Proceso penal, violencia de género
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., M.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro en causa Expte. Nº 010/06: L., M.C. p.s.a. Homicidio Simple - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-31

Con respecto a la violencia de género, no puedo dejar de mencionar aquí, pese a no haber sido de aplicación a este caso al momento de dictar el fallo hoy recurrido, pero que sí adquiere hoy relevancia jurídica en la resolución que en esta instancia se pronunciará, puesto que haré referencia a una ley nacional cuya entrada en vigencia ha sido posterior al hecho que se analiza, y por ende, de inaplicabilidad en su momento puesto que obviamente era desconocida por los operadores del sistema; pero que no obstante ello, quiero enfatizar y resaltar su vigencia, puesto que su análisis deberá ser tenido en cuenta en conjunción y armonía con la legislación internacional precedentemente citada para el examen de éste y de los futuros casos de violencia de género que ingresen al sistema de justicia.

Me refiero puntualmente a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (sancionada el 11/03/09, promulgada el 01/04/09 y publicada en B.O. el 14/04/09; reglamentada por Decreto 1011/2010, publicado en B.O. el 20/07/2010); ley que es de orden público, y por tanto, de aplicación en todo el territorio argentino (art. 1).

En su art. 3, se establece expresamente que garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros y en especial, los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones; a la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, garantizando también, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

Asimismo, la normativa que comentamos, en el art. 4 define qué se entiende por violencia contra las mujeres, puntualizando que es: "... toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también, su seguridad personal.

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes". En el art. 5 establece y define los distintos tipos de violencia contra la mujer, dividiéndola en: física, psicológica, sexual, simbólica, económica y patrimonial.

A la violencia física la conceptualiza como: "La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física".

A su vez, define como violencia psicológica: "La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento.

Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación".

En cuanto a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, el art. 6 especifica a la violencia doméstica conceptualizándola como "... aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos.

Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia...".

En idéntica dirección, cabe destacar lo dispuesto por el art. 16, en donde expresamente se establece que: "..los organismos del Estado, (entre ellos el Poder Judicial, este agregado me pertenece), deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y en las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:... inc. d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte ... inc. i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos...".

(Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría)