Acción de amparo, mandamiento de ejecución, ley provincial, aplicación de la ley, reglamentación de la ley, aplicación del convenio colectivo, normas operativas, reclamo administrativo previo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de precepto constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1992-09-03

La protección jurisdiccional que se pretende hacer valer en la oportunidad, con la interposición de la acción de amparo, cobra vigencia cuando existe demora o negligencia del Estado en cumplir la ley, en cuyo supuesto se abre la perspectiva para el afectado de demandar por esta vía su cumplimiento. Este tipo de amparo es, entonces, la vía para compeler al Poder Ejecutivo a cumplir la ley, sea fijándole plazo para reglamentarla, sea disponiendo en sede judicial su aplicación directa en uso de la potestad jurisdiccional, siempre que se trate de una normativa que detente la calidad de ser suficientemente operativa, sea porque resulte inmediatamente obligatoria, sea porque tenga en sí y se hayan cumplido ya las modalidades que determinan el principio de su ejecución.

Es así que la procedencia de este Instituto innovador contenido en la última parte del art. 28 de la Constitución Provincial, presupone la existencia de presupuestos básicos. Estos presupuestos surgen del mismo texto constitucional e implican por una parte, la existencia de una disposición legal que imponga un deber expresamente determinado, y por la otra, el incumplimiento injustificado de ese deber.

El art. 2 de la Ley 5145 (Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza a los empleados de la Dirección General de Riego), cuya aplicación conforma la principal pretensión del acudente, establece que las cláusulas económicas serán ejecutadas cuando la situación económico financiera de la provincia lo permita. Con esto la norma no tiene operatividad inmediata. Requiere la producción de un hecho o sea, que se haya alcanzado una determinada situación fáctica. Además el legislador ha impuesto que el Poder Ejecutivo, no solo evalúe el cumplimiento de esa condición, sino también que dicte un acto administrativo, un decreto, a partir del que la norma va a comenzar a surtir su efecto de deber jurídico expresamente determinado (art. 2º "... rigiendo las mismas desde el efectivo dictado del acto administrativo que se dé al respecto").

La norma en análisis no establece de por sí el deber jurídico del Poder Ejecutivo, tampoco se ha materializado su incumplimiento, porque para ello debió mediar el cumplimiento de una condición fáctica, de la que no consta que los legítimamente interesados la hayan aducido ante el Poder Ejecutivo y que éste la haya desconocido ni tampoco hay constancias del dictado del acto administrativo pertinente ni de su reclamación por la parte y de la negativa del mismo Poder Ejecutivo a dictarlo. Esta inexistencia de un deber plenamente integrado, operativo, es motivación suficiente para declarar la inhabilidad de la vía del amparo.

No es procedente la vía excepcional del amparo en el caso bajo examen, en razón de que los amparantes debieron previamente ocurrir por ante la autoridad administrativa en procura de la aplicación de las cláusulas económicas, y solo ante la negativa injustificada, recién solicitar la protección jurisdiccional.

Avalar el proceder omiso, implicaría en cierta medida, menoscabar el poder de decisión que el orden jurídico ha establecido a las distintas funciones del Estado. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, minoría.)