marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Diligencias preliminares, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández,Rosana. Fernández, Oscar E. y Streni, Bruna s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

Los mismos motivos que imponen incoar las medidas preliminares o precautorias ante el juez que deba conocer en el proceso principal, autorizan que, iniciadas aquellas, la posterior radicación del principal pueda hacerse ante el juez que ya conoce en dichas medidas si éste hubiera sido competente para el principal: no tanto por la accesoriedad entre dichas causas -que evidentemente existe en el caso en examen, sino por el principio de concentración ante un único magistrado de los procesos que giran en torno a un mismo conflicto de derechos, que permite atender a las razones de conexidad, practicidad, economía y celeridad procesal (arg. arts. 6 inc. 4, 87 y 188 CPCC).
Revisión judicial de actos administrativos, ley de defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Seguros S.A. c/ Provincia de Tucumán (Dirección de Comercio Interior) s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-15

Cabe desestimar la demanda interpuesta por una compañía aseguradora tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones dictadas por la Dirección de Comercio Interior, en razón de la presunta incompetencia material del organismo, en el marco de un procedimiento iniciado a partir de la denuncia de una consumidora por la supuesta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, pues en el estadio actual del proceso en donde ni siquiera es segura la aplicación de una sanción, la empresa actora no acredita una afectación concreta, inmediata y definitiva de sus derechos subjetivos que autorice apartarse del principio general de concentración de la revisión judicial en el acto definitivo, máxime cuando, en caso de ser sancionada, la afectada podrá impugnarla administrativa y judicialmente.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CANGEMI SERGIO DANIEL c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-19

De la confrontación de los términos de la demanda y la secuencia relatada, se infiere claramente la existencia del vicio de incongruencia denunciado puesto que, constituye un principio procesal inconcuso (cfr. artículo 273 inciso 6 del CPCC), que toda sentencia definitiva debe componer la controversia suscitada en los autos, ateniéndose estrictamente a las pretensiones y pruebas que las partes afirman y producen, respectivamente, en sus escritos de demanda y de contestación y, en su caso, en la reconvención y su responde. Al respecto resulta ilustrativo transcribir el pensamiento de Lino E. Palacio: " La ley exige, como se advierte, una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujeto, objeto y causa). Se trata de la aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 C.N.), tanto las sentencias que omiten el exa men de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. En este último supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado extra petita". (cfr. Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, T. II, pág.12). Desde esta perspectiva, entre los variados supuestos en que puede configurarse la trasgresión al principio de congruencia, se encuentran aquellos en que los fallos exceden las peticiones contenidas en la pretensión o en la oposición, concediendo o denegando más de lo reclamado por la actora o sobrepasando el alcance de la oposición del accionado, pues ello resulta violatorio del principio que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional (CSN, Fallos, t. 239, pág. 442).
Recurso de apelación (administrativo), Seguridad social, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luluaga, Juan Máximo s/ Recurso de Apelación c-Res. n° 1592 I.S.S. y S. Aranea, Norman Horacio s/ Recurso de Apelación c-Resol. n° 1522 del I.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-10-11|1988-08-19

En el marco del recurso de apelación previsto en el art. 6° de la ley 1388, no cabe debatir la constitucionalidad de la ley 2716, como se persigue, conforme lo viene entendiendo este Superior Tribunal con otras integraciones; la ley contempla una vía impugnativa en contra de decisiones del Instituto violatorias de la ley, no según la ley.

Y el ataque por inconstitucionalidad de las normas que dicta otro Poder del Estado, el Legislativo, es inaudible en el ámbito del recurso así previsto.
Culpa civil, obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: "Astilleros Fontec S.A. (TF 15098-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-17

La imputación de culpa que merece la conducta del deudor es siempre la comparación entre lo por el obrado en un caso concreto y lo que él debería haber actuado para que aquella conducta no pueda ser objeto de reproche tomando en cuenta: i) la naturaleza de la obligación que indicaba la necesidad de adoptar las diligencias que eran exigibles conforme a la índole de la conducta comprometida por el deudor; ii) la calidad de las personas del deudor y del acreedor; iii) las circunstancias de tiempo y de lugar de cumplmiento de la obligación, que imponen en cada caso la adopción de cierta previsiones conducentes a la satisfacción de lo debido; y iv) la prudencia y pleno conocimiento de las cosas que eran exigibles en este particular obrar del deudor. (Del voto del juez Buján, cons. IV).
Honorarios del perito, perito de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: MASTRACCHIO EDUARDO c/ ABRAVANEL MAURICIO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

El perito designado de oficio tiene idéntica situación en el proceso que la del perito tercero, reconociéndole, por lo tanto, derecho a demandar el pago de sus honorarios contra cualquiera de las partes litigantes (conf. R. 2574 del 7/12/83; íd. R. 20.458 del 12/3/86; íd. R. 25.513 del 23/10/86; C.N. de Paz, Sala V, R.E.D., 3 1044, sum. 15).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Felisa S.C.A. c/ Longarini, José A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Si en el expediente criminal se juzgó que había sido posible apreciar que el imputado circulaba por su correspondiente carril y a velocidad precaucional, los jueces civiles no pueden afirmar lo contrario sin incurrir en una decisión escandalosa, vedada por el sistema de prejudicialidad establecido por el art.1103 del cód.

civil, siendo que en cuanto aquellos datos la sentencia penal tiene valor de cosa juzgada para otros fueros.-
Proceso penal, apreciación de la prueba, sana crítica racional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cordero, Leonardo Gastón s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en causa Nº 235/07 caratulada: López, Luis Alberto y Cordero, Leonardo Gastón - Robo Agravado por el uso de armas - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-12

El asistente técnico interpuso Recurso de Casación en contra de la sentencia que condenó a su representado como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma, y lo condenó ala pena de seis años y ocho meses de prisión, con fundamento en que el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2 del C.P.P.).

El decisorio objeto de embate resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, que en modo alguno se ven conmovidas por el análisis fragmentario y parcializado efectuado por el recurrente.

En efecto, el tribunal, al valorar la participación responsable del imputado en el hecho que se le endilga, no sólo tuvo en cuenta la totalidad de la prueba común producida en juicio, sino que, además, ponderó la recíproca complementación de los elementos que la integran, los que irremediablemente sindican al imputado.

Es decir, que el tribunal concluyó, de modo firme y categórico, con el grado de certeza requerido en la pertinente etapa procesal que se encuentran reunidos y acreditados los extremos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva.

Es decir, que el tribunal concluyó, de modo firme y categórico, con el grado de certeza requerido en la pertinente etapa procesal que se encuentran reunidos y acreditados los extremos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.
Prueba, competencia penal, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: A, M R Y G, I s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONCURSO IDEAL.   QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 1286-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-23

Es correcta la aseveración de la Sala que concluyó en que nada tienen que ver en el caso los obrados que se tramitaron por separado ante la acusación que pesaba sobre algunos policías actuantes en la instrucción administrativa, por cuanto -no obstante no desconocer el convencimiento de la defensa del imputado acerca de que el mismo sufrió un ilegal trato físico y psíquico en la policía- destaca que lo que se juzga en el caso es si el encartado es autor o no y, en su caso, en qué medida, de los delitos de que se lo acusa. Si la convicción desincriminante y la pretendida vertiente demostrativa indicaran que el imputado mintió al conjuro de los apremios ilegales que dice haber padecido, otra sería la solución.
Liquidación de entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, estados contables, falta de registro de las operaciones, depósito bancario, prueba del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DURAÑONA, ELENA c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

La falta de registración contable de la operación y la situación irregular de la entidad financiera constituyen circunstancias que tornan desde un aspecto objetivo, dudosas las operaciones realizadas, lo que hace necesaria una prueba de los hechos invocados por los presuntos titulares del crédito, destruyendo la razonable duda creada por aquella omisión que impedía, en principio, al Banco Central dar cumplimiento con la obligación impuesta en el art. 56 de la ley 21526.
Sanciones procesales, arresto domiciliario, querellante, patrocinante de la querella
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ ARROUZET, Patricio s/ CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-03

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por el voto de los Dres. Néstor Nicolás Gómez, Guillermo de la Riestra y Tristán García Torres, confirmó la sanción de arresto de tres días aplicada a un querellante y a su letrado patrocinante, la que se cumplirá en el domicilio particular de cada uno de ellos.

Señaló la sala que aunque el reclamo formulado por el querellante y su letrado en el recurso de reposición interpuesto ante el juez era del todo procedente y así fue acogido por la sala al revocar la decisión de aquél, "no encuentra justificación alguna el modo de ataque y agravio utilizado al expresar que se 'plantean serias dudas sobre la idoneidad del V.S. para ejercer la judicatura'. Es que prosiguió- si lo consideraba inepto para el desempeño de su cargo habría tenido, claro está, el derecho de decirlo en la forma en que lo hizo, pero ante las autoridades del caso y por los medios pertinentes, a efectos de que se lo enjuiciara conforme a lo establecido por las leyes 21.374 y 21.918".
Interdicto de retener, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzitello Elvira c/ Valle Leni Rosa s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Tal como resulta del rótulo mismo de la ley procesal, la norma que contiene el art. 615 del C.P. es un plazo de caducidad, por lo que puede y debe ser aplicado de oficio, ya que tiene por objeto consolidar una situación legal que hay interés en amparar. Si el interdicto de retener se articula porque las raíces de árboles y arbustos del predio lindero han dañado la medianera, oscurecen la propiedad y le quitan ventilación, perturbando la posesión del actor, es obvio que el origen de los daños se remonta a una época muy anterior a la radicación del juicio, que es a partir de la cual comenzó a correr el plazo de caducidad del art. 615 del C.P., sin que su disminución o expansión según los ciclos de la naturaleza permita soslayar el transcurso del término.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Blassi, Rubén Darío y otros c/ SOMISA s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

En tanto es de la esencia de la labor judicial la interpretación de las leyes, es ineficaz como fundamento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la eventual interpretación efectuada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro, Juan Carlos c/ Saigro SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-15

"La prescripción liberatoria... se suspende, por una sola vez por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica".

Superando la defectuosa relación de la norma, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado que los efectos suspensivos se producirán por los requerimientos extrajudiciales que haga el acreedor, aunque el deudor se encuentre ya en mora... También se ha entendido que la interpelación en "forma auténtica", significa que la exigencia de pago no debe dejar dudas sobre la veracidad y fecha, como serían las constancias protocolares, telegramas, etc...".
Violencia de género, agravantes de la pena, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Materia: PENAL
Carátula: Pereira Balmaceda, Gabriel Andrés c/  s/ p. s. a violación de domicilio, disparo de arma de fuego, amenazas calificadas, homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas simples
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-02-28

La denominada "violencia de género" agravante incorporada a nuestra legislación nacional en el Art. 80 del CP, que se le atribuye al imputado, ha sido definida por diversos instrumentos normativos nacionales e internacionales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como "Convención De Belén Do Para" ratificada por Argentina en el año 1996 mediante ley 24632 la define en su Art. 1 como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". En el orden nacional la "Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales", en su Art. 4 la define como toda conducta, acción y omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en un relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes; considerándose violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Fuente del sumario: SAIJ
Superior Tribunal de Justicia, acción de amparo, competencia, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Stoppa, Carlos A. c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-19

El artículo 14 de la Ley de Amparo 6.296, prevé la competencia del Superior Tribunal de Justicia como órgano de apelación. Recepta así la norma, la garantía de la doble instancia, la que debe preservarse, atento su esencial y vital gravitación. Es indudable que la voluntad de la ley es preservar a éste Tribunal como el Juez de Alzada que ejercite el contralor que subyace en esa garantía de la doble instancia. La concurrencia a este Tribunal impetrando su competencia originaria, implica la renuncia a esa doble instancia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ERMA  S.A. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó una demanda por cobro de una suma de dinero, si el criterio de la cámara de circunscribir a la instancia inicial del pleito la potestad de los jueces de aplicar el derecho que rige el caso, no sólo carece de la debida fundamentación, sino que se aparta de la doctrina de la Corte en la materia según la cual, salvo las cuestiones expresa o implícitamente excluídas, el tribunal de apelación tiene, con respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente interpuestas, la misma compentencia que corresponde al juez de primera instancia.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vázquez, Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Los fallos del Tribunal de Cuentas poseen el carácter de resolución definitiva equivalente a un decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a su revisibilidad por el Poder Judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección de la flora y fauna silvestre, comercialización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stefanos Importación y Exportación c/ Secretaría de Rec. Nat. y Amb. H.de la Presid. de la Nación Res. 47/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

El art. 134 del decreto 691/81 establece que quienes comercialicen o confeccionen prendas de peletería y artículos de marroquinería elaborada con pieles y cueros de la fauna silvestre, deberán estampillarlas con sellos que se adquirirán en las dependencias de la autoridad administrativa, dentro de las cuarenta y ocho horas de finalizada la confección o recepción de la prenda o artículo, no pudiendo exhibirla para su venta antes de cumplir con dicho requisito. (cons. 5º).
Contratos, prenda, prenda con registro, ejecución prendaria, bancos, acreedor prendario, ley de defensa del consumidor, ejecuciones especiales
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Lema, Sonia Mabel s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Más allá de la invocación de los derechos del consumidor y de las normas de la LDC, que se pretenden aplicables al secuestro prendario, lo cierto es que el legislador no sólo remite a la ley especial en los supuestos de prenda con registro, sin ningún tipo de salvedad (art. 2220) y sin derogar su art. 39, sino que parecería que adoptó parte del espíritu de la norma objetada para extender y profundizar su aplicación frente a cualquier operatoria que involucre la ejecución de una prenda sobre un bien, y por cualquier acreedor, requiriendo sólo una convención en tal sentido (conf. CNCom, Sala A, 17/11/15, "Banco Comafi SA c/ Paz Manuel Alejandro s/ secuestro prendario").
Procedencia del recurso, prescripción, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Echeverria, Claudia Marisa c/ Valenzuela, Mercedes Haydee s/ acción común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-02-15

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario, quedando a salvo de la prescripción resuelta las horas extra al 50% y al 100% del período correspondiente, debiendo hacerse lugar a su pago e incrementarse la base de cálculo para los rubros: indemnización por antigüedad, falta de preaviso, integrativo mes de despido, indemnización arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y art. 80 de la LCT; practicándose al efecto nueva planilla de liquidación. Para decidir así, se señala que el plazo para abonar las horas extra venció, lo cual, al tomarse como acto interruptivo de la prescripción la presentación de la demanda judicial, se concluye que las mismas no fueron alcanzadas -art. 256 de la LCT-.
Determinación de impuestos, facultades jurisdiccionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: López Fretes, Gustavo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-09

El cuestionamiento constitucional que se realiza parte del equívoco de considerar de manera aislada las prescripciones de un artículo del Código Fiscal local, plexo que no debe ser abordado como un "compartimiento estanco" o desligado del sistema jurídico-normativo que integra. La reforma al CF que suprimió una determinada vía para la impugnación de actos administrativos en sede judicial, no merece reproche desde el punto de vista constitucional, pues el nuevo diseño implementado para acceder a la jurisdicción no implicó una supresión o modulación irracional de la posibilidad para el contribuyente de reclamar la mentada revisión suficiente de los actos emitidos por la DGR ante un magistrado judicial imparcial e independiente. Como es sabido, no existen derechos adquiridos al mantenimiento de normas legales o reglamentari
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: Osquiguil Mónica Gabriela c/ Rivas Claudio Jorge y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-23

La desafectación de un bien de familia en los términos que resultan del art. 49 ley 14394 no puede sustanciarse por vía incidental en una ejecución de sentencia en jurisdicción laboral, en tanto transita facetas que resultan ajenas al marco ejecutorio y tiene un alcance mayor al que concierne a la mera habilitación de la medida que se pretende trabar en el caso.

Fuente del sumario: OFICIAL
Deberes procesales, temeridad o malicia, interpretación restrictiva, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ RADIODIFUSORA BUENOS AIRES S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

Para calificar la conducta de las partes o de sus letrados a los fines previstos por el Código Procesal, no debe estarse a un criterio meramente ejecutivo, sino que han de valorarse todos los elementos de juicio que expliquen el proceder cuestionado, haciendo jugar, si es necesario, un prudente beneficio de duda en favor de quien o quienes pueden ser sujetos de multa, conforme lo indiquen las circunstancias del caso.