Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-03


Fojas: 284 En Mendoza a tres días del mes de octubre del año dos mil cinco reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa. Nro. 75.137 caratulados "Empresa Distribuidora de Electricidad de Mza. (E.D.E.M.S.A.) c/ Provincia de Mza. s/ Acc. de Inc." Conforme lo decretado a fs. 283 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: Dr. Alejandro Pérez Hualde; segundo: Dr. Fernando Romano; tercera: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci.

ANTECEDENTES A fs. 18/36, el abogado Héctor A. Gonella, por la actora EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A., (en adelante EDEMSA), interpone acción de inconstitucionalidad atacando el artículo 2 de la Ley 7035 (B.O. 06.09.2002), en cuanto le impone la obligación de implementar sistemas de seguridad idóneos que eviten la sustracción de cables y el correspondiente corte transitorio de servicios. Sostiene que ello menoscaba los derechos constitucionales de propiedad, igualdad, trabajar y ejercer una industria lícita, como el principio de razonabilidad en el ejercicio de los derechos (arts. 14, 17, 28, 31, 33 de la Constitución Nacional y 8, 16, 29, 33 y 48 de la Constitución Provincial).

Luego de tramitar una medida precautoria solicitada por la actora, la que se admite a fs.65/66 vta., se ordena correr traslado de la demanda (fs.70) y a fs. 79 se incluye en el traslado al Ente Provincial Regulador Eléctrico (en adelante EPRE), quién fuera citado como tercero a fs. 50 vta.

A fs. 40/50, el Gobierno de la Provincia contesta la demanda cuando se opone al progreso de la medida precautoria, defiende la legitimidad de la norma y requiere el rechazo de la acción. A fs. 84/87 el EPRE comparece y contesta la demanda, solicitando su rechazo. A fs.91/93 comparece y contesta la Fiscalía de Estado quien adopta similar actitud procesal.

A fs. 98 vta se ordenó la apertura de la causa a prueba. A fs. 105, 106 y 108, las partes ofrecen prueba la que es admitida en su totalidad a fs.110. Se produce la prueba.

Posteriormente se agregan los alegatos de las partes, obrando a fs. 250/258 vta el de la parte actora, a fs. 260/262 el del EPRE y a fs. 263 y vta el de Fiscalía de Estado.

A fs. 274/280 vta obra el dictamen del señor Procurador General quien, por las razones que expresa, aconseja que se haga lugar a la demanda.

A fs. 282 vta. se llamó autos para sentencia y a fs. 283 se practicó el sorteo definitivo para orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE dijo:

I.- RELACIÓN SUSCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

A) Posición de la parte actora.

La actora, describe que es una sociedad anónima constituida en el marco de la Ley Provincial 6498 (Transformación del Sector Eléctrico Provincial) a la que se le concedió, en un área territorial determinada, la exclusividad de la distribución de energía eléctrica a los clientes situados en la referida área, de conformidad con la ley provincial 6497 (Marco Regulatorio Eléctrico Provincial) y sus decretos reglamentarios 1621/97 y 196/98. Agrega que luego de la suscripción del contrato de concesión efectuada el 15.07.1998 se convirtió en concesionaria del servicio de distribución de energía eléctrica por el plazo de 30 años, contado a partir del 01.08.1998.

Señala que ataca el Art. 2 de la ley 7035 (B.O. 06.09.2002) por el cual se la obliga a implementar sistemas de seguridad idóneos tendientes a evitar el robo de conductores y el consecuente corte del servicio eléctrico y refiere que la disposición es una modificación introducida a la Ley de Defensa al Consumidor (Ley 5547). Entiende que la norma conculca los derechos constitucionales previstos en los artículos 14 (derechos civiles), 17 (derecho de propiedad), 28 (principio de razonabilidad), 31 (supremacía constitucional) y 33 (derechos y garantías implícitos) de la Constitución Nacional y los artículos 8 (derechos civiles), 16 ( derecho de propiedad), 29 (principio de garantía de los derechos adquiridos), 33 (derechos civiles) y 48 (garantía para ejercicio de derechos) de la Constitución Provincial.

Para fundar su demanda desarrolla los siguientes argumentos:

1.El Estado Provincial es el responsable de la seguridad pública ello en función de disposiciones constitucionales nacionales y provinciales que le adjudican competencia exclusiva en materia de seguridad pública, siendo el que puede ejercer las acciones necesarias para la realización del orden público, o sea, para la protección de personas y bienes y, consecuentemente, el mantenimiento de la paz y la tranquilidad social.

2.El Estado Provincial es el titular del servicio público de distribución de energía eléctrica y como tal debe velar por él en cuanto conlleva la satisfacción del interés público.

3.Atento al proceso de transformación estatal operado desde 01.08.98 el Estado ha asumido un rol esencial de control entendido como potestad reguladora y de contralor de la gestión desarrollada en miras a la realización del bien común.

4.El Estado Provincial se ha transformado en un estado empresario, en cuanto es el titular del 39% de las acciones de EDEMSA.

5.Los bienes afectados al servicio público se asimilan a los bienes del dominio público del Estado y por ende deben gozar de una protección análoga.

6.La implementación de los sistemas de seguridad previstos en el art. 2 de la Ley 7035 implica una inversión cuantiosa no prevista en el contrato de concesión, suponiendo la creación de un sistema de seguridad "paraestatal" inadmisible.

Plantea el caso federal y ofrece prueba.

B) Posición del Gobierno de la Provincia.

A fs.40 y siguientes el Gobierno de la Provincia se opone al progreso de la acción, requiere la integración de la litis con el Ente Provincial Regulador Eléctrico y plantea las siguientes defensas:

1. Existe, en la materia en discusión, un vacío jurídico que contiene el marco regulatorio eléctrico (Leyes 6497 y 6498), el cuadro tarifario, el reglamento de suministro, el Contrato de Concesión, los decretos y resoluciones reglamentarias.

2. La actora carece de interés jurídico en la declaración de inconstitucionalidad de la ley atacada pues no ha demostrado el perjuicio concreto que la norma le causa, ya que en la especie las cláusulas constitucionales que se denuncian como vulneradas exigen una violación directa, inmediata y principal y no referencial o especulativa.

3. La norma cuestionada no altera el cuadro tarifario ni viola derecho contractual alguno.

4. La disposición debe ser analizada en el contexto de las normas de emergencia dictadas en épocas de crisis económico financieras (Ley 6975 y Ley 25.561) y valorando la situación jurídica que se establece entre concesionario de servicios públicos y usuarios, la que no se rige fundamentalmente por normas de derecho privado sino por normas de derecho público.

5. La norma tiene un doble objetivo: a) Que la concesionaria resguarde adecuadamente al mantenimiento del servicio evitando interrupciones en el suministro eléctrico y b) El debido cuidado y resguardo de bienes que son del dominio público del estado y que "transitoriamente" se encuentran concesionados a un particular por el término del contrato de concesión, ambas obligaciones son a cargo del concesionario en virtud del contrato de concesión.

6. La disposición cuestionada es una norma de carácter general que no establece cuáles son las medidas idóneas a las que deberán adecuarse a las circunstancias del caso y no los obliga a hacerse cargo de hechos de fuerza mayor insuperable ni de actos vandálicos. El EPRE es el encargado de reglamentar la norma, siendo aplicable el art. 3 de la Ley 5547.

Hace reserva del caso federal y ofrece prueba.

C) Posición del EPRE.

En su responde, el EPRE también requiere el rechazo de la acción y destaca que, en esta materia, la presunción de constitucionalidad es la regla y se adhiere, en lo pertinente, a la contestación de demanda efectuada por la Provincia. Se refiere al marco regulatorio eléctrico, Ley 6.497, y detalla sus atribuciones como organismo de control y fiscalización en materia de energía eléctrica y sostiene que escapa a su control la valoración interpretativa del art. 2 de la Ley 7035. Agrega que la norma tendría vinculación con el plexo normativo contractual (Subanexo 5 del Contrato de Concesión de EDEM-SA, titulado "Normas de calidad del Servicio Público y Sanciones". Sostiene que del Contrato de Concesión surge con claridad meridiana que la Distribuidora se encuentra obligada a prestar el servicio público sin interrupciones, conforme los niveles de calidad predeterminados por las disposiciones contractuales. Ofrece prueba.

D) Posición de la Fiscalía de Estado.

Fiscalía de Estado sostiene que la incorporación dispuesta en la Ley de Defensa al Consumidor tiende a reforzar la protección al usuario que es la parte más débil en la relación usuario, concesionario y poder concedente, imponiéndole a las prestatarias mayores medidas de seguridad a fin de asegurar la efectiva prestación del servicio, medida que no conlleva la privatización del sistema de seguridad ni la renuncia a los deberes de Estado, entre los que cuales, ineludiblemente, está el de seguridad. Denuncia asimismo la falta de lesión o daño patrimonial concreto.

E) Dictamen del Señor Procurador General del Tribunal.

El Señor Procurador General de Tribunal sostiene que la norma atacada no está enderezada a coadyuvar razonablemente con el Estado local en el ejercicio del deber de seguridad, sino más bien a sustituirlo, lo que conlleva a vislumbrar el vicio de desviación de poder, introduciendo obligaciones imprecisas bajo pena de fuertes sanciones, sin previa apreciación de la incidencia en la esencia del contrato y en el ítem ecuación económico financiera. Por ello sostiene que corresponde que se acoja favorablemente la demanda limitada a los perjuicios derivados del robo de cables.

II. PRUEBA.

Se ofreció y produjo la prueba de las partes, la que consistió en los siguientes instrumentos documentales:

A) La Ley 6497 de Marco Regulatorio Eléctrico y sus decretos reglamentarios 1621/97 y 196/98.

B) La Ley 6498 de Transformación del Sector Eléctrico provincial y su decreto reglamentario 197/98.

C) El contrato de concesión celebrado entre la provincia de Mendoza y EDEM-SA, y sus anexos.

D) Copia de la Ley 7035 publicada en B.O. 06.09.2002.

E) Copia de las publicaciones en Internet del diario Los Andes correspondientes a las notas de robos de cables.

F) Inventario de instalaciones de EDEMSA a diciembre de 2001.

G) Copia certificada del diario de sesiones de la Cámara de Senadores de fecha 13.08.02 y de los fundamentos de la Ley 7035 (constancia de fs.119).

H) Copia certificada del expediente que dio origen a la Ley 7035 (fs.122/136).

I) Copias del diario de sesiones de la Cámara de Diputados del día 24.07.2002 donde se trató el proyecto de ley (fs.137/140).

J) Copia del Plan Quinquenal de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad (fs.145/174).

K) Informe evacuado por el EPRE respecto a las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones transferidas a la concesionaria al firmarse el Contrato de Concesión, a las posibilidades de modificación de la configuración física de las instalaciones eléctricas y de quienes asumirían el costo y a la falta de investigación efectuada por el EPRE que involucre a personal dependiente de EDEMSA, EDESTESA o COOPERATIVA ELECTRICA GODOY CRUZ (fs. 241/242).

III. LA NORMA IMPUGNADA.

La norma impugnada establece: "Incorpórase como Artículo 26 quater, de la Ley 5547 de Defensa del Consumidor, el siguiente: 'Las empresas prestadoras de servicios de energía y telecomunicaciones, deberán establecer sistemas de seguridad idóneos que eviten la sustracción de los tendidos de cables y el correspondiente corte transitorio de servicios. De determinarse, en el plazo que estipula el Art. 26 bis de la presente ley, que la prestataria no dispuso las medidas exigidas en el párrafo anterior, deberá reintegrar tres (3) veces el importe total del servicio no prestado'".

A)El destino de la norma.

Sin lugar a duda, en lo que nos interesa en el caso, la norma se dirige a imponer a las concesionarias de servicio de energía una obligación de incorporación de sistemas de seguridad respecto de la sustracción de cables. La actora es prestadora del servicio de distribución de energía eléctrica.

B)La técnica legislativa.

Atento a la finalidad que la norma tiene en miras, debió -en lo que respecta a la actora- dirigir su reforma hacia el Marco Regulatorio Eléctrico (Ley 6497) y no, como lo hizo, hacia la Ley de Defensa al Consumidor, de aplicación supletoria a las prestadoras de servicios públicos. Si bien es criticable, la falta de técnica legislativa no puede fundar por sí sola una acción de inconstitucionalidad.

C)La relevancia de la norma.

En lo relacionado con la actora, se afirma que la norma tiene el efecto de introducir una obligación que la concesionaria no poseía. Consideramos que eso no es exacto.

La concesionaria del servicio público tiene obligación de custodia, en términos razonables, sobre los bienes afectados al servicio público por las siguientes razones:

1.porque se trata de bienes ajenos que le han sido confiados;

2.porque, como bien lo señala la actora, se trata de bienes que integran el dominio público del Estado concedente (art. 2340 inc. 7 C. Civ.) y que le han sido entregados para su explotación comercial privativa y con exclusividad;

3.porque la satisfacción del servicio público es la que brinda justificativo jurídico y ético al privilegio que implica poder usar y explotar en forma privativa y con exclusividad bienes que pertenecen a toda la población;

4.porque esta obligación está implícita en toda concesión de uso y explotación de bienes del dominio público;

5.porque forma parte del conjunto de exigencias que comprende su obligación de calidad del servicio;

6.porque, respecto de esos bienes, la concesionaria actora ya posee obligaciones, que suponen implícita la de seguridad de los mismos, en los arts. 24°, que dice: "los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios habilitados para contratar su propio suministro de energía eléctrica, conforme lo determine la reglamentación, están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad publica y el ambiente, en las condiciones de calidad exigidas por los reglamentos. Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisión y pruebas que periódicamente realizará el EPRE, el que tendrá asimismo facultades para ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad publica"; y el art. 25° que dice: "la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección y preservación del ambiente, conforme a los términos de la ley provincial 5961, a cuyos efectos el EPRE será autoridad de aplicación".

Pero esa obligación de seguridad de los bienes reconoce límites razonables. Debe entenderse que la seguridad que debe brindar la concesionaria a los bienes que le han sido confiados es la normal correspondiente -en todo caso- a la situación de hecho imperante al momento de la entrega, ya que ésta es la que podían prever las partes obrando con cuidado y previsión (art. 1198 CCiv.).

Un agravamiento posterior, motivado por cualquier causa -aún por la crisis económica y social acaecida con posterioridad-, implica un agravamiento correlativo de la obligación de custodia.

Por lo tanto, la norma provoca evidentemente un incremento en la magnitud de la obligación de seguridad que la concesionaria ya tenía sobre los bienes confiados en la concesión.

No es razonable interpretar que la obligación no se ha visto incrementada luego de la crisis de 2001/2002 y tampoco lo es sostener que es imposible su cumplimiento o que le sea ajena a la concesionaria.

D)Marco jurídico de la norma atacada.

¿Es jurídicamente factible para el legislador modificar, en este caso agravar, una obligación de la concesionaria de servicio público? Entendemos que sí lo es.

La concesionaria ha suscripto un contrato que está sujeto a cambios por tratarse de un contrato de larga duración. En efecto, esta Sala ha sostenido que el contrato de concesión de servicios públicos es uno de los que la doctrina ha definido como de "larga duración" (ver Ricardo Lorenzetti, Tratado de los Contratos, Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p.122), uno de cuyos caracteres sustanciales es la permanente posibilidad de cambios durante su ejecución; ambas partes saben desde un principio que sus prestaciones se verán modificadas por un sinnúmero de causas. De ahí que, en principio, ambas partes del contrato se moverán sobre la base de un equilibrio dinámico de las prestaciones a través de mecanismos que se acuerdan con esa finalidad. En otras palabras, si bien -tal vez- no sea posible una total inmutabilidad en cualquier contrato, es precisamente en éste donde la inmutabilidad no se producirá en modo alguno y de ello ambas partes son plenamente concientes desde su inicio (ver CSJN, "Maruba", La Ley, 1999-F, p. 456).

El tercer párrafo del art. 42 CN, habilita constitucionalmente a la legislación a implantar los marcos regulatorios de los servicios públicos. En nuestro caso así lo ha hecho la Legislatura de Mendoza a través de la Ley 6497 y lo modifica a través de la Ley atacada, incrementándole las obligaciones de seguridad de las instalaciones. Corresponde interpretar que la norma legislativa atacada ha sido dictada en el marco del art. 10 de la Ley 6497 que dice: "Los objetivos de la política electro energética en el ámbito de la jurisdicción provincial, son los siguientes: a) satisfacer el interés general de la población en la materia, en forma armónica con el desarrollo económico, demográfico y sustentable de la provincia; b) proteger los intereses de los usuarios, reglamentando el ejercicio de sus derechos; c) asegurar la operación, confiabilidad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica ...".

Por su parte, la actora carece de derecho a pretender el sostenimiento sin modificaciones de un régimen legal y reglamentario. En otras palabras, el legislador mendocino ha actuado dentro de sus facultades.

Pero ello no implica que la obligación del concesionario, que se ve agravada por la norma, no deba ser recompensada económicamente a través del mecanismo más apropiado. Solo en caso en que se pretendiera obligar a la concesionaria a cumplir esta nueva obligación sin una apropiada remuneración estaríamos frente a la afectación de los derechos constitucionalmente protegidos de la actora.

Del contenido de la norma no se sigue que esa obligación deba considerarse incluida en sus obligaciones contractuales sin la correspondiente remuneración.

E)La irrazonabilidad y la desviación de poder.

No vemos en qué modo se produce la irrazonabilidad señalada por la actora.

La norma exige "establecer sistemas de seguridad idóneos". ¿Qué debe entenderse por idóneos? Las consideraciones de la actora al respecto son de una notable exageración, en especial sus afirmaciones sobre la extensión de una línea desde Mendoza hasta la ciudad de París. Su interpretación irrazonable pone en evidencia su desacuerdo con asumir esta obligación.

Es la reglamentación que corresponde al Poder Ejecutivo (art. 11 del Marco Regulatorio), bajo el control del EPRE (art. 13 del mismo marco), donde deberá determinarse qué es lo razonable en sistemas de seguridad idóneos atendiendo a los procedimientos y a sus costos que deberán ser enfrentados por los destinatarios del servicio, a través de la remuneración tarifaria (previo empleo de los procedimientos establecidos con ese fin por el Marco Regulatorio), o directamente por quien introduce el cambio mediante algún otro medio eficaz.

Tampoco surge la presencia de un caso de desviación de poder. No se percibe la búsqueda de otros fines distintos a aquellos perseguidos por la norma que atribuyó competencias a la Legislatura para reglar el servicio público.

Por el contrario, se percibe la existencia de un fenómeno, vinculado a la situación de emergencia social que atraviesa nuestro país, corroborado por leyes dictadas a ese efecto, que lleva a la necesidad de aumentar las medidas de seguridad sobre los bienes entregados con la concesión y que cuando son atacados traen como consecuencia afectaciones en el servicio público perturbando su continuidad.

El ejercicio de las facultades legislativas se ha dirigido, a pesar de su defectuosa técnica, hacia la implantación de medidas que aseguren un mejor cumplimiento de los caracteres esenciales del servicio público concesionado.

IV. CONCLUSIÓN.

La norma atacada no es inconstitucional. Debe ser reglamentada a través de instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones otorgadas por el art. 11 de la Ley 6497 bajo el control específico del Ente Provincial Regulador Eléctrico de acuerdo al art. 13 de la misma norma de Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia. De estas instrucciones surgirá el sistema idóneo que complete la norma legal atacada y que, en caso de ser incumplido, pueda acarrear la sanción allí prevista.

Por todo lo expuesto, si mis colegas de Sala comparten estos razonamientos, corresponde rechazar la demanda con costas..

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y KEMELMAJER DE CARLUCCI, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. ROMANO y KEMELMAJER de CARLUCCI, adhieren al voto que antecede A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte actora que resulta vencida (Art.36 C.P.C.) Los honorarios, tratándose de una acción declarativa que no tiene traducción económica directa se han de regular teniendo en consideración las pautas contenidas en el Art.10 de la Ley Arancelaria. A tal efecto se aprecia que la cuestión debatida se refería a la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 7035 (B.O.06.09.2002) en cuanto tal norma impone a las empresas prestadoras del servicio de energía y telecomunicaciones la obligación de implementar sistemas de seguridad idóneos que eviten la sustracción de cables y el correspondiente corte transitorio de servicios, cuestión que trasciende al interés de las partes. Se pondera que se dispuso la intervención como tercero del Ente Provincial Regular Eléctrico (E.P.R.E.) a pedido de la Provincia demandada. Asimismo se valora que: se tramitó una medida cautelar, se rindió prueba documental e informativa y se cumplieron todas las etapas del proceso, cuya tramitación insumió tres años. Por otra parte también se aprecia el contenido de los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes en relación a los fundamentos del fallo y a la solución a la que se arriba. Atento ello se estima como justo y razonable fijar en la suma de $ 12.000 el honorario profesional por patrocinio.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. ROMANO y KEMELMAJER de CARLUCCI, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 03 de octubre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma.Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1°) Rechazar la acción de inconstitucionalidad entablada a fs.18/36 por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA).

2°) Imponer las costas a la parte actora vencida (Art.36 del C.P.C.).

3°) Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Tres mil seiscientos pesos ($3.600) al Dr. Aldo Rodríguez Salas; Mil ochocientos pesos ($ 1.800) al Dr. Manuel G. Linares; Cinco mil seiscientos pesos ($5.600) al Dr. Sergio Isabelino Rodríguez; Dos mil ochocientos pesos ($2.800) al Dr. Iván Moyano; Dos mil ochocientos pesos ($2.800) al Dr. Pedro A. García Espetxe; Cuatro mil doscientos pesos ($4.200) al Dr. Héctor A. Gonella; Cuatro mil doscientos pesos ($4.200) a la Dra. Carina Cocuelle y Dos mil ochocientos pesos ($2.800) a la Dra. Silvana Panocchia (Arts.3, 10, 13, 17, 31 y concs.de la ley arancelaria).

4°) Hágase saber a la Dirección General de Rentas y a la Caja Forense, a los efectos fiscales y previsionales pertinentes.

NOTIFIQUESE.

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