Personería gremial, impugnación del acto administrativo, insuficiencia del agravio
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación c/ Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

La sentencia de grado desestimó la acción de lesividad deducida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. También se alza el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP). La cartera accionante cuestiona que el juez a quo haya rechazado la acción que interpusiera a fin de obtener la anulación de la resolución de la Secretaría de Trabajo que reconoció que la personería gremial otorgada al Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina. El organismo estatal, postuló que el pronunciamiento motivo de embates habría desarrollado un análisis desacertado de las cuestiones sometidas a elucidación, por cuanto prescindió de evaluar los términos de las Resoluciones sobre las cuales versa la contienda y, en particular, también la circunstancias de que SUTEP carecía de aptitud a los fines de representar los intereses colectivos de las personas trabajadoras de las salas de entretenimiento y juegos electrónicos, video games, juegos mecánicos de salón y juegos de entretenimiento, conforme dimana del acto administrativo que le confirió personería gremial. Según entiende, en el caso, concurrirían plenamente los presupuestos fácticos y jurídicos contemplados por el art. 17 de la ley 19.549 para habilitar el recurso a aspiraciones nulificatorias como la aquí formulada. El Ministerio de Trabajo homologó, en múltiples instancias y épocas, los diversos acuerdos convencionales celebrados entre SUTEP y South Company SA con el objeto de disciplinar a las relaciones individuales de trabajo anudadas entre dicha sociedad y las personas que se desempeñan bajo su dependencia, todo ello en el marco general trazado por el CCT N° 143/75. A su vez, la cartera ministerial demandante introdujo una rectificación, mediante resolución, por cuyo intermedio se amplió el reconocimiento conferido a la SUTEP a fin de comprender también al universo de dependientes allí consignados, más únicamente con el carácter y los alcances propios de la simple inscripción gremial. Además, en tal decreto administrativo se consideró que la representación correspondiente a las personas trabajadoras de "salas de entretenimiento" ya había sido obtenida pretéritamente, mediante otra resolución. Un acto administrativo estable no puede ser anulado con efectos ejecutorios en sede administrativa por razones de ilegitimidad, de modo que, en aras de extinguirlo definitivamente, se debe requerir a un órgano jurisdiccional la respectiva declaración de nulidad de aquél, por vía de la denominada "acción de lesividad". Esa demanda judicial anulatoria puede decodificarse como hito inaugural de un genuino juicio de lesividad, en cuyo marco el ente administrativo emisor del decreto que se procura dejar sin efecto postula la declaración de nulidad de su propio acto lesivo, y donde la figura de contraparte viene representada por un sujeto extraño a ese organismo que, beneficiado por los efectos de dicho acto, pregona la validez de éste en defensa de su propio interés particular. Ante un acto administrativo estable (ora regular, ora irregular), el sujeto emisor de aquél no está habilitado para anularlo con efectos ejecutorios por sí y ante sí, sino que para ello debe requerir el auxilio judicial mediante el proceso de lesividad. Más aún, si se dispusiere la anulación ejecutoria de un acto administrativo estable en sede administrativa, el acto anulatorio sería nulo, de nulidad absoluta y manifiesta dado que los elementos "competencia" y "objeto", entre otros, estarían gravemente viciados; en efecto, mediaría una incompetencia absoluta en razón de la materia, derivada del ejercicio de atribuciones que corresponderían, en el caso, al órgano de justicia pues, en definitiva, es este último quien debería anular -si correspondiere- el acto administrativo que devino en "cosa juzgada administrativa". El art. 17 de la ley 19.549, regulatorio de la revocación del "acto nulo", prescribe que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa, sin perjuicio de contemplar una excepción ante la hipótesis en que el acto hubiere generado "prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento", en cuyo caso únicamente se podrá impedir la subsistencia del acto y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Por su parte, el art. 18 de idéntico cuerpo normativo, concerniente a la revocación del "acto irregular", refiere que el acto administrativo regular del cual hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado ni sustituido en sede administrativa una vez que haya sido notificado. Sin embargo -continúa regulando el mentado artículo, ese acto administrativo regular si podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa: a) si el interesado hubiese conocido el vicio; b) si ello lo favoreciera sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario; c) por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Una lectura literal del tándem de preceptos normativos citados podría conducir a sostener -bien equivocadamente- que la ley 19.549 ha decidido adoptar un criterio más riguroso para anular un acto estable nulo que un acto regular. Ello así, por cuanto la extinción del primero merced a razones de ilegitimidad y en sede se requiere que aquel no estuviere "firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo", mientras que el segundo si podría extinguirse aun cuando esté notificado y hubiere generado derechos subjetivos, si el particular conociere el vicio, el derecho se le hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario o si la anulación, y modificación o sustitución del acto lo favoreciere sin causar perjuicios a terceros. Sin embargo, una hermenéutica armónica del tándem de preceptos normativos citados conduce a entender que las salvedades a la regla de la invariabilidad administrativa del acto irregular (art. 18), tales como la necesidad de que medie conocimiento del vicio por parte del interesado, extienden sus proyecciones igualmente al escenario contemplado por el art. 17, primera sección. Una conclusión contraria resultaría, en la praxis, en conferir al acto nulo una mayor estabilidad que al acto regular, solución legislativa manifiestamente irrazonable y disvaliosa. Una exégesis estrictamente ajustada a la literalidad de las citadas disposiciones normativas conduciría a la conclusión, en definitiva, de que la revocación de un acto nulo presentaría mayores dificultades que la anulación de un acto regular, reputado menos grave según el ordenamiento legal. En torno a la anulación del acto administrativo regular se acuñaron dos directrices interpretativas. La primera de ellas consiste en reparar en que efectivamente nos hallamos ante una excepción a la estabilidad del acto regular y aquella, como tal, resulta de interpretación restrictiva. La segunda, acaso derivada derechamente de la anterior, alude a que el conocimiento del vicio debe serle imputable al particular, por haber actuado de mala fe o dolo, y - consecuentemente- en connivencia voluntaria, colusión o corrupción con el funcionario emisor del acto puesto en crisis. Las aspiraciones nulificatorias del organismo accionante fueron acertadamente desestimadas en la instancia anterior, porque no surgen elementos hábiles para refrendar que ha mediado conocimiento del vicio enarbolado hacia el propósito de obtener la revocación del acto objeto de embate, constituido por la hipotética falta de legitimidad del SUTEP para participar del proceso de negociación colectiva concerniente al ámbito de representatividad puesto en cuestión. La pretensora, también omite precisar qué singularidades o evidencias patentizarían la confluencia de un vicio que amerite declarar nulo al acto cuya revocatoria se procura, ni menos aún la concurrencia de las estrictas exigencias concernientes al tenor confabulatorio de la participación tanto del particular, como del funcionario, en el proceso de emisión del acto en cuestión.