Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29


S.A. PAMPA CIA. DE SEGUROS Reg.: A y S t 193 p 23-27.

Santa Fe, 29 de octubre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto el apoderado de la Superintendencia de Seguros de la Nación contra la sentencia nro. 75 del 16.4.1996 dictada por la Sala Cuarta _integrada_ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "S.A. PAMPA CIA. DE SEGUROS _Liquidación Forzosa_ Incidente de Regulación de Honorarios_ (Expte. 181/95)" (Expte. C.S.J. nro. 2055, año 1996), y;

CONSIDERANDO:

1. Surge de autos que, contra la resolución de foja 26 que declaró que "en las presentes actuaciones se ha operado la caducidad de esta segunda instancia", Superintendencia de Seguros de la Nación interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Sala Cuarta _integrada_ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, que confirmó el decisorio alzado.

Contra este último pronunciamiento dedujo la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3) de la ley 7055, por considerarlo lesivo de los derechos de defensa en juicio y propiedad.

Le agravia lo resuelto por la Sala, por entender que la caducidad de esta segunda instancia no le es imputable, en razón que ella se operó a consecuencia de la falta de cumplimiento de lo normado por el artículo 353 del Código Procesal Civil y Comercial por parte del juzgado.

Sostiene que el fallo vulnera su derecho de defensa en juicio al aplicar en el supuesto de autos, diversos ordenamientos jurídicos, uno respecto al procedimiento y su correspondiente sustanciación y otro, a los fines del cómputo de los plazos, ignorando las partes a qué norma atenerse y en qué momento se aplicará una u otra.

Asimismo, el decisorio, afecta el derecho de propiedad, por cuanto, en principio habrían adquirido firmeza los honorarios regulados a los abogados en un recurso de reposición, los que no son funcionarios de la liquidación forzosa.

Afirma que la sentencia es autocontradictoria por cuanto esta misma Sala, con motivo de otra incidencia de honorarios consideró que Superintendencia de Seguros de la Nación era parte _no obstante afirmar que no lo es_ y, contrariamente en este supuesto, a los fines de aplicar la caducidad del artículo 300 de la ley concursal, la considera un tercero.

Aduce que la Sala se aparta de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, señalando que omitió considerar lo dispuesto por el artículo 353 del Código Procesal Civil y Comercial y, contrariamente a lo preceptuado por dicha norma, decretó la caducidad de instancia, imponiéndole una carga que la ley no establece.

Con apoyo en doctrina, pone de relieve que "la inactividad debe ser de la parte y no del juez, porque si éste pudiera producir la caducidad, se habría puesto en sus manos la terminación arbitraria de los procesos. La actividad del juez basta para mantener con vida el juicio, pero su inactividad no basta para matarlo" (sic).

Continúa diciendo que si "... el tribunal, de oficio, debía impulsar el trámite, no podía producirse la caducidad de la instancia, pues el proceso estaba pendiente de una resolución y la demora en dictarla era imputable al propio tribunal. La carga de los litigantes de instar el procedimiento aunque, en principio, se extiende a todo el curso de éste, desaparece cuando existe un deber del tribunal, porque la carga del litigante termina donde empieza el deber del juez" (sic).

Sostiene que la Sala omite considerar cuestiones conducentes para la dilucidación del litigio, cual es la sostenida por su parte respecto al último movimiento que registraba el expediente y la aplicación del artículo 353 del Código Procesal, cuestión expresamente articulada.

Señala que la Sala no brinda razones de por qué considera que no resulta aplicable la jurisprudencia invocada.

En relación a la aplicación del artículo 301 de la Ley Concursal, señala que el presente caso no afecta la rapidez y la economía del trámite concursal, prueba de ello es que el procedimiento sigue su curso normal mientras los doctores Colarte y Cardigni continúan promoviendo regulaciones de honorarios, sin que el proceso principal se encuentre afectado.

Afirma que siempre sostuvo que no reviste carácter de parte en ningún proceso liquidatorio, atento a que los liquidadores designados por la Superintendencia de Seguros de la Nación actúan en el proceso de liquidación judicial con las atribuciones del síndico de la quiebra.

En consecuencia, expresa que su parte no se presenta en el proceso actuando en un interés propio, ni ejerce acción tendente a satisfacer un interés del propio organismo, sino que sus delegados liquidadores actúan como síndico de la liquidación forzosa, representando y defendiendo los intereses de la masa de acreedores.

La Sala a quo, mediante auto nro. 263 del 10.12.1996 denegó la concesión del remedio extraordinario por considerar que la sentencia impugnada no reviste el carácter de definitividad que exige el artículo 1 de la ley 7055 y por entender que las hipótesis de arbitrariedad articuladas en abstracto no se encuentran configuradas en autos.

Ello motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede, insistiendo en la arbitrariedad de la resolución recurrida y, por ende, en la concesión del recurso.

2. De la lectura del auto denegatorio, en su cotejo con el escrito presentado ante este Tribunal, surge que el cometido que impone el artículo 8 de la ley 7055 al quejoso _quien tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación_ puede reputarse idóneamente asumido en autos, en relación a la falta de definitividad de la sentencia de la Sala que confirmó la declaración de caducidad de esta segunda instancia; empero no así, en relación a las restantes alegaciones, por cuanto tan solo se limita a explicitar nuevamente sus argumentos en contrario.

No obstante que lo expuesto sellaría sin más la suerte adversa del presente recurso, cabe señalar que de los fundamentos del escrito recursivo y su liminar confrontación con la sentencia, surge que pese a invocarse cuestión constitucional, en sustancia, se trata de la mera disconformidad de la quejosa para con la solución a que arribara el Tribunal a quo.

Y es que, en esencia, los reproches que la recurrente le imputa al decisorio en crisis pueden sintetizarse en: a) la caducidad de segunda instancia es imputable al juzgador de grado por incumplir con lo preceptuado por el artículo 353 del Código Procesal Civil y Comercial; b) aplicar distintos ordenamientos legales contradictorios entre sí;

c) apartarse de la jurisprudencia invocada; d) otorgar un trato desigual, por cuanto, en otra causa _a fin de regular honorarios_ fue considerada parte y, en este supuesto, es tratada como un tercero, a los fines de aplicar la caducidad de instancia.

El primer agravio esgrimido por la compareciente, consistente en que la caducidad de segunda instancia se operó por omitir cumplir el juez de grado con lo normado por el artículo 353 del Código Procesal Civil y Comercial, carece de entidad constitucional para habilitar la apertura de esta vía extraordinaria.

Ello, por cuanto la recurrente no explicita las razones por las que entiende que es un deber del juez de grado y no una carga de su parte, la elevación de los autos ante la Alzada, cuando además estaba condicionada al cumplimiento de una actividad de su parte; quedando de tal modo incumplida la exigencia de autoabasto que exige el artículo 3 de la ley 7055.

No obstante ello y, tal como lo sostuviera la Sala en oportunidad de dictar el auto denegatorio, en principio, no se advierten motivos por los cuales la accionada pudiera quedar relevada de impulsar el procedimiento de elevación del expediente a fin de evitar la perención, carga ésta, que en otros regímenes jurídicos, se encuentra expresamente contemplada.

Por lo demás, de las constancias de autos no se advierte que la quejosa hubiere urgido la remisión a la Alzada, pues de la reseña efectuada por la misma, tan solo surge que el último movimiento que registró el expediente fue el proveído del 13.12.1994 que ordenó a los profesionales intervinientes, previo a la elevación de la causa, el cumplimiento de la ley 9674. Luego que el apoderado de la entidad liquidadora consultara en Mesa de Entradas (17.2.1995) si el expediente había sido elevado, le fue notificada la caducidad presentada por los doctores Colarte y Cardigni, señalando que a ese momento no estaba agregado "el proveído mencionado".

A mayor abundamiento, cabe señalar que la materia traída a control de legalidad constitucional, por referir a la interpretación de normas de derecho común y procesal y constituir una cuestión opinable y discutible, con tendencias jurisprudenciales contrapuestas, carece de contenido constitucional, puesto que para que ello ocurra, es necesario que medie una grosera desinterpretación de las mismas, circunstancia que no se configura en el presente caso.

Tampoco constituye causal de arbitrariedad lo decidido por la Alzada, en el sentido de considerar aplicable el código de forma local al trámite de la regulación de honorarios y su recurribilidad, por carecer la ley 19.551 de disposiciones expresas (artículo 301, ley citada) y aplicar la ley concursal a la caducidad, por cuanto dicha normativa expresamente la contempla en su artículo 300.

Al respecto, la Sala estimó que la compareciente había incurrido en un error conceptual y, en consecuencia, puso claramente de manifiesto que se está en presencia de dos cuestiones distintas, una referida al trámite de regulación de honorarios y su recurribilidad y la otra, relacionada a la caducidad.

De allí, entonces, que la resolución impugnada no puede descalificarse como acto jurisdiccional válido, por cuanto no se advierte que la misma resulte contradictoria, ilógica o incongruente por aplicar diversos ordenamientos jurídicos a un mismo supuesto.

Lo expuesto precedentemente, hace que se desvanezca el reproche consistente en que el Tribunal a quo omitió aplicar la jurisprudencia invocada por la compareciente.

La Sala disipa el yerro en que incurre la recurrente al dejar claramente delimitadas las razones de porqué aplicó diversos regímenes jurídicos para el supuesto de autos, y diferenció a éste de otra causa resuelta por este Cuerpo, explicando que en la misma se habían aplicado dos ordenamientos, local y concursal, para el cómputo del plazo para ocurrir en queja, puesto que era la única cuestión a decidir.

Y respecto del fallo dictado por la Sala I de esa misma Cámara y en relación a lo allí sostenido, en el sentido de que la perención debe regirse por la ley de forma, puntualmente aclaró que dicho tribunal resolvió dos cuestiones no contempladas por la ley concursal, una, referida a si corresponde computar dentro del plazo de caducidad los días inhábiles y, la otra, si este plazo corre mientras los autos están pendientes de resolución, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 301 correspondía aplicar dicha normativa.

En consecuencia, no se advierte que ello genere un vicio de arbitrariedad, evidenciando tan sólo la mera disconformidad de la recurrente para con lo resuelto por el Tribunal a quo, lo que es ajeno a esta instancia de excepción.

En relación al reproche atinente a que el Tribunal a quo hizo lugar a la caducidad por considerarla un "tercero ajeno al juicio", contradiciéndose con lo afirmado en otra oportunidad, en que fue tenida como parte, cabe tener presente las razones esbozadas por la Sala, al sostener que cuando aludió a un tercero, fue porque así consideró a quienes promovieron el incidente de regulación de honorarios, entendiendo que si éste hubiera sido promovido por los liquidadores no hubiera podido caducar (artículo 300, 2do. párrafo de la ley concursal entonces vigente).

Por ende, el planteo de la quejosa al no revestir matiz constitucional suficiente, no resulta idóneo a los efectos de una impugnación extraordinaria de raigambre constitucional, por cuanto tan solo demuestra su disenso con la interpretación y alcance efectuado por la Sala respecto del artículo 300 de la ley concursal.

Indudablemente, el acierto o error con que los Juzgadores analizaron los hechos e interpretaron las normas que consideraron aplicables y la mera discrepancia que denota la perdidoso en sus planteos, no depara un caso constitucional hábil para operar la apertura de esta instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por ello, la Corte suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)