marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepción de incompetencia, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Droguería Junín S.A. c/ Asociación de Obras Sociales de Coronel Suárez s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Corresponde eximir del pago de las costas al actor vencido en la excepción de incompetencia cuando el propio demandado ha sido el causante de la iniciación del litigio ante la justicia provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INGINO, RAQUEL ELOISA Y OTROS c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACTUALIZACION SEGURO (CSJ EXPTE N.  557-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-01

La noción de categoría en el sistema del seguro mutual se traduce en un equivalente económico que toma como referencia distintos niveles de sueldo en un momento determinado. En el sub examine, si bien es cierto que la primera categoría del decreto 773-89 se trasladó a una séptima del decreto posterior 2757-89, con la conversión efectuada se resguardó el mantenimiento del seguro en su monto y el mantenimiento de la cuota, en la misma forma que hubiera ocurrido de practicarse el cálculo con la vieja escala. Por tanto, la desinterpretación que de los dispositivos legales efectuara el Tribunal a-quo (al identificar las categorías de un decreto de escalas con las categorías del decreto posterior), sitúan al decisorio impugnado en el terreno de la arbitrariedad, determinando la procedencia del recurso de inconstitucionalidad planteado y la remisión de la causa a un Tribunal subrogante a fin de que se pronuncie de conformidad a las pautas fijadas.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, proceso penal, imputado, unificación de penas
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MURRAY, PATRICIO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Los agravios que formula la recurrente, por considerar que se habría desconocido un acuerdo de partes acerca del método de unificación y de una modalidad de cumplimiento que serían más beneficiosos para el condenado, resultan procedentes, toda vez que en autos la mayoría de la Sala al momento de determinar la pena se limitó a reseñar y sostener su criterio en relación al método aplicable en supuestos de unificación de pena, sin conectar tal temperamento con las circunstancias particulares del caso, desatendiendo así las alegaciones formuladas al respecto tanto por la defensa como por la acusación -en orden al perfil del acusado y su situación de salud y el contexto de robo intrafamiliar- e incumpliendo con la debida fundamentación en la cuantificación concreta del castigo penal -impuesta por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia-, extremo que habilita la descalificación de la decisión sobre esta cuestión por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. (Del voto del Dr. Gutiérrez. En disidencia: Dres. Netri, Spuler y Falistocco).
Arraigo, Convención de la Haya sobre Procedimiento Civil
Materia: PROCESAL
Carátula: CUPRUM SA DE CV c/ GUILLERMO DECKER SAICAFEI s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

En la Convención aprobada por ley 23.502 expresamente se estableció -en el art. 17-que no cabe imponer caución o depósito, por su condición de extranjeros o por falta de domicilio o residencia en el país a los nacionales de uno de los Estados contratantes que tengan su domicilio en uno de dichos estados y que sean demandantes o partes ante los tribunales de otro de estos Estados.
Quiebra, calificación de conducta, conducta fraudulenta, sociedades comerciales, síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA CASA DEL CAFE  S.A.  SOBRE QUIEBRA s/ INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-28

No puede considerarse al síndico social incurso en los hechos tipificantes que correspondan genéricamente a la sociedad, pues siendo sus funciones las de fiscalización, contralor, convocatoria a asamblea, etc. es menester dilucidar que actos y omisiones son concordantes con aquellas a los fines de la calificación de conducta. Por lo tanto, no le son aplicables las conductas de la lc:

235-1 y 4, si no intervino en las cuestiones reprochadas.
Costas, allanamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BENITEZ SIMEONA DELIA c/ MEDINA RICARDO OMAR Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-20

Jurisprudencia y doctrina están contestes en que para que el allanamiento tenga la virtualidad de liberar de costas al allanado, debe reunir ciertos recuados tales como: ser REAL -que extinga el proceso tornando procedente la prestación reclamada por el adversario-; INCONDICIONAL -que no se somete al cumplimiento de ningún acto sustancial ni procesal de la otra parte-, OPORTUNO -que importe una sumisión el primer requerimiento idóneo del acreedor, judicial o extrajudicial, EFECTIVO-ir seguido del cumplimiento de la prestación debida- y debe ser realizado por quien no está incurso en mora ni hubiere dado lugar con su actitud culpable a la reclamación.
Exceso ritual manifiesto, titularidad del dominio, prueba documental, doctrina de la arbitrariedad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Domene de Molina, María del Valle c/ Hoyos, Agustín s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

Cuenta el demandante con título suficiente respecto de la fracción inmueble objeto del proceso para fundar la acción de reivindicación promovida, pues al valorar la documentación acompañada no procede ampararse en el error incurrido al consignar los límites del inmueble en litigio, en tanto ello implicaría atentar contra la verdad jurídica objetiva y el adecuado servicio de justicia. En tal orden, esta Corte sostuvo que conferir supremacía a aspectos meramente formales de la controversia por encima de la justicia sustantiva subyacente, configura una conducta contraria a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Colalillo" (Fallos, 238:550), con arreglo a la cual no resulta lícito excluir la solución justa del caso por el apego estricto a las formas rituales, pues la renuncia consciente a la verdad que ello trasunta es incompatible con el servicio de justicia (Tomo 160:627; 187:211, entre otros).
Leyes, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Gral. José de San Martín c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-11

La ley de consolidación de la deuda pública, abreva en la noción de emergencia económica y se vincula con la distinción clásica entre las libertades civiles y penales y los derechos patrimoniales. Debe distinguirse entre emergencia política y emergencia económica ya que esta última no suspende las garantías, pero permite acotar el concepto de derecho adquirido y de libertad contractual. Las obligaciones pueden ser postergadas o modificadas sin alterar su esencia, o limitadas inclusive en su tasa de interés, en tanto no significan una confiscación. La ley de consolidación de la deuda pública es por su contenido y finalidad, de orden público en tanto este comprende el orden público económico.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), asegurador, seguros, cobertura, mora
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, MICHAEL MIRCO c/ TRIUNFO SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-02

El recurrente no aporta razones de peso en orden a persuadir -siquiera en una apreciación puramente mínima y provisional- de que la respuesta brindada por la Sala no se encuentre suficientemente fundada en una lectura posible de los hechos de la causa y del derecho aplicable, ni que resulte contradictoria con la Ley de Seguros o con la Ley de Defensa del Consumidor; sino que, por el contrario, dicha respuesta jurisdiccional luce acorde a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, si se tuvo por demostrada la existencia de la cláusula de cobranza del premio y al tiempo de la ocurrencia del siniestro el asegurado estaba incurso en la situación allí prevista de mora en el pago de la prima, no hay razón legal ni contractual por la cual la aseguradora deba responder. - CITAS: CSJN: Fallos 322:653, 327:3966; CSJStaFe: AyS T 269, p 101/107; T 259, p 317/319.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calatayud, Pablo s/ Sucesión.Incidente de regulación de honorarios Castello de Molachino, Eva c/ Molachino, Hugo Néstor y ot. s/ Revocación, reconstitución de patrimonio societario, etc. Alaman, Genaro y Reale de Alaman, Elvira c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11|1992-06-02|1991-08-27

Resultan ajenos a la casación los planteos recién formulados en el recurso de inaplicabilidad de ley.
Procedencia parcial, regulación de honorarios, conversión de moneda, acuerdo de partes, refinanciación hipotecaria, crédito privilegiado, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ollo, Rubén José y otro  c/ Maidana, José Alejandro  s/ incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-02-17

Procede parcialmente el recurso de apelación deducido por el letrado del incidentista, y en su mérito, ordenar calcular el crédito declarado admisible por honorarios y revocar la regulación de honorarios fijados en la resolución apelada, estableciendo los emolumentos el 1,62% (capital más intereses) a calcularse sobre la diferencia entre la conversión de su crédito al dólar oficial y la que resulta de aplicar el convenio de refinanciación celebrado entre las partes. Ello pues, los honorarios del profesional recurrente declarados admisibles por su accesoriedad deben seguir la suerte del crédito principal, en cuanto a su privilegio y monto, con lo cual al resolverse el crédito principal abarcando la totalidad del privilegio a la deuda en dólares estadounidenses y en su caso, calcularse al tipo de cambio fijado en el convenio de refinanciación, los honorarios siguen resguardados por la garantía hipotecaria. En cuanto a las costas de Alzada de este recurso deben imponerse en el orden causado, habida cuenta que la discusión sobre porcentuales regulatorios -tal como aconteció en el caso- guarda cierto grado de discrecionalidad y criterio del juez.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Estado Provincial, legitimación procesal, hospitales públicos, obligación subsidiaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ZORZOLI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-15

Es inadmisible la queja interpuesta por la Provincia contra la sentencia que la condenó en forma subsidiaria respecto del Hospital Provincial-, por cuanto pese a conferir a sus planteos un matiz constitucional, alegando que la Sala incurrió en apartamiento de un criterio vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber interpretado arbitrariamente el precedente "Boccara", no se hace cargo de lo considerado por la A quo respecto de que el mencionado pronunciamiento -además de confirmar lo resuelto en baja instancia en cuanto a la exclusión de la litis del Estado Nacional- "considera comprometida a la Nación como parte indirecta en el juicio a fin de declarar procedente el recurso ordinario de apelación", lo que unido a los fundamentos de índole normativa y doctrinaria que menciona, sustenta suficientemente -más allá del acierto o error que quepa atribuir a tales consideraciones- la solución a la que arriba.
AFIP DGI, resoluciones generales, contribuyentes, capacidad contributiva, presunciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ELINSTALL S.A.I.C. Y F. s/ IMPUESTO    A   LAS  GANANCIAS.  ANTICIPO  DE  IMPUESTOS-  INTERESES-  DEPRECIACION MONETARIA. ORDEN PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

Si el art. 3ro. de la Resolución General 1787 admite los efectos de la voluntad del contribuyente, sólo lo hace para adecuar la presunción de capacidad contributiva a su específica situación en el período en curso, en la medida en que la aplicación del criterio general de su art. 2do. conduzca a resultados insatisfactorios para aquél, pero sin virtualidad bastante como para que la opción ejercida pueda generar obligaciones patrimoniales mayores que las de quienes no ejercieron la opción.
Ejecución de sentencia, falsedad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: FELCHE, RAIMUNDO c/ CIA. ARG. DE SEGUROS MINERVA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

En cuanto a la excepción de falsedad de la ejecutoria debe desestimarse sin más habida cuenta de que tal defensa sólo puede fundarse en que la sentencia es falsa o lo es el testimonio con el cual se ejecuta o no se encuentra ejecutoriada a circunstancias que no fueron alegadas en la presente causa.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: " DELAMANO, Gastón J. s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

"Cabe recordar que la declaración de nulidad de un acto procesal presupone, de acuerdo con la interpretación restrictiva que rige en la materia y con los alcances de los principios de conservación y trascendencia, la acreditación de un perjuicio real y concreto respecto del orden del proceso y de las garantías que son su causa". "En este sentido lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal al considerar viable su declaración cuando "se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho. Y esto así, más allá de que se trate de una nulidad relativa o absoluta. En efecto, la garantía de defensa en juicio tiene carácter sustancial y por ello exige la acreditación del concreto perjuicio que pudo inferir el presunto vicio de procedimiento y la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber existido éste" (CNCP, Sala III "C.3561:

"Alincastro, Jorge R" del 9/4/02, reg. 137/02; C.4859: "Alais, Julio Alberto" del 23/4/04, reg.199.04.3, entre otras)""Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "su procedencia exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.

De otro modo, la sanción aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público" (CSJN : C.N°:A-63 XXXIV "Acosta, Leonardo y otro" del 4/5/00. Fallos 323:929)".
Sentencia arbitraria, medios de prueba, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trifiletti, Elvira Gloria s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-13

El fallo impugnado incurre en una conocida causal de arbitrariedad, pues arriba a conclusiones que, por omitir toda referencia concreta a las circunstancias de la causa y a los motivos en se apoyan, ni indicar en qué medios probatorios se afinca esa solución, no exceden de afirmaciones carentes de sustentación objetiva.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Comité contra la tortura, valor probatorio, deportación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Tortura - Sr. Mostafa Dadar Vs. Canadá - Derecho a no ser deportado a otro Estado frente al peligro de ser sometido a torturas - Evaluación del riesgo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2005-11-23

Conforme los principios elaborados por el Comité contra la Tortura, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas o masivas de los derechos humanos en un país, no constituye per se, motivo suficiente para determinar que una persona puede sufrir torturas luego de ser deportada a ese país, pues debe probarse que el riesgo a que esa persona padezca trato cruel e inhumano -si se procediese a su devolución- es personal, presente y concreto.
Daños y perjuicios, lesiones, legítima defensa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pivkovsky, Isaac c/ Esquivel de Yabrán, Ester s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-25

En el caso de lesiones en ejercicio de una legítima defensa, es a cargo de quien la esgrime, la prueba de la eximente. Y no se advierte una situación objetiva de justificación, habida cuenta que el demandado no enfrentó sino voluntariamente -acercándose al auto de quien presuntamente lo habría insultado- una situación de riesgo para su integridad física. La actitud del presuntamente provocado, de aproximarse al provocador, importa la ausencia de uno de los requisitos de la legítima defensa: falta de provocación suficiente en quien se defiende. Ante la situación de duda, debe tenerse por no acreditada la causal de justificación invocada.-
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-23


Posadas, 23 de Junio de 2011.- AUTOS Y VISTOS:

Los caratulados: "EXPTE. Nº 390-STJ-2010-MALARCZUK, JORGE FABIÁN S/ REGULACIÓN DE HONORARIOS EN "EXPTE. Nº 427-STJ-2001 - DAVALOS, RAÚL ALFREDO S/ REC. EXTRAORD. DE INAPLICAB. DE LEY . EN EXPTE. Nº 869/00 - MALARCZUK, EDUARDO C/ RAÚL ALFREDO DÁVALOS S/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO".- Y CONSIDERANDO:

De acuerdo con el sorteo realizado corresponde votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Jorge Antonio Rojas, 2) Dr. Humberto Augusto Schiavoni, 3) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 4) Dra. Cristina Irene Leiva, 5) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 6) Dr. Roberto Rubén Uset, 7) Dr. Froilán Zarza, 8) Dr. Sergio César Santiago y 9) Dra. María Laura Niveyro.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

A fs. 203 y 239 de autos, el Dr. Jorge Fabián Malarczuk, solicita se regulen sus honorarios profesionales por los trabajos realizados ante este Superior Tribunal de Justicia.- El Alto Cuerpo, en forma reiterada ha declara-do que la regulación de los honorarios profesionales ante esta instancia extraordinaria debe guardar, en lo posible, una adecuada proporción con las instancias anteriores.- De las constancias de autos surge, a fs. 241 y vta., que se encuentran regulados los honorarios del Dr. Malarczuk, por su actuación en Segunda Instancia como letrado apoderado de la parte actora gananciosa, en la suma de Pesos Ochocientos Noventa/00 ($890).- En consecuencia, teniendo presente la labor cumplida ante este Superior Tribunal de Justicia que consistió en la contestación de los recursos extraordinarios local y federal, interpuestos a fs. 111/114 y vta. y 149/154 de autos respectivamente, y de conformidad a lo establecido en el art. 13 incs. b, c y d, de la LEY XII-N° 4 (antes art. 12 Ley 607), estimo adecuado regular los honorarios profesionales del Dr. Jorge Fabián Malarczuk, en la suma de Pesos Novecientos ($900), con más el 21 % si correspondiere según la categoría impositiva que por ley tenga asignado el profesional, y los alcances de las Resoluciones de la D.G.I. y D.G.R.- Asi Voto.- Concedida la palabra a los Dres. Humberto Augusto Schiavoni, Manuel Augusto Márquez Palacios, Ramona Beatriz Velázquez, Roberto Rubén Uset, Cristina Irene Leiva, Froilán Zarza, Sergio César Santiago y María Laura Niveyro, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I).- REGULAR LOS HONORARIOS PROFE-SIONALES del Dr. Jorge Fabián Malarczuk, por su actuación en esta Instancia Extraordinaria, en la suma de Pesos Novecientos ($900), con más el 21 % de IVA, si correspondiere según la categoría impositiva que por ley tenga asignado el profesional y los alcances de las Resoluciones de la D.G.I. y D.G.R.- II).- HÁGASE SABER al profesional que quedará a su cargo el cumplimiento de lo prescripto por el art. 39 Ley XII - Nº 4 (antes Ley 607).- III).- REGISTRESE, cópiese, notifíquese y oportunamente bajen los autos a origen, oficiándose a tales efectos.-
Dictamen fiscal, falta de fundamentación, control de legalidad, defensa en juicio, cambio de calificación legal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, VIRGILIO MARTÍN. s/ Homicidio en grado de tentativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-03-28

La carencia de motivación del pronunciamiento fiscal afectan su legitimidad. Situación que por otra parte, va más allá del acuerdo de partes, por la cuestión constitucional que encierra. Con lo cual la posibilidad de un debate abierto, para el imputado, no sólo es un derecho sino que constituye una garantía constitucional (art. 18 CN).

Es la Fiscalía quien debe demostrar los extremos que invoca, con la prueba ofrecida oportunamente; o abstenerse de formular acusación si así lo considera, o modificar la calificación propuesta fundadamente.
Apreciación de la prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique González Nieva en la causa González, Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Es objetable que se valore como prueba dirimente de cargo un reconocimiento impropio realizado en inobservancia a la ley procesal, pese a estar reunidos los extremos que permitían la localización del imputado para la producción de una rueda de reconocimiento de personas.
Interés superior del niño, adopción, padres biológicos
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M. ,M. M. V. c/  s/ Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Las excepcionales circunstancias de la causa, especialmente tenidas en cuenta en los pronunciamientos de grado, determinan que el principio de priorización de la familia biológica - que he sostenido en otro contexto fáctico- debe ceder cuando el interés superior de la niña así lo exige (conf. arts. 3, 9 y 12, CDN; 595 inc. "a" y 706 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).(del voto del doctor Negri)
Recurso contencioso administrativo, acción contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Nicasio Miguel c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  revocatoria contra el auto de Presidencia (Expte. CSJ Nº 551-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

No cabe hacer lugar al planteo del impugnante que - invocando el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial- entiende que la inadmisibilidad del recurso de plena jurisdicción interpuesto no constituye obstáculo para que proceda el recurso de ilegitimidad, frente a la consolidada jurisprudencia de la Corte respecto a que ambos recursos "no se pueden interponer conjuntamente y la procedencia de uno excluye la procedencia del otro", no resultando aplicable la norma del Código de rito citada puesto que, en este aspecto está modificada por la ley 4106 artículo 16 in fine, que es el dispositivo específicamente aplicable (artículo 23, ley 4106).
Secuela de juicio, prescripción, actos interruptivos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., G. psa. Defraudación s/ Incidente de excepción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-22

Constituyen secuela de juicio con carácter interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal la declaración indagatoria, el auto de procesamiento y prisión preventiva, el auto de elevación a juicio, el decreto de citación de las partes a juicio y el auto de admisibilidad de la prueba.