Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, CONTENC. ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-13


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: NOVENTA Y DOS En la ciudad de Río Cuarto, a los trece días del mes de Septiembre de dos mil doce, se reunieron en acuerdo público los señores vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "COBREX ARGENTINA S.A. c/ BLENCIO, CARLOS HORACIO Y OTRO - EJECUTIVO" (Expte. N° 434813), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Huinca Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. Lescano, quien mediante Sentencia Número Ciento sesenta y ocho (fs. 100/111), dictada con fecha veinte de diciembre de dos mil diez, resolvió: "I) HACER lugar a la excepción de pago opuesta por los codemandados Sres. Carlos Horacio José BLENCIO y Hugo Ezequiel GONZÁLEZ y en consecuencia rechazar la demanda ejecutiva promovida en su contra por COBREX ARGENTINA S.A.,como apoderada especial y general del BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- II) ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas y trabadas en autos, a cuyo fin ofíciese al Registro General de la Provincia, con copia de la presente resolución.- III) IMPONER las costas a cargo de la parte actora.- Regular con carácter definitivo los honorarios del Dr. Héctor E. Barrera, en la suma de Pesos veinte mil ciento setenta y ocho ($ 20.178,oo), más I.V.A.; los honorarios del Dr. Víctor Luna Cáceres en la suma de Pesos Dieciséis mil ciento cuarenta y tres ($ 16.143,oo); lo del Perito Oficial Contador Jorge D. Brignolio en la suma de Pesos Un mil cuatrocientos ochenta y uno ($ 1.481,oo) y al Perito de Control Contador Luis M. Martínez, en la suma de Pesos Setecientos cuarenta y uno ($ 741,oo).- PROTOCOLÍCESE.".

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

1era.) ¿Resulta procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad al resultado del Acuerdo, se estableció que el orden para la emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales José María Ordoñez, Horacio Taddei y Daniel Gaspar Mola.

A LA PRIMERA CUESTION el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I)- Breve relación de la causa.

El fallo venido en apelación contiene una relación de la causa que satisface ampliamente los recaudos exigidos por nuestra ley ritual (art. 329, CPCC), por lo que en este punto me remito a él en honor a la brevedad. Resta por decir, para completar la misma, que interpuesto por el apoderado de la actora el recurso de apelación a fs. 112, el mismo fue concedido a fs. 113. Elevados los autos a este tribunal, y corrido que fue el traslado al apelante para expresar agravios, lo contestó su representante en juicio a fs. 134/135, solicitando que se revoque la resolución recurrida y que se haga lugar a la demanda. Ordenado traslado a la parte demandada para refutar agravios (fs. 136), lo contesta a fs. 137/138 su apoderado, pidiendo el rechazo del recurso articulado y que se confirme la sentencia, con costas. Dictado el decreto de autos a estudio (fs. 139), firme y consentido el mismo, quedó de tal forma la causa en condiciones de ser fallada.

II)- Agravios.

Se compendian como sigue: Luego de transcribir la parte pertinente de los considerandos de la resolución que lo agravia, concreta su queja el apelante porque la Juez a quo en forma absolutamente dogmática afirma que el saldo histórico de $ 5.296,78 determinado como adeudado por el perito oficial "carece de respaldo y apoyatura técnica".

En tal sentido, recuerda que la pericia contable fue ofrecida por ambas partes, lo cual significa que las mismas la consideraron como el medio de prueba idóneo para acreditar sus extremos, lo cual surge del punto de pericia propuesto por la parte demandada a fs. 25vta. cuando le pide al perito que informe si la deuda ha sido cancelada o no.

Es del caso, dice, que la a quo decidió que el informe pericial que determina que la deuda no ha sido cancelada y que existe un saldo histórico de $ 5.296,78 carece de respaldo y apoyatura técnica, sin precisar cuál es la operación lógica que le permitió arribar a dicha conclusión, ya que por un lado desprecia a la misma en este tópico, pero le asigna validez probatoria al final del párrafo transcripto ut supra conjuntamente con la documental aportada por la demandada.

Señala con apoyo de doctrina que cita, que el sentenciante debe dar las razones por las cuales una enunciación es así y no de otro modo (arg. principio de razón suficiente), lo que no ha ocurrido en la resolución que ataca, resultando a su entender clara la situación de autos. Refiere que toda la documentación acompañada estaba destinada a la cancelación de la operación mediante la compra de títulos según decreto 1387/01 según puede inferirse, pero la misma no sirve para acreditar la cancelación de la deuda, no hay recibos cancelatorios ya que la suma depositada para adquirir los títulos no alcanzó para la cancelación tal como lo expresa claramente el perito oficial, cuya conclusión deja de lado la a quo en forma infundada, dogmáticamente y sin correlato lógico.

Pide por ello, se revoque la sentencia y que se haga lugar a la demanda interpuesta.

III)- Contestación.

Que tal como se anticipara al relacionar la causa la parte demandada, mediante apoderado, al refutar los agravios, afirma que de los documentos que emanan del propio banco y que han sido finalmente reconocidos por éste, surge que los demandados nada le adeudan, conforme a las razones expresadas en el escrito de contestación, a las que cabe remitir, solicitando el rechazo del recurso y la confirmación de la decisión en crisis, con costas.

IV)- La solución.

Solo con un criterio de flexibilidad amplio es posible abordar el análisis del escrito por el que se funda la apelación de que se trata. No podemos dejar de destacar en este aspecto, que la Cámara debe realizar oficiosamente -aún sin petición de parte- el examen de admisibilidad del escrito impugnativo para determinar si el mismo constituye una auténtica expresión de agravios (conf. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", Director FERRER MARTINEZ, Advocatus, sobre el tema: FONTAINE, T. I., pág. 709).

No obstante ello, y sin perjuicio de señalar que a mi juicio, y en estricto rigor, las quejas levantadas no se muestran del todo idóneas para cuestionar la resolución apelada, pues debe tenerse en claro lo que es materia de la apelación, efectuando una crítica fundada y precisa, atacando punto por punto y concretando los agravios con argumentación lógica y suficiente, como corresponde a un escrito de ese tenor (véase: VENICA, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.", pág. 457/460, y sus citas, entre otros), cabe en este caso realizar un esfuerzo en pos de habilitarlo desde lo formal, pues conforme ha sido costumbre inveterada de este Tribunal, en salvaguarda del derecho de defensa, es menester que la instancia revisora quede expedita, debiendo dejarse para casos extremos, es decir para cuando no queden dudas que el embate no reúne los requisitos indispensables que debe contener una expresión de agravios, aquella posibilidad de declarar la deserción del recurso (en igual sentido: VENICA, ob. y pág. citadas). Lo dicho, claro está, sin perjuicio del análisis de aquellos aspectos que conforman la apelación, según lo que más abajo se dirá con relación a los mismos. Y sin que ello obste, además, a poner de resalto que en materia recursiva, el tribunal de alzada se encuentra compelido a expedirse únicamente -en virtud de la competencia funcional asignada por la ley- por aquellos puntos que la parte apelante expone en su escrito de expresión de agravios (arg. art. 356, primera parte, CPCC), de modo tal que cualquier consideración y conclusión del pronunciamiento que no haya sido adecuadamente rebatida, queda inexorablemente consentida y fuera de la órbita de conocimiento de la Cámara, incluso aunque aquellas no se compartan, so pena de incurrir en incongruencia (cfme. VENICA, ob. cit. T. III, p. 403 y sus citas). Ello habilita a que, eventualmente, pueda llegar a declararse la deserción parcial del recurso.

Sentado lo que antecede, e ingresando directamente en lo que el apelante ha propuesto, estoy en decir que -distintamente a lo sostenido por el quejoso- la Juez a quo no ha incurrido en el vicio de falta de fundamentación, sea por el principio de razón suficiente esgrimido, como tampoco por violar el principio de no contradicción, según se infiere de la impugnación levantada. En efecto, a mi modo de ver el asunto, puedo apreciar que la primera juzgadora no se ha desentendido del informe pericial, sino que ha tomado del mismo todos aquellos elementos que corroboraron la versión brindada por los demandados, como defensa o excepción de pago, otorgando prevalencia o preeminencia a las propias constancias documentales emanadas del Banco provincial, en particular a los depósitos por $ 11.200, y por $ 1.157, cuyas copias lucen a fs. 20 de autos, el primero correlativo con el débito en la Caja de Ahorro perteneciente al demandado Carlos Horacio José Blencio de fs. 19, en tanto en éste último se menciona expresamente como concepto de dicho débito o imputación de la suma allí consignada, al "Importe correspondiente a compra de títulos públicos para la cancelación de la deuda Que se encuentra en el Banco Residual" (lo entrecomillado es textual, el destacado me pertenece).

En resumidas cuentas, tales depósitos, que fueron debidamente comprobados por los peritos oficial y de control al dictaminar en la causa (a fs. 72/74), dando cuenta del pertinente ingreso de los fondos al banco, indubitablemente que tienen su génesis en la operatoria invocada por los demandados (decreto 1387/01), y que además, dichos pagos existieron "para ser aplicados al saldo adeudado de la operación antes mencionada" y "en concepto de impuestos correspondientes a la liquidación." (lo entrecomillado también es transcripción textual y pertinente a la respuesta al punto a), ver fs. 73).

Lo expuesto se compadece con la nota de la gerencia de la Sucursal Huinca Renancó obrante a fs. 18 de autos, en la que el por entonces gerente de la entidad de esa ciudad, Sr. Alberto Gabriel Rodríguez, se dirige a la Gerencia de Recuperación Crediticia de Casa Central del Banco, y por la cual, ante una intimación que habría recibido el Sr. Blencio por parte de la aquí actora, le manifiesta que el nombrado "canceló con fecha 01/07/2002 la totalidad de la deuda que el mismo tenía con el Banco de la Provincia de Córdoba", adjuntando los comprobantes de cancelación y solicita se extienda el libre de deuda como así también la exclusión de los sistemas de malos deudores (lo entrecomillado y en cursiva es textual).

Siendo así, y procediéndose por la vía ejecutiva para el cobro del mutuo que corre a fs. 9/11, según se manifiesta en la demanda, resulta totalmente intrascendente, dada la naturaleza de la acción instaurada, que la prueba pericial -a la que hace referencia la parte actora con tanto énfasis-, informe de un supuesto saldo histórico (de $ 5.296) en la cuenta cuando, en estricto rigor, los depósitos antes referidos y que no han sido negados por la propia parte actora, además de surgir corroborados por el susodicho informe pericial, desmienten categóricamente la presunción de "ejecutividad" que el título pueda tener.

La "causa de la obligación" en juicios ejecutivos, en los que como sabido es no puede indagarse el negocio jurídico subyacente al título que se presenta, y que goza de la presunción de legitimidad que la ley le acuerda, justamente, para enarbolar esa vía, expedita, sumaria y con defensas restringidas, salvo casos excepcionales, no se encuentra permitida para que sea objeto de debate en un proceso de estas características, y ello lo es tanto para el deudor como para el acreedor. Tan vedado le está al primero inmiscuirse en temas atinentes a aquella, como al segundo prevalerse de cuestiones previas para pretender "completar" el título, el cual debe bastarse a sí mismo.

En el caso de autos, nos damos con que el ejecutante ha promovido esta vía, de carácter sumario, por un monto determinado que aparece luego contradicho por documentos emanados de la propia entidad a la que dice representar, y que dan cuenta que existen pagos mediante depósitos en la cuenta del deudor para ser imputados a la "cancelación" de la deuda que se ejecuta.

Va de suyo que si el gerente de la sucursal de Huinca Renancó del banco no es la persona autorizada para dar por cancelada una operación crediticia en una cuenta de esa misma sucursal y entidad, poco y nada les queda por hacer a aquellos que tengan una cuenta abierta en ella, lo cual parece constituir un verdadero absurdo en el mundo negocial de nuestros días, pues no es posible prescindir de que en el manejo de las operaciones bancarias, a diferencia de lo que sucede entre particulares, generalmente no hay "recibos" que demuestren el pago de la deuda sino que, habitualmente, ello se comprueba con las boletas de depósito pertinentes, las que, en el caso, y según se vio, se corresponden con la cancelación del crédito que se reclama.

El asunto, de no haber sido así, queda en el marco interno de la entidad crediticia y su representante, no pudiendo trasladarse aquí, al juicio ejecutivo, en donde no está permitido ingresar en ese tipo de cuestiones ajenas al mismo.

No se explica satisfactoriamente, por otra parte, por qué motivo se extendieron esos recibos (o boletas de depósito con la mentada imputación de cancelación y pago de impuestos para ello), y se ejecuta por un determinado importe que excede, incluso, el posible saldo deudor que habría quedado pendiente de pago, y además, tampoco se brinda una justificación tendiente a informar idóneamente al tribunal por qué causa se dejó prácticamente de accionar contra el deudor transcurrido un tiempo por demás considerable desde que, según la postura de la ejecutante, y no obstante los depósitos efectuados por aquél, no se habría cancelado la operación de que se trata.

En síntesis, concuerdo totalmente con el razonamiento de la Juez a quo de que, en casos como el que aquí nos ocupa, corresponde otorgar validez a la documentación emanada de la propia parte actora (o de la entidad que ésta representa, para el caso da lo mismo), que da cuenta de que la deuda fue cancelada, haciendo las veces del recibo pertinente que es, por naturaleza, la más idónea de todas las pruebas cuando se trata del hecho del pago. Por los propios fundamentos en que se asienta el fallo estigmatizado, y todo lo desarrollado precedentemente, lo cual sirve a mi criterio de fundamento jurídico idóneo y suficiente para brindar respuesta integral a los agravios del apelante, y sobre la base de la doctrina según la cual los jueces no están obligados a seguir y ponderar uno por uno y exhaustivamente todos los argumentos propuestos por las mismas, o expresar en la sentencia la valoración todas las pruebas producidas, bastando para la validez de su pronunciamiento que lo sea y se detenga sobre aquellas cuestiones que sean conducentes, decisivas y gravitantes para fallar la contienda (arg. art. 327 -2do. párrafo- del CPCC; CSJN, Fallos 294-427, 297-140, 308-950, entre otros; TSJ Cba. 6.03.96, BJC III-158, y A.I. nro. 100 del 5.9.98, sala C.A. "Ojeda de Scarpacci c/ Caja de Jubilac., Pensiones y Retiros de Cba. - CA"; AZPELICUETA-TESSONE, "La Alzada. Poderes y Deberes", Ed. LEP, La Plata, p. 202/203; VÉNICA, ob. cit., T. III, p. 201), según lo ha expuesto esta Cámara en reiterados pronunciamientos, es que me pronuncio por la negativa a esta cuestión y así lo dejo expresamente votado.

A LA PRIMERA CUESTION los señores Vocales Horacio Taddei y Daniel Gaspar Mola dijeron:

Que adherían al voto precedente.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el señor Vocal José María Ordoñez dijo:

I) Que de conformidad con el resultado de la votación a la anterior cuestión propuesta al Acuerdo, corresponde que se sentencie esta causa rechazándose el recurso de apelación deducido por la parte actora, y que se preste confirmación a la sentencia recurrida en todo cuanto fue materia de agravio. II) Que las costas devengadas por el procedimiento en esta instancia se impongan a la apelante que resulta vencida (arg. art. 130, CPCC), regulándose los honorarios del Dr. Héctor E. Barrera, en el cuarenta por ciento (40%) de la practicada en la instancia inferior (arg. art. 40, CA, ley 9459), con más el IVA de conformidad con la constancia de inscripción impositiva que surge de autos, para lo cual se tienen en cuenta las pautas de evaluación cualitativas y cuantitativas establecidas por los artículos 36 y 39 del código arancelario, en especial el valor y eficacia de la defensa (inc. 1), la relativa complejidad de la cuestión planteada (inc. 2), la ausencia de novedad en el problema jurídico debatido (inc. 3), la responsabilidad comprometida por el profesional en su desempeño (inc. 4), el éxito obtenido (inc. 5), la cuantía del asunto (inc. 7), y el tiempo que ha llevado la solución del litigio (inc. 10). Dada la forma en que se regula los intereses de los honorarios se devengarán desde la resolución de primera instancia y hasta su efectivo pago (arg. art. 35, CA).

Se difiere la regulación de honorarios del Dr. Víctor Luna Cáceres, por la parte actora, para cuando ello sea solicitado (arg. art. 26, "a contrario sensu", ley 9459).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN los señores Vocales Horacio Taddei y Daniel Gaspar Mola dijeron:

Que haciendo suya la propuesta de resolución brindada por el señor Vocal de primer voto, adherían a la misma.

Por el resultado del Acuerdo que antecede, y por unanimidad del tribunal;

SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora, confirmando la sentencia recurrida.

II) Imponer las costas a la apelante, regulándose los honorarios del Dr. Héctor E. Barrera en la suma de Pesos Ocho mil setenta y uno con veinte centavos ($ 8.071,20), con más el IVA que corresponda.

PROTOCOLICESE Y BAJEN.