Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-26


ACUERDO N° 7/2009: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su Titular, Dr. OSCAR E. MASSEI, integrado por los señores Vocales, Dres. EDUARDO FELIPE CIA, RICARDO TOMÁS KOHON, ANTONIO G. LABATE y LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN y, con la intervención del señor Secretario, titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "B.,A.D s/ Estafa Procesal Mediante el Uso de Instrumento Público Falsificado en Ccso. Real con Estafa Procesal Mediante Uso de Instrumento Público Falsificado en Grado de Tentativa" (expte. n° 52 - año 2007) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Eduardo F. Cia, Dr. Antonio G. Labate, Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán, Dr. Ricardo T. Kohon y Dr. Oscar E. Massei.

ANTECEDENTES: Que por Resolución Interlocutoria nº 667/06 de su registro (fs. 123 y vta.), la titular del Juzgado en lo Correccional n° 2, Dra. María Gagliano, resolvió no hacer lugar al planteo propiciado por la Defensa del imputado A.D.B., y en consecuencia rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada a su favor.

En contra de tal resolución, el señor Defensor Oficial Adjunto, Dr. Gerardo Nicolás García, interpuso recurso de casación a favor del prenombrado (fs. 126/134).

El mismo fue declarado admisible por R.I. n° 157/2008 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 147/148 vta.).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 151 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes	CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: I.- contra el pronunciamiento dictado por la titular del Juzgado en lo Correccional n° 2 de esta Circunscripción Judicial, bajo el cual dispuso rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba a favor de A.D.B., el señor Defensor Oficial Adjunto, Dr. Gerardo Nicolás García, formuló el correspondiente recurso de casación.

Concretamente, a través del carril casatorio previsto en el art. 415 inc. 1° del C.P.P. y C., el señor Defensor invoca una errónea aplicación del artículo 76 bis y ter del Código Penal. Al respecto, sostiene que "(.) la resolución cuestionada incurre en un defecto legal importante, pues no aplicó el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P., por entender que la suspensión del proceso a prueba no procede para cualquier delito que permita la condena condicional, sino sólo para aquellos reprimidos legalmente con una pena carcelaria cuyo máximo no supere los tres años. No se aplicó, entonces, la tesis amplia, aunque más no sea por aplicación del in dubio pro reo en materia de interpretación de la ley penal. Constituye un supuesto de errónea aplicación de la ley penal la circunstancia de considerar viable la suspensión del proceso penal a prueba sólo para delitos reprimidos con pena carcelaria máxima no superior a los tres años, no admitiéndola en aquellos casos en los que, no obstante tener previsto legalmente un máximo mayor, resulta posible el dictado de una condena condicional, por ser judicialmente aplicable a una pena de prisión no mayor a los tres años. (.) debe entenderse que el primero y el segundo párrafo del art. 76 bis Código Penal, por un lado, y el cuarto párrafo del mismo artículo, por el otro, son casos independientes entre sí, a los que puede aplicarse la suspensión del proceso a prueba." (Cfr. fs. 128/129).

II.- Que luego de analizado el recurso, la sentencia cuestionada así como las demás constancias del legajo que se vinculan con los planteos de la Defensa, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la casación deducida debe ser declarada procedente.

Con posterioridad a la radicación de estos autos ante el Cuerpo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado una doctrina sobre el tópico de la suspensión del juicio a prueba que -entiendo- debe ser destacada a modo de preludio, en tanto atiende a lo que debe ser una correcta interpretación del artículo 76 bis del C.P.

En efecto: en los autos "Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737", sentenciados en fecha 23 de abril del pasado año, ese Máximo Tribunal ha señalado que "(.) para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal [.] en tales condiciones cabe concluir que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que deniega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante.".

Ello ha implicado, desde ya, una interpretación constitucional de la norma que este Tribunal Superior no puede dejar de oír, ya que si bien las sentencias de la Corte Suprema sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y no resultan obligatorias para los casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094; 311:1644; 312:2007, entre otros).

Bajo esta línea doctrinal, basada fundamentalmente en la sanción penal como último recurso y en el principio 'pro homine', está claro que no pueden convalidarse los fundamentos de la magistrado 'a-quo' pues para denegar la pretensión de la defensa en torno a la suspensión del proceso a prueba, adhirió a la llamada "tesis restringida", desestimada por el Máximo Tribunal Nacional en el fallo al cual hice referencia, y a cuyo criterio debe ajustarse este Cuerpo por la regla del stare decisis (cfr. Fayt, Carlos S., "La Corte Suprema y la Evolución de su Jurisprudencia Leading Cases y Holdings Casos Trascendentes, Ed. La Ley, Bs. As. 2004, pág. 205 y 206).

Creo así haber fundado las razones por las cuales, como ya anticipara, la casación deducida debe ser declarada procedente. Mi voto.

El Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

A la segunda cuestión, el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo se haga lugar al recurso de casación deducido, y en su consecuencia, se case el pronunciamiento impugnado, remitiéndose las presentes actuaciones a la señora magistrado correccional para el señalamiento de la audiencia prevista en el artículo 310 bis del C.P.P. y C.

El Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Eduardo Felipe Cia, voto en igual sentido.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo: Sin costas (art. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo Felipe Cia. Así voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el señor Vocal de primer voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Debe eximirse de costas al recurrente de conformidad con los arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Defensor Oficial Adjunto, Dr. Gerardo Nicolás García, a favor del imputado A.D.B.,. II.- CASAR la Resolución Interlocutoria n°667/06, obrante a fs. 123 y vta., y disponer que la señora Juez del Juzgado Correccional n° 2, señale la audiencia prevista en el artículo 310 bis del C.P.P. y C. III.- Sin costas (arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C.- IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, por ante el Actuario, que certifica.

Dr. OSCAR E. MASSEI. Presidente - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. RICARDO TOMÁS KOHON - Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN - Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.