Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16


SENT Nº 257	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por parte actora en autos: "Alcaino Rafael Fernando y otros vs. Colegio Santo Tomás S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 1216/1227 por la parte actora, por intermedio de letrada apoderada, contra la sentencia del 30/9/2009 y su aclaratoria del 28/2/2011 de la Sala Vª de la Excma. Cámara del Trabajo (fs. 1160/1172 y 1210/1212). El recurso fue concedido por resolución de fecha 19/8/2011 (fs. 1259) y del informe actuarial de fs. 1269 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando al Colegio Santo Tomás S.R.L. a pagar a los actores la suma de $ 102.691,36 por los rubros allí establecidos, absolviendo a los accionados Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez.

2.- Los recurrentes explican que con fecha 04/8/2004 iniciaron juicio contra el Colegio Santo Tomas SRL y contra Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, por la suma de $120.064,47 en concepto de pagos Decretos Nº 1273/02, 2641/02, 905/2003, 392/2003, 1347/03, 1378/5 (SE), diferencia de haberes, diferencia de SAC, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, SAC s/preaviso, integración mes de despido, vacaciones proporcionales 2004, incentivo docente, más intereses, gastos y costas. Señalan que ingresaron a trabajar bajo relación de dependencia para el Colegio Santo Tomas, "figurando como propietarios Miguel Ángel Sánchez, representante legal la esposa del propietario, Sra. Elba Mary Sanz de Sánchez, vicerrector Miguel Ángel Sánchez (h), secretario Sergio Daniel Sánchez, éstos dos últimos hijos del matrimonio constituido por Miguel Ángel Sánchez y Elba Mary Sanz". Mencionan que Rafael Fernando Alcaino ingresó a trabajar el 01/3/92, Margarita Flora Marina Paz el 12/3/91, Adrián Solórzano el 31/7/93 y Sonia Silvina Solórzano el 01/3/93. Expresan que "todos revestían en la categoría de profesor, prestando servicios en calle Pedro de Mendoza nº 180, El Colmenar, Las Talitas" y que "cuando se amplían las instalaciones físicas, Alcaino, Paz y Solórzano Adrián, también prestan servicios en Pedro de Mendoza nº 96" de la misma localidad.

Los recurrentes se agravian de que la Cámara exprese que la demanda fue interpuesta contra el Colegio Santo Tomas SRL y contra los socios integrantes de la sociedad Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, Sostienen que la Cámara realizó una "consideración parcializada de los hechos relatados en la demanda" que definían el tema decidendum. Señalan que en el punto V del escrito de demanda, a fs. 15 vta., manifestaron que la acción estaba dirigida contra Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, en virtud de que con la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (Colegio Santo Tomas SRL) pretendieron cometer un fraude contra los trabajadores, frustrar sus derechos, violar la ley, el orden público y la buena fe de los mismos. Agregan que a fs. 16 vta., su parte manifestó que "los verdaderos y reales empleadores de los actores eran todos los integrantes de la familia compuesta por los esposos Miguel Ángel Sánchez, Elba Sanz de Sánchez y sus dos hijos Miguel Ángel y Sergio Daniel, a quien corresponde se le extienda la responsabilidad.". Transcriben alegaciones contenidas en el escrito de demanda donde expresaron que el Colegio Santo Tomas SRL se constituyó con un capital de $ 30.000 y cuyos socios son únicamente los hijos del matrimonio Sánchez-Sanz, es decir, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, por lo que correspondía "a la justicia correr el velo de la personería para llegar a la esencia de la institución, es decir a aprehender la realidad que se oculta tras ella".

Insisten en que "la cuestión litigiosa a resolver era si la sociedad familiar integrada por los esposos: Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez y sus hijos Miguel Ángel y Sergio Daniel, debían responder conjuntamente con el Colegio Santo Tomas SRL". Cuestionan que la Cámara entendiera que la demanda se interpuso en contra de Colegio Santo Tomas SRL y en contra de los socios integrantes de la sociedad Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez. Consideran que "la errónea determinación de las partes en litigio tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia por violación del principio de congruencia (art. 34 y 265 inc. 6 CPCC, de aplicación en este fuero, conf. art. 46 CPL).

Se agravian, por otra parte, de que el tribunal de grado haya sostenido que "surge acreditada la existencia de la transferencia del establecimiento educacional, como así también transferencia de los activos y pasivos a la sociedad de responsabilidad limitada". Alegan que esta afirmación es puramente voluntarista pues carece de todo respaldo documental.

Explican que al interponer recurso de aclaratoria, se requirió a la Cámara que "aclare y/o individualice cual es la documentación que fue acompañada y reservada en Caja fuerte de Secretaria y que ha sido considerada por V.E. para tener por acreditada la transferencia de los activos y pasivos a la sociedad de responsabilidad limitada" y que al resolver la misma, se dijo que "en autos se encuentra detallada la documentación acompañada por cada una de las partes y que fuera motivo de consideraciones y análisis en la sentencia recurrida". Señalan que se presentaron en secretaría de la Excma. Cámara y procedieron a reexaminar la documentación original acompañada por los demandados, advirtiendo que no existe instrumental alguna que justifique la mencionada trasferencia a la sociedad de responsabilidad limitada demandada.

Mencionan que conforme las constancias de la causa únicamente se encuentran agregadas fotocopia simple de nota dirigida al Director de Enseñanza Privada (fs. 351/352) por la cual Miguel Ángel Sánchez y Sergio Daniel Sánchez, en el carácter de socios gerentes de Colegio Santo Tomas SRL, solicitan cambio de titularidad del Establecimiento de Enseñanza "Santo Tomas" de nivel inicial, primario (EGB), secundario y terciario, a favor de la razón social "Colegio Santo Tomas SRL." Alegan que la nota aludida no acredita la transferencia del establecimiento, ni la transferencia de los activos y pasivos de la sociedad familiar a Colegio Santo Tomas SRL. Destacan que en esa presentación, dicen adjuntar: 1) Acta Constitutiva de la sociedad, 2) Contrato Social, 3) Registro Público de Comercio, 4) Publicación en el Boletín Oficial, 5) Contrato de Locación, 6) Resoluciones Ministeriales Nacionales y Provinciales, 7) Situación Patrimonial, 8) Inventario Muebles y Útiles, 9) Fotocopias de los Planos de los Edificios, 10) Nómina de Empleados del Colegio Santo Tomas SRL y 11) Legajos de socio gerente y representante legal. Insisten en que "en toda la documentación agregada en autos y de la reservada en caja fuerte del juzgado y de la detallada en cargo de secretaria (fs. 416 vta.), no surge copia simple, copia certificada y/u original que se corresponda con toda la documentación referenciada en nota de fs. 351/352". Se preguntan cuál es entonces la documentación considerada por la Cámara para concluir que los demandados han transferido el establecimiento educacional y todos los activos y pasivos a la SRL. Tachan de arbitrario al pronunciamiento impugnado por fundamentación aparente en relación al punto.

Cuestionan la ligereza de la Cámara al sostener que "no se encuentra configurado un obrar de parte de los socios que permita presuponer la existencia de fraude en su constitución". Sostienen que esta conclusión, "como las anteriores, es una afirmación puramente dogmática, sin tener sustento en las pruebas aportadas por las partes" apartándose de la directiva impartida por el art. 30 Constitución de Tucumán, que impone que toda sentencia judicial sea motivada.

Insisten en que la Cámara "ha realizado una interpretación parcializada del pormenorizado relato de los hechos". Reproducen expresiones de los propios codemandados, respecto de la historia de Colegio Santo Tomas (fs. 402 vta. a 406 vta.), "de la cual se infiere en forma clara, categórica y sin hesitación alguna, que la constitución de la SRL ha sido como consecuencia de la mala situación financiera y de la supuesta enfermedad de la Sra. Elba Mary Sanz, no acreditada en autos". Citan expresiones tales como que "en el año 2000, la crisis del país colapsa todas las pequeñas empresas familiares, lo que no deja de afectar directamente al Colegio", que hubo "una cesación de pagos que superó el 40%", que "hubo que llamar a los padres deudores, quienes ofrecieron documentar las deudas", que "para paliar el momento económico se venden estos documentos perdiendo hasta el 50%" y que los bonos de cancelación de deudas fueron vendidos "perdiendo hasta un 17% en algunos casos", que "era necesario sacar prestamos, vender documentos o lo que se tuviera", que decidieron vender una camioneta pero no obstante ello "no se equilibran las finanzas", que "el Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo, otorgó un préstamo para cubrir los sueldos de diciembre, SAC de 2000 y enero y febrero de 2001" y que "el sueño Colegio" llevó una descapitalización de propiedades de la familia. Destacan que estas circunstancias fueron admitidas por los demandados, a lo que suman la enfermedad "de la dueña y artífice del Colegio", lo que motivó que sus hijos decidieran crear el Colegio Santo Tomas SRL en el año 2001, para dar continuidad al sueño familiar.

Alegan que en vista de ello, "no es lógico y razonable concluir que de la prueba aportada por las partes no se encuentra configurado un obrar de su parte (socios) que permita presuponer la existencia de fraude". Afirman que "la experiencia indica que la cesación de pago de las cuotas de los alumnos, que la venta de documentos, que la venta de los bonos de cancelación de deudas, que sacar prestamos bancarios, que vender una camioneta, que la descapitalización de propiedades, etc., son hechos y actos que llevan a las personas físicas a no continuar exponiendo su patrimonio personal y resguardarlo mediante la constitución de una SRL, figura jurídica, art. 146 LS que le permite limitar su responsabilidad a la integración de la cuotas que suscriban o adquieran".

Se agravian de la omisión de considerar la prueba informativa, consistente en el artículo publicado en diario La Gaceta (fs. 630 y 833), ofrecida por ambas partes, de la cual surge, por declaraciones del Representante Legal de Colegio Santo Tomas SRL, que "la dueña, Mary de Sánchez se encuentra enferma". Estiman que se trata de "prueba relevante para resolver la extensión de responsabilidad, por fraude".- Cuestionan que la Cámara sostenga que el art. 54 de la Ley 19550, no resulta de aplicación por no constatarse intención tendiente a la sustracción de la empleadora de las normas laborales o evasivas de la responsabilidad y solvencia patrimonial por parte de la razón demandada. Se agravian asimismo, de que el tribunal entendiera que "la sola circunstancias de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano jurídico, la persona de los socios, con la de existencia ideal".

Insisten en que de las constancias de autos, en especial del responde de los demandados surge evidente que la intención ha sido el no continuar exponiendo su patrimonio por las deudas contraídas por Colegio Santo Tomas. Reiteran que los demandados han declarado que el sueño de educar llevó a la descapitalización de propiedades de la familia y que por ello nace Colegio Santo Tomas SRL, lo que a su juicio es revelador de la intención de sustraerse a las normas laborales. Señalan que al interponer demanda, mencionaron que Colegio Santo Tomas SRL se constituyó con un capital de $30.000 integrado por bienes muebles, sin incluir los inmuebles de calle Pedro de Mendoza 180 y Pedro de Mendoza 96. Destacan que "esta afirmación no ha sido desvirtuada por los demandados" pues las alegaciones referidas a que se transfirió a los hijos todo el mobiliario al igual que los edificios en que funcionan los colegios, no luce acreditadas. Destacan que los instrumentos que formalizarían esta transferencia no han sido aportados y "en consecuencia no integran el patrimonio de la SRL" sino, en todo caso, el patrimonio personal de los socios de la SRL". Afirman que con ello está acreditado el fraude invocado y "que la actitud de los demandados debe ser encuadrada en el 3º párrafo del art. 54 ley 19550, por haber incurrido los socios en el supuesto de frustrar derechos de terceros".

Expresan que la Cámara, en un párrafo contradictorio e inexplicable niega la aplicación del art. 54 de la LS pero considera que "que hay razón para extender la condena en forma solidaria e ilimitada en la persona de los socios integrantes de la SRL" para luego sostener que "corresponde el rechazo de la demanda interpuesta contra los socios integrantes de la sociedad de responsabilidad demandada, Sergio Daniel Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez y Miguel Ángel Sánchez (h).

Insisten en que los socios de la sociedad demandada (Colegio Santo Tomas SRL) son Sergio Daniel Sánchez y Miguel Ángel Sánchez (h) y que la Cámara ha omitido tratar la cuestión litigiosa propuesta en la demanda de extender la responsabilidad en contra de Miguel Ángel Sánchez y Elba Mary Sanz de Sánchez, por las razones invocadas. Reitera que la Cámara ha considerado al matrimonio demandado (Sánchez y Sanz) como integrantes de la SRL., cuando esto no es así, según lo expuesto en la demanda y en su contestación.

Respecto del pago de los Decretos Nº 1273/02, 264/02, 905/03, 392/03 y 1347/03, se agravia de que al rechazar el reclamo, el tribunal de grado señale que "no se ha planteado por parte de la actora, la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1884/02, por lo que resulta el mismo una normativa vigente de aplicación ineludible, y por el cual, se consideran excluidos de los incrementos dispuestos por los decretos invocados en la demanda, los docentes privados, quienes al no encontrarse comprendidos dentro del régimen de la ley 14.250, no le resultan aplicables las disposiciones de los decretos invocados en la demanda".

Expresan que su parte invocó (fs. 21/22) que "El Consejo Gremial de Enseñanza Privada, organismo residual del Ministerio de Educación de la Nación en fecha 15/10/2002 publicó la resolución 1884/02 en la Boletín Oficial, declarando inaplicable el aumento de $100 establecido por el decreto PEN Nº 1273/2002 para todos los docentes privados previamente, el Consejo Gremial había considerado que los docentes si tenían derecho a dicho aumento". Mencionan que oportunamente señalaron que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) había iniciado con fecha 22/10/2002 "una acción constitucional colectiva de amparo por ante la Justicia Nacional del Trabajo, Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 75, de la ciudad de Buenos Aires" y que la sentencia definitiva dictada el 7/11/2003 en dichas actuaciones, caratuladas "Sindicato Argentino de Docentes Particulares vs.- Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Educación de la Nación-Consejo Gremial de Enseñanaza Privada s/Acción de Amparo" se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material, siendo plenamente aplicable al caso "por estar los docentes privados comprendidos en convenio colectivo y en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250".

Sostienen que la alegada necesidad de plantear la inconstitucionalidad del Decreto N° 1884/02 por parte de la Cámara "es jurídicamente improcedente, pues desconoce lo dispuesto por el art. 43 de la CN y el alcance de la acción de amparo colectivo". Agregan que "la exigencia de plantear inconstitucionalidad de la resolución 1884/02 asume gravedad institucional, por el desconocimiento del alcance de la sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material dictada el 07/11/2003, que ha declarado "inconstitucional e insanablemente nula la Resolución nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y por ende vigente los decretos 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/2003,y 392/03, para los trabajadores amparistas", aplicable al caso.

Denuncian la conculcación del art 17 de la CN, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad pues el pago de las asignaciones previstas por los Decretos N°1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/2003 y 392/03, ha ingresado al patrimonio de los actores y en consecuencia es intangible, como se reconoce por sentencia firme del 07/11/2003 antes mencionada.

Se agravian de la referencia que hace la Cámara a lo resuelto en los autos "Rollán de Mibelli, Susana Fátima vs. Colegio Ntra. Sra. Del Huerto s/cobros" (sentencia N° 604 del 26/7/2005). Destacan que a esa fecha no había pronunciamiento firme sobre el fondo del asunto, mientras que a la fecha de resolver el presente caso, la declaración de la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y la vigencia de los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, y 392/03, para los docentes privados, ya había sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al rechazar el recurso de apelación deducido por el Ministerio de Educación de la Nación (sentencia del 26/02/2004) y ser desestimado el recurso de queja por extraordinario denegado, deducido por el citado Ministerio (CSJN, sentencia de fecha 24/8/2004).

En mérito a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso interpuesto.

3.- El recurso es admisible desde que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el requisito del afianzamiento no resulta exigible por ser la parte actora quien recurre y se invoca con fundamentos suficientes, infracción normativa y arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y prueba de la causa (arts. 130/132 del CPT).

4.- Vistos los agravios del recurrente y confrontados con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y constancias de la causa, se advierte que el recurso debe prosperar en forma parcial.

4.1.- La Cámara entendió que de la prueba instrumental aportada surgía que el contrato de trabajo que vinculara a las partes se extinguió como consecuencia de despido directo dispuesto por la demandada (conf. cartas documentos de fecha 12/6/2004) y que no habiéndose acreditado la causal invocada por la empleadora, el mismo resultaba injustificado por lo que correspondía admitir la procedencia parcial del reclamo indemnizatorio deducido en autos.

Al analizar la responsabilidad atribuida a los demandados, el tribunal de grado puntualizó que la acción fue interpuesta contra el Colegio Santo Tomás SRL y que la responsabilidad de las personas físicas demandadas -Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez- procede en mérito a que con la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada "pretendieron cometer un fraude contra los trabajadores, frustrar sus derechos, violar la ley y el orden público y buena fe de los mismos".

El tribunal de grado sostuvo que a la luz de la preceptiva legal en la que se funda el reclamo, "la invocada responsabilidad de los socios por los actos de la sociedad nace cuando se acredita en forma categórica y contundente que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento de fraude, para encubrir fines extrasocietarios, o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros"; y concluyó que la prueba aportada no autorizaba a tener por configurado un obrar que justificara la extensión de responsabilidad prevista en el art. 54 de la Ley de Sociedades. Señaló que "no se observa en autos, intención tendiente a la sustracción de la empleadora de las normas laborales o evasiva de las responsabilidad y solvencia patrimonial por parte de la razón social demandada" y que "la sola circunstancia de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano jurídico, la persona de los socios, con la de existencia ideal". Sostuvo que "para que tal supuesto resulte aplicable, debe no solo invocarse sino acreditarse fehacientemente que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, reduciendo la persona colectiva a una mera figura estructural para lograr objetivos individuales, distintos a los que le son propios, sea para conveniencias individuales o por haberse desviado su objeto con el propósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros".

En relación a la interpretación de la norma que se invoca para justificar la extensión de la responsabilidad por parte de los actores, esta Corte ha expresado que "es acertado el criterio de que para que sea posible la extensión de responsabilidad a los socios, resulta necesario que se verifique una utilización ilegal de la personalidad jurídica de la sociedad, y que no basta que se verifique la ilegalidad de actos aislados realizados por ésta. En el análisis de esta cuestión, corresponde partir de la base de que la ley reconoce a las sociedades comerciales el carácter de sujetos de derecho (art. 2 LSC), cuyo efecto es la separación del patrimonio de dicho sujeto con respecto al patrimonio de sus integrantes. En el caso de las SRL, el art. 146 de la LSC dispone que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que ellos suscriban o adquieran. La exposición de la sociedad en el medio en que actúa está dada a través de órganos que expresan la voluntad de la sociedad, y no de la de sus integrantes, por lo que -en principio- dicha actuación debe ser imputada, en sus efectos, exclusivamente al ente societario (art. 58 LSC)". Se dijo que "existen situaciones contempladas por el art. 54 tercer párrafo de la LSC, en las cuales excepcionalmente corresponde descorrer el velo de su personalidad para penetrar en la real esencia de su substrato personal o patrimonial, debiendo en tales casos responder los socios que se encuentran cobijados detrás de la pantalla societaria (art. 54, tercer párrafo LSC)" pero que "la personalidad jurídica de las sociedades no debe ser desestimada sino sólo cuando se dan circunstancias excepcionales, y por lo tanto la determinación de los supuestos en los que procede la extensión de la responsabilidad a los socios es de interpretación restrictiva, ya que de lo contrario se dejaría sin efecto el sistema legal que dimana de los arts. 2 de la ley 19.550 y 33 y 39 del Código Civil" (CSJT, sent. 272 del 27/4/2010, "Ochoa, Atilio y otro vs. All Music S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos"; ver asimismo, sent. 632 del 30/8/2011, "Coronel Claudio César vs. Molinos Confiable S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos").

En esta línea de interpretación, la Corte Nacional sostuvo que es improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad "si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales" (CSJN, 03/4/2003, "Palomeque vs. Benemeth S.A. y otro", LL 2003-C, 864). En consonancia con el criterio sostenido en aquella oportunidad, nuestro Máximo Tribunal ha resuelto que no es arbitraria o irrazonable la negativa de la Alzada a desestimar la personalidad del principal y hacer extensiva la condena al administrador en razón de no haberse acreditado que la sociedad fuera ficticia o fraudulenta, constituida con el objetivo de violar la ley (CSJN, 11/8/2009, "Robledo Oscar Manuel c/Cordón Azur SRL").

Como se advierte, lo decidido por la Cámara en relación a este aspecto de la pretensión luce ajustado a la recta interpretación del art. 54 de la LS. La más calificada doctrina ha señalado que la inoponibilidad de la personalidad jurídica es un remedio jurídico mediante el cual, a modo de sanción, y configurándose los presupuestos legalmente establecidos, la personalidad jurídica de una sociedad válidamente constituida no obsta a que, sin desplazar el centro de imputación de la misma, se extienda a los socios que la integran o a sus controladores, la responsabilidad derivada de su actuación (cfr. Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada, T. I, Ed. La Ley, pág. 690 y sgtes.; ver asimismo, Molina Sandoval, Carlos, La desestimación de la personalidad jurídica, Ed. Abaco, pág. 62; Caputo, Leandro, Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica, Ed. Astrea, pág. 206; Otaegui, Julio C., "El art. 54 de la Ley de Sociedades: inoponibilidad de la personalidad jurídica", ED 121-808; entre otros). Al analizar los presupuestos que condicionan la aplicación de la norma que consagra el instituto de la inoponibilidad de la personalidad, desestimación de la misma o corrimiento del velo societario, la doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en señalar que la concurrencia de los mismos debe apreciarse con criterio restrictivo y con la prudente valoración de las circunstancias del caso (Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada, T. I, cit., pág. 705), teniendo en cuenta el principio de respeto a la personalidad jurídica (Verón, Alberto, "La personalidad jurídica societaria y los fraudes laborales", en La Ley, Suplemento del 30/11/2005, LXIX, N° 233, pág. 5). En efecto, se ha dicho que "la regla es la personalidad" y que la misma "debe preservarse" y "cuando el caso no pueda ser solucionado por el conjunto del plexo normativo, recién se podrá apelar al instituto" (Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada, T. I, cit., pág. 709).

Se ha expresado que "el recurso técnico que el ordenamiento societario otorga a las personas físicas y jurídicas para constituir sociedades, especialmente cuando se les concede el beneficio de limitar su responsabilidad al aporte, le está exigiendo que ello sea en aras de una mejor organización, de una independencia del patrimonio de los socios que con ello no recurren a un subterfugio para eximirse de responsabilidad sino en un legítimo fraccionamiento del patrimonio" (Roitman, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada, T. I, cit., pág. 707). De allí que para la aplicación de la norma que consagra este remedio de excepción, el interesado debe acreditar la desviación de la finalidad para la cual la ley otorgó la personalidad a dicho ente societario (Manóvil, Rafael, "Imputación al socio (o controlante) o responsabilidad", en Derecho Societario y de la Empresa, V° Congreso de Derecho Societario, T. II, Advocatus, pág. 631), mediante la prueba acabada del abuso de la personalidad (CSJMendoza, Sala I°, 22/9/2000, "Díaz, Nicolás y otro c/ Arfrance S.A", http://onl.abeledoperrot.com; CNCom., Sala B, 6/8/2004, "Jazbeck Jozami, Julio", http://onl.abeledoperrot.com; CNCom., Sala E, 16/12/2003, "Vázquez Loureda, Carlos c/Codere S.A. y otro", JA 2004-III-575; CNTrab., Sala 3°, 11/4/2003, "Perno, Lidia y otro c/Dimeo y González S.R.L.", JA 2004-I-104; entre muchos otros).

No obstante las alegaciones en contrario de los recurrentes, no se ha acreditado arbitrariedad en el juicio de ponderación del material fáctico de la causa, vinculado a la configuración de los supuestos que autorizan, por excepción, la extensión de responsabilidad pretendida por los actores.

Las alegaciones referidas a que la Cámara se apartó de los términos de la pretensión al realizar una "consideración parcializada de los hechos relatados en la demanda" incurriendo en una "errónea determinación de las partes en litigio", en franca infracción al principio de congruencia, no resultan aptas para descalificar el pronunciamiento impugnado.

Los recurrentes insisten en sostener que señalaron claramente en el escrito de demanda que la acción fue entablada contra Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, puesto que con la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (Colegio Santo Tomas SRL) pretendieron cometer un fraude contra los trabajadores, frustrar sus derechos, violar la ley, el orden público y la buena fe de los mismo, y que por ello correspondía "a la justicia correr el velo de la personería para llegar a la esencia de la institución, es decir a aprehender la realidad que se oculta tras ella", no obstante lo cual la Cámara menciona que la demanda se entabló contra el Colegio Santo Tomas SRL y los socios integrantes de la misma Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez, Miguel Ángel Sánchez (h) y Sergio Daniel Sánchez, desinterpretando los términos de la pretensión.

No obstante el modo en que la Cámara reseña los términos de la pretensión, el alegado apartamiento y desinterpretación de los términos de la demanda y la consecuente conculcación del principio de congruencia, no pueden ser admitidos.

En el punto II de escrito de demanda, la apoderada de los actores expresa que la acción se deduce "contra el Colegio Santo Tomás S.R.L. con domicilio en . y en contra Miguel Ángel Sánchez (h), DNI..., con domicilio en.; Sergio Daniel Sánchez, DNI., con domicilio en..; Elba Mary Sanz de Sánchez, DNI...con domicilio en. Y Miguel Ángel Sánchez, DNI., con domicilio en.."; y efectivamente, a fs. 15 vta. del mismo escrito, desarrolla las razones que justificaban la acción contra las personas físicas demandadas. No se advierte que el tribunal incurra en una errónea determinación de las partes involucradas en el proceso que afecte los términos de la cuestión litigiosa, tal como alegan los recurrentes.

No es un hecho controvertido que la acción fue entablada contra la sociedad de responsabilidad limitada y que conforme lo peticionado en la demanda, la cuestión a resolver era si Miguel Ángel Sánchez, Elba Mary Sanz de Sánchez y sus hijos Miguel Ángel y Sergio Daniel Sánchez debían responder conjuntamente con el Colegio Santo Tomas SRL; pretensión que fue fundada en la preceptiva del art. 54 de la LS que por excepción admite el corrimiento del velo societario y la extensión de la responsabilidad por la actuación de la sociedad a los socios que la integran.

La Cámara resolvió la cuestión planteada, referida a la extensión de responsabilidad con fundamento en el art. 54 de la LS, en un todo conforme a los términos en que se formuló la pretensión y a la luz de la preceptiva aplicable al caso. Como se dijo, no obstante las observaciones que mereciera la reseña de los antecedentes y la omisión del nombre de uno de los codemandados -luego enmendada en la sentencia aclaratoria de fs. 1210/1212- lo resuelto en relación a este aspecto de la pretensión, guarda estricta relación con los términos del reclamo y la normativa aplicable. Permanece indemostrado el alegado apartamiento del thema decidendum y la violación del principio de congruencia invocada. Asimismo, los planteos encaminados a cuestionar la valoración de la prueba respecto del alegado fraude a la ley y la intención de frustrar los derechos de los trabajadores y la consiguiente acreditación del supuesto contemplado en el art. 54 de la Ley Nº 19.550, no pueden prosperar.

La Cámara entendió que la prueba aportada por las partes no permitía tener por configurados los presupuestos que por excepción autorizan al corrimiento del velo societario y la extensión de la responsabilidad a los socios o controlantes, conforme el art. 54 de la LS. Si bien puede admitirse que la mora generalizada en el pago de las cuotas de los alumnos en la crisis del año 2001, el descuento de documentos a un menor valor y el canje de bonos de cancelación de deudas en idénticas circunstancias, sacar préstamos bancarios, vender bienes para el pago de deudas de cumplimiento impostergable (en el caso, una camioneta) y la descapitalización del patrimonio mencionados en el escrito de contestación de demanda, pueden ser interpretadas como circunstancias que motiven la adopción de medidas tendientes a resguardar el patrimonio personal de los sujetos afectados -en el caso, mediante la constitución de una SRL-, tales manifestaciones de los demandados no fueron valoradas por la Cámara con entidad bastante para admitir la existencia de un abuso de la personalidad societaria y la aplicación del correctivo consagrado por el art. 54 de la LS.

La interpretación del tribunal de grado podrá no ser compartida por los recurrentes, pero el criterio dispar propuesto en el memorial casatorio de ningún modo justifica la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

El argumento conforme al cual el Colegio Santo Tomas SRL se constituyó con un capital de $30.000 integrado por bienes muebles, sin incluir los inmuebles en los que funcionaban los establecimientos, y que ello es revelador de la intención de los demandados de frustrar los derechos de los trabajadores en los términos del art. 54 de la LS, no constituye una alegación ineficaz para justificar la crítica del decisorio impugnado.

Los recurrentes alegan que sólo se transfirió a la SRL el mobiliario del establecimiento educativo, y que pese a invocar la transferencia de los inmuebles en que funcionaba el colegio y su aceptación mediante escritura pública, dicha instrumental no fue aportada efectivamente al proceso, no obstante lo cual la Cámara menciona la existencia de documentación agregada a la causa y reservada en caja fuerte que acredita la transferencia de los activos a la sociedad de responsabilidad limitada, incluyendo los mencionados inmuebles.

A pesar de la falta de precisión en que incurre el tribunal de grado al mencionar la prueba aportada a la causa en la que funda la transferencia de los bienes aludidos, y aún cuando se admitiera que la escritura pública que acreditaría la cesión de los inmuebles en favor de la SRL no ha sido efectivamente presentada, ello no permite justificar per se, la operatividad del instituto previsto en el art. 54 de la LS.

En opinión de los recurrentes, la cuantía del capital social aportado en dinero y bienes al momento de su constitución era decisiva a efectos de poner en evidencia el alegado propósito de los accionados de resguardar su patrimonio de los empleadores, frustrando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el recurso técnico que el régimen legal prevé a fin de que se constituyan sociedades con el beneficio de limitar su responsabilidad al aporte, no puede ser entendido como un subterfugio para eximirse de responsabilidad sino un legítimo fraccionamiento del patrimonio, salvo cuando se acredite de forma categórica el desvío de la finalidad prevista por el legislador al reconocer esta modalidad de organización o gestión empresaria, tornando operativo el instituto previsto en el art. 54 de la LS.

En esa línea de interpretación, el agravio vinculado a la inmotivada constatación de la existencia de los inmuebles aludidos en el patrimonio de la SRL demandada resulta insuficiente para descalificar el pronunciamiento recurrido. En su caso, la alegada insuficiencia del capital social y su aparente impotencia para hacer frente a las obligaciones de la sociedad, no autoriza a sostener que éstas no serían cumplidas. Tampoco se puede perder de vista que siempre cabe la posibilidad al deudor, de acudir a diferentes alternativas de auxilio financiero.

Las alegaciones vinculadas a la activa presencia del matrimonio Sánchez-Sanz en los actos de la institución educativa, al rol asumido por la demandada Elba M. Sanz de Sánchez en la representación del colegio aún después de la constitución de la SRL que no integraba en calidad de socia, a la titularidad de cuentas bancarias, etc., tampoco resultan eficaces para acreditar en suficiencia los presupuestos contenidos en la norma cuya aplicación se pretende para obtener el corrimiento del velo societario y la extensión de responsabilidad a las personas físicas demandadas.

Tampoco resulta conducente el argumento conforme al cual la prueba informativa de fs. 630 y 833, consistente en la nota periodística del diario La Gaceta que da cuenta de la enfermedad de la dueña del Colegio Santo Tomas SRL Elba Mary Sanz de Sánchez, era una "prueba relevante para resolver la extensión de responsabilidad por fraude", indebidamente omitida por la Cámara, que vicia de nulidad el pronunciamiento recurrido.

Como se dijo, las dificultades económicas por las que atravesaba el Colegio Santo Tomás con la crisis del año 2001 y la enfermedad de quien fuera el alma mater de la institución, mencionadas por los demandados en el escrito de responde, son circunstancias que a criterio de la Cámara, explican la decisión de reorganizar la actividad, adoptando una forma societaria de responsabilidad limitada pero no alcanzan para justificar la actuación fraudulenta y el consiguiente abuso de la personalidad jurídica.

Los agravios reseñados ponen en evidencia la sola discrepancia de los recurrentes respecto de la ponderación del material fáctico realizado por la Cámara, pero no ofrecen argumentos que justifiquen la tacha de arbitrariedad formulada.

4.2.- De otra parte, corresponde admitir el agravio vinculado al rechazo del reclamo por diferencias salariales fundado en el incumplimiento de pago de los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de Decretos N° 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03, 1347/03.

En su contestación de demanda, la accionada planteó la inconstitucionalidad de los aludidos Decretos nacionales y del Decreto provincial N° 1378/04, negando con dicho fundamento la obligación de pago y la deuda reclamada por tal concepto. La parte actora rechazó el mencionado planteo a fs. 423/427 y una vez radicada la causa por ante la Cámara, se emitió el dictamen de la señora Fiscal de Cámara a fs. 1116/1119, que la Cámara hizo propio, pronunciándose por la constitucionalidad de los decretos cuestionados, por lo que desestimó el planteo deducido por la demandada.

Sin embargo, invocando lo resuelto en otro precedente similar y entendiendo que las consideraciones allí vertidas resultaban de aplicación al caso, la Cámara expresó que al no haber planteado los actores la inconstitucionalidad del Decreto N° 1884/02 (debió decir, Resolución N° 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada) que declaró excluidos de los incrementos dispuestos por los decretos antes citados a los docentes privados, tal normativa era de aplicación insoslayable y correspondía, por tanto, rechazar el reclamo sobre el rubro (diferencias salariales con fundamento en el incumplimiento de pago de los incrementos no remunerativos dispuestos por los decretos nacionales ut supra mencionados).

Oportuno es recordar que el Decreto Nº 1273/02 estableció una asignación no remunerativa de carácter alimentario de $100 mensuales a partir del 1º de julio de 2002, para que sea percibida "por todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo" (art. 1º). La norma excluyó a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico y a los del sector público (art. 2º). Por su parte, el Decreto Nº 1371/02, reglamentario de aquel, reiteró que el beneficio en cuestión fue establecido para "todos los trabajadores del sector privado comprendidos en convenios colectivos de trabajo" (párrafos primero y segundo de los considerandos y art. 1º) y aclaró que "la exclusión de los trabajadores del sector público comprende a la totalidad de dichos trabajadores, cualquiera sea el régimen legal al que los mismos se encuentren sujetos" (art. 2º). El Decreto N° 2641/02 fijó una asignación no remunerativa de carácter alimentario de $130 mensuales, a partir del 1° de enero de 2003 y hasta el 28 de febrero de 2003, y de $150 mensuales a partir del 1° de marzo de 2003 y hasta el 30 de junio de 2003 "para todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley N° 14.250 y sus modificatorias" (art. 1º). De acuerdo al art. 2º de dicha norma, tal asignación no era de aplicación a los trabajadores agrarios, del servicio doméstico ni a los del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen legal a que se encuentren sujetos. El Decreto Nº 392/2003 estableció: "Increméntase a partir del 1º de julio de 2003 la remuneración básica, a todos los efectos legales y convencionales, de los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus modificatorias, en la suma de pesos veintiocho ($ 28) por mes, durante el lapso de ocho (8) meses, hasta adicionar a su remuneración vigente al 30 de junio de 2003, un importe total de pesos doscientos veinticuatro ($ 224)" (art. 1º), y el Decreto Nº 1347/2003 fijó, con carácter permanente, a partir del 1º de enero de 2004 "una asignación no remunerativa de pesos cincuenta ($ 50) mensuales para todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 y sus modificatorias" (art. 1º).

A efectos de su interpretación, el Decreto Nº 905/03 dispuso que "serán de aplicación directa, en lo que resultare pertinente, lo establecido oportunamente por el Decreto N° 1371/02, reglamentario del Decreto N° 1273/02, por el Decreto N° 2641/02 y todas las normas complementarias y aclaratorias dictadas por la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de Autoridad de Aplicación de los citados decretos" (art. 2º).

A su turno, la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, había dictado con fecha 25/9/2002 la Resolución N° 175/02 por la que, a requerimiento del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), aclaró que "...los trabajadores docentes privados se encuentran comprendidos dentro de las previsiones de los Decretos Nº 1273/02 y Nº 1371/02 de conformidad con lo precisado por la Resolución S.T. Nº 169/02". A pocos días de ello, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada dictó la Resolución N° 1884/2002 por la que contrariamente a lo establecido por la Secretaría de Trabajo de la Nación, dispuso que el beneficio en cuestión no correspondía al personal docente de enseñanza privada. Esta última resolución es la que la Cámara sostuvo que los actores debían impugnarla por inconstitucional, para así poder invocar el derecho al cobro de los incrementos no remunerativos y justificar el reclamo por diferencias de haberes de autos.

La reseña de los antecedentes normativos del caso antes desarrollada, pone en evidencia que existieron dudas respecto de la aplicación de los Decretos N° 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03, 1347/03 a los docentes privados, y que ello motivó el dictado de normas complementarias aclaratorias por parte de la autoridad de aplicación de los mencionados decretos que, como se dijo, "serán de aplicación directa, en lo que resultare pertinente" (Decreto Nº 905/03). Allí se inscribe la Resolución N° 175/02 de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo conforme la cual los docentes privados se encontraban comprendidos dentro de las previsiones de los Decretos Nº 1273/02 y Nº 1371/02. Los actores invocaron y acreditaron que el sindicato que los nucleaba (SADOP) inició las actuaciones administrativas que culminaron con el dictado de la resolución aclaratoria antes mencionada y que ante el dictado de la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada que desconocía lo dispuesto por la Resolución N° 175/02 de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, promovió el amparo colectivo que culminó con el dictado de la sentencia que declaró nula la citada Resolución Nº 1884/03 y la plena vigencia de los Decretos N° 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03, 1347/03 en relación a los docentes privados. En lo pertinente, el tribunal de grado expresó que "En autos, han sido acompañadas por los actores, copias pertenecientes al juicio caratulado "Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) vs. PEN - Ministerio de Educación de la Nación Consejo Gremial de Enseñanza Privada s/Acción de Amparo", del que surge el dictado de sentencia definitiva de Juzgado Nacional de I° Instancia del Trabajo N° 75 de fecha 7 de noviembre de 2003, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución N° 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y la vigencia de los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/2003, y 392/03, para los docentes privados, confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI por sentencia del 26 de febrero de 2004, que rechaza el recurso de apelación deducido por el Ministerio de Educación de la Nación, y la desestimación del recurso de queja por recurso extraordinario denegado interpuesto por el citado Ministerio, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2004".

A la luz de las concretas circunstancias del caso precedentemente descriptas, el rechazo del rubro diferencias salariales (por falta de pago de las asignaciones no remunerativas previstas por los Decretos N° 1273/02, 2641/02, 905/03, 392/03, 1347/03) en base la Resolución Nº 1884/02, aplicable en tanto no fue objeto de un planteo de inconstitucionalidad por los actores, no constituye fundamento suficiente para justificar lo resuelto. La Cámara no podía soslayar, por así haberlo esgrimido los actores en su escrito de demanda y por tratarse de una cuestión directamente vinculada a la suerte de la pretensión, que los decretos nacionales referidos al otorgamiento de un incremento no remunerativo generaron incertidumbre respecto de su aplicación al sector de los docentes privados, que ello motivó el inicio de actuaciones administrativas de SADOP y el dictado de una resolución aclaratoria por parte de la autoridad de aplicación, que lo establecido por ésta fue desconocido por una resolución posterior del Consejo Gremial de Enseñanza Privada y que la misma fue impugnada judicialmente en el marco de una acción colectiva que concluyó con la declaración de nulidad de la resolución cuestionada, pronunciamiento que se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.

Y, aún cuando el tribunal habría interpretado que la Resolución 1884/02 integra el marco de las normas en el que corresponde resolver la procedencia del rubro reclamado por el actor desde que no ha sido planteada su inconstitucionalidad por el interesado, en las concretas circunstancias del caso antes puntualizadas, la aplicación de cualquiera de las disposiciones implicadas para decidir la litis demanda de una adecuada y suficiente justificación.

Dicho de otro modo, en mérito a las innegables particularidades del conjunto de disposiciones comprometidas en el caso, la Sala sentenciante no podía eludir el tratamiento de la cuestión y limitarse a decidir la pretensión en base a la Resolución Nº 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada con el sólo fundamento de que los actores no plantearon su inconstitucionalidad. Para decidir la procedencia del reclamo fundado en los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03, correspondía determinar y justificar el sector del trabajo beneficiado con las asignaciones no remunerativas allí previstas a partir de lo establecido por las normas citadas, sus reglamentarias y complementarias. En cumplimiento de una adecuada labor hermenéutica, la Cámara no pudo pasar por alto la existencia de resoluciones contradictorias vinculadas a la determinación del ámbito de aplicación y su directa incidencia en la suerte del reclamo formulado en autos.

Como ya se dijo, aún interpretando que la Cámara aplicó la Resolución Nº 1884/02 del CGEP en la convicción de su constitucionalidad y por ello no imprimió el trámite previsto en el art. 88 del CPC, no podía pasar por alto el marco de dudas que ha generado la sucesión de disposiciones vinculadas a la aplicación de los Decretos N° 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03 a los docentes privados. La mera referencia a la Resolución Nº 1884/02 del CGEP es insuficiente para justificar lo resuelto en relación a este aspecto de la pretensión y dicho déficit constituye una infracción al deber constitucionalmente y legalmente impuesto (art. 18 de la Constitución nacional y art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, art. 264 del CPCC, de aplicación supletoria al fuero), que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento.

Por lo considerado, el recurso interpuesto debe prosperar respecto del planteo en examen, por lo que corresponde CASAR parcialmente la sentencia impugnada -punto I resolutivo en cuanto rechaza el rubro diferencias salariales por incumplimiento de las asignaciones no remunerativas previstas por los Decretos Nº 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03- con base en la siguiente doctrina legal: "Es inmotivado y por ende arbitrario, el pronunciamiento que omite justificar la aplicación de la disposición normativa que selecciona para resolver el caso". Los autos serán reenviados a la Excma. Cámara a efectos de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo en relación al punto.

5.- En mérito a lo resuelto en la instancia y teniendo en cuenta que los motivos en los que se funda la procedencia parcial del recurso interpuesto derivan de la actuación del órgano jurisdiccional, las costas deberán ser soportadas en el orden causado (art. 105 inc. 1 del CPCC, art. 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte actora cumple con el rqeuisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 30/9/2009 y su aclaratoria del 28/2/2011 de la Sala Vª de la Excma. Cámara del Trabajo, en relación a los planteos analizados en el apartado 4.1.

II.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto indicado en el punto I resolutivo en relación al agravio considerado en el apartado 4.2. Consecuentemente, CASAR parcialmente la sentencia impugnada -punto I resolutivo en cuanto rechaza el rubro diferencias salariales por incumplimiento de las asignaciones no remunerativas previstas por los Decretos Nº 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03, 392/03 y 1347/03- con base en la doctrina legal precedentemente expuesta. Los autos serán reenviados a la Excma. Cámara a efectos de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo en relación al punto.

III.- COSTAS, conforme se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.