marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: MARINERO JULIO HONORIO Y OTRA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-04

El beneficio de litigar sin gastos se reconoce como fundamento, en dos preceptos de raigambre constitucional: la igualdad ante la ley, y la garantía de la defensa en juicio (arts. 16 Y 18 const.

Nacional), ya que merced a ella, se asegura la prestación de los servicios de justicia, a "pobres y a los ricos", sin distinción.
Pagaré, lugar de pago, presentación al cobro, prueba
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: GUILFORD ARGENTINA  S.A.I.C.F. c/ CASA HILDA  S.A. s/ LETRA DE CAMBIO Y PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Del examen del pagaré resulta que el domicilio de pago solo indicado por la expresión "pagadero en buenos aires", lo que permite concluir que la designación corresponde al domicilio del librador (dec. Ley 5965/63: 41). El domicilio transcripto debajo del nombre del beneficiario, no constituye la indicación prevista en el dec. Ley 5965/63: 101-4, pues no obedece a la concreta expresión de esa finalidad accidental, que incluso no se inserta en el texto del documento.

Por consiguiente, las afirmaciones de la actora relativas a la presentación del título, solo pueden ser entendidas -en el mejor de las hipótesis para su parte- como que la concreción de dicho acto se efectuó en un lugar que no era el domicilio de pago.

Ello invalida la pretendida eficacia de la presentación al pago, requisito ineludible para considerar incurso en mora al ejecutante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Normandin de Goyheneche, María Nilda y otro c/ Aramburu, Daniel Antonio y otros s/ Daños y perjuicios Vázquez, José Santos c/ Vázquez, María Ester s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29|1994-08-16

La simple invocación de que la sentencia recurrida es absurda o arbitraria o simplemente cuestionando el método valorativo de las probanzas empleado por la cámara (en el caso sana crítica o libres convicciones) es ineficaz para permitir la apertura de la casación a las cuestiones de hecho.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, obligaciones eventuales
Materia: COMERCIAL
Carátula: OBRA  SOCIAL (UOM) s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE REVISION POR AMROBANK NV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

La insinuación de créditos eventuales ante la sindicatura en los términos de la ley 24522 art. 32 y ss., no implica la automática exigibilidad de esas acreencias, pues solo serán exigibles a la concursada, en los términos del acuerdo logrado con sus acreedores, frente a la desaparición de la condición o eventualidad.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Angel William c/ Mascheroni, Roberto O. y otros s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que en el curso ordinario del tránsito pueden presentarse de manera más o manos imprevista. Así, la aparición de la locomotora cuando se transponen vías férreas constituye un hecho que se presenta al menos ocasionalmente y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esa emergencia, máxime cuando conducir es su profesión.
Daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de obrar con prudencia, control post operatorio
Materia: CIVIL
Carátula: R. de S. Cristina Alicia c/ Fernando y otros s/ Responsabilidades Profesionales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-04

La prudencia aconseja al médico adoptar los recaudos máximos posibles, empleando aquellas técnicas más eficaces ante la posibilidad, aunque mínima, de provocar una lesión a su paciente.

Si el profesional interviniente no se percató de la lesión producida, sino 48 hs. más tarde, puede concluirse que no ha obrado adecuada, cuidadosa y diligentemente.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Proceso penal, acción civil, cuestiones de competencia, delitos, indemnización, sentencia penal, economía procesal
Materia: PENAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: A., H. c/ M., C. F. s/ FIJACION MONTO LIQUIDACION     CONFLICTO NEGATIVO DE COMPENTENCIA      EXPTE NRO 493-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-05

La facultad extraordinaria de los Jueces en lo criminal para apreciar con "criterio civilista" el daño irrogado por un ilícito, se funda en la necesidad de concretar un muy importante principio rector de todo proceso, cual es el de la "economía procesal". Pero esta excepción a la distribución de competencia por materia, es decir al criterio de la "especialidad", sólo se justifica si contribuye a la materialización del valor eficacia en el marco de la actuación judidicial.
Recurso de inconstitucionalidad, escribanos públicos, funcionarios públicos, agentes de retención, responsabilidad penal, jueces, facultades del juez
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C, O.E. s/ Malversación de caudales públicos. Recurso de inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 380-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

No resultaron vulneradas garantías constitucionales al afirmarse que debía encuadrarse al encartado -escribano público con registro- dentro de la categoría de funcionario público establecida en el artículo 77 del Código Penal (si bien el tema es tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial susceptible de diversidad de criterios o interpretaciones), desde que en su carácter de agente de retención impositivo mencionado en el artículo 186 del Código Fiscal no había ingresado dinero alguno en tal sentido y por ende, sustrajo caudales cuya percepción y custodia le fuera confiada por la ley fiscal. De tal suerte, al margen del acierto o error en que pudo incurrir el A-quo, éste optó por un criterio exegético que no se advierte pueda ser tildado de inconstitucional ni de haber desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que desde ese punto de vista ofrecía la normativa en cuestión.
Energía eléctrica, convenios colectivos de trabajo, IVA
Materia: RECURSOS NATURALES
Carátula: Empresa  Provincial  de  la  Energía  de  Santa  Fe c/ DirecciónGeneral Impositiva (T.F. 14.663).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

El carácter gratuito de la provisión de energía eléctrica que la actora suministra a sus empleados -en los términos establecidos por el art. 78 de la convención colectiva de trabajo 36/75- no condice con el carácter oneroso requerido por el art. 2°, inc. b de la ley del impuesto al valor agregado, para ser gravada con dicho impuesto.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Llaver, Santiago Felipe y otra en Banco de los Andes s/ incidente  de  pago. incidente de pago. QUIEBRA - INCIDENTE DE PAGO -  CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

No cabe conducir el proceso en términos estrictamente formales con peligro para el valor justicia y la garantía de la defensa.
Prueba, apreciación de la prueba, presunciones, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: VALVERDE AGUILAR, Ramón s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-10

Debe revocarse la sentencia apelada y condenarse a los prevenidos por el delito de hurto, por cuanto, si bien las pruebas reunidas, analizadas aisladamente, podrían aparecer como insuficientes para sustentar una condena, en su conjunto integran un plexo probatorio serio y eficaz.

La certidumbre judicial no se obtendrá sobre la base de cada uno de los indicios considerados individualmente, pues siendo sólo probables se admite la posibilidad de duda acerca de las circunstancias que los originan. Se obtendrá en cambio certidumbre de su conjunto, en cuanto coincidiendo unos sobre otros, eliminen recíprocamente esa posibilidad de duda, de acuerdo con la sana lógica y en medida suficiente para lograr el íntimo convencimiento.

Por ello el codificador ha aceptado en materia probatoria, el principio de sana crítica y no el sistema de pruebas legales.
Daños y perjuicios, contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PEÑA DE MARQUEZ IRAOLA, Jacoba M. c/ ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-20

1- En el contrato de medicina prepaga, el afiliado puede llegar a entender razonablemente que el sistema al que se incorpora esta destinado a socorrerlo, garantizándole toda la atención médica necesaria en el supuesto de enfermarse. Admitido ello, mayor debe ser el auxilio cuanto más grave sea la enfermedad, pues nadie se afilia a estos sistemas por problemas menores sino para cubrir el riesgo de enfermedades serias y de alto costo.- 2- Aceptado que el espíritu del contrato de medicina prepaga es cubrir el riesgo de enfermedades graves y de alto costo es obvio que quien contrata -sobre todo ignorante de los avances científicos- espera ser asistido en un futuro con las mejores técnicas que existan en ese momento y no con las conocidas al tiempo de contratar.- 3- No se puede interpretar de igual manera la compraventa de una cosa mueble que el contrato que tiende a la cobertura de riesgos de salud, pues, cuando está en juego el derecho a la vida o a la salud, teniendo en cuenta la protección que les asigna la Constitución, su influencia en materia contractual es enorme y exige una nueva visión de esos tópicos; no es posible que una cláusula de estos contratos pueda entenderse de forma tal que ponga en peligro los derechos a la vida y a la salud del contratante.- 4- En un contrato de adhesión resulta abusiva la posibilidad de que una de las partes pueda modificar, alterar, o retocar el contrato luego de firmado y de acuerdo a sus conveniencias. De admitirse semejante alternativa en un contrato de medicina prepaga, la inseguridad sería enorme, pues cada paciente estaría "seguro" de contar con cobertura médica hasta el día que contrae una enfermedad que le insume un costo mayor al previsto a la obligada, la que sin ninguna consecuencia modificaría el contrato para no tener que soportar el costo. Esto sólo trae aparejado un enriquecimiento sin causa, que los jueces no pueden convalidar.-Disidencia del Dr. Kiper
Interés superior del niño, Constitución Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

En casos en que concurren relevantes conflictos interpersonales, cabe privilegiar la consideración primordial del interés superior del menor, que está previsto en el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene, dado lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, jerarquía constitucional. Tal paradigma es el que orienta la legislación en materia de menores, y específicamente en la adopción, ha sido consagrado en el art. 321 inc.i del Código Civil. De ahí que frente a un presunto interés del adulto -que en el caso se vería reflejado por la voluntad de la madre expresada en el sentido de oponerse a la declaración del estado de abandono del menor- cabe priorizar el del niño (doctor SORIA, sin disidencia).
Impuestos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marina, Jorge Luis s/ Inconstitucionalidad art. 119, Código Fiscal, ley 10.397
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

El art. 119 del Código Fiscal se inserta en la disciplina tributaria, es decir que constituye una norma de derecho administrativo local que por su especificidad no puede ser desplazada por otras de carácter general como lo son las de Código Civil, destinadas a regir las relaciones entre particulares.
Juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: TUTELAR CIA. FINANCIERA S.A. c/ AGROPECUARIA TRES CACHORROS S.A. y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

Si bien la ley 24.441, con su modificación al art. 598 del Código Procesal, tiene como finalidad acelerar el trámite de la ejecución hipotecaria para hacer efectivo el cobro de las acreencias garantizadas, no puede considerarse imperativa o de orden público, en tanto se tienen en cuenta los intereses de las partes y no, en cambio, intereses públicos, sociales o colectivos.
Defensa, confirmación del acto jurídico, responsabilidad penal, apropiación, sustitución de identidad, dictadura militar, República Argentina, juez de instrucción, suposición del estado civil, Constitución Nacional, secuestro de bienes, debido proceso, proceso penal, extracción de sangre, prueba de ADN, razonabilidad, medios de prueba, derecho a conocer la identidad de origen, prueba pericial, información genética, recién nacido
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Resulta improcedente el agravio que sostiene la ausencia de fundamentos de la orden de allanamiento ordenada por la jueza de instrucción con el fin de secuestrar ciertos elementos del domicilio de quien fue víctima de los delitos de retención y ocultamiento por haber sido sustraída de sus padres al momento de nacer -desaparecidos por la última dictadura militar ocurrida en la República Argentina-, con el fin de obtener muestras idóneas que permitan conocer su verdadera identidad, puesto que se dio cumplimiento cabal al procedimiento penal contemplado para estos casos en el marco del respeto a los presupuestos legítimos establecidos en la Constitución Nacional y la ley procesal, en tanto primero la convocó anoticiándola del proceso, de sus derechos y la medida decidida, luego, y ante su incomparecencia, pero a la vez su manifiesta predisposición, dispuso apersonarse para, en caso de no conseguir el consentimiento que exige la obtención de ADN y no interferir directamente en su cuerpo, proceder al hallazgo de objetos susceptibles de ser peritados para la adquisición probatoria, en atención a las pautas legalmente previstas que consideran el allanamiento, la requisa y el secuestro.
Competencia originaria, Chaco, derecho a la vida, violación de derechos humanos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y Otra (Provincia del Chaco) s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

Al ventilarse un asunto que, como la tutela del derecho a la vida y a la salud, no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público local, la acumulación subjetiva de pretensiones que intenta efectuar el actor contra la Provincia del Chaco y el Estado Nacional es inadmisible, toda vez que ninguna de las partes que conforman el litisconsorcio pasivo resulta aforada en forma autónoma a la instancia extraordinaria, ni existen motivos suficientes para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario, según el art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Falsificación de instrumento público, automotores, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: GONTADE, IGNACIO E. s/ INF. RT. 292 DEL C. P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-27

El Decreto - Ley 6.582/58, que recobró vigencia por el artículo 1 de la ley 23.007, es más específico aún que la segunda parte del artículo 292 del Código Penal, al que no cabe atribuirle una mayor especialidad por la expresa exigencia de un modo que toda falsedad para que ésta sea delito, toda vez que se trata de un injusto de peligro abstracto; debiendo sumarle a ello la menor extensión temporal de la pena prevista en el Decreto Ley 6.582/58 en relación con el segundo párrafo del artículo 292 del Código Penal.
Condena penal, debida fundamentación, recurso de casación, procedencia parcial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Godoy, Pascual Evaristo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Castro en Expte. 158/06 "Godoy Pascual Evaristo s/ Abuso Sexual Simple - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-22

La defensa técnica interpuso recurso de casación contra la sentencia que encontró al imputado autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal y lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva, con fundamento en que el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3 del C.P.P. y arts. 40 y 41 del C.P.).

Nuestro Código Penal no establece pauta ni criterio formal alguno que indique que deba imponerse una pena media entre el máximo y el mínimo, o partirse de ese término, razón por la cual el tribunal de grado puede elegir la sanción que estime más adecuada y justa para el caso concreto. Por ello, siempre la graduación de la pena impuesta debe ir precedida de la debida fundamentación, conforme a las pautas prescriptas en los artículos 40 y 41 del C.P..- En autos, el tribunal de mérito ha ejercido la facultad discrecional apuntada de manera arbitraria, ya que se ha limitado a referir únicamente las circunstancias que considera agravantes para aplicar la pena, sin aludir ni hacer mención si quiera de las atenuantes.

La consideración de las circunstancias favorables no valoradas por el juzgador pone al descubierto la irrazonabilidad de la pena fijada en el decisorio.

Ello es así porque si bien la individualización de la pena impuesta no sale de la escala penal aplicable, la falta de valoración de circunstancias atenuantes evidencia que el Tribunal de mérito ha ejercido la facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria. Sumado a ello, tampoco el juzgador ha especificado expresamente si las pautas consideradas fueron tomadas como atenuantes o agravantes.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa del imputado y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, únicamente en lo que respecta a la individualización de la pena impuesta al mencionado imputado (art.18 C. Nac., 208 C. Prov. y 408 inc. 3 C.P.P.) y modificar el término de tres años y seis meses de prisión efectiva aplicado al acusado en el fallo en crisis, debiéndosele imponer la pena de tres años de prisión efectiva (arts. 5, 40 y 41 del C.P.).
Recurso contencioso administrativo, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MUTAL, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 75 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

Tachas son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar y son de interpretación restrictiva. En el caso, no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable-, siendo a esos fines insuficiente lo aducido por la demandada en sustento de su pedido, el que, por tal motivo, debe rechazarse. Efectivamente, la circunstancia de que la testigo haya declarado que es prima hermana del actor, y que como compañera de trabajo tiene interés en que el actor sea reintegrado, no alcanza para sustentar la tacha, siendo que tales afirmaciones vienen seguida de dichos que son substancialmente coincidentes con los de otros testigos que no fueron objetados, y que la declaración no evidencia contradicción ni una manifiesta parcialidad. Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dicho testimonio.
Contratos, rescisión del contrato, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: BERNALES Rogelio Matias c/ García Gómez, José Antonio s/ Rescisión de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-13

Cuando enseña que la rescisión es una forma de extinción que opera para el futuro y que depende de una causa sobreviniente. en cambio, cuando se habla de resolución es porque la extinción se opera con efecto retroactivo. En este categoría, ubica a la que se produce por el avenimiento de una condición o a la resolución facultativa emergente del pacto comisorio que se funda en el incumplimiento de la otra parte.
Acción de amparo, sociedad cooperativa, competencia desleal
Materia: CIVIL
Carátula: LUGONES GORRITI, DELFIN HUMBERTO c/ COSMEC LTDA. s/ ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-25

En caso de que una cooperativa de provisión de servicios médicos resuelva iniciar sumario a un asociado que se presenta, en sociedad con terceros distintos a la cooperativa, a rivalizar y competir con la cooperativa en una licitación, no se advierte razón para evitar dicho sumario como procedimiento adecuado para el esclarecimiento.

Lo grave e írrito hubiera sido que se emita conclusión sin haber oído al actor, esto es, sin sumario.-
Seguro de vida obligatorio, seguro colectivo, carácter alimentario, buena fe, interpretación del contrato, indemnización, obligaciones del asegurador, endoso, principio de congruencia, derecho de propiedad, derechos y garantías constitucionales, beneficiario del seguro
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: BUZZO, LUIS PEDRO c/ LA BUENOS AIRES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-12

Toda vez que el contrato de seguro de vida colectivo, es de carácter alimentario, donde prima el fin social, el cual exige la ubérrima bona fide de las partes contratantes desde el nacimiento de la contratación hasta su finalización, aun cuando el beneficiario del mismo iniciara demanda por cobro de la indemnización en la extensión asumida por la aseguradora por desconocer -por falta de la debida información que le correspondía proporcionar a esta- la existencia de un endoso que elevaba la suma asegurada, la aseguradora deberá responder igualmente, por esta ultima suma, no pudiendo liberarse de tal obligasen al amparo del principio de congruencia en los términos absolutos que propuso, pues así, no solo se afectaría el derecho de propiedad -de raigambre constitucional- del asegurado, sino también conllevaría a un enriquecimiento ilícito por parte de aquella, quien en todo momento tenía o debía tener pleno conocimiento de la indemnización a que estaba obligada, al haber percibido las primas en relación al citado endoso, que omitió informar a los beneficiarios del seguro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Ballejos, Stella Maris c/ Maluf, Osvaldo y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

La apreciación de la prueba testimonial es facultad privativa del Tribunal del Trabajo.
Concursos, aplicación de la ley, ley derogada, regulación de honorarios, declaración de inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALFAJORES TRASSENS  SACIIF  Y C. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Mas allá que la labor profesional haya sido cumplida con anterioridad a la vigencia de la nueva ley (ley 24522), si las retribuciones correspondientes a las mismas no se encontraban determinadas con carácter firme en esa oportunidad, resulta procedente la aplicación del nuevo régimen normativo, no importando ello aplicación retroactiva de la nueva ley, por lo que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24522: 292.