Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-22


En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de septiembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.- Y VISTOS:

El 25 de abril de 2006 la Dra. Natalia M. Molina de Harrington, a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 8, finalizado el debate que tuvo lugar en el marco del proceso seguido contra Carlos Alejandro Luraschi, resolvió -en relación a las cuestiones de previo tratamiento introducidas por la defensa al tiempo de los alegatos- no hacer lugar a la prescripción de la acción contravencional y rechazar el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio (puntos dispositivos I y II) y condenar al nombrado a la pena de cinco (5) días de arresto cuyo cumplimiento dejó en suspenso bajo la observancia por el término de diez (10) meses de las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar cualquier cambio a la sede del Tribunal y b) abstenerse de relacionarse con la Sra. Diana Fuster. Además, le impuso en concepto de reparación el abono de quinientos pesos ($500) en beneficio de la víctima, con las costas procesales (puntos III, IV y V), por considerarlo autor materialmente responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 38 de la Ley 10, hecho ocurrido en el período comprendido entre junio de 2004 y junio 2005 inclusive ( fs. 302/15vta.).

Contra esta sentencia la Sra. Defensora, Dra. Marcela María Paz, interpuso recurso de apelación en los términos del art. 50 de la LPC por entender que se habían conculcado principios, derechos y garantías de raigambre constitucional provocando a su defendido un agravio irreparable -arts. 18 y 33 de la C.N., art. 13 de la C.C.B.A. y Tratados Internacionales de Derechos Humanos de aplicación conforme art. 75 inc. 22 de la C.N- (fs. 316/26).

La recurrente expuso una serie de argumentos estructurados en cuatro puntos -dos de ellos se fundan en la falta de acogimiento de planteos deducidos durante las preliminares del juicio y los alegatos- los que se detallan a continuación: 1) Rechazo de la prescripción de la acción contravencional imputada a Luraschi a modo de contravención continuada en los términos del artículo 38 de la Ley 10 agraviándose respecto a la forma de computar el plazo; 2) Rechazo de la nulidad del requerimiento de elevación a juicio en lo que se refiere a su ampliación en los términos del artículo 381 del CPPN; 3) Nulidad del fallo ante la errónea valoración de la prueba y 4) Incorrecta determinación de la pena toda vez que la condena dictada, según la defensora, lesiona gravemente principios constitucionales tales como el de culpabilidad y proporcionalidad ante la falta de motivación y contradicción que presenta. Formuló reservas de recurrir ante el TSJ en los términos del la Ley 402 y del Caso Federal (fs. 316/26).

El Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter Fernández, sobre la base de los argumentos que expuso en su dictamen, estimó que correspondía conceder parcialmente la apelación de la defensa, sólo en torno a la innecesaria ampliación del requerimiento de elevación a juicio, ya que los sucesos ocurridos con posterioridad a la audiencia del artículo 41 de la LPC, resultan materia de denuncia e investigación ajena al objeto del presente proceso. Consecuentemente, propició modificar la pena de arresto impuesta conforme a la solicitada por el Sr. Fiscal de grado a fs. 33/7vta. (fs. 330/33).

La Defensa mantuvo los agravios y fundamentó el recurso de apelación articulado a fs. 316/26 deteniéndose en el punto III del dictamen fiscal ya que concuerda en desechar los hechos comprendidos en la ampliación del requerimiento de juicio. Sin embargo, disiente con el Titular del Ministerio Público Fiscal en relación al momento hasta el cual debe seguir computándose el curso de prescripción de la acción contravencional de hostigamiento imputada a Luraschi (fs. 339/41vta.).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- El remedio incoado por la Sra. Defensora cumple con los requisitos de procedencia formal, toda vez que ha sido interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), se dirige contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), contiene fundamentación autónoma y razonada, y fue introducido dentro del plazo legal ante la jueza de la causa. En consecuencia, resulta admisible a la luz del artículo 50 de la LPC y de los agravios invocados en tanto constituye materia revisable por esta instancia con los alcances y las limitaciones que señaláramos en anteriores pronunciamientos.

II.- En mérito a que el análisis de los agravios expuestos por la recurrente en segundo y tercer lugar -afectación a las garantías del debido proceso, defensa en juicio Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II y violación al principio de inocencia e indubio pro reo en razón de la ampliación del requerimiento de elevación a juicio- de prosperar, podría incidir en la forma de resolver la extinción de la acción contravencional, es que alteraremos el orden de prelación elegido por la defensa. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que dada la estrecha vinculación de los puntos de la sentencia puestos en crisis, el examen los abarcará en su conjunto.

La impugnante argumentó que los sucesos imputados a Luraschi comprendidos en la ampliación del requerimiento fiscal de elevación a juicio en los términos del art. 381 del CPPN, de aplicación supletoria conforme el art. 6 de la LPC, constituyen nuevos hechos y resultan materia ajena al objeto de investigación y juzgamiento en estos obrados. A ello agregó que la sentencia era nula por cuanto la Magistrada omitió fundar en pruebas la hipótesis de la acusación, reiterando sus críticas en relación a la construcción de una contravención continuada durante el período que abarca desde marzo de 2004 hasta junio de 2005.

III.- El planteo descripto, nos conduce a efectuar un breve repaso de las constancias de la causa para determinar el acierto o desacierto del reclamo defensista.

Las presentes actuaciones tienen su génesis en la denuncia presentada por la Sra. Diana Mabel Fuster contra el Sr. Carlos Alejandro Luraschi el 10 de diciembre de 2004 ante la Oficina de Turnos y Sorteos de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Justicia Nacional, en la que expuso que desde junio de 2004, fecha en la que se separó del nombrado luego de haber mantenido una relación sentimental de varios años, comenzó a sufrir por parte de aquél un continuo hostigamiento que se perfeccionó con la reiteración de insultos, llamados telefónicos a familiares, molestias a vecinos y amigos y envío de cartas (fs. 2/3vta.). Cumplida su ratificación, el Fiscal actuante solicitó la declaración de incompetencia en razón de la materia, en favor de este fuero (fs. 6/7), requerimiento que fue acogido favorablemente (fs. 9/vta.), recibiéndose las actuaciones el 17 de diciembre de 2004 (fs. 10).

La denunciante el 15 de febrero de 2005 ratificó y amplió su denuncia ante la Fiscalía Contravencional Nº 5, oportunidad en la que aportó un cassette con mensajes grabados y una nueva carta recibida (fs. 12/14). El imputado se presentó en tiempo oportuno para celebrar la audiencia fijada para el 9 de marzo de 2005 en los términos del art. 41 de la LPC. Sin perjuicio de ello, el Fiscal optó por suspenderla, designó nueva fecha -16 de marzo de 2005- y remitió las actuaciones al juzgado contravencional que en turno correspondía para que se expida en orden a la aceptación de la competencia atribuída (fs. 23, 24 y 26/vta.).

Luraschi compareció en la fecha indicada precedentemente y la hipótesis contravencional atribuida por el Fiscal consistió en: ...haber enviado a la señora Diana Mabel FUSTER cartas en las cuales escribió estoy muy enojado con vos, mala persona, yo tengo un trabajo de mierda pero honesto, no como vos, puta, sos una asquerosa, maldita, nunca pensé que podrías ser así y reclamarle bienes que son de propiedad de la señora FUSTER.

Así también el haber realizado llamados telefónicos a la casa de la denunciante, de su madre y de amigos a altas horas de la noche con insultos hacia la señora FUSTER, lo que motivó que ésta cambiara el número telefónico, como así también solicitar no figurar en la guía telefónica. En el mismo sentido tuvo que cambiar en tres oportunidades el número de celular, el último con una clave especial para que nadie pueda averiguar su número. Asimismo decirle telefónicamente a la madre de la denunciante sabés lo que está haciendo la puta de su hija.

El hacer guardia en la puerta del domicilio de la señora FUSTER y sus alrededores y al verla salir insultarla y haberla detenido en la entrada de su domicilio intentando retenerla asiéndola fuertemente lo que le provocó algunos hematomas, motivo por el cual la denunciante se ve impedida de salir diariamente de su casa al extremo tal de tener que hacer sus compras diarias con servicio de entrega a domicilio molestando a los repartidores.

Haber escrito grafitis en las inmediaciones del domicilio de FUSTER describiendo su nombre y domicilio exacto generando en la señora FUSTER una situación de angustia y temor, hechos que vienen sucediendo desde el mes de Junio de 2004, fecha en la que tuvo lugar la finalización de la relación sentimental que tuvieron el imputado con la denunciante, continuando hasta la actualidad.

En efecto, se inician las presentes actuaciones a raíz de la denuncia incoada por la señora DIANA MABEL FUSTER en el fuero criminal y correccional, en la que denuncia los hechos que aquí se le imputan al señor Carlos Alejandro LURACHI, motivo por el cual fue citada a prestar declaración testimonial agregando en ese momento que amigos de la denunciante también recibieron agresiones verbales por parte del señor LURASCHI. Con posterioridad el citado tribunal se declaró incompetente, motivo por el cual finalmente se remitieron las actuaciones a esta sede fiscal, donde compareció la denunciante a ampliar y ratificar la denuncia oportunamente incoada.

En esta oportunidad declaró que la señora Marta Noemí Breck amiga suya, fue perseguida por el denunciado durante todo el trayecto en la autopista 25 de mayo y que también la interceptó en otra oportunidad en circunstancia en las que ingresaba el auto al garage, golpeando el vidrio del vehículo y le dijo que no ayudara a la señora Fuster. En el mismo sentido, y dado que el señor LURASCHI hace guardia en las inmediaciones de su casa durante el día, sale de noche de su casa y se dirige a la casa de su madre para pernoctar allí y desde allí salir a trabajar en la mañana siguiente sin ser vista por el denunciado.

Que asimismo tuvo que optar por realizar compras con entrega a domicilio a fin de evitar sus insultos a pesar de lo cual agrede Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II verbalmente a los repartidores al notar que al entrega será en su domicilio (fs. 27/28vta.).

De la lectura del requerimiento se desprende, en lo pertinente, que el Dr. Adrián Norberto Martín respetó parcialmente la estructura delineada precedentemente, toda vez que el hecho que describe el encuentro entre Luraschi y la Sra. Breck fue omitido. Finalmente, en lo que aquí interesa remarcó el período en el que se extendió el suceso ...desde el mes de Junio de 2004, fecha en la que tuvo lugar la finalización de la relación sentimental que tuvieron el imputado con la denunciante, continuando hasta, al menos, la fecha en que se tomó la declaración en los términos del art. 41 de la LPC (16 de marzo de 2005). -fs. 33/vta.- Durante el trámite de las actuaciones se articularon una serie de planteos tendientes a lograr la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba en los términos del art. 45 de la Ley 1472 (fs. 44/45 y 51/54) y ante su rechazo (fs. 55/vta.) la defensa presentó la impugnación e intervino esta Sala confirmando la decisión jurisdiccional de primera instancia (fs. 57/63vta. y 81/82vta.). Posteriormente, interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 92/101vta.) el que declarado inadmisible (fs. 110/112vta.) motivó la interposición de la queja (fs. 58/71 del incidente respectivo) que fue rechazada por el TSJ ( fs. 83/86).

Por otra parte la Dra. Paz solicitó el beneficio para litigar sin gastos (fs. 115/117), formándose la correspondiente incidencia (fs. 118). Entretanto, el Dr. Martín requirió se fije audiencia de juicio ...a fin de evitar la prescripción de la acción (fs. 119). El 27 de diciembre de 2005 la Magistrada, accediendo a la petición formulada, dispuso aquélla para el 13 de marzo de 2006 a las 10:00 horas (fs. 120) auto que fue recurrido por la defensa (fs. 153/56vta.) y si bien se rechazaron las impugnaciones (fs. 160) mediando solicitud fiscal de postergación de la fecha de apertura de juicio (fs. 161), esta fue fijada para el 15 de marzo de 2006 a las 13:30 horas (fs. 162), sin admitirse nuevos cambios de fecha pese a la petición, en tal sentido, formulada por la asistencia técnica (fs. 164, 165vta., 181/184 y 185vta.).

En consecuencia, el debate se inició el 15 de marzo de 2006 y como cuestión preliminar la defensa planteó la prescripción sobre la base de que la Fiscalía imputó a su defendido la comisión de una contravención continuada en los términos del art. 38 de la Ley 10 toda vez que al no poder establecerse efectivamente que el cese de la conducta tuvo lugar el día de la celebración de la audiencia en los términos del art. 41 de la LPC, como pretende el acusador, la acción se encontraría prescripta. Sobre este punto, la Magistrada entendió que tratándose de una cuestión de hecho y prueba correspondía diferir su tratamiento (fs. 196/197). Prosiguió el juicio el 23 de marzo de 2006 y en las preliminares, la defensa solicitó la nulidad absoluta del requerimiento de elevación a juicio, en razón de la calificación legal escogida por el acusador al tipificar la conducta de Luraschi en los términos de los artículos 38 de la Ley 10 y 52 de la Ley 1472, petición que fuera rechazada por extemporánea (fs. 226/232).

Se reanudó el debate el 03 de abril de 2006 y el Sr. Fiscal, en los términos del art. 381 del CPPN de aplicación supletoria, amplió el requerimiento argumentando que en las distintas audiencias se habrían vertido testimonios que permitirían imputar a Luraschi una conducta de hostigamiento continuado desde junio de 2004 hasta junio de 2005. En consecuencia describió e incluyó los nuevos hechos a la primigenia imputación de la siguiente manera: ...ha quedado demostrado que las vigilancias implantadas por el Sr. Luraschi y las persecuciones realizadas contra la Sra. Fuster comenzaron en el mes de junio de 2004 y se extendieron hasta el mes de junio de 2005, tal fue así que el Sr. Luraschi persiguió a la Sra. Fuster en el mes de junio de 2005, hasta el ingreso de la boca de subterráneo mirándola en forma intimidante, en el marco de las vigilancias, y luego a la salida de la estación Mariano Moreno. Ello reflejó un situación de acoso, provocando un situación de temor y angustia en la Sra. Fuster. Asimismo, contra su madre, la Sra. Rabczac, a la que llamó para hablarle mal de su hija, la Sra. Fuster; Dichos llamados se extendieron hasta el mes de junio de 2005, haciéndolo en forma tal que se tornaron insoportables, provocando en la Sra. Rabczak una situación de angustia, susto y malestar no solo en ella sino también en la Sra. Fuster, justamente a través de su madre. Por otra parte, los insultos y la difamación de Luraschi hacia Fuster en los comercios de la zona para que todo ello llegara a oídos de la denunciante, se extendieron también hasta junio de 2005... (fs. 258 /vta. y 259).

Puesto en conocimiento el imputado, se suspendió la audiencia (fs. 257/260). El 18 de abril de 2006 la Defensa ofreció prueba (fs. 274vta.) y finalmente el 25 de abril de 2006 se formularon los alegatos, ocasión en que la Dra. Paz insistió en los planteos oportunamente expuestos relativos a la nulidad del requerimiento y a la prescripción de la acción contravencional (fs. 282/286), ambos rechazados por la Magistrada en la sentencia (fs. 302/315vta.).

Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II IV.- De la reseña efectuada precedentemente, no se deriva en modo alguno lesión de la garantía del debido proceso y defensa en juicio toda vez que, el imputado ha sido anoticiado correctamente de los nuevos hechos o circunstancias atribuidas en la ampliación de la acusación con total y certera información de los derechos constitucionales que le son propios.

Sobre el punto, Maier explica que Si durante el debate se produce la ampliación de la acusación, no sólo se escucha en la audiencia el requerimiento del ministerio público, quedando por ello notificados todos lo intervinientes (entre ellos, el imputado y su defensor), sino que, además está prevista la nueva intimación, debiendo el presidente del tribunal informar detalladamente al imputado sobre el hecho que se le atribuye (CPP Nación, 381..)... .

Las diversas causas de suspensión, entre las que se encuentra la ampliación de la acusación, permiten ...seccionar la audiencia del debate por tiempo limitado, cuando la necesidad lo impone, ya por efecto de la imposibilidad de asistir de alguno de los intervinientes u órganos de prueba, ya para preparar convenientemente la defensa si sucede algún acontecimiento inesperado.... .

Lo anterior, se conjuga con la garantía de la defensa en juicio establecida a favor del imputado por el art. 18 de la Constitución Nacional que le acuerda la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos comprendidos en la acusación y en su ampliación.

En tal sentido, el art. 381 del CPPN le asigna expresamente al Fiscal la facultad de ampliar la acusación. En comentario a la norma citada DAlbora explica que Las únicas fuentes determinantes de la eventual ampliación, son la confesión del imputado o la prueba recogida en la audiencia... .

En consecuencia, durante el desarrollo de la audiencia y luego de escuchar los testimonios de Diana Mabel Fuster, Juana Rabczak, Gabriel Christian Barboza, Silvina Inés Orio y Marta Noemí Beck (ver audiencias de los días 23 de marzo y 3 de abril de 2006 a fs. 226/32 y 257/60, respectivamente) el Fiscal rediseñó la primigenia imputación, toda vez que la evaluación de la prueba en su conjunto contribuyó a fundar la ampliación de la acusación en el entendimiento de que sucesos que tenían por protagonistas a Luraschi y Fuster continuaban en el tiempo.

El Sr. Fiscal de grado extendió su requerimiento sobre la base de tres acontecimientos protagonizados por Luraschi que se sumaron a los anteriores y se desarrollaron durante los meses de abril, mayo y junio de 2005, a saber: 1) persiguió a la Sra. Fuster en circunstancias en que se dirigía a la estación de subterráneo, 2) entabló comunicación telefónica con la Sra. Rabczac con el objeto de hablarle mal de su hija y 3) divulgó comentarios insultantes contra la Sra. Fuster entre los comerciantes de la zona en la que aquélla reside.

Precisamente -en lo que respecta a la ampliación del requerimiento- la defensa centró su agravio en que la condena de su pupilo responde a la falencia en la valoración de la prueba, deviniendo desacertado el razonamiento de la Magistrada de grado en cuanto estima acreditada la materialidad infraccionaria de los hechos enrostrados a Luraschi a modo de contravención continuada en los términos del art. 38 de la Ley 10. Entiende que la versión de los sucesos ofrecida por la denunciante ha quedado huérfana de sustento, toda vez que los testimonios recolectados durante el juicio no han contribuido a robustecer aquélla acusación. En consecuencia, sostiene la recurrente que se ha conformado un cuadro cargoso insuficiente para arribar al pronunciamiento atacado.

Sin embargo, analizando el fallo criticado surge que la sentenciante evaluó correctamente la prueba producida e introducida en el juicio, de modo de estimar acreditada la materialidad infraccionaria de la contravención cuya comisión en forma continuada se reprocha al encartado Luraschi. En tal sentido, valoró la prueba testimonial rendida en el juicio, sin que corresponda a este Tribunal el examen del grado de convicción que aquélla ha producido en el ánimo de la Magistrada extremo este que le ha sido reservado ...por su inmediación frente a los órganos de prueba..., encontrándose en condiciones ...de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales... .

Al respecto el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala I ha sostenido en reiteradas oportunidades que: ...la apreciación de la prueba Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II testimonial para determinar el grado de credibilidad de los testigos es, en principio, materia reservada a los jueces que han tomado directo contacto con el material probatorio, y ajena, salvo absurdo, al recurso de casación penal (conf. sent. del 08-09-1999 en causa nº 185, carat. Benítez; ídem del 06-07-2000 en causa nº 781, carat. Herrera; ídem del 07-12-2000 en causa nº 3097, carat. Pan; ídem del 08-02-2001 en causa nº 196, carat. Galván, entre otras).

En este sentido, no se detecta en el caso que la A-Quo hubiere faltado a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional en el juicio de valoración de las pruebas producidas en la audiencia de debate respecto de la cuestión que se ventila y que tiene como protagonista principal a Carlos Alejandro Luraschi. Adviértase que analizó en primer término la versión de los hechos ofrecida por la denunciante -Sra. Fuster-. Posteriormente meritó las sucesivas declaraciones de los testigos -Rabczk, Barboza, Orio y Beck- destacando que todos ellos fueron contestes en afirmar la existencia de inconvenientes entre Fuster y Luraschi, corroborando la presencia de un conflicto que se prolongó en el tiempo (ver fs. 227/229 y 258/vta., 229/230, 230/231, 231/232 y 257/258, respectivamente).

En relación a la cuestión referida por la Sra. Defensora en torno a que las probanzas analizadas en la sentencia no alcanzan para acreditar los hechos descriptos tanto en la acusación como en su ampliación, toda vez que cuestiona el valor asignado a los testimonios prestados por personas allegadas a la víctima en razón de hallarse comprendidos en las generales de la ley, debe señalarse que la sola circunstancia de que se trate de la madre y amigos de la Sra. Fuster, no obsta a su credibilidad. De ello se sigue que la versión de la denunciante no se vió contrarrestada por elemento de juicio alguno que permita dudar de su autenticidad. En consecuencia, sus dichos constituyen la base legítima del pronunciamiento condenatorio cuando, como en el caso, existen otras pruebas que permiten corroborarlos.

En la sentencia se refleja que la Magistrada, a través de sus impresiones personales producidas durante el debate, valoró los testimonios sin advertir ningún tipo de parcialidad o contradicción entre los deponentes, y si bien las declaraciones versan sobre distintas circunstancias relativas al hostigamiento sufrido por Fuster, cierto es que se complementan y concilian formando un cuadro coherente que permite la reconstrucción histórica de lo ocurrido.

A ello sumó la sentenciante otros elementos de prueba de diferente naturaleza -cinta de grabación y cartas-, señalando que sin perjuicio de que no se determinó de manera fehaciente la intervención del imputado en aquéllos, en una de las misivas enviadas a la denunciante se describió solapadamente un suceso en el que participaron la testigo Beck y Luraschi, circunstancia que partiendo de una visión global de la prueba mereció su inclusión como indicio que contribuyó -junto a la prueba testimonial- a que la Magistrada edificara una plataforma de cargo de entidad suficiente para arribar a la certeza que reclama el pronunciamiento condenatorio, como producto de una valoración completa y razonada de los elementos incorporados en el debate, indicando exactamente las cuestiones que impedían aplicar la regla del indubio pro reo (art. 9 de la Ley 10), corolario del principio de inocencia (art. 6 Ley 10 y art. 13.3 de la CCABA).

Al respecto se ha dicho que: Cabe rechazar el recurso de casación deducido contra la sentencia condenatoria -en el caso, por el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Cód. Penal- fundado en que no se aplicó el principio de indubio pro reo respecto de uno de los coautores, dado que no se advierte fisura lógica alguna en el razonamiento impugnado, pues, se han valorado adecuadamente y conforme a las reglas de la sana crítica, las declaraciones de los testigos que concluyeron en afirmar la participación del imputado en el hecho investigado .

Sobre la base de lo expuesto, no se detecta ninguna falla o quiebre en el razonamiento realizado por la A Quo en la sentencia, toda vez que conforme a las reglas de la sana crítica y sobre las pruebas que personal y directamente presenció en el juicio, conforme a los principios que lo rigen (oralidad, inmediatez, continuidad, concentración, publicidad) arribó a la convicción necesaria para dictar el fallo condenatorio criticado, respondiendo todos los cuestionamientos introducidos por la defensa tanto en las preliminares del juicio como en los alegatos, imponiéndose en consecuencia la homologación de la decisión puesta en crisis.

V.- Resta examinar el agravio de la defensa tendiente a determinar a partir de cuándo debe dispararse el conteo del curso de la prescripción de la acción contravencional continuada enrostrada a Luraschi en los términos del art. 38 de la Ley 10. Si bien la propuesta esgrimida por la recurrente en tal sentido se construye descartando la viabilidad de los hechos comprendidos en la ampliación de la acusación fiscal y tal cuestión conforme a lo resuelto, ha sido rechazada, cabe recordar que la doctrina en forma unánime Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II ha considerado que en el delito continuado o permanente la prescripción comienza a correr a partir de la última infracción, es decir desde que se ha producido la última consumación .

Por su parte el artículo 31 del Ley 10 , ha reflejado el criterio expuesto precedentemente al destacar que el curso de la prescripción de la acción debe computarse desde la comisión de la contravención o desde su cesación en el caso de las contravenciones permanentes.

Precisamente la Dra. Paz centró sus críticas en la incorrecta fijación del cómputo del término de la prescripción de la acción el que, según entiende, debió iniciarse a partir del acto de ratificación y ampliación de denuncia por parte de la Sra. Fuster -15 de febrero de 2005- por haber operado desde esa fecha el lapso del artículo 31, Ley 10, sin que alguna causa legalmente prevista lo hubiere interrumpido o suspendido. No obstante, estimó que ...sin perjuicio del criterio que se adopte respecto del comienzo y finalización de la contravención, la acción se encuentra prescripta ( v. fs. 317).

Sin embargo, conforme adelantáramos, ha perdido virtualidad el planteo propuesto, toda vez que considerando al hecho objeto de este proceso como una conducta contravencional continuada extendida desde junio de 2004 hasta junio de 2005 y siendo que el juicio se desarrolló entre los días 15 y 23 de marzo y 3, 18 y 25 de abril de 2006, se verifica palmariamente que, en el caso, no ha transcurrido el plazo previsto por el art. 31 de la Ley 10.

VI.- Por último, analizaremos el agravio que se relaciona con la pena aplicable al caso. Para ello debe tenerse presente que no se ha visto modificada la base fáctica sobre la cual la Magistrada dictó el pronunciamiento condenatorio respecto de Luraschi.

Sobre el punto, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en sendos precedentes en el sentido de que en materia de revisión de la pena ...el juez se mueve en un ámbito de discrecionalidad reglada y entonces, como toda decisión sujeta a reglas, puede ser revisada, a fin de determinar si fue adoptada siguiendo esas normas (Ziffer, Patricia S. Lineamientos de la determinación de la pena, Ed. Ad-Hoc, 1996, pág. 187; Trib. Sup.de Justicia de Córdoba, Diez, Carlos A. p.s.a. fraude en perjuicio de la administración pública. Recurso de Casaciónm del 6-6-97); es decir, controlada en casación para determinar si cuenta sobre el tema con fundamentos suficientes y legítimos (Trib. Sup. de Justicia de Córdoba, Farías, Osvaldo C. p.s.a. robo calificado. Recurso de Casación, del 17-11-97)....La tarea del Tribunal reside entonces en revisar los pasos seguidos por el juzgado al determinar la pena aplicable para dilucidar si siguió aquellas pautas que se fijan en el código de fondo, sin que ello signifique revisar el peso que él le asignó a cada una de ellas para arribar a la conclusión que se ataca. Ello es así por cuanto el juez que presenció el debate es a quien le co rresponde -en orden al principio de inmediatez- apreciar en forma directa todos aquellos elementos que luego tendrá en cuenta a la hora de razonar acerca de la especie y el quantum de la pena a fijar dentro de los marcos legales... .

Sentado lo anterior, se advierte que la A-Quo analizó cuidadosamente las circunstancias que rodearon al hecho y la extensión del daño causado conforme el artículo 24 de la Ley 10. De esta manera, luego de tener probados los hechos enrostrados a Luraschi que se subsumen en la hipótesis prevista en el art. 38 de la Ley 10 en carácter permanente extendidos entre junio de 2004 hasta junio de 2005 en perjuicio de la Sra. Fuster consideró, como dato de interés a tener en cuenta para fijar la sanción, a las personas que sin poseer ningún tipo de relación con el conflicto propio de las partes, se vieron comprometidas y afectadas por largo tiempo con los sucesos descriptos. Es por ello que las pautas evaluadas para fijar la pena de arresto en suspenso a Luraschi aparece lógica y razonablemente aplicable.

Causa nº 187-00-CC/2005 Sala II Lo mismo ocurre con la pena de reparación, la que deberá ser mantenida toda vez que la Magistrada sopesó certeramente las circunstancias económicas por la que atraviesa el encartado al apartarse notablemente del monto requerido por el acusador.

En este sentido expresó que: ... habré de disminuir el monto de reparación que ha solicitado por el Sr. Fiscal, teniendo en cuenta la situación económica que vive el imputado que surge palmaria del informe socio ambiental de fs. 224/225 que da cuenta que Luraschi percibe aproximadamente unos ochocientos pesos por mes de sueldo de su trabajo como chofer y que vive en la casa de su madre (fs. 314vta.).

Asimismo, para determinar concretamente cuál era el monto de posible cumplimiento no perdió de vista el resultado del incidente de beneficio de litigar sin gastos otorgado a Luraschi. Tal es así, que precisamente destacó que el nombrado ...carece de bienes a su nombre. Por tal motivo, teniendo en cuenta su acotada situación económica estimo conveniente establecer el monto de reparación en favor de la Sra. Fuster en quinientos pesos (fs. 314vta.).

Por todo lo expuesto, habiéndose verificado que el pronunciamiento condenatorio constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias fehacientemente comprobadas, entendemos que la sentencia recurrida debe ser confirmada en su totalidad.

Es por ello que concluido el presente Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

1.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 302/315vta. en cuanto: I) NO HACE LUGAR a la solicitud de prescripción de la acción contravencional que opusiera la defensa, II) RECHAZA el planteo de nulidad opuesto por la defensa, III) CONDENA a CARLOS ALEJANDRO LURASCHI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a la conducta contravencional que se le imputara en estos actuados en los términos del art. 38 de la Ley 10 en forma continuada desde junio de 2004 hasta junio de 2005 en carácter de autor perjuicio de la Sra. Diana Mabel Fuster a la pena de cinco (5) días de arresto, en suspenso, con la imposición de las siguientes reglas de conductas que deberá cumplir por el término de diez (10) meses: a) fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta al Tribunal; b) abstenerse de relacionarse con la Sra. Diana Fuster (DNI nº 11.862.004) por el término de diez (10) meses, a partir de que la sentencia quede firme, IV) CONDENA a CARLOS ALEJANDRO LURASCHI a la pena de reparación consistente en abonar la suma de pesos quinientos ($500) en beneficio de la Sra. Diana Fuster. Dicha suma deberá ser abonada en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de cincuenta pesos ($50) cada una, debiendo abonar la primer cuota dentro de los primeros cinco días de quedar firme la sentencia y las restantes dentro de los primeros cinco días en meses sucesivos al pago de la primera, V) CON COSTAS.

2.- TENER PRESENTE las reservas formuladas a fs. 326 apartado V.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota.- Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.