marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, delitos, robo calificado, robo de automotor, robo con armas, pena, graduación de la pena, Poder Legislativo, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

La respuesta del Alto Tribunal Nacional a partir de la causa "Pupelis, María Cristina", donde se pronunció por la constitucionalidad del artículo 38 del decreto ley 6582/58, abandonando por mayoría el criterio de los precedentes "Martínez", "Cuvillana" y "Gómez" llamó la atención -entre otros- de Miguel Angel Ekmekdjián, que señaló que "éste es un típico caso de infracción al orden jerárquico de los derechos individuales", contribuyendo con sus observaciones a echar luz sobre uno de los centros de la cuestión: la inconstitucionalidad, en casos como éstos, no proviene de la existencia de una desproporción entre la gravedad de la conducta considerada en sí misma y el "quantum" de la pena (pues allí estaríamos ante un ámbito reservado al criterio de los legisladores, irrevisable como regla por un Tribunal de Justicia) sino de la anomalía axiológica que supone ignorar que "el derecho a la vida es superior a los derechos patrimoniales", argumento con el que "siempre serán inconstitucionales normas del tipo de la que estamos analizando aquí". En otras palabras, cuando se pretende juzgar la desproporción de determinadas normas penales en las sanciones que aplican, la única forma de hacerlo es comparando la gravedad de las respectivas penas, con relación a la jerarquía de los bienes jurídicos que cada una pretende proteger. (Del Voto del Dr. Ulla).
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bevilaqua, Alfredo c/ Municipalidad de General San Martín s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Corresponde rechazar la demanda reclamando el reconocimiento y pago de diferencias salariales si a la luz de la interpretación surge del propio texto de la norma legal aplicable -que mas allá de alguna desprolijidad es suficientemente claro- el obrar de la autoridad municipal se ha ajustado a él.
Autonomía de la voluntad, derecho a la salud, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Garay, Diego Sebastián  c/ Provincia de Mendoza s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

Se afectan los derechos de terceros cuando se pone en riesgo la salud de la comunidad.
Administración Pública, personal suplente, juicios contra el Estado, falta de legitimación para obrar, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nieto, Manuel Alejandro c/ Poder Ejecutivo s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

La primera cuestión a resolver es la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada, en tanto a su criterio, el actor carece de derecho subjetivo al cargo del jefe de informática pues la cobertura fue transitoria.

En relación al tema, asiste razón a la Sra. Procuradora Subrogante cuando sostiene que, mas allá de la inexistencia de derechos adquiridos, surge un interés legítimo en cabeza del actor que habilita su actuación y el derecho a ser admitido en el procedimiento administrativo, en un todo de acuerdo con lo establecido por esta Corte de Justicia en Autos Corte Nº79/02"Mazzuco c/ Ministerio de Educación y/o Estado Provincial - Acción Contencioso Administrativa"., por lo que la excepción intentada debe rechazarse.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Markich, José Raúl c/ Ente de Garantización de Jornales. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

La inclusión en las normas que contemplan excepciones al pago de sellado o tasa judicial debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo.
Daños y perjuicios, contrato de obra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ainstein, Luis c/ Deligdisch, Simón Julio y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

En la indemnización que se fije en este tipo de juicio, debe deducirse lo que el empresario pudo ganar al dedicar su trabajo a otro locatario, basándose en el criterio genérico de la "fides bona" de la equidad (art. 1638, 2da. parte,C. Civil).
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LAFUENTE Luis Marcelo c/ NAVAMUEL de MICHEL Sara y Otros s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-11

Se ha sostenido reiteradamente que, aparte de la copia de la resolución recurrida debe acompañarse también copia del escrito de interposición del recurso y del decreto que lo deniega, con indicación de las fechas correspondientes a la notificación de la resolución recurrida y la del cargo puesto en el mencionado escrito ( Conf. Sala III, año 1983; fs. 286; Sala V, año 1985, fs. 1343).

En autos, el recurrente se limitó a presentar el recurso de queja, juntamente con la copia de un escrito en donde interpone recurso de reposición en contra del decreto trascripto a fs. 15 vta y sin que haya acompañado el escrito de fs. 226 al que alude el mencionado decreto.

Tales recaudos resultan esenciales para considerar la queja y determinar si la revocatoria era o no extemporánea. Debe por tanto desestimarse la queja.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, salario diario
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO, CARLOS A. c/ CURU SRL. s/ ACCIDENTE S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-30

Infringe el art. 11 de la ley 9688 el fallo para el cálculo de la indemnización toma en consideración el último salario del dependiente omitiendo calcular el promedio anual de las remuneraciones a valores constantes; criterio que fuera nutrido con las reformas implementadas por la ley 23643.-
Control de constitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-07

Quien se ha sometido voluntariamente a un régimen jurídico determinado, produciendo actos de acatamiento al mismo, no puede luego plantear su inconstitucionalidad.
Embargo, bienes gananciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andraca c/ Corona s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

El marido no responde por las deudas de su mujer, con sus bienes propios o gananciales que el administra (art. 5 Ley 11357), salvo el caso de excepción previsto por el art. 6 de la misma ley que prescribe que se puede accionar sobre los frutos de sus bienes propios o frutos de los bienes gananciales. (Minoría u opinión personal)
Reincidencia, sentencia
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS s/ REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La condición de reincidente no es tema de declaración en las sentencias pero, si no se ha incurrido en equivocación, no corresponde revocar lo que haya sido dicho por el juez de grado a efectos de no llevar confusiones al registro oficial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defecto legal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ROBLEDO, AURELIO c/ GONZALEZ, RICARDO s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 1532-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Corresponde rechazar el reproche enunciado por la recurrente en lo que refiere a que el a quo prescinde de los artículos 39, inciso c), de la ley 7945 y 896 del Código Civil al confirmar la resolución de baja instancia que, a su turno, había rechazado la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por cuanto -en principio- las cuestiones procesales son insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria regulada por la ley 7055, cediendo tal regla si lo resuelto importa agravio constitucional, o cuando medie manifiesta arbitrariedad o pueda generar una restricción indebida de la garantía de defensa haciendo que, de ese modo, se frustre el derecho constitucional del interesado; y, en rigor de verdad, en el caso, el empleo de la fórmula "y/o", si bien carece de ortodoxia, permitió al ahora impugnante que se anoticiara del pleito y contestara la demanda, en suma: que ejerciera su derecho de defensa.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, medicina prepaga, planes de cobertura médica, suministro de medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI SA c/ ROBLES, MANUEL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-03

Resulta improcedente la acción por la cual un sanatorio persigue del paciente el cobro de cierta suma dineraria, con causa en el saldo del precio de servicios sanatoriales que dice haber prestado y que no fueran cubiertos por la entidad de medicina prepaga a la que perteneció el paciente, cuando -como en el caso- no solo surge que el defendido no conoció cual era su verdadera cobertura ya que la misma había sido contratada por su empleador; sino también, que no existe constancia alguna que demuestre que la prepaga la hiciera conocer, toda vez que de la información brindada por aquella surge que el accionado se encontraba asociado a cierto plan de salud, el que no solo no se encuentra suscripto por el interesado, sino que incluso, puede dar lugar a confusión para su lector ya que, en cambio de líneas de puntos en el lugar de medicamentos, debió indicar en forma clara y expresa que no tenia cobertura. A más, resulta inaceptable que si un paciente ambulatorio necesita medicamentos, los pueda adquirir con un 50% de descuento, mientras que cuando esta internado en un sanatorio íntimamente vinculado con la empresa de medicina prepaga no tenga igual descuento. Al menos, debió otorgarse al paciente la posibilidad de adquirirlos y entregarlos en el centro asistencial. Por su parte cabe precisar que, la cartilla anejada carece de datos del mentado plan, y que el certificado de cobertura allí inserto no contiene indicación precisa respecto de los medicamentos.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, asegurador, costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DELLA VEDOBA ITALO A. c/ EMPRESA LIGGET ARGENTINA S.A.C.I.F. s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO  -  ACCIDENTE  DE  TRABAJO  - ENFERMEDAD  ACCIDENTE  -  COMPAÑIA  ASEGURADORA  - CITACION EN GARANTIA -  COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-30

En el supuesto de citación en garantía de la aseguradora por parte de la demandada, frente a una acción fundada en la ley 9688 que es rechazada, las costas por intervención de aquella no pueden ser aplicadas al accionante, porque no media interés de su parte en hacer intervenir a la aseguradora en garantía de su potencial crédito. En interés 'inmediato' originado por dicha participación es de la propia accionada y la intervención persigue la finalidad primordial de proteger sus intereses. También existe interés de la aseguradora en defender su propio patrimonio, el que desde el punto de vista procesal y atento a que la relación sustancia es bilateral -actora y demandada-podría calificarse como 'mediato'.
Acción de amparo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad Pampa Almirón c/ Cooperativa Toba s/ Amparo y Medida de no Innovar. Municipalidad Pampa Almirón c/ Cooperativa Toba s/ Amparo y Medida de no Innovar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-10-20|1995-10-20

Con la procedencia de esta vía, de ninguna manera se pretende obligar a la empresa -estatal o privada- a suministrar el servicio de energía eléctrica en forma gratuita, puesto que la solución sólo apunta a excluir un método de coacción para el pago que redunda en un perjuicio para el usuario desproporcionado con el interés en juego, perjuicio que sería imposible revertir ulteriormente en el supuesto de que el corte se extienda en el tiempo. Esta solución se impone aún con mayor fuerza en casos como el presente, en el cual -tal como seguramente ha sido intención de la a-quo destacar- la deuda comprende tan sólo un período de facturación, no resultando ello, bajo ningún concepto justificación suficiente para adoptar la postura que asumiera la demandada. En el caso sub-ex mine, la reconexión se llevó a cabo en un tiempo relativamente breve, pero los accionantes, sin embargo, habían impetrado la medida con anterioridad, sin haber sido notificados de la pronta restitución del servicio. Vale decir, incoaron la demanda en circunstancias en que ellos -ha quedado acreditado debidamente- todavía podían considerarse afectados por la actitud del demandado y con derecho a solicitar la efectivización de la tutela constitucional.
Asociaciones sindicales, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Castellanos, Hipólito Enrique c/ Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (I.A.F.A.S.) s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-17

El actor no es titular de la tutela sindical pretendida en tanto es miembro de comisión directiva de asociación sindical simplemente inscripta; contrariamente, aquella -conforme la clara norma del artículo 48 de la ley 23.551- se otorga en lo que al caso concierne a trabajadores que ocupan "cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial".
Prueba confesional, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: AGRA DE WACHTER, Estela L. s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

No es posible probar el cuerpo del delito con la confesión.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Relaciones de familia, tutela
Materia: CIVIL
Carátula: M-RQUEZ AL+, LEANDRO OSVALDO c/ OLIVARES, ENRIQUE ALDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-08-11

La tutela se da o por los padres, o por la ley, o por el Juez (art.382 del Cód. Civ.), la tutela de menores es una función supletoria. Es menester que se haya producido el fallecimiento del otro progenitor, pues la tutela solo se abre por muerte de ambos padres.

Al tiempo de morir el primero de ellos, los hijos quedan bajo la patria potestad del sobreviniente. La tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil.

De ahí que uno de los caracteres fundamentales del instituto sea la supletoriedad - o potestad subsidiaria - de la patria potestad, salvo en los casos que corresponda la designación del tutor al menor de edad por existir oposición de intereses entre el y su padre o por existir bienes excluidos de la administración paterna.

La tutela se defiere a los menores que carecen de padre y madre, por no haber sido reconocidos por ellos, o porque ellos lo han pedido o han sido suspendidos en si ejercicio, como en el caso de que el progenitor que reconoció al hijo fuera declarado demente ( en Código Civil...ob. cit. ps. 299 y 300).
Crédito laboral, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Torrente, Daniel Oscar c/ PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-15

La aplicación de la tasa pasiva de interés no sólo atenta directamente contra el carácter tuitivo de la legislación laboral, sino que acentúa la desprotección del sector del trabajo, ya que la deuda laboral no es menos que otras deudas y en definitiva forma parte del giro empresarial, por lo que no puede ni debe tener un trato y atención peyorativo. Todo lo contrario, porque si bien es cierto que no puede haber enriquecimiento ilícito del acreedor, tampoco lo puede haber por parte del deudor, siendo éste en definitiva el único responsable de su propio incumplimiento.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milano, Beatriz c/ Seling, Raúl y ot. s/ Cobro de alquileres (R de H)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Quien quiera proteger su vivienda única familiar cuenta con el amparo del instituto del bien de familia, no siendo posible formular interpretaciones extensivas a otros supuestos no contemplados en forma expresa por los textos legales (art. 219 inc. 3, C.P.C.C.).
Constitución Nacional, libertad de prensa, malicia real
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baquero Lazcano, Silvia c/ Editorial Río Negro S.A. y/u otros. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Al haberse desestimado el carácter difamatorio de la nota cuestionada, no corresponde examinar el caso a la luz de la doctrina de la "real malicia", habida cuenta de que falta uno de los presupuestos que justificarían su aplicación.
Delitos, pena, graduación de la pena, pena mínima, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: CH., D. O. s/ Robo calificado por uso de arma (Expte. Nro. 780-00, Resolución Nro. 56,  Tomo 41, Folio 119)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-22

Principios de equidad, los fines de prevención general y especial de la pena y su personalización, juventud del imputado, carencia de antecedentes, siendo éste el único contacto que el imputado tuvo con el delito, que tal vez no le haya permitido medir las gravosas consecuencias de su conducta desde la pérdida de su libertad hasta el estigma social y secuelas de una severa condena -unido a la contención familiar y el esmero y preocupación de sus padres de crianza- me llevan a considerar útil como medida excepcional intentar disminuir la pena. Aparece conveniente morigerar los efectos de una detención con riesgos de influir negativamente en su formación, principalmente por la accidentalidad del proceder protagonizado. Insisto en el aparente perjuicio de mantener al justiciable privado de libertad por un tiempo tan prolongado, atendiendo al mínimo de pena que prevé la norma penal transgredida.

La naturaleza del hecho, el lapso que lleva privado de libertad y su conducta ejemplar, hacen suponer que el tiempo padecido en prisión es suficiente para interpretar que la resocialización que se pretende, razonablemente ya se habría logrado, y si ello no fuera así, probablemente tampoco lo sería con un mínimo de cinco años de cárcel, siendo que se trata de un individuo sin experiencia en el campo del delito.
Leyes, aplicación de la ley, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Barreriro, Miguel Angel y otros s/ Robo calificado Tardaguila Fernández, Carlos R. s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16|1999-11-24

Viola los arts. 7 y 8 de la ley 24.390, el art. 24 del Código Penal, y por su conducto, los arts. 2 y 3 del mismo el fallo que decide que la referida ley no resulta aplicable a quienes revestían a la fecha de su entrada en vigencia el carácter de condenados, ya que el Congreso de la Nación ha modificado el art. 24 del Código Penal en uso de las atribuciones que le confiere el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, y por ello la norma en cuestión resulta de aplicación obligatoria en el ámbito fijado en el texto constitucional citado y en el art. 1° del Código Penal.
Demanda, notificación, validez de la notificación, lugar de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: SANHUEZA, LEOPOLDO HUMBERTO Y OTRO. c/ COPROMANEU S.A. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

Por ello no se ha vulnerado en los presentes ninguna de las formas sustanciales del procedimiento que conlleven a que el acto notificatorio pierda su entidad, pues se efectuó en un domicilio que la empresa no niega y por tanto resultó totalmente eficaz, produciendo el emplazamiento perseguido (conf. Sala I en su anterior composición en expte. nº1451-CA-3, PI 2003 N°630 T°V F°972).
Pensiones, denegatoria del beneficio, hijo separado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IMHOFF, Florentina c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

No tiene derecho al beneficio de pensión como consecuencia del fallecimiento de su madre, el hijo de estado civil separado, ya que el mismo no está enumerado entre los beneficiarios que taxativamente dispone el art. 38 de la ley 18037 (t.o. 1976).
Recurso extraordinario de nulidad, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Osvaldo F. c/ Pomotex SAIC y ot. s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

No puede determinar la nulidad del fallo la falta de consideración de una cuestión que no fue planteada en forma clara y eficiente en el escrito de demanda.
Veedor judicial, rendición de cuentas, quiebra
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Trenes de Buenos Aires SA c/  s/ quiebra s/ incidente de informes de veedor - cometrans sa-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-11

Procede rechazar la impugnación de la fallida al modo en que el interventor designado en autos, rindió cuentas de su gestión. La recurrente sostiene que aquel debió rendirlas mediante la confección y presentación de estados contables. Ello así, una cosa es reprochar al interventor que no hubiera confeccionado los estados contables del ejercicio -ni, por tanto, convocado a una Asamblea para su consideración por los accionistas- y otra notoriamente distinta es sostener que la rendición de cuentas de la gestión que un juez encomienda a un interventor deba asumir la forma que prevén la LGS 62 a 65. Respecto de la primera cuestión, ninguna duda cabe en punto que la obligación que pesa sobre los administradores, tendiente a confeccionar los estados contables y someterlos a consideración de los accionistas para su aprobación dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio, también comprende a un interventor judicial designado ante el desplazamiento de los integrantes del órgano de administración. Al respecto, cabe referir que los requisitos específicos que prevé el ordenamiento societario para su confección, estado de resultados, notas complementarias y memoria no son exigibles para la presentación de un informe final de gestión en sede judicial, que debe satisfacer los recaudos del régimen general de rendición de cuentas previsto en el CCCN 858 y 864. Lo expuesto no implica soslayar la vigencia del principio general según el cual los administradores de sociedades regulares rinden cuentas a través de los estados contables sino puntualizar que, tal como fue adelantado, la obligación del interventor judicial de elaborar y ponerlos a disposición constituye una entre tantas otras tareas que aquél debe desplegar durante su gestión, pero no debe confundirse con su informe final de gestión. Ello así, en el caso, además del desorden administrativo e incumplimiento de las normas relativas a la documentación societaria y contable, aquel auxiliar debió soportar una actitud obstruccionista de los administradores luego desplazados, que ciertamente provocó las dificultades que impidieron el cabal cumplimiento de las tareas encomendadas. Por ello es que, aunque el interventor no hubiera logrado regularizar la documentación societaria y contable de la empresa, mal puede sostenerse -dado el particularísimo escenario configurado en autos- que ello impida la aprobación de su gestión, la cual además se ajustó a la misión encomendada y permitió que se cumpliera el objetivo principal de la medida, tendiente a asegurar el patrimonio de la fallida.