marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tope remunerativo, liquidación, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ruiz, Ana del Valle c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios Ruiz, Ana del Valle c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-09|2010-04-09

La C.S.J.N. ha establecido que para los supuestos en que el ente previsional haya practicado liquidación de la sentencia firme, y que de la misma resulte comprobado el perjuicio concreto que ocasionó la apli-cación del sistema de topes, en tal medida que la merma del haber resulte confiscatoria, debe declararse la inconstitucionalidad de la norma (cfr. sent. del 19.08.99, "Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo"). En atención a ello, corresponde receptar la tacha de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463, en la medida que su aplicación determine una merma en el haber del interesado superior al límite del 15% por nuestro Máximo Tribunal de Justicia. Ello así, en tanto sólo se considera razonable cualquier reduc-ción que no supere el 15% del haber, como una contribución solidaria a la Seguridad Social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica.
Injuria laboral, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: R., C.R. c/ P.H. SA y Otro s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-15

Si bien en principio, el atraso en el pago de las remuneraciones importa injuria a los intereses del trabajador, no necesariamente constituye justa causa que legitime el despido indirecto, ya que la valoración de la injuria invocada debe efectuarse teniendo en cuenta los parámetros que dan la causalidad, proporcionalidad y oportunidad.
Revocación de sentencia, nulidad procesal, requisa personal, detención, control de legalidad, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojas Chavez, M. A. c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

Corresponde revocar la resolución mediante la cual se rechazó la totalidad de los planteos de nulidad efectuados, declarando la nulidad de la detención y requisa realizada por el personal policial, dado que en el procedimiento que dio origen a la causa, la policía excedió las atribuciones legales conferidas por el ordenamiento. Debe distinguirse una interceptación -stop- de un arresto -detención propia-, en este sentido, las fuerzas de seguridad están facultadas para interceptar a una persona en la vía pública por un breve lapso si se presume que podría estar vinculada con un delito y requisarla para despejar su duda, sin embargo en el caso, esa sospecha no se fundaba en circunstancias objetivas. El estado de sospecha no puede proceder de un instinto subjetivo del funcionario policial, sino que debe obedecer a circunstancias razonables y objetivas debidamente explicitadas en función de que permitan su posterior control de legalidad por parte del órgano judicial, lo cual no ocurrió. Ello así, tal proceder resulta nulo pues afecta las garantías del debido proceso e inviolabilidad de la defensa, por lo que recae dentro de los supuestos de nulidad previstos por el art. 167, inc. 3° del CPPN
Régimen penal tributario, delitos tributarios, pago de tributos, ingreso tardío del gravamen, intereses moratorios, defraudación fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BESFAMILLE-GALLI y Cía. S.A. (T.F. 8083-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-28

El retraso de sólo un día en el depósito, la rapidez en subsanar el error y el ingreso de los intereses por mora, sin que por otra parte halla existido interpelación fiscal alguna, bastan para descartar totalmente que se haya tipificado el ilícito del art.

47 de la ley 11.683, consistente en usufructuar o intentar hacerlo, de los fondos estatales en beneficio propio, y así demostrar la falta de dolo en el accionar de la actora.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ETA GENERAL MOSCONI c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE: C.S.J.   NRO. 216 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Es necesario puntualizar algunos conceptos que esta Corte ha ido delineando en torno a la competencia contencioso administrativa. Al respecto cabe destacar que ha intervenido, aun de oficio, cuando podía verse comprometida su propia competencia contencioso administrativa; que puntualizó que el artículo 2 de la ley 10160 no puede incluir el supuesto en el cual la competencia 'ratione materia' deriva de la Constitución provincial; que las especiales características de dicha competencia, determinan que ningún tribunal inferior puede atribuírsela "per se" contra la Constitución y la ley, porque de admitirse un criterio distinto se estaría comprometiendo el diseño institucional que el ordenamiento jurídico provincial establece en relación a la competencia de los diferentes órganos judiciales, generando una grave confusión en los papeles asignados a los diferentes poderes; señalando asimismo que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa; es más, ha afirmado que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fund amental de la división de poderes).

In re "Bozzi" aclaró que no obsta a dichas conclusiones que se hayan creado por ley 11329 las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales con competencia específica en dicha materia, cuya raigambre constitucional remarcó, como así también la improrrogabilidad de dicha competencia, aún entre ellas.

De allí que resulte de fundamental importancia desentrañar debidamente cuándo un caso cae dentro de dicha competencia, a efectos de no permitir desplazamientos de ésta violatorios de las normas legales y constitucionales.
Concurso de cargos, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION -UTELPA- c/ Provincia de La Pampa s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-17

Obiter dicta cabe tener presente que la asignación objetiva y predeterminada de puntaje para la calificación de concursos mediante normas o reglamentos de alcance general, se vincula al principio constitucional de división poderes. Ello es así pues es función del poder administrador determinar la política en materia de educación, librada a su discrecionalidad técnica y a la conveniencia en la elección de una entre las distintas alternativas, igualmente válidas, atribución cuyo ejercicio se encuentra exento del control del Poder Judicial.- Y es por ello que los actos de los tribunales o comisiones de selección no pueden ser revisados por los tribunales jurisdiccionales, pues carecen de competencia para sustituir a los órganos de selección en la correcta calificación de los postulantes, salvo que vulneren las bases de la convocatoria, las normas específicamente aplicables o hubieren obrado arbitrariamente.
Contrato de trabajo, despido, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pelaia, Aurelio Pascual c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Todo el sistema establecido por los arts. 51 y siguientes del convenio 84/75, está destinado a lograr la reincorporación del trabajador a su empleo.
Falsificación de documentos, estafa, escritos judiciales, firma falsa, falta de perjuicio, prevaricato, divorcio por presentación conjunta, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ORMILUGUE, Ana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-14

No obstante la imputada haya reconocido haber efectuado las firmas insertas en los escritos cuestinados, tal proceder no resulta constitutivo de ilícito penal alguno, si no se ha configurado el perjuicio requerido para el delito de estafa en tanto el trámite impuesto en el juicio de divorcio en cuestión revela que hubo acuerdo en ambas partes, tanto en la modalidad del juicio, como en las circunstancias alegadas y su resultado; habiéndose desarrollado el proceso sin contradicción, ni debate alguno sobre cuestiones filiales o de carácter patrimonial, y con la consentida manifestación de inexistencia de bienes de la sociedad conyugal.

Tampoco puede hablarse de un perjuicio constitutivo del delito de falsificación de documento, en tanto aún de ser falsas las firmas cuestionadas, fueron colocadas en escritos que hubieran llevado a similar resultado de ser las rúbricas verdaderas.

Por las mismas razones, tampoco el hecho podría encuadrar en la figura del prevaricato, al estar ausente en el caso el elemento subjetivo de perjudicar deliberadamente la causa confiada, que requiere el tipo penal de mención.

No se advierte la concurrencia del delito previsto en el art. 255 del C.P., si no surge del expediente civil que haya habido en el caso sustracción, ocultación, destrucción o inutilización de objetos destinados a servir de prueba, de acuerdo a la terminología legal mencionada en dicha norma.

Tampoco procede la denuncia formulada con relación a los funcionarios del Juzgado Civil, al resultar ajeno a sus funciones el verificar o conocer sobre la autenticidad o no de las rúbricas de los profesionales estampadas en los escritos que presentan.

Por ello, corresponde confirmar el sobreseimiento decretado y la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, honorarios del abogado, crédito por honorarios, carácter alimentario
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: Becerra, Rosario Esther y otro c/ Burza, Héctor Rubén y otro s/ interrupción de prescripción (art. 3986 C.C).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

No asiste razón al apelante en cuanto a que el carácter alimentario de los honorarios permitiría excluirlos del régimen de consolidación, pues tal distingo carece de fundamento normativo al no haber sido enumerado entre las excepciones y, por lo demás, si entendió que tal naturaleza torna aplicable lo dispuesto por el art. 18 de la ley 25.344, no debió limitarse a invocarla en forma genérica sino que debía acreditar ante los jueces de la causa que se configuran las circunstancias excepcionales que prevé aquella disposición, en particular lo relativo a la situación de desamparo e indigencia que ahí se requiere para excluir una deuda del régimen de cancelación de pasivos estatales. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, normas operativas, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero  Héctor  Francisco  Carrera  S.A. c/ Terrenos Golf SanMartín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título dedueño.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Cuando la Constitución Nacional reconoce una serie de derechos operativos esenciales (ya sea en forma expresa o implícita), para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, e instrumenta al mismo tiempo garantías como medios a través de los cuales poder reclamar el respeto de tales derechos si son lesionados o desconocidos, lo hace en la inteligencia de que se trata de derechos operativos que, por tanto, pueden ser ejercidos por el individuo con su sola invocación y sin dependencia del cumplimiento de requisito previo alguno (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Audiencia de conciliación, nulidad procesal, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FLORES, GUSTAVO s/ AUDIENCIA DE CONCILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

Es nula la audiencia de conciliación (art. 424, C.P.P.), pues a la querellada se le exhibió documentación incorporada al proceso, desvirtuándose así la naturaleza del acto, cuya única finalidad es procurar la finiquitación del proceso mediante el avenimiento de las partes. Se transformó aquélla en una declaración indagatoria, negándose al imputado las debidas garantías.
Revocación del desistimiento, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Globe Metales S.A. c/ Bossio, Graciela Elvira y Otro s/ Desistimiento de recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-13

Resulta procedente la declinatoria del desistimiento del recurso de casación planteado por el apoderado de la codemandada, pues de acuerdo con lo normado por el art. 306 del C.P.C. y C. de San Luis de supletoria aplicación, el desistimiento puede ser revocado en cualquier oportunidad procesal hasta tanto el juez o tribunal se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria, supuestos que no se han configurado en el caso, ya que la contraparte no contestó el traslado del dicho desistimiento.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Ricardo c/ Gushiken, Saiki s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

La reparación en dinero apunta a restablecer cuantitativamente el patrimonio de la víctima del hecho ilícito, de modo que quede eliminada la diferencia que existe entre la situación actual del patrimonio y aquélla que habría existido de no suceder tal hecho (arts. 1068 y 1083, Código Civil).
Costas, recurso extraordinario, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SA CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y AMBROS PALMEGIANI SA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 88-77)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-19

La aplicación del régimen causídico del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación encuentra justificación a poco que se repare en que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe consagra en materia de imposición de costas, el sistema del vencimiento objetivo (artículos 250 y sgts), contrariamente a lo que ocurre en la ley ritual nacional (artículo 68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En consecuencia, siguiendo el principio de accesoriedad de las costas, su establecimiento -o bien, su exención-, ha de estar determinado por la misma pauta procesal que rige el principal.
Ley de emergencia económica, caducidad de instancia, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RABINOWICKZ, SAMUEL c/ BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-07

La presente queja debe ser rechazada pues, aún cuando se pudiera reputar superado el requisito de definitividad de la resolución cuestionada (que declaró la caducidad del incidente de liquidación y establecimiento de la forma de pago deducido en aplicación de la ley 13116), la parte impugnante se empeña en imponer su propia interpretación de las normas legales en juego, insistiendo en que el trámite iniciado con su pedido de acogimiento al procedimiento previsto en la ley 13116 no constituyó un incidente sino una instancia autónoma regida por una ley especial y, por tanto, ajena a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, especialmente las referentes a caducidad, mas sin alcanzar a desmerecer en un plano constitucional el criterio expuesto por el Tribunal a quo, que consideró que se trataba de un trámite de ejecución de sentencia ante el cual rige la regla de la incaducidad, que no puede ser interpretada sino a favor de la parte ejecutante. (De la disidencia del Dr. Netri).
Resoluciones irrecurribles, diligencias de la instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NISI, Luis Angel s/ Oposición pericia, Causa nro. 29.485
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Este Tribunal ha sostenido en numerosas oportunidades la irrecurribilidad de las decisiones del Juez instructor relativas a la pertinencia y modo de realización de las diligencias probatorias, fundándose en la naturaleza escasamente contradictoria de la etapa instructoria y la taxatividad en materia recursiva, de conformidad con los artículos. 199, 432, 447 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
Pagaré a la vista, aval
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Silva, Dante y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-18

Ha de tenerse en cuenta que, tratándose de un pagaré, el suscriptor está en la misma situación jurídica que el aceptante de la letra de cambio. A su vez, el avalista del aceptante reviste la calidad de obligado directo, situación que la doctrina extiende, consecuentemente, el avalista del librador en el pagare.
Recurso de inconstitucionalidad, obligaciones, falta de contestación de la demanda, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOSCHETTO, JORGE FAUSTINO c/ GALENO ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-11

En el marco de lo estipulado por el artículo 1074 del Código Civil, el A quo omitió valorar si, más allá de la falta de tecnicismo en las imputaciones de la demanda, existían deberes legales de prevención y seguridad efectivamente incumplidos por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, impuestos por ley 24557 y sus decretos reglamentarios; máxime cuando de las constancias de la causa no se advierte actividad probatoria alguna tendiente a acreditar las tareas de control y prevención a las que se encontraba sometida la demandada, en orden a corregir los riesgos que afectaban al sistema de faena en el frigorífico, fundamentalmente en relación a la superficie resbaladiza y a la inestabilidad de la plataforma de trabajo; y siendo que -tras la aplicación de los apercibimientos por falta de contestación de demanda- era la A.R.T. demandada quien se encontraba en mejores condiciones de producir prueba en relación a las visitas en tiempo y forma a la empresa -con la realización de los controles de prevención pertinentes y medidas de recomendación o denuncia para que la empleadora subsanara las falencias en materia de riesgos laborales-, prueba esta que habría desvirtuado la presunción contenida en los artículos 44 y 50 del código de rito. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1074; Ley 24557; Código Procesal Laboral, artículos 44 y 50
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ríos, Evelio Tadeo c/ Editorial "La Mañana S.A." s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-14

Constituye sentencia arbitraria aquella que se dicta sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado del pleito. Tal prescindencia excede el área de las meras discrepancias entre los puntos de vista de las partes y del juez. En el caso extremo, la omisión de la valoración de la prueba, importa flagrante violación a las reglas del debido proceso, puesto que los jueces no pueden substraerse a lo que es propio de su ministerio sin menoscabo evidente de la mencionada garantia constitucional.
Propiedad intelectual, derechos de autor, mandato, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: CIVIL
Carátula: De Benedictis, Piero c/ S.A.D.A.I.C. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

La naturaleza de la obligación SADAIC respecto a la percepción de los derechos autorales de sus asociados no se subsume en las reglas del mandato en la que el mandante elige libre y voluntariamente la persona que ejercerá esa función. Por el contrario, habida cuenta el monopolio legal que al respecto la ley otorga a SADAIC, cabe encuadrar su actuación como una representación necesaria conferida por la ley. Es por ello que, entre otros aspectos, el cumplimiento fiel de su obligación no se limita a una simple rendición de cuentas frente a sus representados. Al tener SADAIC la única representación posible, al confiarle la ley la gestión colectiva del patrimonio artístico de sus representados, el juicio crítico acerca de su gestión no puede excluir este elemento de exclusividad. No es posible sostener que las obligaciones derivadas de la representación necesaria que la ley confía a SADAIC para que sus miembros reciban por su intermedio el fruto económico de su labor como creadores, pueden considerarse satisfechas mediante lo que se sostiene como un obrar diligente, con total prescindencia de la eficacia de la gestión o estimarse cumplida la misma por la celebración de contratos con sociedades extranjeras y haber acreditado la realización de algún reclamo esporádico. Ello así, por cuanto, no es de aplicación la teoría que distingue las obligaciones de medios y las de resultado -cuya vigencia se encuentra controvertida en la doctrina- con el consiguiente desplazamiento de la actividad probatoria que ello supone, consecuencia también superada por el moderno derecho procesal.
Concursos, crédito laboral, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domvil S.A.I.C.A. s/ Concurso Preventivo S/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-06-20

Los intereses respecto al crédito laboral verificado en cuestión, deben correr desde el acaecimiento del hecho hasta la presentación en concurso, quedando dichos accesorios suspendidos hasta la homologación del acuerdo para acreedores quirografarios, fecha a partir de la cual se reanuda su cómputo por resultar los créditos verificados exigibles hasta la fecha de efectivo pago.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Encodeba SRL c/  s/ quiebra s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Corresponde conceder en relación el recurso de apelación interpuesto por La Administración Federal de Ingresos Públicos contra lo dispuesto en el decreto de quiebra. Como principio, en virtud de lo establecido por la LCQ 273-3° las resoluciones son inapelables en el marco del proceso concursal. Esa típica regla de inapelabilidad, opera respecto de resoluciones referidas a la secuela regular de la quiebra o concurso preventivo, dictadas en el marco de la tramitación usual de esos procesos universales. Desde tal óptica interpretativa, y sin adelantar juicio sobre lo que en definitiva pueda proveerse, puede entenderse que alguna arista de la cuestión decidida exorbita el marco "supra" señalado. En efecto, nos encontramos en la especie frente a alternativas que no son corrientes dentro de un proceso concebible como ordinario, y de cuya inejecución podrían derivarse consecuencias de relevancia para el desenvolvimiento de la presente quiebra, así como agravio concreto al recurrente (conf. esta Sala, Mutatis Mutandi, 27/05/10, "Casamiquela Verónica s/ concurso preventivo s/ queja"; íd. 10/08/10, "Metales del Talar SA s/ concurso preventivo s/ inc. transitorio s/ queja"; íd. 20/10/11, "Establecimiento Frigorífico Azul SA s/ concurso preventivo s/ queja").
Recusación con causa, rechazo in límine
Materia: LABORAL
Carátula: Santoro, Octavio c/ Lampazzi, Palmira Julia s/ Incidente Redción Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-08

Debe rechazarse la recusación toda vez que la situación descrita por la recusante no se encuentra contemplada en las causales del Art.

14 del C.P.C.C.