Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-02-12


Resistencia, febrero 12 de 2010.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad concedido en autos? 2º En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Costas y honorarios.

1º cuestión. - El doctor Alberto Mario Modi dijo:

a) Arriban las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de recursos de inconstitucionalidad incoados a fs. 138/148 por la demandada In.S.S.Se.P. y a fs. 150/163 por la codemandada Provincia del Chaco, contra la sentencia Nº 89/09, dictada por la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo-Segunda Instancia, obrante a fs. 121/126 vta.

Concedidos dichos recursos a fs. 165, a fs. 185 se radica la causa en la Secretaría Contencioso Administrativa Nº 2 de este Tribunal, se corre vista al Sr. Procurador General y se ponen los autos para la presentación de la memoria por la parte recurrida. A fs. 188/189 vta., obra dictamen Nº 1511/09 del Sr. Procurador y a fs. 182/183, no habiendo la recurrida presentado memorial, se le da por decaído el derecho dejado de usar y se llama autos para sentencia.

b) Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde que me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal de los que ahora considero.

Efectuada tal tarea, constato el cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución 1197/07 del STJ, como así también los recaudos atinentes a la interposición en término, legitimación para recurrir y sentencia definitiva, por lo que corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo, motivo de los agravios constitucionales formulados, los cuales serán tratados en forma conjunta en honor a la brevedad, atento la similitud existente entre ambos recursos.

c) Los recurrentes inician su repoche remitiendo a los fundamentos expresados por este Cuerpo en los autos "Penchansky, Moisés León s/ Acción de Inconstitucionalidad", en sentencia Nº 542/05 de este Tribunal.

Agregan que la sentencia se aparta notoriamente de la legislación aplicable en la materia, al sostener que la competencia contencioso administrativa puede ensancharse conforme la valentía y activismo del juez; ello basado en una interpretación constitucional orientada por el derecho a la tutela judicial efectiva. Concluyen afirmando que en nuestro derecho positivo, la competencia la establece la ley y los requisitos están determinados por la Constitución y la ley 848.

En otro apartado, sostienen siguiendo los lineamientos de este Cuerpo fijados en "Funes de Aguzín Gloria y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad", que si un fallo se sustenta en una interpretación irrazonable, se lo descalifica como pronunciamiento, dado que sólo tiene un fundamento aparente.

Que ello es lo que acontece en el fallo recurrido, en tanto lo resuelto no se corresponde con la correcta interpretación del derecho y las circunstancias del caso.

Que respecto de la ley 4837, la intención del legislador fue la de restablecer una situación de injusticia generada con el cumplimiento de mínimos requisitos, diferentes a los exigidos a los restantes jubilados que conforman la gran mayoría.

Manifiestan que estas leyes de privilegio generan desigualdades en el sistema y que la ley cuestionada restablece las garantías de igualdad y solidaridad social, que constituyen los pilares del sistema de reparto previsional.

Que en el caso de autos, no se han conculcado los derechos y garantías alegados por el recurrente, sino que existe una reglamentación legal que considera y trata igualmente a los iguales.

Así relatada suscintamente la queja de los recurrentes, entiendo en concordancia con lo expuesto por el Sr. Procurador General, que el recurso debe prosperar, en tanto la sentencia objetada, no resulta ser derivación razonada del derecho vigente.

En tal dirección, conviene recordar que este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que: "... por principio de seguridad jurídica, resulta conveniente que los criterios doctrinarios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo en materia estrictamente constitucional sino aquéllos que posibilitan un modo de entenderse pacífico en el comercio de todos lo días se acaten por los distintos tribunales de modo que revistan fuerza vinculante las sentencias de dicho Alto Tribunal que, aún en materia de derecho común o procesal, muestren el torso de una doctrina, sin perjuicio, obviamente, de los replanteos que, fundadamente impiden la cristalización o inmovilización del sentido evolutivo que históricamente experimenta el derecho frente a la vida" (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", T. I, edic. 1982, p. 228 y Sent. Nº 51/89, Nº 130/90) (v. Sent. Nº 284/06).

En claro lo precedente, debo decir que el planteo constitucional que se realiza en estas actuaciones, ya ha sido expresamente resuelto por este Cuerpo en sentencia Nº 542/05, dictada en autos: "Penchansky, Moisés León s/ Acción de Inconstitucionalidad Ley Nº 4837", donde se cuestionaba la validez de dicha ley, por similares motivos que los actuales.

Estimo aplicable al caso -en lo pertinente-, lo expuesto en tal ocasión, por lo que reproduzco en la presente en lo que corresponda, sus conclusiones.

Allí expresamos liminarmente: "En primer término debo referirme al criterio hermenéutico sobre cuyas pautas ha de dilucidarse adecuadamente la cuestión en debate. Ello así, toda vez que por aplicación de doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ponderarse que a los fines de interpretar las normas previsionales existen dos criterios diferentes, que se aplican a situaciones enteramente dispares, a saber: 1) según se trate de prestaciones que se otorgan a la generalidad de los beneficiarios y que responden a los fines propios del régimen jubilatorio, esto es, las que se ajustan estrictamente a la necesidad de cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad, y 2) según se trate de prestaciones excepcionales -como en el caso que nos convoca-, en tanto se conceden a grupos singulares de personas mediante el cumplimiento de menores exigencias o recaudos -en el caso se requirió no sólo una edad mínima sino además, menos años de aportes al sistema jubilatorio- o acordando mayores beneficios que los comunes, y ello sin atender especialmente a los requerimientos de las mencionadas contingencias sociales. En lo que atañe a la primera de las situaciones enunciadas, la Corte ha sostenido reiteradamente que no debe llegarse en tales casos al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela, prefiriendo, consiguientemente, la inteligencia de la norma que permita reconocer el beneficio pedido (Fallos: 294:94, cons. 4º y sus citas entre otros muchos). Por el contrario, en la segunda de las situaciones antedichas, el Tribunal afirmó en numerosos pronunciamientos la doctrina según la cual, la correcta inteligencia que cabe asignar a normas que consagran beneficios previsionales de excepción, no se aviene con las reglas amplias de interpretación establecidas respecto de sistemas jubilatorios comunes o normales, pues median obvias razones de justicia que impiden evaluar ambos regímenes con las mismas pautas y, en consecuencia, resulta adecuado dilucidar la cuestión con un criterio estricto y riguroso" (Fallos: 300:240, entre muchos más).

Agregábamos en aquel fallo, ya en referencia a la cuestión de fondo, que: "... a la luz de las pautas, sentadas en los casos "Zuliani" (Sent. 178/96) y "Funes de Aguzín" (Sent. Nº 656/01) y siguiendo inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe reiterar aquí que el monto del beneficio no importa un derecho adquirido e irrevocable, y que, por consiguiente, la rebaja de haber sido dispuesta para el futuro, no afecta ningún derecho de propiedad, siempre que no sea arbitraria o desproporcionada. Que en tal comprensión, es de enfatizar que cuando nuestro más Alto Tribunal Nacional ha tenido que dirimir conflictos suscitados por rebajas a las prestaciones previsionales establecidas, ya sea directamente, a través de porcentuales, o bien como resultado de modificaciones producidas en los sistemas de movilidad, dichas circunstancias dieron origen a la elaboración de su conocida doctrina sobre los derechos adquiridos y la distinción elaborada entre el status de jubilado y la cuantía de las prestaciones a las que se tiene derecho por invocación de las normas aplicables (Fallos: 170:12 y 173:5, entre otros). El primero es intangible e integra al patrimonio del beneficiario como un contenido del derecho de propiedad. El segundo, puede soportar reducciones, mientras éstas no sean confiscatorias, lo que demuestra que, conforme a una reiterada jurisprudencia de la Corte, no hay derecho adquirido a una suma determinada e invariable. En otros términos, el beneficiario no adquiere a perpetuidad el derecho a que el régimen por el que se jubiló sea mantenido, por el contrario, ese régimen puede cambiar o ser sustituido en el futuro por otro, siempre que el resultado no sea confiscatorio, o sea, que la merma producida no sea irrazonable.

También se sostuvo: "La corte ha enfatizado asimismo, que no corresponde a los jueces meritar sobre la oportunidad, conveniencia o eficacia de las medidas implementadas por los otros poderes del estado en ejercicio de las funciones que le son propias, sino que su misión esencial es efectuar el control de compatibilidad de la ley o reglamento en juego con las garantías o derechos amparados por la Constitución Nacional. Por esta y otras razones puede afirmarse que la restricción razonable de derechos, en el sub discussio de las prestaciones previsionales, resulta admisible. Por lo demás los salarios hacia el futuro, no constituyen derechos adquiridos, más bien conforme a Joaquín LLambías (Tratado de Derecho Civil, parte general, t. 1, p. 132 y sgtes.), son expectativas, pues están sujetos a contingencias futuras.

Ciertamente que en tal contexto, no puede dejarse de ponderar además, que la cuestión planteada excede el mero interés del accionante, ya que a su alrededor gira un amplio espectro de principios de los cuales no es posible desentenderse. Entre ellos el principio de la solidaridad tan recurrentemente mencionado, cuyo carácter económico-jurídico, explica la necesaria planificación dentro de la comunidad. También el principio de integralidad tiene sus límites, pues no escapa a la planificación estatal; de allí que los fines propios de la seguridad social no pueden interferir con las metas perseguidas por la política económica general del estado, ante la profunda crisis, entre otros de la seguridad social. Esta situación conlleva ineludiblemente a la necesidad de adoptar medidas saneadoras, las cuales, en numerosas ocasiones, son drásticas y con alto costo social. Como natural derivación de lo anterior, la crisis del sistema obliga al juez a la búsqueda de soluciones que mejor concilien los intereses, no sólo de los que se dicen afectados, sino de la sociedad toda. Se trata, en suma, de una reducción del haber de retiro que en tanto no aniquile el beneficio o lo hiera sustancialmente, no compromete la validez constitucional de la norma que la establece (Fallos: 269:167). Su derecho adquirido, como ya lo sostuviera, lo es, a que se respete su situación de jubilado y no a que su haber siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concedérsele el beneficio. Y ello es así, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones o a la inmovilidad normativa, por cuanto ninguna duda cabe que los derechos constitucionales no son absolutos y reconocen limitaciones para permitir el ejercicio regular de ellos, en coexistencia con los pertenecientes a todos los individuos que integran la comunidad, y para defender el interés social. Ello se desprende de la frase inserta tanto en el artículo 14 de la Constitución Nacional y su correlato en la Constitución Provincial, que reza: "conforme las leyes que reglamentan su ejercicio", lo cual implica, como es sabido, autorizar al poder legisferante a reglamentar los derechos civiles, restringirlos, ponerle límites. O como ha dicho nuestro más Alto Tribunal en fallo reciente: "... los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio" (C.S.J.N. Cacace, Josefa c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ accidente Ley 9688", 19/X/95, LL., 7/1/97, Nº 1471, pág. 2; ídem, Fallos: 304:319 y 1293; 312:318).

Lo hasta aquí expuesto, trae como consecuencia lógica la recepción de los recursos impetrados.

Ahora bien, siendo que la cuestión de fondo, fue expresamente resuelta por este Alto Cuerpo mediante una acción autónoma de inconstitucionalidad, lo que motivó el dictado de la sentencia Nº 542/05; que las partes han tenido la oportunidad de expresarse suficientemente, con lo cual se ha resguardado su derecho de defensa y que el expediente se encuentra radicado ante la Secretaría Contencioso Administrativa Nº 2 de este Superior Tribunal de Justicia, es que considero conveniente, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 44, in fine del decreto ley Nº 1407/62, modificado por ley 5951, que este Tribunal ejerza jurisdicción positiva, dictando la sentencia que ponga fin al litigio, a fin de evitar mayores dilaciones que puedan perjudicar a las partes y de ocasionar un dispendio inútil de actividad jurisdiccional.

Por ello y con soporte en los fundamentos dados, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las codemandadas InS.S.Se.P. y Provincia del Chaco, deben ser receptados y la acción de amparo incoada por el Sr. Demetrio Becerro, corresponde sea desestimada. Así voto.

El doctor Ramón Rubén Avalos dijo:

Coincido con las consideraciones y fundamentos que ilustran el voto precedente, por lo que arribo a la misma conclusión y me expido de igual forma. Así voto.

El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

Por compartir los fundamentos y la solución propuesta por el Sr. Juez de primer voto, en todos los aspectos, adhiero al mismo y emito el propio en igual sentido. Así voto.

El doctor Ricardo Fernando Franco dijo:

Los sólidos fundamentos expuestos en el primer voto tornan innecesario abundar sobre el tema, por lo que me remito a aquéllos y me expido en el mismo sentido. Así voto.

La doctora María Luisa Lucas dijo:

Adhiero a los fundamentos dados y a la solución que propicia el Sr. Juez de primer voto, por considerarlos ajustados a derecho, emitiendo opinión en igual sentido. Así voto.

2º cuestión. - El doctor Alberto Mario Modi dijo:

En virtud de la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se recepten los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 138/148 por la demandada In.S.S.Se.P. y a fs. 150/163 por la codemandada Provincia del Chaco, contra la sentencia Nº 89/09, dictada a fs. 121/126 vta. por la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, actuando en grado de apelación. Consecuentemente con ello, es dable decretar la nulidad de dicha sentencia -confirmatoria de la de primera instancia- y en ejercicio de las facultades excepcionales atribuidas a este Tribunal por el art. 44 "in fine" del decreto ley Nº 1407/62, modificado por ley 5951, corresponde asumir la competencia positiva y rechazar el amparo promovido en esta causa por el Sr. Demetrio Becerro, en todas sus partes.

Atento a la forma en que se resuelve la cuestión y lo dispuesto en el art. 68 del CPCC, las costas se imponen a la parte actora vencida. En mérito de ello, corresponde adecuar las costas y los honorarios de las instancias anteriores, conforme lo prescribe el art. 277 del mismo cuerpo normativo, las que quedan a cargo del actor en todas las instancias.

Los honorarios profesionales en orden a las pautas de los arts. 4º, 6º, 7º, 11, 25 y concordantes de la ley 2011 T.O. "de facto", quedan establecidos de la siguiente manera: a) Primera Instancia: Dra. N. R. C., en la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880,00) como patrocinante y en la de pesos mil ciento cincuenta y dos ($1.152,00) como apoderada; Dr. O. J. S., en la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880,00) como patrocinante y Dra. R. M. E. A., en la suma de pesos mil ciento cincuenta y dos ($1.152,00) como apoderada; Dr. G. E., como patrocinante, en la suma de pesos dos mil dieciséis ($2.016,00); b) Segunda instancia: Dra. N. R. C., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. O. J. S., como patrocinante de la codemandada Provincia del Chaco, en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y Dra. R. M. E. A., en la suma de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. G. E., en la suma de pesos quinientos cuatro ($504,00) como patrocinante; c) Por la instancia extraordinaria: Dra. N. R. C., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. O. J. S., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderado. Con más IVA si correspondiere. Así voto.

El doctor Ramón Rubén Avalos dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Alberto Mario Modi respecto de la presente, que abarca lo relativo a imposición de costas y honorarios profesionales. Es mi voto.

El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

Por compartir la solución propiciada respecto de esta cuestión y lo relativo a imposición de costas y regulación de honorarios, emito mi voto en igual sentido que lo hace el Sr. Juez de primer voto. Así voto.

El doctor Ricardo Fernando Franco dijo:

Adhiero a la conclusión arribada por el Sr. Juez de primer voto respecto de esta cuestión y comparto asimismo lo expresado respecto de la imposición de costas y regulación de honorarios profesionales, por ajustarse a derecho. Así voto.

La doctora María Luisa Lucas dijo:

Comparto la solución que propicia el Dr. Alberto Mario Modi respecto de esta cuestión y lo relativo a imposición de costas y regulación de honorarios, por lo que voto en el mismo sentido. Así voto.

Autos Y Vistos: Los fundamentos del Acuerdo que antecede, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve: I. Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 138/148 por la demandada In.S.S.Se.P. y a fs. 150/163 por la codemandada Provincia del Chaco, contra la sentencia Nº 89/09, dictada en grado de apelación por la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad. Consecuentemente con ello, es dable decretar la nulidad de la sentencia obrante a fs. 121/126 vta. -confirmatoria de la de primera instancia- y en ejercicio de las facultades excepcionales atribuidas al tribunal por el art. el art. 44, in fine del decreto ley Nº 1407/62, modificado por ley 5951, corresponde rechazar el amparo promovido en esta causa por el Sr. Demetrio Becerro, en todas sus partes. II. Imponer las costas en todas las instancias al actor vencido. III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: a) Primera Instancia: Dra. N. R. C., en la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880,00) como patrocinante y en la de pesos mil ciento cincuenta y dos ($1.152,00) como apoderada; Dr. O. J. S., en la suma de pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880,00) como patrocinante y Dra. R. M. E. A., en la suma de pesos mil ciento cincuenta y dos ($1.152,00) como apoderada; Dr. G. E., como patrocinante, en la suma de pesos dos mil dieciséis ($2.016,00); b) Segunda instancia: Dra. N. R. C., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. O. J. S., como patrocinante de la codemandada Provincia del Chaco, en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y Dra. R. M. E. A., en la suma de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. G. E., en la suma de pesos quinientos cuatro ($504,00) como patrocinante; c) Por la instancia extraordinaria: Dra. N. R. C., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderada; Dr. O. J. S., en la suma de pesos setecientos veinte ($720,00) como patrocinante y de pesos doscientos ochenta y ocho ($288,00) como apoderado. Con más IVA si correspondiere. IV. Regístrese, protocolícese. Notifíquese personalmente o por cédula. Comuníquese mediante correo electrónico al Sr. Presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen, con la documental reservada a fs. 185 vta. - Alberto Mario Modi. - Rolando Ignacio Toledo. - Ricardo Fernando Franco. - Ramón Rubén Avalos. - María Luisa Lucas.