Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-14


SENT Nro. 227 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Víctor Giudice por derecho propio en autos: "Giudice, Víctor A. s/Recurso de apelación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- El letrado Víctor A. Giudice, por derecho propio, a fs. 196/212, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 494, dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 20 de noviembre de 2000, corriente a fs. 185/192 vta. de autos, que es concedido por resolución del referido tribunal del 30-4-2001 (cfr. fs. 224 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia atacada conculca o aplica erróneamente los artículos 3º, inciso c, y 48, inciso b, de la Ley Nº 4537, puesto que de nada vale que se posibilite formalmente el derecho de defensa si el tribunal, sustancialmente, le da la espalda a las sólidas razones invocadas por su parte, a los que no ha considerado como corresponde. Asimismo, alega violación y/o errónea aplicación de los artículos 28 de la Constitución local y 273, inciso 4º, del CPCC; 31 de la Ley Nº 5233; 4º de la Ley Nº 5480; 2º de la Ley Nº 21.839; 8º -en especial su inciso 1º-, y 9 -especialmente su inciso 8º-, del Reglamento Interno del Colegio de Abogados de la Provincia; 1071, del Código Civil, y 16, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución Nacional.

Manifiesta que el fallo elude entrar al tratamiento serio y concreto de la razonabilidad de los fundamentos que han sustentado la sanción disciplinaria, exponiendo solamente principios de carácter general, en abstracto, lo que ocasiona la inexistencia de motivación idónea, descalificante del decisorio.

Entiende que el principal elemento, por no decir el único, que debe tenerse en cuenta antes de entrar a efectuar cualquier análisis acerca de la eticidad de su conducta profesional, es que todo lo actuado por su parte se encuentra respaldado por un fallo judicial que ha quedado firme, ejecutoriado y cumplido, contando con los efectos de la cosa juzgada; agrega que no comprende cómo se puede concluir que incurrió en una conducta no valiosa de ejecutar honorarios en contra de su representada, cuando el derecho a cobrarlos surge de una sentencia judicial firme.

Destaca que no es correcto sostener, en el caso, una contradicción entre la ética y el derecho, admitiéndose la existencia de violación a imperativos éticos por sobre de una sentencia judicial firme que se presume legítima y que, por consiguiente, no puede ser objeto de ningún reproche moral en relación a los hechos en que se basa.

Arguye que, si bien es cierto que la relación de dependencia crea una imposibilidad para cobrar honorarios, más cierto es aún que dicho principio admite la excepción respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación.

En punto al tema de la notificación de los honorarios señala que, más allá de que haya existido un error procesal al respecto, la sola actitud de su parte de apelar los honorarios por su ex mandante evidencia su total buena fe, que aleja toda inconducta ética. Por otro lado, indica que no es razonable aseverar que se privó a esta última de la posibilidad de abonar en tiempo oportuno los honorarios, cuando se sostiene que no tiene derecho a cobrarlos, existiendo, además, una total pasividad procesal de la ejecutada la que en ningún momento cuestionó dicha situación, ni mucho menos abonó voluntariamente los honorarios. Por las razones que esgrime a fs. 204 vta., considera que la invocada falta vinculada a la notificación de los honorarios se encuentra prescripta, debiéndose declarar de oficio.

Resalta que el pronunciamiento recurrido se dictó sin reparar en los antecedentes del caso, en las constancias de autos, y en lo que indiscutiblemente debe tenerse por demostrado; afirma que debió analizar en concreto todas las circunstancias relevantes de la causa para recién emitir su conclusión y no, como lo ha hecho, circunscribirse a un mero examen final de la cuestión en debate, amparándose en una supuesta limitación a sus facultades de revisión. Ello, dice, citando la opinión de Marienhoff, porque una cosa son los aspectos relacionados con la oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta para la emisión del acto, que no son revisables por el Poder Judicial, y otra muy distinta es la verdadera y efectiva existencia de antecedentes, que es judicialmente revisable.

Finalmente, aduce que resulta un despropósito que el tribunal sostenga que la sanción no aparece desproporcionada en atención a que la Ley Nº 5233 autoriza a imponer hasta seis meses de suspensión por faltas, en mérito a que es manifiesto que la aludida desproporción debe medirse en relación con la pretendida infracción cometida y los antecedentes del sancionado, y nunca en función de un máximo, toda vez que existen otras sanciones de mucha menor intensidad, conforme surge del artículo 34 de la precitada ley.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Al respecto, ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 194 y del cargo actuarial inserto a fs. 212 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a y 814 (a contrario) del CPCC; se dio cumplimiento con el depósito que prevé la ley del rito (cfr. fs. 195); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por ello, el recurso es admisible; voto porque así se declare.

IV.- A fin de resolver la presente pretensión impugnativa, es necesario reparar, preliminarmente, en las razones sustanciales invocadas por el Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia, como fundamento de la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 45 días, aplicada a través del acto administrativo del 9-9-98, corriente a fs. 290/293 de las actuaciones administrativas caratuladas: "Dr. Giudice, Víctor A. s/ Presentación respecto a publicación del periódico Siglo XXI del día 02/01/93, página 7", y a fs. 74/77 de los autos principales.

En esta perspectiva, es dable destacar 4 órdenes de razones; en primer lugar, se atribuyó al doctor Víctor Giudice haber percibido honorarios de su mandante (Conasa), con quien se encontraba en relación de dependencia, al estar prohibida tal conducta por los artículos 2º, de la Ley Nº 21.839 y 13 y concordantes de la Ley 11.672; en consecuencia, se le imputó conculcación a las disposiciones de los artículos 31, inciso 5º, de la Ley Nº 5233 y 4º, de la Ley Nº 5480, y concordantes. En segundo término, se valoró su comportamiento como contrario a las exigencias éticas emergentes de los artículos 8º, inciso 1º y 9º, inciso 8º, del Reglamento Interno del Colegio de Abogados, al no haber notificado en el domicilio real a su representada, en violación de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Nº 21.839, de los honorarios que luego habría de ejecutar en su contra, privándola de esta forma de la posibilidad de abonar los mismos dentro del plazo legal, sin tener luego que afrontar una ejecución judicial donde las costas le fueron impuestas a su mandante. Como tercera transgresión se consideró que el doctor Giudice sabía perfectamente qu e la deuda reclamada en concepto de honorarios se encontraba comprendida en el régimen de consolidación del pasivo establecido por la Ley Nº 23.982, no obstante lo cual solicitó el pago de su crédito en efectivo. Por último, también se le imputó conocimiento de la orden judicial -consentida por su parte- que disponía el levantamiento del embargo y que, si bien la ejecutada fue negligente en diligenciar efectivamente el desembargo de los fondos, tal circunstancia y la ligereza del juzgado actuante no justificaban que valiéndose de ello, hubiera impetrado a posteriori el pago directo de su alegada acreencia y en efectivo.

A su turno, el letrado Giudice, al interponer el "recurso de apelación" previsto en el artículo 36 de la Ley Nº 5233, en contra del mencionado acto administrativo, expuso en dicha presentación, a propósito de los 4 cargos imputados, una serie de razones jurídicas y circunstancias fácticas dirigidas a controvertir los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentó la sanción disciplinaria de marras.

De esta forma, suscintamente, se puede decir que allí se esgrimieron como argumentos relevantes el hecho que el artículo 2º de la Ley Nº 21.839 y el artículo 4º, de la Ley Nº 5480 admitían como excepción que se pudiera cobrar honorarios a la representada en los asuntos cuya materia fuere ajena a la relación laboral o no tuvieran vinculación directa con el objeto de la relación procesal, aseverándose que en la presente causa su parte sostuvo reiteradamente que el trabajo profesional que genera los honorarios en cuestión quedaban aprehendidos en esta situación de excepción; que la citación de venta se produjo en el domicilio legal de Conasa, quien dejó vencer los plazos sin oponer excepciones y sin que hubiera alegado que se la haya privado del derecho a pagarlos habiendo, por el contrario, cuestionado el derecho a percibirlos; que en lo referido a la aplicación de la ley de consolidación, debía ponderarse lo actuado teniendo en cuenta el momento en que se concretaron los actos, y que en tal oportunidad no imperaba un criterio uniforme en el tópico, existiendo jurisprudencia que consagraba la accesoriedad entre los honorarios y el capital reclamado y que, con ese antecedente más otros fundamentos que se esbozaron en la presentación de fecha 28-7-92, se efectuó el pedido de entrega de fondos de fs. 62/63 de la causa "Alderete", a lo que el juez federal hizo lugar compartiendo sus argumentos; y finalmente, en lo que concierne al cuarto cargo imputado, realizó las consideraciones que se glosan a fs. 19 vta./21 de autos.

El acto jurisdiccional en crisis, por su parte, comenzó efectuando una serie de consideraciones genéricas y, en tal sentido, se refirió: a) al carácter de función pública de la abogacía y las condiciones que se deben cumplir para que resulte legítima la delegación del control de la matrícula y poderes disciplinarios en una persona de carácter público o semi público; b) recordó la opinión de Miguel Marienhoff, en el sentido que la revisión de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias sólo es viable por razones de legitimidad, quedando fuera el control de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello implique en modo alguno vedar a los jueces el control de todo lo atinente a la efectiva existencia de los hechos, o sea, aquello que constituye su causa o motivación, al igual que la ponderación del quantum de la sanción; c) destacó que lo expuesto por la doctrina estaba consagrado en el artículo 3º, inciso c, de la Ley Nº 4537, en cuanto establecía como debido proceso legal el absoluto respeto a la libre defensa en juicio, con vista de las actuaciones, patrocinio letrado, capítulo de cargo, oportunidad de descargo, recepción de pruebas y su valoración, y decisión fundada y, d) puso de relieve que en los autos "Abdelnur, Humberto y otros vs. Colegio de Bioquímicos de Tucumán", esta Corte dijo que "Encontrándose en el presente caso en el plano exclusivo de la ética profesional, la labor jurisdiccional se limita a controlar si la sanción aplicada ha sido producto de un proce dimiento administrativo regular en donde se ha observado las normas del debido proceso y si no ha mediado arbitrariedad o desproporción en la sanción aplicada." (cfr. fs. 190).

A renglón seguido, expresó que sobre tales pautas doctrinarias y jurisprudenciales se analizaría el caso conforme a las argumentaciones efectuadas por el letrado Giudice. Así, procedió a afirmar la competencia del Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados para fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogado y aplicar las sanciones correspondientes; reseñó las actuaciones administrativas cumplidas en dicha sede, presuntamente en la inteligencia de evidenciar que se había dado cumplimiento, en la especie, con el debido proceso legal adjetivo, y descartó la arbitrariedad del acto en cuanto al quantum de la sanción aplicada, aduciendo que la norma del artículo 34, inciso 4º, autorizaba a imponer hasta seis meses de suspensión por faltas disciplinarias cometidas.

Pero sobre el tema medular relativo a las 4 razones o cargos invocados por el Tribunal de Etica y Disciplina como fundamento para imponerle la sanción -que hacen a la correcta motivación del acto administrativo y, por ende, son susceptibles de control judicial-, sólo dijo lo siguiente: "La conducta disvaliosa atribuida al apelante fue la de ejecutar honorarios en contra de su mandante con quien tenía relación de dependencia y percibía una remuneración en transgresión expresamente prevista en las leyes 5.233 del orden provincial y 21.839 del orden nacional. Se le atribuye también transgresión al art. 62 de esta última ley al no haber notificado en el domicilio real de su mandante los honorarios que se le regularan y que posteriormente ejecutó en su contra. Dichos extremos fácticos no fueron desvirtuados por el apelante" (cfr. fs. 190 vta. y 191, primero y segundo párrafo); y más adelante, sostuvo: "En lo referido a la falsa causa, entendiendo ésta como la ausencia de antecedentes de hecho y de derecho que precedieron al dictado del acto administrativo ya sea p orque no existieron o fueron tergiversados, ante las constancias obrantes en el juicio traído a la vista ya referidas, tampoco se advierte la existencia de dicho vicio en el acto administrativo" (cfr. fs. 192).

Ahora bien; de la simple confrontación de lo dicho sobre esta última cuestión por el pronunciamiento impugnado y lo expresado por el recurrente en su "recurso de apelación", al referirse a cada uno de los cargos imputados, tal cual fuera explicitado infra, surge manifiesta la insuficiencia y el dogmatismo de la consideraciones sentenciales sobre el particular, al arribar a conclusiones sin dar razones suficientes de ellas ni hacerse cargo de las argumentaciones del letrado Giudice sobre el particular desarrolladas en su "recurso de apelación", de tal suerte que la base fáctica de las imputaciones quedó huérfana de tratamiento adecuado, al igual que las consideraciones de otro orden sobre el punto efectuadas en la presentación de marras por el recurrente.

Asimismo, la Sala a quo también omitió realizar la mínima reflexión respecto de lo que puede estimarse como la defensa nuclear del letrado (y sobre la que insiste con energía en su escrito casatorio) -y que es previa a cualquier otra consideración-, consistente en atribuir al órgano sancionador el haberse arrogado la condición de un cuerpo omnipotente que pretende cuestionar y tender un manto de dudas sobre la actuación de un juez federal, lo que reviste gravedad institucional al alterar el equilibrio de funcionamiento de los órganos del estado (cfr. fs. 13). En este orden de ideas, puntualizó que se confunde lo que son cuestiones litigiosas con lo que implica la consumación de infracciones disciplinarias dentro de la actividad profesional; que el Tribunal de Etica y Disciplina se permite ignorar los efectos de la cosa juzgada emergente de sentencias judiciales y los derivados del principio de preclusión procesal, con relación a resoluciones judiciales que quedaron firmes, que en cuanto no resulten revocadas generan un derecho subjetivo incorporado al pa trimonio con la garantía del artículo 17 de la Constitución nacional, lo que excede el marco ético y disciplinario sobre el que se debe resolver; y que, en definitiva, si llegó a percibir los honorarios en cuestión, y de la manera en que lo hizo, fue porque así lo ordenó el juez federal con competencia al efecto (cfr. fs. 13 vta./14, 15, 17 y 22).

En suma, la sentencia cuestionada resolvió dogmáticamente el tópico afectando, de esta forma, no sólo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa, ambos de raíz constitucional (artículos 34, 272 y 273 del CPCC, y 17 y 18 de la Constitución Nacional), y el deber de motivación exigido por el artículo 28 de la Constitución de la provincia, al haber decidido sin motivación suficiente el tema, sin hacerse cargo de alegaciones de hecho y jurídicas expuestas por el accionante, todo lo cual conduce a que el fallo deba ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Del mismo modo, por la forma en que se resuelve la presente pretensión recursiva, resulta inoficioso hacerse cargo de los restantes agravios.

Por lo tanto, el nuevo pronunciamiento a dictarse deberá hacerse cargo expresa y fundadamente del tema, siendo relevante destacar que las consideraciones sentenciales deberán tener en cuenta las constancias de autos y, dentro de ellas, muy especialmente las constancias del juicio "Alderete, Angel Leopoldo c/Conasa s/ Indemnización por despido-Incidente de ejecución Dr. Giudice", que se tramitara por ante la justicia federal.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar, con devolución del depósito, al recurso de casación articulado por el letrado Víctor A. Giudice, por derecho propio, contra la sentencia Nº 494, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 20-11-2000, obrante a fs. 185/192 vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, al componer la litis, incurre en dogmatismo, al omitir hacerse cargo, adecuada y suficientemente, de las razones invocadas por el letrado recurrente en contra del acto administrativo que le impuso la sanción disciplinaria". Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al mencionado tribunal a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento.

V.- Atento al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia casatoria se imponen por su orden (artículos 106, inciso 1º del CPCC y 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por el letrado Víctor A. Giudice, por derecho propio, contra la sentencia Nº 494 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 20 de noviembre de 2000, glosada a fs. 185/192 vta. de autos. En consecuencia, casar la misma, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados al referido tribunal a fin de que, por la Sala que corresponde, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a la considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO