Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-19


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 19días del mes de marzo del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"P, J J c/ CANAL * P - H F s/ SUMARIO", expte. nro. 16.140/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 1856/01), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 315), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 277/281? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento el presente pleito por apelación deducida por las partes y los letrados de la actora contra la sentencia definitiva nro. 38/2006 del Juzgado Letrado en lo Civil nro. 2 de la jurisdicción que desestimó la excepción de falta de legitimación para obrar articulada por la demandada, hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a C * P SRL a abonar a J J P la suma de $5.400 con más intereses e impuso las costas en forma proporcional en un 40% a la demandada y en un 60% a la accionante (fs. 277/281, fs. 281, fs. 285, fs. 286, fs. 288).

1.- Dice el representante de la parte demandada en su memorial de agravios que el Aquo admitió la falta de reconocimiento de la orden de publicidad nro. 5814, que es una fotocopia simple contrariando el art. 1012 del CC y, además, la firma de las partes es condición esencial para la existencia de todo acto privado, ese requisito no existe en la documental de fs. 10, hubo un desvío de interpretación porque no puede considerarse un instrumento privado a lo que se agrega que es una fotocopia simple. Según el quejoso, no debe perderse de vista que la limitación del art. 1193 del CC juega tanto respecto de la existencia misma de la orden de publicidad como, asimismo, de la comisión que reclama para sí el actor, no están instrumentadas y no puede suplirse esa falencia.

La demanda versó sobre el cobro de una comisión que no fue probada ni por el testigo R (fs. 173), ni por la firma S J (fs. 140 y fs. 141).

Se prescindió de la prueba instrumental donde el Sr. P declaró que no tenía nada que reclamar en sede administrativa (fs. 26 vta.), no se hizo reserva, por lo tanto, juega el art. 505, inc.3 del CC y el art. 624; en síntesis, hubo integridad del pago.

Por último, cuestiona la imposición de costas que entiende el 60% a la actora y el 40% a la demandada es una aproximación, porque no se tuvo el éxito de las partes en la gestión, entendiendo con citas jurisprudenciales que debería ser un 70 y un 30 por ciento.

Hace reserva del caso federal (fs. 300/306).

2.- Con relación a los agravios de la parte actora, en que no consideró el Aquo que la venta fue por el período febrero-diciembre 1999 y que se inició con A y que después sigue con Canal *, se trató de una sola venta por un período determinado cuyas contraprestaciones se cumplirían mensualmente por un total de $66.000 y que el actor percibía el 30% y que a partir de marzo de 1999 fue facturada por Canal *.- Reanaliza la declaración testimonial de R y se reconozca la totalidad de la comisión por marzo-diciembre como fue reclamada.

El segundo agravio lo constituye la imposición de las costas, porque el actor tuvo motivos y razones para litigar y prosperó el motivo para litigar, solo varió el monto de la condena con el reclamo.

Solicita las imponga al vencido (fs. 307/10).

3.- A fs. 285 los Dres. J E y M G, letrados de la parte actora apelan por bajos sus honorarios.

I.- Inicio el análisis de las cuestiones en debate con los agravios de la parte demandada que atacan el razonamiento del Aquo en el fundamento mismo de su decisión.

La parte actora demandó por incumplimiento de contrato, trayendo al tribunal de origen como prueba de la existencia del mismo y del monto adeudado por ese incumplimiento invocado una fotocopia simple que no fue reconocida por la contraria, situación contemplada en la sentencia cuestionada, y que el testigo R, a decir del A quo, da cuenta de la existencia del negocio, quien por otra parte en ningún momento participó de la formación del documento aportado.

Las fotocopias simples no constituyen instrumentos privados (art. 1012 del Código Civil) susceptibles de adquirir valor probatorio.

La expresión documento, en tanto soporte material representativo y declarativo de un acto, puede servir como medio de prueba si es traído en su original.

En cuanto a las fotocopias, para que tengan valor probatorio del original, es indispensable, además, que hayan sido expedidas con las formalidades legales, de modo que las fotocopias simples carecen de forma legal indispensable, cual es la de haber sido autenticadas por funcionarios competentes (Corte Justicia de la Pcia. de Salta 29/10/97, "G, H c/ C de P, N", LLNOA 1998-1217).

En este orden de ideas también se dijo que las fotocopias simples no constituyen principio de prueba por escrito en tanto carecen absolutamente de carácter instrumental, no tienen otro valor que una simple copia sin eficacia jurídica, a menos que estén certificadas conforme prescribe la ley, lo que no puede suplirse con la firma y sello del letrado, cuando a dicho profesional no se le ha conferido la potestad de dar fe pública, máxime si media desconocimiento del accionado de tales documentos (A en lo civil y comercial de Lomas de Zamora, Sala I 27/02/2003, "C de Prop. M ** A c/ F SRL", LLBA 2003,1167).

No puedo apartarme de lo dicho respecto del art. 1193 del Código Civil porque para poder mínimamente habilitar un tratamiento excepcional, debió haberse demostrado la existencia del documento original, siendo insuficiente los elementos acompañados a la causa y, en consecuencia, haciendo admisible el argumento del recurrente demandado.

Es más, no existió una pericia contable que arrimara a la convicción de la existencia de la vinculación tratándose como en el caso de un comerciante que debe llevar los mismos en forma (art. 63 del Código de comercio). Por lo expuesto hago lugar a los agravios de la parte demandada, y revoco la sentencia venida en crisis, desestimando la demanda incoada por J J P.

Conforme fue adversa la resolución de la cuestión para la parte actora, carece de virtualidad jurídica expedirse con relación a sus agravios, y en igual sentido de la regulación de los letrados de esa parte.

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 279 del código ritual, tanto las costas de la instancia de grado como la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes se adecuan.

Las costas de la primera instancia se imponen al actor vencido conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh), regulándose los honorarios de los letrados por la actuación en dicha instancia conforme lo dispuesto en arts. 6 a 9, 22, 39, 47, y concs. de la ley arancelaria 2200, mod. por 4335 teniendo en consideración la labor profesional, el éxito obtenido y la trascendencia para la parte, en $9000 para los Dres. SA C de J, M A F A e I F de las C, conjuntamente, y $6000 para los Dres. M G y J E conjuntamente.

Las costas de la Alzada se imponen a la parte actora; conforme lo dispuesto en el art. 14 de la ley arancelaria se establecen los honorarios en $3050 para I F y en $1500 para los Dres. M G y J E.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto esta vocalía propone:

1.- Receptar los agravios de la parte demandada, modificando la sentencia venida en crisis, desestimando la demanda incoada por J J P, según los considerandos respectivos.

2.- No tratar los agravios de la actora, ni de los letrados por sus honorarios, por carecer de virtualidad jurídica.

3.- Costas de ambas instancias a la actora vencida, estableciéndose los honorarios en $9000 para los Dres. S A C de J, M A F A e I F de las C, conjuntamente, y $6000 para los Dres. M G y J E, conjuntamente, por la labor en primera instancia; por esta Alzada, en $3.050 para el Dr. I F y en $1.500 para los Dres. M G y J E, según considerandos respectivos.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo.

Que llegan las presentes actuaciones a la alzada en apelación (fs 284, 286 y 288) de la sentencia de fs 277/281 que desestima la excepción de falta de legitimación para obrar articulada por la demandada a fs 36/46, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a Canal * P SRL, a abonar al actor, J J P, dentro del término de diez días de firme o consentida la presente, la suma de $5.400 (cinco mil cuatrocientos pesos) con más los intereses, desde que le fue debido y hasta la cancelación a la tasa activa que para las operaciones de descuento de documentos a treinta días percibe el Banco de la Nación Argentina, impone las costas en un 40% a la demandada y en un 60% a la actora.

Regula los honorarios.

A fs 285 los abogados de la actora por derecho propio apelan los honorarios por bajos.

Concedidos los mismos a fs 300/306 se agrega la expresión de agravios de la demandada.

Sostiene que la condena impuesta gira alrededor de la orden de publicidad Nº 5814, reconociendo el juez, que la documentación de fs 279 fue presentada en fotocopia simple y se le asigna validez, pese a que no existe instrumento privado.

Se refiere al art. 1012, con cita de jurisprudencia y agrega que la pretendida orden de publicidad resulta descalificada por una doble vertiente, como es la inexistencia de firma y el carácter de mera fotocopia, lo que obsta a la existencia de instrumento privado.

No puede, señala, el juez elaborar respecto de la pretendida orden de publicidad una supuesta novación, no pudiendo ser algo inexistente fuente de un modo extintivo de las obligaciones.

Aprecian que de manera inexplicable se tiene por probada la mentada orden de publicidad pese a su desconocimiento al trabarse la litis, habiendo soslayado que la actora desistió de la prueba de reconocimiento de firma.

Agrega que la prueba testimonial autoriza al sentenciante, de acuerdo a lo que se desprende del fallo, a tener por validada la pretendida orden de publicidad, puntualizando ante ello lo que dispone el art. 1193 del CC. y que la limitación que pone el artículo alcanza a la existencia de la orden de publicidad como a la comisión que reclama el actor.

En el segundo agravio, puntualiza que tanto la prueba testimonial como la informativa no conforman en realidad aportes definitorios en la materia.

El tercer agravio se relaciona con la prescindencia que hace el aquo a la voluntad del actor exteriorizada en el acuerdo homologado por la autoridad administrativa.

Surge de fs 280 que el fallo traza distinción entre la faz laboral de P y su condición de intermediario en publicidad, y es aquí, dice, donde se exterioriza la arbitrariedad, ya que no advirtió la existencia de reserva alguna.

Menciona con cita de jurisprudencia el efecto liberatorio del pago.

Apela la imposición de las costas, las que entiende deben imponerse en un 30% a su parte y 70% a la actora, teniendo en cuenta el porcentual por el que prosperó la demanda.

Ratifica reserva del caso federal.

A fs 307/309 vta el demandado manifiesta que lo agravia el reconocimiento parcial de la demanda, cuando se probó que el actor trabajó en relación de dependencia con A, que cumplía también funciones como promotor ingresando órdenes de publicidad, labor por la que recibía un porcentaje del 30%, aparte del salario, que en representación de A realizó la venta de publicidad con S J S.A.; una orden de difusión identificada con el N° 5814, que de dicha venta el actor sólo cobró la comisión del mes de febrero.

Indica que el juez sostiene que en virtud del contrato entre A y Canal * Prespecto de su parte se configura el instituto de novación, que Canal * P SRL, es la persona habilitada por la ley para intervenir en autos como demandada, que fue el intermediario de la venta de publicidad entre S J y A.

Se refiere a la testimonial de R y ante ello, dice, se está frente a un contrato de publicidad pautado entre febrero y diciembre, vendido por el actor por un período determinado cuyas contraprestaciones se cumplirían mensualmente, en consecuencia, se debe reconocer la comisión reclamada en su totalidad.

Lo agravia la distribución de las costas.

Define las mismas y recuerda que tuvo que iniciar acciones para el reconocimiento judicial de un incumplimiento, y aún parcialmente, tuvo la razón de reclamar; pregunta, entonces, cuál es la razón para imponer las costas en un 60% y un 40%.

Solicita se revoque la distribución de las costas y se aplique el principio general de la derrota.

Menciona el art. 71 y cita jurisprudencia relacionada.

A fs 311/312 se agrega la contestación de los agravios por parte del demandado y ratifica reserva del caso federal.

He de dar respuesta en principio a los agravios del demandado, pues lo que se decida respecto a los mismos, permitirá avanzar sobre las quejas del actor.

Reclama el actor por incumplimiento de contrato contra Canal * P de H F.

Relata los hechos, y afirma que desde 1994 mantenía una relación laboral con A, que percibía un sueldo de $1867,77 y un porcentaje sobre la publicidad vendida, y que en febrero de 1999 A a través suyo contrata con la empresa S J S, la publicidad televisiva por la suma $6.000 por los meses de febrero a diciembre, mediante orden N° 5814.

Por ello percibiría el 30% de comisión, abonándosele febrero.

Que en marzo de 1999 A transfiere su servicio de Producción a la empresa Canal * P haciéndose cargo a partir del 1 de marzo de 1999 de las facturación pendiente por órdenes de difusión entre las que se encontraba la orden vendida a S J S.

Hasta aquí surge que la relación laboral se mantuvo con A, así como las funciones que realizaba lo que se ve corroborado por los testigos y por el expediente que acercara el demandado.

El testigo R afirma que con P se hicieron varias operaciones, y que la operación comienza a charlarse con A y con el Sr P; termina de hacerse con Canal * P y que la comercialización con S J es a partir que ellos, Canal *, comienza a funcionar; P reconoce que vendía publicidad, y de fs 118 surge que nunca vio pago de comisión alguna, declaración de la Sra M.

Todos se refieren a la relación laboral con A.

A fin de acreditar sus pretensiones el actor acompaña copia simple de la orden de difusión N° 5814, donde consta el nombre del anunciante, total de avisos, tiempo y una firma del promotor y anunciante.

Anexo 3.12 y un recibo de órdenes en la que se enumeran entre otras la Nº 5814 S J S.A., hay una firma y una factura de A.

Producida la prueba, la escribana V responde que no cuenta con la documentación solicitada, copia del Contrato de transferencia y del anexo 3.12.

A fs 134 se agrega original de la factura N° 3361 de A y factura 027 de Canal * producciones, aclarándose a fs 140 que acompañan documentación original de facturas de S J S.A. por publicidad con Canal * P y A, por el mes de marzo y febrero respectivamente.

El demandado acompaña documentación de pagos por S J S.A., desde julio de 1999 a diciembre.

Documentación que nada acredita sobre las pretensiones de la actora.

Y con las fotocopias simples de fs 10, 11 y 12 no ha podido acreditar que existió un contrato de A por publicidad con "S J S" entre febrero de 1999 y diciembre de igual año y que se hubiese obligado A al pago de la comisión que requiere, así como tampoco que el demandado esté obligado a tal pago.

Ante ello ninguna otra consideración cabe, lo que me lleva a desestimar la demanda.

La demanda debe suministrar al juez, mediante afirmaciones de hecho y consecuencias jurídicas concretas, el material necesario que eventualmente integrará el objeto del proceso.

Constituye, un proyecto de sentencia solicitado por el actor (Fenochietto, E. "Código Procesal", t.2, pág. 298 Ed. Astrea-99).

Las afirmaciones contenidas en el escrito de demanda producen una variedad de consecuencias en relación al juicio; efectos que por la naturaleza escrita del procedimiento y función preclusiva de los términos determinan imperativamente la actuación futura de los sujetos que en él intervienen, se trate del tribunal o bien de las partes (autor y obra citada, pág. 301).

Entre los efectos de la admisibilidad de la demanda se encuentra la responsabilidad de probar los hechos; el actor carga con la prueba de las afirmaciones negadas, así como los instrumentos privados desconocidos anexos a la demanda (art. 377 del CPCCCh).

La actora al incoar demanda acompañó una prueba documental que fue desconocida por la contraria y se reservó para la instancia procesal oportuna demostrar la autenticidad de la misma, pero quedó en el intento.

La finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba.

La carga de la prueba señala a quién corresponde evitar que le falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales.

La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado surte todos sus efectos quienquiera que los haya suministrados (Devis Echandía "Teoría de la prueba judicial", t.I, pág. 426 Bs.As.-70, Sentís Melendo, Santiago "Teoría y práctica del proceso", t.III, pág. 200, Bs.As.).

En consecuencia, la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada parte.

Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture, Eduardo, "Fundamentos del derecho procesal Civil", pág. 42).

Y he de sostener que ningún valor puede darse a una documental presentada no sólo en fotocopia simple, sino que porta una firma que no se ha acreditado que fuera de la actora.

Máxime cuando sólo cabe juzgar la atendibilidad o poder convictivo de un documento previo a establecer su carácter de auténtico, lo que no acontece.

"La fotocopia de un documento no es un instrumento privado y, por ello, no puede ser objeto de reconocimiento alguno", DT 2000-A-1062; "Las fotocopias sin respaldo en la realidad carecen de valor probatorio, si no fuesen reconocidas", DT 1998-B-2421; "Carecen de fuerza convictiva las fotocopias no autenticadas y desconocidas", Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, LL1989-E-248.

Ante el incumplimiento por la actora de la carga probatoria de los extremos fácticos fundantes de sus afirmaciones (art. 377 C.P.C.Ch.), corresponde desestimar la demanda y revocar la sentencia de fs 277/281.

Atento a cómo se resuelve, resulta inoficioso el tratamiento de los agravios del actor.

Las costas y honorarios deben adecuarse por manda del art. 278 del CPCCCh, imponiéndose las primeras en ambas instancias al actor vencido.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts 6, 7, 9, y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Desestima la demanda y, en consecuencia, revoca la sentencia de fs 277/281.

2) Declara que carece de virtualidad expedirse respecto de los agravios del actor.

3) Impone las costas de ambas instancias al actor y difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar los agravios de la parte demandada, revocar la sentencia de fs 277/281 y, en consecuencia, desestimar la demanda incoada por J J P.

2) Declarar que carece de virtualidad jurídica expedirse respecto de los agravios del actor.

3) Costas de ambas instancias al actor.

Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a los Dres. S A. C de J, M A F A e I F de las C, conjuntamente, en la suma de NUEVE MIL PESOS ($9.000) y a los Dres. M G y J J. E, conjuntamente, en la suma de SEIS MIL PESOS ($6.000).

Por los trabajos realizados en la alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. I F de las Cs en la suma de TRES MIL CINCUENTA PESOS ($3.050) y de los Dres. M G G y J J E, conjuntamente, en la suma de MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Graciela mercedes garcia blanco -Presidente-; marta susana reynoso de roberts -juez de camara- REGISTRADA BAJO EL nro . 12DEL AÑO 2007 DELLIBRODESENTENCIAS DEFINITIVAS