Prestación de servicios, pericia contable, carga de la prueba, presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia, derechos del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Cardellino Evelio Juan c/ Luis J D Scorza Y Cia S.A. s/ Ordinario - Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-21

Del conjunto de prueba seleccionada surge lo siguiente: a) el actor prestó servicios en el interior de la empresa a partir de 1999 en una oficina y utilizando una computadora de la empresa, con el cargo de subgerente de programación y desarrollo; b) horario a tiempo completo (salvo en una etapa anterior a su desvinculación). Estos dos puntos surgen de los testimonios seleccionados. b) Percibió sumas mensuales de dinero entre junio de 2000 y mayo de 2002 (pericial contable); c) La demandada invocó reiteradamente la existencia de un contrato profesional de asesoramiento industrial y lo invoco para alejar al actor pero no se acompañó ningún instrumento ni siquiera informal sobre vinculación autónoma. La empleadora se contradice en este aspecto ya que por un lado indica tal condición y por otra habla de "puesto de trabajo" y atribuye al actor rango de subgerente, lo que fue señalado por varios testigos. Correspondía a la actora probar la realización de actos, ejecución de actos o prestación de servicios a favor de la demandada, bajo su dependencia y mediante el pago de remuneración independientemente del acto que le dio origen (art. 22 LCT) a los fines de, vía presuntiva (art. 23) concluir en la existencia de contrato de trabajo (art. 21) y en consecuencia acceder al bloque de juridicidad repartido en diversidad de normas laborales pero esencialmente contenidas en la LCT. Ello ha quedado demostrado y por lo tanto opera este bloque de juridicidad. No hay dudas que en autos aparece una prestación personal de servicios ya que integraba el esquema orgánico o funcional de la demandada e intervenía en la confección de desarrollos técnicos de la empresa dentro del establecimiento y con los propios elementos materiales de la demandada (PC y taller). La subordinación es obvia en tanto su trabajo lo desplegaba en ese esquema funcional y atendiendo a los fines de la producción en la empresa. El conflicto desatado en la empresa y que se trajo a juicio fue por una investigación interna que reunió prueba documental y testimonial constituyendo una típica demostración de ejercicios de poderes jerárquicos y jurídicos de un empleador. La empleadora actuó aparentando un poder directivo, fiscalizador y disciplinario sin distinciones. Nickel y Baudagna compartieron tareas con el actor, eran dependiente de la empresa, fueron investigados en forma conjunta y despedidos con causa; el actor estuvo bajo la misma investigación, prestó servicios junto con los despedidos pero resulta que se le rescindió un contrato de servicios profesionales, lo que implica un abierto contrasentido de la empleadora. Es que en el caso del actor las directivas normales de la empresa operaban en el plano intelectual del desarrollo de proyectos (la dirección de las tareas, obras o servicios técnicos) dado el rango profesional del actor. Esa era además la intervención que se le había asignado al actor en el proceso de producción de la demandada en un rango intelectual. Y estos son los elementos calificantes y diferenciantes de la relación contractual del actor con respecto al invocado contrato de locación de servicios del código civil. Este se distingue por su externalidad, autonomía, liberalidad, no necesariamente personal y con asunción de riesgos por parte del contratante prestador de servicios. En autos y como síntesis final hubo: incorporación (oficina propia, con tiempo completo, PC y programas provistos por la demandada), sujeción orgánica y funcional (en la sección técnica de la empresa con carácter de subgerente) y ajenidad en los resultados (planos y proyectos). Debe descartarse por lo tanto el encuadramiento jurídico invocado por la demandada consistente en un contrato autónomo o libre que obligaba a una de las partes a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero (arts. 1493, 1623 y 1627 CC) a los fines de ahuyentar la existencia de un contrato de trabajo.