Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, suspensión del proceso judicial, remisión del expediente, contribuyentes, fallos de la Corte Suprema, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Blanco, Carlos Alberto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-06

Corresponde anular la decisión del tribunal a quo que declaró la suspensión de la acción penal en la presente y remitir las actuaciones a su origen a fin de que dicte un nuevo fallo conforme a derecho toda vez que el tribunal oral no ha fundado suficientemente los motivos por medio de los cuales resultaba válido el acogimiento del contribuyente al plan (nro. 0192067) bajo el concepto y subconcepto "Multa ganancias sociedades Anónimas período 1999", en lugar del plan vinculado con la obligación fiscal objeto de la presente causa penal. De la lectura de la causa surge que el Director a cargo de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, rechazó (Res. 1/2021 DI RMIC) el recurso de reconsideración presentado por el contribuyente contra el acto de la Jefa de la Agencia N° 49 de la AFIP que notificó la imposibilidad de registrar el allanamiento del nombrado, en carácter de responsable solidario por la deuda de Asistencia Odontológica Integral S.A., y destacó que dicha contribuyente se hallaba al momento de intentarse el acogimiento quebrada y sin continuidad de la explotación, se encontraba bloqueada su constancia de inscripción y registraba la baja en todos los gravámenes a cargo del organismo recaudador. decisión que se encuentra apelada y pendiente de resolución ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Por lo tanto, la omisión de tratamiento de cuestiones que resultaban conducentes para una correcta solución del caso constituye una causal de arbitrariedad de sentencia en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. C.S.J.N., Fallos: 332:2751; 331:2285; 330:4983; 326:3734, 313:343; 311:1438, entre muchos otros).

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que: "...La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional..." (conf. C.S.J.N., E. 171. XXII. "Estado Nacional c/ Rudaz, Martín Alejo y otra s/nulidad de resolución", rta. el 5/12/92). Asimismo, "... buscar el sentido de las normas jurídicas es 'poner de acuerdo a la ley penal, abstracta y genérica por naturaleza, con lo concreto y variable del caso particular' (Vincenzo Manzini en 'Tratado de Derecho Penal', citado por Carlos Creus 'Derecho Penal. Parte General', Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 78), evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (C.S.J.N., Fallos: 1:300; 297:142; 300:1080 y 303:1041)" (el resaltado me pertenece). Entonces, en la tarea de interpretar el alcance del articulado de la ley en cuestión -ley 27.541 (P.B.O. 23/12/19), modificada por la ley 27.562 (B.O. 26/8/2020)-, con su letra y con las normas legales que se vinculan con la misma materia que se regula mediante la disposición reglamentaria -Resolución General AFIP N° 4667/2020-, deja en evidencia la falta de fundamentación del fallo en crisis.