Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-02


Reg.: A y S t 285 p 461/465. Santa Fe, 2 de octubre del año de 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el actor contra la resolución N° 123 de fecha 5 de abril de 2018, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario en autos "GEC S.A. contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 150/2017 - CUIJ 21-17455354-5)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00511900-3); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante resolución número 822 del 7.12.2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de Rosario rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el actor contra el auto dictado por el Presidente del Cuerpo (nro. 706 del 20.10.2017) y, en consecuencia, confirmó la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo planteado, con fundamento en la extemporaneidad del mismo. Para así decidirlo, consideró que tratándose de la impugnación de un acto expreso, devenía manifiesta la extemporaneidad del pedido efectuado ante la Cámara nro. 2, toda vez que se encontraba vencido el plazo del art. 9°, 1° párrafo de la ley 11330, careciendo de relevancia que la recurrente haya interpuesto el recurso contencioso administrativo ante la Cámara Nro. 1 quien -a su turno- decidió atento el domicilio real del actor y lo dispuesto por el art. 2 de la ley 11330 y artículo 59, 2do párrafo, inc. a) de la ley 10160 modificada por la ley 13600 que ocurra ante quien corresponda (fs. 4/6). Entendió, en dicho decisorio, que tratándose de la impugnación de un acto administrativo que denegó en forma expresa el derecho postulado por la recurrente que le fuera debidamente notificado el 17.3.2017, la radicación del recurso ante el Tribunal de lo contencioso administrativo competente efectivizado en fecha 4.7.2017 devino manifiestamente extemporáneo. Como así también, que se debe estar al texto expreso del artículo 2 de la ley 11330 que estatuye que la competencia "es originaria e improrrogable aún entre las Cámaras". Con cita de jurisprudencia de esta Corte Suprema recordó que la formulación de un petitorio ante otra jurisdicción no subsana la exigencia temporal, debiendo contarse el plazo desde que efectivamente el tribunal tomó conocimiento del recurso; y, agregó, con remisión al fundamento del auto de Presidencia, que "es principio recibido que la constancia que determinó la fecha para verificar si el recurso contencioso administrativo fue interpuesto en el plazo de treinta días desde la notificación del acto impugnado es el cargo (art. 52, C.P.C.C.) puesto por el actuario de la Cámara que de acuerdo a la ley 10160, modificada por la ley 13600, le correspondía intervenir". 2. Contra tal pronunciamiento, el accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad fundando su pretensión en el artículo 1° de la ley 7055. Aduce para ello diferentes causales de arbitrariedad. A saber: exceso ritual manifiesto, prescindencias del texto legal, omisión de tratar una cuestión decisiva, ausencia de fundamentación o afirmación dogmática, y finalmente, tratarse de una sentencia inexcusablemente injusta. Sostiene, en el desarrollo de dichas causales, que se configura un "exceso ritual manifiesto en la prescindencia de la introducción tempestiva del recurso" ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, apartándose de la jurisprudencia delineada por ésta Corte Suprema en la causa "Bergallo" que, para el recurrente, es "idéntica a la presente". Entiende que la Cámara prescindió del texto legal al desinterpretar el artículo 2° de la ley 13600 que establece que "las causas que se encuentran radicadas en la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 1, y que de conformidad a esta ley corresponden a la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 2, serán remitidas a ésta previa aceptación del recurrente y en cualquier estado del trámite, hasta el llamamiento de autos" (el énfasis corresponde al texto). En esa línea, afirma que la ley 13600 distribuye la competencia entre la Cámara de Rosario y Santa Fe sin distinción alguna de la materia, sino lo que opera es una distribución territorial de competencia, por lo que, el artículo 2 de la ley 11330 que estatuye que la competencia "es originaria e improrrogable aún entre las propias Cámaras" ha sido abrogado, existiendo competencia originaria, pero prorrogable entre ambas Cámaras. Expresa que la Cámara omite tratar una cuestión decisiva, al no pronunciarse sobre porqué razones si la ley 13600 frente a causas radicadas en la Circunscripción de Santa Fe y correspondida a la de Rosario no aceptó la remisión declarando la inadmisibilidad del recurso. Manifiesta que la sentencia carece de fundamentación o ésta es dogmática y sólo aparente ya que debía explicar (i) por qué no admitía la remisión de la causa y se pronunciaba sobre la inadmisibilidad del recurso, y (ii) por qué declaró extemporáneo el recurso pese a tener frente a sí la constancia de su introducción tempestiva. Y lo hizo trayendo como fundamento de la inadmisibilidad del presente recurso, por equipararlos, el holding pronunciado por esta Corte en dos casos en los cuales dispuso la admisibilidad y rechazó la procedencia, pues había cinco años de firmeza del acto de cesantía. Por último, estima que la sentencia es inexcusablemente injusta ya que ante la alternativa entre mantener vivo el recurso o abortarlo por lo ritual, la Cámara eligió esto último. Aclarando que "lo justo es la superación de lo meramente ritual para permitir el tratamiento de lo significativo, esto es, el análisis del derecho y no de su cosmética". 3. La Cámara, mediante decisión número 123 de fecha 5 de abril de 2018 (fs. 22/28v.), denegó la concesión del recurso impetrado, lo que determinó la presentación directa de la recurrente ante esta sede (fs. 31/47v.). 4. Corresponde, en este estado, analizar las causales de arbitrariedad invocadas por la actora, adelantándose que el presente recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad no puede prosperar, ello, en virtud de que el fallo recurrido se encuentra al abrigo de la crítica que se le pretende endilgar. Para ello, es de señalar, que la impugnante no logra persuadir de que corresponda en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción, en virtud que de la confrontación del pronunciamiento atacado con los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y el de queja, surge tan sólo la discrepancia de la recurrente frente a la solución adoptada por la Cámara, mas sin delinear adecuadamente hipótesis de arbitrariedad que permitan sostener que, al resolver como lo hizo, el A quo hubiese desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones propias, dejando con ello incumplida la carga que establece el artículo 8 de la ley 7055. Es que del razonamiento seguido por el Tribunal, surge que lo resuelto no excede, tal como pretende genéricamente hacer ver la impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar los hechos y la normativa aplicable al caso. En verdad, es dable apreciar que todo el esfuerzo argumentativo desplegado por el compareciente, tiene por común denominador, nada más, que la intención de hacer prevalecer su propio criterio acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -opuesta a la de los Juzgadores- asentado en su particular apreciación de los hechos, e insistiendo -en síntesis- en que no podía la Cámara llegar a la conclusión a la que arribó, es decir, declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo en virtud de su extemporaneidad por haber transcurrido el plazo de treinta días que prevé el artículo 9 de la ley 11330, puesto que, alega la actora, el recurso se interpuso en tiempo, considerando para ello la interposición del mismo ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, tribunal que se declaró incompetente en virtud de la vigencia de la ley 13600. Por otro lado, el agravio desarrollado por la recurrente en cuanto la Cámara se apartó del precedente de este Tribunal "Bergallo" y en consecuencia incurrió -para la actora- en un exceso ritual manifiesto, lo efectúa sin hacerse debidamente cargo, como las especiales particularidades de la causa lo requerían, que la Cámara desestimó la analogía existente entre la causa mencionada y el presente caso. En esa línea, analizó el A quo lo resuelto en el precedente "Bergallo" donde esta Corte anuló lo decidido en baja instancia con fundamento en que la sentencia importaba sacrificar la posibilidad real del acceso a la jurisdicción de la parte actora frente a "una razonable duda sobre la naturaleza de la relación que lo vinculaba (al actor) con la Administración, lo que lo llevó a interponer el recurso en una primera instancia ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo que, según la ley, tiene atribuida la competencia residual en la materia". Pero concluyó, en la comparación entre ambas causas, que tales "razonables dudas" no se observan configuradas en el caso, desde que la ley 13600 expresamente prevé la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 para entender en conflictos como los suscitados en el caso, de lo que "se puede inferir que al momento de iniciarse la presente demanda (20.4.2017), no existían dudas razonables respecto de cuál era la Cámara competente para entender en la causa". Por la misma razón debe desecharse el agravio sustentado en la prescindencia del texto legal, en virtud de que el Tribunal se hizo cargo de los argumentos expresados por la recurrente, que lo pueden no conformar, pero de esa circunstancia no se puede extraer sin más la arbitrariedad de la decisión. En ese aspecto, la Cámara entendió que "resulta notoriamente inconsistente el planteo según el cual la quejosa sostiene que la nueva ley no contemplaba la sanción de inadmisibilidad sino el reenvío de la causa a la Cámara que por la nueva ley corresponde, desde que, si bien es cierto que el artículo 2° de la ley N° 13600, establece que: 'Las causas que se encuentran radicadas en la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 1, y que de conformidad a esta ley corresponden a la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 2, serán remitidas a ésta previa aceptación del recurrente y en cualquier estado del trámite, hasta el llamamiento de autos'; también lo es que, la aludida remisión sólo refiere a aquellas causas que se encuentran radicadas en la Cámara N° 1 al momento de disponerse la modificación legislativa de la competencia material entre ambas Cámaras (B.O. 3.1.2017), pero no así de las causas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma, como es el caso de autos". De tal manera, la sentencia en crisis ofrece una solución del tema propuesto suficientemente fundada, a través de un criterio de interpretación integral de las normas involucradas y de las particularidades de la causa, que desechan la presencia de elementos que permitan afirmar una hipótesis de arbitrariedad. En este aspecto, no debe olvidarse que la arbitrariedad no incluye la disconformidad del impugnante con el criterio utilizado por los Magistrados de la causa en al interpretación y aplicación de las normas, dado que la mencionada doctrina no lleva a la sustitución del juicio de los sentenciantes por el de esta Corte, en tanto lo fallado contenga fundamentos jurídicos, que impidan su descalificación como acto jurisdiccional válido. Como así también, que el Máximo Tribunal Federal tiene dicho, que no es cuestión apta para ser tratada en la instancia excepcional, la tacha de arbitrariedad que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida por el juzgador, insuficiente por ende para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos:302:1491). Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - NETRI - SPULER - BORDAS (SECRETARIO). Tribunal de Origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2.