Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


PAREDES, Roberto Eligio José contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 63-73.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PAREDES, Roberto Eligio José contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 202 del año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día doce del corriente mes y año.

A la primera cuestión: -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Roberto Eligio Paredes promueve, por apoderado, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de que se anule el decreto 153 del 16.2.1995 emanado del Poder Ejecutivo, y sus antecedentes, resoluciones 723/93 y 238/94 del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social por las cuales se rechazó el reclamo deducido, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación oportunamente interpuesto.

Solicita se condene a la demandada al pago de las diferencias entre las sumas liquidadas en concepto de suplemento dedicación tiempo completo actualizadas conforme pautas del decreto 381/91, y las que surgirían de la aplicación para la actualización del índice costo de vida suministrado por I.N.D.E.C. desde el momento en que se devengaron hasta el 31 de marzo de 1991 e intereses, y de allí hasta el momento del efectivo pago, el interés que el Tribunal estime pertinente.

Relata que efectuó reclamos ante el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social en fechas 24.4.1990 y 21.11.1991 requiriendo se le liquidaran las diferencias por depreciación monetaria según los índices de precios al consumidor suministrados por el I.N.D.E.C., existentes entre lo percibido (en abril y en agosto de 1991) y lo que le correspondía percibir en concepto de "suplemento dedicación por tiempo completo" establecido en los artículos 12, última parte, y 17, apartado 4, inciso f, de la ley 9.282, correspondientes a los períodos comprendidos entre el 7.2.1986 y 31.12.1988, 1.1.1989 y 31.12.1989 y, 1.1.1990 y 30.4.1990.

Por nota del 24.4.1990 -según expresa- solicitó también que sus haberes fueran liquidados correctamente, toda vez que no era exacta la liquidación practicada.

Ante la reiteración de dicho pedido -expone que- el 24.6.1993 se dictó la resolución 723 que desestimó el reclamo.

Comenta que contra la mencionada resolución dedujo recursos de revocatoria y apelación en subsidio, que fueron desestimados.

Destaca que el decreto 153/95 -con cuya notificación el 5.4.1995 entiende agotada la vía administrativa- consideró aplicable el criterio de Fiscalía de Estado, en el sentido de que el decreto 381/91 establecía un régimen de actualización entre la fecha de la liquidación y la del efectivo pago, debiendo la norma analizarse en el contexto de la emergencia económica que le había dado origen, por lo que su aplicación no conculcaba principios de raigambre constitucional sino sólo establecía una metodología a fin de calcular las acreencias de los particulares con el Estado.

Además -agrega- que expresó en el acto impugnado que siendo el referido decreto derecho vigente al momento de practicarse la liquidación, el cálculo debía ajustarse a él, por lo que se había obrado conforme a derecho.

Señala que la resolución 723/93 había dispuesto que era necesario aplicar el criterio de Fiscalía de Estado, porque en oportunidad de abonarle el suplemento se tuvieron en cuenta las pautas salariales discernidas por el decreto 381/91 según ley de convertibilidad, y no los índices suministrados por el I.N.D.E.C..

Sostiene que los actos impugnados son ilegítimos y deben ser anulados, habiéndose devengado la deuda en el período comprendido entre los años 1986 y 1990.

Apunta que el decreto 381/91 fue dictado el 8.2.1991, es decir, con posterioridad al devengamiento de su crédito.

Añade que el mencionado decreto establece un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración, emergentes de su contrato de empleo (art. 1), comprendiendo la actualización el lapso transcurrido entre la fecha en la cual se genera el derecho a cobro por parte del acreedor y la del efectivo pago (art. 2).

Expresa que el procedimiento establecido es de aplicación a los casos posteriores, toda vez que ninguna retroactividad se dispone en el articulado del decreto, por lo que mal puede entonces la Administración pretender una aplicación con efecto retroactivo.

Propone que, menos aún puede pretender justificar esa retroactividad haciendo referencia a la ley 10.472, habida cuenta de que el decreto 381/91 reglamenta la disposición del artículo 119 de aquélla, de modo tal que la operatividad de la ley sólo puede tener comienzo a partir de esa reglamentación (febrero de 1991) y no antes.

Postula que en nada influye que las resoluciones cuestionadas hayan tenido en consideración "pautas salariales", toda vez que su derecho fue adquirido bajo la vigencia de un sistema de actualización pacíficamente aceptado por la Administración, jueces y particulares, que respondía a la realidad de la época en que el crédito se devengó, signada por la inflación.

También expresa que esa actualización, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no convierte en más onerosa la deuda sino que mantiene el valor de la moneda depreciada por efecto de la inflación siendo que, además, es el único método que puede reflejar correctamente la incidencia del aumento de los precios, a diferencia de cualquier política salarial que siempre está por debajo de aquéllos.

Con cita de jurisprudencia, señala que in re "Donatti" la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "la actualización monetaria no hace a la deuda más onerosa, sino que sólo mantiene el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento; sobre tal base no cabe asignar a la actualización monetaria un carácter sancionatorio extraño a su función propia, que no es otra que mantener inalterable el capital que se debe pagar".

Se explaya en que el Máximo Tribunal ha aceptado que la actualización monetaria no deriva de la ley sino de la Constitución misma y que con ella se cumple con el mandato constitucional del preámbulo de "afianzar la justicia", con cita de doctrina y de jurisprudencia.

Insiste en que tiene un derecho adquirido como propiedad en sentido constitucional a una correcta liquidación de su crédito, al que deberá adicionarse la actualización por depreciación monetaria según los índices de costo de vida suministrados por el I.N.D.E.C. hasta el 31 de marzo de 1991 e intereses y, de allí hasta el momento del efectivo pago, el interés que el Tribunal estime pertinente.

Indica que la aplicación retroactiva que se hace de las normas involucradas conculca su derecho de propiedad, toda vez que, de consentirse el procedimiento inconstitucional se estaría aceptando una retribución menguada, esto es, erosionada por los efectos de la inflación con virtualidad de consagrar, paralelamente, un enriquecimiento indebido del ente público que de ese modo no retribuiría conforme a derecho una obra propia del agente.

Remarca lo que postula como criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que "ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior", lo que -estima- ocurre en la presente causa, con una errónea interpretación de la ley y valoración de los hechos que vician los actos atacados, tornándolos ilegítimos.

Consigna que no existe norma alguna que autorice lo dispuesto por el decreto 381/91 con relación a créditos devengados, a lo que añade que, la Administración citó por primera vez en el procedimiento a la ley 10.472 en oportunidad del decreto que puso fin a la instancia administrativa, de modo que nunca pudo él pronunciarse al respecto.

Advierte que por el artículo 119 de la mencionada ley, la Provincia adhirió en lo pertinente a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafo del artículo 45 de la ley nacional 23.697 y que el primer párrafo del artículo 45 excluye la aplicación de toda fórmula para la "determinación de las remuneraciones" en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios, etc.

Puntualiza que la ley citada por la demandada, no refiere a "deudas con el personal del Estado" sino a "determinación de remuneraciones", que no es el caso planteado donde existe, además, un crédito aprobado y devengado con anterioridad a la sanción de la ley provincial adhiriendo al régimen nacional y posterior reglamentación de la misma y, consiguientemente, una deuda a pagar por el Estado.

Concluye señalando que la Provincia de Santa Fe no podía legislar sobre "deudas con el personal del Estado" porque la adhesión refirió única y exclusivamente a "determinación de remuneraciones" -pauta de que la norma nacional refería a relaciones que se estaban cumpliendo y no a las pasadas, lo que vedaba toda posibilidad de retroactividad-.

De suerte tal que, sobre aquel tema, no hubo delegación de facultades del poder nacional para establecer restricciones -según postula- sin basamento legal, en violación del artículo 108 de la Constitución nacional (actual art. 126).

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 19), comparece la Provincia (f. 25) y contesta la demanda (fs. 30/36 vto.).

En el escrito de responde niega que: los actos impugnados sean ilegítimos y deban anularse; en las actuaciones administrativas se encuentre reconocido el créd Expresa que corresponde determinar si el crédito del actor debía ser ajustado en razón de la mora incurrida en el pago, de acuerdo con la variación de los precios al consumidor o conforme con las pautas legales vigentes al momento de la cancelación de las obligaciones, esto es, el decreto 381/91.

Indica que el decreto 381/91 es una norma general, que fija un mecanismo razonable para el reconocimiento de sumas de dinero derivados de una relación de empleo público.

Asimismo -alega que- el mencionado mecanismo evita desplazamientos patrimoniales sin justa causa, en la medida en que con él se respeta la realidad del valor de la prestación debida al momento del pago (ajuste conforme a salario al momento de pago).

Repasa la normativa vigente durante el lapso que queda incluido en el presente recurso.

Con relación a la ley 10.052, refiere que la misma regula las condiciones de trabajo y régimen salarial del personal de la Administración Pública mediante el sistema de Convenciones Colectivas de Trabajo (art. 1); el artículo 4, dispone que tales convenciones deberán ajustarse a las normas legales que rigen el derecho administrativo y del trabajo y no podrán contener cláusulas que afecten disposiciones dictadas en protección del interés general y que, el artículo 11, establece que las normas de la convención homologada serán de cumplimiento obligatorio para el Estado provincial y no podrán ser modificadas, salvo que razones de interés general lo justifiquen.

Destaca que el 8.1.1990, por decreto 16 del Poder Ejecutivo se promulgó la ley 10.472 de Emergencia Económica y Reforma del Estado, y que por el artículo 119 de ésta última la Provincia adhirió a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafo del artículo 45 de la ley 23.697, a los que dio por reproducidos.

Puntualiza que cobra especial importancia rescatar el primer párrafo del artículo 45, según el cual las políticas salariales que se instrumenten a partir del 1.8.1989 para el personal de la Administración Pública, incluido el sujeto al régimen de las Convenciones Colectivas de Trabajo, "deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría...". Añade que esta normativa nacional fue expresamente incorporada a la legislación provincial, por lo que sus extremos y contenidos resultan perfectamente aplicables a todos los supuestos operados a partir del decreto 16/90.

Prosigue su alegación, indicando que el 20.3.1990, se dictó el decreto 877 -reglamentario de la ley 10.472- y en su artículo 12 estableció que las condiciones de trabajo y el régimen del personal de la Administración Pública provincial comprendido en la ley 8.525, fijados por las normas de la convención colectiva homologada, se suspenden en su aplicación en razón del estado de emergencia vigente según lo dispuesto en la ley 10.472 y conforme las facultades otorgadas por el artículo 11 de la ley 10.052.

Postula que, como corolario de esta norma, los derechos otorgados a los empleados públicos, por una parte, en cuanto a condiciones de trabajo y, por la otra, en referencia al régimen salarial por convenciones colectivas anteriores, quedaban suspendidos, fundamentándose tal medida en el estado de emergencia económica declarado.

Asegura que, precisamente para paliar la situación de incertidumbre en la que quedaron los salarios adeudados al personal de la Administración Pública por las suspensiones y prohibiciones citadas precedentemente, se dictó el decreto 381/91 que estableció un régimen de actualización de créditos en favor de los agentes, sustentándose en la variación de las remuneraciones fijadas por la política salarial desde la fecha en la que se generó el derecho y el último mes anterior a aquél en el que se realice el pago; con lo que quedó definitivamente asegurado el derecho de propiedad del agente, toda vez que su empleadora, ante la carencia de normas jurídicas positivas que tutelen situaciones concretas de atrasos en los pagos, estableció un régimen específico con previsiones concretas para subsanar tal falencia.

Postula que el 8.1.1990, esto es, a la fecha de publicación del decreto 16, que promulgó la ley 10.472 de Emergencia Económica, el actor no tenía reconocida concretamente de parte de la Administración ninguna suma líquida exigible referida a las diferencias salariales que reclama; sino que por el contrario -según resulta de las actuaciones administrativas- recién en setiembre de 1990 se practicó el cálculo por la División Sueldos y, posteriormente, por resolución 1.330/90 se dispuso autorizar la liquidación respectiva por el suplemento reclamado.

Entiende que de lo expuesto se sigue que: antes de la vigencia del decreto 381/91 no hubo ningún acto adm En síntesis -propone que- el decreto 153/95 y los actos que lo precedieron se ajustaron plenamente a la normativa vigente, concluyendo en que: a lo actuado no le era aplicable el ajuste calculado en función de los precios al consumidor (I.N.D.E.C.); cualquier diferencia salarial en favor de los empleados públicos debía liquidarse conforme con las pautas del decreto 381/91; el caso no tenía el amparo legal que se pretende sino que debía ser meritado de acuerdo con las normas citadas; el derecho patrimonial del actor no comprende las pautas de actualización que reclama; su derecho de propiedad resultó convenientemente asegurado mediante el reconocimiento de una diferencia monetaria por la mora incurrida acorde con la normativa vigente, la que era de aplicación obligatoria.

El criterio del decreto 381/91 -prosigue- importó una correcta aplicación de la ley 24.283 que limita todo sistema de ajuste al valor real y actual de la prestación.

Alega que resultan de directa y expresa aplicación al sub lite las disposiciones de la ley 24.283, en cuanto justamente la pretensión del actor consiste en diferencias de sumas de dinero provenientes de la aplicación del sistema de actualización monetaria.

La norma mencionada -dice- establece que "cuando deba actualizarse el valor de una cosa, bien o cualquier otra prestación aplicándose índices, estadísticas y otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa, bien o prestación al momento del pago.

La presente norma será aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas".

Indica que la ley mencionada es derecho vigente desde el 30.12.1993 y alcanza y rige para todos los habitantes del territorio de la República Argentina en forma inmediata a partir de aquella fecha, aun para las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes (art. 3 C.C., cfr. Cámara de Senadores, diario de Sesiones del 24.11.1993) y que por "situaciones jurídicas no consolidadas" debe entenderse que refiere a las obligaciones pendientes cuyo origen sea anterior al 1.4.1991, en que por aplicación de sistemas de actualización, las prestaciones resulten manifiestamente desproporcionadas.

Con cita del precedente de esta Corte Suprema -bien que en diferente integración- "Dycasa", arguye que se dejó perfectamente establecido que la ley bajo examen se aplica genéricamente a todo tipo de obligaciones.

Aclara que esto se hizo siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 16.5.1995 en la causa "Recurso de hecho deducido por Bolano, Miguel A. c/ Benito Roggio e Hijos S.A. y otros" (sic), sosteniendo que razones de economía procesal y seguridad jurídica aconsejan no apartarse de la interpretación efectuada por aquel Tribunal, que entendió que la ley 24.283 opera en un "ámbito material omnímodo", aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas, en el sentido que resulta aplicable a todo tipo de obligaciones.

Señala que la ley tuvo por propósito evitar que se sustituyan prestaciones de cualquier naturaleza por equivalentes dinerarios que poco o nada tengan que ver con su valor real, por lo cual, se trataba de restituir la proporcionalidad entre créditos y obligaciones estableciendo "alguna suerte de limitación al mecanismo automático indexatorio" porque así "como antes se producía un daño al acreedor, ahora se produce un daño al deudor generándose un enriquecimiento sin causa a favor de los acreedores" (cita de Sesiones Cámara de Diputados de la Nación, 28.7.1993, págs. 1909/1911).

El Alto Tribunal nacional, conforme se encarga de puntualizar la resistente, con referencia a la ley 24.283, ha señalando que "la ley está destinada a impedir que la demanda termine en un resultado notablemente superior al verdadero valor de los bienes a sustituir y por ende, concluir, en que no es aplicable a las obligaciones de pagar sumas de dinero emergentes de relaciones laborales (fallo citado, 'Bolano, Miguel c/ Benito Roggio y otro')". Sintetiza el criterio de la Corte de que la ley 24.283 es perfectamente aplicable a los créditos emergentes de relaciones laborales, no constituyendo óbice para ello el principio protectorio del Derecho del Trabajo.

Añade que siendo así, se potencia la aplicabilidad de la norma al caso sometido a tratamiento, el cual se deriva no de una relación privada sino de una de empleo público.

Sigue diciendo que la ley referida pone fin a la aplicación de aquellos mecanismos de actualización que puedan conducir a resultados objetivamente injustos, estableciendo de tal forma un límite razonable en cuanto la actualización no puede superar el valor real de la prestación.

Alega que la Corte Suprema de la Nación ha sostenido "que cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe ser dejado de lado en cuanto la realidad económica debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas", con cita de fallos en tal sentido.

Indica que en el presente caso, el actor efectivamente percibió no sólo el capital íntegro del suplemento reconocido, sino además la actualización según el decreto 381/91.

Concluye diciendo que la Administración pagó conforme al decreto 381/91, la petición del actor está absorbida por la ley 24.283 y que el decreto en sustancia se apoya en los principios del realismo económico (pago conforme al valor de la prestación), todo lo cual importa que la solución adoptada en su oportunidad tiene actualmente sustento normativo en la ley 24.283.

Por lo expuesto solicita se rechace la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 37) y producida la que consta en el expediente y en sus acumulados administrativos, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 54/55 y 66/68 vto.).

Dictada (f. 69) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente en estado de ser resuelta.

3.a. El recurrente solicita diferencias de reajuste de las sumas oportunamente liquidadas -en concepto de suplemento dedicación tiempo completo- con el mecanismo de actualización establecido por el decreto 381/91, peticionando la aplicación de los índices de precios al consumidor suministrados por el I.N.D.E.C., desde el momento en que se devengaron hasta el 31 de marzo de 1991, e intereses, y de allí hasta el momento del efectivo pago, el interés que el Tribunal estime pertinente.

En sustento de su pretensión, sintéticamente, manifiesta: la inaplicabilidad retroactiva del decreto 381/91, ante la falta de previsión expresa en su texto y, menos aún que pueda fundarse en la ley 10.472, habida cuenta que el mencionado decreto reglamenta el artículo 119 de la ley 10.472, por lo que la operatividad de la ley solamente puede tener comienzo a partir de esa reglamentación a través del decreto (en febrero de 1991) y no antes.

Sostiene la falta de vinculación e incidencia de las resoluciones cuestionadas en tanto han tenido en consideración "pautas salariales" con la ley 10.472.

Alega que su derecho fue adquirido bajo la vigencia de un sistema de actualización pacíficamente aceptado por la Administración, jueces y particulares que respondía a la realidad de la época en que el crédito se devengó, signada por la inflación.

En conclusión, plantea que la aplicación retroactiva que se hace de las normas involucradas -dec. 381/91 y ley 10.472, a la que ése reglamenta- conculca su derecho de propiedad, toda vez que de consentirse el procedimiento inconstitucional se estaría aceptando una retribución menguada, erosionada por los efectos de la inflación.

La resistente, se opone a la pretensión con fundamento - en síntesis- en que el decreto 153/95 y los actos que lo precedieron se ajustaron plenamente a la normativa vigente -ley 10.472, dec. 877/90 y 381/91-, en razón de qu Constituye cuestión controvertida entonces, resolver lo atinente al índice de actualización que debía aplicarse al abonarse el suplemento dedicación tiempo completo, considerando el recurrente que las diferencias debieron ser actualizadas según el índice del costo de vida suministrado por el I.N.D.E.C. y, la accionada -por su parte- estima correcto el índice de actualización aplicado, establecido por decreto 381/91, que la instituye en función del salario actualizado y no con la variación del índice de precios al consumidor, sustentándose en los principios del realismo económico (pago conforme al valor de la prestación) y, considera que, en su caso, la petición del actor está absorbida por la ley 24.283.

Adelanto que asiste razón a la demandada.

En efecto, este Tribunal ya ha expresado su criterio con relación a este tema en un caso que ofrece similitud con el presente (in re "Olivieri", A. y S. T. 185, pág. 490), a cuyos fundamentos corresponde remitir en lo que resulta aplicable.

Para así decidirse, debe inicialmente recordarse que la Provincia adhirió, según el artículo 119 de la ley 10.472, "en lo que fuere pertinente, a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafo del artículo 45 de la ley nacional 23.697, cuyos textos se dan por reproducidos en la presente ley".

Por su parte, el artículo 45 de la ley 23.697 establecía en su primer párrafo que "las políticas salariales que se instrumenten a partir del 1 de agosto de 1989, al personal de la Administración pública... se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones colectivas de trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente".

En el caso, la Provincia consideró aplicable a las sumas respecto de las cuales se solicita su actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor, el genérico índice de actualización establecido por decreto 381/91. Tales las afirmaciones que, en sede judicial, formula en el responde (f. 35 y vto.), como en el informe sobre el mérito de la causa (fs. 66 vto., 67 y 68), así como las distintas aseveraciones del actor en ese sentido.

Con relación al mencionado índice, debe recordarse que si bien este Cuerpo ha expresado que el decreto 381/91 establece básicamente para el futuro un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración Pública con lo que su aplicación retroactiva violentaría el principio general de la irretroactividad de los actos administrativos, no puede soslayarse que ello ha sido circunscripto por el Tribunal a supuestos en que los agentes tenían derechos adquiridos a la aplicación de otro índice de actualización (cfr. "González Bertero", A. y S. T. 133, pág. 178 y "Morales", A. y S. T. 136, pág. 182).

No obstante, no es esa la conclusión a que ha de arribarse en el sub lite en que, nítidamente se advierten circunstancias que exigen diferenciarlo de aquéllos precedentes.

Por ello, la aplicación del decreto 381/91 o, más concretamente, su criterio de actualización (salario), no luciría en principio como irrazonable (cfr. "Placidi", A. y S. T. 144, pág. 492, de este Cuerpo -anterior integración-, fundamentos del Dr. Vigo y míos), pronunciamiento donde el Tribunal justipreció la falta de concreto planteo desindexatorio.

En efecto, en el sub discussio el actor no tenía derecho a la percepción de la actualización de acuerdo a un índice determinado, consagrado en una norma jurídica, por lo que no había, en este aspecto, un derecho adquirido por parte del recurrente (cfr. criterio de "Olivieri", citado).

Además, si bien es cierto que en numerosos precedentes este Cuerpo adoptó como patrón actualizador el brindado por el I.N.D.E.C. con relación al costo de vida, ello no lo ha sido en forma unánime e invariable, ya que el índice indicado no es el único sistema empleado a los efectos de mantener el valor del crédito, utilizándose, en su lugar, otras pautas de actualización (ver "Olivieri", ya citado y la remisión que allí se formula a A. y S., T. 63, pág. 175; T. 149, pág. 357).

Por otra parte, el fin del reconocimiento de la depreciación de la moneda apunta al mantenimiento de la integridad del capital y tal extremo se halla cubierto con el mecanismo de actualización aplicado por la demandada, en la especie, el establecido en el decreto 381/91 (crit. de "Favant", A. y S. T. 149, pág. 357, al que remite "Olivieri", premencionado).

De todo lo expuesto se colige que, en el caso, la Administración ejerció su potestad reglamentaria dentro de los límites legales.

3.b. A tenor de la solución a que se arriba, resulta inoficiosa la consideración de la oposición formulada por la resistente, en cuanto a entender que lo pedido por el actor se encuentra absorbido por la ley 24.283.

En consecuencia, voto por la negativa, correspondiendo imponer las costas al actor (art. 84, ley 4.106).

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que compartían los fundamentos expuestos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)