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Retiro policial, haber de retiro, reajuste jubilatorio, prescripción, prescripción anual, prescripción bienal, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley, aplicación de la ley previsional, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DONDI, MARIO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

En los autos Jaroslavsky, Bernardo (fallo del 26.02.85) la C.S.J.N., al dejar sin efecto la sentencia apelada que hiciera lugar a la defensa de prescripción anual opuesta por el ente gestor frente a una solicitud de reajuste de haberes relativos al beneficio ya acordado, estableció -sobre la base de los fundamentos del dictamen del Procurador Fiscal- que la prescripción a aplicar en la especie era la bienal por cuanto la prescripción anual prevista en el art. 82 de la ley 18.037 viene indicada para regir el pago de haberes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio, mientras que los devengados con posterioridad a ese acto, el plazo por cuyo transcurso quedaría extinguido el crédito es de dos años, conforme con lo previsto en dicha norma. La misma interpretación debe efectuarse con respecto a la ley 23.267, dada su similitud con el art. 82 de la ley 18.037 -así también lo entendió la Sala I de la C.F.S.S. en autos Musto, Rubén Nicolás c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, sent. del 20.05.99-
Salud mental, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: "A. M. I. N* 1 c/ (A., J. V.) s/ INSANIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-16

La sanción de la Ley 26657 de Salud Mental - publicada en el B.O. el 03-12-2010 -, la cual "tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional" (art. 1).
Indemnización, acción civil
Materia: PROCESAL -CIVIL
Carátula: DIAZ, ADOLFO RAUL s/ HOMICIDIO  -  EXCESO  CUMPLIMIENTO DE UN DEBER - INDEMNIZACION - DAÑO  MORAL - DAÑO MATERIAL - PENA - INHABILITACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-31

Toda lesión física de carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que la víctima se vi o privada, aún cuando no ejerciera ninguna actividad lucrativa, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad integrante considerada.

La incapacidad física muestra dos rostros: uno que se traduce en la minoración de las posibilidades de ganancias connatural con el ser humano en el empleo de sus energías y otros una incapacidad transitoria o permanente o bien definitivamente perdida.

Toda disminución de aptitudes o facultades importa una lesión patrimonial que corresponda reparar, pues la incapacidad no sólo debe medirse en el aspecto del trabajo, sino también en cuanto se relacione con todas las actividades de la víctima y la proyección que el accidente tiene sobre la personalidad integral.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, cuestión constitucional, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CAJA ADMINISTRADORA DEL FONDO ESPECIAL DEL SEGURO  C.A.F.E.S. c/ VISICH, Jorge Hernán s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-11

Es extemporánea la cuestión constitucional que pretende introducirse en la instancia extraordinaria, referida a la aplicación de la Ley 23928, cuando el pronunciamiento de primera instancia ha juzgado aplicando sus preceptos, no obstante lo cual el recurrente omitió someter el caso constitucional al tribunal de apelación.-
Rebeldía, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO, CLAUDIO c/ OBRAS ARGENTINAS SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-08

El ritual establece que la declaración de rebeldía se notificará por cédula o, en su caso, por edictos cuando no existe domicilio conocido -art.145 C.Procesal-, pero habiendo, allí debe notificarse, atento la trascendencia que tal declaración reviste para el rebelde y además porque en todos los casos de rebeldía inicial o sobreviniente, la ley al ordenar la notificación por cédula, parte del presupuesto de que sólo hay domicilio real.-
Imputado, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: LEONARDO AGUSTIN DIAZ c/ LITVAK DE DALALE, NORA ESTHER s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-03

El comportamiento imprudente es el que con arreglo a las circunstancias del caso es atrevido, riesgoso o peligroso para las personas o bienes. Es el que realiza acciones que no ha meditado previamente, hace más de lo que debe y a ello llega por omitir el deber de cuidado. Establecer un límite entre lo prudente y lo imprudente no lo pueden establecer ni el juez ni el agente a partir de las apreciaciones personales, sino que aquel lo debe diseñar el derecho; pero como éste no puede elaborar una cantidad infinita de acciones prudentes e imprudentes, hay que atenerse a una pauta general en el sentido de afirmar que es imprudente quien no cumple con el deber de cuidado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cambio de calificación legal, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SANCHEZ, José Manuel s/ INFRACCION A LA LEY DE ENROLAMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Corresponde denegar el recurso extraordinario interpuesto, pues el cambio de calificación en la acusación fiscal no surte una cuestión federal que pueda fundar el mismo.
Proceso penal, reformatio in pejus, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Albornoz, Juan Carlos s/ Infracción artículo 6x, ley 20.771 -Causa nx 2901-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

La prohibición de la reformatio in pejus en materia penal se sostiene sobre dos recaudos: falta de recurso acusatorio y agravación de la pena.
Empréstito, emisión de bonos, bonos de consolidación de la deuda provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TARRAB S.A. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-18

Puede afirmarse que el sistema de la ley 5728 (B.O. 20/08/1985) que implementó un empréstito con la finalidad de obtener financiamiento para el Tesoro de la Provincia, mediante la emisión de bonos de cancelación de deudas en títulos al portador con las formalidades de los arts. 744 y 745 del Código de Comercio, fue una operación de crédito público, surgida de un acto político en ejercicio de soberanía, aprobado por el Poder Legislativo Provincial, que originó relaciones jurídicas de derecho público respecto de los tenedores de los títulos.
Estado, Administración Pública, facultades discrecionales, política salarial, revisión judicial, registro del estado civil y capacidad de las personas, remuneración, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Leiva, Juan Carlos y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 708-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

El órgano jurisdiccional no puede sustituir a la Administración "en la apreciación de la conveniencia, mérito u oportunidad de un determinado régimen salarial, porque ello importaría invadir la esfera propia de sus potestades, contrariando el principio republicano de la división de poderes (conf. criterio de Fallos 135:113; 136:161; 153:146; 170:158; 181:264; 261:361; 312:122); siendo que "...la misión más delicada de la justicia...es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones..." (Fallos 155:248; 272:231; 302:232). Por tanto, en el sub-judice, cabe rechazar in limine la pretensión de los recurrentes -empleados del Registro Civil- enderezada a que este Tribunal se pronuncie sobre la legitimidad de un acto administrativo que en definitiva habría importado la supresión de un régimen salarial según el cual "todo incremento reconocido por la autoridad administrativa a los agentes del Poder Judicial, era trasladado en forma automática y en exacta proporción, a los empleados de la Dirección del Registro Civil...".
Prescripción, daños y perjuicios, Transporte, efectos de la sentencia penal en sede civil, sobreseimiento provisional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TORRICO VELAZCO, Felipe c/ SANCHEZ, Luis Alberto y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Del voto de la mayoría (Dres. Fermé y Ojea Quintana): La circunstancia de que el juez en lo penal aluda a un delito de lesiones culposas, es insuficiente como calificación a los efectos de la opción que habilita el art. 1107 del Código Civil si se procedió a sobreseer provisoriamente al imputado. La calificación del hecho fuente como "delito del derecho criminal" no puede ser realizada en abstracto, sino como acto imputable a un autor. En tales condiciones, tratándose de un contrato de transporte, el plazo de prescripción liberatoria es el anual contemplado en el Código de Comercio.-
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Francisco Valentín y otros c/ Torres, Rubén Oscar y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

El ámbito de conocimiento de los Tribunales de Alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del Juez de Primera Instancia, siendo inadmisible la deducción de pretensiones y oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia originaria derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los Tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes.-
Sociedad conyugal, bienes muebles, adjudicación
Materia: CIVIL
Carátula: MACIAS CECILIA HORTENCIA s/ INCIDENTE  DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN AUTOS: MACIAS DE  ARANCIBIA HORTENSIA  CECILIA  Y  ARANCIBIA  JULIO  GABRIEL S/DIVORCIO  VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-12

Los bienes muebles no se describieron en la demanda, limitándose a denunciar como conyugales a los existentes en la propiedad de un tercero y pedir su inventario. Cabe tener en cuenta, además, que el inmueble no era ni tan siquiera hogar conyugal y que la separación de hecho con distintos domicilios data con anterioridad a 1983.

Pretender, pues casi once años después, que todos los bienes muebles existentes en el actual domicilio del ex-cónyuge, sin haberlos siquiera descripto en la demanda, son bienes gananciales y fundándose sólo en la incontestación de ésta carece de sustento legal.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: MINOTTI, ALBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

Si bien la jurisprudencia ha remarcado que en principio correspondería continuar con la sustanciación de las actuaciones a pesar de la incompetencia en función de razones de celeridad y economía procesal (en el caso se ha dictado sentencia sobre el fondo del asunto), cabe declarar la incompetencia del Fuero Laboral en el caso. Es que del propio escrito de demanda surge que los actores han actuado como inspectores de control de ingresos y egresos de personas al país y lo han hecho vinculados con la Dirección Nacional de Migraciones, y ello sumado a que el reclamo de los actores se refiere a incrementos salariales decretados por el PEN, hace necesario desplazar la competencia de Fuero Laboral por cuanto la cuestión en debate no puede para nada quedar enmarcada en el diseño del art. 20 LO
Daños y perjuicios, mala praxis, intervención quirúrgica, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CENICOLA,  Ana  Amelia c/ SNAIDAS,  Lázaro  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

Pesa sobre el actor la carga de la prueba de la culpa del médico con fundamento en que la obligación es en principio de medios y no de resultado, ya que salvo algunos supuestos excepcionales, el médico no está obligado al restablecimiento de la salud, sino solamente a procurarla, aplicando todos sus conocimientos y su diligencia. Tal criterio se encuentra en crisis en razón de la vigencia de la teoría de la carga probatoria dinámica que impone la prueba a quien está en mejores condiciones de producirla, caso contrario puede originar una presunción en su contra. En el supuesto de mala praxis médica indudablemente no es el damnificado, en la mayoría de los casos, quien ocupa tal posición ventajosa. En virtud de dicha teoría, se impone el deber de cooperación que deben asumir los profesionales médicos cuando son enjuiciados. Ello por cuanto quien se encuentre con aptitud y comodidad para prestar su ayuda a esclarecer la verdad, debe hacerlo, destacándose asimismo el valor de las presunciones "hominis" que tienen un papel preponderante en vista a las dificultades probatorias con las que muchas veces se enfrenta el pretensor. En definitiva, en materia de responsabilidad profesional son aplicables los principios para la distribución de la carga de la prueba y cuando la responsabilidad se sustenta en la culpa, en orden a las circunstancias del caso, alcance de la pretensión y defensas, situación privilegiada en materia técnica, etc., el profesional tiene la carga exclusiva o concurrente de acreditar su diligencia, lo que equivale a demostrar que no tuvo culpa. (Sumario N°21120 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Jueces naturales, competencia, garantías procesales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Fernández, Mario Arturo c/ González, Roberto s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos erige al juez "competente" en una garantía judicial indispensable.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Unión Argentina de Artistas de Variedades c/ Spina, Héctor Mario y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Cuando las medidas precautorias causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, ello acuerda al fallo el carácter de definitivo.
Hábeas corpus, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-03

Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Walker, Samuel Mario c/ Bounous Hnos. S.A. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-12

El tribunal de segunda instancia tiene plenitud de jurisdicción, al igual que el juez de primera instancia, para conocer de aquello que fue sometido por la apelación, puede examinar lo que ha sido materia de apelación en todos los aspectos, es decir, asume competencia plena sobre todo el material litigioso.
Contestación de la demanda, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PONCE Juan Alejandro y Otro c/ Bobadilla Manuel y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-09

En la base de las normas y disposiciones procesales subyacen, evidentemente, principios de raigambre constitucional tales como el del debido proceso y el de la defensa en juicio, cuya integridad se hace necesario preservar.

Es de toda justicia que si al actor se le permite, luego de promovida la demanda y hasta que no se haya notificado el traslado de la demanda, ofrecer más pruebas de la que incluyó en la demanda; por iguales motivos corresponde admitir igual temperamento para el accionado mas aún cuando el plazo de conteste no se encontraba vencido.
Procedimiento tributario, obligación tributaria, sanciones tributarias, multa tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Plata Lappas S.A. (TF 15344-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-18

Conforme al texto del artículo 43 de la ley procedimental impositiva, se ha de sancionar a los infractores de las disposiciones contenidas en las diferentes leyes tributarias, de sus decretos reglamentarios o en las resoluciones de la DGI que establezcan o requieran el cumplimiento de los deberes formales tendiente a determinar la obligación tributaria o a verificar el cumplimiento que de ella hagan los responsables.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cabral, Omar Miguel c/ Roude, Abelardo Javier y/o Quien resulte responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-27

La Sala, de acuerdo a la Jurisprudencia vinculante de la Sala Civil del S.T.J.E.R., no reconoce legitimación al simple usuario que no hubiera abonado los gastos de reparación pero, en cambio, si la acuerda a quien reviste el carácter de poseedor -adquirente por boleto de compraventa-, siendo requisito fundamental que esa posesión legítima quede demostrada por el reconocimiento del titular registral que vendió el automóvil al actor. No ocurriendo esto, se tuvo por no acreditada la legitimación en autos.Reiterado en Oliver c/Castro s/Daños y Perjucios, 12-8-99.
Responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: García, Rita Del Carmen s/ Inc. De Apelación En Los Autos "García, Rita Del Carmen C/ Gamboa, Rocío Soledad S/ Denuncia"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-15

La responsabilidad parental difiere del antiguo concepto de patria potestad, en el sentido que ya no se trata de la idea de los hijos como objeto de protección, sino como sujetos de derecho en desarrollo, inmersos en una realidad que se sustenta en el principio de democratización de la familia y de la concepción de los niños en calidad de sujetos de plenos derechos.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, existencia del agravio, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: BOTBOL JOSE c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

Constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad para apelar, la necesidad de que la resolución que se impugna causa al apelante un gravamen o perjuicio, cierto, concreto y actual (conf. Fassi-Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, p. 276, Editorial Astrea, 1989), circunstancia que no se configura en el sub lite. Así, la resolución, en cuanto dispuso correr traslado de lo peticionado por la actora y lo manifestado al presentante, a los efectos de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, resulta inapelable por cuanto nada decidió. En ese sentido, se consideran inapelables por no encuadrar en la categoría prevista en el inc. 3º del art. 242 del Código Procesal, vale decir, que no causan al recurrente un gravamen irreparable, las providencias que ordenan correr un traslado pues nada deciden, o que postergan la resolución sin denegar definitivamente lo peticionado (conf. CNCiv., Sala "D", 27-10-83, L.L., 1984-A-431).
Leyes, trámites judiciales, Poder Legislativo, Cámara de Diputados
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El Reglamento de la Cámara de Diputados italiana, establece preliminarmente cuando las deliberaciones deben ser adoptadas por la mayoría de los presentes y que se debe entender por tal. Esta solución puede ser aplicada a nuestra legislación, atento a la similitud de los textos constitucionales italiano y santafesino. Por el artículo 42 de la Constitución de Santa Fe, el Presidente de la Cámara de Diputados debe observar una abstención obligatoria salvo las excepciones que la norma prevé y completa el Reglamento de la Cámara, en sus artículos 14, 38 y 39 (edición 1963).
Recurso extraordinario, jerarquía de las leyes, Constitución Provincial, conflicto de leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jara,  Mario Alberto c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

La incompatibilidad de las normas locales con la respectiva constitución provincial, no suscita cuestión que pueda dar lugar al recurso del art. 14 de la ley 48, en tanto falta el requisito de resolución contraria a la validez de una norma superior de jerarquía federal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Frente a juicios de monto excepcional debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida, para así acordar una solución justa y mesurada, que tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto -o de las escalas pertinentes- sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que puedan ser evaluadas por los jueces -en condiciones particulares- con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Falsificación de instrumento público, licencia de conducir, participación necesaria, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ RIVOLTA, Marcelo Gustavo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

La licencia de conducir ostenta la calidad de documento público, toda vez que viene determinada por la esfera en que se produce o por el sujeto del cual emana y no sólo abarca a los señalados por el art. 979 del C.C., sino también a los que otorgan o refrendan funcionarios públicos dentro de las esferas de sus competencias y cumplen formalidades legales o reglamentarias que los indican como auténticos.

La circunstancia de que se encuentren asentados los datos personales y la fotografía del incuso en el registro de conducir, implica que este proporcionó esta información, prestando una colaboración indispensable para su confección (del voto del Dr. González Palazzo).

El hecho de que licencia de conducir exhibida por el imputado le haya resultado al preventor apócrifa a simple vista no impide tener por acreditada la conducta típica (del voto del Dr.

González).

Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito de falsificación de documento público, en calidad de partícipe necesario (arts. 292, primer párrafo, del C.P.).