marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, empleo público, escuela de policía, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aramburu, Guillermo Oscar c/ Jefatura de la Policía de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23

Analizado el planteo de parte, el dictamen del Sr. Procurador General y el voto precedente, me permitiré disentir con las soluciones que ambos proponen para la controversia y que implican la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo intentada. Considero que en un análisis prima facie se evidenciaría, en su caso, la arbitrariedad de la Resolución Interna de la Jefatura de Policía que excluye al ocurrente del curso de aspirantes de agentes de la Institución, fundándose para ello en la eventual condición de partícipe necesario en delito de acción pública de su progenitora, (luego absuelta por la Cámara Criminal de Segunda Nominación, según consta en acta de veredicto obrante en autos). Desconociendo el acto administrativo cuestionado la naturaleza personal de la responsabilidad penal atribuida a la progenitora, no correspondería la afectación de su hijo, circunstancia que vulneraría garantías constitucionales del ahora accionante y que justifica la declaración prima facie de admisibilidad de la acción interpuesta. Es mi voto. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia
Prueba, hechos nuevos
Materia: CIVIL
Carátula: KLOSTER DE PELIZARI NORMA c/ GRANDA ARISTIDES ANIBAL s/ PROCESO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-08-03

Para poder agregar como prueba la documental antes omitida deben darse razones suficientes y verosímiles, lo que no corresponde cuando lo que se pretende agregar son rectas médicas con fecha anterior a la demanda.-
Principios procesales, buena fe, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ASESORIA DE FAMILIA Nº 2 c/  s/ Declaración de abandono y estado de preadoptabilidad de R. V., K. A. y V.,  L. M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-18

Sumario relacionado con sumario n° 14796.
Presunción de contrato de trabajo, ejercicio profesional, interpretación de la ley, trabajador en relación de dependencia, prueba, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: CONSORCIO HIDROSERVICE HIDRENED c/ C.A.S.F.E.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

La presunción del art. 23 de la L.C.T. no puede ser interpretada globalmente, sino respecto de todo y cada uno de los profesionales por quienes debería efectuarse el aporte, pues para el caso de aportes y/o contribuciones en función de una relación dependiente, debe acreditarse la misma en cada uno de los casos en que se pretende que la vinculación laboral genera obligaciones de tal tipo.
Responsabilidad del Estado, policía federal, portación de armas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Sayago  Horacio  Adrián  y  otro c/ EN  -PFA y Otro s/ Daños yPerjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

Si los agentes policiales están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la población, y en su consecuencia, a portar el arma -más allá de que tal portación haya sido regulada como un derecho o una obligación- resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la colectividad en general y no sólo por los damnificados, ya que si tal protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella (Fallos: 327:5295 y 317:1006) (Del voto del juez Grecco, cons. 3).
Daños y perjuicios, indemnización, falsa denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: DI RIMINI, Mario Oscar c/ FERNANDEZ, Alfredo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-21

3- La denuncia o querella calumniosa involucrando un verdadero acto delictuoso, son aptas por sí solas para hacer viable el juicio civil por resarcimiento de los agravios patrimoniales y no patrimoniales soportados, los cuales pueden tener su raíz no ya en el dolo sino en la negligencia, imprudencia o ligereza con que haya procedido el denunciante o querellante.-
Honorarios, apoderado, doble regulación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

Los honorarios de los letrados actuantes en juicio reconocen como causa, el cumplimiento de las tareas por los profesionales aludidos y su apreciación y valoración por el Tribunal interviniente.

En general, estas tareas se prolongan en el tiempo y la situación jurídica no queda constituida mientras no se hayan integrado todos sus elementos, de modo tal que deben ser juzgadas de acuerdo a la ley vigente en el momento en que se complete el proceso de gestación.

Se trata estrictamente del llamado "efecto inmediato" de las nuevas leyes, que atrapan a todas las situaciones jurídicas en curso de constitución, sin que ello vulnere en manera alguna el principio de irretroactividad que solamente veda aplicar la nueva ley a situaciones jurídicas definitivamente constituidas.

La valoración judicial de los trabajos cumplidos constituye un elemento integrativo de la situación jurídica, de modo tal que sólo puede hablarse de consolidación jurídica de esta última, cuando el juez merite los respectivos trabajos de acuerdo con las pautas caulitativas y cuantitativas que el ordenamiento arancelario le marca, lo que debe hacerse aplicando la ley vigente al tiempo de practicar la regulación de honorarios, independientemente de que algunos elementos de esa situación jurídica se hayan originado durante la vigencia del anterior ordenamiento arancelario.

Estos conceptos se adecuan al régimen contenido en el art. 120 de la ley 8226, en tanto dispone la aplicación del mismo desde su entrada en vigencia a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado la misma.

No cabe acceder a la regulación por la doble tarea cumplida (como patrocinantes y procuradores), pues el derecho a la regulación debe juzgarse bajo amparo de la ley 8226, ya que la situación jurídica en curso de constitución recién se consolida con este procedimiento Siendo así la clara prescripción del art. 46 ley cit. veda el derecho a regulación cuando el mismo profesional ha cumplido ambas tareas en juicio.-
Recurso de casación, improcedencia del recurso, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: R. G., A. A. c/  s/ Queja (En: R. G., A. A. S/ Abuso sexual agravado por el vínculo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

De acuerdo con la doctrina legal que rige el caso, para admitir el recurso de casación es necesario hacer un análisis que comprenda la presentación de una crítica concreta y razonada, tarea que la Cámara en lo Criminal llevó a cabo adecuadamente y concluyó en el incumplimiento de tal exigencia. Asimismo, dicha negativa resulta fundada puesto que los agravios vinculados con aspectos de hecho y prueba eran una mera reiteración de lo ya expuesto en el debate y tratado en la sentencia. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Denegatoria del recurso, falta de acción, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Soria, Aníbal Raúl Ramón. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión del "a quo" mediante la cual confirmó el rechazo a la excepción de falta de acción; y, por mayoría, sin costas. Los recurrentes no han logrado demostrar la alegada arbitrariedad de lo resuelto por el "a quo". Contrariamente, su crítica se presenta como una mera disconformidad con la interpretación de los hechos y el derecho efectuada en autos, con fundamentos suficientes, por las dos instancias jurisdiccionales anteriores. En efecto, las decisiones dan cuenta, con debida argumentación respaldatoria, de la falta de identidad del objeto de las causas, aunque hubieran tenido lugar en el mismo período de tiempo y en los mismos lugares de explotación y acogimiento, en tanto cada uno de los casos resultan materialmente escindibles entre sí, como hechos autónomos e independientes (concurso real, art. 55 del C.P.). De modo tal que siendo distintas las presuntas víctimas alcanzadas por los sucesos de uno y otro expediente (cuestión no controvertida por las defensas), el juzgamiento de los 16 casos integrantes del objeto procesal de la causa FMP 32005377/2008 no resulta un obstáculo para la tramitación de la presente causa FMP 22534/2014, cuyo objeto procesal está constituido por otros 28 casos (ajenos al objeto del primer juicio), aunque hubieran tenido lugar en el mismo período de tiempo y en los mismos lugares de explotación y acogimiento.
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Irch, Roberto Francisco c/ Graziano, José M.P. y-o Estab. Maderero Graziano s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-26

Es al momento de ejercer la opción que el presunto damnificado por un accidente de trabajo debe sopesar con prudencia las circunstancias que deberá acreditar y la posibilidad de hacerlo teniendo en cuenta las dificultades que puede plantearle en caso concreto, porque las consecuencias de una elección desafortunada en aras de obtener una reparación integral, pueden ser mucho más perjudiciales que la limitada indemnización que le otorga la ley específica.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, costas, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LEGUIZA, DANIEL DIEGO c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

Las costas deben ser soportadas en el orden causado, desde que el fallo "Soria" de esta Corte provincial fue posterior a la fecha del dictado del Acuerdo de Cámara, y esta decisión importa una nueva doctrina jurisprudencial sobre el tema. - CITAS: CSJStaFe: Soria, AyS T 291, p 244/248.
Competencia por el territorio, contenido de la demanda, contrato de obra, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: R., J. G. y otros c/A. COM SRL y otros s/sumarísimo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-24

El Superior Tribunal de Justicia sostiene que para determinar la competencia, ha de estarse al contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal. Las constancias de la causa demuestran que el juez competente para entender en el caso, es el que corresponde al lugar del domicilio del demandado a tenor de lo dispuesto por el art. 5 inc 3 del CPr. Esta alternativa es la que corresponde, dado que la sociedad aquí accionada es una tercera ajena al contrato de locación de obra invocado, cuyo derecho de defensa debe ser protegido.
Defensa del consumidor, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., J. L. c/ TELEFONICA MOVIL ARGENTINA. s/ APELACION S/ CASACIÓN. (Expte. N° 26426/13 -STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-20

Si bien la mencionada graduación de la sanción es potestad discrecional de la autoridad de aplicación, lo cierto es que una vez ejercido el control judicial de legalidad y razonabilidad, la jurisdicción se encuentra en condiciones de evaluar si se ha procedido al cumplimiento de la normativa aplicable o si en tal procedimiento se ha procedido a una eventual arbitrariedad.

En el caso bajo análisis se advierte que la Dirección de Comercio Interior ha procedido a ponderar la actividad que desarrolla la recurrente, la posición que la misma ocupa en el mercado, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, los intereses comprometidos, el desmedro potencial de los usuarios del servicio de televisión satelital, y el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria, resultando de ello que el monto de la misma respeta los límites legales impuestos en consideración a los parámetros expuestos, así como en función de las infracciones comprobadas, concluyéndose que el monto de la multa encuentra adecuado sustento en los extremos de hecho y de derecho expuestos. (Del voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Libertad de expresión, publicación periodística, interés público, injurias, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

El término "siniestro" en el título de la noticia publicada para referirse a un funcionario público y describir los hechos que se vinculaban de manera directa con un interés público e institucional en el ámbito universitario, no contiene una expresión ajena al comentario de los acontecimientos expresados en la nota y, si bien es probable que haya molestado al demandante, no constituye sino uno de los precios que hay que pagar por vivir en un Estado que respeta la libertad de expresión por lo que la decisión que lo responsabilizó constituye una restricción indebida a ésta que debe ser revocada. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Administración Pública, facultades disciplinarias, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, incompetencia, control de razonabilidad, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORATA, RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 202-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-20

Si bien en principio los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias de la Administración son excluidos del control de la Corte Suprema (art 12, inc c) de la ley 4106), tal exclusión no alcanza -al menos a los efectos de decidir la admisibilidad de la impugnación- a los supuestos en que se invoque existencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales. Asimismo, pertenece a la Corte Provincial verificar si los motivos del acto administrativo son congruentes con el orden jurídico integral y están orientados al bien del servicio, y si obedece al presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, que -en cualquier campo de su actividad- es la realización del interés público, por cuanto en el momento en que se demuestre una manifiesta ausencia de esa finalidad en sus decisiones disciplinarias, procederá la revisión jurisdiccional, aún en el área normalmente exenta de ésta.
Régimen penal aduanero, infracciones aduaneras, contrabando
Materia: PENAL
Carátula: Lanart, S.A.C.I.F.I. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-21

El supuesto delictivo del art. 864, inc. b) del Código Aduanero abarca los casos en que se realizan declaraciones falsas en los despachos de importación o exportación con el propósito de hacer variar el tratamiento aduanero o fiscal de las mercaderías documentadas, aunque no hubiese mediado un artificio con idoneidad suficiente como para impedir o dificultar que la autoridad aduanera advirtiera la falsedad de esas manifestaciones. Es decir que basta para su punición hecho probado de que la intención del sujeto activo fuera la de burlar al servicio aduanero con una manifestación falsa, orientada a conseguir para la mercadería en tránsito de exportación o importación, un régimen aduanero o fiscal extraño al de regular aplicación en ese operativo. La infracción aduanera consagrada en el art. 954, inc. a) del Código Aduanero queda excluida cuando media el inequívoco propósito e intencionalidad exigidos por la ley, precisamente, por el tipo delictivo en análisis (Voto del Dr. Bisordi, por la mayoría).
Docentes, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molina, Pedro y otros c/ Provincia del Chaco s/ Medida de no innovar. Molina, Pedro y otros c/ Provincia del Chaco s/ Medida de no innovar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-07-13|1995-07-13

La opción realizada por los peticionantes de autos (pase a planta permanente del (INSSEP), prevista en el art.5 de la ley 4009, demuestra que en virtud de tal normativa, sabían que tal opción suponía el cargo de la categoría inicial del escalafón respectivo, aunque pudieron no conceder la forma en que se iba a instrumentar tal traspaso. Por ello, no se puede afirmar ,prima facie que los mismos fueron sorprendidos por un acto arbitrario de la administración. Tal conocimiento por parte de los actores, y la opción realizada expresamente a través de una declaración jurada al efecto, cuestiona seriamente la verosimilitud del derecho que invocan, y, aún cuando ésta debe ser entendida como la probabilidad de que el derecho exista, el mismo no surge, prima facie, haciéndose necesario un exhaustivo análisis, máxime teniendo en cuenta lo manifestado por los peticionantes en el sentido de que fueron presionados para tomar tal decisión.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del concesionario (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.V.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que estableció la responsabilidad de la concesionaria vial de una ruta por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito acaecido con motivo de la presencia de un animal suelto en esa vía, si la demandada no probó siquiera que en la zona hubiera señales indicativas de la presencia de animales en la ruta, ni acreditó que el actor hubiera sido anoticiado de ello de algún modo, como tampoco hay constancia de que la concesionaria vial hubiese encauzado gestiones o reclamos ante la autoridad pública enderezados a evitar la presencia de semovientes (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Simple damnificado, honorarios del abogado
Materia: PENAL
Carátula: Guevara Héctor Daniel s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-26

La intervención del particular damnificado como coadyuvante de la acción fiscal, en los delitos que dan lugar a la acción pública, es contingente y depende de la voluntad del mismo; por lo que no resulta justo incluir dentro de las costas impuestas al condenado la obligación de pagar los gastos que aquella presentación, prescindible en el proceso, irrogare. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, culpa civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espinosa, Alberto Antonio c/ De María, Adrian Carlos y ot. s/ Resol. de Contrato y Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Conforma una condición necesaria para la existencia de responsabilidad civil que al deudor se le pueda imputar culpa en el incumplimiento de una obligación que penda sobre su cabeza, esto es, haber obrado reprochablemente, pretiriendo adoptar aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Dicho de otro modo, configura comportamiento culposo, cualquiera sea la clase de obligación, la omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño (arts. 511, 512, 902, Código Civil).
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roberto Mario GIANNATTASIO s/ CORTE  SUPREMA  -  SENTENCIA - RECURSO EXTRAORDINARIO - PROCEDENCIA -  EXCEPCION DE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Siempre que esté en tela de juicio la interpretación de sentencia de la Corte en la que el recurrente funde el derecho que estima asistirle, se configura una hipótesis que hace viable el remedio federal. Sin embargo es indispensable para su procedencia que medie un desconocimiento, en lo que es esencial, de lo dispuesto por el tribunal.
Juicio ejecutivo, liquidación, intereses, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: COUSO, Alberto Ramón y otros c/ PORTO, Ana Ester y otro s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La cuestión atinente a la tasa de interés a ponderar en los juicios ejecutivos, debe ser objeto de consideración en la etapa correspondiente a la liquidación definitiva; ello, en razón de ser tal el temperamento impuesto por la normativa vigente, así como por resultar pertinente, atento las fluctuaciones que en el mercado financiero pueden registrarse entre el tiempo del dictado de la sentencia y el de la formulación de la liquidación definitiva.
Acción de amparo, competencia contravencional, plazos procesales, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Martínez, María del Carmen y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

El Consejo de la Magistratura mediante resolución 359/CM/2000 estableció que "los juzgados de Primera Instancia en lo Contravencional continuarán los procesos de amparo de competencia Contencioso Administrativa, iniciados o a iniciarse pero con anterioridad al 9/10/2000, hasta su conclusión"-(Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo).
Recurso extraordinario, interpretación de leyes federales, doctrina de la arbitrariedad, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: PEPSI COLA ARGENTINA S.A. s/ Lealtad Comercial Causa 33895-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-28

1- Las cuestiones de hecho no autorizan el recurso extraordinario, no bastando las discrepancias que el recurrente puntualice respecto del criterio seguido por el Tribunal para habilitar dicha instancia excepcional.- 2- Para hacerlo es preciso que en el caso esté involucrada una cuestión federal y no es tal la mera reserva en abstracto de recurrir a la instancia de excepción invocando ciertas normas de esa índole sin explicar su relación concreta con las circunstancias de la causa.- 3- No cabe invocar la arbitrariedad para la instauración de una tercera instancia de debate de cuestiones no federales, por su naturaleza ajenas al remedio intentado, sino para aquellos casos de defectos graves de fundamentación o razonamiento que priven a la sentencia del carácter de acto jurisdiccional (CSJN-FALLOS 308:1372).- 4- La interpretación de una ley federal permite la apelación al máximo Tribunal Federal, cuando la decisión definitiva adoptada ha sido contraria a dicha pretensión (art. 14, Ley 48).
Sobreseimiento, interpretación de la ley, pluralidad de imputados, cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: BIONDI, Rosina s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

El sobreseimiento comprende a personas imputadas y no a hechos, por lo tanto existe posibilidad de continuar el proceso respecto de otras personas pues sus efectos no se extienden erga omnes; es así que, según la ley 23.984, la resolución en cuestión sólo hace cosa juzgada respecto de quien se dicta, e impide una nueva persecución penal en esos casos. En consecuencia no se sobresee en la causa sino respecto de personas determinadas.
Condominio, facultades de los condóminos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domínguez, María Esther y otros c/ Giusti, Elvira Susana s/ Cobro de alquileres (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

Como el derecho al uso y goce de las cosas comunes pertenece por igual a todos los comuneros (art. 2684, Código Civil), la privación que unos sufren en beneficio de otro puede serles compensada en dinero.