Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-02


SENT Nro. 649 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur- presidida por el doctor Alberto José Brito, el recurso de casación deducido por la defensa de los imputados en contra de la sentencia dictada por la Sala Va. de la Cámara Penal con fecha 22/11/2002 (fs. 482/485), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 20/12/2002 (cfr. fs. 498). En esta sede, únicamente la parte querellante presenta memoria casatoria (cfr. fs. 508/509), mientras que a fs. 615/619 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal subrogante, quien se pronuncia por la desestimación de la vía impugnativa intentada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de la Sala Va. de la Cámara Penal, de fecha 22/11/2002 que los condena como autores penalmente responsables del delito penado por el art. 302 inc. 2° del CP, en perjuicio de Manuel López Rougés, imponiéndoles la pena de un año de prisión condicional y pago de las costas procesales (arts. 26, 29 inc. 3°, 40, 41, 302 inc. 2° y ccs. del CP y arts. 410 y ccs. del CPP).

II.- El defensor de los imputados interpone recurso casatorio en virtud de que entiende violadas las normas de los arts. 18 CN, 7, 91, 96 CPP al permitir el ingreso al proceso como querellante a quien no revestía la calidad de víctima u ofendido por el delito, y de los arts. 18 CN, 302 inc. 2° CP; 413 inc. 4° CPP, al haber omitido el tribunal la consideración de pruebas esenciales para la solución del caso incurriendo, además, en contradicción grave al incorporar pruebas no producidas en ninguna etapa del proceso e invertir la carga de la prueba.

Ataca los argumentos del fallo para sostener la legitimación de la querella. En este sentido, destaca que la Cámara no ha dado razones para fundar la extemporaneidad del planteo de nulidad y no ofrece normas del derecho procesal que permita fundar en grado de certeza cuál es o hubiera sido el tiempo oportuno. De su lado, sostiene que aquél fue efectuado en tiempo procesal oportuno si se tiene en cuenta que la defensa necesitaba la prueba ofrecida en el cuaderno nro. 3 pericial caligráfica para conocer si el endoso del cheque correspondía a la mano caligráfica del Dr. Manuel López Rougés; que la cuestión preliminar se realizó oportunamente con las pruebas ofrecidas y producidas en la etapa correspondiente. Agrega que la intervención ilegítima de una de las partes en el proceso habilita en cualquier etapa a plantear la oposición por cuanto hace a la defensa en juicio y a la igualdad ante la ley. En cuanto a la razón sentencial de que el cheque es una orden de pago pura y simple, señala que de ello no se extrae presunción o indicio de que sea el Dr. López Rougés el ofendido o víctima del delito; que ser el tenedor del cheque no le otorga la calidad de querellante; que se deben merituar las propias palabras de Rougés de "recibir el cheque para la Sra. de Zavalía... de la cual soy su representante legal..." agregando que no se encuentra acreditado a quién pertenece el endoso y que el cheque haya sido depositado en la cuenta de quien pretende ser querellante; de allí que la víctima sigue siendo la Sra. de Zavalía mientras que puede calificarse al pretendido querellante como dam nificado directo o indirecto pero nunca como víctima u ofendido. Destaca que la copia del instrumento pudo ser trucada en su anverso o reverso, y que no existe el documento original. En relación a la afirmación sentencial de que existe confesión extrajudicial de parte de los imputados, de fs. 19 y 21 por la que se reconoce el cheque, su origen y entrega, sostiene que es incorrecta e inexacta por cuanto Carlos Elwart reconoce la firma del cheque en blanco, desconociendo cualquier otra circunstancia; que su hijo nunca reconoció el instrumento ni se le exhibió el mismo a tales efectos.

Manifiesta que el tribunal dejó de analizar la conducta de Rougés quien en forma expresa manifestó que cobró para otra persona en su carácter de mandatario legal y que ésta constituye cuestión central para determinar que no es el ofendido conforme lo exige el art 7 y ccs. del CPP. Respecto del endoso, expresa que no existe prueba de que la firma o endoso del cheque le pertenezca a Rougés de su puño y letra; ni prueba de informe bancario de que el cheque cuestionado fuera depositado en su cuenta corriente o caja de ahorro; que la advertencia de un endoso en copia de instrumento no es de las pruebas admitida por el CPP. Señala que tampoco se encuentra acreditado el testimonio de que el cheque fue entregado como pago parcial del arriendo de la finca "Los Porceles" de la Sra. de Zavalía de la cual el Dr. Rougés era su apoderado y fue sin embargo tomado por cierto por el tribunal, cuando no está probado que exista dicho poder. Aun de existir dicho poder manifiesta que ello no le habilita como querellante toda vez que para poder actuar como tal, el poder debe ser específico. Que en la causa el Dr. Rougés no acreditó siquiera la circunstancia de ser mandatario de la Sra. de Zavalía. Reconoce que es cierto que se advirtió después de dieciséis años de proceso esta falta de legitimación sin que antes ninguno de los jueces o partes se dieran cuenta, pero ello no empece a que se debe corregir tal arbitrariedad por violentar principios y garantí as constitucionales.

En cuanto a la errónea aplicación del art. 302 inc. 2° manifiesta el impugnante que es arbitrario dar por acreditada la existencia del cheque base de la acción firmado de puño y letra por los Sres. Elwart quienes así lo reconocen en sus declaraciones de fs. 31 y 32, toda vez que el Sr. Carlos Elwart (h) nunca reconoció la firma inserta en el instrumento; que consta en las declaraciones de fs. 19 y 31 que nunca se le exhibió el instrumento original base de la acusación a los efectos de que reconozca el documento, como la firma inserta en el mismo. Que existe controversia respecto de si la firma de Carlos Elwart (h) corresponde al mismo y no se pudo demostrar este hecho dado que el querellante se opuso a la pericia sobre copias al no tener el documento original; que el tribunal no consideró que el Sr. Elwart (h) no prestó declaración por cuanto conocía que no existía el instrumento base de la acción; que es a la acusación a quien corresponde probar que se ha exhibido el instrumento y que la firma corresponde a su autor por lo que el tribunal parte de una prueba confesional inexistente.

Añade que tampoco se encuentra probado que el cheque haya sido endosado y depositado por el Dr. Rougés por cuanto no se pudo efectuar la pericial caligráfica a tales efectos ni existe prueba alguna que pueda determinar con grado de certeza que fue depositado en su cuenta corriente o caja de ahorro.

Tampoco, dice, queda acreditado que el Dr. Rougés fuera mandatario, apoderado o representante para tener por cierto que en ese carácter lo pudo haber endosado y depositado. En este sentido, considera que el tribunal no ha valorado la contradicción de la querella cuando expone como testigo en la audiencia y lo señalado en su escrito de fs. 22 de donde emerge que el cheque le fue entregado como pago parcial y como última cuota, respectivamente.

Expresa que no existe el original del instrumento por lo que no puede probarse que se trate de un cheque; que no se puede acusar en base a fotocopias llegándose a la incongruencia de que el instrumento tiene valor para responsabilizar y dictar una sentencia condenatoria pero no lo tiene para realizar medidas de prueba que hacen al ejercicio del derecho de defensa, con lo que se violenta el debido proceso. Manifiesta que resulta arbitraria la incorporación como plena prueba la copia del instrumento pues ésta pudo ser truncada en el anverso o en el reverso, por lo que no existe cuerpo del delito.

Respecto a la cuestión del conocimiento del cierre de la cuenta bancaria por parte de los imputados, sostiene que el tribunal parte de premisas equivocadas pues no existe ningún elemento que acredite que la carta certificada haciendo conocer el cierre de la cuenta fue remitida al domicilio bancario y recibida en el mismo, destacando que la exigencia del tipo penal es que haya un cabal conocimiento del encartado del cierre de la cuenta; que el interés del banco en informar de una determinada manera (en cuanto a que se remitiera carta certificada) tiene su razón en que la falta de comunicación al titular de la cuenta lo hace responsable solidariamente de los efectos jurídicos que pueda producir el instrumento; que es a cargo de la acusación o querella demostrar este elemento y que, el tribunal, al dar por acreditado el dolo sin prueba que lo justifique (en tanto no es correcto, como lo sostiene el tribunal, que en la declaración de los imputados debieron negar que tenían conocimiento previo del cierre de la cuenta) está subvirtiendo el régimen de la prueba.

Propone doctrina legal, hace reserva del caso federal y concluye se haga lugar al recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante auto del 20/12/2002. El Ministerio Fiscal se pronuncia por la desestimación del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs. 512/513; correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso, a la cuestión preliminar referida a la falta de legitimación activa del querellante y la nulidad de todos los actos procesales impulsados en ese carácter por no haber acreditado su calidad de víctima, responde que el planteo es extemporáneo y lo rechaza igualmente teniendo en cuenta el carácter de orden de pago pura y simple que inviste el cheque y la circunstancia de que en sus declaraciones de fs. 19 y 21, ratificadas en sede judicial, los libradores reconocen el cheque, su origen y su entrega al querellante, cuyo endoso se advierte en la copia agregada a autos.

En relación al hecho que se imputa, sostiene que el libramiento del cheque firmado de puño y letra por los Sres. Elwart en su calidad de representantes de la razón social "Las Mercedes S.R.L.", su presentación al cobro y su rechazo por el Banco por las causales asentadas al dorso del instrumento y expresada en el informe de fs. 12 no ha sido materia de controversias, tal cual lo reconocen los imputados en sus declaraciones de fs. 19 y 21, ratificadas en sede judicial a fs. 31 y 32. Explicita que la controversia surge en relación a la fecha del cheque, puesto que, en su declaración, los acusados dicen haberlo librado el día primero de octubre de 1986, posdatado y en garantía, y que en esa fecha la cuenta corriente estaba abierta; que añaden que el cierre de la cuenta obedeció a una situación de ahogo financiero por incumplimientos de pago del Ingenio Florida; que el cheque fue dado en garantía por el arriendo de una finca cañera del doctor López Rougés; que los antecedentes de este pago se encuentran en el concurso civil de "Las Mercedes S.R.L."; ratificando también estas declaraciones (fs. 31 y 32).

Considera lo expresado de su lado, por el querellante al declarar en calidad de testigo, para luego determinar que, conforme a lo que surge del propio instrumento de fs. 13; del informe bancario (fs. 12) y de lo declarado en autos por los imputados y en la audiencia por el querellante, corresponde tener por acreditado en grado de certeza jurídica suficiente que los Sres. Elwart firmaron el cheque nro. 03040798 c/Bco. Denario, Suc. Tucumán, por la suma de 3.726 Australes en su calidad de apoderados de la razón social "Las Mercedes S.R.L.", titular de la cuenta corriente, y que el mismo fue entregado al doctor Manuel López Rougés, quien lo depositó y a quien le fue devuelto por el banco, rechazado por la causal de cuenta corriente cerrada sin provisión de fondos.

Respecto de si el hecho así determinado es delito, entiende el tribunal de alzada que sí lo es por cuanto el instrumento presentado reúne todas lasa características formales del cheque: la denominación "cheque" inserta en su texto, número de orden, lugar y fecha de creación, nombre y domicilio de la entidad girada, orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero expresada en letras y en números, y firma del librador. Que si bien su desvirtuación como tal podría resultar de su uso como instrumento de crédito o garantía, sea que la fecha hubiese sido escrita por los libradores o por un tercero si fue dejada en blanco, lo cierto es que en su declaración Elwart dice que se trató de un cheque postdatado, dado el primero de octubre entregado en garantía, con lo cual, de un lado, se excluye la hipótesis de la fecha en blanco y, del otro, respecto a la invocada postdatación no hay otro elemento de prueba que la interesada declaración del librador lo que no pasa de ser una mera cita o argumento defensivo de los imputados, sin que a lo largo del proceso se haya arrimado prueba alguna para sostenerlo. De allí que concluya teniendo por válida la fecha de emisión inserta en el propio instrumento pues ante la ausencia de prueba lo normal es suponer que la fecha asentada en el instrumento es la verdadero y no suponer lo anómalo o excepcional como la expresión de una fecha futura. En relación al conocimiento de los encartados respecto del previo cierre de la cuenta, pondera la Cámara el informe de fs. 38 del que surge que la cta. cte. fue cancelada el día 15 de octubre de 1986 y comunicada al cliente ese mismo día mediante carta certificada. Que no hay motivo para poner en duda lo informado por el Banco, ni se adivina qué interés podría tener en dar una información inexacta; que ello no se ha cuestionado en tiempo y forma oportuno y que debe tenérsela por cierta por faltar motivos para sostener lo contrario.

Considera que sorprende que luego de dieciséis años de trámite de la causa y catorce del informe bancario recién aduzca la defensa de que los libradores desconocían el cierre de la cuenta; que, en todo caso, tuvieron amplia oportunidad para cuestionar o desmentir la comunicación que el Banco informa haber efectuado mientras era materialmente posible y no después de haber transcurrido tanto tiempo; que en sus declaraciones ratificadas luego, ninguno de los imputados niega haber tenido conocimiento del cierre de la cuenta sino que se escudan en otra circunstancia no demostrada: la postdatación del valor entregado. Estima que tanto ello como la posterior mención al ahogo financiero que determina la cancelación de la cuenta, funcionan como graves y coincidentes indicios de que realmente conocían el cierre de la cuenta. Añade lo ilustrativo que resulta que también en el Banco del Iguazú se les cerró una cuenta a los libradores y también se rechazaron valores por cuenta cerrada y firmantes inhabilitados (fs. 13).

De allí que concluye en no tener por cierta la circunstancia exculpatoria de la entrega del cheque con la fecha en blanco o entrega anterior al cierre de la cuenta corriente, en garantía, postdatado, y el desconocimiento del cierre de la cuenta corriente.

Por lo expuesto, entiende configurados los extremos que definen el tipo del art. 302 inc. 2º del CP por lo que resuelve, conforme las pautas de los arts. 40 y 41 CP, edad de los imputados, grado de instrucción, conducta anterior y posterior y especialmente las circunstancias en que los hechos tuvieron lugar y la extenso lapso transcurrido desde aquel momento, condenarlos a la pena de un año de prisión y pago de costas procesales. Atento a la ausencia de condenaciones anteriores que puedan computarse y la inconveniencia de privarles en forma efectiva de su libertad ambulatoria, aplica la pena bajo la modalidad de ejecución en suspenso que autoriza el art. 26 y ccs. del CP.

V.- La confrontación de los términos del memorial introductorio del recurso de casación con los fundamentos del fallo en crisis permite advertir que, a pesar del esfuerzo argumental desplegado por el recurrente, el recurso no puede prosperar.

En efecto, en lo que refiere al agravio referido a la falta de legitimación del Dr. Rougés para ser querellante en la causa, cabe expresar liminarmente que el bien jurídico tutelado en el supuesto del art. 302 inc. 2° del CP es la fe pública, la confianza general de la sociedad en el instrumento de pago referido destinado a agilizar las transacciones sustituyendo a la moneda (Laje Anaya, "Notas al Código Penal Argentino", T. III, Parte Especial, pág. 274, Marcos Lernes, Editora Córdoba, Córdoba, 1996; Núñez, "Der. Penal Arg." T. VII, pág. 230, Lerner Ediciones, 1974, Capital Federal; Soler, "Derecho Penal" 3° edic., t. V, p.424 y ss.). Bajo esta luz, se considera sujeto pasivo del delito del art. 302 a los sucesivos tenedores del cheque, por endoso o simple tradición (Breglia Arias-Gauna, CP anotado, comentario art. 302, 3° edic. actualizada).

Ahora bien, el delito se consuma con la dación en pago o la entrega del cheque, sin que sea menester su presentación ante el banco girado (Núñez; "Tratado..." T. VII, págs. 235/7; Laje Anaya "Comentarios", T. IV págs. 382/3; así como gran parte de la doctrina: de La Rúa; Creus, Fontán Balestra). Ello, de un lado, enerva el argumento del impugnante referido a que no está probado que el cheque fuera depositado en la cuenta del Dr. Rougés o que le fuera a éste devuelto. Del otro, esa consideración torna relevante las explícitas razones del tribunal sentenciante que considera que de las declaraciones de fs. 19 y 21 se desprende el reconocimiento del cheque al portador, su origen, y su entrega en la persona del querellante, cuyo endoso figura en la copia agregada en autos. A su vez, el endoso ha sido ponderado también en este contexto, de allí que el argumento de la defensa de que no podía saberse "siquiera en grado de presunción" (fs. 488) de que el endoso le correspondía al Dr. Rougés, no encuentra respaldo en las constancias de la causa.

Es decir entonces que la Cámara estima y da por probado el hecho de que el cheque al portador fue entregado al Dr. Rougés según lo reconocen los mismos imputados. Y en ello, conforme las constancias de autos, no se advierte error o arbitrariedad alguna.

Frente a lo expuesto y al hecho de que, como consta en autos, el Dr. Rougés se apersonó e inició por derecho propio la querella, las expresiones vertidas en su escrito de fs. 22 no pueden ser argüidas como un elemento enervante y desestabilizante de su posición en el proceso. Y es que la relación existente entre éste y la Sra. Elwart de Zavalía no tiene virtualidad impeditiva de la habilitación para querellar frente al hecho cierto -ya mencionado- de que el Dr. Rougés fue el tenedor del cheque librado al portador; que lo depositó y que el mismo fuera devuelto y que, por esto, fuera quien efectuara por sí tanto en la denuncia como en la querella.

En definitiva, estando acreditado en autos que el Dr. Rougés fue el tenedor del cheque en cuestión, se encuentra legitimado para actuar como querellante en la causa.

Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación en el tópico analizado.

VI.- En relación a la segunda cuestión, esto es: la errónea aplicación del art. 302 inc. 2º CP, de la lectura de la exposición de los agravios casatorios efectuada en el acápite II de este fallo, se advierte prístinamente que el recurrente pretende, en realidad, obtener un reexamen de los hechos y revalorización de la prueba. Así, la exposición de los gravámenes lleva a la consideración de una típica cuestión fáctica -en la especie: la existencia o no del instrumento, cuerpo del delito; la existencia o no de dolo en los imputados; el hecho de que se haya o no librado el instrumento por los encartados; que el Dr. Rougés lo haya depositado y endosado- cuyo establecimiento y resolución queda reservado a los jueces de mérito y exento del control casatorio, excepto que se alegue y acredite arbitrariedad en el decisorio, lo que no acontece en la especie.

En efecto, el recurrente se agravia por la errónea aplicación del art. 302 inc. 2°. Manifiesta que es arbitrario dar por acreditada la existencia del cheque toda vez que el Sr. Carlos Elwart (h) nunca reconoció la firma inserta en el instrumento; que consta en las declaraciones de fs. 19 y 31 que nunca se le exhibió el instrumento original base de la acusación a los efectos de que reconozca el documento como la firma inserta en el mismo y que existe controversia respecto de si la firma de Carlos Elwart (h) corresponde al mismo y no se pudo demostrar este hecho; que es a la acusación a quien corresponde probar que se ha exhibido el instrumento y que la firma corresponde a su autor por lo que el tribunal parte de una prueba confesional inexistente.

En este sentido, cabe expresar que el juicio del tribunal respecto de que los imputados libraron el cheque de autos y se entregó al Dr. Rougés, así como que se presentó al cobro y fue rechazado por el Banco no aparece arbitrario conforme a las constancias de la causa ya expuestas. En relación a esto, cabe hacer notar que el recurrente no alude ni responde a la afirmación sentencial respecto a que la controversia surge en relación a la fecha del cheque pues los acusados dicen haberlo librado el día primero de octubre de 1986, postdatado y en garantía. El hecho de que no consta que se le exhibiera el cheque a Carlos Elwart (h) (el padre reconoce haberlo firmado) no impide el reconocimiento explícito que de él -de su existencia, origen y libramiento- se hace y que pondera el fallo en crisis.

En relación a los argumentos referidos a que no se encuentra probado que el cheque haya sido endosado y depositado por el Dr. Rougés por cuanto no se pudo efectuar la pericial caligráfica a tales efectos ni existe prueba alguna que pueda determinar con grado de certeza que fue depositado en su cuenta corriente o caja de ahorro, corresponde remitirse a las consideraciones que se hicieran en el punto anterior. Lo mismo cabe decir en relación a que no ha quedado acreditado que el Dr. Rougés fuera mandatario, apoderado o representante para tener por cierto que en ese carácter lo pudo haber endosado y depositado, toda vez que, como se dijo, el Dr. Rougés querella por derecho propio por lo que no necesitaba presentar poder especial al efecto y, en tanto tenedor del cheque, estaba legitimado para actuar.

El recurrente se agravia por cuanto entiende que no se puede acusar en base a fotocopias llegándose a la incongruencia de que el instrumento tiene valor para responsabilizar y dictar una sentencia condenatoria pero no lo tiene para realizar medidas de prueba que hacen al ejercicio del derecho de defensa y que al no existir el original del cheque, no existe cuerpo del delito.

Ahora bien, el agravio así referido resulta a todas luces inadmisible, toda vez que, en primer lugar, del hecho de que no exista actualmente el cuerpo del delito no puede deducirse lógicamente y sin más que no exista el delito mismo; en segundo lugar, la copia de un instrumento puede ser inútil a los efectos de determinar si las firmas insertas en el cheque corresponden de puño y letra a la de los imputados y querellante en autos pero ello en nada obsta a que se dicte condena cuando, como en el caso, los propios imputados reconocen la existencia del cheque, el haberlo librado y entregado al querellante. Es decir que esto, en conjunción con otras consideraciones que emanan expresamente de la sentencia en crisis, permiten al tribunal sentenciante condenar. Por ello, no es correcto decir que la condena se basa en una fotocopia cuando está claro que el resultado del juicio encuentra sostén, entre otras razones, en el explícito reconocimiento del instrumento que efectúan los encartados. De allí que no pueda verse contradicción alguna.

Por último, respecto a la cuestión del conocimiento del cierre de la cuenta bancaria por parte de los imputados, cabe expresar que, más allá de que la existencia de dolo es una eminente cuestión fáctica ajena a la casación impetrada, lo cierto es que no se advierte arbitrariedad sentencial en el punto. En primer lugar, porque tal como lo expone el recurrente pareciera que este cabal conocimiento del cierre de la cuenta sólo puede acreditarse con la carta certificada remitida por el Banco al titular de la cuenta, lo que no es correcto. El conocimiento de la imposibilidad legal de pago del cheque exigido por el tipo penal del art. 302 inc. 2° CP mediante la expresión "a sabiendas" puede ser acreditada por cualquiera de los elementos de prueba previstos por el ordenamiento adjetivo y no exclusivamente por la comunicación bancaria del cierre de la cuenta corriente.

Esta Corte tuvo oportunidad de decir que la conducta por la que vino siendo juzgada la acusada -entrega de un cheque "a sabiendas" de que no podrá ser pagado, art. 302, inc. 2° del CP-, no requiere la interpelación documentada ni una ulterior etapa de falta de pago en el plazo de gracia que en cambio se acuerda en su inciso 1°. Es que "la imagen rectora del delito se construye a través de la especial consideración de una característica psíquica del autor: el conocimiento de la imposibilidad legal del pago. Ejecutada la acción en tal posición subjetiva. el ordenamiento jurídico no solamente no dispensa al agente la oportunidad de evitar la sanción abonando el cheque luego de la repulsa bancaria, sino que incluso se desentiende del curso posterior de los acontecimientos" (cf. Borinsky, C. "Derecho Penal del cheque", pág. 131 y ss.). De allí que el examen del libramiento agotará la consideración del contenido injusto de la acción" (CSJTuc., sent. nº 591 del 01/11/95).

Sobre esta base, el tribunal a quo ha considerado que existe certeza jurídica suficiente en la existencia del dolo. Para ello ha dado razones que no son alcanzadas por el embate dado por los argumentos recursivos.

En efecto, la Cámara alude a diversas circunstancias indiciarias que, tomadas en conjunto, les hace afirmar la existencia de dolo en los imputados. Así, menciona que del informe de fs. 38 surge que la cta. cte. fue cancelada el día 15 de octubre de 1986 y comunicada al cliente ese mismo día mediante carta certificada; que no hay motivo para poner en duda lo informado por el Banco. A pesar de que el recurrente alude a la responsabilidad del Banco como motivo de interés para informar en la forma en que lo hace, lo cierto es que ello no parece suficiente cuando, como lo pondera la Cámara, tal informe no se ha cuestionado en tiempo y forma oportuno. Así ésta se sorprende del hecho de que, luego de dieciséis años de trámite de la causa y catorce del informe bancario, recién aduzca la defensa de que los libradores desconocían el cierre de la cuenta; que, en todo caso, tuvieron amplia oportunidad para cuestionar o desmentir la comunicación que el Banco informa haber efectuado mientras era materialmente posible y no después de haber transcurrido tanto tiempo; que en sus declaraciones ninguno de los imput ados niega haber tenido conocimiento del cierre de la cuenta sino que se escudan en otra circunstancia no demostrada: la postdatación del valor entregado. Estima que tanto ello como la posterior mención al ahogo financiero que determina la cancelación de la cuenta, funcionan como graves y coincidentes indicios de que realmente conocían el cierre de la cuenta. Añade lo ilustrativo que resulta que también en el Banco del Iguazú se les cerró una cuenta a los libradores y también se rechazaron valores por cuenta cerrada y firmantes inhabilitados (fs. 13).

Como se advierte, estas razones no han sido atacadas lo suficiente por el recurso de casación el que no se logra demostrar que la existencia de inversión probatoria en la sentencia pues la conclusión de la misma no se basó en exigir a los imputados el que expresamente negaran el conocimiento del cierre de la cuenta sino que pondera tal circunstancia en el contexto conformado por todos los demás elementos indiciarios.

En definitiva, en el sub lite no se ha acreditado arbitrariedad ni se observa una errónea aplicación de normas legales. El juzgador ha dado razones de su fallo y ellas no se presentan infundadas o arbitrarias.

Conforme a ello, y teniendo en consideración los agravios del recurrente, se concluye en que, en definitiva, se está en presencia de un recurso de casación que, en puridad, se motiva sustancial y realmente en un desacuerdo del quejoso con la doctrina sentencial. El memorial casatorio, en el punto, a pesar de su elaborada y completa exposición, presenta su propia interpretación de los hechos y valoración probatoria y la doctrina que cree aplicable a este tópico, apareciendo como una discrepancia del impugnante con el análisis y meritación del plexo probatorio que realizó la Cámara, lo que no resulta atacable por la vía intentada, en tanto no se ha logrado demostrar arbitrariedad o conculcación de las reglas de la lógica o de la sana crítica.

Resulta así que la pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos legales de casación, aunque se la revista con la forma de supuestos previstos por la ley.

En definitiva, contando la decisión en embate con fundamentos suficientes y válidos que impiden su descalificación como acto jurisdiccional, las cuestiones de hecho involucradas no admiten el control casatorio, pues la instancia extraordinaria reclamada excluye el juzgamiento de materia que incumbe definitivamente a los jueces de mérito.

Por los fundamentos expuestos corresponde no hacer lugar al recurso de casación, con costas al recurrente vencido, por aplicación del principio general contenido en el art. 551 CPP.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de la Sala Va. de la Cámara Penal, de fecha 22/11/2002.

II.- COSTAS conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO