marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, supermercado, contrato de publicidad
Materia: LABORAL
Carátula: VECCHIARELLI  CLAUDIA  MARIELA c/ SISTEMAS DE IMAGENES Y VIDEOSS.A.                Y               OTROSS/ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

Toda vez que INC S.A. (adquiere de CARREFOUR ARGENTINA S.A.) se dedica a la explotación de supermercados, es decir a la compra y venta de mercaderías, no resultan imprescindibles -por los menos, para que sus clientes puedan decidir la adquisición de los productos ofrecidos- los servicios que presta la codemandad Sistema de Imágenes y Videos S.A. (dedicada a la instalación de computadoras y pantallas para que sus contratantes puedan difundir información de sus productos), más allá de la preferencia de una u otra marca que subyace como mensaje subliminal en toda propaganda. Dichos servicios no completan ni complementan la actividad del supermercado codemandado, conforme la implícita remisión que hace el art. L.C.T. al art. 6 del mismo ordenamiento legal. De allí que INC S.A. no sea solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T.
Cuestiones de hecho y prueba, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amoroso, Olga R. c/ Superior Gobierno de la Pcia.de Entre Ríos s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-28

Con respecto al argumento referido a la determinación de la fecha de la deuda, cabe señalar que al ser este un elemento que torna o no aplicable la Ley 8.918, conforme a su artículo 42, objeto central de la discusión en autos; ello constituye una típica cuestión de hecho ajena al examen del remedio casatorio deducido y, en consecuencia, a todo lo expuesto corresponde rechazar el recurso así intentado.
Incidente de revisión, concurso preventivo, caducidad de instancia, allanamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Curtiembres Fonseca SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por Nouryon Chemical Argentina SAU c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-17

Cabe revocar el decreto de caducidad de instancia de este proceso. A tenor del CPR 307 en principio, en los casos de allanamiento resultaría innecesario conferir traslado al actor, ya que, por regla, no resultaría necesario contar con su acuerdo, al no poder rechazarlo, ni exigir la continuación del trámite procesal (cfr. arg. Fenochietto Arazzi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T° II, pág. 12). De ahí que, en tales casos, nos encontraríamos, en principio, en un supuesto de juicio pendiente de resolución en el que no puede ocurrir la perención (CPR 313-3°). No se desatiende que en el proceso concursal se encuentran involucrados intereses que trascienden a aquéllos de las partes involucradas en una incidencia en particular y que, en tal marco, es que se había dado traslado del incidente a la sindicatura; no obstante, puede interpretarse que el actor entendió que, frente al allanamiento formulado por la deudora respecto al planteo de revisión incoado, dicho traslado habría devenido innecesario, por lo que, se estima que, en el caso, se ha configurado un escenario de duda razonable que torne procedente la aplicación del principio de aplicación restrictiva del instituto de perención de instancia, según el cual, como se dijo, en caso de duda, se debe optar por la conservación de la instancia.
Reordenamiento del sistema financiero, suspensión de la ejecución, medidas cautelares, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Pape, Mariela Susana c/ PEN - Dtos. 1570/01 - Mº E -Resol. 9/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

La suspensión de la ejecución de las medidas cautelares y sentencias que disponen los artículos 1° y 2° del decreto 1316/02, así como el mecanismo creado por el artículo 3°, resultan contrarios a las disposiciones de la Constitución Nacional, ya que desnaturalizan la esencia del sistema republicano de gobierno, destruyendo el control judicial, lo que resulta contrario al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
REPÚBLICA ARGENTINA, MENDOZA, detenido, establecimientos penitenciarios, deber de información, medidas de seguridad y protección
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina la Republica de Argentina s/ Proteccion de la vida e integridad personal "de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza"
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

La Corte interamericana resuelve que la República Argentina, luego de haber dado cumplimiento al deber de informar de las medidas provisionales adoptadas en protección de la situación de los internos de la Penitenciaría de Mendoza dentro de los siete días siguientes a la notificación de la resolución emitida por el Tribunal, continúe haciéndolo cada dos meses ante la Corte Interamericana, debiendo también los representantes de los beneficiarios de tales medidas y la Comisión Interamericana presentar sus observaciones dentro de un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado Argentino.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, orden público, pago, crédito laboral, compensación, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

Atendiendo al requisito de la expresión de la libre voluntad, como el límite impuesto por el orden público al trabajador en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo- - cuya consecuencia se contempla en el art. 269-, se ha rechazado en un antecedente jurisprudencial la compensación laboral al resolverse que no era posible consentir que el acuerdo incluyó los créditos que surgieran de obligaciones de reparar incapacidades surgidas de infortunios que, amparadas en las normas de derecho común, no fueron ni siquiera previstas en el momento del acuerdo o del pago de la gratificación. Asimismo, no puede el juzgador aferrarse a cartabones y debe atenerse a las circunstancias del caso y el parámetro ineludible ha de ser la existencia de una expresión de libre voluntad del trabajador al aceptar el pago "gratificatorio" ofrecido por la empleadora. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, apreciación de la prueba, incapacidad laboral, pericia médica, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA, ROMINA SOLEDAD c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Los cuestionamientos de la ocurrente en torno a la valoración realizada por la Sala de las pruebas incorporadas a autos -en especial la pericia médica- tampoco logran evidenciar el contacto con el caso de la arbitrariedad alegada, atento que la Alzada brindó las consideraciones que la llevaron a determinar que las conclusiones periciales eran inconsistentes a los fines de comprobar los problemas de salud denunciados, remarcando, entre otras, que el experto era médico legista sin detentar una especialidad relacionada con la patología psicológica o psiquiátrica invocada por la actora y que la pericia carecía de rigor científico al no lograr explicar cómo descartó cualquier elemento subjetivo o direccionado en el relato de la actora.
Robo calificado, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ JORGE ALBERTO s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-10-27

El apoderamiento ilegítimo y violento de las sumas de dinero, utilizando al igual que sus dos consortes de causa, armas de fuego en forma por demás amenazante e intimidante, si bien vino requerido dicho comportamiento como robo calificado en los términos del artículo 166 del Código Penal, no es menos cierto que si bien se acreditó la operatividad del arma que portaba el imputado, no ha quedado acreditado en estado de certeza que la misma al tiempo de ser utilizada estuviera cargada, por lo cual ese estado de duda debe jugar en favor del inculpado, debiendo subsumirse la conducta desplegada por el mismo en la figura descripta en el artículo 164 del Código Penal como robo.
Medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, peligro en la demora, sorteo de peritos y síndicos
Materia: CIVIL
Carátula: ARIAS HUGO ALFREDO Y OTROS c/ EXCMA CAMRA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL COMUN Y GOBIERNO DE LA PR s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-26

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la pretensión cautelar articulada por los actores de autos, a fin de obtener la suspensión inmediata, hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo, del llamado a inscripción, entre los días 11 al 29 de septiembre del año en curso, de las solicitudes para aspirar a la integración de la lista de Síndicos Concursales.

Los antecedentes expuestos permiten advertir que en el caso no se hallan satisfechos los recaudos impuestos por el art. 226 CPCC, que exige, entre los requisitos comunes a todas las medidas cautelares, que se justifique en forma sumaria el peligro de frustración del derecho o la razón de urgencia de la medida.

Tales circunstancias no concurren en la especie, toda vez que la modificación introducida por el Reglamento en cuestión, que eleva a 3 el número mínimo de miembros de los estudios de contadores, recién comenzará a regir -como quedó dicho-, a partir de la próxima inscripción en el año 2007, de modo que no constituye un requisito exigido para realizar la inscripción cuyo plazo vence el día 29 de septiembre del año en curso.

En consecuencia no se advierte la existencia del peligro denunciado por los actores y que justificaría la suspensión del llamado a inscripción, desde que para dicho llamado no se halla en vigencia ningún nuevo requisito cuyo incumplimiento impida concretar la misma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Nuñez, Juan Alejandro y Albarracín, Jorge s/ Robo calificado por el uso de armas y abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente se agravia por el otorgamiento de valor cargoso al reconocimiento que por fotografías realiza un testigo, afirmando que dicho reconocimiento fue irregular y que debieron aplicarse por analogía las reglas de los arts. 138 y 139 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), desde que las normas citadas no regulan el reconocimiento fotográfico sino en rueda de personas de modo que sus disposiciones no son aplicables al primero.
Proceso penal, apreciación de la prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: U., L. A. s/ Robo calificado (Expte. Nro.  758-00, Resolución Nro.  151, Tomo 56, Folio  325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-06

Aún cuando la testigo aporta, además de las características del hecho que fue víctima, detalles acerca de la descripción física e indumentaria de uno de los partícipes, lo que permitió afirmar el estado de sospecha que llevó a indagar al imputado, la negativa sostenida por la víctima en el reconocimiento en rueda de personas al manifestar "no es ninguno de ellos, estoy segura", no permite mantener el juicio de probabilidad emitido, al menos a esta altura y sin perjuicio de que la investigación pueda llegar a incorporar otros elementos que avalen la incriminación, viabilizando el juicio que, hasta el momento, no aparece que pueda intentarse con probable éxito en base a lo actuado, debido a la seguridad del no reconocimiento.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cámara del Crimen de 3º Nominación s/ Cuestión de Competencia suscitada entre las Cámaras del Crimen de 3º y 1º Nominación en Expte. Letra "M" Nº 370/08 (Fiscalía de Instrucción Nº 1) - "Carlos Edgardo Moreno y otros p.ss.aa. Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-09

La Cámara Criminal Nro. 3 se declara incompetente para entender en la causa por considerar que, aunque es cierto que surge fecha cierta en relación al séptimo hecho (30/09/08), el primero de ellos habría ocurrido en el año 1999, por lo que debería estarse a la fecha de la denuncia, el 1 de octubre de 2008, en que se encontraba de turno la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, de modo que es ésta la que debería intervenir.

No le asiste razón a la Cámara que se declara incompetente pues, si bien los seis primeros hechos fijados en la Requisitoria Fiscal no tienen fecha cierta, el nominado séptimo habría ocurrido el 30 de Septiembre de 2008 ( turno de la Cámara del Crimen Nro. 3), por lo que es de aplicación el punto 1) -último párrafo- de la Acordada Nro. 4082, siendo este Tribunal el que deberá intervenir en las actuaciones.
Accidentes de trabajo, contratación sucesiva, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: CASEROTTA, LORENZO c/ NOWORKS SERVICIOS Y MANDATOS EMPRESARIOS  S.A. s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-22

La acción fundada en la ley específica transaccional posee un dispositivo particular y protectorio en lo que hace a la responsabilidad en la contratación sucesiva que es disímil del diseño de la LCT y que tiende a tutelar con plenitud a la víctima del accidente. En el mismo sentido, la ley 23643, que modificó la ley 9688 establece un dilatado espectro de responsabilidad de quien recibe la prestación laboral, que no se diluye por la intermediación aunque no se den las hipótesis típicas que generan responsabilidad en lo contractual, o sea la actividad coincidente y propia del establecimiento.
Revocación de sentencia, excepción de prescripción, sentencia arbitraria, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde revocar parcialmente la sentencia cuestionada, en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción respecto de las obligaciones tributarias correspondientes al período fiscal 2014 por considerar que no correspondía aplicar la cláusula transitoria de la ley n° 6195 en cuanto disponía la suspensión por un (1) año del curso de la prescripción. La decisión es arbitraria en ese punto dado que, establecida en la sentencia la aplicación de las normas tributarias locales que regulan la prescripción de las obligaciones tributarias (también locales), el argumento expresado por el juez de grado para omitir considerar la suspensión de la prescripción dispuesta por el artículo 21 de la ley n° 6195 en su cómputo no se sostiene, ya que no se trata de un supuesto de aplicación retroactiva de la ley sino de aplicación inmediata de esta última a las consecuencias no agotadas de una relación jurídica existente. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: LAGOS, JULIO C. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (IDEVI) s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-07

Si el accionante ha ejercido la opción a que hacía referencia el art. 17 de la ley 9688 (ref. ley 23643) vigente al tiempo de la articulación de la demanda, impetrando ésta con basamento en las normas del Código Civil, ello determina que no son de aplicación las normas de derecho laboral. Las controversias de accidentes de trabajo suscitadas por la vía del derecho común imponen al juzgador la necesidad de extremar la prudencia, tanto en lo concerniente a la evaluación de las circunstancias constitutivas de la litis como en la fundamentación en que habrá de sustentarse el pronunciamiento a que arribe en asuntos de la aludida naturaleza.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de D. P., E. c/ D. P., L. P. s/ Disoluc. de sociedad conyugal. Medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que no son admisibles los recursos extraordinarios en materia de honorarios (conf. art.

57, 2do. párrafo, dec. ley 8904), no constituyendo una excepción el caso en que, consentido el inventario y avalúo sobre los que se tomó la base regulatoria, los honorarios regulados sobre la misma están dentro de la escala establecida en la ley 8904 por lo que no existiría confiscatoriedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: Couly, Iris Graciela s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-04

"El acto administrativo impugnado en la acción de amparo debe ser manifiestamente arbitrario o ilegítimo, para justificar dicho procedimiento, que no es el medio eficaz para enervar los efectos de decisiones de autoridad competente en ejercicio de atribuciones legales".
Notificación, validez de los actos procesales, notificación por cédula, domicilio constituido, domicilio denunciado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonardi, Nora Fabiana c/ Marenco, Mario Ramón s/ Acción de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Cuando se actúa por derecho propio, todas las notificaciones sin excepción deben efectuarse en el domicilio procesal, incluídas aquellas para actos personales como la citación para absolver posiciones o para extracción de sangre para una pericia química; en cambio cuando se actúa por apoderado las notificaciones se realizan como regla en el domicilio constituído, a excepción de las citaciones para actos personales que deben anoticiarse en el denunciado (arts. 40, 41 del C.P.C. y su doct.).
Indemnización sustitutiva de vacaciones, personal policial
Materia: LABORAL
Carátula: Galarza, Ramón Tomás c/ Estado de la Pcia. de Corrientes s/ acción contenciosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-02-24

Corresponde condenar a la Provincia de Corrientes a abonar a un funcionario retirado de la policía local, el importe correspondiente a las licencias anuales ordinarias no gozadas al momento de la extinción de la relación, pues surge acreditado que el actor se encontraba en disponibilidad, lo que implicó la imposibilidad fáctica de gozar de las licencias durante ese período, y habiéndosele dado de baja por retiro obligatorio, no puede aplicarse la caducidad de las mismas, correspondiendo la aplicación de la norma general -art. 92 de la ley 4067- ante el silencio de la ley especial sobre la cuestión y admitir la pretensión de pago de las mismas.
Coparticipación federal, facultades tributarias provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, ejercicio profesional
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Libertad, Nelly María de los Angeles y otra c/ Estado Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº49/54, Nº 30) Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 45, Fº49/54, Nº 30)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-03-20

La Ley de Coparticipación Federal en su art. 9 resulta clara en punto a que si bien las provincias convinieron con la Nación la delegación de la facultad de percibir determinados impuestos, asumiendo la obligación de no establecer análogos, se ha excluido de esa obligación los impuestos sobre los ingresos brutos, y además, se ha obligado a que estos impuestos se ajustaran a determinadas características, entre ellas, que recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones.- Es una gravamen local, donde cada jurisdicción impone sus reglas todas ellas subordinadas a los principios generales emanados de la mencionada ley, a la cual se encuentra adherida la Provincia de Jujuy mediante ley Nº 4360.-
Remuneración, decretos, modificación del sistema remunerativo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: NORIEGA, MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES  S.E. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

No procede la tacha de inconstitucionalidad del decreto 3456/84 toda vez que el mismo fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 de la ley 21307 y no es irrazonable, dado que la diferente regulación salarial prevista responde a condiciones de trabajo también distintas.
Competencia, locación de servicios, daños y perjuicios, asistencia médica
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DEL  OLIO  JUAN  CARLOS c/ Swiss  Medical S.A. s/ Incumplim. dePrest. de Obra Soc. / Med. Prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22

El objeto principal de la presente acción se encuentra vinculado prima facie con la interpretación, el sentido y alcance de las obligaciones nacidas de un contrato de locación de servicios médico asistenciales y los supuestos daños invocados por la falta de su cumplimiento, lo cual conduce específicamente al estudio de aspectos propios del derecho civil (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos:330:1827, y Causa Nº 306.XLIII "Echenbaum, Arnoldo c/ Hospital Italiano de Buenos Aries s/ amparo", dictado por la Corte Suprema de Justicia el 4 de septiembre de 2007, y dictamen de la Procuradora Fiscal del 4.4.07).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Avila, Lilia Angela c/ Caja  de  Previsión  Social  de  la  Provincia  y Provincia de Salta. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Los derechos provisionales se rigen por la ley vigente al tiempo de producirse el hecho generador del beneficio (arts. 19 de la ley 6335 de la Provincia de Salta y 15 de la ley 18.038).
Recurso de casación, actos consentidos
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cueto, Luis Angel y Etchegaray, Cecilia. c/ Izza, José. s/ Recurso de Casación. Cuestiones Ajenas. Bottari, Cayetano c/ Sindicato  de  Trabajadores  Viales  y/o  quien  resulte  responsable s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-02-01|1990-03-22

No pueden plantearse por vía de casación cuestiones que fueron silenciadas ante la instancia ordinaria.