marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, ley derogada, jueces
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FUENTES, ANTONIO c/ PETROLI, MARTA DEL VALLE Y OTROS s/ DESALOJO     COMPETENCIA      CSJ EXPTE 455-88 SANSEVICH, COSME ARNALDO c/ PELEGRI,  NORBERTO JOSE Y-O GRAFICA SANTAFESINA SA Y-O CUALQUIER OTRO OCUPANTE s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 240-88 RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO c/ OLIVERA, ABEL Y-U OTRO s/ INDEMNIZACION POR DA#OS Y PERJUICIOS    COMPETENCIA     CSJ EXPTE 242-88 CROPPI, JOSE JULIO c/ ORTIZ DE ZARATE, CARLOS JOSE s/ COBRO DE AUSTRALES     EJECUTIVO     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 241-88 CORTOPASSI, FELIX PEDRO c/ KANAGASUKU, NESTOR ARMANDO s/ EJECUTIVO     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 332-88 SOLARI, CLEMENCIA MARIA MONTADON VIUDA DE c/ TABIA, MARIA ELENA BATISTI DE s/ CONSIGNACION DE ALQUILERES     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 280-88 VECINO, ANDRES c/ MONJE, ADEMAR Y-U OTRO s/ DA#OS Y PERJUICIOS     COMPETENCIA     CSJ EXPTE NRO 220-88 MONTAGNINI, SILVIO CESAR c/ BONETTI, ALBERTO EMILIO s/ COBRO DE PESOS     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 288-88 MONTAGNINI, SILVIO CESAR c/ BONETTI, MARIA CERVERA DE s/ COBRO DE PESOS     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 219-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14|1988-09-07|1988-09-07|1988-09-07|1988-09-07|1988-09-07|1988-09-07|1988-09-14|1988-09-14

Al margen de si el órgano de apelación debe continuar "actuando como Cámara de Paz Letrada, conservando su antigua competencia, por no contener previsión expresa a su respecto la ley 10160, es claro que su integración no puede efectuarse aplicando una norma derogada, cual es el artículo 62 de la ley 3611, que establecía la "suplencia", en primer lugar, con los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial. El argumento de que al subsistir como Cámara de Paz Letrada, mantienen vigencia las normas necesarias para permitir su normal funcionamiento, no tiene en cuenta que éste no se verá obstaculizado por la circunstancia de que se lo integre según lo previsto en el artículo 25 de la ley 10160.
Querellante, querellante particular, admisión del querellante, oportunidad procesal, clausura de la instrucción, juicio por delitos de acción privada, unificación de personería, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CARTAÑA, Antonio s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-09

Corresponde hacer lugar a la solicitud formulada por el apelante, por haberse efectuado antes de la clausura del sumario. Asimismo, conforme lo sostenido en anteriores pronunciamientos, el art. 416, C.P.P., es inconstitucional. (Disidencia del Dr. Donna)
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Salinas, Juan Carlos s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El art. 64 del Código Penal según la reforma introducida por la ley 24.316  permite una interpretación auténtica del texto del art. 67 del mismo texto legal; no puede afirmarse que tal interpretación auténtica sólo puede realizarse, en el Código Penal, en sus arts. 77 y 78, pues ello no resulta ni del concepto jurídico de interpretación auténtica ni de norma constitucional o legal alguna.
Derecho a la salud, interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., M. S. c/ OSDE s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

La Convención sobre los Derechos del Niño consagra la noción del interés superior del niño, como un principio rector de la normativa particular y como una consideración primordial en la adopción de las medidas que deban ser tomadas por los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver cuestiones en las que están comprometidos los niños, niñas y adolescentes atendiendo a aquella solución que les resulte de mayor beneficio (Disidencia del juez Rosatti). - La Corte, por mayoría, desestimó el recurso extraordinario por considerarlo inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Improcedencia del recurso, fundamentación de sentencias, medidas preparatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Bagne, Abraham Jorge  c/ Poblador Raúl F.  s/ medida preparatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-28

Corresponde no hacer lugar a la nulidad y al recurso de revocatoria en subsidio interpuestos por la parte demandada, pues siendo que el planteo de nulidad fue interpuesto como incidente y en carácter subsidiario el recurso de revocatoria, resultan de manifiesta improcedencia dado que escogida una vía debe ser descartada la otra. Es que, quien interpone revocatoria, admite que el devenir del proceso es correcto pero cuestiona el razonamiento jurídico del juzgador; por el contrario, quien interpone nulidad, considera que el proceso en sí es inválido y de allí la imposibilidad de coexistencia de ambos remedios procesales. La sentencia recurrida se limitó a ordenar una medida previa que resulta determinante a los efectos de esclarecer algunos puntos que en el expediente no resultan del todo claros, por lo que de ningún modo dicha solución afecta el derecho de defensa, ni que se supla la negligencia de las partes, ni que tampoco se altere su igualdad en el proceso.
Daño moral, delitos contra el honor, retractación
Materia: CIVIL
Carátula: R.A.F. c/ D.A.E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-02

Debe responsabilizarse a un dirigente agropecuario por las manifestaciones vertidas en un programa radial respecto a que el funcionario accionante -ministro- había comprado "en negro" una importante propiedad -estancia -pues no debió expresarse a título personal y hacerse eco de una versión falsa proveniente de meros comentarios que se habían expandido en su pueblo, en una época de conflicto con el campo, sin verificar como correspondía la veracidad del hecho y la atribuida irregularidad del pago, cuya manifestación implicaba una ofensa al honor del actor, máxime cuando se acreditó que la propiedad en cuestión fue subastada judicialmente y que fue adquirida por una sociedad que el accionante no integra.
Derechos del cesionario, cuestiones procesales, derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALOPTIK S.A. c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Si, como en el caso, la cesión se produce durante la tramitación del juicio, en principio, son sus iniciadores los que continuarán en su desarrollo hasta la finalización (v. Falcón, Enrique; "Tratado De Derecho Procesal Civil y Comercial", tomo I, pág. 418, año 2006). El cesionario sólo podría intervenir como parte si contare con la conformidad de la otra parte. Así, el CPR 44 se fundamenta en la conveniencia de asegurar los derechos de la otra parte relacionados con la responsabilidad por los gastos del proceso y con la prueba de los hechos personales del cedente o enajenante (v. Palacio, Lino; "Derecho Procesal Civil", tomo III, pág. 334).
Recursos, recurso de queja (procesal), recurso de apelación (procesal), asegurador, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ CNA ART SA s/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-18

Procede la queja por denegación de la apelación interpuesta por una aseguradora sancionada contra la resolución que -como en el caso-, desestimó un recurso de reconsideración por improcedente, en el que se atacaba la fecha de rescisión de un contrato entre la mentada aseguradora y una empresa constructora, como así también, la nueva afiliación de esta última a otra aseguradora de riesgos del trabajo. Ello pues, es de aplicación el decreto 1759/72 reglamentario de la ley 19549, razón por la que la decisión contenida en la mentada resolución es susceptible de causar gravamen actual.
Recurso extraordinario, sentencia, antecedentes legislativos, empleados públicos, remuneración, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pirola, Sonia y otros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 781 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-13

No cabe hacer lugar a la alegada arbitrariedad del fallo de la Corte local atacado con el recurso extraordinario, por cuanto la parte recurrente sólo pretende imponer su propia interpretación del caso, sin aportar elementos que indiquen algún desvío interpretativo en la sentencia. El fallo no se basó, como pretende hacer ver el recurrente, en la opinión de un solo legislador, sino en la de la doctrina que rescata dicho antecedente parlamentario, ilustrativo de los fines de la ley 23.928, la cual, hacía inexigible el pago de diferencias que tengan su causa en mecanismos de actualización cuya aplicación sea posterior a su entrada en vigencia, por ser éstos inoponibles.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto de la demanda, monto indeterminado, acción revocatoria, simulación
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, Teresa Amalia y Daniel, José Jacinto s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Arbitrariedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-13

Respecto del monto del litigio a los fines de artículo 295 del C P.C. , tratándose de una acción revocatoria de un acto jurídico, por simulación y fraude, el monto del juicio puede considerarse indeterminado, pues no se persigue el cobro de una suma de dinero como objeto principal de la acción.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minozzi, Josefa María c/ Poder Ejecutivo de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Simek, Eduardo c/ Pellegrini, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08|1995-04-27

La demanda a la que se refiere el art. 3986 del Cód. Civil es comprensiva de toda actividad o diligencia encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando expresa su propósito de ejercerlo mediante una petición.
AFIP DGI, procedimiento administrativo, demanda, traslado, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Compañía Industrial y Comercial San Juanina S.A. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Cuando la materia en debate hace en definitiva a la función externa específica de la D.G.I. referente a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y no respecto del orden interno y las atribuciones propias que le otorgan la autarquía necesaria referida a su organización, funcionamiento, movimiento de fondos de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades que se le confieren al Director General (art. 6 de la ley 11.683), y tal como esta Sala lo decidiera en "Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ D.G.I.", del 28/2/96, debe disponerse el traslado de la demanda a la accionada conforme lo dispuesto en el art. 85 de la ley 11.683, es decir, por el plazo de 30 (treinta) días. (En primera instancia se había establecido el plazo del art. 338, 1er. parte del C.P.C.C.N.: 15 días).
Concursos, pronto pago, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajamar S.A. s/ Incid. Pronto pago promovido por Capandegui Capandegui Capandegui
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11

No se puede confundir el pronto pago con el privilegio o su asiento.

Aquél establece una preferencia temporal, por la que el acreedor cobra primero y éste una preferencia cuantitativa, que le permite cobrar excluyentemente, pero debe verificar y esperar siempre la liquidación.
Estupefacientes, contrabando de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, ley posterior
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: Incidente de extradición de MAS CALA, Mercedes Emilia s/ Causa nro. 11.599
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-19

Entre el artículo 866 del Código Aduanero y el artículo 2, inc. "e" de la ley 20.771, existe una evidente superposición, no pudiendo sostenerse que coexistan dos leyes que repriman la introducción al país de sustancias estupefacientes, debiendo considerar que el dictado de una ley posterior, en este caso la legislación Aduanera, deroga a la anterior -ley 20.771-.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, asignación de funciones, ascenso laboral, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Rosa María Cristina c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 710 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

De la lectura del artículo 1 del Acta Paritaria 32 se desprende que -en los casos allí regulados-, para tener derecho a un reencasillamiento funcional deben cumplimentarse una serie de requisitos, entre ellos, que las tareas que el agente viene desempeñando hayan sido asignadas con anterioridad al 31.12.1988, qu e las funciones hayan sido asignadas por acto administrativo emanado de autoridad no inferior a titular de unidad de organización y, por último, que el empleado se encuentre efectivamente cumpliendo dichas funciones a la fecha de firma del Acta (9.12.1989). Por ello, en el caso, corresponde rechazar el recurso administrativo interpuesto desde que las disposiciones internas por las cuales la actora pasó a desempeñar tareas que encuadraban en la categoría 19, reconocen una fecha posterior a la exigida por el Acta Paritaria 32/89, y si bien ellas emanaban de la Directora General de Administración del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, es decir el titular de la unidad de organización, no consta y tampoco fue acreditado oportunamente, que la actora haya efectivamente cumplido esas funciones a la fecha en que se firmó el Acta, lo que también constituía una imposición expresa de la misma que, al no estar cumplimentada, obsta al otorgamiento del pretendido reencasillamiento.
Recurso de casación, violación de las formas procesales, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Dacca, Néstor Alberto Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

No le asiste razón al casacionista, ya que su agravio se centra en la supuesta violación al segundo párrafo del art. 375 del C.P.C., que se refiere a la inversión de la carga probatoria sobre el monto y el cobro de salarios, y es sobre ese punto en particular sobre el cual debió centrar su queja. Sin embargo, el agravio se fundamenta en la forma en cómo el mérito valoró los hechos generadores de la indemnización, extremo éste totalmente ajeno a la norma que se invoca, por lo cual la causal casatoria de violación de las formas procesales no puede prosperar.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, leyes, aplicación de la ley, concurso preventivo, acuerdo de partes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Celulosa Argentina S.A. s/ Concurso preventivo. Solicitud de regulación de honorarios. Queja   por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nro.   496-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-04

La discrepancia en torno a la interpretación respecto de cuál norma es aplicable a los honorarios profesionales de los letrados del deudor en la etapa post homologatoria del concurso preventivo -esto es, si la ley 19551 o la 6767-; no constituye cuestión susceptible de habilitar el recurso de inconstitucionalidad intentado, por la causal prevista en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, pues, independientemente del acierto o error de esta interpretación, materia que escapa a esta instancia extraordinaria, la sentencia cuestionada no resulta incompatible con un adecuado servicio de justicia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Lavorato, Francisco y otro c/ Inafor  S.A.C.I. s/ salarios por suspensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en razón de que el valor cuestionado en esa instancia no excedía la suma fijada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, toda vez que no han sido tratados los agravios de índole federal introducidos, en razón de la limitación por el monto que contiene la norma procesal mencionada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso extraordinario federal
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Atilio Arnaldo c/ Valle, Antonio y otro s/ Indemnización por accidente de trabajo ley 9688 y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Nada obsta a que las partes lleven a la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda interpretación de otros tribunales que no coincidan con sus doctrinas y así puedan obtener -si aquélla no cambiara su integración ni modificara tales doctrinas-, en el caso concreto, la reiteración de sus criterios y la eventual rectificación de las sentencias recurridas. Precisamente para eso el régimen jurídico argentino prevé el correspondiente remedio federal.
Recurso extraordinario federal, Derecho laboral
Materia: CIVIL
Carátula: RIMINI SEBASTIAN S/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: CREAGRO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-20

No procede la impugnación por arbitrariedad, en el remedio extraordinario, fundada en la hermenéutica asignada al Código de aguas de una provincia por cuanto dicho texto legal forma parte de lo que se denomina derecho no federal o derecho local y su ponderación es cuestión propia de los jueces de la causa.-
Accidente de tránsito, incapacidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BATALLANES DE GALDAME MARIA V. c/ CARLOS GIOVARRUSCIO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 321)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-04

Así entonces el daño que debió probar la accionante fue la incapacidad laboral, total y permanente que reclamara en su demanda y concretarse en sus alegatos; a los efectos de acreditar los daños físicos y la consiguiente incapacidad, la prueba idónea por excelencia es la pericia médica. No solo los conocimientos técnicos y especializados, sino la experiencia de los peritos garantizan el dictamen que emiten. Pero además y fundamentalmente cuentan para elaborar su conclusión con todos los antecedentes del caso, con la posibilidad de examinar las veces que sea necesario a la paciente y con los exámenes y estudios previos a que pueden someterla; más todo ello con el debido contralor de las partes, para asegurarles la garantía de raigambre constitucional de la defensa en juicio.
Gravedad institucional, decreto de necesidad y urgencia, aeropuertos, per saltum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

El planteo referido a la gravedad institucional que surge de la suspensión del decreto 842/97 dispuesto por la sentencia de primera instancia, no autoriza la intervención de la Corte "per saltum", ya que los argumentos relativos a que tal decisión interrumpe el proceso de concesión de los aeropuertos e imposibilita al Poder Ejecutivo hacer uso de sus prerrogativas de dictar decretos de necesidad y urgencia, aparecen insuficientes a tales efectos (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, deber de vigilancia, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corbellini, Cristina R. c/ Provincia de Bs.As. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-17

La causa generadora del suceso es la conducta omisiva de las autoridades del establecimiento del contralor y custodia, y de "su presencia" en el lugar de los hechos, pués es evidente que tal proceder no permitió evitarlo o prevenirlo, lo cual le resta en todo caso relevancia a la conducta de la víctima ya que de haberse concretado el debido contralor y vigilancia por estos, según el curso normal y ordinario de las cosas "el juego" no hubiera podido ser emprendido (arts. 512, 1111, 1117 del C. Civil).
Tasas de la IGJ, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petruzzio Hnos. S.A.C.I.F.I. c/ Mº de Justicia E.N. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Se declara la inconstitucionalidad del decreto 360/95, sólo con relación al importe a pagar a la Inspección General de Justicia por la tasa anual retributiva correspondiente al año 1995. (Ver esta Sala al sentenciar la causa "Piso S.A.", del 3/4/96). (Y en igual sentido Sala IV, "Jaimar S.A.", del 29/9/95, Rev.Impuestos, T.

44-A-44).
Defensa del consumidor, reforma de la constitución, audiencia pública, participación ciudadana
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

La cláusula del art. 42 de la Constitución Nacional -incorporada por la Convención Reformadora de 1994- reconoce en esta materia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio, traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor asegure aquella participación en cada caso. -Del precedente "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (Fallos: 339:1077) al que la Corte remite-
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, políticas sociales, plan para la vivienda, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarantino, Héctor Osvaldo y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Cdad. de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Es cierto que el derecho a la vivienda se encuadra dentro de los denominados derechos sociales, culturales y económicos, por oposición a los civiles y políticos, pero ello no implica que éste carezca de protección. En efecto, tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como algunos tratados internacionales con jerarquía constitucional - en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2- imponen al Estado obligaciones de hacer- acciones positivas-, así como de no hacer -acciones negativas-.

Así, el derecho a la vivienda, al igual que los restantes derechos sociales, implica para las autoridades diferentes niveles de obligaciones a saber; por un lado, obligaciones de respetar y proteger, que requieren que el Estado no adopte medidas que impidan o dificulten su goce y, a su vez, que garantice que terceros no priven a las personas del derecho a la vivienda; por el otro, obligaciones de realizar y promover, que implican el deber estatal de planificar y ejecutar actividades que fortalezcan el acceso de la población a la vivienda, de manera tal que quienes se encuentran en una situación de pobreza puedan superar la crisis y asegurarse una morada por sus propios medios. Dentro de ese campo se inscriben todas la iniciativas legales adoptadas para facilitar su concreción, entre ellas, obviamente, los planes de vivienda.