marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto sobre los ingresos brutos, hecho imponible de ejercicio, hecho imponible instantáneo, aplicación de la ley, liquidación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: VALLE FERTIL  S.A. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

Los impuestos instantáneos son aquellos en los que el hecho imponible se produce o se verifica en un determinado momento, es decir, es independiente de otras circunstancias y es, por tal motivo, suficiente para originar la obligación tributaria principal.

Los de ejercicio, en cambio, abarcan un determinado proceso que se desarrolla en el tiempo que, como tales, son difíciles y complejos de liquidar, por lo que las normas legales no exigen su determinación sino después de transcurrido algún plazo prudencial a partir del momento en que concluyó el hecho imponible. El impuesto a los ingresos brutos en concepto de adicional de emergencia tiene el carácter de tributo de ejercicio y, por tanto, debe aplicársele la ley vigente al concluir el respectivo que abarca el hecho imponible.

El art. 138 de la Ordenanza 38.568, prorrogada por el art. 1 de la Ord. 39.719 establece expresamente que el período fiscal para la determinación del gravamen será el año calendario, mientras que el art. 148, al dividir las categorías de contribuyentes, alude al pago de anticipos y a una liquidación final que se efectuará sobre la base de la totalidad de los ingresos devengados en el período fiscal y pago del saldo resultante, previa deducción de los anticipos ingresados.

El art. 156 evidencia que se está en presencia de un impuesto de ejercicio, pues impone a los contribuyentes la obligación de abonar los montos mínimos para el pago de los anticipos aunque no hayan obtenido ingresos en el período al que ellos corresponden, circunstancia que revela que los pagos periódicos que se encuentran obligados a saldar son meros pagos a cuenta del impuesto y que no necesariamente -en tales supuestos- guardan relación directa con el resultado económico de la actividad comercial, industrial o profesional. Dichos adelantos no se encuentran desligados entre sí, ni constituyen obligaciones definitivamente consolidadas sino provisorias y sujetas a la condición de que, al finalizar el período fiscal, surja un monto igual o mayor al total que se ha anticipado a lo largo de él.
Estupefacientes, listado de drogas prohibidas
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal c/ Estrin, Ricardo E. y otros. s/ Av. Infr. ley 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Para determinar si una substancia está comprendida en alguna de las hipótesis del art. 10 de la ley 20.771 corresponde tener en cuenta si ella figura en las listas que la autoridad sanitaria elabora y actualiza periódicamente.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, LUIS ROLANDO. c/ FARA, ELIAS Y OTRA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07

El recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado puede considerarse satisfecho en la especie.

Si bien el fallo contra el cual el actor viene en casación, es de naturaleza interlocutoria resolviendo una cuestión incidental suscitada por el acogimiento del planteo de perención de instancia opuesto por la aseguradora, la índole y contenido de la sentencia, precedentemente aludida, satisface el requisito previsto en el art. 748, inc. 1 del CPCC, toda vez que resulta definitiva para el recurrente, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación (CSJT. sentencia Nº 914 del 15/11/2004, "Banco Velox S.A. vs. Gilabert y Tuero SRL y otros s/ Cobros (Ordinario)"; sentencia Nº 70 del 20/02/2000 in re "Romero, Justo Alberto vs. Distribuidora Din y otro s/ Daños y perjuicios"; sentencia Nº 761, 13/8/2007, "Chavarria Gregorio Edelmiro y otra vs. Sosa Hernan Raúl y otro s/ Daños y perjuicios", entre muchas otras). Por lo tanto, el recurso es admisible.

(ESTOFAN - GANDUR - POSSE)
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.S. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-28

El principio objetivo de la derrota cede en ciertas situaciones, una de ellas cuando media allanamiento incondicionado. En ese entendimiento, debe señalarse que tratándose de un allanamiento, a fin de obtener la exención de las costas del juicio debe darse cumplimiento a los siguientes requisitos: debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs.As. c/ Salio Carlos y otra s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Para eliminar la ilicitud provocada por el exceso en materia de interés, basta con reducir la tasa empleada, teniendo en cuenta "la naturaleza de la obligación y que el proceso no debe ser una vía que ponga en desigualdad al deudor cumpliente, beneficiando al incumpliente.
Actos ilícitos, responsabilidad civil, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Vera, Leonardo Nemesio c/ Rivero, Orlando Oscar y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-24

La imputabilidad supone una doble relación de causalidad, física y objetiva y moral o subjetiva. Se tiene la primera cuando existe un vínculo de dependencia que liga el acto a la actividad física del hombre, o a su inactividad material. Se da la segunda cuando la autoría material del hecho proviene de persona que, en razón de gozar de discernimiento, intención y libertad al tiempo de ejecutarlo, estuvo en condiciones de prever y regular los resultados. La imputabilidad es así, presupuesto de la responsabilidad, en tanto queda identificada la persona del autor del hecho ilícito -contractual o extracontractual-, es decir, que sea aquélla quien lo cometió y a quien se le atribuyen sus implicancias jurídicas en consideración a la posibilidad en que se encontró de preverlo y evitarlo, como así también de prever y evitar las consecuencias que de él se derivan.
Medida cautelar autónoma, procedencia del recurso, revocación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chantilly S.A c/ EN- M° Desarrollo Productivo y otro s/ Medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocó la resolución apelada y en consecuencia, admitió parcialmente a la medida cautelar solicitada en cuanto a la abstención de requerir el ensayo técnico realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), contemplado en el artículo 4° de la Resolución N° 404-E/2019 de la Secretaría de Comercio y sus modificatorias para la aprobación de las Declaraciones Juradas de Composición de Producto (DJCP), siempre que la interesada haya presentado sus declaraciones juradas indicando los datos de composición de producto de conformidad con el régimen aplicable.
Competencia criminal y correccional, estafa, defraudación, etapas del proceso, juicio oral, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Rocío Daniela sobre 173 inc. 15 - Defraudación mediante el uso de tarjetas de compra, crédito o débito c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Los jueces contendientes discuten si los hechos investigados deben subsumirse en la figura del art. 172 o en la prevista por el art. 173 inc. 16 del Código Penal. Haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente que atienda al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por la justicia nacional, corresponde mantener la radicación en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional. En este se llevó a cabo toda la instrucción del proceso y las actuaciones han avanzado a la etapa de juicio (cf., mutatis mutandis, TSJ, "Orlando", expte. n° 29998, resolución del 15/06/22, entre otros). La imputación puede ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (cf. TSJ, "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. c. Ruiz).
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, querella, acusación, audiencia de conciliación
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA BCAYA, DOLORES s/ QUERELLA - CALUMNIAS - INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-06

En los procesos por delitos de calumnias o injurias el escrito inicial de querella surte los efectos de una verdadera acusación para el caso de que la audiencia prevista en el art. 591 del CPC arrojara un resultado negativo, sin que sea necesario luego su reproducción o reiteración por la parte.
Competencia por conexidad, falsificación de instrumento público, escritura pública, usurpación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: KAPLAN, JAIME s/ USURPACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Si bien la falsedad de la escritura pública y la usurpación, fueron llevadas a cabo en diferentes jurisdicciones, presentan entre si una relación tal que excede la mera conexidad, pues de la validez de la escritura pública que se cuestiona depende la legitimidad del comportamiento del imputado, que aparece como un despojo del inmueble, por lo que resulta conveniente que un solo magistrado continúe con la investigación.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad contractual, subcontratación laboral, ambulancia, sustitución del transportador, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, muerte de un pasajero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CADENAS, MANUEL c/ TROINA, ROBERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-21

Si el PAMI contrató el servicio de una empresa de ambulancias (para el traslado de una afiliada), y esta transportista a su vez subcontrato el transporte con una persona física, que fue quien realizó materialmente el traslado de aquella, y -como en el caso- se verifica un accidente de tránsito entre la ambulancia y otro automóvil particular, en virtud del cual se produjo el deceso de la paciente y el padecimiento de lesiones de su acompañante; por aplicación del CCom: 184, quien contrató con el PAMI el traslado de la paciente, delegante del transporte en el subcontratista conductor del rodado, es jurídicamente responsable por los daños materialmente provocados por este en ocasión del choque a la pasajera y a quien la acompañaba. Ello, pues la empresa que celebró el convenio con el PAMI, no libera su responsabilidad frente al pasajero por el hecho de haber subcontratado la realización del acto material del traslado, sino que jurídicamente, la transportista siguió siendo la empresa de ambulancias, quien cobró el precio de ese transporte, aunque haya tenido que pagar el subcontrato. De modo, que el conductor no es un "tercero" por quien aquella no deba responder, según lo prevé el CCom: 184 in fine, sino que es "el delegado de la transportista" para la ejecución material del transporte, por quien responde la delegante que lo eligió y contrató.
Instrumentos públicos, redargución de falsedad, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitali de Enjamio, Liana c/ Curtiembre Guarino s/ Art. 2618 Cód. Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

En el supuesto de actuaciones dadas en instrumentos públicos como lo son los expedientes de actuaciones de Municipios o Ministerios (doc. art. 979 del C. Civil), no basta la mera impugnación, de actuarse de conformidad con lo normado por el art. 393 de la ley 7425.
Sanciones disciplinarias administrativas, multa administrativa, funcionarios judiciales, ausencias injustificadas, depresión
Materia: - ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Ethel Edith s/ sanción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Corresponde imponer la sanción de multa equivalente al 10% del sueldo (art. 16 del decreto ley 1285/58) a la agente que incurrió en persistentes incumplimientos de las disposiciones reglamentarias a la asistencia y cumplimiento del horario, siendo posible que el síndrome depresivo ansioso que la afecta pudo haber influido en su comportamiento (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Aragón, Aldo Fabrizio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

En nuestro régimen no hay "juicio" sin ejercicio de la acción -pública, privada, civil- y que, tratándose del juicio penal, su iniciación se produce con tal ejercicio de la acción pública o privada (art. 84 y concs., C.P.P.).

Como así que, tratándose de un delito de acción pública, ésta se ejerce mediante la acusación fiscal (arts. 85, 215, 221, 263, 284, 288 y concs., C.P.P.).
Reordenamiento del sistema financiero, sucesiones, depósito judicial, cuenta corriente bancaria, disponibilidad de los depósitos, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. s/ Sucesión s/Incidente s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-11-06

Las previsiones legales (ley 25561, los decretos 1570/2001, 214/2002, 320/2002, las Comunicaciones A-3426, A-3467 del CCRA)resultan inaplicables a los fondos de la sucesión de S C constituidos en el "depósito judicial" en cuestión. Ello es así, en la consideración: 1) de la propia naturaleza de los depósitos judiciales, que escapan a todo criterio de libre contratación -propio de cualquier cuenta corriente bancaria- en tanto se realizan por imposición legal (conf. art. 12 de la Ley Provincial Nro.

2929) y a los efectos de la custodia y guarda de los fondos objeto del depósito. 2) que tal guarda no puede considerarse entonces una operación del mercado financiero, porque no responde a una libre contratación entre particular y banco, sino a una imposición legal, por lo que no puede considerársela como una inversión en el sistema financiero, ni los jueces -que no son los propietarios de dichos fondos, aunque las cuentas figuren a su nombre- pueden catalogarse como "clientes", como se menciona en el art. 5 del decreto 1570/2001. 3) que tampoco es una cuenta corriente bancaria porque no participa de los caracteres de la misma (arts. 791 y ss. CCom.), ni el depósito judicial -por su peculiaridad- contribuiría a las circunstancias que dieron origen al dictado del decreto 214/2002, dado los fundamentos del mismo. 4) que dichos depósitos han sido excluidos de la reprogramación, según anexo a la comunicación del BCRA. A 3467, conforme incorporación efectuada en la comunicación A 3496, de la misma entidad, y no se encuentran expresamente mencionados, tanto en el decreto 214/2002 como en la resolución ME. 6/2002, ni en las restantes normas denominadas de emergencia. 5) que los fondos judiciales no afectan el nivel de los depósitos comunes en general. 6) que no se conciben sin la existencia de una causa judicial abierta -voluntaria o contenciosa- y que el juez a cuyo nombre y orden se hicieran no es propietario del dinero, aunque su disponibilidad depende exclusivamente de él.
Ejecución fiscal, resoluciones inapelables, interpretación de la constitución, recursos
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: " R.Q.  en autos "F.N."  D.G.I. c/ Perkins  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

La inapelabilidad de la sentencia de ejecución (artículo 92 de la Ley 22.683 modif. por la Ley 23.658) debe ser exceptuada a fin de que las cuestiones constitucionales planteadas sean resueltas por el tribunal superior previsto por el artículo 6 de la Ley 4.055 antes de poder llevárselas a la C.S.J.N. conf. al artículo 256 del C.P C.C.N. .
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derivación razonada del derecho vigente, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ VARA, MARIA LUISA c/  s/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

En relación a la endilgada afectación al non bis in ídem -por considerar la recurrente que existen dos imputaciones idénticas por las que se procesó y sobreseyó a la imputada al mismo tiempo, por un mismo hecho-, se advierte de la lectura de la resolución impugnada que la Alzada brindó argumentos suficientes para desestimar los planteos de la impugnante, analizando las imputaciones y la diferencia entre los delitos enrostrados -con cita de doctrina y jurisprudencia-, en el entendimiento de las proposiciones contendidas eran complementarias, por lo que la imputación subyacente amplió las posiciones fácticas de la primer declaración con cita de la norma legal vulnerada y el detalle de las omisiones, constituyéndose también una imputación alternativa; sin lograr la recurrente persuadir de que la interpretación efectuada por el Tribunal en el ejercicio de funciones propias, sea ilógica o no resulte derivación razonada del derecho vigente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 249
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES DE ALVAREZ VIRGINIA c/ ANTONIO C. MILANO Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A066 - 299)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-12-11

La doctrina establecida en materia de arbitrariedad solo juega respecto de los desaciertos u omisiones que importen descalificacion de las sentencias como actos judiciales, lo que en autos no se percibe, pero no tiene por objeto modificar en tercera instancia sentencias que resuelvan cuestiones no federales, como son las que sirven de sosten a los agravios vertidos, que el recurrente juzga equivocados, segun su divergencia con el Tribunal en cuanto a la valoracion de los hechos, conforme a la solucion e interpretacion de las pruebas como a la aplicacion del derecho comun. Todo ello "en razon de que la determinacion de la doctrina legal pertinente a los hehos de la causa en funcion propia de los jueces que la deciden".- Ello implica que la impugnacion de arbitrariedad, cuando se fundamenta en cuestiones como las aducidas, no autoriza a sustituir a los jueces de la causa en la resolucion de cuestiones que le son propias.-
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, concurso de delitos, estafa, falsificación de instrumento público, automotor sustraído, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "COLL, Walter D. s/ incompetencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-15

Si bien se ha sostenido que la ilegal confección de un documento público constituye un hecho ilícito autónomo que debe ser perseguido penalmente de manera independiente del que con posterioridad se cometiera con el mismo (conf. de esta sala, causa "RODRÍGUEZ, LAURA", reg. n° 20.189 del 12/09/92), no cabe descartar que la estafa que habría sufrido quien adquiriere un automóvil que había sido sustraído a su titular, y la falsificación de los documentos públicos que fueron entregados al concretarse esa operación. se trate de una única conducta -en los términos del art. 54 del Cód. Penal- insusceptible de ser escindida y que corresponde juzgar a la justicia federal habida cuenta del carácter nacional del documento involucrado (conf. CSJN, Competencia N° 1634. XXXIX "JORGE CLAUDIO SICA s/ su denuncia p/ infr. art. 292 del C.P.", resuelta el 19 de agosto de 2004).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAÑEDA CLORINDO PABLO c/ BRASSESCO HECTOR LORENZO Y/U OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-27

De la valoración de la prueba testimonial, bajo las reglas de la sana crítica, resulta que la misma no alcanza entidad suficiente para tener por acreditada la relación laboral únicamente por ella.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Pécora de Grosso, Elba M. c/ Próspero, Eduardo F. y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

El lucro cesante debe ser objeto de la correspondiente prueba.

Para establecer la procedencia o entidad de la indemnización, se requiere la demostración cierta del perjuicio, el cual debe ser real y ser probado en su debida extensión.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez, Anastacio y otros c/ Suria, Elsa Noemí s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

Es al dueño o al guardián a quién le compete probar -para liberarse total o parcialmente de la responsabilidad que la ley objetivamente le atribuye- que la conducta de la víctima ha excluido -total o parcialmente- esa responsabilidad.
Cooperativa de trabajo, prestación de servicios, terceros
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alcain, Gustavo c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

Las personas enviadas por la cooperativa a prestar servicios para terceros no pueden ser consideradas simples socias de aquél, pues se trataría de una formalidad sin contenido real. A su respecto, no realizan aporte alguno de trabajo, y el que realizan lo hacen para otra persona física o jurídica distinta y como contraprestación reciben un pago de carácter salarial (más allá del nombre que se le asigne) ya que és-te corresponde a la efectiva prestación de tareas por parte del trabajador y no a su condición de socio (cfr. C.N.A.T., Sala X, sent. del 29.08.97, "Alegre, Marcelino c/ Comar Cooperativa de Trabajo Ltda.").
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Piana de Pagano, Magdalena Luisa y otro c/ Propietario Avenida Rivadavia 2676/78/90. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la demanda por usucapión de un departamento.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández de Faque, Janet Raquel c/ Lanteri, Hiram Enrique y Lanteri de Lara, Nelly s/ Cobro de pesos - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-08

No obsta a la caducidad de segunda instancia el hecho de que el expediente no se haya elevado a la Alzada por una omisión de Secretaría del Tribunal de Origen, desde que esto no exime al recurrente de su deber de activar el procedimiento.
Intereses, tasas de interés, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Inversión y Comercio Exterior SA  c/ Alquimac SACIF y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Corresponde establecer el límite máximo para el cálculo de los intereses de la condena en dos veces y media (2 y 1/2) la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (CNCom, Sala B, "Banco del Buen Ayre c/ Sotelo Jorge Horacio y otro s/ ejecutivo", 09/05/17; y sus citas; "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Martines Darío Ezequiel s/ ejecutivo" del 30/05/19).

Ello por cuanto el CCCN 771 faculta a los magistrados a reducir los réditos cuando sea abusiva la tasa fijada y cuando su aplicación evidencie una clara desproporción de los valores económicos en juego, prescinda de la realidad económica y se arribe a resultados que quiebren toda norma de razonabilidad y violenten los principios establecidos en el CCIV 953 y 1071 (CCCN 279 y 10).