Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.488 CAUSA NRO. 30.732/10 AUTOS: "BELLO JOSE MANUEL C/ GOMEZ LUIS ALFREDO Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 32 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- La señora Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, haciendo mérito de la situación de contumacia procesal en que quedó incurso el codemandado Gómez (art. 71 CPCCN), concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó el actor, fue ajustada a derecho en atención al resultado negativo a las intimaciones que éste curso a efectos de obtener la registración de la relación laboral. Asimismo, condenó solidariamente a la codemandada CNA ART SA por considerar que la actividad desplegada por el actor constituía parte del giro normal y habitual de dicha empresa.

II.- Tal decisión es apelada por la codemandada CNA ART SA a tenor de las manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 201/205. Por su parte, el perito contador objeta a fs. 197/198, la regulación de sus honorarios por estimarla reducida.

La apelante se queja por la extensión de condena en su relación y en los términos del art. 30 LCT, por la valoración que la "a quo" efectuó respecto del intercambio telegráfico entre el actor y el demandado Gómez, quien se halla en situación de rebeldía (art. 71 L.O.), por la forma de distribución de las costas, y por considerar elevadas las regulaciones de honorarios asignadas a los restantes profesionales intervinientes.

El recurso no tendrá favorable recepción.

El actor se desempeñaba como chofer de su propio vehículo en la remisería del codemandado Gómez, siendo su función la de trasladar a los asegurados de CNA ART SA con destino a los prestadores médicos que le indicaban en la agencia, tarea que incluía buscar a los pacientes en sus domicilios, llevarlos al sanatorio o clínica que la aseguradora le indicaba al operador de la remisería, esperar el tiempo necesario que demandase su atención y luego retornarlos a sus domicilios. Las argumentaciones vertidas por la apelante no logran rebatir los fundamentos expuestos por la "a quo" sobre este punto. En efecto, insiste la apelante en que la actividad desplegada por el actor no forma parte del concepto de actividad propia normal y específica consagrada por el art. 30 LCT, para lo cual se limita únicamente a manifestar que la sentenciante efectuó una incorrecta interpretación de las Resoluciones SRT nº 133/04, y nº 1240/10 que reemplazó a la anterior. Tales aseveraciones denotan una mera manifestación de disconformidad con la solución arribada (art. 116 L.O.). En este sentido, soslaya el quejoso que ambas resoluciones, en líneas generales, establecen que las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empleadores autoasegurados deberán arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar la presencia de los trabajadores damnificados ante los prestadores asistenciales, toda vez que deban concurrir a recibir prestaciones establecidas en el art. 20 de la Ley 24557, y que todos los traslados que deban efectuar los trabajadores damnificados para recibir tales prestaciones y su regreso a su domicilio serán a cargo de las aseguradoras, y que asimismo éstas podrán contratar o gestionar por sus propios medios o a través de terceros los servicios de traslados, o en su defecto, deberán entregar a los trabajadores damnificados las suma correspondientes a los gastos que depare dicho traslado ida y vuelta.(arts.1º, 3º y 5º). De esta manera, no cabe duda que tales traslados les han sido impuestos a las aseguradoras en el marco de lo reglado por el art. 20 LRT, ya sea por sí, o como en el caso, a través de terceros. Se suma que, conforme lo informado por el perito contador a fs. 150, el 100% de las personas transportadas, estaban aseguradas en CNA ART SA, hecho que demuestra que tal actividad era llevada a cabo de manera habitual, y no sólo en casos excepcionales.

Por todo ello y teniendo en cuenta que la codemandada CNA ART SA contrató los servicios de la remisería del codemandado Gómez para realizar el traslado de los trabajadores damnificados, quien era empleador de Bello, considero que las tareas que éste cumplió, formaron parte de las propias de CNA ART SA, la cual no podría funcionar adecuadamente sin contar con tal servicio de traslados, el cual resulta indispensable para el cumplimiento de su actividad normal y específica. Por ello, considero que lo resuelto debe quedar al abrigo de revisión.

Tampoco prosperará el planteo en relación a la recepción de las misivas dirigidas al codemandado Gómez y por el cual el actor se colocó en situación de despido indirecto. En efecto, de las constancias de la causa (telegramas obrantes a fs. 12/16) surge que los mismos no fueron entregados al empleador y fueron devueltos al remitente con la leyenda "destinatario desconocido". Aún cuando la apelante insista en la invalidez de tales misivas, considero que cómo éstas fueron dirigidas al domicilio laboral de Gómez, es decir, al domicilio de la remisería, y dada la situación de contumacia procesal en que el mismo se encuentra y el hecho de que el testigo Moralli (fs. 153) verificó tal domicilio, atento la falta de prueba que desvirtúe tales probanzas, corresponde otorgar a dichas piezas postales suficiente efectividad (art. 386 CPCCN).

III.- La distribución de las costas establecida en origen ha sido adecuada. Las demandadas resultaron vencidas en lo principal y por ello, rige lo normado por el art. 68 CPCCN.

IV.- Las regulaciones de honorarios asignadas a la representación letrada del actor y al perito contador lucen razonables en atención al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados, como también a la luz de las pautas arancelarias de la Ley 21839 y Decreto Ley 16638/57, por lo que propongo las mismas sean mantenidas.

V.- por lo expuesto, propongo en este voto: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) imponer las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCN); 3) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y decreto 16638/57).

El Doctor Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y decreto 16638/57).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.