marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falso testimonio, delito doloso, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Cajal, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-10

El falso testimonio se trata de un delito doloso que exige en quien lo comete el conocimiento y voluntad de deponer, informar o traducir falsamente sin que incida la presencia de una ultraintención determinada cual podría ser la de inducir a error a la autoridad, de perjudicar o beneficiar a alguien. No admite, por ende, la forma culposa. En el presente caso, la conducta endilgada a los imputados es atípica toda vez que las declaraciones testimoniales prestadas por los imputados en la causa laboral a fin de acreditar el domicilio de los demandados no son falsas. En efecto, de otras medidas probatorias surge que la residencia que los testigos adjudicaron a los demandados se corresponde con aquella que los nombrados efectivamente poseyeron de forma contemporánea a la iniciación del reclamo laboral. El conocimiento de la venta posterior efectuada por los demandados no puede serle exigido a los imputados, de modo que cabe concluir que el dolo requerido por la figura penal endilgada no se encuentra presente en el caso. A ello es dable adunar que la incidencia de tales testimonios en la solución del pleito laboral ha sido nula desde que la sentencia fue pronunciada con anterioridad, y el rechazo de la nulidad de la notificación obedeció a cuestiones meramente formales. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Locación, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta de Carmisciano, Victoria c/ Rey, Elida s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Sea por imperio de la presunción legal derivada del art. 746 del C.Civil, sea como presunción "hominis" -conf. art. 163 inc.5, 2 a.p.

del C.P.C.C.-, el locatario que exhibe un recibo de fecha posterior puede resistir los embates de su locador que pretende cobrarle mensualidades anteriores, respecto de las que, ninguna reserva formuló al otorgar recibo por los períodos posteriores. Esa presunción -claro está- es "juris tantum", y puede ser destruida por el locador por prueba en contrario.-
Cheque, endoso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benencia, Raúl Diómedes c/ Martinez de Fiol, Elsa Martha s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

El portador del cheque endosado en blanco puede presentarlo directamente al cobro, sin tener que llenarlo; y en tal supuesto, la firma del endosante en blanco valdrá como firma del último endosante.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Condena penal, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, Roberto Aroldo s/ RECURSO EXTRAORDINARIO interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto c/ Sentencia 02/10 en Expte. Corte Nº 71/09 - "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en causa Nº 234/08 - Carrizo, Roberto Aroldo- Homicidio calificado, en grado de autor
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-01

La Cámara en lo Criminal declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo, condenándolo a sufrir la pena de veintidós años de prisión (arts. 80 inc. 1º y 80 último párrafo, 42, 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra dicha resolución, el defensor del condenado interpuso recurso de casación -en el que invocó inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, y violación del principio de inocencia- al que, por sentencia Nº 2 del 15 de febrero de este año, no hizo lugar este Tribunal.

En contra de la nominada sentencia, el mismo defensor interpone el presente recurso extraordinario federal.

Con relación a los agravios (2º y 3º) referidos a los supuestos dichos auto incriminantes del condenado, traídos a la causa por los testimonios de sus vecinos, advierte el Tribunal que la supresión hipotética de los dichos en cuestión no compromete la estabilidad de la sentencia impugnada, en tanto ésta se sustenta en elementos de juicio que no han sido cuestionados adecuadamente en esta instancia y que dotan a lo decidido de fundamento suficiente.

Por ello, la valoración en la sentencia de la supuesta declaración extrajudicial auto incriminante del imputado carece de la entidad que el recurrente le atribuye, habida cuenta que no constituye el pilar fundamental del fallo condenatorio, el que sustenta en los elementos de juicio supra mencionados -en lo esencial-, incorporados debidamente al juicio y no desvirtuados por el recurrente, los que conforman el cuadro probatorio al que -como dice la sentencia condenatoria- se sumaron los datos aportados por los testimonios cuestionados.

Por lo expuesto, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, avenimiento, lesiones agravadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cotignola, Bruno Nicolás s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cotignola, Bruno Nicolás sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89/90 y 91) y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

Corresponde rechazar la queja porque no logra demostrar la existencia de una cuestión constitucional. En relación con la aplicación de la figura agravada, la defensa parece cuestionar, aunque marginalmente, el elemento subjetivo del delito de lesiones por el que fue condenado, pero en ningún momento pone en duda la conformidad con la imputación por ese delito doloso que el imputado prestó en el avenimiento, con esa misma asistencia técnica, ni cuestiona de modo alguno la validez del avenimiento celebrado (art. 278, CPP). En estas condiciones, el planteo no puede ser atendido. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Honorarios, regulación de honorarios, peritos, sujetos obligados, pago, pericia psicológica, efectos entre partes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Beccaglia, Mariana Aleli c/ Hempel Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede revocar la resolución mediante la cual se desestimó la oposición que formuló el accionado, ante la intimación al pago que se le hizo de los honorarios regulados a favor de la perito psicóloga. Ello por cuanto, en el caso, la prueba pericial psicológica fue ofrecida por la actora con el fin de acreditar los perjuicios inmateriales que, según ella, había sufrido a título personal, acción que por tales puntuales daños fue declarada prescripta en la resolución donde se trató, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, la defensa opuesta a su respecto por la demandada. Y siendo que la actora, por ser quien la ofreció en su propio interés, es quien debió suprimirla a tiempo, contando -incluso- con oportunidad para hacerlo, no cabe sino juzgar que es ella quien deberá cargar con los gastos que trajo aparejada su realización y afrontar el honorario fijado a favor de la profesional que formuló el pertinente peritaje. Se debe seguir, en ese contexto, la imposición de costas a su parte que fuera dispuesta en la resolución de prescripción.
Contrato de trabajo a plazo fijo, extinción anticipada, prescindibilidad, razones de servicio
Materia: LABORAL
Carátula: GARIBOTTO, RAUL ENRIQUE c/ SEGBA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-30

Si el trabajador contratado a plazo fijo es prescindido por razones de servicio en virtud de la ley 21274, en materia de indemnización resulta aplicable el artículo 11 del citado ordenamiento, pues la cláusula está destinada a actuar de manera excluyente a todo tipo de reparación, cualquiera sea su fuente normativa.

Del Dictamen del Procurador General del Trabajo número 5175 del 30 de agosto de 1979, al que adhiere la Sala.

La convención creada por la libre voluntad de las partes (en la que se establece la indemnización en caso de ruptura "ante tempus" en un contrato a plazo fijo) se incorpora al patrimonio de los contratantes, protegido por la certeza y seguridad jurídica que le otorga el derecho de propiedad que tiene rango constitucional.

Atento que la reparación que correspondería percibir por aplicación de la ley 21274 no guarda relación con la estipulada, y que la notoria desproporción entre una y otra, hace manifiestamente irrazonable la protección elegida por ellas ocasionando un menoscabo tal al patrimonio del trabajador que llegaría a desmaterializar el contenido y esencia del derecho del que es titular, debe declararse en el caso de autos, la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 11 de la ley 21274.
Embargo de buque de bandera nacional, interdicción de navegar
Materia: NAVEGACION
Carátula: RUA REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS SA c/ CHIARPESCA SA s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Para que la garantía que implica el embargo sea efectiva y la embarcación no se sustraiga a la jurisdicción del Tribunal que lo decreta, ni se exponga a los riesgos de la navegación, se complementa con la interdicción de navegar, o sea, con la prohibición de que el buque deje el lugar en que se encuentre. Su importancia y utilidad para el acreedor es obvia, porque a la par que del punto de vista de la solvencia del deudor se asegura el cobro del crédito (en caso de que éste sea admitido), se sustrae la cosa a los riesgos de la navegación y a posibles siniestros (cfr. José D. Ray, "Derecho de la Navegación", Abeledo-Perrot, 1964, pág. 381), evitándose que se contraigan nuevos créditos privilegiados (cfr., Sala III, Causa 5777 del 30.11.88; esta Sala, Causa 1186/93 del 7.12.93).
Médicos, esterilización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.N.A. s/ Autorización judicial para ligamente de trompas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

Si para dejar de lado la prohibición el legislador solo exigió una indicación terapéutica perfectamente determinada, que conlleve a su vez el juicio de que el método esterilizante indicado no es reemplazable por otro de mayor eficacia, va de suyo, que tal indicación y tal juicio, solo pueden provenir del profesional de la medicina. Si se quiere, del especialista dotado del bagaje de conocimientos científicos y técnicos en materia de esterilización tubárica. Si alguna duda tiene habrá de acudir a la consulta médica o la junta con otros profesionales del arte de curar, pero nunca al Juez.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, auto de procesamiento, amenazas, delito penal, Iglesia Católica, sacerdotes seculares
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., H.H. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AUTO DE PROCESAMIENTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 365 AÑO 2003) M., M.O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AUTO DE PROCESAMIENTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 366 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26|2003-12-26

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que toda la fundamentación desarrollada por el quejoso remite al examen de cuestiones fácticas y de derecho común que fueron resueltas en el caso con fundamentos suficientes y compatibles con el grado de provisoriedad propio del auto de procesamiento puesto en tela de juicio. En tal sentido, cabe advertir que el A quo al decidir como lo hizo, luego de poner claramente de resalto "la ínsita provisoriedad de lo que se resuelve", coligió después de analizar la prueba de los hechos, y la subsunción de tales hechos en el tipo penal por parte del Instructor , que "Los malos tratos que recayeran sobre la víctima habrían sido una forma de patentizarle, de advertirle, que quienes los concretaban podían continuar actuando, sancionándolo formalmente, adoptando decisiones o influyendo para que otros las adoptaran, en forma tal de perjudicarle su situación de vida, y esto basta para sostener la idea de que se configuró una muy particular forma de amenazar. A su vez, interpretó que "esas amenazas habrían estado destinadas a doblegar el espíritu del párroco para que actuara de un modo en que no habría querido actuar de estar en total libertad la subsunción del proceder bajo la figura penal de las amenazas coaccionantes parece adecuada"; y que, además, "parece nítido que no concurre ninguna causa legalmente aceptada de justificación, puesto que si bien el Consejo Episcopal habría tenido atribuciones para convocar al sacerdote, pedirle explicaciones y hasta amonestarlo, no las tení a para tratarlo del modo amenazante y coactivo en que lo habría tratado. La irregularidad o el abuso en el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, es sabido que deslegitima el mismo". Y más precisamente, "en lo que hace a la responsabilidad individual del imputado, cabe sostener que teniéndose en cuenta el protagonismo que tuvo en la gestación y desarrollo de la reunión, la utilización que hizo de palabras ofensivas y reflexiones potencialmente hirientes, y la tolerancia -cuanto menos- demostrada hacia la actitud de los demás intervinientes en ella, es probable que haya cumplido una función autoral en la consumación de la coacción"
Abuso sexual, víctima menor de edad, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

En cuanto a la valoración de las modificaciones en el comportamiento de los menores víctimas de delitos de índole sexual, el análisis de la estructuración del relato de lo ocurrido y la advertencia de prueba indiciaria, puede consultarse la doctrina legal que surge de los fallos Nº 165/05 y 110/06 de este Cuerpo.
Sanciones procesales, patrocinante, temeridad o malicia, inhabilidad de título, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PICHEL, CONS. ALICIA c/ FRANCO, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-08

Corresponde imponer sanciones al letrado que patrocinando a su parte, consentidas sendas diligencias de intimación de pago embargo y citación para oponer excepciones recién se presenta en el carácter de apoderado a oponer excepción de inhabilidad de título contra la ampliación de la ejecución. Es decir que luego de un dilatado trámite, quedó probada la validez del título no cuestionado en sus aspectos extrínsecos en la primera oportunidad para oponer la defensa, y consentida esa etapa, recién la formula al controvertir la ampliación del ejecutivo.
Prueba biológica, prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Cabe confirmar la sentencia que ordenó la extracción compulsiva de sangre del recurrente, pues en las condiciones dadas durante el proceso no se revela como una medida que afecte los derechos invocados por la apelante al existir indicios suficientes que justifiquen la adopción de medidas propias del proceso de investigación penal y que suponen una intrusión mínima en el cuerpo de la víctima con intervención de personal médico, en condiciones de asepsia e higiene y siempre que no se invoquen serias y comprobadas razones de salud que obstaculicen la adopción de la medida (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, policía federal, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdoba,  Ramona Ana Remigia y otro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Si no se advierte que en la muerte de quien se desempeñaba como sargento de la Policía Federal Argentina al ser asaltado cuando conducía su vehículo, haya participado personal dependiente de la Provincia de Buenos Aires, nada autoriza a demandarla por dicho evento, pues no reviste el carácter de titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, por lo que no tiene un interés directo en el pleito y, en consecuencia, no es parte sustancial en la litis. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho administrativo, entes reguladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Geope Compañia General de Obras Públicas S.A.C.I.C e I.; Luciano S.A. y SYCIC, SACIF e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Posadas s/ Acción Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-02-15

En el nuevo modelo, cobran fundamental importancia los entes reguladores que exige el nuevo esquema económico.... En este nuevo esquema surgen instituciones como los entes reguladores, de neto carácter administrativo, con estructuras organizacionales distintas, nuevos procedimientos como las audiencias públicas o nuevas figuras como el otorgamiento de la explotación de redes viales, sobre cuya naturaleza jurídica existen algunas controversias.
Prueba documental, actuaciones administrativas, valor probatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: SEGALLOS FELIPE S/SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

Las actuaciones administrativas gozan de plena eficacia probatoria en tanto no estén desvirtuadas por otras pruebas (esta Sala, Causas 3605 del 30.6.76, 4632 del 22.6.77, 5606 del 3.2.89 y 4805 del 6.5.89; en igual sentido, Fallos 253:406; 260:189; 271:96), por lo cual resulta inadmisible desconocer lisa y llanamente la eficacia de los actos cumplidos por los funcionarios públicos, sin demostrar el error en que en estos se pueda haber incurrido. (Corte Suprema, Fallos: 253:406, 260:189; 264: 120; 265:235 y 271:96, entre otros).
Regularización del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ RICARDO FELIX Y OTROS c/ GUANTAY MARTIN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-11-24

No puede acogerse la pretensión indemnizatoria con fudamento en los artículos 8 y 15 de la Ley 24013, toda vez que la intimación, cuyo objetivo era la registración de la relación laboral de los trabajadores, no aporta todos los datos necesarios para que eventualmente pueda concretarse el registro correcto ya que se limita a declarar la real fecha de ingreso y las categorías dentro del convenio colectivo de la actividad, sin indicar como la ley lo prescribe, el verdadero monto de las remuneraciones, lo que obviamente torna defectuosa la intimación cursada y determina el rechazo de las indemnizaciones perseguidas.
Firma, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schejier, Sergio Rodolfo c/ Antonino, Orlando s/ Daños y perjuicios Aliende, Carlos c/ Cionfrini, A. s/ Ejecución Sierramar S.R.L. c/ Villarreal, Nestor A. y otro s/ Reintegro de retiros Crigher S.A. c/ Karlikowsky, W. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28|1986-11-18|1992-09-15|1987-12-15

El reconocimiento que el demandado hace de la firma cuestionada, descarta toda posibilidad de abrir discusión alguna respecto de la autenticidad de la misma, posibilidad que sólo se da en el supuesto en que la negase aquél a quien se le atribuye. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de inconstitucionalidad, pirotecnia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.A.E.F.A. y otros c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-26

Deviene inconstitucional la prohibición de la actividad comercial relacionada con los elementos de pirotecnia si no se justifica el sacrificio de quien se dedica a ella, pues el que se le impone debe justificarse en un beneficio determinado y mayor, que evidentemente no podría ser el peligro del uso.
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Bs.As. c/ Parra Daniel Alberto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

La resolución por la cual el juzgador ha dispuesto como medida previa al dictado de la sentencia, que el ejecutante adjunte el contrato de apertura de cuenta corriente celebrado, tiene naturaleza instructoria, lo que por sí mismo aventa la posibilidad de que sea objeto de recursión (art.36 Cód.Procesal y su doctrina). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luguercho, Nélida c/ Leston, Héctor Diego s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

La lesión a la integridad psico-física del individuo debe ser resarcida pues se trata de una lesión al debido uso de su propio cuerpo, a su salud, con prescindencia de que la víctima ejecute o no actividad lucrativa.
Sociedad conyugal, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA, AGUSTIN H. c/ PAREDES, RAMON s/ COBRO DE ALQUILERES-EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-19

Siendo el principio general la irresponsabilidad del otro cónyuge respecto de las deudas contraídas por el otro en nombre propio, constituyendo así la excepción la responsabilidad (limitada a los frutos) y en los casos limitativamente establecidos en el art. 6 de la ley 11357, la prueba de tal excepción corresponde el acreedor ejecutante.
Propiedad horizontal, violación del reglamento de copropiedad, tenencia de animales
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO AV. SANTA FE 2642/44 c/ LAGOMARSINO, Juan Carlos s/ ACCIONES DEL ART. 15 DE LA LEY 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

1- La determinación del grado en que las actividades prohibidas en el art. 6º de la ley de propiedad horizontal puedan resultar perjudiciales o molestas a los habitantes de los pisos o departamentos afectados, es una cuestión de hecho que queda librada, en cada caso, a la apreciación judicial, la que debe efectuarse sobre la base de un criterio objetivo, que no puede verse afectado por la sensibilidad de las personas, puesto que lo que debe establecerse es si las molestias que se ocasionan repercuten sobre los vecinos en una medida superior a la normalmente tolerable.

2- La conducta de un animal generadora de molestias de envergadura (olores nauseabundos, orines en la cabina del ascensor, aullidos y ladridos en distintos horarios, mordeduras a copropietarios o visitantes del edificio, raspaduras en las puertas de distintas unidades funcionales, etc.), al perturbar el sosiego de los ocupantes de los otros departamentos, constituye una violación a la normativa del art. 6º, inc. b) de la ley 13.512, que justifica la expulsión del animal de que se trate.