Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-10


NEUQUEN, 10 de junio de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GIGANTI HUMBERTO ERNESTO C/ CASTILLO NICOLAS ALBERTO S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA", (Expte. Nº 334669/6), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Luis E. SILVA ZAMBRANO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Luis E. SILVA ZAMBRANO dijo:

1.- La sentencia acoge la pretensión reivindicatoria entendiendo que el carácter constitutivo de la inscripción dominial de los automotores torna inviable la oposición del accionado fundamentada sobre la base de la posesión del bien y del boleto de compraventa aducidos por esta última parte al responder la demanda.

2.- Apelada la decisión por la vencida, se sostiene el recurso aseverándose que la sentencia, en la práctica, omite considerar el instrumento de venta, adjuntado con la contestación de demanda, cuya autenticidad ha quedado evidenciada en el proceso por medio de la pertinente pericia caligráfica.

Asimismo, que el actor no ha "perdido la posesión" del automotor -extremo propio de la reivindicación- sino que la ha transmitido al demandado a consecuencia de haberle vendido aquel bien.

En fin, que las citas jurídicas que se traen a colación en la sentencia junto con la exposición del régimen dominial de dichos bienes, no puede ser enaltecida por encima de la realidad que se pone de manifiesto en el proceso.

3.- Cierto es, como lo asevera el accionante al contestar la expresión de agravios de la apelante (fs. 125), que en el instrumento de compraventa que ha sido objeto de peritación caligráfica, las rúbricas han sido estampadas mediante la transferencia de la grafía originaria asentada en otro papel con el concurso de un medio "carbónico", es decir, que al ser marcado por la presión que normalmente se ejerce en el caso de la escritura manual sobre el papel que se coloca encima del "carbónico", éste, transfiere esa grafía al que se ha colocado por debajo suyo, dada su sensibilidad a la "marcación", y a la par, la propiedad del carbón, grafito (o elemento semejante) que, desintegrándose, a su vez "impresiona" el papel inferior por medio de las partículas que se le han desprendido a raíz de la misma presión que se ha ejercido en el acto de escritura. (Tengo en este acto a la vista el instrumento reservado en Secretaría, véase fs. 30).

Ahora bien, tal circunstancia, en el caso, no le resta valor al dictamen. Y ello así porque:

_en primer lugar, pues el experto, ha tenido cabalmente en cuenta la circunstancia de la utilización de carbónico, a punto tal que, una de las planas que integran el cuerpo de escritura formado por el demandante (véase acta de fs. 75), ha sido confeccionada "con una copia de carbónico" (fs. 73, que corresponde a fs. 16 en el "cuaderno de prueba demandada"), aspecto que ha sido propiamente objeto de la peritación según se advierte en las fotografías anexas al dictamen (fs. 79, fotos "Indubitada" nros. 11, 3, 12, 16 y 14);

_en segundo término, ya que el experto efectúa un análisis detallado, explicativo y conforme a los principios científicos de su profesión, al cotejar la firma "dubitada" con las "indubitadas", arribando de manera razonable y no forzada a la conclusión de autenticidad de aquélla. (Véase el desarrollo explicado del cotejo a fs. 83 vta. /85 y la conclusión asentada en esta última);

_por lo demás, en tanto que, frente a la seria y fundada opinión del experto, el actor opone la nuda argumentación de que "... consiste en pretender otorgar virtud probatoria a un papel carbónico..." (fs. 125 vta.), sin explicar, en forma razonada y científica", por qué sería inválida en el caso la pericia que ha tenido en cuenta la firma transpuesta carbónicamente.

Esto es: a mi juicio la pericia tiene pleno valor probatorio dentro del marco de las normas de los arts. 386 y 476 del C. Procesal), apreciación que se refrenda aun por la ausencia de impugnación en momento oportuno que, en el caso, prácticamente se descompone en tres oportunidades: la que tuvo el actor, frente al ofrecimiento del demandado, de "oponerse" a la pericia caligráfica bajo el apuntado motivo de la impresión carbónica de la firma (arts. 549 "in fine" y 460, 2º párrafo del C. Procesal), una segunda ocasión se le presentó cuando el perito le requirió la escritura con la utilización del carbónico y la tercera, en fin, ante el traslado de la pericia que se le confiriera en virtud del art. 475 del C. Procesal.

Y en resumidas cuentas: la mala fe del actor (art. 34 inc. 5°, apartado d) y cctes. del C. Procesal), que se evidencia en su negativa de autenticidad del contrato (así: "... desconocemos tanto los hechos como la documental acompañada por el demandado... Específicamente se niega: que el Sr. Castillo, haya adquirido el vehículo... que nuestro representado le haya vendido dicho automotor...", fs. 31), mala fe que se perpetúa ante esta instancia a través de las citadas expresiones de fs. 125 vta., que se vierten pese a que el accionante no impugnó oportunamente el dictamen pericial aludido, decía que la mala fe de esa parte, se conjuga contextualmente con otras evidencias como el contrato de compraventa mencionado y la indudable posesión del vehículo detentada por el demandado según se advierte a partir, no sólo de su uso (que se transparenta en los varios mandamientos de secuestro librados ineficazmente en autos), sino también del hecho de que él porta el mismo título de propiedad del automotor y la denominada "cédula verde" que autoriza a circular con el rodado (véanse fotocopias de fs. 26/27, cuya autenticidad ha sido negada sólo de manera genérica por el demandante -fs. 31-, pese a la carga que a su respecto pesaba por imperio de las normas de los arts. 358, 335 y 356 inciso 1° del C. Procesal).

Así pues, el conjunto de esos elementos resulta a mi juicio suficientemente demostrativo de que, como lo afirma en su expresión de agravios la demandada, el actor "... no perdió la posesión... sino que la entregó en forma voluntaria al demandado como una de las contraprestaciones de un contrato de compraventa automotor por lo que incluso había recibido la totalidad del precio" (fs. 119, el énfasis es mío). Ahora bien, siendo ello no se presenta en autos el supuesto de "delito contra el reivindicante" ("sustracción"), específicamente contemplado por el art. 2775 CC para habilitar la reivindicación de bienes muebles.

En efecto, por más que el automotor importe hoy día la categoría de bien mueble "registrable" (obviamente inexistente al tiempo de sanción del Código), la jurisprudencia admite la vigencia de dicha norma en el caso de estos bienes ya que, por lo demás, para los inmuebles rige una equivalente cual es la del art. 2776 que exige el "despojo".

En este curso de ideas, la Suprema Corte de Mendoza ha sostenido entonces:

"El Decreto-Ley 6582/58 si bien se aparta de la regla sentada en el art. 2412, 'la posesión vale título', por lo menos hasta que la inscripción del dominio se produce en el Registro del Automotor, no ha podido desprenderse totalmente de dicha regla y comprendiendo la imposibilidad de eludir la presunción del art. 2412, la nueva ley prácticamente la reproduce en su art. 2º..." (SCM in re: "Central Automotores SRL", en J: "Central Automotores SRL C/ José Luis Sáenz" S/ Ordinario - Casación - Nº Fallo: 74199247 - Ubicación: S137-039 - Nº Expediente: 33677; Mag.: GAMBI-RUIZ VILLANUEVA-EVANS - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - Circ.: 1 SALA: 1 - Fecha: 02/10/1974; Lex Doctor, versión 8.0, voces: "automotores reivindicación", n° 60).

Y aún más puntualmente:

"La acción de reivindicación de bienes muebles, aun la de automotores registrables, se rige por las disposiciones del Código Civil - arts. 2765 y ss.- ya que el Decreto Ley 6582/58 no contiene regulación específica derogatoria de dicho instituto normativo. No puede prosperar cuando el titular del dominio se ha desprendido voluntariamente de la posesión del automotor porque no se configura la existencia del despojo". (CCC Entre Ríos in re: "Yabrán, Miguel Oscar C/ Valor, Juan Y otra" S/ acción de restitución; Cccu02 Cu 2266 I; Fecha: 21/04/2003; Juez: Ahumada (sd); Mag. Votantes: Ahumada - Rojas - Marco; Entre Ríos, LD, íd., n° 54).

En orden a lo expuesto se ha dicho también:

"Pese a los términos de esta norma -art. 2775-, su aplicabilidad se extiende a todos aquellos casos en que el propietario se ve privado de la cosa sin que medie de su parte desprendimiento voluntario de ella, o sea, cuando es sustraída fraudulentamente" (CNCiv, Salas E y F, citadas por Salas-Trigo Represas, "Código Civil anotado", Depalma Editor, 2ª Edición, T. 2, p. 747; en todo caso el énfasis ha sido mío; en cuanto a la norma del art. 2776 y el concepto de "despojo" del inmueble, la doctrina advierte que, "la palabra despojo está tomada en este texto, no en su sentido propio, sino en el de cualquier desposesión, haya o no mediado violencia", Borda, "Derechos Reales", Abeledo-Perrot, 1975, T. II, p. 488, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Santa Fe, de Salvat, Lafaille y Fornieles en nota en nota nº 1588).

Propiciaré en definitiva al Acuerdo que, haciéndose lugar a la apelación, se rechace la pretensión reivindicatoria con costas de ambas instancias a la actora. La regulación de honorarios profesionales se practicará cuando se incorporen en autos elementos que permitan hacerlo. Así voto.

El Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Revocar la sentencia dictada a fs. 100/103 vta., rechazándose en consecuencia la pretensión reivindicatoria incoada por Humberto Ernesto Gigante.

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 C.P.C.C.).

III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dr. Luís E. Silva Zambrano Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 100 - Tº III - Fº 571 / 574 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.