Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 145/149.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Luis Antonio Cabrera, Lucas Maximiliano Fernández y Carlos Roberto Vega contra el acuerdo 304, del 26 de abril de 2017, dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Tizón, Mudry y Gentile Bersano, en autos "CABRERA, LUIS ANTONIO, FERNÁNDEZ, LUCAS MAXIMILIANO Y VEGA, CARLOS ROBERTO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'CABRERA, LUIS ANTONIO, FERNÁNDEZ, LUCAS MAXIMILIANO Y VEGA, CARLOS ROBERTO S/ TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO REITERADO EN DOS OPORTUNIDADES EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO'- (CUIJ 21-07006185-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511610-1); y, CONSIDERANDO:

1. Por resolución 304, del 26 de abril de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Tizón, Mudry y Gentile Bersano, rechazaron las nulidades interpuestas y confirmaron parcialmente la sentencia recurrida -por medio de la cual, a su turno y en lo que aquí interesa, el Tribunal Pluripersonal de Primera instancia de esta ciudad conformado por los doctores Pascua, Pegassano y Sánchez, había condenado a Luis Antonio Cabrera, Lucas Maximiliano Fernández y Carlos Roberto Vega como coautores penalmente responsables de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado en dos oportunidades, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79, 41 bis, 42, 55, 79, 41 bis y 55, C.P.)-, disminuyendo la pena impuesta de veinte a dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas para cada imputado (fs. 27/59v.).

2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa de los encartados interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 66/77v.).

Postula arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales como el debido proceso y la imparcialidad, entre otras.

Entiende que el Tribunal de primera instancia -y la Alzada al convalidarlo- omitieron el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas que conducían -dice- a una solución distinta de la causa. Al respecto, se agravia de que se rechazara su planteo de nulidad con base en que no existió perjuicio y que se tramitara la causa como si fuera aplicable la ley 12734 cuando -explica- existió instrucción, la que no puede ser borrada.

Señala que su parte hizo hincapié en las declaraciones útiles de los testigos que desde un inicio manifestaron que "...se les dijo...", "...que 'no vieron', que 'no conocían', que 'no podrían reconocer'..." (f. 74v.), para luego, tres años más tarde, en el debate y sin explicación alguna, dar versiones distintas, las que además son contradichas por otras pruebas esenciales. Cuestiona que los Jueces tuvieran en cuenta estos elementos de convicción para confirmar la condena.

En el mismo sentido, critica que para fundar la conclusión de que los imputados habían disparado hacia personas se prescindiera de las manifestaciones de los testigos -que dijeron que los disparos se sentían sobre los sauces y las hojas-, así como también de las pericias e informes balísticos, medios probatorios de los cuales surgiría -entiende- que fueron efectuados hacia arriba.

Por otro lado, expresa que para adjudicarles la coautoría a los encartados se forzaron las constancias de la causa, en el entendimiento de que es difícil sostener la reconstrucción de los hechos en la que se basó la condena, considerando que los justiciables no podrían, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las distancias que debieron recorrer, haber pasador por el puente, ido hasta la zona de Alto verde, cambiarse la ropa y buscado armas y municiones para después haber regresado para disparar y herir.

En otro orden de cosas, refiere que los imputados, en todo caso, no podían pensar que un proyectil culminaría del otro lado de la laguna e impactaría sobre una niña, que era imposible de ver o de conocer que estaba allí. Estima que no hubo dolo de homicidio, que "como mucho" podría hablarse del tipo penal previsto en el artículo 104 del Código Penal.

Insiste con la presencia de arbitrariedad en la construcción de la coautoría y agrega que también lo es la decisión de concursar los hechos en forma real, por cuanto -a su juicio- en el peor de los casos se trató de "un hecho único con concurso ideal", toda vez que ha sido descripto como un suceso único sin solución de continuidad (f. 76v.).

Por último, indica que la Alzada no analizó sus postulaciones vinculadas a la inconstitucionalidad de la pena impuesta, con base en que para su individualización no se mencionaron las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal y que, pese a haber estado presentes los justiciables, no fueron interrogados ni entrevistados de manera directa.

3. El A quo por auto 949, del 9 de octubre de 2017, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 84/87v.), lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Sede (fs. 91/98v.).

4. Se adelanta que la queja no puede prosperar, pues los argumentos traídos a consideración de esta Corte en el memorial introductor de la vía extraordinaria intentada, en confrontación con la sentencia atacada, revelan la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Alzada al emitir el pronunciamiento.

Es que, los agravios defensivos se centran en cuestionar: el rechazo de las nulidades planteadas por su parte, la forma en que la prueba fue valorada por el Tribunal para arribar a la conclusión condenatoria y la solución adoptada en relación a la calificación legal y a la pena impuesta a los encartados. Mas lo cierto es que las consideraciones efectuadas por la presentante remiten a cuestiones de ponderación de pruebas y de derecho común, materias todas ellas que son propias de los jueces de la causa y que no incumbe a este Tribunal revisar en esta instancia de excepción, salvo supuestos de arbitrariedad, que no logra la defensa acreditar configurados en la especie.

En efecto, cabe destacar que, en primer lugar, los Sentenciantes sí analizaron las postulaciones defensivas vinculadas con la nulidad del fallo de grado y concluyeron que aquéllas habían sido evaluadas y habían obtenido su debida respuesta en primera instancia, por lo que no correspondía su invalidación.

Descartados estos planteos, los Magistrados evaluaron las pruebas rendidas en el debate y fueron examinando y desechando uno a uno los cuestionamientos defensivos. De este modo, explicaron por qué no podía sostenerse que el proyectil que había alcanzado a la niña hubiera podido ser disparado "por el otro bando", abordando también los agravios referidos a la trayectoria del disparo y, fundamentalmente, dando las razones a partir de las cuales juzgaban que debía prevalecer, pese a las contradicciones que pudieran existir, las pruebas producidas en el debate por sobre las de la instrucción. Concluyó finalmente el A quo que se podía ubicar temporal y especialmente a los imputados en el lugar del hecho y como autores de los disparos y, en consecuencia, correspondía confirmar su condena como coautores, abundando en citas de doctrina y jurisprudencia para fundar tal solución.

Y frente a ello, la interesada insiste con que las pruebas fueron valoradas subjetivamente y con que debía primar el estado de duda razonable, mas no se hace cargo de la profusa justificación ensayada por los Magistrados, quedando sus agravios -como se dijo- en el plano del mero disenso con la solución a la que los Jueces de la causa arribaron, al no demostrar su insuficiencia o irrazonabilidad.

A idéntica conclusión cabe arribar en relación a las críticas de la impugnante vinculadas con la calificación jurídica de las conductas por las cuales se condenara a los encartados. Es que, la adecuación típica de los hechos endilgados fue minuciosamente tratada por los Camaristas, quienes explicaron por qué no correspondían las calificaciones pretendidas por la defensa, a la vez que desarrollaron profusos argumentos -con citas doctrinarias y jurisprudenciales- para afirmar la existencia de dolo eventual en relación al resultado muerte de la niña. Ante ello, aquí también los agravios de la quejosa se limitan al mero disenso con una cuestión que, por ser materia de derecho común, resulta ajena -en principio- a la esfera de conocimiento de este Tribunal, salvo casos de arbitrariedad, cuya configuración en el caso no logra acreditar la compareciente.

Por otro lado, en relación a la individualización de la pena, no se advierten la presencia de las causales de descalificación esgrimidas, en tanto la Alzada revisó la determinación de la sanción efectuada en la instancia de grado -donde, a diferencia de lo sostenido por la defensa, sí se tuvieron en cuenta las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal-, agregando razones para motivar la pena e, incluso, disminuyéndola en razón de considerar presentes ciertas atenuantes. En consecuencia, pese al esfuerzo de la recurrente, tampoco logra en este punto persuadir a este Tribunal de que la Cámara hubiera efectuado una exégesis irrazonable de las disposiciones en juego que habilite la instancia de excepción pretendida.

Por último, si bien la impugnante invoca la vulneración de mandas constitucionales como el debido proceso y la garantía de imparcialidad, ninguna consideración efectúa respecto a la vinculación existente entre la situación planteada en el caso y las normas de jerarquía constitucional mencionadas.

En este sentido, cabe destacar que el escrito introductor del recurso carece de una concreta y fundada postulación constitucional, puesto que sus alegaciones sólo constituyen meros cuestionamientos genéricos y sin precisiones concretas acerca de la relación existente entre los fundamentos de fondo con la pretendida cuestión constitucional que se plantea. Y, sabido es que la mera alusión a normas y principios de raigambre constitucional no determina por sí misma la admisión de la vía intentada, siendo necesaria la demostración de la relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa (A. y S., T. 99, pág. 393; T. 117, pág. 296; T. 138, pág. 433; T. 226, pág. 50).

En conclusión, desde que no se ha demostrado que las apreciaciones efectuadas por la Alzada encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de afectación a mandas superiores, resultan los agravios ensayados por la impugnante inidóneos para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Tizón, Mudry y Gentile Bersano.

Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal Pluripersonal de Primera instancia de Santa Fe, conformado por los doctores Pascua, Pegassano y Sánchez.