marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, medidas cautelares, establecimientos geriátricos, internación, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bendersky, Lea c/ Swiss Medical S.A. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

La internación geriátrica no se encuentra contemplada en la antedicha resolución ministerial. Y además, ninguna de las parte ha aportado -hasta el momento- las estipulaciones contractuales que las vincula, por lo que tampoco se puede inferir -en el estado inicial del sub examine- que la demandada se encuentre contractualmente obligada a brindar la prestación requerida. Por otra parte, corresponde resaltar que, en la especie, no se ha demostrado que exista indicación médica que prescriba a la amparista la prestación pretendida cautelarmente, es decir, internación geriátrica (conf. copia simple de la historia clínica obrante). En función de ello, ante la ausencia de una previsión normativa o contractual que obligue a la entidad demandada a otorgar la cobertura, la falta de indicación médica de internación geriátrica y no surgiendo de las constancias de la causa una situación grave que justifique adoptar una solución diferente, corresponde revocar la decisión apelada.
Instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Yelma Roque Jacinto c/ Gutierrez Pedro Antonio s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3555/96.-  (L.A. Nº 40, Fº 64/66, Nº 25).- Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3555/96.-  (L.A. Nº 40, Fº 64/66, Nº 25).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-28

El valor constitutivo de los instrumentos privados respecto de terceros sólo se adquiere en virtud de la fecha cierta, y para determinar la autenticidad de la misma, el Código Civil ha preceptuado diversos modos en su art. 1035. Sin embargo la jurisprudencia, estimando que la ley no señala el carácter taxativo de la enumeración del artículo citado, ha admitido otros supuestos capaces de prefijar la fecha cierta.

Conforme a este criterio, resulta que las constancias obrantes en el expediente son suficientes para acreditar en forma inequívoca, que el documento de rescisión del contrato de locación del inmueble donde se practicó la medida de embargo y secuestro, se encontraba firmado con anterioridad a la fecha del embargo.-
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Salinas, Juan Carlos s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Desde un enfoque gramatical el concepto "juicio" es abarcativo y apunta a la totalidad del proceso; a la misma conclusión se llega desde el análisis constitucional, ya que cuando la Constitución Nacional utiliza las palabras "juicio", "causa", y "procedimiento" como sinónimos (arts. 18, 24, 53, 59, 60, 70, 114, 116 y 118, C.N.), desde el Código Penal también se advierte este paralelo ya que siempre se esgrime la palabra "juicio" como sinónimo de "causa" y de "procedimiento" y para referirse a la totalidad del proceso (arts. 30 inc. 2; 72 inc. 2; 74, 112, 269, 271 y 275 párr. 2do., C.P., entre otros).

El Código de Procedimiento Penal también da un sentido amplio a la palabra "juicio" (arts. 13,  49, 59, 87, 176, 385, C.P.P.). (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación penal, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: BRACAMONTE MARTIN OSVALDO; BRACAMONTE DANIEL OSCAR; QUINTEROS RENE ROBERTO Y OTROS S.D. HOMICIDIO CALIFICADO Y ROBO CALIFICADO EN CONCURSO REAL, ETC - E.P. GUTIERREZ MARIO ANTONIO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-26

En modo alguno existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación. Ambos son compatibles en la medida en que no se quiera magnificar el producto de la inmediación, es decir, en la medida en que se realiza el máximo de esfuerzo revisor, o sea, en que se agote la revisión de lo que de hecho sea posible revisar.-
Hábeas corpus, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: De La Torre, Juan Carlos s/ hábeas corpus - causa 550.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que frustró la finalidad de la acción al optar por una interpretación exactamente opuesta a los caracteres esenciales que modelan el hubiste corpus: no ritualista, inmediación entre el juez y el amparado, y la bilateralidad, que en la especie se tradujo en una afectación directa e inmediata a las garantías de la defensa en juicio y debido proceso del amparado (art. 18 de la Constitución Nacional) (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Daño moral, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAC Publicidad S.A.I.C. c/ La Espiga de Oro S.A. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 116)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-23

En cuanto a las personas jurídicas o colectivas no pueden ser pasibles de agravio moral en su aspecto subjetivo o puramente efectivo, pues carecen de toda subjetividad, pero sí pueden ser damnificadas en la parte social de su patrimonio, es decir que sí pueden ser pasibles de daño moral objetivable, o sea el que repercute en el patrimonio del sujeto.
Competencia penal, ejecuciones especiales, excarcelación, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, derecho a la salud, contrabando de estupefacientes, inadmisibilidad del recurso, falta de agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Rigoletti, Ariel Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20

En punto a la denegatoria del pedido de prisión domiciliaria en subsidio, invocó los mismos argumentos utilizados por el rechazo de la excarcelación, y adunó que el imputado no se encuentra en ningún grupo de riesgo de COVID 19 y que no encuadra en ningún supuesto previsto en la Acordada nº 9/20 de esta CFCP, por lo que se advierte que la resolución impugnada analizó en profundidad la? razonabilidad del encierro cautelar del imputado, en base a la normativa procesal vigente e invocada por el recurrente -arts. 210, 221 y 222 del CPPF- argumentos que el impugnante no logra conmover ante esta instancia.Sin perjuicio de lo antes expuesto, se encomendó al tribunal oral que requi era a la unidad carcelaria donde el imputado se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 y el punto 4 de la Acordada 9/20 de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el SPF" (DI- 202058-APN-SPF#MJ, del 26/03/2020).La disidencia sostuvo que correspondía habilitar la vía intentada para ingresar al conocimiento de la cuestión de fondo planteada.Dres. Figueroa, Barroetaveña y Ledesma -en disidencia-.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Klein, Carlos Bernardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Los "gastos de mesa" luego denominados más genéricamente como "gastos funcionales", al revestir en el caso los caracteres a que se refiere el primer párrafo del art. 36 del dec. ley 9650/80, t.o.

según ley 10.861, debe asignársele el concepto de remuneración, siendo que no figura en ninguna de las excepciones contempladas en el segundo párrafo de la citada disposición legal y tampoco en su decreto reglamentario 460/80, los cuales no admiten una interpretación analógica ni menos extensiva para asimilarlos a dichas excepciones, que por tales sólo permiten que la misma sea de carácter restrictivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, derecho de opción, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paz, Francisco Oscar c/ Poder Ejecutivo Nacional. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

El mantenimiento de la detención tras la opción formulada para salir del país (art. 23 de la Constitución Nacional) constituye un hecho ilícito que genera la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados.
Estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: García, R.A.-Jalil, L.M. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-07

La estafa procesal consiste en una acción desarrollada mediante un ardid que crea una situación jurídica que induce al Juez a incurrir en un error "in iudicando". Dice Creus: "la estafa procesal, o sea, aquel engaño que se hace revertir sobre el Juez con el fin de perjudicar a una de las partes del juicio", para agregar "la estafa procesal es un delito de resultado (el perjuicio patrimonial)", "en la estafa procesal el engaño es un medio".Se está frente a una acción judicial donde la secuencia procesal lógica, determinada por el Código Adjetivo, lleva al final a decidir al Juez en lo Civil y Comercial y durante este proceso y hasta el momento de alegar de bien probado si insiste en pretender cobrar la factura que había sido desvirtuada por la pericia. En este estado de cosas se debe decir que la estafa procesal ha quedado en grado de tentativa desde el momento que el Juez pone de relieve el engaño en su sentencia y ordena que se extraigan los testimonios correspondientes para remitir al Agente Fiscal de la jurisdicción.Es la sentencia dictada en el juicio la que pone de relieve la acción ardidosa, que en este caso se frustró, por lo cual queda en grado de tentativa, y no logra hacer incurrir al sentenciante en un error "in iudicando".Luego el plazo de la prescripción se debe contar a partir de la fecha en que se dicta la sentencia que es cuando se pone de relieve el accionar del que pretende engañar.En este sentido la C.N.Crim. y Cor., Sala II, (9-11-79, en Treinta, M.) ha dicho: "La estafa procesal se consuma en el momento que el Juez es inducido a error en la sentencia por el ardid impreso por los litigantes al traer a juicio inexactitudes que aquel toma en cuenta y por el perjuicio patrimonial que debe soportar la parte contraria compulsivamente por obra de la aludida sentencia y no por actos subsiguientes". (Minoría u opinión personal)
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Caruso, Pablo C c/ Eland SA y otros s/ Daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-27

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de agravio moral no esta sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión
Concursos, liquidación, acto administrativo, aplicación de la ley, seguros, verificación de créditos, sentencia condenatoria, daños y perjuicios, monto del juicio, honorarios, regla de prorrata, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito de becerra, alejandro david
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Al contrario, los honorarios que dicha representación ocasionan son a exclusivo cargo de la aseguradora, pues ésta actúa como un auxiliar o dependiente suyo asociado a la ejecución del objeto de la prestación que corresponde a la dirección del proceso (ver CSJN fallos 320:2447 del 11/11/97 y 321:2263 del 20/08/98 citados por Aguirre, Felipe "Cuestiones Teórico-Prácticas de Derecho de Seguros" pág. 220 y sgtes. Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2006, Stiglitz, Rubén "Derecho de Seguros" t. II, pág. 402, La Ley, Bs. As., 2004). Y consecuentemente, también resultaría improcedente que se detraiga del importe máximo asegurado para afrontar las costas y gastos causídicos, los honorarios de la defensa del asegurado, pues al igual que aquellos devengados a favor del letrado de la aseguradora, su pago se encuentra exclusivamente a cargo de esta última.
Confirmación de sentencia, fallido, bienes gananciales, disolución de la sociedad conyugal, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELLON MAISON, ALBERTO MARTIN S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

Procede confirmar la resolución que desestimó el pedido del fallido de que se excluyera de la subasta dispuesta, el 50% de los lotes, con base en que le correspondían a su ex mujer, fundando su pretensión en que dichos inmuebles eran bienes gananciales. Ello así, en el caso, no aparece publicitada en el registro inmobiliario sentencia alguna que haya dispuesto la disolución de la sociedad conyugal, como así tampoco el dictado de medidas cautelares decretadas respecto de los bienes gananciales para garantizar, justamente, los derechos que eventualmente pudieren corresponderle a la ex cónyuge hasta la concreción de la liquidación de la sociedad conyugal. En síntesis, aunque hubiera operado la disolución de la sociedad conyugal, al no haberse dado cumplimiento con la publicidad registral (conf. CCCN 1893 y CCIV 2505), ello no podría resultar oponible a terceros. Es que el cónyuge puede oponer el condominio o la copropiedad a terceros según las normas específicas y los principios generales de oponibilidad de derechos a los mismos, conforme, por tanto, a la naturaleza de cada objeto en particular. Resulta evidente pues la inoponibilidad a esta quiebra de la transmisión dominial habida como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal si es que ella no fue inscripta registralmente (esta CNCom, esta Sala A, 27/06/08, "Arietti Carlos Ramón s/ incidente de subasta de bien inmueble de Escobar"; íd., 15/05/08, "Marzorati Reynaldo c/ Lucas de Luján Susana s/ Ejecutivo"; íd., 22/02/11, "Promar SCA s/ quiebra s/ incidente de venta").
Competencia ordinaria, transporte ferroviario
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. s/ entorpecimiento de la marcha de trenes  Causa nro. 12.603
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

"No constituye una efectiva paralización de la marcha de los trenes con el consecuente entorpecimiento del tráfico ferroviario, la interrupción de servicio de una línea férrea por pocos minutos y en un sólo sentido de circulación, por lo cual corresponde la intervención de la justicia ordinaria"
Principios generales del Derecho, código civil y comercial, interpretación restrictiva, cláusula penal, abuso del derecho, Derecho laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Russel Osvaldo y Centro Social y Deportivo Sirio Libanés c/  s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-27

Teniendo en cuenta los principios generales del derecho, que establecen que éstos deben ejercerse de buena fe, procurando el juez evitar los efectos del ejercicio abusivo (arts. 9 y 10 del CCC), y que el art. 727 del CCC, relativo al contenido de las obligaciones, prescribe que su interpretación es restrictiva, y mucho más así corresponde cuando se está frente a la estipulación de una multa que, huelga decirlo, exhibe naturaleza jurídica de cláusula penal (arts. 790 y ss. del CCC). En virtud de ello, entiendo que la aplicación de la cláusula penal interesada por el actor apelante sólo debe prosperar desde el 04-03-2022, fecha en la cual aquél observó que no se había acreditado el período contenido en la cláusula III punto c) hasta el 09-03-2022 que se acompañó por el Club empleador certificación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos -aunque incompleta- , y se puso a disposición para su contralor (con un total de 5 días); y luego desde el 25-11-2022, hasta el 01-12-2022 (con un total de 6 días), que se cumplimentó lo pactado, es decir, restando el intervalo de tiempo transcurrido desde aquella intimación a controlar -conforme lo convenido en la cláusula respectiva (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Juicio oral, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Danas, Jorge y otros s/ Abandono de persona seguido de muerte y violación de los deberes de  funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Constando en el acta labrada en la audiencia de vista de causa que el tribunal pasó a deliberar luego de que los acusados no hicieran uso de la palabra, resulta ineficaz el agravio referido a la supuesta violación del art. 283 del Código de Procedimiento Penal si se omite demostrar dicha transgresión, la que -en todo caso- pudo acreditarse solicitando se dejara constancia en el acta de la eventual omisión de dar la palabra a los acusados, pues lo referido allí a que éstos no lo hicieron tanto pudo obedecer a que se negaron a ello como a que no les fue concedida la oportunidad de hacerlo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Astudillo Salvini, Adela Graciela y otros c/ Arzen Corporation S.A. y/u otros s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-17

La recurrente se agravió con relación a la denegatoria de citación en caracter de tercero del Estado Nacional por la supuesta responsabilidad por el daño patrimonial a su parte derivado de la declaración de inconstitucionalidad, en especial del artículo 39 de la ley 24557, en una eventual posterior acción de repetición.

No habiendo quedado demostrada -al momento de interesar dicha citación- la existencia de una relación íntima entre la acción directa entablada respecto de las empleadoras y la posibilidad de ejercer las mismas la repetición del Estado Nacional de la eventual condena que les correspondiera, no aparece clara la fundabilidad de la acción de regreso invocada, menos aún lo resulta la necesidad de evitar que en un futuro proceso, dicho tercero pueda argüir la excepción de negligente defensa que se sostiene como razón determinante para la intervención coactiva interesada.

Por ello, la denegatoria a la citación del Estado Nacional debe ser confirmada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, agravio concreto, omisión de considerar cuestión propuesta, Superior Tribunal de Justicia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Administración provincial de impuestos c/ La Tropa S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida)- Embargo preventivo  (Expte.: C.S.J. Nro. 414 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

No obstante que la Corte no tiene como función apreciar la suficiencia técnica de los agravios expresados en la apelación -facultad reservada a los tribunales de alzada- sí le compete controlar que en la valoración de dicho extremo no se incurra en arbitrariedad por vía de aplicarse pautas que puedan llegar a vulnerar el respeto que merece el derecho de defensa, sin olvidar que, a diferencia de lo que acontece con los recursos extraordinarios, el examen de los reparos en segunda instancia debe abordarse con amplia actitud cognoscitiva, más hacia la justicia de la composición de la causa que al flanco estricto de su legalidad.
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Martín, Carlos Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Cualquier transporte que forme parte de una cadena de tráfico estará ya abarcado y penado por el tipo que reprime la tenencia para la comercialización, desde que, si bien no siempre esta última contiene aquél, contrariamente todo transporte que sea un tramo del tráfico constituirá necesariamente una tenencia para la comercialización. La represión de transporte -si se limitase así la figura- sería obviamente superflua e innecesaria puesto que bastaría con la disposición que castiga la tenencia para la comercialización. (Voto del Dr. Mitchell).
Competencia, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: CAÑON Y CIA. S.C. s/ Ejecución fiscal Causa 33826
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-05

La competencia ha de determinarse en función de las normas vigentes al momento de iniciarse el proceso, con prescindencia de los hechos sobrevinientes a su iniciación.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA RAMÓN CEFERINO Y OTRA c/ CAJAL RAMÓN BENITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-23

Cabe declarar la responsabilidad de quien en la oportunidad conducía el camión, toda vez que era éste a quien se le exigía una adecuada ponderación de las circunstancias y un obrar alerta y prudente, debiendo estar atento, antes de iniciar la maniobra de sobrepaso, asegurarse que la vía se encontraba expedita, ya que estaba al mando de un rodado de gran porte que tenía un acoplado.
Acción, derecho subjetivo vulnerado, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Juan Carlos y otros c/ Munic. de Lomas de Zamora s/ Daños y Perjuicios -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

La pretensión del actor de que se le indemnicen daños y perjuicios ocasionados por haber la Municipalidad creado la expectativa de desarrollar una actividad industrial en un lugar indebido es ajena a la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte. Ello es así porque la indemnización que se pretende no deriva directamente de la lesión a una situación jurídica administrativa -sea por acto legítimo o ilegítimo (art. 1º y 28 inc. 3 C.P.C.C.)-, pues no se cuestiona la legitimidad de la decisión municipal de no habilitar;

así como tampoco se persigue la responsabilidad estatal por su accionar lícito lesivo de una situación administrativa preexistente, sino por su comportamiento negligente que origina la supuesta obligación de indemnizar en el ámbito de la responsabilidad aquiliana del Estado materia ajena a la competencia de la Corte.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decreto de necesidad y urgencia, validez de la ley, interés público, transporte de pasajeros, seguro de transporte, crisis económica
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Risolía de Ocampo, María José c/ Rojas, Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

Uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto de necesidad y urgencia es que éste tenga la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. No se advierte de qué forma la crisis económica que atraviesan las empresas prestadoras del servicio público de pasajeros y las compañías aseguradoras de dichas entidades por el servicio mencionado afecta a "los intereses generales de la sociedad" o al "interés público" que los decretos de esta clase deben proteger. En otras palabras, la mera existencia de una crisis económica sectorial no es suficiente para configurar las circunstancias excepcionales que determinan la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la formación y sanción de las leyes.

(Sumario confeccionado por el SAIJ)