Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-27


En la ciudad de Trelew, a los 27 días de febrero del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R., M. A. c/ P. A. S.A. s/ COBRO DE PESOS LABORAL" (Expte. N° 20.718 - año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de primera instancia al punto II del escrito de fs. 186/190 y vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 195.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de nulidad interpuesto por la sociedad demandada al punto II del escrito de fs. 186/190 y vta., que fuera concedido a fs. 192, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 179/180 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por M. A. R. y condenó a P. A. S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $1.691,39.- con costas a la vencida.

Los agravios de la accionada respecto del citado recurso lucen a fs. 186/187 y vta., el traslado conferido a fs. 192 no fue evacuado por su contraria, por providencia firme de fs. 194 se rechazaron los recursos de apelación y casación deducidos en subsidio, y la sociedad señala básicamente que: a) la cuestión debatida se ceñía a interpretar el art. 58 del C.C.T. 137/90 y el 61 del C.C.T.

372/04, y decidir si era ajustado a derecho la forma de liquidar utilizada por la empresa o por el contrario si le asistía razón a la parte actora en su reclamo;

b) ambas partes eran contestes en aceptar que se liquidaba como mínimo el jornal de convenio por 8 horas, de las cuales los trabajadores laboraban 7 horas y 15 minutos, y la discusión se centraba en si también debía prorratearse el rubro producción calculando la producción realizada en el tiempo efectivamente laborado y abonar proporcionalmente también este rubro para el tiempo de descanso, y también que la empresa no lo hacía por considerar que la producción sólo correspondía abonarla cuando era efectivamente efectuada;

c) como surge claramente estábamos ante una cuestión de puro derecho, y sin embargo, la jueza se aparta abiertamente de lo que las partes habían traído a debate y transforma la cuestión en una de hecho y prueba, lo que acarrea la nulidad de la sentencia por haber fallado, no sólo ultra petitia, sino exigiendo pruebas y señalando como no probadas cuestiones que no habían sido materia siquiera de agravios por parte del actor;

d) además es dable señalar que resulta falaz la observación en relación a que su parte no ha producido prueba alguna en relación a demostrar el pago de las 8 horas por cada 7 horas y 15 minutos trabajados, toda vez que esta parte acompañó, junto con la contestación de demanda, la totalidad de los recibos del actor por el plazo de prescripción, que demostraban el correcto pago de este rubro;

e) la pericia realizada sólo planteaba una situación hipotética que en nada se condecía con lo debatido por lo que su utilización a los fines de resolver el conflicto planteado resulta inoficiosa; f) acercó su parte copia de las modificaciones al convenio colectivo que el día 26 de julio de 2006 suscribieron las partes en paritarias y que a la fecha en que se manifestaron aún no se encontraban homologadas, y transcribe el art. 62 del nuevo texto del C.C.T.

372/04; f) precisa que sin embargo la jueza a quo simplemente se limitó a indicar que el hecho que las partes intervinientes en el c.c.t. se encuentren gestando una modificación del texto convencional en modo alguno implica que aquel en que se funda la demanda no se encuentre vigente, y nuevamente la jueza se apartó de la cuestión debatida ya que jamás se puso en duda la vigencia del C.C.T. 137/90 y 372/04 durante los períodos objeto de debate, sino que con el acercamiento al expediente del nuevo texto del CCT hoy vigente, se intentó demostrar el acierto de la interpretación dada por la empresa al texto del art. 58 del CCT 137/90 y del 61 del CCT 372/04 en su oportunidad y según la cual liquidara los salarios del actor; g) todo lo expuesto demuestra que la sentencia sólo aparentemente resulta válida, sino que por el contrario no sólo es arbitraria sino nula de nulidad absoluta e insanable por haberse apartado de los principios básicos que rigen la actividad jurisdiccional, por lo que solicita se la revoque y dicte u ordene dictar otra conforme a las cuestiones que fueron traídas a debate.

2. Funda la apelante la nulidad de la sentencia de la anterior instancia por entender que debió resolverse la cuestión de puro derecho, y que con la apertura a prueba dispuesta se apartó abiertamente de lo que las partes habían traído a debate, transformando la misma en una de hecho y prueba.

Adelanto que no le asiste razón a la recurrente pues ambas partes ofrecieron prueba, la actora al promover demanda (acápite V, fs. 45 y vta.) y la demandada en su escrito de contestación (fs. 105/106), y ante la prueba ofrecida por ambas partes el Tribunal a fs. 122/vta. ordenó producir la misma.

Por ello, no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que "estábamos ante una cuestión de puro derecho" y "que se aparta abiertamente de lo que las partes habían traído a debate y transforma la cuestión en una cuestión de hecho y prueba", ya que con tal manifestación contradice de modo manifiesto su anterior conducta procesal adoptada al contestar demanda.

Por lo demás, decretada la apertura a prueba en esta causa a fs. 122/vta. corresponde señalar que la demandada no formuló oposición a la misma (art. 361 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).

Nótese que el planteo de fs. 124 y vta. estuvo centrado en el recurso de apelación concedido a fs. 118 en relación y con efecto suspensivo contra la resolución de fs. 110 que decidió acerca de la excepción de incompetencia planteada por la accionada.

Y cualquiera de las partes puede impugnar la resolución que dispuso la apertura a prueba; a ese fin debe valerse de un procedimiento específico, que es la oposición . La oposición, que debe ser fundada, ha de interponerse dentro del plazo de cinco días (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, T. V-A, pág. 94).

En consecuencia, al consentir el dictado de la providencia de fs. 122 y vta. mal puede sostener tardíamente en la Alzada que la cuestión debió resolverse de puro derecho y fundar en ello la nulidad de la sentencia.

Desde otra perspectiva, el planteo de nulidad del fallo basado en la exigencia de pruebas y en que se aparta de la cuestión debatida ya que jamás se puso en duda la vigencia del CCT 137/90 y 372/04 durante los períodos objeto de debate resulta manifiestamente improcedente ya que "Sólo procede el recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dadas por los jueces inferiores con violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de substanciales (art. 65 de la ley 69) (el subrayado me pertenece).

Al respecto, la nulidad es la que asienta en defectos de la sentencia. Sólo procede respecto de los vicios relacionados con la construcción de la sentencia. Circunscriptos, entonces, los motivos del recurso de nulidad a la infracción en la sentencia "en sí misma" de las formas y solemnidades estatuidas por ley, que la descalifican como acto jurisdiccional (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 237 y 238).

El fin inmediato del recurso nulificatorio es denunciar los vicios extrínsecos de la resolución, no los intrínsecos. Teleológicamente apunta a los aspectos formales de ella, no a la justicia de su contenido, pues esto último es objeto del recurso de apelación.

Queda delimitado así el ámbito de este remedio procesal, en principio, a las impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, tiempo y forma que pudieren afectar a una resolución judicial en sí misma (Maurino, "Nulidades procesales", Astrea, 1982, par. 148, pág. 177).

En cuanto a las expresiones ya aludidas, como también en lo que hace a las manifestaciones efectuadas en el sentido que resulta falaz la observación en relación a que esta parte no ha producido prueba alguna en relación a demostrar el pago de las 8 horas por cada 7 horas y 15 minutos trabajados y que la pericia realizada sólo planteaba una situación hipotética, cabe precisar que el recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no a supuestos errores de juicio.

La nulidad de la sentencia procede cuando se le ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva. Y la violación de las formas de la resolución judicial requiere la existencia de irregularidades manifiestas, de notoria gravedad (conf. Maurino, ob. cit., 2da. ed., 1999, par. 172 y 174, págs. 233 y 235, respectivamente) (el subrayado me pertenece).

Por eso, una sentencia puede ser nula por dos razones: por su forma o por las solemnidades prescriptas para dictarla (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 241).

En consecuencia, los defectos que la apelante atribuye al fallo no encuadran en ninguna de las causas de nulidad de las sentencias, pues en todo caso tales vicios debieron ser objeto del recurso de apelación.

Así, no hacen procedente el recurso de nulidad, por tener su sanatoria en el de apelación, los siguientes: .

c) Los errores in iudicando que se refieren a errores de hecho en la apreciación de la prueba o de derecho en la interpretación de la ley; los defectos que hacen al fondo del asunto son atendibles por medio de la apelación. d) Los desaciertos o contradicciones intrínsecos del fallo (conf. Maurino, ob. cit., 2da. ed., par. 162, pág. 225).

Insistiendo en estas ideas básicas, son los vicios extrínsecos de la sentencia los que acarrean la nulidad. Los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de corregirse por el recurso de apelación. El recurso de nulidad se otorga contra defectos estructurales del fallo, no subsanables por vía de apelación.

Las cuestiones que versan sobre el fondo de la controversia conectada con supuestos errores en la aplicación del derecho, o en la apreciación de los temas involucrados en el litigio, son ajenas al recurso de nulidad y propias del de apelación (conf, Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 243/244, y cita de fallos).

Recurso de apelación no proveído en primera instancia (ver fs. 192) y desestimado por providencia firme de fs. 194 por haberse deducido en subsidio del de nulidad toda vez que la ley de procedimiento laboral no establece tal subsidiaridad, y por el contrario, legisla por separado tales recursos, el de apelación en el art. 62, y el de nulidad en el art. 65, ambos de la ley 69.

Así, los recursos de apelación y de nulidad, contemplados como recursos diferentes, tienen tratamiento específico en la ley 69 (entre otros pronunciamientos, sala B, c. 17.540, S.D.L. 54/2002, y c. 15.212, S.D.L. 66/04).

3. En consecuencia, propicio al Acuerdo rechazar el recurso de nulidad interpuesto al punto II del escrito de fs. 186/190 y vta., con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. D. G. L. y C. B., en forma conjunta, en su carácter de letrados apoderados de la demandada, en la suma porcentual equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de nulidad deducido a fs. 186/190 y vta. por la demandada P. A. S.A., concedido a fs. 192, contra la sentencia de grado anterior que corre a fs. 179/180, y que la condenara a abonar al actor la suma de $ 1.691,39, en el plazo que determina, con imposición de costas a la vencida.

El respectivo escrito de expresión de agravios luce a fs. 186/187 vta., y corrido a fs. 192 el traslado que prevén las normas rituales, el mismo no es contestado por la contraria.

A fs. 194 se halla la providencia firme por la que pasan los autos a sentencia para el tratamiento de la nulidad, y se rechaza el recurso de apelación y casación interpuestos en subsidio en razón de no estar prevista su interposición subsidiaria en el régimen de la Ley 69.

II.- La descripción de los agravios vertidos por la quejosa ya han sido suficientemente descriptos por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, motivo por el cual, y en homenaje al principio de economía procesal, omitiré su reiteración.

II.a) Cabe señalar que al margen de temas puntuales que la recurrente detalla en su libelo nulificatorio, relacionados con cuestiones de fondo resueltas en el fallo en crisis por la Sra. Magistrado anterior, entiendo que el nudo central de la materia a decidir, se halla en el argumento esgrimido por la apelante cuando sostiene que la cuestión debió resolverse como de puro derecho, y al disponer la apertura a prueba la juzgadora se apartó de manera abierta de lo que las partes trajeron a juicio, produciendo una mutación a otra de hecho y prueba.

Tal como acertadamente lo ha indicado mi colega preopinante en el voto precedente, las afirmaciones de la quejosa no resultan ciertas.

Y ello por cuanto es verdad que al dictarse la providencia de apertura a prueba a fs. 122, teniendo en cuenta la ofrecida por las partes en sus respectivos escritos de demanda y de responde, ni la aquí recurrente, ni la parte actora, formularon oposición alguna, como así lo autoriza el artículo 361 del código adjetivo, de aplicación por remisión al artículo 76 de la Ley 69.

Cumplida, pues, la etapa procesal de la primera instancia sin que la apelante hubiera planteado la pretensión para que la cuestión se resolviera como de puro derecho, mal puede entonces traer a esta Alzada argumentos que no fueron motivo de debate en la instancia que antecede, y esto en un todo de acuerdo con las pautas esbozadas por el artículo 277 del rito.

Y ello así, por cuanto por constituir la segunda instancia un ámbito de revisión, carece de potestad para resolver cuestiones no sometidas al juez de la instancia precedente, pues su función no es decidir en primer grado sino la de controlar el pronunciamiento de los jueces de jerarquía inferior.

La quejosa también expone una serie de argumentos, en los que en apoyo de la nulidad pretensa discute la decisión del fallo en crisis en lo que hace a la exigencia de pruebas, como así su apartamiento de la cuestión debatida por no haber estado en duda la vigencia de los convenios colectivos de trabajo N° 137/90 y 372/04 durante los períodos debatidos en autos.

Y también se agravia por considerar falaz el pensamiento de la sentencia que indica que la demandada no produjo prueba alguna respecto a la determinación del pago de las 8 horas por cada 7 horas y 15 minutos trabajados, aseverando que la pericia solamente formulaba una circunstancia de hipótesis.

Con relación a estos temas, es dable recordar que el recurso de nulidad tiene carácter de sanción por inobservancia de la forma, se enraíza en la milenaria "querella nulitatis insanabilis" (querella o queja de nulidad insanable) del Derecho Romano, como diría Piero Calamandrei en su obra "Derecho Procesal Civil- Estudios Sobre el Proceso Civil", Ed. Ejea, Bs. As., v. III, p.296, y emerge como causa de invalidación del fallo, con lo que se distingue del recurso de apelación, en tanto este último es un medio de impugnación (conf. Morello-Sosa- Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, año 1988, T. III, p. 240).

En este direccionamiento, ha de ponderarse que son los vicios extrínsecos de la sentencia los que acarrean la nulidad a que se refiere el artículo 253 del ordenamiento procesal. Los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de corregirse por el recurso de apelación.

Así, el falso o equivocado criterio que puede imputarse al juez, y aún los errores u omisiones en que pudiere haber incurrido al apreciar la validez intrínseca de una prueba, hacen a la justicia del fallo, que es materia propia del recurso de apelación, pero no a su validez formal, objeto propio y exclusivo del recurso de nulidad, conforme jurisprudencia y doctrina (entre otros, Maurino, Alberto L., "Nulidades Procesales", Ed. Astrea, año 1999, pág. 225 y sgts.; Morello- Sosa y Berizonce, op. cit; CNCiv., Sala L, 20/02/90, LL, 1991-A-204; CCivCom. SFe, Sala III, 05/09/76, Juris 55-203; CCivCom. SFe, Sala I, 04/06/92, Zeus, 59-R-49).- En conclusión, no proveyéndose en primera instancia el recurso de apelación, según surge de las constancias obrantes a fs. 192, y habiendo sido desestimado a fs. 194 por providencia firme de esta Alzada, con fundamento en causales que tienen su origen en la manera independiente en que el procedimiento laboral de la Ley 69 regula los recursos de apelación y de nulidad, y no conteniendo los agravios que sustentan la nulidad deducida los requisitos de admisibilidad que ataquen la sentencia anterior y que respalden su impugnación en la inobservancia de las formas extrínsecas de la sentencia, corresponde desestimar el recurso de nulidad interpuesto.

II.b) Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de nulidad que la demandada promoviera en el Punto II de su expresión de agravios de fs. 186/190 vta., imponiendo las costas de Alzada a la parte recurrente perdidosa, por imperio del principio objetivo de la derrota pautado en el artículo 68 del código procesal.

Tomando en consideración la calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido por sus trabajos de Alzada, entiendo adecuado fijar los honorarios de los Dres. D. G. L. y C. B., apoderados de la accionada, en el 25%, en conjunto, de la cantidad determinada para la instancia precedente, de acuerdo a los lineamientos dados por los artículos 6, 14 y 47 de la ley arancelaria, a los que se adicionará el IVA que pudiera corresponder.

Termino mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) rechazar el recurso de nulidad interpuesto al punto II del escrito de fs. 186/190 y vta.; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios de los Dres. D. G. L. y C. B., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma porcentual equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesto al punto II del escrito de fs. 186/190 y vta.;

IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida;

REGULAR los honorarios de los Dres. D. G. L. y C. B., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma porcentual equivalente al 25% de la cantidad fijada para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 06 DE 2007 - SDL.- Conste.-