Fundamentación de sentencias, crímenes de lesa humanidad, responsabilidad internacional del Estado, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: FERRANTE, Jorge Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La disidencia sostuvo que la decisión impugnada se ajusta al análisis íntegro de las constancias obrantes en el expediente, la complejidad que rodea a los sucesos denunciados en el marco de la temática que nos ocupa, todo lo cual determina que se está en presencia de un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del código ritual., toda vez que no puede afirmarse que los ilícitos aquí investigados y sometidos a escrutinio jurisdiccional haya tenido decisorio por el Máximo Tribunal sobre el fondo, descartando que hayan sido delitos tipificados de derecho penal internacional de lesa humanidad u otra especie, y en consecuencia corresponda la prosecución procesal del trámite. A su vez en cuanto resulta aquí pertinente, refuerza tal postura la circunstancia de que en un posterior fallo de fecha 12 de mayo de 2015, el Máximo Tribunal expresamente aclaró los alcances de la sentencia que emitió con fecha 19 de febrero de 2015. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado de manera expresa en punto a que "no se ha expedido en este recurso sobre el fondo del asunto", no ha mediado una decisión vinculada con la vigencia de la acción penal, no ha afirmado ni descartado que los hechos investigados en estas actuaciones revistan la naturaleza de crímenes de derecho penal internacional ya sea lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura o graves violaciones a los derechos humanos, que el Estado tenga la obligación convencional de investigar, atento que su incumplimiento generaría su responsabilidad ante la comunidad internacional. Frente al alcance expreso de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queda descartado el planteo que tenía por objeto la pretendida aplicación al caso de autos de la doctrina que dicho Alto Tribunal asumió en "Taranto", ya que mal podría reclamarse la aplicación de una doctrina inexistente. En ese sentido, el delito imputado al encausado debe proseguir su investigación, mediante el agotamiento de toda medida de prueba tendiente a demostrar o descartar la posible vinculación de las conductas aquí denunciadas, acaecida en el contexto histórico de nuestro país durante la última dictadura militar y el conflicto bélico desatado en el Atlántico Sur por la comandancia de ese gobierno de facto en las Islas Malvinas. El análisis del caso traído a estudio me conduce a recordar que no es posible concebir un derecho penal moderno, sin contemplar los derechos de las víctimas. Así, desde la óptica del nuevo paradigma de los derechos humanos, no podemos analizar únicamente los contenidos del derecho interno, sino que se impone el control de convencionalidad. Ello implica que en el ámbito penal se debe revisar el derecho de los imputados y el de las víctimas, así el debido proceso debe asegurar que se cumplan las etapas procedimentales para recorrer el camino de la investigación, derecho a la verdad, juzgamiento, sanción a los responsables y reparación. En el análisis de los derechos de las víctimas, incluye a los directamente interesados, a sus familias y a la sociedad, cuando nos encontramos frente a graves violaciones a los Derechos Humanos y/o crímenes de derecho penal internacional, tales como lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la paz, torturas, apartheid. Dres. Figueroa- en disidencia- Petrone y Barroetaveña.