Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16


Expte. nº 3193/04 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Beatriz, Cristian Alberto y otros s/ art. 189 bis C.P.´" Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La defensora oficial de Sergio Marcelo Cáceres Silva plantea recurso de queja (fs. 59/85) contra la resolución, de fecha 13 de julio de 2004 (fs. 52/54), por la que Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 2004 (fs. 22/28). Esta sentencia revocó la resolución de primera instancia que había declarado la nulidad de las detenciones de Sergio Marcelo Cáceres Silva y David Hernán Barroso, y de todos los actos vinculados a ellas (fs. 1/2).

2. En el recurso de queja la defensa reproduce los agravios en los que fundara el recurso de inconstitucionalidad, consistentes en: la afectación de las garantías del debido proceso, de defensa en juicio y de doble instancia; la inconstitucionalidad del recurso acusatorio en contra del imputado -derivada de la declaración de nulidad de la detención-; y la afectación de la libertad ambulatoria, por la detención que sufrieran Cáceres Silva y Barroso sin que se encontraran reunidos los recaudos legales que la autorizaran.

3. La Cámara no admitió el recurso de inconstitucionalidad porque entendió que la resolución impugnada no era sentencia definitiva ni equiparable a tal y porque la defensa no había formulado un verdadero planteo constitucional. 4. El Sr. Fiscal General Adjunto se pronunció por el rechazo de la queja articulada, por razones coincidentes con las que fundaran la inadmisibilidad decidida por la Cámara.

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. A pesar del empeño demostrado por la Defensora Oficial en su escrito de queja, la petición no puede ser acogida favorablemente por el Tribunal.

Esto es así, por un lado, porque como reiterados pronunciamientos del Tribunal lo establecen claramente, en principio, las decisiones referidas a actuaciones, medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402 (cf. "Santamaría Liste, Ángel c/ GCBA s/ recurso de queja", expte. n° 124/99, res. del 27/10/99 en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Buenos Aires, 2001, t. I, ps. 588 y s.; "Najmias Little, Luis c/ GCBA", expte. n° 941/01, res. del 11/6/01 en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 245 y ss.; "Giribaldi, Juan Eduardo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 942/01, res. del 21/06/01 en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 306 y ss; "Covimet SA c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad", expte. 2570/03 y "Covimet SA s/ queja por recurso de apelación ordinario denegado en `Covimet SA c/ GCBA s/ medida cautelar´", expte. n° 2461/03, res. del 17/12/03; y, más recientemente, "Unión de Trabajadores de la educación c/ GCBA s/ medida cautelar s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 2593/03, res. del 21/4/04).

El asunto traído en esta oportunidad a estudio del Tribunal no constituye excepción a este criterio. Tampoco la defensa ha desarrollado una línea argumental que permita considerar que el caso sub examine constituye un supuesto en el que el criterio del Tribunal en la materia deba modificarse. Por tal motivo, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ha sido correctamente rechazado por la Cámara.

2. Por otro lado, la resolución impugnada tampoco provoca al imputado agravio de alguna clase. La consecuencia directa de la sentencia de la Cámara cuya anulación se reclama es que el proceso continúe su trámite -incipiente, ya que ni siquiera el imputado ha sido formalmente "acusado" en estas actuaciones-. De modo que, no tratándose de sentencia definitiva que produzca un agravio de imposible reparación ulterior, existe un obstáculo directo al tratamiento del recurso y la queja interpuesta no puede prosperar.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Comparto la solución propuesta por la Sra. jueza de trámite. Sin perjuicio de ello, considero pertinente agregar que, tan sólo excepcionalmente, ciertas decisiones adoptadas durante la tramitación del proceso constituyen sentencia definitiva en el sentido exigido por el art. 27, de la ley n° 402. Tal como lo expresé al pronunciarme en la causa "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en ´Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura-apelación´" (expte n° 1215/01, resolución de 19/12/01 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] t. III, ps. 812 y ss., Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004): "el propio sentido textual de la garantía o del derecho fundamental presuntamente lesionado concede al recurso que denuncia su violación actual carácter anticipatorio a la sentencia definitiva". En este sentido, la prohibición de impulsar una persecución penal renovada contra una misma persona (ne bis in idem) constituye uno de los supuestos de excepción a la exigencia de contar con una sentencia de mérito final para proceder al análisis del recurso en cuestión. Este supuesto cobra relevancia en el caso puesto que funda el razonamiento de la Sra. defensora oficial (cf. fs. 62/69 vta.) en torno a la superación del escollo de procedencia bajo estudio. Ahora bien, la lectura del legajo permite concluir que aún no se ha configurado decisión material alguna sobre la imputación. En efecto, la decisión del juez que decreta la nulidad de las actuaciones iniciales de indagación no posee efecto conclusivo sobre la contravención imputada y, consecuentemente, no inhibe la continuación de la persecución ya iniciada, tal como parece admitirlo la recurrente (vid fs. 64 vuelta). En este orden de ideas, no corresponde atender a la propuesta, formulada por la defensora oficial, de equiparar los efectos de la resolución del juez de garantías a un pronunciamiento de clausura final de la persecución contravencional (fs. 74/74 vuelta). Antes bien, la única consecuencia que es posible otorgarle a la decisión de la Cámara (fs. 22/28 vta.) es la de ordenar la sustanciación del proceso iniciado. Desestimar esta equiparación me excusa de analizar todo planteo referente a la ensayada interpretación que cabría otorgar, desde una alegada perspectiva constitucional, al artículo 50, LPC (cf. fundamentos vertidos por la recurrente a fs. 69 vta./75).

Con el fin de agregar mayores consideraciones sobre el punto, sólo resaltaré que la legislación procesal en materia contravencional no prevé tamiz alguno a la voluntad del fiscal interviniente de elevar las actuaciones a juicio (cf. arts. 44 y ss. de la LPC). Lo antedicho confirma el carácter provisorio de toda decisión adoptada por el juez contravencional en detrimento de la eventual acusación. En este orden de ideas, es útil advertir que la legislación local, en esta etapa del proceso, ni siquiera concede efecto de ne bis in idem a la decisión del fiscal de archivar las actuaciones (cf. art. 39, LPC). En el caso, la interposición de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio por parte de la titular de la fiscalía actuante (fs. 3/4), ratifica, de manera irrefutable, la voluntad persecutoria del Ministerio Público.

2. No advirtiéndose, entonces, afectación irreparable a derecho o garantía constitucional alguna, sólo resta observar, tal como lo señala la Sra. jueza de trámite, que la recurrente no ha logrado demostrar la existencia de un agravio para su defendido que derive de la resolución de la Cámara que fuera tachada de inconstitucional. Este Tribunal opinó, en una causa similar (cf. "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación´", expte n° 3338/04, resolución del 1/12/04), que la prueba cuestionada por la defensa (fs. 75/81 vta.) será valorada una vez incorporada, eventualmente, al debate, es decir, en la sentencia. En consecuencia, la cuestión traída a estudio ante este Tribunal podrá ser válidamente introducida en las restantes instancias del proceso (cf. dictamen del Fiscal General Adjunto, fs. 91), en cuyo caso, podrá constatarse, de manera oportuna, la existencia de una posible afectación que autorice la interposición del recurso respectivo contra la eventual sentencia. 3. No obstante lo expresado, me interesaría conocer qué significa, en el caso, anular la detención (un hecho) y los hechos anteriores y posteriores (otros hechos) a esa detención.

Por los argumentos precedentes, voto por rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 59/85.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La queja interpuesta contiene una exposición ordenada de los antecedentes del caso así como de la pretensión, y realiza una crítica directa de la resolución por la que se rechazó el recurso.

Sin embargo, tal como lo sostuve en "Colombo, Gualter s/ art. 41 s/ recurso de queja" (expediente n° 111/99, res. del 21/10/99 en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], T. I ps. 547 y ss., Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2001) y en "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255- apelación'" (expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04), el recurso no cumple con el requisito de admisibilidad impuesto por el art. 53 de la Ley N° 12, esto es, que se dirija contra una "sentencia definitiva". En efecto, de la lectura de las actuaciones se advierte que ni siquiera se ha producido el requerimiento de juicio por parte del Fiscal. Es evidente entonces, tratándose de un procedimiento acusatorio como lo es el procedimiento contravencional, que la resolución cuestionada de ningún modo puede ser equiparada a una sentencia definitiva, toda vez que no pone fin al proceso -en el que, conviene insistir, aún formalmente no se ha producido acusación alguna- y por lo tanto no genera un agravio de imposible reparación ulterior.

Coincido con mis colegas preopinantes cuando afirman que el hecho de que la Cámara decidiera que el proceso continúe según su estado no genera agravio constitucional alguno. La alegada violación de la garantía de ne bis in idem (fs. 64 vuelta) no es tal dado que sólo se discutió la validez de determinados actos, no se produjo por lo tanto ninguna decisión jurisdiccional firme respecto de los hechos imputados.

Sobre la base de las cuestiones expuestas es posible sostener que el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente denegado por la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y que la queja debe ser desestimada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, Dra. Ana María Conde.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Comparto la solución propuesta por la Sra. jueza de trámite. No obstante, creo pertinente una consideración concreta en torno al agravio referido a la garantía de ne bis in idem (fs. 62/65 vta., y 74). Ello, toda vez que la afectación de dicha garantía constitucional constituye un supuesto de excepción al requisito de sentencia definitiva para habilitar la competencia de este Tribunal, tal como fuera resuelto en el precedente "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en ´Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura-apelación´", expte n° 1215/01, resolución de 19/12/01 en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ] t. III, ps. 812 y ss., Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2004.

2. Sobre el particular, considero que la recurrente no ha logrado mostrar un supuesto de afectación de la mencionada garantía, toda vez que, en tanto en autos no existe siquiera una acusación formal contra el Sr. Cáceres Silva (cf. art. 44 LPC), éste aún no ha corrido riesgo alguno de condena.

3. Por todo lo expuesto, en concordancia con la solución propuesta por la Sra. Jueza de trámite, considero que la queja interpuesta debe ser rechazada por improcedente.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 59/85.

2.	Mandar se registre, se notifique y oportunamente se devuelva junto con el expediente principal a la Sala I de la Cámara Contravencional.