Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-13


SENTENCIA NUMERO VEINTINUEVE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los seis días del mes de agosto de dos mil diez, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli-Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 51/10, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. José Leonardo Berber en Expte. 23/09 De Souza, Mauro Antonio - s.a. Lesiones Culposas -El Rodeo - Dpto. Ambato", contra el Auto Interlocutorio Nº 95/10 dictado el 13 de mayo del corriente año por el Juez Correccional de Primera Nominación, por lo que el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso? ¿Ha sido erróneamente aplicado el art. 76 bis del Código Penal? 2º) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 09, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término la Dra. Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Dando respuesta al primer interrogante planteado, entiendo que cabe reputar formalmente admisible el recurso del defensor del imputado Mauro De Souza, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva cumpliendo con los recaudos del art. 460 del C.P.P. (S. Nº 4/09 "Herrera", S 17/09 "Vargas, S 7/10 "Segura").- II. Por Auto Nº Noventa y Cinco del 13 de mayo de 2010, el Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió: "1) No hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba por improcedente".- III. Con invocación del motivo sustancial previsto en el inc. 1ro. del art. 454 del C.P.P., el abogado del imputado solicita la correcta aplicación de la ley sustantiva.

Aduce que la interpretación restrictiva del art. del 76 bis sostenida por la Sra. Fiscal y luego adoptada por el tribunal, en cuanto a que no corresponde suspender el juicio a prueba en los casos de delitos conminados con pena de inhabilitación, como el que se atribuye a De Souza, se aparta del paradigma constitucional que debe ser la guía de interpretación de las instituciones legales, restringiendo u omitiendo el alcance del principio pro homine, que debe ser tenido en cuenta en todo caso de interpretación de las normas que hacen al otorgamiento de beneficios a favor del imputado y del sistema penal en su conjunto tal cual lo prevé el art. 2 del código de forma.

Dice que no encuentra razón valedera para que el beneficio de la probation no se aplique en el caso de delitos de poca monta y, además, culposos, por el solo hecho de tener prevista pena de inhabilitación.

Bajo el título "Inconstitucionalidad. Violación al Principio de Igualdad ante la ley. Arbitrariedad. Principio de Razonabilidad" expresa el recurrente que la decisión que ataca se encuentra en pugna con las disposiciones constitucionales, al hacer un distingo irrazonable entre los sujetos sometidos al proceso según sean imputados por delitos dolosos, en cuyo caso pueden acceder al beneficio, o por delitos culposos, a los que les está vedada dicha alternativa liberatoria, lo que afecta el principio de igualdad.

Luego, cita de jurisprudencia de diversos tribunales y doctrina, pero sin relacionarlas con la resolución que ataca.

Finalmente pide que se case la resolución en crisis y se haga lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, todo ello haciendo expresa reserva del caso federal (arts. 14 y 15 Ley 48) por considerar que la denegación del beneficio a su asistido se basa en una interpretación inadecuada del inc. 8º del art. 76 bis, e inconstitucional por estar reñida con las disposiciones de los arts. 16, 28 y conc. de la Constitución Nacional, y los tratados internacionales que se refieren a los principios mencionados como violentados en el presente título.

IV. Iniciando el estudio de la cuestión propuesta, debo decir que la misma resulta sustancialmente análoga a lo decidido por sentencia Nº veinte del 27 de mayo del corriente año en autos Expte. Corte Nº 43/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Luciano A. Rojas en Expte. 116/09 'Agüero, Julio Eduardo- s/ Homicidio Culposo Agravado- Capital" cuyos fundamentos reproduzco en razón de brevedad.

En la mencionada causa, resuelta recientemente, y evocando otros antecedentes en los que se discutía el valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación (S. 4/09, S. 17/09 y 07/10) sostuve lo siguiente:

". ese criterio es compatible con el sostenido en el fallo "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)".

"Por ello, y en atención a que el posterior fallo "Acosta" sólo ha modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, cabe concluir que la doctrina del precedente "Gregorchuk" no se ha modificado, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia".

"En ese marco, contrariamente a lo que predica el recurrente, la cuestionada decisión del a quo no aparece como arbitraria, habida cuenta que lo decidido se sustenta en el impedimento legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, previsto expresa e inequívocamente en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y conforme lo tiene dicho nuestro Alto Tribunal, la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (304:1826; 310:896), como en el caso, que además de ajustarse a su letra y espíritu, la resolución impugnada encuentra válido fundamento en la reseñada doctrina de la Corte federal, la que -también con arreglo a los principios de celeridad y economía procesal, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario- estimo indispensable acatar, en tanto el discurso recursivo no ofrece motivos suficientes para apartarse de la misma." "Es que no resultan de aplicación al caso los principios que -entre otros- invoca el apelante, de máxima taxatividad interpretativa, derivado del principio de legalidad, que implica extremar los recursos interpretativos sobre la ley penal ante una norma de redacción confusa, vaga o imprecisa, por las distintas alternativas a que da lugar, y pro homine, según el cual, en caso de duda deberá estarse a lo que sea mas favorable al imputado. Así lo considero en tanto, además de otros presupuestos, la operatividad de dichos principios supone una duda que debe ser superada, extremo que no se verifica en el caso dados los claros y categóricos términos del precepto en cuestión, que tiene la siguiente inequívoca redacción: "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación".

"Estimo, asimismo, inaceptable la interpretación que propone el recurrente, en tanto sólo transgrediendo indebidamente los límites linguísticos de la norma puede admitirse su pretensión de superar el obstáculo que para la suspensión del juicio a prueba constituye la pena de inhabilitación con la imposición de una regla de conducta que neutralice el peligro de la continuidad de la actividad que se pretende evitar. Así opino en tanto medida semejante no sólo no satisface adecuadamente el legítimo y especial interés del cuerpo social en establecer en esos particulares casos lo realmente ocurrido ni la necesidad de prevención general que exigen tales comportamientos, sino que esa alternativa fue considerada por el Máximo tribunal en el precedente mencionado y desechada con fundamentos de esa índole, a la luz de los referidos motivos expresados al tiempo del debate parlamentario de la norma, los que no han sido desvirtuados por el apelante, por lo que la aceptación de la propuesta efectuada tornaría inaceptablemente inoperante el último párrafo del art. 26 del Código Penal e importaría, además, sustituir de hecho al legislador con el desprecio intolerable por esas razones de política criminal, vinculadas con la conveniencia de juzgar determinados hechos por su particular impacto vulnerante, que lo determinaron a limitar la aplicación del Instituto al disponer la imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba si el delito tiene prevista pena de inhabilitación." "Por ende, la solución dada no importa ignorar tampoco el principio de mínima suficiencia cuya aplicación también reclama el recurrente. Por el contrario, lo resuelto manifiesta adhesión a los expuestas razonables valoraciones por las que el legislador que acogió el Instituto -que puede encontrar fundamento válido en dicho principio- decidió excluir a hechos como el de autos de la autorización otorgada para suspender el juzgamiento de determinados comportamientos típicos, en el entendimiento en que eventos como éstos exigen esa intervención estatal mínima de la que es posible prescindir en otros, por ser distintas las circunstancias de ocurrencia de la lesión producida y proporcionales a éstas las diferentes reacciones que, como consecuencia y según el caso, manda asumir el precepto en cuestión que de tal modo encuentra la suficiente coherencia lógica con los fines mismos del Instituto." "En estas condiciones, la crítica del recurrente, sustentada en reconocida doctrina y numerosa jurisprudencia, si bien podría ser atendida a los fines de una reforma legal, resulta ineficaz en el caso para enervar la solución legal prevista por la norma aplicable, a cuyos términos claros e inequívocos cabe someterse, además, por la autoridad científica de la Corte federal y el debido respeto y acatamiento que merecen sus decisiones, pues su desconocimiento importa un agravio al orden constitucional." "Y si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para los casos análogos, sabido es que sólo ella puede modificar su propia doctrina y que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus resoluciones en tanto reiteradamente ha dispuesto también que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales que se apartan de sus precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen abandonar la posición sentada por la misma en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia." "Por otra parte, si la relevancia de dichos conceptos fue destacada por la Corte federal ante planteo similar al formulado en las presentes, en la referida causa Gregorchuk, en la que se investigaba la supuesta comisión del delito de lesiones culposas (art. 94 del Código Penal), opino que con más razón, no puede prescindirse de la intención del legislador en esta causa, en la que se discute la responsabilidad del imputado en un delito de mayor entidad como lo es el delito de homicidio culposo, por el gravamen irreparable ocasionado a la vida misma de otro, como bien jurídico de preponderante jerarquía en el ordenamiento jurídico.".

Por estas razones tampoco cabe acusar lesión de la garantía de igualdad ante la ley, definida como el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. De manera que la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles.

Por ello, reiterando la postura que conforma la doctrina legal de este Superior Tribunal, me expido en el sentido de que el art. 76 bis último párrafo de Código Penal excluye categóricamente la posibilidad de acceder al Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba a quienes se encuentren imputados por delitos que contemplen pena de inhabilitación. Así voto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante. En tal sentido, reiterando mi criterio en el punto, digo que el art. 76 bis. último párrafo señala expresamente la improcedencia de la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, por lo que no cabe duda alguna que cuando se trate de hechos cuya significancia jurídico penal tenga como consecuencia la aplicación de una pena de inhabilitación, no será viable la aplicación de las reglas de la suspensión de juicio a prueba.

Cualquiera sea el método de interpretación que se utilice, gramatical, histórico, semántico o teleológico, e incluso una interpretación articulada de todos ellos, impide darle un alcance distinto al que claramente se refiere el propio texto legal. Así voto.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da al caso el Dr. Cáceres, emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4, por el Dr. José Leonardo Berber, en el carácter de asistente técnico del imputado Mauro Antonio De Souza II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Palacios dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 por el Dr. José Leonardo Berber, en su carácter de asistente técnico del imputado Mauro Antonio De Souza.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del Caso Federal (arts. 14 y 15 de la Ley 48).

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia Ester Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-