Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-04-30


CONSIDERANDO:	I. Que vienen estos autos a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 139 por la parte actora y a fs. 148 por la codemandada Nivel Seguros S.A. en contra de la resolución obrante a fs. 133/136, por la cual se hiciera lugar parcialmente a la impugnación de planilla articulada a fs. 108/111 y se aprobara la liquidación de fs. 97 en la suma de $ 196.422,34 hasta el 29/12/11 en concepto de saldo de intereses y gastos. A fs. 149 se concede el recurso interpuesto por la actora en relación y con efecto suspensivo, y a fs. 159 se concede el recurso de la demandada en la misma forma y con idéntico efecto.	A fs. 155/158 expresa agravios la parte actora. Manifiesta que se agravia por el dictado de la resolución de fs. 133/136 por cuanto la suma determinada como crédito de los demandados de $ 196.422,34 se encuentra congelada al 29/12/11, beneficiándose los deudores con su mora y privándole de percibir un crédito debidamente actualizado hasta su efectivo pago. Sostiene que el agravio se patentiza por cuanto desde el 29/12/11 hasta el dictado de la resolución que se recurre el 27/08/12, transcurrieron aproximadamente 8 (ocho) meses durante los cuales no se aplicaron los intereses devengados por esa morosidad.	Dice que se vio privada de retirar la suma depositada de $ 87.643,11 hasta el 26/09/12 (fs. 152 vta.), habiendo transcurrido a esa fecha aproximadamente nueve meses, por lo que resulta irrazonable que no se impongan los intereses por ese período, lesionándose su derecho de propiedad.	En segundo lugar se agravia porque el juzgador sólo tuvo en cuenta la retención de $ 3.344,92 efectuada por la Caja de Seguridad Social para Abogados, obviando computar la suma de $ 2.257,83 (Ingresos Brutos) retenida por el Banco Macro S.A. Considera que esta última, de resultar procedente, debe ser a cargo de los demandados, conforme la condena en costas del 80% que se les impuso, especialmente porque se encuentra obligada al pago de la Tasa de Justicia y el Aporte a la Caja de Seguridad para Abogados.	Aduce que, además, debió deducirse la suma equivalente al 2% para la D.G.R. e igual monto para la Caja de Seguridad para Abogados y que con respecto a la otra retención deducida por $ 2.938,44 con imputación a Ganancias, tendría que aplicarse idéntico criterio, en el sentido de que ese monto no puede ser afrontado por la actora.	Por otra parte, expresa que le agravia la imposición de costas a su parte del 20%, por considerar que dicho porcentaje no tiene correspondencia alguna con los términos en que se resolvió esa planilla de liquidación por la suma de $ 196.422,34, que resulta desproporcionada ya que debería aplicarse sobre la suma reclamada por las retenciones efectuadas únicamente en esa orden de pago por el Banco Macro S.A. de $ 5.196,27 y no sobre el 20% de los honorarios de fs. 136 (por una planilla de $ 196.422,34).	Finalmente, se agravia en tanto el punto II de fs. 136 establece una base regulatoria de $ 411.090,17 al 29/12/11, por cuanto la misma en su opinión debería haberse determinado a la fecha de esa resolución (27/08/12), a los fines de mantener actualizada la base regulatoria, afirmando que con tal criterio es de $ 427.709,37.	A fs. 160/161 contesta la parte codemandada Nivel Seguros S.A. los agravios expresados por la actora.	Considera que el apelante sólo muestra su desacuerdo con lo resuelto pero no el desacierto de los puntos de los que se agravia. Considera que el memorial de la contraria carece de un análisis crítico de los fundamentos del fallo. Manifiesta que la planilla se ha confeccionado a los fines regulatorios y no a los del pago, ya que para el pago rige el propio convenio que actora suscribió y pretende desconocer. Por ello afirma que debe excluirse de la litis toda invocación de los acreedores y centrar la discusión en lo que realmente interesa, esto es, la base para la regulación. Dice que los fundamentos por los cuales entiende que no se pueden usar otros parámetros que los emergentes del convenio están suficientemente desarrollados y que a ellos se remite.	En cuanto a las retenciones, dice que se trata de situaciones que derivan de la ley, aplicadas por el A quo, y que no han sido refutadas en el memorial. Entiende por ello que corresponde la deserción del recurso o, en su defecto, la confirmación de lo decidido en lo relativo a este punto.	Hace reserva de deducir recurso extraordinario.	A fs. 162/164 la codemandada Nivel Seguros S.A. procede a presentar memorial de agravios a fin de fundar el recurso deducido a fs. 148.	En primer lugar sostiene que el pago consiste no solamente en el retiro material del dinero por parte del acreedor sino en la puesta por parte del deudor de la prestación debida en un lugar o en poder de una persona, de forma tal que se encuentre a exclusiva disposición de aquél. Dice que desde entonces quien debe instar a recibir el dinero es el acreedor y no poner a cargo del deudor las demoras en que aquél incurriere en reunirse con los fondos.	Manifiesta que del análisis efectuado por el A quo surge que aceptó el criterio según el cual los intereses para el depósito de $ 217.419,80, que representaba el capital de condena más sus accesorios, debían computarse al 29/12/11 y no hasta la fecha postulada por la actora que era el 31/03/12.	Sostiene que en este caso la diferencia entre la fecha de entrega y de recepción es mínima, ya que ese monto se había dado en pago el día 28/12/11, y fue retirado al día siguiente, el 29/12/11, motivo por el cual el hecho de que el A quo usase una u otra fecha carece de incidencia. Pero, asegura, no ocurre los mismo con el depósito de $ 111.976,53, efectuado el 24/02/12 y respecto del cual el A quo dijo que no se habría dado en pago, por lo que continúan supuestamente devengándose artificialmente intereses que, en realidad, derivarían de la mora accipiendi, la demora del actor en retirarlos.	Respecto a la tasa de interés manifiesta que las partes convinieron la indemnización un monto determinado y una tasa del 12%, considerando inconcebible que a los fines de la regulación se utilicen criterios diferentes, es decir una tasa del 18% o cualquier otra.	Por otra parte, dice que no es cierto que el criterio jurisprudencial actual sea tomar una tasa del 18%; que, en todo caso, lo es desde el año 2011 para adelante y que para períodos anteriores sigue siendo el 12%.	Además aclara que es irreal hablar de una tasa que no se fijó en la sentencia ni en el convenio a los efectos regulatorios.	Hace reserva del recurso extraordinario.	A fs. 169/171 contesta la parte actora los agravios expuestos por la codemandada Nivel Seguros S. A. a fs. 162/164.	Sostiene que el memorial de agravios de fs. 162/164 no cumple los requisitos del artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial.	Considera que se equivoca el apelante en razón de que la circunstancia de realizar un depósito tiene que estar acompañada de la decisión del A quo de que se libre la correspondiente orden de pago a favor de la actora y sólo en ese caso se libera de los intereses devengados, y que esa condición no surge de la copia simple que rola la fs. 107, por cuanto en ningún momento solicitó se libre cheque a favor de la parte actora, solicitando además embargo preventivo.	Relata que en reiteradas oportunidades (fs. 123, 125, 130) solicitó el libramiento de la orden de pago sin posibilidad alguna de retirar esos fondos, razón por la cual entiende que el apelante no puede se liberado de asumir el cargo por esos intereses devengados, como lo pretende en su memorial.	Asevera que existió mala fe de parte de la citada en garantía, habida cuenta que ese depósito debió realizarse en este trámite de ejecución de sentencia y no en el ordinario, atento a que a esa fecha (24/02/12) ya se había notificado la existencia de estas actuaciones.	Dice que debe tenerse presente que impugnó el crédito establecido por el juzgado.	Considera que, por las razones invocadas, el crédito determinado por el juzgador de $ 196.422,34 a valores del 29/12/11 debe ser reajustado a la fecha de la resolución de esta determinación.	Por otra parte sostiene que la tasa aplicada por el juzgador en el momento del dictado de la resolución de fs. 133/136 es ajustada a derecho y que no implica enriquecimiento alguno de su parte. Alega la improcedencia de aplicar una tasa inferior y desconocer los términos de las presentaciones efectuadas en el expediente principal y cuya copia simple rola fs. 93.	Dice que la citada en garantía olvidó que para establecer la base económica se acordó una tasa del 12%, únicamente a los fines regulatorios, lo que no implica que la misma deba aplicarse para la determinación del saldo del crédito adeudado en esta ejecución, y que resulta inadmisible que un litigante pueda ir en contra de sus propios actos.	En consecuencia, entiende que no existe agravio alguno para el apelante por la determinación del juzgador de una tasa anual del 18% anual.	A fs. 181 se llaman los Autos a despacho para resolver, providencia que se encuentra firme.	II. Que los recursos han sido interpuestos en término, conforme surge de las constancias de fs. 136 vta. y 139; y de fs. 141 vta. y 148.	III. Que, los agravios del actor se centran en: 1) que se debe incrementar al crédito de $ 196.422,34 los intereses devengados desde el día 29/12/11 hasta su efectiva cancelación; 2) que las retenciones deducidas por el Banco Macro en $ 5.196,27 deben ser soportadas por la parte condenada en costas; 3) que la imposición del 20% de las costas debe valorarse únicamente sobre los rubros rechazados y no sobre el monto de la planilla aprobada; 4) que a la suma de $ 411.090,17 deben adicionarse los intereses desde el 29/12/11 hasta el 27/08/12 a los fines de mantener actualizada la base regulatoria, la que a esa fecha sería de $ 427.709,37.	Los agravios de la citada en garantía refieren a: 1) que el depósito de $ 111.976,53 fue realizado el 24/02/12, luego de cursada la intimación, lo cual considera que debe entenderse como dación de pago y por ende no corren más los intereses; 2) que debe utilizarse la tasa de interés del 12% y no la del 18%, que es diferente a la convenida.	Para un mejor análisis se tratará por separado cada impugnación, poniendo en consideración las razones que tuvo la Sra. Juez de la anterior instancia respecto de cada punto para resolver como lo hizo.	IV. Que respecto al primer agravio de la actora referido al congelamiento de los intereses hasta el día 29/12/11, fecha de cancelación del capital, cabe destacar que la Sra. Juez en grado resolvió como lo hizo con el fundamento de que al cancelarse el capital el 29/12/11, es hasta esa fecha que corresponde el cálculo de intereses, no pudiéndose generar nuevos con posterioridad.	De las constancias de autos se puede verificar que, efectivamente, a fs. 653 del Expte. Nº 136.841/05 se libró orden de pago por el capital adeudado de $ 167.245,80 (v fs. 76 de estos autos), lo que se encuentra cancelado.	Es conveniente señalar que sólo el capital adeudado puede generar intereses. Así lo determina el principio general establecido en el artículo 623 Código Civil, sin tener en cuenta las excepciones que prescribe la norma, como lo es el caso en que "liquidada la deuda judicialmente con los intereses el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo", lo que no ocurre en autos.	En efecto, esa norma en la nueva redacción dispuesta por la ley 23.928 admite los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza y la acumulación de intereses sobre intereses si liquidada la deuda judicialmente el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo.	El nuevo artículo ha mantenido el principio general de que no se deben intereses de intereses pero ha establecido dos excepciones: Cuando por convención expresa se autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el Juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Para el segundo supuesto, continúa exigiéndose la concurrencia de tres condiciones: a) que se trate de una obligación judicial; b) que el juez haya ordenado el pago y c) que el deudor sea moroso en el pago (CApelCC Salta, Fallos Sala I, año 2000, fs. 631/632; 2007, fs. 363; T. 2013, I, fs. 892/893).	En el caso de autos, el capital reclamado se pagó en fecha 29/12/11 (fs. 69) y la sentencia de venta que incluye el pago de los intereses se dictó el día 23/02/12 (fs. 76), es decir que se sentenció con posterioridad a su cancelación; por tal razón no se cumplen los requisitos señalados ut supra para declarar procedente el pedido de actualizar los intereses hasta su efectivo pago, lo que impone el rechazo de este agravio.	V. Que el segundo agravio de la parte actora refiere a que el total de las retenciones debe ser soportado por la parte demandada. La Sra. Juez de grado resolvió como lo hizo con el fundamento de que las dos retenciones que no se reconocen no son realizadas para el ente provisional, dado que se retuvo por ganancias y por ingresos brutos en razón de haber solicitado que la orden de pago sea a nombre del letrado apoderado, pasando a constituir un crédito a favor del profesional que podrá deducir en sus futuras declaraciones juradas.	Sobre este punto y observada la constancia de fs. 94 se impone también el rechazo de los argumentos del apelante; las sumas mencionadas no corresponde que sean incluidas en la liquidación practicada en autos por tratarse de una retención efectuada por la Dirección General de Rentas, en concepto de impuesto a las actividades económicas (cfr. fs. 97), que debe ser soportada por la contribuyente en su calidad de responsable inscripta (arts. 159 y ccdtes., C. Fiscal) y no integra las costas del juicio.	A su vez las referidas retenciones son efectuadas por el Banco Macro como agente de retención respecto al sujeto pasible de las mismas, siendo en este caso el Dr. Ronaldo Robles por haber solicitado que se emita la orden de pago a su nombre; es decir, el citado profesional figura como beneficiario de la orden de pago de acuerdo a la constancia de fs. 94, con su DNI y su número de CUIT, que tienen carácter personal e intransferible y efectivamente constituyen un crédito a su favor. Por ello resulta improcedente pretender que las sumas retenidas sean reintegradas por la demandada.	VI. Que respecto al tercer agravio de la actora, quien pretende que el porcentaje de costas a su cargo solamente sea calculado sobre los montos de la retenciones que no fueron reconocidas, se observa que no sólo pierde el actor sobre ese rubro sino que también resulta perdedor en cuanto a los intereses pretendidos por el cómputo de los días, de manera que la decisión de la A quo resulta equitativa, máxime que "la condena en costas contenida en la sentencia en grado comprende todas las cuestiones planteadas, sin que sea procedente una declaración específica de costas por el rechazo de uno de los argumentos hechos valer ."; ". no son los argumentos los que acarrean las costas, sino el litigio en general de acuerdo a las concretas pretensiones deducidas (Reimundín: "La condena en costas en el proceso civil", Bs. As., Víctor P. de Zavalía editor, Bs. As., 1966, pág. 106/108; extraído del "Código Procesal Civil y Comercial" comentado por los Dres. Loutayf Ranea y Montalbetti de Marinaro, art. 67, Ed. Noroeste Argentino, edición 1994, pág. 23/24).	En consecuencia de lo expuesto, el tercer agravio del actor también debe ser rechazado.	VII. Que, el último agravio expresado por la parte actora se refiere al reajuste de la pauta regulatoria. Sobre este punto es oportuno considerar que según reiterados pronunciamientos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el proceso regulatorio no se debe desdoblar en etapas, debiéndose emitir un pronunciamiento único que se expida sobre la base regulatoria -en caso de disconformidad de los interesados- y sobre los honorarios que correspondan a todos los profesionales intervinientes (arg. art. 43 del arancel; CApelCC Salta, Sala IV, T. XXX, fº 281; T. XXXIII, fº 36, entre otros), decisión ésta que es la que resulta apelable ante la alzada, no los incidentes que se susciten en el iter regulatorio. También se ha dicho, que atento a que la regulación de honorarios se debe emitir en un solo acto jurisdiccional, la decisión sobre la estimación de la base económica -conforme art. 43 del arancel- no debe generar costas autónomas pues, con estrictez, no se trata de una cuestión incidental independiente del auto regulatorio (CApelCC Salta, Sala IV, T. XXVIII, fº 893). El art. 43 del arancel establece que cuando el profesional hiciera estimación de sus honorarios o indicare criterios para efectuar la regulación -que fue lo que aconteció en el sub lite-, se dará traslado a los obligados al pago y el juez resolverá dentro de los cinco días de vencido el término, determinando la base -se entiende- y regulando en el mismo acto. Es decir, que el trámite tendiente a determinar la base regulatoria -no obstante que medie oposición a la base propuesta-, no puede generar costas, pues no se trata de una "impugnación" o "incidencia" strictu sensu (Sala IV, T. XXX, fº 281; T. XXVIII, fº 893; T. XXXVII, AI, fs. 16/18; T. XXXVI, AI, fs. 328/330; Sala III, Tomo 2015, AI, fs. 105/106 ).	No obstante que esta Sala Primera ha resuelto con distinto criterio en precedentes diversos, un nuevo análisis del tema conduce a que este Tribunal, con su actual integración, adhiera a la postura mencionada precedentemente y deje establecido que resulta inapelable la base económica sobre la cual se regularán los honorarios profesionales.	Con lo dicho queda desestimado el recurso interpuesto por la actora.	VIII. Que corresponde ahora analizar los agravios de la citada en garantía. Se adelanta el criterio en cuanto a que se impone su rechazo porque el depósito efectuado en los autos principales (fs. 661/662) por la empresa aseguradora no ha sido dado en pago, y con ello no sólo no fue puesta dicha suma a disposición de la actora sino que además en el mismo escrito el apoderado de la compañía solicita embargo preventivo sobre lo depositado. Por ello resulta contradictorio el argumento del apelante cuando manifiesta que resulta obvio que se entregó el dinero en pago, en contraposición con lo manifestado con anterioridad (v. fs. 647 de los autos principales), donde la propia citada en garantía formula una clara e inequívoca voluntad de poner a disposición de la parte actora los fondos depositados, dando en pago los mismos.	De tales antecedentes surge que incurre este apelante en una clara contradicción con sus propios actos, por lo que se impone el rechazo del agravio.	En cuanto en lo atinente a la tasa de interés utilizada por la A quo, es dable dejar aclarado que se refiere a los intereses a aplicarse para determinar la base económica a los fines regulatorios de estos autos. Este punto, como se expresó en el último párrafo del punto VII, resulta inapelable la decisión cuando se desdobla en etapas la decisión de fijar la base económica sobre la cual se van a regular los honorarios profesionales y la tabulación de los mismos (art. 43 del Arancel, CApelCC Salta, Sala IV, T. XXXVII, I, fº 16/18).	IX. Que las costas en esta instancia se imponen por su orden en razón de que ninguno de los apelantes resultó victorioso.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	_______________ RESUELVE:	I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 139.	II. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía a fs. 148.	III. IMPONER las costas por su orden por la instancia revisora.	IV. MANDAR, se registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.