marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amparo colectivo, operaciones bancarias, cajero automático, Constitución Provincial, Estado Provincial, equidad, incumplimiento del contrato, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., G. Y OTROS s/ AMPARO COLECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-27

Como lo dice Vélez en la nota al art. 784 C. Civil, citando a Marcadé. El principio de equidad es siempre principio en nuestro derecho civil. Y por consecuencia aplicable a todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Asimismo tengo presente el principio de no causar perjuicio a otro que como lo ha enunciado Vélez referido al art. 499 del Código Civil, en cuanto responde a una razón natural para prohibir que alguien se enriquezca en perjuicio de otro.

Y por eso es un hecho fundamente o causa de la obligación, lo que por tratarse de una acción concesionada por el Estado se somete a los principios generales de la responsabilidad por la actividad lícita.

En orden al tiempo, modalidades originarias y sustitutivas de la prestación y demás servicios que pudieran brindarse, deberá estarse a lo que dictamine la Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Servicios Financieros de la Legislatura Provincial, porque ello, en este estado del proceso y el material probatorio reunido en autos, excede esta decisión.

Para que quede en claro para los justiciables, conforme la Carta de Derechos del Ciudadano, para quienes escribimos esta sentencia, todos los habitantes de las localidades de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San Antonio Este y Sierra Grande - Playas Doradas, tendrán exactamente los mismos derechos de acceso a los servicios públicos bancarios, de que gozan el resto de los ciudadanos de la Provincia de Río Negro, para lo cual la Comisión de Seguimiento y Fiscalización dispondrá en todo el año 2013 para su completa implementación, a fin de reparar una notoria injusticia.

Para el supuesto de incumplimiento de esta sentencia, quedará abierta a cada uno de los damnificados la acción prevista en el art. 1069 del C. Civil (lucro cesante y daño emergente) que deberá tramitarse ante el fuero respectivo.-
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, régimen penal de la minoridad, escala penal, femicidio, derechos de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. G., M. I. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR FEMICIDIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-27

Para confirmar el monto de pena impuesto en primera instancia, la Cámara señaló que la reducción a la tentativa que prevé el artículo 4 de la ley 22278 es una facultad de la jurisdicción incluso para hechos como el juzgado en el presente, y que de dichos fallos no surge la obligatoriedad de realizar esa operación por ser el imputado un menor de edad, mas justipreció -por interpretación convencional y tal como sentara la Corte nacional en "Maldonado"- que dicha respuesta punitiva debe ser diferenciada e inferior a la que correspondería, en igualdad de circunstancias, respecto de un adulto; y, a partir de esa escala, la Alzada entendió que debía partir el análisis acerca de si el imputado es merecedor de la reducción facultativa del artículo 4 de la ley 22278, valorando a ese fin, en primer término, a la luz de las pautas de los artículos 40 y 41 del digesto de fondo, las circunstancias que agravan el reproche -entre ellas, ponderó que el caso se trata de un homicidio agravado por femicidio, respecto del cual Argentina asumió obligaciones frente a la comunidad internacional, figura conminada con pena absoluta no aplicable por ser menor el imputado, pero que alguna pauta mensurativa le otorga al juzgador; la protección integral (por leyes nacional 26061 y provincial 12967) hacia los derechos del encartado, con proyección similar respecto de los derechos de la víctima, por su condición de menor de edad al tiempo del hecho y, por ende, destinataria de una especial tutela estatal; que se trata de un atentado contra una mujer/menor embarazada, circunstancia que conocía el justiciable; y el comportamiento seguido por el encartado luego de perpetrar el hecho, al manipular el celular de la víctima con ánimo de profundizar el estado de incertidumbre en sus familiares y amigos ante su búsqueda-; y así justificó que el hecho cometido supera con creces no sólo el mínimo legal de la figura, sino también el término medio de la escala, y de esa forma desestimó la posibilidad de reducir la pena a aplicar conforme la tentativa, tal como faculta el régimen penal juvenil; por lo que brindó de forma pormenorizada sobrados fundamentos, diferenciando este caso con el trato que se da a los mayores imputados, de conformidad con los estándares internacionales, desde que justificó no sólo la necesidad de aplicar pena -como se vio, aun ante la particularidad de que dicho punto no resultaba materia controvertida en la instancia apelatoria-, sino también la prescindencia de la escala reducida de la tentativa. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Maldonado, Fallos 328:4343. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22278, artículo 4; Ley 26061; Ley 12967.
Delitos, resistencia a la autoridad, lesiones, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Barreto, María de los Ángeles y otros c/  s/ Lesiones leves (art. 89), daños y atentado contra la autoridad s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

La imputación puede ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente en la sentencia, el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (ello, de conformidad con los argumentos expuestos en el voto de la mayoría en el precedente "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Actos y diligencias procesales, notificación, notificación en la oficina judicial, copias, traslado
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Asís, Miguel Angel s/ Calumnias e injurias- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-07-10

El art. 499 del Código Procesal Civil establece que durante el término de oficina las partes podrán ampliar o desarrollar los fundamentos alegados, pero que el escrito no será admitido si no se presenta con las copias necesarias para entregar a las demás partes.

Con este recaudo tan específico, lo que el legislador ha querido es que las otras partes tomen conocimiento cierto de la forma en que en definitiva ha quedado estructurado el recurso para que puedan ejercer eficazmente sus derechos en la audiencia del art. 498, en oportunidad de informar. Consecuentemente si bien no es procedente la petición de la letrada defensora de que se le corra traslado del escrito de ampliación de fundamentos como paso previo a la audiencia para informar (ello no surge de la ley ni corresponde en un procedimiento en el que las partes son oídas en una audiencia que cierra la etapa de discusión), sí le asiste la razón en el sentido de que debió ser notificada del proveído que tuvo por ampliado los fundamentos, a fin de que pudiera retirar las copias que obligatoriamente para ella acompañó el casacionista en aquella oportunidad.
Seguros, régimen de contralor, productor asesor de seguros, inhabilitación profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA   DE  SEGUROS  DE  LA  NACION c/ AUGUSTO  JOSEGASPARINI SOBRE PRESUNTA VIOLACION LEY 22400.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

Del Dictamen fiscal 98658:

Procede disponer la cancelación de la inscripción de un productor asesor de seguros del registro de productores asesores de seguros, cuando -como en el caso- se verifica que asumió que ingreso las primas en forma tardía y no puso a disposición de la inspección los registros de uso obligatorio.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, mercado cambiario, dólares, intervención quirúrgica
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente N° 1 - Actor: Llorens, Guillermina Mara c/ En-Afip-Ley 27541 Resol 4815/20 y Otro s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

La sala confirmó la decisión que concedió a la parte actora una medida cautelar para que pueda acceder al mercado de cambios para adquirir la suma de u$s 12.582,64 a la cotización oficial, sin que deba practicarse ninguna percepción impositiva, con el objeto de costear la intervención quirúrgica en el exterior de la hija de la actora y los gastos que demanda ese tratamiento médico, así como también los gastos de hospedaje.
Temeridad o malicia, práctica rentada
Materia: PROCESAL
Carátula: KATKE, FERNANDO GABRIEL Y OTRO c/ RIVA SA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-12

Incurren en temeridad o malicia conforme al artículo 45 CPCCN.

los becarios designados por la MCBA. que pretenden tener una relación laboral con la demandada, pues por tratarse de becas sujetas a un sistema de práctica rentada para estudiantes universitarios, los actores han tenido plena conciencia de su sinrazón al iniciar la acción.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, pago, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Eusebio Huespe Automotores s/ Recurso de Casación  (L.A. Nº 36, Fº 249/252, Nº 109) (L.A. Nº 36, Fº 249/252, Nº 109)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-04-20

No se debe declarar la quiebra de la empresa, ante una propuesta votada por abrumadora mayoría y circunstancia de mérito positivas, como la inclusión de una cláusula gatillo que el deudor incluyó con miras a posibilitar la adaptación automática de los valores a los mínimos legales, con lo cual trasuntó su voluntad de no violar tales mínimos. En tal sentido, el magistrado puede ejercer, hasta el límite de lo posible, las facultades que le otorga la Ley de Sociedades y -sin modificar la propuesta- puede integrarla en un aspecto que no afecte su sustancia: la actualización o los intereses. En tal caso, el juez no estará alterando lo sustancial de la propuesta, al adicionarle el cálculo de la depreciación monetaria, sino que estará proveyendo para que la solución real votada en la audiencia por las mayorías necesarias se haga efectiva.

Por lo demás, esta solución se compadece con el hecho de que la ley no ha previsto consecuencia alguna para la infracción a los mínimos legales, lo que bien podría hacer pensar que ello bien pudo ser porque se entendió que al tiempo de homologar, el juez -en ejercicio de las facultades que le otorga la ley- habría de disponer lo necesario para que el proyecto de concordato no infringiera el dividendo mínimo. Esta sería la alternativa más favorable a la solución concursal preventiva, a la vez que podría permitir evitar declarar la quiebra en una situación no prevista en el ordenamiento legal.
Extinción del contrato de trabajo, preaviso, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: LEPERA, ERNESTO c/ MERCEDES BENZ DE ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

El preaviso no pone fin a los contratos de trabajo sino que les acuerda fecha cierta a su extinción. Pero tal instituto se encuentra reglado dentro del título XII de la LCT que se denomina "de la extinción del contrato de trabajo" disponiendo en su cap. I, art.

231, que el "contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso...", pero si la empresa se había obligado por un acta convenio, a no despedir por un lapso determinado, tampoco podía preavisar durante dicho lapso.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chavez, Ricardo César c/ Lujan, Elena s/ Daños y perjuicios Sánchez, L. D. c/ Exp. C. Bell S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-05|2001-04-17

Resulta sabido que al no existir un procedimiento matemático para la determinación del "quantum" resarcitorio, la forma de estimarlo adoptada por los Tribunales se sustenta en ciertas pautas presididas por importantes principios, tal como lo son la prudencia, razonabilidad y equidad, receptados por el derecho positivo en los artículos 907 y 1069 del Código Civil, ambos en su segunda parte, con el norte de arribar a una indemnización plena e integral (arts.1069, 1079, 1083 y concs.del Cód.cit.), computándose las circunstancias personales de la persona damnificada - edad, sexo, condiciones socioeconómicas- culturales, ocupación, estado civil, etc.- conjugándolas con la gravedad de las afectaciones producidas, secuelas dejadas por ellas, grado de incapacidad resultante y su proyección sobre todas las actividades de la víctima.
Juicio ejecutivo, cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Oscar Luis c/ Ayala,  Daniel  Silvestre  y/o Municipalidad de la ciudad de Formosa s/ Indemnización de daños y perjuicios Municipalidad de la ciudad de Formosa s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-12-15

Toda vez que ha sido ejecutado el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, las condiciones pactadas entre el cuentacorrentista y el banco resultan ajenas al título en ejecución, no correspondiendo acudir a ellas a efectos de determinar los réditos devengados por la deuda instrumentada en aquel.
Derecho laboral, remuneración, aporte en especie, vehículos, telefonía celular, computadora, herramientas de trabajo
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Scillama, Clarisa c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

La accionada se agravia porque la Sra. Juez a quo reconoció carácter remuneratorio a los siguientes rubros: notebook, vehículo y celular, entregados a la accionante como herramienta de trabajo. La actora realizaba tareas como representante comercial y en consecuencia debía realizar visitas constantemente a clientes, gestionar el cobro de deudas y demás áreas afines recorriendo distintos establecimientos, auditar instalaciones, etc., las cuales eran cumplidas fuera del establecimiento de la demandada. El "Programa Piloto de Teletrabajo" conllevaba el traslado de celular y notebook que le permitiera a la accionante mantenerse comunicada y obligada a "conservalos y custodiarlos con la debida diligencia, impidiendo el acceso a programas utilizados por razones de su cargo a personal ajeno al empleador" pero en modo alguno se estipuló que se encontrare vedado su uso para fines particulares. El uso que la actora hizo de dichos elementos y que le evitaron incurrir en erogaciones personales representó una clara ventaja patrimonial para ella encuadrable en el concepto de salario (cfr. art. 103 de la LCT y 95 de la OIT). Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Poder Ejecutivo, reforma del Estado, privatizaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Los denominados "privilegios" por el art. 10 de la ley 23.696 aluden a toda situación jurídica que coloque a los que gozan de ella en una posición más favorable que la prevista en el marco normativo común de la actividad; si resultan susceptibles de afectar alguno de los objetivos del programa de privatizaciones, se abre entonces la posibilidad delegada en el Ejecutivo de excluir las norma que las sustentan.
Facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: BISSIO, Esteban Aquiles c/ DEMATEIS, Margarita Elba s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

Las sanciones imputables a la inconducta genérica, previstas en el art. 45 del Código Procesal, sólo pueden ser aplicados -a la parte vencida, al letrado o a ambos conjuntamente- en la sentencia definitiva o en la interlocutoria que decide un incidente con respecto a la actuación de los litigantes en el mismo, ya que, en tal oportunidad, además de determinarse cuál de las partes resulta finalmente vencida, sea en forma total o parcial, se puede efectuar la valoración integral, o en conjunto, de su comportamiento procesal.-
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Justo Oscar Daniel c/ Ouviña Roberto Hector s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Si bien es cierto que los gastos de justicia gozan de un privilegio general en los términos del artículo 3879 del Digesto Civil, no menos cierto es que el mismo se efectiviza sobre el dinero que resulta del remate previa deducción de los gastos a que se refiere el artículo 581 in fine del Código Procesal, a cuyo efecto - protección del derecho del comprador de obtener la cosa comprada-, la legislación dispone la indisponibilidad que se cuestiona. El privilegio aludido debe evaluarse en una visión conjunta e integradora con lo normado al respecto por los artículos 581 ya citado y 590 del C.P.C. (art. ref. y art. 1415 y ccts. del Código Civil). No existen razones de peso que determinen que todas las erogaciones resultantes de una subasta judicial queden postergadas frente a los gastos de justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Antijuridicidad, daño por vicio o riesgo de la cosa, recurso de apelación (procesal), relación de causalidad, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morales, Elizabeth del Rosario c/ Minera Argentina Gold S.A. s/ Apelación de sentencia PEREZ Manuela Zulema Adelaida y Aballay Sandra Isabel c/ Navas Daniel Ricardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-14|2021-08-05

Los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual son los siguientes: a) una acción u omisión antijurídica b) imputable a título de culpa, dolo o riesgo c) la producción de un daño y d) la relación de causalidad entre el hecho y el daño. El daño debe haberse producido en razón de un acto antijurídico.
Divorcio, causales objetivas de divorcio, prueba, prueba confesional
Materia: CIVIL
Carátula: G.R.A c/ M.A.E. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-03

A tenor del art. 232 del C. Civil "in fine" la confesión y el reconocimiento de los hechos es suficiente como única prueba para que se acredite la causal del art. 214 inc. 2do., es decir la separación de hecho sin voluntad de unirse por el término continuo de más de tres años.-
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Tomassi, María Teresita c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y anular la resolución recurrida que resolvió conceder la excarcelación de la imputada toda vez que los argumentos expuestos por el tribunal de mérito a efectos de conceder la excarcelación oportunamente solicitada en favor de la encausada han perdido virtualidad frente al temperamento adoptado por esta Sala en el marco de las actuaciones principales, ocasión en la que se resolvió anular la sentencia que impuso a la nombrada la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión. Sobre el punto, cabe resaltar que la circunstancia antes mencionada no pudo ser valorada por el a quo al momento de dictar la resolución aquí cuestionada, razón por la cual, considero que la fundamentación del auto recurrido -conforme al actual estado procesal de la causa-impide que sea reputado como acto jurisdiccional válido. Por ello, frente a las circunstancias apuntadas y sin que implique anticipar opinión con relación a la viabilidad de la excarcelación solicitada, corresponde que el tribunal de la anterior instancia realice un nuevo examen de la cuestión planteada, bajo los lineamientos aquí indicados.
Estafa, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Iriarte, Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

Es válida la condena por estafa si se tiene en cuenta la prueba documental respaldatoria de la veracidad de la versión aportada por la víctima y entre la que se destaca principalmente la documentación falsa que provocó el error -constancia cancelatoria del plan óvalo y el cheque para entregar al garage-, sin que modifique lo expuesto el análisis del formulario 08 aportado por el imputado y del boleto de compraventa que no han sido peritados, ya que tales documentos no fueron los que generaron el error en la víctima y la consiguiente disposición patrimonial que configuran el delito de estafa. Constituyen agravantes a tener en cuenta el aprovechamiento de su condición de pariente de la víctima, el grave perjuicio económico causado y el aprovechamiento de la situación de necesidad. La disidencia postuló aplicar el beneficio de la duda atendiendo a la falta de producción del informe científico tendiente a verificar la posible comisión del hecho ilícito reprochado. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barbieri Carlos J. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

Resulta inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías que desecha un hábeas corpus interpuesto conforme al régimen de la ley 3589.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Orias Raúl y otros c/ Aramayo Pascual y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. N° 40, F° 533/535, N° 187) Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. N° 40, F° 533/535, N° 187)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-06-27

Conforme lo dispone el art. 117 del CPC, para obtener el beneficio de justicia gratuita en esta instancia, el interesado o defensor deben presentar constancia bajo juramento que no han variado las condiciones que se tuvieron presentes al acordarlo, aún cuando en la instancia precedente se encontraran acreditados los recaudos necesarios para obtenerlo. Por cuanto el precepto hace referencia a que ese requisito es necesario para extender el beneficio a otro proceso, lo cual no significa que, por analogía tiene entera aplicación en el caso, dados los siguientes extremos: el mismo fue acordado en forma provisional, el tiempo transcurrido desde dicha resolución y la interposición del recurso en esta instancia y lo preceptuado por el art 111 del Código de Rito.-
Embargo, bienes inembargables
Materia: LABORAL
Carátula: Murawnik Andrés Valentín y otra c/ Mendez Andrés Valentín s/ Incidente de levantamiento de embargo preventivo promovido por  el Dr. Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-14

Cuando de la interpretación de la norma se trata -EMBARGO-, colisionan dos intereses, por un lado el del acreedor que pretende cobrar su crédito sobre el patrimonio de su deudor, y el de éste a mantener, a pesar de sus deudas, un mínimo de bienestar, por ello no es extrañar que exista variada jurisprudencia al respecto según prevalezca una otra tendencia. Sin embargo, del precepto citado surge que lo esencial, es decir, que la inembargabilidad está dada por la indispensabilidad del uso el bien en orden a las necesidades del hogar de que se trata, para asegurar un mínimo de confort acorde a las circunstancias de tiempo y lugar en que se vive.