Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64132 SALA VI Expediente Nro.:26.417/09 (Juzg. N°6) AUTOS: "CARENA WALTER OMAR C/B.B.V.A. BANCO FRANCES S.A. S/DESPIDO" Buenos Aires, 29 de JUNIO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Las partes actora (fs.1131/1144, 1145 y 1181) y demandada (fs.1146/1153 y 1180) apelan diversas cuestiones de fondo decididas en la sentencia de grado objetando, además, los honorarios regulados (fs.1112/1126 y 1160). Por su parte, los peritos contador (fs.1129) y analista de sistemas (fs.1182/1183)se quejan por considerar bajos sus respectivos honorarios.

Ante todo se advierte que la parte actora mantiene (fs.1142vta.) la apelación que dedujo a fs.619, tenida presente en los términos del art. 110 de la ley 18.345 (fs.625), pero el planteo no cumplimenta la exigencia contenida en el art.117 de dicha ley en cuanto requiere expresar agravios, puesto que la remisión a presentaciones anteriores no es suficiente a tales fines (art.116 ley 18.345)y en consecuencia la pretensión allí expuesta no es admisible, sin perjuicio de aclarar que en el caso el Tribunal no consideró necesario ejercer la facultad que le acuerda el art. 122 de la ley 18.345 en tanto dispone que puede ". disponer las medidas de prueba que considere útiles o necesarias para la averiguación de la verdad sobre los hechos controvertidos" (art.122 ley 18.345).

Aumentos salariales establecidos en las Actas Acuerdos del 11/4/06, 28/3/07 y 31/3/08 convenidas entre el gremio de la actividad (Asociación Bancaria Argentina) y la Cámara Empresaria del sector.

El accionante sostiene que los aumentos salariales otorgados conforme a las citadas Actas Acuerdo no respetaron el método de cálculo establecido en los arts.6, 8 y 46 del CCT18/75, esto es, aplicando el incremento al salario inicial y, sobre la base así obtenida, los diferentes coeficientes que el referido art. 6 contempla para cada categoría.

Dado el planteo del demandante es oportuno señalar que la empleadora (B.B.V.A. Banco Francés S.A.) abonó los aumentos salariales con ajuste a los términos convenidos por las partes colectivas que suscribieron las Actas Acuerdo cuestionadas que, como señaló la juez "a quo" en su fundada decisión, mantuvieron ".la vigencia de las categorías para establecer los incrementos mínimos que se asignan" (fs.1120vta.in fine), sin que se advierta ". del historial remunerativo dado por el perito contador a fs.971, que lo acordado fuera en desmedro de la estructura salarial hasta entonces reconocida." (fs.1121), por lo que concluyó que la ".nulidad pretendida respecto de lo acordado por las partes colectivas, no podría ser planteada en el marco de esta causa." (fs.1121).

Comparto las conclusiones de la sentenciante de grado que, a mi juicio, se ajustan a las constancias de la causa y a la normativa de aplicación, sin que los agravios expresados por el accionante sean idóneos para revertir lo decidido en el punto, dado que están fundados en argumentaciones que exceden el marco normativo del contrato individual de trabajo avanzando sobre la negociación que en materia salarial se plasmó en las Actas Acuerdo cuestionadas, que fueron convenidas entre las partes colectivas que representan la actividad.

Adicional por función técnica.

La parte demandada apela (fs.1147) porque fue condenada al pago de diferencias salariales por funciones técnicas y su incidencia en la liquidación final no obstante que, según se queja, el actor no probó haber realizado funciones que requieran título profesional para la procedencia del art. 11 del CCT 18/75.

Estos agravios lucen débiles frente a la fortaleza de los argumentos que fundaron la decisión en este punto (art.116 ley 18.345), en tanto la sentenciante señaló la falencia del responde en el que la accionada ".acotó su defensa a las negativas de rigor, sin fijar con mayor sustento su posición frente a ellas, incluido el propio alegato" (fs.1122) y además destacó ".el propio reconocimiento de la demandada al extender la certificación de puestos y destinos del actor de fs.370/372 en tanto consigna que desde el 8/10/2004 revistió como analista contable primero en gestión, luego en Atuel y finalmente con licencia gremial." concluyendo que ".lo cierto es que la demandada reconoció la remuneración asignada a la categoría y tipo de tareas prestadas." (fs.1123) y valorando la norma contenida en el art. 11 CCT 18/75 decidió que procede el adicional reclamado, decisión que a mi juicio debe ser confirmada.

Gratificación correspondiente al año 2008. Incidencia en SAC, vacaciones y en las indemnizaciones vinculadas al despido.

En este punto y dado el planteo de la parte actora (fs.1135vta./1137vta.) es dable recordar que el reconocimiento al trabajador de ".la parte proporcional de la gratificación correspondiente al tiempo trabajado dependerá de las condiciones a que se supedite el derecho respectivo, pues no debe olvidarse que nos encontramos ante una prestación cuyas modalidades iniciales -por lo menos- son impuestas libremente por el empleador" (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" T.II pág. 1458).

Sentado ello, corresponde analizar los términos de los escritos constitutivos del proceso en los que las partes estuvieron contestes en que para establecer la gratificación se tomaban en cuenta ciertas pautas de desempeño personal del trabajador, considerando las calificaciones obtenidas en el respectivo año teniendo en cuenta objetivos cuantitativos, cualitativos y discrecionales (fs.21/22 y 519vta./521).

En consecuencia, dado que la gratificación reclamada no era de pago automático sino que estaba supeditada a determinadas condiciones valoradas al finalizar cada año, cabe derivar de ello que sólo se "devengaba" si se cumplían las condiciones de valoración anual exigidas para su procedencia, por lo que se impone concluir que la decisión de la juez de grado debe ser confirmada (fs.1122). Adicional por alquiler de vivienda.

La parte demandada se agravia (fs.1147) porque fue condenada a abonar diferencias en concepto de adicional por alquiler de vivienda pero los agravios que expresa no son idóneos para revertir lo resuelto en el punto, puesto que su recurso no contiene una crítica concreta y razonada como lo exige el art.116 de la ley 18.345.

En efecto, el punto fue decidido por la juez de grado en los términos que desarrolló a fs.1121, donde señaló que el perito contador constató en la cuenta sueldo del actor el depósito de una suma ($13.957,30) conformada por tres meses de alquiler, un mes de depósito y una comisión.

Esta prueba desmiente el argumento de la demandada, que sostiene que ".era quien materialmente abonaba el alquiler del actor a los fines de asegurarle la vivienda." (fs.1147), puesto que en apoyo de esta afirmación no acompañó prueba idónea de tal pago cuando, en su propia defensa, hubiera debido adjuntar a la causa los recibos de pago del alquiler, falencia que me lleva a proponer que se confirme lo decidido en el punto. Por otra parte, respecto del recurso del actor, cabe señalar que fue despedido formalmente con fecha 26/9/2008 pero, en razón del impedimento para trabajar que lo afectaba, la relación se mantuvo hasta la fecha del alta médica (2/11/2008), impedimento que la juez "a quo" consideró debidamente acreditado (fs.1116).

En relación con dicho lapso (26/9/08 - 2/11/08) la juez de grado reconoció el derecho a percibir la suma de $7.954,53 (fs.1124 y 1125) en concepto de salarios por enfermedad (art.213 LCT) y el accionante se queja porque no se incluyó el adicional por alquiler ($3.489 mensuales, fs.1125) que, según entiende, estaba incorporado al salario (fs.1141).

Para así resolver la juez "a quo" consideró que la fecha del despido (26/9/08) puso punto final a la obligación de pago del alquiler pero, no obstante ello, admitió ".como perjuicio a reparar las sumas de $600 y $3.489 en concepto de guardamuebles y alquiler del mes de septiembre de 2008 (conf. arts. 1068 y 1078 C.C.), y en el marco contractual, los salarios por enfermedad, conforme art. 213 LCT." (fs.1124).

En consecuencia, este reclamo quedó reducido al importe correspondiente al alquiler del mes de octubre de 2008 ($3.489) y a mi juicio debe ser admitido puesto que, como señaló la juez "a quo" a fs.1121, el experto constató que era abonado ".bajo el concepto pago de haberes...en la cuenta sueldo del actor...que sobre el rubro adicional alquiler se descontaban los aportes a cargo del actor y eran depositados con las contribuciones a cargo de la demandada.", aún cuando se advirtió que no está verificado el cumplimiento de esta obligación a partir del mes de mayo de 2008 (fs.1121).

Las circunstancias señaladas ponen en relieve que la propia demandada reconoció el carácter salarial del importe abonado en concepto de "adicional vivienda", por lo que en el punto debe modificarse parcialmente lo decidido en origen y hacerse lugar al reclamo fijándolo cuantitativamente en la suma que por este concepto se devengó durante el mes de octubre de 2008 ($3.489).

Indemnización por antigüedad (art.245 LCT). Mejor remuneración devengada.

La juez "a quo" concluyó que la mejor remuneración devengada no fue la correspondiente al mes de mayo de 2008 sino la de los meses siguientes, cuyo importe determinó en la suma de $9.607,87 concluyendo que no supera el tope convencional a los fines del art.245LCT que, a la fecha de extinción del vínculo ascendía a la suma de $9.707,94 y que, en consecuencia, tornó abstracto el pronunciamiento relacionado con el planteo de inconstitucionalidad del tope previsto en la citada norma (fs.1124).

Esta decisión debe mantenerse puesto que, más allá del adicional por función técnica, los demás adicionales reclamados en autos no resultaron procedentes y en consecuencia, la remuneración mensual considerada en origen se ajusta a lo decidido en autos.

Tampoco son procedentes los agravios expresados en relación con el Plenario "Tulosai" aplicado por la juez "a quo" para desestimar la pretensión de incluir el S.A.C. en la base salarial para calcular la indemnización por antigüedad. Sin perjuicio de mi opinión contraria a lo allí decidido.

En efecto, la remuneración a la que se alude en dicho plenario es la mensual normal y habitual, además de la devengada, término con el que se intentó evitar que el incumplimiento del empleador que paga una remuneración inferior a la que legalmente corresponde, se traduzca en la práctica en el pago de una indemnización disminuida en perjuicio del trabajador afectado y el consiguiente beneficio económico del empleador que incumple la ley.

Por otra parte, el planteo referido a la integración de la Cámara a la fecha del dictado del mencionado plenario no se ajusta a los términos del art. 302CPCCN en cuanto, se entiende, alude a los jueces designados y en pleno ejercicio de la magistratura al momento del dictado del fallo.

Daño moral.

Este reclamo se fundó en la mortificación que sufrió el accionante como consecuencia de la actitud de la demandada que, actuando con indiferencia frente a la enfermedad de su hija menor y a la suya propia, no le asignó oportunamente una vivienda digna ni le otorgó un tiempo razonable para desocupar la asignada cuando fue despedido(fs.36/38).

Entiendo que corresponde admitir este rubro puesto que los hechos en que se funda se encuentran debidamente probados y, en ese sentido la sentenciante reconoció la procedencia de un monto para el pago de un guardamuebles.

En las referidas condiciones se impone concluir que, en el caso, la indemnización tarifada sólo compensa el daño causado por la pérdida del trabajo pero no alcanza a resarcir el daño moral que padeció el trabajador al quedar intempestivamente sin vivienda, situación agravada por el delicado estado de salud de su hija (de 6 años en esa época), además de la propia enfermedad que lo aquejó al momento del cese y que motivó que se le reconozca el derecho a percibir salarios por aplicación de la norma contenida en el art. 213LCT.

Entiendo que se dan en autos los presupuestos para la consideración del daño moral adicional por responsabilidad contractual, toda vez que la conducta de la demandada en el caso de autos, configura un hecho generador de responsabilidad que excede las derivadas de la simple y llana extinción del contrato de trabajo.

No actuó la accionada con los parámetros de un buen empleador al extinguir el contrato de trabajo con el actor, quebrantando el principio de lealtad de conducta que emana del art. 63 de la LCT.

El art. 522 del Código Civil faculta al Juez a condenar al responsable de la conducta contractual reprochable a reparar el agravio moral.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, considerándolos tales a aquellos que excedan los límites impuestos por la buena fe la moral y las buenas costumbres en los términos del art. 107 del Código Civil Argentino.

El art. 520 del Código Civil al establecer el alcance de la reparación de los daños e intereses se extiende al daño moral, que considero aplicable y por ende adicional a la tarifa regulada por el art. 245 de la LCT.

En circunstancias como las del presente caso la ley no impide reparar un perjuicio superior al de la tarifa cuando de la conducta del incumpliente se desprende el ejercicio abusivo de su derecho.

En consecuencia, juzgo que corresponde revocar la sentencia en este punto y reconocer la procedencia del daño moral reclamado, que estimo en el 20% del monto total de condena.

Indemnización Art. 15 ley 24.013.

La demandada objeta la procedencia de esta indemnización (fs. 1147vta./1148) pero los agravios que expresa sobre el punto no se ajustan a la conducta sancionada por diha norma, esto es, el despido del trabajador en las condiciones allí descriptas (dentro de los dos años desde que se cursara la intimación del art. 11 L.N.E.), extremos configurados en la causa considerando que la comunicación a la AFIP fue remitida el 25/8/08 (fs. 64) y el despido directo fue dispuesto con fecha 26/9/08 (fs. 66).

Cabe destacar que el sentenciante en términos que se comparten consideró probada la no registración por la demandada de rubros remuneratorios (fs. 1121).

Artículo 45 Ley 25.345 y entrega de certificados.

El recurso de la demandada (fs.1148//vta.) se limita a insistir en que no se deben las diferencias salariales reclamadas por lo que, a la luz de lo resuelto, los escuetos agravios expresados son insuficientes y no reúnen las exigencias contenidas en el art. 116 de la ley 18.345, por lo que la decisión en el punto debe mantenerse.

Intereses.

La parte actora se queja porque en la sentencia de grado (fs.1125) se dispuso que, como los rubros y montos diferidos a condena están expresados a la fecha del distracto, los intereses deben calcularse desde esa fecha (septiembre de 2008), decisión que de todos modos hay que modificar a partir de la propuesta expresada en el considerando respectivo, referida a que se incluya el adicional por vivienda en los salarios por enfermedad devengados con posterioridad a la extinción del vínculo (art. 213LCT).

En consecuencia, corresponde modificar este aspecto del decisorio y disponer que los intereses de condena fijados en origen deberán calcularse desde que cada rubro es debido hasta que se haga efectivo el pago.

Descuento sumas abonadas.

Este aspecto del recurso de la demandada (fs.1146vta.) no puede prosperar puesto que desatiende el hecho de que la juez "a quo" (fs.1124) definió las diferencias reconocidas tomando en cuenta los rubros y montos liquidados según recibo de haberes acompañado a fs.126, por lo que los agravios expresados al respecto no constituyen una crítica concreta y razonada de lo decidido sobre el punto (art.116 ley 18,345). Costas.

Ambas partes se quejan porque las costas fueron puestas en un 50% a cada una y, a mi juicio, debe acordarse razón a la parte actora puesto que la cuestión debe valorarse con criterio jurídico y tomando en consideración que los créditos que progresan revisten naturaleza alimentaria.

En consecuencia, propongo que se modifique la imposición de costas decidida en primera instancia y que éstas sean satisfechas en su totalidad por la parte demandada, así como las correspondientes a la alzada puesto que en lo sustancial ha resultado vencida (art.68CPCCN). Honorarios.

Dado la solución propuesta y lo normado en el art. 279CPCCN, corresponde dejar sin efecto los honorarios regulados a fs.1126 y 1160 y proceder a una nueva regulación. A tales fines, propongo que los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación total en autos, y los de los peritos contador y analista de sistemas, sean fijados en el 20%, 14%, 5% y 4% respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto total de condena (capital e intereses).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, (art. 125 ley 18.345) el TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada y diferir a condena la suma de $3.489 que corresponde al adicional por vivienda devengado en el mes de octubre de 2008 que deberá adicionarse al capital de condena que, por tanto, se eleva a la suma de $329.486,88; II) Hacer lugar al reclamo del daño moral, que prospera en el 20% del capital de condena; III) Disponer que los intereses fijados en origen sean calculados desde que cada suma es debida hasta que se haga efectivo el pago; IV) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; V) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo demás que decide; VI) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada; VII) Regular los honorarios de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y de los peritos contador y analista de sistemas en el 20%, 14%, 5% y 4% respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto total de condena (capital e intereses).

Regístrese, notifíquese y vuelvan	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA