Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07


Causa Nº 445-00/CC/2005 caratulada "EXPRESS RENT A CAR SA s/ Violar luz roja y otras Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS A fs. 54/61vta. el Javier Pedro Manzano, apoderado de la firma "EXPRESS RENT A CAR S.A.", interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 48/52 suscripta por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 6, Gonzalo Segundo Rúa. En dicho pronunciamiento se dispone condenar a la encartada a la sanción de multa, consistente en el pago de la suma total de quinientos pesos ($500), por resultar responsable de las infracciones de conducción con teléfono celular (tres hechos) y violar luz roja (un hecho), en concurso real; y absolverla en relación a las infracciones imputadas en las actas números B 4206474, D 1173948 y B 0903421, sin costas; eximiendo a la firma del pago de las costas del proceso.

En lo que atañe a las faltas sobre las que recayó condena, el juzgador consideró acreditada la materialidad infraccional a partir del examen de las actas respectivas, a las que asignó pleno valor convictivo. En este orden, estimó que las argumentaciones vertidas por el representante de la firma imputada no lograron conmover el contenido de los documentos sobre los que se sostuvo la imputación.

Desechó la alegación defensista que abonaba la invalidez de tales actas por no haberse consignado en ellas quién conducía el vehículo al momento de generarse la falta, en razón de que el art. 3º inc. d) de la Ley 1.217 establece que la referida anotación procede sólo cuando hubiese sido posible determinar la identidad del presunto infractor.

Respecto de la expresión "con teléfono celular" inscripta en el acta, que fuera objeto de rebatimiento en la audiencia de juicio por parte del Manzano por la diferencia que presenta con la locución "conducir manipulando un teléfono celular", el sentenciante consideró que "si el funcionario que labró el acta visualizó que el conductor tenía un teléfono celular, es porque lo estaba utilizando, y no porque lo tuviera guardado dentro de su saco, en la guantera o en su bolsillo".

Adunó a ello la imputación objetiva que efectúa el art 8º de la L.P.F., a fin de concluir que "se cuenta en autos con un plexo cargoso suficiente como para arribar a un pronunciamiento condenatorio respecto de la empresa endilgada..." Seguidamente, encuadró los hechos relativos a la conducción de vehículos manipulando teléfonos celulares en la falta prevista en el art. 6.1.26 de la Ley 451. En cuanto a la violación de luz roja, interpretó que la norma de aplicación debía ser la nº 592 y no la 451, por ser posterior y no implicar un desplazamiento de los montos e infracciones establecidos en ésta. Razonó que, en tanto la redacción de la Ley 592 sucede a la de la Ley 451, la entrada en vigencia de esta última -que operó con posterioridad a la sanción de aquélla- no genera derogación sino que establece un régimen de complementariedad, de manera que el tope mínimo para la falta en cuestión debe surgir del establecido en la norma de última sanción -piso que resulta más bajo que el legislado en el Régimen de Faltas-.

Por último, fundó la responsabilidad de la firma en la imputación objetiva del art. 8º de la Ley 451, y consideró que, en consecuencia, procedía sólo el encuadramiento bajo las prescripciones del tipo infraccional simple.

El primer agravio se vincula con la norma que, a juicio del presentante, debió haberse aplicado al caso. Así, reputa que las disposiciones de la Ley local nº 1.217 no pueden ignorar lo dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito -nº 24.449, que entiende vigente en la Ciudad de Buenos Aires-, en especial en lo atingente a la obligación de los funcionarios labrantes de consignar los motivos por los cuales no se ha podido identificar al conductor del vehículo -art. 70, inc. a.4 de la Ley 24.449-. Abona este criterio, además, con la cita del precedente "Martínez" de la Sala I de esta Cámara (causa nº 073-00-CC/2004, rta. el 22/06/2004), que se pronunció a favor de la aplicación del régimen de la Ley 24.449, "originalmente admitida en la OM 50.292 que no fue derogada por la ley 1.217".

A partir de ello, refuerza la invalidez de todas las actas que reflejan las infracciones en juzgamiento, máxime cuando, de acuerdo con el art. 70 (inc. b.1), tal estipulación legal tiene prioridad de aplicación por sobre cualquier otra normativa reguladora de la materia. Estima que la verificación del acta de Causa Nº 445-00/CC/2005. Sala II.

comprobación y su consecuente asignación de prueba suficiente respecto de la comisión de la falta, constituyó una interpretación carente de sustrato fáctico y jurídico, pues el proveyente habría deducido, ante la ausencia de datos personales del conductor en el documento imputativo, que éste no se ha podido identificar. Bajo su óptica, el Magistrado no tomó en cuenta que la interpretación integrativa que corresponde aplicar al caso supone el seguimiento de tres pasos fuera de los cuales la construcción de la imputación carece de validez: "i) Intentar la identificación plena del infractor; ii) si así se lograra, entregar duplicado del acta; iii) si ello no fuere posible, deberá indicarse (motivación del acto) la circunstancia impedimente (v.gr., no fue habido, se dio a la fuga, o se negó a identificar" (fs. 56 vta.).

Finalmente, sostiene que esta irregular ausencia de identificación derivó en la aplicación del art. 8º de la Ley 451, en cuanto establece la responsabilidad objetiva del titular registral. Entiende que en autos se verificaría un resultado no querido por la norma, al quedar carente de sanción quien ha cometido realmente la falta, y dirigido el castigo hacia la empresa titular de los vehículos. Cita en apoyo de esta tesitura un reciente fallo inédito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Transportes del Tejar S.A. c/Tribunal Municipal de Faltas - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", rta. el 28/07/2005), en el que el Máximo Tribunal se expidió sobre la improcedencia de la derogación por parte de la OM 50.292 de la Ley Nacional de Tránsito. De ahí, infiere que la Ley 1.217, por ser de regulación local, tampoco puede omitir requisitos fijados en la norma nacional.

Como segundo agravio, denuncia que se ha visto conculcado el derecho de defensa en juicio de su poderdante al haberse consignado en el acta de comprobación que la infracción consistía en conducir "con" teléfono celular, en tanto el cuerpo sustantivo de faltas sanciona a quien circula "manipulando" tal artefacto. La vaguedad terminológica que estructura la acusación vertida -que se extiende a la indeterminación acerca de si el ocupante del automóvil se encontraba utilizando un "celular" o "auriculares"- le impediría el pleno ejercicio de su defensa, pues se constituiría en serio obstáculo contra la precisa determinación del hecho imputado. En este orden, no sólo faltaría un elemento esencial del documento de comprobación sino que, además, se verían desplazadas las garantías procesales de raigambre constitucional acogidas por la Ley Nacional de Tránsito.

Por otra parte, la decisión pasaría por alto los principios rectores del proceso penal -aplicables toda vez que la sanción de multa participa de aquella naturaleza-. Sostiene el apelante que tal vulneración surge de la asignación de completo valor probatorio a las actas efectuada por el Juez de grado, pues ellas no determinan una conducta punitiva, ni consignan el término utilizado por la ley -manipular el teléfono- y, además, disponen dos infracciones bien diferenciadas de imposible asimilación. Esta inteligencia acordada a los documentos impediría al encartado valerse plenamente de todos los medios de defensa acordados por las leyes, en tanto la imprecisión apuntada obstaría a una eficaz orientación de las actividades de descargo.

Incluido en el tratamiento de este agravio introduce una tercera queja, en la que tacha de arbitraria la presunción del Magistrado relativa a que, si el funcionario labrante vio que el conductor tenía un teléfono celular, es porque lo estaba utilizando y no porque lo llevara en otro lado. Al respecto, ataca la reconstrucción de la situación fáctica que dio origen al llenado del formulario incriminante, máxime cuando, a su criterio, no surge del legajo ninguna constancia que avale esta "referencia psíquica" del preventor. Cuestiona, asimismo, el hecho de que éste haya podido realmente percibir el teléfono o el auricular de marras, en razón de la pequeñez de ambos objetos.

Ya cumplidos los plazos y pasos procesales correspondientes, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO 1.

Se observa que el recurso ha sido interpuesto por quien tenía derecho a deducirlo, dentro de los cinco días de dictada la resolución en crisis y ante el Tribunal que la dictó, por escrito que se encuentra en principio fundado.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad sustancial, los agravios vertidos se relacionan con la causal de arbitrariedad prevista en el art. 56 de la Ley 1.217, Causa Nº 445-00/CC/2005. Sala II.

en tanto importan una crítica a la elección efectuada por el a quo de la normativa que dio sustento a la resolución de la cuestión, como así también un embate contra la valoración del acta de comprobación y la construcción deductiva que derivó en la condena atacada.

Lo dicho es suficiente a efectos de reputar superado el examen de admisibilidad de la vía impetrada.

2.

En relación con el primero de los agravios formulados, consistente en que el a quo debió haber tomado en cuenta las previsiones de la Ley Nacional de Tránsito -que entiende de aplicación en la Ciudad-, la cuestión ha sido tratada ya por esta Sala en anteriores pronunciamientos. En ellos se ha expuesto claramente que, en materia de infracciones de tránsito, la normativa local resulta de principal aplicación, y sólo cuando ésta remita explícitamente a la normativa dictada por el Congreso Nacional o exista un vacío en la articulación citadina, serán ellas las disposiciones que habrá que tener en mira a la hora de efectuar el juzgamiento de las faltas (conf. causas nº 134-00-CC/2004, rta. 25/06/2004; nº 283-00-CC/2005, rta. el 16/09/2005). Tal doctrina guarda consonancia con lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia in re "Arbitra S.A. y otros c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", rta. el 28/03/2001, en la que el máximo intérprete local estableció que: "...la Ciudad posee autonomía legislativa para disponer el ordenamiento del tránsito urbano. El gobierno local no está condicionado, en esta materia, por lo que establece una ley federal que expresamente autoriza a los gobiernos locales a apartarse de la reglamentación que ella contiene en relación con el tránsito urbano . El sistema de comprobación de infracciones de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es, pues, de exclusiva competencia local. Las normas dictadas en el ejercicio de estas atribuciones (...), no vulneran el principio de supremacía constitucional (art. 31 de la CN)".

Con respecto a la pretendida vigencia de la Ordenanza nº 50.2092, debe decirse que la referida norma resulta expresamente derogada por el art. 2º de la Ley 1.217 , circunstancia que, por la claridad de su redacción, ocluye sobre este tópico toda posibilidad de debate.

Es por ello que la especulación de que debieron haberse seguido los pasos que el recurrente estima e ilustra en su escrito impugnaticio no tendrá favorable acogida. Lo contrario implicaría aceptar tácitamente la interpretación integrada allí propuesta, cuando lo que en verdad procede, como se dijo, es la aplicación excluyente de las reglas dictadas por los órganos autónomos a despecho del articulado nacional. Ello torna abstracto el tratamiento de las consideraciones vertidas en torno a la aplicación del art. 8º de la L.P.F. pues, aceptada la prelación de la regulación particular vigente en el ejido, debe concluirse que es ésta la que rige el caso.

Tales razones impiden el éxito de esta primera pretensión impugnaticia.

Igual suerte correrá la alegación referida al defecto de descripción del hecho imputado. En efecto, la expresión "conducir con celular - Infringe Ley 451" que obra preimpresa en los formularios de actas de comprobación remite claramente a una de las dos conductas descriptas en el tipo infraccional del art. 6.1.26 del Régimen de Faltas, esto es, "conducir un vehículo manipulando teléfonos celulares". Ninguna duda cabe albergar en cuanto a la determinación de la acción antijurídica por la que se responsabiliza a la empresa, pues la vinculación con la Ley 451 sólo puede darse en orden a la conducta de "conducir un vehículo manipulando...", única en toda la normativa que establece una conexión entre la circulación vial y el objeto de marras. De modo que la imputación quedó perfeccionada sin mella del derecho de defensa, a contrario de lo que aduce el quejoso a partir de su exégesis meramente gramatical, que tiñe de insuficiencia la tacha de vaguedad alegada a fin de revertir la decisión del a quo.

Finalmente, y en cuanto a los criterios de valoración que el Magistrado empleó para arribar a la solución condenatoria ahora controvertida, debe decirse que la presunción del proveyente relativa a la efectiva utilización del teléfono móvil por parte del conductor no importa, como pretende el apelante, una reconstrucción antojadiza de los hechos que dieron lugar a la imputación, sino que constituyen una manifestación derivada de la contundente manda del art. 5º del Anexo de la Ley 1.217: declarada válida el acta, se considera prueba suficiente de la comisión de las faltas allí expuestas. Ello, según la misma disposición, salvo demostración en contrario que no se verifica en autos. Por el contrario, la argumentación Causa Nº 445-00/CC/2005. Sala II.

desplegada tiende a embestir la valoración del acta de comprobación en su dimensión de elemento de cargo; cuando lo que exige la ley es, precisamente, que quien solicitó voluntariamente el pase de las actuaciones a sede judicial oriente su actividad convictiva en sentido contrario a las manifestaciones reflejadas en el formulario incriminante, para lo cual la ley adjetiva diseña a su favor un amplio espectro de medios probatorios -conf. art. 20 L.P.F.-.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, las razones traídas a estudio del Tribunal por el apelante no resultan suficientes al efecto de conmover la resolución del a quo, lo que así se declarará.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR la sentencia de fs. 48/52 en todo cuanto ha sido materia del presente recurso.

Devuélvase y tómese razón, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:

Nota: Déjase constancia acerca de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas