Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24


///nos Aires, 24 de abril de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver acerca de la admisibilidad del recurso de queja interpuesto en esta causa N 15.186;

Y CONSIDERANDO:

1 ) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la resolución por la que no se hizo lugar al levantamiento de la interdicción de las mercaderías pertenecientes a Grupo Loremar S.A., sin costas y, por otro lado, confirmó la resolución apelada en cuanto no hizo lugar al secuestro pedido por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Contra dicha resolución el Fiscal de Cámara interpuso el recurso de casación cuya denegación motivó la presentación de esta queja.

2º) Que bajo el cauce del inc. 2º del art. 456 del código de procedimientos el recurrente adujo el incumplimiento de lo preceptuado por el art. 123 del mismo ordenamiento legal en tanto el pronunciamiento impugnado presenta el defecto de motivación que habilita la jurisdicción de esta Cámara.

En primer término señaló el recurrente que el recurso de casación debió haber sido concedido toda vez que la resolución recurrida debe ser equiparada a una sentencia definitiva "en tanto resulta susceptible de impedir la continuación de las actuaciones de una parte de los hechos investigados" ya que "el levantamiento de la interdicción de la mercadería pondría en peligro la disponibilidad y la integridad de la misma como objeto de prueba (además de objeto del delito) que resulta fundamental para una investigación como la que es objeto del sumario...".

Sobre el fondo de la cuestión, señaló que el tribunal a quo, al resolver el levantamiento de la interdicción sobre la base de que "en el caso no se ha ordenado ningún procesamiento ni existe ninguna persona imputada de haber cometido un delito ni tampoco surge que concurran las circunstancias de excepción que podrían justificar la interdicción que es materia de apelación", circunstancia que habilita al juez de instrucción a ordenar el embargo u "otras medidas que sean aptas a los fines cautelares", habría incurrido en una errónea analogía ya que "la interdicción de las mercaderías dispuesta por el a quo no debe ser tomada como una medida cautelar equivalente al embargo de los bienes que el juez estaría facultado disponer en caso de darse las condiciones del art. 518 del C.P.P.N.". Ello por cuanto "la interdicción no estuvo motivada en la necesidad de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso... sino asegurar la integridad de cosas relacionadas con el delito y que puedan servir como medios de prueba en los términos del art. 231 del C.P.P.N.".

Respecto de la denegación del secuestro pedido por esa parte resuelto en el punto III de la resolución puesta en crisis en razón de que "no hay ninguna indicación concreta de la comisión de algún delito" y de que "consta que las mercaderías en cuestión fueron despachadas a plaza mediante el trámite correspondiente realizado en la aduana", adujo que en el transcurso de la investigación se formularon distintas hipótesis delictivas que debían investigarse, como ser:

a) Que "dos personas llamadas Alejandro Roth y Sonia Vaskeivis manejarían operaciones de venta de equipos de radiocomunicaciones que ingresarían de contrabando del Paraguay, a través del sitio de internet 'Mercado Libre'";

b) Que "existiría una vinculación entre la actividad desplegada por Alejandro Roth y Sonia Vaskeivis y el 'Grupo Loremar S.A.' a través de ciertas personas físicas que trabajarían para este último... y que las mercaderías comercializadas por los primeros podrían haber ingresado al territorio argentino en burla al control aduanero como consecuencia de un accionar conjunto entre todos ellos";

c) Que "estaríamos ante un ardid hacia el debido control aduanero, en cuanto a que 'Grupo Loremar' no sería el verdadero importador de la mercadería que ingresa (art. 865, inc. f del C.A.) reprochable en principio a quienes administran realmente aquella importadora, a la despachante Claudia Mercedes Saga y Alejandro Roth y Sonia Vaskeivis -en lo atinente a la mercadería por ellos importado y luego vendida bajo el nombre de fantasía 'sovietika'- sin perjuicio de las demás personas que puedan surgir a lo largo de la investigación. A dicha conducta se le sumaría la de subvaluar la mercadería en los respectivos despachos de importación".

Por ello, concluyó el impugnante en que el levantamiento de la interdicción resultó prematuro en tanto no se ha efectuado "un análisis exhaustivo sobre la autenticidad de la documentación, la veracidad de los valores declarados y la identidad de los verdaderos importadores", lo que torna arbitraria la "dogmática" aserción relativa a que "las mercaderías en cuestión fueron despachadas a plaza mediante el trámite correspondiente realizado en aduana".

El doctor Luis María Cabral dijo:

En la medida en que la resolución que se impugna importa el levantamiento de la interdicción que pesaba sobre las mercaderías que constituyen -parcialmente- el objeto de investigación en estos actuados en razón de que "no hay ninguna indicación concreta de la comisión de algún delito y consta en cambio que las mercaderías en cuestión fueron despachadas a plaza mediante el trámite correspondiente realizado en aduana" y de que "las autoridades de esa repartición tienen atribuciones suficientes para reparar los errores en que pudieran haber incurrido en ese trámite" no constituye sentencia definitiva ni equiparable a ella por cuanto no pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, suspensión o conmutación de la pena. En este sentido, tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o revoquen, no revisten el carácter de sentencia definitiva en los términos del recurso extraordinario (Fallos: 310:681; 313:116; 333:1849 entre muchos otros).

Tampoco se advierte ni se ha demostrado la existencia de una cuestión federal que habilite la jurisdicción de esta Cámara como tribunal intermedio en los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Nunzio" (D.199.XXXIX, causa nº 107.572, rta. el 3/5/05), todo lo cual determina la improcedencia del recurso en estudio.

El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Que habré de disentir con el distinguido colega que lleva la voz en el Acuerdo en tanto, a mi juicio, el pronunciamiento puesto en crisis resulta equiparable a sentencia definitiva en los términos previstos por el artículo 457 del catálogo instrumental, por lo cual la presentación directa deducida por el acusador público debe prosperar.

En efecto, tengo para mí que asiste razón al representante de la vindicta pública cuando alega que el decisorio impugnado resulta susceptible de provocar un gravamen de imposible reparación ulterior, debido a las consecuencias que generaría para la pesquisa el levantamiento de la interdicción que pesaba sobre la mercadería cuestionada, consecuencias que han sido razonablemente descriptas y meritadas por el acusador en el escrito que convoca este Acuerdo -ver fs. 34 vta. y ss.-.

Con arreglo a ello, la resolución recurrida -en el concreto caso de autos- se equipara a una sentencia definitiva por sus efectos (confr. esta Sala in re "Presta, Diego s/recurso de casación", registro nº 7955 del 22/8/05).

Por lo demás, el recurso extra-ordinario de que se trata reúne las exigencias previstas por el artículo 463 del C.P.P.N., en tanto la vía directa sometida a inspección ha sido deducida en debido tiempo, forma y lugar por quien para hacerlo se halla legitimado y cuenta con fundamento suficiente, habiendo puntualizado la parte los hechos relevan-tes de la causa, las normas que entiende inobservadas, así como la solución que aspira, razón por la cual corresponde hacer lugar a la queja -declarando erróneamente denegado el respectivo recurso de casación-, y concederlo con efecto suspensivo, sin costas (arts. 478 -segundo párrafo-; 530 y 532 del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El doctor Raúl Madueño dijo:

Adhiero al voto del doctor Luis María Cabral por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: Desestimar la presentación directa, sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuél-vase a su origen. Sirva la presente de atenta nota de remisión.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.