Prescripción, interrupción de la prescripción, sumario administrativo, policía, cesantía, empleados públicos, facultades de la administración, facultades discrecionales, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Perfan Juan Zenon c/ Estado Provincial s/ - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-12-01

1- En el ámbito del derecho administrativo, la "jurisdicción" disciplinaria importa un orden potestativo diferenciado del que resulta propio del ámbito del derecho penal, y pese al paralelismo que eventualmente pueda plantearse en el procedimiento llevado a cabo en una y otra de dichas jurisdicciones, las resoluciones definitivas a las que se arribe, no resultan interdependientes.

2- Al no haber mediado prejudicialidad penal, en razón de que al actor se lo sancionó por la transgresión a una regla disciplinaria de carácter administrativo y, no por haber cometido un ilícito penal, es de plena aplicación por tal motivo, en lo que respecta a la problemática de la prescripción, lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 6702 que regula que "La acción prescribirá a partir de la fecha de la comisión del hecho: a) A los tres (3) meses, si se tratare de faltas leves; b) A los seis (6) meses, si se tratare de faltas graves; y c) Al año, si se tratare de faltas gravísimas." La normativa reglamentaria establece que, los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la prescripción de la acción. Si cometida la supuesta transgresión, inmediatamente después se labraron las correspondientes actuaciones jurídico-administrativas tendientes a su investigación y oportuna comprobación. Las mismas no han tenido otro objeto que determinar la participación del agente y su responsabilidad administrativa y, por tanto, poseen virtualidad suficiente para "interrumpir" el plazo de prescripción de la acción, rechazándose el planteo de prescripción, toda vez que no se produjo la inacción por parte de la Administración, en el tiempo necesario, para que la misma operara.

3- Los actos de indisciplina desplegados por el actor, que tuvieron la trascendencia pública necesaria para lesionar la imagen de la policía, contradicen de plano la naturaleza y finalidad de excepción de la Institución (milicia armada), así como también representante y depositaria de la fuerza pública, cuya misión es la de mantener el orden y la seguridad, ejerciendo las funciones que la legislación establece para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población, habiendo sido correctamente tipificada la falta imputada en las previsiones del artículo 426, inciso 15 del Decreto Nro. 1061-A-62, la que prevé como sanciones, la exoneración, la baja, la suspensión hasta sesenta días o arresto hasta treinta días.	La graduación de la sanción impuesta por la Administración entre varias establecidas, no resulta factible controlarla, si la misma ha sido encuadrada dentro de los límites establecidos por la norma en tanto no se demuestre su arbitrariedad, situación ésta última que no se verifica en el caso.

Ello así por encontrarse dentro de su ámbito discrecional ("zona de reserva"), donde no es dable incursionar sino se comprueba un ejercicio irrazonable, so riesgo de vulnerar el principio de separación de poderes.

4- Los dictámenes que emanan de los cuerpos técnicos permanentes, constituyen opiniones legales que podrán ser o no objeto de seguimiento al momento de la producción del acto definitivo. Ello en razón que la función administrativa "consultiva" es una actividad preparatoria de las resoluciones de los órganos activos de la Administración. En consecuencia, tales actos no expresan la voluntad del poder administrador, no resuelven, sino que integran una etapa previa de carácter consultivo-deliberativo dentro del íter procedimental de formación de la voluntad estatal. El órgano de decisión podrá apoyarse en razones propias, proveyendo al acto de una motivación autónoma que deberá ser congruente con las actuaciones precedentes, o bien podrá hacer suyo el criterio sugerido por el órgano de consulta, hipótesis en la cual el contenido del dictamen será obligatorio en virtud del acto administrativo que acoge sus fundamentos.