Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE (hoy BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.) contra LAINATTI HNOS. S.A. y otros Reg.: A y S t 197 p 439-443. En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro Decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos "BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE (hoy BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.) contra LAINATTI HNOS. S.A. y otros -Demanda Or En el análisis que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, advierto que están satisfechos los recaudos formales de la impugnación y la materia recursiva ostenta perfil constitucional, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (f. 259/v). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1 Según surge de autos, el juez de baja instancia dictó sentencia en la causa, mediante la cual, atendiendo a la situación de rebeldía de los demandados Marcelo Omar y Betina Rosana Lainatti -que aún subsistían en tal carácter, habida cuenta del desistimiento del proceso efectuado con relación a los otros codemandados- y a la falta de contestación de la demanda, hizo lugar integralmente a la pretensión articulada por el Banco, condenando a los accionados a pagar a dicha entidad crediticia el capital correspondiente al mutuo oportunamente celebrado por las partes, con más los intereses y costas.

Comparecidos a la causa, los perdidosos impugnaron tal decisorio mediante recursos de nulidad y apelación (f.91).

La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, resolvió rechazar el recurso de nulidad y hacer lugar al de apelación, revocando el fallo a quo, y rechazando integralmente la demanda, con costas en ambas instancias al actor.

Para arribar a esa solución, los juzgadores, consideraron que tratándose el préstamo o mutuo de dinero por parte de una entidad financiera de un contrato comercial real y unilateral y estando probado que la entrega de los fondos -por cuya devolución con intereses se reclama- no se materializó con relación a los demandados Marcelo Omar y Betina Rosana Lainatti, no puede sino concluirse que dicho contrato no llegó a materializarse, al menos respecto de ellos, haciendo viable el planteo apelatorio.

Contra dicho pronunciamiento, interpone la entidad bancaria recurso de inconstitucionalidad, reputándolo arbitrario, en mérito a los siguientes planteos: En primer lugar, le imputa haber incurrido en una notoria desinterpretación de la realidad del caso en cuanto al perfeccionamiento del contrato de mutuo, al tener por cierto que la "cuestio juris" giraba en torno a si tales personas habían recibido o no la suma reclamada.

Aduce que ello evidencia un desenfoque esencial y un apartamiento de las constancias de autos, por tratarse de una cuestión totalmente insustancial, toda vez que está probado que aquéllos no la recibieron, sino que dicha suma le fue entregada a uno de los deudores solidarios ("Lainatti Hnos. S.A.") al momento de la instrumentación del mutuo, recibiéndola de conformidad, lo que resulta suficiente acreditación del perfeccionamiento del contrato de marras.

Enfatiza que de tal errada premisa, deriva el A quo una equivocada conclusión, al entender que su parte no había probado la efectiva conclusión del contrato, al menos en relación con dichos demandados.

En segundo término, bajo la tacha de "notoria desinterpretación del derecho aplicable al caso" y "maxi-errores", le achaca el yerro de haber considerado al contrato en cuestión como un mutuo civil, caracterizándolo como un contrato real que sólo se perfecciona con la entrega de la cosa, cuando se trata de un mutuo financiero que, en su opinión, es un negocio consensual por excelencia, apoyando su tesis con cita de doctrina.

Y si el contrato se considera consensual -dice- toda la "construcción jurídica" en torno al perfeccionamiento se desmorona y la sentencia no resiste el menor análisis.

Pero, agrega, que aún si por hipótesis se lo considerase como real, también se ha equivocado el Tribunal al poner énfasis en el análisis del contrato y su perfeccionamiento, y no en las obligaciones contraídas por los mutuantes (sic) solidarios.

En tal sentido, postula que, en función de la unidad de prestación y pluralidad de vínculos coligados que caracterizan a la solidaridad, con la entrega del dinero a cualquiera de los mutuarios solidarios, el mutuante cumple su obligación y perfecciona el contrato.

Luego, tiene legitimación para demandar el cumplimiento de cualquiera, y/o todos, y/o algunos de los mutuarios.

Finalmente, se queja de que el pronunciamiento se haya fundado casi exclusivamente en la absolución de posiciones de foja 183 (sic), que constituye, según afirma, una prueba irrelevante, ya que la fuente de la responsabilidad de los demandados deviene del "reconocido carácter solidario de mutuarios, en contrato real de mutuo perfeccionado por la entrega de la cosa a uno de los mutuarios solidarios".

Evacuado el traslado que prescribe el artículo 4 de la ley 7055, la Sala mediante auto nro.163 del 04.08.1999 denegó la concesión del remedio intentado.

Ante ello , la actora ocurrió en queja a esta Corte, de conformidad al artículo 8 de la ley 7055, obteniendo por esa vía el franqueo de la instancia extraordinaria, conforme se expusiera al tratar la primera cuestión.

2. En función de efectuar el control de constitucionalidad que concierne a esta Corte y, en su caso, declarar la nulidad del pronunciamiento impugnado, ha de tenerse especialmente en cuenta que la postulación recursiva es, en esencia, la relativa a que el A quo - incurriendo en diversas tachas descalificantes, como son: desinterpretación de la realidad del caso, interpretación arbitraria de las normas aplicables (maxi-errores) y fundamentación en prueba irrelevante- soslaya totalmente la consideración de la solidaridad pasiva pactada en el contrato de mutuo y los efectos derivados de ella, que -a su criterio- determinan el perfeccionamiento del contrato de mutuo respecto de todos los mutuarios (deudores solidarios) y desmorona el razonamiento seguido por la Alzada para la solución del litigio.

3. A mi entender, el recurso en estudio ha de prosperar.

Adviértase, en tal sentido, que toda la fundamentación del Judicante se basa en considerar que el contrato de mutuo bancario es un contrato real, que como tal se perfecciona con la entrega de los fondos al cliente y que estando probado que tal entrega no se materializó con relación a los únicos demandados contra los que se mantiene viva la pretensión, la demanda debe rechazarse.

Aún dejando de lado el planteo del recurrente acerca del carácter consensual del mutuo bancario -el cual no puede prosperar pues remite al análisis de cuestiones de interpretación y aplicación de las normas y carece de eficacia para poner en cuestión la razonabilidad de la decisión de la Alzada- y partiendo de la caracterización del mismo como real que efectuara la Sala -lo que más allá de su acierto o error queda dentro del marco propio de las atribuciones de los jueces ordinarios-, la argumentación por ella desarrollada se resquebraja, ni bien se advierte que importa desconocer la voluntad manifestada claramente por los contratantes.

Porque ni la simple entrega de una cosa a otro constituye por sí un mutuo, como tampoco lo es la sola declaración de que se va a entregar una cosa en mutuo.

En realidad se requieren ambas cosas: el consentimiento y la efectiva entrega y recepción de la cosa (Etcheverry, Raúl, "Derecho Comercial y Económico-Contratos- Parte especial 2, Ed. Astrea, ed. 1994, págs. 171 y ss.).

En este orden de ideas, la Sala no consideró que -tal como surge del contrato de mutuo, vid fs. 7/8- las partes habían acordado la solidaridad pasiva, con las consecuencias legales que de ello pueden derivarse tanto en orden al perfeccionamiento del contrato (tradición de la cosa que forma su objeto) como a su cumplimiento.

Y al respecto, cabe señalar, que la tradición puede ser hecha por cualquiera de las formas que autoriza el derecho positivo vigente, es decir, ser real o simbólica, como ocurre cuando las cosas están ya en poder del mutuario por un título distinto -traditio bre En autos, la Alzada limitó su enfoque al análisis relativo a la entrega de la cosa y perfeccionamiento del contrato respecto a los recurrentes -únicos demandados que aún subsistían en tal carácter-, dejando de lado toda indagación sobre el mismo acuerdo de voluntades de las partes -que contemplaba la solidaridad pasiva-, como si ambos aspectos del contrato celebrado (consentimiento-entrega de la cosa) pudiesen fraccionarse, cuando -en realidad- ambos se entrecruzan y entrelazan, determinando la génesis del negocio.

Y es esta ponderación "in totum" la que se adecua al principio de la autonomía de voluntad de las partes.

En virtud de lo expuesto, no puede sino concluirse que la sentencia impugnada -al haber soslayado un aspecto del contrato que podría haber resultado decisivo a la hora de resolver-, no constituye una conclusión razonada y congruente en relación a los hechos relevantes de la causa y al derecho aplicable, lo que determina que sea merecedora de reproche constitucional en esta instancia, correspondiendo por ello su revocación, sin que tal solución importe emitir juicio sobre la solución que corresponde adoptar en definitiva sobre el presente litigio.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Disponer la remisión de la causa al tribunal subrogante que corresponde a fin de que sea nuevamente juzgada, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Disponer la remisión de la causa al tribunal que corresponde a fin de que emita nuevo pronunciamiento, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro Decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)