Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


COGHLAN, Susana Lidia Jonás de contra ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL BAHCO 'CASAFMA' Reg.: A y S t 197 p 463-468.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunió en acuerdo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, integrada en el caso por los señores Ministros doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro Decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos "COGHLAN, Susana Lidia Jonás de contra ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL BAHCO 'CASAFMA' -Apelación decreto de fecha 25.3.96- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (concedido por la Cámara)" (Expte. C.S.J. nro. 495, año 1998). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿Es admisible el recurso interpuesto?. SEGUNDA: En su caso, ¿es procedente?. TERCERA: En consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Vigo Gastaldi y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1. Surge de las constancias de autos que, en el marco de un proceso laboral por cobro de pesos el letrado de la parte actora solicitó regulación de honorarios por la labor profesional realizada en las medidas de aseguramiento de bienes y en el principal.

Regulados los estipendios pertinentes (f. 30, autos principales) y notificada la demandada -rebelde en autos-, al no cumplimentar en los plazos procesales pertinentes con la obligación respectiva (artículo 121 del Código Procesal Laboral), el Juez de Primera Instancia ordenó el inicio de la ejecución de sentencia conforme lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del mismo cuerpo legal (f. 33), trámite que concluyó con la subasta del bien inmueble oportunamente embargado en la cautelar.

A f. 92 de los autos principales, el Magistrado de baja instancia reguló los honorarios del profesional actuante por la actora de conformidad a lo establecido por los artículos 7, inciso 2), apartado b), y 8, segundo párrafo, inciso h) de la ley 6767, los que ascendieron a la suma de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 2.450).

Cumplimentado lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, a fs. 147/148 vto. compareció el tercer embargante -"Autoservicio Alesso S.R.L."- quien interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la mencionada regulación.

En su escrito de impugnación, entendió el compareciente que la preceptiva del artículo 8, segundo párrafo, inciso h) de la ley de aranceles, aplicada al caso, resulta irrazonable y desproporcionada, lo que lesiona su derecho de propiedad en razón de que, deducidos los créditos que tienen prelación y los honorarios, aportes y gastos no documentados del Dr. Bonán, permite a su parte sólo un ínfimo recupero de su acreencia. Alegó, asimismo, que la regulación respectiva al tomar como base regulatora el precio de venta del bien subastado y no el monto del juicio, equivale a un 40 % del capital e intereses reclamados en la demanda, por lo que supera con creces el límite impuesto por la ley 24.432 y los artículos 505, 521 y 1627 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por último, se allanó a que el profesional mencionado perciba como honorarios lo regulado a f. 30 -es decir, la primera regulación- más el 13 % y los gastos documentados.

Sustanciada tal incidencia y corrida vista a la Caja Forense, el Juez actuante rechazó la revocatoria deducida (f. 163) por considerar que la liquidación fue efectuada en base a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo; 7, inciso 2, apartado b) y 8, segundo párrafo, inciso h) de la ley 6.767, no habiendo sido observada por la Caja Forense. Estimó que la aplicación de la ley 24.432 no correspondía en virtud de no haber adherido a la misma la Provincia de Santa Fe, aprobando, en consecuencia, la liquidación.

Concedida la apelación, ya en la Alzada -y cumpliméntandose el trámite previsto en el artículo 28 de la ley 6.767- el tercer embargante reiteró los argumentos ya vertidos, sosteniendo que el Juez no valoró la desproporción que implica la regulación impugnada, como así tampoco la afectación a sus intereses legítimos ni la inconstitucionalidad del artículo 8, inciso h) de la ley de honorarios. Agregó que el Magistrado desconoció el marco regulatorio de los artículos 505 y 521 del Código Civil y 277 de la L.C.T., señalando que dicha regulación constituye un abuso de derecho.

En orden a fundamentar la tacha de inconstitucionalidad que endilga a la norma de la ley 6.767, entendió que no existe ninguna relación entre el valor del bien subastado y la regulación de honorarios, ni tampoco con el trabajo desarrollado por el profesional en la ejecución de sentencia, lo que implica su irrazonabilidad en sí y en el caso concreto de autos.

Reiteró los planteos relativos a la aplicación de la ley 24.432 en razón de la modificación que produjo en la legislación de fondo (artículos 505 y 521 del Código Civil y 277 de la L.C.T.) cuya vigencia, sostuvo, no puede desconocerse más allá de que la Provincia se haya adherido o no.

Tras presentar su memorial la Caja Forense, los autos quedaron en estado de resolver.

2. Respecto del planteo postulado en orden a la aplicación al caso de la ley 24.432, entendió el Tribunal a quo que el tercer embargante no cuenta con legitimación impugnativa dado que no es el responsable del pago de los honorarios respectivos, remitiendo en lo concerniente a las disposiciones de dicha norma al precedente "Fontanellas c. Kruse" dictado por la misma Sala.

En lo atinente a la aplicación del artículo 8, segundo párrafo, inciso h) de la ley 6.767, consideró la Sala que el beneficio que prevé tal normativa no es otorgado por la ley en "cualquier proceso de contienda" sino solamente en aquellos en que se realicen bienes, estimando que el concepto de proceso se encuentra íntimamente conectado con la idea de la función jurisdiccional.

En ese sentido, señaló que se conciben dos tipos de procesos: uno de cognición o declarativo (ya sea, ordinario, sumario o sumarísimo) dirigido a obtener la certidumbre jurídica respecto de una especial situación de hecho, y otro de ejecución (ejecutivo general, apremio, ejecuciones de hipotecas o prendas con registro) en el que se persigue la realización coactiva del derecho ya declarado.

Ello así, entendió el Tribunal que en relación a este último no se trata de otra fase del mismo proceso, ya que el declarativo se agotó con la sentencia, sino que constituye un proceso nuevo -aunque conectado con aquél- tendente a lograr el fin último de la jurisdicción: el cumplimiento práctico de la ley.

Agregó que la disposición en cuestión es suficientemente técnica y explícita al normar que sólo en los procesos contenciosos -litigiosos- en los cuales se realicen bienes -es decir, donde se procure la realización coactiva de los mismos y donde se vendan- se debe ponderar el valor de venta a los fines de estimar los honorarios.

Por ende, resolvió que al no encuadrarse el caso en la previsión legal discutida, y teniendo en cuenta los antecedentes de autos, se debía aplicar el artículo 16 de la ley 6.767, regulando los honorarios del Dr. Bonán en la suma de $ 400.

3. Contra dicho decisorio enderezó el apoderado de la actora recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por considerarlo violatorio del artículo 95 de la Constitución provincial y de su derecho de propiedad (artículos 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional).

Expresó que el fallo que impugna aplicó, sin fundamentación alguna y dogmáticamente, el artículo 16 de la ley 6.767, reduciendo sus honorarios a un 30% como si se tratara de un simple incidente.

Agregó que el decisorio incurrió en autocontradicción con lo resuelto por la misma Sala Segunda y con la misma integración en situaciones anteriores, idénticas a la planteada en el sub lite.

Citó en apoyo de sus dichos, los antecedentes "Gauna, Angel c. Industrias Frigoríficas Nelson S.A. s. CPL (resolución de fecha 7.4.95); "Gareis, Mario c. Ind. Frigoríficas Nelson SA s. CPL" (Expte. 611/92) y "Gallardo, Margarita c. Ind. Frigoríficas Nelson SA s. CPL" (Expte. 444/92).

En ese orden, explicó que en el sub examine se cumplimentó con el total del trámite de ejecución de sentencia, llegándose incluso a la subasta del bien inmueble, cuando en el primer caso mencionado no se alcanzó la etapa del remate en razón de que previamente se había cancelado el crédito, "...y no obstante esta Sala falló fijando los honorarios en un 70% de los que corresponderían en el juicio principal por tratarse nítidamente de un trámite de ejecución de sentencia, o sea de un procedimiento de ejecución.." (f. 212).

Por otro lado, se agravió el recurrente en razón de no haber aplicado la Sala lo dispuesto en el artículo 8, inciso h) de la ley de aranceles, resultando ilógica e inmotivada la interpretación efectuada, ya que, entendió el impugnante, hace aparecer al proceso ejecutivo como no contencioso o no litigioso.

En ese sentido, señaló que en el presente se dan todos los extremos previstos por la norma, ya que la venta coactiva del bien se produjo en el trámite de ejecución de sentencia, "el cual es un proceso contencioso desde todo punto de vista".

Contestado el traslado y corrida la vista a la Caja Forense, por auto nro. 106, de fecha 2.10.97, la Sala a quo concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

A su turno, el señor Procurador General juzgó admisible el presente.

4. En el análisis que impone el artículo 11 de la ley 7055, en primer término dable es destacar que, si bien en principio las resoluciones que recaen en materia de regulación de honorarios escapan al ámbito del recurso extraordinario, ya que la interpretación de las normas arancelarias es tema reservado a los jueces de la causa, la vía excepcional queda habilitada cuando se incurre en vicios que descalifican la sentencia como acto jurisdiccional válido (cfr. A. y S. T. 98, pág. 293; T. 100, pág. 34; T. 119, pág. 494; T. 123, pág. 84; T. 135, pág. 396, etc.; Fallos, 271:346; 275:481; 288:265; 323:494, entre muchos otros), y ello es lo que acontece en el sub examine.

No obstante lo dicho, y conforme surge de las constancias de la causa, es de advertir que, tal como lo aseveró la Alzada, el quejoso no observó el recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional respecto del agravio que postula en relación a la no aplicación al caso del artículo 8 inciso h), de la ley 6.767, careciendo de la consistencia e idoneidad necesarias sus alegaciones referidas a la configuración de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, desde que se trata de una cuestión que fue suficientemente debatida en la litis.

En efecto, al interponer recurso de revocatoria contra la regulación de honorarios cuestionada, el tercero embargante invocó la irrazonabilidad y desproporción de la aplicación del artículo mencionado a este caso en particular, solicitando, además, se declare su inconstitucionalidad, por lo que -como también lo señalaron los sentenciantes- la cuestión constitucional debió plantearse en el escrito de contestación de la reposición, no pudiendo tampoco considerarse suficiente " ...lo dicho por la Caja Forense a fs. 196/197 pues es otro el tema a que refiere dicha presentación...".

Ello así, el incumplimiento de este requisito impide que el reproche señalado pueda prosperar.

Mas, y dado que en cuanto al siguiente agravio enderezado por el recurrente -esto es, la aplicación al sub lite del artículo 16 de la ley citada, que el impugnante entiende resulta inmotivada y en evidente contradicción con resoluciones dictadas por la misma Sala y con la misma integración-, la arbitrariedad surgiría con el decisorio impugnado, estimo que el recurso debe considerarse entonces parcialmente admisible.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo, los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1. Conforme lo expresado en la cuestión anterior, el recurrente entiende que la aplicación al caso del artículo 16 de la ley 6.767 deviene inmotivada y contradictoria con precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala y con la misma integración.

Del análisis de la causa dable es concluir que resulta correcta la decisión de la Sala al habilitar esta vía de excepción en cuanto admitió que el artículo 16 de la ley 6.767 fue aplicado al caso "...con error evidente..." "...teniendo en cuenta que, en autos, llegó a subastarse el bien inmueble..." Y, si bien es regla sentada por esta Corte provincial -siguiendo la doctrina del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación- que la libertad de criterio de los jueces justifica la posibilidad de resoluciones dispares, con lo que, en principio, la prescindencia de consideración de un precedente jurisprudencial que hubiera establecido una solución distinta en caso anterior reputado similar al resuelto en la causa, como así también la mera circunstancia de haberse apartado el a quo de sus propios precedentes, no invalida una sentencia suficientemente fundada como acto judicial (cfr. A. y S. T. 58, pág. 219; T. 115, pág. 256; T. 144, pág. 243; T. 153, pág. 302; T. 165, pág. 332; T. 166, pág. 187, entre otros), en el presente caso, es de advertir que, precisamente, el Tribunal a quo no aportó las razones valederas y suficientes a los fines de fundamentar debidamente -y conforme se lo exige el artículo 95 de la Constitución provincial- la aplicación de la norma ya citada.

En efecto, la Sala prescindió de dar los fundamentos mínimos para decidir en dicho orden, debiéndose señalar que las circunstancias del caso tampoco revelan la inconveniencia de adoptar una decisión acorde a las anteriores para cuestiones similares a la que nos ocupa.

Por lo tanto, y si bien no es tarea de la Corte fijar la interpretación jurisprudencial que obligatoriamente deben escoger los tribunales ordinarios, la carencia de fundamentación apuntada precedentemente permite inferir la configuración en el sub lite de un supuesto de arbitrariedad, conculcatorio de garantías constitucionales y determinante, por ende, de la procedencia de esta vía excepcional.

En definitiva, lo expuesto determina el acogimiento parcial del recurso deducido y la remisión de la causa al Tribunal subrogante que corresponda para que sea nuevamente juzgada, conforme los considerandos que preceden.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo, los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda, a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro Decano doctor Vigo, los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez, y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda, a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro Decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)