Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. contra MUNCIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 205 p 74-80.

Santa Fe, 16 de Febrero del año 2.005.

VISTOS: Los autos "BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. contra MUNCIPALIDAD DE ROSARIO - Recurso contencioso administrativo- sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 171, año 2003), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la actora (fs.349/59v.), para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: 1. En el "sub judice" este Cuerpo por resolución registrada en A. y S., T. 192, pág. 128, rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra el decisorio 13 del 12 de febrero de 2003, dictado por el Presidente de la Cámara Contencioso Administrativo n 2 de la ciudad de Rosario.

Pronunciamiento, este último, mediante el cual se declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. contra la Municipalidad de Rosario tendente a lograr la anulación de la resolución nro. 2489/95 de la Dirección General de Finanzas.

El fallo de este Tribunal -denegatorio del recurso directo- es impugnado a través del remedio extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza del remedio federal la apelante, después de realizar una reseña de los antecedentes de la causa y referir a los recaudos de admisibilidad, esgrime las causales descalificantes que le endilga a esta Corte, las cuales estriban básicamente en que este Cuerpo no ha respondido adecuadamente al planteo de gravedad institucional provocada por el conflicto de intereses públicos originados en la naturaleza jurídica del ente residual Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. y la sinrazón de priorizar la potestad recaudatoria del Municipio de la ciudad de Rosario en desmedro de similar potestad de la Provincia de Santa Fe.

En sustento de sus agravios, afirma que en la oportunidad de deducir el recurso de excepción provincial su parte fundamentó la condición de definitividad del auto impugnado, invocando además, la existencia de gravedad institucional por el carácter de organismo de derecho público del ente residual, y la existencia de un perjuicio de tardía o imposible reparación.

Sostiene que en su oportunidad la Cámara contencioso Administrativo nro. 2 de Rosario, se limitó a declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad con el argumento de que la resolución de Presidencia -que no hizo lugar a su planteo por falta de cumplimiento del requisito establecido en el artículo 8 de la ley 11330- no constituía sentencia definitiva a los fines del remedio intentado, omitiendo pronunciarse sobre los argumentos invocados de gravedad institucional y gravamen irreparable que, aún en el supuesto de ausencia de definitividad, flexibilizan los recaudos de admisibilidad.

Dice que frente al ello, al acudir vía recurso directo ante la Corte, este Cuerpo desestimó su pretensión con argumentos similares a los expuestos por el A quo, sosteniendo que la falta de agotamiento de las instancias recursivas previas resultan óbice para acceder al recurso de inconstitucionalidad, y que aunque la Cámara Contencioso Administrativa tuviera una posición asumida respecto de la regla "solve et repete", dicha circunstancia no resultaba eximente para dejar de transitar el agotamiento de los remedios legales establecidos para la impugnación de decisiones adversas, puesto que la dispensa de oblar el tributo como recaudo previo, debe ser objeto de resolución del Cuerpo al decidir en el expediente principal, mas no en el cautelar.

En tal sentido afirma que el criterio asumido por este Tribunal resulta de un fundamento aparente, por cuanto si bien es cierto que deben transitarse todos los remedios ordinarios por ante los jueces de la causa, en el caso de autos no se trata de que la Cámara tuviera asumida una posición genérica respecto al principio del "solve et repete" sino que concreta y particularmente ya había emitido opinión denegatoria en los mismos obrados -en su resolución incidental- priorizando la potestad tributaria municipal, por lo que no había posibilidad de dispensa alguna sin contradecir lo fallado anteriormente. Consecuentemente, afirma, escuchar nuevamente al Pleno se constituía en un mero trámite burocrático cuyo resultado ya había sido anticipado y su parte no había invocado hechos nuevos que permitieran variar la opinión configurándose en el caso un supuesto de definitividad implícita por debate agotado.

Sostiene que la finalidad de concluir las instancias regulares es que se pueda subsanar el vicio constitucional sin acudir ante el Tribunal Supremo, mas cuando ya han emitido opinión la Presidencia de la Cámara y el Tribunal en pleno, aunque lo fuera en distintas oportunidades y sin seguir el orden recursivo, es innegable que quien contribuyó a producir el vicio de arbitrariedad no modificará su tesitura en una ulterior revisión, por lo que la decisión de este Alto Tribunal constituye un fundamento aparente que vicia de arbitrariedad la decisión.

Por otra parte afirma que aún en el supuesto que pudiera disentirse con el carácter de definitividad implícita del decisorio, la gravedad institucional deviene innegable por expresa normativa vigente, y pese a que su parte lo invocó y lo demostró, este Cuerpo nada dijo al respecto, limitándose a considerar incumplido el requisito de definitividad por no haber agotado la instancia ordinaria, e insuficiencia de pruebas en cuanto al invocado agravio institucional.

Alega en tal sentido que su parte no sólo ha invocado, sino fundamentado en doctrina y jurisprudencia de manera indubitable que el conflicto planteado excedía el marco del interés individual, ya que la gravedad institucional surge manifiesta de las constancias de autos, y se configura tanto en el objeto del debate como respecto de las partes comprometidas y la afectación de intereses públicos, no requiriendo ninguna actividad probatoria ulterior.

Arguye que el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M, hoy en estado de liquidación, resulta ser un ente residual con un único integrante que es el Estado provincial, cuyo patrimonio está compuesto por activos y pasivos que no formaron parte de la unidad de negocios privatizada; y que el producido de su liquidación, se afecta al desarrollo productivo de la Provincia (art. 12, ley 11387), lo que le confiere la condición de fondos públicos y no meramente privados como se viene sosteniendo.

En tal sentido afirma que de abonarse anticipadamente el tributo que pretende el Municipio, se entraría en colusión con igual derecho que le asiste a su parte de disponer de dichos fondos para sus fines públicos, de donde concluye que el argumento que confiere prioridad a la potestad recaudatoria del Municipio por oposición a intereses privados resulta dogmático y sustentado en la mera voluntad del Juzgador, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente a los hechos de la causa, vulnerando de tal modo la garantía del debido proceso.

En otro orden de ideas se queja de que este Tribunal omitiera formular argumentos razonables en contrario a la existencia de gravamen irreparable, incurriendo así en arbitrariedad por sentencia infundada, ya que a su entender no se puede soslayar la realidad de que durante el lapso que el gobierno provincial deba reintegrar el reclamo de la trascendente suma de dinero reclamada por el Municipio, se encontrará imposibilitado de destinar los fondos al objeto dispuesto en el artículo 12 de la ley 11387.

Alega además exceso ritual manifiesto en la decisión asumida por el este Cuerpo reiterando los agravios esgrimidos al invocar la existencia de definitividad implícita.

Concluye diciendo que aún cuando ninguno de los argumentos expuestos le resultara suficiente al Juzgador, correspondería la aplicación del principio "in dubio pro actione" ya que existe en la especie, al menos, una razonable duda que impone la aplicación del mentado principio.

Asimismo, con posterioridad a la presentación del recurso extraordinario federal, denuncia dos hechos nuevos, a su entender susceptibles de provocar, al menos, la admisibilidad del remedio federal intentado.

En primer término invoca una intimación dirigida por la Municipalidad de Rosario al Gobernador de la Provincia -la que acompaña en copia simple- mediante la cual expresamente el Municipio reconoce que el erario público provincial resulta responsable del tributo cuya percepción pretende, lo que a su entender, confiere sustento a la postura propiciada por su parte de que el conflicto excede el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, y de que el principio de "solve et repete" se encuentra neutralizado.

Denuncia además como hecho nuevo una resolución dictada por la Cámara Contencioso Administrativo nro. 2 de la ciudad de Rosario, en el que el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. promueve un idéntico proceso por el mismo tributo por períodos posteriores a los involucrados en el "sub lite", arguyendo que en dicho proceso, su representado optó por agotar todas las instancias recursivas no obstante conocer la opinión del Tribunal, y contar con la misma integración, y en ella la Cámara rechazó la exención del requisito impositivo del artículo 8 de la ley 11330, invocando un pronunciamiento anterior en los siguientes términos "...además, ya en una causa habida entre las mismas partes aquí contendientes, ante la invocación por el recurrente del texto del artículo 12 de la ley 10082 -bien que a los fines del tributo del servicio de justicia-, esta Cámara rechazó el planteo en decisorio del 3 de abril de 2002...".

De ello, colige que resulta indiscutible que el argumento esgrimido en los presentes obrados es aparente y de una incongruencia manifiesta, ya que queda demostrado a su entender, el excesivo rigorismo formal ante la definitividad del decisorio, como así también la gravedad institucional.

2. En el examen de admisibilidad que debe efectuar este Órgano a fin de conceder o no -según corresponda- el remedio intentado, aparecen descalificados en el plano formal los argumentos expuestos por la recurrente.

Y en tal sentido cabe reiterar lo sostenido por esta Corte respecto a que la mera interposición del recurso previsto en la ley 48, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del recurso federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A y S., T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 246; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58; T. 94, pág. 5; T. 141; pág. 179, entre muchos otros).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del remedio federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo impugnado.

Ello así, por cuanto la propia naturaleza del la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 demanda que la recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando -asimismo- ante la Corte, por qué considera que el decisorio cuestionado no satisface el derecho federal invocado.

En ese orden de ideas, la recurrente, pese a su esfuerzo retórico, no logra aportar razones valederas demostrativas de que este Tribunal al decidir rechazar la queja, lo haya hecho sin fundamentación bastante, o con un rigorismo formal extremo, de modo tal que el decisorio resulte irracional o ilógico. En suma, no median en el escrito de interposición del recurso federal razones de entidad suficiente para invalidar el pronunciamiento, que justifiquen por ello la habilitación de la instancia extraordinaria.

Cabe señalar que como fundamento del rechazo, este Cuerpo sostuvo -entre otras razones- que la postulación recursiva articulada por la impugnante, no consiguió aportar elementos idóneos a fin de desvirtuar lo decidido por el A quo en torno a la falta de definitividad del decisorio de marras por no haber agotado previamente la instancia ordinaria mediante la deducción del recurso de revocatoria ante el Cuerpo en pleno, quedando por ello incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055.

Y en tren de fundar dicha respuesta, señaló que el argumento utilizado por la quejosa -relativo a que la reiteración del planteo referido a la regla del "solve et repete" mediante el recurso de revocatoria constituiría un exceso ritual manifiesto, por tener la Cámara una posición asumida en la materia-, resultaba inconsistente para fundamentar una cuestión constitucional que habilitara la instancia de excepción, dado que "aún en el supuesto en que la Cámara tuviera una posición asumida respecto de la regla del 'solve et repete', esta circunstancia no podía utilizarse como argumento válido para eludir el agotamiento de los remedios legales establecidos para la impugnación de las decisiones adversas, máxime, cuando en el caso se trataba de un auto de Presidencia, y la propia recurrente solicitó la dispensa del cumplimiento del requisito impositivo".

En la pieza del remedio extraordinario federal, la perdidosa intenta justificar la existencia de vicios de arbitrariedad achacándole a la sentencia de este Cuerpo excesivo rigor formal y haber hecho uso de una fundamentación aparente alegando en tal sentido que si bien resulta cierto que deben transitarse todos los remedios ordinarios por ante los jueces de la causa, en el caso de autos, la Cámara no tenía asumida una posición genérica respecto del principio invocado, sino que concreta y particularmente ya había emitido opinión denegatoria en los mismos obrados -en su resolución incidental- por lo que no existía posibilidad de dispensa alguna sin contradecir lo fallado anteriormente. De allí colige, que la exigencia de desandar nuevamente un procedimiento meramente burocrático cuyo resultado ya se encontraba anticipado, constituye un argumento aparente que vicia de arbitrariedad la decisión.

Mas lo cierto es que, en el "sub lite", tales reproches no encuentran sustento suficiente, toda vez que la lectura del fallo de este Cuerpo -como surge de lo reseñado- permite advertir que este Tribunal descartó la configuración de los vicios achacados a la sentencia de la Cámara, por considerar que la quejosa omitió hacerse cargo de lo sostenido por los Sentenciantes en el auto denegatorio respecto de que la dispensa solicitada debía ser dispuesta, cuando así correspondiere, por el Cuerpo al decidir acerca del recurso en el expediente principal, mas no en la cautelar; y que al tratarse el recurso de inconstitucionalidad del una vía de excepción que presupone formalidades específicas, el incumplimiento de los recaudos legales no autoriza a invocar la existencia de arbitrariedad o lesión constitucional con el objeto de cubrir las omisiones incurridas, máxime cuando éstas solo resultaron atribuibles a la conducta discrecional de la apelante en el ejercicio de su defensa.

Adviértase en tal sentido, que la calificación de un acto jurisdiccional como afectado de exceso ritual o de dar una fundamentación aparente para privilegiar las formas por sobre la verdad jurídica objetiva, requiere cautela y prudencia especiales, fino sentido jurídico capaz de detectar el empleo razonable e irrazonable de las normas de procedimiento.

Desde esta perspectiva, la recurrente no logra en esta instancia, explicar, -y ni siquiera insinuar- cómo emerge la violación al aludido proceso legal, y, menos aún alcanza a demostrar que el fallo de esta Corte importe una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, o que traspase el límite de razonabilidad en relación al cumplimiento de las formas procesales.

Ello así, a poco que se tenga en cuenta que en el memorial introductorio del remedio extraordinario federal se limitan a sostener, -casi simétricamente- los argumentos utilizados al interponer el remedio extraordinario local; mas lo cierto es que tales argumentos, sumados a los traídos al denunciar el hecho nuevo constituido por una sentencia de la misma Cámara en una pretensión similar, en modo alguno revisten entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo al rechazar la queja.

En primer término porque lo afirmado respecto de que existía posición asumida acerca de la regla "solve et repete" en los mismos obrados, amén de resultar tan sólo una deducción interpretativa que efectúa la perdidosa de los términos utilizados por la Cámara en un decisorio dictado dentro del marco de una medida cautelar -en el que las pretensiones de las partes fueran analizadas con la estrictez propia que demandan los expresos requisitos de procedencia que condicionan su viabilidad-, en modo alguno alcanzan a conmover lo decidido por este Cuerpo respecto de que aun en el supuesto hipotético de que la Cámara tuviera una posición asumida al respecto, dicha circunstancia no resultaba eximente para dejar de transitar el agotamiento de los remedios legales establecidos para la impugnación.

Lo expuesto "ut supra", resulta aplicable a lo traído también como hecho nuevo, dado que más allá de que no se alcanza a advertir -siquiera mínimamente- cómo lo expresado por la Cámara en el decisorio que invoca el recurrente sea trasladable al caso de autos, menos aún puede considerarse que lo invocado tenga entidad suficiente como para revertir el argumento esgrimido por este Cuerpo al rechazar al queja.

No corre mejor suerte el reproche relativo a que esta Corte no dio respuesta adecuada al planteo de gravedad institucional provocada por el conflicto de intereses públicos -originados en la naturaleza jurídica del ente residual Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.- puesto que no se aportan nuevos argumentos con entidad suficiente como para conmover lo sostenido en oportunidad de rechazar la queja.

Ello así puesto que la causal descripta resulta improcedente si el recurrente no efectúa un serio y concreto razonamiento, a través del cual demuestre de manera indubitable que la cuestión debatida exceda el marco del interés individual de las partes y afecte de manera directa a la comunidad (cfr. Fallos 255:41; 290:266; 292:220; 307:770; A. y S., T. 48, pág. 292; T. 81, pág. 276).

En tal sentido, resulta insuficiente lo expresado con el fin de acreditar la existencia de gravedad institucional ya que reproduce el núcleo argumental del agravio traído a consideración en el recurso de inconstitucionalidad local -centrado en demostrar la existencia de un conflicto de intereses públicos originados en la naturaleza jurídica del Banco de Santa Fe en estado del liquidación y la consecuente responsabilidad de la Provincia por las deudas por éste asumidas- el cual, como ya se dijo, resulta inconsistente a fin de demostrar que el conflicto de intereses en juego trascienda el interés particular de los contendientes y tenga virtualidad para comprometer el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos" (A. y S., T. 79, pág. 498), ni que la cuestión pueda llegar a involucrar a alguien mas de los sujetos intervinientes, aunque los sujetos comprometidos pudieran resultar personas jurídicas de carácter público.

Finalmente, resta añadir a lo expuesto, que tampoco ha de merecer favorable acogida la postulación relativa a la existencia de gravamen irreparable ya que las hipotéticas alegaciones -sin demostraciones concretas ni de la magnitud de los perjuicios, ni de la efectiva incidencia que implicaría el hecho de oblar el tributo sobre los fines públicos, ni qué fines públicos devendrían preteridos- resultan insuficientes a fin de tornar excusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas.

En definitiva: como consecuencia de la deficiente fundamentación recursiva, lo único que puede inferirse es la mera disconformidad de la impugnante, acerca de lo decidido por esta Corte en ejercicio de funciones propias -control de requisitos de admisibilidad y procedencia correspondiente a un remedio regulado por la ley 7055-, por lo cual resulta inidónea para franquear la instancia extraordinaria.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)