marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Multa, prescripción, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. c/ EMPRESA LEADER HOUSE. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16

Dicha constancia - listado de donde surgirían las distintas infracciones cometidas por la empresa Leader House -, no debe ser evaluada a la luz del supuesto previsto en el tercer párrafo del art. 32 citado, sino que tiene que valorarse como eventual causal de interrupción de la prescripción de la sanción (segundo párrafo de la aludida norma); análisis éste forzoso -aún en esta instancia- por aplicación del principio iura novit curia, ya que si bien el art. 3964 del Código Civil instituye que la invocación de oficio de actos interruptivos de la prescripción se encuentra prohibida (SCBA, 2/6/92, DJBA, 143-4634), "no es violatorio de esa prohibición establecer el dies a quo, toda vez que el juez, actuando sobre el correspondiente derecho invocado, determina cómo debe ser aplicado recurriendo para ello a un hecho que forma parte de la acción" (Bueres Alberto y Highton Elena, Código Civil, t. 6B, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 624), que es lo que fue objeto de discusión en el sub examen. Cabe remarcar, entonces, que debe distinguirse adecuadamente entre la "subsistencia del hecho constitutivo de la falta", como causal de postergación del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la sanción, y la "comisión de una nueva falta" como productora de interrupción de la misma; no resultando la instrumental ut supra indicada subsumible en el primer supuesto por las razones apuntadas, ni tampoco útil como prueba adecuada a los fines de constituirse como causal suficiente de interrupción de la prescripción. La interrupción o suspensión de la prescripción -y por analogía a pari la postergación del dies a quo- debe ser debidamente alegada y apropiadamente probada por el actor, que es quien pretende destruir la presunción en su contra que genera el mero paso del tiempo (Rezzónico, Luis M., Estudio de las Obligaciones, t. II, Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 1136); y evidentemente el denominado "listado de causas para control" carece de la eficacia para constituirse como fehaciente prueba de tal extremo, ya que -con tal documento- solo nos encontramos en presencia de una mera indicación difusa de supuestas actas de infracción labradas contra la accionada, no habiendo quedado acreditado -lo que incumbía a la actora- la suerte corrida por dichos procedimientos, y si han finalizado en sanciones firmes o no.

Es que, para que la comisión de una nueva infracción surta los efectos previstos en el segundo párrafo del art. 32 de la C.F.M. resulta necesario que exista -cuanto menos- la comprobación del procedimiento o acto administrativo pertinente de donde pueda demostrarse, con indubitable certeza, la existencia de la nueva falta cometida.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia condenatoria, daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un menor, partes del proceso, demandado, intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gandolfi de Vanetta, Mercedes c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) los recursos extraordinarios deducidos contra la sentencia que condenó al pago de una indemnización por la muerte de un menor a la demandada y al tercero citado en los términos del art. 94 de dicho código (Voto de los Dres. Julio S.

Nazareno y Antonio Boggiano).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alegre, Nélida y O.C. c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La transcripción de la opinión de un autor, no abastece adecuadamente a la técnica que debe satisfacer la expresión de agravios, que obviamente consiste en demostrar los errores del pronunciamiento (art. 260 del Cód. Proc.).
Aplicación analógica de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: O., C.S. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06

Las normas regulatorias de la acción de amparo, por su propia naturaleza, en los que se pudieran hallar conculcados derecho y garantías constitucionales, no admiten una interpretación extensiva de sus normas. Y esto es así por cuanto, precisamente, no debe confundirse la analogía con la interpretación extensiva.
Accidentes de trabajo, obligaciones de dar sumas de dinero, incapacidad permanente, tope indemnizatorio, confiscatoriedad, acción civil, presupuesto, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Fierro Damian Israel c/ Provincia de Neuquén y otro s/ accidente ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

Corresponde elevar el monto indemnizatorio que fuera reducido en un 50% por la aplicación al caso del tope establecido en el decreto 1278/00, a la indemnización establecida y que surge de la fórmula del artículo 14, apartado 2, inc. A de la LRT, por cuanto esta Cámara ha sostenido en forma reiterada y pacífica que una diferencia superior al 33% conduce a una solución violatoria de derechos constitucionales en perjuicio del trabajador, imponiendo en consecuen
Divorcio, separación personal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., C.A. c/ S., O.T. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Como la posibilidad de dictar la sentencia de divorcio vincular dentro de un proceso en trámite originado en la anterior legislación (a la ley 23515) importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, ello justificaría que la solicitud de aquel divorcio fuera realizada -indefectiblemente- por ambos cónyuges antes del pronunciamiento de primera o segunda instancia.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Saavedra, Hugo J c/ Supermercados Alcázar de Toledo y/o Toledo Hermanos S.A.I.C.I.A e I. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite precisar concretamente el quebrantamiento de la norma sustantiva actuada por el tribunal de origen.
Transporte de pasajeros, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA Rosa Alicia y Otra c/ Transportes Automotores 20 de Junio y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-23

La responsabilidad que contrae el transportador, por el daño que sufran sus pasajeros durante el transporte tiene su razón de ser en una obligación preexistente al propio convenio celebrado entre las partes; no se trata del incumplimiento de una obligación creada por el contrato, sino lisa y llanamente de la violación de un deber jurídico establecido por la propia ley (arts.1109 y 1113 Código Civil) generador de una responsabilidad de naturaleza extracontractual.
Allanamiento, exención de costas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRUA, RAMONA c/ ESTADO NACIONAL (GENDARMERIA NACIONAL) s/ RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Aunque se hubiese allanado el Estado indicando que las diferencias las abonaría después de la sentencia, a ello había precedido la desestimación del reclamo administrativo, por lo que ya se hallaba en mora. El allanamiento debe ser realizado por quien no ha dado lugar por su culpa a la reclamación judicial, y en la causa la jurisprudencia y la ley nueva invocadas que hicieron inoponible la casual "vida deshonesta" al concubinato, como excluyente del derecho a pensión (art. 159 y ley 23.570), ya se conocían al tiempo de notificarse la demanda, por lo que bien pudo el Estado hacer un allanamiento efectivo cuando la contestó, requisito que, incumplido, impide eximir de costas.
Traba de la litis, doble instancia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ E.N. -D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El conocimiento de la alzada queda limitado no sólo a los agravios vertidos en los memoriales, sino también a las pretensiones y defensas aducidas por las partes ante el juez a quo, sin que puedan alegarse en segunda instancia las que no fueran materia de decisión de la anterior (esta Sala, 7/12/90, "Cía.Gral.Fabril Financiera c/ Encotel"; 19/2/98, "Rios Ar S.A. -T.F. 8223-A c/ A.N.A."; 11/3/98, "Rios Ar S.A. -T.F. 8039-A c/ A.N.A."). Ello muestra claramente que aquello que no ha sido sometido clara y expresamente al juez de grado en oportunidad de trabarse la litis, no puede resultar ser materia de decisión en instancia alguna del proceso.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, revisión judicial de actos administrativos, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Indar Tax SA c/ GCBA y otros s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde denegar el recurso extraordinario interpuesto si el recurrente, a pesar de traer efectivamente una cuestión federal de las del art. 14 inc. 2 de la ley n° 48, consistente en atacar la declaración de validez de una norma local, consintió, en su oportunidad, el régimen que ahora cuestiona, sin efectuar reserva alguna. Así, el planteo de inconstitucionalidad resulta infundado en tanto la parte recurrente no se ha hecho cargo de la inveterada doctrina con arreglo a la cual '... el voluntario sometimiento a un régimen jurídico, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional mediante el recurso extraordinario' (Fallos 325:1922, 310:2117 y 299:373. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VANRELL, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 641 Año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

La motivación suficiente exigida a los actos administrativos puede ser sucinta, es decir, no requiere de por sí largos desarrollos argumentales, bastando que sea suficientemente indicativa, y así también lo ha interpretado la jurisprudencia constitucional española en orden al debido proceso administrativo incorporado como garantía expresa en el texto constitucional.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, personal policial, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Magnin Sergio Daniel Vicente c/ Abalo, Jose Esteban y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-10

El Estado provincial debe responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por un miembro de su fuerza policial en ejercicio o en ocasión de estar cumpliendo su labor pues ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resulten de una peligrosidad manifiesta, las consecuencias de esa mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capurro, Nemesio c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La ponderación efectuada por la Caja demandada al denegar el beneficio previsional resulta razonable en cuanto al valor probatorio otorgado a la documental acompañada por el interesado, no sólo porque descalificó las fotocopias por carecer de fuerza probatoria sino además, porque el análisis de los restantes documentos a la luz de las disposiciones legales aplicables (art.

103 Código de Comercio; art. 58 incs. 12, 9 y concordantes de la ley 7021), revela la justicia de la eficacia relativa que les acordó.
Trabajador, participación en las ganancias, cuota social
Materia: LABORAL
Carátula: RUBIO, Eduardo c/ A.C.A. Asoc Civil s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

El art. 46 del CCT 95/75 "E" no se limita a establecer la participación de los trabajadores en el 5% de lo recaudado en carácter de cuota social, sino que también establece quienes son los que recibirán dicha utilidad, excluyendo a los "funcionarios equiparados" a gerentes y subgerentes". En esas condiciones no resulta objetable extender la exclusión a los empleados que revistan categorías no comprendidas en el convenio citado.
Abogados, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Resnizky, Marcos Sergio c/ CPACF (Expte. 16104/01)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Corresponde revocar la sentencia en crisis en cuanto impone al abogado recurrente la sanción de multa- aplicable ante la comisión de faltas graves, según los criterios establecidos en el artículo 28 del Código de Ética- por incumplir la obligación de aportar el bono de derecho fijo al iniciar ejecuciones fiscales y devolver las actuaciones al Tribunal de Disciplina, a fin de que, por la Sala que corresponda y juzgando la conducta reprochada como "leve" en los términos del inciso a) del artículo 26 de ese Código, aplique la sanción que entienda corresponder en orden a lo previsto en el inciso a) del citado artículo 28 de ese cuerpo normativo.
Proceso penal, acción civil, demanda, desistimiento tácito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: GAGO RAMIRO RUBEN s/ PROCESO  PENAL  -  ACCION  CIVIL  -  INDEMNIZACION  -  LUCRO  CESANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-15

Para la ley (que refiere un desistimiento tácito, C.P.P., art.

94) la hipótesis del desistimiento de la acción por la falta de emisión de conclusiones estando presente el actor civil, se funda en la tácita voluntad de abandonar o renunciar a la pretensión (C.P.P., art. 95) que puede derivarse con certidumbre de aquellas circunstancias ( C. Civil, art. 918).

Si el patrocinante concurrió a la audiencia y emitió conclusiones a favor del actor, quien, empero no estuvo presente, pero concurrió a la segunda audiencia donde, manifestó que enterado de los términos en que su patrocinante entablara la demanda -en su ausencia-, la ratificaba totalmente, no puede entenderse que ha existido un desistimiento tácito de la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, imputado, audiencia de conocimiento personal, nulidad del acto jurídico, orden público, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAVATIER, JUAN MANUEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El "contacto de visu" no se reduce únicamente a formar opinión con la finalidad exclusiva de aplicar la pena sino que permite el relevamiento de muchas otras circunstancias vinculadas al hecho y la personalidad del autor que hasta podrían variar la consideración de su responsabilidad penal. La aplicación de la pena mínima no solventa por sí misma la ausencia de la convocatoria de la audiencia "de visu" porque a través de ella pueden establecerse circunstancias especiales que aconsejen que la reacción penal más adecuada no necesariamente resulte la pena. Por todo ello, considero que el acto omitido constituye una oportunidad más en el ejercicio de su derecho de defensa y por lo tanto violatorio del principio constitucional que consagra la inviolabilidad de la misma, acarreando una nulidad genérica insubsanable y por lo tanto de orden público lo que permite más allá que no haya sido puntualmente planteada por las partes declararla de oficio. (DEL VOTO DEL DR. UCCI)
Alimentos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. de V.H.L. c/ V.J.M. s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Si bien en el juicio de alimentos la recurribilidad, en principio, está sólo prevista para la sentencia, corresponde excepcionar tal principio cuando la impugnación a la liquidación practicada apunta a la viabilidad de la inclusión de la asignación por hijo y escolaridad como rubros sujetos al descuento fijado en sentencia a título de cuota alimentaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., L.G. c/ Provincia del Chubut s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-07

Asiste razón a la accionada en cuanto se exige la instancia de parte para resolver sobre la nulidad de actos administrativos -presumidos legítimos por concepto, amén de por normación derivada del juego de las disposiciones del procedimiento administrativo provincial- de tal suerte que, si la nulidad no ha sido peticionada, cuando ésta constituye el presupuesto mismo de la condena pretendida, la acción no puede admitirse en tanto los tribunales están impedidos para disponerla ex officio. Sus fundamentos están dados por el principio de la división de poderes y la presunción de legitimidad que accede a los actos administrativos.
Régimen de consolidación de deudas, títulos de deuda pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercementos Sociedad Anónima Industrial y Comercial c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-12

La hermenéutica, sólo so riesgo de dar por tierra con la consolidación de deudas impuesta por el legislador podría admitirse, que los "pagarés ajustables" cuyo monto fue consolidado, pudieran ejecutarse -o reclamarse su pago- sin quitas, y con la sola presentación del instrumento. Pero tampoco -y he aquí donde encuentro el "resquicio" de autonomía de la voluntad a que antes me referí- puede admitirse, que la no- aceptación de TIDEP, induzca a considerar como efecto, la inexistencia del crédito consolidado. Este existe y subsiste, pero el riesgo de no haber admitido la forma de cancelación estipulada, es de quien lo ha tomado; si no quiso presentarse a obtener los TIDEP, no puede acusar -desde la consolidación- mora del Estado. Y la cancelación del crédito consolidado habrá de estar, en todo caso, a los términos de la ley vigente al momento del pago.
Aplicación de la ley, evasión fiscal
Materia: PENAL
Carátula: ROGGENBAU, EDUARDO ENRIQUE y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

El otro voto concurrente expresó que en el entendimiento de que la imputación formulada a los encausados es la de comisión de graves delitos dolosos contra el Estado con la finalidad de detraer sumas millonarias al fisco, y que conllevó enriquecimiento, corresponde concluir que resulta de aplicación el art. 36 de la C.N. en cuanto ordena la imprescriptibilidad de este tipo de conductas.Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos -votos concurrentes-.
Recurso de casación, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torres Araujo Ricardo V. En j: Establecimiento Vinícola Santa Rita c/ Ricardo Torres Araujo s/ Desalojo - Casación (Libro: S065-195)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-07-29

Toda vez que un pronunciamiento interlocutorio decide sobre una cuestión legal que no puede ser renovada ni modificada, ni reparados sus efectos dentro ni fuera del proceso, tal decisión asume igual carácter de definitiva que la de la sentencia que pone fin al pleito, y le asiste a la parte perjudicada el derecho de obtener el reexamen mediante la vía del recurso de casación.
Empleo público, remuneración, adicional por dedicación exclusiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAMAS, JUAN CARLOS c/ CAJA   DE  RETIROS,  JUBILAC.  Y  PENSIONES  DE  LA  POLICIA  FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

El suplemento "dedicación exclusiva" (Dec. 2844/83), es aplicable a todo el personal retirado, por cuanto, de un análisis de los arts.

75, 96 y 100 de la ley 21.965, y de una interpretación ajustada a derecho que se encuentra ínsita en el espíritu de ella, cabe concluir que integra el haber mensual, bajo las características de habitual y general.
Matrimonio, divorcio, disolución del matrimonio, aptitud nupcial, Derecho canónico, Poder Legislativo, libertad de cultos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La circunstancia de que, en cuanto a la indisolubilidad del vínculo matrimonial, la ley civil coincide con la legislación canónica, no significa imposición a la población de las reglas de determinado punto, pues de lo que se trata es de reglamentar la posibilidad de disolver unas nupcias y contraer otras, siempre en el ámbito civil, distinto e independiente del religioso. Para ello, el Congreso puede acudir sin mengua de los derechos constitucionales a cualquiera de las dos soluciones, según crea que una o la otra es la más conveniente para las necesidades de la república; ellas han sido sustentadas, a lo largo de la historia por diversas legislaciones civiles y credos religiosos, sin que las coincidencias de la solución legal con la que actualmente mantiene uno de ellos implique extensión de las reglas del ordenamiento canónico al civil.
Poder Judicial, interpretación de la ley, proceso judicial, recursos, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

El ejercicio del Poder Judicial de la Nación requiere para funcionar adecuadamente del respeto por las leyes del Congreso que regulan el procedimiento de los recursos no como un tema meramente instrumental y accesorio, sino como una exigencia que se funda en las normas adoptadas por el constituyente para la pacífica y ordenada convivencia en la sociedad argentina (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A.

Bossert).
Accidente de tránsito, daño por vicio o riesgo de la cosa, legitimación pasiva, tercero damnificado, inversión de la carga de la prueba, investigación del accidente
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: KALEKIN DE SCHEMPER, BERTA c/ AGUERO, GUILLERMO FEDERINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-06

El art. 74, inciso b), de la ley 13.893 del 30/9/49 y sus modificatorias prohíbe detener un vehículo por propia voluntad en medio de la calzada, aun cuando sea para tomar o dejar pasajeros o cargas.

Cuando el damnificado por la colisión de dos automotores es una persona extraña, no tiene porque investigar la mecánica del hecho y determinar cuál de los conductores fue el culpable, pudiendo dirigir su acción contra uno o contra todos los implicados, solidariamente responsables, sin perjuicio de las acciones que a su vez puedan corresponder a los autores del ilícito entre sí. En la misma situación de legitimación pasiva se encuentran los dueños de los respectivos vehículos.

Es ésta una derivación de aquella presunción de la culpa que emerge de la norma del art. 1113 del Código Civil y de la inversión de la carga de la prueba que consagra, dejando a salvo los casos en que la culpa exclusiva de uno de los intervinientes pudiera acarrear la inocencia de los restantes.