Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-04


SENT Nro. 409 San Miguel de Tucumán, 04 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: El planteo de "per saltum" (artículo 107 del CPC) deducido por la codemandada Provincia de Tucumán en los autos: "Supermercados Norte S.A. vs. Banco del Tucumán y otro s/ Amparo", y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento del Tribunal, el planteo de "per saltum" interpuesto por la codemandada, Provincia de Tucumán, a fs. 1/18 de autos, a efectos que esta Corte Suprema de Justicia se avoque a su resolución.

II.- La Fiscal de Estado Adjunta de la provincia manifiesta que viene a solicitar la referida avocación directa a fin que se deje sin efecto la sentencia que dispone, como medida cautelar innovativa, que el Banco del Tucumán S.A. acredite en las cuentas operativo FET, a nombre de Supermercados Norte S.A., Casa Lozano S.A. y TIA S.A., las cantidades de bocade que se indican, las que deben ser debitadas de cualquier cuenta de la Provincia de Tucumán donde existan fondos.

Arguye que al no haberse suspendido la cautelar, tanto el traslado concedido a la contraria del recurso de revocatoria como su posterior decisión, sería tardía y extemporánea, aun cuando se hiciera lugar a este último, pues el daño ya se habría consumado, no sólo con relación al reclamo de la actora, sino en lo que concierne a toda la situación de la operatoria de cambio de moneda y al sistema económico financiero de la provincia.

En esta perspectiva, es decir, en punto a la gravedad institucional en que asienta la apertura del carril procesal elegido, señala que los efectos de la decisión sentencial pueden ser catastróficos para Tucumán y sus habitantes, al ponerse en riesgo nada más y nada menos que la operatoria de canje de bocade por pesos y resentida la credibilidad en la misma. Así, considera que el pronunciamiento cuestionado impacta sobre la sociedad, el estado provincial e, incluso, sobre el convenio nación-provincia relativo al retiro de las cuasi monedas, habiendo aquélla procedido con acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Resalta que todo ello se ve alterado por el fallo que tiene incidencia sobre todos los tenedores o acreedores en bocade o respecto de cualquier operatoria que tenga que ver con la situación. Añade que una catarata de juicios idénticos o parecidos significaría, lisa y llanamente, que el canje no pueda realizarse, y que si se continúa con las "cautelares", no podrá tampoco abonarse los sueldos. En su criterio, la gravedad institucional es de público y notorio y no requiere demostración, e indica que la sentencia prescinde de normas de orden público aplicables al caso.

Aduce que la medida innovativa disfraza o encubre un verdadero embargo prohibido por la ley; que la misma se presenta contraria a la pauta del artículo 239 de la Ley Nº 6176, sin que haya sido invocada por la actora ni por el pronunciamiento la excepcionalidad exigida por el artículo 226 del CPC, de aplicación supletoria al fuero, por cuanto nada dice acerca del privilegio que debe tener el crédito para que sea procedente contra el estado; que existe contradicción con otros fallos de la misma Sala en el aspecto que puntualiza a fs. 10 de autos, y que una de las falencias más graves del acto jurisdiccional en crisis reside en la falta de mención y tratamiento de las leyes de emergencia económica y de inembargabilidad de las cuentas públicas, toda vez que aquéllas, antes de disponerse la medida innovativa, debieron ser declaradas inconstitucionales.

Expresa que el fallo, en notoria incongruencia con lo efectivamente solicitado por la parte actora, ordena la transferencia de los bocade, no a la orden de la Excma. Cámara y como pertenecientes a los autos del rubro, sino a las respectivas cuentas de las demandantes, sin limitar la disponibilidad de los fondos hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no puede afirmar que ellos todavía permanezcan indisponibles en las aludidas cuentas, al momento de la presentación de este recurso.

Por último, en esta dirección sostiene que al ordenarse la transferencia de los bocade a las cuentas de la parte actora, en los hechos, lo que se dispuso fue una medida autosatisfactiva, atento a que ante dicha transferencia y retiro de aquéllos por parte de la accionante, nada queda para litigar.

III.- La presentación de fs. 1/18, por la que se procura obtener la intervención de esta Corte por la vía prevista en el artículo 107 del CPC, resulta inadmisible.

El "per saltum" regulado en la citada norma, ha sido establecido para situaciones de interés constitucional o gravedad institucional que, a criterio de este Tribunal, autoricen a prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos a los efectos de un inmediato pronunciamiento, al no admitir la solución demora alguna. Se trata de un remedio de carácter excepcional, pues comporta la supresión de los procedimientos recursivos establecidos en el ordenamiento jurídico procesal y, para su procedencia, es necesaria la demostración acabada, por parte del solicitante, de que las cuestiones planteadas revisten la gravedad o trascendencia institucional que se esgrime.

En el caso, la pretendida arbitrariedad, ilegalidad o inconstitucionalidad de la resolución que se controvierte se funda, especialmente, en que se habría dispuesto efectivamente un embargo sobre cuentas públicas con el "disfraz" de una medida cautelar innovativa, y en la violación del principio de congruencia y de normas de orden público. Asimismo, se sustenta esencialmente la apertura de esta excepcionalísima vía procesal, en el grave e irreparable daño que, con aquella medida, se habría inferido a la operatoria de canje de bocade por pesos, todo ello en la forma y con los alcances reseñados precedentemente.

Sin embargo, de los términos de la presentación de marras se desprende que la alegada gravedad institucional no ha sido adecuadamente acreditada, ya que de su simple lectura no se advierte la razón por la cual la medida cautelar adoptada traiga aparejado el efecto catastrófico para la sociedad, gobierno y habitantes, y la profunda afectación a la mencionada operatoria que se pregona, la que lejos está de resultar obvia o notoria, y no puede derivarse razonablemente, con la manifiesta evidencia que se requiere, de su mera invocación o alegación o de la categórica atribución de efectos frustratorios o impeditivos del operativo de canje de bocade por pesos y del pago de salarios a eventuales situaciones vinculadas a otros juicios. No debe perderse de vista, además, en orden a la gravedad institucional invocada, que se encuentra en marcha el proceso de canje en cuestión, en cuya virtud éste se efectúa, en un primer momento, a través del mecanismo de la licitación por parte de los tenedores que se encuentren en determinadas condiciones o cumplan con ciertos requisitos y demás recaudos preestablecidos en la normativa aplicable.

Es así que, en lo que respecta al tema traído a decisión -solicitud de avocación "per saltum"-, la peticionante no demuestra adecuada y suficientemente la concurrencia de los extremos señalados que habilitan la vía excepcionalísima intentada, a fin de conseguir pronunciamiento de este Tribunal. La disposición contenida en el artículo 107 del CPC no autoriza a que el litigante elija a su arbitrio las vías procesales dirigidas a obtener una rápida definición del litigio, provocando la intervención del máximo Tribunal de la provincia, sino para situaciones de extrema gravedad, en las que este remedio es legalmente eficaz para la protección del derecho que se reputa vulnerado, de tal suerte que, en la especie, como se dijo, queda indemostrada con la certidumbre y patencia exigidas -siendo ello carga de la recurrente-, que la medida cautelar en examen ponga en serio y grave riesgo la operatoria de cambio de moneda, a la credibilidad ciudadana en la misma, o se traduzca en una alteración sustancial del sistema económico financiero local y de políticas de estado a nivel provincial, nacional e internacional.

Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el requerimiento impetrado no encuadra en las previsiones de la citada norma, más allá de la legitimidad, arbitrariedad o inconstitucionalidad, o no, de la medida cautelar dispuesta, respecto de lo cual, lo precedentemente considerado, no significa adelantar opinión, en manera alguna. En consecuencia, atendiendo a la circunstancia que la vía del artículo 107 ha sido incorrectamente utilizada, corresponde desestimar la solicitud de "per saltum" que diera origen a estas actuaciones.

Por ello, habiendo dictaminado a fs. 20/22 el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el pedido de "per saltum" formulado por la codemandada Provincia de Tucumán, conforme a lo considerado.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA