Abuso sexual simple, víctima menor de edad, recurso de casación, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., H.A. s/ Recurso de Casación interpuesto por H.A.R. en Expte. 50/12 R.H.A. p.s.a. Abuso Sexual Simple - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-22

El Juez Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba interpuesto por la defensa técnica del imputado por abuso sexual simple.

Contra la resolución denegatoria, la defensa técnica del imputado recurre en casación, invocando la errónea aplicación de la ley sustantiva.

Cuestiona que tanto la fundamentación dada por el Fiscal en su dictamen, como la del juez a quo al rechazar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, se haya basado solamente en lo dispuesto en tratados internacionales y precedentes jurisprudenciales.

Las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, constituyen adecuado fundamento y se compatibilizan con el criterio sostenido por esta Corte en precedentes V. (S. nº 14, 13/05/2012) y A. (S. nº 37, 02/08/2012), por lo que los agravios invocados por el recurrente no pueden tener acogida favorable en esta instancia.

Es que, esta Corte ya ha sostenido en los precedentes aludidos que, todo hecho de violencia dirigido contra la mujer debe ser necesariamente considerado teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional.

Por ello, el juez a quo consideró los lineamientos sentados en la citada Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, los que en modo alguno pueden ser soslayados por los integrantes del Poder Judicial.

Cabe destacar que los fundamentos brindados por el tribunal, también se encuentran en armonía con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresadas en el documento sobre Acceso a la Justicia Para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (Doc. 68, 20/I/2007).

Destáquese que la CIDH señala "su preocupación ante el hecho de que una diversidad de órganos judiciales promueven principalmente el uso de la conciliación durante el proceso de investigación como método para resolver delitos de violencia contra las mujeres, sobre todo la intrafamiliar", cuando es de "reconocimiento internacional que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no es recomendable como método para resolver estos delitos", ya que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones", en varios países "ha quedado claro que los acuerdos realizados en el marco de mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres por la desigualdad" y más aún "generalmente no son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí" (CIDH, Doc. Cit., numeral 161).

Por ello, entre las recomendaciones generales del organismo supranacional, se incluyó el fortalecer "la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación".

Asimismo, entre las recomendaciones específicas, se indicó el fortalecer "la capacidad institucional de instancias judiciales, como el Ministerio Público, la policía, las cortes y tribunales, y los servicios de medicina forense, en términos de recursos financieros y humanos, para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres, a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un seguimiento judicial apropiado, garantizando así una adecuada sanción y reparación".

En la señalada dirección, también cabe destacar que en el orden interno se encuentra vigente la Ley Nacional 26.485 (B.O. 14/04/2009) de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, ley que reglamentó y concretizó los postulados de la aludida Convención de Belém do Pará.

Esta ley no deroga, sino que complementa las respectivas leyes locales en materia de violencia doméstica, es de orden público, y por tanto, de aplicación en todo el territorio argentino.

Como no podía ser de otra manera, se encuentra en plena armonía con la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la mujer; con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-; con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; con la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica-; y con la Declaración de Derechos Humanos.

De lo expuesto hasta aquí, se advierte claramente otro fundamento que sirve para reforzar los argumentos expuestos, ya que la citada Ley Nacional, prohíbe expresamente en su art. 28 -último párrafo-, la realización de audiencias de mediación o conciliación en casos de violencia de género.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.