Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Marta Paz dijo:

1) Vienen los autos a conocimiento de este tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor de Celina Icazzatti a fs. 1221/1234, contra la sentencia de fecha 19 de abril de 2007, que dispuso: "...CONDENAR A FRANCISCA CELINA ICAZZATI...a la pena de treinta (30) días de ARRESTO, más INHABILITACION, por el término de siete (7) años, para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comercializar sorteos, apuestas o juegos, declarándola reincidente, CON COSTAS; ello por considerarla autora materialmente responsable de la contravención: 'organizar y explotar´ juegos de apuesta, prevista y reprimida por el art. 116 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 17, 22 inc. 3, 23 inc. 2, 26, 27, 31 y 34 de la ley 1.472 y arts. 14 y 48 de la ley 12)" (fs. 1207/17).

2) El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible (art. 50 de la LPC).

3) La defensa se agravia de la sentencia de condena dictada a la Sra. Celina Icazzati por: 1) violación de la garantía de defensa en juicio fundado en: a) no haberse dictado resolución luego de la revocatoria de la denegatoria de la suspensión del plazo para ofrecer prueba; motivo por el que solicita la nulidad de todo lo actuado, al tiempo que sostiene que la resolución de este tribunal en el recurso de queja acogiendo su planteo resultó ser inocua, en virtud de todo lo acontecido con posterioridad a ese decisorio; b) por la nulidad del requerimiento de elevación a juicio a tenor de lo dispuesto en el art. 347 del CPPN, al no habérsele hecho conocer a su defendida, en forma precisa, qué conducta se le atribuía, los medios con que la llevara a cabo y a qué tipo contravencional se adecuaba; 2) la valoración de la prueba producida que, a su juicio, sólo podía haber conducido a la absolución de su pupila.

Hace reserva de ocurrir por ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

4) El fiscal de cámara sostiene que: "...ante el rechazo de los planteos de nulidad que efectuara en las audiencias de debate el ahora apelante no hizo reserva de sus derechos en cuanto a futuras apelaciones, por lo que, a la fecha, aquellos, se encuentran precluídos y por ende firme lo resuelto al respecto...la apelación en trámite, en la medida de sólo constituir una mera reiteración de manifestaciones y/o fundamentos ya vertidos, correspondería declarar la deserción del recurso..." (fs. 1257/1259 vta.).

5) Que los arts. 8.2 h de la CADH y 14.5 del PIDCP exigen la revisión de todo aquello que el tribunal esté en condiciones de revisar.

La Carmen Argibay ha dicho que: "si un individuo que ha sido condenado penalmente tiene un derecho constitucional a que la sentencia sea revisada o controlada por un tribunal superior, dicha revisión tendría que comprender todos aquellos argumentos en los que se ha sustentado la condena, es decir, aquellas premisas cuya modificación tienen aptitud para alterar la condena o la pena a favor del recurrente". (CS, in re "Casal, Matías E. y otro" 20/9/05, JA. 2005-IV. Fascículo 10).

Su afirmación respecto a que la revisión del fallo condenatorio implica que todo examen solicitado por la defensa al tribunal de alzada, si resulta posible, debe ser llevado a cabo, es la que he de realizar.

Como se ha dicho al respecto, "el recurso del condenado contra la sentencia de primera instancia debe permitirle con toda sencillez presentar las críticas concretas y razonadas en las que basa su queja acerca de la imperfección de la sentencia sin cortapisas solemnes" (Pastor, Daniel. "Los alcances del derecho del imputado a recurrir la sentencia", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Casación, N° 4, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 267. En el mismo sentido: CSJN: Fallos: 321:494).

De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.

Al respecto, la Corte ha establecido que "no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces", es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos" (considerando 161). Y agregó: "Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida" (considerando 165. Causa Herrera Ulloa v. Costa Rica, Serie C N° 107 Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallada el 2 de julio de 2004).

El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, conforme a la ley procesal, no satisfaría los requisitos del art. 8.2, h de la Convención si no permite un examen integral de la misma.

6) Que constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento, cuando se encuentren comprometidos aspectos que atañen al orden público. En efecto, la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría convalidarse.

La lectura del expediente pone al descubierto una transgresión a la garantía constitucional de la defensa en juicio de tal entidad que afecta la validez misma del proceso, circunstancia que debe ser atendida de modo prioritario a cualquier otra cuestión que se haya planteado.

De la reseña de la causa surge que esta sala, con fecha 9 de noviembre de 2006, resolvió "revocar la resolución de fecha 14 de septiembre de 2006, obrante a fs. 4 vta. del presente incidente -párrafo tercero- en cuanto no hace lugar a la suspensión del plazo previsto por el art. 45 de la ley 12, solicitada por la defensa" (fs. 899/902 vta.).

El 13 de noviembre de 2006 se dispuso "...Atento lo solicitado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 857 y por el Mauricio Roller a fs. 858, déjese sin efecto la audiencia dispuesta para los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre y fíjese nueva, a los mismos fines que los ordenados a fs. 828, segundo párrafo, para los días 19, 20, 22 y 23 de marzo de 2006, a partir de las 9,30 horas" (fs. 870).

En la misma fecha, el 13 de noviembre de 2006, devuelto el recurso de queja se resolvió: "Por recibido, tómese razón y notifíquese" (fs. 903).

El 16 de noviembre de 2006 se notificó al defensor oficial de la resolución de este tribunal.

El 23 de noviembre de 2006 se resolvió que "...el juicio oral y público se llevará a cabo los días 16, 20, 22 y 23 de marzo de 2007 a partir de las 9,30 horas" (fs. 910).

La audiencia de juicio oral tuvo lugar los días 16, 20, 22 y 29 de marzo de 2007 y 16 de abril de 2007 (fs. 1019/1034 vta., 1063/1073, 1098/1103, 1166/1170, 1198/1205/vta.).

7) Que en la audiencia de juicio el defensor de Icazatti planteó como cuestión preliminar "la nulidad de todo lo actuado a partir del momento que su defendida no pudo ejercer el derecho de defensa, desde que precluyó el ofrecimiento de prueba....Pide la agregación de lo resuelto por la cámara con fecha 9 de noviembre de pasado año, obrante a fs. 4 de la queja. Que a partir de la fecha de la resolución V.S. no dispuso la reanudación de los términos precluídos, ya que cuando la Cámara resolvió, los plazos estaban permidos (sic). Por tal motivo, no habiéndose abierto el plazo para que la defensa pudiera ejercer el inalienable derecho de defensa, tal como lo sostuvo en la Alzada, mal podía ofrecer la prueba en virtud que V.S., omitió abrir el plazo probatorio solicitado oportunamente. Por ello, entiende que la nulidad de todo lo actuado a partir de la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa deviene lógico y solicita que V.S. así lo declare..." (fs. 1063 vta.).

8) Que al rechazarse este planteo de la defensa se expresó que: "...En primer lugar, la defensa oficial manifestó que lo resuelto no se condice con las constancias de la causa, pero no dijo cuales son las diferencias, no las explica. En segundo lugar, los derechos no son absolutos, lo reitera. Si invoca una violación de defensa en juicio, debe explicar en que consistió la misma, no explicarlo de manera amplia sino el caso concreto, máxime cuando a tenor del artículo 388 se lo autorizó a incorporar prueba. En cuanto a la recusación, en primer lugar el artículo 8 de la ley 12 establece un trámite especifico que difiere al establecido en el C.P.P.N. El trámite dice que el juez no puede ser recusado, el Defensor Oficial la planteó para que V.S. se inhiba. Igualmente no se dan las causales del artículo 7, de más está decir que todo se trata de un simple malentendido por no haber pedido la palabra, de hecho planteó la reposición y la recusación, se le dió la palabra en todo momento. Mal podemos hablar de prejuzgamiento cuando se abrió a debate pero todavía no se incorporó prueba al debate ni se hiz o referencia alguna a la responsabilidad que le cabe a su pupila. Otra cosa es entender que el defensor entiende que se lo prejuzga, pero ello no está ocurriendo. En relación a la recusación, deberá ocurrir a la vía que corresponda..." (fs. 1065 y vta).

9) Que conforme se desprende de la reseña de fechas consignadas en el punto 7, el mismo día que se recepcionó el expediente en el juzgado a quo se reprogramó la fecha de la audiencia de juicio, esto es, el 13/11/06.

El defensor fue notificado de que este tribunal había ordenado la suspensión del plazo al que no se hiciera lugar en la instancia de grado el 16 de noviembre de 2006 (fs. 903), tres días después de fijada nueva fecha de audiencia de juicio.

De las fechas consignadas surge que no se cumplió con la resolución de esta sala en orden a la suspensión del plazo para que la defensa ofreciera prueba, que conforme consignara este tribunal expresamente al fundamentar dicha resolución, tuvo por objeto evitar el estado de indefensión de la imputada, resguardado constitucionalmente 10) Que mas allá del parecer de la a quo, que pudo dejar a salvo, la decisión de la Alzada debió ser cumplida.

Cabe añadir que las expresiones de fs. 1064 y vta. "...la Sala III inventó derecho...abrió un recurso de apelación que no está previsto...Es llamativo que la Sala III resuelve así cuando sostiene que el plazo de la apelación es de tres días y las restantes salas dicen que es de cinco...Como la Cámara crea una prórroga no prevista, debió ser ésta la que fije el plazo, pues, de lo contrario, se estaría obligando a prevaricar" son improcedentes y no guardan estilo.

La estabilidad de las decisiones judiciales proviene de la cosa juzgada que, de acuerdo con una jurisprudencia invariable, esta íntimamente ligada a la seguridad jurídicayrepresenta una exigencia vital delorden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la integridad del sistema. No es concebible que entre aquel acatamiento y esta estabilidad pueda mediar conflicto.

En todo caso, el deber de esta sala es armonizarlos (Fallos: 320:863).

11) Que en relación a la entidad de la omisión en que se incurrió al no haberse cumplimentado lo resuelto por este tribunal, no cabe duda que, para hablar de igualdad de posibilidades de las partes en relación a la decisión que pone fin al procedimiento, esto es, en los términos de Maier "idénticas posibilidades de influir en la decisión" se requería que el imputado ofreciera y produjera prueba de descargo relativa a su inocencia o que aminorara la consecuencia penal (CSJN, Fallos: 216:58; 237: 193, 240:160, entre muchos otros).

La resolución en que se hizo saber al defensor que por aplicación de lo dispuesto en el art. 388 del CPPN podía ofrecer prueba a lo largo del debate, no satisface lo resuelto por esta sala, ni la garantía de defensa.

La aplicación de lo dispuesto en el art. 388 del C.P.P.N. no está referida a suplir una omisión como la de autos, sino, como la norma indica, al ofrecimiento de "nuevos medios de prueba manifiestamente útiles" u otros ya conocidos que se hicieren indispensables.

Este último supuesto no refiere a cualquier prueba, conforme la redacción del articulo, sino que el mismo establece un límite a tal facultad.

Se refiere a prueba que resulta evidentemente vital como producto de la contradicción ocurrida durante el curso del debate (en este sentido v. Navarro, Guillermo Rafael - Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación, Ed. hammurabi, 2ª edición, 2006, pág. 1109, quien señala que "El conocimiento de la existencia de la prueba, si su producción se pretendiera erigir sobre el texto del precepto, deberá provenir del debate mismo, no de una averiguación que, fuera de él, pueda haber hecho alguna de las partes que intervienen en el debate").

Consiguientemente, la resolución aludida no constituye la salvaguarda del derecho a ofrecer prueba que pretendiera resguardar este tribunal con la resolución de fecha 9 de noviembre de 2006.

12) Que la reanudación de términos debe ser ordenada expresamente, lo que posibilita -junto con la notificación- el contralor recíproco de las partes y constituye una garantía del proceso, que hace también al derecho de defensa en juicio.

El dictado de un decreto específico, que no se dictó, hubiera constituído -en su caso- el punto de partida para que se reanudara el plazo suspendido.

Al disponer esta sala la suspensión del plazo se requería un decreto para reiniciarlo. Cualquier otra argumentación es irrazonable, desde que priva de certeza el cómputo y afecta consecuentemente, el derecho de defensa.

13) Que debió ser asimismo notificado a la parte, ya que, tratándose de un plazo suspendido, es lo que pudo hacer que el mismo se extinguiera para la parte.

Solo así se hubiera podido corroborar el hito de partida para computar los plazos procesales (en el caso reanudarlo) por lo que resulta clara su íntima vinculación con la certeza y seguridad que debe caracterizar al proceso, que en este caso no ha tenido lugar.

14) Que al haberse dispuesto la suspensión del plazo, ello -en tanto suspender implica privar temporariamente de efectos a un plazo- tuvo la virtualidad de prorrogar el plazo que ya había comenzado a correr.

Oderigo enseñaba que, a quienes por causas ajenas a su voluntad se hubieran encontrado imposibilitados de utilizar, total o parcialmente, los términos establecidos en su favor, para el ejercicio de derechos procesales, debían serle restituídos, en la misma medida en que se hubieran visto privados de su goce; "solución a la que se llega por aplicación de las normas civiles referentes al caso o fuerza mayor...y de algunas normas procesales penales correspondientes a situaciones particulares de este tipo" (Mario O. Oderigo. Derecho Procesal Penal. Ed. Depalma Buenos Aires, Tomos I y II. 2º ed. actualizada, 1978, pags. 370/371) La jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación es profusa, por otra parte, en diferentes hipótesis en relación al resguardo del derecho a la defensa. Así lo hizo cuando el defensor, por error o imprudencia dejara vencer el plazo para recurrir la sentencia condenatoria que sólo a él le fuera notificada; o en casos de recursos in pauperis, por ej. habilitando el plazo para recurrir después de una notificación personal (Fallos:310:1934; 313:1031).

15) Que la conculcación de la garantía de defensa en juicio acarrea la nulidad de lo actuado cuando la existencia de algún vicio, defecto u omisión priva a quien la invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión y ocasionado indefensión a la parte.

El proceso avanzó sobre un acto viciado. Por consiguiente, debe declararse la nulidad de todo lo actuado en la instancia de grado una vez devuelto el incidente de queja, en relación a la imputada Celina Icazatti, por haberse infringido lo dispuesto en los arts. 18, 75 inc. 22 de la C.N. y 13 inc. 3º de la CCABA.

16) Que la garantía de defensa en juicio implica que se otorgue a los interesados la oportunidad para ser oídos por el juez, de ofrecer y producir medidas de prueba y que esas constancias, en la medida que sean conducentes, resulten debidamente valoradas por el juez en su sentencia.

Los elementos materiales probatorios y las evidencias obtenidas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral y en el que debe darse la igualdad de armas.

La defensa en juicio es indispensable para el ejercicio del derecho a un debido proceso legal y justo. Sin esa garantía la idea de igualdad ante la ley se fragiliza. Cuando ella no se respeta, la justicia se convierte en un proceso inquisitivo frente a un acusado sin posibilidades de defenderse de las imputaciones que sobre él se vierten.

Del agravio principal de la recurrente se desprende que ha sido condenada sin que se le diera oportunidad de producir prueba de descargo frente a la acusación de que fue objeto, lo que implica desigualdad de armas y vicia el proceso llevado adelante en esas condiciones.

17) Que con arreglo a la jurisprudencia de la Corte, la garantía de la defensa en juicio requiere, además de la audiencia del procesado, el proveimiento de alguna oportunidad para probar los hechos conducentes a su defensa (Fallos: 211: 1056; 213:449, entre otros).

En efecto, la falta de cumplimiento de la resolución adoptada conculca la garantía de la defensa en juicio, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que lleva implícita la de que quien se encuentra sometido a enjuiciamiento pueda contar con el derecho de ofrecer y producir prueba de descargo ante los tribunales de justicia y exige que, en materia criminal, se respeten las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por los jueces naturales, como así también que se haya dado al imputado la oportunidad de ser oído, sin privar al defensor designado de toda oportunidad de actuar, dándole una intervención que no sea tan sólo formal. "De otro modo, no se garantiza un verdadero juicio contradictorio...Uno de los supuestos en los cuales no se observan las formas esenciales del proceso lo constituye el caso en que el defensor designado no tuviera oportunidad de actuar". (Fallos: 306:821, 310:1936).

Que, ello es así, pues la garantía de defensa en juicio -en materia penal- no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el estado de los medios necesarios para que el juicio al que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa (causa F.543.XX "Fernández, Jorge Norberto s/causa nº 11.299", fallada el 28 de agosto de 1986, y sus citas).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado su doctrina relativa a que los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y -por ende, en los tratados que cuentan con jerarquía constitucional a mérito de lo dispuesto en el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna- deben ser interpretados armónicamente para hallar un ámbito de correspondencia recíproco dentro del cual obtengan su mayor amplitud los derechos y garantías individuales.

18) La nulidad absoluta está expresamente contemplada en el segundo párrafo del art. 168 del CPPN al establecer que "solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales".

Al producirse esta nulidad genérica y absoluta, provoca consecuentemente la invalidez de todos los actos procesales posteriores.

La nulidad de los actos realizados será el costo que el estado y la sociedad deban soportar por haberse realizado actos fuera del marco establecido en la Constitución Nacional, al igual que lo que sucede con la prueba ilegal cuando se obtiene una probanza en violación de las garantías constitucionales, con su consiguiente inaprovechabilidad.

19) Que, como consecuencia de la nulidad que postulo decretar debería retrotraerse y reeditarse lo actuado. Tal situación no provocada por la imputada, ciertamente conllevaría una dilación inapropiada del proceso que comportaría una violación al derecho de obtener sentencia definitiva en plazo razonable.

Ha dicho la Corte que "debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal". ("Mattei, Angel s/contrabando de importación en Abasto" -29/11/1968).

Que, en este último aspecto, postulo que este tribunal debe adoptar una decisión definitiva sobre la causa que, atento la nulidad de la sentencia recurrida sólo puede tener el alcance del sobreseimiento de la imputada.

Por todo lo expuesto, corresponde:

a) DECLARAR LA NULIDAD de las actuaciones, en relación a la Sra. Celina Icazatti, conforme lo expuesto en el punto 15).

b) SOBRESEER a la Sra. Celina Icazatti en la presente causa en orden a la presunta comisión del ilícito contravencional oportunamente imputado previsto en el art. 116 de la Ley 1472 (arts. 18 CN, 167, 168 y 334 del CPPN y art. 6 LPC).

Así lo voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Marta Paz, adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Así lo voto.

Por todo lo expuesto el tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR LA NULIDAD de las actuaciones, en relación a la Sra. Celina Icazatti, conforme lo expuesto en el punto 15).

II. SOBRESEER a la Sra. Celina Icazatti en la presente causa en orden a la presunta comisión del ilícito contravencional oportunamente imputado previsto en el art. 116 de la Ley 1472 (arts. 18 CN, 167, 168 y 334 del CPPN y art. 6 LPC).

Causa: Nº 118-00/CC/2006 "BUSTAMANTE, Mariana; MORALES, Vanesa; ICAZZATTI, Celina y otrs. s/Infr. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación".

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen a fin de que practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

La Silvina Manes no vota por encontrarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2007 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Endede 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5. Conste.