Personería gremial, homologación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios y otro c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y otro s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-31

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios y el Sindicato Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apelan la sentencia de grado aspirando a obtener un reexamen de las determinaciones que condujeron a la magistrada anterior a desestimar la acción ordinaria de nulidad que plantearon respecto de la providencia administrativa que homologó el CCT celebrado entre la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga y la empresa Meli Log SRL. Señalan que medió una comprensión fragmentaria y técnica de la actividad logística, siendo que el transporte es una actividad integral, cuya cadena incluye las operaciones de clasificación, estiba, empaquetado, distribución y almacenaje. Manifiestan que la Unión encartada procedió a implementar un encuadramiento sindical de facto, en soslayo del trámite previsto por el art. 59 de la ley 23.551. Dicha elusión quedó evidenciada en el procedimiento transitado ante la autoridad administrativa de aplicación, merced a la anómala homologación de un convenio colectivo de empresa y una ilegítima adecuación de la personería gremial conferida a dicha entidad. Las entidades apelantes sostienen que constituyen asociaciones profesionales de trabajadores "de actividad", cuyas personerías gremiales se encuentran vinculadas con la actividad específica de la logística y el transporte de cargas, lo cual no fue ponderado por la Jueza de grado, quien entendió que se hallaba en presencia de entidades de oficio o profesión. Cabe aclarar que la cartera estatal interviniente se abocó a analizar si mediaba correspondencia entre la actividad económica desarrollada por la empleadora y el espectro subjetivo y material emergente de la personería gremial concedida a la organización sindical requirente, arribando a la conclusión de que se encontraban reunidas las exigencias previstas por la ley 14.250 para homologar la convención colectiva. Las asociaciones profesionales de trabajadores impugnantes sostuvieron que la Unión carecía de aptitud a los fines de desplegar actos de representación del elenco de dependientes que ese convenio aspiraba a comprender y sostuvieron que la contienda debería encauzarse a través del procedimiento concebido por el artículo 59 de la ley 23.551. El rechazo de la pretensión nuliditiva luce jurídicamente sostenible. En tal sentido, resulta imperioso hacer incapié en la presunción de legitimidad que ampara a los actos administrativos dictados por los órganos competentes. Las entidades actoras no han acompañado elementos de mérito que permitan evidenciar que la homologación del instrumento convencional hubiese transgredido los cánones del marco normativo que disciplina la actuación estatal en la materia. No efectuaron ninguna observación de la cual pudiera inferirse la confluencia de vicios estructurales invalidantes. Debe adoptarse una óptica prudente frente a peticiones destinadas a desactivar lo actuado por el Ministerio de Trabajo, órgano designado como autoridad de aplicación de las leyes 23.551, 14.250 y 23.546 y como repartición estatal encargada de homologar y vigilar el cumplimiento de las convenciones colectivas de trabajo. Tanto la suscripción del instrumento convencional como su posterior homologación constituyeron el fruto de una iniciativa común entre las partes involucradas, sin que a lo largo del procedimiento hayan surgido, siquiera indicios, que trasunten una conculcación cristalina del ordenamiento jurídico, ni tampoco la existencia de perjuicio concreto a derechos adquiridos por terceros ajenos al proceso negocial. Y si bien las entidades sindicales actoras reprochan la consideración del debate inherente a la identificación del interlocutor colectivo por entender que aquel aparecería foráneo al eje de la contienda y, por ende, inocuo para la elucidación de la controversia suscitada, esas temáticas se encuentran inevitablemente imbricadas a las pretensiones formuladas por aquellas, de modo que no resulta posible abocarse al estudio y resolución sin ponderarlas. Las resoluciones administrativas de la presente tipología únicamente deberían dejarse sin efecto en escenarios especiales, de los cuales dimane con la nitidez exigible -para exámenes como el aquí propiciado- que su contenido materializaba una elíptica decisión de encuadramiento sindical que soslayaba el régimen imperativo instituido por el artículo 59 de la ley 23.551; esto es, cuando lucía patente la configuración de una objetiva disputa intersindical de representación que, como tal, interpelaba su canalización mediante el diseño antedicho. En este sentido, las entidades sindicales no acudieron a esa vía, que era la idónea a los fines de debatir las temáticas aquí planteadas. No puede soslayarse que el ordenamiento jurídico argentino ha previsto un cauce procesal específico para la resolución de los conflictos relativos al encuadramiento sindical, regulado por el aludido artículo 59 de la ley 23.551 y que prevé la intervención de la autoridad administrativa como condición previa e ineludible para la eventual judicialización general del conflicto. Resulta improcedente pretender que el Poder Judicial, por vía de una acción de nulidad, supla el procedimiento legalmente previsto, en tanto ello implicaría una elusión de las garantías propias del debido proceso administrativo y una invasión de competencias que la ley reserva a la autoridad técnica especializada. Por ello se comparte el criterio adoptado por la magistrada de la instancia anterior.