Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 14 de 2007.

1. Apeló La Segunda A.R.T. S.A. la resolución administrativa nº 1008/06 que en copia certificada se encuentra incorporada en fs. 67/70 en cuanto le impuso una sanción equivalente a 130 MOPRES (fs. 74/76).

2. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sancionó a la apelante, en relación al empleador Félix Esteban Scherf, por incumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 del Decreto nº 334/96, en tanto rescindió en forma improcedente el contrato que la unía con el citado empleador, siendo que no habría intimado fehacientemente el pago de las sumas adeudadas, ya que el reclamo del mismo como la notificación de la rescisión fueron efectuadas en un domicilio distinto del que fuera declarado en el acuerdo celebrado.

3. La aseguradora en fs. 75/76 se agravió en cuanto al rechazo de la excepción de prescripción opuesta por ella en fs. 48 y vuelta.

Sostuvo en aquella oportunidad que entre la fecha de notificación de la resolución que ordenó la apertura del sumario S.A.L nº 0728 (3.8.05) y la falta que le fuera imputada había transcurrido el plazo bienal que fija el art. 62 del Código Penal que por analogía se aplica en estos casos.

Ante todo, es preciso destacar que, las sanciones administrativas integran el derecho penal especial (Fallos 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202), lo que motiva la supletoria aplicación de los principios generales y normas de derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202).

Por esa razón el vacío legal que existe en lo atinente a la prescripción en materia disciplinaria -carácter que ostenta la sanción aplicada a La Segunda A.R.T. S.A.-, debe ser suplido por la remisión a disposiciones análogas, resultando así aplicable al caso el plazo que establece el art. 62 del Código Penal y el sistema de interrupción que contiene el art. 67 de dicho plexo legal (conf. arg. C.S.J.N. 01.01.71 "Vázquez del Valle, Evaristo y otros", Fallos 281:211; esta Sala 08.03.06, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/ denuncia, Expte. nº 58.968/05").

Ahora bien, conforme lo expuesto, las infracciones descriptas e imputadas, por la S.R.T., a la recurrente (ver fs. 56/57), tuvieron un evidente efecto interruptivo en el curso del mentado plazo previsto.

Súmase a lo dicho que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva y debe ser aplicado con suma prudencia, ello atento a la relevante función social que cumplen las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y el contexto de interés público donde se desarrollan su actividad y la de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En función de todo lo descripto la defensa será rechazada.

4. Con relación a los restantes agravios, cabe observar que el deber-facultad de imponer sanciones que aquí se cuestiona se prevé como derivación del cumplimiento de la fiscalización a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 36, ap. 1, de la ley 24.557 y art. 15: 1 del decreto 334/96, reglamentario del art. 27 de la ley citada).

La denunciada no cuestionó eficazmente los argumentos que motivaron la imposición de la sanción.

Adviértese, en tal sentido, que el dictamen jurídico de fs. 54/59 y demás constancias de autos allí referidas, dan cuenta de la existencia de elementos de convicción que configuran la conducta punible, en función de la infracción a las normas que regulan la actividad de los sujetos del sistema de Riesgos del Trabajo.

La aseguradora por su lado, no ha disipado la convicción arribada por la autoridad de control en cuanto a la procedencia de la mentada infracción.

Por ello, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (Com B, 2.3.99, "Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes A.F.J.P. s/ recurso de apelación"), corresponde confirmar la sanción impuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

5. Finalmente y en referencia al quantum de la sanción aplicada, corresponde señalar que la multa impuesta de 130 MOPRES dentro de una escala que contempla multas de 20 a 2000 MOPRES (Resolución S.R.T nº 10/70 art. 1, Anexo I y Decreto nº 833/97:3), no resultaría del todo arbitraria a tenor de las circunstancias específicas del caso, pues con la conducta descripta ante la rescisión del contrato en forma arbitraria por la aseguradora los trabajadores quedaron repentinamente sin ninguna cobertura ante una eventualidad de producirse un siniestro.

En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad de graduación de la sanción entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no debe escapar al control de razonabilidad el cual corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública (conf. arg. C.S.J.N. 24.11.98, "Demchenko, Iván c/ Prefectura Naval Argentina -DPSL 3/96- s/ proceso de conocimiento"), todo lo cual resulta de aplicación al caso aquí examinado.

Ahora bien frente a estas razones, teniéndose en cuenta la circunstancia de falta de antecedentes sancionatorios en la materia, además de ponderar la entidad e importancia del incumplimiento aquí comprobado, que como se dijo pudo de algún modo afectar la salud de los trabajadores asegurados, estima la Sala que una multa de 90 MOPRES guardaría mejor proporción con la entidad de la falta cometida.

6. Por ello, se RESUELVE:

Confirmar la resolución impugnada salvo en lo que se refiere a la cuantía de la sanción, la cual se reduce a 90 MOPRES.

Notifíquese a las partes y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.

Devuélvase sin más trámite el presente expediente. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.