Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 23 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la Señora Juez de Cámara Doctora Uzal dijo:

1. El caso:

En la sentencia de fs. 412/23, la juez de grado rechazó la demanda promovida contra Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG -antes Buenos Aires Embotelladora S.A.- imponiendo las costas del proceso a la demandada. Ello, luego de considerar demostrada la relación contractual que ligara a las partes, atribuyendo especial relevancia para decidir así, a la declaración testimonial de Gustavo Castagne, quien admitió haber subscripto el instrumento de fs. 8 y la entrega de ciertos suministros a la actora.

Pese a que la juez de la causa reconoció la ausencia de poder de parte de Castagne para obligarse por la demandada, consideró decisivo el estado de apariencia creado, remarcando que resultó pericialmente comprobado que la demandada emitió nota de devolución de materiales en préstamo (fs. 280/82), lo cual estimó incompatible con la negativa de la existencia de una relación negocial como la demandada lo pretendía. Concluyó en que la conducta mantenida por la accionada era contraria a la doctrina de los propios actos y al principio de buena fe.

Respecto de la naturaleza jurídica del vínculo, lo entendió compatible con la figura del contrato de distribución, luego de examinar ciertas características, especialmente, la actuación en nombre y por cuenta propia, el tracto sucesivo y la duración continuada. Sostiene que el compromiso contractual a la provisión de elementos para la comercialización de los productos, cierta bonificación, devolución de los activos y plazo de exhibición de materiales de publicidad y el plazo de duración, desde el 1-1-96 al 31-12-2000. Sostuvo la magistrado que esas características marcan la diferencia entre ambos contratos y excluyen, a su parecer, la figura de la compraventa. Sostiene que la demandada ante los términos del contrato debió explicar y acreditar por medios eficientes que las cosas sucedieron de modo diverso y ello no ocurrió. Expresa que la inejecución de un contrato constituye por sí misma una presunción de daños a favor del acreedor que demanda indemnización por esa causa, resarcimiento que debe medirse, por el daño y no, por la culpa, recuerda que debe acreditarse la relación causal entre el hecho generador de la responsabilidad y el daño y expresa que debe probarse la cuantía del daño o cuanto menos sus pautas de valoración, no encontrando que ello haya sucedido en el caso. Señala que el actor no probó ni siquiera mínimamente los rubros indemnizables que dice haber sufrido, refiere la pericia contable que demuestra que el actor no lleva libros, que no puede informar las ventas de su negocio, pues no obstante no tener obligación de llevar contabilidad uniforme, carece de todo elemento documental observable, con omisión en las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias y de toda determinación de deducción de gastos, cargas sociales y utilidades del negocio.

Concluye en que tal ausencia de prueba impide conocer el objeto concreto de la reparación cuya existencia se determina por el perjuicio sufrido.

2. Los agravios.

La actora se queja de lo decidido en su memorial de fs. 435/442, contestado a fs. 444/6.

Sostiene en su expresión de agravios sobre lo finalmente decidido, que el incumplimiento del contrato por parte de la demandada es fuente del daño y prueba de su existencia y que su desmedida negativa acredita su propio incumplimiento como hecho generador del perjuicio.

En lo que respecta a la cuantificación del daño, expresa que ha mediado una falta de análisis completo de la prueba pericial contable. Alude a sus expectativas de comercialización por cinco años de vínculo contractual -232.320 vasitos de gaseosa de 330 cm.3, a $ 1 cada uno, más la comercialización de las latas de gaseosa y agua mineral-. Efectúa cálculos que lo llevan a requerir $ 176.768, cifra cuya razonabilidad pretende extraer de un total facturado de 1996 a 1998 de $ 137.725.

Se agravia también de falta de adecuada ponderación de los testimonios rendidos en autos, por los testigos Ceci y Genesini, que a su entender abonarían la determinación de daño. Alude finalmente, a la conducta de las partes en el proceso atribuyendo, por el principio de la carga dinámica de la prueba, la carga de los extremos de ley a su contraria.

La demandada por su parte predica el error en la interpretación de los antecedentes de la causa y la inexistencia de un contrato de distribución, señala que en todo caso, en su pequeño local, el actor comparte el haber comprado mercaderías a su parte con otros 50.000 comercios minoristas de la Capital Federal, niega que haya habido zona de distribución y vehículos o camiones y personal afectados a distribuir sus productos. Contesta luego los agravios del actor rebatiendo su sustento fáctico, probatorio y jurídico.

3. La solución propuesta.

3.1) Estudiados los agravios de la actora, cuadra perfilar, en primer término, el vínculo jurídico que unía a los contendientes, a fin de resolver si la conclusión de ese vínculo, bajo las circunstancias en las que se produjo, justifica la imposición de una obligación resarcitoria en cabeza de los demandados.

Señálase liminarmente, que la base de la negociación entre las partes aparece ceñida a la interpretación de la pieza glosada en copia a fs. 8.

A modo de simple introducción, recordemos que la distribución es uno de los campos económicos de mayor importancia en el ciclo de la producción, circulación y consumo de la riqueza, al que se le asigna el tercer lugar, entre la circulación y el consumo, dentro del referido ciclo.

Dentro del campo de la organización comercial, la distribución abarca todos los problemas que debe atender el empresario para montar un sistema económico y eficiente para colocar las mercaderías y luego entregarlas. Por lo común el distribuidor tiene una estructura de cierta envergadura, organizada, con depósitos propios para el almacenamiento de las mercaderías, para la venta, entrega y cobro del producto, manteniendo una cifra anual de relevancia, que justifique atribuirle una zona determinada.

Es sabido que la circulación de la riqueza resulta de una combinación de esfuerzos y fuerzas económicas que involucran transferencias personales y de lugar a lugar, que producen como resultado la circulación de bienes o servicios que, a través de diversas y variables combinaciones de peculiar dinamismo en las formas que asumen, contribuyen a constituir, en su conjunto, la mecánica del cambio y el intercambio que son propios del movimiento comercial, instrumento importante en la vida y el progreso de los pueblos socialmente organizados.

En este marco, el contrato de distribución bajo el cual la accionante pretende encuadrar la situación del sub judice ha sido caracterizado como aquel por el cual, un fabricante conviene el suministro de un bien final -producto determinado- al distribuidor, quien lo adquiere para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona, también determinada. A cambio de ello, el distribuidor recibe del productor un porcentaje -que puede ser un descuento- sobre el precio de venta del producto y toma sobre sí la responsabilidad de los contratos que celebra con terceros, habida cuenta que es un empresario (auxiliar) autónomo (Argeri, Saúl, "Contrato de distribución", LA LEY, 1992-B, 1042/3; Marzoratti, Osvaldo, "Derecho de los negocios internacionales", t. II, p. 51, nº 236, Marzorati, Osvaldo J., "Sistemas de distribución comercial", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 53).

El contrato de distribución involucra pues, por lo general, la adquisición y posterior reventa de bienes por parte del distribuidor, quien actúa en nombre y por cuenta propia.

Sin embargo, la expresión "contrato de distribución" se utiliza, también en un sentido amplio, para hacer referencia a un conjunto de relaciones, usuales en la actualidad, que encuentran su común denominador en constituir canales o vías de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación, de dependencia (ver Farina, Juan M., "Contratos comerciales modernos", Astrea, Buenos Aires, 1999, Nº 274, ps. 412/413).

Trátase de formas de colaboración empresaria que tienden a la comercialización de bienes y servicios mediante variadas técnicas de colocación de productos y penetración en los mercados (CNCom., Sala C, 30/12/2003, in re: "Marcolín, Carlos A. y otros c. Resero Sociedad Anónima Industrial Agropecuaria, Comercial y Financiera"). En este sentido, quedarían alcanzados por el término distribución -en sentido amplio o lato- los contratos de concesión, agencia, franquicia y distribución propiamente dicha (ver Kleidermacher, Jaime L., "Franchising", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 113 y ss.).

En esa misma línea de pensamiento, cabe acotar que la distribución supone una relación contractual entre dos empresas jurídicamente independientes, o sea entre dos organizaciones autónomas, que se distinguen claramente: una produce bienes o servicios y la otra se ocupa de comercializarlos asumiendo los riesgos propios de su actividad, ello sin que medie un vínculo societario o laboral, aunque pueda haber una sujeción técnica o económica (cfr. Argeri, ob. cit., p. 1042; Robledo - Iribas, "El contrato de distribución", LA LEY, 2000-F, 1348).

Pues bien, la existencia de esta figura contractual requiere ser debidamente acreditada, sea ya por medio de prueba documental, o en su defecto -recuerdo que se trata de un contrato no formal- por probanzas que en su conjunto permitieren demostrar, en forma acabada y convincente, la existencia de la convención.

3.2) En este marco pues, cuadra indagar si a partir de las diversas operaciones celebradas es posible concluir que las partes estuvieron unidas por un contrato comercial de distribución propiamente dicha, o en su defecto, si lo estuvieron por otro tipo de relación jurídica.

Para ello, resulta de sustancial importancia efectuar un examen de la pieza de fs. 8. Surge de ella, en la cláusula primera, una convención para entregar gratuitamente una máquina Postmix de seis válvulas, lo cual constituye, en todo caso, un comodato o préstamo de uso de dicho artefacto.

En la cláusula segunda, se prevé la concesión de una bonificación de cierta cantidad de mercadería mensual. Cabe recordar que la bonificación es una rebaja que hace el vendedor al cliente sobre el precio de la mercadería, por ésta misma y sin tener en cuenta plazo de pago o la condición estipulada para satisfacer el importe. Cabe señalar, a modo de introducción, que según la Real Academia Española, la palabra "bonificación" importa "la acción y efecto de bonificar", del latín "bonus", bueno y "facere", hacer. Implica hacer buena o útil alguna cosa, mejorar la condición o estado, tomar en cuenta, o asentar o efectuar asientos en las cuentas corrientes de las partidas que corresponden al haber (véase acepción 3, 7 y 9 de "abonar" según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española).

Cabe aquí, precisar debidamente el alcance del término "bonificación". Se entiende por tal, contablemente, "la rebaja que hace el vendedor al cliente, sobre el precio de la mercadería, por ésta misma y sin tener en cuenta el plazo de pago o la condición estipulada para satisfacer el importe. Descuento, en cambio, es la rebaja que se hace sobre el precio, independientemente del valor de la mercadería, considerando exclusivamente el plazo de pago".

Se ha dicho que la bonificación suele abarcar dos conceptos, que pueden encontrarse, o no, reunidos en un mismo caso: 1.- el precio propiamente dicho y 2.- la cantidad comprada. Por lo general, la elasticidad de la demanda y la posibilidad de sustitución de las mercaderías son factores no susceptibles de una estimación rigurosa, por lo cual para la determinación de los precios se procede a menudo mediante simples aproximaciones. Cierto es que los precios altos propios de las ventas a largo plazo, no sólo cubren el beneficio normal del empresario, sino también el riesgo y el interés de su capital. La rebaja de los precios que se acuerda para la realización de compras en cantidades más o menos grandes es otro ejemplo de la forma en que las condiciones de venta pueden incidir sobre los precios. Como se ve pues, la reducción de los precios puede adoptar la forma de bonificaciones o descuentos (cfr. Francisco Cholvis, "Tratado de Organización, Costos y Balances", T. II, Bs. As. 1960, Ed. Partenon, págs. 8 y 9). Sin embargo, la bonificación comprende un contexto de compraventas de mercaderías presupuesto y una concesión sobre el precio de la mercadería, en la especie, pareciera inferirse una bonificación total.

En la línea señalada en el párrafo anterior, en la cláusula tercera se estipuló que el actor actuaría en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, estableciendo en la misma cláusula, la obligación de comprar a la demandada sus productos, sin que ésta garantizase mínimo alguno por tales operaciones.

En la cláusula cuarta, el actor se comprometió a exhibir en el punto de venta los materiales de publicidad que la accionada le proveyese para la promoción de sus productos y en la cláusula siguiente se obligó a preservar los activos de la demandada que se le hubieran confiado -en comodato, promoción, etc.- y a devolverlos a la finalización del acuerdo.

También se estipuló que en caso de cierre o transferencia del local debería avisarse a la demandada con treinta días de antelación y en caso de incumplimiento, también se podía cancelar el contrato previo aviso por escrito con 30 días de antelación, fijándose la duración del contrato en cinco años (cláusula sexta).

3.4) De los términos del instrumento descripto y del reconocimiento del propio Castagne, que fue quien lo suscribió -como ejecutivo de cuentas de la demandada-, sin facultades o poder demostrados, para obligarla formalmente, puede extraerse que lejos de existir allí un pacto vinculado formalmente con un contrato de distribución, lo que en todo caso se evidencia, es una convención concreta, sui generis y atípica.

En efecto, en el sub lite no se advierte que el actor posea los rasgos que someramente hemos trazado para caracterizar al distribuidor.

En efecto, no se ha probado, ni invocado siquiera, que posea una estructura para proceder a la colocación masiva de los productos de la demandada por medio de su propia organización en una zona, también determinada. Y si bien se ha dicho precedentemente que el distribuidor recibe del productor un porcentaje -que puede ser un descuento- sobre el precio de venta del producto, y aunque pudiera interpretarse que la bonificación a la que alude la cláusula tercera es la fórmula de tal retribución, lo cierto es que, en todo caso, ello exigiría demostrar que han existido compras correlativas de parte el actor que las justifiquen como tal. Ello no se ha invocado siquiera, pretendiéndose solamente una bonificación graciosa o gratuita, sobre la cual se pretende estructurar el reclamo del perjuicio que se reclama.

La figura que nos ocupa resulta así por cierto, resulta curiosa y debe destacarse que las reglas legales de interpretación contractual descriptas en el art. 218 del Código de Comercio obligan a indagar el sentido a lo que las partes quisieron estipular en la contratación que las vinculara.

En esa inteligencia, todo contrato es hipotéticamente susceptible de interpretación, no sólo cuando contenga expresiones ambiguas u oscuras, sino también cuando exhiba omisiones, o cuando la controversia sobre la voluntad común de los contratantes lo exija así (véase Alegría Héctor, "La interpretación de los contratos en el Derecho Argentino", LA LEY, 2005-E, 952).

En efecto, las diversas cláusulas del contrato deben ser interpretadas de una manera coherente, las unas por medio de las otras, considerando el contrato como un solo todo integral, cuyo contenido, sentido y espíritu está unificado.

Así se estima evidente que en el caso se ha bonificado el precio de venta de los productos que se indican, mas también se observa un compromiso de adquirir productos que no se observa acreditado por la accionante.

Por lo demás, cabe traer a colación el inc. 6 del art. 218 C.Ccio, y señalar que el actor debió acreditar al menos la existencia de usos y prácticas comerciales en casos de igual naturaleza, especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato que prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras, extremo que tampoco se encuentra acreditado.

Resulta de aplicación en dudas interpretativas como la que se propone en autos la pauta del inc. 2º del art. 218 del Cód. de Comercio que manda, ante cláusulas equívocas o ambiguas interpretar por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general. Así pues, teniendo en consideración el contexto general, cabe interpretar que la intención común que tuvieron las partes al suscribir la pieza de fs. 8 ha sido, precisamente, la de relacionar el otorgamiento del beneficio de la bonificación a favor del actor, con alguna forma de publicidad de los productos de la demandada, lo cual resulta compatible también con otorgar un mejoramiento de situación del accionante como mero punto de venta del producto, sin que de ello se desprendan las consecuencias que la distribución o de los contratos análogos a ésta supone. Con este enfoque se justificaría la suscripción de la pieza por un ejecutivo de cuenta y ello resulta coherente con el otorgamiento de la máquina en comodato.

3.5) Desde otro ángulo, no encuentro que del instrumento examinado puedan desprenderse las consecuencias propias de un contrato de los llamados contratos "de duración", o por tiempo indefinido, o de "prestaciones fluyentes" (CNCom., esta Sala, mi voto, 12/12/2006, in re: "A.V.S. c. Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés"), pues no emerge con evidencia configurada en autos, la realidad y modalidad que tales prestaciones exigen, salvo por la referencia a un pacto de plazo y preaviso en la cláusula sexta, de fs. 8.

Es sabido que, salvo abuso, los contratos de plazo determinado se rigen por lo acordado en cuanto a plazos de vigencia y de preaviso y pueden ser finalizados por las partes, notificando fehacientemente la decisión con una antelación razonable, o en su defecto, indemnizando. En la especie, la orfandad probatoria y las imputaciones recíprocas de incumplimiento me conducen a concluir en que existiendo cierto plazo de preaviso pactado y ante el incumplimiento de la demandada comprobado al menos en el cese del suministro de los productos bonificados, se admita la obligación de ésta de resarcir.

En este marco, cabe ser muy estricto en la apreciación de la pretensión, y solo si ha mediado cabal demostración de perjuicio, es que existe obligación de resarcir más allá de tal preaviso. La juez a quo rechazó frontalmente la acreditación de extremos que permitieran toda alternativa indemnizatoria por falta de prueba.

Más allá de los defectos que impiden tener por formalizada de manera típica la relación que se invoca, se advierte que ante las circunstancias que rodean el caso concreto, ponderando en especial la naturaleza y particularidades de la relación anterior, y dado que se encuentra acreditada en autos una relación continuada de la actora con la demandada de -aproximadamente- dos años y cinco meses, estando a los términos de la pieza de fs. 8, considero que la accionada debió haber otorgado al actor, al menos, el preaviso que fue fijado previamente, de tres (3) meses, atento a la índole de la relación bajo examen.

En estas condiciones, estimo de admitirse como indemnización el quantum de la indemnización sustitutiva del preaviso que debería derivarse, razonablemente, de un promedio de la facturación neta habida entre actora y demandada, o de la utilidad neta generada en tal relación, atribuible por los tres meses de preaviso referidos, promedio del que deberían descontarse los gastos de explotación, impuestos, etc. correspondientes a ese período, para alcanzar así la utilidad neta, representativa del capital indemnizable final en concepto de preaviso. La indemnización así determinada devendría en la única admisible, en defecto de todo otro daño acreditado.

A la luz de la pauta brindada por el art. 165 CPCCN, juzgo que resultaría razonable pues tomar, como representativa, la facturación promedio correspondiente a las operaciones mensuales realizadas entre la actora y las demandadas, entre enero de 1996 y mayo de 1998. Esta información sin embargo, no ha podido extraerse pericialmente de libros de la demandada y la actora, monotributista, no lleva libros y no ha exhibido documentación respaldatoria alguna a los fines que nos ocupan, resultando totalmente improcedente tomar en consideración las facturas allegadas, puesto que no se vinculan en forma alguna directa a operaciones entre la actora y la demandada, tampoco cabe tomar como parámetro la facturación total de la explotación del local de la actora, pues es parámetro que excede la relación entre las partes. En este marco solo queda como plausible, extraer alguna pauta indemnizatoria de la comercialización de productos bonificados que la actora ha recibido, quizás en retribución de publicidad, dado que no puede demostrar facturación de ninguna índole.

La peritación contable producida en autos no brinda, ninguna otra información precisa en relación a la utilidad neta de la actora, con base en su facturación en relación con la demandada.

A fin de determinar el resarcimiento plausible pues, por la frustración de esta peculiar relación, cabe admitir como indemnización sustitutiva de preaviso, el equivalente a tres meses de facturación neta promedio que por los productos bonificados la actora recibió de la demandada.

Para determinar tal importe, considero pertinente efectuar una estimación con base en el promedio de la ganancia bruta mensual del período de contratación de dos años y cinco meses, expresado por la propia actora en la suma bruta de $ 137.725.

Ello arroja una ganancia mensual bruta promedio de $ 4749,14, lo cual representa por tres meses $ 14.247,41. Sin embargo, cabría extraer del promedio de esa estimación de facturación, que efectuó la propia actora, una prudencial apreciación de parte de este Tribunal, de la ganancia neta porcentual, sobre tal ganancia bruta promedio que la actora invoca sin precisar. Recuérdase a ese fin, que es de uso común en la actividad comercial admitir una utilidad con márgenes que van del 30% al 40%. Adoptando a estos efectos un 35%, se obtiene un monto indemnizatorio sustitutivo de preaviso, de $ 4.986,60.

Al monto así obtenido considero justo añadir, finalmente, un interés compensatorio por la privación de dicha suma, que deberá computarse, desde la fecha de finalización del contrato (mayo de 1998) y hasta su efectivo pago, a la tasa que emplea el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (CNCom, en pleno, in re: "S.A. La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales", del 27/10/94") no capitalizable (conf. doctrina plenaria del fuero in re: "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ revisión de plenario", del 25/08/2003, JA 2003-IV-567).

Por este importe estimo que cabe admitir el resarcimiento impetrado, rechazando lo demás pretendido por falta de todo extremo probatorio.

Propongo a este Acuerdo pues:

Revocar parcialmente la sentencia de fs. 412/32 y acoger la indemnización propuesta en el considerando 3.5). Con costas a la actora en un ochenta por ciento y a la demandada en un veinte por ciento en ambas instancias.

He aquí mi voto.

Por análogas razones los Sres. Jueces de Cámara Dres. Kölliker Frers y Míguez adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve revocar parcialmente la sentencia de fs. 412/32 y acoger la indemnización sustitutiva de preaviso por la suma de $ 4.986,60, con más un interés compensatorio por la privación de dicha suma, que deberá computarse, desde la fecha de finalización del contrato (mayo de 1998) y hasta su efectivo pago, a la tasa que emplea el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días no capitalizable. Con costas a la actora en un ochenta por ciento y a la demandada en un veinte por ciento en ambas instancias. -Alfredo Arturo Kölliker Frers. -Isabel Míguez. -María Elsa Uzal.