Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de abril de 2007, se reúnen en acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Sala III, Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a fin de tratar la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad deducido por la defensa oficial a fs. 308/325 vta.

Y VISTOS:

El co-titular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nro. 3, Gerardo Lionel Ghirsfeld dedujo recurso de inconstitucionalidad (art. 26, inc. 4 de la Ley 7; art. 53 de la Ley 12; arts. 26, 27 y sgtes. de la Ley 402) contra el fallo de esta Sala de fs. 289/298, en el que se revocó lo decidido por el Sr. Juez de primera instancia en cuanto absolvió al Sergio Daniel Richichi y se dispuso el reenvío a primera instancia para que se realice un nuevo juicio (ver fs. 308/325 vta.).

El Sr. Fiscal de Cámara, al contestar el traslado conferido a fs. 328, sostiene que corresponde declarar admisible el recurso, conforme a los fundamentos contenidos en su dictamen de fs. 329/331 vta.

Y CONSIDERANDO:

A los fines de analizar la admisibilidad del recurso, corresponde circunscribirnos a los requisitos formales y sustanciales previstos en la Ley 402, que habilitan la intervención del Superior Tribunal.

I. Requisitos formales:

De conformidad con lo previsto en los arts. 27 y 28 de la Ley 402 el recurso deberá interponerse en un plazo de diez días, contra la sentencia definitiva y ante el Tribunal que dictó la resolución, mediante escrito fundamentado.

El recurso en análisis fue interpuesto el 1 de marzo de 2007, es decir a los nueve días de notificada la sentencia obrante en autos a fs. 289/298 vta, conforme se desprende de la notificación de fs. 301 y vta., por lo que corresponde considerarlo interpuesto dentro del plazo legal.

Asimismo, la presentación en análisis fue deducida contra la sentencia dictada por este Tribunal y deberíamos considerar si, toda vez que no se trata de una resolución que pone fin al proceso, existen razones suficientes para considerar que se trata de una resolución asimilable a sentencia definitiva.

El Tribunal Superior de Justicia ha dicho al respecto que "...existen reglas constitucionales de garantía que exigen una valoración anticipada mientras este en curso el procedimiento penal, pues su propio texto así lo requiere (conf. Clínica Fleming s/ rec. de inconst. concedido en "Clínica Fleming s/art. 52 CC - incidente clausura-apelación", expte. nro. 1215/01 Res. del 19/12/01) e hizo referencia a las garantías del ne bis in idem y de juzgamiento en plazo razonable, por lo tanto, se impone, a fin de decidir la recurribilidad de la sentencia dictada, analizar si se encuentra vinculada con las garantías constitucionales señaladas.

II. Requisitos sustanciales:

1) El Sr. Defensor sostiene, en primer lugar, que el Fiscal carece del "derecho al recurso" contra una sentencia absolutoria ya que el recurso ha dejado de ser un mecanismo de contralor para convertirse en una garantía procesal del condenado, interpretación que extrae del art. 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo texto señala "...toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por una ley".

Por lo tanto, la sentencia de este Tribunal violaría garantías dispuestas en los Pactos Internacionales (art. 8, inc. 2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14, inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

2) Afirma el Ghirsfeld que con este actuar se está imponiendo una consecuencia jurídica más grave que la dispuesta en la sentencia originaria, atentatoria de la prohibición de la "reformatio in pejus" y se habilita una instancia de persecución más extensa que la instancia acusatoria, con la posibilidad de un nuevo despliegue de potestad punitiva, violando el principio de bilateralidad y de "igualdad de armas" (art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).

3) El reenvío dispuesto por este Tribunal, según entiende el recurrente, afecta el principio de "ne bis in idem" y los principios de progresividad y preclusión, ya que so pretexto de salvaguardar la garantía de la doble instancia, se vuelve atrás en el procedimiento, habilitando un "regressus in infinitum", lo que afecta el plazo razonable (art. 33 de la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22 y art. 8.4 de la Convención, art. 14.7 del Pacto art. 10 de la Constitución de la Ciudad de la CABA y art.8 de la Ley 1472 y el art. 51 de la Ley de Procedimiento), ya que si la prescripción de la acción está prevista a los dieciocho meses, dicho plazo debe ser considerado como razonable para la duración del proceso (42 del Código Contrav.).

4) En consecuencia la violación del debido proceso se manifiesta a través de la vulneración del principio ne bis in idem (art. 14, pto. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14, pto. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), la duración del proceso (art. 8, pto. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14, pto. 3, inc. "c" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos), defensa en juicio y reformatio in pejus (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 8.1 de la Convención Americana y del art. 14, pto. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos) y el modelo acusatorio (art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).

5) Consideramos que los argumentos brindados por el Sr. Defensor, aún sin compartirlos, constituyen solo parcialmente un caso constitucional que logre habilitar la vía de revisión del Tribunal Superior de Justicia, toda vez que cuestiona una sentencia que no reviste carácter de definitiva y sólo puede ser asimilable a ella a partir de un análisis en torno a algunos de los agravios invocados.

En primer lugar, el ordenamiento contravencional carece de una norma restrictiva para la interposición del recurso de apelación por parte del Fiscal, como sucede en la materia delictual, ya que el art. 50 de la Ley 12 informa "La sentencia es apelable dentro de los cinco días de la notificación, mediante escrito fundado. Las actuaciones se elevan de inmediato a la Cámara".

En consecuencia, la afirmación efectuada por el Sr. Defensor acerca de que el Fiscal carece de "derecho al recurso" consiste en una interpretación posible pero no vinculante ni obligatoria para este Tribunal, quienes sostenemos que las prohibiciones para ejercer la vía recursiva deben ser expresas y no inferirse de lecturas efectuadas a contrario sensu de ordenamientos de alcance general.

En igual sentido a lo afirmado, el art. 432 del CPPN (art. 6 de la Ley 12) dispone que "...cuando la ley no distinga entre, las diversas partes, todas podrán recurrir...".

Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia ha afirmado al respecto que la concesión bilateral del recurso de apelación rige en el ámbito contravencional y sin restricciones, en base a la división de poderes, la igualdad en la aplicación de la ley y la supremacía constitucional (ver TSJ sent. del 19 de julio de 2006 en autos "Lemes, Mauro Ismael s/Infr. art. 189 bis CP - Apelación - s/rec. de inconst. concedido").

6) Lo mismo sucede con el argumento acerca del plazo razonable y el lapso tomado en cuenta para la prescripción de la acción (art. 43 de la Ley 12), ya que si bien coincidimos con el recurrente en que debe respetarse un plazo razonable, no encontramos relación entre el tiempo transcurrido en el proceso y el art. 43 de la Ley 12, más aún cuando existen razones que justifican el reenvío ordenado.

Por otro lado, adviértase que este Tribunal ha dispuesto la remisión de las actuaciones a otro magistrado a fin de que efectúe un nuevo análisis del caso, valore las pruebas aportadas y dicte una sentencia. Por lo tanto, sostener que existe una reformatio in pejus resulta apresurado ya que no es posible anticipar el resultado de su decisión.

Repárese que el juicio a desarrollarse se encuentra limitado a las pruebas oportunamente ofrecidas en el requerimiento de juicio y, en este contexto, tampoco representa un agravamiento del riesgo para el imputado, en tanto se intenta la reiteración de actos procesales que resultaron inválidos.

7) La decisión de efectuar un nuevo debate encuentra fundamento en la arbitraria valoración y apreciación de la prueba, junto con la subsunción en derecho efectuada por el Sr. Juez a-quo.

En consecuencia, no puede afirmarse que exista una reconstrucción histórica que haya quedado firme y, por lo tanto, no existe más alternativa, a fin de asegurar una correcta fijación de la plataforma fáctica, que efectuar un nuevo juicio idéntico al primero, en resguardo al principio de inmediación, conforme lo ha sostenido reiterada doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado en casos análogos al presente (CSJN in re "Alvarado", "Verbeke" y "Rivarola").

8) Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Mattei" que informa que "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece (Conf. Fallos 297:486; 298:312; 305:913; 306:1705; etc.) queda limitada cuando establece que "...sólo mediante una declaración de nulidad fundada en la inobservancia de alguna de las formas esenciales del proceso es posible retrogradar el juicio por sobre actos ya cumplidos, mas sólo en la medida de la nulidad declarada..." (Fallos 321:3398).

Conforme la doctrina sentada en "Tarifeño", la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las formas sustanciales son la acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos 116:23; 119:284; 125:268; 127:36; 189:34; 272:188; 306:1705 entre otros), y sólo operaría la preclusión cuando estos actos son cumplidos en debida forma, obteniendo efectos jurídicos, extremo que no acontece en autos.

Adviértase que las revisiones efectuadas en este sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se alejan de la supuesta preeminencia de la preclusión sobre actos con deficiencias formales y se han centrado en analizar si los actos señalados como viciados eran tales y, por lo tanto, eran capaces de atraer la nulidad de los aspectos del proceso sobre los que recaían estas deficiencias (ver Carrió, Alejandro "Garantías Constitucionales en el Proceso Penal", Editorial Hammurabi, págs. 524/525).

Las faltas señaladas, en cuanto brindaron una fundamentación aparente y contradictoria a partir de un análisis inconsistente de la prueba producida consiste una violación a la regla de la sana crítica que la descalifica como acto jurisdiccional válido e impone la nulidad de lo actuado conforme los arts. 398 y 404, inc. 2 del CPPN (art. 6 de la Ley 12).

Tal como señaló la CSJN en autos "Verbeke", la interpretación laxa y automática del principio de preclusión atentaría contra el instituto de la nulidad misma, reconocido por todos los códigos procesales.

Por el contrario "...dado que la sentencia anulada carece de efectos, no puede decirse que al dictarse una nueva haya dos fallos que juzguen el mismo hecho, pues hay sólo uno que puede considerarse válido..." (Fallos 312:597).

Por lo expuesto, consideramos que no se encuentran afectadas las garantías constitucionales señaladas al respecto por el Sr. Defensor.

9) Un análisis diferenciado merece el reenvío ordenado por el Tribunal, en tanto también origina los agravios expresados por el Sr. Fiscal cuya presentación de fs. 329/331 conserva características cercanas a un desistimiento de la acusación.

Consideramos que el reenvío efectuado resulta respetuoso de las garantías consagradas en los pactos internacionales que contemplan la doble instancia en tanto el recurso debe ser analizado por un juez o tribunal superior, en especial, teniendo en cuenta los lineamientos del art. 53 de la Ley 12 en cuanto habilita la posibilidad de una primera sentencia de condena dictada por los jueces de Cámara.

En efecto, resulta necesario que un juez de la anterior instancia analice las pruebas, fije los hechos y dicte una sentencia que sea susceptible de ser analizada por un tribunal superior, en resguardo al principio del doble conforme y de inmediación (art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), manteniendo el espíritu de la organización jerárquica que establece para el Poder Judicial el art. 107 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 7.

Por lo tanto, lejos de violar las garantías señaladas, se propicia la efectiva actuación jurisdiccional en los límites legalmente previstos que habilitan la posibilidad de ejercer el derecho al doble conforme con mayor intensidad, extremo que no podría perjudicar de manera específica al imputado que, de todas formas, debe afrontar el proceso.

Tal decisión, asimismo, tiende a garantizar el derecho al debido proceso, ya que, como afirmara Roxin, la sentencia absolutoria no ofrece garantías acerca de que estén presentes las comprobaciones necesarias y suficientes como para que el tribunal de casación pueda condenar y existe el peligro de que el tribunal de casación funde su fallo en comprobaciones efectuadas incorrectamente o con lesiones a la ley procesal (Roxin, Claus "Derecho Procesal Penal", Ed. del Puerto Buenos Aires, pág. 484).

10) Atento el análisis efectuado, no encontramos acreditada la vinculación de las garantías señaladas con lo decidido por este Tribunal sin perjuicio de lo cual, aún sin compartir lo señalado por el Sr. Defensor en torno al principio de "ne bis in idem" se podría inferir que el reenvío dispuesto constituye una instancia de nuevo juzgamiento.

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia señaló "...la garantía no fue edificada para evitar la realización de dos juicios "válidos" contra una misma persona", sino para que las personas sometidas a proceso no queden libradas a una voluntad punitiva estatal ilimitada.." y, en consecuencia, se entendió que la realización de un nuevo juicio habilita un control constitucional porque es susceptible de causar un gravamen irreparable (voto de la Ruiz en el Expte. nro. 3790 "Kin, In Jung s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Kim, In jung s/art. 74 del CC").

Por lo expuesto, entonces, consideramos que debe admitirse en forma parcial el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a fin de que el Tribunal Superior determine si el reenvío efectuado en autos por este Tribunal resulta violatorio de las garantías contenidas en el art. 18 de la Constitución Nacional y art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

11) De conformidad con el acuerdo señalado el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR PARCIALMENTE ADMISIBLE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD presentado a fs. 308/325 vta. (art. 27 Ley 402).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Tribunal Superior de Justicia.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento, en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor oficial contra la sentencia de este tribunal de fecha 13 de febrero de 2007.

1) El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma (arts. 27 y 28, LPTSJ) y se dirige a impugnar una decisión susceptible de causar un gravamen de imposible reparación ulterior desde que somete al imputado a un nuevo juicio, tras la sentencia del que debe ser reputado como el tribunal superior de la causa.

El recurso realiza un relato circunstanciado de los hechos de la causa, reuniendo los recaudos de autosuficiencia que la ley exige.

2) La sentencia recurrida tras considerar que la de la primera instancia adolecía "de errores en su motivación," por lo que resultaba "arbitraria ya que no es una derivación razonada del derecho vigente" (fs. 295 y vta.) entendió que no correspondía a esta "Sala dictar condena, pues ello importaría la posibilidad de una primera sentencia de condena dictada por los jueces de la Cámara, privándose al condenado de recurrir.

Por ello, a fin de no afectar la garantía del doble conforme, dispondré un juicio de reenvío, para que se proceda al sorteo de un nuevo juez de primera instancia que dicte sentencia de acuerdo a derecho, garantizándose de esa forma la imparcialidad del nuevo tribunal..."(fs. 296).

3) El defensor expresó los siguientes agravios: a) que la sentencia omitió todo tratamiento de su planteo respecto a la ausencia de recurso fiscal contra la sentencia absolutoria, que por ser un argumento relevante -dado que se falló condenando al imputado- vicia el fallo; b) que al disponer el reenvío a primera instancia para la celebración de un nuevo juicio retrotrajo el proceso a etapas superadas en violación a los principios de progresividad y preclusión, lo que conllevaría asimismo la violación de la proscripción del ne bis in idem y del derecho a una justicia pronta, así como las garantías al debido proceso, defensa en juicio, reformatio in pejus y afectación al principio acusatorio (art. 13, inc. 3 CCBA) así como constituye una desigual solución a la adoptada por este tribunal en la causa nº 166-00/CC/2005 caratulada: "Tissot, Marta s/art. 83 CC" (fs. 308/325 vta.).

4) El fiscal de Cámara se expidió en el sentido que debía declararse admisible el recurso interpuesto por la defensa, por considerar que lo fue interpuesto en el plazo legalmente previsto por ante el tribunal que dictó la sentencia, mediante escrito debidamente fundamentado y que reunía los requisitos de forma externos exigidos a tal fin.

A su juicio, el límite que obsta la preclusión de la audiencia de debate es la declaración de nulidad por vicios del procedimiento, que es lo que ocurrió al dictarse sentencia en esta causa, por lo que no considera que asista razón a la defensa en el agravio referido a la violación a los principios de preclusión y progresividad.

Sin embargo, señala que encuentra fundamento para declarar admisible el recurso en tanto "resulta incomprensible para quien suscribe que la decisión adoptada por la mayoría de la Sala III sea la realización de un nuevo juicio" cuando pudo haberse evaluado la sentencia en esta instancia conforme la jurisprudencia recaída en "Casal", lo que a su juicio viola el art. 51 de la ley 12 en tanto manda que la sentencia, en caso de declaración de nulidad, sea dictada por la Sala que así resuelve, más aún cuando se puede inferir a su juicio, que los elementos para modificar la absolución están en el acta de debate.

También encuentra debidamente fundamentada la alegación de afectación a la garantía del "ne bis in idem," desde que la decisión de la Sala "so color de salvaguardar la doble instancia, empuja al límite de lo inadmisible el doble riesgo al que intenta someter al imputado".

5) La defensa ha logrado configurar un caso constitucional que torna admisible el recurso interpuesto.

Por una parte, invocó oportunamente el planteo respecto a la ausencia de recurso fiscal contra la sentencia absolutoria fundado en su interpretación de lo dispuesto por el art. 51 de la LPC. El temperamento en definitiva adoptado por el tribunal considera que es violatorio de los arts. 14.5 PIDCyP y del art. 8 2.h de la CADH.

La ausencia de tratamiento constituye agravio constitucional suficiente, por su influencia decisiva en la sentencia.

Si bien es cierto que los magistrados están facultados a prescindir de tratar planteos inconducentes (cnfr. CSJN, in re "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica" del 13/11/1986; idem, in re "Soñes, Raúl c/Adm. Nacional de Aduanas" del 12/2/1987; bis ídem, in re "Pons, María y otro del 6/10/1987; ter ídem in re "Stancato, Carmelo" del 15/9/1989 -LA LEY 1988-C, 493; DJ, 1988-2-934) desde que, precisamente, el acogimiento del recurso fiscal produjo la revocación de la absolución dictada en la instancia de grado no era éste un planteo que pudiera ser calificado como tal.

Por otra parte, el reenvío dispuesto de la causa a primera instancia para la celebración de un nuevo juicio es susceptible de afectar la garantía a ser juzgado en plazo razonable (CS, Mattei).

El hecho que se investigó en esta causa data del 8 de junio de 2005, y conforme la sentencia será sometido nuevamente a juicio, no pudiendo estimarse el tiempo que insumirá que el imputado obtenga una sentencia que ponga fin a la incertidumbre del presente proceso, lo que es pasible de configurar tal tipo de lesión.

Conforme señala el fiscal de cámara el art. 51 de la ley 12, dispone una solución distinta a la adoptada por la sentencia impugnada ante la nulidad decretada.

Por último señala que la decisión se aparta también de la jurisprudencia que surge de la causa "Alberganti" del TSJ para este tipo de casos (sentencia de segunda instancia que decide revocar la absolución dictada en la instancia de grado inferior) que dispone que otra Sala de la Cámara sea la que deba dictar la segunda sentencia -potencialmente- de condena en resguardo de la garantía del doble conforme.

Y por último es susceptible de conculcar la garantía al ne bis in idem, conforme la jurisprudencia surgida del caso "Montero Montero, María Nela s/inf. art. 71 apelación" (TSJ; expte 3739, 9.03.05) en orden a la interpretación del alcance del mismo como garantía contra la exposición al riesgo de aplicación de una nueva pena.

6) Por lo expuesto, y concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara corresponde DECLARAR ADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor de Sergio Daniel Richichi.

Así lo voto.

Causa: Nº 16167-01/CC/2006 "Recurso de Queja en autos Richichi Sergio Daniel s/Inf. Art. 82 Ley 1472".

Endede 2007 se notificó al Sr. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Endede 2007 se libró una cédula. Conste.

Endede 2007 se notificó a Secretaria General de le remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia. Conste.