marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia del recurso, aclaratoria (procesal), costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Arnaudo, Estela Mary c/ Campos de la Virgen de Lujan S.A. s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-03-17

Cabe hacer lugar a la aclaratoria articulada e imponer las costas de Alzada a la demandada vencida, debido a que efectivamente no hubo pronunciamiento sobre la imposición de las costas y en consecuencia, debe subsanarse dicha omisión.
Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


"LAVIOLA CLAUDIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 8358 / 0 Buenos Aires, de junio de 2005. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora -a fs. 158/162, fundado a fs. 170/172- contra la resolución de fs. 150/155. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 176/177, propiciando que no se haga lugar a los agravios y, en consecuencia, se confirme el pronunciamiento apelado. I.- La actora promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, tendiente a que este último no efectúe a través de la dirección de Recursos Humanos, descuentos superiores a los fijados en las normas que rigen la inembargabilidad de las remuneraciones. Asimismo solicitó una medida cautelar, para que, en forma provisional, se conceda lo peticionado en el amparo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Dicha cuestión fue resuelta en el expediente 8358/1 haciendo lugar a la medida cautelar y confirmada por este Tribunal con fecha 30 de diciembre de 2003.
Honorarios, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: OMINETTI CARLOS A s/ CONCURSO CIVIL - HONORARIOS DEL SINDICO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-06-16

El síndico en el concurso civil no actúa como abogado, sino que su carácter profesional le permite, según la ley concursal, ser designado en tal tarea, por lo que su actividad debe ceñirse a los preceptos específicos, no pudiendo ampararse en la ley arancelaria local cuando la ley sustantiva contempla expresamente su actuación.
Orden de allanamiento, secuestro de bienes
Materia: PENAL
Carátula: COHAN DE BROGGER s/ ALLANAMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Los elementos secuestrados como consecuencia de la orden de allanamiento dictada en otro proceso han sido legalmente obtenidos, dado que ninguna relevancia adquiere el que no respondan el objeto preciso de la diligencia, pues violado el bien jurídico intimidad con respaldo en una orden judicial dispuesta con todos los requisitos formales, nada impide a los preventores hacerse de objetos de interés para la investigación de otro delito de acción pública.
Notificación tácita, retiro del expediente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zodíaco S.A. c/ Banco de Entre Ríos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-15

Cuando el expediente fue retirado de Secretaría por la persona autorizada por el apoderado de alguna de las partes, debe concluirse que tal retiro importó la notificación de la providencia que así lo dispuso.
Cuenta corriente bancaria, aval, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO NUEVA ERA COOPERATIVO c/ DEUTSCH SILVIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

No se tipifica el contrato del Código de Comercio: 791 cuando el banco, ante el pago del aval que asumió, inscribe dicho pago en una cuenta que abre en sus libros y califica esa anotación de cuenta corriente bancaria unilateralmente, expidiendo en un formulario "ad hoc" un certificado de saldos para encuadrarlo en el código de comercio: 793.
Acto administrativo, recurso contencioso administrativo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: T., R.A. c/ Provincia del Chubut y/u Otro s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes e Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-08-03

"...sólo la habilitación de la jurisdicción para examinar la validez de los actos, puede conducir una vez resuelta su nulidad, si el acto anulado viola derechos subjetivos del accionante, y si está demostrado el daño, a condenar a la Administración a su reparación, cumpliéndose la finalidad específica de la acción contenciosa de plena jurisdicción; y resulta impertinente el análisis de los supuestos vicios alegados como generadores de un daño reparable, fundados en la supuesta ilicitud de actos administrativos que gozan de presunción de legitimidad, cuya nulidad no ha perseguido, vedando así al Tribunal su declaración, presupuesto mismo de la pretensa condena.
Querellante, sobreseimiento, recurso de apelación (procesal), sentencia firme, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, María Cristina. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Si bien resulta factible acceder a la pretensión de ingreso al proceso, por parte de la querella, sólo para impugnar una resolución adversa, como lo es el sobreseimiento del imputado, si la resolución la resolución con fuerza de definitiva en el proceso adquirió firmeza, el planteo introducido no habrá de tener favorable acogida (*), máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo a las constancias de la causa la pretensa ha tenido una activa participación en el proceso.

Por ello, la denegatoria debe ser confirmada.
Sanciones penitenciarias carcelarias, defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Z.V., F.G. s/ Inconstitucionalidad - Nulidad - Sanción disciplinaria. Inst. 43.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-24

El cumplimiento del derecho constitucional de defensa en juicio exige que se verifique que el interno del establecimiento penitenciario haya recibido la posibilidad efectiva y sustancial de ser asistido por un letrado para poder ejercer su defensa, siendo insuficiente que se garantice de modo formal su derecho a formular descargo, ofrecer prueba y formular los recursos, so riesgo de infringir el derecho consagrado en el artículo 8.2.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Contratos comerciales, contrato de agencia, ley vigente, código civil, código civil y comercial, efectos entre partes, extinción de la acción, plazo resolutorio
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Axel Group SA c/ Nextel Comunications Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Voto del Dr. Heredia:. 1 - Incoada una demanda de daños y perjuicios con fundamento en la ruptura del contrato de agencia que uniera a las partes, a los fines de considerar cual es la legislación aplicable, cabe señalar que la extinción del contrato cumplida íntegramente antes de la vigencia de la nueva ley (esto es, que no esté en curso de ejecución) como es el caso de autos, no puede quedar regida por dicha ley, pues no puede ella atacar situaciones anteriormente extinguidas, sin incurrir en retroactividad (conf. Roubier, P. "Le droit transitoire Conflits des lois dans le temps", Éditions Dalloz, Paris, 2008, p.185, n° 40). Así, sea que la ley nueva venga a suprimir un modo de extinción precedentemente admitido, sea que venga a aumentar el número de condiciones necesarias para esa extinción, o sea que modifique una o cualquiera de sus condiciones, en todos esos casos, habría aplicación retroactiva si la nueva ley viniera a impugnar la extinción regularmente operada de dicha situación jurídica (Roubier, P. ob. cit., p. 197, n° 43). 2 - Por cierto, la inaplicabilidad de la ley nueva también aparece a la hora de juzgar el incumplimiento del contrato y sus consecuencias, extremo que podría quedar configurado no sólo frente a la falta de ejecución de prestaciones, sino también cuando, por ejemplo, se procedió a una ilegítima resolución o rescisión. Es que el incumplimiento de la relación jurídica obligatoria nacida del contrato no es un efecto o consecuencia de esa relación, sino que es un "hecho modificatorio" y, como tal, se debe regir por la ley vigente en el momento en que el hecho se produce (conf. Moisset de Espanés, L., Curso de Obligaciones, Córdoba, 1998, t. II, p. 44: Heredia, P., "El derecho transitorio en materia contractual", RCCyC, año 1, n° 1, julio 2015, p. 12, cap. VII). Naturalmente, los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil contractual que el caso pudiera presentar, tampoco se regirían por la ley nueva (conf. Galdós, J., "La responsabilidad civil y el derecho transitorio", LL del 16/11/15, cap. III, 2, a y b).
Defensa de la competencia, monto de la pena, actualización monetaria, denunciante, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: A GAS S.A.AGIP ARGENTINA S.A. s/ Defensa de la Competencia Causa 30819-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

1- La imposición de las sanciones del Art. 26 de la ley de la materia es atribución del organismo administrativo de aplicación que si bien resulta susceptible de apelación no es recurrible para el denunciante.- 2- La determinación del monto de la multa del Art. cit. no está condicionada a la magnitud del interés económico afectado por las prácticas prohibidas, y su actualización autorizada por el Art. 45, no está circunscripta al momento del hecho, sino que corresponde su actualización al momento de la sanción.- 3- Las atribuciones sancionatorias conferidas al Secretario de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales son funcionales:suprimido dicho cargo, las atribuciones conferidas deben ser ejercitadas por quien tenga asignada el área de competencia que a éste incumbía.
Recurso de reposición (procesal), competencia
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, ROBERTO; MURCHISON, GUILLERMO TOMAS s/ Contrabando, Inc. de reposición y apelación en subsidio  CAUSA: 37293.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-07

1 - Si bien la providencia declarativa dictada por el Juez de 1ra.

Instancia resulta poco clara y hasta contradictoria con la dictada simultáneamente estimando que no hay mérito para procesar a la misma persona por su actuación personal, la aclaración - que la ley procesal civil contempla y que los solicitantes invocan - compete al mismo Juez que hubiera dictado la providencia en cuestión.- 2 - No corresponde hacer lugar a la aclaración solicitada a la alzada en oportunidad de conocer en apelación del auto que ordenó el embargo y la interdicción de bienes, en tanto su jurisdicción se circunscribió a los motivos de la apelación y el recurso, por otra parte, únicamente cabía con respecto a las providencias susceptibles de causar gravamen irreparable
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Sorsa  S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Es regla que en la interpretación de las leyes debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

El fin perseguido por el art. 18 de la L.C.T. es evitar que el empleador fraccione la antigüedad del trabajador en el empleo, con sucesivos despidos y reingresos, limitando de esta manera los derechos que la ley le reconoce en función de su antigüedad (por ej., para el pago de plus salariales, liquidación de enfermedades, indemnización por despido, vacaciones).

Se considera tiempo de servicio todo el lapso en que el trabajador estuvo a disposición del empleador, como así también el que no estuvo por causas justificadas de ausencias (por ej., enfermedad, accidente).

Para prevenir el fraude, la ley establece que cualquiera sea la causa por la que hubiere cesado el trabajador (despido o renuncia), a los efectos del cómputo de la misma, se consideran los períodos anteriores de trabajo.

Por lo tanto, cuando el trabajador reingresa a las órdenes del mismo empleador, al período de servicios de la última relación se suman los anteriores, prescindiendo del carácter de la relación (contrato a plazo fijo, contrato por tiempo indeterminado).

Cuando el hecho extintivo de la primera relación laboral no generó derecho a la percepción de indemnizaciones (renuncia, pacto disolutorio), las indemnizaciones del trabajador que reingresó deben ser calculadas computando como antigüedad el tiempo total de prestación de servicios.
Obligaciones a plazo, plazo indeterminado, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Rodolfo por "Palo Santo Muebles S.R.L." c/ Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

Si el comprador había cumplido la prestación -obligación a su cargo- enviando el importe del precio, el vendedor sabía que debía cumplir con su obligación de entregar la cosa, no siendo para ello necesario que el primero pidiera la fijación judicial de plazo; resultado suficiente la interpelación extrajudicial para la constitución en mora.
Responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cosa riesgosa, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

Al damnificado le compete demostrar la relación de causalidad entre la intervención de la cosa viciosa y el menoscabo sufrido, por lo que la responsabilidad no queda incólume si el carácter de dueño o guardián está referido a una cosa que ha sido pasiva o que no ha influido decisivamente en la producción del daño, es decir, que no fue la causa del perjuicio.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, remito, entrega de la carga, silencio
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA INMOBILIARIA CIA. ARG. DE SEG. c/ TRANSPORTADORA CORAL  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La manifestación de la consignataria acerca del estado de los efectos en el acto de la recepción, consignada al dorso del remito entregado inmediatamente al transportista, quien lo mantuvo en su poder sin formular ninguna contraobservación- es en sí unilateral, empero tuvo la virtualidad de ponerla en conocimiento del transportista en el mismo acto de la entrega, por manera que éste pudo también manifestar su punto de vista en esa oportunidad o inmediatamente después, siendo su comportamiento, en cambio, totalmente pasivo y silencioso, de modo que no existieron discrepancias sobre el estado de la carga, no configurándose el supuesto de duda que determina la aplicación del procedimiento previsto en el art. 182 del Código de Comercio.
Robo en poblado y en banda, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, CESAR ANTONIO s/ ROBO.    "BANDA":  TÉRMINO  EQUIVALENTE  A  ASOCIACIÓN  ILÍCITA".  NO  VIGENCIA DEL  PLENARIO "CORONEL". BANDA (ÍD.). ASOCIACION ILICITA (ÍD  ).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

no obra en contra del procesado otra prueba que la explicación poco verosímil -pero no imposible- de la intervención de terceros. Y no es imposible, no sólo con referencia a una alternativa lógica, sino en base a las constancias de autos, pues la damnificada se agravia de la falta de una suma de dinero y de otros efectos, que no fueron secuestrados a los imputados y que bien podrían haber sido objeto de la acción delictiva de otras personas.

Por otra parte, si bien es cierto que los menores dan detalles incoherentes en cada una de sus declaraciones, lo cierto es que no pueden servir como prueba de cargo, no sólo en atención a su edad y al manifiesto interés que tienen en la causa, sino porque desde un primer momento coinciden en negar la comisión del hecho.
Agravio concreto, calidad de parte, acción de amparo, derecho a la vida, Constitución Nacional, derecho a la salud, intervención quirúrgica, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PARRAGA, WALTER RAÚL c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14

El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes que el derecho a la salud, que no es un derecho teórico sino que debe ser examinado en estrecho contacto con los problemas que emergen de la realidad social, penetra inevitablemente tanto en las relaciones privadas como en las semipúblicas.

Toda vez que del inflexible deterioro de la patología de un accionante justificara su operación urgente mediante la utilización de prácticas técnicas no nomencladas, resulta aplicable el criterio de esta Corte con arreglo al cual el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, entre ellos el de la preservación de la salud, no necesita justificación alguna sino, por el contrario, es la restricción que se haga de los mismos la que debe ser justificada.

Conforme el principio denominado carga dinámica de la prueba que implica hacer recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos de convicción más aptos para la comprobación de los hechos litigiosos.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA c/ Duilio De Santi s/ ej. fisc. - plan de facilidades s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

Sin que esto implique opinión alguna en orden al acierto o desacierto de la inteligencia dada al art. 460 del CCAyT en el fallo plenario "Tolosa", soy de la opinión de que aplicar dicha doctrina en autos y, en consecuencia, avalar la postergación en el tiempo del cobro de los honorarios profesionales del recurrente, ignorando la singular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra inmerso, constituiría un proceder ajeno a la razonabilidad que deben guardar todos los actos en un sistema republicano de gobierno (art. 1º, CN) y descalificable por su manifiesta iniquidad. (Voto del Sr. Juez Pablo A. Bacigalupo).
Presunciones, apreciación de la prueba, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Curima, Ramón s/ Lesiones leves calificadas Bianco, Héctor Angel s/ Lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25|1996-07-19

La circunstancia de que el procesado infligiera a su esposa castigos en forma habitual, obliga a su meritación como pesado elemento de cargo en lo concerniente a la capacidad delictiva específica del mismo.
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Gral. Fabril Financiera S.A. c/ D.G.I. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-14

El primer requisito al que la ley subordina la admisibilidad de acciones declarativas está dado por la "aparición de un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica" y esa relación jurídica a que la norma alude debe ser concreta, discutida e incierta.

El segundo requisito de la acción intentada, es que la actora "...no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ricardo Alberto HASE c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL s/ PRINCIPIO  DE  CONGRUENCIA  -  PROFESOR UNIVERSITARIO - ESTABILIDAD -  EMPLEADOS PUBLICOS - CONCURSOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

El tema relativo a la violación del principio de congruencia es, por su naturaleza procesal, regularmente ajeno al ámbito del art. 14 de la ley 48.
Retiro militar, haber de retiro, actualización monetaria, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RINALDI, Orlando Alfredo c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO) s/ ORDINARIO - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

El haber indemnizatorio reconocido al actor en acción anterior (sentencias de I y II instancia) no hacen cosa juzgada respecto de su reajuste, atento que no se da la total identidad entre sujeto, objeto y causa.

En lo que respecta al objeto, en el sub judice, su individualidad propia deviene en cuanto se solicita la regularización del beneficio otorgado con anterioridad, es decir, tiene una significación legal distinta.- Ello es así porque la cosa juzgada solamente es comprensiva de la relación jurídica que ha sido materia del anterior pronunciamiento
Prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez, hecho conducente, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Edgardo Basilio c/ Raúl Ariel Scattareggia s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 267)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-30

Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas ofrecidas por las partes, sino las que sean pertinentes y conduzcan a la solución de las cuestiones debatidas, pudiendo escoger las que estiman decisivas.
Competencia civil, daños y perjuicios, caída en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: FUNES,  Tomás  Jorge c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS LARREA 1375 DELA CAPITAL FEDERAL y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-01

Son competentes los Tribunales Civiles para entender en una demanda por daños y perjuicios originados como consecuencia de una caída en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto la cuestión es de naturaleza netamente civil y no administrativa de modo que la competencia atribuida, a este fuero en esta clase de procesos es definitiva y no transitoria.

En tanto la Ciudad de Buenos Aires siga siendo Capital de la Nación la jurisdicción de sus Tribunales estará limitada a las cuestiones que taxativamente fija como de su competencia el art. 8 de la ley 24.588, que es la ley de garantías a que alude la Constitución Nacional y toda norma de rango inferior que se oponga a ella, sea el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier ley local como resulta ser el Código Contencioso Administrativo y Tributario (ley 188)es inaplicable en la materia de que se trata por violar la jerarquía normativa que fluye de los arts. 31 y 129 del Constitución Nacional. De lo expuesto surge la plena constitucionalidad de la ley de garantías y lo contrario de las disposiciones locales que extralimiten lo dispuesto por los constituyentes al sancionar la reforma constitucional en vigencia. Por ello resultan inaplicables los arts 48 y 2 de las leyes locales 7 y 189 conforme lo establece el art 129 de la Constitución Nacional, 8 y 16 de la ley 24.588 y cláusula transitoria segunda de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.