Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-27


AUTOS N° 21.584 (76.043 - 5° CIVIL) CARATULADOS "DI PAOLA PALACIO, Luis Carlos - Prescripción Adquisitiva" L. DE S. T° 115, F° 167/178 DRES: RIVEROS-VICTORIA En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de junio del año dos mil trece, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. GILBERTO A. RIVEROS y JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 366, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 21.584 (76.043 - 5° CIVIL) caratulados "DI PAOLA PALACIO, LUIS CARLOS - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", dictada en fecha siete del mes de septiembre del año dos mil doce, obrante a fs. 356-361, de estos autos originarios del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Los autos "DI PAOLA PALACIO, LUIS CARLOS - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - I Y II CUERPO" vienen a estudio por recurso que interpuso el Sr. Raúl Benancio Aguilera contra la sentencia del 07-09-12 que declara que el actor adquirió la propiedad del bien inmueble -que a continuación se describe- ordenando la inscripción a su nombre; con costas a su cargo.- Si bien hay una clara descripción del proceso, reseñada en la sentencia impugnada, vale en esta ocasión destacar los sucesos ocurridos en autos, entre ellos que el actor promovió demanda de prescripción adquisitiva sobre el inmueble ubicado en Ruta 406 s/n Departamento Calingasta de la Provincia de San Juan, N.C. N° 1650/200390, cuyos datos se especifican en el fallo. Encierra una superficie según mensura de 77.012,29 m2.- Alegó que lo posee desde comienzo del año 1968, cuando empezó a vivir junto con su abuela, Encarnación Olivera de Palacios quien figura como poseedora de la parcela en la D.G.C.; y es hijo de la hija de aquella, Noelfa Nicolaza Palacio y de Domingo Di Paola.- Se comportó como legítimo poseedor, alambrando la propiedad, plantó frutillas; en el año 1976 pidió el servicio de agua potable; y en el año 1977 colocó una fábrica de bloques de hormigón; construyó un galpón; y reacondicionó la mejoras existentes, viviendo junto a su abuela hasta que falleció.- Afrontó gastos de insumos y abonó remuneraciones a quienes trabajaron para él; y pagó impuestos.- Se intentó citar a juicio a quien está registrada en D.G.C como poseedora, pero no siendo posible tomó intervención de la Defensora Oficial a fs. 103. Dictaminó a fs. 348, considerando no acreditados los hechos necesarios para acceder a la demanda.- A fs. 119/121 comparece Raúl Benancio Aguilera y Mercedes del Carmen Saavedra por derecho propio y deducen oposición a la pretensión actora, a quienes se les da el carácter de terceros voluntarios. Se tiene presente la prueba documental; y se rechaza el resto por extemporánea a fs. 123.-.

Producida la sentencia es impugnada por el Sr. Raúl Benancio Aguilera.

Notificada la Defensora Oficial a fs. 460 vta., no la recurre.- Consideraciones del fallo:

El Juez se ocupa, en primer lugar, del efecto del consentimiento al llamamiento de autos; luego que el dominio puede adquirirse por la posesión "animus domini"; que no hay inscripción registral, solo como aparece como poseedora la Sra. Olivera de P. Encarnación, de quien no se ubica domicilio, ni sucesorio, por lo que se produce el contradictorio con la Defensoría Oficial nº 5, quien aceptó el cargo; y los oponentes.- Al meritar las pruebas aportadas, a la luz de lo que prescribe el art. 4015 del C.Civil, destaca la testimonial rendida a fs. 156, 156 vta. y 157 por Ismael del Tránsito Cortez, Jorge Walter Cordeje y Jacinta Orellano. Rescata del dicho del primero, que hace 22 años es casero del inmueble y reconoce como único dueño al actor, que está trabajando en el arreglo del alambrado, existe una casa vieja, han plantado bosque, una quinta, hacen chacra, limpian acequia y desagües periódicamente; y describe los linderos.- Que la posesión ha sido pública, continua y pacífica que desde los años que ha estado nadie ha reclamado nunca.- Similar es la declaración de los restantes testigos que dicen que en el inmueble primero vivieron los abuelos y luego los padres del actor, que los hijos de ambos han jugado en dicho inmueble, y reconoce los arreglos efectuados ya mencionados, como así los colindantes.- Sigue con la documental acompañada, para concluir que el actor ha cumplido con el pago de impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble a usucapir, de forma periódica y desde hace más de veinte años.- Luego se ocupa de la inspección ocular, donde se observa un galpón semi destruido de tapial, una construcción precaria que consta de cinco habitaciones, una cocina y baño instalado, de construcción de tapiales con techo de palo y pájaro bobo con piso de cemento alisado, con energía eléctrica y agua potable, habita Ismael Cortez con su grupo familiar; el cierre perimetral de alambrado con palos; y las plantaciones del lugar.- Con tales elementos encuentra constituida la prueba compuesta que la ley exige.- En relación a la actuación de la Sra. Defensora Oficial N° 5, y a la postura que asume en el proceso objetando que no surge la posesión continua, pacifica e ininterrumpida, responde el juez diciendo que entiende que el usucapiente resulta ser continuador de la poseedora en su posesión; y no como afirma la Defensora el no recurrir a la interversión del título, que por otro lado no resulta necesario.- Sobre la intervención del	Sr. Raúl Benancio Aguilera, concluyó que no aportó prueba alguna que contradijera la del actor; y además, el hecho nuevo denunciado debe ser desestimado toda vez que no guarda relación con los requisitos legales que debe contener la usucapión.- Los agravios del apelante Raúl Benancio Aguilera:

Están expresados a fs. 397 y en ellos, dice el quejoso que "alega, ofrece pruebas, y reitera oposición" contra el progreso de la prescripción y a la sentencia porque se ha producido un verdadero "despojo" y "usurpación", y una verdadera "desinformación" a V.S.; y se debió suspender esta prescripción adquisitiva desde diciembre del 2.009 en adelante, para revertir este proceso y antes de sentenciar en definitiva; y lo sustenta en que el poseedor con ánimo de dueño con derecho a usucapir no es el Sr. Di Paola, es el Sr. Raúl B. Aguilera, no como figura en estos autos armados (con la "venia" del Juez de Paz de Calingasta y la Comisaría N° 16), y a espalda del Sr. Aguilera, que es quien verdaderamente detentó la posesión basada en un ingreso legal por autorización de los "supuestos propietarios de aquel entonces"; quien guardó y cuidó la parcela II como propia; pagó servicios e impuestos; nunca ejerció violencia. El Sr. Di Paola en los últimos 25 años ni siquiera ha vivido en el departamento Calingasta; está radicado en Neuquén, y viene esporádicamente a la Provincia, como lo prueba con documental y reconoce el Sr. Cortez; ha ejercido violencia en bienes y personas, como acredita con denuncias en el Juzgado estando actualmente procesados su "encargado" y él por violar la medida de no innovar, amenazas, daños, hurto, irrumpiendo en forma violenta en el predio transformándola en una verdadera usurpación.

No ha vivido nunca ahí, no ha poseído, ha usurpado y hasta hoy viene realizado tareas dentro del predio, cuando hay medida de no innovar, y la justicia permite esos hechos, que lo descalifica como poseedor; faltó a la verdad ante el Juez de Calingasta, y todavía sigue realizando actos de intimidación, ya que hay expedientes perdidos por Comisaría 16; que no aparece y es Denuncia por Hurto Calificado n° 102/2009 recaído en el Tercer Juzgado de Instrucción; siempre como autor intelectual, que está siendo procesado por Usurpación Desobediencia a la orden judicial (medida de no innovar) su encargado-empleado Cortez y compañero Valdivia, José Alejandro por amenazas, tramita ante el Juzgado Primero en lo Penal correccional. Argumentó querer hacer un centro turístico e inversiones que nunca realizó. Han faltado a la verdad todos los testigos, a sabiendas, ya que todo Calingasta sabe que esas tierras las posee Raúl Benancio Aguilera.- Han realizado una encuesta ambiental y no vecinal, como solicitó la Defensora, y lo ordena el Oficio. El Sr. Cortez dijo que vive con su esposa y dos hijos, y ni su esposa vive ahí, ya que le han entregado en fecha 18 al 20 de junio del 2.010 una casa del IPV en el Barrio Bicentenario, y tiene un negocio de alimentos para animales; y su hija vive en la casa del B° Bicentenario con su madre. Además, que debió realizarla personal idóneo como una Asistente Social.- No se hizo encuesta ambiental, porque sabe todo Calingasta que Aguilera es poseedor.- El Juez de Paz se dió el lujo de no aceptar denuncias de Aguilera ante tantos atropellos estando viva la medida de no innovar "argumentando que él no tenía jurisdicción ni competencia para ordenar que la policía actúe durante los actos usurpatorios, daños, amenazas y despojos", ni tampoco ha pasado constancias del conteste al Quinto Juzgado Civil de la medida contravencional que en el tiempo y forma se contestó con elementos probatorios; lo que documentadamente acompaña.

En San Juan no constan antecedentes hereditarios de esa propiedad en favor de Di Paola, y si los hubiere, con el transcurso del tiempo se perdieron.- Los testimonios fueron amañados en ese sentido y son impugnados por su parte, porque se realizaron violando la defensa en juicio sin presencia del profesional que defiende a Aguilera.- Se han violado todas las reglas establecidas en el debido proceso causando un daño grave e irreparable a su parte.

Se le han denegado recursos, reservas y fundamentos de derecho.

Se han omitido hechos; se han admitido como ciertas falsedades de la actora. En su torpeza hasta Cortez dice que Di Paola viene esporádicamente, ya que vive en Neuquén; que Cortez fue notificado de la medida de no innovar e hizo lo contrario, especialmente desde ese día en adelante. Que no se le notifica de nada a Aguilera, durante el proceso, tampoco se tuvo en cuenta la oposición e impugnación.- El eje de su planteo es que nunca existió título que acredite la propiedad de los abuelos, tampoco el fallecimiento de los mismos; el sucesorio es inexistente, ni ningún vínculo de consanguinidad fue acreditada. Si bien la ley favorece al heredero, en este caso es insostenible y debió intervertirse el título respecto a los otros supuestos herederos; y contra el verdadero poseedor con ánimo de dueño don Raúl Aguilera.- No acreditó posesión verdadera ya que nunca vivió. Falta a la verdad el encargado cuando dice que hace 20 años que posee para Di Paola y si es tal parece que cobra por faltar a la verdad y cometer daños a Aguilera. Fue una propiedad que quedó en manos de Aguilera quien ejerció como dueño todos los actos y abandonada totalmente por los que hoy pretenden usucapir.

Acusa los testimonios de falsos, y actos amañados los de la Comisaría 16 de Calingasta, porque ello saben donde viven los hijos de Cortez y su esposa, y debieron hacer la encuesta ambiental.- Critica al juez que adecuadamente dictó medida de no innovar, y pese a las denuncias nada hizo; ponderando inadecuadamente nuevamente los hechos, firmó y borró con el codo diciendo que ninguna prueba se aportó .- Siendo que de todo ello aportó prueba.- En otro punto de su escrito refiere a "Documentación ya acompañada", pidiendo sea examinada detenidamente. Entre ella la que acredita el ingreso legítimo y pacífico de Aguilera al predio, rescatando que desde esa fecha -12/08/88- hay constancias que ya poseía la propiedad Aguilera; pacíficamente y con ánimo de dueño.- Copia del conteste a la pretendida denuncia contravencional realizada por Ismael Cortez por ante el Juez de Paz, Copia de denuncias; acta de constatación, copia de informes del Registro de Juicios Universales. Copia del Diario Nacional de fecha 21-09-11 ("es hermano de Luis Carlos Di Paola). Pide se ordene de inmediato el desalojo del predio. Luego invoca el derecho en que funda los hechos" y dice, A- La suspensión solicitada en los arts. 2979 hasta 2983 del C.C. Se mantenga la prohibición de innovar, y se disponga el desalojo.- Los agravios son contestados a fs. 404 y siguientes.

Notificada la Defensora Oficial N° 5 de la sentencia recaída, no la impugna.- Tratamiento de los agravios:

Entiendo que solo cabe meritar, a través de los agravios del apelante, la incidencia de la oposición; puesto que la contraparte, representada por la Defensora Oficial, no ha recurrido el fallo que hace lugar a la adquisición de dominio por prescripción (conforme lo prevé el art. 262 del C.P.C).- Ocupándome del tema diré, en general, que las quejas del apelante señor Raúl Benancio Aguilera, contenida en el escrito de fs. 397, no alcanza de modo alguno la entidad que requiere el art. 253 del Código Procesal Civil para ser consideradas técnicamente agravios. Esto por no consistir en una crítica concreta y razonada que exhiba los errores en que incurre el juez a-quo en su sentencia; y a la vez muestre la solución que -a su criterio- es la ajustada a derecho.

Sus planteos solo quedan en una desprolija reiteración (del escrito de fs. 325/328; anterior al fallo), estéril, cuando no ofensiva a magistrados y funcionarios, y carente de todo sustento; alejada tanto de las constancias habidas en la causa como del derecho que rige la materia.- El proceso judicial en sede civil -resulta abundante decirlo, pero al parecer en el caso es necesario hacerlo- está regido por el Código de Procedimiento Civil, en su oportunidad por el instituido por ley 3.738, y actualmente por la ley 8.037; de aplicación al caso según lo dispuesto por el art. 800.- Cuerpos legales que contiene normas que son de orden público, que deben ser acatadas por todos los sujetos intervinientes en el proceso, inclusive por el Sr. Raúl Benancio Aguilera, y los letrados que lo asisten.- Esto viene a cuento en mérito a que el apelante insiste en la alzada pretendiendo editar, o reeditar, etapas procesales ya precluidas, con intervenciones, incidencias, argumentación y documentación que, a más de aportar nada a los temas que son de interés, ya se intentó introducir en primera instancia, habiendo sido rechazada.- De no ser totalmente así, y existir algún error en el proceso, habiendo sido consentido el llamamiento de autos, quedaron purgados los vicios que pudieran haber ocurrido en la instancia anterior; y ya no es posible esgrimirlos ni enmendarlos.

En la sentencia, así lo ha meritado el Sr. Juez a-quo, en el primero de sus considerandos, sin que haya sido motivo de agravio por parte del apelante.- La consideración que precede es suficiente para considerar desierto el recurso. No obstante me detendré en particular en las quejas y objeciones para resaltar la sinrazón del litigante, y las consecuencias que derivan de sus actos.- Entonces, ocupándome puntualmente de las críticas, advierto que arranca el escrito de expresión de agravios diciendo que viene " .. a alegar y ofrecer pruebas ...."; reiterando, que en el caso se violaron todas las formas, el debido proceso, y la defensa en juicio.- Pero de ninguna forma dijo precisamente cómo ocurrieron aquellas irregularidades; y cuando pretende puntualizarla, cae - con frecuencia y abundancia- en inexactitudes o errores.- Así es que se queja por la denegatoria de recursos y reservas (fs. 398 vta).- Pero es el caso que tales denegatorias tienen su remedio específico en la "queja por recurso denegado" art. 280 (ley 3.738), y 266 (ley 8.037).- Si el apelante no utilizó la vía idónea para revertir las negativas que consideraba erradas, es su responsabilidad; por lo que mal puede venir a quejarse en este momento.- Participando el proceso civil del principio dispositivo, utilizar los medios legales constituye una carga que tiene el litigante; sin que pueda librarse de la consecuencia legal si no cumple con ella.- Sobre la pretensión de "alegar", cabe decir que ya lo intentó a fs. 325-328, actuación que fue rechazada por extemporánea, en providencia del 30-11-11 (fs. 329).- Por ende, dicha etapa transcurrió, no fue usada en el tiempo útil, y precluyó la oportunidad.- Siendo así, y estando consentido el rechazo, mal puede volver a revivirla.- Para nada vale la adhesión que el apelante formula a fs. 350 vta, a la contestación de traslado de la Defensora Oficial (contenida a fs. 348 y siguientes), porque la oportunidad de producir dicho acto es una prerrogativa que le asiste a determinados sujetos (los contemplados en el art. 318, de la ley 8.037) entre los que no está el Sr. Aguilera.- En cuanto a la prueba que propuso el nombrado, observamos la ofrecida a fs. 119/121, y allí se tiene presente la documental, y es rechazado el resto; por providencia de fs. 123, que fue consentida.- Ahora bien, del análisis de la documentación resulta que nada acredita el Sr. Aguilera sobre que el actor no sea poseedor del inmueble objeto de juicio; menos aun que él lo sea.- Esto así porque haciendo mérito de la documentación observamos el boleto de compraventa cuya copia luce a fs. 113-115, suscripto el día 04 de julio del año 1.973 y los recibos de pago del precio (copia de fs. 111 y 112) por la adquisición de un inmueble.- Pero es el caso que dichos instrumentos hacen referencia a la compraventa del inmueble individualizado como la "Fracción I" descripto en el plano de mensura N° 16-447-72, elaborado por el Ingeniero Pellicer.- Así lo dicen los documentos, acreditando que los antecesores del actor venden dicha fracción a la Sra. Saavedra de Aguilera.- Pero resulta que aquella fracción "I", nada tiene que ver con el inmueble pretendido en este juicio, representado como "fracción II" del mismo plano.- En mérito a ello es que incurre en error el Sr. Aguilera al decir a fs. 119 que " ... el objeto de esta posesión, no solo se superpone con el inmueble que esta parte detenta, según constancia de contrato de compraventa ....". Es que al ser fracciones distintas, según el contrato de compraventa y plano respectivo, ninguna superposición existe.- En cuanto al pago de cánones al Departamento de Hidráulica, son encarados por el Sr. Raúl Aguilera en el año 2.006, mediante un plan de pago que, si bien comprende períodos anteriores, fue solicitado en fecha reciente por lo que en nada empañan la actuación del actor, ni demuestran el ánimo de dueño del oponente en fechas anteriores.- A partir de ese ofrecimiento de pruebas el Sr. Aguilera arremete contra las producidas por el actor, y de modo desordenado y alejado de todo procedimiento instituido intenta introducir otras que solo enmarañan el juicio sin ningún resultado en su favor.- Respecto a la prueba testimonial ofrecida por el Sr. Di Paola, la critica el apelante tachándola de falsa, amañada, producidas en forma contraria al debido proceso, derecho de defensa, y otras más, impugnándola.- Sobre la impugnación que formula, cabe decir que el ataque que intenta también está fuera de tiempo válido.- El artículo 440 de la ley 3.738; o el 419 de la ley 8.037, prevén que será " ... dentro de la etapa de prueba que las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos ...". Habiendo transcurrido la etapa probatoria - según clausura de fecha 19-03-10, fs. 241 - la objeción que ahora formula es tardía.- Sin perjuicio de ello, destaco que el ataque tampoco es fructífero.- Una objeción es que se produce en el Juzgado de Paz de Calingasta " .. sin la presencia del profesional de la defensa del Sr. Aguilera .." (fs. 398 vta), lo que es inatendible pues surge de la cédula obrante a fs. 134 la oportuna notificación por cédula. Con lo cual, si no concurrió a la audiencia se debió a una decisión propia que no puede utilizar en perjuicio del acto.- Por otro lado, es prueba que bien sabían del acto a realizarse cuando intenta revocar el decreto que lo ordenaba (fs. 135-137) interponiendo recurso de reposición y apelación ante el Juez titular del Quinto Juzgado Civil en fecha 08-08-08; que fueron rechazados porque el impugnante había consentido el decreto atacado (providencia de fs. 140).- El rechazo de los recursos, tanto de revocatoria como de apelación quedaron firmes. Mal puede cuestionar que se realizó sin su presencia si no quiso concurrir.- Es más, aquel escrito (de fs. 135-137) no impidió presentar otro de igual tenor y finalidad (casi idéntico) ante el Juez de Paz de Calingasta (fs. 146-148), el 11-08-08; que fue respondido por ese Magistrado rechazando las impugnaciones por carecer de facultades, ya que es juez exhortado (providencia de fs. 150).- Dicho rechazo aparece ajustado a derecho pues el art. 89 inc. "E" de la ley 5.854 (Ley Orgánica de Tribunales) le acuerda al Juez de Paz Letrado atribución de "Cumplir las diligencias procesales y la recepción de pruebas que les encomendaren ..". En virtud de tal disposición legal, no es competencia del Juez de Paz Letrado conocer, ni decidir sobre el acierto o procedencia de las medidas cuya producción le son encomendadas por otro Magistrado.- Sobre la cautelar y sus implicancias. Se refiere el Sr. Aguilera a la que solicitara a fs. 208-210, y que fuera concedida en decreto de fs. 225.- Insistentemente afirma que fue violado el mandato; lo que motivó múltiples denuncias. Además, el señor Aguilera, en una más de sus reiteradas irrespetuosidades, que con frecuencia ha usado, y abusado a lo largo del proceso, dijo al expresar agravios que el juez " ..firmó y con el codo borró diciendo que ninguna prueba aportó ..." .- Respecto a que el juez borra con el codo, lo que había firmado, no es más que una apreciación resultante de la ignorancia que el oponente ha exhibido a lo largo del proceso.

Es que la ordenada, como toda medida cautelar, es eminentemente provisoria; por tanto puede cambiar, ampliarse, restringirse o dejarse sin efecto; (arts. 208 y 204, del C.P.C. anterior y actual).- El dictado de una medida cautelar no tiene definitividad, pues es variable, y también revocable, según lo contempla la ley procesal en los artículos citados; con lo cual no puede sorprender que el juez, luego de concluido el proceso, y meritado todo el material aportado, haya encontrado justicia y acierto en una solución diferente.- La medida de no innovar, se decretó en vista de las actuaciones que hasta un momento del proceso se habían producido; y que crearon una presunción de buen derecho; pero que no es la declaración de derecho que se produce en la sentencia definitiva.- Sobre las contínuas violaciones, las denuncias respecto a que el actor no cumplió con la orden judicial.- Varias son las que produce el oponente, ante la autoridad policial y judicial.- Pero tampoco van a obstruir la marcha del proceso.- Al respecto diré que según el escrito de petición, la medida cautelar de no innovar consistía en que el actor se abstuviera de la construcción de un cerco divisor; y el Juez al acordarla ( fs. 225 - el 20-11-09) dispuso " .. suspender la obra, consistente en la construcción de un cerco divisor realizado con alambres y postes de madera ...".- La medida fue notificada según acta de fs. 235; y su alcance limitado a los actos precisados en la comunicación, por lo cual toda otra tarea, tales como la preparación de la tierra, cultura o sembrado, etc. no importaba violación a dicha orden.- Sin embargo, tampoco ha logrado el oponente probar que el Sr. Di Paola, o sus dependientes, haya producido actos violatorios, puesto que las fotos que adjunta en varias oportunidades no son demostrativa de ello. Ni siquiera alcanzan a tener eficacia probatoria; aun con el "acta de declaración jurada y constatación" notarial que se adjunta a fs. 214, 269, 334- Ello, no solo por la extemporaneidad conque se producen e incorporan. También, porque aun obviando el recaudo temporal, tampoco tienen eficacia porque la notaria da fe de lo que el Sr. Aguilera declara, y de la indicación de un rollo fotográfico que será utilizado de acuerdo al fin que el compareciente consigna en el acto; pero la fedataria no dice de la fidelidad de las fotos con relación al lugar que exhiben; ni que se corresponda el espacio y estado de la cosa cuestionada.- La notaria da fe de lo que escucha; pero no que Aguilera cumpliera con lo que declara; ni de la utilización de las placas de fotos.- Distinto sería si la Notaria hubiera participado en el acto de toma de fotos, y certificado la correspondencia de la imagen que exhibe con la realidad que constata.- En cuanto a que el actor no vive en el inmueble a usucapir, no es obstáculo alguno para reconocer su condición de poseedor, como tan enérgicamente lo cuestiona el Sr. Aguilera destacando como prueba los dichos del Sr. Cortez, el informe del Reg. del Automotor, etc. para probar que reside en la Provincia de Neuquén.- Es que el art. 2.351 del Código Civil contempla la posibilidad de ejercer la posesión a través de "otros"; es decir que no solo hay posesión cuando se tiene la cosa por si.- Además, que la habitación continua y permanente no resulta el único acto posesorio de cosa inmueble, sino que el art. 2.384 del mismo texto legal refiere a "... su ocupación, de cualquier modo que se tenga ....", indicando, como ejemplo, su cultura, percepción de frutos, deslinde, construcción o reparación, etc..- Por tanto no es determinante la permanencia, ausencia, o las visitas esporádicas del actor al inmueble; o su residencia en otra provincia.- Respecto al ingreso del Sr. Aguilera al inmueble.- Dijo a fs. 400, que el ingreso a la propiedad fue legítimo y pacífico en base a documentación que aporta; que ese hecho significa la interversión de titulares y que desde esa fecha al menos hay constancias de que ya poseía la propiedad con ánimo de dueño.- La documentación a que refiere, consiste en las autorizaciones cuyas copias lucen a fs. 342 y 388. Dichas copias, certificadas, fueron agregadas por decreto de fs. 345; y la segunda por decreto de fs. 403.- Entiendo que la documentación incorporada prueba la carencia del ánimo de dueño por parte del Sr. Aguilera.- Esto, porque la autorización que los antecesores del actor le dieran al Sr. Aguilera, en fecha 12-08-88, si bien dan cuenta de un ingreso pacífico y legítimo, para nada está indicando que lo hace en calidad de poseedor (en los términos del art. 2.351 del Código Civil). Ello, porque no puede comportarse con ánimo de dueño si es justamente el dueño, o los dueños, quienes le permiten el ingreso para que cumpla con una tarea determinada (hacerse cargo la propiedad "... intertanto se confeccione el contrato de locación ...).

Si el Sr. Aguilera se sentía dueño, o tenía el animus domini, no precisaba de la autorización de otra persona.- Igual con la autorización (fs. 342), de fecha 28-07-88. Dicho instrumento comienza diciendo "En nombre de la sucesión de Encarnación Olivera de Palacios como propietaria del inmueble ..."; mal puede entonces extraerse de dicho documento que el Sr. Aguilera se considere dueño; si está reconociendo en otro el derecho de propiedad. Más todavía cuando consiste en una autorización para que tale los álamos que se encuentran dentro de la propiedad.- Por ende no hubo en este acto jurídico, como en el anterior, uno que tenga efecto y eficacia traslativo de la posesión- Contrario a su pensamiento, dicha documentación está poniendo de manifiesto el acto de disposición que cumplen -con ánimo de dueños- los otorgantes Sres. Domingo Di Paola Correa y Nohelfa Palacio, que van a producir una actividad determinada mediante la utilización de los servicios del Sr. Aguilera; quien acepta dicha autorización asumiendo la responsabilidad frente a quienes se la encomienda; y quienes actúan como propietario. (esto en el año 1.988).- No es compatible ni coherente con el ánimo de dueño de una cosa -componente necesario para que se reconozca la "posesión"- necesitar recibir autorización para actuar sobre ella.- Por el contrario, evidencia el ánimo de tenedor de cosa ajena (art. 2.352 del C.C.); y actuar en representación del verdadero poseedor.- En cuanto a que dichos documentos acreditan "interversión de titulares" cabe decir que el Código Civil no prevé tal interversión de titulares, sino "interversión de título", o el cambio en "la cusa de la posesión"; o de las cualidades del "título".- Luego, no hay actos que revierta la presunción que emana del art. 2.353 del C.C. que en su parte final prevé que el que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continua poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. En el caso el Sr. Aguilera no ha probado poseer por si mismo.- En cuanto a la objeción que formula sobre la encuesta ambiental y vecinal.- Respecto a la encuesta realizada, y a la no realizada, tampoco hay acuerdo en los dichos del apelante.- A fs. 398 dijo que no se realizó la "vecinal"; luego destaca que no se realizó la "ambiental" (fs. 399 vta.).- Pero dejando atrás esa discordancia, y observando la objeción sobre la forma, porque la realiza la Policía y no personal idóneo como una Asistente Social, considero que vuelve la crítica a ser improponible.

Respecto a que debió ser producida la encuesta ambiental por personal idóneo, asistente social, es una crítica descalificada por la contradicción en que habitualmente incurre el apelante. Es que a fs. 120 vta. requirió que se "oficie a la Policía de San Juan, quien por intermedio de la Comisaría 16, realice encuesta ambiental y vecinal ...".- Hoy, tacha el acto porque se realizó del modo que él lo había propuesto. Es inaudible.- La Defensora Oficial a fs. 105 también requirió la intervención de la Policía.- Por último, y en cuanto a la falta de la encuesta vecinal, o ambiental, es una circunstancia procesal anterior al llamamiento de autos. Haber consentido dicho proveído, ha subsanado el error, u omisión; por ende no es invocable en esta instancia recursiva (ya fue considerado el efecto que produce el llamado a resolver).- Luego invoca "el derecho en que funda los hechos" y dice, que el proceso debió suspenderse, e invoca los arts. 2979 hasta 2983 del C.C.; que se mantenga la prohibición de innovar, y se disponga el desalojo.- Realmente aparece desatinada la cita del art. 2.979 y siguientes, hasta el 2.983 del Código Civil, pues se refieren a la capacidad para establecer o adquirir el derecho real de "servidumbres" y en su caso "usufructo"; institutos totalmente ajenos al de prescripción para adquirir dominio.- Y respecto a la mantención de la cautelar, la sentencia dictada ha borrado todo humo de buen derecho que pudiera haber sostenido -en otra etapa- el dictado anterior.- Como también resulta totalmente extraño al caso la invocación de un parentesco del actor con otro señor de igual apellido; ya que cualquiera sean los antecedentes del nombrado, ninguna pertinencia tiene con relación al tema que se debate en autos.- Para finalizar, no puedo dejar de observar que a lo largo de la actuación del oponente, en forma reiterada se ha referido irrespetuosamente a la persona del Juez a-quo; al Juez de Paz del Departamento Calingasta; a la "Comisaría 16" (sin individualizar a persona alguna), atribuyendo actuaciones irregulares, haber actuado borrando (o contradicho) lo escrito; haber "armado" un proceso con la "venia" del Juez de Paz y Policía; , acusando "connivencia", haber rechazando denuncias; no produciendo decisiones, etc.- Remata el quejoso a fs. 422 advirtiendo a este Tribunal de Alzada respecto a desbaratamiento de derechos, fraude procesal, connivencia de Jueces y Comisaría.- Frente a este sostenido ataque, y respondiendo a la constante crítica en que incurre el apelante por los rechazos de sus actuaciones por ser "extemporáneos", digo que no es ninguna irregularidad lo actuado en el proceso, mucho menos "rayano al fraude procesal ..." sino la aplicación de la norma legal, que respecto de los plazos procesales, y conforme lo previsto por el art. 160 (ley 3.738) y 156 del nuevo Código Procesal, son perentorios.- Entiendo que el ejercicio de defensa, con un asesoramiento técnico de letrado, no puede llegar al extremo del agravio; innecesario para defender un interés legítimo; inútil para revertir una resolución jurisdiccional; y para más, gratuito.- Es por ello, y en ejercicio de la atribución contenida en el art. 45 y 44 inc. "c" de la ley 5.854 cabe meritar la actuación del Sr. Aguilera y el abogado que lo asiste.- Como lo adelanté al inicio de las consideraciones, a lo largo de la presente resolución - que bien pudo concluir declarando desierto el recurso - me he ocupado de puntualizar los comportamientos, dichos y argumentos del Sr. Raúl Benancio Aguilera para demostrar y poner en evidencia el desacierto de la postulación y la ligereza de los planteos que han terminado, casi todos, con un inmerecido agravio a distintas personas; sin que se advierta que el denunciante y acusador haya arbitrado los medios para que las autoridades competentes, y por las vías legales que correspondan, reciban y meriten el actuar de Magistrados y Funcionarios.- En mérito de ello voy a votar, y así proponer al Tribunal, sancionar al Sr. Raúl Benancio Aguilera, por un actuar irrespetuoso y obstructivo, con multa, consistente en un salario mínimo del escalafón judicial; y al letrado Guillermo Félix Guidet con dos días de suspensión en la matrícula (art. 45 y 44 inc. "c" ley 5.854).- En mérito a ello, voto por el rechazo del recurso de apelación, con costas. Imponer al Sr. Raúl Benancio Aguilera multa consistente en un salario mínimo del escalafón judicial; y al letrado Sr. Guillermo Félix Guidet, suspensión en el ejercicio de la matrícula de dos días, debiendo comunicarse a fin de su registración y cumplimiento.- El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Rechazar el recurso de apelación, con costas. Imponer al Sr. Raúl Benancio Aguilera multa consistente en un salario mínimo del escalafón judicial; y al letrado Sr. Guillermo Félix Guidet, suspensión en el ejercicio de la matrícula de dos días, debiendo comunicarse a fin de su registración y cumplimiento.- El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación, con costas. Imponer al Sr. Raúl Benancio Aguilera multa consistente en un salario mínimo del escalafón judicial; y al letrado Sr. Guillermo Félix Guidet, suspensión en el ejercicio de la matrícula de dos días, debiendo comunicarse a fin de su registración y cumplimiento.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.