Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29


FONTANA, Raúl Angel contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 37-40.

Santa Fe, 29 de octubre del año 2.003.

VISTOS: Los autos "FONTANA, Raúl Angel contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 668, año 1.995), venidos a resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo de fecha 28 de junio del año 2.000, registrado en A. y S. T. 163, págs. 227/233, que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo, interpuso el actor el remedio extraordinario contemplado en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 103/108) tachó al decisorio de arbitrario, por consideralo lesivo de los artículos 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.

En primer lugar, afirmó que la sentencia tiene dicho carácter por apartarse de las normas aplicables al caso, señalando que el encuadre legal en el artículo 78 tercer párrafo de la ordenanza 6166/70 es erróneo. En tal sentido, insistió en la imprescriptibilidad del beneficio al reajuste, que entiende de oficio debió realizar la Caja.

Adujo que, el Tribunal ha convalidado una violación a la garantía de igualdad (artículo 16 Constitución Nacional) por poner en cabeza del jubilado el deber de instar su reencasillamiento cuando en otros casos la Caja lo habría hecho de oficio. Al respecto, cuestionó la constitucionalidad del artículo 85 inciso 2 de la Ordenanza antes citada, alegando que distingue si los reencasillamientos han sido realizados a pedido de parte o de oficio.

Bajo el acápite "sentencia que omite la averiguación de los hechos reales", sostuvo, en síntesis, que se ha efectuado una interpretación de la ordenanza a arbitrio del juzgador amparando la conducta omisiva y negligente del ente previsional en desmedro del jubilado, al consagrar la injusticia de hacer depender del voluntarismo de éste el reclamo, siendo que la Caja realizó reconocimientos de oficio.

Cuestionó además, la interpretación del fallo "Mc. Kay Zernik", en tanto -según entiende- si bien es cierto que en aquella causa se dependía de la realización de cálculos complejos que el jubilado no estaba en condiciones de realizar, en el caso sub examen también medió negligencia, puesto que el Ente previsional municipal en algunos casos reencasilló a sus afiliados y en otros no, trasladando su propia desidia a la inacción del jubilado.

Concluyó diciendo, que la trascendencia patrimonial que implica al actor la sentencia, vulnera al rechazar sus pretensiones los derechos de propiedad y de la seguridad social, que son integrales e irrenunciables y en el caso concreto, imprescriptibles.

Corrido traslado a la contraria, lo contestó a fojas 111/115 postulando su rechazo, alegando acerca de la inadmisibilidad e improcedencia del mismo.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario federal intentado.

Cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, del cotejo de la pieza recursiva con el fallo de marras, surge claro que el recurso no puede ser concedido.

En efecto, aún cuando el recurrente acusa arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, los argumentos en que sustenta la impugnación sólo traducen su mera disconformidad con el criterio seguido por el Tribunal en ejercicio de funciones propias, en la interpretación de normas de derecho público local y de las circunstancias relacionadas con las mismas.

Y en tal tarea, no logra persuadir que en el "sub examine" se verifique un motivo de excepción que autorice la apertura de la instancia ante la Corte nacional, vedada, en principio, a las cuestiones de dicha naturaleza.

En el caso, no obstante los diversos vicios endilgados al pronunciamiento, los agravios del recurrente -que reitera alegaciones efectuadas al demandar-, pueden sintetizarse esencialmente en la pretensión de hacer prevalecer su propio enfoque sustentado en la obligación del ente previsional de efectuar de oficio el reajuste de los haberes jubilatorios y que no resultan aplicables normas de prescripción.

Pero en el escrito recursivo no se brindan argumentos suficientes en orden a desvirtuar el núcleo central de la argumentación del decisorio, que consideró de manera fundada que había que diferenciar el derecho a un beneficio jubilatorio o de pensión - imprescriptible-, con el derecho al goce de las prestaciones emergentes de los mismos -sujeto a plazos de prescripción-, y que corresponde al beneficiario solicitar el reajuste de su haber jubilatorio, por revaluación de funciones del agente activo.

Ello importó, la aplicación del artículo 78 tercer párrafo de la Ordenanza municipal 6767 que reproduce lo dispuesto en el artículo 82 de la ley nacional 18.037, que establece un plazo de prescripción bienal, para el supuesto de autos -prestaciones devengadas por un reajuste posterior al otorgamiento del beneficio-, y de los criterios sustentados por este Tribunal en precedentes que implican una línea jurisprudencial sólida y consolidada (cfr. "Rodriguez" A. y S. T. 69, págs. 426/435), respecto al alcance del mencionado párrafo a los casos de "haberes no liquidados como consecuencias de normas, de interpretaciones o incluso omisiones del ente previsional, que el interesado deba cuestionar".

Consideró además, este Cuerpo, en el decisorio en crisis, que de conformidad al artículo 85 de la citada ordenanza municipal, los encasillamientos por revaluación de funciones producidas con posterioridad al momento de entrar en el goce de la prestación jubilatoria, no deben ser efectuados de oficio por la Caja, sino que sólo dan derecho al beneficiario a solicitar la adecuación de su haber (inciso b, ap. 1).

En definitiva, la Corte, en el marco de las facultades que le son propias derivó el derecho aplicable al caso y esa interpretación, no aparece manifiestamente irrazonable ni los argumentos aducidos por el recurrente persuaden que en dicha labor se ha violentado específicamente el ordenamiento legal, en cuanto lo único que puede inferirse de la limitada fundamentación expuesta por el impugnante es su disenso con la decisión adoptada, lo que no asume sustancia constitucional como para operar la apertura de la vía intentada.

Por lo que, carece de asidero la tacha de prescindencia del texto legal con que el recurrente ataca el decisorio, que se configura cuando el Tribunal omite aplicar la norma que obviamente rige el caso, circunstancia que -conforme a lo reseñado- no se advierte que suceda en autos.

Asimismo, carece de andamiaje suficiente el reproche del impugnante relativo a la conducta omisiva del Organismo Previsional, habida cuenta que el Tribunal dió acabada respuesta a esa argumentación, en tanto sostuvo que conforme a la norma aplicable (art. 85, ord. 6767 cit.) ninguna actividad le correspondía realizar de oficio, sin que el recurrente se haga cargo de rebatir con el rigor que exige esta instancia recursiva dichos fundamentos.

Desde esa perspectiva, el quejoso no logra en esta instancia justificar que el fallo de esta Corte importe una renuncia a la verdad jurídica objetiva o que incurra en arbitrariedad por no constituir una derivación razonada del derecho vigente.

Tal demostración es imprescindible si no se quiere llegar a la anulación de una sentencia por contener afirmaciones dogmáticas sobre la base de aseveraciones también dogmáticas, pero en sentido contrario, del apelante (Fallos 294:376; 296:82; 302:564).

En cuanto al reproche fundado en la supuesta aplicabilidad del fallo "Mc. Kay Zernik", es dable señalar que lo único que vuelve a demostrar es una concepción diferente de la adoptada en la resolución dictada, sin desarrollar argumentos que desvirtuen las razones que -con cita del precedente mencionado, sin contradecir el mismo, el que resulta impertinente para la solución de la causa- vertió el tribunal para arribar a la conclusión que le resulta adversa.

En suma, se advierte, que los agravios del quejoso sólo traducen la insistente intención de renovar el debate sobre la cuestiones jurídicas y fácticas del caso, lo que no entraña cuestión constitucional para operar la apertura de la vía intentada (Fallos 308:118; entre otros).

Por lo demás, el recurrente esgrime argumentos nuevos, la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 85 de la ordenanza 6767, -ordenanza municipal de indubitable aplicación al caso-, lo que no fue planteado oportunamente al trabarse la litis, por lo que aparece como el fruto de una reflexión tardía, y por ende, deviene inatendible.

No merece mejor suerte el planteo atinente a la vulneración de la garantía de igualdad, fundado en que el organismo previsional habría efectuado el reencasillamiento de oficio en otros casos,-sin perjuicio, que lo introduce en esta instancia recursiva-, basta para desestimarlo los fundamentos normativos expuestos en la resolución impugnada y el hecho de que no logra demostrar el recurrente de que manera se produciría la lesión a su derecho, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, que no le impedía solicitar el reajuste de su haber.

En definitiva, cabe concluir que el decisorio impugnado constituye innegablemente la derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso, y que frente a ella, el impugnante no ha aportado razones que permitan vislumbrar siquiera prima facie, la posibilidad de que exista un supuesto de arbitrariedad que habilite el excepcional acceso a la instancia extraordinaria.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)