Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2007.

El doctor Julio César Simon dijo:

La sentencia definitiva de fs. 192/201 recibe apelación de la codemandada Laboratorios Temis Lostaló S.A. a fs. 202/11 y de la restante coaccionada Service Men S.A. a fs. 217/19. La parte actora contesta agravios a fs. 221/23 y a fs. 224/27 respectivamente.

Principio por analizar los agravios expuestos por la empresa de servicios eventuales, la que tacha de parciales las consideraciones de la sentenciante de grado para determinar que se habría configurado suficiente injuria para justificar la denuncia del vínculo efectuada por el actor.

Afirma que arribar a dicha conclusión en función de una negativa de tareas efectuada por su parte y a una negativa de la relación laboral por parte de la restante coaccionada, resulta erróneo pues Laguna fue suspendido en función del art. 6º del Dto. 342/92 aplicable a la actividad.

Sostiene que dispuesta la suspensión del actor en esos términos, éste la aceptó por lo que no puede haber existido negativa de tareas.

En segundo término cuestiona que se incluya en la liquidación del monto de condena los haberes por suspensión por un total de $2.073,52, pues surge del intercambio telegráfico que Laguna acató las suspensiones dispuestas en el marco del precitado decreto y que no prestó tareas durante dicho lapso.

Indica que de la pericia contable surge que la remuneración del actor al mes de junio de 2003 fue de $320,09, suma que no fue considerada por la sentenciante a quo al practicar la liquidación de condena.

Por último, cuestiona que se la condene al pago de las indemnizaciones previstas por el art. 2º de la ley 25.323 y las del art. 16 de la ley 25.561. Respecto de esta última sostiene que resulta aplicable para el caso que se despida al trabajador sin justa causa, extremo que no se verifica pues fue el actor quien optó por romper el vínculo y en cuanto al art. 2º de la ley 25.323 amén de insistir en su improcedencia impetra en tal caso que se aplique el último párrafo que habilita a los jueces a morigerar o eximir a su parte del incremento indemnizatorio por existir causas que justificaron su conducta en un marco de duda razonable.

Considero que no le asiste razón a la quejosa.

Así lo afirmo, pues como bien lo sostuvo la Sra. Juez de grado, la accionada Laboratorios Temis Lostaló S.A. admitió haber contratado a Laguna por intermedio de Service Men S.A. a efecto de cumplir labores ante necesidades extraordinarias y transitorias de la empresa, y que una vez finalizadas comunicó la situación a la empresa de servicios eventuales, sin embargo y más allá de ello, el precitado laboratorio nunca acreditó o probó la entidad extraordinaria de las tareas o un pico de labor mayor al usual para poder justificar la contratación del actor en la modalidad que adujo.

Que analizada la prueba testimonial, nada surge en ese sentido, antes al contrario es demostrativa de que la tarea cumplida por el actor durante cuatro años seguidos hacían al giro normal de la empresa y eran las propias y habituales, lo que conduce a desestimar el carácter eventual de las tareas que aducen las coaccionadas, resultando al caso de plena aplicación lo dispuesto por el art. 29 de la LCT.

En virtud de ello, débese considerar a la empresa usuaria como empleadora directa del actor y a Service Men S.A. como intermediaria, por lo que deben responder ante las obligaciones que les correspondan, solidariamente.

Cita la juzgadora anterior, acertadamente, un fallo de la Sala X de esta Cámara, el que comparto in totum por haber sido el suscripto vocal en dicho tribunal.

Así las cosas, al comunicarle el laboratorio al actor que no tenía más labores para otorgarle y tal circunstancia ponerla en conocimiento de la empresa de servicios eventuales, y claro está luego ante el desconocimiento del vínculo laboral por dicha empresa llevado a cabo, sumado a la suspensión que la empresa intermediaria dispone del actor en virtud del decreto ya citado, resultan injuria suficiente para denunciar el vínculo como lo hizo Laguna.

Reitero, el actor ante la falta de prueba acerca de la eventualidad de las tareas para la que fue contratado, pasó a ser empleado directo del laboratorio accionado, por lo que al haberlo dejado sin tareas y remitirlo a la empresa de servicios eventuales fue una circunstancia que per se ya habilitaba al actor a considerarse injuriado y despedido, máxime si ante la intimación efectuada por éste la empresa contesta negando la existencia de todo vínculo laboral.

Por lo tanto, lo actuado a posteriori de todo ello, devino abstracto, me refiero a la notificación al actor en cuanto a que se lo suspendía conforme el art. 6º del citado decreto, pues en función del art. 29 RCT aquél ya no le era aplicable.

Al no resultar procedente el Dto. 342/92, tampoco lo es el agravio por la condena a abonar los meses de junio, julio y agosto de 2003, pues las tareas cumplidas por el actor no fueron eventuales, por lo que he de rechazar esta queja y confirmar también este aspecto del fallo anterior.

Suerte adversa tendrá también la queja dirigida a cuestionar la remuneración utilizada por la juzgadora anterior a efectos del cálculo del capital de condena, pues al no estar encuadrado el actor bajo una relación de trabajo eventual y serle aplicable lo dispuesto por el art. 29 LCT, para calcular la indemnización por antigüedad se debe considerar la mejor remuneración normal y habitual del último año laborado, la que sostuvo el fallo a quo fue la correspondiente al mes de marzo de 2003 por $681,83 a la que descontada la suma de $150 -por ser una asignación no remunerativa del Dec. 1273 - 264/02-, (v. Pericia contable de fs. 174), queda en $531,83.

Resulta por lo demás correcto el cálculo del rubro "preaviso" conforme lo decidido por el plenario 235 de esta Cámara.

Finalmente, en lo relativo al rubro art. 16 de la ley 25.561, la cuestión fue ya zanjada por el fallo plenario nº 310 dictado en la causa "Ruiz, Víctor Hugo c. U.A.D.E. s/despido", Expte. nº 33043/02 - Sala VI - donde se fijó la siguiente doctrina: "Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto" (conf. art. 303 CPCCN).

El art. 2º de la ley 25.323, resulta viable pues Laguna cumplió con la intimación pertinente y se vio obligado a recurrir a la instancia judicial para obtener el reconocimiento de las indemnizaciones que le correspondían, sin que halle mérito alguno para acudir a la facultad que otorga a los jueces el último párrafo del citado artículo.

En cuanto a los agravios expuestos por Laboratorios Temis Lostaló S.A., destinados a cuestionar la constitucionalidad y aplicación al caso de los arts. 2º de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561, en función de lo que se viene afirmando precedentemente deben ser desestimados.

Sostiene respecto del primero de ellos, que toda vez que fue el actor quien se consideró despedido y que su parte negó el vínculo laboral pretendido por entender que nunca laboró para su parte, no debe imponérsele una multa por ejercer su derecho de defensa en juicio, pues ello implicaría avasallar uno de los principios básicos constitucionales como lo es el art. 18 de la Carta Magna. Impetra en caso de no considerarse inconstitucional la primera parte del precitado artículo, que se aplique entonces la reducción de la multa como lo autoriza la segunda parte de aquél.

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, es un acto de suma gravedad al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121 y sus citas).

Desde esta perspectiva, el agravamiento de la tarifa indemnizatoria previsto por el art. 2º de la ley 25.323 es uno de los modos posibles de reglamentación del derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, siendo además claro que el legislador no ha adoptado un sistema de nulidad de despido, vigente -por otra parte- en sistemas de derecho comparado donde ni siquiera existe una protección constitucional del despido tan intensa como la consagrada en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna, sino que tan solo agrava la indemnización a pagar, dentro del sistema adoptado de tarifa legal.

La finalidad del mismo es resarcir los distintos y autónomos daños que generan la cesantía en sí. Se procura indemnizar los perjuicios sufridos por el trabajador como consecuencia de la falta de oportuno pago de las reparaciones previstas por la ley de contrato de trabajo y la ley 25.013, persiguiendo que el acreedor laboral vea satisfecho su reclamo de una forma inmediata atento el carácter alimentario de sus créditos, y a tal efecto establece una reparación tarifada, pues presume que al verse obligado a litigar el trabajador sufrirá una serie de perjuicios para litigar como pérdida de tiempo útil y mayores gastos.

De esta manera se busca desalentar las conductas dilatorias de los empleadores, quienes eluden el pago inmediato de las indemnizaciones legales obligando al trabajador a afrontar las consecuencias de un juicio que por lo general insume un lapso prolongado de tramitación.

Y para exonerarse del pago de esta reparación el empleador debe obligadamente demostrar que actuó asistido de derecho o que tuvo una razón para no pagar las indemnizaciones contempladas por los arts. 232, 233 y 245 LCT (conf. CNAT, Sala III 18/6/02 in re "Martínez, María c. Kapeluz Editora S.A.").

Considero pues, que precisamente esta apelante no ha logrado demostrar que le hubiese asistido justificativo o razón alguna para no haber abonado las indemnizaciones correspondientes, pues no logró acreditar la eventualidad de las tareas por las que contrató al actor, y sabiendo entonces que le era aplicable al caso lo previsto por el art. 29 LCT.

Finalmente, en lo que hace al art. 16 de la ley 25.561, tengo dicho ya que la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Suspensión de Despidos sin Causa Jusitificada nº 25.561 dictada a raíz de la crisis más profunda que viviera la República Argentina en los últimos cincuenta años, y que por considerarlo de público conocimiento no creo necesario profundizar sobre sus desvastadores alcances en este fallo ya que todos los argentinos, la hemos vivido directa o indirectamente. En esa ley se prohibieron los despidos (art. 16) como método para evitar que la crisis social, comprendida en esta ley de emergencia no se profundizara, con cierto éxito según los economistas (verbigracia Beccaria), ya que la labilidad del empleo privado fue menor que respecto de otras crisis de más baja intensidad, esto logró parcialmente el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Esto es, que la ratio legis de la ley dictada, reitero, en momentos dramáticos y con urgencias inéditas fue impedir que los empleadores (cualquier empleador) despidieran incausadamente a los trabajadores bajo sus órdenes, es por ello que por aplicación de esos fines la limitación a algunas de las indemnizaciones provenientes del despido implicaría desconocerlos parcialmente.

Aclarado ello, y atento el agravio siguiente acerca de la supuesta inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del plazo fijado por dicho artículo, debe tenerse en consideración que con el dictado del mismo, no se violentó la libertad de contratar pues no se impidió la posibilidad de extinguir el vínculo, solamente se hizo más gravoso la obligación indemnizatoria, todo ello en atención a la emergencia pública y al desempleo reinante.

Memoro por lo demás, que "La emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria ha sido declarada por el Poder Legislativo (conf. art. 1º de la ley 25.561) y la CSJN ha admitido la validez de la afectación de derechos de aquella situación extrema, en tanto no se vulneren garantías esenciales, y ha afirmado que las situaciones de gravedad obligan a intervenir en el orden patrimonial, limitando los derechos en el tiempo para asegurar la autodefensa de la comunidad y restablecimiento de la normalidad social que el sistema político requiere (Fallos 136:16; 172:21, entre otros). Toda vez que el decreto 883/02 se limita a prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25.561 -norma ésta que no fue cuestionada por la accionada- y siendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma un acto de extrema gravedad institucional, sólo puede ser llevado a cabo con suma prudencia y siempre y cuando la afectación de las garantías surja de manera clara e irreconciliable, situación ésta que no se aprecia en el caso concreto" (CNAT, Sala X, Expte. nº 36884/02 sent. 12850 13/7/04 "Paggi, Javier c. Comunidad Bet El Asoc. Civil s/despido").

"La prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la ley 25.561 dispuesta por el decreto 883/02 no resulta inconstitucional pues, desde el punto de vista formal, dicha medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades expresamente delegadas por la citada ley (art. 1º inc. 2), en tanto que, en lo sustancial, corresponde mencionar que la prórroga de la vigencia del agravamiento indemnizatorio establecido por el citado artículo 16 no resulta arbitraria, pues se condice con la subsistencia -al momento del dictado del decreto- de las causas que le dieron origen. Sobre este punto cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que las circunstancias que caracterizan la emergencia dificultan establecer de antemano el tiempo preciso de su duración, por lo que corresponde afirmar que la emergencia dura todo lo que subsistan las causas que la han originado -entre otros Fallos: 243:449 (conf. CNAT, Sala III, SD 86201 del 14/10/04 in re "Vergara, Rolando Atilio y otros c. Freddo S.A., s/despido"), (CNAT, Sala X, Expte. 35445/02 SD 13466 del 18/3/05 in re "Seijo, Christian c. EG3 S.A. s/despido").

La coaccionada Service Men S.A. cuestiona los honorarios regulados a la representación letrada del actor como los atinentes al perito contador por entenderlos elevados, sin embargo atendiendo al valor del litigio, características del litigio, labores profesionales cumplidas y demás pautas arancelarias vigentes, los juzgo adecuados, por lo que he de propiciar su confirmación (art. 38 L.O.).

En la alzada, propongo imponer las costas a cargo de las apelantes vencidas (art. 68, CPCCN) a cuyo efecto fíjase la retribución de las representaciones letradas intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia anterior.

La doctora Maria C. García Margalejo dijo:

En lo que respecta al agravio de fs. 205/210 vta. (constitucionalidad de los decretos que prorrogaron la ley 25.561, vgr. decrs. 883/02 y ss.) he de propiciar rechazar la defensa de la accionada. Y no porque no haya considerado por mi parte en su oportunidad que fuesen inconstitucionales, sino porque a esta altura me parece que no puede soslayarse la influencia que sobre aquéllos ejerce el dictado de la ley 25.972. En efecto, en voto (minoritario sobre el punto) emitido por la suscripta en el caso "Corengia, Gladys Griselda c. Instituto Cardiovascular de Bs. As." (sentencia definitiva de esta Sala nº 67.353 del 18/11/2004) -entre otros- sostuve la inconstitucionalidad de dichos decretos. Allí se hizo mérito fundamentalmente al origen de dicha norma, dictada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el caso de la ley 25.972 se trata de otra distinta, emanada del Congreso Nacional el cual, como es sabido, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quien tiene el deber constitucional de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y las consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia (entre otros "Villarreal, Adolfo c. Roemmers S.A.", fallo del 10/12/97, DT, 1998-A, 516).

Si bien no se lo dice en forma expresa, parece razonable interpretar que en forma tácita el art. 1º de aquella ley avala o ratifica los decretos de prórroga de la duplicación de indemnizaciones. Realmente no acierto a comprender por qué no se lo dijo expresamente y con claridad, pero al establecerse que se prorrogaba, hasta que la tasa de desocupación resulte inferior al 10%, la suspensión de los despidos injustificados dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561, estimo que se está admitiendo que al momento de dictarse la ley 25.972 estaba vigente tal suspensión (lo que abarca las prórrogas dispuestas por el P.E.N.). Como indica Mariano Mark en "Nueva prórroga de la suspensión de los despidos sin causa" (Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Enero 2005, nº 1 págs. 74/6) después de hacerse cargo de que "no queda claro si esta prórroga constituye o no una ratificación de los decretos que, desde el vencimiento del plazo original establecido en el art. 16 ley 25.561 vienen prorrogando el mismo..." estima que la interpretación más razonable pareciera ser que tácitamente se los ha ratificado, pues de lo contrario mal podría establecerse la prórroga de un plazo vencido desde mediados de 2002 (dos años y medio antes de promulgarse la ley 25.972). Dicho de otra forma, no se "prorroga" lo que ya no tiene vigor.

A lo expuesto se une el hecho de que la ley vincula estrechamente la suspensión de despidos e incremento (cuyo porcentaje deja en manos del Poder Ejecutivo) de la indemnización del art. 245 de la L.C.T. con la tasa de desocupación (mientras tenga dos dígitos), y no resulta dudoso que al momento de los decretos de prórroga antes citados no era inferior al 10%, por lo que aquella razonable interpretación que propugno del art. 4º de la ley 25.972 no colisiona con la realidad del desempleo al momento de dichas normas reglamentarias ni permite sostener que no puede admitirse ratificación alguna de las mismas (por la ley 25.972) porque al momento de ser dictadas la tasa de desocupación fuera inferior al 10%.

Esta tácita ratificación hecha por quien tiene la facultad de fijar las reparaciones por despido, me inclina ante las circunstancias normativas actuales y su proyección, a aceptar la validez de la duplicación que aquellos decretos prorrogaron.

En definitiva y con apoyo en todo lo expuesto, voto por desestimar el planteo de inconstitucionalidad, y por ende, confirmar la condena impuesta en la sentencia de grado por el art. 16 de la ley 25.561 (fs. 199).

En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello adhiero.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: Confirmar la sentencia definitiva en cuanto fue objeto de agravios. Costas en la alzada a las codemandadas vencidas a cuyo fíjase la retribución de las representaciones letradas intervinientes en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia de origen. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que en caso de corresponder el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la cit., y punto II Acordada CSJN Nº 6/05). Conste que el doctor Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345. - Julio César Simon. - María C. García Margalejo.