Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 335/341. En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DAMIN, LORENA NOEMI contra CENTRO ODONTOLOGICO PRIVADO SA -SENT. COBRO DE PESOS- RUBROS LABORALES (EXPTE. N° 331/16 CUIJ N° 21-03706994-6) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CÁMARA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-03706994-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Sucintamente y en lo que aquí resulta de interés, la litis. 1.1. Lorena Noemí Damin promovió demanda contra Centro Odontológico Privado S.A. por cobro de rubros laborales varios derivados de la relación que los unió y de su desvinculación. Contestada la demanda, celebrada la audiencia prevista en el artículo 51 del Código Procesal Laboral y producida la prueba ofrecida, la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 10 de Rosario rechazó la demanda con costas (fs. 175/181). Concluyó a partir del análisis de la prueba obrante en autos -particularmente, el intercambio epistolar ente las partes- que la actora no había acreditado que su decisión de retener tareas había sido justificada. Por otra parte; sostuvo que la demandada había demostrado un accionar de buena fe al haber respondido positivamente a todas las intimaciones de la actora, abonado las diferencias reclamadas y corregido los datos de registración de la relación laboral ante los organismos correspondientes. Frente a ello, consideró desacertada la retención de tareas por parte de la actora y declaró injustificado el despido indirecto en que se colocó. Apelada esa decisión por la accionante (f. 184), la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario la confirmó en su totalidad, al rechazar sus recursos de nulidad y apelación (fs. 211/217v.). Sin perjuicio de ello, la Sala dispuso "Remediar la omisión en que incurriera la A quo y, en consecuencia, condenar a la demandada a entregar a la actora el certificado de trabajo establecido en el art. 80 así como a abonarle la sanción conminatoria por su falta de entrega en tiempo oportuno". 1.2. Contra el referido pronunciamiento, la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1, inciso 3) de la ley 7055 por considerar -en síntesis- que el decisorio incurrió en arbitrariedad normativa y fáctica, invocando asimismo un supuesto de sentencia incongruente (fs. 221/229). Fundamenta su planteo de arbitrariedad normativa, argumentando que el A quo inaplicó el artículo 3 del decreto 146/01 sin declararlo inconstitucional. Señala que se trata de una norma reglamentaria que se encuentra vigente, cuya validez constitucional no fue cuestionada y que regula las exigencias formales para la viabilidad de las sanciones por incumplimiento previstas en el artículo 80 de la Ley de Contrato del Trabajo. Reconoce que si bien doctrina y jurisprudencia se dividen en cuanto a la validez constitucional del referido precepto legal, en el caso la norma fue tan sólo inaplicada y que, en tal sentido, ninguna norma puede ser inaplicada sin ser declarada inconstitucional. Aduce que la Sala, so pretexto de una interpretación amplia y pro-obrerista, entendió que el actor formuló su intimación "antes de tiempo" aunque -alega- no respetando los tiempos que la norma establece -exige que hayan pasado 30 días desde el momento de la extinción del vínculo- a los fines de habilitar la emisión del requerimiento fehaciente por parte del trabajador. Señala que la norma no prevé ni habilita una suerte de "intimación anticipada o 'ante tempus' y/o a todo evento", sino que requiere la existencia de un empleador en mora, hipótesis que sólo se verifica cuando han transcurrido los 30 días sin que el patrono hubiere efectuado la entrega de la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y enfatiza en cuanto a que "...de la existencia de la mora del obligado depende la habilitación legal para emitir la intimación de entrega bajo los apercibimientos previstos en el artículo 80 de la LCT...", puesto que las sanciones pecuniarias requieren la estricta verificación de las hipótesis de hecho previstas en la norma para habilitar su aplicación (f. 224). En relación a ello, pero ya en el marco de su planteo de arbitrariedad fáctica, señala que la Sala prescindió de prueba obrante en la causa y de las cuestiones articuladas al respecto por su parte, pues tanto en el responde (fs. 41/42) como al alegar (f. 205) su parte sostuvo que "...la simple intimación de entrega de una 'cerfiticación de servicios' es ineficaz para generar la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT..." pues "...la norma establece tal carga cuando el empleador es debidamente intimado a entregar (y no entrega) un 'certificado de trabajo'... y no una mera 'certificación de servicios' como se reclama..." (f. 225v.). Afirma haber postulado que "...no deben confundirse el certificado de trabajo del artículo 80 de la LCT, con el certificado de servicios y remuneraciones... ya que este último se expide en un formulario del Anses (P.S. 62) en el que se insertan datos similares aunque no coincidentes con los exigidos en el citado articulo 80 LCT" y en tanto tienen finalidades distintas pues el certificado de trabajo está dirigido a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo, mientras que el formulario P.S. 62 de Anses tiene fines previsionales. Concluye entonces que su parte fue objeto de condena al pago de una sanción pecuniaria por no haber entregado documentación a la que nunca fue intimada a entregar. Y en ese sentido, considera que se prescindió de valorar la realidad en clara afectación a su derecho constitucional de defensa en juicio y propiedad. 2. Por auto 330 del 05 de septiembre de 2017, la Alzada concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto para ante esta Corte por considerar que los reproches del recurrente referidos a "...la indemnización agravada prevista por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la entrega de certificado de trabajo exceden -en principio- el mero disenso con la interpretación de hechos y derecho que concierne a los jueces de la causa, en tanto se habría soslayado que tanto la pretensión de la demanda como los elementos probatorios de la causa refieren a la entrega de la certificación de servicios" (fs. 239/240). A su turno, el señor Procurador General juzgó admisible el presente remedio de excepción (fs. 246/248v.) 3. Sin embargo, en el examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, se concluye la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, por las razones que seguidamente se exponen. 3.1. Cuestiona el recurrente en primer término que la Sala admitiera la intimación "antes de tiempo" que cursó la actora requiriendo la entrega del "certificado de trabajo". Sobre el punto, la Sala razonó que para la entrega del certificado de trabajo, si se respetaban los plazos del Decreto 146/01, la intimación era legítima. Sostuvo que aunque se haga contemporáneamente con la comunicación del despido, si se aclara en ella que esa intimación comenzará a regir, en rigor, a los 32 días de extinguido el contrato de trabajo, sin perjuicio alguno para ninguna de las partes y mediante una economía de recursos en las comunicaciones, adoptar la posición contraria implicaría un excesivo rigor formal. Destacó con base en jurisprudencia que abona su tesitura que, en todo caso, la intimación sólo surtirá efectos a partir del vencimiento del plazo previsto en las normas en cuestión y que la accionada no podrá utilizar válidamente el argumento de la intimación previa al plazo de vencimiento para eludir el cumplimiento de su obligación legal. En ese sentido, el recurrente no demuestra de que modo esa intimación le produjo algún perjuicio y, fundamentalmente, no explica porque no cumplió con la entrega del certificado requerido. Es que la circunstancia de haber sido intimado antes de vencido el plazo legal para otorgar el certificado, en modo alguno implica la vulneración del plazo. Por el contrario, en todo caso, le otorga una ventaja, le recuerda que tiene que cumplir con esa obligación legal. Y en autos, de la forma en que fue cursada la intimación -en cuanto al plazo-, la única diferencia es que la trabajadora intimó con mayor anticipación a la prevista legalmente. Por lo cual, con este agravio el recurrente no logra perfilar un planteo de índole constitucional que habilite la apertura de esta instancia de excepción. 3.2. En tren de perfilar un supuesto de arbitrariedad fáctica, argumenta el recurrente que "...la simple intimación de entrega de una 'cerfiticación de servicios' es ineficaz para generar la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT..." pues "...la norma establece tal carga cuando el empleador es debidamente intimado a entregar (y no entrega) un 'certificado de trabajo'... y no una mera 'certificación de servicios' como se reclama..." (f. 225v.). La compulsa de las constancias de autos revela que la actora intimó de la siguiente forma: "A su vez, dejo formulada la intimación por el término de dos días (a contar a partir del vencimiento de los treinta que al efecto prevé el decreto 146/01) para que me hagan entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, bajo los apercibimientos del art. 80 de la L.C.T." (cfr. f. 8). A su vez, ese telegrama fue transcripto en la demanda (f. 21v.). Por su parte, la accionada resistió esa pretensión (fs. 41v./42). Señaló en aquella oportunidad que el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 Ley de Contrato de Trabajo no fue nunca reclamado por la actora, quien tan sólo requirió la entrega de una certificación de servicios. En relación a la interpretación que cabe conferir al artículo 80 de la ley de Contrato de Trabajo, esta Corte se pronunció in re "Helguera, Rodolfo A. c. Nidera S.A. -demanda laboral- s. Recurso de Inconstitucionalidad" de fecha 24.09.2008 (A. y S., T. 277, pág. 299). En esa oportunidad, se señaló que "...la interpretación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no es pacífica en doctrina y jurisprudencia, destacándose que junto a la obligación principal allí instituida de ingresar los fondos destinados a sindicatos y organismos de la seguridad social, se estatuye también el deber accesorio de entregar constancia documentada que acredite el cumplimiento de esos depósitos, si el trabajador así lo solicita al extinguirse el contrato. La problemática acerca del contenido de esta última obligación ha dividido a la jurisprudencia, reconociéndose una tendencia que entiende que la misma se cumplimenta al dar al trabajador "copia de los comprobantes de depósitos" (SCJ de Mendoza, sala II, 16/10/2003, "Millan, Viviana c/ Máxima AFJP", DT, 2004-A,371) y, paralelamente, en los últimos tiempos se va abriendo paso una nueva corriente jurisprudencial (principalmente a partir de fallos de la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo), que considera que el reclamo de la entrega de las certificaciones o constancias documentadas no resulta admisible, porque ha perdido toda utilidad práctica a partir de la circunstancia de que el trabajador puede obtener esa información directamente del ANSES". A ello cabe agregar que considerar que se cumplimenta al dar al trabajador "copia de los comprobantes de depósitos" resulta una exigencia de difícil cumplimiento si se tiene en cuenta que actualmente el depósito de aportes y contribuciones se realiza a través de los "sistemas de ingreso total" (formulario F931 AFIP), donde el empleador detalla la nómina salarial a su cargo e ingresa en forma global los aportes y contribuciones, pues esa circunstancia dificulta que a cada trabajador se le entregue la constancia de depósito de "sus" aportes y contribuciones. Y cada vez más se sostiene en doctrina y jurisprudencia que la obligación se debería tener por cumplida cuando el empleador extiende un certificado, con el alcance de declaración jurada, de los ingresos efectuados a los distintos organismos con un detalle pormenorizado de los pagos: fecha, montos, entidades, etc. (cfr. Livellara, Carlos Alberto, "Las certificaciones del artículo 80, Ley de Contrato de Trabajo y su problemática", DT, 2004-A, 371). Refuerza esta idea, el hecho de que el trabajador se encuentra facultado para obtener la información relativa a sus aportes en el ANSES haciendo una presentación ante ese organismo, donde se le hará entrega de un listado con los ingresos realizados por su empleador. Sin embargo, el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo diferencia claramente la referida obligación de hacer entrega de la "constancia documentada del ingreso de fondos" -a la que se hizo referencia ut supra- de la obligación de entregar un "certificado de trabajo". En efecto, este último deberá contener la siguiente información; a) tiempo de prestación de servicios; b) remuneraciones percibidas a lo largo de la relación laboral; c) categoría laboral o tareas que se efectuaron; d) aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social; e) calificación profesional obtenida. Ahora bien, respecto a la sanción que la norma prevé ante la falta de entrega de la referida documentación, el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta claro cuando establece que "Si el empleador no hiciera entrega de la constancia 'o' del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo... será sancionado con una indemnización a favor del trabajador...". Con lo cual, trasladando las referidas pautas a la presente litis, surge claro que: 1) la trabajadora intimó a la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, bajo los apercibimientos del art. 80 de la L.C.T.; 2) la intimación cursada, del modo en que fue efectuada, respetó los plazos que la ley otorga al empleador y por tanto, en nada lo perjudicó; 3) el empleador no cumplió con la entrega de la referida certificación; 4) la norma prevé la indemnización como sanción, tanto por falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, como por falta de entrega del certificado de trabajo. Frente a ello, y si bien no se me escapa que la Sala en su argumentación refirió a la falta de entrega del "certificado de trabajo", siendo el razonamiento y argumentación efectuada en un todo aplicable para la falta de entrega de la "certificación de servicios y remuneraciones", establecer que por ello se incurrió en arbitrariedad fáctica implicaría un rigorismo formal excesivo que no se compadece con la naturaleza de la materia y cuestión aquí debatida. 4. Sentado ello, cabe concluir que la sentencia cuenta con motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, habida cuenta que brindó fundamentos bastantes para sustentarse, en un todo de acuerdo con la normativa en juego, que el recurrente no logró demostrar reparo constitucional alguno atendible y por tanto, ello no depara cuestión constitucionalidad en los términos del artículo 1 de la ley 7055. Voto, pues, por la negativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Conforme al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Así voto. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Cámara de Apelación Laboral de Rosario -Sala Segunda-. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 10 de Rosario.