Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-31


AUTOS N° 7831/C (2° JUZ. DE FAMILIA) (SALA III 11920) "VALDEZ Francisco Antonio y Otra - Prescripción Adquisitiva Veinteañal - Reconstruido".

En la ciudad de San Juan, a los 31 días del mes de Julio de 2018, reunidos los Sres. Miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Daniel G. Olivares Yapur y Juan Carlos Pérez, a los fines de realizar el tratamiento del recurso de apelación deducido a fojas 184 en fecha 29 de mayo de 2014 por la Dra. Alejandra LLoveras contra la resolución de fecha 22 de mayo de 2014 que obra glosada a fojas 181 de autos.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR, dijo:

En primer lugar cabe destacar que el primer cuerpo del expediente donde obra el recurso de apelación que motiva la intervención de este Tribunal ha sido debidamente reconstruido conforme surge del pronunciamiento de fecha 22 de febrero de 2018 (fs. 273), el cual se encuentra consentido y firme.

En la sentencia objeto del recurso (fecha 29 de mayo de 2014) el Señor Juez de Primera Instancia resolvió hacer lugar al recurso de reposición interpuesto a fojas 168/172 por el Dr. Gustavo Eduardo Enrico representante de Enrique Tascheret y José Alberto Catanzaro respecto de la providencia de fecha 12/08/2013 revocando la misma y en su lugar dispuso "téngase a la Dra. Alejandra Lloveras por presentada y domiciliada. Acreditada que sea en forma su legitimación para intervenir en la presente causa se proveerá."	Contra la misma articula recurso de apelación que le fuera concedido en fecha 28 de agosto de 2014 (fs. 188) el cual deja fundado a fojas 201 en los términos que seguidamente se sintetizan.

Expresa que de los dos temas que comprendían la reposición resuelta (extemporaneidad de las nulidades y la falta de legitimación para deducirlas) se resolvió solo el segundo. Seguidamente cuestiona el fallo del Juez a quo en tanto la sentencia considera que no surge de las constancias acompañadas la legitimación para intervenir en el proceso, omitiendo valorar las copias simples que obran en la causa y mediante las cuales surge dicha legitimación para intervenir en el proceso. Seguidamente explica detalladamente la interpretación que corresponde hacer en tal sentido.

TRATAMIENTO DEL RECURSO:

Analizados los antecedentes de la causa surge claramente aquí que el Señor Juez de Primera Instancia luego de analizar el planteo recursivo resolvió tener por presentada y domiciliada, y una vez acreditada debidamente su legitimación proveer el escrito presentado.

Siendo así, la cuestión deja en evidencia un supuesto procesal que ha sido motivo de reiterados pronunciamientos por parte de este Tribunal.

En torno a la apelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Primera Instancia en el curso del procedimiento; por ello dejaré sentado en forma preliminar los enfoques procesales referidos puntualmente a las condiciones y requisitos objetivamente dispuestos en el nuevo ordenamiento procesal de San Juan y la interpretación que corresponde dar al supuesto planteado por la recurrente.

Desde el punto normativo procesal, cabe advertir, que el Código de Procedimientos Civiles de la Provincia de San Juan, ley 8037 vigente desde el primero de febrero de 2010, (B.O.P. 18-09-2009) efectuó un trascendente cambio de criterio al regular la apelación en su contexto.

En efecto, inspirado seguramente en principios procesales como el de "continuidad y no interrupción del proceso", abandonó la regla general que se aplicó en el Código antecesor "el gravamen irreparable" como parámetro de admisibilidad de la apelación, para erigirse de un modo diferente, aplicando a partir de su entrada en vigencia (1 de febrero de 2010) la nueva regla de la "apelabilidad restringida" o "apelabilidad legal", es decir que, en el nuevo Código Procesal de San Juan "solo resulta apelable aquel supuesto expresamente dispuesto en su contexto o en la ley".

Puede verse entonces con claridad que el nuevo artículo 249 establece: "solo podrán ser apeladas..." puntualizando con ello la idea de restricción y aplicación solo a los casos cuya hipótesis se encuentre comprendida expresamente en su plexo normativo; del mismo modo surge en su apartado tercero "las demás resoluciones que establezca la ley", y si se analizara ello recorriendo la totalidad de su articulado, podrá notarse sin dudas que el legislador incorporó una vasta cantidad de hipótesis de apelación a lo largo de todos los institutos que lo comprenden.

Prueba concreta del cambio diametral de posición resulta justamente el artículo 250 ibid, que determina como regla general "el principio de continuidad del proceso" al disponer que el efecto con el que se concede una apelación es no suspensivo, regla que en su apartado sexto queda expresamente determinada al prescribir que, "si mediare duda sobre su efecto, se concederá sin efecto suspensivo" es decir que esta puntualizado en el Código Procesal de San Juan al imponer como nueva regla el "efecto NO SUSPENSIVO DEL PROCESO" afirma y consolida, "el Principio de Continuidad y Unidad Procesal del trámite" que acompaña concordantemente a la regla premencionada de la "apelabilidad legal".

De igual modo y para el caso de recurso de reposición seguido del de apelación subsidiaria, el nuevo ordenamiento procesal expresamente anticipa la regla preseñalada en el artículo 248: "La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable."	Vale decir entonces que, para decidir si una determinada situación procesal resulta apelable, deberá atenderse a lo que estrictamente dispone el ordenamiento ritual a saber: Artículo 249: a- Las sentencias definitivas y las demás resoluciones que ponga fin al pleito o impida su continuación en todo o en parte. b-Las sentencias interlocutorias, salvo que por disposición de la ley fueren inapelables; c- Las demás resoluciones que establezca la ley.? Conforme se juzgara en el precedente. Así lo ha resuelto reiteradamente este Tribunal en diferentes causas anteriores "autos N° 2230 (Juzgado Comercial Especial (Sala III N° 11630) Caratulados "Bodegas y Vdos. Castro Hermanos S.A. Acción Autónoma de Nulidad Ordinario Recurso de Queja- Fallo del 12 de Marzo de 2014, Prot. De Autos Tomo I, folio 30/34, y AUTOS N° 133765 (8° JUZ. CIVIL) (SALA III 11692) "MORENO FERNANDO DANIEL C/FLUOR TECHINT UTE - Cobro de Pesos" PROT. DE AUTOS Tº I Fº 118/121 AÑO 2016 etc.

Sentado ello, al analizar el presente proceso advierto que el decreto de fecha 29 de mayo de 2014 resulta que el mismo no resulta comprendido entre los supuestos de apelabilidad que prevé el nuevo código procesal civil; mas aún, no produce afectación alguna al recurrente la resolución tomada toda vez que no se le ha negado la participación sino que se le impone ordenatoriamente que previo a proveer acredite debidamente la legitimación para su intervención.

Por lo tanto, mas allá de que el Juez resolvió un recurso de reposición, dicha resolución tiene el carácter de ordenatoria, dispuesta bajo las facultades propias que el ordenamiento procesal otorga a los Jueces a fin de sanear el procedimiento y evitar posibles planteos de nulidad.

Siendo así igualmente concordante resulta la posición asumida por esta Cámara cuando juzgó que "Las medidas ordenatorias del Juez, dictada en caso de las facultades que resultan privativas del órgano judicial (arts. 34 y 36 C.P.C.N.) son irrecurribles," AUTOS Nº 40354 DEL 5º JUZ. CIVIL (SALA III 7552) "SINDICATURA EX B.I.D. C/HIDALGO FELIX MARIA Y OTRA S/EJECUCION PRENDARIA - RECURSO DE QUEJA" - PROT. DE AUTOS Tº III Fº 456/458 AÑO 2004.

Por tales fundamentos, concluyo en que el recurso de apelación en tratamiento debe ser declarado mal concedido.

En función del tratamiento y posición juzgada en el presente las costas de esta instancia deben imponerse por el orden causado, correspondiendo regular honorarios a los letrados intervinientes Dr. Gustavo E. Enrico y Dra. Alejandra Lloveras en la suma equivalente al 30% de lo que les sea regulado en primera instancia (cfr. art. 800 inc. 10 del C.P.C..), Así lo Voto.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel Olivares Yapur.

En mérito de la votación que precede, SE RESUELVE:

1- Declarar mal concedido el recurso de apelación de fojas 184 y fecha 29 de mayo de 2014 imponiéndose las costas de esta instancia en el orden causado de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos respectivos.

2- Regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes en esta instancia Dr. Gustavo E. Enrico y Dra. Alejandra Lloveras en la suma equivalente al 30 % de lo que les sea regulado en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. AUTOS T° II F° 42/44 AÑO 2018