marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legitimación activa, ejercicio de la acción pública, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BERBARI, GERARDO H. c/ ROMERO, CAROLINA s/ COBRO DE PESOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-05-18

Aunque los litigantes no hayan interpuesto la defensa de falta de legitimación para obrar en juicio, los jueces pueden incluso declararla oficiosamente, puesto que actora y demandado son las personas habilitadas por la ley para asumir dichas calidades respecto de la materia acerca de la cual versa el proceso.

La legitimación, tanto activa como pasiva, supone que la contienda se lleve a cabo entre las personas que discuten las situaciones jurídicas o los derechos sustanciales en el ámbito jurisdiccional y a quienes únicamente la sentencia podrá afectar. La falta de acción no puede suplirse por el mero consentimiento, es necesario que sean coincidentes las personas que actúan en el proceso concreto y determinado con las que están habilitadas por la ley para pretender frente a quienes pueden contradecir.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Raschetti, Ricardo Hugo c/ Somisa s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

No acreditado en autos el sustento fáctico del reclamo, es decir, la relación de causalidad o concausalidad entre las enfermedades incapacitantes que afectan al actor -a cuyo respecto se declaró la prescripción- con el trabajo prestado a las órdenes de la demandada deviene inatendible el agravio que cuestiona la decisión referida a la prescripción de la acción, en tanto se tornaría en un pronunciamiento abstracto impropio de la judicatura.
Prueba testimonial, declaración testimonial, testigo prohibido
Materia: PROCESAL
Carátula: Padle Entre Ríos  S.R.L. c/ Grispo, José Arturo s/ Interdicto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Si la parte actora es un sociedad, no encuadra en el supuesto de los testigos excluidos del art. 427 del Código Procesal el hijo de uno de los socios, sin perjuicio de que al valorar su declaración se tenga en cuenta esa circunstancia.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, contratos de adhesión, pago total, falta de entrega del automotor, cláusulas leoninas, obligaciones del proveedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martin, José Manuel c/ Fiat Auto Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

En ese marco, resulta inadmisible la pretensión de oponer cierta cláusula de la propuesta de compra, en virtud de la cual las partes renuncian a reclamarse recíprocamente daños y perjuicios, pues se trata de una cláusula que desnaturaliza la obligación de la demandada de cumplir el contrato en los términos de la LDC 37-a) y no puede ser admitida. De lo contrario, se estaría consintiendo una limitación a la responsabilidad del proveedor por los daños y una renuncia o restricción a los derechos del accionante en su carácter de consumidor, lo cual resultaría contrario a lo previsto por la ley citada.
Empleo público, concurso de cargos, procedimiento de selección, medidas cautelares, suspensión del concurso, interés público, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura s/ Otros Procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Escaso favor le haría a la justicia de la Ciudad que el Consejo de la Magistratura, órgano de selección, o, peor aún, magistrados o funcionarios de sus actuales tribunales "fomentaran" o simplemente "soportaran" algún tipo de privilegio para sus integrantes en materia concursal.

La consideración del interés público en juego en el caso de los concursos de cargos -no sólo por la importancia que reviste para la comunidad la regular selección de sus magistrados sino también y preponderantemente, por la preservación de la transparencia en el procedimiento- hace necesaria una especial prudencia en la apreciación de los recaudos para dictar medidas que afecten su regularidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojas Mirta Teresa c/ Malchiodi Héctor Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Acaecido el daño derivado del riesgo el dueño o guardián no se libera demostrando que de su parte no hubo culpa, porque ella no interesa a este régimen de responsabilidad.
Competencia, competencia por la persona, demandado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: GENEA ASESORES PUBLICITARIOS  S.A. c/ DICON DIFUSORA CONTEMPORANEA ( T.V.  CANAL 11) s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-25

Es competente la justicia comercial para entender en una causa en que la demandada es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, toda vez que la cuestión a examen se origina en una relación jurídica regida por normas de derecho común, ajena a la competencia del fuero federal, siendo que no se encuentra afectado el patrimonio de la nación.
Proceso judicial, prueba, carga procesal, principios procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-10

Bajo la denominación de cargas probatorias dinámicas se conoce a una nueva doctrina que trató de flexibilizar la rigidez en que habían caído las reglas sobre la carga de la prueba y la consecuente dificultad que la aplicación de las mismas tenía en ciertos casos. Y con más o menos ese nombre es conocida hoy por la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Esta teoría sostiene que, más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentra en mejores condiciones para producirla. Así, pues, esta nueva teoría no desconoce las reglas clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla o perfeccionarla, flexibilizando su aplicación en todos aquellos supuestos en que quien debía probar según la regla tradicional se veía imposibilitado de hacerlo por motivos completamente ajenos a su voluntad.
Competencia, competencia federal, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "SIKICH,  NELLY  Y  OTROS c/ A.N.Se.S. y otro s/ Restitución delhaber".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

La naturaleza de las prestaciones de que se ocupa el Convenio de Transferencia y las obligaciones asumidas por la Nación y la Pcia. de Río Negro, sella la suerte del reclamo de la peticionante (jubilada del sistema previsional de esa provincia que fuera transferido al E.N. por la ley 2.988 el 01.05.96) por el cobro de sumas no remunerativas -fundando la falta de pago en la Res. A.N.SE.S. 607/97-, en cuanto a la jurisdicción federal respecto a la provincia; y con ello la competencia del juez federal para analizar e interpretar una norma local, cuya vigencia e imperatividad se debate entre un particular y la provincia de la cual emana y a la que pertenece. En consecuencia, corresponde declarar incompetente a la justicia federal para dirimir la cuestión suscitada.
Reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Las gestiones administrativas no interrumpen la prescripción, aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda judicial
Recurso contencioso administrativo, incompetencia, Municipalidad, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banchero, Amanda Inés López de c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 698-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

A la luz del principio según el cual "la competencia para dejar sin efecto un acto administrativo corresponde al órgano de quien emanó", puede concluirse que "prima facie" aparece verosímil la ilegitimidad de la medida mediante la cual el Concejo municipal procedió a "derogar" un decreto que había sido dictado por el Intendente en ejercicio de facultades que el mismo órgano deliberativo consideró como propias de aquél. Y sin perjuicio de las facultades que los Concejos municipales pueden en general ejercer sobre la actividad del órgano ejecutivo, es dudoso -lo que justifica el despacho de una medida cautelar-, que tales controles alcancen a la anulación por razones de ilegitimidad.
Aplicación de la ley, defensa del consumidor, excepciones procesales, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Plisga, Diego c/ Sosa, Leandro Agustín y Otro s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

Cabe rechazar la excepción de defecto legal si surge palmario que la demandada no acusa una oscuridad o imprecisión en la demanda, que le impida ejercer su derecho de defensa, sino que su pretensión apunta que se produzca el rechazo de la demanda "anticipado" a través del acogimiento de la excepción opuesta, y si se advierte que los argumentos esgrimidos refieren a la procedencia de la acción, lo que resulta absolutamente ajeno a la excepción de defecto legal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pezzoni, Roberto y otros s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Incurre en absurdo el fallo al afirmar que como en la historia clínica no consta la aplicación de antibióticos, ese dato "demuestra" que no se le prescribieron ni suministraron a la paciente, ya que la supuesta falencia reseñada sólo prueba que dichos datos no fueron consignados, pero de allí no debe derivarse necesariamente la conclusión de la no existencia de cobertura antibiótica, máxime teniendo en cuenta otros elementos de la causa que desvirtúan tal afirmación.
Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, interpretación amplia
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La comparación entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, si bien es útil como pauta interpretativa no podría emplearse nunca para incorporar a la Convención criterios restrictivos que no se desprendan directamente de su texto, por más que estén presentes en cualquier tratado internacional (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Indemnización por despido, daño moral, servicio postal
Materia: LABORAL
Carátula: CORDOBA, CLAUDIO GABRIEL c/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

El sistema reparatorio previsto en el art. 245 de la L.C.T. no resulta abarcativo de otros hechos que se dan en forma concomitante, conexos anteriores, e incluso posteriores pero vinculados con la finalización del vínculo y que deben ser valorados a los fines de determinar si corresponde repararlos en forma autónoma. En el caso, debe atenderse a la conducta del empleador frente a la particular situación de extrema vulnerabilidad del dependiente, y atendiendo a los bienes que deben protegerse, corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien debe estar debidamente protegido frente a conductas de abuso. Los hechos acaecidos resultan violatorios del deber de buena fe y solidaridad, revisten naturaleza contractual y deben ser objeto de una reparación adicional, debido a que su configuración fáctica y la ponderación de sus presupuestos de procedencia se realizan con prescindencia de la continuidad del vínculo y refieren a circunstancias de hecho que nada tienen que ver con las previstas en el art. 245 L.C.T.
Recurso de apelación (procesal), fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: MAMANI EDUARDO Y PERALTA GLADYS SUSANA s/ INSTIGACION AL DELITO DE ESTAFA Y ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-28

Al no mediar agravios concretos, se opera una suerte de vallado que ciñe a este Cuerpo a compartir la absolución obtenida en primera instancia por el procesado, puesto que la condena en segunda instancia, sin que medie recurso interpuesto mantenido por el Ministerio Fiscal contra la sentencia absolutoria de primera instancia, importa resolver sin jurisdicción, afectar la situación alcanzada con el fallo firme de la instancia inferior y comprometer las garantías de la defensa que asegura la Constitución.
Recursos, recurso de apelación (procesal), Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VILLAFAÑE MARIO ROBERTO s/ DAÑO - RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-11-08

El art. 443 2do. párrafo del C.P.P. establece que "El derecho a recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. La titularidad del derecho a recurrir también es de carácter taxativo". Luego, el art. 282 2da. parte del C.P.P. establece "Cuando fuere dictada por el juez de Instrucción la prisión preventiva será apelable por el imputado y su defensor, sin efecto suspensivo", en consecuencia el Ministerio Público Fiscal no tiene legitimación para impugnar la resolución del tipo que nos ocupa (prisión preventiva). Por lo expresado corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto (art. 455 C.P.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, trámites judiciales, escrito recursorio, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE ORDENAR   CUMPLIMENTAR ARTICULO 8 LEY 7055. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1240-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

Acompañar la copia de la notificación de la resolución que se impugna es un requisito de admisibilidad del recurso directo que se encuentra a cargo del recurrente. La hipótesis de excepción contenida en el artículo 357 del Código Procesal Civil y Comercial, como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente, no cumpliéndose el requisito de admisibilidad sino dando cuenta de la falta del actuario que hubiere negado tales copias, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que corresponde que la queja sea desestimada.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZALI, Roberto c/ SCIACALUGA, Mario s/ INCIDENTES-NULIDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-08

La procedencia de la nulidad procesal requiere que el supuesto vicio, defecto u omisión hayan privado a quien los invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía de la defensa en juicio.-
Sociedades comerciales, objeto ilícito, mesa de dinero, tercero de mala fe, acción de nulidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PETTITI ALDO c/ GUSTAVO V, BRACHETTA Y OTRO s/ ORDINARIO  -  SOCIEDADES  -  MESA  DE  DINERO  -  TERCERO  DE MALA FE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-31

Si bien Borda como Salvat, Acuña Anzorena (Derecho Civil Argentino - Fuente de las Obligaciones - Tomo II, pág. 389, Edición 1957), coinciden en que las sociedades constituidas con un objeto ilícito, son nulas; Borda, considera que estas serán anulables si el objeto ilícito resultare de una investigación de hecho. Ambos autores coinciden en que el tercero de mala fe no podrá alegar contra los socios, la existencia de la sociedad si tuviera conocimiento de la ilicitud de la misma y, los socios le podrán oponer la nulidad (art. 1660, segunda parte del C. Civil).

En este caso, el demandado no ha opuesto la nulidad, ya que ha fijado su defensa en la inexistencia del ente societario, ya que la ley le inhibe de hacerlo, dada su calidad de tercero de mala fe, pues conocía el accionar ilícito de la misma.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco General de Negocios  S.A. c/ Las Quinas  S.A. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-10

Se ha reconocido la facultad de renunciar anticipadamente a la interposición del recurso de apelación, encontrando sustancial fundamento tanto en las prescripciones contenidas en el Código Civil (art. 872 y 1881, inc. 3) cuanto en la consideración de que la doble instancia no configura requisito de la garantía constitucional de la defensa en juicio, sin que, en tal caso se vea afectado el orden público. Trátase de una facultad de orden individual y por tanto, de interés privado. De ahí que la posibilidad de renunciarlo se explique con facilidad, máxime si los derechos litigiosos son susceptibles de transacción, la renuncia se circunscribe a un negocio determinado y proviene de una convención entre las partes.

Quien anticipadamente se ha manifestado en tal sentido, carece de interés para accionar en la instancia superior.
Juicio ejecutivo, moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Demetrio Juan c/ Perello Alicia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-29

El accionante por un título de crédito en moneda extranjera no está obligado a demandar en moneda de curso legal, pero sí "puede" hacerlo si ejercita la referida opción. Interpretación compatible con los nuevos textos legales (art. 617 del C.Civil, reformado por ley 23928 y art. 518 del CPC, reformado por ley 11.593). (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, responsabilidad civil, recurso de casación
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRADA NELIDA VIRGINIA c/ BARRIONUEVO JORGE Y/U OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-07

La a quo tuvo ante sí un claro panorama de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, pero no las apreció como correspondía para imputar culpa a la víctima en los términos del art. 512 del C.

Civil y de esa errónea interpretación legal se queja el recurrente.

El carácter objetivo de la responsabilidad civil si bien no elimina el análisis del comportamiento de los sujetos que participan en un accidente o infortunio, si señala que su conducta debe ser posterior a la individualización del objeto dañsoso. Si la hipótesis es la del subexámen (actividad altamente riesgosa) luego de la localización del elemento dañoso debe imputarse a un sujeto el deber de reparar con prescindencia de su obrar, aunque con posterioridad se valore el de la víctima, de un tercero o del propio imputado. La cuestión se centra en la causalidad física. La transgresión resulta de constatarse el daño debido a la introducción de un objeto en la sociedad -aunque se trate de una actividad lícita-, con virtualidad para producirlo, circunstancia que es la reprochable en tanto contraria el deber general de no dañar.-
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martín, Luis Osvaldo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Si el "a quo" reconoce que la cuestión planteada obedece a un error del propio juzgado, y no advirtiéndose de las actuaciones cumplidas que haya mediado una controversia o conflicto de intereses en sentido estricto, cabe distribuir por su orden las costas por la revocatoria resuelta (arts. 68, 69 del código procesal y su doct.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reincidencia, régimen penitenciario, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Gola, Adan s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-02-03

Corresponde declarar reincidente, en función de los prescripto por el art. 50 del C.P., a quien, contando con algo más de dos años de detención, agredió físicamente con un elemento corto punzante a otro interno quién sufrió diversas lesiones que obligaron trasladarlo al hospital para su curación, ello aún si el agresor no contó con el tratamiento penitenciario previsto en la ley 24.660
Tarjeta de crédito, preparación de la vía ejecutiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tarjeta Platino S.A. c/ Paz, Verónica Noemí s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-09-16

El emisor de una tarjeta de crédito debe, a fin de habilitar la vía ejecutiva para cobrar saldos adeudados por operaciones con tarjeta de crédito, preparar dicha vía -art. 39 de la Ley Nacional 25.065- presentando para su reconocimiento judicial el contrato de emisión instrumentado en legal forma, el resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales, una declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida previa a la mora de parte del titular o del adicional por extravío o sustracción, así como una declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido respecto de la liquidación, previo a la mora de parte del titular, con lo que queda integrado el título ejecutivo -arts. 500 y ccs. del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán-.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, accionar policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiñones, Francisco H. y Ot. c/ Lacio, Horacio y Ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-08-21

Condena al Estado Provincial a indemnizar a los actores por los daños y perjuicios derivados del homicidio de su hijo cometido por un agente policial, y rechaza la excepción de prescripción, pues el plazo previsto en el art. 4037 del Código Civil no pudo operar desde el día del hecho, sino que recién con la sentencia dictada en la causa penal se elucidaron definitivamente autorías y responsabilidades, despejándose así la posibilidad jurídica de demandar a la ahora parte recurrente.