Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-12-05


Córdoba, diciembre 5 de 2008.

1º ¿Es nula la decisión impugnada, en cuanto refuerza la caución real de $ 100.000 con un depósito de $ 200.000 en efectivo y en un único pago? 2º ¿Qué solución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel conjuntamente y la Dra. María Esther Cafure de Battistelli según su voto.

1º cuestión.- Las doctoras Tarditti y Blanc G. de Arabel dijeron:

I. Por Auto nº 272, de fecha 5 de septiembre de 2008, la Cámara de Acusación de esta Ciudad confirmó el Auto nº 328, de fecha 7 de diciembre de 2006, dictado por el Juzgado de Control nº 7, reforzando la caución real de $ 100.000 impuesta a los imputados Roque Scharbel Achad y Mariano Loizaga, adicionándosele el depósito de $ 200.000 en efectivo y en un único pago, en una cuenta bancaria a nombre del Poder Judicial, en el plazo de diez días hábiles (fs. 955).

II. Contra dicha resolución, recurren en casación el Dr. G. D. T., en su condición de defensor del imputado Mariano Loizaga, y por el Dr. J. A. Ch., en su carácter de defensor del imputado Roque Scharbel Achad, controvirtiendo ambos el agravamiento de la caución.

1. Recurso del Dr. T. en favor del imputado Loizaga: con invocación del motivo formal (art. 468 inc. 2º, C.P.P.), el impugnante denuncia la nulidad de las sentencia por inobservancia de normas procesales (fs. 1/6).

Señala la demora de veinte meses que insumió el tratamiento del recurso de apelación, durante los cuales Loizaga permaneció en libertad sin dar muestras concretas de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. A ello suma que no posee antecedentes computables ni registra orden de detención en su contra. Ante ello, el pedido de un depósito de $ 200.000 carece de toda base real (fs. 3 vta.).

Denota lo que considera una contradicción inaceptable en el razonamiento de la Cámara, toda vez que si se afirma claramente que estando en libertad el único indicio válido para revocar dicho estado serían conductas de los imputados tendientes a sustraerse u obstaculizar la acción de la justicia, no puede a continuación afirmarse que no obstante ello y sin considerar los veinte meses en libertad, hay una situación de riesgo que aconseja cambiar las condiciones de la caución, aumentándola y modificándola (fs. 3 vta.).

Afirma que también carecen de fundamentación las reflexiones del a quo sobre la garantía con bienes inmuebles. Es que no sólo dicho mecanismo ha garantizado hasta la fecha la libertad, con un inmueble que supera casi el doble la cifra de $ 100.000, sino que además el Tribunal tiene constancia de que se ha tomado noticia de la caución por parte del Registro de Propiedad de la Provincia. En consecuencia, la afirmación de la Cámara de desconfiar en el Registro, lo que aún en caso de ser cierto, es ajeno al imputado (fs. 3 vta.).

También es falsa la equiparación de la situación económica de ambos imputados -prosigue el defensor- ya que en realidad la inmobiliaria y concesionaria de autos son de Achad, mientras que la ferretería es del padre de Loizaga, quien también está imputado pero no es parte de esta resolución. No existe un solo dato de estas supuestas sociedades en el expediente. Lo cierto es que Loizaga es un monotributista que se dedica a pequeñas obras civiles, que carece de inmuebles a su nombre, tal como surge de autos, donde fueron parientes quienes ofrecieron el inmueble en garantía (fs. 4).

En consecuencia, expresa el letrado, al no contar su representado con esa suma en efectivo, la a quo sólo intenta de manera encubierta revocar la libertad utilizando un argumento falso. Luego de veinte meses, hacer lugar a lo pedido por el Fiscal aparecía como una resolución inaceptable; no podía afirmarse que el Juez de Control se equivocó cuando el transcurso del tiempo le daba la razón. La Cámara intenta subsanar una mora imputable sólo a ella con una ingeniería de razonamiento jurídico claramente violatoria de las normas de procedimiento. Si ya no hay razón para revocar la libertad y si los imputados no realizaron conductas que puedan suponer riesgo procesal menos puede haberla para cambiar las condiciones de la misma (fs. 4).

Como dato adicional, agrega que la Cámara no considera que la investigación está concluida y si bien la defensa ha cuestionado la requisitoria de elevación a juicio, los actos de investigación ya están terminados. Por ello, la posibilidad de obstruir dicho trámite ya es inexistente (fs. 4 vta.).

A continuación, analiza las alternativas que prevé el artículo 292 del C.P.P., el que no supone un menú para acrecentar las dificultades para el imputado, sino distintas hipótesis que permitan cumplir con una obligación que garantizando el cumplimiento del sometimiento al proceso, no lo excluyan del beneficio de la libertad por una imposibilidad económica. Las opciones de dicha norma son discrecionales, mas no por encima de la aptitud patrimonial del encartado, puesto que ello violaría el principio de igualdad (art. 16, C.N.) (fs. 4 vta./5).

Recuerda que Loizaga fue inicialmente detenido y luego liberado bajo caución de $ 50.000, ofreciéndose la garantía de letrados del foro. Luego volvió a privárselo de su libertad -aproximadamente durante 6 meses- al entenderse que los hechos y la imputación se habían agravado; el Juez de Control concedió la libertad bajo caución real de $ 100.000, para lo cual se trabó hipoteca sobre un bien de tercero. Finalmente, casi dos años después, sin haber Loizaga violado nunca las instrucciones de la investigación ni obstruido la misma, la Cámara de Acusación cambia las modalidades y el monto, en una decisión carente de fundamentación jurídica (fs. 5).

Solicita, en consecuencia, se declare la nulidad parcial del auto impugnado (fs. 5 vta./6).

2. Recurso del Dr. Ch. en favor de Achad: bajo la invocación del motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1º, C.P.P.), el impugnante denuncia una errónea aplicación de la ley sustantiva; una aplicación arbitraria del instituto de la caución, "convirtiendo entonces por la gravedad incurrida, a una norma procesal por su importancia, en ley sustantiva" (fs. 10 y vta.).

Reseña los hechos y afirma que como todos los argumentos que avalan la interpretación del instituto de la prisión preventiva y su consecuente, el de la fianza, son erróneos, también es errónea la conclusión final. Resalta diversos párrafos de la resolución en crisis, que aparecen como arbitrarios y contradictorios. Destaca que la propia a quo aprecia que los imputados no tienen antecedentes ni órdenes de detención, como así tampoco que tras varios meses en libertad no han dado muestras concretas de peligro de fuga ni de que hayan entorpecido la investigación. Luego se hacen una serie de consideraciones sobre la prosperidad de ambos imputados, que son meras opiniones subjetivas (fs. 3).

El decisorio, a juicio del defensor, deviene así incomprensible: "palos porque bogas, palos porque no bogas"; se los castiga por haberse portado bien. No puede exigírseles a los imputados que se conviertan en mendicantes para hacer frente a exigencias que devienen caprichosas. No debe hacerse del garantismo sólo principios, sin contenido de equidad. Con la resolución de marras, el excarcelado afianzado no puede gozar de ninguna tranquilidad ni organizar su existencia, pues están latentes sobre él caprichos e interpretaciones judiciales irrazonables, incoherentes y sin contenido jurídico (fs. 12 y vta.).

III. En lo que aquí interesa, los presentes exhiben las siguientes constancias:

1. Con fecha 9/10/2006, el Sr. Fiscal de Instrucción ordenó la prisión preventiva de Roque Scharbel Achad y Mariano Iván Loizaga por supuestos autores de los delitos de usurpación, falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, tentativa de falsedad ideológica, supresión y sustitución de documento público, uso de documento público falso y estafa (fs. 821/840).

2. Dicha decisión fue objeto de oposición por parte de ambos encartados (fs. 843/847 y 848/852).

3. El Juzgado de Control nº 7 acogió los planteos defensivos y dispuso la recuperación de la libertad de ambos imputados, fijándoles caución real por la suma de $ 100.000 para cada uno y demás obligaciones (fs. 859/871 vta.).

4. La medida fue apelada por el Fiscal de Instrucción (fs. 900/904 vta.), impugnación que fue mantenida por el Fiscal de Cámara (fs. 911/912), y en la que se solicitó se revoque la decisión del Juez de Control y se ordene la prisión preventiva de Achad y Loizaga.

5. La Cámara de Acusación, confirmó el auto apelado, aunque reforzó la caución real adicionándole el depósito de $ 200.000 en efectivo y en un único pago, por parte de cada uno de los encartados.

En lo que específicamente concierne al examen de la situación concreta de los imputados en relación con la entidad de riesgo procesal que su libertad importa, expuso que:

- ninguno de los imputados registra condena en su contra; tampoco orden de detención por ilícitos ajenos a los de esta causa (fs. 952);

- juega a favor de los imputados el hecho de que, tras varios meses en libertad, éstos no han dado muestras concretas que señalen la existencia del peligro de fuga. En efecto, no surge de autos ningún incumplimiento por parte de aquellos de las condiciones impuestas en su momento por el señor Juez de Control para concederles la libertad. Y tampoco hay constancias de que hubieran, desde su situación de libertad, entorpecido de algún modo la investigación (fs. 952);

- las propias características de las modalidades delictivas atribuidas y acreditadas con grado de probabilidad revelan un alto grado de capacidad para eludir los controles del Estado (posibilidad de lograr una vida en clandestinidad o fuera del país, disposición de contactos y relaciones con los que fácilmente podrían falsificar prueba o ponerse de acuerdo con autores o partícipes aún no individualizados para obstaculizar esa averiguación). Además, el hecho de que un tribunal de apelaciones confirme prácticamente in totum lo sostenido por el Instructor respecto a la situación legal de los imputados en cuanto al fondo de la causa puede ser interpretado por éstos, al menos, como un no mejoramiento de su expectativa de no llegar a juicio oral, y de ello puede, por tanto, inferirse un cierto riesgo de que prefieran sustraerse de la acción de la justicia antes que someterse a un juicio cuya realización ahora vislumbren más probable. Sin embargo, en el caso concreto lo cierto es que los imputados están en libertad desde hace más de un año y ocho meses y, hasta el momento, no han dado ninguna muestra de que pretendan fugarse, ni han entorpecido, de hecho, la investigación. Más allá de que dicho riesgo esté latente, lo cierto es que la señalada circunstancia de que, en libertad, los imputados no han puesto en riesgo al procedimiento, hace que aquel peligro no posea la suficiente entidad y concreción como para justificar, en este momento, un encarcelamiento cautelar. La sola circunstancia de que un imputado que ha sido encarcelado durante el proceso y luego liberado no haya intentado fugarse ni entorpecer la investigación durante ese tiempo en libertad, puede permitir inferir la inexistencia de peligro concreto de fuga o de entorpecimiento en la averiguación de la verdad para el caso de que luego se analice la posibilidad de un nuevo encarcelamiento, y tal inferencia será concluyente y se logrará válidamente a partir de un único indicio: la actitud del imputado mientras estuvo en libertad. Frente a ese dato, los demás contraindicios resultan tan débiles que no logran conmover su apoyo inductivo (fs. 952/953);

- no obstante ello, agregó que tanto la condición económica de los imputados como determinadas características de su proceder dejan subsistente un resto de riesgo procesal, el que ahora se ve aumentado por el hecho de que su situación procesal en cuanto al fondo de la causa no ha mejorado en los últimos tramos de la investigación, por lo que aparece harto probable la realización de un juicio oral y público contra ellos. De allí que resulte necesario conjurar ese riesgo procesal subsistente con una medida de coerción personal por cierto alternativa a la prisión, pero suficientemente eficaz en función de las actuales circunstancias de la causa. En tal sentido, la caución real impuesta por el Juez de Control a ambos imputados al momento de ordenar su libertad resulta insuficiente en este momento procesal, por lo que se juzga necesario reforzarla no sólo en cuanto a su cantidad sino también en cuanto a la clase de caución. En efecto, la posibilidad de garantizar el cumplimiento de los fines del proceso mediante la afectación de bienes raíces adquiere un significado diferente en esta particular investigación, toda vez que se encuentra bajo examen precisamente ilícitos cometidos sobre la documental perteneciente a propiedades, lo que torna inapropiada la calidad de la caución prestada, debiendo transformarse con el fin de no tornarse ineficaz (fs. 953 y vta.).

En consecuencia, para mantener su situación de libertad, estimó el Tribunal de Apelación que los imputados Achad y Loizaga deben reforzar la caución real que ya prestaran (y que fuera fijada en su momento en $ 100.000 para cada uno), para lo cual cada uno de ellos deberá, de modo excluyente, depositar la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000), en efectivo y en un único pago, en el plazo de diez días hábiles, en cuenta bancaria a nombre del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, más las demás obligaciones y condiciones que el señor Juez de Control ya fijara, y una estricta prohibición de salir del país, con la debida comunicación a las autoridades migratorias pertinentes, así como una prohibición de ausentarse de la Provincia sin expresa autorización del Fiscal de Instrucción, siempre bajo los correspondientes apercibimientos de ley.

Fundó la determinación de la caución (CPP, art. 289), por una parte, en la naturaleza y gravedad de los delitos intimados a los imputados, cuya escala penal - recuérdese- oscila entre uno y cincuenta años de prisión. Y si bien es claro, por todo lo ya argumentado, que el monto de la escala penal no constituye per se un indicio vehemente de peligro de fuga, no menos lo es que puede ser tomado en cuenta, en función de lo establecido por el citado art. 289 del CPP, a los fines de determinarse el monto de la caución en tanto medida de coerción personal alternativa a la privación de libertad. Por otra parte, los montos de estas cauciones encuentran sustento en la condición económica de los imputados: ambos son prósperos empresarios que tienen negocios en común y realizan sus actividades comerciales -que incluyen una inmobiliaria, una concesionaria de automóviles y una ferretería, entre lo probado en esta causa-, en la localidad de Río Ceballos, que le brindan importantes ingresos y un importante nivel adquisitivo (fs. 953 vta./954).

Concluye que todo ello, entonces, permite suponer dos extremos esenciales: en cuanto a la legitimidad de la caución, está claro que los imputados cuentan con poder adquisitivo suficiente como para poder cumplir con ella y que ésta, por consiguiente, no tornará ilusoria su libertad; y en cuanto a su utilidad, queda claro también que -en virtud de las constancias obrantes en autos, ya aludidas- sólo el monto y la modalidad aquí fijados pueden ser idóneos para, a esta altura del proceso, ejercer en el ánimo de los imputados el constreñimiento suficiente que los disuada de sustraerse de la persecución penal o de entorpecerla, que es justamente el sentido y el fin de la caución (se pretende, obviamente, que ella sea eficaz; art. 289, C.P.P.). Aclaró asimismo que el hecho de que la caución real no sea irrisoria significa -como se adelantara y ahora corresponde enfatizar- que no sólo su monto sino también su modalidad debe ser tal que permita presumir que al imputado no le será indiferente perderla, y que, por lo tanto, aunque más no sea por ello evitará llevar a cabo acciones que puedan dificultar o impedir la consecución de los fines del proceso. En el caso de estos imputados, dada la cantidad de hechos cometidos contra la fe pública y otros bienes jurídicos y sus características, ya reseñadas, así como la evidente solvencia económica de ambos, cabe concluir, pues, que el monto correcto es el indicado y la modalidad más idónea la del depósito de dinero en efectivo. Mediante la imposición de la caución real adecuada en los casos en que ella aparece razonable se asegura, pues -y de la mejor manera posible-, el logro de los fines del proceso, sin tener que, para ello, tomar la determinación más gravosa imaginable para un Estado de derecho, que es la de privar a una persona de su libertad antes de haber sido declarada culpable en juicio (fs. 954/955).

IV.1. En lo atinente a la impugnabilidad objetiva de la decisión que manteniendo la libertad del encartado aumenta la caución que la garantiza, cabe señalar que en innumerables precedentes, esta Sala ha tomado razón de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado recurribles aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal (Fallos 280:297; 290:393; 300:642; 301:664; 302:865; 306, V. I.:262; 307:549; 308:1631; 311, Vol. I.:359; T.S.J., Sala Penal, "Aguirre Domínguez", S. nº 76, 11/12/1997; "Gaón", S. nº 20, 25/3/1998; "Aksel", A. nº 143, 21/4/99; "Del Pino", A. nº 79, 3/4/00, S. nº 21, 6/4/2000; "Martínez Minetti", S. nº 51, 21/6/2001, A. nº 139, 16/5/2002, "Tissera"; S. nº 53, 13/06/2005, "Oliva"; S. nº 9, 9/03/2006, "Actuaciones labradas... en autos 'Síntora'...", entre otros).

Dicha hermenéutica, ha sido expuesta en relación a resoluciones que restringen la libertad del imputado, puesto que -dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia- son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior. Y a ella se han asimilado casos como el de marras, sosteniendo que configura sentencia definitiva "la decisión que, si bien concede el beneficio liberatorio solicitado, podría obstarlo en razón de la alegada imposibilidad de integrar la caución real establecida..." (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 320: 2105 y 325:3494, entre otros)" (Fallos, 328:3644). En igual sintonía, un reciente precedente de esta Sala ha considerado recurrible en casación la resolución que impone una caución real como garantía del mantenimiento de la libertad durante el proceso de quien se encontraba privado de libertad ("Maurizzi", S. nº 86, 24/02/2008).

En el caso, si bien es cierto que preexistía una caución que había sido consentida por los acusados, también lo es que la decisión bajo análisis la aumentó significativamente, triplicándola, lo que permite razonablemente sostener que si bien los imputados se encuentran gozando de su libertad -a diferencia del último precedente citado- ella puede verse en un futuro comprometida si es que resultara irrazonable e inmodificable la fianza exigida.

2. Así sentada la impugnabilidad objetiva de la decisión bajo análisis, corresponde ingresar al meollo de la cuestión. Obviamente, por tratarse de un recurso deducido en favor de los imputados, no puede esta Sala revisar la procedencia misma del mantenimiento de la libertad. A su vez, tampoco se encuentra aquí controvertida la necesidad de la caución, ni tampoco la primera porción de caución real de $ 100.000 que cada imputado satisficiera oportunamente afectando inmuebles. La materia de agravio, en consecuencia, se circunscribe al preciso aspecto del plus requerido por la Cámara de Acusación, de $ 200.000, y en efectivo.

a) En el precedente "Maurizzi" al que se hiciera alusión supra, se expuso que los extremos sobre los cuales debe recaer la motivación de la resolución judicial que determina una caución real como condición de soltura, se encuentran individualizados por la normativa ritual en su artículo 289: "Para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito, el daño que hubiere ocasionado, y la condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado".

Se indicó que la selección, dentro de la amplia gama de alternativas disponibles, configura un juicio prudencial del Juzgador en el cual éste efectúa "valoraciones estimativas de diversa índole" (Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Bs.As., 1966, T.V, pág. 339; Cafferata Nores, José Ignacio - Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba -Comentado, Mediterránea, Córdoba, 2003, T.1, pág. 694; Chichizola, Mario I., "La actividad cautelar en el proceso penal y su correlación con la excarcelación y la eximición de prisión", en Excarcelación y eximición de prisión, Coord.: Ricardo Levene (h), Temas Penales nº 1, Depalma, Bs.As., 1986, pág. 22).

Conforme tal naturaleza, se aplicó a dicha ponderación el estándar de revisión casatoria relativo a facultades discrecionales del Tribunal de mérito: la arbitrariedad, exteriorizada en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva. En tales hipótesis, el ejercicio de esta potestad privativa por parte del Juez se encuentra condicionado a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades (T.S.J., Sala Penal, "Villacorta", Sent. nº 3, 11/2/2000; "Villagra", Sent. nº 148, 3/11/2006; "Barrionuevo", S. nº 177, 7/08/2007, entre muchos otros).

Por ello, la cuestión a debatir se centra en establecer si el incremento de la caución resulta arbitrario, único caso en el cual será revisable por esta Sala.

Sobre el punto, advertimos que ninguno de los impugnantes se queja acerca de que el Tribunal de Apelaciones haya extralimitado su competencia vulnerando la prohibición de la reformatio in peius y ello así por cuanto ante un recurso del Fiscal que pretendía una medida cautelar más gravosa (privativa de la libertad personal), el a quo mantuvo la resolución contraria del Juez que impuso una cautelar no privativa de la libertad (caución real) pero modificó su monto y modalidad. Es sólo sobre este punto la materia de agravio en esta Sede.

Los dos recursos comparten una materia común -denunciar la vulneración del principio de no contradicción y la falta de fundamentos relativos al incremento de la caución- y presentan además otras críticas diferenciadas. El examen se iniciará por la vulneración del principio de contradicción, en tanto si este vicio existe carecerían de trascendencia los restantes.

b) La crítica relativa a la contradicción que ambos impugnantes sitúan en afirmar que los imputados no han evidenciado -durante el tiempo que llevan en libertad- indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y luego concluir incrementando la caución, se construye sobre una lectura parcializada del razonamiento de la a quo.

Es verdad que, en las particulares circunstancias de la causa, puede discutirse la conveniencia de la decisión de la Cámara de Acusación de elevar la caución, en especial cuando los encartados -durante el tiempo que llevan en libertad- han mostrado una conducta procesalmente correcta. Pero también lo es que para que esta Sala pueda revertir dicha decisión, debe aparecer teñida de una arbitrariedad que el caso no exhibe, toda vez que la motivación provista por la a quo muestra un ejercicio de sus facultades discrecionales que no exorbita la razonabilidad impuesta por la ley. En lo que específicamente respecta al agravio bajo análisis, no hay contradicción en los fundamentos de la medida que causa agravio.

En primer lugar, ha menester tener presente que la intervención de la Cámara de Acusación se suscitó a raíz del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Instrucción, quien se agravió por la libertad dispuesta por el Sr. Juez de Control, al entender que correspondía restablecer la prisión preventiva. Es precisamente por dicha razón, y con el propósito de justificar el mantenimiento de la libertad en un proceso que en caso de terminar en condena lo será con penas altas, que la a quo puso énfasis en señalar que el encierro no resulta necesario puesto que la actitud evidenciada por ambos acusados -al menos, hasta esta altura de la investigación- hacía innecesario resguardarla con una medida de coerción personal.

Empero, luego advirtió que tanto la condición económica de los imputados como determinadas características de su proceder dejan subsistente un resto de riesgo procesal que debe garantizarse, y señaló que en relación al cuadro de situación evaluado en su momento por el Juez de Control, al momento de resolver la apelación podía constatarse que la causa había avanzado "en los últimos tramos de la investigación, por lo que aparece harto probable la realización de un juicio oral y público contra ellos". En otros términos, al ir consolidándose sobre los encartados la imputación que sobre ellos pesa, aumentan las probabilidades de condena; y a la apreciación de este panorama más gravoso, contrapone un aumento también del peligro procesal por entender que a medida que se ensombrece el resultado final del proceso, es válido derivar que los imputados procurarán incidir en aquél o sustraerse del mismo.

Cabe recordar, en este sentido, que numerosas oportunidades esta Sala ha dicho que las medidas de coerción son siempre provisorias y por ello revisables (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. nº 54, 14/6/2004; "González", S. nº 24, 30/3/2005; "Re", S. nº 13, 29/03/2006; "Alvarez", S. nº 140, 28/06/2007; "Delpino", S. nº 95, 24/05/2007; "Silva", S. nº 157, 5/07/2007; "Bustos Fierro", S. nº 110, 19/05/2008), lo que implica que el avance del proceso y la incorporación de nuevos elementos de juicio pueden modificar los presupuestos que soportan la prisión preventiva o el mantenimiento de libertad, como ha ocurrido en el caso.

Básicamente, entonces, el esquema de razonamiento seguido por la Cámara es el siguiente: atento a la pena que puede pronosticarse para Achad y Loizaga y el alto grado de capacidad para eludir los controles del Estado que se deriva de las modalidades delictivas atribuidas, existe un riesgo para los fines del proceso que debe conjurarse. En cuanto a la intensidad de ese reaseguramiento, no resulta necesario echar mano a la herramienta más severa del ordenamiento procesal -la prisión preventiva-, toda vez que los nombrados se encuentran en libertad desde hace tiempo y durante este lapso no han evidenciado ninguna actitud que efectivizara o concretara el peligro hipotetizado supra. Sin embargo, este mismo peligro se ha agravado, en tanto también se ha agravado la situación procesal de los imputados con el avance de la investigación, y por ello congruentemente se exige vigorizar la garantía de la libertad durante el proceso, reforzándola.

Recuérdese aquí que hay contradicción cuando "se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o, viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho" (T.S.J., Sala Penal, "López", S. nº 12, 25/6/1959; "Franget", A. nº 298, 11/9/2003; "Flores", A. nº 226, 6/07/2004; "Sosa", S. nº 9, 20/02/2008, entre otros; cfr., Núñez, Ricardo, Código Procesal Penal, Lerner, 2da. ed., Córdoba, 1986, nota 7 al art. 417, pág. 394; De la Rúa, Fernando, La casación penal, Depalma, Bs.As., 1994, págs. 156/158), y en la medida en que la oposición lógica se configure entre dos juicios referidos al mismo objeto, toda vez que no puede achacarse dicho antagonismo cuando los argumentos o manifestaciones del Tribunal no se refieren a las mismas circunstancias o hechos a probar (T.S.J., Sala Penal, S. nº 20, 9/5/74, "Heredia"; S. nº 71, 20/11/97, "Manzur"; S. nº 125, 26/10/99, "Ateca"; S. nº 67, 7/8/00, "Reyna", entre otros). Analizada la motivación del decisorio bajo dicha lente, surge claro que, lejos de incurrir en una contradicción, la Cámara de Acusación ha efectuado una razonable graduación de riesgos, conforme las distintas instancias que ha presentado este proceso y de cara al juicio oral que se avecina, indagando por una respuesta coercitiva más apropiada a la actual.

En consecuencia, el agravio denunciado no puede prosperar, puesto que se sustenta en una lectura segmentada de la decisión, que ha satisfecho las exigencias de motivación propia de las resoluciones jurisdiccionales, y debe confirmarse la decisión en este punto, por cuanto no resulta contradictoria.

c) Continuando ahora con los reproches diferenciados de cada recurso, advertimos que las críticas que enuncia sólo la defensa de Loizaga son plurales. De su atenta lectura, se extrae que algunos de ellos se dirigen contra la conclusión relativa a la capacidad económica del nombrado para afrontar una caución real mayor a la otrora impuesta, mientras que otro se vincula a la modalidad del depósito de dinero en efectivo.

c.1) Falta de riesgo de entorpecimiento de la investigación: el recurso señala que la Cámara no considera que la investigación está concluida y que si bien la defensa ha cuestionado la requisitoria de elevación a juicio, los actos de investigación ya están terminados, por lo que la posibilidad de obstruir dicho trámite ya es inexistente.

El argumento desconoce que, tal como oportunamente lo señalara el Tribunal de Apelación, con sustento en doctrina judicial de esta Sala, las medidas de coerción durante el proceso resguardan no sólo los actos de la investigación preparatoria, sino todo el proceso hasta el dictado de la sentencia, y -aquí agregaremos- incluyendo la eventual fase impugnativa que pudiere suscitarse. En efecto, dijo la Cámara que "si los fines del procedimiento penal son, básicamente, la actuación de la ley sustantiva a través del dictado de la respectiva sentencia proveniente de un debate oral y público previo, y el aseguramiento del descubrimiento de la verdad material, a reflejarse también en dicha sentencia posterior al juicio, debe entonces tenerse en claro que la prisión preventiva tiene por finalidad asegurar en forma cautelar la totalidad del procedimiento, y no sólo la etapa de investigación preliminar" (fs. 951 vta.). Congruentemente, esta Sala ha sostenido que "por peligrosidad procesal debe entenderse el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los fines del proceso seguido en su contra, esto es, su posible afectación de los objetivos de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad- (Cafferata Nores, José I. - Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - Comentado, Mediterránea, Córdoba, 2003, T.1, p. 649)" (S. nº 140, 28/06/2007).

De tal suerte, aún cuando la causa se encontrase próxima a ser elevada a juicio, la medida de coerción mantiene su utilidad puesto que resta asegurar la realización del debate, el dictado de la sentencia y el cumplimiento de la pena que eventualmente pueda imponerse, previa etapa impugnativa si la hubiere.

c.2) Falta de fundamentación respecto de la equiparación de la situación económica de Loizaga, a la de su coimputado Achad: tampoco es de recibo esta crítica, en tanto los extremos que invoca el quejoso a efectos de postular la falta de aptitud patrimonial de su representado para responder a la caución exigida, no se compadecen con las circunstancias de la causa.

Aclaramos, previo continuar el análisis, que las consideraciones que expondremos en este punto únicamente se vincularán con la elevación en $ 200.000 de la caución real, sin incluir la cuestión relativa a la modalidad de dicha garantía, esto es, con inmuebles o en efectivo, aspecto que será objeto de tratamiento en el apartado siguiente.

No escapa a nuestra consideración que la suma de $ 200.000 incrementa sensiblemente la caución original de $ 100.000, por cuanto en los hechos importa triplicarlo. Y nuevamente aquí, más allá del monto en que la Cámara precisó dicha caución, lo cierto es que ella sólo podrá ser revertida por esta Sala si se configura la arbitrariedad requerida para la revisión del ejercicio de una potestad discrecional.

Así las cosas, los argumentos expuestos por el recurso no logran evidenciar el absurdo de la valoración efectuada por el Tribunal. Damos razones:

- En cuanto al hecho de no contar con inmuebles a su nombre, de lo cual sería demostrativo el haber afianzado la primigenia caución con propiedades de dos tías suyas, cabe resaltar que de las condiciones personales aportadas por Loizaga en su declaración obrante a fs. 813 surge que "vive en casa propia". Además, conforme a los hechos en los cuales se ha acreditado su intervención en grado de probabilidad -sin que se encuentre ello controvertido ante esta Sede- se extrae que el encartado acude a sus familiares y allegados para mostrarlos como titulares o poseedores de inmuebles de los que él se habría apropiado (v.gr., primero, segundo, quinto, sexto, décimo, decimoctavo hecho, etc.). Ello permite colegir que al menos respecto de Loizaga, el dominio registral de un bien raíz, pasa a ser un dato intrascendente en la medida en que existe una realidad subyacente completamente diferente.

- Similar situación se verifica en orden a su condición de monotributista "B", toda vez que difícilmente pueda suponerse un dato certero lo que declara ante la A.F.I.P. un individuo al que -insistimos, al menos en grado de probabilidad- se le atribuyen hechos de falsedad documental, estafa, etc. Es que no resulta razonable conferir verosimilitud a una categorización impositiva que emerge de la declaración jurada que unilateralmente efectúa una persona acusada de múltiples hechos en perjuicio de la fe pública y del patrimonio de terceros.

Atento a las razones arriba expuestas (supra, c.1 y c.2), estimamos que la conclusión relativa a la capacidad económica de Loizaga para afrontar una caución real de que alcance los $ 300.000 (sumando los actuales $ 200.000 que "refuerzan" los primeros $ 100.000) se encuentra aceptablemente establecida por el Tribunal de apelación y no ha sido hábilmente controvertida por la defensa, por lo que cabe confirmar la decisión a su respecto.

c.3) Falta de motivación acerca de la insuficiencia de una caución real con inmuebles: resta por último referir a la crítica que involucra específicamente la modalidad del depósito en dinero para la caución bajo examen. Sobre el punto, el quejoso se agravia por cuanto se ha exigido un depósito de dinero, y que "Loizaga, al no contar con esa suma en efectivo como se pide, de manera encubierta sólo se busca revocar la libertad utilizando un argumento falso", vinculado a la naturaleza de los ilícitos investigados.

- Es claro que la modalidad de la caución no es un extremo intrascendente, puesto que constituye una regla de la experiencia común que la mayor proporción del patrimonio de las personas no suele encontrarse en condiciones de liquidez tales como para poder tener inmediata disponibilidad de dinero en efectivo, menos aún de un monto como el que aquí se cuestiona. Y ello atañe tanto al propio obligado a la garantía como a los terceros que pudiesen ofrecer su patrimonio como cautela de la libertad de aquél. Dicho de otro modo, en términos generales resulta mucho más dificultoso obtener una suma de dinero elevada que conseguir otro tipo de bienes para igual finalidad. En consecuencia, es una medida más gravosa la exigencia de una caución real a cumplimentarse en dinero en efectivo, que aquella que puede satisfacerse con otro tipo de bienes.

- No obstante ello, estimamos que más allá del acierto o error de la decisión en este punto, lo cierto es que conforme la ley ritual lo autoriza, el imputado se encuentra habilitado a solicitar la sustitución de la caución real dispuesta por una modalidad menos gravosa (art. 296, C.P.P.), v.gr., en inmuebles. Si bien en el caso la Cámara de Acusación ha entendido que la posibilidad de garantizar el cumplimiento de los fines del proceso mediante la afectación de bienes raíces adquiere un significado diferente en esta particular investigación, toda vez que se encuentra bajo examen precisamente ilícitos cometidos sobre la documental perteneciente a propiedades, lo cierto es que dicho razonamiento parte de la premisa de considerar que Loizaga posee aptitud económica no sólo para ofrecer dicha garantía sino además en condiciones de liquidez tales como para reunir el efectivo que se le exige.

Por ello, si el encartado acredita acabadamente su real imposibilidad de cumplimentar con el depósito requerido, la "desconfianza" que pudiere albergarse acerca de la eficacia de una caución real en inmuebles deberá ceder ante su derecho a una modalidad de coerción menos gravosa -manteniendo el valor pero modificando el objeto que lo garantice- y acorde a su verdadera condición patrimonial.

En consecuencia, en este aspecto, la decisión que hoy se analiza no encierra un gravamen irreparable que amerite ser examinado por esta Sala, en la medida en que el imputado aún cuenta con una herramienta procesal que abra una nueva discusión sobre el punto.

d) Resta ahora analizar la segunda crítica que formula el defensor de Achad, en cuanto considera que la conclusión de la a quo acerca de la capacidad económica de su representado se sustenta sólo en "meras opiniones subjetivas".

En este punto, cabe remitir a la respuesta dada para el otro recurrente, en tanto aquí también el imputado puede solicitar la sustitución en caso de evidenciar una carencia de capacidad económica para afrontar la caución real en efectivo.

V. En suma, estimamos que los agravios interpuestos por ambos recursos no alcanzan a exponer un riesgo inminente de privación de la libertad personal, en tanto cuentan con una posibilidad de sustitución de la caución fijada en caso que realmente carezcan de la capacidad económica para afrontar la dispuesta por el Tribunal de Apelaciones.

Votamos, en consecuencia, negativamente.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

I. Adhiero a la relación de causa efectuada por las Señoras Vocales preopinantes (supra I, II y III), como así también a las consideraciones que vierten en relación a la impugnabilidad objetiva de la decisión bajo análisis (IV.1) y a la determinación de la materia de agravio (IV.2.a). Disiento sin embargo, en cuanto a la respuesta que ofrecen al reproche invocado, por las razones que expongo en los párrafos que siguen.

a) La causa llegó al Tribunal de apelación con motivo del recurso deducido por el Ministerio Público, en contra de la resolución del Juez de Control que dispuso la libertad de Achad y Loizaga ordenando una fianza de $ 100.000 por parte de cada imputado, la que fue efectivizada sin objeción de la Fiscalía mediante la afectación de inmuebles.

La pretensión impugnativa del Instructor consistía en la reinstauración de la prisión preventiva de ambos encartados, toda vez que entendía que los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación sólo podían ser suficientemente conjurados con una medida de coerción personal.

Abocada a los presentes, la Cámara de Acusación indicó que "la cuestión traída a estudio consiste en decidir si existe riesgo procesal suficiente como para revocar la libertad ordenada a favor de los imputados, materia a la cual queda circunscripta la competencia de la Cámara" (fs. 948).

A este interrogante, ofreció una respuesta negativa, por entender que aún cuando la pena que prima facie se le impondría a los imputados superaría los tres años de prisión y por ende sería efectiva, una evaluación conjunta de ambos incisos del artículo 281 del código ritual -y con "centro de gravedad" en el inciso 2º- le atribuye a dicho extremo un valor indiciario que luego no se ve corroborado por otros indicadores de peligrosidad procesal (ni los enumerados en el inciso 2º in fine, ni otros). Señaló especialmente la a quo que "tras varios meses en libertad, éstos no han dado muestras concretas que señalen la existencia del peligro de fuga, ni han entorpecido de algún modo la investigación". No obstante lo dicho, sostuvo que Achad y Loizaga revelan un alto grado de capacidad para eludir los controles del Estado, lo que es "ciertamente indicativo de peligro de fuga... y también... de peligro de entorpecimiento de averiguación de la verdad...". Volvió a enfatizar luego que ello no obstante, "lo cierto es que los imputados están en libertad desde hace más de un año y ocho meses y hasta el momento no han dado ninguna muestra de que pretendan fugarse ni han entorpecido, de hecho, la investigación", y remata: "frente a ese dato, los demás contraindicios resultan tan débiles que no logran conmover su apoyo inductivo".

A renglón seguido, empero, insiste en el "resto de riesgo procesal" que emana de las características de los hechos atribuidos a los encartados, y menciona que aquel peligro se ve aumentado porque en el avance de la causa la situación procesal de los encartados no ha mejorado. Esta mayor probabilidad de enfrentar un juicio oral y público, a juicio de la Cámara, amerita una cautela mayor, y por dicha razón decide reforzar la originariamente impuesta ($ 100.000 en inmuebles), con $ 200.000 en efectivo y en un único pago.

b) Entiendo que este aumento de la cuantía de la caución y la modificación más gravosa de su modalidad, no resulta una derivación razonada de las constancias de la causa, en tanto en ningún momento el Fiscal de Instrucción solicitó semejante medida.

Su pretensión en la apelación fincó en que el peligro procesal que exhibían Achad y Loizaga sólo podía ser suficientemente conjurado con una privación cautelar de la libertad, cuestión a la que el a quo respondió negativamente. El apelante no expuso ningún agravio subsidiario para el caso de que se rechazara su planteo principal, y por ende no es posible derivar que, en caso de tener que contentarse con una caución real, haya estimado insuficiente el monto y modalidad ya fijados.

El agravio del Ministerio Público aludía a la naturaleza de la medida con la que se aseguraban los fines del proceso, y su libelo es claro en cuanto a que a su entender la prisión preventiva era la única manera de tutelarlos. Pero desechada dicha alternativa por la a quo, ¿puede extraerse de su impugnación que se encontrara disconforme con la caución real establecida por el Juez de Control? La respuesta es negativa.

Si así lo entendía, debió plantearlo y no lo hizo. De su silencio no puede automáticamente interpretarse que estimaba escasa la caución, puesto que es posible interpretar que frente a la improcedencia de la privación de la libertad, le resultaba adecuada la caución dispuesta. Es más, aún cuando hipotéticamente se aceptase que al recurrir la prisión preventiva tácitamente se afirma la disconformidad con la fianza anterior, ¿cómo inferir con qué aspecto de dicha fianza se está disintiendo? ¿Con el monto de $ 100.000?, y en su caso, ¿en qué magnitud?; ¿con la modalidad en inmuebles?, etc.

Debe resaltarse, en este sentido, que la decisión de la Cámara no sólo ha elevado la cuantía, sino que lo ha hecho triplicando la cifra inicial que no era menor, y sin que aparezca razonable por situación alguna. Además, ha exigido un depósito de dinero en efectivo ($ 200.000), tal vez la forma más severa de caución real, por las dificultades que importa la disponibilidad de dicha suma en condiciones de liquidez. El exceso de la fianza pedida torna de hecho prácticamente imposible el goce de la libertad durante el proceso.

c) Se suma a lo expuesto que, tal como exponen los impugnantes, tampoco se verificaron a posteriori de la imposición de la caución originaria, acciones concretas que motivaran un reexamen de la fianza previa, mostrándola inadecuada.

En este sentido, la Cámara de Acusación apoyó la necesidad de "reforzar" la garantía en el avance del proceso que ahora, con más probabilidad, pone a los imputados frente a la realización de un juicio oral y público. Sin embargo, más allá de que ello así ocurriese, lo cierto es que aquella sólo constituye una pauta en abstracto que debe ser contrapesada con lo que ha ocurrido, efectivamente, en el sub examine: aún observando el avance del trámite y la mayor cercanía de su juzgamiento, los encartados se han mantenido ajenos a toda conducta entorpecedora y subsisten mostrándose a disposición de la Justicia, tal como lo ha resaltado la propia decisión en crisis.

Además, si el avance del proceso fuera una circunstancia valorable a estos fines, ello debería aplicarse en todos los casos en los que se concede la libertad bajo fianza real -incrementándose siempre la caución a medida que progresa el trámite- que no es lo que acontece en la práctica.

Es que resulta contradictorio que al trabajar en sede del inciso 2º del artículo 281 del Código ritual y abocarse a "examinar la situación concreta de los imputados en relación con la entidad de riesgo procesal que su libertad importa", el Tribunal de Apelación ingresa a un dificultoso juego de indicios y contraindicios puramente hipotéticos y sin base en prueba alguna, que en sus resultas termina haciendo primar presunciones generales sobre concretos hechos de la causa que las enervan.

d) Así las cosas, estimo que la decisión de marras se encuentra infundada en cuanto ha sido materia de agravio, y por ende debe acogerse la crítica defensiva.

Voto, pues, afirmativamente.

2º cuestión.- Las doctoras Tarditti y Blanc G. de Arabel dijeron:

En virtud del resultado de la votación que antecedes corresponde, por mayoría, rechazar los recursos de casación deducidos por los Dres. G. D. T. a favor del imputado Mariano Loizaga y José Antonio Chanza, a favor del imputado Roque Scharbel Achad, con costas (CPP, arts. 550/551).

Así votamos.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

Las señoras Vocales preopinantes dan, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal resuelve: Rechazar los recursos de casación deducidos por los Dres. G. D. T. a favor del imputado Mariano Loizaga y José Antonio Chanza, a favor del imputado Roque Scharbel Achad. Con costas (CPP, arts. 550/551).- Aída Tarditti.- María E. Cafure de Battistelli.- María de las M. Blanc G. de Arabel.