marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, condena condicional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIRECTORIO BANCO PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ DENUNCIA S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-20

En efecto: en el estadio procesal en que la causa se encuentra, el análisis del segundo de los recaudos impuesto por el art. 291 del CPP, (que se estime que no procederá condena de ejecución condicional) no pudo soslayar en ningún momento que la estimación sobre las pautas evaluatorias del art. 26 del C.Penal debía realizarse en el contexto de que tal definición apuntaba a una medida que tiene un carácter eminentemente procesal y cautelar; es decir los elementos valorativos que aporta el art. 26 del Cód. Penal deben examinarse sin escindírselos de la finalidad que conlleva la prisión preventiva como cautelar y, a su vez, dentro del espectro de los principios constitucionales que asisten a los encausados mientras no exista una sentencia condenatoria: el de inocencia, el "in dubio", el "favor liberatis". Todo ello, porque así lo exige un enfoque congruente de las normas constitucionales y procesales. Esto es así por las claras prescripciones que encabezan la norma ritual: la presunción de inocencia (art. 1); la interpretación restrictiva de las disposiciones que coarten la libertad personal (art. 3); el principio "in dubio pro reo" (art. 4). Normas que enraizan en claros preceptos constitucionales (art. 18 y 14 de la Constitución Nacional y arts. 22 y cctes. de la C. Provincial).
Locación de servicios, escribanos públicos, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: GUGLIETI, JOSE c/ BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

El escribano puede reclamar el pago de sus honorarios de quien resulte legalmente obligado, prescindiendo de toda convención que al respecto hubiere existido entre las partes de la relación jurídica sustancial, para él "res inter alios acta" (art. 1199, Código Civil).
Daños y perjuicios, ofensas cometidas por medio de la prensa, doctrina de la real malicia, fuentes de información
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B.A.N. y otros c/ Eyeworks Cuatro Cabezas S.A y otros s/ daños y perjuicios y B.R.I. c/ Eyeworks Cuatro Cabezas S.A y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-22

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios entablada por los actores contra una productora de programas de televisión a raíz de una emisión, en la cual tres personas denunciaron a una empresa que se dedicaba a la fabricación y venta al público de viviendas premoldeadas, manifestando que se consideraron estafados, puesto que resulta de aplicación al caso la doctrina del fallo "Campillay", dado que las manifestaciones identificadas como injuriosas no provinieron del periodista, sino de los invitados, identificándose de este modo la fuente de la cual provino la información que intentan brindar. Asimismo, no puede considerarse que la conductora del programa y su reportero hubieran teniendo la intención de injuriar ni dañar a ninguno de los accionantes, sino que se limitaron a exponer hechos relatados por terceros y a confrontarlos con sus denunciantes, otorgándoles incluso un espacio para su réplica.
Imputado, declaración espontánea, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: X c/ Florentín,Carlos D. y otros s/ Hurto de ganado mayor mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-27

La prohibición taxativa contenida en el art. 168 últ. parte C.P.

finca en la posibilidad de que por vía indirecta una persona se pueda autoincriminar extrajudicialmente, ante un requerimiento expreso que en el caso, la autoridad policial, sin perjuicio de expresar espontáneamente cuanto desea, incluso hasta la propia confesión.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benito, José c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Movilidad del haber jubilatorio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La movilidad reconocida por el art. 160 de la ley 24.241 debe ser interpretada como únicamente dirigida a las prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y pensiones (leyes 18.037 y 18.038) y por ende, sujetas a estatutos especiales que implementaban un sistema especial y distinto para la movilidad de los haberes.
Costas, instancia administrativa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MONZÓN RICARDO ALBERTO c/  s/ REGULACIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-03

Habiendo la instancia administrativa cumplido su finalidad a la que está destinada, los costos generados deben ser soportados por quien motivó el despliegue realizado, solución que además impide desinsentivar que cuestiones de este tipo se zanjen en instancia prejudicial administrativa, que es una de las finalidades para la que ha sido creada. Desde otro ángulo, surge del art. 45 de la Ley de Defensa al Consumidor (según redacción de la ley 26.993), que resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Civil y Comercial, su régimen de costas y la interpretación jurisprudencial que al respecto postula que quien motivó la actuación profesional en definitiva exitosa, es quien debe soportar el costo de esa labor, que ni siquiera en el ámbito en que se verificó, corresponde presumirla gratuita.
Discriminación, despido, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: R.V. c/ Caminos S.A. y Demisa Construcciones S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº B - 164082/06 (Sala III Tribunal del Trabajo) - Indemnización por despido discriminatorio y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-09-09

Estando acreditado que el empleador tuvo conocimiento de la enfermedad que padecía el trabajador -en el caso, HIV-, correspondía al demandado demostrar que el fin de la relación laboral respondía a causas ajenas a la discriminación en razón de su enfermedad, máxime cuando tales extremos eran de fácil producción para el empleador ya que, tratándose de una empresa, sin dudas debió obrar en su poder la documentación para acreditarlas, tales como plan de obra, nómina de personal contratado o cesante en la misma época, disminución o finalización de las tareas para las que fue contratado el actor, informes o testimonio del encargado de personal, finalización o paralización de la obra, falta de pago del comitente, etc.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, despido por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, STELLA MARIS c/ CLINICA MARINI SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-16

La indemnización agravada prevista por el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene por objeto evitar el trato discriminatorio, situación que no se observa cuando el distracto se produce por quiebra de la empleadora.
Competencia, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Eduardo; Trobbiani, Alberto y/o.; Demichelis, Raul y/o. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo -Ley 11330-. Avocación. Amparo   (Expte. CSJ Nº 452-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

Decidir que las cuestiones debatidas en un caso corresponden a la competencia contencioso administrativa de la Corte Provincial, implica la incompetencia de los tribunales ordinarios y conlleva dejar sin efecto las medidas cautelares despachadas por ellos; para lo cual, no es óbice la circunstancia que dichas medidas no hayan sido recurridas por la Provincia demandada, por cuanto su subsistencia no depende de ello, sino de la suerte del proceso al que meramente acceden.
Cuestión federal, inadmisibilidad del recurso, recurso extraordinario federal, Cámara Federal de Casación Penal, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, recursos, fundamentación del recurso, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chabán, Omar Emir y Otros s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

Son inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por los recurrentes, carentes de la debida fundamentación autónoma exigida por el artículo 15 de la Ley 48, en tanto no rebatieron los argumentos esgrimidos por la Cámara de Casación Penal en la sentencia que al revocar la del a quo, condenó a quienes habían sido absueltos en la causa iniciada por la muerte de decenas de personas en un espectáculo musical a raíz de un incendio, pues sus agravios se basan en cuestiones de hecho y prueba, interpretación de normas locales, penales, procesales y de derecho común las que, por más que se intente cubrirlas de aspecto federal, resultan ajenas a dicha instancia, máxime cuando hay una total ausencia de fundamentación que rebata los términos de lo resuelto mediante una atinada crítica de todos y cada uno de los argumentos en que la decisión se apoya.
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goldberg, Oscar Zelig s/ Inconstitucionalidad art. 47, ley 10.765. Tercero: Caja de Seguridad  Social para Profesionales de Ciencias Económicas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

El art. 47 de la ley 10.765 resulta inconstitucional en cuanto impone para hacer efectivos los beneficios previsionales que consagra, la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, Tribunal de Tasaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marinetti de Florio María Josefina y Otros c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación Inversa - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-11-20

Las conclusiones del Tribunal de Tasaciones, constituyen para el Juez un índice de asesoramiento técnico, quien con amplia libertad, luego de merituar los elementos aportados, podrá o no aceptar, puesto que constituyen elementos de colaboración necesarios para el Tribunal, que debe resolver el caso, teniendo en consideración su cotejo con las demás probanzas. Puede apartarse del dictamen si mediante elementos de juicio concreto y actos que demuestren algún error u omisión de suficiente entidad. Si bien el Tribunal de Tasaciones no obliga al Juez, que puede apartarse del dictamen cuando existan razones fundadas que así lo impongan, debe estarse a sus conclusiones cuando no median elementos concretos reveladores de error u omisión en la determinación del valor del objeto expropiado. En principio, el dictamen del Tribunal de Tasaciones tiene importancia decisiva para la fijación del valor objeto del bien expropiado, aunque medie disconformidad de los interesados, o de uno de ellos, siempre que no medien elementos de juicio concreto que revelen algún error u omisión de suficiente entidad.
Transferencia de establecimientos asistenciales, cesión del establecimiento, obligaciones del cesionario
Materia: LABORAL
Carátula: Fierro, Paula Cecilia c/ Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura y Acción Social y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-12

La institución médica demandada resulta responsable por los rubros indemnizatorios del despido de su dependiente incluyendo el período donde la misma no se encontraba a cargo de de la administración y explotación del centro hospitalario donde la profesional prestaba servicios pues el régimen de transferencia de establecimientos establecido en la Ley de Contrato de Trabajo -art. 225 a 228- hace expresamente responsable al cesionario por las obligaciones del establecimiento por las obligaciones laborales y de seguridad social que mantuviese pendientes el cedente, sin que exista una garantía solidaria por la ley por lo que no cabe extender la responsabilidad a la empresa cedente.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Uhalde, Víctor Hugo; Hassell, Juan Carlos; Fernández, Mario Damián; Peressutti, Juan Carlos s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución provincial, alegando que el tribunal a quo habría omitido el tratamiento de la cuestión esencial referida a que el procesado habría actuado en cumplimiento del deber, si la causal de justificación planteada por el recurrente y sometida a conocimiento del tribunal fue la prevista por el inc. 7 del art. 34 del Código Penal, a la que la alzada brindó expreso tratamiento.
Recursos, per saltum
Materia: CIVIL
Carátula: STORM NORMA BERTA c/ INSTITUTO DE REUMATISMO DR. EMILIO MERA Y/O OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CUADERNO DE EJECUCION DE SENTENCIA-PEDIDO DE  AVOCAMIENTO GONZALEZ JOSE DOMINGO Y OTRO s/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES Y  ESCRITURACION- RECURSO PER SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-14|2006-02-06

No procede el salto de instancia procesal contra decisiones de los jueces de primera instancia (per saltum), cuando la cuestión sometida a tratamiento por el Superior Tribunal no excede el mero interés de las partes no afectando intereses comunitarios, por lo que no se configura un caso de gravedad institucional.
Obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones a plazo, desagio, inflación, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Auad, Rolando c/ E.F.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-05

Se ha establecido reiteradamente que el desagio debe afectar a las obligaciones a plazo cuyo curso se inició antes del correspondiente decreto y venció después; ello era así cuando las expectativas inflacionarias estuvieren ciertamente implícitas al convenirse la relación crediticia. La discusión se encuentra centrada en la titularidad de la carga de la prueba del extremo que debe invocarse para que el instituto sea procedente. Sobre el particular ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que siendo la existencia cierta de expectativa inflacionaria contenida en la obligación, un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio, tal exigencia deberá establecerse en cada caso, sin que deba presumirse, por el solo hecho de que la obligación se haya constituido antes del 15 de junio de 1985 para vencer después de esa fecha. La carga de la prueba, en virtud de lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal, incumbe a la parte que afirma el hecho que la beneficia. El ya citado fallo de la CSJN obliga al acreedor a probar un hecho negativo (la inexistencia de expectativa inflacionaria al celebrar el contrato), invirtiendo de este modo la carga de la prueba sobre un hecho legalmente presumido, y contraviniendo principios procesales que informan la materia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS, RODOLFO CARLOS. c/ RAMOS DE CLERICI, BLANCA CELMIRA. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

No se advierte que el a quo haya caído en fallas graves de fundamentación que tornen viable el recurso extraordinario -deducido contra el pronunciamiento que rechazó la demanda de alimentos- al concluir en la ausencia de posibilidades económicas de la demandada, pues lo hizo sobre la base de considerar insuficiente a ese fin la suma de dinero recibida al igual que el actor- por la venta del único inmueble de la sucesión de los padres, y tuvo en cuenta los años transcurridos, la situación económica actual y la escasa importancia de la finca.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27


SENT Nro. 169 San Miguel de Tucumán, 27 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Para resolver la cuestión de competencia suscitada con motivo de las declinatorias formuladas por el juez en lo Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación (fs. 39), por el juez de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIa. Nominación (fs. 45 y vta.) y por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala IIIa. (fs. 62 y vta.) en estos autos caratulados: "Empresa de Transporte Automotor San Cristóbal vs. Unión Tranviarios Automotor y otros s /Amparo"; y C O N S I D E R A N D O La Empresa de Transporte Automotor San Cristóbal S.R.L. promueve demanda de amparo en los términos del artículo 50 del Código Procesal Constitucional (Ley Nro. 6944) en contra de la Unión Tranviarios Automotor y los empleados de la actora que se encontraren frente al domicilio de aquélla, que deberán ser identificados en el precitado lugar, con el objeto que se ordene el cese de la conducta de los demandados que mediante piquetes de fuerza instalados al lado de los vehículos de propiedad de la accionante impedirían el normal funcionamiento de la Empresa demandante. Funda la pretensión amparista en la invocación de violación a sus derechos y garantías constitucionales de ejercer industria lícita y comercio, y de disponer de su propiedad.

Es principio en la materia que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la pretensión y sus elementos, conforme los mismos se reseñan en el escrito de demanda. Ello así, en la especie no se trata de una pretensión cuyo acto o hecho jurídico constitutivo sea de naturaleza administrativa o tributaria, ni tampoco que pueda ser subsumida en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 6° del CPT (Ley Nro. 6204 reformada), sino que tiene, por objeto, como quedara reseñado, la tutela de los derechos de propiedad y libertad del ejercicio de industria lícita y comercio, regulados por el derecho privado, por lo que se está en presencia del supuesto previsto por el artículo 61, inciso a del CPCyC.

En razón de ello, el caso en examen difiere del planteado en autos "Bisdorff de Franco, María Beatriz vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de Amparo", resuelto por sentencia nro. 362 del 24-5-99 en el cual, se configuraba una flagrante contradicción entre los artículos 4, primer parágrafo, 15 y 57 de la Ley Nro. 6944, contradicción que no acontece en la especie, ya que en razón de la materia, resulta competente para conocer de la misma el tribunal de primera instancia, en lo civil y comercial común.

Por ello, y oído el Ministerio Fiscal a fs. 68/69, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación, para continuar entendiendo en la presente causa.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: GRIBAUDO MARIO RAMON c/ CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA Y/O RESP. s/ AGUINALDO,ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-16

Para la procednecia del recurso de casación no es suficiente la enumeración de las normas que se pretenden violadas; es necesario señalar además el modo como ese vicio se ha consumado y la incidencia que esa violación ha tenido en el resultado del proceso.
Pago de la remuneración, mora, actualización monetaria, Administración Pública, obligaciones, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDEZ, JORGE ALBERTO LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 403 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Si bien es criterio de la Corte local que no es menester la existencia de mora por parte del deudor en términos de actualización, ello no puede en modo alguno autorizar a que la Administración abone los salarios a sus dependientes en cualquier fecha. En el caso, el pago de salarios mensuales efectuado un día 19 del mes siguiente a aquél que se está remunerando, no tiene visos de normalidad, como tampoco podría tenerlo que la suma pagada con ese atraso no debiera ser actualizada.
Acción de amparo, plazo, admisibilidad formal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SURGAS S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-14

"El plazo previsto para la interposición de la acción de amparo, es de naturaleza substancial, por estar directamente vinculado al ejercicio constitucional de la defensa en juicio; incide sobre cada uno de los actos que llenan la estructura creada a priori por la ley... no nos hallamos ante la ejecución de un acto procesal, sino de un requisito en forma de plazo, vencido el cual se produce la pérdida de la facultad de ejercerlo. Por lo que deducir la pretensión en el tiempo previsto, se constituye por ello en un auténtico requisito de admisibilidad, dado el carácter perentorio del remedio legal por su naturaleza restrictiva.

Transcurrido el tiempo fijado por ley, ni el juez ni las partes podrán evitar la caducidad del derecho no ejercitado".
Registros laborales, omisión de exhibir documentos, presunción legal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ramos Silvina c/ Imalog S.A. y Otro s/ Desp.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Habiendo operado la presunción legal del art. 55 de la L.C.T., aún cuando exista un recibo de sueldo reconocido por la trabajadora, al no contar el patrono con el libro exigido por el art. 52 de la misma ley, ese recibo no puede ser cotejado, decayendo su valor acreditativo al no guardar correlación con esa documentación laboral que tiene la carga de llevar y de exhibir el empleador.
REPÚBLICA ARGENTINA, Pacto de San José de Costa Rica, principio de legalidad, retroactividad de la ley penal, condena penal, cementerios, injurias, derecho al honor, código penal, reforma legislativa, tipo penal
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

El Estado Argentino no es responsable por la violación del principio de legalidad y de retroactividad -artículo 9 de la Convención Americana, en relación con su par 1.1-, en perjuicio de quienes fueron condenados penalmente por haber vertido expresiones públicas consideradas deshonrosas a la reputación de tres miembros de una Asociación de San Andrés de Giles en las que se les imputaban una venta inválida de nichos en el cementerio de la referida ciudad, pues el delito de injurias se encontraba tipificado en el entonces vigente artículo 110 del Código Penal Argentino y su posterior reforma excluyó la sanción penal cuando las expresiones estuvieran relacionadas a asuntos de interés público, supuesto que, en modo alguno, aplica a las condenas impuestas a aquéllos en tanto sus expresiones no guardan relación con un asunto de interés público, muy por el contrario, se enmarcan en un conflicto entre personas particulares sobre asuntos que solo afectarían a los miembros de una Asociación Mutual de carácter privado.