marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus colectivo, establecimientos penitenciarios, fallos del Superior Tribunal, revocación de sentencia, condiciones de detención, fallos de la Corte Suprema, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Debe ser revocada la sentencia de la Corte bonaerense que entendió que el mandato que le impartió la Corte en la causa "Verbitsky" (Fallos: 328:1146) fue agotado y en consecuencia, remitió la presentación de los defensores departamentales a un juzgado de primera instancia, pues el tribunal a quo se ha apartado de la dimensión acordada a la estructuración del proceso de ejecución de la primigenia sentencia emitida en las actuaciones, en cuanto se le encomendó una tarea que debería mantenerse vigente mientras persistan las condiciones carcelarias que obligaron a la firme intervención de la Corte Federal; circunstancia esta última que, a pesar de su trascendencia, no ha sido aclarada en ningún sentido en la decisión que se examina.
Tipo penal, fútbol, director técnico de fútbol, partido de fútbol, ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de excepción de falta de acción en autos LAVOLPE, Ricardo Antonio y MOTTA, Rodolfo s/ inf. art. 99 (Ley 1472) -Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-03

En el caso el comportamiento que describe el articulo 99 del Código Contravencional (Ley 1472) no se subsume en la conducta materializada por los acusados directores tecnicos al retrasar el ingreso de sus respectivos equipos de fútbol al campo de juego para disputar la etapa suplementaria de un partido, sino mas bien resulta un simple incumplimiento reglamentario -ver artículos 107 y 107 del Reglamento General de la Asociación del Fútbol Argentino-.

A la luz de todo lo expresado surge evidente y manifiesta la atipicidad de la conducta enrostrada, resultando palmario desde el inicio y sin necesidad de producir prueba alguna, que el comportamiento endilgado no reúne los requisitos exigidos en la norma en cuestión, y por ende no es reprochable, al menos en este ámbito.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rubio, Antonio c/ Schuen, Oscar Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-06

Ya que las costas forman parte integral de la indemnización que debe ser integral, el mayor éxito en la defensa no es motivo suficiente para eximir de ellas, aún parcialmente, a la vencida (arg. art. 68 2da. parte del Cód. Proc.; art. 1082 del Cód. Civil).-
Partes del proceso, intervención de terceros, tercero demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Incone S.A. c/ Raquel Lilian Ortega s/ repetición de pago.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

Cabe admitir como demandado en el pleito y en la medida del alcance de su responsabilidad incluirlo en la sentencia, al tercero que es incorporado al pleito a requerimiento del actor y/o excepcionalmente del demandado si comparece a juicio, contesta la demanda, se opone a las pretensiones del actor, solicita su rechazo y, en caso de corresponder, reclama y propone cualquier otra medida procedente, todo lo cual le fuera proveído de conformidad teniéndoselo por parte.
Competencia federal, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Santucho, Ana Cristina c/ Estado Nacional y otros s/ hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La violación de las garantías constitucionales relativas a la propiedad, libertad y vida de los habitantes de la República no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan al fuero federal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Chamorro, Rodolfo A. c/ Fisco Prov. Buenos Aires s/ Accidente in itinere
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyo contenido constituye un mero discurrir con lo resuelto por el a quo contraponiendo su criterio personal con el del sentenciante, método inadecuado en casación para conmover los cimientos del fallo puesto en crisis, dejando incólumes los fundamentos que le dan sustento e inatacada la forma en que el juzgador de origen aplicó las normas legales.
Extensión de la responsabilidad, legitimación pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, N. c/ Luz Verde S.R.L. y Otros s/ Despido s/Inc. Cas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-08-30

Hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, y anula la sentencia que condenó a los socios de la entidad demandada, por aplicación del art. 54 de la Ley de Sociedades, en tanto se advierte que las supuestas irregularidades cometidas por la sociedad accionada - falta de presentación de los libros societarios, falta de determinación del valor económico real del fondo de comercio, entre otros -, no son suficientes para tener por acreditado que la sociedad haya sido utilizada con el deliberado propósito de violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar los derechos de terceros, máxime cuando en materia laboral existen normas específicas dictadas para intentar erradicar o paliar el flagelo del trabajo clandestino y la falta o defecto de registración, por ejemplo, las leyes 24.013, 25.250, 25.345, los artículos 3° y 7° de la ley 23.771 (Ley Penal Tributaria) y último párrafo del art. 41 de la ley 24.037 (blanqueo de capitales).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Polonia Margarita c/ Compañia de Transportes Peralta Ramos y otro s/ Daños y perjuicios Albacete, Felix c/ Gaillaret, Jorge y Empresa de Transporte Gral. Pueyrredón s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-10|1992-02-06

En el caso del pasajero de un colectivo que sufre lesiones, juega el artº 184 del Código de Comercio, de manera que queda a cargo del portador probar fehacientemente alguna de las causas de liberación de responsabilidad que se mencionan en dicha disposición. La prueba en tal sentido debe ser terminante y tendiente a demostrar que el conductor del vehículo de transporte público no tuvo ninguna parte de culpa en el accidente.
Fianza, certificado de saldo deudor, cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos, autosuficiencia, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Suquía S.A. c/ José Castellino e Hijos S.A. s/ Prepara vía Ejecutiva (LIBRO: S143 - 145)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-15

Si "prima facie" no hay vinculación entre la fianza (pues el objeto de ésta es garantizar la solvencia del afianzado en forma genérica) y el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria se debe concluir que áquel instrumento no se basta a sí mismo, ni es suficiente para autorizar el procedimiento de ejecución, pues no reúne todos los elementos para ser considerado título ejecutivo y no mejora la posición del actor el hecho de que se haya tenido por reconocido contenido y firma del instrumento (fianza)
Asegurador por riesgos del trabajo, tasas, aportes y contribuciones previsionales, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CNA ART SA c/ EN -AFIP- ley 25.345 - dto. 863/98 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

No resulta atendible el agravio referido a la declaración de inconstitucionalidad del art. 2° del decreto 863/98 si no hay duda de que la litis se circunscribió a discutir sólo lo atinente al art. 1° del decreto, en cuanto, al modificar el art. 2° del decreto 2741/91 -texto según su similar 507/93, ratificado por ley 24.447- estableció el cobro por parte de la AFIP de una tasa por ciertos servicios administrativos vinculados con la percepción y distribución de todos los aportes o contribuciones sobre la nómina salarial que, de acuerdo con la normativa vigente, ella debe recaudar y transferir automáticamente a -entre otras- las empresas aseguradoras de riesgos del trabajo y porque ha de tenerse en cuenta que, por la forma en que la actora planteó su demanda y de la manera en que alegó, surge que no ha controvertido lo atinente a las comisiones bancarias que la propia AFIP debe pagar a los bancos que actúan como mandatarios suyos para la recaudación de los distintos tributos cuya gestión le corresponde. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarra, Oscar Dario c/ Pereira, Juan Rene s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

El índice de precios al consumidor aplicado es el de uso común por resultar el que con mayor generalidad mide el deterioro de nuestra moneda. Si la parte pretende la aplicación de otro, debe pedirlo en forma oportuna y concreta (arts. 166, inc. 6° y 272 del CPCC.).
Recurso extraordinario, tribunal de alzada, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCISCO SANCHEZ PAGANO s/ ORDENAMIENTO  PROCESAL  LOCAL  -  TRIBUNAL  SUPERIOR  -  CONSTITUCION  NACIONAL - SENTENCIA DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Si bien las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional. En esa inteligencia se funda el criterio según el cual el Tribunal Superior de provincia al que alude el artículo 14 de la ley 48, es el órgano judicial erigido como supremo por la Constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podría extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.
Beneficios previsionales, debido proceso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gaitán, Juan Pablo c/ ANSeS s/ presentaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

La sentencia que revocó el fallo que había admitido la demanda dirigida a obtener la reapertura del procedimiento administrativo y el beneficio de jubilación ordinaria, efectuó una valoración parcial, insuficiente y errónea de las constancias de la causa que no se aviene con las garantías del debido proceso y con la amplitud de juicio con que los jueces deben abordar la resolución de las causas cuando están en juego derechos de naturaleza alimentaria si las pruebas producidas -documentales y testificales-, examinadas en su conjunto, crean una razonable certeza acerca del carácter de los servicios prestados que deben ser reconocidos por todo el período denunciado.
Prevaricato, producción de la prueba, cuadernos de prueba, negligencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SOTO, F. s/ Desestimación denuncia - Causa 30.402
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

No incurre en prevaricato la conducta de un juez que rechaza la negligencia impetrada en un cuaderno de prueba, con fundamento en lo normado por el art. 313, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto le es ajena a la figura la discusión acerca de la corrección del enfoque jurídico del juzgador.

Máxime en casos como el relativo al punto, en el que la norma aplicada contendría un principio que el magistrado a cargo del proceso pudo válidamente considerar de aplicación al tema que debía resolver.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, competencia, tribunal de alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, SANDRA ROSA c/ JOSE ANTONIO DOLORES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-17

Dado que el Juez al conceder un recurso de apelación se desprende del conocimiento de la causa, y siendo la Alzada la única facultada para decidir si aquél está bien o mal otorgado, le queda sólo a la parte apelada buscar reparar el error en que pudo incurrir el A-Quo al conceder la apelación, a través de sus propios escritos de contestación de la expresión de agravios o de la memoria de la contraria, según se trate de un recurso concedido libremente o en relación, respectivamente.
Expulsión de extranjeros, nulidad del acto administrativo, motivación del acto administrativo, fundamentación insuficiente, hijo menor de edad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Pablo c/ E.N. - D. N. M. s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Corresponde revocar la sentencia que confirmó la disposición que declaró irregular la permanencia en el país de un ciudadano extranjero, ordenando su expulsión del territorio nacional y prohibiendo el reingreso de manera permanente, dado que si bien la autoridad migratoria tomó en consideración que el actor es padre de un hijo menor de edad de nacionalidad argentina, no efectuó un análisis pormenorizado de la situación, por lo que el acto administrativo resulta nulo por carecer de la fundamentación suficiente (arts. 7 y 14 de la ley 19.549). Cabe destacar que el artículo 7, inciso e), de la Ley 19.549 establece que la motivación constituye un requisito esencial del acto administrativo, y a fin de dar cumplimiento a dicho recaudo, se deben exponer los hechos y antecedentes que el acto tiene como causa, el derecho aplicable, y expresar de manera concreta las razones que llevan a emitir dicho acto.
Acción de amparo, sumario administrativo, suspensión del proceso judicial, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASTILLO ROBERTO VICENTE c/ DIRECCION DEL NIVEL PRIMARIO Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-12-01

No puede dejar de advertirse una cuestión sustancial respecto a la suspensión del trámite del sumario administrativo mediante la inserción de la medida cautelar de no innovar. Al respecto, cabe preguntarse si el amparo es instrumento idóneo para injertar en el curso de dicho trámite que se labra en sede distinta a la judicial, una medida cautelar de esa magnitud. En principio debe recordarse que no es conveniente que a través de esta vía los jueces se encuentren habilitados a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes. Más aún, si se advierte que en un Estado republicano la responsabilidad de los funcionarios exige que se den razones de las medidas que adopten, que la facultad de peticionar a las autoridades se compromete con una rápida respuesta a las respectivas solicitudes y que los derechos constitucionales de defensa en juicio y de propiedad son operativos, por lo que deben garantizarse especialmente en los trámites administrativos
Silencio, costas al vencido, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: RUTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ PARRA HORACIO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

El mero silencio de la contraparte no es motivo suficiente para imponer las costas en el orden causado y apartarse en el caso del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 C. Procesal) máxime cuando no media allanamiento, figura que en algunos casos permite la eximición (art. 70 C. Proc.), siendo ésta de carácter verdaderamente excepcional.
Intereses, tasas de interés, jurisprudencia, índices de actualización, interés simple (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CETARO, ROSA c/ EMP.   DE  TRANSPORTES  PEDRO  DE  MENDOZA,  EMPRESA  DE TRANSPORTES FOURNIER Y JUANCARLOS HERRERA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-18

No se justifica un cambio de criterio por la circunstancia de que otros tribunales, incluso la corte suprema, fijan una tasa más baja (6%) -que la sala también utiliza cuando se trata de deudas actualizadas mediante la estricta aplicación de los índices oficiales (deudas previsionales, por ejemplo), desde que este tema remite necesariamente a una cuestión de hecho, toda vez que la tasa que se elija para los intereses puros se encuentra directamente vinculada con el criterio que se adopte para el cálculo de la depreciación monetaria.-
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, mal desempeño de funciones, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en las condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular ejecución". La idea objetiva de la falta de servicio -ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación- encuentra fundamento en la disposición del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad -de aplicación subsidiaria al presente- "por los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas y pone en juego la responsabilidad directa del estado "toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado ha de ser considerada propia de éste, que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas".
Buena fe, contrato de trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: D., V. E. c/ N. M. A. C. y/o q´rlte resp. laboral del establecimiento  E. N. s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08

Bien se ha dicho que el deber de obrar de buena fe se manifiesta con mayor intensidad al celebrar el contrato laboral, pues éste se caracteriza por configurar un vínculo eminentemente personal y por consiguiente, desde las primeras tratativas tendientes a concertar el contrato de trabajo las partes deben ceñir su conducta a las pautas receptadas por los arts. 62 y 63 de la L.C.T. y al art. 1198 del C. Civil.

Dicho deber impone a las partes la obligación de expresarse con veracidad, lealtad y sin retaceos en esta etapa previa. Es de destacar que si bien obligación recae sobre ambas partes, en este período se manifiesta en todo su rigor la desigual posición de los futuros contratantes, pues el trabajador ante la urgencia de conseguir un empleo solo pedir información sobre las características del puesto de trabajo u sobre la cuantía de las remuneraciones, mientras que el empleador solicitar datos del postulante (interrogatorios verbales y ex menes médicos y psíquicos) recurriendo al servicio que a tal efecto prestan empresas especializadas.
Confirmación de sentencia, denegatoria del beneficio, modificación de la ley, código penal, desaparecidos, dictadura militar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, Dora Cristina c/ M° J. y D.D.H.H. s/ Ley 24.411 (resol. 381/00) 24.411 (resol. 381/00)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Corresponde confirmar la sentencia que denegó el beneficio previsto en la ley 24.411 si el contexto legal exige la existencia de elementos de juicio que, aunque no con certeza apodíctica, posibiliten presumir razonablemente que la autoría de la muerte sea atribuible al accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o grupos paramilitares y en la causa no existen probanzas respecto de la participación de tales efectivos en el hecho, como tampoco surgen elementos que permitan suponer que el homicidio tuviera relación con el actuar del terrorismo de Estado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Hipoteca, inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: ECHENIQUE Y CIA  S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO - VERIFICACION DE CREDITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-02

El documento notarial que contiene hipoteca, y haya sido presentado con anterioridad a la apertura del concurso preventivo, pero se ha formalizado con posterioridad a esta apertura, es oponible a este por ser anterior, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: la ley 17801, a través de sus arts. 21 a 28 establece un sistema de publicidad a los fines de oponibilidad a terceros. El art. 27 de dicha ley, remite a los informes que se soliciten de conformidad a la reglamentación local llevada a cabo a través de los arts. 30 y 31 de la ley 5771.

De conformidad al art. 40 de la Ley Nacional, el Registro llevar un sistema de ordenamiento diario, donde se anotare la presentación de los actos por orden cronológico.

El número que otorga el ordenamiento diario es fundamental a los fines del principio de prioridad registral (art.17 y 18 Ley 17801 en especial el inc. b), y fundamentalmente por lo que establece el art.

19, según el cual entre dos o más inscripciones relativas a un mismo inmueble, se establecerá por la fecha y número de presentación que le asigne el art. 40. Pero, fundamentalmente, el plazo del art. 5 está dado desde la fecha del otorgamiento del documento, o desde la constitución de la hipoteca hasta la fecha de su presentación en el registro.

Concordantemente el art. 3149 del C. Civil, establece que la oponibilidad frente a terceros será desde el día del otorgamiento de la obligación hipotecaria, si el ingreso para su registro se hubiera establecido dentro del término que establece el art. 3137.

De esta manera, si relacionamos los arts. 5, 17, 18, 19, 28, 40 de la 17.801, las disposiciones reglamentarias de la ley 5771, los arts. 3137, 3149 del Código Civil la hipoteca es oponible a terceros (fuera de las partes que estableciera en los arts. 20 de la ley 17 801 y 3135 del C. Civil) desde la fecha de su constitución si su presentación o ingreso al Registro se ha producido dentro del plazo del art. 5 de la Ley 17.801, o a partir de la fecha de la presentación o ingreso al Registro, si se produjo una vez vencido dicho plazo, pero la presentación o ingreso está dada por la fecha establecida en el ordenamiento diario, que es la del primer asiento que hace el Registro, ya que a partir de ahí, juega la publicidad a los fines de la oponibilidad frente a tercero.

Obviamente, subordinado a que el documento que ha ingresado en el Diario logre, luego superada la etapa de calificación: posición registral definitiva.-
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sazowski, Teodoro c/ Ruiz, Mario Daniel Antonio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Si en virtud del régimen de administración separada de bienes uno de los cónyuges no tiene derecho alguno sobre los gananciales del otro, mucho menos lo tendrá el acreedor del primero. (Minoría u opinión personal)
Auto de sobreseimiento, nulidad procesal, falta de fundamentación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B., L. D. y otro s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

Es nulo el auto que no determina si el sobreseimiento es por ausencia de delito o por la minoridad del imputado, en un caso, y que, en el otro, ha existido delito pero aplica el art. 366, inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K, Z. c/ V, R. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El art. 323 del CC. prescribe que, en los juicios de separación personal o divorcio vincular, no será suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos; de ahí que, la prueba confesional, es proponible en este tipo de proceso, sólo que dicha prueba no será prueba bastante y deberá corroborarse con otros elementos de convicción.-