marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández Blanco, Hugo Sandro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Morán, Juan Héctor c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26|2000-05-17

El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ M., A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-02

"La Corte Suprema Nacional, viene desde antiguo elaborando reglas de tal suerte que el principio general es el que indica, que para que sea posible la emisión de un pronunciamiento, debe existir "causa" y además un "gravamen" -agravio, perjuicio, ofensa, ultraje- que produce en el derecho la cuestión en debate. Ese agravio debe ser concreto, efectivo y actual. Concreto, por suficiente determinado y precisado; efectivo, por cierto y no aparente o supuesto y actual, por vigente al momento de resolver".
Abogados, sanciones disciplinarias, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: Domingo, Hugo Luis c/ Neumann Astiz, Godofredo s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recusación  (Expte. CSJ Nº 76-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-25

Debe destacarse que el llamado de atención a los profesionales del derecho es independiente de la suerte que corra la postulación en la que la falta de decoro se comete, desde que ésta se juzga tal por ser, justamente, un exceso injustificado en el ejercicio del derecho de defensa. Por lo normal, los jueces están por encima, de las ofensas o faltas al decoro que puedan tenerlos como sujetos pasivos, y no obstante, la sanción se impone porque lo que se intenta custodiar no es a los jueces particularmente considerados, sino al servicio de justicia que no puede, so pretexto de ejercicio de un derecho, ser sujeto de cualquier tipo de acusaciones carentes del más mínimo sustento, correspondiendo sancionar al profesional cuando se ha comprobado la actitud de menosprecio al Tribunal que no puede ser tolerada, más aún cuando ha habido reincidencia.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colombo, Angel c/ Sandaza, Sixto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-01

La conversión del sobreseimiento provisorio en definitivo, opera de pleno derecho, por el sólo cumplimiento del plazo establecido en el art. 384 inc. 3 del CPP, debiendo computarse el plazo de prescripción desde esa fecha y no de la fecha de la resolución judicial que decreta la conversión.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, Derecho laboral, trabajador, tutela sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Sulfacid S.A. c/ Capodaqua, Alberto y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Medida   cautelar y exclusión de tutela sindical (Expte. CSJ Nº 671- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-07

Las opiniones dispares que depara el tema de la exclusión de la tutela sindical permite concluir que estamos en presencia de una cuestión de naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común y por ende, exenta -en principio- de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad ya que, compartiéndose o no la solución acordada por el Tribunal, el sólo enrolarse tras la posición que estima necesario tratar conjuntamente la cuestión sindical y la contractual, no resulta suficiente para fundar un reproche de índole constitucional. Máxime, cuando las actuaciones dan cuenta de la profusa prueba producida que impediría la cohonestación -prima facie- de una lesión al derecho de defensa de la perdidosa por debatirse en el proceso sumarísimo de exclusión de tutela la entidad de la falta que se pretende sancionar. A mayor abundamiento, es destacable que el déficit de motivación que alega se descarta de plano con la simple lectura de la sentencia de Alzada, en la que la mayoría concluyó que, aunque hubieran existido las actitudes denunciadas por la empleadora (amenazas, formación de barreras humanas, quema de cubiertas, etc.) "...debió probarse que cada demandado tuvo un rol activo, no de mera presencia, ya que la del delegado de fábrica en tales casos no solo es atendible, sino exigible desde el punto de vista sindical...", pero enfatizó que "...no por ello debe recibir responsabilidades ajenas...".
Suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Alicia Mabel y otros c/  s/ estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

La oposición fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, para aparecer como fundada y razonable, debe considerar, centralmente, aquellos extremos que son los que dan base a la ley de suspensión de juicio a prueba. Por un lado, la relativa levedad o gravedad del hecho imputado y, por otro lado, las circunstancias personales de la persona sometida a proceso (voto del juez Magariños).
Despido, empleada doméstica, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: RICHARD JUANA ESTER c/ KOVALSKY JULIO s/ COBRO DE PESOS -RECURSO DE QUEJA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-12-20

La actora debió hacer saber al demandado en forma fehaciente su intención de rescindir el vínculo por las causales que, a su entender, impedían la continuación del mismo; si no lo hizo, mal puede pretender el pago de los rubros demandados y la especial prevista en el artículo 16 de la Ley 25561.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, intereses, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROSALES, DOROTEO c/ OLAM COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ COBRO DE PESOS GIMENEZ, JOSE c/ LA CONSTRUCCION COMPAÑIA DE SEGUROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-19|1978-04-19

Concordante con lo dispuesto en el artículo 13 Ley 9688, en cuanto establece que la indemnización por accidentes del trabajo no puede ser objeto de transacción o renuncia, debe admitirse que el recibo en sede administrativa de la misma por parte del trabajador no impide el reclamo de éste ante los Tribunales del Trabajo de los intereses adeudados, toda vez que los mismos forman parte de la indemnización debiéndoselos aunque no se los haya reclamado, con mayor razón si se advierte que el organismo administrativo solo fija la incapacidad (artículo 17 del Decreto 1005/49).
Accidentes de trabajo, indemnización, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mojica, Gabriel c/ Centenera SA y otro s/ Enfermedad accidente y reajuste por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-19

Si a la fecha de interposición de la demanda (24-VI-1996), la disposición adicional quinta no se encontraba vigente (cfr. art. 49, disposición final tercera, apts. 1 y 2, ley nro. 24.557), la declaración de su inconstitucionalidad deviene inoficiosa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principio de congruencia, cambio de calificación legal, tentativa de homicidio, iura novit curia, prueba
Materia: PENAL
Carátula: M., J. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

La variación del encuadre jurídico entre la acusación y la sentencia tiene virtualidad para vulnerar el principio de congruencia cuando se trata de una modificación en la subsunción legal de tal entidad que, al variar la norma, se altera asimismo el sustrato fáctico de la imputación. Pese a que la fiscal estimó que en el caso no se encontraba probado el dolo, el tribunal de juicio consideró que al imputado como autor, entre otros, del delito de tentativa de homicidio calificado por el empleo de un arma de fuego por lo que de ese modo, se alteró la base de los hechos tenidos por acreditados o en otras palabras, se sustentó la condena en circunstancias fácticas no verificadas. En ese marco, cabe aclarar que, por aplicación del principio iura novit curia, la jurisdicción, en principio, está habilitada para subsumir los hechos bajo una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación; pero lo que no puede es alterar la plataforma fáctica discutida y probada en el debate ni efectuar una modificación sorpresiva para la defensa que le impida formular el descargo pertinente (voto del juez Morin).
Proceso judicial, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giordano, María Antonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Rodríguez, Hugo Alberto c/ Municipalidad de Ituzaingó s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18|1999-11-17

Atento el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición (arts. 375 del C.P.C.A. y 25 del C.P.C.A.), no sólo por el carácter en que actúa, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración.
Inadmisibilidad del recurso, habeas corpus, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NAIDENOFF PETCOFF, Luis Carlos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó el rechazo del habeas corpus e instó al Gobierno de la Provincia de Formosa a que en el término de cinco días corridos desde la notificación de la presente adapte el Protocolo de Egresos e Ingresos a la ciudad de Clorinda en cumplimiento de estándares constitucionales y convencionales, así como de los parámetros establecidos por el DNU 125/21, por cuanto de la lectura del remedio procesal deducido por la Fiscalía de Estado, notamos que la recurrente no ha logrado rebatir los argumentos por los cuales la Cámara a quo resolvió del modo en que lo hizo. En efecto, la resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888). Tampoco se observa la existencia de cuestión federal o la verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado.
Juicio ejecutivo, cheque, cancelación del cheque, denuncia, extravío del cheque
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Ulfeldt, Eric Richard c/ Las Quintas Ruta 2 SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Indagar sobre las razones por las cuales el ejecutante resultó portador de los cheques ejecutados implicaría ingresar en el análisis causal de la cuestión, lo cual está vedado en este juicio ejecutivo, cuyo marco de conocimiento se concentra en el examen de las formas extrínsecas de esos cheques.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los derechos del Niño  - Observación General No 20 - Efectividad de los derechos del adolescente c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-12-06

Los Estados deben tener presente que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento aplicable a los niños como individuos y como grupo, por lo que todas las medidas de aplicación de la Convención que lleven a cabo los Estados -planificación económica y social, legislación, decisiones judiciales, procedimientos y toma de decisiones presupuestarias-, deberán garantizar que su interés superior constituya una consideración primordial en todas las decisiones que les conciernan.
Derechos y garantías constitucionales, principio de solidaridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación.Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

El "deber de solidaridad" o la "solidaridad" simplemente, ha sido incluido en los textos constitucionales contemporáneos. Entre otros, pueden mencionarse el Preámbulo de la Constitución de la República Francesa (IV República), del 27 de octubre de 1946. La Constitución española de 1978 dispone en su artículo 30 inciso 4) que "mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública". La Constitución de la República Italiana de 1947, establece en su artículo 2 (Derechos del hombre) que "La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo, sea en las agrupaciones sociales donde desenvuelve su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social". La Constitución griega del 9 de junio de 1975, en su artículo 25/4, dispone que "el Estado tiene el derecho de exigir de todos los ciudadanos el cumplimiento de su deber de solidaridad social y nacional". Como se advierte, el deber de solidaridad o la solidaridad ha adquirido en estos tiempos jerarquía constitucional habida cuenta de su importancia en el ámbito de la colectividad nacional. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Pagaré, pagaré a la vista, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ LA ROTONDA VENIGIO s/ LETRA DE CAMBIO Y PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-29

En el caso de la acción de pagarés a la vista en los cuales se pacta una tasa de interés pero no se especifica si la misma es mensual, anual o semestral, la cláusula así establecida incumple con las previsiones del dec. Ley 5965/63: 5, teniéndose por no escrita pues la tasa queda efectiva pero improcedentemente librada a la voluntad del portador; si los títulos se hubiesen presentado al cobro a los siete días de su emisión entonces la tasa pactada devendría semanal; si a los quince días quincenal; a los treinta mensual y así indefinidamente según la voluntad del portador.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ ARNOUX, CLAUDIA MARCELA c/ FIAD, JOSE PASCUAL Y OTROS s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-06

El fuero de atracción no opera cuando los sucesores universales inician acciones contra terceros, como actores.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Aguero o Luna, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 164 del Código Penal internándose el apelante en el terreno de los hechos sin sustentar su queja en norma probatoria alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guillermo Decker S.A. c/ Silveyra Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Respecto al valor probatorio de la denominada confesión ficta, la misma debe ser apreciada en correlación con el resto de la prueba y atendiendo a las circunstancias del caso, de lo contrario, podría correrse el peligro de hacer prevalecer la ficción sobre la verdad.

La norma del art. 421 del Código Procesal, no apuntala a la ficta confesión, y la posibilidad de admitirla o no como prueba, es reservada al criterio del sentenciante. La conducta procesal de la actora, al desentenderse de una de las pruebas fundamentales del proceso, como lo es la prueba de confesión, no puede aceptarse, y entiendo justo que cargue con esa desidia e indiferencia.
Empleados públicos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, Andrea Soledad c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-03

Comparece la actora, interponiendo acción de amparo en contra del Estado Provincial, persiguiendo se deje sin efecto la suspensión preventiva dictada en su contra sin limitación temporal y se ordene su reincorporación al trabajo.

Imputa tal omisión del Ministerio de Hacienda Finanzas, que mediante Resolución Nº265, de fecha 17/05/10, ordenó la instrucción de sumario en su contra y suspensión preventiva hasta tanto dure la instrucción sumarial, que vencidos los plazos, el proceso sigue abierto sine die, ocasionándole perjuicios personales y familiares por encontrarse suspendida en su trabajo y sin percepción de haberes.

Alega que tal situación vulnera los derechos contemplados en los Arts.14, 14bis, 16, 17, 33 de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y Art. 17 de la Constitución Provincial.

Este Tribunal resulta competente parta entender en la presente causa, atento la materia traída a su conocimiento, lo establecido por el Art.204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma legislativa del Art.4 de la Ley 4642, por el Art.1 de la Ley 4998.

Conforme a las constancias obrantes en autos, se encuentran acreditados los requisitos procesales extrínsecos para declarar la procedencia formal de la acción de amparo deducida, en orden a lo previsto por los Arts.1 y 6 de la ley adjetiva, por cuanto la omisión de autoridad pública en resolver la situación del amparista se ha prolongado ilegítimamente en el tiempo sin causa justificada, lo que restringiría con arbitrariedad derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional. Asimismo debe tenerse a la acción por interpuesta en tiempo hábil ante la omisión de emitir el acto al que se encuentra obligada la Administración, manteniendo sine die la lesión a derechos fundamentales del accionante, de conformidad a lo establecido por el Art.2, inc. e) de rito, interpretado a contrario sensu, sin que existan vías más expeditivas o idóneas para obtener la protección requerida. (Conf. Jurisprudencia de esta Corte de Justicia, S.I. Nº97/00, y caso "Altamirano").

Este juicio de admisibilidad formal se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad sustancial de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna, donde el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, planteo oportuno, notificación de la sentencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Ferronato, Jorge Adrián c/ Aguirre, Norma y/o Gómez, Víctor Lorenzo s/ Ejecución de honorarios - Expte. Nº 13484/15 S/ Queja extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2016-02-17

Resulta procedente la queja incoada por el actor, y en consecuencia, cabe declarar temporáneo el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por el nombrado -que fue denegado por el a quo por extemporaneidad-, pues lo cierto es que de los términos y las expresiones del escrito de presentación no puede inferirse que hubiera tenido conocimiento del dictado de la sentencia que desestimó la ejecución de sus honorarios profesionales, en tanto mencionó que concurría a hacer reserva de los recursos extraordinarios -en la alternativa de que se deniegue aún parcialmente su acción-, máxime cuando no resulta posible colegir que haya mediado en el caso una notificación tácita de la solución propiciada por el tribunal apelado en el fondo del asunto, que hubiera iniciado el cómputo de los plazos con anterioridad a la notificación por cédula.
Tenencia de estupefacientes, violación de medios de prueba, registros y documentos, tentativa, secuestro de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: CICERONE, Gabriel s/ Procesamiento - Causa 15.295
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Constituye el delito previsto por el Art. 255 del Código Penal, en grado de tentativa (Art. 42), la conducta del imputado, detenido, consistente en tratar de ingerir la sustancia estupefaciente (marihuana), cuya tenencia le es atribuida, cuando ésta ya había sido incautada por el personal policial actuando en función de policía judicial, por lo que se encontraba bajo su custodia.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEVERO DELFOR c/ MALDONADO DE ARENAS s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

La exigencia del art. 472 del Código Procesal no rige cuando se trata de nulidades esenciales que afectan el derecho de defensa en juicio, en tanto el daño siempre se traducirá en una restricción de las garantías del debido proceso.-
Derecho ambiental, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soto Adolfo Oscar c/ Municipalidad de Quilmes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-07

Si el informe brindado por el "Instituto Superior de Ecología", más allá de resaltar que los frutos de los plátanos al finalizar el invierno sueltan una pelusa que junto con su polen producen trastornos a personas alérgicas, lo cierto es que en forma terminante revela que la obra que se pretende realizar generaría un impacto ambiental sobre el ecosistema urbano en cuanto a la provisión de oxígeno, la disminución de dióxido de carbono de la atmósfera y amortiguación de las altas temperaturas estivales, lo que acarrearía indefectiblemente efectos ecológicos negativos.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, servicio público, Aguas Argentinas Sociedad Anónima, competencia federal, fallos de la Corte Suprema, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARESE ORLANDO R c/ AGUAS ARGENTINAS SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

Si bien este tribunal en causas análogas resolvió que era competente el fuero civil ordinario para entender en este tipo de demandas (por ej. sentencia numero:618/97 del 17.4.94; entre otras), en las presentes actuaciones no está discutida la competencia del fuero federal, pero el conflicto se plantea entre el fuero federal en lo civil y comercial y el fuero federal en lo contencioso administrativo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rodríguez, Hugo Manuel c/Aguas Argentinas sa s/amparo", del 6.2.97, en que se debatía un supuesto análogo, con fundamento en el dictamen del procurador general de la nación, determinó la competencia del fuero federal en lo civil y comercial y descartó la competencia del fuero contencioso administrativo federal, toda vez que se trata de una acción incoada por el usuario directamente contra el concesionario, a raíz de una desinteligencia puramente comercial entre ambas partes del contrato. En disidencia, el Dr. Bonifati, remitiéndose al dictamen de la procuradora fiscal de 1ra. instancia, declaró la competencia del fuero federal en lo contencioso administrativo.