Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10


V., J. I.

Reg.: A y S t 208 p 426-430.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de agosto del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "V., J. I. -Homicidio simple- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 113, año 2004).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Mediante el pronunciamiento de fecha 11.9.2003 el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N 4 de Rosario condenó a J. I. V. como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, imponiéndole la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 79, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del Código Penal) (fs. 391/401vto., Expte. 229/02).

Apelada que fuera dicha sentencia, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad -por mayoría- la confirmó (fs. 427/435vto., Expte. 1420/03).

Contra dicha resolución interpuso la defensa técnica del imputado recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/11).

En el memorial introductor del recurso de inconstitucionalidad sostiene que el pronunciamiento impugnado resulta violatorio del sistema constitucional, a la vez que desconoce los principios de rango superior de legalidad y razonabilidad, como así también el derecho a la jurisdicción, el debido proceso y la defensa en juicio.

Arguye que la sentencia resulta arbitraria desde que se falló "contra legem", con base en la voluntad de los juzgadores, que se apartaron de manera inequívoca de lo previsto en el Código Procesal Penal, haciendo una interpretación irrazonable del derecho positivo vigente.

Agrega que el resolutorio impugnado carece de motivación suficiente, lo que importa una violación al artículo 95 de la Constitución provincial, en tanto no contiene un examen de certeza relativo a la participación de V. en el hecho ilícito que se le enrostra.

Apunta que la arbitrariedad también se configura en el "sub judice" al no aplicar el Tribunal el principio constitucional de "in dubio pro reo". Sobre el particular, pone de resalto que en el decisorio atacado no existió uniformidad de criterios, por lo que ante la carencia de certeza debía beneficiarse a su representado, resolviendo el caso bajo la órbita del artículo 5 del Código Procesal Penal.

Añade, en este sentido, que el referido precepto legal es derivación directa del principio de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional), pues solo puede admitirse que, ante la duda, se beneficie la situación del imputado.

Se queja a renglón seguido de la arbitraria valoración de la prueba llevada a cabo por la Cámara.

Señala al respecto, que la evaluación de los dichos de los testigos resulta parcial, además de omitirse ponderar la tacha fundada en la mendacidad de lo declarado. Concluye que las referidas vicisitudes resultaron decisivas y conducentes para la orientación del fallo, configurándose de tal manera una flagrante violación a la garantía de defensa en juicio.

Por último, aduce que el Tribunal no analizó que la víctima pudo, al intentar el cruce por una vía no habilitada (cruzando el alambrado), aportar su cuota de responsabilidad en el resultado dañoso.

Es evidente -dice- que la víctima en su accionar desaprensivo e imprudente violó las reglas generales de precaución, aunque aclara que no pretende con ello tildar a este hecho como causa eficiente del suceso dañoso. No obstante, concluye, "tal actitud imprudente morigera aún más la responsabilidad del condenado y fortalece el concepto culposo de su accionar" (fs. 10/vto.).

2. El remedio extraordinario local fue concedido por la Alzada por entender -básicamente- que la recurrente enunciaba una hipótesis de arbitrariedad sustentada en la violación a garantías de raigambre constitucional que la autorizaban a tener por cumplimentado el nivel de admisibilidad del recurso (fs. 21/vto.).

3. El examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 da cuenta que las postulaciones esbozadas por la defensa técnica del encartado carecen de matiz constitucional, conforme se expondrá seguidamente.

Es que más allá del esfuerzo desplegado por el defensor de V. en su memorial recursivo, no se advierten de las alegaciones y reparos esbozados por el recurrente, que la Alzada en el razonamiento efectuado en el decisorio impugnado se aparte de los parámetros lógicos de razonabilidad que lo descalifiquen desde la óptica constitucional.

Al respecto, cabe distinguir que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de prueba decisiva, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa.

Esto último es lo que acontece en la especie. Pues, no hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna.

En efecto, la lectura del memorial introductor del recurso de inconstitucionalidad pone de relieve que el defensor del imputado se limita a exponer la eventual conculcación a garantías constitucionales que, a su criterio, se desprenden de la labor desplegada por la Alzada en la valoración de la prueba, y la prescindencia de analizar las tachas de los testigos efectuada por su parte, y que estaba fundada en la mendacidad de los mismos.

Pero es del caso, que en esa tarea, el recurrente no se esfuerza en demostrar ante este Cuerpo, tal como era su obligación, en qué aspectos o de qué manera el A quo ha incurrido en arbitrariedad al ponderar en forma parcializada los elementos de confirmación arrimados al proceso.

Y nada mejor para graficar la carencia argumentativa de la defensa de V. que una breve reseña de lo alegado en el escrito recursivo, donde el impugnante -con cita de jurisprudencia- se queja puntualmente de que la evaluación de los dichos de los testigos resulta parcial, además de omitir ponderar la tacha fundada en la mendacidad de lo declarado, cuando -a su entender- las referidas falencias resultaban decisivas y conducentes para una correcta orientación del fallo, configurándose de tal manera una flagrante violación a la garantía de defensa en juicio, pues, dice, una conexión de los testimonios con el hecho investigado hubiera llevado al Juzgador a una resolución de certeza, en el sentido de que no se ha demostrado en forma fehaciente el accionar doloso de V. (fs. 9/10).

Un liminar análisis de los argumentos reseñados permite concluir que los mismos solo se limitan a enunciar achaques generalizados contra la actividad desplegada por la Cámara en su función jurisdiccional, imputándole los vicios descalificantes, citando criterios jurisprudenciales en un afin orden de ideas, pero sin lograr siquiera persuadir a esta Corte, dónde reside la alegada prescindencia de tratar cuestiones decisivas, por qué la ponderación efectuada por la Alzada resultaba parcial, o por qué causa estima teñida de parcialidad la ponderación de los elementos probatorios, para tener por configurada la arbitrariedad que descalifique a la sentencia desde la óptica constitucional.

La misma suerte adversa debe correr otro de los reparos esgrimidos por el defensor de V. y que consiste -con apoyo en la cuestión recién analizada- en que la Alzada no contó con la certeza suficiente para el dictado de una sentencia condenatoria como la impuesta. Y ello, lo sustenta en que no hubo unanimidad en la decisión de la causa, existiendo un voto en disidencia que se inclina por enrostrar a V. un delito culposo.

Todas estas circunstancias, a juicio del recurrente, tornaban aplicable al sub judice el principio del "in dubio pro reo", y que al soslayarlo el Tribunal, la sentencia dictada resulta descalificable por devenir violatoria de principios de rango superior.

El planteo carece de sustancia constitucional.

Ello así por cuanto, más allá de que como reiteradamente lo tiene dicho este Cuerpo, lo relativo al "in dubio pro reo", al ser una cuestión inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa y por ende, ajena al recurso extraordinario local (por todos, A. y S., T. 198, pág. 106), la alegación del impugnante referida a la ausencia de un juicio de certeza fundado en la falta de unanimidad en el criterio de los Vocales de Cámara, es insuficiente en la demostración de la duda alegada, quedando reducida la crítica, por ende, a una mera especulación retórica.

En ese sentido, es dable destacar que la mera lectura del decisorio recurrido, permite observar en el voto que a la postre hizo mayoría, la uniformidad de criterios que fundamentaron la atribución de responsabilidad penal de V. por el hecho investigado, confirmando de esa manera, la decisión de condena emanada del Juez de grado.

Y si bien no pasa desapercibida la disidencia de uno de los Vocales en el fallo recurrido, ello, "per se", no resulta hábil para concluir que el caso fue resuelto sin la certeza exigida para el dictado de una sentencia condenatoria.

Es que, un análisis del razonamiento tanto del voto de la mayoría como del de la minoría del Tribunal se desprende que los Vocales no ponen en tela de juicio la participación del imputado V. en el hecho investigado, sino que la discrepancia de los Magistrados solo se reduce a la calificación legal utilizada para encuadrar el delito imputado, cuestión que, conforme reiterado criterio de este Cuerpo "por referir a la temática relativa a interpretación de normas de derecho común, resulta propia de los jueces de la causa, y por ende, ajena al remedio extraordinario en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate (por todos, A. y S., T. 200, pág. 462).

Por último, y solo a mayor abundamiento, es dable señalar que, más allá de que no se ignoran las vicisitudes propias del caso bajo examen y las distintas opiniones que puedan existir respecto a su encuadramiento legal -homicidio simple con dolo eventual u homicidio imprudente por culpa con representación-, los argumentos con que los Jueces de la causa resolvieron el caso traído a juzgamiento encuentran aval en autorizada doctrina especializada sobre el tema (vid. Zaffaroni, Alagia y Slokar, "Derecho Penal, Parte General", E. Ediar, Bs. As. 2000, pág. 587; Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. I, Ed. Tea, Bs. As. 1988, pág. 422; Nino, Carlos, "La legítima defensa", Ed. Astrea, Bs. As. 1982, pág. 140; Baigún-Zaffaroni, "Código Penal" T. I, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1997, pág. 746; Laje Anaya, "Estudios de Derecho Penal", Ed. Córdoba, Córdoba 2001, pág. 111).

En razón de los argumentos hasta aquí expuestos, cabe concluir en que el planteo del impugnante redunda en un mero desacuerdo con el alcance asignado por el A quo al material probatorio reunido en la causa, pero sin que aquél logre acreditar que los argumentos con que se abordara y resolviera la temática en cuestión puedan ser tildados de ilógicos o irracionales.

En esa línea argumental, esta Corte tiene dicho que "la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la parte recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba" (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, págs. 102 y 179; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos:297:29; 300:1039 y 1049; 301:1062; 302:1030 y 1564; 306:143 y 282; 307:716 y 1234, etc.); ni puede tampoco configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que le son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100 pág. 251, entre muchos otros).

Y si bien dicha regla no se erige en obstáculo para que este Tribunal conozca en aquellos casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad, en el "sub examine" no se observa ningún absurdo fáctico o probatorio que justifique su intervención.

En definitiva, el planteo, tal como ha sido presentado, no traspasa el límite de la disconformidad en torno a la valoración de la situación fáctica acaecida, a la ponderación de las pruebas y a la subsunción del hecho en la figura jurídica pertinente, aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello, excluidos de este control al no haberse demostrado que las conclusiones a las que arribara la Alzada merezca descalificación constitucional.

Es que, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales según la divergencia del apelante con respecto a la inteligencia que los jueces de la causa asignen a los hechos y a las leyes comunes.

Su aplicación, por tanto, debe quedar reservada para aquellos supuestos en que una total carencia de fundamentos o el apartamiento injustificado de la solución legal prevista para el caso, conviertan al pronunciamiento en un mero acto de voluntad, incompatible con la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el artículo 18 de la Constitución nacional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)