Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-17


En la ciudad de Pergamino, el 17 de octubre de 2011, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino, para dictar sentencia en los autos N°1013 caratulados "TARJETA NARANJA S.A. C/ ORLANDO, MARISA ALEJANDRA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES,ETC.)(109) , Expte-54119- del Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Graciela SCARAFFIA y Hugo Alberto LEVATO encontrándose vacante el cargo del tercer juez al momento del Acuerdo, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? II) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la PRIMERA CUESTION la señora Jueza, Dra. Graciela SCARAFFIA dijo:

El señor magistrado de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada por TARJETA NARANJA S.A, condenando en consecuencia a MARISA ALEJANDRA ORLANDO a abonar a la parte actora la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Ctvos. ($ 147,60) con más sus intereses calculados en la forma pactada, desde la fecha de la mora: 25/04/2008, con la salvedad formulada en los considerandos (fs. 71/4).

Disconforme con lo decidido la accionante dedujo recurso de apelación (fs.77), concedido a fs. 78, que fundó por conducto del escrito presentado a fs. 80/7, respondido por la accionada a fs. 94/vta., llamándose a autos para sentencia a fs. 95, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.

El doliente critica el argumento según el cual resulta necesario para la admisibilidad de los distintos rubros que componen el resumen de la tarjeta de crédito, la agregación de elementos que permitan acreditar fehacientemente que la demandada ha efectuado adquisiciones por la suma mencionadas.

En pugna con esa tesis, sostiene la idoneidad probatoria del resumen de cuenta que emitiera, afirmando que no fue oportunamente impugnado por la contraria, argumentando que "los elementos acompañados resultan suficientes a fin de acreditar en debida forma monto y causa de la acreencia pretendida" (fs. 82 in fine), destacando que ha acompañado los previstos en el art. 39 de la ley de 25065 para preparar la vía ejecutiva, y que requerir los cupones firmados por el usuario que demuestren los gastos viene a crear un sistema que sólo al legislador cabe instituir.

Asevera que los resúmenes de cuenta y demás documentación aportada como prueba constituyen por sí elementos que de común integran el sistema operativo propio del régimen de tarjeta de crédito.

Destaca en otro pasaje del memorial que, "las modalidades electrónicas y/o informáticas con las que actualmente se efectúan tales transacciones, lejos están de conformarse mediante la mecánica que se pretende", este último en referencia a las exigencias evidenciatorias mencionadas por el juzgador.

Tras diversas consideraciones acerca de la naturaleza de las obligaciones de los usuarios de tarjetas de créditos, e insistiendo asimismo en la suficiencia probatoria de los instrumentos que acompañaron su pretensión revisora, reclama la revocación de lo resuelto.

A su turno, la apelada contesta los agravios y dice de ellos que no conmueven los fundamentos del auto apelado, cuya íntegra confirmación impetra.

En el decisorio puesto hoy en crisis consideró el a quo que el reconocimiento de la demandada de la solicitud y el consecuente otorgamiento de la Tarjeta de crédito emitida por la firma accionante implicó al menos tácitamente, "un reconocimiento de las condiciones unilaterales de contratación" y rechazando la controversia de la accionada referido a la legitimación de quien rubricara el resumen de cuenta, hizo lugar al cuestionamiento relativo al monto cuyo pago se exige. Destacó que, por tratarse de un proceso sumario la medida de conocimiento es similar a la de un juicio ordinario, y corresponde verificar si se ha dado cumplimiento a las normas de la ley sobre tarjeta de crédito, de específica aplicación al caso. Y, haciendo mérito "de la documental que en copia y original obra agregada a fs. 15/9 y 52/4", del informe del Perito Contable de fs. 57/vta. consideró admitidos los importes de consumo detallados a fs. 53. Sin embargo aclaró que el monto que surge de la documental glosada a fs. 53 corroborado por el informe pericial arroja una deuda de ciento cuarenta y siete pesos con sesenta, suma por la que acogió la demanda.

En la sentencia se han establecido premisas que por no haber sido cuestionadas, han adquirido firmeza, y a partir de las mismas he de considerar la procedencia del agravio de la actora, en tanto pretende se haga lugar a la acción respecto de la la totalidad del crédito reclamado en autos.

Así, ha quedado reconocido en autos el carácter de usuaria de la tarjeta de crédito de la demandada y las condiciones de contratación de la que da cuenta la documental glosada a fs. 16/7.

Además, al haberse establecido como fecha de la mora la de remisión de la carta documento glosada a fs. 18/19, queda igualmente reconocida en autos la efectivización de intimación de pago cursada por la actora de la que da cuenta la misma.- Por otra parte, al haberse valorado en el fallo el documento de fs. 53, que fuera agregado por la actora a requerimiento del profesional designado para producir la prueba pericial ofrecida por la demandada y que sirviera de base al dictamen del experto valorado por el a quo, en virtud de los principios dispositivo, de preclusión y de adquisición procesal el referido documento ha quedado definitivamente incorporado como prueba a la causa, debiendo ser meritado aún cuando se haya agregado fuera de la oportunidad prevista en el art. 330 del CPCC, pues su agregación y valoración ha sido consentida por la demandada.

En virtud del principio procesal de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba. En tal sentido las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, de manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que la hubiere aportado. Los actos son para el proceso y benefician o perjudican indistintamente a las partes, inclusive a aquella que los solicitó u ofreció. Lo cual relativiza por lo demás, las reglas de distribuciónd el onus probandi. (Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y la Pcia. de Bs. As. Comentados y Anotados", Tº I, Bs. As. 1982, págs. 619/20). Además cabe recordar la norma general consagrada en el artículo 35 inciso 2º CPCC que faculta a los jueces y tribunales, aún sin requerimiento de parte, a "ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes".

La valoración de la prueba es tarea privativa del juez, quien de conformidad con las reglas de la sana crítica debe apreciar el material probatorio en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrecen los diversos elementos de convicción. Ello conduce a que pruebas que consideradas aisladamente pueden suscitar reparos, complementadas entre sí pueden llevar al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (art. 384 CPCC, Morello..., ob. cit...., Tº V-A., Bs.As. 1991, pags. 249 y ss).

Sentadas tales premisas, dado que el objeto del recurso es el acogimiento de todos los rubros incluídos en el resumen de cuenta de fs. 15 he de destacar que al incoar la demanda la actora adjuntó los documentos cuyo reconocimiento judicial puede requerir el emisor para preparar la vía ejecutiva, de conformidad a lo establecido en el art. 39 de la ley 25065: a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instrumentado en legal forma,b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales, c) Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito y d) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los artículos 27 y 28 de dicha ley.

En el referido resumen glosado a fs. 15 se discrimina el total del crédito reclamado ($ 5.607,99) en: "Impuesto de sellos" ($2,34, $2,39 y $ 2,16), "Intereses pago fuera de término" ($8,43), "Cargo por resumen" ($13,19 y $ 13,19), "Intereses por Mora" ($ 17,81) y "Plan de pago propuesto Pergamino" ($359,18, $359,18, $359,18 y $ 4470,94).

Se ha dicho desde aquí que al canalizarse el reclamo de cobro del saldo deudor de una tarjeta de crédito por medio de un juicio compulsorio "...no es menester la exhibición de los cupones firmados por el usuario y relativos a cada compra u operación individual llevada a cabo por su parte", bastando a tal efecto el acompañamiento del contrato de uso de la tarjeta celebrado entre las partes y la presentación del resumen de la cuenta respectiva, tácitamente aprobado por el silencio observado por el interesado" (Conf. CAP. causas nº C-5273/04, RSD 159/04, sent. 12/12/04, entre otros), y que la práctica por la cual se debitan las amortizaciones de un préstamo en el resumen mensual de una tarjeta de crédito, no supone la desnaturalización de este instituto ni de cualquiera de las diversas operaciones de crédito nacidas del acuerdo libre de voluntades entre el cliente y el emisor (arts. 1137 y 1197 del Cód. Civil).

Empero, la amplitud de dicha autonomía no dispensa al acreedor de acreditar la existencia del convenio por el cual se autoriza a la inclusión de los vencimientos del préstamo en el referido resumen de cuenta, ello porque obviamente tal exigencia constituye carga elemental que hace a su propio interés (art. 375 CPC).

Entonces, a fin de determinar la procedencia de los rubros pretendidos he de analizar la pericia realizada en autos sobre dicho documento y el obrante a fs. 53, así como este último documento.

En el dictamen obrante a fs. 57/vta. el experto indicó que examinó la documentación aportada por la actora, y al responder sobre "detalle total de las facturas o compras realizadas por la demandada....." informó: "Del análisis del resumen de cuenta aportado, surge el detalle de las siguientes operaciones efectuadas a través de la tarjeta naranja", incluyendo en tal rubro únicamente los tres conceptos acogidos en la sentencia: "13/04/07 Arredo $ 29,90, 13/04/2007 calzado Borsalino San Martín $ 77 27/1/2007 Outlet $ 40,70".

Por otra parte, en el rubro "Gastos, detalle de los mismos imputados mensualmente" consignó a todos los restantes conceptos contemplados en dicha documentación expresando: "se observan los siguientes items en concepto de gastos: Impuesto de sellos; Cargo emisión resumen de cuenta; Intereses por mora; Galicia seguros de vida; Plan de cuotas. Etc." Se advierte así que el dictamen se basa exclusivamente en el documento de fs. 53, pues alude a todos los conceptos allí incluídos. Sin embargo llama la atención que el perito acudiese a la abreviatura "etc" para sustituir el resto de la exposición o enumeración que se sobreentiende o que no le interesa expresar para evitar emitir pronunciamiento acerca de los restantes rubros que componen el detalle que enumera.

Y los únicos rubros incluídos en ese detalle que el experto omite mencionar con tal procedimiento son: "efectivo expreso", y "pres. personal", cuya naturaleza entiendo que es necesario examinar a los fines de resolver la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada.

Por tal motivo he de recordar que los dictámenes periciales son de meritación exclusiva del magistrado, quien teniendo en consideración la competencia de las personas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece tomará su propia convicción, adjudicándole el valor que estime apropiado para la resolución de la litis.

Así, considerando las circunstancias que han quedado acreditadas en autos, no cabe duda alguna que en realidad los conceptos "efectivo expreso" y "préstamo personal" corresponden a sumas dinerarias que han sido percibidas por la usuaria de la tarjeta de conformidad a lo pactado en los puntos 10/14 del contrato de emisión de tarjeta de crédito, y entonces en definitiva corresponden a "consumo de dinero".

He de analizar a continuación cada uno de los restantes rubros allí consignados, fuera de los correspondientes a consumos de la demandada ya han sido acogidos en el fallo apelado.

No habiéndose invocado vicio o lesión que los invalide, el rubro intereses por mora resulta procedente pues precisamente los intereses están destinados a resarcir al acreedor de la privación de uso del capital -representado por el importe del crédito adeudado por la demandada- durante el tiempo de la mora, y han sido pactado por las partes en el contrato de emisión de la tarjeta de crédito (fs. 17, puntos 10/14, art. 1197 CC).

Por el mismo motivo, deben ser recibidos los cargos de emisión de resumen de cuenta, acordados en el contrato referido en el párrafo anterior -ver punto 4 anexo 1- También han de recibirse los importes correspondientes por Impuestos de sellos cuya existencia se halla contemplada en los Códigos Fiscales y Leyes Impositivas de las diferentes provincias, pues una vez verificado el hecho imponible, ambas partes son obligados al pago en calidad de contribuyentes.

Siendo pública y notoria la costumbre comercial de incluir un seguro de vida que cubra el valor de toda operación de financiamiento con tarjeta de crédito, y debiendo presumirse que a ello obedeció la contratación -dada la escasa significación de los importes por tal concepto incluídos en el resumen-, este rubro también debe ser acogido.

A todo evento he de señalar que de la lectura del texto del documento analizado glosado a fs. 53 surge que se trata de un contrato celebrado entre las partes, en el cual la accionada reconoció adeudar los importes que constan en el detalle de deuda que sirvió de base a la pericia efectuada a instancias de la demandada. Resulta entonces aplicable a esta última la doctrina de los propios actos, pues su conducta actual importa ponerse en contradicción con su propio acto anterior, deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (SCBA, Ac. 57559 S 14-6-1996, S 15-5-2002, Ac. 90093 S 19-10-2005, C 95848 S 25-3-2009, C 96106 S 28-10-2009, JUBA B4730). Así, con dicho documento ha quedado debidamente acreditada la autorización de la inclusión de las cuotas del crédito en los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito.

En consecuencia, dado que en el resumen acompañado al demandar (fs.15) se incluyó el monto de tres cuotas de $ 359,18 y un saldo de $ 4.470,94 en concepto de "Plan de pago propuesto Pergamino", habiendo quedado demostrada la causa de ese crédito y la autorización de la inclusión de las cuotas respectivas en el resumen, deben acogerse dichos conceptos.

Y por las mismas razones expresadas en relación a los rubros Impuesto de Sellos, Intereses pago fuera de término, cargo por resumen, Interes por mora contenidos en el documento de fs. 53, deben también acogerse los mencionados rubros incluídos en el resumen de fs. 15.

A mayor abundamiento, he de señalar que la ley Nº 25065 de Tarjeta de Crédito que establece el régimen legal para operaciones con tarjeta de crédito, en los arts. 22 a 25 reglamenta las condiciones de emisión, envío y recepción de los pertinentes resúmenes de cuentas. Y dispone que en supuesto de no recepción, el titular de la tarjeta dispondrá de un canal de comunicación telefónico proporcionado por el emisor durante las veinticuatro (24) horas del día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar, y encontrará a su disposición la copia del resumen de cuenta en la sucursal emisora de la tarjeta (arts. 22/5).

Así, habiendo quedado reconocida la suscripción y otorgamiento de la tarjeta de crédito, como dijera, la conducta de la demandada que se limitó a señalar que dicho resumen "nada dice ni de las facturas supuestamente adeudadas ni de los intereses que se pretende percibir pero que son excesivos por no decir usurarios", crea una presunción en su contra, pues como usuaria de la tarjeta de crédito debió contar con los resúmenes de cuenta, así como las impugnaciones que hubiera efectuado, debiendo entonces haber indicado claramente cuáles eran los importes impugnados, y el monto de intereses que consideraba excesivos (art. 354 inc. 1º CPCC), máxime cuando había sido intimado su pago mediante la carta documento glosada por la accionante al demandar, -cuya remisión y recepción ha quedado reconocida, como he dicho-.

Consecuentemente, cumplidas las exigencias probatorias de conformidad a lo estatuido por el art. 375 del ritual, corresponde revocar el fallo apelado en lo impugnado y acoger los rubros reclamados por la actora en su totalidad.

Luego, por las razones expuestas, voto por la NEGATIVA.

ES MI VOTO.

A la misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Hugo Alberto LEVATO por análogos fundamentos votó en igual sentido.

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. Graciela SCARAFFIA dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:

Hacer lugar al recurso en tratamiento y revocar en lo impugnado la sentencia apelada. En su mérito hacer lugar a la demanda instaurada por TARJETA NARANJA S.A., condenando en consecuencia a MARISA ALEJANDRA ORLANDO a abonar a la parte actora, dentro de los diez días de notificada la presente, en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.607,99) con más sus intereses calculados en la forma pactada, desde la fecha de la mora: 25/04/2008, con la salvedad de revisar los mismos, conforme fuera lo dicho en el último párrafo del punto V de los considerandos del fallo impugnado.

Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta el momento en que haya determinación firme de la base para ello (Arts. 47 y 51 de la ley 8904).

Aplicando las costas a la parte demandada que resulta vencida (Art. 68 C.P.C.C).

A misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Hugo Alberto LEVATO por análogos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA:

Hacer lugar al recurso en tratamiento y revocar en lo impugnado la sentencia apelada. En su mérito hacer lugar a la demanda instaurada por TARJETA NARANJA S.A., condenando en consecuencia a MARISA ALEJANDRA ORLANDO a abonar a la parte actora, dentro de los diez días de notificada la presente, en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.607,99) con más sus intereses calculados en la forma pactada, desde la fecha de la mora: 25/04/2008, con la salvedad de revisar los mismos, conforme fuera lo dicho en el último párrafo del punto V de los considerandos del fallo impugnado.

Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta el momento en que haya determinación firme de la base para ello (Arts. 47 y 51 de la ley 8904).

Aplicando las costas a la parte demandada que resulta vencida (Art. 68 C.P.C.C).

Regístrese. Notífiquese. Devuélvase.

Fdo.: Dres. Graciela Scaraffia - Jueza - Hugo A. Levato - Juez - Ana María Albornoz - Secretaria.-