Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09


VICENTE, Rodrigo Martín contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 p 295-298. Santa Fe, 9 de marzo del año 2.005.

VISTOS: los autos "VICENTE, Rodrigo Martín contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE - Amparo- sobre AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. Nro. 20, año 2005), venidos para resolver lo solicitado por la demandada a fojas 4/7; y, CONSIDERANDO: I.1. La Municipalidad de Santa Fe solicita que esta Corte se avoque al conocimiento de los autos "Vicente, Rodrigo Martín c. Municipalidad de Santa Fe s/Amparo", que se tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esta ciudad, y que, consecuentemente, disponga la incompetencia del mencionado tribunal para entender en dicha causa. Explica que en los autos mencionados, el recurrente -invocando la titularidad de un "comercio, confitería, bar, whiskería, sandwichería y pub" sito en esta ciudad- dedujo un recurso de amparo a los fines de que se dejen sin efecto los artículos 3 y 4 del decreto 27/05 del Departamento Ejecutivo Municipal. Mediante dicho decreto, el Intendente municipal modificó el horario de funcionamiento al que debe sujetarse ese tipo de locales (entre la hora 15 y las 2 del día siguiente; y hasta las 3 los días sábados y vísperas de feriado -artículo 4-) y el horario hasta el cual los mismos pueden presentar grupos musicales en vivo (hasta la hora 1 -artículo 3-). Afirma que, según el actor, dichas normas impiden ilegítimamente el ejercicio del derecho a trabajar y quiebran el principio de igualdad ante la ley. Reseña que el juez interviniente dio trámite a dicha acción, disponiendo correr traslado de la demanda por el término y bajo apercibimientos de ley. Considera que, conforme surge de la presentación intentada, "el recurrente discute la posibilidad, facultad y competencia de la administración municipal para dictar un pronunciamiento de naturaleza administrativa municipal y ejecutarlo, como así también su alcance, lo que da como causa una pretensión contencioso administrativa". Dice que, en tales condiciones, el caso corresponde a la competencia exclusiva e improrrogable de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo. Solicita, en suma, se haga lugar a su pedido; con costas. 2. El señor Procurador General, en contestación de la vista corrida a foja 8, aconsejó se requiriera del Tribunal respectivo la remisión de las actuaciones correspondientes (v. f. 9). Una vez recibidas en esta sede, se corrió nueva vista al señor Procurador General, quien, por dictamen nro. 3/05 (fs. 15/16), concluyó que la materia debatida en el caso es de naturaleza contencioso administrativa, por lo que corresponde declarar que la cuestión es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo. 3. A fojas 18/23 comparece espontáneamente el amparista expresando que este Tribunal, antes de expresarse sobre la cuestión de competencia, debe expedirse sobre la cautelar "para no desnaturalizar el instituto del amparo como garantía constitucional" (foja 18). Indica que en la demanda de amparo solicitó tutela cautelar; que fundó su acción en los principios de tutela judicial efectiva; que "la demora en el dictado de la cautelar en el caso que nos ocupa produciría un perjuicio grave e irreparable atento a que debe someterse al horario establecido por el decreto impugnado"; y que fundó "la inconstitucionalidad de la ley 10.456 en todo lo que se oponga al art. 43 de la Constitución nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional". En base a dichas razones, postula que "el traslado corrido desvirtúa el instituto del amparo, por convertirlo en un juicio ordinario contrario al espíritu constitucional". 4. Mediante decreto de foja 24 (del 16.2.2005), la Presidencia del Cuerpo rechazó este pedido; providencia que fue notificada al recurrente mediante cédula agregada a foja 26. 5. A fojas 27/28 contesta el amparista la vista corrida, oportunidad en la que ratifica los argumentos expuestos en su escrito del 16.2.2005. Indica que ha efectuado una selección normativa eligiendo la vía correspondiente a los efectos de evitar que la conculcación del derecho se discuta en un proceso largo y complejo que termine anulándolo en forma definitiva y que "en consecuencia, la acción expedita y rápida contemplada en el art. 43 C.N. es de aplicación, no existiendo otro proceso idóneo aplicable al caso" (foja 27). También argumenta que el restablecimiento del derecho debe preceder a cualquier cuestión de competencia, y que "lo contrario es denegación de justicia, y lo que no quiere el municipio es que se realice el control constitucional de razonabilidad". Entiende que resulta inconstitucional exigir el agotamiento de la vía administrativa, porque ello conlleva a mantener la violación del derecho constitucional conculcado. Agrega que "la competencia en el amparo en tribunales colegiados como la Cámara Contenciosa o la Corte Suprema de Justicia no resiste el test de constitucionalidad para el dictado de una medida cautelar, atento a que debe resolver mediante el examen de tres jueces en el primer caso, lo que desnaturaliza la perentoriedad y rapidez de la garantía sumaria; o en el segundo caso la necesidad del acuerdo..." (foja 27 vto.). Entiende que este Tribunal señaló en la causa "Domínguez" que los jueces de primera instancia de distrito son los competentes en el amparo. Solicita, en suma, se despache la medida cautelar peticionada; se rechace el pedido de la Municipalidad y se resuelva la competencia del Juzgado Civil y Comercial, y se devuelvan los autos a dicho tribunal. II.1. La circunstancia de que el amparista haya dejado firme el decreto de Presidencia de fecha 16.2.2005 (foja 24) releva al Tribunal de la tarea de expedirse respecto del pedido de tutela cautelar formulado en esta sede. Por lo demás -y, en la hipótesis de interpretarse que la Corte puede ejercer jurisdicción cautelar en el ámbito de conocimiento habilitado por el artículo 2 de la ley 11.330- corresponde señalar que no se advierte en autos la configuración de razones que justifiquen el dictado de tales excepcionales medidas. 2. Corresponde, pues, analizar el pedido de avocación. De las constancias de autos se extrae que el recurrente, invocando el carácter de titular de un "pub" (tal la denominación que le asigna la reglamentación municipal al local comercial que explota), impugna la legitimidad de un decreto por el cual el Intendente municipal dispuso modificaciones en el horario y en la modalidad de funcionamiento de dichos locales. Es claro, pues, que el cuestionamiento se dirige contra actos de indudable contenido administrativo, relacionados con el ejercicio del poder de policía municipal. El debate de cuestiones tales constituye materia contencioso administrativa, tal como -por lo demás- lo demuestra la jurisprudencia de este Tribunal (v., por ejemplo, A. y S. T. 132, pág. 67). Ahora bien: aunque corresponde arribar a esa conclusión, no puede obviar el Tribunal -tal como lo recuerda el propio amparista- el análisis de la incidencia que tal extremo tiene en esta causa, de conformidad con la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional. Al respecto, corresponde en honor a la brevedad remitir a las consideraciones expresadas en autos "Bacchetta" (citado) y "Grandinetti" (A. y S. T. 132, pág. 477); debiéndose aclarar en este punto que en el precedente "Domínguez" (A. y S. T. 182, pág. 251; citado por el recurrente) este Tribunal -por mayoría- sostuvo que ciertamente la ley 10.456 atribuye competencia para intervenir en el recurso de amparo a los jueces de primera instancia de distrito, sin perder de vista que ello era así "en los supuestos en que (ello) corresponde". 3. Examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo se supone, lo cual pone en cabeza del juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10.456. En el caso, las argumentaciones vertidas en la respectiva demanda de am Tal demostración era necesaria, salvo que se piense -sin duda con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento o la afectación de un determinado "status" administrativo produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa el control de actos como el cuestionado en autos sin norma alguna que lo disponga, con la mera invocación del desconocimiento de principios y derechos constitucionales, cuya tutela -desde luego- también le corresponde a los jueces especializados en la materia. A lo antedicho puede agregarse que, aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el Alto Tribunal nacional ha preservado el carácter excepcional del remedio intentado ("Ballesteros", citado; "Louzán", Fallos 317:1658; "García Santillán", Fallos 320:1617; "Provincia de Entre Ríos", Fallos: 323:1825), cuya indiscriminada utilización no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario. 4. Consecuencia de lo hasta aquí expuesto es que corresponde acoger el pedido de la Municipalidad, con lo cual -se aclara- el Tribunal no declara la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo para entender en el "amparo", sino, que declara que el "caso" corresponde a la competencia de dichos tribunales (criterio de A. y S. T. 145, pág. 132 y de A. y S. T. 171, pág. 143; entre muchos otros), reglamentada por la ley 11.330. Ello, de por sí, implica desechar que la presente decisión conduzca a la configuración de un supuesto de denegación de justicia, tal como lo argumenta el actor al contestar la vista. Finalmente, observando que no se le ha otorgado al Poder Ejecutivo municipal la más mínima intervención en el amparo, se estima pertinente no hacer aplicación en esta resolución del criterio sentado por el Tribunal en autos "Mori" (de A. y S. T. 130, pág. 105; criterio de A. y S. T. 156, pág. 76). En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo; con costas. Regístrese y hágase saber. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)