Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09


R. J. M. c/ ESTADO NACIONAL MINIS DE JUSTICIA SEG Y DERECHOS HUM S/DAÑOS Y PERJUICIOS En Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice:

I.- A fs. 306/309 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que se rechazó la demanda por daños y perjuicios promovida por J. M. R. contra el ESTADO NACIONAL -Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos-. El actor imputó a la demandada responsabilidad por el "error judicial" en el que -según sus dichos- incurrió el Tribunal Oral en lo Criminal n° 9 al condenarlo por la comisión del delito de homicidio y privarlo así de su libertad. Precisó que la causa que origina la responsabilidad estatal se verifica en la circunstancia de haber sido juzgado y condenado sin tener pruebas certeras que avalaran su culpabilidad y en contradicción con el axioma jurídico "in dubio pro reo". Con motivo de ello, reclamó los perjuicios que le ocasionó el dictado de la sentencia que -según refiere- habría impactado profunda y desagradablemente en su vida laboral y afectiva.

El sentenciante arribó a esa decisión advirtiendo que la absolución posterior del imputado obedeció a que el Tribunal aplicó el beneficio de la duda, por no existir certeza respecto de la autoría del delito. En ese sentido, ponderó que la resolución mediante la cual posteriormente se absolvió al Sr. R. en modo alguno importó el reconocimiento de arbitrariedad en el auto de procesamiento y de la prisión preventiva. De este modo, sostuvo que las constancias de la instrucción penal, la complejidad y particularidades del caso y la severa penalidad prevista por la ley sustantiva revelan que tales actos procesales se basaron en una apreciación razonable de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y de las normas procesales vigentes. Por otra parte, para fundar el rechazo de la acción, tuvo en cuenta la doctrina sentada por el Máximo Tribunal según la cual las indemnizaciones derivadas de la privación de la libertad durante el proceso no deben ser reconocidas en forma automática a consecuencia de la absolución del imputado sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, extremo que no halló configurado en autos. Por último, impuso las costas a la vencida.	II.- La sentencia fue apelada por el accionante, quien expresó agravios a fs. 316/321, los que fueron respondidos por el Estado Nacional a fs. 331/337.

Las quejas que el apelante trae a conocimiento y decisión de la Alzada, en esencia fincan en: a) El sentenciante omitió considerar que existió error en el primer juzgamiento realizado al Sr. R. Dicho error ha quedado manifiesto al resolver el Tribunal Oral en lo Criminal n°19 -luego de la admisión del recurso de casación- que por el mismo hecho y la misma prueba, el actor debía ser absuelto; b) El "a quo" no ponderó la prueba pericial en psiquiatría de la que se desprende el diagnóstico de "stress post traumático" asociado con un cuadro de ansiedad generalizada provocada por la situación de encierro que debió padecer; c) No resulta aplicable al caso la doctrina referida en la sentencia recurrida, ya que sólo aplica a la prisión preventiva y nada dice respecto de la condena impuesta por el primer juzgador, es decir, omite dar tratamiento a la cuestión planteada como "error del Estado".

III.- Atendiendo a los términos en que ha quedado planteada la cuestión traída a conocimiento de la Alzada, resulta oportuno puntualizar los hechos que rodearon la causa penal n°1279/02 y la secuencia de actos procesales que se celebraron a lo largo de las mencionadas actuaciones, las que fueron instruidas en razón del homicidio del Sr. José Luis GOLLUSCIO:

3.1. Con fecha 25 de agosto de 1994, alrededor de las 19.30 horas. en la vía pública a la altura de la avenida Rivadavia n° 6789, falleció el Sr. José Luis GOLLUSCIO -cabo de la Policía Federal Argentina-, luego de haber recibido varios disparos de arma de fuego en distintas zonas del cuerpo, provocando esto heridas que causaron la muerte del agente en el acto (fs. 1).

3.2. A raíz de las actuaciones sumariales labradas por el Principal FIGUERAS de la División de Homicidios y de los testimonios allí recabados -y ante el pedido elevado por el Fiscal de Instrucción n°5- el Dr. Ricardo WARLEY ordenó la producción de un conjunto de medidas probatorias tendientes a investigar la posible participación del Sr. R. en el hecho delictuoso (v. fs. 463/479, 481, 486, 492, 497, 512).

3.3. Luego de ser recibida la declaración indagatoria a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 del Código Procesal Penal (fs. 521/522), el día 7 de abril de 2000 el Juez de Instrucción dictó el procesamiento del aquí accionante, por considerarlo autor materialmente responsable del delito de homicidio simple previsto y reprimido en el artículo 79 del Código Penal (conf. fs. 579/580).

3.4. En el mismo acto, ordenó la prisión preventiva del actor por considerarlo comprendido dentro de las situaciones contempladas en el artículo 312 inciso 1ro. del Código Procesal Penal. Para ello, tuvo en cuenta que ante la penalidad con la que se encuentra reprimido el referido delito (8 a 25 años), de recaer condena sobre el imputado, no sería de ejecución condicional.

3.5. En el marco del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto mencionado, es que la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional dictó la resolución de fs. 777 mediante la cual confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de R..

3.6. El día 9 de febrero de 2001, ponderando que en la causa se encontraban los elementos aptos para considerar un cuadro probatorio de entidad suficiente para tener a R. como autor del hecho, se ordenó la elevación de la causa a juicio (fs. 905).

3.7. Habiéndose llevado a cabo el correspondiente juicio oral, el día 27 de abril de 2001 el Tribunal Oral en lo Criminal n°9 -por mayoría- condenó al Sr. R. a la pena de dieciséis años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio en perjuicio de José GOLLUSCIO. Asimismo, luce a fs. 1095/1136 la extensa motivación, los copiosos fundamentos, el análisis de las pruebas y el rechazo de las defensas planteadas que, en su conjunto, condujeron a los Magistrados a adoptar aquél temperamento.

3.8. Con fecha 13 de marzo de 2002, encontrándose recurrida la sentencia condenatoria, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, resolvió casarla y ordenar la remisión del proceso al tribunal "a quo" para que, por intermedio de quien corresponda, se sustancie un nuevo juicio con arreglo a lo allí resuelto (fs. 1301/1306).

3.9. Para resolver tal como lo hizo, el Tribunal efectuó una ponderación distinta a la efectuada en la sentencia recurrida de la prueba testimonial rendida en la causa. En ese sentido, entendió que se habían valorado parcialmente los testimonios recibidos durante el debate y seleccionado aquellos que llevaron a fallar de ese modo, sin dar explicaciones de esa fragmentación. Por ello, consideró que el dispositivo en crisis adolecía del defecto definido por el Alto Tribunal como causal de arbitrariedad (conf. fs. 1305 vta.). Por último, concluyó que lo resuelto no implicaba avanzar sobre el resultado del proceso en punto al delito por el que se ha formulado la acusación a R.

3.10. En oportunidad de dictarse el nuevo fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal n°19, entendió que con las pruebas incorporadas al debate, no era posible reconstruir el hecho más allá del día, lugar y modo en que se produjo la muerte del cabo GOLLUSCIO. Por lo demás, sostuvieron sus integrantes que eran todas contradicciones, no pudiéndose establecer el modo en que se emplearon las armas, ni la autoría de R. en el hecho delictivo. En ese sentido, socavó el poder convictivo de los testimonios obrantes en la causa entendiendo que "las dudas que puedan generar las pruebas de cargo, deben ser resueltas en favor del acusado, por aplicación del principio "in dubio pro reo" receptado en el artículo 3 de nuestro Código Procesal" (fs. 1379 -segundo párrafo-).

3.11. Como consecuencia de ello, el 1° de julio de 2002, se resolvió la absolución del accionante y su inmediata libertad (1379vta.).

3.12. Es en este contexto que el actor promueve la presente demanda, imputando al Estado Nacional la responsabilidad derivada de lo que entiende un "error judicial" por haber sido juzgado sin pruebas certeras que avalaban la culpabilidad (fs. 98vta. de esta causa).

IV.- Así planteada la cuestión, de acuerdo con el criterio plasmado por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, para responsabilizar a un órgano estatal por las consecuencias dañosas de sus conductas ilícitas deben concurrir ciertos recaudos de orden genérico. Estos son que se acredite la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente ese daño al Estado (ver doctrina de Fallos: 312:1656 y 2022; 316:1335; 318:1531; 321:2144; 323:4018; 324:3699, entre muchos otros).

Y en lo que respecta a los daños causados por la prestación del servicio de justicia, resultantes del juzgamiento propiamente dicho -el llamado error judicial- o que son consecuencia de un defectuoso funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en sentido lato, es necesario demostrar la ilicitud o irregularidad de la conducta estatal reprochada (conf. Fallos 318:1993; MERTEHIKIAN, Eduardo, La responsabilidad pública, Ed. Ábaco, 2001, págs. 293 y siguientes; CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, 1996, págs. 304/305; entre otros).

En materia de privación de la libertad, los Tratados Internacionales que cuentan con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), prevén el deber de reparar a cargo del Estado cuando la restricción es consecuencia de una medida ilegitima (conf. art. 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) o bien por error judicial proveniente de una sentencia definitiva (art. 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

V.- Sentadas así las pautas, corresponde realizar una breve aclaración en cuanto a la forma en que abordaré la cuestión traída a conocimiento de la Alzada. Formulo este introito, en orden a los términos esbozados en la demanda y aquellos que se desprenden de la expresión de agravios que parecerían apuntar únicamente como causal de imputación de responsabilidad estatal el "error judicial" que el accionante atribuye en el dictado de la sentencia, del día 7 de mayo de 2001, por parte del Tribunal Oral n°9 (v. fs. 42 pto. II A) del escrito de inicio). Sin embargo, no puedo dejar de advertir que, en oportunidad de justificar los rubros reclamados en el libelo de inicio, el actor sitúa el inicio de los perjuicios sufridos desde el momento mismo de la detención (fs. 95).

Esta discordancia existente entre la conducta reprochada al Estado -reitero, el dictado de la sentencia condenatoria- y el reclamo inherente a la privación de la libertad -el día 7 de abril de 2000- me obligan a analizar el caso desde dos aspectos de la cuestión que deben ser bien diferenciados a la hora de estudiar la responsabilidad del Estado en el supuesto de marras, a saber: la sentencia condenatoria y el dictado de la prisión preventiva. Formularé ambos análisis aun cuando la lectura del escrito de inicio exhibe que el actor no ha dado cumplimiento con la exigencia que refiere el Máximo Tribunal en cuanto a que ante la pretensión de ser indemnizado por la falta de servicio atribuida a los órganos estatales, debe cumplirse con la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto posible cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular; vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo. Y no es suficiente a tal efecto hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en lo atinente a su falta de legitimidad (Fallos: 317:1233; 318:77; 319;2824; 321:1776; 323:3973, entre muchos otros).

Sin perjuicio de ello, las particularidades que se observan en el presente caso y ponderando que se trata de una causa en la que se reclaman daños personales, procederé a abordar el estudio del "sub lite" examinando dos factores de imputación, como lo son, por un lado, el achacado "error judicial" en el dictado de la sentencia condenatoria, y por el otro el eventual defectuoso funcionamiento en la prestación del servicio si se tomase como hecho generador la detención de R. mediante el dictado de la prisión preventiva. VI.- En primer término, me abocaré a lo que el actor imputa como el "error judicial" en el que incurrieron los vocales del Tribunal Oral n°9 en el dictado de la sentencia por la cual se lo condenó a la pena de 16 años de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio simple. Es que allí radica el fundamento central de sus agravios y en cierto modo le asiste razón en cuanto a que el "a quo" no ha dado tratamiento a esta cuestión en el dispositivo recurrido. De la sentencia en crisis surge que el colega sólo ha abordado la cuestión desde el punto de vista de la privación de la libertad (v. fs. 307 vta. considerando I), cuando, en rigor, deberíamos analizar de la imputación de un error propiamente dicho en la condena. Adelanto que tal divergencia de enfoque no implica apartarme del temperamento asumido por el veredicto de la anterior instancia en cuanto dispuso el rechazo de la acción, sino tan sólo estudiar la cuestión desde el ángulo planteado por R., para que de este modo se comprendan los fundamentos por los cuales entiendo que el rechazo debe ser confirmando.

Ahora bien, teniendo en cuenta la conducta reprochada al Estado, corresponde aclarar que cuando nos referimos a "error judicial", estamos aludiendo a aquél que se manifiesta como el error-vicio, esto es, que influye sobre la formación de la voluntad del Juez en el acto procesal. Dentro de este, debe comprobarse la presencia de un error de hecho o de derecho, en la medida en que "de derecho y de hechos están hechas las decisiones judiciales" (conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, "El error judicial", p. 35, ed. Rubinzal- Culzoni), que además debe estar revestido de cierta envergadura.

Asimismo, no es ocioso recordar que la responsabilidad por error judicial en materia penal presupone, como regla, la existencia de una condena firme -vale decir sentencia definitiva- (conf. art. 10 de la Convención Americana de Derecho Humanos), que debe ser revisada en un proceso autónomo y dejado sin efecto por razones de ilegitimidad (conf. C.S.J.N. Fallos 311:1009, entre otros). De este modo, y de conformidad con lo normado por los artículos 479 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el cauce formal para obtener la anulación de la sentencia condenatoria es el recurso de revisión. Este consiste en una acción impugnatoria destinada a modificar una condena que se encuentra firme, en razón de haberse alterado circunstancias de hecho o de derecho que llevaron a su dictado.

Sobre la materia traída a conocimiento, la jurisprudencia tiene dicho que "La responsabilidad del Estado por sus actos judiciales, y su correlativo deber de indemnizar al agraviado, nace en el supuesto específico y clásico de error judicial; es decir cuando alguien fue condenado, sufrió prisión y más adelante, al revisarse la sentencia condenatoria se advirtió su inocencia, pero el lapso en que una persona permanezca privada de su libertad a raíz de la substanciación de un proceso penal en el que resulta sobreseída o absuelta no da lugar a responsabilidad alguna del Estado" (CNCAFed., Sala V, causa 28.742/95 del 17/9/2001).

En mi criterio, el hecho de que un Tribunal de Casación hubiera dejado sin efecto la sentencia condenatoria y ordenado un nuevo pronunciamiento, no es equiparable a un supuesto que permita la configuración del error judicial. Esto es así, pues de la simple compulsa del expediente penal, se verifica que la revocación de la sentencia condenatoria lo fue en el marco de la vía recursiva, no habiendo adquirido la firmeza que se requiere para transformar lo allí resuelto en autoridad de "cosa juzgada". En otras palabras, el propio sistema judicial estructurado por el demandado previó los resortes de control necesarios para evitar, en este caso, que una posible condena injusta llegue a consumarse. Contra el pronunciamiento que el actor considera que incurrió en error judicial, aún se encontraban expeditas las vías recursivas para su posterior revisión, tal como aconteció mediante el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal.

VII.- Sin perjuicio de que con lo hasta aquí dicho resulta suficiente desde el punto de vista formal para desechar la configuración del "error judicial" que R. imputa como causa de atribución de responsabilidad, debo mencionar dos circunstancias que también me impresionan como relevantes a la hora de considerar que no le asiste razón al apelante en cuanto a la actuación del primer Tribunal Oral, aun cuando desde una óptica más favorable a su postura pudiera estudiarse lo actuado evaluando la regularidad de la conducta del órgano judicial. Voy a ponderar la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha diferenciado la imputación del "error judicial" como causa generadora de responsabilidad y la "deficiente prestación del servicio de justicia" (conf. C.S.J.N., "Mezzadra, Jorge Cesar c/ E.N. M° de justicia y D.D.H.H. s/ daños y perjuicios", del 8 de noviembre de 2011). En ese sentido, remarco que la distinción entre uno y otro supuesto, viene dada por el modo en que debe encararse el juicio de responsabilidad. Cuando se trata de los daños provocados por una condena, necesariamente hay que recurrir a la suerte del recurso de revisión reglado por el Código Procesal Penal y en base a él, analizar la presencia de responsabilidad -doctrina clásica del error judicial-. Sin embargo, cuando el perjuicio deriva de la prisión preventiva o la duración del proceso, será el Juez que entiende en la causa civil quien deba apreciar la regularidad de la conducta del órgano judicial.

7.1. Continuando con el análisis del aducido "error judicial", noto que la decisión mediante la cual la Cámara de Casación deja sin efecto la sentencia del día 27 de abril de 2001, vislumbra en sus consideraciones una valoración distinta de la prueba (en especial, la testimonial), que lo lleva a requerir la sustanciación de un nuevo juicio. De este modo, no encuentro en ella extremos que permitan inferir que los vocales de la anterior instancia hayan sentenciado en modo imprudente a tenor de las pruebas que se habían recolectado en la etapa instructoria. Ello no logra ser desvirtuado con la calificación de "arbitrariedad" realizada por el tribunal revisor, pues aquello hace referencia sólo al modo en que entiende que la prueba ha sido meritada, sin que se haya puesto en duda la calificación que merecían los hechos o el derecho aplicable al caso. Observo al pasar que la instancia casatoria que resuelve de ese modo no dispuso la libertad del acusado.

Reafirma lo expuesto, las consideraciones vertidas en la sentencia del día 1° de julio de 2002, mediante la cual se dispuso la absolución de R. De los pasajes que surgen de aquél veredicto puede observarse, sin mayor hesitación alguna, que las conclusiones a las que arriba el Tribunal Oral n°19 con relación a la inocencia del actor se fundan básicamente en la aplicación del principio "in dubio pro reo" (art. 3 del Código Procesal Penal), y no por haberse demostrado su desvinculación con los hechos que generaron el proceso. De lo expuesto se colige que, para arribar a la absolución de R., el referido tribunal colegiado tuvo en cuenta principalmente que las pruebas rendidas en la causa no lo impresionaban como suficientes para justificar la condena. De ahí, que no pueda sostenerse que el dictado de la primera sentencia condenatoria haya sido irrazonable, en la medida que sólo se produjo un disenso entre ambos tribunales en lo que respecta a la ponderación de la prueba testimonial para formar la propia convicción.

Por otra parte, el tiempo transcurrido entre la sentencia cuestionada por R. y su posterior absolución tampoco parece apartarse del tiempo prudencial que debe considerarse para estudiar la etapa recursiva, si se tiene en cuenta que en virtud de los recursos de queja y de casación fueron dos tribunales distintos los encargados de revisar la causa. A ello se suma que, luego del dictado de la sentencia de la Sala I, R. aportó nueva prueba (v. 1339/1343 de la causa penal), circunstancia que pudo influir de algún modo en el tiempo que corrió desde aquél acto y la sentencia absolutoria.

7.2. En cuanto a verificar si hubo "deficiente prestación del servicio de justicia", deberé examinar el dictado de la prisión preventiva, en la medida que de algunos pasajes de la demanda parecería situarse allí el hecho dañoso. Y en este sentido, comparto las consideraciones volcadas por el Magistrado de grado para justificar el por qué debe considerarse que no existe deber de reparar por parte del Estado por la privación de libertad durante el transcurso del proceso.

Advierto, en tal orden ideas, que en la jurisprudencia de la Corte esa atribución de responsabilidad sólo ha sido admitida en condiciones excepcionales que no concurren en autos. En efecto, en su antigua integración, para la posición mayoritaria del Tribunal ni siquiera la absolución descalificaba, por si sola, a la medida previa, pues ésta traducía la existencia de un serio estado de sospecha fundado en los elementos reunidos a esa fecha (conf. Fallos 318:1993, "Balda"). Pero incluso en la tesis minoritaria expuesta en el voto concurrente, la reparación sólo era posible mediando sentencia absolutoria que se pronunciara por la inocencia del imputado -no como en este caso, por falta de pruebas- y si se demostraba que la resolución provisoria que trajo aparejada la detención era palmariamente arbitraria, infundada o contradictoria con los hechos del caso (conf. sentencia citada precedentemente, votos de los doctores PETRACCHI y BELLUSCIO; posición reiterada en el precedente publicado en Fallos 321:1712). Con algunos matices, ese temperamento es el que sigue la mayoría del Alto Tribunal en su actual integración, en tanto afirma que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento -relativo, dada la etapa del proceso en que se dicta la preventiva- de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. Fallos 327:4656 y 328:2780). De lo contrario, tratándose de cuestiones de interpretación jurídica que pueden resultar opinables o discutibles, cualquier revocación de un auto de prisión preventiva daría lugar al pago de una indemnización a favor del acusado, lo cual no parece una conclusión razonable. Si bien reconozco que una interpretación distinta se vislumbra en el voto disidente de los jueces ZAFFARONI y LORENZETTI, en el pronunciamiento registrado en Fallos 328:4794, lo cierto es que dicha corriente no obtuvo mayoría en el Alto Tribunal.

En el "sub lite", el dictado de la prisión preventiva fue consecuencia de las pruebas testimoniales que indicaban al Sr. R. como autor del delito. En ese sentido, el Juez de Instrucción destacó su procedencia luego de recibir el testimonio de la ex concubina del actor y reconocimiento por parte de testigo presenciales del hecho (fs. 579/580 de la causa penal). Tal resolución -confirmada por la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional-, tampoco aparece como irrazonable si se tiene en cuenta el estado de sospecha basado en los elementos de juicio y prueba existentes hasta ese momento, todo lo cual impide calificarla como un acto ilegítimo. Por los extremos apuntados no es dable inferir que la prisión preventiva haya sido arbitraria en el sentido que requiere la Corte para reconocer el progreso de la pretensión resarcitoria.

Como consecuencia de ello, las restantes críticas ensayadas por el actor -en particular, la que refiere a la apreciación de la prueba pericial en psiquiatría- carecen de proyección para torcer la suerte de su demanda.

VIII.- Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Las costas devengadas por el trámite ante la segunda instancia, deberán ser abonadas por la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).

La señora Juez de Cámara doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. Las costas devengadas por el trámite ante la segunda instancia, deberán ser abonadas por la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-".

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI