marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cosa juzgada, conciliación laboral, sindicatos
Materia: LABORAL
Carátula: González, Luis c/ Coafi SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-18

El convenio celebrado entre la empresa demandada y los representantes gremiales del personal, que estableció un premio adicional a la asistencia y que según la demandada significó incorporar a los salarios, supuestos pagos clandestinos, no puede modificar lo dispuesto en aquellos fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, pues visto la fecha del acuerdo la accionada debió invocarlo como hecho nuevo en aquellos pleitos que se hallaban en trámite o bien denunciarlo y probarlo ya que los hechos constitutivos, modificatorios o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos, deben ser merituados por el señor juez (art. 163, inc. 6° del CPCCN). (Del voto de la Dra Porta, en minoría).
Títulos de crédito, letra de cambio, pagaré, pago, consignación judicial, portador del título, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD INTEGRAL DE NEGOCIOS DE BUENOS AIRES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-02

La obligada cambiaria que cumplió y pago, mediante la consignación cambiaria prevista en el decreto ley 5965/63 art. 45, queda liberada de su débito con el simple depósito, máxime si este no fue impugnado, con prescindencia del destino que el juez, a cuya orden se hizo la consignación, de a los fondos; de tal manera, carece de interés para cuestionar la legitimidad del aparente portador del título, que solo podrá ser cuestionada por el verdadero portador, quien debe soportar las consecuencias de su negligencia.
Sentencia arbitraria, declaración indagatoria, menores, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: H., A. O. c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Es arbitraria la decisión que dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria a un menor de 15 años de edad, toda vez que los fundamentos que la sostienen se apartan inequívocamente del régimen normativo aplicable a la solución del caso sometido a la jurisdicción del a quo, lo que implica su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Intervención de terceros, intervención obligada, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: FLETAMAR  SAC c/ CAP.  Y/O  ARM.  Y/O  PROP.  BQ IYO y otros s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

El tercero citado en los términos del art. 94 del Código Procesal, está facultado a articular las excepciones procesales que considere hacen a su derecho, pues goza de plena independencia de gestión procesal, obrando en la causa sin subordinación ni sujeción y a entera libertad, con las mismas atribuciones de las partes principales.
Prescripción, prescripción trimestral, vicio oculto, conocimiento del vicio, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Rejtman, Ana Adela c/ Coinar S.A. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-07

Si bien la prescripción trimestral del artículo 4041 del Código Civil comienza a operar desde que el vicio oculto se manifestó al comprador, la carga de la prueba de ese conocimiento recae sobre el comprador y no sobre el vendedor que acredita el transcurso del plazo desde la tradición de la cosa.
Docentes, interposición de la demanda, intereses compensatorios, Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja complementaria de previsión para la actividad docente c/ Escuela de Florida SRL s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

Los intereses resarcitorios y punitorios aplicables son los establecidos por la autoridad de aplicación por mandato expreso de los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 y, en ese sentido, tal como ha sido criterio reiterado del Tribunal con apego a las disposiciones legales mencionadas, al capital adeudado corresponde aplicar intereses moratorios desde que cada suma fue debida hasta la interposición de la demanda, corriendo desde entonces los intereses punitorios hasta el efectivo pago (cfr. sent. del 03.11.06, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Universidad Argentina John Kennedy Asoc. Civ."; sent. del 11.08.08, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Asoc. Cultural Noel"; sent. del 18.08.09, "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Asociación Bet - Am Escuela Medinath Israel"). (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, derivación no razonada del derecho vigente, ley procesal, interpretación de la ley, sentencia condenatoria, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PRO-AR S.R.L. c/ Sociedad de Benificencia Hospital Italiano Garibaldi s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio ordinario (Expte. CSJ Nº   765-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando la respuesta jurisdiccional de la Alzada -que declaró inapelable el auto del Inferior en el entendimiento de que, al haberse dictado la sentencia de condena, la causa se encontraba en la etapa de ejecución y, por ende, resultaban aplicables las normas de ese tipo de procedimiento (artículo 474, Código Procesal Civil y Comercial)-, soslaya la propia materia de conocimiento llevada a sus estrados, desenfocando, por el carril de esos vicios, normativamente, el caso a decidir, y restringiendo de modo arbitrario el acceso a la segunda instancia que, si bien no es requerida por la Constitución nacional, integra la garantía de defensa en juicio cuando la ley la ha instituido. En la especie, resultaba decisivo tener en cuenta que la serie procedimental llevada a cabo con posterioridad a la sentencia de mérito tuvo en miras precisar el objeto de la condena, por lo que mal podían aplicarse preceptos que rigen el juicio ejecutivo cuando el debate judicial aun se encontraba en la etapa procesal de determinación de la condena a cumplir por el demandado como consecuencia de la alternatividad que el decisorio de fondo consagraba a su favor (el pago de una cualquiera de las dos prestaciones que estipulaba el contrato que uniera a las partes).
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sal de Rellan, José c/ Bustamante, Rosa G. y/u ocup. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Al no haber el recurrente brindado un solo argumento por el cual se pueda apreciar en qué lo perjudica la reanudación de la etapa de apertura a prueba, ni indicado qué menoscabo le irroga la pretendida falta de notificación, debe desestimarse el recurso de apelación por inexistencia de agravios que lo sustenten (art. 242 del CPCC.)
Recurso extraordinario federal, eximición de prisión, detención en el extranjero, interposición del recurso, circunstancias sobrevinientes, libertad corporal, falta de agravio concreto, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Trusso, Francisco Javier s/ incidente de eximición de prisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Corresponde revocar la decisión que, a raíz de la detención del imputado en el extranjero, declaró abstracto el recurso interpuesto con motivo del rechazo de la solicitud de eximición de prisión si desaparecieron las razones que motivaron dicha decisión ya que aquél no se encuentra privado de su libertad.
Comisión de delitos, falso testimonio, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Mendoza, Martín Alejandro c/  s/ s/ 245 - falsa denuncia s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Toda vez que el presunto falso testimonio se habría cometido en el marco de una causa que tramitó ante la Justicia Nacional, la competencia para la investigación de dicho delito deberá recaer en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, controladores fiscales, comité de acreedores, honorarios, recurso de apelación (procesal), falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Estrella del Sur c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

1 - Con relación a los estipendios de los letrados que asistieron al comité de control, cabe recordar que la LCQ 260 al referirse al procedimiento y modalidades a utilizar al tiempo de remunerar las labores que realicen sus integrantes, la ley dispuso que sea el Juez quien fije los emolumentos, con las siguientes pautas económicas (el honorario no puede "...en su conjunto para todos los intervinientes, (ser) ...superior al medio por ciento (0,5%) del monto de los créditos de los que resulten titulares los miembros del comité...".
Proceso judicial, principios procesales, preclusión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Estancia Los Toros S.A.A.G. y El Malacara de Rojas S.A.S.A.C.I. y A.G. c/ Zona Franca Concepción del Uruguay s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-18

Como doctrinariamente se sostiene que un buen sistema procesal debe informarse entre otros principios, en el de economía, comprendiendo este concepto dos aspectos: economía de gastos por un lado y economía de esfuerzos. Este aspecto importa evitar que la irrazonable prolongación en el tiempo de los procesos terminen, en definitva, por hacer tardía la tutela de los derechos comprometidos.

De allí que los códigos adopten diversas previsiones que tienden a la simplificación y abreviación del proceso. Por otra parte, el principio de preclusión en el que cada etapa del proceso va cerrándose para posibilitar el paso a la siguiente, lo que sólo se compadece con una ordenada resolución de cada una de ellas, por lo que es necesario abordarlas con un orden lógico que evite volver sobre cuestiones que debieron resolverse con antelación. (Minoría u opinión personal)
Medidas autosatisfactivas, jurisprudencia aplicable, servicio provincial de agua potable
Materia: CIVIL
Carátula: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN Y OTROS S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-23

Es aplicable aquí, lo que señaláramos en oportunidad de dictar resolución en los autos "DEFENSORIA DEL PUEBLO C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN Y OTROS S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" Allí sostuvimos: [...] las circunstancias analizadas en esta instancia convencen de la necesidad de otorgar una medida que otorgue la tutela pretendida, pero no a título definitivo sino cautelar, hasta tanto, en el continente procesal adecuado, puedan dilucidarse todas las cuestiones involucradas, pues si bien en esta oportunidad, éstas poseen la verosimilitud necesaria y la nota de urgencia inherente para el andamiaje precautorio, no brindan una fuerte probabilidad cercana a la certeza como para resolver definitivamente el conflicto (...) [.]
Democracia participativa, acción de amparo, competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros  c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

La democracia participativa no presupone que los ciudadanos o habitantes puedan subrogarse en la representación del órgano ni ejercer acciones en su nombre o en defensa de sus competencias. Por el contrario, es el propio órgano a través del funcionario que lo representa quien tiene el deber de defender su propia competencia y la legalidad de sus actos. (CSJN Fallos: 344:163; 330:2192; 324:3940; 324:2962; 305:644; 304:1546). En suma, la pretensión de los actores no constituye otra cosa más que el genérico interés simple de toda la ciudadanía en el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y que, conforme la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es suficiente para fundar la existencia de un caso judicial (conf. doctrina de Fallos 345:1531; 337:627; 336:2356, entre otras). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Compraventa, boleto de compraventa, buena fe, quiebra, escritura pública, escritura traslativa de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: T., N.B. y Otro s/ Tercería en autos "G., S.M. c/S., G.E. s/Cobro de Pesos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-10

Por imperio del art. 1185 bis Cód. Civ. los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado el 25% del precio, supuestos estos en que el juez puede disponer se otorgue escritura traslativa de dominio al comprador. Tal norma es plenamente coincidente con la consagrada por el art. 146, párr. 2° de la ley 24.522.
Asegurador, ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: MOLINA SECUNDINO ABEL c/ SOINCO  S.A.C.I. s/ COMPAÑIA DE SEGUROS BRITOS ANDRES LISANDRO c/ BODEGAS ESMERALDA  S.A. s/ RECURSO DE CASACION CANDELA AQUILINO c/ INGACOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION ROMERO FERNANDO PEDRO c/ FAVICUR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-05|1991-07-05|1991-07-30|1991-07-30

La acción dirigida contra el asegurador luego de la sentencia, será una actio indicati de características particulares ya que no solamente habrá de fundarse en dicho pronunciamiento, sino también en la existencia del contrato de seguros vigente a la época del siniestro. Sobre éste último aspecto no hay cosa juzgada, por lo que el asegurador podrá oponer las excepciones anteriores al siniestro, si es que el actor ejerce su derecho de ejecutar la sentencia. El Tribunal ante el cual se ejerza esta actio indicati, haciendo uso de la facultad estatuida en el art. 1344 C.P.C. deberá arbitrar un procedimiento para dar lugar a que el asegurador oponga tales excepciones ya que no hay previsión expresa que contemple esta modalidad de ejecución.-
Reformatio in pejus, pautas
Materia: PENAL
Carátula: Juan Carlos Cuell. s/ Defraudación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-13

No nos encontramos frente a una hipótesis de continuación de delito, y que contrariamente a lo apreciado por el a-quo, nos enfrentamos a un concurso real (dos hechos), no obstante lo cual y por ausencia de recurso fiscal, le esta vedado por el principio constitucional de prohibición de la Reformatio In Pejus, debatir la cuestión en esta instancia.
Acto administrativo, reincorporación, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Osman de Kuttel, Gloria c/ Consejo General de Educación de la Pcia. y Estado Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-17

El pedido de pago de diferencias salariales, si bien no fue introducido en la instancia administrativa, su admisibilidad resulta procedente por su directa vinculación con la cuestión de fondo, tal como fuera resuelto por este Alto Cuerpo en los autos "Felici", del 14/11/94 y "Sittner" del 23/11/94.
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Arrech, Mario Miguel c/ Provincia ART SA s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-29

Si bien la irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social está consagrada expresamente por el art. 14 bis CN, idéntica conclusión cabe adoptar frente a los derechos del trabajador, por tratarse de situaciones análogas (conf. arts. 11 y 12 LCT y 16 CN). Si se considera que la intervención del trabajador ante las comisiones médicas locales y central ha constituido una renuncia tácita a invocar las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, tal acto derogatorio resulta fulminado con una nulidad absoluta, de modo que aquél mantiene intacto su derecho a peticionar la inconstitucionalidad de las normas legales que considera violatorias de los derechos constitucionales que lo amparan.
Culpa penal, sociedad anónima, sujetos de derecho
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: S, E Y OTROS s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA      EXPTE NRO 204-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-06

No debe olvidarse que las sociedades anónimas continúan siendo sujeto de derecho, acreedores de distintas prerrogativas, entre ellas, la de discernir libremente sobre su vida institucional y el amparo de la reserva sobre sus negocios y-o decisiones societarias, que sólo ceden frente a la intervención de la autoridad en cumplimiento de funciones legales, con fundamento de legitimidad para estas últimas en la estructura del sistema jurídico que remata en las garantías constitucionales. En síntesis, todo ese enmarque normativo nos dice qué es lo sometido a la valoración y conocimiento del magistrado y qué no lo está.
Honorarios, sustanciación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gordillo, Ricardo Enzo c/ Zelarayan, Yolanda Raquel s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-05-20

Corresponde que en el marco de un proceso de daños y perjuicios donde se regularon honorarios profesionales se tenga por desistida la apelación interpuesta contra dicha resolución por un letrado, toda vez que dicho recurso no fue debidamente sustanciado por el abogado en cuestión.
Juicio abreviado, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Oscar Rubén y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-03

Declarada la nulidad de orden general con sustento en el inc. 3 del art. 167 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto a la asistencia brindada al imputado para suscribir el acuerdo de juicio abreviado en tanto existió un vicio de su voluntad para pactar o bien, se encontró altamente condicionado, no cabe extender los efectos a los restantes condenados que arribaron a un acuerdo en ese marco, en tanto ellos no pueden verse, ahora, afectados por aquél (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena).
Recursos administrativos, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CANGA, AVELINO DEMETRIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 289-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-23

Respecto a la caducidad administrativa cuando el pedido se encuentra "a resolución", la Corte ha resuelto en concordancia con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Durussel de Fernandez" (A y S t 73 p 132), que aquélla que no se produce cuando al interesado "ninguna diligencia le quedaba por realizar, porque la Administración se encontraba en condiciones de pronunciarse.
Violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad, desaparecidos, participación criminal
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Labarta Sanchez, Juan Roberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Constituyen coautores por dominio funcional de los hechos quienes, mediante división de trabajos, ejecutaron las órdenes emitidas por el jefe militar del área. Si la falsedad de documento público formó parte del operativo de ocultamiento del destino final de las víctimas y está por ende indiscutiblemente enlazada a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del plan sistemático de represión organizado por el aparato estatal, tal delito es asimilable a un delito de lesa humanidad.
Garantías procesales, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

El contenido normal de la garantía a la tutela judicial efectiva, consagrada por el art. 48 de la Constitución de Santiago del Estero, se traduce en el derecho a obtener una resolución de fondo de la cuestión, de interpretar toda la legislación en el sentido más favorable a esa posibilidad, de entrar en el fondo del asunto y a su vez, deben hacerlo restrictivamente en cuanto a las normas que permitan la inadmisión o la no entrada en él.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, servicios de vigilancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BELIZAN DE MERCADO, MIRTA EDITH s/ INFRACCIÓN  ARTÍCULO 73  CÓDIGO  DE  FALTAS QUEJA POR DENEGACIÓN DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  CSJ EXPTE NRO 137-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

Si surge de los fundamentos del escrito recursorio y su liminar confrontación con la sentencia impugnada, que pese a invocarse cuestión constitucional, en sustancia se discute la valoración de la prueba que efectuó el juzgador, debe declararse inadmisible el recurso interpuesto. En el caso, el valor probatorio adjudicado a las constancias de la prevención policial y al testimonio corroborante de un policía en orden a tener por probada la 'actitud reñida con la moral en reuniones públicas'; y contraposición al criterio del juez acerca de que no se justificó debidamente un sostén de vida sólido.
Demanda, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: PALHEIRO, CONSTANTINO c/ GIORDANO, ROQUE ALBERTO Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

El rechazo in límine de la demanda no será válido si se basa en la falta de fundamento sustancial, ya que la facultad del juez obra sobre el aspecto procesal de la relación vinculatoria pero no sobre el contenido de aquellos actos que, como el fundamento de la acción, quedan librados a la iniciativa de la parte.
Procesamiento, retención del menor, sustracción de menores, responsabilidad parental
Materia: PROCESAL
Carátula: G. L., S. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-15

En lo que aquí interesa, respecto del cuestionamiento formulado por la defensa al señalar que el imputado no podía ser sujeto activo de la figura de sustracción y retención por ser el progenitor de la menor, los magistrados rechazaron el agravio y explicaron que la norma no excluía como posibles autores a los padres del menor. Agregaron que el ejercicio de la responsabilidad parental compartida - tal como se verificaba en el caso al momento del hecho- "(.) no puede justificar la exclusión de la tipicidad del art. 146 del CP. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos para su protección y formación integral que, en caso de ser compartida, no autoriza a uno de los progenitores a excluir al otro del ejercicio de ella mediante el despojo del menor (cfr. arts. 648 y ss. del CCyCN). Es que la conducta de un progenitor que sustrae al niño contra la voluntad del otro que ejerce la "tenencia" legítima (actualmente denominado "cuidado personal") no se encuentra amparada por el instituto de la responsabilidad parental, sino que constituye un ataque al mismo al afectarse su libre ejercicio por el otro progenitor. El padre que no posee la "tenencia" de sus hijos y los sustrae de quien sí la tiene no está ejerciendo legítimamente sus derechos, sino que, con su accionar, impide el libre ejercicio de esos derechos-deberes por parte de quien la detenta. (.)".