Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22


Causa Nº 071-00-CC/2006 "De Marchi, Facundo y De Marchi Lucas -Sociedad de hecho- s/ exceder capacidad de personas - apelación" En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de junio de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado a fs. 2408/48, del presente legajo, del que RESULTA:

1) Que a fs. 224/31 vta. se aprecia la fundamentación de la sentencia dictada por el Sr. Juez titular del Juzgado CyF N° 11, luego de la audiencia de juzgamiento celebrada el 18/04/2006, a través de la cual resolvió condenar a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho en orden a los siguientes hechos, verificados entre las 03.30 hs. y 04.00 hs. aproximadamente del día 15/10/2005 en el inmueble de la calle Juncal 2982 PB y EP donde funciona un local comercial habilitado, entre otros rubros, para los de restaurante, cantina, café, bar y despacho de bebidas denominado "Bar Peña Fortín Malvinas Argentinas":

a) Haber tenido, en la planta baja y el entrepiso del local, el cielorraso en tela con material de relleno (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20832455).

b) Haber tenido puerta de salida única en mal estado, material combustible, sin revestimiento ignífugo, con sentido de apertura y ancho de paso antirreglamentario (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20832453).

c) Haber carecido de ventilación reglamentaria en el salón de planta baja, entre piso y cocina (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20899663).

d) Haber tenido instalación de gas (calefón) en cocina antirreglamentaria sin llave de corte y con conducto de ventilación antirreglamentario (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 208899662).

e) Haber tenido tableros eléctricos en planta baja y entre piso, sin contratapa reglamentaria (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 208899660).

f) Haber tenido cables expuestos de 220 v., al alcance de la mano, en todo el salón sobre estructura metálica, en entre piso, en cielo raso, en baños, en cocina, en barra, en tableros eléctricos PB y EP (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20899659).

g) No haber tenido tratamiento ignífugo en pisos, tabiques, mesas, bancos y puertas, telas que recubren puertas, cielorrasos, tabiques de baños, tabiques de cocina, revestimientos de pared, todo ello en maderas y con cortina de tela (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20832454).

h) Haber tenido una salamandra conectada a la red de gas sin la correspondiente ventilación y por poseer los vanos de las ventanas cerrados con elementos ciegos de madera indicados como medios de salida de emergencia sin poder cumplir con tal función (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20832456).

i) No haber tenido máquina expendedora de preservativos en baños (conforme lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20899661).

j) No haber tenido en condiciones de uso el depósito del inodoro del baño de hombres (conforme también lo documenta el acta de comprobación de faltas N° 20899661).

Con relación a las conductas aludidas el Sr. Juez de Grado entendió que se había verificado el supuesto de reparación espontánea previsto en el art. 30 inc. 1 de la ley 451 toda vez que la infractora reparó en forma voluntaria la totalidad de los defectos señalados. Ello, a criterio del sentenciante de grado, justificó la imposición de una amonestación para cada uno de los hechos antes aludidos, disponiendo que la condenada deberá afrontar las costas del proceso.

Asimismo, mediante la sentencia en crisis, el Sr. Magistrado de Grado absolvió en razón de la conducta consistente en haber excedido el factor de ocupación al haberse constatado la presencia de mayor cantidad de personas que las permitidas. Para decidir este extremo valoró la totalidad de las declaraciones testimoniales producidas así como parte de la documental obrante en la causa. Consideró que si bien no dudaba de la buena fe del inspector que actuó en el procedimiento de verificación consideró posible que se hubiese equivocado al contar los asistentes pues había admitido haberse encontrado ofuscado por lo que, estimó, se trataba de un intento de impedirle el ingreso al local. Agregó que la declaración de la inspectora, que también estuvo presente en la ocasión, no resultaba del todo concordante con la anteriormente referida y que los otros testigos, que lo habían impresionado como absolutamente sinceros, habían brindado una versión de los hechos diferente a la vertida por los inspectores. Por su parte, en ocasión de referirse a la superficie total del local que funciona como base sobre la cual se debía medir el exceso, o no, del factor de ocupación, entendió que se debían considerar 255 metros cuadrados pues esa es la superficie que, conforme se desprende de fs. 15, había tenido en cuenta la administración al tiempo de efectuar la inspección.

II) Que la decisión referida motivó la interposición de un recurso de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal que obra a fs. 240/48 y que fue sostenido por la Sra. Fiscal ante esta instancia, tal como se aprecia del dictamen obrante a fs. 255/vta.

El acusador de instancia efectúa un detalle prolijo de los antecedentes que precedieron al dictado de la sentencia en crisis y, a través de una clara argumentación, expone los motivos por los que considera que ella resulta errada y se impone su revocación.

En primer término considera que las sanciones de amonestación impuestas no resultan ajustadas a derecho toda vez que a su criterio, en el caso, no resulta de aplicación el art. 30 inc. 1 de la ley 451.

Para demostrar su afirmación explica que en el caso no se puede hablar de espontaneidad en la refacción de las irregularidades detectadas en el local en cuestión, ni que ella haya sido voluntaria desde el momento que resultó necesario que la administración, tal como se desprende de las constancias obrantes a fs. 34/5, clausure preventivamente el local e intime a la infractora a subsanar algunas de las deficiencias advertidas. Señala que la Controladora Administrativa de Faltas ordenó, tal como se desprende de las constancias de la causa que identifica, la realización de inspecciones a efectos de constatar la desaparición de las causas que originaron la clausura dispuesta por la autoridad administrativa, lo que recién ocurrió el 11/11/2005, luego de la tercer inspección.

También aprecia que la norma aplicada permite atenuar la sanción prevista por la sustitutiva de amonestación cuando se repare "al perjudicado" el "daño sufrido", de allí deriva que resulta necesaria la existencia de una víctima determinada. Asimismo advierte que el ordenamiento legal aplicado distingue entre las faltas que producen un daño de aquellas otras que crean peligro (lo hace a partir de la atenta lectura del art. 28 de la ley 451), así pretende enfatizar su convicción de que en el caso, tratándose de infracciones que tan sólo generan un peligro para "la administración en ejercicio de su poder de policía" (fs. 245) no resulta aplicable el instituto escogido por el Sr. Juez.

Finalmente, en esta parte del recurso, el Sr. Fiscal de Grado se agravia por considerar que previo a reemplazar "la sanción prevista" por una amonestación es deber del Juez de Grado decidir una sanción principal en los términos del título III de la ley 451, para luego sí sustituirla por la sanción de amonestación.

Por otra parte y en lo referido a la absolución por la conducta consistente en permitir que el día 15/10/2005, a las 4:20 hs, se hallen presentes en el local cuestionado mayor cantidad de gente que la legalmente permitida entiende que la misma no constituye una derivación lógica y razonada de los hechos probados de la causa, y por ende es arbitraria. Expone su convicción discrepando con las razones dadas por el Juez a quo al otorgar mayor credibilidad a los testigos aportados por la defensa que a los inspectores actuantes en el procedimiento que determinó el inicio de las presentes actuaciones. Asimismo, el recurso efectúa una selección de los fragmentos de las declaraciones de los diversos testigos deponentes, extraídas de las constancias que acerca de ellas se dejó en las actas de debate, con el objetivo de intentar arrimar, a Jueces que no estuvieron presentes en el mismo, convicción acerca de la cantidad de personas que en aquella madrugada de mediados de octubre del año pasado se hallaron presentes en el lugar. En dicha tarea acentúa las distintas circunstancias de tiempo en las cuales los distintos testigos aportados por la defensa manifestaron haber estado presentes en el local y efectuaron el recuento de los concurrentes y muestra como ellas difieren de la hora en que el inspector actuante efectuó lo propio, encontrando allí explicación de las diferencias.

Finalmente, también en torno a este hecho, considera que aún cuando se hubiesen hallado presentes en el lugar la cantidad de personas referidas por los testigos de descargo, setenta y dos (72) personas, correspondería el reproche por la conducta en cuestión toda vez que la base sobre la cual se debe evaluar si los asistentes excedían o no el límite autorizado resulta, a su criterio, de sumar la superficie de la planta baja y de la planta alta y de dicho cálculo matemático se desprende que el máximo de gente permitida era de sesenta y nueve (69) personas.

III.- Que a fs. 250 se aprecia el juicio de admisibilidad efectuado por el Magistrado de Grado que, luego de considerar que el recurso cumple los requisitos de forma exigidos por la ley ritual y propone críticas en torno al modo en que se cumplieron con las formas prescriptas para el trámite de la causa y reputa de arbitraria la absolución en torno al factor de ocupación del local que se verificó el 15/10/05, concedió el recurso bajo examen.

IV.- Que en ocasión de contestar los agravios del acusador, a través de su apoderada, la firma infractora rebate, una por una, las infracciones por las cuales ha sido condenada en primera instancia, sin perjuicio de lo cual explica que consintió, a su respecto, la firmeza de la sentencia en crisis por el respeto que le inspiró la labor del sentenciante de grado.

Con relación al agravio referido a la falta consistente en haber excedido el factor de ocupación, la infractora entiende errados los cálculos efectuados por el Sr. Fiscal de Grado. Por otra parte defiende la sentencia en crisis, cuya confirmación postula, en lo atinente a las sanciones impuestas reconociendo su función ejemplificadora.

V.- Que finalmente la presente causa quedó a fs. 264 en estado de ser resuelta, resultando necesario dilucidar en primer término si el recurso fue bien concedido para luego, y solo en caso de corresponder, revisar la decisión en crisis a la luz de los agravios que ha generado.

PRIMERA CUESTIÓN I.- Este Tribunal viene afirmando en cada ocasión en que es convocado a revisar una sentencia definitiva dictada en el marco de un proceso de juzgamiento de faltas, y en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005), que el art. 56 de la LPF (ley n ° 1217), al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los Magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad.

La norma aludida, al fijar de ese modo un límite a la competencia revisora de este Tribunal, no resulta sino una derivación lógica del principio de inmediación que informa la audiencia de juzgamiento en la materia y que impide que los jueces que no estuvieron presentes en el debate oral se inmiscuyan ilegítimamente en la apreciación de cuestiones de hecho y prueba a no ser a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad que en su acepción técnica posee contornos delineados por la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal Federal que acuñó dicha noción.

II.- En el presente caso el recurrente invoca dicha doctrina en la intención de que este Tribunal revise la decisión que absolvió a la infractora en relación a lo que él considera como exceso en el factor de ocupación ocurrido el día 15/10/2005 en el local sito en Juncal 2982 de esta Ciudad. Para demostrar el defecto que señala despliega el desarrollo argumental que fuera ut supra reseñado; sin embargo, de la atenta lectura de dicha argumentación y de su confrontación con la, también reseñada más arriba, fundamentación en que se sustenta dicha absolución, no se logra arribar a idéntica conclusión, es decir, a que la sentencia en crisis "no constituye una derivación lógica y razonada de los hechos probados de la causa" y que "no se halla sustentada en elementos fácticos, sino que responde a meros argumentos y construcciones hipotéticas y dogmáticas" (fs. 247 vta.).

En efecto, las razones brindadas por el Magistrado de grado para creer a los testigos aportados por la defensa por sobre la declaración de uno de los inspectores que participó en el procedimiento de verificación de las faltas pueden ser compartidas, o no, pero constituyen un soporte suficiente para una decisión que permiten alejarla de la hipótesis de que ella es ajena a las constancias recabadas en el presente proceso de conocimiento. Por ende, se disipa la hipótesis de estar frente a una decisión que prescinde de prueba decisiva o invoca prueba inexistente, resultando estos últimos los supuestos en los cuales el máximo Tribunal Federal de esta Nación descalificó, como pronunciamientos jurisdiccionales válidos, sentencias dictadas por Tribunales de mérito, tachándolas de arbitrarias por existir anomalías en el fundamento no normativo o fundamento de hecho de la decisión.

En palabras del Tribunal aludido: "arbitrariedad sólo la hay cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio, o se hace remisión a las que no constan en él" (CSJN in re Carlozzi c/Ballesteros, en Fallos 207:72, el resaltado es a los efectos de enfatizar la noción). Corresponde tener presente que resulta improcedente la tacha de arbitrariedad si ella se funda en la simple discrepancia del apelante con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuadas por los jueces de la causa (CSJN Fallos 235:462; 249:354 y 683; 250:132; 251:245; 251:453) y que la circunstancia de que el tribunal apelado haya dado preferencia a determinado elemento probatorio no configura arbitrariedad (CSJN Fallos 248:68; 251:17; 253:496) aún cuando la apreciación del mismo pueda ser calificada de errónea (CSJN Fallos 248:46).

Tampoco logra demostrar el recurrente que la decisión en crisis posee deficiencias lógicas en el razonamiento cuando critica que se haya tomado como base para medir el factor de ocupación la cifra que tuvo en cuenta la autoridad administrativa en ocasión de llevar adelante la inspección. No resulta irrazonable exigir que cuando la administración lleva adelante un procedimiento que tiene por objeto verificar si un local determinado cumple con las normas que tienden a tutelar la salud y seguridad de las personas, estudie acabadamente y en forma previa las características del lugar y los recaudos cuyo cumplimiento posee el deber de exigir. En este aspecto el recurrente tampoco logra demostrar que estemos en presencia de una sentencia que merezca la extrema tacha de arbitrariedad.

Por las razones expuestas y recordando una vez más que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (CSJN Fallos 312:246; 389:608, entre otros) se impone concluir que el recurso bajo estudio ha sido mal concedido en relación a la pretendida arbitrariedad de la sentencia en cuanto absolvió por el hecho documentado en el acta N° 20832457 (obrante a fs. 15).

III.- Sí, en cambio, al disentir con el modo en que en el caso el Magistrado de Grado aplicó la norma contenida en el art. 30 inc. 1 RF (ley n° 451), propone una discusión en torno a la aplicación de la ley sustantiva hábil para provocar la intervención de esta Alzada.

Corresponde, en virtud de las críticas efectuadas a la sentencia bajo examen, analizar si el Magistrado pudo válidamente aplicar la sanción sustitutiva de amonestación sobre la base de una adecuada interpretación del art. 30 inc. 1. En este aspecto el recurso propone con eficacia un tema hábil para detonar legítimamente la competencia revisora del Tribunal de Alzada en la materia.

SEGUNDA CUESTION IV.- Efectuada la necesaria depuración del recurso y discriminada como fue aquella cuestión que resulta hábil para excitar la competencia revisora de aquella que no, corresponde proceder al análisis de los agravios procedentes.

En esta senda nos encontramos en primer término con el agravio dirigido a cuestionar el alcance que el magistrado asignó a la noción de reparación espontánea. En este aspecto el recurrente entiende, con sustento en el diccionario de la lengua española, que por actividad espontánea debe entenderse, además de voluntaria, aquella realizada "de propio impulso" o "por iniciativa propia", y en este punto se hace fuerte la crítica al advertir que, desde la hermenéutica que propone como correcta, no puede afirmarse que en el caso la refacción de las irregularidades advertidas haya ocurrido en modo espontáneo.

V.- La norma contenida en el art 30 RF otorga al sentenciante la facultad atenuar las penas previstas para cada tipo infraccional imponiendo en su lugar la pena sustitutiva de amonestación, entre otros supuestos, cuando el infractor efectúe una espontánea reparación del daño causado; sin embargo resulta claro que dicha potestad no es discrecional sino que debe ejercerse sobre la base de una fundamentación adecuada, máxime cuando se pretende imponer la aludida pena sustitutiva a un cúmulo importante de infracciones que, por su particularidad, fueron capaces de poner en riesgo la salud y seguridad de las personas que concurren al local bajo análisis.

En el caso, el Juez no fundó adecuadamente la necesidad o conveniencia de utilizar la aludida potestad legal, que resulta una excepción al principio general que establece para cada una de las conductas tipificadas en el RF una sanción determinada; ello así pues de la lectura de la sentencia en crisis se advierte que el Magistrado equiparó lisa y llanamente la noción de reparación voluntaria del daño a la noción de reparación espontánea. Si bien ambas nociones se encuentran emparentadas, ellas no son sinónimo.

El Fiscal, en oportunidad de formular el correspondiente alegato, puso énfasis en la circunstancia de que las infracciones cuestionadas fueron reparadas luego de tres inspecciones solicitadas por la Controladora Administrativa de Faltas -lapso durante el cual el local se halló preventivamente clausurado- y por ello consideraba que, al no haberse verificado el supuesto de reparación espontánea, no correspondía la sanción sustitutiva de amonestación. Dicha cuestión, oportunamente propuesta, no fue objeto de análisis en la decisión en crisis que se limitó a afirmar, con relación a los hechos aludidos bajo los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, que existió voluntad de reparar las irregularidades detectadas, que el tiempo insumido en su reparación no había sido, atento las características de ellas, excesivo y, en definitiva, que la reparación había sido "voluntaria y por ello espontánea" (sic).

Ahora bien, no corresponde, como se adelantó, equiparar la noción de reparación espontánea con la de reparación voluntaria. En efecto, tal como advierte el Sr. Fiscal de Grado en su recurso, la reparación espontánea reclama, además de un obrar voluntario, que ella sea por impulso propio o por propia iniciativa, es decir, sin la concurrencia de medidas coactivas por parte de la autoridad administrativa que determinen ese obrar voluntario.

Desde la perspectiva que propone el Juzgador de grado, es decir equiparando las nociones de reparación espontánea a la de reparación voluntaria, la gran mayoría de las infracciones al RF que podríamos imaginar entrarían dentro de dicha hipótesis. Ello así porque en pocos casos la autoridad administrativa aparece legalmente autorizada para ejecutar la reparación de una situación de riesgo por propia mano, es decir, prescindiendo de la voluntad del propio infractor; algunos ejemplos de esta potestad legal la representan los supuestos de protección de bienes del dominio público, desalojo o demolición de edificios que amenacen ruina, incautación de bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad así como la intervención para higienizar inmuebles (conf. art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad). Por el contrario, el legislador escogió como forma de motivar a los Ciudadanos en el cumplimiento voluntario de las normas en cuestión la amenaza de pena. Dicha amenaza parte del presupuesto básico del obrar voluntario a partir del cual se decide si adecuar la conducta a las reglas regulatorias o exponerse a la sanciones que puede acarrear su incumplimiento.

En el caso no puede afirmarse, a partir de las constancias de la causa señaladas por el Sr. Fiscal, que haya existido una reparación de las irregularidades detectadas por iniciativa propia, ello así por cuanto desde que el local en cuestión fue inspeccionado por la administración, el 15/10/2005, permaneció clausurado preventivamente. En un primer momento, lo fue por los propios inspectores (fs. 41); con posterioridad la Dirección General de Fiscalización y Control ratificó la medida (mediante la Disposición 7199/DGFyC/2005, fs. 42/3) y dispuso la intervención de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) a fin de que tome intervención en los términos del art. 8 LPF y, en ejercicio de la facultad legalmente conferida por el art. 14 inc d LPF, disponga el levantamiento de la medida en tanto compruebe el cese de las causales que la motivaron (ver art. 6 Disposición 7199/DGFyC/2005). Ello recién ocurrió, luego de tres inspecciones ordenadas por la Controladora Administrativa de Faltas (fs. 51/1, 89 y 92), el 29/11/2005 tal como se aprecia en la resolución obrante a fs. 109/10 y del mandamiento librado a tal fin (agregado a fs. 113). Del cuadro expuesto no se puede afirmar que, en el caso, se hubiese verificado el supuesto de reparación espontánea de las irregularidades advertidas en el sentido ut supra explicado; por lo expuesto, corresponde hacer lugar a recurso de apelación en cuanto critica la aplicación de la sanción sustitutiva de amonestación a cada uno de los hechos aludidos, imponiendo en su lugar las sanciones legalmente previstas.

En esta tarea es necesario tener presente las pautas mensurativas del art. 28 RF así como que el Ministerio Público Fiscal, tal como se desprende de la lectura del alegato efectuado, posee la avidez punitiva de que se mantenga el monto de multa dispuesto por la Controladora Administrativa de Faltas (fs. 224).

Ahora bien, con relación a las conducta consistentes en: 1) Haber tenido, en la planta baja y el entrepiso del local, el cielorraso en tela con material de relleno, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20832455; 2) Haber tenido puerta de salida única en mal estado, material combustible, sin revestimiento ignífugo, con sentido de apertura y ancho de paso antirreglamentario, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20832453; 3) Haber carecido de ventilación reglamentaria en el salón de planta baja, entre piso y cocina, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20899663; 4) Haber tenido instalación de gas (calefón) en cocina antirreglamentaria sin llave de corte y con conducto de ventilación antirreglamentario, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 208899662; 5) Haber tenido tableros eléctricos en planta baja y entre piso, sin contratapa reglamentaria, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 208899660; 6) Haber tenido cables expuestos de 220 v., al alcance de la mano, en todo el salón sobre estructura metálica, en entre piso, en cielo raso, en baños, en cocina, en barra, en tableros eléctricos PB y EP, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20899659; 7) No haber tenido tratamiento ignífugo en pisos, tabiques, mesas, bancos y puertas, telas que recubren puertas, cielorrasos, tabiques de baños, tabiques de cocina, revestimientos de pared, todo ello en maderas y con cortina de tela, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20832454; 8) Haber tenido una salamandra conectada a la red de gas sin la correspondiente ventilación y por poseer los vanos de las ventanas cerrados con elementos ciegos de madera indicados como medios de salida de emergencia sin poder cumplir con tal función, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20832456; 9) No haber tenido máquina expendedora de preservativos en baños, documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20899661 y 10) No haber tenido en condiciones de uso el depósito del inodoro del baño de hombres, también documentada en el acta de comprobación de faltas N° 20899661, resulta razonable imponer el mínimo de la sanción de multa legalmente previsto en los tipos infraccionales en los cuales el Magistrado de Grado tipificó las conductas de referidas -aspecto firme de la sentencia en crisis- ante la falta de antecedentes condenatorios de la infractora en la materia, así como a la extensión del daño causado. Corresponde hacer una salvedad con relación a la conducta consistente en no haber tenido máquina expendedora de preservativos en baños, dicha conducta fue tipificada por el Juzgador de Grado en el artículo 1.2.4 RF, mediante la remisión que efectuó a la ordenanza 51189/96, que prevee una pena mínima de quinientos pesos ($500), no obstante y toda vez que este Tribunal no puede ir más allá de lo peticionado en el recurso bajo examen -que justamente es aquello que habilita y acota su competencia revisora-, del que se advierte la solicitud de imposición de una pena de trescientos pesos ($300), resulta razonable imponer dicho monto de multa.

Por ende corresponde revocar parcialmente la sentencia en crisis en cuanto se apartó de las sanciones legalmente previstas, imponiendo en su lugar las sanciones legalmente previstas conforme el criterio aludido en el párrafo anterior.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, por unanimidad RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación en torno a la pretendida arbitrariedad de la decisión de absolver en torno al hecho documentado en el acta N° 20832457 II.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 1 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 1, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20832455 y fue encuadrado en el artículo 2.2.14 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

III.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 2 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 2, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20832453 y fue encuadrado en el artículo 2.2.14 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

IV.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 3 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 3, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899663 y fue encuadrado en el artículo 2.2.14 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

V.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 4 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 4, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899662 y fue encuadrado en el artículo 2.2.14 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

VI.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 5 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 5, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899660 y fue encuadrado en el artículo 2.1.2 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en quinientos pesos ($500) de multa.

VII.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 6 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 6, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899659 y fue encuadrado en el artículo 2.1.2 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en quinientos pesos ($500) de multa.

VIII.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 7 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 7, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20832454 y fue encuadrado en el artículo 2.1.1 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

IX.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 8 la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 8, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20832456 y fue encuadrado en el artículo 2.2.14 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

X.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 10 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 10, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899661 y fue encuadrado en el artículo 1.2.4 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en trescientos pesos ($300) de multa.

XI.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 11 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto condena a De Marchi Facundo y De Marchi Lucas Sociedad de Hecho, en orden al suceso descripto y distinguido como hecho N° 11, que consta asentado en el acta de comprobación N° 20899661 y fue encuadrado en el artículo 1.2.2 de la ley 451, MODIFICANDOSE en cuanto a la pena impuesta que se fija en doscientos pesos ($200) de multa.

XII.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto 12 de la sentencia de fs. 230/31 en cuanto declara que los hechos distinguidos con los números 1,2,3,4,5,6,7,8,10 y 11, por los cuales fue condenada De Marchi, Facundo y De Marchi, Lucas Sociedad de Hecho, han concurrido entre sí en forma real (art. 12 de la ley 451), MODIFICANDOSE en cuanto a la sanción única fijada que se establece en la suma de dos mil setescientos pesos ($2700) de multa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi