marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Policía, personal policial, incapacidad, retiro obligatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Labandera, Matilde Generosa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 557-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-22

El artículo 23, inciso b) de la ley 6830 dispone que, en caso de incapacidad total y permanente para el desempeño de las funciones específicas del grado producida en un acto de servicio, el haber de retiro se determinará en base al haber mensual del grado inmediato superior. A su vez, su decreto reglamentario establece que se considerará acto de servicio a "aquel que sea consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las funciones penitenciarias, como un riesgo específico de la profesión". Por lo tanto, no puede prosperar en este sentido el reclamo en cuanto a la imputabilidad al servicio de la incapacidad de la recurrente -era ecónoma-, por no estar demostrado que se haya debido -al menos con exclusividad- a un acto de la naturaleza a que refiere la reglamentación que exige relación "directa" e "inmediata", y "como un riesgo específico de la profesión".
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: Tinnirello, Enrique E c/ Consorcio propietarios calle 69-690 s/ Cobro indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-21

El consorcio de propietarios tiene personalidad jurídica distinta de la de cada uno de sus componentes.
Responsabilidad médica, error de diagnóstico, error de tratamiento
Materia: CIVIL
Carátula: PISTELLI DE RODRIGUEZ OLGA c/ ASOCIACION FRANCESA FILANTROPICA s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

El simple error de diagnostico o de tratamiento no es bastante para engendrar un daño resarcible, porque en una rama del saber como es la ciencia medica en la que predomina la materia opinable resulta dificultoso fijar límites exactos entre lo correcto y lo que no lo es.
Derecho procesal, partes del proceso, acumulación de acciones, procedencia del recurso, jurisdicción, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Embon, Norberto Eduardo y otro c/ Schallibaum, Federico Carlos y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede confirmar la resolución que decidió acumular estas actuaciones con otras que tramitan en extraña jurisdicción. Ello por cuanto, si bien el CPR 191 establece que la resolución en la que se decide acumular actuaciones son inapelables, y que solo se puede recurrir aquella que desestima la pretensión en ese sentido; sin embargo el caso reviste cierta particularidad en tanto las partes, si bien estarían de acuerdo en que procede la acumulación, sólo discrepan en cuál es el juez que debe intervenir. En ese marco, cabe señalar que el código de rito, al establecer el principio de prevención en el art. 189, fijó una regla de interpretación objetiva que no permite mayor flexibilidad. Como se puede observar, no hay controversia en cuanto a que, en el juicio que tramita en aquella jurisdicción se trabó la litis de manera plena ocho días antes que en las presentes actuaciones. En los casos de acumulación de procesos no interesa dónde debiera producirse la mayor parte de la prueba. Ni siquiera resulta relevante cuál de los juicios se encuentra en estado de tramitación más avanzado, pues la acumulación siempre se hace sobre aquel en el que primero se notificó la demanda (arg. Ronald Arazi y Jorge Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", tomo I, pág. 266, año 2015). La norma es clara y brinda seguridad jurídica. Por otro lado, juzga este Sala que resolver la acumulación atribuyendo la competencia al juez nacional, apartándose de dicha regla, importaría una intromisión ilegal en la jurisdicción del juez provincial. Esta postura, que el recurrente califica como "formalista", de ningún modo puede ser tachada de arbitraria. Pues justamente el código de rito, al establecer una regla objetiva, elimina la posibilidad de cualquier interpretación subjetiva y, de ese modo, evita decisiones arbitrarias. En conclusión, una vez definida la procedencia de la acumulación de procesos, no hay duda que es la temporaneidad de la notificación del traslado de la demanda lo que determina la competencia de ambos juicios.
Daños y perjuicios, responsabilidad del asegurador, hurto de automotor, automotor en garaje, pago con subrogación
Materia: CIVIL
Carátula: El Comercio del Norte Cia. de Seguros c/ C.A. Vázquez y J.J. Vázquez s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

El responsable del daño que se ha indemnizado (en el caso el hurto del automotor por la insuficiente vigilancia del permisionario de la playa) responde hacia el asegurador, cuya legitimación surgió "ope legis" cuando pagó a su asegurado y en la medida del pago (Cám.Com. Sala D, 15-11-80 "Inca S.A.

Cía. de Seguros Leponten" en Halperin, "Seguros", T.II, pág.

723).

En ningún supuesto de seguro terrestre se transfiere al asegurador que pagó, el derecho de propiedad sobre la cosa asegurada; aún en el seguro de robo, cuando la misma es hallada después del período contractual para darla por definitivamente perdida, la cosa debe ser perseguida por el propio asegurado, titular del dominio, aunque el beneficio de la acción sea para el asegurador (Halperin, "Seguros", T.II, pág. 722) conclusión que no se desmerece por la existencia de cláusulas contractuales que permiten la subrogación de derechos.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villegas, Vicente Jorge c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

Al regular provisionalmente los honorarios de los profesionales que han cesado de intervenir en el pleito, el margen de apreciación del Tribunal resulta aún más amplio, toda vez que debe prescindir de diversos parámetros que fija el art. 16 de la ley arancelaria -a los cuales debe ajustar su conducta al momento de regular en forma definitiva los estipendios profesionales-, entre los que se encuentra el resultado obtenido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, denegatoria del beneficio, actuación de oficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ETCHEZAHAR, OSCAR c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-20

No existe fundamento jurídico alguno que obligue a la administración a considerar de oficio el otorgamiento de un beneficio diferente al solicitado al momento de denegarlo. Aunque nada se lo impida y parezca plausible que de advertir que resulta procedente, otorgue un beneficio distinto al requerido, exigir ese obrar de manera imperativa obligaría al administrador a actuar a modo de adivinador de las pretensiones del peticionante. (Del voto de la mayoría. el Dr.

Wassner votó en disidencia).
Concurso de delitos, pena
Materia: PENAL
Carátula: M., C. C. y otra c/ Abuso sexual agravado s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-06

No hay contradicción lógica ni absurdo en que el máximo de las penas previstas para los delitos referidos, sea inferior a la del máximo que resulte de la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos (reprimidos con penas menores) que concurren entre sí.

La Corte federal ha ratificado la vigencia del máximo punitivo fijado por la nueva redacción del artículo 55 del Código Penal. Sentenció que "... debe estarse al texto legal (del artículo citado) sin más ni más, y estimar que ya la introducción misma de un aumento tan considerable de la pena significó quebrar definitivamente la tradición de fijar en veinticinco años el máximo de las penas temporales de prisión".
Componente subjetivo distinto del dolo, finalidad delictual, orden de detención, robo seguido de homicidio, robo con armas, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: RECALDE, Gustavo A. y otro s/ HOMICIDIO CALIFICADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

Disidencia del Dr. Navarro: Al haber sido sorprendidos los incoados por el preventor policial momentos después de consumar el desapoderamiento y en las inmediaciones del comercio y en estas circunstancias el imputado habría disparado su arma ante la orden de detención impartida por el funcionario, no existió entonces la preordenación de la muerte a la finalidad del robo, se trataría de una derivación del primitivo designio de robo que se produjo como consecuencia de la aparición del occiso, por lo que debe encuadrarse el hecho en el tipo del art. 165, C.P. que no admite concurso material con el robo agravado por el uso de armas.
Cosa juzgada, derecho de propiedad, derechos adquiridos, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: HORAMAR SRL c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP Y/O RESP BQ "STAR ENTERPRISE" s/ ABORDAJE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Pretender en la etapa de liquidación que se modifique aspectos de lo resuelto -que están bajo el amparo del art. 17 de la Constitución Nacional-comporta una proposición inadmisible desde todo ángulo. Porque, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es inadmisible la aserción de que no existen derechos adquiridos frente a una sentencia firme que los reconoce; la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteración, ni siquiera por vía de la invocación de leyes de orden público (cfr. Fallos: 259:289). O, como también lo ha afirmado el Alto Tribunal en múltiples precedentes, la reapertura de cuestiones definitivamente finiquitadas -como es el caso de los honorarios regulados con carácter firme a los peritos-afecta la estabilidad y la seguridad jurídica y es violatoria del derecho de propiedad (Fallos 266:281).
Daños y perjuicios, mala praxis, perito de parte, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: RAMIREZ RAUL OSCAR Y OTRO c/ NAVARRO ROLANDO LUIS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

La mera alegación de que los consultores técnicos son profesionales de primer nivel en su especialidad, y uno de ellos catedrático, no suprime ni modifica el carácter de su intervención en el proceso en favor de una de las partes, y esa aptitud podrá ser más útil para la defensa científica o técnica de quien contrató sus servicios, pero en manera alguna descarta la parcialidad de su actuación.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Riesgos del trabajo, incapacidad laboral, principio protectorio, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, JOSE AMADOR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-19

La incompatibilidad con el "número cerrado" del baremo del Dto. 658/96 referido a la LRT, encuentra fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional (aplicado por el máximo Tribunal de la Nación en autos "AQUINO"), que prohíbe perjudicar los derechos de otro, y en el art. 14 bis del mismo texto normativo, que adopta el "principio protectorio" según el cual, el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes; normativa suprema que en el orden internacional halla eco en el art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; reglas éstas conforme las cuales toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y además disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; normas todas con jerarquía constitucional desde 1994, en virtud de lo normado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (cf. STJRNS3 Se. 88/10 "MALDONADO" y Se. 28/15 "COYAMILLA"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Derecho administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, culpa civil, prueba, sana crítica racional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Iochpe Maxion Argentina S.A. (T.F. 13.862-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27

Nada impide que a través de los datos de la experiencia pueda naturalmente inferirse de los hechos producidos la ocurrencia de culpa en el acto juzgado. Para ello basta comprobar que el hecho probado sea consecuencia normal de negligencia o de falta de previsión por parte de los responsables de dicho hecho. No se trata de una presunción de culpa; es la inferencia de negligencia o imprevisión resultante del hecho mismo, recayendo, entonces, en el presunto infractor la demostración de la concurrencia, como factor determinante en la configuración de la infracción de otras circunstancias ajenas a su voluntad y que él no pudo controlar.
Recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA JUAN ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-22

La denegatoria del Recurso de Reposición debe ser fundado y si correspondiere, con audiencia de la otra parte; no pudiendo el a-quo limitarse a un "no ha lugar". Cuando el mismo es denegado infundadamente corresponde revocarlo.-
Expresión de agravios, sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Héctor Gerardo c/ Druetta de Irigoyen, Josefina y/o quien resulte responsable s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-07

Constituye un excesivo rigorismo formal, que torna arbitraria la resolución de Cámara que declara la deserción del recurso de apelación, cuando el escrito de expresión de agravios, aunque deficientemente, cumplimenta mínimamente el requisito del artículo 125 inciso c) del Cód. Procesal Laboral de criticar el fallo atacado, por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida, haciendo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cuestión de derecho común, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal-apelacion sobreseimiento-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

Respecto al cuestionamiento que introduce la impugnante en su remedio directo en cuanto a la imposición de costas a su parte en el auto denegatorio, tal cuestión, según criterio reiteradamente expuesto por este Cuerpo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implica una materia procesal, de derecho común, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en la ley 7055 salvo aquellos casos en que tal aspecto procesal haya sido resuelto con manifiesta arbitrariedad, que no ocurre en el caso de autos; máxime si se colige del auto denegatorio que las costas fueron impuestas a la recurrente conforme la regla general de costas a la parte vencida del artículo 448 del Código Procesal Penal, y no -como parece entenderlo la quejosa- exclusivamente al representante legal, circunstancia reservada para los casos excepcionalmente dispuestos en el artículo 449, última parte. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 448 y 449, última parte. - Jurisprudencia vinculada: B., L. A., AyS T 318, p 376/379, sumario J0050041.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, jorge A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Si de la descripción efectuada por la sentencia no resulta certidumbre acerca de qué medio probatorio utilizó para demostrar el corpus delicti que luego enmarca en el art. 94 del Código Penal, es entonces innecesario considerar las impugnaciones efectuadas por el señor defensor toda vez que, aunque ellas resulten insuficientes, tal defecto podría haberse originado en las características deficitarias del pronunciamiento. Corresponde pues la anulación de oficio puesto que de ese modo la propia sentencia ha generado al recurrente un obstáculo sustancial para la suficiencia del recurso pues se ha visto imposibilitado de dirigir sus impugnaciones sobre concretos textos legales que el juzgador no mencionó ni son razonablemente identificables.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa PBB Polisur SA  c/ EN - DGA - resol. 465/12 BABL (expte. 664/12)  s/ Dirección General de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Lo atinente la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes constituyen extremos de índole fáctica y procesal ajenos al recurso extraordinarios (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, incidentes, proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL CIVIL - PENAL
Carátula: BIANCHI s/ INCIDENTE DE OPOSICION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 620-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por no ser definitivo, conforme lo exigido por el artículo 1ro de la ley 7055, el auto que decide sobre una cuestión incidental que implica concederle a un pretenso actor civil la posibilidad de asumir ese rol en el proceso penal; aun cuando se encuentren cumplidos los restantes requisitos que hacen a la admisibilidad del remedio excepcional intentado.
Personal municipal, muerte del agente, ingreso a la función pública, sucesores, parentesco, idoneidad para la función, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: KEAODEELERT, PETCHSAMORN PHOMMACHAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 193 AÑO 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

El artículo 130 de la ley 9286 dispone: "En caso de fallecimiento del agente, la autoridad competente deberá designar, por el conducto legal pertinente, a la viuda o a un hijo de aquél, directamente sin prueba de selección, en un cargo vacante de nivel inferior en la especialidad, y según las condiciones que posea el postulante. El nombramiento tendrá lugar, cuando se reúnan los requisitos exigidos por el ingreso". Esta norma debe ser interpretada en concordancia con el artículo 10 de la misma ley que contempla como requisitos, además de la previa acreditación de la idoneidad -referida a los requisitos determinados específicamente para la función en particular-, la ciudadanía argentina (naturalización en caso de no ser nativo), poseer condiciones morales y de conducta y aptitud psicofísica para la función a la cual se aspira ingresar -que constituyen requisitos de carácter general y uniforme de idoneidad-. Del análisis de la disposición aludida surge que el legislador provincial ante el hecho de la muerte de un agente ha decidido, como una de sus consecuencias o efectos, generar el nacimiento de un deber en cabeza de la autoridad municipal. Dicho deber -tal es la expresión utilizada por la norma- consiste en la incorporación, mediante el dictado del pertinente acto administrativo de nombramiento, de un familiar directo del fallecido (cónyuge o uno de sus hijos) a la planta del personal municipal procediéndose a su designación "sin prueba de selección" y previo cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el ingreso. Ello significa que la Administración municipal debe incorporar a alguno de los sujetos beneficiados por la norma sin exigir la acreditación de idoneidad específica para la función a la que alude el primer párrafo del artículo 10 de la ley 9286, limitándose solamente a requerir la concurrencia de las demás condiciones allí exigidas. La incompatibilidad de la disposición provincial analizada con el artículo 16 de la Constitución nacional surge, pues, de manera evidente.
Declaración espontánea, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Aisenberg, Oscar s/ Declaración Espontánea - Acta de Secuestro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-21

1) Si bien nuestro Código de Procedimientos en Materia Penal impide acordar valor probatorio a la declaración espontánea para ser invocada per se, ello no la convierte en un acto contra la ley ni nulifica su contenido que puede muy bien ser aprovechado de existir pistas de investigaciones que la policía está obligada a seguir, logrando en muchas oportunidades esclarecer distintos sucesos ilícitos.
Impuesto a las ganancias, AFIP, determinación del monto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Del Mestre de Rendos, Clelia Elvira c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-30

Conforme lo ha resuelto el Tribunal en casos análogos (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 26.03.07, "Artigas de Jesús, Luisa c/ E.N. - A.N.Se.S."), para la determinación del haber inicial del titular corresponde incluir el fondo de jerarquización previsto por el art. 128 de la ley 11.683 para agentes jerarquizados de la A.F.I.P., que aquel percibió de manera mensual, normal y regular durante su desempeño, sujeto a retención de aportes y computado para el impuesto a las ganancias. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes Club Companía Gral. Buenos Aires c/ Martin, Eduardo y otro s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

Para que haya efectivamente adulteración, es necesario que las modificaciones introducidas en el texto auténtico tengan trascendencia jurídica en perjuicio de la parte a quien se opone.-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Francisco C. y otro s/ Robo calificado por uso de armas en concurso real con robo  calificado por efracción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Es insuficiente el planteo que formulara la defensa respecto de la valoración como agravante del empleo de un arma de fuego alegando que la misma no fue utilizada en sentido propio ni impropio pues ello -en rigor- no guarda relación con la decisión que se pretende cuestionar desde que no se asienta en tales extremos, de modo que su ausencia carece, en función de lo expuesto, de toda relevancia (art.

355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-).
Deber de guardar secreto, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: HORNOS KRASCHINSKY, Pablo Ariel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

La confidencialidad sobre ciertos datos, que forma parte del secreto que por el cargo, función, empleo o profesión liga a una persona, en este caso el encausado, aparece como un deber general de los funcionarios públicos. Por otra parte, los datos aportados por el acusado no están incluidos en una fuente de acceso público directo e inmediato, trascienden los datos de identificación básica y esto no decae frente a funcionarios públicos titulares de aquellos.
Remuneración, recibo, menores
Materia: LABORAL
Carátula: Lucero, Jacinto R. en nombre y representación de su hijo menor Pablo Lucero c/ Pinto, Antonio s/ Diferencias de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

El menor de quince años de edad tiene capacidad para firmar recibos de haberes al presumirse la autorización paterna por el solo ejercicio de la profesión, no existiendo obligación del padre de suscribir tales comprobantes de pago.