marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), medios de prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., C. B. y OTROS. s/ Queja en: -C., N. A. y C., S. J. s/ Vtma. Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-31

Se ha establecido en numerosas oportunidades que por imperio de la taxatividad del art. 430 del rito, la casación solo puede deducirse contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Condición que no se presenta en el caso, toda vez que, tal como se reseñara en los antecedentes, se trata de un interlocutorio de la Cámara en lo Criminal que por vía de apelación ha ratificado o confirmado un decreto del Juez de Instrucción por el cual no se ha hecho lugar a medidas solicitadas por la aquí recurrente, relacionadas con medios de prueba y convocatorias a declarar en indagatoria. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ SLULLITEL, ALICIA NOEMI RITA; SLULLITEL, MABEL NORA SIMONA; SLULLITEL, JULIO SERGIO JOSE s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

En relación al pedido de resarcimiento de los daños oculares, traumatológicos, neumonológicos, psicológicos y morales que -según afirma el expropiado- padece y no puede afrontar por no contar con los medios necesarios para los respectivos tratamientos, obsta a su procedencia lo establecido por el artículo 17 de la ley 7534 en el sentido de que la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que fueren consecuencia directa e inmediata de la expropiación, sin tener en cuenta las circunstancias de carácter personal, valor afectivo ni ganancias hipotéticas, lucro cesante ni el valor derivado de hechos de carácter histórico; y no se ha demostrado que los daños invocados guarden la relación causal directa e inmediata con la expropiación que exige la norma, ni resultan susceptibles de ser aprehendidos por alguno de los otros conceptos incluidos en el presente juicio expropiatorio, dirigido a establecer el justiprecio susceptible de substituir en el patrimonio del expropiado el valor del inmueble objeto de desposesión forzosa.
Contrabando, contrabando menor, actualización monetaria
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Contrabando Causa 29315-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Es improcedente la actualización del monto delimitativo entre contrabando menor y delito, lo cual no se compadece con lo expresamente normado al efecto por el Art. 953 del Código Aduanero, no pudiendo considerarse siquiera una interpretación "in bonan partem", toda vez que no se trata de una interpretación de lo dispuesto por dicho artículo, sino de la creación de una nueva normativa con base jurisprudencial sobre el particular incompatible con la legislación vigente.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado s/ Inconstitucionalidad arts. 22 ley 10857 y 3 ley 10877
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El Fiscal de Estado reviste el carácter de parte interesada en los términos del art. 149 inc. 1 de la Const. Prov. Cuando lo que impugna es la constitucionalidad de normas que -según alega- afecta la integridad de sus facultades, reglando su actividad en el ámbito judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
LEY DE CONCURSOS, concursos, fiador, oportunidad procesal, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ICAZATI Jorge Eugenio s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-07

En cuanto al cumplimiento del recaudo exigido por el inciso 5° del artículo 11 de la LCQ, cabe reseñar que tal obligación incluye a los garantes con independencia de haber o no honrado la deuda avalada.

Es por ello se considera que para habilitar el concurso preventivo del garante, necesariamente éste debe acreditar haber insinuado su crédito ante el concurso del deudor avalado, de otra forma se le resta seriedad a la presentación.

Bajo este contexto se advierte que, al momento en que dictó sentencia el Juez A-quo, no se encontraban cumplimentado los requisitos establecidos por el artículo 11 de la LCQ, en especial el inciso 5°.

En concordancia con lo expuesto corresponde considerar que la ley 24.522 establece plazos precisos para el cumplimiento de los requisitos necesarios a los fines de la solicitud del concurso preventivo, concediendo asimismo un plazo de gracia (art. 11 inc. 7°), por lo que solamente por vía excepcional y bajo circunstancias debidamente justificadas, los mismos pueden ser completados ante el tribunal de Alzada, no revistiendo el caso que nos ocupa la hipótesis de excepción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, manifestación de la voluntad, lesión subjetiva, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ortolachipe, Gustavo Javier c/ Cooperación Mutual Patronal s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

La Cámara -al hacer lugar a la apelación de la accionada- destacó liminarmente el carácter excepcional del instituto de la lesión y a partir de esa premisa ponderó que el acto jurídico cuya nulidad se pretende era un convenio transaccional -con concesiones y renuncias recíprocas-, que el actor contó con asistencia letrada al momento de efectuarse el acuerdo, que no se logró acreditar un estado de inferioridad, necesidad o inexperiencia en el accionante que fuera aprovechado por la aseguradora demandada y que ninguna prueba aportó el recurrente tendente a demostrar una evidente desproporción económica que surja de los términos de la transacción arribada por las partes; frente a ello, el recurrente insiste en su postura en cuanto a que le resultaba indispensable contar con la prueba de la culpa del asegurado para dimensionar la lesión y que cuando obtuvo dicha prueba -en el reclamo laboral- la acción de daños y perjuicios se encontraba prescripta por lo que sólo quedaba la lesión, mas dicha afirmación resulta insuficiente para demostrar la alegada desproporción del monto abonado como indemnización en el marco de una transacción extrajudicial que, por lo demás, se evidencia razonable en la confrontación realizada con antecedentes jurisprudenciales contemporáneos a la fecha del acuerdo cuya nulidad se pretende.
MÉXICO, grupos vulnerables, Pacto de San José de Costa Rica, derechos de la mujer, violencia sexual, derecho a la integridad física, responsabilidad internacional del Estado Parte, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la protección integral de la familia, familiares de la víctima, violencia institucional, daño psíquico, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Rosendo Cantú y otra c/ México s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-31

Resulta violado por México el derecho a la integridad -artículo 5.1 de la Convención Americana-, de los familiares de la mujer indígena -niña al momento de los hechos-, que fue víctima de violación sexual y tortura mientras se disponía a bañarse en un arroyo cercano a su domicilio por parte de personal militar, pues se afecta la integridad psíquica y moral de los familiares de víctimas de violaciones sexuales atento el sufrimiento adicional que padecen a raíz de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, generándoles profunda alteración psicológica, intenso terror e incertidumbre.
Lucro cesante, prueba, daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortez, Angel S. c/ Troglio, David y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Teniéndose en cuenta que el "rubro lucro" cesante significa la frustración de ganancias esperadas, se comprende que no basta señalar que la víctima ha debido permanecer inactiva para que se genere el derecho a indemnización. Es necesario probar no sólo dicha inactividad sino, además, la efectiva, cierta, puntual frustración de ganancias, a partir de la imposibilidad de cumplir contratos o de cancelar compromisos ya asumidos. La genérica declaración de que "hacia parques" y que ahora "no lo hace más", no acredita el daño.

Tampoco el lucro cesante resulta del hecho de haber comprado una cortadora de césped. (art. 375 CPC y 1069 CCI)
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Tanguikian, Alberto s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

No es inconstitucional el artº 623 del CCI, en cuanto prohibe la capitalización de los intereses futuros, ni viola el derecho de propiedad.
Acción meramente declarativa, control de constitucionalidad, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

El control de constitucionalidad del artículo 45 de la ley 26.522 no puede prescindir del contexto general y de los fines que informan las disposiciones cuestionadas, que deben ser interpretadas en la racionalidad de los términos y en la voluntad del legislador que subyace en ellos. El juicio sobre la compatibilidad constitucional de una norma concreta no debe soslayar la ponderación de todos los derechos fundamentales comprometidos, y no solamente uno o alguno de ellos. En tal sentido, y en lo que atañe al art. 45 de la LSCA, no sólo se encuentra comprometido el derecho de propiedad sino el derecho a la libertad de expresión e información en su doble faceta: no solamente como derecho inalienable de toda persona sino como derecho indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, libertad condicional, principio de legalidad, readaptación del condenado, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Dips, Marco Antonio sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-18

Si bien el recurrente alega que la decisión que denegó su libertad condicional habría violado el principio de legalidad por no observarse la ley aplicable -principalmente, el art. 13 del Código Penal-, de la resolución de la Cámara se desprende que la confirmación del rechazo de la libertad condicional se fundó en que no se contaba con informes que pronosticaran en forma individualizada y favorable la reinserción social del condenado, esto es, en un requisito de procedencia de la libertad condicional que está expresamente establecido en la legislación aplicable (art. 13, CP). Ello así, corresponde rechazar la queja en tanto la defensa no argumentó que el análisis de los datos contemplados por los jueces al momento de resolver implique desconocer el texto legal o vulnere alguna otra garantía constitucional. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe. Voto compartido por la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arroyo de Randon, Maria Cristina c/ Domingo Spadaro e hijos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Calificar la conducta procesal de la ejecutada y en su consecuencia aplicarle una multa, constituye una cuestión de hecho que no puede ser revisada en casación si no se demuestra que el juzgador ha incurrido en un razonamiento viciado.
Notificación electrónica, nulidad de la notificación, domicilio electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: L. O. C.  c/ GCBA y otros  s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Corresponde decretar la nulidad de la notificación electrónica ya que asiste razón a la parte recurrente. La situación que nos ocupa dista de la que se dio en el precedente "Maxiconsumo". Allí el letrado actuaba como apoderado de la parte actora, se encontraba registrado en el Portal del Litigante y los informes técnicos acreditaban que la cédula electrónica notificada por este Tribunal había sido enviada a su casilla electrónica. Es decir que en ese caso, a diferencia de este, la parte se había registrado en EJE, razón por la cual se había sometido voluntariamente al régimen cuyos alcances luego pretendía cuestionar. En cambio, aquí, la actora actúa por derecho propio y el Tribunal dirigió la notificación de su sentencia a un domicilio electrónico de otra persona, una de las abogadas que la patrocinan en estas actuaciones. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ramos, Roberto c/ Ontivero, Jorge s/ Demanda ejecutiva. Cuestión a resolver: ¨En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78) Cuestión a resolver: ­En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

Aunque el Tribunal Plenario siente la tesis negativa a la cuestión planteada, corresponde que el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de reajuste de deudas de dinero (admitiéndolo) -independientemente de la valoración intrínseca que pueda merecer- sea debidamente considerado aunque más no sea por las implicancias propias de provenir del más Alto Tribunal dentro de nuestra organización judicial. La palabra de la Corte Nacional, por ser Suprema y por autoridad moral, tienen como natural efecto el de apagar las disensiones en los tribunales nacionales y provinciales en razón del acatamiento que deben a sus pronunciamientos -convenza o no a todos-. (Del Voto del Dr. Elena)
Sociedad irregular, regularización de sociedades
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Eduardo Mario c/ Basterra, Héctor Luis y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

La reforma de la ley 22.903 al art. 22 de la ley 19.550, implica un notable avance sobre la inserción de la sociedad de hecho en el principio de conservación de la empresa. Si bien cualquier socio puede decidir la disolución -aun antes de la citada reforma- se allana el camino hacia la regularización, dando la ocasión a los demás socios de continuar la misma empresa pese a la decisión de disolver de uno de ellos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, arraigo
Materia: PENAL
Carátula: DE LUCA, C.A. s/ EXCEPCIONES - ARRAIGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

La enumeración de las excepciones del art. 443 C.P.C. es taxativa y ello no ha sido alterado por la nueva redacción del art. 172 que faculta al querellante domiciliado en el extranjero a litigar, pues si así se lo estima, la excepción de arraigo debió haberse incluido en las enumeradas en el artículo citado.
Mandato, extinción del contrato, muerte del mandante
Materia: CIVIL
Carátula: BARON LIDIA BEATRIZ c/ BARON DELIA VIRGINIA s/ ORDINARIO S/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-20

Los casos en que la muerte del mandante no pone fin al mandato o al poder son cuando: a) el negocio debe ser cumplido después de la muerte del mandante -art. 1980-, b) comenzado negocio debe ser continuado por existir peligro en demorarlo -art. 1.980- y c) ha sido dado en interés del mandante y mandatario, o en interés de un tercero -art. 1.982-. El primero de los supuestos, para no ser nulo, debe valer como disposición de última voluntad -art. 1.983 CC-.

Si de la lectura del acto de apoderamiento no surge ningún negocio para el cual se hubiese otorgado poder post morten, extinguido el contrato por la muerte del mandante y no existiendo acto jurídico base respecto del cual extender correspondería mantener la subsistencia del poder otorgado, no cabe sino tener por extinguida la eficacia del mandato general o, en su caso, determinar que dicho apoderamiento resulta manifiestamente insuficiente para incoar, invocando la representación cesante, una demanda.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAMUS INDAURO c/ RODRIGUEZ Y/O EMP. SANTA ANA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-22

La reparación civil es de una mayor amplitud que la laboral desde que no se encuentra restringida al ámbito de la capacidad laborativa. Efectivamente, en el ámbito civil cabe ponderar la existencia del daño a la integridad personal con independencia de la capacidad laborativa desde que la mera lesión confiere derecho a la reparación ya que ésta tiene su fundamento en la personalidad íntegramente considerada tanto en sus potencialidades como en sus restantes posibilidades vitales.
Sanciones administrativas, Régimen Penal Administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: United Airlines Inc. c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. DNM 8463/98-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-16

En orden al contenido de este denominado derecho penal administrativo, el Tribunal comparte la opinión de la doctrina mayoritaria que considera que no existen diferencias esenciales u ontológicas entre los delitos y las faltas y contravenciones, que resultan a él de aplicación los principios generales del derecho penal clásico, salvo derogación expresa y aún implícita, en la medida que esa aplicación carezca como incongruente (axiológicamente) con la índole del concreto régimen de que se trate (conf. esta Sala in re "Bassi, Héctor R.", del 22/11/94, y sus citas). (Consid. V).
Recurso de casación, recurso de casación civil, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Río Grande c/ Suc. Miguel Andrade s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-10

Es doctrina constante del Tribunal que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad del perjuicio (Alsina, Derecho Procesal civil, citado por Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, L.E.P., ed. 1991, pág.. 389)". Por ello resulta decisivo, a los fines de delinear el concepto de definitividad, los efectos que produce la resolución, es decir, si el impugnante cuenta con otra vía jurídica para reparar su agravio, pues en tal caso el remedio extraordinario -en principio- se encontraría vedado.
Plazos procesales, suspensión del plazo, fuerza mayor
Materia: PROCESAL
Carátula: WYSZOGROD, ENRIQUE c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

La excepcional facultad conferida en el art. 157 del Cód. Proc. a los tribunales sólo se refiere al supuesto de circunstancias de fuerza mayor o causas graves que imposibiliten la realización de determinado acto procesal, permitiendo de tal manera al acta estado de aquellos eventos remediar la situación para su realización. Pero de ninguna manera puede llevar a la suspensión del juicio interín dure la imposibilidad del letrado actuante, toda vez que éste puede arbitrar los medios tendientes para la continuación del pleito malgrado el impedimiento temporal que sufre.
Juicio sumarísimo, medidas cautelares, horas extra, confirmación de sentencia, ampliación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Paiva, Daniel Guillermo c/ Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 1455/63 s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-22

La parte demandada, consorcio de propietarios, apela la sentencia de grado que admitió la medida cautelar requerida por el actor, encargado del edificio. El accionante inició demanda sumarísima con fundamento en el art. 66 LCT en procura del restablecimiento de las condiciones de trabajo modificadas por la patronal accionada. A partir de la asunción de una nueva administradora del ente consorcial, tal sujeto introdujo reformas en el modo de fijar remuneración del actor, específicamente en relación a los conceptos "antigüedad" y "liquidación de horas extras" lo que se tradujo en una disminución del 50% en el salario que venía percibiendo el trabajador. Los litigantes se encuentran contestes acerca del nuevo esquema salarial implementado por la empleadora y el impacto peyorativo en la retribución del actor. Los recibos aportados a la causa permiten refrendar tal situación lo que conduce a confirmar la resolución de grado sin que ello implique sentar un juicio definitivo sobre la controversia que subyace en el caso y que deberá resolverse en un juicio ordinario con amplitud de prueba.
Interdicto de recobrar, intervención de terceros, Municipalidad, despojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Estado Nacional c/ Municipalidad de San Martín de los Andes (Provincia del Neuquén) s/ interdicto de recobrar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

Más allá de la falta de demostración de que se trate de alguno de los supuestos que autorizan a disponer la citación de un tercero, no resulta fácil inferir, en la causa en que el Estado Nacional inició un interdicto de recobrar motivado por el despojo inferido por la municipalidad de una provincia, cuál sería la comunidad de controversia que podría existir con quien no ha sido el autor denunciado del despojo, ni su sucesor, copartícipe o beneficiario (art. 615 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Acción dependiente de instancia privada, acción no instada, lesiones leves, nulidad procesal, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: MATA, JUAN C. Y OTRO s/ ACCION  PENAL. ACCION DEPENDIENTE INSTANCIA PRIVADA. NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-12

Debe ser declarada la nulidad de todo lo actuado, inclusive la sentencia (excluyéndose el sumario de prevención) por no existir instancia válida, ya que la damnificada del delito de lesiones culposas (leves) si bien consideró responsable del hecho al procesado, expresamente manifestó NO INSTAR la acción penal contra el mismo, dejando librado a la justicia determinar la responsabilidad penal del imputado.

Por otra parte no se declaró que se procedía de oficio por mediar razones de seguridad o interés público.
Disolución del matrimonio, alimentos, cuota alimentaria, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: S., M. c/ B., J.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-10

Si no es posible acreditar el caudal económico del alimentante mediante prueba directa de sus entradas, debe estarse a lo que resulte de la prueba indiciaria, valorando su eficacia con criterio amplio a favor de la pretensión del alimentado.