marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, extinción del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ CHIETTI Y OTROS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-11

Dado un despido con invocación de causa, el despido indirecto posterior carece de toda trascendencia pues no puede extinguirse por un modo un contrato que ya ha sido rescindido por otro. Lógicamente es el primero que se produjo el que vale. Y el que deberá probarse
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Matías c/ Olibeire S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

No basta la invocación de absurdo sino que debe necesariamente acompañarse con la cita del precepto legal que regula la labor axiológica de los jueces de grado (art. 45 inc."e" del dec. ley 7718 /71 -t.o. 1993-).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Roviralta,  Huberto c/ Editorial  Tres  Puntos  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Resulta simplista pensar que toda vez que se busca tutelar los derechos al honor, identidad e intimidad de personas que fueron aludidas en algún medio de comunicación, queda automáticamente comprometida la libertad de prensa y de expresión: esa clase de postura importa un unilateralismo que desmerece la libertad que supuestamente busca amparar (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, hipoteca, ejecución hipotecaria, letras hipotecarias
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: First  Trust  of  New  York  N.A. c/ García  Calvo,  Matilde s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Es competente la justicia comercial para entender en la ejecución de letra hipotecaria escritural, valorando asimismo que son subsidiariamente aplicables las reglas previstas por el decreto ley 5965/63 para la letra de cambio (art. 46 Ley cit.) y que el art. 8º del Código de Comercio -que enumera actos de comercio que se consideran mercantiles en forma objetiva y sin admitir prueba en contrario, sean ejecutados por comerciantes o no comerciantes- en su inc. 4º menciona la negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador, máxime si la ley 24.441 establece que para la cancelación de las letras hipotecarias, y por ende de la hipoteca, basta la presentación de los títulos valores (art. 48). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Dimensión Integral de Radiodifusión SRL. c/ San Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La falta de legitimación sólo puede oponerse cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, ley reglamentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Irañeta, Horacio c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

La competencia originaria de la Corte Suprema, de raigambre constitucional, no puede ser extendida no restringida por las leyes que la reglamentan.
Declaración testimonial, agente encubierto, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NAVARRO, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1062
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-09

Para la actuación del agente encubierto rige la regla del "estricto secreto" la excepción se sustenta en el carácter "absolutamente imprescindible" de su aporte testifical, cuando la declaración es ordenada -a petición de parte o por iniciativa del tribunal- el decreto respectivo (arts. 356, Párrafo primero, y 122, párrafos primero y segundo "in fine" del c.P.P.N.) Debe ser motivado (art. 123 del mismo código). Esa exigencia resulta racionalmente implícita en el texto del artículo 31 bis de la ley 24.424 -Norma que, pese a su inclusión en una ley penal especial, reviste indudable naturaleza procesal.
Dictamen pericial, apreciación del juez, dolo
Materia: PENAL
Carátula: CÁMARA, José Ernesto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-15

Corresponden rechazar las objeciones al informe pericial pues, si bien es cierto que el tribunal de juicio pudo haberse excedido en la valoración del informe producido por la segunda perito, que fue incorporado como prueba durante el debate sin objeción oral o escrita por parte de la defensa incluso cuando dicha perito hizo su deposición, ello no obsta a que se haya comprobado fehacientemente la ilicitud de las maniobras realizadas por el encausado durante el período 2011 y 2012. Además, sin perjuicio de que será materia de otro juicio, las conclusiones del informe pericial objetado por la defensa del nombrado en esta instancia sirven para contextualizar y entender las complejas maniobras desplegadas para lograr el desvío y apropiación de fondos públicos durante los años 2011 y 2012, más allá de que pueda o no probarse que comenzaron en años anteriores a los juzgados en este expediente. En relación al cuestionamiento de la subsunción en el art. 261 del CP y respecto del alegado desconocimiento de la maniobra que se estaba realizando en el estudio de propiedad del ejecutor, llevo dicho en diversos antecedentes que la prueba del dolo en cuanto exigencia finalista, no puede sino extraerse de las circunstancias objetivas de la causa. Así, la plataforma fáctica descripta en el voto que lidera el acuerdo evidencia la introducción por parte del imputado de un riesgo que generó un resultado a este atribuible, más allá del alcance de los límites de sus psiquis, lugar lógicamente inaccesible para el juzgador. Por ello, el tribunal construyó la responsabilidad del imputado de modo contundente, basándose, entre otras pruebas, en las declaraciones de los empleados del estudio del encartado, en los contribuyentes que depusieron a lo largo del debate y, en especial, en el informe de la perito quienes explicaron detalladamente la operatoria por la cual el imputado, valiéndose de sus atribuciones funcionariales, cobró más dinero o en ocasiones en donde no correspondía y/o no ingresó el dinero a los arcas públicas de la AFIP. De tal suerte, la apelación de la defensa a disposiciones psíquicas individuales no puede ser atendida, en tanto sustrae a la persona de su objetividad en el marco de la cual se le exige capacidad de fidelidad suficiente al derecho por cuanto ".la idea de responsabilidad quedaría destruida si los demás fuesen concebidos de modo exclusivamente cognitivo y no, también, como sujetos responsables.". (Jakobs, Günther, Teoría de la Imputación Objetiva, Ad Hoc, 1997, pág. 30).
Competencia, competencia federal, competencia civil y comercial federal, policía federal
Materia: PROCESAL
Carátula: MORANTE  NORBERTO  ALEJANDRO c/ ESTADO  NACIONAL MINISTERIO DELINTERIOR POLICIA FEDERAL ARG. S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-05

En presencia de un interés nacional corresponde en términos generales la competencia de la justicia federal (conf. CSJN., del 12.2.69; Fallos: 273:16; 15.4.70, L.L., 138-542; J.A., 1970-6, p. 529; 13.11.73, J.A., 1973-21, p. 297; 7.7.75, L.L., 1975-C, p. 319). Así, la intervención del Estado Nacional genera la competencia de la justicia federal en razón de la persona (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. II-A, p. 183, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1984).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, libertad provisional, leyes, interpretación de la ley, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Las loables y modernas tendencias que tienden a todo trance a evitar innecesarios encarcelamientos resultan sencillamente imposibles de aplicar según la estructura actual del régimen de libertades provisorias que nos rige. En dicha estructura están indicados claramente los andariveles por los que debe transitar -al menos tentativa o indicativamente- el criterio judicial. Por ejemplo, y pese a tratarse de un instituto distinto, el cese de prisión preventiva del artículo 331 fija pautas que resultan inexorables para el juez (calificación del procesamiento -lo que precisamente pretende ignorarse a través del 308 en la opinión contraria- calificación de la acusación, monto de pena solicitado) pero nunca el sólo pensar del juez acerca de que el hombre no habrá de eludir sus responsabilidades. (Del Voto del Dr. Echauri -Tesis Negativa-).

En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Sistema electoral, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

Al otorgarse validez constitucional al Decreto Provincial N º 630/10 ello importa validar también la adhesión efectuada por el Sr. Gobernador de esta Provincia al Código Electoral Nacional con los límites impuestos en el ya mencionado Art. 3º.

Y digo esto ante el vacío legislativo existente en el ámbito provincial en materia de ley electoral a pesar de la manda constitucional impuesta por el Art. 256, lo que obliga indefectiblemente a realizar una interpretación alternativa en razón de los intereses en juego en cuanto a las facultades que le asiste al Poder Ejecutivo Provincial en materia electoral mientras dure ese vacío normativo.
Procedimiento administrativo, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Montivero, Luis Eduardo c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-03

El actor interpone sendas acciones contencioso administrativas en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la ilegitimidad del Decreto GyJ. Nº1814 de fecha 30/01/10, que le fuera notificado el 20/01/11, que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición de la Subsecretaria de Seguridad SS Nº24/09, que lo inhabilita para el ascenso al grado inmediato superior.

Solicita medida cautelar, a fin de que se suspendan los efectos de cualquier medida a adoptar por la demandada, tendiente a modificar la situación laboral, teniendo en cuenta que se está tramitando el retiro obligatorio del agente mediante Resolución Interna Nº1669/09 de fecha 23/12/09 y que ello le ocasiona perjuicios irreparables, no solo patrimoniales sino también morales, al no permitirle ejercer su carrera profesional En orden a la medida cautelar peticionada, el Tribunal advierte, conforme a la documentación que se adjunta a la demanda por la parte requirente, que obra diligencia de notificación al actor de la Resolución Interna JP Nº1669/09, con fecha 06/01/10, donde al pie del mismo textualmente se consigna: "Asimismo se le hace saber que tiene el plazo de quince (15) días a partir de la fecha para presentarse en la Unidad de Tramites Provisionales (UTP), a efectos de iniciar los tramites para el haber de retiro".

De lo expuesto y de las constancias instrumentales agregadas por el interesado, se infiere, sin lugar a dudas, que, sin perjuicio de la actividad recursiva administrativa desplegada por el Agente y la posterior interposición de demanda, nada obstaculizaba la percepción del haber de retiro por cuanto, con las reservas pertinentes, habría evitado las consecuencias dañosas que invoca como fundantes de la petición, de lo que se colige que el Poder Administrador ha respetado la normativa de aplicación al caso concreto y ha respetado el derecho de propiedad del administrado a percibir los haberes que le correspondieren a su situación, asimismo el derecho de defensa, asegurando la tutela administrativa efectiva habilitando la vía para cuestionar los actos emitidos, cuya impugnación abre la competencia excepcional de este Cuerpo. Por ello, se concluye que no es de recibo la tutela cautelar peticionada, debiendo el administrado ocurrir ante quien corresponda para la determinación de su haber de retiro, mientras se sustancia este litigio acerca de la cuestión sustancial deducida.
Municipalidad, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALARZA LUCIO RAMON c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO s/ CONFLICTO DE PODERES"EXPTE. N11501/96 Y SU ACUMULADO "ESQUIVEL  OSVALDO S/CONFLICTO DE PODERES"EXPTE. N11507/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-02-27

Mientras las Municipalidades no se den su propio reglamento de licencias regir n las leyes y reglamentos vigentes en esta materia para la administración provincial-esto es estatuto de Empleados Públicos (ley N° 4067 y sus decretos reglamentarios).Este impone claramente el sometimiento a dictamen de una Junta Médica Oficial (arts.154,169,170,171,y 173).El acta otorgada por la Junta Médica debe ser emanada del Centro Provincial de Reconocimientos Médicos.El art. 123 de la ley Orgánica de Municipalidades, hace remisión a la aplicación de la Ley N° 4067, sin distinción entre funcionarios o agentes; por lo que resulta aplicable -en principio- a los funcionarios en lo referente al régimen de licencias y disciplinario"
Quiebra, contratos en curso de ejecución, compraventa, resolución del contrato, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOUTHWOOD  S.A.  POR EZCURRA URIBURU s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-27

Si los rubros cuya verificación pretende el incidentista ("comisión de venta", "sellado de contrato", "honorarios notariales", "tasa de justicia" y "honorarios y gastos del letrado" que articuló la demanda) no forman parte de la denominada "prestación que le es debida" por el fallido, en los términos del art. 147, inc. 2 de la ley 19.551, de ello no ha de seguirse como consecuencia ineluctable su exclusión del ámbito de pretensión creditoria del incidentista. Si las partidas constituyen materia ajena a la "prestación" considerada en sí misma, el "amplio debate" que hubiere requerido la pretensión de establecer los daños y perjuicios una vez decretada la quiebra tiene su cauce procesal válido y necesario a través de la verificación ante la sindicatura (art. 33, ley 19.551), con las eventuales secuelas de la impugnación al informe y del incidente de revisión, en su caso, abiertas a la posibilidad de producción de pruebas con toda la amplitud que sea requerida en función de la naturaleza y la complejidad de las circunstancias relativas a los hechos que se controviertan.

Si no existe controversias en cuanto a que el incidentista demandó la resolución del contrato de compraventa de la cochera celebrado con la fallida, con más sus daños y perjuicios ocasionados, con anterioridad a la declaración de quiebra de la vendedora, nada indica que el acreedor pueda resultar excluido del amparo que el art. 149 de la ley 19.551 brinda a quienes han demandado judicialmente la resolución por incumplimiento antes de decretada la quiebra del vendedor, así como los perjuicios que no se originen en la declaración de quiebra (art. 146, 3er. párrafo, ley 19.551).

El derecho a obtener la restitución del precio pagado, del cual goza el acreedor que pidió la resolución resultante de la imposibilidad de cumplir del vendedor, no depende de que esta imposibilidad tenga carácter absoluto y definitivo, pues basta que el vendedor no pueda cumplir con el plazo fijado (art. 1413, Cód.

Civil).-
Incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, FELIX c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-27

Aun cuando no se haya probado que la víctima de un hecho ilícito desempeñase alguna tarea lucrativa, esto no puede utilizarse como fundamento para reducir la indemnización establecida por incapacidad sobreviniente, ya que el hecho de no tener en la actualidad ocupación lucrativa no asegura la prescindencia de la disminuida capacidad de trabajo en el futuro.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, honorarios, recurso de apelación (procesal), memorial, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Promosur S.A. Compañía Financiera s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-09

Otro aspecto cuestionado ha sido el trámite que desembocó en la devolución del memorial correspondiente a la apelación de honorarios.

La expresión de agravios presentada por el impugnante el día 1° de julio de 1988 adolece de la extemporaneidad procesal que la Cámara a-quo le adjudica, en relación a la notificación personal del auto regulatorio que este hiciera a fs. 2843 vta, el día 3 de junio de 1988. Sobre el punto ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "G": "El art. 244 del CPC en su actual redacción según la ley de reformas 22434 dispone con relación a las regulaciones de honorarios, que el recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco días de notificación. El plazo de cinco días está previsto tanto para la interposición del recurso cuanto para la formulación de las razones que sustenten los agravios, y ambas actuaciones pueden concretarse en un mismo escrito o por separado con la única condición de que se verifiquen dentro de ese plazo contado desde la notificación".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yordan, Fabián Alfredo c/ Municipalidad de Bragado s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

La apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, al conocimiento de esta Corte y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Etapas del proceso, traba de la litis, competencia, incidentes, copias, conflicto de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Cortez, Brian Jeremías Emmanuel y otros c/  s/ s/ 5 C Comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / Tenencia con fines de comercialización s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

No existe una contienda de competencia trabada que deba ser dirimida por el Tribunal Superior si el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional sólo se limitó a ordenar la remisión de testimonios ante la posible infracción a la ley n° 23737 a la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad pues, ordenar la extracción de copias y su remisión no constituye un auto de declinatoria de competencia con cuyos fundamentos sea dable disentir. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen del Fiscal General Adjunto, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Fiscal nacional de investigaciones administrativas, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cagliotti, Carlos N. c/ MOLINAS RICARDO F. s/ QUERELLA POR INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

La inmunidad procesal no constituye un privilegio de irresponsabilidad para quien ejerce el cargo de Fiscal General de Investigaciones Administrativas, ni excluye la atribución de los jueces para instruir sumarios, realizar investigaciones y diligencias tendientes a la comprobación de hechos presumiblemente delictuosos e, incluso , establecer si "prima facie" y objetivamente configuran algunos de los tipificados como delitos por la ley penal.
Honorarios, regulación de honorarios, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ OSCAR CLAUDIO MALDONADO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-28

Los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios deben resolverse aún sin mediar sustanciación alguna.
Daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS ANDRES c/ BISTOTTO, JORGE DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.C/LES.O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 C.C.). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquella (arts. 1066, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, del código citado)" -cfr. Ac. 37.535; 41.868; 43.168; 43.251, sum. 11827, JUBA-.
Acción de amparo, licencia de taxi, derechos de las partes, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pena, Gabriel Oscar c/ EN-M Transporte de la Nación y Otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

El juez de grado rechazó la acción de amparo promovida contra el Estado Nacional, como garante del cumplimiento de la Constitución Nacional, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber denegado al actor la renovación de su licencia de conducir, y contra CEMLA -empresa que brinda servicios de medicina laboral y diagnósticos médicos para la última-, por haber concluido que el actor, "Al momento de la evaluación, presenta fallas profundas en atención, concentración, memoria y coordinación visomotora". A tales efectos, invocó que no se había acreditado una arbitrariedad manifiesta, requisito necesario para la procedencia de la acción intentada. La sala rechazó el recurso interpuesto por el demandante y confirmó la decisión apelada. Para así decidir, destacó que la "complejidad fáctica de la cuestión" no permitía tener por verificado el mencionado recaudo. En particular, sostuvo que las constancias de la causa acompañadas a este proceso urgente no permiten un pronunciamiento concluyente sobre la idoneidad psicofísica del actor para conducir un taxi, aunque tampoco clausuran su cuestionamiento mediante la promoción de las acciones ordinarias que puedan corresponder ante la justicia local.
Sistemas de enjuiciamiento, juicio por jurados, jueces naturales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Díaz Villalba, Blanca Alicia c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-15

En materia de enjuiciamiento penal existe un Juez Natural que es aquel Magistrado profesional designado por la ley que regule el debido proceso, que coexiste con el otro juzgador cuya intervención deviene necesaria en este tipo de procedimiento, cual es el jurado.