Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-03


Autos Nº142674 (C.C. Nº21941) caratulados: "BURGOS Silvina Beatriz C/ Dirección de Obra Social de la Provincia de San Juan y Otro - Satisfacción Inmediata de la Pretensión" PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2014- del Tº I -Fº174/180- En la Ciudad de San Juan a tres (03)días del mes de julio de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 67, contra la sentencia de fecha 28 de abril del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº142674 (C.C. Nº21941) caratulados: "BURGOS SILVINA BEATRIZ C/ DIRECCION DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y OTRO - SATISFACCION INMEDIATA DE LA PRETENSION", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. 56/62.- EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

En la resolución de fs. 56/62 a cuyas consideraciones me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió hacer lugar a la acción de satisfacción inmediata de la pretensión interpuesta por Silvina Beatriz Burgos y en consecuencia dispongo ordenar, a la Dirección de Obra Social de la Provincia de San Juan y a la Provincia de San Juan (a través de los organismos de aplicación de la Ley N° 7850 Ministerio de Desarrollo Humano y/o Ministerio de Salud), que en forma inmediata a partir de la notificación de la presente Sentencia, preste cobertura total en relación al "Acompañante Terapéutico" que requiere la menor Josefina Mariana Ferreyra Burgos D.N.I Nº 50.085.669, durante toda la jornada escolar en la Institución Educativa de Enseñanza a la que concurre; y en adelante para ciclos lectivos futuros, mientras la metodología terapéutica así lo indique, conforme a los fundamentos vertidos en considerandos respectivos y precedentes. Impone las costas a la demandada de la forma expuesta en los considerandos (art. 66 ley 8037). Regula los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente forma: a) al Dr. Carlos F. Baudonnet por su actuación en doble carácter representando a la actora, le reguló sus honorarios en los términos previstos por el art. 188 de la ley 2150 -sin contenido económico, mero corte procesal- en la suma de Pesos Tres Mil ($3.000), calculados a la fecha de la presente resolución. b) al Dr. Domingo José Gabri, por su actuación en doble carácter representando a la accionada, le reguló sus honorarios en los términos previstos por el art. 188 de la ley 2150 -sin contenido económico, mero corte procesal- en la suma de Pesos Mil Ochocientos ($1.800), calculados a la fecha de la presente resolución.- Contra el pronunciamiento se alzó la parte demandada mediante el recurso concedido sin efecto suspensivo.- Los agravios de la demandada apelante son los siguientes:

En primer lugar se queja porque la sentencia es imprecisa al no fijar qué porcentajes les corresponde cumplir a la Obra Social por un lado y qué porcentaje a la codemandada. Alega que no existe norma legal alguna que le imponga a la Obra Social el cumplimiento de la prestación asistencial ordenada por el sentenciante y que no determina qué Ministerio, Secretaría y/u Organismo del Poder Ejecutivo es responsable de lo resuelto en la sentencia. En el segundo agravio se queja porque considera elevados los honorarios regulados.

Los agravios fueron resistidos por la actora quien pide el rechazo del recurso con costas Tratamiento del recurso.

Primer Agravio:

El primer agravio resulta totalmente improcedente. Para su rechazo solo es necesario, según entiendo, repetir los argumentos brindados por esta Sala en un caso anterior expuesto en LS 2012- Tomo 2, Folios 65/73 en donde los integrantes de la Sala señalábamos que......." Los grupos especialmente vulnerables -como son las mujeres, los ancianos, los niños, los minusválidos, y los indigentes- demandan garantías especiales que relacionan su derecho a la vida y a la salud, pero al ser tan heterogéneo el sistema de seguridad social, hay segmentaciones que hacen, por ejemplo, que las obras sociales provinciales tengan distintos planes y coberturas. El marco normativo vigente hace que a las Obras Sociales Nacionales les sean aplicables las disposiciones de las leyes N° 23.660 y N° 23.661; a las empresas de medicina prepaga las leyes N° 24.240 (y su modificatoria N° 26.361 y N° 24.754; al Sistema Público las disposiciones de la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales; a las Obras Sociales Provinciales, Obra Social del Poder Judicial (Federal), Legislativo, Policía Federal, y FFAA lo establecido en sus leyes de creación; y a las Obras Sociales Universitarias lo dispuesto en la ley N°24.741.

Y esta diversidad de normas hace que se ocasionen problemas de inequidad en relación a la cobertura brindada, a lo que se agrega que la prestación de servicios es muy heterogénea en nuestro país, tanto por motivos regionales, como de mercado o de calidad ofertada, así como también de acceso.

En las características de la actividad de las obras sociales ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el art. 14 bis de la Constitución Nacional confiere carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios (conf. Corte Suprema de Justicia, doctr. Fallos: 306:178; 308:344 y 324:3988), y cuyo propósito es procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria, pero advertimos que con relación a las prestaciones que debieran ser dadas por las Obras Sociales Provinciales -en especial con relación a las prestaciones por discapacidad- existe una gran litigiosidad.

Ahora, debe considerarse que las Obras Sociales Provinciales revisten el carácter de organismo del estado destinado a brindar la cobertura integral de la salud de los agentes públicos de la Administración Provincial y por medio del cual el Estado Provincial procura cumplir el mandato constitucional de garantizar la salud de sus habitantes (Art. 61, Const. Prov.) y en especial de las personas con discapacidad (Art. 56, Const. Prov.), y tienen la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos de las personas discapacitadas, sin perjuicio de lo cual la podría luego solicitar una compensación -en su caso- a la Provincia (Ministerio de Desarrollo Humano y/o Ministerio de Salud) y/o Ministerio de Acción Social de la Nación por los gastos incurridos, o coordinar un mecanismo de cooperación, pues su eventual no adhesión al sistema de las leyes 23.660, 23.661 y 24.901 -si está en condiciones de hacerse cargo de la prestación reclamada, pues en caso contrario tendrá que justificarlo- no puede conducir a la frustración de derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en los casos urgentes.

Es que el "derecho a la salud" reconocido en el marco de la Constitución Nacional y Provincial debe ser interpretado de tal modo que comprenda al colectivo de ciudadanos de la Nación y la Provincia, por lo que bien se sostiene que las normas infraconstitucionales deben reflejar consensos sociales respecto de las prestaciones que deberán ser cubiertas y ser claras en cuanto a los servicios que deben ser brindados, propiciando así la sustentabilidad y previsibilidad del sistema de salud, y tendiendo a la "desjudicialización" progresiva de la materia.

Y si se tienen recursos limitados, como grandes necesidades en la población, sobre todo en los sectores más vulnerables como son los niños, los ancianos y las personas enfermas o con discapacidad, se debe brindar el mejor servicio de salud posible adoptando las medidas adecuadas para que los recursos con los que se cuenta sean destinados La Ley Nº 24.901 establece un sistema unificado de prestaciones básicas en habilitación, y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura integral de sus necesidades y requerimientos especiales a través de acciones de prevención, asistencia, promoción y protección.

La amplitud de las prestaciones previstas en dicho texto legal resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (arts. 11, 15, 23 y 33). Y por ley N° 7064, nuestra Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 24.901 y su Decreto Reglamentario Nº 1.193/98, como por ley N° 7850 se instruye un sistema provincial de protección integral de las personas con capacidades especiales, en conformidad con lo previsto en el Art. 27 de la Ley N° 22431, estableciendo normas y condiciones que permitan asegurar su plena integración en la sociedad y velar por el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen, que justifican la legitimación pasiva de la DOS y la Provincia. En tal sentido se prevé: "...el Estado Provincial tomará las medidas preventivas necesarias, para garantizar a la madre y el niño desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico, social, conforme lo estipula el Artículo 14 de la Ley N. 24901, Ley Provincial N. 7710 de Ácido Fólico, Ley Provincial N. 7793 Integral del recién nacido y Ley Provincial N. 7645. A tal efecto deberá implementar, coordinar políticas y programas pertinentes, con la finalidad de disminuir y en lo posible eliminar, aquellas circunstancias que pudieran ocasionar cualquier tipo de discapacidad limitante de las personas. Las medidas preventivas que se adopten, de ninguna manera afectarán el derecho a la vida, salud e integridad física del embrión humano, consagrado constitucionalmente".

Ahora bien, la falta de inclusión de la prestación requerida por la parte accionada en el Nomenclador de Discapacidad de la DOS no es, en principio, excusa suficiente para no brindar la cobertura. De lo contrario se podría llegar al absurdo de que quien padece de una discapacidad y no tiene ninguna obra social tendrá una cobertura como la requerida por parte del Estado Provincial y/o Nacional, y quienes sí la tiene -como en este caso en la D.O.S.- no puedan acceder a las mismas prestaciones.

Es que el principio interpretativo rector en esta materia es la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que la prestación debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acordes con las necesidades del discapacitado.

Siendo que el acompañante terapéutico es un dispositivo indicado para la atención de afiliados con patologías congénitas o adquiridas, que por las características de sus diagnósticos requieren asistencia permanente, y está concebido para desarrollar acciones que auxilien a los profesionales en la tarea de promoción, asistencia y rehabilitación, tanto individual como familiar, tendientes a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su inserción social y laboral ayudando a desarrollar en el mismo conductas participativas.

En conclusión, como consecuencia de los expuesto, y en razón de que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el recurrente considere equivocadas y la demostración de los motivos para considerar que el pronunciamiento es erróneo, injusto o contrario a derecho, para que la apelación sea procedente, resulta en este caso la apelación resulta improcedente Amén de lo expuesto estimo oportuno repetir las consideraciones que emití en un caso anterior (LS 2009- tomo 3- folios 114-116), similar al presente, respecto del carácter imprescindible de la docente mediante cuyo acompañamiento el menor la requiere para su propio progreso educativo integral y que hace que sus deficiencias propias de la enfermedad que padece, se vayan atenuando dentro del cuadro generalizado que presenta lo que permite además su inserción social. Cabe agregar que si a dicho menor se la traslada a instituciones especiales en donde si contaría con la asistencia que requiere en autos (provista por la demandada), podría verse agravada su situación sanitaria si se la integra a dicha instituciones en donde pueden existir chicos con capacidades especiales más graves o severas, lo que puede provocar que la enfermedad de la actora se acentúe o estanque, lo cual no ocurre si en cambio se logra una mayor sociabilización en colegios con chicos que no padecen algunas de estas dolencias.

Considero que el caso de autos constituye, además de darle solución (adecuada y ajustada a derecho) al problema traído a los estrados judiciales, una saludable oportunidad de sinceramiento de las instituciones involucrados porque si desde el propio Estado se está incentivando la protección de los ciudadanos más débiles, como son los menores de edad, los discapacitados, los desposeídos de algún bien, sea material o espiritual, dictándose leyes, incluso de rango constitucional en aras de la protección de dichas personas y sus derechos más esenciales, no se puede negar en el momento que se requiera, la solución concreta de casos que, como el presente, lo único que pretenden es "poner en acto" las normas vigentes dictadas por los Poderes Legislativos, tanto nacional como provincial.

Así, es necesario que la ley 24.091, a la que se ha adherido nuestra provincia a través de la ley 7064, que propende y promete una asistencia integral a los discapacitados, sea efectivamente una solución a los problemas concretos que se les presenta a quienes está dirigido. Resulta necesario que la loable iniciativa de los legisladores, plasmada en las leyes indicadas, no se vea frustrada por el insensible y falso argumento de que se trata de una "prestación no incluida expresamente en la ley" o que, "no hay presupuesto para ese gasto". Tales excusas suenan en nuestra conciencia como incoherentes y facilistas. Existen en nuestra Provincia, en leyes expresas dictadas a ese fin, la obligación y compromiso que asume el Estado en lo atinente a la protección especial a los niños y discapacitados, siguiendo así el temperamento que se adoptó en la reforma constitucional de 1994 cuando se les dio rango constitucional a los Tratados Internacionales entre los que se cuentan los convenios internacionales relativos a la protección de la niñez y de las personas con discapacidades.- Segundo Agravio Teniendo en cuenta la importancia de los valores, principios y derechos involucrados en el caso, las regulaciones aparecen justas y deben confirmarse. No encuentro argumentos o parámetros para admitir que los honorarios regulados sean altos. Voto por el rechazo del segundo agravio.- EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar con costas el recurso traído. Por lo actuado en la sustanciación del recurso de la demandada que se resuelve en esta oportunidad, regular el honorario de alzada del Dr. Carlos F. Baudonet en la suma de pesos mil doscientos ($1.200) y el honorario del Dr. Domingo José Gabri en la suma de pesos setecientos veinte ($720); sumas que se calculan a la fecha de la sentencia de primera instancia.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.