Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-25


En la ciudad de Trelew, a los 25 días de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., D. M. y Otro c/ I., J. I. s/ cobro de haberes e indemnización de ley" (Expte. Nº 188 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 222.------------------------------------------------ A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ------------------------------------------------- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la parte demandada a fs. 210, que fueran concedidos a fs. 211, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 203/207 que hizo lugar a la demanda instaurada por D. M. C. y R. D. M. y condenó a J. I. I. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $26.024,76.-, de acuerdo al detalle efectuado en la liquidación practicada respecto de cada uno de ellos, con más sus intereses, en concepto de indemnización por antigüedad (art. 76, incisos a y b, ley 22.248) e incremento previsto por el art. 4 de la ley 25.972, con imposición de costas al vencido. El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 215/218, el traslado conferido a fs. 219 no fue evacuado por su contraria, y se agravia el apelante de que el a quo considerara la existencia de una supuesta falta de razonabilidad del cambio del lugar de trabajo. Manifiesta que la necesidad de efectuar reparaciones en el establecimiento fue anterior al cambio de lugar de trabajo y ello no atenta contra la alegada necesidad organizativa, todo lo contrario ya que esa necesidad y la orden de la autoridad para efectuar reparaciones suscitaron las razones de organización que motivaron el cambio del lugar de trabajo de los actores a otra chacra. Ello está acreditado con la testimonial de H., M. E. y A. E., y además con la propia confesional de los actores. Se ha probado la suspensión de actividades con los testimonios de A. E. y M. E. (respuesta a las preguntas séptima y décima, y sexta, respectivamente). En cuanto a la conformidad de otros operarios con el cambio dispuesto, señala que no sólo los hermanos M. , E. y C., trabajaban en la chacra de Rawson, sino también otros operarios, como lo manifestaron los testigos H., A. y M. E. La espetada irrazonabilidad del cambio contraría claramente las constancias de la causa. El a-quo claramente se aparta de las constancias de la causa al considerar que hubo una alteración perjudicial de los actores como consecuencia del cambio del lugar de trabajo. H., M. E. y A. E. declararon que los actores permanecían en el establecimiento durante el descanso del mediodía. Mal puede considerar el sentenciante de grado que los actores como consecuencia del cambio ya no tendrían la oportunidad de trasladarse a sus hogares durante el descanso del mediodía. No existió ninguna afectación a la disposición de su tiempo. Tampoco validamente puede considerarse que la circunstancia de tener que utilizar el transporte público y someterse a sus horarios pueda traer cualquier consecuencia negativa ya que el tiempo del viaje sería considerado como tiempo de trabajo, es decir, que su tiempo libre no se vería afectado de ninguna forma. De tal suerte, el traslado no significaba ni un sacrificio ni un cambio de vida, ni una afectación a la disposición de su tiempo libre. Por las razones expresadas mal puede considerarse que el ejercicio del ius variandi ha sido ilegítimo o abusivo, por lo que el despido indirecto en el que se colocaron los demandantes resultó ilegítimo. Se omitió considerar que el ingreso de M. (17/04/2004) significó un incremento en la cantidad de trabajadores respecto de diciembre de 2002, por lo que resulta improcedente la indemnización contemplada por el art. 4 de la ley 25.972. También se agravia del reconocimiento del pago de la indemnización pretendida por el Sr. C. con sustento en el art. 16 de la ley 25.561, o el art. 4 de la ley 25.972, por no resultar procedente en caso de despido indirecto. El art. 16 de la ley 25.561 no contempla la sanción para los casos de despido indirecto por lo que resulta inconstitucional cualquier forma de aplicación analógica. Peticiona se revoque la sentencia apelada. 2. Conforme lo prescribe el art. 65 de la ley 69 el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva procede exclusivamente ("Sólo procede...") en los supuestos de violación de las formas y solemnidades impuestas por las leyes, y en tanto tales vicios tengan el carácter de substanciales.

Circunscriptos, entonces, los motivos del recurso de nulidad a la infracción en la sentencia "en sí misma" de las formas y solemnidades estatuidas por ley, que la descalifican como acto jurisdiccional ... Son los vicios extrínsecos de la sentencia los que acarrean la nulidad. Los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de corregirse por el recurso de apelación, no correspondiendo anular el fallo, si los defectos atribuidos pueden repararse por este último recurso. Es decir, que dicho recurso está destinado solamente a reparar los vicios o defectos propios de la sentencia, no de las actuaciones que la preceden (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 238 y 243, y cita de fallos).

El fin inmediato del recurso nulificatorio es denunciar los vicios extrínsecos de la resolución, no los intrínsecos. Teleológicamente apunta a los aspectos formales de ella, no a la justicia de su contenido, pues esto último es objeto del recurso de apelación. Queda delimitado así el ámbito de este remedio procesal, en principio, a las impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, tiempo y forma que pudieren afectar a una resolución judicial en sí misma. ... El recurso de nulidad es un remedio excepcional. Síguese por ello que su concesión es de carácter restringido, y las condiciones de admisibilidad deben examinarse con criterio riguroso. ... Es un axioma en el estudio y teoría de las nulidades procesales, la fórmula que declara improcedente el recurso de nulidad, cuando se trata de vicios o defectos reparables por vía del recurso de apelación (Maurino, "Nulidades procesales", Astrea, 1982, par. 148, 151 y 152, págs. 177, 182/183, respectivamente,).

En tales condiciones, la expresión de agravios no contiene consideración alguna referida a la violación de las formas y solemnidades impuestas legalmente, no advirtiéndose tampoco que el fallo en crisis contenga vicios substanciales en sus aspectos esenciales.

Por ello, desde que los vicios de juzgamiento resultan susceptibles de corregirse por vía de la apelación interpuesta, al igual que las omisiones habidas en virtud de la facultad conferida por el art. 278 del C.P.C.C., se desestima el recurso de nulidad interpuesto a fs. 210 por falta de fundamentos.

3. Al ingresar al tratamiento de los agravios vertidos, corresponde señalar que la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo prevista por el art. 66 de la L.C.T. a favor del empleador, esto es, el ius variandi, está acotado por ciertos límites y condiciones: a) razonabilidad; b) no alteración esencial del contrato; y c) ausencia de perjuicio material o moral para el trabajador (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, par. 1, pág. 155).

Por ello, el análisis debe partir de la verificación del cumplimiento de los recaudos previstos por la citada norma, ya que el elemento fundamental de esa prerrogativa es su unilateralidad.

La facultad de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo no es cuestión a considerar en abstracto y resultará legítima o no, de acuerdo con las circunstancias que rodean a cada caso en particular.

Como en todos los casos de ejercicio del ius variandi la legitimidad de la decisión patronal es una cuestión de hecho que está condicionada a la necesidad funcional de la empresa y a la situación personal del trabajador que es trasladado (López, Centeno y Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1977, T. I, par. 8.17, pág. 374).

Por lo demás, es criterio de esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.543, S.D.L. N° 34/95.

Y que tal cuestión, debe ser resuelta en el caso concreto, tomando en consideración indicios tales como la estructura de la empresa y la naturaleza de la actividad (CNAT., Sala II, marzo 26-979, "L., J. y otro c. P. L. S.A.", T. y S.S. 1979-227).

En ese contexto, el quejoso sostiene que se encuentran acreditadas las razones de organización que motivaron el cambio del lugar de trabajo de los actores.

Al respecto, advierto que el empleador al cursar las cartas documento que lucen a fs. 7 y 12 no precisó cuales fueron las "...RAZONES DE ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS ..." que motivaron el cambio de lugar de trabajo de los actores.

Pero aún prescindiendo de tal circunstancia, cabe señalar que al contestar demanda alegó que la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia lo intimó a "... la realización de numerosas refacciones y adecuaciones que necesariamente suponían la suspensión de la actividad productiva", para agregar que como consecuencia de "... la ya referida suspensión de las actividades productivas en ese establecimiento y la necesidad de organizarlas manteniendo la actividad de los trabajadores, dispuse el traslado del personal a la otra granja sita en zona rural de Gaiman". (acápite III, primer párrafo de fs. 38 vta.).

O sea, la justificación de la patronal para el traslado del lugar de trabajo de los hoy actores se basó en la suspensión de la actividad productiva en la granja de Rawson como consecuencia de las tareas de refacción ordenadas por la autoridad administrativa.

En este aspecto, coincidiré con el Sr. Juez de la anterior instancia en que no se ha demostrado la afirmación del accionado que a raíz de ello (refacción de las instalaciones eléctricas y sanitarias del lugar) tuvo que suspender las actividades del establecimiento, ya que al absolver posiciones dijo que el mismo siguió en funcionamiento luego de que se retiraron los actores.

Pese a ello, sostiene el quejoso que las reparaciones suscitaron las razones de organización y que se probó la suspensión de las actividades motivadas en las refacciones, invocando los testimonios de H., M. E. y A. E.

De tal modo omite toda consideración de la prueba confesional rendida por el demandado y de ese modo no se hace cargo del que fuera razonamiento dirimente del juzgador para dilucidar la causa en lo que hace a la falta de justificación del cambio.

En efecto, el demandado al responder a la 9ª posición ( "... que el absolvente continuó explotando la chacra de Rawson", pliego de fs. 152) reconoció expresamente que continuó la explotación aún cuando agregó parcialmente ("si es cierto, parcialmente ..." (acta de fs. 153/vta.).

Desde ya que el agregado "parcialmente" no modifica la situación referida a la continuación de la explotación de la chacra de Rawson luego de disponer el traslado de los actores a otro lugar de trabajo.

Y la prueba de confesión producida en forma, constituye un verdadero medio de prueba, con fuerza de probatio probatissima: han de tenerse por existentes los hechos sin más. La confesión, como medio probatorio es la admisión de la verdad, de determinados hechos. La confesión expresa, prestada con las formalidades de ley, constituye plena prueba en contra del absolvente de la verdad de los hechos que han sido objeto de ella (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, págs. 6 y 104).

En principio, en el proceso civil la confesión constituye la prueba más completa. Si los hechos afirmados por una de las partes son confesados por la otra, el juez debe dictar sentencia conforme a esos hechos. Desde este punto de vista importa una limitación a los poderes del magistrado. La confesión judicial expresa constituye plena prueba (Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001. T. II, págs. 420/421).

En tales condiciones, aquellos testimonios que pudieron expresarse en sentido contrario carecen de relevancia, pues en el proceso civil la confesión constituye la prueba más completa, y esa prueba tasada permite tener al absolvente por confeso en forma expresa respecto de la existencia del dato fáctico ya aludido referido a la continuación de la explotación (art. 423 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69).

Por lo demás, también omite el apelante toda consideración respecto del testimonio de Esparza que corroboró la admisión expresa del demandado al señalar que la chacra de Rawson siguió trabajando normalmente. Así expresó: "Si, sigue trabajando hasta ahora" (respuesta a la 9ª.pregunta, fs. 164), testigo que adquirió el conocimiento en forma directa ya que trabajó ahí (respuesta a la 3ª pregunta y razón de sus dichos, fs. 164).

En sentido coincidente declaró R. al manifestar también que la chacra de Rawson continuó trabajando con normalidad después del retiro de los actores (respuesta a la 9ª pregunta, fs. 162).

En ese marco, los cambios no deben ser el resultado del ejercicio irrazonable de tal facultad, ni pueden alterarse modalidades esenciales del contrato. Por ello cabe afirmar que tal facultad no es absoluta ni discrecional, sino que debe ejercerse dentro de ciertos límites cuya inobservancia puede configurar injuria para el trabajador, autorizándolo a considerarse en situación de despido injustificado (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 566, págs. 274/275).

De tal modo, entiendo que la decisión de traslado dispuesto por el empleador no reúne la primera de las condiciones ya enunciadas al carecer de razonabilidad.

El cambio de lugar, o el traslado, debe hacerse siempre de modo que se concilien los intereses legítimos de la empresa con los del trabajador. El principio de la buena fe debe regir, mutuamente, también a este respecto. De este modo no serían admisibles, a menos que se hubiere previsto expresamente en el contrato, los cambios de lugar que influyan desfavorablemente en el desenvolvimiento de la vida del trabajador, de un modo no exigible equitativamente (Krotoschin, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", 2da. ed., 3a. reimpresión, Depalma, 1968, vol. I, par. 35, págs. 206/207).

Tocante a que otros operarios no tuvieron inconvenientes en aceptar el cambio temporal, lo cierto es que la aceptación de otros trabajadores carece de toda incidencia respecto del rechazo expresado por los actores para el cambio del lugar de trabajo.

Por lo demás, y sobre la base de la documental obrante a fs. 77 (Anexo I. Relevamiento del personal), bien señaló el sentenciante que tampoco se ha acreditado que hubo otras personas que trabajaran en la chacra que aceptaron sin inconveniente alguno el cambio o traslado de lugar de trabajo tal como lo afirmaran los testigos M. E., J. E. y J. H., pues al llevarse a cabo la inspección por parte de la Subsecretaría de Trabajo en la chacra en cuestión se verificó que las personas que allí trabajaban eran F. E., R. M., D. C. y F. M..- ver documental obrante a fs. 77.

En tal sentido, precisaré también que no surge de las declaraciones prestadas por H., A. (J.) E. y M. E., que trabajadores de la chacra de Rawson aceptaran trasladarse a la ubicada en Treorki.

Así, A. (J.) E. y M. E. aludieron a movimiento de personal pero no identificaron cuales eran los otros trabajadores y tampoco que el traslado se hubiere producido desde la chacra de Rawson (respuesta a la 8ª pregunta, fs. 165; y a la 6ª pregunta, fs. 155/vta., respectivamente).

Es más, M. E. se refirió a un traslado en sentido inverso, esto es, de Gaiman a Rawson (respuesta a la 6ª pregunta, fs. 155 y vta.).

En síntesis, luego de valorar la prueba confesional y testimonial rendida en estos actuados, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386, 423 y 456 del C.P.C.C.), encuentro acreditado en la presente causa que no existieron razones organizativas que justificaran el traslado de los actores a otro lugar de trabajo toda vez que la chacra sita en Rawson continuó con la explotación, y ello permite concluir que no resultó razonable la decisión adoptada por ausencia de razones objetivas.

Tales razones llevan a desestimar el agravio en este aspecto.

Las manifestaciones realizadas por el quejoso en cuanto a que de los testimonios de H., M. E. y A. E. resulta que los actores permanecían en la chacra durante el descanso, con clara omisión de los dichos de M., R., y E., sólo denotan un disenso con la ponderación que efectuara el juzgador de la prueba testimonial rendida en la causa, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69).

Así, la valoración que efectúa el recurrente sólo traduce su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.---------------- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de fallos).

Pero aún obviando tal circunstancia procesal para ingresar al agravio, cabe precisar que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).

En ese contexto, cabe señalar que M. O. E. manifestó que M. y C. gozaban del almuerzo en el comedor cuando el deponente concurría periódicamente (respuesta a la 4ª pregunta, fs. 155). O sea, dicho testigo declaró sobre lo que veía cuando concurría pero no cuando no lo hacía. Por eso, no puede afirmarse como pretende el apelante que los actores "no se retiraban a sus casas a almorzar", como si ello nunca ocurriera.

A. E. no declaró que nunca se retiraban de la chacra en el horario de descanso comprendido entre las 12 y 14 hs. pues manifestó que "Solían llevar vianda y tomar mate ..." (respuesta a la 5ª pregunta, fs. 165) (el subrayado me pertenece), esto es, no expresó que en todos los casos se quedaran en el lugar.

H. manifestó que "Comían" (respuesta a la 4ª pregunta, fs. 157) sin dar precisión alguna en cuanto a si lo hacían a veces o siempre.

Frente a tales declaraciones, otros testigos declararon, a saber que: a) nos íbamos a la casa a comer y luego entrábamos de nuevo; b) concurrían a su casa a comer; y c) A las doce nos íbamos a la casa y después entrábamos a las dos (H. F. M., F. G. R., y F. E., respuesta a la 6ª pregunta, fs. 161, 162, y 164, respectivamente).

Respecto de la tacha formulada a fs. 163 con relación a la declaración de H. F. M. corresponde señalar que no se encuentra excluido como testigo ya que el actor es su sobrino por lo que no es consanguíneo en línea directa en los términos del art. 427 del C.P.C.C., y a su vez la existencia de juicio pendiente no impide considerar su declaración ya que la misma se encuentra corroborada por otros testimonios.

En tales condiciones, desde que corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Víctor P. de Zavalía Editor, 5a. edición, 1970, T. II, pág. 273), apreció en conjunto que con las declaraciones categóricas y concordantes brindadas por M., R. y E., resultó acreditado que los actores concurrían a su casa a comer en el horario de descanso entre las 12 y las 14 hs., lo que así valoro conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

Por tales consideraciones, también coincido con el juzgador en que ello importa una modificación en sus condiciones de vida, y luego de ponderar el tiempo que demanda el traslado hasta Treorcky (aproximadamente una hora) concluyó en que con ello resulta que los accionantes ya no tendrían la posibilidad de trasladarse a sus hogares durante el descanso de mediodía si es que así lo desearan realizar en atención a la distancia existente con el nuevo lugar de trabajo.

Ello permite concluir que el traslado unilateralmente dispuesto por el empleador ocasionó un evidente perjuicio a los trabajadores.	También cabe agregar que no se encuentra discutido que también el cambio importó una alteración del horario ya que con anterioridad se desempeñaban de 8 a 12 hs. y de 14 a 18 hs., y con el traslado se le impuso a C. un nuevo horario de 7 a 11 hs. y de 13 a 17 hs., y a M. de 9 a 12 hs. y de 14 a 19 hs. (ver cartas documento de fs. 7 y 12) y así lo precisó el fallo en crisis a fs. 206 (renglones 19 a 25), aspecto del decisorio que adquirió firmeza ante la falta de concreto agravio por el recurrente.

De tal modo, el cambio del horario y del lugar de trabajo afectó el tiempo libre de los trabajadores y dicha modificación de las anteriores condiciones de trabajo influyó desfavorablemente en el desenvolvimiento de su forma de vida.

En ese contexto, la cuestión referida a que el uso del transporte público no tenía consecuencia negativa por cuanto el tiempo de viaje sería considerado como tiempo de trabajo carece de relevancia ante la falta de razonabilidad de la medida adoptada y el perjuicio ocasionado.	Por lo demás, cabe agregar que los emplazamientos cursados a los trabajadores (fs. 7 y 12) aluden claramente a un horario a cumplir por lo que no se observa de que manera la patronal absorbería el tiempo que insumiría el viaje a fin de mantener la carga horaria de ingreso y egreso.

Nótese que el encargado M. O. E. manifestó que "tenía directivas de respetar las llegadas tardes por el inconveniente del transporte", con lo que aludió al ingreso pero ninguna explicación brindó respecto del horario de salida, máxime cuando a renglón seguido sin brindar detalle alguno agregó que "El horario no excedería las ocho horas" (respuesta a la 10ª pregunta, fs. 155 vta.).

No hubo así claridad alguna en cuanto al horario a cumplir, en particular el referido al de salida, lo que llevó a que el codemandado M. sostuviera al absolver posiciones que "El tiempo de trabajo era desde que llegábamos a la chacra de Treorky hasta que salíamos" (respuesta a la 9ª posición, fs. 154).

Por tales fundamentos se desestima el agravio.	4. En atención a las consideraciones vertidas al punto que antecede bien destacó el juzgador a fs. 206 vta. (parte final del primer párrafo) que los actores se colocaron validamente en situación de despido indirecto, haciéndose acreedores a las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral por falta de justificación de la medida dispuesta y perjuicio ocasionado.	Y el principio de la "necesaria" justificación de la decisión empresaria en razones de organización de la misma empresa, ha sido receptado por los tribunales en todas las épocas y todas las jurisdicciones (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, T.II, pág. 1013).

En tales condiciones, toda vez que el ejercicio del ius variandi resultó ilegítimo, ello importa la desestimación de la queja expuesta en cuanto pretende sostener el apelante que el despido indirecto resultó desajustado a derecho. 5. Entiende el recurrente que la indemnización prevista por el art. 16 de la ley 25.561, o el art. 4 de la ley 25.972, no resulta procedente en caso de despido indirecto.

No le asiste razón.

En tal sentido, la normativa prevista por la ley 25.561 comprende no sólo la hipótesis en la que el despido sin causa justificada se hubiera dispuesto por el empleador, sino también el caso en que el trabajador se hubiera colocado en situación de despido por injuria del empleador que no consintiera la prosecución de la relación laboral (Etala, Carlos Alberto "La duplicación de las indemnizaciones durante el período de emergencia", en Suplemento Especial de la Revista Derecho del Trabajo, "La emergencia económica en el Derecho del Trabajo", octubre de 2002, pág. 24 y sig., La Ley; en igual sentido, Foglia, "La duplicación temporal de la indemnización por despido sin justa causa dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 y el decreto 264/02", TySS. 2002-97).

Debe considerarse incluido el supuesto del trabajador que se coloca, válidamente en situación de despido indirecto, dado que sus consecuencias son idénticas a las del despido sin causa justificada (Ackerman, "La mal llamada suspensión de los despidos y su prórroga prematura", DT. 2002-A, par. II, pág. 1147).

Es criterio de esta sala "B", en c. 19.783, S.D.L. 58/2004.

En tales condiciones, y desde que la finalidad legal fue la de evitar despidos sin causa en el período de emergencia, entiendo que corresponde aplicar la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.561 en aquellos casos en que el trabajador se colocó válidamente en la situación de despido indirecto.

Sostener lo contrario importaría admitir que la patronal puede a su arbitrio incurrir en grave inobservancia de las obligaciones a su cargo sin consecuencias económicas al evitar el pago de la indemnización agravada con el simple trámite de poner al trabajador en la necesidad de extinguir la relación laboral en forma indirecta.

Tales fundamentos determinan el rechazo de los agravios vertidos en ese aspecto.--- En lo que hace a que el ingreso de M. el 17/04/2004 significó un incremento en la cantidad de trabajadores respecto de diciembre de 2002, cabe señalar que tal circunstancia por si sólo no acredita tal extremo pues para ello corresponde comparar dicho dato con la plantilla existente a diciembre de 2002 ya que hasta el mencionado ingreso pudo existir un incremento pero también una reducción del plantel de trabajadores.

Tocante a que del examen del Libro previsto por el art. 52 de la L.C.T. y de las constancias y declaraciones juradas de aportes y contribuciones al S.U.S.S. se desprende tal incremento, corresponde precisar que dichas constancias resultan insuficientes. - En efecto, respecto a tales registros el valor probatorio de los libros de la empresa debe apreciarse con criterio más restrictivo cuando sus constancias se esgrimen en contra del trabajador. No sirven como medio de prueba fehaciente y convictiva, ya que, en definitiva, para la empleadora sería prevalerse de un medio probatorio que ella misma ha elaborado, sin posibilidad de fiscalización cierta por su oponente o por el tribunal (Meilij, obra y tomo citado, pág. 234, acápite nº 492 y cita nº 467).

Se trata de una probanza unilateral que se sustrae a toda posibilidad de contralor por la otra parte y a la posibilidad de constitución por ésta de una contraprueba equivalente, como en el caso de los asientos en libros entre comerciantes (López, Centeno y Fernández Madrid, obra y tomo citado, pág. 332).

Por lo demás, la prueba idónea era la pericial contable que no fue ofrecida, máxime si se observa que el apelante efectúa una referencia genérica a tales constancias sin indicar cuales de ellas permite realizar el necesario confronte entre la plantilla total de trabajadores al 31de diciembre de 2002 y su comparación con la existente a la fecha de ingreso de M. al 17 de abril de 2004.

Por tales razones se desestima también el agravio. 6. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios del Dr. G. H. U., letrado apoderado del demandado, en un 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia correspondientes a los profesionales actuantes por esa parte (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:

Atento la claridad de la reseña, que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante, de la sentencia de origen de fs. 203/207, y de los agravios que contra la misma expusiera la demandada en su memorial de fs. 215/218, me remito a la misma en homenaje a la brevedad, adentrándome directamente en el tratamiento de los agravios.

I.- En primer lugar, por cuestiones de orden lógico, cabe expresar que la recurrente interpuso a fs. 210 recurso de apelación y nulidad, mas al expresar sus agravios a fs. 215/218 ninguna referencia o argumentación concreta efectuó con relación a su pretensión nulificante. Al respecto es de recordar que el art. 65 de la ley 69 establece: "Sólo procede el recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dadas por los jueces inferiores con violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de substanciales". En cuanto al procedimiento el art. 66 dispone: "Se interpondrá juntamente con el de apelación en el mismo término y se substanciará por los mismos trámites". Es decir que la sentencia puede presentar vicios en su construcción que la descalifican como acto jurisdiccional, en particular, cuando ha sido pronunciada sin guardar las formas y solemnidades prescriptas por la ley, vale decir, de irregularidades que afectan a la sentencia "en sí misma" (conf. CN. Civ., sala C, 5/2/89, JA, 1989-IV-82; íd., Sala E, 16/2/84, LL, 1984-C-414; íd., Sala F, 22/6/83, LL, 1983-D-146; íd., Sala G, 17/2/81, ED, 92-845). Como ejemplo de estas irregularidades se han enunciado: ausencia de fundamentación del fallo, exposición oscura e imprecisa que hace imposible conocer el sentido del acto, la omisión de cuestiones esenciales no estudiadas ni decididas, como el no tratamiento de la reconvención o de defensas planteadas por el demandado (conf. CN. Civ., Sala E, 19/8/77, LL, 1978-A-307; íd., Sala F, 20/8/76, LL, 19978-D-824, 34.874-S; íd., Sala A, 13/8/81, LL, 1982-A-427).----------------------------------- Es cierto que la apelante señaló que se omitió considerar las cuestiones por ella deducidas en relación a la sanción del art. 4 de la ley 25972 (ver fs. 217/vta., pto. 2.4). Sin embargo el art. 278 del CPCC (conf. remisión del art. 76 de la ley 69), establece que: "El tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios". Si a ello se añade que el vicio que provoque la nulidad tiene que ser grave, capaz por sí mismo de poner en evidente peligro el derecho que asiste a la parte apelante (conf. CN. Civ., Sala C, 23/10/85, LL, 1986-B-626, 37.265-S), y que no cualquier transgresión a los principios legales contenidos en la sentencia, trae aparejada su nulidad, en particular, cuando la alzada puede reparar las deficiencias y no se trata de cuestiones fundamentales del litigio (conf. CN. Com., Sala D, 11/11/88, ED 132-107), entiendo que cabe desestimar el recurso interpuesto, en cuanto a que las omisiones denunciadas serán objeto de tratamiento y decisión al analizar el agravio pertinente.- En consecuencia, por todo lo expuesto, comparto la propuesta del Dr. Vergara en cuanto a que cabe rechazar el recurso de nulidad.- II.- Trataré ahora los agravios vertidos por la recurrente.- 1) La quejosa critica el fallo, en primer lugar por considerar que existió razonabilidad en el cambio de lugar de trabajo dispuesto por el empleador. Entiende que el sentenciante parte de tres premisas falsas: a) que no se acreditaron las razones organizativas alegadas al comunicar el cambio dado que con anterioridad la Subsecretaría de Trabajo había ordenado efectuar modificaciones en las instalaciones, b) que no se demostrara que a raíz de tales refacciones hubiera que suspenderse la actividad, y c) que no se acreditara que otros dependientes aceptaran el cambio sin inconvenientes (ver fs 215 "in fine"/vta. 1er. párrafo).- Con relación a las razones organizativas alegadas, es de señalar en primer término, que en las cartas documentos obrantes a fs. 7 y 12, en las cuales se comunicara la necesidad del cambio de lugar de trabajo, ninguna precisión se realiza respecto a cuáles son las razones de organización de las tareas y que recién al contestar demanda, se explicitó que el motivo radica en la intimación de la Subsecretaría de Trabajo a la realización de refacciones en el establecimiento ubicado en Rawson, lo que necesariamente acarreaba la suspensión de las actividades (ver fs. 38 vta., 1er. párrafo). Esto último lo considera acreditado con las declaraciones de H., M. y A. E. y con la propia confesional de los actores (ver fs. 215 vta, 2do. párrafo "in fine"). En cuanto a la absolución de posiciones de los actores, lejos de admitirse que las refacciones aludidas importaron la suspensión de las actividades, C. y M. negaron tal circunstancia (ver fs. 152 vta. y 153 respuestas cuarta a sexta). En lo que se refiere a las declaraciones testimoniales mencionadas, es cierto que las mismas se refieren a que se realizaron movimientos de personal por los mantenimientos que se hicieron, pero también se hace referencia a la baja producción en la granja de Rawson (ver fs. 155/vta., respuesta sexta), a que el mantenimiento realizado fue poco (ver fs. 157, respuestas quinta y sexta), y que en el período en cuestión, si bien las refacciones generaron movimientos de personal, los actores ayudaban a la limpieza de los implementos porque había recambio de animales (ver fs. 165, respuestas sexta a octava). Es decir que no se aprecia claramente, de los testimonios reseñados, que la entidad de las refacciones importaran la suspensión de las actividades.- A lo anterior debe agregarse, como bien lo precisa el vocal prevotante, que el demandado admitió que continuó explotando la chacra de Rawson, y si bien utiliza el adverbio "parcialmente" (ver fs. 153, respuesta novena), la respuesta importa una admisión de que no se suspendieron totalmente las actividades en Rawson. Al respecto debe recordarse el carácter de plena prueba conferido por el art. 423 del CPCC a la prueba confesional salvo que se presenten los supuestos contemplados en los tres incisos de la norma, lo que no acontece en la especie. En ese orden de ideas, la confesión constituye la prueba más completa, si los hechos afirmados por una de las partes son confesados por la otra, el juez debe dictar sentencia conforme a esos hechos y desde este punto de vista importa una limitación a los poderes del magistrado. El valor probatorio de la confesión se funda en razones lógicas y jurídicas; siendo una declaración de conocimiento sobre hechos desfavorables al confesante, es lógico admitirlos como ciertos, ya que no es frecuente que se mienta en perjuicio propio (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 2, págs. 422/423). En concordancia con lo anterior, la Corte Federal resolvió que tratándose de la confesional, resulta arbitraria la sentencia que omitió considerar dicha prueba, sin brindar fundamentos que justifiquen su prescindencia (cnf. CSJN 5/11/91, "Revista Doctrina Judicial", 1992-1-1072). Es así que frente a esta prueba resultan menos considerables las declaraciones testimoniales referidas, las que, según se vio, tampoco fueron categóricas en cuanto a la suspensión de la actividad alegada. Si a ello se añade que de otros testimonios se desprende que la chacra de Rawson continuó en actividad luego del retiro de los actores (ver fs. 162, respuesta novena) y continúa actualmente en actividad (ver fs. 164, respuesta novena), cabe concluir que la accionada no acreditó que el cambio del lugar de trabajo se debiera a que las refacciones a realizar en el establecimiento de Rawson fueran de entidad tal que ameritaban la suspensión de las actividades.- En lo que se refiere a los otros argumentos explicitados en este agravio, lo relativo a que otros operarios prestaron su conformidad con el cambio dispuesto, la quejosa también lo encuentra probado con las declaraciones de H. y los E. (ver fs. 215 vta., último párrafo). Al respecto es de señalar que H. (ver fs. 157/vta.) manifestó que él y otro compañero que no identifica no tuvieron problema (respuesta séptima); M. E. (ver fs. 155/156) dice que la actitud del personal fue normal ante los movimientos (respuesta séptima), mas indica que se efectuaron movimientos de personal de Gaiman a Rawson (respuesta sexta); y A. E. (ver fs. 165/vta.) señala que la actitud fue normal (respuesta novena), mas no indica qué dirección tuvieron los movimientos de personal (respuesta octava).- A lo dicho es de destacar que el sentenciante de origen razonó en el sentido que no se acreditó con las declaraciones mentadas que quienes trabajaran en la chacra de Rawson prestaron conformidad para el traslado y para ello se basó en la documental de fs. 77, donde se relevó quiénes laboraban en la chacra capitalina (ver fs. 206). En efecto, de dicha documental no surge que los E. ni H. laboraran en Rawson, por lo que aún cuando se considere que con sus testimoniales se hizo referencia a la conformidad del personal con el traslado de Rawson a Treorcky, ello no conmueve el argumento del juzgador por cuanto los mismos no figuran como personal relevado en Rawson, y quiénes sí lo hacían expresaron que nunca trabajaron en Gaiman o Dolavon (ver sentencia a fs. 206). Finalmente, en cuanto al argumento de la conformidad del personal, cabe señalar que el hecho de que la misma fuera prestada por otros trabajadores, no convierte "per se" en razonable el cambio unilateral del lugar de trabajo por parte del empleador.- Por los motivos expresados corresponde rechazar el primer agravio relativo a la razonabilidad en el ejercicio del "ius variandi".- 2) La segunda queja se centra en que fue demostrado -nuevamente con los testimonios de los E. y H. que los actores no retornaban a sus casas a almorzar, por lo que el traslado dispuesto no implicó ninguna alteración al respecto para los mismos (ver fs. 216, pto. 2.2). Es cierto que los referidos declarantes manifestaron que los actores comían en la chacra o se llevaban una vianda (ver fs. 155, respuesta cuarta; fs. 157, respuesta cuarta; y fs. 165, respuesta quinta), mas como bien lo indica el colega preopinante tales declaraciones no dan precisiones de la regularidad de tal hábito de tomar el refrigerio en el lugar de trabajo, por lo que no puede descartarse que volvieran a sus hogares.- Frente a tales testimonios, otras declaraciones afirman lo contrario. Así H. M. menciona que volvían a sus casas a comer (ver fs. 161, respuesta sexta), coincidiendo en ello R. (ver fs. 162, respuesta sexta) y E. (ver fs. 164, respuesta sexta). Es cierto que a fs. 163 la demandada tachó a M. por ser pariente consanguíneo de uno de los coactores, mas resulta ser tío (ver fs. 161, respuesta a las generales de la ley), cuando la exclusión del art. 427 de CPCC se limita a los parientes que lo son en línea directa. Y respecto a que mantiene un pleito con el demandado, es de señalar que ello no descalifica en sí al testigo, sino que impone una apreciación con un severo rigor crítico del testimonio (conf. CN. Civ., Sala A, 17/3/78, ED, 78-195). Es así que dado que la declaración de dicho testigo coincide con la de otros dos, y que el mismo junto a otro de los testigos contestes laboraba en la chacra de Rawson con los coactores (ver fs. 77), lo que no puede afirmarse de los tres testigos en los que se basa la apelante, no existen motivos para dudar de la veracidad de lo declarado por quienes afirmaron que los actores retornaban a sus casas para almorzar. Con lo expuesto surge evidente que el traslado dispuesto por el empleador importó una modificación perjudicial para los trabajadores.- En el mismo agravio la accionada hace mención de que el tiempo que insumía el viaje hasta Gaiman era considerado tiempo de trabajo, por lo que no afectaba el tiempo libre ni importaba un perjuicio económico para los actores. Basta señalar que habiendo concluido en que al alterarse en forma negativa las anteriores condiciones de trabajo -en su repercusión sobre las condiciones de vida-, en tanto se afectaba la disponibilidad de retornar al hogar para la hora del almuerzo, lo expresado respecto al tiempo de viaje deviene intrascendente, por cuanto ya se encuentra acreditada la modificación perjudicial con lo anteriormente argumentado. A ello debe añadirse que, sin perjuicio de que se considerara que el tiempo insumido por el viaje fuera considerado de trabajo, sí se afectaba el tiempo libre de los actores, dado que hubo un cambio real del horario de trabajo, ya que antes trabajaban de 8 a 12 y de 14 a 18, mientras que la variación dispuesta estableció un horario de 7 a 11 y de 13 a 17 (ver fs. 07) y de 9 a 12 y de 14 a 19 (ver fs. 12), lo que fuera destacado por el "a quo" (ver fs. 206), sin que la recurrente emitiera crítica alguna al respecto.- Cabe añadir que las comunicaciones de fs. 07 y 12 hacen referencia a un horario concreto de trabajo por lo que no se advierte de qué manera la empleadora absorbería el tiempo que demandara el transporte, lo que se refuerza con lo declarado a fs. 155 vta. (respuesta décima) en cuanto se menciona que los traslados no importaron modificación alguna de la jornada de trabajo.- En síntesis, por todo lo razonado procede también el rechazo de este agravio.- -------------------------------------------------------------------------------- --------------- 3) El tercer agravio vertido (ver fs. 216 vta./217, pto. 2.3), resulta ser una mera consecuencia de los dos anteriores, dado que su contenido se limita a indicar que, por las razones expresadas en las dos primeras quejas, el sentenciante erró al considerar que el ejercicio del ius variandi fue ilegítimo o abusivo, ya que el mismo no acarreó perjuicio alguno a los actores, y por ende no se encontraba justificado el despido indirecto. Como un espejo de lo argumentado por la apelante, cabe decir que el rechazo de los dos primeros agravios importa la desestimación del tercero, dado que al haberse concluido en que no se acreditaron las razones de organización que justificaran el traslado y que el mismo afectaba el tiempo libre disponible de los trabajadores así como las condiciones de vida en forma negativa, no cabe otra conclusión que el ejercicio del "ius variandi" fue ilegítimo. Claramente lo expuso el sentenciante de grado al considerar que "En virtud de lo expuesto en el anterior considerando acerca del ejercicio por parte del empleador del poder de dirección más allá de los límites permitidos por la norma legal mencionada, los actores quedaron plenamente habilitados para extinguir el vínculo contractual debiendo en consecuencia el demandado cargar con las indemnizaciones pertinentes..." (ver sentencia a fs. 206 vta., 1er. párrafo "in fine").

Se ha entendido, en comentario al art. 66 de la LCT, que la razonabilidad en el ejercicio del ius variandi significa que el empleador deberá hacer de esta atribución un uso funcional, en respuesta a verdaderas necesidades técnicas, administrativas o económicas de la empresa, excluyendo toda conducta abusiva, arbitraria o contraria a la buena fe, que debe regular todas las relaciones entre las partes del contrato de trabajo (conf. Livellara, Carlos A., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, pág. 750). Y concretamente respecto al traslado físico del trabajador, dispuesto unilateralmente por el empleador, se ha entendido que el mismo resulta inadmisible, bien porque significa una alteración substancial de las condiciones del contrato individual (como la prolongación excesiva de la duración del viaje); bien porque cause perjuicios indirectos no compensables o no susceptibles de adecuada evaluación económica (pérdida de otra ocupación, o alteración de las condiciones de vida individual o familiar) (conf. CNTrab., Sala III, 31/12/76, LT, XXVII-947; cit. en Livellara, op. cit., pág. 767).- En la especie, como se desprende de todo lo razonado en los puntos 1 y 2 de este considerando II, quedó demostrado que el cambio dispuesto no fue justificado en reales razones organizativas y que alteró el horario y las condiciones de vida familiar de los accionantes. En consecuencia de ello, resultó plenamente justificada la situación de despido indirecto en la que se colocaron los actores, en virtud de lo dispuesto por el art. 66, 2do. párrafo de la LCT, por lo que tampoco corresponde acoger favorablemente esta queja.- 4) Por último la accionada se agravia de que el juez de origen no tratara las cuestiones que dedujera respecto de la sanción del art. 4 de la ley 25972. Al respecto menciona que al contestar demanda acusó que por la fecha de ingreso de M. (17/04/04) y de la documental aportada, se desprende que su ingreso significó un incremento en la cantidad de trabajadores dependientes respecto de diciembre de 2002, por lo que correspondía rechazar la multa. Con relación a C- señala que la mentada norma resulta aplicable a los supuestos de despido directo, por lo que no resulta aplicable en el "sub exámine" por tratarse de despidos indirectos (ver fs. 217/vta., pto. 2.4).- En primer lugar cabe expresar que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que oportunamente planteó las cuestiones referidas en la contestación de demanda (ver fs. 39 vta., dos últimos párrafos/40, 1er. párrafo), y efectivamente el sentenciante ninguna consideración efectuó al respecto. La mencionada ley 25972 establece en su art. 4 la prórroga de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25561 y sus modificatorias hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%. Asimismo en el último párrafo del mismo artículo se establece: "Esta disposición no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002". En cuanto a M., no existe controversia de que ingresó a laborar el 17/04/04, por lo que la demandada esgrime esta norma, aduciendo que su ingreso importó un aumento en el plantel respecto del 31/12/02. Sin embargo esgrime para ello las constancias del Libro especial del art. 52 de la LCT y las declaraciones juradas de aportes y contribuciones al S.U.S.S., todo lo cual es prueba documental unilateral de la empleadora. Y es sabido que las normas de los arts. 52 y 55 ni ninguna otra de la LCT establecen que los libros prueben a favor de la empresa, aunque pueden probar en contra. Es que de modo reiterado se ha entendido que asignar otro carácter a los libros correctamente llevados implicaría que la empleadora pudiera valerse de un medio probatorio que ella misma ha elaborado, sin posibilidad de control real por parte del trabajador (conf. CNTrab., Sala V, 15/10/86, in re: "C., V. c/ F. Argentinos", TSS, Nº 3-1987, p. 250; entre otros citados por Tosto, Gabriel A. en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº II, pág. 572). Es que, en todo caso, debió la accionada ofrecer prueba pericial contable a fin de que se informe circunstanciadamente el extremo del aumento de la plantilla invocado. Es por ello que debe desatenderse este aspecto del agravio.- Igual solución corresponde adoptar en cuanto al argumento esgrimido respecto del coactor C., el que descansa en la improcedencia de la sanción por tratarse de un despido indirecto. Es que con fundamentados argumentos existe jurisprudencia plenaria en el sentido de que procede aplicar la multa en cuestión en los casos de despido indirecto. En efecto, y más allá de tratarse de un fallo plenario de otra jurisdicción, la Cámara Nacional en lo Laboral decidió en la causa: "R., V. H. c/ U. A. E. U.A..D.E. s/ despido" (conf. CN. Trab. En pleno, del 01/03/06, ver elDial - AA3208), que resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el artículo 16 de la ley 25561 en los casos de despido indirecto. Entre los fundamentos brindados en el fallo, encuentro convincente lo razonado por el Dr. G. en cuanto a que "...si el despido indirecto no trajese aparejados los mismos efectos que el directo, se fomentaría en los empleadores la práctica de hacer insufrible la continuidad del vínculo para lograr la rescisión sin responsabilidad alguna y la protección contra el despido arbitrario quedaría gravemente afectada...". Resulta claro que si la finalidad del art. 16 de la ley 25561 es proteger al trabajador del despido incausado, en razón de la emergencia en cuyo marco se sancionó la ley mentada, bastaría con que los empleadores recurran a la inobservancia de sus obligaciones en términos injuriantes -de acuerdo al art. 242 de la LCT- para de esa manera provocar el "despido incausado" y verse librados de afrontar la indemnización duplicada, burlándose así el propósito de la ley. Es por ello que también se desestima esta porción del cuarto agravio.

III.- En virtud de todo lo razonado, coincido con el vocal prevotante, en que corresponde propiciar la confirmación de la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas en la Alzada a la quejosa perdidosa (conf. art. 68 del CPCC).-- En cuanto a la regulación de honorarios en esta sede, dado el resultado del pleito, extensión y entidad de los trabajos realizados en esta instancia de apelación, deviene razonable fijar los mismos al Dr. G. H. U., letrado apoderado de la demandada, en un 25% de lo regulado a los letrados de la misma parte en la anterior instancia, con más el IVA respectivo (conf. art. 14 del arancel).

A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; c) regular los honorarios del Dr. G. H. U., por sus tareas de Alzada, en un 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar, es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del acuerdo al que se ha arribado.

Así lo voto. - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: ----------------------- S E N T E N C I A: ------------------------------------------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:--------------------------------------------------- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido; --------------------------- REGULAR los honorarios del Dr. G. H. U., por sus tareas de Alzada, en un 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL N°____25_____DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA