Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-29


EXPTE: EXP 8483 / 0 Buenos Aires, 29 de abril de 2004. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre la competencia de este Tribunal y, en su caso, sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada en el escrito inicial. I. Las actoras, invocando su condición de agentes del Gobierno de la Ciudad, solicitaron -como medida cautelar autosatisfactiva- la suspensión de las resoluciones nos. 1574-2003 y 1808-2003, de la Secretaría de Educación de la Ciudad (exptes. nº 73.596/00, y 73.666/00, sumario nº 621/00), que dispusieron su cesantía. Relataron que la sanción cuestionada responde a que se las consideró responsables de haber percibido sumas de dinero en concepto de liquidaciones complementarias, indebidamente y en forma reiterada, por medio de acreditaciones bancarias. Con respecto a la documentación que se tuvo en cuenta, argumentaron que los recibos de las liquidaciones complementarias no tienen su firma, en tanto que desconocieron la autenticidad de los resúmenes de cuenta del Banco de la Ciudad, dado que no intervinieron e n su confección y no tuvieron oportunidad de impugnar su contenido antes de la indagación en el sumario administrativo. Esto último, por cuanto, al tratarse de una "cuenta sueldo" los resúmenes nunca se les remitieron y, en consecuencia, no pudieron advertir las presuntas operaciones realizadas. Sostuvieron además, en síntesis, que no se encuentra acreditada de manera fehaciente su participación en el hecho -que está siendo investigado en sede penal- y que el acto impugnado se cumplió desde la fecha de su dictado, pese a que fue recurrido en sede administrativa (fs. 1/6). II. Luego de una serie de contingencias procesales, la sra. Juez de Primera Instancia declaró su incompetencia para entender en autos, lo que motiva la remisión de las actuaciones a esta Alzada. A fs. 71/72 dictaminó la sra. Fiscal de Cámara, considerando competente a este Tribunal para entender en la causa. Corresponde pues que el Tribunal se expida en primer término sobre la cuestión relativa a su competencia, para pasar, en su caso, a ana lizar lo atinente a la medida cautelar solicitada por la actora. a) Cuestión de competencia. I. El art. 2, CCAyT -al definir el concepto de causa contencioso administrativa- establece que es toda aquella en que es parte una autoridad administrativa legitimada para estar en juicio, cualquiera sea el fundamento u origen de la acción. Por su parte, el art. 3 del mismo cuerpo legal prevé las condiciones de ejercicio de la acción contencioso administrativa y dispone -en cuanto interesa para resolver la cuestión planteada en el sub lite- que, en los casos en que se impugnan actos administrativos de alcance particular, definitivos o equiparables, es necesario el agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes. Respecto a estos supuestos, el art. 7, CCAyT, establece que la acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa días, computados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia administrativa. Estas ac ciones resultan de competencia de los magistrados de primera instancia (ley 7, art. 48) y deben tramitar conforme el procedimiento previsto, en general, para sustanciar las causas contra las autoridades administrativas (CCAyT, Título VIII, arts. 269, siguientes y concordantes). A su vez, el art. 464, CCAyT, dispone, en particular que, contra los actos administrativos que disponen la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los estatutos o regímenes correspondientes, se puede interponer recurso de revisión por ante esta Cámara. El art. 465 del mismo código regula el trámite del recurso y, al respecto, señala que debe interponerse ante este Tribunal dentro de los treinta días de notificada la medida expulsiva, fundado en la ilegitimidad de la sanción e indicando las normas presuntamente violadas o los vicios incurridos en el sumario. La parte demandada debe remitir los antecedentes a la Cámara dentro de los diez dí as de requeridos y el Tribunal, por su parte, debe conferir traslado por su orden y por el plazo de diez días. Vencido este término y, en su caso, cumplidas las medidas para mejor proveer que pudieren resultar necesarias, debe dictarse sentencia dentro del plazo de sesenta días. II. De lo expuesto precedentemente deriva que, a los fines de la impugnación de los actos administrativos de alcance particular, el legislador ha previsto una vía procesal ordinaria ante los jueces de primera instancia. Sin embargo, cuando el acto impungado tiene por objeto la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, el particular puede interponer recurso de revisión por ante la Cámara. Luego, esta última constituye una vía procesal específica, con reglas especiales de admisibilidad y trámite, que versa sobre la impugnación de actos administrativos de alcance particular que disponen cesantías o exoneraciones de agentes públicos. Ahora bien, la atribución de competencia a la Cámara excluye la inte rvención de los jueces de primer grado (Cam. Cont. Adm. y Trib., Sala II, in re "El Libertador S.A. c/ G.C.B.A.-D.G.R. s/ Recurso de apelación judicial", RDC nº 82). Por lo tanto, la regulación legislativa del recurso directo comporta la asignación de competencia a esta Cámara, en forma exclusiva, para conocer sobre las pretensiones de impugnación de los actos indicados. III. El hecho de que el art. 464, CCAyT, disponga que se puede interponer recurso de revisión ante la Cámara, no desvirtúa la interpretación sustentada. En efecto, cabe recordar al respecto el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme el cual, al examinar una disposición similar contenida en el art. 40 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la ley 22.140, sostuvo que "el término podrá... no importa consagrar la facultad del afectado para elegir la vía u órgano judicial en la busca de protección de sus derechos, en apartamiento de las previsiones de tales dispositivos...sino autorizar le -dentro de la técnica legislativa regulatoria de la relación de empleo público y el orden disciplinario implícito en ella-, a dejar la esfera administrativa para pasar a la judicial, reservándose la ley el señalamiento del Tribunal competente" (Fallos, 295:994, postura mantenida en Fallos, 310:2336 y 312:1724). IV. En consecuencia, conforme el criterio establecido por esta Sala in re "Galván, Juan José c/ G.C.B.A. s/ Empleo Público" (EXP nº 4136), las acciones de impugnación de los actos que disponen cesantías o exoneraciones de agentes dependientes de una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad, son de competencia originaria de la Cámara. V. Por lo demás, cabe poner de relieve que, aún cuando la norma denomina recurso de revisión a la vía procesal directa ante la Cámara, lo cierto es que constituye una verdadera acción que debe posibilitar una instancia ordinaria de revisión con plenas posibilidades de debate y prueba. Ello así, la tutela judicial efectiva de la recurre nte se encuentra suficientemente garantizada. VI. La interpretación aquí sustentada se ve corroborada por la evolución legislativa en el ámbito nacional. En efecto, la ley 25.164 estableció que el agente afectado podrá optar por impugnar el acto que dispone la aplicación de sanciones por la vía administrativa común y -una vez agotada ésta- acudir a sede judicial, o recurrir directamente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las cámaras federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de prestación de servicios del agente (art. 9). Si el legislador nacional consideró necesario disponer expresamente la opción a favor del particular y, para ello, modificó el régimen legal, resulta claro que dicha facultad no existía previamente. Ahora bien, la legislación local coincide, en esta materia, con la regulación nacional anterior a la reforma mencionada (cfr. consid. IV). Luego, preciso es concluir que el particular no cuenta con la po sibilidad de optar por deducir la impugnación por la vía ordinaria, debiendo ocurrir directamente ante esta Cámara (arts. 464 y 465, CCAyT). DISIDENCIA DEL DR. HORACIO G. A. CORTI I. Tal como lo he sostenido en autos "Carrazco Raúl Alberto c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos", EXP 9398/0, disiento con la solución a la que arriban mis colegas en punto a la competencia de esta Cámara para entender en autos. II. En efecto, la expresión "se puede" empleada por el artículo 464 del CCAyT, no necesariamente debe interpretarse en el sentido de que el recurso directo ante la Cámara es la única vía con la que cuenta el administrado para impugnar una sanción de cesantía o exoneración. Debe recordarse, al respecto, que tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse en su verdadero sentido, el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún p ropósito (Fallos, 200:175; 304:1820). Ha dicho el Alto Tribunal, en igual sentido, que "la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador" (Fallos, 302:973) y, a su vez, "la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley" (Fallos, 299:167), "cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común" (Fallos, 306:796 considerando 11 y sus citas), "sin que quepa a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió" (Fallos, 300:700). Así las cosas, cabe señalar que en el uso jurídico corriente, el verbo "poder" no se emplea como sinónimo de obligación, deber o carga, sino que tiene, más bien, el sentido de conferir una facultad al sujeto respecto del cual se emplea. Que alguien "puede" hacer algo quiere decir, comunmente, que está en su poder -en su esfera de decisión- el hacer o no alguna cosa. Así también lo expresa el diccionario de la lengua, que define el verbo "poder" como "Tener expeditas la facultad o potencia de hacer una cosa" (Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21º ed., Madrid, 1992, p. 1629). Desde esta óptica, cuando la norma establece que "se puede" recurrir ante la Cámara, está diciendo que el administrado tiene la facultad de hacerlo, esto es, que le está permitido accionar por esa vía (vid. voz "facultativo" en Russo, Eduardo A., Vocabulario lógico, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1972, p. 24). Pero ello no implica de ningún modo que esa vía sea la única posible, ni que el administrado tenga la carga de transitarla si procura accionar en resguardo de sus derechos. III. Zanjado el problema interpretativo que podría suscitar la expresión "se puede" empleada por el artículo 464 del CCAyT, y establecido que este último no consagra sino una facultad para el agente que ha sido cesanteado o exonerado, cabe poner de resalto que ninguna norma veda expresamente la deducción, contra el acto que dispuso la sanción, de la acción contenc ioso administrativa ordinaria prevista en los artículos 3, 7 y concordantes del CCAyT. Ello así, y teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 18, C.N. y 13 inc. 3 de la CCABA), conjuntamente con el principio pro actione, imponen una interpretación amplia, que tienda a ampliar y no a restringir las vías de acceso a la jurisdicción con que los justiciables cuentan con arreglo a las leyes, considero que nada obsta a que, en el sistema del CCAyT, el agente exonerado o cesanteado opte por deducir acción ordinaria contra el acto sancionatorio por ante los magistrados de primera instancia, de modo de contar con mayor amplitud de debate y prueba y asegurar la ulterior revisión por la Alzada de la decisión de grado. Ningún perjuicio se deriva de admitir dicha solución, debiendo además recordarse que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien la doble instancia no es, en principio, un requisito constitucional de la defensa en juicio, resulta inconstitucional la sup resión arbitraria de las instancias revisoras previstas legalmente (Fallos, 207:293; 232:664; 305:427; 305:1894). IV. Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que la solución a la que así se arriba resulta compatible con la nueva regulación que la cuestión ha merecido en el orden nacional, pues de acuerdo al artículo 9 de la ley 25.164, contra los actos administrativos que dispongan la aplicación de sanciones al personal amparado por la estabilidad prevista en ese régimen, el agente afectado podrá optar por impugnarlo por la vía administrativa común y una vez agotada ésta acudir a sede judicial, o recurrir directamente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las cámaras federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de prestación de servicios del agente. V. Por ello, y siendo la vía prevista en el artículo 464 del CCAyT optativa para el actor, considero que, toda vez que la demanda fue interpuesta ante la Primera Instancia, co rresponde que continúe entendiendo en la presente causa el magistrado a quo. b) Medida cautelar. I. Habiéndose arribado por mayoría a la conclusión de que esta Cámara resulta competente para intervenir en autos, corresponde abordar el tratamiento de la medida cautelar solicitada por la accionante. II. De las constancias de la causa surge que, mediante el informe especial nº 37/00, la Sindicatura General de la Ciudad efectuó una auditoría parcial de los descuentos y reintegros de las cuotas por préstamos personales con retención de haberes. Tras verificar los procesos relacionados con la liquidación de haberes, el órgano detectó discordancias significativas entre las cifras totales de los reintegros correspondientes al período abril-septiembre/2000, por un lado, y los importes de las liquidaciones complementarias efectuadas en el mismo lapso por la Dirección General de Recursos Humanos, por el otro. Destacó que la Gerencia del Banco Ciudad remite a la Dirección General de Recursos Humanos la información corres pondiente a los agentes beneficiarios de préstamos a quienes se les deben efectuar las retenciones de haberes, y que la percepción de las cuotas atrasadas se efectúa sobre la base de listados producidos por la Dirección. No obstante, en ciertos casos el banco percibe cuotas en forma errónea, con respecto a préstamos que ya han sido cancelados, situación que generalmente se produce con motivo de la renovación de operaciones. En el referido informe también se explica que para renovar un préstamo el interesado debe cancelar las cuotas que en ese momento se encuentran vencidas. Ahora bien, usualmente se trata de una o dos cuotas que ya fueron informadas por el banco a la Dirección General de Recursos Humanos y que, en consecuencia, ya fueron retenidas al agente, pero no liquidadas aún al banco. En tales casos es frecuente que se produzca un descuento doble, dado que, por un lado, las sumas son retenidas directamente por el Banco y, por el otro, son deducidas de los haberes. Ante esta situación, el Banco de la Ciu dad remite a la Dirección General de Recursos Humanos un listado con la información sobre las cuotas percibidas en exceso y restituye el importe mediante un cheque. Ahora bien, se constataron diferencias entre los importes reintegrados por el banco a la Dirección General de Tesorería, por un lado, y los fondos devueltos a los agentes en concepto de reintegro de cuotas de préstamos personales (código 086), por el otro, verificándose pagos en exceso por parte de la Dirección Liquidación de Haberes, mediante liquidaciones complementarias, a favor de 150 agentes, a quienes se les acreditó -en conjunto- la suma total de $ 789.763,38 durante el lapso abril-septiembre/2000. A su vez, el informe de la Sindicatura General detectó diferencias entre los importes de los reintegros dispuestos por el Banco Ciudad y las devoluciones -en exceso- registradas por la Dirección General de Recursos Humanos, por un total de $ 102.629,83, a favor de 330 agentes. Por otra parte, la Sindicatura sostuvo que los pagos irregulares efect uados desde el año 1999 hasta la fecha del informe alcanzarían la suma de $ 1.790.864,61, en tanto que en el período abril-septiembre/2000 sumarían $ 870.854,23. III. Mediante la resolución nº 1231/PG/00, la Procuración General ordenó instruir un sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades con respecto a los hechos que surgen de los informes especiales elaborados por la Sindicatura General. El día 10/11/00 la instrucción se constituyó en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y constató la existencia de diversos paquetes que contenían boletas correspondientes a las liquidaciones complementarias para la devolución de haberes -acumuladas desde el año 1998- que nunca habían sido remitidas a las reparticiones correspondientes y, por lo tanto, carecían de las firmas de los jefes de personal y de los agentes interesados, pese a que estos últimos habían cobrado los importes. Estas restituciones de sumas de dinero se habían realizado sin respaldo en documentación del Banco de la Ciuda d Así las cosas, se consideró que con las pruebas reunidas y los estudios realizados por la Sindicatura General y la Auditoría General, había quedado comprobado que, mediante el sistema de reintegro de cuotas de préstamos personales, un considerable número de agentes percibieron indebidamente sumas de dinero. Y que en la Dirección Liquidación de Haberes se habían cometido serias irregularidades en la administración de la partida "Gastos de Personal" del presupuesto de la Ciudad, con perjuicio al erario público. En el sumario se tuvo por demostrado, asimismo, que el descontrol del movimiento de los fondos correspondientes a las liquidaciones complementarias de haberes (código 086) no había sido fruto de negligencia o desidia, sino de un positivo interés en que no tomaran estado público, y que, por lo tanto, habían sido disimuladas a fin de evitar que fueran conocidas. IV. Con motivo de estos hechos la Procuración General promovió querella por el delito de defraudación contra la Administración Pública, lo cual dio lugar a la causa nº 113.808/00, radicada por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nº 4, Secretaría nº 113. Allí se resolvió el procesamiento de diversos agentes de la Dirección Liquidación de Haberes, por habérselos encontrado -prima facie- coautores de los delitos de defraudación contra la Administración Pública y asociación ilícita. Al conocer sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rebatió diversos argumentos expuestos por la defensa de los imputados. Al respecto, sostuvo -entre otros fundamentos- que "...la hipótesis... respecto a la copia de las tarjetas bancarias resulta poco verosímil... Es demasiada coincidencia que, justamente aquellas personas beneficiadas por estas acreditaciones monetarias irregulares se les haya copiado la tarjeta bancaria descartando el azar... La teoría del hacker con capacidad para violar conjuntamente el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad y las redes de cajeros Link, Banelco y Cirrus simultaneamente, y sin ser detectada su intrusión en ninguna de estas numerosas ocaciones, resulta muy fantasiosa y sin sustento... Los resúmenes de cuenta pedidos a través de las redes de cajeros automáticos descartan totalmente la posibilidad de esta hipótesis defensista...". Luego, ese tribunal descartó, en principio, que el dinero haya sido extraído por terceras personas. V. La Procuración General también dispuso la apertura de legajos individuales con respecto a la situación de los agentes presuntamente beneficiados por las liquidaciones complementarias indebidas (res. nº 1231/PG/01). Así las cosas, quienes resultaron procesados en la causa penal citada en el considerando precedente fueron sancionados con cesantía (res. nº 1777/SHyF/2002). En cuanto concierne a las actoras, se sustanció el sumario nº 621/2000 -contenido en los exptes. nº 73.596/00, y 73.666/00-. El cargo efectuado consistió en "haber percibido sumas de dinero en forma reiterada, por medio de acreditaciones bancarias en concepto de liquidaciones complementarias (Código 086), sin justificación alguna, durante el período objeto de Informe Especial nº 37/2000, confeccionado por la Sindicatura General de la Ciudad...". En esas actuaciones la Administración tuvo por comprobado que, entre mayo y septiembre de 2000, la Sra. Rodríguez de Poma Plaza percibió indebidamente el importe de $ 2.900,80.-, y, entre los meses de enero de 1997 y septiembre de 2000, la Sra. Morales percibió indebidamente la suma de $ 3.165,91.-, que fueran depositadas y extraídas de cajeros automáticos mediante tarjeta Moderban, conforme los resúmenes de cuenta agregados. Al resolver el sumario se tuvo en cuenta que esas sumas resultaron significativas y exceden holgadamente la remuneración mensual, normal y habitual de las agentes sumariadas. VI. Así las cosas, la Secretaria de Educación tuvo por acreditados los hechos imputados y, en consecuencia -compartiendo el criterio expuesto en su dictamen por la Procuración General- consideró que la conducta de las agentes violó el art. 10, inc. c, ley 471 -que establece, entre las obligaciones del trabajador, la de observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa, acorde a su jerarquía y función- y resultó comprendida por los arts. 48, inc. e, y 50, ley nº 471, concordantes con los arts. 6, inc. b, y 36, inc. f, respectivamente, ordenanza nº 40.401 -vigente en la época de los hechos-. Por lo tanto, les impuso la sanción de cesantía, sin perjuicio de su agravamiento en caso de ser condenada en sede penal -arts. 49, inc. a, y 53, ley 471, 37, inc. b, y 38, ordenanza nº 40.401- (res. nos. 1574-2003 y 1808-2003). VII. Con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complement aria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "Rubiolo Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 7; "Carrizo, Atanasio Ramón c/ G.C.B.A. s/ Medida cautelar, expte. nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos s/ Incidente de apelación-medida cautelar", expte. nº 1607/01, "Casa Abe S.A. c/ G.C.B.A. s/ Acción meramente declarativa-art. 277 CCAyT) s/ Incid. apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119" expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior a l reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. A su vez, el art. 189, CCAyT, establece específicamente que las partes pueden solicitar la suspensión de un acto cuando: 1) su ejecución pudiera causar graves daños al particular, en tanto de la suspensión no derive grave perjuicio para el interés público, y 2) ostentara una ilegalidad manifiesta o su ejecución tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. VIII. Es oportuno señalar que el dictado de las medidas cautelares no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtu alidad (C.S.J.N., doct de Fallos: 316:2060, entre otros precedentes). IX. El examen de las constancias del expediente a la luz de los principios enunciados, conduce al Tribunal a concluir -con la provisoriedad propia del instituto precautorio- que no se encuentran reunidos los recaudos que hacen procedente proveer la tutela cautelar solicitada. En efecto, el derecho invocado por las requirentes en sustento de su pretensión impugnatoria, no resulta suficientemente verosímil en este estado del proceso, en tanto sus manifestaciones resultan insuficientes, per se, para enervar la presunción de legitimidad establecida como principio general por el art. 12, LPA. Las meras argumentaciones de las actoras no bastan -en este estado preliminar de la causa- para sostener la hipótesis de que fueron completamente ajenas a los hechos antes descriptos; que no tuvieron conocimiento de las operaciones realizadas en la cuenta bancaria donde el Gobierno deposita su sueldo y que, por consiguiente, el dinero excedente fue extraído por terceros. Por lo demás, no se advierte que el acto impugnado ostente una ilegalidad manifiesta. En particular, la sanción no aparece como palmariamente irrazonable o desproporcionada en función de la gravedad de los hechos imputados. X. Lo dicho en los apartados precedentes conduce a concluir que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos legalmente para admitir la medida cautelar suspensiva (arg. arts. 189 y cctes., CCAyT) y, por lo tanto, no corresponde hacer lugar al pedido efectuado en el escrito inicial. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: I. En cuanto respecta a los recaudos de procedencia de la suspensión cautelar del acto administrativo, he sostenido en forma reiterada que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como medida cautelar específica la suspensión del acto administrativo en los siguientes términos: cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo pudiere causar graves daños al administrado, el tribuna l, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; y cuando el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. A su vez el citado artículo, in fine, prevé que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite. Y he puesto de relieve que, en virtud de lo expuesto, se advierte que el Código local regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 citado, y cuya procedencia queda supeditada a la verificación de al menos uno de los extremos previstos en la norma, con prescindencia de analizar los requisitos comunes a las demás medidas cautelares, a saber, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. II. Aclarado ello, toda vez que el elocuente desarrollo efectuado en el voto precedente resulta suficiente a fin de determinar la falta de configuración de ninguno de los recaudos previstos por el precepto aplicable -esto es: a) que la ejecución del acto pueda causar graves daños al particular, siempre que de la suspensión no derive un grave perjuicio para el interés público; o b) que el acto ostente una ilegalidad manifiesta o su ejecución tenga como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión- corresponde denegar la suspensión precautoria solicitada. Tal fue la decisión tomada, de manera concordante, en la causa "Vidaurreta Carlos Alberto c/ GCBA s/ Medida cautelar", EXP 5367/1, del día 27/9/02, radicada por ante la Sala II de esta Cámara, donde se debatió una cuestión sustancialmente análoga. En mérito a las consideraciones vertidas, disposiciones normativas, jurisprudencia y doctrina citadas; el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar su competencia para intervenir en estos a utos. 2) No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Sin costas, al no haber existido sustanciación. Notifíquese, y a la sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Oportunamente archívese. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti (en disidencia parcial) Esteban Centanaro