Régimen penal cambiario, ley penal más benigna, aplicación de la ley, tratados internacionales, reenvío, doble instancia, sentencia absolutoria, Pacto de San José de Costa Rica, Derechos humanos, control de cambio
Materia: PENAL
Carátula: DAVIDZON, MARIO SAMUEL s/ Régimen penal cambiario Causa Nro. 34432.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-30

1-La ley vigente, por un lado (art. 20, ley 19359), y el criterio de la jurisprudencia de la CSJN (Fallo de Dic.1.88 "Cerámica San Lorenzo"), por otro lado, excluyen, en materia penal cambiaria, la aplicación del principio de retroactividad de la ley más benigna.- 2-Tampoco los tratados internacionales invocados inciden en la cuestión y el criterio señalado halla respaldo igualmente en fallos de tribunales extranjeros. (Cf. la Sala A en los casos "Viscontea", Reg.

323/93; "Industria Química Alimentaria", Reg. 3/94; "Xerox", Reg.

154/94).- 3-Si bien es cierto que algunas medidas de política económica adoptadas por el Poder Ejecutivo en consonancia con leyes del Congreso de la Nación, tornan en alguna medida contradictorio el mantenimiento de normas penales que parecen responder a una filosofía diversa de esa política, lo cierto es que el Poder Legislativo no derogó el Régimen Penal Cambiario. Ni la ley 23928 ni la ley 23697, que puso en ejercicio, el así llamado, Poder de Policía de Emergencia del Estado, se ocuparon del mencionado régimen pese a que lo hicieron con muchos aspectos del ordenamiento jurídico introduciendo importantes modificaciones y derogando muy distintas leyes. No puede, en consecuencia, entenderse que la omisión de hacerlo con la N° 19359 tenga otro significado que el de mantener su plena vigencia.- 4-Las determinaciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, o por las reparticiones que de él dependen, (determinantes de un cambio en la política del Estado) sólo modifican las previsiones que complementan la ley penal en blanco, pero no alcanzan a derogar la ley misma.

Pretender que así fuera estaría en pugna con la división de los poderes del gobierno que establece la Constitución Nacional. Si es admisible la delegación de atribuciones legislativas que supone una ley en blanco, no lo es en cambio atribuirle al Ejecutivo la facultad de derogación implícita de una ley penal.- 5-Los tratados internacionales que consagran el principio de retroactividad de la ley más benigna no innovan en la materia pues debe señalarse que el concepto de "ley" no está referido a las reglas extrapenales que no inciden en la estructura de la norma.- 6-La "ley que dispone una pena más leve", según rezan, tanto el art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica como el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no ha sido dictada y no es el caso, por lo tanto, de aplicación de las disposiciones de esos tratados. La resolución dictada por el Banco Central (imponiendo a la firma causante una sanción por infracción al régimen penal cambiario) con el propósito de perseguir el castigo de las supuestas infracciones antes de que se operara el plazo de prescripción no es la situación que los autores denominan "desviación de poder" ni transgrede la norma que requiere que el acto administrativo no se aparte de las finalidades legales (art. 7, inc. f), ley 19549).- 7-Es nula la sentencia que absuelve al imputado (por no haber negociado en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones) fundada en la derogación de las disposiciones reglamentarias del control de cambios producida con posterioridad a los hechos y el principio de retroactividad de la ley más benigna que aparece consagrado en tratados y convenciones internacionales ratificados por leyes de nuestro país no obstante conocer el "a quo" el reiterado criterio negativo de la Sala en materia de incidencia de la desregulación administrativa en la aplicación de la ley más favorable y que en lugar de disponer-a su vez-la anulación y proceder al reenvío para que se dicte nuevo fallo, critica ese criterio en una suerte de "obiter dictum" de su resolución.- 8-El temperamento del reenvío tiende a mantener la doble instancia puesto que si se dictara directamente por la Alzada el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, se convertiría, prácticamente, en Tribunal de única instancia. Y la doble instancia, aunque en sí misma no sea garantía constitucional, atañe al ejercicio del derecho de defensa en juicio cuando se encuentra prevista en la ley como ocurren en el caso de la ley de Régimen penal cambiario.- 9-En la ley procesal aplicable el reenvío es consecuencia de la anulación y es, por lo tanto, el remedio adecuado para preservar la doble instancia frente a un fallo que se basa, exclusivamente, en cuestiones estrictamente legales y previas y no se ocupa para nada de la materia en litigio, es decir de los hechos de los que se acusa a los imputados y de lo que estos aducen en su descargo.- 10-De las dos alternativas que esa ley procesal contempla para el reenvío, es decir, que sea al mismo juez o bien al que le siga en turno, la primera es indudablemente la más apropiada. No sólo porque en el heterodoxo sistema del Régimen Penal Cambiario no existe la alternativa de la nueva sustanciación-dado que no es el Juez el que sustancia el proceso-. Es que las razones para que sea otro Magistrado quien deba pronuncia el nuevo fallo se refieren, según explican los autores de Derecho Procesal Penal, a la sospecha de parcialidad o al prejuzgamiento (Cf. Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", T. VIII, p.266; Carlos Creus "Invalidez de los actos procesales penales", p.110) situaciones que de ninguna manera concurren en el caso de autos en el que el Juez no ha abordado ninguna de las cuestiones que tendrá que decidir.