Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-20


2º Instancia. - San Justo, febrero 30 de 2007.

Primera Cuestión: ¿Es justa la sentencia recurrida? Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Primera cuestión. - El doctor Iglesias Berrondo dijo:

I.- Antecedentes Apelaron las partes la sentencia de fojas 252/260 que rechazó la defensa de prescripción interpuesta por la demandada, y en lo substancial hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora en virtud del presunto enriquecimiento sin causa generado en favor de los demandados, en virtud de la construcción de un muro divisorio de los fundos de ambas partes.

A manera de síntesis cabe señalar que, interpuesta la presente demanda conforme escrito que luce a fojas 5/6, y sustentado en el anteriormente substanciado entre las mismas partes sobre medianería y el consecuente rechazo de esa pretensión, los señores Caselli intentaron por esta vía el cobro de la suma de trece mil cuatrocientos cincuenta pesos o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse o lo que se cuantifique e virtud del enriquecimiento de las demandadas por la construcción del muro divisorio de las propiedades de las partes. Señaló que el aquí actor edificó un muro para cerrar su fundo y separarse del vecino, que la pared fue aprovechada por el señor Speranza por cuanto también lo cierra y lo separa de Caselli, aunque Caselli la pared la levanta 0,15 dentro del terreno de Speranza. Sostiene la buena fe del actor en la construcción del muro en cuestión, señalando que de haber conocido la circunstancia de que el muro no se construía encaballado sobre la línea divisoria, jamás hubiera demandado por medianería, sino directamente por esta vía. Agrega a ello que el señor Caselli abonó a los demandados el precio por su invasión del terreno. La pretensión reseñada fue contestada por conducto del escrito de fojas 53/9, por el que se opuso excepción de prescripción -cuya resolución, conforme interlocutoria de fojas 98/107 fue diferida para el momento de la sentencia definitiva-; y se negaron todos y cada uno de los hechos allí esbozados. Endilgan un obrar culposo y de mala fe en los actores al momento de la construcción del muro, realizado cuando el terreno de las demandadas era aún baldío, por lo que solicitan el rechazo de la demanda.

Luego de producida la prueba en estas actuaciones, y atraillada por cuerda los autos sobre medianería, a fojas 241 se certificó acerca de su producción y a fojas 251 se dictó el llamamiento de autos por ante la Anterior Instancia.

Es así que, como antes indiqué, a fojas 252/60 luce la sentencia por medio de la cual se rechazó la excepción de prescripción interpuesta, y se hizo lugar a la pretensión de los actores por daños y perjuicios en concepto de reembolso, por la suma de catorce mil doscientos cincuenta y nueve pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 14.259,58) al momento de la interposición de la demanda (28/9/2004), con más los intereses a la tasa activa, que deberán ser calculados desde la fecha antes señalada.

II. Apelaciones y agravios Contra ese pronunciamiento se alzaron sendas partes: La actora en el escrito de fojas 268, recurso fundamentado a fojas 283. La demandada a fojas 264, apelación sostenida mediante la expresión de agravios de fojas 285/296.

En resumidas cuentas, la actora se queja por la fecha a partir de la cual se ordenó el cómputo de los intereses en el fallo atacado. Mantiene que esos emolumentos, a su criterio, deberán ser calculados desde la cuantificación del valor del muro en el peritaje practicado por el perito ingeniero en el expediente venido por cuerda, es decir, a partir del mes de agosto de 2001 y no desde la fecha de la interposición de la presente demanda, es decir desde el 28/9/2004, como se lo dispuso en la sentencia atacada. Dicho agravio mereció respuesta de la demandada por el escrito que se agregó a fojas 308/9.

En cuanto a los agravios de las demandadas, puntualmente se quejaron por los siguientes tópicos: 1) El rechazo de la excepción de prescripción, manifestando que a su criterio la fecha tomada por la Sentenciante para el comienzo del cómputo de la prescripción de la acción intentada resulta errónea, debiendo tomarse en cuenta no la fecha de la sentencia en los autos sobre medianería, sino la fecha de la construcción del muro, es decir el año 1987 -conforme probanzas que señala-. Agrega que el supuesto desplazamiento patrimonial y presunto enriquecimiento por el que se le reclama, ocurrió, en su caso, al momento de la construcción del cerramiento y no al momento de la sentencia que advirtió al actor la naturaleza del muro construido. Aduce que, en atención a que en el año 2000 se planteó la prescripción de la acción intentada con fundamento en el art. 4023 del CPCC, se parte de una acción que no existe porque está prescripta, por ello de nada vale la toma de conocimiento posterior acerca de la naturaleza del muro al dictarse sentencia en los autos sobre medianería.

En segundo término, se disconforma por entender que a inteligencia de su parte no se ha probado en autos el enriquecimiento del demandado y consecuente empobrecimiento del actor. Sustenta ese agravio, en principio, en la naturaleza personal de la presente acción "in rem verso", la que no posee el carácter reipersecutorio que tiene la acción por medianería. Por ello, toda vez que al momento de la construcción del muro, esta debió ser iniciada, en su caso, contra el anterior propietario y no contra su parte que adquirió la propiedad en 1992 cuando la pared en cuestión ya estaba construida desde hace tiempo en el terreno adquirido. Asimismo, negó la existencia de enriquecimiento de su parte por la construcción del muro, tomando en consideración lo que surge de la prueba testimonial. En otro orden de ideas, negó el empobrecimiento del actor, pues, conforme reza, la construcción fue realizada en el año 1987 en exclusivo interés del aquí actor, para la construcción de un garaje. En consecuencia, el único responsable de la situación que se ha creado es el actor, ya que lo podría haber evitado si procedía, conforme dice, de manera diligente.

En tercer lugar, la queja se direcciona hacia la fijación de la tasa activa en la sentencia, por ser esta una tasa que se aplica en el fuero comercial y no en el fuero civil. Asimismo, agrega que la sentencia fija un valor actualizado al día 6 /3/ 2006, pero dispone la aplicación de intereses a la fecha de interposición de la demanda (28/9/2004). Es decir que dispone actualizar un valor ya actualizado, generando un enriquecimiento incausado para el actor.

Por último, las demandadas se agravian por cuanto a lo largo del fallo, la Sentenciante hace referencia a la buena fe de la parte actora con fundamento en el desconocimiento de que las erogaciones realizadas lo eran en terreno ajeno. Refieren a que la mala fe de los actores en la construcción quedó demostrada cuando al absolver posiciones los actores en la acción de medianería reconocieron fehacientemente que al momento de la construcción del muro de separación infringieron sendas normas de la construcción.

A fojas 297/8 se aceptó la excusación formulada por mi Colega de Sala, doctor Carlos Alberto Vitale para entender en las presentes actuaciones, en atención a su intervención como juez de la Anterior Instancia en el expediente sobre medianería entre las mismas partes, motivo éste que quedara expresado en su informe de fojas 282. A fojas 310 se le dio por perdido a la actora el derecho a contestar los agravios de la demandada, y se decretó el llamamiento de autos en esta Instancia, el que se encuentra firme y consentido.

III. La Solución Los temas que debemos decidir, la medida en que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Cámara para conocer del caso, son los antes resumidos (arts. 168 de la Constitución de esta Provincia y 246, 260, 266, 270, 272, 273 y concs. del CPCC; CSJN Fallos: 313:912; 315:562 y 839, entre otros; SCBA, P 74290 S 11-6-2003, Juez Negri (SD) JUBA 7, entre otros).

Para hacerlo no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

Es así que, por una cuestión de orden lógico, me avocaré en primer lugar al tratamiento del agravio referente a la prescripción de la acción, para luego, en su caso, entrar a considerar el resto de las quejas.

III. a) La prescripción de la acción.

Sostienen las demandadas que la acción intentada se encontraría prescripta, tomando en consideración a esos efectos como fecha para el comienzo del cómputo del término prescriptivo, el de la presunta construcción de la pared, que, según afirman, ha sido en el año 1987. Pretenden con ese criterio rebatir la solución adoptada en la Anterior Instancia en cuanto al conteo del término desde la fecha en que la sentencia recaída en el expediente seguido entre las mismas partes sobre medianería, acción que fue rechazada y que adquirió carácter de cosa juzgada.

En nuestro ordenamiento los muros divisorios de heredades son medianeros o contiguos (arts. 2717, 2726, 2727, 2728 y 2736 Cód. Civ.). Los primeros son los que están encaballados sobre la línea divisoria de ambos terrenos; los segundos los que han sido levantados íntegramente dentro del fundo de uno de los vecinos pero lindando con aquella línea divisoria. Que en este último caso, si bien no reviste los caracteres y no otorga los mismos derechos que el mismo muro medianero, la parte podrá reclamar, en su caso, por los valores y gastos de su construcción con fuente en razones de equidad y justicia, pues ese muro, previo pago de la invasión del terreno correspondiente, le servirá al lindero como cerramiento y en su caso, como apoyo. Ahora bien, en el tema que convoca a esta primera cuestión del Acuerdo, corresponde preguntarse desde cuando se abre la vía para cada uno de estos reclamos, si se trata de reclamos paralelos o subsidiarios, o si se puede ejercer una acción después de la otra en debida forma, como se intenta en el caso de autos, teniendo en cuenta para ello los distintos plazos de fenecimiento de las acciones tendientes al reconocimiento de los derechos de cada una de las partes.

Ante estos interrogantes, comenzaré por señalar que, del expediente que tramitó por cuerda entre las mismas partes, luego de substanciadas las actuaciones y de producidas las pruebas del caso, surgió que el muro no resultaba ser medianero, sino que se encontraba levantado en gran parte, conforme lo indicado por el agrimensor en su peritaje de fojas 461/2 y en las aclaraciones de fojas 470/3, en el terreno de las demandadas. Que ello dio lugar al rechazo de la acción de medianería y al progreso de la reconvención por el pago de la invasión del terreno de parte de los allí coactores. Así, especialmente a fojas 461 de la medianería, el agrimensor dictaminaba que "De acuerdo al plano de obra nº C 4926-21. aprobado el 22 de noviembre de 1991, que consta en el expediente, la pared se construye aproximadamente en el mismo año (1991)... El muro es medianero divisorio no encaballado. Construido en casi toda su extensión, sobre la parte de la pc 17 b y 17 a ...La pared casi en su totalidad (en su extensión) no está encaballada en el eje divisorio respecto del plano de mensura 70-158.91 y 70-120-61... La pared no se encuentra dentro de los límites correspondientes, según los planos mencionados" Asimismo, en las aclaraciones de fojas 471, el mismo experto decía "...Según los planos de mensura realizados en su oportunidad 70-120-61 y 70-158-91, que son coincidentes con las medidas expresadas en los títulos, esta pared debió construirse con las medidas que ellos indican para poder respetar los ejes medianeros. Al edificar este muro, posterior a la confección de los planos mencionados, no se respetó este eje predeterminado, por tal motivo no se encuentra dentro de los límites que corresponden, por existir un corrimiento del muro divisorio entre las parcelas 18-c con 17 a y 17 b, hacia el interior de la parcela 17-b..." Que los mismos actores no desconocían por completo la construcción de cierta parte de esa pared divisoria dentro de los límites del terreno de las aquí demandadas, pues, al contestar las posiciones en el expediente sobre medianería, por ejemplo, el actor Enrique Caselli, respondiendo a la tercera posición (... que la aprobación de los planos fue posterior a la construcción), contestó: No es cierto. Aclara que fue anterior a la obra porque había muchos problemas para que se aprobara debido a la dimensión del terreno". En respuesta a la octava posición (... que construyeron la columna del frente con su base dentro del terreno de las demandadas), respondió "Si es cierto. Aclara que las demandadas aprovecharon su parte y tomaron la columna como sociedad". En respuesta a la novena posición, (Que se infringieron las disposiciones referentes a las construcciones del muro divisorio), contestó "Si es cierto, pero fue para darle mayor seguridad a la pared, que no causara problemas a uno ni a otro".

Asimismo, de las declaraciones testimoniales colectadas en estos autos, la testigo Cristina Patricia Torres, firmante como arquitecta de los planos de modificación y ampliación de obra en los terrenos de los demandados, interrogada sobre "si los dueños del terreno lindero a la familia Speranza pudieron advertir con la sola medición de su terreno si las medidas coincidían con las del plano de obra o con el título, (pregunta 15), contestó que sí, que debió advertirlo también quien hizo la obra y el profesional que firmó, "es clara la invasión" Entonces, cabe preguntarse a partir de que momento la parte constructora del muro podía reclamar sus derechos sobre esa construcción, y de que manera los debió reclamar, para luego dilucidar si estaba o no expedita la acción de medianería o esta acción por cobro de los gastos realizados, ello conforme lo edictado por los artículos 2588, concordantes y subsiguientes del Código Civil.

Opino que la causa fuente, origen de cualquier tipo de reclamo respecto a la pared lindera, ha nacido desde el mismo momento de la construcción del muro y de los gastos realizados para esa edificación. Si ese muro se construyó aproximadamente en el año 1991, a partir de ese momento comenzó para la reclamante su derecho para peticionar al respecto, ya sea contra el anterior titular de dominio o contra las actuales, propietarias desde el año 1992 (ver informe de dominio de fojas 35 de los autos sobre medianería).

Que en el caso de autos, la testigo Torres, en su declaración de fojas 223/4, contestando a las repreguntas del letrado de la parte actora en el sentido de "Atento la existencia de ese muro entre ambas parcelas la familia Speranza apoyó su construcción sobre ese muro, declaró "la familia Speranza no apoya su construcción y debe realizar una estructura totalmente independiente, debido a que la parcela ubicada en el Noroeste apoya y ubica su estructura en la totalidad de la pared o muro en cuestión". Interrogada sobre si la pared "sirve, a la familia Speranza, para cerrar una de las cuatro paredes de una habitación", contestó "Es utilizada para el cierre de una de las cuatro paredes, con el perjuicio de la pérdida del espacio interior de esa habitación". Preguntada sobre si en lugar de utilizar esa pared, la familia Speranza pudo haber pedido la demolición de la pared, contestó:... Que la demolición de esa pared implicaba la demolición de la construcción de la parcela lindera, debido que sobre ella pesa toda la estructura portante de la construcción".

En la misma línea argumental, interrogado el testigo Alejandro Javier Ballada, que participara como director de la obra de la familia Speranza, acerca de la cantidad de columnas de la medianera construidas por Caselli fueron utilizadas por Speranza, contestó "En realidad ninguna no, no se utilizó ninguna de las columnas realizadas por Caselli como elemento estructural de la nueva loza. La nueva estructura es totalmente independiente y fue hecha para soportar las solicitudes de carga de la obra de los señores Speranza... hubo que picar cuatro columnas. Que hubo que picarlas para poder cruzar las vigas en sentido horizontal. la vigesimonovena "Si sabe si en la estructura realizada por la familia Speranza aprovechó los ladrillos o mampostería que comprendía dicha pared". Si, porque se utilizó como cerramiento.

Que de la lectura del peritaje practicado por el ingeniero Alvarez en los autos sobre medianería, surge que "Los encadenados y columnas realizadas por la actora son de utilidad en una primera etapa de la construcción para el muro de mampostería de ladrillos comunes realizado sobre el eje divisorio de las dos propiedades. El encadenado situado en la parte media puede ser además de utilidad estructuralmente hablando, para la actora, si en el apoyan las vigas premoldeadas que forman el entrepiso. Con respecto al edificio de las demandadas pueden distinguirse dos tipos de construcciones bien diferenciadas. La primera construcción con una estructura independiente de hormigón armado, y se desarrolla en los primeros 28,55 mts del eje medianero, y una segunda que corresponde a una estructura metálica con techo de chapas galvanizadas desarrollada en los subsiguientes 18,75 mts. Para el primer sector no es de utilidad, para el segundo sector es de utilidad el encadenado superior, porque sobre el mismo apoyan las vigas metálicas del techo" (fojas 186 vta.). A la pregunta sobre que superficie o silueta utilizó el demandado de la estructura resistente, opinó el experto que: De la estructura resistente son de efectiva utilidad los 18,75 metros del encadenado superior" (fojas 188). Asimismo, interrogado en el pedido de explicaciones acerca de la antigüedad de la pared en cuestión, el mismo experto dijo: "No existe método científico que permita determinar si la construcción fue realizada en 1989 o 1991. Los únicos elementos obrantes en el expediente que dan una fecha cierta son la aprobación de los planos de obra C-4926-91 del 22 de noviembre de 1991 y S-9885-95 del 14 de diciembre de 1995" (fojas 218, acotando que el primero de los planos alude a la construcción de los actores, y el segundo al de las demandadas).

Que, conforme los antecedentes de autos, de la superficie de la medianera utilizada por las demandadas como apoyo del tinglado de chapas galvanizadas (18 metros con setenta y cinco centímetros aludido por el perito ingeniero), surge que, si bien al momento de la firma del contrato de locación adjuntado en autos no se encontraba construido (año 1993), el mismo tampoco fue declarado con los planos de obra de la familia Speranza (ver fojas 205 de los autos sobre medianería), pero que su situación -y existencia- fue regularizada por el plano de modificación y ampliación que luce a fojas 206, (conforme contestación de la Municipalidad Local a fojas 208, en el punto 1 "según lo requerido en el ítem e, la superficie declarada como libre parquizada, se halla cubierta, y declarada por expediente nº S 12059-97). En el mismo sentido, la declaración de la arquitecta firmante de dicho plano, que luce a fojas 222/24 de estas actuaciones, preguntada acerca de si "intervino como profesional firmante del plano de modificación y ampliación subsistente realizado en el año 1997 en el terreno de la familia Speranza", contestó que si fue la firmante del plano. Asimismo, preguntada sobre "cual fue el motivo de este nuevo plano", depuso que "tiene dos planos de obra, el antecedente figura una superficie a demoler, un tinglado en la parte de atrás del lote, que luego al no ser demolido se regulariza la situación ante el municipio, abonando los derechos de construcción correspondientes y dejando la superficie común un hecho consumado" Preguntada sobre "Que significado técnico tiene la frase que surge del plano anterior obra a demoler (pregunta 6), contestó que "Que es una construcción previa a la realización del plano, al momento de la confección del plano estaba construida y se iba a proceder a su demolición. (fojas 222 vta.) Breviloquens: De los elementos objetivos colectados en autos, podemos sacar las siguientes conclusiones: Que los actores construyeron un muro divisorio de su heredad de un poco más de cuarenta y siete metros de largo en el año 1991, y casi ocho de altura; utilizando del terreno de sus linderos (demandadas) una superficie de 7,93 metros cuadrados; muro que se utilizó como cerramiento en los primeros 22 metros y como apoyo de un tinglado en los 18, 75 metros finales, techo que se apoyó entre el año 1993 (fecha del contrato de locación obrante a fojas 47/50) y el año 1995 (fecha del primero de los planos presentados por la familia Speranza). Que la invasión de terreno, y los daños ocasionados por ella -impuestos- fueron saldados en el expediente que corre por cuerda.

Sin perjuicio que en autos no se encuentra en discusión el instituto de la medianería como tal, discurriré sobre algunas de las letras que al respecto se han vertido en los distintos repertorios y obras jurídicas, y tomaré de ello lo que considero aplicable a la pretensión en discusión. Que se ha decidido que "El constructor del muro divisorio tiene derecho a requerir al vecino el reembolso de la mitad del valor de su construcción y conservación. Ese derecho nace desde la construcción misma, prescribiendo la acción creditoria a los diez años, empezando a correr, en el caso, desde la fecha del certificado final de obra con los efectos liberatorios consiguientes a su vencimiento. Con posterioridad a ésta última, el plazo de prescripción no puede renacer, ni por lo mismo, ser interrumpido." (conf. Camara De Apelacion En Lo Civil Y Comercial, Santa Fe, Santa Fe, Sala 02 (Pedraza - Dalla - Fontana - Drago) DI Martino, Noemí c/ Pancaldo, Julio P s/ juicio ordinario sentencia, 038F44P406 del 5 DE JUNIO DE 1987 Sumario SAIJ nro. J0200145) Asimismo, en materia de muros medianeros, se ha dicho que "En consecuencia, como el muro, por si y por el solo hecho de su construcción, cumple con el cerramiento forzoso y, al mismo tiempo, queda afectado de inmediato al uso por el apoyo, al operarse la prescripción decenal de su costo hasta los tres metros, queda también extinguida toda pretensión creditoria por su utilización y apoyo (1) (Lo subrayado me pertenece). Se sostiene que el condominio de la pared encaballada nace desde la construcción, por lo que el que la levantó tiene derecho de reclamar del vecino la mitad de los gastos hasta la altura de tres metros. En lo que exceda de dicha altura, el lindero no tiene la obligación de pagar sino cuando apoya su construcción en la parte sobreelevada, comenzando a correr desde entonces el plazo de prescripción decenal. (conf. CNCiv. Sala F, 22/3/80, JA 1980 III-82; idem Sala A, 17/8/76, ED, 73-474; ídem Sala D, 16/12/76, JA, 1977-IV.574; idem 1/10/68, LA LEY, 135-17; ídem Sala G, 13/2/81, LL 1981-B-226; ídem Sala B, 17/7/69, LA LEY, 136-464; Cám Civ. Com mercedes, Sala I, 7/3/95, LLBA, 1995-433.

En el mismo sentido, "En los casos contemplados por el art. 2726 del Código Civil, en función de la tesis adoptada por el art. 4022 del mismo Código, se concluye que en el muro encaballado hasta la altura del cerramiento forzoso, la prescripción arranca con su construcción." (CC0203 LP, B 71475, RSD-107-91, S, 4-6-1991, Juez Pera Ocampo (SD), Fernández, Vicente Mario c/ Martínez, Eugenio s/ Cobro de medianería, sumario JUBA B351072) Que en el caso de autos, el término prescriptivo de las acciones para reclamar por esa construcción, comenzó para los actores a partir del año 1991, fecha en la que el agrimensor señala la construcción aproximada del muro, -y en la que los actores realizaron los presuntos gastos para la construcción del muro no medianero, gastos por los que intentan la presente vía-, y fecha desde la cual ha de comenzar el conteo del plazo prescriptivo por la acción personal por cobro de los daños ocasionados -materiales y mano de obra- en la construcción del muro. Para ello me valgo de los dictámenes periciales, que en lo pertinente establecieron "De acuerdo al plano de obra nº C 4926-91, aprobado el 22 de noviembre -de 1991, que consta en el expediente, la pared se construye aproximadamente en el mismo año (1991)" (ver fojas 461 vta); conclusión esta que veo corroborada con la afirmación del perito ingeniero en el sentido que "No existe método científico que ermita determinar si la construcción fue realizada en 1989 o 1991, Los únicos elementos obrantes en el expediente que dan una fecha cierta son la aprobación de los planos de obra C-4926-91 del 22 de noviembre de 1991 y S-9885-95 del 14 de diciembre de 1995" (fojas 218); dictámenes estos de los que no encuentro mérito ni elementos objetivos para apartarme, por cuanto "Si bien, por un lado, por categórico y unánime que sea el dictado pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquel debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos." (CC0002 LM, 660, RSD-41-4, S, 14-12-2004, Juez Rodríguez (SD), Nieto, Susana c/ Muñoz, Walter s/ Daños y perjuicios, sumario JUBA B3400621) Que la sentencia recaída en una presunta medianería no tuvo carácter constitutivo del derecho de la parte, sino declarativo de una situación de hecho ya existente. En ese sentido, el Superior Tribunal Bonaerense, en doctrina que comparto, ha decidido que "Esta Corte ha señalado anteriormente que es declarativa la sentencia si se limita a reconocer la existencia del derecho anterior controvertido y resulta constitutiva si mediante ella el juzgador crea un derecho nuevo o modifica un estado de cosas legalmente existente (conf. "Acuerdos y Sentencias" 1960-IV-453, íd. t. V-344).

Sea cual fuere el acierto del pronunciamiento que se invoca, cabe señalar que la eficacia de la cosa juzgada que de él emana, no altera su naturaleza de sentencia declarativa por la sola circunstancia de haber reconocido que no correspondía condenar a la esposa a escriturar sin el previo paso de la decisión judicial supletoria de su falta de asentimiento (v. fs. 263 del juicio por nulidad del boleto). En definitiva, ese fallo ha declarado que a los efectos de la escrituración, era necesario lograr la venia supletoria del asentimiento de la cónyuge, declaración que, obviamente, no tiene el alcance de constituir ningún derecho vinculado con la pretensión de obtener la invalidez del boleto de compraventa. En este sentido es oportuno destacar que esta Corte ha declarado que en los casos del art. 1277 del Código Civil la ausencia del consentimiento de uno de los cónyuges a la disposición de un bien ganancial no de termina la invalidez del acto sino sólo la inoponibilidad de sus efectos al cónyuge cuyo consentimiento se ha preterido ya que el déficit puede ser salvado por el juez si no existe justa causa para la negativa (v. causa Ac. 36.807, sent. del 22-XII-87).

7. Teniendo en cuenta que el recurrente ha estructurado toda su impugnación sobre la base de otorgar a la referida sentencia carácter constitutivo, a partir de lo cual intenta demostrar lo erróneo de los restantes fundamentos del pronunciamiento que ataca, forzoso es concluir la insuficiencia de la pieza porque queda así sin réplica eficaz lo sostenido por la alzada en cuanto resta virtualidad interruptiva del curso de la prescripción a la demanda planteada en el anterior proceso (art. 279, C.P.C. y su doctrina).

Si desde la fecha tenida como dies a quo para computar el plazo y la de formulación de la presente demanda ha transcurrido el plazo que el tribunal consideró aplicable, ha de permanecer firme la prescripción que se declara (art. 279 cit.).

8. Como quiera que tampoco ha sido objetado el carácter accesorio y dependiente otorgado a la acción reivindicatoria intentada, debo proponer el rechazo del recurso traído" (conf. SCBA, Ac 38544, S, 20-9-1988, Juez Laborde (SD), Bathelt, Gabriela y otros c/ Kruger, Rodolfo y otra s/ Reivindicación, Publicaciones: AyS 1988-III-435, sumario JUBA B11883). En similar sentido, también la SCBA ha decidido que "Aún cuando haya alcanzado la inmutabilidad de la cosa juzgada, no puede ser considerada como constitutiva una sentencia por la circunstancia de haber reconocido lo que no correspondía." (SCBA, Ac 38544, S, 20-9-1988, Juez Laborde (SD), Bathelt, Gabriela y otros c/ Kruger, Rodolfo y otra s/ Reivindicación, publicaciones: AyS 1988-III-435, sumario JUBA B11884 B1188) Que a esa circunstancia debemos sumarle que, en el caso de autos, el error en el inicio de la demanda, -medianería en lugar de cobro de los daños provocados por la construcción al vecino que no colaboró con ella, o en su caso, interposición subsidiaria de ambas pretensiones para el caso que la pared no cumpliera con los requisitos para ser considerada muro medianero o encaballado- le fue imputable a la actora.

Que ha decidido el Cimero Tribunal Bonaerense que "El efecto interruptivo de la demanda en los términos del art. 3986 del Código Civil está dado en relación a la acción puesta en movimiento mediante promoción, pero no con respecto a una pretensión diferente que no es susceptible de identificarse con aquélla por diferir entre ambas el objeto reclamado." (SCBA, L 83859, S, 6-4-2005, Juez Roncoroni (SD), Becatti, Nelson Juan c/ Witcel S.A. s/ Ley 24.028, sumario JUBA B49719) Que el error en la vía elegida resulta, reitero, a mi criterio, imputable al actor. Y de ello me veo convencido pues, más allá de tener un conocimiento o por lo menos, la sospecha de que el muro estaba construido dentro de los límites del terreno de las demandadas, inició el reclamo por medianería.

Que a esa circunstancia, cabe adunar que el ordenamiento procesal le otorga a quienes sean partes, o vayan a, ser parte en un pleito, los elementos y herramientas procesales a fin de la correcta elección de la acción correspondiente para la obtención del reembolso por el cobro de gastos y mano de obra por la construcción del muro, como medianero o divisorio, como por ejemplo, diligencias preliminares del artículo 323 inciso 9º, a la prueba anticipada (agrimensura) del artículo 326 inciso 2º o a los no tan mentados institutos de la mensura y deslinde de los artículos 655 a 672 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires-; y sin embargo, la parte optó por comenzar en forma directa la acción de medianería, sin esas indagaciones preliminares.

Que ese error en el inicio del pleito, no puede excusar a la parte que lo cometió, ni puede dejar expedita o abierta la vía de los reclamos "sine die". Así, el artículo 1111 del Código Civil reza que "El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna". En el caso el hecho fue el error en la conceptualización de un muro como medianero, cuando en realidad sus límites indicaban lo contrario; error que llevó a la parte a reclamar sus derechos por la vía incorrecta. Ahora bien, ese error en la elección no les fue imputable a las demandadas, sino al propio actor que, ante la más mínima sospecha en los deslindes y cerramientos de las parcelas, puso haber practicado las mediciones y agrimensuras del caso. En la misma línea argumental, el artículo 929 establece que "El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable". Con ese Norte, se ha expresado que "...la herramienta del enriquecimiento sin causa debe ser limitada a relaciones en que no exista otra vía, para recomponer el patrimonio lesionado, acotándose luego que si la falta de causa determina la nulidad del acto jurídico, anulando sus efectos reales y personales, o si la parte perdió por su culpa o por un hecho propio otra vía de derecho, tal si por su inactividad dejó transcurrir el plazo de la prescripción liberatoria, (...), la acción es inadmisible" (2).

Que por todo lo antes expuesto, estimo que la pretensión creditoria interpuesta por los actores en estos autos se encuentra prescripta, ello tomando en consideración, como dije, la fecha de construcción del muro (año 1991), el transcurso del plazo de prescripción decenal para el inicio de este reclamo fundamentado en los de presuntos daños generados por la elevación del muro, y el supuesto enriquecimiento de las demandadas a costa de los actores (conforme sentencia recurrida). Y llego a esa conclusión pues, al no aplicársele al presente reclamo el plazo del artículo 4022 específicamente dispuesto para el caso de medianería, "Mosset Iturraspe ha postulado que la acción de enriquecimiento sin causa prescribe a los diez años, de conformidad con el artículo 4023 del Código Civil (3). En idéntico sentido, se ha decidido que "El art. 4023 del Código Civil no se refiere a toda acción personal nacida de un contrato sino a toda acción personal por deuda exigible. Por ello, en él queda comprendido el incumplimiento de obligaciones derivadas no sólo del contrato, sino también de aquéllas que tienen su origen en la voluntad particular, los cuasi contratos, la declaración unilateral de la voluntad y la ley, quedando referida la responsabilidad extracontractual a la derivada de los actos ilícitos o aquiliana." obs. del sumario: Tramitó en Suprema Corte bajo el nº Ac. 79514., CC0002 SM, 46385, RSD-309-00, S, 10-6-2000, Juez MARES (SD), Castillo, Ramón Oscar c/ Echaburu, José; Hospital Domingo Mercante y Munic. de J.C. Paz s/ Daños y perjuicios, sumario JUBA B2001624) Que a esos fines no se tomará en cuenta, tal como lo edicta el artículo 4022 del Código Civil, el apoyo de las demandadas del techo parabólico en los últimos metros de la medianera, conforme las probanzas antes citadas, entre el año 1993 y 1995. Ello por cuanto, al no tratarse de una medianera, ese régimen legal le resulta extraño, comenzando a correr el plazo de la presente acción personal, desde su causa fuente (construcción de la pared).

A mayor abundamiento, y sin prejuzgar acerca de la procedencia de la presente acción -ello conforme el resultado que propondré al Acuerdo-, corresponde señalar que en materia del instituto del enriquecimiento sin causa, se ha señalado el carácter subsidiario de la herramienta como indispensable, y que hace a la esencia de la acción, pues con su vigencia efectiva se evita la elusión de normas positivas. Así, calificada con la que coincido, ha dicho que "El principio que veda el enriquecimiento a costa de otro, sin causa que lo legitime, constituye una norma de cierre o clausura del ordenamiento jurídico, que se aplica en caso de laguna; constituye un remedio extremo para invocar sólo cuando la situación de desequilibrio no pueda ser regulada por otro medio reconocido por la ley (...) La teoría del enriquecimiento se aloja, entonces, en un continente acotado; Cifuentes ha expresado que el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento, es uno de los primeros aspectos que el juzgador debe considerar `para evitar la sorpresa del ejercicio de una acción teñida de mala fe, puesto que se pretendería por el costado de las cosas eludir inconvenientes derivados de la propia torpeza, afectando la seguridad jurídica (como el caso en que se pretende burlar la facultad de la parte contraria de oponer la defensa de prescripción de la acción útil apropiada que no se ejerció a tiempo; de esquivar el resultado negativo por falta de pruebas o de sus restricciones legales (4).

En consecuencia, y por los argumentos antes expuestos, voto a la primera cuestión por la negativa. Por ello, de prosperar la solución que propongo al Acuerdo, no corresponde tratar el resto de los agravios esgrimidos por las partes. Así lo voto.

El doctor Rodríguez vota en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Iglesias Berrondo dijo:

Tal como ha sido votada la cuestión que antecede, corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción interpuesta por las demandadas a fojas 53/9 de estos actuados; y en consecuencia, revocar la sentencia de fojas 252/60 en lo que ha sido materia de recurso y agravio por las demandadas, rechazándose en consecuencia la pretensión esgrimida en estos autos.

En cuanto a las costas, corresponde imponer las de la Anterior Instancia y las de la Presente a la parte actora, ello siguiendo el principio objetivo de la derrota (arg. arts. 68 cctes y sstes del CPCC).

Asimismo, y teniendo en cuenta cómo se resuelve y las disposiciones del artículo 274 del ritual y la ley de aranceles provincial en el segundo párrafo del artículo 31 -y sin perjuicio del silencio de la instancia de grado en la materia- cabe regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Instancia de grado y en esta Instancia.

En una causa similar a la de autos, hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre el tema de los honorarios en caso de demanda rechazada. Así, en "Piris Gabriela V. c. Carrefour Argentina S.A. San Justo", nº 271/2 RSD 10/02 del 5/11/02", decidimos que: "Ahora bien, si mi voto fuere compartido no corresponde pronunciarse sobre otros agravios (el monto de la condena o la tasa de interés), pero sí, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 274 del CPCC y 51 de la ley 8904, resolver el planteo y adecuar el monto de los honorarios al contenido de este pronunciamiento.

El artículo 23 de la mencionada ley 8904 establece que cuando fuere íntegramente desestimada la demanda se tendrá como valor del pleito el importe de la misma;(...) La Excma. Suprema Corte de Justicia de esta Provincia de Buenos Aires ha dictado recientemente sentencia (el 2 de octubre de 2002, Acuerdo L. 77.914, in re "Zuccoli, Marcela A. C/ SUM S.A. Daños y perjuicios") en doctrina casatoria que demuestra la sinrazón de la actora.

A su vez la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, por mayoría, que la restricción incorporada por la ley 24.432 al artículo 505 del Código Civil sólo alcanza a los supuestos en que mediare incumplimiento de la obligación por parte del deudor, presupuesto que no concurre cuando -como en el sub lite en el supuesto de compartirse mi voto- se rechaza totalmente la demanda (7 de julio de 1998 in re "Talleres Metalúrgicos Barrari S.A. c/ Agua y Energía", en La Ley, 1998-F, 190).

Pero no tengo dudas que sí son aplicables al caso las normas del artículo 1627 del Código Civil, párrafo agregado por la ley 24.432, y los artículos 13 y 15 de ésta. (...)Tengo presente que la Sala I de la Excma. Cámara colega de Azul ha resuelto recientemente (3 de agosto de 2000 in re "Municipalidad de Azul c/ Albanese, Luis", en La Ley Buenos Aires, 2000 p. 1350) que corresponde la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1627 del Código Civil, modificado por la ley 24.432, en casos similares al de autos.

Por su parte la Sala III de la Excma. Cámara Federal de La Plata (13 de febrero de 2001 in re "A.N.S.E.S. c. S.A. Sol Explotación de Petróleo", en La Ley Buenos Aires, 2001 p. 825) ha decidido que "...la validez constitucional de los honorarios regulados no depende de la magnitud del proceso, ni del interés de los litigantes obligados al pago, pues también interesa a la justicia y razonabilidad de la regulación, que se examinen las tareas realizadas, sea por su jerarquía intrínseca como por su complejidad según los casos, o la responsabilidad profesional comprometida (CSJN 10/11/83 La Ley 1984-B, 13; Fallos: 295:656; 296:124, entre otros). En este orden también cabe señalar la doctrina sentada por CSJN en Fallos: 239:123; 251:516; 256:232; 257:142; 296:124; 302:534 y 1542, entre otros en cuanto ha establecido que frente a sumas de la magnitud del monto del juicio, debe ponderarse la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada, que concilie tales principios y que además tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivas, que puedan ser evaluadas por los jueces (...) Consecuentemente haciendo uso de la facultad que otorga el art. 13 de la ley 24.432 corresponde apartarse de la escala mínima arancelaria y con observancia de lo prescripto en dicha normativa referida supra, de la doctrina que emana de Fallos: 302:1452 y de las demás pautas...".

Y en un supuesto de rechazo total de la demanda en juicio de daños y perjuicios, como el que estoy votando, la Excma. Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala I (16 de marzo de 1999 in re "Martínez Zaracho Alejandro c. Telefónica de Argentina", en El Derecho t. 184, p. 19) resolvió que "En los casos de rechazo total de la demanda el tribunal tiene decidido como regla general que, a los fines arancelarios, corresponde computar la totalidad de la suma reclamada (...) Empero esta doctrina no es de aplicación a los juicios por daños y perjuicios por cuanto los rubros indemnizatorios pretendidos son unilateralmente estimados por la propia víctima. Por lo tanto, para una adecuada regulación en este tipo de procesos que carecen de condena cabe atender a la cifra que razonablemente hubiere podido corresponder a la víctima de haber prosperado la acción (...) Cabe recordar, por lo demás, que el monto reclamado no es ni puede ser la única base computable para efectuar una regulación de honorarios (CS, Fallos, 241:202; 257:143, entre otros), puesto que se debe también adecuar al mérito, a la extensión, a la naturaleza y a la importancia de la labor profesional realizada...".

A su vez la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H (Recurso: H166072 del 28-09-1995 in re "De Jesus, c. Rodríguez s/sumario") ha decidido: "1) A los efectos de regular los honorarios de los profesionales actuantes, si el monto reclamado resulta desmesurado, teniendo en cuenta las circunstancias y los elementos probatorios que rodearon a la causa, corresponde la aplicación del art. 13 de la ley 24.432, sin que a ello obste la doctrina plenaria sentada en los autos "Multiflex c. Consorcio", por cuanto éste fue dictado de conformidad al régimen modificado por la norma que hoy regula la misma cuestión. Y la Sala C (Recurso: C179959 del 19-12-1995 in re "C. de G., l. c. G., H. s/liquidación sociedad conyugal" ha resuelto que: "Procede practicar una reducción considerable respecto de la escala mínima del arancel si, ante la magnitud de la suma que debe computarse como monto del juicio, es necesario acordar una solución de razonabilidad y justicia que concilie tal circunstancia con la índole y extensión de la labor realizada. Es que el valor de lo reclamado no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, que deben igualmente ajustarse al mérito, naturaleza, importancia, jerarquía y complejidad de la labor, como así también, la responsabilidad profesional comprometida, en concordancia con la pauta sentada por el art. 13 de la ley 24.432".

A la primera cuestión el doctor Sánchez, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere y vota en el mismo sentido.

Agrega que como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil ha tenido oportunidad, aplicando las normas arancelarias entonces correspondientes en aquella jurisdicción, de decidir (v.gr.: 01-11-94 in re "Bassi, Raúl Alberto c. Quintana, José s/ Daños y Perjuicios", y 20-12-94 in re "Casteluccio, Raúl Alberto c/ Transportes Martínez S.A. Línea 234 y otro s/ Daños y Perjuicios") que:

"- 2) Nuestro Más Alto Tribunal ha resuelto desde 1879 (Fallos 21-521, t. 12 de la segunda serie) que los honorarios deben regularse con arreglo al trabajo profesional (en el caso devolvió la causa al juez de grado para que redujera los honorarios de un tasador a quien se le había establecido según el valor de la cosa tasada).

Tal doctrina ha sido reiteradamente aplicada, destacándose que la validez constitucional del honorario no depende solo del monto del pleito sino que deben examinarse extremos como el tiempo de la labor desarrollada, su jerarquía intrínseca o complejidad, o responsabilidad profesional comprometida, la calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada (v.gr.: 9/6/81 in re "Nación Argentina c. Salvia S.A.", Fallos 303:798 y 15/3/83 in re "Scravaglieri de Di Blasi Delia Felisa c. Di Blasi, Salvador Juan y otro", Fallos 305:311, y sus citas: Fallos: 239:123; 251:516; 253:456; 256:232; 257:142; 257:157; 260:14; 261:223; 295:656; 296:124; 300:299; 302:534; 302:1452).

Ha reiterado la razonable relación entre la retribución y la tarea cumplida en estos términos: "...4. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional y las normas congruentes de la legislación de fondo (Cód. Civil art. 1627 y concs.) otorgan a quien presta servicios el derecho a una retribución justa, que contemple la índole, magnitud y dificultad de la tarea realizada. 5. Que ese derecho constitucional y legal resulta transgredido si, como ocurre en el caso, la regulación de honorarios del experto debe ceñirse necesaria e infranqueablemente (...) a la cuantía del litigio y a la retribución de otros profesionales, aunque el monto que así se obtenga no guarde relación con la importancia, complejidad y jerarquía de su trabajo, ni con el objeto de la peritación y el valor intrínseco del informe. 6. Que no obsta a lo precedentemente expuesto la jurisprudencia (...) porque es obvio que esa jurisprudencia (...) señala pautas generales muy atendibles, pero que no pueden invalidar el principio constitucional y legal que antes se menciona y que obliga a mantener una retribución razonable entre la retribución que se fija y la tarea efectivamente cumplida por el perito (Fallos, 248-681; 252; 368; 253-456, entre otros)...", septiembre 20-967 in re "Bessolo, Leopoldo A. c. Osa, Pedro", en El Derecho t. 20, pág. 30.

Tampoco el Superior aplicó las escalas arancelarias (en el caso art. 3 del decreto-ley 16.638/57) sobre el monto del juicio porque la tarea encomendada al perito no tuvo relación con todo el valor de los bienes que se transmitían, sino solo con parte de él (CNCiv., Sala "F", 26/6/86 in re "Salinas Ovidio J. s/sucesión", en La Ley 1986-E, 224).

- 3) Coincide con los precedentes jurisprudenciales citados, la mayoría de ellos dictados en vigencia de leyes arancelarias que establecían el orden público de sus normas, la más reciente legislación, en general de orden público económico, y cuya violación trae como consecuencia la nulidad absoluta. Estoy refiriéndome a las leyes 23.696, 23.697, 23.853, 23.928, 23.982, 23.990, 24.028, 24.307, entre otras, y a los Decretos 2476/90, 2284/91, 1813/92, 14/94, entre otros.

Respecto a este último la doctrina ha sostenido: "...La labor de los peritos retribuida hasta el Dt. 1813/92 en razón de la cuantía de la demanda, ha llegado en muchos casos a valores notablemente superiores a la efectiva labor cumplida por los auxiliares de la justicia..." (Perla Yolanda Boiadzsiev, "Una oportuna limitación al abuso", en El Derecho t. 157, p.666).

Agrego que también es cierto lo contrario: se han retribuido tareas profesionales de modo inadecuado por ser muy bajas las regulaciones en relación a ellas, por lo que igualmente se ha resuelto: "Los honorarios de los peritos, aún en juicios de monto escaso, deben comportar una justa retribución de sus trabajos y por ello sus emolumentos no tienen porqué guardar relación con los de los demás profesionales intervinientes", CNFed., Civ. y Com., Sala III, 11/7/86 in re "Casanova María c. Orosco José C. y/u otro", en LA LEY, 1987-E, 469 nº 37.770-S.

Respecto a alguna de las otras normas antes citadas, asimismo se ha dicho: "... Resulta imprescindible advertir que la estabilidad y el crecimiento que se hicieron más perceptibles a partir de la sanción de la ley 23.928 imponen con urgencia la necesidad de eliminar, mediante una norma de sanción única y de aplicación simultánea, las regulaciones que hoy pierden virtualidad económica e impiden una fluida circulación de bienes y servicios. En ese terreno es importante señalar que la ley 24.307 -presupuesto general para el ejercicio de 1994- ratificó la vigencia de los decretos 2284/91 y 2424/91, mostrando claramente la voluntad política del Congreso Nacional, sólo anticipada por el Poder Ejecutivo Nacional..." (Horacio Tomas Liendo (h), "Regulación, desregulación y libertad para crecer", en La Nación del 17/07/94).

Aplicar las leyes de orden público vigentes es mandato legal para el Juzgador y no solo contribuirá a cumplir el mandato constitucional de afianzar la justicia...

4) La legislación supra citada ha derogado, total o parcialmente, disposiciones arancelarias referentes a abogados, procuradores, peritos y otros auxiliares de la justicia. Ha hecho perder vigencia a la jurisprudencia plenaria que interpretaba tales normas, algunas de las cuales me permitiré recordar en orden alfabético: a) abogados y procuradores: ley 21.839; b) agrónomos: decreto 3771/57; c) agrimensores: ley 21.165; d) arquitectos: decreto-ley 7887/56 y ley 21.165; e) calígrafos públicos: dec. 11.486/57 y ley 20.243; f) ciencias económicas: decreto-ley 16.638-/57; g) escribanos: decretos 2510/76 y 401/80; h) ingenieros: dec-ley 7887/55 y ley 21.165; i) martilleros: ley 20.266; j) traductores públicos: ley 20.305, entre otras.

Así lo ha sostenido la doctrina: "...atento la desregulación de los honorarios profesionales que introduce el decreto 2284/91 en análisis las leyes de aranceles existentes a la fecha de su vigencia servirán únicamente como pautas desapareciendo los mínimos y los máximos de tales aranceles (...) consideramos que habiendo perdido la imperatividad los mínimos y máximos en ellos fijados así como los porcentajes establecidos los magistrados judiciales ya no tienen obligación de aplicarlos y pueden apartarse de los mismos teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Entendemos que ante las nuevas disposiciones del decreto desregulador, tanto los topes como los porcentajes de las leyes arancelarias únicamente pueden tomarse como referencia en el sentido de ""precio de costumbre"" aludido en el art. 1627 in fine del Cód. Civil..." (Norberto J. Novellino, "Desregulación de Honorarios", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1991, págs. 118 y 134), agregando en la pág. 135: "...No estamos solos en esta postura. En el breve lapso de vigencia del decreto desregulador, contamos con la opinión favorable de Héctor Sagalovsky quien sostiene: "El aplicar la norma arancelaria ya no es obligatorio y un juez podrá recurrir a la misma por analogía y/o a los antecedentes del caso en concreto, o recurrir a normas genéricas como el art. 1627 del Cód. Civil...".

5) A la luz de la ley, jurisprudencia y doctrina citadas, teniendo en cuenta la naturaleza y monto del juicio, su resultado, la índole, magnitud, dificultad y extensión de las tareas realizadas por los profesionales intervinientes, regularé sus honorarios...".

Reitero pues la adhesión expresada." En este sentido, conforme las pautas antes señaladas, y teniendo en cuenta el carácter de orden público e indisponible para las partes de la normativa precitada y un monto de catorce mil pesos (catorce mil pesos $ 14.000) por el que razonablemente hubiere podido prosperar la presente demanda (conforme resultado obtenido en la anterior Instancia y los valores informados por el experto a fojas 176/7; el mérito, calidad y extensión de las tareas realizadas propongo regular los honorarios (...) Así lo voto.

El doctor Rodríguez vota en idéntico sentido.

Conforme el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal resuelve: 1) Hacer lugar a la defensa de prescripción interpuesta por las demandadas a fojas 53/9 de estos actuados; y en consecuencia, revocar la sentencia de fojas 252/60 en lo que ha sido materia de recurso y agravio por las demandadas, rechazándose en consecuencia la pretensión esgrimida en estos autos; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, ello siguiendo el principio objetivo de la derrota (arg. arts. 68 cctes y sstes del CPCC); 3) Regular los honorarios de los profesionales (...). - Sebastián Emilio Iglesias Berrondo. - Luis Armando Rodríguez.

(1) Conf. Spota, pared utilizada específicamente y prescripción de la acción de reembolso de la medianería: Supuesto del cerramiento forzoso, JA, 1955-III-208.; citado por Bueres Highton, Código Civil, ed. Hammurabbi, T. VI B, ed. 2001, p. 804.

(2) Cifuentes, Santos, Aplicación de la teoría del Enriquecimiento sin causa a Situaciones y Relaciones de Tracto Sucesivo; La Ley, 1995; C 189; Citado Por Citado por Trigo Represas, López Mesa en Tratado de la Responsabilidad Civil; T. I, Ed. La Ley, p. 224 y sstes.

(3) Mosset Iturraspe, Responsabilidad por Daños, Parte General, P. 331; Citado por Trigo Represas, López Mesa en Tratado de la Responsabilidad Civil; T. I, Ed. La Ley, p. 224 y sstes.

(4) Cifuentes, Santos; Aplicación de la Teoría del Enriquecimiento sin causa a Situaciones y relaciones de Tracto Sucesivo; La Ley, 1995; C 189; citado por Trigo Represas; López Mesa en Tratado de la Responsabilidad Civil; Tomo I, Ed. La Ley ; ed. 2005; pág 200/1.