Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-29


San Miguel de Tucumán, 29 de Junio de 2005.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Alfredo Carlos Dato, el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIIª Nominación, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIIª del 10/12/2004 (fs. 1408/1417), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 09/02/2005 (cfr. fs. 1423 y vta.). En esta sede, ninguna de las partes presentó memorial sobre el recurso casatorio, mientras que el Ministerio Fiscal se expide por desestimar el recurso (cfr. fs. 1435/1436). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIIª Nominación, contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Penal, del 10/12/2004, que declara a Celso Laudino Sosa, Gustavo Humberto Bellavilla, y Marcelo Sosa, coautores penalmente responsables del delito de lesiones graves calificadas en perjuicio de Juan Carlos Carrasco, y les impone a los dos primeros, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, con costas procesales.

2.- Invoca como primer motivo de casación la violación del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso, con el argumento de que la Cámara, para fundar la sentencia, valoró las declaraciones testimoniales de Guillermo Gómez, Antonio Alberto Silva, Víctor Agustín Costilla, Luis Alberto Rocha, Eliseo Arnaldo Sánchez y Ramón Benjamín Ponce, quienes cometieron el delito de falso testimonio previsto y penado por el art. 275 CP; lo que determinó que se solicitara la remisión de los testimonios a la Fiscalía de Instrucción, petición que fue admitida por el Tribunal sólo con relación a la declaración de Ramón Benjamín Ponce, cuando debió hacerlo en relación con todos los testigos. Sostiene que admitir y valorar una prueba nula y sin valor alguna, vulnera las garantías constituciones de la defensa en juicio y el debido proceso legal.

Como segundo motivo de casación, alega que los fundamentos de la sentencia no son suficientes para declarar la responsabilidad de Celso Laudino Sosa por el delito de participación de lesiones graves, sobre todo si se tiene en cuenta que, en relación con dicho imputado, la causal fue elevada a juicio por el delito de instigación. Advierte que todo el juicio, así como la posición de la defensa, se desarrolló en torno a dicha figura, de donde se sigue que la sentencia deviene nula, toda vez que lo que correspondía era que se intime a Sosa por el nuevo hecho que se le imputaba, para que pudiera defenderse, conforme lo previsto por los arts. 388 y 389 CPP. Observa que durante el Debate, al advertir el Fiscal de Cámara que no existían pruebas para acreditar la comisión del ilícito por el que la causa fue elevada a juicio, solicitó el cambio de calificación, y acusó a Celso Sosa como copartícipe necesario en el delito de lesiones graves. Puntualiza que, conforme a lo dispuesto por el art. 388 CPP, ante la nueva acusación, el Tribunal debió intimar al imputado por el hecho nuevo, a fin de que conozca por cuál delito se lo va a juzgar, como así también para que ejerza su derecho de defensa, nada de lo cual se hizo, con la consecuente violación a la garantía del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Por otra parte alega violación del debido proceso, con fundamento en que en el alegato, la Fiscalía decidió imputar a Celso Sosa el hecho nuevo como copartícipe del delito de lesiones, cuando en realidad nunca había sido intimado por ese hecho.

Sostiene que se han violado los arts. 388, 261 y 262 CPP. Con relación a la norma contenida en el art. 388, afirma que no se intimó el hecho nuevo (copartícipe del delito de lesiones graves), de manera que Sosa recién tomó conocimiento del hecho por el que se lo estaba acusando como consecuencia del pedido de la Fiscal de Cámara al que adhirió la querella. Observa, al respecto, que para que exista un nuevo hecho, se debe intimar expresamente al imputado sobre este hecho que agrava la situación procesal, y que surgirá la probable calificación para un nuevo requerimiento en su contra; y que ante esta situación el Tribunal en su resolutiva omitió suspender el Debate para dar vista a la defensa e intimar al imputado conforme a la norma mencionada. Destaca que una cosa es el pedido de hecho nuevo, y otra es la intimación del imputado conforme a los arts. 261 y 272 CPP, que es lo que garantiza el debido proceso y la defensa en juicio. Si este paso no se ha cumplido, prosigue, como surge del Acta de Debate, se está en presencia de una resolución tomada por la Cámara, que resulta nula y arbitraria.

Afirma que la nueva requisitoria de acusación alternativa por hecho nuevo, carece de fundamentación y de prueba con asidero legal; no se halla motivada, ni tampoco se acredita la existencia de nuevos elemntos que modifiquen las circunstancias de tiempo, modo, forma y lugar del hecho. De ello hace derivar que la intimación por la cual declaró el encartado en su oportunidad, no es la misma que la del hecho y el delito que pidió la Fiscal de Cámara en el Debate, y por la que en definitiva condenó el Tribunal.

Concluye afirmando que el trámite impreso en el Debate al art. 388 CPP y la resolución de la Cámara, devienen nulas por inobservancia de las normas y formas del proceso, al haberse omitido intimar al imputado la acusación alternativa por hecho nuevo.

Cita las normas que estima violadas, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado y se declare la nulidad de la sentencia del 10/12/2004.

3.- Por auto interlocutorio del 09/02/2005 se concede el recurso interpuesto, correspondiendo en esta instancia el análisis de la admisibilidad, y, en su caso, de la procedencia de la casación intentada.

4.- La confrontación de la sentencia impugnada con los fundamentos contenidos en el recurso de casación, permite advertir que los agravios formulados incumplen el recaudo de suficiencia exigido por el art. 474 CPP; a la vez que remiten al tratamiento de cuestiones de hecho irrevisables, en principio, en esta instancia excepcional, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP.

4.1.- La recurrente se agravia sustancialmente porque considera que se han infringido los preceptos contenidos en los arts. 388 y 389 CPP, con la consecuente violación del principio de congruencia y de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, y que dichos vicios determinan la nulidad del fallo impugnado. Alega que la sentencia ha declarado la responsabilidad de Celso Laudino Sosa como partícipe del delito de lesiones graves, a pesar de que no fue ése el hecho intimado, y, a su respecto, la causa se elevó a juicio por instigación. Por consecuencia, prosigue, el nuevo hecho debió ser intimado a éste imputado, para que se defienda, de conformidad a lo previsto por los arts. 388 y 389 CPP. Refiere que durante el Debate la Fiscal de Cámara solicitó el cambio de calificación y acusó a Celso Sosa como copartícipe necesario en el delito de lesiones graves, pero no se cumplió con el trámite de intimación del hecho nuevo, previsto en el art. 388 CPP, a fin de que conozca por cuál delito se lo va a juzgar y ejerza su derecho de defensa; añadiendo que una cosa es el pedido de hecho nuevo, y otra es la intimación del imputado conforme a los arts. 261 y 272 CPP, que es lo que garantiza el debido proceso y la defensa en juicio; y que si este paso no se ha cumplido, como acontece en autos, la sentencia deviene nula.

El cotejo de las constancias de autos y los fundamentos del fallo en crisis, con los agravios contenidos en el recurso de casación, demuestra que éstos no satisfacen el requisito de autosuficiencia impuesto por el art. 474 CPP.

Los agravios -como acertadamente lo señala el representante del Ministerio Público a fs. 1435/1436-, no se ajustan a las constancias de la causa. Al mismo tiempo, no expresan con claridad y precisión de qué manera y mediante qué actos u omisiones, la Sala de instancia habría infringido los arts. 388 y 389 CPP que regulan situaciones distintas.

El art. 389 CPP, referido a la existencia de un hecho diverso al contenido en la acusación, establece: "Si del debate resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior. Si el fiscal discrepare con el Tribunal al respecto, formulará una acusación alternativa, fundada en el hecho declarado diverso. Reiniciado el debate el trámite continuará conforme a lo previsto en los artículos 382, 385, 390 y 402, en cuanto corresponda." Por su parte, el art. 388, que prevé el supuesto de ampliación del requerimiento fiscal, dispone: "El fiscal deberá ampliar la acusación si de la investigación o del debate resultare la continuación del delito atribuido o una circunstancia agravante de calificación no mencionada en el requerimiento fiscal. En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente procederá, bajo pena de nulidad, conforme a lo dispuesto por los arts. 261 y 262, e informará al fiscal y al defensor del imputado que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la acusación o la defensa. Cuando este derecho sea ejercido el Tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la acusación y la defensa, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 374. Regirá lo dispuesto por el art. 365. El nuevo hecho que integre la continuación del delito atribuido o la circunstancia agravante de calificación sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y el juicio".

De las normas transcriptas surge que, tanto en uno como en otro supuesto, se debe intimar la ampliación de la acusación o de la acusación alternativa, para que el imputado tome conocimiento y ejerza su derecho de defensa, disponiendo, en su caso, la suspensión del Juicio.

Hecha esta aclaración, corresponde efectuar las siguientes precisiones.

4.2.- La queja fundada en la nulidad de la sentencia por infracción al art. 388 CPP, resulta insuficiente por inexacta. De una simple lectura del Acta de Debate emerge que la Fiscal de Cámara amplió el requerimiento de elevación a juicio de fs. 328/331, con apoyo en lo dispuesto por el art. 388 CPP; por considerar que concurría una circunstancia agravante consistente en el concurso preventivo de dos o más personas, lo que determinaría el encuadramiento de la conducta del acusado en la figura del art. 92 conc. 80 inc. 6° C P. Así, a fs. 1404 se consigna textualmente: "El señor Presidente informa a los defensores e imputados que tienen derecho a pedir la suspensión del debate, a nuevas pruebas o preparar la defensa; el Presidente intima a los imputados sobre la ampliación del Requerimiento de Elevación a Juicio solicitado por la señora Fiscal de Cámara e informa que tienen el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, sin que esto último implique presunción de culpabilidad alguna, respondiendo los imputados, previa consulta con sus defensores, que se abstienen de declarar, los defensores: Bulacio, Herrera Prieto y Laura Figueroa manifiestan que no pedirán plazo; por lo que manifiestan plena conformidad con el acto cumplido de la intimación".

Como se advierte la intimación por la ampliación del requerimiento fiscal se efectuó de conformidad con el artículo 388 CPP, de donde se sigue que el planteo de nulidad fundado en la pretensa violación del precepto citado carece de sustento fáctico y jurídico. El motivo se desestima, a tenor de lo dispuesto por el art. 474 CPP.

4.3.- La impugnación basada en la presunta violación de la norma contenida en el art. 389 CPP, la que se habría producido porque el Tribunal declaró la responsabilidad de Celso Laudino Sosa como partícipe del delito de lesiones graves, a pesar de que, a su respecto, la causa fue elevada a juicio por el delito de instigación, a la vez que se omitió intimar el nuevo hecho que se le atribuía, incumple el requisito de autosuficiencia impuesto en el art. 474 CPP, a la vez que remite al tratamiento de cuestiones de hecho, que, en principio y salvo arbitrariedad, no resultan invocables como motivos de casación a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP.

El principio de congruencia -cuya infracción denuncia la recurrente-, exige que la acusación y la sentencia tengan una correlación esencial, pues el acusado no puede ser condenado sobre la base de una construcción fáctica diversa a la que fue objeto de la imputación formulada. Dicho de otro modo, la correlación entre acusación y sentencia está referida al hecho imputado, para impedir que se condene por un hecho diverso del que fuera objeto de imputación, en resguardo de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio (CSJTuc., "Gramajo, Ángel Mercedes y otros s/ robo agravado en grado de tentativa, etc. Recurso de casación").

En el caso, el principio de congruencia ha sido debidamente resguardado, toda vez que la sentencia del 10/12/2004 no condenó por un hecho distinto al descripto en la acusación fiscal; ni incorporó ninguna circunstancia fáctica que no estuviera contemplada en el requerimiento de elevación a juicio; ni se advierte que se haya impedido u obstaculizado al imputado su defensa material y técnica en torno a los hechos atribuidos, los que fueron suficientemente precisados en la intimación.

Al respecto cabe observar que la requisitoria fiscal acusó a Celso Laudino Sosa de ser "autor material y penalmente responsable del delito de instigación previsto y penado por el art. 209 Cód. Penal" (cfr. fs. 331).

El art. 209 CP, que regula la instigación, dentro de los "Delitos contra el orden público", dispone: "El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41".

Por su parte, el art. 45 CP, que legisla sobre la instigación como uno de los modos de participación criminal, establece: "Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo".

El art. 209 CP conmina con pena de prisión al que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, y aclara que la incriminación se hace "por la sola instigación". Se trata de una conducta punible por el solo hecho de la instigación pública, que se diferencia de la punibilidad establecida por el art. 45 CP, para quienes "determinan directamente a otro a cometer un delito determinado". En el primer caso se comprenden todos los actos comunicativos, no dirigidos a persona determinada sino al público en general, que tienen por fin mover a la ejecución de un delito determinado contra una persona o institución también determinados. La promoción pública, es decir, la pura actividad, es en sí misma punible por su idoneidad para poner en peligro la tranquilidad pública, mediante mensajes de agresión a otros, y además, porque pone una condición para que algún integrante del conjunto indeterminado de destinatarios se vea movido a llevar a los hechos el delito promovido, creando así un peligro para la víctima o institución determinada. Sólo así se entiende que se pene la instigación a cometer un delito contra una persona o institución determinadas, y no cualquier exhortación genérica sin víctima potencial individualizada. Al contrario, en el art. 45 se define un injusto dependiente de un resultado: no se pena a quien simplemente instiga o promueve en otro la ejecución de un delito, sino a quien lo ha "determinado", de donde el comienzo de ejecución del delito instigado es presupuesto de la punibilidad.

La calificación legal de la conducta del imputado Celso Laudino Sosa, a la que el Tribunal arriba en la sentencia en crisis, es distinta de la propuesta por la requisitoria fiscal y por el auto de elevación a juicio. Empero, el Tribunal no está atado a las calificaciones jurídicas propuestas por los acusadores, en la medida que respete la base fáctica del juicio.

En esa dirección, cabe destacar que en el requerimiento de elevación a juicio, entre los diversos hechos descriptos, se consigna que Celso Sosa "obligó bajo amenazas, mostrando que estaba armado, que concurrieran todos los obreros, en donde se trató un tema salarial y luego les comunicó que el cuerpo de delegados, que según él lo formaban los otros imputados que lo acompañaban en ese momento, debían arreglar un asunto que tenían pendiente con Carrasco, procediendo a agredir físicamente a éste, produciéndole las graves lesiones que están determinadas en los Informes Médicos que obran en la causa" (cfr. fs. 328 vta.).

Lo dicho evidencia que la acusación contiene la atribución de una conducta: la agresión física a Juan Carlos Carrasco, perpetrada por los imputados de modos diferentes. Así -y según la requisitoria fiscal-, mientras Velárdez, Marcelo Sosa, Bellavilla y Valdivieso agredieron materialmente a la víctima, Celso Sosa actuó como instigador, comandando al grupo agresor (cfr. fs. 328/331).

La base fáctica contenida en la requisitoria fiscal habilita suficientemente al Tribunal del Juicio para calificar la conducta de Celso Laudino Sosa de un modo distinto al propuesto por aquella (art. 410 CPP).

Por otra parte, la calificación legal efectuada por la Sala de Instancia, resulta coincidente con la propuesta por la Fiscal de Cámara al efectuar la ampliación de la acusación en el Juicio. Y, como se dijo precedentemente, dicha calificación fue puesta en conocimiento de los imputados, junto con la comunicación de que tenían derecho a pedir la suspensión del debate, a nuevas pruebas o preparar la defensa, respondiendo aquellos, previa consulta con sus defensores, que se abstendrían de declarar, y sus defensores, que no pedirían plazo (cfr. fs. 1404).

En esas condiciones, el agravio resulta manifiestamente insuficiente, toda vez que no se advierte infracción al art. 389 CPP, y aparece debidamente resguardado el principio de congruencia que el decisorio debe tener con los hechos por el cual los acusados fueron traídos a juicio.

Desde otra perspectiva, el alegado déficit de fundamentación de la sentencia carece de adecuada motivación, a la vez que la impugnación se dirige a obtener la revisión de los hechos fijados por el Tribunal sobre la base del examen integral y relacionado de las pruebas producidas en la causa; y el reexamen de dichas cuestiones no constituye un motivo de casación, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP; salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo, que no se configura en el caso. El Tribunal consideró acreditado el hecho investigado en autos, y la responsabilidad penal de los imputados a partir de un examen integral del cuadro probatorio producido en el sublite, no verificándose la existencia de vicios en la valoración de la prueba, ni la arbitrariedad que se atribuye a la sentencia. La defensa sostiene que los testigos Guillermo Gómez, Antonio Alberto Silva, Víctor Agustín Costilla, Luis Alberto Rocha, Eliseo Arnaldo Sánchez y Ramón Benjamín Ponce, cometieron el delito de falso testimonio; y que el Tribunal al remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción sólo con relación a la declaración de Ramón Benjamín Ponce (cuando debió hacerlo en relación con todos los testigos); y admitir y valorar una prueba nula, vulneró las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso legal. Como se advierte, el planteo prescinde del contenido integral de la sentencia recurrida, se centra en el reexamen de cuestiones típicamente fácticas, a partir de una diferente valoración de la aptitud conviccional de las pruebas existentes. Empero, la recurrente no logra acreditar el déficit de arbitrariedad que invoca, limitándose a intentar desvirtuar el pronunciamiento que recurre, apoyándose en un análisis parcial del plexo probatorio valorado por el Tribunal del Juicio. En esas condiciones, queda patentizada la insuficiencia del recurso en este punto, toda vez que no consigue rebatir las razones que en conjunto dan sustento al decisorio, desentendiéndose de aspectos esenciales del fallo bastantes para motivarlo. La sola argumentación en torno a vicios de fundamentación resulta ineficaz, ante el juicio categórico y contundente expresado por el Tribunal de mérito al tratar cada una de las cuestiones propuestas.

La determinación de la plataforma fáctica del proceso, así como la valoración de las pruebas producidas, competen al Tribunal del Juicio. Y en el caso no se advierte que se haya incurrido en quebrantamiento de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, ni que el pronunciamiento cuestionado sea arbitrario. La Sala de instancia ha proporcionado fundamentos jurídicos suficientes para fundar la solución que adopta, los que constituyen soporte válido de la sentencia; y en esas condiciones las cuestiones de hecho cuya revisión persigue el impugnante, quedan reservadas al Tribunal del Juicio, y al margen del control que se ejerce por vía del recurso de casación, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP. La descalificación del fallo por arbitrariedad o absurdo implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional (CSJTuc., "Aguirre, Cristian Andrés y otro s/ Robo agravado", 27/4/98;"Lazarte, Julio César s/ Homicidio con exceso en la legítima defensa", 21/5/97; entre otros).

La imputación de arbitrariedad que formula la recurrente carece de sustento adecuado, toda vez que no ha logrado evidenciar la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común en la fijación de los hechos del proceso. El recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado. Estando dirigido el remedio extraordinario local al control de legalidad de fallo impugnado, la falta de fundamentación de los agravios esgrimidos define negativamente la suerte del recurso intentado. (CSJTuc. "Gargiulo, Juan Sebastián, s/ Robo agravado. Recurso de casación", sentencia del 15/02/2000; "Bruffau, Osvaldo Domingo y otra s/ Defraudación. Recurso de casación", sentencia del 08/6/2000; "Aguirre, Cristian Andrés y otro s/ Robo agravado", 27/4/98; "Callata, Rodolfo Balbín y otro s/ Robo agravado", 25/3/98; "Elizondo, J.F. s/ Corrupción de menores, etc.", 19/11/97 entre otros).

Los motivos se desestiman por no satisfacer los recaudos procesales impuestos por los arts. 468 y 474 CPP.

5.- De conformidad con los fundamentos expuestos, corresponde desestimar, sin costas, el recurso interpuesto por la defensa de Celso Laudino Sosa, Gustavo Humberto Bellavilla, y Marcelo Sosa, contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Penal, del 10/12/2004, por no satisfacer los recaudos de admisibilidad de los arts. 468 y 474 CPP.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Alberto José Brito, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Celso Laudino Sosa, Gustavo Humberto Bellavilla, y Marcelo Sosa, contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Penal, del 10/12/2004 (art. 468 y 474 CPP) HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA