marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Funcionarios judiciales, jueces, remoción de jueces, nulidad del acto administrativo, inconstitucionalidad, juicio político, Constitución Nacional, tribunal de enjuiciamiento, división de poderes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

El art. 60 de la C.N., luego de establecer que el fallo del Senado se limitará a destituir al acusado -y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación-, aclara que "la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios". Idéntica prescripción impone el art. 115 de la C.N. respecto de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, en cuanto éstos también "quedarán sujetos a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios" en el supuesto de ser removidos de su cargo por el Jury de Enjuiciamiento. Dichas disposiciones no hacen más que reafirmar el principio de la división de poderes, sobre el que se asienta la forma republicana de gobierno, que la propia Constitución adopta en su artículo primero. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Asistencia y salvamento, prescripción, plazo, prescripción bienal
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: R.U.A.  (REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS) c/ Y.P.F. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

La prescripción de las acciones derivadas de la Asistencia y Salvamento, de acuerdo a los términos del art. 385 L.N. tiene un término de dos años.
Mandato, representación procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SUTTER, JUAN ISIDORO Y SUTTER, MARIA H VDA DE s/ SUCESORIO      EXPTE NRO 161-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-09

Es inadmisible la ratificación de los actos realizados sin poder.

No rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales, puesto que éstas se aplican fuera de los supuestos de representación inexistente -que es el caso de autos- o con defecto sustancial, puesto que tales supuestos comprometen la capacidad para estar en juicio en representación de otro, lo que constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun de oficio, ya que su ausencia impide que el proceso nazca y esté revestido de validez formal, por lo que las normas procesales que regulan la materia atañen al orden público. Y por esa razón, las actuaciones efectuadas sin poder no resultan convalidables.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, relación de causalidad, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. O. c/ H., W. y/u otros s/ Daños y Perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-13

La teoría de la causa adecuada, recogida por el texto actual del art. 906, Cód. Civ., distingue entre "causa" que es el antecedente, que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para producir el resultado, y "condición", que son los demás antecedentes o factores de ese resultad.
Personal policial, obras sociales, aportes a obras sociales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "De  Carlo  Elba Rita y otros c/ EN -M° Interior- PFA Dtos 1866/83582/93 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25

El deber de aportación total del afiliado pasó a ser de modo regular y continuado desde 1993 del 7%, al 8% o 10,75% superando -cualquiera sea el momento- a la contribución de la Policía Federal (4,5%) en más del 100% y llegando a representar casi el 250% de ésta última, en su mayor expresión. Ello no solo contradice los derechos consagrados por los arts. 14 tercer párrafo, 17 y 31 CN, sino que también vulnera el de igualdad contemplado por su art. 16, por cuanto significa un trato discriminatorio para un grupo de trabajadores que deben afrontar una aportación muy superior a la exigida al resto de los beneficiarios de las obras sociales, que siempre han cotizado y continúan haciéndolo en menor medida que sus empleadores, sean éstos públicos o privados (leyes 18.610, 22.269 y 23.660) (Sala III de la Cám. de la Seguridad Social, "Maidana Ramón E.c/EN -Pol.Fed.Arg. s/Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.", 5/04/2008; Sala V "Cabo Alejandro G. c/EN Policía Federal Arg. s/Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.", 12/08/2009) (Del voto en disidencia parcial del juez Márquez, cons. III).
Prescripción, prueba, excepción de prescripción, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Sella, Patricia Graciana y otro c/ Dellepiane Angel Hernán s/ Daños y perjuicios Basabé, Luis Alberto c/ Márquez, José Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11|1995-02-28

Si el accionante afirma que la prescripción no se ha cumplido porque el conocimiento del vicio fue posterior (en autos la aparición de la enfermedad) y no llegó a completarse el plazo legal, la prueba de la fecha de conocimiento tendrá que ser aportada por quien ha opuesto la prescripción. Se trata de una negativa a la procedencia de la prescripción que él opuso y procesalmente carga con la prueba de su excepción.
Participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, LUIS HUMBERTO s/ HOMICIDIO-COMPLICE-AUTORIA-HOMICIDIO EN RIÑA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-11-02

La complicidad está supedita a la determinación del autor.

Cómplice es aquel que coopera con el autor en el delito sin integrar la acción del tipo. No hay complicidad cuando, como en autos, son dos los agresores y se ignora cual de ellos ha sido el autor, también surge la ignorancia para saber quien cooperó con quién.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, integración del tribunal
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Marcelo F. s/ Habeas corpus. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Cuando el art. 358 del Código de Procedimiento Penal admite la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley en caso de que el tribunal haya sido constituido con violación de la ley, se refiere al tribunal que dictó la sentencia que se intenta impugnar y no cuando -como en el caso- el agravio es dirigido a otros pronunciamientos habidos en la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rechazo de la demanda, honorarios del abogado, banco central, daño eventual
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ sumario - daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Corresponde rechazar la demanda deducida contra el Banco Central por una suma de dinero en concepto de saldo impago de honorarios regulados a favor del abogado del accionante, pues - teniendo en cuenta su estado de insolvencia- no existe una probabilidad objetiva de que el demandante pueda abonar a su letrado dicho saldo, de modo que el perjuicio alegado es incierto al no mediar seguridad objetiva de que acontecerá.
Leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ MORENO, ISIDRO c/ U.B.A. s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, es decir cuando los medios a los que arriban no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta inequidad ya que el control de constitucionalidad que incumbe a los tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado.
Acción, reclamo administrativo previo, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Eliseo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

No existe resolución definitiva susceptible de impugnación en sede contencioso administrativa, si la pretensión pertinente no fue planteada en vía de reclamo administrativo idóneo para provocar su desestimación expresa o tácita.
Marcas, cese de uso de marca, incidentes, caución real
Materia: CIVIL
Carátula: Cámara de la Industria Cervecera c/ Inzumos  S.A. s/ Cese de uso de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

Con relación a la promoción del incidente de explotación previsto por el artículo 35 de la Ley 22.362 resulta necesario que el peticionario de tal medida sea titular de la marca (registrada) en cuyo resguardo se solicita, circunstancia que la propia actora se ha encargado de precisar que no lo tiene. Ello es así puesto que atendiendo a los efectos y consecuencias jurídicas de tal instituto - adviértase que se intimó a la demandada para que manifieste si continuará en el uso del envase durante la tramitación del juicio y, en caso contrario, se le fijará una caución - corresponde ser estricto en el cumplimiento de tales recaudos.
Flagrancia, requisa personal, detención sin orden
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA interpuesto por el señor Agente Fiscal en autos RAMOS, Diego s/ ley 23.737 Causa nro. 14.341
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Es doctrina del Tribunal desde el punto de vista del lenguaje natural, flagrante es, efectivamente, aquello que se está ejecutando actualmente(Cf.. Segunda acepción en el Diccionario de la Real Academia Española, 21a. ed.), y en este sentido, podría decirse que los delitos de tenencia, en general, siempre se están ejecutando.

Sin embargo no es éste el concepto procesal de la flagrancia, el cual se vincula mas estrechamente a otra de las acepciones vulgares de tal evidencia que no necesita pruebas. Así la flagrancia que permite prescindir de orden judicial se da sólo, en tanto y en cuanto, la comisión del delito sea exteriormente reconocible. Es a todas luces incorrecto hablar de flagrancia cuando la comisión del hecho sólo pudo ser advertida como consecuencia de la requisa.
Excarcelación, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DR. SALDIVIA, LUCAS DANIEL P/ LEANDRO RUBÉN FERREIRA s/ RECURSO DE CASACIÓN EN "EXPTE. Nº 56/2010 - FERREIRA, LEANDRO RUBÉN S/ SOL. EXCARCELACIÓN - EXPTE. PPAL. Nº 164/10", . S/ ROBO CALIFICADO Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

En cuanto a la definitividad de la sentencia, en principio las resoluciones recaídas en materia de excarcelación no son susceptibles de ser revisadas en instancia extraordinaria, "salvo cuando se encuentre comprometida la libertad ambulatoria o se impugne como contraria a la Constitución de la Nación o Provincial, la ley aplicable para aplicar el beneficio.
Prisión preventiva, prisión domiciliaria, menores
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos BV sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización y su acumulado expte. n° 194616/2021-4 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

La petición de cumplimiento de la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria de una madre de hijas menores exige que los jueces expliquen por qué esa alternativa, en contraposición a la modalidad penitenciaria, no es la que contempla -en su máxima extensión- la situación real de las niñas. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Pago indebido, liberación putativa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: USANDIVARAS,MARCELO c/ COOPERATIVA SALTEÑA DE TAMBEROS LTDA. s/ ORDINARIO: COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-03

Así como el deudor puede reclamar la devolución de lo pagado, en el caso que el pago fuera indebido, el acreedor también puede ampararse en los artículos 797 y 798 del Código Civil referidos a la liberacion putativa si hubiere liberado al deudor por error. Cuando un acreedor efectivo exonera a su deudor, por creer erroneamente que ha recibido el pago debe establecerse la verdadera situación entre las partes y por ello es que el artículo 797 del Código Civil lo dispone, encarando el problema desde el punto de vista del deudor liberado. El artículo 798 del Código Civil sobreabundantemente reitera la solución desde el punto de vista del acreedor. También en este caso basta que exista error por parte del acreedor que libera a su deudor o que incluso acepta por error un pago sin reservas.
Servicios eléctricos, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: MAGI, FRANCISCO JOSE. c/ EDET S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-29

"Ante el reclamo del usuario del servicio de energía eléctrica de una indemnización por daños y perjuicios atribuidos al accionar supuestamente lesivo de la empresa concesionaria, no resulta de aplicación la norma del artículo 49 de la ley 6608".

DRES.: ESTOFAN (EN DISIDENCIA PARCIAL) - POSSE (EN DISIDENCIA PARCIAL) - SBDAR - MOLINA - IBAÑEZ.
Competencia, cuestiones de competencia, aplicación de la ley, competencia por conexidad, quebrantamiento de clausura
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, B.B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 47 Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

En el caso no son aplicables las normas del Código Procesal Penal, por cuanto la determinación del Juez competente está especificada claramente por el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Contravencional y ello excluye la aplicación de toda otra norma que se oponga a la propia de aplicación en el Fuero (art. 6 LPC).

Dicho artículo 2, fija la competencia del Juez teniendo en cuenta aquél que se encuentra en turno en el momento de cometerse la contravención, por lo que ese momento, en el asunto que aquí se trata -violación de clausura- no puede ser otro que el del hecho denunciado.

Ese hecho es el único que debe tenerse en cuenta, en razón que el cometido después -otra presunta violación de clausura- tiene carácter conexo para la Fiscal y se acumula al primero, siendo aquella la única que puede brindar estas pautas en la etapa instructoria.

Además, las reglas de competencia por conexidad (arts. 41 y sig. Código Procesal Penal), única cuestión asimilable al caso, ya que no se encuentra controvertida la materia ni la territorialidad, están previstas para un juicio de otras características, con jueces de instrucción, que no existen en nuestro procedimiento, donde la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal.
Quiebra, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUGUSTE HECTOR LUIS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-17

No cabe exigir la misma certeza a la petición de deudor de su propia quiebra de la que se requiere por parte del acreedor, pues debe presumirse que nadie se presenta pidiendo su propia quiebra si no se dan los motivos y recaudos que la tornan procedente.
Plazo, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: STIVALA, JOSÉ ANTONIO c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

En materia previsional, para que el plazo de prescripción liberatoria comience a correr es necesario que se trate del ejercicio de derechos que se encuentren expeditos, lo que no sucede cuando su ejecución está sometida a un plazo u otras contingencias (ver doctrina de Fallos 311:2242, entre otros). Y si bien en el caso mediaba una sentencia judicial firme, lo cierto es que ella -en cuanto aquí es de interés- se refiere a prestaciones periódicas futuras cuya observancia sólo pudo determinar el beneficiario en ocasión del pago mensual de su beneficio devengado con posterioridad a la sentencia que ejecuta (cfr. Dictamen de la Sra. Procuradora General al que remite la C.S.J.N. en autos "Duant, Cristóbal Sebastián", sent. del 16.03.10).
Juicio de apremio, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires c/ Mouriño, José Adolfo s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

De la armonización de los arts. 3 del dec. ley 9122/78 y 5° inc. 7° del Código Procesal, que resultan de aplicación en la especie en virtud de la remisión que contiene el art. 42 de la ley 10.746, cabe entender por lugar de cumplimiento de la obligación el que coincide con el correspondiente al sitio donde se pagaban los aportes debidos a la Caja de Previsión Social para Veterinarios. Debe repararse en este aspecto que no ha sido negado por la actora que los mismos se efectivizaban en la ciudad de Balcarce. Lugar de cumplimiento de la obligación, en consecuencia, significa tanto como lugar en que la prestación debe hacerse efectiva, o sea, pagarse. Son expresiones coincidentes que, en el caso, sirven para elucidar la cuestión a la luz de los principios que sientan los arts. 3 del dec. ley 9122/78 y 5° inc. 7° del ordenamiento procesal. Y, desde luego, mientras no exista una disposición legal o una cláusula contractual en contrario, no puede sostenerse validamente que el domicilio del acreedor determine el lugar de pago. Por el contrario, a falta de determinación especial, el lugar del pago será el del domicilio del deudor al tiempo de la obligación (arts. 618 y 747 in fine Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, Estado Provincial, daño, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Frente a lo señalado por la Cámara en relación a las tachas de inadecuada ponderación del porcentaje de incidencia del territorio provincial en la cuenca hidrográfica La Picasa así como de los alegados obstáculos materiales y jurídicos para la realización de obras tendentes a reducir la cota de la laguna -que entendió que era deber constitucional del estado provincial velar por el bienestar de sus habitantes, como asimismo controlar que no se hicieran canales clandestinos y cuidar que las acciones de estados vecinos no ocasionaran perjuicios económicos a los santafecinos, o en su defecto mantener indemnes sus patrimonios; destacó que la cuestión territorial, tal como había sido introducida por la demandada, resultaba más bien una descripción del fenómeno pero no implicaba desconocer el carácter causal tanto de la construcción de los canales oficiales como de la falta de control sobre los clandestinos; y que la postulada concatenación causal por la intervención de estados vecinos podría eventualmente dar lugar a una acción de regreso contra los mismos-, en esta instancia no aparecen como decisivas las insistentes alusiones de la recurrente en cuanto a que el territorio de la Provincia de Santa Fe solo abarcaría un 38% de la extensión de la cuenca -de carácter interprovincial- y que existían obstáculos de índole jurídico-política para construir u operar una estación de bombeo y/o un canal que, pasando por la Provincia de Buenos Aires, trasvasaran las aguas de la laguna La Picasa hacia el mar en orden a disminuir su nivel; de modo que aquellos fundamentos del fallo permanecen incólumes y no llegan a exhibirse como absurdos, ilógicos o desentendidos de la realidad del caso y del derecho aplicable, ni incapaces de sustentar autónomamente lo decidido. (De la disidencia del Dr. Netri)
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., M. S. c/ M., J. y otros s/ Reconocimiento de estado y petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Si bien algunas Cámaras de Apelación provinciales notifican de oficio el auto que designa Sala y ordena expresar agravios ello no conforma un criterio uniforme en todos los tribunales de alzada, por lo que ni siquiera la costumbre -como fuente de hermenéutica jurídica (art. 17, Código Civil)- permite relevar a las partes del deber de activar la causa.
Ciudadanía por naturalización, prueba, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ASTICA CAPRA, JUAN BAUTISTA s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El art. 5° del decreto 3213/84 citado subordina al examen de conveniencia que efectúen los jueces que reciban el pedido de naturalización, el requerimiento de informes o certificados que enumera dicha norma. En tales condiciones, es indelegable facultad del señor juez la evaluación de la idoneidad de los medios probatorios empleados para la acreditación de los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia. No empece a lo expuesto la invocación de las resoluciones 38/92 y 16/95 y la instrucción del 10 de mayo de 1995, emanadas de la Procuración General de la Nación, puesto que ellas solo comportan instrucciones para los fiscales y, obviamente, no son vinculantes para los jueces, máxime si se considera que los fiscales actuantes no han denunciado el acaecimiento -o su mera sospecha -de algún tipo de irregularidad o incumplimiento de las formalidades requeridas en el proceso para la concesión de la ciudadanía argentina.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diez, Alfredo c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Los alcances del art. 80 de la ley 18037 deben interpretarse bajo el marco normativo del art. 2 de la ley 5157, destacando la expresa voluntad del legislador local de asistir bajo ese régimen al personal de las Municipalidades, al declarar que son computables los servicios prestados con aportes en su órbita en períodos anteriores a la vigencia (o creación) del Instituto de Previsión Social, a los efectos de posibilitar el ejercicio de la opción del organismo que asumirá el rol jubilatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: L. , S. c/Provincia del Chubut s/Demanda Contencioso Administrativa s/ Beneficio de Litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-28

"...el Beneficio de Litigar sin Gastos constituye un "incidente autónomo o nominado", categoría que tiene una regulación específica sin perjuicio de lo cual el codificador ha previsto que le sean aplicadas, con carácter supletorio, las normas establecidas para los incidentes genéricos o innominados, lo que lleva a determinar que el plazo a considerar como idóneo para tener por operada la caducidad de la instancia en el trámite de un proceso de la naturaleza del presente, es el de tres meses, contemplado por el art. 310°, inc. 2) del ritual."