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Retención indebida, falsificación de documentos, indemnización, daño moral, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: SCILINGO, ROBERTO s/ ACCION CIVIL. DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-06

No corresponde, en delitos como los de defraudación por apropiación indebida y falsificación, indemnizar por daño moral a personas jurídicas, por cuanto esa lesión no patrimonial consiste en un sufrimiento o dolor psíquico, que, por grave que sea, una persona jurídica es incapaz de padecer.
Letra de cambio, protesto, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hermida, Eliseo y Cía S.A.C.I. c/ García Fernandez, Vicente Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

El protesto es un medio de constatar la negativa de la aceptación o del pago a través de un acto auténtico (art. 48, ap. 1, dec. Ley 5.965/63), siendo la presentación al pago una carga cambiaria sustancial que el portador legitimado debe cumplir con la finalidad de que el deudor se entere a quien debe pagar.
Responsabilidad de los padres, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: S., R.O. y Otra c/ M., E.J. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-18

Existe negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, cuando se permite a un menor la realización de actos que pueden traer aparejados riesgos, sin el debido control de una persona mayor. Máxime cuando el que reclama la indemnización patrimonial es quien tiene el deber de vigilancia sobre el menor, y pese a ello, permitió que se pusiera en una situación de peligro.
Deberes del juez, principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Castejon, José Ricardo. c/ Unión Obrera Metalúrgica. s/ Cobro de honorarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-16

Los hechos los aportan las partes, mientras que el juzgador es quien selecciona la norma jurídica aplicable al caso, por lo que la decisión del litigio por razones de derecho que aquéllas no han invocado , constituye tan sólo el ejercicio de suplir el derecho y no importa arbitrariedad ni violación de la defensa en juicio. Más aún, la resolución del pleito por razones distintas a las aducidas por los litigantes, cuando estos han sido oídos, no constituyen violación de la garantía de defensa en juicio y sólo representa la aplicación del aforismo "iura novit curia", siempre y cuando ello no implique modificar los elementos de la pretensión o de la oposición.
Trabajadores de la construcción, inscripción en el registro de contratistas
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, RAFAELA c/ VEISAGA CASTRO, SABINO s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

El hecho de que el contratista se halle o no inscripto en el Registro de la Construcción no libera al empresario principal de las obligaciones de seguridad a su cargo.
Superior Tribunal de la Causa, instancia única, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F.N.  (D.G.I.) c/ Esquleñas  S.A. s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-10

Puede revestir el carácter de "Tribunal Superior" de la causa un juzgado de primera instancia cuando, de conformidad con las correspondientes normas que regulan la organización judicial, ya sea en razón del monto o de la materia, el legislador ha previsto una instancia única, que no excluye - ni aún en las ejecuciones fiscales, en supuestos de excepción y conforme a jurisprudencia de la C.S.J.N. , el examen de cuestiones constitucionales.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, actuaciones administrativas, honorarios del perito, falta de pago, cesión de derechos, certificado de deuda
Materia: PENAL
Carátula: GUTHEIM, FEDERICO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-17

Habida cuenta de que los señores actores no han realizado cesión de derechos sobre los bonos de la ley 23982, para lo cual no es requisito indispensable la percepción material de ellos, es indudable que el crédito del perito contador se mantiene insoluto.

En tales condiciones, no existe inconveniente para que en este juicio se le extiendan las certificaciones de su crédito, aún cuando la finalidad perseguida sea efectuar una petición de quiebra en el fuero comercial ordinario, desde que serán en sede de éste que habrá de resolverse su eventual procedencia. es claro, en efecto, que el juez del sub lite no tiene jurisdicción para impedir al interesado realizar, donde lo considere conveniente, las peticiones que entiende hacen a su derecho, las que deberán ser resueltas por el juez con certificación reflejo con exactitud la naturaleza y alcance del crédito, sin omisiones que puedan proporcionar un panorama distorsionado de tales extremos, el tribunal juzga prudente que en el certificado de que la liquidación se halla consentida, aprobada e insoluta, se haga constar asimismo que el crédito por los honorarios periciales de que se trata está regido por lo dispuesto en la ley 23982, arts. 1 penúltimo párrafo; 3 última parte y 7 inc. c.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. J. y Otro c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-07

Respecto a la responsabilidad por su actividad lícita, en tanto ha sostenido que: "Tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares - cuyo derecho se sacrifica por aquél interés general - esos daños deben ser atendidos. De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas, para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva. En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia"
Recurso extraordinario, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLONI RICARDO ALBERTO Y OTRA c/ SOLARI TOMAS MIGUEL Y/O QUIEN RESULTE OCUPANTE DEL INMUEBLE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-16

Sobre el punto "error in procedendo" se estima que dicha tacha no se aloja en la resolución recurrida desde el momento en que el ordenamiento local no "capta" el recurso de inaplicabilidad de ley por "error in procedendo"y por ello la selección de un determinado proceso es una cuestión netamente procesal- y ello acarrea la imposibilidad de verificar el resto de los agravios-que resulta inabordable en casación.-
Prevención del delito, apertura de la instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Martínez La Paz, Héctor Jorge y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-10

La actividad de investigación realizada por los organismos de seguridad -que tuvo su génesis a través de la "notitia criminis" obtenida por Gendarmería Nacional-, en tanto ha sido inmediatamente comunicada y debidamente documentada a través de actuaciones prevencionales, resulta válida, a la luz de la CN, como modo de inicio de la instrucción.
Garantías procesales, jueces naturales, doble instancia, integración del tribunal, defensa en juicio, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, peculado
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Raúl Rolando Romero Feris en la causa Romero Feris, Raúl Rolando, y otros c/  s/ peculado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Corresponde revocar la sentencia que condenó al recurrente a la pena de cuatro años de prisión y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como coautor del delito de peculado, porque el tribunal que había confirmado el fallo tuvo distinta conformación en el momento de la audiencia de apelación y al momento de dictar la condena. Si bien es materia ajena a la instancia extraordinaria lo relativo a la constitución e integración de los tribunales locales y las cuestiones vinculadas con las formalidades de la sentencia y al modo en que dichos tribunales emiten sus votos, debe hacerse excepción a esa regla cuando en el dictado de la sentencia impugnada se haya omitido la observancia de formalidades sustanciales con menoscabo de la garantía de defensa en juicio y, en el caso, lo actuado derivó en el quiebre del principio de identidad física del juez y en un claro menoscabo del derecho a ser oído por el tribunal revisor, aparejándose en consecuencia una patente afectación a la garantía de defensa en juicio y del doble conforme.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., L.I. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-10

Existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión, y sujeto pasivo de ese derecho es el Juez, quien está obligado a decretar y practicar las pruebas pedidas con las formalidades legales, siempre que no exista razón para considerarlas inadmisibles.
Costas, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Morilla, Joaquín y Otro c/ Resero SA s/ Apelación auto interlocutorio-Incidente de Inconstitucionalidad y  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-31

La imposición de costas no requiere mayor fundamento, siendo que rige el principio objetivo de la derrota (art. 125 2° párrafo Ley 5732), no encontrándose tampoco obligado a meritar concretamente si concurren las circunstancias que por vía de excepción le permitirían eximir de costas a la parte vencida.

El juzgador no tiene obligación de fundar la imposición de costas al vencido sino su liberación.
Recurso extraordinario, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: SANDOVAL, HORTENSIA ENRIQUETA. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

La invalidación de una norma provincial con fundamento constitucional no da lugar a recurso extraordinario, por no mediar entonces la resolución contraria que requiere el art. 14, inc. 2, de la ley 48.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piro A. c/ Orlando A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-05

El conductor del automotor no obra con la total prudencia aconsejable a las circunstancias si emprende el giro a la izquierda sin medir con exactitud el tiempo disponible ante el curso del tránsito en sentido opuesto; esta deficiente conducta no lo excluye de responsabilidad en el suceso, aún cuando la velocidad del otro vehículo fuera excesiva, puesto que la maniobra de giro a la izquierda es de las más peligrosas en el tránsito al invadirse la mano contraria e interponerse a la corriente.
Desistimiento del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos Falcón, Giselle y Otros Sobre 239 - Resistencia o Desobediencia a la Autoridad", expte. SAPPJCyF n° 116771/22-3 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde tener por desistido el recurso de queja si la defensora acompaña una constancia mediante la cual la imputada manifiesta su voluntad de desistir, cumpliendo con los requisitos establecidos por el art. 287, primer párrafo del CPP (aplicable por art. 2 de la ley n° 402). (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosi, Jorge c/ Donodía, Juan Osvaldo s/ Daños y perjuicios De Lorenzo, José Humberto c/ López Camelo, Julio César s/ Daños y perjuicios Parodi, Alberto Eduardo y otros c/ Bidotti, Germán Leopoldo s/ Daños y perjuicios Diericx de Ten Hamme, Sergio c/ Marmolejo, Jorge s/ Daños y perjuicios Marzio, Salvador c/ Fuentes, Emilio s/ Daños y perjuicios Nicolaci de Mónaco, Rosa y otros c/ Sonboukane, Osvaldo s/ Daños y perjuicios Echegaray, Fabián N. c/ González, Ricardo A. y otro s/ Daños y perjuicios Molinari, Rubén Daniel c/ Feysulaj, Héctor E. y otros s/ Daños y perjuicios Schettini, Paulo Esteban y otra c/ García, Oscar Enrique y otros s/ Daños y perjuicios Carradori, Italo A. y otra c/ Perrota, Nora S. y otro. s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1992-08-04|1993-12-14|1995-04-11|1997-03-11|1998-07-14|2001-09-28|2000-11-08|2003-09-10|2004-03-03

Si bien se ha expresado que la mera infracción de reglamentos de tránsito no determina de por sí la responsabilidad civil del infractor ello no puede conducir a considerar que las normas reguladoras de tránsito constituyen letra muerta o que sólo sirven como material de estudio para el otorgamiento de la licencia de conductor.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: GOROSITO CRUZ ANTONIO c/ GRACIANO CARLOS A. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-14

La no definitividad de la sentencia involucra la alegación de perjuicios todavía hipotéticos ineptos para sustanciar la instancia extraordinaria.
Excepciones procesales, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CEBALLOS, Carlos Zenón c/ MIN. DEL INT. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Dado que existe otro proceso idéntico pendiente, entre las mismas partes y con el mismo objeto y causa, se admite la excepción de litispendencia opuesta con carácter manifiesto, ordenándose el archivo de las presentes actuaciones, en razón de haber sido iniciadas con posterioridad (confr. arts. 347, inc. 4 y 354, inc. 3 del C.P.C.C.N.).
Daños y perjuicios, acoso escolar, monto de la indemnización, derechos de las niñas, niños y adolescentes, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. L. D. c/ E. I. S. Y O.  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

El marco de protección que establecen las normas internacionales y domésticas no cesa una vez que el caso bullying ya ocurrió por haber fallado los mecanismos de detección, abordaje y protección y, como en el caso, se debaten sus consecuencias lesivas y la cuantía de las indemnizaciones reclamadas por la víctima frente al establecimiento educativo. Por el contrario, aquellas medidas estatales previstas en los arts. 2.2, 3.2, 3.3, 13.1, 18.2, 19.2, 29.1, 31.2 y concordantes de la Convención de los Derechos del Niño (y sus correlativas en la legislación nacional y provincial) tienen que tener su reflejo en criterios jurisdiccionales que sean idóneos para evaluar en juicio, ex post, las situaciones de que fueron indebidamente abordadas en la institución escolar y que han generado daños resarcibles. El modo de hacerlo es determinar con extrema cautela el estándar probatorio que permita a la víctima acreditar en juicio los eventos vividos que dieron forma al hostigamiento. Esto no significa invertir cargas probatorias, conceder ventajas procesales ni ninguna circunstancia semejante, sino aplicar las reglas procesales y los estándares probatorios con especial consideración en la problemática escolar y de la naturaleza misma de los actos que conforman el bullying denunciado
Instrumentos públicos, cargo
Materia: PROCESAL
Carátula: L., T. s/ Recurso de Apelación Apelación c/ Resolución N° 1747/07 del Instituto de Seguridad Social y Seguros"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-21

"...las constancias del cargo, por haber sido asentadas por un oficial público, constituyen un instrumento público en los términos del art. 979°, inciso 2), del Código Civil, por lo que hacen plena fe"... . Entonces, desde que la recepción referida carece de rúbrica de agente y/o funcionario público no produce las consecuencias respectivas. "Ese cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario u oficial primero. La falta de firma de éstos determina, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, la total ineficacia del mismo, ya que su eficacia resulta de la autorización de aquéllos"...
Delitos contra la humanidad, prueba, graduación de la pena, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: ALMIRÓN, Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

Los crímenes contra la humanidad capturan la realización de conductas tan manifiestamente ilícitas que la alegación de un error sobre tal carácter sólo puede encontrar amparo en un agente cuyas capacidades psíquicas se hallan comprometidas al punto tal que no es capaz de comprender el concepto mismo de dignidad humana -y en tal caso, sería la patología, y no el error, aquello que justificaría la exclusión o la disminución de la culpabilidad-. Debe rechazarse el agravio relativo a la determinación de la pena, en tanto la defensa ha centrado sus embates en una supuesta desviación de las penas impuestas respecto del fin resocializador al que deben estar orientadas, sin contemplar que esas consideraciones deben conjugarse con otras, de igual jerarquía y valor, que exigen del Estado argentino una respuesta punitiva adecuada y proporcional a la magnitud de injustos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional, como lo son los delitos que constituyen crímenes contra la humanidad o genocidio.
Quiebra, conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), acreedor no concurrente, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHAVES, MIGUEL c/ ADES, LUIS s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

El acreedor no insinuado oportunamente en el pasivo, o verificado tardiamente, cuenta, luego de producida la conclusión de la quiebra por avenimiento, con el derecho de reclamar el pago total de su acreencia, pues se halla en la misma situación que se encontraría de no haber existido la quiebra, sin que su crédito se vea afectado siquiera por la suspensión de la actualización del capital, o el devengamiento de los réditos.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder Judicial, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Artigue, Sergio Pablo. s/ Incidente de restitución de detenido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

La Corte Suprema es cabeza de uno de los poderes del gobierno federal, al cual indudablemente corresponde el arreglo de las cuestiones que pueden comprometer la responsabilidad internacional de la República Argentina, como las que den lugar a la intervención de los organismos supranacionales previstos en la Convención Americana
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, lanzamiento, declaración de inconstitucionalidad, defensa en juicio, debido proceso adjetivo, facultades del juez, control de razonabilidad, derecho de propiedad, resolución inaudita parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

El artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario es inconstitucional porque no constituye una regulación razonable del derecho de defensa en juicio, sino que deniega de plano la intervención del demandado con anterioridad al dictado de la sentencia que ordena el desalojo. De ese modo, infringe la garantía del debido proceso y además restringe la potestad del juzgador de evaluar la procedencia de las pretensiones traídas a su conocimiento valorando los hechos y el derecho aplicable, en razón de esa misma imposibilidad de atender a las razones que una de las partes podría esgrimir.

Las prerrogativas de la administración, otorgadas por la legislación en aras a la obtención del bien común deben guardar una adecuada razonabilidad, que es el punto de partida del ordenamiento jurídico. Aquella regla se encuentra condensada en el artículo 28 de la Constitución Nacional e implica fundamentalmente que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin. Y no se presenta como razonable a los fines de tutelar el derecho de propiedad del estado sobre un inmueble del dominio privado, que se tramite un desalojo, inaudita parte, excluyendo la participación del demandado en el proceso, desconociendo arbitrariamente su derecho de defensa en juicio, ignorando el orden constitucional y los tratados de derechos humanos.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Celia Nilda c/ Municipalidad del partido de Rivadavia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

El hecho de que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existan erogaciones que deben ser solventadas por el paciente; el resarcimiento debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe.-
Enfermedad accidente, cosa riesgosa, brucelosis
Materia: LABORAL
Carátula: Basile, Dominga A. c/ Vizental y Cía S.A.C.I. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-09-08

La brucelosis ha sido calificada como enfermedad "profesional" desde el año 1932 por cuanto afecta particularmente a ciertos trabajadores, los que trabajan directamente con animales vivos o faenados, como son por ejemplo quienes se desempeñan en un frigorífico (caso de la actora).
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL
Carátula: MOLINARI JORGE OMAR c/ DIAZ RAMON ANIBAL Y/U OTROS S/REIVINDICACION s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-09

Corresponde declarar la caducidad de instancia del recurso de queja si el quejoso al solicitar la integración del Tribunal para resolver el recurso interpuesto, proveído éste, no se notifica del mismo y no realiza los trámites procesales tendientes a poner la causa en estado de ser resuelta. De ese modo, al haber omitido cumplimentar con dicho recaudo, el quejoso se ha desentendido absolutamente de su obligación, manteniendo una total inactividad por un plazo superior al que establece la ley a los fines de que opere la caducidad.