marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: G., J. c/ B. B. SA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-31

Es un hecho público y notorio que en estos momentos esa institución bancaria carece de tasa activa de interés, o lo que es lo mismo, dicha tasa se encuentra claramente desajustada por mantener en forma invariable la adoptada durante el año 2001 (1,97 %, tasa efectiva mensual), y que, en cambio, el Banco de la Nación Argentina ante la realidad económica modificó la misma para ajustarla a las actuales variables en esa materia (5% T.E.M.). En consecuencia, y mientras se mantenga dicha circunstancia (falta o desajuste de la tasa activa de referencia del Banco del Chubut S.A.), considero que en la presente causa, y a partir del 1 de enero de 2002 debe adoptarse la tasa activa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina en su calidad de banco público para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, en uso de la facultad prevista por el artículo 622 del Código Civil, última parte, al entender que la misma resulta la más adecuada para indemnizar el daño moratorio sufrido por la parte actora.
Competencia por conexidad, ejecución hipotecaria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: BORZINO,  Alberto  Horacio  y otro c/ BANCO SANTANDER RÍO S.A. s/ PRUEBA ANTICIPADA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

No corresponde la radicación de un proceso sobre daños y perjuicios del inmueble ante el juzgado donde tramitó su ejecución hipotecaria -con sentencia firme y auto de subasta° porque si bien la conflictiva tiene algunos aspectos comunes, no se trata de juicios de la misma causa y objeto, máxime si el juicio de daños se adjudicó por conexidad automática a otro atinente a la interrupción de la prescripción.
Nulidad procesal, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tribunales militares
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero). s/ ASOCIACION ILICITA  -  REVELACION  DE  SECRETOS  CONCERNIENTES  A LA  DEFENSA NACIONAL Y DESERCION SIMPLE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-14

Admitida la falta de firmeza de la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en tanto cabe considerar subsistente la pretensión recursiva dirigida contra ella por el enjuiciado, corresponde declarar inválidos todos los actos realizados con posterioridad, pues tuvieron a aquella firmeza como presupuesto esencial.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, derecho penal disciplinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DAVID EMILIO s/ Amparo (LIBRO: A063 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-02-15

La "suspension preventiva" no vulnera los derechos contitucionales de propiedad y trabajo
Daños y perjuicios, lucro cesante, empresa de transporte, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUGGERI TELEFORO Y OTS. c/ FERNANDEZ DANIEL Y OTS. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S153 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-18

Cuando el automotor es instrumento para el ejercicio de una actividad económica y rentable, la privación de su uso durante el período necesario para repararlo o reemplazarlo, determina de ordinario, la configuración de un lucro cesante; en cuyo caso se exige la prueba de la actividad económica del damnificado, del caracter instrumental que para su desenvolvimiento cumplía el automotor, de los ingresos normales obtenidos y los dejados de percibir, y el tiempo de la privación. A diferencia del perjuicio por privación de uso en que sólo se requiere la prueba de la indisponibilidad.-
Prescripción, suspensión de la prescripción, cómputo del plazo, mediación
Materia: CIVIL
Carátula: URIA c/ BELIZAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-31

1- Al disponer el art. 15 "in fine" del decreto reglamentario 1021/95, que en caso de no arribarse a un acuerdo en la mediación el reclamante se encuentra habilitado para presentar la demanda, cabe concluir que el plazo de prescripción se reanuda con la finalización del acto de mediación que habilita al reclamante, en caso de su fracaso, a abrir la vía judicial.

2- No corresponde equiparar este supuesto de suspensión de la prescripción con el contemplado en el art. 3986 del Código Civil, o con el plazo dispuesto dispuesto por el art. 30 del decreto 1021/95. La reanudación del plazo de prescripción tampoco depende de la continuación de las negociaciones entre las partes. La prescripción de una acción está directamente vinculada con la posibilidad de ejercerla, por lo que es lógico que su plazo recomience a partir del momento en que el reclamante queda habilitado para iniciar la demanda.
Nulidad procesal, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Luis A. y otros s/ Conflicto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Los Tribunales Orales carecen de la facultad de disponer el apartamiento de los jueces instructores como consecuencia de la declaración de nulidades procesales, pues no revisten el carácter de superior respecto de ellos, que el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación demanda.
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escorihuela de Mathus Hoyos Angelina Rosa C. c/ E.N. -H. Cám. de Sen. de la Nación y A.N.S.E.S.- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Resulta de aplicación el art. 32, inc. e) de la Ley Nac. de Procedimientos Administrativos nº 19.549, cuando ha mediado una clara conducta por parte del Estado Nacional, que hace presumir -iuris tantum- la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo en un ritualismo inútil.
Jornada de trabajo, excepciones procesales, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: Parddavila  Roberto  Marcelo c/ Banco de Galicia y Buenos AiresS.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-23

Para que sea procedente la exclusión prevista por el art. 3 de la ley 11544 no resulta suficiente con la mera denominación de una categoría laboral (en el caso "oficial de cuentas semisenior"), sino que, por el contrario, atendiendo tanto al principio protectorio como al principio de prímacia de la realidad, debe explicitarse y acreditarse debidamente que el dependiente desarrollaba tareas propias de los niveles jerárquicos contemplados en la mencionada norma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abraham, Leonardo Ernesto c/ Don Adrian S.R.L. s/ Ejecutivo-Recurso de Queja int. por Leonardo Abraham
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-10

En el subcase se advierte la inexistencia de la definitividad requerida por las normas procesales de los artículos 276 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial, habida cuenta que el veredicto recurrido en inaplicabilidad de ley se limita a resolver la acumulación del juicio ejecutivo al de quiebra, pero no impide el pronunciamiento final sobre la cuestión de fondo por el Juez que debe resolver, por lo tanto, lleva a concluir que la pretensión sustancial entrega de fondo podrá válidamente replantearse en otro proceso quedando en consecuencia incólume.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia
Materia: PENAL
Carátula: Muñiz, Ricardo Félix s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se remite a lo expuesto en instancias anteriores pues no suple la obligación de demostrar en el recurso las violaciones alegadas (art 346 n.a., C.P.P.) y esa omisión no puede ser salvada por la sola cita legal.
Trabajador, derechos del trabajador, contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ JOSEFA FABIANA c/ OBISPADO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD,ETC. CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-15

Acreditada la existencia de un contrato de trabajo, y la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados, la fecha de ingreso que debe tenerse en cuenta a los fines de la antigüedad del trabajador, es la que registra desde el inicio de la vinculación, sin que para ello resulte relevante quien haya sido el primer titular de la institución ni quien lo haya sucedido en dicha calidad. Esta última circunstancia no le es oponible al trabajador.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL JULIO CESAR Y OTRA c/ SAYAGO JUAN MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-30

Sólo en el caso de que la absolución penal estuviera basada en la inexistencia del hecho, y no en la falta de responsabilidad del acusado, podría ser invocado ese pronunciamiento en sede civil para impedir una condena que aparecería como escandalosa.
Recurso de inconstitucionalidad, empleo público, procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Damiano, Carlos Manuel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Damiano, Carlos Manuel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-18

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA ha sido correctamente concedido. Ello es así porque la recurrente se alza contra la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, y sus agravios se relacionan con la incidencia de normas federales (ley n° 25053, sus modificatorias y demás normas reglamentarias) en la relación de empleo público que mantiene el Gobierno local con sus agentes, lo que suscita cuestión constitucional suficiente que habilita la presente instancia extraordinaria. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Musitani, Jorge R. y ot. c/ Luchini, Carlos A. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Cuando una resolución es apelable, independientemente de que sea o no susceptible de reposición en función del tipo de resolución, es admisible el recurso subsidiario en ella formulado. Ello pues el art. 242 del CPCC define la esencia del pronunciamiento que habilita la apelación, ya sea directa o subsidiaria, estando la eficacia de esta última condicionada al rechazo de la revocatoria subordinante, cualquiera sea su motivo. De esta forma, como claramente refleja el ritual, la supeditación de la apelación a la reposición en los términos de los arts. 248 y 241 del CPCC esta dada exclusivamente en función de la denegatoria de la revocatoria, sin distinción alguna de si ella obedece o no a la inadmisibilidad del remedio condicionante en función de lo previsto en el art. 238 del CPCC. (Minoría u opinión personal)
Manifestación de la voluntad, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: Roco, Juan Carlos y otra c/ Santa Fe, Pcia. de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

Cuando no existe obligación legal de expedirse, el silencio no constituye manifestación ni expresa ni tácita de la voluntad (art.

919 del Código Civil).
Recurso de casación penal, cita legal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CATALDI PASCUAL Y BURGOS JOSE ALBERTO s/ CASACION PENAL - FUNDAMENTACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-11

Si el recurrente que deduce casación por el motivo sustancial se agravia por la fijación de honorarios efectuadas y estos integran las costas, cuya regulación es de naturaleza procesal, su discusión debió hacerse por el motivo formal. Pero, dado que la inobservancia de formas procesales deben estar conminadas bajo sanción de inadmisibilidad, nulidad o caducidad y el impugnante no ha citado norma alguna de esa especie, el recurso es formalmente improcedente también bajo este motivo.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: MAXIT HERNANDO Y OTRO c/ CASSE ROCARDP I. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-13

Habiéndose promovido ejecución de honorarios ante la misma Secretaría donde tramitó el principal, el a quo, en una interpretación literal del artículo 119 de la ley 7046, decretó la incompetencia de su Juzgado -creado a posteriori de la regulación de honorarios que se pretende ejecutar- y dispuso la remisión de las actuaciones al Juez que reguló los honorarios. La referida solución no resulta acertada ya que cuando la norma refiere al Juez ello no debe ser entendido como persona física sino como ámbito jurisdiccional donde tramitó el juicio principal, del cual la ejecución es una consecuencia.
Medidas cautelares, levantamiento del embargo, sociedad conyugal, bienes propios, sociedad anónima, dividendo societario
Materia: CIVIL
Carátula: V. de R., N. V. c/ R., M.J. s/ Incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

Si bien se admite en ciertos casos que las medidas precautorias pueden recaer sobre bienes propios de los cónyuges, no es suficiente para su otorgamiento la sola invocación del vínculo existente entre las partes sino que debe concurrir algún otro elemento que las torne viables.

No obstante invocar la esposa que su marido habría realizado un manejo discrecional de la sociedad anónima que integra y dirige, desconociendo el destino de los frutos percibidos de la misma, tal incertidumbre no autoriza a presumir la existencia de otros bienes supuestamente adquiridos con las rentas gananciales, las cuales por lo demás estaban bajo la libre administración y disposición del esposo (artículo 1276 Código Civil), por lo que el no haber la emplazada concretado la existencia de perjuicio alguno producido o eventual, corresponde revocar la medida que ordenara el embargo sobre bienes propios del cónyuge.
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo CHRISTOV y otros c/ MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO s/ AMPARO  -  INEXISTENCIA  DE OTRAS VIAS - ZONA INDUSTRIAL - DEFENSA EN  JUICIO - ORDENANZA MUNICIPAL  - PROVINCIAS - FACULTADES NO DELEGADAS-  EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Corresponde al derecho público provincial garantizar la calidad de vida (art. 104 de la Constitución Nacional), y sólo cuando se pruebe el abandono de esta función de modo manifiesto, o la arbitrariedad de los poderes competentes en su acción para asegurar estos derechos, puede considerarse lesionada tal garantía constitucional.
Despido sin causa, obligaciones del trabajador, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cervellera, Martin Nahuel c/ Guillermo Padilla S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Corresponde confirmar el fallo que había considerado injustificado el despido dispuesto por la demandada, sustentado en el abandono de trabajo, supuestamente configurado por la falta de justificación de inasistencias en las que incurrió el trabajador, puesto que si bien no significa que la conducta del trabajador pudiera encontrarse necesariamente justificada, o que las ausencias imputadas no pudieran configurar, por si mismas, un incumplimiento contractual, lo concreto es que la demandada aludió expresamente a la existencia de un abandono de trabajo que no acreditó, ni tampoco intimó fehacientemente al trabajador para que se reintegre.
Daños y perjuicios, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Federación Agraria Argentina Cooperativa de Seguros. c/ Cooperativa de Transportes "El Valle". s/ Accidente de Tránsito. Costas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-07-11

La participación en las costas que se impone en un proceso de indemnización de daños y perjuicios al triunfador, es un peso que afecta el principio de la integralidad de la reparación, debiendo extremarse la prudencia para su imposición.
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Gontero, Martín Lucas s/ Infracción art. 96, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

Es infundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que se alega violación a la defensa en juicio e inconstitucionalidad de una norma (ley 8031) por la no intervención del Defensor Oficial ante el Juzgado de Faltas si las actuaciones contravencionales tramitaron -a excepción de la sentencia- dentro de la jurisdicción de aquél funcionario quien fue notificado del inicio de las mismas y la sentencia -dictada por el Jefe de Policía- fue notificada al infractor y al Defensor Oficial en turno.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAUCEDO, HORACIO ARNALDO c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-26

En el precedente "Oehrli" -a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae- se hizo referencia al carácter que debía otorgársele al dictamen del fiscal en el marco de una solicitud de suspensión del procedimiento a prueba; como así también que en la etapa intermedia reglado por la ley 12734 se abre la posibilidad al imputado -como una facultad y derecho de éste- de solicitarlo sin consentimiento del actor penal, siendo en este estadio -audiencia preliminar- el juez quien debe evaluar su procedencia o no, a partir de un contradictorio oral y público en pie de igualdad y tiene la facultad de otorgarlo o no independientemente de la opinión a favor o en contra, fundada o no, del fiscal. Sentado ello y surgiendo del registro de audio y video que la decisión de la Alzada de confirmar la concesión de la suspensión de juicio a prueba al imputado se sustentó, en esencia, en que en las circunstancias particulares del caso no se encontraban los extremos fácticos invocados por el actor penal donde la tenencia y el uso eventual en función de la portación inmediata y con aptitudes para poder ser utilizada se vea direccionado a la gravedad de los hechos que se viven actualmente y que si bien la solicitud de la suspensión del juicio a prueba es una potestad de la fiscalía, tal situación debía ser entendida en función de principios de raigambre constitucional como es el "pro homine", junto con la ausencia de antecedentes condenatorios y habiendo cumplido hasta el momento con las condiciones, exigencias y requisitos impuestos por el Juez de grado; las alegaciones de la recurrente no traslucen más que su disenso con dicha interpertación, sin convencer que el razonamiento del A quo sea ilegal, absurdo o ilógico. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12734. - Jurisprudencia vinculada: Oehrli, AyS T 279, p 75, sumarios J0043625, J0043626 y J0043627.
Honorarios del abogado, privilegios (civil), pacto de cuota litis
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN ROBERTO s.d. HOMICIDIO CULPOSO E.P. DE JESICA ROMINA LEDESMA s/ CASACION-CUADERNILLO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-11

El privilegio que la ley acuerda a los honorarios profesionales de un abogado, en el caso de un convenio de cuota litis, es imposible pensarlos sino en relación porcentual al crédito que por sentencia le corresponda a su cliente.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación de sentencias, Derecho laboral, renuncia al empleo, vicios de la voluntad, intimidación, delegado gremial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Ponti, Victorio c/ Daneri I.C.S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-22

Carecen de asidero constitucional para abrir la queja los reproches que imputan al Tribunal realizar consideraciones discriminatorias respecto del trabajador en su carácter de delegado gremial, puesto que tal como se desprende del fallo atacado, dichas consideraciones obedecían al hilo conceptual que el A quo desarrolló a la luz de la normativa en juego. Ello se patentiza aun más en el auto denegatorio cuando la Sala recalca que la anulación de un acto jurídico - la renuncia- debía evaluarse en el marco del derecho civil, este ordenamiento expresamente "autoriza en el artículo 938 a tener en cuenta a los fines de evaluar la intimidación '...la condición de la persona, su carácter, aptitudes o sexo' lo cual permite descartar la discriminación achacada, sin que el quejoso logre refutar lo expuesto en su escrito de presentación directa en tanto no se conforma con el mejor conocimiento de sus derechos como trabajador que la Sala le imputa teniendo en cuenta su carácter de delegado gremial.
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, denominación de origen, responsabilidad del comerciante
Materia: PENAL
Carátula: CASA GUIVI SA s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-28

La falta de rótulo de tratamiento para la conservación, limpieza, secado y planchado de las prendas no es imputable al comerciante pero éste si es responsable por las carencias de calidad y origen en el rótulo de los artículos verificados. (Del voto del Dr.

Cortelezzi).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concursos, plazos procesales, plazo de gracia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Bollatti, Norberto Mario y Di Santo de Bollatti, Ebe Telma s/ Concurso preventivo (Expte Nro. 212-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-12

Las normas de la Ley Concursal no vedan en modo alguno la aplicabilidad del "día de gracia" y el supuesto alongamiento, que en definitiva no iría más allá de trece horas (artículo 27 Código Civil; 70 Código Procesal Civil y Comercial). Sabido es por lo demás, que los procesos concursales -a pesar de toda la normativa de la Ley Concursal tendente a su aceleración- duran -normalmente- no menos de dos años, y a veces bastante más, por lo que la aplicación del llamado "día de gracia" no significa desmedro cuantificable en ese lapso, de la celeridad del proceso. Además, aplicándose a ciertos actos procesales, no se advierte perjuicio alguno, puesto que no se produciría sumatoria de esos "días" en su caso. (De los Fundamentos del Dr. Weidmann). En el caso la cuestión a resolver es:

¿Rige el plazo adicional previsto por el artículo 70 del C.P.C.C.

llamado "día de gracia" en los procesos concursales?