marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del síndico del concurso, clausura por falta de activo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabezón, Edgardo Alfredo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-04

Al momento de decretarse la clausura de los procedimientos de la quiebra por falta de activo, deben regularse los honorarios de los funcionarios de la misma, porque así lo dispone el art. 265 inc. 5to. de la L.C. y Q. sin distinciones de ninguna naturaleza como que existan o no fondos suficientes para pagarlos.
Depreciación monetaria, realismo económico, actualización monetaria, liquidación, índices de actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLEON ANDREU, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ IMPUGNACION DE LIQUIDACION     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

La realidad económica es una variable que no puede ignorar ningún Tribunal al pronunciarse, bajo riesgo en su defecto, de incurrir en causal de violación del derecho a la jurisdicción. Por ello, si el pago del crédito previsional resultante del acogimiento de la demanda se efectivizó el 15 de enero de 1990, resulta improcedente el reclamo de que el ajuste de lo adeudado sea hasta diciembre inclusive de 1989; ya que de ese modo quedarían quince días sin ajuste, en un período en que -como es público y notorio- el país padecía un rebrote hiperinflacionario, con el consiguiente licuamiento de los montos nominales fijados con anterioridad.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, producción de la prueba, apreciación de la prueba, confesión ficta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CALDERON, HORACIO c/ PASSERA, OMAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS (EXPTE.: C.S.J. 163 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la Cámara ,en abierta contradicción con expresas constancias del expediente, sustenta esencialmente su respuesta en la pretendida "confesión ficta" de los demandados que resultaría de no haber concurrido a la audiencia de absolución de posiciones -lo que tornaría aplicable el apercibimiento de "ser tenidos por confesos en la sentencia" (art. 162 del código de rito)- , cuando, si bien se mira, de las actuaciones resulta que -"las audiencias que debíantomarse en la fecha no se toman como consecuencia de que S.S. y la señora secretaria no se hallaban en el despacho como consecuencia de concurrir a un velatorio".

En tales condiciones y observando las peculiaridades que evidencia la tramitación de la causa, -en la cual, tras haberse fijado la audiencia para otra fecha a pedido del apoderado del demandado se clausura el término de prueba antes de que aquella tuviese lugar, sin que la actora formule articulación alguna contra tal providencia ni contra el llamamiento de autos, ni tampoco solicite que se fije nueva audiencia en oportunidad de expresar agravios antes la Alzada-, resulta forzoso concluir en que el a quo ha dictado su fallo "mediante la suposición de prueba inexistente", por lo que corresponde su descalificación a la luz de las exigencias contenidas en el artículo 95 de la Carta Magna provincial.
Divorcio, audiencia de conciliación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Basualdo, Jorge Santos c/ Consentino, Elsa Zulema s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

El artículo 236 del código civil (t.o. por ley 23515) establece, en su apartado tercero, la celebración de una audiencia a la que deberán concurrir las partes, a riesgo de que "si los cónyuges no comparecieren personalmente", el pedido de divorcio vincular o de separación personal "no tendrá efecto alguno". Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen establecido que "cuando la incomparecencia es justificada y los cónyuges manifiestan su voluntad de continuar el trámite, no procede el rechazo de la acción, debiéndose fijar nueva fecha de audiencia".-
Daños y perjuicios, presunciones, facultades del juez
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ CAP. Y/O PROP Y/O ARM. BQ. MARBELLA s/ COBRO DE PESOS - (INTERRUMPE PRESCRIPCION)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Si el daño se encuentra legalmente comprobado debe el juez (en ausencia de prueba directa) fijar las bases de la liquidación, inclusive recurriendo a presunciones, sin que ello signifique suplir ninguna falencia probatoria sino arbitrar un dispositivo para el que él se encuentra legalmente habilitado y hasta -en función de la existencia del daño- obligado.
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ausencia por desaparición forzada, condiciones de detención, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, obligaciones internacionales, deber de esclarecimiento, responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS-INTERNACIONAL PRIVADO-INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Caso Torres Millacura y Otros Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-08-26

Toda vez que la investigación de las detenciones, los actos de tortura sufridos -golpes y amenazas con armas de fuego, obligando a la víctima a tirarse a los matorrales para simular un fusilamiento mientras se encontraba detenido-, y la posterior desaparición forzada de la víctima, no ha sido llevada a cabo de forma diligente y en un plazo razonable, el Estado argentino violó los derechos a las garantías y protección judiciales -artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana-, en perjuicio de sus familiares, incumpliendo asimismo con las obligaciones consagradas en el art. I.b) de la Convención sobre Desaparición Forzada y las contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, los que imponen a los Estados Partes la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las conductas prohibidas por dichos tratados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, sentencia, principio de congruencia, juicio, integración de la litis, thema decidendum, matrimonio, nulidad de matrimonio, prueba, apreciación de la prueba, prueba confesional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., D. A. c/ G., D. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Nulidad de matrimonio (Expte.:  C.S.J. Nro. 578 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando los Sentenciantes de la causa han alterado el esquema de la "litiscontestatio", introduciendo cuestiones que no fueron materia de defensa en el responde, acarreando ello sin más la ruptura del equilibrio procesal que exige el principio de congruencia con el consecuente menoscabo a excelsas garantías y derechos de raigambre constitucional. En el caso la actora solicitó la nulidad del matrimonio por estar viciado su consentimiento por el "error acerca de las cualidades personales del demandado" , afirmando la existencia de notas y cartas de amor escritas de puño y letra entre su cónyuge y un amigo, sosteniendo el demandado que si existen esas cartas es porque fueron robadas, o ilegítimamente conseguidas por la actora. Pero a partir de la inclusión del hecho de la "broma" por la vía de la confesional de la demandada, tema que, evidentemente, rebasaba los extremos constitutivos de la litis, esa probanza ha quedado absolutamente desdibujada, licuada en su mérito. En el discurrir del pensamiento del A quo -a medida que acrecentaba la ausencia de prueba que hiciera inverosímil la posibilidad de una "broma" jugada por el demandado a su cónyuge-, iba menguando el contenido probatorio de las misivas. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Estado de sitio, jueces, control de razonabilidad, detención, libertad de prensa, periodistas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HORACIO DANIEL RODRIGUEZ s/ ESTADO    DE  SIRIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-04|1985-12-03

El ejercicio por los jueces del control de razonabilidad o de la correlación entre la órden de privación de la libertad y la situación que dio origen al estado de sitio -en la adoptada por el art. 4to., inc. 2do., de la ley 23.098- debe ser tanto más severo cuanto se trata de la privación de la libertad ambulatoria de quien se desempeña pública y notoriamente como periodista, ya que un exceso en las facultades presidenciales en tal situación podría implicar un menoscabo, no sólo de la mentada libertad, sino también de la de prensa, que con especial énfasis ordena preservar el art.

32 de la Constitución al reforzar las garantías del derecho ya establecido en el art. 14.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 de dicho código. Ello sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiariedad. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)
Exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ivanoff, Yesica Paula c/ Ivanoff, Carlos Alberto s/División de condominio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-30

La causal del excesivo rigorismo no supone soslayar, en modo alguno, el riguroso cumplimiento de las normas adjetivas, sino que pretende contemplar la desnaturalización de su uso en desmedro de la garantía de la defensa en juicio, en los supuestos en que la incorrecta aplicación de un precepto de tal índole frustre el derecho de fondo en juego.(doctor Pettigiani, minoría)
Intervención de línea telefónica, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de nulidad promovido por los Dres. Iparraguirre y Aldazábal -defensores de QUARANTA, Carlos-, Causa nro. 13.883
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-21

Este Tribunal ha sostenido que la exigencia de fundamentación descansa en la necesidad de control jurisdiccional de la actividad de la prevención, aportando de esta manera garantías de imparcialidad y objetividad al momento de decidir tales medidas de investigación -en este caso la intervención telefónica cuestionada- , garantizándose así a los ciudadanos la exclusión de decisiones irregulares o arbitrarias, documentando que ellas son producto de la derivación razonada del derecho vigente y no de la voluntad individual del juez.
Procesamiento, estafa procesal, sucesiones
Materia: PENAL
Carátula: S., S. S. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-11

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "S., S. S. s/procesamiento" (causa n° 40.362/2017) rta. 11/11/17, donde los vocales intervienen con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto del juez de la instancia de origen que dispuso el procesamiento de la imputada por considerarla autora del delito de estafa procesal (art. 172 CP) al haber iniciado el juicio sucesorio de sus padres ocultando la existencia de un hermano, a partir de lo cual el juzgado civil la declaró única y universal heredera. Los vocales, por mayoría, confirmaron el procesamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, locación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERRER, MIGUEL ANGEL c/ VERGARA, Diego Martín y otro s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - (Expte. C.S.J. nro. 101, año 2011)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-20

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto al incurrir los sentenciantes en arbitrariedad por apartamiento manifiesto de las constancias de la causa al condenar a los recurrentes a pagar conceptos que no fueron puestos a su cargo en el contrato de locación agregado a autos.

Es que, si bien es cierto que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias del expediente sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, también lo es que cabe prescindir de dicha doctrina cuando se ha realizado una defectuosa consideración de los instrumentos probatorios, como así también cuando se han ignorado pruebas y cuestiones relevantes que podrían incidir directamente en la solución adecuada del pleito, lesionando el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable como ocurrió en el caso al fallarse en contra de lo convenido expresamente en el contrato. (Citas:

CSJN Fallos 233:147. CSJStaFe AyS T 150 p 352; T 153 p 366;

T 189 p 448)
Sentencia, prostitución de mayores, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gordillo, Carlos Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

El a quo indicó cuales eran las pruebas existentes en contra del imputado, y qué conclusiones correspondía extraer de ellas. Así, ha tenido por cierto y legalmente demostrado el hecho, valorando correctamente y conforme a las reglas de la sana crítica las circunstancias que los llevaron a dictar un pronunciamiento condenatorio en los términos que agravia al recurrente. Advertimos que para llegar a la conclusión de que los imputados no podían desconocer la edad de la niña, el tribunal oral consideró el informe médico realizado en cuanto señala que el desarrollo madurativo y cognitivo de la menor impresiona acorde a lo esperado a la edad cronológica, también la vista fotográfica, que resulta contemporánea a la época en que la víctima se presentó ante los imputados, por último, las testimoniales tomadas en el debate y de la impresión que les causara la menor en la audiencia. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma según su voto).
Juicio de desalojo, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: YAYA, MARIA DEL CARMEN c/ VILLASUR, CARLOS FELIX s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-11

La intimación prevista en el art. 5 de la ley 23.091 no es interpelación constitutiva del estado de mora en el que el deudor quedó incurso por el solo transcurso del tiempo, sino última oportunidad para evitar el litigio.-
Procedimiento administrativo, recursos, queja por apelación denegada, silencio de la administración, agotamiento de la instancia administrativa, habilitación de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCIARILLO, OSVALDO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

La competencia de la C.N.A.S.S. surge de lo dispuesto por el art. 8 de la ley 23.473 el que la limita, en lo concerniente al retraso en que puedan incurrir los organismos administrativos que integran el sistema previsional, a entender "en los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el art. 28 de la ley 19.549". De ello se desprende que en ningún caso se contemplan las situaciones prevista por el art. 10 de la ley de procedimiento administrativo, motivo por el cual no corresponde abrir la instancia judicial cuando el interesado intenta la aplicación de dicha disposición. Además, el dec. 9101/72 aclaró que, respecto a los procedimiento en materia de previsión y seguridad social, las normas de la ley 19.549 y de su dec. reglamentario 1759/72 son de aplicación supletoria, lo que equivale al reconocimiento de la especificidad de la normativa procesal que ha de regir la materia previsional, la cual no contempla el remedio del silencio. (Del voto del Dr. Laclau).
Defensor de menores, protección de personas, Consejo Provincial de Educación de Neuquén, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: V. M. C. y otro. s/ Medida de protección de persona.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-10-03

De acuerdo a lo previsto expresamente por la ley provincial 242 y su decreto reglamentario sobre la obligatoriedad de la enseñanza escolar, es facultad de los padres la elección de la que deban recibir sus hijos - en escuelas públicas, privadas o en el hogar - y del Consejo Provincial de Educación, el establecimiento de los medios de control, reconocimiento y certificación de dicha enseñanza, por lo que no corresponde la intervención judicial que pretende la Defensora de los Derechos del Niño a efectos de " persuadir " a los progenitores respecto de la importancia de la educación convencional y con personal idóneo, que importaría invadir esferas privadas garantizadas constitucionalmente teniendo en cuenta, además, que las niñas no se encuentran en situación de peligro o riesgo respecto de su educación.
Remuneración del personal judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHIAVO, HORACIO ATILIO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE JUSTICIA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

No cabe decir que la Corte al ejercer en las acordadas 39/85, 78/85 y 372/85 una atribución que le era propia haya lesionado derecho adquirido alguno, desde que el actor no tenía derecho a la permanencia de las disposiciones (o interpretaciones) anteriores.

En las relaciones administrativas de trato sucesivo no se puede pretender que no se modifique una situación cuando la misma no se trata de un hecho instantáneo sino de hechos sucesivos.
Recurso de inconstitucionalidad, emergencia económica, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL COYUNTURA S.A.C. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO DE APELACION - RECURSO DE CASACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-30

Aún frente a una situación de emergencia el Estado debe amparar los intereses vitales de la sociedad; al legislar sobre la emergencia deben protegerse los intereses generales de la sociedad y, al estructurar el modo de superarla, utilizar pautas de razonabilidad y de duración temporal, limitada a un plazo mínimo indispensable para hacerla desaparecer.

Esta condición de transitoriedad y duración temporal razonable, es la que aparece como severamente ignorada en la normativa cuestionada, pues el plazo de dieciséis años establecido para saldar las deudas consolidadas, resulta excesivo. En mérito de ello, cabría confirmar la resolución recurrida en cuanto acoge el reclamo de inconstitucionalidad del régimen de consolidación previsto por el Decreto 2656/01 (ratificado por ley 9078) al que adhiriera la Municipalidad de Córdoba. Sin perjuicio de tal interpretación, y dejando a salvo el reseñado criterio personal en la materia constitucional, procede adherir a lo resuelto por la mayoría del Tribunal. (VOTO DE LA DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, EN MINORÍA)
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHULZ  ALBERTO  ERICH  Y  OTROS c/ ESTADO  NACIONAL MINIST. DEECONOMIA  Y  OBRAS  Y  SERVICIOS  PUBLICOS  Y  OTRO S/ s/ ROCESO DECONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

El recurso interpuesto carece de adecuada fundamentación autónoma (art. 15 de la ley 48), pues el apelante no se hace cargo de los argumentos conducentes en que se apoyó el decisorio recurrido mediante una crítica concreta y razonada (Fallos:

295:99; 298:793; 302:265, entre otros), cabe agregar que los agravios vertidos exteriorizan una mera discrepancia del recurrente con la interpretación de las cuestiones decididas, y no revisten carácter federal, por cuya razón no autoriza, por sí sola, a descalificar el decisorio dictado -suficientemente fundado- como acto judicial (Fallos: 247:402; 276:132).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Ricardo Omar s/ Robo de automotor calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Es insuficiente el agravio por el que se denuncia violación de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal al haber utilizado la Cámara como indicio para conformar prueba de autoría del imputado la declaración extrajudicial de un coprocesado, si el a quo conformó una presunción compleja de la que dicha declaración constituía sólo un elemento y la defensa ha omitido impugnar la referida construcción.
Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva, seguridad pública, deberes del juez, interpretación restrictiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-21

En materia contravencional específicamente, corresponde efectuar una interpretación restrictiva in bonam partem, en torno de aquellos conceptos latos e imprecisos, por caso el de seguridad pública Y por ende, la expresión "seguridad pública" a la que alude el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional no puede sino concebirse, dentro del derecho contravencional -caracterizado como derecho sancionatorio local emanado del ejercicio del poder de policía -, como relativa a aquel peligro concreto que emana de la falta de cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad que establece condiciones de seguridad vinculadas con materias tales como las edilicias, higiene, prevención de incendios, evacuación de locales públicos, etc. De otro modo carecería de sentido el mandato contenido en la mencionada disposición, en tanto ordena al juez verificar los extremos en que se fincan los peligros, y prevé que la clausura ha de limitarse al ámbito estrictamente necesario. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira (por sus fundamentos))
Caducidad de instancia, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernandez Escalona, Yiliana Sofia c/ Auto Generali SA y otro s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-16

Siendo aplicable al caso la ley 24240, cabe desestimar la apelación deducida por la actora vinculada al trámite -ordinario- asignado al proceso. Ello por cuanto, en oportunidad de contestar los distintos planteos -dentro de los que se encontraba el de caducidad de la instancia-, la accionante no opuso ningún reparo al pedido de ordinarización que había requerido la demandada. En esa misma oportunidad, en cambio, contestó la reconvención y solicitó su rechazo, hecho que, en función a lo previsto en el CPR 498-2°, no puede tener otro alcance que el de haber consentido que debía darse a esta causa el trámite de juicio ordinario.