Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-04-14


ACUERDO En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 14 días del mes de abril de 2003, se reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Doctores Mario Arturo Robbio, Ricardo J. Klass y María del Carmen Battaini, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados ASCHNITMAN, Clara Sonia s/ Estafa@, expte. n1 593/03 STJ-SR.

ANTECEDENTES 1.-	Con fecha 26 de septiembre de 2002, el Tribunal de Juicio en lo Criminal condenó a Clara Sonia Schnitman a la pena de seis (6) meses de prisión en suspenso y costas, como autora material y penalmente responsable de los delitos de estafas reiteradas (arts. 172 y 55 del Cód. Penal) por los hechos cometidos en la ciudad de Río Grande, los días 5 de mayo y 19 de junio de 1992, en perjuicio del Hospital Regional de Río Grande (sentencia de fs. 400/412).

2.-	Contra dicha decisión, la defensa interpuso recurso de casación a fs. 420/ 428.

ANuestro embate tiene como objetivo casar la sentencia de marras en virtud de su carácter arbitrario, desprendido de la absurda valoración de la prueba y de la errónea subsunción del hecho al que consideramos atípico@ (punto IV: AExpresión de los motivos@, fs. 421).

Explica que la concurrencia de tal vicio deriva de la falta de acreditación del Aardid@ o Aengaño@ requerido por el tipo penal (fs. 421vta.). Tras efectuar una larga transcripción de los votos de los integrantes del tribunal de mérito (fs. 423/425vta.), expresa que la ausencia de los testimonios de los cajeros del entonces Banco del Territorio que atendieron a su asistida impide saber a ciencia cierta cuál fue el ardid o engaño desarrollado por Schnitman (fs. 426/428). A la par, recuerda que la normativa que regía la operación impedía el depósito de los cartulares tal cual se le atribuye a su pupila (fs. 427 vta./428).

A fs. 432/433, el a quo concedió el remedio procesal intentado.

3.-	Radicadas las actuaciones ante esta instancia, se corrió vista al Titular del Ministerio Público Fiscal quien, en su dictamen de fs. 441/443, propició declarar la nulidad de la proposición fiscal de omisión de debate, de su aceptación por parte de la imputada y su defensor, del auto por el cual se resolvió omitir el debate y pasar a deliberar, y de la sentencia atacada, en virtud de los arts. 151 de la Constitución Provincial y 154 inc. 21, 155 y 159 del C.P.P..

Llamados que fueron los autos al Acuerdo (fs. 444), la causa se encuentra en estado de ser resuelta, disponiendo el Tribunal formular y votar las siguientes:

CUESTIONES Primera:	)Es válido el procedimiento de omisión de debate seguido en autos? Segunda:	)Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Mario Arturo Robbio dijo:

1.-	Para dar respuesta a la cuestión formulada corresponde evaluar la validez del procedimiento bajo el prisma de las normas contenidas en la Constitución Provincial.

En su dictamen de fs. 441/443 el Sr. Fiscal ante este Estrado propició que se declare la nulidad de la propuesta fiscal de omisión de debate de fs. 277 y de todos los actos consecutivos que de ésta dependan, por contravenir la norma del art. 151 de la Constitución Provincial.

Dicha cláusula expresa: ALa ley asegurará el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años, en las que los procesados fueren funcionarios públicos, en las que se investiguen delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, cualquiera sea la pena prevista para sancionarlos, y en las demás causas que determine la ley@.

En autos, la subsunción del hecho en esta norma radicaría en que a la imputada se le atribuye un ilícito que afectó el patrimonio provincial: A...los días 5 de mayo y 19 de junio de 1992 Clara Sonia Schnitman endosó -en nombre del Hospital Regional de Río Grande- los cheques nros. 10740910, 10741183 y 11639860 del Banco de la Provincia de La Pampa, librados por OSPECON (obra social de U.O.C.R.A.) En favor del referido nosocomio, cartulares que fueron acreditados en la cuenta corriente de la imputada (n1 03720261/3) por un importe total de $ 31.381,94 (pesos treinta y un mil trescientos ochenta y uno con 94/100), disponiendo inmediatamente para sí de tal monto@ (requerimiento fiscal de remisión de la causa a juicio de fs. 236/238).

Se trata, como sostiene el Tribunal de Juicio en su pronunciamiento, de un delito cometido en perjuicio del Hospital Regional: A...la >calidad simulada= de representante del Hospital Regional de Río Grande invocada falsamente por Schnitman frente al Banco del Territorio, al presentar los cheques al cobro, si bien indujo a error a la entidad crediticia, en realidad a quien perjudicó fue al Hospital Regional de Río Grande, que fue en definitiva el que sufrió el trastorno económico y patrimonial, al no haber contado con el dinero que la agente desvió en su provecho@ (del voto del Dr. Bet, fs. 405vta.). Ello también quedó reflejado en la parte final del punto 11 de la parte dispositiva del fallo.

2.-	Asiste razón al Dr. Carlos D. Bassanetti cuando señala que esta cuestión ya fue tratada y resuelta por este Superior Tribunal en los autos AMerayo Núñez, Leopoldo Dante s/ Defraudación a la administración pública a través de abuso de firma en blanco@ -expte. n1 350/99 SR del 23.02.2000, registrado en el Libro VI, f1 41/45- y ASaucedo, Armando Daniel s/ Administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública@ -expte. n1 498/02 SR del 12.04.2002, Libro VIII, f1 253/ 260-.

He de adelantar mi opinión en cuanto comparto el criterio fijado en aquellos precedentes. Por ello, considero prudente transcribir algunos de los fundamentos allí expuestos que graficarán claramente mi posición al respecto.

A3. En autos se hizo aplicación del art. 324 del Código Procesal Penal que autoriza, en determinados supuestos y con la conformidad de las partes, a omitir la realización de la audiencia de debate.

Dicha previsión involucra también los preceptos contenidos en el citado art. 151, pues la omisión significa imponer al proceso un trámite casi exclusivamente escritural. De la lectura de las normas interesadas, resulta relevante que si bien el legislador en la redacción del art. 324 no excluyó en forma expresa su aplicación a los supuestos transcriptos en el considerando que antecede, no resulta dudoso que en aquellos casos la norma legal se torna inaplicable ya que cede ante una cláusula de jerarquía superior que asegura, sin excepciones, el juzgamiento en instancia única, oral y pública.

Sabido es que la tarea del juzgador debe tender a lograr una interpretación sistemática que dé sentido a cada disposición, sin suponer superposiciones normativas ni inconsecuencias en el legislador (este Tribunal in re >I.P.P.S. c/ Vera, Jorge N. s/ Incidente de oposición al pago de tasa de justicia= -expte. n1 58/95 SDO del 05.07.95, Libro II, f1 134/135-; >Hernández Hernández, José Eduardo y Negrón, Joaquín Eduardo s/ Tentativa de robo= -expte. n1 268/98 SR del 18.02.99, Libro V, f1 44/49-; entre muchos otros). En igual sentido, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que >...es reconocido como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que oponga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por lo que es criterio adecuado para la interpretación de las normas, seguir aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto= (Fallos, 305:538 y 657; citado por este Tribunal en >Gerlos=).

Bajo este prisma, encontramos que, cualquiera sea la pena prevista, tanto en los casos de procesados funcionarios públicos o cuando se investigan delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública provincial o municipal, la Constitución impone reglas que establecen la inaplicabilidad del art. 324.

En el restante supuesto del art. 151, se advierte que ambas normas utilizan pautas distintas: mientras la Constitución fija el juzgamiento en instancia única, oral y pública en las causas penales en las que se juzguen delitos para los cuales se encuentre prevista pena privativa de la libertad cuyo máximo supere los seis años; el Código Procesal posibilita la omisión del debate >...cuando el Ministerio Público Fiscal estime suficiente la imposición de una pena no mayor a tres (3) años de privación de la libertad, de multa o de inhabilitación, aún en forma conjunta...=. Es decir, una norma refiere al máximo punitivo previsto en la ley, mientras la otra remite a la pena pedida por el fiscal. No se advierte oposición entre ambos preceptos, aún cuando existan figuras penales que, quedando aprehendidas por el art. 151, por el mínimo de pena autorizan a los fiscales a solicitar la omisión del debate (por ej.: arts. 91: lesiones gravísimas; 167: robo agravado; 210: asociación ilícita; entre muchos otros). Integrando ambas normas, se concluye que del universo de delitos que autorizan al Ministerio Público Fiscal a solicitar tal omisión, ésta sólo será procedente en aquellos casos en que, además, la sanción prevista no supere una pena privativa de la libertad de seis años, tal como establece el art. 151.

Como se ve, en ningún caso las normas se confrontan; antes bien, se complementan.

(...) 5. No caben dudas de que el sub exámine queda comprendido dentro del tercer supuesto de aquellas causas penales para las que la Constitución Provincial impone el juzgamiento en instancia única, oral y pública, atento a la gravedad que, desde un punto de vista social, posee el tratamiento de un hecho grave, la comisión de delito por parte de un funcionario público o el ataque contra un bien jurídico que trasciende intereses y derechos de los particulares.

La claridad con que el convencional constituyente Demetrio E. Martinelli se pronunció en el tratamiento de este tema exime de mayores comentarios: >...el mandato constitucional, hoy preciso y concreto, es que estas causas, las causas penales graves, aquellas que sean realmente llamativas para la comunidad (...) y los delitos contra el Estado por la gravedad que tienen desde el punto de vista social (...) Estamos haciendo una diferente calificación de la gravedad de los delitos por las penas, por el bien jurídico protegido y por las personas responsables de los delitos en cuestión...=.

En estos casos, el constituyente entendió que la oralidad -con la publicidad que ésta conlleva- excede el simple interés del imputado para alojarse como un verdadero principio de índole republicano (ver Clariá Olmedo, Jorge A., >Derecho Procesal Penal=, T. III, actualizado por Jorge Raúl Montero, Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 97). Por ello, la omisión del debate deja de ser disponible para las partes.

3.-	Advertida la existencia de uno de los supuestos previstos en el art. 151 de la Constitución Provincial, se impone el tratamiento oficioso de la cuestión.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: "Si bien las sentencias de la Corte Suprema deben limitarse a lo peticionado en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada" ("Terzaghi" del 15.12.98, Fallos, 321:3498; criterio ya expuesto en Fallos, 319:192, 1496; en igual sentido: S.T.Neuquén, "Mellín Nora Raquel v. Astra y otros s/ Accidente -Acción civil-" del 03.04.95, Jurisprudencia Argentina, documento n1 17.3765).

No escapa a mi conocimiento que, en autos, ninguna de las partes ha alegado la existencia de perjuicio en virtud del defecto procesal bajo examen. De hecho, las partes han consentido desoír este mandato constitucional.

Ello no puede constituir un obstáculo para que este Tribunal, en su carácter de intérprete último de la Ley Fundamental local y principal garante de su plena vigencia, ingrese oficiosamente a su tratamiento y resolución de la cuestión, máxime tratándose de un extremo que mereció la especial atención de la Convención Constituyente que, encontrándose en debate su incorporación como una norma transitoria hasta la organización definitiva del Poder Judicial en la Provincia, prefirió fijarla como una cláusula permanente (conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, tomo II, 1991, págs. 991/994) En suma, el a quo y las partes no debieron apartarse de las formas constitucionales que, por ser de orden público, no pueden ser modificadas.

4.-	Sobre este punto en "Merayo Núñez" se dijo:

AEn distintos precedentes, ha expresado este Tribunal que los intervinientes en el proceso no pueden apartarse de las formas establecidas (>Raña, Luis Angel s/ Amenazas calificadas= -expte. n1 120/96 SR del 30.10.96, Libro II, f1 397- y >Franco Leonardo Alejandro s/ Abuso deshonesto s/ Recurso de Habeas Corpus= -expte. n1 119/96 SR del 06.12.96, Libro II, f1 454/459-), extremo que adquiere mayor relieve en el presente caso en que la manda inobservada desciende al proceso penal de una norma de carácter constitucional.

(...) en el sub examine nos encontramos frente a un caso de nulidad >virtual= o >implícita=, es decir, aquélla que aún sin estar prevista en forma expresa, surge a partir del acto que se efectúa desatendiendo exigencias contenidas en las normas que regulan su realización y presenta situaciones de conflicto en el proceso que sólo pueden ser superadas mediante la declaración de nulidad, >...tales son los casos en los que se han violado prohibiciones explícitas o implícitas de las leyes procesales o de fondo, o contenidas en normas constitucionales, o no se cumplen exigencias estrictas contenidas en ellas, con evidente perjuicio para la regularidad del proceso y, por tanto, notoriamente demostrativos de la improcedencia del trámite= (ver Creus, Carlos, >Invalidez de los actos procesales penales=, Astrea, 1995, pág. 45 y ss.; también: Abalos, Raúl Washington, >Derecho Procesal Penal=, T. II, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1993, pág. 336).

5.-	De acuerdo a lo expuesto, sólo cabe anular la proposición de omisión de debate de fs. 277 y todos los actos consecutivos que de ésta dependan (art. 159 del C.P.P.), esto es, su aceptación por parte de la imputada y su defensor (fs. 366, ratificada a fs. 386), el auto de fs. 398 por el cual se resolvió omitir el debate y pasar a deliberar, y la sentencia de fs. 400/412, pues a partir de dicho acto se imprimió una dinámica procesal errónea, excediendo la intervención del tribunal y de las partes el marco constitucional.

Ello constituye una nulidad de carácter absoluto a la luz del inciso 21 del art. 154: "Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: ...21) A la intervención del Juez, Ministerio Público Fiscal y parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria"; ya que la fiscalía no pudo proponer la omisión de debate ni el tribunal aceptarla y dictar sentencia. Ello desembocó en un desarrollo incompatible con el art. 151 de la Constitución Provincial (art. 155, última parte).

Asimismo, corresponde disponer la devolución de las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal para que, previa integración de acuerdo a lo previsto en el art. 76 de la ley n1 110 y teniendo presente las pruebas admitidas por el tribunal a fs. 293, lleve a cabo la audiencia de debate oral y público, y dicte sentencia.

Esta remisión deviene obligatoria a la luz de lo dispuesto por el art. 434 del código de rito: ASi hubiera inobservancia de las normas procesales, anulará lo actuado y remitirá el proceso al Tribunal que corresponda, para su sustanciación@ y a la doctrina sentada por este Superior Tribunal en otros pronunciamientos, en cuanto a que la competencia emergente del recurso extraordinario de casación, preserva el juicio de mérito propio de las instancias ordinarias; las que en modo alguno pueden ser sustituidas por la actuación de este tribunal (criterio expuesto en AVelázquez Vera, Romilio Anselmo s/ Homicidio; lesiones leves y daño - Incidente de excarcelación de Duamante Cárdenas, Segundo Alfonso@ -expte. n1 32/95 SR del 31.05.95, Libro I, f1 46/51-; AKenia Fueguina S.A. s/ Solicitud de Apertura de Concurso Prevent.@ -expte. n1 41/95 SR del 15.11.95, Libro I, f1 129/ 133-; AGuardería Tortuguita s/ Daño - Imputado: Godoy González, Javier@ -expte. n1 53/95 SR del 14.12.95, Libro I, f1 153/ 162; entre muchos otros).

6.-	Por último, entiendo útil formular las siguientes observaciones:

Llama la atención la crítica al procedimiento de omisión de debate que formula el Dr. Eduardo de la Puente a fs. 426: AEn principio, téngase en cuenta que la sentencia definitiva del Tribunal de Juicio llega a través de un largo proceso escrito en razón de la omisión de debate propuesta a instancias del agente fiscal. Por consiguiente, no hubo oportunidad para que esta parte controvierta la pertinaz posición del judicante para sostener la tipicidad del hecho, más allá de las reiteradas defensas escritas y de los recursos intentados en vano por los diversos asistentes de la recurrente@ (el resaltado me pertenece). Y digo que resulta llamativo porque fue la propia imputada, con la asistencia técnica del Dr. De la Puente, quien a fs. 366 y 386 prestó consentimiento para omitir el debate, máxime teniendo en cuenta que en forma previa la defensa pública había manifestado su disconformidad (ver fs. 283).

Lo expuesto define una intervención profesional carente de coherencia y contraria a la seriedad exigible al rol técnico asumido. Si, efectivamente, la omisión del debate impidió a la defensa desarrollar su ministerio con la amplitud necesaria, el letrado no debió aceptar tal propuesta. Nada lo obligaba a ello.

Por otro lado, es de destacar que teniendo conocimiento el Tribunal de Juicio de la posición de este Superior Tribunal respecto del alcance del art. 151 de la Constitución Provincial pues los expedientes AMerayo Núñez@ y ASaucedo@ tramitaron ante ese Estrado, a fs. 398 (con fecha 26 de septiembre de 2002) el a quo ninguna consideración ha efectuado sobre el punto. Es claro que el apartamiento del criterio expuesto por este Tribunal debió ir acompañado de los argumentos que avalaran tal postura. Sin más, sólo cabe recordar que en "Saucedo" el a quo rechazó tal ofrecimiento en virtud, precisamente, del criterio expuesto en "Merayo Núñez".

Tal situación no alcanza el ofrecimiento fiscal de omisión de debate de fs. 277, toda vez que éste fue formulado con anterioridad al dictado de aquellos precedentes; aunque sí cabe resaltar que el representante del Ministerio Público de primera instancia, como custodio del principio de legalidad, debió abstenerse de proponer un procedimiento vedado por el art. 151 de la Constitución Provincial para un caso como el presente.

Por todo lo expuesto en los considerandos que anteceden, a la primera cuestión voto por la negativa.

A la primera cuestión el Dr. Ricardo J. Klass dijo:

Comparto plenamente el criterio brindado y la decisión expuesta por el Dr. Robbio, por lo que adhiero al voto que precede (conf. doctr. "Trujillo Nores, Juana s/ Sucesión ab intestato" -expte. 519/02 SR del 06.11.2002, Libro VIII, f1 635/641-, reiterada, entre otros, en "Municipalidad de la Ciudad de Río Grande c/ Tello, Luis César y otros s/ Sumarísimo" -expte. n1 537/02 SR del 13.11.2002, Libro VIII, fs. 652/658-).

A la primera cuestión la Dra. María del Carmen Battaini dijo:	Comparto los fundamentos vertidos por el ponente, votando en igual sentido.

A la segunda cuestión el Dr. Mario Arturo Robbio dijo:

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo declarar la nulidad de la proposición fiscal de omisión de debate de fs. 277, de su aceptación por parte de la imputada y su defensor (fs. 366, ratificada a fs. 386), del auto de fs. 398 por el cual se resolvió omitir el debate y pasar a deliberar, y de la sentencia de fs. 400/412.

Cabe, también, devolver las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal para que, previa integración, realice el debate oral y público y dicte un nuevo pronunciamiento.

Sin costas, atento a que el dictado de la nulidad fue abordado en forma oficiosa, de acuerdo a la segunda parte del art. 492 del C.P.P.. Así voto.

A la segunda cuestión el Dr. Ricardo J. Klass dijo:

Por las razones ya expresadas, adhiero a la propuesta del preopinante. Así voto.

A la segunda cuestión la Dra. María del Carmen Battaini dijo:

En virtud de la respuesta dada a la primera cuestión, corresponde declarar la nulidad de la propuesta fiscal de omisión de debate de fs. 277 y de todos los actos consecutivos que de ésta dependan. Sin costas (art. 492, segunda parte, del C.P.P.). Así voto.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente	SENTENCIA Ushuaia, 14 de abril de 2003.

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede	EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	RESUELVE:

11.-	DECLARAR LA NULIDAD de la proposición fiscal de omisión de debate de fs. 277, de su aceptación por parte de la imputada y su defensor (fs. 366, ratificada a fs. 386), del auto de fs. 398 por el cual se resolvió omitir el debate y pasar a deliberar, y de la sentencia de fs. 400/412, de acuerdo a lo establecido por los arts. 154 inc. 21, 155 y 159 del C.P.P. y 151 de la Constitución Provincial. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

21.-	REMITIR las actuaciones al Tribunal de Juicio en lo Criminal para que, previa integración (art. 76 de la ley 110), realice el debate oral y público y dicte un nuevo pronunciamiento.

3 .-	MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo.: María del Carmen Battaini - Ricardo J. Klass - Mario Arturo Robbio Secretario: Jorge P. Tenaillon T1 IX, F1 154/160