Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-12


GIMENEZ, Dora LOPEZ Vda. de por sí y por otra contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 9-12. Santa Fe, 12 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia de fecha 27 de setiembre de 2002, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "GIMENEZ, Dora LÓPEZ Vda. de por sí y por otra contra PROVINCIA DE SANTA FE -Indemnización de Daños y Perjuicios-(Expte. 202/00)" (Expte. C.S.J. nro. 143, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 27 de setiembre de 2002 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió acoger parcialmente el recurso de apelación extraordinaria, desestimando el rubro daños por gastos de lesión estética y confirmando el fallo impugnado en todo lo demás, con costas a la demandada.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la accionada recurso de inconstitucionalidad con sustento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3, de la ley 7055.

Luego de relatar antecedentes del caso dijo que la sentencia impugnada prescinde de adoptar la solución que se impone fáctica y legalmente.

Afirmó que al apelar su parte postuló un caso constitucional suficiente al advertir que el Tribunal A quo, por la vía de reconocer rubros que tienden a indemnizar un mismo daño, no sólo incurrió en una superposición de resarcimientos sino que también acordó un enriquecimiento incausado a la damnificada con paralelo empobrecimiento de su parte.

Aclaró que no se trata de fundar una mera discrepancia entre la elección de distintas corrientes doctrinarias que admiten o no la diferenciación o tratamiento independiente del daño "sicológico", "síquico" o "estético" y aquellas que sólo lo valoran si producen una incapacidad o una aflicción moral.

Agregó que aun si admitimos las prerrogativas del Tribunal de suscribir a una determinada corriente doctrinaria que entiende procedente la valuación independiente de una misma lesión en la medida que afecta diversos valores, la reparación y el monto que se adjudique a esos daños no puede conducir en modo alguno a un resultado irrazonable sobre la efectiva pérdida que para la damnificada importó el hecho y, tampoco, a dimensionar inadecuadamente el deber de reparar de aquél a quien se le achaca la responsabilidad por falta de servicio.

Señaló que conforme lo desarrolló en la causa, los montos acordados para cada uno de los rubros con tratamiento independiente, terminan colocando a la damnificada en una posición económica sensiblemente superior a la que el propio Tribunal a quo tuvo en miras para acordarle la reparación integral.

Sostuvo que por esta vía no sólo se excede el principio de la reparación justa, sino que también se conculca decisivamente el derecho de propiedad de su parte, puesto que se le impone resarcir más allá de el daño cierto, real y efectivo, al admitirse una superposición de reconocimientos que tienden a indemnizar una misma o análoga afección; y aun cuando se admita la independencia de los rubros, su valuación inicial en exceso y la prescindencia de considerar el rendimiento que el capital produce por su colocación financiera, conforma un empobrecimiento patrimonial sin justa causa y el paralelo enriquecimiento también incausado de la damnificada.

De allí que -concluyó- postula la inconstitucionalidad del pronunciamiento atacado.

2. Por decisorio de fecha 26 de marzo de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender incumplido el recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional y porque los planteos se vinculan con la evaluación de cuestiones de hecho y la aplicación e interpretación de principios procesales y de derecho común.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (fs. 32/41).

3. Ante todo, corresponde señalar que la sola lectura del memorial introductorio del remedio excepcional evidencia el incumplimiento de recaudos formales de admisibilidad insoslayables a efectos de lograr acceder a la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055, lo que sella la suerte adversa del recurso intentado.

En primer lugar, se advierte claramente insatisfecho el requisito de autosuficiencia del escrito recursivo, exigido por el artículo 3ro. de la citada ley, desde que el memorial no se basta a si mismo, impidiendo al Tribunal verificar -sin necesidad de acudir a los autos principales- la pretendida entidad constitucional del reclamo en su confrontación con la realidad del caso.

En efecto, si bien la compareciente divide su exposición en admisibilidad y procedencia, ésta carece de un claro y preciso relato de la base fáctica y de los antecedentes relevantes de la causa, especialmente, de lo resuelto por los jueces del Tribunal Colegiado a la hora de especificar y fundar los distintos rubros que ordenó indemnizar -efectuando, por ejemplo, las transcripciones pertinentes de la sentencia confirmada por la Alzada-, por lo que sus planteos presentan lagunas que no pueden ser llenadas ni aún por vía inferencial.

Máxime si tenemos en cuenta que el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad no puede ser mejorado en la queja (Cfr. criterio de A. y S. T. 101, pág. 334; T. 103, pág. 313; T. 106, pág. 276, etc.).

De tal modo, al no brindar a la Corte los antecedentes necesarios para evaluar la efectiva configuración de la arbitrariedad imputada, vinculada a la supuesta superposición de rubros y exceso en los montos acordados, sus cuestionamientos -por cierto genéricos e imprecisos- quedan reducidos a una mera expresión de agravios, propia de una apelación ordinaria.

No debe olvidarse que el recaudo de autosuficiencia no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender, con la sola lectura del memorial cuál es la temática del pleito, los asuntos debatidos y el desarrollo del juicio, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación (cfr. A. y S. T. 72, pág. 111, T. 100, pág. 449; T. 190, pág. 265; etc.).

En segundo lugar, debe señalarse que al apuntado incumplimiento se suma otro obstáculo de índole formal que impide la apertura la vía intentada, vinculado al adecuado cumplimiento del recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Ello así, desde que la compareciente ha incumplido con la exigencia que surge del artículo 1ro., in fine, de la ley que regula el remedio extraordinario local. En el caso, más allá de lo sostenido por el Tribunal a quo al denegar la concesión del recurso (fs. 27/28) en cuanto a que la mera reserva no constituye planteo suficiente de la cuestión constitucional, lo cierto es que el agravio central de la recurrente surge con la sentencia del Tribunal Colegiado y por consiguiente al deducir la apelación extraordinaria debió plantear en forma clara, inequívoca y precisa el agravio que dicho decisorio le infería; es decir especificar en qué tramos del pronunciamiento se evidenciaba la supuesta superposición de rubros, por estar condenando infundadamente a pagar dos veces por el mismo daño, o montos que se apartaran del perjuicio efectivamente padecido, a efectos de que la Sala ante tal concreto planteo se vea en la obligación de expedirse acerca de sus implicancias de índole constitucional.

Por ello, cabe concluir que el solo cuestionamiento genérico formulado y la mera invocación de violación de normas de raigambre constitucional no bastan para tener por cumplida la exigencia legal analizada.

Al respecto, cabe puntualizar una vez más que el fundamento de tal recaudo formal radica en la necesidad de que las cuestiones tratadas por las partes reciban, en lo posible, la consideración y resolución que corresponda dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (Cfr. A. y S. T. 56, pág. 82; T. 64, pág. 461; T. 190, pág. 265, por todos).

Por lo demás, no puede dejar de destacarse que la recurrente al deducir el recurso de inconstitucionalidad omitió justificar debidamente el cumplimiento de este recaudo señalando lacónicamente "mi parte formuló debidamente el planteo de la cuestión constitucional, el que fue mantenido", lo que resulta claramente insuficiente a la hora de justificar su debida observancia.

Si bien lo hasta aquí expuesto sella la suerte adversa del recurso deducido puede agregarse, a mayor abundamiento, que los agravios, tal como son formulados por la impugnante, tampoco pueden prosperar.

Ello así, desde que -al margen del grado de acierto o error en lo resuelto- lo alegado carece de decisividad en orden a lograr la apertura de esta instancia excepcional, al no alcanzar la compareciente a demostrar a este Tribunal que efectivamente con lo fallado en las instancias ordinarias en relación a los rubros 'daño estético' y 'daño psíquico' se la estaría, en definitiva, condenando a indemnizar sin sustento legal alguno dos veces un mismo daño, incurriendo en una real superposición de indemnizaciones, o por un perjuicio que no merezca ser reparado o a pagar montos que resulten excesivos. La mera invocación de violación de normas legales y constitucionales resulta insuficiente para lograr la revisión de lo resuelto en la instancia prevista en la ley 7055, en tanto no se demuestre como la lesión efectivamente se ha configurado.

A lo que cabe agregar que es la propia recurrente quien debilita sensiblemente su planteo extraordinario al afirmar que su cuestionamiento vinculado a la superposición de resarcimientos podría entenderse en definitiva como materia no susceptible de control constitucional, reduciéndolo a una cuestión de exceso en los montos acordados.

Y, sabido es que lo atinente a los montos fijados en concepto de resarcimiento de daños es cuestión de hecho, prueba y derecho común, propia de los jueces de la causa y extraña -en principio- a esta instancia de excepción, sin que lo escasamente argumentado al respecto permita sostener que estamos en presencia de algún supuesto que autorice a hacer excepción a tal regla (Fallos 319:1087).

En definitiva, el remedio excepcional intentado carece de idoneidad para lograr la revisión de lo resuelto por los sentenciantes en ejercicio de su función jurisidiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)