Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-15


San Miguel de Tucumán, 15 de Junio de 2005.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Alfredo Carlos Dato, el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte querellante y actora civil, contra la sentencia dictada por el Juez Correccional de la IIa. Nominación del 01/11/2004 (fs. 465/474), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 23/11/2004 (cfr. fs. 483/484). En esta sede, el impugnante como la Cía. Aseguradora presentaron memoria sobre el recurso casatorio (fs.490/491 y 492/496), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide en el sentido que corresponde casar la sentencia impugnada (cfr. fs. 498/500). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 476/481 vta. por la representación letrada de José Francisco Barrionuevo, heredero y administrador del sucesorio de Angélica Lucía Rodríguez de Barrionuevo, y constituido querellante en la presente causa. Impugna la sentencia del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación de fecha 01/11/2004, que dispuso la absolución del imputado Federico Bortolotti por el delito de lesiones culposas en perjuicio de la nombrada, e hizo lugar parcialmente a la acción civil, condenando al imputado y a la aseguradora La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A., al pago de la suma de $5.226,40 a favor de la víctima (hoy sus herederos).

Alega que el pronunciamiento es arbitrario y viola las reglas de la sana crítica racional, en cuanto concluyó que el accionar del imputado no resulta penalmente reprochable. A su criterio, las declaraciones de Bortolotti en sede policial (fs. 7) y luego judicial (fs. 138/139), con asistencia letrada, evidencian su responsabilidad por el ilícito del que se lo acusa. Señala que conforme a la versión expuesta en la primera oportunidad, nunca llegó a detener su marcha en la intersección de Avda. Sarmiento y calle Maipú; derivando de ello que la velocidad de la camioneta no era reducida, porque no paró ni se detuvo. Sostiene que el acusado realizó una maniobra de adelantamiento por su derecha y en estas circunstancias impactó a la víctima, quien terminaba de cruzar el segundo segmento de dicha avenida. Las manifestaciones de Bortolotti indicarían que circulaba detrás de otros vehículos detenidos por el semáforo en rojo, y no paró en la precitada esquina porque el semáforo le dio paso; optando por continuar la marcha abriéndose a la derecha, a una velocidad de 40 o 50 kms. por hora. Que por esta razón el auto que circulaba a la par suya no embistió a la víctima; quien cruzaba por la senda peatonal.

Por lo expuesto, considera que el imputado violó las normas de tránsito contenidas en los arts. 79, 80 y 297, incs. 4 y 5 de la ordenanza municipal de la capital Nº 2.440/96, y arts. 42 y 48 inc. j) de la ley nacional de tránsito Nº 24.449; con el agravante de poseer licencia para conducir categoría cuarta (profesional). Contrariamente a lo sostenido en la instancia de mérito, estima que la conducta descripta en la sentencia indica que el imputado obró con imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los reglamentos, y por tanto encuadra en la normativa del art. 94, Cód. Penal. Pone además de relieve que según la comunicación del destacamento policial del Hospital Centro de Salud, relacionada con el ingreso de la víctima a ese nosocomio el día del hecho, Bortolotti circuló con el carnet vencido durante más de tres meses; y las gestiones posteriores para obtener un permiso provisorio -presentado al día siguiente del suceso, cuando fue a declarar con asistencia letrada-, no fueron realizadas en el municipio de esta capital donde aquél había sido expedido, sino en el de Burruyacu. Por ello, estima que el imputado mintió el extravío del carnet, y ha violado el art. 297, inc. 4º de la citada ordenanza municipal Nº 2.440/96.

Niega que exista culpa total o parcial de la víctima, toda vez que la Sra. Rodríguez de Barrionuevo cruzaba el segundo segmento de la Avda. Sarmiento esquina Maipú, "lado Oeste", con dirección sud a norte, y por la senda peatonal. Le agravia la afirmación del Juez a quo, en cuanto sostuvo que la nombrada desplegó una conducta intolerable, produciéndose un daño al conectar su secuencia disvaliosa con la actividad socialmente tolerable del imputado. Rechaza que fuera la víctima quien atropelló a la camioneta; remitiéndose en este punto al informe técnico policial de fs. 36 -inspección físico mecánica efectuada a la camioneta-, del cual resulta que fue la víctima quien resultó impactada y atropellada con la parte frontal derecha de la camioneta.

Le agravia la omisión del Juez a quo en considerar los hechos y pruebas reseñados, demostrativos del obrar culpable del imputado. Cita precedentes de esta Corte Suprema de Justicia, que descalificaron sentencias basadas en afirmaciones dogmáticas sin soporte probatorio adecuado, o dictadas con apartamiento de las pruebas de la causa, u omiten considerar prueba pertinente y esencial para la solución del litigio.

Refiere además a los testimonios de los Sres. Cúmine (fs. 106 y vta.), Ferreyra (fs. 113 y vta.) y Laméndola (fs. 114 y vta.), estimándolos coincidentes en que la víctima no obró con negligencia al cruzar la calzada, pues lo hizo por la senda peatonal; y ya próxima al cordón fue embestida por la camioneta conducida por el imputado.

De otra parte, considera que la sentencia exhibe violación al principio de congruencia, toda vez que pese a la absolución del acusado por culpa de la víctima, el imputado y la aseguradora fueron condenados a pagar el 20% de la indemnización reclamada y parte de las costas procesales. En su interpretación, la absolución penal posee autoridad de cosa juzgada, lo cual impedía el acogimiento de la pretensión resarcitoria. Desde otro enfoque, considera que el a quo violó la normativa contenida en el art. 1113 del Cód. Civil, a tenor de la cual era el imputado quien debía probar una eximente de la responsabilidad objetiva fundada en la teoría del riesgo.

Como doctrinas legales, propone que "Existiendo acreditación suficiente que revela la culpa y responsabilidad del imputado en el hecho acaecido y máxime si éste ha violado normas legales en el marco de su oficio o profesión que son ineludibles observar para su correcta realización, no resulta atendible beneficio eximente alguno, si éste no es cabal y concreto. Importa en consecuencia, la aplicación lisa y llana de la condena correspondiente tanto penal como civil"; "Al no existir culpa de la víctima conforme los antecedentes probatorios agregados a la causa, y sí transgresiones o inobservancia a normas legales en el desempeño de su oficio o profesión por parte del imputado, se debe concluir en que corresponde aplicar la condena establecida por la ley penal y en su caso la civil resarcitoria si así ha sido planteada en la causa".

Concluye requiriendo se case el fallo en recurso, condenando al imputado a la pena establecida en el art. 94 del Cód. Penal, como autor de lesiones culposas en perjuicio de Ángela L. Rodríguez de Barrionuevo; y se haga lugar al resarcimiento de los daños según los rubros y montos especificados en la demanda civil, o los que se fijen prudencialmente.

2.- Según emerge del pronunciamiento impugnado, el Sr. Juez Penal en lo Correccional consideró demostrado que Bortolotti atropelló a la víctima el día 05/01/99, cuando circulaba junto con otros vehículos a velocidad reglamentaria por Avda. Sarmiento de Este a Oeste, utilizando la secuencia de habilitación de paso que normalmente se denomina "onda verde". Que la víctima cruzó el carril norte de la misma Avda., casi esquina Maipú, por un sector no habilitado al paso peatonal y en el momento en que el semáforo autorizaba el tránsito de vehículos por la Avenida. Que en tales circunstancias el imputado frenó, sin que la inercia del vehículo le permitiera evitar la colisión (cfr. fs. 469 y vta.).

Luego de exponer diversas consideraciones sobre las conductas no dolosas en el Derecho Penal, puso de relieve que en su ámbito no existe compensación en la causación de riesgos no permitidos como eximente de responsabilidad, por cuanto la acción típica del art. 94, Cód. Penal se produce o no con independencia de la señalada violación del deber de autoprotección de la víctima. Valoró que en el caso, el accionar del imputado no es penalmente reprochable, ya que la conducta de la víctima superó el margen de probabilidad de dañar. Destacó en tal sentido que la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos exige una voluntaria violación de su deber de cuidado; rechazando que pueda plantearse "la perversión del propio rol del automovilista, constreñido a desarrollar velocidades muy inferiores a aquellas para las cuales está organizado el tránsito". Finalmente, entendió inadmisible "pretender que la configuración de un delito dependerá, bien del azar, o bien de alterar el normal funcionamiento del sistema de desplazamiento de vehículo, obligando al ciudadano respetuoso de las leyes a transitar "a paso de hombre"...(cfr. fs. 470).

En lo atinente a la acción civil, el magistrado expresó que cuando la culpa de la víctima no tiene la nota tipificante de exclusividad, en el ámbito de la responsabilidad civil juegan otros conceptos como la responsabilidad objetiva y el riesgo creado. Señaló que el comportamiento esperable del conductor de automóviles difiere para el derecho penal y civil, y que debía emitir pronunciamiento sobre ambos aplicando las normas y principios que correspondan a su naturaleza, con cita de un precedente de esta Corte Suprema de Justicia (sentencia Nº 143 del 12/3/2004). Que en autos el demandado no demostró que la conducta de la víctima provocara la ruptura del nexo causal entre el riesgo de la cosa y el perjuicio sufrido. Con estas premisas, puso a cargo del demandado civil y de la aseguradora el 20% del monto de los daños acreditados en autos.

3.- De los términos recursivos previamente reseñados se desprende que los planteos del impugnante remiten a cuestiones de hecho, como principio irrevisables en esta instancia excepcional, pues su valoración corresponde excluyentemente a los jueces de mérito.

En el marco del presente examen de admisibilidad, y en orden al déficit de arbitrariedad por vicios de motivación alegado, se advierte que los agravios no exceden la mera discrepancia del querellante y actor civil con los fundamentos del fallo. Su descalificación por absurdo o arbitrario implica la constatación de un grave desvío de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos bastantes para sustentarlo; sin que se verifique el quebrantamiento de las reglas invocadas, que lo descalifique como acto jurisdiccional válido. Los agravios se presentan dirigidos a cuestionar la base fáctica del proceso y su valoración de mérito, a partir de una diferente versión de los hechos de la causa y de la aptitud conviccional de algunas de las pruebas existentes. En este aspecto, las alegaciones resultan ineficaces para obtener la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa.

En distintos precedentes, esta Sala Civil y Penal ha subrayado que la culpa propia del delito que se investiga en este proceso penal remite a la violación de deberes de cuidado, sea por acción u omisión; y ello no puede resultar exclusivamente de conexiones causales. Admitir lo contrario significaría dar cabida a condenas penales con prescindencia del elemento subjetivo propio de los delitos culposos, ante la sola causación material del resultado dañoso. El injusto de que se trata consiste en un obrar disvalioso que vulnera el deber de cuidado objetivo, cuya comprobación debe resultar de los hechos del proceso. Esto, porque la mera causación material no es por sí reveladora de la actuación imprudente; ya que en la atribución de culpabilidad, la actitud reprochada es no haber previsto lo previsible, obrando dentro de un marco de libertad de elección bastante para exigir del sujeto una conducta diferente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 578 del 23/7/2002, autos "Valdez, Víctor Julio s/ homicidio culposo").

Tal reproche penal exige, mínimamente, la convicción fundada de que el imputado pudo prever el comportamiento que el mismo fallo atribuye a la víctima. En autos, la base fáctica establecida excluye la conducta típica y culpable descripta por la ley penal, pues no muestra negligencia o inobservancia de los reglamentos, con incidencia causal determinante de las lesiones sufridas por la víctima. En tal sentido, la genérica referencia al deber de mantener el control del vehículo es ineficaz para la condena del imputado, si no surge de las constancias de la causa de qué manera se habría producido la hipotética pérdida culpable de su dominio alegada por el impugnante, con relevancia causal en el resultado.

4.- La sentencia en recurso aplicó la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia mencionada precedentemente, a tenor de la cual "Corresponde la absolución del acusado por el delito de homicidio culposo, cuando la base fáctica establecida en la instancia de mérito demuestra la ausencia del elemento subjetivo del tipo penal aplicado. La culpabilidad propia del ilícito previsto y penado por el art. 84 del C.P. no se configura ni se deriva del resultado dañoso concreto, ni de su causación material" (CSJTuc., sentencia Nº 578 del 23/7/2002). La conclusión absolutoria que agravia al recurrente está precedida de un razonamiento lógico que la sustenta y explica, y que no ha sido impugnada en suficiencia. Cabe poner de relieve que en la determinación de los hechos, el sentenciante tuvo por ciertas algunas de sus afirmaciones; como la condición de embistente del vehículo conducido por el acusado, y la existencia de "onda verde" que habilitaba su paso. Sin embargo, la maniobra de adelantamiento por la derecha que atribuye al conductor del vehículo sólo resulta de los dichos del recurrente; toda vez que en el memorial casatorio no indica ningún elemento que acredite este presupuesto fáctico decisivo para su posición.

En cuanto a lo declarado por los testigos Cúmine, Ferreira y Laméndola, el impugnante se limita a invocarlos como prueba de su versión de los hechos, sin otra precisión; omitiendo un análisis crítico de sus respectivas manifestaciones, que según la transcripción contenida en la sentencia no se muestran contestes en diversas circunstancias del hecho. De otra parte, soslaya que de acuerdo a la reseña efectuada por el magistrado, el testigo Juan Pablo Majul declaró que ya había onda verde en los semáforos, y que "En la platabanda había una mujer de aproximadamente 60 años, se larga a cruzar, pasa los primeros autos y luego un tercero la atropella". Según sus dichos, la "víctima no estaba en la senda peatonal; creo que estaba detrás de un árbol.La Sra. bajó imprevistamente, al momento del accidente el semáforo estaba en verde y la velocidad de la camioneta era de 50/70 km/hs." (cfr. fs. 465 vta.). A su vez, Héctor Jesús Coronel dijo que circulaba por la avenida con onda verde, y al llegar a Maipú vio a una Sra. "cruzar sin mirar, entrando al carril de nosotros. El coche que estaba a la par mía la choca, si no frenaba la chocaba yo. La víctima pasa muy cerca de mi auto, a medio metro o un metro, caminaba mirando sus pasos. Creo que no cruzó por la senda peatonal" (cfr. fs. 466 vta.). Estos testimonios no han sido observados ni cuestionados por el recurrente; y según ha señalado este Tribunal, entre las facultades reservadas a los jueces de mérito se encuentra la selección de la prueba que estima relevante; y a ellos corresponde juzgar la mayor o menor credibilidad que merezcan los dichos de los testigos.

De lo expuesto se sigue que el pronunciamiento encuentra sustento en otros testimonios no cuestionados en suficiencia por el impugnante, con el alcance de poner en evidencia la arbitrariedad fáctica atribuida al decisorio. Tampoco ha sido demostrado que, en las concretas circunstancias de esta causa, la falta de renovación del carnet de manejo, o la categoría "profesional" del pretenso documento vencido, posean aptitud dirimente que impida el dictado de un pronunciamiento absolutorio. En suma, la defensa exterioriza su propia interpretación de los hechos, en base a algunas de las pruebas colectadas; cuya sola mención tampoco muestra carácter dirimente. La referencia a algunas pruebas que favorecerían su posición resulta ineficaz para evidenciar la arbitrariedad denunciada, si existen otros elementos bastantes para arribar a la conclusión opuesta; pues ello impide descalificar el discurso lógico que sustenta el decisorio impugnado.

5.- Tampoco se advierte autocontradicción entre la decisión absolutoria y la responsabilidad civil parcialmente atribuida, según denuncia el impugnante.

Ha destacado esta Sala Civil y Penal que el sistema vigente autoriza a la víctima a demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por un delito, en sede penal o por acción independiente ejercida en el fuero civil. Esta opción surge de lo dispuesto por el art. 29 del Cód. Penal, al disponer que la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización del daño material y moral que corresponda; es decir, de acuerdo a las previsiones que contenga la ley procesal aplicable en cada jurisdicción para el ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Por tratarse de derechos patrimoniales, es necesaria la instancia de la parte afectada. Cuando la acción civil ha sido incoada en el proceso penal, el magistrado debe aplicar las normas y principios que correspondan a su naturaleza, sin perjuicio de atender a la influencia que la ley sustantiva asigna al pronunciamiento criminal (arg. arts. 1102, 1103 y cc., Cód. Civil), y a las disposiciones procesales que regulan su interposición en sede penal. Por ende, la concurrencia de los presupuestos del daño resarcible -mencionados en el fallo de esta Corte-, y su evaluación en el caso concreto, se examinan de acuerdo a las normas pertinentes de la ley civil; cualquiera sea el fuero ante el que se ejercite la acción resarcitoria.

Los factores de atribución de responsabilidad civil exceden la culpa del autor. De allí que no se advierte incongruencia en la sentencia, cuando no obstante la absolución penal del acusado, lo condena a resarcir parte del daño sufrido, por estimar que la culpa de la víctima concurrió parcialmente con la responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa (arg. art. 1113, segundo parágrafo, segunda parte del Cód. Civil). Cuando el fallo absolutorio no se sustenta en la inexistencia del hecho o en la falta de autoría del mismo por parte del imputado, sino simplemente por considerar que el acusado no es culpable del delito, tal calificación no es vinculante para establecer la responsabilidad patrimonial. Como principio, si ha mediado una participación física de quien fuera absuelto en sede penal, ello no impide condenarlo en calidad de responsable civil, siempre que el juez encuentre un factor atributivo de responsabilidad del absuelto criminalmente.

La normativa del art. 1113 antes citado, en lo pertinente -daños causados por riesgo de la cosa- prescinde de la noción de culpa, y al enfrentar al tercero que sufre un daño derivado de la propia naturaleza de la cosa con aptitud para lesionar legítimos intereses de otros, impone al sujeto responsable el deber jurídico de afrontar los perjuicios que ocasione aún inocentemente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 762 del 19/12/2001). Por lo demás, en el ámbito de la responsabilidad objetiva, la conducta de la víctima debe confrontarse con la aptitud causal propia del específico factor atributivo de responsabilidad aplicado al caso (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 113 del 08/3/2004, autos "Gambarte, Víctor Manuel vs. Paz, Horacio José s/ daños y perjuicios").

El caso de autos fue resuelto por el Tribunal a quo a partir de estas premisas, lo cual excluye el déficit invocado por el impugnante. Cabe poner de relieve que el actor civil limitó su agravio a la pretensa autocontradicción del decisorio, sin cuestionar el razonamiento del Juez a quo para sustentar el porcentaje de responsabilidad atribuida al demandado, ni los rubros que integran el daño resarcible. En autos, el reclamo de procedencia integral de la acción civil ha sido estructurado en base a la negada incidencia causal de la conducta de la víctima; cuestión de hecho irrevisable en esta instancia extraordinaria local. Por ende, no corresponde al Tribunal reexaminar el acierto o desacierto de la sentencia en lo atinente a la distribución concurrente de responsabilidad entre el demandado y la víctima.

6.- Se concluye que los fundamentos casatorios no exceden la mera discrepancia del impugnante con la valoración de los hechos de la causa. La consideración de los agravios expuestos exigiría una diferente calificación de los hechos, para emitir un juicio de valor sobre la aptitud conviccional de las pruebas colectadas; tarea que resulta extraña a la labor casatoria.

No cabe sino reiterar que el cuadro fáctico fijado por el Tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para fijarlos. La pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos de la casación, pues la instancia extraordinaria local en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo; pues pertenece a los poderes discrecionales del tribunal de mérito, la selección y valoración de la prueba que concurre a formar su convicción.

A mérito de lo expresado, corresponde desestimar el recurso de casación en examen, con costas al impugnante por ser de ley expresa.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto a fs. 476/481 vta. por la representación letrada de José Francisco Barrionuevo, heredero y administrador del sucesorio de la víctima Angélica Lucía Rodríguez de Barrionuevo, contra la sentencia del Sr. Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación del del 01/11/2004.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA