Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-03


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 99874 SALA II EXPTE. Nº: 6.440/08 (Juzgado Nº 20) AUTOS: "CANTERO, RAMÓN JACINTO C/ ESTUDIMAR SRL Y OTROS S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 3/11/2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deduci-dos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practica-do el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia (fs. 706/19) que hizo lugar al reclamo inicial se alzan todas las partes intervinien-tes. La parte actora a mérito del memorial obrante a fs. 728/40, replicado a fs. 775/76 por Tandanor SA; la aseguradora Consolidar ART SA en base al escri-to de fs. 741/43, contestado por el actor a fs. 771/73; la demandada Estudimar SRL mediante la queja de fs. 744/47, contestada a fs. 762/70 por la parte ac-tora; y la codemandada Tandanor SA por su memorial de fs. 749/53.

La perito contadora a fs. 725 se queja por creer reducidos sus honorarios, mientras que Estudimar y Consolidar ART SA cuestionan todos los honorarios profesionales por juzgarlos elevados.

II.	Considero conveniente reseñar que en la sentencia bajo análisis la Sra. Jueza a quo admitió la pretensión inicial, con-denando a la empleadora del trabajador accidentado a abonar la reparación integral de las consecuencias del infortunio. Rechazó la pretensión fundada en el derecho civil contra Consolidar ART SA pero dispuso su responsabilidad "solidaria" con el monto a cargo de la asegurada hasta la concurrencia de sus obligaciones nacidas de la ley 24.557.

Además, hizo solidariamente responsable a Tandanor SA con las obligaciones declaradas a cargo de Estudimar SRL y ello en base a la regla del art. 30 LCT.

Llega fuera de discusión la existencia del in-fortunio y Estudimar SRL sólo se queja por el rechazo del reclamo fundado en el derecho civil respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo por ella con-tratada.

En cambio, Tandanor SA se queja por haber sido dispuesta su responsabilidad vicaria en los términos del art. 30 LCT y, subsidiariamente, plantea que no hay nexo de causalidad adecuado entre el infortunio de autos y las secuelas que padece el trabajador.

La víctima, por su lado, se agravia por la ex-tensión de la reparación fijada en grado, que cree exigua; por el rechazo del reclamo fundado en el derecho común respecto de Consolidar; y por lo deci-dido en materia de intereses.

En virtud de este entramado de recursos, por razones exclusivamente metodológicas analizaré en primer lugar los cuestio-namientos de Tandanor SA, ya que, como surge de esta prieta reseña, Estu-dimar SRL no ha cuestionado la determinación de su responsabilidad.

III. Los agravios de Tandanor SA.	a)	Tandanor cuestiona que se la haya hecho responsable solidaria en los términos del art. 30 LCT pero es conveniente puntualizar que no se agravia de la decisión de la Dra. Barilaro que consideró configurada la situación que dicha norma prevé para responsabilizar al contra-tante por las obligaciones de su contratada. La queja se basa, exclusivamen-te, en que, a criterio de la recurrente, la responsabilidad vicaria nacida de di-cha norma de la Ley de Contrato de Trabajo se limita a las obligaciones con-tractuales y de la seguridad social y no se extiende a la eventual responsabili-dad civil extracontractual en que haya incurrido su contratada.

Anticipo que no comparto la postura de la apelante toda vez que del precepto generador de la responsabilidad refleja o de garantía (art. 30 LCT) no surge limitada esa respuesta a supuestos de obligaciones de naturaleza contractual. En efecto, el precepto indica que, cuando procede la responsabilidad solidaria allí prevista, el principal respon-derá por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o ser-vicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y las obligaciones de la seguridad social.

A mi juicio, el contratante responde, cuando así corresponde según las reglas de aplicación del art. 30 LCT, por toda obli-gación "emergente de la relación laboral" y no tengo dudas de que la obliga-ción de reparar integralmente los daños y perjuicios derivados de un acciden-te de trabajo debe reputarse emergente de la relación laboral sin que desvir-túe esa referencia genética el régimen jurídico en base al cual se establezca la responsabilidad (ley especial o Código Civil, responsabilidad contractual o extracontractual, objetiva o subjetiva). Pienso así pues considero que la refe-rencia a la relación laboral alude a que se trate de obligaciones que tengan su origen fáctico en el vínculo laboral, tal como acontece en un accidente de tra-bajo.

Por otra parte, no constituye un dato menor para la hermenéutica que propongo el hecho de que la norma bajo estudio no solamente carece de limitaciones en cuanto a la naturaleza de las obligacio-nes sobre la que recae la garantía sino que, incluso, ha aclarado que también se extiende sobre las obligaciones de carácter legal del contratado como las nacidas de los regímenes integrativos de la seguridad social que, como es obvio aclararlo, son de carácter legal.

En razón de estas consideraciones sugiero desestimar este aspecto de la queja de Tandanor SA.

Pese a que lo dicho basta para fundar mi propuesta, no creo ocioso dejar aclarado que el precedente que la recurrente invoca -de esta misma Sala- no resultaría, de todas maneras, aplicable al ca-so en forma directa puesto que en el caso "Figueredo" las Sras. Juezas de Cámara Dras. Rodríguez y González resolvieron un planteo relacionado con el art. 29 LCT, es decir que se trató de un supuesto diferente al examinado en este caso pues, reitero, la condena solidaria en los presentes actuados fue fundada en el art. 30 LCT y no en el art. 29.

De seguirse mi opinión, correspondería man-tener la responsabilidad vicaria de Tandanor SA por lo que es necesario, en-tonces, atender el segundo agravio que esta codemandada planteara.

b)	La apelante afirma que la Dra. Barilaro en la sentencia de primera instancia hizo caso omiso a los -a su juicio- razonables cuestionamientos que en su hora efectuara respecto del informe pericial mé-dico y cuestiona que haya aceptado la opinión pericial que determinó la exis-tencia de un nexo causal directo entre el infortunio padecido por el demandan-te y el estado nosológico que ahora padece.

Cabe puntualizar para empezar que la judi-cante que me precede no hizo caso omiso de las realmente razonables aun-que a la par injustificadamente agresivas observaciones que Tandanor SA planteara en su impugnación de fs. 677/78 ya que, tal como surge de fs. 712, la Dra. Barilaro tuvo en cuenta los señalamientos de la impugnante -ahora apelante- y explicó fundadamente los motivos por los que no consideró admi-sibles las impugnaciones.

Y al punto advierto que la quejosa no se ha-ce cargo de lo dicho por la sentenciante de primera instancia limitándose a reeditar los mismos señalamientos que hiciera en su impugnación, pero sin indicar porqué la judicante estaría equivocada. Consecuentemente, en este aspecto el recurso no es una crítica concreta y razonada de la parte del deci-sorio que se juzga errada sino una repetición de argumentos ya atendidos en la sede de grado y por el único motivo de que le fuera dada la razón.

Este modo de proponer la queja no se ade-cua a las exigencias del sistema procesal de doble instancia en el que la ac-tuación de los órganos judiciales de alzada debe limitarse a corregir los even-tuales errores en que puedan haber incurrido los jueces de grado. Además, tal forma de recurrir tampoco cumple los requisitos exigidos por el art. 116 de la ley 18.345.

Cabe señalar que no es procedente que este tribunal haga un reexamen originario de las circunstancias fácticas del caso ni de las pruebas pues ello implicaría desconocer valor a la sentencia dictada por los jueces de grado, quienes actúan en virtud de la competencia asignada por el sistema procesal instituido por la ley 18.345.

La función de los tribunales de alzada o de revisión consiste en examinar la sentencia que, en todo caso, refiere a los he-chos y las pruebas de la causa y al derecho aplicado. Para que esa revisión sea posible es carga adjetiva de la parte interesada y legitimada expresar sus agravios en los términos que reclama el art. 116 de la ley orgánica exponien-do no una mera discrepancia con lo resuelto sino los errores que se imputan al proceso decisorio de grado.

En el subexámine, como queda dicho, la par-te recurrente no se agravia de la sentencia sino que se queja porque no le fue dada la razón y en sustento de su apelación se limita a repetir los argumentos que ya fueran tratados por la Sra. Jueza de la anterior instancia, lo que obsta a que este tribunal pueda ingresar al reexamen del informe pericial médico.

Si bien esta valla formal sería suficiente para descartar la viabilidad del cuestionamiento, no voy a dejar de señalar que, a mi ver, de ninguna manera puede afirmarse que el trabajo pericial médico del caso carezca de fundamentación y método científico puesto que basta con la lectura de la pieza de fs. 662/78 para comprobar que ha sido confeccionado y expuesto con adecuado rigor científico y método pericial adecuado, exhibien-do suficientes conocimientos profesionales y fundamentos idóneos para ava-lar las conclusiones que planteara, se compartan o no.

Finalmente, la tesis esgrimida en orden a la causa del accidente -en relación a un supuesto desvanecimiento- carece de todo sustento en las constancias de la causa y no pasa de ser una suposición de la recurrente que, por otra parte, no fue planteada al contestar la demanda lo que significa que se trata de un hecho ajeno al debate decidido por la sen-tencia ahora bajo análisis.

En síntesis, opino que la recurrente no ha logrado poner en evidencia que la valoración que la sentenciante de grado hi-zo de la prueba pericial médica resulte equivocada ni arbitraria y sugiero des-estimar la apelación también en este punto.

IV. La apelación del demandante.

Varios son los puntos de la sentencia que pone en crisis la parte actora con su memorial de agravios y para un mejor orden los examinaré a continuación de manera independiente y tal como fue-ron deducidos, aunque reducidos a tres.

a)	Se queja el Sr. Cantero por la extensión de las reparaciones dispuestas en grado, cuestionando por exiguos los valores económicos asignados como indemnización del daño material y del daño mo-ral.

Tal como ha puntualizado la Corte Suprema en los casos "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios SA" (sentencia del 21-9-04), "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega ART SA y Pametal Peluso y Cía. SRL" (sentencia del 8-4-08 publicada en La Ley 29/4/2008, pág. 7) y "Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro" (sentencia del 17/8/2010), no es correcto utilizar fórmulas numéricas que impliquen tarifar el daño emergente por incapacidad física, debiéndose emplear un marco de valoración amplio no regido por criterios matemáticos, tal como ya había sido señalado en "Sitjá y Balbastro, Juan c/ Provincia de La Rioja" (Fallos 326:1673). También fue dicho que tales procedimientos sólo consideran a la persona en su faz labo-ral y considerando la incidencia del daño sufrido en la capacidad de ganan-cia, sin atender a los otros valores implicados en el perjuicio padecido, tales como la repercusión del daño en las relaciones sociales, deportivas y artísti-cas; así como la "pérdida de chance" cuando se priva a la víctima de la posi-bilidad futura de ascender en su carrera (ídem Fallos 308: 1109; 1117).

Por ende, a los fines de revisar el monto de la indemnización fijada en primera instancia en el presente caso no me aten-dré a fórmulas estrictas sino que estimaré cual debería ser una reparación equitativa con dichas pautas que ha fijado la jurisprudencia del más Alto Tri-bunal de la República.

Como señalaron los ministros Petracchi y Zaffaroni en el precedente "Aquino", considerando 3 del voto concurrente, "el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una compren-sión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemen-te en la vida humana." ya que "No se trata, pues, de mediar en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo" (Fallos 292: 428, 435, considerando 16; Fallos 303: 820, 822, con-siderando 2; Fallos 310: 2103, 2111, considerando 10; Fallos 312: 1597, etc.). Estos magistrados también recordaron que "Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica in-tegran también aquel valor vital de los hombres" (ídem).

La Corte ha dicho en el citado caso "Aqui-no" que también es menester considerar la repercusión del daño en las rela-ciones sociales, deportivas y artísticas; así como la "pérdida de chance" cuando se priva a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carre-ra.	Y bien, en base a considerar las pautas de valoración que surgen de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Na-ción, en los casos "Audicio de Fernández c/ Prov. de Salta" (4-12-80), "Gar-cía de Alarcón c/ Prov. de Buenos Aires" (F: 304:125) y "Badiali c/ Gobierno Nacional" (LL 24-12-86) y los ya mencionados parámetros, considerando la edad del accionante al momento del infortunio (53 años), el salario mensual de $514,22 que llega firme, la índole de la patología (cervical) y el grado de la incapacidad (79,92%), la influencia que puede tener en la vida laboral del trabajador, la eventual repercusión de ese tipo de alteración en su vida per-sonal y de relación, su situación familiar (casado) y su capacitación y situa-ción de revista profesional (ayudante de tareas generales), opino que la su-ma de $90.000 establecida en grado es reducida y, por mi parte, estimo que resulta prudente y equitativo indemnizar el daño material y la pérdida de chance con la suma de $105.000.

La parte actora también ha cuestionado la determinación del daño moral y resulta oportuno memorar que se lo ha defi-nido como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos fí-sicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas (confr. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 234).

Empero, esas eventuales heridas subjetivas no son de prueba factible ya que, como gráfica el ya citado maestro Busta-mante Alsina, residen en lo más íntimo del alma (ob. cit. pág 248). Mas, co-mo lo señala Arazi, puede determinarse su existencia mediante presunciones judiciales en base a las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según cada caso (Roland Arazi, "Prueba del Daño Moral", en Revista de De-recho de Daños Nº 6 Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107), quien explica que son máximas de la experiencia el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.

Y bien, frente al tipo de accidente sufrido por el Sr. Cantero, la tipología de la noxa y el grado de incapacidad resultan-te, es factible advertir, en base a mi experiencia de vida, cierto dolor moral como un corolario normal y típico en la víctima portadora de la disminución física y lo mismo puede decirse respecto de las secuelas que la afectación dejó. Claro que siempre es dificultoso merituar una reparación de contenido patrimonial cualquiera sea la naturaleza del daño a compensar pero en el ca-so bajo examen creo factible evaluar dinerariamente los alcances del "precio del consuelo", como irónicamente denomina Héctor Pedro Iribarne a la repa-ración del agravio moral ("La cuantificación del daño moral", en Revista de Derecho de Daños Nº 6, Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, ya citada, pág. 197) y, teniendo en cuenta que ese consuelo o bálsamo para el alma puede lograrse obteniendo descansos reparadores, unas breves vacaciones, accediendo a distracciones, lecturas, espectáculos teatrales, ci-nematográficos o musicales, teniendo en consideración la naturaleza de la lesión generadora del dolor espiritual y el carácter de la incapacidad, las cir-cunstancias objetivas de producción del daño, la situación personal de la víc-tima y las particularidades del caso, creo que es prudente fijar esa suma en $25.000.

En base a lo expuesto, propondré elevar el monto total del resarcimiento integral basado en el derecho común a la suma de $130.000, comprensiva del daño material (daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance) y del perjuicio moral.

b)	La parte actora dice quejarse de que lo deci-dido en materia de intereses no resulta claro y a mi juicio tal aspecto de la queja carece de fundamentos. En primer lugar, si el fallo no le resultaba claro debió deducir el remedio específicamente previsto en la ley ritual a tales efec-tos.

Pero, de todos modos, a fs. 717, pto. VII del decisorio apelado surge con gran nitidez la orden de que los intereses se cuenten desde el día 29/10/05 y en la parte resolutiva del fallo sólo media una remisión a tal punto, por lo que nada hay que genere incerteza.

La alusión del pto. V de que la indemniza-ción estaba fijada a valores vigentes a la fecha de la sentencia (fs. 717 primer párrafo) carece de toda relevancia pues no hace referencia al cómputo de los intereses.

c)	También apela el demandante que no se ha-ya admitido la acción iniciada contra la ART en procura de la reparación inte-gral y anticipo que, a mi manera de ver, tiene razón.

En efecto, surge de la prueba correctamente evaluada por la Dra. Barilaro que la caída que sufrió el accionante se produjo en un ámbito de trabajo nada signado por el orden y el cuidado y no encuen-tro demostrado -ni siquiera específicamente invocado- por la aseguradora de riesgos del trabajo que contratara la demandada Estudimar SRL el cumpli-miento de las obligaciones de asesoramiento y asistencia en materia de pre-vención que los arts. 4 y 31 de la ley 24.557 y el decreto 170/96 han puesto a su cargo respecto de la empresa afiliada.

Al respecto, tal como surge de los testimo-nios rendidos por Giménez, Caballero, Ríos y Candi, idóneamente evaluados por la sentenciante a quo, el accionante subía y bajaba al contenedor de un metro y medio de altura en el que estaba prestando servicios al momento del accidente pisando sobre una lata vacía y trabajaba de tolvero parado sobre el contenedor cargando la tolva de arena con un balde. Opino, al igual que la Dra. Barilaro, que se trata de un procedimiento que ofrece ciertos riesgos y, en particular, el que se efectivizó en el infortunio de autos, es decir que el operario perdiese el equilibrio.

Reitero que la tesis planteada por Tandanor SA del desvanecimiento de Cantero no tiene sustento en prueba ni indicio al-guno en la causa y consiste meramente en una interesante e interesada su-posición de dicha parte.

Pues bien, la reforma que introdujo la ley 24.557 y su extensa reglamentación ha provocado un giro copernicano en el tratamiento del problema de la falta de cumplimiento de las reglas de preven-ción, higiene y seguridad en el empleo. En efecto, el reconocimiento de agen-tes especializados en la gestión de tales valores -las "administradoras de riesgos del trabajo", como las denominaba con más precisión que la ley el proyecto del PEN titulado SIPRIT- a las que se encomienda profesional y lu-crativamente la función de asesorar y asistir técnicamente a las empresas empleadoras, así como fiscalizarlas, ha introducido un nuevo sujeto a cargo del deber de seguridad del art. 75 LCT y es esperable que estos agentes pro-fesionales de la seguridad en el empleo no se limiten al acto formal de afiliar sino que, con su capacidad profesional, transformen la crítica realidad en la materia.

Cabe memorar, en tal sentido, que el art. 4 apartado 1 de la ley 24.557 impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo la obligación de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir con eficacia los riesgos del trabajo.

En particular el art. 18 del decreto 170/96 indica que las aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a sus afiliados en materia de riesgos del trabajo. Y, por añadidura, los arts. 19 y 20 del dec. 170/96, al reglamentar el deber ge-nérico de promover la prevención y control, exigen a las aseguradoras rea-lizar actividades permanentes de prevención de riesgos y de control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, debiendo, en particular, ve-rificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el Plan de Mejoramiento que hubiera habido (inc. b) y brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc. c).

Las aseguradoras de riesgos del trabajo deben fiscalizar a los empleadores afiliados, formularles programas especia-les con explicitación de los riesgos propios de cada establecimiento y darles recomendaciones para superarlos y reducir las posibilidades de infortunios. También deben investigar las causas de los accidentes graves, organizar seminarios de capacitación, proveer a los empleadores de manuales, instruc-tivos y videos sobre prevención y seguridad para que éstos también capaci-ten a sus dependientes sobre el manejo de sus riesgos y sobre prevención (arts. 31 LRT, 19 del decreto 170/96 y resoluciones SRT Nº 700/00 y 552/01), así como realizar a los trabajadores los exámenes médicos periódicos.

No se me escapa que el art. 31 apartado 3, inc. a) de la ley 24.557 prevé que es derecho de los trabajadores recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención de ries-gos del trabajo, pero resulta un hecho indiscutible que, más allá de que la obligación primaria de dar esa capacitación es del empleador (como también es primariamente del empleador la obligación de seguridad e incluso la repa-ratoria de daños), la reglamentación optó por agregar a la aseguradora, con cierta lógica, como entidad especializada y profesional en la administración de riesgos del trabajo, como ejecutora directa y operativa de ese deber de dar la capacitación y así está expresado en el ya citado art. 19 inc. c) del de-creto 170/96.

Del estudio de la causa no surge que Con-solidar haya aportado prueba alguna tendiente a demostrar el cumplimiento de los recién señalados deberes a su cargo y, en particular, no veo demos-trado que la ART de Estudimar SRL haya hecho un relevamiento de las dis-tintas tareas y procedimientos que involucran al personal de la empresa afi-liada; que haya identificado los riesgos generales y los específicos de cada puesto de trabajo -tal como, en el caso bajo análisis, el peligro de caídas desde los accesos a las tolvas- ni, mucho menos, que haya aconsejado mé-todos de trabajo seguro, que haya formulado observaciones acerca del modo en que el personal de la afiliada realizaba sus tareas. De la misma manera veo ausente toda actividad de asesoramiento profesional de Consolidar res-pecto de su afiliada Estudimar SRL a los fines de prevenir infortunios como el que sufrió el Sr. Cantero; así como tampoco se ve corroborado que la ART hubiese hecho el control de las condiciones y medio ambiente de trabajo ni que haya brindado capacitación a la víctima ni sus compañeros de trabajo sobre las técnicas de prevención de los riesgos genéricos y específicos a los que estaban expuestos, tal como lo exige el art. 19 inciso c) del decreto 717/96.

En este contexto de falta de acreditación del cumplimiento de los deberes de prevención que la ley y la reglamentación exigen de parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo, y con las particu-laridades del caso, no tengo la menor duda de que la codemandada Consoli-dar ART SA ha incumplido su deber de prevención eficaz nacido del art. 4 LRT con lo que advierto la existencia de omisiones justificantes del compo-nente jurídico de la responsabilidad civil concurrente en los términos del art. 1074 del Código Civil.

Llego a esta conclusión pues considero que tales incumplimientos -en concurrencia con los imputables a la empleadora- han tenido una participación causal material adecuada para producir el infor-tunio, de manera tal que, a mi manera de ver, es factible predicar que si la aseguradora de riesgos hubiese llevado a cabo las tareas y actividades de prevención encomendadas por el régimen legal que le da sentido a su exis-tencia muy probablemente el accidente no se habría verificado.

No es ocioso memorar que de acuerdo a la teoría de la causa adecuada, teoría actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalen-tes y se reconoce como "causa adecuada" para ver determinado un nexo de causalidad relevante aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (conf. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8vta. edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263). Por su parte, Diez Picaso coincide en que causa adecuada es aquella que, según el curso normal y ordinario de las co-sas, resulta idónea para producir un resultado, debiendo regularmente pro-ducirlo (Luis Diez Picaso, Derecho de Daños, Editorial Civitas, Madrid, 2000, pág. 334.

Hay consenso en nuestra doctrina acerca de que la reforma del art. 906 del Código Civil por la ley 17.711 receptó la teoría de la causalidad adecuada y enseña Bustamante Alsina que para es-tablecer cuál es la causa de un daño conforme esta teoría, es necesario for-mular un "juicio de probabilidad", es decir que cabe considerar si tal acción u omisión del presunto responsable era idónea para producir regular o nor-malmente un resultado, juicio que debe hacerse en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 264). Es que probabilidad es sinónimo de posible de suceder.

Como ya dije, al formular por mi parte el respectivo juicio de probabilidad, según la naturaleza o curso normal de las cosas, concluyo que es altamente factible que si la aseguradora del emplea-dor del accionante le hubiera dado la instrucción correspondiente para identi-ficar los peligros del puesto de trabajo y de la actividad; si lo hubiese entre-nado para poder superar tales riesgos; y si hubiese cumplido con eficacia sus deberes de controlar el establecimiento e instalaciones de la empresa asegu-rada, efectuándole los señalamientos, indicaciones y reproches de seguridad correspondientes, el infortunio no se habría producido.

Por ende, opino que Consolidar ART SA ha concurrido con sus omisiones a causar el daño y por lo tanto debe responder concurrentemente con el empleador de Cantero por la reparación integral dispuesta en autos (conf. art. 1074 Código Civil), sin perjuicio de su respon-sabilidad en los términos de la ley 24.557 y del contrato de afiliación suscrip-to con su asegurada.

V. La apelación de Estudimar SRL.

Tal como lo anticipé, esta codemandada no ha cuestionado la condena que le fuera impuesta y sólo se queja de que no se haya condenado a su aseguradora en los términos pedidos por el trabaja-dor en la demanda, es decir por incumplimiento de obligaciones a cargo de tal agente.

Pues bien, si bien a mi juicio Estudimar SRL carece de legitimación para plantear este agravio ya que lo decidido por la Dra. Barilaro no le provocaba un perjuicio concreto y actual a la apelante, de todos modos lo que he propuesto en el pto. c) del considerando IV torna abs-tracta la cuestión.

VI. Los agravios de Consolidar ART SA.

Esta codemandada se alza contra la senten-cia de primera instancia que había desestimado a su respecto la demanda fundada en el derecho civil pero la condenó a hacerse cargo de las prestacio-nes económicas resultantes de la ley 24.557. A su juicio esa decisión vulnera-ría el principio de congruencia y su derecho de defensa.

En rigor, la propuesta que he efectuado en el considerando IV quitaría actualidad y relevancia al planteo revisor pero, de to-das maneras, no creo ocioso destacar que no advierto que se conculque el debido proceso ni se afecte el principio de congruencia al declararse que la aseguradora debe hacerse cargo del tramo indemnizatorio que coincide con su responsabilidad nacida de la ley especial.

Digo así pues este Tribunal tiene repetida-mente resuelto que no se afecta la congruencia judicial en supuestos como el que estoy examinando pues no se está admitiendo una pretensión distinta de la planteada por el actor -que pidió la responsabilización de la ART- sino que, aún cuando parcialmente, se receptó en primera instancia su requerimiento aplicando sobre la plataforma fáctica del infortunio laboral denunciado y veri-ficado en autos un régimen jurídico distinto al invocado. Y este actuar judicial resulta inobjetable conforme la vieja regla forense "iura curia novit" que man-da al tribunal a aplicar el derecho correspondiente sobre los hechos de la causa.

La aplicación de esta regla no afecta el de-bido proceso ni el derecho de defensa de la condenada puesto que el infor-tunio que genera la responsabilidad cubierta por las reglas ordinarias de la responsabilidad civil para el empleador y para el dueño de las cosas riesgo-sas, así como por las especiales de la ley 24.557 para la ART, fue un hecho súbito y violento, insoslayablemente conceptualizable en los términos del art. 6 apartado 1 de dicha ley y, por ende, cubierto por la aseguradora, sin que hubiese opuesto en oportunidad alguna que haya mediado alguna cir-cunstancia que excepcionase su responsabilidad especial en los términos del art. 6 LRT.

Así lo ha establecido esta Sala con el voto concurrente de mi distinguida colega Graciela A. González y del suscripto en autos "Santellán, Víctor Hugo c/ Industrias Metalúrgicas Halperín SA y otro" (SD Nº 94.785 del 26-2-07), en concordancia con lo decidido por la Corte Suprema el 14-6-05 in re "Cura, Hugo Orlando c/ Frigorífico Riosma SA", donde señaló que ".del hecho de ser constitucionalmente inválido el.art. 39.1.no se sigue que las aseguradoras de riesgos del trabajo no deban sa-tisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557", añadiendo que ".la mentada inconstitucionalidad igualmente posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramien-to".

Y, finalmente, no hay a mi modo de ver afectación del derecho de defensa toda vez que la ART tuvo ocasión de de-ducir todas las defensas relativas a su posición, incluida la eventual negativa del suceso dañoso, sus características (que son las que permiten considerar-lo accidente de trabajo a los fines del art. 6 LRT) y que se tratara de una con-tingencia vinculada a sus deberes como aseguradora de riesgos de la em-presa empleadora.

En cuanto al argumento de la apelante en orden a que no fue transitado el proceso especial nacido del art. 21 LRT, no luce indicado en la expresión de agravios qué perjuicio concreto y actual le produce tal circunstancia, de manera que no resulta un planteo atendible. Al respecto debo añadir que el proceso judicial desarrollado en autos ha sido un ámbito propicio para debatir con amplitud y todas las garantías judiciales, pro-cesales y constitucionales (incluido el patrocinio jurídico obligatorio para el damnificado, que no está previsto en el aludido procedimiento especial) de modo que no puedo barruntar siquiera cuál es el perjuicio que le podría cau-sar a la aseguradora de riesgos del trabajo que la existencia del infortunio y la determinación del grado de incapacidad haya sido establecida por jueces de la Constitución Nacional en un proceso judicial reglado por una ley nacional como la 18.345 con reglas claras y precisas (características que no pueden predicarse del régimen especial aludido).

VII.	La postura que propicio aconseja dejar sin efecto lo resuelto en grado en materia de costas y honorarios, procediendo a su fijación y determinación en forma originaria por esta Sala (art. 279 CPCCN).

Ante ello, sugiero imponer las costas de am-bas instancias a cargo de las tres codemandadas, en forma solidaria, ya que resultan vencidas en ambos segmentos del proceso (art. 68 CPCCN) y esto implica que resultan carentes de interés las quejas deducidas respecto de los honorarios fijados en grado.

Y bien, en mérito a la importancia, extensión y calidad de los trabajos profesionales realizados estimo equitativo fijar los honorarios de las defensas letradas del actor, de Estudimar SRL, de Tanda-nor SA y de Consolidar ART SA, así como los correspondientes a las peritos contadora y médica -por sus trabajos de fs. 564/74 y 662/78- en el 16%, 11%, 12%, 11%, 6% y 7%, respectivamente, del monto total de la condena con in-tereses, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y conc-tes. de la ley 21.839, 3 del decreto-ley 16.638/57 y 38 de la LO.

En cuanto a las labores del tramo recursivo, considero oportuno establecer los honorarios de los letrados del accionante, de Estudimar SRL, de Tandanor SA y de Consolidar ART SA en el 35%, 25%, 25% y 25%, respectivamente, de las sumas que cada uno deba percibir por los trabajos de primera instancia y ello en razón de la importancia, extensión y calidad de las tareas realizadas (art. 14 ley 21.839).

VIII.	Por todo lo hasta aquí expuesto propongo en definitiva: 1) Elevar el monto total de la condena fundada en el derecho civil a la suma de $130.000, con los intereses calculados del modo indicado en el fa-llo de primera instancia; 2) Extender a Consolidar ART SA la condena esta-blecida en base al derecho civil de manera concurrente con su asegurada; 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios; 4) Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios; 5) Imponer las costas de ambas instancias a las tres codemandadas en forma solidaria; 6) Fijar los emolumentos correspondientes a los letrados del actor, de Estudimar SRL, de Tandanor SA y de Consolidar ART SA, así como los correspondientes a las peritos contadora y médica en el 16%, 11%, 12%, 11%, 6% y 7%, respectivamente, del monto total de la condena con intereses; 7) Establecer los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de Estudimar SRL, de Tandanor SA y de Consolidar ART SA por las tareas de segunda instancia en el 35%, 25%, 25% y 25%, respectivamente, de las su-mas que deban percibir por las labores de la anterior instancia.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero al voto precedente por análogos fundamen-tos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 se-gunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Elevar el monto to-tal de la condena fundada en el derecho civil a la suma de PESOS CIEN-TO TREINTA MIL ($130.000), con los intereses calculados del modo indi-cado en el fallo de primera instancia; 2) Extender la condena establecida en base al derecho civil de manera concurrente a Consolidar ART SA; 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios; 4) Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honora-rios; 5) Imponer las costas de ambas instancias a las tres codemanda-das en forma solidaria; 6) Fijar los emolumentos correspondientes a los letrados del actor, de Estudimar SRL, de Tandanor SA y de Consolidar ART SA, así como los correspondientes a las peritos contadora y médica en el dieciséis por ciento (16%), once por ciento (11%), doce por ciento (12%), once por ciento (11%), seis por ciento (6%) y siete por ciento (7%), respectivamente, del monto total de la condena con intereses; 7) Esta-blecer los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de Estudimar SRL, de Tandanor SA y de Consolidar ART SA por las tareas de segunda instancia en el treinta y cinco por ciento (35%), veinticinco por ciento (25%), veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de las sumas que deban percibir por las labores de la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara