marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Solve et repete, silencio de la administración, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: María Ángela de Uña de Carletto S.H. c/ Provincia de Tucumán D.G.R. s/ Nulidad/Revocación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-12-03

Corresponde confirmar la resolución que dispuso que la falta de decisión administrativa de la impugnación deducida por el actor impide la operatividad del requisito del pago previo previsto en el art. 158 del Código Tributario de la Provincia de Tucumán, en tanto se advierte que el accionante interpuso un recurso administrativo de apelación y, habiendo transcurrido el plazo legal sin haber obtenido respuesta, entendió configurado el silencio denegatorio de la Administración. En ese sentido, la disposición del art. 21 de la Constitución local no permite inferir, a partir del silencio, la existencia de un pronunciamiento o una "decisión definitiva" en los términos del art. 158 del CTP, por lo que el sentido denegatorio ante al hecho omisivo de la Administración previsto por la Constitución como garantía para el particular no puede configurar el cumplimiento del presupuesto establecido por el art. 158 CTP para la exigibilidad del requisito del pago previo, toda vez que dicho presupuesto está dado por una "decisión definitiva" de la Administración que no fue emitida en el caso.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, monto mínimo, solidaridad previsional, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Si de lo que se resuelva en el caso respecto de la aplicación de la modificación que la ley 24.463 introdujo en el art. 33 de la ley 24.073 depende que el Estado se encuentre obligado a hacer efectivo el crédito fiscal o que se vea liberado de tal obligación, la causa tiene un indudable contenido económico, cuya cuantía excede por mucho el monto mínimo exigible y lo resuelto compromete el patrimonio de la Nación.
Exenciones impositivas, impuesto a las ganancias, asociaciones sindicales, AFIP DGI, verificación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: UTGRA. Unión de Trabajadores Gastronómicos de  la República Argentina c/ DGI. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

La resolución de la DGI que había reconocido a la actora el carácter de exenta del pago del impuesto a los réditos - hoy impuesto a las ganancias - no impide que el organismo recaudador ejerza respecto de la actora las potestades de fiscalización y verificación que le otorga la ley 11.683 (arts. 33 a 36 del texto ordenado en 1998).
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: G., S.M. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Denuncia Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

El postulado de que en los juicios de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento, no puede ser extrapolado hasta el extremo de hacer cargar al demandado con aquellas de las que él no es responsable, por derivar las mismas de excesos -al menos objetivos- en las reclamaciones del actor.
Jornada de trabajo, doctrina legal, jornada máxima, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra Marta Susana y otros c/ Banco Río Negro S.A s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-12-29

Cierto es que, a diferencia de la doctrina del Superior Tribunal de Justicia ("NERI", 4-10-94), los plenarios de la Cámara Nacional no obligan en la jurisdicción local, no menos verdadero es que la fuerza convictiva de los argumentos allí expuestos, así como la indiscutida autoridad de quienes los desbrozaron, indican que una razonable exégesis del derecho aplicable conduce inexorablemente a la solución jurídica que se consagró en el mencionado fallo. Destaco mi coincidencia con los argumentos vertidos por el voto prevalente de ese Tribunal nacional (fallo D'Aloi, 25-06-81) en consonancia con el dictamen del Procurador General del Trabajo, pues la procedencia del incremento remunerativo correspondiente al trabajo realizado en exceso de la jornada ordinaria debe ser admitido únicamente cuando se sobrepasa el tope fijado en la norma específica para la jornada máxima legal.(Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: VITALI, DULCELINA ELIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El principio de imposición de costas a la parte vencida constituye aplicación de una directriz axiológica en virtud de la cual se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia, y no implica el reconocimiento de una reparación de daños fundada en la atribución o presunción de culpa ya que la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado. Por ende, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho quien debe salir incólume del proceso.
Daños y perjuicios, incapacidad laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Confiteria Havanna SACIF c/ Transporte 25 de Mayo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

Tanto por la vía prevista en la ley 23.643, como por las normas establecidas en el Código Civil para el pago por subrogación, o por las estatuidas en dicho cuerpo legal cuando contempla, en general, el resarcimiento de daños, puede el patrón que haya pagado la indemnización, iniciar acción contra el tercero responsable del daño por la incapacidad que éste le produjo a su dependiente, con la salvedad que, para su cuantificación, ha de prevalecer el porcentaje estimado por el perito designado en autos y no el establecido por el Ministerio de Trabajo, el cual por no haber podido ser fiscalizado ni rebatido por la interesada, le resulta totalmente ajeno.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: De la Fuente, Luis Ramón c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación.
Excepciones procesales, resolución de las excepciones, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO c/ GUTNISKY, SAMUEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-04

La articulación de las excepciones previas genera un incidente, y, en consecuencia, la apertura de una instancia independiente de la principal en cuanto a su tramitación, quedando en cabeza de quien lo promovió la carga de impulsarlo; de allí que sea susceptible de perimir sin que obste a ello la circunstancia de que el Código Procesal regule específicamente el trámite de aquéllas.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: PORTILLO, OSVALDO JAVIER s/ ESTUPEFACIENTES.    ALMACENAMIENTO:  (ART.  2  INC.  C  LEY  20.771).  SECUESTRO DE UNA CANTIDAD  CONSIDERABLE  DE  MARIHUANA EN EL LUGAR DE  TRABAJO: LOCAL DE BAILE. ACOPIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

"si la cantidad de droga que supera la destinada al uso personal implicará sin más y por sí "almacenamiento", la figura de la tenencia se tornaría inaplicable para quienes sostienen que un monto menor tampoco la tipifica; o sea que la diferencia entre ambas figuras delictivas debe buscarse en otras características y no reducirla a una cuestión numérica de pesos o medidas".

"Como en el caso de autos no existe pieza de convicción alguna que el procesado tuviera la marihuana hallada parte entre sus ropas y parte en un local donde trabajaba y al que tenían acceso otras personas para fines acreditados distintos de su consumo, corresponde la homologación del veredicto condenatorio que encuadra la conducta del procesado en la figura de tenencia de estupefacientes".
Acciones personales, juicio de desalojo, cosa juzgada, acciones reales, dominio, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: MANTERO, Osvaldo c/ JURAN, Enriqueta s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Ante una acción entablada para obtener el desalojo de una finca acción personal- y la reconvención por adquisición dominial de la misma finca -acción real- no existe posibilidad de que se resuelva contradictoriamente, toda vez que la sentencia dictada en el procedimiento de deshaucio en manera alguna prejuzga en cuestiones de dominio o posesión.-
Recurso de apelación (procesal), sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL
Carátula: DR. JOSE AGUSTIN RUTA c/  s/ DENUNCIA - RECURSO DE APELACION - Art. 38 LEY Nº XIV-0457-05 (Dr. DOMENICONI)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-10-02

Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el letrado confirmándose la sanción dispuesta por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de San Luis. En este sentido, no solo la sentencia recurrida se basa, a contrario de lo mencionado por el letrado, en prueba concreta (nota periodística) reconocida por el propio apelante en sus escritos; siendo su valoración una facultad privativa del juez de la causa, y que la misma se ejerce dentro del sistema de apreciación libre cuya única excepción es el absurdo o la arbitrariedad.
Trabajadores rurales, cómputo de servicios, omisión de exhibir documentos, prueba insuficiente, prueba testimonial, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: BAEZ, UBALDO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

Si bien la ausencia de prueba documental, de afiliación y depósito de aportes y contribuciones en tiempo oportuno puede constituir una presunción en contra del peticionario, implica un exceso de rigor erigir dicha circunstancia en un impedimento ilevantable por vía testimonial, lo que conduciría a privar del beneficio previsional a quienes, particularmente en la actividad rural, no suelen disponer de otros medio para probar sus servicios.
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración, sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Rodolfo Andrés c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

El artículo 80 inc. c), párr. 2, del Ac. 2300 edicta con meridiana claridad que la facultad disciplinaria se extingue, por prescripción, a los tres años, en los supuestos de faltas susceptibles de sanciones expulsivas. Es decir, que el precepto contempla la prescripción de la potestad disciplinaria -equivalente a la acción del derecho penal- que se hace efectiva mediante determinadas sanciones, que se imponen en virtud de la existencia de un poder disciplinario que el superior ejerce respecto del inferior.

Por ende, no alude a la prescripción de la sanción o pena ya aplicada.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: RIVEROS, OSCAR BAUTISTA c/ CAJA DE PREVISION DE SAN JUAN s/ COBRO DE PESOS ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-19

La medida de no innovar como toda cautelar requiere la concurrencia de tres requisitos para su procedencia: 1) que los derechos que invoca el peticionante en la demanda tengan, prima facie,existencia, es decir, razón jurídica (verosimilitud del derecho): 2) que haya peligro de lesión grave en los derechos del peticionante ( peligro en la demora) y 3) que el peligro sea inminente. Pero, además, frente a los poderes públicos -a partir de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos-, son requisitos o notas especificas su de carácter excepcional, del cual resulta que el peligro en la demora debe ser irreparable y la verosimilitud del derecho invocado frente a la resolución administrativa se configura por el acreditamiento de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad.
Contratos comerciales, leasing, leasing financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAPELERA  DON  TORCUATO  S.A.C.I. c/ PROVINCIA  LEASING SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-30

El leasing financiero es un contrato por el cual el usuario se obliga a pagar mensualidades por el uso de un bien facilitado por el propietario durante un determinado plazo, y a cuyo término puede optar por la adquisición del mismo. Por su parte, el dador adquiere dicho bien con la intención simultánea de dar su uso y luego transferir la propiedad. El leasing es pues una operación que encierra una técnica de financiación, por lo que sólo puede ser prestada por entidades bancarias o instituciones financieras, en razón de ser las únicas autorizadas a realizar la intermediación entre la oferta y la demanda pública de recursos financieros (ver Barreira Delfino; Categorización jurídica del leasing; JA 1998-II-988).
Prueba, medidas para mejor proveer, facultades del juez
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BANCO DE LOS ANDES S.A. c/ RICARDO RIESEMBERG MADERERA MEDITERRANEA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-28

Las diligencias para mejor proveer han de considerarse en principio inapelables, toda vez que son de ejercicio "potestativo" para los jueces, quienes pueden ordenarlas, discrecional y libremente, cuando según su personal modo de ver el material probatorio aportado por las partes no resulta suficiente para inducir convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos.

Bien es verdad que cuando su ilegitimidad e impertinencia fuese harto ostensible sería dado al Superior revisar su procedencia y dejarlas sin efecto.

Sin perjuicio además de la facultad acordada por la ley para apelar una eventual sentencia de mérito adversa y provocar un segundo juzgamiento de la pretensión en Segunda Instancia, donde se podrá pedir la remoción de la lesión que el interés litigioso experimente, y exponerse los agravios que se estimen conducentes.-
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: ARANDA, Juan José s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-06

Disiento en cuanto a la aplicación del art. 52 del C.P., ley 23057, ya que éste en su nueva redacción exige cuatro condenas anteriores de prisión siendo una de ellas mayor de tres años o cinco condenas de tres años o menores, y de acuerdo al nuevo texto del art. 51 del C.P. y por aplicación del art. 2do. del mismo cuerpo legal, sólo puede tenerse en cuenta como agravante la condena. En consecuencia, no siendo el caso del art. 52 del C.P. en su actual redacción no corresponde imponer al imputado la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abogados, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: S. E., H. M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Denuncia   del contador público Juan Natalio Claus (Expte. CSJ Nº 693- 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

No resulta admisible el recurso de inconstitucionalidad cuando el interesado cuenta con "acciones judiciales" para su enmienda, -entendido que éstas no deben necesariamente ser recursos-. Y así sucede cuando, el agraviado puede ejercitar las acciones ordinarias ante el Juez competente a quien está confiado el resguardo de los derechos de los particulares.
Juicio político, funcionarios públicos, destitución, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Las acusaciones en juicio político son de naturaleza política, no imaginadas para castigar al culpable, sino para garantizar a la sociedad contra los graves delitos de los funcionarios.

El juicio político es un procedimiento establecido no para el castigo de un crimen, sino para la protección del Estado. El castigo del reo se deja a los tribunales ordinarios, ya que el Tribunal político sólo resuelve su destitución o declaración de su incapacidad para ocupar ningún empleo de honor o a sueldo de la Nación.
Pago, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Previsional para Profesionales de Ciencias Jurídicas de San Juan c/ Vignoli, Rosana Silvia s/ Ejecutivo Jurídicas de San Juan c/ Vignoli, Rosana Silvia s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-09-30

Si el ejecutado en forma espontánea dio en pago la suma reclamada, con anterioridad a la intimación judicial, sin que previamente haya sido constituido en mora, es improcedente la pretensión de condenarlo por las costas, desde que no existe técnicamente vencido al no haberse trabado la litis.
Medidas cautelares, medida de no innovar, actos de los poderes públicos, interés público
Materia: PROCESAL
Carátula: Rectificaciones Comodoro SA c/ Transportes Comodoro SA s/ Medida Cautelar-Legajo de Copias artículo 250
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-25

Para que proceda la medida de no innovar respecto de actos del poder público, es requisito -aparte de los genéricos de toda cautelar. que la medida no perjudique el interés público -interés colectivo que debe tenerse presente en la formulación y aplicación de las leyes procesales en general, y especialmente cuando se trata de servicios públicos-. Es decir, frente a los poderes públicos es requisito o nota específica su carácter excepcional, del cual resulta que el peligro en la demora debe ser irreparable, y la prevalencia del interés público, que debe ser cuidadosamente resguardado al decretarla y puede obstar a su procedencia.
Cuestiones de competencia, desplazamiento de la competencia, competencia por conexidad, procesos de conocimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PRINCZ, Esteban s/ COMPETENCIA - MEDIDAS PREVIAS -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

Por verificarse en la especie un desplazamiento de la competencia por conexidad meramente instrumental, no obstante el sistema de distribución de tareas dispuesto por esta Cámara, resulta prudente que, promovido el proceso de conocimiento, el Juez interviniente se haga cargo de todos los aspectos incidentales inherentes o derivados de aquél.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maimone, Vicente D. y ots. c/ Olleta, Eduardo A. s/ Cobro hipotecario Banco Roberts S.A. c/ Delmar, Héctor A. y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14|1996-06-21

La sentencia recaída en una ejecución hipotecaria no tiene, en principio, carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la decisión recaída en un juicio de dicha naturaleza sobre el "quantum" de los intereses punitorios, por su carácter de accesorio del principal, tampoco es susceptible de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apelación en subsidio, improcedencia del recurso, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: BOTTAZZI, Roberto Omar c/ ROTOLO, Pascual Eloy s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

1- La apelación deducida en subsidio sólo procede en el supuesto del recurso de reposición (art. 241, inc. 1° del CPCC) y siempre que la providencia impugnada reúna las condiciones establecidas en el artículo 242 del CPCC para que sea apelable, pero no está prevista para el recurso de aclaratoria.

2- Si la parte en lugar de recurrir directamente en apelación ante el Tribunal de Alzada respecto de los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia (art. 278 del CPCC) opta por la vía de la aclaratoria y ésta es desestimada, no puede, en el mismo recurso de aclaratoria, deducir la apelación en subsidio, porque esta apelación está sólo contemplada en el supuesto del recurso de reposición.-
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Emcoviar S.A. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

Si la litis exhibe la imputación del incumplimiento recíproco de las partes, resulta justo que este Tribunal pueda apreciar la clase e importancia de tales faltas, para decidir si entre las violaciones contractuales de una y otra parte existe el nexo de causalidad y la proporción necesaria para que el contrato sea resuelto atribuyendo a alguna de ellas -en exclusividad- la carga de las consecuencias derivadas de la frustración.
Proceso contravencional, recusación, fiscales, aplicación de la ley, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S.B. s/ Incidente de recusación fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-30

No corresponde la decisión del a quo de rechazar la recusación del fiscal, en razón de que el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Contravencional se refiere al trámite de excusación únicamente para los Jueces, remitiendo en la hipótesis de que la excusación afecte a uno de los miembros del Ministerio Público, a la solución que pueda brindar el reglamento pertinente (artículo 10 de la Ley Nro. 12).

Tampoco la aplicación supletoria del artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación le hubiera permitido al Juez, en el caso, esa posibilidad atento a que no se había realizado la audiencia del artículo 41 de la Ley Nro. 12, debiendo suponerse entonces que el Juez Contravencional únicamente podría resolver un pedido de recusación cuando el mismo se produjera en la etapa de juicio cuya dirección tiene a su cargo (art. 44 y sig. de la Ley Nro. 12), sin perjuicio del contenido del reglamento, aún no dictado, que podría resolver la cuestión de manera diversa. (Del voto del Dr. Ventureira)
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria, facultades del Poder Legislativo, política tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Giorno SA c/ AFIP - DGI s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

No es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional, siendo atribución del Congreso elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que no se infrinjan preceptos constitucionales. -Del precedente "Candy" (Fallos: 332:1571) al que la Corte remite-