Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-23


- En la ciudad de Trelew, a los 23 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., M. A. c/ C., H. A. s/ alimentos" (Expte. N° 22.020 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 78.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: - La sentencia de la anterior instancia hace lugar a la demanda interpuesta por la Sra. M. A. C., en representación de su hijo G. D. C., contra el Sr. O. C., estableciendo la cuota alimentaria que el demandado deberá abonar en favor de su hijo, en el porcentaje del 30 % de los ingresos que percibe como dependiente de la firma "S. C." de propiedad de la Sra. A. C., suma que deberá ser descontada directamente por la empleadora y depositada en el B. D. C. S.A., cuenta de depósitos judiciales, a la orden del juzgado y como perteneciente a estos autos. Impone las costas al demandado y regula honorarios.- Contra dicho decisorio interpone recurso de apelación la parte demandada (fs. 57), expresando agravios por escrito que obra agregado a fs. 70.- - Se agravia en primer lugar del modo en que las costas fueron impuestas. Señala que el demandante no logró el objeto de la demanda que es una cuota alimentaria de $ 600 y/o mayor, resultando de la sentencia una suma menor, por lo que entiende corresponde distribuir las costas en el orden causado. Invoca la aplicación de lo dispuesto por el art. 71 del rito. Afirma que el criterio de que el alimentante debe cargar con las costas no es absoluto y sede cuando con motivo de los incidentes que se sustanciaron dentro de la etapa principal, las circunstancias determinan que sea mas equitativo distribuirlas en el orden causado. Luego esgrime que debe soportar gastos de alquileres, luz y gas por una suma de aproximadamente $ 600, lo que le hace muy difícil cumplir con la suma que se le impuso, por lo que solicita a esta Cámara tenga a bien disminuir la suma de la cuota mensual en la suma que se ofreció en la contestación de la demanda, para que cuando mejore su situación económica poder mejorar la cuota de su hijo. Fijada a fs. 73 la audiencia exigida por el art. 130 de la ley 4.347 es celebrada conforme da cuenta el acta de fs. 76 sin que concurra a la misma la parte actora.- El primero de los agravios vertido refiere al modo en que las costas fueron impuestas.- No trata el presente de un incidente sustanciado dentro de la etapa principal o de un pedido de reducción de cuota alimentaria, refiriendo a tales supuestos la cita jurisprudencial introducida por el apelante en fundamento del agravio vertido.- Comparto que, como regla general, en los procesos de alimentos corresponde imponer las costas al alimentante como lógico corolario de la especial naturaleza de la materia controvertida, (Arts. 68 del C.P.C.C., de aplic. por vía del Art. 205 de la Ley 4347; SDC 8/05 y 35/04).

- En lo relativo a las costas, se ha dicho que las mismas forman parte integrante de la prestación, pues es un gasto indispensable para poder obtenerla; si fuesen a cargo del alimentario se afectaría el principio de la integridad de la prestación, y como consecuencia se recibiría un monto menor que el fijado, lo que redundaría en beneficio del alimentante y en perjuicio del alimentista (López del Carril, Julio J., "Derecho y obligación Alimentaria", Abeledo-Perrot - 1981, p. 453).

- Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que, dado el carácter asistencial de la prestación alimentaria, las costas, aún cuando el monto de la cuota fijada en la sentencia sea inferior a la demandada, deben ser impuestas al demandado; de otro modo, se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación alimentaria (SDC 8/05, con cita de Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", Ed. Astrea, 1.993, pág. 366, & 396; íd., Lagomarsino/Uriarte, "Juicio de Alimentos", Ed. Hammurabi; Buenos Aires, 1997., págs. 181/183). Y esta conclusión no se altera por la circunstancia de que las pretensiones de la parte demandante por alimentos hubieran prosperado en menor medida que su reclamo (SDC 8/05, con cita de Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, 1ra. reimpresión, ed. año 2000, pág. 427, & 198 en especial la jurisp. cit. en nota nro. 189).

- Es bajo tales pautas que, las costas de primera instancia no sufrirán variación alguna en mi voto por cuanto en ella claramente se manifestó un posicionamiento en el cual el demandado resultó vencido al fijarse una cuota alimentaria superior a la pretendida en su planteo defensivo.

- Por lo demás, es recién al expresar agravios que el demandado invoca tener que soportar gastos de alquileres, luz y gas por una suma de aproximadamente $ 600, lo que le hace muy difícil cumplir con la suma que se le impuso. Ninguna mención hace de tales circunstancias al contestar a fs. 23/24 el traslado de la demanda, mucho menos ofrece prueba al respecto.

Ello así, no puede esta Cámara fallar sobre tal aspecto (art. 277 del C.P.C.C.), ya que el tribunal de segunda instancia no puede conocer de aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior, motivo por el cual no pueden quedar comprendidas aquellas introducidas en forma extemporánea con posterioridad a la traba de la litis (S.I.C. 58/04, 69/06, S.I.L. 17/06 Sala "B").

- Ello es de tal manera por cuanto en virtud del sistema dispositivo del cual nuestro Código de rito es tributario, se le confiere a las partes el señorío de fijar los límites del objeto litigioso, excluyéndose de tal modo que la jurisdicción se pronuncie sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por ellas. - Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en Primera Instancia, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa, y violación de una expresa prohibición legal, como ya se ha señalado "supra". Y tal directiva procesal resguarda el efectivo respeto al principio de congruencia que marca los límites del conocimiento del tribunal de Alzada, el que no puede ingresar a opinar, ni menos aún a pronunciarse, más allá de lo peticionado por las partes en sus escritos introductorios que hayan sido propuestos a la decisión del juez de Primera Instancia. Transgredir esta regla, importaría el dictado de un fallo violatorio del principio de congruencia, por ser "extra petita" (S.I.C. 58/04, 69/06, S.I.L. 17/06Sala "B").- - Por tales fundamentos propongo al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido en virtud del criterio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC).

En atención al mérito, extensión, calidad, eficacia de la tarea profesional cumplida en esta instancia por el Dr. J. L. S., el resultado obtenido y el carácter en que intervino, propongo regular sus honorarios profesionales en un 25 % de los que a su favor fueran establecidos por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif.).

- Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión, voto por la AFIRMATIVA.

- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 57, que fuera concedido libremente y con efecto devolutivo a fs. 58, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 51/52 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por la Sra. M. A. C., en representación de su hijo G. D. C. contra el Sr. O. C., estableciendo la cuota alimentaria en el porcentaje del 30% de los ingresos que percibe como dependiente de la firma "S. C." de propiedad de la Sra. A. C., con imposición de costas al vencido. - Los agravios vertidos lucen a fs. 70 y vta., el traslado conferido a fs. 72 no fue contestado por su contraria, a fs. 76 obra el acta de la audiencia prevista por el art. 130 de la ley 4347, y y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.- 2. Requiere el demandado la disminución de la cuota fijada ya que debe soportar diversos gastos (alquiler, luz, gas) por una suma aproximada de $600.- lo que dificulta el cumplimiento de la suma que se le impuso.

Observo al respecto que esa alegación no fue introducido oportunamente al momento de contestar demanda a fs. 23/24 y vta., por lo que esta Alzada no puede ingresar a la queja como consecuencia del alcance previsto para la sentencia de segunda instancia en la última parte del art. 271 del C.P.C.C. (". en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.") y prohibición impuesta por el art. 277 del citado ordenamiento ("El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.") (el subrayado me pertenece).

Es que, como una manifestación o derivación del principio dispositivo, rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional. El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada. Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 37 y 60, págs. 115 y 165/166, respectivamente).- Al modo en que se constituyó la relación procesal debe atenerse el juzgador en esta segunda instancia, ya que la primera limitación a que se encuentran sometidos los tribunales de Alzada viene dada por la relación procesal trabada en el grado inicial, cuyo respeto se ve impuesto por el principio de congruencia, que también rige en la instancia apelatoria (art. 34, inc. 4° del C.P.C.C.).- Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los art. 271 y 277 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, no puede el tribunal apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.

Por un lado se encuentra limitado, siguiendo la terminología del artículo 271 del Código Procesal, por las pretensiones y oposiciones y las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia; y por el otro, por lo que haya sido materia de agravios. Se tratan de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes. Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (conf. Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 29, pág. 76).- En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).- Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).- Y por tratarse de un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia esta Alzada no puede ingresar a su tratamiento (art. 277 del C.P.C.C.), motivo por el cual la queja resulta inatendible.

En lo que hace a las manifestaciones realizadas en el sentido de que el criterio de que el alimentante debe cargar con las costas no es absoluto, y en el caso de autos el demandante no logró su objeto ya que obtuvo una cuota alimentaria menor a la solicitada, y que por ello corresponde distribuirlas en el orden causado, cabe señalar que no le asiste razón en su planteo.- Para ello debemos partir por considerar que en el juicio de alimentos el alimentante debe cargar con las costas, no sólo por el principio general contenido en el art. 68 del Código Procesal, sino también por la especial naturaleza de este proceso, ya que de otro modo se reduciría por este camino la significación de la cuota (CNCiv., sala G, octubre 4-982, L.L. 1983-B, 96).- - En el juicio de alimentos las costas deben ser soportadas por el alimentante, a fin de no disminuir la cuota acordada. Ello, en tanto no medie allanamiento al monto requerido, ni coincidencia entre la cuota que el marido se avino a pagar y la fijada judicialmente, que justifiquen un apartamiento del principio general (CNCiv., sala I, abril 4-989, L.L. 1990-D, 467). Incluso, si se trata de alimentos respecto de los hijos menores, autorizada doctrina y jurisprudencia entiende que aun de mediar allanamiento no corresponde apartarse de ese principio general.- Así, salvo casos excepcionales, no corresponde ordenar ninguna disminución a la cuota establecida. Admitir lo contrario, importaría gravar el monto acordado y desvirtuaría la finalidad de esta obligación. Cuando los beneficiarios de la prestación son únicamente los menores, no es prudente apartarse de la regla general, aún cuado media allanamiento o coincidencia entre lo ofrecido y la cuota establecida o las partes hayan arribado a una transacción. En este orden de ideas, la jurisprudencia entiende que las costas deben ser soportadas por la parte alimentante, con prescindencia del resultado del litigio ya que trasciende, en sus efectos, a la circunstancia objetiva de la derrota, que, en otras hipótesis adquiere rango cardinal en la dilucidación del asunto (ver Rev. LA LEY, t. 1982-B, p. 85; Jurisprudencia Agrupada, Rev. LA LEY, t. 1989-D, p. 60; Rev. LA LEY t. 1983-B, p. 96; Rev. LA LEY, t. 1983-D; E.D. t. 106, p. 174; E.D. t. 106, p. 693). (conf. Tanzi y Suarez, "La obligación alimentaria emanada de la patria potestad", L.L. 1990-D, pág. 468).- Y en la presente causa la lectura del escrito de contestación permite señalar que el alimentante formuló oposición a la cuota requerida, como también que la suma fijada en el fallo en crisis en el 30% de los ingresos que el accionado tiene como dependiente es superior a la que ofreciera de $240.- con sólo cotejar el recibo de sueldo agregado a fs. 38.- Así, toda vez que las costas en materia de alimentos han de imponerse por regla general al alimentante en atención al carácter asistencial que la cuota reviste, resultando excepcional su distribución en el orden causado (Lagomarsino y Uriarte, "Juicio de alimentos", Editorial Hammurabi S.R.L., 1997, par. 45, pág. 170), no cabe apartarse de esa regla al no darse supuesto de excepción alguno.- En cuanto al argumento de haberse fijado una cuota inferior a la requerida, cabe precisar que dado el carácter asistencial de la prestación alimentaria, las costas, aun cuando el monto de la cuota fijada en la sentencia sea inferior a la demandada, deben ser impuestas al demandado; de otro modo, se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación alimentaria (Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, 2004, par. 433, págs. 410/411 - Tales pautas conducen a desestimar los agravios vertidos.- 3. Por tales fundamentos, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo prudente los emolumentos que propicia regular el vocal que me precede en la votación a favor del Dr. J. L. S., en su carácter de letrado patrocinante del demandado apelante, en la suma equivalente al 25% de la cantidad fijada por las tareas desarrolladas en la anterior instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - De compartirse los términos de mi voto corresponde: 1) confirmar la sentencia apelada; 2) imponer las costas devengadas en la segunda instancia al apelante vencido; 3) regular los honorarios del Dr. J. L. S. por sus tareas en la alzada en un 25 % de los que a su favor fueran establecidos por su actuación en la instancia antecedente.- - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

- Así lo voto.- - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A: - - Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: - CONFIRMAR la sentencia apelada; - IMPONER las costas devengadas en la segunda instancia al apelante vencido;

REGULAR los honorarios del Dr. J. L. S. por sus tareas en la alzada en un 25 % de los que a su favor fueran establecidos por su actuación en la instancia antecedente.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 13 DE 2007 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA