Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22


"GCBA CONTRA MARINO EDUARDO DOMINGO SOBRE EJ.FISC. - INGRESOS BRUTOS" , EXPTE: EJF 508428 / 0 Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.

Y VISTOS:

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 680 -fundado a fs. 686/688, cuyo traslado fue contestado a fs. 690/703-, contra la resolución de fs. 676/677.

I.- La parte actora inició la presente ejecución fiscal a fin de percibir los montos que surgen de la constancia de deuda obrante a fs. 2/3, en virtud de la determinación de oficio efectuada respecto del impuesto sobre los ingresos brutos mediante resolución nº 3569/DGR/00, y la multa allí aplicada.

Habiéndose cursado la intimación de pago (vid. fs. 25), se presentó el ejecutado y opuso las excepciones de pago total e inhabilidad de título. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de la normativa fiscal que establece que los cines que exhiben películas condicionadas deben abonar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre la cantidad de butacas con que consta la sala, y no por cantidad de entradas vendidas (vid. fs. 643/648).

Una vez contestado el traslado de las defensas (vid. fs. 652/666), y luego de diversas contingencias procesales, el magistrado de grado desestimó las excepciones y el planteo de inconstitucionalidad opuestos y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución hasta hacerse íntegro pago a la accionante de las sumas reclamadas, con mas sus intereses y costas.

Contra dicha resolución la parte demandada interpuso recurso de apelación, lo que motiva la intervención de esta Alzada.

A fs. 707/708 dictaminó la señora Fiscal de Cámara, propiciando el rechazo de la apelación interpuesta.

II.- En su memorial, el recurrente aduce -en síntesis-: a) que la actora pretende percibir el tributo en cuestión respecto de la exhibición de películas condicionadas, a pesar de que no posee habilitación para dicha actividad, lo que impide considerarla incluida en dicho régimen; b) que el título es inhábil, toda vez que no indica el concepto que da origen al crédito; y c) que el régimen establecido por el Código Fiscal respecto de la base imponible para la actividad de exhibición de películas condicionadas es inconstitucional.

III.- El primer argumento expuesto por el ejecutado carece totalmente de asidero, por las razones que a continuación se expondrán.

El art. 129, Ordenanza Fiscal t.o. 1997 -y disposiciones análogas anteriores- regulaba, entre los supuestos especiales de base imponible, el de exhibición de películas condicionadas, previendo que: "Por la exhibición de películas cinematográficas sólo aptas para mayores de 18 años y de exhibición condicionada (Decreto Nacional nº 828-84, B.O. del 21-3-84), el impuesto se determinará por cada butaca habilitada y de acuerdo con el importe que determine la Ordenanza Tarifaria; el gravamen se ingresará en forma mensual".

Ahora bien, la legislación aplicable no prevé que, para la aplicación de la base imponible especial, exista previamente la obligación de obtener una habilitación especial con la categoría respectiva emanada del órgano de contralor competente. Ello puede ser un requisito para el desarrollo de la actividad; pero no para el devengamiento y exigibilidad del gravamen.

Es así que nada impide a la Dirección General de Rentas iniciar la determinación de oficio al verificar el desarrollo de la actividad gravada por parte del contribuyente, aún cuando carezca de la habilitación correspondiente.

Por otra parte, no debe dejar de ponerse de resalto que el propio ejecutado indicó, al oponer excepciones, que el cinematógrafo se encontraba contemplado dentro de la previsión antes mencionada. Adviértase, en este sentido, que en el primer párrafo de fs. 644 mencionó que "...las películas, en el caso concreto están calificadas como `Prohibidas para menores de 18 años`", lo que implica un expreso reconocimiento por parte del contribuyente respecto de la actividad que, en definitiva, realiza.

Finalmente, la circunstancia aludida resulta corroborada por los títulos de los filmes proyectados por el demandado, que surgen de las declaraciones juradas por él presentadas, a saber: "Fuego al desnudo" (vid. fs. 47 vta.); "Línea Caliente" (vid. fs. 47 vta.); "Café Porno" (vid. fs. 49 vta.); "Damas eróticas" (vid. fs. 61 vta.), entre muchos otros.

En síntesis, las constancias obrantes a la causa -aún dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la ejecución- aportan prueba suficiente y certera sobre la actividad desarrollada por el ejecutado que, a su vez, se encuentra contemplada en las previsiones del art. 129 del ordenamiento fiscal antes citado y, por ende, le resulta aplicable la base imponible especial allí prevista.

Así las cosas, no cabe sino desestimar el agravio vertido al respecto.

IV.- Respecto del segundo planteo efectuado por el apelante, cabe recordar que, a fin de perseguir el cobro judicial de todo tributo y de las multas ejecutoriadas impuestas por autoridades administrativas, la ley procesal ha previsto el proceso especial de ejecución fiscal regulado en el Capítulo II del Título XIII, CCAyT local; a cuyo fin debe presentarse el título al que se refiere el art. 450 del cuerpo legal citado.

El título ejecutivo ha sido concebido como la constancia de una obligación exigible de dar cierta suma de dinero (Bustos Berrondo, Horacio, Juicio Ejecutivo, Líbrería Editora Platense, La Plata, 1981, p.7), cuya idoneidad a los fines de dar sustento a la especialidad del proceso radica en la presunción de autenticidad que la ley le otorga (Morello, Augusto M. Juicios Sumarios, v. I, p.70); presunción cuya vigencia requiere como presupuesto la observancia de las formalidades externas exigibles, (Bustos Berrondo, ob.cit.,p.22, art. 290, primer párrafo in fine, Código Fiscal t.o. 2000, y normativas análogas posteriores).

Reunidos los recaudos extrínsecos el título debidamente integrado es autónomo, se basta a sí mismo y goza de fuerza ejecutiva.

En el caso, la constancia acompañada oportunamente contiene la descripción de los importes que se pretenden adeudados, el detalle de los conceptos a los que la deuda corresponde, la identificación de la resolución que determinó de oficio el tributo y el nombre de quienes se señalan como deudores; y también ha sido suscripta por un funcionario de la Dirección General de Rentas.

En esas condiciones, no cabe sino concluir que el título reúne las formas suficientes para tornarlo hábil a los fines de la apertura de la vía ejecutiva (conf. arts. 450 CCAyT y 290, Código Fiscal t.o. 2000 -y normativas análogas posteriores-).

V.- Finalmente, y en lo que se refiere al planteo de inconstitucionalidad formulado por la ejecutada, cabe poner de resalto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido, en el marco de la ejecución fiscal, la deducción de defensas fundadas en la inconstitucionalidad de las normas invocadas o en la manifiesta inexistencia de deuda, pero ha señalado también que ello no resulta procedente cuando fuera necesario recurrir a elementos o consideraciones que exceden el ámbito cognoscitivo en que se desarrolla la acción, particularmente cuando -como en el caso- dicha circunstancia no surje de modo claro y expreso de las constancias agregadas a la causa (Fallos, 278:340; 320:58; 322:1709; 323:816; 327:968).

A ello cabe agregar que el recurrente se limita en su memorial a reiterar, en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad, los argumentos expuestos al oponer excepciones, careciendo por ello de una crítica concreta y fundada de la resolución recurrida, de manera tal que no pueden tenerse por satisfechos los recaudos exigidos por el art. 236, CCAyT.

En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación en este aspecto (arts. 236 y 237, CCAyT).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravio. Costas de la Alzada a cargo de la recurrente, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 63, CCAyT).

Regístrese, notifíquese al Ministerio Público en su despacho. Devuélvase, encomendándose el cumplimiento de las restantes notificaciones al juzgado de grado, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.

Déjase constancia de que el Dr. Horacio G. A. Corti no suscribe el presente por hallarse en uso de licencia.

Carlos F. BalbínEsteban Centanaro