Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-02


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 2 de 2008 A la cuestión propuesta el Dr. Zannoni, dijo:

1. International Purchase S.A. demandó al Consorcio de Propietarios de calle Bartolomé Mitre 1228/32, a fin de que se condene a éste a resarcir los daños producidos a causa de la filtración de agua y humedades producidas en el área de depósito, baños y recepción del local comercial que explotaba en el entrepiso de dicho edificio, dedicado a la importación y venta de equipos de audio y video. Dicha inundación y filtraciones se produjeron durante el fin de semana comprendido entre los días 23 y 24 de febrero de 2002 y se prolongaron algunos días más, a raíz de la obstrucción en la columna de desagüe de la unidad C del primer piso del edificio, que dañaron mampostería y cielorrasos del inmueble, alfombras y diversos equipos de audio y video existentes en el local de la parte actora.

2. La sentencia de fs. 586/591 hace lugar a la demanda y condena a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 23.730, con más los intereses y las costas del juicio.

3. De lo decidido apelaron ambas partes.

La actora se queja, en primer lugar, de que el capital de la condena se haya estimado en pesos, no obstante que, de acuerdo a la prueba rendida, los equipos de audio y video dañados, por ser importados, habían sido contabilizados a su valor en dólares. En segundo término, se queja del valor estimado para la reposición de alfombras y, finalmente, de que se haya dispuesto que los intereses sobre el capital de la condena se devenguen a la tasa pasiva promedio desde la fecha de la sentencia y no desde la ocurrencia del hecho dañoso.

El Consorcio demandado se queja del rechazo de la defensa de falta de legitimación activa para reclamar, que opuso por ser la actora sólo locataria del local; afirma, además, que los daños se produjeron en una construcción clandestina realizada en la unidad que era utilizada como depósito, lo cual denotaría que medió culpa de la víctima en la producción de los daños; sostiene, también, que la actora no ha probado la propiedad de las mercaderías dañadas.

Dada la índole de los agravios, entiendo que deben considerarse en primer término los que vierte el consorcio demandado.

4. La defensa de falta de legitimación activa. Como anticipé, el consorcio demandado opuso a la actora la defensa de falta de legitimación activa por considerar que no era la propietaria del local sino sólo locataria con un contrato cuyo plazo, a la sazón, se hallaba vencido.

El sentenciante hizo mérito de la legitimación que surge del art. 1110 del Cód. Civil y puso de relieve que si bien el plazo del contrato había vencido lo cierto es que International Purchase S.A. continuaba ocupando el bien en carácter de locataria, de modo que por aplicación del art. 1622 del Cód. Civil, la locación subsistía y, por lo tanto, frente al consorcio, estaba habilitada para demandar la reparación de los daños sufridos.

Cierto es que el locatario no es, en rigor terminológico, el usufructuario o el usuario de la cosa, al que se refiere el citado art. 1110, pues no goza de un derecho real de usufructo o de uso como desmembración del dominio. Pero aun en la hipótesis de que se considerara que los daños en el inmueble no podría demandarlos sino, subsidiariamente, en ausencia del propietario (art. 1110, segundo párrafo in fine del Cód. Civil), como una suerte de gestor de negocios del dueño ausente (conf., Orgaz, El daño resarcible, nº 29; Kemelmajer de Carlucci en: Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, t. 5, comentario al art. 1110, pág. 386, º 5; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2º ed., 1979-80, t. III, pág. 524; Saux en: Bueres-Highton, Código Civil comentado, t. 3-A, comentario al art. 1110, pág. 408/9, º 3, etcétera), lo cierto es que la sentencia apelada condena a indemnizar los daños sufridos por los equipos de audio y video que eran propiedad de la actora, así como el valor de la alfombra adquirida por ella, y rechaza, aunque por fundamentos diversos, la pretensión ejercida respecto de los daños en el inmueble locado.

De tal suerte, la defensa deviene abstracta a esta altura del proceso.

5. La alegada "culpa de la víctima" como eximente de responsabilidad del consorcio. El Consorcio admite -como lo informó, por otra parte, el perito ingeniero a fs. 455- que se produjo una obstrucción en la columna de desagüe cloacal de la cocina en el departamento C del primer piso, cuya destapación fuera llevada a cabo días después. Pero afirma que el local afectado a depósito en que se hallaban los equipos de audio y video que resultaron dañados por causa de las filtraciones había sido construido clandestinamente, sin autorización del consorcio en un espacio privativo pero común, destinado a aire y luz. Invoca, en consecuencia el hecho del damnificado -culpa de la víctima- como eximente de responsabilidad por el vicio de las cosas (arg. art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Cód. Civil.

Sin embargo, lo que correspondería establecer en punto a la interrupción del nexo causal es si la realización de la obra con destino a depósito fue la causa de los daños o coadyuvó a su producción (arts. 921, Cód. Civil). Lo cierto es que la humedad y las filtraciones tuvieron su causa exclusiva en la obstrucción en la columna de desagüe de la unidad C del primer piso del edificio, sin que el consorcio como dueño o guardián de las cosas comunes del edificio, haya invocado ni menos aún probado que fue la construcción de dicho depósito la causa exclusiva o concausa de los daños.

En otras palabras, la causa de los daños en la unidad se sitúa en humedades o filtraciones producidas desde el desagüe cloacal del piso superior cuyo mantenimiento y reparación es a cargo los copropietarios (arg. art. 8º, ley 13.512). En tal sentido se enseña (conf., Racciatti, Hernán, Manual de la propiedad horizontal, Bs. As., Depalma, 1998, pág. 92, y en: Zannoni-Kemelmajer de Carlucci, Código Civil comentado, t. 11, comentario al art. 9º de la ley 13.512, pág. 651 y sigtes), y se ha resuelto en diversos precedentes, que por ser el consorcio guardián de las cosas comunes del edificio debe reparar los daños existentes en ellas, y también los daños en partes propias, si dichos daños son consecuencia directa e inmediata de las deficiencias comprobadas en las partes comunes.

En un caso análogo al presente caso, esta Sala ha considerado que por ser las cañerías del edificio cosas comunes, debe resarcirse al copropietario los daños sufridos en razón de las filtraciones en su unidad, independientemente de la buena o mala fe de los copropietarios (Sala F, 30/10/95, JA, 1997-IV, secc. síntesis, y, en sentido similar: Sala H, 31/10/96, JA, 1997-IV-608; Sala B, 25/10/99, LL, 2000-C-924, fallo nº 42.754-S; íd., 22/6/99, ED, 186-361; Sala K, 28/4/99, LL, 2000-B, 731; esta Sala, Libre 476.130 del 29/6/2007, etc.). También tiene dicho la Sala: "La reparación de los daños causados por humedades provenientes de deficiencias del sistema de descarga pluvial y de los techos que constituyen partes comunes del edificio, son a cargo del consorcio por ser el responsable de su mantenimiento" (Sala F, 12/6/2001, JA, 2002-II, síntesis).

Así, pues, la argumentación ensayada en el memorial no logra constituir una crítica idónea al fallo. Propongo en consecuencia, confirmar lo decidido.

6. Prueba de la propiedad de las mercaderías dañadas. Sostiene el recurrente que la actora no ha acreditado la existencia y propiedad de la mercadería dañada.

La parte actora acompañó un acta notarial labrada, a su requerimiento, el 28 de febrero de 2002 (original agregado a fs. 536/37), en la que se detallaron los equipos dañados, y a la que se acompañaron los negativos de las fotografías que fueron certificadas notarialmente y permiten identificarlos. El perito contador, ..., que informa a fs. 273/75, compulsó la contabilidad y demás documentación de compras al exterior aportada por International Purchase S.A., y dio cuenta de las constancias emitidas por la Administración Nacional de Aduanas de su nacionalización, y diversas facturas de proveedores locales por gastos de despachos, contabilizadas en los libros de IVA compras. Asimismo estableció el costo promedio de reposición de la mercadería dañada que se detalló en el acta notarial antes referida. El perito ingeniero Acuña, a fs. 286/88, da cuenta de los daños advirtió sobre el estado en que se hallaban los equipos electrónicos que se encontraban al momento de hacer la pericia, los que no eran aptos para la venta a terceros en condiciones normales.

Entiendo que con estos elementos la parte actora acredita razonablemente la existencia de la mercadería que sufrió daños. El consorcio pretende cuestionar la prueba de la existencia de la mercadería por no surgir del informe pericial contable una serie de elementos tales como -entre otros- el número de inscripción del Cuit, ingresos brutos, impuesto a las ganancias correspondiente a la actora, el número de la factura que corresponde a los equipos dañados, según el inventario, quién es el proveedor, los certificados de importación y de nacionalización de la mercadería, los despachos de importación intervenidos por la aduana, etcétera, etcétera. Los reparos parecen excesivos. El examen de la contabilidad de la actora revela suficientemente la adquisición de los equipos importados. Puede que no exista documentación específica relativa a los equipos dañados en particular, porque éstos integraron lotes que comprendían cantidades mayores cuyas facturas y documentación de nacionalización fueron tenidas a la vista por el contador según surge de su informe.

Por lo expuesto entiendo que tampoco este agravio puede ser admitido.

7. Moneda en que debe estimarse el resarcimiento. La parte actora se agravia, en primer lugar, de que el capital de la condena se haya estimado en pesos, no obstante que la pericia contable estimó el valor de reposición de los equipos de audio y video dañados, por ser importados, en dólares.

Corresponde advertir, ab initio, que la cuestión debatida es ajena a las normas de emergencia dictadas a principios de 2002. El art. 11 de la ley 25.561 pesificó las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de su promulgación, originadas en contratos celebrados entre particulares con moneda de pago en dólares u otra moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera. Más tarde, el Poder Ejecutivo a través del decreto 214 del 4/2/02, estableció que "a partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos." (art. 1º). Y, por fin, el decreto 320/2002 en su art. 11 aclaró que las disposiciones del decreto 214 son aplicables a todas las obligaciones en dólares estructuradas por la ley 25.561 a la relación de un peso igual a un dólar estadounidense y que el art. 8º de ese decreto es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la esa ley.

Como se advierte, el caso no está regido por estas disposiciones; no nos encontramos ante una obligación de dar sumas de dinero derivada de un contrato celebrado con anterioridad a la vigencia de las citadas normas legales y reglamentarias, sino del resarcimiento del daño causado por un hecho acaecido en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Por ende, parece razonable el agravio de la parte actora. El perito justipreció el valor de los equipos involucrados en dólares estadounidenses por tratarse de mercadería de importación facturada en esa moneda según los asientos contables de la empresa.

Parece entonces lógico establecer el valor del daño en dicha moneda, sin perjuicio de que cuando se liquide, en la etapa pertinente del juicio, se proceda a su conversión al cambio que rija en el mercado de divisas al momento en que dicha liquidación se practique. Propongo, en consecuencia, modificar la sentencia condenando al demandado a pagar a la actora la cantidad de u$s 7.430,93, de acuerdo a lo informado a fs. 274.

8. Valor de la alfombra dañada. Se queja la actora de que el Señor Juez a quo haya estimado el valor de la alfombra deteriorada por las filtraciones y humedades que afectaron el local, con arreglo a la facultad que le otorga el art. 165 del CPCC, en $ 400.

Lo cierto es que el perito arquitecto ..., en el informe de fs. 454/458 y en las aclaraciones de fs. 476/479 estimó el costo total de las reparaciones en la superficie cubierta de la unidad -tanto en la superficie registrada según planos y en la superficie que corresponde a la ampliación- sin referirse específicamente al costo de reposición de alfombras. De tal modo, entiendo, el valor estimado por el Juez no aparece como irrazonable, a falta de prueba del valor daño (sin perjuicio de advertir que como la actora dejó el local durante el juicio -ver fs. 362- no es posible establecer si soportó o soportará ese daño).

Propongo, en consecuencia, confirmar lo resuelto.

9. Intereses sobre el capital de condena. Se agravia la actora de que la sentencia disponga que los intereses sobre el capital de la condena se devenguen a la tasa pasiva promedio desde la fecha de la sentencia y no desde la ocurrencia del hecho dañoso, y a la tasa activa.

Según la doctrina legal establecida por esta Cámara, en pleno, in re: "Gómez, Esteban c./ Empresa Nacional de Transportes" del 16/12/58, (LL, 93-667 y JA, 1959-I540) "los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos y cuasidelitos se liquidarán desde el día en que produce cada perjuicio objeto de la reparación". El actor solicita se modifique lo resuelto en la anterior instancia, que hace correr el curso de los intereses sobre el importe de la condena a partir de la fecha de la sentencia. Estimo que la doctrina legal citada es aplicable al caso y por ende corresponde liquidar los intereses sobre el capital de la condena desde la fecha en que produjo el daño cuyo resarcimiento se reclama.

Pero, respecto al capital de la condena expresado en dólares estadounidenses, habrá de aplicarse la tasa de interés puro del 4% anual, en esa moneda, y respecto al capital de condena en pesos a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91, por aplicación de la doctrina del fallo plenario en "Vázquez c./ Bilbao" de 1993 (LL, 1993-E, 126), que constituye doctrina legal del fuero, y que fuera ratificada respecto a los intereses devengados aún después del 6 de enero de 2002, en el fallo plenario del 11/11/2003 en la causa "Alaniz, Ramona E y otro c./ Transportes 123 SACI" del 23/3/04.

10. Síntesis. Si mi criterio fuese compartido, correspondería confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y modificarla en cuanto al capital de condena correspondiente al valor de reposición de la mercadería dañada, estableciéndolo en u$s 7.430,93, y en punto a intereses, que deberán calcularse a partir del hecho dañoso y hasta el efectivo pago, a la tasa del 4% anual sobre el capital de condena en dólares estadounidenses, y a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91 respecto del capital expresado en pesos. Si así se resuelve, las costas de esta instancia deberán imponerse a la parte demandada, que resulta vencida (art. 68 del CPCC).

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los DOCTORES Galmarini y Posse Saguier votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, y se modifica en cuanto al capital de condena correspondiente al valor de reposición de la mercadería dañada, estableciéndolo en u$s 7.430,93, y en punto a intereses, que deberán calcularse a partir del hecho dañoso y hasta el efectivo pago, a la tasa del 4% anual sobre el capital de condena en dólares estadounidenses, y a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91 respecto del capital expresado en pesos. Las costas de esta instancia se imponen a la parte demandada, que resulta vencida (art. 68 del CPCC).

Toda vez que este tribunal ha modificado lo resuelto por el Sr. juez de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, corresponde adecuar los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses); trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión y calidad; etapas cumplidas; y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 se regulan los honorarios del Dr. ... en DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2850) y los de la Dra. ..., letrada patrocinante del síndico de la quiebra de la actora, en MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1350). Asimismo, por la representación letrada de la demandada, se regulan los honorarios de la Dra. ... en OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($850); los de los Dres. ... y ..., en conjunto, en QUINIENTOS PESOS ($500), y los de la Dra. ... en MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($1150). Por las labores realizadas por los peritos: ingeniero civil ..., ingeniero electrónico ... y contador ..., apreciadas por su importancia y calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en SETECIENTOS PESOS ($700) para cada uno.

En atención a lo dispuesto por el art. 4 del decreto 1465/07, que sustituye el art.21 del decreto reglamentario 91/98,-conf. esta sala, L. 497.894 del 17/04/08-. se regulan los honorarios de la mediadora Dra. ... en NOVECIENTOS PESOS ($900).

Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios de la Dra. ... en MIL TRESCIENTOS PESOS ($1300) y los de la Dra. ... en OCHOCIENTOS PESOS ($800).

Con relación a los letrados, deberán adicionarse en su caso y en los términos de los arts. 79 y 80 de la ley 1181 del G.C.B.A. y Acordada Nº 06/05 de la C.S.J.N., el aporte previsional tenido en cuenta por el Sr. Juez a quo en la resolución apelada. - José Luis Galmarini. - Eduardo A. Zannoni. - Fernando Posse Saguier.