Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a instancia. Buenos Aires, noviembre 30á de 2009 LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, recurren ambas partes a tenor de las presentaciones de fs. 174/175 y fs. 177/179, habiendo contestado esta última la parte actora a fs. 183/185.

La parte demandada afirma que la sentencia le causa agravio porque consideró acreditado que entre las partes existió un contrato de trabajo. Sostiene que las declaraciones de testigos en que basó su conclusión la sentenciante adolecen de contradicciones y no pueden considerarse suficientes a ese efecto.

En mi opinión no asiste razón a la recurrente.

En ese sentido, creo necesario señalar que de la propia declaración del testigo Peralta (fs. 109) que declaró a propuesta del demandado, se desprende acreditado que el actor estuvo prestando servicios a favor del accionado. Esa manifestación por un lado contradice la posición del demandado en su responde, en tanto negó la existencia de relación de trabajo con el actor, y por otro lado corrobora la veracidad de los dichos de Ferreyra (fs. 86), Martinez (fs. 87); Ayala (fs. 88); y Caviglia (fs. 91), quienes manifestaron que Peralta hacía las veces de encargado, que lo llamaban "mula", que era quien les transmitía las indicaciones de trabajo que daba el demandado, y que fue quien llevó a trabajar a algunos de los testigos mencionados.

Ante esas constancias probatorias, las manifestaciones vertidas por el recurrente no aportan elementos que permitan revisar lo decidido en primera instancia, en tanto no exceden de meras afirmaciones dogmáticas sin constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos del decisorio que intenta cuestionar (conf. art. 116 L.O.).

La parte actora sostiene que la sentencia le causa agravio porque concluyó que el actor no notificó debidamente su decisión rupturista y por ello rechazó las indemnizaciones derivadas del despido. Sostiene, en lo que interesa y en síntesis, que la sentenciante no tuvo en cuenta que si bien el demandado acompañó un contrato de locación de enero de 2006 de donde surgiría un domicilio distinto de aquél al cuál se remitieron las notificaciones, lo cierto es que en diciembre de ese mismo año en una actuación ante el SECLO el Sr. Arce denunció como propio el domicilio de la calle Washington 3908 al cuál el actor había dirigido las intimaciones.

En mi opinión, asiste razón a la recurrente.

Ante todo quiero destacar que según constancias de autos, a fs. 26vta. se intentó notificar la demanda entablada en el domicilio de Moreno 455 piso 5º "D", habiendo sido devuelta la cédula indicando que allí "no vive".

Sin embargo, a fs. 34vta. se practicó nueva notificación en el mismo domicilio bajo responsabilidad de la parte actora, y el demandado se presentó a contestar la demanda reconociendo ese domicilio como propio y acompañando un contrato de locación por el que pretende demostrar que allí se encuentra su oficina desde Enero de 2006.

Es decir, la conducta procesal del demandado demuestra que no ha obrado con total buena fe, en tanto previamente se había frustrado la notificación intentada en ese mismo domicilio.

En ese marco, advierto asimismo que tal como lo señala el recurrente, de las constancias de fs. 122/123 e informe del Ministerio de Trabajo de fs. 144/145, surge acreditado que en diciembre de 2006 el demandado participó de una actuación ante el Servicio de Conciliación Obligatoria, y denunció como domicilio real el de la calle Washington 3908.

Es decir entonces que, mientras el domicilio de Moreno 455 era la sede de la oficina, en tanto ese fue el objeto de la locación acreditada, el demandado reconoce que el domicilio de Washington 3908 era su domicilio real incluso en diciembre de 2006.

Siendo ello así, considero que la decisión de la sentenciante de tener por no cumplidas las intimaciones por parte del actor constituye un excesivo rigor formal, en tanto de la testimonial de fs. 108 propuesta por el demandado surge que el domicilio de Washington fue el de la oficina del demandado inmediatamente antes de pasar a Moreno. Asimismo, aún cuando la sede del negocio hubiera pasado a la calle Moreno, el propio demandado reconoció como domicilio real el de Washington sin que las explicaciones intentadas a fs. 128 y vta. sean conducentes atento la teoría de los actos propios.

Analizado lo expuesto en el contexto de la conducta procesal de la demandada antes señalada respecto de las vicisitudes que tuvo la notificación de la demanda de autos, propongo hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, y en consecuencia considerar válidas las intimaciones cursadas por el actor.

A mayor abundamiento, del informe del Correo Oficial (fs. 97/99) se desprende que la misiva impuesta el 14 de febrero de 2007 salió a distribución y fue devuelta con la observación "cerrado con aviso".

De modo que el demandado incumplió con la carga de apersonarse ante la oficina de correos y retirar la pieza postal que a esos efectos se le reservaba, por lo que su falta de diligencia no puede importar el fracaso de la notificación, especialmente cuando como se ha visto más arriba, existen elementos que demuestran que continuó vinculado al domiclio en cuestión con posterioridad a la fecha reconocida en la contestación de demanda.

Por todo ello, y ante la falta de respuesta a las intimaciones de la parte actora respecto de la regularización de su contrato de trabajo, considero que el despido dispuesto por el trabajador se ajustó a derecho, por lo que en el caso corresponde hacer lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.

Con relación a la indemnización por antigüedad el accionante en su demanda reclama que se compute el sueldo anual complementario a fin del cálculo de la misma. Sobre este punto ha recaído fallo plenario Nº 322 en los autos "Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561", que ha sentado doctrina adversa a la pretensión del actor.

Asimismo, partiendo de la validez de las intimaciones mencionadas, y frente a la postura de la demandada, también corresponde atender el recurso respecto de los demás rubros objeto de reclamo en dicho intercambio.

En efecto, no existiendo en autos constancia de cancelación conforme art. 138 LCT, también habrán de proceder los reclamos de rubros salariales incluídos en dichas notificaciones a saber: "sueldo diciembre de 2006", "sueldo enero de 2007", "s.a.c. 2006", "s.a.c. proporcional 2007" y "vacaciones c/ s.a.c.".

La parte actora ha reclamado las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, y en mi opinión las mismas deben prosperar en tanto según lo expuesto supra cabe concluir que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por el art. 11 de ese cuerpo normativo, incluso respecto de la notificación a la AFIP (conf. fs. 97/99).

También procederá la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 porque el actor intimó a la demandada el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y sin embargo debió accionar judicialmente para lograr el cobro de su crédito (fs.97/vta.).

La parte actora reclama la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 y la accionada solicitó su rechazo con fundamento en que el actor denunció una fecha de ingreso posterior a enero de 2003. Sin embargo, no advierto que la demandada haya producido prueba conducente para demostrar el incremento de plantel respecto del existente en diciembre de 2002, por lo que propongo hacer lugar al reclamo del accionante, derivando a condena la indemnización pretendida con la modificación dispuesta por el art. 4º Ley 25.972.

El actor reclama la multa establecida en el art. 80 LCT pero en mi opinión la misma no puede proceder en tanto no advierto del intercambio obrante en autos no surge que el accionante haya reclamado la entrega de las certificaciones previstas en la norma citada.

Expte. nº 26.416/07 Para la procedencia de los rubros salariales e indemnizatorios corresponde estar a la fecha de ingreso y de egreso, y a la remuneración que surgen de la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, a los rubros derivados a condena en la sentencia de grado, se le deberán adicionar los siguientes: indemnización por antigüedad: $3.200; indemnización sustitutiva de preaviso: $800, s.a.c. s/ preaviso: $66; integración mes de despido: $448; s.a.c. s/ integración: $37; haber de diciembre de 2006: $800; haber de enero de 2007: $800; s.a.c. 2006: $800; s.a.c. proporcional 2007:$ 100; vacaciones c/ s.a.c.:$ 512; multa art. 8 de la ley 24.013: $8.400; multa art. 15 de la ley 24.013: $4.448; indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561: $ 400; indemnización art. 2 ley 25.323: $2.224; lo que arroja un total de $ 23.035, que sumado al de $ 5.300 correspondientes a la sentencia de grado arroja un total nominal de condena de $ 28.335, sobre el cuál deberán adicionarse los intereses establecidos en primera instancia.

También procede condenar al demandado a hacer entrega al actor, dentro de los treinta dias de notificado conforme art. 132 L.O., de las certificaciones establecidas en el art. 80 LCT mediante el procedimiento previsto por la Resolución ANSeS Nº 601/08, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes de $ 20 por cada día de retraso injustificado (Conf. art. 666 bis del CC).

Lo resuelto anteriormente torna abstracta la apelación referida a la imposición de costas, ya que la misma, al igual que las regulaciones de honorarios, deben ser dejadas sin efecto por ser necesario un pronunciamiento que contemple el nuevo resultado del pleito (conf. art. 279, C.P.C.C.).

En ese sentido, atendiendo a los resultados que propongo, considero que las costas deben ser soportadas en ambas instancias por la parte demandada vencida (conf. art. 68 CPCCN). A ese efecto, propongo regular en el 15% y 11% del monto total de capital e intereses de condena, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los del mismo concepto de la parte demandada, por las tareas de primera instancia (conf. art. 38 L.O.).

Con relación a las tareas cumplidas en la alzada propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por los trabajos realizados en la etapa anterior (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda incoada, y en consecuencia fijar como capital nominal de condena la suma de $ 28.335 (Pesos Veintiochomil trescientos treinta y cinco), sobre la cuál deberán adicionarse los intereses establecidos en primera instancia. 2) Condenar al demandado a hacer entrega al actor dentro de los treinta dias de notificado conforme art. 132 L.O. de la certificación de servicios conforme Resolución ANSeS Nº 601/08, bajo apercibimiento de imponer astreintes de $ 20 diarios por cada dia de retraso injustificado (conf. art. 666 bis C.Civil). 3) Imponer las costas en ambas instancias a la parte demandada vencida. 4) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios y regular en el 15% y 11% del monto total de capital e intereses de condena, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los del mismo concepto de la parte demandada, por las tareas de primera instancia (conf. art. 38 L.O.). 5) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y fuera materia de recurso. 6) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda incoada, y en consecuencia fijar como capital nominal de condena la suma de $ 28.335 (Pesos Veintiochomil trescientos treinta y cinco), sobre la cuál deberán adicionarse los intereses establecidos en primera instancia. 2) Condenar al demandado a hacer entrega al actor dentro de los treinta dias de notificado conforme art. 132 L.O. de la certificación de servicios conforme Resolución ANSeS Nº 601/08, bajo apercibimiento de imponer astreintes de $ 20 diarios por cada dia de retraso injustificado (conf. art. 666 bis C.Civil). 3) Imponer las costas en ambas instancias a la parte demandada vencida. 4) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios y regular en el 15% y 11% del monto total de capital e intereses de condena, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los del mismo concepto de la parte demandada, por las tareas de primera instancia (conf. art. 38 L.O.). 5) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y fuera materia de recurso. 6) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.BEATRIZ I. FONTANA. JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID á á