Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero del año 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ ZANONA HAROLD EUGENIO S/ APREMIO" (Expte. Nº 507293/14), venidos en apelación del JUZGADO DE JUICIOS EJECUTIVOS N° 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela S. ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- Se agravia el Sr. Gabriel Alcides Zanona en su carácter de heredero del demandado, señalando que la sentencia reconoció que el proceso fue iniciado contra una persona fallecida de lo cual cabe concluir que existe en el caso la ausencia de un elemento esencial relativo al sujeto pasivo y no es posible ni material ni jurídicamente enderezar esa irregularidad pues se trata de un proceso inexistente y no puede hacerse valer a los herederos.

El quejoso señala que pese a reconocer esta circunstancia, el sentenciante pretende subsanar de oficio esta cuestión recomponiendo el litigio con los herederos, haciéndole cargo además del 50 % de las costas que se produjeron por el actuar negligente de la actora.

Cita jurisprudencia y afirma que no sólo es preciso declarar la nulidad de la intimación sino además declarar la inexistencia de la relación procesal por ausencia del sujeto pasivo quien falleció con anterioridad a la interposición de la demanda.

Señala que el Juez pretende subsanar de oficio la negligencia de la actora intimando a su parte a denunciar la existencia del sucesorio a fin de evaluar su competencia.

Afirma que nada tiene que resolver el Juez acerca de su competencia en este proceso y menos aún tratar de integrar el proceso con personas que no fueron demandadas ni podrán serlo en este proceso, correspondiendo en su caso el inicio de un nuevo juicio contra los herederos o concurrir a la sucesión.

En segundo lugar se agravia de la imposición de costas a su parte, destacando que el Juez omitió la aplicación del artículo 74 del Código Procesal Civil y Comercial que establece que si la causa de la nulidad es imputable a una de las partes es ésta quien debe hacerse cargo de las costas.

Concluye que surge de la sentencia una clara sensación de injusticia pues la actora inicia la acción contra una persona fallecida, propone el oficial de justicia que realiza la diligencia, embarga y notifica a una persona fallecida como si existiera y obtienen sentencia de ejecución y luego, una vez efectuada la denuncia por su parte, el Juez recompone de oficio el litigio y carga con la mitad de costas a su parte dejando de ese modo indemnes a quienes cometieron la irregularidad.

Finaliza solicitando que se impongan las costas a la actora quien dio origen a la nulidad.

A fs. 33/36 contesta los agravios la actora expresando que resulta ajustada a derecho la resolución que declara la nulidad de la intimación respecto al demandado fallecido y la sentencia dictada en consecuencia, sin que la misma conclusión pueda extenderse al libramiento del certificado de deuda a nombre de aquel y a la interposición de la demanda, pues de hacerse lugar al pedido de nulidad de la ejecución que plantea -a su juicio- el apelante se verían afectados los ingresos por impuestos del municipio.

Abunda en argumentos relativos a la finalidad del juicio de apremio, su relación con el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado y luego de invocar normas de la Ordenanza Municipal 10.383 afirma que fallecido el titular registral del vehículo gravado, resultaba deber ineludible de quien ahora se agravia, comunicar dicha circunstancia al órgano recaudador en el plazo de 10 días pues es el heredero del demandado quien está obligado al cumplimiento de las deudas aquí reclamadas.

Concluye así, que aun cuando es cierto que la nulidad de la intimación y de la sentencia es procede, también lo es la orden del Juez de recomponer el litigio contra los herederos del demandado fallecido.

Luego y en relación a las costas, sostiene que el recurrente fue quien motivó el libramiento del certificado de deuda que diera origen al presente a partir del incumplimiento de los deberes formales a su cargo.

Solicita se tenga por contestado el traslado y se rechacen los agravios.

II.- El recurrente se agravia en primer lugar por la decisión del juez de imponerle la carga de denunciar la existencia o no de un juicio sucesorio, pues entiende que con esa decisión pretende recomponer el litigio de oficio y en segundo lugar por la imposición de costas en el orden causado referida en la sentencia con la fórmula: "Sin costas".

En cuanto al primer agravio cabe destacar que la nulidad decidida en la resolución apelada, abarca desde la intimación de pago de fs. 6 y los actos dictados en su consecuencia que en el caso resulta ser la sentencia de trance y remate que manda a llevar adelante la ejecución contra el Sr. Harold Eugenio Zanona.

En este sentido, no le asiste razón a la quejosa en cuanto a su pretensión de que la razón que llevara a dictar la nulidad implique un "NO PROCESO" o un acto inexistente pues las irregularidades que afectaron la traba de la litis al haberse pretendido establecer el proceso contra una persona fallecida son las que dieron lugar a la nulidad decretada pero ello no enerva la posibilidad de la actora de encaminar la acción contra quién resulte el legitimado pasivo pertinente.

Sin embargo, cabe entender que la intimación efectuada por el Juez de grado -sin apercibimiento- resulta prematura, pues la competencia de aquel para continuar ejerciendo su jurisdicción dependerá de si la actora insta o no el proceso.

En ese sentido sí es carga de la actora peticionar las medidas que estime pertinentes en orden a dirigir la acción contra quien corresponda pues es un imperativo de su propio interés continuar o no con la ejecución, la que deberá conducirse contra los herederos como sujetos pasivos de la relación procesal y, en su caso, notificarse en los domicilios reales de cada uno de ellos.

Luego y en relación a la imposición de las costas en el orden causado, le asiste razón al apelante pues la actora no sólo dio lugar a la nulidad, sino que se opuso a su dictado invocando argumentos relacionados con el domicilio fiscal, la existencia de deberes formales y el carácter propter rem de la obligación, los que a su juicio harían posible mantener como legítima la intimación de pago y embargo y la posterior sentencia dictada en su consecuencia contra una persona fallecida, argumentos que resultan improcedentes y que reitera al contestar los agravios.

En tal sentido, he de proponer al Acuerdo revocar la resolución apelada en cuanto impone al apelante la intimación de denunciar herederos, como así también revocar la imposición de costas las que de conformidad a lo precedentemente expuesto se impondrán a la actora en su carácter de vencida (art. 68 C.P.C.y C.).

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso y en consecuencia dejar sin efecto la intimación cursada al apelante e imponer las costas por el progreso del planteo de nulidad a la actora vencida, regulándose los honorarios del Dr. ... y la Dra. ... patrocinante en la suma de pesos ... ($ ... ), ambos patrocinantes y en forma conjunta -el primero en causa propia-.

II.- Imponer las costas de esta instancia a la actora vencida, regulándose los honorarios del Dr. ... y la Dra. ... patrocinante en la suma de pesos ... ($ ... ), ambos patrocinantes y en forma conjunta -el primero en causa propia-.

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.