Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 23 de 2005.

Considerando: 1. Apeló la ejecutante a fs. 94 la resolución de fs. 86/9, estimatoria de la excepción de inhabilidad de título articulada; su memoria de fs. 96 fue replicada a fs. 98.

2. Se advierte que la memoria de la recurrente incumple las exigencias del Cód. Procesal, art. 265, pues no contiene una crítica concreta y razonada de los supuestos yerros de la decisión apelada.

3. (a) Sin perjuicio de lo anterior expuesto, no se comparte la solución adoptada por la juez de la anterior instancia.

La accionada dedujo excepción de inhabilidad de título, si bien por medio de ella controvirtió la legitimación pasiva atribuida para ser demandada en autos. Para ello, negó que los pagarés base de esta ejecución hubiesen sido suscriptos por persona autorizada o facultada para representada legalmente; pues adujo que solo el presidente -como representante legal de Alperín Hogar SA- pudo obligarla.

(b) La a quo estimó favorablemente la defensa; sostuvo que frente a la negativa de la accionada en punto a que el suscriptor de los documentos se encontraba facultado para obligar a la sociedad, fue carga de la accionante demostrar lo contrario.

4. Se observa, que luce antefirma en los pagarés con relación a la recurrente. Como es ese el modo propio de la materia cambiaria para desplazar la responsabilidad a un tercero distinto del otorgante material del acto (CNCom., esta sala, in re, "García Mirta Isabel c. Cía. de Comidas Programadas", del 24.10.85; id., "Domato, Luis A. c. La Confederación General Económica de la Rep. Arg. s/ ejecutivo", del 05.06.95; id., "in re": "Verlini Juan Carlos c. Hilotex S.R.L. s/ ejecutivo", del 04.10.96 -DJ, 1997-2-843-; id., "in re": "Sony Music Entertainment Argentina S.A. c. Rudino María Esther s/ ejecutivo", del 26.12.96; entre otros).

El mero desconocimiento de la persona que aparece firmando los documentos no es suficiente para descalificar la habilidad de los títulos, si ello no está acompañado de la mínima instrucción probatoria que permita abonar tan dogmática afirmación.

Tal como se señaló ut supra los documentos contienen sello aclaratorio de "Jorge Alberto Alperín - Director" junto a la aclaración "firmante: Alperín Hogar SA" (v. copiados a fs. 38).

Tales consideraciones permiten estimar el recurso, atendiendo a la representación orgánica del suscriptor de los pagarés con respecto a la sociedad demandada.

La interpretación del principio rector del art. 58 LS. Debe hacerse teniendo en cuenta la protección de los terceros, con énfasis particular en el campo de los títulos de crédito, ya que la buena fe de aquéllos debe ser necesariamente preservada en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos circulatorios. En tal inteligencia, corresponde excluir la oponibilidad a los terceros de las reglas estatutarias de representación cuando la conducta desenvuelta ha sido idónea para crear una apariencia en la atribución de las facultades que invoca el firmante de los títulos, aún infringiendo lo dispuesto en los estatutos.

El demandado no puede desentenderse de la obligación asumida por el firmante de los pagarés en representación del mismo, con fundamento en que el firmante carecía de facultades suficientes para obligar a la entidad, cuando -como en el caso- en los instrumentos se verifica que las rúbricas se encuentran aclaradas con un sello que justifica la representación de los firmantes, siendo tal circunstancia suficiente en orden a crear la apariencia de asunción de la obligación cambiaria por parte del ente.

Finalmente, adviértase que la norma societaria citada -en relación a las obligaciones contraídas mediante títulos valores- se funda en el principio de celeridad y apariencia, imprescindibles en el tráfico mercantil. Ello responde a la realidad de que difícilmente los terceros que contratan con la sociedad, tienen ocasión de investigar detenidamente la forma de actuación de quienes son sus representantes; circunstancia que de ser exigida contrariaría la naturaleza y tornaría inútil la existencia de estos títulos (CNCom., esta sala, in re: "Petronella, Gustavo Sebastián c. Consorcio de Propietarios Dr. A. Roffo 7053 T. Gral. Paz G. s/ ejecutivo", del 30.06.99).

5. Se estima la apelación de fs. 94 y se revoca la resolución de fs. 86/9, con costas. Devuélvanse encomendándole al a quo las notificaciones. La doctora Piaggi no intervino por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Enrique M. Butty.