Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-08


AUTOS 107225 (C.C.Nº22002) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "ARAYA Carlos David C/ Rios Sebastian Alejandro - Daños y Perjuicios".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2015- del Tº I -Fº192/201.- En la Ciudad de San Juan a 08 días del mes de junio de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Pascual E. Alferillo, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 296 y 308, contra la sentencia de fecha 18 de marzo del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº107225 (C.C. Nº22002) caratulados: "ARAYA CARLOS DAVID C/ RIOS SEBASTIAN ALEJANDRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 282/292 vta.- EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

En la sentencia que obra a fs. 286-292, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda y condenar en forma conjunta y solidaria a los demandados Sres. Sebastián Alejandro Ríos y María Victoria Garay -en su carácter de titular registral- como a Bernardino Rivadavia Coop. de Seguros Ltda., esta última en la medida de la cobertura, a abonar al actor en el plazo de diez días de quedar firme o ejecutoriada la presente, la suma que resulta de los considerandos con más sus intereses legales allí fijados, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución. Costas a la actora en un 20% y a los demandados en un 80%, en virtud de lo expresado precedentemente.(conf. art. 66 ley 8037). Regular los honorarios del Dr. Ricardo D. Lorenzo Mira por su actuación en el proceso, en doble carácter como vencedor y por tres etapas del proceso (demanda, prueba y alegatos) en el 24% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga (art. 185, 187, 189, 190 y 194 ss. y cc. ley 2150). Regular los honorarios de la Dra. Erica Aguilar por su actuación en el proceso, en doble carácter como vencida y por dos etapas (contestación de demanda y prueba) en el 10% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga (art. 185, 187, 189, 190 y 194 ss. y cc. ley 2150). Regular los honorarios del Dr. Nasser Uzair por su actuación en el proceso, en doble carácter como vencido y por una etapa (alegatos) en el 5% de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga (art. 185, 187, 189, 190 y 194 ss. y cc. ley 2150). Regular los honorarios del Dr. Hugo Miguel Jorge por la pericia de fs. 190/192 en el 3% (conf. artículo 221 de la ley 2150) de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga. Regular los honorarios de José Ricardo Godoy por la pericia de fs. 210/213 en el 3% (conf. artículo 221 de la ley 2150) de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga. Regular los honorarios del Dr. José González Testi por la pericia de fs. 235/238 en el 1% (conf. artículo 221 de la ley 2150) de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga. Regular los honorarios de la Lic. Gabriela Emilse Vila por la pericia de fs. 247/248 en el 1% (conf. artículo 221 de la ley 2150) de la liquidación que oportunamente se practique o se convenga.

Contra ese pronunciamiento se ha alzado el Apoderado de la demandada, Dr. Uzair, quien se queja porque considera alto el honorario del letrado de la actora (Dr. Lorenzo). Este recurso fue concedido en los términos del art. 228 de la ley 2150. También apeló el letrado de la actora quien se queja porque considera exiguos los montos indemnizatorios que dispone el sentenciante respecto de los rubros "privación del rodado", "gastos de traslado personal", "gastos por asistencia médica y otros", "incapacidad sobreviniente" y "daño moral". También se queja por la desestimación del daño psicológico y por la imposición de costas en un 20% a cargo de la actora. El recurso fue concedido con efecto suspensivo.- RECURSO DEL DR UZAIR POR CONSIDERAR ELEVADO EL HONORARIO REGULADO AL DR LORENZO:

No se advierte que la regulación del honorario del Dr. Lorenzo sea elevada dado que ha sido realizada dentro de los límites mínimos y máximos que establece la ley arancelaria. El sentenciante de primer grado ha fijado dicho emolumento en el 24 por ciento de la base que oportunamente se practique, porcentaje que se encuentra en los límites legales ya mencionados. Cabe consignar que la labor del Dr. Lorenzo durante las tres etapas procesales ha sido exitosa y proficua por lo cual propongo sea confirmada dicha regulación y rechazado el recurso del accionado.- RECURSO DE LA ACTORA:

a) privación del rodado y gastos de traslado personal:

El sentenciante ha fijado la indemnización por este rubro en pesos un mil considerando el tiempo de duración de la rehabilitación que tuvo que realizar el actor sin que el interesado haya justificado, aunque sea aproximadamente, el monto de dicho gasto. Además el sentenciante dispone que todos los montos mandados pagar, entre los que encuentra el ahora analizado, se incrementaran con los intereses ley 4119 desde la fecha del accidente al pago efectivo.- Al apelar el actor considera exiguo el monto fijado alegando que el traslado durante el tiempo señalado lo hacía en taxis o remiss pues su traslado en ómnibus los tenía contraindicados.

No encuentro en el memorial que el actor haya desvirtuado con prueba concreta y eficiente la conclusión a que llega el sentenciante. Sólo se limita a oponerse al monto sin mayores críticas razonadas. Esta Sala en ocasiones similares a la presente ha señalado que La sola privación del uso del automotor constituye un daño indemnizable aunque no se acredite ni alegue que la unidad constituía un elemento de trabajo, en virtud de haberse conocido que todo aquel que dispone de un vehículo, lo tiene para cubrir algún género de necesidad (C.N.ESPECIAL- Civ y Com.- Sala V, Mayo 13/1/1981, Melían, Amado c/ León, Enrique). En este sentido corresponde decir que el actor no acreditó que la movilidad constituía un medio de trabajo, no obstante ello y en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde hacer lugar a tal reclamo por la sola privación del uso; ahora bien, en lo relativo al monto solicitado, el mismo debe resultar de las pruebas producidas, pruebas éstas que no se efectuaron en autos por lo que el monto debe fijarse con un criterio restrictivo según las circunstancias particulares del caso y dentro del marco de un prudente arbitrio judicial (razonabilidad).- AUTOS: "BERROCA, JOSE C/ ROBERTO CESAR SIERRA- DILIGENCIAS PRELIMINARES- HOY SUMARIO. Protocolo L:.S.- Año 2010- del Tº II -Fº163/169.- "............La "privación de uso" constituye daño indemnizable, pues, cabe presumir que quien lo tiene es para usarlo, sea para su trabajo, fuera por comodidad o esparcimiento, quedando librada a la valoración de la prueba que haga el juez la fijación del monto indemnizatorio. Ahora, para fijar el monto del perjuicio sufrido debe tenerse en cuenta el tiempo real o probable de las reparaciones, pero no correspondería -como pretende la aseguradora recurrente- el rechazo de este rubro si no se encuentra acreditada la cantidad de días de efectiva inmovilización del vehículo, pues bien pudo el primer sentenciante estimar un tiempo probable de reparación y la parte recurrente no acredita lo erróneo o irrazonable de dicha estimación ni del monto fijado, por lo que propongo el rechazo del agravio. AUTOS 117978 (C.C. N°21815) del Tercer Juzgado Civil, caratulados: "ANTE, JOSE ALBERTO c/ MAURIN, LUCAS - DAÑOS Y PERJUICIOS".- PROTOCOLIZADO: L.S. T°I F°146/161 AÑO 2014 (19 de junio de 2014).- Siguiendo estas pautas jurisprudenciales y considerando las circunstancias particulares señaladas correspondientes a este proceso, propicio que el agravio analizado sea rechazado.

b) Gastos de asistencia médica y otros:

En este rubro indemnizatorio, el sentenciante fija la suma de pesos mil atento a que el actor no ha probado cuáles han sido dichos gastos de orden médico.- Al apelar el actor se queja porque el sentenciante no ha considerado que estuvo internado en reposo absoluto por quince días en el Sanatorio Mayo, debió adquirir un corset rígido y realizó diversos tratamientos de rehabilitación.- Del análisis de las constancias de autos se infiere la improcedencia de este agravio porque el actor no ha acreditado los hechos que afirmó en la demanda relativos a los tratamientos médicos y gastos que dice haber afrontado como consecuencia del accidente. De la prueba que ofreció al respecto (informativa propuesta a fs. 15 vta. - punto "G") nada ha logrado acreditar. A fs. 141 se acredita que la RMI de columna dorsolumbar fue abonada por la Obra Social en un ciento por ciento consignando dicho informe que el gastos fue soportada por dicha obra social y que a cargo del coseguro y paciente no se registran pago alguno. El Hospital Rawson informa que no existen registros de atención médica del actor (ver fs. 149) y tampoco el actor ha logrado traer al proceso la Historia Clínica que ofreció como prueba. Estas circunstancias me llevan a propiciar el rechazo del agravio.

Al respecto de lo que vengo proponiendo, esta Sala dijo: "..........Si bien esta Sala se ha pronunciado por la procedencia del reintegro de los gastos por atención médica y compra de medicamentos derivados de las consecuencia lesivas del accidente sin requerir una acreditación efectiva y precisa sobre los desembolsos y su cuantía (L.S.-2002- I -1/8), este concepto dista mucho de ser absoluto y resultar una concesión graciosa de los jueces debiendo acreditarse por los menos qué medicamentos o drogas fueron recetadas y que las mismas tengan relación con las lesiones experimentadas y tratamiento médico efectuado. (conf. L.S. 2002- II- 97/110).- Sin embargo, no es óbice para su acogimiento cuando a través de la prueba rendida surge la necesidad de efectuarlos de la propia naturaleza de las lesiones sufridas (conf. L.S.-2001-III- 115/122).- No obstante que el actor fue atendido en el nosocomio público, es sabido que éstos no cubren todos los gastos que el paciente se ve obligado a realizar, pero el hecho de no haber aportado todos los elementos de juicio claros y concretos, su estimación debe ser prudente por cuanto se trata de un supuesto en el que se aplica la facultad que otorga el art. 171 del C.P.C..- Se condena Pesos Un mil ($1.000) a la fecha del accidente (31-12-94). AUTOS: "RIVEROS, ROLANDO DIEGO C/ GAMBOA, MARIO GABRIEL Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO".- Protocolizado: L.S.-2003-I- 129/135 ( 22-04-2003).- L.S.-2004-III- 49/59 ( 4-10-04).

Voto por el rechazo del segundo agravio del actor.

c)incapacidad sobreviniente:

El sentenciante fija la indemnización por incapacidad sobreviniente en pesos quince mil a la fecha del hecho dañoso; para así resolver toma en consideración. a) solo la pericia de fs. 190-192 (desecha la otra pericia de fs. 235-238 porque la considera carente de fundamentación), b) la edad del actor, c) actividad que realizaba.- Se queja la parte actora porque considera insuficiente el monto indemnizatorio al no tenerse en cuenta la calidad de vida del actor antes y después del hecho dañoso y que si esa reparación hubiere sido solicitada ante un Tribunal Federal o en los Tribunales laborales se le habría reconocido al actor una indemnización similar a la reclamada en la demanda.- Entiendo que la queja resulta parcialmente procedente porque no ha criticado el apelante en forma puntual, concreta y razonada la decisión del sentenciante de considerar, al momento de fijar el monto indemnizatorio por incapacidad, la pericia de fs. 190-92 la cual determina una incapacidad de solo el 10%. Sin embargo no puede dejar se señalarse que, según el peritaje indicado, la incidencia de ese grado de incapacidad de solo el 10 % ha ocasionado en el actor, si bien su salud no se encuentra debilitada, que su actividad laboral se vea afectada o alterada pues no puede realizar esfuerzos que pueden perjudicar su columna vertebral. Por otro lado la incapacidad es permanente.- Pero además de las consideraciones antes vertidas en lo atinente a la disminución que sufrió el actor en lo relativo a su actividad laboral, no puede dejar se señalarse que esa incapacidad afectó y afecta hasta la actualidad la vida de relación del actor, que a la fecha del accidente contaba con solo 29 años de edad. Para ello tengo en cuenta, como se ha dicho por esta Sala con anterioridad, que "La incapacidad sobreviniente "comprende la disminución de aptitudes para cualquier actividad en la vida, tanto social como deportiva o laboral, y que tal alteración de su persona debe ser indemnizada teniendo presente que el ser humano es una integralidad y que no solamente deben observarse sus aminoradas aptitudes laborales, sino también las consecuencias que las lesiones pueden producir en la vida diaria" (L.S.-2003- 67/70). A mayor precisión también dijimos que "se configura cuando el hecho ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución de la salud y la integridad física - total o parcial- pero permanente y tiende al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración constituye en sí un daño resarcible, pero como todo daño necesita que sea acabadamente probado" (L.S. - 2002 T° I- F° 169/183; 2003 - I - 148/158; L.S. - 2004 -III- 49/59). Autos 56.743 (C.C. Nº19.232) del Cuarto Juzgado Civil, caratulados: "Ortiz María Gladys c/ Alvarez Jorge Daniel y otros - Mónica Luisa Fernández - Daños y Perjuicios - Sumario -" L.S. 2007 TºIII Fº6/16.- La incapacidad sobreviniente "comprende la disminución de aptitudes para cualquier actividad en la vida, tanto social como deportiva o laboral, y que tal alteración de su persona debe ser indemnizada teniendo presente que el ser humano es una integralidad y que no solamente deben observarse sus aminoradas aptitudes laborales, sino también las consecuencias que las lesiones pueden producir en la vida diaria" (L.S.-2003- 67/70). Es criterio de este Tribunal como de la jurisprudencia en general, que la cuantía indemnizatoria en sede civil no puede fijarse en base a un porcentual tabulado sino a las limitaciones concretas en la vida activa de una persona donde el Juzgador goza de un amplio margen de valoración.- Autos 56.743 (C.C. Nº19.232) del Cuarto Juzgado Civil, caratulados: "Ortiz María Gladys c/ Álvarez Jorge Daniel y otros - Mónica Luisa Fernández - Daños y Perjuicios - Sumario-". PROT. L. DE SENT. AÑO 2007. TºIII Fº6/16.- Estas circunstancias me llevan a propiciar que se admita parcialmente este agravio elevando la indemnización a pesos veinte mil a la fecha del accidente. Para así resolver tengo en cuenta que el actor contaba con solo 29 años a la fecha del hecho dañoso, que la incapacidad parcial será permanente y que el dolor físico que experimenta el actor perdurará dado que el mismo se hace crónico (ver fs. 191 vta.) d) daño moral:

El sentenciante fija el daño moral en pesos cinco mil considerando que es la suma que resarce debidamente los sufrimientos y perjuicios morales y emocionales sufridos por el actor con motivo del accidente El apelante considera exiguo dicho monto conforme a los riesgos sufridos, estado de incertidumbre, tiempos de tratamiento, las molestias y sufrimientos ocasionados y sus cambios en la vida diaria.- Estimo parcialmente procedente este agravio por lo que propicio sea elevado a una suma suficiente para indemnizar los sufrimientos, padecimientos físicos y morales sufridos como consecuencia del hecho dañoso. Al no existir, en este rubro, pautas concretar para valorar el daño moral propicio prudencialmente que la indemnización por este rubro no puede ser inferior a pesos ocho mil a la fecha del accidente.

e)daño psicológico El actor se queja por el rechazo de la indemnización del daño psicológico.

Entiendo admisible este rubro siguiendo el dictámen de la licenciada en psicología que obra a fs. 247 y 248 en donde se aconseja una terapia de seis meses cuyo costo es de pesos dos mil cuatrocientos.- En consecuencia voto por el reconocimiento del daño psicológico por la suma de pesos dos mil cuatrocientos mas los intereses ley 4119 desde la fecha del dictamen de fs. 247-248 (mayo de 2012) a la fecha del pago efectivo. Así voto f)imposición de la costas al actor en un 20% Estimo procedente el reclamo del actor pues no puede considerarse como sobrevaluados los montos reclamados en la demanda como si se tratara de una suerte de pluspetición inexcusable. Entiendo aplicable al caso nuestra jurisprudencia que desde antiguo viene señalando que "..............El criterio seguido por el Inferior en punto a costas no resulta irrazonable y debe ser mantenido, debiendo aclarar al apelante que en autos para que se dé la hipótesis de pluspetición, el art. 78 del C.P.C. exige no solo que alguien incurra en plus petición sino que la otra parte admita el monto exacto que luego fija la sentencia y lo consigne en tiempo, actitud que en modo alguno ha seguido la demandada de autos.-......."AUTOS: "RIO DE LA PLATA S.A. C/JAIME ANGEL JAIME Y OTRA - EJECUCION PRENDARIA".-PROTOCOLO: AÑO 1984 - L. DE AUTOS - TºII - Fº247 - FECHA 29/06/84.- Este criterio jurisprudencial, relacionado con el antiguo Código Procesal, resulta aplicable al actual Cgo. de forma que contiene una norma similar (ver art. 71 de la ley 8037).

En consecuencia voto para que este agravio sea admitido imponiéndose las costas de primera instancia en forma exclusiva a los accionados vencidos.- Las costas de alzada deben también imponerse a la parte demandada, pese al progreso parcial del recurso de la actora, teniendo en cuenta el carácter resarcitorio de la demanda instrumentada en autos.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EN DISIDENCIA PARCIAL EL DR.PASCUAL E. ALFERILLO DIJO:

Atento que conforme al sorteo para emitir voto en el presente acuerdo, corresponde al suscripto emitirlo en tercer término y habiendo ya mayoría declarada, digo en disidencia parcial, lo cual implica que el silencio sobre los puntos no tratados es por la adhesión a la solución dada.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que expongo mi disidencia respecto de la cuantificación realizada de la incapacidad sobreviniente, dado que no basta con la mera repetición de doctrina de los tribunales expresada con anterioridad sobre la cual se puede estar de acuerdo sino que es menester aplicar dicho pensamiento en el caso concreto analizando las pautas que se tiene en cuenta para cuantificar pues de otro modo solo es una mera expresión de voluntad de la jurisdicción. En ese sentido, corresponde analizar que no se discute en el proceso que la incapacidad parcial es permanente en un porcentaje del 10%. A partir de ello, se debe tener en cuenta que estamos en sede civil y aquí se valora que la incapacidad no es únicamente para el desarrollo de la actividad laboral sino para la vida civil, razón por la cual nunca podría ser el resarcimiento civil menor al dado en sede laboral donde solo se estima la disminución para el trabajo. En ese sentido, no se indica en el proceso el monto remunerativo ni las tareas realizadas que se debió anunciar para determinar la cuantía. En base a esa ausencia probatoria, debemos adoptar como criterio que la víctima tenía como capacidad laboral mínima, la fijada para remunerar el Salario Mínimo Vital y Móvil que a la época del accidente era de $ 800. Por otra parte, la edad tope a tener en cuenta para hacer correctamente la estimación es la del promedio de vida (73 años para los hombres en Argentina) y no la edad jubilatoria (65 años). Estos detalles marcan que la indemnización debe contemplar la disminución por un lapso de 44 años. Por ello, sin hacer matemáticas financieras ni aplicar una cuantía directa, se estima prudente la suma de $ 30.000 a la época del accidente.

Por cierto que para cuantificar con equidad el daño no se debe pensar en los intereses, porque estos son moratorios y tienen como fundamento unir la mora en el abono del perjuicio producido que es una deuda de valor. La naturaleza jurídica del deber resarcitorio (deuda de valor) permite comparar la justicia de la cuantía fijada para lo cual se puede adoptar el método de cuantificar a precio actual, es decir tomando el valor dinerario del SMVyM a la fecha y colocar un interés puro que conforme nuestra tradición es del 8% anual.

Sin perjuicio de ello, marco mi disidencia con la aceptación del daño psicológico pues, hoy no se puede desconocer que no debe ser confundido por los peritos con el daño moral. Ello es así porque el daño moral en la actualidad debe ser conceptualizado como el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia de la vulneración de un derecho o interés de una persona generado por una acción jurídicamente reprochable.

A partir de ello, el daño psíquico (sea neurológico, psiquiátrico o psicológico) es siempre una situación patológica que debe ser medida en porcentual de incapacidad, razón por la cual si la pericial no detalle esta disminución como es exigible atendiendo el avance de la ciencia y la diferenciación que se debe realizar jurídicamente de los rubros indemnizables, no se puede aceptar que se indique un tratamiento porque ello ha sido resarcido cuando se indemnizó el daño moral. Este rubro debe ser desestimado.	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de la demandada representada por el Dr.Uzair confirmando el honorario regulado al letrado de la actora, Dr. Lorenzo Mira.

Admitir parcialmente el recurso de la parte actora de la siguiente manera: a) rechazando el recurso en lo atinente a las indemnizaciones relativas a "privación del rodado, gastos de traslado" y "gastos de asistencia médica y otros". b) elevando el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente a pesos veinte mil a la fecha del accidente. c) elevando el monto indemnizatorio por daño moral a pesos ocho mil a la fecha del accidente. d) determinando la indemnización por daño psicológico en pesos dos mil cuatrocientos a la fecha de la pericia psicológica (mayo 2012) con más el interés de la ley 4119 hasta la fecha del pago. e) las costas de primera instancia se imponen en forma total a la parte demandada que resulta vencida en el proceso.- Imponer las costas de alzada a la demandada vencida. Se regula el honorario de los letrados que han participado en la sustanciación del recurso resuelto en este decisorio, de la siguiente forma: a) al Dr.Lorenzo Mira el 40% de lo que se le regule en primera instancia b) al Dr. Uzair el 40% de lo que se les regule a los letrados que participaron en primera instancia por la accionada.

Se aclara que los intereses en los rubros admitidos serán calculados desde la fecha del accidente, salvo el rubro daño psicológico en donde los intereses se calcularán desde la fecha de la pericia, como se ha indicado más arriba.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. PASCUAL E. ALFERILLO;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.