Lesiones graves, recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Espinosa, Diego Sebastián s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 72/10 caratulado "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación con el Expte. "E" 030/10 "Espinosa, Diego Sebastián"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

La Cámara Penal, mediante Auto Interlocutorio, no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por el defensor del imputado, al que se le atribuye la supuesta comisión del delito de Lesiones Graves.

En contra de esa resolución, el asistente técnico había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal, invocando el art. 14 de la Ley 48 y la doctrina de la Corte sobre la sentencia arbitraria por la inobservancia e incorrecta aplicación de la Ley sustantiva y la violación a los principios de la mínima suficiencia de subsidiariedad y de la máxima taxatividad interpretativa, y solicita a la Corte Federal que la revoque y ordene que se haga lugar a la suspensión del juicio a prueba a su pupilo.

Después de estudiar el planteo formulado, estima el Tribunal que, a los fines de la habilitación de la instancia extraordinaria, los agravios invocados carecen de fundamentos suficientes.

Por una parte, no propone cuestión federal bastante que justifique la intervención de la Corte Suprema. Así, aunque dice que el pronunciamiento impugnado ha puesto en tela de juicio la inteligencia de la cláusula constitucional y una ley nacional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso y los principios de legalidad, inocencia e igualdad ante la ley, consagrados también en los tratados con jerarquía constitucional, el recurrente no demuestra que se le haya vedado la posibilidad de alegar a favor de su pretensión ni desarrolla argumento alguno que demuestre la relación de lo resuelto con los principios mencionados.

En esas condiciones no pone en evidencia, como era menester, la inconstitucionalidad que predica del fallo que impugna, para lo cual no basta la mera mención que realiza de los arts 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución dado que, como reiteradamente ha señalado la Corte, no hay derecho que no tenga su fuente en la Constitución y que, de otro modo, su competencia no tendría límite. Déficit semejante constata el Tribunal con relación a los principios de la mínima suficiencia, subsidiariedad y máxima taxatividad interpretativa, también denunciados como vulnerados.

Así, no desvirtúa el recurrente los fundamentos del fallo en torno a que la gravedad del hecho de la causa reclama en el caso la reacción estatal, con lo que no demuestra la contradicción del fallo con el principio de mínima suficiencia ni con el de subsidiariedad.

Además, por una parte, la redacción de la norma de aplicación no presenta vaguedad o imprecisión sobre el punto en discusión que requiera interpretación alguna y, por otra, el recurso no pone en evidencia que el ejercicio del poder punitivo estatal sea irrazonable en el caso por exceder los límites lingüísticos de la norma de aplicación.

Por el contrario, la solución que propone el recurrente, pretendiendo que -sólo porque resulta lo más favorable al imputado- la escala penal es lo único que interesa para resolver la cuestión, no puede ser admitida, en tanto importa prescindir de "las circunstancias del caso" que el inc. 4º del art. 26 del Código Penal ordena atender, y que fueron efectivamente atendidas en la resolución impugnada.

De lo que se sigue que lo resuelto tampoco ha vulnerado el principio que exige la máxima taxatividad interpretativa.

Por todo ello, corresponde no conceder el recurso extraordinario interpuesto.