Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 282 p 485/488.

Santa Fe, 12 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución 722 del 30.10.2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, en autos "TRANEF S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.- (EXPTE. 25/17 CUIJ 21-17455229-8)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ Nº: 21-00511782-5); y,	CONSIDERANDO:

1. Por decisión 722 del 30.10.2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, declaró la caducidad de instancia en la presente causa (fs. 5/8v.).

Contra dicho pronunciamiento la actora interpone recurso de inconstitucionalidad alegando apartamiento normativo y de las constancias de la causa (art. 1, inc. 3, ley 7055).

Cuestiona que los Sentenciantes consideraran que la cédula cursada no tenía efecto interruptivo porque había sido dirigida a un sujeto que no era legitimado pasivo en el caso cuando, en verdad, correspondía valorar la voluntad de continuar el trámite iniciado como así también el carácter restrictivo de la caducidad de instancia.

Asimismo, la recurrente critica que la Cámara omitiera excluir la feria judicial al calcular el plazo para evaluar si había operado o no la referida perención, apartándose -en punto a ello- de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 11330 en tanto refiere a la paralización del proceso cuando "sin que el recurrente, pudiendo hacerlo, haya instado su curso".

De igual modo, explica que aun de computarse la feria del mes de enero, desde la notificación recibida por la Administración Provincial de Impuestos (destinataria de la cédula) hasta la solicitud de declaración de rebeldía, el plazo legal de 3 meses se superó por 6 días, aspecto este que, continúa, debió ponderarse a la luz de no incurrir en un "exceso ritual manifiesto" y de no violentar el acceso a la justicia en materia contencioso administrativa.

Achaca que la adjudicación de la responsabilidad por falta de impulso del proceso a su parte deviene arbitraria atento a que los Jueces no advirtieron la errónea notificación sino hasta que se reiterara la solicitud de declaración de rebeldía, relativizándose el importante rol del juez que se le asignara con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial.

Por último, aduce que no existió abandono del proceso ya que en la causa estaba pendiente una resolución.

2. La Cámara, mediante resolución 10 del 09.02.2018, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por entender que los planteos de la impugnante evidenciaban tan sólo su disconformidad con la solución adoptada por la Alzada y que las causales de arbitrariedad esgrimidas no guardaban conexión con la realidad del caso (fs. 39/42v.).

Tal denegación motivó su presentación directa ante esta Corte (fs. 46/53v.).

3. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar.

Aún en forma preliminar, se ha de señalar que la regla que prescribe que son ajenas al recurso de inconstitucionalidad las cuestiones vinculadas a la caducidad o perención de instancia -pues atañen a temas de derecho procesal y de falta de definitividad de los autos a ellas referidos- admite excepciones. En este sentido, se ha afirmado que si bien el auto que resuelve la caducidad de instancia, en principio, no es equiparable a sentencia definitiva, debe entenderse como tal (a los fines de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 7055) cuando pone fin al pleito, impide su continuación o causa agravio de imposible reparación ulterior.

En el "sub lite" teniendo en consideración que puede verse comprometida la vida misma de la acción y podría traer aparejado un agravio irreparable, debe tenerse por superado el óbice de definitividad de la sentencia.

Ahora bien, traspuesto ese inicial nivel de admisión, del examen de los autos, se colige que corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por la accionante dado que lo alegado no deja de denotar su disconformidad con lo resuelto por el Tribunal en su función de interpretación y aplicación de las normas del derecho público local de carácter procesal, procurando en definitiva reabrir el debate sobre la caducidad del recurso contencioso administrativo -temática propia del derecho procesal administrativo, de corte local- que escapa a la configuración de un caso constitucional idóneo para habilitar la instancia de excepción ante esta Corte.

En efecto, cabe recordar que la Cámara declaró la caducidad de instancia por entender que entre el proveído dictado el 17.08.2016 -por el cual se ordenaba citar y emplazar a la demandada para que comparezca a estar a derecho- y la presentación de la actora de fecha 06.02.2017 -donde solicitaba la declaración de rebeldía de aquélla- había transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 30 de la ley 11330 sin que se demostrara algún supuesto por el cual la inactividad pudiera estar justificada.

En tal sentido, los Sentenciantes desecharon el planteo de la impugnante en cuanto a que la notificación cursada el 27.10.2016 a la Administración Provincial de Impuestos era un acto idóneo para impulsar el trámite y que había interrumpido el tiempo de perención, con fundamento en que la cédula era defectuosa ya que si bien no había un error de domicilio, sí lo había en relación al destinatario al dirigirse a un sujeto que no era el legitimado pasivo en la causa y, también, porque no se había dado cumplimiento a los requisitos legales del artículo 4 de la ley 7234.

A mayor abundamiento, sostuvieron que desde la mencionada notificación hasta la solicitud de rebeldía (de fecha 06.02.2017) de igual modo el plazo de caducidad se encontraba superado, vencimiento que se reiteraba una vez más al evaluarse el tiempo desde que la actora constituyera nuevo domicilio el 08.03.2017 hasta que solicitara nuevamente la declaración de rebeldía en fecha 13.06.2017, más allá de la idoneidad del pedido.

Frente a tales argumentos, la recurrente no alcanza a demostrar un supuesto constitucional hábil para franquear esta instancia extraordinaria en tanto con sus alegaciones, tal como han sido traídas a conocimiento de esta Corte, no logra derribar el núcleo sentencial de la Alzada dejando traslucir -como se anticipara- tan sólo su mero disenso con lo resuelto por los Jueces de la causa en cuestiones que les resultan propias.

Tal discrepancia se infiere de los cuestionamientos vinculados a la omisión de valorar la voluntad de proseguir el trámite por parte de la actora y de interpretar de manera restrictiva la caducidad de instancia, ya que no resultan suficientes para desmerecer lo expuesto por los Camaristas cuando, al analizar la notificación cursada, concluyeran que no podía ser considerada como un acto impulsivo del proceso en tanto no se había dirigido a la demandada sino a un sujeto que carecía de legitimación pasiva.

También carecen de contundencia las alegaciones de la impugnante que se centran en cuestionar la inclusión de la feria judicial en el plazo de perención, pues este Tribunal ha tenido oportunidad de considerar planteos sustancialmente similares al presente sosteniendo claramente que en el cómputo del término de caducidad debe considerársela incluida (cfr. A. y S., T. 132, pág. 273; T. 220, pág. 463; T. 273, pág. 116; 123; 149, entre otros) y la compareciente no se ha hecho cargo de tales precedentes en esta instancia.

Tal falta de decisividad se patentiza aún más si se repara en que la misma recurrente afirma que "en el peor escenario, es decir sin computar la feria judicial (...) el plazo de los tres meses se supera por 6 días" (f. 23).

Igual suerte han de correr las postulaciones relativas a que en la causa existía una acto pendiente de resolución (la solicitud de declaración de rebeldía de la demandada) ya que no resulta conmovido lo considerado por la Cámara cuando entendiera que al no haber existido emplazamiento previo a la accionada, carecía de aptitud para hacer avanzar el proceso.

De todo lo expuesto, se advierte que de la crítica de la impugnante no se infiere causal alguna de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción, por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, más no sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho procesal o en la apreciación de las circunstancias fácticas de la causa. Pues su pretensión última es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería, los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara efectuó valoraciones que podrán no conformar a la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario.