Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-30


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. C/MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CHIARA DIAZ, CARUBIA y MIZAWAK.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

Conforme a lo establecido en los arts. 16º y 31º de la Ley de Procedimientos Constitucionales (Ley Nº 8369), el recurso de apelación interpuesto en un proceso de amparo, de ejecución y/o de prohibición conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal ad-quem deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.

La parte recurrente no hizo mérito de la existencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal se manifestó expresamente por su negativa (fs. 148, 2do párrafo).- Finalmente, practicado por el Tribunal el examen ex-officio de lo actuado, no se verifica la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia y, en razón de ello, es menester brindar una respuesta negativa al planteo formulado en esta primer cuestión.- Así voto.

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CARUBIA expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ, DIJO:

I.- Acerca de la sentencia dictada por la Sra. Jueza del Trabajo a cargo del Juzgado Nº 2 de Concordia, Dra. Karina A. Ilarregui (fs. 124/9), que rechazó por inadmisible la acción de amparo promovida por SEGURIDAD DE ENTRE RIOS S.A. contra la Municipalidad de Concordia, se disconformó la parte actora planteando recurso de apelación (fs.135).- II.- La accionate (fs. 37/53), representada por el Dr. Nestor R. Orsi, promovió el 30/06/11 acción de amparo contra la Comuna de Concordia por el agravio que le ocasionó la resolución de Sr. Luis A. Benedetto, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad aludida, consistente en que le rescindió un contrato que ligaba a las partes desde hacía veinte años, tildando tal decisión de arbitraria, unilateral e infundada, reprochando también que fue adoptada por un funcionario que carecía de competencia para hacerlo.- Relató luego de aludir a la extensa relación que la vinculó al Ente, que en fecha 24/6/11 recepcionó la nota obrante a fs. 19 mediante la cual se le comunicó la rescisión, medida que fue rechazada al día siguiente remitiéndole sendas Cartas Documentos dirigidas al Presidente Municipal y al Secretario de Obras.- Fundó la acción en derecho, acompañó documental y solicitó la producción de prueba testimonial e informativa.- III.- A fs. 99/104, se presentó la Municipalidad de Concordia y respondió el informe que se le requiriera, solicitando el rechazo de la acción.- IV. Respecto de la decisión jurisdiccional denegatoria se concedió el recurso de apelación (fs. 136) y la amparista hizo uso del derecho acordado por el art. 16 de la Ley Nº 8369 de presentar memorial en la Alzada, peticionando se revoque la sentencia dictada en autos (Conf.fs.143/4).- V.- El Señor Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Provincia, Dr. Jorge E. Beades, a fs. 148/9vta. analizó la cuestión traída a conocimiento y propició que se rechazara la apelación deducida y se confirmara el fallo en crisis.- VI.- Reseñados brevemente en los parágrafos precedentes, las posturas de las partes y del Ministerio Público Fiscal frente al objeto litigioso, es posible ingresar al tratamiento del mismo, teniendo presente que el recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición, otorga al Tribunal ad-quem la plena jurisdicción, colocándolo en la misma posición del juez a-quo (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus "PITTAVINO", sent. del 12/07/88 L.A.S. 1987/88, fs. 112; "STURZ", sent. del 30/6/89, L.A.S. 1989, fs. 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", sent. del 9/11/89, L.A.S. 1989, fs. 459; "MEDRANO", sent. del 27/2/90, L.S. 1990, fs. 12; "FARMACIA LIBERTAD" S.C.S.", sent. del 19/3/90, L.S. 1990, fs. 44; "YESSI", sent. del 23/3/90, L.S. 1990, fs.59; "SCHIMPF", sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", sent. del 2/6/93; "FASSIO", sent. del 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fs. 153; "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 158; "BUSSI", sent. del 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 172; "MUÑOZ", sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fs. 208; "TEPSICH", sent. del 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fs. 256; y "CAINO de CELLI", sent. del 23/3/95; entre muchos otros).- Así perfilada la cuestión a resolver con la plenitud de la jurisdicción para juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la misma, que en los procesos de amparo, ejecución y/o prohibición le otorga el recurso de apelación al Tribunal ad quem, cabe entonces ingresar al thema decidendi.- Dentro de ese contexto cabe advertir que la pretensión amparista involucra la revocación de un acto administrativo dictado por la autoridad municipal, en ejerciciio de su autarquía e independencia, conforme lo tiene establecido en el artículo 240 de la Constitución Provincial y 3º de la Ley 10.027 (B.O. 15/5/2011).- Siendo así, cuadra recordar que la competencia, facultades y deberes aludidos se encuentran reglamentados en la Ley de Municipios o bien en las Cartas Orgánicas que poseen y que tienen por finalidad administrar los intereses locales orientados al bien común, previéndose en las mismas los procedimientos que tienen a su alcance los ciudadanos a los efectos peticionar a las autoridades y/o recurrir sus decisiones.- En consecuencia se advierte prima facie que los amparistas tenían a su alcance otros procedimientos para obtener la tutela de sus derechos a través de los distintos procedimientos previstos legalmente para éste tipo de reclamos.- No obstante ninguno de tales procedimientos fue utilizado por el accionante y así liminarmente analizando las causales de inadmisibilidad formal y de procedibilidad material previstas en la Ley Nº 8369, advierto que la acción incoada resulta inadmisible e improcedente.- Es dable destacar además que tampoco surge de autos la urgencia que tendría el recurrente para que soslayando la normal y ordinaria tramitación de los otros remedios que tenía a su alcance, ocurriera directamente a esta vía excepcional, toda vez que no surge manifiesto cuales son los derechos subjetivos de raigambre constitucional que se le verían afectados de manera grave e irreversible si eligiera la tramitación ordinaria y/o administrativa.- En ese orden de ideas considero entonces que resulta inadmisible la acción, a tenor de la causal establecida en el art. 3, inc. a), de la Ley Nº 8369, que así lo dispone cuando existan "otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía de que se trate, salvo que por las circunstancias resulten manifiestamente ineficaces o insuficientes para la protección del derecho conculcado".- Al promover la acción, insisto el accionante omitió justificar cual sería el perjuicio irreparable al que se encontraba expuesto en caso utilizar los otros caminos para el reconocimiento de los derechos en juego.- Es que se debe acudir a tales remedios antes de recurrir al ejercicio de esta acción excepcional, extraordinaria y heroica, salvo la acreditación para no hacerlo de las circunstancias excepcionantes que el mismo artículo prevé, extremos que están a cargo de los actores, no solo invocar sino además probar satisfactoriamente, lo que no aconteció en el sub judice, donde no obra ningún elemento de convicción objetivo que así permita acreditarlo o corroborarlo.- Admitir lo contrario, llevaría a desnaturalizar esta acción residual, devaluándola en su importancia y desconociendo su ratio juris.- Tal como se ha sostenido, "...si la lesión constitucional denunciada puede ser reparada por las vías ordinarias- administrativas o judiciales-, aún a través de un más elongado proceso, es indudable que la via excepcional del amparo, ejecución o prohibición no puede ser admitida, porque el proceso sumarísimo previsto para ellas restringe de manera evidente y significativa las posibilidades de conocimiento y de ejercicio de los derechos de defensa, prueba y alegación en pos de la celeridad en los casos en que ésta es indispensable como único medio para reparar el avasallamiento de derechos o garantías constitucionales y así ha sido receptado y consagrado en la reglamentación procedimental de la Ley 8369 (arts. 3º y 29º)" (cfme. Sala Penal del S.T.J.E.R., caso "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 11/2/91).- Por todo ello entiendo que cabe repeler el recurso articulado y confirmar el pronunciamiento en crisis.

Asimismo, la Juez de grado trató correctamente la cuestión relacionada con la idoneidad de las otras vías que permitieran una la mayor amplitud de debate y prueba, atento a la complejidad de la situación fáctica planteada y a los efectos de poder concluir respecto de la ilegitimidad invocada ( arts. 1º,2 y 3º LPC).- Sobre el tema desde antaño sostuvo ésta Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, en el caso "SCHREINER, Mabel y otra c/Estado Provincial - ACCION DE AMPARO" (y su acumulada: "GARCIA de FONS"), sent. del 1/3/96, entre muchos otros, algunos conceptos que son de aplicación al sub judicea saber: ". que el caso que nos ocupa no autoriza a los actores superar la necesidad de ocurrencia a los caminos ordinarios cuando la cuestión traída a debate tiene a mi juicio aristas de complejidad que no pueden ser formuladas y resueltas en los marcos estrechos de este remedio constitucional, sino que se requiere la ocurrencia a un contradictorio pleno y exento de las restricciones que tiene este remedio excepcional, heroico y residual. Ello es así porque no advierto que el embate del promocional demuestre, pese a los esfuerzos de las accionantes, que el acto atacado padezca de los vicios descalificantes allí alegados en forma manifiesta, con la diafanidad que se requiere para acceder al amparo".- Por lo tanto, de acuerdo a dicho precedente cabe confirmar la inadmisibilidad de la acción resuelta en la instancia a-quo, sin costas en esta Alzada por no haber mediado contención.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta, y a su turno, el Sr. Vocal Dr. CARUBIA, dijo:

Examinado el tenor de la controversia traída a conocimiento y las constancias reunidas en la causa, quiero liminarmente destacar que advierto una indebida ordinarización del procedimiento en la instancia a quo que incluye una inaceptable "suspensión de plazos", acordada entre las partes, todo lo cual sugiere la inexistencia en el caso de la urgencia que caracteriza y define la esencia de la especial acción constitucional articulada y se muestra, en verdad, rayano a un desistimiento del proceso de excepción incoado, habida cuenta de la absoluta incompatibilidad de tales circunstancias con el peculiar sumarísimo del amparo.- Formulada esa observación, debo expresar que, aunque coincido con la solución final, no comparto el argumento -esgrimido en la sentencia en crisis y por el Vocal preopinante- de la inadmisibilidad de la acción de autos con fundamento en la norma del art. 3, inc. a, de la Ley Nº 8369 y en razón de la simple existencia de otros procedimientos administrativos para decidir el planteo motivante, habida cuenta que, como he sostenido en otros casos similares (ver -por todos-: "De IRIONDO c/Mun. de Concordia", 23/1/11, Causa Nº 19544), si se verifican presupuestos viabilizantes de las excepcionales acciones de amparo, de ejecución o de prohibición (cfme.: arts. 55, 56, 57, 58 y 59, Const. de E. Ríos, y 1º, 2º, 3º, 25º, 26º, 27º, 29º y ccdts., Ley Nº 8369) es posible promover estos especiales remedios constitucionales de excepción a fin de lograr una urgente y tempestiva restauración de la lesión del derecho o garantía fundamental que constituya el objeto de la denuncia, sin que ello se verifique condicionado al agotamiento previo de la vía administrativa, lo cual se traduciría como un contrasentido desnaturalizante de la peculiar sumariedad y celeridad de este proceso, a la vez que provocaría su inadmisibilidad en los términos del art. 3º, inc. b, de la Ley Nº 8369; por lo demás, la remisión a los procedimientos administrativos que expresamente formula el art. 3º, inc. a, de la Ley Nº 8369 ha quedado por completo desactualizada y carente de toda eficacia en virtud de las explícitas normas posteriores de jerarquía superior consagradas en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el similar art. 56 de la Constitución de Entre Ríos que sólo excluyen la vía de la acción de amparo frente a la existencia de otro medio judicial más idóneo para dar solución al caso concreto, que en modo alguno podría corresponderse con un reclamo administrativo conforme a los dispositivos de la Ordenanza local que lo regule.- Mas, sin perjuicio de la postura que enarbolo respecto de esos precisos aspectos, es necesario poner de resalto que la actora, contrariamente a lo que argumenta en su memorial de fs. 143/144vlto., remitiendo las cartas-documento de fs. 21 y 23/24 no se limitó a expresar un mero rechazo de la decisión cuestionada sino que, como bien lo recalca la señora Jueza recurrida, explícitamente interesa la intervención de la más alta autoridad municipal para "dejar sin efecto dicho acto irregular" (cftr.: fs. 24) y decretar medida de no innovar o suspender la aplicación de la medida (cftr.: fs. 23), todo lo cual, dentro del principio de informalidad que preside el procedimiento administrativo, importa la inequívoca formulación de un reclamo administrativo sobre el mismo hecho motivante de la acción de amparo bajo examen, alineándose sin ninguna duda en la expresa causa legal de inadmisibilidad de esta acción que prevé el art. 3, inc. b, de la Ley de Procedimientos Constitucionales.- En efecto, a la luz de ese estricto parámetro normativos, cabe señalar que el concreto planteo actoral bajo examen, atento a los especiales términos en que se formula, pone palmariamente de relieve su manifiesta inadmisibilidad, habida cuenta que, a pesar de la declaración bajo juramento de no haber promovido otro recurso en idéntico sentido -dando aparente cumplimiento del requerimiento del art. 6, inc. e, de la Ley Nº 8369- que se formula en el promocional, contrariamente a ello es la misma parte demandante quien expresa difusamente y se verifica fehacientemente en la documental reseñada precedentemente, haber formulado, luego de la nota de 23/6/11 del Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio accionado (fs. 19), una formal impugnación dentro del mismo procedimiento administrativo municipal, bajo los mismos argumentos fundantes que reitera -con mayor puntillosidad- en la demanda aquí promovida.- Ello demuestra incontrastablemente que la accionante, frente a distintas vías alternativas disponibles para encauzar su reclamo, optó libre y voluntariamente por acudir a la vía administrativa municipal con ese fin, a través de la impugnación concretamente formulada, lo cual coloca claramente a la acción de autos, como se dijo, en posición de inequívoca inadmisibilidad en los expresos términos establecidos en el inciso b del art. 3º de la Ley Nº 8369, por cuanto no caben dudas que la actora, contrariamente a lo afirmado en su demanda y en su memorial de agravios, ha promovido otro reclamo sobre el mismo hecho, sustentando idéntica pretensión, lo cual surge palmario del cotejo de las puntuales pretensiones deducidas en el aludido reclamo impugnativo-intimatorio ante el órgano firmante de la nota motivante y, simultáneamente, ante el máximo órgano de la administración municipal y en esta acción de amparo en sede jurisdiccional, donde tradicionalmente se ha receptado y afirmado con toda contundencia la prohibición del deambular simultáneo en sede judicial y administrativa en procura de un mismo objetivo, reafirmándose así el carácter excepcional y heroico del remedio extraordinario del amparo, por cierto, absolutamente incompatible con el acceso simultáneo o sucesivo a otra vía alternativa o sustitutiva (cfme.: "GALARRAGA c/Junta Electoral de SUOYEM", 23/3/11, Causa Nº 19644, entre muchas otras).- Por último, es menester puntualizar que constatada la presencia de una causa legal de inadmisibilidad de la acción de amparo promovida, resulta innecesario ingresar al examen de la procedencia -o improcedencia- sustancial de la misma, razón por la cual omito pronunciarme en abstracto sobre tal extremo.- Con base en los fundamentos precedentemente y en los términos expresados coincido, finalmente, con la solución impulsada por el Dr. Chiara Díaz en su voto precedente, en punto a rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar, por los fundamentos aquí desarrollados, la sentencia de fs. 124/129, en cuanto declara la inadmisibilidad de la acción de amparo de autos con abono en el dispositivo del art. 3, inc. b, de la Ley Nº 8369; sin costas en la Alzada, en razón de no verificarse contención en la instancia.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta, y a su turno, la Sra. Vocal Dra. MIZAWAK, dijo Comparto la postura esgrimida por los colegas preopinantes, que no avizorándose en la especie, con la clraridad que éste especial proceso amerita, un supuesto de urgencia en la reparación de algún derecho vulnerado, justificante de esta vía de excepción.- Habiendo coincidencia en los votos precedentes y siendo que en autos se constatan supestos de inadmisibilidad formal que conspiran contra la viabilidad de ésta acción, entiendo que sólo cabe rechazar el recurso traído y confirmar el decisorio en crisis.- Así voto.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná,	30 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 135 contra la sentencia de fs. 124/129, la que, por los fundamentos de la presente, se confirma.- 3º) SIN COSTAS en esta Alzada por no mediar contención.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia por su fundamento, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia Secretario