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Accidentes de trabajo, ley especial, ley civil, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Scaglia Matías Pablo c/ N.C.R. Argentina S.A.I.C. y/o responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-31

En cuanto a los infortunios laborales interesa recordar la problemática probatoria diferente en la ley especial y en la nacida de la opción prevista en el art. 17 de ésta. En la primera, la viabilidad de la acción supedita a la demostración de una lesión laboralmente incapacitante, manifestada en el tiempo y lugar de trabajo, pues la idea de la causalidad se subsume en la noción de ocasionalidad que indica el texto legal. Por ello, se parte de la base que si el accidente ocurre en el tiempo y lugar de trabajo (exigiéndose tal demostración), se pone en marcha un sistema de presunciones, en la acción civil, no existen estos mecanismos presuncionales que a través de elementos típicos y con marcado corte indiciario desplazan al objeto mismo de la prueba en sus presupuestos que le dan operatividad. Será en esta acción imprescindible la demostración de cada uno de sus elementos, tal el hecho accidental y sus circunstancias, con especial atención a que en este ámbito no existe presunción de materialidad, corresponde al trabajador acreditar el accidente en sí mismo y la relación de causalidad.
Proceso penal, auto de procesamiento, recurso de reposición (procesal), resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., M. s/ Queja por denegacion apelacion interpuesta (Expte Nº166-98,  Resolución Nº118, Tomo 4, Folio 249)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-31

La reforma introducida a nuestro código de forma por ley 8774, decididamente eliminó el canon que establecía que la resolución que denegase el pedido de sobreseimiento sería irrecurrible (última parte del artículo 358 C.P.P. según ley 6740) con lo que y al quedar la cuestión sometida a los principios generales en materia de recursos, atendiéndose a lo dispuesto por el artículo 406 del Código Procesal Penal respecto a que el imputado puede recurrir cualquier resolución contraria a su interés resulta hoy día entendible que es recurrible por vía de apelación semejante pronunciamiento, sobre todo cuando el imputado se halla privado de libertad, por cuanto tal resolución le causa un gravamen irreparable. Va de suyo que la reforma procesal antes mencionada solo habría afectado lo que hace a la recurribilidad de la denegatoria del pedido de sobreseimiento callando en lo atinente a la recurribilidad de la denegatoria del pedido de revocación del procesamiento, mas lo cierto es que estos dos postulados convergen en un mismo punto: el desprocesamiento del imputado, con lo que resulta singularmente difícil tratar diferentemente a uno y a otro, a lo que todavía podría añadirse que sería insólito tolerar que se recurriese lo más: un pedido de sobreseimiento, y no lo menos: un pedido de revocación de procesamiento. En definitiva entonces, por las razones expuestas y dirimiendo cualquier duda que pudiese subsistir conforme a la norma fundamental de nuestro código (art. 7) que manda interpretar restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal o limite el ejercicio de un derecho atribuido por este -¡y vaya si coartaría la libertad y limitaría un derecho el negar la recurribilidad de un auto que contiene aprisionamiento preventivo!- debe considerarse recurrible por vía de apelación la denegatoria de un pedido de revocación de un auto de procesamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: RESNIK, JACOBO c/ ROSCIANI, EDUARDO NAZARENO s/ JUICIO EJECUTIVO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   411-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-15

Dentro de una razonable interpretación de las facultades que a este Cuerpo otorga la ley 7055, al reglar el recurso de inconstitucionalidad, debe admitirse la posibilidad de anulación parcial y, en rigor, ello es lo que ocurre con normal frecuencia, cuando se acoge parcialmente una queja o se declara procedente el remedio extraordinario sólo con relación a algún aspecto de la sentencia, tal como ha ocurrido en el presente caso (AyS T 62 p 377) .
Medidas cautelares, contratos, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casolari, Adrian c/ Otero de Cabrera s/ Daños y perjuicios Art. 250 del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Para la procedencia de una medida cautelar en donde se demandan daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento del contrato de mandato otorgado por el cliente a su abogado, se requiere la prueba del incumplimiento del accionado y de la existencia de los perjuicios provenientes de aquel incumplimiento.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración testimonial, fotografía, identificación de las personas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pérez Fonseca, Rubén s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-07

Actúa en el marco de las facultades conferidas expresamente por el juez, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo del Código Procesal Penal, y en consonancia con las otorgadas por la ley 24.946, en su artículo 26, el fiscal que a fin de lograr la individualización de los autores, amplió la declaración testimonial del damnificado, y como éste había manifestado que podría reconocer a los malhechores, le exhibió un álbum de fotografías, en el que con un 80 o 90 % de seguridad señaló a uno de ellos.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Alanis, Osvaldo y ots. c/ Establecimiento Frigorífico Azul S.A. s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El planteo de inconstitucionalidad referido a la ley 11.593, habiendo quedado firme la resolución denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley al no haberse deducido contra la misma el recurso previsto por el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, carece de virtualidad desde que cualquier pronunciamiento sobre tal cuestión deviene abstracto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación, obligaciones del locatario, restitución de bienes, mora
Materia: CIVIL
Carátula: GODOY, Edith Eduviges c/ KUCHARSKI, Juan s/ CONSIGNACION DE LLAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

Aún cuando las partes en un contrato de locación hubieran convenido la mora automática, la falta de colaboración del locador para que la locataria le reintegre el inmueble al vencer el plazo estipulado, constituye un factor impeditivo para que aquélla se configure.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, periodistas
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Martínez Marti, Mercedes Flavia c/ Señal Económica SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-29

En el caso, la actora fue contratada por una sociedad anónima, en calidad de productora, para desempeñarse como periodista profesional para la codemandada Señal Económica SA titular de la licencia de explotación de la radioemisora AM 1050 Radio Concepto, para la conducción de un programa vespertino de lunes a viernes. Corresponde confirmar en el caso la solidaridad establecida en grado entre los productores contratantes y Señal Económica de conformidad con las previsiones del art. 30 LCT. Ello así, toda vez que surge de los elementos de prueba colectados que Señal Económica SA como licenciataria de la explotación de la frecuencia AM 1050 khz habilitada a su nombre ha subcontratado servicios correspondientes a su actividad normal y específica.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: SUÁREZ,  Isolina  Teresa c/ AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA CENTRAL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-17

Del voto de la mayoría (Dres. Galamrini y Dr. Liberman): La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podían gozar de aquéllos, constituye un daño cierto y así se mide al valor económico de la vida de la víctima por los bienes económicos que el extinto producía. No está de más puntualizar que, ni la ley ni los pronunciamientos judiciales, han atribuido un valor a la vida humana independientemente de la consideración de los daños sufridos. (Sumario N°20248 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Honorarios del abogado, irretroactividad de la ley, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Tojo, Luis y otra c/ TRANSPORTES COMODORO S.A. y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-28

Por aplicación del principio general establecido en el artículo 3 del Código Civil, ha de cuidarse también no efectuar aplicación retroactiva de la ley, aun en el caso especial que así se autorice cuando se afecten derechos amparados por garantías constitucionales.

Así el derecho de propiedad en sentido amplio y para el caso de regulación de honorarios por trabajos profesionales cumplidos al amparo de la ley 2200.
Ejecución de sentencia, segunda instancia, acción de amparo, comienzo de ejecución de sentencia, fallos de la Corte Suprema, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GIRAULT, MARIA LETICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

Cuando lo que se persigue es que la A.N.S.E.S. dé cumplimiento a lo decidido por sentencia de la Cámara, la vía apropiada para corregir tal conducta es el proceso de ejecución (arts. 499 y sig.

del C.P.C.C.) que permitirá lograr la tutela de los derechos que se dicen vulnerados, y no la acción de amparo. En consecuencia, habiendo tenido la sentencia de marras principio de ejecución, y conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "... para no afectar el objetivo principal del beneficio reconocido, puede aquí prescindirse válidamente del nomen juris utilizado por el jubilado para interponer su acción y atender a la real sustancia de la solicitud mediante la ejecución de sentencia ... máxime cuando el juez a quien se solicitó el amparo es el competente para entender en la ejecución de los créditos previsionales" (Fallos 310:1378).
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., M. A. c/ C., O. L. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La prestación alimentaria subsiste entre los cónyuges divorciados vincularmente y sólo se extingue en los supuestos que la ley prevé art. 218, Cód. Civ.).
Derecho de huelga, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-14

La lesión al derecho de huelga derivada de actos de la autoridad administrativa, vulnera derechos e intereses legítimos de las asociaciones sindicales, cuyo restablecimiento encuentra acogida en el proceso administrativo provincial.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, RODOLFO. c/ VICENTE TRAPANI S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07

En el caso de autos, si bien se invocó una causa de despido -la "reestructuración" dispuesta por el directorio-, no se atribuyó conducta injuriosa alguna al actor, lo que impide que con posterioridad la empleadora pretenda invocar válidamente, como justa causa de la desvinculación, incumplimientos graves de sus obligaciones laborales por parte del trabajador.

(ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, defensa en juicio, Constitución Nacional, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANTONIO GARCIA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Si bien en principio las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales, no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cabe hacer excepción cuando la solución se aparta inequívocamente de lo resuelto con carácter firme en el proceso y conduce a una restricción sustancial del derecho de defensa, en violación de lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales, deberes del juez
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: KOT, Samuel S.R.L. s/ Acción de amparo. Acto de particulares (5-958)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-09-05

Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo. Todo lo que puede añadirse es que, en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios.
Reincidencia, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: VALLS JOSE LUIS s/ REINCIDENCIA - PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-22

El primer párrafo del art. 50 del C.P. (texto según Ley 23057) exige que el condenado "haya cumplido total o parcialmente" la pena privativa de libertad impuesta anteriormente,ello importa la adopción del sistema de reincidencia real que, excluyendo a su respecto el cómputo de la condena condicional la limita a quien ha padecido efectivamente el encierro y vuelva a delinquir, ya que esto es demostrativo de la ineficacia de la sanción frente a su peligrosidad. (Voto de la mayoría Dres. Ayan y Petitto).-
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, falta de licencia de conducir, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro de López, Norma Catalina c/ Tul-Carbay  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

El mero hecho de no poseer el conductor el registro habilitante, no es suficiente por sí sólo para tenerlo por responsable del accidente. El criterio dominante indica que sólo se trata de una presunción "iuris tantum", es decir, que el conductor puede neutralizarla mediante una adecuada prueba en contrario, que demuestre su eficiencia o pericia en la conducción de vehículos automotores.
Recurso de inconstitucionalidad, concurso preventivo, prescripción, entidades deportivas, asistencia y salvamento, aplicación de la ley, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO NEWELLS OLD BOYS (CANOB) c/  s/ RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR CANOB (CATTANEO, RAMIRO: ACREEDOR VERIFICATORIO)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-04

Resultan admisibles los achaques de arbitrariedad de la sentencia en crisis, en tanto en el sub lite el proceso concursal no concluyó de modo normal, sino que el Club debió someterse al procedimiento de reestructuración denominado salvataje de entidades deportivas en el marco de un contexto fáctico que involucró extremos cuya posible decisividad no podía ser soslayada por los Sentenciantes a la hora de evaluar la prescripción del crédito, toda vez que este instituto, regulado por la ley 25284 implementó un régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas por intermedio de un fideicomiso de administración con control judicial del cual podían valerse aquellas que tuvieran quiebras decretadas o que se encontraren tramitando un concurso preventivo en crisis, y el artículo 13 de dicho cuerpo normativo instituye el fuero de atracción indicando que todas las acciones iniciadas o a iniciarse contra las entidades mencionadas en el artículo 1 serán atraídas al Juzgado interviniente, cualquiera sea el fuero o jurisdicción en donde tramiten, para continuar ante aquél, las diligencias que correspondieren. (De la disidencia del Dr. Erbetta, a la que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 25284, artículos 1 y 13
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corbella, Pedro Leo y otros s/ Demanda de inconstitucionalidad de ley 8800
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La sustitución de un régimen de movilidad proporcional a determinados sueldos del personal activo, por otro que reajuste los haberes mediante coeficientes, no es invalidable en principio por inconstitucionalidad sobre la base de resultar menos ventajoso, al menos en tanto no se demuestre que el nuevo régimen se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, en grado tal que pudiera ser confiscatoria o inicua, habiéndose fijado en el treinta y tres por ciento de la remuneración del personal en actividad, el umbral de reducción que, traspuesto, la convierte en confiscatoria y, por ende, en inconstitucional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delito penal, hurto de energía, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: B., E. s/ Hurto (Expte Nº185-98, Resolución Nº47, Tomo 6, Folio 75)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-02

Nuestro sistema penal se estructura sobre un concepto de culpabilidad que en su seno alberga la idea de que el reproche de culpa solo puede hacerse a la persona que además de conocer la injusticia de su acto, está -mejor dicho, estaba al momento del acto- en condiciones de optar por una alternativa distinta. No dándose tal posibilidad, ningún reproche podrá hacerse aunque el acto siga siendo formalmente injusto. En el caso a estudio, aunque el imputado no obró en un verdadero estado de necesidad justificante, sí pudo haber visto restringida su capacidad de optar de manera distinta en grado tal, como para no dejar lugar para el reproche, presentándose así un estado de necesidad pero de naturaleza disculpante. Es que la particular afección que en la salud padecían sus hijos, ligado a lo limitado de sus ingresos en relación a la constitución de su núcleo familiar y exigencias derivadas de su situación laboral, pudieron haber conformado un panorama que constriñera su ánimo en forma tal, que le impidiera decidir de modo distinto al que lo hiciera, pudiéndolo incluso haberlo llevado a apreciar erróneamente el valor de los bienes que estaban en juego, hipótesis exculpatorias que nuestro Código Penal trata en su artículo 34 bajo los supuestos de coacción y error. No es, como antes dijera, que considere que deba justificarse la elección que hiciera, sino sólo que estimo que humana y socialmente puede comprenderse y disculparse, siempre, por supuesto, en el contexto particular en que le tocó actuar. Soy de opinión que en el presente nos hallamos ante un caso en donde esperar del autor una actitud distinta, sería tal vez algo inexigible en términos normales, y en donde por tanto podemos comprenderlo y disculparlo.
Estado, división de poderes, Poder Judicial, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

En el marco de la organización de los poderes impuesto por la Constitución, aquellas situaciones que pueden caracterizarse como demandas de mayor seguridad podrán motivar expresiones o exigencias legítimas de los ciudadanos y de la ciudadanía, pero en todo caso a través de los cauces del debate público y político que se estimen más idóneos, a los cuales allegarán las propuestas, aportes de ideas o críticas respecto de las políticas respectivas como así también las responsabilidades políticas en torno a su grado de efectividad y acierto.

Pero con todo rigor debe tenerse en cuenta que cuando la tutela de este tipo de intereses ha sido confiada por el constituyente y el legislador, a otros órganos del Estado - como en el caso el Poder Ejecutivo- , se impone a los Magistrados el deber de abstenerse de efectuar consideraciones genéricas, evitando incurrir en la violación del tan preciado principio republicano de división de poderes. Así, por otra parte, lo ha señalado reiteradamente la Corte Nacional al decir que los jueces deben evitar que por el cauce de litigios judiciales pudiera conducirse -en los hechos- a circunstancias descalificantes como "el gobierno de los jueces".(Del voto de la Dra. Gastaldi)
Acción de amparo, derecho a la salud, derecho a la vida, acompañamiento terapéutico, protección de la tercera edad
Materia: CIVIL
Carátula: Di Iorio, Francisca c/ PAMI s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

Debe confirmarse el resolutorio que ordena a PAMI brindar cobertura integral del servicio de asistencia y cuidado domiciliario a una paciente anciana que se encuentra bajo tratamiento por cáncer de mama izquierda, dado que el cumplimiento del PMO / PMOE no puede redundar en perjuicio del derecho a la vida y a la salud que detenta la afiliada, pues aceptar el criterio del recurrente que pretende justificar la negativa a la cobertura integral de un acompañante que asista a la actora en sus cuidados personales pondría en serio riesgo su calidad de vida en flagrante violación de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el cuidado de la salud. (Del voto del Dr. Jorge Ferro)
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palazzo, Antonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

El curso de la prescripción de la acción para percibir los haberes jubilatorios mensuales posteriores a la solicitud del beneficio comienza a correr, en principio, desde su otorgamiento, regla que rige también para los reajustes, que no son sino una porción no reconocida de esos haberes.
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Mendoza, Faustino Miguel y otros c/ PELESUR S.A. y-o SURPEL S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-23

Si el objeto de la homologación -administrativa o judicial- es velar por el equilibrio jurídico-económico que resulta la conciliación y evitar la violación de principios de orden público vigentes en el orden jurídico-laboral, o dicho objeto es verificar la veracidad y correción del acto, pudiéndosele negar efectos propios cuando importa violar el principio de irrenunciabilidad de los derechos, o presente vicios de consentimiento, haya incapacidad de las partes o sea contrario al orden público, resulta indudable que en su aspecto intrínseco la conclusión de que en un caso dado ha existido una justa composición de los derechos e intereses de las partes, es una cuestión de hecho y de competencia de los tribunales de grado. ...Y si así debe ser, se opina que los acuerdos celebrados en sede administrativa por las actoras de autos con motivo de la extinción de sus contratos de trabajo y la situación conflictiva planteada, resultaron válidos y por ello plenamente oponibles a la pretensión esgrimida en autos por lo cual el agravio de la demandada procede y la sentencia debe revocarse en cuanto hiciera lugar a las indemnizaciones pretendidas, ya que las actoras carecían del derecho a tal reclamación.