marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Droguería  Disval  S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, rechazo de la demanda, falta de legitimación para obrar, falta de personería, aportes sindicales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: U.O.M.R.A. c/ Mata, Rubén Ernesto s/ Cuota Sindical, aportes y contribuciones de Obra Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-15

No es sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario la que rechaza la demanda por pago de cuotas sindicales, aportes y contribuciones de las leyes 18.610 y 22.269, por adolecer la actora de falta de legitimación para obrar y de personería, pues no se advierte que la accionante no pueda hacer valer sus pretensiones en un nuevo proceso, como tampoco que las dificultades que señala en orden a su tramitación configuren perjuicios irreparables.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, acción civil, prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: DELGADILLO CALATAYUD, Angel c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

A los efectos de la procedencia de la acción civil, no es suficiente acreditar que el actor sufrió un accidente, sino que es necesario probar la forma en que acaeció el hecho dañoso. Es que, a diferencia del Derecho Laboral, en el campo de la acción civil es un presupuesto necesario acreditar la relación de causalidad entre el hecho y la culpa del empleador.-
Recurso de casación, interrupción de la prescripción, demanda defectuosa, hipoteca a favor de tercero
Materia: PROCESAL
Carátula: HUNAGRO S.A. s/ Quiebra indirecta - Verificación crédito - Banco Integrado Departamental Cooperativo Ltdo.(en liquidación) - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-18

La demanda defectuosa incoada contra el constituyente de la hipoteca, que participó del acto constitutivo del derecho real, es interruptiva de la prescripción en los términos previstos por el artículo 3986 del Código Civil.

Y ello por cuanto el hipotecante se compromete al pago de la deuda -y es deudor en la acepción de la norma- en la medida del valor del inmueble hipotecado, si bien sujeto -en los términos de la interpretación del tribunal de mérito que no ha sido cuestionada y se encuentra firme- al requerimiento previo de pago efectuado al mutuario (art. 3163 del C. Civil).
Recurso directo, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, incompatibilidad de cargos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Morocoa, Alfredo Daniel c/ Honorable Senado de la Nación. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La cesantía del agente por acumulación de cargos incompatibles es una medida disciplinaria que sólo puede ser atacada por la vía del recurso directo establecido por el art. 40 de la ley 22.140.
Extensión de la responsabilidad, indemnización por despido, obligaciones solidarias, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: ARAYA, WALTER ALFREDO C/ SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-03-01

Respecto de los arts. 59 y 274 de la Ley 19550, la responsabilidad de los administradores, representantes y directores hacia terceros (como los trabajadores) es la del derecho común; extremo que obliga a indemnizar el daño en su cauce, diferente al del obligado solidario en las obligaciones laborales; por lo que resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, por cuanto la solidaridad no se presume (art. 828 del C. Civil y Com.) y debe ser juzgada en forma restrictiva, al ser necesario demostrar tanto el daño como que ha mediado mal desempeño, en tanto la responsabilidad es por la actuación o gestión personal, y ha de juzgarse en concreto, con atención a las específicas funciones asignadas personalmente por el estatuto, reglamento o decisión de la asamblea en el área de la empresa propia de su incumbencia. Siendo que la responsabilidad de los socios o administradores no se presume, debió la parte actora acreditar eficazmente la existencia de las circunstancias fácticas alegadas. Es así que, siguiendo el criterio restrictivo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se concluye que no corresponde extender la responsabilidad a los socios y/o administradores a título personal. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia).
Marcas, marcas de servicio, cese de uso de marca, prescripción, plazo, nulidad de marca, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Centro Asistencial de Medicina Integral  CAMI c/ Cooperativa  Limitada  de  Provisión    COMI    de  Medicina Integral s/ Nulidad Reg. marcas y Cese uso indebido de designación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Aún cuando se aceptara que la demandada utilizó la designación COMI como marca de servicio el plazo de prescripción sería el trienal del artículo 36 de la Ley 22.362.
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Lamadrid de Sandoval, Julio c/ Gómez Augier, Gustavo Federico s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-02-13

Acreditada la prestación de un acto de servicio a favor de otro, lo que la Ley de Contrato de Trabajo define siguiendo una cierta doctrina como relación de trabajo, se presume la existencia de un contrato de esa índole.
Obligaciones solidarias, facultades del acreedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sudiro de Brugnerotto, Benedicta Teresa c/ Autelli de Pracilio, María Guillermina s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (art. 699 CC); "El acreedor o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos..." (art. 705 CC).
Honorarios, abogados, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: COMUNA DE SAN VICENTE c/ PINCIROLI, CEFERINO M s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 292-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-17

Si bien el artículo 28 inciso d) de la ley de aranceles sólo hace referencia a la presentación optativa de un memorial en la Alzada, ello no conlleva la innecesariedad de fundar el recurso, cuya existencia está impuesta no sólo por la remisión expresa que dicho artículo efectúa al Código Procesal respectivo en materia de interposición y tramitación de los recursos, sino por la necesidad de expresar las razones y la crítica del pronunciamiento recurrido contra el que se alza al recurrente, a fin de precisar los límites y real medida del material de la impugnación.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, competencia de paz, competencia contravencional
Materia: PROCESAL
Carátula: "COMPETENCIA NEGATIVA ENTRE EL JUZGADO DE PAZ DE PIEDRA BUENA Y EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y DEL MENOR Nº UNO DE PUERTO SAN JULIAN  EN AUTOS 'DIAZ GABRIEL ESTEBAN S/ INFRACCIÓN (D-767/11)'", Expte. Nº C-706/11/TSJ s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-03-05

Este Alto Cuerpo debe expresar en primer término que las reglas de competencia son de orden público y están destinadas a asegurar un mejor servicio de justicia en favor de la comunidad, esto es, alcanzar el objeto procesal sometido a consideración de los jueces por las partes en forma expedita, salvaguardando los principios de intervención en la causa del juez natural y el mejor respeto del derecho de defensa del justiciable.

El Juez de Paz, yerra cuando sostiene que se trata de un delito de acción pública, toda vez que tratándose de lesiones leves, requiere la instancia de la acción, respecto de la supuesta resistencia a la autoridad, el personal del órgano policial nada aclara al respecto. Resulta indudable que el Juzgado de Paz de la localidad resulta la instancia judicial competente para conocer en las presentes actuaciones.

Conforme a que la prevención policial procedió a encuadrar los hechos como meramente contravencionales (con relación al supuesto delito de resistencia a la autoridad), y que los protagonistas de los sucesos no instaron a la acción por las lesiones sufridas, corresponde por tal motivo, otorgar competencia a la justicia contravencional para intervenir en los presentes autos.
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Stella, Roberto c/ Sociedad  Playa  Bonita-Huber y CompaÑía Sociedad Comercial Colectiva s/ DEMANDA ESCRITURACIóN S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-27

La falta de contestación de la demanda, no implica que los dichos del actor sean obligatorios para el juez, ni exime al accionante del "onus probandi", cuando -como en el caso-, el demandado es un ausente representado por defensor oficial. Ello, en tanto, éste último en virtud del art. 356 CPC., no sólo no está obligado a reconocer la documental acompañada, sino que deberá dar su respuesta definitiva después de producida la prueba, como resguardo de la defensa del ausente
Juicio ejecutivo, acreedor, intereses, derecho de propiedad, verdad jurídica objetiva, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Itau Buen Ayre SA c/ Ortiz, María Luisa y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

El derecho del acreedor a percibir intereses desde la fecha de mora hasta el efectivo pago resulta de los términos de la sentencia firme dictada en autos e integrada al concepto de derecho de propiedad, cuya inviolabilidad goza en nuestro sistema legal de protección constitucional, por lo que toda limitación que se disponga a su respecto es de interpretación restrictiva (arg. CSJN, "Massa Juan Agustín c/ PEN s/ amparo", Fallos 329:5913; esta Sala, 31/8/17 "R.G. Fiduciaria SA c/ Flores Mario Oscar s/ ejecutivo", Exp. COM21396/1999 y las citas jurisprudenciales allí citadas). No obstante, viene al caso señalar que mientras estuvo vigente el plenario "Uzal" la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias oportunidades lo dejó sin efecto por entender que la capitalización menoscaba las garantías de la CN 17 y 18 (CSJN, 22/12/1992, "García Vázquez, Héctor y otro c/ Sud Atlántica Cía. de Seguros SA", ED. 152185; CSJN, 16/12/93, Fallos 316:3131; JA 1994-IV- 404, y LL 1994-B-670; íd., 15/7/97, "Okretich, Raúl A. c/ Editorial Atlántida SA", JA, 1999-IV-602; ver además, ejemplar JA, del 15/12/99, n° 6172, p. 5; y Sala A, 15/6/01, "Bonorino", LL 2001-F-535, y ED 196-643; íd., 20/7/01, "Petrina, Graciela B. c/ Banco Roberts SA s/ ordinario"). De hecho, poco tiempo después se gestó el plenario del Fuero, in re: "Calle Guevara", merced al recordado Fiscal de Cámara, quien actuó en uso de las facultades conferidas por la ley 24946: 37-e). En concordancia con dicha doctrina fue juzgado en casos verdaderamente excepcionales, que la interpretación de normas o institutos procesales -relativos a la cosa juzgada- no podía prevalecer sobre la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se impidiera por un criterio excesivamente formal, atentatorio del servicio de justicia y las reglas del debido proceso (CSJN, Fallos 318:912, "Ojea Quintana, Martín María c/ Macesil SA y otros" del 4/5/95; Fallos 326:259, "Ferro de Goce Haydeé c/ Asencio Francisco y otros", del 25/2/03). Y en esa inteligencia se ha decidido que si la cuantía del crédito aprobado, luego de adicionarle los intereses capitalizados conforme se estableció en el plenario "Uzal" excede notablemente una razonable expectativa de conservación patrimonial, tal solución no puede ser mantenida so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (CSJN, Fallos 329:335, "Tazzoli Jorge Alberto c/ Fibracentro SA y otro" del 28/2/06, voto de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).
Notificación, oficial notificador
Materia: PROCESAL
Carátula: Bigma S.R.L. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El reconocimiento efectuado por el propio oficial notificador respecto de la falta de coincidencia entre los hechos asentados en la diligencia y la realidad de lo acontecido, le resta a aquélla la natural fuerza de convicción que lleva ínsita, en cuanto a la verdad de los hechos en ella contenidos.
Expropiación, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. Elortondo s/ expropiación - inconstitucionalidad de la Ley del 31 de octubre de 1884
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1888-04-14

Las limitaciones a la expropiación, si no explícitas en la Constitución, surgen a la par que de los principios fundamentales que ella consagra, de su naturaleza misma.
Asignación por maternidad, madre no gestante, gestación por sustitución, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: S. L. M. c/ Anses  s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

Corresponde ordenar a la Anses, como medida cautelar, que proceda al otorgamiento de la asignación por maternidad prevista en la Ley 24.714, a una madre no gestante, en un caso de maternidad subrogada. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, la apariencia del buen derecho exigida se encuentra acreditada con la documental que da cuenta del otorgamiento de la licencia por maternidad por parte del empleador, y entiende que dicha circunstancia, sumada a las constancias que dan cuenta de la relación contractual y el inminente alumbramiento de la persona por nacer, generan la certeza sobre la existencia del requisito contenido en el art. 230, inc. 1 del C.P.C.C.N. En relación al requisito del peligro en la demora así lo revela la documental que da cuenta de la proximidad de la fecha probable de parto, circunstancia que otorga premura a la solicitud formulada, pudiendo concluirse incluso que, de no adoptarse la medida en esta etapa del proceso, podría causarse un daño irreparable.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Guaymallén c/ Carlos R. Miguel Thyome y Roberto Thome s/ Expropiación (LIBRO: S004 - 309)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-21

En materia de aplicación de costas en el juicio de expropiación prevalece el régimen establecido por la ley 1447/75 sobre el sistema del Código Procesal.
Control de cambio, reglamentación de la ley, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Arpemar  SAPC. e I.  y otros s/ infr. a la ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El art. 1x, del decreto 2581/64 contiene una reglamentación aceptable, que procura armonizar la necesidad del Estado de evitar el distorsionamiento del mercado de divisas y consecuentemente del valor de nuestra moneda y, además, permitir la satisfacción de los requerimientos necesarios para la atención de los compromisos en moneda extranjera y un ejercicio adecuado del derecho de ejercer libremente el comercio.
Contrato de suministros, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Papelera Alsina S.A.C.I.F.I.A c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

El Reglamento de Contrataciones (dec. 3300) regula en la órbita del Poder Judicial todos los trámites de las licitaciones, preadjudicaciones, contrataciones, recepciones y sanciones para supuestos de incumplimientos (res. 749/76).
Tasa de justicia, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bica Cooperativa de Emprendmientos Múltiples Limitada c/ Gonzalez Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-21

En la ejecución de la sentencia, la obligación de pagar la tasa de justicia debe quedar diferida al momento en que se practique la liquidación resultante del trámite propio de aquella, sin perjuicio de la solidaridad que establece el art. 227 del Código Fiscal.
Jueces, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, igualdad ante la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

No viola el art. 16 de la Constitución Nacional la circunstancia de que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto que la distinción no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas, sino que obedezca a una causa objetiva que de fundamento al diferente tratamiento.
Acusación, nulidad procesal, nulidad parcial, procesado, derecho a la sentencia, non bis in ídem, sentencia absolutoria, coautoría, falsificación de sellos
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ MOREL, Armando G. y otros s/ infr. artículos 292, 210 y 162 del Código Penal, Causa nro. 10.941
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-27

La declaración de la nulidad parcial de la acusación no debe traer aparejada una nueva investigación penal que subsane la deficiencia apuntada, puesto que el procesado posee el derecho de obtener un pronunciamiento judicial, que ponga fin a su estado de incertidumbre y restricción a la libertad, que implicaría un nuevo enjuiciamiento penal. En virtud de ello debe revocarse la condena impuesta en orden al delito de falsificación de sellos oficiales en grado de coautor y declararse su absolución. (del voto del Dr.

Luraschi).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G., J. D. c/ Clínica del Niño y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-15

Invocándose expresamente "error médico en la prescripción de fármacos, y sobre las bases del "derecho de daños" aplicable a la responsabilidad profesional médica, tratándose de obligaciones de medios (diagnóstico, pronóstico y tratamiento), la misma es limitada y el factor de atribución no es otro que el subjetivo, esto es, la culpa.
Actualización monetaria, prueba pericial, pericia contable, valor probatorio, intereses, repetición de impuestos, facultades administrativas, ministerios
Materia: ADUANERO-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: M Royo SACIIFYF c/ En-AFIP-DGI s/ dirección general impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

a. En el marco de un planteo de repetición de impuesto a las ganancias, promovido a raíz de la no aplicación del "ajuste por inflación", la empresa actora ofreció prueba pericial contable, la cual se llevó a cabo en el establecimiento de la empresa, sin contar con la presencia de la demandada ni de su consultor técnico.

La perito contadora acreditó en la causa que había enviado mails a las partes y a los consultores técnicos e hizo saber en el expediente el día, hora y lugar en que se llevaría a cabo la pericia contable. La consultora técnica del fisco no se presentó, alegando -entre otras circunstancias- que era persona de riesgo, en el marco de la pandemia que entonces regía. En la sentencia se consideró que las diligencias llevadas a cabo por la perito contadora, previo a la producción de la prueba, fueron aptas e idóneas para garantizar el derecho de defensa de las partes, no resultando atendibles los achaques del organismo fiscal.

Por lo demás, el contenido del dictamen pericial contable y las explicaciones esgrimidas por la experta, alcanzaron para desechar los planteos impugnatorios de la demandada, acreditándose que había existido un exceso irrazonable de imposición, al no activarse el mecanismo de ajuste por inflación.

b. En otro orden de consideraciones, la empresa actora se quejó de la tasa de interés aplicable a la repetición de impuestos, cuestionando que el Ministerio de Economía -o la cartera equivalente- pudiera fijar su quantum, ya que el art. 179 de la ley 11.683 no contiene ninguna previsión en tal sentido -ello, a diferencia de lo que ocurre con la tasa de interés aplicable cuando el fisco nacional es sujeto acreedor (cfr. arts. 37 y 52 de la ley 11.683) -. Destacó dicha parte que recién con la sanción de ley 27.591 el Poder Legislativo expresamente reguló tal potestad en cabeza del Poder Ejecutivo.

En la sentencia se rechazó el planteo, puesto que, al determinar el legislador que para los supuestos en los que el contribuyente es sujeto obligado - deudor-, el Ministerio de Economía -o símil- es el encargado de fijar la tasa de interés resarcitorio y/o punitorio, permite comprender, de manera necesaria, adecuada y razonable, que también le alcanza la potestad de establecer la tasa que beneficia al contribuyente, al revestir el carácter de sujeto acreedor.

Ello así, toda vez que, según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador, debiéndose evitar otorgarles a las normas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones. Además de ello, se tuvo en cuenta que el Alto Tribunal ha reconocido la potestad del órgano administrativo del Estado de fijar las tasas de interés.
Obras sociales, seguro de salud
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CENEFHA  S.R.L. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL HOTELERO GASTRONOMICOS/ s/ NCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

Frente al beneficiario, la Obra Social es la única obligada al suministro del servicio de Salud. Siendo indelegable aquella obligación, porque lo contrario repugna a la finalidad tenida en vista por el legislador al implementar el régimen de la ley precitada, no puede la demandada desligarse del incumplimiento de las obligaciones contraídas por la gerenciadora en la atención médica de los afiliados.
Beneficios previsionales, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monod Nuñez, Héctor Armando c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

La circunstancia de que una misma actividad pueda hallarse comprendida en dos sistemas previsionales -y consiguientemente a doble aportación- no implica que el propio interesado decida voluntariamente someterse a la doble exigencia.