Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


BERON, Cristian y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 216 p 58-62.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de setiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BERÓN, Cristian y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

nro.

116, año 2.006).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar?.

Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Gutiérrez y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 212, págs. 178/179 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución del 9 de mayo del año 2.003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que exigían examinar si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, tal como lo propicia el Señor Procurador General (fs. 223/224).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

Según surge de las constancias de la causa, los actores -empleados policiales- promueven acción de amparo contra la Provincia de Santa Fe a fines de que se reconozca y pague el suplemento previsto por ley 10.022 -modificatoria del artículo 144 de la ley 6769- para el personal dependiente de la Sección Toxicomanía, desde el momento que resulte exigible, con más accesorias y costas.

Expresan que otros agentes que cumplen funciones en la División Drogas Peligrosas se encuentran percibiendo la mencionada bonificación, y que la Provincia de Santa Fe mediante el Decreto 2854/97 aprobó una transacción judicial reconociendo el pago del suplemento a los empleados policiales que iniciaron acciones judiciales y a quienes se encuentren en la situación descripta en la norma.

Sostienen además, que la ilegalidad de la omisión es manifiesta y que no existe otro medio judicial más idóneo y eficaz que el amparo para tutelar los derechos vulnerados: de propiedad, de igualdad, a una retribución justa y a obtener el cumplimiento de la ley.

La demandada en el responde plantea la inadmisibilidad del amparo por entender que existen otras vías más idóneas, concretamente el recurso contencioso administrativo, alegando en ese orden, que en el sub lite la materia de la pretensión refiere a relaciones de empleo público y que resulta competente la jurisdicción contenciosa administrativa, destacando además la inexistencia de gravamen o daño irreparable (fs. 52/55).

El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario rechazó, con costas, la incompetencia planteada por la demandada, e hizo lugar al amparo; ordenó, en consecuencia, a la Provincia de Santa Fe que en el término de diez días abone el suplemento especial previsto por ley 10.022 a los amparistas (fs. 164/169).

Apelada que fuera tal decisión por parte de la Provincia (fs. 171/175), la Sala Tercera -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esa ciudad, mediante pronunciamiento de fecha 9.5.2003, resolvió hacer lugar a la apelación y declaró la incompetencia del fuero civil y comercial (fs. 189/193).

Para así decidirlo, consideró en primer lugar que a partir del caso "Bachetta" esta Corte sostuvo que "puede existir materia contencioso administrativa que se trate por la vía de la acción de amparo" y que "para discernir se deberá observar la existencia o no de arbitrariedad manifiesta"; y que "el Alto Tribunal provincial atribuyó el conocimiento de los mismos a los Jueces de Primera Instancia de Distrito", si bien dejó a salvo el criterio de la Sala respecto de que tales casos corresponden al tribunal especializado en materia contencioso administrativa.

Citó a continuación lo resuelto por esta Corte -por la vía prevista por el artículo 2 de la ley 11.330- en casos similares de reclamos de agentes policiales fundados en la misma normativa (vg.

"Gauna", "Márquez", entre otros), en los que se resolvió declarar la competencia contenciosa administrativa para entender en las mismas.

2. Contra tal pronunciamiento deducen los actores recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, por entender que el decisorio no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia y ser lesiva de diversas normas de carácter federal y de derechos tutelados por la Constitución nacional como provincial -de propiedad, a una retribución justa, de igualdad-.

En orden a sustentar la arbitrariedad planteada, aducen que la sentencia es incongruente por exceso, en razón de resolver una cuestión que no fue materia de agravio por la demandada apelante, concretamente, la declaración de incompetencia, siendo que el planteo de la Provincia fincó en realidad en la inadmisibilidad del amparo por existencia de otro medio judicial más idóneo -tal el recurso contencioso administrativo previsto por la ley 11.330-; sostienen que con ello se vulneró su derecho de defensa.

Postulan asimismo que la sentencia es autocontradictoria, por falta de coherencia entre los considerandos y la parte dispositiva.

Así -explican- en los considerandos del fallo la a quo efectúa un análisis que conlleva a sostener que la acción de amparo no es la vía judicial más idónea para la presente causa, siendo ésta el recurso contencioso administrativo; la consecuencia lógica de estos argumentos no puede ser otra que la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otro medio judicial más idóneo.

Sin embargo, en la parte resolutiva se declara la incompetencia del fuero civil y comercial.

Ello, además, implica que -necesariamente- debe existir otro juez competente para tramitar la acción de amparo, siendo que la propia Cámara expresó -también en los considerandos- que la Corte provincial ya resolvió que son los Jueces de Distrito los competentes en amparos cuya materia sea contencioso administrativa.

Sostienen además que el Oficio incurre en exceso ritual manifiesto, afirmando al efecto que so pretexto de la incompetencia civil y comercial no entró en el análisis del caso cuando tenía todos los elementos para hacerlo.

Observan que con argumentos formales relativos a que no se acreditó el daño irreparable que causa el tránsito por la vía administrativa, omite tratar cuestiones planteadas vinculadas a la vulneración de los derechos invocados y resolver el fondo de la causa.

Agregan que el mismo vicio se observa en cuanto se declara la incompetencia pero no se remiten las actuaciones al juez que resultaría competente, quedando así el justiciable sin acceso a la jurisdicción.

3. La Sala denegó la concesión del recurso accediendo los impugnantes a la instancia extraordinaria por vía de queja como se expusiera al tratar la primera cuestión.

4. Habiéndose cuestionado desde el plano constitucional la respuesta jurisdiccional de la Cámara, el examen de la causa me convence de que la sentencia impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que el pronunciamiento ha consagrado una solución que, por no guardar debida coherencia con las pautas jurisprudenciales invocadas en los considerandos, no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente.

En efecto: si bien la Sala -dejando a salvo opiniones personales y consideraciones de lege ferenda- inicia su razonamiento anunciando la existencia de una serie de precedentes de este Cuerpo a los que considera insoslayables en el análisis de la cuestión planteada, y posteriormente invoca diversos pronunciamientos que -ciertamente- sientan pautas susceptibles de guiar la decisión en el caso a estudio de la A quo, al momento de resolver declara derechamente la incompetencia del fuero civil y comercial, lo que -como se verá- no se adecua a los lineamientos sentados por la jurisprudencia mencionada.

Así, inicialmente cita la causa "Bachetta", expresando que a partir de la misma "la Corte Provincial sostuvo que puede existir materia contencioso administrativa que se trate por la vía de la acción de amparo", resultando en tal caso competentes los Jueces de Primera Instancia de Distrito.

Y a continuación, invoca diversos precedentes dictados en casos similares al sometido a su decisión ("Oliva", "Gauna", "Blanco", "Loza", "Rojo" y "Márquez") -en que agentes de la Policía provincial pretendían, también, la liquidación y cobro del suplemento previsto en la ley 10.022-, en los que esta Corte, "teniendo en cuenta la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional y en función de lo considerado en los casos 'Bachetta' y 'Grandinetti'", "declaró la competencia contencioso administrativa para entender en los mismos".

Y bien: al resolver como lo hizo, la Cámara soslaya no sólo que en los pronunciamientos referidos en el párrafo anterior la intervención de esta Corte se verificó en ejercicio de las potestades que, para la resolución de cuestiones de competencia, le reconoce el artículo 2 de la ley 11.330, sino también que en tales decisorios este Cuerpo arribó a la declaración de la competencia contencioso administrativa tras considerar, entre otros aspectos, que "tratándose de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público ... ello pone en cabeza del juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del amparo", que nada habían hecho los respectivos actores para demostrar "por qué excepcional razón el tránsito por la vía administrativa y contencioso administrativa podía acarrearles perjuicios irreparables", y que en consecuencia no se había siquiera mínimamente demostrado "la concurrencia de las exigencias que tornan admisible el amparo".

Si bien, pues, resultó acertado el criterio de la Sala en cuanto tuvo en consideración lo resuelto por este Cuerpo en casos similares, no lo fue en cuanto concluyó derechamente en la incompetencia del fuero civil y comercial, sin previo análisis acerca de la concurrencia o no de los recaudos de admisibilidad del amparo; tarea que, de conformidad con la jurisprudencia citada, debe insoslayablemente encarar el juez del amparo, guiado por el standard de la "selección inteligente" sentado por "Bachetta" (A. y S. T. 132, págs. 67/164), conforme al cual corresponde extremar ese control cuando se halla en juego materia contencioso administrativa, desde la perspectiva de que se está detrayendo competencia a los Tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado.

La conclusión a la que se arriba armoniza, por lo demás, con el criterio adoptado a partir del precedente "Domínguez" (A. y S. T. 182, págs. 251/258), según el cual, de conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la ley 10.456, los Jueces de Primera Instancia de Distrito -y no las Cámaras de lo Contencioso Administrativo- resultan competentes para conocer y decidir acciones de amparo, aun cuando en su trasfondo se discuta una cuestión relativa a la lesión de derechos subjetivos o intereses legítimos de carácter administrativo.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿que resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas a la vencida (artículo 12, ley 7055).

Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento, de acuerdo a las pautas de esta sentencia.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Falistocco dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas a la vencida.

Disponer la remisión de los autos a la Sala que corresponda a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento, de acuerdo a las pautas de esta sentencia.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)