marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bayramian, Yeprad c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Buggiano, Ricardo Víctor c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Casparius, Joaquín Esteban c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Buggiano, Ricardo Víctor s/ Inconstitucionalidad, ley 9978. Tercero: Caja de Previsión Social  para Abogados de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07|1995-11-28|1996-02-27|1995-03-28

La exigencia impuesta al actor por el dec. ley 9978 (cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país) como condición para la percepción de la jubilación ya otorgada no constituye una violación al derecho constitucional de trabajar, en tanto el ejercicio de la profesión no depende de las normas impugnadas, sino de la propia voluntad del interesado en cuanto decida o no ingresar en situación de pasividad.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Creimer, Guillermo A. c/ Pereyra de Testi, María R. y otro s/ Inc. de Ejec. de honorarios en autos Pereyra de Testi, María R. s  /Insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Si luego de la mora se intenta pagar depositando la suma reclamada y el pago es resistido por el ejecutante, no puede fundar la excepción de pago, sin perjuicio de que se lo tenga presente al momento de practicar liquidación definitiva, pues dicha oblación es extemporánea y por tanto ineficaz (art. 504 inc. 3 Código Procesal). El referido depósito efectuado no tuvo el efecto cancelatorio que procuran atribuirle los recurrentes, como quiera que para motorizar una plena derivación liberatoria debe traducir el cumplimiento exacto de la prestación adeudada, abasteciendo todos los requisitos relativos a objeto, modo y tiempo (arts. 509, 725 y 750 Código Civil). En otros términos, para que el pago pueda servir de base a la defensa respectiva debe reunir las condiciones exigidas para su validez por la ley de fondo, o sea, debe haber sido aceptado por el acreedor o judicialmente declarado válido, nada de lo cual acontece en la especie, motivo por el cual forzoso es concluir en que la excepción de pago opuesta ha sido bien desestimada (arts. 724, 725, 742, 750, 756, 758, 761 Código Civil;

504, inc. 3).
Recibo, firma en blanco, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña José Luis. c/ Navarro Hnos.S.R.L. s/ Preaviso,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-10-30

En los supuestos de alegación de firma en blanco es al trabajador, que se opone al contenido del acto, a quien cabe la demostración que las declaraciones insertas en el documento no son reales, recae en el actor la prueba del hecho constitutivo del derecho pretendido y en el demandado la prueba del hecho impeditivo, por lo que constituyendo la presentación de recibos un hecho impeditivo y siendo tales documentos atacados, la prueba tendiente a invalidarlos es a cargo del accionante, careciendo al efecto de entidad suficiente la presunción emergente del art.55, ya que para la invalidez de ellos hacen falta una serie de presunciones serias y concordantes que por su número, precisión y gravedad lleven a la convicción que las firmas fueron puestas en blanco. Pero aún probado tal hecho debe demostrar que su contenido no es sincero, de lo contrario subsiste la validez de aquellos.
Filiación, prueba de histocompatibilidad, presunción de paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: S., D.E. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-13

La negativa a someterse a la prueba -examen genético- obedece al temor que se deriva del altísimo índice de certeza que cabe asignarle a los modernos estudios científicos en la materia, resulta justificado que el legislador haya incluido en el texto expreso de la ley la alternativa del examen genético, advirtiendo que "la negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el recurrente".
Mora de la administración, amparo por mora
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Riba, Adriana Elsa c/ Ministerio de Educación s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-12

La doctrina y la legislación, al tratar el instituto del amparo por mora de la administración, establecen que el administrado puede esperar un plazo mayor que el fijado por las normas para el dictado del acto de que se trate. De ello se sigue que no existe plazo de caducidad para la presentación de la demanda o pedido de amparo, siempre que el procedimiento administrativo mantuviera su vigencia.

(Conf.: Horacio D. Creo Bay, "Amparo por mora de la Administración Pública", p. 103 y sgtes.), es decir que el trámite no hubiera concluido por alguna de las causales previstas para la oclusión del trámite administrativo: resolución expresa o tácita, caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho. Del voto del Dr. Cáceres.
Concursos, entidades financieras, liquidación extrajudicial, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. s/ CONC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-12

Encontrándose la entidad bancaria en liquidación, más no en quiebra, no procede el instituto del fuero de atracción, por lo que la materia de competencia deberá regirse por el CPR.
Rendición de cuentas, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROBLEDO DE BUCHEMEAN HILDA MARIA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO GALERIA CENTRAL Y/U OTROS s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-26

El art. 20 de la Ley de Honorarios se refiere exclusivamente a la regulación que debe practicarse en aquellos casos en que el juicio no se encuentra terminado. Se aplica en el supuesto en donde se cumplió una primera etapa -declarativa-, en la que no se cuestionan valores sino el derecho a exigir que se rindan determinadas cuentas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Lesiones graves - Tentativa de robo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto argumenta que con excepción de las declaraciones de dos testigos, los demás elementos utilizados para acreditar el cuerpo del delito no son atingentes -el procesado no habría confesado-, o concuerdan con la versión de éste, como así que aquellas no están corroboradas, sin tener en cuenta que dos testimonios producen, en condiciones legales, plena prueba (art. 249 y doct. art. 350 del C.P.P.) y omite determinar en qué consistiría la consecuente transgresión legal.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Municipalidad, recursos administrativos, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldy, Iris Teresa y Cabrera, Silvio Enrique c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo- Recurso de revocatoria (expte.   C.S.J. Nro. 200 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Debe rechazarse el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto de Presidencia que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo desde que el cuestionamiento de la recurrente basado en la finalidad del instituto del agotamiento de la vía administrativa previa, no se hace cargo de lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 2756, según el cual la decisión dictada por el Intendente municipal al resolver el recurso de apelación "es definitiva y no se admitirá otro recurso contra ella que el de aclaración..."; norma, por lo demás, citada tanto en la resolución administrativa como en el auto de Presidencia atacado, sin que la actora argumentara nada en cuanto a ella. Obvia, además, la consideración de que admitir sin más su planteo implicaría dejar librado -en última instancia- al arbitrio de los recurrentes la determinación de cuándo corresponde iniciar la acción contencioso administrativa, afectándose, con ello la seguridad jurídica que, en materia de control de legitimidad de los actos administrativos, exige que cese cuanto antes la inquietud o situación de interinidad que en la marcha y desenvolvimiento de la actividad administrativa implica toda posible impugnación a su gestión.
Concursos, proceso de verificación, recursos, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: VELAZQUEZ, MARCELA FABIANA s/ QUIEBRA (QUEJA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Cierto es que el juez posee facultades para introducir modificaciones al auto verificatorio en los términos del artículo 166 inciso 2° del Cpr., aplicable por la remisión contenida en el artículo 278 de la LCQ. Y las decisiones que se adopten en ese marco forman parte inescindible del fallo modificado, pudiendo ser atacadas únicamente por la forma y vías legalmente previstas a tal efecto -artículos 37 y 38 LCQ- (v. en ese sentido, CNCom. Sala A, "Preceder SA s/ concurso preventivo s/ queja" del 30/03/10).
Derecho civil, protección de la vivienda, desafectación de bienes, trámites judiciales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Centro Optico Casin SA c/ Negretti, Daniel Horacio  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

El derogado art. 49 de la ley 14394 disponía en su inciso "e", que procedía disponer la desafectación del inmueble del régimen de bien de familia y la cancelación de su inscripción en el registro inmobiliario en caso de "existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente".

Esta norma era aplicable en supuestos de: (i) un evidente mal empleo de los frutos del inmueble, (ii) una explotación degradante, irracional o abiertamente antieconómica de aquél, (iii) la destrucción total de la casa -habitación- o -en los casos del régimen de la propiedad horizontal- la antigüedad del edificio que determinase su demolición, y (iv) un reiterado incumplimiento de la obligación de prestar alimentos (conf. Guastavino, E., "Derecho de familia patrimonial - Bien de familia", Buenos Aires, 1962, p. 445, n° 575).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Carlos Alberto s/ Querella por calumnias Tojo, Omar Horacio s/ Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21|1995-06-27

Es materia ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad el acierto o no con que la Alzada ha aplicado disposiciones legales;

siendo ello propio del recurso de inaplicabilidad de ley.
Ejecución fiscal, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, defensa en juicio, interés público, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

La rigurosidad de la regla de la no suspensión en el supuesto de haberse iniciado la ejecución fiscal generaría en el caso una situación irreversible, carente de justificación respecto al acceso a la justicia, pudiendo impedir la efectividad de la garantía de defensa, dentro de las particularidades propias de las ejecuciones fiscales.

El derecho a la tutela cautelar implica correlativamente el deber tanto de la administración como de los tribunales, de acordar la suspensión cuando sea necesario para asegurar la plena efectividad de la sentencia. Esta imperiosa necesidad de garantizar la plena eficacia de la decisión judicial del conflicto obliga a abandonar el principio de protección a ultranza del interés público del que se considera portador el acto recurrido.

En el caso, la efectividad de la garantía de defensa se encontraría suprimida si la ejecución se hiciera efectiva antes del examen de la cuestión sometida a análisis ante este Tribunal.

Si la mera existencia del acto, con independencia de su legitimidad y del consentimiento o discrepancia de los administrados, es la que determina sus efectos, su presunción de legalidad crearía complejos y delicados problemas, al llevar adelante las decisiones administrativas sin siquiera poder cuestionar aquélla. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)
Menores, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Ramón Norberto y Quiroz de Gómez, Mirtha I. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-07

La Convención de los Derechos del Niño, que dispone expresamente en el art.12, 1).- "Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del mismo. 2) Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecta al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Este derecho que se otorga al menor aparece, como con claridad lo sostiene la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci: "como el anuncio de una era nueva para los niños del mundo, como el resultado de una larga evolución en las relaciones entre el niño, la familia y la sociedad". La mencionada autora infiere al derecho del menor a ser oído como un aspecto del derecho de éste a participar y recuerda "...que según un autor británico, los 54 artículos de la Convención pueden ser reducidos a las llamadas "tres P"; en inglés: "protección, provisión y participación".
Recurso contencioso administrativo, regulación de honorarios, base regulatoria, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: PIN, ADRIANA MARIA CLARA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - REGULACIO  N DE HONORARIOS - RECURSO DE REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 183  AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10

No puede prosperar el pedido de la parte actora de que se justiprecien los honorarios de la causa en el monto fijo que establece la ley 6767, desde que, más allá de la suerte que la pretensión haya corrido, la restitución en la esfera jurídica vulnerada, en el aspecto económico, fue expresamente solicitada en el escrito de demanda, haciendo operativa la norma del enunciado 8vo. de la ley 6767, tal como se expresó en el auto recurrido. En consecuencia, de los términos de la pretensión surge evidente el contenido económico de la causa -reflejado en la planilla estimativa- y que resultan suficientes para no atender el pedido de limitación de la misma, ya que caso contrario se atentaría con lo dispuesto en el citado artículo 8 e implicaría conceder al actor una situación de privilegio contra la cual la Corte local reiteradamente ha prevenido. Efectivamente, la cuantía del juicio, a los fines regulatorios, es la misma tanto si la demanda prospera como si es rechazada, pues los efectos de la sentencia son idénticos para ambas partes desde el punto de vista económico, ya que el desplazamiento patrimonial que se controvierte es igual numéricamente para los dos, aún cuando se presente, en uno y otro caso, bajo diverso signo. La acción de condena y la de rechazo tiene n la misma significación pecuniaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sansonetti, Pascual y otro c/ Azul S.A.T.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El criterio con el cual los sentenciantes han apreciado a la prueba, así como las conclusiones extraídas de su apreciación, constituye una cuestión que resulta ajena a la revisión de esta Corte.
Sucesiones, fuero de atracción, disolución de sociedades, sociedad de hecho
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., J.I. c/ C.R. SA s/ Acción de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-22

La jurisprudencia ha declarado que deben intentarse ante el juez del sucesorio la acciones de disolución de la sociedad de hecho, en la medida que ella persiga la entrega de parte de los bienes del causante de una sucesión, pero nunca se opera el fuero de atracción si la sociedad es regular y comercial.
Acción de amparo, prestaciones de la obra social, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: IANNONE GISELA LORENA c/ OSPACA y otro s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

Se encuentra demostrada la necesidad de la intervención quirúrgica de reparación plástica craneana y de contar a tal efecto con la prótesis indicada por el neurocirujano tratante, ello en el marco del tratamiento de rehabilitación cuya evolución es favorable. En tales condiciones, la negativa de las accionadas de brindar la prestación exigida contraviene la cobertura integral que con la señalada amplitud prevé la ley 24.901, en consonancia con la naturaleza y jerarquía del derecho que se pretende garantizar a través de sus disposiciones. La argumentación ensayada por las apelantes prescinde de las expresas disposiciones contenidas en el PMO (el que, vale la pena decirlo una vez más, no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales; esta Sala, docr. causa 4.045/09 del 28-5-2009, entre muchísimas otras), en la ley 24.901 y de las particulares circunstancias del caso. Todo ello justifica confirmar la decisión adoptada por el magistrado a quo en función de la complejidad del cuadro que afecta a la discapacitada, con la finalidad de evitar el grave riesgo que supone la situación en la que se encuentra.
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: B., V. S. y otro c/ Omint s/ amparo contra actos de particulares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario toda vez que el auto de concesión evidencia que el a quo desechó estar frente un supuesto de arbitrariedad que diera lugar, con base en la doctrina de la Corte, a una cuestión federal como la invocada por el recurrente; no obstante lo cual consideró que la apelación extraordinaria era procedente asignando carácter federal a la ley 27.423
Código procesal penal, requerimiento fiscal, auto de procesamiento, acusación alternativa, código penal
Materia: PENAL
Carátula: Coria, E. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

Conforme lo prescripto por el art. 347 del Código Procesal Penal de la Nación y ampliamente desarrollado por la doctrina, en tanto ambas hipótesis luzcan claras, precisas y circunstanciadamente descriptas y fundadas, no es incoherente que el fiscal afirme que pudo ocurrir una cosa o la otra, puesto que se trata sólo de conjeturas e hipótesis, puesto que el Estado al momento de acusar al imputado no sostiene que es verdad que ambos hechos ocurrieron, sino que sólo afirma que hipotéticamente alguno de los dos delitos pudo haber sido cometido por esa persona.
Instrumentos privados, firma, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FISZMAN, Jacobo Joel c/ DE ANDRES VARELA, Ricardo Alberto s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

La autenticidad de la firma puesta al pie de un documento privado, puede ser acreditada por toda clase de pruebas, incluso la de testigos y presunciones, dados los términos en que está redactado el art. 1033 del Código Civil.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguirre, Pedro Oscar s/ infracción ley 25.086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

La primera pauta de hermenéutica es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya primera fuente es la letra de la ley y en esta tarea no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios, que resultan útiles para conocer su sentido y alcance.
Recurso extraordinario de nulidad, doctrina legal, absurdo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Katz Jora, Victor Daniel c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Recurso directo Tribunal de Cuentas. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

En la acepción dada por esta Suprema Corte se define al absurdo como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptible de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Competencia, emergencia ocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Miguel Angel c/ Municipalidad de Gualeguaychú y/u otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-10

Tratándose de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, planteada por vía de la excepción, estando ante un litisconsorcio pasivo y no habiéndose dado la oportunidad de contestar la demanda y oponer excepciones a todos los litisconsortes, la resolución atacada aparece extemporánea. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho penal, contrabando, contrabando de estupefacientes, aeronaves, depósito judicial, decomiso, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Luis Adriano y Carvalho de Freitas, Joao s/ contrabando de estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2011-10-28

La aeronave que se utilizó para trasladar y descargar bolsas que contenían marihuana, debe ser decomisada y no objeto de depósito judicial, pues el depósito siempre es de alcance limitado y carácter condicionado, sujeto a un estadio decisor, por la sencilla razón de que se trata de un elemento vinculado a un proceso que inevitablemente debe tener un veredicto final donde se resuelva la suerte de quienes vienen a juicio en calidad de imputados, además del destino de los efectos incautados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Krausse, Sergio O. y ot. s/ Robo calificado en poblado y en banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Es insuficiente el agravio en el que se impugnan los indicios utilizados por la Cámara sin acompañar el planteo de la norma legal supuestamente violada (art. 355, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.

-).
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-13

La omisión de obrar generadora de responsabilidad estatal se encuadra dentro del presupuesto que alude a la falta de servicio, quedando esta configurada cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes u obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.
Empresas del Estado, fallo plenario, suspensión del convenio colectivo, validez de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SCHUTZ, FLORENTINA c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTEL) s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Presupuesta la inconstitucionalidad de la ley 21476 en el marco del caso Nordensthol, la ley 23126 operó de modo autónomo una suspensión de las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo a que ella se refiere.