Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-17


//la ciudad de Buenos Aires, a los	17 días del mes de octubre del año dos mil cinco, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por la doctora Ana María Capolupo de Durañona y Vedia como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Amelia Lydia Berraz de Vidal como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, doctor Daniel Enrique Madrid, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 211/254 de la presente causa Nro. 5579 del Registro de esta Sala, caratulada: "BERAJA, Rubén Ezra s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa Nro. 20.961 de su Registro, caratulada "BERAJA, Rubén Ezra s/apelación de excarcelación denegada", con fecha 2 de junio de 2005, resolvió confirmar el pronunciamiento de fojas 13/18 de dicho incidente, en cuanto no hace lugar a la solicitud de excarcelación de Rubén Ezra BERAJA, bajo ningún tipo de caución (fs. 201/208).

II. Que contra dicha decisión los doctores Marta E. NERCELLAS y Marcelo BUIGO, asistiendo al antes nombrado, interpusieron re-curso de casación (fs. 211/254), el que fue concedido a fs. 256/256 vta. y mantenido por la Defensa particular a fs. 262/262 vta.; sin adhesión del señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Pedro NARVAIZ (fs. 279).

III. Que, luego de dejar sentadas las alternativas previas al dictado de la decisión en crisis y de aquellas cuestiones ligadas a la admi-sibilidad formal del recurso casatorio, la asistencia técnica de BERAJA denuncia el resolutorio recaído en esta oportunidad desde los dos aspectos que prevé el art. 456 del ritual.

En primer lugar, da cuenta de la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, constituida por el conjunto de disposiciones constitucionales y legales relativas a la libertad durante el proceso (arts. 14, 17, 18 y 75, inc. 22 de la C.N. y arts. 280, 312, 316 y 319 del C.P.P.N.), específicamente en cuanto se consideró que concurrían en el sub lite las circunstancias mencionadas en el artículo 319 del C.P.P.N. como impeditivas del beneficio solicitado, cuando a la luz de los elementos reunidos en autos no puede predicarse -afirma- que realmente exista una legítima y cierta presunción, fundada en parámetros objetivos, de que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.

De tal manera -por la arista formal de la crítica casatoria-, sostiene que para llegar a la "preconcebida y maliciosa" solución, tuvieron los señores camaristas que recurrir a una fundamentación meramente apa-rente y por ende ineficaz para ser considerada válida en los términos del art. 18 de la C.N. y del art. 123 del C.P.P.N., valiéndose de afirmaciones caren-tes de sustento fáctico, o peor aún, en afirmaciones contrarias a lo efectivamente acreditado en la causa.

Con este marco, se introduce la Defensa en el desarrollo de su exposición crítica dejando nota de que el a quo no dudó en volver a efectuar una cita incompleta del Informe 2/97 de la C.I.D.H., parcialidad que -como lo explicitara en su anterior impugnación- modifica in malam partem la esencia del mismo, como así también reiterar que lo irrazonable del encar-celamiento preventivo se traduce sólo en su extensión temporal excesiva.

Convencida de que en el sub lite la prisión dictada nada tiene que ver con el aseguramiento de los fines procesales se pretende cumpla el encarcelamiento preventivo, dejando sentado que efectivamente en el ante-cedente "Pietro Cajamarca" fue necesaria una indagación para determinar si existía o no riesgo de fuga del imputado, sostiene que la conducta de BERAJA deja fuera de toda duda que tal riesgo no existe, afirmando en tal sentido que la Sala II de la Cámara Federal, desoyendo lo ordenado por este Tribunal, reiteró los mismos argumentos de su primigenia resolución, citan-do además en esta ocasión el voto del doctor Hornos.

Sin embargo, considera que en momento alguno se explica cómo se extrae que de la supuesta seriedad de los delitos, la trascendencia internacional, la multiplicidad de maniobras comisivas, la cantidad de vícti-mas, etc., BERAJA "fundadamente" podría fugarse. Máxime cuando fue frente a ese cuadro que él voluntariamente se presentó para constituirse en detención.

Que, por otra parte, no advierte conexión lógica alguna entre las afirmaciones relativas a la existencia de entidades financieras en el exterior presuntamente relacionadas con los imputados y la conclusión de la presun-ción de fuga de BERAJA. Más aún, no comprende por qué la Sala II entien-de la pretendida vinculación de los imputados con "The Mayflower Inter-national Bank Limited" y "Trust Inversions S.A." como "medios adecuados en el exterior para extraerse de una eventual imposición de pena".

Y aún cuando no discutirá aquí, por no ser la oportunidad procesal oportuna, si BERAJA efectivamente tenía o no algún tipo de rela-ción con esas entidades, y en su caso cuál era, explicita que aún cuando sólo por un instante se supusiera que BERAJA contaba con "medios" en el exte-rior, cabría preguntarse por qué entonces no se valió de esos medios durante todo este tiempo, sobre todo cuando sabiendo que sería efectivamente dete-nido y que no recuperaría su libertad en un corto plazo no se valió de esos medios en el exterior para fugarse.

Por lo cual, afirma que el argumento utilizado carece de toda lógica y sentido; que la presunción de fuga sustentada en los pretendidos medios con que contaría su asistido en el exterior, como medio de valo-ración, cae frente a la fuerza convictiva de los hechos y la realidad; BERAJA no se fugó sino que se presentó -repite- espontánea y voluntariamente a constituirse en detención, pese a que, y tal como se dice en la reso-lución, contaría con medios para evitarlo.

De otro modo, recuerda que "Trust Inversions S.A." es una sociedad uruguaya, país no considerado como paraíso fiscal; que su pupilo nunca integró dicha entidad, lo que tampoco se encuentra acreditado en autos; que fue poseedor de tan sólo el 2% del paquete accionario de "The Mawflower International Bank Limited", vendiendo dicha tenencia con anterioridad al inicio de la investigación de marras (en el año 1996) y que dicha sociedad en la actualidad se encuentra liquidada por la autoridad de Bahamas, por lo que ni siquiera puede ser reputada un "medio adecuado en el exterior para extraerse de una eventual imposición de pena".

Todo lo que la lleva a aseverar que en el decisorio en crisis sólo se limitan a enumerar presunciones iure et de iure, mencionar supuestas conexiones en el exterior, pero en ningún momento, ni antes tampoco, se ha valorado la actitud procesal de BERAJA frente al supuesto "empeoramiento" de su situación procesal.

Teniendo en miras que además de pretender que existía riesgo de fuga, se sostuvo que BERAJA "habría intentado entorpecer por diversos medios el avance de la instrucción durante gran parte del período en el cual permaneció en libertad mientras éste transcurría" y que para ello se hizo mención exclusivamente a los hechos investigados en la causa Nro. 4224/02, declarada conexa a la Nro. 10247/98, en la que se ventilan las circunstancias que rodearon la constitución del Fideicomiso Greypark, señala la asistencia técnica que dicha circunstancia nunca fue escondida ni al Instructor ni mucho menos a la parte querellante, quienes estuvieron al tanto del proyecto aún antes de que se llegara a concretar.

En tal sentido, recuerda que, como se encuentra debidamente acreditado en la causa Nro. 4424/02, el doctor Mateo CORVO DOLCET participó desde sus mismos inicios en todas las gestiones atinentes a la constitución del mentado fideicomiso, y que por otra parte el magistrado instructor fue anoticiado mediante presentación escrita en la causa Nro. 10247 (el 11/9/01), tal como expresamente lo señalara BERAJA en ocasión de ampliar sus dichos indagatorios (el 23/10/03).

Que dicha petición no tuvo siquiera respuesta alguna por el Juez de Instrucción y estas circunstancias tampoco fueron valoradas por la Cámara de Apelaciones que se límitó -dice- a realizar afirmaciones dogmáticas por las cuales la aislada constitución del aludido fideicomiso implicaría un intento de entorpecer el "avance de la instrucción", quedando sin respuesta alguna en el resolutorio, entre otras inquietudes, de qué manera la constitución del fideicomiso Greypark impidió el avance de esta investigación, qué diligencias concretas no pudieron ser practicadas debido al mismo; qué pruebas fueron frustradas o cómo se obstaculilzó concretamente la presente persecución penal a raíz de este hecho.

Que, entonces, pese a que no existe absolutamente ningún elemento agregado en la causa Nro. 10247 o en la Nro. 4402/02 que demuestre que los bienes incorporados al fideicomiso hayan sido adquiridos con dinero supuestamente invertido o defraudado en la hipotética "mesa de dinero" del Banco Mayo, si conforme lo sostiene esa misma Sala II, el fin perseguido por el fideicomiso era una supuesta restitución parcial de depó-sitos, culmina la Defensa afirmando que su preparación y celebración no pueden constituir ahora una maniobra digitada para entorpecer la investigación, porque ello implicaría un contrasentido.

Señalando, por último, que más allá de resultar falsas las afir-maciones brindadas en el resolutorio en cuanto a que gran parte del patri-monio de su asistido no ha sido por él declarado o que se encuentra inver-tido en entidades extranjeras de carácter off shore, tampoco se advierte por qué motivo dichas circunstancias, aún cuando ciertas constituirían indicios "claros y concordantes para presumir válidamente que Ruben Ezra Beraja ha intentado entorpecer la administración de justicia", resultando plenamente aplicable a este tramo de su crítica lo que oportunamente vertiera con relación a la sindicada extensión internacional de los hechos investigados.

Y en el convencimiento de que no puede predicarse de quien constantemente ha colaborado con el desarrollo de la pesquisa que al mismo tiempo obstaculice o entorpezca la investigación, por resultar autocontra-dictorio, pide finalmente, se haga lugar al recurso, se case la resolución y revocándosela, se disponga la inmediata libertad de Rubén Ezra BERAJA, y que sea ésta Sala IV quien fije el tipo de caución, puesto que un envío a dicho fin a la Sala II de la Cámara Federal implicaría una nueva e inadmisible demora en este proceso excarcelatorio que lleva más de 18 meses de duración.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que a fs. 300, 307 y 332 el Tribunal solicitó las medidas que entendió necesarias para mejor proveer el caso en estudio, resultando aquéllas suficientes a dichos fines.

V. Que el término de oficina previsto por los arts. 465, primera parte, y 466 del C.P.P.N. operó, sin que las partes se presenten.

VI. Que, luego de realizada la audiencia prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de la que se dejó constancia a fs. 331, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Que, efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de vota-ción: doctores Amelia Lydia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo M. Hornos.

Las señoras jueces Amelia Lydia Berraz de Vidal y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia dijeron:

I. Que es pertinente repetir que el amparo actual en la instancia de la pretensión del recurrente encuentra sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia la Nación in re "Harguindeguy, Eduardo Albano y otros s/sustracción de menores, incidente de excarcelación de Emilio Eduardo Massera" del 23 de marzo de 2004 y más recientemente "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación" (D.199.XXXIX).

II. Se afirma en la resolución cuestionada la presunción de que el imputado BERAJA, en caso de recuperar su libertad, pretenderá eludir la acción de la justicia, con fundamento en el concurso de los siguientes parámetros: a) la calificación legal que el a quo escogiera para subsumir los hechos investigados al ampliar el auto de procesamiento dictado en su contra, de lo que se conjetura a.1) que el máximo de la pena que pueda corresponderle sea superior a los ocho años de prisión, a.2) que el mínimo de la escala penal impediría la ejecución condicional de la pena eventualmente aplicable; b) la "seriedad" y "trascendencia" de los delitos que se le imputan, términos que se definen invocando la multiplicidad de maniobras comisivas, la gran cantidad de participantes activos y de víctimas, el eleva-do perjuicio económico y "el consecuente daño social", y el rol preponderante que le habría cabido al nombrado; c) la "trascendencia internacional" de los ilícitos, argumentándose la intervención de sociedades que integraba y que estaban constituidas en el extranjero, que esas entidades receptaron los fondos obtenidos mediante las conductas investigadas, derivando de ello que BERAJA "contaría con medios adecuados en el exterior para extraerse de una eventual imposición de pena".

Afirman también los señores Magistrados de la anterior instan-cia la existencia de una maniobra tendiente a obstaculizar la persecución penal, a través de la tentativa de configurar un contrato de fideicomiso cuyo objeto sería "socavar la imputación por la administración fraudulenta" que se investiga en la causa principal, todo de acuerdo a las constancias del sumario Nro. 4224/02 del Registro de la Secretaría Nro. 10 del Juzgado Federal Nro. 5 de esta Capital Federal.

III. Que en principio, alejadas de cualquier inocuo propósito académico, inadecuado en el ejercicio del poder jurisdiccional, debe seña-larse el error en que incurren los señores Magistrados de la anterior instan-cia al desarrollar la télesis de nuestro sufragio en el antecedente "PIETRO CAJAMARCA" (causa Nro. 5199, Reg. Nro. 6522, rta. el 20/4/05), pues su real alcance, y no aquélla incorrecta lectura, es el que ha motivado el reen-vío que hemos ordenado y el que fundamenta hoy la definitiva solución de libertad que adoptaremos.

La tesis central que el fallo de cita construye (en su voto mayo-ritario), apuntando a una exégesis del sistema legal que jerarquiza el princi-pio constitucional de inocencia, es la de la concurrencia de los baremos que diseñan el régimen de la prisión preventiva en la ley procesal nacional, con la finalidad de asegurar que su designio se muestre respetuoso de ese dog-ma.

Observando como pauta de verificación la regla de estricta necesidad que, operando idéntico "esquema conceptual" (Travieso, "Los nuevos paradigmas. Enfoques con nuevas consideraciones metodológicas", pág. 130, en AAVV "La aplicación de los Tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales", Ed. Del Puerto, Buenos Aires 1997), surge del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 280 del C.P.P.N., y negando que por su medio se adelante la actua-ción punitiva, afirmamos que la medida de coerción se justifica en tanto pretenda evitar que el imputado intente truncar la posibilidad de reconstruir correctamente el acontecimiento histórico que es tema del proceso, o que haga fracasar, mediante su fuga, el procedimiento mismo o la sanción.

Presentes el derecho individual de reconocimiento constitucional (dicho con el alcance del art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, que integra al principio implícito en el artículo 18 C.N., el de los artículos 26 D.A.D. y D.H.; 11.1 D.U.D.H.; 8.2 C.A.D.H. y 14.2 del P.I.D.C.P.) y su excepción y sus exclusivos fines, buscando que su articulación se oriente al equilibrio entre el ejercicio del poder del Estado, que "tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad", (del fallo "Velázquez Rodríguez" de la C.I.D.H., del 29/7/88, Serie C, Nro. 4, párrafo 154), y el derecho que a los imputados les asiste de gozar de su libertad ambulatoria durante el proceso, la regla fijada, expuesta inversamente, finca en que amparar la medida coercitiva únicamente en el índice legal de referencia a la hipotética pena, coarta la obligación de maximizar el amparo del principio de inocencia, pues impide que al juicio sobre el peligro procesal ingresen otros elementos que puedan posibilitar un mejor conocimiento de su real existencia y escala.

Clara es la conclusión de Roxin al enfrentarse a idéntico dilema: "En un Estado de Derecho ... la regulación de esa situación de conflicto no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines -aseguramiento del orden a través de la perse-cución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano-" ("Dere-cho Procesal Penal", Ed. Del Puerto, Buenos Aires 2000, pág. 258).

No se trata, como entiende la Cámara, de que los criterios subje-tivos anulen la incidencia de la presunción de los artículos 312, inc. 1°) y 316 del C.P.P.N., pues ya en nuestra intervención anterior aclaramos que la imputación de delito por el que puede recaer una pena de efectivo encierro puede resultar un elemento relevante al momento de analizar la presunción de fuga (conglobante de los riesgos de veda de la actuación procesal y de la punitiva), sino de que aquélla no sea tomada como circunstancia exclu-yente de cualquier otra en ese análisis, pues sería tanto como reconocer que nuestro plexo legal procesal -de presentarse los supuestos objetivos de las normas citadas- admite la regla general prohibida por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esta última hipótesis ha sido advertida por el Comité Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la competencia que le asigna el artículo 19.3 de la Convención aprobada por ley 23.338 y con jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22 de la C.N., cuando, al examinar el cuarto informe periódico presentado por nuestro país, recomendó al Estado "considere revisar su legislación y prácticas en materia de detención preven-tiva, a fin de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional" (Conclusiones y recomendaciones del 10 de diciembre de 2004, 33° período de sesiones, 15 a 26 de noviembre de 2004; citadas a su vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/habeas corpus", del 3/5/05). La idea, entonces, es que no alcanza con un riesgo supuesto de fuga o de entorpecimiento de la actuación jurisdiccional, sino con su verifi-cación concreta. Y aunque se reconozca posible que tanto la prisión preven-tiva se dicte, como que la medida cautelar se mantenga durante algún tiempo, dada una determinada imputación, "superado un lapso, deben esgri-mirse más razones que ésa para sustentar la cautela. Aunque la posibilidad de imponer una determinada sanción penal puede resultar suficiente, tal como lo prevén los arts. 316 y 317, inc. 1°), del C.P.P.N., para sostener dicha medida en las primeras etapas del proceso, debe ésta, al tiempo que su duración razonable transcurre, apoyarse también en circunstancias con-cretas que... revelen la indispensabilidad a que alude el artículo 280 del C.P.P.N., o los riesgos restrictivos del 319 ib." (lo citado es del voto conjunto en "PIETRO CAJAMARCA").

Por último, y para cerrar el marco dogmático con el que desa-rrollaremos el estudio del caso, se debe hacer especial hincapié en que la convicción sobre el riesgo de fuga o el entorpecimiento u obstrucción de la justicia debe responder a comprobadas circunstancias objetivas y subjetivas de la causa, y no al empleo arbitrario de fórmulas dogmáticas con las que se pretenda sostener tal menoscabo de uno de los derechos fundamentales del hombre. Sólo así puede completarse la exigencia de presunción fundada del artículo 319 del Código citado, que implica una "fundamentación suple-mentaria, que en el caso es la que une causalmente la valoración de las circunstancias de los hechos y la personalidad del procesado, con la presun-ción de que intentará eludir la acción de la justicia" (Fallos 311:1414, considerando 9° de la disidencia de los doctores Petracchi y Bacqué, citado ya en "PIETRO CAJAMARCA").

IV. Opuesta la motivación brindada en la resolución que cumplió el juicio de reenvío ordenado por la Sala a los razonamientos vertidos en el acápite precedente, a criterio de las suscriptas debe acordarse razón a la demanda de corrección sustantiva que arguyen los recurrentes y decidirse la libertad que la fundamenta.

V. En primer lugar, respecto de la hipótesis de fuga del impu-tado, por concentrarse únicamente en la expectativa de pena, la motivación que sostiene el mantenimiento de la coerción cautelar del encausado no alcanza las exigencias cognoscitivas que creemos compromiso con una exé-gesis coherente con la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales que ha incorporado.

Fundando esa aserción, observamos que las pautas individualizadas como a) y b) en el punto II de este voto, con las que se ha pretendido mensurar ese juicio, no trasuntan más que la valoración provisoria respecto de la gravedad de la imputación que exige a los señores Magistrados del a quo el ordenamiento formal (art. 316.2), de acuerdo a un examen hipotético fundado en los artículos 26 y 41 del Código Penal, que demandó tomar en cuenta las circunstancias objetivas de la causa mencionadas, en orden a la drástica variación ordenada en el auto del 28 de diciembre de 2003 (sobre ese examen, C.S.J.N. Fallos 322:1605; causa Nro. 1205, "VICENTE, Juan Ignacio s/recusación", Reg. Nro. 1452, de esta Sala IV, rta. el 2/9/98 y causa Nro. 2225, "MANDARADONI, Antonio s/recurso de casación", Reg. Nro. 2801 de la Sala I de esta Cámara, rta. el 28/5/99).

Todas se vinculan, entonces, con los datos ordenados por el art. 312, inc. 1°) del C.P.P.N., cuyo balance en la libertad caucionada regula el art. 316 ibidem que, hemos aclarado, pueden alcanzar meridiana trascendencia en la evaluación de la solicitud impetrada. Pero, de nuevo recordando como debe formularse el análisis para resultar consecuente con el axioma de estricta necesidad de la coerción personal, se ha relegado su confrontación con la situación particular de BERAJA respecto del proceso que se sigue en su contra, pues no se ha hecho referencia alguna a circunstancias objetivas y ciertas sobre la existencia probable de aquél peligro, que permi-tan "fundar racionalmente que el imputado, con su comportamiento, impo-sibilitará la realización del procedimiento o la ejecución de la condena eventual" (Maier, "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, pág. 522).

VI. En cuanto a la trascendencia internacional de los hechos que se investigan (sindicada como c) en el punto II), insistimos en primer lugar que, en lo pertinente al punto, el encarcelamiento preventivo persigue impe-dir que el individuo acusado evite con su rebeldía el proceso penal o intente, estando en libertad, frustrar su desarrollo. Más nada de ello permite admitir, como parece desprenderse de lo afirmado en el punto V.b) in fine de la resolución en estudio, que sea concebida como un medio para lograr que aquél colabore con la investigación a su respecto, resabio de la tradición inquisitiva de reducir al individuo a objeto de investigación y no reconocerlo como sujeto de derechos.

Amén de ello, nos parece oportuno recordar que, además de necesaria, la medida en examen debe responder al imperativo de indispensabilidad, que la justifica sólo cuando toda otra restricción menos lesiva de los derechos del imputado resulte infructuosa para neutralizar los mencionados riesgos procesales y que, en el caso contrario, la advertirá como un plus de uso de la fuerza pública, arbitrario e injusto (ver punto III.b. de nuestro voto en "PIETRO CAJAMARCA").

Volviendo a la norma del artículo 9.3 del P.I.D.C. y P., ella recepta la regla y nos obliga a interpretarla en ese sentido: "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a las garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo".

En ese marco, si lo que se pretende es coartar la hipótesis de una fuga transnacional de BERAJA, amén de no encontrarse fundamentada en la resolución que se estudia con comprobados antecedentes que manifiesten su probabilidad (más bien ha sido la Defensa quien ha presentado un indi-cador contrario, no refutado por la Cámara, al mencionar que tres años atrás, ante idéntica sospecha impetrada por la parte querellante, el nombrado se presentó personalmente ante el Juez instructor para desmentirla -ver fs. 239 vta. de su recurso de casación-), debe verse en la prohibición cautelar de salir del país sin autorización judicial (confirmada a BERAJA por el Tribunal de a quo en el punto dispositivo XIII del auto del 16 de julio de 2004), la medida que satisface esa finalidad específicamente, con menor sacrificio de los derechos del imputado.

VII. Consideración aparte merece el argumento, único que se presenta con autonomía conceptual en la resolución que se revisa, vinculado a la formación de la causa Nro. 4224/02 del Registro del Juzgado instructor, porque a su mediante se pretendió fundar, no ya el de fuga, sino el peligro de que el imputado intente entorpecer la administración de justicia en detri-mento de los fines de este proceso.

Pedida las mencionadas actuaciones por el Tribunal como me-dida para mejor proveer, y examinadas sus constancias, resulta dogmático que la Sala afirme que el imputado se encuentra en ella vinculado a "diversos medios" que se interpretan como intentos de coartar el avance de esta causa, cuando la realidad es que se investiga la tentativa de conformar un único contrato de fideicomiso.

Además de ello, difícilmente ese propósito hubiera conseguido, como se expresa en el acto en recurso, "socavar la imputación por la administración fraudulenta de los ahorros de [sus] clientes", posibilitando de esa forma la eventual impunidad de tales hechos, pues esa aserción significa tanto como desconocer las facultades que la Constitución Nacional y las leyes procesales confieren al Ministerio Público Fiscal, como órgano autónomo que tiene por función promover y ejercer la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Por último, entendemos pertinente adunar que es difícil creer, y el proceso paralelo del que se ha hecho mérito es clara muestra de ello, "que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia". "Si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación, esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho menos a costa de la privación de su libertad" (Binder, "Introducción al derecho procesal penal", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 2000, pág. 199).

VIII. Como anticipamos, siendo ésta la segunda intervención de la Sala ante recursos que impetra la Defensa del imputado, resolveremos definitivamente la solicitud presentada por la vía del art. 470 del Código Procesal Penal de la Nación.

Para ello, además de los fundamentos de la evaluación desarro-llada, hemos de presentar los que motivan nuestra convicción sobre la actual inexistencia de riesgos procesales que justifiquen el mantenimiento de la medida privativa de la libertad impuesta.

En el marco de la integración de razones al que nos hemos referido ut supra, teniendo presente que los fundamentos de peligrosidad procesal deben presentarse para fundar la excepción cautelar a la regla de libertad, y argumentada ya la insuficiencia de los razonamientos que susten-taron la denegatoria impugnada, adquiere para nosotras mayor valía la posición que los Defensores particulares arguyen desde su inicial presentación en este incidente (vid fs. 1/10), cual es la de demostrar que el comportamiento procesal de su asistido mientras se encontraba en libertad durante la tramitación de la causa demuestra innecesario el mantenimiento de la cautela.

Así, y como lo anticipamos en la nulidad decidida a fs. 185/197, nada ha desvirtuado la real significación que debe acordarse al hecho de que quién hoy se encuentra detenido ha permanecido en libertad los primeros cuatro años de sustanciación del proceso que se sigue en su contra, lapso contado desde la fecha del dictado del primer auto de procesamiento hasta su ampliación con prisión preventiva.

Durante ese dilatado período, no obran en la causa, ni lo revelan los tribunales que han intervenido en este incidente, datos objetivos de que en ese tiempo ha pretendido sustraerse del mismo o entorpecerlo, resultando referencia fundamental en sentido contrario su espontánea presentación en detención en la sede del Juzgado Federal Nro. 5 de esta ciudad, a primera hora del día posterior al dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva y del libramiento de la orden de captura emitida en su contra (las constancias obran a fs. 9223, 9225 y 9229).

A ello debe adunarse el no controvertido argumento objetivo que la Defensa ha acercado a este juicio provisional, analizando que la calificación que la Cámara de Apelaciones presenta como novel argumento para sustentar la medida coactiva, se repite en el proceso principal desde la primera oportunidad en la que BERAJA prestara declaración indagatoria, y que existió incluso auto de falta de mérito en relación a ese delito, y que por lo tanto no incide en el pronóstico sobre su eventual fuga (ver las constancias que asienten lo afirmado a fs. 3381/3409 vta. y 4432/4501vta.).

IX. Con tales fundamentos, proponemos hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, consecuentemente, casar la resolución que impugna revocándola, concediendo la excarcelación de Rubén Ezra BERAJA, bajo la caución real que el Tribunal del reenvío estime pertinente, debiendo fijar además las condiciones mediante las cuales se hará efectiva.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer lugar y en cuanto a lo relativo a la admisibilidad del recurso en estudio, corresponde señalar que la cuestión ha quedado defi-nitivamente fuera de discusión a raíz del dictado de los Fallos "Harguindeguy" (H. 101. XXXVII) y recientemente "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación" (D. 199. XXXIX) en los que se ha brindado acogida a la postura personal que venía dejando a salvo en mis decisiones. En este último precedente del Alto Tribunal se estableció que "...siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de esta Corte, por vía extraordinaria en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, estos deben ser tratados previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48".

II. Ya he tenido oportunidad de señalar al resolver en el recurso de casación contra la denegatoria de la excarcelación solicitada por Rubén Ezra BERAJA, que esta Sala -por mayoría y con mi voto en contrario- anuló con fecha 26 de mayo de 2005 (Registro Nro. 6642.4) que: "la prisión preventiva constituye la medida coercitiva más gravosa dentro del proceso, que sirve a tres objetivos: 1. asegurar la presencia del imputado, 2. procurar la más exhaustiva investigación de los hechos y 3. asegurar la ejecución penal.

Con estos fines, como principio rector, se debe regir la inter-pretación armónica de las disposiciones que regulan el régimen de la prisión preventiva. Regla que responde al principio de inocencia contenido en el artículo 18 de la C.N., y que fue receptada, claramente, por el Código Procesal Penal de la Nación que en el artículo 280 establece que: "La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las dispo-siciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley", y en el artículo 319 en cuanto establece que "Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las carac-terísticas del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado, o si éste hubiere gozado de excarce-laciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo inten-tará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones." En este punto, merece recordarse también que he remarcado que "el concepto de 'ley vigente' no se limita al Código Procesal Penal de la Nación o sus leyes modificatorias, sino que también abarca a nuestra Constitución Nacional y a los Pactos Internacionales con igual jerarquía (de esta Sala IV, "GALVÁN, Sergio Daniel s/recusación", causa Nro. 1619, Reg. Nro. 2031, rta. el 31/8/99).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Estévez, José L.", ha señalado que "en razón del respeto a la libertad indi-vidual de quien goza de un estado de inocencia por no haberse dictado en su contra una sentencia de condena, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar de que dispone el juez penal durante el proceso y antes de la sentencia definitiva han de interpretarse y aplicarse restrictivamente (conf. Fallos 316:942, cons. 3°). Ello exige de los magistrados que, en la medida de su procedencia, las adopten con la mayor mesura que el caso exija, observando que su imposición sea imprescindible y no altere de modo indebido el riguroso equilibrio entre lo individual y lo público que debe regir en el proceso penal (conf. sentencia dictada in re F. 329.XXIX "Fiscal c. Vila, Nicolás y otros" el 10 de octubre de 1996, cons. 6°)" (voto de los doctores Fayt y Petracchi).

Ese principio fue aceptado por el legislador en el Código Proce-sal Penal de la Nación (ley 23.984) en cuanto impuso como pauta general la interpretación restrictiva de las normas que limitan la libertad personal -art. 2- y reiteró tal criterio como patrón específico de examen del régimen de prisión preventiva respecto de aquellos supuestos en los que corresponde la denegación de prisión y excarcelación -art. 319-.

Concluyéndose que "la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que se precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permi-tirían presumir, fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo resulta la voluntad de denegar el beneficio solicitado" (consi-derando 6 del fallo).

En el caso "Bramajo, Hernán J." -rta. el 12/9/96-, si bien también en un caso donde se trató la cuestión del plazo razo-nable de la prisión preventiva, Nuestro Más Alto Tribunal ya había remar-cado la importancia de efectuar una valoración "en relación a las pautas es-tablecidas en los artículos 380 y 319" del C.P.M.P. y C.P.P.N., res-pectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable (con sustento en la opinión de la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos, desarrollada en el informe sobre el caso 10.037 de la República Argentina del 13 de abril de 1989).

No puede ignorarse en relación a la cuestión en estudio la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que -como lo sostuvo la C.S.J.N. en el caso "Bramajo", y G.342.XXVI. y en "Giroldi"- debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (art. 2° de la ley 23.054).

En el informe 12/96 la Comisión ha subrayado que el objetivo de la detención preventiva es asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera en la investigación judicial, y que es una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal, incluido el derecho de defensa; y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando testigos, o destruir evidencia -punto 84-. Es decir, cuando la libertad pueda resultar, en tal sentido, un "riesgo significativo" -punto 91-.

Asimismo remarcó que si bien tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del dete-nido, como ambos argumentos se inspiran en criterios de retribución penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, convir-tiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de libertad -punto 86.-; y que el Estado puede adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del inculpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal -punto 88.-. Criterios que fueron reite-rados en el Informe 2/97.

La Corte Interamericana en el caso "Suárez Rosero" -del 12/11/97, también ha sostenido el carácter netamente cautelar, no punitivo, de la prisión preventiva; así como la obligación estatal -que surge del art. 8.2 de la C.A.D.H.- de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites necesarios: para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, y que no eludirá la acción de la justicia. Concepto que, como allí se resalta, está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3 ibidem).

De todo lo expuesto, resulta obligatoria la conclusión de que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional (función cautelar que es la única constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener fines procesales: evitar la fuga del imputado y la frustración o entor-pecimiento de la investigación de la verdad, criterio que no sólo surge del principio de inocencia -como primera y fundamental garantía judicial- consagrado por la Constitución Nacional (art. 18) y los Tratados Inter-nacionales (art. 8.2.- de la C.A.D.H.) sino que, como se dijo, surge claro del art. 280 del C.P.P.N., y fue consagrado además por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en los precedentes citados) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso "Suárez Rosero", ya citado).

De manera que las reglas contenidas en los arts. 316, 317 y concordantes del C.P.P.N. deben interpretarse armónicamente, como se dijo al comienzo del presente acápite, considerándoselas presunciones iuris tantum, y no iure et de iure (mi voto en las causas Nro. 4827, "CASTILLO, Adriano s/recurso de casación", Reg. Nro. 6088, rta. el 30/9/04; Nro. 4828, "FRIAS, Delina Jesús s/recurso de casación", Reg. Nro. 6089, rta. el 30/9/04).

En tales condiciones, ya he afirmado lo improcedente de eva-luar como criterio restrictivo únicamente la penalidad establecida para el delito que se imputa ?elemento sumamente importante, pero no definitivo? y la eventual punibilidad de un imputado ?cuya inocencia se presume conforme al art. 18 de la Constitución Nacional?, pues en ese caso el criterio establecido por el art. 319 del C.P.P.N. se convertiría en letra muerta en todos los casos en que la penalidad prevista en tal sentido fuere severa. Lo cual conllevaría a sostener la legitimidad de la detención cautelar sine die de ciertos actos delictivos, y la presunción de culpabilidad de los proce-sados por delitos con penas mas severas; aún en aquellos casos en que por sus características especiales, en realidad aquél peligro no concurra." III. Sostuve en esa oportunidad que las denegatorias del bene-ficio excarcelatorio en favor del imputado BERAJA dispuestas por el Juzgado y por la Cámara de Apelaciones, se sustentaron en las circuns-tancias puntuales de esta causa, no sólo en la grave escala penal prevista para los delitos por los que se encuentra actualmente procesado, sino que además meritaron en concreto ?conforme lo establece el art. 319 del C.P.P.N.? la presunción de fuga que sobre él pesa en atención al empeora-miento de su situación procesal y la trascendencia de los hechos ilícitos pesquisados. Señalé que el monto de pena que puede corresponderle al encartado es superior a los ocho años de pena privativa de libertad (art. 316, segundo párrafo, del C.P.P.N.), y el mínimo de la escala penal aplicable ?según la calificación por la que fue ampliado su procesamiento? impediría que la sanción impuesta resulte de cumplimiento condicional, ocurre que la seriedad y trascendencia de los delitos que se le endilgan, caracterizados por la multiplicidad de maniobras comisivas, la gran cantidad de sujetos que integrarían la asociación ilícita, el rol preponderante que le habría cabido a BERAJA en su estructura, la cantidad de víctimas afectadas, lo elevado del perjuicio económico sufrido y el consecuente daño social ocasionado ?en la hipótesis provisoria objeto de juicio, que surge del auto de procesamiento en crisis? hacen presumir fundadamente, como concluyó el tribunal de a quo, que, en caso de concederse el beneficio solicitado, los procesados podrían eventualmente eludir la acción de la justicia (art. 319 del C.P.P.N.).

Sumado a ello, consideré en esa oportunidad que debia tenerse en cuenta la posibilidad cierta existente de que los imputados en libertad entorpezcan la investigación aún hoy no clausurada (art. 319, in fine, del C.P.P.N.) haciendo desaparecer el producto de los ilícitos que se les enros-tran.

IV. Ahora bien, anulada la resolución por decisión mayoritaria de mis colegas de Sala, la Sala II de la Cámara de Apelaciones dictó un nuevo pronunciamiento que entiendo -a diferencia de lo expresado en el voto precedente - se ajusta a la exégesis correcta de la normativa aplicable al caso.

La resolución en crisis fundó la presunción de que el imputado BERAJA, en caso de recuperar su libertad, intentaría eludir la acción de la justicia, en numerosas circunstancias que se detallan en la sentencia.

Así, amén de receptar el criterio del suscripto en cuanto a lo señalado en el acápite III. del presente voto, tuvo en cuenta la extensión del daño internacional de los hechos ilícitos de la causa, advirtiéndose la intervención de al menos dos sociedades -integradas por BERAJA- consti-tuidas en territorios catalogados como "paraísos fiscales" con un objetivo netamente financiero desarrollado sólo en nuestro país, encontrándose acre-ditado que en esas entidades se receptaron los fondos obtenidos mediante el accionar disvalioso investigado en autos.

Ha evaluado también el a quo el contenido de transcripciones de intervenciones telefónicas que -entre otras- dan cuenta de una conversación entre el imputado y un tal "David", donde aquél señala que "no lo van a encontrar nunca, tienen que hacer una búsqueda internacional".

Señaló además que las millonarias sumas de dinero que habrían sido despojados los sujetos pasivos del delito no fueron recuperadas aún y BERAJA no habría colaborado con la investigación al respecto. Por el contrario, afirmó el a quo que BERAJA habría intentado entorpecer por diversos medios el avance de la instrucción durante gran parte del período en el cual permaneció en libertad.

En base a todo ello concluyó la Sala II de la Cámara de a quo que existen indicios precisos y concordantes para presumir válidamente a esta altura del proceso que Rubén Ezra BERAJA ha intentado entorpecer la administración de justicia en detrimento de los fines de este proceso, tanto en su órbita de índole penal y también civil por lo que de obtener su libertad ambulatoria no sólo podría intentar eludir la acción de a justicia mediante una eventual fuga sino también obstaculizar la persecución penal y evitar el hallazgo y recupero del producto de los ilícitos que se le adjudican.

V. Por lo hasta aquí expuesto, entiendo que el razonamiento evidenciado por la Cámara de mérito en el caso no sólo importa una deri-vación de la interpretación armónica de las reglas contenidas en los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N. ya citados, sino que además -y tal como lo señalara al resolver a fs. 185/197- en modo alguno se advierte contraria a los principios fundamentales incorporados a la Constitución Nacional con esa jerarquía -art. 75, inc. 22, de la C.N.- en cuanto se protege el derecho a la libertad estableciéndolo como regla en el proceso penal.

Propongo, en definitiva, rechazar el recurso de casación interpuesto por la Defensa de Rubén Ezra BERAJA, con costas.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 211/254 por los doctores Marta E. NERCELLAS y Marcelo BUIGO, asistiendo a Rubén Ezra BERAJA y, consecuentemente, CASAR la reso-lución de fs. 201/208 REVOCÁNDOLA y CONCEDIENDO la excarce-lación a Rubén Ezra BERAJA, la que deberá hacer efectiva la Sala II de la Cámara de origen, previo determinar la caución que corresponde imponer, la ausencia de impedimentos legales y las condiciones que deberá cumplir el imputado, sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase la causa a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo.:ANA MARIA CAPOLUPO DE DURAÑONA Y VEDIA-AMELIA LYDIA BERRAZ DE VIDAL-GUSTAVO M. HORNOS