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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, facultades disciplinarias del juez, Poder Judicial, jueces, suspensión del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURACION GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. BOF -PRESENTACION DIPUTADOS PROVINCIALES: BUYATTI, CECCHI, BULLRICH, BEARZOTTI, DEL BIANCO Y GASTALDI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 105 AÑO 2004) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el magistrado contra la sanción disciplinaria de siete días de suspensión (artículo 223, inciso 4, de la ley 10.160), sin perjuicio de la mayor gravedad que pudiere caberle luego de dictada la sentencia penal (artículo 241 in fine, ley 10.160) dispuesta por la Corte Suprema de Justicia desde que no obstante el peso de los diversos elementos de cargo resultantes de las constancias de la causa, el recurrente se limita en su impugnación a formular un planteo cuyo eje, si bien se mira, consiste en proponer la que a su juicio sería la correcta interpretación de la naturaleza y los principios que deben orientar el procedimiento disciplinario a la luz de las exigencias constitucionales, aunque sin demostrar que en el caso se haya configurado efectivamente algún menoscabo de las exigencias ius fundamentales que proclama, extremo que habilita a concluir en la insuficiencia de su discurso para conmover una decisión que -aunque sea vista como arbitraria por el compareciente- no puede ciertamente considerarse como el fruto de un ejercicio desproporcionado de las potestades disciplinarias derivadas de la función de gobierno que le incumbe a la Corte Suprema de Justicia provincial, o como el resultado de una aplicación de las reglas vigentes efectuada de manera mecánica y con desinterés por la concreta conducta asumida por la persona sancionada.
Facultades del gobierno provincial, establecimientos educacionales, adicional por zona
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Majoli, Silvia y otras c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda por cobro de Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-29

Corresponde al Poder Ejecutivo Provincial dictar el pertinente Reglamento de Ejecución, del art. 17 del Decreto 1237-83, clasificando las escuelas por su ubicación, y abonar la Bonificación por Ubicación conforme a derecho.
Deberes del juez, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional (Policía Federal) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exaustivamente todas las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones.
Consejo Federal de Educación, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-17

El art. 30 de la vigente Ley de Ministerios 6.738 determina la competencia del Ministerio de Educación, entre cuyas atribuciones no está prevista la resolución de recursos administrativos. Dicha potestad está expresamente reservada al Consejo General de Educación conforme surge de los arts. 30 y ccs., del Estatuto del Docente Ley 2.630. En efecto, por la citada norma se distinguen las autoridades administrativas que impondrán la sanción, en correspondencia con la gravedad de la misma, mientras que el art. 32 dispone que contra las decisiones del Tribunal de Disciplina podrá el afectado deducir recurso de apelación ante el Consejo General de Educación, quien resolverá definitivamente, ello atento a la calidad de ente descentralizado asignado por la Constitución Provincial y por la Ley 5.569.

Por su parte, la reglamentación del art. 32 pto. IV), refuerza la interpretación efectuada al expresar que en el caso de los incisos h) e i) (sanciones de cesantía y exoneración) del art. 28, dentro de los treinta días de notificada la resolución definitiva en lo administrativo, podrá tramitar por la vía contencioso administrativa o judicial, el derecho a la reposición y /o indemnización.
Absolución de posiciones, gerentes
Materia: PROCESAL
Carátula: KOMELFEL, CARLOS Y OTRO c/ LOPEZ CABRERA CONSTRUCCIONES SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-26

El mandato por el cual se otorgan las mas amplias facultades a quien pretende absolver posiciones por una persona de existencia ideal, no implica por si solo la acreditación del carácter de director o gerente del compareciente toda vez que el artículo 87 de la LO. Establece en su ultima parte dos exigencias independientes y distintas.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CASSANI, HECTOR EDGARDO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Cuando las cuestiones planteadas en el recurso se refieren a hechos y prueba, en principio las mismas son ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria.

La posible excepción a ella, derivaría de la arbitrariedad de la sentencia, que no se ve configurada, en el caso, a juicio del Tribunal.
Retención indebida, locación de inmuebles, reserva de locación
Materia: PENAL
Carátula: PARAVICINI DE FERREIRA, M. s/ DEFRAUDACION - RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-24

Configura el delito de retención indebida, la disposición de una "reserva" dada por el alquiler de un departamento, operación que no pudo concretarse, no pudiendo de ninguna manera la procesada disponer del dinero que como "reserva" le entregara el querellante.

La dación de un cheque librado cuando la acusada ya sabía que tenía la cuenta cerrada, lejos de importar una novación de deuda que la desincrimina, revela su propósito de no restituir la suma mencionada y a la vez el reconocimiento del derecho del querellante a recuperarla.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto irrazonable, reducción de la regulación, perito contador, facultades del juez, honorarios del contador, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: T., L. A. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

Cuando la solución del caso lleva a un resultado notoriamente injusto, el juez debe apartarse de la norma y fallar conforme con el principio de justicia y de la ética de la solidaridad (Preámbulo de la Const. Pcial.), ya que los profesionales no son ajenos a la sociedad y tienen el deber de trabajar y actuar solidariamente (art. 46, últ. apart. de la Const. Pcial.).

Por ello, cabe considerar que, en uso de las facultades que otorgan la ley nacional 24432 y el art. 4 de la ley provincial 3235, en supuestos como el de autos corresponde apartarse de las pautas arancelarias, en este caso del dec. 199/66, pues la suma que arroja la aplicación aun del mínimo de la escala resulta a todas luces desproporcionada.
Daño moral, simple damnificado
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CARRANZA ANIBAL s/ INDEMNIZACION - ACTUALIZACION MONETARIA - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-17

Por la naturaleza subjetiva del daño moral, su reparación está subordinada a que el afectado se encuentre en condiciones de experimentarlo, por lo que no le corresponde, por ejemplo, a un insano. Y en el caso de los menores de "escasa" edad, ella no debe ser apreciada in abstracto, sino en el caso concreto.-
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, revisión judicial de actos administrativos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas como uno de los elementos de la garantía del debido proceso legal en relación con el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 8° y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
Inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, establecimiento comercial, horario de atención al público, abastecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar -", expte. Nro.  1.757/05 STJ-SDO. y su acumulado "Supermercados Norte S.A. c/ Municipalidad de Río Grande - Concejo Deliberante s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar -", expte. Nro. 1.756/05 STJ-SDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-11-14

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que limitó el horario de atención comercial de un supermercado por razones ajenas de abastecimiento (art. 173 de la CPTDF) excediendo así las facultades de ese departamento legislativo y contradiciendo la legislación nacional vigente aplicables en la provincia (Ley Provincial 42 y Decreto Provincial 136/93 que adhiere al Decreto Nacional 2284/91 ratificado por Ley Nacional 24.307).
Beneficios previsionales, aportes de trabajadores autónomos
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, FRANCISCA c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-10

El capítulo I de la ley 24.476 regula la situación de los "afiliados autónomos" en relación con los montos no ingresados provenientes de obligaciones previsionales devengadas con anterioridad al 1º de septiembre de 1993, estableciéndose a su respecto, una suerte de condonación de deuda, por la que no podrían ser compelidos al pago ni judicial ni administrativamente, pero tampoco los lapsos allí podrían hacerse valer en el cómputo a efectos de obtener alguno de los beneficios previsionales.
Recurso contencioso administrativo, demanda, personería, poder
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PADUAN, ALBERTO ANGEL Y PADUAN, FERNANDO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 94-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-05

El artículo 41 del Procesal Civil y Comercial resulta de estricta aplicación al juicio contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de dicho cuerpo legal. Por lo tanto, no se puede admitir una demanda contencioso administrativa y solicitar la remisión de antecedentes a la administración si no se ha comprobado, previamente, que en esta instancia está acreditada la personería del compareciente.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, depósito previo, exención de depósito, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ MARIA L. Y ZABALIA EDUARDO A., SOCIEDAD DE HECHO c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

Resultan suficientes para demostrar la imposibilidad de efectuar el depósito previo los elementos contables acompañados que expresan de manera minuciosa y detallada la posición patrimonial y financiera de la empresa.
Interpretación de la ley, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

El Juez juzga según la ley.
Compraventa de automotores, buena fe
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES c/ SALATINO, ISIDORO s/ REINVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

Cuando se trata de la compra de un automotor que por su modelo tiene la inscripción registral no basta haberlo adquirido en una agencia del ramo para que se configure la buena fe prevista en el art. 2768 del Código Civil. Es necesario, además, haber tomado todas las precauciones que las circunstancias imponen (directiva de los arts. 512, 909 y concordantes del código citado) para caer en lo que la doctrina denomina "error invencible". El solo hecho de haber recibido el automotor con un formulario "08" no firmado o firmado en blanco, sin firma certificada, comporta una grave negligencia que haría ininvocable el error según principio fundante del art. 929 del Código Civil.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Salinas, Juan Carlos s/ Lesiones culposas Viera, Miguel Angel s/ Lesiones culposas Martíns, Fernando Daniel s/ Lesiones culposas Servin Noguera, Oscar Justo s/ Homicidio culposo Timossi, Héctor y otros s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10|1999-04-13|1999-04-13|2000-06-07|2001-10-03

La acción penal no tiene su punto de partida en el plenario, sino mucho antes; hay "acción" y "juicio" con anterioridad a la acusación fiscal, durante el trámite de la instrucción en el que se producen actos jurisdiccionales, en los que se pone en movimiento la acción penal, pese a que también hay actividad policial. (Minoría u opinión personal)
Intención de eludir la acción de la justicia, prisión preventiva, confirmación de sentencia, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: A., M. G. s/excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-30

Cicciaro explicó que, en el caso, la correcta identificación del imputado y la constatación de su domicilio eran insuficientes para neutralizar el riesgo de elusión. Destacó, por un lado, la condena que registraba que determinaba que, en caso de ser condenado, la pena a imponer no podía ser dejada en suspenso, al igual que en ese caso ambas condenas tenían que ser unificadas y, por el otro, las distintas causas en trámite, las particulares características violentas del suceso investigado más la circunstancia de que, a sólo tres días de recuperar su libertad en ésta causa, se vio involucrado en un nuevo suceso por el que fue procesado con prisión preventiva.
Empleados públicos, sanciones disciplinarias, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYALA, ELVIRA AMELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 179-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

Si bien el Estatuto del Personal Civil de la Administración no prevé expresamente que en caso de cesantía por faltas que excedan de diez días corresponda correr vista previamente al agente, la necesidad de tal recaudo surge no sólo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 tercer párrafo, sino también porque si la ley impone esa vista para sanciones menores, como son los apercibimientos y suspensiones, carecería de toda justificación, autorizar la cesantía por similar causa -salvo el mayor número de días-, sin dar la menor posibilidad de justificación al agente. Una interpretación de tal tipo resulta totalmente contraria al principio de defensa en juicio, que integra el de debido proceso, y que constituye una garantía constitucional del que la Administración no puede prescindir sin mengua del ordenamiento jurídico fundamental.
Denegatoria del recurso, acusación fiscal, estafa, delitos contra la Administración Pública, prisión, inhabilitación perpetua, bancos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MEREP, Pablo Augusto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular contra la sentencia que resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad de la acusación fiscal y declaró culpable al encausado como autor penalmente responsable del delito de estafa agravada por ser en de la administración pública, (art 172 en función del art. 174 Inc. 5 del CPP," condenándolo a la pena de tres (3) años de prisión en suspenso'"" (Art. 26 del C.P.) e inhabilitación especial perpetua conforme' lo prescripto por el art. 174 in fine, y costas (Art. 29 inc. 3 del C.P. y 530 y 531 del C.P.P.), toda vez que se ha demostrado que el imputado se valió de su rol como Responsable de Plataforma Operativa y Sub Jefe de Contaduría de la filial Recreo del Banco de la Nación Argentina, para obtener en su provecho una suma de dinero de un patrimonio administrativo ajeno, provocando de ese modo un perjuicio a la entidad bancaria ante la falta de esa suma de la respectiva cuenta judicial que se encontraba en dicha entidad y cuya incolumidad debía garantizar.
Contratos administrativos, equilibrio económico financiero, actualización monetaria, liquidación, leyes, aplicación de la ley, régimen de consolidación de deudas, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 401 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

No cabe hacer lugar al agravio de la contratista quien pretende el reajuste de sumas derivadas de la ejecución de una licitación privada respetándose la ecuación económico financiera del contrato y por ello se opone a la aplicación de la ley 24283 por entender que la deuda se encuentra consolidada. Ello por cuanto , hoy en día -es decir, ya superada alguna primera indefinición doctrinaria y jurisprudencial que suscitó la interpretación de la última frase del texto legal- ninguna duda cabe de que cuando la norma alude a "situaciones jurídicas no consolidadas" no está refiriendo a la consolidación dispuesta por la ley nacional 23928 o la ley provincial 10798, sino a "las relaciones crediticias no extinguidas, no agotadas, pendientes de cumplimiento" criterio que se extrae del fallo "Storace" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual "el ámbito material establecido por la ley 24.283 y el decreto 794/94, no excluye a las obligaciones dinerarias que pueden ser objeto de consolidación de acuerdo a las disposiciones de la ley 23.982".
Honorarios del abogado, honorarios del perito, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: Góngora, Gabriel Arnaldo c/  s/ causa n° 14.092
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Corresponde declarar admisible el recurso ordinario de apelación y confirmar la sentencia que reguló los honorarios de letrados y peritos si los cálculos realizados por la recurrente suponen que la pesificación implica que las deudas en dólares deben ser convertidas a la misma suma exacta en pesos, lo que contradice abiertamente la letra de las leyes 25.561, 25.820 y del decreto 214/02, que disponen que las deudas expresadas en dólares se convertirán a razón de un dólar un peso pero, a ello, se le adicionará el coeficiente de estabilidad de referencia (CER) y ese punto fue decidido en la sentencia que dispuso que lo adeudado por el Estado Nacional a IBM Argentina S.A. debía ser pesificado de conformidad con la ley 25.820 y la decisión quedó firme en este aspecto.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, gastos de traslado, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CARNOTA DE FIORETTI, Sara c/ I.E.C.S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-05

No es necesario agregar documentos que acrediten las erogaciones por gastos de traslado, ya que la costumbre determina que no se otorgue comprobante alguno. No requieren, entonces, una prueba fehaciente para ser admitidos, sino que ellos se deducen de las lesiones sufridas por la víctima y la atención médica que requieren.
Veto, régimen de consolidación de deudas, expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini,  Carlos  y  sus  herederos  o quien resulte propietario de Finca "Las Pavas" s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La consecuencia de haberse vetado una exclusión al régimen general de consolidación del pasivo público, es el mantenimiento de la regla incluso en los supuestos de obligación de pago de las indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública.
Caducidad de instancia, vencimiento del plazo, notificación, apertura de la instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA c/ FACHINETTI SANTIAGO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-22

Con arreglo a las notas tipificantes que ostenta nuestra caducidad de instancia, es claro que la notificación de la demanda verificada después de transcurrido el término de perención previsto por la ley pero antes de ser acusada por la parte contraria, representa un acto de impulso procesal apto para rehabilitar "per se" la instancia.

El solo cumplimiento del acto impulsor antes de denunciarse la caducidad, priva al demandado de la posibilidad de hacerla valer con posterioridad, con abstracción de la circunstancia de que no haya consentido la reanudación del procedimiento.

(VOTO DEL DR. DOMINGO JUAN SESIN, EN DISIDENCIA)
Liquidación de entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central, responsabilidad del banco, plazo, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camacho, Martín c/ B.C.R.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

La obligación del Banco Central de responder por los depósitos nace con la liquidación de la entidad financiera por él decretada, conf. lo establece el art. 56 de la ley 21.526, según ley 22.051. La norma dispone que la entidad estatal cuenta para ello con un plazo de 30 días computados a partir del vencimiento de aquellos. Este es con el que dispone para pagar en su condición de ejecutora del régimen de garantía de la ley, en el que se han valorado para calcularlo las necesidades de verificación de la legitimidad de las exigencias del acreedor y los trámites necesarios para la disposición de los fondos. A partir de ahí el Banco Central entra en mora en el cumplimiento de su obligación.
Recurso de casación, liquidación, diferencias salariales
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: AGUILA MARIO RODOLFO c/ FERNANDEZ EUSEBIO RAUL s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-02-07

El fundamento del fallo emanado de este Tribunal, compete al núcleo esencial del tema llevado a su estudio, esto es, las diferencias salariales, rubro que al ser definitivamente fijadas sus pautas determinativas, obviamente, impactará, en sus efectos a los distintos rubros que han quedado definitivamente firmes en la instancia ordinaria, debiéndose proceder en consecuencia a su reliquidación de conformidad a las pautas establecidas.
Empleados públicos, docentes, adicional por antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IBARZABAL GERALDO Y OTR. c/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-20

Esta Sala ha adherido al criterio según el cual el adicional por antiguedad tiene justificación razonable en aquellos cargos que suponen estabilidad,y, por lo tanto, quedan excluidos de su percepción aquellos que ejercen funciones periódicas.