Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-30


AUTOS N° 71155 (3° JUZ. CIVIL) (SALA III 11495) "ZAPATA Marcos Oscar C/ Provincia de San Juan - Expropiación Inversa - Rec. de Queja" ///Juan, a 30 días del mes de Mayo de dos mil catorce.

El Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Carlos Pérez dijo:

VISTO:

Para resolver el recurso de queja articulado a fs. sub 17/19, por recurso de apelación denegado a fs. sub 14 de estas actuaciones.

Y CONSIDERANDO:

A fs. sub 17/19 el representante de la parte actora interpone recurso de queja por apelación denegada cuya constancia se encuentra a fs. sub 14. Dicha denegación la decreta el a quo en virtud de lo dispuesto por el art. 342 del C.P.C, por considerar que la providencia de fs. sub 10 se encuentra comprendida dentro de las previsiones que nuestro código de rito en el artículo mencionado, establece como inapelables.

La solicitud generante de la resolución recurrida, la efectúa la apoderada de la parte demandada a fs. sub 8/9 vta. en función de la aplicación de las leyes de orden público n° 7965, 7966 y 7967. Pide que se produzcan pedidos de informes ampliatorios de los ya producidos al INPRES, Juzgado Federal y a la Dirección de Geodesia y Catastro, a lo que el a quo hizo lugar a fs. sub 14, conforme las facultades que le confieren los arts. 35 y 340 in fine del C.P.C., continuando la suspensión del llamamiento de autos ordenada a el 29/08/2013.

Resulta esta última resolución, la impugnada por la quejosa por considerarla que se aparta de lo normado por el artículo 478 de la ley 3738 de aplicación según artículo 793 de la ley 7942 del C.P.C. Y de los artículos 35, 340 y 346 del C.P.C., de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso legal, principio de defensa en juicio, de preclusión de los términos y cosa juzgada. Por otro lado, el recurrente manifiesta que el inferior deniega el recurso de apelación basándose no en normas procesales, sino en doctrina que invoca en la providencia de fs. 652, que se agrega a fs. sub. 14 de estas actuaciones. Considera que no se puede aplicar al caso el art. 342 del C.P.C., por creer que su recurso se basa en normas procesales y derechos constitucionales que fueron violados reiteradamente por el Juez al conceder lo que peticionaba la Fiscalía de Estado sin importarle normas, principios o derechos que continuamente se violaban.

Entrando en el análisis de la queja, el actor acompañó copias de los informes remitidos por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y por el INPRES durante la tramitación del proceso (fs. sub.1/6). También se agregó copia del decreto que ordenó el llamamiento de AUTOS para resolver (fs. Sub. 7), las del escrito que originó la providencia recurrida y las actuaciones impugnativas que derivaron en la queja aquí tratada.

Se vislumbra de las constancias, que luego que la causa ingresara a resolver según fs. sub. 7, el Juez suspendió el llamamiento de Autos y lo que solicita la demandada a fs. sub.8/9 es que se mantenga esa suspensión ordenando la producción de prueba informativa ampliatoria. A lo que el a quo ordenó, dentro de las facultades contenidas en los arts. 35 y 340 in fine del C.P.C., que se oficiara al INPRES, al Juzgado Federal N° 1 de San Juan y a la Dirección de Geodesia y Catastro a los fines indicados.- El hecho que las diligencias probatorias hayan sido dispuestas en uso de las atribuciones del art. 35 y 340 in fine ibid., posiciona a la providencia de fs. sub. 10 atacada como inapelable, toda vez que no se ha lesionado la garantía de defensa en juicio de la actora, debido a su facultad de impugnación una vez evacuados los informes conforme lo estipulado por el art. 366 del C.P.C.

En este sentido "coinciden la doctrina y la jurisprudencia en sostener que las decisiones que dictan los magistrados al adoptar medidas tendientes a esclarecer la verdad de los hechos ventilados en un proceso, según la facultad que les otorga el art. 36 de la ley ritual son inapelables, siempre que no lesionen la garantía de la defensa en juicio (conf. Fassi, S. - Yañez, C. "Código Procesal", T 1, pág. 283; Fenochietto, C. Arazi, R. Código Procesal, 2da. de., T. 1, pág. 160)." Conforme esta línea argumentativa, esta Sala III lo ha sostenido en los Autos N° 71.331(4° Juz. Civil) (Sala III 9929) "Salvalaggio, Juan c/ Mut, Sergio y Otros - Daños y Perjuicios - Sumario- Acc. De Tránsito T° I F° 113/115 Año 2010 - 11-03-10.

Este Tribunal recientemente dijo que: "A partir de ello, queda fuera de toda discusión y compartimos el criterio impuesto por el Señor Juez al señalar que no es admisible el recurso de apelación, frente al dictado de "una medida para mejor resolver" ejercida en el marco de las facultades ordenatorias e instructorias que prevé el Código Procesal, en su artículo 35. AUTOS N° 130268 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 11428) "RODRIGUEZ SUSANA BEATRIZ S/ADQUISICION DE DOMINIO POR USUCAPION - REC. DE QUEJA".

También debemos destacar, que además de sostener que el Tribunal Ad quem debe pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso de apelación, no escapa a sus facultades efectuar a la vez el análisis de legalidad procesal correspondiente, en tanto y en cuanto resulta una obligación esencial de todo órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales básicas en todo proceso, como lo son "el cumplimiento del debido proceso legal" y "el adecuado ejercicio del derecho de defensa" (cfr. art. 33 de la Const. Provincial y 18 de la Const. Nacional).

En tal sentido y conforme está planteado el libelo quejoso, basado en la violación de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso legal, principio de defensa en juicio y preclusión de los términos procesales corresponde analizar su procedencia.

En esa dirección, el Juez al rechazar el recurso de reposición reitera las normas invocadas en el decreto cuestionado, a saber los arts. 35 y 340 in fine del Código Procesal y cita doctrina que apoya la facultad del Juez de agotar todos los medios para adquirir certeza sobre los hechos alegados por las partes. Como dijéramos en considerandos anteriores, estas medidas probatorias no afectan el derecho de defensa, como tampoco el debido proceso legal, toda vez que el actor conserva la facultad de fiscalizar e impugnar el resultado de los informes requeridos. Ese resultado, que al momento es incierto no puede agraviar a la actora antes de conocer si le beneficiará a la demandada y/o la perjudicará a ella.

Respecto de la preclusión de los términos invocada y la aplicación irrestricta del art. 478 de la ley 3738, conforme lo estipulado por el art. 793 de la ley 7942, debemos decir que a nuestro entender, la aplicación de una norma procesal debe hacerse en forma sistemática, en conjunción y congruencia con otras que forman el mismo ordenamiento adjetivo. Para ello debe entenderse, que pese a que en sus inicios el presente se generó como un proceso sumario, no dejan de ser aplicables normas genéricas ya existentes como el art. 35 inc. 2 y 6 del anterior Código Procesal, contenidas en los nuevos artículos 35 y 340.

Por otra parte, debemos concluir que siendo el decreto cuestionado fundado en los artículos citados corresponde la aplicación del art. 342 del C.P.C. y por lo tanto considerarse inapelable, entendiendo claramente que se trata de producción de pruebas y las normas que se aplican son exclusivas del régimen probatorio.

Conforme a lo señalado, no se advierte ni surge del cuerpo de actuaciones que conforman el presente recurso de queja que exista arbitrariedad alguna que pudiere ser incompatible con los principios constitucionales cuyo análisis se preanunciara.

El Sr. Juez de Cámara Dr. Daniel Olivares Yapur dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

Por los fundamentos expuestos.

SE RESUELVE:

1. Desestimar el recurso de queja articulado a fojas sub 17/ sub 19 por el Dr. Juan Marcos Zapata Marcone, en representación de la parte actora, contra la resolución de fecha 20 de marzo de 2014 (fs. sub 14), de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos que preceden.

2. Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 5854 y sus modificatorias.

FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T° I-F° 152/154-AÑO 2014