Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-11


NEUQUEN, 11 de agosto de 2011 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "LABRIN PURCIANO CONTRA CAYUL MIGUEL ALFREDO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" (EXP Nº 329453/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal - Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra.

Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:

Vienen estos autos a estudio del Cuerpo en mérito al recurso interpuesto a fs.143 por la parte demandada, contra la resolución de 137/138 que rechaza in límine el pedido de nulidad del mandamiento de desahucio y de todos los actos que le anteceden, efectuado a fs. 135/136.

Se agravia la recurrente por considerar que la resolución atacada desconoce que no se ha dado intervención al representante del Ministerio Pupilar en los términos del art. 59 del Código civil, omitiendo que su participación resulta necesaria e inescindible en razón de que en el inmueble en cuestión habitan los hijos menores del demandado, de 11 y 7 años de edad.

Cuestiona precisamente que el decisorio atacado no ha considerado que en las presentes no se han conferido las vistas necesarias de ninguno de los actos procesales dictados ni se ha comunicado la sentencia que condena el desalojo ni el mandamiento de desahucio al Ministerio Pupilar en su público despacho.

Sostiene que no habiendo intervenido la Defensora de los Derechos del Niño en ninguna oportunidad, los actos procesales dictados deben ser considerados nulos de nulidad absoluta, no pudiendo ser subsanados.

Afirma en tal sentido que la falta de participación del ministerio pupilar perjudica gravemente los intereses de los menores, por cuanto en autos se ha resuelto desalojarlos del inmueble en el que habitan, el cual resulta ser el único asiento del hogar de la familia, no teniendo ningún otro inmueble donde habitar.

Manifiesta que, como fuera expresado al momento de plantear la nulidad, en cumplimiento de lo previsto por el art. 170 del CPCyC, se tomó conocimiento del vicio que afecta el mandamiento de desahucio y demás actos procesales a partir del libramiento del mismo, de fecha 07/12/2010. Agrega que también se señaló que no ha existido convalidación alguna de los actos anteriormente dictados al mandamiento referido.

III.- Entrando al estudio de los agravios, adelanto mi opinión en el sentido de que el presente recurso no habrá de prosperar.

En efecto: la circunstancia de que existan hijos menores de edad que habitan en el inmueble cuyo desahucio fuera ordenado a fs. 131 -atento encontrarse firme y consentida la sentencia dictada a fs. 101/103 que condena al demandado a reintegrar el referido inmueble objeto del contrato- no encuadra dentro del supuesto previsto por el art. 59 del Código Civil que torna indispensable la intervención del Defensor de Menores, desde que tal extremo no convierte al incapaz en parte, ni resultan de allí derechos al bien objeto de la controversia. Por ello no corresponde declarar la nulidad respecto de lo actuado cuando no se dictaron actos ni resoluciones que afecten el interés de los niños.

Cabe agregar que no está en juego algún derecho que les asista a los menores y que sus padres -representantes legales necesarios- no estén capacitados para ejercer. Ante ello resulta innecesaria la intervención promiscua del Ministerio Pupilar en este proceso.

Jurisprudencialmente se ha dicho que: Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora General de Cámaras contra la sentencia que desestimó la nulidad de las actuaciones planteada con sustento en que se habían ignorado los intereses de los menores -al perderse su vivienda y menoscabarse sus derechos humanos constitucionalmente protegidos en la Convención de los Derechos del Niño- y que, si bien se había dado intervención formal al representante promiscuo, no se convalidó lo actuado. Ello por cuanto la compareciente perfila su queja planteando ".la arbitraria meritación de la intervención que la ley le acuerda al Ministerio Pupilar conforme el artículo 59 del Código Civil.", pero sin lograr acreditar que los juzgadores hubiesen incurrido, al decidir como lo hicieron, en los vicios endilgados, pues lo decidido por el a-quo viene referido a un desalojo de vivienda en el trámite de ejecución de sentencia y, en punto a ello, los sentenciantes entendieron que ".no se dan los recaudos contenidos en el artículo 59 del Cód. Civil que autoricen la intervención del Ministerio de Menores como parte legítima y esencial, desde que en estos autos los hijos menores del accionado no demandaron ni fueron demandados, no estando comprometidos bienes que les pertenezcan.". Reflexionando, además, que el remedio para la situación de pérdida del hogar alegado debió encausarse en su caso, en el ámbito de la asistencia del Estado, ".mas no en el marco de esta causa, orientada y limitada a la solución de un diferendo de naturaleza contractual.". (cfr. C.S.J. NRO.

360 AÑO 2005 01/06/06 Autos: QUAINO, RODOLFO C/ BRU, EDUARDO Mag. Vot.: Vigo - Gastaldi - Netri - Spuler).

En autos debe considerarse que en la resolución recurrida la jueza dispuso poner en conocimiento de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de lo actuado en las presentes, vista que fue cumplida, conforme surge de las constancias de fs. 141.

De ello no se advierte la existencia de vicio procesal alguno en el trámite del expediente que imponga declarar la nulidad de todo lo actuado como lo peticiona la apelante.

IV.- Por las razones expuestas propongo se confirme la resolución apelada, con costas a la demandada perdidosa.

Tal mi voto.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA I.

RESUELVE:

I.- Confirmar la resolución de fs. 137/138 en lo que fue materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de la presente instancia a la demandada perdidosa (art.69 CPCyC).

III.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Federico GIGENA BASOMBRIO - Dr. Patricia CLERICI Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 271 - Tº III - Fº 450/452 Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A I- Año 2011.