Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11


TRIGLIA, Carlos Alberto Reg.: A y S t 199 p 265-268. Santa Fe, 11 de agosto del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Carlos Alberto Triglia -con el patrocinio del señor Defensor General de las Cámaras de Apelación de Rosario- contra la sentencia 341 del 21 de noviembre de 2003, dictada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario en autos "DR. TRIGLIA, Carlos Alberto -Planteo de Inhibitoria- (Expte. 1433/03)" (Expte. C.S.J. nro. 68, año 2004); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el doctor Carlos Triglia, titular del Juzgado de Instrucción Número Once de Rosario, formuló inhibitoria ante el Juzgado de Instrucción Número Uno de dicha ciudad.

Refirió que en la causa 1280/01 en trámite en el Juzgado de Instrucción del que es titular y cuyos imputados son Daniel Vila, José Luis Manzano y otros por presunta comisión de administración fraudulenta, Vila presentó un escrito recusándolo, invocando que el magistrado sería partícipe del delito de extorsión que es investigado en la causa 33677/03 "Mangiamelli, Juan s/extorsión", en trámite en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 48, Secretaría 145 de la Capital Federal.

En el mismo escrito, habría invocado Vila que el 31.07.2003 habría tenido lugar una reunión en el hotel "Holiday Inn" de Rosario en la que se habrían contactado con él Raúl Praino y Gustavo Feldman, diciendo que se habían encontrado con Mangiamelli momentos antes, el que les manifestara que contra el pago de una suma de dinero podría solucionar la causa 1208/03 en razón de sus vinculaciones con Triglia.

Sostuvo que la denuncia formulada lo fue en extraña jurisdicción, ya que de acuerdo al artículo 31 del Código Procesal Penal, "en caso de tentativa lo será el juez del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución", a lo que añade que en el escrito de recusación también se afirma que Mangiamelli habría llamado a Félix diciendo que estaba en el despacho del Juez Triglia, lo que -dijo- refuerza que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde Rosario.

Mediante auto 1174 del 29.09.2003, la Jueza en lo Penal de Instrucción Número Uno de Rosario no aceptó la inhibitoria planteada, por incompetencia territorial de dicho Tribunal para juzgar el hecho que en función de la denuncia diera origen a la causa 33677/03 radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 48, Secretaría 145 -arts. 39 y ss, C.P.P. en función del 31 a contrario sensu y 32 del C.P.P. y concordantes arts. 37 y 38 del C.P.P.N.-; ello así en razón de no haberse desarrollado los actos objeto de juzgamiento en lugares sometidos a su jurisdicción (fs. 7/15).

Apelada que fuera tal decisión por parte del doctor Triglia, el señor Defensor de Cámaras y el señor Fiscal de Cámaras, ésta fue confirmada por la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario por resolución 341 del 21.11.2003 (fs. 25/27).

Es contra esta última que dedujo el señor Defensor General de Cámaras su recurso de inconstitucionalidad (fs. 36/49).

En el memorial recursivo, tras una reseña de las secuencias procesales de la causa y de los agravios que oportunamente expresara contra la decisión de primera instancia, sostuvo que la interpretación que se efectúa en el punto II.2 del resolutorio apelado -al considerar que "la interpretación que hacen los apelantes de la norma del artículo 31 del Código Procesal Penal santafesino es forzada pues ésta supone que haya un conflicto de competencia posterior a la comisión del delito tentado en el que hasta ese momento, ningún tribunal haya intervenido y en tal caso debe dirimirse la cuestión con arreglo al aludido criterio legal, pero nunca si ya existe una denuncia que se encuentra radicada y tramitando como consecuencia de la comisión de los actos delictivos que corresponde al mismo delito antes ejecutados en extraña jurisdicción"- no surge de la ley, y en tal sentido la distinción hermenéutica realizada es arbitraria.

En relación a ello, afirmó que nada distingue la ley en el artículo 31 del Código Procesal Penal cuando dispone que "en caso de tentativa...la competencia será la del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución", vale decir, en el caso, en la ciudad de Rosario.

Se agravió, pues, acerca de que el trámite observado en autos respecto del planteo de inhibitoria oportunamente postulado y reiterado violenta -en definitiva- el orden constitucional, el derecho de propiedad en sentido amplio, el debido proceso penal, la garantía del juez natural y configura arbitrariedad en el pronunciamiento jurisdiccional.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 73/75) por falta de definitividad de la sentencia recurrida y por ausencia de legitimación procesal del presentante al no revestir la calidad de imputado.

Ello motivó la presentación directa del doctor Triglia, patrocinado por el señor Defensor de Cámaras ante esa sede, insistiendo en la concesión del recurso (fs. 80/93), obrando a fojas 94/98 una ampliación de fundamentos agregada por el doctor Triglia.

2. Aun cuando pudiera considerarse superada la cuestión formal relativa a la falta de legitimación procesal para deducir la impugnación -remarcada por el A quo en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad y rebatida por el quejoso en su presentación directa-, no puede soslayarse de todas maneras, la presencia de un óbice formal a la admisibilidad de la presente impugnación que fuera asimismo acusado por la Alzada en el auto denegatorio, pero sin que fuera rebatido en modo alguno por el compareciente en la queja, resultando así, incumplida en este aspecto, la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055.

Es que sobre el particular, constituye un criterio afincado en este Tribunal el que considera que "las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación.

Ello, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda (cfr., Fallos: 302:417; A. y S. T. 144, p. 450; T. 175, p. 183; T. 188, p. 181), a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable (cfr. A. y S. T: 63, p. 111), o que medie denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia (cfr. Fallos: 306:2101, entre muchos otros).

Asimismo, se ha dicho que la ausencia de sentencia definitiva que inspira dicho principio no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales (cfr. Fallos: 256:474; 302:555; 304:479, etc.).

Lo dispuesto por el A quo -en cuanto rechazó el recurso de apelación confirmando la declaración de incompetencia de la Jueza de Instrucción- evidencia que el pronunciamiento recurrido no reviste la referida condición, al dejar a salvo la posibilidad de que el recurrente haga valer sus derechos por la vía pertinente, y que se encuentra sustraído, por ende, al conocimiento de la justicia local, requisito cuya falta no es excusable mediante las imputaciones de arbitrariedad esgrimidas en sustento de su impugnación extraordinaria -lesión a derechos de raigambre constitucional-, como así tampoco ha alegado aquí la concurrencia de algún excepcional supuesto que permita superar la valla formal analizada.

Y esa excepcionalidad tampoco aparece demostrada, desde que un análisis de los agravios esgrimidos, pone en evidencia que aquéllos se dirigen a cuestionar aspectos vinculados con la interpretación del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, lo cual constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa, y por ende, no resulta susceptible de revisión por medio de la vía de excepción intentada, a menos que se demuestre arbitrariedad, es decir, que la resolución se funde en una exégesis irrazonable de la pertinente disposición, circunstancia que el apelante no logra demostrar que haya acontecido en el sub examine.

En efecto, el decisorio impugnado tuvo en cuenta que liminarmente debía precisarse cuál era el "locus delicti comissi", esto es, determinar en qué jurisdicción se habían llevado a cabo los actos constitutivos del hecho sometido a investigación y juzgamiento.

En esa tarea, señaló que surgía de las constancias de la causa que el presunto comienzo de ejecución del delito de extorsión había tenido inequívocamente lugar en la ciudad de Buenos Aires habiendo sido por tanto la conducta antedicha denunciada en fecha 23.05.2003 ante la División Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina.

Consideró que con posterioridad al proceso iniciado, en la causa 1280/01, en fecha 31 de julio de 2003, esto es, más de dos meses después de la iniciación de la causa por extorsión, el imputado Vila había presentado escrito recusando con causa al magistrado Triglia, invocando como prueba indiciaria la reunión celebrada entre Vila, Praino y Feldman.

Mas contrariamente a lo que propugnaran tanto el Fiscal como el Defensor de Cámaras, -para quienes dicho episodio sería un acto más integrante del iter criminis que vendría desplegando Mangiamelli y en consecuencia éste se habría llevado a cabo en esta ciudad y por tanto abriría la competencia de los tribunales penales rosarinos-, estimó que "tal como se lo presenta, la actitud de Mangiamelli llevada a cabo en fecha 31 de julio del año 2003, sería un acto más del mismo proceso ejecutivo que con anterioridad se está juzgando en Buenos Aires" (fs. 26vto./27).

Precisó al respecto que la hermenéutica del artículo 31 del Código Procesal Penal santafesino propugnada por los recurrentes resultaba forzada en su aplicación al caso de autos, por cuanto supone que haya un conflicto de competencia posterior a la comisión del delito tentado en el que hasta ese momento, ningún tribunal haya intervenido y en tal caso debe dirimirse la cuestión con arreglo al aludido criterio legal, pero nunca si ya existe una denuncia que se encuentra radicada y tramitando como consecuencia de la comisión de los actos delictivos que corresponden al mismo delito antes ejecutados en extraña jurisdicción.

Y, por último, afirmó que no se encontraba acreditado que en Rosario se hubiese llevado a cabo un nuevo episodio del mecanismo elegido por el presunto imputado, ya que la endeblez de la prueba colectada era evidente "Más bien parece como que lo que hicieron fue narrar lo que les dijo Mangiamelli y que para Vila ello no constituía novedad alguna y tan ello es así que acerca de esas exigencias extorsivas versa la denuncia por él radicada con anterioridad en los tribunales de la Capital Federal" (f. 27).

Frente a tal postura, intenta oponer su propio punto de vista el impugnante, con fundamento esencialmente en que la interpretación que del artículo 31 del Código Procesal Penal santafesino efectuaran los juzgadores de grado en relación a las circunstancias fácticas de la causa resultaba a la sazón arbitraria, violentando con ella la garantía del juez natural, pero lo cierto es que con su desarrollo argumental no consigue demostrar que tanto el Instructor como el órgano de segundo grado hubiesen optado por un criterio exegético que desborde las posibilidades interpretativas aceptables desde un punto de vista constitucional.

En suma, al no haberse acreditado agravios con entidad suficiente como para justificar la revisión de lo resuelto en esta instancia excepcional, el recurso interpuesto resulta inadmisible, sellándose así la suerte adversa de la queja.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)