Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-09-16


San Luis, setiembre 16 de 2008.

I) ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? II) ¿Existe en el fallo recurrido alguna de las causales enumeradas en el Art. 428 de la Ley Nº VI-0152-2004 (5724 "R")? III) ¿En caso afirmativo la cuestión anterior, ¿Cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse del caso en estudio? IV) ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? V) ¿Cuál sobre las costas? I.A la primera cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

1. Que a fs. 1 el denunciante, comparece e interpone formal Recurso de Casación, con fundamentación presentada a fs. 15/17, contra la sentencia definitiva Nº 618 de fecha 3 de noviembre de 2006 recaída en autos y dictada por la Cámara del Crimen de la Segunda Circunscripción Judicial, por la que se declara la prescripción de la acción penal respecto a los delitos denunciados. Funda el recurso en los términos del Art. 428 del C.P.Crims., inc. b: "Cuando se hubiere interpretado erróneamente una norma legal", referido esto a la norma del art. 67 del Código Penal.

Que a los efectos de la admisibilidad del recurso, esto es, la aptitud formal del acto impugnaticio derivada de la concurrencia de los requisitos necesarios para provocar el juicio de casación y la sentencia del Tribunal de recurso, se observa que se ataca una sentencia definitiva en cuanto pone fin a la causa por extinción de la acción penal, emanada de Tribunal competente, y encontrándose acreditado a fs. 2 el depósito establecido por el art. 290 de la Ley Nº VI-0150-2004 (5606 "R") y 431 de la Ley Nº VI-0152-2004 (5724 "R"), y fundado en una de las causales del art. 428 del Cód. Proc. Penal, todo lo cual conlleva la admisibilidad formal del recurso incoado.

Por ello, a esta primera cuestión voto por la afirmativa.

Los doctores Gatica y Etcheverry, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Zavala Rodríguez, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta primera cuestión.

II. A la segunda cuestión. El doctor Zavala Rodríguez dijo:

1. Expresa el recurrente que el decisorio impugnado no ha tenido en cuenta que el imputado continuó con su actitud usurpatoria impidiendo efectuar los trabajos a los empleados, romper cadenas y candados e impidiendo el acceso al inmueble. De modo que el problema que se deberá resolver consiste en determinar la correcta interpretación que debe darse al elemento normativo del art. 67 del Código Penal, consistente en decidir sobre el carácter de instantáneo o continuado del delito de Usurpación, art. 181 y Desobediencia art. 239 ibid y, consecuentemente, si hubo interrupción del término prescriptivo.

2. Que la finalidad de carácter general que reviste el recurso de casación, es conseguir la uniformidad de la jurisprudencia y la finalidad específica es la de obtener la nulidad de una sentencia por errónea aplicación o interpretación de la norma legal sustantiva en el caso concreto fijado en sentencia definitiva por el Tribunal de mérito. Calamandrei, en su obra "Estudio sobre el Proceso Civil", Ed. Bibliográfica Argentina, B.A. 1961, afirma que: "el recurso de casación es una acción de impugnación que se propone ante el órgano jurisdiccional supremo para obtener la anulación de una sentencia de un juez inferior que contenga un error de derecho en la decisión de mérito".

3. A fs. 20/26 contesta traslado la defensa solicitando el rechazo del recurso, con costas, por inadmisible.

4. A fs. 37 y vta. el Sr. Procurador General contesta vista opinando que el recurso debe prosperar.

5. En orden al caso en estudio y respecto a los fundamentos expuestos por el recurrente hemos de mentar el art. 59 que en su inc. 3º preceptúa que la acción penal se extingue por su prescripción.

Recordemos sucintamente que la pretensión punitiva del estado se hace valer e impulsa jurisdiccionalmente mediante la acción, ocurrido un hecho delictivo, para obtener un pronunciamiento y, eventualmente, una sanción, contra persona determinada.

A su vez, entendemos la prescripción o término prescriptivo, como aquél modo de extinción de la acción penal según el cual, cumplido un lapso sin interrupciones, aquella pretensión debe cesar.

La casación penal nacional la define como una autolimitación que se impone el Estado en sus facultades de persecución del delito dando por terminado un proceso en trámite (Cám. Nac. de Cas. Pen., sala 3º, 13/12/1995, Patat J. C.; Supr. Corte Pcia. Bs.As., 7/12/1982, Pandulfo Francisco J., JA 1984-I-17).

La Corte Suprema el 9/3/1999 en Ponzio Julio Cesar y otros, Fallos 322:300, ha dicho que la extinción de la acción penal por prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe declararse de oficio por cualquier Tribunal en cualquier estado del caso y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo.

El art. 62 del Código Penal establece que la acción penal se prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena de prisión señalada para el delito (inc. 2).

Aclara que el término prescriptivo no superará los doce años ni será menor de dos.

El art. 67 del código de fondo (Ley 25.990, BO 11/1/2005), enumera taxativamente los actos interruptivos de la prescripción, es decir, a partir de los cuales debe reiniciarse la cuenta del término. Se trata de lo que la anterior redacción llamaba "secuelas de juicio" sin enunciarlas, por lo que su determinación quedaba a cargo de la jurisprudencia, con la consabida variabilidad fruto de la dificultad para precisar y armonizar las jurisdicciones respecto a los actos que incluía. Son actos impulsorios que exteriorizan la potestad de juzgar de los órganos del Estado contra persona determinada, removiendo los obstáculos procesales.

En lo que respecta al caso concreto que nos ocupa, el hecho ilícito habría ocurrido el 1 de julio de 2000 y ha sido calificado legalmente como delito de Usurpación, art. 181 del Código Penal, con una pena prevista de tres años de prisión, ello arroja como fecha de cumplimiento de la prescripción, el 1 de julio de 2003. En punto a la posible presencia de actos interruptivos en el marco del citado art. 67 y de acuerdo a las constancias de autos, advertimos que de acuerdo a los informes de fs. 582/586, no se ha producido la comisión de un nuevo delito (inc. 1º).

Asimismo y de acuerdo a fs. 434/441 del principal, la primera citación válida a prestar declaración indagatoria (inc. b) se efectuó el 13 de agosto de 2004, cuando el término de la prescripción ya estaba cumplido.

Con relación al delito de Desobediencia, art. 239 del C.P., con un pena máxima de un año de prisión, resulta de aplicación aquel plazo mínimo de dos años que contiene la norma, por lo que la acción respecto al mismo fenecía el 1º de julio de 2002, produciéndose el primer -tardío- llamado a indagatoria el 2 de setiembre de 2002, conforme decreto de fs. 304 e interlocutorio del 12 de agosto de 2004, parte resolutiva, apartado II, última parte (fs. 390 vta.).

5. En orden a la problemática planteada por el recurrente respecto al carácter permanente o continuado del injusto, "aunque de efectos permanentes, el delito de usurpación es instantáneo y se consuma al perfeccionarse el despojo, sin tomarse en cuenta el estado ilícito que ella crea, ni su duración y consecuencias" ( Supr. Corte de Jus. de Pcia de Bs. As., 11/7/1991, Llera José O., J.A. 1995-II- síntesis, La Ley, 1991-D, 392; Supr. Corte de Jus. Pcia. de Mendoza, sala 2º, 9/6/61, Tesoro Manuel).

Es que, en realidad, la permanencia no es otra cosa que un elemento del tipo, ya que el acto de despojo para ser típico debe estar signado por la finalidad del autor de permanecer en el inmueble ocupándolo, "el que priva de la tenencia al sujeto pasivo fugazmente, con voluntad de no permanecer en él, podrá quedar comprendido en otros tipos (p. ej., el que solo hace turbar la posesión), pero no en el que estudiamos" (Carlos Creus, Código Penal Tomo I Parte especial, pág. 593, 1349).

Lo expuesto resulta conceptualmente de aplicación al delito de Desobediencia a la Autoridad, en lo pertinente, si bien en el escrito de expresión de agravios se aprecia una argumentación ostensiblemente insuficiente respecto al mismo.

En cuanto a la opinión del Sr. Procurador General de haberse producido una violación a la norma del art. 67 en su primer párrafo, según lo cual surgiría "de los dos cuerpos" agregados como documental de los autos "Dirección de Rentas San Luis c/ Establecimiento Agrícola Ganadero El Bosque S.A. - Quiebra - Apremio", que se ha configurado la situación prevista de suspensión por tratarse de "casos delitos para cuyo juzgamiento es necesario la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que deben ser resueltas en otro juicio".

Este planteo adolece de una grave deficiencia en su formulación ya que: a) no ha sido motivo de agravio por parte del recurrente, b) no se refiere a un caso de interrupción sino de suspensión, c) no se define si se trata de un caso de "cuestiones previas" o uno de "prejudicialidad", e) no concreta en que residiría uno u otro, es decir, no se expresa de que modo dicha documental, especificando hechos, actos procesales, personas, tiempo y demás circunstancias, "nos colocaría en tal situación de suspensión de la prescripción".

En consecuencia el mismo no ha de prosperar ya que no resulta posible su abordaje y conocimiento debido a insuficiente fundamentación, no pudiéndose tomarse como tal, la mera mención de una carátula.

Que en conclusión y en virtud de lo expuesto, entiendo correcta la aplicación e interpretación que del art. 67 del Código Penal se ha efectuado en el fallo atacado, concordando con los hechos materia de la investigación, por lo que corresponde su confirmación, importando ello el Sobreseimiento Definitivo de Cesar Primo Pasarini (con demás circunstancias personales de figuración en autos), arts. 490 y 491 del Cód. Proc. Penal, y el rechazo del recurso casatorio interpuesto.

Los doctores Gatica y Etcheverry, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Zavala Rodríguez, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta segunda cuestión.

II. A la tercera y cuarta cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

Que conforme como se ha votado la cuestión anterior corresponde rechazar el Recurso de Casación interpuesto por el denunciante. Así lo voto.

Los doctores Gatica y Etcheverry, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Zavala Rodríguez, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta tercera y cuarta cuestión.

III. A la quinta cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

Aplicar costas al recurrente. Así lo voto.

Los doctores Gatica y Etcheverry, comparten los fundamentos expuestos por el doctor Zavala Rodríguez, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta quinta cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: Rechazar el Recurso de Casación interpuesto. Costas al recurrente.- Oscar Eduardo Gatica. - Horacio G. Zavala Rodríguez. - Amanda E. Etcheverry.