marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, quiebra, verificación de créditos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRANDA HUGO ALBERTO s/ VERIFICACION DE CREDITO en: BANCO DE LA PROVINCIA C/ NESTOR SALIM S/  QUIEBRA.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-18

Si bien resulta explícita la redacción de la ley concursal en su parte pertinente, en cuanto expresa que el pedido de verificación debe formularse "indicando: monto, causa y privilegio", en general se ha entendido, desinterpretando los plenarios: "Translínea c/ Electridinie s/ Concurso" y "Drifi S.R.L. s/ Concurso", que el acreedor esta obligado a "probar" todo aquello que la ley dispone que debe "indicar" simplemente.
Tribunal Fiscal de la Nación, competencia, sanciones tributarias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Alba Cía. Arg. Seg. S.A. -T.F. 15.062-I c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Se da el supuesto de sanción a los fines de la competencia del Tribunal Fiscal cuando en razón de un hecho posterior al reconocimiento de un derecho la Administración dispone una medida que implique la pérdida de ese derecho y no la exigencia del cumplimiento de una obligación a la que previamente se encontraba obligado el particular. (Del voto en disidencia del juez Galli).
Independencia del Poder Judicial, Constitución Provincial, beneficios previsionales, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carranza Duggo, Licia y otro c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ amparo - cuestión comp. - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-28

Nuestra Carta Magna provincial, al consagrar la Garantía de Independencia del Poder Judicial en su art. 154 dispone que los magistrados y funcionarios judiciales reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla disponga con fines de previsión u obra social. Así, al prohibir la disminución de los haberes de los Magistrados por acto de autoridad, la manda constitucional protege al Poder Judicial contra una posible ingerencia de los otros poderes del Estado a través de un acto susceptible de afectar su independencia y autonomía. Tal sería el caso de una reducción irrazonada y arbitraria de las remuneraciones de los magistrados, dispuesta fuera de un contexto de emergencia general o desproporcionada con la gravedad de aquella. Luego, es claro que el art. 154 de la Constitución Provincial recepta la cláusula de intangibilidad con excepción de los aportes a los sistemas de seguridad y previsión social que fije la ley
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pallasa, Manuel c/ C.P.A.C.F. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

La existencia del recurso judicial directo previsto por el art. 47 de la ley 23.187 contra las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, en el que también puede discutirse la legalidad del procedimiento seguido y los vicios con los que pudo verse afectado el abogado, se exhibe, acorde con el principio de concentración, como un medio apto a fin de salvaguardar los derechos que la apelante reputa conculcados por actos no definitivos, que no tienen de forma manifiesta las características que el actor aduce.
Inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que omitió efectuar un escrutinio estricto de la conducta del trabajador a efectos de determinar si, efectivamente, las circunstancias en cuyo marco invocó ciertos preceptos o ejerció ciertos derechos propios de ese régimen de la ley 24.557 -al cual, en principio, tenía la obligación de sujetarse- autorizaban a considerar que actuó en forma incompatible con la posterior promoción de un reclamo judicial basado en la inconstitucionalidad de la norma que, dentro del mismo régimen, exime de responsabilidad civil al empleador (art. 39, inc. 1) (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gaifer S.R.L. c/ Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-31

El Superior Tribunal de Justicia in re "Persolja de Ravera c/IAPS", 7-3-96, donde se estableció que: "las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año computado desde que la correspondiente obligación es exigible", no contemplando dicha normativa específica, causal alguna de suspensión de la prescripción que dispone el art. 3986 segunda parte del Código Civil no rige en materia comercial.
Concursos, honorarios, monto del juicio, clausura preventiva, clausura del procedimiento, acreedor, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHEINSOHN, HORACIO JOSE c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-21

Cuando, como en el caso, el concurso se clausuró por falta de acreedores (conf. LCQ 229 2° párr.), a los efectos de cuantificar la retribución de los profesionales intervinientes, resulta de aplicación la directiva contenida en el art. 268-2° de la ley citada. De dicha norma se sigue que no hay porcentualidades ni base de cálculo, de manera que la remuneración debe efectuarse atendiendo a la labor realizada (Rouillon "Régimen de Concurso y Quiebras", pág. 358, Ed. Astrea).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, caducidad, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGIEDA, NORMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

Respecto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 11330 fundado en el precedente "Vacca", el Tribunal señaló que el mismo prescinde de las concretas razones que lo singularizan y que, como señaló, no concurrían en estos autos, frente a lo cual las alegaciones vertidas por la recurrente no alcanzan a persuadir que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte provincial, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 30. - Jurisprudencia concordante con Samaniego, AyS T 305, p 118/122, sumario J0047780.
Honorarios, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: APANIAN J. c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-02

Si la sentencia en la que se regularon honorarios no incluyó las correspondientes a la labor procuratoria, esta omisión debió ser denunciada oportunamente por el interesado mediante las vías legales que el rito le acuerda (art. 362 C.P.C.), para lograr un pronunciamiento al respecto. Al no haber obrado así, quedó firme aquella resolución en los límites en que ella fue concebida con relación a los honorarios profesionales, por lo que en atención al principio de seguridad jurídica que informa el instituto de la cosa juzgada no puede alterarse la situación que causa estado.

Esta situación no desatiende los derechos creditorios del letrado interviniente; el mismo contó con la oportunidad legal para ejercer su derecho de defensa con relación a sus intereses: si no hizo uso de la misma sólo él es responsable de la situación planteada. No puede invocarse en contra de esta solución el carácter de orden público declamado en el arancel (art. 2 Ley 7269) pues el mismo no basta para prescindir del principio de estabilidad de las decisiones judiciales que también interesan al orden público y que reviste jerarquía constitucional. Por otra parte, con nuestra tesis se tienen en cuenta los derechos del condenado en costas quien debe ver definitivamente fijada la acreencia para tener la posibilidad de cancelarla mediante el efecto liberatorio que emana del pago o asumir las demás actitudes que entienda corresponder.

Sin embargo, no es ese el sentido de nuestro voto en esta oportunidad: la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el criterio opuesto al conocer de un recurso extraordinario articulado contra una resolución de la Sala en lo Laboral de este Alto Cuerpo. Por razones de economía procesal entendemos debe acatarse lo decidido por el Superior, y en su mérito, acceder al planteo reconociéndole el derecho a honorarios por la labor procuratoria cumplida (Voto de los Dres. Ayán, Berardo y Bonadero por sus fundamentos).-
Acusación, falta de acusación, nulidad absoluta, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: G., R. L. - S., W. N. - P., V. O. s/ Robo Agravado en Poblado y en Banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-30

La ausencia de acusación o la deficiencia de la formulada, vician de nulidad todos los actos posteriores a la oportunidad en que debió cumplirse o en que se cumplió defectuosamente.- Esa nulidad es de carácter absoluto porque afecta la intervención del imputado con alteración de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Mutuo comercial, intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINANCIACIONES Y MANDATOS SA CIA. FINANC. c/ GUTIERREZ  SEGU,  HECTOR VALENTIN Y MARQUEZ DE GUTIERREZ SEGU, RAQUEL N. C. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

En caso de que los intereses convenidos en un mutuo celebrado por una entidad financiera hayan dejado de ser fijados por el BCRA, o no sea factible su determinación, se aplicará en el lapso de carencia una tasa equivalente a la que cobre el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días, capitalizables por igual lapso (arg. CCIV 622 y CCOM 565 y CCOM, en pleno, 2/10/91, "Uzal SA c/ Moreno, Enrique s/ ejecutivo").
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios, intereses, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohábitat SA Emepa SA UTE (Resol 172/2014) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Los honorarios del letrado patrocinante en la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, deben fijarse en un 25 % de la compensación que corresponda por la labor de patrocinio en el recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con la proporción que, en materia de mínimos, establece el art. 31 de la ley n° 5134. Ello así, debido a que la sentencia recurrida fue revocada en todas sus partes en favor del apelante y, por ello, el patrocinio letrado en el recurso de inconstitucionalidad debe ser compensado con un 40 % (art. 30 de la ley n° 5134) de lo que resulte de adicionar al monto de la regulación establecida por el tribunal a quo, los intereses a la tasa establecida por el artículo 53 de la ley n° 5134, desde la fecha de esa resolución hasta la de la liquidación de la cantidad que surge de este pronunciamiento (cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sarmiento, Fernando Daniel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)", expte. n° 15203/18; sentencia del 07-10-2020). Esto, salvo que el resultado de aplicar la fórmula indicada resulte menor al mínimo fijado en UMA, medidas a su valor a la fecha en que fuera aprobada la liquidación, en cuyo caso corresponderá el pago del mínimo legal, de acuerdo a las proporciones establecidas. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MIRANDA, MONICA HANNA DE; LAURIA, MARIA BORZOTTI DE Y VALENTI, REBECA SUSANA LOPEZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 175-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-10-03

A los fines de que se produzca la purga de la perención de instancia en el Recurso Contencioso Administrativo, y en virtud de lo dispuesto por el art 23 de la ley 4106, resulta aplicable para resolver la cuestión el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, según el cual, la declaración de caducidad puede ser solicitada por los litigantes por vía de excepción, antes de consentir ningún trámite. Es decir, que en nuestro sistema procesal, es necesario que la parte interesada en obtener aquella declaración, preste su consentimiento a que la instancia continúe (luego de anoticiado de un acto impulsorio posterior al vencimiento del plazo).
Cesión de derechos, cesión de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marengo, Ricardo Raúl c/ Fabro, Mario Oscar y otro s/ Ejecución hipotecaria Tripodi, Maria c/ Gonzalez, Eduardo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15|1997-04-29

Se presume que el acreedor hipotecario ha aceptado la delegación de deuda efectuada por el primitivo deudor hacia el comprador del inmueble hipotecado, cuando inicia o prosigue la ejecución contra este último. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem, resolución denegatoria, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de requerimiento de juicio: Alippi, Marcelo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

Corresponde rechazar la queja toda vez que la discusión propuesta por la fiscalía en cuanto a la afectación a la garantía del ne bis in ídem sólo permite entrever su discrepancia con el modo en que la Sala resolvió el caso llevado a su conocimiento, pues omite explicar los motivos por los cuales considera conculcados los principios y garantías que invoca y menos aún establecer su relación con lo decidido. No puede considerarse entonces reunido el recaudo exigido por el art. 26, ley n° 402 para habilitar la intervención de este Tribunal. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Costas, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salgado, Eduardo S. y otro c/ Estamatti, Mirta R. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-18

En función de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Procesal Civil y Comercial, la regla es que la obligación de pagar las costas es simplemente mancomunada y que la solidaridad se d sólo cuando reviste idéntico carácter la obligación principal controvertida en el proceso y siempre que la resolución que las imponga así lo establezca.
Pago, depósito judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andrade, Jorge Máximo s/ Incidente de ejecución de honorarios en autos: Echevarría Escudero,  Francisco Javier c/Transbur S.R.L. s/Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-27

Cuando se trata de un pago realizado en el proceso -como aquí acontece- los efectos cancelatorios propios de tal instituto tienen lugar desde que el acreedor queda formalmente enterado del depósito judicial de la suma adeudada pero a condición que los fondos se encuentren disponibles.
Querellante, legitimación activa, padres, homicidio, falso testimonio, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BTESH, Jaime J. s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-22

Los padres de la víctima de homicidio están facultados a ejercer los derechos que la ley atribuye al particularmente ofendido, art. 82, C.P.P., como también pueden revestir este carácter en relación al denunciado falso testimonio del único testigo presencial del hecho, cuya directa relación con aquél resulta evidente y en relación al cual están instando su esclarecimiento.

Se ha dicho que 'si bien el delito de falso testimonio conforma una de aquellas infracciones penales que afectan directamente a la administración de justicia -su sistemática ubicación en el Código Penal entre los delitos contra la administración pública así lo estigmatiza-, ello no obsta a que simultáneamente su perpetración pueda ofender otros bienes particulares jurídicamente protegidos'.
Medios de prueba, reconocimiento por fotografía, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-05

Si a raíz de la delegación de la investigación, la fiscal requirió vistas fotográficas de personas de similares características a las de quien se encuentra identificado y se las exhibió a la damnificada, quien refirió que uno de ellos podría ser el autor del hecho investigado; no se se aprecia que se haya conculcado garantía constitucional alguna que amerite fulminar de nulidad el acto realizado. Ello, toda vez que se trató de una medida tendiente a encausar la investigación a fin de dar con el autor del ilícito denunciado, debido a la imposibilidad de la a quo de ubicar a la persona que se encuentra identificada, para así poder formular una imputación puesto que, no hay persona imputada de la comisión del ilícito. No puede tildarse de irregular la medida llevada a cabo que importe una declaración de invalidez; ello, sin perjuicio del valor probatorio que se le otorgue al resultado obtenido. Se trata de una diligencia "eminentemente investigativa, de inteligencia y preliminar a imputación alguna ... o como un simple "medio de investigación" a los que define como aquellos que tienden a comprobar la realización de los hechos delictivos y a averiguar la autoría de los mismos para fundamentar y la apertura del juicio oral... . En consecuencia, corresponde revocar el auto que declaró la nulidad que documenta el reconocimiento por vistas fotográficas.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, reforma del Estado, suspensión de juicios contra el Estado, depósito judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEGUROS S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO AUSTRALES (A10.258,95.-)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Aerolíneas Argentinas sostiene que la suspensión de la ejecución pedida con base en la Ley 23.696, debe alcanzar inclusive a los fondos depositados en el expediente con anterioridad a la vigencia de dicha ley, habida cuenta que el art. 50 de ese cuerpo legal no distingue sobre el particular, planteándose así un problema de interpretación de ley federal que torna procedente la concesión del recurso, no obstante la falta de reserva del "caso federal".
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, reincidencia, declaración de reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Santillán, Carlos Alberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

La decisión de la Cámara de declarar reincidente al procesado "ante la omisión del sentenciante" resulta violatoria de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio (art. 18, C.N.) en tanto la declaración de reincidencia aparece ex novo en el trámite del expediente, sin que las partes pudieran expedirse a su respecto. De ese modo el pronunciamiento avanzó ilegítimamente sobre la situación procesal alcanzada por el imputado, incorporando tal declaración que produce en cuanto al mismo efectos jurídicos más gravosos con la consecuente conculcación de sus garantías constitucionales (art. 18, cit.).
Violencia de género, restricción de acercamiento, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: T., N. c/ G., M. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

Atento a la inexistencia de requerimiento por parte del Ministerio Público de la Acusación, no corresponde la intervención del fuero penal en el trámite de la presente causa, debiendo continuar entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, toda vez que esta Corte ha explicado recientemente que una vez resuelta la medida requerida en los términos del artículo 26 de la ley nacional 26485, de no subsistir razones que justifiquen el mantenimiento de la jurisdicción penal ante la ausencia de peticiones vinculadas a la investigación penal preparatoria de los hechos presuntamente delictivos por parte del titular de la acción penal, la actuación del magistrado del Colegio de Jueces penales debe concluir, correspondiendo en adelante la sustanciación del trámite previsto en la norma de mención, ante el fuero que a tal fin corresponda. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 312, p 333. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículo 26. - Jurisprudencia vinculada: G., R. N., AyS T 313, p 270/272, sumario J0049162; R., N. A., AyS T 313, p 288/290, sumario J0049156.
Caducidad de instancia, llamamiento de autos, tasa de justicia, incidentes, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ HAWAI Y OTROS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

No debe declararse la perención de la instancia aunque haya transcurrido el lapso previsto por el art. 310, Inc. 11, código procesal, si la causa se encuentra en estado de dictar sentencia -la parte actora ya presentó su alegato-, y las cuestiones atinentes a la tasa de justicia deben ser sustanciadas en incidente por separado, no impidiendo este incidente la prosecución del trámite normal del juicio (cfr. Art. 11, In fine, ley 23.898).
Prescripción, dispensa de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: BELEIZAN, Omar Leovides c/ MOLNIS, Jorge Eduardo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-03-28

La dispensa de la prescripción debe basarse en circunstancias concretas que configuren violencia moral o intimidación y que deben ser invocadas y probadas. A tales fines se considera insuficiente la mera invocación de la situación de dependencia laboral por carecer por sí sola de entidad para viciar la voluntad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, hábeas corpus, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ambrosino, Miriam G. y ot. c/ Obra Social del Personal deRefinerías de Maíz s/ pago de diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Si los actos que se invocan como lesivos pueden ser atribuídos tanto a autoridades nacionales como provinciales, atento la naturaleza propia del hábeas corpus, corresponde continuar con el trámite de las actuaciones la justicia federal, que ya se encuentra entendiendo en él y que estaría delimitando los hechos que originaron la acción, sin perjuicio de lo que surja del trámite ulterior.