Recurso de casación, improcedencia del recurso, competencia de paz, prescripción, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRIONUEVO OSCAR JORGE c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15

Mal puede esgrimirse como prueba de la alegada incongruencia, el hecho que se considere comprendido a los jueces de paz en el término "funcionarios judiciales" que menta el artículo 101 de la Constitución de la provincia, atento a la promiscuidad que exhibe el texto constitucional en cuanto en aquel vocablo resultan incluidos camaristas, jueces de primera instancia y miembros del ministerio fiscal y pupilar; más allá de que tampoco el constituyente en dicha norma, ni en cualquier otra, haya entendido por el solo hecho que pudiera asociarse el término funcionario con el de juez de paz, por ese único motivo, pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica de su vinculación con el estado.

El más Alto Tribunal de la Nación en los autos "Astuena, Norman Juan c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional)", de fecha 19-12-91, sostuvo: "4) Que la relación entre el Estado y los jueces es de naturaleza institucional, y no contractual, ya que los segundos son integrantes de uno de los poderes del Gobierno Federal estatuidos por la Constitución (art. 94 y concordantes), lo que claramente los excluye de la órbita de los contratos de derecho público, sin perjuicio de que los principios relativos a estos pudieren ser aplicables analógicamente para la resolución de algunas cuestiones en especial.

5) Que, por consiguiente, es de aplicación al caso la constante jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que la prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual del Estado se rige por el art. 4037 del Código Civil que le aplica el plazo bienal.

6) Que, en consecuencia, la sentencia ha prescindido de la aplicación de una norma legal, apartándose inmotivadamente del derecho vigente con la consiguiente violación de garantías constitucionales, por lo que corresponde su descalificación como acto judicial válido, en los términos de la doctrina del Tribunal sobre arbitrariedad".

De lo que antecede, surge que el fallo transcripto reitera la posición que ya había desarrollado más ampliamente en Fallos: 300:143 (entre otros), en el sentido que la responsabilidad de las personas jurídicas es contractual o extracontractual, según que ella, respectivamente, obedezca o no al incumplimiento de obligaciones convenidas (considerando 4to.); que después de la reforma introducida por la ley 17.711 al artículo 4037 del Código Civil, el nuevo texto legal es más amplio que el anterior, pues abarca no sólo la responsabilidad por hechos ilícitos sino también todos los supuestos posibles de responsabilidad civil extracontractual (considerando 5to.); y "Que, no existiendo contrato, a efectos de considerar la prescripción de la acción del particular para demandar al Estado por los daños causados por hechos o actos administrativos no cabe actualmente distinguir los supuestos en los cuales las consecuencias dañosas son productos de la actividad lícita o ilícita del poder público.

En consecuencia, el término para interponer la acción es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al art. 4037, según la ley 17.711 modificatoria del Código Civil, que es aplicable supletoriamente en el campo del derecho administrativo" (considerando 6to.).

Estas apreciaciones del máximo Tribunal son demostrativas de su apartamiento, a partir de la reforma introducida por la Ley Nro. 17.711 al artículo 4037 del Código Civil, del criterio que postula que la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad proveniente exclusivamente de acto o hecho ilícito.

Es que, desde su perspectiva, la distinción entre ambas órbitas de responsabilidad radica en la existencia o no de contrato. Por lo tanto, al ser éste el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Federal, no corresponde sino acatarlo, y sustentar en él la conclusión a que se arriba, más allá de cualquier opinión en contrario que se pudiera llegar a esbozar sobre el particular. Sentado lo anterior, cabe advertir que existen una serie de circunstancias que, conjuntamente valoradas, permiten descartar la naturaleza contractual que le atribuye el agraviado a la relación que se verifica entre el estado y los jueces de paz.

Todas estas características, en especial las funciones jurisdiccionales judiciales atribuidas en "En tanto jueces" por la Ley Nro. 6238, particularizan su situación jurídica haciendo ostensible que no se está en presencia de un mero contrato administrativo de función o empleo público, como lo sugiere el agraviado, lo que permite subsumir el caso, en orden a la prescripción de la acción, en lo preceptuado en el artículo 4037 del Código Civil, es decir, como un supuesto de responsabilidad extracontractual.