Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 222/227.

Santa Fe, 19 de junio del año 2018.

VISTA: Los autos "SCHARF, Ariel - Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: "SCHARF, Ariel s/ Homicidio culposo" - (CUIJ N° 21-06326708-9) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ 21-00511506-7); y, CONSIDERANDO:

1. Esta Corte mediante resolución registrada en A. y S. T. 279, pág. 472, de fecha 05 de diciembre del año 2017, rechazó la queja interpuesta por la defensa de Ariel Scharf ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad oportunamente deducido contra la sentencia dictada el día 30 de junio del mismo año por la Jueza del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctora Bibiana Teresa Alonso, por considerarla extemporánea.

Como fundamento de esa decisión, este Tribunal valoró que la interposición del recurso de queja no lo había sido en tiempo útil, puesto que entre la fecha de notificación del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad y la presentación del remedio directo "transcurrió un término superior al previsto legalmente (artículos 8 de la Ley 7055 y 356 del Código Procesal Civil y Comercial)".

Contra tal pronunciamiento, el quejoso dedujo revocatoria in extremis (f. 73/75) y recurso extraordinario federal (f. 98/118).

2. Por razones metodológicas se ingresará en primer término al tratamiento del primero de los mencionados, puesto que de estimarse que el planteo del impugnante tiene entidad en este punto, devendría inoficioso pronunciarse respecto del segundo.

2.1. En tal orden, el compareciente cuestiona la decisión de este Cuerpo por cuanto -según aduce- la notificación personal del imputado se llevó a cabo el día 14 de setiembre de 2017 en la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de la ciudad de Rosario, y no el día 13 del mismo mes y año, razón por la cual habrían transcurrido tres días más una hora hábil del día de gracia al momento de la interposición del recurso directo, lo que tuvo lugar en fecha 20 de setiembre de 2017 a las 7:59 hs., conforme cargo número 1834 de esta Corte.

En consecuencia, sostiene que es errónea la fecha de notificación consignada por la Oficina de Gestión Judicial -donde consta que la misma se llevó a cabo el día 13 de setiembre-, extremo que al ser verificado por dicho organismo con motivo de los reclamos realizados, derivó en la emisión de una constancia en la que se da cuenta de esta circunstancia. Dicho informe fue acompañado a los autos (f. 71).

En virtud de ello, afirma que la impugnación efectuada fue interpuesta dentro del plazo legal, solicitando que se revoque por contrario imperio la resolución de fecha 05 de diciembre del año 2017, por ser la única vía que garantizaría los derechos fundamentales en juego.

2.2. Como se ha señalado en la causa "Gambetti" (A. y S. T. 178, pág. 289) y otras (A. y S. T. 205, pág. 131), el caso encuadra en una de las hipótesis que esta Corte considera como paradigmáticas para la aplicación de la doctrina de creación pretoriana que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis".

Ello, en los términos con que lo expresó el Tribunal en el precedente "Malvicino" (A. y S. T. 140, pág. 416), importa que "sin perjuicio del principio de pérdida de la jurisdicción con posterioridad al dictado de la sentencia (exteriorizado en nuestro sistema en el artículo 248 del C.P.C.C.), se justifica la admisión de un planteo recursivo de efecto no devolutivo, por ante el mismo Tribunal (cuya jurisdicción sobre el pleito, conforme lo expuesto, habría concluido) por cuanto, en tales situaciones, no cabe lugar a la más mínima duda que, de haber sido oportunamente advertida por el Oficio la circunstancia que recién percibe con la interposición del recurso, habría resuelto en sentido contrario a aquél en que, efectivamente, lo hizo".

Corresponde, atento los argumentos desplegados por el impugnante, admitir el recurso interpuesto y revocar por contrario imperio el auto atacado.

3. En lo que respecta al recurso extraordinario federal, cabe señalar que -tal como se adelantó-, dada la solución que se propone según los fundamentos hasta aquí expuestos, debe declararse que su tratamiento ha devenido inoficioso.

4. Conforme lo decidido precedentemente, se impone el examen del recurso de queja deducido en su oportunidad, en tanto ha quedado acreditada su interposición tempestiva.

4.1. Contra el decisorio dictado por la Jueza del Colegio de Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, doctora Bibiana Teresa Alonso en fecha 30 de junio del año 2017 que confirmó la resolución emanada del Juez del Colegio de jueces de Primera Instancia de la misma ciudad, doctor Hernán Postma que, en fecha 26 de abril del año 2017, dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba, la defensa de Ariel Scharf interpuso recurso de inconstitucionalidad.

Sostiene que el fallo ha interpretado y resuelto contrariamente al sistema acusatorio constitucional (artículos 1, 18, 33 y 75 inc. 22 C.N., artículo 8 de la C.A.D.H. y artículo 14 P.I.D.C.P.) y la normativa procesal establecida por el legislador provincial (artículos 297, 301, 302 y 303 del Código Procesal Penal), incurriendo en la causal de procedencia prevista en el artículo 1°, inc. 2°) de la ley 7055.

Manifiesta que el imputado solicitó la suspensión del procedimiento a prueba para ser debatido en la audiencia preliminar ejerciendo un derecho que es propio del imputado, en virtud de que el artículo 297 primer párrafo del Código Procesal Penal lo regula como facultad de las partes para ser sometido al contradictorio en dicha audiencia, debiendo ser resuelto por el juez conforme las previsiones de las normas de rito.

Aduce que al abrirse la etapa intermedia nace la facultad del imputado de solicitar el beneficio sin la intervención ni consentimiento fiscal, ya que el artículo 297 del citado digesto lo convierte en un derecho constitucional a ser oído en igualdad de condiciones en la audiencia preliminar.

Expresa que como todas las cuestiones previstas por el citado precepto luego de su debate deben ser resueltas conforme al artículo 303, no caben dudas de que el legislador lo reguló como una facultad jurisdiccional indelegable.

Afirma que la preclusión de la investigación penal preparatoria implica el agotamiento de la facultad del fiscal por haberla ya ejercido y que, como tal, pierde la facultad de impulsar la suspensión del procedimiento a prueba como herramienta de política criminal.

Estima que le causa agravio constitucional la afirmación de la jueza a quo cuando expresa que la regulación del instituto traída por el artículo 24 debe ser aplicada integralmente a todo el proceso, puesto que, de tal forma, ha desconocido el modelo acusatorio elegido por el legislador santafesino para la audiencia preliminar, sin cuestionar la inteligencia de las normas del Código ritual.

Manifiesta que de la correcta interpretación de estas últimas surge que la pretensión punitiva fiscal encuentra límites desde la audiencia preliminar, lo que impide otorgarle a la oposición el carácter vinculante que se le ha asignado en el fallo.

Por otro lado, considera arbitrario el decisorio impugnado (art. 1°, inc. 3), ley 7055), en lo que refiere a la aplicación e interpretación de los artículos 76 y 76 bis del Código Penal y 24 del Código Procesal Penal, en cuanto las causales de procedencia del instituto no prevén la oposición fiscal como obstáculo a ella, arrogándose el papel de legislador al crear una restricción no prevista en la ley procesal.

Señala que como parte de la política criminal adoptada por la Provincia de Santa Fe, se ha eliminado el obstáculo del consentimiento fiscal cuando procede la condenación condicional y, por ende, al exigirlo la jueza del Colegio de Cámara ha creado una restricción no prevista, violentando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno.

También achaca arbitrariedad a la resolución en crisis en tanto establece que la oposición fiscal al pedido de suspensión del procedimiento a prueba es vinculante para el juez de la Investigación Penal Preparatoria, cuando la Fiscalía consintió en la primera instancia -con su silencio- que no tenía tal carácter, quedando la cuestión fuera de la competencia material del tribunal de primera instancia y de la Alzada.

Pone de relieve que tal consentimiento surge claramente de los antecedentes y del audio y video de la audiencia de primera instancia donde en ningún momento existió oposición al carácter no vinculante invocado por la defensa, sino que solo se limitaron a no aceptar la concesión del beneficio al imputado.

Indica que en el sub examine se configura un supuesto de gravedad institucional por la trascendencia que tiene para la comunidad que la Corte provincial se vea privada de expedirse sobre la restricción o impedimento del ejercicio de un derecho de todo imputado a obtener de un juez de la audiencia preliminar la suspensión del procedimiento a prueba, más allá de la oposición del fiscal, aun motivada.

Opina que si esta Corte se expide favorablemente sobre el ejercicio de este derecho fundamental por parte del imputado, fijará jurisprudencia sobre el particular, la que -según estima- servirá como principio rector para casos futuros.

Por último, plantea como agravio subsidiario la arbitrariedad por admitir la oposición fiscal para denegar la suspensión del procedimiento a prueba, cuando aquélla no satisface el estándar fijado por este Cuerpo, al no superar el tamiz de legalidad, logicidad y motivación suficiente exigidos por los artículos 85, 301, 302 y concordantes del Código Procesal Penal.

Destaca que la Fiscalía se limitó a hacer un relato de los hechos sin siquiera dar una sola razón o motivo por el cual, en este caso en concreto, no era procedente la suspensión y debía ir a juicio oral y público.

En cuanto al pedido de pena de cuatro años de prisión efectiva, advierte que el juez de instancia originaria se excedió en sus facultades al resolver que tal pedido es un obstáculo para la procedencia de la condena condicional y para la suspensión del juicio a prueba, incurriendo en el mismo vicio la Alzada al confirmarlo.

Sobre esta cuestión, critica que la jueza a quo haya considerado que "probablemente" se le imponga al imputado una prisión de modalidad efectiva y no condicional, cuando contrariamente la pauta objetiva de la escala penal aplicable para el delito previsto por el artículo 84, primer párrafo, del Código Penal es de uno a cinco años de prisión, estableciéndose que de acuerdo a las pautas del artículo 26 resulta razonable, posible y probable que luego de un juicio, en caso de condena, ésta fuese de ejecución condicional.

Concluye señalando que la afirmación de la magistrada respecto de que no es posible valorar los aspectos subjetivos y el verdadero merecimiento de pena por ser propios del juicio, contraría la política criminal fijada normativamente por el legislador puesto que, en ese marco, también resulta excesivo no introducirse en el análisis de la condicionalidad por tales motivos, pues fijar este criterio jurisprudencial implica otorgar un "bill de indemnidad" a los fiscales para que, con solo acusar con penas de más de tres años de prisión, impidan autónomamente que proceda la suspensión del procedimiento a prueba.

4.2. La Jueza del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctora Bibiana Teresa Alonso, por auto de fecha 04 de setiembre del año 2017, rechazó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que los agravios vertidos por la defensa de Ariel Scharf solo expresaban su divergencia con la resolución atacada (f. 51/54), lo que motivó la presentación directa ante esta Corte (f. 58/63).

4.3. En primer término, corresponde expedirse acerca del encuadramiento normativo que el recurrente dio a su impugnación, toda vez que el mismo no es el correcto, por cuanto no cabe subsumir el presente caso en la hipótesis prevista en el inciso 2) del artículo 1° de la ley 7055, tal como pretende.

Así, es de recordar lo sostenido reiteradamente por este Cuerpo en cuanto a que dicha normativa "...requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él...", supuesto que el impugnante no demuestra que se haya configurado en el sub lite.

En consecuencia, la impugnación debe circunscribirse a los límites establecidos por el inciso 3) del artículo 1° de la ley 7055.

4.4. Formulada tal aclaración, corresponde adelantar que el recurso intentado no puede prosperar.

Ello así puesto que, en el análisis de admisibilidad que se impone, debe señalarse que pese al matiz constitucional que la defensa intenta otorgar a sus planteos, los mismos denotan -tal como lo asevera la jueza a quo en el auto denegatorio- únicamente su disenso respecto del modo en que fueron interpretados los requisitos de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, es decir, la hermenéutica asignada por los jueces de la causa a normas de derecho común y procesal.

Y sabido es que tales planteos no constituyen cuestión constitucional alguna cuando, como ocurre en este supuesto, la magistrada brindó fundamentos suficientes para considerar incumplidos los recaudos legales que habilitaban la aplicación del instituto en cuestión (especialmente, los argumentos de la Fiscalía para oponerse a la concesión del beneficio, haciendo hincapié en el quantum de la pena), argumentos que, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados por el impugnante desde la óptica constitucional en orden a demostrar que, al fallar, la sentenciante se haya desentendido de los cánones mínimos de logicidad y razonabilidad que conlleven a la descalificación de la decisión por arbitraria.

Por otro lado, cabe señalar que tampoco asiste razón al recurrente en relación a la invocada gravedad institucional, toda vez que su planteo en relación a este punto no es idóneo para demostrar que la cuestión debatida exceda el marco de interés individual de las partes y afecte de manera directa a la comunidad, circunstancia que la defensa debió demostrar configurada.

Así las cosas, la pretensión recursiva no logra traspasar el umbral de la admisibilidad, puesto que la tesis seguida por la jueza a quo simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no conformar al impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional, por lo que el planteo queda reducido al desacuerdo para con el alcance atribuido al instituto de la suspensión del juicio a prueba, sin que las alegaciones formuladas permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice a apartarse del principio señalado y, como se anticipó, no puede dar cabida a la apertura de la vía extraordinaria.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: 1) Revocar por contrario imperio el auto de fecha 05 de diciembre del año 2017. 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario federal deducido. 3) Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.:GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de Origen: Jueza del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, doctora Alonso.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juez del Colegio de jueces de Primera Instancia de Rosario, doctor Postma.