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Excusación, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal del Tribunal Penal N° 1 de la 2° Circ. Jud. de Misiones - Dr. Bys, Estanislao Elias; Barbaro, Juana Dora (Expte. N° 79-STJ-2.010) c/  s/ Recursos de casación en auto: "Expte. N° 237/09 - Defensora oficial N° 1 Dra. F. Teresa Gómez de Roth - Defensora oficial N° 2 Dra. María Graciela Abdolatif s/Interpone recurso de apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-10-22

Corresponde hacer lugar al apartamiento del Sr. Ministro, ello así, teniendo presente los términos de la Resolución que ha suscripto -analizando e interpretando entre otras la presente causa, en el carácter de Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones-, y al sólo efecto de resguardar la imparcialidad objetiva que debe primar en todo proceso, consagrada en la CN e instrumentos internacionales incorporados a ella. (del voto en disidencia de la Dra. Leiva).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentos suficientes, establecimiento comercial, habilitación municipal, leyes, interpretación hermenéutica
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

Es inadmisible la queja interpuesta por la actora contra el rechazo de su pretensión de obtener del Municipio la habilitación para el ejercicio del comercio mayorista, desde que no persuade que lo resuelto por el A quo exceda márgenes tolerables de razonabilidad al entender - por aplicación de métodos aceptables de hermenéutica - que la ley 12.069 ("régimen legal para grandes superficies comerciales en la Provincia de Santa Fe") es aplicable aun a establecimientos sólo mayoristas, y que la posición de la recurrente- de estar excluida de la ley porque no venderá directamente al público consumidor- no encuentra apoyo ni en la letra ni en el propósito de sus términos".
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, ley procesal, juicio sumarísimo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAFM SA c/ HSBC BANK ARGENTINA SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-21

De tal modo, y con prescindencia de lo que se decida respecto de la aplicación de la ley consumeril al juzgar respecto del fondo de la cuestión, parece razonable que, habiendo sido invocada dicha normativa, se proceda -al menos a los efectos de fijar el tipo de proceso- con base en la norma de la LDC.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ DE BONINI CIRIACA c/ GIMENEZ EUCLIDES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-04-07

La edad del occiso -78 años- no es ni puede ser, por sí sola, constitutiva de una presunción de culpabilidad.
Accidente de tránsito, lucro cesante, taxi
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA CERA, Carlos c/ CORONATO, Andrés s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

Para la determinación del lucro cesante por la no explotación de un taxi, solamente se han de resarcir las ganancias dejadas de percibir durante un solo turno, si no se ha arrimado al proceso elementos de convicción, que acrediten la explotación de la unidad durante el lapso mayor.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad objetiva, relación de causalidad, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Mariñansky de Schesak, Blanca S. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

En el tema de la responsabilidad objetiva del Estado, la falta de relación causal es prácticamente la defensa si no única, más importante, que puede esgrimir el Estado para exonerarse de su culpabilidad. En tal sentido autores que entienden la responsabilidad objetiva y directa (criterio que no comparto), llegan incluso a la misma conclusión. Dentro de estos podemos citar a Eduardo García Enterría, Tomás Ramón Fernández "Curso de Derecho Administrativo", t. II Madrid, 1986, págs. 335 y ss, sostiene tal cosa en los siguientes términos: "la existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, es lógicamente una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir el daño".
Revocación de sentencia, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Luna, René Oscar c/ En - M° Seguridad- Expte. 62085776/21 s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

La Sala revocó la sentencia de primera instancia, que había admitido la acción de amparo y ordenado a la Gendarmería Nacional que otorgara el cambio de destino pretendido por el actor dentro de la ciudad de Formosa. Para decidir en tal sentido, sostuvo que la decisión del órgano administrativo, que denegó el traslado solicitado, no se presentaba como ostensiblemente arbitraria. Asimismo, afirmó que la Gendarmería Nacional actuó dentro de las facultades legalmente atribuidas por la Ley N° 19.347, sus normas modificatorias y reglamentarias; y expresó además las razones por las cuales correspondía denegar el traslado requerido. Concluyó que la parte demandada realizó una ponderación entre las necesidades del servicio y los motivos familiares alegados; de modo que no se encontraba configurada la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que el accionante endilgaba a la accionada para la procedencia de la acción de amparo interpuesta.
Cargo político, gastos de representación, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 144-85 HERNANDEZ, JUAN JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 212-88 OLMOS, MANUEL SANTOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-27|1989-12-21|1990-11-20

En la ley y en el mundo jurídico que a ella vincula, la expresión "gastos de representación (hoy percibidos por algunas categorías de funcionarios electivos) carece de sustento estructural; no tiene conexión con la realidad genérica, no es un concepto de aceptación medianamente universal, como sí ocurre con vocablos tales como sueldo, remuneración, haber jubilatorio, que muestran como símbolos o convenciones desprendidas de una situación específica y única. Las palabras "gastos de representación" se relacionan con una circunstancia concreta diferenciada, irrepetible y precisa (véase sobre la condición de la historicidad de los enunciados, a J L Austin, Palabras y Acciones).
Relación de consumo, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: López, Romina Valeria c/ Viv. Roca de Constr. del Int. S.R.L. s/ sumarísimo Ley 2268
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-03

Lo expuesto en cuanto a las propuestas de pago y financiación aceptadas y abonadas por la reclamante, carece de sustento fáctico, en tanto no obran en las actuaciones administrativas acompañadas, máxime cuando para que opere la presunción (art. 388 del C.P.C. y C.) se requiere la producción de prueba corroborante acerca de la existencia y contenido del documento (del voto en disidencia del Dr. Pascuarelli).
Derecho civil, daños y perjuicios, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: WASNIOVSKY, GISELA VANINA Y OTRO c/ ROSSETTI, CLAUDIA ALICIA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

Ya sea se visualice la cuestión desde la óptica extracontractual del riesgo mirando más la ventaja patrimonial obtenida a través de su explotación que la naturaleza de las cosas y dada la falta de celebración de contrato entre los padres del damnificado con las personas titulares del local, o se ubique en el ámbito de la responsabilidad contractual, al haberse estipulado su uso a favor de los terceros, asumiendo el dueño o guardián una obligación de seguridad hacia los participantes análoga a la del locador, los eximentes de responsabilidad son únicamente los propios de la responsabilidad objetiva o de las obligaciones de resultado, esto es la prueba de la propia culpa de la víctima o el hecho fortuito por el que no se debe responder. El público que asiste a un pelotero lo hace con la finalidad de permitir que sus hijos pequeños participen en los juegos que la empresa habilita a tal fin para su esparcimiento. Es así que en dicho marco, está obligada a asumir por su actividad, un deber secundario de velar porque no se produzca ningún daño en la persona o los bienes de quienes concurren a su establecimiento.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nestor P. Salice y Cia. S.A. c/ Noceda, Juan Carlos s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

Cuando el actor peticiona en virtud de un contrato o negocio jurídico que afirma haber celebrado con el demandado, es a aquel a quien le corresponde la prueba de su existencia y la de la extensión y alcance de las respectivas contraprestaciones, toda vez que -por principio- no son las negaciones sino las afirmaciones las que deben ser probadas. No pudiendo requerirse a la demandada que acredite una defensa cuando no se han llegado a demostrar hechos idóneos para fundar la demanda.-
Recusación, excusación
Materia: CIVIL
Carátula: LESCANO ROGER ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DEC. SERIE"A" NRO. 2650 s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-14

Al establecerse la posibilidad de excusación ante un sentimiento como es el odio o el resentimiento con el recusante, letrado o apoderado, se han introducido situaciones que exceden el marco objetivo, avanzando sobre la subjetividad del que se inhibe. Es obvio que la existencia de odio o resentimiento crea en aquel que lo padece un problema de conciencia o sea, el verse compelido o violentado en su moral, la que se encuentra formada por valores en los que se halla el de la imparcialidad, necesaria para juzgar un caso existiendo así, la posibilidad de que ante determinados actos, anteriores al comienzo del juicio que se trate, pudieren surgir sentimientos no queridos por el que los padece, pero que, ante su existencia pierda lo que justamente la ley con el instituto de la recusación y excusación quiere evitar y ello es, el administrar debidamente justicia.-
Nombre comercial, nombres confundibles, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEDESMA SAAI c/ ALEJO LEDESMA SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

La valoración de las designaciones enfrentadas no puede realizarse sino a la luz de las circunstancias adjetivas de la causa, es decir de aquellos hechos que aunque en el fondo sustantivos porque rodean al conflicto y hacen que se logre, a tráves de su observancia, el fin ultimo perseguido de dar a cada uno lo suyo en su justa medida.
Excarcelación, extradición, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MUSANTE GRANADO, EVARISTO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-03

El hecho de haberse evadido el sujeto reclamado, sustrayéndose a la jurisdicción extranjera, constituye circunstancia suficiente como para presumir fundadamente que el mismo intentará burlar la acción de la justicia.

Ello permite, y en virtud de la reiterada jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que el beneficio de la excarcelación ha de otorgarse en iguales condiciones que si el o los ilícitos imputados se hubieren cometido en la República, denegar la petición formulada en tal sentido.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONGIOVANNI, VICTOR RAMON c/ COMISION DE FOMENTO DE CARLOS PELLEGRINI Y/O COMUNA DE CARLOS PELLEGRINI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 428-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y ordenar revocar la sentencia impugnada, si se advierte que el a quo ha substraído la causa de sus juzgadores naturales, produciendo la impotencia del órgano con idoneidad constitucional para entender en aquélla (artículo 93, inciso 2, Constitución Provincial), lo cual resulta inaceptable en razón de que la competencia "ratione materiae" es de orden público, emana de la Constitución y de la ley (artículo 93, inciso 2, Constitución Provincial; ley 4106), no puede ser desnaturalizada, y, ningún tribunal inferior puede atribuírsela "per se" contra la Constitución y la ley (en el caso, contrato de albañilería para reparación de pavimentos y veredas). De admitirse un criterio distinto se estaría comprometiendo el orden que la Constitución provincial establece en relación a la competencia de los diferentes órganos judiciales.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, privilegios especiales (civil), gastos del proceso, ejecución hipotecaria, banco central
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GIMENEZ ZAPIOLA VIVIENDAS S.A. DE AHORRO Y PRES. P/VIVIENDA c/ POMIL S.A.C. y F. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

El privilegio respecto de los honorarios de los profesionales que intervinieron en la ejecución, en interés del Banco Central de la República Argentina -en su carácter de ente liquidador de la actora-, debe quedar limitado a la medida en que la actuación de aquellos benefició a la citada entidad (conf. art. 3900 del Código Civil). De ahí que deba tomarse como pauta regulatoria, no el capital y sus accesorios, sino el monto que representa el precio de venta obtenido en la subasta.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contrato de servicios, contrato de seguridad privada, alarma electrónica, incumplimiento del contrato, contrato de suministros, suministro de energía eléctrica, robo, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Molina, Carlos Alberto y otro  c/ Adt Security Services SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Procede hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios ocasionados ante el incumplimiento incurrido por la accionada en el marco del contrato de provisión de los servicios de monitoreo y alarma que celebró con la actora, responsabilizándola por los perjuicios que la accionante adujo haber sufrido a causa del robo en su vivienda del que fue víctima.

Ello así por cuanto la empresa demandada no cumplió con el protocolo previsto contractualmente contratado por el actor como servicio adicional para el caso de corte del suministro eléctrico del sistema de monitoreo, que consistía en intentar contactar a alguno de los tres números telefónicos informados, ni demostró haber intentado -al menos- contactar telefónicamente a la actora en alguna ocasión con posterioridad a la detección del corte de energía y antes de que este servicio fuera rehabilitado por el familiar de la accionante al concurrir al domicilio (en el caso, la actora se encontraba de vacaciones en el exterior).

De manera tal que, la falta de cumplimiento de la demandada con sus obligaciones contractuales, permitió que se produjera el robo en el domicilio de la accionante, por lo que debe responder por los daños derivados del hecho.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Corrales, Alberto Américo s/ Hurto de automotor en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Carece de aptitud interruptiva del curso de la prescripción el auto en el que se ordena -encontrándose prima facie prescripta la acción- se actualicen los antecedentes del procesado. (Minoría u opinión personal)
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI, querellante, falta de acción, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: ALSOGARAY, MARIA JULIA s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de excepción de falta de acción ...  Causa 34672 Causa 10523, Jun.13.69; CCC. cit. en JPBA-2, F. 255.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

1- La resolución que separó a la Dirección General Impositiva del rol de parte querellante en la causa, haciendo lugar a la excepción de falta de acción (prevista en el Art. 339, ap. 2) del CPP y relacionada con la existencia del derecho del acusador particular para ejercer en nombre propio la pretensión punitiva) no ocasiona agravio al fiscal, pues no se afecta el interés público que éste representa.- 2- La D.G.I. se encuentra legitimada para ejercer el rol de querellante cuando se ha visto perjudicada directamente en sus rentas (Cf. CCC.Fed., Sala 1, "Sosa, C.J.", Nov.5.93) y en principio solo si resulta damnificada puede asumir tal rol en los términos del Art. 18 de la Ley Penal Tributaria.- 3- Si el contribuyente abonó lo reclamado por el organismo recaudador se debe considerar que éste ha quedado desinteresado sin que esto implique la automática extinción de la acción penal, desde que los delitos investigados son de acción pública, ni que se declare la inexistencia de delito, cuestión que corresponde resolver en el expediente principal. En igual sentido CCC., Sala 5.
Despido indirecto, indemnización, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias,  Omar  Lorenzo c/ Aluar  Aluminio  Argentino  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28

En el supuesto en que el trabajador se de por despedido en los términos del art. 226 L.C.T., corresponde hacer lugar a la indemnización del art. 2 de la ley 25.323. (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría). Toq. 1236.
Cuerpo del delito, presunciones, menores
Materia: PENAL
Carátula: PAPI, HECTOR H. Y OTROS s/ PRUEBA - CUERPO DELITO - INDICIOS - MENORES EDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-05

El cuerpo del delito puede ser demostrado por prueba indiciaria directa e inmediata; por ende, están incluidos, como parte de ésta, los menores de edad que hubieren presenciado la realidad objetiva del hecho enjuiciado.
Lucro cesante, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: FABRE, OSVALDO RAMÓN c/ ALTAMIRANO, MARIO OSCAR Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-26

Resulta justificado tomar la edad de 75 años como tope para el cómputo del lucro cesante sufrido por el actor como consecuencia del accidente de tránsito, pues ello tiene sustento científico y la circunstancia de que el mismo, de 74 años al tiempo del accidente, realizara a ese momento trabajos eventuales a pesar de haber superado la edad requerida para una jubilación ordinaria, no permite superar aquél tope sin una prueba demostrativa de que lo continúa haciendo pese al tiempo transcurrido desde el accidente, pues ello implicaría avalar una situación extraordinaria sin el debido sustento probatorio, consagrando un exceso.
Contratos comerciales, mutuo comercial, préstamo bancario, contrato celebrado por teléfono, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Pizarro, Víctor Daniel s/ Cobro de Pesos - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-05-24

El préstamo o mutuo bancario (regido por los arts. 558 al 571 del Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil en sus arts 2240 ss.y cc.) es uno de los beneficios que otorga la institución bancaria a sus "clientes" y por ende accesorio y derivado de un contrato original que tiene como presupuesto una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro y que, como todo contrato real, se perfecciona con la tradición de la cosa, esto es con la entrega del dinero al cliente, o el depósito del mismo en la Cuenta Corriente o en Caja de Ahorro. Cuando este contrato de mutuo se concerta telefónicamente, modalidad no sólo admitida por el art. 2246 del Código Civil sino también aprobada y regulada por el Banco Central de la República Argentina en beneficio de los clientes de entidades crediticias, el Banco actor a fin de reclamar judicialmente el cumplimiento del mismo debe acreditar su existencia por la forma establecida en el art. 2246 conforme a los arts. 1193 y ss. del Código Civil, además de acreditar que el demandado es cliente del banco.
Cuestiones de hecho y prueba, contratos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.E.R.S.A. c/ Comar de Liberato Rosa Teresita s/ Ejecución de Prenda con Registro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-24

Indagar si las modificaciones contractuales conforman nuevas prendas nos introduciría en la merituación del contrato y sus modificaciones y la operación axiológica giraría en torno a cuestiones de hecho que, por principio, no se pueden volver a merituar en casación.
Remuneración, trabajador, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Es deber de la judicatura, en su labor de verificación de la razonabilidad de las medidas adoptadas, recordar que tanto el salario como el haber previsional, en virtud de su naturaleza alimentaria, deben ser objeto de tutela, predominando axiológica, sociológica y normativamente.(doctor de Lázzari, mayoría)
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, aplicación de la ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: PONCE DE LEON SANTIAGO ANGEL C/BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

Procede revocar la resolución apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad de oficio de la ley 27423: 22. Ello así cabe señalar que dicha norma adopta una solución en una línea que ha generado a través de los años diferencias doctrinarias y jurisprudenciales y ha optado por regular una materia sensible, en la que están en juego intereses económicos tanto de los justiciables como de los profesionales, algunos de los cuales, se verán más o menos perjudicados a través de ejercerse una opción por una reducción porcentual cuyos argumentos -a favor y en contra- aparecen agotados por los debates. El legislador, en su ámbito de actuación, ha fijado ahora, una concreta solución legal. No se trata ya, pues, de colmar, interpretativamente, una laguna de la ley sino que, ejerciendo el amplio margen de discreción con que cuenta y que se le permite al legislador, dentro de los parámetros dispuestos por la CN, ha decidido dictar una norma positiva como la de la especie, que consagra un porcentual de reducción del treinta por ciento (30%) para establecer la base regulatoria en supuestos de demanda rechazada. En este marco, si bien los Vocales integrantes de esta Sala no comparten esa solución legal, y así quedó reflejado en numerosos precedentes dictados en los últimos años, la reducción de la base regulatoria, para el supuesto contemplado por la normativa cuestionada, se trata, evidentemente, de un nuevo examen de la cuestión de parte del legislador, que ha decidido volver sobre la línea de criterios jurisprudenciales anteriores que priorizan otro enfoque de los intereses en juego, si bien modificando los porcentajes históricos, brindando su solución en un tema, ciertamente opinable. En ese contexto, este Tribunal estima que no le cabe apartarse de esta base positiva y acordar una solución, hoy no reconocida por la actual ley estipendaria, si ésta no conlleva una manifiesta inequidad que trasgreda principios constitucionales, ya que no corresponde a los jueces suplir al legislador sino aplicar las normas por él dictada (CSJN Fallos 300:700).