Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-30


SENTENCIA DEFINITIVA N° 18.293 EXPEDIENTE N° 6.131/2010 SALA IX JUZGADO N° 64 En la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de noviembre de 2012, para dictar sentencia en los autos "MERCADANTE, Paula Ana c. ELENA PIELES ARGENTINAS SRL y otros s. despido" se procede a votar en el siguiente orden:

El doctor Roberto Pompa dijo:

I.- La sentencia de primera instancia rechazó íntegramente la demanda, y viene apelada por la accionante, a mérito del memorial obrante a fs.274/283, que mereciera la réplica de fs.285/vta. Asimismo, el perito contador objeta la regulación de sus honorarios, que estima reducidos (fs.268).

II.- Para así decidir, la sentenciante consideró que la apelante no logró probar los hechos alegados como injuriantes en la comunicación rescisoria (se entiende, las irregularidades registrales vinculadas con la fecha de ingreso y el nivel de los salarios; ver fs.5); lo cual motiva la queja principal de aquélla, que aduce haberlos probado en virtud de los testimonios producidos a instancias suya.

A mi modo de ver, el cuestionamiento es parcialmente procedente y en esa inteligencia me expediré.

En efecto, surge de los testimonios de Bolado (fs. 197/198), González (fs.200/201) y Danoso Astargo (fs.202/203), el desempeño de la actora -a las órdenes de la sociedad comercial demandada- en fecha pretérita a la sostenida por ésta en sus registros. En tal sentido, el primero de los dicentes nombrados (trabajador independiente que dijo asistir al establecimiento para retirar y entregar mercaderías) afirmó haber conocido a la pretensora con motivo de su primera concurrencia al lugar, sobre fines de enero o principios de febrero del año 2007, oportunidad en la que -según dijo- se la presentaron como modelista. Por su parte, el último dicente (quien manifestó cumplir tareas de mantenimiento en la empresa desde mayo de 2006) ubicó el ingreso de la actora en febrero de 2007, es decir, en la misma época que lo hizo el deponente anterior y la restante testigo. A partir de la información suministrada por estas declaraciones -y toda vez que no obran en la causa elementos de juicio idóneos que las desvirtúen- se impone admitir la propuesta revisoria de la quejosa, en orden a la operatividad del artículo 9º de la ley 24.013, toda vez que se encuentra configurada la irregularidad registral allí prevista, habida cuenta de que la conducta observada -consistente en registrar el comienzo de la relación laboral posdatado casi noventa días (2.5.2007)- no se ajusta a la observancia de la ley.

Así delineado el incumplimiento habido, resta analizar si el mismo justificó la denuncia del contrato de trabajo, con derecho a percibir la carga indemnizatoria perseguida (artículos 232, 233 y 245 de la LCT). Sabido es que dicha evaluación se encuentra a cargo del Juez, quien debe tener en cuenta el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo, las modalidades y las circunstancias personales de cada caso en concreto. En esa inteligencia, entiendo que en la especie la actora actuó en derecho al colocarse en situación de despido indirecto, ya que la conducta reticente de la empleadora de regularizar la situación registral, solapaba en realidad las condiciones de clandestinidad con la que mantuvo durante los primeros meses la vinculación, lo cual violenta los principios rectores de nuestra materia. En ese contexto, y aun cuando fuera interpretado que el lapso que duró aquella irregularidad fue exiguo -tal como sostuvo la magistrada a quo-, ello no conduce a la exoneración decidida, ya que en mi opinión esa circunstancia resulta indiferente a los fines de resolver la litis, puesto que independientemente de la subjetivad con la que se pretenda medir su duración, no se debe perder de vista que conceptualmente ha existido y por consiguiente, ello basta para que constituya injuria laboral, en los términos del artículo 242 de la LCT; máxime cuando el inicio de las relaciones laborales son a prueba, lo que permite a los empleadores ponerles fin sin consecuencia indemnizatoria.

III.- En cambio, a mi criterio, el disenso no es atendible en cuanto discute el nivel de las retribuciones. Digo ello, debido a que el único testimonio que declaró sobre el punto (González; fs.200/201) resulta por demás contradictorio. Obsérvese que la deponente, quien dijo ser la encargada de producción del taller, afirmó en un primer momento que la actora cobraba $900.- por quincena, para luego aseverar que dicha suma correspondía en realidad a los pagos clandestinos, cuya existencia adujo conocer por haberlos presenciado, cuando al mismo tiempo sostuvo que los empleados concurrían a cobrar de a uno por vez, debido a que la oficina de pago era de acotadas dimensiones. Así pues, entiendo que la contradicción aludida aparece patente y se agudiza cuando la testigo manifestó desconocer qué cantidad de dinero cobraba la actora "en blanco y en negro", cuando, recuerdo, había afirmado que percibía $900.- al margen de toda documentación. En el marco descripto, considero que la declaración resulta inidónea para formar convicción en el sentido sugerido por la apelante (artículo 386 del CPCCN).

IV.- A los fines de determinar la base de cálculo de los créditos, me remitiré a lo informado por la prueba pericial contable (ver fs.237/243) y los recibos de haberes acompañados a la causa (ver fs.2/4), de los cuales surge que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la recurrente ascendió a los $1.502,43. Asimismo, de acuerdo a lo resuelto supra, tendré por cierto que la relación de trabajo se extendió del 8.2.2007 al 22.5.2009.

De acuerdo a lo dicho, la liquidación quedará integrada por los montos y conceptos que seguidamente detallaré, aclarando que el acogimiento de los rubros relacionados con las leyes 24.013, 25.323 y 25.345, resultan de la instrumental obrante a fs.2, fs.5 y fs.182/184; fs.11; y fs.15 -respectivamente- y del reconocimiento tácito que emerge de los términos del responde de fs.75/78; todo lo cual acredita el cumplimiento de los presupuestos de procedencia contenidos en las normas que regulan esas sanciones. No soslayo que a fs.153/156 se encuentra agregada al expediente una certificación laboral que en su momento acompañó la principal; tampoco paso por alto que la fecha inserta en ella demuestra que ha sido extendida extemporáneamente al requerimiento formulado por la trabajadora.

En definitiva, los ítems procedentes son: a.- indemnización por despido (artículo 245 LCT): $4.507,29; b.- indemnización sustitutiva de preaviso (artículos 232, 233 y 121 LCT): $2.061,67; c.- remuneración mayo'09 (artículo 103 LCT): $1.101,78; d.- compensación por vacaciones no gozadas, período 2009 (artículo 156 y 121 LCT): $379,56; e.- sueldo anual complementario igual período anual (artículo 121 LCT): $626,01; f.- multa LNE (artículo 9º): $1.126,82; g.- multa LNE (artículo 15): $6.568,96; h.- agravamiento indemnizatorio (artículo 2º ley 25.323): $3.284,48; i.- agravamiento indemnizatorio (artículo 45 ley 25.345): $4.507,29. Total: $24.163,86	V.- La actora también pretende que se extiendan los efectos de la condena a las personas físicas codemandadas.

Llega firme a esta Alzada el carácter de integrantes de la sociedad de todos ellos (ver fs.265, 5to.párrafo), lo cual, aunado a la irregularidad registral que se tuvo por acreditada, conducen a la conclusión de que en la especie se han conformado las situaciones aprehendidas en los artículos 59 y 274 de la ley 19.550. Ello es así, toda vez que los accionados no alegaron, ni probaron su ajenidad en el actuar reprensible del ente societario, que se configuró, insisto, con la irregularidad registral comprobada en el marco de esta causa, lo que otorga suficiente sustento al criterio que vengo sosteniendo. Es que dadas las circunstancias del caso, aprecio que los demandados no podían desconocer el mentado incumplimiento contractual, puesto que no resulta probable que ignoraran la situación de clandestinidad mantenida durante el primer tramo de la relación, ni, por lo tanto, la falsedad de los datos relativos a la fecha de ingreso asentada en los registros de la sociedad que dirigían. Todo ello permite inferir una actuación encuadrable en los supuestos que contemplan los artículos 59 y 274, primer párrafo, de la LSC para responsabilizar a los socios, administradores, representantes y directores, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y/u omisión. Así lo decido.

VI.- Por las razones expuestas, propongo que se revoque la sentencia apelada, se haga parcialmente lugar a la demanda y se condene solidariamente a los codemandados a pagar a la actora, mediante depósito judicial y dentro del quinto día de quedar firme la liquidación del artículo 132 de la ley 18.345, la suma de $24.163,86 más los intereses respectivos -desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago- correspondientes a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (Resolución CNAT nro.8 del 30.5.2002); se dejen sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios (artículo 279 del CPCCN); se impongan las costas del proceso, por ambas instancias, a los accionados vencidos (artículo 68, primera parte, del CPCCN); se regulen los honorarios de las representaciones letradas de la actora, codemandados -por su intervención en grado- y perito contador, en el 16%, 11% y 6% del monto total de condena, comprensivo del capital nominal más los intereses dispuestos en este mismo considerando (artículos 6º, 7º y 19 de la ley 21.839; 3º del decreto ley 16638/57; y 279 del CPCCN); se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los asignados por su intervención en la sede de origen (artículo 14 de la ley 21.839).

El doctor Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Gregorio Corach no vota (artículo 125 de la LO).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: 1.- Revocar la sentencia de fs.263/266, admitir parcialmente la demanda y condenar solidariamente a Elena Pieles Argentinas SRL, Roberto Odyniec, Elena Straszynski y Claudio Fabián Paz a pagar, mediante depósito judicial y dentro del quinto día de quedar firme la liquidación del artículo 132 de la ley 18.345, la suma de $24.163,86 más los intereses respectivos -desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago- correspondientes a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos; 2.- Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios; 3.- Imponer las costas del proceso, por ambas instancias, a los coaccionados vencidos; 4.- Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, demandadas en conjunto -por su intervención en grado- y perito contador, en el 16%, 11% y 6% del monto total de condena; 5.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los asignados por su actuación en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.