación de causalidad adecuada (arts. 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial). Resulta claro que la golpiza fue incitada porque los agresores habrían inferido la orientación sexual de los actores.
Inimputabilidad, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL
Carátula: DRESTI, Oscar R. s/ IMPUTABILIDAD. MEDIDA SEGURIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-09

1) No obstante que el procesado no se hallaba impedido para comprender la criminalidad del acto imputado, debe ser absuelto del delito por el que se lo acusara por cuanto no pudo dirigir su conducta por el camino ético, ya que protagonizó un hecho que reviste un acontecer absurdo pues no existió necesidad que motivara el ilícito; no hubo preparación previa ni planificación del acto; no tuvo una finalidad ni tampoco utilidad; o sea que realizó un acto innecesario, súbito y que no le reportó ninguna ventaja, pudiéndose afirmar que un "pensamiento intruso" determinó en el procesado una conducta compulsiva que lo obligó a realizar forzosamente el acto delictivo.

2) Teniendo en cuenta que al cometer el delito la función frenadora inhibidora careció de la fuerza o cohesión suficiente para contrarrestar sus impulsos y éstos, al quedar en libertad, afloraron a la superficie, es necesario, como medida precautoria, que el procesado se someta a un tratamiento psicoterapéutico orientado a asegurar el apoyo necesario para intentar mejorar sus tendencias, completándolo con una terapéutica a la vez antidepresiva y neuroléptica. En consecuencia, corresponde imponer al procesado la medida de seguridad contemplada en el art. 34 inc. 1 C.P., debiéndose establecer un sistema de atención médico-psiquiátrico, con control de los médicos forenses intervinientes y, por supuesto, de la Justicia, por medio del Señor Juez en lo Criminal de Sentencia que falló el caso en primera instancia, tratamiento que será también prescripto por aquellos expertos oficiales, el que podrá ser cumplido con internación y periódicas externaciones, o, si ello es posible, en un régimen ambulatorio, y en el establecimiento público o privado al que Dresti y/o sus familiares puedan acceder y sea conveniente para ese procedimiento terapéutico.-
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: EXPRESO JAIME S.A. s/ Régimen penal tributario, Causa: 36727.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

1 - El acogimiento a un régimen de facilidades de pago en cuotas de la pretensión fiscal permite la extinción de la acción penal en los términos del art. 14 de la ley penal tributaria. (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 2 - La aceptación de un plan de pagos futuros para cancelar gradualmente una deuda anterior implica necesariamente la renuncia del acreedor a obtener una prestación íntegra en el plazo originalmente acordado. (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 3 - La efectivización del cumplimiento de las obligaciones que corresponde verificar con el propósito de examinar la procedencia de la extinción que establece el art. 14 de la ley penal tributaria es aquélla que se vincula con las obligaciones acordadas cuyo plazo de cumplimiento se encuentre vencido. (Del voto en disidencia del Dr.

Hornos).- 4 - Las cuotas o plazos que puedan conferirse al infractor para facilitar o posibilitar la satisfacción de la pretensión fiscal, son sólo aspectos parciales de una única obligación tributaria a cumplir, y recién cuando haya satisfecho la integridad de lo pretendido fiscalmente el infractor habrá efectivizado su obligación a los fines del art. 14 de la ley penal tributaria. (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).- 5 - El acogimiento a planes de pago implica una regularización pero no el reemplazo o sustitución de la obligación, por lo que la aplicación del régimen de extinción del art. 14 de la ley 23771 no procede hasta la íntegra cancelación de la pretensión fiscal. (Del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Excarcelación, caución real, monto de la caución, facultades del juez, prisión preventiva, libertad, procesado
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, Marcela A. s/ TENTATIVA DE ROBO-EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-24

Si por la naturaleza del hecho y ausencia de antecedentes, la carencia de arraigo de un domicilio concreto no podía alzarse como obstáculo a la excarcelación, y se consideró injustificado requerir una caución real porque los hechos todavía no alcanzaban para demostrar que no tenía voluntad de someterse a la acción de la justicia, debería haberse impuesto la obligación de comparecer periódicamente al juzgado, tal como lo autorizan los arts. 310 y la última parte del art. 321, C.P.P.N. Por ello, habrá de modificarse la decisión cuestionada por una de naturaleza real cuyo monto, no hallándose en situación de detención, deberá ser fijada por el Juez de grado, que paralelamente deberá disponer la prisión preventiva que de sustento a esa exigencia monetaria como contracautela (art. 312, inc. 2°, C.P.P.N.), la que no se hará efectiva en el caso de que la garantía sea oblada en tiempo oportuno.
Peculado, prueba, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Cantarero, Emilio Marcelo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

Si bien puede sostenerse que algunas cuestiones se han probado, porque así lo demostraron las constancias del expediente, la acreditación de determinados datos ónticos no ha logrado conducirnos a una única conclusión, es decir, a una única, irrefutable y categórica afirmación asentada en el contenido ilícito de reuniones, llamadas o de la existencia de transacciones o el pago de sobornos. En este sentido se erige, una de las dos fases del principio de inocencia, esto es, su aplicación (o su contracara) en el ámbito del procedimiento penal bajo la forma del "in dubio pro reo", el que remite a que la convicción de un tribunal de juicio respecto de la culpabilidad del imputado, debe superar cualquier duda razonable sobre aspectos fácticos o circunstancias jurídicamente relevantes relacionadas con la imputación, de manera que de considerarse fundada, ella obliga a fallar a favor del inculpado.
Adopción, protección a la familia, menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL
Carátula: V., F. M. Materia a categorizar (art. 250 CPCC) y V., C. G. c. B., H. E. y otro. Reintegro de hijo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Debe ser rechazado el recurso extraordinario interpuesto por el Asesor de Menores contra la decisión que resolvió revocar la guarda cautelarmente otorgada al matrimonio de postulantes inscriptos en el Registro de Aspirantes con fines de adopción, cuando la misma se ha fundado en el respeto por la preservación del lazo del niño con su hermana y entendió que no se habían agotado las posibilidades para que el niño viva con su familia, todo ello en refuerzo de su fundamento central de subsidiariedad del instituto de la adopción, lo cual abastece los principios contenidos en los arts. 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 11 de la ley 26.061 y 595 inc. "c" del Código Civil y Comercial. Máxime cuando a ello se suman los nuevos informes periciales que brindan fundamentos convincentes de que la permanencia en el seno familiar es la solución que mejor resguarda su interés superior (arts. 384, CPCC y 3.1. CDN).(doctor Torres, sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Parra, José Andrés c/ La Pastoriza S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Deben dejarse sin efecto las regulaciones practicadas a los letrados intervinientes que no están fundadas en norma arancelaria alguna (art. 15, dec. ley 8904/77).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Barraza, Nilda Raquel c/ Harengus S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-16

El objetivo del seguro es que, sucedido un hecho durante el plazo del mismo, la obligación del asegurador es mantener la indemnidad del asegurado por las consecuencias del suceso, sin que la ley contenga limitación a que las consecuencias del hecho asegurado deban configurarse acabadamente durante la vigencia del plazo de la cobertura.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, Poder Judicial, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Los actos políticos están institucionalmente substraídos del control judicial pero no porque una norma legal lo establezca (por ejemplo en nuestra Provincia, el artículo 12 inciso a) del Código Contencioso Administrativo, ley 4106), puesto que sería lógicamente inconcebible que la función soberana de gobierno encontrase en su accionar otros límites distintos de los que, en el hipotético caso, estableciera la Constitución. Consecuentemente, siempre son legítimos dado que están previstos explícita o implícitamente por la Carta Magna en cuanto necesariamente indispensables para el ejercicio de la función de gobierno.
Daños y perjuicios, responsabilidad del conductor, automotor sin frenos, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ RAUL EMILIO c/ SOL SAN JAVIER S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

Lo alegado por el codemandado (la responsabilidad del mismo deriva de su participación en el siniestro como conductor del minibús que trasladaba al actor y a su esposa en el momento del accidente) en defensa de su posición (cfr. su declaración como imputado en la causa penal), resulta insuficiente para eximirlo de responsabilidad.

Las razones invocadas para justificar la producción del siniestro (el deficiente funcionamiento del sistema de frenos) no logran ser demostradas en autos (cfr. resultados de la pericia mecánica ); déficit que impide determinar si aquéllas eximían de responsabilidad al conductor (doctrina del art. 514 del Cód. Civil).

Ha sostenido la doctrina que incurre en culpa el automovilista que no mantiene en todo momento bajo su control el vehículo que conduce, de modo de poder superar las contingencias razonablemente previsibles que se presenten en el curso de su recorrido.
Competencia laboral, convenios colectivos de trabajo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: COCCHIA, JORGE DANIEL c/ E.N.  (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL) s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Aún cuando se persigue la declaración de inconstitucionalidad de un decreto, la decisión que se adopte deberá resolver acerca de una norma que derogó la aplicación de los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad portuaria y marítima así como el Reglam. de Trabajo Portuario, lo que impone el análisis del tema dentro del marco especializado del derecho del trabajo. Lo que justifica que el conocimiento de la causa se desplace hacia los tribunales del fuero laboral y no hacia la justicia en lo contencioso administrativo aún cuando sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas y la Municipalidad. a disparidad o asimilación injusta a las que conducirían
Caducidad de instancia, informatización de la justicia, interrupción de la caducidad, días inhábiles, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Samuel Gutnisky S.A. y otro c/ E.N. -Flota Fluvial del Estado Argentino s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

A la luz de lo preceptuado en el art. 311 del C.P.C.C.N., los efectos de la declaración de feriado judicial en relación al lapso comprendido entre el 3 y el 14 de noviembre de 1997 inclusive -a los efectos de "informatizar" el juzgado interviniente-, cabe señalar que tal declaración resulta insuficiente para asimilar dicho lapso a las ferias judiciales, toda vez que, como dispuso la C.S.J.N. en la resolución 3192/97, estos feriados fueron decretados sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran cumplirse. Ello sentado, no resulta irrazonable sostener que el "feriado judicial" resulta asimilable a los días inhábiles declarados en algunas oportunidades por la Corte Suprema, durante los cuales corren los plazos para el cómputo de la caducidad de la instancia.
Daño punitivo, daño moral, indemnización, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Acción emergente de la ley del consumidor: Martínez Alejandra, Espíndola Félix, Espíndola Adriel, Alcaráz Enzo, Alcaraz Emiliano, López Yolanda, Cáceres Laura, Moreira Tania, Sánchez Luana, Checa Liliana, Gentile María, Yamín Iván Mariano, Corimayo Elsa, Arriaga Néstor y García Francisco  c/ Bienes G y G Sociedad Anónima  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-09-13

Para la procedencia del daño extrapatrimonial reclamado, ha de valorarse que el adquirente de servicios turísticos es un consumidor hipervulnerable y en situación de desventaja del mismo momento en que sus prestadores de servicios turísticos se encuentran a kilómetros distancia de su residencia, y que en su mayoría no pueden apreciar el servicio que adquieren más que por lo que verbalmente transmite el proveedor o mediante la información que pueden obtener de internet. Es decir, se contrata en función de la confianza, por lo que reviste una especial vulnerabilidad jurídica, estructural y fáctica respecto del resto de los consumidores. Por ende, los actores contrataron los servicios turísticos confiando en la empresa y gozan de una expresa protección legal -arts. 4, 7 y 8 de la Ley 24.240-; de igual forma, procede la valoración por daño punitivo, toda vez que han sido víctimas de una falta al deber de informar y trato digno por parte de la demandada, quien a la par de omitir dar respuestas oportunas y satisfactorias se enriqueció ilegítimamente a costa de los mismos, siendo pasible de la sanción prevista en el art. 52 bis de la Ley 24.240
Pesificación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rubio, Roberto Julian c/ Habud, Claudia Gabriela s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-06-12

La deuda instrumentada en las cartulares en ejecución deberá abonarse en relación de un dólar igual a un peso (U$S 1 = $ 1) y, a partir del 03/02/2002, se les aplicará el C.E.R., con más la tasa de interés soberanamente determinada por la Cámara.