marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hábeas corpus, derecho a ser oído, condiciones de detención, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Gajardo Perez, Juan Carlos s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

Corresponde revocar el rechazo del habeas corpus -fundado en la falta de acreditación de las circunstancias aludidas por el interno- sí, habiéndose requerido el informe previsto en el art. 11 ley 23.098 -que importaba poner en marcha el procedimiento-, no se cumplió con la audiencia del art. 14 de dicha ley y, en consecuencia no se escuchó al imputado violando su derecho a ser oído. Teniendo en cuenta que los traslados de detenidos en forma injustificada y que importen el alejamiento de su núcleo familiar y social pueden configurar un supuesto de agravamiento de las condiciones de detención, la omisión del a quo de toda referencia respecto a la razonabilidad del cambio de detención -lo que fuera expresamente invocado por el fiscal-, configura un supuesto de arbitrariedad.

(Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, defensa en juicio, sistema acusatorio, prueba de cargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: M., M. A. c/  s/ delitos contra la integridad sexual gravemente ultrajante-apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-28

La presentante -en sustancia- pretende discutir la interpretación que los Magistrados efectuaron de los hechos, la prueba y el derecho común, mas sin lograr en ese camino demostrar -por las deficiencias apuntadas- que alguna de las hipótesis de arbitrariedad esbozadas encuentren conexión con lo decidido en autos, ni perfilar idóneamente cuestión constitucional alguna, reflejando -en definitiva- su mera discrepancia para con el criterio sostenido por los Jueces de la causa al dar respuesta a cada una de sus postulaciones; particularmente, echa de verse que las críticas al tratamiento dado por el A quo al planteo de indefensión formulado por su parte al apelar -cuestionando la estrategia seleccionada por el curial que intervino con anterioridad en el ejercicio técnico de la defensa del imputado- resultan genéricas, al no ocuparse la presentante de controvertir los argumentos de la Alzada cuando -tras analizar los alcances de la invocada garantía en el marco del sistema de enjuiciamiento acusatorio adversarial y examinar el caso concreto a la luz de los estándares adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la eficacia de la defensa- expusiera las razones que impedían tener por acreditada alguna situación que se aproximara a lo denunciado y que determinara la necesidad de invalidar lo actuado, resaltando que la teoría del caso esgrimida por el defensor en el juicio no había tenido acogida, no por ser mística o inverosímil su estrategia, sino porque la hipótesis acusatoria había sido debidamente acreditada con las probanzas producidas durante el debate.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cabrera de Laner, María Nemesia c/ Fernández, Mario Angel y otra s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-17

Se entiende por incapacidad sobreviniente cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que afecte la capacidad productiva o se traduzca en un menoscabo de la plenitud o dificultad en las actividades, productivas o no, que el sujeto solía realizar con la debida amplitud y libertad pero, para que la incapacidad sea resarcible, la sufrida por la víctima debe ser permanente. En otras palabras, la circunstancia de la incapacidad de la víctima provocada por el accidente, debe ser motivo de reparación en tanto y en cuanto ella le haya ocasionado un perjuicio en su patrimonio, limitaciones a la capacidad física o genérica que son consecuencia de las lesiones experimentadas por la damnificada.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, Administración Pública, interés público, Superior Tribunal de Justicia, competencia, policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alia, Marcelo Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 21-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-10

La materia referida a sanciones disciplinarias ha sido sustraída de la competencia de la Corte por la ley salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (artículo 12 inciso c) de la ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso de presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad. La invocación por parte del recurrente de la irrazonabilidad de la sanción impuesta y de la violación del artículo 163 del Reglamento de Normas para los Sumarios Administrativos torna admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto, cuando la Administración se ha excedido en el ejercicio de sus facultades disciplinarias.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monzón, Abel y Tasori, Vicente c/ Bohogú, Jorge y Empresa Pullman General Belgrano s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Para que la conducta de los menores, víctimas del siniestro, pueda constituirse en causal de exoneración o disminución de responsabilidad, debe demostrarse que ha sido el resultado de una irrupción súbita sobre la calzada, que ostente los rasgos de "imprevisibilidad e inevitabilidad que caracteriza el caso fortuito".-
Sentencia, fundamentación de sentencias, libre convicción
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTELO DE DIEZ OJEDA PATRICIA LAURA. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12

Es oportuno recordar que los pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador, sino que de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso concreto.
Desaparecidos, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

Los testimonios brindados en la audiencia de debate por los familiares de la víctima de desaparición forzada en cuanto a las modalidades en las se realizó el secuestro resultan creíbles, lógicos y pertinentes, pues las discrepancias en alguna cuestión temporal mínima con relación a lo manifestado por otro testigo no suponen falsedad y son lógica consecuencia del prolongado tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.
Beneficio de litigar sin gastos, beneficio provisional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, José Alberto c/ Santamarina, Norberto Remigio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

El solicitar el beneficio -de litigar sin gastos- conjuntamente con la demanda, suspende los trámites de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, extensión de la quiebra, responsabilidad de representantes, negligencia, libros de comercio, libro de inventarios y balances
Materia: COMERCIAL
Carátula: GALEB SA c/ TORRES WEILER Y OTROS S/ ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Procede la acción por la que se persigue extender la quiebra de una sociedad anónima a los integrantes del órgano de administración cuando -como en el caso-, las constancias que surgen de los autos del concurso preventivo y la quiebra, evidencian la responsabilidad que les cupo a los administradores del ente social, quienes con su actuar negligente -al menos provocaron el desequilibrio económico de la entidad, que concluyó en la clausura del procedimiento falencial por falta de activo. No empece lo expuesto, que en la especie podría concluirse que la desaparición de ciertos bienes que conformaban el activo se produjo con posterioridad a la presentación concursal, pues no solo no existe prueba acabada de que ello fuera así, sino que tampoco es posible desconocer la desprolijidad con la que se administró al ente. Evidencia de ello, es la defectuosa contabilidad social -no se pudieron localizar la totalidad de los libros sociales-, la falta de confección de balances. A más, la poca injerencia en la actividad societaria o delegación de tareas en otras personas, puesto de manifiesto por los anteriores administradores, constituyeron en otros hechos los que generaron la decisión de tener por desistida a la defendida de su presentación en concurso. De modo pues que, aún cuando los bienes hayan desaparecido definitivamente luego de la presentación en concurso, lo cierto es que el total abandono de las funciones correspondientes a quienes administraron el ente hasta entonces, ha coadyuvado al grave desequilibrio de la sociedad.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: T., J. Á. s/ HURTO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-14

Es sabido que el sistema de las libres convicciones razonadas instaurado en nuestro derecho de formas para la valoración de la prueba (arts. 25, 168 y 329 del C.P.P) le permite al juez de mérito fundar el juicio de certeza sobre la participación del inculpado, no sólo mediante prueba directa, sino también, y aún exclusivamente, por prueba indirecta indiciaria, con la total libertad de fijar los hechos conocidos y probados (indiciarios) y, a través de un juicio lógico inductivo, establecer los hechos desconocidos (indicativos) que luego conformarán la certeza para la declaración de culpabilidad.
Intervención de línea telefónica, fundamentación de la resolución, facultades de la autoridad de prevención, facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDES DOS SANTOS, Solange
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-10

Resulta válida tanto la medida de interceptación telefónica dispuesta en base a una nota de la autoridad preventora que lo requiere, como la propuesta en el mismo sentido por parte del fiscal, siempre que contenga específicamente los motivos de su procedencia (art. 236, C.P.P., en función del art. 123 de igual código) (*).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), obligaciones del empleador, certificado de trabajo, interpelación, plazo, indemnización tarifada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIBLES, MIGUEL NORBERTO c/ TRANSPORTE EL TUTI S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

El presentante insiste en criticar la interpretación asignada por el Tribunal al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y al artículo 3 del decreto 146/2001, mas sin conmover lo expuesto por los sentenciantes al colegir que no correspondía aplicar en el caso la referida sanción indemnizatoria, por entender la Sala, tras ponderar tanto la conducta del propio accionante como las constancias de la causa, que la intimación que dirigió al empleador fue cursada fuera del plazo establecido en el indicado decreto reglamentario, por lo que concluyó en la insuficiencia del requerimiento que en ese sentido formuló el actor al interponer la demanda sin la intimación expresa, a los fines de suplir la inobservancia del plazo legalmente dispuesto; y tales consideraciones, más allá del grado de acierto o error en la hermenéutica asignada por la Cámara a las normas en juego, permanecen incólumes advirtiéndose la sola disconformidad del impugnante sin conseguir acreditar la arbitrariedad invocada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 80; Decreto 146/2001
Contribución única de la seguridad social, obras sociales, AFIP DGI, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de apelación (procesal), celeridad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. c/ U.O.C.R.A. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

A partir de la creación de la C.U.S.S. (Dec. 2284/91) se ha centralizado la recaudación de todos los recursos. Actualmente esa responsabilidad la tiene la D.G.I., quien comparte con las Obras Sociales -por razones que no aparecen claramente explicitadas- tareas de fiscalización y ejecución de los aportes y contribuciones que tienen a estas como sus destinatarias finales, sin perjuicio de estar sometidas en su accionar a la supervisión de aquélla. En el marco de esa singular delegación (dispuesta al margen de las previsiones del Dec. 507/93 -ratificado por ley 24.447-) es ante el "supervisor" que debe plantearse cualquier cuestionamiento en el accionar de la Obra Social. Ello es así habida cuenta que es sobre el mismo universo de obligados y dependientes y sobre idénticas nóminas salariales, que deben efectuarse los procesos de fiscalización que pueden culminar en determinaciones de deudas. Así las cosas, y ante la falta de una específica regulación normativa en la materia, cabe concluir que como etapa previa a una posible intervención judicial revisora, el ente recaudador -delegante y supervisor- deberá resolver los casos de controversia a modo de agotamiento de la vía administrativa (ley 19.549), habida cuenta que son sus resoluciones las pasibles de recurso en el marco de la ley 18.820. En consecuencia, y en cuanto la legislación vigente no prevé la existencia de recursos (en el caso, apelación) contra resoluciones de organismos prestadores de obras sociales, debe desestimarse sin más la vía procesal elegida, y por razones de economía y celeridad procesal, remitir las actuaciones a la D.G.I.

para que asuma la intervención que le corresponde.
Recurso de casación, sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: HONORES FRANCISCO c/ MARTINEZ BAMES DOMINGO Y OTRO s/ PERICIA MEDICA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

El recurso carece de fundamentación. La supuesta falta de búsqueda de la verdad real por parte del Tribunal, carece de sustento, toda vez, que conforme se desprende de las constancias de autos, la juzgadora habría considerado suficientemente instruída la causa, sólo que, de las pruebas que analiza deriva conclusiones desfavorables a su parte y con las que en definitiva discrepa.

Respecto al otro motivo de agravio, el impugnante bajo el pretexto de una violación al deber de motivar se limita en el desarrollo de sus argumentos a discutir facultades propias del Tribunal de Mérito como es la relativa a la valoración de la prueba periciales médica y técnica. El escrito recursivo trasunta discrepancia con el mérito que de aquella se efectuara, oponiendo consideraciones propias derivadas de los referidos informes, bajo la pretensión de que son las únicas posibles, con lo que intenta desvirtuar las de la Sala, sin lograr su cometido, desde que no pone de manifiesto vicio alguno en su razonamiento.-
Tasa de justicia, persona jurídica pública no estatal
Materia: PROCESAL-SOCIOLOGIA
Carátula: Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", en: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277, CCAyT) recurso de inconstitucionalidad denegado", en: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277, CCAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

El art. 3 de la ley nro. 327, al establecer las exenciones para el pago de tasa judicial contempla, en su inc. a), a los entes descentralizados de la Ciudad de Buenos Aires; y en el b), a los entes públicos no estatales que tengan asignado legalmente el gobierno o control de la matrícula de los profesionales universitarios de la Ciudad de Buenos Aires, preceptos que adquieren relevancia, si se los pone al servicio de una interpretación sistémica del régimen sobre el cual se edifica el gravamen. Desde esta óptica, la OSBA -ente público no estatal-, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público o privado e individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico-financiera, constituye una autoridad administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las potestades públicas que ejerce en virtud de la ley (art. 1 CCAyT) y, al mismo tiempo, no denota, capacidad contributiva, presupuesto indispensable para la procedencia, no sólo de los impuestos, sino también de las tasas y las contribuciones especiales.
Recibo de sueldo, firma en blanco
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Ricardo Hugo c/ Juan Mantello s/ Ordinario (LIBRO: S000 - 090)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-30

Ante la imposibilidad de probar la firma en blanco mediante pericial caligráfica, la valoración del recibo no puede ser desvinculada de todo el cúmulo de hechos y pruebas que llevan al convencimiento necesario para su descalificación. La falta de exhibición de registraciones, llevan a concluir que no resulta acreditado el pago que invoca la empleadora y que el mismo carece de validéz.-
Expropiación irregular, adquisición del dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallastegui, Mariano y otra c/ Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Servidumbre administrativa de electroducto Staudt, Juan Pedro Guillermo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20|2001-05-30

La adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el estado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17 de la Constitución nacional). Pues, "constituyéndose la relación expropiatoria con la declaración de utilidad pública y extinguiéndose con el pago de la indemnización que se fije por acuerdo de partes o sentencia definitiva y quedando, por lo tanto, sometida íntegramente al derecho público mientras que no se extinga aquella, el estado no podrá adquirir el dominio del bien o de las cosas afectadas a expropiación por las vías normadas en el Código Civil. De ahí que la invocación de la prescripción adquisitiva es inoficiosa mientras subsista la mentada relación publicística expropiatoria". (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, empleo público, personal suplente, concurso de cargos, procedimiento de selección
Materia: LABORAL
Carátula: Dali  Yvan Patricia Amelia c/ Estado Nacional AFIP DGI s/ Nulidade inconst. resol.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

En el caso un agente de la AFIP que permaneció en un cargo con carácter de interino durante largo tiempo, y a quien, sin llamarse a concurso alguno, la AFIP, le dio por finalizadas sus funciones -sin explicitar motivo alguno- designando a otro servidor en carácter de interino, solicita su reintegro al cargo. Dicho reintegro no es procedente en virtud del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "O.656.XL "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Olavaria y Aguinaga, Jesús María c/Administración Federal de Ingresos Públicos" del 8/5/2007. Allí el Alto Tribunal se remitió al dictamen de Procurador Fiscal ante la Corte quien señaló que es errónea la interpretación del art. 14 del Laudo 15/91 que implica reputar como definitivas las funciones a las cuales el agente fue ascendido si desaparecieran las causales que dieran origen al interinato o transcurrieren los plazos que fije la convención colectiva de trabajo. La norma es clara en punto a que, en ese supuesto, la vacante deberá ser llenada por concurso sin que exista disposición alguna que le garantice al interino la permanencia en el cargo. Las disposiciones del citado laudo no otorgan derecho a quien cumple un interinato a permanecer en el cargo hasta que éste sea cubierto por concurso; consecuentemente con ello, estima que la autoridad no tiene vedado disponer el reemplazo de un agente interino por otro de similar situación de revista. Toq. 1233.
Defensa en juicio, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Siendo que el derecho de defensa, consagrado por el artículo 7 tercera parte de la Constitución provincial, se ejerce de conformidad a las leyes respectivas que lo reglamentan, ha de convenirse en la existencia de un orden normativo de grado inferior, pero no por ello soslayable, que determina las condiciones en que tal derecho puede ejercitarse. Ese marco normativo interrelaciona los distintos derechos fundamentales (Barbero diría que forma un tejido conjuntivo) de manera que coexistan sin que uno implique la merma de otro. (De los Fundamentos del Dr. Ulla).
Plan de ahorro previo, contratos de adhesión, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANABRIA,  EDUARDO  RICARDO c/ CIRCULO  DE  INVERSORES  SA  P/FDETERMINADOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

1. El plan de ahorro para fines determinados se trata de un negocio tipo de adhesión, que permite al ahorrista, sobre la base de la mutualidad, acceder a la propiedad de ciertos bienes por adjudicación directa (CNCom, Sala B in re "Rigoni, Gabriel Gustavo c/ Círculo de Inversores SA de ahorro para fines determinados" -voto de la Dra. Piaggi-, del 20/11/02). Las administradoras reciben dinero de los ahorristas, con promesas de prestaciones futuras y estas actividades afectan de modo directo e indirecto al régimen del crédito y más específicamente del ahorro público. (CNCom, Sala B in re "Ibarrondo, Nélida c/ Plan Rombo", del 23/03/06). 2. Del convenio surge la certeza del adherente sobre la contraprestación que obtendrá en el tiempo, máxime cuando las sociedades de ahorro previo son profesionales que captan del público una significativa masa de fondos y, en el manejo de bienes ajenos se encuentra fuertemente comprometido el interés de la comunidad; tienen por objeto administrar fondos de los suscriptores para afectarlos a los fines previstos en los contratos.