marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reconocimiento en rueda de personas, imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FIGUEROA, PABLO M. Y OTROS s/ ROBO AUTOMOTOR Y ROBO SEGUIDO DE MUERTE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-25

El imputado puede ser obligado a someterse al reconocimiento, con todas las características del acto originario, para asimilar en todo lo posible a éste con aquél, no siendo aplicable la garantía constitucional de la incoercibilidad, pues ésta juega cuando el individuo puede ser sujeto informante de prueba, lo cual sólo puede hacer voluntariamente, pero no cuando él en persona es el portador del elemento de prueba, en cuyo caso actúa como sujeto de comprobación, pudiendo ser forzado para que intervenga en el acto e incluso de su comportamiento negativo y reticente, se pueden deducir presunciones de cargo que habrá de hacerlas jugar con el resto del plexo probatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación suficiente, control de la velocidad por radar, infracciones de tránsito, acta de infracción, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RASCHETTI, GERMAN A. c/ COMUNA DE SANFORD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 148 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-12-27

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad dado que la Comuna impugnante no aporta argumentos de peso, idóneos y conducentes para acreditar la falta de suficiencia de los fundamento s esgrimidos en el decisorio en cuanto propició tanto la admisibilidad del recurso judicial y el consiguiente acceso a la jurisdicción, como la procedencia sustancial de la pretensión.

En ese sentido, resulta necesario destacar que en el fallo recurrido se declaró la nulidad de la sanción de multa con fundamento en la omisión de debida notificación al presunto infractor de las sucesivas etapas procedimentales hasta la decisión administrativa sancionatoria.

Además, se ponderó especialmente que este último acto carecía de la firma de la autoridad de la que emanaba -Juez de Faltas de la Comuna- y que adolecía de nulidad el acta de comprobación de la infracción, dado que, el inspector municipal, a quien correspondía constatar la infracción, detener el vehículo, identificarse indicando la dependencia a la cual pertenece e identificar al conductor, no intervino en la constatación de la presunta infracción, sino que se limitó a rubricar la fotografía extraída a través de mecanismos técnicos días después de obtenida ésta, desoyendo de tal forma lo impuesto por el artículo 70 de la ley nacional 24449 y su concordante reglamentación provincial y comunal.

De lo precedentemente reseñado puede inferirse que, el decisorio atacado no merece reproche constitucional, dado que hizo aplicación del marco de garantías procedimentales del artículo 70 de la ley nacional de tránsito -así como los artículos 69 y 71 del mismo cuerpo normativo, en tanto constituyen complemento necesario-.

En ellos se determinan específicas limitaciones al actuar administrativo y se establecen deberes a cargo de los funcionarios encargados de las tareas de constatación y de juzgamiento de las distintas infracciones que puedan detectarse.
Recurso extraordinario, enriquecimiento ilícito de funcionario público
Materia: PROCESAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ rec. de casación e inconstituc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-22

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Cámara de Casación que desestimó los recursos interpuestos por la defensa de la imputada respecto de lo decidido por el Tribunal Oral que la condenó como autora del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal - ley 16.648, pues la mera aserción de determinada solución jurídica - en el caso planteó la inconstitucionalidad de dicha norma-en tanto no esté precedida por un relato autónomo de los antecedentes de la causa y de la relación entre éstos y la cuestión que se invoca como federal, no basta para satisfacer el recaudo legal de la debida fundamentación, conclusión que no se altera por el resultado adverso del proceso respecto de la enjuiciada, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, máxime cuando ellos fueron producto de una determinada actitud procesal válidamente adoptada en su oportunidad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Rechazo de la demanda, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C.F.  Y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL ( CONICET ) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La inadmisibilidad procesal de la demanda contencioso administrativa puede ser opuesta hasta la contestación y como defensa de fondo, sin que ello opte a que, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, el Juez puede sustanciarla y resolverla como de pronunciamiento previo.
Accidente de tránsito, velocidad reglamentaria, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: MARENGHI, ROBERTO PABLO c/ VIOLA, CARLOS SANTIAGO s/ PROCESO ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-29

Así como no debe guiarse a la máxima velocidad reglamentaria si la densidad del tránsito no permite, también es conveniente reducir la marcha a los efectos de mantener el pleno dominio del vehículo si las condiciones climáticas exigen mayor prudencia.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Roberto Agustín y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Viola el art. 156 de la Constitución Provincial el fallo que ha dictado una absolución que carece de toda fundamentación y que no ha sido votada por los jueces, al tiempo que ha dejado sin resolver otra de las cuestiones que se plantearon en la sentencia.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: ANGEL MANUEL PRIETO c/ PALOMO VICTOR MANUEL, PALOMO MARTIN (a) CHICHO, ZURITA (a) PACO, LIZARDO (a) CHACHO, LASTRA (a) CUTI s/ ROBO MARTIN (a) CHICHO, ZURITA (a) PACO, LIZARDO (a) CHACHO, LASTRA (a) CUTI s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

Atento las facultades ordenatorias, el tribunal de alzada puede declarar la nulidad del acto procesal si está comprometido el orden público, habida cuenta del carácter publicista del proceso penal.

Ante una irregularidad advertida por el tribunal, debe Úste, aun de oficio, en el caso de las nulidades absolutas, declararlas pues siempre se tiene que preservar en forma definitiva y convertir todas las garantías constitucionales.
Suspensión de juicios contra el Estado, prescripción, interpretación restrictiva, seguros, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MONGE, EUSTAQUIO Y OTRO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

Parece claro que el amplio texto del art. 1° del decreto 34/91 no excluyó de su ámbito los juicios por cobro de sumas de dinero contra la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, pues la suspensión se hizo extensiva a los procesos contra la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del estado, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales de la Nación, y todo otro ente en el que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tuviesen participación total o mayoritaria en el capital. Y aunque la C.N.A.S. haya sido marginada del régimen de consolidación de deudas, el campo normativo de éste no es coincidente con el contemplado en aquéllos decretos, los que, inclusive, excedieron el marco de la Ley de Emergencia 23.696 al comprender en la suspensión los juicios del art. 54 -de carácter alimentario -que dicha ley excluía de sus restricciones. Así las cosas, aún cuando se concediese que la situación puede dar lugar a reflexiva duda, es natural que la decisión sea volcada en favor del asegurado, pues siendo la prescripción un instituto de interpretación restrictiva en caso de duda debe ser preferida la solución que mantiene la subsistencia del derecho.
Derecho laboral, responsabilidad civil, ley sobre riesgos del trabajo, constitucionalidad, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González Fernando Oscar c/ Consolidar ART S.A. s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-17

Cabe sostener que la existencia de una tarifa en el marco de una normativa transaccional en materia de infortunios laborales no implica en si una ilegitimidad constitucional, en particular, en casos como el de los accidentes in itinere que conlleva un supuesto de responsabilidad más amplio que los previstos por el derecho civil. Por otra parte, los "topes" están insitos en toda fórmula de cómputo, y su existencia no implica un cercenamiento antijurídico de derechos, en principio y salvo que se demuestre que la suma a la que se arriba, por su aplicación, deviene en un resarcimiento vil. En el caso, el actor es un trabajador que sufrió un accidente in itinere e interpone una acción destinada a que la Aseguradora de Riesgos de Trabajo le abone la diferencia del resarcimiento tarifado que emergería de no aplicar el tope previsto en el art. 14 de la ley 24.557 que juzga inconstitucional. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Doctrina legal, inconstitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rubilar, Andrea Paola c/ Provincia ART S.A. y Moñoazul S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-04-13

El trabajador que accione por vía civil debe describir en su demanda y luego demostrar en el curso del proceso los hechos que lo llevaron a ese estado de necesidad. Si bien es doctrina vigente de la Corte que el voluntario sometimiento, sin reserva expresa, a un régimen jurídico comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con base constitucional, en el supuesto particular de accidentes laborales, la exigencia de no contrariar los propios actos debe ser valorada en consonancia con la situación del trabajador incapacitado y sus reales posibilidades de negarse a percibir una indemnización que verdaderamente necesita pero estima insuficiente, en aras de no perder su acción para demandar una reparación integral a la que podría acceder -aunque muy diferida en el tiempo- con sustento en el derecho común (cf. STJRNS3 Se. 133/20 "JARA"). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, inexistencia de cuestión federal suficiente, acción de amparo, programa de asistencia integral para personas en situación de calle
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: TCRDP s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en TCRDP  c/ GCBA s/ amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde rechazar la queja de la parte actora dirigida, en último término, contra la sentencia que condenó al Gobierno a otorgarle el subsidio establecido en el decreto n° 148/2021 siempre y cuando no fuera menor que el monto resultante del cálculo de la canasta básica del INDEC (conf. art. 8 de la ley n° 4036). Ello así debido a que no muestra error en el Tribunal a quo ni plantea una cuestión constitucional o federal. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Pagaré, lugar de pago, domicilio procesal
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CAPROMET  S.R.L. c/ KOWELT s/ PAGARE - DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1953-04-24

El domicilio indicado en el pagaré sólo fija el lugar para exigir el pago y diligenciarse el protesto, pero no puede considerarse como domicilio "ad litem".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, improcedencia del recurso, petición de herencia, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRITEZ DE LAYUS, IVANA FRANCISCA Y OTRO. c/ EDUARDO PELLEGRINI Y OTRAS. s/ FILIACION    EXTRAMATRIMONIAL  Y  PETICION  DE   HERENCIA(CORRIENTES).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

Las impugnaciones a la decisión del tribunal respecto a la imprescriptibilidad de la acción de petición de herencia, que aparece fundada en la inteligencia asignada por la Cámara a dicha acción, al artículo 4019, inc. 2, del Código Civil y a las notas de los arts. 3577 y 3579 del mismo ordenamiento, sólo trasuntan las discrepancias de los recurrentes sobre tal aspecto, las que no justifican la tacha articulada pues la interpretación admitida versa sobre una materia opinable y es una de las que se sustentan en la doctrina nacional.
Cosa juzgada, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

El GCBA sostiene, principalmente, que el a quo violó el instituto de la cosa juzgada y el debido proceso al expedirse acerca de la procedencia de la multa impuesta a la contribuyente, confirmada parcialmente por la jueza de grado, cuando esa sanción no había sido apelada por la parte actora, pero no se ha hecho cargo de que fue la propia Cámara la que reconoció que su decisión excedía los agravios que le habían sido propuestos, justificando su obrar en el texto de la ley 2406, que era posterior. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Sentencia, fundamentación de sentencias, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: RIVOLTA, MIGUEL MARIO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-18

Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo en aquellas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garro, Ricardo Osvaldo c/ Rodríguez, José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

El hecho del fallecimiento de varios codemandados obsta al desplazamiento de la competencia en favor del juez de la sucesión de uno de ellos pues, en tal caso, no se puede dar preeminencia a una sucesión sobre otra u otras ya que no hay motivo para establecer preferencia por alguna de ellas, con lo que se neutralizarían recíprocamente, conservando la competencia el juez interviniente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Congregado, Ernesto Adolfo s/ Homicidio - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no se refiere al hecho real y probado sino a la conclusión indiciaria que el tribunal extrae del mismo.
Audiencia de debate, garantías procesales, prueba, medios de prueba, derechos y garantías constitucionales, sentencia, situación del imputado, prueba confesional, participación criminal, sentencia condenatoria, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: RAMON PEDRO HERRERA c/ PALLADINO, DANIEL HECTOR s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-07

Que determinada la participación en el hecho imputado es menester referirse al encuadre jurídico de su conducta. Para ello es conveniente señalar en primer término que el hecho en cuanto a tal no cabe dudas que existió, ahora bien en cuanto al origen de él existen algunas discrepancias menores.

En efecto en orden a ello debe ponerse de resalto que el hecho se produjo por un entredicho por una deuda, Sin embargo no resulta clara la intencionalidad del imputado al efectuar el disparo y es allí que la figura penal requerida por el Ministerio Público Fiscal resulta apropiada, toda vez que el abuso de arma de fuego es una figura penal de peligro y fue creada para superar la dificultad de establecer cual fue la finalidad del autor.

En este sentido cabe adunar que para su configuración se requiere 1. la acción de disparar, requisito que según lo ya manifestado está patente que en este caso se produjo, no lo discute ni el imputado.

2. que el disparo se efectúe contra una persona, exigencia que concurre sin hesitación alguna en el presente caso desde que el certificado médico corrobora que el disparo ocasionó lesiones en la víctima y 3. que a raíz de esa conducta no se ocasione la muerte o lesiones graves, circunstancia que no se da en el caso que se trata.

O sea que resulta evidente que la conducta asumida por el imputado tipifica la figura penal de abuso con arma de fuego, habida cuenta que el imputado accionó un arma de fuego cuyo disparo estuvo dirigido a una persona, a la que incluso le ocasionó una lesión, delito previsto y reprimido por el artículo 104 2do. Párrafo del C.P.
Nulidad de sentencia, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: AREVALO, OMAR s/ SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

Es nula la sentencia, por vicio de forma, que en clara transgresión a la regla cuarta, inciso 6 del art. 495 del Cód. de Procedimientos en Materia Penal, omite pronunciarse en la parte dispositiva del fallo, sobre la suerte procesal de uno de los procesados.
Competencia, empleados públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Marquez Norberto y Otros c/ Municipalidad de Concordia s/ Sumario Baquero Edgardo Antonio c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-26|2005-09-30

El criterio definidor de la materia procesal administrativa, es la aplicación y solución del conflicto por normas de derecho público, excluye de la misma en que la relación contractual verse sobre aspectos regidos o regulados por el derecho del trabajo, o el caso de que un contrato de empleo público no está sujeto al régimen jurídico estatutario propio o común del personal civil de la administración pública, sino por el contrario, tienen un convenio o estatuto específico; los agentes municipales no constituyen ninguna de las excepciones apuntadas, por consiguiente sus reclamos derivados de los sueldos percibidos, están comprendidos en las disposiciones previamente apuntadas de la Ley 7061.
Incongruencia, medidas cautelares, embargo, fianza, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ, JUAN R Y OTROS c/ CRUZ DEL SUR SA s/ COBRO DE PESOS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 53-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-04

No demuestra fractura lógica que permita habilitar el recurso de inconstitucionalidad intentado, el argumento de la Sala de que la potenciación de la fianza, debía serlo desde que el primitivo embargo se constituyó -y al que aquélla reemplazó-, hasta su efectiva cancelación, desde que si la sustitución venía a ocupar el mismo lugar que el embargo anterior, queda sujeto a las consecuencias que de allí se derivan, que se traduce en que la actualización se impone desde la vigencia de este último, habida cuenta que la obligación asumida no puede ser fraccionada y actualizarse desde un período determinado, tal como pretendía el impugnante.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Alperín,  David  Eduardo  -Incidente- c/ E.N.  -Mº  de  Economía  y Servicios Públicos s/ Empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

Los presupuestos de admisibilidad deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio que en su ponderación por el órgano jurisdiccional, jueguen cierta relaciones entre sí y, por lo tanto cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menos rigor debe observarse en la apreciación del peligro en la demora: la verosimilitud del derecho puede valorarse con menor estrictez cuando es palmario y evidente el peligro en la demora. (Ver en el mismo sentido, esta Sala, causa 41.357/95).
Horas extra, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: AGUIRRE, CARLOS VIRGINIO c/ FRUTOS DE CUYO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-22

La pretensión del trabajador de que se le abonen horas extras, puede ser ejercida aún después de producido el despido, siempre que la acción no estuviese prescripta, y aún estando, no se hubiere la excepción a la primera oportunidad.
Divorcio, adulterio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: L. M. C. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: LM c/ R. R. F. s/ DIVORCIO VINCULAR CON CAUSA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30

Corresponde rechazar el recurso de apelacion interpuesto por la actora, y confirmar la sentencia que rechaza la demanda de divorcio con fundamento en la causal de adulterio e injurias graves y la pretensión por daño moral; rechaza la reconvención fundada en la causal de injurias graves y hace lugar a la demanda de divorcio vincular por la causal de separación de hecho por un tiempo continuo mayor de tres años, sin voluntad de unirse, pues si bien las quejas de la recurrente giran en torno a la valoración del material probatorio incorporado a la causa, no existe prueba de que el teléfono celular de propiedad del demandado -extremo reconocido por la actora- haya sido entregado voluntariamente por aquél, las constancias obrantes en el equipo telefónico no pueden ser consideradas por el tribunal desde el momento que la incertidumbre respecto del modo de adquisición de la información -cuya inviolabilidad se encuentra amparada por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional- torna a la prueba en ilícita, toda vez que su obtención, presumiblemente, puede responder a la perpetración de delitos (art. 153, Código Penal); y aún cuando se considere que la prueba documental del acta notarial es válida, el tenor de los mensajes que se reflejan en ella no es suficiente para tener por configurado el adulterio.

Por otra parte, las fechas de los mensajes coinciden con el período en que los cónyuges ya se encontraban separados de hecho, por lo que debe entenderse que el deber de fidelidad desaparece o se atenúa de modo importante, conforme lo he adelantado en autos "F.M.J. c/ N.N.D.C." (Sala I, P.S. 2011-III, n° 87) y en autos "M. c/ F." (Sala II, P.S. 2014-I, n° 16).

Interpretación ésta que se refuerza con la nueva normativa establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación -todavía no vigente-, en tanto su art. 431 establece que la fidelidad es un deber moral entre los esposos.
Despido por matrimonio, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-27

Si bien es cierto que la doctrina del Fallo Plenario Nº 272 "Drewes Luis A. c/Coselec SA", al disponer que "En caso de acreditarse que el despido del trabajador varón obedece a causas de matrimonio, es procedente la indemnización prevista en el art. 182 LCT", extiende la protección al dependiente varón, contra el despido por causa de matrimonio, no es menos verdad que, en estos casos, es necesario que se acredite que tal circunstancia fue la que causó el despido. Ello es así, pues, a diferencia de lo que ocurre con la trabajadora mujer, no opera la presunción "iuris tantum" que establece el art. 181 L.C.T.. Es un dato innegable de estos tiempos que, muchas veces, la trabajadora mujer -a diferencia de lo que ocurre con el trabajador varón- es segregada de ciertos ámbitos laborales por razón del género, lo que justifica el diferente alcance que corresponde darle a la presunción del artículo referido. Es difícil pensar e imaginar que históricamente, el hombre hubiera sido objeto de un trato discriminatorio en el trabajo por el sólo hecho de ser tal. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo en relación con la mujer