Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30


TS07D43950 SENTENCIA DEFINITIVA Nro. 43950 CAUSA Nro. 14.771/2011-SALA VII- JUZG.Nro.6 En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2011 para dictar sentencia en los autos: " POLONI, MARCOS ALBERTO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. S/ ACCION DE AMPARO", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA:

I) La demandada "MAPFRE ARGENTINA ART S.A." apela la sentencia dictada en la instancia anterior disconforme en tanto declara la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09. Recurre por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes. La accionante cuestiona que se haya dispuesto el cálculo de intereses desde la fecha del pronunciamiento. También apela que se admita el reclamo hasta la misma fecha y no se expida en relación a la condena a futuro solicitada.

II) En primer término considero necesario destacar que llega firme a esta instancia que la Comisión Médica determinó que el Sr. Poloni presenta una incapacidad permanente total y provisoria de Gran Invalidez del 100% por pérdida total de la visión. Las partes también se encuentran contestes en que el actor de acuerdo a lo previsto por el art. 17 apartado 2 de la Ley 24.557 percibe de la demandada en concepto de Gran Invalidez la suma de $ 240 (doscientos cuarenta pesos).

III) La Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuestiona que se la condene a pagar las prestaciones económicas por aplicación del decreto 1694/2009 cuando el infortunio del trabajador ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado. IV) El decreto 1694/09 establece considerables mejoras en las prestaciones y conforme el art. 16 sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Considero que la norma en análisis incurre en una clara discriminación ya que da un trato injusto y desigual violentando entre otras normas los arts. 14 bis. y 16 de la Constitución Nacional. Así en el precedente "Aquino" la Dra. Highton de Nolasco entendió que la igualdad de tratamiento ante la ley "no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restante habitantes en circunstancia similares (considerando 13 del voto de la ministra Highton de Nolasco, C.S. J.N. del 21/9/2004). Tal como lo destaca la juez de primera instancia, en el caso, existe una clara desproporción entre el importe de la prestación por gran invalidez que percibe el actor ($ 240) de la que le correspondería de aplicarse las variaciones del decreto ($ 2.000). El trato desigual que emana de la última parte del art. 16 del dec.1694/09 no es coherente con el principio de igualdad ante la ley instituído por el art. 16 de la C.N. ya que lleva a que una persona dañada con anterioridad a la fecha de vigencia del decreto perciba prestaciones dinerarias menores e irrisorias a las que percibirá por igual período otro trabajador, por la sola e irrelevante fatalidad de haberse incapacitado antes.

No considero que lo resuelto violente el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el art. 3ro. del Código Civil porque la condena a pagar los montos previsto en el decreto 1694/09 lo fue para períodos posteriores a su entrada en vigencia. Tal como se destaca en la sentencia de primera instancia se aplica sobre hechos jurídicos cuyas consecuencias aún no se agotaron o consumieron (doct. Art. 3 C.C.). Lo expuesto, en mi opinión no deja duda alguna de que en el presente están reunidos los elementos necesarios para la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del dec.1694/09, por lo que propongo confirmar lo decidido en la instancia anterior.

V) Una de las funciones específicas de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo es reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo (art. 1ro. 2. inc) b) ley 24.557. Valorando además que el trabajador es un sujeto de preferente tutela tal como lo consagrara la Corte en el caso "Vizzoti" la demandada debió haber obrados con la prudencia y buena fe de un buen hombre de negocios ya que tenía a su disposición todos los elementos a su alcances para concluir que, en el caso, su decisión de no aplicar las mejoras del decreto 1694/09 estaba violentando claramente el sistema de jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico argentino anteponiendo la aplicación de un decreto por sobre el art. 3ro. del Código Civil . Es por ello que juzgo procedente modificar la fecha de inicio del cómputo de intereses la que deberá serlo desde que cada suma es debida (art. 31 C.N.).

VI) Los jueces no nos encontramos facultados para realizar condenas a futuro por lo que propondré la confirmación del fallo en este punto.

No obstante lo cual comparto la exhortación referida, a que a los fines de reducir la litigiosidad, la demandada debería adoptar con posterioridad a la fecha de la sentencia igual criterio de liquidación de las prestaciones a la resuelta en autos. VII) Sobre la base del monto del juicio mérito y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes juzgo equitativos los honorarios regulados por lo que propondré su confirmación (art. 38 L.O. y ley 21.839).

VIII) Las costas de alzada sugeriré declararlas a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 59, 66/68, 70/72 y 62/64 en el 35% y 25% respectivamente de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

EL DR. NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y agrego:

Que restringir la aplicación de las mejoras que establece el Decreto 1694/09 a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestación se produzca a partir de la fecha de su dictado, además de las falencias en su constitucionalidad que señala el voto preopinante, quebranta el principio de la aplicación inmediata de la ley laboral mas beneficiosa, enraizado también en el de progresividad. Ya Krotoschin distinguía claramente entre la aplicación retroactiva de la ley y la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias pendientes de hechos anteriores a la misma.

Con lejano apoyo en Roubier (Thèorie aüte de la non retroactivité des lois, París 1929, pág. 324), ya Guillermo Borda condenó la aplicación abusiva de la doctrina de los derechos adquiridos, como desahuciada por los autores modernos, remarcando que no es razonable dejar de lado las nuevas leyes para aferrarse a las antigüas que se reputan injustas o innecesarias (Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, Editorial Perrot, T. 1, pág 142).

En el mismo sentido, el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 9 a 14 de octubre de 1961). Así se expidió la Corte Suprema en el caso del plazo para el preaviso desde 11-X-61 (Ver J.A. 1962-II-87).

Ricardo J. Cornaglia actualiza en reciente trabajo las razones que fundamentan la aplicación inmediata de la ley laboral más beneficiosa.

Así doy mi voto.	LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS NO VOTA (art. 125 L.O.).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente lo decidido y disponer que los intereses se computen desde que cada suma es debida. 2) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 3) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada. 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos fs. 59, 66/68, 70/72 y 62/64 en el 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento) respectivamente de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la instancia anterior Regístrese, notifíquese y devuélvase.