marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas en el orden causado, prescripción, cómputo del plazo, daños y perjuicios, desvalorización del inmueble, ruidos molestos, autopistas
Materia: PROCESAL
Carátula: LORENZO JOSE c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Si se persigue el cobro de los daños y perjuicios consistentes en la disminución del valor del inmueble por encontrarse incluido en la franja no edificable del distrito RUA (Renovación Urbana Lindera a Autopista), por lo tanto afectada por una línea de retiro obligatorio y, además, los derivados por los ruidos molestos y la suciedad por la proximidad de la Autopista AU 1 que ha convertido un lugar tranquilo y residencial en una zona inhóspita.

El comienzo del cómputo del plazo de prescripción no puede ser el mismo en ambos supuestos. Mientras que en el primer caso los dos años deben partir del momento de la inclusión del inmueble en la zonificación RUA que produjo la disminución de su valor y fue conocida por el actor en el segundo, debe serlo desde que la autopista AU 1 entró en funcionamiento.

El plazo de prescripción de la acción derivada de la actividad extracontractual lícita de la comuna, comienza a correr desde el momento que el accionante toma conocimiento del acto administrativo, que disminuyó el valor del inmueble o bien desde aquél en que debió conocerlo si se hubiera actuado en forma diligente.

Si existió jurisprudencia contradictoria sobre el plazo de prescripción por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la construcción de una autopista, a la que se puso fin con el dictado de un fallo plenario, ello demuestra que el demandante tuvo razón suficiente para litigar por lo que, admitida la prescripción debe ser incluido en los supuestos de excepción que permiten apartarse del principio objetivo de la derrota contenido en el art.

68 del Código Procesal e imponerlas en ambas instancias en el orden causado.-
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

En tanto las objeciones planteadas reclamarán un condigno análisis y consideración por parte del Cuerpo, la expresión de agravios contiene por tanto un mínimo de crítica que, objetivamente, permite considerar cumplidos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal desde el punto de vista estrictamente técnico, pues, como ya lo hemos sostenido en precedentes análogos, en caso de duda, ha de estarse por la suficiencia del recurso.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LLANOS ADRIANA DEL VALLE c/ PORCEL DE PERALTA Y OTRO  S.A s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-24

En la hipótesis general de los daños ocasionados por las cosas hay una presunción de culpa del dueño o guardián que admite prueba en contrario en el sentido de que no hubo culpa de su parte. Pero si la cosa es viciosa o riesgosa (daño causado por la cosa), se está en presencia de un caso de responsabilidad objetiva y por lo tanto, esa posibilidad perjudicial de la misma queda demostrada por el hecho mismo del siniestro producido y que ha causado el perjuicio y la incapacidad en el caso de la trabajadora, salvo que se pruebe la culpa de la víctima o de un tercero por quien el principal no debe responder.
Quiebra, regulación de honorarios, patrocinante, exhortos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEDRO EMILIO D'ALESANDRO s/ QUIEBRA S/ INC. DE VENTA DE MUEBLES S/ OFICIO LEY 22172.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Si al letrado autorizado para diligenciar una rogatoria librada en una quiebra, no cabe calificarlo como mandatario del síndico, sino como un corresponsal de la sindicatura concursal -al que se recurrió para el diligenciamiento-, la regulación de sus honorarios corresponde al juez oficiado (ley 22172: 12).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho penal, derecho penal disciplinario, abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A., J. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. CSJ Nº 232-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

No resulta ilógica o irracional de modo que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir la instancia excepcional, la opinión del Tribunal A quo que considera que las infracciones al orden disciplinario lesionan un vínculo de sujeción que nada tiene que ver con el círculo de intereses protegidos por el Derecho Penal común, en tanto conculcan la ética del ejercicio profesional, que se pretende restaurar por medio de las sanciones que el Cuerpo colegiado imponga, no siéndole aplicable la máxima "non bis in ídem", motivo por el cual el colegiado puede ser perseguido por la justicia penal de manera independiente si esto correspondiera.
Poder de policía, control estatal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., J. B. s/ Homicidio en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-02

El Estado, a través de la ley, establece una economía, una manera de administración de la defensa privada, que supondrá siempre, a mi parecer, la toma de la mejor opción posible para preservarse asimismo o a otros subrogando al Estado, por ausencia de otros medios, en el sostén del orden jurídico.
Nulidad de sentencia, arresto domiciliario, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, Orlando Ariel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar al arresto domiciliario del encausado pues el a quo no dio los motivos por los cuales la circunstancia familiar expuesta por el nombrado -situación de desamparo en la que se encontrarían sus hijos menores al encontrarse su concubina con problemas de salud por ser portadora de HIV-.no encuadra dentro de los supuestos previstos por las normas que rigen el instituto de la detención domiciliaria -arts. 10 del C. P y 32 de la ley 24.660-; y, además, omitió recabar la opinión del Defensor Público de Menores e Incapaces, por lo que la resolución está basada en afirmaciones dogmáticas y, por lo tanto, no puede ser considerada como acto jurisdiccional válido.

Fuente del sumario: OFICIAL
Comuna, recusación, recusación con causa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

La necesidad de probar la concurrencia de una causal de recusación contra el Instructor Sumariante surge de lo establecido por el artículo 73 -del Anexo I de la ley 9286- que prevé que "no se admiten recusaciones presentadas fuera de las oportunidades previstas en el artículo anterior (esto es, las vertidas por el imputado antes de prestar declaraciones o durante ellas y, pasada esa oportunidad, durante la tramitación del sumario si la causa es sobreviniente o ha llegado recién a su conocimiento) o cuando no se mencionen las causas que la motivan y no se indiquen las pruebas en que se fundamenta el pedido, pudiendo solicitarse un plazo de dos (2) días para la presentación de ésta". Por tanto, no ha obrado ilegítimamente la Administración que no acogió el pedido de recusación formulado por el actor con fundamento en enemistad manifiesta con el Instructor Sumariante derivada de la participación de ambos en conflictos gremiales, cuando ello no obra probado en autos y tampoco se trata de la causa sobreviniente contemplada en el artículo 72.
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, resoluciones judiciales, juicio ejecutivo, cuentas bancarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Droguería Avantfar SA c/ Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la revocatoria planteada por el accionado y dejó sin efecto el embargo decretado sobre las cuentas bancarias de titularidad de este último, abiertas en el Banco Ciudad. Ello por cuanto, en el caso, si bien por aplicación de lo establecido en la ley 27541: 85 se encuentra actualmente prorrogado el decreto 486/02, éste, conforme la modificación introducida por la ley 26077, dejó de contemplar, entre otros supuestos, la suspensión de "la traba de las medidas cautelares ejecutivas contra los agentes del sistema nacional del seguro de salud", como resulta ser, precisamente, la aquí analizada. Por otra parte, la interpretación contextual de la ley 27541: 79 sólo acota la suspensión a la ejecución y traba de medidas cautelares respecto de créditos del Estado. En efecto, mientras el primer párrafo refiere a la suspensión de las "ejecuciones forzadas", el segundo incluye dentro de esa medida "la traba de las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas dictadas contra los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", también respecto de créditos de los que resulta titular el Estado, pues ninguna distinción efectuó la norma sobre el particular que extendiera el alcance de esa norma. Finalmente, el tercer párrafo, tampoco extiende la suspensión a otros supuestos, sino que tan solo resguarda el funcionamiento del sistema de salud impidiendo que la ejecución de sentencias dictadas contra agentes integrantes de aquel sistema - que no se encuentran incluidas en la mentada suspensión- alcance a los bienes afectados a dicha actividad.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: Procesal
Carátula: Meschio, Pedro c/ Gaseosa del Este del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-07-02

Es inoperante el Recurso de Casación que fundado en lo dispuesto en el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial, no indica que precepto o preceptos legales habrían sido infringidos por el fallo recurrido.
Partidos políticos, carta orgánica de los partidos políticos, intervención partidaria, facultades del Poder Judicial
Materia: PROCESAL - POLITICO
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Dado que la facultad de intervención con respecto a los partidos de distrito - contemplada en forma expresa en el art. 11 de la ley 23.298 - está sujeta a las disposiciones de la carta orgánica, la valoración de la causa de la intervención queda supeditada a la evaluación de mérito y conveniencia hecha por las autoridades partidarias y excluida del conocimiento de los tribunales de justicia, salvo manifiesta irrazonabilidad en lo decidido.
Derechos personalísimos, Derechos humanos, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Los derechos individuales - especialmente aquellos que sólo exigen una abstención de los poderes públicos y no la realización de conductas positivas por parte de aquéllos - deben ser hechos valer obligatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados o no a la legislación.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad, presunción de inocencia, libertad de prensa, auto de procesamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruiz Díaz, Rafael c/ Impresora Chubutense S.A. y-o Quien Resulte Responsable y-oPropietario del Diario El Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-20

La mera mención de que el juez federal había dictado un auto de procesamiento no justificaba que se relataran los hechos en términos asertivos, ni mucho menos los agregados y conclusiones que luego el diario efectuó a título propio sobre dicha base informativa. Por más que se diga que la fuente fue respetada "en lo sustancial", ello no ha sido así. La sustancia de la noticia era el procesamiento de un guardiacárcel en orden al delito de vejaciones. Lo que la resolución menta en grado de "probabilidad", utilizando conjugaciones en el modo potencial, es referido en la publicación como ciertamente ocurrido, utilizando el modo indicativo.
Defensa del consumidor, obligaciones del proveedor, obligación de seguridad, legitimación pasiva, comercialización de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: Márquez, Daniel Eduardo c/ Reginald Lee S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-29

La tutela de la persona o los bienes del consumidor se ve reforzada por el art. 40 de la Ley 24.240, que se trata de un complemento de la obligación de seguridad que faculta al consumidor, en determinados casos, a extender la legitimación pasiva más allá del simple proveedor directo, cuya responsabilidad encuentra sustento en los arts. 42 de la CN y 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, para abarcar a todas las personas que han intervenido en la cadena de producción o comercialización de un producto o servicio.
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ANGELONI GATTIKER BARBARA c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

En el caso debe decidirse si la demandada OSDE se encuentra obligada a la cobertura de la prestación objeto de reclamo (escolaridad en el colegio San Gabriel y transporte especial).

La ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención a favor de las personas discapacitadas (confr. esta Sala, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; esta Cámara, Sala 2, causa 2837/03 del 8-8-03). En ese contexto, la demandada no puede -como principio- desatender las necesidades de su afiliada, en tanto padece mielomeningocele e hidrocefalia y la permanencia en una institución educativa (evitando los frecuentes cambios) ha sido indicada por el médico a cargo del tratamiento de su enfermedad, sobre todo, en cuanto enfatizó que así se favorece su integración y socialización, aspectos que son especialmente previstos por la ley 24.901. La paciente padece una discapacidad de índole motora, que afecta sus miembros inferiores, de manera que debe estarse a la indicación brindada por el médico tratante, quien prescribió que también debe contar con traslados especiales. Sobre todo, ponderando que la demandada no demostró, ni intentó hacerlo, que la paciente no requiere de dicho transporte para poder concurrir al colegio al cual asiste.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANGIAFICO RICARDO c/ RAUL SANCHEZ s/ Ordinario (LIBRO: S081 - 277)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-23

Es al accionante a quien coresponde la prueba de los hechos constitutivos que invoca como base de su pretensión.
Derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: C, N R s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  -  LESIONES CULPOSAS (CSJ EXPTE Nº  434-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

Es de la esencia de la ley penal, ante conductas que juzga disvaliosas, limitar libertades o derechos reconocidos incluso constitucionalmente y ello no excede, en principio, el marco reglamentario que la propia Constitución Nacional acuerda a la ley.
Despido con causa, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Schwenke, Mario Alberto c/ INDASYC SRL s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-17

Si las inasistencias injustificadas dieron lugar a sanciones de suspensión, conforme surge del legajo del actor, mal pueden esos antecedentes justificar por sí solo una nueva sanción, pues los hechos pretéritos sancionados pueden ser invocados válidamente cuando un hecho actual los convoque.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Q.J.M. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-07

Corresponde rechazar la acción de amparo intentada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en resguardo de los derechos constitucionales, en particular, a la vida, a la salud, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado y a la dignidad, del actor que manifiesta encontrarse en situación de calle, toda vez que no se configuran los presupuestos básicos del proceso de amparo, ni se observan elementos que evidencien un comportamiento ilegítimo y arbitrario de la administración, pues del análisis del perfil del actor surge que se trata de una persona de 33 años de edad, sana, que manifiesta tener formación para diversas tareas, entre otras como preparador físico, de manera que no se verifica en el caso acto u omisión de la demandada que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos de la actora.
Delitos contra la humanidad, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

Las reglas que emanan de los derechos nacionales constituyen un mero hecho para la comunidad internacional, frente a la cual no pueden serles oponibles con el fin deliberado de incumplir con la obligación del Estado de investigar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, según afirma un principio básico del Derecho Internacional Público.

(del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Sentencia arbitraria, robo de automotor, apropiación de cosa perdida, tentativa, multa penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Taboada, Fabián Ernesto s/ robo de automotor - Causa N. 22.344 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Es arbitraria, en tanto deja en letra muerta las disposiciones penales que prevén el robo y el hurto de automotores, la sentencia que condenó a una multa a quien se hallaba en el interior de un coche robado - al que se le había realizado un "puente" para hacerlo funcionar, con el ventilete y la consola rotos - como autor responsable del delito de apropiación de cosa perdida, en grado de tentativa.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, notificación, debido proceso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ Pablo COUDUN s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS - DEFECTOS EN LA CONSIDERACION DE EXTREMOS CONDUCENTES  -  NOTIFICACION  - NULIDAD PROCESAL - EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

Si bien el tema sobre validez de notificaciones sólo suscita el examen de una cuestión de índole fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y extraña a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no impide a la Corte conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la sentencia omite el tratamiento de articulaciones serias y conducentes para la decisión respectiva, formuladas oportunamente por los interesados, con menoscabo de la garantía del debido proceso y de la correcta fundamentación exigida a los fallos judiciales.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad, determinación del monto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores Adriano Milagro c/ Alegre Santa Cruz s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

Una justa evaluación del daño físico implica valorar la incapacidad únicamente, no sólo bajo un prisma estrictamente laborativo, sino que, además, debe tenerse en cuenta la efectiva incidencia del daño en el integral contexto de la vida de la víctima - en sus múltiples aspectos- prestando particular atención a la edad de aquella, su sexo, profesión y demás circunstancias personales.
Reordenamiento del sistema financiero, procesos de ejecución, bienes inmuebles, suspensión de la ejecución, emergencia económica, ley de emergencia productiva y crediticia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: APARTUR SA c/ LABATE, GABRIEL ALBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

Corresponde suspender el trámite de la ejecución en los términos de la ley 25563: 16, toda vez que de las constancias del expediente se desprende que el ejecutado es propietario de una parte indivisa del inmueble sometido a ejecución, y que viviria en el, en virtud de haberse realizado positivamente en el inmueble embargado, la intimación de pago; sin perjuicio de que tal decisión se revea en caso de allegarse elementos que desvirtuen tal presunción.
Suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

Para el Ministerio Público Fiscal la decisión que concede una probation en contra de su voluntad produce la culminación del proceso y cierra toda discusión -al menos de manera momentánea, pero con previsible grado de certeza si el imputado cumple satisfactoriamente su compromiso-, mientras que, para el encartado, la decisión que la deniega no proyecta más consecuencias que la continuación del trámite y de toda discusión que corresponda o no llevar a cabo. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Interpretación de la constitución, jerarquía constitucional, derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Veterinaria San Patricio S.A.C.I. y A. c/ Capponi, José Luján s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

No suple la ausencia del monto cierto y determinado que debe contener el título la circunstancia que la actora haya intimado notarialmente a la ejecutada al pago de los saldos deudores de la cuenta corriente bancaria, entregando fotocopia, a su vez, de la intimación que el Banco hiciera a la ejecutante, pues dicha diligencia no substituye el principio de autosuficiencia del título ejecutivo, que debe contener con precisión el monto del crédito que se ejecuta.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Liliana Inés BELFIORE c/ MUNICIPALDIAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y otros s/ ACCION  DE  AMPARO  -  MUNICIPALIDAD  DE  LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -  ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD MANIFIESTAS - TEATRO  COLON  -  CONCURSO -  NULIDAD DE ACTOS ADMNISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

Siempre que se comprueba la restricción ilegítima de algunos de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por vía rápida del amparo debido a que la institución tiene el alto objetivo de la protección de los derechos antes que la cuestión instrumental de la ordenación y resguardo de las competencias.