Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-13


SALA SEGUNDA Expte. Nº 6410 "CARRIZO Ernesto Federico c/ Provincia de San Juan - Amparo- Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce en autos Nº 11575 (144431) caratulados: "Carrizo Ernesto Federico c/ Provincia de San Juan - amparo"; procedieron a considerar la siguiente cuestión: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:---- --- En la sentencia impugnada el tribunal de alzada rechazó la apelación de la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo, condenando al Estado Provincial a brindar la cobertura del acompañante terapéutico en la modalidad de Docente Auxiliar Integrador, a favor de la hija del amparista, mientras durara la prescripción profesional respectiva.- --- Al fundar su decisión, el a quo expresó, en relación a los requisitos exigidos para la procedencia de la acción, que no cabía discutir si se realizaron o no planteos previos ante la Administración o si se concluyó con el trámite allí iniciado, porque estaban en juego los derechos constitucionales a la salud y a la educación. En consecuencia, consideró cumplidos los requisitos de la acción de amparo, tal como lo meritó la juez de primera instancia.--------------------- --- Respecto a la queja de la apelante por la aplicación al caso de la Ley 24.901, siendo que el amparista pertenece al sistema de obras sociales al ser afiliado a la Obra Social de la Provincia (DOS), el tribunal de alzada consideró que como las obras sociales provinciales y municipales no están, en principio, obligadas a brindar las prestaciones de dicha ley, sus afiliados no pueden quedar sin la cobertura por lo que el obligado debe ser el Estado Provincial o Municipal que adhirió a la norma, tal como lo indicara este Tribunal en jurisprudencia que el a quo cita.-------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el inciso 3º del artículo 11 de la Ley 59-O (antes Ley 2275) y motivado en que la sentencia es arbitraria y violatoria de los derechos de defensa, de propiedad, de igualdad ante la ley y al debido proceso.---------- --- La recurrente se agravia de que el tribunal de alzada no se pronunció sobre la reiterada jurisprudencia de esta Corte donde se establecen los requisitos para la procedencia de la acción de amparo, que fuera invocada por su parte. Agrega que no está en desacuerdo en que el Estado deba responder en cuestiones de salud de niños discapacitados, pero que el amparo no es la vía adecuada porque existen otros medios más idóneos.------------ --- Expresa la accionada que tampoco existe en el caso ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta ya que la Administración no se ha expedido; dice que tal como lo refiere el amparista, el expediente fue originado con una nota al Gobernador en fecha 9 de abril de 2013, la que fue remitida para su tramitación al Ministerio de Educación; sin interponer pronto despacho administrativo ante dicho organismo ni amparo por mora ante la justicia, a los trece meses la actora presentó una nota de intimación al Gobernador (15/5/14) y a los dos meses de ésta (2/7/14) inició la acción que nos ocupa.---- --- Hasta aquí los antecedentes del caso; entrando ahora al examen del recurso deducido, anticipo que en mi opinión resulta procedente y, en consecuencia, debe revocarse el fallo impugnado por las razones que se exponen seguidamente.------- --- En las causas que se registran en PRE S.2ª 1995-I-192 e ídem 1995-II-55, el Tribunal ya se pronunció en el sentido de que la irreparabilidad del daño por otras vías, que impone como requisito de admisibilidad del amparo el artículo 582 del CPC, ha mantenido su vigencia aún después de sancionada la Constitución Nacional del año 1994. Luego, con mayor precisión, en la causa "Bustos" de fecha 4 de marzo de 1996 (PRE S.2ª 1996-I-27) este Tribunal dejó dicho que el artículo 43 de la nueva Constitución Nacional sancionada en el año 1994 nada modificó en lo atinente al requisito de demostrar la inexistencia de otras vías para reparar el daño invocado, y que, por el contrario, "... la norma constitucional citada, en cuanto dispone que podrá interponerse acción de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, no ha hecho sino consagrar a nivel constitucional, como presupuesto de admisibilidad del amparo, aquello que ya existía como tal en las normas locales (en nuestro caso, el art. 582 del CPC) y también en la doctrina y jurisprudencia: que es condición de viabilidad de la acción de amparo que el interesado acredite no tener opción por otras vías procesales más adecuadas, apropiadas, aptas para lograr la restitución del derecho constitucional menoscabado".- --- El criterio sustentado en el referido precedente de esta Corte de Justicia del año 1996, vino luego a ser también el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la causa "Provincia de Entre Ríos y otro c/ Secretaría de Energía s/ acción de amparo", del 11 de julio de 2000, registrado en Fallos, 323:1825, dejó sentado que no cabe soslayar la existencia de otras vías procesales aptas para obtener la tutela de los derechos que se invocan, y que "... debe tenerse en cuenta que la existencia de remedios procesales ordinarios excluye la procedencia de la acción de amparo, siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, extremo que no importa más que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos", y ello por cuanto "el amparo es un proceso excepcional que resulta apto sólo frente a situaciones extremas y delicadas (...) ante las cuales la ineficacia de otros procedimientos origine un daño concreto y grave sólo reparable por la vía en examen".------------------------------------ --- En función de esa excepcionalidad de la vía del amparo, es decir, que se torna vía procesal admisible siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, es que en forma por demás reiterada esta Corte ha considerado que tratándose de cuestiones de índole administrativa, la vía del amparo resulta improcedente en tanto se tiene a disposición la vía administrativa e incluso, de ser necesario, la instancia revisora judicial del juicio contencioso administrativo que, para el caso, sería el medio judicial más idóneo cuando se trata de controlar la legitimidad de un acto administrativo. También se dijo que al referido criterio no cabe hacer excepción ni aún en el caso de alegarse el riesgo de daños inminentes, pues así como el administrado tiene a disposición la vía administrativa, también puede en ésta solicitar la cautelar que autoriza el artículo 12 de la Ley 135-A (antes Ley 3784) (PRE S.2ª 2003-III-523). Finalmente, en el precedente citado se recordó que en anterior pronunciamiento (PRE S.1ª 2001-II-256) esta Corte dejó establecido que en cuestiones de índole administrativa, en principio, sólo la denegatoria -expresa o implícita- ante un pedido de suspensión de la ejecución del acto, puede tornar viable una acción de amparo, y en este caso limitado en su objeto a obtener la suspensión hasta que recayere resolución administrativa sobre el fondo, pero no más que eso. Vale decir que no se puede pretender por vía de amparo lisa y llanamente el control de legitimidad del acto administrativo, cuestión esta que excede el marco de conocimiento que le es propio.---------------- --- El recurso deducido es procedente toda vez que la apelante se agravió de la sentencia de primera instancia señalando que no estaba habilitada la vía del amparo; expuso que la actora debió instar el trámite administrativo iniciado y agotar la vía o interponer una cautelar en dicha instancia y el a quo desentendiéndose por completo de esos argumentos consideró procedente la vía elegida con el solo fundamento de aludir a los derechos constitucionales a la salud y a la educación.- --- Entiendo que tal remisión no constituye razón suficiente para apartarse del criterio sentado por esta Corte en los precedentes arriba citados, en tanto no se dan en el presente circunstancias que autoricen la apertura como se hizo en otras oportunidades ante, por ejemplo, la inminencia del inicio del ciclo lectivo (cfr. PRE S. 2a 2012-IV-784). En el presente caso, la actuación administrativa se inicia en abril de 2013, ya comenzado el ciclo lectivo; con posterioridad, no obstante conocer que el expediente se encontraba en el Ministerio de Educación, se intima al Gobernador a un pronunciamiento al respecto en mayo del año siguiente, es decir, también iniciado el ciclo lectivo 2014. Todas estas conductas dejan en evidencia la falta de diligencia de la amparista.----------- --- Por lo que llevo dicho concluyo, como ya anticipara, que la resolución impugnada incurre en arbitrariedad y violación del derecho de defensa de la demandada, razón por la cual debe acogerse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y anularse la sentencia del a quo. De compartirse mi criterio, y atento que no hay otras cuestiones de hecho o prueba que deban examinarse, propongo que el Tribunal resuelva el fondo de la cuestión traída y se disponga el rechazo de la acción de amparo, con costas a la vencida en todas las instancias.

--- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.------------------------------------ ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en los términos de las consideraciones precedentes y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida. II) Devolver el expediente principal al a quo para que lo remita al Juzgado de origen. III) Imponer las costas de todas las instancias a la amparista. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Jorge Daniel de Oro. Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Ef-6410 CS PRE S.2° 2015-II-232