Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13


Causa Nº 29012-00-CC/2006 "Iglesias, Verónica Carola s"Iglesias, Verónica Carola"Iglesias, Verónica Carola s/art. 81 CC (Ley 1472) -Apelación-." En la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de junio del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Primera Instancia, Walter Eduardo López, obrante a fs. 134/143 de la presente, de la que;

RESULTA:

I. Que a fs. 30 obra el acta circunstanciada labrada a Verónica Carola Iglesias, el día 6/10/2006, por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 81 del CC.

II. Que a fs. 38/39 se agrega el acta de audiencia ante el Sr. Fiscal de la imputada Iglesias en los términos del art. 41 LPC.

III. Que a fs. 55/58 obra el requerimiento de elevación a juicio, en el que la Sra. Fiscal de Grado solicita se condene a la encartada Iglesias, por la contravención prevista y reprimida por el art. 81 Ley Nº 1472, a la pena de cinco (5) días de trabajo de utilidad pública y las costas (arts. 16, 21, 22 inc. 1, 23 inc. 4, 25 incs. 1 y 6 concordante con los arts. 26, 27, 28 y 36 de la Ley 1472 y art. 44 de la Ley 12 LPC).

IV. Que a fs. 111/123, obran las actas de audiencia de debate oral y público de fechas 29/3/07 y 10/4/07, constando en la última la suspensión hasta el 23/4/07.

V. Que a fs. 124/132 luce la sentencia en la que la Sra. Juez de grado resuelve ABSOLVER a Verónica Carola Iglesias por la infracción al art. 81 del CC, relativos a la imputación de haber ofertado en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados, el día 6 de octubre de 2006, a las 17:52 horas, aproximadamente, en la intersección de las calles Méndez de Andes y Caracas de esta ciudad, por la que fuera motivo de acusación fiscal (art. 48 de la Ley 12), sin costas.

Al respecto, sostuvo que no se ha probado el hecho investigado en autos, pues la prueba recolectada le generó una duda razonable que interpretó en favor de la encartada. Tampoco de la filmación incorporada se desprende que la oferta de sexo haya sido en forma ostensible.

Por otro lado, define el término "ostensible" requerido por el tipo contravencional como realizar la oferta de sexo en forma clara, patente, obvia, en lugres públicos no autorizados.

Finalmente, concluye que toda la prueba analizada en su conjunto resulta insuficiente en el caso concreto para concluir, como lo pretende la Fiscalía, que Iglesias se encontrara el día 6 de octubre de 2006 ofertando en forma ostensible servicios de carácter sexual.

VI. Que a fs. 134/143 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal subrogante, Walter López, contra la sentencia absolutoria, solicitando su revocación. Al respecto, afirma que la Judicante no ha valorado la prueba recolectada en autos en su conjunto, pues ha desarrollado separadamente, por un lado, los testimonios de los preventores, por otro, los testigos del acta, las declaraciones de los vecinos del lugar del hecho, y, por último, las vistas fílmicas.

En este sentido, refiere que las declaraciones testimoniales, junto con las actas contravencionales y la filmación revelan la oferta de sexo en forma ostensible por parte de la encartada en un espacio público no autorizado, es decir, en un lugar localizado frente a viviendas, establecimientos educativos, templos o en sus adyacencias, mediante el mecanismo propio de esa conducta.

Por otro lado, cita un fallo de la Sala II del fuero y aclara que no debe confundirse el término "ostensible" con "escandaloso" que el tipo contravencional no requiere.

Finalmente, manifiesta que pretender "alguna conversación de transacción" al respecto es efectuar una interpretación de la prueba alejada de la realidad diaria, amén de que esa exigencia es imposible de ser verificada por los preventores, ya que para ello sería preciso que éstos acompañaran al demandante en el rodado en cuestión. Así, exigir los requisitos que pretende la Magistrada implica apartarse del bien jurídico protegido por la norma, ya que aquélla no tutela la tranquilidad pública sino el uso que se hace del espacio público.

Sobre esta base, expresa que de la totalidad de la prueba producida surge claramente el hecho investigado y que la sentencia no se ajusta a las reglas de la sana crítica racional, por lo que debe declararse nula la resolución y condenar a la encartada, a la pena oportunamente solicitada.

Por último, refiere que la falta de fundamentación de un pronunciamiento implica una violación a las reglas de la lógica, de la experiencia. y del entendimiento humano. Destaca que el estado de duda que señala la Magistrada reposa en una mera subjetividad y no deriva de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso que demuestran con certeza absoluta la autoría en el hecho de Iglesias.

VII.- Que a fs. 152 se agrega el video reservado en Secretaría.

VIII. Que a fs. 154/155 la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia cuestionada, sosteniendo los argumentos esgrimidos por el recurrente.

IX.- Que a fs. 157/158, la defensa oficial solicita se rechace el recurso interpuesto por el Sr. Fiscal y, en consecuencia se declare firme el fallo absolutorio. Al respecto, refiere que el recurrente no logra constituir un agravio atendible ya que sus discrepancias responden a la forma de valorar la prueba testifical y fílmica aportada por esa parte acusadora. Asimismo, expresa que debido al principio de inmediatez los jueces de Cámara no pueden interpretar en contra la prueba pues no participaron en el debate ni conocen a la supuesta contraventora.

Por otra parte, sostiene que se arribó a la postura absolutoria por aplicación del principio "in dubio pro reo", ya que la Magistrada no alcanzó el grado de certeza necesario para el dictado de una sentencia condenatoria, máxime cuando los elementos de cargo reunidos en el presente expediente no logran desvirtuar el estado de inocencia del que goza toda persona imputada de una contravención.

Finalmente, el concepto "ostensible" utilizado por la Magistrada no sólo aparece como irracional, sino que es una interpretación de ese elemento normativo, agregando en su apoyo jurisprudencia de este fuero.

X.- Que a fs. 160 pasan los autos a resolución de esta Sala PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo a lo prescripto en el art. 50 de la Ley Nº 12. Es decir fue incoado contra una sentencia definitiva dentro de los cinco días de notificado, mediante escrito fundado y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Por lo tanto, corresponde declarar correctamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado.

Ahora bien, previo a efectuar el análisis de los agravios invocados en la presente, cabe dejar constancia del alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar la perspectiva desde la que será abordada la impugnación interpuesta. En efecto, acorde con lo que esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos (causas "Vagni, Marcelo E. s/art. 72", rta. el 6/2/2004; Nº 1592-00-CC/2003 "Ybarra, Claudio Daniel s/art. 39", rta. 8/3/2004; Nº 1602-00-CC/2003 "Roldán, Hugo Daniel por infrac. art. 72 CC s/Apelación", rta. 11/3/2004, entre otras), si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad y la publicidad propia del procedimiento contravencional impiden una revisión amplia de aquella prueba que requiere de la presencia del juzgador en virtud del principio de inmediación.

Sobre dicha base se sentó el principio consistente en que esta Cámara no puede revisar todo aquello que depende exclusiva y necesariamente de la inmediación. Es decir, un Tribunal que no ve ni oye a los testigos no puede apreciar la adecuación de sus respectivas declaraciones, según las reglas de la sana crítica racional; pero sí puede controlar el aspecto racional del juicio sobre la prueba.

Ello significa que respecto de la motivación de la interpretación de la percepción que tuvo lugar en el juicio puede haber en principio, control mediante el recurso de apelación; el juzgador puede creerle a un testigo más que a otro, pero debe decir por qué lo hace y esta fundamentación es pasible de control.

También lo relativo a la observancia de las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos de las deducciones que el Tribunal formula a partir de la prueba -infraestructura racional de la formación de la convicción- es revisable mediante este recurso.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que la postura de este Tribunal es conteste con la que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha afirmado "(l)o único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación.

Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral.

Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento.

Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta. 20/9/2005).

SEGUNDA CUESTIÓN:

El Sr. Fiscal de Grado se ha agraviado en relación a la valoración de la prueba que efectuó la Magistrada en la sentencia recaída en autos que concluyó con la absolución de la imputada, pues considera que de la totalidad de la prueba producida en la audiencia de debate oral y pública exhibe que la conducta desarrollada por la encartada Iglesias consistió en ofertar sexo en forma ostensible en un espacio público no autorizado, es decir, en un lugar localizado frente a viviendas, establecimientos educativos o templos o en sus adyacencias.

Por otro lado, sostiene que la resolución cuestionada confunde el término "ostensible" con "escandaloso" que el tipo contravencional del art. 81 del código de fondo no requiere. Así, exigir los requisitos que pretende la sentenciante implica apartarse del bien jurídico protegido por la norma, ya que aquélla no tutela la tranquilidad pública sino el buen uso del espacio público.

En primer lugar, cabe examinar el análisis efectuado de la prueba por la Magistrada de grado. Así, de la lectura de la sentencia impugnada surge que, primero, describió los testimonios de los preventores policiales Santiago y Guerra, quienes fueron contestes en manifestar que su accionar obedeció a una orden de la Fiscalía Contravencional en la que se ordenó extraer vistas fílmicas ante posibles hechos tipificados en el art. 81 del CC, el día 6 de octubre de 2006.

Luego, definió el término "ostensible" requerido en la norma como complemento de la conducta de ofertar sexo, la que debe manifestarse o mostrarse en forma clara, patente, u obvia en lugares públicos no autorizados.

Seguidamente, analizó el acta labrada a la imputada la que fue reconocida por los preventores policiales actuantes y los testigos convocados al efecto -Chiesa y Arribas-.

Tras ello, plasmó el testimonio del agente Santiago quien expuso que conoce a Iglesias de la zona y que, el día de los hechos, observó a la supuesta contraventora en la esquina de Méndez de Andes y Caracas de esta ciudad, en momentos en que se aproximó una camioneta.

Ante ello, refiere que la mujer se acercó al vehículo y ascendió, todo lo cual fue filmado por personal a su cargo, quienes, luego de unas cuadras de trayectoria, detuvieron su marcha para identificarlos, convocando a dos testigos para labrar el acta respectiva.

Asimismo, el oficial policial describió como se encontraba vestida Iglesias, reconociendo que estaba vestida acorde con la época. Finalmente, agregó que no escuchó ninguna conversación entre los actores.

Asimismo, el testigo Guerra -preventor actuante- fue conteste con el testimonio precedentemente expuesto. Respecto de las declaraciones de los testigos Lojo y Udrizard -vecinos del lugar- cabe destacar que reconocieron que conocen a la encartada de la zona, toda vez que con frecuencia la ven cerca de su vivienda, y escuchan el precio y nombre del hotel. Agregan que les molesta que se realice ese tipo de actividades cerca de su domicilio dado que tienen hijos menores de edad.

Finalmente, la Magistrada valoró la filmación incorporada como prueba en la que expresa que de la visualización de la cinta se puede observar a tres mujeres paradas en una esquina con sus celulares en la mano, y luego se corta la reproducción hasta el momento en que Iglesias se acerca a la camioneta y dialoga con el conductor, concluyendo con la persecución del vehículo.

Por tales razones, respecto de la filmación sostiene que no puede considerarse como elemento de cargo alguno para subsumirse en el tipo contravencional en cuestión, pues sólo se visualiza a tres mujeres paradas y luego una de ellas se sube a un automóvil.

Así, concluye que la prueba resulta insuficiente para tener por acreditado el hecho ocurrido el día 6 de octubre de 2006, y no puede sostenerse que aquél se haya manifestado en forma clara, o con gestos, gritos, bocinazos o que algún testigo haya escuchado alguna conversación de transacción o exteriorización que permita tener por acreditado el suceso con el grado de certeza que requiere una sentencia condenatoria.

Ahora bien, sobre esta base el Tribunal concluye que asiste razón a la Magistrada de grado, toda vez que la prueba producida en el debate oral y público sobre el hecho investigado no alcanza para desvirtuar el estado de inocencia que pesa sobre la encartada.

Si bien los vecinos del lugar manifestaron conocer a la supuesta infractora, dado que en ocasiones anteriores habían escuchado transacciones de tipo sexual con conductores de automóviles, y que con frecuencia la ven parada cerca de su domicilio a la espera de algún cliente; en relación al evento de fecha 6 de octubre de 2006, no aportan algún dato relevante.

De esta manera, considerar la comisión de la contravención sobre la base de actitudes previas o apariencias físicas, sería avanzar sobre un derecho penal de autor, prohibido expresamente por el art. 13 inc. 9 CCABA.

Por otra parte, cabe destacar que el suceso traído a conocimiento de esta Alzada de fecha 6/6/2006 no se practicó de manera "ostensible" requisito exigido por el art. 81 del código de fondo, pues la norma no restringe la sola oferta de servicios sexuales, como corolario del art. 19 CN, sino aquélla oferta y demanda de servicios sexuales que se desarrollen con aquella modalidad.

En el caso analizado, del video agregado a las actuaciones y de las restantes pruebas incorporadas al debate, sólo puede deducirse que la imputada estaba vestida acorde a la época, hablando por celular y parada en una esquina, razón por la cual no puede considerarse acreditada aquella exigencia normativa. Además, es dable resaltar que la propia ley establece que en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "(s)i la ley emplea determinados términos, la regla de interpretación más segura es la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador" (CSJN "Rossi Sarubi, Maximiliano José c/Cielos del Sur S.A. y otro s/ daños y perjuicios", del 16/4/1998).

Asimismo, es dable mencionar que la conducta contenida en el art. 81 CC sólo está reprimida en la medida en que afecte de algún modo el espacio público, bien jurídico protegido por la norma (art. 81 CC). Así, cabe considerar que en el tipo tienen cabida todos los elementos que fundamentan el contenido material del injusto (sentido de prohibición).

Es decir que está llamado a esclarecer el bien jurídico que el legislador ha contemplado como sentido de la norma, los objetos de la acción relevante, el grado de realización del hecho injusto y las modalidades de ataque que han de comprenderse. En él se describe la materia de la prohibición, pues el legislador ha de expresar la totalidad de los elementos que integran el contenido de injusto (Jescheck, Hans, "Tratado de Derecho Penal. Parte general", vol I, pág. 334, Barcelona, 1981, ed. Bosch).

Por tales razones, no podemos concluir que la encartada haya consumado un mal uso del espacio público al estar parada en una esquina, hablando por celular y con ropa acorde a la época, pues de la contrario incontables ciudadanos se verían en riesgo de ser objeto de la imputación prevista en el art. 81 CC, aún cuando no se vincule esa acción con el ejercicio de la prostitución y apenas refleje una conducta común propia de este tiempo.

La coexistencia de personas en una ciudad debe basarse en el respeto y la tolerancia de todos los habitantes a fin de que ningún derecho menoscabe a otro, dado que la aglomeración de gente lleva inevitablemente a conflictos que deben resolverse de manera armónica.

Esta interpretación del alcance de la prohibición, debe ser limitado jurisdiccionalmente, ya que "es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, y en casos no expresamente contemplados debe preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas" (CSJN, T. 317, P. 674 de fecha 16/6/1994).

Por último, y sin perjuicio de que de la lectura del expediente pueda concluirse que Iglesias se dedica a la prostitución -actividad no penalizada en sí misma por la legislación nacional ni por la normativa de la ciudad de Buenos Aires-; y más allá de resaltar que, según las constancias del informe socio-ambiental obrante a fs. 72/73, Verónica Carola Iglesias es el sostén de su hogar, madre de varios hijos, que habita en una habitación de alquiler, con escaso nivel de instrucción, y una situación económica comprometida, circunstancias que nos llevan a inferir que la actividad que practica se ve forzosamente ligada a la situación social que la rodea. Así, aplicar una sanción en este caso en particular agravaría las adversas circunstancias que ya de por sí pesan sobre la nombrada.

Por ello cabe concluir, con relación a los agravios sustentados en cuestiones probatorias, que la Juez ha apreciado los elementos de juicio incorporados a la causa conforme las reglas de la lógica, de la psicología y la experiencia común, que deben guiar el razonamiento, constituyendo la pieza impugnada una unidad lógico jurídica en la que la conclusión absolutoria aparece como una derivación razonada de los presupuestos fácticos considerados, lo cual llevará a su confirmación.

Por todo lo hasta aquí expresado, el Tribunal, RESUELVE:

Confirmar la sentencia impugnada, obrante a fs. 124/132, del 23/4/2007 en cuanto absuelve a Verónica Carola Iglesias en orden a la contravención prevista por el art. 81 de la Ley 1472, relativos a la imputación de haber ofertado en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados, el día 6 de octubre de 2006, por la que fuera motivo de acusación fiscal (art. 81 Ley Nº 1472 y 14 CPC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí: