Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-12


Autos Nº 4.335 (J.P.L.G.S.J. Rawson Nº 4.998/03), caratulados: "BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Arrieta, Claudia Mabel y otro - Ejecutivo".

--------- San Juan, 12 de junio de dos mil doce. -- --------- Y Vistos: -------- --------- Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación subsidiaria deducido a fs. 54/55 vta. por la actora, quien actúa mediante su letrado apoderado, contra el decreto de fs. 53. ------------------------------------------ --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo por providencia de fs. 56. ----------------------------------- --------- Y Considerando: ---------------------------------- --------- I. Que en la resolución impugnada el a quo no hizo lugar al embargo sobre el sueldo [haberes] que percibe el codemandado, Sr. Oscar Armando Fuentes, con fundamento en lo dispuesto por el inc. `c´ del art. 14 de la Ley Nac. N° 24.241, que declara inembargables las prestaciones otorgadas por el SIJP, con las únicas excepciones de las cuotas de alimentos y litis expensas. manifiesta que se trata de una ley de orden público porque señala principios de orden superior que la Constitución Nacional ha consagrado (arts. 5 y 14 bis). Menciona que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado doctrina sobre principios esenciales instituidos con carácter general en el sistema previsional argentino, que no pueden ser soslayados por ninguna otra normativa. ----- --------- Contra dicho pronunciamiento se alzó el recurrente con la presentación obrante a fs. 54/55 vta., donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito funciona como memorial para el supuesto de que ese remedio no prospere (tal como sucedió en autos -ver ap. 1º del decreto de fs. 56-). Es que no cabe la fundamentación independiente de la apelación, pues la misma se cumplimenta al incoar la revocatoria (cfr. De Santo, Víctor, "Tratado de los recursos", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1987, Tº I, pág. 228, cita n° 97). -------------------------------------------------- --------- En el escrito de fs. 54/55 vta. la apelante, en síntesis, manifestó: ------------------------------------------ · Que no es justo ni razonable que el deudor -por el solo hecho de ser jubilado- goce del privilegio de que no se pueda solventar sus deudas afectando su beneficio de jubilación. Agrega que es un principio consagrado que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores y que se conforma con todos sus bienes, tanto créditos como ingresos, incluido dentro de este último rubro sus haberes jubilatorios. ------------------------------ · Que la circunstancia de negar el embargo sobre la cuenta del demandado provoca la violación de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, principalmente el de igualdad ante la ley, provocando un trato desigual respecto de otras personas que no se encuentran en la condición de jubilado o pensionado, concediéndoles injustificadamente un privilegio discriminatorio e irritante otorgado por la Ley Nac. Nº 24.241, en su art. 14, inc. `c´. ----------------------------- · Que tal disposición, además de resultar contraria al principio de igualdad ante la ley, tiene la virtualidad de colocar a los jubilados prácticamente fuera del comercio y de los demás actos de la vida civil; ya que al no admitir la ley la renuncia a tal beneficio, asigna una verdadera capitis diminucio al jubilado, que encuentra así imposibilitado o restringido su acceso al crédito por no poder afectar su patrimonio en garantía de las operaciones comerciales que quiera convenir. --------------------------- · Que existen fallos que acogen favorablemente el planteo de inconstitucionalidad como el presente. Cita algunos en apoyo de la posición que sustenta. ------------------------- · Que, en definitiva, solicita se revoque la providencia impugnada, se decrete la inconstitucionalidad del art. 14, inc. `c´ , de la Ley de Jubilaciones y Pensiones (Ley Nac. Nº 24.241) y se ordene trabar embargo ejecutivo sobre los montos depositados en la cuenta que posee el codemandado en el "Banco Columbia S.A.". ---------------- --------- A fs. 56 se ordenó correr el pertinente traslado de la fundamentación del recurso a su contraria, quien no lo contesta, dándosele por decaído el derecho a hacerlo por providencia de fs. 60 vta.; asimismo, se dispuso la elevación de los autos a esta Cámara; lo que se materializó a fs. 61 y vta. ------------------------------------ --------- En tal ámbito y -previa determinación de los magistrados que intervendrían en la causa (fs. 62)- se dispuso el pase de los autos a resolver (fs. 65), proveído que se encuentra firme y consentido. Posteriormente, se procedió al sorteo y a su adjudicación a estudio en el orden pertinente. -------------------------------------------- --------- II. Moviéndonos hacia el punto sobre el que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio contrario a la procedencia del recurso articulado. Ello, en mérito a los fundamentos que pasamos a exponer: --------- --------- 1) Se advierte que el decreto de fs. 56 enfoca adecuadamente el problema y sienta una premisa básica en cuanto a la autosustentabilidad de la resolución de fs. 53 y que termina por confirmar la improcedencia de la solicitud de la actora dirigida a obtener la traba de embargo sobre los haberes previsionales del codemandado. ------------------------------------------------ --------- El a quo se ha apoyado en la prescripción del art. 14, inc. ´c´, de la Ley Nac. N° 24.241 que, al delinear los caracteres de las prestaciones que se acuerden por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dispone específicamente que las mismas son "inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas". --- --------- Cabe recordar como antecedentes normativos que ya las Leyes Nacs. Nos. 18.037 (régimen de trabajadores en relación de dependencia) y 18.038 (régimen de trabajadores autónomos) establecían que las prestaciones previsionales se encontraban resguardadas por la garantía de la inembargabilidad con las salvedades indicadas en la parte final del párrafo anterior (arts. 46, inc. ´c´, y 32, inc. ´c´, respectivamente), directiva protectoria que fue receptada y reproducida precisamente en el señalado art. 14, inc. ´c´, de la Ley Nac. N° 24.241. -------------------- --------- 2) La queja que intenta la recurrente es inidónea para desvirtuar el núcleo del rechazo que primigeniamente dispusiera el a quo en relación con la petición de aquélla, pues existe una interdicción legal impuesta por el aludido art. 14, inc. ´c´, de la mencionada normativa y no se configura en autos ninguno de los supuestos que habilitan la excepción al principio general de la inembargabilidad, esto es, tratarse de cuotas por alimentos o litisexpensas. - --------- Por su parte, y como ya lo expusiera este Tribunal en casos anteriores, sin perjuicio del axioma que determina que el patrimonio de los sujetos constituye la prenda común de los acreedores y que salvo disposición legal expresa en contrario todos los bienes patrimoniales de un sujeto son susceptibles de ser afectados por la acción de sus acreedores, en el campo previsional rige el principio inverso pues las prestaciones jubilatorias y pensiones son inembargables salvo que la afectación se origine en el pago de las cuotas de alimentos y litisexpensas correspondientes (cfr. Pawlowski de Pose, Amanda Lucía: "El principio de inembargabilidad en el campo previsional", Derecho del Trabajo, 2000-B, pág. 1879). --------------------------------------------------- --------- Los haberes jubilatorios y/o pensionarios suelen tener un valor exiguo y son utilizados para la satisfacción de necesidades primarias por quienes, por vía de hipótesis, se encuentran marginados -sea por su edad, sea por su incapacidad de toda actividad productiva-, por lo que no resulta extraño que el legislador haya rescatado el principio de inembargabilidad previsional como una directiva de tutela, congruente con los postulados del art. 14 bis de la C.N., aun con mengua y/o afectación de los derechos de los acreedores que, por vía de hipótesis, podrán perseguir la ejecución de otros bienes del afiliado previsional para obtener un reconocimiento legítimo de sus derechos patrimoniales, mas no afectar los ingresos de naturaleza jubilatoria y/o pensionaria. ------------------- --------- La recurrente menciona en el escrito de fs. 52 que debe efectuarse el embargo sobre el veinte por ciento (20%) del total de haberes que percibe el accionado. No obstante lo cual, cabe señalar que dicha normativa no establece ningún límite, requisito, ni condicionamiento de la inembargabilidad de los haberes previsionales, y no resulta derivación razonada del derecho vigente condicionar, por vía judicial, tal inembargabilidad a la existencia de determinadas circunstancias que la legislación no exige. Frente al texto expreso, claro e incondicional de la ley, con explícitas y taxativas excepciones a la inembargabilidad que determina, no es dable a los magistrados, en atención a las particulares circunstancias de la causa, pasar por sobre el texto de la norma, so riesgo de que, al hacerlo, se arroguen el papel de legislador. ------------------------------------------------- --------- En similar sentido, se ha decidido que "el recurso deducido debe ser desestimado. Ello, teniendo en cuenta que lo que ha buscado el legislador a través de la norma cuestionada, es salvaguardar un beneficio que posee características especialísimas como lo es el previsional y la inembargabilidad allí establecida, sólo tiende a mantener la intangibilidad de la prestación, destinada a atender las necesidades básicas del beneficiario. Lo dicho, en modo alguno afecta principios constitucionales de ninguna índole; antes bien, los salvaguarda ya que si bien el derecho de propiedad que invoca la recurrente tiene tal raigambre, también lo poseen los llamados derechos sociales establecidos en los arts. 14 y 14 bis de la Carta Magna, entre los que se encuentra el ahora analizado" (Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial, 26-04-11, "Stark, Carlos Luis F. c/ Fernández, José F. s/ Ejecutivo", mag. votantes: Basile - Igoldi, Fuente: Lex Doctor, versión 9.1 [29-02-12]). --------------------------- --------- 3) Con relación al pedido formulado por el apelante respecto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley Nac. Nº 24.241, cabe señalar que los derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución Nacional (C.N.) están sujetos a las pertinentes leyes reglamentarias -tal como lo dispone su art. 14-, y éstas deben considerarse razonables en tanto no impliquen manifiesta iniquidad (cfr. C.S.J.N., Fallos Tº 126, pág. 15 y sus citas, La Ley, 1977-A-35). ----------------------------------- --------- Bajo la óptica de dicho principio, reiteradamente se ha dicho que el sentido constitucional de la igualdad ante la ley consiste en que esta última debe ser igual para todos los iguales en iguales circunstancias, y que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. ---- --------- Se sigue de ello, que sólo cabe la intervención del órgano jurisdiccional para restaurar el imperio de la justicia, cuando las discriminaciones establecidas por ley ingresan en el terreno de la arbitrariedad. Pero ese control debe realizarse con la máxima prudencia, lo que ha llevado a la Corte Suprema a señalar "que la declaración de inconstitucionalidad de un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe considerarse como ratio final del orden jurídico" (cfr. C.S.J.N., 02-05-74, El Derecho, Tº 155-157; La Ley, Tº 156, pág. 851, fallo Nº 31.879-S). ------------------------------- --------- Al respecto es dable señalar que el Máximo Tribunal de la Nación ha resuelto que no es inconstitucional el art. 14 incs. `b´ y `c´, de la Ley Nac. N° 24.241, en cuanto dispone la inembargabilidad de los beneficios previsionales (C.S.J.N., 24-04-03, "Castilla, Mario c/ Rodríguez, Noemí E. s/ Ejecución de acuerdo Ley 24.573"). En ese fallo aplica expresamente la doctrina sentada con anterioridad en Fallos, 138:240; 163:276 y 169:40, entre otros. En estos precedentes ha expresado la Corte Nacional que: a) la inembargabilidad de las jubilaciones no vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la C.N, el que sólo importa la prohibición de establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias (Fallos, 123:106; 124:122 y 139:145); b) que la garantía del art. 16 C.N. no es otra que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente, que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ella y que cualquier otra inteligencia o acepción de este derecho, es contraria a su propia naturaleza y al interés social (Fallos, 16:118; 123:106; 124:122, etc.); c) que tampoco existe incompatibilidad entre la ley que determina la inembargabilidad y el art. 28 de la C.N. que prohíbe alterar los principios, derechos y garantías fundamentales por medio de las leyes que reglamenten su ejercicio, ya que no puede desconocerse que la facultad de reglamentar los efectos de las obligaciones en el patrimonio del deudor, comprendida en el poder de dictar los Códigos de fondo (ex art. 67, inc. 11, C.N., actual art. 75, inc. 12), autoriza al Congreso para eximir de la ejecución y del embargo determinados bienes indispensables para la vida del deudor y de su familia, exenciones fundadas en consideraciones de humanidad y que se encuentran consignadas con mayor o menor amplitud en las legislaciones de todos los países civilizados (Fallos, 138:240; 139:145); d) que no obstante que el Código Civil no contiene disposición alguna que exceptúe de la ejecución bienes determinados, ello no importa, sin embargo, consagrar el derecho ilimitado del acreedor, autorizándolo para privar al deudor aún de los objetos indispensables para su vida y su trabajo; e) que las prohibiciones (embargo de jubilación) no constituye en consecuencia un privilegio o distinción odioso del principio de igualdad aludido. ------------------------------ --------- A lo ya expresado cabe agregar, específicamente respecto de la supuesta violación al art. 17 de la C.N., que la norma cuya constitucionalidad se pone en tela de juicio, no vulnera el derecho de propiedad garantizado por la Carta Magna. Ello en razón de que la norma del art. 14, inc. ´c´, de la Ley Nac. N° 24.241 se limita a establecer una directiva de tutela, protegiendo los ingresos de un determinado sector de la población, dejando intacto el derecho de los acreedores que podrán perseguir la ejecución de otros bienes del deudor. ----------------------- --------- En la misma dirección y al confirmar el decisorio que levantara el embargo trabado por aplicación de lo reglado por el art. 14, inc. `c´, de la Ley Nac. Nº 24.241, se consideró que la inembargabilidad de los beneficios previsionales consagrada por la mencionada norma no importa establecer una situación de privilegio para un determinado sector de los habitantes del país, ya que no implica una violación al principio de igualdad; por el contrario, sus disposiciones se limitan a proteger los ingresos dejando intactos los derechos de los acreedores para perseguir otros bienes (cfr. Cám. Nac. Com., sala A, "Canjalli, Isaac c/ Torino, Ricardo", 12-06-98, El Derecho, Tº 183-551). ----------------- --------- 4) Otro motivo que termina por confirmar la improcedencia de la solicitud de la actora dirigida a obtener la traba de embargo sobre los haberes previsionales del demandado es que el régimen previsional vigente no hace distinciones en cuanto al importe mensual del haber a los fines de determinar si es o no parcialmente embargable. En este aspecto, la Ley Nac. Nº 24.241 prevé la inembargabilidad de las prestaciones del sistema jubilatorio sin establecer limitación alguna en cuanto al monto del haber y con la sola salvedad de las deudas por alimentos y litisexpensas.

--------- Por ello, concluimos que es constitucionalmente válido el art. 14 de la Ley Nac. Nº 24.241, norma que no deja lugar a dudas sobre la intención perseguida por el legislador al establecer en las disposiciones generales el principio de la inembargabilidad de las percepciones en razón del carácter alimentario que revisten los beneficios otorgados mediante el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, de donde surge el principio de intangibilidad de las mismas. Ésta es la doctrina que viene sosteniendo el Tribunal en anteriores precedentes, entre otros, Autos Nº 2.249, "Montemar Cía. Fra. S.A. c/ Miranda, Gladys F. - Ejecutivo", P. de A. Tº XXXV, 05-04-04, Fº 148/151; Autos Nº 2.207, "Nueva Guillén S.R.L. c/ Ontiveros, Julio A. - Ejecutivo", P. de A. Tº XXXV, 16-04-04, Fº 116/119; Autos Nº 2.262, "Naranjo, Antonio N. c/ Rojas, Juan Carlos - Ejecutivo", P. de A. Tº XXXVI, 25-06-04, Fº 27/33. ------------------------------- --------- 5) En suma, en función de los contornos de la causa y del contenido del planteo recursivo en el que la quejosa no aporta elementos que permitan realizar una lectura distinta de la cuestión, cabe mantener el criterio del a quo y rechazar, por tanto, el recurso de apelación articulado en forma subsidiaria al de reposición, con costas a cargo de la quejosa vencida (arts. 66 y ccds. del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037). ----------------------- ---------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: ------------------ ---------- I. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 54/55 vta., en subsidio al de reposición contra el decreto de fs. 53, con costas a cargo de la actora vencida. ------------------------------ --------- II. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.