marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad extracontractual, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: MERINO, José y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

En la responsabilidad extracontractual, el punto de partida de la prescripción debe ubicarse desde que la responsabilidad existe y consiguientemente ha nacido la pertinente acción para hacerla valer.

De ordinario ello ocurre cuando acontece un hecho ilícito que origina aquella responsabilidad.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ, JOSE c/ BADEL HERMANOS SOC. DE HECHO s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

En caso de insolvencia del demandado, la indemnización del trabajador accidentado no está comprendida en el régimen de la ley 23982, pues el Fondo de Garantía integra su activo con los ingresos que detalla el art. 1 de la ley 9688, no contribuyendo el erario público con dinero alguno y además, la ley citada, excluye expresamente de la consolidación (art. 1 inc. b) y art. 2 inc. 1 in fine) a las deudas en las cuales el Estado Nacional es sólo agente de pago. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Competencia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: REYVEN, PABLO GUILLERMO. c/ L.A.R. Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-11

El caso - La parte actora promovió por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común demanda de indemnización de daños y perjuicios. Sostuvo que "circulaba por la Avenida Siria, en dirección norte-sur, cuando al llegar a la intersección con calle Emilio Castelar... y pese a que trató de frenar desde unos 25 mts. antes del pozo, donde recién pudo divisar la existencia del mismo, no pudo evitar precipitarse con su camioneta...en un pozo excavado por la Empresa L.A.R., al servicio de la S.A.T.". Señaló que "la demanda está dirigida contra la empresa L.A.R. por ser la empresa que realizó la excavación", contra la "Compañía S.A.T. por ser la empresa que contrata a L.A.R. para la ejecución de la obra" y contra la "Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la cual resulta responsable como titular de un bien del dominio público artificial" - fue objeto de adecuado tratamiento por el dictamen del Sr. Ministro Fiscal obrante, cuyos fundamentos -esencialmente referidos a que el hecho jurídico constitutivo de la acción es de naturaleza administrativa- esta Corte comparte y a los cuales remite por razones de brevedad.

Solución ésta que, por lo demás, se corresponde con anteriores pronunciamientos de este Tribunal (CSJT, "Quintana Ferreyra, José Manuel vs. Villalba Héctor Raúl y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 194 del 29/3/2000; "Gramajo, Gregorio Alberto y otra vs. Trejo Hugo Bernardino y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 259 del 30/3/2009; "Molina, Ángel René y otros vs. Foix Juan José y otros s/daños y perjuicios", sent. n° 814 del 24/8/2009, entre otras). Consecuentemente, corresponde declarar competente para entender en la presente causa a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, debiéndose remitir el expediente a dicho Tribunal para que prosiga su tramitación.

DRES.: ESTOFAN - SBDAR - POSSE.
Pensiones, responsabilidad del Estado, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRAGA NAIARA EVELYN c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-29

No escapa a este tribunal que el principal y primer responsable frente a las necesidades de la persona es su grupo familiar, pero también es deber del Estado adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar goce de dichos derechos (cfr. art. 75 inc. 23 de la CN). Consecuentemente, una interpretación que salvaguarde los derechos de la adolescente y la protección especial de la familia, y al mismo tiempo cumpla con la efectiva progresividad de los derechos sociales, lleva a concluir que, en la presente causa, cabe apartarse de la estricta letra del art. 53 inc. e) de la Ley 24.241, declarando su inconstitucionalidad para el caso concreto de autos, en cuanto limita el goce del beneficio a los 18 años de edad, correspondiendo extenderlo hasta la fecha en la que cumplió los 21 años de edad. (De voto de mayoría. Argumento de la Dra. Pérez Tognola, al que adhiere al Dr. Fantini. La Dra. Cammarata votó en disidencia)
Obras sociales, afiliación a obras sociales, cónyuge, enfermedad preexistente, ley provincial, jerarquía constitucional, derecho a la salud
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gerard, María Raquel y otro c/ I.O.S.P.E.R. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de amparo promovida contra una obra social a fin de que incorpore al cónyuge de la actora, quien resultaba ser afiliada obligatoria de la misma, por padecer una patología pre-existente, admitir la pretensión y ordenar la incorporación de aquél, pues el rechazo de la admisión sobre la base de normas dictadas por el propio directorio del instituto -más allá de las facultades otorgadas por la Ley Provincial N° 5326 para dictar resoluciones internas que le permitan determinar las personas que podrán ser incorporadas voluntariamente a través del afiliado titular, artº 12, inc, f- desconoce el plexo normativo que emana de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes nacionales con plena vigencia a las que debe ajustar su actuar, como así también lo dispuesto por la propia Ley local de creación del Instituto N° 5326 en su artículo 2° en orden a su objeto, restringiendo derechos reconocidos y compromisos asumidos por el Estado Nacional.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Desindexación, oportunidad procesal, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: López, José Daniel. c/ Center  Shop  S  y/o  Dorazi  S.A.  y/o  quien  resulte responsable.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-18

La pretensión desindexatoria se puede articular en tanto la deuda no se encuentra extinguida o pagada. O bien, como acontece la mayoría de las veces, aún cuando exista planilla aprobada en la cual se ha tenido en cuenta los índices o mecanismos de actualización monetaria. Cabe enfatizar que ese planteo se debe interponer en la primera instancia y en cualquier estadio procesal del juicio por cuanto ello implica el respeto al debido proceso contradictorio, o la defensa en juicio de las partes, o la posibilidad de la contraria de contra alegar,de plantear excepciones, o invocar argumentos para escapar al tope o techo indexatorio.

No existe límite a la articulación de la desindexación, ni procesales ni temporales, salvo cuando ella emerge de la deuda pagada.
Presentación extemporánea, sentencia firme, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMALLO, JULIO CESAR c/ IMPULSO TELEVISORA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (ACLARATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

Resultando intempestivo el pedido de aclaratoria sobre el régimen de costas, debe considerarse que la sentencia ha adquirido firmeza al respecto, debiendo éstas ser soportadas en el orden causado, en razón de que tal como se considerara en la causa "Caesar Rey y Ordoñez" y "Ghioldi", el hecho de no haber sido impuestas expresamente en la resolución (y no haberse deducido el remedio procesal pertinente en tiempo oportuno), implicó su reparto en el orden en que fueron causadas. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 56, p 218; T 58, p 426; T 75, p 488; Caesar Rey y Ordoñez, T 187, p 423; Ghioldi, T 199, p 226.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Zanatta, Ana Luisa s/ Incidente de apelación en causa 10-41.709. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

A los fines de la interposición de los recursos extraordinarios sólo se entiende por sentencia definitiva, conforme a la enunciación del art. 357 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), la que termina la causa o haga imposible su continuación o la que, recayendo sobre cuestión incidental, produce ese mismo efecto respecto de la causa principal, o las demás decisiones enunciadas en los párrafos segundo y tercero de dicha norma. El pronunciamiento de la Cámara que rechazó los recursos de nulidad y apelación deducidos contra el auto de procesamiento decretado por el juez de primera instancia, no encuadra de modo alguno en los supuestos enumerados. Por ello, se declara bien denegados los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos y se rechaza el de hecho traído (art. 356, in fine, Cód. cit. y Acuerdo 1785). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, indemnización, automotores, proceso penal, acción civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K, M E s/ LESIONES GRAVES CULPOSAS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 369-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-08

El agravio basado en que la sentencia que fija la condena civil en un proceso penal, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, al fijarse la indemnización por destrucción total del automotor en un monto que no se basa en constancias de autos, apartándose groseramente de la realidad económica litigiosa y que aparece como producto de la sola voluntad de los jueces, torna admisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad.
Desobediencia, incumplimiento de resolución judicial, funcionarios públicos, conflicto de intereses
Materia: PENAL
Carátula: "CAMPOS, Miguel y otros". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-10

Conforme ha expresado reiteradamente el Tribunal en el caso en que"... el funcionario público que realiza acciones diversas, u omite dar cumplimiento a las requeridas en una orden judicial, no encuadra su conducta en el artículo 239 del Código Penal (desobediencia) si el objeto del requerimiento implica colisionar con intereses del organismo...cuya calidad de representante lo llevaba a cuidar", y que "...Aún mediando orden concreta y directa, no da lugar a este delito cuestiones que se vinculan con los intereses personales, de cualquier índole, afectiva, patrimonial, familiar o con garantías constitucionales. De lo contrario, el incumplimiento de toda sentencia judicial sería punible..." (conforme cita de Alberto S. Millán efectuada por Carlos Fontán Balestra, en su Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1971, p.172, invocada por el Tribunal en causa n° 14.647 "CAMILIÓN, O. S/SOBRESEIMIENTO", rta. el 13/8/98, reg. n° 15.678 y causa n° 19.779, "PARTAMIAN, CINTHIA S/SOBRESEIMIENTO", rta. el 18/3/03, reg. n° 20.914, entre otras. Ello ocurre en el caso de una medida de no innovar dictada en el marco de un proceso concursal cuyo contenido versa sobre decisiones administrativas ya adoptadas sobre la caducidad de los derechos reclamados.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, expulsión de extranjeros, derechos de los migrantes, derecho a la reagrupación familiar, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Es procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la orden de expulsión de la actora por considerar que en el caso se presentaba un supuesto de reunificación familiar, toda vez que la misma contraría un texto legal, ingresando en el núcleo de discrecionalidad que la ley atribuyó a la autoridad administrativa sustituyendo el criterio plasmado en una resolución del Ministerio del Interior por el suyo propio (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Proceso penal, libertad condicional, ejecuciones especiales, inexistencia de cuestión federal suficiente, coronavirus, inadmisibilidad del recurso, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Quispe, Jorge Alonso c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la libertad condicional del encausado pues la esforzada defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que, si bien con ánimo, exclusivamente invocó defectos de fundamentación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, inc. 10 del CP -incorporado por el art. 38 de la Ley 27375-, cabe señalar que carece de una argumentación suficiente que permita su tratamiento, toda vez que no se advierte ni se ha demostrado arbitrariedad o afectación a normas constitucionales. La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico, sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, y el interesado demuestra claramente de qué manera la ley contraría la CN. El recurrente no alcanza a demostrar un agravio de tal intensidad, en tanto que, a raíz de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenadas por el PEN, Quispe no estaría autorizado para gozar, en su máxima amplitud, del beneficio solicitado. El voto concurrente agregó que el a quo tuvo en cuenta que el hecho por el que fue condenado culminó luego de la entrada en vigencia de la ley 27375, que modificó el art. 14 del CP impidiendo el acceso a ese beneficio a los condenados, entre otros, por el delito de comercio de estupefacientes, y que el recurrente no ha formulado críticas que permitan conmover la doctrina fijada por el Máximo Tribunal en el caso "Jofré", aplicada al caso. El tercer voto, señaló que el impugnante se ha limitado a invocar la inobservancia de la ley sustantiva y de normas procesales establecidas bajo pena de nulidad, así como defectos de fundamentación en la resolución recurrida, sin lograr rebatir los argumentos brindados por el a quo a fin de rechazar la libertad condicional y que el planteo de inconstitucionalidad efectuado resulta tardío. Dres. Barroetaveña, Figueroa - voto concurrente- y Petrone -por su voto-.
Derecho público, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

En el ámbito del "derecho público" el interés individual se presenta íntimamente relacionado con el interés general. Pese a tal vinculación, puede ocurrir que el legislador considere al interés individual separado del interés público, como exclusivamente propio de su titular y lo tutele directamente en carácter de derecho subjetivo. Tienen este origen los derechos de los electores, las inmunidades de los parlamentarios, las garantías de los magistrados y otras análogas.
Desbaratamiento de derechos acordados, tarjeta de crédito, compraventa inmobiliaria
Materia: PENAL
Carátula: Bolognesi, Gustavo M. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

No tipifica defraudación a tenor del art. 173 inc. 11 del C.P. la venta del inmueble de quien el mismo día colmó el crédito de su tarjeta, habida cuenta que el inmueble en cuestión no se constituyó en eje de una conducta de desabaratamiento en los términos del mencionado artículo.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, tasas de interés
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SIROMBRA, Lucia Elvira c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

A las acreencias devengadas con posterioridad al 01.01.02 deberá continuar aplicándosele la misma tasa de interés que dispuso la C.S.J.N. a partir del pronunciamiento recaído en autos "Varani de Arizzi, Bonafine" (sent. del 14.09.93), temperamento que sigue aún vigente en la jurisprudencia del Alto Tribunal (cfr. entre otros, "Aguilar, Froilán", sent. del 21.05.02). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FELLER  S.A. s/ QUERELLA POR ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-13

Las declaraciones de incompetencia deben hallarse precedidas de la investigación elemental necesaria para encuadrar el caso, prima facie, en alguna figura determinada, pues sólo con relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del juez a quien compete investigarlo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, JOSE MARIA c/ ARCOLEN ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-28

En cuanto al agravio que cuestiona la decisión del A quo respecto del mantenimiento de la cautelar, no resulta ocioso destacar que, si bien esta Corte ha sostenido que los autos que deciden sobre medidas cautelares no reúnen -en principio- la definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055, tal principio podría ceder en la medida en que existan agravios que por su magnitud y las circunstancias de hecho puedan ser irreparables; sin embargo en el sub judice no ha demostrado la perdidosa que la medida dispuesta -de naturaleza cautelar- le ocasione un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior que permita soslayar -a la luz de la jurisprudencia de esta Corte-, el recaudo mencionado, limitándose a afirmar que el peticionante de la medida debía acreditar la inexistencia de bienes suficientes para responder y que el decreto que la ordena no fue notificado dentro de los tres días subsiguientes a su dictado. - CITAS: CSJN: Fallos 267:432; 308:1832; Bulascio Malmierca, Juan C. y otros c. Banco de la Nación Argentina, del 21.8.1993; Grinberg, Horacio c. Guntín, Beatriz M. y otro, del 28.9.1993; CSJStaFe: AyS T 59, p 18 y 77; T 65, p 60; T 93, p 40; T 65, p 175; T 82, p 151; T 108, p 278; T 100, p 100. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1.
Suspensión del juicio a prueba, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL
Carátula: LEGAZCUE, Ricardo Oscar - LEGAZCUE, Alberto José, en causa n.º C 6720/04 (reg. Juzg. de Inst. y Correc. nº 5 II C.J.) s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-05-16

Que previo a efectuar el análisis de fondo de la propuesta recursiva, atento a lo expresado por el señor Procurador General, corresponde recordar que esta Sala ha compartido el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el "caso Menna", con interpretación del art. 457 del Código Procesal de la Nación, que es similar a nuestro art. 430.

En tal oportunidad se expresó que "la resolución que hace lugar a la suspensión del proceso a prueba (Art. 76 bis y ter Cód. Penal) es susceptible de ser recurrida mediante el recurso de casación (art. 457 del Cód. Procesal Penal) al tratarse de una resolución equiparable a definitiva, puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior.

Ello es así dado que la citada decisión impide que el proceso continúe hasta el dictado de una sentencia definitiva, con la consecuencia de que se extinguirá la acción penal al cumplirse las condiciones establecidas en el párr. 4 del citado art. 76 ter.

En efecto, conforme a dicha disposición -se refiere al art. 457 del CPPN-, son recurribles por vía de casación los autos que pongan fin a la acción, y el instituto de suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis, ter y quarter, remisión al art. 27 bis, todos del Código Penal; arts. 293 y 515 del CPP), implica justamente, que no continúe la tramitación del proceso si se cumplen determinadas condiciones, por lo que constituye, aun condicionalmente, un medio de extinción del proceso" (CS, setiembre 25-997 "Menna, Luis").

En virtud de ello, la resolución es recurrible, pues es una de las específicamente previstas en el art. 430 del ritual, por idénticos fundamentos a los expuestos en el caso "Menna". De lo contrario se impide la continuación de la c ausa, porque se declara extinguida la acción penal y, en consecuencia, el gravamen que le ocasionaría a los imputados podría ser de imposible reparación ulterior. De allí que el presente caso resulta impugnable por la vía del recurso de la casación.-
Defensa del consumidor, multa, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: "BANCO  ITAU  BUEN  AYRE  S.A.  -RDI c/ DNCI  Disp  618/05  (Ex64-015011/01)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

Debe imponerse una multa por violación del art. 27 de la ley 25.065, ante el incumplimiento de la obligación de corregir el error incurrido o explicar los fundamentos de rechazo de la impugnación oportunamente presentada por el denunciante en el tiempo legal dado que la empresa emisora de la tarjeta y el banco no procedieron a modificar los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito del consumidor en donde se le había contabilizado consumos no efectuados por él lo que produjo un excedente en el límite de su crédito.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO FEIGIN S.A. c/ LEONELLI FILOMENA s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S153 - 070)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-30

La eventual materia litigiosa del juicio ejecutivo no se halla representada por la existencia o legitimidad de la obligación sino por la "validez y eficacia del título" en cuya virtud se promovió; y la sentencia ejecutiva no tiene por función declarar el derecho creditorio sino "verificar las condiciones de legalidad del título". Sin embargo, si como en el caso, la materia litigiosa excedió ese ámbito e ingresó en la historia del crédito con amplitud probatoria, la cuestión debe resolverse por su "causa" y no por su forma. Si de tal examen deriva la existencia y legitimidad del crédito, la pretensión debe estimarse con abstracción del tipo de proceso que originó la cuestión.-
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, motociclista, falta de uso de casco
Materia: CIVIL
Carátula: FERRARO, Jorge Francisco c/ PETRUCELLI, Ricardo Horacio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La víctima que mientras conducía la motocicleta, no llevaba puesto el casco de seguridad, de uso obligatorio (justamente para prevenir las secuelas de golpes en la cabeza), sin duda contribuyó a incrementar la violencia del golpe sufrido en la cabeza y las lesiones consecuentes.
Infracciones aduaneras, transgresión a los regímenes de destinación suspensiva, reexportación, in dubio pro reo, sanciones aduaneras, multa
Materia: ADUANERO-PENAL-PROCESAL
Carátula: "Unilan Trelew S.A. (T.F. 12.330-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

Corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto condenó al pago de una multa y tributos por infracción al art. 970 del C.A. invocando que dichos permisos no contaban con el cumplido de embarque cuando existen elementos de juicio que conducen a la conclusión de que la mercadería a la que hacen referencia los permisos de embarque, ha sido reexportada. Si no se admitiera una conclusión definitiva al respecto, aquellos elementos de juicio generarían una situación de duda que debe resolverse a favor de la actora. (Consid. 2°).