Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-23


AUTOS N° 20.877 (7649 - 8° CIVIL) "ROMERO Florencia Nicolasa C/ Rodriguez Antonio y Otro - Daños y Perjuicios - Sumario" L. DE S. T° 110, F° 146/152 En la ciudad de San Juan, a 23 días del mes de junio del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 20.877 (7.649 - 8° CIVIL) caratulados "ROMERO FLORENCIA NICOLASA C/ RODRIGUEZ ANTONIO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO", dictada en fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil nueve, obrante a fs. 322-328, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en su sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2009, cuya copia obra agregada a fs. 322/328, encontró fundamento suficiente para declarar que los daños producidos en la propiedad de la señora Florencia Nicolasa Romero, le son imputables a los demandados, señores Antonio Rodríguez y Ricardo Rodríguez, a quienes condena a abonar la suma de $ 160.227,34. De igual modo impone las costas del proceso a la parte demandada.

Por otra parte, resuelve que la actora deberá abonar el importe correspondiente al 1,5% del monto de la condena impuesta en carecer de alícuota tributaria que omitió pagar por haber demandado con monto indeterminado. Esta suma, entiende, que deberá ser descontada de los importes que fueren depositados en concepto de capital.

Contra este decisorio, la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 329 y, la demandada a fs. 351.

Concedidos y sustanciados ambos recursos, son elevadas las actuaciones a este tribunal.

La parte demandada, se presenta a fs. 361 y expresa sus agravios contra la sentencia sosteniendo que ésta es totalmente arbitraria al establecer una solución absurda, injustificada y contraria a las probanzas de autos. En ese sentido indica que para sustentarse hace alusión a un fallo jurisprudencial que crea una presunción a las pretensiones del actor, por el solo hecho de que la demanda no haya sido contestada. En segundo lugar objeta que los medios probatorios son dos, una testimonial única y fotocopias simples de documentos.

Cuando concretamente analiza la prueba, en el punto A) 1., sostiene que el testigo único, cuya declaración corre agregada a fs. 31 de autos, en momento alguno afirma que fueron los señores Rodríguez quienes prendieran fuego, como tampoco dice que "vio" que ellos o sus empleados lo hubieran hecho. Para el recurrente este testimonio no es idóneo para determinar una relación causal entre algún hecho del demandado con los resultados del incendió, que pudo provocarse con el correr de un viento seco como es el zonda.

Es más asevera, que cuando la actora sembró de duda diciendo que se produjeron dos incendios y el testigo -de igual modo-, no pudo discriminar ello, ni cuando fue, que daño produjo y quién lo ocasionó. Es decir, asevera, que el testigo no tiene idoneidad suficiente para la acreditación de una posible relación causal que involucre a los demandados.

Luego de citar doctrina respecto de la unidad lógico jurídico que debe tener una sentencia y respecto de cómo debe valorarse la testimonial única, sostiene que los dichos de éste debieron ser corroborados por otros medios probatorios que en autos no existen para acreditar el hecho invocado.

Mas adelante indica que corresponde encuadrar el caso de acuerdo a los principios del art. 1109 C.C., es decir, debe analizarse si existió culpa o negligencia de la demandada. En el caso estima que no está acreditado la relación de causalidad entre el daño y la posible acción, por lo cual falta uno de los presupuestos ineludibles para que pueda declararse la responsabilidad civil de la demandada.

Con relación al otro medio probatorio que adjunto la actora se trata de una documental simple, fotocopias simples de documentos que no son instrumentos públicos, ni privados reconocidos por las partes en juicio que no están acompañados los originales, razón por la cual, carecen por si mismo de fuerza probatoria. Es decir, la actora debió corroborar sus alegaciones por otros medios probatorios, que pudieren estar a su alcance y que no hizo, como es por ejemplo adjunta fotocopia auténtica del sumario penal.

El apelante asevera, luego de argumentar sobre el tema que las fotocopias agregadas a fs 4/14 no son documentos sino simplemente papeles sin valor legal, atento a que no están certificadas por autoridad pública. Cita doctrina judicial al respecto.

Señala como ejemplo que la División Bomberos de la provincia sustanció un sumario penal en que declararon testigos y también en los propios medios que ofreció la actora que a la postre esta prueba no fue activada por la actora.

En otras palabras, la sentencia está desajustada a derecho atento a que si la actora tenía un número elevado de prueba que no produjo, no podrá la sentencia basarse solo en una prueba testimonial única y que fue prestada sin el control necesario de la contraparte demandada, siendo por lo demás insustancial ya que este testigo nunca vio con sus ojos que los señores Rodríguez prendieran el fuego o las personas que de ellos dependen. El segundo punto sobre el cual expresa sus quejas está relacionado con la pretensión de la demandada, sobre la cual dice que es totalmente nula y de que nunca se debió hacer lugar a la misma ya que el monto que reclama no está determinado en la misma. Para esta parte el vicio de la demanda es de tal gravedad que resulta difícil conocer lo que la actora pretendía, de modo tal que el accionado queda colocado en un verdadero estado de indefensión, aún cuando hubiera contestado la demanda. Es por ello que no es atendible que el a quo haga lugar a la indemnización por daños y perjuicios cuyo monto no ha sido determinado, siendo factible su determinación sin recurrir, a medio probatorio alguno o al menos de una forma provisoria sujeta a prueba.

El segundo agravio que le causa a su parte, se vincula con los dichos de la sentencia respecto de los daños, aseverando que es de una superficialidad jurídica afirmar que por el sólo hecho de no contestar la demanda se tienen por cierto todos los hechos puesto que es carga probatoria de la actora acreditar los daños producidos con independencia de que su parte no haya respondido la demanda. Cita doctrina judicial.

Así precisa que la demanda y luego la prueba no fueron lo suficientemente "capaces" - procesal y sustancialmente- como para demostrar lo reclamado en su pretensión. Aún lo reclamado no fue estrictamente aferrado a lo que el art. 315 del C.P.C. anterior a la reforma de la ley 8037 disponía. Por ende, el a quo se equivoca al hacer depender de la falta de contestación de la demanda, todo el plexo de razonamiento que lo llevan tan alegremente hacer lugar a la demanda, con fundamentos, también equivocados, para llegar a un fallo desatinado y arbitrario.

El tercer agravio esta relacionado con el monto indemnizatorio criticando la decisión del a quo en cuanto al monto dado que la actora al demandar manifiesta que su reclamo solicita la indemnización de los daños sufridos y que deberían ser estimados de acuerdo a la prueba ofrecida y sano juicio del juez. El mismo criterio utiliza para solicitar el lucro cesante y daño emergente, dado que ni siquiera realiza un descripción de las plantaciones que la finca tenía y muchos menos una inspección ocular que corrobore con los ojos del juez lo que allí se dice.

El a quo, observa, con una liviandad difícil de justificar, hace lugar a un monto supuesto, sin decir de donde se extrae ese valor, y posteriormente justifica que no le aplica intereses a pesar del tiempo transcurrido por cuanto la actora no los ha reclamado en la demanda.

En esa dirección e invocando el contenido del art. 330 C.P.C. que se correspondía con el anterior 315, manifiesta que la sentencia causa irritación pues del mismo modo que no demandó intereses, no demando monto determinado por los daños y perjuicios ocasionados.

La determinación del daño emergente no puede ser basado en la realización de un simple cálculo de un perito, sino que debe ser efectivamente demostrado y en ese sentido, la actora no ha demostrado producción y comercialización de sus productos en fechas anteriores al supuesto incendio. La sola existencia del daño ni implica daño económico ni autoría de su parte, por el contrario al no haber demostrado ello, la indemnización es un enriquecimiento sin causa.

Critica que se de valor a la pericia cuando el profesional contestó que el daño le fue informado por el contratista. Es decir, el no aportó ningún dato para precisar el daño en el primer o segundo incendio.

El cuarto agravio, está relacionado con el sumario el cual ha sido omitido en las consideraciones de la sentencia. Ello lleva a no tener en cuenta otras declaraciones testimoniales, ni el informe de bomberos que ni siquiera el juez como medida de mejor derecho le interesó conocer. En definitiva agravia a su parte que el juez no haya tomado con absoluta estrictez la prueba producida en autos, prácticamente nula y haya sentenciado en forma simplista solo atendiendo a la falta de contestación de la demanda.

El quinto agravio, se queja y deja constancia que no contestó la demanda porque fue mal notificado y que no está rebelde.

Corrido traslado a la contraria, ésta se presenta a fs. 374/375 y en base a los argumentos que expone solicita el rechazo del recurso de apelación deducido.

Por su parte, la parte representada por el abogado de la parte actora, agraviándose que el monto mandado a abonar se hace sin acordar actualización por depreciación monetaria durante el lapso que transcurre desde la fecha en que se produjeron los siniestros con responsabilidad de los demandados, a la fecha de su efectivo pago, amparándose que la actora no reclama los intereses al momento de presentar la demanda.

Para sostener este pensamiento dice que se debe diferenciar entre la aplicación de los intereses con la actualización del monto por depreciación monetaria. Cita doctrina judicial.

Corrido traslado a la contraria, se presenta a fs. 382/383, peticionando se rechace la pretensión recursiva.

Planteado de este modo el recurso de apelación, corresponde en primer lugar precisar que la no contestación de la demanda si tiene efectos jurídicos en el proceso y ellos están precisados en el art. 340 del C.P.C. Ley 3738, pues ante el deber de negar categóricamente los hechos invocados por la actora accionante, la jurisdicción podrá estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren.

Como se destaca el artículo de referencia no indica que el juez debe inexorablemente tener por cierto y acaecido los hechos invocados por el actor sino que se genera a favor de éste una presunción de certeza, que debe ser ratificada con el resto de las pruebas adjuntas al proceso y con el cumplimiento de los presupuestos fijados en la ley sustantivas para la procedencia de la reclamación.

Este último requisito es de vital importancia en el Derecho de Daños, dado que se exige el acabado cumplimiento de los presupuestos ineludibles para poder imputar responsabilidad a un sujeto por el daño denunciado como base para la reclamación. Así, es carga probatoria de la actora acreditar que se verifican los siguientes presupuestos: Daños, relación de causalidad adecuada, factor de atribución e ilicitud o antijuridicidad.

De ellos, la parte demandada al fundamentar el recurso focaliza sus agravios contra la sentencia en cuanto a que no se ha acreditado debidamente el nexo causal, entre la autoría de los incendios y el daño. De igual modo cuestiona, el factor de atribución seleccionado. Y finalmente, cuestiona, la cuantificación del daño.

En esta primera parte, sin duda corresponde examinar, si se ha acreditado debidamente el nexo causal entre la autoría de los incendios y el daño a la propiedad de la actora.

Para ello resulta ineludible verificar en el contenido de la demanda, cual es el relato de los hechos que realiza la actora, cual es su fundamentación fáctica, pues ello, por aplicación del principio de congruencia determina el ámbito del conflicto, sobre el cual los demandados se defenderán y la jurisdicción dictará sentencia.

En ese sentido, se verifica que la demanda se impetra contra los señores Antonio y Ricardo Rodríguez en su calidad de inquilinos o arrendatarios del señor Juan Luis Romero.

Acusa que "es en la propiedad mencionada desde donde se originaron en dos oportunidades los incendios, por la quema irresponsable de cañizos y basuras, perjudicando parte de la propiedad de mi (su) mandante" (sic. Fs. 15).

Posteriormente hace referencia al primer hecho: El incendio producido en fecha 6 de agosto de 1991, "en oportunidad de la quema de basura que se efectuaba desde horas de la mañana en la propiedad del Sr. Juan Luis Romero, en la que evidentemente no se tomaron las debidas precauciones por parte de los dependientes de los demandados, tendientes a evitar la propagación del fuego, traspasando éste los límites de la propiedad de la Sra. Florencia Romero".

El segundo siniestro, "en fecha 5 de abril de 1992, vuelve a producirse un incendio por iguales circunstancias, afectando la finca de mi (su) mandante ya que a raíz de este se perdieron 6 hectáreas de olivos con 60 plantas aproximadamente por hectárea" (sic fs. 15 vta.).

Por su parte, a fs. 16 precisa el factor de atribución al decir como síntesis final del punto que "el locatario responde por los daños derivados del incendio causado por culpa de su dependiente, aunque el hecho se haya producido en ausencia de aquel y contraviniendo una prohibición expresa".

Atento a ello, la posición asumida por el propio actor en el pleito determinó que en autos se debía acreditar:

La existencia de obrero u obreros bajo la dependencia de los arrendatarios Rodríguez.

Que estos realizaron, en la fecha que ellos indican, la quema pastizales.

Que esa quema se extendió hacia la finca de propiedad de la actora.

Que el fuego quemó a las plantaciones que indican en su reclamación.

En ese sentido, se verifica de las probanzas de autos que es el propio actor el que descarta que hayan sido los señores arrendatarios personalmente los autores del incendio, dado que dicen que han sido empleados suyos. Es decir, el factor de atribución de responsabilidad de los señores Rodríguez, es indirecto o reflejo, por el accionar de sus empleados (art. 1.113 C.C.) y, el de los obreros, será la culpa, sea como negligencia o imprudencia, prevista en el art. 1109 del C.C.

El punto central es que no se identifica cual de los empleado ha sido quien incurrió en negligencia o imprudencia sino por el contrario, hace una imputación genérica, diciendo que son sus empleados, lo cual no alcanza dado que no prueba que el incendio haya sido generado por una persona y que la misma era dependiente de los demandados.

Sin perjuicio de expedirme respecto de la validez o no de las fotocopias acompañadas como prueba, se verifica que respecto del primer incendio, el de fecha 6 de agosto de 1991, se presentó el señor Pablo Alberto Casas denunciando que quien había provocado el incendio era un vecino de nombre Juan Luis Romero (hijo). Aparentemente, sería hijo del propietario que lleva el mismo nombre, circunstancia que no está acreditado sino que se infiere de tener el mismo dicho. También, cabe preguntarse el mencionado Romero era empleado de los contratistas Rodríguez (demandados), estos ya estaban con la tenencia de la propiedad a esa fecha en base a un contrato de arrendamiento? ¿Eran realmente contratistas? En esa exposición (agregada en fotocopia simple a fs. 04 y copia certificada a fs. 221) se identifica un autor, pero al impetrar la demanda ello no se concreta, sino por el contrario se adoptó un criterio de imputación genérico, sin especificar persona responsable de producir el incendio.

En este punto, se debe analizar la testimonial realizada a fs. 31, del señor Pablo Alberto Casas quien lo hace en calidad de administrador de la propiedad de la actora. El testigo responde a la pregunta de si el 6 de agosto de 1991 en horas de la mañana presenció el incendio producido en la propiedad del señor Juan Luis Romero propagándose a la finca de la srta. Florencia Romero, que "no lo presenció, pero cuando llegó a la tarde, tuvo que ir a hacer la exposición a la Policía, en que se quemaron los olivos.

Este responde tiene dos diferencias notables: La primera: que la exposición la realizó el día 7 de agosto de 1991 a las 17.18 horas, es decir un día después y no en la tarde del mismo día. La segunda: que en la exposición denuncia que se que se quemaron "hectáreas de potrero y casi dos hectáreas de parral." y no como declara que se quemaron olivos.

Con relación al segundo incendió, del día 5 de abril de 1992, de igual modo depone que -de igual modo- no lo presenció, pero indica que "la última vez, cuando se quema el parral.". Es decir, contradice los dichos expuestos en la demanda al decir que es en el segundo incendio cuando se quema el parral.

Estos detalles no son menores viniendo de quien es parte esencial del emprendimiento rural de la actora, como es su administrador. No coinciden sus dichos con lo expuesto en la demanda, respecto de cuales fueron los daños derivados de cada incendió.

Por su parte, la otra prueba producida con relación a los puntos principales del conflicto, esta relacionada con la pericial agregada a fs. 183 y sig. de autos, pues ante las preguntas aclaratorias dijo, fs. 197 y sig., responde a la pregunta de cómo ha podido determinar que las perdidas lo sean según el primer o segundo incendio, que se lo dijo al declarante el contratista.

Es decir, su opinión no es el resultado de un estudio científico de los antecedentes de la causa sino que se fundamenta en los dichos de una persona vinculada con las partes circunstancia que desmejora notablemente su pericia.

Como se colige, la parte actora no solo es ambigua al momento de precisar el monto de la demanda, sino también en precisar los hechos que son la base fáctica de su reclamación pues no acredita de modo fehaciente el nexo causal entre la autoría del incendio y los daños que dice haber sufrido. No se ha producido prueba suficiente como para imputar responsabilidad a alguno de los empleados de los contratistas demandados, porque no están ni siquiera identificados. Evidentemente, no existe en la causa un desarrollo probatorio mínimo que permite tener certeza de la vinculación causal, como pudo ser por ejemplo traer fotografías de los daños recibidos o las testimoniales que dijo el administrador de la actora que le habían comentado las circunstancias porque el no las había presenciado. Nada de ello existe en autos.

Es de público conocimiento que las plantaciones de vides están realmente controladas por los organismos públicos que realizan el control, como es el Instituto Nacional de Vitivinicultura y las Direcciones provinciales del control de la producción rural, lo cual para traer certeza se debió acreditar que se realizó la denuncia del incendio de parte de los parrales.

Todos estas consideraciones realizadas de las pruebas aportadas, más allá de la presunción que genera la no contestación de la demanda, define que la demanda reclamando daños en un predio rural resulta improcedente porque no se acredita de un modo cierto y fehacientemente la autoría del daño precisando que persona lo realizó y que la misma haya sido empleada de los demandados para que estos respondan por los hecho antijurídicos de sus empleados.

En función de las razones de hecho y de derecho expuestas, propongo a los señores magistrados que integran este tribunal que se desestime la demanda en todas sus partes, haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas. En cuanto, al recurso interpuesto por la actora, sus agravios devienen abstracto a partir de la decisión antes adoptada.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 351. En consecuencia se deja sin efecto la sentencia obrante a fs. 322/328, desestimando en todas sus partes la demanda interpuesta en autos, con costas a la actora. II) Declarar que el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 329, ha devenido en abstracto, a partir de la decisión adoptada y expresada en el punto I) de este resolutorio.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 351. En consecuencia se deja sin efecto la sentencia obrante a fs. 322/328, desestimando en todas sus partes la demanda interpuesta en autos, con costas a la actora.

II) Declarar que el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 329, ha devenido en abstracto, a partir de la decisión adoptada y expresada en el punto I) de este resolutorio.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.