Nulidad procesal, sentencia arbitraria, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, falsificación de instrumento público, ley vigente, responsabilidad internacional del Estado, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VALLEJOS, Walter Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-26

En lo que hace al planteo de nulidad por haberse omitido la vista al fiscal previo a resolver, el mismo no habrá de prosperar toda vez la parte no ha brindado un fundamento real concreto a tal planteo, ni ha invocado la eventual afectación a un derecho o la incidencia que dicha omisión ha tenido en el caso concreto. Es dable rememorar que para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertas exigencias, entre las que hay que subrayar la demostración -por parte de quien la alega- del perjuicio real y concreto que le produce el acto viciado (limitación de un derecho vinculado al buen orden del proceso), y del interés o provecho que le acarrearía tal declaración. En cuanto a la decisión adoptada por el Tribunal Oral carece de un concreto análisis de los elementos en que sustentó la conclusión de que se ha verificado en el caso una transgresión a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable respecto del encausado, a quien se le imputó la comisión del delito de falsificación de documento público, en calidad de autor - art. 45 y 292 primer párrafo del CP-. Al respecto, en lo que hace a la doctrina del plazo razonable, resulta necesario señalar en primer lugar la legislación aplicable al caso -tanto nacional como internacional-; en segundo lugar la jurisprudencia aplicable -de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y, finalmente, concluir si le es aplicable o no tal doctrina a este caso concreto. Los Estados Parte se han comprometido en los artículos 8.1 de la CADH a garantizar, a toda persona, el "derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente" y en el 9.3 y 14.3 c) del PIDCyP "Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal. tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad." y "a ser juzgada sin dilaciones indebidas". De esta manera, su incumplimiento, genera responsabilidad del Estado Argentino ante la comunidad internacional. La suscripción de los instrumentos mencionados revela el compromiso asumido por el Estado, -en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 del Estado del Juez Iberoamericano- que en el Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acuda en demanda del servicio. Que esta previsión normativa tuvo en correlato en materia jurisprudencial y en este sentido, cabe mencionar en primer término a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto en el caso "Suárez Rosero vs Ecuador" del 12 de noviembre de 1997 -referido a una prisión preventiva- y posteriormente en igual sentido en "Baldeón García vs Perú" del 6 de junio de 2006, señaló que "el principio de 'plazo razonable' al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. En el presente caso, el primer acto de procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo" y a continuación agregó -compartiendo el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos- que "se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales" y concluyó "en este caso que el Estado de Ecuador, violó en perjuicio de Suárez Rosero, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad en violación a los arts. 7.5 y 8.1 de la Convención Americana". En cuanto a la legislación local aplicable a la materia, cabe señalar que el código de rito no tiene una previsión expresa sobre la duración que debe tener un proceso, aunque sí lo tiene respecto de otras cuestiones, pero vinculadas a este tema. En primer lugar, el artículo 43 establece que "No procederá la acumulación de causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas", esta manera se busca salvar el derecho de los imputados a obtener un pronunciamiento definitivo de su situación procesal en el menor tiempo posible, evitando una demora perjudicial para el derecho de defensa y un obstáculo material a la instrucción. De acuerdo a las pautas señaladas, cabe concluir entonces que de adverso a lo decidido por la instancia anterior, más allá de los argumentos utilizados por el tribunal a quo, no se advierte una real afectación a tal garantía. Ello así pues el argumento central para la resolución del caso que causa agravio al recurrente, se sustentó en el mero transcurso del tiempo y las demoras del tribunal oral -causada por las vacantes y la cantidad de causas en trámite-, sin que surja de la lectura de la sentencia, una aplicación de la dogmática y jurisprudencia referenciadas a las constancias del expediente.