marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incendio y otros estragos, delito de incendio, daño, calificación legal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Sandoval Colelle, Hernán Darío c/  s/ Infr. art. 186, inc. 1, CP - incendio u otro estrago s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde radicar la presente causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si los hechos descriptos por ambos jueces en la contienda muestran que varios autos fueron incendiados y que el fuego habría sido sofocado por bomberos; y no se refiere un designio en los supuestos autores vinculado con la voluntad de dañar objetos determinados. La figura del art. 183 del Código Penal es aplicable en la medida en que quede descartada una más severamente penada, lo que supone, en el caso, descartar la figura del art. 186, CP. Así, el juez Nacional en lo Criminal y Correccional que ya decretó el procesamiento por delito de daño se encuentra en una etapa más avanzada del proceso y es el juez actualmente activo en el proceso, lo que determina que esta solución suponga un ahorro de esfuerzos. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Amparo ambiental, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Con arreglo al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires quien articula una acción destinada a la protección del ambiente debe dirigir su demanda a obtener una medida que tutele el ambiente en su faz colectiva y ocuparse de alegar y probar cuál es el riesgo o afectación en éste. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Pago de la remuneración, lugar de pago, infracciones laborales, multa administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: SULIMP  S.R.L. s/ SUMARIO - LEY  18695
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Es justificada la sanción pecuniaria impuesta por el Ministerio de Trabajo a la empresa que hace figurar un domicilio de pago diferente del real, pues si bien dicha actitud no ha causado perjuicio a los trabajadores, resulta contraria al fin último de la política legislativa que es la prevención de toda consecuencia dañina emergente del quebrantamiento legal.
Allanamiento sin orden, violación de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: A. C., J.; R. C., A. F. ó C., A. F.; B. A., G. K.; S. B., L. M s/ Homicidio criminis causa y robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-10-06

Es válido el allanamiento de la morada de los imputados sin orden judicial, toda vez que existía una sospecha razonable de que las víctimas estaban en el interior de la habitación, por tanto tal conducta se compadece claramente con la previsión normativa que autoriza el ingreso de la policía a recintos cerrados cuando median razones que hacen presumir que está en peligro una vida, con ajuste a una interpretación razonable y sistemática de lo preceptuado por los arts. 98, 239 y 242, inc. 1º, del Código Procesal Penal (ley 5623). En estos supuestos, y por la natural cesión que debe hacer el derecho a la privacidad frente al derecho a la vida, la conducta de la autoridad está claramente justificada. (Del voto del Dr. Kamada)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Municipalidad, personal contratado, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DI MARZIO, SILVIA FABIANA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 433 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-27

No cabe hacer lugar al agravio referido a la interpretación arbitraria de la normativa aplicable, desde que del mismo surge tan sólo la mera discrepancia con la hermenéutica que efectuaron los sentenciantes en concordancia con reiterada jurisprudencia de esta Corte y del Alto Tribunal nacional al repeler la pretendida aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo nro. 20.744 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 inciso "a" de ésta, que excluye de su ámbito de aplicación -en principio- "a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal".

En efecto: el pronunciamiento de la Corte Nacional señaló que "frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes ... sean de carácter permanente o no, y a la disposición del artículo 2, inciso 'a' de la ley de contrato de trabajo, según la cual dicha ley no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo, es inatendible la pretensión del actor de que su situación se excluya del régimen del derecho público, para regirse por el derecho laboral...", criterio seguido también en por esta Corte local.

Ello, sin perjuicio -se aclara- de la tendencia que también puede observarse en los últimos tiempos, por la cual ciertos aspectos de la relación de empleo público -en particular referidos a pedidos indemnizatorios- se substraen de la competencia contencioso administrativa y se difieren a la justicia laboral ordinaria, tendencia que se verifica, incluso, a nivel legal.

En ese sentido, la ley 11.330 -innovando en este aspecto frente a su antecesora, la 4106- menciona en su artículo 6 inciso "d", como actos excluidos de la jurisdicción especial, a aquellos que "resuelven sobre reclamos de agentes estatales, en materia de accidentes de trabajo", criterio que resulta recepción legislativa del que -por mayoría- había sentado esta Corte durante la vigencia del régimen anterior en las causas "Romiti", "Chamorro" y "Sosa".
Medidas cautelares, medida de no innovar, gobierno provincial, Poder Judicial Provincial, intervención federal, sentencia, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rossi Cibils, Miguel Angel y otros s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Corresponde decretar la prohibición de innovar con relación a aquellas medidas que importen la ejecución del decreto 1447/92 de intervención al poder judicial provincial en tanto el peligro en la demora deriva de los efectos institucionales de imposible reparación por la sentencia definitiva que podría provocar su aplicación.
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vicchio Héctor c/ Campos Freitas María Elisa s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-11

Quien demanda la simulación de un acto jurídico debe aportar la prueba que convenza la verdad de lo que afirma, pero también el demandado debe producir la prueba de descargo pertinente tratando de convencer de la seriedad y honestidad del acto en que intervino.
Dominio público, Administración Pública, poder de policía, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rosario s/ Orden de allanamiento calle Lima (frente a Plaza Chiodi) y Camino de  los Granaderos (a la altura de Palestina). Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 681-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

La sentencia impugnada resulta reprochable constitucionalmente ya que el Tribunal libró una orden de allanamiento, sin prueba alguna de los supuestos que autorizan el ejercicio del poder de policía sobre el dominio público (no se prueba ni mínimamente que lo sea y no se ha dado intervención ninguna previa a los afectados).
Gravedad institucional, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, facultades tributarias, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

No se verifica un supuesto de gravedad institucional si el pronunciamiento cuestionado no ha ignorado en modo alguno la potestad tributaria de la comuna autónoma, sino que, antes bien, se inclinó por hacer lugar a la exención solicitada por la contribuyente actora, establecida en un régimen especial emitido para las empresas prestadoras de energía eléctrica, con la finalidad de no entorpecer el servicio público por ellas brindado, debido al interés general involucrado en dicha actividad. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Quiebra, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERRETO JORGE Y ASOCIADOS  S.A. s/ SOLICITA    QUIEBRA-INCIDENTE    DE    AUTORIZACION  PARA  ESCRITURAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-09

Si bien es cierto que al momento del dictado de la resolución cuestionada regía la Ley 19.551 y sus modificatorias y que en tal virtud de acuerdo a su art. 150 la promesa de venta cedida era en principio inoponible a la quiebra por tratarse el bien inmueble de un local comercial, destino que la propia incidentista reconoce, lo cierto es que de parte de la sindicatura no sólo no ha mediado oposición al mantener una actitud silente al traslado conferido de la demanda, sino que además en ocasión de corrérsele el traslado del memorial expresamente manifiesta que es su opinión que le asiste razón a la solicitante por lo cual, ante tal conformidad manifiesta, surgiendo acreditado el pago total del precio, la posesión pacífica del bien y la suscripción de todos los acuerdos de cesión habidos en fecha anterior al de la cesación de pagos, que, al decir de la Sindicatura es a; 1990, procedía autorizar la escrituración solicitada con relación a la parte proporcional que a la fallida correspondías, pues tal facultad del juzgador no es discrecional sino una investidura que la ley confiere cuando se encuentran reunidos los recaudos y resulta razonablemente equitativa la decisión.
Interpretación de la ley, sueldo anual complementario, licencia por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: S., M. A. c/ A., H. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-26

El tiempo de la licencia por maternidad debe ser considerado tiempo de servicio a los efectos de la liquidación del sueldo anual complementario; pues la previsión del artículo 1 del decreto 1078/84, que establece que el pago se realizará proporcionalmente al tiempo trabajado, sin dudas refiere a casos en que el inicio de la relación de trabajo se produzca en medio de un semestre, o que lo mismo ocurra con la finalización del vínculo, mas no cuando la no prestación efectiva de servicios responde a la licencia de maternidad, máxime cuando el tiempo que dura la licencia por maternidad es considerado "tiempo trabajado" a todos los demás efectos, como la antigüedad, la indemnización por despido, etc.
Indemnización, incapacidad temporaria
Materia: CIVIL
Carátula: Grillo, Claudio Alberto c/ Bedriñana, Roberto Néstor y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-12

Es improcedente indemnizar por los daños psíquicos sufridos por quien fue golpeado en la calle a raíz de una discusión de tránsito, provocándole un trastorno post-traumático, pues se trata de una incapacidad transitoria, siendo necesario que para su resarcimiento una incapacidad permanente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cena, Florentino c/ Boneau o Boineau, José María s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ No. 444-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-07-29

Es un lugar común en la dialéctica jurisprudencial que las cuestiones procesales no entrañan cuestión constitucional que habilite la instancia extraordinaria. Sin embargo, tan categórico enunciado, bien lejos está de mostrar monolíticamente rigidez, si se tienen en cuenta las numerosas excepciones que se filtran por el entretejido de esa directiva, toda vez que el principio cederá si lo resuelto importa agravio constitucional, sea porque medie manifiesta arbitrariedad o porque puede generar una restricción indebida al derecho de defensa y hacer que de se modo se frustre el derecho del justiciable.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Cristian F. - Rodríguez, Mariano s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Extraer presunciones con basamento en un testimonio singular afrenta la prohibición del art. 259 inc. 7 del C.P.P. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, apreciación de la prueba, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M.A.; P., D.J.; M, R. A.; R., R.A.; Z., J.R.; M.., C.M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  -Privación  abusiva de la libertad, daño y otros (Expte: C.S.J. nro. 467 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

No puede tener acogida el agravio del recurrente por la no aplicación -por parte de la Sala- del principio "in dubio pro reo", desde que la alegada duda no tuvo lugar en los Sentenciantes, y tal cuestión - inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa.
Compraventa, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PARNAS PABLO S.C. c/ MARCELA KOFLER Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-23

En materia de compraventa es premisa general que el precio sea cierto, ésto es, determinado o determinable. El primer caso se da cuando las partes, desde el inicio, lo determinan en una suma que el comprador debe pagar; en cambio, el segundo supuesto acontece cuando las partes dejan su determinación al arbitrio de un tercero. Si bien este es el principio rector en materia de compraventa, el mismo no funciona de manera absoluta, sino del modo como las partes establecen su relación vincular.
Acción de amparo, estabilidad del empleado público, denegatoria del recurso, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes, Andrés Lorenzo c/ Estado Provincial s/ / Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-05-15

Reexaminadas la admisibilidad y la procedencia del amparo interpuesto por el profesional de la medicina en contra del Ministerio de Salud de la Provincia, cuyo objeto que se lo reincorpore al sistema de guardias que como médico cirujano cumplía, manifestando haber adquirido estabilidad, pues el contrato firmado en 2011, que se fue renovando automáticamente, excede largamente el máximo de un año previsto en el artículo 8 del Estatuto para el personal civil de la administración pública, cabe señalar que del cotejo entre la fecha de conocimiento del acto que lo dejaba sin guardia, esto es el 04 de abril de 2017, y el cargo de recepción de la demanda, de fecha 22 de mayo de 2017 se advierte que la presentación excede el plazo de quince días, operando la caducidad, brindándole estabilidad al acto que cuestiona, motivo por el cual resulta extemporánea y en consecuencia inadmisible.- (Del voto del Dr. Figueroa Vicario).
Admisibilidad del recurso, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Battos, Damián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-06

La disidencia señaló que el remedio casatorio era admisible en tanto se dirige contra un pronunciamiento que pone fin a la acción e impide que continúen las actuaciones (art. 457 del CPPN), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 458 CPPN), sus planteos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456, incisos 1º y 2º, del Código Procesal Penal de la Nación y se han cumplido los requisitos de tempestividad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código procesal. Dres. Riggi, Gemignani -en disidencia- y Borinsky.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

Declarada la invalidez de una ley local que la Legislatura no había debatido ni aprobado porque había sido sancionada con anterioridad a su creación por el Congreso Nacional como legislador local, el reenvío era una vía adecuada para incitar la actuación de la Legislatura en una materia de su exclusiva competencia, que esta interpretación era compatible con el texto constitucional, que importaba una profundización de la autonomía de la Ciudad y una gradual adecuación del orden jurídico local preexistente a la CCBA. Las leyes dictadas por el Congreso Nacional en su carácter de legislador local deben ser equiparadas a las leyes dictadas por la Legislatura y que por lo tanto corresponde el reenvío en los términos del art. 113, inc. 23 de la CCBA.
Recurso de casación, sentencia, nulidad de sentencia, falta de fundamentación, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: F., E. y P., I. s/ Quiebra s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-12-10

Del simple examen de la sentencia recurrida surge sin hesitación que el Juez que fundamenta el fallo, no evalúa los agravios y/o cuestionamientos expuestos por el recurrente sino que se remite a la lectura íntegra de un fallo anterior a fin de extraer su convicción en el presente; transgrediendo de tal modo las formas sentenciales, que obligan y/o constriñen al sufragante a "fundar" su voto y resolver las cuestiones planteadas en base a los hechos, pruebas y argumentos de derecho ofrecidos por las partes, lo que exige una consideración más desarrollada y profunda de la causa, que una simple remisión a un fallo anterior.
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., S.E. c/ I.C. SA s/ Demanda Laboral (Haberes e Indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-03

Para mayores precisiones he de recordar que "por aplicación del principio "iura novit curia" la facultad de calificar cual es la norma de derecho aplicable, en definitiva, queda reservada al juzgador".
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, establecimientos geriátricos, cuestión de derecho público local, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Roberto y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo - amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

La acción de amparo por la que se reclama la tutela de los derechos a la vivienda y a la salud de quienes se encuentran alojados en una residencia geriátrica ubicada en la Provincia de Buenos Aires no es apta para surtir la competencia originaria de la Corte, pues la materia del pleito no reviste manifiesto contenido federal en tanto según se desprende de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, la actora cuestiona hechos u omisiones de las autoridades provinciales en ejercicio de sus facultades previstas por los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional, por violar derechos protegidos en ella y en la Constitución local, es decir garantías que no son exclusivamente federales sino concurrentes con el derecho público local.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, semáforo, vehículo embistente
Materia: CIVIL
Carátula: Morganti, Alberto Guillermo c/ Aguila Vidal, Hernan Alberto s/ Daños Y Perjuicios (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-10-30

La calidad de embistente o embestido para determinar la responsabilidad en un accidente de tránsito producido en una intersección cuyo paso se regía por señales lumínicas (semáforo) en funcionamiento, resulta irrelevante en tanto no juega la presunción de culpa del embistente, dado que el que tiene luz verde a su favor, no puede imaginarse o presumir que dicha señal será violada.
Debido proceso, defensa en juicio, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRUM  S.A.  DE CERAMICA Y METALURGICA c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. LLOYD BRISBANE s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Para calificar la conducta de las partes o de sus letrados no debe estarse a un criterio meramente objetivo, sino que han de valorarse todos los elementos de juicio que explican el proceder cuestionado, haciendo jugar, si es necesario, un prudente beneficio de duda en favor de quien o quienes puedan ser sujetos de algún tipo de sanción, conforme lo que indiquen las circunstancias del caso, por lo demás, la utilización de términos que podrían configurar un exceso de lenguaje no comporta, tampoco, una extralimitación en el ejercicio razonable del derecho de defensa.
Responsabilidad de los directores, acción individual de responsabilidad, responsabilidad solidaria, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Montero Contreras, Joselyn c/ Petro Gar Combustibles SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-17

Para que opere la acción individual contra los directores (LGS 279), es requisito de admisibilidad que éstos debieron haber causado un daño personal directo de forma dolosa o con culpa grave sobre el patrimonio de los socios o terceros. Ello así, en tanto los efectos del incumplimiento de la sociedad contratante, en el caso, no se expanden a la por entonces administradora, que no resultó ser parte en el "Compromiso de Venta" sino miembro del órgano de dirección y su actuar obligó a la sociedad pero no a ella personalmente. Es por ello que, si bien la codemandada pudiera resultar responsable como administradora frente a la sociedad y terceros por los daños irrogados por su proceder, sólo lo sería de forma solidaria e ilimitada si se acreditara la existencia de un caso de negligencia grave; siendo además necesario acreditar el nexo entre el daño producido y el hecho o la omisión imputable a la directora (Verón, Alberto Víctor, Sociedades Comerciales - ley 19550 y modificatorias, T. 4, Ed. Astrea, Bs. As., 1987, pág. 312).
Accidente de tránsito, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: MIRANDA Fernando R. y Otro c/ Rizzeto Jorge A. s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-07

"Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas, o psíquicas, que afectan la capacidad productiva, o que se traducen en un menoscabo en su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, productivas o no, que el sujeto solía realizar con debida amplitud y libertad".

"Aunque no esté expresamente mencionada en el art. 1086, jurisprudencia y doctrina coinciden en que la incapacidad derivada de un hecho ilícito debe ser reparada por aplicación del art.1068. Por la extensión de la perturbación sufrida, puede ser total o parcial.

Por el tiempo de duración temporal o permanente... Si es transitoria e impide las tareas laborales o productivas, normalmente se indemnizará como lucro cesante, pero es indemnizable la incapacidad temporal en sí misma, aun que no existan lucros frustrados." Al igual que la vida humana .., la integridad corporal constituye otro bien equiparable , por lo que su desmedro es igualmente resarcible, aunque la víctima no realizara actividad alguna.