Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-29


Salta, 29 de julio de 2010.

Y VISTOS: los presentes autos caratulados "González, Félix Eugenio c/Postigo Gonzalo Exequiel s/Ordinario: Nulidad de Acto Jurídico. Resolución de contrato de compraventa y daños y perjuicios", expte. nº 242.518/08 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8va. Nominación; Expte. CAM nº 298.546/10 de esta Sala III; y C O N S I D E R A N D O El Dr. Guillermo F. Díaz, dijo:

I. Que la providencia de fs. 64 punto IV que rechazó in límine el pedido de citación de terceros, ha sido recurrida por la demandada a fs. 76/79. Denegada la revocatoria y concedida la apelación subsidiaria a fs. 83/84; expresa agravios a fs. 85/88 vta.

Dice en cuanto a los hechos, que adquirió del actor un rodado utilitario marca Chevrolet Corsa por el cual dio en parte de pago otro rodado marca Volkswagen Gol que a su vez había adquirido en 28 de junio de 2007 al Sr. Luis Eduardo Federico, quien por entonces era titular registral del mismo. Que conforme lo informara oportunamente el Registro de la Propiedad Automotor de la Capital Federal con anterioridad a la operación, el día 25 de junio de 2007, el automóvil carecía de gravámenes ni pedidos de secuestro o cualquier otra medida judicial que afectara su libre uso o disponibilidad o transferencia. Que luego de haberlo adquirido, exactamente el día 16 de agosto de 2007, procede a realizar la verificación vehicular obligatoria por ante la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta, con resultado totalmente normal, sin que a ese momento se hubiese advertido ninguna irregularidad. Que en consecuencia, su mandante tomó todos los recaudos necesarios, habiendo sido un adquirente de buena fe y a título oneroso, dado que canceló en tiempo y forma el precio de compra acordado con el vendedor; todo lo cual acredita la ausencia de responsabilidad de su parte. Que acreditados dichos extremos, sorprende que fundado en pruritos formales se rechace el pedido de citación de terceros, siendo que la sentencia apelada encuadra en la doctrina de la arbitrariedad elaborada por la Corte de Justicia de la Nación, en razón que se ha prescindido de extremos conducentes y gravitantes para la solución legal adecuada del pedido de citación de terceros, a través de una desarcetada aplicación del derecho vigente y con prescindencia de las constancias obrantes en la causa. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la necesidad que los pronunciamientos judiciales sean fundados. Que habiendo invocado y demostrado su actuación de buena fe y siendo perjudicado por el secuestro de los vehículos, tanto el que adquirió como el que dio en parte de pago, por hechos que resultan responsabilidad de terceros por quienes su parte no debe responder. Agrega que la citación de los terceros tampoco importaría perjuicio alguno para los mismos, por cuanto en caso de ser acreditada la inexistencia de responsabilidad de su parte, su mandante deberá cargar con las costas. Entiende que básicamente se trata de establecer conforme a la teoría de la causalidad adecuada quiénes resultan responsables de los hechos ventilados en autos, responsabilidad que arbitrariamente se le atribuye a su conferente, y conforme lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, los jueces no pueden prescindir del uso de los medios que se encuentren a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos, como en el supuesto que se rehúya atender a los hechos que son relevantes para la justa decisión del litigio. Por otro lado, dice, fraccionar las pretensiones procesales (en forma hipotética, pues la reconvención ya fue deducida) importaría un dispendio innecesario de la actividad jurisdiccional y el pedido de citación de terceros encuentra su fundamento en la responsabilidad que a los mismos podría caberles en función de documentación emanada de ellos mismos, ofrecida como prueba: 1º informe de dominio y 2º verificación vehicular, tratándose de documentos de innegable valor probatorio en la venta de un bien registrable. Así, el pedido de citación de terceros también encuentra sustento en el principio de economía procesal. Precisa que de acuerdo a doctrina y jurisprudencia que indica, la citación de terceros puede tener lugar existe una relación jurídica que vincule al tercero con alguna de las partes originarias del proceso y comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción regresiva contra el tercero o medie entre la relación controvertida en el proceso y otras relaciones existentes entre el tercero y alguna de las partes originarias. Mantiene reserva de derechos.

A fs. 89 se ordenó correr traslado del memorial a la parte actora y a fs. 94 se le tuvo por decaído el derecho dejado de usar para contestar y se dispuso la elevación de estos autos a esta Sala. A fs. 100, pasan los autos a Despacho para resolver.

II. La posibilidad de tramitar procesos con sujetos múltiples es una de las aplicaciones del principio procesal de economía. Sin embargo, distintos motivos, fundados en otros principios de igual trascendencia procesal, autorizan limitar la incorporación de partes al proceso; entre ellas, la preservación del orden (nadie mejor que el Juez de primera instancia para juzgar prudencialmente las consecuencias de esa situación), la celeridad (en ocasiones la concentración a que conduce la economía atenta necesariamente contra la celeridad y la eficacia del proceso) y, en supuestos de intervención de terceros pedidas por el demandado, el derecho del actor a no litigar contra quienes no ha elegido como sus contrarios.

Como todo instrumento por el cual se pretende alcanzar una determinada finalidad, su aplicación ha de estar fundada en una razón suficiente que la aconseje; y, en este sentido, una pauta de interpretación válida habrá de hallarse en la virtualidad refleja o mediata que la eventual sentencia pueda proyectar sobre las relaciones con terceros; aquello que en doctrina se ha identificado como la "dependencia lógica y jurídica" de las distintas potenciales situaciones litigiosas (ver Enrique M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, págs. 313 y sgtes.).

En el caso, y de acuerdo con la resolución atacada, no se advierte esa dependencia lógica entre las pretensiones del actor y las que eventualmente podría intentar el demandado contra aquellos terceros que pretende incorporar a este proceso. Nótese que las acciones que el demandado menciona, a intentar eventualmente contra los organismos que intervienen en el proceso de verificación y registro de datos referidos a automotores, no serían técnicamente verdaderas acciones de regreso, sino claramente acciones directas de responsabilidad por daños; de donde se concluye que es acertada la denegatoria de fs. 64 punto IV.

En consecuencia, voto por el rechazo del recurso de apelación deducido a fs. 76/79 en subsidio del de revocatoria.

El Dr. Marcelo R. Domínguez, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Guillermo F. Díaz.

Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 76/79 en subsidio del de revocatoria y, en su mérito, MANTIENE la resolución de fs. 64 punto IV.

COPIESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y BAJE.