Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-10


Salta, 10 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTA: Esta causa Nº I01 29434/11 de la Sala I de la Cámara de Acusación, "PIEZAS PERTENECIENTES DE LA CAUSA COR 98181/11 del Juzgado en lo Correccional y de Garantías 1ª Nominación, Expte. Nº 98181/11 y ________________________CONSIDERANDO:

Los Dres. JULIO V. PANCIO y RAÚL ROMÁN dijeron:

I) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este tribunal de conformidad a lo establecido por los arts. 54 y cctes. del CPP, a fin de dirimir la contienda trabada entre la Dra. Mónica Faber y el Dr. Héctor Hugo Martínez, Jueces Correccionales y de Garantías de 8ª y 1ª Nominación respectivamente, de este Distrito Judicial del Centro.

a) Que a fs.1/2 de esta incidencia, la Dra. Mónica Faber resuelve Inhibirse de continuar actuando en las presentes actuaciones de conformidad al art. 51 inc. 13 del C.P.P., remitiendo al Juzgado Correccional y de Garantías de 1ª Nominación, los obrados conforme lo dispone el art. 55 del C.P.P..

Funda su Apartamiento al considerar que habiendo remitido la causa Cor Nº 84610/09 y sus acumuladas a la Sra. Defensora General de la Provincia, a los fines de hacerle conocer que se había inhibido por una controversia suscitada con la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 8 Dra Mercedes Molina y de conformidad al inc. 13 del art. 51 del C.P.P., para no provocar también el desplazamiento de la causa en cuestión al Juzgado de igual fuero de 1ª Nominación y evitar en consecuencia la sobrecarga de trabajo a éste, solicitándole el reemplazo con carácter de urgente de la citada defensora. La Dra. Adriana Arellano no hizo lugar a lo solicitado "toda vez que advertía la inexistencia de inhibición en la causa de referencia por las causales del art. 51 del C.P.P. y consideraba que únicamente se ha efectuado una remisión de la inhibición en la causa COR Nº 84.610/09, todo ello de conformidad con lo normado por el art. 167 de la Constitución Provincia, las previsiones contenidas en el art. 46 y cc. de la Ley 7328-Ley Orgánica del Ministerio Público y Resolución General Nº 5567/07".

Alega la Dra. Faber que en la causa COR 84610/09 y sus acumuladas, en fecha 14 de Abril del cte. año, mientras se realizaba audiencia de debate en el Juzgado a su cargo, en la que, a más de otras circunstancias, se había resuelto un recurso de reposición interpuesto por la Sra. Defensora, de manera adversa a sus intereses, ésta no fue del todo decorosa (es por ello el llamado de atención que consta en acta), pero ello no resultó el motivo de su posterior inhibición, sino que decidió inhibirse en atención a una discusión suscitada con la defensora durante el cuarto intermedio, en la que participaron como testigos los secretarios del Juzgado y el guardia.

Continúa refiriendo la Juez inhibida que, desde su despacho, en el lapso aludido, escuchó a la Defensora -que se encontraba en Secretaría-, efectuar consideraciones sobre su persona y desempeño, en voz alta y cuando se dirigió al lugar oyó que le manifestaba al Dr. Clark " lo que pasa es que tu juez es una burra, no sabe nada, no conoce el Código de Procedimientos". También refería que estaba en el cargo de Juez gracias a la ayuda de un padrino, pero que ese padrino ya no tenía poder y que me quedaba poco tiempo como Juez, ya que en cualquier momento le pedía Jury y si no era ella iba a ser algún abogado, ya que todos comentan que no sabe nada. Ante ello, dice la Dra. Faber, ingresó al Despacho y le dijo que era una maleducada, guaranga y que no podía referirse sobre su persona en esos términos y menos delante de los funcionarios.

Igualmente expresa la Sra. Juez que la Dra. Molina, en presencia del Dr. Clark, le dijo que "si vos no sabés nada, no sé como llegaste al cargo de Juez, seguro que con ayuda", le pidió entonces que se retire del despacho, que no quería seguir hablando, y que cuando se dirigía a su despacho la defensora le manifestó que quería que en forma inmediata arbitrara los medios para que la audiencia fuera grabada, porque sino iría a Superintendencia, ya que la suscripta le había manifestado a su cliente, en medio de la audiencia , que tenía que decir la verdad, lo que no podía exigirle en una indagatoria y que eso era motivo de recusación; azorada por ello le preguntó por qué no la había recusado en la audiencia y en el momento que indicaba, insistiendo la defensora con la grabación, porque decía seguro que lo iba a desmentir, que iba a cambiar el acta de debate, como lo hace siempre, para que no consten las barrabasadas en las que incurre a diario, siempre favoreciendo a Fiscalía para perjudicarla a ella, ya que lo único que perseguía y quería es que deje de ser la defensora del Tribunal, lo que no iba a lograr, porque no se iba a ir, ya que se ganó el lugar que ocupa con la mejor nota. Ante lo cual procedió a pedirle que se retire nuevamente de su despacho y desde el pasillo y a los gritos manifestaba que se iba a Superintendencia a denunciarme, y le decía además que ya iba a ver ahora, que la iba a conocer quien era.

Estima la Dra. Faber que los argumentos expuestos resultan serios y graves, pues las manifestaciones vertidas ponen en duda su actuación y honorabilidad y se vapulea su investidura, sintiéndose violentada moralmente, por lo que se inhibe de entender en las presentes actuaciones, de conformidad al art. 51 inc. 13 del C.P.P.

Ofrece como testigos a los Dres. Víctor Walter Clark, Claudia del Valle Puertas, Claudia Inés Geria y al guardia del tribunal César Maizares.

b) Remitida y recepcionada la mencionada causa en el Juzgado cuyo titular es el Dr. Héctor Hugo Martínez, éste decide rechazar la inhibición formulada por la Dra. Mónica Faber, disponiendo elevar los antecedentes a esta Cámara de Acusación.

El Sr. Juez Correccional de 1º Nominación, luego de reseñar los motivos expuestos por la Dra. Mónica Faber, considera que la inhibición formulada por la titular del Juzgado Correccional de 8va. Nominación, no cuenta con los fundamentos necesarios para ser aceptada. Advierte que los términos consignados como provenientes de la Dra. Mercedes Molina hacia la Sra. Juez, no guardan prudencia, decoro ni el respeto exigible en la crítica de los actos de cualquier magistrado y que los mismos rebasan el deber de abstención de toda expresión violenta o agraviante, -deberes que no son sólo exigibles para los abogados profesionales de la matrícula, sino que por su naturaleza guardan igual y aun más celosa exigencia para quien, por su investidura, como en el caso en análisis, la defensa es ejercida en el marco de las obligaciones propias de la defensa de oficio que proporciona el Estado-.

No obstante ello, entiende el Dr. Martínez que la cuestión debiera resolverse a través de las actuaciones disciplinarias correspondientes más allá de toda gravedad en las causales en que se motiva la inhibición, atendiendo muy especialmente a las particulares circunstancias del caso, pues la causal de violencia moral invocada se suscita con la Sra. Defensora Oficial Penal Correccional Nº 8, es decir la titular de la defensoría asignada para dicho Juzgado.

Así, siendo conocido que del total de las causas en trámite en un Juzgado Correccional y de Garantías, alrededor de un 90% a 95%, aproximadamente cuentan con la defensa oficial, aceptar la inhibición implicaría el desplazamiento del mismo porcentaje de expedientes de ese Juzgado al Tribunal a su cargo, ya que la causal alcanzará a todas las causas que se registren con defensa oficial.

Indica, además que ya se ha iniciado el proceso de remisión de actuaciones, lo que se puede verificar con un simple pedido de informes.

Entiende el Sr. Juez que desde ese punto de vista, el desplazamiento masivo de causas al juzgado a su cargo, resultaría contrario al principio de la razonabilidad porque objetivamente determinaría que otro Tribunal, la Fiscalía Correccional y la Defensoría que actúan, con toda su estructura, queden con su capacidad inactiva por la migración de la gran mayoría de las causas, mientras se abarrotaría las dependencias del Juzgado a las que se remiten, como así a la Defensoría Correccional y Fiscalía Correccional que intervienen ante el mismo, de lo cual resulta una afectación gravísima para la prestación del servicio de justicia.

En consecuencia, estima el Sr. Juez Correccional y de Garantías de 1º Nominación, que no encuentra aceptable el temperamento adoptado al formularse la inhibición, sin desconocer la seriedad de los motivos que se invocan, por lo que remite la presente a la Cámara de Acusación, en atención lo dispuesto por los artículos 54 y 55 del C.P.P. Destacando que a fs. 81, la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 8, Dra. Mercedes Molina, se presenta, negando los motivos de la inhibición en cuanto a la causal argumentada.

II) Que en primer lugar es necesario recordar que si bien la finalidad de los institutos procesales de la Inhibición y Recusación propenden a una recta administración de justicia, haciendo que los jueces actúen con absoluta imparcialidad en las causas que lleguen a su conocimiento, los mismos difieren en cuanto a su tramitación.

Así, la excusación implica un derecho de abstención por parte del magistrado, en tanto exista un impedimento subjetivo del juez, quien lo deberá merituar según su conciencia y asegurando a las partes la garantía de imparcialidad, mientras que la recusación es un remedio acordado al justiciable, quien pone de manifiesto un motivo de apartamiento a fin de provocar la separación del juez, ante la sospecha de parcialidad.

En ambos casos, los motivos en los que se fundan deben aludir a los previstos por el art. 51 del CPP.

De suerte entonces que la Inhibición es formulada por el Magistrado, excusación que si es admitida por el Juez al que se desplaza el expediente, será el competente para continuar el proceso, en caso contrario la Cámara de Acusación deberá resolver la cuestión.

Por su parte, la Recusación es formulada por los litigantes, debiendo ser aceptada o rechazada por el Juez interviniente; en caso de rechazo se eleva el escrito de recusación y el informe del Magistrado ante la Cámara de Acusación, quien producirá la prueba ofrecida en audiencia y resolverá sobre la procedencia del planteo. Si el Juez recusado hace lugar al pedido se procede de conformidad al art. 55 ritual.

Es decir que la Inhibición es una cuestión que se suscita entre Jueces, en cambio la Recusación se produce por un planteo de parte, convirtiéndose en un conflicto entre Magistrados cuando, aceptada la Recusación por el Juez de origen, el Tribunal que recibe las actuaciones, se opone a los motivos esgrimidos por aquél.

De ello surge claramente que pese a haberse ofrecido prueba en el incidente bajo análisis, no corresponde su producción, pues dicho trámite no se encuentra previsto para el Instituto de la Inhibición. De modo que, en última instancia al existir la posibilidad de que la causa se desplace de un Juez a otro, en el trasfondo se alude también a una cuestión de competencia.- Es sabido que las causas de apartamiento deben ser graves y serias, habida cuenta los intereses privados y públicos en juego y al encontrarse de por medio el principio constitucional del Juez Natural, pues aun cuando el mismo rige para todas las sedes, es en la penal donde debe ser más estrictamente respetado a tenor de lo consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, a lo que podemos agregar el derecho de las partes a que las causas judiciales se resuelvan dentro de un plazo razonable.

Conviene recalcar también que las cualidades de los magistrados para el desempeño de su ministerio, son de apreciación privada de otros poderes. De lo dicho surge claro la razón de la exigencia de una interpretación restrictiva en la aceptación de los institutos referidos resultando necesario, en el asunto que nos ocupa, formular las siguientes consideraciones.

La doctrina estima como un acierto que se haya incluido al Ministerio Fiscal junto al imputado, al actor civil y al civilmente responsable, sus defensores y mandatarios, como legitimados para recurrir a estos institutos, porque el fiscal puede conocer una causal de recusación del juez, ignorada por las partes y que en tal caso es su deber plantearla (vgr. parentesco).

Dicen los Dres. Vázquez Iruzubieta y Castro en su obra Procedimiento Penal Mixto, T. I pág. 195 "...lo que no puede admitirse es que el Fiscal tenga facultad de recusar al Juez por causales de tipo personal ya que en tal caso, la solución es distinta o por lo menos debe provenir por otra vía, ya que como funcionario se vería afectado el ámbito de su función por la existencia de una causal permanente que lo aleje de un tribunal, donde por imperio de las reglas de la competencia debe siempre actuar".

En igual sentido el Dr. Ricardo Núñez en su Obra Código Procesal Penal Anotado, pág. 69 dice "Si bien, a diferencia del art. 54 del Código de 1939, ahora el Ministerio Fiscal puede recusar, no lo puede hacer por motivo de índole particular (como es la amistad o enemistad), vinculados a él y al Juez, tales motivos constituyen una causal de recusación sólo cuando median entre el Juez y los interesados, entre los cuales no se encuentra dicho Ministerio".

Tiene la misma idea el Dr. Washington Raúl Ábalos en su obra Código Procesal Penal de Mendoza, como el Dr. Jorge Clariá Olmedo en su Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 263 y sgtes.

Pues bien, el Juez tiene al igual que el Fiscal y el Defensor Oficial una función determinada en un idéntico Tribunal, por lo que tampoco puede recurrir a los institutos en cuestión, especialmente a la inhibición, alegando como causal la violencia moral motivado en razones personales, respecto al Defensor Oficial, como ocurre en el caso subexamen.

Ello así, toda vez que también aquí la causal sería permanente para alejarlo de un Tribunal donde por imperio de las reglas de la competencia debe siempre actuar, ocasionando los desajustes que bien explica el Dr. Héctor Hugo Martínez en su oposición.

De la lectura de los fundamentos para inhibirse que expone la Dra. Mónica Faber, se colige que encuentran su génesis en razones de índole particular, así entre otras cosas dice que la Sra. Defensora Oficial se refirió a su persona de manera agraviante.

No caben dudas que las manifestaciones aludidas, seguramente habrán producido un estado emocional negativo en la Sra. Juez, pero las mismas, como lo destaca el Dr. Martínez, deben resolverse a través de las vías correspondientes. Los motivos esgrimidos no resultan pertinentes dado la naturaleza y el carácter personal de los mismos, como se dijo siguiendo a caracterizados autores.

Cabe destacar que surge de la excusación formulada por la Sra. Juez, la necesidad de preservar la imagen de imparcialidad y objetividad. La integridad, la elevada conciencia de la misión y el sentido de la responsabilidad deberán colocar a la Sra. Juez por encima de estas vicisitudes.

Permitiría ello el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia en ambos Tribunales, de otra forma podría implicar la intervención del mas alto Tribunal, al estar comprometida en definitiva, una cuestión de competencia Por ello, la Sala I de la Cámara de Acusación _______________________RESUELVE I.- HACER LUGAR a la Oposición formulada por el DR. Héctor Martínez, Juez Correccional y de Garantías 1º Nominación y en su mérito DECLARAR formalmente INADMISIBLE la Inhibición propuesta por la Sra. Juez Correccional Nº 8 Dra. Mónica Faber.- II.- DISPONER que los autos bajen al Juzgado Correccional Nº 1 para su toma de razón y ulterior remisión al Juzgado Correccional Nº 8, para su radicación.- III.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE.-