marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACCION DE AMAPARO PRESENTADA POR MARIA MARCELA LOZADA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-13

La acción de amparo es residual, en el sentido que no actúa cuando existen recursos o remedios judiciales o administrativos, que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional supuestamente vulnerado. Cuando la ley 4915 en su art. 2 alude a la "vía administrativa" se refiere a que, cuando la autoridad pública adopta la decisión, el ordenamiento legal prevé cierto mecanismos, a través de los cuales puede impugnarse ese pronunciamiento y mientras no se agoten esos trámites, el acto cuestionado no estaría firme. El requisito sine qua non de que el afectado por el supuesto acto lesivo recurra, en forma previa al juicio de amparo, las posibilidades que la vía administrativa contempla para que el mismo organismo pueda enmendar el supuesto acto lesivo (vg.

reconsideraciones, recursos jerárquicos de cualquier especie, petitorios, etc.). La Doctrina y la Jurisprudencia de la C.S.J.N.

resulta pacífica al respecto.

La vía administrativa funciona como una vía previa al juicio de amparo paro. Por tanto, el amparo no es acogible, si el régimen respectivo admite recursos administrativos contra el acto que se reputa ilegal.

Si el amparista no ha probado ni demostrado la ineficacia cierta del procedimiento administrativo, o que hubiera mediado mora en la resolución, o que la consecución del trámite le irroga un agravio de imposible reparación ulterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución que rechaza el amparo planteado.-
Prueba, confesión ficta, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: IRANZO, María Purificación c/ Muñoz, Rafael Antonio y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-28

El mérito probatorio de la confesión ficta (art. 401, CPC), no obedece a las mismas reglas de apreciación que la confesión expresa que constituye plena prueba y acarrea el efectos vinculantes para el juez (art. 407, CPC).

De cualquier manera, la confesión ficta no siempre resulta decisiva, debiendo ser apreciada en correlato con las demás pruebas y atendiendo las circunstancias particulares del caso. No obstante, la vía de valoración de la confesión ficta que hará el juez, depende de la petición concreta de que se tenga al absolvente renuente por confeso.
Suspensión del juicio a prueba, daños y perjuicios, daño resarcible, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: RUBIOLO, Horacio s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

El texto del art. 76 bis, tercer párrafo, no establece obstáculos insalvables, privilegiando la aplicación del instituto por sobre el concepto de reparación integral del daño emergente del ilícito, al decir "en la medida de lo posible", dejando librado al Juez el juzgamiento de la razonabilidad del ofrecimiento, por lo cual, una pretensión resarcitoria distinta de la ofrecida no puede obstar a la concesión del derecho solicitado, por cuanto éste no se halla subordinado sino a las previsiones de la norma citada, todo ello sin perjuicio de los derechos que la parte damnificada pudiera hacer valer en el fuero correspondiente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de competencia, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Penino, Vicente R. y Moreno de Penino, María Luisa. s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que - confirmando la resolución del juez de primera instancia - declaró la incompetencia del fuero ordenando la remisión de actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ello es así, pues si bien es principio sentado que las decisiones en materia de competencia no habilitan la instancia extraordinaria, se ha reconocido como excepción la denegación del fuero federal.
Reapertura del procedimiento administrativo, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CABRAL, Agustín c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

La reapertura del procedimiento es un instituto procesal en virtud del cual se posibilita en causas correspondientes al régimen jubilatorio nacional un nuevo análisis de los hechos controvertidos, no obstante la existencia de una resolución judicial o administrativa firme, siempre que el interesado aporte nuevos elementos probatorios relacionados con aquéllos y que apodícticamente no hubieran sido propuestos o, en su caso, no se hubieran sustanciado. Por ello, para que proceda la reapertura, debe tratarse -prima facie- de pruebas conducentes para la modificación de la denegatoria recaída, porque de no acreditarse palmariamente los recaudos para el ejercicio de los derechos sustantivos, su admisión resultará inoficiosa y una cuestión procesal netamente teórica que se agota en si misma y que no tiene ninguna finalidad.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, carácter vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Generoso, Carlos Orlando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-18

No corresponde hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba si ha mediado oposición del representante del Ministerio Público Fiscal para la concesión del instituto, y las razones brindadas por el fiscal (la naturaleza de la acción cometida, las circunstancias del caso, el monto de pretensión fiscal determinada, la calificación legal atribuida y la consideración de que no es aplicable una pena de ejecución condicional) se encuentran adecuadamente fundadas y constituyen un juicio de oportunidad sostenido en razones de política criminal vinculadas con el caso concreto. La disidencia expresó que la oposición formulada por la fiscalía fundada en la imposibilidad de una condena en suspenso carecía de sustento toda vez que se fundó en los procesos paralelos en trámite que tenía el imputado en los cuales no había recaído sentencia firme. (Dres. Tragant -en disidencia-, Ledesma y Riggi).
Reajuste jubilatorio, competencia, competencia por la persona, competencia federal, competencia originaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PALACIOS, ALBA ÁNGELA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-22

Si la provincia, única aforada a la instancia originaria de la C.S.J.N., ha celebrado un Convenio de Transferencia en el cual pactó con la Nación la intervención de la justicia federal con competencia en su territorio, se ha operado una prórroga de dicha competencia "ratione personae" a favor de la justicia de grado, por lo que la acción de amparo promovida en los términos de la ley 16.986 -con fundamento en el art. 8, inc. d) de la ley 24.049 de Transferencia de Docentes Nacionales del Área a la Administración Pública Provincial- contra la Pcia. de San Luis y contra el Estado Nacional (A.N.Se.S.), es ajena a la jurisdicción originaria de la Corte y deberá tramitar por ante la justicia federal de la provincia mencionada (cfr. C.S.J.N. sent. del 13.08.98, "Páez de Correa, Nidia" -Fallos 321:2176).

Ello así, y atento la cláusula vigésimo primera del Convenio de Transferencia de la Pcia. de Salta, ratificado por ley 6.818, corresponde confirmar la sentencia del "a quo" que no hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la provincia, y se declaró competente para entender en la demanda deducida en los términos del art. 15 de la ley 24.463 contra la A.N.Se.S., por reajuste de haberes.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, disolución del matrimonio, tenencia de hijos menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Willisisky, Amelina c/ Behar, Javier Bernardino s/ divorcio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si la actora denunció como último domicilio conyugal el de una localidad de la Provincia de Buenos Aires, sin acompañar constancia alguna que así lo acreditara, y en el juicio que tramita ante la justicia de la Capital Federal, que se inició con anterioridad había denunciado un domicilio en la Capital Federal, no puede, a los efectos de lograr la radicación de las causas en otro departamento judicial, ir contra sus propios actos anteriores con desconocimiento de la ley en materia de competencia, máxime cuando de la fotocopia de su documento nacional de identidad se desprende que su domicilio es el citado en último término. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Municipalidad, personal municipal, vacaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIULIANO, HECTOR FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 16-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-18

La circunstancia de que el actor haya acumulado dos funciones (una de ellas como fiscalizador de espectáculos públicos) no impide la percepción de los haberes correspondientes a cada una de ellas, sino se hubiere gozado de la licencia, por lo que le corresponde la percepción de haberes de ambas licencias anuales ordinarias "en lo que atañe al cargo efectivo de que era titular y a la función extrapresupuestaria de 'fiscalizador' que desempeñaba simultáneamente".
Competencia contencioso administrativa, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sanchez, Héctor Julio José c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-31

En primera instancia se declaró la improponibilidad objetiva de la acción por daños y perjuicios, que el actor-recurrente intentara contra el Estado Provincial. Para así decidir, el fallo de primera instancia sostuvo que el acto administrativo causante del daño, se encontraba firme y consentido. A su turno la Cámara por mayoría confirma la decisión, al considerar que, en el caso, se configuraban los presupuestos del contencioso administrativo. Contra esta sentencia se agravia el casacionista.

En el caso el actor, como fundamento de la demanda por daños y perjuicios contra el Estado Provincial alega la ilegalidad del acto administrativo que dispuso su traslado. Entonces resultaba necesario, frente a la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos, desvirtuar dicha presunción a través de la correspondiente declaración de nulidad, ya que de lo contrario debe tenerse por válido y legítimo al acto de que se trate.

Ello es así porque en la especie, la responsabilidad se originaría en un acto administrativo que el recurrente estima ilegítimo, y no en un supuesto de responsabilidad por los daños ocasionados por la actividad legítima de los órganos estatales.

De allí que, el análisis respecto a la ilegitimidad del acto, se torne ineludible a fin de establecer la relación de contradicción entre el acto causante del daño y el ordenamiento jurídico.

En definitiva, el recurso de casación debe rechazarse, ya que, tal como lo sostiene el fallo en crisis, en autos se encuentran acreditados los presupuestos que deben darse para declarar la competencia contencioso administrativa.

(Del voto del Dr. Cáceres)
Delito de acción pública, fallos de la Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Ester c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-03

Ponderando los intereses en juego, y honrando el principio de subsidiariedad y ultima ratio, el legislador ha optado por diseñar el trámite de un proceso por delito de acción pública estatuyendo el necesario impulso del fiscal durante su primera fase y hasta superada la etapa crítica de la instrucción, sin detrimento de la facultad del particular damnificado de activar la revisión de toda actitud adversa a su posición por el superior jerárquico de aquél. Tal criterio encaja sin dificultad en la doctrina de la Corte Suprema. En conclusión, desvirtuada la existencia de un derecho constitucional a querellar penalmente como se alega, la participación del Ministerio Público Fiscal resulta condición necesaria para la iniciación del proceso penal, y para el ingreso a la instancia plenaria de todos sus protagonistas (voto del juez Niño).
Confirmación de sentencia, incumplimiento del deber de informar, multa civil, páginas web
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ELECTRÓNICA MEGATONE SA Y OTRO C/ EN M DESARROLLO PRODUCTIVO S/ RECURSO DIRECTO LEY 24.240 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-11

Se confirma la decisión de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje que impuso la sanción de multa a Electrónica Megatone SA y Carsa SA "por no haber incluido en su sitio web, el link de acceso al 'Botón de arrepentimiento'" y "por incumplimiento en la obligación de informar la legislación de defensa del consumidor aplicable al proveedor".
Aclaratoria (procesal), plazos procesales, cómputo del plazo, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PASA S.A. c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-01

Ahora bien, el solicitante pretende, esencialmente, que esta Corte Suprema se expida sobre cómo debe computarse el plazo de diez días fijado en la sentencia para el pago de la deuda reclamada en autos. A su vez, solicita se expida la Corte acerca de la posibilidad para la demandada de pagar lo debido en títulos públicos nacionales.

Como bien se advierte, tales cuestiones no poseen la virtualidad de provocar un pronunciamiento aclaratorio de este alto Tribunal, toda vez que ellas no responden a error material, oscuridad u omisión sentencial alguna.

De un lado, el sistema de notificaciones procesales y las normas que regulan los medios recursivos y sus efectos, ambas emergentes del CPCCT el cual se reputa conocido por el solicitante, dan suficiente respuesta a lo por él peticionado. Del otro, prístinamente se advierte que tampoco corresponde a este Tribunal expedirse sobre el modo de hacerse efectivo el pago ordenado.
Ejercicio profesional, relación de dependencia, trabajadores de la salud, médicos, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: LABORAL
Carátula: MACHIAVELLI, ADA E. c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-22

Existe contrato de trabajo entre la trabajadora de profesión médica y la institución prestadora de servicios médicos (Inst. Nac.

de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados) si la primera contrata sus servicios para la entidad prestadora, en su consultorio, en forma indiscriminada no pudiendo seleccionar el paciente y debiendo aceptar la cantidad de beneficiarios indicados por el Instituto. Lo que importa es la disponibilidad del trabajo profesional por parte de un tercero (empresario) para el cumplimiento de los fines propios de su actividad organizada lo que pone a la primera fuera de los límites del ejercicio libre de su profesión y la incluye dentro de los términos de un contrato de trabajo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, Cámara de Apelaciones, seguros
Materia: PROCESAL
Carátula: Bargas, Isidro c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde descalificar la decisión que estimó injustificadamente que le estaba vedado al actor introducir ante la cámara el tema atinente a la aplicación del art. 56 de la ley 17.418, pues esta postura lo llevó a omitir pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas por la parte y conducentes para la solución de la causa.
Recurso contencioso administrativo, solve et repete, auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

En la admisibilidad del recurso contencioso administrativo, el Presidente de la Corte Suprema debe, además de examinar los aspectos previstos en el artículo 25 de la ley 4106, controlar el cumplimiento de lo normado en el artículo 8. de dicha ley, que consagra el principio del "solve et repete", cuya dispensa no puede por sí disponer.
Clasificación de delitos, delito culposo, delito doloso, delito preterintencional, delito de comisión, delito de omisión, delito de comisión por omisión
Materia: PENAL
Carátula: T., V. A.; Y., C. A.; M., L. A. s/ Homicidio culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

Tanto los tipos legales dolosos, culposos o preterintencionales pueden clasificarse en comisivos, donde se describe una conducta prohibida - prohibe actuar de determinada manera, prohibe una acción -, omisivos puros, donde se prohibe omitir una conducta en determinado contexto descripto en el tipo, y de comisión por omisión (o de omisión impropia), cuya variante está dada por la situación del autor que está obligado a garantizar la incolumnidad del bien jurídico. "No es lo mismo, claro está, matar a otro que dejarlo morir, pero quien desde una posición especial, llamada de garante... tiene obligación de cuidar bienes jurídicos ajenos, infringe... la norma prohibitiva, si no se comporta del modo deseado... El criterio diferenciador de los tipos de omisión propia o impropia, para la doctrina dominante, está determinado por la posición de garante. En virtud de ella, se considera que el omitente tiene un deber jurídico de actuar - extrapenal - garantizando frente a la sociedad la integridad del bien jurídico lesionado. El deber jurídico de actuar, que permite sostener la posición de garante, constituye un deber nutrido de las normas ajenas al derecho penal, que ponen en cabeza de los ciudadanos la obligación de tutelar bienes jurídicos en determinadas circunstancias"
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, endoso en procuración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLEGAS GUILLERMO c/ CONTARDI LUISA Y BASTAN DANIEL s/ Ejecutivo (LIBRO: S155 - 039)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-25

Se reitera el criterio respecto del endoso en procuración sustentado en LS 146 497.-
Daño ambiental, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ COPETRO SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

La naturaleza de una industria dedicada al tratamiento de sustancias petroquímicas, la entidad del complejo industrial que posee la misma, las materias empleadas, las temperaturas, su relación con el exterior y el mecanismo todo de gestión, hace que sin lugar a la menor duda deba caracterizarse como riesgoso su desempeño.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo detenido, balizas
Materia: CIVIL
Carátula: Blomberg, Marcelo c/ Gómez, Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

Un trozo de trapo rojo colgado de un camión detenido no cumple la función de advertir a considerable distancia del rodado su presencia y detención. La colocación de balizas móviles, hubiera contribuido a ese resultado aún a plena luz del día. La exigencia de asegurar la iluminación de los vehículos cuando oscurece mediante balizas, entre otros medios, no excluye que durante el día puedan ser usadas con el propósito antedicho para cumplir con la obligación genérica de cuidado contenida en las normas mencionadas.
Títulos de crédito, título ejecutivo hábil, certificado de deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Y. SA s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-16

El certificado de deuda es título ejecutivo hábil cuando reúne los requisitos extrínsecos que lo habilitan como tal, vale decir, lugar, fecha, firma del funcionario competente (...). En tales condiciones posee fuerza ejecutiva, se basta a sí mismo y se encuentra oportunamente integrado, puesto que al fin de formarlo lo ha precedido de un procedimiento administrativo del cual es su culminación y en donde surge en forma concreta la existencia de la suma reclamada.
Intimación al empleador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, Luján Isabel c/ Stepan de Gatica, Elba s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

La obligación de expedirse de manera expresa y concreta ante un emplazamiento aparece impuesta por los artículos 57 de la LCT y 919 del Código Civil, y es indudable que el silencio se materializa tanto en el caso de no dar respuesta alguna como cuando, aún contestando el requerimiento, se guarda silencio respecto de los puntos concretos que la contraria consigna.
Regulación de honorarios, sucesiones, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verzi María s/ Sucesión (LIBRO: a140 - 119)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-03

Solamente debe tomarse como base para regular todos los bienes que integran el aservo hereditario
Deberes del juez, apreciación de la prueba, prueba pericial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: U., H.O. c/ A., E. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-21

El apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial deben encontrar apoyo en razones serias, es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.