marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, cómputo del plazo, mandato, inspección ocular
Materia: CIVIL
Carátula: CIPELLI OSVALDO c/ CNAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

El art. 58, ley 17418 no puede ser desplazado aplicando la figura del mandato a las relaciones tomador beneficiario con la consecuencia de someter las acciones entre ellas al plazo decenal, pues semejante postura contraria las reglas de interpretación de la ley en tanto da prevalencia a una norma general y residual como es el art. 846 del C.Comercio, art. 4023 C.Civil, por sobre una disposición particular integrante de un complejo normativo con cierta autonomía, que no es pertinente desembar. Es claro por lo demás, que el legislador ha adoptado respecto de los seguros en general plazos breves de caducidad y prescripción, por lo que no parece armonizar con el sistema dejar abiertas las acciones entre el tomador y el beneficiario del seguro por el extenso plazo de 10 años, art. 78 del dec. 1588/80.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Minera. Aguilar S.A. s/ Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-22

La apelación del art. 14 de la ley 48 sólo procede respecto de sentencias judiciales, es decir, provenientes de los órganos permanentes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias. La excepción a este principio tiende a preservar el control constitucional que incumbe a la Corte, en los supuestos en que esos tribunales hayan sido sustituidos por órganos o funcionarios ajenos a aquél en virtud de disposiciones que, además, excluyen toda forma de revisión judicial.
Derechos de autor, interpretación de la ley, protección del software, instrucción, nulidad procesal, defectos del procedimiento, delegación de la investigación, secuestro de bienes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LIN, Chun Hsiung y otros s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Si lo que protege la ley es la creación intelectual de una persona, aprovechándose de la obra de otro, a los efectos de obtener algún beneficio que no le corresponde, la excepción a este principio no debe existir para los programas de computación, ni tampoco la afirmación de que éstos no son obra del espíritu humano, más allá de la comprensión o no de ellos, o del rechazo al avance de la ciencia; el hecho es que el programa de computación se basa en la creatividad de la persona que unió los elementos técnicos que posibilitan la utilización del programa como tal, es decir, que si bien hay un conjunto de factores que la máquina puede hacer por sí misma, no hay duda que se necesita de una persona que haya dirigido esos elementos, esto es, en definitiva, lo que protege la ley de propiedad intelectual.

La investigación respecto de la falsificación con fines de comercialización de disquettes conteniendo obras copiadas y manuales en fotocopias de distintos programas, cuyos originales pertenecen a la firma "Microsoft Corporation Inc.", abre la cuestión respecto de las deficiencias del secuestro llevado a cabo por la instrucción, en el cual no se tomaron los recaudos de seguridad para saber a ciencia cierta si lo que se peritó, resultó ser lo que se había incautado a cada uno de los imputados, ya que se realizó de manera desprolija y no se tomó el debido cuidado para que los objetos tuvieran una identidad propia con el fin de que fuera siempre inalterado tanto el contenido general como particular.

Las formalidades de los actos procesales tienen un fin de control, tanto para el juez como para las partes, con la posibilidad de realizar un juicio de razonabilidad.

Una interpretación armónica de los arts. 211 y 215, C.P.M.P., dan esas pautas legales pues no es una casualidad que el legislador haya empleado la expresión "describiéndolas minuciosamente", refiriéndose a la diligencia del secuestro.
Libertad sindical, Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, Constitución Nacional, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Si el derecho a la sindicalización de la fuerza de seguridad provincial surge directamente de la Constitución Nacional (por lo que no puede ser prohibido por una legislatura local), los derechos emergentes de la sindicalización sí pueden ser reglamentados y aun prohibidos por ley formal, atendiendo a las peculiares características de la actividad concernida, por considerarlo incompatible con la protección de los derechos de terceros y la propia seguridad pública (Disidencia del juez Rosatti que remite a su voto en disidencia en el precedente Sindicato Policial de Buenos Aires (Fallos: 340:437)
Accidente de tránsito, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galian de Geliot Bertha E. y Otro c/ Raimundo Raúl Ferreyra y/u Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-24

Sobre la mecánica de accidentes, a propósito de detallar los espectadores de un hecho por lo general no coinciden, aunque sí deben hacerlo en lo fundamental, porque la atención humana no retiene las circunstancias accesorias o secundarias de un suceso.
Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez Reisse, Leandro Angel s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La Convención Interamericana de Derechos humanos, a partir de la jerarquía constitucional otorgada al Pacto de San José de Costa Rica, debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida que el estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (art. 2 de la ley 23.054).
Contrato de trabajo, empleo público, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: LUQUE, ROLANDO BALTAZAR c/ SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

Estado Casa de la Moneda y la condena de ésta última al pago de los salarios caídos con más los intereses, a raíz de su despido sin causa; todo ello por tratarse de una relación que se materializa en la esfera pública, con sustento en la doctrina sentada por la CSJN a partir del caso "Madorrán Marta Cristina c/Administración General de Aduanas" y lo normado por el Decreto 1252/07 que homologa un acta acuerdo en la cual el personal de Casa de la Moneda se incorpora como organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Economía y Producción en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública. Por otra parte el hecho de que la empleadora sea una sociedad del estado en los términos de la ley 20.705, no implica un desplazamiento de la naturaleza pública de la relación.
Acción de amparo, contratos administrativos, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-12

El principio de la igualdad resulta violado, si se obliga al contratista particular a asumir mayores cargas y menores beneficios que los que se tuvieron en cuenta al comparar su oferta con la de los anteriores oferentes. Resulta tambien distorsionado el principio de igualdad, si se pretende trasladar al contratista las malas previsiones técnicas o financieras de los pliegos, por ejemplo: la inclusión de cláusulas de reajuste, alejadas de la realidad de la plaza prevista o imprevista.-
Costas, costas al demandado, reparación integral
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Sandra del Valle c/ Barcat, Eduardo Abraham s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte A-09051/00  Indemnización por despido y otros rubros. L.A. N 46 F 40 / 41 N 19 Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte A-09051/00 Indemnización por despido y otros rubros. L.A. N 46 F 40 / 41 N 19
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-02-19

En los reclamos por indemnizaciones, en principio, las costas deben ser soportadas por el empleador demandado, aún cuando no se admita la procedencia de la totalidad de los rubros reclamados, o en la medida en que se lo pretenda, y esto es asi porque las costas integran la indemnización, y resolverlo de manera distinta, cercenaría el derecho que la sentencia reconoce.
Recurso de inconstitucionalidad, acto administrativo, notificación, actuación de oficio, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAROMET S.A. Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

El yerro en la fundamentación dada al rechazar el agravio vinculado a la nulidad de la notificación en virtud de la Ley 12071 se vislumbra en dos sentidos: primero, al confundir lo relativo a la notificación íntegra (en cuanto a que el recurrente pudo conocer el contenido del acto) con la notificación a los fines de que el interesado conozca los recursos, plazos y modos que tiene para recurrir lo resuelto (que es la que se encuentra en juego); y segundo, al considerar extemporáneo el planteo de nulidad de la notificación por no haberlo efectuado en la primera oportunidad que tuvo la recurrente, siendo que, en el proceso previsto por la ley 11330, tales aspectos relacionados a la admisibilidad son susceptibles de ser controlados de oficio por el Tribunal, constituyendo un recaudo fundamental de seguridad jurídica. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 305, p 277; T 253, p 178; T 244, p 356. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 11330 y 12071
Tercería de dominio, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., R.L. c/ R., J.C. s/ Ejecutivo s/Incidente de Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-24

"La documentación regular que da cuenta de la adquisición en forma regular de los bienes puede inclinar la decisión en favor del tercerista que ha podido arrimar tales instrumentos".
Sentencia, fundamentos suficientes, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Dutra, Hector c/ Swift Armour S.A.A. s/ Demanda laboral (Expte. Nro. 263-95, Resol. Nro. 207, Tomo 56, Folio  23)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-07

No cabe hacer lugar al agravio de la recurrente respecto a que el A-quo aplica un convenio colectivo de trabajo que no se encuentra vigente desde que no logran conmover lo afirmado por el sentenciante de grado-referente a la plena vigencia de la C.C.T. 422/75- ya que la referencia a encontrarse en trámite diversos recursos contra la misma no puede por sí enervar los efectos de ella mientras no sea derogada por otro convenio o invalidada por una resolución judicial u homologado aquel Acuerdo por el Ministerio de Trabajo.
Recurso de apelación (procesal), principio de congruencia, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Los tribunales de apelación no pueden exceder -en materia civil- la jurisdicción devuelta por los recursos deducidos ante ellos, limitación esta que tiene jerarquía constitucional.
Sanciones procesales, apercibimiento, llamado de atención, error accidental, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO MIGUEL ANGEL c/ CNAS Y OTRO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La circunstancia de que los expedientes sean revisados por empleados de su estudio, no excusa -obviamente-la responsabilidad del letrado en el cumplimiento de los actos procesales ordenados por el señor juez. Sin embargo, toda vez que -a juicio de la Sala-no se advierte un deliberado propósito de eludir una disposición del Magistrado, sino que se incurrió en un error involuntario -por cuya comisión el profesional ha presentado sus disculpas al juzgador-, que fuera advertido por el juzgado, y del cual no redundaron consecuencias lesivas del derecho de defensa de la demandada ni de la investidura del señor juez, aparece como excesiva la sanción dispuesta, resultando adecuada a los fines pretendidos un llamado de atención y la advertencia al letrado para que en lo sucesivo impulse el procedimiento atendiendo a lo requerido en cada caso.
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, fondos del partido
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista s/ Incidente de apelación en autos caratulados Incidente de control patrimonial del Partido Justicialista- Orden Nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-24

Corresponde imponer al partido político la multa prevista en el artículo 65 de la ley 26.215 por el incumplimiento de la obligación de financiar actividades de capacitación de sus dirigentes en el porcentaje exigido por la normativa, pues resulta inadmisible computar a dichos efectos los gastos en el personal de la sede, pues se trata de erogaciones corrientes para el partido, los que no pueden ni deben discriminarse según las actividades que realice la agrupación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, expediente, audiencia preliminar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOTTO, DAMIAN ANDRES c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO CALIFICADA-PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA- AMENAZAS COACCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Atento a su naturaleza, el pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -que no revocó la resolución materia de la apelación en cuanto a la concesión del beneficio de suspensión del juicio a prueba, sino que ordenó el reenvío de lo actuado a baja instancia a fin de que, previa realización de una nueva audiencia preliminar, se dispusiera lo que corresponda en relación a su procedencia- no reúne el carácter de definitividad en los términos del artículo 1 de la ley 7055, máxime si se tiene presente que el imputado no se encuentra privado de su libertad y no se ha acreditado la presencia de alguna de las situaciones extraordinarias que este Tribunal tiene admitidas para sortear el recaudo. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1667; 310:1486; 312:573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341 y 2063; 314:377; 316:1943 y 2063; CSJStaFe: AyS T 159, p 28; T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad del tallerista
Materia: CIVIL
Carátula: ARAB, Mirta S. c/ BORRACCI, Roberto H. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

Cuando el tallerista conduce un automotor cuya reparación le fue confiada, la responsabilidad de su dueño sólo subsiste en la medida en que la cosa es llevada a la calle para probar los trabajos, pero no cuando se la usa para otra finalidad y en su propio beneficio, en circunstancias de tiempo y lugar no acordes con la realización de dichas pruebas. Se trata de la utilización no autorizada del automóvil por parte del tallerista, que lo hace único responsable de
Improcedencia del recurso, revocación del sobreseimiento, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Barrera, Joaquín Cruz c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

Corresponde no hacer lugar a la queja toda vez que la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones, contra la cual se interpone -revocatoria de sobreseimiento y decreto de procesamiento- no se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 457 del C.P.P.N.; tampoco la defensa ha logrado demostrar que le ocasione un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o que implique el debate de alguna cuestión federal a efectos de equipararlo a un pronunciamiento de carácter definitivo.
Compraventa, Ferrocarriles Argentinos, Estado Provincial
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTANCIAS ARAMBURU SOC. COM. POR ACCIONES c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

La venta de cosa ajena (arts. 1329/1330 del Código Civil) es válida en tanto comprador y vendedor tienen pleno conocimiento de tal circunstancia y la convención debe interpretarse como un compromiso contraído por el vendedor de procurar al comprador la cosa objeto del contrato; es decir, adquirir el bien primero y luego enajenarlo al comprador.
Excarcelación, caución real, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Giglione, Carlos Francisco, Martínez, Blanca Alicia Y Navarro, Rosana Elida s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

Constituye fundamentación aparente las aseveraciones consignadas por el a quo para aumentar la caución real de los imputados, en tanto expuso que no obstante haber acreditado residencia fija y convivir con su grupo familiar más cercano, constituido por numerosos hijos menores de edad a su cargo, no pudieron acreditar debidamente un medio de subsistencia lícito, ya que en tales circunstancias, el aumento de un 100 % del monto de caución, no guarda relación con la situación económica de los encausados. (Dres. David, Slokar y Figueroa).
Declaración indagatoria, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Vera, Fernando Raúl s/ Robo agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

El imputado a quién al declarar se lo exhorta a hacerlo con veracidad ha sido obligado a "declarar contra sí mismo" y ello es incompatible con la garantía constitucional consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Las leyes procesales que eventualmente pudieran convalidar el mecanismo cuestionado resultan desplazadas en su aplicación por el citado artículo de la Carta Magna (art. 31, Const. nacional).
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carini, José c/ Godoy, José Dolores s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

Si la propia versión de las partes conduce a sostener que las circunstancias propias del hecho no lleva a descartar la aplicación de la norma de tránsito establecida en el art. 71 inc. 2 ley 5800 (o 57 inc. 2 ley 11430), tal como los sostiene la sentenciante de grado, sino a confirmar su vigencia en el caso; por lo que rige plenamente la preferencia de paso que correspondía al demandado, ello me conduce a recordar que las reglamentaciones de tránsito no pueden ser soslayadas y deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero para determinar si se ha ocurrido o no -y en su caso en qué extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado el art. 1113 del Cód. Civil.
Concursos, extensión de la quiebra, confusión patrimonial
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL COHEN SRL c/ COHEN, ELIAS S/ ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

La extensión de la quiebra por confusión patrimonial inescindible no constituye la vía idónea -como en el caso- para remediar las conductas presuntamente ilícitas que se atribuyen al demandado -socio gerente de la fallida- frente a la supuesta desaparición de los bienes de la sociedad de la fallida, sin que ello obste a que ulteriormente pudiere perseguirse la aplicación de sanciones emergentes de las responsabilidades penales y/o societarias que cupiesen a la conducta del deudor, de hallarse demostrados los extremos legales de menester. Es que, tal como surge del análisis del caso, no se ha probado la existencia de confusión patrimonial de la sociedad fallida con el patrimonio de este. Y de extenderse la quiebra de la fallida a dicho deudor, en mera virtud de las conductas abusivas en las que aparentemente incurrió, se podría perjudicar grave e injustificadamente a sus acreedores, sin que se haya configurado causal legal que lo autorice. Siendo el patrimonio del deudor la prenda comun de los distintos acreedores, una solución de esta índole implicaría un grave perjuicio para los intereses de la masa pasiva a la que el recurrente podría dar origen. En efecto, los acreedores tienen en su favor el derecho a la liquidación de los activos de su deudor, que no pueden ser menoscabados por la situación de otras personas, en principio ajenas, aún cuando ellas pertenezcan a un mismo grupo económico.
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, reenvío, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, J D Y T, J C s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE Nº 624-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-07-07

La Corte confronta el fallo recurrido desde la perspectiva constitucional, la que en definitiva reclama que la sentencia sea el resultado de un proceso debido y que ella derive racionalmente la solución justa para el caso desde todo el derecho. Por supuesto que no tiene por finalidad actuar como los jueces de las instancias ordinarias, pero en el ejercicio de su específica función, sin dudas debe a veces realizar razonamientos y afirmaciones vinculadas, por ejemplo, a arbitrariedades en el plano fáctico, normativo, axiológico o lógico, y esas conclusiones a las que arriba, resultan obligatorias para los jueces a los cuales se remite el expediente para que dicte una nueva sentencia.(De los fundamentos del Dr. Vigo a los que adhiere el Dr. Barraguirre).
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ ROXANA DEL VALLE c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-23

Las genéricas referencias a pautas objetivas (edad, escolaridad, expectativa de vida y grado de incapacidad) no resultan suficientes para justificar el prudente arbitrio y la equidad que el tribunal invoca al momento de fijar el quantum indemnizatorio. "Determinar el valor del daño es definir su entidad económica o significación pecuniaria a fin de precisar la medida justa en que debe ser indemnizado" (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, T. 2 a "Daños a las Personas", p. 773). Es indudable que respecto de la cuantificación del daño identificado como "incapacidad sobreviniente", la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado en favor de criterios sustentados en el prudente arbitrio judicial sobre la base de ponderar las condiciones personales de la víctima y las concretas circunstancias del caso (cfr. Lorenzetti, Ricardo L. (Dir.), Digesto Práctico La Ley-Daños y Perjuicios, T. IV, parágrafos 12501 a 12623, pág. 287/304). No obstante admitir la preferencia de estos criterios cualitativos por sobre los puramente matemáticos, se ha advertido que el pronunciamiento "debe expresar concretamente cómo las variables relevantes tenidas en cuenta conducen a la determinación del resarcimiento" pues "no basta la mera invocación de la prudencia, el arbitrio judicial, la equidad o fórmulas análogas que no se acompañan con enunciados concretos en el sentido propuesto" (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, T. 2 a "Daños a las Personas", p. 509). La citada jurista señala que "bajo la invocación de la equidad, prudente arbitrio o enunciación de circunstancias cualitativas que no explican la elección de un determinado monto indemnizatorio, se esconde, en realidad, la ausencia de todo criterio rector objetivo y controlable y la remisión del punto al exclusivo decisionismo del magistrado" (Zavala de González, Matilde, ob. cit., pág. 495).