marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERSA URBANO S.A. c/  s/ APELACION MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-13

La quejosa se empeña en imponer su propia visión del caso, asentada en su particular criterio normativo, mas sin atacar debidamente el eje argumental del decisorio del Sentenciante, apoyado en lo dispuesto por los artículos 10 de la ordenanza 7881 y 21 de la ordenanza 11580 y cuya razonabilidad no alcanza a ser puesta en disputa siquiera en el grado liminar propio de este estadio, al no vislumbrarse que exista alguna razón por la cual el mismo deba considerarse arbitrario, evidenciándose tan sólo una mera discrepancia con la interpretación normas de derecho público local efectuada por el A quo en ejercicio de funciones propias. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanzas de la Municipalidad de Santa Fe 7881, artículo 10 y 11580, artículo 21.
Cobro de sumas de dinero, caducidad, domicilio denunciado, impulso procesal, traslado de la demanda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: E.P.E.N. c/ Jara, Manuel Angel s/ cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

[...] habiéndose formulado el acuse de caducidad dentro de los cinco días siguientes a esta presentación - en donde el demandado comparece, denuncia su domicilio real, constituye el legal y solicita ser tenido por parte-, sin consentir los actos impulsorios realizados con posterioridad al transcurso del plazo de caducidad, la resolución que decreta perimida la instancia debe ser confirmada. Ello es así, toda vez que la referida presentación, debe ser equiparada a la recepción de la cédula de notificación del traslado de la demanda, en lo que a la caducidad de instancia refiere, considerándola como el primer anoticiamiento del proceso, corriendo a partir de ese momento el plazo para efectuar el acuse de caducidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, plazo, presentación extemporánea, competencia, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GEC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-02

Todo el esfuerzo argumentativo desplegado por el compareciente, tiene por común denominador la intención de hacer prevalecer su propio criterio acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -opuesta a la de los Juzgadores- asentado en su particular apreciación de los hechos, e insistiendo en que no podía la Cámara llegar a la conclusión a la que arribó -la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo en virtud de su extemporaneidad-, por haber sido interpuesto el recurso en tiempo ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, tribunal que se declaró incompetente en virtud de la vigencia de la ley 13600; mas sin hacerse cargo de lo expuesto por la Cámara, en el sentido de que si bien es cierto que el artículo 2 de la ley mencionada establece que las causas que se encuentran radicadas en la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 1, y que de conformidad a esta ley corresponden a la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo con sede en la Circunscripción N° 2, serán remitidas a ésta previa aceptación del recurrente y en cualquier estado del trámite hasta el llamamiento de autos, también lo es que, la aludida remisión sólo refiere a aquellas causas que se encuentran radicadas en aquel organismo al momento de disponerse la modificación legislativa de la competencia material entre ambas Cámaras, pero no así de las causas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma, como es el caso de autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 9; Ley 13600, artículo 2
Personas jurídicas, nulidad de asamblea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Matarifes de Abasto s/ Interpone Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

Mal puede pretenderse la nulificación de la declaración de irregularidad e ineficacia hecha por la Dirección de Personas Jurídicas y que alcanza a la Asamblea societaria bajo el reproche que la misma se emitió "inaudita parte", cual si ella -una medida de carácter sancionatorio según la estructura funcional diseñada por el DL. 8671/76 -modif. por DL. 9188/78 y L. 10159- estuviera condicionada a una previa sustanciación o debate con las autoridades de la persona controlada -arts. 100 inc. 9º ley 20337-.
Seguros, depreciación monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sirimarco, Omar. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Cobro de Seguro  CNAS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

El cese de la actividad laboral del actor se produjo el 2 de junio de 19898, hecho que no se discute. Ahora bien, aunque del peritaje contable, en sus explicaciones, surge que se comparte el criterio en cuanto a que el último sueldo percibido fue el del mes de mayo de 1989 (inmediato anterior al cese), lo cierto es que, en tanto ese sueldo es representativo de la retribución del trabajo efectivo desde el 1 al 31 de mayo -y sobre esta base se liquidan los veinte sueldos previstos en el seguro de vida colectivo- es lógico que el punto de partida para repotenciar el capital sea el índice correspondiente a mayo de 1989, pues la depreciación monetaria ocurrida en aquel mes -que significó un incremento del 78,5% en los precios minoristas- ya se encontró contemplada en el capital básico.

De lo contrario, la desvalorización monetaria del mes de mayo de 1989 se compensaría dos veces: una al tomarse el salario de ese mes y otra, al adoptarse como punto de partida de la depreciación el mes de abril anterior. No obsta a esta conclusión el hecho de que la CNAS hubiere observado silencio frente a la aclaración del perito por cuanto se trata aquí de un aspecto que se relaciona con la interpretación del contrato de seguro y con el criterio que se debe adoptar para garantizar una indemnización justa, aspectos que están reservados a la decisión de las jueces. Por último, el criterio precedente ha sido adoptado por la Sala en situaciones análogas.
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano, Julio César c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

El art. 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que si una Municipalidad fuere condenada en juicio a pagar daños causados a terceros por actos personales de sus funcionarios, accionará regresivamente contra éstos a los efectos del resarcimiento. Pero si dicha acción no fuera iniciada el Tribunal de Cuentas, al tiempo de pronunciarse en la rendición de aquel pago, decidirá si el resarcimiento procede.
Pago, imputación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tranchini, Miguel José c/ Gatica, Reinaldo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-05

Los pagos efectuados por los deudores en los que se dejó constancia que eran "a cuenta de la liquidación a practicarse...", no pueden imputarse al capital adeudado, ya que el art. 776 del Código Civil edicta en tal sentido que cuando se debiese capital con intereses, el deudor no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal, lo cual se explica en virtud del principio de integridad del pago. (Minoría u opinión personal)
Relación de dependencia, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Enriquez, Mario Agustín c/ A.T.A.C.O. Norte S.A.C.I. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-10-25

En los casos en que la conducta injuriosa se compone de una serie de hechos acaecidos en distintos momentos, aunque ligados por una unidad conceptual, los hechos anteriores del trabajador no pueden justificar su despido, sin que exista una falta actual, pero valen como antecedentes para determinar la gravedad del nuevo hecho injurioso. Por lo que una falta que aisladamente considerada no es suficiente para justificar un despido, puede legitimarlo en tanto sea la manifestación de una serie de incumplimientos que en su conjunto constituya una conducta injuriosa del trabajador.
Calificación jurídica, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERNANDEZ TRINIDAD ADRIANA DEL VALLE Y OTROS s/ CASACION PENAL - SENTENCIA - ACUSACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-10

Desde otro punto de vista, tampoco implica que se admita que en defecto de una característica necesaria del tipo considerado aplicable al hecho imputado pueda conducir a una interferencia en la intervención o desenvolvimiento de la actividad del imputado en el proceso, sino que cuando falta la referencia o ligazon lógica ('relaciona') entre la calificación jurídica y las circunstancias determinadas, más aun, cuando estas son entre si contrapuestas, el hecho que constituye el objeto de la acusación no fluye con la precisión y el carácter circunstanciado en la descripción que la ley requiriere, y ello provoca confusión acerca de la pretensión que se ha hecho valer e incide en el ejercicio concreto del derecho de defensa. Frente a un tipo penal calificado por la existencia de plurales elementos subjetivos (art. 80, Inc. 7° CP -que fue la calificación jurídica dada por el fiscal requirente tales como 'para preparar otro delito', 'para facilitar otro delito', 'para consumar otro delito', 'para ocultar otro delito', 'para asegurar sus resultados', 'para procurar la impunidad para si o para otro' o 'por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito' ante los cuales se podía adoptar diversas posiciones defensivas -incluso contrapuestas entre si-se debió relacionar sucintamente cual de ellas, específicamente, se ha dado en la causa, de modo que pudiera individualizarse la defensa, respecto de las mismas, en el caso concreto. Es decir, se debió vincular la determinación fáctica a alguna o algunas de las hipótesis de la norma que se considero aplicable.
Derecho administrativo, leyes, competencia contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

En nuestro país, de estructura compleja, las normas administrativas originadas en las autoridades nacionales, se aplican, por regla general, sólo en la Capital Federal, Territorio Nacional y lugares adquiridos dado que son territorios directamente dependientes del Estado Federal (Nación); empero, otras despliegan su eficacia en todo el territorio nacional cuando corresponden a atribuciones que el Gobierno Federal debe ejercer unitariamente según la Constitución Nacional. Las normas administrativas provinciales, en cambio, únicamente rigen en el ámbito de su respectivo territorio, con exclusión de cualquier otra norma cuando se trata de instituciones y atribuciones propias.
Contrato de obra pública, pliego de bases y condiciones, mayores costos, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sentra S.A. y Sitra SACFIC c/ Municipalidad de Villa Constitución s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 285-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

No pueden las contratistas fundar en los términos del contrato una modificación de lo previsto en el pliego de condiciones que permita dar sustento a su pretensión de que la modalidad de ajuste alzado concertada se habría desnaturalizado en un "contrato mixto de ajuste alzado y unidad de medida", ya que el artículo 18 de la ley de obras públicas 5188 contempla la posibilidad de convenir un precio global con reconocimiento de variaciones de costos, alternativa ésta que la doctrina suele denominar ajuste alzado relativo. En el caso, no existió discordancia entre lo previsto en los pliegos que sirvieron de base a la licitación y lo que se incluyó como "sistema de contratación" en el contrato celebrado posteriormente por las partes, por lo que debe concluirse que no ha operado en el curso de la relación entre las partes modificación del sistema de contratación que, por sí sola, torne procedente lo pretendido.
Demanda, notificación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Reverendo, Oscar y otros c/ Basualdo, Ricardo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-02

La notificación llevada a cabo a Fiscalía de Estado no suple la omisión, por cuanto sustancialmente este organismo no representa a la Provincia de San Juan, sino que cuando ésta es demandada tiene una participación legítima y necesaria en la actuación judicial.
Juicio de desalojo, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MANZANO E. c/ CASTRO DE GARRO, A. C. Y OTROS s/ DESALOJO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-08-12

La intervención de terceros en el proceso es de carácter restrictivo y debe ser admitido solo por excepción, cuando las circunstancias demuestren que así lo exige un interés legítimo.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Capdevilla, Daniel Alberto Segundo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-03

Si bien la ley 25.990 trajo mayor seguridad jurídica al determinar taxativamente los supuestos que deben considerarse con virtualidad para interrumpirla, lo cierto es que la interpretación de la antigua redacción del art. 67 del C.P. en orden a que no puede interrumpirse el curso de la prescripción por actos del procedimiento es -sin lugar a dudas- más beneficiosa para el imputado. Por ello, resulta imperioso, aplicar la ley vigente al momento del hecho. Así, ninguno de los actos producidos en la causa hasta la realización del debate, constituyen actos procesales de aquéllos interruptivos de la prescripción de la acción penal, puesto que no se corresponden con los alcances de la expresión juicio. En consecuencia, toda vez que desde que acontecieron los hechos, hasta la fecha en que efectivamente se realizó la audiencia ha transcurrido el plazo máximo previsto para el ilícito por el cual finalmente fuera condenado el imputado -art.14 segunda parte de la ley 23.737. (art. 62 inc. 2° y 63 del C.P.)- sin que se realizara el juicio oral y público establecido por la Constitución Nacional, ni se dictara la sentencia que de él deriva (arts. 18 y 75 inc. 22° de la C.N.), la acción penal se encuentra prescripta. (Dra. Ledesma según su voto).
Recurso de queja (procesal), cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, lesiones graves, policía, cosa riesgosa, arma de fuego
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

No se advierte que este argumento sea conducente para los fines de tener por operada la dispensa de la prescripción cumplida. Es que, tal como fue planteada, la demanda se halla fundada en el régimen de la responsabilidad civil, más concretamente, en la responsabilidad objetiva emergente del art. 1113 del Código Civil, para lo cual se invoca el carácter de cosa riesgosa que reviste el arma reglamentaria con la que se produjo el disparo (v. fs.). Consecuentemente, encuadrado en ese ámbito de la responsabilidad, no se advierte qué incidencia podría tener el hecho de que administrativamente se hubiera considerado que el siniestro se hallaba - o no - relacionado con el servicio. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: MARISCOTTI, Rubén Darío s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

El conductor que tiene que ceder el paso en un cruce solo puede pasar por éste cuando esté seguro de salir de él a tiempo de no constituir una obstrucción o un peligro para el conductor titular del derecho de paso.-
Elecciones gremiales, candidatos gremiales, postulación como candidato, notificación al empleador, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Mendoza, Víctor c/ UNITAN S.A.I.C.A. s/ Acción común común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-03-01

El documento con que se instrumenta la notificación de la designación o de la postulación debe contener todos los datos necesarios para que surta el efecto previsto en la ley. En ésta dirección parecen elementales los siguientes: a) la identificación suficiente del trabajador investido del carácter que se atribuye y del empleador a quien va dirigida la comunicación; b) el cargo gremial de que se trata, y, c) el periodo durante el cual se ejercerá el mandato del cargo que ha sido discernido, en su caso, o la fecha de las elecciones si se trata de un candidato.

En el artículo 29 del Decreto reglamentario se indican precisamente las exigencias referidas a la fecha de recepción de la postulación, al cargo al cual aspiran y los datos personales.

Con éstos datos a la vista el empleador se hallará en condiciones de ubicarse, en cuanto a su posición jurídica, en la relación, y eventualmente formular las observaciones a que pueda tener derecho. Estimo que la omisión de alguno de estos datos priva a la notificación de los efectos constitutivos mencionados, con lo cual, aunque el trabajador ejerza el cargo, si se trata de una designación o participe en la elección para la cual se postuló, nada de ello genera derecho a la estabilidad especial a que se refiere la ley. Fundamento del Dr. Franco.
Sanciones disciplinarias, multa, jus, jueces, superintendencia, juicio, partes, lealtad procesal, abogados, Poder Judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA DE LA DEMANDADA CONTRA SANCION      EXPTE NRO 2-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-16

La Ley Orgánica de Tribunales (Ley 10160) establece en su artículo 207, sanciones -entre ellas la de multa, pero en base a la "unidad jus"- aplicables en caso de infracciones que cometan el personal del Poder Judicial, sus profesionales auxiliares y los particulares, vinculadas al orden y respeto que debe imperar en actividades judiciales y profesionales.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'Onofrio Hernán Marcelo c/ Grosso Julio Eneas s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

Procede revocar la resolución que desestimó la excepción de inhabilidad de título. Ello por cuanto, -en el caso-, surge de los obrados venidos ad effectum videndi et probandi que, luego del informe interdisciplinario respecto del demandado, nos encontramos en un escenario de vulnerabilidad a raíz de la discapacidad mental que lo afecta, con connotaciones sobre su capacidad jurídica de obrar lo que lo torna merecedor de una tutela judicial especial y diferenciada. Si bien, es sabido que el proceso ejecutivo se caracteriza por la sumariedad del conocimiento, limitado solo a los aspectos extrínsecos del título y a la legitimación de las partes, quedando excluida del tratamiento toda temática que se refiera a la causa de la obligación o a la relación jurídica subyacente, al amparo de la jerarquía y protección constitucional contemplada en los tratados de derechos humanos (arg. CN 31 y 75-22°) la rigidez que imponen las reglas procesales locales deben ceder paso para permitir que aquella tutela deferida a las personas con discapacidad y/o vulnerables no sean expresiones puramente normativas sino que alcancen plena efectividad. Entiéndase que lo que aquí se ha puesto en tela de juicio no es otra cosa que la capacidad del accionado al momento de obligarse con la firma de los pagarés, visto el diagnóstico que padece y la data del mismo a tenor de los certificados anejados y diversos estudios realizados.
Perito médico, base
Materia: PROCESAL
Carátula: BERGESE OSCAR c/ PONT VERGES CARLOS s/ HONORARIO PERITO MEDICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-03

No estando sujetos a arancel los honorarios de los peritos médicos, deben regularse atendiendo a la cuantía del juicio, calidad del trabajo, su incidencia útil en la solución de la contienda y la proporción que debe guardar con los abogados intervinientes en los términos del art. 45 de la ley 7269. En este sentido, resulta equitativo fijarlos en un 6% del monto del pleito. Así se ha pronunciado en dos oportunidades el excmo. Tribunal superior de justicia.-
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Amigot, Olga del Valle y Otros c/ Suc. de Amira Angelina y Otros s/ Acción Revocatoria s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-12

Respecto a los requisitos formales establecidos en la Acordada 4070/08 dictada por esta Corte de Justicia, la cual tiene por objeto homogeneizar las presentaciones correspondientes al recurso extraordinario de casación y facilitar la tarea de control de los mismos, el recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 3), inc. c) pues carece del relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos relevantes de la causa, habiendo incurrido en copia textual de la sentencia de primera instancia y de cámara, lo cual está expresamente vedado, asimismo dicho capítulo contiene quince páginas, excediéndose de este modo ampliamente al límite fijado de cinco páginas; inc. d) carece del capítulo correspondiente a la crítica del fallo, inc. e) no refuta todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la decisión recurrida en relación a las causales que motivan el recurso, lo que conlleva indefectiblemente a la ausencia del requisito de fundamentación autónoma.

En tales condiciones al no reunir los recaudos formales que hacen a la viabilidad formal, el recurso de casación planteado deviene formalmente inadmisible
Acción de amparo, libertad de expresión, libertad de prensa, derechos y garantías constitucionales, censura previa, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALVO ARAGON, LEOPOLDO VICENTE c/ ARTEAR SA CANAL 13 s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-15

La libertad de expresión, garantizada por el art. 14, Constitución nacional y el 13 de la convención americana de derechos humanos quedaría claramente vulnerada no solo si se impide la difusión del programa, sino si este tribunal de justicia interviene para limitar, condicionar o imponer modalidades a la forma en que las imágenes o los nombres hayan de ser publicados. En este sentido, la corte suprema ha resuelto que "la dignidad institucional de la justicia independiente y de la prensa libre son valores preeminentes del orden democrático" y que se deben excluir "los procedimientos que conduzcan al sometimiento del ejercicio de esta a la discreción judicial aunque ella sea bien intencionada o intrínsecamente sana.

Así lo impone la plena vigencia de la libertad de prensa, que requiere primariamente la ausencia de control estatal sobre ella ..., Control que no pierde tal carácter por razón de ejercerse por órganos judiciales" (fallos: 248:664, considerando 4.). Los valores que el actor intenta preservar, tales como su reputación o el principio de la inocencia (que, según dice, podría ser conculcado por la difusión de los hechos que determinaron la filmación), no son susceptibles de protegerse mediante la censura previa. La convención americana de derechos humanos recién citada deja a salvo las "responsabilidades ulteriores" (art. 13, Inc.2) Y a estas deberá acudir el demandante si se cree con derecho.