marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carrera de Tamburini, Ana Beatriz c/ Chico, Raúl Osvaldo s/ ORDINARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-06

Dado el régimen de inscripción constitutiva del D.L. 6582/58, la posesión no basta para perfeccionar la transmisión del derecho real de dominio, sino que sólo confiere derecho a accionar contra el transmitente inmediato para que así lo haga, pero no acción directa contra el propietario y vendedor, contra quien solamente podría accionarse por vía oblícua, impedida en casos -como el de autos-, en que se declara la nulidad del convenio original por dolo del art.

931.
Competencia, sentencia extranjera, títulos ejecutivos, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: INVERSORA PATAGONICA c/ LONE STAR INDUSTRIES INC. s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

Procede instar ante los tribunales argentinos el control de competencia, en la oportunidad en que la sentencia extranjera se presente al juez argentino buscando su reconocimiento o su conversión en título ejecutorio conforme el CPR 517-1 , y según las normas argentinas de jurisdicción internacional, siguiéndose la vía incidental CPR 518, párr 2 , Con la debida sustanciación, salvo la existencia de tratados internacionales.

En consecuencia, no corresponde, como principio, que un juez argentino se pronuncie con anterioridad a esa ocasión sobre la eventual jurisdicción argentina respecto de una demanda iniciada en jurisdicción foránea.
Acción revocatoria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ, Rogelio Vicente y Otros c/ Riveros, Rodolfo Roberto y Otras s/ Revocacion de Acto Juridico
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-06

Si bien nadie duda que el sistema de publicidad de los derechos reales está regido por lo dispuesto en el art. 2505 y la ley 17.801, denominada ley registral inmobiliaria, la premisa podría llevarnos a considerar que el plazo anual de prescripción para la acción revocatoria pauliana contra un acto jurídico de transferencia de dominio, instrumentado por escritura pública, comienza a correr a partir de la inscripción en el Registro Inmobiliario, porque la publicidad permite a los terceros tomar conocimiento de la realización del acto.

Sin embargo, en los casos de prescripción de la acción revocatoria, vale el momento en que el acreedor toma conocimiento efectivo del fraude cometido por el deudor.

"En rigor, la prueba del acreedor debería encaminarse a demostrar que no tuvo conocimiento del acto antes de cierta fecha, pero como esta prueba negativa resulta imposible, su tarea es mucho más simple: demostrar la fecha en que tuvo noticias del acto.

No basta para tener demostrado el conocimiento del fraude por el acreedor, la circunstancia de que el acto se haya otorgado por escritura pública, pues es sabido que, en la práctica, ni dicha escritura, ni su inscripción permiten a los terceros tomar conocimiento de la realización del acto".
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del perito, responsabilidad solidaria, cesión de derechos, equidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Telecenter  S.A. c/ E.N.  (Sec.  de  Prensa  y  Difusión) y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La norma contenida en el anteúltimo párrafo del art. 1º de la ley 23.982 -la cual, establece que el acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley podrá liberarse de sus deudas (...) respecto a los peritos, en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en título o en efectivo, permite al acreedor del Estado liberarse de esa responsabilidad solidaria respecto del perito, cediendo a este -en la proporción correspondiente- los derechos que a él le fueron reconocidos en la sentencia respecto del Estado. Consecuentemente, el perito, si bien puede reclamar el pago de su honorario al ente deudor condenado en costas -en cuyo caso, tratándose de un crédito consolidado, debe optar por percibirlo en efectivo a 16 años de plazo o en bonos de consolidación (en pesos o dólares)-, no está obligado a ello, pudiendo ir, en función del principio de solidaridad, contra la contraparte (en el caso, el actor), a quien puede reclamarle que se lo cancele en efectivo.

Ello no obstante, la ley 23.982, por razones de equidad, ha acordado a éste, cuando reviste el carácter de acreedor del Estado con motivo de lo decidido en el pleito, la facultad de liberarse de esa responsabilidad solidaria cediendo a favor del perito, en la proporción que a éste corresponda, los derechos que tiene contra el demandado, quedando en este caso el experto enganchado dentro de la forma de pago por la que optó ese acreedor.
Partidos políticos, multa
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista s/ Estados contables ejercicio 01-07-2003 al  30-06-2004
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Procede confirmar la multa impuesta a un partido político por infracción a la obligación prevista en el artículo 19 primer párrafo de la ley 25.600, pues sin entrar a analizar si los aportes que el partido cedió a un tercero integran o no los aportes públicos sobre los cuales debe calcularse el monto destinado a capacitación, lo cierto es que del dictamen de la auditora contadora se desprende que aquél no informa, ni surge de los comprobantes aportados, cual es la actividad de capacitación realizada en el período bajo análisis.
Garantías procesales, debido proceso, actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B.R.L.P. SA y Otro en autos "F., C.A. s/Sucesión" s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-11

El debido proceso (art. 18 de la C.N.) supone la regularidad secuencial de actos procesales, indispensables para obtener un pronunciamiento judicial válido; dicha secuencia no puede alterarse por incumplimiento de las formas previstas para dichos actos, sin viciarlos, no obstante se produzca la convalidación. Ello encuentra su razón en la finalidad teleológica de los actos procesales, en tanto su concatenación sujeta a las normas que los regulan coadyuva a la realización del debido proceso, substrato de la mentada garantía constitucional, con el respeto a las leyes de fondo que actúan como presupuesto de validez de determinadas actuaciones procesales. Por ello, cuando se produce una desviación del proceso, por omisión o incumplimiento de formas previstas para determinados actos de tal modo que se ve afectado todo el proceso corresponde decretar la nulidad del procedimiento a partir del momento en que se originan los vicios.
Alimentante con recursos económicos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.L. c/ F., C. J. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-05

No es necesario que la justificación de los ingresos del obligado resulte de prueba directa, pues basta la meramente indiciaria, en tanto no se busca la determinación exacta de su patrimonio, sino contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar su capacidad económica.
Competencia por el territorio, juicio ejecutivo, defensa del consumidor, pagaré
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CREDIT S.R.L. c/ DIAZ MIRTA EUSTAQUIA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05

Si el juzgador no advierte su incompetencia y da curso a la demanda, puede emitir una posterior declaración de incompetencia de oficio solamente en el caso que se trate de incompetencia en razón de la materia, según surge de la parte final del artículo 352 del C.P.C.C.

Es que dar trámite a una demanda importa una admisión tácita de competencia, de allí que el juez no puede declarar su incompetencia después de esa oportunidad procesal, claro está, sin perjuicio de la petición en contrario que puedan realizar las partes mediante las cuestiones de competencia previstas en el artículo 7 del C.P.C.C. o si su incompetencia es absoluta, por ser por la materia. Al ordenar el traslado de la demanda, implícitamente reconoce el juez su competencia y que "en cuanto a la competencia territorial, no obstante su posibilidad de prórroga expresa o tácita, el juez puede declarar su incompetencia "limine litis", pero no puede hacerlo oficiosamente con posterioridad, a menos que se trate de jurisdicción territorial extranjera".

Pasada la oportunidad del artículo 4 del C.P.C.C., el Juez sólo puede declarar su incompetencia de oficio, si se trata de incompetencia en razón de la materia.

La declaración de incompetencia formulada de oficio por el Juez resulta efectivamente extemporánea, porque fue efectuada después de haber admitido su jurisdicción, sometiendo la cuestión controvertida al Sistema de Mediación Judicial y suspendiendo el trámite de los presentes autos hasta su cumplimiento.

Por otro lado, la incompetencia de oficio en base a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor no resulta procedente en casos como el de autos donde, efectivamente, a priori no puede presumirse la existencia de una relación de consumo (contrato de consumo) particularmente porque en el instrumento (pagaré) no se indica (ni siquiera refiere), la causa o motivo de la obligación de pago asumida; ni se advierte el destino asignado a los bienes o servicios del que dependerá el encuadre legal.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Cranford, Oscar Donaldo c/ Consolidar ART SA. s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30

En el caso el actor sufrió una infección cerebral al aspirar el polvillo que se levantaba del criadero avícola en el que prestaba tareas y la ART no ha cumplido con sus obligaciones (mal llamadas de "medios", puesto que el resultado al que se obliga es a una prevención útil) de efectuar visitas periódicas al establecimiento a fin de evaluar los riesgos existentes y su evolución, el cumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y del plan de acción tendiente a reducir la siniestralidad, ni ha demostrado haber informado a la SRT la formulación y desarrollo del plan de acción, ni denunciado los incumplimientos conforme lo imponen los arts. 4 y 31 de la LRT. De este modo, las medidas protectorias y preventivas que omitió la demandada, consistieron en falencias en lo que a elementos de labor se refiere (personales: como ropa, guantes, zapatos, máscara, entre otros), así como a la carencia de un adecuado control en torno al modo de prestar las tareas y el dictado de cursos de capacitación permanentes, sobre lo que nada se invocó. Por ello, se advierte la existencia de un nexo causal adecuado entre la responsabilidad de la asegurada y el daño sufrido por el reclamante (conf. art. 1074 CC).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, presunción de culpa, presunción juris tantum, circulación a contramano
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LARRETEGUY DE ALL EDELMA MARIA ASUNCION c/ COSSI GUIDO ARTURO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-30

Esta Sala tiene dicho con reiteración en accidentes de tránsito ocurridos entre vehículos que circulan en sentido contrario, que existe una presunción "iuris tantum" de culpabilidad del conductor que circula a contramano.
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, escalafón, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, régimen disciplinario administrativo, empleados de banco, cesantía, exoneración, pena, graduación de la pena, decretos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, GRACIELA BELKIS DURUSSEL DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 330 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

En lo relativo a la graduación de la pena, el artículo 77 in fine del decreto 1409/52 dice que se hará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes generales del empleado y las medidas disciplinarias de que haya sido objeto anteriormente. Y la segunda parte del 1 párrafo del artículo 15 del mismo decreto, establece que "...La gravedad de la desobediencia se apreciará de acuerdo con la conciencia corriente de las exigencias u obligaciones que impone la función bancaria". Es en este punto en donde la discrecionalidad en el ejercicio de la facultad sancionatoria o disciplinaria de la autoridad bancaria se pone de manifiesto, y es contemplada expresamente por la norma en oportunidad de graduar la pena y apreciar la gravedad de la conducta, en el caso, desobediencia.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALLEGO, NORA SUSANA GUADALUPE c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-07

Lo decidido refleja un desenfoque del caso, al exigir la Sala que el Acta del Directorio contenga un orden del día o algo similar, sin mencionar norma alguna que así lo exija, para dar mínima certeza al reclamo de la actora; cuando dicha mínima certeza debía buscarla sin incurrir en excesos formales, en las demás constancias de la causa, que fueron ignoradas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Acta 1622 del Directorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado.
Conciliación laboral, conciliación en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: APONTE, Leonor Esther c/ GRINBLAUT, Marcos A. y/o CONFITERIA CASA BLANCA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-30

La validez de los acuerdos conciliatorios arribados en sede administrativa está sujeto a dos requisitos: Uno, la participación del Delegado del Ministerio de Trabajo, o quien lo reemplace, única autoridad equiparable al Juez; otro, la homologación, acto en el cual se diga, aún de modo suscinto, cuáles son los montos reclamados, lo ofrecido y una alusión a la razonabilidad del arreglo.-
Delitos aduaneros, declaración inexacta de mercaderías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federal Express Corporation -T.F. 6715-A- s/ Res. Apel. de la A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

"La responsabilidad que surge de la declaración que resultó inexacta no queda excluida por supuestos hechos de terceros, si no media una prueba que refleje que ellos eran ajenos al documentante..." (-ver sentencia recaída en "Maderera Correntina S.A.C.I.A.-, dictada por esta Sala, el 9/12/94).
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, proceso penal, domicilio social, quebrados y otros deudores punibles, quiebra fraudulenta, quiebra culpable, quiebra impropia
Materia: PENAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BOIDI, JUAN CARLOS Y OTRO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

Si bien cuando se trata de los delitos a que se refieren los arts. 176, 177 y 178 del Código Penal, cabe presumir que las conductas descriptas por los correspondientes tipos penales han tenido lugar en la sede de la administración social, dicha doctrina no resulta adecuada cuando en virtud de los elementos de la causa puede seriamente sospecharse que el domicilio social fijado en el acto de constitución y su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción, es ficticio o ha sido elegido para dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales. Así ocurre en el caso, pues de lo actuado puede razonablemente inferirse que la sede social fijada en la Capital por el respectivo contrato no responde a la realidad de los hechos, por lo que corresponde entender en la causa a la justicia provincial, toda vez que tanto el asiento de los negocios como la sede de la administración de la fallida parecen haber estado situados en esa jurisdicción.
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guardia, Valentina Jova s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-02

La jurisdicción por razón de la materia es de orden público , no dependiendo, por tanto, de la aquiescencia del interesado. La jurisdicción que corresponde al juez de la sucesión, atento a lo dispuesto por el art. 3284 del C.C., es de orden público. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, acceso a la justicia, doctrina de la arbitrariedad, deberes y facultades del juez, fundamentos suficientes, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATO UNIDO PERSONAL DE TROLEBUSES -GUARDAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 292 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-06

Las decisiones que significan actos "inconcebibles dentro de una racional Administración de Justicia", traspasando el umbral de la mera imperfección humana merecen la descalificación desde la doctrina de la arbitrariedad. La necesaria prudencia que, por exigencias ético-judiciales y jurídicas (potenciadas en procesos excepcionales como el del amparo), debe orientar el delicado arte de juzgar se traduce, entre otras demandas, en el deber de los jueces de brindar respuestas "ajustadas" al caso (a sus características particulares y esenciales), sabiendo mantenerse -al propio tiempo- dentro del marco de las propias atribuciones, dejando en manos del poder administrador la gestión de la res pública cuando ella se ajusta a las pautas vigentes y no contradice abiertamente las justas demandas del bien común, imperativo de auto-restricción que es de orden constitucional y se inspira en el principio republicano, determinando que la facultad de revisión judicial encuentre su límite en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado.
Validez del acto administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., J. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-07

Aun cuando haya mediado una reclamación voluntaria, tal como lo resolviera el Cuerpo en SI N° 39/SCA/98, en la que se falló: "aun admitiendo que el particular sin reclamo previo, pueda ocurrir a la justicia para obtener el reconocimiento de un derecho o interés de índole administrativa impetrando la acción contencioso-administrativa en razón de la sola omisión, negligencia o mora del Estado en reconocerla -lo cual se reitera es posible cuando se demanda a la Provincia en el orden local- caso en el cual el Poder Judicial no está acotado a la revisión de un acto, sino se aplica al análisis del obrar (o no obrar) de la Administración que no se manifestó en ningún sentido,
Orden público, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, juicio, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAGOTTO, RICARDO JOSE LUIS Y OTROS c/ GOLDY, VICTOR MIGUEL s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

En cuanto al carácter de orden público del artículo 17 de la ley 13246, las particularísimas circunstancias de la causa aconsejan trasladar al sub lite el criterio de esta Corte, en el ámbito de la causas de competencia contencioso administrativa -que también reviste carácter de orden público-, cuando ha decidido que dado el plazo insumido por la intervención de la jurisdicción civil y comercial y el más que avanzado estado procesal, la causa continúe y finalice en el ámbito en que fue sustanciada, resultando ser el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas, un corolario del derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, al que la Corte Federal le ha otorgado una amplia protección, entendiendo que cuando se encuentra en juego el alcance de dicho derecho, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional. - CITAS: CSJN: Fallos 332:2487; 329:3673; CSJStaFe: AyS T 267, p 351; T 245, p 456. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 18; Ley 13246, artículo 17.
Ley derogada, decreto de necesidad y urgencia, asignaciones familiares
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

No puede atribuirse a la ley 24.714 un sentido convalidatorio de los decretos 770/96 y 771/96, por cuanto la ley citada los derogó y además estableció un sistema sustancialmente diverso (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Decreto de necesidad y urgencia, jefe de gabinete, obras públicas, impacto ambiental, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garré,  Nilda  y otros c/ E.N. (P.E.N.) decreto 21/99 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El decreto 21/99 sólo autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a comprometer créditos presupuestarios de ejercicios futuros para la realización de dos obras y a otorgar avales al Tesoro Nacional a favor de los agentes financieros que provean fondos a quienes resulten sus adjudicatarios, sin disponer nada sobre la ejecución técnica de tales proyectos, ni sobre la eventual afectación del medio ambiente que podría derivar de su ejecución.
Medidas cautelares, obras sociales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ CERINO MIRTA ELIDA c/ UNION PERSONAL s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

Esta Sala considera que -habiéndose dado cumplimiento a la medida ordenada-, la postura asumida por la actora en su responde -donde prácticamente se limita a desconocer la documental acompañada por considerar que las constancias emitidas carecen de relevancia, por provenir de los registros de la propia Obra Social- no resulta sustentable. La demandada pretende invocar las condiciones pactadas con la actora, mediante un contrato, cuya suscripción es negada por la accionante. En consecuencia, resulta evidente que -a los fines de dar cumplimiento a la medida decretada- la accionada debe recurrir a sus propias constancias y registros, por lo que mal puede la actora invocar esta circunstancia como principal defensa.
Deudas impositivas, fuero de atracción, competencia, juez del concurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HILANDERIA LUJAN  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - I.V.A. - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-14

El art. 136 de la ley de concursos establece que "la declaración de quiebra atrae al juzgado en que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales..." El caso sub examen se halla alcanzado por la presente norma, toda vez que de adoptarse en la presente instancia judicial una decisión adversa a la fallida, se varía definitivamente frustrado su intento de detener la pretensión fiscal al cobro del impuesto, frente al efecto de la cosa juzgada que se proyectaría sobre la confirmación de las determinaciones con las consecuencias patrimoniales que de allí se derivarían para los intereses que representa el síndico.

Por lo expuesto declárase la incompetencia de este Tribunal.
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abad Fernández, Manuel Felipe y Otros c/ U.B.A.", del 22/12/87). (Del voto del Juez Argento, consid. II).U.T.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-24

De acuerdo con lo establecido por el art. 10 de la ley 22.140, la estabilidad sólo se reconoce al personal que ingrese como permanente. (Del voto del juez Argento, consid. III). consid. III).