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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, prueba pericial, peritos, depreciación monetaria, expropiación
Materia: PROCESAL
Carátula: Carril de Martínez, Josefa y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que fijó la indemnización considerando que, al haberse discutido el coeficiente de depreciación utilizado en la formula de Veyga, la actora admitió tácitamente la existencia de todos los factores negativos enumerados por el perito, ya que no sólo fue constante la actividad procesal de dicha parte en el sentido de objetar las presuntas molestias originadas por la proximidad de la autopista, sino que, al impugnar el informe pericial, cuestionó además de la magnitud y grado de incidencia de tales factores, la falta de un dictamen que evaluara la realidad de los hechos.
Procesos de ejecución, ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: POBLETE, Maria Luisa c/ Zuliani, Ángel Leonardo y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-17

Se puede afirmar que las observaciones a las liquidaciones deben limitarse a los errores de cálculo matemático para la determinación del "quantum", o a los yerros habidos respecto de las fechas de las cuales se practica el cálculo, sin que sea factible la revisión de las pautas que fueran objeto de resoluciones firmes que han pasado en autoridad de cosa juzgada y que no fueron oportunamente cuestionadas.

A ello se agrega que la cosa juzgada, por encontrarse interesado el orden público, puede ser hecha valer de oficio por los jueces.

Por ende, si en la sentencia definitiva se hizo lugar a la demanda y condenó al Sr. Ángel Leonardo Zuliani como también a la Empresa La Nueva Sarmiento, y a La Compañía de Seguros Protección Mutual del Seguro de Transporte Público de Pasajeros "en la medida del seguro", resulta erróneo que el Sr. Juez a quo haya resuelto en la segunda sentencia que tiene por allanada a la parte actora a la impugnación de la planilla de liquidación presentada por la parte citada en garantía que la franquicia sea inoponible a la parte ejecutante, y no obstante que la citada en garantía no haya impugnado dicha resolución -sin perjuicio de que pudo ser lo aconsejable- nada impide que se oponga en el trámite de ejecución de sentencia la excepción de inhabilidad de título fundada en que no resulta de la sentencia definitiva el monto reclamado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido sin causa, notificación al trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASEM, MARTA ROSANA c/ MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  164 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que los fundamentos de la quejosa sólo traslucen su disconformidad con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre cuestiones fácticas, probatorias y de derecho común -en cuanto entendieron esencialmente, que cabía acoger la pretensión actora por cuando la demandada, a más de haber incumplido con lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no había acreditado una injuria de gravedad tal que razonablemente apreciada no hubiera consentido la prosecución del vínculo laboral. Adviértase, en primer lugar, que la respuesta brindada por el Tribunal respecto de que la ahora recurrente incumplía con las exigencias previstas por el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo encuentra sólida correspondencia con las constancias de autos, en donde lacónicamente se expresa en el telegrama de distracto "...queda despedida por su exclusiva culpa, habiendo incurrido en reiterados incumplimientos a las obligaciones laborales...". Y es que frente a esta escueta manifestación de la demandada para justificar la ruptura del vínculo no resulta arbitrario que la Sala haya sostenido que la notificación del despido causado no contenía la expresión suficientemente clara de los motivos en que se fundaba (art. 243, L.C.T.).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Secretaria de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires c/ Clinica del Niño de Quilmes S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La resolución excede los límites de lo que puede considerarse un pronunciamiento aclaratorio (arts. 36 inc.3 y 166 inc. 1 del CPC), toda vez que altera sustancialmente la sentencia supuestamente aclarada, evidenciando una técnica jurisdiccional deficiente que impide conocer cabalmente el recurso de apelación deducido. Consecuentemente, siguiendo la reiterada doctrina de la Suprema Corte Provincial, propongo anular de oficio la sentencia y su aclaratoria, porque en el caso en análisis, la demandada se agravió, subsidiariamente, de la fecha fijada para el comienzo del cómputo de intereses y de la imposición de costas consideradas en el primer pronunciamiento en forma subsidiaria, quedaría indefensa si se anulara únicamente la resolución aclaratoria, ya que al haber prosperado su petición, no apeló la resolución que le fue favorable.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Odetti, Ida Luisa c/ E.N. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

El lucro cesante es la ganancia o utilidad cierta y no puramente eventual o hipotética de la que se ve privado el acreedor a raíz del acto generador del daño. No puede presumirse y debe ser objeto de la correspondiente prueba ya que es menester acreditar de modo efectivo la frustración de ganancias esperadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, juicio ejecutivo, suspensión del proceso judicial, pagaré, partes
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: TECNOFORMA  S.A. c/ CARDOZO, MIRTA B.G. DE Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

Debe dejarse sin efecto la sentencia que excluyó del régimen de suspensión del juicio previsto en la ley 23.073, regulatoria del sistema de fijación de precios de las viviendas económicas para habitación única y permanente, al juicio ejecutivo seguido contra los garantes de un pagaré que instrumentó el crédito por saldo de precio, con el solo fundamento que la compradora, quien habría sometido al procedimiento previsto en el art. 8 de la ley, resultaba ajena al litigio.
Concursos, administración y disposición de los bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carus Maria Ramona c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-24

Resulta improcedente el planteo tendiente a obtener la declaración de nulidad de la venta de cierto rodado titularidad de la fallida. Ello, ya que quien está en quiebra está desapoderado y ese desapoderamiento -que le impide disponer de sus bienes- se ha producido en forma automática por la sola declaración de quiebra. Esa ineficacia de los actos realizados en violación a esa norma puede ser directamente declarada por el juez, desde que se trata de actuar un efecto de la quiebra que, como dice la LCQ 109, se produce de pleno derecho. Opera de pleno derecho, como así se produce el desapoderamiento del que dicha ineficacia no es sino un efecto. Y decir que ella es de pleno derecho, importa tanto como decir que viene ya declarada por la ley, no por el juez: éste no agrega nada a lo sucedido, sino que su sentencia sólo es necesaria para llevar certeza y permitir actuar en consecuencia. Esto descarta la necesidad de promover una acción al modo previsto en el art. 119. Así lo entendió nuestro legislador antes de la ley 24522, al punto de que, con inusitado rigor, la ley 19551: 113 establecía que este tipo de ineficacia procedía incluso "sin necesidad de declaración judicial". En tal marco, y toda vez que ninguno de los institutos en juego -esto es, ni el desapoderamiento ni la ineficacia que es su efecto- han sufrido alteración tras la entrada en vigencia de la citada ley 24522, forzoso es concluir que, al remitir al trámite previsto en el art. 119, el art. 109 contiene un error, o, por lo menos, no contiene una prescripción absoluta que imponga en todos los casos la forma de un juicio. Así, por lo demás, lo ha entendido un importante sector de la doctrina que se ha ocupado del asunto y de la jurisprudencia (ver, entre otros, Heredia Pablo, Tratado exegético de derecho concursal, T. 3, pág. 1048; Truffat E. Daniel, la LCQ 109: una remisión conflictiva o, tal vez, simplemente errónea, E.D. 180-1516; Rivera Julio C, Instituciones de derecho concursal, T. II, pág. 86, ed. 1997; Vítolo Daniel, Comentarios a la Ley de Concursos y Quiebras n° 24522, pág. 425, ed. 1996; CNCom, Sala B, Manuel Iñiguez SACIA s/ quiebra, del 26/9/00; íd., Sala A, "Massolini, Gustavo - Massolini Héctor (S.H.) y sus socios", del 22.10.03; íd., Sala D, "Díaz de Cortina, Elda Estela s/ Quiebra", 19.10.00; íd., Sala E, "Geonav SA s/ quiebra" del 23.11.04; Sala E, 30.11.00, "Galiardino Edmundo s/ Quiebra s/ Incidente de revocatoria concursal, entre otros).
Comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción, autenticidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreda, Benita.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-01-17

Las comunicaciones entre jueces de distintas provincias, para ser tenidas por auténticas, no necesitan de mas formalidad que la suscripción del juez exhortante y la atestación del escribano con el cual actúa (artículo 2, ley de 26 de agosto de 1863).
Competencia, orden público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorostiaga, Rosa Mercedes c/ Muncipalidad de La Plata. Cementerios s/ Daños y perjuicios Cementerios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

La incompetencia de la justicia ordinaria no es consecuencia de la excepción que pueda oponerse, sino que es el resultado de normas de orden público que imponen los arts. 149 inc. 3 de la Constitución provincial (texto anterior) y el art. 26 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, cannabis medicinal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN GBA c/ FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS SE (FACOEP SE)  s/ AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Si bien la recurrente sostiene que el aceite de cannabis forma parte de un Programa Nacional especial (instaurado por la ley n° 27350 de "Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados") y que, por tanto, queda fuera del financiamiento del programa federal "Incluir Salud", realiza una lectura recortada de la normativa citada como fundamento de su postura pues, en la misma cláusula, el modelo de convenio prescribe para aquellos programas nacionales que "la UGP [Unidad de Gestión Provincial] coordinará para que tales medicamentos les sean provistos a través de los mismos". (Del voto en disidencia parcial del juez Santiago Otamendi).
Asociaciones sindicales, delegado gremial, revisión judicial de actos administrativos, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Innovative Services Delivery s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-30

El empleador puede impugnar la designación de delegado gremial, toda vez que la designación impone legalmente al empleador determinados comportamientos tanto positivos como negativos respecto de los representantes gremiales de la empresa, pero, esta impugnación sólo puede fundarse en el incumplimiento de los recaudos legales para la designación, ser contemporánea y, siendo el interés de la medida de la acción solo puede tener en mira la inoponibilidad a su respecto de los eventuales derechos que de la designación derivan. Por ello, dado que en el caso la impugnación se fundó en la carencia de personería gremial del Sindicato Cepetel para el ámbito de la empresa y en la cantidad de delegados electos, corresponde reconocerle legitimación al empleador a los efectos de la impugnación (Del voto de la Dra. Craig).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ PEDRO GAZZOLA y otros s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO   -  IMPROCEDENCIA  -  JUICIO  EJECUTIVO  -  ARBITRARIEDAD - PRUEBA DE PERITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos no constituyen, en principio, sentencia definitiva, cabe hacer excepción en los supuestos en que por aplicación del cuarto párrafo del art. 553 del código ritual, no resultare apta la vía del juicio ordinario posterior, por haberse ya discutido si la deuda se encuentra o no cancelada.
Querella, recurso de apelación (procesal), requerimiento de instrucción, Ministerio Público Fiscal, autonomía del Ministerio Público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gallina, Mario y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

No se ha incurrido en vicio formal alguno al conceder el recurso de apelación a la querella toda vez que el art. 180 infine del CPPN no condiciona dicha facultad a la presentación previa por el fiscal de un requerimiento de instrucción. No se produce afectación alguna al art. 120 C.N. si la cámara había requerido al fiscal que actuaba ante ella que diese intervención a otro fiscal, sin que ese pedido constituya una intervención en la autonomía del Min.Púb. de la que pudiese agraviarse la defensa de los imputados, porque esa decisión no había sido emitida con ninguna instrucción acerca de la promoción de la instrucción, ni de cómo debería definirse su objeto. La disidencia parcial expresó que la desestimación del caso a instancia del Ministerio Público Fiscal no obsta a la prosecución del proceso con el impulso de la querella en solitario, pues tanto el querellante como quien pretende serlo tienen habilitada la vía de impugnación ordinaria contra una resolución desestimatoria precedida de un expreso pedido fiscal en ese sentido y que la si la querella recurrió la desestimación, elevándose correctamente la causa a la cámara, por impulso del acusador privado, resulta contraria a la C.N. la consulta efectuada al Ministerio Público Fiscal y el reemplazo del primer fiscal por otro. (Dres. Mitchell -disidencia parcial-, García y Yacobucci).
Competencia, concubinato, titularidad del dominio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: S., L. B. c/ B., J. A. s/ Reconocimiento de la calidad de socio s/competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

Si la accionante pretende el reconocimiento de cotitularidad de un bien adquirido por su concubino, y demandado en el proceso, invocando que ha tenido un hijo con el mismo y que el inmueble en cuestión es lugar en el que viven, si bien no se está frente a alguno de los supuestos contemplados en el art. 4 de la Ley 23.637, la materia a debatir se acerca notablemente a la especialidad con la que cuentan los juzgados que entienden en cuestiones de familia y capacidad de las personas, pues se requiere de la competencia que más se aproxima a la especificidad de aquellos, que a diario tratan cuestiones de esta naturaleza.
Alimentos, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: S., G.A. c/ S., I.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-10-23

El ordenamiento jurídico establece la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos hasta los 21 años y, pasada esta edad, la legitimación del hijo para el reclamo alimentario depende de la satisfacción de las exigencias del art. 370 del Código Civil, cual es el estado de necesidad del solicitante, fundado en la falta de medios e imposibilidad razonable de procurárselos con el trabajo personal.
Notificación por cédula, redargución de falsedad, plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIEVA de ORTIZ, Teodora c/ OCHOA, Emigidio y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-09-06

La redargución de falsedad de la cédula de notificación tiene sustancia de incidente de nulidad de un acto de procedimiento referido a la notificación y por lo tanto resulta de aplicación el art.170, 2da.parte del Cód.Proc. que establece un plazo de 5 días subsiguientes al conocimiento del acto para promover el incidente.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rosada, Héctor J. y otro c/ Guerrieri, José s/ Cobro hipotecario Cap, Ana I. y otros c/ Ferreyra, Osmar A. y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25|2000-04-06

Para interponer un recurso de apelación debe existir un interés válido que esté determinado, en rigor, por el vencimiento en la cuestión debatida, vencimiento que consiste, a su vez, en la diferencia entre el contenido de la resolución y la posición de la parte en relación con las pretensiones que ha deducido (art. 242 CPCC). (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, Programa Médico Obligatorio, suministro de medicamentos
Materia: CIVIL
Carátula: PERELMUTER LAURA TAMARA c/ SWISS MEDICAL SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

El Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud). A esto cabe agregar que el art. 28 de la ley 23.661 establece que los agentes del seguro deberán desarrollar obligatoriamente un programa de prestaciones de salud (cfr. esta Sala, causas 7841/ del 7/2/01 y 9696/09 del 1/12/09, entre muchas otras). Por su parte la ley 24.754 determina -en su único artículo- que las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a dar la misma cobertura que las obras sociales (cfr. esta Sala, causa 5475/03 del 14/8/03 del 14/8/03 y 15.768/03 del 5/8/04). Como sostuvo este Tribunal en casos que guardan cierta similitud con el presente, el PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 630/03 del 15/4/03 y 14/06 del 27/4/06, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. esta Sala, causas 8545 del 6/11/01, 630/03 del 15/4/03 y 14/2006 del 27/4/06).
Competencia de la Corte Suprema, decreto de necesidad y urgencia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

En tanto es atribución de la Corte Suprema evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (TGS) c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declaratoria de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Si bien por vía de principio las medidas de no innovar no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cosa juzgada, error numérico, error material
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mathieu Claudia c/ José R. Comparín y Ot. s/ Cobro de Alquileres (LIBRO: S138 - 072)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-02

No se trata de un "mero y evidente error material" (CC3 L.A.

71:132), ni "una grave equivoca ción por un resultado erróneo que se desliza en una operación aritmética" (CC1 L.A. 157:229) o como lo tiene dicho este Tribunal de un evidente, probado y reconocido error que incluso su corrección no afectaría el derecho de defensa de ninguna de las partes (vid. resolución del 26/3/96, autos Nº 22.297 "Cremaschi c/Agrinco S.A. p/Camb."), en cuyos supuestos podría el Tribunal ad-quem, sin transgredir los efectos de la "res iudicata", enmendar o corregir tal error.