Tribunal: Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-06


2º Instancia. - Concordia, abril 6 de 2005.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Rodríguez dijo:

1º Contra la sentencia de fs. 113/121 que hace lugar a la demanda deducida por la actora y condena a la demandada a pagar la suma de $12.537,84 en concepto de daño material y pérdida del valor venal del vehículo siniestrado, con más los intereses que el fallo especifica y rechaza el daño moral, apelan las partes expresando agravios la actora a fs. 134 y vta., respondidos a fs. 140 y vta., y la demandada a fs. 131/132 y vta., que merecieran la réplica de fs. 136/139.

Para así pronunciarse la a quo consideró que de la prueba rendida surge acreditado que era usual la presencia de animales, no obstante los avisos a la autoridad policial, como a personal de la Estación de Peaje por personas que circulaban asiduamente por la zona y en las inmediaciones del Km. 247, corroborado por testimoniales y los informes sobre los accidentes ocurridos por iguales motivos en la zona entre abril de 2001 y diciembre de 2003. Ello contrasta con la inacción de la demandada al no tomar mínimamente medidas de seguridad alguna para prevenir accidentes. Se probó también la inexistencia de señalización adecuada y eficaz en el lugar del accidente. Atribuyó el cumplimiento deficiente de la concesionaria como la causa directa generadora de la responsabilidad de la accionada, no habiendo desplegado actividad probatoria alguna tendiente a probar la ruptura de la cadena causal como para eximirse de la misma.

2º Recurso de la demandada. Cuestiona el fallo en cuanto hace lugar a la demanda en forma parcial y a los porcentajes de distribución de culpa.

Luego de incursionar sobre la obligatoriedad de la aceptación de la doctrina de nuestro Máximo Tribunal por parte de los jueces inferiores, conformando decisiones a lo que haya resuelto la CSJN en casos análogos, refiere que todos los fallos en su búsqueda en la página web fueron consecuentes en mantener la postura de que no corresponde atribuirle responsabilidad a la Concesionaria por daños producidos por accidentes con animales sueltos en la ruta.

Afirma -coincidiendo con citas jurisprudenciales de la CSJN- que, la eventual responsabilidad que genere la existencia de animales sueltos en la ruta debe atribuirse, en virtud de lo dispuesto en el art. 1124 del CC, a su propietario.

Que, sentando lo anterior respecto a la responsabilidad que se pretende endilgar al Estado provincial, forzoso es concluir que tampoco cabe atribuírsela a la concesionaria de la ruta, quien no puede asumir frente al usuario -por la delegación de funciones propias de la concesión, derechos o deberes mayores a los que correspondían al ente concedente-. Que las funciones de policía de seguridad y policía de tránsito deben ser ejercidas por la autoridad pública y que no surge del contrato de concesión que la demandada haya asumido obligaciones vinculadas con el hecho que motiva la presente demanda y cuyo incumplimiento pueda generar su consiguiente responsabilidad. En definitiva solicita la revocación de la sentencia con costas.

3º Hace tiempo que la CSJN estableció, por mayoría, su criterio liberatorio de responsabilidad del concesionario por la presencia de animales sueltos (confr. CSJN "Bertinat", Fallos: 323:305 (La disidencia del doctor Vázquez propició la tesis de la relación de consumo) y CS, 3/7/2000, "Bertinat, Pablo J. y Otros c. Prov. de Buenos Aires y Otros", con nota de Lorenzetti, Ricardo L., adhiriendo al voto en disidencia: "La Corte Federal fija su posición en la responsabilidad por accidente de tránsito ocurrido por colisión de animales en ruta", en RCyS, 2000-39; "Colavita, Salvador y Otro c. Prov. de Buenos Aires y Otros", con nota de Fernando Sagarna, "Responsabilidad de los concesionarios de peajes y del estado por animales sueltos en rutas", LA LEY, 2000-B, 754 aprobatoria de la opinión de la minoría; Mertehiabian, Eduardo, "Breve comentario acerca de la responsabilidad extracontractual por la omisión del Estado y de los concesionarios de obra pública (animales sueltos en caminos)", LA LEY, 2000-D, 533; LA LEY, 2002-A, 126).

Esa interpretación, en votación dividida, fue luego reiterada señalándose en opinión de anteriores magistrados que "el Reglamento de Explotación impone a los propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar medidas tendientes para impedir la presencia de animales sueltos, proceder a su retiro y pagar los daños, y que deja las funciones de policía de seguridad y tránsito a cargo de la autoridad pública (confr. CS, 9/11/2000, "Rodríguez, Eduardo Javier c. Buenos Aires, Provincia de: Concesionario Vial del Sur SA y Otros s/Sumario").

Posteriormente se repitió la referida doctrina jurisprudencial (confr. CS 28/5/2002, "Expreso Hada SRL c. Prov. de San Luis", JA, 2002-III-268) con sus disidencias, en la conformación del Alto Tribunal.

Sin embargo en esta cuestión, la tendencia antes mayoritaria, y ahora más debilitada, se inclina por la eximición de responsabilidad de los concesionarios viales por la presencia imprevista de animales sueltos. No obstante, esa tesis exhibe muchos matices que dependen si la aparición del animal es sorpresiva, si por el contrario era previsible su presencia en la ruta o podía ser de conocimiento del personal de la concesionaria que omitió actuar diligentemente para impedir el hecho dañoso; incluso se diferencia, a veces, si el animal se desplazaba por la cinta asfáltica en una suerte de equiparación entre obstáculo móvil o inerte.

Se señala que cabe una distinción en hipótesis de animales sueltos, de obstáculos u objetos en la traza vial y los vicios inherentes a la ruta en sí mismas porque "la concesión no ha puesto a cargo de la empresa la vigilancia de animales de terceros que queda regida por el derecho común" y la aparición imprevista y excepcional de semovientes torna responsable a su dueño por aplicación del art. 1124 del CC.

Sin embargo, se excluye de esta última tendencia interpretativa, y se responsabiliza al ente vial, los supuestos en que el personal haya tenido conocimiento previo de hechos que afecten gravemente la seguridad del tránsito, sin que esos dependientes de la empresa adoptaran medidas necesarias para su inmediato cese. Aplicando este criterio se condenó a la concesionaria por la aparición de un caballo, ya que no se actuó diligentemente para prevenir y evitar el accidente, ante el aviso previo de la presencia del animal, lo que denota falta de previsibilidad (confr. CNC, sala F, 24/10/2000 "Cardell, Fabián Ernesto y Otros c. Caminos del Oeste s/Daños y perjuicios", por unanimidad, siendo el fundamento de la doctora Elena Highton de Nolasco, JA, 2001-II-200).

Desde la óptica de la relación de consumo se falló que la abstención de toda acción dirigida a evitar la entrada de animales, sin intentar siquiera prevenir con elementales cuidados la seguridad de la circulación, supone incumplimiento del deber de seguridad a que estaba obligada la demandada, siendo inadmisible que su obligación se limite únicamente a dar aviso a la policía advirtiendo la presencia del animal. También -en este supuesto- inobservó "la solidaridad debida a los demás en el cuidado de su integridad y sus bienes, sin atender la responsabilidad derivada de brindar servicios" (confr. CCCom. de Curuzú Cuatí , "Díaz, Juan A. y Otros c. Caminos del Río Uruguay SA de Construcciones", LLLitoral, 2002-837).

Los criterios expuestos surgen de la nota publicada por Jorge Mario Galdós en LA LEY, 2004-C, 919, "Peajes. Relación de Consumo y animales sueltos. Otro trascendente fallo", comentando el fallo de la sala B de la Cámara Nacional Comercial, 25/8/2003, autos "Donofrio, Vanesa G. c. Caminos del Atlántico SACV".

Adelanto mi opinión coincidente con la a quo -en el caso- atribuyendo responsabilidad al concesionario vial Caminos del Río Uruguay SA, pues de la prueba producida en autos (pericial, testimoniales, de informes de la Comisaría de Colonia Yeru y el remitido por el Organo de Control de Concesiones Viales, constatación judicial obrante en la prueba anticipada acordonada) se acredita sin lugar a dudas que dicho siniestro se produjo por su conducta negligente, ya que habiendo sido anoticiada de la existencia de una fuente de peligro consistente en la presencia de animales sueltos en la zona que se produjo el suceso, debió extremar las medidas para evitar o disminuir accidentes en la libre circulación vial. Instalar carteles indicadores de la presencia de animales en la zona, disminución de velocidad, y lo que es peor aún, haber hecho caso omiso a las denuncias efectuadas en la Estación de Peaje por los usuarios que declaran en esta causa (trátase de testigos calificados por su profesión que habitualmente transitan por Ruta Nacional 14 en la zona y corredor donde se produjo el accidente) y en la policía de Colonia Yeru.

No cabe lugar a dudas que se configura un proceso omisivo que atribuye responsabilidad al concesionario vial la falta de asunción inmediata de medidas acordes con el peligro que significa la presencia de animales sueltos en la ruta, a pesar de las denuncias en la casilla de peaje, suscribir quejas en el libro respectivo, que la concesionaria a pesar del requerimiento no acompañó a la causa, de los accidentes reiterados producidos en el corredor vial en esa zona y que da cuenta el informe ya relacionado, pues entre sus obligaciones figura la preservación de las condiciones aptas para el tránsito normal.

Acreditada la presencia de animales en la ruta y el perjuicio sufrido por el usuario, así como que éste aconteció durante el tránsito vehicular por la vía concesionada, emerge en contra del concesionario una presunción de adecuación causal, la que debe ser desvirtuada mediante la prueba de la fractura del nexo de causalidad, lo que no ocurre en autos.

A mayor abundamiento cabe señalar que se ha sostenido que "La responsabilidad del propietario o guardián del animal, prevista en el art. 1124 del CC por los daños que cause, no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo y otro, puede caberle a otras personas sobre las cuales pesa el deber de evitar que ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad que representa su presencia" (confr. CNCiv., sala M, 30/4/2001, "Caja de Seguros SA c. Caminos del Atlántico SACU", voto de la doctora Alvarez con adhesión del doctor Hernán Daray y nota aprobatoria de Omar Domínguez, "La responsabilidad del concesionario de peaje en los accidentes producidos por la presencia de animales sueltos en los corredores viales", LA LEY, 2001-E, 691; CSJN, "Ramírez c. Virgen de Itatí Conces. Obras Viales SA"; en LA LEY, 30/8/2002. CNCiv., sala I con nota: López del Carril, LA LEY, 14/9/99).

Por lo antes expuesto, propicio a mis pares rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de recurso, con costas al vencido (art. 65, CPCC).

4º Recurso de la actora. Se queja de la sentencia en cuanto rechaza la indemnización del daño moral, fundamentándose para ello en que dicho padecimiento no reúne entidad suficiente para merecer ser indemnizado. Dice que se encuentra probado en autos que la actora utilizaba el vehículo siniestrado para su trabajo -actividad agropecuaria-, siendo un automotor 4x4 para moverse en el campo cuando las circunstancias lo requerían. Que el mandamiento de constatación acredita que el camino vecinal de acceso al establecimiento en General Campos es intransitable los días de lluvia y al no contar con el vehículo le causa un perjuicio inminente que genera derecho a indemnización. Impetra en definitiva la revocación parcial de la sentencia haciéndose lugar al rubro daño moral.

Las quejas no pueden tener favorable acogida, toda vez que las mismas se circunscriben a puntualizar que la actora estuvo privada del uso del vehículo en tiempos de lluvia y que por su actividad agropecuaria transita generalmente por caminos de tierra.

Ello en manera alguna conforman los presupuestos que hacen a la procedencia del daño moral que reclama la actora, toda vez que la privación del vehículo no caben dudas le provocó incomodidades o molestias pero sin entidad suficiente para provocar mortificaciones o padecimiento moral, por lo que propicio se rechace el recurso, con costas a la vencida (art. 65 CPCC).

El doctor Smaldone dijo:

Que se adhiere al voto del vocal preopinante.

El doctor Moreni dijo:

Que se adhiere al voto de los doctores Rodríguez y Smaldone.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1. Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la sentencia de fs. 113/121 en todo cuanto ha sido materia de recursos. 2. Imponer las costas en el recurso de la demandada a su cargo y al actor en el recurso por él deducido (art. 65, CPCC). 3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se fijen los de la anterior instancia. - Celedonio A. Rodríguez. - Juan R. Smaldone. - Ricardo I. Moreni.