Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


FINSOL S.A.

contra GONZALEZ, Ricardo Reg.: A y S t 216 p 407-415.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes octubre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FINSOL S.A. contra GONZALEZ, Ricardo -Ordinario- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro.448, año 2005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T.209, pág.369 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia 65, del 10 de marzo de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, por entender que los reproches del recurrente ostentaban entidad y contaban con suficiente asidero en las constancias de la causa.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 417/419).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1.

El caso, puede resumirse así:

1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 1 de Santa Fe, la empresa Finsol S.A. promovió demanda contra Ricardo Javier González por cobro de $3.984.

En su escrito introductorio, sostuvo que: el demandado había suscripto un contrato con la empresa Molinas & Asociados S.R.L., en mérito del cual ésta construyó y entregó a aquél una casa habitación ubicada en la calle Pasaje Público 2300 de la ciudad de Santa Fe; la vivienda fue recibida de conformidad por el accionado, según acta de entrega y recepción de la obra el 23.07.1998; que González se comprometió a abonar a Molinas & Asociados como precio del inmueble la cantidad de 240 cuotas mensuales y consecutivas, distinguiéndose entre las denominadas "de posesión", de $240 y las "de espera", de $90; en el contrato se pactó la mora automática como así también que la falta de pago de tres o más cuotas otorgaba el derecho a la acreedora de promover las acciones correspondientes, incluso la resolución del contrato; el crédito de Molinas & Asociados y sus acciones fueron cedidos a favor de Finsol S.A. mediante contrato de cesión del 17.05.2001 y notificada al deudor cedido el 11.08.2001; Ricardo J. González adeudaba 15 cuotas de $265, por lo cual se lo intimó a su pago sin obtener resultado positivo (fs. 18/20).

El demandado resistió la pretensión oponiendo defensa de excepción de incumplimiento contractual con fundamento en los siguientes hechos: la vivienda tenía vicios de simple corroboración (rajaduras en el cielorraso del comedor y la cocina; humedades en todas las paredes interiores y en el techo, desprendiéndose los revoques y cielorrasos, con hundimiento del piso en ciertos sectores, hasta el punto de tornarse prácticamente inhabitable); los cimientos no tenían la medida mínima de profundidad y para su construcción se había utilizado hormigón de ladrillo pobre, lo que contrariaba las reglas del arte de la construcción; el encadenado perimetral había sido realizado con hierro de escaso diámetro; el revestimiento impermeable de las paredes sur y norte no cumplían con el espesor mínimo aconsejable; las capas aisladoras fueron realizadas sin respetar el nivel de piso interior; se observaban filtraciones de agua que ingresaban por la ventilación del purificador de la cocina y del calefón.

Lo expuesto -dijo- ponía en evidencia que no se trataban de diferencias mínimas entre la calidad de la obra prometida y la entregada, sino que los vicios que presentaba la construcción eran de tal entidad que la vivienda se tornaba prácticamente inhabitable; ello -agregó- implicaba sin más que la constructora originaria y su cesionario no habían cumplido con la obligación principal del contrato suscripto: entregar una vivienda en condiciones.

Hizo especial referencia a las misivas cursadas tendentes a que la actora procediera a efectuar las reparaciones necesarias para tornar habitable la vivienda.

Luego puso de resalto que la actora, en su calidad de cesionaria del constructor, no podía exigir el pago de las cuotas originadas en el contrato cedido puesto que el cedente no había cumplido con sus obligaciones esenciales de ejecutar la obra en forma debida, con cuidado y diligencia y siguiendo las aludidas reglas del arte de la construcción.

Asimismo, el demandado afirmó otros incumplimientos de la actora, entre ellos: a) ni cedente ni cesionario habían cumplido con la obligación de presentar los finales de obra aprobados por los organismos correspondientes; b) con la cláusula quinta del contrato, puesto que aún no se habían finalizado los trámites pertinentes para la inscripción de los planos de mensura, derechos de urbanización y municipalidad; c) no se había escriturado el inmueble a su favor.

Finalmente, añadió que ofrecía cumplir con las obligaciones a su cargo cuando la contraria efectuara las reparaciones a que estaba obligada y necesarias para tornar habitable el inmueble (fs. 56/61).

1.2. El Juez de baja instancia rechazó la demanda incoada.

Sostuvo que la adquisición del inmueble se encontraba comprendida dentro de las previsiones del artículo 1 de la ley 24240, por lo que el contrato originario como el acta de entrega y recepción de la obra estaban alcanzados por el artículo 37, teniéndose por no convenidas las cláusulas que importaran una renuncia o restricción de los derechos del consumidor o ampliaran los derechos de la otra parte.

En ese contexto, refirió el Sentenciante que estando pendiente una reclamación por defectos aproximadamente un mes antes de la firma de dicha acta (situación que continuó con un nutrido intercambio epistolar entre el adquirente y las empresas cedente y cesionaria), el contenido de ésta había sido impuesto al demandado de manera unilateral con violación del deber de buena fe contractual.

Luego el Juzgador ponderó los medios de confirmación incorporados a la causa y encuadró la defensa del accionado en la "exceptio non rite adimpleti contractus", atento a que se denunciaban incumplimientos parciales en un contrato que se encontraba en vías de cumplimiento por parte del constructor-vendedor y su cesionario y el comprador.

Para concluir que la excepción de fondo opuesta al reclamo de pago debía prosperar por tener gravedad suficiente los reclamos, sobre todo por la falta de buena fe del constructor- vendedor y su cesionario, quienes elusiva y recíprocamente se habían manifestado irresponsables para concretar los trabajos de reparación reclamados (fs. 312/319).

1.3. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la Sala lo revocó y condenó al demandado a pagar las sumas reclamadas con más los intereses conforme a la tasa mixta a partir de cada vencimiento, dentro del plazo de diez días de confeccionada la liquidación correspondiente.

Los argumentos brindados en el decisorio pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) La defensa deducida por el demandado puede ser opuesta vía excepción, como aconteció en autos, en cuyo caso funciona como defensa sustancial a resolver en la sentencia, o por vía de reconvención, que permite al deudor a su vez reclamar el cumplimiento de las obligaciones que pudieran estar pendientes, o la corrección de los defectos de construcción, en el presente caso, o bien la indemnización a la que pudiera aspirar en caso de reclamar daños y perjuicios.

En autos, la defensa había sido deducida vía excepción y no reconvencional; esto último hubiera permitido a la actora oponer la prescripción que invocó al alegar y al expresar agravios, omitiendo todo tratamiento el A quo a este tema en su resolución a pesar de ostentar un carácter sustancial para la solución de la litis.

b) El Juez de baja instancia admitió la defensa opuesta sin analizar mínimamente la posibilidad de que el deudor hubiera perdido la facultad de ejercer el derecho invocado, impidiendo al acreedor, que había cumplido con la obligación de entregar la vivienda, percibir el precio de las cuotas adeudadas sin remedio alguno, salvo que reparara o pagara obras no determinadas que dieran solución a los vicios que, si bien existían, no se encontraba acreditado si correspondían ser corregidos por el locador, la magnitud de éstos, o si la obligación estaba prescripta; el pago al acreedor se dilataba sin límite preciso de tiempo; es decir si el demandado no accionaba por cumplimiento, permitiendo entonces el ejercicio de defensa a la acreedora del precio de la obra, nunca percibiría el precio, salvo que sin cuestionamiento alguno realizara los trabajos de reparación a los que eventualmente en forma total o parcial podía no estar obligada.

c) El Sentenciante de primera instancia acogió la excepción enfrentando la evidencia de ciertos defectos de construcción pero sin establecer su importancia con relación al incumplimiento de pago admitido por el adquirente, como asimismo sin analizar la posibilidad de la aceptación o renuncia a reclamar dichos vicios como consecuencia del transcurso del tiempo y la conducta que asumiera el demandado.

d) La recepción provisoria, como en apariencia había acordado el accionado, cubre los vicios aparentes pero no los ocultos, los que recién tienen lugar con la recepción definitiva, siempre que de ello no derive la ruina de la obra o la presencia de fraude; el demandado asume la carga de demostrar que si bien recibió la prestación de la actora ésta no se ajusta al contrato por irregular o morosa; y el A quo al definir la defensa como excepción de cumplimiento írrito dio por descontado sin análisis ni posibilidad para la accionante de hacer valer defensas propias, que existían vicios graves, que éstos no habían sido purgados por la recepción de la obra, o bien que podían derivar en ruina de la edificación, naciendo interrogantes que quedaban sin respuesta al no integrar el contradictorio en debida forma, como por ejemplo, el carácter de la entrega, la que se calificó como provisoria cuando, en los hechos, era definitiva.

e) El fallo apelado equivoca al rechazar la demanda en razón de no haberse opuesto la excepción por vía reconvencional, que permitiera a la actora oponer sus propias defensas, o bien de tratarse de "exceptio non rite adimpleti contractus", haber probado suficientemente el incumplimiento de la actora y la subsistencia del derecho que le asistía a oponerse si ésta a la vez no satisfacía la prestación debida o corregía los vicios denunciados; y al no haberse establecido fehacientemente qué vicios debían ser corregidos o indemnizados por la constructora o cesionaria en su caso, y el valor de éstos, la reclamante se veía impedida de cumplir quedando a merced del deudor quien podía pretender más de lo que en derecho podía merecer, continuando mientras tanto con el uso y ocupación del inmueble sin pagar su precio.

2. Este decisorio es impugnado por el demandado por vía del recurso extraordinario local con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055.

Sostiene que se omite toda consideración sobre las diversas obligaciones incumplidas por la actora y su cedente "Molinas y Asociados S.R.L." reduciéndose éstas única y exclusivamente a la construcción y entrega de la vivienda siendo que del contrato de ahorro previo para la adquisición de vivienda suscripto entre las partes surge que la empresa constructora se obligó (entre otras prestaciones) a adquirir el terreno, a construir y entregar una vivienda, a lograr todas las aprobaciones pertinentes ante las reparticiones públicas y privadas correspondientes, a mensurar y a escriturar el inmueble; obligaciones éstas cuyo incumplimiento se encuentra acreditado en autos.

El recurrente afirma que, ni "Finsol S.A." (cesionaria) ni "Molinas y Asociados S.R.L." (cedente) cumplieron con la obligación de presentar los finales de obra aprobados por los organismos correspondientes; ni finalizaron los trámites para la inscripción de los planos de mensura, derechos de urbanización y municipalidades (presentando en estos autos planos que no correspondían al inmueble de que se trataba); no escrituraron el bien ni ofrecieron hacerlo siendo que su parte afrontó (con el pago de las cuotas correspondientes) esos gastos.

Aduce que estos incumplimientos no pueden calificarse de "menores" o "irrelevantes", pues son obligaciones sustanciales del contrato celebrado e impiden el normal ejercicio del derecho de dominio.

Además, el impugnante señala que el A quo considera como central y único aspecto dirimente del caso la entrega de la vivienda por parte de "Molinas y Asociados S.R.L.", pero omitiendo considerar que de acuerdo a las probanzas de autos esa obligación "nuclear" fue cumplida en forma gravemente irregular y ello surge entre otras pruebas de la constatación efectuada por el Oficial de Justicia, de las fotografías acompañadas y, en especial, del dictamen del perito arquitecto.

Reputa arbitraria la afirmación del A quo respecto a que "...no surge de lo actuado en autos la magnitud de los vicios...ni si deben ser corregidos por el locador...", en tanto del material probatorio reunido (en particular de la prueba pericial) surge la magnitud de los vicios y que son defectos de construcción, no producidos por hechos naturales (terremoto, inundación, etc.) ni de un tercero por el cual la actora o su cedente no deban responder.

Tampoco se meritó el intercambio epistolar habido entre las partes con anterioridad a la promoción de la demanda, del cual surge el reiterado intento de su parte de que se diera una solución a aquellos vicios a pocos meses de entregarse la vivienda, lo que haría desvanecer el temor de los Sentenciantes en el sentido de que su parte obtuviera más de lo que en justicia pudiera corresponderle.

Imputa arbitrariedad en la interpretación del derecho aplicable al caso, concretamente el artículo 1201 del Código Civil, habida cuenta que el precepto enunciado no exige en modo alguno que la excepción se interponga por vía de reconvención, sino que expresamente autoriza a oponerla como excepción.

Sigue diciendo el recurrente que el presente conflicto se reduce a acreditar la existencia de un contrato bilateral con prestaciones recíprocas exigibles y pendientes de cumplimiento, y si las partes cumplieron o no con las obligaciones a su cargo; pruebas que podían y debían ser producidas por las partes en cualquiera de las dos "variantes" en que fuera interpuesta la defensa, sea como reconvención o como excepción, por lo que mal puede afirmar la Sala que por la forma en que fue interpuesta la "exceptio" se privó a la actora de su derecho de defensa.

Aduce que los vicios de construcción considerados por el Juez a quo al resolver - aclara- son soslayados por la Alzada que considera que no surgen de autos; realizando algunas afirmaciones relativas al tema de la prescripción que invoca la actora al alegar, siendo que la misma no ha operado dado que en el caso solo existió recepción "provisoria" de la vivienda lo que no puede equipararse a aceptación de la obra ni conformidad con los trabajos realizados.

3. Le asiste razón al recurrente.

Corresponde recordar que la actora pretendió el cobro de cuotas vencidas e impagas del contrato de compraventa oportunamente suscripto; por su parte, el demandado reconoció no haber abonado las cuotas correspondientes, pero -afirmó- que "...dejó de pagar por el incumplimiento de la hoy actora...", oponiendo la excepción prevista en los artículos 510 y 1201 del Código Civil con sustento en que la construcción presentaba vicios visibles y graves defectos que amenazaban a ruina.

Trabada la litis en estos términos, la controversia a resolver por los Jueces radicaba en si la demandante había incumplido -o no- parcialmente o deficientemente las obligaciones asumidas contractualmente y, en su caso, la gravedad de los presuntos incumplimientos, restando agregar que tratándose de la deducción de la "exceptio non rite adimpleti contractus" -en el caso- recaía sobre el demandado la carga de la prueba de que la prestación era incompleta o defectuosa (cfr. Borda, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, T.II., Ed. Depalma, 1993, pág.189).

Este marco de derecho común y procesal no fue respetado por los Juzgadores, que arribaron a una respuesta jurisdiccional desenfocada del encuadre descripto y propiciando una hermenéutica irrazonable de los preceptos aplicables que los tornan inoperantes.

Para así considerarlo cabe destacar que el Tribunal revoca el fallo del Inferior y, en consecuencia, acoge la pretensión actora -recuérdese, cobro de cuotas impagas- con el argumento de que el demandado opuso la defensa por vía de excepción y no por reconvención, circunstancia que había impedido a la actora alegar la prescripción de los derechos invocados en sustento de ella.

Este recaudo respecto de que la "exceptio" (arts. 510 y 1201, C.C.) deba deducirse por reconvención no deriva razonablemente del ordenamiento jurídico vigente.

Recuérdese -al respecto- que la mayor parte de la jurisprudencia y doctrina le reconoce a la defensa de marras el carácter de excepción en sentido sustancial, que debe ser opuesta por el demandado o bien, ser motivo de una demanda reconvencional por cumplimiento.

Se la considera como una excepción y no una defensa, porque no niega ni pretende aniquilar el derecho del actor; es un derecho autónomo del demandado, que paraliza el derecho invocado por el actor; pero no como una excepción de carácter procesal, sino de fondo, equivalente -desde el punto de vista procesal- a una defensa; no requiere ser opuesta en términos sacramentales ni tampoco que sea alegada expresamente como excepción, bastando que de los hechos o argumentaciones expuestos al contestar la demanda o de las imputaciones y cargos efectuados por el actor resulte que se la ha esgrimido como defensa de fondo (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge - Piedecasas, Miguel A., "Código Civil Comentado, Doctrina - Jurisprudencia - Bigliografía", Contratos. Parte General, Arts. 1137 a 1216, pág. 423; Bueres, Alberto J.- Highton, Elena I., "Código Civil y normas complementarias.

Análisis doctrinario y jurisprudencia", T. 3C. Artículos 1190/1433.

Contratos, Bs. As., 1999, págs.56/57; Belluscio, Augusto C. - Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y leyes complementarias, Comentado, Anotado y Concordado", T. 5, Bs. As., 1994, págs. 949/950; Salas, Acdeel - Trigo Represas, Félix A., "Código Civil y Leyes complementarias Anotados", T. II, Bs. As., 1993, pág.52 y s.s., entre otros).

Téngase en cuenta -además- que la propia Cámara admite la articulación de la "exceptio adimpleti" y la "non rite" por vía de excepción o bien reconviniendo (vid. f. 339), aunque luego vuelva sobre sus pasos y termine exigiendo la contrademanda como única forma de introducirla procesalmente con el argumento de que, lo contrario, implicaría conculcar la garantía de defensa en juicio de la actora al no poder alegar éste la prescripción de los derechos sustentados en la "non rite".

Pero lo cierto es que los artículos 1201 y concordantes del Código Civil no requieren que la defensa opuesta tenga que ser articulada exclusivamente por el conducto procesal de la reconvención; en consecuencia, por vía de interpretación el Juzgador introduce una condición que la ley no establece en menoscabo a los derechos de defensa y de propiedad del recurrente.

Claro está que ningún menoscabo al debido proceso pudo acarrearle a la demandante la introducción de la "non rite" como excepción de fondo.

En efecto: Ante el cumplimiento vicioso o defectuoso que afirmó el demandado con la interposición de la excepción, la actora -en baja instancia- hizo hincapié en la recepción de la propiedad, sosteniendo que en el acta de entrega y recepción de la obra se había determinado con claridad que se entregaba totalmente libre de vicios aparentes y se establecía para el caso de cualquier reclamo un plazo de treinta días, con constancia expresa que pasado dicho término la obra quedaba recibida de plena conformidad con renuncia expresa a cualquier reclamo posterior (fs. 268/268v.).

Idéntica postura asumió la demandante en la sede revisora.

Concretamente, al expresar agravios contra la sentencia del Inferior dijo: aun en el hipotético supuesto de entenderse que la obra haya sido entregada con algunos vicios constructivos, ello no es oponible dado que el demandado prestó su total conformidad con el estado de la obra, expresando la inexistencia de vicios aparentes; si hubiese tenido vicios ocultos debió haberlos reclamado en el plazo de 30 días acordados o en su caso en el de 60 días establecidos en el artículo 1647 del Código Civil; en caso de haberse producido la ruina denunciada, la responsabilidad corresponde al constructor, disponiendo el plazo de 1 año para su reclamación a contar del tiempo en que se produjo ésta (fs. 330/331).

De lo expuesto se desprende con toda claridad que estas alegaciones de la accionante tendían a contrarrestar los incumplimientos contractuales atribuidos por el demandado al deducir la defensa de "non rite", por lo tanto integraban sin forzamiento alguno el "thema decidendum" de la presente causa y en nada se ha visto afectada la congruencia procesal y los derechos de defensa y de propiedad de la actora.

Sostener -como lo hizo el A quo- que la forma de articulación de la defensa por el demandado impedía a la actora oponer la prescripción constituye una afirmación que contradice abiertamente las constancias de la causa, habida cuenta que -como se vio- en todas las instancias ordinarias de la causa alegó la accionante que estaban vencidos los plazos establecidos en el Código Civil para reclamar vicios aparentes, visibles u ocultos.

Pero además dicha argumentación implica sobredimensionar las formas en tanto aferrarse al instituto de la prescripción se erige como una manera de eludir la consideración de la controversia llevada a sus estrados, esto es -y a fuerza de reiterarlo-, si la actora había cumplido, o no, defectuosa o parcialmente, con sus obligaciones y, en su caso, la magnitud o gravedad del incumplimiento.

Aclarando.

La litis estaba correctamente trabada en absoluto resguardo del derecho de defensa de las partes; la forma procesal de incoar la "exceptio" -como defensa y no por reconvención- no podía constituirse en un valladar para que los Jueces no examinaran y fallaran la defensa opuesta, ya sea rechazándola o acogiéndola y, en este último caso, contaban con la posibilidad de ordenar a la actora realizar las reparaciones correspondientes.

Sobre este último aspecto, cabe destacar que la doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener que el acogimiento de la "exceptio non rite adimpleti contractus" no habiendo reconvenido el demandado, permite acoger la demanda y condenar al accionado en forma condicional al cumplimiento por parte de la actora de las obligaciones a su cargo, en el entendimiento que: 1) el excepcionante no ha dejado de ser deudor, por lo tanto puede ser condenado siempre que la actora también cumpla con las obligaciones a su cargo; 2) el ordenamiento procesal no prohíbe las llamadas sentencias de condena condicional; 3) no se viola el principio de congruencia, por cuanto no se trata de que el juez haga lugar a pretensiones no deducidas, sino que impone una limitación a la ejecución de la condena; y 4) se respeta el principio de economía procesal, pues se evita iniciar un nuevo juicio cuyo resultado se conoce de antemano (cfr. Trigo Represas, Félix A., "¿Excepción de incumplimiento o derecho de retención?", L.L., 1983-B-441; Compagnucci de Caso, Rubén, "La exceptio non adimpleti contractus", L.L. 1993-B-315; Mosset Iturraspe, Jorge "Medios para forzar el cumplimiento", Santa Fe, 1993, pág. 234; Sup. Corte. Just. Mendoza, sala 1, 30.05.1995, "Cuyo Pack S.R.L. v. Cuyo Placas S.A.", entre otros).

Párrafo aparte merece la reflexión de la Cámara respecto a los presuntos efectos que le otorga a la recepción provisoria de la obra por parte del demandado; ello en tanto, aun cuando las argumentaciones que expuso el Tribunal están siempre formuladas en un plano hipotético, ellas están encaminadas a darle consecuencias jurídicas absolutamente desmedidas, por ejemplo, de cubrir los vicios aparentes u ocultos atento a la falta de reclamación en el plazo consignado por la ley, soslayando que de las constancias de la causa surgen reclamaciones anteriores.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado merece reproche constitucional por no resultar derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de juzgar nuevamente la causa.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de juzgar nuevamente la causa.

Con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)