marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Paniagua, Ricardo Alberto y otro s/ Robo calificado por homicidio resultante
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la transgresión del art. 281 del Código de Procedimiento Penal, alegando la inoponibilidad, como elemento de cargo, de las declaraciones indagatorias de los menores coprocesados, si la defensa no se disconformó en la oportunidad del art. 270 del Código de Procedimiento Penal respecto de las citadas declaraciones, ya que el mentado art. 281 establece en su inc. 2° la posibilidad de utilizar las declaraciones y pruebas recibidas durante el sumario si el acusado o su defensor las hubieren aceptado.
Acción de amparo, principio de congruencia, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Wang Ping c/ Mº del Interior -Dir. Nac. de Migraciones s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

Cuando el actor dedujo la acción prevista en la ley 16.986, transformar de oficio las pretensiones del actor cuando no medió una nítida petición, ni posibilidades de defensa del demandado, ni debate adecuado sobre el punto, importa un apartamiento del principio de congruencia. (En autos se revocó el pronunciamiento recurrido en cuanto transformó la acción en amparo por mora).
Delegación de la investigación, declaración indagatoria, resoluciones apelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: YAPURA, Julio Cesar. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-21

El sistema de enjuiciamiento vigente establece que la legitimación del sujeto pasivo debe realizarse mediante un acto expreso (excepción de la vía especial contemplada por el art.

353 bis del C.P.P.N.), lo que implica un juicio de valor que sólo puede llevar adelante el órgano jurisdiccional de control.

Excepcionalmente resulta posible que la negativa a cumplir con el acto requerido por la instancia originaria cause agravio al acusador público lo cual habilita su revisión por parte del órgano jurisdiccional superior. Dicho supuesto se presentaría en los casos en los que, delegada la instrucción en el Agente Fiscal, la denegatoria a su requerimiento en tal sentido genere un estado de cosas que impida vislumbrar una conclusión definitiva a la instrucción. En consecuencia, se genera un agravio irreparable al Ministerio Público Fiscal toda vez que no cuenta con la posibilidad de requerir la elevación a juicio, y no dictar el auto desvinculatorio definitivo que lo habilite a recurrir ante la Alzada.

Por ello, y dado que se encuentran reunidos elementos suficientes para solventar el estado de sospecha necesario para escuchar en audiencia indagatoria al imputado, debe revocarse el auto que dispuso no hacer lugar al pedido de llamado a indagatoria solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, ley posterior, leyes, ley derogada, Ministerio Público, fiscal de Cámara, fiscales, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Delmenico, Oscar P. y O. c/ Sampedro, Hector J. y O. s/ Cobro de dinero. Cuestión a resolver: debe intervenir el Ministerio   Público Fiscal en las declinatorias de competencia (Expte. Nro. 2-89)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-21

Del artículo 139 de la Ley 10160 surge muy claro que ella no quiere la intervención del Fiscal en las cuestiones de competencia, tesis que se adecua armónicamente al resto de las normas de la ley citada (por ejemplo, su artículo 2). Así las cosas, entonces, se hallan derogados los principios de leyes anteriores que se oponen a lo expuesto. (Del Voto del Dr. Casiello).
Recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramírez, Emilia Magdalena c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 140-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-11

En el régimen de la ley 4106, la intervención voluntaria de los terceros coadyuvantes, de ninguna manera puede ocasionar que la tramitación se interrumpa o se retrotraiga el procedimiento de la causa.
Sustracción de menores, dictadura militar, asociación ilícita
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Francisco Gomez, Jorge Luis Magnacco y Teodora Jofre s/ Sustracción Menor de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

Si bien la conducta del médico que asistió en la Escuela de Mecánica de la Armada el parto de un menor que fue sustraído y luego entregado a una familia allegada a miembros de las Fuerzas Armadas podría encontrar plena adecuación en la conducta típica del art. 210 bis del Código Penal, pues prestó una colaboración funcional en el marco de la práctica sistemática de apropiación de menores concebida durante la última dictadura, una limitación de orden formal impide la aplicación de ese artículo, dado que en los actos precedentes a la acusación y en la estrategia defensiva la imputación se limitó a las figuras de los arts. 146, 292 y 293 del Código Penal.
Derecho administrativo, acto administrativo, notificación, defensa en juicio, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobos, José Ernesto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 124-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

Dentro del marco del derecho administrativo, puede observarse que las notificaciones, además de perseguir la finalidad de conocimiento por parte del destinatario del acto (asegurándose así la posibilidad de ejercicio de los derechos que le correspondan), constituyen un requisito de eficacia del acto administrativo. Por lo tanto, además de estar comprometida en el tema la garantía de defensa en juicio, aparece también involucrado el interés de la Administración en que sus actos puedan surtir efectos respecto de los destinatarios de aquellos. Ello significa que en el ámbito del procedimiento administrativo pueden concurrir en la regulación de sus diversos institutos tanto elementos "instrumentales" cuanto "sustanciales". Más las normas que se emitan para regular estos aspectos de tal procedimiento deben armonizar los distintos intereses en juego de modo de no desnaturalizar el ejercicio de los derechos por parte de los administrados ni de las distintas potestades por parte de la Administración. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco).
Regulación de honorarios, honorarios del perito, transacción, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARLE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA c/ BANCO COMERCIAL DEL NORTE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

El acuerdo transaccional celebrado por las partes no es oponible a terceros vinculados a la litis -tal la situación de los peritos que no han intervenido en él- y por tanto no puede afectar sus derechos en consecuencia, cabe considerar al proceso como de monto indeterminado a los efectos arancelarios, sin que ello implique dejar de lado la valoración de la trascendencia económica del pleito.
Extinción del contrato de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Vda. de Godoy, Francisca c/ Alfader S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Laboral, por integración mes de despido, indemnización por falta de  preaviso - antiguedad e incapacidad total
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-24

La referencia al art. 243 de la L.C.T. que impone expresar categóricamente la causa del distracto tiene relación con el art. 242 de la L.C.T. que al igual que el anterior se hallan ubicadas en el capítulo IV. De la extinción del contrato de trabajo por justa causa basándose en la denuncia del contrato por inobservancia por parte de una de ellas de las obligaciones resultantes que configuren injuria, o sea un despido motivado. Esta no era la situación de las partes cuya relación estaba encuadrada dentro de las previsiones del art.

211 L.C.T. por ello no cabe encasillarlos en esta parte de la Ley que es sustancialmente, distinta y regula aspectos especiales del distracto.
Integración de la litis, obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Mancini Héctor c/ Villareal Carlos Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios derivados de la Propiedad Horizontal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-31

La correcta integración de la litis -en el caso, con quien ha resultado nuevo adquirente de la unidad funcional contra cuyos propietarios se dirigió la demanda por violación de la ley 13512-, puede disponerse hasta en segunda instancia, obviando la restricción del artículo 89, 2° párrafo del Código Procesal
Actos ilícitos, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN, ANTONIO c/ DESACI, ELITESA (UTE) Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-23

La obligación de reparar el daño causado por un hecho ilícito nace desde el momento que lo causó, la obligación tiene su fuente en la ley no requiere interpelación previa, ni constitución en mora al deudor para demandar su cumplimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, iura novit curia, facultades del juez, principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., L. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Lesiones culposas (Expte.: C.S.J.  Nro. 2 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, corresponde rectificar parcialmente la concesión del recurso de inconstitucionalidad por cuanto el agravio vinculado con la violación del principio de congruencia -al resolver el Oficio cuestiones no introducidas oportunamente en la litis, en virtud de la invocación del artículo 1113 del Código Civil- sólo responde a la particular interpretación que efectúa el impugnante en punto a los alcances del referido principio, sin que se advierta efectivamente el apartamiento de las exigencias resultantes del mismo. Es que al condenar al imputado -entre otros fundamentos- como responsable de cosa riesgosa de conformidad al citado precepto del Código Civil, la Alzada se limitó a resolver una cuestión de derecho en el ejercicio de las facultades resumidas en el adagio latino iura novit curia.
Bienes muebles, bienes registrables, buques, escrituración
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDROZO MARIA INES Y OTRO c/ LA GIOCONDA SRL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

A los efectos de escriturar un buque, la ley 13.899 requiere que el Instituto de Previsión Social (hoy abarcado por la AFIP-DGI) expida el certificado previsto por el art. 1° de la citada ley, requisito que sólo puede ser suplido por autorización judicial. Por tal motivo, el a quo requirió al organismo que acredite haberse presentado en la quiebra de la demandada, bajo apercibimiento de dar por cumplido el recaudo previsto por la norma previamente señalada. Luego de repetidas intimaciones el Magistrado decidió hacer efectivo dicho apercibimiento. En consecuencia, no asiste razón al recurrente en cuanto no contestó en el tiempo ordenado, no obstante las sucesivas notificaciones dirigidas al organismo. Si bien se expidió respecto de lo solicitado (06.04.2011), lo hizo habiendo dejado transcurrir hasta la fecha un plazo mayor que el dispuesto por el a quo (23.06.2011).
Concursos, presentación en concurso, presentación tardía en concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: FAMAV SOCIEDAD ANONIMA. s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

No puede juzgarse razonable una demora de casi tres años para presentarse en concurso preventivo o quiebra. Cualquier óptica con que se analice la situación evidencia que no puede mantenerse una empresa en insolvencia por tres años, pues dicho lapso excede lo necesario para toda búsqueda transaccional.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Doig de Sciacca, Clara Magdalena s/ Incidente de Nulidad. Doig de Sciacca, Clara Magdalena s/ Incidente de Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-30|1994-03-30

Resulta inapelable, el auto impugnado, toda vez que nada decide sobre la procedencia del incidente por lo que no le causa a la recurrente un agravio que no pueda ser reparado en oportunidad de expedirse el a-quo sobre el mismo.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, stress, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: CLODE, JORGE c/ Y.P.F. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

El stress es un factor detonante en nuestro desarrollo vital, tanto en forma positiva, cuando actúa como impulso, cuanto en forma negativa, cuando coloca al individuo en una situación de tensión que excede la normalidad, que le impide desenvolverse con soltura. Por ello, basta que el trabajo haya servido para provocar y/o agravar un proceso patológico para que se genera la responsabilidad en el empleador, y si éste no ha logrado deslindar la cuota por la que deba responder otro agente, corresponde que asuma el todo.
Proceso penal, imputado, detención, jueces, control de legalidad, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES, PABLO ABEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

El control de la legalidad de la detención -al que aluden las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- en modo alguno puede considerarse cumplimentado por el hecho de que la Oficina de Gestión Judicial esté notificada de que existió una detención fiscal, dado que aquélla requiere que un magistrado se involucre con los motivos de la medida de coerción, y luego de escuchar también a la defensa, evalúe si la misma ha respetado las exigencias legales. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7.5 y 7.6; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.4
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fernández, Iris A. y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. y Prov. de Bs. As. s/ daños y perjuicios -interrumpe prescripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Cuando una provincia es parte en una causa civil, el requisito de la distinta vecindad es "esencial" y solamente cabe prescindir de él excepcionalmente, cuando resulta necesario armonizar prerroga tivas jurisdiccionales de igual rango constitucional, como única manera de preservarlas.
Acción de amparo, derecho a la salud, prestaciones de la obra social, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., H. A. c/ Instituto de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-01

La pretensión de la obra social de someter a la amparista a una auditoría por profesionales que constaten su estado actual, sin haber cuestionado el certificado médico emitido por el profesional médico, (especialista en psiquiatría) donde indicó específicamente la internación en establecimiento geriátrico, atendiendo la condición de la peticionante, atenta contra los derechos que la amparan que es deber de la judicatura garantizar. Violenta además, el más elemental sentido común que indica que, en función de su diagnóstico ("Demencia vascular Trastorno delirante"), su edad 84 años, e indicación médica, su estado de salud, lejos de evolucionar positivamente se infiere, lo será de modo negativo. Una decisión contraria, acogiendo la pretensión burocrática propuesta por la requerida, dadas las particularidades del caso antes escudriñadas, implicaría una dilación inadmisible en el reconocimiento de los derechos consagrados en el marco normativo supranacional/convencional/ constitucional de fuerte protección.
Habeas corpus, competencia, Superior Tribunal de Justicia, orden de detención, juez de instrucción, privación de justicia, recusación
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cerezo, José Nicolás s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-24

El Juez de Instrucción ha librado una orden de detención ilegítima en su origen, por lo que a primera vista impondría la declaración de incompetencia de este cuerpo para entender en el Habeas Corpus, atento a que, conforme lo dispone el art. 470 del C.P.P. en este caso la competencia recaería sobre la Cámara Penal por emanar la orden de un Juez Letrado, sin embargo el análisis de las piezas procesales remitidas por los magistrados demuestran que, exigir (declaración de incompetencia mediante) que el interesado comparezca ante la Cámara aludida para plantear su demanda en resguardo de la libertad física del imputado, equivaldría a una virtual denegación de justicia, por cuanto los jueces titulares se encuentran recusados y no se cuentan con el nuevo tribunal que debe entender en las recusaciones y en su caso respecto de lo principal, situación ésta que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo con perjuicio de los derechos fundamentales del imputado, cuya libertad se encuentra amenazada por la orden de detención que -si bien por el momento suspendida- pende sobre su persona.
Juicio oral, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Altamirano, Mauricio Miguel s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

No existe la alegada violación del art. 276 del Código de Procedimiento Penal, fundada en que el procesado no tuvo oportunidad de expresar si reconoce o no una supuesta agresión que se le imputa, si del acta de la audiencia surge que hizo uso de la palabra -a petición expresa de su Defensor- y expresó lo que estimó conveniente para su defensa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, bienes inmuebles, usurpación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BARRIOS, WALTER EZEQUIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Las medidas de restitución dispuestas en el curso del proceso por usurpación y sujetas a la resultas de la causa, no constituyen sentencia definitiva, estándar que cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y las circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, exigencia que no ha sido cumplimentada en el caso, toda vez que no se logra demostrar cuál es la situación que se produce que lleve a incluir la decisión cuestionada dentro del catálogo excepcional de resoluciones equiparables a sentencia definitiva. Es que, la restitución provisional ordenada por el Judicante recayó en definitiva cautelarmente sobre las personas individualizadas, y los recurrentes invocan que en todo caso debieron haber sido individualizados como presuntos responsables del delito de usurpación (art. 181, C.P.) y citados a la audiencia (art. 207, C.P.P.), a la que podrían haber concurrido para ejercer su derecho a ser oídos con una representación diferente. Sin embargo, más allá de la circunstancia de que la cautelar de restitución del inmueble obra efectivizada , lo cierto es que en modo alguno se demuestra o se advierte la presencia de una situación de excepción, no demostrando ni advirtiéndose cuál derecho de su parte habría sido en el caso conculcado, en tanto la recurrente se ciñe solamente a sostener que debieron haber sido individualizados y citados, no acreditando siquiera su carácter de ocupantes. (Del voto de la mayoría).
Principio de congruencia, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: C., V. y otras c/ Consorcio Edificio Villegas II y otros s/ daños y perjuicios (ordinario) s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-23

Concedida la apelación, la Cámara no debe realizar un nuevo juicio por cuanto -a contrario de lo que generalmente se supone- se encuentra más limitada que el Juez de Primera Instancia pues debe circunscribir su labor a los agravios vertidos por el o los apelantes, que son sometidos a su consideración. Estos agravios son los que delimitan la personalidad de la apelación, marcando los límites del conocimiento de la Alzada, no pudiendo pronunciarse más allá de lo peticionado por las partes en sus escritos introductorios que hayan sido propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia; éste es el significado del viejo aforismo tantum appellatum quantum devolutum, toda vez que la inobservancia de esta regla por parte de la Cámara importará el dictado de un fallo violatorio del principio de congruencia, por ser ultra petita (más allá de lo peticionado) o extra petita (por fuera de lo pedido). (Conf. ARAZI - ROJAS Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado..., Ed. Rubinzal Culzoni, T. II, pág. 157). En ese sentido, se ha dicho que cuando el Juez de Primera Instancia concede el recurso de apelación, comienza el conocimiento del expediente por la Alzada que tiene la facultad de confirmar, modificar o revocar el pronunciamiento de Primera Instancia, dentro de los límites de la apelación articulada, pues los agravios conforman la medida de la apelación. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Sistema de gobierno, división de poderes, gobierno nacional, Poder Judicial, defensa en juicio, derecho de propiedad, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Construcciones Taddía  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

No compete al Poder Judicial la disposición, en forma expresa o tácita, de bienes cuya gestión voluntaria corresponde a los restantes poderes; la adopción de una posición contraria puede implicar no sólo un menoscabo a los derechos de propiedad y defensa en juicio de las partes, sino también al principio de separación de poderes de nuestro sistema republicano de gobierno.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: T. de  D.G. ,  S.A. c/ D.G. ,  J.C. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Sin que sea necesario analizar la facultad del Defensor Oficial de invocar la culpa del actor a través de la interposición de una reconvención en el ámbito de un juicio fundada en la separación en el ámbito de un juicio fundada en la separación de hecho, facultad cuestionada en diversos pronunciamientos, resulta evidente la improcedencia de agregar a la sentencia un elemento de calificación y condena que no ha dado oportuna posibilidad al actor de discutir, cuestionar y probar sobre ello, e incluso, invocar las posibles actitudes culposas de la demanda.
Excarcelación, caución real, declaración de quiebra
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, ADEL ANGEL s/ IncidenteEximición de prisión Causa 27638-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

La quiebra de una sociedad no es impedimento para poder depositar la suma fijada como caución real, pues no se trata de un acto de disposición dado que la suma caucionada continúa dentro del patrimonio del procesado, sin perjuicio de la posibilidad de presentar un tercero fiador, con lo cual el impedimento carece siquiera de entidad jurídica.