Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-13


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73817 SALA V. AUTOS: "FIORE, EDGARDO GUILLERMO C/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. S/ ACC. ORDINARIA DE INCONST." (JUZGADO Nº 18).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 13 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) La sentencia de primera instancia (fs. 349/355) ha sido apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce anejado a fs. 356/362. La demandada contestó agravios (fs. 368/377 vta.). A su vez, la accionada apeló los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador por entenderlos elevados (v. fs. 363).

2) El señor juez a quo rechazó la pretensión al considerar que el actor no había acreditado que existiera un fundamento apto para justificar la declaración de inconstitucionalidad de un conjunto de normas que, según sostuvo, merecieron la ratificación expresa por parte del art. 157 de la ley 24.241. Agregó que, a su entender, una cosa es que el derecho subjetivo pueda o no ser ejercitado por el interesado y otra distinta que su no ejercicio condicione o limite el del empleador a actuar con ajuste al sistema. Concluyó que, la "ratio legis" en toda norma que abrevia requisitos de antigüedad en la actividad o de edad no es otra que la de tutelar la indemnidad psicofísica en actividades que el legislador caracterizó como determinantes de posible agotamiento prematuro de las aptitudes y/o de la salud del trabajador.

Contra esta decisión se alza el accionante porque, según sostiene, del art. 3 del decreto 4257/68 se desprende la similitud de las funciones entre los pilotos y el tripulante de cabina y que, conforme la disposición Nro. 03-05, parte 67 y disposición Nro. 163/06 de la Fuerza Aérea Argentina, se ha dejado sin efecto la aplicación de ese artículo respecto de los pilotos. Afirma que esta situación demuestra la desigualdad entre pares (fs. 356 vta.). Cuestiona, además, que no se hubiera tenido en cuenta el informe remitido por el INADI. Manifiesta que no se tuvo en cuenta la simetría con la situación de los pilotos y los técnicos de vuelo, colocando a los navegantes en situación de desigualdad. Señala que la norma que se le aplicó al actor -el art. 3 del decreto 4257/68- es violatoria del art. 16 de la Constitución Nacional porque no ha recibido un tratamiento igualitario a otro tripulante de la aeronave, como es el caso de los pilotos (fs. 359 vta.). Entiende que la normativa aplicada se ha tornado obsoleta con el correr de los años y que resulta claro el perjuicio sufrido por el trabajador cuyo ingreso va a menguar sensiblemente al momento de obtener el beneficio. Solicita, en consecuencia, se declare inaplicable al caso la normativa jubilatoria mencionada permitiéndole continuar en actividad hasta la edad de 65 años. Finalmente, apela la imposición de costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada y al perito interviniente por entenderlos elevados.

En virtud de la índole de la cuestión debatida, se corrió vista de las actuaciones al Sr. Fiscal General ante esta Cámara (v. fs. 381) quien se expidió a través del dictamen Nro. 53.124 remitiéndose a lo expuesto en el dictamen Nro. 29.365 del 27/4/2000, in re: "Garabello Pedro Juan c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. s/ acción de amparo" (ver copia obrante a fs. 382/383 y fs. 391).

3) De la notificación efectuada por la demandada al Sr. Fiore con fecha 7 de octubre de 2.008, se desprende que fue cursada en los siguientes términos: "Reuniendo Ud. los requisitos necesarios para el régimen jubilatorio diferencial intimamos a Ud. por los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo a iniciar los trámites pertinentes, a tales efectos ponemos a su disposición en personal aeroparque, el certificado de servicios y demás documentación necesaria a ese fin" (v. fs. 58, el destacado me pertenece).

El art. 252 de la LCT dispone en lo pertinente que: "Cuando el trabajador reuniere los requisito para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes..". Sin embargo, el art. 5 del decreto 679/95 -reglamentario de dicha ley- establece que "El empleador podrá hacer uso de la facultad otorgada por el art. 252 del régimen de contrato de trabajo (ley 20.744 t.o. dec 390/76 y su modificatoria 24.347) cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU), salvo en el supuesto previsto por el segundo párrafo del art. 19 de la ley 24.241" (el destacado me pertenece).

Ello así, según el art. 19 de la ley 24.241: "Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados: a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad".

En este contexto, dado que no se discute en autos que el trabajador no reúne los requisitos contemplados en el art. 19 de la ley 24.241, la demandada no se hallaba en condiciones para ejercer la facultad que le otorga el art. 252 de la LCT.	Al respecto, comparto en este punto y como principio general, el fundamento esgrimido por el Sr. Fiscal General en el dictamen obrante a fs. 382/383 acerca de la interpretación que corresponde otorgarle al art. 252 de la LCT en vinculación con los sistemas previsionales que establecen edades inferiores en beneficio de los trabajadores (v. fs. 383).

Pero aun soslayando este aspecto, considero que en este caso concreto se produce una discriminación normativa entre el personal de la misma actividad -personal aeronáutico que se desempeña a bordo de aeronaves, ver categoría invocada a fs. 5 y responde fs. 70-. En efecto, a través de la Disposición Nro. 163/06 se autorizó a las empresas de transporte aerocomercial a conformar las tripulaciones de vuelo con pilotos hasta los 65 años (v. fs. 195/196) pero no ocurre lo mismo con los tripulantes de cabina.	Es decir que, en virtud de dicha disposición, a los pilotos se les extendió de hecho la edad para acogerse al beneficio jubilatorio, lo que evidencia un trato desigual entre los diversos tripulantes de aeronaves sin que se vislumbren razones objetivas para concluir que las diversas actividades cumplidas a bordo de una aeronave puedan ser perjudiciales para unos y no para otros. Por el contrario, puede razonablemente afirmarse -a mi juicio- que el piloto es quien asume mayor responsabilidad y, a pesar de ello, se lo autorizó expresamente a trabajar hasta los 65 años de edad, lo que modificó de hecho el régimen diferencial jubilatorio para esa categoría.

Repárese en que la demandada reconoció en el responde que se desempe-ñan en la órbita de la empresa pilotos con más de 60 años de edad pero que "ello se debe al dictado de normativa específica aplicable en forma exclusiva y excluyente a dicha actividad" (v. responde fs. 73).

En concreto, considero que las diferencias entre las distintas categorías de aeronavegantes no justifican a partir de las probanzas aquí arrimadas un trato desigual a los efectos que aquí se están tratando, ya que todos deben prestar servicios a bordo de una aeronave -aunque lo sea con distintas funciones- por lo que no me parece que se configure una pauta objetiva que habilite la distinción normativa (art. 16 C.N.).

Así, el decreto 671/94 establece que la tripulación: es la persona o conjunto de personas a quien el explotador asigna obligaciones a cumplir a bordo durante el tiempo de vuelo; tripulación de vuelo: "es la persona o conjunto de personas que desempeñan funciones técnicas esenciales en al conducción de una aeronave" y tripulación de cabina de pasajeros: "persona o conjunto de personas que en interés de la seguridad de los pasajeros cumple con las obligaciones que le asigne el explotador o el piloto al mando de la aeronave en concordancia con las funciones que le confiere su certificado de competencia pero que no actuará como miembro de la tripulación de vuelo" (v. fs. 200/201). Asimismo, de la documentación adjuntada por la perito contadora en el anexo 3 surgen las funciones asignadas a cada una de las categorías (v. fs. 249/251).

En base a lo dicho, considero que en el caso concreto del Sr. Fiore y dadas las particularidades mencionadas precedentemente, la empleadora no se hallaba facultada para cursar la comunicación prevista en el art. 252 de la LCT por lo que correspondería dejarla sin efecto hasta tanto el trabajador cumpla los 65 años, como peticiona a fs. 15 vta. y 360 vta..

4) La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (cfr. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

En cuanto a las costas, dadas las particularidades del caso, que involucra interpretación de textos normativos diversos, que se trata de una cuestión de derecho dudosa que ha recibido distintas interpretaciones judiciales, y teniendo en cuenta la índole de las cuestiones debatidas, considero que se presenta un supuesto que, con carácter objetivo, justifica en los términos del art. 68, 2ª parte CPCCN, eximir parcialmente de costas a la vencida por lo que propongo que se declaren las costas de primera instancia en el orden causado y las comunes por mitades.

Propicio regular los honorarios de 1ª instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la suma de $ 6.000, para los de la demandada en $ 5.000 y para la perito contadora en $ 3.000, todos en base al respectivo mérito e importancia de las labores cumplidas, resultado del pleito en relación con cada parte, etapas procesales y arts. 38 L.O., y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 como asimismo el decreto-ley 16.638/57 y lo que paso a exponer. He tenido en consideración también el art. 13 de la ley 24.432 que obliga a que las regulaciones de honorarios guarden una adecuada proporción con los trabajos efectivamente cumplidos, incluso más allá de los mínimos arancelarios. Desde otro ángulo, la regulación de estipendios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancelarias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, y la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso. Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aun del mínimo establecido, puede dar por resultado subas o bajas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley ni con los intereses involucrados en el caso.

En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal, según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos legales aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos 253:267 entre otros - C.S.J.N., D. 163 XXXVII. R.O., 14-2-2006 "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora" en especial considerandos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

5) Por los mismos fundamentos expuestos precedentemente, mociono imponer las costas de alzada por su orden, regulando a tal fin los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 356/362 y fs. 368/377 vta., por la actuación en la alzada, en las sumas de $ 1.500 y $ 1.250, respectivamente (art. 14 ley arancelaria).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia de 1ª instancia, admitir la demanda interpuesta, y dejar sin efecto la intimación remitida por la empleadora AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. en los términos del art. 252 L.C.T. en relación al actor EDGARDO GUILLERMO FIORE y hasta tanto este cumpla los 65 años de edad, en virtud de las disposiciones del régimen general de la ley 24.241; 2°) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia; 3°) Declarar las costas de primera instancia en el orden causado y las comunes por mitades; 4°) Regular los honorarios por trabajos de 1ª instancia, para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), para los de la demandada en PESOS CINCO MIL ($ 5.000) y para la perito contadora en PESOS TRES MIL ($ 3.000); 5°) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado 5 del primer voto de este acuerdo; 6°) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara