marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vicenta APRIGLIANO s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  JUBILACION  Y  PENSION  -  ARBITRARIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

Corresponde la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48 no obstante la índole previsional del tema en debate, y de las cuestiones de hecho y prueba que se plantean, si la decisión de la alzada conduce a la frustración de garantías que encuentran amparo constitucional.
Defensa del consumidor, procedimiento administrativo, denunciante, legitimación procesal, recurso directo, resoluciones judiciales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Castiñeiras, Daniel Humberto c/  s/ s/ Recurso de inconstitucionalidad concedido en/ Castiñeiras, Daniel Humberto c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Como ocurre con cualquier recurso, quien interpone un recurso de inconstitucionalidad, debe demostrar la existencia de un interés personal y jurídico que justifique la intervención del órgano judicial pertinente, pues de lo contrario se estaría en presencia de una cuestión abstracta o promovida en el solo interés de la ley, lo que es ajeno al normal cometido de los jueces. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Estafa, multa penal
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, Oscar A. s/ MULTA. ANIMO LUCRO. DELITO DE ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-03-17

Si los procesados se apoderaron de elevada suma de dinero para utilizarla en su propio provecho, corresponde imponer la pena de multa prevista en el art. 22 bis C.P., no importando el destino final en que la emplearían.

Debe rechazarse el planteo de que no existió ánimo de lucro, pues por éste debe entenderse "el propósito de obtener un beneficio económico, cualquier ventaja de orden patrimonial, sin que sea necesario que ese beneficio se obtenga, lo típico es que ese móvil acompañe al dolo...", "es el propósito de obtener ganancia o provecho material traducido en su dinero o su equivalente en cualquier clase de valores y beneficios"...
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, transporte de estupefacientes, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: PRECE, MARIO s/ ESTUPEFACIENTES. COMERCIO. TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

1) No puede hablarse en abstracto de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 20.771, por cuanto la tenencia de estupefacientes, aún con intención de uso personal privado, puede punirse si afecta derechos de terceros, lo que ocurre cuando la salud pública es alterada, siquiera por vía de peligro con una tenencia que, debido a la cantidad o la calidad de las circunstancias, signifiquen riesgos trascendentes al tenedor.

2) No constituye el delito de tenencia, sino el de COMERCIO de estupefacientes, la acción de tener más de medio kg, de marihuana, fraccionada y portada para su venta ( art. 2do inc. C, ley 20.771).
Cómputo de servicios, prueba, jurisprudencia, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, FELIPA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La jurisprudencia requiere ser vinculada a los casos concretos en los que se dictaron los pronunciamiento judiciales pertinentes, sin prescindir de situaciones, épocas y circunstancias. De lo contrario, la simple referencia a amplitud de criterios para evaluar servicios de antigua data, serviría para la captación de beneficios indebidos, con los consiguientes perjuicios económicos y éticos.
Pago, imputación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crescimbeni Orlando c/ Alimena Hugo Alberto y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

En caso de prestaciones periódicas de plazo vencido la imputación debe ser a la más antigua de las debidas, ya que debe tenerse en cuenta el principio según el cual el pago de los períodos ulteriores supone el de los precedentes y, en alguna medida, en función de las puniciones previstas en la sentencia esa imputación satisface la más onerosa (arts. 746 y 778 C.Civil).-
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, actos u omisiones de autoridades públicas, gravamen irreparable, peligro en la demora, derecho a la salud, intervención quirúrgica, obras sociales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SASSARINI, María Lidia c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA s/ Recurso Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-14

Los criterios de selección de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida, son los siguientes:

* Edad: 18-55 años. o IMC: = 40 kg/m2 o = 35 kg/m2 con morbilidades mayores asociadas, susceptibles de mejorar tras la pérdida ponderal.

* Que la obesidad mórbida esté establecida al menos 5 años.

* Fracasos continuados a tratamientos conservadores debidamente supervisados.

* Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad mórbida.

* Estabilidad psicológica:

- Ausencia de abuso de alcohol o drogas.

- Ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis), retraso mental, trastornos del comportamiento alimentario (bulimia nerviosa).

* Capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde peso con la cirugía y entender que no siempre se alcanzan buenos resultados.

* Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal.

Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía.

Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria (oral y escrita).

* Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos durante el primer año postcirugía.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PINI ALICIA c/ NORBERTO SILIONI s/ Rescisión Contrato (LIBRO: A075 - 355)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-12

En el caso en examen nos encontramos con que se incidentó de nulidad una de las pruebas propuestas por las partes, un dictamen pericial. Siendo así, lo que corresponde indagar, conforme lo expuesto precedentemente, es sí al margen de esa impugnación, existían otras pruebas en condicionees de rendirse, con independencia de la suerte que corriera la mentada pericial.

De la compulsa de las presentes actuaciones surge que aún se encuentran pruebas pendientes de producción, nada impedía que se gestionara que dicha prueba se rendiera en autos. No existía ni existe imposibilidad alguna, material ni jurídica, para que se gestione su incorporación a la causa. En otras palabras, no se da en el caso el supuesto de fuerza mayor a que se refiere el art. 79 ap. II del C.P.C.-
Transporte de carga, transporte marítimo, partes, conocimiento de embarque, cláusula oponible al consignatario
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEGUROS  S.A. c/ CAP. Y/O OTROS BQ. "SIMAO MANSUR" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Si bien por vía de principio el control de la carga debe ser ejercido por el agente marítimo o representante del demandado en el puerto de origen o, más concretamente, por quien extendió, por la parte del buque, el conocimiento, el Tribunal ha admitido la validez de cláusulas como las insertas en los conocimientos de autos, que son oponibles al consignatario de la mercadería ya que éste se hace parte del contrato de transporte al documentar en la Aduana el despacho de la mercadería, puesto que las relaciones del transportador se establecen sucesivamente con el cargador y con el consignatario o el tenedor del conocimiento, desde que aparecen como interesados en los dos momentos fundamentales del contrato: su constitución y extinción, mediante el cumplimiento o pago.
Sistema acusatorio, Ministerio Público Fiscal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Manganare, Julio y otro c/  s/ Robo y lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

No puede admitirse pacíficamente que se constriña al órgano jurisdiccional a aplicar la sanción requerida por el órgano acusador, cuando ello implicaría, además de fijar criterios de "subordinación" y no de "cooperación" entre ambos, asignar al Ministerio Público funciones legislativas en la práctica, al poder determinar con su sólo requerimiento el máximo de sanción legal aplicable a un caso. Resultan coincidentes con tal criterio los argumentos expuestos por el juez de grado en orden a lo que entendió como la facultad legal que le asistía de fijar una pena superior a la requerida por la Fiscalía (voto del juez Huarte Petite). Cita de "Amodio" (Fallos: 330:2658)
Riesgos del trabajo, acción meramente declarativa, comisiones médicas, resoluciones recurribles, asegurador por riesgos del trabajo, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LIBERTY A.R.T. S.A. c/ Chelini, Vicente Leonello". s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Si bien en el esquema competencial diseñado mediante el art. 46 de la ley 24.557, la opción de recurrir la resolución de la comisión médica provincial ante el Juez Federal con competencia en cada provincia se encuentra prevista sólo en tutela del trabajador, en ausencia de una norma específica atributiva de competencia para el caso en que la A.R.T. interpone una acción declarativa, y por aplicación analógica, corresponde que sea la Justicia Federal de Primera Instancia correspondiente al domicilio del damnificado, la llamada a conocer en la causa. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Cuevas, Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

No puede considerarse adquirido el derecho a cobrar las sumas reguladas al cliente recién a partir del rechazo de la inscripción por el Colegio de Abogados. El único efecto que posee esta desestimación por parte de la entidad profesional, es declarar que el convenio suscripto oportunamente incorporó contenidos que fueron incompatibles con la legislación de orden público local.

Por lo que, en verdad, el derecho a cobrar al cliente los emolumentos que se devengaran con posterioridad al acuerdo, regía desde el momento en que dicha contratación había sido celebrada.

Es precisamente la sanción de la ley 24.432 la que ha dado virtualidad plena a la renuncia acordada en el convenio respectivo, tornando inexigible el crédito en debate contra el legitimado pasivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: CEBALLOS, PEDRO OSVALDO c/ COMUNA DE SA PEREIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 667 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

En nuestro sistema procesal sólo se admite la tacha a la persona del testigo teniendo en cuenta las circunstancias personales que puedan inclinar a aquél a declarar en favor o en contra de alguna de las partes, por lo que debe desestimarse la queja cuando del análisis de la declaración impugnada no se desprenden con suficiente consistencia elementos que permitan dudar de la imparcialidad de la testigo o que hagan surgir en forma evidente un propósito deliberado de mentir o favorecer a una de las partes, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dicho testimonio.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-10


Buenos Aires, 10 de agosto de 2010.

Considerando:

Que en razón de haberse allanado la actora a la oponibilidad de la franquicia a su parte en los términos de la jurisprudencia de esta Corte, allanamiento que importa reconocer la procedencia del recurso intentado (Fallos: 329:3054 y 3488; 330:3483; 331:379, y en las causas O. 166.XLIII. "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008), corresponde resolver la cuestión admitiendo la viabilidad del remedio federal.

La jueza Argibay se remite a su disidencia en la causa "Villarreal" (Fallos: 331:379) .

Por ello, por mayoría, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la decisión apelada. En consecuencia, se admite que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (conf. art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas (art. 70, inc. 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. Ricardo Luis Lorenzetti.- Elena I. Highton de Nolasco.- Juan Carlos Maqueda.- E. Raúl Zaffaroni.- Carmen Argibay.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Valle, Oscar Celestino  c/ Suárez, Pascuala y otros  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-07-02

Si bien en principio las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos locales son privativas de los superiores tribunales de provincia y, en consecuencia, no resultan aptas para habilitar la instancia extraordinaria federal, esta regla reconoce como excepción -entre otras- los supuestos en que el superior tribunal de provincia ejerce sus facultades de juzgar sobre la admisibilidad de tales remedios de modo arbitrario, con excesivo rigor formal o bien cuando su denegación se sustenta en argumentos dogmáticos o ritualistas que importan una efectiva privación de justicia o cuando se omite el tratamiento de cuestiones federales oportunamente planteadas y sometidas a su conocimiento.
Contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agropecuaria Los Grobitos S.A. c/ Vinexport S.A.I.E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-02

Es inatendible el reparo fundado en la observación de que la actora pudo adquirir el producto sabiendo de antemano que fracasaría: ello no tiene soporte probatorio alguno (art. 375 del C.P.C.C.) y no se compadece con la doctrina de la buena fe que dimana del art. 1198 del C.Civil; al contrario, es culposa la conducta contractual de la vendedora que no dudó en poner a la venta una mercadería cuya vida útil era limitada sin consignar en el rótulo la fecha de vencimiento.-
Estados extranjeros, soberanía
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Schwammberger, Josef Franz Leo s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

án soberano, y a ello no obsta el desmembramiento del territorio deldos estados reconocidos como soberanos por la comunidad internacional: la república Federal alemana y la República Democrática Alemana.
Sociedades comerciales, intervención judicial, honorarios, regulación provisoria, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Euromatic SA y otro  c/ Lopena, Marcela Edith y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

La remuneración del interventor judicial efectuada sin que hubiera concluido la controversia principal, es decir, sin pronunciamiento definitivo sobre las costas, deberá ser asumida, provisoriamente, en forma solidaria por ambas partes (cfr. CNCom, Sala E in re "Corradini Karina Mónica C/ Pardo Isaac Y Otros s/ Ordinario", del 04/05/22; entre otros).

Es que el beneficiario, en su calidad de auxiliar de justicia, se encuentra autorizado a reclamar la totalidad del monto regulado a cualquiera de las partes, con prescindencia de como eventualmente se soporten las costas en la causa y del derecho de repetición que, en función de ello, competa a los sujetos procesales intervinientes (cfr. CNCom, Sala E, in re "Fabián Marta Beatriz y otros c/ Compañía de Anilinas Federa SRL y otro s/ sumario" del 08/05/06; entre otros).
Recurso extraordinario, declaración de inconstitucionalidad, convenios colectivos de trabajo, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vargas, José y otros c/ Junta Nacional de Granos s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Media relación directa e inmediata entre la decisión que declaró la inconstitucionalidad de la ley 21.418 adoleciendo de carencia de fundamentación que la descalifica como acto jurisdiccional válido, y las garantías constitucionales del derecho de propiedad, defensa en juicio e igualdad de las partes amparadas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional: Art. 15 de la ley 48.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez  Zapiola  Viviendas    SA.    de  Ahorro  y  Préstamo para la Vivienda c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

La tacha de arbitrariedad sólo procede en los casos en que media un manifiesto apartamiento de la solución legal prevista para el caso, o cuando el fallo impugnado está desprovisto por completo de fundamentación.
Acción de amparo, policía federal, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CIRCULO DE EMPRESARIOS c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-26

Se promueve esta acción contra la Policía federal Argentina por considerar que viola derechos constitucionales, de trabajar y ejercer toda industria lícita, al allanar locales, detener encargados y clausurar las máquinas denominadas cascadas que en ellos funcionan, argumentando que una vez cumplidas tales diligencias policiales, distintos tribunales han desestimado dichas actuaciones o decretado el sobreseimiento sin procesar a persona alguna.Por esta razón, se solicita que se ordene a la Policía Federal abstenerse de efectuar medidas arbitrarias en los locales que explota. Para la procedencia del recurso de amparo es necesario que la arbitrariedad surja en forma inequívoca, inmediata y evidente, que aparezca sin necesidad de realizar una investigación sobre las circunstancias que se alegan. así las cosas, no se advierte violación alguna a los derechos constitucionales alegados, sino por el contrario, que lo que el recurrente pretende, por una vía elíptica, es evitar o neutralizar en el futuro el ejercicio del poder de policía que realiza la repartición demandada, que se presume legítimo y en bien de la comunidad. La propia Corte Suprema ha sostenido que para que procede este recurso el gravamen invocado debe ser actual e irreparable, siendo el expresado a eventos futuros inadmisibles.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramirez, Alejandrina c/ Krisciunas, Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La normativa del 2do. ap. 2do. párrafo del art. 1113 del Código Civil, al hablar de culpa de la víctima o en su caso de un tercero por quien no se deba responder, alude a la existencia de una conducta que opera como factor interruptivo de la relación causal entre el hecho o actuación de la cosa riesgosa y el daño padecido.
Nulidad de sentencia, homicidio, exceso en la legítima defensa, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Encinas, Nicolás c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-30

No constituye acto jurisdiccional válido la decisión que para reprochar el delito de homicidio cometido en exceso de legítima defensa, no contiene un adecuado desarrollo argumental que permita demostrar acabadamente que -en las concretas circunstancias del caso- la reacción defensiva del imputado era necesaria, como cuestión previa antes de examinar si hubo un exceso en los términos del art. 35 del Código Penal. Es que considerarse víctima de un delito no habilita a utilizar cualquier medio de defensa y mucho menos un arma de fuego, máxime si el imputado se encontraba obligado a realizar una conducta menos lesiva que la desplegada para neutralizar la agresión recibida por parte de la víctima quien detuvo el vehículo en el que circulaba el agresor apoyando sus manos sobre el capot, circunstancia que permitía advertir a cualquier persona, y mucho más a un policía por la experiencia adquirida en su función, que el agresor no llevaba nada en sus manos y se encontraba desarmado (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Niño).
Empleados públicos, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Batinic, Bejan c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

La limitación del nombramiento interino es razonable cuando se funda en el reintegro del titular del cargo.
Contratos civiles, emergencia económica, contratos bancarios, banco central, títulos públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOSISIO E HIJOS SA c/ CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-11

La exclusión del buen deudor calificado en la categoría 1, 2 y 3 -com. BCRA A-2729- del "salvataje" previsto por el decreto 1387/01 art. 39, decreto 1570/01 art. 6, comunicación BCRA A-3398, o la necesidad de la conformidad del acreedor bancario para recibir los títulos públicos en reemplazo del dinero prometido, tiene una razonable justificación, porque si bien tales títulos exhiben mayor liquidez que el crédito de dificultosa o de ninguna cobrabilidad, no tiene la liquidez absoluta del dinero -objeto de la prestación prometida por el deudor-, de allí que sea necesaria la conformidad del acreedor.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), autosuficiencia, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, demanda, prueba testimonial, testigo único
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORELLANO, BRIAN LUIS c/ ROMAGNOLI, HERNAN EMILIANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

No puede pasar desapercibido el incumplimiento del autoabasto del recurso de inconstitucionalidad local, al no efectuarse un detalle preciso de la base fáctica, procesal y probatoria del caso, omisión que priva a esta Corte de un acceso fidedigno a lo acontecido en el sub lite, impidiendo una clara comprensión de la vinculación que en concreto existiría entre los cuestionamientos planteados y los hechos acontecidos, y en ese marco de insuficiencias, la compareciente no alcanza a controvertir el criterio sentencial expuesto por la Cámara cuando ésta puso en evidencia que la actora pretendía sustentar su reclamo, en definitiva, en la declaración de un solo testigo, el que no brindaba explicación ni referencias suficientes sobre sus dichos y cuyo testimonio, para más, resultaba carente de fuerza convictiva, agregando que las actuaciones administrativas invocadas por la accionante tampoco resultaban suficientes en tanto de las mismas no se desprendían más que meras declaraciones unilaterales del actor; y frente a tales consideraciones, se advierte que las cuestiones propuestas giran en torno a temas de hecho y prueba, los que resultan propios del ámbito reservado a los Jueces ordinarios de la causa y ajenos a la órbita del remedio extraordinario -y por ende, de excepción- interpuesto, sin que la compareciente logre controvertir las motivaciones antes expuestas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 3