Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03


GONZALEZ, Miguel A. contra FIMACO S.A. y otros Reg.: A y S t 195 p 105-106. Santa Fe, 3 de marzo del año 2.004.

VISTA La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución del 28 de agosto de 2001 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "GONZALEZ, Miguel A. contra FIMACO S.A. y otros -Cobro de Pesos Laboral- (Expte. 120/01)" (Expte. C.S.J. nro. 179, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, dentro del juicio laboral radicado ante el Juez del concurso de la accionada como consecuencia del fuero de atracción, el actor solicitó se fijara fecha para la realización de la audiencia del artículo 51 de la ley 7945. El Sentenciante -en lo que aquí concierne- desestimó la petición por reputarla improcedente y contra dicha providencia, dedujo el accionante recursos de revocatoria y apelación subsidiaria. Rechazado el primero, y otorgada la apelación, la Sala declaró mal concedido el recurso de acuerdo al artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial.

Contra esta última resolución interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad tachándola de arbitraria por lesionar derechos y garantías de rango constitucional: jurisdicción, debido proceso defensa en juicio, igualdad, razonabilidad e indemnidad.

Afirma el impugnante que el Juez concursal cae en contradicción puesto que, por un lado, declaró inadmisible el crédito laboral que pretendió verificar -hasta tanto, dice el quejoso, se produzca la prueba y se alegue dentro del expediente laboral- y por otro, denegó la continuación del trámite del juicio laboral cuando su parte solicitó se fijara fecha de audiencia del artículo 51 de la ley 7945. Asevera que, cuando la Sala declara mal concedido el recurso -argumentando que el decreto no resulta apelable por tratarse de una cuestión estrictamente procedimental- coloca a su parte en una situación de denegación de justicia que sólo puede ser cuestionada a través del recurso de inconstitucionalidad.

2. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado sosteniendo que "...el recurrente no se hace cargo...del fundamento de orden procesal en el cual se basa la declaración de inapelabilidad.

Simplemente cuestiona que por un fundamento de esa naturaleza se lo priva del acceso a la justicia ..." y, además, que "... fue él quien prácticamente optó por no seguir el juicio contra el concursado ... sometiéndose .... a los efectos derivados de la decisión que, en su caso, declarara inadmisible su crédito, como ocurrió finalmente en fecha 07.07.2000 ... contra la cual no promovió incidente de revisión y, por lo tanto quedó firme ... " .

3. En su presentación directa ante esta Corte -y aun considerando desvirtuada la falta de autosuficiencia del memorial recursivo achacada por el A quo-, el recurrente no logra rebatir adecuadamente los restantes fundamentos en que la Cámara apoyó la denegatoria del recurso, incumpliendo con la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, todo su afán recursorio se orienta -sin éxito- a intentar demostrar la configuración de arbitrariedad por cercenarse su derecho a la jurisdicción en tanto lo decidido por el A quo le veda toda posibilidad de obtener el reconocimiento de su crédito debido a la actitud contradictoria del juez concursal que, por una lado declara inadmisible el crédito -en el entendimiento de que el proceso laboral continuará, con producción probatoria de las partes hasta que se dicte sentencia en el juzgado del concurso- y por otro, no permite continuar el trámite laboral.

Sin embargo, y tal como lo señala el auto denegatorio, ningún cuestionamiento realiza sobre la apelabilidad o no del decreto que rechazó por improcedente la fijación de fecha de audiencia -y que era el objeto de este proceso- y por tanto, el que debió atacar trayendo razones de peso tendentes a demostrar -eventualmente- el yerro del Tribunal al declararlo inapelable; quedando así incumplida la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055.

Y, toda su labor impugnativa, se limita a reiterar planteos ya vertidos - basados en su particular apreciación de los fundamentos esgrimidos por el Juzgador al declarar inadmisible el crédito, que, a criterio del quejoso, habría hecho suyos los argumentos del Síndico- no permiten tener por refutado lo aseverado por el A quo en el auto denegatorio, acerca de la calidad de firme que había adquirido la resolución que declaró inadmisible el crédito que se pretendía verificar, como consecuencia de haber omitido deducir recurso de revisión y que, por ello, la petición formulada con posterioridad de continuar con este juicio, carece entonces de la trascendencia que intenta asignarle el recurrente (cfr. f. 37).

El hecho de que el perdidoso haya omitido transitar los carriles impugnativos que la legislación ponía a su disposición -recurso de revisión-, sumado a las falencias apuntadas más arriba sellan la suerte adversa de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)