Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-11


Salta, 11 de abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MINA DAVID -S/ MANIFESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO POR DAVID MAURICE JENKINS" del Juzgado de Minas Expte. N° 20.972/11, expediente CAM 361.386/11 de Sala Primera, y CONSIDERANDO I. Que en contra de la Resolución de fs. 10 y vta. el Sr. David Maurice Jenkins interpuso a fs. 14/17 recurso de apelación subsidiario en contra de la resolución que a fs. 10 y vta. rechazó su manifestación de descubrimiento de borato, potasio y litio, según cateo tramitado por expediente Nº 19.916 en la mina "David" sita en la localidad de La Poma de esta Provincia.

El recurso fue concedido a fs. 18/19, libremente y con efecto suspensivo, de acuerdo al art. 129 del Código de Procedimiento Minero.

Para resolver como lo hizo, el Sr. Juez de Minas consideró que el cateo tramitado en el citado expediente había caducado el 25 de Mayo de 2.011, lo que aparejó que la superficie quedara indisponible hasta la correspondiente publicación.

Entendió que no puede mantenerse un área sujeta a la exclusividad de un derecho exploratorio particular más allá de los plazos legales por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 30 y 13 del citado Código Procesal, el pedimento debía rechazarse in límine y el solicitante esperar, en todo caso, el transcurso de diez días de la publicación para solicitar nuevamente su derecho de exclusividad sobre dicha área.

Al expresar agravios (f.s 33/34 vta.), el recurrente afirma -en síntesis- que la decisión apelada se basa en la errónea idea de que todo explorador debe manifestar sus descubrimientos dentro del plazo de exploración exclusiva, y que según la interpretación correcta tal manifestación puede producirse en cualquier momento antes de la publicación de edictos.

Afirma que hasta que ésta ocurra el explorador no es uno de los "terceros" a los que refiere el artículo 29 del Código Procesal Minero, ni se convierte automáticamente en "tercero" a la medianoche del último día de exclusividad; en su criterio, lo resuelto implica que entre el vencimiento de la exclusividad y la apertura del procedimiento a terceros se crea una "tierra de nadie" que no favorece a la minería ni resulta acorde al espíritu del Código de fondo.

Considera desacertada la cita doctrinaria efectuada en la sentencia y asevera que en caso de mantenerse la decisión se presenta un caso federal.

Corrida vista a Fiscalía de Estado, ésta contesta a fs. 41/44 vta., expresando que los agravios no logran controvertir los fundamentos de la decisión, y que constituyen sólo una diferente interpretación de la normativa aplicable: Invocando los artículos 29, 30 y 46 del Código Procesal Minero, solicita se rechace el recurso.

A fs. 46 se ponen los autos a despacho, providencia que se encuentra firme.

II. Que la cuestión se centra en determinar si el explorador cuyo permiso de cateo caducó por vencimiento del plazo de exclusividad se encuentra en posibilidades de efectuar manifestación de descubrimiento antes de la publicación de los edictos correspondientes.

Conviene recordar como premisa que "La naturaleza del permiso de explotación y cateo -al igual de los otorgados sobre bienes del dominio público- es el ser esencialmente limitado en el tiempo y en el espacio.

Así es por causa del principio de la inviolabilidad constitucional de la propiedad y en función de la exclusividad que otorga sobre los descubrimientos que se efectúen durante el tiempo de su vigencia" (Bladimiro Sodero, "Código de Minería anotado" -Nota del codificador al art. 2 CM. Ed. García, pág.18; M.M.Diez, "Tratado de Derecho Administrativo", t. IV, pág. 196, pág. 497). Tiene dicho nuestra Corte local en materia de caducidad que ella se encuentra prevista en el Código de Minería como consecuencia de una omisión del descubridor y que no procede pretender extender el plazo más allá del vencimiento de cateo hasta la publicación de edictos, pues la caducidad como modo extintivo de derechos sólo tiene por fuente la ley o la convención, pero de ninguna manera puede tener origen en creación pretoriana, por vía de una interpretación extensiva. (CJSalta Tomo 66:675).

III. Que en la especie el recurrente reconoce en forma expresa que el plazo de cateo se encontraba caduco; consecuentemente, habiendo perdido la exclusividad de la que gozaba, se ha transformado, a los fines de la ley, en un tercero que debe esperar el transcurso del plazo legal posterior a la publicación. Solicitan la inscripción de su descubrimiento.

Esa conclusión no puede ser modificada con fundamento en su interpretación personal de los artículos del Código de Procedimientos Minero, debiendo señalarse que en nuestro sistema jurídico es la autoridad de concesión minera la que vela y declara el derecho de los particulares peticionantes, verificando si han dado cumplimiento a los requisitos legales, que son fijos y taxativos, pues su función primordial es reconocer los derechos de los particulares peticionantes siempre que encuadren en el marco de la ley.

Por lo demás, la decisión impugnada no violenta el espíritu que impregna las normas del Código Procesal Minero; toda demora en la manifestación de descubrimiento en las áreas afectadas perjudica la labor del catastro y resulta razonable -operado el vencimiento del plazo establecido para cateo- que la superficie quede indisponible hasta la nueva concurrencia de interesados -entre los que puede contarse el explorador que anteriormente gozó del permiso- luego de la correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

Finalmente es menester destacar que, además del argumento formal del mero vencimiento del plazo estipulado por la ley, no se encuentra en igual situación quien efectúa una manifestación de descubrimiento de minas provenientes de cateos concedidos que aquél que efectúa una manifestación directa por lo que la decisión atacada resulta ajustada a derecho y adecuada a la intención del legislador.

En definitiva, siguiendo la doctrina de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (CACCSalta, Sala IV, Tomo XXXIV:566; S.V, Tomo XXXII:1589 entre otros) y con sustento en los artículos 48 y 29 del CPM, corresponde rechazar el recurso.

IV. Que, teniendo en cuenta que la intervención de Fiscalía de Estado tuvo origen en la vista conferida por el Tribunal a fs. 39, no corresponde imponer costas a cargo del apelante.

Por ello LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I .- RECHAZA el recurso interpuesto subsidiariamente a fs. 14/17 y, en su mérito, CONFIRMA la Resolución de fs. 18 y vta. en todas sus partes. Sin costas.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y bajen los presentes autos al Juzgado de Origen.