Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-25


Autos Nº 4.456 (J.P.L.G.S.J., Santa Lucía, Nº 4.767/10), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Banco Hipotecario Nacional - Ejecutivo".

--------- San Juan, veinticinco de marzo de dos mil trece. - --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido a fs. 31 por la demandada, quien actúa por medio de su letrado apoderado, contra la sentencia de fs. 29/30 vta. -------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo por decreto de fs. 32. ------------------------------------------ --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en la resolución que se impugna el a quo rechazó la defensa opuesta por la entidad demandada, manteniendo la sentencia monitoria de fs. 6 [debió decir, fs. 5 y vta.]; dejó sin efecto la regulación de honorarios profesionales contenida en la misma; impuso las costas a la accionada vencida conforme a lo dispuesto en el art. 66 del C.P.C.; y reguló los honorarios del apoderado de la actora en un veintiún por ciento (21%) de la planilla de liquidación a practicarse, y los del patrocinante [debió decir: apoderado] de la ejecutada en un trece por ciento (13%) de la misma base. ------------------------------------------------- --------- Contra dicha resolución se alzó la apelante, quien fundó el recurso mediante el memorial que obra a fs. 34 y vta. En tal pieza, en síntesis, expresó: ----------------------- · Que el núcleo del gravamen se centra en lo que -en su opinión- es una errónea aplicación de la norma pertinente. Señala que el a quo utiliza como fundamento de su decisión el art. 27 del Código Tributario (C.T.), cuando en realidad corresponde la norma específica del art. 171, ibíd., disposiciones que transcribe parcialmente. ------------------- · Que el citado art. 171 del C.T., establece la obligación -entre otras- de los escribanos públicos de presentar una minuta de inscripción de dominio en triplicado (de lo cual resultan ajenos comprador y vendedor) en el Registro General Inmobiliario. Señala que una vez efectuada la anotación pertinente, dicha repartición debe remitir a la Dirección Provincial del Catastro el duplicado de las minutas referidas y el triplicado a la Dirección General de Rentas, con la constancia de la intervención del Registro. Agrega que ello es actividad del Estado (Poder Judicial y Poder Ejecutivo).------------------------------------------------------- · Que la situación prevista por el art. 27 del C.T. se aplica cuando una persona participa en una actividad lucrativa o interviene como agente de recaudación o de retención. ----- · Que, en definitiva, no se aplica en el impuesto inmobiliario porque no hay "hecho imponible" como lo es ser titular de dominio de un bien inmueble. --------------------------------- · Por último, solicita se revoque la resolución de fs. 29/30 vta., se acoja la excepción y se deje sin efecto la sentencia monitoria de fs. 5 y vta., con costas. ------------------------- --------- A fs. 35 se ordenó correr traslado de la fundamentación del recurso a la ejecutante, quien no lo contestó a pesar de estar debidamente notificada (ver fs. 39 y vta.), dándosele por decaído el derecho a hacerlo y disponiéndose la elevación del expediente a la Alzada mediante providencia de fs. 41. Ya en este ámbito y luego de determinar los magistrados que intervendrían en la resolución del presente recurso (fs. 43), se ordenó el pase de los autos a resolver (fs. 46), el que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de las cédulas obrantes a fs. 47 y vta. y 48 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden pertinente. ---------------------------------------- --------- II. Comenzando con el análisis del recurso traído a examen y luego del estudio de sus fundamentos, adelantamos nuestro criterio favorable a su admisión. ------ --------- 1. Preliminarmente, no puede ocultarse que se está en presencia de un caso con aristas singulares, que impone una respuesta jurisdiccional que no sea el resultado de un mero análisis lineal, sino que exige una tarea interpretativa y argumentativa suplementaria. --------------- --------- 2. Para clarificar la situación que motiva la cuestión, consideramos conveniente efectuar una reseña de las actuaciones comprometidas en el conflicto por dirimir. Veamos: -------------------------------------------------------- a) A fs. 18/19 vta. la demandada comparece, se opone a la sentencia monitoria y deduce excepción de falta de legitimación pasiva, ello en el marco del art. 507, inc. 5°, del C.P.C.; ------------------------------------------------------ b) a fin de acreditar tal extremo, acompaña copias de consulta de fichas expedidas por el Registro General Inmobiliario respecto del Folio Real Matrícula N° 02-04406 y Folio Real Matrícula N° 02-05203 (fs. 12/14); también adjunta copia de la Escritura N° 531, de fecha 24 de noviembre de 1998, realizada por ante el Titular del Registro N° 20, mediante la cual el 'Banco Hipotecario S.A.' y 'Construir S.A.' venden a Fabián Ángel Zabaleta Pérez y Julia Beatriz Nievas, el lote ocho de la manzana treinta, con Matrícula N° 02-04406 y por subdivisión parcelaria en Matrícula N° 02-05203 (fs. 15/17 vta.); --------------------- c) a fs. 19, ap. 4, al oponer la excepción y ofrecer la prueba documental, la entidad demandada declara bajo juramento que son copias fieles de sus originales y manifiesta que, en caso de desconocimiento por parte de la ejecutante, se oficie al Registro General Inmobiliario y al Archivo de Tribunales, a fin de que remitan copias autorizadas; ---------------------------------------------------- d) en el proveído de fs. 22 el a quo dispuso correr traslado a la actora de la excepción planteada y de la documentación acompañada; --------------------------------------------------- e) a fs. 23 obra la cédula dirigida a la demandante, notificando la providencia supra citada; ---------------------- f) a 24/25 la actora lo evacua, pero del contenido de dicho escrito se advierte que no efectúa referencia ni impugnación algunas a la documentación acompañada; además de que el contenido de tal réplica tampoco tiene relación con la deuda originada en el impuesto inmobiliario, sino que hace mención al impuesto a la radicación de automotores, lo cual torna confuso dicho libelo; ------------- g) por último, a fs. 29/30 vta. corre agregado el fallo impugnado. ----------------------------------------------------- --------- 3. El núcleo que constituye el objeto de la vía recursiva intentada, radica en la procedencia o la improcedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por la demandada, y la consiguiente decisión sobre su admisión o rechazo. ------------------------ --------- En el caso bajo estudio, y como lo adelantáramos, propiciamos la admisión del recurso, pues tal solución jurídica se impone en función de las pruebas y las circunstancias de la totalidad del contexto del presente juicio ejecutivo. ------------------------------------------------ --------- Resulta apropiado recordar que la excepción bajo estudio se presenta cuando no media coincidencia entre los sujetos que efectivamente actúan en el proceso y aquellos a los cuales la ley habilita especialmente para contradecir respecto de la materia sobre la que versa el litigio. --------- --------- Así, se ha sostenido que la falta de legitimación sólo se refiere a la ausencia de calidad de titular del derecho invocado por la actora, o la falta de calidad de obligado por parte de la accionada, sea porque no existe identidad entre las personas de la demandante a quien la acción está concedida, o entre la persona de la demandada y aquella contra la cual se concede, y determina la procedencia de la excepción en cuestión (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala I, 16-02-99, "Sony Music Entertainment Argentina c/ Páez, Juan D. y otra", La Ley, 2000-A-84). -------------------------------------------- --------- En tal sentido, toda vez que el acogimiento de dicha defensa lleva aparejada la extinción del proceso, su admisibilidad debe contar como presupuesto que dicha falta de legitimación revista carácter claro, indudable e inequívoco, en atención a la apuntada gravedad de los efectos (cfr. Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial. Anotado y comentado", T° I, 4ª ed. actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, pág. 563). --- --------- Cuando un sujeto alega y pretende la titularidad de un derecho frente a otro (que es el sujeto pasivo), hay que indagar si entre uno y otro existe una relación jurídica sustancial que permita presumir el nexo de alteridad entre ambos sujetos, y entre la pretensión del supuesto titular del derecho invocado y la obligación que le quiere hacer cumplir al sujeto pasivo a favor de ese derecho (cfr. Bidart Campos, Germán J., "La legitimación pasiva y la relación jurídica con el legitimado activo", La Ley, 1997-B-641). ----------------------------------------- --------- El actual art. 507, inc. 5°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037, recepta específicamente la excepción de falta de legitimación para obrar, tanto activa como pasiva, como autónoma, atendiendo a su importancia para la composición válida del proceso. ------------------------------- --------- En efecto, en el caso examinado, donde el título es creado unilateralmente por el Estado, resulta pertinente verificar que el deudor del tributo sea quien se sirve del inmueble, es decir, su titular registral. ----------------------- --------- Como vimos, si la defensa fue inicialmente admitida, el juez conferirá traslado a la ejecutante por un plazo de cinco días (lo que en el caso así ocurrió), quien al contestarlo deberá ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Es decir, debe cumplir con la carga que surge del art. 318 del C.P.C. y, en consecuencia, deberá reconocer o desconocer la documental acompañada por la litigante contraria. ------------------------------------------------------- --------- Por ello, el silencio guardado por la actora autoriza a tener por auténtica la documentación presentada por la accionada. Esto es, con la copia de la escritura de venta (ver fs. 15/17 vta.) y los informes del Registro General Inmobiliario (copias de fs. 12/14 vta.) queda acreditado que el inmueble sobre el cual recae el impuesto inmobiliario fue transferido por el Banco Hipotecario S.A. a los Sres. Fabián Ángel Zabaleta Pérez y Julia Beatriz Nievas el 24 de noviembre de 1998. -------------------------------------------- --------- 4. Vimos que la recurrente impugna la sentencia en razón de que se habría prescindido de examinar la defensa de falta de legitimación pasiva fundada en la inexistencia de la deuda reclamada, al no haber analizado correctamente la prueba aportada. Añade que la excepción de falta de legitimación pasiva se fundó en que no reviste condición de obligada al pago al haber sido enajenado el inmueble con bastante anterioridad (24 de noviembre de 1998) a la fecha de la deuda que se le reclama, esto es, desde el período 01 de 2005 al 10 de 2009, con lo cual queda eximida del tributo pretendido. ------------------------ --------- Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N.) ha sentado doctrina en el sentido de que, tratándose de una ejecución del Estado (en el caso, persiguiendo el cobro de pretendidas deudas por impuesto inmobiliario), y a pesar de la limitación de conocimiento que impera en tal tipo de procesos, excepcionalmente se admite aquella defensa cuando resulta manifiesta la inexistencia de la deuda exigible, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos, 278:346; 298:626; 302:861, entre otros). Agrega la Corte que, conforme a ello, los tribunales inferiores también se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos, 312:178). --------------------------------------------------- --------- En el sub lite se puede comprobar que la demandada opuso, desde su primera presentación en juicio, la defensa basada en la inexistencia de la deuda por errónea aplicación de la norma legal que correspondía, es decir, el art. 27 en lugar del art. 171 del C.T. ---------------- --------- Se observa que el a quo no analizó los planteos a la luz de la prueba aportada. De haberlo efectuado, se habría podido dilucidar el caso de manera más adecuada, siempre a partir de las particularidades que presenta. ------ --------- La motivación esencial de esta solución radica en la inexistencia de la deuda; y tal grado de certeza judicial se logra partiendo de la alegación por la ejecutada de un hecho que -en principio- escapa del ámbito de cognición del proceso ejecutivo, pero que aparece admitido por la ejecutante, o al menos no negado categóricamente, y que se encuentra acreditado con la documentación acompañada por la ejecutada al interponer sus defensas, material instrumental auténtico o a cuyo respecto no ha mediado desconocimiento. De tal modo, a la conclusión relativa a la inexistencia de la deuda se puede (y podía) arribar sin necesidad de actividad probatoria suplementaria. ----------- --------- Este corolario tiene apoyatura en la doctrina de la inconveniencia del exceso ritual, porque el inmoderado ritualismo implica un abuso del derecho por no adecuarse las formas a la finalidad a la que ellas están destinadas (cfr. Bertolino, Pedro Juan, "El exceso ritual manifiesto", Ed. Platense, pág. 110); cual es, la primacía de la verdad jurídica objetiva, que se traduce en un adecuado servicio de justicia. ----------------- --------- 5. En esa línea, reiteramos que el limitado ámbito de conocimiento en este tipo de juicios ?de ejecución? se ensancha, excepcionalmente, a tenor de la jurisprudencia de la C.S.J.N. ?ya mencionada?, cuando la inexistencia de la deuda es manifiesta. En tal sentido, mutatis mutandi, el Alto Tribunal ha resuelto que "en las ejecuciones el fiscales son admisibles las defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda, siempre que ellas resulten manifiestas" (C.S.J.N., 27-10-94, "Estado Nacional - D.G.I. c/ Establecimientos Recife S.A.", La Ley, 1995-A-119). ------------------------------------------------------- --------- Del mismo modo, tribunales inferiores a la C.S.J.N. han decidido ?mutatis mutandi? que "en los juicios de ejecución fiscal es principio indiscutido la limitación de las defensas de las que puede valerse el ejecutado y que el examen del título que sirve de base a la ejecución debe limitarse a las formas extrínsecas, como también que este formalismo no debe exagerarse hasta el extremo de admitir una condena sobre la base de una deuda inexistente cuando tal circunstancia resultare manifiesta" (cfr., v.gr., Cám. Nac. Córdoba, Sala Civ. y Com., 09-04-81, "Gobierno Nacional c/ Juan Keenan S.A. - Ejecución Fiscal", Jurisprudencia Argentina, 1982-II-252). -------------------- --------- De allí que la excepción de falta de legitimación pasiva constituye un medio procesal idóneo para cuestionar la falta de correspondencia entre la certificación de la deuda y la ausencia de responsabilidad en la accionada como contribuyente del impuesto exigido. De tal manera, ante el equívoco incurrido por la Dirección General de Rentas en la determinación fiscal del tributo liquidado ya que el predio no pertenece a la institución accionada sino a los Sres. Fabián Ángel Zabaleta Pérez y Julia Beatriz Nievas, deviene inhábil el título tendiente a obtener el cobro de una deuda inexistente para la aquí demandada. ------------------------- --------- III. En conclusión, corresponde admitir el recurso de apelación venido a estudio y revocar la sentencia de fs. 29/30 vta., haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y, en consecuencia, se rechaza la demanda ejecutiva articulada a fs. 3, con costas a cargo de la actora en su calidad de vencida (arts. 66, párr. 1°, y ccds. del C.P.C., T.O. por Ley Prov. Nº 8.037). -------------- --------- Como consecuencia de lo aquí decidido, la Inferior deberá oportunamente adecuar la regulación de honorarios de los letrados apoderados de las partes, por la actividad cumplida hasta sentencia conforme a lo aquí resuelto. ------ --------- Respecto de las costas de segunda instancia, y atento al modo como se resuelve la cuestión, las mismas deben ser impuestas a la recurrida vencida (id. normativa citada en el párrafo anterior); dejándose debida constancia de que no existe en esta sede actividad merecedora de regulación de honorarios a favor de letrado alguno de la actora (ver, al efecto, lo dispuesto por el a quo a fs. 41). --- --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: --------------------- --------- 1º) Admitir el recurso de apelación venido a estudio y revocar la sentencia de fs. 29/30 vta., haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y, en consecuencia, rechazar la demanda ejecutiva articulada a fs. 3, con costas a cargo de la actora en su calidad de vencida. -------------------------- --------- 2º) Ordenar al a quo que adecue la regulación de honorarios de los letrados apoderados de las partes, por la actividad cumplida hasta sentencia, de conformidad con lo aquí resuelto. ------------------------ --------- 3°) Imponer las costas de segunda instancia a cargo de la recurrida perdidosa, dejándose debida constancia de que no existe en este ámbito apelatorio actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios por letrado alguno de dicha parte. ---------- --------- 4º) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.