marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, carga de la prueba, sociedades comerciales, extensión de la responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: CHIAPPERO, NORMA c/ PIOVANO, NICOLAS JUAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-07

Cabe el rechazo de la queja interpuesta pues, no obstante la tacha de arbitrariedad del decisorio recurrido -puntualmente, por preterir probanzas de la causa (algunas de las cuales califica de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso)-, en realidad discrepa con los criterios de selección y valoración de las pruebas que han utilizado los jueces de la causa, de cuyo mérito han concluido en que no cabe extender la responsabilidad a los directivos demandados por no surgir que el accionar de la empresa se encuentre comprendido en los supuestos que prevé el artículo 54 de la ley de sociedades comerciales. Para así decidir, sostuvo la Alzada que el sentenciante no puede ponderar pruebas que no han sido arrimadas a la causa, carga que, en el caso, recae sobre la actora.
Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, libertad sindical, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Sindicato de Policías y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Si bien la doctrina del precedente "Sindicato Policial" (Fallos: 340:437) fue elaborada teniendo en miras al personal policial, no al personal penitenciario, en ambos supuestos, sin embargo, se trata de miembros de fuerzas de seguridad estatales cuya organización, actividades y estatutos legales exhiben una clara similitud. -Del precedente "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" (Fallos: 343:1841) al que la Corte remite-
Extradición, pedido de extradición, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL
Carátula: Carissi Landaburu, Sergio Javier; Bentancourt Trama, Daniel Nicasio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La resolución judicial extranjera a la que la propia defensa califica como un simple pedido de captura satisface el recaudo que exige el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, que sólo se refiere al auto de detención cuando se trata de presuntos delincuentes.
Locación, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nasuti, A. c/ Vázquez, F. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

El locatario es responsable del pago de los alquileres hasta el momento en que se verifica la entrega judicial definitiva de la tenencia del inmueble al locador, que es la que posibilita la libre disposición del bien; toda vez que la tenencia provisoria otorgada a título de medida cautelar, durante la tramitación del proceso, es esencialmente revocable y no devuelve en plenitud el uso y goce de la cosa (art. 1556, 1611 del Cód. Civil).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-15

El objetivo de las facultades instructorias acordadas a los jueces consiste en despejar las dudas con que tropiece el convencimiento del magistrado en aquellos supuestos en que la prueba producida no sea suficientemente esclarecedora pero no están destinadas a suplir o sustituir el interés del litigante interesado en su correcta producción y sobre el que pesa la actividad probatoria.
Recurso de casación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: " Corchuelo Blasco, José Manuel s/ casación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

"En tal sentido, el auto atacado no ha importado la conclusión del proceso sino su subsistencia y ha implicado su continuación". "En este aspecto, amén de la claridad de la citada norma, cabe mencionar la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha negado tal carácter a aquellas resoluciones que generan la obligación de continuar sometido a un proceso criminal (Fallos 295:504; 298:408;

308:1667; 310:195; 311:1781; 312:573; 312:575; 312:577; 320:212, entre muchos otros)"."Así también lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal desde el comienzo de la aplicación de la normatividad ritual (conf. Sala I, c. n° 1571 "Rodríguez Vázquez, A. s/rec. de queja", rta. el 13 de octubre de 1997;

Sala II, c. n° 2691 "Culturaro Gallo", rta. el 4 de agosto de 2000, reg. n° 3432; Sala III, c. n° 2058 "Gianotti, Maximiliano s/rec. de casación", rta. el 7 de diciembre de 1999, entre otras)". "En igual sentido se ha expedido este Tribunal en reiteradas oportunidades, al rechazar la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que no truncan el desarrollo del proceso, como la que deniega un sobreseimiento, la prescripción de la acción penal, etc. (ver c. 25.127 "Obra Social del Personal de la Industria del Caucho s/ rec. de casación", reg.

nº 824bis, rta. el 26/11/93 y sus citas; c. 28.843 "Cichelo, Carlos s/ rec. de casación", rta. el 4/9/97, reg. nº 708; causa N° 36.801 "Daneri, G.V. s/ rec. de casación", rta, el 14 de diciembre de 2004, reg. n° 1341, entre otras)".
Cambio de calificación legal, declaración indagatoria, acusación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BAGLIETTO, J. Y OTROS s/ ACUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-12

La mutación de la calificación legal del hecho que fue materia de indagatoria no causa la invalidez del libelo acusatorio si en éste se describió cabalmente la conducta que se atribuyó al procesado, con lo que se posibilitó su defensa, pues esta modificación de la adecuación típica no obstará a que el juez de la causa efectúe oportunamente el encuadre legal que considere adecuado, sin alterar la descripción fáctica del acusador.
Recurso de casación, dirigente gremial, notificación al empleador
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Velazque, Roberto Carlos c/ Julio Ledesma Construcciones Civiles s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-22

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor -trabajador postulado como representante sindical- cuando, -como en el caso, ni él personalmente ni la organización sindical -UOCRA- cumplió con la obligación de comunicar fehacientemente tal postulación en el domicilio legal de su empleador, quedando solo probado que un peón general de la obra dejó una nota -entregada a él por la organización sindical- en una oficina sita en dicha obra. Ello, en tanto para que rija la garantía de la tutela sindical es requisito sine qua non cumplir con la obligación del art. 50 in fine de la ley 23551, por lo que mal puede cargar con esa negligencia el empleador correspondiendo aplicar el axioma "nadie puede alegar su propia torpeza".
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, licitación pública, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 788 año 1990) Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 788 año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

Corresponde rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que el tipo de trabajos cuyo reconocimiento solicita la empresa contratista -limpieza y relleno de socavones subterráneos previo a la instalación de cañerías pluvio-cloacales- exige de una oportuna medición y comprobación, ya que, una vez ejecutado, está destinado a quedar oculto bajo tareas subsiguientes.

Precisamente por esa razón es que las normas contractuales suelen prever métodos específicos de medición. En el caso, el Pliego énico de Bases y Condiciones de la obra establece que "el contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos" (art. 55); y que en los libros de la inspección "se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se van ejecutando. Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crea necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el contratista. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas serán los únicos a considerar". En el caso, si bien la actora dice que en su momento solicitó la medición respectiva, las actuaciones administrativas no le dan la razón, ya que no existen constancias de que hubiera efectuado un concreto pedido de medición de los trabajos denominados por ella misma "demasías" de las tareas aprobadas por resolución de la DIPOS.
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Carlos Aníbal. c/ Municipalidad de General Roca. s/ Recurso extraordinario federal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-07

Si se entiende por sentencia definitiva aquellas que poniendo fin al proceso u obstando a su continuación, producen efecto de cosa juzgada material, y vedan la posibilidad de renovar las cuestiones resueltas a través de la utilización de una vía procesal ulterior , ninguno de tales efectos puede atribuirse a la resolución que decreta la caducidad de instancia contra la que se intenta el recurso extraordinario.
Medidas cautelares, medida de no innovar, Estado Provincial, Salta
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional (Ministerio de Economía) c/ Salta, Provincia de s/ nulidad e inconstitucionalidad de decreto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Corresponde hacer lugar a la prohibición de no innovar tendiente a que la Provincia de Salta se abstenga de aplicar el decreto 2176/02 y la resolución 583/02 del Ministerio de Producción y Empleo si junto con la existencia de verosimilitud en el derecho invocado por la actora, las constancias acreditan la existencia de actos concretos de la provincia demandada en orden a ejecutar el plan de saneamiento impugnado en la causa y la presunción de actividad en ciernes en relación con los demás proyectos a los que se refieren las actuaciones agregadas.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: OFFENHENDEN MOISES c/ RADIO RIVADAVIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-20

Para fijar el daño moral, se debe tener en cuenta que surge como consecuencia del hecho ilícito, pues el antijurídico ha debido lesionar sentimientos ajenos. No obstante que resulta difícil su cuantificación, si se trata del reclamo del propietario de una revista deportiva, por las chanzas de que fue objeto la publicación durante la propalación de una audición radial, habrá de valorarse la gran difusión del programa, la falta de intención dolosa, lo restringido de la circulación de la revista, a cuyo propietario se agravió, el hecho de que no se vio involucrado el nombre de su propietario y la entidad del comentario.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Seven Up c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación Irregular-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-09-02

Los recursos extraordinarios de la ley 2275 no están instituidos para juzgar sobre la justicia del caso, sino sobre su legalidad, y por ende, es inadmisible que puedan fundarse en las discrepancias del recurrente con la apreciación, valoración o meritación de la prueba hecha por el tribunal de juicio. Una operación semejante importaría ni más ni menos que convertir a ésta en una tercera instancia ordinaria inexistente en nuestro sistema procesal.
Concurso preventivo, costas, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gráfica Tilcara SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente de restitucion de bienes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

La LCQ 257 carece de aplicación en los supuestos de incidentes en los cuales las costas son declaradas a cargo de la incidentista, en tanto el ámbito de aprehensión conceptual la misma exige, como presupuesto ineludible, que los gastos causídicos sean oponibles al concurso y no a un tercero (cfr. Fassi - Gebhardt, "Concursos y Quiebras", 1997, pág. 500). Sin embargo, dicha circunstancia no ocurre en el caso en tanto las costas fueron impuestas a la concursada. Consecuentemente, los honorarios del letrado del síndico están a cargo de dicho funcionario.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, principio de legalidad, permiso de obra
Materia: PROCESAL
Carátula: Rowing S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Rowing SA s/ 2.2.1 - Permiso y planos de obra c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde rechazar la queja en tanto la defensa no logra acreditar los agravios constitucionales que invoca. Específicamente, no logra conectar la afectación al principio de legalidad y razonabilidad con los hechos del caso particular y solo se limita a reiterar los argumentos que fueron tratados en las instancias recursivas previas. Además, el planteo basado en que no fue la recurrente la que realizó las obras, no resulta suficiente para desacreditar el Informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que estableció el permiso de obra a favor de la nombrada, máxime, cuando no citó, pudiendo hacerlo, a la empresa de electricidad a quien la recurrente adjudica la realización de las obras. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de obra pública, precio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SO - CON S.R.L c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  CONTRATO  DE  OBRA  PUBLICA  - PRECIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-15

El sistema de contratación por ajuste alzado es aquel en que se determina un precio global para la realización del total de una obra previamente definida, en el cual el empresario o constructor asume totalmente el riesgo de la variación de los costos de obra, con excepción de los derivados de la teoría de la imprevisión (art. 1198 C.C.), riesgo que por lo demás se refleja en el precio de la obra, sustancialmente mayor al que resultaría si se hubiera adoptado otro sistema de contratación. (Barra, " contrato de obra pública ", t.3, p. 881 y 1122, Mo," régimen legal... ", p. 83).

El sistema de contratación por ajuste alzado puede ser " absoluto " o " relativo " según que el precio y el monto de la obra sean invariables, salvo acuerdos de partes, o exista la posibilidad de aumentarlos o rebajarlos proporcionalmente según sea inferior o superior el monto de la obra ejecutada con relación a los cómputos del presupuesto. Conforme lo establece la ley de Obra Pública Nro 6080, el sistema de contratación por ajuste alzado (art. 18) es aquel que se hará por un precio único global para toda la obra. Por ende habiéndose establecido en el pliego particular de condiciones que se adoptaba dicho sistema " sin reconocimiento de mayores costos ni ajuste alguno ", implicando la presentación de la propuesta el conocimiento de la documentación del concurso y la imposibilidad de alegar ignorancia de las condiciones de realización de los trabajos, no puede invocarse la inaplicabilidad de la cláusula por violación al orden de prelación del sistema jurídico (Barra, " Contrato... ", T. 2, p. 487, Marienhoff, " Tratado... ", III -A, p. 213). Pretender que la cláusula resulte irrelevante importaría volver contra los actos propios, violando normas contractuales que son marco de la situación jurídica en que el actor se encuentra por propia gestión y consentimiento al haber accedido voluntariamente a la relación contractual, como asimismo lo establecen los arts. 16 de la Constitución Nacional y 32 de la constitución provincial de 1923. El hecho de que el sistema de contratación por ajuste alzado sea poco usado en la actualidad, no significa la imposibilidad de su adopción por parte de la administración, máxime cuando ni siquiera se ha intentado probar la presunta iniquidad del sistema en el caso concreto.
Sentencia arbitraria, despido indirecto, hurto
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Aimo de Maquieyra, María Lina Juana c/ Colegio Lincoln s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Es descalificable la sentencia que hizo lugar al despido indirecto con fundamento en que, al haber dispuesto la empleadora - a consecuencia del hurto que se había producido - que se revisaran las pertenencias de la actora sin que tal medida se extendiera al resto del personal, se había menoscabado su dignidad personal, si la cámara se limitó a expresar una mera convicción subjetiva sin hacer ningún tipo de referencia a los planteos de las partes, a las concretas circunstancias de la causa y a las diversas pruebas producidas.
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SINDICO BID COOPERATIVO LIMITADO c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

La declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que configura la "última ratio" del orden jurídico por lo cual no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, ya que se trata del ejercicio de la función más delicada de los jueces, debiendo sólo recurrirse a ella cuando no existe la posibilidad de optar por una interpretación que favorezca la constitucionalidad de la ley.

En mérito a ello, también se ha establecido que para que la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, el interesado debe haber demostrado claramente de qué manera ésta contraría la Constitución nacional causándole de ese modo un gravamen. Para lograr ese objetivo, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir la instancia extraordinaria.
Recurso de casación, compraventa, obligación de escriturar, buena fe
Materia: Civil
Carátula: Sigal, Humberto C. c/ Campelo, Juan y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-30

Sobre los hechos probados en la causa, es aplicable al sub-exámine, la solución doctrinaria y jurisprudencial que sostiene "...el vendedor que hizo tradición de la cosa y recibió totalmente el precio carece de interés para negarse a la escrituración que no siendo necesaria ya interpartes -cumplimiento de las obligaciones naturales- interesa en cambio al comprador frente a terceros; negándose por lo tanto el vendedor a concurrir al otorgamiento de la escritura, actúa excediendo los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Recurso de queja (procesal), desistimiento, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ayala,  María  Elisa c/ Poder Ejecutivo Nacional - Banco Central de la República Argentina s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

El desistimiento de la queja determina la pérdida del depósito previo, máxime si las razones aducidas por el recurrente no constituyen un motivo válido para apartarse de tal criterio.
Proceso judicial, caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Grippo,  Daniel Osvaldo c/ PEN- Ley 25.561- Dtos 1.570/01 214/02 s/ Beneficio de litigar sin gastos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13

El beneficio de litigar sin gastos constituye un "incidente autónomo o nominado", categoría que tiene una regulación específica sin perjuicio de lo cual el codificador ha previsto que le sean aplicadas, con carácter supletorio, las normas establecidas para los incidentes genéricos o innominados; lo que lleva a determinar que el plazo a considerar como idóneo para tener por operada la caducidad de la instancia en el trámite de un proceso de la naturaleza del presente, es el de tres meses, contemplado por el art. 310, inc. 2 del C.P.C.C.N.
Contrato de trabajo, remuneración, comisiones, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CIACCIO, CARLOS ALBERTO c/ DE LA FUENTE, SIXTO MIGUEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-11

Que una persona que presta servicios sea remunerada con una participación o 'comisión' o 'habilitación' no excluye el carácter laboral del vínculo (artículos 105, 108, 109, 110 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Menores, autorización para viajar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., S. C. s/ autorización para viajar al exterior B., N. E. s/ autorización para ejercer actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26|1996-10-17

En casos en los cuales existen hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, con la característica de la no convivencia entre ambos , se exige que el consentimiento para que los menores puedan viajar sea prestado por ambos, y si uno no lo hiciere, o mediara imposibilidad de así hacerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar ( arts. 264 inc. 5°; art. 164 quater inc. 4° C.C.

). La guarda reconocida por información sumaria, el domicilio desconocido del padre, el consejo como un buen padre de familia que otorga el juez y la conformidad de la menor en el conocimiento personal que se ha tenido, hace así resolverlo positivamente.
Entidades financieras, depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, creación de moneda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Seta, Juan Carlos c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

En el supuesto de que se pretendiera hacer efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 56 de la Ley 21.526 respecto de una operación inexistente, se estaría poniendo en riesgo el sistema monetario nacional ( artículo 67, inciso 10) de la Constitución Nacional) toda vez que para satisfacer la falsa acreencia sería inexorablemente necesario emitir moneda.
Recurso extraordinario federal, facultades del juez, examen de admisibilidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

"Los órganos jurisdiccionales deben resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamento suficiente para dar sustento a la invocación de un caso de arbitrariedad".