marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AGUILA MIGUEL ANGEL c/ CRIVELLI GUIDO s/ APREMIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-11

Conforme con lo normado por el art. 927 C.P.C., el ejecutado no podrá interponer recurso alguno en contra de la sentencia.

Si bien de dicha previsión debe entenderse exceptuado lo atinente a honorarios, rige en tal caso un plazo de cinco días (art. 112, ley 7269). Aunque, de conformidad, con la nueva factura del art.

362 C.P.C., la solicitud de aclaratoria interrumpe el plazo para interponer recursos, ello es así hasta el dictado de la resolución pertinente. La norma no dice que, a partir de la aclaratoria, se suspenda por cinco días el plazo para interponer recursos, sino que la interrupción es hasta el dictado de la resolución pertinente lo que implica que si esta es emitida antes de los cinco días, a partir de entonces se computa el término para articular recursos.
Suspensión de la prescripción, matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: A., J. C. c/ L. B. de A., M. s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-24

El matrimonio crea entre los esposos una situación de unidad moral y material que ha llevado al legislador a establecer las causas de suspensión de la prescripción:

1) acciones entre marido y mujer (art. 3969 del Código Civil;

2) acciones de esta última contra terceros que deban repercutir sobre el marido (art. 3970, código citado) ya que no es prudente ni justo colocar a la mujer en la disyuntiva de afrontar la acción que recaerá sobre el marido o de sacrificar sus intereses pecuniarios y los de sus hijos y para evitarlo se le ha acordado el beneficio de la suspensión de la prescripción, fundado en consideraciones análogas a las que sirven de base el art. 3969.
Propiedad intelectual, derechos de autor, obras literarias y artísticas, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, autorización del autor
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ A.T.C.  (LS.82 Canal 7  S.A. ) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-05

En la causa Nro. 7620, resuelto el 27 de diciembre de 1990 se señaló que " S.A.D.A.I.C." está especialmente facultada para determinar las condiciones a que se ajustarán los usuarios, conceder o negar la autorización previa establecida en el artículo 36 de la Ley 11.723 y normas concordantes" y "fijar los aranceles (artículo 3 del Decreto 5.146/69, inciso a) y b). No necesita entonces la conformidad de quienes utilizarán la música (en tanto no exceda los márgenes que fija el artículo 4 del decreto citado. Ver artículo 7) circunstancia que relativiza la susbstancia contractual del acta compromiso del 28 de septiembre de 1973.
Acción de amparo, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Zelarrayan Mario Humberto c/ Mº de Defensa -Est.May.Gral. del Ejército s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-18

Las características del amparo permiten que es posible que un órgano de la Administración sin personalidad jurídica pueda ser parte en el juicio (cfr. Morello, Augusto Mario y Vallefín, Carlos A.: "El amparo. Régimen procesal", 3a. ed., La Plata 1998). (Consid.

6º).
Beneficios previsionales, reapertura del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Fioretta, Nélida Luisa c/ A.N.Se.S. s/ prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

Cuando el beneficio jubilatorio se concede en virtud de una reapertura del procedimiento administrativo, la fecha coincidirá con la de solicitud de dicha reapertura y no con la presentación del pedido del beneficio que, oportunamente, fuera denegado por no cumplir con los requisitos exigidos para su logro (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, sent. del 29.09.89, Rodríguez, Rosario Aurina"; C.F.S.S., Sala II, sent. del 30.08.01, "Mendoza, Noemi Amelia").
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GODOY DE RODRIGUEZ NOEMI c/ CARLOS ANTONIO LEAL Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S002 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-21

El principio consagrado en el art. 42 inc. h no puede ser interpretado aisladamente, sino que debe ser aplicado relacionándolo con las demás disposiciones contenidas en el decreto reglamentario nro. 200, que son en consecuencia complementarias e integradoras de dicho principio. La circunstancia de que otro vehículo circule por la derecha y tenga en consecuencia prioridad de paso, no tiene valor absoluto, sino que debe apreciarse de acuerddo con los factores de tiempo y lugar, debiendo admitírsela como una presunción a favor del conductor que gozaba de ella cuando faltan elementos de juicio que la destruyan. De la valoración de tales circunstancias surge que rige plenamente la prioridad de paso si los vehículos han llegado a la boca calle en forma más o menos simultánea, circulando ambos dentro de los límites de velocidad permitidos y siempre que la conducción de los vehículos se ajustara a los dispuesto en los arts. 36 y 59 del decreto reglamentario. La prioridad de paso cuando no se dan tales presupuestos no es absoluta sino relativa y condicionada entonces a las circunstancias del caso.
Derechos humanos, torturas, derechos de las personas privadas de libertad, responsabilidad del Estado, tratados internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F., R. R. s/ Tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; S., J. B. y Otro s/ Severidades y vejaciones; T., M. E. y Otro s/ Severidades y vejaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-07-28

"Se establece también que los Estados 'realizarán investigaciones serias, exhaustivas, imparciales y ágiles sobre todo tipo de actos de violencia o situaciones de emergencia ocurridas al interior de los lugares de privación de libertad, con el fin de esclarecer sus causas, individualizar a los responsables e imponer las sanciones legales correspondientes.

Se tomarán medidas apropiadas y se harán todos los esfuerzos posibles para evitar la repetición de tales hechos al interior de los establecimientos de privación de libertad' (principio XXIII).

El documento reza, asimismo, que '[] de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional se podrán practicar visitas e inspecciones periódicas en los lugares de privación de libertad, por parte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, a fin de verificar, en todo momento y circunstancia, las condiciones de privación de libertad y el respeto de los derechos humanos' (principio XXIV).
Relación de dependencia, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: VIEYRA EDGAR MANUEL c/ DI MARSICO OSCAR ALBERTO s/ RELACION LABORAL - FIRMA DE DOCUMENTO EN BLANCO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-11

La existencia misma de la relación laboral, presupuesto de los reclamos del actor, no ha sido negada por el demandado en su memorial de responde por lo que deben aplicarse los apercibimientos del art. 166 del C. de P.C. y tenerse por ciertas las afirmaciones de aquél, extremo que es confirmado por las actuaciones administrativas labradas por ante el Departamento Provincial del Trabajo, donde el demandado exhibió la documentación laboral perteneciente al actor como así también incluso el recibo de pago de indemnización por antigüedad. Por otra parte del informe rendido por la Municipalidad de Córdoba consta que el actor se encontraba registrado como empleado conductor de taxis. En consecuencia debe tenerse por acreditado que el actor se desempeñó como chofer de los taxis propiedad del accionado por el período reclamado. Era a cargo del demandado por imperio de lo dispuesto por el art. 49 de la Ley 4163 y actual 39 de la Ley 7987, la demostración contraria a las afirmaciones del actor.-
Recurso de apelación (procesal), honorarios, gastos del proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Galia Miguel Elias c/ Leiva Daniel Humberto de Jesús y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-25

El beneficiario no condenado en costas está legitimado para apelar, pero no obstante obtenga una reducción de los honorarios, no incidirá sobre los condenados en costas por tratarse de obligaciones concurrentes, que responden a causas distintas.
Contratos, buena fe, seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Muller, Víctor Ernesto c/ Federación Patronal Cooperativa Seguros Limitada s/ Cumplimiento de contrato y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

El standard jurídico de la "buena fe", si bien en nuestra legislación positiva vigente sólo encuentra normativa específica dentro del ámbito de los contratos civiles (art. 1198, 1er. párr. Código Civil), es indiscutible ocupa una función señera en la vida de todo acto jurídico y sobremanera en el campo del contrato de seguro, dada su estructura propia - de adhesión y con cláusulas predispuestas- y a la posición que en él tienen las partes (arts. 1, 3, 4, 11, 17 y concds. ley 17.418).
Formosa, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tobas, competencia de la Corte Suprema, pueblos originarios, cartografía
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comunidad Indígena Toba La Primavera - Novogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

Deben la Provincia de Formosa y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cumplimiento de las actividades y de los plazos previstos en el Plan de Abordaje Especifico y en cuyo relevamiento participará la comunidad mediante reuniones y talleres preliminares, como así también acercar una evaluación final de su resultado en la que se considerará, asimismo, la cartografía realizada.
Responsabilidad del Estado, policía federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Gisbert,  Miguel  Ángel c/ Estado  Nacional-  Policía  federalArgentina".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Si de los elementos probatorios surge que: a) los disparos se produjeron porque el policía se dio a conocer como tal e intentó repeler el robo; b) en la causa penal no se ha podido establecer -en forma clara- con qué arma se produjeron los disparos que lesionaron al actor y c) una de las secuelas del tiroteo fue que el actor resultó herido, siendo ajeno a los hechos que desencadenaron el enfrentamiento, resulta que éste ha sido victima de un sacrificio especial -en ocasión de repelerse el delito en un transporte público, por parte de un agente vinculado al Estado por su estado policial- que excede la cuota normal que todo habitante debe soportar por vivir en comunidad y como consecuencia, corresponde que el Estado indemnice al lesionado en virtud de los principios que rigen la responsabilidad por actividad lícita.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telefonía celular
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, MATIAS MAXIMILIANO c/ SMARTPHONE S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09

La actividad de Telefónica Móviles Argentina S.A. no puede ser concebida sin la venta de los equipos cuya comercialización lleva adelante Smartphone. Por lo tanto, la misma hace a la normal y especifica actividad de la empresa, máxime cuando va acompañada de la activación de la línea, puesto que sin ellos sería materialmente imposible operar en el sistema. Si en lugar de asumir la misma empresa la comercialización opta por tercerizarla ("fuera de su ámbito"), debe responder solidariamente por las obligaciones de su agente, ya que esa carga nace cualquiera sea el acto que dé origen a la relación comercial.
Recusación, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: KUZIS, ALFREDO s/ QUIEBRA S/ INC. RECUSACION CON CAUSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-16

Resulta improcedente recusar con causa a un magistrado con fundamento en el CPR 17-7. Y 9., cuando -como en el caso- el pronunciamiento atacado fue suscripto por el secretario de actuación (quien carece de atribuciones para "juzgar") y "no" por el juez, a quien se recusa.
Trabajadores de la industria química, descansos no gozados, trabajo en días feriados, adicionales de remuneración, premio de planta
Materia: LABORAL
Carátula: MAYO, CONSTANTINO c/ COMPAÑIA QUIMICA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

La interpretación que debe darse al "premio de planta" que deriva d e un acuerdo de la empresa con los delegados, debe hacerse desde la óptica de las normas convencionales. Es así que si su implantación obedeció a la necesidad de retribuir el esfuerzo extra que implica trabajar en días sábados, domingos y feriados, tal premio debe integrar la base del cálculo del tiempo extraordinario laborado en dichos días.
Superior Tribunal de Justicia, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE LUIS CARDERO s/ RECURSO DE REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-02-28

Las sentencias del Superior Tribunal de Justicia tienen el carácter de vinculantes para los jueces inferiores por un principio de seguridad jurídica, el cual se basa en la necesidad de mantener la igualdad ante la ley en situaciones análogas bregando por la igualdad jurídica de los justiciables, caso contrario, idénticas situaciones serían juzgadas en forma contradictoria quedando libradas a la voluntad del juez de cada caso. Esto significa que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las contenidas en los fallos de la Corte, no obstante no resultar obligatorios dichos fallos para casos análogos. Las normas jurisprudenciales obligatorias emanadas de los Tribunales Supremos de las Provincias son fuentes del derecho con fuerza vinculante. Los fallos plenarios interpretan una disposición legal que ha suscitado dudas y divergencias en su aplicación, por lo que en adelante la norma deviene en clara y una ley clara debe ser aplicada por los jueces de manera uniforme. Es decir que se fija la interpretación de la ley o de la doctrina en un sentido determinado y debe esa interpretación ser observada mientras no sea modificada en un nuevo tribunal pleno. Es indiscutible que durante todo ese período la jurisprudencia establecida adquiere el valor de regla jurídica positiva, con la cual los particulares deben contar. Por otra parte, la posibilidad de modificar o variar esa interpretación en un nuevo tribunal pleno, permitirá a la jurisprudencia evolucionar o transformarse en la medida de las necesidades sociales y las ideas jurídicas predominantes en cada período, con lo cual se afirmará su valor como fuente de derecho positivo.
Industria de la construcción, aplicación de la ley, preaviso, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Sisterna Gregorio E. y O. c/ Proesco S.R.L. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-13

Los trabajadores de la industria de la construcción, al ser ésta una actividad regulada por normas especiales, se rigen por las establecidas en la LCT siempre que éstas no resulten incompatibles con las de su propio régimen que son de orden público y excluyen las de aquélla en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contemplados en la ley 22250 (art. 35). por ello, tanto la institución del preaviso como la de la indemnización por antigüedad previstas en los arts. 6 y 7 de la ley 25013, son incompatibles jurídicamente con el régimen establecido por la ley especial aplicable a la relación habida entre las partes.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: 1) CATALANO, NICOLO  2) LEGUIZAMON, LUIS A c/ 1) LEGUIZAMON, LUIS A Y-O SUBINQ Y-O TERCEROS OCUP  2) CATALANO, NICOLO s/ 1) DESALOJO POR FALTA DE PAGO     2) CONSIGNACION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 192-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

La "ratio legis" que informa la norma del artículo 5 de la ley 23091 es la de prevenir la buena fe del locatario, desechando demandas por falta de pago de alquileres mediante maniobras intencionadas o ardides del locador para no percibir oportunamente aquéllos.
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: BIANCHI, JORGE ANDRES Y OTROS c/ FACRIL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-29

En el procedimiento de la ley 18345, la fundamentación del recurso de apelación se efectiviza en primera instancia y carece de trascendencia la omisión de consignar el vocablo 'apelar' cuando la parte expresa agravios demostrando inequívocamente su voluntad de recurrir.
Declaración del imputado, declaración testimonial, derecho a conocer las pruebas en contra, apreciación de la prueba, declaración autoincriminante, debido proceso, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: " LOZANO, Santiago M. s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

Constituye motivo suficiente para decretar la nulidad de la declaración indagatoria, la enumeración como prueba de cargo de los dichos que previamente había vertido el imputado en forma testimonial, aún cuando se lo relevó del juramento que oportunamente prestara (conf. causa n° 15.687 "PORTILLO", rta. el 7/9/99, reg.n° 16.802). Es que la trascendencia que el acto conlleva torna necesaria la adopción de todos los recaudos tendientes a resguardar debidamente las garantías procesales tuteladas por la Constitución Nacional, no pudiendo sostenerse válidamente que una violación como la verificada en autos constituya un "error material" que no genera agravio, desde que importa una clara limitación al derecho de defensa del imputado. Menos aún puede afirmarse que el equívoco se produjo al haber consignado "pruebas existentes en su contra" en vez de "pruebas obrantes en el expediente", pues no caben dudas en cuanto a que el objetivo de la declaración indagatoria, de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación, es poner en conocimiento del encausado aquellos elementos de cargo que conformaron el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del citado código instrumental y entre ellos, de ningún modo pueden incluirse los dichos prestados bajo juramento de decir verdad. Al respecto se ha sostenido "...Cuando lo que se trata de asegurar es la plena vigencia de una garantía constitucional, cual es la del art. 18 de la Carta Magna -que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo-, toda actuación u omisión que de algún modo pueda invalidarla o disminuirla -al menos en el ánimo del declarante- debe ser evitada y proscripta de las prácticas judiciales..." (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa n° 2.471 "ANTOLIN", rta. el 30/11/00, reg. n° 765.00.3). Por ello, si se advierte que en oportunidad de efectivizarse su declaración indagatoria entre los elementos citados como de cargo se incluyó la declaración testimonial prestada por el imputado en anterior oportunidad en el proceso , se constata una circunstancia que importa una efectiva violación a principios procesales de raigambre constitucional esto conllevan a la nulidad del acto.
Demanda, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAFAUCCI HECTOR ANTONIO c/ ESTADO  PROVINCIAL  y GERENCIA DE GAS DEPENDIENTE DE E.P.E.E.R. (ex E G.A.S.E.R.) s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-01

Debe declararse la admisibilidad en forma parcial y sólo en lo concerniente a la anulación de los actos dictados por el P.E. y E.G A.S.E.R. y al pedido de reconocimiento de categoría. No así del pedido del pago de las diferencias salariales por cuanto no existe decisión administrativa previa al respecto ni ha sido materia de debate o recurso en el ámbito de la Administración.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, Derecho laboral, empleador, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANZ, NORBERTO RAFAEL DEMANDADO: SER.CO.VA. S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DEPESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 443 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de Cámara- revocatoria de la del inferior- que entendió que la codemandada no era responsable -por solidaridad- del pago de las sanciones impuestas por los art. 80 inciso 3 y 132 bis de la L.C.T., en tanto no desmerece lo argumentado por la Sala en torno a que la sanción conminatoria que dispone la norma, en definitiva es una cláusula penal que se impone al empleador por no efectuar el ingreso de los aportes del trabajador a los organismos respectivos, de lo cual no puede considerarse al contratante responsable solidario dado que no reviste el carácter de agente de retención.

El vicio de contradicción invocado por el recurrente no aparece así configurado en este razonamiento pues, al decidir liberar a la condenada solidaria de la responsabilidad en cuestión, el Tribunal evaluó la naturaleza de la obligación -sanción conminatoria- y consecuentemente consideró que la interpretación al respecto debía ser restrictiva, aná lisis que lejos está de resultar contradictorio.
Contrato de trabajo, prueba, jornada de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Lemos de Duten, Susana Nora c/ Consolidar A.F.J.P. Soc.Anon. y/u otros. s/ Diferencias salariales y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-09

La actora que prestara servicios para las cuatro codemandadas, tenía con tres de ellas contratos de trabajo a tiempo parcial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, por una hora por semana.

Por ello, ante la total falta de prueba que acredite que el tiempo trabajado para éstas fue otro, resulta claro que los salarios abonados por la primera de las empleadoras no afectaron el mínimo de la actividad y los pagados por dos de ellas, conforme el horario pactado y cumplido, aparecen adecuados a la proporcionalidad que permite la norma citada. No ocurre lo mismo con la restante codemandada por no encontrarse controvertido en esta instancia que dicha proporcionalidad debe calcularse conforme el salario mínimo previsto en el Convenio Colectivo 264/95.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra sobre incidente de queja por apelación denegada - queja por apelación denegada c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Corresponde declarar abstracto el tratamiento de la presente queja en tanto la cuestión de fondo que el recurrente pretende traer a conocimiento de este Estrado ya fue resuelta en: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Riccelli, Sandra Elizabeth contra GCBA sobre otros procesos incidentales - empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales", expte. SACATyRC n° 12046/18-5; sentencia del 15/06/2022). (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal colegiado, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación). s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-03

Carece de sustento lógico y jurídico la pretensión que la solución coincidente de la mayoría absoluta de los integrantes del Tribunal rechazando el reclamo deducido resultara inválida por no existir similitud en los fundamentos, ya que esta posición sólo se justifica por la frustración que produce en el litigante el rechazo de sus pretensiones pero ello no es suficiente para admitir la nulidad del fallo.