Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1946-03-20


Tucumán, julio 10 de 1945.

Vistos: El recurso interpuesto con motivo de la sentencia recaída en la causa "Provincia de Tucumán v. Unión Cañeros Azucarera Monteros por expropiación del Ingenio y Refinería Ñuñorco", y considerando;

Que dispuesta por la Intervención Federal a Tucumán la expropiación de la fábrica y refinería azucarera de la sociedad demandada, el a quo convocó a las partes a la audiencia que prescribe el art. 6º de la ley de expropiación general, oportunidad en que la expropiada impugnó el decreto de expropiación, conviniéndose con el poder administrador en que se le correría vista de esas observaciones. Evacuado ese traslado, el juez de la causa decide notificar a los interesados que previamente resolverá las impugnaciones propuestas, y sin objeción de partes las decide por sentencia de fs. 63 contra la cual la expropiada interpone recurso de inconstitucionalidad que es concedido para ante la Corte (inc. 1º, art. 20, ley de organización).

Las cuestiones planteadas, a saber son: Recurso interpuesto y competencia del tribunal; Falta de autorización por el Gobierno Nacional para ordenar la expropiación por decreto; Falta de utilidad pública; Posesión arbitraria tomada por el expropiante; Contravención a la ley nacional de Bancos; Retrocesión; Indemnización insuficiente; Costas.

A la 1º cuestión. - Que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto y concedido en mérito de la garantía constitucional invocada y que somete a la expropiación a la previa declaración de utilidad pública calificada por ley del poder competente para dictarla. Como el art. 122, Const. Prov., e inc. 1º, art. 20, ley de organización, confiere a esta Corte competencia en grado para conocer en los recursos contra las sentencias dictadas en causa en la que hubiérase controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos sobre intereses regidos por la Const. Prov., corresponde señalar que se trata, no propiamente de una cuestión regida específicamente por la Const. Prov., sino reglada por la conocida garantía de la Const. Nac.; en virtud de esta modalidad, no correspondería entender por este concepto. Pero, atento las expresiones amplias del escrito de apelación y a las circunstancias de la causa, el recurso debe entenderse opuesto con motivo de todas las cuestiones resueltas por la sentencia. Y considerando en este último sentido, que la Corte también es competente (inc. 2º, art. 20) para entender en los recursos contra las sentencias definitivas de los jueces letrados en lo civil y comercial en los juicios ordinarios en que se ventilan bienes o sumas de dinero cuyo valor excede de $50.000. Si bien el juicio de expropiación es de los especialmente reglamentados, las partes le han ordinarizado de común acuerdo, y la sentencia recaída ha de considerarse que tiene carácter definitivo, pues afecta la posición del juez en el proceso, el procedimiento no podía renovarse, pone fin a las cuestiones principales del pleito, haciendo imposible su continuación. En cuanto al valor de los bienes ventilados es evidente que excede la cantidad límite legal.

A la 2º cuestión. - Que la expropiada impugna el acto por los siguientes motivos: el único gobierno reconocido como competente es el Poder federal o central, cuyas facultades no pueden extenderse a sus representantes en las provincias, motivo por el cual y cuando el interés público exige realizar actos del resorte de las legislaturas locales, los interventores deben recabar autorización del Gobierno Nacional, como lo reglamentó este mismo, según comunicaciones que hizo públicas en agosto 2/943 y ratificó en abril 3/944, autorización que no se solicitó en este caso, ni se concedió, pues el interventor era interino, con reemplazante ya designado, resultando arbitraria su decisión de expropiar por un simple decreto administrativo.

Al primer motivo, que la propia expropiada no desconoce la facultad del Gobierno Nacional, admitida también por decisiones judiciales, y cuyo título no puede ser discutido con buen éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social (acordada de la Corte Suprema de la Nación en junio 7/943). Obsérvase, únicamente, que el interventor de Tucumán, representante de aquel Poder y cuyas facultades emanan del mismo, no asume las funciones esenciales del gobierno local para desempeñarlas de modo arbitrario, sino de conformidad con las instrucciones y directivas dadas a conocer por el Poder central y que en este caso no fueron observadas con daño para el derecho privado que se invoca.

Considerando que el propio poder administrador no ha desconocido, antes bien y al contestar el escrito de impugnaciones reproduce y trascribe las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional a los interventores federales con fecha agosto 2/943 y ratificadas por nota 120 de abril 5/944 a saber: "Que en materia de acción legislativa, el Gobierno Nacional tiene las facultades que le han sido reconocidas por la Corte Suprema de la Nación en la acordada de fecha junio 7/943; y las que surgen de la doctrina asentada por el mismo tribunal con motivo de la discusión sobre la constitucionalidad de los decretos leyes expedidos durante la presidencia del general José F. Uriburu (comp. Fallos nov. 15/933; mayo 23/934; marzo 25/936 y abril 17/937) y sería absurdo que mientras se reconoce y admite la facultad legislativa del Gobierno Nacional, se resolviera la paralización total de la acción legislativa en las 14 provincias. Que no obstante que los actuales gobiernos provinciales son, como el Gobierno Nacional, por definición, transitorios, la situación preanunciada sería a todas luces incompatible con los propósitos de mejoramiento social y de bien público expuestos por el gobierno revolucionario. Que en consecuencia, debe reconocerse a los actuales interventores federales el ejercicio, dentro del territorio de la provincia donde desempeñen el poder, de las mismas facultades que tiene el actual Gobierno Central en el orden nacional. No obstante, esta facultad se encuentra coordinada por el Min. del Interior, ante quien de conformidad con instrucciones impartidas, debe presentarse para su aprobación previa todo decreto que legisle sobre asuntos no considerados por las leyes provinciales o que signifique una modificación en las ya existentes. Holgaría decir que, a juicio del Min. del Interior, los principios precedentemente expuestos, no autorizan el uso arbitrario ni siquiera inconveniente de las facultades legislativas que se reconocen a los interventores federales. Según un principio universalmente admitido en la doctrina y la jurisprudencia: la emergencia autoriza el uso del poder; no crea el poder. La situación de emergencia que actualmente autoriza y justifica que los mandatarios que ejercen el poder en las provincias hagan uso de las facultades legislativas que normalmente corresponden a los gobiernos provinciales, legitima el uso prudente de ese poder que debe contemplar, desde luego, en primer término y con razón primordial, si existe o no una verdadera situación de necesidad pública o de manifiesta conveniencia de bien común que exija la reforma legal" (escrito del poder administrador de fs. 54, vta. a 55 vta.).

Esa autorización del Poder federal en las actuales circunstancias institucionales aparece también, sea expresamente prevista o mencionada como concedida en diversos actos del Gobierno local y comunicados oficialmente a la Corte: (decreto-acuerdo 13/81 de setiembre 13/943) relativo a inembargabilidad de rentas municipales y en el cual se expresa: que en las actuales circunstancias los comisionados nacionales tienen en las provincias las facultades que sus respectivas Constituciones acuerdan a los poderes legislativo y ejecutivo, con las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional; (decreto-acuerdo de junio 1/944) relativo al proyecto sobre jubilaciones y pensiones remitido al Ministerio del Interior por nota, fecha abril 21 pasado; (decreto-acuerdo de setiembre 7/944) sobre pavimento y ad referéndum del Gobierno Nacional, por cuanto esta intervención no puede darle el carácter de decreto-ley indispensable en las presentes actuaciones, para suplir la omisión del requisito exigido por el art. 2º, ley 1742, omisión en que se fundamenta la ordenanza 876 sin la debida conformidad a que se refieren las instrucciones impartidas oportunamente por el Min. del Interior en cuanto corresponde a las facultades legislativas de la actualidad. Comunicación del Interventor federal en mayo 14/945 y en la que se expresa: Visto que por decreto del P.E.N. Nº 9571/45, éste ha autorizado a dictar un nuevo decreto-ley de contribución directa en sustitución del anterior. Igualmente las publicadas en Jur. Arg., sec. leg., con referencia al Bol. Of., en que figuran los originales: 1944-I, p. 44; 1944-II, p. 347; 1944-IV, ps. 137, 138 y 147.

Y en lo concerniente a la materia específica de la expropiación, el Gobierno Nacional dictó con fecha julio 6 de 1944 el decreto nº 17.920/44 (publicado en Jur. Arg., 1944-IV, sec. leg., p. 69), cuyo art. 2º dispone: Sólo al Poder Legislativo y, mientras éste no se constituya, al P.E.N. corresponde la facultad de declarar, en cada caso, la utilidad pública de los bienes sujetos a expropiación.

Considero que se somete a decisión de la Corte el amparo de un derecho privado que se dice ilegalmente desconocido por violación de las formas estatuidas para garantizarlo: materia propia de la competencia judicial.

Que la expropiada, como queda expuesto, concreta esa violación a la falta de oportuna autorización del Poder central a su delegado en esta provincia para haber dictado el decreto de mayo 20/944.

Al segundo motivo, que si bien el decreto de expropiación de fecha mayo 20/944 no menciona esa autorización del Poder central, éste ha ratificado el referido decreto, según consta en el Bol. Of. de la República Argentina, nº 15.203, de junio 2/945, p. 5, en los siguientes términos: Vistas estas actuaciones por las que la intervención federal de la Prov. de Tucumán solicita la aprobación de los decretos por los cuales (entre otros) se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles e inmuebles que constituyen la fábrica y refinería Ñuñorco: Ratifícase el decreto dictado en fecha mayo 20... etc., publicación que reproduce el Bol. Of. de Tucumán nº 10.843, p. 4042, las que el tribunal tiene a la vista.

Considerando que en la especie median las siguientes circunstancias: causa juzgada en primer grado y pendiente de apelación mientras concurre una ley nueva aplicable en el caso.

Que esa ratificación expresa del P. E. N. suple el acto de carácter legislativo que la propia expropiada afirmaba como inexistente y exigía como necesario.

Que la expropiada no puede invocar derecho irrevocable adquirido, pues una simple demanda no confiere sino un derecho en expectativa y al que únicamente una sentencia definitiva puede conferir el carácter irrevocable de la cosa juzgada y que una ley nueva no podría alterar (C. C., art. 4º).

Que por el efecto devolutivo del recurso de apelación pendiente, la integridad de la cuestión queda sometida al fallo del tribunal, como si ella estuviera recién planteada. La expropiación, por otra parte, no se perfecciona sino por efecto de la sentencia. No cabría objetar que el fallo debe considerar los supuestos en el momento de la introducción de la instancia para apreciar el derecho de las partes, pues el acto de carácter legislativo ya referido tiene una evidente finalidad práctica y retroacciona a ese momento. El acto ya mencionado no dispone para el futuro y es evidente que tanto su texto, como su espíritu, abarcan todo el pasado. Por la naturaleza de sus disposiciones, los precedentes que le han motivado y la materia de su objeto, actúa sobre los actos anteriores y determina las condiciones de su legalidad.

Que ese acto superviniente del P.E.N., ha subsanado la llamada convalecencia del negocio jurídico que se suponía originariamente inválido.

Al tercer motivo, que por las comunicaciones oficiales cursadas al poder judicial se justifica que el interventor federal, y su ministro secretario de despacho, firmantes del decreto de expropiación, estaban en ejercicio de sus funciones: nota 154 de abril 18/944; nota 180 de mayo 2/44 y nota 201 de mayo 12/944, y no habían sido reemplazados.

A la 3º cuestión. - Que el decreto de expropiación ratificado en los términos transcritos, se funda, precisamente, "en la autorización legislativa que ya en el año 1923 se prestó al poder administrador para apoyar financieramente una sociedad cooperativa en el Dpto. de Monteros, provocando un movimiento social interesante, introduciendo las posibilidades de una mayor justicia y de una más íntima y perfecta armonía social; finalidades que decidieron posteriormente la cooperación financiera de la provincia por intermedio de la Caja Popular de Ahorros, porque la explotación de la fábrica por los propios cultivadores y en su beneficio era una exigencia implícita impuesta por el legislador para la ayuda de la provincia".

Considerando, en primer término, que fijado el carácter legislativo del decreto impugnado, es de doctrina y práctica reiterada que el poder judicial no puede sustituir su propio criterio al legislativo sobre utilidad pública, pues se reconoce que esa atribución corresponde al poder colocado en situación lo bastante elevada como para apreciar los intereses generales del país, el estado de sus recursos, las necesidades de su industria, comercio o agricultura, y todos los elementos de que se compone la declaración de utilidad pública (fuentes del C. C., art. 2511).

Que la letra y espíritu de aquel acto no admiten duda sobre tal calificación. También se ha juzgado que no es indispensable una declaración expresa de utilidad pública, si ella resulta implícita y sin lugar a dudas posible de las disposiciones legales.

Que en tales supuestos no cabe recurso contra la declaración del decreto cubierta ya, por la ratificación del gobierno nacional y en las circunstancias políticas actuales, la objeción de exceso de poder opuesta a dicho decreto.

Que en el supuesto extremo y aceptado por la doctrina, que la revisión judicial de la calificación de la utilidad pública procede cuando es manifiestamente contraria a las limitaciones constitucionales, el tribunal no encuentra en los supuestos analizados motivos que le obliguen a considerar como desnaturalizado el sistema legal de garantías.

A la 4º cuestión. - Que el art. 4º de la ley de expropiación local establece: "La expropiación no se perfecciona mientras no haya sido entregado, o judicialmente consignado, el precio de la indemnización. Sin embargo, en caso de urgencia habrá derecho a la ocupación desde que el P.E. consigne, a disposición del propietario, el precio ofrecido, quedando ambos obligados a las resultas del juicio, como se dispone más adelante".

Que el decreto de expropiación lleva fecha mayo 20/944 -fecha también del boleto de consignación- es decir, inminente a la iniciación de la zafra, y consideraba la circunstancia que la Caja Popular debía dirigir sin solución de continuidad la explotación de la fábrica y proyectar la organización futura y definitiva.

Considerando que contra la ocupación inmediata de los bienes de la sociedad el reclamante no opuso medida judicial conservatoria o concreta alguna, limitándose a levantar una protesta por ante escribano público.

Que en presencia del acto nuevo con carácter legislativo, cualquiera declaración resultaría sin sentido, ni finalidad práctica, pues el poder administrador quedaría en situación de renovar aquel procedimiento cuya nulidad no traería aparejado beneficio alguno.

Que la ocupación de los bienes puede preceder a la fijación definitiva de la indemnización.

A la 5º cuestión. - Que la expropiada impugna también el decreto en cuanto incorpora los bienes al patrimonio de la Caja, volviéndola copartícipe de una empresa industrial y con violación de la ley nacional de Bancos y su reglamentación.

Que el dec. regl. de la ley 12.156 (Jur. Arg., t. 58, sec. leg., p. 3) refiérese a todas las actividades desarrolladas en la República que dependen principalmente de la aceptación de depósitos a la vista o a plazo, considerándose Bancos a los de depósito que prestan principalmente al comercio, la industria y la producción, en forma de descuentos y adelantos; a las cajas de ahorros que reciben depósitos a plazo fijo e inviertan sus fondos principalmente en títulos públicos, y a los Bancos pignoraticios. Por el art. 3º (39 anterior) del mismo reglamento, el Banco Central puede exigir, es cierto, el cumplimiento de ciertas garantías ajustadas a la ley y al reglamento, pero esto no convierte a la Caja en Banco propiamente dicho; La Caja Popular de Ahorros es principalmente, por ley de su creación y reformas sucesivas, una repartición oficial emisora de títulos del empréstito interno de conversión y destinado a redimir y transformar la deuda pública de la provincia y tiene, además, como otros fines principales, no el descuento de capitales, sino operaciones de previsión social, préstamos hipotecarios a empleados públicos, hogar propio y seguro hipotecario, y otros como los autorizados por la ley local de marzo 26/927 y destinados al fomento de cooperativa industriales que procuran la solución de problemas sociales y el afianzamiento del bienestar económico de ciertas regiones agrícolas.

Considerando que el impugnado decreto de expropiación no convierte a la Caja Popular en industrial o copartícipe de una explotación comercial. Dice que ella está capacitada, en primer término, para continuar sin solución de continuidad la explotación del ingenio, lo que debe entenderse como simple medida de prudencia, pues la paralización de la empresa habría ocasionado daños irreparables; intervención que se considera de emergencia, porque de inmediato agrégase que, en segundo lugar, la Caja debe proyectar la organización futura y definitiva de conformidad con los altos fines sociales propios de la institución y que motivaron su colaboración originaria. A su vez, el acto posterior del P.E.N. fija un plazo de 60 días para que la Caja someta al delegado federal la respectiva reglamentación.

En tales condiciones no cabría afirmar, como sostiénese por la expropiada que no hay utilidad pública porque la Caja Popular realizaría una gestión patrimonial privada para su propia utilidad como capitalista o accionista de la explotación industrial, porque la utilidad pública no es solamente la que pueda referirse a la generalidad de los habitantes, porque la hay también cuando se tiene en mira un interés restringido a un departamento, una región o lugar determinado. No podría negarse que tal extremo concurre cuando procúrase, como en la especie, un fin social que abarque un mayor número de beneficiarios; circunstancias que justifiquen plenamente la contribución e intervención del Estado. No se trata de proveer un interés meramente privado ni de quitar la propiedad a uno para dársela a otro en su beneficio e interés personal, sino de que la ayuda del Estado y sus fondos públicos no sigan afectados en beneficio de una sociedad anónima, sino de servir el fin público que originariamente se tuvo en mira para la realización de un ensayo social de calidad creadora más integrada, que respondiera a la necesidad de la eficacia colectiva y a la solidaridad del grupo social, ajena al cálculo puramente financiero, y de valoración moral; consideraciones atingentes con las de la tercera cuestión y que agrégase a mayor abundamiento.

A la 6º cuestión. - Que la expropiada propone la retrocesión de los bienes, invocando que el ingreso del activo físico del ingenio al patrimonio de la Caja prueba que el bien no es destinado a los fines del decreto y que la transformación de la Caja en industrial desvirtúa los propósitos esenciales.

Considerando los motivos adelantados el resolver la cuestión anterior y aplicables a la actual.

Que resolver ahora el punto sería anticipar una decisión que debe plantearse en otra oportunidad más favorable para la apreciación de las circunstancias y supuestos de hecho a que refiérese el art. 16 de la ley local de expropiación.

A la 7º cuestión. - Que la expropiada aceptó expresamente postergar la decisión de este punto mientras el a quo resolvía las observaciones a las que se atribuyó carácter previo y sustancial para definir el pleito, y cuya solución podía hacer inútil, tratar precios e incurrir en crecidos gastos periciales.

Considerando que el derecho de defensa de la expropiada queda íntegramente a salvo para ser ejercitado de inmediato en este mismo juicio.

A la 8º cuestión. - Que no corresponde pronunciamiento actual, sin perjuicio de apreciar en la oportunidad complementaria y en definitiva la razón probable que pudo tener la oponente para impugnar el decreto de expropiación.

Por estos fundamentos y concordantes de la sentencia en recurso, se resuelve confirmar la sentencia apelada, que, al no hacer lugar a la impugnación de inconstitucionalidad opuesta, rechaza la defensa de fondo al decreto de expropiación de fecha mayo 20/944.

En cuanto a las costas, este se a lo considerado en la 8º cuestión de esta sentencia. - Juan Heller. - Rafael García Zavalía. - Gerardo Peña Guzmán. - Dardo Colombres Ugarte. - Horacio L. Poviña. - Román Schreier. - Arturo Mendrilaharzu.

Dictamen del Procurador General de la Nación:

En 20 de mayo de 1944 el Interventor Federal Interino de Tucumán, por decreto nº 280, declaró sujetos a expropiación por causas de utilidad pública los bienes muebles e inmuebles integrantes de la fábrica y refinería Ñuñorco, pertenecientes a la "Unión Cañeros Azucarera Monteros Ltda. S. A."; bienes que deberían incorporarse al patrimonio de la Caja Popular de Ahorros de la misma provincia, hasta tanto se dispusiera definitivamente sobre su destino. Al efecto depositó ese mismo día dos millones de pesos en el Banco de la Provincia; y al propio tiempo ordenó tomar la posesión de los bienes aludidos, diligencia que fue cumplida al día siguiente, previa protesta de la sociedad expropiada (fs. 1-4, 5 y 24-27).

Dos semanas después, el mismo gobierno de la Intervención inició juicio de expropiación ante los tribunales ordinarios de Tucumán, ofreciendo por concepto de precio la expresada suma de dos millones (fs. 6-8). Celebrada la audiencia de práctica, Unión Cañeros Azucarera Monteros Ltda. S. A., sin aceptar dicho precio por conceptuarlo insuficiente, impugnó la validez de la expropiación fundándose en las siguientes razones (fs. 28-44) a) Inexistencia de ley que calificase la utilidad pública.

b) Ilegalidad de la posesión tomada directamente por la provincia con uso de fuerza pública y sin orden de juez alguno.

c) violación de las disposiciones de la ley nacional nº 12.156 al entregar a un banco -de tal calificaba a la Caja Popular de Ahorros- la propiedad de los inmuebles expropiados y el derecho de participar directamente en la fábrica y refinería Ñuñorco.

Consta a fs. 62 que el a quo conceptuó necesario dilucidar con el carácter de previas tales cuestiones, dejando para resolución ulterior la relativa al monto de la indemnización, si llegare el caso de contemplarla; y a fs. 63-66 aparece su fallo, contrario a las pretensiones de la parte demandada. Habiendo tenido dicho fallo confirmación en segunda instancia (fs. 120-128), viene ahora el caso a conocimiento de V. E., por vía del recurso extraordinario concedido a fs. 137, recurso cuya procedencia emerge claramente de la naturaleza de las cuestiones debatidas y resueltas en autos.

¿Tuvo facultades el Sr. Interventor Interino de Tucumán para declarar necesaria la expropiación del ingenio Ñuñorco por razones de utilidad pública? En primera instancia, sostuvo la parte demandada que a tal efecto hubiera sido necesaria una autorización del P. E. de facto nacional; mas, como lo hace notar la Corte Provincial, desde que dicho poder ratificó en 19 de mayo del cte. año el correspondiente decreto de la Intervención (Bol. Ofic., junio 2 de 1945), desaparece con ello la base del argumento. Ahora ¿entraba en las atribuciones del Ejecutivo de facto, nacional, suplir por decreto la falta de ley? A este respecto, la jurisprudencia de V. E. es terminante: en principio, e ínterin se restablezca el Congreso, un P. E. constitucional o de facto, sólo puede ejercitar válidamente aquellas funciones legislativas que la urgencia haya hecho impostergables; cuestión de hecho, librada en todos los casos al recto criterio de la Corte Suprema Federal. Hago notar, no obstante, que tal cuestión sólo fue introducida claramente en segunda instancia, pues, como queda dicho, ante el juez sólo se negó validez al decreto nº 280 por haber carecido el Interventor de la autorización del P. E. nacional para dictarlo; lo que se explica, porque la ratificación de éste último se produjo meses después de dictado el fallo del juez.

Acerca de si las autoridades provinciales pudieron tomar posesión del ingenio Ñuñorco sin pedirla al juez, la respuesta es fácil: únicamente hubieran podido hacerlo en el caso previsto por el art. 2512 del Cód. Civ., o sea, necesidad a tal punto imperiosa, que hubiese hecho imposible esperar los resultados de forma alguna de procedimiento judicial. "Así, en una ciudad en estado de guerra, una orden del jefe del pueblo, y aun en caso, de urgente necesidad, del jefe de las tropas, basta para autorizar la demolición de un edificio", explica el Codificador. La cuestión es asimismo de hecho, y como tal, librada a la apreciación de V. E. A este respecto, en 182:15 y muchos otros casos concordantes, aparece sólidamente sustentada la doctrina de que dicha urgencia debe hacerse valer "dentro del juicio de expropiación, y después del depósito de la suma en que el expropiante estimara el valor del bien -arts. 17 y 31 de la Const. Nacional y 2511 del Cód. Civ.- ya que el art. 2512 del mismo cuerpo de leyes se refiere a circunstancias en que sea imposible alguna forma de procedimiento por causa de guerra, incendio, inundaciones, etc.". Y en 184: 273 y 516, resolvió V. E. que el haberse deducido juicio de expropiación y en éste, obtenido orden de juez para la toma de posesión después de haberla tomado administrativamente, no liberaba al expropiante del pago de los perjuicios causados en el intervalo. No encuentro que en este caso se pidiera tal orden al juez; y a ese efecto me permito recordar el antecedente que emerge del fallo 199:210, aun cuando allí sólo recayó pronunciamiento sobre la jurisdicción.

Resta ahora lo relativo a presunta violación de la ley de Bancos en cuanto ello pudiera significar se entregue a un banco, inmuebles o intereses de los que dicha ley conceptúa ajenos al servicio bancario. A este respecto, el a quo ha hecho notar que la circunstancia de encomendarse provisionalmente a una institución provincial -la Caja Popular de Ahorros- hacerse cargo de los bienes expropiados mientras se decide en definitiva de su destino, mal pudiera afectar a la procedencia de la expropiación, desde que la ley 12.156 no establece la nulidad jurídica de tales actos. Violada la ley de Bancos, la única consecuencia legal de tal violación a los efectos de este litigio sería que el Banco Central, si lo creyese pertinente, negara a la Caja Popular de Ahorros la calidad de institución bancaria, o, en su caso, le aplicase las multas allí previstas.

No es la Caja sino la Provincia quien expropia, paga y adquiere el bien.

En consecuencia, y evacuando la vista corrida a fs. 141, opina que la invalidez de la expropiación sólo resultaría procedente si a juicio de V. E., no mediaran razonables motivos de urgencia para que el Interventor Interino de Tucumán adoptase por vía de decreto, medidas que normal y constitucionalmente corresponden a la jurisdicción del Poder Legislativo y del Judicial. - Setiembre 29 de 1945. - Juan, Alvarez.

Buenos Aires, marzo 20 de 1946.

Considerando: Que el recurso extraordinario interpuesto a fs. 133 fúndase en que: 1º la utilidad pública, determinante de la expropiación fué calificada por decreto y no por ley, violándose con ello el art. 17 de la Constitución; 2º que la incautación del bien cuya expropiación se ha demandado, realizada por la Provincia sin orden judicial, importa allanamiento de la garantía de inviolabilidad de la propiedad y en suma una confiscación; 3º que el Ingenio fue ocupado sin previa indemnización; 4º que el precio posteriormente consignado es irrisorio y no constituye indemnización; 5º que no existe verdadera utilidad pública; 6º que al expropiarse el Ingenio a favor de la Caja Popular de Ahorros, institución bancaria, se viola la Ley Nacional de Bancos nº 12.156; 7º que el Interventor carecía de atribuciones para disponer lo que dispuso.

Que debe examinarse en primer término el agravio relativo a la falta de ley calificativa de la utilidad pública. Sobre el particular no es una y la misma la fundamentación desenvuelta al contestar la demanda y la que se hizo valer en la segunda instancia. En la primera oportunidad la validez del decreto que declara de utilidad pública la expropiación del Ingenio fue atacada porque dicho acto de la Intervención no había sido autorizado por el Gobierno de hecho nacional, único facultado, en las circunstancias de excepción creadas por la remoción revolucionaria de las autoridades legales, para declarar la existencia de utilidad pública. En la segunda, -fs. 83-, se agregó la impugnación de las atribuciones del Gobierno Nacional, sosteniéndose no haber mediado en el caso los motivos de necesidad o urgencia indispensables para el ejercicio válido de facultades legislativas por parte de los gobiernos de hecho. Esta última cuestión constitucional, tardíamente introducida, -pues razón ninguna de hecho ni de derecho impedía plantearla al contestar la demanda-, debe desecharse.

Que respecto al planteamiento originario de la cuestión a que se está haciendo referencia, se observa que el decreto del Interventor declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el ingenio Ñuñorco fue dictado sin la autorización previa del Gobierno Nacional que la resolución del 2 de agosto de 1943, estableciendo las instrucciones a que debían ajustarse los interventores, mandaba requerir cuando éstos consideraban necesario apartarse de las leyes de las provincias por ellos gobernadas. Cuál sea el alcance institucional de estas instrucciones en orden al juicio que debe hacerse de las facultades de los interventores, y aun cuál sea el de estas últimas, -con prescindencia de las instrucciones mencionadas-, en orden al ejercicio de funciones legislativas, no tiene que ser dilucidada en este caso porque el acto del Interventor fue ratificado por el Gobierno central por decreto del 19 de mayo de 1945. Con ello la cuestión se ha convertido en la de saber si el Gobierno central estaba o no facultado para declarar la existencia de la utilidad pública de que se trata y que según el art. 17 de la Constitución debe ser calificada por ley, y subsidiariamente, en la de saber si la ratificación convalidó el acto del Interventor. Pero puesto que la atribución legislativa del Gobierno nacional de hecho, no fue puesta oportunamente en tela de juicio, según quedó explicado, sólo queda en pie lo relativo a los efectos de la ratificación sobre un litigio promovido y fallado en primera instancia antes de ella, cuestión procesal y de derecho común exclusivamente librada a los jueces locales -arts. 67, inc. 11, y 105 de la Const. Nacional- que no da lugar al recurso extraordinario -Fallos: 190, 597; 194, 56 y 284.

Que la precedente conclusión hace que deba desecharse también el fundamento relativo a la carencia de atribuciones del Interventor. Si ha de partirse de que el acto del Gobierno Nacional que ratificó el decreto de la Intervención del 20 de mayo de 1944 debe tenerse en el caso por ejercicio válido de la facultad legislativa de disponer una expropiación por causa de utilidad pública, sea que el fundamento de que se está tratando se refiera al carácter interino del Interventor, -cuya condición de tal al dictar el decreto de expropiación no se desconoce-, sea que aluda a los límites de las facultades de los interventores, aquel punto de partida priva a la alegación de fundamento. Tanto más cuanto que en la contestación de la demanda no se desconoció que durante el gobierno de hecho la facultad legislativa del Gobierno Nacional alcance a los órdenes provinciales.

Que el recurso se funda también, como se indicó al principio, en que al incautarse del inmueble sin orden judicial ni previa indemnización el Gobierno de la Intervención lesionó la garantía de la inviolabilidad de la propiedad e incurrió en una verdadera confiscación. Es cierto que la ocupación se realizó sin orden judicial, antes de que el juicio de expropiación fuera promovido y sin que se alegara la existencia de una circunstancia de excepción de la especie de las que menciona el art. 2512 del Cód. Civil, puesto que no lo es el retiro de la personería jurídica a la sociedad propietaria del Ingenio, decretado el día anterior; pero uno sería el significado de esta grave irregularidad tratándose de una acción judicial con la que se recurriera a los remedios posesorios que la ley acuerda para resguardo de la ocupación y el goce de la propiedad, -acción susceptible de resolverse en indemnización de daños si una posterior expropiación resultara procedente-, y otro el significado que tiene la invocación de ella en el juicio de expropiación cuando el expropiado no ha opuesto a la ocupación interdicto ni acción posesoria alguna. Promovido el juicio de expropiación y consignado el precio que el expropiante ofrece, la ocupación es en principio procedente. Vale decir que, en orden a la oportunidad y la forma de la ocupación lo que en el juicio de expropiación cabe invocar al amparo de la inviolabilidad de la propiedad es el incumplimiento de los requisitos legales establecidos por la respectiva ley de la materia, que son los que reglamentan el ejercicio del derecho de propiedad en tales circunstancias. Pero el juicio relativo al cumplimiento de estos requisitos, tratándose de una expropiación regida por una ley local, es privativo de los jueces locales y no puede reverse en el recurso extraordinario mientras no se alegue que las disposiciones legales aludidas son incompatibles con disposiciones de la Constitución Nacional.

Que lo argumentado sobre el carácter irrisorio del precio ofrecido y consignado es también cuestión ajena al recurso extraordinario por la doble razón de que se trata de una apreciación de hecho que corresponde al tribunal de la causa privativamente, y porque esa estimación, realizada al sólo objeto de acordar la posesión al expropiante, no es la sentencia definitiva que requiere el art. 14 de la ley 48 para que el recurso extraordinario sea procedente (Fallos: 201, 52).

Que si bien el juicio sobre la utilidad pública, propio del legislador, no es absolutamente irrevisible, el único de los fundamentos que invoca la expropiada para impugnarlo en este caso susceptible de examen por parte del Tribunal, que es el de tratarse de una expropiación dispuesta para beneficio privado de la Caja Popular de Ahorros y, en todo caso de la Provincia, pero tan privado en uno como en otro supuesto, -pues los demás van dirigidos contra las razones de bien común en que se funda el decreto del 20 de mayo de 1944, las cuales no pueden ser, en principio, revisadas por los jueces pues mientras el propósito sea de utilidad pública la apreciación de ella, acertada o errónea, es, por su naturaleza, función propia del poder administrador-, debe desecharse porque según resulta claramente de los términos del decreto no se expropia para la Caja Popular, ni es ésta la que expropia, sino que lo hace la propia Provincia para obtener el cumplimiento de los fines sociales previstos por las disposiciones legislativas que se citan en los considerandos y que, en síntesis, consistían en poner una fábrica a disposición de los cultivadores de caña para que la explotaran en su propio beneficio. El propósito de utilidad pública es patente y el decreto manda que mientras la Caja Popular continúa la explotación proyecte la organización necesaria para obtener el cumplimiento del fin social indicado.

Que en cuanto a la invocada violación de la ley federal de Bancos, Nº 12.156, tampoco autoriza en el caso el recurso extraordinario porque, como lo observa el Procurador General y acaba de expresarse en el considerando precedente, no expropia la institución bancaria "Caja Popular de Ahorros" sino la Provincia de Tucumán y, por consiguiente, es ajeno al juicio de expropiación lo que concierne al modo cómo el gobierno provincial se propone alcanzar los fines de utilidad pública que la han determinado. Por esta razón que decide el punto sin requerir interpretación alguna de la ley de bancos, y no obstante contener la sentencia recurrida consideraciones relativas a la condición de la Caja frente a las disposiciones de dicha ley, el recurso extraordinario no es procedente sobre el particular.

Por estos fundamentos y atento lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, se declara improcedente el recurso extraordinario concedido. - Antonio Sagarna - B. A. Nazar Anchorena - F. Ramos Mejía - T. D. Casares.