Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-07-02


Mendoza, julio 2 de 2008.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º En su caso, ¿qué solución corresponde? 3º Pronunciamiento sobre costas.

1º cuestión. - El doctor Llorente dijo:

1. A fs. 3/11, F. A. O. en nombre y representación de Daniel Antonio Gutiérrez, interpone recurso de casación contra la resolución de fs. 38 y vta. dictada por la Cámara Primera del Trabajo, y lo funda en el inciso 2º del artículo 159 del CPC.

Alega que la Cámara ha interpretado erróneamente los artículos 241, 15, 12 y 14 de la LCT, y que ha aplicado injustificadamente la legislación civil, (fs. 4 vta., punto IX).

Esgrime que en los principales se ha presentado un convenio en los términos del artículo 241 de la LCT y no un convenio transaccional, y que la Cámara ha desconocido la legislación laboral al aplicar la legislación civil al reproducir el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, (fs. 5).

Expresa que la errónea interpretación reside al imponerle al trabajador la necesidad de redargüir de falsedad el acta para desconocer los hechos narrados en la misma y que no ocurrieron frente al Secretario, y que en relación a la sinceridad de las manifestaciones de las partes que refieran al contenido principal del negocio pueden refutarse por cualquier medio convincente en sana crítica, (fs. 5 vta.).

Afirma que se ha interpretado erróneamente el artículo 15 de la LCT, porque no es suficiente analizar los bonos de sueldos que obran a fs. 6 y 7 de los principales para determinar si ha habido una justa composición, sino que debió identificar los créditos que se afectaban con el acuerdo, a los efectos de determinar su naturaleza y establecer si implicaban una renuncia, porque no basta la impresión de una simple fórmula vacía de contenido, (fs. 7 vta.).

Se agravia también porque se ha aplicado erróneamente la teoría de los actos propios, porque no se debe ir en busca de los vicios de la voluntad, porque el trabajador solo cuenta con su fuerza de trabajo como herramienta para incorporarse al mercado laboral y obtener los recurso necesarios para su subsistencia y su capacidad negocial se encuentra limitada, (fs. 8).

Denuncia que el convenio debió analizarse a los términos del artículo 241 de la LCT, y que en el caso concreto "la voluntad concurrente de las partes para rescindir vino acompañada de un acto de liberalidad del empleador a favor del trabajador. Es decir, el empleador como contrapartida de la desvinculación le promete el pago de una suma de dinero". Por lo que esta modalidad de extinción del contrato de trabajo, a criterio del recurrente, no está regulada en la LCT sino que responde a la denominación de "acuerdos disolutorios negociados", (fs. 9 y vta.).

Y que el acuerdo extintivo oneroso, aunque voluntario, es violatorio del orden público laboral cuando resulte de sus propios términos que el cambio contractual supone la liberación del puesto de trabajo en función de un pago que cualquiera sea su nombre, resulte insuficiente desde la óptica del régimen indemnizatorio imperativamente aplicable, (fs. 10 vta.).

Que por tanto, el convenio presentado constituyó un fraude tendiente a evitar pagar las indemnizaciones que se derivaron del despido del trabajador, por lo que aquél no podía ser homologado y porque también afectaba el orden público laboral, (fs. 11).

2. La resolución impugnada rechaza el incidente promovido a fs. 12 por el Sr. Daniel A. Gutiérrez, y en consecuencia homologa el convenio celebrado por las partes a fs. 2, e impone las costas al incidentante por el incidente de fs. 12 y a Obelind SRL por la homologación del acuerdo, (fs. 45 vta.).

Expone el A-quo que de las constancias de autos surge que el incidentante "no ha acreditado la existencia de los vicios ni de los hechos que alega como fundamento de su pretensión. En segundo lugar, al analizar los bonos de sueldo acompañados a fs. 6 y 7, los derechos del trabajador han tenido una justa composición en los términos del art. 15 de la LCT y 40 del CPL". Y que no se ha probado vicio alguno que afecte la validez del convenio, porque ha sido celebrado en presencia del Sr. Secretario y el Sr. Gutiérrez ha prestado plena conformidad, de lo que infiere que su conducta posterior atenta contra la buen fe negocial, (fs. 45, punto II).

3. A fs. 34/35, obra el dictamen del Sr. Procurador General que aconseja el rechazo del recurso de casación interpuesto.

Argumenta que el quejoso no ha mantenido los hechos determinados en la instancia de grado, sino que controvierte la apreciación realizada por la Cámara del material fáctico y probatorio del proceso, la que concluyó según las reglas de la sana crítica racional, que se había alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, por lo que la queja excede el ámbito de control del recurso de casación, (fs. 34 vta./35).

4. Solución del caso.

En primer lugar, cabe señalar que a fs. 2 y vta. obra copia del convenio celebrado entre el Sr. Antonio Daniel Gutiérrez y Obelind SRL representada por el Sr. Héctor E. Salman, quienes manifiestan que de común acuerdo dan por finalizada la relación laboral por la causal invocada (artículo 241 LCT), (punto A).

También expresa este convenio que las partes han arribado a un acuerdo transaccional por la suma de $ 4.898 en concepto de gratificación por finalización de la relación laboral, imputable a cancelación total de cualquier rubro emergente de la relación laboral que pudiera quedar pendiente de pago. Y que el actor "ha recibido con anterioridad lo que reconoce y acepta expresamente, atento a que la empleadora le otorgó un préstamo al trabajador de $ 4.000, con anterioridad, quedando un saldo deudor a favor de Obeling SRL de $.2.398", (punto B).

En el punto E) del convenio las partes solicitan la homologación del presente acuerdo; y finalmente se consigna "que el trabajador hace expresa reserva de las acciones que le pudieren corresponder por un accidente de trabajo sufrido contra la ART", (fs. 2 vta.).

A fs. 12 y vta. de los principales, el actor solicita que no se homologue dicho acuerdo, porque niega que exista el préstamo por los $ 4.000, denuncia que la abogada que lo patrocinó era de la misma empresa empleadora, que existe falsedad ideológica, que es falsa la cláusula donde dice que no sufrió enfermedad profesional y que el cheque que le entregaron no tenía fondos.

Con respecto a la interpretación del artículo 241 de la LCT en correlación con el artículo 15 del mismo cuerpo legal, esta Sala en la causa nº 87.823, caratulada: "JUAN MINETTI S.A. en Jº 10.476 ROSALES SABINO FLORENCIO c. JUAN MINETTI S.A. P/ENF. ACC. S/INC. - CAS.", de fecha 26 de julio de 2007 (LS 379 fs. 82), ha sostenido que, "al momento de evaluar la validez del acuerdo suscripto por las partes será necesario distinguir y deslindar el acuerdo extintivo de común acuerdo de la relación laboral del acuerdo referido a la compensación, indemnización, o gratificación incluido en el mismo y que en muchos casos (por no admitir que es en su absoluta mayoría) son la causa fundamental o estímulo determinante que lleva al trabajador a aceptar el mismo. Obviamente el vicio de la voluntad o la falsedad instrumental del acuerdo que el trabajador acredite será determinante de la nulidad del acto, pero puede ocurrir que el trabajador no pruebe estos extremos o que ni siquiera los invoque, ello no restará validez al acuerdo extintivo pero tampoco necesariamente implicará la validez y consecuente oponibilidad al trabajador del acuerdo compensatorio cuando a la luz de la evaluación realizada por el juzgador se verifica la afectación del principio de irrenunciabilidad y del orden público laboral, en los términos del art. 15 de la L.C.T., sobre todo cuando las sumas abonadas por el empleador no constituyen una liberalidad y además quedan sujetas a ser imputadas o compensadas con futuros reclamos u otras acreencias del trabajador que no fueron tenidos en consideración al momento de la suscripción del acuerdo".

Que, "los precedentes del Tribunal, han sido favorables a la celebración y validez de este tipo de acuerdos, analizándolo desde la perspectiva del principio de la autonomía de la voluntad y por tanto sólo se lo consideró susceptible de invalidez con fundamento en algún vicio de la voluntad, desde el punto de vista del principio de irrenunciabilidad y el orden público laboral (LS 308 fs. 95; 366-100)".

Y que este criterio es aseverado por la CSJN, al pronunciarse por la validez del pago al trabajador de una gratificación vinculada al cese, compensable con cualquier reclamo indemnizatorio originada en la extinta relación laboral, incluidos los basados en la ley de accidentes de trabajo, en el caso "Gatarri, Alfredo c. Construcciones Metálicas Argentina SAIC", sent. del 23/VIII/1988, (publicado en DT, XLIX-A, 583), en donde se dijo que, "resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador compensable, en forma genérica, con cualquier otro crédito que tuviese con motivo de la disolución del vínculo, o derivado de las disposiciones de la ley 9688 (Adla, 1889-1919, 949). La existencia de tales acuerdos no viola el principio de irrenunciabilidad (art. 12 de la ley de contrato de trabajo), (Adla, XXXIV-D, 3218; XXXVI-B, 1175), aún en el supuesto de carecer de homologación judicial". "Este criterio no afecta en nada el principio de irrenunciabilidad establecido en el art. 12 de la LCT, pues un pago anticipado y a cuenta de eventuales indemnizaciones no tiene nada de objetable desde este punto de vista. Al contrario es conveniente que, aun sin que el tema tenga una decisión definitiva en la justicia el trabajador reciba un adelante que le permitirá en la mayoría de los casos afrontar gastos en el momento que mas lo necesita. En estas condiciones, acordar que el pago se tomará a cuenta para eventuales indemnizaciones, es de estricta justicia y en nada disminuye los derechos del trabajador".

Compulsadas las actuaciones principales, observo que el convenio de fecha 23 de agosto de 2006, cuya copia obra a fs. 2 y vta., ha sido firmado libremente por el actor y no ha acompañado pruebas que demuestren que su voluntad pudo estar viciada ni que no exista un saldo a favor de la empleadora por la suma de $ 2.398 a raíz de un préstamo que ésta le haya otorgado por el monto de $ 4.000, como consta en el acuerdo.

Además, como expresa la Cámara, el acta que contiene el convenio celebrado entre las partes de común acuerdo, tiene eficacia probatoria porque hace plena fe porque ha sido firmado en presencia del Secretario del Tribunal, conforme el artículo 979 del C. Civil.

Ello así, no es suficiente para desvirtuar las manifestaciones de las partes contenidas en el convenio, la simple negativa del trabajador con respecto a los hechos que lo integran, máxime porque ha sido celebrado ante el Secretario del Tribunal, y adquiere fuerza probatoria al encontrarse revestido de legalidad y plena fe por tratarse de un instrumento público.

Sobre el particular, esta Sala ha afirmado que, "de la diferenciación existente entre el instrumento público, como formalidad que contiene la manifestación de voluntad de las partes en el negocio jurídico de que se trata, con este último allí contenido, se desprende que si se pretende impugnar al instrumento público, la demanda debe versar sobre la falsedad de tal instrumento a través de la querella de falsedad por acción civil o criminal (artículo 993 del C. Civil), pero nunca por nulidad. Y si la impugnación se dirige a atacar el acto jurídico voluntario celebrado por las partes (contenido en el instrumento público) debe entablarse la acción de nulidad correspondiente y derivada de los vicios de voluntad o de los vicios propios del acto negocial", (LS 387-126).

Ello así, si la parte actora entiende que el convenio (negocio jurídico) es falso, debe acreditarlo en el proceso mediante pruebas suficientes y no simplemente con la negación de los hechos referidos en el mismo.

Por otra parte, si el trabajador considera que el cheque que le proporcionó la empleadora carece de fondos, y en su criterio este hecho configura un delito de estafa procesal (artículo 172 del C. Penal), debe acudir a la sede penal en defensa de sus derechos, por ser ésta materia ajena a la competencia del fuero laboral.

Asimismo, cabe subrayar que a fs. 2 vta. consta expresamente que el trabajador ha hecho reserva de demandar a la ART por enfermedad profesional, por lo que no es verdadera su afirmación de que el convenio contiene lo contrario.

Y cabe destacar por último, que el actor ha presentado un amparo sindical en el expediente nº 38.051, (ver fs. 12 vta. de autos); y en los autos nº 38.830 ha iniciado el reclamo de las indemnizaciones por despido en los autos caratulados: "GUTIERREZ, Antonio Daniel y Obelind SRL s/Despido", por lo que tiene abierta la vía judicial plena en defensa de los derechos laborales que considera vulnerados, (ver fs. 39 de autos).

En consecuencia, considero que los agravios devienen improcedentes porque por un lado, las argumentaciones recursivas se apoyan en hechos no acreditados en el proceso, lo que revela la disconformidad del quejoso con la plataforma determinada en la resolución casada, habida cuenta que los agravios referidos a la valoración del material probatorio debe canalizarse a través del recurso de inconstitucionalidad (artículo 150 del CPC). Y por otra parte, los vicios relacionados con el negocio jurídico deben plantearse por acción de nulidad, y los cuestionamientos con la posible comisión de delitos penales por la acción penal correspondiente.

En base a lo expuesto y en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, me pronuncio por el rechazo del recurso de casación examinado.

ASI VOTO.

Los doctores Salvini y Böhm adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

2º cuestión. - El doctor Llorente dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha plantea-do para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Los doctores Salvini y Böhm adhieren al voto que antecede.

3º cuestión. - El doctor Llorente dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas al recurrente vencido (arts. 148 y 36 del C.P.C.).

ASI VOTO.

Los doctores Salvini y Böhm adhieren al voto que antecede.

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 3/11 de autos. 2º) Imponer las costas al recurrente vencido (arts. 148 y 36 del C.P.C.). 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal. - Pedro J. Llorente. - Herman Salvini. - Carlos Böhm.