Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-06


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA N°: 99724 SALA II EXPTE. Nº: 2.495/10 (JUZGADO Nº 46) AUTOS: "RUARTE, VICTOR ISIDRO C/ ROLCO S.R.L. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 6 de octubre de 2011, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fun-damentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que re-chazó el reclamo inicial (fs. 120/1) se alza la parte actora, a mérito del memorial obrante a fs. 125/8, replicado a fs. 130/31.	El accionante se queja por la desestimación de su petición inicial sosteniendo básicamente que ello deviene de una interpretación errónea de lo reclamado al comienzo y de haberse soslayado en grado las declaracio-nes testimoniales obrantes en la causa de las que, a su juicio, surge que su parte des-empeñó la categoría laboral de operario especializado (cfr. art. 6 del CCT 260/75). Asimismo se queja por los honorarios regulados a la representación letrada de la par-te demandada por considerarlos altos mientras que recurre también los fijados a favor de su representación letrada por estimarlos bajos. II.	El sentenciante de grado determinó -en líneas generales- que el relato inicial no cumple con el requisito establecido en el art. 65 inc. 4 de la L.O. ya que el actor no explicó en qué consistían las tareas de producción y calidad en la empresa y que la sola mención del lugar donde se desempeñaban las mismas no cumple con lo establecido en dicha norma. En consecuencia, concluyó que la señalada omisión, impide analizar la prueba ofrecida y hacer lugar al reclamo.	El recurrente en el memorial insiste que de la propia definición de la cláusula del convenio (art. 6 CCT 260/75) surge que no se re-quiere la universalidad de conocimientos que demanda un oficio dado que, realizan-do las tareas correctamente en producción y calidad, se adquiere la capacidad para revestir la categoría de Operario Especializado.

Sin embargo se advierte que esta apreciación del apelante no cumple con el requisito de admisibilidad formal que establece el art. 116 de la L.O. por cuanto es una mera apreciación dogmática que sólo deja traslucir la disconformidad con lo resuelto en grado. Y lo digo por cuanto el recurrente continúa sin hacerse cargo del tramo del decisorio -descripto supra- en el que el sentenciante a quo, determinó que la sola mención del lugar donde el actor desempeñó sus tareas no lo exime de explicar en qué consistían aquéllas, cuál era su especialidad o en qué máquina o máquinas se desempeñaba.

A influjo de lo expuesto es claro que la queja no constituye la crítica concreta y razonada que impone la norma adjetiva señalada, ra-zón por la cual no cabe más que desestimarla.

Sin perjuicio de ello y aún en caso de sortearse el escollo formal, lo cierto es que la queja tampoco sería admitida por cuanto coincido con el magistrado a quo en que el reclamo no cumple con los lineamientos que sur-gen del art. 65 inc. 4 de la L.O.

Repárese que al comienzo, Ruarte se limitó a señalar que su reclamo consiste en el cobro de las diferencias salariales derivadas de la categoría laboral que viene desempeñando desde hace tiempo y no es reconocida por la patronal, a saber la de operario especilizado en lugar de simple operario como lo determinó aquélla. Asimismo aclaró que corresponde dicha categoría en virtud de que realiza tareas en producción y calidad de la empresa quien se dedica a la rama metalúrgica (cfr. fs. 6 vta/7).

Frente a dicha manifestación y tal como acerta-damente lo advirtió el a quo, es claro que los hechos en que se funda la demanda no han sido correctamente explicados, ya que el accionante no señaló ni mínimamente en que consistían sus tareas, cuál era su especialidad, en qué máquinas se desempe-ñaba, etc. razón por la cual el reclamo de las diferencias salariales no luce fundado y, por lo tanto, no cumple con los requisitos que establece el art. 65 de la L.O. inc. 4 de la LO.

Tal como lo he señalado en la obra Ley de Or-ganización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo dirigida por Ama-deo Allocati (Editorial Astrea, Buenos Aires, 2ª Edición, 1999, t. II, págs.14/16) da-do que el acto judicial de decisión se basa en una imbricación de hechos y derechos, de conformidad con lo que establece ley adjetiva, se exige al accionante la explica-ción clara de los hechos (u omisiones) que, según los efectos previstos en las normas, hagan operar la regulación jurídica del caso. Sólo respecto de esos hechos -y no de otros- debe expedirse el demandado y la prueba que se produzca debe estar referida únicamente a ellos (conf. art. 364 del CPCCN). Por otra parte, son los únicos respec-to de los cuales el juez puede emitir pronunciamiento (arts. 34 inc. 4º y 163, inc,s 3 y 6 del CPCCN).

Por ello, en relación a la forma en que los he-chos u omisiones deben ser expuestas en el escrito de inicio nuestro código procesal exige una narración completa y detallada de todos los hechos y omisiones relevantes, cuyo olvido impide que sean objeto de prueba (conf. arts. 360 y 364 del CPCCN), que opere la carga de negarlos (arts 356 del CPCCN) y obstará a su consideración en la decisión.

Desde esta perspectiva, es evidente que si en la demanda el reclamante se limitó a denunciar que detentaba una categoría laboral de la convención colectiva que denuncia y no señaló las particularidades de las tareas que desempeñaba, no sólo deviene innecesario analizar los dichos de los testigos -como pretende en el memorial- sino que además resultaría indebido, puesto que es claro que se estaría afectando el derecho de defensa de la contraria si se valorara prueba producida en relación a hechos no aducidos en el escrito inicial (conf. art. 364 CPCCN).

Dado que lo expuesto basta para sellar la suerte adversa de la queja, considero que no cabe más que desestimar lo restante manifesta-do respecto del punto y propiciar la confirmatoria del decisorio atacado en lo princi-pal que decide.

III.	Resta señalar que los estipendios regulados en la anterior instancia a favor de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada, teniendo en cuenta la extensión y la calidad de la labor desplegada en di-cha instancia, lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que sugiero confirmar-los (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y conctes. de la ley 21.839 y 38 de la LO).

IV.	Para concluir y atento al modo que sugiero se re-suelva el recurso interpuesto, voto por imponer las costas de Alzada a cargo de la parte actora (conf. art. 68 del CPCCN) a cuyo fin sugiero regular los honorarios de la repre-sentación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, por las la-bores cumplidas ante esta instancia, en el 25% y 25% -respectivamente- de lo que a cada uno les corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del voto precedente por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo del actor; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del accionante y de la demandada por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento -respectivamente- de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen;

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo	Miguel Ángel Ma-za	Juez de Cámara	Juez de Cámara