marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paranatex S.A.I.C.Y F. s/ Concurso Preventivo-Hoy Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-26

Esta Sala entiende que el artículo 272 de la Ley de Concurso otorga a la Cámara la facultad de reducir los honorarios regulados en Primera Instancia, sin establecer en orden a ello límite alguno, de modo que el Tribunal de grado goza de plena jurisdicción para materializar su tarea adecuativa y, por ende, la determinación de los porcentajes a aplicar como su distribución forman parte de esa labor y configuran su consecuencia práctica e inmediata que, como se dijo, al sustentarse en la valorción del trabajo profesional y la extensión del proceso en el tiempo son aspectos circunstanciales e irrevisable en esta vía de excepción.
Revocación de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, multa, juicio abreviado, proporcionalidad de la pena, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: VERA GONZALEZ, Alcides c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-13

Corresponde revocar la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de multa establecida en el art. 5 ley 23.737 -acordado por las partes en el marco del juicio abreviado-, si el sentenciante efectuó un análisis genérico invocando la desproporcionalidad que esa sanción presentaría en relación a la situación socioeconómica del imputado, pero no logró demostrar la desproporcionalidad entre el contenido del injusto por el cual fuera condenado y el mínimo de la previsión legal, ya que la desproporcionalidad de las sanciones debe ser evaluada con relación al contenido del injusto del hecho, es decir, con la gravedad de la lesión del bien jurídico concretamente afectado por el hecho.
Aborto, viabilidad, ley vigente, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

Corresponde concluir en el carácter atípico que, respecto de la prohibición penal del aborto, posee la interrupción de un embarazo ocasionada durante el periodo en el cual un embrión, por la sola circunstancia de hallarse aún en esa etapa inicial del desarrollo de la gestación, carece de toda posibilidad de mantener viabilidad extrauterina. Por consiguiente, en tanto no se trate de un supuesto caracterizable normativamente como autolesivo, por definición constitucional, irrelevante para el ordenamiento penal positivo vigente en nuestro país, las consecuencias dañosas que esa clase de hechos produzcan en el cuerpo de la mujer gestante, podrán resultar subsumibles en alguna de las figuras contenidas en el capítulo II, título I, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, en el correspondiente al delito de "lesiones", sin perjuicio de que, según cuál sea la estructura del suceso del cual se trate en cada caso, puedan resultar aplicables otras normas penales (voto del juez Magariños).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OVIEDO, JOSE RAUL; BESSONE, LILIANA BEATRIZ Y KERGARAVAT, MARIA ISABEL - ABOGADOS EN AUTOS: BUSLOWICZ, MARTA C. DE C/ GERBALDO, MAGDALENA Y OTROS s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Ordinario- Incidente de revocatoria parcial y apelacion en subsidio por Honorarios regulados(Expte.: C.S.J. Nº. 50 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha sostenido reiteradamente qu e la obligación de cumplir el depósito previo no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente; y la Corte local ha sostenido que la ley regulatoria -en el ámbito provincial- del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia". Ësta no es la situación en que se encuentran los abogados recurrentes -quiénes fundan su pedido en lo normado por el art. 28 inciso e) de la ley 6767 al estar originada la queja en una regulación de honorarios efectuada en menos-, que no están exentos de su pago siempre que les corresponda hacerlo pues, como toda excepción, la exención de acompañar el depósito deber ser interpretada de manera restrictiva.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, comisiones médicas, constitucionalidad, instancia administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas  Daniel  Mauricio c/ Provincia ART. S.A. s/ accidente-ley9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

Tal como lo puntualiza la Corte Federal en los autos "Ángel Estrada y Cía. S.A. c/Secretaría de Energía y Puertos" (CSJN 5-4.05, J.A. Número Especial, 2005-III del 31-8-05, págs. 74 y sgtes.) a los fines de que la atribución de actividad jurisdiccional a organismos de la Administración resulte ajustada a la Constitución Nacional, se requiere el cumplimiento de los siguientes recaudos adicionales a los del origen legal de la derivación y el control judicial posterior: a) que esté asegurada la independencia e imparcialidad de tales organismos (cons. 12); b) que el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para restringir la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria haya sido razonable (cons. 12); c) que, en tales supuestos, la jurisdicción de las agencias se debe circunscribir a las materias que configuran "el corazón" de las tareas que tuvo en mira el Congreso, por la competencia especial del cuerpo administrativo (cons. 13); d) que en los supuestos correspondientes igualmente el control judicial posterior sea amplio y suficiente (cons.12). (Del voto del Dr. Maza).
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingenieros Costamagna y S.P.S. (Soc. Com. por Acc.) c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa ESUCO S.A. y otras c/ Provincia de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13|1992-10-13

Tratándose de una causa contencioso administrativa, esta Corte tiene dicho en relación a la ley 11192 que corresponde aplicar el art. 151 de la Constitución provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, competencia por la materia, procesamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PINTO FLORERO, LEYDI LINETH (ACTUACIONES POR SEPARADO) s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación del procesamiento con prisión preventiva del imputado Condori.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-10

La ley establece que la inobservancia de las reglas para la determinación de la competencia por razón de la materia provoca la nulidad de los actos (Art. 36 del CPP), de modo tal que el procesamiento dispuesto por el juez en lo penal económico respecto del imputado, al mismo tiempo que reiteró su anterior declinación de competencia en favor de otro juez federal - quien no la había aceptado -, es nulo por carecer dicho magistrado de competencia material para conocer en el hecho que se le atribuye, y en tanto esa competencia que ya había sido resuelta por la Cámara en favor del juez federal.
Partes del proceso, sustitución de partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bischoff, Martín Luis c/ Lizondo, Fernando José s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Para que el cesionario del derecho litigioso pueda intervenir como parte principal es requisito " sine qua non " la conformidad expresa del adversario, la que no se suple con su silencio a la notificación que le fuera cursada. No está en juego la validez o invalidez de la cesión entre las partes, sino la oponibilidad al restante litigante.

Debe por ello, seguir interviniendo el tercero cesionario, en el carácter de coadyuvante, y el cedente debe dejar de defender un derecho propio, para sostener el de su cesionario, es decir, un interés ajeno. ( art. 44, 90, 91 y cdts. Cód. Proc. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Gennarino, Mirta G. c/ Credi-Paz S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Resulta inadmisible el recurso extraordinario de nulidad si los agravios expuestos no se sustentan en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, sino que el recurrente procura la nulidad del fallo por supuestos vicios de procedimiento anteriores a su dictado.
Excarcelación, estupefacientes, criterio de razonabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "RODRIGUEZ RICARDO, s/ prisión preventiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-15

De conformidad con lo precedentes del Tribunal donde se tuvo oportunidad de señalar - con apoyo en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - que la amenaza de pena que se ciñe sobre los procesados -art. 5° inc. "C" de la Ley 23.737 resulta una pauta indicativa del riesgo de fuga válida para justificar la medida cautelar privativa de libertad siempre que esa detención preventiva no se extienda en forma irrazonable vulnerando -por su naturaleza procesal y no material- el principio de inocencia que goza toda persona sometida a proceso (Informe n° 297 del 11.3.97 de la mencionada Comisión; C.S.J.N. fallos 321:3630 Consd. 8°, 319:1840 y de esta Sala "TORRES" del 5.7.2005 y "ROJAS TIESE" reg. 24.021 entre otras.)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, trabajo inoficioso, contestación de agravios, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRES, LAURA BEATRIZ c/ C.M.V. s/ ESCRITURACION C.M.V.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Constituye presupuesto indispensable para la procedencia de la regulación de honorarios la efectiva realización de trabajos útiles vinculados con el trámite del juicio. Si bien no resulta posible afirmar que las tareas no han existido, cuadra en cambio reputarlas inoficiosas -en tanto carecieron de toda utilidad para lograr sus efectos propios, toda vez que la contestación a los agravios de la contraria fue presentada extemporáneamente, lo que determinó su desglose y posterior devolución-siendo improcedente fijar su remuneración.
Homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, suspensión del juicio a prueba, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: F., M. A. c/  s/ Condena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-08

Corresponde considerar que en el marco de las actuaciones seguidas en orden al delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, se valoraron los dichos volcados oportunamente por la víctima en la denuncia y las constancias del expediente de las que surgía que había tramitado una suspensión de juicio a prueba que extinguió la acción penal como lo establece el art. 76, ter, CP, respecto del imputado, de modo que ello permitió completar el contexto en que se llevó a cabo el homicidio atribuido al imputado, como propuso la acusación, toda vez que ni en la sentencia, ni en ningún otro lado, se revirtió la presunción de inocencia del imputado respecto de los delitos por lo que fue beneficiado por la probation. En definitiva, el tribunal valoró correctamente las constancias que surgían del expediente donde había tramitado la probation anterior, lo que en modo alguno importa considerar que el tribunal estaría habilitado a considerar prueba ilegal. En efecto, no existe impedimento procesal alguno que prohíba utilizar como prueba, constancias de otro proceso, todavía en trámite sin sentencia firme o que ya puede haber concluido por sobreseimiento. El límite se encuentra en que no se pueden extraer, en principio, consecuencias para ese caso, pero si hubo un ejercicio amplio del derecho a controlar la prueba por parte de la defensa, sí puede y debe ser valorado como elemento de prueba en otro paralelo o posterior, como la práctica forense viene reconociendo desde siempre, con aquellos asuntos que son solicitados ad effectum videndi et probandi, aunque las conclusiones que surjan de ellos no sean definitivas (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Rimondi y Llerena).
Regulación de honorarios, pautas, marcas, uso de marca
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. c/ M.C.V. MANUFACTURAS DE CARNES VACUNAS s/ CADUCIDAD DE MARCAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-24

Por discutirse judicialmente derechos referidos al uso de una marca se está en presencia de procesos susceptibles de apreciación económica, desde que la "marca" constituye un bien en los términos del art. 2312 del Código Civil. En tales condiciones, resulta aplicable el art. 23, Ley 21.839 y hacer lugar a la prueba ofrecida por los letrados, cabiendo puntualizar que los extremos que de ella resulten han de servir no como pautas imperativas sino meramente orientadoras para la tarea de regulación de honorarios que habrá de ser practicada ponderando tanto aquélla como las demás circunstancias que particularizan el litigio.
Tribunal de enjuiciamiento, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, juicio político, debido proceso, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, Graciela Beatriz s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Los agravios de la magistrada recurrente orientados a cuestionar la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son improcedentes pues remiten al examen de normas procesales locales ajenas, por su naturaleza, a la vía federal; y tampoco se advierte que el invocado incumplimiento de esos preceptos haya generado una afectación del debido proceso legal de la entidad.
Acción de amparo, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, Jorge Cesar c/ Dirección Administración de la Policía de la Provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-04

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia revocar el decisorio impugnado que hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por el actor, quien se vio afectado por un sumario administrativo, ordenándose como consecuencia del mismo la retención de la totalidad de sus haberes, lo que motivó que se interpusiera la acción de amparo. Ello en virtud de considerar de modo restrictivo cuál es el objetivo que se persigue con las medidas cautelares, el cual no puede ser otro que evitar que la sentencia que eventualmente pudiera dictarse se torne ilusoria ya que, según lo sostenido por la doctrina, las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismo, es decir que están al servicio de una providencia definitiva preparando el terreno para lograr el éxito de la misma. En esa inteligencia y constituyendo el agravio del recurrente la resolución del inferior que hizo lugar a la medida de no innovar, se impone en esta instancia considerar la finalidad que tiene la medida en cuestión, la cual procura impedir la modificación de la situación de hecho existente al momento de trabarse la medida. Por ello y teniendo en cuenta dicho objetivo es que cabe dejar sin efecto la medida cautelar ordenada, ya que según surge de autos, resolver de otro modo implicaría en este orden de cosas modificar la situación de hecho existente al momento de la disposición de la medida. Configurada dicha situación por el hecho de disponerse por parte del recurrente retener los haberes del actor y al ordenarse la medida, se modificaría precisamente el estado que se procura preservar, ya que la misma implica suspender la retención.

Ello es conteste con lo que doctrinariamente se ha dicho respecto a las cautelares, puesto que dichas medidas no se admiten si con ellas se logra el objeto material de la pretensión.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, thema decidendum, acceso a la información pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q., S. F. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

La sentencia de la Cámara resulta incongruente por haberse condenado a la demandada a que realice, en definitiva, una medida probatoria que no integra en rigor la pretensión del actor en sí misma sino que se trata de una actividad subordinada a su pedido de obtener el cumplimiento de la hoy derogada ley 9325; más precisamente, la información a la que pretende acceder el amparista implica en esencia la producción de una probanza dirigida a demostrar que la Administración Pública ha incumplido con el régimen normativo en cuestión, y que tal incumplimiento vulnera un particular interés que invoca titularizar y en ningún momento requirió el amparista tal medida de manera independiente de su pretensión, ni pidió la aplicación del decreto 692/09 por lo que, consecuentemente, la Provincia no argumentó sobre el punto al contestar la demanda, ni la sentencia de primera instancia abordó esta cuestión, por lo que el acceso a la información pública en los términos del decreto mencionado es por completo ajeno a la presente causa. (De la disidencia del Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 692/09.
Estupefacientes, dictamen pericial
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Martín Alejandro y otros s/ ley estupefacientes - incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-10-30

Debe declararse prematuro el auto dictado en el marco de un proceso donde se investiga una posible violación a la ley de estupefacientes, toda vez que no existe en autos informe pericial químico sobre la cantidad y calidad de las sustancias secuestradas.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, ley federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Si los agravios referentes a la alegada arbitrariedad del pronunciamiento se encuentran estrechamente relacionados con la interpretación que el a quo formuló de las normas federales, corresponde examinarlos conjuntamente con los que atienden a ese aspecto del fallo.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, escritos judiciales, exposición de los hechos, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Felli, Sonia Graciela c/ Saifen, Irene Pilar Alvarez de y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto - Juicio de apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 499 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-20

Sabido es, que en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad -atento lo dispone el artículo 3 de la ley 7055-, el compareciente debe exponer separadamente, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso en demostración de la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios; y sobre la procedencia, con relación a los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada, es decir que el escrito debe bastarse a si mismo. Tal exigencia legal, no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender, con la mera lectura del memorial, cuál es la temática del pleito, los asuntos debatidos y el desarrollo del juicio, a efectos de no distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación. Y, en el caso, de la liminar lectura del escrito recursorio surge que tal recaudo no ha sido satisfecho por el recurrente, toda vez que revela carencias en la exposición de la base fáctica y deficiencias en la fundamentación, en tanto omite exponer clara y precisamente sobre los antecedentes de hecho y de derecho del caso, efectuando continuas e insistentes remisiones a lo decidido tanto por la Alzada como por el juez inferior y a los escritos presentados en baja instancia, omitiendo, en definitiva, demostrar la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que se pretende someter al Alto Cuerpo.
Recurso de inconstitucionalidad, Poder Legislativo, Constitución Provincial, tratados internacionales, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La cuestión constitucional a resolver gira en torno a la hermenéutica efectuada sobre las inmunidades parlamentarias que se establecen en el artículo 51 de la Constitución Provincial -puntualmente a la inmunidad de proceso contenida en el párrafo segundo- y su correlato en el digesto procesal penal (artículo 27, CPP); desde que la defensa técnica del legislador cuyo desafuero se pretendía, postula que la inmunidad del proceso es una opción constitucional válida dentro de las prerrogativas que las constituciones provinciales pueden reconocer a sus legisladores; en tanto los actores penales peticionan -en esencia- la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal y de la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución provincial, por colisionar -según su criterio- con el artículo 16 de la Carta magna provincial y por no adecuarse a los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Interamericana contra la Corrupción; Convención contra la corrupción en el ámbito de Naciones Unidas; Constitución provincial, artículos 16 y 51; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 51
Comuna, personal municipal, cesantía, reincorporación, salarios caídos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRARI, ALBERTO JULIO c/ COMUNA DE DIEGO DE ALVEAR s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN (CSJ EXPTE  N. 65-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-20

La falta de un concreto criterio para la determinación del tiempo por el que corresponde reconocer haberes caídos, haciéndolo depender de la actitud de los diversos sujetos procesales y de las contingencias de cada causa, conspira indudablemente contra los valores jurídicos de seguridad y consecuente previsibilidad; incluso posibilitando soluciones que dependen excesivamente del juicio -variable- del juzgador en cuanto a cuáles demoras pueden considerarse o no razonablemente justificables, y sobre las que abrir debate conllevaría indudablemente a agravar las aludidas violaciones al principio de celeridad procesal.
Verificación de créditos, alimentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.M.J c/ R.J.P s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

Del juego armónico de los artículos 156 y 200 de la LCQ, podemos extraer como conclusión que no hay precepto alguno que exima a quien reclame alimentos (y se trate de los adeudados por el fallido con anterioridad a la sentencia de quiebra) de la carga de verificar su importe en el proceso falencial mediante el correspondiente pedido a la sindicatura, pues el mismo texto se refiere a "todos los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra" (art. 200 de la ley 24522). (Minoría u opinión personal)