Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10


Salta, 10 de Abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ALANCAY, Rubén c/ FUENTES, Beatriz Elizabeth - DIVORCIO"- Expte. n° 25139/09 del Juzgado de 1ª Inst. Civil de Personas y Familia 1º Nom. (CAM 390686/12 de Sala Primera), y CONSIDERANDO I. Vienen estos autos en virtud del planteo de caducidad de la segunda instancia presentado a fs. 133 por la actora, manifestando que en autos ha transcurrido en exceso el plazo previsto por el art. 310 inc. 2º del CPCC, sin que la contraria inste la prosecución de la instancia de apelación.

Relata que, en fecha 26 de marzo de 2012 el a quo ha fallado disponiendo el divorcio vincular de las partes, y que tal como consta a fs. 58 de autos en fecha 16 de abril de 2012 la demandada interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia y que por medio de la providencia simple de fecha 27 de abril de 2012 se concedió libremente y con efecto suspensivo el recurso interpuesto, ordenándose la remisión de los autos a la Mesa distribuidora de expedientes a efectos de la asignación de la Sala (fs. 59/129). Así las cosas, en fecha 5 de mayo de 2012 la Mesa Distribuidora designa a la Sala I y asigna el número de expediente de segunda instancia (fs. 59 vta./129 vta.). Continua diciendo que luego, por medio de la providencia simple de fecha 4 de mayo de 2012 se decretó la elevación de los obrados a la Sala Primera, providencia que se notificó a las partes por ministerio legis -nota- en fecha 10 de mayo de 2012 (fs. 60 vta./130 vta.). Sostiene que ésta ha sido la última actuación válida que tuvo la virtualidad de impulsar el proceso y desde esa fecha han transcurrido los tres meses previstos en el art. 310 2º párrafo del CPCC, sin que la contraria realice actos de impulso procesal que permitan poner en estado de resolución la apelación deducida, que la caducidad operó el 12 de Agosto de 2012, y que no consiente la providencia de fs. 61/61vta. (131 y vta).

A fs. 140/141 la demandada contesta el traslado que se le corriera del planteo efectuado por la contraria, solicitando su rechazo.

Sostiene que el expediente no estuvo paralizado por inacción de su parte, sino que el Juzgado de primera instancia en su tramitación interna dispuso la elevación a la Cámara en fecha 06/09/12, purgando cualquier otro trámite o plazo anterior, quedando la elevación a cargo del juzgado, trámite que se cumplió en fecha 10/09/12 (fs. 131vta.). Expresa que, si observamos la secuencia, se puede ver que el expediente llegó a la Cámara el día 10/09/12 a hs. 12.30 (fs. 132 vta.) y el escrito de caducidad está presentado el 12/09/12 a hs. 12.20, o sea es anterior al ingreso, resultando ello, a su entender, llamativo.

Considera que al haber tomado conocimiento del expediente el incidentista de las actuaciones de fs. 61 y 61 vta. ha consentido los mismos.

A fs. 143 pasan los Autos a despacho, providencia que se encuentra firme.

II. El fundamento de la caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539-540).

Ahora bien: para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de tres meses en segunda instancia (art. 310 inc. 2º).

Al respecto, debemos recordar que, a los efectos de la perención, se entiende que la segunda instancia comienza con la interposición del recurso. Criterio éste que fuera expresamente incorporado en el penúltimo párrafo del art. 310 del C.P.C.C, mediante modificaciones introducidas por Ley 7566. Es decir, interpuesto un recurso, desde ese instante existe la posibilidad de que la instancia con él abierta perima. (Conf. LOUTAY RANEA, Roberto - OVEJERO LOPEZ, Julio: "Caducidad de la Instancia", Bs. As., ASTREA, 1986, Pág. 46/48; art. 310 C.P.C.y C).

Por lo tanto, en el caso de autos, la instancia, cuya declaración de caducidad se pretende, fue abierta con la presentación obrante a fs. 128 -de fecha 16 de abril de 2012-, mediante la cual, la demandada interpusiera recurso de apelación en contra de la resolución recaída a fs. 120/124 de autos, que declaró el divorcio vincular entre las partes intervinientes en autos.

Corresponde analizar ahora, cuál acto debe considerarse como última actuación procesal impulsoria de la segunda instancia, por lo tanto, interruptiva de la perención, para así determinar si existió inactividad procesal por parte de la apelante.

De las constancias de autos surge que, en fecha 4 de mayo de 2012 (fs. 130), fue dictada por el a quo la última providencia referida al recurso de apelación, cuya declaración de perención ahora se solicita, ordenándose la correspondiente elevación de los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Esta providencia es el último acto de impulso procesal del recurso interpuesto a fs. 128, no advirtiéndose a partir de entonces acto interruptivo alguno, hasta la providencia de fs. 131 -con fecha 6 de septiembre de 2012.

En virtud de lo precedentemente considerado, se evidencia también el cumplimiento del tercer y último requerimiento para la declaración de caducidad de la instancia, es decir, el transcurso de los plazos legales con inactividad por parte del recurrente interesado.

La jurisprudencia es conteste en que al fundamento de orden público de que la perención tiene por fin liberar a los órganos jurisdiccionales de las cargas que implican mantener los procesos inertes, se agrega el principio dispositivo del proceso, según el cual, corresponde a las partes iniciar, estimular, activar, urgir, en una palabra "instar" y mantener con vida el proceso, o sea, la instancia para que la misma no se extinga por inactividad de las partes. En autos, la apelante, no arbitró los medios conducentes a tal fin, ya que dejó transcurrir el tiempo de la perención, sin cumplir actos procesales conducentes a la resolución de su apelación, esto es, requerir, en tiempo oportuno, la efectiva elevación de los autos a la Alzada.

Respecto a ello, jurisprudencialmente se ha dicho: "Pese a la disposición establecida en el art. 251 C.P.C.C. Salta, la obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada, también se encuentra a cargo del apelante. La jurisprudencia ha señalado que la demora en elevar los expedientes por Secretaría a la Cámara no impide que se opere la perención, pues no puede asimilarse el caso al a situación prevista en el art. 313 del C.P.C.C." (CApel. CC Salta, Sala III, 18/04/84, "Oviedo", fallos 1984, pag. 203). "Conforme reiterada jurisprudencia es obligación de las partes urgir la elevación de los autos a la Alzada y la puesta de ellos en estado de dictar resolución . Por lo tanto, el apelante, si quiere evitar la perención de la instancia recursiva que ha abierta con su apelación, debe cumplir con todas las diligencias necesarias a tal fin." (CApel. CC. Salta, Sala III, 06/04/87, Ledesma vs. Municipalidad, Fallos 1987, Pág. 407).

Por otra parte, es dable considerar que el incidente de perención fue presentado antes que opere el plazo en el cual hubiera quedado consentido el acto de fs. 131 y que es de cinco (5) días conforme artículo 170 del Código Procesal Civil y Comercial y según reiteradamente lo tiene dicho la Corte de Justicia de Salta (cfr. Tomos 90:405, 125:1075).

En consecuencia, corresponde declarar la caducidad de la segunda instancia, toda vez que, desde el último acto impulsorio (fs. 113), hasta la presentación del incidentista a fs. 114/117, ha transcurrido el plazo previsto en el art. 310 inc. 2º del CPCC.

III. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte vencida, tanto del incidente de caducidad como de la instancia perimida conforme las previsiones de los arts. 67, 68 y 73 del C.P.C. y C.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL RESUELVE I . HACER LUGAR al incidente de caducidad interpuesto a fs. 133 y en su mérito, DECLARAR la perención de la segunda instancia abierta en autos por la demandada a fs. 128. Con Costas a la parte vencida, tanto del incidente de caducidad como de la instancia perimida (arts. 67, 68 y 73 del C.P.C. y C).

II. Regístrese, notifíquese y bajen los autos al Juzgado de orígen.