marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. SA s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-20

"Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen la sentencia definitiva que alude el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla si el fallo apelado desestimó la prescripción opuesta por la demandada y dio curso a la ejecución fiscal, ya que el agravio que de ello resulta no puede ser revisado en trámite ulterior, donde aquella defensa no sería ya admisible".

Lo que debe entonces determinarse es si en el marco del micro proceso de conocimiento que autoriza el juicio ejecutivo se habilitó el examen y se resolvieron cuestiones que no pueden ser renovadas en un juicio ulterior. Si así fuera, es de ineludible cumplimiento la exigencia de acuerdo y voto individual (art. 169 CPcial., art. 8 Ley V N° 17, arts. 165, 275 y concs. CPCC).
Incidente de excarcelación, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SERON CARLOS ALBERTO S/EXCARCELACIÓN", Expte. Nº 4419 (S-784/13/TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-05-22

La modalidad de no fundamentar las resoluciones en los incidentes excarcelatorios, resolviendo en algunos casos escuetamente, para lo cual se recurre a fórmulas genéricas carentes de toda fundamentación, (lo que se evidencia en la presente resolución en crisis), deriva en la imposibilidad de conocer si la limitación de la libertad del imputado, se adecua razonablemente a los fines procesales - de peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones; tampoco se puede demostrar, que el encarcelamiento, resulta ser de extrema necesidad, para garantizar de éste modo, los fines del proceso; toda vez que al omitirse un estudio mínimo del caso, no se evalúa, entre otras razones, la posibilidad de otra medida menos perjudicial para el imputado.

En síntesis debe quedar en claro, que la decisión de encarcelar preventivamente a alguien debe fundarse en la probabilidad real de peligro de fuga o bien, en el peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria. Tan sólo en estas hipótesis se justifica algo tan gravoso como la privación de libertad del imputado.-
Relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ochoa, Jorge Omar c/ Hierro Nort Salta S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-03-07

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demuestre lo contrario. La referida presunción opera aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato y en tanto que no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Como lo señala la doctrina, para determinar la existencia del mentado contrato, el juez debe basarse en el principio de primacía de la realidad, que otorga prioridad a los hechos efectivamente ocurridos en el marco de la relación, y que lo decisivo es la apreciación razonable de la prueba a la luz de los principios básicos que rigen el derecho laboral (en el caso se entendió configurada la relación laboral del viajante de comercio con la empresa demandada, en atención a las pruebas aportadas).
Restricciones al dominio, camino de sirga
Materia: CIVIL
Carátula: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ACESUR S.A. y otro c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El camino de sirga importa una restricción y límite de un dominio privado, para lo cual se fundamenta en la legislación vigente y en el hecho de que se encuentra regulado en el Código Civil dentro del capítulo de las restricciones y límites al dominio, caracterizadas por la inexistencia de indemnización.-
Automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, defectos de fabricación, garantía al consumidor, consulta técnica, cumplimiento parcial, mora del vendedor, responsabilidad solidaria, responsabilidad del fabricante, cesión de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARRAZAN, WALTER LUIS C/ CAR ONE SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Y si bien la sentencia de grado condenó a las demandadas "...en forma concurrente...", esto es, de acuerdo al régimen de las obligaciones in solidum (considerando V y punto "a" de la parte dispositiva) en el cual, como es sabido, no se produce la propagación indicada y cada deudor no sufre las consecuencias de la culpa ajena (CCCN 851 -f; Llambías, J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Buenos Aires, 1970, t. II, p. 598, n° 1289 "d"; Compagnucci de Caso, R., "Obligaciones concurrentes un supuesto de relaciones de sujeto plural, LL 2019-D, p. 1105, cap. IV.6), sin embargo, aun cuando lo dispuesto por la LDC 13 pueda entenderse como relacionado a la presencia de obligados concurrentes, la norma los tiene como obligados solidarios, por lo que al régimen de la solidaridad obligacional cabe remitirse (conf. Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., "Ley de defensa del consumidor, comentada y anotada", Buenos Aires, 2009, t. I, p. 191).
Poder, falta de personería, poder general, poder especial
Materia: PROCESAL
Carátula: SCALINI, MARIO ENRIQUE c/ FRATTINI, ROBERTO CARLOS s/ JUICIO ORDINARIO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 310-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-27

La calidad del representante del actor, quien como apoderado general confirió mandato especial al letrado del juicio del cumplimiento del contrato, se halla plenamente comprobado, por lo que el Tribunal no pudo válidamente acoger la excepción de falta de personería, sino que, hubo de darle al caso el tratamiento que razonablemente corresponde a una insuficiente o deficiente acreditación de la personería existente, que no es la misma, obviamente, que la falta de poder. La Cámara exigió individualizar o acompañar el mandato general que sirvió de instrumento acreditante de la representación invocada por quien otorgó a su vez poder especial para juicio.
Intereses, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez José Abelardo c/ Baggio Rufino Pablo y/u otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-08-28

No es posible desconocer la insuficiencia de la tasa pasiva sugerida por el Decreto 941/91 para plasmar el fin de mantener incólume el contenido económico de la sentencia pero, la evolución de las tasas activas del Banco de Entre Ríos aplicadas por esta Sala, hace que las mismas resulten excesivamente elevadas, superior muchas veces en seis puntos a los del INDEC, por lo que aparece razonable revisar el anterior criterio del tribunal y adoptar la tasa pasiva que cobra el mencionado banco en sus operaciones de depósitos a treinta días, dado que es en esta plaza financiera donde el acreedor pudo obtener la renta del capital que se le adeuda.
Concursos, efectos de la apertura, ejecuciones especiales, subasta, ejecución prendaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Chacra, Ricardo Omar c/  s/ concurso preventivo s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-21

Procede confirmar la resolución que denegó el pedido del acreedor de ejecutar extrajudicialmente las acciones del concursado que fueran prendadas a su favor. Ello por cuanto, en el caso, contrariamente a lo alegado por la acreedora recurrente, se observa que, por las características que presenta la prenda que se pretende hacer valer, ésta se trata de una prenda común. Además, la posibilidad de ejecutar mediante remate extrajudicial, como lo señala la juez de grado, solamente es admisible frente a la ejecución perseguida por ciertos acreedores. Es que, si bien no está dicho expresamente en la norma, ello se extrae de sus antecedentes, como ser la exposición de motivos de la ley 19551, de la que surge que dicha admisión fue dispuesta en función de la rapidez de la realización del crédito, que los ordenamientos legales pertinentes han tenido en mira para admitir esa ejecución extrajudicial, lo que prevé una ley especial que reglamente esa facultad, lo que no ocurre cabalmente en el caso. La LCQ 23 prevé especialmente que los acreedores titulares de garantías reales pueden ejecutar en remate no judicial, recurso del cual pueden valerse algunas instituciones de crédito, como los bancos que por su reconocida seriedad obstan cualquier abuso e instituciones como Mercado de Valores, etc. que aseguran la transparencia del procedimiento y conocimiento de los recaudos por el tribunal (conf. Cámara - Martorell, "El concurso preventivo y la quiebra" T. I, pág. 551). Tal especialidad en el acreedor autorizado a ejecutar extrajudicialmente es contemplada en el Decreto Ley de Prenda con Registro N° 15348/46, ratificado por la ley 12962 y modificada por el Decreto Ley N° 6810/63, en su art. 39. Esta norma posibilita la ejecución directa del bien prendado cuando el acreedor aparece calificado con ciertos requisitos de profesionalidad que presuponen seriedad y responsabilidad en su proceder, con prescindencia de la intervención judicial, cuyo concurso se limita a controlar el título y facilitar la venta directa de ese bien -a través de su secuestro-. Ello, se reitera, en el entendimiento de que los bancos e instituciones supra aludidas en tanto entes obligados por sus responsabilidades y profesionalismo, se hacen merecedores de la excepcional atribución de ejecutar extrajudicialmente la prenda, conforme el régimen ya citado. Es esta especialidad y profesionalidad la que permite apartarse del control jurisdiccional en la realización de los bienes del concursado.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia civil, locación de servicios, telefonía celular, daños y perjuicios, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: KAVANAGH, PATRICIA c/ COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

Resulta competente la justicia civil para conocer en un proceso en el que -como en el caso- se acciona contra una empresa prestadora del servicio de telefonía celular en los términos de la ley 24240 y las correspondientes normas del cciv, tendiente al resarcimiento de los daños y perjuicios que, según el pretensor, le fueron ocasionados por la presunta conducta ilícita atribuida a la accionada, con motivo de la promoción efectuada en la vía pública referida a la concesión en propiedad de dos aparatos sin cargo como premio, con la condición de la posesión -por parte del favorecido- de una tarjeta de crédito con determinado numero. Ello así, pues: a) en un precedente en el que se invocó la ley de defensa del consumidor, la Corte Suprema asignó la competencia a la justicia civil para entender en temas análogos al que se plantea en la especie ("Safar Retamar, María E. c/ Moño Azul SA s/ daños y perj. s/ Sum", del 31-3-99); y b) lo reclamado, independientemente del tipo comercial que reviste la accionada, excede la relación de un vínculo mercantil, pues encuadra en un presunto hecho ilícito provocado por la supuesta conducta anómala atribuida a la defendida, situación cuya dilucidación, conforme lo dispuesto por la ley 23637, corresponde a la jurisdicción civil.
Mora, constitución en mora, interpelación, escribanos públicos, extinción del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENTEL c/ BAGGINI DE CARRARA VALENTINA s/ ESCRITURACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-08

Producido el hecho desquiciante del contrato; toda intimación a cumplir sus términos originarios carece de virtualidad moratoria.

Son inidóneas las notificaciones dirigidas por los escribanos para poner en mora a los destinatarios, toda vez que no son representantes ni mandatarios de quien los propuso.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, entidades financieras, banco central, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Misson, Arnaldo Luis y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que condenó al Banco Central a abonar a los actores el reajuste por depreciación monetaria derivado del pago fuera de término de un certificado de depósito a plazo fijo intransferible ajustable vencido durante el tiempo que la entidad financiera tomadora de los fondos se encontraba sujeta a una intervención cautelar dispuesta por aquel, en tanto se encuentra controvertido el alcance de normas federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la recurrente sustenta en aquéllas.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Vallemar Coop. Limitado c/ De la Iglesia, Héctor A. y otros s/ Cobro de pesos Etcheverry, Carlos Dionisio y otros c/ Gricione, Omar Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30|1993-08-31

Los meros argumentos no constituyen cuestión esencial.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

En el marco de un recurso extraordinario, es impropio del cometido jurisdiccional de la Corte, formular una determinada interpretación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo dado el carácter común que ésta posee y si bien es cierto que el excepcionalísimo supuesto de arbitrariedad de sentencia autoriza a que el Tribunal revise decisiones de los jueces de la causa en materia del mentado derecho común, la intervención en dichos casos no tiene como objeto sustituir a aquellos en temas que son privativos , ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que se circunscribe a descalificar los pronunciamientos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, tasa pasiva, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garay, Juan Carlos c/ Micro Omnibus Sur Sociedad Anónima Comercial y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

No obsta a la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina para el cómputo de los intereses correspondientes a los honorarios regulados en el litigio lo dispuesto por el art. 61 del arancel ya que su aplicación no puede prescindir de lo establecido en la ley 23.928 (art. 7. y concordante) y en su decreto reglamentario (especialmente, art. 8.

del decreto 529/91 modificado por el art. 10 del decreto 941/91).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El plenario sobre suspensión del juicio a prueba estableció como doctrina legal, con los alcances previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que: a) El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, no resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión. b) El consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, 4 párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio.
Responsabilidad objetiva, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Arias, Tomás Alberto c/ Dávila Sardinas, Ilda s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº B-162487/06 (Sala I- Cámara Civil y Comercial) - Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-10-29

La circunstancia de que ninguno de los que participaron en el hecho que provocó que un morador de la vivienda arrojara ladrillos desde la terraza ante el temor que le causó ver que escalaban por un poste de luz para ingresar en el inmueble, no tuvieran intención de agredir a los habitantes del inmueble o cometer algún acto en contra de la propiedad, no impide aplicar la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la propietaria de la vivienda, pues apreciando las circunstancias de hora y lugar, la conducta de escalamiento de uno de ellos, y la presencia de otras dos personas en actitud de acompañamiento, se advierte una apariencia de peligro, amenaza y riesgo que justifica la defensa intentada por quien arrojó los ladrillos.
Usurpación de inmueble, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Ciarreta Hayde s/ Recurso De Apelacion En Causa Nº 133/11 Cam. 1º Torrez, Diego Ricardo S/Amp. Por Usurpacion (Inc. De Apelacion)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-14

El instituto del amparo por usurpación, no constituye una medida cautelar que puede ser dictada inaudita parte, es en verdad, un proceso abreviado, sumarísimo, especial y que requiere del juez no solo el cumplimiento de una serie de medidas para formar criterio (Art. 510, CPP) sino, fundamentalmente, la obligación de escuchar a las partes en conflicto.
Accidentes de trabajo, indemnización por muerte del trabajador, relación de dependencia, ejecución de sentencia, sentencias de segunda instancia, competencia federal, competencia previsional
Materia: LABORAL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Yancarlos, Teresa Elizabeth y otro  c/ Mapfre Argentina ART S.A. y otros  s/ otros - previsionales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Es competente la justicia federal de primera instancia de la seguridad social para conocer en la ejecución de una sentencia dictada por la cámara nacional de apelaciones de ese fuero mediante la cual resolvió que el fallecimiento del trabajador se produjo estando vigente la relación laboral y en su lugar de trabajo y ordenó que se determinen las prestaciones correspondientes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Impuesto sobre los ingresos brutos, petróleo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

El criterio interpretativo que se propicia, consistente en distinguir entre la obtención de un producto, subproducto o derivado del destilado y refinación del petróleo para caracterizar una actividad como hidrocarburífera; de la utilización de un insumo de tal naturaleza, para, a partir de ello, caracterizar a otra según la naturaleza misma que efectivamente tenga, surge claro en tanto se alerte sobre el peligro de valerse de definiciones técnico-científicas que, por regla general, no han sido tomadas en cuenta por el legislador al caracterizar las hipótesis de incidencia tributaria. Ello así, en tanto éste, en aquellos casos en que no existe un concepto específicamente tributario, es proclive a utilizar las palabras a partir de su valor usual o corriente.
Acuerdo de partes, transacción, interpretación restrictiva, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M. F. C. c/ G. F. y otro s/ sumario c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-01

Toda transacción implica concesiones recíprocas con la finalidad de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas, debe ser por escrito, tiene eficacia a partir de su presentación ante el juez donde tramite la causa, es de interpretación restrictiva y le son aplicables las normas relativas a los contratos y actos jurídicos, por ende, para su validez y eficacia es necesario la manifestación de voluntad y consentimiento de los interesados sobre todo cuando lo pactado conlleva la renuncia a algún derecho.
Recurso de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Castiglioni, Carlos Humberto y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón y otros s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

La sola denuncia de quebrantamiento de preceptos constitucionales no sirve para fundamentar un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, porque no basta decir que se cercena una garantía para dar base a un reclamo atendible, sino que es preciso señalar fundadamente de qué manera es transgredida.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dotta, Emilia s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

La legitimación "ad causam" -o simplemente legitimación- se refiere a la aptitud de ser parte en un proceso concreto, o más precisamente, es aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el pleito y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, aplicación errónea de la ley, aplicación analógica de la ley, inscripción registral, embargo ejecutorio
Materia: PROCESAL
Carátula: S., R. O. c/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. Nº 26440/13-STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-23

El plazo de caducidad de cinco años previsto en el art. 207 CPCyC. sólo resulta aplicable a los supuestos de inscripciones registrales, no pudiendo ser extendido dicho principio por analogía, pues no cabe tal criterio de interpretación en la consideración de un dispositivo que restringe un derecho o torna más gravoso su ejercicio. (Del voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lencinas, Carlos Marcelo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-23

Se verifica un incumplimiento grave de las pautas de conducta que, de conformidad con el art. 19 ley 24.660 determina la revocación del régimen de salidas transitorias, el hecho de no haber atendido los insistentes llamados que realizaron en su domicilio las autoridades penitenciarias encargadas de la inspección. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).