Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21


(Registro: Tomo 174:475/482 ) Salta, 21 de marzo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ZALAZAR, SERGIO MATÍAS FELIPE VS. SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SALTA - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 35.468/12), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 27/29 vta. la Sra. Defensora Oficial ante el Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Tartagal, Dra. María Lorena Babicz, actuando en representación del interno Sergio Matías Felipe Zalazar, apela la sentencia de fs. 19/21 dictada por el Juez de Ejecución de Sentencias que rechazó la acción de amparo interpuesta a fs. 1/2 vta.

2º) Que en su presentación de agravios, la Defensora expresó que la sentencia recurrida le causa perjuicios irreparables a los derechos de su representado, en razón de que la denegatoria a las salidas transitorias que se peticionaron significan la privación del derecho a la educación.

Sostiene que su defendido hizo idéntico pedido en el año 2011, habiendo sido rechazado por el Sr. Juez de Ejecución interviniente, en el entendimiento que no cumplía los requisitos para gozar de salidas transitorias, y que esa decisión fue apelada ante la Cámara de Acusación, remitiéndose las actuaciones en abril de 2011, sin resolución a la fecha. Indica que, a raíz de ello, su defendido perdió un año de escolaridad, por lo que considera necesario hacer cesar esa situación dado que las circunstancias fácticas que motivaron aquella denegatoria se han modificado sustancialmente al momento de la presentación de fs. 1/2 vta., encontrándose Zalazar con la semilibertad y las salidas transitorias suspendidas, a pesar que -a su criterio- cuenta con todos los requisitos del art. 17 de la L.E.P. Agrega que, además, ha cambiado el marco legal regulatorio del derecho a la educación, imponiendo al Estado la obligación ineludible de garantizarlo, conforme las previsiones de la ley 26695, que reformó los artículos pertinentes de la ley 24660.

Concluye diciendo que lo que se pretende es que en virtud del principio de judicialización y haciendo uso de las atribuciones previstas en la ley y del control que debe efectuar la magistratura, se otorgue a Sergio Matías Felipe Zalazar la posibilidad de continuar con estudios superiores, entendiendo que la educación ha significado para él una gran contención que se refuerza con los vínculos familiares que mantiene.

3º) Que a fs. 34 y vta. el Sr. Fiscal de Cámara sostiene que debe rechazarse el recurso por no resultar la vía idónea para la protección de su derecho vulnerado.

Por su parte, en su dictamen de fs. 55/56 vta. el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 se pronuncia por el rechazo del recurso, considerando que Zalazar no reúne las condiciones favorables para acceder a las salidas transitorias o régimen de semilibertad, razón por la que se encuentra vedada la posibilidad de cursar sus estudios superiores fuera del establecimiento carcelario, por causas atribuibles al propio interno.

4º) Que en la resolución de fs. 19/21, el juez "a quo" consideró que el interno no puede acceder al beneficio solicitado si no cumple con los requisitos básicos e indispensables que establece la Ley de Ejecución Penal. Agregó que, en la oportunidad en que fue concedida la semilibertad bajo palabra de honor, el penado infringió las normas que le fueron impuestas oportunamente por el juez competente, conllevando a la suspensión del beneficio, según constancias de autos (fs. 54/56 vta. del incidente Nº 204/2).

5°) Que en el "sub lite", el actor deduce acción de amparo (ver fs. 1/2 vta.) con el objeto de que se le permitan salidas transitorias a fin de acceder al cursado de la carrera de enfermería, la cual se dicta en la Universidad Nacional de Salta, sede Regional Tartagal, invocando la violación al derecho a la educación.

6°) Que como lo ha dicho reiteradamente esta Corte, el remedio del amparo no resulta un medio versátil de procurar solución jurisdiccional de una gama indiscriminada de conflictos, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria. Un ensanchamiento indebido del cauce del amparo provocará sin dudas su desnaturalización, con el consecuente menoscabo al principio del debido proceso por la cognición limitada que implica su trámite, y el descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional (esta Corte, Tomo 45:821; 55: 89; 76:1085; 89:303, entre muchos otros).

7º) Que por lo demás, teniendo en cuenta lo establecido por la ley 24660 (reformada por ley 26695), cabe precisar que al interno Zalazar no se le ha restringido el acceso a la educación, toda vez de las constancias de autos (v. fs. 255 del incidente de ejecución Nº INC 204/1) surge que tuvo la oportunidad de terminar sus estudios secundarios dentro del Sistema Penitenciario.

Respecto a la continuidad de estudios superiores, es dable aclarar que tiene la posibilidad de hacerlo dentro del Régimen Penitenciario, en la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta, posibilidad que el interno rechaza fundamentando que esto iría en desmedro del afianzamiento de sus vínculos familiares. Estos reproches, expuestos de manera dogmática, no resultan suficientes para refutar las consideraciones en que se apoya el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad de la vía que se intenta.

Por otra parte, conforme las constancias del expediente, surge que al interno Zalazar se le concedió, en fecha 14 de diciembre de 2011, el beneficio de la semilibertad y salidas transitorias, las cuales, en virtud de infracciones reiteradas cometidas por el propio interno (ver fs. 6/15) se le han suspendido en fecha 24 de febrero de 2012. Respecto a la restitución del beneficio de semilibertad, cabe precisar que obra en autos dictamen desfavorable, tanto del Consejo Correccional como de la Dirección de la Unidad Carcelaria Nº 5 (ver fs. 16/17 vta.), en razón de no cumplir con los requisitos exigidos por el art. 17 de la ley 24660 para su otorgamiento.

En este sentido, señala Carlos Edwards: "...para la concesión de las salidas transitorias no basta con el cumplimiento de estos requisitos objetivos, sino que el precepto requiere algo más: el concepto favorable del organismo técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento...", agregando que "los integrantes del consejo correccional representan los aspectos esenciales del tratamiento (art. 185 inc. g). El concepto favorable de estos órganos debe basarse en la evolución que haya experimentado el penado durante los distintos períodos del régimen progresivo, y el beneficio que las salidas transitorias pueda aportar a su futuro personal, familiar y social" (Edwards, Carlos Enrique, "Ejecución de la pena privativa de la libertad", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 40).

8º) Que en suma, no se verifica en autos que la resolución recurrida cause un perjuicio irreparable al ejercicio del derecho a la educación del interno, por lo que corresponde, entonces, rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Sergio Matías Felipe Zalazar y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 19/21.

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 27/29 vta. y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 19/21.

II. MANDAR que se registre y notifique.