Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-29


Salta 29 de abril de 2.010 Y VISTOS estos autos caratulados "ROVALETTI Jorge Alfredo vs. TROGLIERO TORRES María Florencia" s/ Ejecución de sentencia, Expte. nº 220.516/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación (Expediente CAM nº 277.000/09 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones ) y, CONSIDERANDO 1) La sentencia interlocutoria agregada a fs. 107/08 rechazó la revocatoria in extremis planteada por la Sra. María Florencia Trogliero Torres, a fs. 69, como así también rechazó el pedido de intervención voluntaria interpuesta por la Sra. Alejandra Noemí Diez Gómez a fs. 79. Ordenó la mencionada resolución el desahucio de la primera.

La Sra. Gómez Diez apela la misma mediante escrito de fs. 110, haciendo lo propio la Sra. Trogliero Torres a fs. 111. Concedido este último, funda su recurso mediante memorial agregado a fs.116/19, donde como primer agravio plantea la nulidad de la sentencia al haberse omitido, dice, dar intervención al Ministerio Pupilar, dado la existencia de menores. Seguidamente aduce que existen errores de hecho y derecho al haberse ordenado el lanzamiento de su parte basado en circunstancias que se han modificado. Que los menores nacidos de la unión matrimonial a la fecha son mayores. Finalmente afirma que conforme surge de un boleto de compraventa ha vendido el 50% que le correspondía a la Sra. Diez Gómez.

Corrido traslado al actor, este contesta los mismos mediante escrito de fs. 123/25, donde afirma que debido a la conducta de la demandada este proceso arrastra mas de 15 (quince) años. Que luego de un divorcio donde se declaró la culpa exclusiva de la demandada, y de asignación de tenencia de los cinco hijos nacidos de aquel matrimonio, se atribuyó el hogar conyugal a su parte. Sentencia de fecha seis de diciembre de 2005. Detalla la larga secuela procesal que debió recorrer frente a las dilaciones, atropellos y trabas planteadas por la demandada. Que en ese actuar, apareció la Sra. Alejandra Diez Gómez, primero en calidad de inquilina para luego aducir calidad de adquirente del 50% del inmueble cuya entrega reclama. Que como consecuencia de ello, la demandada carece de toda legitimación, puesto que según cláusula segunda del boleto de compraventa recibió el precio e hizo entrega de la posesión. En lo que hace a la falta de intervención del Ministerio Pupilar, aducida, es falsa la afirmación puesto que ha emitido dictamen el Sr. Asesor de Incapaces nº 4. Respecto a la hija de la demandada, de diez años, la Señora Fiscal, dictaminó que esa circunstancia es de exclusiva responsabilidad de la demandada. Remite en prueba de su dicho a fs. 94, tercer párrafo. Quien ha percibido la suma de ciento diez mil pesos. Que se trata de cumplimiento de una sentencia firme. Respecto a la venta invocada, mediaba prohibición de innovar. Pide el rechazo del recurso.

2) La demandada ha dado claras muestras de su falta de sometimiento a decisiones judiciales firmes. Consiguió, vías de hecho mediante, lograr sus propósitos. Este expediente es una demostración de las conductas asumidas, toda vez que la sentencia que se pretende ejecutar ha sido dictada el día 6 de diciembre de 2.005. La primera intimación a desocupar bajo apercibimiento de lanzamiento, el inmueble es de fecha 28 de mayo de 2006 (ver fs. 26/28). Ante el pedido de la abogada que la representaba (fs.37) se fija una audiencia. La que resultó caótica tal como se comprueba a fs. 40/41 por el actuar de la demandada. A fs. 43 obra dictamen del Señor Asesor de Incapaces nº 4, quien se pronuncia por la entrega del bien al actor. Una vez mas se vuelve a intimar el desalojo dispuesto por providencia de fs. 46 (decreto de fecha 21 de agosto de 2008). A fs. 54 se encuentra agregado mandamiento para "intimar" a desocupar el inmueble. Seguidamente hay presentaciones que dan cuenta del cambio de numeración del inmueble, como así también escritos de la parte dilatorios. Consta a fs. 72 una infracción fiscal inadvertida por el Señor Juez. En efecto se presentó un contrato de locación sin sellado fiscal. Frente a lo cual y advertido se deberá correr vista a la Dirección de Rentas. Ya en esta extraña secuencia, se presenta la Sra. Alejandra Noemí Diez Gómez, (fs. 79/82) aduciendo ser locataria y solicitando medida cautelar. Consta a fs. 86, la fallida intentona judicial de efectivizar el desalojo, en la cual una mujer, respondió no ser la demandada.

Por si algo faltara, la apoderada Dra. Elsa E. Parodi se presenta a fs. 95 manifestando renunciar al poder para "intervenir en esta causa atento a la presentación de nuevo patrocinio. NO ASI EN LOS OTROS EXPEDIENTES EN QUE LA SEÑORA Trogliero SEA PARTE...". (Sic). Tras cartón, y a fs. 96, es decir, en la foja siguiente siete días después la misma abogada RENUNCIANTE solicita pronto despacho (escrito de fecha 16 de febrero de 2009). Cabe preguntarse como se denomina ese actuar.

Ya para coronar esta extraña e incomprensible secuela procesal (parece salida de la pluma de Kafka) el Señor Juez de la anterior instancia suspende el llamado de autos, y dispone se requiera información de los vecinos colindantes de los mismos (Rivadavia nº 526 y 538) que familia vive en los domicilios de referencia. El resultado de esa medida de "mejor proveer" se encuentra agregado a fs. 104. Así llegamos - tres años mediante a la resolución que viene en apelación.

3) Se efectuó esa relación, como modo de demostrar objetivamente la afirmación efectuada al comienzo del considerando nº 2. A lo que debe agregarse la apelación de la Defensora Oficial nº 1. La demandada, tal como con acierto sostiene la apoderada de la actora, carece de interés en su recurso. En efecto, de haberse vendido -boleto de compraventa mediante el 50% indiviso del inmueble matrícula nº 106.188 por la Sra. Trogliero Torres, a la Sra. Diez Gómez, no existe agravio ni interés en la vendedora para apelar. Menos aún si entregó la vendedora la posesión, según se expresa en cláusula quinta (ver fotocopia de fs. 114).

"El interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso; por ello ha dicho Couture que entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal y el remedio. O sea, existe causa para la apelación cuando hay interés del recurrente en apelar por haber sido perjudicado por la sentencia contra la que se recurre. Por ello se ha señalado que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida de la apelación, y que la resolución que satisface al propio interés es, en principio, irrecurrible. Fairén Guillén dice que el gravamen sufrido por el recurrente a consecuencia de la resolución recaída es un importantísimo presupuesto de la incoación del recurso, que lo liga íntimamente con la legitimación". ( Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, tomo I, pág. 196, nº 68).

Respecto a la alegada falta de intervención del Ministerio Pupilar, basta con remitirse a los dictámenes obrantes a fs. 43(M. Pupilar) y 94( M. Fiscal) por una parte. Y por otra, frente a la revocatoria in extremis, no corresponde dar intervención alguna, al primero de los Ministerios, por las razones expuestas en el dictamen de fs. 94, ya citado. En consecuencia, no puede razonablemente pretender esa parte, que merced a una conducta totalmente obstructiva, irrazonable, arbitraria, dicho en otros términos abusiva procesalmente, como la desplegada por la ejecutada, obtener logros procesales. Ello importaría premiar la sinrazón y el capricho. No se puede simultáneamente desconocer fallos, disposiciones judiciales y medidas, para pretender concomitantemente beneficios cuando cree que le puede ser, potencialmente favorable una situación.

Tal como señala Maurino, hay abuso procesal "cuando se carece de argumentos mínimamente valederos y se utiliza como instrumento desleal para alongar el cumplimiento de la sentencia, la interposición de recursos de apelación" (Abuso del Derecho en el Proceso, pág. 79). Se ha recurrido, sin derecho, sin razón valedera, a la interposición de escritos dilatorios. Lo que configura una conducta totalmente reprobable.

Por lo analizado el recurso interpuesto, en forma ni modo alguno puede llegar a prosperar.

3) En otro orden de cosas, también interpuso recurso ordinario de apelación la Sra. Gómez Diez a fs. 110. El Señor juez de la anterior instancia, proveyendo a ese escrito, decreto : Resérvese. Posteriormente a esa providencia de fecha 5 de junio de 2009 (ver fs. 112), no hubo actividad alguna de esa parte. En tales condiciones y de acuerdo a jurisprudencia inveterada y constante de esta Sala corresponde declarar la caducidad de tal recurso. Ello así por cuanto "la segunda instancia comienza a correr desde la interposición del recurso incumbiendo desde entonces al recurrente la carga de urgir el procedimiento con el consiguiente riesgo de que si no lo hace se opere la caducidad de la instancia" (Expte. CAM nº 215.245/2008; ídem CAM nº 143.532/2.005 entre otros). Ello con fundamento en los artículos 310 y 316 del código procesal. Por ello LA SALA V DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL NO HACE LUGAR al recurso interpuesto a fs. 111 por la Sra. Florencia Trogliero Torres en contra de la resolución de fs. 107/8, con COSTAS DECLARA la caducidad del recurso interpuesto a fs. 110 por la Sra. Alejandra Noemí Diez Gómez.

ORDENA se remitan, oportunamente estos autos a la Dirección General de Rentas, conforme lo dispuesto bajo considerando nº 2 de la presente.

DISPONE se registre, notifique y baje.