marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. c/ AREMASCH  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-22

No obstante que la hipótesis de crédito presumido queda regida por la norma del art. 58, 2 párr. última parte, de la ley de contrato de seguro, que hace correr la prescripción desde que el asegurador intima el pago, la iniciación de dicho curso no puede quedar indefinidamente diferida, a voluntad del asegurador, con lo que su acción se tornaría poco menos que imprescriptible.

Tal interpretación estaría en pugna con el tradicional criterio que preside la materia mercantil en general, tendiente a la expeditiva liquidación de los negocios, operaciones y contrato sometidos a la ley comercial; y en particular, con el corto plazo que respecto del asegurado fija la ley en correlación con lo presumido por el art. 17 y con lo dispuesto por el art. 31, 2 párr.

del mismo ordenamiento. La presunción abierta por el art. 30, no puede desentenderse de su necesaria correlación con las normas que respecto de la cobranza de las primas ha establecido la autoridad de aplicación.

El crédito para el pago de la prestación del asegurado, es una modalidad contractual reglada heterónomamente.

Los plazos y cuotas no son, por ende, materia libremente disponible por las partes y quedan fuera del marco de la autonomía privada, en tanto no pueden exceder los reglados para cada especie por la superintendencia de seguros. Es así, en consecuencia, que no pudiendo diferirse el vencimiento más allá de los plazos máximos establecidos por la pertinente reglamentación, tampoco es admisible que la aseguradora pretende postergar el inicio del plazo de prescripción más allá de los mismos.
Prescripción, aplicación de la ley, código civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Toda vez que ni la provincia demandada ni el superior tribunal de la causa han dado razones que justifiquen dejar de lado el criterio de la Corte según el cual el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional impide a las provincias apartarse de los plazos de prescripción fijados por el Congreso de la Nación, ni han demostrado claramente el error e inconveniencia de la referida doctrina, su aplicación al caso resulta insoslayable (Voto del juez Rosenkrantz).
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barcala Abel Joaquín c/ Malacalza José s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

Tratándose de un accidente de tránsito, el demandado para liberarse totalmente de responsabilidad no sólo debe probar, en el caso, que el actor víctima ha concurrido con su propia conducta a la causación del daño, sino que ésta ha sido de tal índole que tornó inevitable el accidente, o sea que no hubiera podido evitarlo aún obrando con el "máximo de atención y prudencia" (art.64 Ley 5800) más cuando las circunstancias y disposiciones del lugar imponían extremar las precauciones (art.86, ley citada).
Medidas cautelares, tratamiento médico, médico oftalmólogo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vercelli Pablo Ezequiel c/ Medicus SA s/ incidente de apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

Empero, no significa cohonestar la cobertura del 100% dispuesta por el a quo. El PMO prevé expresamente cuáles son los medicamentos que deben ser provistos con ese alcance, cómo así también los supuestos en que corresponde otra cobertura. Para la diabetes, las previsiones oscilan entre el 100% -insulina sobre todo- o el 70%; en materia oftalmológica, en cambio, la cobertura es del 40% para la mayoría de los supuestos. Con las dificultades que presenta el examen de esas regulaciones -sobre todo sin asistencia de un experto-, parecería que la situación del actor debe encuadrarse en el supuesto del art. 7.1, del anexo I, de la resolución MS n° 201/02 -y sus modificatorias-. Esa norma prevé una cobertura del 70% en caso de "patologías crónicas prevalentes", que impresiona adecuado para el caso de autos (conf. art. 204 del Código de rito).
Relación de dependencia, despido, falta de preaviso, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez, Antonio c/ Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.) s/ Nulidad de Suspensión y Cesantía, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-13

No prospera el agravio de la demandada, en cuanto se ha condenado al pago de indemnización por falta de preaviso. Ello así, ya que si la extinción del contrato de trabajo dispuesto por el empleador, se produce sin preaviso, y en fecha que no coincide con el último día del mes conforme la indemnización sustitutiva debida al trabajador, se integrar con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que el despido se produjera (conf. art.233 Ley Contrato de Trabajo). La norma comentada recepta la elaboración jurisprudencial y tiene por finalidad restablecer el equilibrio entre las partes, alterado por el incumplimiento contractual de quien no cumple con el deber de preavisar.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FALCONIER, MARIA BELEN Y OTROS c/ FALCONIER, OSVALDO ENRIQUE Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-24

El artículo 166 inciso 1) último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha receptado el principio jurídico según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio. Tal principio se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquella busca amparar, más que el texto formal del fallo,la solución real prevista en él. Que, al respecto, esta Corte ha precisado que si los jueces, al descubrir un error de esa naturaleza no lo modificasen,incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Roviralta,  Huberto c/ Editorial  Tres  Puntos  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

El derecho a la intimidad constituye un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, un derecho a mantener ciertas circunstancias al abrigo del conocimiento público, a resguardar un espacio de la curiosidad ajena. Se trata, en fin, de un poder jurídico sobre la propia información que autoriza a imponer a los terceros la propia voluntad de no dar a conocer esa información o prohibir su difusión (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Falsedad ideológica, dolo eventual, responsabilidad del escribano, falsificación de instrumento público, fotocopia, documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: GEORGIADIS, María. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-11

Corresponde procesar por una posible falsedad ideológica con dolo eventual (art. 293, C.P.) a la escribana, que sin conocimiento de una de las partes celebrantes, realizó el acto escritural conformándose con la mera presentación de un triplicado del documento de identidad de esa parte, que contenía una foto borrosa pegada encima de la firma del interesado, lo cual supone que la profesional se representó la posibilidad de que se insertara una falsedad y sin embargo no realizó todas las medidas que tenía a su alcance para adquirir la certidumbre que le exigía la ley (arts. 1.001 y 1.002, C.C.).
Acumulación de acciones, litisconsorcio facultativo, rebeldía del empleador
Materia: PROCESAL
Carátula: Gilligan,  Guillermo  Luis c/ MATER  DEI  SOC.  CIVIL  y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

Frente a un supuesto de litisconsorcio voluntario, las consecuencias de la situación procesal en que se encuentra incursa la empleadora del actor no se extienden a la codemandada, quien contestó demanda, y cuya eventual responsabilidad no resulta de los hechos alcanzados por la presunción de veracidad que la mencionada situación acarrea, sino de la pertinencia del art. 30 L.C.T. en el contexto de su relación con la demandada principal y, en su caso, del cumplimiento o incumplimiento de las cargas que, en el mismo contexto, esa norma le impone.

(En el caso, la empresa Cumelt S.A., explotaba servicios de medicina nuclear dentro del sanatorio Mater Dei S.C., y mantuvo con el actor, médico, una relación de trabajo. La primera quedó en rebeldía en los términos del art. 71 de la L.O.).
Cargos gremiales, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, VICTORIANO c/ VINIPLAST  S.A.C.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Si se declaró la nulidad del acto eleccionario por el cual el actor fue consagrado delegado gremial, y éste no presentó recurso alguno con posterioridad a tener conocimiento de tal resolución, la misma se encontraba firme y el trabajador no podía invocar la tutela gremial, aún cuando la empresa no le hubiera comunicado la nulidad en cuestión antes de la rescisión del vínculo. No puede existir derecho a la estabilidad cuando, como en este caso, no se habían respetado las normas legales y reglamentarias vigentes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Manuel, Juan Carlos; Murggia, Juan José s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Es insuficiente el agravio en el que el recurrente se limita a exponer su propio criterio sobre cómo debió valorarse la prueba.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción reivindicatoria, frutos, posesión de mala fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorosito de Tomas, Petrona c/ De Negri, Rosario y ots. s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Es inadmisible considerar como fruto de la tierra la ganancia obtenida en la explotación de animales, cuando existe en autos la certidumbre que, inmediatamente antes de la ocupación de los demandados, el inmueble había sido dado en arrendamiento. No parece adecuado a la equidad que el poseedor aún el de mala fe- , deba devolver al reivindicante, el valor de producidos que no ha generado la tierra sino sus recursos personales puestos en una actividad que al parecer, según los antecedentes reseñados, tampoco habrían emprendido sus propietarios. Entenderlo de otro modo podría llevar a consagrar una situación de enriquecimiento injustificado y causante de un enorme perjuicio.
Quiebra, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA MARTONA  S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

No empece al beneficio de la LC 150 que el inmueble forme parte de un "country club", nada dice el citado dispositivo en torno a la continuidad de la residencia, o a su condición urbana o no recreativa. Por lo demás es actualmente comprobable un creciente desplazamiento de la población de determinado segmento social hacia viviendas asentadas en organizaciones similares como morada permanente y única.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., E.B. c/ W., J.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El cónyuge inocente que pretenda la prestación alimentaria contemplada en los artículos 207 y 217 del código civil, sólo debe acreditar el perjuicio material que le ocasiona el divorcio en orden al empobrecimiento en sus condiciones económicas de vida, a causa de la desaparición anticipada de los deberes alimentarios; deberá entonces el reclamante -aún cuando sea en forma aproximada- acreditar el nivel de vida desarrollado durante el matrimonio y los roles que ambos desempeñaban durante la convivencia, como las posibilidades económicas del alimentante; sin perjuicio, claro está, que el demandado tenga la carga de acreditar el aporte dinerario que durante el matrimonio hacía la actora para contribuir a ese nivel económico y su favorable situación de ingresos, capaces de incidir ambas cuestiones en la fijación de un monto inferior al pretendido.
Régimen de consolidación de deudas, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguilar Benítez, Mario Alfredo y Otros c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La ley 23.982, de orden público (art. 16), dispone la consolidación en el Estado Nacional (incluidas las Fuerzas Armadas, conf. art.

2º), de las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1º de abril de 1991 y establece el procedimiento para el cobro de los créditos pertinentes.
Tutela sindical, condiciones de trabajo, prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: P.Ch. c/ L., M.N. s/ Acción Declarativa -Ley 23551-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-07

Le basta al trabajador protegido la prueba del cambio en las condiciones de trabajo preexistente, sin que el empleador haya recurrido al procedimiento de exclusión de tutela para que la acción de restablecimiento de las condiciones alteradas sea procedente. No es exigible la prueba de la finalidad antisindical porque ella es presumida por la ley toda vez que se verifica un cambio arbitrario en las condiciones contractuales.
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SAMPO, José E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-11

El derecho reprime acciones u omisiones, cuya comprobación permite el reproche, debido a que, pudiendo evitarlas, el sujeto no lo hizo, apartándose de los mandatos legales. En el caso de lasacciones imprudentes, el sujeto ha realizado un acto voluntario, que es desvalorado porque al proceder de ese modo violó una norma. La acción que constituye el injusto, con estas características, es la que determina el hecho .

Sin la indicación específica de la violación al deber objetivo de cuidado y la incidencia directa de ésta en el resultado, no puede hablarse de hecho culposo o imprudente y tampoco, de la posible comisión de un delito.

Si en el acto de la indagatoria el imputado no tuvo la posibilidad de conocer detalladamente y contradecir el hecho que se le atribuye, debido a la deficiente descripción a la que se hizo referencia, se ha vulnerado la garantía de la defensa en juicio, pues para que sea efectiva, debe contarse con una adecuada exposición del suceso atribuido .

Mas allá de verificarse una afectación al principio de congruencia entre la indagatoria y el auto de procesamiento, lo esencial resulta ser la inadecuada descripción de los hechos en la indagatoria, lo que amerita, su declaración de nulidad.
Hurto con escalamiento, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, C. V. s/ HURTO - AGRAVADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

No puede agravarse al hurto en los términos del art. 163, inc. 4 del C.P., si no se acredita por prueba idónea la superación obstacular por medios extraordinarios para acceder al lugar donde se intenta concretar el apoderamiento.

El escalamiento opera cuando se emplea para penetrar al lugar, motivo por el cual el descenso que el procesado efectuara por la malla metálica al salir del recinto, no es calificante.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

2 - Además, la lesión debe ser sustancial, desproporcionada, exagerada e injustificable, de manera tal que despeje dudas razonables sobre la contravención de elementales principios de equidad, ya que tratándose de una excepción a la regla, debe interpretarse restrictivamente y no resultar un medio para sustraer a los contratantes de las consecuencias negativas de un mal negocio o librarlos del cumplimiento de compromisos negligentemente asumidos (CNCom, Sala B, in re "Establecimiento Frutícola Sede SRL c/ Coto CICSA s/ sumario", del 19/07/02; ídem "Pezcalandia Arg. SA c/ Ceteco Arg. SA s/ ordinario", del 30/06/05).
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación por cédula, ausencia del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Oscar c/ Briozzo, Héctor s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-27

En el juicio ejecutivo, cuando, en oportunidad de la intimación de pago (artículo 531 del Código Procesal), el deudor no se encuentra en el domicilio, se practicará igualmente la diligencia en ese momento, en la forma prevista por el artículo 141, dejándose constancia de la ausencia del deudor.

A pesar de la trascendencia de la intimación de pago, embargo y citación de remate que debe llevar a cabo el Oficial de Justicia, esos actos han de realizarse sin más trámite, puesto que el artículo 531 no establece, en este caso, el aviso previo que se prevé para la notificación del traslado de la demanda y que podría facilitar rápidas maniobras del deudor para esconder los bienes. La citación de remate no es un traslado como el que se confiere de la demanda en los juicios de conocimiento, sino, precisamente, una citación.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, excepción de incompetencia, resolución denegatoria, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Blasco, Juan Roberto s/ p.s.a. de lesiones culposas -causa nº19/95 "B"-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la excepción de incompetencia al existir cuestión federal pues se discute el alcance de normas esencialmente federales -arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional; leyes 48 y 13.998- y la decisión apelada ha sido resuelta en forma contraria a la pretensión que el apelante funda en ellas (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Expreso Ranelagh S.A.C.I.F. y otro c/ Turina, Oscar y otro s/ Daños y perjuicios Piechocki Telesforo c/ Canale, Rafael Julio y ot. s/ Simulación Muñoz, Miguel c/ Clínica Modelo Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18|1996-05-23|2000-02-15

La distribución del "onus probandi" constituye la espina dorsal del proceso civil, a tal punto que las partes y sus asesores jurídicos deben examinar constantemente las reglas de la carga de la prueba que le corresponden y el juez que quiere cumplir su función debe tener conciencia de tal distribución de la prueba en cualquier estado del proceso.
Procedimiento laboral, sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLO REINALDO ALBERTO c/ MOSCONI S.R.L. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE LIQUIDACION FINAL, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-29

EL Código de Rito laboral exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes. Se trata de aplicar el principio de congruencia, comportando agravio a la garantía de la defensa, tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones no articuladas en el proceso. (Minoría u opinión personal)
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABALOS JUSTO VICENTE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-19

La estabilidad del empleado no es un derecho natural inherente a la personalidad humana, sino un derecho otorgado por el ordenamiento jurídico vigente y en la medida que éste determine, ello por cuanto la estabilidad no puede entenderse como fuente generadora de facultades para conservar el cargo en contra de los intereses de la Administración ya que ello importaría anteponer el interés particular al público, trastocando así las bases mismas del Derecho Administrativo.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Magallanes, Juana de Jesús c/ Federazzi, Osvaldo Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Para eximirse de responsabilidad, el dueño o el guardián de la cosa debe demostrar que la conducta de la víctima o del tercero ha generado causal o concausalmente el evento dañoso. Ello así, el solo imputar culpa in vigilando a la madre del menor no es suficiente para concluir en que contribuyó a la producción del hecho ilícito.

El vínculo de causalidad exige una relación efectiva adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquellas (arts. 1109, 1111 y 1113 C.C.).
Contenido de la sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Molina, María Antonia c/ Figueroa, René y Otro s/ Acción de Nulidad - Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-31

En el caso, es oportuno recordar que, Aragoneses, refiriéndose al principio de congruencia, señala que el mismo se dirige a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico.

Guasp por su parte apunta que la congruencia exige que el pronunciamiento no se expida en más de lo requerido por las partes; que no contenga menos de lo pretendido por ellas, y que también no otorgue o niegue algo distinto de lo reclamado.

Son por cierto, innumerables los maestros de esta ciencia que nos ilustran sobre este principio, si bien, con disímiles palabras pero con una unidad de conceptos de los que cómodamente se puede colegir que el principio de congruencia impone, una correlatividad entre lo pretendido en la causa y lo resuelto en la sentencia.

De esta manera solo las pretensiones deducidas en juicio, es lo que debe ser materia de juzgamiento. Y ello porque en el proceso civil el planteo o delimitación de la litis es cuestión exclusivamente reservada a las partes, pues son sus peticiones las que condicionan la protección jurídica y determinan su amplitud y contenido.

Del voto del Dr. Cippitelli
Indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. y Otra c/ M.I. SRL y/o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-23

Esta Cámara tiene largamente sentado que la pérdida de chance es un daño con posibilidad de acaecer, no el daño mismo.