Tribunal: CAMARA DE APELACION EN LO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-27


eg.: A y S t 240 p 036-038. Santa Fe, 27 de abril del año 2.011.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el querellante contra la resolución 487 del 12 de junio de 2009 dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Vera en autos "CH., Juan Antonio contra R., D. y otros -Querella por injurias- (Expte. 233/07)" (Expte. C.S.J. N° 251, año 2010); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de primera instancia -en lo que a este remedio concierne-hace lugar a la demanda por daños y perjuicios limitándola exclusivamente al daño moral, cuantificando el monto del mismo en $3000 para cada uno de los demandados.

La Sala revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en lo que hace a la admisión de reparación del daño moral reclamado por el actor, rechazándose íntegramente la demanda, con imposición de costas al accionante.

Es este último pronunciamiento el que se ataca a través del recurso de inconstitucionalidad local, tachándolo de arbitrario por prescindir de prueba decisiva; invocar prueba inexistente y contradecir inequívocas constancias de autos.

El querellante afirma que la prescindencia de prueba se configura al soslayar derechamente la prueba decisiva que en forma clara, acabada y concreta demuestra la "empresa difamatoria" montada por los querellados para denostar, injuriar y desacreditar públicamente al señor Juan Antonio CH..

A su juicio, el Tribunal invoca prueba inexistente al señalar que la honorabilidad del querellante se encontraba devastada antes del programa difamador debido a su presentación concursal, ya que ello no fue invocado por los querellados y no es un hecho probado en la causa.

Destaca que la presentación en concurso preventivo, en si mismo antipático para algunos, no puede constituir un "bill de indemnidad" o vía libre para injuriar, denostar y humillar públicamente al concursado.

Asevera que la Sala contradijo constancias inequívocas de autos, transcribiendo los dichos vertidos en el programa "La región por dentro", dirigido por la querellada M. D. R..

Resalta, en relación a ello, que se montó una suerte de "libreto incriminatorio" en el que, alternativamente, la periodista y los invitados al programa vertieron opiniones injuriantes relativas a "industriales enormemente ricos con empresas quebradas"; "un deleznable productor" que "antes de decretarse su concurso" ha "invertido miles de pesos en la compra del champagne más caro para poder festejar por largo tiempo una de las maniobras más descaradas y fraudulentas". Realiza posteriormente una enumeración de las frases utilizadas por los querellados, entre las que se incluyen los calificativos de "inescrupulosos", "ominosos", capaces de "defraudar", que "le faltaba moral" y a los que "tienen que meter presos" (f. 22).

La Sala denegó la concesión del remedio intentado lo que motivó la presentación directa de la quejosa por ante esta sede (f. 42).

2. La presente impugnación, se adelanta, ha de prosperar parcialmente.

2.1. Es que, en esencia, el fallo cuestionado hace eje en la ausencia de la demostración del daño en relación a las presuntas injurias proferidas por los querellados, rechazando la existencia del mismo, tanto en el rubro daño material, como moral.

En esta linea, destaca la Sala que "...más allá que los condenados G. y V. lo hacían representando a las firmas que integraban pudieron haber efectuado expresiones desafortunadas, producto de la exaltación propia del momento que estaban viviendo, sus dichos de manera alguna pudieron afectar intereses patrimoniales o extrapatrimoniales del querellante, habida cuenta que el descrédito que se dice haber sufrido, amén de no haberse demostrado en forma concreta, cierta y acabada, lo venía soportando CH. por su inesperada presentación concursal. El resarcimiento siempre debe estar conectado con un nexo inequívoco al hecho provocador del mismo y para ello la demostración debe ser cierta y contundente, cosa que en autos no se ha dado." (f. 13v).

Frente a ello, el recurrente refiere que las ventas del querellante disminuyeron a partir de las injurias de los querellados y no frente a la presentación en concurso.

Sin embargo, tales aseveraciones no demuestran que la respuesta jurisdiccional brindada haya sido grosera, ilógica o irrazonable en relación al rubro correspondiente al daño material, que el propio recurrente justifica a partir de una merma en su actividad comercial, y, en tal sentido, no representa un absurdo la afirmación de la Sala en cuanto a la incidencia de la presentación concursal sobre este aspecto.

En esta inteligencia, los reparos planteados no logran traspasar el límite del simple desacuerdo con respecto al mérito que de las probanzas arrimadas al proceso hicieran los magistrados intervinientes en uso de facultades propias. Y sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del impugnante con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, pág. 102; T. 101, pág. 408; Fallos: 297:29; 307:716); ni puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en cuestiones que les son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, etc.).

En suma, con referencia al rubro daño material, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

2.2. Ahora bien, en vinculación con el rubro daño moral, la postulación del recurrente cuenta -"prima facie"-con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir parcialmente la queja según lo expresado en el apartado 2.2., y conceder -en dicho aspecto-el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución al recurrente del depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.: FALISTOCCO-ERBETTA-GASTALDI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)