Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-10


.MDEL.1468457.

EXP. nº 30.291/12 Salta, 10 de abril de 2.017 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "RAMOS, CESAR ADRIAN C/ E.N.J.A.S.A. S.A. S/ ORDINARIO", EXP - 30291 / 12; originario del Juzgado de primera instancia del trabajo N°6 , para resolver la apelación interpuesta a fs. 154/157 y vta. , y C O N S I D E R A N D O María de la Mercedes Domecq dijo:

I. La Sentencia de fs. 146/151 que rechazó en todas sus partes, con costas, la demanda deducida en autos, es objeto de la mentada vía recursiva por el actor.

Expresa el recurrente que interpone recurso de apelación parcial en contra de las costas impuestas a su parte, conforme la última parte del ap. I) de la parte dispositiva de la sentencia recurrida; que la Señora Jueza de grado ha prescindido de los planeos argumentados en la demanda, en el alegato y de la prueba producida por su parte, incumbiendo así en arbitrariedad manifiesta contrariando las garantías de los arts. 16 a 18 de la C.N. y disposiciones de derecho internacional concordantes sin dar fundamento alguno.

Arguye que la Sentenciante ha valorado determinada prueba dándole mayor importancia que a la restante, por lo que la condenación en costas no constituye una derivación razonada de los hechos acaecidos, de la prueba traída al proceso y ni del derecho vigente. Cita jurisprudencia.

Que la sentencia agravia a su mandante por haber tenido en cuenta que el contenido de la posición 10 para que absuelva la demandada implicó un reconocimiento para su parte contrario a lo afirmado en la demanda y por haber omitido valorar los hechos acreditados mediante las testimoniales.

Para corroborar lo expresado transcribe textualmente las declaraciones de los testigos Guanca, (fs. 114 vta./116), Gottfried (fs. 116/117), Torres (fs. 117/118 vta.), Padilla (fs. 118/119), Angulo (119 vta./121 vta.) y Delgado (fs. 112/124), relacionadas con las tareas que cumplía César Adrián Ramos.

No se tuvieron en cuenta -agrega- las serias contradicciones en la absolución de posiciones del representante legal de la demandada ni la presunción del art. 55 de la L.C.T. por falta de presentación del libro del art. 52 y concluye que el actor actuó sobre una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito y tuvo razón fundada para litigar actuando de buena fe considerando que su categoría era la reclamada en la demanda, por tal motivo es que pretende la excepción al principio objetivo de la derrota en juicio prevista por el art. 67 del C.P.C.C.C..

Cita nuevamente jurisprudencia y formula reserva del caso federal.

Corrido el traslado a la contraria, el mismo es contestado a fs. 160/162 vta. en una presentación donde afirma que el recurso de apelación interpuesto por el actor se circunscribe a manifestar su desacuerdo respecto de la imposición de costas, consintiendo el rechazo de la demanda; que el fallo no puede ser arbitrario desde que se funda en una ley; que olvida el apelante que la imposición de costas a la vencida se fundamenta en el hecho objetivo de la derrota; que apartarse del mismo implicaría un perjuicio económico para su mandante, vulnerando su derecho de propiedad; que el apartamiento del principio del art. 67 del CTCC es excepcional; que la interpretación que realiza de las testimoniales es antojadiza y parcializada; que no se advierten contradicciones en la confesional de su parte y que no puede aplicarse la presunción del art. 55 de la L.C.T. porque su mandante acompañó la documentación requerida.

II. El señor César Adrián Ramos promovió proceso tendiente al cobro de diferencias de haberes y también diferencias de indemnizaciones derivadas del despido por considerar que durante toda la vigencia de la relación laboral estuvo mal categorizado: mientras Entretenimientos y Juegos de Azar S.A. sostuvo que realizaba tareas propias de la categoría recepcionista - anfitrión y de auxiliar de control interno (fs. 26 y vta.), aquel postuló que desde su ingreso hasta abril de 2.007 cumplió funciones de auxiliar de control interno y que desde entonces hasta finales de 2.010 ".se le atribuyeron las funciones específicas de Supervisor, ya que se encargaba, entre otras cosas de los cambios de turno, la confección de planillas y la redacción de los memorándums dirigidos al personal que se encontraba a su cargo." (fs. 5 vta.).

El planteo fue rechazado con imposición de costas al actor, ante lo cual solicita que se revoque esta ".por haber existido una verdadera incertidumbre sobre la situación fáctica que determinó la creencia razonable de la legitimidad del derecho reclamado." (fs. 157 vta.), para lo cual analiza previamente las declaraciones testimoniales.

En orden a determinar si se advierte la existencia de la mentada incertidumbre fáctica sugiero tener en cuenta, en primer lugar que de la casi integridad de las testimoniales rendidas se desprende que el accionante era parte del personal de seguridad.

En ese sentido declaran René Osvaldo Guanca en la quinta respuesta de fs. 115, luego ratificada por la siguiente; Silvana Zerpa, al responder a fs. 119 vta. a la pregunta 5 del pliego de fs. 108; Santiago Guillermo Juárez en la sexta respuesta de fs. 122 y Hielbler Gottfried, quien afirma en la respuesta 3 de fs. 114 vta. ser gerente de seguridad y en la siguiente que el accionante era uno de sus empleados; Jorge Padilla, por su parte, asevera que el actor era -como él mismo- auxiliar de control interno (categoría esta incluida en el Sector Seguridad - ver el acápite 26 del señalado art. 11).

Roberto Javier Delgado no menciona literalmente el sustantivo "seguridad", pero describe en los siguientes términos las tareas que prestaba el señor Ramos: "él estaba en la parte de adentro, nosotros hacíamos en la parte de afuera, vigilancia, y él en la parte de adentro... Cuando él nos precisaba para que saquemos a alguna persona, él ya nos llamaba porque nosotros teníamos que estar en la puerta." (décimoprimera respuesta de fs. 122 vta.) y ". después lo veía también que nosotros hacíamos de custodia en el blindado, donde se hacía la recaudación de plata de los casinos, él salía también. estaba a cargo del blindado. con la radio. le daban una Handy y después en el momento de partir él ya se comunicaba. después esa plata recaudada se venía a dejar al Banco." (respuestas sexta a novena de fs. 123). Algo similar ocurre con el declarante Rubén Omar Torres, quien advierte a fs. 117 vta. que ". lo he visto a él saliendo con esos chalecos que usan los que hacen recaudación de caudales, esas empresas que manejan plata. con uniforme. esos chalecos anti bala y la gente que iba por detrás. (respuesta cuarta) y con Claudio Javier Angulo en las últimas respuestas de fs. 120.

En suma: lo vertido por los tres últimos testigos individualizados en los párrafos anteriores remite a tareas vinculadas con seguridad.

Ahora bien: a pesar de que está demostrado que César Adrián Ramos desarrolla funciones propias del Sector Seguridad, expresamente prevista en el convenio colectivo 842/07 E, advierto que se encontraba categorizado, de acuerdo a los ochenta y cuatro recibos de haberes que en copia certificada están reservados a fs. 34, como "recepcionista - anfitrión", categoría incluida, de acuerdo a la clasificación del art. 11 (punto 18), en el Sector Tragamonedas.

En otros términos, parece clara la falta de correspondencia entre la materialidad de las tareas que cumplía el actor (propias del Sector Seguridad) y la categoría en la que se encontraba registrado por el empleador (incluida en el mentado Sector Tragamonedas).

De este equívoco también da cuenta el representante legal de la demandada cuando afirma que "recepción es una categoría de seguridad", "la categoría de recepcionista y la categoría de auxiliar interno, ambas pertenecen a seguridad y lo que él intercaló, fue su función de recepcionista anfitrión con la de auxiliar y control interno, ambos pertenecen al Departamento de Seguridad" (posición 3 y respuesta siguiente, fs. 113 y vta.): ello, de acuerdo al texto de la norma convencional, no es exacto porque la categoría de recepcionista está incluida -reitero- como parte de las propias del Sector Tragamonedas.

Parecida confusión se advierte en el análisis desarrollado por la Señora Jueza de grado, quien refiere primero a la categoría de supervisor considerando que con ello el actor aludía a la prevista en el apartado 30 del art. 11 del convenio colectivo 842/07 (es decir una de las mencionadas en el área Sector Administrativo de Juego) para concluir luego que no se ha logrado acreditar el desempeño como supervisor del Sector Seguridad: se advierte en ese análisis hay falta de identidad entre la premisa mayor y la conclusión.

En estas condiciones no parece anómalo que el trabajador pudiese haber considerado que se encontraba subsumido en una categoría incorrecta, cuestión que pudo ser finalmente determinada solo luego de la sustanciación y producción de prueba en un proceso judicial: ello permite advertir la existencia de elementos objetivos que razonablemente llevaron al actor a considerarse con razón suficiente para litigar.

"La eximición de costas que autoriza el art. 68 del Cód. Proc. Civil y Com. De la Nación. procede, en general, cuando media ´razón fundada para litigar´, expresión esta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, debe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio." (antecedente jurisprudencial citado en la nota 182, p. 80 de la obra de Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil").

En fin: de prosperar mi voto, se hará lugar a la apelación del actor y, en su mérito, se modificará el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia y se determinará que las costas por el rechazo de la pretensión en primera instancia deberán ser soportadas por el orden causado (art. 67, segunda parte, del C.P.C.C.), con costas por su orden en esta instancia por haber sido resuelto el recurso con argumentos propios del Tribunal (art. 67, segunda parte, del C.P.C.C.).

De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto que se regulase en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Mirta Inés Regina dijo:

Adhiero, teniendo en cuenta el criterio sustentado por nuestra Corte de Justicia al respecto: "El abandono del principio objetivo y la consiguiente exención de costas a favor del vencido deben justificarse en causas fundadas que tornen manifiestamente injustas su imposición a dicha parte, tales como la configuración de una situación compleja o dificultosa, la novedad de la cuestión, la existencia de doctrina y jurisprudencia contradictorias, el cambio de los mismos y la ausencia de precisión legislativa, cubre otros". (Tomo 80: 117; 184: 987).- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. HACER LUGAR a la apelación del actor y, en su mérito, modificar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia y determinar que las costas por el rechazo de la pretensión en primera instancia deben ser soportadas por el orden causado, con costas por su orden en esta instancia.

II. DETERMINAR los honorarios por la labor en esta instancia en el 45% del monto que se regulase en primera y de lo que fue materia de agravio.

III. ORDENAR se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.

SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA