Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-12


Salta, 12 de febrero de 2014._ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CHANZA, José Antonio c/ DÍAZ, Hugo; CIRILO, José; LARGO, Oscar y/u ocupantes - Sumarísimo: Interdicto de recobrar", Expte. Nº 20998/11 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación, Distrito Judicial del Norte- TARTAGAL- (CAM 389.424/12 de la Sala Primera), y _ CONISDERANDO_ I.- Que a fs. 619 se presentan los demandados e interponen recurso de Inconstitucionalidad en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones Sala I de fs. 600/607 y su aclaratoria de fs. 615 y vta, solicitando se conceda el recurso y se eleven los autos a la Corte de Justicia de Salta y oportunamente deje sin efecto sentencia, con costas.

Consideran que se han violado los derechos constitucionales de legalidad, de defensa de los demandados y las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 18 del Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana, como también el derecho de usar y poseer las tierras ancestrales reconocidos por el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna y diversos tratados internacionales de derechos humanos como el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que la interpretación de todas esas normas es fundamental para la precisión de los contornos de los derechos de los pueblos indígenas, habiendo marcado el rumbo por dónde debe transitar el reconocimiento efectivo a tales derechos la Corte Interamericana.- Manifiestan como agravios: 1) respecto de la acreditación de la comunidad indígena: la sentencia denota una notable arbitrariedad porque no era un tema controvertido ya que el actor jamás cuestionó que los demandados sean indígenas y que pertenezcan al pueblo wichi, el que se organiza a través de comunidades, en este caso El Chaguaral, lo que -dice- quedó acreditado con la intervención de un traductor de la lengua wichi en ocasión de las testimoniales de los miembros de la comunidad de los demandados. Por ello consideran que sostener que no se ha probado su existencia implica un apartamiento de la causa y vulnera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y con ello su existencia jurídica.

Sostienen que la exigencia de acreditar un extremo que ya ha sido reconocido constitucionalmente implica una arbitrariedad.-_ 2) Sobre la aplicación e interpretación de la normativa federal: se ha realizado de manera incorrecta y arbitraria por cuanto le ha dado un sentido que desnaturaliza los objetivos fijados.

Expresan que en la sentencia se afirmó que para que se haga operativo el derecho consagrado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional debe acreditarse que la personería jurídica ha sido otorgada, pero que ese condicionamiento no surge de la letra de la Constitución Nacional ni de la legislación vigente.- 3) Sobre la prueba de la propiedad: en la sentencia impugnada se afirma que los demandados no han probado la propiedad y posesión comunitaria de la fracción en litigio y por ello no queda demostrado que tengan título legítimo y que tampoco se avizoran indicios con entidad suficiente para presumir la ancestralidad. Se agravian por cuanto en la pretensión deducida se discuten hechos vinculados a la posesión y no a la propiedad, por lo que señalar ese déficit probatorio resulta arbitrario a su entender.- 4) Los dictámenes de autos: tanto las manifestaciones del Asesor de Menores como de la Fiscal de Cámara se han adherido a la fundamentación del recurso de apelación, y no obstante fue desechada.-_ 5) Sobre la prueba de la posesión indígena: manifiestan que con las testimoniales producidas quedó acreditado las tierras sobre la cual se interpuso el interdicto se encuentran en posesión de los indígenas pertenecientes a las comunidades San José, Cuchuy, Corralito y Chaguaral del pueblo wichi y de los demandados ya que se manifestó que allí realizan actividades de caza y recolección e inclusive existen cementerios indígenas, mientras que el actor -afirman- no tiene la posesión, sólo invoca ser titular registral lo que a los fines del interdicto no lo habilita a la acción intentada. Sostienen que se ha omitido la prueba que acredita la posesión indígena sobre la fracción en litigio, lo que descalifica la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido.- 6) Sobre la omisión de resolver cuestiones propuestas en razón de la falta de articulación oportuna de remedios procesales; no se tuvo en cuenta que al interponer el recurso de apelación se sostuvo que el expediente nunca estuvo en nota desde el momento de la interposición del recurso (fs. 223) hasta el momento mismo en que se anotician de la sentencia de primera instancia, por ello al tener sentencia definitiva correspondía interponer el recurso de apelación en tanto contiene el de nulidad para dejar sin efecto el fallo.- Consideran que la sentencia es arbitraria por cuanto no se resolvió la omisión de notificar el rechazo del recurso de revocatoria lo que tuvo como perjuicio central que no se encuentre incorporada la prueba relevante para la resolución de la causa.- 7) Sobre la condena extra petita: consideran que al validar la sentencia de primera instancia condenó más allá de lo pedido ya que se ordena la restitución del inmueble al actor bajo apercibimiento de lanzamiento cuando en la demanda nunca se solicitó el desalojo del grupo familiar de los Sres. Cirilo y Largo, por ello la sentencia impugnada se ha excedido configurándose arbitrariedad.- 8) Sobre la indefensión de niños indígenas y la orden de desalojo en su contra: estiman que la confirmación de la sentencia de desalojo deja indefensos a niños indígenas cuya presencia surge del acta de inspección ocular de fs. 199, habiéndose omitido dar intervención al Ministerio Público Pupilar.- 9) Sobre la ubicación de la fracción del litigio: se consideran agraviados por cuanto sostiene que no se ha precisado dónde se encuentra la fracción objeto del juicio ni tampoco se ofreció prueba para confirmar que el número de catastro sea el indicado por el actor, identificación que fue negada en la contestación de demanda; por ello sostienen que la sentencia es arbitraria al afirmar sin elemento probatorio alguno la ubicación de la fracción objeto del litigio.- 10) Sobre la omisión de resolver la excepción de falta de legitimación interpuesta por el Sr. Largo, señalan que no vive en la Comunidad El Chaguaral, lo cual no fue considerado en ninguna de las dos instancias.- En definitiva expresan que corresponde que se aplique la ley 26.160, prorrogada por ley 26.894 y se suspenda el desalojo de sus mandantes por cuanto se probó que la fracción objeto del litigio se encuentra poseída por éstos y por comunidades del pueblo wichi. Hacen reserva del caso federal.-_ A fs. 631 pasan los autos a despacho.- II.- Que el recurso extraordinario, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para producir una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad (CJS, Tomo 64:855; 72: 581; 100:139).- Además cabe tener en cuenta que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión, precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el tribunal superior de la causa,, si existe relación directa con una cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sigües; Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario" Tomo 2, ed. 1992, p. 498 y ss).- III.- Que el recurso fue interpuesto dentro del plazo estipulado por el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial (cf. constancias de fs. 630 vta. y 629 vta.), contra la sentencia definitiva emitida por el superior tribunal de la causa. Se constata que el recurrente planteó al expresar agravios a fs. 536/562 la posibilidad de que, en caso de que la Cámara rechace la apelación deducida en contra de la sentencia de primera instancia, se verían violentados los derechos constitucionales ahora invocados como fundamento del recurso de inconstitucionalidad.-_ El recurrente ha tildado al pronunciamiento de la Alzada de arbitrario. La calificación de sentencia arbitraria, sólo excepcionalmente puede dar lugar a la apertura de la vía extraordinaria y no alcanza a las sentencias que no prescinden, sino que aprecian los hechos de la causa y lo valoran con el alcance que a juicio del Tribunal apelado corresponden (Ibáñez Frochan, "Tratado de los recursos en el proceso civil", pág. 447 y 452)._ Sin embargo, el recurso interpuesto no ha abastecido los recaudos que condicionan su ingreso a la instancia extraordinaria.

Cabe recordar que la doctrina establecida en materia de arbitrariedad, sólo juega respecto de los desaciertos u omisiones que importan descalificación de sentencias como actos judiciales, pero no tiene por objeto modificar, en tercera instancia, sentencias que resuelven cuestiones que el recurrente juzga equivocadas, según su divergencia con el tribunal de Alzada en la selección e interpretación de las pruebas y aplicación del derecho, porque la determinación de la doctrina legal pertinentes a los hechos de la causa es función propia de los jueces que la deciden. Se ha expresado que: "Si bien el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad tiende a obtener el adecuado resguardo de la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias tengan fundamento y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, el objeto de dicha doctrina no es corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales. Así como tampoco sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que por su índole les son privativas, pues sólo procura cubrir los graves defectos de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa" (CSJN Nov.29-977 Rep. LL XLI, J-Z 2749 sum.432).

Debe señalarse que sólo se configura el supuesto de sentencia arbitraria ante un apartamiento indubitado de la solución normativa prevista, o un grosero vicio de lógica o sentido común que impidan considerar la resolución atacada como acto jurisdiccional, lo que -según el somero análisis realizado en esta instancia a los fines de la viabilidad del recurso- no se configura en el sub discussio por cuanto de su sola lectura surge que han quedado suficientemente explicitados en el fallo todos y cada uno de los agravios que hoy reiteran los demandados con la interposición del presente recurso, y que con su criterio juzgan como equivocadas; no obstante, y a partir de una valoración en abstracto de dichos agravios, no se aprecia falta de fundamentación ni de derivación razonada del derecho vigente teniendo en cuenta para las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en autos.- Es dable destacar que en la sentencia de fs. 600/607 y su aclaratoria de fs. 615 se dejaron establecidas las razones para confirmar la sentencia de grado, entre ellas la falta de inscripción de la personería jurídica de la comunidad indígena alegada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas en concordancia con lo establecido por el artículo 1º de la ley 26.160 a través del procedimiento de adjudicación y explotación de las tierras (arts. 8 y 9), y así no se ha probado la calidad de comunidad indígena, ni se realizó un relevamiento técnico- jurídico- catastral, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la situación dominial de las tierras ocupadas por las supuestas comunidades indígenas ni por lo tanto la aplicabilidad de la ley 26.160 por lo cual la alegada arbitrariedad por apartamiento a las normas nacionales e internacionales no se patentiza impidiendo la concesión del remedio extraordinario.- Ha sostenido la CSJN que "La arbitrariedad -como materia estrictamente excepcional del recurso extraordinario- no consiste en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia y en tanto no excedan las facultades de apreciación de los hechos y el derecho, que son propias de su función (Fallos 234:157) y cuyo acierto o error no incumbe a la Corte revisar" (Fallos 234:743; 237:142)._ En definitiva, se advierte a primera vista que el contenido del material de agravio, en lo que respecta a los vicios que imputa al pronunciamiento en cuestión, remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa, y ajenas, en principio, al recurso intentado. En este sentido se ha indicado: "Lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho, no es susceptible de revisión en la instancia excepcional del recurso de inconstitucionalidad" (CJSalta, L. 54, fs. 419/ 426) En idéntico sentido se dijo: "Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra sentencia que resuelve cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal" (CSJN marzo 24-981 L.L. 1981 -D- 611).

Cabe añadir que el recurso extraordinario, en tanto vía impugnaticia especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por eso la existencia de una cuestión constitucional configura la base del recurso (CSJN Fallos 148:62; 306:1740, entre otros). Por ello constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (CSJN Fallos 300:443; 301:116) extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si el recurrente no precisa ni demuestra en concreto como se ha operado - efectivamente- tal violación en la sentencia. En el sub júdice la supuesta cuestión constitucional revela sólo una divergencia con los fundamentos dados por el tribunal para arribar a la solución que ataca el impugnante, lo que imposibilita la apertura de la instancia extraordinaria.-_ Por ello,_ LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE: I. DENEGAR LA CONCESIÓN del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 619/629.

II. MANDAR se registre, notifíquese y bajen los autos.