Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

El 29 de mayo de 2007, la Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 8, Natalia Molina de Harrington, rechazó el pedido de extinción de la acción contravencional por prescripción respecto de Ricardo Orlando Otasuy el sobreseimiento del nombrado planteado en forma subsidiaria por la defensa (fs. 15/19 del incidente).

Contra lo decidido el Sr. Defensor Oficial, Federico Enrique Stolte dedujo recurso de apelación y encarriló sus agravios principalmente en demostrar que ha sido violada la garantía de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la C.N. en la que se incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable. Descartó la existencia de causal alguna que de lugar a la interrupción o suspensión del plazo de prescripción, dado que "...aún cuando restemos íntegro -sin descontar los días en los que estuvo a derecho- al curso de la prescripción en autos, el plazo transcurrido desde que el Sr. Otasu recibe la primera notificación (7 de octubre de 2005, fs. 56), hasta la fecha en la que se resuelve revocar la suspensión del proceso a prueba por la imposibilidad de notificarlo de su deber de comparecer ante el juzgado (17 de febrero de 2006), no hay ninguna duda del transcurso, en exceso, del plazo establecido por el legislador..." (fs. 22vta.). Tampoco aceptó que la rebeldía dictada respecto de Otasu pueda constituir un supuesto de suspensión del curso de la prescripción e n razón de que la ley vigente al momento del hecho no la establece como causa de interrupción de aquél. También sostuvo que el nombrado no ha sido intimado en forma personal para comparecer por lo que mal puede haber tenido intención de eludir la acción de la justicia e incumplir con las citaciones legalmente previstas, de acuerdo a la Ley 10. Por otra parte, entiende que de considerar que su pupilo ha sido debidamente notificado de su obligación de comparecer -conforme a la suspensión del proceso a prueba dictada a su favor-, la inasistencia detectada no constituye incumplimiento alguno, ya que la orden de comparendo de la Magistrada no encuadraría dentro de las citaciones legalmente previstas que interrumpirían el curso de la prescripción de acuerdo al art. 31 de la Ley 10.

La defensa, destacó demoras injustificadas en la tramitación del legajo, como así también en trazar un paralelo entre las contravenciones y los delitos en cuanto a la posibilidad de aplicar la regla general de la prescripción según la cual ésta opera una vez transcurrido el plazo máximo de duración de la pena correspondiente al delito reprochado. Por último refirió que el rechazo del sobreseimiento peticionado respecto de Otasu como así también la omisión del tratamiento del planteo efectuado en relación a la violación de la garantía constitucional de duración razonable del proceso constituyen defectos de fundamentación de acuerdo con el art. 123 del CPPN de aplicación supletoria, por lo que en forma subsidiaria a solicitar la revocación de la resolución, instó a la declaración de la nulidad de aquélla y efectuó reserva del Caso Federal (fs. 20/28).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara se expidió en sentido contrario en relación a la admisibilidad del recurso de apelación intentado por ausencia de gravamen irreparable y, propugnó el rechazo de la nulidad planteada en forma subsidiaria por la defensa. En consecuencia, entiende que esta Alzada debe confirmar la resolución atacada, "...y reafirmar que la prescripción de la acción operará según la normas previstas para su aplicación en la ley 1472, no habiendo acaecido dicho suceso aún" (fs. 37/39).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I. a) En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado corresponde verificar la presencia de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los requisitos formales de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición.

Así, en relación a las primeras, cabe destacar que el pronunciamiento jurisdiccional que rechazó el pedido de extinción de la acción contravencional por prescripción solicitado por el Stolte en favor de Otusa en los términos del art. 31 de la Ley 10, es de aquellos susceptibles de causar gravamen a la defensa (arts. 432, primera parte y 449 "in fine" del ceremonial nacional, de aplicación supletoria conf. art. 6 de la Ley 12).

Pasando a verificar las pautas de impugnabilidad subjetiva, el remedio ha sido presentado por quien tiene derecho a hacerlo y en relación a la concurrencia de los Causa Nº 169-01/CC/2005 Sala II requisitos formales observamos su cumplimiento toda vez que se dirigió ante la Magistrada que dictó la resolución atacada, en forma y tiempo oportuno.

b) En torno a la segunda cuestión traída a conocimiento del Tribunal -rechazo del sobreseimiento peticionado por la defensa del encartado- cabe destacar que el régimen de impugnaciones previsto en el C.P.P.N., de aplicación supletoria al procedimiento delineado por la Ley 12, conforme lo dispuesto en el art. 6 de esta última, no contempla la posibilidad de apelar la denegatoria de sobreseimiento durante la sustanciación de la etapa de investigación preparatoria. Por el contrario, la resolución definitiva apelable a la que alude la normativa nacional (art. 449 CPPN) es el sobreseimiento -expresamente previsto en este artículo- puesto que es el único que produce efecto de cosa juzgada material (art. 335 CPPN), de modo que no puede volverse a replantear lo resuelto. De lo anterior, deviene como lógico corolario que sólo resulta materia de apelación el sobreseimiento, más no su denegatoria . En este sentido se ha pronunciado la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, al referir que: "La negativa del señor juez de instrucción a disponer el sobreseimiento del imputado ante la petición en ese sentido de su defensa se trata de una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación -arts. 432 y 449 del C.P.P.N.-" (SAIJ, sumario nro. 30005883, CNACCF, Sala I, "Dalmacio, Hernán S/ aclaratoria", causa nro. 28.235, Inter. Nro. 1025 del 21-11-96). Por su parte la Sala II del mismo Tribunal, expresó que: "La negativa a disponer el sobreseimiento peticionado por la defensa es una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación -arts. 432, párrafo primero y 449 del C.P.P.N.- Ello, en concordancia con el caráct er limitadamente contradictorio de la etapa instructoria" (SAIJ, sumario nro. 30006199, CNACCF, Sala II, "Cuviello de Monis, Elena S/ inc. de apelación" causa nro. 13.741, Inter. Nro. 14.577, del 22-09-97).

II.- El agravio de la defensa que corresponde examinar en esta instancia, pasa por establecer si la acción contravencional iniciada en este fuero en razón de la remisión de la justicia correccional de fotocopias certificadas de las actuaciones labradas el 2 de abril de 2004 contra Ricardo Orlando Otasu por la conducción de un automóvil marca Ford Falcon dominio RLX-092 por la calle Pichincha entre Humberto Primo y Av. San Juan de esta Ciudad en estado de intoxicación alcohólica, se encuentra prescripta por violación de la garantía constitucional de duración razonable de los procesos.

Previo adentrarnos al planteo propuesto, convendrá aclarar que si bien podría asistirle razón al Sr. Fiscal de Cámara en el sentido que el presente caso correspondería aplicarse la Ley 1472 por haber sido la elegida para suspender el proceso a prueba en favor de Otasu y siendo que de la comparación integral con la derogada Ley 10 resultaría más benigna, cierto es que el punto no ha sido motivo de agravio alguno por parte de la defensa. Y si bien al respecto se advierten desprolijidades al confluir ambas leyes en el curso del presente sumario habiéndose echado mano a una u otra ley en forma indistinta para resolver la aplicación de los institutos requeridos por el Stolte -probation/prescripción- cabe remarcar que, habiendo sido receptada la Ley 10 por la Magistrada al fijar el objeto de investigación en las presentes actuaciones (fs. 9 del legajo que en copias certificadas obra por cuerda) y analizada detenidamente para declarar el rechazo de la prescripción de la acción contravencional planteada en los términos de aquélla ley, es que mal podría ahora pregonarse la operatividad de la Ley 1472 en el estudio de la cuestión a resolver por esta Alzada.

En lo que atañe al embate defensista adelantamos que no se advierte en autos una dilación indebida del proceso en perjuicio de su asistido, máxime si tenemos en cuenta que la "A-Quo" -a poco de haber ingresado las actuaciones a este fuero provenientes de la justicia nacional- habilitó el receso judicial de enero de 2005 para expedirse respecto de la competencia del tribunal en las presentes actuaciones (fs. 4 del legajo que en copias certificadas obra por cuerda). Y si bien la cuestión motivó la intervención de esta Alzada,(fs. 6/8 del legajo), con el consabido dilate del curso del expediente en razón al cumplimiento de los pasos y plazos procesales de rigor, no es menos cierto que la tramitación de la causa en tiempo oportuno se empañó con la reticencia demostrada por Otasu en más de una oportunidad de comparecer al llamamiento judicial cuando ha sido requerida su presencia en el proceso, situación que indefectiblemente determinó la declaración de rebeldía en estos obrados (fs. 22).

En efecto, de las constancias agregadas en autos surge que el 7 de septiembre de 2005 el fiscal interviniente citó a Ricardo Orlando Otasu a prestar declaración en los términos del art. 41 de la Ley 12 (fs. 9 del legajo), audiencia que, en razón de la demostrada indiferencia a la orden judicial de comparendo, el encartado concretó recién el 28 de marzo del corriente año en razón de haber sido detenido por averiguación de antecedentes en orden a otro proceso judicial y al confirmarse que interesaba su comparendo ante este fuero para llevar a cabo la diligencia pendiente. Es decir que no Causa Nº 169-01/CC/2005 Sala II concurrió voluntariamente a la sede fiscal sino que lo hizo compelido por la fuerza pública al igual que en anteriores oportunidades, pese haber sido notificado personalmente (v. fs. 10 y 11 del legajo).

Cumplida la recepción de la declaración en los términos del art. 41 de la LPC, el Sr. Fiscal interviniente formuló el pasado 30 de marzo el requerimiento de elevación a juicio respecto de Otasu en orden a la contravención descripta y reprimida en el art. 74 de la Ley 10. En consecuencia, la Magistrada dispuso audiencia de juicio oral y público para el próximo 7 de agosto de 2007. Surge entonces con evidencia que el proceso seguido al nombrado tramitó conforme los principios constitucionales que lo rigen, quedando comprendido el de la celeridad necesaria para que el dictado de la sentencia no se dilate más allá de lo razonable. Asimismo, no se han detectado deficiencias imputables a la administración de justicia que procuraran una prolongada situación de incertidumbre al imputado en violación a los postulados que rigen el debido proceso y la defensa en juicio, máxime teniendo en cuenta que aquélla, de considerar que existió, ha sido generada por el propio imputado ya que pese a beneficiarse con la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba por el término de dos meses sujeto a pautas de ineludible cumplimiento, desconoció el acuerdo pactado y desaprovechó la posibilidad del arribo a un pronunciamiento remisorio en tiempo más que oportuno.

Sentado lo anterior tampoco puede admitirse, como erradamente sostiene la defensa, que no haya mediado en el caso la suspensión del cómputo del plazo de prescripción, toda vez que Otasu estaba obligado a cumplir con las citaciones o requerimientos tanto de parte de la Fiscalía como del Juzgado conforme al acuerdo pactado de suspensión del proceso a prueba -fs. 13 y 14- , por lo que mal puede invocarse que los comparendos librados a tal fin no puedan incluirse en los que alude el art. 31 de la Ley 10.

Por otra parte, la queja sostenida por el Stolte relativa a que la constancia de fs. 79 carecería de entidad para constituir una notificación fehaciente de su defendido del comparendo ante los estrados judiciales, no podrá ser acogida favorablemente, dado que la recepción en su despacho de la citación cursada surtió sus efectos desde el momento que precisamente el domicilio constituido por Otasu resultó la sede de la defensoría oficial nº 3.

En razón de lo expuesto, demostrada la incomparecencia del encartado ante la autoridad judicial que requirió su presencia, circunstancia que indefectiblemente acarrea la suspensión del curso de la prescripción en los términos del art. 31 de la Ley 10, es que habrá de rechazarse la aplicación del instituto proclamada por la defensa.

Por todo lo expuesto, habiendo finalizado el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 15/19 en cuanto, en su punto I rechaza el planteo de prescripción de la acción contravencional efectuado por la defensa del imputado Ricardo Orlando Otasu.

II) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación contra el punto II de la resolución obrante a fs. 15/19.

III) TENER PRESENTE la reserva del Caso Federal introducida en la presentación de fs. 1/7 y mantenida a fs. 20/28 apartado IV.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que se cumplan con las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch. Presidente. Pablo A. Bacigalupo. Juez de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

La Marcela De Langhe, no firma por encontrarse en uso de licencia.