Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17


T., N. A.

Reg.: A y S t 213 p 269-272.

Santa Fe, 17 de mayo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor N. T. contra el pronunciamiento de fecha 31 de agosto de 2005, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rafaela, en autos "T., N. A. -Recurso de Apelación Interpuesto ante Colegios Profesionales- (Expte. 185/04)" (Expte. C.S.J. nro.

8, año 2006); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 31 de agosto de 2005 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rafaela resolvió: 1) no hacer lugar al planteo de nulidad incoado; y 2) confirmar la sentencia apelada que calificó la conducta del doctor N. A. F. T. como violatoria de las normas de ética profesional -"1" Código de Ética-, modificando la sanción impuesta, la que se estableció en la suspensión de la matrícula profesional por el término de cuatro meses.

Dispuso también notificar al Colegio de Abogados de la 5ta.

Circunscripción Judicial, y cumplimentarse la publicación que alude el artículo 16 del citado Código.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el doctor N. T. recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Afirmó que la resolución recaída es arbitraria porque no es una derivación razonada de derecho ni observó estándares jurídicos de razonabilidad necesarios para que sea un proceso justo y con posibilidad del ejercicio de derecho de defensa en forma extensa y sin temor a la sanción, atento a que se decidió continuar entendiendo en la causa luego de que el denunciado desistiera, y sobre ello no se expresó el Tribunal de Alzada.

Dijo que no podía dejar de señalar la falta de materia para la resolución del conflicto por la muerte del denunciante, que impide el conocimiento del Tribunal en relación a todos los temas de la relación cliente-abogado, los que se pueden ventilar por vía de audiencia confesional para que el juzgador pueda llegar al meollo de la cuestión jurídica a decidir, que sería la falta ética, luego de examinar el contenido de la relación cliente profesional.

Situación esta que se vio impedida la Cámara por fallecimiento del denunciante, pero que no valoró al momento del dictado de la resolución, produciendo así una lesión al debido proceso y al derecho de defensa de su parte que se vio privado de una prueba fundamental.

Sostuvo que no hay falta ética sin el sostenimiento del presunto damnificado por el hecho.

A su entender, debió haberse procedido al archivo de la causa como lo sostiene la jurisprudencia de los tribunales de conducta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción en casos como el presente.

Adujo que el seguimiento del proceso lleva un perjuicio para el denunciado, porque los motivos que llevaron al acuerdo de partes (cliente-profesional) no son conocidos por el Tribunal, y la única forma de conocerlo es por declaración, situación -reiteró- de imposible cumplimiento en el caso por fallecimiento del denunciante.

Agregó que tampoco se ha ponderado que el acuerdo a que llegaron las partes y que motivó el desistimiento de la denuncia fue realizado con patrocinio letrado.

Aseguró que el fallo atacado pone en crisis el derecho constitucional alimentario que surge del derecho a trabajar y evidencia la falta de sustento en que quedaría no solo el profesional sino su familia, con una sanción que no tiene nexo de causalidad con la denuncia desistida y que se produce con la sustanciación de un procedimiento que ha violado las reglas del debido proceso y afectado el derecho de defensa.

Expresó que es materia de agravio y falta de tratamiento por el Tribunal la no ponderación de los hechos controvertidos y probados en relación al cobro de honorarios en otras causas y que fueron parte del convenio acompañado por el denunciante a la causa y motivo del desistimiento, lo que indica que había temas de controversia que merecían la prueba confesional, o de lo contrario el archivo de las actuaciones por sustracción de materia.

Afirmó que en el caso no se tuvo en cuenta el principio "pro homine" y que la Cámara no ha revisado sus agravios vinculados a la observancia de las reglas de debido proceso tendente a lograr una sentencia justa.

Finalmente señaló que con el presente recurso no se intenta renovar el debate por tratarse de una sentencia arbitraria que viola derechos de raigambre constitucional.

La Sala mediante pronunciamiento de fecha 15 de diciembre de 2005 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 20/30 vto.).

2. Ante todo cabe señalar que para que proceda el franqueamiento de esta instancia, y el consecuente tratamiento del recurso excepcional por la Corte, han de observarse mínimos recaudos formales, entre los que se encuentra la exigencia de autoabastecimiento del escrito recursivo.

En efecto, el artículo 3ro. de la ley 7055 requiere que en el memorial de interposición del remedio extraordinario se exponga separadamente con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso en demostración de la concurrencia de los requisitos formales necesarios, y sobre su procedencia, explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional que se pretende plantear.

La citada norma agrega que "para cumplir este requisito, el escrito deberá bastarse a sí mismo".

Para que dicha exigencia de autoabasto pueda considerase cumplida en orden a demostrar la procedencia de la impugnación en su contacto liminar con el fondo de la cuestión, es necesario que el recurrente, tras enunciar el cumplimiento de determinados presupuestos, articule, en su escrito de interposición del recurso, hipótesis abstractas de arbitrariedad y demuestre su aplicabilidad al caso de autos, para luego señalar de qué manera concreta una solución distinta haría cambiar la suerte de la litis y redimiría el agravio constitucional que le ocasiona el decisorio atacado.

En el sub judice, aunque el impugnante divide su exposición en "procedencia formal" y "sustancial", con lo alegado en modo alguno puede considerarse adecuadamente cumplida dicha exigencia, desde que el escrito introductorio del remedio excepcional presenta falencias, entre la que se destaca, la falta de un relato completo de los antecedentes relevantes de la causa, necesarios para brindar una adecuada fundamentación a la postulada cuestión constitucional; como así también se advierte que sus agravios constituyen cuestionamientos genéricos y sin precisiones a la hora de demostrar, en confrontación con la decisión atacada, la efectiva configuración de alguna hipótesis de arbitrariedad que resulte decisiva para hacer variar la suerte de la litis a su favor.

Por ello, sus planteos -pese al matiz constitucional que el quejoso aspira otorgarles- solo dejan traslucir el desacuerdo de aquél con la solución dada por la Cámara al "sub lite" en una postura adversa a sus pretensiones, al avalar la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial que calificó la conducta del doctor N. A. F. T. como violatoria de las normas de ética profesional -"1" Código de Ética-, pero modificando la sanción impuesta, la que estableció en la suspensión de la matrícula profesional por el término de cuatro meses; lo cual constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad, no susceptible de revisión por medio de la vía excepcional intentada.

De la lectura del pronunciamiento atacado surge que el Tribunal A quo, ante la apelación planteada, optó por una solución que -en base a lo alegado- no se advierte pueda merecer reproche constitucional, analizando pormenorizadamente la situación de autos, brindado los motivos de índole legal y jurídica por los cuales estimaba que correspondía resolver como lo hizo.

Así, luego de descartar que correspondía invalidar la sentencia a través del recurso de nulidad, trató el de apelación, destacando que la cuestión puntual radica en resolver si el profesional incriminado puede sustraerse de la sanción disciplinaria, habiendo acordado con su cliente el levantamiento de la denuncia formalizada en su contra, obviando además el Tribunal disciplinario escuchar al denunciante.

A su entender, como la lealtad, probidad y buena fe que debe guardar todo abogado no se reduce al ámbito del proceso sino que se extiende a todos los actos de su actividad profesional, no sólo por su propio prestigio sino específicamente, por el de la profesión y de la sociedad toda que deposita en los letrados la guarda de sus derechos, las consecuencias del convenio de fs. 39/40, como la declaración del denunciante -rechazada a fs. 126-, en su opinión no deben extenderse más allá de la disponibilidad que han tenido las partes en sus posiciones jurídicas.

Aclaró que aunque se haya podido alcanzar el objetivo privado, el proceso de imputación ante el Órgano disciplinario es ajeno al acuerdo entre las partes.

Por otro lado, en cuanto a la medida disciplinaria adoptada, señaló que guarda relación con lo ocurrido, encontrando fundamento la culpabilidad en el discurso inicial donde el abogado comenzó negando la gestión de cobro de los pagarés, también de haber recibido poder especial para ello, como de la existencia de transacción con el demandado, y de no haber recibido alguna suma dineraria; y que con el acuerdo documentado y con los recibos de pago aquella negativa quedó desvirtuada, sirviendo desde un punto de vista sistemático y valorativo las testimoniales de fs. 83, 99, 102 y las documentales de fs. 10/13, para sentar los hechos e involucrar la labor profesional.

Concluyó que lo ocurrido no ha sido solo un problema entre profesional y cliente, sino que resultó de interés para el Colegio de Abogados, y para todos los miembros de la sociedad, convirtiéndose la sanción impuesta en la respuesta correctora al quebrantamiento producido, creyendo justo, sin embargo, reducir la sanción aplicada.

Todo de conformidad con la exigencia de motivación suficiente que impone el artículo 95 de la Constitución provincial que no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Cfr. A. y S. T. 102, pág. 236; T. 117, pág. 139, entre otros).

Y, frente a dicha línea argumental el compareciente se empeña en imponer su propia visión del caso, mas con planteos genéricos y críticas parciales al fallo atacado que en modo alguno logran demostrar que los vicios endilgados se encuentren efectivamente configurados.

Como puede apreciarse el Tribunal no omitió valorar prueba decisiva vinculada al desistimiento del denunciante o considerar la cuestión relativa a la no declaración de éste, desde que todo ello fue motivo de tratamiento expreso, pero dándole una trascendencia distinta a la pretendida por el quejoso.

Por ello, queda asimismo sin asidero los planteos vinculados a la supuesta violación al derecho de defensa y debido proceso, no bastando lo alegado para demostrar que ello efectivamente ha acontecido.

En suma, el cuestionamiento recursivo, tal como ha sido presentado no traspone el límite de la mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que le son privativas, por lo que el remedio intentado resulta inadmisible.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)