Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-29


SENT Nº 489	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Mayo	de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y el señor vocal doctor René Mario Goane -por subsistir la falta de votos para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido- bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la concursada en autos: "Vicente Trapani S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de apelación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 198/227, por la apoderada de la concursada, contra la sentencia de fecha 02/7/2007 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado (fs. 191/192) dispuso confirmar en lo sustancial, la sentencia dictada por el juez a quo -que oportunamente ordenara la restitución de la suma de U$S62.478,80 al Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires- modificando únicamente la imposición de costas de primera instancia, que en virtud de este decisorio deben ser soportadas en el orden causado.

2.- El recurrente sostiene que el tribunal de alzada ha infringido la preceptiva de los arts. 1434, 1459, 3875 y 3876 del Cód. Civil, los arts. 16, 17, 23, 32, 241 y 245 de la ley 24.522 y el art. 13 de la ley 9643 de Warrants.

Señala que la sentencia se funda en una errónea aplicación de la normativa sustancial, lo que está estrechamente ligado en su opinión, al desacierto en la valoración de los hechos que conforman la plataforma fáctica del caso.

Cuestiona que el tribunal a quo haya entendido que en autos se perfeccionó una cesión de créditos entre la firma concursada y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en la que el Banco de la Nación Argentina asumiera el rol de deudor cedido y que la misma era oponible de terceros (y entre ellos, la masa de acreedores) en virtud de la notificación cursada por la primera, al BNA, a fin de que el crédito se abonara al cesionario. Expresa que efectivamente, la cesión (parcial y pro solvendo) se celebró entre Vicente Trapani S.A. y el Colegio de Escribanos, y que el deudor cedido era Prodalim B.V. Savyon, y que la entidad bancaria no era más que un intermediario en la operatoria de liquidación de divisas. Pero alega que el deudor cedido nunca tuvo conocimiento de la mencionada cesión, motivo por el cual Prodalim giró los fondos y pagó a la firma Vicente Trapani, acreditándose los fondos a nombre de esta última. Afirma que ello explica que la carta de crédito fuera emitida a nombre de Vicente Trapani S.A. y que los fondos fueran acreditados a su nombre. Señala que dados aquellos extremos, resultaba indispensable que la sociedad autorizara la liquidación de esas divisas por parte del BNA, potestad que "renació" para la misma como consecuencia de la situación antes descripta, operándose un "retroceso en el desarrollo del negocio". Advierte que la apertura del concurso posterior condicionaba el pago del crédito en cuestión pues se trataba de un crédito de causa anterior al concurso.

Insiste en que al no haberse perfeccionado la citada cesión, ésta no resulta oponible al concurso del cedente -abierto con posterioridad a la cesión pero sin que se hiciera efectivo el cumplimiento de la misma- y que los acreedores que han insinuados sus créditos pueden tener un interés fundado en objetar el negocio mencionado, por la incidencia del mismo en sus expectativas de cobro.

Explica que la inoponibilidad de la cesión al concurso, tal como es sostenida por su parte, de ningún modo supone desconocer el crédito que eventualmente tenga el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires pero alega que con el ingreso del crédito cedido al patrimonio de la concursada ya no podían ser "restituidos" sin más al cesionario. Expresa que en las condiciones mencionadas, se imponía sostener que el cesionario debía presentarse en el concurso del cedente e insinuar el crédito cuyo cobro pretende. Reitera que se trata de una acreencia no satisfecha y que no se puede omitir su insinuación en el concurso sin que ello importe una burla para los demás acreedores que concurrieron a verificar sus créditos.

Admite que la cesión es un contrato consensual, que se perfecciona entre las partes por el mero consentimiento, pero aclara que en el caso, la cesión se acordó pro solvendo; es decir que no tenía efectos cancelatorios del mutuo crédito hasta tanto el cesionario percibiera el monto del crédito cedido.

Se agravia de que el tribunal entienda que la cesión referida se perfeccionó antes de la apertura del concurso y que la operación era oponible a terceros (incluida la masa de acreedores del concurso) pues considera que este razonamiento confunde el nacimiento del contrato con los efectos del mismo. Expresa que en la mayoría de los concursos se verifican supuestos como el de autos; esto es, casos de contratos celebrados con anterioridad al auto de apertura pero que a esa fecha se encuentran pendientes de cumplimiento y son precisamente esos créditos insatisfechos los que obligan a los acreedores a gestionar la verificación pertinente en el proceso concursal. Afirma que la sentencia recurrida propugna una solución inadmisible y consagra una excepción injustificada.

Cuestiona asimismo que la Sala a quo entienda que el crédito cuyo cobro pretende el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires conserva el privilegio especial originario y que por efecto de la subrogación real, se trasladó al precio de los bienes sobre los que la garantía recaía originariamente (conf. art. 245 LCQ). Explica que a criterio del tribunal inferior, "el privilegio del crédito originario no se extinguió porque conforme el art. 874 del Cód. Civil, no es posible presumir la intención de renunciar" y se agravia de que el fallo recurra a esta alegación pues considera que en el sublite existió "un acto concreto, expreso y explícito de renuncia al privilegio", derivado de la "devolución, entrega y cancelación del warrant otrora dado en garantía". Insiste en que el Colegio de Escribanos de la Cuidad de Buenos Aires devolvió el warrant "con plena conciencia y sapiencia de lo que hacía", "porque quiso asumir el riesgo que ello entrañaba", "porque consideró que obtendría mayores réditos con la cobranza de la carta de crédito cedida en su favor, que con el remate no judicial".

Se agravia de que el tribunal invoque la existencia de una subrogación real y que la misma justifique el mantenimiento del privilegio originario. Afirma que el mutuo originariamente acordado dejó de estar garantizado con un warrant para pasar a ser asegurado a través de un nuevo contrato consistente en la cesión de un crédito. Reitera que "Vicente Trapani S.A. cedió el crédito que tenía en contra de Prodalim y no el precio de la mercadería otrora warranteada". Sostiene que al ser cancelado el warrant, Vicente Trapani S.A. tenía la plena disponibilidad de la mercadería liberada pues la misma no estaba ya afectada de ningún gravamen o garantía. Afirma que Vicente Trapani S.A. vendió la mercadería cuando ya no constituía asiento de ningún privilegio pues éste había quedado cancelado, y de allí que no pueda hablarse de subrogación de la garantía en el precio de los citados bienes.

Critica que el tribunal sostenga que así como el titular del warrant puede rematar sin necesidad de verificar el crédito en el concurso, tampoco debe hacerlo en este caso quien goza de los beneficios de la subrogación real (mantenimiento del privilegio que se traslada al precio e la mercadería warranteada). Señala que la Sala sentenciante prescinde de la aplicación de la normativa especial que impone al titular del warrant, el cumplimiento de las cargas previstas en el art. 23 LCQ (informar la fecha, el lugar, día y hora fijados para el remate, bien a rematar, acompañar el título de su crédito, rendir cuentas con la documentación pertinente, etc. Alega que aún en la hipótesis -no compartida- de que se operó la subrogación real, los derechos que ocupan el lugar del crédito originario, deben quedar sometidos al mismo régimen jurídico, quedando obligado el acreedor, a concurrir al concurso y observar las cargas impuestas por el art. 23 de la LCQ.

Cuestiona que el pronunciamiento exprese que si el acreedor (el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires) no cobró antes de la apertura del concurso de su deudor, fue por vicisitudes de la operatoria cambiaria a cargo del Banco de la Nación Argentina. Tacha de falsa esa afirmación y reitera que si el pago no se concretó fue porque el cesionario no notificó al deudor cedido y de allí que éste depositara los fondos correspondientes en una cuenta a nombre del cedente (la firma Vicente Trápani S.A., hoy concursada). Insiste en que esas "vicisitudes" no tienen "entidad jurídica" para excluir la aplicación de las normas correspondientes.

Señala que contrariamente a lo entendido por el tribunal a quo, esta interpretación sí afecta la pars condictio creditorum. Sostiene que el concurso es un proceso universal en donde intervienen una pluralidad de partes que para obtener la satisfacción de sus créditos, tienen que observar un procedimiento previo, obligados a solicitar la verificación de sus acreencias.

Advierte que en la doctrina del pronunciamiento, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es acreedor de la firma concursada en virtud de una cesión de un crédito perfeccionada antes de la apertura del concurso del cedente pero que por vicisitudes ajenas a las partes no pudo percibir su acreencia, y que ello impone el pago del crédito sin necesidad de concurrir a verificar del crédito en el concurso. A criterio del recurrente el desacierto va más allá, en tanto se afirma que tal acreencia, goza de un privilegio que el acreedor mantiene pese a que la garantía originariamente otorgada (el warrant) fue sustituida por un crédito cedido en su favor. Niega que esa "subrogación real" autorice a reconocer el citado privilegio y que se mande pagar sin más al cesionario, con un plazo notoriamente exiguo y sin ordenar la restitución del warrant que aún permanece en poder del Colegio de Escribanos, lo que redundaría además en un enriquecimiento indebido a favor del cesionario.

De conformidad a las alegaciones precedentemente reseñadas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia de la casación interpuesta y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El tribunal dejó establecido que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires había otorgado un mutuo a la empresa Vicente Trapani S.A. por U$S65.180 y que en garantía de la operación se constituyó un warrant sobre 117 toneladas de jugo concentrado de limón. Sostuvo que a efectos de cancelar el mutuo, se acordó que devolvía el warrant y que la deudora podía disponer de la mercadería afectada a la garantía, cediendo a cambio Vicente Trapani S.A. -en forma parcial y pro solvendo- la carta del crédito resultante de la venta, para que el cesionario percibiera del Banco de la Nación Argentina la suma adeudada, tras realizarse la liquidación de las divisas provenientes de la exportación correspondiente. Puntualizó que la cesión de los derechos inherentes a la carta de crédito (de la operación de venta ya realizada) quedó perfeccionada y consumada en forma previa a la presentación en concurso, que en nada incide que la mentada cesión haya sido celebrada pro solvendo, que a la fecha de presentación en concurso restaba concretar solamente la operatoria cambiaria a cargo de la entidad bancaria, que el BNA actuó como intermediario en la liquidación de la carta de crédito, que ello justificaba ordenar el pago al cesionario y que dicha situación no afectaba la pars condictio creditorum.

Consideró asimismo el tribunal que el acreedor no debía perder el privilegio de su acreencia originaria pues éste se trasladó por efecto de la subrogación real al bien o al valor que sustituyó aquél crédito en el patrimonio de su titular. Y en respaldo de esta opinión, citó el art. 245 LCQ conforme al cual en el privilegio especial, el derecho se traslada sobre los importes que sustituyen a los bienes sobre los que recaía, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación real. Expresó que si el bien asiento del privilegio es sustituido por su precio de enajenación, la prelación se ejerce -de pleno derecho- sobre el sustituido. Sostuvo que "no hacerlo así, implicaría la consagración de los elementos puramente materiales sobre la noción de valor económico, lo cual redundaría en un enriquecimiento injusto de la masa que vería ampliada su garantía en perjuicio del acreedor en cuyo crédito el legislador advirtió un interés con necesidades especiales de tutela".

4.- En orden a los recaudos de admisibilidad, se constata que el recurso ha sido interpuesto en término, el recurrente ha cumplido con el depósito impuesto por el art. 817 del CPCC, se impugna un pronunciamiento definitivo y se alega la infracción a normas de derecho como así también, la arbitrariedad de la sentencia recurrida.

5.- Vistos los agravios y confrontados con los argumentos del pronunciamiento recurrido y los antecedentes del caso, se advierte que la impugnación recursiva resulta procedente.

El tribunal concluyó que el crédito reclamado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires debía ser reconocido en tanto los derechos inherentes a la carta de crédito (por la operación de venta de la mercadería antes afectada al warrant) habían sido cedidos y que dicho contrato se perfeccionó y consumó antes de la presentación en concurso del cedente, lo que justificaba ordenar el pago al cesionario. Rechazó la oposición de la concursada y de la sindicatura, señalando que la citada cesión era oponible a terceros "atento a la instrucción fehaciente dirigida por la sociedad (cedente) al BNA, a fin de que el crédito sea abonado al Colegio de Escribanos".

Pese a lo sostenido por el tribunal, las constancias de la causa revelan que por los particulares caracteres del derecho cedido (cesión parcial y pro solvendo de un crédito por mayor cantidad instrumentado en una carta de crédito, conforme la escritura de cesión cuya copia glosa a fs. 4/7) y por la modalidad de liquidación que imponía la operación de exportación, resultaba necesaria la intervención del Banco de la Nación Argentina, pero no era éste el "deudor cedido" en la mentada cesión. De ello se sigue que la notificación cursada a la entidad bancaria a efectos de que luego de la liquidación de las divisas y de la determinación del quantum correspondiente al cesionario (pues era una cesión parcial del crédito documentado en el instrumento), abonara la suma resultante al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, no puede tener los efectos mencionados en el pronunciamiento recurrido.

Es arduo el debate en la doctrina, vinculado a que la notificación al deudor cedido determina la publicidad de la cesión y su oponibilidad respecto de los terceros; pero un repaso del estado de la discusión, revela que no hay una solución de consenso sobre el punto (cfr. Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, T. 7, pág. 87 y sgtes.). Mas, aun cuando el tribunal a quo adopta un criterio positivo -entendiendo que la notificación al deudor cedido permite sostener su oponibilidad respecto de terceros-, este argumento no alcanza para justificar lo decidido en autos, esto es, que la comunicación cursada al BNA hacía oponible la cesión a la masa de acreedores del cedente concursado, tornándola incontestable para la misma (arg. art. 1459 del Cód. Civil), por no afectar la pars condictio creditorum.

No es un hecho controvertido que la operación de venta de la mercadería afectada a la garantía originaria fue concretada, y que los derechos emergentes de la correspondiente carta de crédito fueron objeto de una cesión a favor del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Pero, no es menos cierto que realizada aquella operación, pesaba aún sobre el cedente, la carga de cumplir con los deberes propios del negocio (presentación del permiso de embarque aplicado y la documentación pertinente, autorización para efectuar el cierre del tipo de cambio, etc.) para que recién pudiera el Banco de la Nación Argentina -que actuaba como intermediario en la liquidación de las divisas- realizar el pago en cabeza del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos. Consta en autos que el pago al adquirente del crédito no se concretó pese a que la firma Vicente Trapani S.A. (titular de la cuenta en la que se depositaron los fondos provenientes de la operación) dio las instrucciones al intermediario (acta notarial de fs. 11) y que éste tenía la voluntad de cumplir dichas directivas una vez cumplidos los recaudos propios de la intermediación particular (fs. 15). A fs. 18 glosa la instrumental que demuestra que el Banco de la Nación Argentina informó a Vicente Trapani S.A. que se encontraban acreditados los fondos correspondientes a la carta de crédito exportación de referencia y que la firma debía autorizar a efectuar el cierre de cambio, para que recién entonces el producto de la liquidación pudiera ser acreditado en la cuenta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Las pruebas arrimadas a la causa, no respaldan la afirmación sentencial conforme la cual la cesión se perfeccionó y consumó antes de la presentación a concurso del cedente. Tal como se advierte, el crédito transferido al ente notarial, nunca salió de las esfera patrimonial del cedente: los derechos emergentes de la carta de crédito de exportación objeto de la cesión, una vez acreditados en la cuenta pertinente, debían ser liquidados conforme el procedimiento previsto para la liquidación de divisas y consta en autos que el cedente aún debía desplegar actos de cooperación tendientes a propiciar el pago encomendado al intermediario (el BNA).

El tribunal de alzada minimiza esta circunstancia señalando que el cesionario no llegó a percibir los fondos derivados de la cesión por "vicisitudes propias de la contratación en el exterior" pero elude mencionar que las diligencias pendientes no podían ser cumplidas sin que el cedente prestara su deber de cooperación (cfr. Wayar, Tratado de las Obligaciones, Tomo I, pág. 18 y 19) a fin de concretar el pago pretendido.

Rechazado el argumento conforme al cual, las instrucciones impartidas al BNA tenían virtualidad para tornar oponible la cesión a los terceros ajenos al negocio y constatado que a la fecha de presentación en concurso, el crédito no había salido de la esfera del cedente, lo resuelto por el tribunal a quo no emerge justificado.

Sin perjuicio de los derechos que le asistan al incidentista y del reconocimiento de la acreencia que pudiera obtener por la vía procesa pertinente, no parece acertado entender que concurren en el caso, los presupuestos que habilitarían a ordenar el pago de los fondos conforme lo reclamado en el presente incidente.

Corresponde por tanto, hacer lugar al recurso de casación interpuesto, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Es improcedente el incidente de reclamo de restitución de fondos deducido por el cesionario si a la fecha de presentación en concurso del cedente, el crédito objeto de la cesión no había salido de su esfera patrimonial" y sustitutivamente, disponer: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma concursada contra la sentencia de fecha 16/8/2006, la que se revoca y en sustitución se resuelve rechazar el pedido de restitución formulado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. II.- Costas de ambas instancias al vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC). III.- Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad".

6.- Las costas del presente recurso deberán ser soportadas por el vencido, conforme los principios generales aplicables (art. 106 procesal).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Me pronuncio por el rechazo del recurso de casación presentado por Vicente Trapani S.A., por los motivos que se exponen a continuación.

Me remito a los antecedentes expuestos en los considerandos 1 a 4 del voto de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar que se expidió en primer término, y procedo a analizar la cuestión litigiosa, para lo que resulta pertinente exponer una síntesis de los hechos relevantes del caso.

1).- Los vínculos jurídicos entre las partes de este litigio, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (en adelante el "Colegio"), y la sociedad Vicente Trapani S.A. (en lo sucesivo "Trapani"), están descritos en la escritura número 151 de fecha 18 de mayo de 2005 de la Escribana Mirta G. Negrelli de la ciudad de Buenos Aires, cuya copia se encuentra agregada entre fojas 4 a 6 de este incidente. En ese instrumento se expresa que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, otorgó un mutuo a la sociedad Vicente Trapani S.A., del cual al 18 de mayo de 2005 quedaba una deuda de U$S65.180. En garantía del pago se constituyó un warrant en la sociedad "Control Union S.A." bajo el número 2953-Z, sobre 117 toneladas de jugo concentrado de limón 400 gpl campaña 2004. Las partes acordaron que cuando Vicente Trapani S.A. quisiera disponer de la mercadería, el acreedor restituiría el warrant cuando se notificara al Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán de la cesión que a continuación se convenía, a los efectos de su cancelación y registro en el libro de "Control Unión S.A.", para que con los certificado de depósito y del warrant Vicente Trapani S.A. pueda liberar la mercadería. Las partes acordaron que para cancelar el mutuo, Vicente Trapani S.A. cedía en forma parcial pro solvendo y hasta alcanzar la suma U$S65.180, la carta de crédito cuya copia autenticada por el Banco de la Nación Sucursal Tucumán se anexó a la escritura. Los contratantes acordaron que cuando el Colegio percibiera el monto de la cesión, otorgaría carta de pago a Vicente Trapani S.A., quien garantizaba la existencia, legitimidad y bondad del crédito cedido. El cedente se obligaba a notificar al Banco de la Nación Argentina la cesión parcial de la carta de crédito, debiendo indicarle al Banco la cuenta del Colegio en la que debía depositar el dinero (cfr. escritura agregada en fs. 4 a 6 de este incidente).

Mediante la actuación de una escribana, el 20 de mayo de 2005 se notificó al Banco de la Nación Argentina Delegación Tucumán la cesión parcial de la carta de crédito n.333-01-0123134XB hasta alcanzar la suma de U$S64.641,78, según las condiciones pactadas en la escritura antes mencionada (fs. 11).

El día 23 de mayo de 2005 el Banco remitió carta documento al Colegio, para comunicarle que cuando recibiera los fondos de la carta de crédito documentario 333-01-0123134XB emitida por el Bank Leumi Le Israel BM - Tel Aviv - Israel por cuenta y orden de Prodalim B. V. Ltd. Savyon - Israel, procedería a acreditar el importe correspondiente en la cuenta bancaria del Colegio (fs. 15).

El 11 de agosto de 2005 el Banco remitió carta certificada a V. Trapani S.A. comunicándole que el corresponsal ya había acreditado U$S62.478 en la cuenta del Banco en el exterior. Por ese motivo pidió autorización para efectuar el cierre de cambio correspondiente, y que se acompañe copia del permiso de embarque. Avisó también que el producto de la liquidación se depositaría en la cuenta de la Caja de Escribanos en virtud de la cesión efectuada (fs. 18).

El 17 de agosto de 2005 Vicente Trapani S.A. se presentó en concurso preventivo.

El día 03/11/05 la firma concursada pidió al Juez a cargo del concurso que se consignen los fondos derivados de la carta de crédito de exportación n.333.01.0123130XB emitida por Prodalim B.V. Savyon - Israel (n. REF 32651041) a nombre de Vicente Trapani S.A. Mediante providencia de fecha 23 de noviembre de 2005 se dispuso que se consignen los fondos derivados de la carta de crédito de exportación n.333.01.0123130 XB (cfr. 127 de este incidente). Con ese objeto se libró un oficio fechado 29 de noviembre de 2005 (fs. 28), en el cual se ordenó al Banco lo siguiente: ".sirva consignar los fondos derivados de la carta de crédito de exportación n.333.01.0123130XB emitida por PRODALIM B.V. SAVYON ISRAEL (n. REF. 32651041 a nombre de Vicente Trapani S.A., y disponga que la totalidad de las divisas objeto de la misma sean entregadas a la firma concursada o transferidas o giradas según instrucciones del mismo" (cfr. fs. 28).

El Secretario del Juzgado informó el día 21 de diciembre de 2005, que el oficio de fecha 29-11-05 había sido "confeccionado y suministrado por los interesados, conforme lo requerido a fs. 1115, y no en los términos de dicha providencia (se refiere a la providencia del 23/11/05 que disponía únicamente la consignación de los fondos) (cfr. fs. 33). Para explicar tal irregularidad, alegó "involuntario error".

El Colegio presentó el día 24/11/05 un escrito en el que pidió que no se entreguen los fondos a Trapani. Accediendo a la petición, el día 29/11/05 el Juez revocó la providencia de fecha 23/11/05, y ordenó librar oficio al Banco Nación para que tome conocimiento de que la consignación había sido dejada sin efecto. A tal fin se libró un oficio fechado 02/12/05 dirigido al Banco en el que se le comunicaba que había sido revocada la providencia del 23/11/05 por la cual se había dispuesto la consignación de los fondos derivados de la carta de crédito de exportación n.333.01.0123130 XB (fs. 26). En respuesta a ese oficio, el Banco expresó que no podía dar cumplimiento a lo requerido, pues en fecha 29/11/05 se había apersonado el concursado con un escribano portando un oficio de fecha 29/11/05, en el que se ordenaba al Banco consignar los fondos a nombre de Vicente Trapani S.A., y se facultaba a esa empresa a disponer de la totalidad de las divisas; el Banco comunicó al Juez que por ese motivo resultaba de imposible cumplimiento lo ordenado (cfr. fs. 24).

El Colegio denunció que el oficio mencionado por el Banco de fecha 29/11/05 no figuraba en el sistema informático, y que el mismo día de su emisión el Juez ya había revocado la providencia del 23/11/05. Advirtió que la providencia dictada por el Juez sólo ordenaba la consignación de los fondos, no la entrega al concursado.

Tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia (sentencias de fechas 16 de agosto de 2006, fs. 42/43, y 2 de julio de 2007, fs. 191/193) ordenaron la restitución de los fondos a Vicente Trapani S.A.

2).- De acuerdo con la reseña efectuada, el objeto de la demanda incidental planteada por el Colegio, fue obtener el pago de la cesión que le efectuara Vicente Trapani S.A. El incidentista trató de impedir que Trapani percibiera del Banco Nación el importe de la carta de crédito, y al tomar conocimiento que el cedente ya había cobrado, exigió que se le restituya el dinero.

Según la escritura n.151 del 18 de mayo de 2005, Trapani S.A. cedió en forma parcial pro solvendo al Colegio hasta alcanzar la suma de U$S65.180, una carta de crédito que en copia autenticada por el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán se adjuntaba, para que el Colegio perciba directamente del Banco la suma adeudada. Como apropiadamente expresó el Banco de la Nación al notificar al Colegio, el objeto de la cesión fue el crédito documentario 333-01-0123134XB emitido por Bank Leumi Le Israel BM - Tel Aviv - Israel (banco ordenante), por cuenta y orden de Prodalim B. V. Ltd. (fs. 15), hasta alcanzar la suma de U$S65.180. El beneficiario de esa carta de crédito era Vicente Trapani S.A.. El banco que asumió la obligación de pagar la carta de crédito fue el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán.

De lo señalado surge que entre el Colegio y Trapani hubo un contrato de cesión. Ahora bien, lo que se cedió en ese contrato fue una carta de crédito, en la cual el obligado al pago era el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán, y el beneficiario Vicente Trapani S.A.. En consecuencia, el deudor cedido en la cesión de Trapani al Colegio no fue el exportador comprador extranjero de la mercadería objeto del contrato de compraventa internacional (Prodalim B. V. Ltd.), -como pretende el recurrente-, por las razones que se exponen a continuación.

3).- De los hechos que conforman el material fáctico del caso, se observa que el objeto de la cesión: la carta de crédito, surge de un contrato de crédito documentario. Se trata de un contrato que se utiliza en los casos de operaciones de compra y venta de mercaderías, en especial las internacionales, que se canalizan a través de créditos documentarios, con la intervención de entidades financieras que aseguran al comprador y al vendedor el cumplimiento recíproco de sus obligaciones: la remisión de la mercadería y el pago de la misma. El importador acude a un banco de su plaza, el cual da la orden a un banco de la plaza del exportador para que, a cambio de la entrega de la documentación que acredita el cumplimiento de la obligación de este último (conocimiento de embarque), proceda al pago de una suma determinada.

La práctica comercial y la jurisprudencia utilizan la denominación carta de crédito para referirse a la obligación de pago que asume el banco a pedido del importador (ordenante), y a favor del exportador (beneficiario). Tal denominación es generalizada, y debe señalarse que no se trata de la misma carta de crédito regulada por los arts. 484 a 491 del Código de Comercio (sobre la diferencia entre estas dos figuras, ver Código de Comercio comentado dirigido por Ghersi y Weingarten tomo I p. 503 y 504 Editorial Nova Tesis, edición 2006).

El crédito documentario o carta de crédito (en inglés Letter of Credit, cuya abreviación internacional es "L/C"), es uno de los medios de pago más utilizados en el comercio internacional y el que más seguridad brinda a las partes. Es un instrumento de naturaleza financiera, por el cual el banco emisor, según los términos en que le fue solicitado por el importador, se compromete con la apertura de un crédito documentario a favor del exportador, emitiendo una carta de crédito. El pago, en general, lo hace a través de un banco corresponsal de la plaza de este último, contra entrega de los documentos y con sujeción a los términos dispuestos en los mismos. El banco corresponsal paga el crédito y envía la documentación al banco emisor de plaza del importador el cual, una vez confirmada la misma, reembolsa al banco corresponsal el valor pagado al exportador. 4).- Las partes intervinientes en un crédito documentario son:

a) El Ordenante es quien solicita a un banco, generalmente de su plaza, la apertura del crédito documentario y la emisión de una carta de crédito a favor de un beneficiario, e instruye al banco sobre las condiciones para llevarlo a cabo, comprometiéndose a efectuar el pago. Es el Importador. Participa en dos relaciones jurídicas diferentes: 1) un vínculo de compra-venta con el beneficiario; y 2) un vínculo de crédito con el banco emisor de la misma.

b) El Banco Emisor es el banco sobre quien recae la obligación principal para con el Beneficiario, y quien emite la carta de crédito. Obra a pedido y bajo las instrucciones del Ordenante - importador. El contrato de crédito es el que regula la relación entre el banco emisor y el ordenante; en ese contrato se definen las condiciones bajo las cuales el banco está dispuesto a emitir cartas de crédito por cuenta del ordenante. El banco se compromete a poner a favor del ordenante una disponibilidad determinada para emitir las cartas de crédito, siendo el objeto mismo del contrato la existencia de la disponibilidad de crédito a favor del cliente y no propiamente la carta de crédito.

c).- El Beneficiario es quien tiene el derecho de cobro de la carta de crédito en función del cumplimiento de las condiciones impuestas. Es el vendedor exportador.

d).- El Banco Corresponsal o banco designado, que según la responsabilidad que tenga, se llamará banco pagador si debe entregarle dinero a la vista al Beneficiario contra el cumplimiento de sus obligaciones (pago a la vista), banco negociador si estuviera encargado de descontar Letra/s al Beneficiario contra el cumplimiento de sus obligaciones (pago diferido), banco aceptador si acepta la/s Letra/s del beneficiario para pagárselas al vencimiento, o banco avisador si solo actúa notificando al Beneficiario de la apertura del crédito a su favor. Los usos y costumbres hacen que el Banco Corresponsal pueda investir la figura de más de un sujeto, por tener responsabilidades diferentes (ej: puede ser Banco Avisador y Negociador a la vez).

En relación a la naturaleza jurídica del crédito documentario Garrigues expresa que "... no estamos en presencia de un solo contrato con pluralidad de partes, sino de distintos contratos ligados entre sí por una misma finalidad económica, que consiste en asegurar a un vendedor el cobro de su crédito sobre el precio de la mercancía mediante la asunción por un banco de la obligación de pagar ese precio. Cada uno de estos contratos tiene una causa distinta, pero todos ellos concurren a la misma finalidad económica" (Garrigues, Joaquín, "Contratos Bancarios", editorial Aguirre, Madrid, 1975, pág. 605).

De lo expresado se advierten múltiples, variados y complejos vínculos jurídicos que se entrecruzan de diversas formas entre las distintas partes que intervienen en el contrato de crédito documentario en el que se emite la carta de crédito.

5).- La carta de crédito documentario se rige por las "Reglas y Usos Uniformes Relativas a los Créditos Documentados" (R.U.U.: "Reglas y Usos Uniformes Relativas a los Créditos Documentados", o en inglés UCP: Uniform Customs and Practices for Documentary Credit), elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I. o siglas en inglés I.C.C.) con sede en París. La Cámara de Comercio Internacional es la portavoz de las Cámaras de Comercio de todo el mundo, a las cuales representa en las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, entre otras organizaciones internacionales. Esas normas son aplicadas por las cámaras de comercio, asociaciones bancarias o bancos adheridos a la C.C.I. La mayoría de los bancos de nuestro país han adherido a las disposiciones de la C.C.I. (cfr. Llerena Enrique, "El crédito documentado y la aplicación de las reglas y usos uniformes. (Versión C. C. I. 1983)", publicado en: LA LEY1986-B, 697). Las reglas y usos uniformes relativos a créditos documentados constituyen costumbre mercantil bancaria cuya fuente radica en la observancia de esos usos por los comerciantes y banqueros en sus contratos internacionales. Son normas consuetudinarias fijadas por escrito, actualizadas periódicamente por {}la Cámara de Comercio Internacional.

Pese a no tener naturaleza legislativa, las reglas que aprueba la Cámara de Comercio Internacional son eficaces porque los usuarios y en especial los bancos las aceptan y, porque los tribunales nacionales se refieren a ellas en sus fallos. En nuestro país en numerosas oportunidades las sentencias han analizado el instituto del crédito documentado y la aplicación de las reglas y usos uniformes (cfr. Fallo del juez en lo federal, doctor Jorge R. Pastor, de junio 18-964 en "Banco Español del Río de la Plata c. Curi, Miguel H. y otros". Rep. LA LEY, T. XXVIII, A-I, p. 944, sum. 12; CNCom., sala B, 19/4/61 en "Banco de Boston c. Sfreddo y Paolini", S. A., E. D, t. 2, p. 141; CNCom., sala C, 26/4/84 en "Banco. Mercantil Argentino c. Vizental y Cía." Rep. LA LEY, t. XLIV, A-I, p. 599, sum. 1; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B sentencia de fecha: 09/05/2005 en "SGZ Bank Südweststdsche Genossenschafts Zentralbank AF c. Productos e Insumos de Fitness S.A." publicado en: LA LEY 14/02/2006 con nota de Jorge L. Silva, LA LEY 2006-A, 712 y LA LEY 2005-E, 810; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala C en "Yonandi S.A. c. IRANA S.A. s. ordinario" sentencia del 5 de febrero de 1993; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala A en "Banco Central de la República Argentina c. Casa Beato de A.A. Beato e hijos s. ordinario" sentencia del 10 de julio de 2007).

6).- Conforme a las disposiciones de los artículos 21 y 17 del Código Civil Argentino, al no estar este contrato legislado en nuestro derecho positivo, debemos remitirnos a las reglas de la CCI que son costumbre del comercio internacional. "Las normas materiales de derecho mercantil originadas en los usos y prácticas bancarias internacionales han llegado a cobrar la importancia más decisiva para regir las cuestiones controvertibles en la operación de un crédito documentado. Las "Reglas y Usos sobre Créditos Documentados", ("Reglas de Viena"), constituyen así, una fuente de derecho de origen consuetudinario, sistematizada por la Cámara de Comercio Internacional que consisten en normas materiales directas, integrantes del llamado New Merchant Law, que tienden a prevenir los posibles conflictos de leyes mediante la unificación (usual o convencional) de normas mercantiles" (conf. Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado. Derecho Mercantil Internacional", T. II, Ed. Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 5ta ed., pág 301; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala A en "Banco Central de {}la República Argentina c. Casa Beato de A.A. Beato e hijos s. ordinario" sentencia del 10 de julio de 2007).

Las obligaciones emergentes del crédito documentado se rigen en primer lugar por las cláusulas contractuales convenidas por las partes; en segundo lugar, en forma subsidiaria y por las razones antes expuestas, por las reglas y usos uniformes recopilados por la Cámara de Comercio Internacional (UCP); y en tercer lugar y también subsidiariamente, por el derecho aplicable según las normas de derecho internacional privado pertinentes (arts. 1209, 1210, 1212, 1213, Cód. Civil); debiendo sujetarse a los principios de orden público vigentes en el derecho internacional privado argentino (art. 14, inc. 2º, Cód. Civil) y respetándose lo dispuesto en el art. 1208 C.C. 7).- De acuerdo con lo expresado en los considerandos anteriores, y analizando cuál fue el bien cedido entre Trapani y el Colegio, observamos que en el contrato de crédito documentario en el que se emitió la carta de crédito, hubo un ordenante: Prodalim B. V. Ltd. Savyon - Israel, que dio instrucciones a un banco, el Bank Leumi Le Israel BM - Tel Aviv - Israel (banco emisor), para que realice la apertura del crédito y emita una carta de crédito (el crédito documentario 333-01-0123134XB), con el objeto de que se pague a un beneficiario: Vicente Trapani S.A. A su vez, el banco emisor negoció con el Banco de la Nación Argentina Delegación Tucumán, (Banco corresponsal pagador) para que pague al beneficiario contra presentación de la documentación exigida.

En el contrato entre Vicente Trapani S.A. y el Colegio lo que se cedió fue una carta de crédito. Pese a todas las alegaciones del recurrente, resulta irrefutable que el obligado al pago de esa carta de crédito era el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán, quien había sido notificado de esa cesión el día el 20 de mayo de 2005, vale decir, antes de que Vicente Trapani S.A. se presentara en concurso el 17 de agosto de 2005. Cabe señalar también que el Banco no solamente estaba notificado, sino que además había cursado al Colegio el día 23 de mayo de 2005 una carta documento comunicándole su expresa aceptación de la cesión de la carta de crédito.

Estando debidamente notificado de la cesión el deudor cedido (Banco Nación) antes del concurso del cedente (Trapani), y manifestada por el Banco su expresa aceptación, la cesión se perfeccionó y surtió todos los efectos jurídicos del contrato (art. 1459 CC), debiendo recordarse que se trata de un contrato de naturaleza consensual. Ello quiere decir que fue en el momento en el que el Banco Nación fue notificado de la cesión, cuando el crédito emergente de la carta de crédito salió del patrimonio del cedente y se produjo la transmisión del crédito al cesionario ingresando al patrimonio de éste. Fue entonces cuando Trapani dejó de ser propietario del crédito emergente de la carta de crédito, el que pasó a pertenecer al Colegio. Ello encuentra respaldo normativo en el precepto del art. 1459 CC, que establece que la propiedad del crédito pasa al cesionario con la notificación o aceptación del deudor cedido. En tal sentido dice Vélez que "lo mismo que en materia de cesión de créditos, la notificación al deudor del crédito cedido es lo que hace tomar al cesionario posesión de la deuda respecto de terceros (nota al art. 3209 C.C.).

8).- Carece de asidero la pretensión del recurrente de que el objeto de la cesión fue el crédito proveniente del precio de la mercadería del contrato de compraventa internacional, y que por ello el deudor cedido era Prodalim B. V. Ltd..

Las partes no cedieron un crédito derivado de un contrato de compraventa, sino una carta de crédito, lo que con en forma clara y explícita quedó expresado en la escritura número 151 de fecha 18 de mayo de 2005.

La operación bancaria de crédito documentado tiene generalmente como base un negocio de compraventa internacional (caso del sub lite). Sin embargo las relaciones o vinculaciones jurídicas emergentes del contrato de crédito documentado se establecen con independencia de ese negocio base (conf. Albornoz, Jorge R.-All, Paula María, "Crédito Documentario", pág. 243 con cita de Bollini Saw, Carlos y Boneo Villegas, Eduardo). Las relaciones que surgen del contrato de compraventa resultan por ello extrínsecas al contrato bancario de crédito documentado (conf. Labanca, Jorge-Noacco, Julio C.- Vera Barros, Alejandro, "El Crédito Documentado", Ed. Depalma, 1965, pág. 227 y sgtes.). Los créditos documentados, por su naturaleza, resultan ser operaciones independientes de las ventas y los bancos no están vinculados por tales contratos (conf. Albornoz, Jorge R.-All, Paula María, "Crédito Documentario", pág. 243).

De las constancias obrantes en autos, el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán fue el banco designado pagador de la carta de crédito emitida por el Bank Leumi Le Israel BM - Tel Aviv - Israel (banco emisor). No cabe duda de que el deudor de la cesión efectuada fue el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán, y que ningún vínculo jurídico hubo entre el Colegio y Prodalim, comprador de la mercadería.

Cabe señalar que en la jurisprudencia y la doctrina, cuando se trata de una controversia en algún segmento del desarrollo operativo del contrato de crédito documentario, el tratamiento del caso se efectúa centrando el análisis en el vínculo jurídico cuestionado (en este caso la obligación del banco pagador para con el beneficiario). Se ha dicho que la concepción unitaria del crédito documentario es inviable, pues se trata de varias relaciones jurídicas con diferentes causas que poseen autonomía a los efectos de la ley aplicable (conf. Checa Martínez, Miguel, "El crédito documentado en el derecho del Comercio Internacional", pág. 61-64; citado también por Albornoz, Jorge R.-All, Paula Maria, "Crédito Documentario", pág. 241; CNCom., Sala A, 10/7/07, Banco Central de la República Argentina c. Casa Beato de A. A. Beato e hijos s. ordinario").

9).- La solución propiciada también encuentra respaldo en las Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Documentarios, conocidas como RUU o en inglés UCP (Uniform Customs and Practices for Documentary Credit). El Art. 3º de las Reglas 500 (UCP 500 que regían al emitirse la carta de crédito, texto equivalente al actual art. 4 de la UCP 600) expresa lo siguiente:

a) Los Créditos son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados y a los bancos no les afectan ni están vinculados por tales contratos, aún cuando en el Crédito se incluya alguna referencia a los mencionados contratos. Por lo tanto, el compromiso por parte del banco de pagar, aceptar y pagar instrumentos de giro o negociar y/o cumplir cualquier otra obligación incluida en el Crédito no está sujeto a reclamaciones o excepciones por parte del Ordenante, resultantes de sus relaciones con el banco Emisor o con el Beneficiario.

b) El Beneficiario no podrá, en ningún caso, hacer uso de las relaciones contractuales existentes entre los Bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor.

El Art. 4° establece: "Todas las partes intervinientes en un Crédito negocian con documentos y no con mercancías, servicios y/u otras prestaciones, a que tales documentos puedan referirse".

De acuerdo con tales conceptos, en relación al compromiso documentario rige un principio de independencia y abstracción respecto de todo vínculo subyacente a la carta de crédito. Esa independencia y esa abstracción sólo ceden, conforme la jurisprudencia internacional lo ha reconocido, en los casos de abuso o fraude demostrable con prueba líquida. El carácter contractual de la carta de crédito no está, pues, en ella misma sino en la convención que la precede, Los efectos jurídicos de la utilización de la carta tienen una operatividad autónoma y propia, que está regulada específicamente, por la cual entre el banco corresponsal pagador y el ordenante no hay relación jurídica alguna (cfr. Fernández, Raymundo L. Gómez Leo, Osvaldo R. en "Cartas de crédito" publicado en: LA LEY1987-D, 817).

El principio de independencia indica que el obligado por el compromiso documentario -en el caso el Banco Nación-, sólo revisa documentos y no puede ni debe introducirse en el análisis de la relación jurídica subyacente que dio origen a la emisión del compromiso.

También ha declarado la jurisprudencia nacional que "la intervención de las instituciones bancarias se limita a garantizar al vendedor la satisfacción de su crédito y financiar la operación. Los bancos permanecen, en todo momento ajenos al negocio básico, es decir, a la compraventa. La relación comprador-vendedor les es extraña. No juegan ningún papel en ella. Y su obligación respecto al vendedor sólo consiste en pagar el precio de las mercaderías, ya sea en el acto de presentarse los documentos, ya sea al vencimiento de la letra de cambio aceptada contra la entrega de aquéllos. Esa relación es también independiente del compromiso asumido frente al comprador. .En consecuencia "el crédito documentado constituye un contrato independiente del que pudiera darle origen", (cfr. Fallo del juez en lo federal, doctor Jorge R. Pastor, de junio 18-964 en "Banco Español del Río de la Plata c. Curi, Miguel H. y otros" Rep. LA LEY, T. XXVIII, A-I, p. 944, sum. 12; CNCom., Sala B, 19/4/61 en "Banco de Boston c. Sfreddo y Paolini, S. A., E. D, t. 2, p. 141; CNCom., Sala C, 26/4/84 en "Banco Mercantil Argentino c. Vizental y Cía." Rep. LA LEY, t. XLIV, A-I, p. 599, sum. 1; Llerena, Enrique en "El crédito documentado y la aplicación de las reglas y usos uniformes (Versión C. C. I. 1983)" publicado en LA LEY1986-B, 697).

10).- Cabe también desestimar el argumento de que la cesión no se habría perfeccionado por la necesaria gestión de Trapani de dar indicaciones para el cierre de cambio y suministrar al Banco la copia del permiso de embarque. La obligación de Trapani en relación a lo señalado fue una gestión necesaria respecto de la obligación que asumiera para con el importador, y para la liquidación del crédito que ya había cedido con anterioridad. Debe señalarse que la liquidación es una gestión auxiliar, que generalmente se practica como corolario del cierre de cambio, al cual debe recurrirse necesariamente desde que se implantó el régimen de control de cambios en el país. Tal obligación, al igual que el suministro de la documentación de embarque, en nada perjudicaron la perfección y operatividad de la cesión notificada al Banco Nación el 20 de mayo de 2005. Cuando Trapani efectuó esas gestiones, el crédito emergente de la carta de crédito ya era de propiedad del Colegio y no de Trapani.

9).- De todo lo expuesto, no queda duda de que Trapani se apoderó indebida y deliberadamente de un dinero que no le pertenecía, pues había cedido ese crédito antes de su concurso.

Siendo tales los hechos, no resulta presumible la buena fe de Trapani al retirar el dinero del Banco, pues cualquiera hubiese sido su interpretación jurídica del asunto, lo cierto es que de lo que no hay duda es de que le constaba que el Juez no había ordenado que se le entregue el dinero, sino otra cosa muy diferente: que se lo consignara en el juicio, vale decir, que se lo pusiera a disposición del Juez. Por ello, el retiro del dinero del Banco Nación fue una acción reprochable no sólo en términos jurídicos sino de buena fe y lealtad procesal.

10).- Es correcto el análisis de la sentencia recurrida, en el sentido de que se opera en el caso la subrogación real regulada por el art. 245 LCQ, por conservar el privilegio que detentó el Colegio derivado del warrant con el que se garantizó en su origen el mutuo. Los términos de la escritura en la que se instrumentó la cesión de Trapani al Colegio no arrojan duda de que el privilegio del warrant se trasladó de pleno derecho a los importes que sustituyeron los bienes sobre los que recaía, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita subrogación real (art. 245 LCQ), en el caso de lo que se cobraría de la carta de crédito cedida, de cuyo importe indebidamente se apoderó Trapani. Ella es la única interpretación plausible del complejo de relaciones jurídicas que formalizaron las partes y de los actos de éstas, que tuvo como origen el mutuo que se garantizó con un warrant, y cuyo privilegio se trasladó al precio de las mercaderías que cobró Trapani de la carta de crédito, que, como se dijo, ya no le pertenecía.

Resulta por ello improcedente la pretensión del concursado de que el Colegio habría renunciado al privilegio al entregar el warrant, o que cuando menos efectúe el trámite concursal previsto para el cobro del warrant. Debe resaltarse, una vez más, que el dinero en cuestión ingresó indebidamente en el patrimonio de Trapani. En consecuencia, es irreprochable la decisión de la sentencia recurrida de confirmar la orden de que se devuelva el dinero al Colegio. De otro modo, sería convalidar una actuación a todas luces irregular e ilegítima, beneficiando al concursado con un enriquecimiento injusto.

La solución propuesta encuentra también sustento en el principio pro solvendo que acordaron las partes al ceder la carta de crédito. Ese principio -pactado en beneficio del acreedor-, significa que la carta de crédito cedida no suponía la extinción de la relación que fue su causa mediata, en el caso la deuda derivada del mutuo que había sido garantizada con warrant. La voluntad de las partes fue que cuando se pagara la carta de crédito recién se extinguiría la deuda del mutuo, así como también otorgar al acreedor las mayores seguridades para el cobro, lo que desbarató Trapani del modo antes relatado al retirar el dinero del Banco.	Por todas las razones expuestas, corresponde el rechazo del recurso con costas a Vicente Trapani S.A. (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señora vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por Vicente Trapani S.A. contra la sentencia de fecha 2 de julio de 2007 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, con costas al recurrente y pérdida de depósito.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (en disidencia) (en disidencia) ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.