Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-26


Salta, 26 de Marzo de 2.013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "SOSA LACOUR, Claudia c/ LACOUR, Alberto y/o cualquier otro ocupante - INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION", Expte. Nº 235.565/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación, CAM 364.550/11 de esta Sala Primera, y, CONSIDERANDO La Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau dijo:

I.- Que contra la sentencia que a fs. 82/84 vta. rechazó el interdicto deducido en autos, la accionante interpuso recurso de apelación a fs. 91, el que fue concedido a fs. 92, libremente y con efecto suspensivo.

En su memorial (fs. 103/ y vta.) manifiesta que se otorga mayor relevancia a las testimoniales producidas por la demandada que al cúmulo probatorio a su favor obrante en el presente juicio y en los expedientes conexos No 93.984/04 "Lacour Roberto; Lacour, Alberto c. Lacour, Claudia - Desalojo" y 196.550/07 "Lacour, Claudia c. Lacour, Roberto; Lacour, Alberto - Posesión Veinteañal". Destaca que en el primero de los mencionados el Juez A quo encontró evidenciada la posesión ejercida siempre por su padre, el Sr. Adolfo Lacour, y continuada a su muerte por ella.

Afirma que si bien la sentencia recaída en el juicio de desalojo no hace cosa juzgada, no se puede desconocer la prueba allí producida.

Aduce que la interpretación que el A quo hace de la Escritura Pública Nº 49 es errada y que contradice lo establecido en la sentencia dictada en Expediente Nº 196.550/07 (posesión veinteañal), donde quedó sentado que la carta documento remitida por los demandados a la actora daba cuenta de la tenencia de esta última y entiende que de la mencionada escritura se desprende la clandestinidad de la posesión del demandado. Resulta contradictorio, expresa, estimar que los titulares registrales aquí demandados debieron intimar a la actora por carta documento y labrar acta de toma de posesión, si ya la tenían.

En definitiva, afirma que la sentencia la agravia porque desconoce la prueba que acredita que era ella quien venía ejerciendo continuada y pacíficamente la posesión hasta ser despojada en forma violenta; invoca como prueba de sus dichos los contratos de locación presentados en este proceso y en los expedientes citados.

A fs. 107 contestan agravios los demandados, solicitando el rechazo del recurso con sustento en el artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

La causa se encuentra con llamado de autos para sentencia según providencia de fs. 109, habiéndose puesto a despacho a fs. 121, disposición que se encuentra firme.

II.- Que, para resolver como lo hizo, el sentenciante evaluó los antecedentes y la prueba de la causa frente a las características del interdicto de recobrar la posesión y encontró que la Escritura Notarial Nº 49 agregada al Expediente Nº 196.550/07 - Prescripción Adquisitiva, demuestra que al 10/09/08 la actora no se encontraba en posesión del inmueble.

Llegó a tal conclusión porque entendió que en esa fecha la vivienda se encontraba abierta, sin mobiliario y libre de ocupantes, con excepción de dos habitaciones cerradas con llave; por ende, afirmó que cuando el Sr. Roberto Lacour ingresó a la vivienda, tomó posesión y que, al no quedar acreditada la posesión anterior de la actora, la sentencia debía mantener la situación existente (la posesión del Sr. Lacour).

Conforme al resultado al que arribó, consideró innecesario analizar las excepciones de falta de acción y legitimación activa opuestas por el demandado, e impuso las costas a la actora.

III.- Que en primer lugar cabe determinar que la Sra. Lacour se encuentra legitimada para intentar el interdicto de recobrar bajo análisis, atento que alega haberse encontrado poseyendo el inmueble sito en calle Mendoza 2.019 de esta Ciudad de Salta, Matrícula 21.590, hasta el 15 de Septiembre de 2.008 cuando, al regresar de la ciudad de Tucumán donde cursa la carrera de Derecho y tratar de ingresar, se encontró la cerradura cambiada.

Como lo dejó precisado el Sr. Juez en grado, el interdicto constituye un remedio tendiente a conservar el estado de quien se encuentra en posesión o tenencia de un inmueble y es turbado con violencia o clandestinidad en su posesión o tenencia, y su fundamento radica en la conveniencia de evitar que los individuos hagan justicia por sus propias manos, manteniendo una determinada situación de hecho hasta que se resuelva lo que corresponde en derecho.

Según quedó planteada la litis, la cuestión se centra en resolver si la situación a preservar es la posesión alegada por la accionante o la de los demandados, que según el pronunciamiento en crisis la habrían "recobrado" al ingresar Roberto Lacour al domicilio que se encontraría abandonado.

IV.- Que el A quo expresó que del confronte entre las pruebas de la accionante y las presentadas por la defensa interdictal surgía la falta de acreditación del derecho invocado por aquélla (pto. II).

No obstante, la sentencia firme de fs. 121/123 vta., estableció que al 15 de febrero de 2005 los Sres. Lacour "no acreditaron, haber entrado en la posesión del inmueble o que se les haya hecho la pertinente tradición del mismo en el momento de la escrituración o bien después.

Por el contrario de las pruebas testimoniales y la confesional prestada a fs. 99/107 queda evidenciada que la posesión siempre fue ejercida por el Sr. Adolfo Lacour y luego de su muerte continuada por su hija adoptiva hoy demandada" (fs. 122).

No se trata de extender más allá de lo correspondiente los efectos de la sentencia recaída en un juicio de desalojo, sino de evaluar sus constancias frente a las circunstancias invocadas para respaldar la posesión alegada por la Sra. Sosa Lacour, en forma conjunta con el resto de las pruebas de la causa.

Así, cabe destacar que no se ha desvirtuado lo aducido por la acionante en la denuncia policial cuya copia corre a fs. 4 respecto a que el Sr. Lacour cambió la cerradura de la casa, ni el contenido de la exposición policial del Sr. Abracaite (copia de fs. 10 de estos autos).

También demuestra el estado de ocupación el hecho de haber mantenido aseguradas las habitaciones internas de la casa, lo que no parece irrazonable teniendo en cuenta que ésta se encontraba habitualmente alquilada en parte (v. contratos de locación celebrados por la accionante con los Sres. Abracaite y Voltolini el 4 de abril de 2007, copia de fs. 2/3 de autos, original a la vista), como también lo habría estado en 2005/2007 por los Sres. Flores y Morales (original reservado en Expte. 196.550/7, a la vista).

Corroboran también la alegada posesión la testimonial del Sr. Eduardo Abracaite (fs. 35 de estos autos) y la prestada a fs. 106vta./107 del ya citado juicio de desalojo, las manifestaciones de ambos demandados en Julio de 2004 a fs. 56 vta. de dicho expediente sobre las comunicaciones cursadas a Claudia Sosa Lacour "para que diga en virtud de qué título ocupa el inmueble"; además, la constatación que rola a fs. 22 vta. de estos autos, de fecha 15 de abril de 2004, sobre el hecho de encontrarse la Sra. Sosa Lacour habitando esa vivienda, la absolución de posiciones de Alberto Lacour del mes de octubre de 2004 (fs. 105 vta. expte. desalojo, principalmente preguntas 4/8, 10, 11 y 16 del pliego de fs. 104) y la falta de precisión de la prueba arrimada por los demandados acerca de la inexistencia de posesión por parte de Claudia Sosa Lacour (fs. 37/39 vta., fs. 61 y vta. de estos autos), dan certeza sobre el hecho de que hasta el día 10 de septiembre de 2.008, fecha en que el Sr. Roberto Lacour ingresó al inmueble, éste venía siendo poseído por Claudia Sosa Lacour, no obstante encontrarse ausente temporariamente del inmueble, sea por cursar estudios en otra localidad o dormir algunas noches en otros domicilios.

En otros términos, la actora, ya por sí o por intermedio de su madre hasta la muerte de ésta, ejercitaba sin interrupción actos posesorios sobre el inmueble y los actos de despojo resultan acreditados (cfr. CACCSalta, Sala V, Tomo 1984:469) por lo que, siendo así en autos, se debe tener por acreditado el recaudo establecido en el punto 1º del artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial.

V.- Que de la lectura de la Escritura Pública Nº 49 (fs. 97 del expediente donde tramita la prescripción adquisitiva), que constituye el basamento de la sentencia aquí apelada, surge que el Sr. Roberto Lacour hizo saber al Escribano Oscar Antonio Mendoza, el día 10/09/08 por la tarde, que había sido avisado en horas del mediodía por un vecino que la puerta del inmueble se encontraba abierta desde temprano y que, en su condición de propietario, se apersonó y observó desde la entrada que en la primera habitación no había ninguna persona ni mobiliario, por lo que ingresó y comprobó que la casa estaba sin habitar y que dos habitaciones interiores estaban cerradas una con candado y otra con llave.

Por tales razones, le solicitó a dicho profesional que concurra a fin de constatar el estado del inmueble, haciéndolo ambos a horas 19.30, oportunidad en que Lacour -siempre según se expresa en la escritura- procedió a tomar posesión y reivindicar el inmueble para sí, conforme artículo 2758 y concordantes del Código Civil, a los fines de su conservación, y luego invitó al notario a pasar.

El profesional constató entonces que la puerta estaba abierta, sin signos de violencia, que dos habitaciones se encontraban con llave y candado, que el inmueble estaba en regular estado de conservación, con cables de energía a la vista y en mal estado.

Es de poner en evidencia que la Escritura Pública Nº 49 no da cuenta de la oportunidad, forma y condiciones del primer ingreso del Sr. Lacour a la vivienda, sino que recepta lo manifestado por éste al escribano para justificar su solicitud de que concurra al inmueble en horas posteriores. El contenido de ese instrumento público resulta insuficiente en orden a rechazar el interdicto bajo análisis:

a) En primer término, porque refuerza la convicción sobre la posesión que ejercía Claudia Sosa Lacour, ya que el propio Lacour manifestó al escribano que una parte del inmueble "estaba ocupado en forma precaria y sin ningún título por la señora Clauda Lacour, con quien no tiene buenas relaciones".

Como es sabido, no corresponde en el marco de esta figura interdictal ponderar los títulos que pudiera tener el demandado o de los que a entender de éste carezca el demandante, tal como se señaló en la sentencia impugnada. Por eso, tampoco resulta relevante la requerida prueba del "animus domini" a la que refiere el Sr. Alberto Lacour a fs. 75.

Por el contrario, la precariedad que se imputa a la ocupación da consistencia a la prueba que viabiliza el interdicto.

En efecto, debe concederse el interdicto a todo poseedor, y aún al simple tenedor, aunque la posesión sea viciosa, de acuerdo a profusa y reiterada jurisprudencia (CACCSalta, Salta III, 1991:90, entre muchos otros).

b) Luego, porque las circunstancias detalladas por Roberto Lacour evidencian la clandestinidad a la que refiere el artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial. Se ha resuelto que "queda configurado el requisito de clandestinidad cuando la ocupación del inmueble se produjo en ausencia del poseedor, o sea en condiciones tales que éste ha podido ignorar en su momento el acto de desposesión, y el demandado no aportó prueba que justifique su proceder" (CACCSAlta, Sala III, Tomo 1990:125).

El hecho de haber actuado a la luz del día no quita, frente al modo de ingreso a la propiedad -incuestionado, vale destacarlo- su naturaleza clandestina ni lo transforma en "actuación pública", como lo pretende el Sr. Alberto Lacour a fs. 76; en este sentido Palacio destaca que "sobre la base de la idea de que la posesión clandestina es aquella que se toma o se tiene furtiva u ocultamente, se ha resuelto que media clandestinidad susceptible de justificar el interdicto de recobrar si los hechos en que éste se fundamenta fueron ejecutados sin conocimiento del actor, no bastando actuar a la luz del día para que ésta resulte excluída, porque emerge de la ocultación del acto al destinatario de los designios encaminados a la desposesión o al despojo" ("Derecho Procesal", T. VII, p. 43, cit. por SCACCSalta, Sala I, Tomo 1992:288), que es lo que precisamente ocurrió en el caso, al no comprobarse -ni siquiera se alega- actuación por razones de precaución o seguridad: procedió a "reivindicar la posesión" que tenía Claudia Sosa Lacour; tal argumento, también emanado del propio Lacour, implica otro reconocimiento de la posesión que venía ejerciendo la accionante.

De tal modo, aún en ausencia de otras pruebas, sólo el haberse reconocido -como se hizo- la ocupación anterior, previa a la actual de uno de los demandados implica la confesión de la existencia de la clandestinidad, al menos cuando no se aportó prueba de la justificación, pues si el actor tenía la posesión, la subsiguiente del demandado sin el consentimiento de aquél reviste carácter de clandestino, dado que la ocupación se hizo subrepticiamente (cfr. C2ª Ap. Mercedes, J.A. 1960-IV-444; CACCSalta, Sala III 1990:125).

VI.- Que, acreditado que era la accionante quien poseía, no podían los demandados, fundados en su alegado título de propiedad, ingresar al inmueble no obstante la ausencia de aquélla, pues tal conducta se encuentra vedada por principios constitucionales (cfr. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea-1987, T. 3, p. 197, cit. Por CACCSalta, Sala III, Tomo 1993:540). Y si con esa conducta pretendían recuprerar lo que consideraban suyo, debieron haber acudido a las vías legales y no ejercer justicia por mano propia introduciéndose en el inmueble sin autorización de quien lo detentaba, menos aun cuando dos de las habitaciones se encontraban cerradas con llave, lo que hacía presumir la existencia de una persona que ocupaba el inmueble.

En conclusión, es dable afirmar que tanto la cierta e indudable posesión de la Sra. Claudia Sosa Lacour como el hecho de la ilegítima desposesión practicada por Alberto Lacour hacen mérito suficiente para acoger el interdicto interpuesto por la nombrada, en los términos del artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial , a fin de mantener aquélla situación de hecho (posesión de la accionante sobre la totalidad del inmueble sito en calle Mendoza 2019) hasta tanto el derecho sea resuelto mediante las acciones correspondientes, ordenando la restitución del bien a la actora (art. 626 C.P.C.C.).

VII.- Que, en cuanto a las costas, atento el resultado al que se arriba las mismas serán soportadas por los demandados en ambas instancias (arts. 67 y 68 C.P.C.y C.). La Dra. Nelda Villada Valdéz dijo que se adhiere al voto de la Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau.

Por lo que resulta del acuerdo que se arriba.

LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL.

I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 91 y, en su mérito, REVOCA la sentencia de fs. 82/84vta., RECHAZANDO la excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados y HACIENDO LUGAR al interdicto de recobrar la posesión planteado a fs. 5/6; en consecuencia, CONDENA a los Sres. Alberto y Roberto Lacour a hacer entrega del inmueble a la actora en un plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Con costas en ambas instancias a los demandados.

II.- ORDENA se copie, registre y notifique, bajen los autos al Juzgado de origen.