Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16


Expte. n° 2577/03 "Macbar SRL c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucio-nalidad"	Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004	Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La empresa Macbar SRL interpone recurso extraordinario federal (fs. 106/152) contra la sentencia de fs. 91/101, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad del artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones AD 700.49. Plantea, fundamentalmente, la existencia de cuestión federal por haberse prescindido de aplicar tratados internacionales y disposiciones nacionales de jerarquía superior a la norma cuestionada, por arbitrariedad de la sentencia y por gravedad institucional.

2. Del recurso se dio traslado a la Procuración General de la Ciudad que en su contestación, se opuso a la admisibilidad y a la procedencia del recurso (fs. 157/67).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso extraordinario federal deducido a fs. 106/152 ha sido interpuesto en tiempo oportuno (art. 257, CPCCN).

2. El planteo recursivo no se dirige contra una sentencia definitiva, de acuerdo con lo establecido por la Corte federal, pues la sentencia no priva a la firma interesada de otros medios legales para reclamar la tutela de los derechos que invoca (arts. 106 y 113, inc. 2º, CCBA; art. 20, última cláusula, ley n° 402 y jurisprudencia del Tribunal in re "Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo e inconstitucionalidad", expte. nº 168/99, resolución del 9/3/00, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo II, ps. 30 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000) y en los autos "Defensora el Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 18/99, resolución del 22/11/99, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo I, ps. 620 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999). Como lo expresé en mi voto en la sentencia recurrida "Si en algún caso la concreta aplicación de una restricción horaria para el funcionamiento de un local bailable no encuentra justificación consistente (...) tal circunstancia podría llegar a ser ponderada en el marco de un proceso que, por la vía del control difuso, permita tener en cuenta dichas situaciones particularizadas de cara al conjunto de regulaciones urbanísticas que rigen en el ámbito de la Ciudad" (punto 6, fs. 97).

Es decir, en tanto la sentencia de fs. 91/101 no impide que Macbar SRL solicite, por la vía adecuada, el control difuso de constitucionalidad del artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones AD 700.49, el recurso no cumple con el requisito de cuestionar una sentencia definitiva (cf. TSJ in re Cavallari, María Georgina c/ GCBA s/ acción declarativa y de inconstitucionalidad", expte. nº 60/99, resolución del 27/9/99, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo I, ps. 459 y ss.) y, por ello, no puede admitirse.

3. Además de no dirigirse contra una decisión definitiva, la cuestión debatida es de carácter eminentemente local pues ella trata sobre el poder de policía para regular la actividad de ciertos salones en los que se ejecuta música, canto y baile, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver puntos 4 y 6 de mi voto, fs. 93/98).

Si bien la parte actora reitera insistentemente que se ha puesto en tela de juicio la validez y vigencia del artículo 10.2.20 del Código de Habilitaciones, AD 700.49, de cara al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, al decreto nº 2284/91 y a su ley ratificatoria nº 24.307 (fs. 108/109, 111 vuelta/112, 113/116, 117 vuelta, 122 vuelta/126, 128, 130/131, 133, 134 vuelta, 135 vuelta/7, 140/7, 149 y 151), en verdad basta dar lectura a la decisión de fs. 54/58 -punto 6 de los fundamentos del voto conjunto de los jueces Maier y Casás, al que adhirió el juez Russo- para constatar que la demanda no fue admitida para debatir y decidir en este proceso si la norma local contrariaba el decreto de desregulación de actividades de contenido económico. Además, al revisar la demanda se advierte que en el escrito inicial (fs. 18/40) sólo se efectúa una mera referencia circunstancial a los acuerdos del MERCOSUR, cuando la actora transcribe algunos "considerandos" del decreto nacional nº 2284/91 para dar fundamento jurídico a la acción (fs. 38 vuelta). Finalmente, la situación no varía si se repasa el contenido de la reserva de caso federal practicada a fs. 39 vuelta, pues en ella no se efectúa ningún desarrollo referido a la prevalencia de esos tratados.

El asunto se enmarca entonces en la jurisprudencia constante de la Corte nacional que excluye la existencia de cuestión federal cuando se trata de interpretar normas y actos locales (Fallos: 104:29; 114:42; 152:21; 273:347; 288:201; 303:769; 308:1577, entre muchos otros y este Tribunal, in re "Farkas, Roberto y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 7/99, resolución del 17/11/99, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo I, ps. 604 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999), pues el respeto a las autonomías locales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión definitiva de las causas que, en lo sustancial, versan sobre la interpretación y aplicación de las leyes y disposiciones del orden local (Fallos: 289:336; 293:226; 296:642; 311:2004; 323:1217, entre muchos otros y este Tribunal in re "Anapios, Ernesto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, en: `Anapios, Ernesto c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ recurso de apelación c/ resoluciones del C.P.C.E.´", expte. nº 1844/02, resolución del 2 de abril de 2003).

4. La mención a una supuesta cuestión federal por violación "del derecho al debido proceso legal y adjetivo" de la actora (fs. 139 vta./140), con fundamento en que "no existió oportunidad procesal, ni vía legal para impugnar" la resolución en la que se dispuso efectuar el test de constitucionalidad sin tener en cuenta el decreto n° 2284/91 y su ley ratificatoria, tampoco puede ser admitida.

Por una parte, porque Macbar SRL eligió voluntariamente demandar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 113, inc. 2º, de la CCABA y de los arts. 17 y 24 de la ley local nº 402 (fs. 18 y 40), aunque contaba con otras vías para hacerlo en las que habría encontrado satisfechas las posibilidades recursivas que tardía y erróneamente reclama en este juicio.

Las quejas contra las reglas de tramitación del juicio que ahora formula no fueron planteadas en la demanda, tampoco en los escritos posteriores ni, finalmente, en la audiencia pública realizada el 9 de junio de 2004. Su expresión, ahora, aparece como una reflexión tardía (Fallos: 307:629; 308:51) ya que implicaron una indebida modificación argumental de la pretensión inicial. Tampoco puede considerarse que esos reparos estén a cubierto de la defectuosa reserva de cuestión federal efectuada a fs. 59, en la que Macbar SRL manifestó que "efectúa expresa reserva del caso federal o, en su caso, se mantiene la reserva del caso federal oportunamente realizada". Al respecto, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que si "bien no deben exigirse fórmulas sacramentales en la reserva de la cuestión federal, la simple reserva genérica, a modo de anuncio, no puede suplir la indispensable mención concreta del derecho federal invocado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo desarrollo argumental de la inconstitucionalidad que se alega y de su atinencia al caso" (cf. CSJN en "Darwin Peralta v. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal" -Fallos: 311:1804-, sentencia del 8 de septiembre de 1988 y cf. mi voto, en "Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 2535/03, resolución del 13/10/04).

Por lo demás, la regulación procesal de la acción de inconstitucionalidad prevista en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una cuestión de derecho público local, por regla ajena a la vía federal intentada por la recurrente.	5. Como ocurriera en la demanda, para fundar el recurso la actora reitera la invocación genérica y profusa de principios y derechos constitucionales supuestamente vulnerados (véase mi voto, en particular a fs. 94).

Así, la recurrente afirma que la sentencia se apartó de la Constitución Nacional porque violó, además de la cláusula de supremacía, el derecho de propiedad (arts. 14 y 17, CN y art. 12, inc. 5º, CCABA), las libertades económicas de trabajar, de ejercer industria lícita y de contratar libremente (arts. 14, 14 bis, CN y arts. 43 y 48, CCABA), el derecho a ejercer una actividad lícita (art. 14, CN), el principio de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades (arts. 16, 37 y 75, inc. 23, CN y arts. 11 y 40, CCABA), el principio de reserva (art. 19, CN), el principio de razonabilidad (art. 28, CN; arts. 10 y 11, CCABA), el derecho a la privacidad (art. 19, CN; y art. 12, CCABA), las cláusulas del desarrollo y progreso económico (art. 75, inc. 18 y 23, CN y art. 48, CCABA) y los derechos y garantías conferidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 7 y 17), por la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre (arts. 2 y 23) y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 21 y 24) -ver fs. 106 vuelta y fs. 122 vuelta /123-.

Esta extensa enumeración de derechos no es desarrollada ni relacionada con la cuestión efectivamente debatida en la causa. Por ello, no da satisfactorio sustento al caso federal que intenta plantear (este Tribunal in re "Giannatasio, Jorge Horacio y otros c/ GCBA y otro s/ amparo [art. 14, CCABA] s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 26/12/01). En ese sentido la Corte tiene dicho que la sola mención de preceptos constitucionales o la relación indirecta con ellos -que, en definitiva, existe en todo derecho- no basta para abrir su competencia por la vía del recurso extraordinario (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306, entre muchos otros), pues de otro modo, ella se convertiría, por vía indirecta, en una nueva instancia para decidir el caso, regidas por normas jurídicas que no son federales (Fallos: 238:488; 295:335; 310:2306 y este Tribunal in re "Luna, Héctor Máximo y otros c/ GCBA y otros s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 1459/01, resolución del 12/6/02).

6. La actora alega también la arbitrariedad de la sentencia cuestionada. De esa forma pretende introducir la cuestión constitucional federal por la afectación de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio al afirmar que se prescindió de considerar normas decisivas para la solución de la controversia, excluyéndose del debate el argumento que ella considera fundamental para que prospere su pretensión.

Empero, como fue señalado en los párrafos precedentes y en mi voto (fs. 94, punto 3, 2º párrafo y fs. 96, punto 4, último párrafo), la decisión que excluyó del debate las reglas sobre desregulación de ciertas actividades económicas se dictó en la etapa liminar del proceso (fs. 54/58) y no fue cuestionada mediante reserva o protesta alguna de la actora hasta ahora. Y en cuanto a los tratados constitutivos del Mercosur, en la demanda no se reclamó la inconstitucionalidad de la regla local por colisionar con dichos tratados. Al emitir mi voto en la causa "Ministerio Público (Defensoría General y Asesoría General de menores e Incapaces) c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad", expte. nº 70/99, resolución del 27/12/99, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo I, ps. 713 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, sostuve, y lo repito ahora, que "(l)a introducción tardía de impugnaciones constitucionales o de nuevas articulaciones ya trabada la litis, obsta a su consideración por el juzgador. Ello así, con base en el respeto del derecho de defensa y atento a los principios de progresividad y preclusión que reconocen sus fundamentos en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente".

Finalmente, el agravio de arbitrariedad debe ser rechazado porque la admisibilidad del recurso por esta causal, establecida por la Corte Suprema a partir de Fallos: 184:137, es estricta y atiende sólo a desaciertos de gravedad extrema cuando, a causa de ellos, los fallos quedan descalificados como actos judiciales válidos (Fallos: 294:376).

7. Tampoco la invocación de la existencia de "gravedad institucional" permite la concesión del recurso, ya que sólo fue mencionada a fs. 108 y fs. 149 vuelta/151, sin contar con un desarrollo que la vincule con la cuestión efectivamente debatida en la causa.

Por cierto, cabe recordar que para la procedencia de esta causal de impugnación es requisito sine qua non la existencia de cuestión federal, lo que no ocurre en autos como ya fue dicho, pues "la invocación de gravedad institucional no puede sustituir la inexistencia de cuestión federal que exige el art. 100 de la Constitución Nacional" (Fallos: 311:121).

Por otra parte, la Corte Suprema desestima la existencia de esta causal cuando, como ocurre en este causa, lo resuelto no excede el interés individual de las partes o del apelante, ni atañe en modo directo a la comunidad (Fallos: 303:962; 304:848; 308:206) ni compromete instituciones básicas de la Nación (Fallos: 307:973) -cf. este Tribunal in re, "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 575/00, resolución del 11/4/01).	8. Los restantes fundamentos expuestos incidentalmente por el recurrente, tales como la arbitrariedad de la sentencia por afirmaciones dogmáticas (fs. 144 vta./5), ritualismo excesivo (fs. 145 vta./146) o autocontradicción (fs. 146/7); o los planteos referidos a la irreparabilidad del gravamen (fs. 122) o al desconocimiento de doctrina del superior (fs. 147vta./149), sólo traducen una mera discrepancia con el criterio expuesto por este Tribunal, y no merecieron mayor desarrollo argumentativo por parte del recurrente. En consecuencia, no satisfacen el requisito de adecuada fundamentación que todo agravio debe contener para el otorgamiento del remedio federal intentado (cf. este Tribunal, in re "Arias de Álvarez, Lidia s/ art. 47 s/ recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 312/00, resolución del 5/7/00, en Constitución y Justicia [Fallos TSJ], tomo II, ps. 199 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000-; mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Buenahora, Eduardo Rubén c/ GCBA s/ amparo [art. 14, CCABA]", expte. nº 2583/03, resolución del 10/3/04 y "Arn, Telmo Iván c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. nº 2303/03, resolución del 24/3/04).

9. Soslayo pronunciarme sobre la existencia del requisito común de "caso" o "causa" judicial para el andamiento del recurso, por considerarlo innecesario frente a la palmaria improcedencia de la articulación del presente remedio federal por conducir los agravios a la ponderación de regulaciones de estricto derecho público local -sustantivo y ritual- y teniendo en cuenta además la postura que sostuviera en votos precedentes como el recaído en la causa nº 480/2000 "Liga de amas de casa, usuarios y consumidores de la República Argentina y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 13 de diciembre de 2000 -cf. Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, p. 455 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002-.

10. Las costas son impuestas a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota y por no mediar circunstancias que justifiquen apartarse de el (art. 68, CPCCN).

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Macbar SRL interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia del Tribunal, de fecha 13 de octubre de 2004, que rechazó la acción planteada a fs. 18/40 en cuanto pretendía la declaración de inconstitucionalidad del art. 10.2.20 del Código de Habilitaciones AD 700.49.

En el análisis que sigue, asumiré, como lo vengo haciendo desde la instalación del Tribunal, la improponibilidad del recurso extraordinario federal en las acciones reguladas por el art. 113, inc. 2º de la CCBA.

2. Como señalé desde mi voto en "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2490/03, resolución de 16/9/04 la cuestión central a dilucidar puede ser formulada del siguiente modo: ¿por qué debería ser admisible el recurso extraordinario frente a una decisión dictada en un proceso como el previsto en el art. 113, inc. 2º de la CCBA? La parte que recurre no se plantea este interrogante, consecuentemente omite dar una respuesta, ignora los precedentes del Tribunal y no logra explicar cómo una decisión adoptada en tal proceso, caracterizado por la ausencia de caso, partes adversas y sentencia definitiva -en el concepto y extensión con que éste vocablo es definido como requisito de admisibilidad del recurso extraordinario federal- puede ser impugnada por esa vía. 3. La actora parece desconocer que la acción prevista en el art. 113, inc. 2º de la CCBA importa un control abstracto, internormativo, popular -es decir, abierto a la comunidad- y, por lo tanto, participativo, que exige que los planteos de carácter particular se efectúen por otras vías que, con tal fin, son previstas por el orden jurídico-procesal de la Ciudad (voto de mi colega el juez José O. Casás en "Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 366/00, resolución de 15/5/01).

El Tribunal ha reiterado desde su creación que la acción declarativa de inconstitucionalidad establecida en el art. 113 inc. 2º de la CCBA es un instituto de carácter novedoso que la hace imposible de asimilar a otros institutos establecidos en el ámbito nacional ("Farkas, Roberto y otro c/ GCBA s/ acción declarativa", resolución de 18/2/19, Constitución y Justicia, t. 1, p. 5); que no comprende situaciones jurídicas individualizadas, que tiene carácter abstracto, ("Massalin Particulares S.A. c/ GCBA", resolución de 5/5/99, Constitución y Justicia, t. I, p. 58); y que es una acción popular (conforme el voto del juez Muñoz que integrara la mayoría, en "Argüello, Jorge Martín Arturo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", resolución de 21/11/01).

La acción instaurada, según lo interpretara mayoritariamente el Tribunal al decidir su admisibilidad formal, se ciñe a requerir una sentencia que declare la inconstitucionalidad abstracta de la norma. En consecuencia, Macbar SRL no ha traído ante el Tribunal "su asunto", sólo trajo, en opinión de la mayoría del Tribunal, la hipótesis de un conflicto normativo que podría haber sido propuesto por cualquier otra persona. La fungibilidad del demandante es, entre otras, una pauta de falta de caso.

4. En esas condiciones, y en atención a lo prescripto por el art. 2 de la ley federal n° 27 y por el art. 14 de la ley federal nº 48, no hay causa que habilite la vía extraordinaria intentada.

En la jurisdicción federal no se admiten pronunciamientos abstractos acerca de la interpretación o de la validez de las leyes o actos de los otros poderes (Fallos 12:373; 156:318; 256:386), y por ello es aplicable, en este proceso, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Droguería Aries S.A. c. Provincia de Santa Fe y otros" (20/4/99).

También la doctrina coincide en que "[l]a justicia nacional sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos; y no puede resolver cuestiones en abstracto, ni hacer declaraciones de esta naturaleza; ni decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley sino cuando se trata de su aplicación a casos contenciosos que ocurren" (González Calderón, Juan A., Derecho Constitucional Argentino, t. III, 3ra. edición, Buenos Aires, Lajouane, 1931, p. 454).

Entonces, mientras que en la Justicia Federal no son admisibles pronunciamientos abstractos acerca de la interpretación o de la validez de las leyes o actos de los otros poderes (Fallos 12:373; 156:318; 256:386; entre otros; véase Palacio, Tratado, t. II, p. 466, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969), lo que caracteriza a la acción del art. 113, inc. 2º de la CCBA es, precisamente, que con ella sólo se persigue una declaración abstracta acerca de la constitucionalidad de ciertas normas.

La acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 113, inc. 2º de la CCBA no es, en sentido estricto, una vía jurisdiccional contenciosa, sino un mecanismo para la formación y el control del derecho local alternativo al control difuso de constitucionalidad, disponible para el recurrente a través de las vías procesales adecuadas.

No es posible pues recurrir, en los supuestos del art. 113, inc. 2º de la CCBA, al recurso extraordinario federal que sólo puede activarse cuando existen partes adversas y se persigue en concreto la determinación de sus derechos.

La actora, por otro lado, no da razón alguna para justificar que, sin menoscabo de la autonomía que la Constitución Nacional garantiza en el art. 129, un órgano federal intervenga en un mecanismo participativo puramente local, como lo es la acción declarativa (art. 113, inc. 2º, de la CCBA). Como señalé desde mi voto en "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2490/03, resolución de 16/9/04, coincido en este punto con lo expresado por el juez Lozano en los párrafos 1, 2, 3 y 5 del punto 6 del voto que emitiera en las actuaciones mencionadas.

5. En el proceso previsto en el art. 113, inc. 2º de la CCBA -contrariamente a las expresiones vertidas por la recurrente a fs. 142, primer párrafo- no existe irreparabilidad, ni sentencia definitiva, ni por tanto obstáculos para que las mismas cuestiones sean articuladas en juicios de otra naturaleza.

Como sostuve junto a mis colegas la jueza Ana María Conde y el juez Guillermo A. Muñoz, al votar en "Arbitra S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 386/00, resolución de 21/6/01, "El recurso extraordinario federal sólo puede interponerse contra sentencias que privan definitivamente al interesado de medios legales para reclamar la tutela de sus derechos." Y, en la especie, el rechazo de la acción declarativa de inconstitucionalidad "no encuadra en el recaudo de 'sentencia definitiva' que exige el art. 14 de la ley 48 para la admisibilidad de la apelación extraordinaria, ya que es jurídicamente posible que quienes se vean sometidos a procesos en los que se apliquen las normas cuestionadas planteen la cuestión constitucional invocada en este juicio ante los tribunales competentes". Cabe agregar que, tampoco existe en este tipo de procesos "un interesado" en sentido estricto, ya que el problema internormativo que a juicio de la mayoría del Tribunal fue traído en este expediente a decisión, podría haber sido propuesto por cualquier otra persona.

Como son dos los controles de constitucionalidad en el ámbito de la Ciudad, la actora debería agotar las vías ordinarias y extraordinarias locales para ventilar la cuestión que califica como 'federal' (conf. Fallos 308:490; 310:324). En un caso, cualquier juez local ordinario podría apartarse de lo aquí decidido y considerar invalida la norma impugnada en estos autos, y sólo en este supuesto, quedaría habilitado el recurso extraordinario.

6. Los argumentos expuestos en los apartados anteriores fundan la opinión que anticipara en cuanto a que el recurso extraordinario federal es improponible. Voto entonces por el rechazo del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 106/152, con costas a la vencida.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Me adhiero a los votos de la Sra. jueza Alicia E. C. Ruíz y del Sr. juez de trámite, José O. Casás, suficientemente fundados. En efecto, yo mismo había aclarado (cf. "Asociación por los Derechos Civiles [A.D.C.] c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2535/03, resolución del 13 de octubre de 2004 y sus citas) que la acción regulada por el art. 113, inc. 2 de la CCBA no resistía el control por la CSJN mediante el recurso extraordinario federal. Esa acción instaura, en la Ciudad de Buenos Aires, un control abstracto, objetivo, de constitucionalidad de las leyes, sin que se discuta en ella intereses o derechos subjetivos de las personas. La introducción de este control objetivo de constitucionalidad correspondió a la influencia de los tribunales constitucionales europeos (España, Alemania e incluso en los Länder que conforman la República Federal) y no existe en la legislación federal. Como resultado de ello es correcto afirmar que una de las condiciones del recurso extraordinario federal, la existencia de "caso" o "causa", no está presente en la sentencia recurrida.

2. Por ello, pero también porque se trata de una cuestión meramente local (Derecho público local) y porque la sentencia carece del carácter de definitiva para decidir intereses subjetivos, el recurso resulta improponible. Las alegaciones acerca de arbitrariedad y gravedad institucional sólo son, como lo expresan mis colegas, verborragia sin fundamento alguno, al lado de una innumerable serie de garantías constitucionales mencionadas por el recurrente que, si las lesiones existieran realmente, merecerían un sentimiento de piedad de parte nuestra.

3. Las costas deben ser impuestas al vencido (cfr. art. 68, CPCCN), Macbar SRL, quien interpuso el recurso y provocó la actividad de la contraparte.

Por todo ello, el recurso extraordinario federal debe ser rechazado. La jueza Ana María Conde dijo:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que sólo pueden ser consideradas causas contenciosas -en los términos del art. 2º de la ley 27- aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho entre partes adversas y no los planteos en los que se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes (Fallos 12:372; 24:248; 95:290, 107:179; 115:163; 156:318; 243: 176, entre otros), por lo que el debate sostenido en este proceso no puede considerarse comprendido en tal categoría.

Tal como lo he expresado anteriormente (cf. mi voto en "Asociación por los Derechos Civiles [A.D.C] c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 2535/03, resolución del 13 de octubre de 2004) en este tipo de procesos la vía extraordinaria federal no puede ser admitida por una razón fundamental, como es la relativa al carácter abstracto de la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 113, inc. 2º de la Constitución de la Ciudad, lo que determina la inexistencia de un caso, en los términos previstos en los arts. 2 de la ley 27 y 14 de la ley 48.

Tampoco pueden los actores, por la naturaleza misma de la acción, invocar agravio irreparable alguno derivado de la decisión, lo que también torna inadmisible su planteo. Los argumentos rechazados en este proceso bien pueden ser replanteados por los interesados en los casos concretos, por vía del sistema de control difuso también vigente en el ámbito de la Ciudad.

Sin perjuicio de ello, con relación a los agravios de arbitrariedad y gravedad institucional, debo señalar que el planteo recursivo de la ADC adolece de defectos de fundamentación, pues la recurrente no vincula de modo adecuado lo decidido con las normas constitucionales que considera afectadas.

En mérito a las razones expuestas, voto por el rechazo del recurso extraordinario federal planteado, con costas a la vencida (art. 68 CPCCN).

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. En la causa "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2490/03 (resolución del 16/9/04) expuse las razones que justifican declarar la improcedencia del recurso extraordinario federal en los casos en los que la apelación se dirige a cuestionar sentencias dictadas en el proceso previsto por el art. 113 inc. 2 de la CCBA. A continuación reproduzco, en lo pertinente, tales consideraciones:

"3. Comparto la opinión de los jueces Ruiz y Maier en cuanto a que: ´El carácter concentrado y abstracto del control de constitucionalidad ejercido por este Tribunal en materia de acción declarativa de inconstitucionalidad, con exclusiva incidencia en asuntos locales, resta toda posibilidad, de que una sentencia del Tribunal Superior pronunciada en el ámbito de dicho proceso, sea susceptible de recurso extraordinario de federal. El carácter abstracto de la acción en el presente proceso, desprendida de toda consideración sobre cualquier situación jurídicamente individualizada, inhibe el progreso del remedio federal por tener éste, como presupuesto esencial, la existencia de causa o caso de carácter contencioso (conf. Ley 27). Así, la naturaleza de un conflicto puramente internormativo local, y a su vez, la ausencia de un conflicto intersubjetivo, se erigen como valla infranqueable para compatibilizar, en este caso, el recurso federal con el sistema local de control de constitucionalidad desarrollado por la vía del art. 113 inc. 2° de la CCBA´ (TSJ, in re ´Ministerio Público [Defensoría General y Asesoría General de Menores e Incapaces] c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad´, expte. n° 70/99, resolución del 27/12/99, Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T I, ps. 713 ss., Ed Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001; ´Liga de amas de casa, usuarios y consumidores de la República Argentina y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad´, expte. ni 480/2000, resolución del 13/12/00 y ´Arbitra S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad´, expte. n° 386/00, resolución del 21/6/01). También tomo como propios los argumentos complementarios de la Dra. Ruiz desarrollados en la causa ´YPF S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad´ (expte. n° 596/00, resolución del 27/2/02), donde dijo: ´La acción instaurada no propuso la resolución de un conflicto intersubjetivo jurídicamente relevante, sino un puro problema internormativo. Se solicitó el control de constitucionalidad objetivo previsto en el art. 113, inc. 2º de la CCBA y, por lo tanto, la falta de causa o caso que ello importa determina, en atención a lo normado en el art. 2 de la ley federal n° 27, que el recurso federal interpuesto resulta inadmisible. Debe recordarse que en la jurisdicción federal no se admiten pronunciamientos abstractos acerca de la interpretación o de la validez de las leyes o actos de los otros poderes (Fallos 12:373; 156:318; 256:386) y que al planteo efectuado en este proceso le resulta aplicable lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 'Droguería Aries S.A. c. Provincia de Santa Fe y otros' (20/4/99). La doctrina, también, ya ha señalado que 'La justicia nacional sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos; y no puede resolver cuestiones en abstracto, ni hacer declaraciones de esta naturaleza; ni decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley sino cuando se trata de su aplicación a casos contenciosos que ocurren' (González Calderón, Juan A. , Derecho Constitucional Argentino, t. III, 3ra. edición, Buenos Aires, 1931, p. 454). 2) La acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 113, inc. 2º de la CCBA no es, en sentido estricto una vía jurisdiccional contenciosa sino un mecanismo participativo para la formación y control del derecho local, interactúa con el control difuso de constitucionalidad que estuvo, está y estará expedito para el recurrente a través de las vías procesales correspondientes (vrg: demanda, amparo, acción declarativa del art. 277 del CCAyT, etc.) en la medida que el planteo se adecue y satisfaga las normas procedimentales correspondientes. Entonces, no es posible recurrir a un sistema de control construido a partir de la hegemonía del derecho federal sobre el derecho local, en los supuestos del art. 113, inc. 2ª CCBA, dado que aquel sistema es admisible sólo cuando existen partes adversas y se persigue en concreto la determinación de los derechos de éstas, situación que no se presenta en esta causa´.

4. La acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 113 inc. 2 de la CCBA no tiene por objeto un supuesto de la naturaleza de los contemplados en el art. 2 de la ley 27, precepto en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha encontrado la reglamentación legislativa del concepto de causa contenido en el antiguo art. 100, hoy 116 de la Constitución Nacional. A la luz de lo que esos textos disponen, el poder judicial federal debe ser ejercido en una controversia actual y concreta entre partes adversas. Tal presupuesto no se verifica en estas actuaciones, pues justamente, el cauce procesal elegido por la recurrente para ventilar su pedido instrumenta un control de constitucionalidad de carácter abstracto, desvinculado de pretensiones jurídicas particulares (por ejemplo de condena o determinativas de derechos). En el precedente ´Massalín´ este Tribunal sostuvo que la acción directa de inconstitucionalidad, tal como lo dispone el art. 113 inc. 2 de la CCBA, tiene por único objeto impugnar ´la validez de una norma de carácter general emanada de autoridades locales por ser contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución...´ y provocar la decisión de este Tribunal que, en el supuesto de admitir la falta de adecuación constitucional de la norma cuestionada, acarreará la ´pérdida de vigencia´ de aquella. La sentencia no tiene otros efectos que el que se acaba de señalar. El control abstracto de constitucionalidad se halla, entonces, exclusivamente orientado a objetar normas de carácter general que sean consideradas contrarias a principios y preceptos establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Constitución Nacional y, por el contrario, no está encaminado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la idoneidad jurídica de los actos por los que aquéllas fueron directamente aplicadas al accionante. Por ello, ´no puede confundirse el control concentrado y en abstracto de constitucionalidad, a cargo de este Tribunal, con el control difuso que, reconocido a todos los jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas´ (Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T I, ps. 56 y ss., Ed Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, in re ´Massalin Particulares S.A. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad´, expte. nº 31/99, resolución del 5/5/99, entre otros).

5. Este tipo de control constitucional no constituye un mecanismo sustitutivo sino complementario del control difuso que impone el art. 31 de la Constitución Nacional, y que la Constitución de la CBA adopta. Es el interesado en cuestionar la validez de una norma general quien, si además muestra que esa norma pone en vilo alguno de sus derechos, puede optar por una u otra vía. En una de ellas, la del control difuso en supuestos que reúnen las características de una causa de las contempladas en el art. 116 de la CN, podrá coronar el ejercicio de su defensa con el recurso extraordinario federal. En la otra, la del art. 113 inc. 2, esa defensa culmina en la sede de este Tribunal, y el efecto de la sentencia no pasa del rechazo del planteo con mantenimiento de la primera vía, o de la derogación de la norma, obviamente con alcance general. Desde luego, quien no ostente algún derecho subjetivo afectado por la norma cuestionada sólo tendrá a su alcance la acción declarativa del art. 113 inc. 2 examinado.

Vale destacar que esa acción sólo puede estar dirigida contra normas locales, no contra las que emanan de autoridades nacionales. Es decir, que instaurarla no excede el legítimo empleo de la facultad de darse sus propias instituciones que el art. 129 de la CN asegura a los ciudadanos de la CABA.

Vale recalcar, también, que no es la Constitución de la CBA la que limita la revisión federal en el supuesto de la acción del inciso 2 del art. 113, sino la Constitución Nacional que no permite que supuestos de la naturaleza del allí previsto reciban tratamiento en sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En síntesis, quienes cierran el paso hacia la revisión federal de aquellas cuestiones que podrían, planteadas en otras circunstancias, serlo, son: el propio actor que escoge la forma de su planteo, y las normas federales que recortan el ámbito de competencia de sus órganos judiciales.

6. La Constitución Nacional libra a cada gobierno local la decisión acerca de cómo organizar su administración de justicia. Como principio, estas administraciones de justicia deben dar cabida a todo aquello que reúna las características de una causa de las contempladas en el art. 116; pero, nada empece, también como principio, a que el espectro de asuntos atendidos por los órganos que la compongan comprenda algunos que no sean apropiados para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más aún, se ha admitido que ello ocurra en jurisdicción federal, en tanto el legislador puede atribuir a los jueces inferiores competencia para atender cuestiones, las voluntarias, por ejemplo, que como principio no podrían ser llevadas al máximo Tribunal.

Las ampliaciones que cada jurisdicción local estime oportuno disponer quedan fuera del control de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio, desde luego, de que la cuestión que constituya el leit-motiv del caso no comprendido dentro del ámbito de causas susceptibles de resolución judicial federal a que me refiero pueda ser ulteriormente materia de una causa de las que puede efectivamente tratar ese Tribunal cimero. Si, en cambio, el recurso extraordinario federal procediese en supuestos distintos de las causas definidas en la Constitución Nacional, la extensión de la jurisdicción federal quedaría a merced de las provincias que podrían llevarla a extremos que conducirían a la Corte Suprema a invadir la esfera de otros Poderes federales o de Poderes locales.

Muchas jurisdicciones han dotado a sus máximos tribunales de competencias de esta especie. Así, la Constitución de la Provincia de Chaco dota al tribunal Superior de competencia para resolver una acción de inconstitucionalidad (art. 163, inc. 1-a), la Provincia de Buenos le atribuye a su Suprema Corte la resolución, en forma ´... originaria y exclusiva(mente) en las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia ...´ (art. º 161 inc. 2), o más específicamente ´Artículo 187º. Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, ...´ No se me escapa que en alguna ocasión la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entrado a conocer de supuestos como este último; pero, quizás la razón de haber asumido la competencia que le venía instada por la parte recurrente yace fuera del texto de la sentencia. Se trata de la causa ´Rousselot, Juan C. v. Concejo Deliberante de Morón s/ conflicto art. 187 de la Constitución Provincial´ del 27 de diciembre de 1990, suscripta por los ministros Ricardo Levene (h), Rodolfo Barra, Julio Oyhanarte y Eduardo Moliné O`Connor, y Carlos S. Fayt por su voto, en Fallos 313:1596, en la que el actor venía reclamando ser repuesto en el cargo de intendente de Morón del cual había sido separado por el Concejo Deliberante. En él se ve una mera remisión a lo que la Corte local consideró justiciable, sin que expresamente se haya dicho que lo era a nivel federal, y menos aún por qué. De todos modos, la aclaración de que no habían sido atacadas por inconstitucionales las disposiciones locales que disponían la ´justiciabilidad´ de los actos expulsivos de la especie de aquel cuya revocatoria se pedía, introduce, en el texto, un matiz sugestivo. No obstante, cabe señalar que puede suponerse que la solución pudo basarse en la circunstancia de que se estimara que la materia litigiosa comprendía el derecho del recurrente Rousselot a ser elegido y, por tanto, ocupar el cargo, lo que la pondría en línea con la doctrina a que me vengo refiriendo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sujeta a estas reglas. Observándolas, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha organizado su Tribunal Superior de Justicia confiriéndole facultades de resolver asuntos que constituyen causas en el sentido del art. 116 de la Constitución Nacional y otros que no lo son desde el ángulo federal, aunque el constituyente ha querido amoldar su tratamiento a cánones propios de un proceso judicial, y encomendar su solución a su máximo tribunal. Es este el caso de la acción declarativa de inconstitucionalidad contemplada en el inciso 2 del art. 113 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta acción, como queda señalado en los párrafos de los votos de los jueces Maier y Ruiz transcriptos más arriba, así como en los vertidos por la Dra. Ruiz en esta sentencia, no somete a este tribunal un conflicto entre partes acerca de una situación incierta relativa a la existencia o alcance de sus derechos subjetivos, sino que pone en crisis la validez de una norma local de alcance general por oposición a otra de jerarquía superior, no requiere legitimación específica en el actor ni, visto desde otro ángulo, gravamen concreto -art. 18 de la ley 402 que superó un debate acerca del punto conforme estableció este Tribunal-, ni puede llevar a una reparación singular sino solamente a la derogación de la norma impugnada -art. 17 de la citada ley 402-, seguida eventualmente de la insistencia, en el supuesto de que ella fuere una ley. Esto no quiere decir que quien insta una acción de esta especie carezca del propósito de obtener finalmente reparo a una situación personal, sino que ese reparo sobrevendrá como efecto de la derogación de la norma, y no como protección a una situación individual dispuesta por la sentencia. Para la tutela de derechos subjetivos existe el control difuso que no se ve recortado por la existencia de esta vía.

En tales condiciones, nos hallamos en la situación contemplada en el precedente ASARCO Inc. v. Kadish, 490 US 605, fallado por la Corte Suprema Norteamericana, cuyo valor deriva de la proximidad de ambos sistemas de control judicial, reconocida inveteradamente por nuestro máximo tribunal federal que ha hecho suya abundante doctrina de su par estadounidense.

La mencionada causa fue iniciada a raíz de la demanda presentada tanto por contribuyentes como por una asociación de maestros estatales, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de una ley estadual que eliminaba recaudos que una ley federal y la propia constitución estadual imponían para el alquiler de ciertas tierras con hidrocarburos que habían sido entregadas por la Unión para destinar su producido a solventar gastos en educación. Junto con la declaración de inconstitucionalidad solicitaron una orden judicial dirigida a prohibir actos en oposición a las leyes federales y a la constitución del Estado (injunctive relief). Los demandados, por su parte, eran el Departamento de Tierras Estatales, y los locatarios de las tierras en cuestión. Fueron éstos últimos quienes, frente a un fallo adverso de la corte suprema estadual, recurrieron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos presentado un ´caso´ en el sentido constitucional, toda vez que la sentencia impugnada los perjudicaba de manera concreta y diferenciada. Si quienes hubieran recurrido hubieran sido los actores -contribuyentes y asociación de maestros- (de haber resultado vencidos ante la corte suprema estadual), la Corte Suprema de los Estados Unidos no habría declarado procedente el recurso, toda vez que los actores no podían invocar la existencia de un perjuicio de tales características, por lo que no podrían haber presentado un ´caso´ en el sentido constitucional.

Así formuló su fundamento ese Tribunal: ´Cuando una corte estatal ha emitido pronunciamiento en un caso en que los actores, según los principios que rigen para los tribunales federales, no tienen legitimación para demandar, podemos ejercer nuestra jurisdicción según las reglas del certiorari, si el fallo de la corte estadual causa un perjuicio directo, específico y concreto a las partes que recurren , en tanto los requisitos relativos a la existencia de un caso o controversia estén igualmente presentes´ . Es decir, que admite revisar lo decidido por la Corte de Arizona, no obstante que esa demanda no habría podido ser llevada a la justicia federal, ni aún mutando aquellas circunstancias determinantes de la jurisdicción provincial para hacerla de competencia federal, puesto que los actores carecían de legitimación a la luz de las normas federales aunque la tuvieran con arreglo a las estaduales. Ello así, en la medida en que hubiera un caso en términos de la Constitución federal, los recurrentes estuvieran legitimados y sufrieran un perjuicio.

En el caso que nos ocupa existe también la atribución, conferida a este Tribunal de Justicia, de la competencia para resolver un caso que no lo sería en la órbita federal. Esa atribución es válida a la luz de la recordada doctrina del precedente ASARCO; pero, contrariamente a lo que allí ocurría, no existe, con arreglo a las reglas federales, un caso, puesto que no hay derechos subjetivos en disputa, ni parte legitimada pues no hay examen de legitimación, ni gravamen porque no hay situación subjetiva que constituya la materia del proceso. Ninguno de esos puntos pueden ser tratados por este Tribunal puesto que son ajenos a la litis. Por tanto, no están en condiciones de ser tratados por la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, la circunstancia de que un asunto sea resuelto por un tribunal de justicia no lo convierte en materia apta para el tratamiento en jurisdicción federal, ni la circunstancia de que dicho asunto sea una causa en el sentido local lo convierte en causa en el sentido del art. 116 de la CN. El primer test que debe pasar un debate para suscitar la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el que permite establecer si su objeto constituye una causa en el sentido nacional, a cuyo fin, naturalmente, no basta que lo sea según las concepciones locales. Esto implica que, ni siquiera cuando la denuncia de inconstitucionalidad de normas locales se funde a la luz de garantías propias de la Constitución Nacional, como permite el art. 113 inc. 2 de la CCBA, la CSJN podrá intervenir, en ausencia de caso o controversia en los términos del art. 2 de la ley 27. Como dije más arriba, no es que la Constitución de la CBA cierre la puerta al control sino que la norma federal no la abre; y, por cierto, que la norma local no puede extender el control federal por fuera de lo que esas normas federales establecen.

A este respecto, no hay que confundir las acciones declarativas federales del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con la del art. 113 inc. 2 de la CCBA, ni aun cuando aquellas pasen por un pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad de una ley. Ello así porque la pretensión acerca de la cual se debe expedir el juzgador en las primeras corresponde a despejar un estado de incertidumbre que pesa sobre una relación jurídica propia de los litigantes, no sobre la validez de una norma general. Es evidente que resolver las de la primera especie puede llevar a analizar normas generales, sus relaciones con otras normas generales y eventualmente declarar la inconstitucionalidad de alguna de ellas; pero, a propósito de la aplicación a la relación jurídica que constituye el verdadero objeto del proceso. En las segundas, no se investiga siquiera si existe alguna relación jurídica personal alcanzada por las normas generales cuya validez se analiza y cuya derogación o vigencia constituye el centro del debate. Ello justificó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conociera en el caso de ´Banco Nación c/ Catamarca, Pcia. de´ (Fallos 323:1206) en que la pretensión consistió en establecer si existía obligación de la actora de pagar determinado tributo a la demandada. Que para establecerlo fuera necesario pasar por la determinación de cuál de dos normas debía prevalecer en la pugna entre un precepto local y otro nacional, no altera esa circunstancia. Este objeto determina inmediatamente que quien insta la acción haya debido mostrar que es titular de un derecho subjetivo, que éste le es desconocido por la demandada, que el estado de incertidumbre le provoca perjuicio, y que la incertidumbre y el perjuicio que genera están en situación de ser despejada la una, y reparado o evitado el otro, mediante la sentencia. En el caso que nos ocupa, está vedado a este Tribunal expedirse acerca de la relación del actor con la norma, razón por la cual tampoco incumbe hacerlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Idéntica afirmación cabe hacer respecto del gravamen que eventualmente estuviere sufriendo o que podría sufrir si le fuera aplicada o de una hipotética relación jurídico que lo tuviese por parte y a cuyo respecto cupiese despejar incertidumbre alguna. Finalmente, la clase de dispositivo en que culmina el tipo de acción que nos ocupa está fuera de la competencia de la CSJN. Ello es así, porque se trata de rechazar la demanda o derogar una norma, cosa que es ajena al Tribunal federal. También lo es que una legislatura local no pueda privar de efectos a las sentencias de los tribunales de su jurisdicción, mientras que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede insistir en la sanción de la ley declarada inconstitucional por este Tribunal por dos tercios de miembros presentes, lo que muestra que este procedimiento tiene más semejanza con un veto, en el caso fundado, que con una revisión estrictamente judicial en el sentido federal.

Iguales consideraciones caben respecto a la doctrina judicial establecida en autos ´Baeza´ (Fallos 306:1125). Allí, la CSJN dijo que no podía juzgar la validez de una consulta popular, convocada para definir los términos de un arreglo limítrofe con Chile, pues el decreto impugnado no afectaba de manera directa intereses legales del actor y por lo tanto ausente tal presupuesto fundamental no se estaba en presencia de un caso concreto (v. considerando 4).

Estas consideraciones están expuestas con toda amplitud en el dictamen del Procurador General in re ´Hidronor c/ Neuquen, Pcia. de´ (Dictamen del Procurador General de la Nación, del 17/12/71) donde señala que la acción declarativa del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comprende supuestos en que la incertidumbre que busca despejar pesa sobre derechos subjetivos de los denominados públicos, y justifica la admisión de la cuestión porque la sentencia que se requería no debía pasar por la solución de un problema normativo, y por tanto abstracto, acerca de qué Gobierno, el federal o el local, detentaba la competencia de imponer tributos de una determinada especie, sino si los intimados eran legítimos.

Más recientemente, en el precedente Automotores Transportes Chevallier S.A. c/ resolución n° 21 del Plenario de la Comisión Federal de Impuestos (Fallos 317:1548), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, modificando la doctrina sentada en ´Electrometalúrgica Andina c/ San Juan, Pcia. de´, (Fallos 302:150) resolvió que podía revisar por medio del recurso extraordinario, previsto en una ley del Congreso cuya constitucionalidad no estaba formalmente cuestionada, lo relativo a la contradicción entre un impuesto local y la ley de coparticipación federal. El recurso estaba interpuesto por el contribuyente, es decir, por quien estaba legitimado según las reglas federales que tratan la cuestión, cosa que debía ser tenida por tal por la Comisión Federal de Impuestos, órgano emisor del acto recurrido, puesto que así lo exigía la ley de coparticipación, tanto la entonces vigente como otras de su misma especie. Esta es la circunstancia que separa ese caso del que nos ocupa, puesto que la materia a propósito de la cual se debatía la cuestión relativa a la pugna entre dos normas generales era el efecto que la definición de esa pugna tendría sobre los derechos y obligaciones del recurrente. Según está fuera de toda discusión, esto no ocurre en el caso de la acción declarativa del art. 113 inc. 2 comentado.

En el mismo orden de ideas, cabe detenerse en el examen de lo resuelto in re ´Gómez Diez, Ricardo y otros c/P.E.N. - Congreso de la Nación s/ Proceso de Conocimiento´ (Fallos 322:528) donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ´si bien en numerosos precedentes esta Corte admitió la existencia, en el orden nacional, de las acciones declarativas de mera certeza y de inconstitucionalidad, dicha admisión quedó sujeta al cumplimiento de los recaudos a que alude el anteriormente citado art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. Fallos: 306:1125; 307:1379, 2384; 308:1489, 2268, 2569; 310:142, 606, 977; 311:1835), entre los que se destaca la necesidad de la existencia de un caso en el que el titular de un interés jurídico concreto busca fijar la modalidad de una relación jurídica o prevenir o impedir las lesiones a un derecho de base constitucional [...] Que dicha necesidad surge de los arts. 116 y 117 (100 y 101 antes de la reforma de 1994) de la Constitución Nacional, los cuales, siguiendo lo dispuesto en la sección 11 del artículo 111 de la ley fundamental norteamericana, encomiendan a los tribunales de la república el conocimiento y decisión de todas las ´causas´, ´casos´ o ´asuntos´ que versen -entre otras cuestiones- sobre puntos regidos por la Constitución [...] Que, sobre la base de tales disposiciones, una constante jurisprudencia del Tribunal expresó que dichos casos ´son aquellos en los que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas´, motivo por el cual no hay causa ´cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes´; ni, por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones (Fallos. 307;2384, considerando 2°, sus citas, y muchos otros) [...] Que, con tal comprensión, la existencia de ´caso´, ´causa´ o ´asunto´ presupone -como surge del propio art. 116 de la Ley Fundamental y ha sido recordado precedentemente- la de ´parte´, esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. En ése orden de ideas, como lo ha destacado la jurisprudencia norteamericana, ´al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer´, el cual ´resulta esencial para garantizar que [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal´ (´Flast v. Cohen´, 392 U.S. 83), y, en definitiva, y como fue señalado por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder Judicial de ´la sobrejudicialización de los procesos de gobierno´ (´The doctrine of standing as an essential element of separation of powers´, 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). En síntesis, la parte debe demostrar la existencia de un ´interés especial´ en el proceso (´Sierra Club v. Norton´, 405 U.S. 727) o, como ha expresado esta Corte (Fallos: 306:1125; 307:1379; 308:2147; 310:606, entre muchos otros) [...] Que, de igual modo, la pretensión tampoco resulta atendible si se observa que con ella se persigue una declaración de ilegitimidad cuyos efectos no se limitan a actos relacionados con un conflicto o controversia concreto, sino que se proyectan erga omnes, al procurar una sentencia con carácter de norma general (la declaración de inconstitucionalidad de una ley y el dictado, en un plazo determinado, de otra en su lugar), cuando, como se ha señalado ya, ´los jueces [se refiere a los federales] no pueden tomar por sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla e interpretarla en teoría, sino sólo aplicarla a las cuestiones que se suscitan o se traen ante ellos por las partes a fin de asegurar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones´ (Fallos: 311:2580, considerando 3°, el subrayado no se encuentra en el original).

7.- El precedente ´ASARCO´ al que me he referido resulta útil para tratar otro aspecto que es, en verdad, ajeno a la hipótesis de autos, pero conducente para despejar una hipotética duda. El art. 113 prevé, para el supuesto de que la acción declarativa progrese, que la Legislatura puede insistir por una mayoría potenciada, tras lo cual la ley recobra vigencia, pero ´la ratificación de la Legislatura no altera sus efectos (los de la sentencia) en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior´.

El empleo de la palabra ´caso´ puede llevar a alguna confusión. Ciertamente, lo que abre o cierra el recurso federal no es el concepto de ´caso´ en la Constitución de la CBA sino el de ´causa´ en la Constitución Nacional. Pero, más allá de ello, y aquí viene la enseñanza de ASARCO, así como puede ocurrir que una de las partes carezca de legitimación mientras que la otra la tenga, y en función de ello que una pueda recurrir y a la otra le esté vedado, en nuestro caso, cuando el actor triunfa, se puede sostener que nace en su beneficio un efecto de la sentencia que no puede ser alterado por la insistencia de la Legislatura, y que sería oponible al Gobierno de la Ciudad en una actuación judicial ulterior en que se dirimiera, esta vez concretamente, el alcance de su derecho subjetivo. Pues bien, en este supuesto sí habría un efecto de la sentencia en una causa futura, pero, claro está, tampoco procedería el recurso extraordinario federal, esta vez por inexistencia de resolución favorable a la norma local, o si se lo prefiere contraria al derecho federal invocado.

A diferencia de este supuesto, en el caso que nos ocupa no existe efecto alguno que el rechazo de la acción proyecte sobre las causas que sean instadas en el marco del control difuso.

8.- Finalmente en el precedente ´Iraizoz´ la CSJN (I.7, L.XXXVI, ´Iraizoz, Juan Fermín c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires´, sentencia del 3 de abril de 2001) abrió un recurso de hecho a propósito del rechazo de una acción declarativa porque involucraba una pretensión propia de una causa o caso, es decir, que no conoció en una acción efectivamente admitida como declarativa de inconstitucionalidad, sino precisamente en un supuesto que podía reunir las condiciones de una causa federal; y por otra parte se limitó a obligar a establecer el juez competente, lo cual suponía interpretarla prima facie como una controversia; supuesto contrario al aquí analizado".

2. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario interpuesto debe ser denegado. Costas a la vencida. (art. 68 CPCCN).

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por Macbar SRL a fs. 106/152. Con costas.

2. Mandar que se registre, notifique y archive.