Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-26


SENT Nro. 641 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 de AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Córdoba, Rodolfo Armando vs. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones s/Diferencias salariales".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 808/816 vta. la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 19 de marzo de 2002, obrante a fs. 795/803 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 25 de octubre de 2002 (cfr. fs. 832 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con los traslados previstos en el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Sostiene la parte demandada, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Nro. 6339, la nulidad del Decreto Nº 102/Int/92 y de la Resolución Nº 1025 del HCD, haciendo lugar a la demanda de los actores, ha violado normas de derecho las que por su transcendencia afectan el derecho de defensa y propiedad de la demandada (artículo 18 y 17 CN), asumiendo la cuestión debatida gravedad institucional.

Considera que con la arbitraria declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nro. 6339, fundada en la violación al artículo 14 bis de la CN, el fallo: 1) prescinde de la necesaria condición de que sobre la remuneración base para la movilidad se hayan realizado aportes previsionales en su oportunidad; 2) omite considerar que los actores no tienen derecho adquirido a la percepción del adicional porque no existía al momento de la fecha que accedieron a la jubilación; 3) que el derecho de propiedad (artículo 17 de la CN) sólo alcanza a los derechos efectivamente incorporados al patrimonio y puede aún disminuirlos siempre que no se refieran a lo ya percibido; 4) no se configura violación al principio de igualdad del artículo 16 de la CN, si se pretende equiparar a los activos con los pasivos; 5) la norma declarada inconstitucional respeta la inmutabilidad del status jubilatorio y no alcanza al régimen de movilidad, todo ello acompañado por citas jurisprudenciales.

En particular, reitera el agravio referido a la necesidad de efectuar aportes (artículo 73 que debe ser armonizado con el 34 de la ordenanza previsional) y doctrina que surgiría del precedente "Chocobar" (voto en disidencia); que los sistemas de movilidad diferidos a la prudencia del legislador deben contar con previsiones referidas a dichos aportes.

Rescata con cita doctrinaria, la posibilidad que los haberes de los empleados públicos puedan ser disminuidos en algunos casos, dentro de ciertos límites, aspecto desde el que considera incuestionable el Decreto Nº 102/92.

También se agravia porque el fallo pondera en forma parcializada la naturaleza remuneratoria a los adicionales reclamados toda vez que omite tener en cuenta los aludidos artículos 54 y 73 de la Ordenanza previsional (Nº 224/84), referidos a la necesidad de aportes. Igualmente alega arbitrariedad sorpresiva y vicio en la construcción sentencial por omitir un fundamento de derecho esencial en el caso (artículo 73 de la citada ordenanza, referido a aportes).

Señala que los precedentes de esta Corte "Juárez, Roque René vs. Gobierno de la Provincia" (sentencia Nº 609/89) y Acordada Nº 348/92, no resultan aplicables en el caso, porque ambos están referidos a situaciones diferentes.

Cuestiona la decisión sentencial en cuanto desestima el modo de calcular el monto de la condena que surge de la pericial del CPN López de fs. 111/114, rectificada por él mismo a fs. 159/160, por las irregularidades que en ella describe, soslayando el tema referido a los aportes previsionales (artículo 73 de la Ordenanza Nº 224/84), que los manda descontar en el fallo casado en primer término.

Se agravia del vicio de construcción de la sentencia por considerar "arbitrariedad sorpresiva", con relación al establecimiento del fundamento de derecho, toda vez que resuelve en contra de la doctrina del artículo 73 de la Ordenanza Nº 224/84 y Ley Nro. 6339, y prescinde de textos legales que debió aplicar mediante la alteración del fundamento de hecho y consecuentemente el derecho (artículos 73, en conjunción con el 34 de la Ordenanza Nº 224/84, "habilitada por la Ley Nro. 6339").

III- La sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, en lo que es objeto del presente recurso, sostiene que los actores pretenden se reconozca su derecho a percibir diferencias de haberes jubilatorios desde el 01-11-91 al 26-10-95, mediante la incorporación del importe de adicionales "no remunerativos no bonificables" que para los concejales activos dispuso el Decreto Nº 102/92, ratificado por Resolución Nº 1025 de fecha 31-3-92.

Primeramente declara la existencia de legitimación pasiva de la Municipalidad en virtud de la cláusula 14 y 19, incisos a) y b) del convenio de transferencia del sistema previsional municipal a la Nación, ratificado por Ordenanza municipal Nº 2446 del 10-9-96.

A continuación afirma que la demandada no cuestionó la calidad de jubilados de los actores, en base a los cargos de concejales, que por otra parte quedó probada en autos con el informe remitido por la Caja Municipal de Jubilaciones (fs. 74), y también se encuentra probado que los concejales en actividad percibieron desde el 01-11-91 hasta el 21-10-95, un "adicional no remunerativo no bonificable" de $ 1080 mensuales (informe de fs. 134 y 307).

A partir del fallo de esta Corte de fs. 371/376 donde se sostuvo que la pretensión de los actores que se liquiden sus haberes jubilatorios sobre el adicional no remunerativo no bonificable que percibían concejales en actividad, conforme el Decreto Nº 102/92, no puede ser acogida en un sistema de reparto solidario sin remover normas que le quitaron el carácter no remunerativo a dicho adicional y le liberaron expresamente de cargas previsionales, la sentencia aborda esta cuestión.

Con cita de jurisprudencia de la propia Cámara, de la disidencia del caso "Chocobar" y del fallo de esta Corte recaído en el caso "Reinoso Montero", destaca que las jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o favor concedido por el Estado, sino son consecuencia de las remuneraciones que los jubilados percibían por su contraprestación laboral, sobre la que efectuaron aportes; que el artículo 14 bis de la CN, al consagrar la movilidad de las jubilaciones, dejó a la prudencia del legislador establecer las condiciones en que se hará efectiva la misma, sin que tal derecho pueda ser desvirtuado ni alterado por dicha reglamentación; que la movilidad no es un simple ajuste por inflación sino que tiene un profundo contenido humanitario y social; que uno de los principios en los que se basa el sistema previsional argentino es su naturaleza sustitutiva; que no es necesario la existencia de una brecha del 33 % entre activo y pasivo, basta con que la diferencia sea de tal magnitud que prive al haber jubilatorio de su carácter sustitutivo con relación a los sueldos.

Considera aplicable a este caso la doctrina de esta Corte en "Salmoiraghi, Carlos César y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso Administrativo" (sentencia nro. 722 del 10-9-2001), cuando sostuvo que la Ley Nº 6339 y el Decreto Nº 74/3 (similar a los aquí tratados) que crea adicionales no remunerativos no bonificables, no computables en los haberes previsionales, traduce un claro apartamiento del principio de movilidad, lo que amerita la declaración de inconstitucionalidad y anulación, respectivamente, de dichas normas.

Además, en dicho caso determinó que los adicionales "no remunerativos no bonificables" revisten el carácter de remuneración, en primer lugar, por el modo en que han sido estructurados por el decreto, lo que permite sostener que se trata de adicionales generales porque se crean objetivamente en función del cargo, independientemente de las condiciones personales del funcionario que lo ocupe, pues se establece en función y para retribuir el cargo sin ninguna otra consideración; además, porque conjuntamente con la denominada "asignación del cargo", integra lo que el decreto ha dado en llamar "remuneración por todo concepto".

También esta Corte dijo en el citado precedente, que el adicional reviste el carácter de regular y habitual (aspecto que no ha sido negado ni desvirtuado por la accionada), ya que el mismo es devengado mensualmente y abonado en cada oportunidad en que se hacen efectivos los haberes mensuales de los legisladores que desempeñan dichos cargos, conforme montos uniformes reglamentariamente establecidos.

Consideró entonces que dado que el adicional integra la retribución del cargo y a la vez, reviste el carácter de regular y habitual, surge indubitable su carácter remunerativo, estimando ajustado a derecho la decisión del fallo en recurso, en cuanto declara la inconstitucionalidad de la Ley Nº 6339, del Decreto Nº 74/3 y anula la Resolución Nº 2215 IPSS del 22-6-93, porque ha transgredido el principio constitucional de movilidad jubilatoria.

La sentencia en crisis recaída en el sub-examine, considera que dicha doctrina es aplicable en este caso, en relación a los Decretos municipales Nº 102/92, máxime cuando por Ordenanza Nº 2320/95, con vigencia a partir del 27-10-95, incorpora a la asignación del cargo con carácter de remunerativo el adicional no remunerativo, lo que significa un reconocimiento al derecho de los actores, poniendo de manifiesto la verdadera naturaleza del llamado adicional no remunerativo, por lo que declara inconstitucional el artículo 7 de la Ley Nro. 6339.

Por otro lado, destaca la Resolución Nº 1025/92 del H Concejo Deliberante, que concede acuerdo parcial al Decreto Nº 102/92, cuyo Anexo I, realiza la distribución analítica del presupuesto en función de los cargos, sus asignaciones y establece los adicionales "no remunerativos no bonificables"; y por último la retribución por todo concepto, cuyo monto total es la sumatoria de los dos rubros anteriores.

Afirma que esta última calificación (remuneración por todo concepto) es la que debe prevalecer, pues refleja la verdadera naturaleza de la retribución y su interpretación armoniza con los principios de la Ordenanza previsional (Nº 296/78, modificada por la Nº 224/84), y principios constitucionales.

Transcribe el artículo 24 de la Ordenanza 224/84, el que estipula lo que debe entenderse por remuneración, concepto en el que se encuentran comprendidos los citados adicionales no remunerativos no bonificables, de carácter regular y habitual, amén del rango superior de dicho cuerpo legal sobre la Resolución Nº 1025/92 del HCD y el Decreto Nº 102/92.

Cita el fallo de esta Corte en "Juárez, Roque René" (sentencia Nº 609/89) y de la CSJN en "Picirilli", (CSJN F- 136- XXII- 1989), donde se descalifica los llamados rubros no remunerativos y por ello anula la Resolución Nº 1025 y el Decreto Nº 102/92.

Desestima la pericial contable de fs. 58/62, por las irregularidades que destaca y condena a la Municipalidad al pago de dichos adicionales, previa confección de planilla de liquidación, ordenando cumplir el decisorio conforme la Ley Nro. 6975.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Si bien el recurso ha sido interpuesto en término; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva (no se configura el supuesto de gravedad institucional, por el solo hecho de la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, como lo pretende la recurrente); se cumplió con el depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 807), el juicio de admisibilidad a tenor de los artículos 815 y 814 (a contrario) del CPCC de aplicación supletoria al fuero, será examinado en oportunidad de analizar los distintos agravios.

V.- Preliminarmente y antes de abordar el análisis de los agravios de la recurrente, corresponde analizar la competencia de los tribunales de jurisdicción provincial para entender en el pleito, conforme las cláusulas de Convenio de Transferencia del Sistema Previsional a la Nación, ratificado por Ordenanza Nº 2446/96.

Al respecto conviene dejar aclarado que en la presente causa se debate el pedido de los actores, jubilados de la Caja Previsional Municipal, para que en sus haberes previsionales se incluya los adicionales no remunerativos establecidos por el decreto impugnado.

La sentencia atacada interpreta que de las cláusulas 14 y 19, incisos a) y b) del Convenio de Transferencia, surge la responsabilidad de la Municipalidad y que de esta manera el caso de autos queda aprehendido en la misma, considerando con ello que debe entender en el presente asunto.

Coincido con el sentenciante en que la competencia para resolver el caso es de la justicia local, pero únicamente en virtud de la cláusula 14 del convenio de transferencia, primer párrafo, en cuanto estipula que la Municipalidad tramitará y mantendrá a su cargo los juicios pendientes de resolución definitiva.

Como se advierte, en principio, los juicios que quedan a cargo del Municipio son aquellos pendientes al momento de la transferencia del sistema previsional, situación que se configura en la presente causa. Por el contrario, disiento que dicha competencia surja de la cláusula 19, incisos a) y b), pues de dicha disposición no surge la cuestión básica a discernir, esto es lo referido al fuero competente para litigar, sino que refiere al destino del patrimonio personal del Instituto de Previsión y Seguridad Social.

Por otro lado, obsérvese que el principio general sobre dichos temas se encuentra en la cláusula 21 del Convenio de Transferencia, primero y segundo párrafo, la que dispone que en todos los procesos que se promuevan con posterioridad a la vigencia del Convenio de Transferencia y en los que se debatieren cuestiones relacionadas con las prestaciones otorgadas bajo la legislación provincial, la Provincia o, en su caso la Municipalidad, asumen la obligación de citar como tercero interesado al proceso al organismo previsional del Estado Nacional, debiendo asimismo solicitar la intervención de la Justicia Federal con competencia en su territorio.

Igualmente, la Provincia o la Municipalidad, pueden ser citadas como terceros, obligándose a comparecer y a asumir las responsabilidades que eventualmente pudieren corresponderle como consecuencia de demandas futuras, en las que se pretendiere la subsistencia de derechos adquiridos.

El presente juicio ha sido iniciado el 26-8-92 y el Convenio de Transferencia entró en vigencia a partir del 01-8-96 (ver cláusula 25 del mismo), fecha no modificada por la Ordenanza Nº 2446/96 de ratificación.

Es decir la demanda se inicia con anterioridad a la vigencia del convenio y la cuestión debatida se relaciona con las prestaciones otorgadas bajo la legislación local y la creación de adicionales no remunerativos dispuestos para los activos con anterioridad a la transferencia del sistema previsional a la Nación.

En consecuencia, entiendo que es de competencia de los tribunales locales y por ende de esta Corte, entender en el presente caso, al configurarse en la especie, una de las situaciones de excepción a la aludida competencia federal (cláusula 21 del convenio de transferencia), previstas en la cláusula decimocuarta (en concordancia con la cuarta) de dicho convenio.

Determinada nuestra competencia, veamos ahora los agravios que la recurrente llama generales.

V.1.- La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nro. 6339, fundada en la violación al artículo 14 bis de la CN, es cuestionada por la recurrente porque el fallo:

a) Considera parcializada la apreciación sentencial de que los adicionales "no remunerativos" son remunerativos, porque no tuvo en cuenta la falta de aportes, denuncia arbitrariedad sorpresiva del fallo porque resuelve en contra del artículo 73 de la ordenanza previsional que exige aportes, y reitera que el fallo prescinde de la necesaria condición de que sobre la remuneración base para la movilidad se hayan realizado aportes previsionales. Luego el planteo es reeditado bajo el título "vicios de construcción de la sentencia". En suma, se trata de un mismo agravio, apreciado desde distintas perspectivas.

Estima que los adicionales "no remunerativos y no bonificables", instituidos por Decreto Nº 102/Int/92, dictado en virtud de los artículos 3º y 7º de la Ley Nro. 6339, no se encuentran sujetos a aportes, por lo que el decisorio se aparta de lo normado por el artículo 73 de la ordenanza previsional que dispone que se computarán a los efectos del haber jubilatorio, todas las remuneraciones, asignaciones y adicionales por los cuales se hubiere realizado los aportes correspondientes.

Afirma que el fallo no se ha hecho cargo expresamente de las disposiciones contenidas en los artículos 34 y 73 de la Ordenanza previsional Nº 224/84.

Respecto a esta cuestión, esta Corte ha sentado -en la ya citada sentencia nro. 722/01- el siguiente criterio, aplicable en el presente caso, por tratarse de una dispositiva similar: "En cuanto a la exigencia legal de que se computen en el haber jubilatorio las remuneraciones por las que se hubieren realizado aportes y contribuciones en su oportunidad, ello debe entenderse, naturalmente, para la determinación del haber previsional al momento de acordar el beneficio. Es decir, que los aportes deben haberse efectuado por el cargo desempeñado por el jubilado, cuando se encontraba en actividad, ya que son requisitos legales para obtener el beneficio jubilatorio, el tener la edad reglamentaria, los años de servicios y los aportes sobre las remuneraciones del cargo desempeñado, conforme las exigencias del régimen previsional correspondiente".

"Por ello el artículo 52 de la ley previsional expresa que los aportes y contribuciones deben haber sido hechas en su oportunidad. En efecto, quien se encuentra jubilado ya no realiza aportes, circunstancia que no obsta a la actualización del monto de sus haberes por aplicación del principio de movilidad." "Al respecto la CSJN tiene dicho que, en lo concerniente a la naturaleza del sistema previsional, es determinante subrayar que los derechos reconocidos en el ámbito de la seguridad social no pueden ser asimilados a los créditos nacidos al amparo de una relación obligatoria de naturaleza contractual regulada por el Derecho Privado, pues la índole y finalidad marcadamente opuesta de ambas clases de relaciones impiden cualquier tipo de confusión. En cambio, las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de Derecho Público y de manifiesto carácter asistencial (Fallos: 242:141), de lo cual se deriva, entre otras consecuencias, que no es forzoso que exista una estricta proporcionalidad entre los aportes recibidos y las prestaciones acordadas por las Cajas".

"Afirma el Tribunal que, en rigor, la jubilación no está en relación económica estricta con los aportes efectuados, ya que el principio dominante es el de la solidaridad; muestra de ello es que se financia en parte con los aportes individuales de los futuros beneficiarios, pero también con el de quienes no han obtenido prestación alguna - como los efectuados por quienes mueren o dejan el servicio antes de tener derecho a la jubilación - y con rentas generales, es decir con una contribución de la colectividad cuyas generaciones van tomando sobre sí, sucesivamente, por elementales razones de seguridad social, la carga económica que impone el deber de justicia distributiva a que obedecen los derechos en cuestión. En consecuencia, lo que la ley regula al reglamentar esta clase de relaciones, no es sólo el derecho de los beneficiarios individualmente, considerados, sino la contribución colectiva que los sostiene (De los considerandos 41 y 42, voto mayoría, caso "Chocobar, Sixto c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos", sentencia del 27-12-96, La Ley, 1997-B- p. 240-292)." Por lo tanto, en lo que a esta cuestión se refiere, el recurso resulta improcedente.

b) Omite considerar que los actores no tienen derecho adquirido a la percepción del adicional porque no existía al momento de la fecha que accedió a la jubilación.

A esta cuestión cabe responder, con lo ya expresado en el citado precedente (sentencia nro. 722/01), donde a su turno se citó a Bidart Campos quién ha sintetizado los principios que, en torno a los beneficios previsionales y a la movilidad. ha elaborado el derecho judicial. Así sostiene: "a) cuando se otorga un beneficio, su monto originario responde al propósito de asegurar un ingreso generalmente vitalicio que deriva del "status" del beneficiario; ese ingreso es una proyección que sustituye a la remuneración que el agente percibía cuando estaba en actividad; por ello el monto originario debe guardar una cierta proporción razonable con esa remuneración; b) cuando ya posteriormente el beneficio está en curso de goce por su titular, la adecuada relación entre el monto del beneficio y la remuneración que percibía en actividad no sólo debe mantenerse, sino que debe ser objeto de movilidad, lo que presupone que ese monto "puede" aumentar con respecto a la antigua remuneración, y no sólo puede sino "debe". Así los prescribe el art. 14 bis, aunque sin descender al detalle del mecanismo de ajuste en esa movilidad periódica; esto último es arbitrio del legislador. Sin duda, hay que consentir el principio sostenido por la Corte en el sentido de que el art. 14 bis, que ordena la movilidad de modo imperativo, no indica sistema alguno ni versión única para hacerla efectiva y, al contrario, habilita a la ley para optar por el que en cada momento considere conveniente, a condición de su razonabilidad y no confiscatoriedad." "Sostiene este autor, que es la Corte quien, en el derecho constitucional material, se ha encargado de puntualizar a través de su jurisprudencia, que uno de los principios básicos que sustentan el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, lo que corresponde obviamente a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo. Esta primera norma judicial atiende, fundamentalmente, a la relación entre el monto originario del beneficio y los ingresos de la actividad a la fecha de otorgarse ese beneficio. En cuanto a la movilidad futura, también la Corte ha establecido que las exigencias de "una conveniente adaptación" de la prestación, debe considerarse cumplida cuando a través de su haber actualizado, el beneficiario conserva una situación proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad." "Expresa que cuando la ley que ha regido el otorgamiento del beneficio estipula un determinado sistema de ajuste móvil, otra ley posterior puede variarlo, siempre que la aplicación de ésta no devenga confiscatoria y que, a la inversa, conserve la proporcionalidad razonable con el haber en actividad." "Afirma igualmente, que el 'congelamiento' por término incierto de los haberes jubilatorios ha sido declarado inconstitucional por la Corte, por configurar un claro apartamiento de la pauta de movilidad que preceptúa el artículo 14 bis. Incluso en el fallo de la Corte en el caso "Chocobar" del 27-12-96, se declaró la inconstitucionalidad de una norma de la Ley Nro. 24.463 (llamada de solidaridad previsional) en cuanto, al no arbitrarse por la autoridad de aplicación las medidas previstas para la movilidad, la situación produjo un real congelamiento de haberes (Lo citado y referenciado, cfr. Bidart Campos, Germán J. "Manual de la Constitución Reformada", Ediar, Bs. As. 1998, pág. 239/240)." En el presente caso, el fallo atacado consideró adecuadamente que el adicional no remunerativo integra la retribución del cargo y a la vez, reviste el carácter de regular y habitual, del que surge indubitable su carácter remunerativo, por lo tanto declara la inconstitucionalidad de la Ley Nº 6339 y anula los actos impugnados porque han transgredido el principio constitucional de movilidad jubilatoria, en base al cual el haber del pasivo se reajusta (conforme un sistema legalmente determinado) a los incrementos que sufre la remuneración del cargo en actividad.

En consecuencia, nada tiene que ver que dichos rubros, (judicialmente considerados remunerativos), no hayan sido percibidos por el jubilado cuando éste se encontraba en actividad, pues al integrar la nueva remuneración del cargo del activo, por el principio constitucional de movilidad, se traslada al haber del pasivo mediante el correspondiente reajuste.

En mérito a lo expresado, este agravio también debe ser desestimado por improcedente.

c) Alega que el derecho de propiedad (artículo 17 de la CN) sólo alcanza a los derechos efectivamente incorporados al patrimonio y puede aún disminuirlos siempre que no se refieran a lo ya percibido.

Este agravio guarda, en cierto modo, vinculación con el tratado precedentemente, pues se refiere a la existencia de un derecho de propiedad sobre rubros que integraron el haber de los actores y que fueron percibidos, más no los futuros que podrían ser disminuidos, tema que no es discutido. En realidad el tema central radica en determinar si tales rubros "no remunerativos", son en realidad remunerativos y por lo tanto, por el principio de movilidad, deben trasladarse al haber de los pasivos. Contrariamente, la argumentación de la recurrente omite la cuestión básica que, reitero, es la aplicación del principio de movilidad y no el de los derechos incorporados al patrimonio, por lo que caben los mismos fundamentos que en el punto b).

También en este aspecto el recurso casatorio debe desestimarse por improcedente.

d) Estima que no se configura violación al principio de igualdad del artículo 16 de la CN como pretenden los actores, menos aún si se intenta equiparar a los activos con los pasivos.

Se trata de una afirmación dogmática, desvinculada de los fundamentos sostenidos por el fallo en crisis, donde no se advierte cuestión alguna relacionada con el planteo. En consecuencia, este agravio resulta inadmisible.

e) Considera que la norma declarada inconstitucional respeta la inmutabilidad del status jubilatorio y no alcanza al régimen de movilidad porque para ello debe tratarse de remuneraciones sobre las cuales se han realizado aportes.

Extrañamente la recurrente presenta como agravio, lo que es una coincidencia con el fallo en cuanto a la inmutabilidad del status jubilatorio, pero a continuación insiste (aunque desde otra perspectiva y distorsionando el concepto), en considerar que el principio de movilidad solo se aplica sobre aquellos rubros remunerativos respecto de los cuales el pasivo ha realizado aportes. Esta cuestión, ya fue resuelta al tratar los puntos V.1. a) y b).

En su mérito el agravio debe rechazarse por improcedente.

V.2.- Agravios que la recurrente dice realizar en particular:

a) Destaca la posibilidad que los haberes de los empleados públicos puedan ser disminuidos en algunos casos, dentro de ciertos límites, aspecto desde el que considera incuestionable el Decreto Nº 102/92.

Sin perjuicio de que se trata de una afirmación dogmática no relacionada con aspectos tratados en la sentencia, ésta no se compadece con la realidad de autos. En efecto, la recurrente sostiene este agravio a partir de que el fallo alude a lo innecesario que resulta que la brecha entre el haber del pasivo y del activo llegue al 33 %, pues basta que la diferencia sea de tal magnitud que le reste al haber previsional el carácter de sustitutivo en relación a los sueldos, para que funcione el principio de movilidad.

Como se avizora de la simple confrontación del fallo con el agravio, en la especie no se configura el supuesto que menta la recurrente pues, en rigor de verdad, en autos se debate la incorporación en los haberes previsionales de jubilados los nuevos adicionales establecidos para los activos (considerados rubros remunerativos por el tribunal) y no de una disminución de remuneración.

Ello así, se trata de una afirmación sin vinculación con la doctrina que se extrae del fallo. Reitero, en ningún momento se habló de disminución de la retribución, sino de diferencias de remuneración entre activo y pasivo y de la aplicación del principio de movilidad. En consecuencia el agravio resulta inadmisible.

b) Señala que los precedentes de esta Corte "Juárez, Roque René vs. Gobierno de la Provincia" (sentencia Nº 609/89) y Acordada Nº 348/92, no resultan aplicables en el caso, porque ambos están referidos a situaciones diferentes.

Independientemente de su acierto a no, este agravio resulta irrelevante pues no logra conmover los fundamentos esenciales de la sentencia. Por lo tanto resulta inadmisible.

c) Se agravia de la conclusión sentencial en cuanto desestima el modo de calcular el monto de la condena que surge de la pericial del CPN López de fs. 111/114, rectificada por él mismo a fs. 159/160, fundada en las irregularidades que describe, soslayando el tema referido a los aportes previsionales (artículo 73 de la Ordenanza nº 224/84), que los manda a descontar en el fallo casado en primer término.

Evidentemente, este cuestionamiento es erróneo y no guarda relación con autos. Basta para ello compulsar las fojas indicadas para advertir la inexistencia de la aludida pericial y su supuesta ratificación. Por lo tanto este agravio resulta inadmisible.

VI.- Atento al resultado al que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse a la vencida, demandada en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 19 de marzo de 2002, obrante a fs. 795/803 vta. de autos, conforme lo expresado en considerandos Apartado V.1.-inciso d) y Apartado V.2.- incisos a), b) y c) y NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al mismo, conforme lo señalado en Apartado V.1.- incisos a), b), c) y e).

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO