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Desistimiento de la acción, costas, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Salmun, Moisés. c/ Haddad, Clemente Antonio. s/ Desalojo por falta de pago y/o vencimiento del contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

No estando trabada la litis al momento de producirse el desistimiento del actor, éste debe cargar con las costas de su propia intervención, dado que no puede darse otra interpretación al informar que el inquilino demandado por desalojo a hecho entrega de la cosa locada. Técnicamente no ha habido parte vencida, y por ello, no puede aplicarse el principio del art. 68 del Código Procesal, teniendo en cuenta que no se había notificado aún el traslado de la demanda. Por parte vencida debe entenderse a la que obtiene un pronunciamiento judicial adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso, es decir que para que haya vencido es necesario que medie una pretensión y una oposición.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concurso preventivo, crédito verificado, intereses, acreedor, igualdad ante la ley, fijación judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- c/ Toniutti Norberto Omar -Concurso preventivo- s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Concurso   preventivo - Incidente de revisión promovido por la administración   Federal de ingresos públicos (D.G.I.) (Expte. C.S.J. Nro. 15 Año   2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- con sustento en el vicio de que los jueces se han arrogado el papel de legisladores al fijar la tasa de interés del uno por ciento (1%) mensual para los créditos fiscales, desde que no logra probar que la referida tasa haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola voluntad del Judicante. Por el contrario, éste ha puesto de relieve la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o pars conditio creditorum, la necesidad de evitar el "...devengamiento de una tasa que genere privilegio para el estado...", y el objetivo de "...poner a todos los acreedores igualitariamente en relación con los intereses devengados sobre el capital debido...".Queda, pues, en evidencia, que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farías, Julio Martín c/ Corporación de Obras y Servicios S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

La alzada no puede declarar la insuficiencia de los agravios formulados por quien, no obstante no tener la obligación de apelar ya que la sentencia no le causaba agravios, recurrió el fallo, toda vez que al invertir la Cámara el resultado del proceso, las defensas opuestas por aquél le quedaron implícitamente sometidas por imperio de la apelación adhesiva.
Revocación de sentencia, interés superior del niño, guarda preadoptiva, sentencia arbitraria, adopción, defensa en juicio, debido proceso, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: B., E.M.  c/  s/ reservado s/ adopción s/ casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Cabe revocar la decisión que dejó sin efecto la guarda con fines de adopción y rechazó la adopción solicitada, pues la circunstancia de que la madre no hubiera contado con asistencia técnica al tiempo de decidir dar a su hija en adopción ni tampoco en oportunidad de la audiencia celebrada posteriormente, no podía llevar, sin más, a restar validez a esa voluntad inicial que fue mantenida en el tiempo y, en consecuencia, autorizar la decisión apelada, en tanto dicha intención -formulada por una persona de entonces 35 años de edad y con dos hijos- fue ratificada en sede judicial tres años después de encontrarse ya la niña bajo el cuidado de los guardadores, ocasión en la que admitió haber contado con asesoramiento jurídico del defensor de menores sobre el alcance de su postura -la que manifestó comprender-, reconoció que la entrega de la niña fue voluntaria en la inteligencia de que era lo más beneficioso para ella, y dicha expresión de voluntad fue reiterada nuevamente casi dos años después durante el trámite del juicio de adopción donde expresamente afirmó que no quería perjudicar a su hija y que no era su deseo sacarla del domicilio de los guardadores.
Accidente de tránsito, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: PABON, HOMAR H. c/ D'ALESSANDRO, OSCAR M. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

No cabe exonerar de responsabilidad a quien se le atribuye por el riesgo de la cosa que conducía en tanto no acredita la culpa total o parcial de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (art. 1113, segunda parte, "in fine", del Código Civil). Con mayor razón y sentido si se advierte que la intervención en el hecho dañoso de dos cosas generadoras de riesgo de muy distinta entidad, como un automotor y una bicicleta impide admitir cualquier compensación o neutralización de culpas entre ambos conductores.
Honorarios del abogado, honorarios del procurador, prescripción, prescripción bienal, prescripción quinquenal, cómputo del plazo, notificación, sentencia, revocación del mandato, sustitución del mandato
Materia: CIVIL
Carátula: P. DE Z.L.A Y OTROS c/ Z.I. s/ ALIMENTOS - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

El art. 4032 inc. 1 del Código Civil contempla dos supuestos de prescripción para la obligación de pagar honorarios a los abogados o procuradores, una bienal y otra quinquenal. La primera se opera cuando el pleito hubiera fenecido por sentencia o transacción -a la que debe asimilarse el desistimiento-, o cuando hubieran transcurrido los dos años desde que cesaron los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio. Pero el termino no aludido recién comienza a correr desde la notificación al profesional de la sentencia que puso fin al juicio o de la revocación del poder o de la sustitución del patrocinio letrado, que dan certeramente por concluida su intervención en el proceso, solución ésta que es la que mejor conjuga con el criterio restrictivo de interpretación que debe regir en la materia, al optar por el régimen más favorable al acreedor y a la conservación de los actos y negocios jurídicos, considerando principio general del derecho.
Fondo de desempleo, mora, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez, Jorge Alberto c/ Toledo, Eusebio y otro s/ Indemnización Ley 17258 y 22250
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24

El plazo de dos días hábiles por el cual debe efectuarse la intimación prevista en el art. 18 de la Ley 22250 ha sido instituído para la eficacia de dicha interpelación que actúa como condición legal previa para la viabilidad de la acción judicial tendiente a perseguir el cobro de la indemnización que establece el aludido precepto legal,sin que pueda interpretarse que el referido plazo ha sido fijado para el envío de la intimación por parte del trabajador a computarse a partir del cese de la relación laboral.
Divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. V., E. M. c/ F., M. E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

A los efectos del plazo requerido por el artº 214 inciso 2º del CCI cabe computar el tiempo transcurrido durante la sustanciación del proceso, si al promoverse la demanda no se hallaba cumplido, en aras de los principios de economía y celeridad procesal y conforme a reiterada doctrina jurisprudencial aplicable al caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sentencia, principio de congruencia, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MATHEY, LEONARDO c/ MARTIN, FRANCISCO Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

Cabe rechazar las alegaciones de incongruencia planteada con sustento en que la Sala habría examinado cuestiones no negadas por las demandadas -relacionadas a la ocurrencia del siniestro-, advirtiéndose que el Sentenciante juzgó dicha cuestión como una de las circunstancias no demostradas en el caso, exponiendo una serie de argumentos que refieren al examen de los términos en que habría quedado trabada la litis y al análisis de las pruebas del caso, materias que, dado su carácter fáctico y probatorio, resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa sin que, por su parte, la recurrente logre demostrar un supuesto de arbitrariedad; y a ello cabe añadir que la propia interesada relata que los presupuestos de responsabilidad civil habrían sido discutidos y negados por las demandadas a lo largo del juicio y que, siempre conforme tal reseña, la negativa se había dirigido también a negar durante todo el pleito las labores que la accionante decía haber realizado al lesionarse, rechazándose incluso que la dolencia tuviera génesis en las tareas desempeñadas.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Pedro Manuel García c/ José Benito García y otros s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1989-11-15

Entre los requisitos de admisibilidad se cuenta, por imperio del art. 4 inc. d), la realización de un depósito previo equivalente al 10% del valor del juicio, con los topes reajustables máximo y mínimo allí fijados, carga económica que no vulnera derechos o garantías constitucionales, en tanto el Tribunal Superior de Justicia interviene por vía de recurso en las causas resueltas por Tribunales Inferiores de acuerdo con las leyes procesales que se dicten (art.

130 inc. 4 de la Constitución Provincial), esto es con las restricciones que la Legislación vigente determine.
Recurso de casación, juicio previo, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

En el presente caso no se advierte que haya habido inobservancia de normas procesales que garantizan la defensa en juicio y el debido proceso pues, la acusación requerida como uno de los elementos fundamentales del juicio previo y del debido proceso es, según la legislación procesal vigente, la contenida en el requerimiento fiscal o en la elevación de la causa a juicio, sin que puedan considerarse los alegatos establecidos en el artículo 393 del código instrumental como un complemento de aquéllos. Además y por cuanto la acusación es uno de los modos de ejercer la acción penal, la que no pierde ese carácter aunque su contenido sea desincriminante, no puede condicionarse el ejercicio de la jurisdicción a un pedido expreso de pena por parte del fiscal.
Financiamiento de los partidos políticos, fondos del partido, multa
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de financiamiento de campañas 2011 del Partido Justicialista - Orden Nacional s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Procede imponer una multa al partido político que presentó extemporáneamente el informe previo de campaña de una elección legislativa, pues, los partidos que integran una alianza transitoria no se hallan exentos de cumplir con las exigencias previstas por la ley 26.215, entre las que se encuentra la obligación de presentar los informes referidos.
Delito de acción privada, extinción de la acción penal, renuncia del agraviado, querella, abandono de la querella, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Pacitti, María T. y otros s/ Delito de Acción Privada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-12

En los delitos de acción privada, el abandono de la querella por inactividad procesal (art. 174 del C.P.M.P. ) importa la renuncia del agraviado prevista como causal extintiva de la acción en el art.

59, inc. 4to. del C.P. y en consecuencia debe pronunciarse sobreseimiento definitivo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, concesión comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa  de Previsión y Servicios de Comerciantes de Frutas,Hortalizas   y   Afines  del  Mercado  San  Miguel  Limitada c/ Municipalidad de Salta s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó el amparo interpuesto contra el acto que rescindió el contrato de concesión, toda vez que el apelante sólo expresa su discrepancia con la interpretación efectuada por el a quo sin que se haya demostrado un apartamiento de las reglas aplicables, ni la falta de fundamentación de los hechos conducentes del sub lite o la irrazonabilidad de las conclusiones.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, subrogancia del juez, reenvío, acción de amparo, bien jurídico protegido, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. E. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

La decisión de la Cámara, en cuanto resuelve otorgar a la amparista una prestación económica -en el caso, la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central- es respetuosa de la opinión de la mayoría de los jueces integrantes de la Corte en oportunidad de declarar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia anular la decisión dictada por la Sala, toda vez que en esa oportunidad este Tribunal acordó de alguna u otra forma en la necesidad de que la Provincia de Santa Fe otorgue a la amparista como mínimo una prestación económica o un empleo, por lo que no puede considerarse que la sentencia venida en revisión se haya apartado de lo resuelto en aquella oportunidad. (De la disidencia del Dr. Dalla Fontana)
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad solidaria, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Asociart S.A. ART en la causa Ascua, Marcelo Rafael Ernesto c/ Asociart ART y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

Es arbitraria la sentencia que condenó a la ART en forma solidaria por los daños que sufrió el trabajador con motivo de un accidente laboral, pues mediante la formulación de elucubraciones genéricas acerca de las obligaciones de aquella y sin precisar cómo se habría configurado el nexo de causalidad adecuada entre el siniestro y la conducta de la aseguradora -presupuesto necesario para la atribución de responsabilidad civil-, soslayó la valoración de la prueba producida en el expediente respecto de la actividad desplegada por aquella y las condiciones en que el actor laboraba. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario por incumplimiento de los requisitos de la acordada 4/2007-
Título ejecutivo hábil, capacidad, firma, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Grauberger, Melina c/ Pozzi De Passerini, Delia Geronima s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-20

A raíz de la acreditada afectación de la salud mental del firmante del título ejecutivo, como además, probada su estadía en hogares de residencia para adultos mayores con anterioridad a la fecha de creación del pagaré, surgen fuertes indicios de que a ese momento -8 meses antes de ser presentado el certificado médico al proceso, la ejecutada, por su edad y su condicionante estado de salud mental -incluso ya reflejado en lo físico- podría encontrar afectada la posibilidad de comprender con absoluta plenitud la trascendencia, no solo económica sino jurídica, que conlleva la firma de una cartular.
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

Para conmover las apreciaciones probatorias de un juez se requiere algo mucho más serio y atendible que subjetivismos y pareceres o preferencias del apelante. Se requiere para ello demostrar lógicamente que la selección y apreciación probatoria del juez de grado es caprichosa, antojadiza, indefendible. Ello, máxime en materia laboral, luego de la reforma del Art. 9 de la Ley 20744.
Recursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ ANA c/ HEREDEROS MARIA MARTIN s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A069 - 329)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-19

El auto que tiene por subsanados los defectos en la demanda, dispuestos en auto que acoge la excepcion previa, no es apelable, ya que el art. 176 del C.P.C. no contiene ese beneficio.- Solo es apelable el auto que se dicta en funcion de los arts. 175 y 212 del C.P.C., es decir, el que acoge las excepciones previas.-
Indemnización, lucro cesante, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: IMPRESORA BELGRANO SA c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

No es suficiente la prueba de que el trabajo fue encargado y no se realizó, sino que es menester demostrar que esa frustración guarda una relación de causación con el incumplimiento atribuible a la locadora demandada. Se trata, ni más ni menos, que de aplicar el art.

377 del Cód. Proc. Civil en cuanto a la carga de la prueba (cfr.

además, esta Sala, Causas 693, de 30.11.81 y sus citas; 7142, de 10.4.95, entre muchas otras). (Del voto del Dr. Pérez Delgado).
Prueba, pericia contable
Materia: LABORAL
Carátula: Urán, Domingo Pascual c/ Ithurralde Argerich, Oscar s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-11

Asiste razón a la perito en cuanto a que, si para efectuar el trabajo encomendado ha debido realizar gastos y ellos son de importancia en relación a los honorarios regulados, los mismos no tienen que ser soportados por el perito sino por la parte que ha sido condenada en costas. Para ello el profesional debe efectuar una rendición de cuentas documentada de los gastos efectuados, lo que no ha ocurrido en autos, donde se ha efectuado una liquidación de los mismos sin acompañar ningún comprobante.
Derecho procesal, renuncia a la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ BRETILLOT ARTURO s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Las reglas que fijan la competencia por razón del territorio atienden ante todo a facilitar la actuación procesal de partes y se hayan establecidas en el presunto interés individual de estas. De allí que las mismas puedan renunciar expresa o tácitamente a la aplicación de las reglas pertinentes sometiéndose a la competencia de un juez distinto al previsto por estas. de allí que la competencia por razón del territorio sea prorrogable y relativa la incompetencia del órgano no judicial al cual las partes voluntariamente se someten.
Embargo, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Schiaretti c/ Zunino y Tripi s/ Tercería de dominio s/Inc. art. 250 del C.P.C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-02

No debe perderse de vista que, tratándose de un embargo ejecutorio, la exigencia respecto de la sustitución es más gravosa porque ante el avanzado estado de la ejecución, debe proponérselo en condiciones que hagan presumir fundadamente, que el bien sustituto es de más fácil realización que el sustituido.

La mera petición de sustitución no es suficiente, pues es carga del afectado la demostración que lo ofrecido ha de garantizar adecuadamente el derecho que se pretendió asegurar. A la hora de la modificación de una cautela debe mediar un equilibrio entre la garantía que merece el acreedor y el hecho de que la misma no debe perjudicar al deudor en una medida mayor a lo necesario.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad, culpabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Parece obvio que aun cuando el auto de procesamiento no implique un juicio definitivo acerca de la culpabilidad del imputado, la circunstancia de que su base se halle en la existencia de "elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste" (art. 306 del Código Procesal Penal) implica que en cierto grado el juez que lo dicta considera que existe responsabilidad penal del procesado y, si bien esa convicción puede quedar luego desvirtuada por la prueba producida en el proceso, su imparcialidad para la decisión final resulta, por lo menos, dudosa (Disidencia parcial de los Dres. Augusto César Belluscio y Carmen M. Argibay).
Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-16


Causa nº 3538-00/CC/2007. Sala II.

En nos Aires, 16 de abril de 2007.

Estando en juego la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio (art. 18 C.N.), se impone la estricta observancia de los requisitos establecidos por la autoridad jurisdiccional para el cumplimiento de una orden de allanamiento.

Así las cosas, la efectivización de tal mandato un día distinto de aquel para el cual fue emitida acarrea insalvablemente la nulidad del acto y de todo lo obrado en su consecuencia, de momento que "no constituye un acto por el cual el juez delega su imperium en un funcionario de policía u otra autoridad, susceptible de ser utilizado discrecionalmente por ésta" (Conf. CSJN, D. 554.XX, "D'acosta, Miguel Angel, rta. 9-1-87, elDial-AAB7D).

A mayor abundamiento y en consonancia con ello cabe apuntar que la normativa de procedimientos local también estipula que encomendada la diligencia al funcionario pertinente, este "debe confeccionar una orden haciendo constar el día en que se habrá de llevar a cabo la medida" (Conf. art. 32 LPC).

Por lo expuesto, concluído el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el pronunciamiento de fs. 53/54 en cuanto declara la nulidad del allanamiento practicado en las actuaciones y del secuestro de los elementos incautados, cuya restitución se dispone. Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a su Juzgado de origen donde serán efectuadas las restantes notificaciones.

Sirva este proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.
Cesación de servicios, beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BARBEITO, INÉS c/ A.N.Se.S s/ Impugnación fecha inicial de pago".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

Admitido el derecho a obtener la jubilación, es indudable que el pago de haberes debe remitirse al primer cese de actividad, pues la condición de jubilado se retrotrae a ese momento (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.02.67, "Victos, Valentín Alberto", Fallos 267:8).