Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-22


SENT Nº 474	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintidós (22) de Mayo de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Viluco S.A. vs. Grill Rubén Héctor s/ Cobro (Sumario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Alberto José Brito, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado por la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 23/9/2008 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones que no hace lugar al recurso de apelación incoado por aquélla en contra de la resolutiva de primera instancia de 10/10/2007.

II.- Sostiene el recurrente que el fallo viola una norma de derecho (Ley 25.713) y adolece de arbitrariedad sentencial al atribuir a su parte conductas o posiciones falsas o inexistentes en cuanto pretende que su parte habría sostenido que el contrato base de la acción debe ser tipificado como de "locación de obra". Que nunca dijo tal cosa sino que la deuda reclamada se origina en un contrato tal, relativo a la construcción de un equipamiento adicional, relativo a un inmueble que ya estaba construido en su estructura básica. Aclara que las partes no controvierten respecto a la naturaleza de la operación original según consta en autos; da detalles. Que por ello toda la argumentación sentencial construida sobre el sorpresivo desconocimiento de tal premisa ajena a la litis por no estar contradicha son claramente impertinentes y constituyen un puro dislate enderezado a desviar la atención del verdadero objeto o materia a decidir cuya consideraron ha sido escamoteada.

En cuanto a la violación a la Ley 25.713, indica que la Cámara aplica el inciso a) del artículo 2 de tal normativa lo que es insostenible por no existir en el caso un préstamo -la sentencia así lo admite- como tampoco garantía hipotecaria alguna. Que no puede aplicarse la analogía lo cual es incongruente porque consagra la coexistencia de extremos o premisas irreconciliables entre sí -inaplicabilidad de la excepción por ausencia de un préstamo, que es su condición habilitante, y luego su aplicabilidad por analogía- de suerte que la estructura motivacional de la sentencia resulta afectada por incoherencia y violación al principio de no contradicción. Que la analogía se aplica para los casos en que no exista norma expresa que aprehenda el caso a juzgar y en caso de similitud de situaciones y de ratio legis lo que no ocurre en el caso por tres razones: a) porque la norma ha excepcionado la aplicación del CER sólo a los mutuos y no a todos los contratos u operaciones en virtud de los cuales surja un saldo deudor en dólares de modo que existiendo norma expresa constituye un exabrupto ampliar su acotado alcance vía analógica, siendo una interpretación ésta extensiva contra legem; b) es evidente la desemejanza lógica y legal entre ambos supuestos -prestamos de dinero y cualquier otro contrato del que se deriva un saldo deudor en dólares-; c) no pueden aplicarse por analogía normas de interpretación restrictiva como lo es la Ley 25.713 en tanto limita el derecho de propiedad del acreedor.

Expresa que aún cuando hubiera existido un préstamo el mismo habría sido otorgado originariamente por la suma de dólares 14.178 no obstando a tal conclusión de que haya existido un pago inicial de 4.000 dólares pues la norma alude a los términos originarios pactados por las partes en el contrato.

Propone doctrina legal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 10/02/2009, por lo que corresponde el examen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- la procedencia del mismo.

IV.- La sentencia en crisis comienza diciendo que coincide con el recurrente en que no se configura jurídicamente un contrato de mutuo entre las partes litigantes. Que sin embargo yerra en su planteo al interpretar que la relación que vinculara a las partes sería una locación de obra a la que no le alcanzan las leyes de emergencia que aplica el fallo. Que el contrato de locación de obra una de las partes se obliga a hacer una cosa y a entregar una obra por el pago de un precio. Detalla las obligaciones principales para el locador. Que respecto a las obligaciones citadas a cargo del locador, el contrato nada expresa, ya que no se describen los adicionales que constituyen la obra a realizar, las características técnicas, los materiales a utilizar la calidad ni el plazo de entrega. Que por otro lado y desde el punto de vista del locatario apunta que el contrato es oneroso y que al respecto el contrato nada dice. Valora también el elemento de la oportunidad en que se da por terminado el contrato, cita el art. 1637 CC y concluye en que según este y a tenor de los términos convenidos se habría producido la conclusión de obra con anterioridad a la formalización del contrato sub examine. Que el contrato que analiza entonces no tiene como fin la realización de la obra sino del pago financiado de una deuda emergente de un opus ya concluido. Que la presunta obra efectuada por la actora denominada "equipamiento adicional" se encontraba finiquitada, en consecuencia no puede convenirse un contrato de locación respecto a una obra ya terminada y concluida en su ejecución. Que si bien puede admitirse que la causa que origina su formalización pudo tratarse de una realización de una obra, ésta no constituye el objeto principal del mismo que está determinado en cláusula primera in fine: acordar los términos de la financiación que La Empresa otorga a la Adjudicataria para el pago de su crédito por la provisión del equipamiento adicional por un total de dólares 14178 suma que el adjudicatario reconoce adeudar. De lo expuesto, le surge evidente que se está en presencia de una financiación de crédito a favor de la actora y no de locación de obra, que lo que se persigue es el cobro de la diferencia por el CER de una obligación contraída en dólares estadounidenses.

En cuanto a que si el contrato puede encuadrarse en la regulación de la ley 25.713 y leyes de emergencia económica que le preceden y si específicamente la norma que excepciona la aplicación del CER resulta aplicable al caso entiende que se trata de una obligación que tiene origen en fecha 14/5/2001; que se estipula el pago en cuotas por la financiación de obra expresada en dólares estadounidenses transformada en pesos a partir de las leyes de emergencia con lo que es aplicable la ley 25.713 y las que le precedieron que regulan las prestaciones dinerarias pactada en moneda extranjera. Cita el art. 1 de la ley y explicita que si bien no se trata de mutuo en sentido técnico jurídico estricto, resultan aplicable por analogía la regla de excepción contenida en el art. 2 inc. b) "los préstamos personales, originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses doce mil" toda vez que se trata de una obligación pactada en dólares. En cuanto al monto, asume el agravio del recurrente en cuanto a que la suma convenida de U$S14.178 excede la establecida por la ley, no comparte el argumento en tanto el contrato da cuenta en la cláusula segunda que el adjudicatario reconoce adeudar la suma aquélla pagadera en Banco Velox mediante depósitos en cuenta de la siguiente forma: a) 4.000 dólares en este acto sirviendo el presente de formal recibo y carta de pago y el saldo de dólares 10.178 en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de dólares 350 cada una.aclarando que las cuotas pactadas incluyen intereses de financiación calculados en razón de una tasa del 13%. Que por ello se evidencia que a la fecha de formalizarse el contrato la deuda real y efectiva que quedaba pendiente de pago se trataba de una suma menor a la consignada por la ley. Que en este sentido el propio contrato lo establece al decir que el saldo de dólares 10178 en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas... En consecuencia en razón de que el monto realmente financiado no excede el tope legal, la deuda asumida está exceptuada de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia. Que las consideraciones efectuada en tal tema por el juez a quo no resultan impertinentes ni sin sustento ya que la obligación adicional y accesoria contraída por los accionados con la actora no deviene independiente ni ajena a la obligación principal convenida entre la DPVDU y los adjudicatarios demandados. Que el objetivo de la construcción de unidades y la posterior adjudicación a particulares responde a un objetivo preeminentemente social y esta adjudicación se otorga con beneficios y restricciones para lograr que el fin social que cumple el Instituto de la Vivienda en su quehacer no se vea menoscabado. Que las condiciones beneficiosas para el tenedor, deben o deberían ser también compartidas respecto al crédito que financia la actora con la cual han debido convenir necesariamente los accionados. Que la empresa entonces no es ajena ni puede desvincularse como pretende el recurrente de tales limitaciones ya que cuando ésta contrató con el instituto no podía desconocer la finalidad eminentemente social que revestía la obra que se obligaba a cumplir. Por tanto, rechaza el recurso de apelación; confirma la resolución apelada e impone las costas a la actora vencida.

V.- De la confrontación de lo expuesto en el recurso de casación con los argumentos sentenciales y las circunstancias del caso, se concluye en que el recurso no puede prosperar.

En efecto, los agravios del recurrente radican esencialmente en la no aplicación del art. 2 de la Ley 25.713 al caso de autos solicitando la aplicación del CER, que reclama. Alega, en primer lugar, la arbitrariedad sentencial al atribuir el tribunal a quo a su parte conductas o posiciones falsas o inexistentes en cuanto pretende que su parte habría sostenido que el contrato base de la acción debe ser tipificado como de "locación de obra". Esta materia de agravios, por la forma en que fue tratada por la Cámara, no incide en la solución que se ha dado al caso de autos, toda vez que es claro que ésta ha merituado para la aplicación de la normativa al sub lite, no ya el contrato de locación de obra sino el de fs. 7 de autos, más allá de la vinculación que efectúa entre estos, vinculación que realiza conforme a las constancias de la causa y no al yerro en la apreciación de sus agravios a que alude el recurrente. Por tanto, resulta errado lo dicho por el recurrente respecto a que toda la argumentación sentencial está construida sobre el sorpresivo desconocimiento de tal premisa ajena a la litis por no estar contradicha, como se vio al relatar el acápite IV de este fallo y se verá más claramente al tratar los fundamentos del fallo, infra.

En relación a si hubo o no un préstamo la sentencia expresa que si bien no se trata de un mutuo en sentido técnico jurídico estricto, resultan aplicable por analogía la regla de excepción contenida en el art. 2 inc. b): "los préstamos personales, originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses doce mil" toda vez que se trata de una obligación pactada en dólares; una obligación que tiene su origen en fecha 14/05/2001; que se estipula el pago en cuotas por la financiación de obra expresada en dólares estadounidenses transformada en pesos a partir de las leyes de emergencia con lo que es aplicable la ley 25.713 y las que le precedieron que regulan las prestaciones dinerarias pactada en moneda extranjera. Por lo dicho, tampoco se advierte, como menciona el impugnante, contradicción sentencial al no contener premisas irreconciliables.

El recurrente sostiene que no puede aplicarse analogía por no existir similitud de situaciones y de ratio legis. Pero, precisamente estas dos condiciones son las que emergen de las constancias de autos ponderadas por los fallos de ambas instancias anteriores. Los sentenciantes vienen a decir que se trata de la financiación de una suma dineraria en cuotas, originariamente pactada en dólares, provenientes del equipamiento adicional efectuado por la acreedora (empresa) sobre el inmueble que constituye la vivienda familiar, única y de habitación permanente de los deudores (adjudicatarios).

Las cláusulas 3 inc. 2 y 4 del contrato explicitan claramente que si no se cumple los términos de éste, el deudor queda sin la vivienda (Tercero: "La falta de pago.(provoca) la caducidad de los lazos pactados autorizando a La Empresa a:... inc. 2. Declarar rescindido el presente, lo cual implicará la pérdida de todo derecho de La Adjudicataria sobre el inmueble" - Cuarto: "Declarada la rescisión.la Empresa podrá solicitar el inmediato desalojo de La Adjudicataria" -similitud al riesgo que presenta la situación de la vivienda sometida a garantía hipotecaria-). La ratio legis de la Ley 25713 y su excepción del art. 2° se cumplen en el caso, toda vez que se trata de la finalidad tuitiva, de protección social, de los deudores frente a la situación de emergencia en relación con la garantía de la vivienda consagrada en el art. 14 bis de la CN. El sistema del IPVy DU adscribe a tales características y finalidades.

Así lo han considerado los magistrados de anteriores instancias cuando han explicitado que la operatoria del IPV contemplaba la financiación para la vivienda única familiar, aunque no se facilitara el préstamo para la construcción de mejoras o adicionales con la garantía hipotecaria; vivienda cuya posesión tienen los adjudicatarios; que lo resuelto se adecua a las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia económica habiendo establecido excepciones -vivienda única o montos mínimos- cubriendo con ello el fin social que se tuvo en miras originariamente con esta operatoria (sentencia de primera instancia, fs. 210 y vta.). A su turno, se destaca en el fallo de segunda instancia que no se puede perder de vista que la obligación adicional y accesoria contraída por los accionados con la actora no deviene independiente y ajena a la obligación principal convenida entre la DPVDU y los adjudicatarios demandados. En este sentido, cabe agregar que esta obligación principal está detallada en los antecedentes del contrato (intitulado en el instrumento de fs. 7 de la forma siguiente: "Primero: Manifestaciones Previas") y que tales forman parte integrante del mismo. También resaltó el fallo atacado por esta vía que el objetivo de la construcción de las unidades y posterior adjudicación a los particulares responde a un objetivo preeminentemente social cual es el de permitir el acceso a la vivienda única, para uso personal de los adjudicatarios y su familia. Que la adjudicación se otorga con beneficios y restricciones para lograr que el fin social que cumple el Instituto de la Vivienda no se vea menoscabado; que tales condiciones beneficiosas para el tenedor deberían ser compartidas respecto del crédito que financia la actora con la cual han debido convenir necesariamente los accionados por lo que concluye en que la empresa no es ajena ni puede desvincularse de tales limitaciones ya que al contratar con el Instituto no podía desconocer la finalidad eminentemente social que revestía la obra que se obligaba a cumplir.

Esta finalidad es congruente con las normas de emergencia como la analizada. Es que no puede desconocerse que el legislador, sin prescindir de la situación de los acreedores en el contexto de la emergencia, optó por proteger en mayor medida a los deudores, como los hipotecarios, cuyos hogares estuviesen en riesgo de ser ejecutados como consecuencia de las graves implicancias sociales que produjo la crisis. La solución normativa persigue un fin legítimo y resulta coherente con la pauta constitucional del art. 14 bis que contempla la protección de la familia y el acceso a una vivienda digna, derechos que también son tutelados por tratados internacionales de idéntica jerarquía según la reforma de 1994 como lo destacó la Corte Suprema de la Nación en el precedente Rinaldi.(conf.: CSJN, 11/9/07; in re: "Bezzi, Rubén A. y otro c. Valentín, Sixto C. y otro"; LL, 2007-E, 578; LL, 2007-F, 3; DJ 2007-III, 463). Incluso en este último caso (Bezzi) la Corte Nacional aplicó por razones de justicia y equidad la analogía a los deudores de que allí se trata, la disposición de la ley 26167 art. 6 y, para hacerlo, en lo que aquí concierne, expresó que "no hay razón suficiente para excluir a unos deudores y beneficiar a otros.pues todos son obligados que han puesto en juego el inmueble en que viven con sus familias y corren el riesgo de perderlo si las consecuencias económicas de la crisis recaen de manera irrestricta sobre ellos y se desatienden las pautas previstas por el legislador para llegar a una solución equitativa".

A mayor abundamiento, recuérdese también el art. 12 de la normativa sub examine que dice que, en caso de duda, se estará por la interpretación más favorable al deudor. Por ello, al decidir el caso debe tenerse presente, como lo hicieron los magistrados de inferiores instancias, la concreción del fin tuitivo de la ley así como, particularmente, de la finalidad de la operatoria del Instituto de la Vivienda.

Por lo demás, y como se colige de lo dicho, no se trata, como lo menciona el recurrente de "cualquier otro contrato" del que deriva un saldo deudor en dólares, sino de un contrato que tiene como objeto principal la financiación de un monto dinerario a ser pagado en cuotas y con intereses (de los Antecedentes del contrato explicitados en dicho instrumento y que forma parte de éste, se lee: "el presente tiene por objeto acordar los términos de la financiación que la Empresa otorga a La Adjudicataria para el pago de su crédito por la provisión del equipamiento adicional."), lo que encaja en el concepto de préstamo personal, más allá del origen de dicho préstamo pues, tal como lo afirmara el mismo recurrente, una cosa es el contrato de locación de obra que dio origen a la deuda y otro el contrato de fs.7, base de la presente demanda por cobro. Nótese también que los supuestos de excepciones no contemplan sólo los préstamos personales de dinero, sino también la compraventa a plazos de cosas muebles o de lotes destinados a la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del comprador, con lo que se advierte claramente el tipo de operaciones a los que la ley está brindando protección.

La CSJN expresó que la equidad es el eje sobre el que la legislación de emergencia ha procurado hacer girar todo el sistema de reajuste y que el operador jurídico tiene el deber de aplicar los caminos alternos de forma integrada de modo de poder hacer efectiva aquella finalidad (in re: "Longobardi, Irene Gwendoline y otros c. Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L" en: DJ 09/01/2008, 57 - LL, 15/02/2008, 7 - LL, 25/02/2008, 9; LA LEY 2008-B, 43).

En cuanto al agravio referido a que el monto originariamente pactado fue el de dólares 14.178 no obstando a tal conclusión de que haya existido un pago inicial de 4.000 dólares pues la norma alude a los términos originarios pactados por las partes en el contrato, cabe expresar que el razonamiento no es correcto. La Cámara expresa que el contrato da cuenta en la cláusula segunda que el adjudicatario reconoce adeudar la suma aquélla pagadera en Banco Velox mediante depósitos en cuenta de la siguiente forma: a) 4000 dólares en este acto sirviendo el presente de formal recibo y carta de pago y el saldo de dólares 10.178 en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de dólares 350 cada una.aclarando que las cuotas pactadas incluyen intereses de financiación calculados en razón de una tasa del 13% y que por ello se evidencia que a la fecha de formalizarse el contrato la deuda real y efectiva que quedaba pendiente de pago se trataba de una suma menor a la consignada por la ley con lo que concluye en que el monto realmente financiado no excede el tope legal. En este razonamiento no se advierte yerro o arbitrariedad en el sentenciante. Lo realmente financiado fue la suma de poco más de U$S10.000; dicho en otras palabras: la liquidación fue por esta suma toda vez que lo pagadero en el acto mismo del contrato, por definición, no forma parte del crédito aunque sí del total del negocio.

En definitiva, a pesar de los enjundiosos argumentos contenidos en el recurso de casación que se impetra, el mismo no logra demostrar el error de derecho o la manifiesta arbitrariedad en la sentencia en embate como para lograr el éxito de la casación que pretende.

VI.- Las costas del recurso se imponen al vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal)	La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 23/9/2008 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, en mérito a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.