Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-24


Expte. nº 3138/04 "Pereyra Loizaga, Nidia Angélica c/ GCBA s/ amparo (Art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 24 de noviembre de 2004 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La Sra. Nidia Pereyra Loizaga promovió acción de amparo (fs. 19/25) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Secretaría de Salud - Dirección Medicina del Trabajo), con el objeto de que se dejase sin efecto la licencia sin goce de haberes que le fuera impuesta contrariando a su entender la ley nº 471, y se le reintegrasen los haberes correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2001.

2. La jueza de grado dictó sentencia haciendo lugar al amparo y condenando al GCBA al pago de los haberes erróneamente retenidos e impagos a la fecha de la sentencia, con costas a la vencida, y reguló los honorarios de la letrada de la parte actora.

3. El GCBA apeló la sentencia por entender que el amparo no es la vía idónea y que no existen actos de arbitrariedad o ilegalidad en la conducta de la demandada. Asimismo apeló los honorarios regulados a favor de la letrada.

4. La Sala II de la CCAyT resolvió confirmar la sentencia de grado en todos sus puntos.

5. A fs. 201 se presenta la actora y solicita se intime a la parte demandada a que proceda a efectuar el depósito de lo adeudado con los intereses pertinentes a la fecha de pago; solicitud que fue acogida por la jueza que entendió que "...a partir del dictado de la ley 25.561, es un hecho notorio que la devaluación resultante del abandono de la paridad del peso con el dólar, ha impactado en el funcionamiento de sistema financiero...", y resolvió que los intereses aplicables debían calcularse a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Ciudad hasta el 06/06/02 y la aplicación de la tasa activa que fija el Banco Ciudad para las operaciones de préstamo hasta el efectivo pago del importe de la condena en autos. Asimismo dispuso que los intereses comenzarían a correr a partir de la fecha en que cada uno de los salarios se devengó.

6. Contra dicha resolución el GCBA dedujo recurso de apelación el que fue rechazado por la Sala II, por mayoría, en cuanto al agravio que cuestionaba la aplicación de intereses, pero que hizo lugar al agravio sobre la tasa a aplicar y dispuso que a todas las sumas adeudadas debería aplicarse la tasa pasiva promedio que fije el Banco de la Nación Argentina.

7. A fs. 298 el GCBA deduce recurso de inconstitucionalidad por entender que la pretensión de pago de intereses fue esgrimida tardíamente por la actora en la etapa de ejecución de la sentencia, y que por lo tanto la sentencia recurrida confirma la condena a realizar algo que no formó parte de la litis ni fue motivo de tratamiento en la sentencia de primera ni de segunda instancia. Considera que el fallo inaplica disposiciones del CCAyT y vulnera el principio de defensa en juicio, la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad.

8. El Fiscal General Adjunto en su dictamen se pronunció a favor de admitir el recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia atacada y rechazar por extemporáneo el planteo de pago de intereses.

Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. Corresponde, en primer término, evaluar la admisibilidad del recurso planteado.

El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente concedido; cumple con los requisitos extrínsecos de tiempo y forma exigidos ritualmente. En el escrito presentado, el recurrente plantea argumentos suficientes de rango constitucional: el alcance de la garantía constitucional del debido proceso legal adjetivo, el derecho de defensa y el derecho de propiedad.

2. El GCBA en su recurso manifiesta que "...la sentencia recurrida confirma la condena... a realizar algo que no formó parte de la litis, ni fue motivo de tratamiento en la sentencia de primera ni de segunda instancia...", "... de ahí que no habiendo sido materia de debate, la condena contenida en la resolución dictada por la Jueza de grado devino improcedente y debió haber sido revocada, como se solicitara, y como bien lo entendiera en su disidencia el Dr. Centanaro..." Es con posterioridad a la sentencia de Cámara que rechazó el recurso de apelación interpuesto por el GCBA contra la resolución que hizo lugar al amparo, que la actora introduce por primera vez el reclamo de intereses. En efecto, ni de la sentencia de primera instancia ni de la lectura de la demanda ni de las tantas presentaciones que ha realizado la Sra. Pereyra Loizaga, surge en punto alguno la pretensión de cobro de intereses. En esas condiciones, el decisorio se revela falto de congruencia con los términos de la demanda, de tal forma que viene a modificar la acción originariamente deducida.

Como bien lo señala el Fiscal General Adjunto en su dictamen de fs. 324/326, el pedido de intereses recién fue introducido por la actora a fs. 201, y admitido en la resolución de primera instancia en la oportunidad de aprobar la liquidación.

En tal sentido, una constante jurisprudencia de la CSJN vincula el principio de congruencia con la garantía de la defensa en juicio y señala como regla que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria. (Fallos: 310:2709).

Como sostuvo la Corte en "Sorba, Luis y otros c/ Superintendencia de Seguros de la Nación y otro" (S. 995. XXXVI, resolución de fecha 24/06/2004), "los argumentos que dieron lugar a la decisión del a quo, al no constituir el punto de controversia de las partes y ser motivos ajenos a la demanda, careció de debate entre ellas...";"...habiéndose introducido efectiva y ciertamente el asunto en una oportunidad impropia para posibilitar la discusión de su procedencia y al no corresponder a los jueces extender el principio iura novit curia a apartarse de lo que tácitamente resulte de los términos de la demanda, se termina reconociendo supuestos derechos no debatidos en violación a la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional."	El criterio adoptado por los magistrados que integraran la mayoría en la anterior instancia ha generado la afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso. La Cámara, para decidir como lo hiciera, introdujo un argumento que hasta entonces no integraba el debate y sólo fue planteado por la actora con posterioridad a la notificación de la sentencia.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad, revocar el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fs. 291 y rechazar la pretensión de pago de intereses formulada por la actora. Con costas por su orden (art. 14, CCABA).

El juez Julio B. J. Maier dijo:

I 1. La sentencia de Cámara del 21 de marzo de 2003 (fs. 195/197) puso fin al litigio al hacer lugar a la cancelación por parte del GCBA de los haberes impagos solicitados por la actora y quedó firme para las partes sin contener resolución alguna sobre la procedencia, ni sobre el modo de estimar intereses, para aplicarlos sobre las sumas objeto de la orden de amparo. Así fue porque los accesorios no fueron solicitados en la demanda (fs. 19/25), como tampoco en ningún otro momento procesal anterior a ese pronunciamiento.

2. La solicitud de intereses sobre esas sumas (fs. 201) es posterior a la sentencia firme (claramente tardía respecto de ella). En efecto, fue introducida por la actora en su presentación del 23/3/03, al solicitar la ejecución de la sentencia del 21/3/03 -reiterada a fs. 214 y vuelta, con motivo de la liquidación practicada en autos por la demandada (fs. 209/212)-.

3. El 24/3/03 (fs. 202), la jueza de primera instancia proveyó el traslado de la petición de fs. 201, con la salvedad de lo dispuesto en los arts. 395, 401 y 402 del CCAyT sobre ejecución de sentencias en causas contra las autoridades administrativas. Sobre el tópico, no debe provocar confusión la previsión sobre intereses contenida en el final del primer párrafo del art. 399, CCAyT (al que remite el art. 395), ya que la mención a la adición de intereses al momento del cumplimiento de la sentencia, nítidamente se refiere a "intereses o lo que resulte del sistema previsto en aquélla (la sentencia) para mantener el principio de integralidad de la condena" (la locución entre paréntesis y el énfasis son agregados para una mejor comprensión del texto).

4. El 12/6/03 (fs. 215 y vuelta), la jueza de primera instancia dispuso la aplicación de intereses y determinó las tasas, a su juicio, pertinentes, sobre las sumas adeudadas objeto de la condena. Ordenó, asimismo, que los intereses comenzaran su curso a partir del momento en que cada uno de los salarios se devengó, con lo cual es claro que no se refiere a intereses de la ejecución, conforme al art. 399 y 395 del CCAyT, sino, antes bien, a intereses de la condena derivada del juicio de conocimiento.

5. El 24/6/03 (fs. 226/227 y vuelta), el GCBA apeló la decisión de fs. 215 tanto en cuanto aplicó intereses sin petición concreta, anteriores a la sentencia que puso fin al litigio, como así también cuestionó las tasas determinadas en ella. Adujo como fundamento: la improcedencia de la vía de amparo; la ineptitud del pronunciamiento sin solicitud tempestiva de la actora, razón por la que el punto no fue objeto de debate; la violación al principio de la cosa juzgada, ya que la sentencia del 21/3/03 quedó firme antes del requerimiento del pago de los intereses; el principio de preclusión procesal; y la violación del derecho de defensa en juicio de la demandada. Subsidiariamente, impugnó la tasa activa aplicada por la jueza de mérito, con sustento en lo dispuesto en las leyes nos. 23.928 y 24.588.

6. Elevada la causa a la Cámara del fuero, la Sala II, por mayoría, se expidió mediante decisión del 28/10/03 (fs. 291/293). La posición prevaleciente resolvió confirmar la aplicación de intereses sobre las sumas objeto de la condena, según lo había resuelto la jueza de primera instancia, y estableció, a contrario de aquel fallo, la tasa pasiva promedio fijada por el Banco de la Nación Argentina. La disidencia, por su parte, revocó la imposición de intereses a las sumas referidas.

7. El 13/11/03 (fs. 298/302 y vuelta), el GCBA interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala II, antes mencionada. Argumentó intensamente sobre la improcedencia de la aplicación de intereses, conforme a las argumentales bases antes defendidas y, como consecuencia, no aceptó tampoco la tasa aplicada. El 1/6/04 (fs. 317 y vuelta), la Cámara resolvió conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada.

II 1. Inicialmente debo señalar que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA aduce, correctamente, la vulneración de su derecho de defensa en juicio, a través de la preterición del debido proceso legal, todos principios reconocidos en la CN y en la CCBA. No en vano se explicitaron críticamente en el acápite I de este voto, las sucesivas circunstancias bajo las cuales el requerimiento de la imposición de intereses a favor de la actora fue planteado tardíamente.

En tal sentido, no están en juego meros principios -de consuno denominados "infraconstitucionales"-, por entender que el asunto versa sobre circunstancias procesales o cuestiones de hecho y prueba, sino que, al respecto, debe atenderse a que la recurrente expone -desde el primer momento en el cual contesta la petición de la actora- que reglas tales como la cosa juzgada, la preclusión procesal, el principio dispositivo y el principio de congruencia, también se encuentran transgredidos por la solicitud de intereses manifiestamente extemporánea de la actora quien, dicho sea de paso, no contestó ninguno de los traslados corridos sobre estas cuestiones sustanciales. Y esas reglas -además de reposar en el principio constitucional de la defensa en juicio- tienen, en el caso, acendrado arraigo material en el derecho de propiedad, otra de las garantías constitucionales (CN, 18; CCBA, 12, inc. 5 y 13, inc. 3) afectadas por la sentencia de la Cámara.

A pesar de que en variadas ocasiones me he pronunciado sobre la inaplicabilidad de ciertas garantías al propio Estado (legalidad de las penas o los tributos, por ejemplo), no cabe duda en afirmar que, cuando él es conducido a juicio -y de hecho lo es, en un amparo-también el Estado local tiene derecho a un trato justo, que le conceda la posibilidad de defenderse, a que las sentencias de conocimiento culminen la disputa y sus dispositivos gobiernen la ejecución, principios constitucionales básicamente reconocidos a los particulares, pero que, en el caso, son trasladables al propio Estado llevado a juicio, juicio culminado con una sentencia que fija la posición de las partes. Repárese en que el GCBA se opuso sistemáticamente a la imposición tardía de los intereses y su defensa ocurre oportunamente ad eventum, y no como un modo de convalidación de una petición ajena al litigio ejecutivo.

De lo expuesto se sigue que el recurso de inconstitucionalidad deducido cumple con el presupuesto esencial para su procedencia, contiene un gravamen constitucional frente al fallo impugnado, tal como lo exige el art. 27 de la ley nº 402. La propia Cámara, al conceder el recurso, acepta que sus fundamentos conducen a la posibilidad de agravio a los principios y garantías mencionados en él.

2. En punto, entonces, al conflicto que actualmente mantienen las partes, fuerza es señalar que la actora requirió el pago de intereses, sobre las sumas adeudadas en concepto de salarios impagos, objeto exclusivo de la condena, más allá de la oportunidad procesal que a ese efecto permiten las disposiciones legales que rigen asuntos como el que se ventila y, por ende, la sentencia de Cámara de fs. 291/293, por mayoría, incurre en una hipótesis de pronunciamiento extrapetita, al concederle su petición ya en vía de ejecución de la sentencia.

Personalmente ya tuve oportunidad de pronunciarme sobre esta índole de problemas al señalar que: "Luego, advierto que las decisiones de los tribunales de mérito no se constriñen a resolver las cuestiones que conformaron el litigio según los términos de las demandas y sus contestaciones, sino que decidieron libremente, por fuera de esos actos, apartándose del punto central de esta controversia... Lo dicho concierne a un principio rector para resolver la causa, el principio de congruencia, en cuanto ordena a los jueces atenerse a los argumentos y defensas planteados por las partes en la acción y en su contestación, y a los hechos probados o a probar, según esos argumentos y esas defensas, sobre los cuales ambas partes han tenido dominio para ejercer la defensa de su interés y la práctica de prueba, sin considerar aquellos otros tópicos... que fueron introducidos con posterioridad a la composición del litigio y sin la calidad de hechos nuevos" (cf. este Tribunal, Expte. nº 2564/03 in re "Hotel Corrientes [Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia] c/ GCBA [Subsecretaría de Acción Social] s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido", sentencia del 26/5/04).

Asimismo, los jueces Muñoz, Casás y Conde, frente a un conflicto similar, en el aspecto que se examina, estimaron que: "La decisión debe alcanzar este límite porque de lo contrario se estarían violando los principios dispositivo y de congruencia. El primero, impone la regla de que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el tema de la decisión. El Tribunal debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas, e incurriría en incongruencia si al fallar se apartara de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, pues estaría afectando seriamente el derecho de defensa (Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. I, Nociones Generales, Segunda Edición, pág. 258, ap. E a, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975). Además... lo que es también grave, podría generar una responsabilidad patrimonial de la Ciudad, que afectaría los intereses de la comunidad, sin razón jurídica alguna que justificara una decisión extra-petita". (cf. este Tribunal in re Expte. nº 50/99 "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [Legislatura]", sentencia del 14/7/99, Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires. 1999, t. I, ps. 155 y siguientes).

El problema aquí generado es aún más grave, puesto que la sentencia de conocimiento decidió intrapetita, en tanto condenó a la demandada a pagar ciertas sumas que la actora reclamaba en su demanda. Una vez firme esa sentencia, que intenta cumplir la demandada mediante el depósito de una suma de dinero, la actora, tan sólo por la vía de la ejecución, pretende intereses sobre los salarios adeudados desde el momento en que debieron ser abonados según el juicio de conocimiento, petición ignorada hasta ese momento, y los tribunales de mérito, por esa vía, amplían la condena del proceso de conocimiento, esto es, sin sujeción a regla y orden procesal alguno. A más de que ya el amparo, como vía para discutir salarios devengados por el ejercicio de la función pública (empleo público), me parece harto discutible -extremo sobre el cual no quiero abundar pues ya ha sido decidido y aceptado en el procedimiento-, todavía lo es más para discutir intereses y tasas de interés sobre esas sumas, atento su carácter de reparador inmediato de injusticias notorias. Queda claro así, que mucho menos pienso en que la ejecución de la sentencia de amparo pueda tender a otra cosa que a realizar, incluso por la fuerza, aquella orden que emergió de la acción de amparo, en el caso, la ejecución de las sumas que, por salarios, constituyeron el objeto de la condena. Y con tal determinación y argumento no se vincula en absoluto el hecho de que el empleo público pueda seguir las reglas del Derecho laboral en cuanto a la indisponibilidad de todos los beneficios que concede (recuperación del mismo valor del salario impago, intereses), aspecto sobre el cual aquí no se discute, ni decide.

En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Adjunto a fs. 324/326, voto en el sentido de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA (fs. 298/302 y vuelta), revocar la sentencia de Cámara de fs. 291/293 y rechazar por extemporáneo el planteo de pago de intereses (art. 31, segundo párrafo, ley n° 402). Las costas deben dirimirse por el orden causado, en razón de la naturaleza del pleito (art. 14, CCBA).

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. El Gobierno de la Ciudad imputa a la Cámara, haber violado el principio de congruencia en tanto trató el pedido de aplicación de intereses, al crédito reconocido a la actora por la sentencia, desde el momento en que los salarios ilegítimamente retenidos se devengaron hasta el efectivo pago, no obstante que la petición fue articulada con posterioridad a la sentencia de condena, que no contenía disposición a este respecto.

2. Establecer el alcance de las pretensiones de las partes así como el carácter oportuno con que son articuladas, es materia regulada por las leyes procesales y su determinación, por tanto, en principio, privativa de los jueces de la causa. Empero, cuando esos jueces exceden toda interpretación posible del derecho aplicable a ese respecto y de las constancias de la causa incurren en violación a la regla del art. 106 de la CCBA. A su vez, la circunstancia de que el a quo reconoce que su decisión ha pasado en autoridad de cosa juzgada pone a lo resuelto al abrigo de los arts. 12, inc. 5 de la CCBA y 17 de la CN.

En el caso que nos ocupa, no se discute que los jueces recibieron una petición cuyo contenido no excedieron en su pronunciamiento. No obstante, asiste razón a la recurrente cuando señala que esa petición no fue articulada durante el proceso sino con posterioridad a una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada, y que, al hacer lugar a lo peticionado, la Cámara vino a modificar dicha decisión. Es decir que, vista la situación con la exclusiva perspectiva que brindan las normas procesales, la sentencia recurrida sería violatoria del principio de congruencia y debería ser descalificada como acto jurisdiccional válido.

3. Sin embargo, los fundamentos que la Cámara ha suministrado para decidir cómo lo hizo exceden la cuestión procesal. Las instancias de mérito señalaron que el salario es una prestación de contenido alimentario, cuyo cumplimiento sería tan sólo parcial si su integridad no fuese preservada mediante la aplicación de una tasa de interés adecuada que mantenga el valor del capital reconocido (fs. 168, 215 y 291 ). A ello se ligó, en el razonamiento del a quo, que la prolongación del litigio, provocada por el comportamiento asumido por la administración, convalidaría un enriquecimiento sin causa si al crédito acordado no se le suman los intereses pertinentes. Respecto de esta línea argumental nada dice el recurso. En su escrito, la recurrente, insiste en denunciar la vulneración de su derecho de defensa (fs. 302). Sin embargo, al respecto, la Sala II CAyT concluyó que los traslados dispuestos a partir del pedido de intereses formulado por la amparista resultaron suficientes. Este punto tampoco se discute en el recurso pues, en él, se invoca la garantía del debido proceso pero no se concreta el agravio mediante la indicación de las defensas que el GCBA se habría visto privado de ejercer y la virtualidad que ellas habrían tenido para modificar la decisión impugnada. Al respecto, resulta relevante señalar que la apelación, planteada por la demandada, para resistir la decisión de fs. 215 tuvo éxito para modificar la tasa de interés aplicable al crédito de la actora (fs. 291).

En tales condiciones, la decisión impugnada ha venido a decir que el derecho a pedir intereses no pudo quedar renunciado por la omisión de reclamarlo, en la demanda o en la instancia del art. 247 del CCAyT, debido a la especial tutela que la retribución de los servicios personales ejecutados en relación de dependencia tiene a la luz de lo dispuesto en el art. 43 de la CCBA y las normas que lo reglamentan; así como que diferir a un proceso de conocimiento ulterior el tratamiento de dicho derecho puede suponer un rigor formal excesivo cuando la deudora no invoca defensas cuya evaluación requiera un desarrollo mayor que el que posibilitó este incidente.

En síntesis, lo resuelto encuentra sustento en una interpretación posible de normas locales de fondo cuya aplicación priva a lo decidido de relación directa con las cláusulas constitucionales que se dicen violadas.

Por tanto, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad planteado por el GCBA e imponer las costas de esta instancia por su orden, pues el recurrente pudo creerse con derecho a cuestionar el pronunciamiento impugnado.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Coincido con la solución y los desarrollos contenidos en los votos de los doctores Ana María Conde y Julio B. J. Maier, en el sentido de que corresponde hacer lugar al recuso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA y revocar la sentencia de Cámara de fs. 291/293.

2. El presente recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido por la Cámara. El Gobierno de la Ciudad argumenta de manera consistente que en el caso se ha visto violentado su derecho de defensa en juicio, en virtud del apartamiento de las reglas del debido proceso en que incurrieron los jueces de la causa (art. 18, CN y art. 13.3, CCBA).

3. Del relato de las circunstancias relevantes del expediente -que con detalle realiza en su voto el juez Julio B.J. Maier, al que me remito en homenaje a la brevedad en este punto-, se desprende que en el trámite del presente contencioso, en efecto, se han visto resentidas diversas reglas que deben gobernar el proceso judicial y que se encuentran íntimamente ligadas a la garantía constitucional de la defensa en juicio (principios dispositivo, de congruencia, de preclusión y de cosa juzgada).

El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, consagra la vigencia del principio de congruencia en su art. 27, inc. 4°.

También establece que el escrito de demanda debe contener "la petición en términos claros y positivos" (art. 269, inc. 3°) y que las decisiones judiciales deben contener "la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio" (art. 145. inc. 7).

Además, el Código dispone que los jueces de Cámara no pueden "fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del tribunal de primera instancia" y sólo pueden decidir "sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar agravios"(arts. 247 y 248).

4. La parte actora inició una acción de amparo en términos de difícil comprensión -tal como lo puso de resalto la jueza de grado al momento de dictar sentencia [cf. considerando II b), titulado "Clarificación de la pretensión actora", fs. 168 vta.]-, para que, en definitiva, se le abonen haberes erróneamente retenidos por el GCBA. Ninguna referencia hizo al rubro intereses. Habiendo triunfado su pretensión en las instancias de mérito, la actora recién formuló la petición de inclusión de los intereses como parte de la condena en la etapa de ejecución de una sentencia firme que, lógicamente, había guardado silencio respecto a dicho rubro al no haber sido solicitado. Que quede claro: la pieza que introduce el pedido de inclusión de los intereses es un escrito por medio del cual la actora requiere, luego de la liquidación practicada por el GCBA, se intime a la demandada a efectuar el depósito de lo adeudado y los honorarios de la abogada que la representó en el juicio (fs. 201).

Pienso que "lo adeudado" por la parte demandada en el juicio es lo que declaró la sentencia de primera instancia (de acuerdo con los términos del escrito de demanda) y confirmó la Cámara mediante resolución que, nos agrade o no, se encuentra firme.

Por ello, la solicitud de intereses resultó extemporánea por tardía y las decisiones de la causa que hicieron lugar a tal pretensión, en el curso del trámite de ejecución de sentencia, resolvieron más allá de lo permitido por las reglas que dominan el proceso judicial.

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA y revocar la sentencia que estableció la aplicación de intereses a las sumas adeudadas a la actora, con costas por su orden (art. 14, CCABA).

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Por las consideraciones que a continuación expondré, entiendo que se debe hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad a fs. 298/302 vta., revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario (obrante a fs. 291/291 vuelta) y, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 31 de la LPT, rechazar la pretensión de pago de intereses formulada tardíamente por la actora.

2. El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en tiempo y forma (art. 28, LPT). Se recurre un auto dictado en el marco de la ejecución de una sentencia firme, emitido por el tribunal superior de la causa, respecto del cual el recurrente logra articular exitosamente un agravio constitucional (art. 27, LPT). En efecto, el Gobierno sostiene que la decisión impugnada es arbitraria porque afecta el debido proceso, el derecho de defensa y de propiedad, al condenarlo a realizar algo (pagar intereses) que no formó parte de la litis, ni fue objeto de tratamiento en las sentencias de primera y segunda instancia.

3. La sentencia de cámara de 21 de marzo de 2003 (fs. 195/197) puso fin al litigio al confirmar la sentencia de grado que había hecho lugar al amparo iniciado por la Dra. Nidia Angélica Pereyra Loizaga, ordenando al GCBA "la liquidación y pago a la actora de los haberes erróneamente retenidos" (fs. 170 vuelta). La misma quedó firme para las partes, sin contener resolución alguna sobre la procedencia de intereses, ni sobre el modo de estimarlos. La aparente omisión radicó en la ausencia de accesorios solicitados, tanto en la demanda (fs. 19/25) como en anteriores momentos procesales a ese pronunciamiento. La petición de intereses es introducida por la amparista recién a fs. 201, con fecha 23/3/03, es decir, con posterioridad al dictado de la sentencia que -reitero- había quedado firme (estado que es reconocido por la propia actora en ese escrito), y luego reiterada a fs. 214 y vuelta, con motivo de la liquidación practicada en autos por la demandada.

De modo que, como señalan el Fiscal General en su dictamen y mi colega el juez Julio B. J. Maier en el apartado 2 de la primera parte de su voto, la pretensión resulta extemporánea.

En ese contexto, aparece clara la afectación de la cosa juzgada y el principio de preclusión procesal, que hacen la derecho de defensa y el debido proceso (art. 18, CN y 13, inc. 3, CCBA). En ese sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revocar una sentencia "que importa replantear situaciones definitivamente resueltas y finiquitadas, afectando la estabilidad de una decisión jurisdiccional consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. En la medida que dicha estabilidad constituye un presupuesto de la seguridad jurídica, afecta también una exigencia ineludible del orden público, que posee jerarquía constitucional." (cf. Fallos, 291: 423).

4. Por lo expuesto, me pronuncio en el sentido indicado en el apartado 1 de este voto, con costas por su orden en atención a la naturaleza del pleito (art. 14, CCABA).

Por ello, oído el Fiscal General Adjunto, como resultado de la deliberación que antecede, y por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad a fs. 298/302 vuelta, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario a fs. 291/291 vuelta y rechazar la pretensión de pago de intereses formulada por la actora.

2. Imponer las costas por su orden.

3. Mandar que se registre, se notifique, se ponga en conocimiento del Fiscal General Adjunto y se devuelva.