Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-16


Fojas: 70 En Mendoza, a dieciséis días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa Nro. 80.017, caratulada: "A.F.I.P. en j° 59.28/36.324 A.F.I.P. en j° 54.110 Sociedad Mutual y Beneficiencia Hospital Italiano de Mendoza p/ Conc. Prev. p/ Rec. Rev. s/ Inc. Cas.".

De conformidad con lo decretado a fs. 69 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: Dr. Fernando Romano; segundo: Dr. Alejandro Pérez Hualde y tercero: Dr. Carlos Böhm.

ANTECEDENTES:

A fs.10/24 y vta., la Administradora Federal de Ingresos Públicos AFIP", por intermedio de apoderado, deduce recursos de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 90/94, dictada por la Primera Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial, en los autos Nro. 59.298/36.324 caratulados: "AFIP en j.54.110 "SOCIEDAD MUTUAL Y BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO DE MENDOZA P/ CONC. PREV P/ REC. REV." A fs. 37 se admiten formalmente ambos recursos, ordenándose correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs.41/44 y 45/49, solicitándose el rechazo de los mismos A fs. 61/63 y vta., obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs.69 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL Dr. FERNANDO ROMANO, dijo:

Los antecedentes de la causa relatan que la "AFIP", interpone recurso de revisión contra la sentencia del juez del concurso, que declaró inadmisible el crédito pretendido en la verificación, el que fue acogido parcialmente.

Contra este resolutivo, el organismo recaudador interpone recurso de apelación el que fue rechazado por la Cámara, conforme los siguientes fundamentos:

A) Boletas de deudas: Los incidentes de verificación y de revisión constituyen procesos de conocimiento con amplio debate y prueba en los que se debe demostrar la causa del crédito que se insinúa.

El fisco no escapa de esta carga procesal. No basta con la determinación de oficio de la deuda sino que es necesario acreditar las razones concretas que dan sustento a las pretendidas acreencias.

Que la Sindicatura tuvo en cuenta la presentación de las declaraciones juradas de la concursada e hizo hincapié en que las deudas pretendidas por el organismo fiscal que surgen de los certificados en su gran mayoría no guardan relación con las sumas que indican las declaraciones juradas, no acompañando AFIP aclaración sobre la causa de tales diferencias.

A ello debe agregarse que en el informe individual se detectaron pagos no tenidos en cuenta.

B) El agravio deducido por la morigeración de intereses debía rechazarse de acuerdo con el criterio sustentado por esta Sala en cuanto admite la facultad del Juez de disminuir las tasas.

C) El rechazo por las multas debe ser mantenido desde que si bien se admite que acreditada la infracción la misma debe ser sancionada, ello no constituye una regla absoluta, no resultando procedente la misma cuando el incumplidor acredite alguna situación que justifique la no imposición. Esta circunstancia se da en el caso ya que la presentación del concurso preventivo, patentiza la falta de medios económicos para satisfacer las deudas contraídas.

El organismo recaudador aplicó multas en relación a contribuciones y aportes por los meses próximos a la presentación en concurso preventivo. También debe tenerse en cuenta que la sanción no sea exorbitante. Sobre este aspecto la sindicatura señaló lo irrazonable de la multa que representaba el 33,9 % del capital y de las contribuciones de Diciembre 2000 y el 33,39% del capital verificado. Lo que constituye una pretensión arbitraria, teniendo facultad el Juez en aras de la razonabilidad para no admitir la pretensión.

D) Respecto de los agravios deducidos por la insinuación de un crédito por reducción de contribuciones patrimoniales, la resolución pone en claro, criterio que se comparte que sólo al Magistrado Judicial, por mandato constitucional le cabe la facultad de decidir sobre el patrimonio del concursado, por lo que si se le ha de privar a la empresa de beneficios previsionales o impositivos que le asisten y se la grava con mayor presión que antes o durante el concurso, la situación jurídica de la empresa cambiará resultando indispensable el conocimiento del Tribunal.

Que resulta errónea la afirmación de la apelante al considerar que la falta de pago, por existir imposibilidad de hacerlo, trae aparejado la pérdida de las moratorias. La jurisprudencia sostiene que el no pago de cuotas de créditos impositivos incluidos en moratorias, por disposición legal que sean de la época del concurso, para no modificar la situación de acreedores de causa anterior, no produce la caducidad de las moratorias.

E) Respecto de los pagos supuestamente efectuados por la concursada, el agravio no puede prosperar.

La Sindicatura se refirió a diversas contradicciones del área recaudadora de la AFIP, tales contradicciones ya sea por pagos efectuados por la concursada no tenidos en cuenta, porque el organismo recaudador no determina a qué deuda se imputa, impidieron a los síndicos precisar el monto del crédito. Sindicatura no sólo estudió la documentación de la concursada y de terceros sino todos los antecedentes presentados por el propio acreedor, y pese a ello no pudo determinar el monto del crédito, por las contradicciones del propio organismo recaudador, no pudiendo deducirse en modo alguno que la actividad de los síndicos, hubiera sido insuficiente y por ende reprochable.

F) La AFIP objeta el criterio seguido por el aquo en lo concerniente a la cesión que realizara la concursada.

Sindicatura informó que se detectó una cesión de derechos a favor de la AFIP, el 5/5/98, por la que se transfieren derechos que tenía la concursada respecto de prestaciones de salud para con los afiliados de O.S.E.P con el fin de ser afectados al pago que surja de las declaraciones juradas del régimen de seguridad.

Sindicatura obtuvo información de OSEP la que manifiesta que confeccionó cheques y se hicieron retenciones por la suma de $ 416.000, tal afectación no pudo ser controlada.

También existió otra cesión respecto del crédito de la Unión de Hospitales por un monto mensual de $17.000, la información requerida señala que se hicieron nueve retenciones (27/5/98 al 26/1/99), cada una por dicho monto.

Que la agencia de Capital Federal, informó el no cumplimiento de la concursada desde marzo del 93 a Noviembre del 98. Se advierte que no se ha tenido en cuenta los pagos imputados, siendo el importe incorrecto y tampoco se tiene en cuenta el detalle de solicitud pidiendo facilidades de pago, habiéndose constatado la existencia de comprobantes de pago, siendo el saldo equivocado, error que se reitera para otros períodos, en que no se deduce el pago cumplido.

También Sindicatura toma conocimiento de diversos expedientes que pese a la concurrencia al Juzgado Federal no pudo compulsar.

Siendo las pruebas insuficientes y confusas debe rechazarse el agravio.

Contra el decisorio el organismo recaudador interpuso recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

Como fundamento del primero invoca los supuestos comprendidos en los incisos 3 y 4 del art.150 del CPC.

Afirma que el argumento del Tribunal referido a la determinación de oficio de la deuda no guarda relación con los hechos que debía considerar en razón que los montos reclamados lo son en función de declaraciones juradas presentadas por la propia concursada. Que algunos créditos representados en dichas boletas no coinciden con las declaraciones juradas que son causa de los mismos, pero dichas diferencias son en todos los casos a favor de la concursada. Que tal circunstancia no fue evaluada ni por la Sindicatura ni por el Tribunal. Que la explicación de las referidas diferencias, sí se encuentra justificada conforme las constancias de fs. 485 del legajo en la nota 1382/96, la que fue acompañada al momento de solicitar la verificación. Que la principal consecuencia del carácter de instrumento público de las boletas de deuda, consiste en la presunción de legitimidad de las mismas. Que ni la Sindicatura o la concursada intentaron probar algún extremo que desvirtuara las declaraciones juradas presentadas por la concursada que describen detalladamente cada uno de los rubros, cantidad de empleados por los que se aporta, el monto total de las remuneraciones, el período correspondiente, etc., que sirvió de base para cada boleta o certificado de deuda cuya verificación se ha solicitado. Que dichas boletas se encuentran incorporadas en el legajo correspondiente a fs.34/215 juntamente con la certificación y el detalle de la deuda según el Contador Schestakow, sin embargo no fueron tenidas en cuenta en la resolución recurrida.

Que Sindicatura aconseja el rechazo total del crédito por entender que existían pagos que no fueron tenidos en cuenta o no fueron imputados al momento de efectuarse, cuando lo que correspondía era realizar la imputación correspondiente y luego la disminución del crédito pretendido pero nunca su rechazo total.

Que los pagos efectuados y denunciados por la Sindicatura fueron tenidos en cuenta por el Contador que realizó la certificación de deuda, quien realizó su imputación.

Que respecto de los expedientes del Juzgado Federal que fueron denunciados por su parte y tenidos en cuenta a la hora de realizar el detalle de deuda (fs 216/230), corresponde en todo caso probar la extinción del crédito al concursado y no pretender que su parte acredite el no pago.

Como fundamento del recurso de Casación invoca los incisos 1 y 2 del art. 159. Cuestiona el decisorio en cuanto rechaza el crédito pretendido en concepto de multas.

Afirma que la falta de pago que motivó la sanción fue anterior a la época del concurso. Y que la AFIP actuó en todo momento dentro de la normativa vigente, una vez constatada la infracción, en el caso la no cancelación de la Declaración Jurada del Régimen Nacional de la Seguridad Social, se le hace saber la sanción que le corresponde de conformidad con el Acápite I punto 1.2 inciso 1.2.4 del art. 2 de la RGN 3756 y sus modificatorias.

Que al haber adquirido firmeza las multas impuestas, no correspondía disminuirlas.

SOLUCION DEL CASO:

I.-Recurso de Inconstitucionalidad:

En punto a la queja constitucional y como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LL 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.

Bajo estos principios entiendo que el recurso no puede prosperar, en efecto, surge como primer agravio relevante el referido al valor atribuido a las boletas de deudas acompañadas por la verificante, sin embargo entiendo que el decisorio no adolece de arbitrariedad en lo resuelto al respecto conforme con los principios que expondré.

Como es sabido, la cuestión relativa a la prueba de los créditos fiscales y de la seguridad social ha sido objeto de varios pronunciamientos de esta Sala. Algunos de aquellos antecedentes, merecen ser recordados.

A) En sentencia del 26/11/1990 recaída in re Arroyo Grande SA s/ Quiebra (L.S 217-463, publicado en LL 1992-C-23, con nota aprobatoria de Martorell, E. E., Sobre la causa de los títulos ejecutivos en la verificación de créditos), esta sala distinguió los créditos de la Caja de Subsidios, de los créditos de la Dirección General Impositiva. Dijo entonces que el ente recaudador de impuestos puede pedir insinuación en el pasivo por diferentes créditos fiscales (IVA, ganancias eventuales, sellos, etc.); por eso, al menos, debe indicar a qué impuesto se está refiriendo. La Caja de Subsidios, en cambio, sólo puede reclamar a la patronal los aportes y/o sus accesorios. Si una planilla detalla mes a mes los montos que corresponden a capital, multas, intereses, etc., no puede considerarse incumplido el recaudo de invocar la causa del crédito que, repito, no puede ser otra que los aportes debidos. Por supuesto que las liquidaciones de la Caja de Subsidios, al igual que las de los organismos impositivos son atacables por la sindicatura y el fallido. Por ejemplo, podría acreditarse que el número de empleados de la empresa es significativamente inferior a la que resulta de los montos que se reclaman, que no existen razones jurídicas para reclamar multas, etc. (Quintana Ferreira, Concursos. Ley 19551 y modificatorias, Bs. As., ed. Astrea, 1985, t. I, pág. 360). En esta función ayudarán las facultades inquisitivas del síndico, quien podrá requerir todo tipo de información, compulsar documentación, etc.

Como resultado de este razonamiento se confirmó la sentencia de segunda instancia que había verificado el crédito de la Caja de Subsidios considerando suficiente un certificado y una planilla donde había detallado los diferentes rubros; la sindicatura y la fallida, en cambio, se habían cruzado de brazos y nada habían hecho para probar en contra.

B) En decisorio del 27/6/1994, implícitamente, esta sala adhirió al criterio de la suficiencia de la prueba del crédito fiscal con las declaraciones juradas, desde que rechazó formalmente un recurso de casación en el que lo discutible no era ese criterio normativo, sino un hecho (si el síndico había o no conformado la declaración presentada) (L.S 247-29, publicado en Rev. Foro de Cuyo nro. 14 pág. 105).

C) En sentencia del 2/6/1995, recaída in re Meizenq SRL (L.S 256-294, publicado en Doc. Jud. 1996-2-219 y LL 1996-C-101, con nota aprobatoria de Viedma, José L., Títulos de crédito y verificación), esta Sala volvió a sostener que el certificado de deuda emitido por la Administración Nacional de Seguridad Social es un título ejecutivo causal, pues el origen del crédito surge del propio instrumento y aquella sólo puede ser titular de un determinado tipo de acreencias y sus accesorios. Sentado ello, cuando el organismo se presenta a verificar su crédito en una quiebra, la prueba del error del contenido del certificado o las planillas está a cargo del fallido o de la sindicatura.

El resultado de este razonamiento fue confirmar la sentencia de cámara que había rechazado el crédito porque había merituado un elemento fáctico decisivo, cual era que, al contestar el traslado, la sindicatura sostuvo que la deuda reclamada se contraponía a todas las inspecciones anteriores, y de la documentación y libros de la concursada, compulsados por la sindicatura, no surgía deuda alguna de causa o título anterior al proceso concursal".

D) Todas estas sentencias recordaron un precedente de esta Sala, en anterior composición (L.S 246-442) según el cual, mediando determinación de oficio, es menester que se pruebe que se ha practicado de conformidad con el procedimiento previsto en la ley 18.017.

E) Recientemente, el 16/5/2003 (L.S 322-70), in re Afip en juicio Cerámicas Cuyo, la Sala siguió esos precedentes, revocó la decisión, y declaró admisible el crédito con estos argumentos:

Aunque hoy el organismo fiscal que percibe los créditos impositivos y los de la seguridad social es uno solo (la Administración Federal de Ingresos Públicos), los créditos cuya insinuación se reclama provienen del Régimen Nacional de la Seguridad Social y de Obras Sociales. No se trata de créditos por impuestos, tasas, etc., sino aportes a la Seguridad Social.

La prueba incorporada por el organismo estatal de recaudación no es, como en el viejo precedente (L.S 246-442) un supuesto de determinación de oficio; por el contrario, se trata de declaraciones juradas presentadas por la concursada que describen detalladamente cada uno de los rubros, la cantidad de empleados por los que se aporta, y el período anual correspondiente.

A diferencia de lo acontecido en el precedente registrado en L.S 256-294, en éste, la sindicatura no ha afirmado que los libros de la concursada no respondan al crédito reclamado; se limitó a señalar que la concursada no le entregó los libros contables ni documentación con la cual corroborar el crédito.

No empece a esta solución la jurisprudencia y doctrina cuidadosamente reseñada por Daniel R. Vítolo en su reciente y erudito trabajo doctrinal "Créditos fiscales, determinación de oficio y procesos concursales (Ver ED 202-673)", pues esos antecedentes se refieren a supuestos en que el organismo fiscal solicita verificación de créditos típicamente tributarios mediante simple documentación obtenida a través del trámite de determinación de oficio. En el sublite, en cambio, se ha solicitado la verificación de aportes al sistema de la Seguridad social mediante declaraciones juradas de la concursada que no han sido impugnadas por la sindicatura.

En el caso de autos, precisamente la Sindicatura oportunamente impugnó dichas boletas en razón de no coincidir los importes declarados por la concursada con los importes solicitados por el organismo recaudador, sin que el mismo aclare el origen de las diferencias. Así en el informe individual de Sindicatura, obrante a partir de fs. 1020 del legajo se detallan cada una de las discrepancias encontradas (pagos no imputados, duplicación de créditos pretendidos).

Por esta razón es que las instancias de grado rechazaron el crédito entendiendo que tales falencias no permiten conocer con exactitud su monto.

Es decir que el rechazo no obedeció al hecho que se le restara valor probatorio a las boletas de deuda acompañadas, sino a las deficiencias que las mismas contenidas, puestas de resalto por la Sindicatura y no desvirtuadas por la recurrente.

En este aspecto se advierte que la queja no puede prosperar desde que tratándose los incidentes de verificación de crédito de procesos de conocimiento pleno quien pretende insinuarse en el pasivo del deudor concursado o fallido deberá probar acabadamente su derecho ante el juez del concurso, lo que supone la acreditación de la causa, monto y privilegio del presunto crédito. Ello es en razón que el proceso de verificación de créditos no implica un litigio entre el acreedor y el deudor, sino que se trata de probar el crédito frente al órgano del concurso, los demás acreedores y el juez, por ello se explica que el deber de indicar y probar la causa subsista aunque el deudor concursado reconozca el crédito (C.C.Com. de Río Cuarto 28/10/88,JA 1989_II-703).

Estos recaudos son exigibles aún cuando el reclamante sea el Fisco quien debe ser considerado como un acreedor más de la concursada, a la que le son aplicables las disposiciones de la ley concursal, estando obligada a presentar la documentación justificativa de los créditos (C .Civ. y Com.Junín 29/5/80 LL 1980 pág. 682).

Conforme con tales principios, entiendo que debe rechazarse el agravio deducido desde que, ni en ésta ni en las anteriores instancias, como bien lo señala el Sr. Procurador en su dictamen, la recaudadora explica de manera concreta de dónde surge la determinación de la deuda, abroquelándose en este aspecto en la presunción de legitimidad de las boletas de deuda, principio que resulta insuficiente ante las impugnaciones efectuadas y comprobadas en la causa.

La queja referida a que los pagos que aparecen como efectuados debieron ser descontados de los montos que se pretendían verificar, no puede admitirse desde que el rechazo del crédito no obedeció solamente a esta circunstancia, sino a otras falencias encontradas y a raíz de la cuales no podía determinarse el valor real de la deuda.

Entiendo que la resolución impugnada encuentra base suficiente en las constancias objetivas de la causa, por lo que no corresponde hacer lugar a la instancia extraordinaria de la inconstitucionalidad.

II- Recurso de Casación:

El recurso de Casación no puede correr mejor suerte que el anterior, resultando formalmente improcedente no obstante la resolución efectuada a fs. 37. Sabido es que de acuerdo lo resuelto por esta Sala, la circunstancia que haya sido admitido formalmente, nada empece a que en esta etapa procesal se examine nuevamente dicho aspecto. (L.S 169-168;188-237; 193-326 entre varios).

Como lo tiene sentado esta Sala, la competencia funcional del tribunal de Casación se limita al contralor de los fallos en su sentido técnico jurídico en forma exclusiva y excluyente, quedando por tanto fuera de su ámbito específico de conocimiento el examen de los aspectos fácticos comprometidos en el acto sentencial, tanto en su determinación cuanto en su valoración por parte de los tribunales de mérito (art. 159 y nota CPC: L.A99-114).

En el ocurrente mediante la vía casatoria, la recaudadora discute la existencia de multas que habrían sido impuestas de acuerdo con el procedimiento vigente, que no fueron recurridas y que se encontrarían firmes. Configuran ellas todas hipótesis fácticas no subsumibles por este recurso.

Por lo demás la violación denunciada de la normativa implicada queda en un mero enunciado sin que haya acreditado en qué consiste la errónea interpretación o aplicación normativa.

Por los argumentos expuestos entiendo que corresponde el rechazo de ambos recursos deducidos.

Así voto por la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión los Dres. PÉREZ HUALDE y BÖHM, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PÉREZ HUALDE y BÖHM, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PÉREZ HUALDE y BÖHM, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 16 de septiembre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I.- Rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación deducidos a fs. 10/24 de autos.

II.- Imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C).

III. Regular los honorarios por la labor profesional cumplida en el trámite del recurso de Inconstitucionalidad, de la siguiente manera: Dra. Clementina COY, en la suma de pesos CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS ($50.987,04); Dr. Hugo Edgardo ASENSIO, en la suma de pesos QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS ($15.996,11); Dr. Marcelo GONZÁLEZ VIDELA, en la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($35.690,92); Cont. Jorge R. CUELLO, en la suma de pesos y Héctor C. TORRES, en forma conjunta, en la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000) y Dr. Carlos Antonio PALMA, en la suma de pesos VEINTISEIS MIL ($26.000) (Arts. 15 y 31 Ley 3641 y 1627 C.C.); sin perjuicio de los honorarios complementarios que puedan corresponder.

IV. Regular los honorarios por la labor profesional cumplida en el trámite del recurso de Casación, de la siguiente manera: Dra. Clementina COY, en la suma de pesos CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS ($50.987,04); Dr. Hugo Edgardo ASENSIO, en la suma de pesos QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS ($15.996,11); Dr. Marcelo GONZÁLEZ VIDELA, en la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($35.690,92); Cont. Jorge R. CUELLO, en la suma de pesos y Héctor C. TORRES, en forma conjunta, en la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000) y Dr. Carlos Antonio PALMA, en la suma de pesos VEINTISEIS MIL ($26.000) (Arts. 15 y 31 Ley 3641 y 1627 C.C.); sin perjuicio de los honorarios complementarios que puedan corresponder.

Notifíquese.

mac