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Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Alemañy, Luis Elias s/ recurso de casación". Causa n. : 1840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

"En nuestra legislación positiva, el primer Código Penal (1886) -basado en el Proyecto Tejedor de 1865-, acogió esta última postura, estableciendo como causal interruptiva todo acto directo de procedimiento contra la persona del delincuente (artículo 93). Posteriormente, el Código Penal actualmente en vigencia (1921) pareció acoger la primera de ellas, estableciendo la extinción de la capacidad persecutoria del Estado por el sólo transcurso del tiempo, sin condición ninguna y fijando, asimismo, diversos lapsos de prescripción, de acuerdo a la pena prevista para el delito, como si la mayor conmoción social producida por el ilícito de pena más grave tardara más en olvidarse. Pero la ley llamada de Fe de erratas (n 11.221 del 21 de septiembre de 1923) introdujo una variante relacionada con la rehabilitación del delincuente, al normar que la prescripción se vería interrumpida por la comisión de un nuevo delito, variante de tipo subjetivo que parece relacionarse con el segundo grupo señalado. Y mucho más tarde, en 1949, la Ley 13.569 sancionada el 21 de octubre de ese año, reformó el artículo 67 del Código Penal en aspectos sustanciales, algunos de ellos introducidos por primera vez en nuestro sistema legal, como el relativo a la suspensión de la prescripción (que se trataba en el proyecto Coll-Gómez de 1937). Esta ley desentierra del código de 1886 la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento, pero con la desafortunada frase "secuela de juicio" -que tanto trabajo ha dado a la doctrina y a la jurisprudencia-, sacada también del proyecto Coll-Gómez. Con estas modificaciones el legislador parece acoger también como base para la prescripción, la falta de voluntad persecutoria del Estado, marcando un claro apartamiento de la teoría vigente en 1921, y retornando expresamente a la vertiente de 1886.(Voto del Dr. Riggi).
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Landau, Carlos Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

El artículo 63 del Código Penal dispone que la prescripción de la acción penal comienza a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, es decir, desde el momento de su consumación. Y, en el caso de tentativa de un delito que no sea instantáneo, desde el último acto de ejecución. El Código ha seguido esta teoría, pues para que la prescripción de la acción principie a correr, requiere que el hecho realice en su totalidad el particular tipo delictivo consumado o tentado. Postura que es exacta porque el término para que se extinga el derecho de castigar no puede comenzar o correr antes de que, en virtud de la infracción a la ley, haya surgido la potestad represiva. Así, según la postura de realización total del tipo, cuando éste exija un resultado con solución de continuidad respecto de la conducta, la prescripción empezará a correr desde que aquél ocurra. (Voto del Dr. Hornos, adhiere Dra. Capolupo de Durañona y Vedia; Dr. Mitchell, según su voto).
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata s/ Acción de amparo - cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Teniendo en cuenta la disposición expresa del art. 3º de la ley 7166 que veda la procedencia de la acción de amparo cuando el acto impugnado emana de un órgano del Poder Judicial, corresponde por aplicación analógica a lo normado en el art. 6º del C.P.C.A.

declarar que la justicia ordinaria resulta incompetente para entender en la pretensión del actor de anulación del acto emanado de esta Suprema Corte mediante el cual se dispuso el traslado de los Tribunales del Trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clínica del Niño de Quilmes S.A. c/ Obra Social del Personal Marítimo (S.O.M.U.) s/ Cobro ordinario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Si se omitió el acta requerida por el art. 415 del Código Procesal Civil y Comercial y tampoco se abrió el sobre que contenía las posiciones, queda impedido resolver cuáles serían los hechos probados mediante la supuesta confesión ficta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, jueces, facultades del juez, proceso judicial, ley procesal, interpretación de la ley, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

En caso de no quedar en el expediente judicial, en reemplazo del poder presentado, la copia autorizada que establece la ley como única valedera a esos fines si el interesado retira el instrumento que invoca en ejercicio del mandato (artículos 361 y 362, Código Procesal Civil y Comercial), cabe invalidar el procedimiento, incluso hasta la sentencia, admitiendo el recurso de nulidad impetrado. Es que sin dejar de ponderar las razones invocadas en antecedentes contrarios, la sanción de nulidad establecida en el artículo 49 del Código Procesal y sus concordantes, artículos 36 y 125 del citado código, carecería de virtualidad a pesar de tratarse de irregularidades formales que atañen a la constitución válida de una relación procesal y, por ende, al orden público en cuya observación han de estar contestes de igual modo magistrados y litigantes, en cuanto el carácter dispositivo del proceso ha de ceder en todo lo relativo a la representación o al ejercicio del mandato. (Del Voto del Dr. Villa Perincioli -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Nulidad del acto jurídico, actos nulos, acción de nulidad, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: S., J.I. c/ C.R. SA s/ Acción de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-25

"La doctrina señala en forma pacífica que en los actos nulos la intervención del juez frente a una acción de nulidad es de verificación de la existencia del vicio que provoca la nulidad. Y la sentencia del juez que verifica la nulidad del acto, siendo este nulo es una sentencia declarativa, ya que solo constata la invalidez que existía desde el comienzo del acto".
Delitos informáticos, phishing, préstamo bancario, daños y perjuicios, defensa del consumidor, eximentes de responsabilidad, negligencia, responsabilidad del banco, obligación de seguridad, relación de causalidad
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: F., M.  L. c/ Banco BBVA Argentina S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-01

En el caso de ejecución de operaciones no autorizadas por el consumidor, la entidad bancaria solo puede eximirse de responsabilidad si logra acreditar la existencia de alguna de las causales previstas en el art. 40 LDC, esto es, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder. En consecuencia, el banco actuó de modo negligente al otorgar el préstamo fraudulento, incumpliendo con las medidas de seguridad razonablemente exigibles, y dicho incumplimiento tiene adecuada relación de causalidad con la producción del daño concretado con la imputación de una deuda inexistente.
Daños y perjuicios, monto de la demanda, sentencia, principio dispositivo, sentencia ultra petita, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CRUZ ROMERO, Luis c/ BOULLOSA, Rodolfo Aníbal Manuel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Si del escrito de demanda se desprende que la actora reclamó un monto indemnizatorio fijo o exacto por el daño que clasificó en cinco partidas, mas no incluyó en ellas fórmula alguna que habilitara a establecer un "quantum" superior al requerido en el líbelo de inicio que se ajustara a las probanzas de la causa, toda vez que no puede fallarse "ultra petita", los montos indemnizatorios deben ser reducidos a los límites fijados por el propio peticionario (cfr. doctr. art. 163 del Código Procesal). Es que, todo lo relativo a los hechos está enmarcado en el principio de congruencia que consiste en la relación inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez y si bien la incongruencia afecta el fallo solamente en la parte dispositiva, la relación fundamentos-fallo no es una cosa separable e independiente. De modo tal que la congruencia debe hallarse en todos los aspectos de la sentencia.
Poder Legislativo Nacional, ombudsman, competencia, Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación c/ Estado Nacional - PoderEjecutivo Nacional s/ amparos y sumarísimos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

La ley 24.284 excluye expresamente del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación al Poder Judicial (art. 16, párrafo segundo), y establece que si iniciada su actuación se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, aquél debe suspender su intervención (art. 21).
Pena, graduación de la pena, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GUTIERREZ EVARISTO Y OTRO s/ CASACION PENAL-GRADUACION DE LA PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-07

Mirado el fallo desde el punto de vista de la observancia de la ley de fondo (CPP, 490, 1°), resulta que el tribunal de sentencia puede controlar si el poder de aplicar discrecionalmente la pena ha sido ejercido dentro de los limites fijados por la ley; entonces, el examen versa acerca de si el tribunal de mérito, al atribuir el carácter de atenuantes y agravantes a determinadas circunstancias, ha respetado las reglas de los arts. 40 Y 41, CP.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, LEONARDO SEBASTIAN s/ TENENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-13

Si bien las nulidades del procedimiento se deben articular por vía incidental (conf. artículos 166 al 171 del Código Procesal Civil y Comercial), en las circunstancias del caso -condena al IOSPER a incorporar al nieto de un afiliado como beneficiario sin cargo y donde el organismo (no demandado) comparece al tener conocimiento de la sentencia-, se estima admisible su planteo al considerarse el recurso del artículo 239 del Código citado, pues median las mismas razones que han inclinado a la Sala para declararlas de oficio, al haber sido conculcadas garantías de neta raíz constitucional, los derechos al debido proceso y de defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABRAHAM DE ACHEM MARGARITA c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-03

La aplicación inmediata de la norma nueva a la situación jurídica planteada con anterioridad, bajo el régimen de la ley 4.558 y modificatoria, está expresamente excluida para los supuestos en que hubiere tramitaciones pendientes anteriores a la derogación dispuesta por la ley Nro. 6.006, y dejan a salvo los derechos subjetivos del recurrente a la pretensión introducida.

Una solución en contrario, deviene ilegítima en tanto resultaría conculcatoria de derechos y garantías expresamente amparados por nuestra Constitución Nacional en los artículos 17 y 14 bis e irrazonable, en razón de la contradicción con el principio emergente del artículo 28, en tanto se produciría la alteración por medio de las leyes de referencia de los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional.
Recurso de reposición (procesal), caducidad de instancia, libro de asistencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Caminotti, Santiago Raúl c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Debe desestimarse el recurso de revocatoria, fundado en que la información de la Mesa de Entradas indujo a confusión al recurrente, pues aun en el caso de que la información sobre el trámite del expediente hubiera sido errónea, el apelante debió dejar constancia de su concurrencia al Tribunal en el libro de asistencia (art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), circunstancia que no se produjo (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo, ENTEL
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEDINCO  S.A. c/ ENTEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

El decreto 2772/61 no tuvo por finalidad reglamentar, en el ámbito de la empresa telefónica, el reclamo administrativo previo instituido por la Ley 3952 como requisito para demandar a la Nación, sino la de aliviar la labor que el Poder Ejecutivo Nacional debía desplegar, con motivo de los recursos jerárquicos deducidos en asuntos de escasa importancia tal como se expresa en los considerandos de ese cuerpo normativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Andrada, Adán Moisés c/ Marypez S.A. s/ Indemnización por incapacidad Leppez, Oscar Alfredo c/ Velayos Hnos. SRL s/ Indmenización por despido Castia, Lorenzo c/ Cooperativa Obrera Portuaria de Estibaje Limitado (C.O.P.E.L.) y otra s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04|1989-05-30|1993-11-30

Son improcedentes por extemporáneas las alegaciones que no fueron sometidas a conocimiento de los jueces de grado, habida cuenta que aceptar el intento de modificar en la instancia extraordinaria el alcance, enfoque y dimensión del pedimento implica resignar de ese modo la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes ejerzan su plena y oportuna defensa.
Recurso de apelación (procesal), excepción de incumplimiento contractual, contrato de obra pública, daños y perjuicios, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Petersen  Thiele  y Cruz S.A. y otro c/ Cámara de Diputados de laNación s/ contrato obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

Debe rechazarse el agravio concerniente a la falta de prestaciones correlativas para que pudiera funcionar la exceptio non rite adimpleti contractus, fundado en que lo debido en función del acuerdo de transacción celebrado en el marco del sistema de decretos -de acogimiento facultativo para las empresas- eran "daños y perjuicios", pues tal acuerdo sólo puede ser entendido a la luz del contrato de obra pública y es a las obligaciones contractuales a las que se refiere.
Contrato de trabajo a domicilio, accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Teves de Tulio Angela y Tulio Mónica Liliana c/ Villegas, Raúl Eduardo s/ Indemnización por accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Si las actoras, trabajadoras a domicilio, demandaron por un accidente atribuyendo responsabilidad objetiva al demandado derivada del riesgo de la cosa que a diario manipulaban, a tal reclamo debió ajustarse el tribunal del trabajo al tiempo de dictar sentencia si no se inhibió de oficio para entender en la causa en la oportunidad prevista en el art. 6 del dec. ley 7718/71.
Recurso de apelación (procesal), delitos, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, estelionato, estafa, calificación de conducta, actos jurídicos
Materia: PROCESAL
Carátula: M.P. c/ OLIVER, Carlos Cayetano s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

No se evidencia la materialización de una conducta ilícita, y si por el contrario se materializó un eventual perjuicio patrimonial, no es el producto de una conducta ilícita al quedar descartado un obrar ardidoso, de modo tal que si aquello se presentó, lo fue por la inoperancia del cesionario al no verificar datos que bien podía hacerlo y que en su momento hubieran hecho conocer el verdadero alcance de la cesión comentada.
Libertad condicional, conducta del interno, reglamentos carcelarios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Miguel Roberto s/ Rojas, Miguel Roberto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-10

A los fines de acceder al beneficio del art. 13 C.P. el condenado debe haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios, valoración exclusivamente jurisdiccional, ya que los organismos administrativos sólo ilustran con sus informes. Está debidamente motivada la denegatoria de la concesión de la libertad condicional que se fundó en que el interno había sido merecedor de una calificación de conducta "mala" y que había recibido varias sanciones disciplinarias, sin que los informes permitan inferir que su evolución fuera suficientemente satisfactoria. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos).
Culpa concurrente, código civil, abuso sexual, Iglesia Católica
Materia: CIVIL-CANONICO-PROCESAL
Carátula: V. B. C. c/ Obispado de Quilmes s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

Es improcedente atribuirle culpa concurrente a la madre de un menor por haber autorizado a su hijo a dormir en el dormitorio particular de un sacerdote al que le atribuyó una conducta sexual reprochable, pues al emanar la misma del art. 1114 del Código Civil, la responsabilidad refleja que de dicho artículo fluye alcanza a los padres por los daños causados por el hecho de sus hijos, pero no por los daños sufridos el estos últimos de resultas de un tercero.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caraballo s/ Pedido de Quiebra - Incidente de Remosion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Conforme lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 273 de la ley 24522; el auto de fojas tres del presente incidente, en cuanto deja sin efecto la designación del síndico sorteado, por falta de aceptación del cargo en tiempo oportuno, deviene inapelable.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legitimación procesal, principio de no discriminación, ley vigente, gestación por sustitución, amparo colectivo, derechos personalísimos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros contra GCBA y otros sobre amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-04

En relación a la legitimación de los titulares del derecho a la no discriminación en su lado colectivo, en el caso del Defensor del Pueblo, y a la luz del derecho afectado, remitiéndose al texto de las normas vigentes -arts. 43, CN; y 14 y 137, CCABA-, se encuentra legitimado para representar al colectivo afectado -menores y progenitores vinculados con la técnica de reproducción humana asistida de "gestación solidaria"-. Así las cosas, es posible afirmar que la FALGBT también se encuentra legitimada en virtud del derecho de incidencia colectiva que se halla lesionado, dado que no está prohibido representar y proteger derechos personalísimos por medio de amparos colectivos. El principal derecho personalísimo es la dignidad humana y su protección ante hechos discriminatorios y si, a su vez, la no discriminación es uno de los derechos que habilita el amparo colectivo, por lógica transitividad, es la vía idónea para restablecer los derechos personalísimos cuando se hallaren afectados por su discriminación arbitraria; en resumen, la procedencia de la acción no reside en el tipo de derecho -personal, real o personalísimo-, sino en su carácter colectivo y en los motivos de la afectación -discriminación, arbitrariedad, regresividad-.
Estafa procesal, acervo sucesorio, exclusión de bienes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARZALLUS, SILVIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05

Corresponde hacer lugar a la desestimacion de la denuncia efectuada respecto del delito de estafa procesal ya que es reiterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que el demandante que para fundar su acción afirma una falsedad, que constituye una simple mentira, no comete delito. En este sentido los derechos de las partes en un proceso judicial surgen de las pruebas aportadas al juicio, razón por la cual resulta insoslayable que el fraude debe recaer esencialmente sobre la prueba y en los elementos de convicción, y que a la hora de apreciar la idoneidad del ardid debe tenerse particularmente en cuenta su destinatario, que en el caso de la estafa procesal es un magistrado; por ello la omisión de denuncia de la existencia de los activos financieros consistentes en tres cuentas bancarias en el exterior, por parte de la imputada, carece de entidad suficiente como para inducir a error al magistrado actuante o para viciar el proceso de conocimiento al que diera lugar la vocación sucesoria en el marco del sucesorio. (Sumario confeccionado por el S.A.I.J.)
Declaración de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: BRAVO RAMON A, REYES JUAN CARLOS Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-17

Las medidas precautorias que se peticionan contra los actos dictados por la Intervención Federal deben ser analizadas con criterio restringido para su procedencia, porque al ser actos emanados del poder público, están revestidos de presunción de legitimidad y validez hasta demostrar la ilegitimidad o arbitrariedad de ellos y cuando no se vulnera un interés público mas respetable que el de aquel que solicita la medida, no debe hacerse lugar.
Reformatio in pejus, cambio de calificación legal, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, falta de interposición del recurso, Ministerio Público Fiscal, extorsión, tentativa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: COSMEDI, Roberto J. s/ Causa 32.928
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

La ausencia de recurso fiscal inhabilita, en el caso -en el que el procesado fue condenado en primera instancia por tentativa de extorsión- a recalificar la conducta del enjuiciado, ya que se vulneraría el principio de la "reformatio in pejus" si se eliminara el grado de conato impuesto en primera instancia, puesto que el monto mínimo previsto para la extorsión consumada supera ampliamente la sanción que a aquél se le impusiera, estando vedado al juzgador la imposición de una pena no legislada.