Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-21


En la ciudad de Trelew, a los 21 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"A., I. C. B. c/ A., V. P. y/o q. rte. resp. LEGITIMOS SUCESORES DE A. V. P. s/ COBRO DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. N° 20.995 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 234.

A LA PRIMERA CUESTIÓN: El Dr. de la Fuente dijo:- I.- Llegan a este tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto a fs. 225 por la parte demandada, concedido a fs. 226, contra la sentencia definitiva dictada a fs. 214/219, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por la actora, Sra. I C B A, contra V P A, hoy sus sucesores P V A, F A, J A y B A, condenando a los demandados a abonar a la demandante, dentro del plazo de diez días, la suma de pesos un mil setecientos once con sesenta y seis centavos ($ 1.711,66), con más los intereses calculados, imponiendo las costas en un 25% a los demandados y en 75% a la actora.- II.- Tres son los agravios vertidos por la quejosa: 1) por que se tiene por acreditada la relación laboral en relación de dependencia conforme al artículo 1ro. del Decreto 326/56, haciendo lugar a la demanda en $ 1.711,66; 2) por que condena al pago de una sanción conminatoria por aplicación del artículo 132 bis de la L.C.T. ; 3) por que impone costas a la parte demandada.- En el orden indicado referiré la relación de cada uno de ellos:

II.a) Con respecto al primer agravio, dice que la sentencia concluye su Segundo Considerando teniendo por acreditada la relación laboral de dependencia, como resultado de los testimonios vertidos en la causa, que el mismo juez tilda de contradictorios.

Se refiere luego a tres de los testimonios producidos, afirmando que resulta una probanza relativa, no satisfaciendo la eficacia que debe reunir la prueba, ello por cuanto uno de los testigos (M), no tuvo un conocimiento directo de los hechos, sino que lo sabe por cuanto se lo habría manifestado una de las codemandadas.

Cuestiona luego las declaraciones testimoniales de L y C. El primero por que solamente puede dar fe de un día a la semana que concurría a la casa de la accionada, coincidiendo con el día en que también lo hacía la actora. Y el segundo, por cuanto si bien sería el único testigo decisivo, debe enmarcarse en la propia relación que tenía con la demandada A, y en las invocadas deudas de esta última hacia el testigo, lo que relativiza el testimonio.

II.b) Como ya expresara, el segundo agravio está dirigido a impugnar la sanción conminatoria que aplica el fallo en crisis, fundada en el artículo 132 bis de la L.C.T., conforme la incorporación operada por la Ley. 25.345.

Asevera que la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 2do., inc. b), excluye expresamente del ámbito de aplicación de la ley a los trabajadores del servicio doméstico.

Manifiesta que la misma sentencia tuvo en cuenta tal circunstancia, cuando rechaza el planteo de la actora en cuanto a su pretensión de reclamo del certificado de aporte y ceses de servicios que prevé el artículo 80 de la Ley 20.744, configurando ello una contradicción con la aplicación del artículo 132 bis señalado.- Expresa luego que el mentado artículo 132 bis prevé una sanción conminatoria para el caso de los empleadores que hubieran retenido aportes al trabajador y no los hubieran ingresado a los organismos a los que estuvieran destinados. - Pero, sostiene, ello no se da en el presente caso pues ha quedado demostrado que no se efectuaron aportes ni contribuciones ni se registró la relación en el convencimiento de la demandada que se estaba en presencia de una actividad excluida de la aplicación del Decreto Nro. 326/56.- Y al no haber existido retención, tampoco puede aplicarse la multa, respaldando su postura con jurisprudencia que cita y doy por reproducida.

II.c) Finalmente, dice que en virtud de los agravios previamente vertidos resulta agraviada su parte en cuanto a la imposición de costas.

Solicita se revoque la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios.- III.- Ingresaré, pues, a la dilucidación de las cuestiones traídas a consideración de esta instancia..- III.a) Como se viene de decir, se agravia la apelante en razón que la sentencia atacada tuvo por acreditada la relación laboral de dependencia en el marco del artículo 1ro. del Decreto 326/56.

Para fundar su queja impugna especialmente la valoración judicial de las pruebas testimoniales producidas en la causa.- Con referencia a este agravio puntual cabe señalar que, en general, los argumentos esgrimidos para su fundamentación, son mismos los que ya fueran sostenidos en su escrito de alegato obrante a fs. 120/125.

En efecto, en dicho libelo la parte demandada cuestiona los testimonios de los declarantes, y que en mayor o menor medida reitera en su embate impugnaticio en esta Alzada.

Es decir que el juzgador de grado anterior tuvo a la mano las defensas que la demandada desplegó en apoyo de su posición, como así también la opinión que a la quejosa le merecieran las declaraciones de los testigos, y en el decisorio en crisis el Sr. Juez a- quo realiza una evaluación pormenorizada de las mismas, a fin de dar por acreditada la relación de dependencia de la actora con la parte accionada, y conforme surge del considerando Primero de la sentencia atacada.- Por ello, entiendo que lo que el apelante plantea es una mera discrepancia con el criterio empleado por el fallo para resolver este tema, pero no rebate de manera puntual, concreta y razonadamente, y conforme las previsiones del código adjetivo, la cuestión dirimente, insistiendo sobre las mismas apreciaciones ya formuladas en la instancia precedente, pero sin aportar nuevos fundamentos que permitan un enfoque diferente al adoptado por la resolución judicial recurrida.

Y en este sentido, ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en sentencias de esta misma sala, manifestando que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso ( conf. De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, t.1, p. 335 y sgts.).

Y también hemos dicho que, no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones personales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, lo que autoriza a decretar la deserción del recurso sin otras consideraciones (idem, CNCiv., sala F, ED, t.91, p. 453).- En consecuencia, corresponde declarar desierta esta porción del recurso por insuficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del CPCC). - II.b) En el siguiente agravio impugna la decisión judicial que le impone una sanción conminatoria por la supuesta aplicación del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, de acuerdo a la incorporación operada por la Ley 23.345.

Aquí he de coincidir en que le asiste razón al apelante.

Y ello así, por cuanto resulta del todo cierto que el artículo 2º, inc. b), de la Ley 20.744, que regula el régimen del contrato de trabajo, excluye de manera expresa de su ámbito de aplicación a los trabajadores del servicio doméstico.

El régimen que les resulta aplicable es el establecido en el Decreto 326/56, y el personal en él comprendido se rige por el convenio de las partes y las disposiciones del Código Civil.

Autorizada doctrina ha dicho que no benefician a estos trabajadores otras leyes generales o las relativas a accidentes de trabajo. La idea es que laboran en la vida doméstica sin importar un lucro o beneficio económico para el empleador (conf. Altamira Gigena y Otros, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Astrea, año 1981, t.1, p. 61 y sgts; idem, Sardegna, Miguel A., "Ley de Contrato de Trabajo y sus Reformas", Ed.Universidad, año 1999, p. 38 y sgts.).

No obstante ello, cabe señalar que tal como lo indica la sentencia apelada, la Ley 25.239, en su artículo 21, estableció un régimen especial de seguridad social para trabajadores domésticos.- Pero debe advertirse que la Ley 25.345, invocada en la sentencia como fundamento de la aplicación de la sanción conminatoria a la parte demandada, cuando en el Capítulo VIII establece las disposiciones relativas a normas referidas a las relaciones laborales y el empleo no registrado (artículos 43 a 48), en el grupo de las normas legales a las cuales deben agregarse sus disposiciones, si bien incluye a la Ley 20.744, las que se añadirán como artículo 132 bis, no contempla como pasible de aplicación de su articulado a la Ley 25.239.- Por ende, si por explícita disposición la L.C.T., el trabajador doméstico se encuentra expresamente excluido de la aplicación de sus normas, y si la Ley 25.345 no contiene entre sus supuestos de aplicación a la Ley 25.239, a mi leal saber y entender la sanción conminatoria, respaldada en el tutelaje del artículo 132 bis de la Ley 20.744, deviene improcedente.- Y ello así, por cuanto debe entenderse que la aplicación del derecho supone la formulación individualizada de la norma para un caso concreto. Cuando dicha individualización se realiza en forma incorrecta, se infiere que la norma así aplicada pierde eficacia en cuanto a los efectos jurídicos que pretende alcanzar el operador judicial que la invoca.

Por tal razón, corresponde hacer lugar al agravio vertido por el quejoso y revocar la sentencia venida en apelación dejando sin efecto la multa de doscientos sesenta pesos ($ 260,00) impuesta a la parte demandada y establecida en el Punto II del fallo recurrido.- II.c) En el tercer agravio, la queja se endereza a cuestionar la imposición de costas que recae sobre su parte.

Así, en el fallo en crisis dictado en la instancia precedente, las costas se distribuyeron en un 25% a cargo de los demandados y en un 75% a cargo de la actora.- Teniendo en cuenta que la quejosa no exhibe fundamento alguno a los efectos de sustentar la crítica razonada y concreta que exige el rito, a los fines respaldar su agravio sobre este tema puntual, entiendo que no corresponde ingresar a su tratamiento por falta de argumentación que lo convalide. Por tal motivo propicio declarar la deserción de esta porción del recurso, por insuficiencia técnica de su expresión de agravios (art. 265 y 266 del CPCC).- II.d) En consecuencia, propicio al Acuerdo la revocación parcial de la sentencia recurrida, dejando sin efecto la multa de pesos doscientos sesenta ($ 260,00) impuesta a la parte demandada por aplicación del artículo 132 bis de L.C.T. y determinada en el Punto II del resolutorio en crisis, confirmándolo en las demás cuestiones que fueran materia de agravio.

Considerando que conforme el resultado alcanzado con la modificación propuesta al fallo apelado, no altera las calidades de vencedor y vencido imputadas en la instancia precedente, y que los honorarios allí regulados lo fueron en guarismos porcentuales, no es preciso llevar a cabo las adecuaciones previstas por el artículo 279 del rito.- En cuanto a las costas de Alzada, tomando en consideración los agravios que se rechazan y los que prosperan, entiendo prudente imponer los honorarios de Alzada en un 60% a cargo de la demandada y en un 40% a cargo de la actora, atendiendo al hecho que se visualiza sin dificultad la existencia de vencimientos parciales y mutuos, conforme los lineamientos dados por el artículo 71 del código adjetivo.- Por tal razón, y en virtud de la calidad, extensión y eficacia de sus trabajos profesionales, se regularán los honorarios del Dr. R O F, patrocinante de la parte demandada, por sus labores en esta Alzada en un 3,36% de la suma equivalente al monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, y de acuerdo a los estipulado por los artículos 6,7,14 y 47 de la ley arancelaria, con más el IVA pertinente.- Finalizo mi intervención y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 220), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 209/219 vta.), por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda por cobro de haberes e indemnización de ley promovido por la Sra. I C B A contra la Sra. V P A -hoy sus sucesores P V A, F A, J A y B A-, condenando a estos últimos a que en el plazo que fija abonen a la actora la suma de $ 1.711,66, con más la multa mensual de $ 260, en los términos establecidos en el considerando segundo, último párrafo, y con más sus intereses a calcular en el modo indicado en el considerando tercero. Asimismo, impone las costas en un 25% a los demandados y en el 75% restante a la actora.- El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, se encuentra incorporado a fs. 224/226 vta..- I.- Los motivos de agravios fueron reseñados suficientemente por el Sr. Magistrado que me precede en la votación por lo que a ella me atendré a efectos de evitar estériles repeticiones.- No obstante al solo efecto de servir de guía del análisis a emprender puntualizaré los aspectos sobre los cuales centran los cuestionamiento formulados al fallo, a saber: 1) existencia de una relación de naturaleza laboral: 2) imposición de una sanción conminatoria por aplicación al art. 132 bis de la L.C.T.; y, 3) imposición de costas.- II.- Siguiendo el mismo orden en el que fueron planteados los agravios ingresaré al análisis de los antes enumerados y nominados.- 1) Existencia de una relación de naturaleza laboral: Se queja la parte demandada recurrente en cuanto el fallo tuvo por acreditado la relación laboral conforme al art. 1ro. del Dcto. Ley 326/56, aseverando con remisión a lo dicho en los alegatos y luego de un repaso de las declaraciones de los testigos M y L (relativizando el primero por ser de referencia y al segundo porque se redujo a lo visto por él un solo día por semana), que el testimonio del Sr. C sería el único testigo decisivo a favor de la pretensión de la actora, empero le otorga escaso valor convictivo por la relación que, asegura, tenía con la demandada A y las deudas que ésta tenía a su respecto.- El juzgador valoró la prueba testimonial rendida en autos señalando puntualmente que "....De lo reseñado, se puede observar que los testimonios son contradictorios, mas solamente dos testigos (V y S) ratifican lo alegado por la demandada en cuanto a que A laboraba tres o cuatro días a la semana en un horario de tres horas diarias, mientras los demás testimonios dan cuenta de que trabajaba toda la semana o en horario extendido, con excepción de la testigo B quien no puede brindar detalles al respecto..."(sic)(fs. 211).

A partir de tal valoración concluyó que correspondía encuadrar la relación habida motivo del presente pleito en el Dcto. Ley 326/56, categorizandola como de naturaleza laboral dependiente.

De la comparación del mérito probatorio efectuado por el Sr. Juez a quo y el argumento impugnaticio ensayado, diré en primer lugar que la remisión a lo manifestado en los alegatos de por sí invalidad toda posible consideración que se pretenda sobre el valor probatorio de los elementos sojuzgados.

Ello así, por cuanto se ha dicho hasta el hartazgo que no resulta eficaz la expresión de agravios que se limita a consignar una mera disconformidad con lo resuelto por el sentenciador, pero sin concretar, ni siquiera aproximadamente, cuáles son los motivos por los cuales se considera el fallo erróneo o contrario a derecho.

Y tal déficit se ofrece si solo se exterioriza generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuáles son los hechos y circunstancias acreditadas en el proceso con virtualidad suficiente para destruir el argumento desarrollado por el juzgador pudieran hacer variar el veredicto cuestionado.

Útil es destacar que el Sr. Juez a quo se limitó a constatar de la prueba por él valorada que concurrió en el supuesto tanto la condición vinculada a la extensión horaria diaria de prestación de servicios como de la cantidad mínima de días a la semana, requisitos que constituían los presupuestos de hecho de la norma de aplicación al caso (Art. 377 del C.P.C.C. y art. 1ro. del Dcto. Ley 326/56).

No abunda señalar también que en el mismo marco hermenéutico expuesto, el recurrir a la alzada no es una vía que proporcione un nuevo examen integral de la cuestión, sino que se persigue el control del fallo apelado en cuanto a los hechos y al aspecto jurídico de los asuntos en él decididos, por lo que la remisión a escritos anteriores no constituye la forma exigida para satisfacer las exigencias del art. 265 del C.P.C.C..

En tal sentido remitirse a lo dicho en el alegato (fs. 120/125) torna en ineficaz el pretendido sustento del recurso desde que tales alegatos de bien probado -bien o mal- fueron ya juzgados. Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juzgador para lo cual no es lo mismo subrayar la prueba producida indicando parcializadamente algunos testimonios tildándolos de relativo valor convictivo y sin atender mínimamente la valoración efectuada en la sentencia, en la cual se realizó una reseña completa de los testimonios prestados en autos.

Hecho de tal manera el ataque ensayado resulta insuficiente para habilitar siquiera ingresar al ejercicio de la facultad revisora de esta Alzada, toda vez que de tal modo se remite a proyectar una suerte de discrepancia de criterio o simplemente una disconformidad con lo decidido que impone concluir del modo adelantado precedentemente.

En síntesis, entonces, propondré al acuerdo se tenga parcialmente desierto el recurso respecto al tópico por carecer el presente agravio de suficiencia técnica que le de andamiento (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).- 2) Imposición de sanción conminatoria por aplicación del art. 132 bis de la L.C.T.: El juzgador expresó respecto al punto que ante la violación del régimen previsional de la ley 25.239, corresponde la consecuenta condena al pago de la sanción conminatoria del art. 43 de la ley 25.345, lo cual lo deriva a decir que "...en este caso procede la aplicación del art. 132 bis de la L.C.T. (incorporado por el art. 43 de la Ley 25.345)..."(sic)(fs. 213).

Ante ello básicamente se pone en el tapete que un régimen no puede ser de aplicación en un caso y, a su vez, excluido en otros supuestos.- En tales términos encuentro razón al argumento impugnaticio toda vez que solo atenidos a la lectura de la ley 25.345 (denominada "Prevención de la evasión fiscal"), es evidente que la agregación que se dispone por artículo 43 de dicha norma, lo es respecto al art. 132 bis de la L.C.T. que prevé lo relativo a la omisión de efectivizar los aportes en los organismos de la seguridad social de la patronal de los dependientes regidos por la Ley 20.744.- Así, determinado que fue que la actora se encuentra comprendida en el régimen del servicio doméstico legislado por el Dcto. Ley 326/56, será de aplicación, a su vez, al contrato de marras exclusivamente el régimen especial de seguridad social para los empleados del servicio doméstico (Art. 21 de la Ley 25.239 -D.T., 2000-A-139-; Dcto. regl. 485/00, B.O. 20/06/00).

Es fácil de inducir de la lectura del citado art. 43 de la ley 25.345, que ninguna referencia se efectúa en relación al citado régimen especial de seguridad social aplicable a los trabajadores domésticos, remitiéndose a incorporar el texto que se agrega al art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.- Esto es, en resumen, cabe concluir, del mismo modo, que se encuentra alcanzado dicho párrafo, que se incorporara a la norma citada, en la exclusión prevista para el caso por el art. 2, inc. "b" de la L.C.T..

De lo dicho, compartiré la propuesta de dirimisión efectuada respecto al tópico por el Sr. Magistrado que me precede en la votación, propiciando por ende la revocación parcial del fallo venido en apelación en cuanto impone la multa mensual de $ 260 y sus accesorios respectivos. Así lo voto.

3) Imposición de costas: Ningún argumento impugnaticio se explicita para sustentar la modificación de la imposición de las costas, toda vez que se alude para obtener tal resultado únicamente a que " ...en virtud de los agravios previamente vertidos resulta en consecuencia agraviada esta parte en cuanto a la imposición de costas..."(sic)(fs. 226).

De allí que no contando con crítica alguna que le dé contenido al agravio ensayado no puedo más que proponer al acuerdo se lo tenga por desierto parcialmente al recurso en este particular aspecto de queja.- III.- Conclusión:

Por las razones expuestas propondré la revocación parcial del fallo apelado en cuanto impone la multa mensual de $ 260 por aplicación del art. 132 bis de la L.C.T. en el punto II de su parte resolutiva; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.- Desde que la disminución que implica lo decidido en el monto de condena no altera las mutuas calidades de vencedor y vencido que atribuyera porcentualmente a las partes el juzgador en la anterior instancia, mientras que los honorarios allí regulados lo fueron en alícuotas que se ajustarán automáticamente al nuevo importe de condena, no será menester practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 de la L.C.T.- Desestimados dos de los tres agravios vertidos por la parte demandada, prosperando solo el relativo a la multa ya referida que se deja sin efecto, se delinea en esta Segunda Instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas, imponiéndolas en un 60% a la parte demandada y en el 40% restante a la parte actora, guarismos que, a mi entender, se corresponden con las porciones de éxito y fracaso obtenido por los litigantes (Art. 71 del C.P.C.C.).

Los honorarios del Dr. R O. F, letrado patrocinante de la parte demandada, por sus tareas de Alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en la suma equivalente al 3,36%, del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 14, 19, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación, dejando sin efecto la multa de pesos doscientos sesenta ($ 260,00) impuesta a la parte demandada en el Punto II del fallo recurrido. 2) IMPONER las costas de Alzada en 60% a cargo de la parte demandada y en un 40% a cargo de la actora. 3) REGULAR los honorarios del Dr. R O F, patrocinante de la accionada, en un 3,36% de la suma equivalente del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se añadirá el IVA correspondiente.

ASÍ LO VOTO.- A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De la Fuente por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.- ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: - Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación, dejando sin efecto la multa de pesos doscientos sesenta ($ 260,00) impuesta a la parte demandada en el Punto II del fallo recurrido;

IMPONER las costas de Alzada en 60% a cargo de la parte demandada y en un 40% a cargo de la actora;

REGULAR los honorarios del Dr. R O F, patrocinante de la accionada, en un 3,36% de la suma equivalente del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se añadirá el IVA correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 11 DE 2006 - SDL.- Conste.-