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Recurso contencioso administrativo, honorarios, apremios ilegales, recurso de nulidad, notificación, domicilio legal, domicilio real
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PENDYSKI, DOMINGO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción nulidad de La intimacion de pago de honorarios (Expte.: C.S.J. Nº. 674 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

No puede prosperar el planteo de nulidad de la actora fundado en que la intimación al pago de los honorarios y aportes a su cargo -como paso previo a la ejecución forzada-, debía ser notificada al domicilio real de cada litigante - y no al domicilio legal -por tratarse del requerimiento de un acto individual y personal de ellos, cuyo cumplimiento excede los términos del mandato otorgado.

Ello así, por cuanto no puede dejar de valorarse que el domicilio constituido por la "parte nulisdicente" se encuentra subsistente y, por ende, en los términos del artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta apto para producir todos sus efectos. Asimismo, a diferencia de lo dispuesto por los artículos 24 y 31 de la ley 6767, la intimación al domicilio legal surte plenos efectos y no constituye un supuesto de vicio que no pueda ser reparado sino con la declaración de nulidad.
Contratos administrativos, resolución del contrato administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herpazana S.R.L. c/ Banco de la Nación Argentina s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Al haberse modificado las primitivas condiciones contractuales, debe entenderse que no medió incumplimiento alguno de la demandada susceptible de autorizar el ejercicio de la facultad resolutoria prevista por el art. 1204 del Código Civil.
Competencia, prevención
Materia: PENAL
Carátula: Marchesse, Alejandro J. y otro c/ Juzgado de Primera Instancia en lo Crim. y Corr. nº 10 del Depto. Judicial de Morón s/ Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Si el procesado registra causa abierta con anterioridad, aunque sea en calidad de imputado no procesado, resulta aplicable lo establecido en los arts. 12 y 14 del C.P.P. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, desbaratamiento de derechos acordados, plan de ahorro previo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Torres, Elisa Victoria s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Es competente el juez del lugar donde el imputado puso en conocimiento de la sociedad administradora del plan de ahorro la supuesta pérdida de la documentación que avalaba su continuidad como titular del contrato y la cancelación de cuotas, y donde pagó las restantes, ocultando su transferencia a favor de la denunciante, sea que tal conducta configure el delito de estafa o el desbaratamiento de derechos acordados.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: FLORES, Ana del Carmen c/ SCAGLIONI, Adolfo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-11

Es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, ni a valorar toda la prueba, sino sólo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio".
Fuerzas Armadas, indulto
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Soto, Carlos Raúl c/ Ejército Argentino -Estado Nacional- s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

Si el legislador no incluyó en el art. 52, inc. 3 , de la ley 19 101 los casos del indulto, es claro que quiso diferenciarlos específicamente.
Incapacidad laboral, prueba pericial, junta médica, muerte del trabajador, jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: ACEVEDO, JOSE RUBEN c/ FLEXIGOM  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Habiéndose tornado imposible, por el fallecimiento del accionante, realizar la pericia dispuesta en autos, el dictamen médico previsional resulta decisivo por ser el único informe sobre el grado de incapacidad, y pese a haberse efectuado sin intervención ni control de la contraria, cobra fuerza probatoria, máxime si se tiene en cuenta que emana de un organismo público que no se caracteriza por su flexibilidad.
Concursos, quiebra, verificación de créditos, honorarios, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Drogueria San Javier SA c/  s/ quiebra s/ inc. de verificacion por Di Leva Jose Luis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-14

Corresponde rechazar la verificación del crédito invocada por el incidentista, que alegó haberse desempeñado para la fallida en calidad de presidente sin que ella le hubiera pagado los honorarios que, (según sostuvo) le habían sido reconocidos por tal desempeño. Debe recordarse que en el ámbito concursal el reconocimiento de la deuda por parte del deudor no tiene la aptitud probatoria vinculante que le es propia en los procesos individuales (esta Sala, en autos "Gas Nea SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión (Stampacchio Osvaldo Néstor", del 01/04/14).

El allanamiento de la fallida no es, así, dirimente a los fines de tener por acreditada la existencia del crédito insinuado entre quienes han intervenido en su creación, sino frente a los demás acreedores, terceros al respecto. En ese marco, claro resulta que, si la confesión carece de tal eficacia, lo mismo debe ocurrir con los reconocimientos efectuados por el fallido en instrumentos como los de marras, per se insuficientes para acreditar la existencia y causa de la obligación en los términos que se pretenden.
Proceso de reorganización nacional, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El examen sobre la vulneración de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable en los procesos seguidos por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos durante el último gobierno de facto debe considerar la complejidad de este tipo de causas, donde los propios funcionarios públicos que se valieron de la estructura de poder estatal llevaron a cabo las graves violaciones a los derechos humanos y actuaron con el fin de garantizar su impunidad, ocultando toda clase de rastros de los delitos llevados adelante e, incluso, el destino final de miles de personas de quienes, hasta el día de la fecha, se desconoce su destino.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, daño moral, depreciación monetaria
Materia: Procesal-Laboral
Carátula: QUINTANA, Javier c/ MINAR S.A.P.S. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-11-19

No cabe decir lo mismo respecto de la suma fijada en concepto de daño moral. No hay duda que lo dispuesto en el punto uno de la parte resolutiva del pronunciamiento recurrido induce a confusión y justifica el agravio de la actora, pues, si dicha indemnización se fijó a la fecha de la sentencia de Primera Instancia su actualización es procedente desde ese entoncés hasta su efectivo pago, conforme con el principio de reparación integral.
Contratos administrativos, licitación pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Radeljak, Juan Carlos c/ Administración General de Puertos s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

A quien contrata con la administración se impone un comportamiento oportuno, diligente y activo, que obliga a poner de manifiesto las circunstancias susceptibles de modificar las cláusulas contractuales a los efectos de que el órgano estatal pueda evaluar si conviene al interés público celebrar el contrato o dejar sin efecto la licitación.
Cuestiones de competencia, demanda, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Cortejarena, Delia Helvecia c/ Banque Nationale de París s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, concurso preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Deshidratados Salta S.A. c/  s/ concurso preventivo - recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-10

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa.
Pagaré, mandato, letra de cambio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata Limitado c/ Molino Harinero Platense S.A. y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Todo acto jurídico cambiario (vgr. libramiento, endoso, aceptación, aval) puede ser otorgado mediante representante. En tal caso, la relación debe surgir del texto de la letra de cambio (en este caso, pagaré), en tanto título de crédito formal y completo que debe bastarse a sí mismo. Ello se concreta en el documento mediante la inserción de la firma auténtica del representante acompañada de la cláusula "por poder", "P.P.", "por mandato" o cualquiera otra equivalente que denote que el firmante actúa en nombre y por cuenta de su representado.
Acción de amparo, elecciones
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno, Juan Carlos y otros c/ Junta Electoral de la Unión del Personal de Enfermería de Salta s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-08-12

Resulta inidónea la acción de amparo constitucional para suspender un acto eleccionario, toda vez que la vía adecuada y eficaz está instituida por el artículo 47 de la Ley 23551 como también la acción de recurrir al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social conforme a los artículos 56 y 60 de la Ley 23551, como el artículo 15 de su Decreto Reglamentario nro. 467 de 1988.-
Excepción de incompetencia, títulos de crédito, pagaré
Materia: PROCESAL
Carátula: Hendic, Ricardo Daniel c/ Surem Petrol S.R.L. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-12

"La circunstancia de que el deudor de un pagaré tenga su domicilio en ajena jurisdicción y que la intimación de pago se haya llevado a cabo en ese domicilio, resulta irrelevante a los fines de determinar la competencia territorial de los tribunales encargados de entender en el cobro compulsivo de la deuda".
Costas, costas al demandado, regulación de honorarios, base regulatoria, indemnización por despido
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Sandra del Valle c/ Barcat, Eduardo Abraham s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte A-09051/00  Indemnización por despido y otros rubros. L.A. N 46 F 40 / 41 N 19 Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte A-09051/00 Indemnización por despido y otros rubros. L.A. N 46 F 40 / 41 N 19
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-02-19

Si la actora se vió en la obligación de litigar para que se le reconozcan sus derechos, aunque la condena no alcance totalmente la suma pretendida, la que -por otro lado- en modo alguno vincula al juez para fijar el monto de condena (art. 94 del C.P.T.), no por ello pierde el demandado su carácter de vencido y por lo tanto queda obligado a cargar con las costas, pues debe soportar las erogaciones que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, debiéndose, en consecuencia, tomar como base económica para la regulación de honorarios profesionales el monto por el que procede la acción (LA Nº 45, Fº 336/339, Nº 148).
Interpretación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ Almada, Vilma Anahí s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-07

En la inteligencia de las normas legales, ha de preferirse en lo posible la interpretación que las concilia y no la que las opone a los textos constitucionales.
Excusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de oposición Mario H. Cisternas a la inhibición de la Dra. N. Jalile de Correa en autos 508/98 Vaile c/ Furque s/ Cobro de pesos s/ Incidente de oposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-05

Habiéndose inhibido la Sra. Juez Titular por haber iniciado de oficio una causa para aplicar una sanción en una cuestión que reconoce idéntica causa a la que origina el proceso, a lo cual se opone el Sr. Juez subrogante legal, por entender que el criterio seguido por un juez no significa adelanto de opinión en los términos del art. 17 inc. 7 del C.P.C. cuando fue expresado en otro proceso, corresponde hacer lugar a la oposición formulada, debiendo continuar entendiendo en los autos la Sra. Juez titular.

La opinión que un juez haya vertido en otro juicio de ningún modo puede ser causal de inhibición en causas que guarden identidad o conexidad, pues lo contrario significaría que luego de emitida una opinión sobre una cuestión determinada, de allí en más debería excusarse en toda causa que tratara del mismo tema. En efecto, para que la causal invocada se encuentre debidamente justificada, se requiere que se haya emitido opinión en un mismo proceso, no bastando el haber dictado resolución en otro asunto idéntico, lo que, en todo caso, sólo podría constituir el criterio del juzgador para la resolución del tema.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Saavedra Araceli Beatriz c/ Anses s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Debe confirmarse la resolución del juez de grado que rechazó la acción de amparo, dado que el accionante promovió este remedio sin haber agotado o tan siquiera intentado agotar las otras vías que procesalmente son admisibles. El amparo no es un mecanismo optativo sino un último remedio en razón de la inutilidad de otras vías procesales para solucionar la cuestión.
Facilitación de la corrupción, prostitución, delitos, trámites judiciales, competencia nacional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, incidentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Montevideo 571 piso 1° depto. A (ocupantes de la finca), y otro s/ Infracción art. 125 bis del Código Penal según ley 26842 y prostitución con fines de lucro (art. 127) (sustituido conf. art. 23 ley 26.842) s/ conflicto de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para intervenir en las presentes actuaciones en la que se investiga una conducta que podría resultar subsumible en el art. 125 bis del Código Penal. Ello así, en tanto la investigación y el juzgamiento de los delitos creados por el Congreso de la Nación con posterioridad a la sanción de la ley n° 24588 son competencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación de la regla general establecida en el art. 2 de la ley n° 26702; y de conformidad con una serie de fallos emitidos por la CSJN, vinculados entre sí, con los se le imprimió un nuevo rumbo a la transferencia de competencias ("Corrales", Fallos: 338:1517, "Nisman", Fallos: 339:1342, "Bazán", Fallos: 342:509 y "Panaciuk", Fallos: 343:432), describiendo el carácter transitorio de la justicia nacional ordinaria y ratificando el mandato constituyente de conformar una Ciudad de Buenos Aires con autonomía jurisdiccional plena. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, por remisión a los fundamentos expuestos en "Rodríguez", expte. n° 16793/19, del 9/9/2020. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Quiebra, liquidación de la sociedad conyugal, conservación y administración de los bienes, subasta judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO  H. RODRIGUEZ  S.A.  SOBRE QUIEBRA SOBRE INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL NUEVO BANCO DE AZUL  S.A. s/ INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-10

La infracción del síndico en la diligencia de incautación y aseguramiento de los bienes -que debía practicarla-, y del rematador que los vendió sin recibir su tenencia ni informar sobre el estado de abandono en que estaban, es causa de nulidad de la subasta. Es inapropiada la venta judicial de un bien que no fue previamente asegurado -mediante incautación y aseguramiento adecuados-, pues ello otorga tal grado de inseguridad respecto a la conservación de la cosa, que priva el acto de la seriedad exigible a todo remate judicial.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Goncharuk, Carlos A. s/ Privación ilegal de la libertad, robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que el recurrente denuncia violación del art. 156 (n.a.) de la Constitución provincial afirmando que habiendo cuestionado oportunamente (art.

329, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-) el cuerpo del delito y la calificación legal de los delitos en juzgamiento la Cámara se limito a rechazar los agravios, cuando debió en cada caso determinar la materialidad total de los ilícitos por los cuales se condena al procesado, si el Tribunal sólo estaba obligado a tratar los puntos de la resolución que fueron materia de agravio (art. 342, C.P.P.

cit.) y en el caso los aspectos cuestionados fueron abordados en la sentencia impugnada, donde se observa resolución de los mismos con cita del derecho aplicable a cada caso.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, principio de trascendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuzzuol SRL c/ Stieglitz Construcciones SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

1 - En materia de nulidades el principio de trascendencia dispone que quien invoque el vicio debe alegar y demostrar que le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable, insusceptible además de ser subsanado por otro medio que no sea la declaración de invalidez. 2 - Es que aún en la hipótesis de que un acto procesal se hubiere cumplido sin observancia de los requisitos exigidos por la ley bajo pena de nulidad, la declaración es improcedente si el peticionario no demuestra tanto la existencia de un interés personal, cuanto del perjuicio que le ha ocasionado el acto que resulta irregular (CNCom, Sala B, in re "PSB SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito de Di Petta Torres Silveiro Domingo", del 31/10/18).
Cargos gremiales, prescindibilidad, racionalización administrativa, estabilidad del delegado gremial, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: AMAYA, OSCAR c/ ENTEL s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-09

En el dictámen del Procurador General se sostuvo que las normas calificadas como racionalización administrativa requerían un dispositivo expreso suspensivo o abrogatorio de la estabilidad sindical para considerar alcanzada esa protección por su texto y hacer prevalecer su sistema de bajas, la Corte Suprema se pronunció en sentido contrario. En efecto, la doctrina emanada del Alto Tribunal y que por razones de autoridad institucional debe seguirse, expresa que la estabilidad que garantiza el art. 14 de la CN a los representantes gremiales no es absoluta y se traduce en el reconocimiento de una equitativa indemnización cuando por motivos de economía, reestructuración u otros igualmente razonables y justificados, el poder administrador resuelve prescindir de uno de sus agentes, sin imputarle falta y al margen de que invista o no la representación gremial.
Desindexación, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: MOSERT, EDUARDO LEOPOLDO c/ JOSE DOMINGO GUEVARA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-07

La Ley 24.283 desindexación, no se aplica a deudas dinerarias, y la razón es única, la Ley de Convertibilidad 23.928, ha dispuesto su prohibición para el papel moneda, y estableció el mecanismo de los intereses, la Ley establece, que cuando se arribe al momento efectivo del pago, se reponga el valor al precio de mercado, en ese momento. Esto sucederá en todas las prestaciones de dar, salvo las de dinero, en donde hay daño económico, pues hay un desfasaje desde el inicio de la convertibilidad, pero respecto al Dólar; no de los precios internos, porque se han deflacionado algunos, y por supuesto, otros no, pero la Ley no permite cuantificarlo como daño resarcible.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Terrabón SACIFIA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Debe rechazarse la demanda si el daño alegado por la actora tiene su origen en faltas que le son imputables a ella y no a la demandada (art. 1111 del Código Civil).
Excarcelación, criterio de razonabilidad, circunstancias que impiden la excarcelación, resolución denegatoria, intención de eludir la acción de la justicia, patronato de liberados
Materia: PENAL
Carátula: RIMAZZA, FELIX ANSELMO s/ Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

1- Ninguna de la disposiciones del art. 379 del Código de procedimientos en materia penal (Ley 2372) es excluyente de las demás, por lo que la excarcelación ha de regularse según el inciso que le permita sin atender al estado procesal de la causa (Del voto del Dr. Hendler).- 2- Al realizar la valoración objetiva que exige el art. 380 del CPMP para denegar la excarcelación solicitada, debe considerarse que si el procesado está sujeto a raíz de la comisión de otro delito a la vigilancia del Patronato de Liberados, ello será un ingrediente que permita razonablemente sostener que no habrá de eludir la acción de la Justicia.
Pacto de San José de Costa Rica, derecho a ser oído, normas operativas, deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DEDICH Y BENITEZ S.R.L. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-21

La previsiones del art. 8, inc. 1) de la Convención Americana de Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23.054), pese a su operatividad dentro de nuestro derecho interno, no desplazan ni derogan las directivas de los arts. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864 en cuento establecen la obligación de depositar los aportes omitidos, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante y desproporcionado con su concreta capacidad económica (cfr. C.S.J.N., sent. del 21.12.89, "Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A.").
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PETRACCA,  RICARDO  A. s/ QUIEBRA S/ INC. POR HSBC BANK ARGENTINASA S/ INC. DE REVISION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

En caso en que el incidentista omitió demostrar la conformacion del saldo deudor de cuenta corriente bancaria y el origen y causa de los débitos en función de los cuales se generó deuda final, resulta insuficiente alegar la existencia de un proceso ejecutivo anterior en el que se dictara sentencia de trance y remate, pues corresponde igualmente al incidentista demostrar la causa de la obligación, ya que la verificación perdida no puede ser considerada una ejecución cambiaria.