marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Elecciones provinciales, reelección, gravedad institucional, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Frente para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

No obsta a la legitimación del Estado local el hecho de que el conflicto se haya suscitado entre diversas agrupaciones políticas que aspiran a la compulsa electoral local, ya que se presenta una situación de gravedad institucional que excede el mero interés de dichas agrupaciones y de los candidatos oficializados -entre ellos el actual gobernador-, y atañe al de la comunidad, desde que están en juego instituciones básicas de la Nación, que la provincia se encuentra obligada a resguardar.
Locación de inmuebles, cláusula penal, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: MULHALL, David Eduardo c/ TORRE, Javier s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La cláusula penal por falta de restitución del inmueble, puede totalizar, junto con la renta insoluta, un total equivalente a tres veces el monto de dicho alquiler.-
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, personal militar, imputado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN s/ HOMICIDIO    CALIFICADO   -  TENTATIVA  -  INCIDENTE  DE  COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Si no puede descartarse la posibilidad de que los delitos investigados fueran perpetrados mediante la utilización del aparato organizado de poder destinado a la alegada ejecución de planes para combatir la subversión, son aplicables las disposiciones del art. 10 de la ley 23.049 respecto del personal militar, suficientemente individualizado, que ha sido imputado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, uso de sirena
Materia: CIVIL
Carátula: Cabrera, Roberto y otra. c/ Pécora, Miguel Angel y otros. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

La inmovilización de un vehículo policial y un automóvil particular, dada la mala interpretación de las señales de alarma que hizo el conductor del coche particular, hace que la responsabilidad quede igualmente comprometida en la medida que ambos se detuvieron en lugar prohibido par hacerlo y la sirena del patrullero fue usada innecesariamente. Cualquiera hubiere sido el motivo de la detención del primero de los automóviles, éste debió estacionarse donde correspondía junto a la acera o al borde del camino y no sobre la misma vía rápida por donde avanzaban. La interpretación subjetiva de las señales del móvil policial hecho por el conductor del vehículo particular, que estacionó en violación a la prohibición de detenerse voluntariamente en la calzada y más aún en una autopista lo hizo incurrir en una conducta antirreglamentaria (art. 92 ley 5800). Aún en el hipotético supuesto en que la policía le estuviera ordenando su detención, debió tomar los recaudos necesarios conforme a las circunstancias del lugar y las desfavorables condiciones climáticas del día lluvioso para evitar el peligro de accidente.
Competencia federal, Estado Nacional, funcionarios públicos, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente  en  autos:"Actuaciones remitidas por el señor juez de instrucción  de  primera  nominación  doctor Eduardo Bustamante en autos:'País, Fernando s/ denuncia'" (por incompetencia). s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Es función específica de la justicia federal prestar resguardo y tutela a las instituciones nacionales y juzgar la validez de los actos de los funcionarios nacionales en provincia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, incongruencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Maceda, Cosme. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Corresponde dejar sin efecto el fallo que, apartándose de manera evidente de las constancias comprobadas de la causa y realizando afirmaciones dogmáticas sin apoyo en constancia alguna, rechaza el planteo de nulidad de las actuaciones y de la sentencia, dejando firme un pronunciamiento que manda llevar adelante la ejecución contra el apelante en franca contradicción con sus propios fundamentos.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Efectos del contrato, interpretación del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Belgrano Cargas y Logística SA c/ Italsem SA y otro s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (CCIV 1198) y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. De modo que más que al sentido literal de los vocablos empleados, debe atenderse la intención común de los contratantes, para lo cual es menester valorar las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación (sus antecedentes y conductas sobrevinientes) en orden a reconstruir el contexto negocial que motivó la expresión de voluntad común en los términos que se pretenden desentrañar (CPR 386). Lo anterior requiere colocarse por encima del interés de cada una de ellas; porque la tarea no se agota en la fórmula escogida, sino que debe hacer mérito del comportamiento de las partes en su integridad (CPR 163-5°). Recojo lo señalado por Siburu en que "el modo y la forma como las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse de la verdadera intención contractual, porque es la traducción en el hecho de lo que resulte dudoso en la palabra (cfr. "Comentario del Código de Comercio Argentino", T. IV, pág. 88, Buenos Aires, 1923).
Régimen de faltas, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

El procedimiento regulado por la ley n° 1217 prevé tres instancias de decisión: (i) la adoptada por el Controlador Administrativo de Faltas (art. 13), (ii) la revisión del Juez Penal, Contravencional y de Faltas respecto de lo resuelto por aquél (arts. 23 y 40), (iii) el recurso de apelación ante la Cámara (art. 56) y el eventual recurso de queja por apelación denegada (art. 58). Así, la intervención de este Tribunal de excepción no puede erigirse en una cuarta instancia ordinaria no prevista para otros tipos de casos. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos brindados in re "Rivero, Eduardo Raúl s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rivero, Eduardo Raúl s/ 6.1.49 -requisitos de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros", expte. n° 16481/19, sentencia del 14/05/2020).
Trabajadores rurales, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO SANTA JUANA S.A.A.C.M.A. c/ D.G.I. s/ TRABAJADORES RURALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Corresponde confirmar la resolución que, para formular los cargos por aportes, tuvo en cuenta la actividad preponderante del establecimiento agrícola-ganadero, y en base a ella calculó el porcentaje de tierras dedicada a cada actividad y la cantidad de personal encuadrado en uno y otro régimen.
Responsabilidad médica, negligencia, médico anestesista, médico cirujano, anestesia general, muerte del paciente, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: J.A. Guillén Juárez y Jorge Edgardo Díaz s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-11-15

La persona que es sometida a una anestesia general y, en particular, a cirugía abdominal, experimenta el importante riesgo de muerte que implica el hecho de ser colocada en estado comatoso, porque se encuentra latente el peligro de que se presenten complicaciones respiratorias. Esta situación de riesgo para la vida debe ser necesariamente asumida y controlada por profesionales capacitados.

A partir de lo probado en la causa, puede afirmarse que ambos médicos -el jefe de cirujanos y el anestesista- fueron negligentes e incumplieron los mandatos de la ley 17.132 sobre el ejercicio de la medicina: el cirujano, que alertado por la madre de la víctima que advertía que tenía problemas respiratorios, la miró y no la examinó y el anestesista, que no cumplió su obligación de asistir a su paciente en el proceso de recuperación anestésica. Si hubieran supervisado este proceso, aunque la paciente hubiera muerto, habrían cumplido su obligación de medio, es decir, su deber de cuidado.

Cuando la figura penal es el homicidio culposo por negligencia, por omisión de actos debidos, la exigencia causal entre el no obrar y el resultado de muerte acaecido reside en un vicio de la voluntad -no del intelecto- por conductas u omisiones irreflexivas o ligeras.

Se trata, en el sub judice, de la omisión del deber de cuidado especialmente exigible a los profesionales médicos con sus pacientes. El anestesiólogo no se aseguró de que estuviera en condiciones de ser trasladada y no debió permitir que fuera llevada a la sala de recuperación -que carecía de los elementos más indispensables, como el oxígeno-, porque experimentaba deficiente oxigenación respiratoria, según lo pudieron apreciar quienes la recibieron allí. Tampoco debió hacerlo el cirujano y no lo excusa su defensa de que dos veces le preguntó al anestesista sobre el estado de la paciente, porque como director del equipo debía controlar y vigilar los actos de su colaborador y asegurarse de la buena condición post quirúrgica del enfermo mediante el examen que necesariamente debió hacer en forma personal. Él es quien dirige la totalidad del acto quirúrgico, que termina cuando el que fue operado se encuentra recuperado y lúcido.

Constituye culpa y falta grave descuidar al paciente en cualquier momento del intraoperatorio o abandonarlo en el postoperatorio, pues necesita una observación continua e ininterrumpida para evitar cualquier acontecimiento que pueda deteriorar su estado.

Puesto que por su deber de previsión - o la "previsibilidad"- los médicos debieron "prever, "advertir", "pronosticar" o "vaticinar" que, dada la insuficiencia respiratoria comprobada podía arribarse a un resultado dañoso, su descuido resulta inexcusable. Por lo tanto, el accionar de los inculpados encuadra en las previsiones del art.

84 del Código Penal, Homicidio Culposo.
Estabilidad laboral, delegado gremial, cesación del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión c/ Ager S.A. y/u otros s/ Laboral (Expte Nro. 102-01, Resolución Nro. 36, Tomo 20, Folio 162/171)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No asiste razón a los demandantes quienes pretenden percibir la indemnización por estabilidad gremial, invocando la parte demandada que los accionantes no tienen ese derecho por darse el supuesto previsto en el art. 51 de la Ley 23.551, consistente en la cesación de actividades del establecimiento. Ello por cuanto, siendo los actores "delegados gremiales del establecimiento", la cesación del "establecimiento" les hizo caducar su representatividad.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ BLAS c/ PEDRO GONZALEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S070 - 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-08

El tipo de imputación en la responsabilidad objetiva funciona entre los intervinientes directos de la colisión, máxime cuando un vehículo se encuentra detenido. Pero respecto del propietario la responsabilidad es refleja por un hecho del dependiente.

Solamente acreditando la culpa de éste se puede hacer extensiva la responsabilidad al propietario o guardián de la cosa. Ello aún cuando se haya desistido del proceso contra del conductor.-
Presidente de la corte interamericana, audiencia pública, REPÚBLICA ARGENTINA, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica, proceso penal, nulidad procesal, presunta víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Grande c/ Argentina s/ resolución del presidente de La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-04-15

Corresponde que el Presidente de la Corte Interamericana convoque a una audiencia pública para recibir la declaración de la presunta víctima, en el caso en que se pretende la declaración de responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de quien habría padecido un procedimiento penal plagado de irregularidades, en tanto resulta conveniente escucharla a los efectos de apreciar su valor probatorio.
Cuestión constitucional, competencia, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Jorge Avellaneda y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-04-14

La acción de amparo articulada por integrantes del Ministerio Público, en contra de actos del Poder Ejecutivo -Decretos-, sosteniendo que lesionan con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta derechos protegidos por la Constitución Nacional referidos a la propiedad, a beneficios de la seguridad social e intangibilidad de la remuneración de los Magistrados Judiciales, constituye un típico caso en donde la materia administrativa es subyacente y lo principal es la cuestión constitucional.

En efecto, si el meollo de la disputa remite directa e inmediatamente a desentrañar la inteligencia de una norma de la Constitución Nacional cuyo sentido y alcance resulta esencial para la solución del pleito -qué alcance tiene la frase de la Constitución de que no podrán ser disminuidos de manera alguna mientras permanezca en sus funciones- estamos en presencia de una cuestión constitucional y por lo tanto corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal de competencia originaria en lo contencioso administrativo para entender el amparo, debiéndose, en consecuencia, remitir los autos al Tribunal de origen.
Retiro policial, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Gabriel c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

A los efectos de determinar si corresponde la bonificación que reclama el actor según lo dispuesto por el art. 116 de la ley de personal policial (texto ley 10.794), en concordancia con los arts.

27 del dec. ley 9538/80 (Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense) y 141 inc. "a" de la reglamentación de aquélla, es menester que concurra una condición básica: el agente debe haber desempeñado una función superior y ella debe ser alguna de las establecidas por el art. 116 del dec. ley 9550 (mod. por ley 10.794).
Despido por matrimonio, aplicación de la ley laboral, inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: COSIMATO SANCHIS DE VERA, ROSA M. c/ FANTINO DE MARTINO, MARIA T. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-13

Deviene inconstitucional en el caso concreto el artículo 3 de la Ley 20744, que establece la aplicación a las causas en trámite del artículo 197 LCT. ya que al disponer la aplicación de presunciones sin admitir prueba en contrario, inexistentes en la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos, cierra a una de las partes toda posibilidad de articular defensa alguna al respecto, afectando por lo tanto su derecho de defensa en juicio.
Procedimiento contencioso administrativo, interpelación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Edith Gabriela. c/ Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

Se encuentran reunidos los recaudos formales de admisibilidad del proceso por lo que deberá dejarse sin efecto la intimación efectuada del Art. 51 de la Ley 3064.(Dra. Catella: en disidencia).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

En el marco de una política racional de persecución penal, el funcionario a quien se confía exclusivamente el ejercicio de la acción penal puede responsablemente -cualidad exigible a todo funcionario-, y con la debida fundamentación, "hacer cesar" la acción penal cuando está persuadido de la ausencia de argumentaciones valederas y medianamente consistentes, no rayanas en la litigancia temeraria, que permitan avalar sus primarias funciones de impulsión procesal hacia la condena del imputado. El órgano de la jurisdicción se ve constreñido así a limitar su intervención al solo examen de las condiciones de validez del acto procesal desincriminante. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Privatizaciones, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, propiedad participada, derechos del trabajador, participación en las ganancias, crédito laboral, responsabilidad del empleador, responsabilidad del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, Juan y otros c/ YPF S.A Y OTRO s/ Part. Acc. Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-05

No cabe extender los efectos de la condena a YPF SA, pues no poseía la titularidad de las controvertidas acciones, las que se encontraban en poder del Estado a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, así como tampoco puede imputársele responsabilidad alguna en el dictado de decretos, resoluciones o instrucciones ministeriales. (Del voto de la Dra Porta, en mayoría).
Finalidad de la pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ipiña, Juan Pedro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

El reproche penal no puede ser agravado o atenuado con la sola consideración de la "gravedad del delito" o del "daño causado", extremos que no son sino un elemento más en el contexto general, el que debe complementarse con el estudio del sujeto y la peligrosidad que representa. Porque no se trata de perseguir con la pena fines retributivos, sino también rehabilitatorios, cuyo mayor o menor grado de duración estará dado por la necesidad de un mayor o menor período de readaptación social. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Contratos administrativos, acto ad referendum
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herpazana S.R.L. c/ Banco de la Nación Argentina s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

En definitiva es el acto unilateral del órgano aprobante el que da eficacia jurídica a la convención.

La aprobación otorga ejecutoriedad a un acto que es válido desde su origen.
Derecho laboral, jueces, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, HECTOR DANIEL c/ LA GALLARETA S.A.I.C.A. Y OTROS s/ Recurso de inconstitucionalidad - cobro de pesos laboral (Expte.:  C.S.J. Nº. 212 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

Si bien incumbe a los magistrados de la causa la función de apreciar la configuración de la hipótesis contemplada en el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo según su prudente juicio, es evidente que ello exige una muy cuidadosa ponderación de los presupuestos fácticos establecidos en la norma para aplicar la solidaridad laboral. Dicha norma, en concreto, establece que "Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria". De modo que, para la aplicación de la solidaridad establecida en la normativa, resultan presupuestos fácticos indispensables: a) la existencia de un conjunto económico de carácter permanente; b) las maniobras fraudulentas o conducción temeraria tendiente a frustrar los derechos del trabajador.
Accidente de tránsito, responsabilidad contractual, prueba, responsabilidad extracontractual, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: VAINMAN, EVA EDITH c/ M.O.D.O.S.A.   PROP.  LINEA COLECTIVO 151 s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-08

La responsabilidad contractual supone ciertas condiciones, a saber: existencia de un contrato, violación de una obligación prometida por el deudor del hecho del contrato.

Quien reclama por violación contractual debe probar esas condiciones previas y quedará sujeto al régimen de prueba, de la prescripción, de la reparación.

El que invoca la responsabilidad extracontractual no tiene que probar esas condiciones previas de modo que esta clase de responsabilidad es la más común.

Para que haya responsabilidad contractual se exige además, que haya una directa conexión entre la falta y el daño, lo cual no ocurre cuando se imputa la culpa al conductor, siendo refleja la del empleador. Tiene carácter de contractual el reclamo por daño sufrido durante un viaje y no puede recurrirse a los artículos que rigen la responsabilidad extracontractual. No puede invocarse esta última responsabilidad cuando el daño resulta del incumplimiento de una obligación contractual.

Las dos clases de responsabilidades no pueden acumularse.
Pérdida de la chance, indemnización, prueba, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

En las indemnizaciones por frustración de chance, lo reparable es la probabilidad perdida. La circunstancia de tratarse de una chance no quita certeza al daño en tanto constituya la pérdida de una posibilidad real y concreta, por lo que la pérdida de esa chance debe ser un daño cierto en la misma medida que su grado de probabilidad, de modo que al lado de las posibilidades en contra, también debe haber otras a favor. En estos casos el obligado puede descargar su responsabilidad alegando que ha prestado los cuidados debidos o que a pesar de no haberlo hecho, el daño hubiera ocurrido de todos modos.(doctor Pettigiani, minoría)