Funcionarios judiciales, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Fabián s/ Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-20

Comparece la parte actora- empleado del Poder Judicial-por intermedio de letrado patrocinante, incoando recurso de revisión en contra de la Resolución Nº 3992 de fecha 30/Agos/12, persiguiendo se revise tal acto administrativo y se lo deje sin efecto.

Reseña los antecedentes fácticos de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, argumenta acerca de los vicios del acto que cuestiona, derecho aplicable, ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal. Peticiona en definitiva se haga lugar a la demanda y se asigne al actor el cargo de Jefe de Despacho.

Conforme al estado procesal de la causa, corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art. 3 del CCA referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde prima facie a su jurisdicción y competencia.

En ese orden, en el escrito de inicio deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de la demanda.

Además, la causa corresponde a la jurisdicción de este Alto Tribunal por implicar materia contencioso administrativa en los términos del Art. 204 de la Constitución Provincial, es iniciada por un particular reclamando contra una resolución emanada de la Corte de Justicia en ejercicio de actividad administrativa que hipotéticamente vulneraría derechos de carácter administrativo, el que según expresa no le ha sido notificado, tomando conocimiento del mismo a través de su actividad tribunalicia.

Conforme a lo dispuesto por los Arts. 165 de la Constitución Provincial y 1, 5, 6 y 7 del CCA, que determinan la competencia del Tribunal, se exige la preparación de la vía contencioso administrativa, tendiente a la acreditación del agotamiento de la vía administrativa previa a la interposición de la acción jurisdiccional, consistente en: la reclamación administrativa previa, decisión definitiva de la autoridad administrativa de última instancia que cause estado y habilitación de la instancia jurisdiccional en tiempo oportuno.

La verificación de estos presupuestos se impone al Tribunal como un imperativo de orden constitucional y como un mecanismo de orden público, por el que se otorga a un Poder del Estado el deber y no la facultad de constatar el cumplimiento de las exigencias que la ley prescribe para que pueda juzgar la actividad administrativa de cualquiera de los tres Poderes del Estado.

Concluyendo que tales extremos no se encuentran cumplimentados en autos, en tanto se cuestiona una Resolución emanada de este Cuerpo, respecto del cual no se han satisfecho las exigencias procesales previstas en la ley de rito, lo que inexorablemente conduce al rechazo in limine de la demanda por mediar improponibilidad objetiva de la misma, entendida como acto de iniciación del proceso contencioso administrativo, que inhabilitada a esta Corte de Justicia para decir el derecho, ergo, le falta la iuris dictio para pronunciarse en la causa.

Conforme se resuelve, las deficiencias técnicas del escrito postulatorio obedecen a la exclusiva culpa y negligencia del letrado patrocinante, quien debe soportar las costas, en orden a lo previsto por el Art. 52 del CPCC, Art. 74 del CCA.