Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2008-08-19


San Salvador de Jujuy, agosto 19 de 2008.

La doctora Bernal dijo:

En los autos principales, la Sala II del Tribunal del Trabajo, resolvió: 1º) Hacer lugar a la demanda promovida por Patricio Fabián Fajardo en contra del Estado Provincial, en concepto de accidente de trabajo. Difiriendo el dictado del fallo que fije el monto de la condena hasta tanto, por Secretaría, se efectúen los cálculos que se explicitan en el capítulo III del primer voto. 2º) Costas a la demandada. 3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales al dictado del fallo referido en el punto 1º) 4º)... 5º) Notifíquese... (fs. 135/137).

Para decidir así, consideró al tratar la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada, en sustancia, que: "... el art. 44 de la LRT establece que el plazo bienal comenzará a contarse a partir de la fecha en que la prestación debió ser abonada. En tal entendimiento, no surge de autos elemento convictivo alguno que dé cuenta del grado de minusvalía que afecta al demandante, lo que parece como necesario para tales fines ya que, si no se conoce el porcentaje de incapacidad (determinado recién con el peritaje médico), se carece de los elementos que permitan calcular el monto indemnizatorio. Siendo así, va de suyo que si antes resultaba imposible determinar dicha suma, menos aún podía fijarse cuál era la fecha en que ella debía pagarse y, por ende, comenzar a contarse los dos años. En consecuencia, la defensa de prescripción debe ser desestimada".

Luego agrega: "En lo que hace a la cuestión de fondo propiamente dicha, el accidente y su causalidad con el trabajo han sido acreditados con la testimonial de Jorge Aybar y por las constancias contenidas en el Expte. Nº 111-S-2001 agregado por cuerda. La pericia médica, por su parte, prueba que las lesiones irrogadas por el infortunio le generan al actor una incapacidad del 59,4% de la T.O., en lo específico y en lo genérico... Por lo que, la demanda, debe prosperar el tales términos".

En contra de ese decisorio, la Dra. E. O. en el carácter de Procuradora Fiscal de Fiscalía de Estado y en representación del Estado Provincial, deduce recurso de inconstitucionalidad.

Afirma que en el mismo, se prescinde arbitrariamente del derecho vigente, violando los derechos de defensa, al debido proceso y propiedad de su parte.

Expresa como agravios, concretamente, que el fallo que ataca, al rechazar la defensa de prescripción opuesta por su parte, atenta contra la seguridad jurídica por cuanto hace depender el nacimiento de la acción, de la pericia médica, sin norma que así lo autorice.

Insiste en que si el accidente de trabajo que denunció el actor se produjo el 04/03/01 y la acción se promovió el 06/03/03, habían trascurrido más de dos años, por lo que resultaba evidente -dice- que la acción se encontraba prescripta. Sostiene que más allá del porcentaje de incapacidad que luego determina la pericia médica, el trabajador sabía de la pérdida del dedo de la mano, desde el mismo día del accidente.

Sustanciado el recurso, a fs. 15/25 se presenta el Dr. G. R. P. y en representación de Patricio Fabián Fajardo, por los motivos que expone, pide su rechazo.

A fs. 37 los señores Fiscal General y Fiscal General Adjunto, se excusan de intervenir en el presente y, a fs. 41/43 se expide el señor Fiscal habilitado doctor M. M., pronunciándose por el rechazo del recurso tentado, toda vez que entiende que las objeciones planteadas en orden al cómputo de la prescripción de la acción, exhiben simples discrepancias con lo decidido con argumentos serios y suficientes por el Tribunal.

Así -concluye-, la parte actora no estuvo en condiciones de accionar en reclamo de su derecho sino a partir del momento en que el perjuicio sufrido estuvo definitivamente determinado, circunstancia que sólo cabe tener por configurada al momento en que adquirió cabal conocimiento del grado de incapacidad resultante del accidente, según temperamento adoptado por la Corte Suprema en Fallos 306:337.

Cumplidos todos los trámites procesales que corresponden y realizado el pertinente análisis de la causa, anticipo que coincido con la opinión del señor Fiscal habilitado, expresada en su dictamen.

En efecto, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la Ley Nº 24.557, establece que el plazo de prescripción de dos años, comienza en la fecha en que la prestación debió ser pagada o prestada y, en todo caso, desde el cese de la relación laboral (arts. 43, ap. 1 y 44, ap. 1).

Del texto se extrae que el análisis debe partir, en cada caso concreto y según sea la prestación que se reclama o es debida, sea esta en especie o en dinero, para determinar desde cuando es exigible y, a partir de allí, comienza el cómputo del término de la prescripción de la acción, sin perder de vista que el instituto que nos ocupa es de interpretación restrictiva, por lo que en caso de duda, debe estarse a favor del trabajador y de la vigencia de la acción planteada (cftr. Sup. Corte de Mendoza, 26/8/2002, "Vera, Juan Carlos v. Termas Villavicencio SAIC s/enf. accid.", LS311).

En doctrina se indica como imprescindible distinguir dos conceptos básicos, esto es, cuando se trata de: a) la acción para que se reconozca el derecho a recibir determinada prestación del sistema y, b) cuando se trata de la acción para que se efectivice o pague la prestación ya reconocida que, en el sistema que nos ocupa, se produce mediante el reconocimiento de la incapacidad por la comisión médica pertinente, a través de resolución firme, habilitando en tal caso la acción para que el trabajador efectivice su cobro ("Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo" Maddaloni - Tula, Lexis Nexis, pág. 14 y ss.).

Siendo ello así, la sentencia impugnada es una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias de la causa y la queja esbozada no resulta ser más que una mera disconformidad con una decisión adversa, insuficiente por ello para encontrar favorable acogida.

Propicio entonces, rechazar el recurso deducido en autos, con costas a la recurrente desde que no existen motivos para apartarse del principio general establecido en el artículo 102, primer párrafo del Código Procesal Civil y diferirse la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean fijados los de la instancia anterior.

El doctor Jenefes, adhiere al voto que antecede.

El doctor Del Campo dijo:

Adhiero al voto que antecede. Agrego a ello que me parece una actitud reñida con el principio de seguridad social que le compete al Estado Provincial, reconocer expresamente por un lado el accidente de trabajo sufrido por el actor y por otra parte oponer la prescripción de la acción por entender que interpuso la demanda tres días después de operado los dos años establecidos por el Código Civil.

La función del Estado es tuitiva en su sentido lato y no esquiva de sus obligaciones y menos aun cuando lo que está en juego es la salud de sus trabajadores.

Por ello me pronuncio también por el rechazo del recurso interpuesto por el Estado Pcial. Con costas a su cargo.

Los doctores Cosentini e Issa, adhieren al voto de la Dra. Bernal.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos por la Dra. E. O. en el carácter de Procuradora Fiscal de Fiscalía de Estado y en representación del Estado Provincial, con costas. 2º) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto sean fijados los de la instancia anterior. - María Silvia Bernal. - Sergio Marcelo Jenefes. - José Manuel del Campo. - Carlos Marcelo Cosentini. - Norma Betariz Issa.