Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-01


Expte. n° 3257/04 "Edificio Torre del Centenario SA s/ art. 72 - medida cautelar - apelación s/ conflicto de competencia" Buenos Aires, 1 de octubre de 2004 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El 18/12/03 la actora solicitó ante la justicia en lo contravencional y de faltas que se dicte una medida cautelar autónoma para levantar la clausura ordenada por el Gobierno de la Ciudad sobre el inmueble sito en Rodríguez Peña 1220 de esta Ciudad "en donde funciona el bar denominado `The shamrock´ hasta tanto se realice una medición de ruidos y vibraciones" en su presencia (fs. 4). La medida se encuadró en el art. 177 y ss. del CCAyT (fs. 5 y vuelta).	El fiscal de primera instancia se pronunció por la incompetencia del fuero contravencional. Opinó, además, que el particular previamente debía hacer uso de su derecho de concurrir a las mediciones dispuestas en sede administrativa y que, recién en caso de negativa, debería plantear un amparo en el fuero contencioso administrativo local, de conformidad a lo establecido por el art. 2 de la ley nº 189 (fs. 109).

La jueza en lo contravencional y de faltas nº 3 admitió su competencia para intervenir en el caso y dispuso algunas medidas (fs. 110, 114, 118, etc.). El 26/12/03, la jueza decidió suspender parcial y provisoriamente la clausura impuesta, con ciertos recaudos (fs. 137/40). Luego, la parte actora -como consecuencia de la peritación agregada a fs. 175/7- le solicitó el levantamiento total de la clausura del negocio (fs. 181 y fs. 196). La petición fue rechazada, previa vista al fiscal (fs. 189), por la sentenciante (fs. 197/9) por considerar que lo solicitado excedía "el marco de la medida cautelar articulada, quedando expedita la petición en sede administrativa del levantamiento de la clausura, en virtud de las nuevas mediciones efectuadas" (ver fs. 198 vuelta).

2. Esa resolución fue apelada por la parte actora a fs. 201/3. En el trámite de la apelación se decidió correr vista al fiscal de Cámara para que se expida respecto de la competencia del fuero (fs. 207). El funcionario dictaminó que correspondía declarar la incompetencia del fuero y remitir las actuaciones a la justicia en lo contencioso administrativo y tributario, porque la causa se vincula con cuestiones administrativas (fs. 209).

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas admitió la incompetencia planteada por el fiscal, por considerar que la medida cautelar era accesoria a un proceso principal por impugnación de un acto administrativo que es un proceso de conocimiento regulado por la ley nº 189 (fs. 218/9).

3. Recibida las actuaciones por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, la fiscal de cámara en su dictamen opinó que le corresponde intervenir en el caso al tribunal de alzada en lo contravencional, toda vez que el recurso de apelación se encuentra concedido y pendiente de resolución. Afirmó, además, que la competencia de dicho fuero quedó consentida por el Ministerio Público Fiscal (fs. 226/7). La Sala II del fuero CAyT consideró que en el estado del trámite del caso no procede el examen de la competencia, cuestión que, por otra parte, entiende consentida por las partes (fs. 233/5). Además, la Sala considera inconveniente desplazar la competencia porque: a) la jueza contravencional conoce de manera suficiente la cuestión debatida; b) "a tenor de la Disp. 208-DGCCA-04, en principio, podría conjeturarse que el objeto de la medida cautelar carece de actualidad"; c) la medida cautelar autónoma "se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento"; d) "no cabe presumir, en principio, que a este proceso siga otro posterior de impugnación de acto administrativo"; y e) nada impide que "ante el inicio de tal actuación el magistrado interviniente revise su declaración de competencia" (fs. 234 vuelta).

4. Devueltas la actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, el 2/9/04, la Cámara resolvió mantener su tesitura, trabar la contienda negativa de competencia y elevar las actuaciones al Tribunal, superior común de ambas Cámaras, a efectos que dirima la controversia (art. 26, inc. 7, ley nº 7) -fs. 241/3-.

5. A fs. 250/1 el Fiscal General dictamina que las actuaciones deben seguir su trámite en el fuero Contravencional y de Faltas. Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. En estas actuaciones la actora interpuso el recurso de apelación que habilitó la segunda instancia. En sus agravios cuestionó la decisión de la jueza de grado pero no, claro está, la competencia del fuero que ella había elegido para entablar su demanda y que había intervenido hasta ese momento.

El representante del Ministerio Público Fiscal -aunque en su primer dictamen se opuso a la competencia del fuero en lo contravencional y de faltas- en sus reiteradas intervenciones posteriores no cuestionó la competencia de la jueza contravencional en el proceso cautelar (ver notificaciones de fs. 110 vuelta, 114 vuelta y 140 vuelta; petición de fs. 120; acta de fs. 129/35 y vista de fs. 189).

Así, la competencia del fuero contravencional y de faltas fue consentida por la parte y por el fiscal de primera instancia. El fiscal ante la Cámara no estaba autorizado a replantear la incompetencia del fuero pues la división de funciones entre quienes ejercen el Ministerio Público de acuerdo a la instancia judicial ante la cual actúan, no altera el principio de unidad e indivisibilidad de su actuación (art. 5º, ley n° 21).

2. Ante la dilación del proceso que, ineludiblemente, genera la contienda de competencia, deseo reiterar que "los conflictos de competencia no deben plantearse entre jueces provenientes de una misma soberanía estadual, para dirimir el límite exacto en el cual finaliza la competencia de uno para comenzar la del otro, límite exacto que quizás no exista, pues puede concebirse cierta competencia compartida o genérica, y más aún por razones temporales o territoriales. Ello sucede, precisamente, en estos procedimientos de urgencia, (...) en los cuales se reconoce que una justicia -decisión judicial- demorada no representa una justicia cumplida. Por lo tanto, en tren de eliminar en lo posible las cuestiones de competencia por la razón apuntada, de sugerir el deber de los jueces de proveer materialmente a los requerimientos, tengan o no razón los pretendientes en definitiva, estimo que, en estos casos, debe responder judicialmente el tribunal que previno" (véase mi voto: in re "Gorosito, Liliana Elisabet c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 2110/03, resolución del 3/3/03).

3. Por lo expuesto, corresponde que la Sala I de la CACyF resuelva el recurso de apelación planteado por la actora a fs. 201/3.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

En virtud de los argumentos desarrollados por mi colega Julio. B. J. Maier en el punto 1. de su voto, a los que por razones de brevedad me remito, voto por declarar la competencia de la Sala I de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas para intervenir en el caso.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Por los fundamentos coincidentes que brindan el Sr. Fiscal General de la Ciudad en su dictamen (fs. 250/251 vuelta) y mi colega el Dr. Julio B.J. Maier en el punto I de su voto, corresponde declarar la competencia del fuero contravencional y de faltas para intervenir en el caso.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero a los puntos 1 y 3 de los fundamentos del voto del juez de trámite, Dr. Julio B. J. Maier.

Por ello, y de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar la competencia de la Sala I de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas para intervenir en el caso.

2. Mandar que se registre, se notifique, se ponga en conocimiento a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en la persona de su presidente y se remita el proceso a la Sala declarada competente.