Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-15


Fojas: 56 En Mendoza, a quince días del mes de mayo de dos mil seis, reunida la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 84.463, caratulada: "CITIBANK NA EN J° 11157/28956 EL RAPIDO SRL P/ CONC. PREV. P/ INC. DE PRESC. (PIEZA SEP. EL RAPIDO SRL) EN J° 8715 S/ CASACION" De conformidad con lo ordenado a fs. 55 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. FER-NANDO ROMANO; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercero: DR. PEDRO J. LLORENTE.- ANTECEDENTES:

A fs. 18/23 el Citibank N.A, por intermedio de su apoderado, deduce recurso extraordinario de Casación contra la resolución dictada a fs. 77/80, por la Cuarta Cá-mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos N° 11.157/28.959, caratulados: "Pieza separada El Rápido SRL en J: 8.715 El Rápido SRL p/Conc. Prev. p/Inc.de prescripción".

A fs. 31 se admite formalmente el recurso, ordenándose correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 34/36 y 41/48, solicitándose su rechazo.

A fs. 38 y vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconse-ja el rechazo del recurso deducido.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs 55 se deja constancia del or-den de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

La concursada en esta causa, "El Rápido S.R.L", interpone incidencia con el objeto de que se declare la prescripción de los créditos prendarios de Citibank NA y OPPESA, oportunamente denunciados por la misma, en razón de no haber verificado sus créditos ni tempestiva ni tardíamente. Invocó la aplicación del art. 56 de la LCQ.

A su vez el Banco sostuvo que la prescripción bienal del art. 56 de la LCQ, no le resultaba oponible a los acreedores con garantía real prendaria, cuyos titulares tienen derecho a ejecutar mediante remate no judicial, los bienes de la concursada..

La Sra. Juez de primera instancia hizo lugar al planteo de prescripción. Apeló el Banco y la Cámara rechazó el recurso conforme los fundamentos siguientes: Que si bien no desconoce la discusión que existe en doctrina y jurisprudencia sobre la obligación de verificar o no que pesa sobre los acreedores contemplados en la norma del art. 23 LCQ, el Tribunal comparte la posición de los autores, que se pronuncian a favor de la exigen-cia de la carga verificatoria. Que conforme lo sostiene la Dra. Puerta de Chacón en el trabajo que cita, la norma del art. 32 de la LCQ, no excepciona a ningún crédito de la obligación de verificar, aspecto también comprendido en la disposición del art. 21 inc. 2 de la ley concursal.- El art. 23 de la LCQ, relativo a las ejecuciones por remate no judicial, alude a aspectos vinculados al procedimiento de ejecución, pero no libera del control de legali-dad a los créditos y sus garantías.

Que teniendo en cuenta la carga verificatoria que el principio de concursalidad impone a todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación del concurso, quirografarios y privilegiados, se sostiene con razón que no puede realizarse ningún tipo de distingo o excepción en la aplicación del plazo prescriptivo previsto por el art. 56 de la ley 24.522.

Que dejando en claro la aplicación del plazo de prescripción bianual al crédito del incidentado, se impone la confirmación del fallo apelado.

Que respecto al pedido de eximición en costas, considera que si bien el tema se encuentra debatido en la doctrina concursalista, ello no desplaza la calidad de vencido que muestra el acreeedor incidentado, por lo que conforme a la doctrina chiovendana de la derrota, debe asumir el pago de las costas.

Contra esta resolución, la entidad bancaria interpone el presente recurso extraor-dinario de Casación, con fundamento en el inciso 2 del art. 159 del C.P.C., por interpre-tación errónea de los arts. 21, 23, 32 y 56 de la LCQ.

Afirma que el fallo adolece del vicio de falta de fundamentación suficiente. Que no se hace cargo de los agravios deducidos referidos a que la doctrina seguida, se en-contraba en abierta contradicción con lo sostenido por doctrina jurisprudencial de la CSJN en el caso "Cía. Fin. Luján Williams" y en "Banco Financiero Argentino".

Sostiene que el legislador en el caso de los créditos con garantía real que tengan derecho a efecutar mediante remate no judicial bienes del concursado, expresamente los excluyó del procedimiento de insinuación del art. 32 de la LCQ. Que la prescripción bienal concursal del art. 56 de la LCQ es aplicable a los acreedores tardíos y, tardío es aquel acreedor, que tiene la carga de presentarse a verificar tal como lo dispone el art. 32 de la LCQ, pero nunca puede serlo quien no tiene tal carga. Que existe una errónea interpretación de la doctrina invocada, concretamente se refiere a la cita del trabajo del Dr. Horacio Garguso.

Por último se agravia por la imposición en costas efectuada, lo que según sos-tiene, está en contra de lo resuelto por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

SOLUCION DEL CASO:

Como es sabido la competencia funcional de esta Corte en función casatoria, se limita exclusivamente al contralor de legalidad de los fallos en su sentido técnico jurídi-co, conforme el ámbito específicamente delimitado por los arts. 159 y 161 del C.P.C. Resultan por lo tanto extrañas a la vía intentada, todas las cuestiones de hecho y la valo-ración de las diferentes circunstancias implicadas en la causa, respecto de las cuales las facultades de los tribunales de mérito resultan excluyentes, salvo causal de arbitrariedad debidamente canalizada de conformidad con lo previsto por el art. 150 del C.P.C..

En el ocurrente a través del recurso interpuesto, se alega en sustancia, falta de fundamentación y falta de análisis de los agravios en el decisorio criticado. Tales críti-cas, no impugnadas de arbitrariedad, resultan irrevisibles en tanto conforman el material fáctico, en el caso definitivamente delimitado por el Inferior. En dichas condiciones, el recurso intentado involucra el examen sobre materia extraña al ámbito del art. 159 preci-tado, correspondiendo por su forma su desestimación, aún cando en la etapa preliminar el remedido haya sido admitido formalmente.

No obstante el déficit apuntado, en sustancia, igualmente el recurso luce impro-cedente. En efecto, la crítica referida al déficit de fundamentación de la sentencia, no puede prosperar, habida cuenta que de la lectura del fallo surge claramente, que el Tri-bunal fundó su decisión en la existencia de la obligación de verificar de los acreedores con garantía real y el sometimiento de estos al control de legalidad de sus créditos por parte del juez del concurso. Con apoyo en doctrina que cita y en el dictamen del Minis-terio Fiscal, entendió que una interpretación armónica de la normativa concursal, en especial de los arts. 21, 23, 32 LC, lleva a la conclusión de que "teniendo en cuenta esta carga verificatoria que el principio de concursalidad impone a todos los acreedores, por causa o título anterior a la presentación del concurso, quirografarios y privilegiados, se sostiene con razón que no puede realizarse ningún tipo de distingo o excepción en la aplicación del plazo prescriptivo previsto por el art. 56 de la ley 24.522 .

Se advierte entonces que el tema a dilucidar en esta instancia consiste en deter-minar si en un concurso preventivo, respecto de los créditos anteriores al concurso y con garantía real, que tengan derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la concursada, resulta aplicable el régimen de la prescripción bienal establecida en el art. 56 de la LCQ, tal como lo entendieron las instancias de grado o si, como lo sostiene la recurrente, no corresponde la aplicación de esta normativa.

El texto del art. 56 de la L.C.Q cuya aplicación se discute en autos dispone que "...El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado o terceros vincu-lados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor".

Esta Sala no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema propuesto a debate en autos. No obstante en sentencia del 12/4/02 en in re "Vázquez Armando y ot. en J: Cristalerías de Cuyo" registrado en L.S 307/87, mi colega de Sala, Dra. Kemmel-majer de Carlucci, realizó un pormenorizado estudio de las principales discusiones doc-trinales y jurisprudenciales que había generado la norma. Entre ellos se hace mención al debate sobre si el plazo de dos años era de prescripción o de caducidad, si resultaba apli-cable a los concursos en trámite a la época de la sanción de la ley 24.522, si se aplica o no a todos lo créditos estén o no comprendidos en el acuerdo y si se comprende tanto a los créditos quirografarios como a los privilegiados.

En dicho precedente se resolvió que la norma resultaba sólo aplicable en los concursos preventivos y no en la quiebra, no existiendo pronunciamiento sobre el tipo de crédito que resultaba aplicable.

En este punto las sentencias de grado se sustentaron en un precedente del enton-ces juez de concursos Dr. Guillermo Mosso, del 4/5/98 en autos: "Martinelli , Luis Pas-cual y ot. En j° Martinelli por concurso prev." que fuera confirmado por la Segunda Cámara .

Se sostuvo entonces que la ratio del art 56 sexto párrafo, reside en la convenien-cia de no prolongar por largos períodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concurso. En el tema pugnan los intereses del acreedor renuente -afectado por la fijación del plazo para actuar- y los intereses de los demás intervinientes y especialmente los de la economía en general, para lo que es valiosa la continuidad de la actividad. Se sigue en la tesitura de dar seguridad y certeza de la composición del activo y pasivo aún en desmedro de los acreedores. Además, no es razonable que un acreedor guarde tan notoria inactividad frente a la presentación en concurso del deudor. En este orden de ideas es que debe entenderse que este plazo acotado de prescripción no sólo ha de ser aplicable a los acreedores quirografarios, sino que también el mismo ha de alcanzar al caso de los créditos privilegiados. Es menester poner un límite temporal a la aparición de lo que en doctrina se ha denominado "pasivos ocultos", intentándose con esta medida cristalizar la situación del deudor, lo cual es altamente favorable para el supuesto del salvataje previsto en el art. 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, por ejemplo. No habiendo distinción en la norma, respecto de si este nuevo plazo de pres-cripción alcanza solamente a los quirografarios o a todos los acreedores sin distinguir rango y naturaleza, no existen motivos para efectuar tal distinción y por consiguiente dicho plazo deberá aplicarse a todo crédito de causa o título anterior a la presentación en concurso.

En este sentido se afirma en doctrina que: "La perspectiva de que el concursado salga a flote, sobre todo en casos de empresas de alguna significación, es el valor más empinado que alienta las soluciones concordatarias. Para ello es necesario que a la hora del pronunciamiento de homologación se conozca el pasivo, que junto con el activo y las posibilidades de inserción o reinserción en el mercado condicionan el reflotamiento de la deudora" (Mafia Osvaldo J., "Verificación de créditos", 4° ed., Bs. As., Depalma ,1999).

Conforme con tales conceptos y si la ratio legis es la de poner un límite tempo-ral a la aparición de lo que en doctrina se ha denominado pasivos ocultos, no cabe du-das que el plazo de prescripción es aplicable a todos los créditos, incluyendo a los pri-vilegiados, desde que la norma no dispone ninguna excepción.

No empece a ello la inexistencia del fuero de atracción en el concurso de las ejecuciones con garantía real, conforme lo resolvió este tribunal en fallo Plenario del 25/4/03, registrado en L.S 321-2/98, desde que tal circunstancia no es óbice para que el acreedor privilegiado deba presentarse ante el concurso. Así lo establece claramente la ley de Concursos en su art. 23 al imponerle a los acreedores titulares de créditos con garantía real, que tengan derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la concursada, la obligación de rendir cuentas en el concurso dentro de los veinte días de haberse realizado el remate. En el caso en que la publicación de edictos hace conocer la apertura del concurso preventivo (art. 27LCQ), haya tenido lugar antes de la publicación de los edictos del remate no judicial, el acreedor debe presentarse ante el juez del con-curso comunicando la fecha, lugar, día y hora fijados para el remate y el bien a rematar, acompañando además el título de su crédito. El incumplimiento de tal deber, vicia de nulidad la subasta.

Es decir y más allá de la postura que se adopte respecto a que si existe o no la obligación de verificar por parte de los acreedores privilegiados o si existe sólo una verificación atípica, lo cierto es que si bien podría afirmarse que estos acreedores quedan de alguna manera al margen del procedimiento concursal, como lo sostienen algunos autores ("Los Créditos con Garantías Reales, El Concurso Preventivo y el Costo del Crédito Un Análisis Jurídico y Económico". Juan Anich La Ley 2003/B 1306), desde que no son atraídos por el concurso, tampoco quedan fuera de él y se encuentran some-tidos a sus disposiciones conforme lo expuesto. Como bien lo sostuvo el Tribunal de Alzada estos acreedores quedan sujetos al control de legalidad de sus créditos por parte del Juez del Concurso. Esto significa que el juez concursal no permanece ajeno total-mente al trámite especial sino que conserva atribuciones suficientes para efectuar un control sobre los títulos ejecutados y, en su caso, la facultad para desestimarlos en caso de verificar irregularidades en aquéllos. La sola posibilidad de este control determina la incumbencia del juez concursal en estos procesos, y la aplicación de la normativa con-cursal y, por tanto, la aplicación del régimen especifico. Cabe recordar que la carga es-tablecida en el art. 23 de la L.C.Q. conlleva la finalidad tuitiva común a todo el ordena-miento concursal y como se ha dicho, "...a través de ambas disposiciones se obtiene la protección del interés particular del acreedor, compatibilizándolo con los intereses del concurso" (Rivera, Roitman, Vítolo: "Ley de Concursos y Quiebras", tomo I, p. 196, ed. Rubinzal.).

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta en el ocurrente el orden público con-cursal, la finalidad perseguida por la reforma con la inclusión del art. 56 y la interpreta-ción armónica de sus normas, me llevan a concluir que la citada disposición legal resulta de aplicación al acreedor prendario conforme lo entendieron las instancias de grado.

En lo que respecta a las costas de cuya imposición también se agravia la recu-rrente, no corresponde hacer lugar al planteo formulado, desde que la queja queda en un mero enunciado, sin rebatir los fundamentos que llevaron al Tribunal a su imposición-.

Por los fundamentos dados y si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala, corresponde el rechazo del recurso articulado.

Así voto por la primera cuestión.

Sobre la misma primera cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teada para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.- Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antece-de.- A LA TERCERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión anterior, co-rresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antece-de.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 15 de mayo de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar el recurso extraordinario de Casación interpuesto a fs. 18/23 de au-tos.- II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.- III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- IV. Dar a la suma de pesos CIENTO SETENTA ($ 170), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el artículo 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.- Mac CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Pedro J. LLO-RENTE, por encontrarse fuera de la provincia en misión oficial (art. 88 ap. III del C.P.C.).- Secretaría, 15 de mayo de 2.006.-