Sustracción de menores, legitimación procesal, guarda del menor, interés del menor, adopción
Materia: PENAL
Carátula: Z., V. R. c/  s/ Procesamiento - embargo - sustracción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-01

Mauro Divito analizó la situación procesal de cada uno de los imputados y señaló que el juzgado distinguió los hechos en dos grandes etapas, la primera consistente en la sustracción de la bebé (actualmente próxima a cumplir sus 18 años de edad) del ámbito de custodia de su padre biológico -que se concretó con la entrega de la recién nacida- en la que tomaron parte seis de los imputados y, la segunda etapa, caracterizada por la retención de la niña, en esta Ciudad de Buenos Aires, -que se configuró cuando el padre biológico supo del nacimiento de la niña y reclamó su paternidad, sin obtener respuesta satisfactoria de los funcionarios actuantes. Relató que el caso llegó a la CIDH que dictó sentencia el 27/4/2012 instando al Estado Argentino a adoptar las medidas necesarias para tipificar la venta de niños y niñas. Precisó que, tal como lo ha sostenido al emitir su voto en la causa nº 36.991/2017 el 9/4/2018 en "L", los padres no pueden ser sujetos activos del delito de sustracción de menores y que, en el caso a resolver, al momento en que la madre concretó la entrega en guarda de la menor al matrimonio adoptante, ella era la única persona legitimada legalmente para hacerlo, ya que ejercía la por entonces denominada "patria potestad" pues el padre biológico no había todavía reconocido a la niña ni anticipado su intención de hacerlo. Agregó que el matrimonio que la adoptó, teniendo en cuenta que la entrega de la menor por parte de la madre fue voluntaria, siguió el proceso judicial de adopción y por ello no incurrió en el delito de sustracción de menores, ello sin perjuicio de las eventuales irregularidades que tendría el acta judicial de adopción por no encontrase ajustada a la ley 8490 de Entre Ríos -que regía por entonces-, que no corresponden que sean atribuidas al matrimonio adoptante y que deben ser investigadas por la justicia de esa localidad, sin que ello afecte la guarda judicial otorgada en beneficio del interés superior de la niña, como bien señaló el Defensor de Pobres y Menores de esa jurisdicción. Siguió señalando Divito que descartada la sustracción, tampoco es posible hablar de una posterior retención, ni de un impedimento de contacto (art.1 ley 24270) ni de ninguna otra figura penal en la legislación argentina vigente. Al respecto, indicó que la CIDH no detectó en nuestra legislación una figura penal que abarcara las conductas investigadas y concluyó que "(...) más allá de las violaciones de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia que, según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han padecido L. F. y su hija M., la inexistencia de una figura penal que tipifique las conductas atribuidas, por un lado, a D. E. -que entregó a su hija recién nacida- y, por otro, a Z. y B. -que la recibieron-, impide homologar la resolución apelada, mediante la que se decretaron sus procesamientos en orden al delito previsto en el art. 146 del CP.". Por último, respecto de la eventual responsabilidad penal por el hipotético delito contra la administración pública en que pudieren haber incurrido los funcionarios provinciales que intervinieron en la adopción, señaló que correspondía que los hechos fueran investigados en Entre Ríos.