marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, administrador de la sociedad, responsabilidad del administrador de la sociedad, actos ilícitos, actos lícitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELIKAT SA c/ GONZALEZ FELIPE OMAR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1. Cuando los administradores invocan la representación de la sociedad en la preparación de los negocios sociales o en su ejecución, o formalizan contratos con terceros que dan nacimiento a derechos y obligaciones a favor y a cargo de una y otros, y ello es hecho dentro de la órbita de su competencia y con estricto apego de las normas legales vigentes, cumpliendo las normas estatutarias y desempeñando sus funciones diligentemente, la actividad realizada en representación de la sociedad vincula exclusivamente a ésta. En otras palabras, los administradores no se obligan personalmente ni son responsables frente a terceros por los actos lícitos que otorgaran en nombre de la sociedad o, más genéricamente, por la actividad lícita que desarrollan. Dentro de ese contexto, la imputación de sus actos lo es exclusivamente a la sociedad (arg. artículo 58, Ley 19550;

Zaldivar, E. y otros, "Cuadernos de Derecho Societario", Buenos Aires, 1980, t. I, ps. 305/306; Busso, E., "Código Civil Anotado", Buenos Aires, 1955, t. I; p. 342, n° 5; Rodríguez Olivera, N., "Responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas", Montevideo, 1973, p. 171, nº 164).

2. Por el contrario, en la hipótesis de actos o actividad ilícita cumplida frente a terceros, independientemente de la responsabilidad que corresponde a la sociedad (artículo 43 del Código Civil), los administradores pueden ser responsabilizados en los términos de los artículos 59 y 274 de la Ley 19550. La responsabilidad de ellos es, lógicamente, una responsabilidad por actos ilícitos (conf. Otaegui, J., "Administración Societaria", Buenos Aires, 1979, p. 380).
Acción de amparo, jueces naturales
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS, OSCAR MIGUEL Y OTRO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-10-13

La norma recoge la reiterada doctrina jurisdiccional, establecida en el sentido de que la pretensión del amparo no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumbe por cuanto encontrándose abierta una vía judicial, no se justifica su utilización simultánea con la de amparo.

Lo contrario alteraría gravemente la seguridad jurídica al permitir, en desmedro del buen orden de los juicios y de las instituciones procesales vigentes, que un magistrado distinto interfiera con sus resoluciones en la competencia acordada al Juez que conoce en el proceso pendiente o concluido.

En consecuencia, es ante éste o eventualmente ante el órgano superior en grado, donde corresponde formular peticiones o interponer los recursos tendientes a salvaguardar los derechos del interesado.-
Pensiones graciables, pensiones militares, intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Pera, Julio César  c/ En-M° De Defensa- Emge  s/ personal militar y civil de las ff.aa. y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

Mediante la sentencia definitiva dictada en su oportunidad se le reconoció al actor el derecho a percibir la pensión graciable prevista en la ley 24.310, entre otros beneficios. Al momento de realizar la liquidación correspondiente, el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares determinó la deuda sin intereses. El actor impugnó tales cálculos. La jueza de grado rechazó las observaciones y aprobó la liquidación practicada por el referido organismo. A tales fines, señaló que en el pronunciamiento definitivo no se había previsto nada respecto de los accesorios y que el actor había consentido tal situación. El accionante apeló tal decisión. El tribunal de alzada hizo lugar al recurso y revocó la decisión cuestionada. Para así resolver, sostuvo que no podía desconocerse que la importancia y preponderancia institucional de la finalidad perseguida por el beneficio establecido por la ley 24.310 exigía asegurar el efectivo y pleno goce del derecho reconocido, mediante el resguardo de su valor económico; que, de acuerdo al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, el principio de la cosa juzgada no resultaba un impedimento a tales fines; que no podía soslayarse el extenso tiempo transcurrido y las desvariables inflacionarias; y que la sentencia definitiva no había desestimado tal pretensión sino que tan sólo había omitido tratarla en forma expresa, como si lo había hecho respecto de otros rubros estableciendo la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA.
Ejercicio profesional, régimen jubilatorio, relación de dependencia, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS NORBERTO QUIRNO (C.E.M.I.C.) c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

A los efectos de demostrar la existencia de la relación laboral -tratándose de profesiones liberales- no cabe exigir la justificación de las notas tipificantes de la dependencia (técnica, económica y jurídica) con la nitidez que se exige para otras actividades, ya que, cuanto menos, la dependencia técnica ordinariamente aparece atenuada en la medida en que se dispone de una independencia propia de su actividad, que no desaparece aén desempeñándose en relación subordinada. (Del voto del Dr. Marí Arriaga)
Excarcelación, presunción de inocencia, arraigo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alderete, Eduardo Angel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

La entidad gravosa de la pena correspondiente al delito imputado no puede ser considerada condición suficiente para descartar la posibilidad de libertad durante el proceso, toda vez que ello no desobliga al juez de verificar en el caso concreto y de acuerdo a sus particularidades la existencia de riesgo procesal.

La falta de actividad laboral lícita y la cercanía de su lugar de residencia al límite fronterizo con Bolivia, no aparecen en concreto conectados con un juicio de inferencia sobre la existencia de riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación, ya que el tribunal no ha indicado el modo en que tales circunstancias justificarían la inferencia de riesgo procesal.

Es el Estado no los sujetos sometidos a proceso quienes tienen la carga de investigar y eventualmente destruir el principio constitucional de inocencia de que goza toda persona.

El voto concurrente agregó que los magistrados únicamente se fundaron en fórmulas genéricas, lo cual resulta insuficiente para el mantenimiento de la medida cautelar.

La disidencia sostuvo que a su criterio resultaba suficiente lo expuesto por el a quo para tener por demostrada la existencia de riesgos procesales. (Dres. Slokar, Ledesma -voto concurrente- y David -en disidencia-).
Resolución del contrato, vencimiento del plazo, incumplimiento del convenio, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: Ocaña, Roberto Fabián y Otros c/ Melian, Sergio Alejandro y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-29

Al margen de que el contrato hubiese sido bien o mal resuelto, los actores consintieron con su conducta la denuncia del vínculo y reconocieron que expiró su plazo de vigencia, va de suyo que no podían luego demandar el cumplimiento del contrato, puesto que las obligaciones allí pactadas quedaron extinguidas e inexigibles y si debieron demandar por los daños y perjuicios derivados del mismo. Si subyacía en los actores el interés de proseguir con el contrato, dicha voluntad debía ser exteriorizada antes de que expirara su vigencia, y no cinco años después tal como resulta del cargo de presentación de la demanda. Debe rechazarse la demanda por cumplimiento de contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, cámara Gesell, víctima menor de edad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., I. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO)-APELACION DEFENSA DE G. c/ SENTENCIA CONDENATORIA Y APELACION FISCAL S/ ABSOLUCION DE G. Y L. Y MONTO DE LA PENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Cabe destacar que resulta decisiva aquí la flagrante omisión en la que incurre la impugnante al eludir relatar de modo suficiente y objetivo la totalidad de los medios probatorios y fundamentos tenidos en cuenta en la sentencia de Cámara que revocara la absolución dispuesta en primera instancia y resolviera condenar al encartado, así como aquéllos expresados en la resolución que la confirmara y sobre la cual la defensa basara sus reproches, siendo que ello era especialmente relevante desde que la compareciente alega arbitrariedad en la decisión impugnada, en el entendimiento de que la Alzada omitió valorar en forma integral la prueba, limitándose a invocar meras frases de carácter dogmático, circunstancia que -a su criterio- deviene lesiva del derecho al doble conforme; mas de la lectura del resolutorio recurrido se desprende que los Judicantes analizaron pormenorizadamente los cuestionamientos de la quejosa y brindaron las razones que les permitían confirmar la responsabilidad penal del imputado en el caso, partiendo el A quo de considerar la declaración de la menor víctima en Cámara Gesell, apreciando que los Jueces que revocaron la absolución y dispusieron la condena del encartado, habían valorado detenida, pormenorizada y acabadamente tal relato -atendiendo al lenguaje verbal, corporal y emocional de la niña-, el cual a su vez encontraba apoyatura en lo sostenido por otros testigos -su madre y su hermana-, a los fines de concluir fundadamente en su verosimilitud y credibilidad, al tiempo que repararon en que tales evidencias echaban por tierra los reproches defensivos relacionados con que las pruebas producidas en juicio sólo incriminaban al coimputado.
Principio de congruencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: BUSNADIEGO, GLADYS NOEMI c/ MUNICIPALIDAD DE MAQUINCHAO Y PEREZ, MARCOS JAVIER s/ SUMARISIMO (I) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

Viene señalando reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias (Fallos: 329 : 5903; CSJ 367/2014 50-B/CS1 del 07.07.15 ). (Voto del Dr. Barotto por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, María Estela c/ Impini, Jorge Ruben s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-20

El hecho de que la cónyuge se haya mostrado en auto con una persona del sexo opuesto, que se la haya visto tomando un café con la misma persona en una confitería en horas de la noche, que concurrra con frecuencia a una verdulería, que haya solicitado siempre con la misma persona, la apertura de una cuenta de caja de ahorro no son, por sí solos y aislados, hechos suficientes para tener por configura la causal de injuria, pero si a ello se suna la declaración de un testigo que, dando razón de sus dichos, afirmó haber visto en el interior de la casa a la misma persona en ropa interior cuando el esposo no se encontraba en la ciudad, y otro a su vez afirma que teniendo un comercio frente a la terminal de ómnibus vio cuando la reconvenida despedía a quien no sería su marido, con un beso en la boca, el resultado final es una prueba que, apreciada en su conjunto, constituye convicción suficiente sobre la conformación de la causal de injurias.
Acción de amparo, caducidad, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.A.I.T.P.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

En torno a la validez del plazo de caducidad establecido en la Ley Nro. 16.986, artículo 2 inciso e), corresponde determinar a partir de cuando deben computarse los quince días hábiles, es decir, a partir de cuando se tomó conocimiento del acto u omisión que motiva la acción de amparo, circunstancia que deberá ser resuelta de acuerdo a la particularidades de cada caso y de conformidad con las constancias que obren en el expediente.

A su vez, debe tenerse en cuenta la excepción configurada por los casos en los que el daño por el acto u omisión en el que se funda la acción de amparo se prolongue renovándose periódicamente el acto u omisión que causa e perjuicio. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Despido sin causa, intimación a jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: González, Ricado Manuel c/ Derudder Hnos. SRL. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-26

La intimación cursada por el empleador en los términos del art. 252 1° párrafo LCT, respecto del trabajador que no reúna tales condiciones, deviene ineficaz, no dando lugar a inicio del plazo previsto en la norma.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, defectos en la fundamentación normativa, debido proceso, daños y perjuicios, Automóvil Club Argentino, desvalorización del automotor
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cosidoy Fassler, Ismael c/ Automóvil Club Argentino. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Procede el recurso extraordinario contra la decisión que - si bien entendió acreditado que el remolque del automotor había sido realizado de modo incorrecto - absolvió de responsabilidad al Automóvil Club Argentino respecto de los daños sufridos en el vehículo de un socio plenario, si la apreciación efectuada en la sentencia excede el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de la prueba, lo que transgrede la adecuada fundamentación de los fallos judiciales como exteriorización del cumplimiento de la garantía del debido proceso de los justiciables.
Actos ilícitos, muerte del damnificado, daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa, herederos no forzosos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, María Adela c/ LIGORRIA, Hugo Roberto y otro s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Cuando quien reclama una indemnización por la muerte de la víctima no es cónyuge ni heredero forzoso, debe probar la existencia del daño, por cuanto no resultan de aplicación los arts. 1084 y 1085 del Código Civil. Entonces, a estos efectos, debe tenerse en cuenta, respecto del occiso, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de ingresos a la época del deceso, probabilidades de progreso y ahorro, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social; mientras que, desde el punto de vista de quien acciona, habrá de meritarse el grado de vinculación o parentesco con aquélla, la ayuda que de ella recibía, el número de miembros de la familia, etc., factores ésos que quedan librados al prudente arbitrio judicial.-
Medidas cautelares, acción de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bilche Nilda Haydé y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de inconstitucionalidad-Incidente medida cautelar de no  innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-20

Si bien acciones como la de inconstitucionalidad no admiten, por vía de principio, medidas precautorias, atendiendo a la presunción de validez de la que gozan los actos de los poderes públicos, su mera naturaleza declarativa no excluye la procedencia de aquellas cuando no se perjudica el interés público colectivo o si concurre el extremo previsto en el artículo 227 inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Torturas, figura calificada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Osvaldo Jorge Fano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-07-04

Los malos tratos y torturas sufridos por la víctima en el establecimientos penitenciario donde se encontraba detenida durante el gobierno de facto, del que son responsables el Director de la Unidad y el Jefe de turno imputados, constituyen el peligro creado que terminó provocando su muerte por un paro cardio respiratorio, atento a que los comportamientos de los imputados estuvieron enderezados deliberadamente al empeoramiento de su estado general de la salud, creando a partir de sus conductas un peligro para el bien jurídico cuya realización se plasmó en el resultado , sin que exista ningún otro peligro creado o circunstancia que haya interrumpido aquel nexo de imputación, por lo que se verifica la agravante del delito de torturas imputado.
Simulación, presunciones, transmisión de acciones, sociedad anónima de familia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Azzi, Maria Susana, Azzi, Mariano Cesar y Villanueva de Azzi, Susana Marta c/ Azzi de Zimmermann, Maria Marcela s/ Accion e Simulación -Anulación Acto Juridico - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

El hecho de que la demandada siguiera las directivas de su padre en todo lo concerniente a la sociedad, no puede ser considerado un indicio de que la transferencia de acciones efectuada entre ellos haya sido simulada y con el propósito de lograr mayorías para la aprobación de la gestión del directorio, pues ello resulta habitual en las denominadas sociedades de familia.
Abuso sexual calificado por parentesco, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: N., E. c/  s/ abuso sexual agravado por el vínculo (víctima menor de edad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-19

Atenuante: ausencia de antecedentes penales, vuelve previsible que menor será el tratamiento necesario para evitar una nueva caída en el delito.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Para Beatríz Areán, en su obra "Bien de familia" al tratar las causales de desafectación, "... Están claramente previstas en el art. 49 de la ley 14394... establece dicha disposición: 'Procederá la desafectación del "bien de familia" y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario: ...D) de oficio o a instancia de cualquier interesado, cuando no susbsistieren los requisitos previstos en los arts. 34, 36 y 41 ... la enumeración contenida en los diversos incisos del art. 49 es taxativa, en el sentido que sólo procede la desafectación en los casos allí enunciados, sin perjuicio de la amplitud con que puede interpretarse el concepto de "causa grave" que contiene el inciso E). [...] De ahí que, a diferencia de los supuestos contemplados en el inc. D), no se requiera realizar un juicio autónomo para lograr la desafectación, en el que se deba alegar y probar la falta de subsistencia de los presupuestos fácticos que dieron lugar a la afectación. [...] Los acreedores, como "cualquier interesado", ...pueden requerir la desafectación o, más precisamente, que se reconozca la inoponibilidad de la afectación a su respecto, por ser su crédito anterior a la inscripción. (...) La resolución que la ordena tiene un efecto meramente relativo, ya que se circunscribe al crédito de ese acreedor que pide el embargo y pretende la ejecución del bien. [...] Un tema que ha dado lugar a posiciones jurisprudenciales muy diversas es el que se relaciona con el procedimiento que habrá de seguirse a los fines de obtener la desafectación.

Las posibilidades son dos: por la vía incidental dentro del mismo proceso ... o a través de la promoción de un proceso autónomo ... la desafectación pedida por el acreedor debe ser objeto de trámite autónomo que dé lugar a amplio debate y prueba, si se trata de un acreedor de fecha posterior o si, no obstante la fecha que surge de determinada prueba documental, la cuestión de la antelación de la inscripción respecto del crédito es dudosa. [...] La desafectación necesaria, no voluntaria, de un bien de familia debe tramitar ante la jurisdicción judicial...".
Recurso extraordinario, terceros, DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, administración de vialidad provincial, acuerdo de partes, leyes, reglamentación de la ley, multa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Muxi S.A. Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación   (Expte CSJ Nº 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

No resulta admisible para operar la concesión del recurso extraordinario el planteo vertido por el recurrente contra la eficacia del Convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad fundado en las disposiciones del decreto-ley 505/58 del cual surgió la competencia de la repartición provincial para efectuar el procedimiento de control -invocando falta de ratificación por las autoridades nacionales y provinciales y falta de intervención de la Secretaría de Transporte-, pues pretende introducir en la litis un aspecto que no fue materia de debate. Ello en atención a que no encontrándose cuestionado dicho Convenio en cuanto a su validez y eficacia por los propios organismos celebrantes, no resulta factible por la vía del recurso extraordinario el cuestionamiento que la recurrente ensaya ahora contra este acto atento su carácter de tercero ajeno a la relación, a lo que se suma la falta de invocación de derecho subjetivo administrativo en su cabeza a este respecto.
Responsabilidad del Estado, servicio público, funcionamiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional (ANA. y Mrio de Economía) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Si bien quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular, es dable requerir un mínimo de diligencia por parte de los administrados, utilizando los recursos que las normas legales vigentes ponen a su disposición.
Procedimiento laboral, beneficio de litigar sin gastos
Materia: LABORAL
Carátula: Acea,  Sara  Raquel c/ Supercemento  S.A.  y otros s/ beneficiolitigar sin gastos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

Aún cuando haya sido reconocido por la peticionante del beneficio de litigar sin gastos que ejerce en forma autónoma la profesión de abogada, y que posee conjuntamente con su marido un automóvil "Gol" modelo 2003 o 2004, ello no obsta a criterio del Tribunal para concedérsele el beneficio en forma íntegra (en Primera Instancia sólo prosperó por el 50%).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva, admisibilidad del recurso, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: S.  A.  Azucarera  Arg. Comercial e Industrial -Ing. Corona- c/ Estado Nacional -Mº de Economía- s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El recurso ordinario de apelación es formalmente admisible pues el recurrente ha impugnado una sentencia definitiva recaida en una causa en que la Nación es parte y el monto discutido en último término supera el mínimo que prevé la resolución 1360/91 de este Tribunal.