Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-22


SENT Nro. 172 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 22 de MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el Dr. Salvador R. Tarzia, por derecho propio, en autos: "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Christie S.A. s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el Dr. Salvador R. Tarzia, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala IIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 23/6/2003 que ordena revocar la sentencia de fecha 30/8/2002 apelada por la demandada y hace lugar, consiguientemente, al incidente de impugnación de planilla deducido por ésta.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma ha incurrido en afirmaciones dogmáticas y sin determinar el derecho positivo en el cual se funda; por no aplicar la norma del art. 19 y 242 inc. 2 de la ley 24.522; por gravedad institucional al ser contradictorias con otras sentencias de igual Cámara, que cita.

Le agravia la solución sentencial según la cual, en tanto lo verificado es únicamente el monto de honorarios regulados mas no así los intereses, no debe en este juicio librarse orden de pago por rubro o importe no verificado en la quiebra de la demandada y que la sentencia que verificó el importe hace cosa juzgada sustancial. Sostiene, por el contrario, que su crédito al ser verificado con privilegio especial tiene entre sus efectos el de cobrar intereses, con la limitación de que los mismos serán cobrados siempre y cuando alcance el dinero de la realización del bien. Agrega que la sentencia a que hace mención la Cámara, dice que por aplicación del art. 242 inc. 2, el privilegio especial se extiende a las costas, entendiendo aquélla que excluye los intereses. Añade que la autorización al cobro de los mismos lo da el carácter privilegiado del crédito -hipotecario que goza de las mismas seguridades que el crédito principal-.

Explicita que la sentencia deviene arbitraria pues no da tratamiento a los argumentos de su parte, y deja sin analizar el tema específico de los intereses, no fundamentando su decisión en norma alguna.

Alega en virtud del art. 3111 CC en tanto los intereses participan como accesorios del principal, de las seguridades hipotecarias constituidas para ese crédito y manifiesta que no distinguiendo la ley cuáles de los beneficios de las seguridades son alcanzados por las costas, debe entenderse que todas, pues si la ley no distingue no debemos distinguir. Señala que el artículo citado tiene su correlato en la ley de quiebras: art. 19 (que se aplica por cuanto los intereses que pretende cobrar será por el producido del bien afectado a la hipoteca) y art. 242 inc. 2 (por el cual el privilegio se extiende a sus intereses compensatorios posteriores a la quiebra y hasta el efectivo pago); que en el caso, el capital está pagado por lo que corresponde, si existe dinero, aplicarlo a los intereses de las costas. Menciona que no puede saberse cuál es la interpretación que la Cámara da a estos artículos pues ninguno de ellos fue utilizado para arribar a la conclusión de que los intereses no deben ser cobrados. Que la Cámara falló tomando como base una cuestión que no fue discutida ni mencionada por las partes por lo que no puede efectuar crítica sobre cuál es la norma mal interpretada porque no cita ninguna.

Fundamenta la gravedad institucional en que la misma Cámara, con posterioridad a la fecha de presentación del concurso preventivo de la apelante, dicta sentencia regulando honorarios y aplicando intereses -tasa pasiva-, sentencia que está firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, la sentencia del a quo de fecha 22/12/2000 a fs. 790/791 que ordena llevar adelante la ejecución de honorarios con adición de intereses fue apelada y la misma Cámara a fs. 810 confirma la sentencia sin ninguna limitación. Hace notar que al dictado de esta sentencia, la Cámara ya tenía conocimiento de la sentencia de admisibilidad de su crédito (fs. 755) por lo que mal puede recién hoy tomarse como base dicha sentencia para no hacer lugar a aquellos. Agrega que la contraparte nunca se agravió de los intereses que ordenaba cobrar la sentencia de primera instancia por lo que mal puede tratar la Cámara una cuestión ya resuelta, por lo que existe una gran incongruencia.

Cita jurisprudencia en su apoyo, doctrina legal; hace reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la demandada contesta el mismo, conforme consta a fs. 44/47.

III.- Por auto interlocutorio del 29/9/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida, luego de relatar los hechos del caso y los agravios de la recurrente, sostiene que del examen de los autos surge que a fs. 755 obra copia de la sentencia adjuntada por el letrado Salvador Tarzia, dictada en juicio (CHRISTIE S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO, de fecha 09/12/98), la cual declara admisibles los honorarios regulados al Dr. Tarzia en la Ejecución hipotecaria por la suma de $33.935,57 con privilegio especial y condicional. Que ello significa que lo verificado es únicamente el monto de los honorarios regulados no así los intereses, por lo que no debe en este juicio librarse orden de pago por rubro o importe no verificado en la quiebra de la demandada. La sentencia que verificó ese importe en el concurso preventivo hace cosa juzgada, implica cosa juzgada sustancial contra la demandada e impide la discusión sobre en tema en este juicio. En consecuencia, resuelve revocar la sentencia apelada y, en consecuencia hace lugar al incidente de impugnación de planilla deducido por la demandada, conforme a lo considerado. Las costas las impone por el orden causado.

V.- De la confrontación de los agravios casatorios puestos en relación con los fundamentos de la sentencia que se embate se concluye en que no corresponde hacer lugar al recurso.

De modo liminar, corresponde efectuar una serie de apreciaciones que ofrecen un marco adecuado a la cuestión litigiosa.

Como es sabido, en materia de privilegios, la especial normativa concursal establece un sistema cerrado y autosuficiente, con remisiones excepcionales a otros ordenamientos. Es destacable que tanto la ley 19.551 como la posterior ley 24.522 dispusieron que los privilegios en materia de concursos se regirían exclusivamente por ellas. La Exposición de Motivos de la ley 19.551 señaló que: "De este modo se resolvían dos situaciones: a) su aplicabilidad a toda clase de concursos inclusive al preventivo; b) la inaplicabilidad a los concursos de otro tipo de privilegios que estuvieren regulados por las leyes civiles Por lo tanto, en principio, cabe atenerse a sus artículos que determinan los tipos y extensión de los privilegios" (conf. Di Tullio "Ejecuciones hipotecarias en los concursos" p. 151 y ss. Rev. de Der. Priv. y Com. Concursos II, la cita en p. 172). Estos privilegios se aplican por igual a concursos y quiebras salvo muy pocas diferencias en materia de extensión. Abierto el concurso preventivo sólo caben ser admitidos los tipos de privilegios reconocidos por la LCQ (art. 239) los cuales sólo tiene la extensión que les da dicho ordenamiento jurídico (arts. 19, 24, 242, 247); la única excepción está dada por el art. 241 inc. 6 (Ley de Navegación , Cód. Aeronáutico, Ley de Seguros y Entidades Financieras). En la excepción no están comprendidos los créditos garantizados con hipoteca por lo que en éstos la extensión del privilegio se regirá por las normas específicas del ordenamiento concursal (ib. p. 178). Además de los tipos de privilegios que admite restrictivamente la LCQ, el concurso preventivo cambia la extensión de la hipoteca y de la prenda. Se aplica la extensión del art. 242 inc. 2 en forma analógica modificada por los arts. 19 y 24 para los intereses posteriores a la petición del concu rso preventivo.

La normativa aplicable, entonces, y como primera conclusión, está dada por los arts. 242 y 19 LCQ. Sobre el punto, no existe discrepancia entre las partes, excepto en lo que hace a su hermenéutica. Al respecto, cabe considerar que la norma del art. 242 LCQ establece que el privilegio se extiende únicamente al capital, salvo las costas (inc. 2). En ellas, y en esto tampoco existe discusión en la especie, se encontraría incluido y emergería el privilegio de los honorarios del letrado, en cuanto previsto específicamente por la ley concursal. Los honorarios del recurrente gozarían del privilegio concursal y conforme a ello, han sido abonados en el sub lite. El conflicto queda circunscripto, entonces, a los intereses que generarían estos honorarios los cuales reclama, con carácter de privilegiado, el letrado recurrente.

Ahora bien, y como se adelantó, no corresponde hacer lugar a la petición de extender el privilegio del que gozó su crédito por honorarios al rubro intereses -con la consiguiente posibilidad de cobro de los mismos- pues en el sub examen no existen intereses (compensatorios o moratorios) con carácter privilegiado, que deban ser abonados. Y esto por varias razones.

En primer lugar, en cuanto a los intereses moratorios, la mayor parte de la doctrina está conteste en que no proceden en este particular caso. Así, Marina Mariani de Vidal (en "El privilegio de los intereses y los gastos causídicos en la Ley de Concursos", ED 45-903 y ss.) considera que: "Los únicos intereses posteriores a la quiebra o concurso civil que tienen privilegio -porque su curso no se suspende- son los compensatorios de los créditos hipotecarios y prendarios. Respecto de los moratorios o punitorios, leemos en la Exposición de Motivos: ´...la quiebra imposibilita el cumplimiento voluntario por el deudor. No existe, pues fundamento para la aplicación de intereses moratorios o punitorios que comportan, más allá de los compensatorios, una penalidad, que en este supuesto carece de causalidad eficiente´ ". Este párrafo es citado por, y a él adhiere, Aída Kemelmajer de Carlucci (en "Los privilegios en el proceso concursal", pág. 188). También pareciera ser el criterio de Cámara (en "El Concuros Preventivo y la Quiebra", nro. 42, pág. 524) quien, analizando la ley 19551, expresa, en primer lugar, que la suspensión prevista en el art 20 (actual 19 LCQ) "abarca todos los intereses, ya que la ley no discrimina: pactados o legales, compensatorios...moratorios y punitorios..." . A su vez, cuando aborda el análisis de los créditos garantizados con prenda e hipoteca en el concurso preventivo dice que aunque la ley no limita los intereses a los compensatorios, como lo hace el art. 133 2ª parte para la quiebra, juegan iguales razones (ibidem, p. 525/526). Asimismo, y concordantemente con lo que se viene exponiendo, se dijo que la norma autoriza únicamente el devengamiento de los compensatorios -entendiéndose que son los compensatorios pactados que se devenguen- y que, a tenor del texto legal, no se encuentran exceptuados los intereses moratorios y punitorios de naturaleza resarcitoria cuyo decurso queda suspendido a la fecha de la quiebra, pues ellos implican una pena para el deudor en mora, que no es atribuible a éste luego del auto de quiebra (Rouillón, Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24522, 9ª. Edic., p.200 y Di Tullio, op. cit. p. 190; ). Semejantes consideraciones encontramos en Horacio Roitman (en "Los intereses en los concursos", en coautoría con Di Tullio, en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2001-2-232) quien concluye, entonces, en que en estos tipos de casos no proceden los intereses moratorios.

Tampoco proceden los intereses compensatorios. Nótese que el art. 242 habla de "costas" y, separado por una coma, de "intereses compensatorios" por lo que está claro que estos son los que devenga el crédito principal. Por lo demás, no corresponde intereses compensatorios sobre el capital por los honorarios regulados pues los que el artículo menciona son los compensatorios, esto es, "los pactados" (conf. doctrina expuesta supra). En el sub lite, no hay intereses pactados, así como tampoco se advierte la existencia de compensatorios "legales" pues (estando excluido el art. 242 LCQ que contempla los compensatorios pactados -del crédito principal-) no existe previsión legal expresa de intereses para este caso específico. En la hipótesis, entonces, no se da ninguno de los dos supuestos de existencia de intereses compensatorios.

A ello se añade que lo manifestado encuentra también sustento en la consideración del carácter restrictivo de la interpretación en materia de privilegios concursales. En efecto, no puede haber extensión del privilegio si no media una disposición expresa que la contemple. No cabe aquí la analogía, cualesquiera sean las circunstancias de semejanza o identidad que pudieran existir entre una situación no prevista y un privilegio consagrado en forma expresa. Esto adquiere mayor fuerza cuando se tienen presente que la LCQ extiende con carácter excepcional el privilegio -aplicable en principio al capital del crédito- a supuestos específicamente previstos (conf. art. 242 que contempla, y distingue, las costas y los intereses compensatorios pactados -del crédito principal, según se expuso supra-) pues esta circunstancia constituye la mejor demostración de que el silencio en los demás supuestos es intencional, y significa, con toda claridad, que en estos últimos la protección sólo se dispensa al capital.

En conclusión, no hay intereses compensatorios porque no los hay pactados ni previstos especialmente por una norma para el caso. Tampoco hay intereses moratorios desde que, de existir, no gozarían del privilegio del art 19 y 242, por lo que se suspenderían.

En cuanto a la firmeza de las decisiones en la ejecución hipotecaria, cabe afirmar que las mismas hacen cosa juzgada formal mientras que la sentencia verificatoria tiene el carácter de cosa juzgada material, por lo que predomina sobre aquéllas. Este aserto, que fuera asimismo expresado por la Cámara, no fue discutido por el recurrente. Por ende, la fijación de intereses sobre el crédito por honorarios practicada por los jueces de este fuero no puede obligar al juez del Concurso cuando, como en el caso, no resulta procedente la verificación de intereses.

Por lo expuesto, no corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, debiendo imponerse las costas a la vencida por ser ley expresa (106 CPCCT).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Dr. Salvador R.Tarzia, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala IIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 23/6/2003, conforme a lo expuesto con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA