Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-02


///dad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.- VISTOS: Estos autos a fin de resolver acerca de la habilitación de instancia judicial y, CONSIDERANDO: 1. Que la actora promovió "demanda de revisión de cesantía" contra el Sr. Director del Hospital de Agudos Ramos Mejía y el "Sr. Director de la Secretaría de Salud del GCBA", por la que impugna el dictamen administrativo (informe 8129), "por el cual estaría cesanteada (según párrafos 6 to. y 7 mo.)" y toda otra resolución o informe posterior al mencionado de los cuales no hubiese sido notificada. Asimismo solicita que se la restituya en su puesto de agente médica de guardia del Hospital Ramos Mejía y se le abonen los salarios caídos e indemnizaciones que correspondan (fs. 1/7). Refiere que el día 7 de enero de 2003 se le comunicó que había sido reemplazada por otra médica y que "no [la] querían más en la guardia". En la misma oportunidad observó, asimismo, que se la "había borrado del listado de asistencia de ese día con lápiz corrector". Explica que a fin de "conocer su situación laboral" concurrió al establecimiento con una escribana pública y que el 4 de febrero de 2003 fue notificada de la concesión de su licencia por vacaciones, que cumplió desde el 18 de febrero hasta el 4 de marzo, impidiéndosele a su regreso "el ingreso a [sus] labores". Añade que el 28 de marzo de 2003 se le envió un telegrama por el que se le requiere que se reintegre a sus labores el día 1º de abril, lo que así intentó hacer, negándosele nuevamente "el acceso al mismo de manera vil", por lo que envió un telegrama solicitando se aclare su situación laboral, que fue contestado por una carta documento del día 3 del mismo mes y año, en la que se desconoció su presencia en el lugar de empleo habitual y se la citó nuevamente para el día 8 de abril. 2. Que la Sra. Fiscal de Cámara sostiene que el dictamen jurídico cuestionado constituye la opinión de la Directora General de Desarrollo de Recursos Humanos de la Salud y se encuentra dirigido a la Procuración General de l a Ciudad. En tal calidad, resulta un acto interno de la administración, previo al dictado del acto administrativo, y que no produjo efecto alguno hacia la actora, por lo que no es impugnable en sede administrativa ni judicial. De allí concluye que la acción intentada en los términos del artículo 464 y ss. del CCAyT es formalmente inadmisible (fs. 101/02). 3. Que el día 13 de septiembre de 2004 la actora presentó ante el Sr. Director del Hospital de Agudos Ramos Mejía una nota por la cual solicitó "se [le] informe en perentorio plazo sobre [su] situación laboral de revista", y en la cual expuso que no se le ha permitido "ni llamado para realizar una guardia desde el 08/04/03", sin que se le explicaran motivos (fs. 12/13). Afirmó que "el único error involuntario y que supuestamente diera lugar a esta actitud que hoy injustamente se mantiene contra [su] persona, fue el haber cambiado las 24 horas de guardia del día 24/12/02, con un compañero, tema éste que se encuentra dentro de los usos y costumbres, aceptado p or al Institución a través de su personal jerárquico, a raíz de un cuadro de hipertensión arterial que sufriera [su] señora madre, según los antecedentes que obran en (...) poder" de la administración. Tal presentación dio origen al expediente administrativo 80.573/2004, en el cual consta un pedido de pronto despacho de la actora del día 20 de octubre de 2004 (fs. 50 del expediente administrativo -EA-, que obra reservado en secretaría), una impugnación de "todo lo actuado hasta el presente por el personal médico y la Dirección del Hospital General de Agudos Ramos Mejía" junto a un nuevo pedido de pronto despacho -11 de mayo de 2005- (fs. 62/3) y un informe (8129) de la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud dirigido a la Procuración General de la Ciudad por el que se da cuenta del régimen jurídico aplicable a la situación de la actora (fs. 64, -EA-; fs. 66 de estos autos principales). En tal sentido, se desprende que la última designación como Profesional de Guardia Médica Suplente de la actora se produjo el día 31 de diciembre de 2002, por el término de dos años (fs. 61 -EA-; fs. 65 del principal); y que conforme la Carrera de Profesionales de la Salud (Ordenanza 41.455 y normas reglamentarias) "la designación caducará automáticamente a los dos (2) años de producida la misma, [y que] en el transcurso de dicho período se podrá disponer el cese de funciones con expresión de causa efectuado por autoridad competente". Asimismo se hace saber que el artículo 36 del decreto 1201-MCBA-82, Reglamento del Sector Urgencia de los Hospitales dependientes del GCBA, dispone que "toda ausencia no debidamente justificada o el abandono de la guardia, será causal de cesantía" (fs. 64 -EA- y fs. 66 del principal). Del examen de tales actuaciones administrativas no consta que se hubiese emitido dictamen de la Procuración General ni acto administrativo alguno que resuelva la petición de fondo deducida por la actora. 4. Que, sentado lo expuesto, el texto completo del artículo 464 reza que "contra los actos adm inistrativos que dispongan la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los estatutos o regímenes correspondientes, se puede interponer recurso de revisión ante la Cámara contenciosa administrativa y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires". El recurso previsto, que constituye una acción ordinaria de revisión con plenas posibilidades de debate y prueba, exige tres requisitos: a) la existencia de un acto administrativo; b) que dicho acto disponga la cesantía o exoneración; y c) que se aplique respecto de quien reviste como empleado público permanente, es decir que goce de estabilidad. Dicha norma, por consagrar en alguna medida una limitación al acceso a la jurisdicción -en lo que hace a la doble instancia-, debe ser interpretada de modo restrictivo, sin extender su aplicación a otras situaciones que no se encuentren razonablemente contempladas en ella. Es que, la razón que habilita una vía diversa a la ordinaria e s la urgencia de dar respuesta a la incertidumbre de quien se enfrenta a un juicio en el que pretende la nulidad de un acto que lo separa de la administración definitivamente. En este sentido, la Corte Suprema, refiriéndose al régimen nacional que prevé un recurso directo de similares características, ha sostenido que constituye un procedimiento especial de impugnación de la cesantía que impone un trámite sumario y rápido, cuyo fin es permitir una solución definitiva de la controversia en poco tiempo (conf. CSJN, Fallos 310:2338). 5. Que respecto de los primeros recaudos mencionados para articular la vía intentada por la actora, la existencia de un acto administrativo que disponga la cesantía o exoneración; surgiría de las constancias obrantes en autos que merced a una decisión o actuación material de los órganos estatales, la agente se vio segregada de los cuadros de la administración. Debiendo destacarse que, además efectuó reclamos y presentó sendos pedidos de pronto despacho (fs. 50 y 62/3 del expediente administrativo), que configuraron denegatoria tácita. Por ello, exigir en el caso de autos el dictado de un acto expreso, no sería diferente a admitir que la suerte de la empleada está condicionada a la sola voluntad de la administración de dictarlo, pues la mera omisión bastaría para cercenar la posibilidad de la reclamante de utilizar la vía de la revisión. Por ello, si bien resultaría del estudio de las actuaciones administrativas que no existe hasta el presente respecto de la actora, un acto administrativo propiamente dicho que hubiese dispuesto su cesantía o exoneración, lo cierto y concreto es que el vínculo laboral que la unía al Estado habría sido interrumpido contra su voluntad, en momentos en que su designación se encontraba aún vigente. Finalmente, acerca del último recaudo, la estabilidad, véase que la actora habría sido designada por dos años; no a través de un simple régimen contractual sino por uno especial conforme a la Carrera de Profesionales de la Salud, que establece que "la designación ca ducará automáticamente a los dos (2) años de producida la misma, [y que] en el transcurso de dicho período se podrá disponer el cese de funciones con expresión de causa efectuado por autoridad competente" (Ordenanza 41.455 y normas reglamentarias, ver fs. 66). Ahora bien, si durante el transcurso de ese período sólo pudo disponerse el cese en sus funciones con expresión de causa efectuado por autoridad competente, de ello se deriva, como lógica consecuencia, que durante esos dos años sí posee estabilidad en su cargo. De allí que el Tribunal estime que corresponde habilitar la instancia judicial para la revisión de la situación descripta, mediante la vía del recurso directo ante la Cámara de Apelaciones consagrada en el art. 464 del CCAyT. Lo contrario implicaría poner a quien ha visto su relación laboral extinguida mediante una vía de hecho, seguida de reclamos y luego denegatoria tácita, en condiciones de defensa más desfavorables que quien ha sufrido la misma situación, pero en virtud de un acto administrat ivo, cuyos fundamentos y formalidades puede atacar en procura de salvaguardar sus derechos. Disidencia del Dr. Esteban Centanaro 1. Que por resumir adecuadamente las constancias del caso doy por reproducidos los considerandos 1 a 3 de la posición de la mayoría. 2. Que, sentado lo expuesto, el texto completo del artículo 464 reza que "contra los actos administrativos que dispongan la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los estatutos o regímenes correspondientes, se puede interponer recurso de revisión ante la Cámara contenciosa administrativa y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires" (énfasis agregado). El recurso previsto, que constituye una acción ordinaria de revisión con plenas posibilidades de debate y prueba, exige tres requisitos: a) la existencia de un acto administrativo; b) que dicho acto disponga la cesantía o exoneración; y c) que se aplique respecto de quien reviste como empleado público permane nte, es decir que goce de estabilidad. Dicha norma, por consagrar en alguna medida una limitación al acceso a la jurisdicción -en lo que hace a la doble instancia-, debe ser interpretada de modo restrictivo, sin extender su aplicación a otras situaciones que no se encuentren expresamente contempladas en ella. Es que, la razón que habilita una vía diversa a la ordinaria es la urgencia de dar respuesta a la incertidumbre de quien se enfrenta a un juicio en el que pretende la nulidad de un acto que lo separa de la administración definitivamente. En este sentido, la Corte Suprema, refiriéndose al régimen nacional que prevé un recurso directo de similares características, ha sostenido que constituye un procedimiento especial de impugnación de la cesantía que impone un trámite sumario y rápido, cuyo fin es permitir una solución definitiva de la controversia en poco tiempo (conf. CSJN, Fallos 310:2338). 3. Que, sin adentrarse en el análisis de los restantes requisitos de procedencia de la acción intentada, resulta d el estudio de las actuaciones administrativas que no existe hasta el presente respecto de la actora, un acto administrativo que la segregue de los cuadros de la administración pública, cuya impugnación por parte del agente damnificado habilite la posibilidad de su revisión mediante la vía del recurso directo ante la Cámara de Apelaciones consagrada en el artículo 464 del CCAyT. Así, sin perjuicio del eventualmente necesario estudio acerca de cuáles son las características de su vínculo con el Gobierno de la Ciudad, la administración no ha manifestado -en forma de una expresa decisión que genere efectos jurídicos directos respecto de la actora- su voluntad de extinguirlo. Por tal motivo, de conformidad con lo dictaminado por al Sra. Fiscal de Cámara, la acción intentada resulta formalmente inadmisible y debe rechazarse sin sustanciación. Lo expuesto no implica, por cierto, que la actora acuda por los cauces administrativos y/o judiciales pertinentes en defensa de los derechos que considere vulnerados. Esteban Centanaro Juez de Cámara En virtud de lo expuesto, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal -por mayoría- RESUELVE: 1) Tener por habilitada la instancia judicial, 2) Correr traslado de la demandada por el plazo de diez días (art. 465 del CCAyT) haciéndosele saber a la demandada que las actuaciones administrativas se encuentran a su disposición en la sede de la Secretaría. Regístrese en el libro de sentencias interlocutorias, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho y a la demandada, mediante cédula cuya confección se encomienda a la interesada. Esteban Centanaro N. Mabel Daniele Juez de Cámara Jueza de Cámara (en disidencia) Eduardo Ángel Russo Juez de Cámara