Nulidad de sentencia, arresto domiciliario, sentencia arbitraria, dictamen fiscal, Gendarmería Nacional, intención de eludir la acción de la justicia, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Diego Edgardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Corresponde anular la resolución recurrida en cuanto resolvió hacer lugar a la solicitud de arresto domiciliario del encausado toda vez que, carece de los fundamentos mínimos y necesarios para constituir un acto jurisdiccional válido, de sus términos no se advierte un estudio concreto y razonado de todas las constancias de la causa, de los requisitos normativos aplicables al caso, así como tampoco se ha dado respuesta a las cuestiones conducentes planteadas por la partes e incurre en contradicciones insalvables que resulta ser uno de los indicadores básicos acerca de la arbitrariedad de lo resuelto. En efecto, en el desarrollo de su exposición, es el propio tribunal a quo el que reconoce que tanto la Unidad N° 10 del SPF, como la Dirección General de Unidades Penitenciarias Federales han informado, por diversas razones, la imposibilidad de alojar al imputado, quien reviste la calidad de Gendarme Nacional. Sin perjuicio de ello, en la sentencia recurrida se sostiene que, de haberse cumplido con lo normado por el art. 32 de la ley 23.737 -disposición que se entiende vulnerada-, se habría habilitado al Juzgado Federal de Formosa a plantear a ese magistrado la cuestión de competencia y se hubiera dispuesto el alojamiento transitorio de los detenidos en algún establecimiento ubicado en esa jurisdicción. Por lo demás, a este respecto, cabe hacer especial hincapié en lo referido por el acusador público en el recurso de casación, vinculado con que en la audiencia preliminar llevada a cabo entre las partes ese propuso al imputado ser trasladado a la sede de la Prefectura Naval de la Ciudad de Formosa, en donde radica su familia, su letrada y el tribunal que habrá de juzgarlo, posibilidad que fue rechazada por el propio interno. Por lo demás, en el fallo cuestionado, no se alcanza un adecuado tratamiento de las características del hecho imputado en la presente causa, ni de sus implicancias en términos de riesgos procesales, circunstancias que son imperiosas al momento de evaluar institutos como el pretendido. Este análisis parcializado omite atender, tal como lo afirma el representante del Ministerio Público Fiscal, que la concesión del arresto domiciliario podría traer aparejada la posibilidad de intimidaciones a los testigos ofrecidos en la causa, a la persona que fue sobreseída, máxime teniendo en cuenta la calidad de gendarme que reviste el imputado. Asimismo, respecto de riesgos procesales, nada dijo el Tribunal respecto del riesgo de elusión de la justicia, teniendo en especial consideración la proximidad de la ciudad de Formosa con la República del Paraguay y la proximidad de la audiencia de debate. Por otra parte, interesa señalar que, en casos como el que nos ocupa, la seriedad del delito y la severidad de la pena son -efectivamente- factores de ponderación razonables y a tener en cuenta en las medidas restrictivas de la libertad para asegurar los fines del proceso (Informe 2/97, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.). A su vez, también deben valorarse los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de investigar y sancionar delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.