Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-21


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 21 San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de Junio de 2.006.

Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 123/05 "CARRIZO, Simón Fernando c/ MUNICIPALIDAD de SAUJIL -Dpto. POMÁN- s/ Acción de Amparo"; en los que a fs. 80 se llama autos para sentencia a fs. 80, efectuándose el sorteo correspondiente a fs. 81 a fin de determinar el orden de votación de los Sres. Ministros, y CONSIDERANDO:

(Voto del Dr. Cáceres) Que a fs. 18/23 vta. comparece el Sr. Simón Fernando Carrizo, por intermedio de apoderado, incoando acción de amparo en contra de la Municipalidad de Saujil, Departamento Pomán, persiguiendo se deje sin efecto el Decreto Nro. 093/05, por el que se dispone su baja como agente municipal. Interpone, subsidiariamente, Acción de Ilegitimidad o Anulación en los términos de los Arts. 13 y 14 Inc. b) de la Ley Nro. 2403.

Relata los antecedentes fácticos de la cuestión traída a decisión expresando que el actor reingresó a la planta de personal permanente de la Municipalidad de Saujil en virtud del Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 01/03/05, designación que tendría carácter de provisional pero que luego del transcurso del plazo previsto en el Art. 14 del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial -normativa aplicable en virtud del Art. 5 del mencionado Contrato- se convertiría en definitivo, revistiendo la categoría 24 del escalafón municipal en vigencia. Razón por la cual jamás se pudo considerar en el decreto cuestionado un supuesto contrato suscripto el día 1 de julio de 2005.

Por otra parte aduce, que el hecho que se le abonen los haberes correspondientes al mes de Septiembre/05, haría surgir -a su criterio- una "situación jurídica subjetiva particular" que no es otra que la de pertenecer a la planta de personal permanente de la Municipalidad de Saujil siendo ello conteste con su designación.

Que así, el obrar de la Administración es manifiestamente arbitrario ya que sin sumario administrativo previo se dispuso su baja en franca violación a lo establecido en el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, Ley 3276, instrumento aplicable en el ámbito de la Municipalidad de Saujil mediante Ordenanza Nro. 03/01, modificada por Ordenanza Nro. 16/03, que garantizan la estabilidad laboral del empleado público, el debido proceso y la defensa en juicio.

Por último ofrece prueba y solicita, en definitiva, que al dejarse sin efecto el decreto impugnado, se ordene su reincorporación y se le abonen los salarios caídos durante el período que duró la cesantía. Pide condena con costas.

Que radicado los autos ante este Tribunal, por Sentencia Interlocutoria Nro. 181/05, se resuelve declarar prima facie la competencia de la Corte de Justicia para entender en la causa, la viabilidad formal del recurso interpuesto y oficiar a la accionada a los fines de la remisión de todos los antecedentes relacionados con el decreto impugnado y fundamentos de la medida impugnada.- Que a fs. 78/79 vta., la accionada evacua el informe requerido en el cual señala que el actor prestó servicios para su representada desde el día 01/04/05 hasta el 24/10/05, y que si bien el contrato se encuentra fechado con fecha 01 de marzo de 2005, recién cobró virtualidad con fecha 01/04/05 por cuanto es en esa fecha en que efectivamente comienza a prestar sus servicios el amparista, siendo ello congruente no sólo con la Resolución Nro. 683/05 mediante la cual se procede a la prórroga por otros tres meses del contrato original, es decir desde el 01/07/05 hasta el 30/09/05, sino también con la documental acompañada por el Sr. Carrizo (recibos de sueldo).

Por otro lado, señala, que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 8 del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial el actor fue contratado en los términos de dicho ordenamiento legal, habiéndose producido una sucesión de prórrogas contractuales que no superaron el término fijado por la Ley que es de un año para éste tipo de contratos.

Que de manera alguna el amparista se encuentra comprendido en el caso determinado por el Art. 14 del mentado Estatuto; que en el caso concreto no hubo acto de admisión sino que se encuentra comprendido por el Art. 8 del mismo, que establece que el contrato puede ser rescindido en cualquier momento.

Que asimismo, el Art. 8 del Contrato de Locación de Servicios establece que: "la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el presente contrato por las causas establecidas en el Estatuto en sus Arts. 61 y 62 y/o por razones de servicio o económicas".

Por último manifiesta que el actor no reingresó a la Administración Municipal como él afirma, ya que nunca fue empleado sino que su actuación anterior lo fue por dos períodos como Concejal electo y como Delegado Municipal de la localidad de Siján. Por todo ello solicita el rechazo de la acción, con costas.- El actor invocando la violación de derechos de raigambre constitucional interpone la presente acción de amparo a fin que se deje sin efecto el Decreto 093/05, mediante el cual el Sr. Intendente de la Municipalidad de Saujil resuelve rescindir, a partir del día 24/10/05, el contrato de locación de servicios que vinculara a ambas partes.

Con ese objetivo denuncia el vicio de arbitrariedad que ostenta el acto en cuestión, dado que fundamentándose en aparentes razones de servicio dispone sin sumario administrativo previo su cesantía.

Que ello entra en pugna con la garantía de estabilidad que tienen los empleados públicos, y con los principios que informan nuestra Carta Magna puesto que, si bien había suscripto el día 01/03/05 contrato de locación de servicios con el Municipio demandado, el mismo solo tenía el efecto de disponer su reingreso a la administración pública municipal, transformándose en definitivo transcurridos seis meses.

Que así la categoría -24- y las funciones asignadas hacían prever perfectamente su encasillamiento en planta permanente.- Como se sabe el Art. 1 de la Ley de Amparo establece como condición de admisibilidad de la acción, que el acto de autoridad pública lesione los derechos constitucionales alegados por el amparista con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o lo que es lo mismo, que el acto lesivo surja indudable, absolutamente claro y ausente de incertidumbre y que en consecuencia no requiera un esfuerzo interpretativo ni configure conflicto normativo.- Desde dicha perspectiva, cabe consignar que la situación aquí planteada donde el recurrente pretende dejar sin efecto una decisión emanada de autoridad competente adoptada en principio en ejercicio de atribuciones legales, no encontrar en el amparo el campo propicio para su acabada dilucidación.- En efecto, si la procedencia del amparo queda supeditada a la existencia de conductas de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, resulta evidente que la vía intentada no quedar habilitada para cuestiones como las que se tratan, que requieren de mayor amplitud de debate o prueba.

Pues, cabe señalar, el acto administrativo impugnado cuenta con un mínimo respaldo normativo como es el contrato suscripto entre las partes, de ahí que los cuestionamientos formulados en torno a ello y su aparente contradicción con el Estatuto del empleado público requieran, sin duda, para su adecuación y coordinación en relación a los hechos y circunstancias de la causa el tránsito por otro carril procesal.

En consideración a ello, deber rechazarse la acción interpuesta. Imponiéndose las costas por el orden causado (Art. 17 de la Ley 4642). Así voto.- Voto de la Dra. Sesto de Leiva:

Que analizadas las constancias de autos, debe tenerse presente que la acción de amparo por su excepcionalidad como remedio constitucional, sólo es viable contra los actos u omisiones ... de autoridad pública que lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución.- Que en esta lógica, el Art. 2do. de la Ley 4642 establece como requisitos de admisibilidad, que la determinación de la eventual invalidez surja patente en un análisis prima facie, y no se requiera para su dilucidación una mayor amplitud de debate o de prueba.

Hipótesis de excepción que se configura en autos, en tanto, del análisis de la causa, resultaría la aparente legalidad de la decisión Administrativa que se limita a rescindir un contrato de locación de servicio, facultad por otra parte contemplada en la cláusula octava del mencionado contrato, por lo que en consecuencia la vía procesal elegida no se muestra apta para dilucidar aspectos controvertidos pero que no configuran los vicios que en forma manifiesta requiere el Art. 1ro. de la Ley en la materia, por lo que corresponde no hacer lugar a la acción intentada, imponiendo las costas por su orden.

Es mi voto.- Voto del Dr. Oviedo:

Que adhiero y comparto las consideraciones realizadas y en la forma que se resuelve por los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo, votando en consecuencia en el mismo sentido. Así Voto.- Por todo ello y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por el Sr. Simón Fernando Carrizo en contra de la Municipalidad de Saujil - Dpto. Pomán.- 2) Con costas en el orden causado (Art. 17 de la Ley 4642).3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.-