Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


CANTERO, Oscar Rubén contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 81-82.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005.

VISTOS: los autos "CANTERO, Oscar Rubén contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.P.J.- (Expte.

383/85) sobre INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS" (Expte. C.S.J. Nro. 417, año 2001), para resolver la nulidad impetrada a foja 73; y, CONSIDERANDO: 1. Ordenado el pase a resolución de la incidencia planteada a fojas 36/37 y 58/59 y notificada esa providencia, el ejecutado articuló nulidad de la notificación del decreto referido -cursada a foja 71-.

Dijo que por habérsele informado verbalmente en la Mesa de Entradas de este Tribunal que los autos estarían a resolución deduce la nulidad de la notificación referida en virtud de que nunca fue notificado fiel ni fehacientemente de alguna resolución y/o providencia anterior en el domicilio real de calle 9 de Julio 1949 de Villa Ocampo ni en el legal de calle 4 de Enero 1878 de esta ciudad.

Así, solicitó la nulidad del acto atento a los perjuicios que le causa y que lo coloca en estado total de indefensión contrario a derecho, dificultándose su derecho de defensa en juicio.

Solicitó que todas las notificaciones se cursen en ambos domicilios y que se efectúe el control sobre la veracidad de la misma, y que en caso contrario se realicen solamente en el de la ciudad de Villa Ocampo.

2. Corrido traslado al apremiante, lo contestó a foja 80 solicitando la desestimación de la nulidad deducida (f. 80).

3. Debe rechazarse el planteo impetrado.

Efectivamente, resulta suficiente para así decidirlo el hecho de que en el sub lite no se encuentran configurados los requisitos que de manera positiva exige la ley y que la doctrina ha tipificado como 'principios de especificidad y trascendencia', que imponen abstenerse de declararla en aquellos supuestos en que dicha sanción no esté impuesta legalmente (art. 124 C.P.C.C., supl. aplic.) y cuando no se demuestra, al menos argumentalmente, la existencia de un perjuicio insusceptible de ser reparado sin tal declaración (art. 126 del mismo cuerpo legal).

Es que en autos, no se ha producido violación alguna de la ley que merezca la sanción solicitada en razón de que la notificación cuestionada por el ejecutado fue diligenciada en el domicilio especial a los efectos legales constituido en la causa, tal como se desprende de la lectura de foja 71.

Es más, y sin perjuicio de que no identifica las supuestas irregularidades anteriores, debe resaltarse que las notificaciones cursadas lo fueron en ese domicilio (ver f. 69) y en el anterior constituido (ver fs.9, 15, 26, 33, 43); y ello, más allá de las efectuadas en el propio domicilio real del apremiado (ver fs.10, 22, 29,40, 63, 82).

A esos efectos, debe señalarse que el artículo 38 del ordenamiento procesal provincial, aplicable supletoriamente (art. 23, ley 4106), dispone que "el domicilio legal producirá todos sus efectos desde la fecha de la providencia que lo tenga por aceptado", lo que acaeció a foja 9 de los principales y a foja 60 de este incidente, tras la manifestación del propio ejecutado de foja 59 vuelta. Asimismo, continúa diciendo esa norma, que el mismo "se reputará subsistente mientras no se designe otro...", evento no producido en la especie a partir de lo ordenado a foja 60.

Por lo tanto, las notificaciones de las que ahora se queja el impugnante se ajustaron a las pautas procedimentales correspondientes no gozando de vicio alguno que produzcan su nulidad.

Debe resaltarse, como se anticipara, que el nulisdicente ni siquiera se ha hecho cargo de concretar cuáles serían los perjuicios ocasionados por las actuaciones procesales atacadas para merecer como sanción la 'ultima ratio' del sistema, consecuencia directa del citado 'principio de trascendencia'; lo que convierte, en definitiva, a su postulación en un pedido de nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inadmisible en virtud del principio de protección de los actos procesales.

Por último, debe una vez más reiterarse, que la sanción de nulidad constituye la última ratio del sistema y que su declaración no puede efectuarse por la nulidad misma.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar, con costas, la nulidad articulada por el ejecutado.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)