Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-31


--- En la ciudad de Trelew, a los 31 días de marzo del año dos mil cinco, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara e Hipólito Giménez, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "D., P. D. c/ A. S.A. y otra s/ cobro de pesos" (Expte. N° 18.384 - año 2004) venidos en apelación a esta Alzada. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 462.------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -------------------------------- --- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y codemandadas a fs. 425, 426, y 430, que fueran concedidos libremente a fs. 427 y 431, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 414/417 y vta. que hizo lugar en forma parcial a la demanda instaurada por P. D. D. y condenó a la C. DE V., C. Y S. A. O. M. DE P. M. L. y a A. S.A. al pago dentro del plazo de diez días de las sumas resultantes que surgen del considerando 3 del pronunciamiento, con imposición de costas a las vencidas.---- --- Los agravios vertidos por la codemandada A. S.A. lucen a fs. 442 y vta., por la actora a fs. 444/446 y vta., y por la codemandada C.V.M. Ltda. a fs. 455/457, y los traslados conferidos a fs. 443 y 458 fueron contestados por el actor a fs. 448/449 y 459/460.------------------------------------------------------------------------ - 1.1. Entiende la sociedad anónima codemandada que: a) le causa agravio el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en la existencia de depósito a su favor de cuotas societarias abonadas por el actor por calificarse ello como enriquecimiento sin causa; b) lo pactado era que se concluyera el pago completo del precio, y en caso de arrepentimiento del actor los montos quedaban a favor de la constructora como indemnización de los daños y perjuicios causados por la frustración de la operación, y dicha cláusula resulta vigente y no fue impugnada por esa parte; c) se fundamenta la responsabilidad en las disposiciones internas del Reglamento Interno de C. que regula solamente las relaciones entre la Cooperativa y sus asociados, no siendo parte en esa relación la empresa; d) no es cierto que el actor no incumpliera con ninguna de las condiciones que viabilizan la devolución del dinero, ya que a la luz de lo normado en el convenio de adhesión y reserva de unidad, en su cláusula cuarta el adherente se compromete a "cumplir con todos los requisitos que exija el organismo financiador del proyecto", en este caso, el Banco H. N.; e) al no resultar el adherente elegible para dicha selección crediticia la resolución del contrato se produce por causa imputable al actor y no a A., y por ello las sumas depositadas en el Banco del C. S.A. debe considerarse perdidas en reparación de los daños y perjuicios irrogados a la empresa por causa de la resolución culpable del contrato de adhesión; y f) solicita se revoque el fallo, con costas al actor.-------------------------------------------------------------------------- --- -------- 1.2. A su turno el actor señala que: a) la sentencia dispone que de las sumas a restituir se descuenten los conceptos a los que se refiere el art. 9 del Reglamento Interno, y ello no se corresponde con las condiciones de aplicación de dicha normativa en tanto la conclusión de la relación contractual entre actor y demandadas no se ha debido a la cesión de derechos o renuncia del primero al plan de viviendas, sino por el contrario, a causas solo imputables a las segundas; b) la obligación de restituir que pesa sobre las codemandadas respecto de las sumas de dinero abonadas por el actor debe abarcar todas las que éste desembolsara en tanto fueron satisfechas en virtud del contrato cuya resolución operó ante el incumplimiento de prestaciones a cargo de las primeras, por lo que la deducción que hace la "a quo" de los rubros consignados en el art. 9 RIPVS conspira contra el resarcimiento del menoscabo patrimonial que el actor no habría sufrido si la relación contractual no se hubiera llevado a cabo; c) al monto que deberán afrontar las demandadas se adicionó los intereses a partir de la intimación que se les dirigiera y no desde que cada suma fue abonada por el actor, y en tal sentido la resolución contractual habida extingue con efecto retroactivo las obligaciones recíprocas asumidas; y d) hace reserva del caso federal y peticiona se revoque la sentencia en crisis en lo que es motivo de agravio, con costas.---------------------------- 1.3. Por su lado, la cooperativa apelante sostiene que: a) le causa agravio el rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte ya que de la lectura del convenio de adhesión y reserva de unidad suscripto, al margen de que incorrectamente no se incluyó en el encabezamiento a la firma A., surge claramente que el obligado principal en el negocio jurídico con el señor D. era la empresa constructora, y el obligado principal no cumplió con la obligación asumida, cual fue la construcción y entrega -sin la participación de la Cooperativa- del inmueble pactado; b) se demostró, en especial de la pericia contable, que la Cooperativa cumplió con los compromisos asumidos, cual fue la conscripción de adherentes entre sus socios y/o terceros interesados, y se equivoca el juzgador al sostener que asumió una obligación de hacer ya que el único que asumió esa obligación fue la empresa constructora; c) tampoco es correcta la solución de la Juez al estimar que la excepción interpuesta quedó desvirtuada toda vez que C.V.M. reconoce haber percibido del demandante las sumas en concepto de aportes y gastos que reclama, pues dichas sumas fueron percibidas por las obligaciones asumidas por la Cooperativa en el negocio jurídico convenido, y al haber abandonado el plan habitacional al que se suscribiera, ello no lo habilita al accionante a reclamarlas en virtud del incumplimiento de las obligaciones del co-contratante; d) las sumas percibidas reconocen como causa jurídica la retribución por las obligaciones contraídas y por sobre todas las cosas, cumplidas por la Cooperativa, incluso está previsto en el Reglamento interno que dichas sumas quedan excluídas de devolución cuando se hace abandono del plan; e) en la especie se incumplió la ejecución final de la obra que estaba en cabeza de la empresa constructora, y por ello no puede enrostrarse a la Cooperativa el incumplimiento de una de las partes de la relación contractual, pues las codemandadas asumieron obligaciones distintas e independientes una de otras en dicho vínculo contractual, no asumiendo obligación de garantía alguna la Cooperativa respecto de A.; f) para asumir una obligación de garantía debe estar expresamente estipulada, por lo que no puede, por vía de interpretación la Juez sentenciante hacer cargar a una de las partes con dicha obligación, ante el incumplimiento de la otra; y g) concluye peticionando se revoque la sentencia de grado, rechazando la demanda instaurada en su contra, con costas.----------------------- 1.4. La parte actora considera a fs. 448/449 vta. que: a) la pieza de agravios de la sociedad codemandada no reúne los requisitos mínimos que debe contener para que cumpliendo con la manda del art. 265 del CPCC habilite la presente instancia, y tampoco el apelante puede introducir cuestiones que no fueron propuestas en la instancia anterior , y ello es aplicable al fundamento que ahora pretende darle a la excepción de falta de legitimación pasiva; b) sin perjuicio de ello el instrumento titulado Convenio celebrado entre la Cooperativa y A. S.A. era desconocido para el actor; c) al suscribir el actor el convenio de adhesión y reserva de unidad, también suscribió el plan de pago de las sumas que debía afrontar, coincidente con aquél que las demandadas pactaron en el Convenio, y el accionante cumplió regularmente con el mismo; d) la entrega de la unidad funcional no quedó supeditada al "pago completo del precio", nuevo argumento que ahora el apelante introduce, y a la fecha de remisión de la primera carta documento a las demandadas el plazo de entrega de la vivienda se encontraba suficientemente vencido; e) introduce un nuevo argumento referido a la financiación del precio de la vivienda, cual es que la actora no resultó elegible para la selección crediticia, cita la cláusula cuarta del Convenio formalizado entre las demandadas, y destaca que la prueba informativa dirigida al Banco H. N. no puede tomarse como aceptación de los dichos de la demandada A., ya que la entrega de la vivienda en la fecha convenida no quedó condicionada a la previa obtención de un crédito ante la misma, sino al pago de las cuotas comprometidas; y f) el actor abonó puntualmente todas y cada una de las cuotas convenidas, pero si así no hubiera ocurrido recién caería su derecho al acumular tres cuotas impagas.------------- Asimismo, en su contestación de fs. 459/460 expresa que: a) se postula una mera discrepancia, no obstante da respuesta a los argumentos traídos por la codemandada, y manifiesta que introduce la accionada el novedoso argumento que el convenio de adhesión y reserva de unidad con ella suscripto no incluyó a la parte demandada, a quien identifica como el "obligado principal"; b) la codemandada no es un simple espectador frente a la obligación incumplida por la demandada, surgiendo ello de las propias disposiciones del Reglamento interno de prestación de servicio de vivienda acompañado por la primera; c) la obligación de garantía resulta tácitamente del art. 1198 del Código Civil al receptar un standard de conducta que se extiende por todo el período de la vinculación contractual, y a mayor abundamiento se tiene lo dispuesto por el art. 19 de ese Reglamento al facultar a la codemandada a percibir un interés punitorio ante el atraso en el pago de cualquiera de las obligaciones asumidas en el convenio de adhesión y reserva de unidad; y d) mal puede afirmarse que la codemandada no responde por sus contratantes, cuando precisamente de ellos se sirve para el desarrollo de uno de sus objetos -planes de vivienda-, y debe valorarse la absolución de posiciones rendidas por el representante legal de la codemandada, y en definitiva debe responder en forma concurrente con la demandada.----------------------------------------- 2. De acuerdo a los términos que resultan de la prueba instrumental acompañada puede señalarse que la relación trilateral habida nos enfrenta a un negocio jurídico en el que la entidad cooperativa mantuvo un doble juego de relaciones, a saber: a) con los adherentes, asociados o no, mediante un contrato de adhesión y reserva de unidad, promoviendo un plan de construcción de viviendas con funciones de administración y gestión, y con las peculiaridades que a continuación se indican; y b) con la empresa constructora, a través del denominado "CONVENIO", una locación de obra.--------------------------------------------------------- Así, el negocio jurídico indicado en primer término presenta ciertas particularidades que para su análisis requiere tener en cuenta el elemental principio de buena fe (art. 1198, primer párrafo, del Código Civil) que impera en materia contractual y las reglas de interpretación contempladas en el art. 218 del Código de Comercio.----------------------------------------------------------------------- ------------------- La buena fe ilumina toda la vida del contrato, y es asimismo, un criterio o principio de indudable vigencia en orden a la interpretación del contrato, en cuanto: a) Ordena conductas probas, dignas, leales, y descarta todo proceder contrario a esas pautas -buena fe objetiva-. b) Manda ajustarse a la apariencia, a lo que el otro contratante pueda entender o creer, para no defraudar la confianza suscitada -buena fe subjetiva- (conf. Bueres-Highton, "Código Civil .", T. 3 C, págs. 45/46, Editorial Hammurabi S.R.L., 1999).-------------------------------- ------------ Y una vasta gama de circunstancias atinentes, inclusive, a los motivos e intenciones que llevaron a las partes a vincularse jurídicamente, entran así a jugar y a facilitar la comprensión de los aspectos dudosos y la explicación más adecuada del contenido del acto. Por encima del sentido literal, debe buscarse la intención común de las partes, y las diversas cláusulas de un contrato deben interpretarse de una manera coherente, las unas por medio de las otras, considerando el contrato como un solo todo integral, cuyo contenido, espíritu y sentido, es uno (art. 218, incisos 1° y 2°, Código de Comercio) (conf. Videla Escalada, "La interpretación de los contratos civiles", págs. 42, 64, y 78, respectivamente, Abeledo-Perrot, 1964).-------------------------------------------------------------------------- --------------------- Si el contrato consiste en un acuerdo sobre una declaración de voluntad común (art. 1137 del Código Civil) es claro que lo fundamental será investigar cuál es la intención común, antes que el sentido literal de las palabras empleadas. A los efectos de investigar esa llamada voluntad común, el contrato debe ser considerado como un todo coherente y orgánico (arts. 218, incisos 1° y 2° del Código de Comercio) (conf. Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino", T. 2, págs. 154/155, Zavalía Editor, 1997).----------------------------------------------------------------- Nótese en tal sentido, que uno de los codemandados reconoció que se trataba de un "documento confuso y un verdadero disparate jurídico" (acápite 3.9. e), fs. 78 vta. de su escrito de contestación).---------------------------------------------------------- Asimismo, cabe advertir que ese contrato de adhesión (copia de fs. 12/13, cuyo original obra reservado y en este acto se tiene a la vista) fue celebrado entre C.V.M. Ltda.. y el actor, sin intervención de la sociedad A. S.A.--------------- Ello surge con toda evidencia ya que: a) no figura en el encabezamiento del convenio la identificación de persona alguna en representación de la empresa; b) la entidad cooperativa admitió tal circunstancia al contestar demanda ("El convenio suscripto por la actora y mi mandante", punto V. A., fs. 71 vta.); y c) también la sociedad efectuó admisión de tal circunstancia ("En especial niego: a) Que en el convenio suscripto por la actora y la restante codemandada, mi parte hubiera tenido intervención alguna", acápite 3.A., fs. 75 vta.).-------------------------------------- Y pese a su falta de intervención, se fijan obligaciones para la empresa constructora, incluso se la denomina "en adelante "LA EMPRESA" (cláusula primera), y también las obligaciones del adherente hacia ella, con detalle de las cuotas a pagar a la constructora, cantidad de las mismas y modo de pago (cláusulas segunda y tercera).----------------------------------------------------------------------- --------- En ese marco, si bien la cláusula primera alude a que el adherente manifiesta "conocer y estar de acuerdo" con el convenio "bipartito" firmado por la constructora y la entidad cooperativa, lo cierto es que un convenio con las particularidades antes reseñadas permite señalar que si la codemandada C. de V., C. y S. A. O. M. de P. M. L. pretendió prevalerse de ese "convenio bipartito" para argumentar su calidad de simple intermediaria, por un elemental deber de precaución y diligencia debió hacerlo suscribir por los adherentes, entre ellos el actor, y extender tantos ejemplares como partes se presentaban con diferentes intereses, a la luz de lo normado por los arts. 1012 y 1021 del Código Civil.------------ Y es innegable que para la plena virtualidad de un documento que parece otorgado por una pluralidad de sujetos es necesaria la firma de todos ellos, debiendo asimismo redactarse los contratos bilaterales en tantos ejemplares originales como partes intervengan con un interés distinto (Bueres-Highton, ob. cit., T 2 C, págs. 153/154 y 169, respectivamente, Ed. 1999).----------------------------- En tales condiciones, es evidente la grave omisión incurrida, y es evidente la confusión que genera las cláusulas del convenio de adhesión en cuanto a la intervención que le cabe a la cooperativa, y ello no puede jugar en su favor toda vez que por contener cláusulas predispuestas las mismas deben interpretarse en su contra del estipulante que las redactó en caso de falta de claridad, ambigüedad o imprecisión.-------------------------------------------------------------------- -------------------- Como todo contrato, debe interpretarse conforme al principio de buena fe (art. 1198 del Código Civil), a fin de hacer servir el mismo para los fines previstos por las partes.------------------------------------------------------------------------- ------------------ Ello genera en el ámbito de la buena fe y justo equilibrio de las prestaciones, que se exija al estipulante una información exacta de los términos del contrato y claridad en la redacción de las cláusulas.------------------------------------------------------ Es que, por tratarse de un contrato con cláusulas predispuestas, desde que su contenido se encuentra previamente redactado, entre las reglas de interpretación objetivas se encuentran, la de compatibilizar la finalidad objetiva del contrato desde el punto de vista del interés socioeconómico general, y la de interpretarlo según la buena fe. Y precisamente una aplicación de esta última regla es la llamada interpretatio contra stipulatorem. Criterio que se remonta al derecho romano, en virtud del cual la interpretación se hace contra quien impone el texto que ha redactado y que por ello debió hablar claro (conf. Farina, "Contratos comerciales modernos", par. 37 y 103, págs. 86 y 161/162, respectivamente, Astrea, 1999).-------- Con ese alcance, el convenio de adhesión y reserva de unidad y los recibos de pago constituyen la documental que el actor formalizó, pues no suscribió el denominado "convenio bipartito".-------------------------------------------------------------- Y ya se señaló que el actor celebró contrato con la cooperativa, y ésta última asumió compromisos que le eran propios a la constructora actuando así a su nombre, actos convalidados por la empresa y que denotan un principio de ejecución con los pagos cumplidos a su favor conforme a los depósitos efectuados por el adherente en su cuenta N° 890/159/9, del Banco de la Provincia del C., Sucursal Puerto Madryn, sea que se considere reconocimiento tácito o ratificación expresa (arts. 721, 1161 y 1162 del Código Civil).------------------------------------------ Por otra parte, los hechos de las partes constituyen la mejor explicación de la intención común que tuvieron al realizar el contrato, recogido en el inciso 4° del art. 218 del Código de Comercio con el agregado de hechos subsiguientes (conf. Videla Escalada, ob. cit, pág. 95).-------------------------------------------------------------- Ello, sin perjuicio de hacer notar que la sociedad reconoció la firma previa del "convenio bipartito" y la coincidencia que resulta en cuanto a las obligaciones asumidas por la sociedad anónima en ambos convenios.------------------------------------ Asimismo, la relación trilateral habida y doble juego de relaciones que mantuvo la entidad cooperativa -contrato de adhesión y reserva de unidad y locación de obra- permite desde otra perspectiva considerar que ese abanico de relaciones tiene explicación por existir entre ambos convenios una relación de conexidad.--------------- Aparece así en la práctica negocial la existencia de dos o más negocios jurídicos que se encuentran, sin embargo, unidos por una cierta conexión o ligamen cuya intensidad y naturaleza varía según los casos (T. y D. L., "Complejo de negocios unidos por un nexo (El ligamen negocial)", La Ley 1996-D, 1387).-------------------------------------------------------------------------- ----------------- En la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son parte de distintos contratos situándose fuera del contrato, pero dentro del sistema o red contractual; es una causa sistémica. Ello significa que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma se desequilibra todo el sistema y no un solo contrato (conf. Lorenzetti, "Contratos modernos: ¿conceptos modernos?", La Ley 1996-E, 851).- --- O sea que el objeto del contrato se juridiza mediante un sistema de estructuras relacionadas, y detrás de la apariencia formal de independencia de los distintos acuerdos que se celebran, se oculta un único negocio puesto que todos responden al mismo propósito económico. La causa viene a ser lo que califica en definitiva de complejo al contrato y no como de integrado de varios contratos independientes, por cuanto la finalidad perseguida integra la causa como única y constituyendo un contrato complejo y atípico. Se ha de buscar por lo tanto, en cada caso, la causa determinante de la celebración del contrato. Este nexo económico funcional lleva a que los acuerdos no puedan ser considerados como absolutamente independientes, pues ello implicaría desvincularlos de la operación que quiere articularse, haciendo aparecer como formalmente separado lo que, desde el plano del contenido económico-jurídico, constituye una indisoluble unidad. Así, la conexidad actúa como vaso comunicante, ambas formulaciones contractuales poseen un canal de conexión que implica su suerte, desde la genética hasta sus consecuencias o efectos, pues sus funciones son indisolubles (conf. Weingarten y Ghersi, "Los contratos conexados", La Ley 1997-F,1348, y en especial notas n° 13 y 14).------------------------------------------------------------------- En conclusión, las defensas de falta de legitimación pasiva opuestas por las codemandadas fueron bien desestimadas desde que ambas fueron parte en calidad de titulares sustanciales de la relación jurídica que las ligaba al actor, lo que conlleva a la desestimación de los agravios vertidos en tal sentido.----------------------- 3.1. En cuanto al argumento de A. S.A. respecto a que lo pactado era que se concluyera el pago completo del precio como condición de entrega de la vivienda, lo cierto es que del convenio de adhesión no surge pacto alguno en tal sentido.------------------------------------------------------------------------ --------------------- Desde otra perspectiva, también debe señalarse que de la lectura del escrito de contestación de demanda (fs. 75/81) resulta que no se trató de cuestión propuesta al juez de primera instancia (arts. 271 y 277 del C.P.C.C.).-------------------------------- Y a ese modo en que se constituyó la relación procesal debe atenerse el juzgador en esta segunda instancia, ya que la primera limitación a que se encuentran sometidos los tribunales de Alzada viene dada por la relación procesal trabada en el grado inicial, cuyo respeto se ve impuesto por el principio de congruencia, que también rige en la instancia apelatoria (art. 34, inc. 4° del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -------------------- En ejercicio de la jurisdicción plena que tiene el tribunal de alzada, tiene dos limitaciones que expresamente señala el art. 271 del Cód. Procesal, por un lado se encuentra limitado, siguiendo la terminología del citado artículo, por las pretensiones y oposiciones y las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia; y por el otro, por lo que haya sido materia de agravio. Es decir, se trata de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes. Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", vol. 1, par. 29, pág. 76, Astrea, 1989).-------------------------------------------------------------- De tal modo, el principio de congruencia impone al poder jurisdiccional de este Tribunal la limitación en virtud de la cual está vedado alterar los datos fácticos constitutivos de la pretensión y en su caso, oposición a la misma.------------------------ Tal principio constituye una manifestación del principio dispositivo, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada (conf. Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 37, pág. 115).------------------------------------- Por ello, es inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites al objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes. Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancia, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis con menoscabo del derecho de defensa, y violación de una expresa prohibición legal. Como corolario de todo ello, la cuestión que no fue propuesta al juez de primera instancia, no puede ser materia de apelación, ya que ésta presupone el previo sometimiento al magistrado de los hechos objeto de decisión (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", T. III, págs. 413/414, y cita de fallos, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988).-------------------------------------------------------------------------- ------------ Quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).----------------------------------------------------------- Con relación a la invocada frustración del contrato por no resultar el actor elegible para la selección crediticia, argumento introducido oportunamente (contestación de demanda, punto 3.9., fs. 78), corresponde señalar que tal alegación no fue acreditada, carga que se encontraba en cabeza de la sociedad codemandada (art. 377 del C.P.C.C.) y que incumplió como consecuencia de la caducidad de la prueba informativa dispuesta según providencia de fs. 391.------------ En tales condiciones, y en atención a la estipulación contenida en la cláusula tercera del "CONVENIO" la sociedad asumió íntegramente ante la Cooperativa y los "adherentes al Plan Habitacional, la totalidad de las responsabilidades constructivas referidas al tiempo y modo de ejecución de las Obras", texto cuya precisión no deja margen de duda acerca del incumplimiento de la constructora y consecuente responsabilidad contractual ante la falta de entrega de la unidad habitacional dentro del plazo acordado, y que permite tener por resuelto el vínculo contractual en los términos previstos por el art. 1204 del Código Civil, de acuerdo a las comunicaciones cursadas por el actor a las codemandadas.-------------------------- Tales consideraciones llevan a la desestimación de los agravios vertidos por la sociedad respecto al fondo de la cuestión.----------------------------------------------------- 3.2. Respecto al agravio de la cooperativa en cuanto a no haber asumido en forma expresa una obligación de garantía, ya se señaló que al celebrar el contrato de adhesión contrató a su nombre y por la empresa constructora, asumiendo obligaciones de distinta naturaleza frente al actor adherente que exceden una simple gestión de administración (cláusulas primera y segunda), a lo que se agrega que la confusión introducida en lo que se refiere a las partes contratantes no puede jugar en su favor como para desobligarla por haber predispuesto las cláusulas contenidas en el citado convenio.--------------------------------------------------------------- A su vez, también se precisó al punto 2 que antecede que las relaciones jurídicas habidas se encuentran conexas entre si. Existe una causa sistémica ya que hay una finalidad económico-social que trasciende la individualidad de cada contrato y detrás de la apariencia formal de independencia de los distintos acuerdos que se celebran, se oculta un único negocio puesto que todos responden al mismo propósito económico, y ese canal de conexión lleva a considerar que sus funciones son indisolubles desde su génesis hasta sus consecuencias o efectos.-------- Asimismo, debe señalarse que la normativa prevista en el art. 19 del Reglamento Interno de Prestación de Servicios de Viviendas fija a su favor un interés punitorio frente a todo atraso en el pago de cualquiera de las obligaciones asumidas en el Convenio de Adhesión, Reserva, o Tenencia (el resaltado me pertenece), por lo que si la cooperativa se hallaba facultada expresamente para retener para sí el importe de la multa contractual pactada para el caso de retraso en el pago de cualquiera de las obligaciones asumidas en el mencionado convenio, sea respecto de la constructora o de la entidad cooperativa, ello impide considerar que C. V. M. Ltda. sólo revestía el carácter de simple intermediaria, ajeno a los compromisos asumidos y sin responsabilidad alguna respecto del plan de viviendas, tal como ya se precisara por esta sala "B", en causa 15.510, S.D.C. 35/99, lo que conduce a señalar que ambas codemandadas quedaron obligadas en forma concurrente ante el accionante.---------------------------------------------------------- Tales fundamentos llevan a la desestimación de esa porción de la queja de la entidad cooperativa.-------------------------------------------------------------------- ---------- 4.1. No es hecho controvertido que el actor es socio de la entidad cooperativa, pues así lo manifestó en su escrito inicial de demanda a fs. 42 vta./43 ("Debió por lo tanto hacerse socio . Inscripto como socio de la Cooperativa .").------------------ La cuestión radica en ponderar el alcance que debe otorgarse al art. 9 pues si bien alude al reintegro previsto en el artículo anterior también determina que "en ningún caso incluirá lo abonado en concepto de cuota de ingreso, cuota de gastos de administración ." (el resaltado me pertenece).------------------------------------------ Y de la lectura del citado reglamento puede observarse que en caso que la reserva de unidad fuera dejada sin efecto por aplicación del art. 20, dicho articulado comprende entre sus supuestos en el inciso b) la resolución de pleno derecho del convenio.----------------------------------------------------------------------- ----- Y a partir de una interpretación armónica de sus cláusulas, dicho reglamento debe ser considerado como un todo coherente y orgánico; por consiguiente sus cláusulas deben ser interpretadas unas en función de las otras (conf. Fontanarrosa, obra y tomo citado, pág. 155), ello permite considerar que la previsión del pacto comisorio expreso y sus efectos contemplada en el art. 20 no impide a su vez señalar que en definitiva se contempló la hipótesis de resolución como modo de extinción del contrato, por lo que en ese marco cobra plena virtualidad el alcance dado en su art. 9 respecto a que en ningún caso el reintegro incluye la devolución de los montos abonados por cuotas de ingreso y de gastos de administración.---------- En tales condiciones, no puede compartirse el argumento del actor apelante en cuanto considera que el art. 9 del Reglamento Interno sólo contempla la cesión de derechos o renuncia al plan con clara omisión de una interpretación armónica e integradora de la totalidad de sus cláusulas, lo que lleva a la desestimación del agravio en este aspecto referido a la pretensión de reintegro de las sumas abonadas en concepto de tales cuotas.-------------------------------------------------------------------- 4.2. La sentencia venida en recurso adiciona intereses y fija su cómputo a partir de la intimación a reintegrar los pagos realizados.------------------------------------------- Al respecto sostiene el apelante que ante la resolución contractual los pagos realizados quedan sin causa, la relación se extingue con efectos retroactivos, y el culpable de la resolución debe ser considerado como un poseedor de mala fe debiendo restituir los intereses o frutos desde el día que los recibió.---------------------- Y es indudable que la resolución por incumplimiento contractual tiene igual efecto que la nulidad de los actos jurídicos, o sea que es retroactiva, pues se ratifica el efecto ex tunc de la extinción, su alcance retroactivo (Bueres-Highton, ob. cit., T. 3 C, pág. 65).------------------------------------------------------------------------- También que la obligación de reintegro se subsume en el pago sin causa, pues la causa existente (adquisición de vivienda en el marco de un plan habitacional) quedó cesante como consecuencia de la resolución habida, conforme lo establecido en por el art. 793, parte final, del Código Civil.---------------------------------------------- En el momento de pagar existía la obligación, pero luego un hecho sobreviniente aniquila la obligación precedente, la que queda destruida retroactivamente: luego el pago resulta sin causa (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T. II, par. 1702. b), pág. 1019, Editorial Perrot, 1970). Se trata de una causa existente que dejó de existir (Condictio ob causa finita) (Bueres-Highton, ob. cit., T. 2 B, pág. 212, Ed. 1998).------------------------------------- Y verificada la ausencia de causa para el pago, o cualquiera de las otras situaciones que se asimilan a un pago sin causa, se impone la restitución al pagador. El "accipiens" resulta un simple poseedor de los bienes pagados (Llambías, obra y tomo citado, par. 1711, págs. 1027/1028).------------------------------ Y desde que la obligación a reintegrar queda a cargo de la parte incumplidora, ésta resulta asimilada al poseedor de mala fe, con los alcances del art. 788 del Código Civil, normativa que si bien alude al pago por error se aplica igualmente al pago sin causa.-------------------------------------------------------------------------- ------- El art. 788 asimila al accipiens precisado a restituir, en razón de un pago indebido, con el poseedor de mala fe (Belluscio, Director, "Código Civil .", T. III, par. 2, pág. 633, Astrea, 1981). Y si el accipiens es de mala fe tendrá que devolver la cantidad de dinero recibida, con más los intereses desde el momento del pago (Bueres-Highton, obra y tomo citado precedentemente, pág. 206).------------- Y en este último aspecto deben distinguirse los intereses compensatorios de los moratorios.--------------------------------------------------------------------- -------------------- Así, en base a tal distinción y teniendo en cuenta la petición en demanda respecto al rubro intereses, existe un fundamento que impide hacer lugar al agravio ya que la apertura de esta instancia por la apelación interpuesta permite ejercer la facultad de revisión con amplitud suficiente ante la plenitud de jurisdicción.----------- El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes. En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 420 y 421, y cita de fallos).------------------------------------------------------ Es que, debe repararse que la parte incumplidora se asimila a un poseedor de mala fe, y en tal caso la obligación de restituir comprende los frutos de la cosa por aplicación del art. 2438 del Código Civil.----------------------------------------------------- En ese mismo direccionamiento, el deudor que poseyó de mala fe está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos (art. 590 del citado ordenamiento), y el fundamento está dado por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 2438 sobre el poseedor de mala fe (conf. Bueres-Highton, ob. cit., T. 2A, pág. 367, Ed. 1998).-------------------------------------------------------------------------- --------------------- Con tal alcance debe señalarse que los intereses lucrativos, comúnmente denominados compensatorios, constituyen frutos civiles del capital (arts. 2424 y 2330) (conf. Belluscio, Director, ob. cit., T. 3, pág. 116, Ed. 1981). Los frutos civiles son las rentas que produce la cosa (art. 2424, 3ª. cláusula; v. gr. las de un capital) (conf. Bueres Highton, ob. cit., T. 5, pág. 190, Ed. 1997).------------------------ Así, no hay que olvidar que los intereses compensatorios son frutos civiles del capital, y este tipo de intereses constituye la renta o "ganancia del acreedor", y se los suele llamar también lucrativos (Crovi, "Clases de intereses. Sus razones jurídicas y económicas", en "Intereses", Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley, Director Julio César Rivera, Julio 2004).--------------------- Y en demanda no se reclamaron intereses compensatorios, pues el actor limitó la petición en ese rubro a los intereses moratorios. Así resulta del escrito inicial, acápites II y VI, fs. 42 y 48 vta., respectivamente ("con más su interés moratorio ."; "con más el interés moratorio solicitado al punto II .").----------------------------- Y esta Alzada encuentra su límite en función a las pretensiones y oposiciones de las partes, por lo que debe considerarse que no se peticionaron intereses compensatorios, esto es los frutos civiles del capital.---------------------------------------- En ese marco, aún cuando el crédito pudiere generar intereses conforme al derecho material, ellos deben ser pedidos por el acreedor para que incrementen la respectiva condena, no siéndole dado al juez concederlos de oficio, sin instancia de parte (esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.C. Nos. 73/94 y 12/95; S.I.C. 120/93).------------------------------------------------------------------------ ---- Y al respecto, debe tomarse en cuenta el criterio sostenido por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto a que la sentencia debe relacionarse con la demanda, bajo pena de nulidad, por lo que no puede concederse intereses no solicitados (D. 10/SCA/98).--------------------------------------------------------------------- De donde se sigue que el fallo de la Cámara de Apelaciones adolecerá del vicio descalificador de incongruencia cuando el pronunciamiento comporte un exceso respecto de la pretensión u oposición formulada oportunamente. Por ello, la conformidad entre la sentencia -aun la de segundo grado- y la demanda y contestación, en cuanto a las personas, objeto y causa, es ineludible exigencia en cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los poderes del juez. En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", págs. 163/164, y 176/177, respectivamente, Librería Editora Platense S.R.L., 1993).-------------------------------------------------------------------------- ------------ Efectuadas tales precisiones, corresponde precisar que la primera parte del art. 509 del Código Civil se refiere a las obligaciones con plazo expreso, y es sabido que el plazo expreso puede ser cierto o incierto (arts. 567 y 568, Cód. Civil). La disposición legal señala que la mora se produce por el solo acaecimiento del plazo. En las obligaciones con plazo tácito ese supuesto está regulado en la segunda parte del artículo anotado, que resuelve que es necesaria la interpelación para constituir en mora al deudor conf. (Belluscio Director, ob. cit., T. 2, págs. 597/598 y 599, respectivamente, Ed. 1979).-------------------------------------------------- Y en el caso de autos se trata de una obligación con plazo tácito pues está implícito en el acto y se infiere de su naturaleza, motivo por el cual el actor interpeló a las codemandadas mediante las cartas documentos que en copia lucen a fs. 21 y 23 y que fueron impuestas en la oficina de correo con fecha 30 de julio de 1996.--------------------------------------------------------------------------- ----------------- En este aspecto, dicha interpelación sirvió para intimar a cumplir a las deudoras y al mismo tiempo para constituirlas en mora, ya que el requerimiento del art. 1204, segundo párrafo, del Código Civil basta para colocar en mora al deudor. Se exige sí la constitución en mora -requerimiento que va acompañado de un plazo complementario (de gracia o equidad) para posibilitar el cumplimiento- cuando se trata del pacto comisorio legal, tácito o implícito (conf. Morello, "Ineficacia y frustración del contrato", Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 1975, pág. 149).--------------------------------------------------------------------------- --------------------- En tal sentido, cabe inclinarse por la posición que establece la unificación de la interpelación y puesta en mora, con la intimación para cumplir (conf. Fazio de Bello, "Pacto comisorio implícito", La Ley 1996-B, 185).--------------------------------- Con tales alcances, y desde que los intereses moratorios no pueden computarse con anterioridad a la interpelación antes individualizada que efectuará el hoy actor ya que ese requerimiento constituyó en mora a las deudoras, se desestima el agravio.------------------------------------------------------------------------ --------------------- 5. Por los fundamentos expuestos, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios.------------------------------- Asimismo, desestimados los agravios vertidos por las partes actora y codemandadas, las costas se imponen en el orden causado atendiendo a los recíprocos vencimientos habidos (art. 71 del C.P.C.C.).------------------------------------ En cuanto a los honorarios profesionales, atendiendo a la extensión, mérito y eficacia de los trabajos cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los emolumentos de los Dres. L. A. N., S. A. y K. G., en forma conjunta, y A. F. V. P., en su carácter de letrados apoderados de las partes actora y codemandadas, en las sumas respectivas equivalentes al 5,25%, 3,15%, y 3,5% ,del monto del proceso que arroje la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 14 y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.------------------------------------- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.----- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: ------------------------------------ Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada a propósito de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 425), y las co-demandadas (fs. 426 y 430), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 414/417 vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda incoada por el actor, Sr. P. D. D., condenando a las demandadas, "C. de V., C. y S. A. O. M. de P. M. (C.V.M.)" y "A. S.A.", a abonar al actor la suma que resulte de la liquidación a realizarse conforme lo indica en el considerando 3, imponiendo las costas a las mencionadas co-demandadas vencidas.----------------------------------------------------------------------- - A fs. 442/ y vta., luce agregado el escrito de expresión de agravios de la co-demandada "A. S.A.". A fs. 444/446 vta., el correspondiente a la parte actora, Sr. D.. Y finalmente, a fs. 455/457, el de la co-demandada C.V.M..-------------- Corrido traslado de las expresiones de agravios a fs. 443; 447 y 458; los mismos fueron evacuados solo por la actora (fs. 448/449 vta. y fs. 459/460).----------- I.- La pertinente reseña de agravios ha sido realizada suficientemente por el Sr. Magistrado de sala que me precediera en la votación por lo que a ella me atendré, pasando a ingresar directamente al análisis de los motivos de cuestionamiento del fallo en crisis, haciéndolo en conjunto cuando el tópico por su identidad, continencia o conexidad lo admita. En tal contexto, con el ánimo de facilitar el seguimiento del análisis de los temas centrales a discernir en mi voto, indicaré la titulación bajo la cual se emprenderá cada uno de ellos, los que individualizaré del siguiente modo: 1) Legitimación pasiva; 2) Inaplicabilidad del reglamento interno de la Cooperativa a "A. S.A."-incumplimiento del adherente; 3) Deducción de rubros por vía de la aplicación de la cláusula 9na. del Reglamento Interno; 4) Cómputo de los intereses.---------------------------------------------------------------------- -- 1) Legitimación pasiva: Ambas entidades co-demandadas a su turno opusieron al progreso de la acción deducida en su contra la defensa de falta de legitimación pasiva para obrar.-------------------------------------------------------------------------- ------- Estimo que resulta indispensable intentar clarificar el juego de relaciones que unieran a las partes del presente litigio para, de allí, proyectar los efectos derivados de ellas.-------------------------------------------------------------------------- ------------------- No soslayo contemplar que la misma situación litigiosa bajo análisis ha sido ya planteada en supuestos análogos al presente mereciendo resolución de esta Alzada en fallos emitidos por la Sala A (S.D.C. Nro. 02/03, c. 18.299; y 02/05, c. 18.381 CANE). Y traigo a colación tales fallos en tanto que los magistrados votantes evaluaron en ellos, en su consideración del tema, que los convenios celebrados entre los litigantes, configuraba una relación triangular que ameritaba la calificación jurídica de ese negocio jurídico como complejo señalando que se hallaban frente a un contrato atípico, para señalar que tal práctica negocial moderna admitía dos géneros de relaciones paralelas y conexas pero de distinta índole, una a través de un contrato de administración y gestión con sus adherentes; y la otra, con la empresa constructora, a través de una típica locación de obra (del voto del Dr. Ferrari). Este enfoque de la cuestión fue en lo principal seguido por el magistrado que me precediera en la votación, Dr. Vergara.-------------------------------- Ahora bien, compartiré con los distinguidos colegas la percepción de que nos encontramos en la especie con un género de relaciones donde la conexidad se manifiesta por intermedio de la convivencia de contratos distintos suscriptos por distintas partes, quienes a su vez, se hallan vinculadas mutuamente entre sí. Tal fenómeno que comprende a todas aquellas relaciones en las que los contratos son instrumentos para la realización de una operación económica a concitado el interés de los juristas quienes intentan explicarlo a través de teorías como los son la tesis de los contratos relacionales, o la del contrato marco de base asociativa basado en el interés común, o la que lo trata como un grupo de contratos unidos por una operación común, o bien la teoría sistémica de los contratos que atiende más acabadamente a tal fenómeno de la realidad negocial, la cual se escapa de los esquemas propios de la teoría clásica del contrato que los contempla como algo aislado y discontinuo, con un objeto definido que hace "presente" lo que las partes harán en el futuro. Nótese que en los contratos mutuos que vincularan a las partes de autos presentan un objeto vacuo o difuso excepto en la porción relacionada al objeto de la adjudicación que el actor pretende obtener, cual es la vivienda o unidad habitacional con las especificaciones técnicas precisadas en el anexo respectivo. Y digo así, porque en realidad en todos los demás aspectos de los convenios aludidos se pactan más bien procedimientos de actuación de cada una de ellas, reglas que las vinculan durante el proceso de cumplimiento de sus prestaciones para el desarrollo de lo que puede ser tipificado como una colaboración gestoria. En la colaboración gestoria una persona se vale de otra para realizar alguna tarea que no puede hacer por sí misma, produciéndose una descentralización de ejecuciones. Pues, ello es lo que se acordó en los contratos que se vinculan entre sí y que motivan el presente pleito.---------------------------------- Es que resulta evidente para mi que en el caso concurren contratos coligados en tanto se tratan de convenios coordinados entre sí de tal manera que resultan inescindibles, por cuanto cada uno de ellos responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tienden a la realización de una operación económica unitaria y compleja, cual es la construcción de un plan de viviendas para su posterior adjudicación a potenciales interesados, sean estos asociados a la Cooperativa o terceros potenciales interesados. Esta situación precisamente fue la que concurre en el meollo del conflicto de marras donde se reclama la resolución contractual, para lo cual ha de entenderse que refiere no al contrato de adhesión y reserva de unidad exclusivamente, sino básicamente al "sistema" que integraba dicho contrato a través de una red contractual en virtud de la cual las co-demandadas se habían comprometido a la adjudicación de una vivienda al actor gestionada por la Cooperativa y construida por "A. S.A.". Añádase, inclusive, para complejizar aún más la operatoria, la posible financiación de su adquisición con la participación del Banco H. S.A. (Vide: "Convenio de financiación con anotación hipotecaria-operatoria reactivación variante II-Resolución 127/92-C. de V. C. y C. C. L. al Banco H. N." ; convenio ampliatorio y demás documentación relacionada que en copia se halla glosados a fs. 222, en respuesta a la informativa producida por la referida entidad bancaria -fs. 241/242-).---------------------------------------------- Y en tal punto de análisis, tal interdependencia tiene como relevante consecuencia que los efectos de uno (invalidez o resolución) repercuten sobre el o los otros. En tal sentido se ha dicho:"...que de una manera general puede estimarse que siempre que el contrato entre A y B ha hecho necesaria la celebración de un contrato entre B y C, el perjuicio sufrido por C como consecuencia de un incumplimiento de la obligación contraída por A hacia B, deberá ser reparada. De este modo, C tiene acción contra B y contra A. La tesis más avanzada en este sentido sostiene que quien integra un grupo de contratos no es un tercero y por ello puede tener una acción contractual..."(Conf. Larroumet, Christian, "Teoría general del Contrato", Ed. Temis, Bogotá, año 1993, Vol. II, pág. 193 y ss., cit. por Lorenzetti, Ricardo en "Tratado de los Contratos", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, pág. 53, nota N° 17).-------------------------------------- Ya en las VI Jornadas Nacional de Derecho Civil, organizadas por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, año 1977, se recogió los lineamientos caracterizantes de los contratos conexos, conceptualizándolos del siguiente modo: "Habrá contratos conexos cuando para la realización de un negocio único se celebran, entre las mismas partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos, vinculados entre sí, a través de una finalidad económica supracontractual"(sic), (definición que fue reiterada en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, Comisión N° 3, 1.2.).--------------------------------------------------------- Esto es, tal realidad caracterizada jurídicamente como contratos conexos enuncia la existencia de un grupo de contratos individuales conectados por una operación económica diferente de cada uno de los vínculos individuales. Desde la teoría sistémica, además, puede distinguirse entre los contratos que se utilizan para llevar a cabo el negocio económico, que funciona en ellos como causa económica o base del negocio, y el sistema, como grupo de contractos individuales conectados por una operación económica diferente de cada uno de los contratos individuales.----- Pues, resulta evidente que en la operatoria que se comprometió a gestionar la Cooperativa "C.V.M." en el "Convenio de adhesión y reserva de unidad" (fs. 12/13), la obligación asumida por ella ante el adherente en su intermediación, consistía básicamente en acordar, a su vez, con la empresa "A. S.A." la ejecución de la obra denominada ".. v. c. c l." (ver anexo de especificaciones técnicas -fs. 14/17-) a través del convenio respectivo al que refiere expresamente en la cláusula primera. En consonancia con ello, por el convenio suscripto entre la Cooperativa y la mencionada empresa constructora, se pactó las obligaciones que estas asumían, las cuales se vinculan explícitamente "...a la construcción, administración y conscripción de adherentes para el plan de 50 viviendas unifamiliares que con ayuda del Banco H. N., construiría A. S.A., en la Ciudad de Puerto Madryn"(sic)(ver exordio del convenio referido -fs. 64-). Y en tal sentido las obligaciones nucleares asumidas fueron, por un lado, la Cooperativa la de captar entre sus asociados y/o entre terceros interesados, adherentes el plan de referencia; y la empresa constructora, por el otro, asume la obligación de ejecutar la construcción de las viviendas de dicho plan (vide: exordio y cláusula tercera del citado convenio -fs. 64/67-).----------- Se induce palmariamente de lo expuesto precedentemente que en las relaciones internas habidas, el nexo se traduce en la colaboración mutua para la consecución de una finalidad supracontractual a la que son tributarias las recíprocas obligaciones asumidas entre sí y que se proyectan indiscutiblemente respecto a terceros (en la especie los adherentes al sistema de adjudicación de las viviendas construidas) que se vinculen al sistema (recordando que como tal entendemos al grupo de contratos conectados por una operación económica común que en el supuesto es el plan de viviendas a ejecutar) (Conf. Mosset Iturraspe, Jorge en "Contratos conexos. Grupos y redes de contratos", Ed.

Rubinzal Culzoni, año 1999, págs. 200/204).----------------------------------------------------------------------- ------ Otra perspectiva que arroja el mismo resultado que, se perfila, será desestimatorio de la defensa de falta de legitimación opuesta, es el provisto por la interpretación filológica del contrato de adhesión suscripto entre el actor y la Cooperativa, en el cual ésta compromete el hacer de "A. S.A." tal como surge ineluctablemente de los términos contenidos en la cláusula primera. Es de rememorar en tal dirección que en el convenio concertado entre las co-demandadas una, "A. S.A." asumió como obligación principal a su cargo la de ejecutar la construcción de las viviendas, y la otra, la de captar entre sus asociados o terceros interesados, adherentes al plan. Esto es, se precisó aún más, asumió la Cooperativa la obligación "...de lograr la conscripción de adherentes..., siendo la expresa intención de las partes la actuación de la Cooperativa a la captación de interesados." (sic) (ver: exordio "in fine" -fs. 64-). Tal compromiso comportó en la practica asumir el cumplimiento de una encomienda que implicó la ejecución de un mandato generador de apariencia jurídica frente a terceros. Esto es, se trata de una conducta del comitente que ha permitido que se genere una expectativa al damnificado de buena fe, la que comporta a mi juicio, una fuente de imputación de consecuencias de doble vía. Es que como bien dice Diez-Picazo, la representación aparece como una respuesta del orden jurídico al problema social de la gestión y cuidado de los bienes e intereses ajenos (Conf. aut. Cit., en "La representación en el Derecho Privado", Ed. Civitas, ed. año 1979, pág. 24).------------ Ahora bien, ciertamente tal modo de actuar de la Cooperativa se subsume en el supuesto normado por los Arts. 1161, 1162 y 1163 del Código Civil. La ratificación del hacer la obra que fuera comprometido por "A. S.A." corresponde que se tenga por satisfecha en la especie a partir de los propios dichos vertidos por ella en la causa al responder la demanda, obrándose además de una manera que sin dudas importó un principio de ejecución del contrato (vide punto B de fs. 76/80 y pericia contable de fs. 348/350, en especial lo dictaminado en los puntos "d" y "f").--------------------------------------------------------------------------- ------ Desde este enfoque globalizador del negocio base que fungió como causa fuente de los contratos coligados involucrados, resulta ineluctable para mi, que ambas entidades ideales se encuentran plenamente legitimadas para ser demandadas en el presente pleito, por lo que propiciaré la desestimación de los agravios vertidos en tal sentido.----------------------------------------------------------------- 2) Inaplicabilidad del reglamento interno de la Cooperativa a "A. S.A."-incumplimiento del adherente: Impuesto me hallo a referirme breve pero puntualmente al agravio formulado por "A. S.A." en lo atinente a lo que supuestamente fuera pactado por el actor con la Cooperativa al tiempo de suscribir el convenio de adhesión y reserva de unidad.------------------------------------------------- En primer lugar no es cierto que en dicho convenio se hubiera condicionado la entrega de la vivienda al pago completo del precio. Basta con remitirse a la lectura de las cláusulas segunda y al anexo II adjunto al que, a su vez, remite. En este último claramente se explicita que se abonarían 24 cuotas hasta la entrega, a las cuales se le sumarían doce cuotas más posteriores a la entrega de la unidad habitacional, más cuatro cuotas aguinaldo (Conf. cláusula cit. -fs12- y anexo -fs. 18-).--------------------------------------------------------------------------- ---------------------- En segundo lugar, tampoco es cierto que no hubiera un plazo para la conclusión y entrega de las viviendas, aunque el mismo, puede adelantarse, era un plazo determinado tácitamente. Y digo que el plazo en la especie se hallaba tácitamente determinado por cuanto el mismo surge nítidamente y sin hesitación alguna, a mi juicio, de los términos en que se acordara el pago de las cuotas que como contraprestación asumiera a su cargo el pre-adjudicatario de la vivienda. Y en tal entendimiento, bastó con la interpelación del acreedor para constituirlos en mora a los codemandados incumplientes (Doct. Art. 509, 2do. párrafo del Código Civil)(Conf. Alterini-Ameal-Lopez Cabana, en Derecho de las obligaciones Civiles y Comerciales", Ed. Abeledo Perrot, ed. 1996, pág. 172, N° 406).-------------- No omito advertir el desconocimiento de la autenticidad que de la instrumental genéricamente efectuara "C.V.M." (punto V, 2do. párrafo del escrito de contestación de demanda -fs. 71 vta.-), empero lo cierto es que la co-demandada "A. S.A.", solo desconoció la remisión y recepción de las cartas documentos entre la actora y la Cooperativa, no así las enviados a su respecto. Ello, en mi opinión, basta para que, en el marco del negocio base o supracontractual antes aludido, se tenga por satisfecha la debida interpelación para constituir en mora a los deudores de la prestación incumplida.(Ver: Miquel, Juan Luis, "Resolución de los contratos por incumplimiento", Ed. Depalma, año 1979, págs. 135, letra "b" y 169 s.s.; id. Ramella, Anteo E., "La resolución por incumplimiento", Ed. Astrea, año 1975, & 28, págs. 97 y sgres.; y N° 53, letra "c", pág. 175; id. Bueres, Alberto, "El pacto comisorio tácito y la mora del deudor", L.L. 1980-A-849; id. aut. Cit. y Highton, en "Código civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, año 1999, T 3-C, págs. 66, & 2).---------------------- Por si alguna duda se abrigare en relación del plazo para la construcción y entrega de la vivienda, ello se corrobora además, con lo expresamente convenido entre la Cooperativa y el Banco H. N. cuya copia fuera agregada con la informativa de fs. 241/242, en el cual se fijara expresamente el plazo de ejecución de la obra ".. v."en 24 meses (ver cláusula cuarta -fs. 223-), lo cual es coincidente con lo indicado en el anexo II antes citado, en el cual se previó que al cabo de las 24 cuotas se entregaría la unidad habitacional a los adherentes al plan. Y por si ello no fuera suficiente para entenderlo de tal manera, corona la interpretación expuesta la circunstancia que el mismo plazo de 24 meses fue acordado entre la Cooperativa y "A. S.A." en el convenio que entre ellos suscribieran (vide cláusulas 2da. y 4ta. -fs 65-).--------------------------------------------- Efectuada tal disquisición, ya para concluir con el cuestionamiento planteado por "A. S.A.", en cuanto se queja que se invoque disposiciones del Reglamento Interno de C.V.M. para atribuirle responsabilidad, es válido remitirse a señalar que el mismo carece de relevancia para alterar el sentido del fallo atacado, por cuanto en el marco de la comprensión sistémica del negocio en el que participara la recurrente que de tal manera se agravia, resulta evidente que si recibió sumas de dinero con imputación al pago de las cuotas que se encontraban destinadas a cubrir el préstamo H. con el cual se financiara la obra cuya ejecución se encontraba a su cargo, la resolución contractual decidida por el actor sin dudas que se proyecta en sus efectos también a su respecto, encontrándose obligada a reintegrar los montos percibidos a través de los depósitos de los que dan cuenta los comprobantes obrantes a fs. 4/11, en consonancia con la informativa del Banco del C., sucursal Puerto Madryn (fs. 274/323).(Conf. Doct. Art. 1204 del Código Civil) (Ver: Lorenzetti, Ricardo L. "¿Cuál es el cemento que une las redes de consumidores, de distribuidores o de paquetes de negocios?, aproximación a la conexidad contractual como fundamento imputativo", en L.L. 1995-E-1013; id. mismo autor, "Contratos modernos ¿conceptos modernos?. Nuevos aspectos de la teoría del tipo contractual mínimo. Problemas contractuales típicos. Finalidad supra contractual y conexidad", en L.L. 1996-E-851).-------------------------------------------------------------------- ------------------- La doctrina se ha preguntado qué es lo que se resuelve, con base en el incumplimiento de una parte, sumado a la voluntad de extinguir de la contraria: ¿el contrato celebrado?; ¿las obligaciones emergentes del mismo?; ¿las relaciones jurídicas patrimoniales?. Pues, de lo expuesto precedentemente es evidente que participo de la posición que postula que lo que se resuelve es el negocio jurídico y, por tanto, por vía de una consecuencia, se extinguen las obligaciones y relaciones nacidas del mismo (Conf. Mosset Iturraspe-Piedecasas, en "Código Civil comentado", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2004, -Contratos. Parte General-, pág. 441 y sgtes.; id. Bueres, Alberto J. "El pacto comisorio tácito y la mora del deudor", L.L. 1980-A-841, nota n° 7).------------------------------------------------------ --- En lo demás, en cuanto asevera que el actor incumplió con la cláusula cuarta, no deja de ser una mera alegación que no encuentra respaldo ni en los hechos ni en la prueba obrante en autos, sobre todo en cuanto afirma que el mismo no resultaba elegible para la selección crediticia por parte del BHN, toda vez que ya se dijo, se probó suficientemente en autos que el actor depositó en la cuenta de titularidad de "A. S.A." los montos correspondientes a las cuotas acordadas a su cargo, no habiéndose acreditado, es cierto, que se halle registrado en el Banco H. N. como mutuario (ver punto 2 del informe de fs. 242). Ahora bien, ello no empece que la prestación a cargo del Sr. P. D. D. fue cumplida y habiéndose producido, por el incumplimiento de su prestación, la resolución por autoridad del citado acreedor, acarrea como efecto el deber de restituir -reitero- el monto total de lo percibido en tal concepto.-------------------------------------------------- Desde otra óptica, podría predicarse que de los términos en que fuera formulado la cláusula tercera del convenio existente entre la Cooperativa y "A. S.A.", se acordó asumir una obligación solidaria respecto "...a la totalidad de las responsabilidades constructivas referidas al tiempo y modo de ejecución de las obras..."(sic)(Conf. Art. 701 del Código Civil).------------------------- No huelga destacar respecto al punto objeto de agravio, lo incoherente que resulta que se alegue la inoponibilidad del convenio de adhesión suscripto entre el actor y la Cooperativa a su respecto y simultáneamente se lo invoque en una de sus cláusulas para pretender - fallidamente- eximirse de los efectos derivados de la resolución decidida por el acreedor "in bonis".----------------------------------------------- En cuanto, a la impugnación deducida por la Cooperativa recurrente, como ya he dicho, su obligación de responder por los montos a restituir tiene como sustento en la expectativa generada con la directa e individualizada participación de C.V.M., en la captación de los adherentes al Plan de viviendas ofertado por ella, lo que configuró una apariencia jurídica que apareja un factor de imputación de las consecuencias habidas del incumplimiento del plan prestacional comprometido en el desarrollo del negocio económico base que diera origen a los contratos coligados o conexos. Y es perfectamente compatible tal hermenéutica con la argumentación sentencial cuestionada, en cuanto sostiene, con apoyo en lo normado por el Art. 1ro. del reglamento interno de prestación de servicios de viviendas, que la Cooperativa asumió una obligación de garantía. Ello así, habida cuenta que el citado art. 1ro. del reglamento de mentas pone a cargo del Consejo de Administración de la entidad cooperativa, en lo que aquí interesa, la obligación de controlar "...el desarrollo de todos los aspectos atinentes a la marcha de los proyectos promovidos por la Cooperativa...", agregando inclusive que "...velará por el cumplimiento de los compromisos contraídos por la misma y por sus asociados..." (sic) (ver: convenio glosado a fs. 68/69 y vta.). No hallo cómo puede postularse válidamente que de tal artículo reglamentario se lea que no se asuma propiamente una obligación de garantía de naturaleza contractual.------------------------ Por lo expuesto entonces, concluyo en que los cuestionamiento vertidos en tal sentido deben ser desestimados. Así lo dejo propuesto al acuerdo.------------------ --- 3) Deducción de rubros por vía de aplicación del art. 9 del Reglamento Interno de C.V.M.: La parte actora se agravia de que el fallo apelado decidiera la deducción de las sumas abonadas por los conceptos indicados en el Art. 9no. del Reglamento interno de prestación de servicios de vivienda. Sostiene que solo ante el supuesto de renuncia al plan de vivienda tal artículo dispone que del reintegro se descuenten los conceptos a los que refiere (cuota de ingreso, de gastos de administración e intereses moratorios). De allí, induce, que la conclusión de la relación contractual con la demandada no se debió a tal circunstancia sino a causas imputables a la misma por lo que resolvió tal relación quedando por efecto de tal modo de extinción, todos los pagos hechos sin causa. Arguye también sobre que nunca tuvo la calidad de trabajador marítimo sino que solo se asoció como condición de acceso al plan de viviendas que C.V.M. promocionaba.--------------- Pues bien, la síntesis del agravio que se efectuara intentando individualizar, en concreto, el fundamento dirimente que sostiene al mismo, encuentra respuesta en mi opinión en el propio Reglamento interno de mentas el que en su artículo 8vo. dispone: "El asociado que renunciare al plan de viviendas, o aquel cuya reserva de unidad fuera dejada sin efecto por la Cooperativa por aplicación del Art. 20, podrá solicitar la devolución de los aportes efectuados en concepto de pago de terreno, gastos de proyectos y honorarios profesionales, como así también..." (sic), el Art. 9 bajo análisis dispone a continuación: "El reintegro aludido en el artículo anterior en ningún caso incluirá lo abonado en concepto de cuota de ingreso, cuota de gastos de administración, intereses moratorios" (sic). Y finalmente el art. 20 al que remite el primero, literalmente expresa: "La falta de pago de dos cuotas mensuales y consecutivas de cualquiera de las obligaciones pactadas o el incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente reglamento o de los convenios de Adhesión Reserva o Tenencia, dará derecho a la Cooperativa a su exclusiva elección a optar entre los siguientes caminos a) exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas... b) Declarar resuelto de pleno derecho el Convenio de Adhesión Reserva y/o Tenencia en su caso, en cuyo caso el lugar dejado vacante en el Plan de Vivienda será cubierto por los mecanismos..." (sic), para añadir complementariamente en el artículo siguiente "En el supuesto del inciso b) del artículo anterior, cuando el asociado ya hubiere recibido la Tenencia deberá reintegrar la unidad a la Cooperativa dentro de los quince días seguidos corridos siguientes a la notificación de la resolución,...Por cada día de demora en la entrega de la unidad devengará una multa equivalente a....Esta multa como así también el total de lo adeudado por cualquiera de los conceptos que halla dado lugar a la resolución, se debitarán del total a reintegrar al asociado conforme al art. 6° de este Reglamento..." (sic) (art. 21 del RISV)(todos los destacados en negrita me pertenece).-------------------------------------- De la interpretación armónica de los artículo del reglamento interno transcriptos en su parte pertinente surge indudablemente, para mi, un pacto comisorio expreso entre los asociados adherentes al plan de viviendas y la cooperativa, en los términos previstos por el Art. 1204, 3er. párrafo del Código Civil. Y si bien se ha dicho que el indicado tercer párrafo del artículo de cita regula la hipótesis en que las partes ponen énfasis o especial interés en el cumplimiento de modalidades convenidas con relación a alguna obligación específica, concertando por ello el pacto comisorio expreso, como modo de distinguirlo y justificarlo, si se quiere, respecto al pacto comisorio implícito; lo cierto es que torna importante en el sub-examen en cuanto regula el modo de compensar en su parte final lo debido al asociado respecto a lo que se le debe restituir por efecto de la resolución que se dispusiere. Esto es, resulta claro de tales normas internas que el modo extintivo del vinculo contractual -resolución- fue explícitamente comprendido en su articulado no asistiéndole razón en este punto, en cuanto es sostenido lo contrario en el argumento impugnaticio ensayado por la parte actora apelante (Art. 1198 del Código Civil y Arts. 217, 218 y conc. del Código de Comercio de aplic. al caso por vía del art. 16 del C.C.).--------------------------------------------------------------------- No sobreabunda advertir al respecto que la cláusula comisoria expresa individualizada precedentemente ha sido ideada desde la posición de la Cooperativa, y para puntuales incumplimientos que justificare su ejercicio, lo cual no es óbice para que se ejerza por la parte co-contratante, como se hizo en la especie, en tanto la facultad resolutoria que implícitamente se encuentra genéricamente prevista por el citado Art. 1204, en sus primeros dos párrafos, del Código Civil. Sin embargo, reitero, es en extremo útil traer a colación lo dicho respecto a la cláusula resolutoria expresa a fin de poner de resalto con toda claridad lo equívoco de la posición de la actora recurrente en cuanto postula que la resolución no daría lugar a la deducción de los reintegros que por el Art. 9 del Reglamento interno, el que -insisto- se previó para todos los supuestos de extinción, sin exclusión de la vicisitud extintiva resolución contractual, cualquiera fuera su origen, esto el ejercicio de la facultad resolutoria implícita legal o la expresamente convenida.---------------------------------------------------------------------- -- En resumen, pues, propicio al acuerdo la desestimación del presente agravio.------- 4) Computo de los intereses: El actor se agravia sobre la fecha a partir de la cual se fija el devengamiento de los intereses en la sentencia apelada, la que se fija a partir de la intimación que se le dirigiera a las co-demandadas y no desde que cada suma fue abonada tal como lo pidiera al demandar.----------------------------------- Ya he dicho "supra" que la obligación principal emanada del negocio jurídico económico supracontractual instrumentado por los contratos de adhesión y reserva de unidad firmado por el actor con la Cooperativa y el convenio suscripto entre ésta última y la empresa constructora "A. S.A.", estaba supeditada en su cumplimiento a un plazo determinado tácitamente según se interpretó del análisis de la operación al que remito. Esto es, se concluyó que la entrega de la vivienda debía entregarse en el plazo de 24 meses, lapso que constituía un plazo determinado tácitamente en cuanto se infería del plan de pagos de cuotas "hasta la entrega" y aquellos "post entrega".------------------------------------------------------------- Sabido es que la clasificación de los plazos en determinados e indeterminados torna de extrema importancia por cuanto aparece reflejada particularmente en el régimen jurídico de la mora previsto por el Art. 509 del Código Civil. Así, recuérdese que el plazo determinado es aquel que ha sido fijado, precisado, por las partes, por la ley o por el juez. A su vez, éste puede ser determinado de modo expreso o tácito. No huelga señalar además, que el plazo no afecta ni la existencia ni la eficacia de la obligación sino su exigibilidad actual o futura. Es decir, el cumplimiento del plazo produce sus efectos siempre para el futuro.---------------------- He dicho que el citado Art. 509 del Código Civil, distingue "ab initio" las obligaciones de plazo "determinado" de las de plazo "indeterminado". En las primeras, si el plazo es expreso (cierto o incierto) -párrafo 1ro.-, la mora es automática, sin perjuicio de que en los caso de plazo "incierto" se imponga la necesidad de enviar una comunicación al deudor, que no es interpelación cuando el hecho que marca el "término" es ignorado por el mismo" (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, en "Teoría general de la responsabilidad civil", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1997, pág. 132, n° 222). Cuando el plazo está "determinado" en forma "tácita", es menester interpelar al "solvens" para que cumpla. Esta interpelación fue satisfecha en la especie recién con los despachos cursados a las co-demandadas en fecha 30 de Julio de 1996.---------------------------------------------------------------- --- Respecto a este último tópico, es necesario a esta altura advertir que, desde mi óptica, el requerimiento que informa el Art. 1.204, párrafo 2do. del Código Civil, puede acumularse, o superponerse, a la interpelación constitutiva del estado de mora, formal y temporalmente, siempre y cuando ambos actos se basten a sí mismos para alcanzar sus respectivos fines. Y tal circunstancia se presenta en el caso bajo análisis, en el cual la obligación en cabeza de las co-demandadas en autos pendiente de cumplimiento no era susceptible de la mora automática ni se trataba tampoco de una obligación sujeta a un plazo indeterminado, habida cuenta de lo cual la determinación de la mora "solvendi" exigía el recaudo de la interpelación en los términos del citado 2do. párrafo del Art. 509 del Código de fondo (Conf. Bueres, Alberto J., "El pacto comisorio tácito y la mora del deudor", en L.L. 1980-A-841; id. Wayar, Ernesto C., "Situación de mora y resolución por incumplimiento contractual", en E.D. 96-823).----------------------------------------------- También es útil destacar que si bien la mora y la resolución son dos institutos distintos y excluyentes, existe entre ambas figuras una relación de antecedente a consecuente, presentándose la mora como un prius lógico necesario de la resolución. Esto es, sin mora no puede haber resolución (Conf. Wayar, op. Cit., pág. 823).--------------------------------------------------------------------------- ---------------- En tal contexto, necesario es precisar que el alcance de los efectos resolutorios es la extinción de las obligaciones, la que opera retroactivamente, debiendo el incumpliente restituir todo los que hubiere recibido o percibido con motivo del negocio resuelto. El fundamento de restituir, en general, se sostiene en la preceptiva del Art. 793 del Código Civil, que autoriza a repetir lo que se hubiere pagado sin causa por cuanto en esta hipótesis las prestaciones se habrían cumplido en consideración a una causa existente que ha dejado de existir (último de los supuestos contemplados en el citado art. 793 del C.C.).------------------------------------ Dicha obligación de restituir comprende los intereses compensatorios o frutos que hubiera producido o podido producir lo recibido desde el día en que lo recibió (Conf. arts. 788, 590, 2438 del Código Civil). Es que si de dos objetos que forman la materia del acto bilateral, uno solo de ellos consiste en una suma de dinero, o en un cosa productiva de frutos, la restitución de los intereses o de los frutos debe hacerse desde el día en que la suma de dinero fue pagada o fue entregada la cosa productora de frutos.------------------------------------------------------------------------- ----- No obstante, en el particular caso traído a resolución a esta Alzada, tengo para mi, que corresponde descartar cualquier análisis relativo a los intereses compensatorios que pudieran haberse producido a partir de la indisponibilidad de los montos de las cuotas a restituir -como fruto o renta del capital- por cuanto estos no fueron pedidos; o lo que es lo mismo, solo fue motivo de pretensión concreta y puntual de condena los intereses moratorios. Y entiendo como tales aquellos que se adeudan como contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno y que importan la indemnización del daño moratorio (Conf. Pizarro-Vallespinos, "Institutos de derecho privado. Obligaciones", Ed. Hammurabi, ed. 1999, T. 1, pág.403/404; id. Bueres-Highton, en "Código Civil Comentado", Ed. Hammurabi, año1998, T. 2ª, pág. 109, & 3, y pág. 484, & 7; Conf. C.S.J.N., L.L. 1995-A-447).-------------------------------------------------------------------- ------------------ Es que solo en la hipótesis que hubieran sido los intereses compensatorios objeto de la pretensión deducida en autos hubiera correspondido, eventualmente, el cómputo de los accesorios desde las respectivas fechas de los pagos realizados, como fruto o renta del capital cedido, pero ello no es compatible con la situación planteada en este proceso. Empero, reitero, a partir de que los mismos no fueron pedidos por el actor, es una materia extraña a la presente litis sobre la cual no corresponde expedirse "in abstracto" (vide escrito de demanda punto II "Objeto" -fs. 42-).--------------------------------------------------------------------------- ----------------- Esto es, el Sr. D., reclamó en su líbelo el pago de intereses moratorios, los cuales configuran el resarcimiento derivado de la mora en el cumplimiento de la obligación, como su nominación lo indica. Los deudores, con su incumplimiento, privaron ilegítimamente al actor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, deben reparar el daño causado desde que la obligación debida era exigible siendo incumplida, derivando de ello, que la obligación de restituir las sumas dinerarias recibidas, originada como efecto propio de la resolución dispuesta por el acreedor devengó sus accesorios desde la fecha en que fueran puestas en mora, lo que aconteció en la fecha en que fue recepcionada la interpelación antes aludida. De tal manera, los intereses moratorios constituyen, entonces, la indemnización de dicho perjuicio en los términos previstos por los Arts. 505, inc. 34º.; 508; 622 y 1.204, 2do. párrafo "in fine" del Código Civil.--------- Se indicó en tal sentido que esta función indemnizatoria de los intereses presenta diferencias con el régimen del resarcimiento que corresponde al incumplimiento de cualquier obligación aunque no sea de dar sumas de dinero, como así con el de las obligaciones emanadas de hecho ilícitos o de la ley. Lo cual es así atento a que en la deuda de intereses moratorios existe un doble presunción legal: del perjuicio y de la relación causal entre éste y el retraso imputable del obligado; vale decir que se debe el daño moratorio sin necesidad de acreditarlo, y se presume irrefragablemente que dicho daño fue consecuencia del incumplimiento (Conf. Trigo Represas-Campagnucci de Caso, en "Código Civil Comentado...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2005, -obligaciones- T. I, pág. 493).------------------- --- De lo expuesto pues, no encuentro razón al actor recurrente en el punto por lo que propiciaré al acuerdo la desestimación del presente agravio.-------------------------- III.- Conclusión: ---------------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- Por lo dicho precedentemente concluiré en que corresponde confirmar el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.-------------------------------------------- Atento a que los agravios vertidos por la actora, como así también los formulados por las co-demandadas, fueron desestimados, las costas devengadas en ésta Segunda Instancia, deberán ser impuesta por el orden causado por cuanto de tal circunstancia resultan vencimientos parciales y mutuos (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -------------------- Los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada, Dr. L. A. N., letrado apoderado del Sr. D.; Dr. S. A. y K. B. G., letrados apoderados de la co-demandada "A. S.A." y Dr. F. V. P., letrado apoderado de la co-demandada "C.V.M."; atendiendo a su extensión, mérito, eficacia y resultado obtenido por sus labores cumplidas en la Alzada, opino que deben fijarse en las sumas respectivas equivalentes al 5,25%, al 3,15%, en conjunto, y al 3,5%, respectivamente, del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 14, 47 y conc. de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).------------------------- Por todo lo expuesto me expido en esta cuestión por la AFIRMATIVA.---------- --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- Visto el acuerdo alcanzado con la anterior votación corresponde: a) confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia en el orden causado; c) regular los honorarios de los Dres. L. A. N., S. A. y K. G., en forma conjunta, y A. F. V. P., por sus tareas de Alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 5,25%, 3,15%, y 3,5%, del monto del proceso a liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia; y d) declarar que todos los honorarios regulados deberán ser incrementados con más el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ----- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: ------------------------------------ El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.---------------------------------------- ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- ----- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 261 del C.P.C.C., T. de la ley 4550), pasándose a dictar:

------------------------------------- S E N T E N C I A: ------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:

--- CONFIRMAR la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; -------------------------------------------------------------------------------- ----------- IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado; --------------------- REGULAR los honorarios de los Dres. L. A. N., S. A. y K. G., en forma conjunta, y A. F. V. P., por sus tareas de Alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 5,25%, 3,15%, y 3,5%, del monto del proceso a liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia; --------------- DECLARAR que todos los honorarios regulados deberán ser incrementados con más el I.V.A. correspondiente.----------------------------------------------------------<#LINE > --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- VERGARA LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 10 DE 2005 - SDC.- CONSTE.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA