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Trámites judiciales, pronunciamiento inoficioso, sentencia de primera instancia, consentimiento, concursos, propuesta de acuerdo preventivo, recurso de inconstitucionalidad, rechazo in límine, falta de legitimación para obrar, defensa en juicio, debido proceso, exceso ritual manifiesto, subrogancia del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Es de ver que ante la ausencia de un interés jurídico tutelable para criticar el fallo, en virtud de que lo concluido por el juez de baja instancia no concretaba un gravamen que debía ser revertido, dado que -aunque de manera refleja- lo dispuesto permitía a la recurrente alcanzar el resultado pretendido -rechazo del pedido de homologación de la propuesta de acuerdo preventivo-, la impugnante no habría podido en la instancia de alzada sortear el test de admisibilidad del recurso ordinario, que requiere como presupuesto -en sintonía con los medios de impugnación en general- la invocación de un agravio cierto, concreto y actual; y pese a no resultar gananciosa estrictamente por los fundamentos esgrimidos en la instancia de grado, mal podía el Tribunal a quo exigirle a la quejosa que sostuviera e invocara un interés jurídico suficiente que justificara su intervención, que en realidad no era tal; siendo que lo contrario hubiera equivalido a tener que esgrimir una suerte de agravio -gravamen- hipotético o meramente conjetural; por lo que lo considerado torna inoficioso expedirse sobre el oportuno planteo y sostenimiento de la cuestión constitucional, en tanto dicha materia deberá integrar el pronunciamiento sobre el juicio de admisibilidad que a la postre tendrá que efectuar el tribunal subrogante, concluyéndose que la Cámara, al rechazar in limine el recurso de inconstitucionalidad, incurrió en un injustificado rigor formal que atenta contra el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, razón por la que corresponde disponer la anulación de la resolución que denegó el mismo (Del voto de los Dres. Gutiérrez, Erbetta y Spuler) - Jurisprudencia concordante con Vicentin S.A.I.C., 2024:455, sumario J0053005
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, incapacidad laboral, relación de causalidad, enfermedad profesional, carga de la prueba, falta de prueba, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Servine, Haydee María Del Valle c/ Municipalidad de Rufino s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

En el caso, la Cámara confirmó la sentencia de baja instancia en cuanto había rechazado la demanda de indemnización por la incapacidad padecida por la actora, por entender que en autos no se probaron las tareas de esfuerzo que dice haber realizado en su lugar de trabajo, para acreditar la relación de causalidad con las lesiones contraídas. En efecto, los Sentenciantes partieron de señalar que, al haber la demandada refutado las tareas de esfuerzo que alega la accionante, y haberse manifestado la enfermedad nueve meses después de disuelto el vínculo laboral, resulta razonable pedirle a la trabajadora un mínimo esfuerzo probatorio tendiente a demostrar que las tareas que realizaba son adecuadas para producir la lesión que reclama; asimismo, de la valoración fáctica y probatoria que llevó a cabo, consideró que la prueba pericial médica no resultaba pertinente para dicha comprobación, puesto que en modo alguno el médico puede verificar que la empleada efectivamente realizara las tareas que ella dice haber realizado; ni los testigos que pretende hacer valer la accionante detentan el valor convictivo necesario, en tanto todos ellos tienen con la actora un vínculo afectivo, de amistad o de pareja.
Denegatoria del recurso, ejecución de sentencia, resoluciones irrecurribles, seguros, cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en C-176.803/21 Ejecución de sentencia: Roca Bravo, María Sabrina c/ Zenteno, Alejandro Sebastián (hoy su Sucesión) e Instituto Médico Integral San Salvador S.A. (I.M.I.S.S.S.A.) [y su acumulado CF-19.940/23] c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-06-04

La Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de inconstitucionalidad incoados en la causa. Destacó que tratándose de un proceso de ejecución de sentencia, la recurrida no resulta ser una 'sentencia definitiva' en los términos previstos por la ley de rito para ocurrir a la instancia extraordinaria. En relación al con el que deben responder las compañías aseguradoras, confirmó el resolutorio de la Cámara en lo Civil y Comercial sala III, que rechazó la aplicación del valor histórico pactado más intereses, por resultar insuficiente, y determinó su aplicación con criterio actual, estableciendo el incremento del monto límite del seguro de cada aseguradora en igual proporción al incremento experimentado por la prima, entre la fecha del hecho y la de la sentencia definitiva.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), abuso sexual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: J., E. E. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la victima-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

En relación a la agravante de causación de grave daño en la salud física o mental de la víctima, las deficiencias expositivas y argumentativas impiden tener por cumplido el recaudo de autoabasto y por esbozada una hipótesis cierta de arbitrariedad, destacándose la inexistencia de toda referencia -con relación a la confirmación de la calificación legal de la agravante- a los elementos tenidos en cuenta por los Juzgadores para determinarla como configurada; al tiempo que se omite un análisis circunstanciado y crítico sobre ese desarrollo de razones, sin indicarse si se lo atacó en la instancia apelatoria, de qué manera se lo hizo, ni las respuestas que en su caso se proporcionaron, demostrando en las mismas el desmarcamiento invocado; realizándose en cambio parciales transcripciones del decisorio con referencias inciertas y desconectadas a principios superiores que, en confrontación con la sentencia atacada, y desde tal orfandad argumentativa, carecen de idoneidad a los efectos de la instancia recursiva, pues con ello ni siquiera se esboza una suposición de afectación constitucional, permaneciendo, desde tal óptica, incólume dicho aspecto del razonamiento recurrido.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tobio, Jesica c/  s/ suspensión en la matricula-apelación de resolución de colegio profesional-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Bajo la invocación de diversas causales de arbitrariedad, la compareciente insiste en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, a partir de una apreciación distinta de los extremos meritados por la Alzada -que, en el marco de la vía apelatoria establecida en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, confirmó parcialmente la condena impuesta a la colegiada por el Tribunal de Disciplina y Ética Profesional del Colegio de Corredores Inmobiliarios, reduciendo en consecuencia la sanción impuesta-; mas con las tachas articuladas no alcanza a delinear -siquiera en el grado propio de este estadio- un posible menoscabo de su derecho a la jurisdicción, al no superar el nivel de la mera discrepancia respecto de la respuesta judicial atacada ni demostrar que la misma carezca de motivación suficiente o que otra solución debiera imponerse indiscutiblemente en autos. (De la disidencia de los Dres. Netri y Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente de tránsito, lesiones leves, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Toledo, Julio Rodolfo y otros c/ Hoyola, Carlos s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La Alzada no hizo lugar al daño moral postulado por dos de los actores, por entender que la procedencia del daño moral se determina como la consecuencia de una lesión y no la lesión misma, consecuencia que debe incidir en la persona, sus bienes, afectos, seguridad física, estabilidad espiritual, y que el valor del daño consiste en el valor de las consecuencias de la lesión y no en el de la propia lesión, por lo que, considerando que nada se había acreditado con respecto al tópico, desestimó el rubro, teniendo en cuenta, además, que una de las actoras declaró en sede prevencional que recibieron mínimas lesiones ya que tenían los cinturones colocados, lo cual fue corroborado por otro de los actores quien manifestó que todos sufrieron lesiones de escasa consideración pues tenían puestos los cinturones; y frente a dicha motivación, en el recurso de inconstitucionalidad, la presentante -pese a su esfuerzo discursivo- no logra demostrar que la respuesta jurisdiccional resultara insuficiente, irrazonable o lesiva de derechos de rango constitucional, debiendo hacerse notar que la recurrente, aun cuando invoca arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente, autocontradicción y apartamiento de los hechos y pruebas de la causa; no consigue conectar dichas causales con la realidad del caso, en tanto no logra rebatir los fundamentos reseñados, limitándose a postular su propia interpretación de los hechos y del derecho aplicable, sosteniendo esencialmente que debió prevalecer la prueba pericial sobre el informe del médico de policía, y que el daño moral surgía in re ipsa de los hechos acontecidos, no consiguiendo demostrar con lo argumentado que la solución que propone sea claramente aplicable en la especie, ni logrando desmerecer el razonamiento de la Alzada en orden a que el informe pericial (realizado catorce años después de los hechos) carecía de respaldo en constancias probatorias contemporáneas al accidente, y a que no se habían acreditado consecuencias de lesiones que hubiesen padecido los actores que pudiesen haber incidido en su persona, bienes, afectos o estabilidad espiritual. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Revocación de sentencia, convenio de honorarios, firma de las partes
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en D-036.900/2021 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala IV[1]Vocalía 12) Ejecución de honorarios: Castro, Hugo Raúl c/ Clínica Ledesma S.R.L. y TPC Compañía de Seguros S.A. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-03-12

Revocó la sentencia de la Sala IV de la Cámara Civil y Comercial entendiendo que el convenio de honorarios objeto del litigio existió como acto jurídico válido y oponible , tuvo en cuenta el art. 1013 del C.C. que dice: "Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en varios ejemplares, no es necesario que la firma de todas las partes se encuentre en cada uno de los originales; basta que cada uno de éstos, que esté en poder de una de las partes, lleve la firma de la otra". En la causa surgió probado que se firmaron 3 ejemplares y que la firma perteneció al profesional, además, consideró aplicable al caso concreto la Ley nº 24.432 que modificó el art. 1627 del Código Civil, y entendió que por la naturaleza de la misma, no entraba en conflicto con el poder de policía local; y aplicó la doctrina de los actos propios y principio de probidad establecido en el art. 8 del C.P.C
Recurso de inconstitucionalidad, pronunciamiento inoficioso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bosch, Pablo c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

En el caso habrá de considerarse -como tienen reiteradamente dicho esta Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que los pronunciamientos deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso extraordinario y a pesar de que con anterioridad se hubiere admitido formalmente la queja por denegación del recurso, tanto como que la subsistencia de tales circunstancias puede ser ponderada de oficio por la Corte, pues su desaparición importa la del poder de juzgar, que ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un caso o controversia, lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen, y como requisito de admisibilidad común a todo recurso, merece especial ponderación la existencia de gravamen o perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable, pues el Tribunal carece de competencia para expedirse sobre cuestiones ab initio inoficiosas, inútiles, abstractas o hipotéticas, o que se tornan tales por sustracción de materia, aconteciendo ello en la especie, en virtud de que al ya haberle la Cámara de Diputados de la Provincia tomado juramento al impugnante como legislador integrante de dicho Cuerpo, se sustrajo toda posible materia litigiosa de la presente causa, haciéndole perder a esa parte actora el interés sustancial en la resolución de su recurso de inconstitucionalidad, configurandose una situación fáctica que disipa los gravámenes oportunamente planteados ante esta Sede, quedando demostrada -en consecuencia- la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJN: Fallos:328:1488; 331:2309; 308:1223; 313:584; 314:1834; 316:3130; 311:787; 306:1125; 308:1489; 256:327; 243:146 y 286:220; CSJStaFe: AyS T 271, p 315; T 112, p 197; T 113, p 260; T 119, p 376; T 146, p 32; T 150, p 377; T 223, p 410; T 271, p 315 y T 310, p 326.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), homicidio, conductor
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Berlari, Walter Darío c/  s/ homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Respecto a la alegada vulneración del principio de congruencia en el entendimiento de que la Cámara contradijo la dinámica del hecho plasmada en la sentencia de grado al sostener que los disparos se habrían efectuado desde el lado del conductor del vehículo -lo que resultaría contrario a lo afirmado por la principal testigo de cargo y por el Médico Forense que realizara la autopsia-, de la lectura del recurso directo se advierte claramente la falta de cumplimiento de la carga impuesta en el artículo 8 de la ley 7055, en tanto la quejosa no rebate eficazmente lo expuesto por el A quo en el auto denegatorio, en torno a que de un análisis integral de la sentencia se desprendía con claridad que la referencia al lugar desde donde se efectuaron los disparos había sido la derecha del interior de un auto que seguía desde atrás a la víctima hasta ponerse a la par, ocasión en la que desde tal ubicación se produjera el ataque letal, ante lo cual -concluyeron los Judicantes- la observación de la recurrente partía de un mero error de tipeo por cuanto debió insertarse la palabra "acompañante" y no "conductor"; y frente a este argumento esgrimido por la Alzada, la compareciente no logra idóneamente desvirtuarlo con la insistencia de sus postulaciones por violación del principio de congruencia y del derecho de defensa, haciendo alusión a que las mencionadas inconsistencias pondrían en jaque los elementos de cargo, mas -desde la generalidad en la que se presenta- no alcanza con ello a demostrar que la afectación referida tenga sustento en las constancias de la causa. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, integración de la litis, mala praxis, proceso penal, sentencia condenatoria, defraudación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez Domínguez, Ramona c/ Paulone, Juan Carlos y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

En orden a la postulación recursiva de que debió integrarse la litis con la escribana autorizante del acto cuestionado y analizarse su responsabilidad, la Cámara fue clara al sostener que en autos no se discutía la eventual responsabilidad por mala praxis de la escribana interviniente, y que si ante un eventual resultado desfavorable hubiese sido la intención de la demandada accionar contra la notaria, nada impedía que peticionara su citación, lo que no se verifica que hubiera hecho; tampoco acredita la recurrente que los jueces de grado se hubiesen excedido de sus facultades por no correr y ampliar los límites de la cosa juzgada al tolerar una sentencia penal que sería injusta y estaría viciada, desde que la Sala expresó que en sede penal se condenó al demandado, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de defraudación por suscripción engañosa de documentos, por lo que la decisión de la Jueza de la primera instancia se adecua entonces a lo normado por el artículo 1102 del Código Civil, sin que surja en modo alguno de las constancias obrantes en el sumario penal que la acción represiva se hubiera encontrado prescripta y así hubiera sido declarada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Di Monaco, Angela Graciela c/ Municipalidad de Rosario s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

El compareciente no alcanza a controvertir lo expuesto sustancialmente por la Cámara en el auto denegatorio consistente en que en el caso, la resolución impugnada, en cuanto ordenó a la administración demandada que practique una nueva liquidación, no constituye, en principio sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, careciendo el auto atacado del carácter de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055, y que la demandada no logra demostrar que en el sub-lite se configure alguno de los supuestos de excepción que autoricen a sortear la ausencia del mencionado recaudo; y, aun cuando se soslayara dicha circunstancia, el recurso de inconstitucionalidad deducido debe ser desestimado, toda vez que la agraviada no logra demostrar en concreto que lo aquí decidido le irrogue un gravamen irreparable por haber vulnerado la cosa juzgada formal y material que surge del pronunciamiento, dándole a dicho pronunciamiento un alcance que nunca tuvo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALDIC Emprendimientos Inmobiliarios S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

El Tribunal de Alzada desestimó los planteos relativos al exceso de punición, con fundamento en que no podía sostenerse desproporción entre la falta y la sanción, al no haberse demostrado la existencia de elementos que llevaran al convencimiento de su irrazonabilidad o que la sanción aplicada superara el máximo previsto legalmente, y que las razones invocadas por la accionada no devenían arbitrarias por encontrarse expresamente fundadas en la normativa aplicable y en los hechos acreditados; rechazando asimismo la defensa de prescripción sustentada en que la sanción se había impuesto transcurridos 2 años (conforme el artículo 32 del Código de Faltas provincial aplicable por analogía) desde las acciones endilgadas, refiriendo los Sentenciantes que la accionante no se hacía cargo de que el hecho constatado y la notificación del cese habían tenido efecto en el tiempo de la conducta infraccional, habiéndose aprobado en fecha posterior el estudio de impacto ambiental condicionado a la presentación de determinados requerimientos que había motivado intimaciones a la empresa; y aludiendo por lo demás a que de las actuaciones administrativas no surgía la existencia de interrupción del procedimiento sustanciado en un plazo razonable, no configurándose inacción o falta de impulso del procedimiento por parte de la aquí demandada por el plazo de prescripción.
Perspectiva de género, expresiones incorrectas
Materia: PENAL
Carátula: ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: A. I. M. C/ H. R.M. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-04-10

Asimismo, se efectuó un llamado de atención (art. 17.1 y 18.2 LOPJ) al abogado patrocinante del demandado por el contenido del escrito de contestación de demandada, quien debe además realizar una capacitación en perspectiva de género.
Trámites judiciales, sentencia de primera instancia, recurso de apelación (procesal), desistimiento, concursos, propuesta de acuerdo preventivo, recurso de inconstitucionalidad, rechazo in límine, falta de legitimación para obrar, defensa en juicio, debido proceso, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

De las constancias de autos surge que el trámite en la segunda instancia no se ha completado en legal forma, al no imprimirle la Cámara el iter debido -la sustanciación prevista en el artículo 4 de la ley 7055, así como también el dictado del pronunciamiento correspondiente-, en tanto la Alzada, al desestimar de plano el recurso excepcional incoado, con base en que la recurrente no habría participado como apelante ni como apelada en la segunda instancia, por haber desistido de los recursos interpuestos contra la resolución de grado que había rechazado su impugnación del acuerdo preventivo, y que la cuestión constitucional acusada no habría sido sostenida en todas las instancia, desatendió las circunstancias particulares del sub lite y lesionó el derecho de defensa en juicio de la quejosa, puesto que al coartar el Tribunal a quo la posibilidad de que la postulación esgrimida siguiera el cauce previsto en la ley 7055, al decir que se daría una suerte de per saltum no reglado, no tuvo en cuenta que la recurrente luego del fallo de baja instancia no experimentó una diferencia perjudicial entre lo pedido y lo decidido por el magistrado de grado. (Del voto de los Dres. Gutiérrez, Erbetta y Spuler) - Jurisprudencia vinculada: Vicentin S.A.I.C., 2024:455, sumario J0053004
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, clausura preventiva, secuestro de bienes, revisión judicial, Ministerio Público Fiscal, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, debido proceso, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, Roberto Carlos y otros c/  s/ 102 - Portar armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-10

Conforme la ley de procedimiento contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre medidas precautorias -artículo 19- y su relación con el control judicial cabe destacar que en caso de aprehensión y clausura preventiva el procedimiento admite la intervención inmediata del juez -artículos 23, 32 y 33-, y en caso de secuestro de bienes o inmovilización de automotores la comunicación debe ser al Ministerio Público -artículo 22-, y si las ratifica debe hacer lo propio con el juez dentro de las dos horas siguientes, debiendo resaltarse que todo ello se entiende enmarcado en el artículo 120 del código procesal penal local que habilita al afectado a requerir al juez la revisión de la medida, pues de lo contrario se desconocería el control judicial que la ley procesal ordena sobre las medidas precautorias en violación a las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional.