marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, diputados, designación de reemplazante, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, facultades del Poder Legislativo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Evolución s/ reconocimiento de Alianza/ Oficialización de candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

En el plexo normativo que rige en el orden local existen regulaciones de género para la conformación de las listas de candidatos a Diputados de la Ciudad. Tal el caso del art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el art. 60, tercer párrafo, del Código Electoral Nacional vigente en la Ciudad (al momento de la sanción de la Constitución) y el art. 37 del Anexo I del Régimen Normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas establecido por la ley n° 4894. No se infiere, por tanto, que esas disposiciones se hagan extensivas a los representantes electos en el acto comicial. Voto del juez José Osvaldo Casás.
Improcedencia del recurso, prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOVERA ELBA RAQUEL Y OTRAS c/ GOMEZ HECTOR EDUARDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-11

El recurso no puede prosperar,en principio,por compartir el criterio de la Cámara en cuanto sostiene "Es el Juez el que debe aplicar el derecho ante la verdad objetivaw que surge indudable aunque las partes o alguna de ellas no hayan hecho afirmaciones o negaciones sobre el cuestionamiento por lo demás y como lo puntualiza la recurrida,el apercibimiento del artículo 342 del Código Procesal Civil y Comercial,es aplicable condicionado a"la prueba en contrario " que es precisamente lo que surge de lo actuado .-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LT 10 RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-22

En razón de que -en sustancia- la impugnante cuestiona la congruencia con la Constitución de la Provincia (y -por remisión de ésta- con la Constitución nacional), de una norma de jerarquía inferior (ley provincial 10468, artículos 1 y 2 y concordantes), habiendo sido la decisión del A quo favorable a la validez de ésta; y que, conforme a ello, la compareciente invocó el caso federal en conexión con la circunstancia de que lo decidido se contrapondría a normas constitucionales y a diversas leyes federales cuya operatividad fue postulada (leyes 26338, 22285, 24156, 25212 y 22520), corresponde admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. (De la disidencia de los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes nacionales 26338, 22285, 24156, 25121 y 22520; Leyes provinciales 10468, artículos 1 y 2; y 7055, artículos 1 y 2
Despido, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Castillo, María Antonia. c/ Sepúlveda, David. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-08-01

Aceptada la existencia del contrato por el patrono, pero negado el despido, el trabajador debe probar que éste se ha consumado.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, apreciación de la prueba, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: SANTILLAN, OSCAR ALBERTO c/ CATELLA, GUILLERMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-21

Las cuestiones de hecho (relativas a la supuesta validez de un recibo de pago) son de conocimiento exclusivo de los jueces de grado y exentos del control casatorio, toda vez que como en autos, no se configura el vicio de absurdo o arbitrariedad.
Estatuto profesional, docentes, Estatuto del Docente, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-25

La sola referencia que efectúa el GCBA demandado a la letra de los arts. 14, inc. d) y 27, inc. e) del Estatuto Docente y su interpretación como un impedimento objetivo, preexistente y general no resulta suficiente para conocer cuáles son los fundamentos pedagógicos -o de otra índole- que le permitirían válidamente "congelar" el derecho a la carrera de la amparista aún varios años antes de que ella llegue a la edad en la cual debe jubilarse según el régimen legal, aunque se compruebe que cumple con el recaudo de idoneidad exigido a nivel constitucional para resultar admisible en el empleo. (Voto del Dr. José O. Casás).
Enfermedad accidente, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA OMAR c/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY Y OTRA s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-23

La hipertensión arterial es una enfermedad que en ningún caso puede ser causada por el trabajo, por lo que, en principio, se está ante una típica enfermedad inculpable; para que ella pueda responder al concepto de enfermedad-accidente se hace indispensable la demostración de la influencia que en algún sentido, sobre ella, ha tenido el tipo de tareas realizada.
Cuestiones de competencia, competencia correccional, encubrimiento, requerimiento de elevación a juicio, descripción de los hechos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ginietis, Miguel Alejandro s/ competencia. Causa: 410
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-10

Teniendo en cuenta que la base para determinar la competencia la establecen los hechos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio, y que de éste surge que se ha definido una conducta constitutiva del delito de encubrimiento, se concluye que en este delito debe entender la justicia correccional.
Leyes, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Gruffat Norberto Juan y otras s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

La ley 24.283 expresa explícitamente que se aplica a " cualquier prestación", esto es que no cabe excluir a ningún tipo de obligación, siendo por lo tanto aplicable a las obligaciones puramente dinerarias.
Demanda, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LIBERTY  CIA.  ARG.  DE  SEGUROS  SA c/ FORCHERI  GARCIA, DiegoGerardo s/ INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-25

La providencia suscripta por el secretario del juzgado en cuanto dispone que previo a proveer a la demanda promovida al solo efecto de interrumpir la prescripción se cumpla con lo previsto por el art. 330 del Código Procesal, es susceptible de causar gravamen irreparable. Es que, el término "demanda" a que alude el art. 3986 del Código Civil no tiene el sentido técnico con que se utiliza normalmente en el + derecho procesal, sino que comprende toda presentación hecha ante el juez, por la cual se ejerza alguna prerrogativa del titular referente al derecho de que se trate no siendo del caso el estricto cumplimiento del referido art. 330.
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., H.M. c/ O., J.B. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La prueba del "adulterio", por la "gravedad" que reviste, debe ser convincente y llevar al ánimo del juzgador una certeza moral que excluya toda duda razonable, certeza que debe estar basada en hechos, y no en interpretaciones subjetivas, es decir que es necesaria una prueba inequívoca, sin que basten las meras suspicacias o elucubraciones que la mente humana puede concebir sin asidero en la prueba, y que en caso de duda, no ha de tenerse por acreditado el adulterio, que demanda siempre un complejo probatorio a través de presunciones graves, precisas y concordantes que llevan al ánimo del juzgador la convicción de su existencia.-
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia correccional, daño simple, daño en bienes de uso público, colectivo de línea, bienes públicos del Estado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NIKOLIC, Jorge s/ DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

Los bienes de propiedad privada, como el colectivo, aun cuando presten un servicio público, no gozan de la custodia y protección de aquellos bienes del Estado, y por ello no pueden ser considerados bienes de dominio público, ya que su uso es facultativo para el usuario y en consecuencia, la relación entre el prestador y la persona transportada es de naturaleza contractual y no reglamentaria. Por lo tanto, al considerarse que los colectivos no están comprendidos dentro de los "bienes de uso público" como alude el art. 184, inc. 5, C.P., deberá intervenir la justicia correccional.
Recurso extraordinario, competencia de la Corte Suprema, cuestión federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Ante la existencia de cuestión federal, la Corte Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Honorarios, división de condominio, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PLOTNIK ISAAC J. c/ PLACIDO ZURITA s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-28

Si no existe constitución en mora por parte del actor y/o los restantes condóminos y no fueron culpables de la reclamación judicial, no cabe regular honorarios "exclusivamente" como de beneficio común, cuando existe allanamiento incondicionado.

Ello surge, de que los arts. 2692 a 2698 del C.Civil, confieren a cada condómino la facultad de pedir la división de la cosa común en cualquier tiempo, siempre que ella no se halle sometida a indivisión forzosa.

En otras palabras, si no mediaron las circunstancias previamente indicadas, no existe vencedor ni vencido, y, por tanto, falta el interés jurídico que protege la norma consagrada en el art. 356 del C. de P.C., que no es otro que el principio del vencimiento.
Propiedad horizontal, cobro de expensas comunes, mora, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTA FE 849-851-853 c/ RUTSCHMANN, ARMINDO s/ EJECUTIVO (PROPIEDAD HORIZONTAL)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

Para el supuesto de retardo en el pago de expensas comunes, un recargo del 20% mensual no resulta excesivo por lo que, se comparta o no dicho porcentaje, contempla el propósito perseguido por los consorcistas al convenirlos. Máxime si se tiene en cuenta que los intereses que percibirá el consorcio, beneficiarán indirectamente también al ejecutado por formar parte de aquél.
Verdad jurídica objetiva, primacía de la realidad, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R.A. c/ H., N.E. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-15

Cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe.
Concursos, HONORARIOS, síndico del concurso, intereses, improcedencia del recurso, confirmación del acto jurídico
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE LEMOS FEDERICO S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250 DEL CPCCN c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Asimismo, luego de la devolución del expediente al Juzgado, fueron desplegadas las actuaciones necesarias para el pago de los gastos previstos en la LCQ 240, sin que se advierta demora alguna imputable a la quiebra. Véase que desde entonces ya se encontraban disponibles los fondos destinados a su pago como resultado de la liquidación de los bienes que componían parte del activo falencial.
Cheque sin fondos, hecho único
Materia: PENAL
Carátula: SCHIARITTI, FRANCISCO A. s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

1- El libramiento de varios cheques sin fondos, entregados en un mismo acto y vinculados a la misma operación de compraventa, constituye un solo hecho, aunque la pluralidad de cheques debe gravitar en la ponderación de la penalidad.- 2-El cheque es una orden de pago y consecuentemente cuando quien la imparte lo hace en una sola ocasión a favor de una sola persona y contra un mismo banco se está ante un sólo hecho, resultando indistinto que se exprese en una cifra global o en varias cantidades parciales (Del voto del Dr. Hendler).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-FILOSOFIA
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

La ley que desaira el principio de igualdad no por ello será inexorablemente inconstitucional. En efecto, ya Aristóteles en su "Etica nicomaquea" enseñaba que dicho principio, desde luego que tan preciado (acaso el más caro a la justicia formal), importa tratar igualmente a los iguales, sí, pero por consiguiente desigualmente a los desiguales. Por ejemplo: el principio de igualdad mal puede imponer que todos paguemos un mismo impuesto (en cuanto a la cantidad de dinero de lo oblado); debe, entonces, hacernos solventar ese crédito fiscal conforme a nuestra capacidad contributiva. Otro caso: se presupone que actor y demandado, como litigantes, están en un pie de igualdad procesal. Sin embargo, y verbigracia, el artículo 509 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino permite la recurribilidad de la sentencia en el juicio de apremio sólo respecto al accionante. ¿Quiebra tal precepto el principio de igualdad?, pues no: ocurre que al legislador local le ha parecido que por diversas razones de política procesal (fundamentalmente en el caso la celeridad apreciada en ese tipo de juicios y la posibilidad de que, no obstante, el ejecutado puede luego revertir una situación injusta a través de un proceso declarativo, artículo 483), ese fallo era irrecurrible para una de las partes. Y la norma es perfectamente legal, tal como si se hubiera facultado la impugnación para ambos litigantes. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Contrato de trabajo, renuncia de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: Santibañez, Urbelindo del Carmen. c/ Merrich, Carlos y Alicurá SA. s/ Transacción (art. 15 LCT).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-06-12

En mérito al texto del actual art. 15 de la LCT, la irrenunciabilidad se mantiene aún desaparecida la subordinación.
Acción de amparo, cesantía, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V., E. L. c/ Área de Administración de Recursos Humanos Ministerio de Economía y Crédito Público s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-08-10

Corresponde rechaza una demanda interpuesta contra una decisión administrativa, por la cual se le aplicó una sanción de cesantía a la actora, toda vez que no resulta un fundamento atendible la falta de acompañamiento de un sumario administrativo por parte de la demandada, ya que, además, es carga de la amparista demostrar la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de un acto presuntamente legal, y es ella misma quien desiste de la incorporación de esa prueba documental.
Aplicación de la ley, apreciación de la prueba, ley de contrato de trabajo, plan de pagos, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Vazquez Albornoz, Juana Felicinda c/ Prevención Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-08-23

(...) debido a la rebeldía de la demandada, la A-quo consideró sus efectos conforme el art. 30 de la ley 921 y la recurrente no señala ningún perjuicio concreto por ello. Al respecto, sostuvimos que "[...] esta Cámara (PS - 2001 - T° III - F° 564/565 - SALA I) en pronunciamientos análogos al presente, tiene dicho que: "A diferencia del art. 356 inc. 1, del código procesal, en que se faculta al juzgador a tener por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos invocados por la contraria, en el ámbito de la ley procesal laboral (art. 30 ley 921) se impone tal reconocimiento. Si bien ello no exime al juez del examen de los extremos que viabilicen la prosperidad de la demanda, el mismo deberá partir del reconocimiento de los hechos lícitos expuestos en la acción incontestada", (Sala III, "MELO RODOLFO OCTAVIO CONTRA INDALO S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" (Expte. N° 399546/9)", ("RIVERA JORGE EDUARDO CONTRA LARGER MARIA DAISY S/COBRO DE HABERES", EXP N° 449085/11).
Control de constitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ortiz Almonacid, Juan Carlos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Sólo el titular actual del derecho que se pretende vulnerado puede peticionar y obtener el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, excepciones procesales, defecto legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGUILERA MARIO A c/ YLARIO G GODOY Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-24

En el supuesto de planteo de la excepción previa de defecto legal en el modo de proponer la demanda, a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, resulta aplicable el art.14 de la ley arancelaria que rije los incidentes, pues no existe una norma específica para las excepciones previasLa base regulatoria debe estar dada por el monto cuestionado en la excepción por defecto en la proposición de la demanda y no por el monto de ésta.
Extensión de la responsabilidad, sociedad de responsabilidad limitada, ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Toledo, Dumeynieu Marcos Roberto Gastón c/ Alvear S.R.L. s/ cobro (sumario) (viene por incompetencia del Juz. Civil y Com. V Nominación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-10

No resulta procedente la extensión de la condena sobre una persona que no había sido incluida en el límite subjetivo de la sentencia. Si la demanda se ha dirigido exclusivamente contra la sociedad de responsabilidad limitada, y por ende ésta ha sido la única condenada, ante el efecto relativo del proceso y de la cosa juzgada, no es posible, desde una perspectiva adjetiva, perseguir a los socios. Siendo que los socios de la demandada no han sido demandados, no han participado como parte procesal en las presentes actuaciones, razón por la cual no es posible instar en su contra un trámite de ejecución de sentencia ya que la misma no los alcanza. En el trámite de ejecución de sentencia de condena, la intimación de pago y la eventual ejecución, debe efectuarse dentro de los términos precisos del pronunciamiento que hace cosa juzgada, porque de lo contrario en la etapa de ejecución se estarían avasallando la seguridad jurídica que ostenta la citada sentencia, en abierta violación al principio de la congruencia procesal, como asimismo al derecho constitucional de defensa en juicio (art. 18 CN), habida cuenta que a quienes se pretende extender los efectos de la sentencia no tuvieron oportunidad de ser oídas ni de ejercer su defensa. La cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de partes en el proceso en el cual se dictó la sentencia que admitió aquella eficacia, y por tanto, no puede beneficiar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a aquél (conf. Palacio, Lino en "Derecho procesal Civil T. V pág 521). DRES.: COSSIO - MOVSOVICH.
Mayoría de edad, cese del patrocinio, Ministerio de Menores, Ministerio Público de la Defensa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Romano, José Luis s/ inf. Art. 189 bis CP'". (Expte. nº 7287/10). 27-04-11.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-27

Al momento de la interposición del recurso de hecho, el joven imputado había cumplido la mayoría de edad y había cesado de pleno derecho su incapacidad, de modo que actualmente el Ministerio Público Tutelar no ejerce ninguna representación o asistencia sobre el joven, pero lo cierto es que el cuestionamiento fue realizado mientras sí lo hacía y fue solicitada su admisibilidad por la Defensora Oficial del imputado, de modo que, de cara a estas consideraciones, el pronunciamiento que aquí se dicta deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa sobre el cual recae -con exclusividad- toda asistencia que cabe con respecto al imputado, para que manifieste en un plazo prudencial de tres (3) días si hace suyos los recursos interpuestos en beneficio del joven. (Voto de la Dra. Ana María Conde.)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la constitución de Tribunal plenario en los juicios   De amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

Se fija como doctrina legal del Tribunal Plenario de las Cámaras que integran las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia la siguiente: Es improcedente la convocatoria a Tribunal Plenario en un proceso de amparo.