marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa mercantil, precio, pago, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMANDO H. DONATO Y CIA. SA c/ DICOTAL SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

En una compraventa mercantil, a fin de determinar la fecha a partir de la cual es exigible el precio, cabe diferenciar: a) si el precio es conocido, por ser convenido, o el corriente, cuadra estar a la previsión del ccom 464, párr. 2; debe ser pagado dentro del décimo día de recibida la mercadería; y b) cuando es menester que haya factura, y esta origina una reclamación o impugnación procedente por el comprador, opera el plazo fijado por el ccom 474, y el precio no será pagado hasta que se solucione el conflicto y sobrevengan "cuentas liquidadas" judicial o extrajudicialmente.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, delito de acción privada, querella
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, ALBERTO s/ PRESCRIPCION  -  DELITO  DE  ACCION  PRIVADA  -  EXCEPCION - FALTA DE  ACCION - CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

1) La interposición de la querella interrumpe la prescripción de la acción en los delitos de acción privada sólo cuando se formula una acusación concreta contra el querellado.

2) Dado que la doctrina del paralelismo prescriptivo se refiere a delitos independientes, resulta improcedente declarar la prescripción por las posibles calificaciones de un hecho.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: ZALAZAR, ALEJANDRO RAMON c/ SADESA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19

El recurrente no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad, en tanto su cuestionamiento -de por sí genérico y global- se diluye al dejar incólume el núcleo sentencial de la Cámara, que revocó parcialmente lo decidido en primera instancia rechazando la demanda de reparación respecto del rubro "problemas auditivos" por entender que si bien el propio A quo manifestó que se encuentra acreditado que la empresa demandada cumplía con las normas de higiene y seguridad y dos peritos informan que la hipoacusia no debe considerarse como profesional, la fundamentación que efectuó el Sentenciante para acoger el rubro (consistente en el mero dogmatismo de que hay evidencias suficientes para merituar la afección auditiva que presenta el actor) no reviste un grado de suficiencia en los términos del artículo 95 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, concurso preventivo, quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Celulosa Argentina Sociedad Anónima s/ Concurso comercial preventivo. Cuestión a resolver: Iniciado el   trámite de concurso preventivo, encontrándose pendiente de resolución  ante otro juzgado la solicitud de quiebra contra la misma deudora,  incoada por un tercero en fecha anterior ¿Debe el concurso preventivo  tramitarse en su juzgado de origen o ser remitido ante el cual pende la   solicitud de quiebra, aún no declarada, por ser más antiguo? (Tribunal   pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-04-15

Iniciado el trámite de concurso preventivo, encontrándose pendiente de resolución ante otro Juzgado la solicitud de quiebra contra el mismo deudor, incoada por un tercero en fecha anterior, debe el concurso preventivo continuar su tramitación en su Juzgado de origen.
LEY DE CONCURSOS, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: P.S. SA s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-19

La limitación de las apelaciones, en la materia concursal, tiene por finalidad dotar al proceso concursal de la mayor celeridad posible, evitando dilaciones injustificadas; ése es, a mi juicio y no otro el propósito al consagrar la regla de la inapelabilidad en el artículo 273 inc. 3ero. de la LC, de tal modo que obviados los peligros de la demora, del desorden, del caos, la regla apuntada debe flexibilizarse cuando lo que está en juego es la apertura y la conclusión del proceso concursal, o cuando tratándose de casos no previstos, por sus especiales contornos, aparentemente y de acuerdo a los argumentos del quejoso se afectan las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio, que ostentan jerarquía. constitucional.
Cláusula penal, compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes
Materia: CIVIL
Carátula: SUIPACHA  I.F.I.C.I. S.A. c/ CHAVEZ DE ZUCARET AGUSTINA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CLAUSULA PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-28

Debe aplicarse la cláusula penal, aún para el caso de no cumplimiento de la escritura, cuando el comprador no ha cubierto con sus pagos el 25% del precio y no hizo construcciones que superaran el 50% de dicho precio revalorizado, pues no se infringen las normas de los arts. 7 y 8 de la ley 14.005.
Prueba confesional, pliego de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: JAIME DE MORKARAN FIL, ESTER c/ SORIANO DE LAVALLE, FLORINDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Las posiciones deben versar sobre hechos que se refieran a la actuación personal del absolvente (conf. art. 411 del Código Procesal), circunstancia que en principio no encuadraría en la estimación de un valor locativo, pero la doctrina acepta que también esta prueba puede recaer sobre meros hechos "de conocimiento" del absolvente.
Nulidad de sentencia, excarcelación, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Carlos, reg. 196/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-10

Corresponde declarar la nulidad de la denegatoria de excarcelación pues sin perjuicio de que la conformidad prestada por el fiscal de grado no ha sido -explícitamente- receptada por el fiscal general ante esa instancia, tampoco se introdujo al contradictorio elemento alguno que permita a los juzgadores afirmar una posición contraria, ya que no se trata de analizar el acierto -o no- de la proclama fiscal ante la Cámara, sino de verificar si alcanzaba a cubrir la exigencia de fundamentación desde el principio de unidad de actuación que gobierna el ejercicio de su ministerio, toda vez que asumir la posición contraria implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, en particular el ne procedat iudex ex officio y la prohibición de la actuación jurisdiccional ultra petita, comprometiendo así la defensa en juicio.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: CAMAÑO, María Luisa c/ La Industria Alimenticia S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-12-28

No obstante que el expediente permaneció en poder de la parte actora durante un año, los actos impulsorios del juzgado, en virtud del artículo 10 del Código Procesal Laboral, interrumpen el curso de la caducidad de la instancia.
Sentencia, juicio abreviado, fundamentación de sentencias, voto de los jueces, tribunal colegiado
Materia: PENAL
Carátula: Farella, Alejandro Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

Si bien en una primera lectura, los argumentos expuestos por dos de los magistrados podrían no parecer concordantes, entiendo que, en lo sustancial, ambos votos exhiben un nivel de coincidencia tal que permite asegurar que la resolución en crisis se encuentra lo suficientemente motivada en los términos requeridos por el artículo 398 del código adjetivo.

Así, adviértase que ambos magistrados coinciden -en este caso concreto- en la necesidad de realizar un juicio oral y público como única solución posible y constitucionalmente admisible para la eventual aplicación de una pena. (Dra. Ledesma, en disidencia).
Contienda negativa de competencia, competencia civil y comercial, accidente in itinere
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Alvarado, Patricio Emanuel c/ Asociart ART. S.A. y/o Responsable s/ Daños y Perjuicios - Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-03-22

Corresponde declarar la competencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia para entender en el conflicto planteado y hacer lugar a la oposición formulada por el Juzgado de Trabajo y Minas, y en su mérito, declarar la competencia del Juzgado en lo Civil y Comercial. Para decidir así, se señala respecto a los órganos involucrados en la contienda negativa de competencia, la inexistencia de Tribunal Superior común a ambos; tal circunstancia, tiene implicancia en torno a la interpretación que cabe efectuar de la situación planteada y expresar que al no haber una Cámara o Tribunal común ambos juzgados intervinientes, el carácter de órgano superior y común lo ostenta el Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, con arreglo al art. 193 1.a) de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, es el Superior Tribunal de Justicia quien debe intervenir para dirimir la presente cuestión. Por lo demás, dado que el actor ha promovido una demanda por daños y perjuicios originados presuntamente en un hecho dañoso -accidente in itinere- fundado en las normas sustanciales del Derecho Civil y, en modo alguno en normas laborales, es que debe declararse la competencia de la Justicia Civil.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTES, MARIELA MANSILLA DE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES VELIZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-18

En el proceso de daños el pretensor legitimado, o sea con calidad o título subjetivo sobre cuya base ejerce la pretensión, debe suministrar la razón que le asiste subjetivamente para reclamar la reparación del perjuicio, esto es, de donde deriva su interés para accionar. Es así que cumple con su carga con sólo enunciar alguna situación que traduzca la calidad de acreedor de la obligación resarcitoria del daño cuyo cumplimiento reclama.
Excepción de pago, pago parcial, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Dan, Domingo Rafael c/ Castro, Alba s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-05-14

La existencia del pago documentado exigida por el artículo 554, inciso 8 del Código Procesal Civil de Salta, no supone que presentado dicho documento y reconocido el mismo su imputación no pueda ser corroborada por otros elementos probatorios o constancias de la causa sobre todo si para enervar la prueba el ejecutante invocó el hecho de la existencia de otras operaciones a las cuales afectó dicho pago, pero presentados los documentos que hacen verosímil la defensa y pretendiéndose inutilizarlos mediante la afirmación de un hecho distinto, existencia de otras operaciones, resulta también de aplicación el artículo 377, 2do. párrafo del Código Procesal Civil y Comercial que pone a cargo de cada una de las partes la prueba del fundamento de hecho que invocaren en sustento de su pretensión.
Empleados públicos, empleados de banco, estatuto para el personal del banco de la Ciudad de Buenos Aires, derechos de los agentes de la administración pública, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LONGOBUCO, Héctor Armando c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-02

1- Frente a la existencia de un régimen jurídico propio que reglamenta los derechos de los dependientes del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cabe atenerse a las normas y pautas que éste establece.

Es que toda vez que las actividades y el funcionamiento de dicha entidad se rigen por las disposiciones que emanan de su propio estatuto, éste es precisamente el marco normativo aplicable a la relación laboral entre aquélla y sus empleados.- 2- Si para desvincular al actor, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el Estatuto del Personal con la modificación introducida a partir de 1992, cuya legitimidad no ha sido impugnada por el interesado de manera eficiente ni cuestionado desde ningún punto de vista, resulta improcedente cuestionar la constitucionalidad de las resoluciones dictadas en el marco de aquél
Derecho civil, derechos reales
Materia: CIVIL
Carátula: MARIANETTI FRANCO GABRIEL c/ CHEVRON SAN JORGE S.R.L. s/ D.Y P. X RESP. EXTRACONT. DE PART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

No puede afirmarse que la servidumbre por el uso del agua no forme parte de la controversia; en tanto ella ha sido aceptada como hecho nuevo y se ha producido prueba sobre la utilización del agua, consentida por la contraria. Aún cuando nos enrolemos en la posición que considera que las aguas subterráneas son un bien del dominio público, el art. 2.340 inc. 3° del Código Civil autoriza al propietario del fundo a extraer estas aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación. Ello determina que el uso forzado de las aguas subterráneas por parte de un tercero, sean éstas salobres o no, afecta el derecho de propiedad del superficiario y, además, ocasiona consecuencias negativas al inmueble.
Daños y perjuicios, patrocinante, obligaciones del abogado, negligencia, ofrecimiento de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., A. M. c/ P., L. A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-13

Si quien revistió carácter de actor en una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo era lego en la materia, y sólo se encontraba en condiciones de relatar las situaciones fácticas y responder las preguntas de su abogada, es evidente que no le correspondía a aquél sugerir a su asesora que librara un oficio a determinada entidad para acreditar cuales eran sus tareas laborales. La dirección del proceso, en cambio, se encontraba a cargo de su letrada, quien como profesional del derecho, era la que debía analizar los datos recabados, estudiar el tipo de acción que correspondía iniciar para satisfacer el reclamo de su cliente, volcar el relato de su patrocinado en una demanda que contuviera los hechos pertinentes y necesarios para acreditar el derecho que pretendía hacer valer, encuadrar la cuestión en las normas de derecho de fondo que rigieran la relación y luego de ello, analizar cuáles de aquellos hechos debían ser probados para la procedencia de la acción intentada de conformidad con las normas procesales correspondientes.
Acción de amparo, medidas cautelares, cannabis medicinal, improcedencia del recurso, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D.B., B.M. c/ EN-M Salud de la Nación -expte 12637816/22 y otro s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-26

En el marco de una acción de amparo, la parte actora solicitó que, como medida cautelar, se le otorgarse el permiso para importar el producto Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil MAX 10 de 10.000 mg de CBD en 236 ML. El RSHO-MAX 10 a fin de procurar la cobertura integral de las necesidades de salud de B.M.D.B. El Sr. juez de grado hizo lugar a la medida. El demando apeló tal decisión. El Tribunal de alzada rechazó el recurso y confirmo el pronunciamiento de la anterior instancia. Para así resolver, concluyó que si bien la complejidad fáctica y jurídica involucrada impide verificar el alto grado de verosimilitud exigido para una medida positiva, aquella dificultad no obsta a su configuración con un grado mínimo para efectuar un balance de recaudos que permita una ponderación menos rigurosa de la verosimilitud en atención al valor del derecho fundamental en juego y a la magnitud del perjuicio irreversible invocado. Asimismo, agregó que el breve lapso que insumirá el dictado de la sentencia definitiva, determinan una afectación mínima del interés fiscal en sus ingresos tributarios; así como de los derechos de la empresa local que obtuvo la autorización para la comercialización en el país de la especialidad medicinal análoga.
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 37/08 Banco Nación Argentina c/ Parane Juan C.; René Ariel; Pedro A. Arias y Pedro A. Arias - Ejecutivo Expte. Nº 155/96 - Tercería de Mejor Derecho - Sumario s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-19

En relación a la Reforma al CPCC, es dable señalar que nuestro Código de Procedimiento en el Titulo II Disposiciones Transitorias, Art. 812 estatuye que "Las disposiciones de este Cód. entrarán en vigor a los seis meses de publicado el mismo en el Boletín Oficial y serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha".

Esta clara disposición por un lado, vino a consagrar la excepción al principio general de que las leyes procesales son de aplicación inmediata, y por otro lado previó expresamente que su ámbito de aplicación comprenderá los juicios que se inicien a partir de su entrada en vigencia.
Procedimiento administrativo, acción contencioso administrativa, monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DUEÑAS QUISPE, HERBERT BERNARDO c/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL Y PROVINCIA DE CATAMARCA s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-08

Las apoderadas del Estado Provincial, solicitan regulación de honorarios, manifestando que con la acción de plena jurisdicción interpuesta por la actora-condenada en costas-no se pretendió un resarcimiento económico.

En efecto, en el sub lite se inició acción de Plena Jurisdicción en contra del Ministerio de Salud y Acción Social y Provincia de Catamarca con el solo objeto de que se deje sin efecto una Resolución Ministerial, demanda que fue rechazada por este Tribunal.

En consecuencia, al no existir una determinación pecuniaria del asunto sometido a la jurisdicción, corresponde analizar los otros aspectos que deben ser valorados a los fines de la regulación de honorarios, como lo son los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos, en calidad, extensión y éxito obtenido, y conforme lo dispuesto por el Art. 6 Incs. b), c), d), e) y f) de la Ley Nro. 3956 y Art. 65 de la Ley Nro. 2403, corresponde regular a las apoderadas del Estado Provincial, por los trabajos realizados en la causa, en su doble carácter y en forma conjunta y proporción de ley, en la suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00).
Ejecución de sentencia, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro Carlos H. c/ Autolíneas Argentinas S.A. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

La excepción de falsedad de la ejecutoria no puede fundarse en circunstancias extrañas al título que se ejecuta o que han debido ser materia de discusión y decisión durante el curso del juicio que dio origen a dicho título, vale decir que no caben defensas fundadas en hechos anteriores al fallo que se ejecuta (art.504 CPCC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de garaje, derechos de las partes, obligaciones de las partes, acción de responsabilidad, hipermercado, aplicación analógica de la ley, depósito
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Zurich Aseguradora Argentina SA c/ Coto CICSA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

En el caso del contrato de garaje, la principal obligación del depositario es recibir la cosa -el rodado-, brindar el uso y goce de un espacio determinado o indeterminado, custodiar el vehículo, asegurando la indemnidad del mismo y prestar los demás servicios comprometidos. Este contrato pone en cabeza del titular del garaje la obligación de custodiar el vehículo; obligación esa que es de resultado y que se cumple en forma debida únicamente con la restitución del rodado en el estado en que fue recibido, siendo por ello el oferente responsable en caso de robo (cfr. CNCom, Sala D, in re "Mapfre Aconcagua Cía. Arg. de Seguros SA c/ Fordemi SA", del 19/09/08; entre otros ; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por Daños", Santa Fe, 1998, T. II, p. 559; entre otros autores), sin que se modifiquen sus obligaciones hacia el depositante, sea éste un consumidor o una empresa, pues la finalidad de dejar el vehículo guardado en un garaje, es justamente que quede protegido frente a eventuales daños al que pudiera estar expuesto al dejarlo estacionado en la vía pública.
Competencia federal, hurto, energía eléctrica, SEGBA
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Viegas, Jorge Américo s/ denuncia de hurto de energía eléctrica causa n. 4297.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Es competente la justicia federal si de las constancias de autos no puede descartarse que el hurto de electricidad denunciado haya afectado el buen servicio que en ese momento prestaba la empresa nacional SEGBA.
Divorcio, competencia, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: EXHORTO  JUZ.  PRIMERA INSTANCIA MALMO SUECIA EN AUTOS T.N. C/ G.L.T. s/ DIVORCIO-TRIBUNAL COMPETENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-28

De acuerdo a la ley argentina, la acción de divorcio debe radicarse ante el juez del último domicilio conyugal o ante el del cónyuge demandado, regla que debe aplicarse oficiosamente desde que la jurisdicción nacional es indisponible para las partes, a quienes no esta permitido consentir la competencia del juez extranjero en esta materia (C.C.arts. 227 y 230 ref. ley. 23.515).-
Liquidación de entidades financieras, quiebra, competencia comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO ZONANOR  C.L. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ APELACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

La eventual declaración de quiebra de una entidad financiera, deberá basarse en la circunstancia de encontrarse ella en estado de cesación de pagos (art. 1 de la ley 19.551), cuestión que excede la competencia de este Tribunal, por pertenecer al fuero comercial en atención a la materia de que se trata.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sindicato    de    Conductores  Navales  de  la  República  Argentina c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Economía  y  Obras y  Servicios Públicos - Secretaría de Transportes. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La finalidad del amparo consiste - en grado sumo - en proteger los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional, que sólo podrían invocar - legítimamente - quienes se vieran directamente afectados por un acto u omisión de la autoridad pública.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, culpabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Zagurak, Francisco, Rosa Diello de Zagurak y Martínez, Ricardo E s/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-03

Determinar la graduación de la culpa es una evidente cuestión de hecho, materia reservada a la justicia de grado, y ajena en principio a la instancia extraordinaria salvo caso de absurdo.