Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-06


AUTOS N° 20.840 (2121 - COM. ESP.) "TRANSPORTES AUTOMOTORES 20 DE JUNIO S.A. - Quiebra" L. DE S. T° 111, F° 18/21 En la ciudad de San Juan, a 6 días del mes de septiembre del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y el señor Vocal DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.840 (2121 - COM. ESP.) caratulados "TRANSPORTES AUTOMOTORES 20 DE JUNIO S.A. - QUIEBRA", dictada en fecha 22 del mes de octubre del año dos mil diez, obrante a fs. 246-249, de estos autos originarios del Juzgado Comercial Especial, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. El juez de grado ha resuelto rechazar el pedido de quiebra solicitado por los Sres. Luis Alberto Rosales, Luis Rodolfo Agüero, Juan Alfredo Carmona, Oscar Alfredo Hausen y Carlos Omar Muñoz contra Transportes Automotores 20 de Junio S.A., con costas.

El magistrado juzgó la inasistencia del estado de cesación de pagos y por tal motivo improbó la pretensión declarativa de quiebra. En su fallo observó que no estaban demostrados los signos exteriores o hechos reveladores de la insolvencia patrimonial. Dio gran importancia a la situación de juicios ventilados en sede laboral, ya con sentencia firme y en estado de ejecución. En una palabra, estimó inviable el pedido de quiebra porque según su criterio no resulta admisible cuando el patrimonio del deudor ya ha sido agredido individualmente por el peticionante de la quiebra y aquellos procesos aun siguen en curso.

2. El Dr. Ricardo López en representación de los nombrados interpone recurso de apelación y lo deja fundado así:

Los créditos provienen de sendas demandas laborales con sentencia firme, consentida y líquida, que tienen el carácter alimentario y hacen a la subsistencia del trabajador. "La obtención de una sentencia favorable en sede laboral y la existencia de bienes en el patrimonio del deudor generan una legítima expectativa de percepción del crédito al inspirarle confianza en cuanto a la solvencia del deudor, situación que motiva como primera reacción agotar las vías ejecutivas que prevé el orden procesal y obligar de esa forma al deudor al cumplimiento de lo que debe mediante una satisfacción pecuniaria a través del producido de los bienes del patrimonio".

Las acciones individuales que la ley otorga a cualquier acreedor no tiene reparos cuando hay bienes suficientes para responder a los créditos impagos porque en ese caso hay un deudor solvente. Pero no es dable admitir que la promoción del proceso individual enerve la petición de quiebra, "ya que si los bienes realizables no alcanzan para atender la totalidad de los créditos (como está claro) la multiplicidad de ejecuciones individuales provoca una desigualdad económica entre los acreedores y frente a ese contexto el procedimiento de ejecución colectiva universal liquidadora se presenta, en alguna medida, como un verdadero imperativo moralizador de las relaciones del deudor con sus acreedores y de éstos entre sí" -alega el recurrente con auxilio de la más autorizada doctrina nacional y extranjera-.

Refuta el Dr. López los argumentos del fallo, anteponiendo el legítimo derecho que tiene todo acreedor de buscar todos los medios legales a su alcance a fin de lograr la forma más rápida y segura del pago de su crédito. Si fueron infructuosamente intentadas las vías normales e individuales de ataque al patrimonio, no queda otra solución sino pedir la apertura del juicio universal y colectivo siendo la quiebra la única opción ante la impotencia patrimonial del deudor. Deteniéndose en la nueva situación, comenta que aquellas instancias quedaron de hecho agotadas cuando pudieron comprobar que los bienes conque supuestamente debía responder Autotransportes 20 de Junio S.A. no le pertenecían, no obstante estar prestando con ellos un servicio público de transporte. De tal manera, muéstrase evidente la impotencia del patrimonio agredido para honrar las deudas reclamadas al diluir ostensiblemente su función de garantía como prenda común de los acreedores. Por eso no duda en rebatir aquello afirmado por el sentenciador cuando acusa que los peticionantes "han priorizado el cobro individual y no los principios establecidos para la ejecución colectiva". Refuta: "Es lógico, como expuse, el inicio de la vía individual por sobre la colectiva, más aún cuando estamos frente a un crédito proveniente de causa laboral; lo que no es lógico es que el juzgador priorice la formalidad por sobre la verdad real". Verdad real, de clara apreciación en los procesos laborales donde ha quedado demostrada la debilidad patrimonial para afrontar las deudas ciertas y exigibles que lo gravan. "La verdad real impone, conforme ha resuelto la CSJN, seguir las reglas de la sana crítica lo que supone un análisis integral de la prueba atendiendo a las reglas de la lógica". Y con decidido embate hace hinco hiperbólico en lo que no es precisamente una metáfora: "Las reglas de la lógica indican que el hecho ruinoso está claramente comprobado y que TA 20 de JUNIO SA está en estado de cesación de pagos, prestando un servicio público con bienes que no le pertenecen, dilatando el cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto se cumplan los plazos de la concesión e intertanto enriqueciendo las arcas personales de sus socios que, integrando otras sociedades, facilitan el entramado".

Enfrenta sin titubeos el fundamento expuesto en el fallo sobre la existencia de vías alternativas: "Respecto a la existencia de la vía individual y el pedido de quiebra, luego de arduas discusiones entre quienes sostienen la incompatibilidad absoluta entre el mantenimiento de la ejecución individual y el paralelo pedido de quiebra, quienes sostenían la procedencia de la promoción de la quiebra si se demostraba la frustración de la acción individual, y la que aceptaba la viabilidad paralela sin restricciones de la acción individual como colectiva, hasta tanto no sea declarada la quiebra; podemos decir que con posterioridad a la sanción de la Ley 24.522 mayoritariamente se ha insistido en que no existe regla legal que imponga al peticionante de la quiebra agotar la vía individual, cuando hay incumplimiento del deudor a la condena obtenida por esa vía". Tampoco es óbice -sostiene- al pedido de quebranto la promoción de un juicio de simulación toda vez que la asimilación o identificación de una u otra acción, es incorrecta. La acción de simulación puede demostrar la realización de negocios que denoten un pasivo superior a un activo, mientras que la quiebra indica un estado de cesación de pagos "que excede el desequilibrio nominal activo-pasivo para ubicarse en la rápida realización de bienes como recursos de terceros". En este punto evoca a doctrina y jurisprudencia para afirmar que ambas disciplinas "son contestes en señalar que esta circunstancia, por el contrario, no deja de constituir por sí mismo un hecho revelador del estado de cesación de pagos, es un hecho más que el juez deberá ponderar en su conjunto". "Es más, la existencia de una acción de esta índole supone la comprobación del fraude del deudor, es decir, la aceptación de que obró con ánimo de perjudicar a sus acreedores disminuyendo o frustrando la garantía de solvencia del patrimonio del deudor, en otras palabras, como enseña Quintana Ferreyra, el acto fraudulento es acto en su esencia contrario a una manifestación de solvencia".

Finalmente remarca que los dos carriles por donde el juez a quo encaminó su razonamiento caen por su propio peso: "1°) la vía individual para procurar el cobro no lo es de un crédito litigioso y no se encuentra abierta (más allá de la semántica que quiera encontrarse a la palabra "suspensión"), emanando la misma de una sentencia firme de origen laboral: 2°) la acción de simulación intentada no implica una exclusión a la quiebra por que persiguen distintos objetivos, es más, la simulación traería a la mesa bienes que ha sustraído de su patrimonio en perjuicio de todos sus acreedores y no solo de mi parte".

3. Antes de contestar agravios en subsidio, la parte demandada, pide al tribunal examinar la procedencia formal del recurso y el rechazo in limine porque cuando la sentencia dispone no hacer lugar al pedido de quiebra, solo es apelable en cuanto a la imposición de costas. Basa su pedimento en el art. 273 inc. 3) de la LCQ que sienta el principio de inapelabilidad de las resoluciones si no están expresamente autorizadas por dicho ordenamiento. Y menta irrebatible: Si una norma no contempla expresamente la posibilidad de que las resoluciones que se dictan en su consecuencia resulten susceptibles de apelación, debe estarse al principio general establecido por la disposición mencionada. Y el hecho de que no exista sentencia declarativa de la quiebra, resulta indiferente, dado que el art. 273 LCQ fija los principios generales de la ley, no distingue en trámites anteriores o posteriores. "En este sentido se ha pronunciado la mas autorizada doctrina, así Richard, Efraín H, "Recursos en la Ley de Concursos (¿inapelabilidad en la quiebra indirecta y de la denegatoria de petición de quiebra?)", ED 56-769; Richard, Efraín H. y Romero Moroni, José I,, "Sistema de recursos concursales", E. Astrea, 1976, p. 92; Rouillon, Adolfo A. N., "Procedimientos para la declaración de quiebra", cit. p. 60; Quintana Ferreyra, Francisco, "Concursos", t° II, Ed. Astrea, 1986, p. 126; García Martínez, Roberto, "Derecho Concursal", Ed. Abeledo-Perrot, 1997, p. 277, Ribichini, Guillermo E., "La inapelabilidad de la sentencia que deniega la quiebra pedida por el acreedor", LL 1991-D-827; Grispo, Jorge D., "Tratado sobre la ley de concursos y quiebras", t° 3, 1999, Ed. Ad-Hoc, p. 143; Junyent Bas, Francisco, "El instituto de la quiebra. Procedimientos para su declaración", RDPC 11-9".

Cierra recordando que la jurisprudencia ha seguido invariablemente este criterio, juzgando además que el rechazo del pedido de quiebra no acarrea al peticionante un gravamen irreparable, "toda vez que no impide al acreedor ejercer nuevamente su facultad de instar la declaración de falencia del deudor o de ejercer o proseguir las demás acciones particulares en procura de obtener el pago de su crédito. Máxime cuando en el caso en estudio resultó acreditado que los peticionantes mantienen vigentes las vías individuales de cobro". Al no haber juicio de antequiebra, la decisión tomada nunca produce los efectos de la cosa juzgada en orden a la relación entre acreedor y deudor, respecto de la existencia, legitimidad y exigibilidad del crédito.

Por último, abreva en citas de la Corte de Justicia que tiene asumida esta postura: "Suc. Mateo Palonés - Su quiebra pedida por M. Cáliz - Inconstitucionalidad y Casación" - fecha: 28/12/1981 (P.R.E. 1981 - T° III, F° 588/591); "Agrovitícola Dos Pinos Coop. Ltda. - Quiebra solicitada por el Dr. Fernando A. Heras Mestre - Queja - Inconstitucionalidad" (P.R.E. - Sala I, T° I, F° 25/27 - fecha: 21/03/1994 y "Transporte La Capital s/ Quiebra pedida por ADOS-San Juan - Inconstitucionalidad y Casación - fecha: 23/06/1999 (P.R.E. - Sala I, T° I, F° 166/173).

4. La jurisdicción que ejerce el tribunal ad quem posibilita el examen de la admisibilidad y estimabilidad del recurso como facultad propia de su investidura. La dinámica funcional exige este paso previo. Cuando no se supera, es jurídicamente imposible tratar la cuestión de fondo. En el sub judice, conforme a la norma y la doctrina citada, el rechazo de la declaración de quiebra, no es susceptible de apelación. Así nomás cuadra resolver, sin más aditamento.

En consecuencia voto porque se declare mal concedido el recurso.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.