Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-02


SENTENCIA NUMERO: CATORCE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dos días del mes de junio de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 81/10, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Víctor Guillermo Castro y Luis Armando Gandini, en contra de la sentencia Nº 39/2010 en causa Expte. Letra "L" Nº 56/10, LUNA, Carlos Leonardo"; el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º)¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº TREINTA Y NUEVE/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº TREINTA Y NUEVE/2010, dictada el 01/09/2010, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió: "I)- Declarar culpable a CARLOS LEONARDO LUNA, de condiciones personales ya relacionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Robo Agravado por el Uso de Armas (Arts. 166 inc. 2º, primer supuesto y 45 del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (Arts. 12, 40 y 41 del Código Penal). Unificar la condena establecida en el presente proceso con la impuesta por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación por Sentencia número cuarenta y siete, dictada con fecha 12 de septiembre del año 2007, en la que se lo condenara como autor penalmente responsable del delito de Robo (art. 164 del Código Penal), por la que se impusiera la pena de un año de prisión en suspenso (arts. 27 bis, inc. 1º y 2º último párrafo, 40, 41 y 45 del Código Penal), imponiéndole en consecuencia, como pena única la de once años de prisión de conformidad a los arts. 58, 55 y concordantes del Código Penal. Revocándose, por ende, la condicionalidad de la primera condena, debiendo cumplir en prisión efectiva el tiempo en que permaneciera en libertad (art. 27 y concordantes del Código Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.).

II. Contra el decisorio aludido, comparecen los Dres. Víctor Guillermo Castro y Luis Armando Gandini, en su calidad de asistentes técnicos del imputado Carlos Leonardo Luna, e interponen recurso de casación, esgrimiendo como único motivo el previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P.

Se agravian manifestando que la grave secuela relatada por la víctima no se encuentra probada; que, en derecho, lo que no está probado no existe y que se debe rechazar cualquier intento de llenar esos vacíos con testimonios de partes absolutamente interesadas. Entienden que el tribunal incurrió en una omisión al no ponderar como atenuante el no uso del arma por parte de su asistido. Peticionan se reduzca la pena impuesta a la pena única de seis años y ocho meses de prisión.

Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado Carlos Leonardo Luna.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos preceden-tes (S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), la facultad discrecional de fijar la pena es, en principio, exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal. No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

En idéntica dirección, cabe afirmar que, si bien lo relativo a la aplicación de los arts. 40 y 41 es propio de los jueces de mérito, no puede haber arbitrariedad manifiesta, afirmaciones abstractas que no condicen con la causa u omisión de las constancias atenuantes.

Finalmente, también debe advertirse que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente, es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal y, por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in ídem.

II. a. El primer planteo esgrimido por la defensa, referido a la falta de comprobación de la grave secuela sufrida por la víctima, poniendo en tela de juicio el daño físico sufrido por aquella, no encuentra sustento alguno en la ponderación efectuada por el a quo al momento de fundamentar la individualización judicial de la pena a imponer al acusado Luna. Repárese, que el tribunal puntualmente valoró el daño material sufrido por Rojas, como así también, el daño moral, aclarando que a este último lo pudo apreciar durante el transcurso de la declaración de la víctima (inmediación), quien al relatar y recordar el momento vivido, espontáneamente lloró, demostrando la angustia que le generó el evento; pero ninguna referencia hizo el a quo, al tratar la tercera cuestión, en relación al golpe en el ojo al que aluden los cancionistas, ni al daño físico, que pretenden desvirtuar. En consecuencia, esta crítica no resulta procedente.

El segundo cuestionamiento efectuado tampoco puede tener acogida favorable. Digo ello, porque el tribunal encuadró la conducta desplegada por el acusado Luna, en la figura delictiva prevista en el art. 166, inc. 2º, primer supuesto, segundo párrafo del C.P.; esto es, robo agravado por el uso de arma de fuego. Asimismo, consideró fehacientemente probado que la conducta de Luna reviste la calidad de coautor, destacando el a quo, que si bien Luna no portaba el arma en el hecho, contribuyó con sus actos a la ejecución de la conducta típica, siendo cada uno de ellos condóminos de la voluntad final. Esta calificación jurídica atribuida a la conducta desplegada por el imputado Luna, ha sido admitida por los recurrentes, en el sentido de que no ha sido discutida a través de la vía recursiva intentada, limitándose sólo los agravios a cuestionar la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.). Consecuentemente, no se advierte que el tribunal haya incurrido en la omisión que se denuncia; esto es, ponderar como atenuante el "no uso del arma" -como se pretende-. Destáquese, además, que esto resultaría contradictorio con las conclusiones ponderadas y unánime-mente arribadas por el tribunal al tratar, como se dijo, la tercera cuestión del fallo.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 vta., por los Dres. Víctor Guillermo Castro y Luis Armando Gandini, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Carlos Leonardo Luna. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/4 vta., por los Dres. Víctor Guillermo Castro y Luis Arman-do Gandini, en su carácter de asistentes técnicos del imputado Carlos Leonardo Luna.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.