Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17844 Expediente Nº 20.156/2010 SALA IX Juzgado Nº 55 En la Ciudad de Buenos Aires, al 23/5/12 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: "PAZ JORGE ALBERTO C/ SABO ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO": se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 547/562 y vta., que mereció réplica de la contraria a fs. 576/589 y vta. Asimismo, a fs. 564 y vta., el Sr. perito contador apela los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

II- Adelanto que, de compartirse mi voto, la queja planteada por la demandada respecto de la forma en que se extinguió el vínculo que unió a las partes, no tendrá favorable recepción.

En tal sentido, considero relevante que del intercambio telegráfico habido entre las partes se desprende que el día 1/3/10 -y no el 7/3/10 como erróneamente invoca la apelante en el escrito recursivo- el actor cursó intimación a su empleadora a fin de que -entre otras cosas- ésta le otorgara ocupación efectiva de acuerdo a su categoría profesional, bajo apercibimiento de considerarse despedido. También reclamó el pago del incremento salarial de $1.100 -pautado desde el 1/1/10-, denunciando la violación del principio "igual remuneración por igual tarea"; y de horas extras adeudadas (ver pieza postal de fs. 181, y prueba informativa al Correo Argentino obrante a fs. 263).

Ello así, el día 9/3/10, el accionante remitió comunicación donde, ante el silencio de la demandada frente a la misiva cursada el 1/3/10 -cfr. art. 57 de la L.C.T.-, y el rechazo formulado por la empleadora respecto de los anteriores telegramas remitidos por el trabajador, hizo efectivo el apercibimiento oportunamente efectuado y se consideró despedido (ver pieza postal de fs. 182 y prueba informativa al Correo "ut supra" individualizada).

En este contexto, toda vez que el actor cursó intimación el día 1 de marzo, y no -reitero- el 7 de marzo, considerándose despedido recién el 9 de marzo de 2010, entiendo que resulta inatendible -como pretende la recurrente- calificar el accionar del trabajador como intempestivo y violatorio del principio de buena fe (art. 63 de la L.C.T.), puesto que, a fin de extinguir el vínculo, aquél aguardó el plazo de tiempo consignado en el telegrama remitido el 1/3/10. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, estimo oportuno destacar que el Sr. Magistrado, en ningún segmento del pronunciamiento de grado, hizo referencia a la presunción consagrada por el art. 57 de la L.C.T. a fin de fundar su decisión, circunstancia que torna abstracto el tratamiento de los argumentos planteados al respecto.

III- Sentado ello, tampoco tendrá favorable acogida el agravio esbozado contra lo resuelto por el Sr. Juez en torno a que la decisión del actor de considerarse despedido se ajustó a derecho (cfr. art. 242 de la L.C.T.), toda vez que se acreditó en autos la inobservancia del principio "igual remuneración por igual tarea", y asimismo que al trabajador le asignaron funciones inferiores a su categoría -jefe de sector-.

En efecto, y más allá de los reparos que me merece la queja en los términos del art. 116 de la L.O., advierto que en el conteste, la propia accionada reconoció que ". el actor ingresó . en calidad de Jefe de Sector ." (ver fs. 110 "in fine") y que ". contrató al Sr. Tavella, quien cumplía funciones de jefe de sectores, en forma paralela a la actividad de Paz ." (ver fs. 111 vta., segundo párrafo). Asimismo, en el escrito recursivo, la recurrente admitió que el Sr. Tavella recibió un sueldo superior al del accionante (ver fs. 560 vta.). Repárase en que el mismo Tavella declaró en autos a fs. 342/343, y allí sostuvo que ". ingresó a Sabo en enero 2010, . a trabajar con Paz, como Jefe de Sector, y durante un mes estuvieron juntos y le explicaba la modalidad de trabajo, que luego de 1 mes de trabajo lo cambian de sector a depósito a hacer tarea de operario . que el actor le hizo saber de su molestia porque cobraba menos que el dicente, siendo éste nuevo, que el actor le mostró el recibo y éste pudo ver que ganaba $1000 menos que el dicente .".

Los dichos del testigo Tavella se exhibieron coincidentes con la declaración de Borsani (fs. 370/371) -compañero del reclamante, que cumplía las mismas tareas-, quien afirmó que ". sabe que la remuneración del actor era hasta el año de 2010 . como la de el dicente era de $5400, hasta el 2010 que ingresó Tavella que entró con una remuneración de $6500, mediante reclamo el dicente consiguió que se la paguen lo mismo que a Tavella . y el actor siguió con la misma remuneración y ahí empezó el conflicto . lo sabe porque el reclamo lo iniciaron los dos juntos, cuando ingresa Tavella, que al dicente se lo dieron y al actor no . sabe que el Sr. Tavella cumplía funciones de supervisión como ellos .". A esta altura no resulta ocioso memorar que el principio "igual remuneración por igual tarea", consagrado en el art. 14 Bis C.N., también tiene especial reconocimiento en la normativa internacional, tal el caso del art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Convenios Nro. 100 y 111 de la O.I.T. como la propia Constitución de ese organismo internacional; entre otras disposiciones (ver sent. nro. 17.515 del 14/12/11, en expte. nro. 4580/09, "Rayan Cristian Rene c/ Inc S.A. s/ despido").

También en dicha causa señalé que, no obstante las múltiples disposiciones de diferente rango (constitucional, internacional y legal) que tutelan a la persona humana frente a los actos o conductas discriminatorias y que a esta altura resulta innecesario enumerar, lo cierto es que la protección de un elemento esencial en el contrato de trabajo, cual es la remuneración, tiene tal entidad que ha sido de los primeros supuestos a los que se les ha dado una específica tutela frente a tan repudiables prácticas. Ello no es casual si se tiene en cuenta que -además de tratarse de un elemento esencial del sinalagma laboral- constituye uno de los aspectos más sensibles de la relación, por el carácter alimentario del salario y por las múltiples proyecciones que una práctica discriminatoria a su respecto puede traer aparejada.

Asimismo, no puede obviarse que el art. 81 L.C.T. estipula en cabeza del empleador el deber de dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de circunstancias y sólo admite el trato desigual que se sustente en razones de mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas. Vale decir, el empleador puede establecer diferenciaciones de trato entre sus dependientes únicamente en pos de mejorar la situación de quien exhiba mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas, como forma de reconocimiento de los mayores méritos.

Ahora bien, advierto que, al respecto, la demandada se limita a invocar que la remuneración del Sr. Tavella fue consensuada con el gerente general de la firma -lo que no responde a las pautas estipuladas en el mencionado art. 81 de la L.C.T.-, y a afirmar en forma dogmática que el actor no realizaba las mismas tareas que Tavella, transcribiendo partes aisladas de declaraciones testimoniales y citas jurisprudenciales correspondientes a otras circunstancias fácticas. En conclusión, coincido con el Sr. Magistrado en cuanto a que se ha verificado en la causa una disparidad de trato remuneratorio en perjuicio del accionante, quien realizando idénticas tareas que otros "jefes de sector", era remunerado en forma diferente que ellos. Lo que evidencia una notoria afectación de los principios tutelares del derecho constitucional a "igual remuneración por igual tarea".

A ello se suma que la apelante se limita a discrepar en manera dogmática y subjetiva frente a lo decidido por el Sr. Juez en torno a que también quedó demostrado que, al regreso de las vacaciones del trabajador, a éste le fueron asignadas tareas inferiores a su categoría -jefe de sector-, (cfr. art. 116 de la L.O.).

En definitiva, en atención a los fundamentos expuestos precedentemente y en el considerando anterior, propongo confirmar la sentencia de grado en cuanto concluyó que la decisión del actor de colocarse en situación de despido resultó ajustada a derecho (cfr. art. 242 de la L.C.T.).

IV- No tendrá mejor suerte el disenso esbozado con relación al progreso del rubro "horas extras", adeudadas desde el mes de agosto de 2008 y hasta el distracto.

Al respecto, en primer lugar, es dable resaltar que soslaya la apelante que el Sr. Magistrado resolvió que, si bien el actor se encontraba exceptuado de la jornada máxima (cfr. art. 3 de la ley 11.544) lo cierto es que la propia empleadora le abonó horas extras durante la relación laboral, por lo que corresponde estar a las condiciones pactadas por las partes que han sido así incorporadas al respectivo contrato de trabajo.

En el mismo sentido, considero que a la luz de la doctrina de nuestro más Alto Tribunal conocida como "teoría de los actos propios", resulta inadmisible la pretensión de la accionada de exceptuar al trabajador de la percepción de las horas extras en virtud de lo normado por el art. 3 de la ley 11.544, ello así en razón de que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, vulnerando la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico y el principio de buena fe que debe primar en toda relación, pues la aplicación de dicho presupuesto trae aparejado un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (cfr. Fallos 305: 1402, in re "California S.E.C.P.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura", entre otros). Sentado ello, también cuestiona la recurrente la valoración de la prueba testimonial efectuada por el Sr. "a quo", y en al respecto, considero que las declaraciones que sobre este tópico brindaron los testigos Tavella, Heit y Borsani se observan suficientemente objetivas y verosímiles como para justificar la trascendencia probatoria que les fue asignada para acreditar la realización de trabajo en horario extraordinario, puesto que ilustran de manera concordante y coincidente tal circunstancia (cfr. art. 90 de la L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.).

A lo expuesto se suma que las apreciaciones con las que la apelante intenta desvalorizar tales testimonios no logran conmover sus dichos. Cabe destacar que la mera circunstancia que el testigo Heit (fs. 355) hayan manifestado ser titular de una pretensión judicial contra la demandada no basta para descalificar su declaración y privarla de eficacia, sino que obliga a apreciar y valorar sus manifestaciones con mayor rigurosidad y estrictez, y dentro del marco probatorio integral, puesto que no se trata de testigos excluidos. Debe tenerse presente que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ellas son los que pueden aportar datos al respecto.

Asimismo, respecto del testigo Borsani, advierto que éste expresamente señaló que ". entraban antes, media hora .", y de ningún segmento de su declaración se extrae -como alude la accionada- que la última vez que vió al reclamante fue a fines de marzo de 2010.

En cuanto al cuestionamiento formulado con relación a los dichos de Tavella, más allá de que el testigo laboró junto al reclamante por un corto período de tiempo, lo cierto es que también dio cuenta de la existencia de la prestación de servicios en horario extraordinario, exhibiéndose conteste con los restantes testigos.

Tampoco la accionada individualiza concretamente prueba alguna con entidad suficiente para desvirtuar lo decidido por el Sr. Magistrado en cuanto a la inexistencia de una evidencia que permita verificar que durante el último tramo de la relación se hubiera modificado la jornada del actor, circunstancia que explicaría la reducción del monto abonado en concepto de horas extras a partir de agosto de 2008, acreditado mediante la prueba pericial contable (ver sent., en part. fs. 541, segundo párrafo).

En lo demás, la exposición de la apelante no trasciende de una mera discrepancia subjetiva con las conclusiones a las que arribó el Sr. Juez, limitándose -en lo esencial- a hacer hincapié en que los testigos propuestos por su parte coincidieron en que el actor trabajaba 8 horas y en la prueba pericial contable, extremo que incumple las directivas del art. 116 de la L.O.

Agrego que, en lo atinente al monto por el cual prosperó el rubro "horas extras", la accionada omite exponer parámetros objetivos y ciertos que permitan advertir que la suma fijada por el Sr. Juez resulta irrazonable o incorrecta, por lo que corresponde desestimar los argumentos esbozados en tal sentido. En definitiva, por los fundamentos expuestos, propicio confirmar el pronunciamiento de grado también en este aspecto.

V- Respecto de la base remunerativa adoptada por el Sr. Juez, soslaya la accionada la incidencia que sobre la misma tuvo lo resuelto con relación al reclamo por disparidad de trato en materia salarial y por horas extras adeudadas -confirmado en los considerandos III y IV de la presente-. Desde tal óptica, los argumentos que introduce la recurrente -que versan, en lo principal, sobre la ausencia de valoración de la prueba pericial contable y de los recibos de sueldo oportunamente adjuntados- no resultan determinantes a fin de rebatir lo decidido por el sentenciante en este punto. En lo restante, la crítica que formula la demandada incumple las pautas establecidas en el art. 116 de la L.O., por lo que no cabe más que confirmar este segmento del pronunciamiento de grado; tornándose abstracto el tratamiento del agravio introducido respecto del cálculo de los rubros "integración despido" y "preaviso", y del incremento indemnizatorio contemplado por el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que se funda exclusivamente en considerar como base remunerativa el monto que emerge de la pericia contable.

VI- En lo referente a la multa establecida por el art. 2 de la ley 25.323, es dable señalar que la norma condiciona su aplicación a la circunstancia de que la empleadora no abone oportunamente las indemnizaciones allí previstas pese al requerimiento expreso.

Así las cosas, estimo que de acuerdo a las consideraciones precedentes, en los presentes autos no aparecen elementos que permitan acceder a la reducción o eximición peticionadas en los términos del último párrafo de la referida norma.

En consecuencia, voto por desestimar la queja vertida en este aspecto.

VII- También desestimaré el disenso que suscitó lo decidido en torno a los intereses punitorios establecidos para el caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, toda vez que -atendiendo al estado de la causa- no advierto configurado un agravio actual y concreto en cabeza del apelante (art. 116 de la L.O.). Así lo voto.

VIII- En lo que atañe al agravio introducido respecto de la condena a abonar la multa contemplada por el art. 80 de la L.C.T. estimo relevante que -más allá de que el actor solicitó a fs. 390 el desglose de los certificados adjuntados por la demandada a fs. 106/107 a fin de iniciar trámites jubilatorios- lo cierto es que, en razón de las consideraciones efectuadas precedentemente -en especial en los considerandos III y IV-, los citados instrumentos no reflejan las circunstancias verídicas de la relación laboral que han quedado determinadas en autos.

Agrego que -como bien señaló el Sr. Juez de grado- el certificado acompañado en la causa (formulario ANSES PS.6.2.) no satisface los requisitos establecidos por el art. 80 de la L.C.T., y en consecuencia, no resulta idóneo para tener por cumplida la obligación de hacer dispuesta en dicha norma.

Repárase en que la recurrente soslaya que el art. 80 de la L.C.T. también pone en cabeza del empleador la obligación de entrega de un certificado de trabajo con la indicación de las fechas de ingreso y egreso del trabajador, la naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional), constancia de los sueldos percibidos, y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

Desde tal óptica, y tal como están planteadas las objeciones en el escrito recursivo, concluyo en que el único instrumento acompañado por la accionada no cumple en forma cabal las directivas que emergen del art. 80 de la L.C.T.; ello sin perjuicio de que tampoco refleja las circunstancias verídicas del vínculo habido entre las partes.

En cuanto al planteo que efectúa con relación a la base remunerativa utilizada para calcular la multa, cabe estar a los conceptos ya vertidos sobre este tópico en los considerandos precedentes.

En definitiva, propicio confirmar el pronunciamiento de grado también en este punto.

IX- Respecto de la crítica que expone la demandada en torno a la forma en que se impusieron las costas, en atención a lo resuelto "ut supra", no encuentro mérito para apartarme del principio general que rige la materia (cfr. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.), por lo que habrá de confirmarse este accesorio del fallo recurrido.

X- Asimismo, en lo atinente a la apelación de honorarios deducida por la accionada -por estimar altos los emolumentos regulados a favor de la representación letrada de la parte actora y del Sr. perito contador-, y por el experto contable -por considerarlos reducidos-, teniendo en cuenta el mérito, extensión y calidad de las labores desarrolladas, a mi juicio, los honorarios cuestionados lucen razonables, motivo por el cual propongo su confirmación (arts. 6, 7, 8 y conc. de la ley 21.839, art. 38 de la L.O. y decreto ley 16.638/57).

XI- Las costas de la Alzada sugiero imponerlas a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); y regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en lo que fue materia de agravios. II) Costas de la Alzada a cargo de la demandada. III) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí.