Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-28


Salta, 28 de octubre de 2016.	_____(Tomo 208:405/424) Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C POZO, VÍCTOR MIGUEL - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL" (Expte. Nº CJS 38.270/16), y______________________________________________ ___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Abel Cornejo y Guillermo Alberto Catalano, dijeron:______________________________________________________________	1º) Que a fs. 79/89 vta. la Dra. María Josefina David de Herrera, Fiscal de Impugnación, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la resolución dictada por el Vocal Nº 2 del Tribunal de Impugnación Sala I, Dr. Luciano I. Martini, de fs. 72/75, que resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 40/41 vta. y, en su mérito, declara la nulidad del acta de secuestro, del decreto de citación a audiencia de imputación, del auto de prisión preventiva y el requerimiento de juicio de fs. 4, 24/25, 29/30 y 74/76 vta. respectivamente, de las actuaciones principales.	2º) Que la recurrente, luego de hacer un breve relato de los hechos de la causa, calificó de arbitraria a la resolución puesta en crisis y traída a examen de esta Corte.	Sostuvo que no puede desconocerse que en nuestra ley procesal para que proceda aplicar la sanción de nulidad, evitando caer en un simple formalismo, necesariamente el acto irregular debe haber creado una situación jurídica perjudicial, lo que -a su entender- el juez no habría acreditado, por lo que consideró su decisión como una extralimitación contraria a los principios que imperan en materia de nulidad.	En igual sentido agregó que la nulidad debe ser entendida con criterio restrictivo, lo cual surge palmario del art. 222 del C.P.P. que ordena al tribunal que verifique una causal, que primeramente intente subsanar el vicio, dejando la nulidad como última instancia.	La impugnante, al continuar con su análisis sobre la cuestión, precisó que el Sr. Vocal introdujo la nulidad dentro de las clasificadas como relativas, condicionada a la petición de parte interesada -sin la cual no procede declararla- y puede subsanarse por el consentimiento expreso o tácito de los interesados por aceptación de los efectos del acto o por haber alcanzado éste sus efectos respecto de todos. Lo que determina a que en cada asunto el juez, estudiando el caso particular, considere no frustrado el fin procesal que debía alcanzarse con el acto viciado. Y ello, por cuanto el vicio "in procedendo" sólo procede sancionarlo cuando la forma procesal expresamente prescripta fue establecida para asegurar y garantizar los derechos de las partes y la rectitud del proceso; deviniendo, por ello, imperativo su acatamiento.	En tal sentido indicó que en el caso de autos las razones expuestas por el "a quo" -en su opinión- resultan arbitrarias e insuficientes para fundar la tacha gravosa, toda vez que habiendo confirmado que se trata de una nulidad relativa, no relevó el interés que debe consistir en un fin práctico, real y positivo, no pudiendo ser declarada la nulidad en el solo beneficio de la ley. Citó doctrina que entiende aplicable al caso.	Asimismo, agregó que en ese contexto -a su criterio- no mereció embate la rotulación "en flagrancia" del caso bajo examen. Lo que resalta, porque no está permitido a la jurisdicción abstraerse de entender el abordamiento de los estados de flagrancia y sus consecuencias inmediatas, a saber: la actuación policial. No habiendo la jurisdicción mostrado interés en contar con el legajo del fiscal, donde hubiera conocido lo declarado por Emmanuel Mario Enrique Rosales, quien observó cuando el imputado se acercó a la barra en una primera instancia y produjo el primer arrebato, y en una segunda oportunidad observó cuando se subió y sacó la plata, no sabiendo qué cantidad, por lo que lo persiguió y lo agarró en la mitad de la pista, lo sacó al acceso principal donde personal policial le realizó la requisa y le secuestraron el ticket de consumición y el talonario; aclarando que el talonario estaba lleno y cuando lo extrajeron estaba a menos de la mitad de los ticket.	Hizo referencia a la declaración de Romina Lorena Mendoza, quien manifestó que lo único que recuerda sobre el hecho investigado fue que un masculino de tez morocha se trepó sobre la barra, logrando sacar una suma de siete mil pesos aproximadamente y que cuando éste fue interceptado por sus compañeros de trabajo, no lograron recuperar el dinero y los talonarios de venta de color verde agua a partir del Nº 54. Que posteriormente dejó de prestar atención a lo que estaba sucediendo ya que se encontraba nerviosa. Y tanto el denunciante como el Agte. Chocobar ratificaron como testigos de lo ocurrido y del procedimiento al Sr. Emanuel Rosales.______________________________________________________________	Por lo demás expresó que la búsqueda de la verdad en el proceso penal exige el poder ser acreditado el hecho delictuoso en todas sus proyecciones, más aún cuando en el supuesto sub examen lo considerado por el juez de alzada no resulta posible enmarcar el caso en los supuestos de prueba ilícita, simplemente porque se patentizó la ausencia de perjuicio concreto en relación a las garantías constitucionales del incoado. Citó jurisprudencia al respecto.	Resaltó que si la flagrancia se observó y se acompañaron las declaraciones de quienes se presentaron en la causa como testigos del procedimiento, la objeción respecto de la presencia de un solo testigo de actuación por no haberse configurado, al decir el magistrado, la excepción prevista en el art. 190, cede, no resultando razonables los argumentos expuestos. Menos aún cuando no hubo tacha alguna respecto de esos testigos y cuando con sus presencias, independientemente que sólo uno firmara el acta de secuestro, se cumplió el objetivo legal y se efectuó el control externo de la actuación policial.	Añadió que -en su opinión- no surge de lo actuado ninguna irregularidad, basta para acreditarlo que Víctor Miguel Pozo, cuando se le efectuó el control de legalidad y constitucionalidad (v. fs. 17 y vta. del expte. ppal.), respondió que el trato recibido por el personal policial durante su aprehensión y posterior detención fue correcto, como también el trato recibido por el personal del Servicio Penitenciario. Asimismo la defensa cuando interpuso recurso de apelación y presentó su memorial de agravios, no hizo referencia a irregularidad alguna inherente al desarrollo del procedimiento.	Por lo demás dijo que no se trata de desconocer la letra de los arts. 189 y 300 del C.P.P., pero su interpretación no permite que lo sea a través de su estricta literalidad, sino que correspondería que lo sea en forma sistemática y armónica con las pautas definidas en el resto del plexo normativo, a saber, entre otros: arts. 1º, 2º, 221, 222, 223 y cc. del C.P.P. y ello porque de lo que se trata es de determinar si hubo un efectivo quebrantamiento de una forma procesal, si esta última está prevista en resguardo o amparo de una garantía constitucional, y si verificado todo ello, dicha violación de las formas del proceso ha derivado en un perjuicio concreto para la parte que demanda la inobservancia.	En tal sentido destacó que las nulidades son remedios procesales de excepción que se orientan como regla general a ser aplicadas en sentido restrictivo, intentando privilegiar la estabilidad de los actos jurisdiccionales, siempre que éstos no provoquen la violación de normas constitucionales. Y la única testigo que figura en el acta brindó con su presencia la autentificación de los actos del funcionario policial que llevó adelante el procedimiento, por lo que no procedía restarle valor de prueba a lo documentado, cuando esa testigo dio fe de la realidad y regularidad, no habiendo sido refutada su presencia y realización. Por lo que -dijo- al no haberse definido las irregularidades en el contenido ni en el desarrollo del procedimiento, no procede privar al acto de su carácter de auténtico. Y es que si no existe indefensión, carece de sentido positivo declarar la nulidad.	Resaltó que si bien el Sr. Juez demanda la presencia de dos testigos, no argumenta porqué la actuación de la que sí consta en el acta que estuvo presente no alcanza para validar el procedimiento. Cuando, a ese respecto, no puede desconocerse que si bien la presencia de testigos no constituye una mera formalidad, porque tiende a resguardar la regularidad del acto, no se ha citado, a partir de que hubo un solo testigo de actuación, cuál es la defensa que se ha dejado de ejercer y el interés, ya que este último no puede ser presumido sino que resulta necesario poder constarse con algún dato, elemento o situación que permita vislumbrar, en cierto grado, su concreción.	Insiste en que la defensa no efectuó argumentación alguna, porque conocía que hubo dos testigos de actuación y el hecho de que constara uno solo de ellos en el acta no provocó un concreto e identificable perjuicio. Por lo tanto, resultaría -en su opinión- improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma.	Agregó que en base al art. 220 del C.P.P., en materia de nulidades nos enrolamos en el principio de la sancionabilidad expresa, es decir, en el sistema de taxatividad. Lo que determina a repasar el contenido del art. 189 de ese cuerpo legal, donde no se ha previsto expresamente la sanción de nulidad para los supuestos de falta de testigos de actuación o de su pertenencia a la fuerza a la repartición policial. Adviértase que la nulidad recién se normativiza en el art. 192 para los supuestos de falta de indicación de fecha, la firma de funcionario actuante o la del secretario o el auxiliar del fiscal o testigos de actuación, la información prevista en la última parte del art. 190, los motivos que impidieron la presencia de los obligados a asistir. Ninguno de los cuales se puso en vigencia, pues de las constancias del legajo surge que hubo dos testigos en el procedimiento. Además, la defensa no presentó a la testigo firmante del acto, dentro de las abstenciones a las que se refiere el art. 191, esto es que fuere menor de 18 años, estuviera en estado del alcoholización o alienación mental.	Concluyó citando jurisprudencia que entiende aplicable al caso.	3º) Que en su dictamen de fs. 105, la Sra. Fiscal ante la Corte Nº 2 opinó que encontrándose suficientemente fundando el recurso, a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias, en función de la unidad de actuación que anima al Ministerio Público, se remite a dichos fundamentos e hizo reserva del caso federal.	4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto que el recurso fue oportunamente concedido (ver fs. 100/101), previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (arts. 544 y 554 del C.P.P.).	A este respecto, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (ver fs. 78 vta. y 89 vta.); además la resolución resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (art. 554 del C.P.P.). Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.	5º) Que tal como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, el recurso de inconstitucionalidad sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón ésta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para informar una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad (Tomo 54:241; 64:855; 72:581; 137:105, entre otros).	6º) Que antes que nada, es dable recordar que el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos de sentencias arbitrarias, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales. Resulta esencial en materia de arbitrariedad, que la vía propuesta no constituya la apertura de un tercera instancia donde se intente reproducir el debate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente. Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente la vía extraordinaria, la decisión recurrida debe presentar serios y graves defectos de fundamentación, traducidos, a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales.	La doctrina de la arbitrariedad requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.	Por sentencia arbitraria se entiende aquella que es insostenible, o irregular, o anómala, o carente de fundamentos suficientes para sostenerla, o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que la suscriben (cfr. Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 1983, pág. 25).	7º) Que ahora bien, y nuevo examen de la cuestión para la posición que aquí se sustenta, es dable afirmar categóricamente que se puede investigar la comisión de un delito, sin recurrir a ningún tipo de apremio o menoscabo a la integridad de las personas, como también respetando en plenitud todas y cada una de sus garantías individuales, sin que dicha observancia traiga aparejada limitación alguna a la facultad de esclarecer los ilícitos; pero sí debe advertirse, que si se vulneran las garantías elementales consagradas por la Constitución Nacional, Constitución de la Provincia y los tratados internacionales, ninguna investigación se justifica ni es legalmente válida, pues implicaría retroceder a niveles inferiores, al umbral mínimo de civilización que exige el Estado de derecho.	Nada puede ser tolerable si se vulneran las garantías elementales que asisten a las personas. Máxime cuando el pasado reciente y la realidad indican que la exorbitancia en el uso del poder conferido a las agencias policiales, no conducen jamás al esclarecimiento de la verdad, ni a la prevención de delitos, sino a la arbitrariedad, la prepotencia y la vulneración de los derechos humanos, en forma inexorable. La actuación policial debe ser incuestionable e irreprochable, siempre, sin excepciones, y para ello debe existir la íntima convicción en quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza, que ese poder les fue conferido, ante todo, en resguardo de la integridad de los ciudadanos, de su seguridad, y de su tranquilidad, entre otras cosas, por imperio del principio de inocencia, consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional. Aún queda como baldón en algunos sectores la creencia de que no puede investigarse la comisión de un delito sin ejercitar la tortura, lo cual repugna no sólo al Estado de derecho, sino a la dignidad de todos los ciudadanos, sin excepciones. El apego irrestricto a la ley y al sentido de la legalidad es lo que legitima la actuación policial, no hay otro modo aceptable. Y es precisamente en la letra de la ley, donde se encuentran todas las soluciones plausibles para la transparencia y la legalidad de los procesos.	8º) Que sentado lo anterior, es menester abordar en primer lugar la validez legal del procedimiento, en virtud del cual se ha detenido y requisado sin la presencia de testigos hábiles que convalidaran lo actuado por la policía.	En este sentido resulta diáfana la norma consagrada por el art. 189 del C.P.P., en cuanto dispone que cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, "labrará acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. El Juez o el Tribunal serán asistidos por uno o más Secretarios; el Fiscal por uno o más Auxiliares y los Investigadores Fiscales al igual que los Oficiales o Auxiliares de la Policía por dos testigos -de actuación- que, en ningún caso, podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten actos irreproducibles y definitivos".	Por su parte el art. 190, luego de hacer mención al contenido del acta, establece expresamente que concluida o suspendida la diligencia, será firmada por todos los intervinientes que deban hacerlo, previa lectura del secretario o auxiliar en su caso. Cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención de ello. Respecto de esto último tampoco se dejó constancias en autos (ver fs. 4).	A su turno, el art. 192 determina que el acta será nula si falta la indicación de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o el auxiliar del fiscal o testigos de actuación, o la información prevista en la última parte del art. 190 o motivos que impidieron la presencia de los obligados a asistir.______________________________________________________________	Por otro lado el art. 220 dispone que los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo sanción de nulidad.	Asimismo cabe mencionar que el art. 251 del C.P.P. prescribe que las actuaciones dirigidas a la búsqueda e incorporación de pruebas, inspecciones, constataciones, registros, secuestros, aprehensiones, detenciones y toda otra diligencia que se practique deberán constar en actas debidamente formalizadas de conformidad al art. 190.	Por su parte, el art. 239 establece las atribuciones y deberes de la Policía, entre las que cabe destacar la dispuesta en el inc. h): "Proceder a los allanamientos, a las requisas urgentes y los secuestros impostergables, de conformidad a las disposiciones del Código".	9º) Que ahora bien, el acta es un pieza escrita del proceso exigida por la ley para dejar constancia en autos, fiel y auténticamente, de una actividad regularmente cumplida mediante el relato circunstanciado de ella. Sustancialmente es un instrumento público, y en el plano procesal penal el acta es una exigencia "ad solemnitatem", es decir, la formalidad impuesta por ley es esencial para que un acto jurídico sea válido.	En cuanto a su contenido, puede distinguirse en genéricas y específicas. Las primeras son dispuestas por el Código a modo de instrucciones para el actuario, pero algunas a su vez atañen a la validez del documento y son precisamente las circunstancias referidas a la fecha, lugar, objeto de la medida, a los intervinientes, a la lectura y firma. Con respecto a esta última, tanto del funcionario que cumple el acto como la de los testigos de actuación, se prescriben bajo sanción de nulidad.	En efecto, el acta ha de ser la refracción del acto en ella descripto y jurídicamente el propio acto ubicado en tiempo y espacio, vinculado al funcionario actuante, a sus auxiliares y a los demás intervinientes, y provisto de las forma que lo hacen visible y válido (Clariá Olmedo, "Tratado de derecho procesal", Tomo IV, págs. 42/43).	10) Que por otra parte, los testigos de actuación son las personas que asisten y presencian la celebración de un acto jurídico, firmando el correspondiente documento, ya sea por mandato de la ley o por interés de las partes, para dar fe de ese acto. La intervención de estas personas se limita al procedimiento actuado extraño a la voluntad de las partes, o sea al cumplido por un funcionario o auxiliar del proceso con los requisitos previstos por la ley, una de cuyas formalidades suele ser precisamente, la de la intervención del testigo de actuación.	Debe tratarse de un particular expresamente buscado por la autoridad y requerido por ella para que asista a la realización de un acto procesal, a fin de que presencie y suscriba el acta respectiva, o la certificación o diligencia actuada que dé cuenta de ese acto, lo que no ocurrió en autos (ver fs. 4).	Asimismo la intervención de los testigos de actuación debe estar prevista o impuesta por las normas procesales y el número de ellos para cada actuación concreta se establece en uno o dos según los casos, y es común la conminación de nulidad cuando no se cumple con esa intervención.	Atento a que los testigos de actuación están destinados a dar fe del acto cumplido en su presencia, se hace indispensable que asistan a todo su desarrollo, y ello quedará comprobado con la firma puesta al pie del acta por ante el actuante; además se exige que esté en condiciones de percibir correctamente todo lo ocurrido. Con este propósito el Código prevé, en cuanto a las exigencias de capacidad y condiciones de los testigos, que en el momento de actuar deben ser mayores de dieciocho años de edad, y no encontrase en estado de alcoholización o alienación mental (art. 191 del C.P.P.).	Todas las actas que deben practicar los oficiales de la policía deben labrarse con la presencia de dos testigos de actuación y en estos casos se conmina de nulidad la ausencia de la firma de aquellos. Esta firma debe coincidir con la correspondiente a la persona mencionada como interviniendo, asistiendo y presenciado el acto en esas condiciones durante su cumplimiento (Clariá Olmedo, "Tratado de Derecho Procesal", Tomo III, págs. 449/450).	Todo lo cual es exigido para asegurar, con las mayores garantías posibles, la veracidad de lo documentado. La ausencia de testigos, no es una pretensión tachada de mero garantismo, sino un recaudo indispensable para la legalidad, transparencia y verosimilitud del hecho que pretende demostrarse. Ciertamente, es un resguardo indispensable para evitar abusos o distorsiones en los procedimientos en donde están en juego nada menos que la libertad y la reputación de una persona.	11) Que a partir de lo expuesto, el pronunciamiento cuestionado se halla suficientemente fundado, y las críticas expuestas sólo evidencian un desacuerdo con el resultado al que se arribó, lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido al no encontrarse justificada la tacha de arbitrariedad, por lo que corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Ministerio Público Fiscal a fs. 79/89 vta. y, en su mérito, confirmar la resolución de fs. 72/75.	Los Dres. Guillermo Alberto Posadas y Ernesto R. Samsón, dijeron:	Por sus fundamentos adherimos al voto que antecede.	Los Dres. Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1º) Que a fs. 100/101 el Tribunal de Impugnación Sala I concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sra. Fiscal de Impugnación a fs. 79/89 vta., en contra de la resolución de fs. 72/75 de estos autos. Mediante dicho pronunciamiento, el tribunal hizo lugar a la apelación impetrada por el defensor del imputado y, en consecuencia, declaró la nulidad del acta de secuestro, del decreto de citación a audiencia de imputación, del auto de prisión preventiva y del requerimiento de juicio.	Considera la recurrente que la decisión cuestionada deviene arbitraria desde que contiene evidentes errores en la aplicación de la ley y en el análisis de las constancias de la causa, porque el Tribunal de Impugnación ha decidido de oficio la nulidad del acta de secuestro por la falta de firma de uno de los dos testigos de actuación que exige la norma (arts. 190 y 192 del C.P.P. -Ley 7690 y modificatorias-), cuando se trata de una nulidad relativa, que se encuentra condicionada a petición de parte y de la acreditación del perjuicio en el caso concreto. Agrega que el Vocal tuvo un criterio excesivamente formalista en lo que respecta a la prueba, desde que no tomó en cuenta la situación de flagrancia en que fue descubierto el ilícito, omitiendo todo interés en el legajo fiscal, del cual surgen, amén del referido secuestro, otros elementos de convicción como las declaraciones de testigos presenciales del hecho. Apunta que no se advierten irregularidades en la actuación policial, como así tampoco el letrado del imputado las alegó en su recurso apelativo, por lo que, al no haber habido una situación de indefensión, no se provocó un concreto perjuicio que justifique una sanción de tal magnitud como la dispuesta. Finalmente, reseña criterios jurisprudenciales en apoyo de su postura y referidos a casos donde se labraron actas policiales con un solo testigo de actuación, manteniéndose la validez del acto, y solicita se revoquen las nulidades dispuestas.	En su informe de fs. 105, la Sra. Fiscal ante la Corte N° 2 sostuvo el recurso interpuesto por la Sra. Fiscal de Impugnación, y en función de la unidad de acción se remitió a los argumentos vertidos a fin de evitar reiteraciones innecesarias, agregando, respecto de la materia en cuestión, la doctrina de esta Corte expuesta en el precedente "Chocobar", registrado en Tomo 194:1085.	2º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto que el recurso fue oportunamente concedido (ver fs. 100/101), previo a expedirse sobre los motivos invocados por la recurrente incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (arts. 544 y 554 del C.P.P.).	En este tópico, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (ver fs. 78 vta. y 89 vta.); además la resolución resulta objetivamente impugnable, al haberse cuestionado una resolución equiparable a sentencia definitiva, dada su aptitud de poner fin al proceso al anular una prueba de relevancia y numerosas actuaciones llevadas a cabo por el fiscal y el juez de garantías, y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (art. 554 del C.P.P.), al argumentarse una arbitraria interpretación en la aplicación de la ley procesal al momento de decidir sobre las nulidades que ella prevé. Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.	3º) Que respecto de las nulidades por omisión de formalidades -como las que prevé el art. 192 del C.P.P. para las actas-, rige el principio de especificidad, según el cual, "Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo sanción de nulidad" (art. 220 del C.P.P.). Por ende, las deficiencias advertidas no encuentran adecuación en las nulidades conminadas de manera genérica por el Código de rito (art. 221), que a su vez pueden, en ciertos supuestos, ser declaradas de oficio (art. 222 del C.P.P.).	Es destacable la importante función de control sobre la actuación policial en actos irreproducibles y definitivos, que conlleva la exigencia de testigos de actuación ajenos a la repartición en las actas que los constatan, previéndose la nulidad ante la ausencia de firma de los mismos o de los motivos que impidieron su presencia. Ello a su vez está correlacionado con el marco conceptual, según el cual el instituto de las nulidades tiende a resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. Sin embargo, estos esquemas no implican que pueda declararse la nulidad por la nulidad misma, requiriéndose siempre la exigencia de un perjuicio (esta Corte, Tomo 140:101; 163:99; 174:1, entre otros); y, además, que ante la duda se esté por la validez del acto cumplido, conforme el principio de interpretación restrictiva en materia de nulidades.	4º) Que tomando en cuenta tales parámetros y precisamente ante una alegada ausencia de testigos de actuación, esta Corte ya se expidió en el precedente "Chocobar", registrado en Tomo 194:1085, señalándose que "el acta de secuestro no es un elemento de carácter sacramental sino una prueba más, que debe ser apreciada con los restantes medios de convicción para establecer su aptitud probatoria, lo que determina el carácter relativo de la nulidad". Asimismo en ese mismo fallo se afirmó la necesidad de determinar si las irregularidades formales obrantes en el acta han tenido o no como fin adjudicarle al acusado un hecho que no cometió.	5º) Que siendo ello así, la previsión de una nulidad expresa contemplada en la norma procesal no conlleva la posibilidad de su declaración de oficio, si en el caso, y conforme a sus particularidades, no se justifica que se trate de una nulidad absoluta, que a su vez conlleve un daño irreparable sobre las garantías y derechos constitucionales del imputado.	En conclusión, ha mediado de parte del Sr. Vocal del tribunal "a quo" un espíritu ritualista en el análisis del régimen de las nulidades, a contramano del principio de interpretación restrictiva que rige la materia (esta Corte, Tomo 145:55), y omitiendo toda consideración al concreto perjuicio causado por la irregularidad, de la cual el afectado o su defensa no se agraviaron en absoluto.	El mencionado apartamiento del régimen procesal aplicable invalida el pronunciamiento de conformidad con la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido y revocar la resolución de fs. 72/75.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	_______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	______________________________RESUELVE:	I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 79/89 vta. y, en su mérito, confirmar la resolución de fs. 72/75.	II. MANDAR que se registre, notifiquen y, oportunamente, bajen los autos.	(Fdo.: Dres. Abel Cornejo, Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).