Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-07


Expte. Nº 5304/10 "C.A.P.I.A. c/ Vargas Moya Raúl Dalmiro - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a siete ( 07 ) días del mes de junio del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, en autos Nº 10062 - 69437 caratulados: "CAPIA c/ Vargas Moya Raúl Dalmiro - Ejecutivo"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- El demandado plantea sendos recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 34/38 de estos autos, el a quo rechaza el recurso de apelación deducido por la ejecutada, confirmando así la sentencia de primera instancia que había rechazado la excepción de inhabilidad de título y ordenado proseguir con la ejecución. El Tribunal a quo valida también la decisión del Juez de primer grado, por la cual se denegó la producción de prueba ofrecida por el accionado.------ --- Llega a tales conclusiones tras considerar que: 1º) La apertura a prueba de las excepciones en los procesos de ejecución, constituye una facultad privativa del juez; que en uso de las facultades conferidas por el artículo 534 del CPC, el juez de primera instancia estimó que la causa se podía resolver con los elementos agregados, por lo que la negativa a la apertura a prueba ha sido bien resuelta; 2º) El planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto Reglamentario de la ley 6334, por el que se confiere carácter de título ejecutivo al certificado de deuda ejecutado en autos -debió decir art. 23-, resulta improcedente en este juicio ejecutivo, por la limitación de las defensas que se pueden oponer y por tratarse de una cuestión vinculada a la causa de la obligación; 3º) El certificado de deuda reúne los requisitos que prescribe el artículo 508 del CPC, por cuanto la Suprema Corte de Justicia ha señalado que las Provincias, en ejercicio de poderes no delegados, pueden dictar leyes que reglamenten la práctica de profesiones liberales; que en uso de tales atribuciones la Legislatura Provincial dictó la ley 6334 de creación de la Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, que faculta al Consejo Directivo a dictar la reglamentación de la ley; que esta última norma establece que los certificados de deuda de obligaciones por aportes a la Caja, son título suficiente de ejecución; 4º) No corresponde aplicar las costas por su orden, ya que el juicio ejecutivo no está comprendido en el artículo 1º de la ley 7210; dicha norma hace referencia a procesos judiciales, donde la relación jurídica sustantiva tenga origen o causa, en el derecho previsional o jubilatorio y en el caso de autos se trata del reclamo, por vía ejecutiva, de aportes a la Caja Previsional que se encuentran impagos, resultando aplicable el artículo 543 del CPC.---------------- --- El accionado encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Imputa arbitrariedad a la sentencia, alegando que viola sus derechos de defensa y propiedad; impide a su parte producir prueba, confiere ejecutividad al título y no aplica la ley 7210.--------- --- En primer lugar, al recurrente le agravia que el Tribunal haya otorgado ejecutividad a un título que -afirma- está fuera de la enumeración del artículo 508 (actual 486) del Código Procesal Civil. Una cosa, dice, es que los centros profesionales (Foro de Abogados, Consejo de Ingenieros, Consejo de Contadores) tengan facultades constitucionales para manejar la matrícula, y otra muy distinta, que se les permita o se les delegue la facultad constitucional de reglamentar una ley, que nuestra Constitución ha delegado exclusivamente al Poder Ejecutivo. De ello concluye, que el título en que se basa la ejecución, creado por la reglamentación dictada por el Consejo Directivo de la Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura, no está previsto en la ley 6334, ni en el inciso 8 del artículo 508 del CPC.-------------------------------------------- --- En segundo lugar, el quejoso cuestiona que el a quo haya rechazado su planteo de inconstitucionalidad, alegando que resulta inviable en un juicio ejecutivo. Señala, que el juez es custodio de la constitucionalidad de las normas y está obligado a declarar, de oficio, su inconstitucionalidad en cualquier tipo de juicios.------ --- En tercer lugar, el impugnante se agravia de que el a quo haya desconocido su derecho a producir prueba. Alega que la sentencia de primera instancia desestimó la excepción de inhabilidad de título, basándose en que el demandado no había probado que realizaba su actividad profesional como ingeniero, sólo en relación de dependencia. Pero que, contradictoriamente, se había impedido previamente a su parte producir esa prueba.--- --- Por último, al recurrente le agravia que el a quo le haya impuesto las costas del juicio. Expresa que, al hacerlo, no se han aplicado las normas de la ley 7210, que es de orden público. Señala que, en contra de lo que se expresa en el fallo, dicha ley no distingue entre juicios ejecutivos y de otro tipo; que el artículo 1 incluye a "todo proceso judicial donde la relación jurídica sustantiva tenga origen o causa en derecho previsional o jubilatorio". Concluye que, por aplicación de dicha normativa, las costas debían aplicarse en el orden causado.------------------------------------------ --- En cuanto al recurso de casación, el impugnante lo subsume en las dos causales del artículo 15 de la ley 2275. Dice que el a quo otorgó ejecutividad a un título al que la norma específica, ley 6334, no había reconocido esa condición; que así dio sustento a una pseudo reglamentación de la ley 6334, emanada del Consejo Directivo y la Asamblea de la Caja Previsional y dejó de aplicar el artículo 189 incisos 2 y 3 de la Constitución Provincial, que establece que el único órgano que puede reglamentar una ley, es el Poder Ejecutivo; que por otra parte, el artículo 190 inciso 9 ibid, determina que tal facultad es indelegable. Finalmente, pide que se aplique la ley provincial 7210 y se impongan las costas en el orden causado.------------- --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 52. Se corrió traslado a la actora y al Fiscal General de la Corte, quienes contestaron mediante escrito de fojas 62/77 y dictamen de fojas 80/83, respectivamente.----------------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la recepción del recurso de casación, por las razones que paso a analizar.---------- --- Opino que los agravios vinculados al recurso de inconstitucionalidad, deben ser rechazados por cuanto el recurrente no demuestra la arbitrariedad que invoca, la que -por otra parte- no queda en evidencia; pese a alegar la existencia de ese vicio, aquél en realidad se limita a discrepar con la solución que el a quo adopta. Al respecto, esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el Tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación se asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1).----------------------------------- --- En la especie, no resulta irrazonable concluir como lo hizo el a quo, en el sentido que el certificado de deuda reúne los requisitos que prescribe el artículo 508 del CPC, por cuanto la Suprema Corte de Justicia ha señalado que las Provincias, en ejercicio de poderes no delegados, pueden dictar leyes que reglamenten la práctica de profesiones liberales; que en uso de tales atribuciones la Legislatura Provincial dictó la ley 6334 de creación de la Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, que faculta al Consejo Directivo a dictar la reglamentación de la ley; que esta última norma establece que los certificados de deuda de obligaciones por aportes a la Caja, son título suficiente de ejecución. Que en materia de costas, no corresponde aplicar la ley 7210, porque dicha norma hace referencia a procesos judiciales donde la relación jurídica sustantiva tenga origen o causa en el derecho previsional o jubilatorio y en el caso de autos, se trata del reclamo por vía ejecutiva de aportes a la Caja Previsional que se encuentran impagos, resultando aplicable el artículo 543 del CPC.------------------- --- Por lo que, el quejoso se limita a discrepar con el criterio adoptado por el a quo al interpretar los textos legales implicados (Leyes 6334 y 7210). La arbitrariedad no se configura por la errónea interpretación de una norma legal sustantiva. Se exige que el fallo no sea "derivación razonada del derecho vigente", lo que implica que el vicio, que puede ser de razonamiento, de interpretación o de fundamentación, debe ser palmario, evidente, notorio. (PRE S.2ª-1990-I-97). Por el contrario, la simple discrepancia en la interpretación del derecho aplicado para la definición de la relación sustantiva, no implica agravio al derecho de defensa sino, en todo caso, un motivo para la queja casatoria. Por lo tanto, queda descartada la arbitrariedad, cuando el a quo funda su posición respecto de la aplicación o interpretación de la norma. Incluso si se discrepa con el criterio expuesto en el fallo, el hecho de que se hayan dado fundamentos suficientes para sustentarlo, torna inviable el recurso de inconstitucionalidad.------ --- Párrafo aparte merece el agravio vinculado a la denegación de producción de prueba, temática por principio ajena a la revisión extraordinaria, salvo el supuesto de arbitrariedad evidente, que no se configura en el caso. El Tribunal explicita acabadamente las razones por las cuales la prueba ofrecida por el demandado, aparece inoficiosa (ver fundamentos de fojas 37 in fine y vta.), las que -por otra parte- no son rebatidas por el impugnante, debiendo considerarse firmes a su respecto. Como tiene dicho reiteradamente esta Corte, el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustentan la conclusión debiendo, en caso contrario, considerarse firmes esos puntos de la sentencia, con la inmutabilidad de la cosa juzgada y, en consecuencia, insusceptible de revisión en esta instancia extraordinaria. (P.R.E. S.2ª.-1988-I-61; P.R.E. S.1ª-1990-I-141).- --- Por lo que llevo dicho, el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad del fallo debe ser rechazado, abriéndose así el análisis de la queja casatoria.------- --- El demandado, en apretada síntesis, sostiene que la ley 6334 no contempla en su texto la vía ejecutiva para el cobro de aportes a la CAPIA, por lo que el título que sustenta la demanda, no resulta idóneo para habilitar la acción. Afirma que el a quo, para concluir que el título es hábil, da sustento legal a la reglamentación de la ley 6334, dejando de aplicar los artículos 189 incisos 2º y 3º de la Constitución Provincial, que determina que sólo el Poder Ejecutivo puede reglamentar una ley nacional o provincial y que tal facultad es indelegable (art. 190 inc. 9º ibid).------------------------------- --- Por lo que la discusión se centra en determinar si, de conformidad al texto de la ley 6334, el título en ejecución es uno de los enumerados en el artículo 508 inciso 8º de la ley 3738 -aplicable al caso de conformidad a lo normado por el artículo 793, de la ley 7942-. En tal derecera, el artículo 508 referenciado, dispone textualmente, en la parte pertinente: "Títulos ejecutivos: Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: ... 8) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial".----------------------------- --- De conformidad a los planteos introducidos, el orden al que se debe sujetar el análisis interpretativo propuesto es: 1º) determinar si la ley 6334 contempla en su articulado, la creación del título ejecutivo, según el tenor literal del artículo 508 inciso 8 del CPC; 2º) en caso de no preverlo, establecer si dicha facultad se sujeta a la reglamentación pertinente; 3º) por último, verificar si tal facultad reglamentaria se contrapone a mandas constitucionales (arts. 189 inc. 2º y 3º y 190 inc. 9º de la C.Prov.).--------------------------------- --- Aclaro que el último tópico es ajeno por esencia al remedio casatorio -la vía adecuada para su planteamiento es la del inciso primero del art. 11 de la ley 2275-, lo que obsta su tratamiento, sin perjuicio de lo cual adelanto que la resolución del caso traído, subyace -en mi opinión- en el análisis de los dos primeros puntos propuestos.--------------------------------------------- --- Efectuado el estudio pormenorizado de la ley puesta en crisis, entiendo que ninguno de sus artículos habilita la creación y/o emisión de títulos ejecutivos para el supuesto de incumplimiento en el pago de los aportes previsionales (primer punto). Tampoco se deriva de la misma, que tal facultad se haya sujetado a la reglamentación pertinente (segundo punto).-------------- --- En efecto, los artículos de la ley 6334 que refieren a las facultades reglamentarias, y que se vinculan con los tópicos propuestos, son el 5º, 10º, 12º y 16º. De las citadas normas, se desprende que las facultades reglamentarias establecidas por la ley 6334, se vinculan a la determinación de los aportes, forma y plazo para hacerlos efectivos, la aplicación de multas e intereses en caso que los profesionales no los abonen, pero ningún artículo habilita -reitero- a que por vía reglamentaria, se fije el procedimiento para el cobro de los aportes impagos, ni mucho menos, la creación de un título ejecutivo para el supuesto de incumplimiento.----------- --- Interpretar, como pretende la actora en su responde, que las facultades reglamentarias de creación del título, se infieren de lo establecido en el artículo 12 de la ley 6334 (fs. 67 de autos), conllevaría tergiversar la redacción de la norma, creando judicialmente una facultad que el legislador no tuvo en miras consagrar.---- --- Cabe adunar que el criterio interpretativo supra expuesto, encuentra hoy consagración legislativa expresa en el artículo 486 del CPC, que -al igual que el anterior artículo 508- determina cuáles son los títulos que traen aparejada ejecución, si bien agrega un último párrafo que determina que: "Los supuestos de creación unilateral de títulos ejecutivos serán de interpretación estricta y no podrán ser establecidos o ampliados por vía reglamentaria ni interpretación judicial" (el subrayado me pertenece).-------------------------------- --- Así, el agregado supra transcripto esclarece y refleja fielmente el criterio del legislador, en cuanto al alcance restrictivo que se les debe conferir a los títulos creados unilateralmente, los que únicamente pueden ser ordenados por ley.--------------------------- --- Por último, entiendo que la queja casatoria vinculada a la interpretación de la ley 7210, debe ser rechazada por no reunir los agravios los requisitos establecidos en los incisos 3º y 4º del artículo 16 de la ley 2275. Esto es: que el recurrente debe explicitar "en qué consiste la errónea interpretación legal" y "en qué forma la errónea interpretación o aplicación de la norma, ha determinado que lo dispositivo de la resolución en recurso, sea contrario a las pretensiones del recurrente". En efecto, el quejoso se limita a peticionar la aplicación de la norma, sin dar los fundamentos que sustentarían la pretensión.------------- --- La circunstancia de que el demandado, en el recurso de inconstitucionalidad, haya desarrollado los argumentos pertinentes, no enerva la conclusión precedente desde que, de acuerdo a lo normado por el artículo 2, segundo párrafo de la ley 2275, cada recurso debe ser interpuesto "con sus diversos motivos y fundamentos". Tal norma confiere autonomía a los recursos de inconstitucionalidad y casación, lo que resulta lógico a partir de considerar que responden a objetivos y finalidades completamente distintas. Sobre estas cuestiones se ha expedido reiteradamente el Tribunal: "Los recursos extraordinarios deben tener fundamentación autónoma en razón de tener objetos distintos, por lo que cada recurso debe bastarse a sí mismo" (P.R.E. S.2ª-1988-I-43; S.1ª-1991-II-126).------- --- De conformidad al desarrollo que vengo efectuando, corresponde casar la sentencia impugnada y declarar que la ley 6334 no contempla en su articulado, la creación de títulos ejecutivos, ni sujeta tal facultad a la reglamentación que se dicte. De donde, el certificado emitido, según la previsión del artículo 23 de la reglamentación de la ley 6334, no es un título ejecutivo en los términos previstos por el artículo 508 inciso 8º del CPC, ley 3738. Por lo que corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada por el demandado y, en su consecuencia, rechazar la demanda ejecutiva incoada, con costas en todas las instancias a la vencida.--------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:---------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.-------------------------------------------- --- II) Casar la sentencia impugnada y declarar que la ley 6334, no contempla en su articulado la creación de títulos ejecutivos, ni sujeta tal facultad a la reglamentación que se dicte. De donde, el certificado emitido, según la previsión del artículo 23 de la reglamentación de la ley 6334, no es un título ejecutivo en los términos previstos por el artículo 508 inciso 8º del CPC, ley 3738.-------------------------------------- --- III) En su consecuencia, hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada por el demandado y rechazar la demanda ejecutiva incoada.------------------ --- IV) Imponer las costas en todas las instancias a la vencida.------------------------------------------------ --- V) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales.-- --- VI) Disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines pertinentes.------------------------------------- Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Ángel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.

Ef-5304 E.B.T.

P.R.E. S.lª 2013-II-334