marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, individualización de la pena, falta de fundamentación, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bertschinger, Hugo Néstor s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-17

: El recurso de casación es formalmente procedente en materia de individualización de la pena cuando se hubiese alegado, en las demás condiciones exigidas por el art. 463 del C.P.P.N., inobservancia de las formas previstas por dicho Código bajo sanción de nulidad, consistente en falta de fundamentación o motivación contradictoria de la sentencia en ese aspecto. En ese punto el juez se mueve en un ámbito de "discrecionalidad reglada" y entonces, como toda decisión sujeta a reglas, puede ser revisada a fin de determinar si fue adoptada siguiendo las normas que la disciplinan
Pena alternativa, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Almirón Giménez, Miguel Angel s/ Recurso de casación - Causa:1599
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-18

Tratándose de penas alternativas, su elección "queda exclusivamente librada al arbitrio judicial y los tribunales son soberanos en ello, pudiendo aplicar indistintamente una cualquiera de las especies de sanción previstas por la ley", pues "en materia de penas alternativas la aplicabilidad de las normas legales sobre concurso de delitos depende necesariamente de la previa elección del tipo de sanción que corresponde imponer en cada caso particular, elección que de ningún modo está regida por el art. 56 ni por ningún otro precepto imperativo de la ley penal".
Daños y perjuicios, daño moral, carácter sancionatorio, indemnización, dolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALVAREZ DOMINGO c/ SIMONETTI Y OTRO s/ DAÑO  MORAL.  GASTOS  MEDICOS. GASTOS NO COMPROBADOS. RESPONSABILIDAD  CRITERIOS. INTERVENSION DE TERCEROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06

La reparación del daño moral tiene carácter punitivo, por lo que no es reparable si no media dolo.
Recurso extraordinario de nulidad, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Bize, Abel Omar y otro s/ Privación ilegal de la libertad. Omisión de deberes, falsificación  de documento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto en el que se denuncia la transgresión del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial al aparecer uno de los jueces del tribunal adhiriendo a su propio voto, si tal vicio resulta desplazado por la mediación de los dos votos concordantes y, por consiguiente, mayoritarios, cumpliéndose de tal manera la exigencia contenida en la segunda parte del citado texto constitucional.
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Capalbo, Rodolfo Jorge c/ Fera, Mario y otro s/ Cobro de honorarios. Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El remate fracasado que determina una regulación según el art. 74 de la ley 10.973, es el fracasado definitivamente, no siendo aplicable tal norma si luego la subasta se realiza y el martillero cobra normalmente. De otro modo habría una doble retribución al profesional, siempre sobre la base del mismo inmueble. Para descartar tal posibilidad, basta pensar que si el remate fracasara tres veces y luego tuviera éxito, el martillero tendría tres regulaciones, más la comisión. No es ese el sentido de la norma citada, que simplemente establece una retribución alternativa a la comisión ante el fracaso que dejaría sin ella al martillero, pero no acumulativa.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Provincia de Bs. As. c/ Danadio de Tescari s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La facultad que tienen las partes y sus letrados para asistir a la diligencia que practicaren los expertos y formular observaciones, no importa la de llevar técnicos al acto fijado por los peritos designados en juicio, a fin de discutir con estos últimos, atento que el Código Procesal de Bs. As. a diferencia del vigente en la Nación, no contempla la figura del consultor técnico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Policía, personal policial, ascenso laboral, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

La potestad del Gobernador de decretar los ascensos del personal superior de la Policía provincial, surge de las disposiciones del artículo 72 de la Constitución Provincial. En efecto, como Jefe Superior de la Administración Pública (Inciso 1º) le compete nombrar y remover a los ministros, funcionarios y empleados de la Provincia con arreglo a la Constitución (entre ellos, artículos 72 inciso 6;

73; 81; 82; 86 de la Constitución Provincial), siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad (artículo 72 inciso 6).
Aplicación temporal de la ley, reajuste jubilatorio, reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COUSO, Julio c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

El beneficiario que entienda que con posterioridad al 1° de julio de 1987 (art. 2, dec. 648/87) la forma en que se le liquidaron sus haberes previsionales no se ajustó a la normativa de aplicación, deberá requerir un pronunciamiento en sede administrativa ya que de lo contrario, habida cuenta que la competencia de la C.N.A.S.S., (Art. 8, inc. a, ley 23473), se estaría permitiendo obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la administración de justicia.
Infracciones aduaneras, multa administrativa, actualización monetaria, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DALMINE SIDERCA SAIC s/ HONORARIOS- MONTO DEL JUICIO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Aún cuando se resolviera que el art. 10 de la ley 21.898 viola la garantía del art. 18 CN, no resulta de aplicación en relación con el monto a considerar para la regulación de honorarios.-
Matrimonio, renuncia a pedir la separación personal o el divorcio, nulidad de la renuncia
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Al prohibir el art. 230 del Código Civil la renuncia a la facultad de pedir el divorcio vincular al juez competente, lo hace en el entendimiento de que tal renuncia no trasciende el interés individual de la persona, sino que con la salvedad expuesta respecto de lo que hace a la esfera religiosa tiene proyecciones más allá de su esfera íntima, en materia en la que está implicado el interés colectivo (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Despido sin causa, base indemnizatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Zapico Claudio Ramón c/ Ecohabitat SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

La norma del art. 245 es precisa en cuanto se refiere a la "mejor remuneración", concepto normativo que coincide exactamente con el semántico y significa la mayor suma devengada (ello, puesto que la remuneración implica un concepto cuantitativo). Cuando el legislador quiso establecer el promedio de las remuneraciones lo hizo expresamente (art. 155 L.C.T.), por lo que no puede inferirse que la calificación de "mejor" consignada en el art. 245, pudiera estar condicionada o limitada por el concepto de habitualidad requerido para la identificación de la base de cálculo, en el sentido de entender que aquél se refiere a la cantidad y no a la tipicidad del concepto remunerativo. De este modo, resulta una interpretación fuera del contexto normativo suponer que el legislador intentó fijar la mejor remuneración como la más alta de los diversos promedios que conformarían una banda habitual, ya que nada de ello surge del art. 245 analizado y no hay razón semántica o sintáctica para no haberlo expresado como en las normas que cita la demandada, en las cuales hay una referencia clara y expresa al concepto "promedio". (Del voto del Dr. Arias Gibert).
Responsabilidad civil, responsabilidad del conductor, vehículo embistente
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios (13541)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Parece buena idea recordar la elaboración de nuestra jurisprudencia que distingue entre un embestidor físico o material y un embestidor jurídico.

En esta línea, se ha dicho que cuando la víctima se concreta como el embestidor mecánico, agente activo de la colisión, ello no hace derivar para ella una consecuencia plenamente desfavorable, desde que para que ello ocurra es menester que coincida el concepto de embestidor mecánico con el de embestidor jurídico; el primero se refiere a una calidad puramente física, y el segundo, a una jurídica.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, jueces, sanciones procesales, facultades disciplinarias del juez, detención, abogados, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CALOMITE, ALBERTO. s/ ARRESTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-04

Es violatorio de la garantía de la defensa en juicio el pronunciamiento que -al ordenar el cumplimiento del arresto impuesto a un abogado en una dependencia policial- se aparta en forma palmaria de lo dispuesto por el art. 18 del decreto-ley 1285/58 (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Partes del proceso, intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: PIZZELLA  HECTOR Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN DE ECONOMIA OBRASY SERV PUBLICOS Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

El instituto de la intervención obligada de terceros en el proceso -regulado por el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, cuya aplicación es de carácter restrictivo y excepcional, tiene por característica esencial la posibilidad de hacer citar a aquél a cuyo respecto se considere que la "controversia es común", de modo que no basta con tener un mero interés en el resultado del pleito, circunstancia que se debe apreciar con rigor cuando la admisión de la solicitud trae aparejada la desnaturalización del proceso (conf. Corte Suprema, Fallos 310:937). No corresponde extender las facultades procesales del tercero citado más allá de los límites a que dio lugar su intervención, por lo cual aquél no puede pedir la intervención coactiva de otro tercero, con fundamento en que la controversia es también común con éste, siendo tal petición un resorte exclusivo de las partes originarias (conf. art. 94 del Código Procesal; esta Sala, causa 9665 del 3.9.96, pub. en L.L. del 12.3.97; CNCom., Sala "E", doctr. in re "Scarso de Bustos, Julia c. Círculo de Inversores S.A.", del 31.8.88; Kenny, Héctor Eduardo, "La intervención obligada de terceros en el proceso civil", ed. Desalma, 1986, págs. 121/22).
Cobro de sumas de dinero, certificado de trabajo, despido indirecto, buena fe procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Marco Giuseppe Maria Elena c/ Farmcity S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificacion laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-15

De acuerdo al marco fáctico ponderado en autos, fue la empleadora quien no actuó con la diligencia debida que requería la situación al momento del despido indirecto efectuado por la trabajadora, como tampoco con buena fe procesal, pues al contestar demanda puso énfasis en sostener haber recibido solo la intimación de la actora de fecha 14/12/2020, y que por ende esta se habría apresurado al darse por despedida al día siguiente, o sea el 15/12/2020. Sin embargo, el magistrado de grado nada dijo y la accionada "voluntariamente" omitió al contestar demanda, acerca de que la trabajadora ya en fecha 3/12/2020, había remitido una primera intimación que había sido recibida por su empleadora, guardando esta silencio en franca violación a lo dispuesto por el art. 57 de la LCT, ya que ameritaba de su parte una respuesta en relación al requerimiento de la trabajadora, quien para ese entonces no solo que se encontraba afectada físicamente pues así lo denunciaba, sino que además lo hacía en un período de tiempo donde no percibía haberes, y por ende su inquietud merecía una respuesta tempestiva por parte de la demandada, la que no se sucedió en la especie y, ello constituye el fundamento principal para tener por ajustado a derecho el despido indirecto dispuesto por la accionante (Voto Romero. Adhesión Arnolfi)
Ley de emergencia, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: ALVARADO, RINA AZUCENA c/ PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 AVILA DE YANUZZI, FANNY s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22|1996-10-15

La "temporariedad" que caracteriza a la emergencia, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de meses o de años. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que, la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado. Por lo que, cabe agregar, no se puede decir que una ley sea inconstitucional por que le falte un término preciso de vigencia.-
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, Luis D. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

El ejercicio de la potestad anulatoria, enmarcada en el régimen de contralor judicial de los actos administrativos atribuida por el constituyente a la Suprema Corte de Justicia, se encuentra condicionado a que aquéllos vulneren un derecho de carácter administrativo establecido en favor del reclamante por una ley, un decreto, un reglamento u otra disposición administrativa preexistente. La presencia de tal presupuesto debe examinarse liminarmente conforme sea la claridad de su exposición o la autonomía de legitimación, en la oportunidad prevista en el art. 36 del Código Administrativo. Pero en el supuesto en que es necesario que el juicio administrativo se sustancie para que el accionante acredite la existencia de aquel derecho, la declaración negativa recién podrá efectuarse en oportunidad de la sentencia.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Hereñu, Domingo Arnoldo s/ Robo calificado - Asociación ilícita Paz, Ramón s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10|1991-09-03

Aún en el caso de un arma que no funcione o esté descargada, a los efectos legales será siempre un "arma". Arma descompuesta o arma descargada, pero en definitiva "arma". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trámites judiciales, celeridad procesal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, OSVALDO A. s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

El instituto de excarcelación, tal como se encuentra regulado en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no es de aplicación a los procesos sustanciados en el fuero castrense. Ello así, toda vez que este sistema contiene reglas propias y autónomas, en orden a la situación del procesado durante el trámite de la causa, reguladas en los arts. 314 y siguientes, que se adecuan a las particularidades de este tipo de procesos.

Las razones de esta autonomía deben hallarse en las particularidades del proceso militar, sustentado escencialmente en el resguardo de la disciplina castrense que impone reglas propias a quienes se encuentran sujetos a esa jurisdicción. Ese resguardo exige, además, la celeridad del procedimiento para que las infracciones obtengan su inmediato castigo, como medio eficaz para restablecer el orden alterado. En estas condiciones las mayores restricciones personales que deben soportar quienes se encuentran sometidos a proceso, hallan su contrapartida en la inmediatez de la decisión que resuelva de manera definitiva la situación del procesado frente a la ley. Se armonizan así, el interés individual y el general.

No ha sido violado en sede castrense el principio de celeridad pues, en definitiva, se dictó oportunamente la sentencia en esa jurisdicción y ello descarta la posibilidad de aplicar la doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sentada en las causas "Brito, Mundo Enrique", del 11/9/87 y "Correa, Horacio N.", del 20/3/87, ya que la situación contemplaba en los mentados precedentes no resulta sustancialmente análoga, en tanto allí, se trataba de procesados cuyo estado se hallaba solamente encuadrado en el instituto de la prisión preventiva mientras que en autos existe -sin perjuicio de su falta de firmeza- sentencia condenatoria.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, deber de vigilancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Columbia S.A. c/ Unimarc y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

El contrato de depósito o de garage no es el único tipo contractual del cual deriva una obligación de custodia, guarda y posterior restitución, estando presente también en otras figuras.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alarcon, Nelida Beatriz y otros s/ Apelación Alfaro, Julio Alberto y otros s/ Amparo s/ Apelación Bruno, Viviana Luz y otros s/ Amparo s/ Apelación Ameduri, Rosa y otros s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13

Tiene dicho la Corte Suprema que: "...el amparo ha de considerarse como un remedio de excepción y para más, subsidiario de las vías judiciales ordinarias y siempre que el afectado demuestre la inutilidad de estas últimas". Del Voto en disidencia del Dr.

Courtaux.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba testimonial, prueba de informes, Derecho laboral, trabajador, enfermedades inculpables, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Fernández, Eudosio G. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Accidente   de trabajo (Expte. CSJ Nro.  805-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La trama argumental desplegada por la recurrente, tendiente a imputarle al Sentenciante caer en diversas causales descalificantes, entre ellas prescindir de examinar las testimoniales rendidas en la causa, a su juicio, esenciales a fin de acreditar que el actor no había desarrollado "...tareas de esfuerzo físico sino que sólo mandaba...", atañe a cuestiones de hecho, prueba y de derecho común, materias -por regla- ajenas al remedio contemplado por la ley 7055.

Así, no logra conmover las bases en que se apoyó la ponderación probatoria al sostener que del informe suministrado por la Dirección de Personal de la Municipalidad, se desprende "...un largo período de exposición al riesgo incompatible con la patología que se le detectara al ingresar. Dicha constancia documentada, proveniente de los asientos de la propia empleadora, debe prevalecer por sobre cualquiera de las poco precisas, temporalmente hablando, declaraciones testimoniales en la que se basa la argumentación del apelante..." . No se advierte, entonces, que el Tribunal hubiese omitido valorar pruebas conducentes para cambiar la suerte de lo decidido, antes bien examinó la que estima preterida la impugnante -testimonial- , otorgándole escasa fuerza de convicción ante otros elementos de confirmación -la informativa-. Por ende, la postulación queda reducida a la mera disconformidad de la recurrente sobre temas relativos a la valoración y alcance de los medios probatorios rendidos en la causa, mas sin lograr demostrar que, en ese menester, los Jueces hayan transgredido los límites de razonabilidad y logicidad tolerados.
Regímenes jubilatorios especiales, régimen jubilatorio municipal, jubilación ordinaria, trabajo riesgoso, jubilación por trabajo insalubre
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCARMATO, FELIPE c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

La Ordenanza n° 27.897 beneficiaba con un régimen diferencial -en cuanto a la cantidad mínima de años de edad y de servicios para acceder a la jubilación ordinaria- a los agentes que desempeñaran tareas en forma permanente y en relación de dependencia para la M.C.B.A., que en forma expresa hubieran sido declaradas o se declararan en lo futuro, por ordenanzas, como penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros. En consecuencia, no estando cuestionado en autos que los trabajos cumplidos por el reclamante encuadraban en el decreto municipal n° 6666/83 -modificatorio de su similar n° 8907/78- dictado en el marco de la referida ordenanza n° 27.897, corresponde confirmar lo decidido por el a quo que caracterizó como riesgosos los servicios cumplidos por el actor en el marco normativo referido.
Responsabilidad profesional, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ de SCHACHTEL MARIA GRACIELA c/ BONAFINE HORACIO MANUEL Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-05

Pese a conocer que la cirugía de marras no tuvo carácter de urgente -por más que la dolencia requiriera una rápida respuesta médica tal como la tuvo, en definitiva-, lo cierto y relevante del caso es que conforme dicen los expertos forenses -con cita de erudición- frente a la opción entre la cirugía por abdomen agudo no ginecológico y el embarazo de la misma paciente: la prioridad será la patología quirúrgica; ello así, no sin anotar el axioma que la cirugía practicada dentro del primer trimestre de gestación implica mayor riesgo de aborto.
Derecho al beneficio, divorcio, madre viuda, conviviente, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LÓPEZ, BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

No cabe abundar en argumentaciones a fin de determinar si puede llamarse viuda a la sobreviviente de un matrimonio disuelto en los términos del art. 215 de la ley 25.515 y las pautas del art. 235 del Código Civil, teniendo en cuenta que, por los efectos legales del divorcio vincular (art. 217 C.C.) sin dejarse a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente (art. 204 in fine del mismo código), no puede considerarse a la peticionante viuda en los términos del inc. a) del art. 53 de la ley 24.241. En ese aspecto, la C.S.J.N. ha sostenido que "no puede ser viuda quien no era cónyuge del causante al producirse el deceso de éste, por lo que la ex esposa divorciada vincularmente del beneficiario fallecido no goza de derecho a pensión" (cfr. disidencia de los Drs. Petracchi y Highton de Nolasco in re "Parets, Adriana Hilda", sent. del 11.07.06). Sin perjuicio de ello, corresponde reconocer el derecho a la peticionante que sustenta su reclamo en la convivencia en aparente matrimonio con el occiso, cuando de las pruebas de autos se desprende que había retomado la misma con el causante desde un tiempo que excede el período de dos años de convivencia exigido por la legislación vigente.