Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73978 . SALA V. AUTOS: "NEGRI ALBERTO C/ ARAUCA BIT AFJP S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" (JUZGADO Nº 54).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

I. Llegan los autos a conocimiento de esta alzada con motivo del recurso de apelación que interpuso la Administración Nacional de la Seguridad Social (a fs. 112/113vta., con réplica de fs. 117/vta.), contra la sentencia de primera instancia que la condena a pagar intereses.

II. Como lo señala la Corte en el caso "Milone": ".aún cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada en el considerando 4º, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura." (9º considerando).

En este orden de ideas si la excepción debe ser objeto de análisis particular e implica una alteración del régimen legal, la obligación de pagar la suma única se constituye con el pronunciamiento judicial, pues frente a los supuestos particulares debe determinarse judicialmente, con lo cual el dies a quo del cómputo de intereses surge desde la mora del deudor, la que quedó determinada con la sentencia, que impone la obligación de pagar la suma única, porque antes no existió causa de la obligación (art. 508 del C.C.). Por ello, propongo modificar la sentencia de primera instancia en cuanto al momento a partir del cual corresponde computar intereses, el que será desde la mora del deudor, la que quedó determinada desde la fecha del pronunciamiento de primera instancia, que constituyó una obligación que con anterioridad no tenía título.

III. Imponer las costas de alzada en el orden causado en atención a la índole de la cuestión planteada en esta instancia (artículo 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.), y regular los emolumentos correspondientes a las tareas realizadas en esta instancia por la representación y patrocino letrado del actor y de la demandada, en el 25% a cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la anterior instancia.

LA DOCTORA MARIA CRISTINA GARCIA MARGALEJO dijo:

Disiento respetuosamente del voto del Dr. Arias Gibert.

1) La señora jueza a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 2 ap. b) de la ley 24.557 y condenó a la ANSES a abonar en un único pago la suma resultante del monto transferido por Arauca Bit AFJP S.A. en concepto de prestación dineraria deducidos los valores que hubiere percibido el actor. Asimismo dispuso que dicha suma devengue intereses moratorios desde el 9 de diciembre de 2.008 -fecha en la cual la AFJP transfirió los fondos remanentes a la ANSES- hasta su efectivo pago a la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. Eximió de toda responsabilidad a Arauca Bit AFJP.

La ANSES consintió en lo sustancial el pronunciamiento de grado, en tanto se queja porque se adicionaron al monto de condena intereses a la tasa activa desde el 9/12/2008 y hasta su efectivo pago. Afirma que la obligada al pago de la indemnización reclamada en autos no era la AFJP ni la ANSES sino la ART y que, por ello, es la aseguradora quien se encontraría en mora en el pago de la obligación indemnizatoria y a quien, a su entender, el actor debería reclamarle el pago de intereses. Cuestiona, también, la tasa de interés fijada en el decisorio de grado y solicita que se aplique la tasa pasiva. Finalmente, apela la imposición de costas dispuesta en origen.

En primer lugar, cabe señalar (dados los argumentos de la apelante, en particular fs. 112 vta.) que así como la ANSES y la AFJP actuaron conforme la normativa vigente según allí se dice, también la ART lo hizo pues se ciñó a las prescripciones de la ley 24.557 -más allá de los reparos de inconstitucionalidad que en algunos aspectos se derivan a partir de los fallos de la C.S.J.N. que así lo han declarado-.

Pero más allá de ello, observo que la señora jueza de 1ª instancia fijó el punto de partida de los intereses en el 9/12/2008 - fecha en la cual se produjo el traspaso de los fondos de la AFJP a la ANSES- por lo que la defensa que ensaya la recurrente en el sentido de que sería la ART quien se encontraría en mora por no haber abonado en un pago único la indemnización por accidente de trabajo y haberla depositado en la AFJP, no resulta suficiente para revertir el decisorio de grado porque lo cierto es que no se le impusieron intereses desde la fecha del infortunio ni desde el momento en que los fondos fueron depositados en la AFJP, sino a partir de que fueron traspasados a la propia ANSES.

En este contexto, si bien la sentenciante fundamentó su decisión -basándose en un dictamen del Sr. Fiscal General ante ésta Cámara-, en que el traspaso de los fondos a la ANSES se efectuó a pesar de no tratarse de uno de los supuestos previstos en la ley 26.425, los argumentos de la apelante que afirma que no tenía opción de entregar el capital en cuestión al beneficiario en un único pago, que no tenía opción de rechazar el capital que antes estaba en manos de la AFJP (ver fs. 112 vta.), y que por imperio de la ley que creó el "SIPA" pasaron de pleno derecho a la ANSES la totalidad de los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados al régimen de capitalización del "SIJP" (ver contestación de demanda, fs. 80) son ajustados.

Sin perjuicio de lo precedentemente señalado, habré de aclarar dada la cita que se efectúa a fs. 108, que en el caso "Jara" llegaba firme a la alzada el argumento de la allí jueza de 1ª instancia con sustento en el dictamen fiscal antedicho y que, por otro lado, en un caso posterior "Rivero, Rafael Antonio c/ Administración Nacional de la Seguridad Social" (sentencia definitiva nº 73.331 del 15-7-2011) dejé sentada mi actual posición (segundo voto de dicha sentencia, que conformó la mayoría al adherirse el Dr. Zas), por la cual me aparté de la postura de la Fiscalía Gral. ante esta Cámara, y -por todas las razones allí indicadas- llegué a la conclusión de que en el marco del art. 7 ley 26.425 (más allá de las controversias a que dio lugar) se dispuso la transferencia a la ANSES de los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241), lo cual abarcaba todo lo así depositado (con la sola excepción de las "imposiciones voluntarias" y/o "depósitos convenidos") y que incluía las integraciones que la aseguradora de riesgos del trabajo o el empleador autoasegurado debían efecuar al saldo de la cuenta de capitalización individual a que hace referencia el art. 91 de la ley 24.241, pues dichos activos pasaron ". a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/07..". Ello coincide con lo expresado por la apelante a fs. 112 vta. y en su presentación de fs. 76 y sig.

Me remito por razones de brevedad a todos los argumentos expresados en ese caso, por lo que para mayor ilustración se agrega una copia certificada de dicha sentencia que deberá considerarse parte integrante de este voto.

De todos modos, lo cierto es que en ese precedente "Rivero" se declaró el derecho del allí reclamante a percibir en forma íntegra y completa la suma que se hallaba en su cuenta de capitalización individual al momento en que aparece en el panorama jurídico la ley 26.425, y se condenó a la ANSES a pagar la respectiva suma de dinero ".con más los accesorios desde el 9-12-2008." o sea la misma fecha que aquí ha sido fijada en 1ª instancia.

En base a todo lo dicho, propicio se confirme lo decidido en origen.

2) En cuanto a la tasa de interés aplicada, no debe perderse de vista por un lado que se trata de un crédito que tiene su origen en la relación laboral y, más precisamente, en un accidente de trabajo (fs. 7) por lo que, sin perjuicio de que pueda entenderse o no que aquella indemnización en juego forma parte del subsistema de la seguridad social, lo cierto es que a los fines de su percepción el accionante transitó por este proceso judicial, que tramitó ante la Justicia Nacional del Trabajo, y esta Cámara invariablemente ha aplicado a partir del 1 de enero de 2002 (y por mi parte lo hice así incluso antes de esa fecha, durante mi actuación como juez de 1ª instancia), la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, en atención a la supresión de la convertibilidad monetaria y las nuevas variables económicas vigentes a raíz del dictado de la ley 25.561, todo ello de conformidad con lo acordado en la Resolución de Cámara de fecha 7 de mayo de 2002 (Acta Nro. 2357), circunstancias por las que no cabe sino desestimar la queja articulada en este punto.

3) En cuanto a las costas, tal como indiqué en el precedente 'Rivero' ".considerando las particularidades del caso . y la notoria influencia que sobre la situación planteada y su resolución tiene la vigencia de la ley 26.425 que modificó sustancialmente y unificó el sistema jubilatorio antes vigente en un único régimen previsional público y motivó la transferencia de los recursos existentes en las cuentas de capitalización individual hacia la ANSES -incluso con el alcance que ha quedado demostrado en el presente caso en relación a las sumas depositadas por una aseguradora de riesgos del trabajo a raíz de un accidente laboral- ." deberían ser impuestas en el orden causado (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.).

4) En atención al resultado obtenido en esta instancia, cabe declarar las costas de alzada en la misma forma. A tal fin, correspondería regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 112/113 vta. y fs. 117/vta., por su actuación en la alzada, en las sumas de $ 1.400 y $ 1.500 respectivamente, considerando el mérito e importancia de cada labor, y los arts. 38 L.O., 14 y conc. L.A.

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Por análogos fundamentos, adhiero al voto de la Dra. García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que ha sido materia de recurso y agravios. 2º) Modificarla en cuanto a la imposición de costas, que se declaran en el orden causado. 3º) Declarar las costas de alzada y regular los respectivos honorarios, como se sugiere en el punto 4 del segundo voto de este acuerdo. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Oscar Zas Juez de Cámara