marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad anónima, capital social, valor nominal, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Colegio de Familia SRL  c/  s/ quiebra c/besio nilda y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Tradicionalmente, se han establecido dos clases de infracapitalización: la sustancial o material y la nominal. Se entiende que hay infracapitalización sustancial o material cuando los socios no dotan a la sociedad de los recursos necesarios para afrontar el giro comercial. Por su parte, la infracapitalización es nominal cuando los socios suministran los recursos para el giro en cantidad suficiente, pero bajo un título diverso del correspondiente a "aporte de capital". Es decir que -en este último caso- los accionistas en lugar de contribuir a la conformación y aumento del capital social hasta los niveles operativos exigidos, utilizando el mecanismo natural que es el incremento en el capital, recurren a proveer los recursos mediante créditos o préstamos por ellos mismos generados a favor de la sociedad de modo que, en caso de crisis, concurso o quiebra, pueden acceder como acreedores al recupero de dichos recursos en lugar de que los mismos queden subordinados al pago del resto de los acreedores sociales, como ocurre con los aportes que han conformado el capital social (Conf. Vítolo, Roque Daniel, "Aportes, capital social e infracapitalización en las sociedades comerciales", Ed. Rubinzal Culzoni, 2010, pág. 401/2). Al respecto, se ha sostenido que, si bien el origen de la distorsión es el mismo -inadecuación de la conformación del capital social a su función específica-, los remedios para prevenir y sancionar la desviación pueden -o quizás, deben- ser distintos.
Procedimiento administrativo, resoluciones, aportes previsionales, uso de automotor propio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROEMMERS S.A.I.C. y C. c/ C.A.S.F.P.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-24

Corresponde confirmar la resolución administrativa por la que se formularon cargos por aportes omitidos contra las sumas abonadas en concepto de pago de gastos de nafta, patente, ACA, estacionamiento, arreglos y todo lo concerniente al mantenimiento de los automóviles del personal jerarquizado de la empresa. Ello así porque, aún cuando los empleados rindieran cuentas con comprobantes de gastos, tratándose de vehículos de su propiedad, como regla ha de afirmarse que los mismos no se encuentran afectados al servicio de la empleadora, razón por la cual pesa sobre ésta la carga de acreditar en que medida dicha circunstancia se verificaba en el caso de cada dependiente, y no pretender que sea el organismo quien acredite lo contrario (art. 377 C.P.C.C.).
Indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, deber de aportar, depósito en sede administrativa, depósito judicial, deducción de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: HERNANDEZ, CASIANO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

El 1,5% correspondiente al fondo de garantía debe ser depositado junto con la indemnización, adicionándolo, pero no corresponde su deducción, tal como se pretende al hacer una incorrecta interpretación del art. 9 de la ley de accidentes de trabajo, modificada por la ley 23643.
Facultades jurisdiccionales, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: VILDOSO AURELIO MERCEDES Y OTROS c/ CHINCUL S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-05-04

El que ataca un acto jurisdiccional busca mejorar su situación en el juicio, y no sería correcto que través de su propio embate se altere el proveimiento en su contra, cuando el agraviado no se opuso o no buscó su reparación. si lo hace, el Tribunal habría excedido su jurisdicción, resultando arbitraria su decisión.
Prescripción tributaria, aplicación de la ley tributaria, pago de tributos, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Claro, Zulema Haydee y otros c/ AGIP y otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

La aplicación del art. 3987 del Código Civil es válido respecto de aquellas obligaciones que fueron objeto de una ejecución fiscal que concluyó con la admisión de una excepción de falta de legitimación pasiva. Esto es así pues se absolvió definitivamente al demandado, por lo que la interrupción de la prescripción causada por esa demanda debe tenerse por no sucedida en los términos del mencionado artículo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Costas, resoluciones apelables
Materia: LABORAL
Carátula: FRACALOSSI HECTOR O. c/ PINDAPOY S.A. s/ INDEMNIZACION  ART.  212  DEL  L.C.T.- RECURSO DE QUEJA POR APELACION  DENEGADA - RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-05

No corresponde el depósito previsto por el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral cuando sin haberse condenado al pago de suma alguna, se aplican costas y se apela solamente de éstas.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MICHALSKI, Héctor R. y OTROS c/ INSTITUTO NAC. DE CINEMATOGRAFIA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-23

Debe hacerse lugar al amparo impetrado declarándose la inconstitucionalidad del decreto 2.736/91 P.E.N.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, trabajador, enfermedades inculpables, afección lumbar, indemnización, prescripción, plazo, interrupción de la prescripción, incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AVENDAÑO, RAMON c/ COOPERATIVA DE CARNICEROS ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 465 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta endilgándole al fallo prescindir del régimen jurídico aplicable al plazo de prescripción de la acción indemnizatoria especial (art. 19 ley 23643) , pues bajo dicha tacha el recurrente disiente con el cómputo del tiempo efectuado por los sentenciantes a fin de declarar prescripta la acción a la luz de la ley 9688 (modificada por ley 23643, art. 19), norma vigente al finalizar el crédito.

En el caso, la Sala tras referir a los requisitos propios del instituto prescriptivo, analiza las constancias de autos, de las que surge que al accionante se le exteriorizaron intensos dolores cervical y lumbar, habiéndosele detectado pinzamientos, dolencias que fueron denunciadas por la empresa ante la autoridad administrativa y aseguradora, como infortunios laborales pasibles de generar incapacidad, y que pese al conocimiento de tal situación, el actor no realizó ninguna conducta diligente tendente a conocer el real estado de su afección en relación a la precisa determinación de incapacidad en grado y porcentaje, apareciendo ello como una conducta omisiva de no obrar a pesar de tener la concreta posibilidad de hacerlo.

En tal orden de ideas, los sentenciantes desestimaron el realizar una interpretación literal de la ley 23.643 por entender que las particularidades de la toma de conocimiento -de "la cognitio"-, la tornarían una acción prácticamente imposible de consumar en el tiempo -lo que no resulta razonable en derecho laboral-; por lo que, habiéndose dado en autos el conocimiento de la dolencia y de denuncia administrativa laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la citada norma, debe entenderse como fecha de consolidación jurídica del daño, al transcurrir un año de la denuncia conforme lo preceptúa el artículo 8, última parte de la ley 23.643.

Y si bien reconoce la Alzada que el artículo 19 de la ley 23.643 dispone que la denuncia administrativa produce la interrupción de la prescripción por seis meses a partir del alta médica por autoridad pública, al no existir la misma , considera justo y razonable computar dicha interrupción a partir del año de efectuada la denuncia, juzgándose prescripta la acción, aún tratándose de enfermedad accidente.
Acción de amparo, legitimación activa, competencia federal, tarifa telefónica, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El carácter de ciudadano que alegue el actor en el marco de una acción de amparo en principio no es suficiente - en el orden federal - para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción, pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que permita considerar al pleito como una "causa", "caso" o "controversia", en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Palma Carlos César c/ Ballex S.R.L. s/ Sumario (LIBRO: S003 - 258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-11-03

El recibo que sólo enuncia un monto sin discriminar rubros y hace solo referencia a una liquidación final en base al art.

156 L.C.T. en concepto de indemnización por vacaciones, sin indicar tampoco los periodos a que corresponde ni los montos parciales respectivos, no cumplimenta los requisistos establecidos en la ley (art. 140 LCT) carece de fuerza probatoria para acreditar el pago como hecho extintivo, sino que el reconocimiento judicial de su firma le otorgue validéz o calidad de recibo si sus constancias fueron impugnadas por el trabajador y la accionada no demostro fehacientemente la veracidad y autenticidad de la imputación del pago.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Allo Ron, Caludio g. y otro c/ Guazzotti, Roberto D. s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-21

La deducción del incidente de caducidad de la cautelar con posterioridad a la promoción de la demanda por la cual se solicitara la medida resolución de contrato impide acoger ese acuse, aún cuando la acción de marras se iniciara fuera del plazo previsto en el artículo 207 del Código Procesal. Es aplicación analógica al caso lo prescripto en los artículos 315 y 316 del Código Procesal (normas generales sobre caducidad), máxime cuando el artículo 207 anteriormente citado requiere para su procedencia que no se haya interpuesto la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

Es fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad consagrado por el art. 19 de la Constitución Nacional.
Pagaré a la vista, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLUMBIA CIA.FIN. c/ RUBEN A. MOYANO Y OTROS s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S125 - 473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-19

El título de crédito librado a la vista, debe ser presentado al pago dentro del plazo de un año de su creación, salvo que ese término haya sido modificado, por el librado o algún endosante, supuestos éstos no acontecidos en el caso que nos ocupa. Pero si el plazo transcurre sin que se haya hecho la aludida presentación, el tenedor no pierde la acción cambiaria contra el aceptante en el caso de las letras de cambio y contra el librador de los pagarés, sólo pierde sus derechos contra los demás obligados.-
Ampliación del embargo, actuación de oficio, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: IKEM, BEN-ABDULRAHAMANI, IBRAHIM-CASTILLO, ELINA s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación de la ampliación de los embargos dispuestos en relación a los imputados.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07

No se ajusta a derecho la resolución que dispuso la ampliación de los embargos, fundada en la existencia de nuevas comprobaciones que indicarían la insuficiencia del embargo decretado sobre los bienes de la imputada para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, puesto que el embargo dispuesto de oficio puede ser ampliado a pedido del actor civil y la modificación de esa medida se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial (Cf. Art. 519 y 520 del CPP), el que establece que la ampliación comporta una sustanciación previa y la responsabilidad solidaria del solicitante, aún cuando, en el caso del fisco nacional, no se requiera contracautela (conf. Art. 199, 200 y 203 del CPCC) (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, sentencia definitiva, resoluciones inapelables, cosa juzgada
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Garrido y Baigorria c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-11-27

Los Estados Parte de la Convención Americana tienen la obligación de implementar tanto a nivel internacional como interno y de forma pronta e íntegra, lo dispuesto por la Corte Interamericana en las Sentencias que a ellos conciernan, sentencias definitivas, inapelables y con efecto de cosa juzgada, que vinculan a todos los poderes y órganos estatales y, que de no ser cumplidas, deriva en ilícito internacional.
Recurso de revisión (procesal), nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso, deserción del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DONATO ALFREDO EDUARDO c/ POLICLINICO PRIVADO MARCOS JUAREZ S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-09

1- El vicio de la arbitrariedad elaborado por la Corte Nacional, admite su tratamiento por la vía del inc. 5, art. 1272, ley 1419 y sus modificatorias, en virtud de la particularidad de dichos dispositivo, que por su contenido permite captar de manera residual a todos aquellos vicios no contemplados de manera específica en el régimen impugnativo extraordinario local.

2- Si cabe la denegatoria de la adhesión en virtud de la anterior declaración de deserción de la apelación por ausencia de expresión de agravios, (ad minori ad maius), más aún debe inadmitirse el acto de impugnación por adhesión, cuando la pérdida del recurso devino de la libre voluntad del apelante, al haber desistido él mismo de la impugnación.
Juicio de desalojo, tercero ocupante, herederos, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: MARIA VICTORIA DEL VALLE MASSOUH c/ MARIA ESTHER RIVERA s/ DESALOJO POR TENENCIA PRECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-07-02

Los herederos ascendientes o descendientes directos del causante entran inmediatamente en posesión de todos y cada uno de los bienes de la herencia; y tanto ellos, como sus sucesores a título singular, tienen derecho a obtener del tercero ocupante la entrega material de los mismos, cuando no hubiere contradicción sobre la posesión, o cuando habiéndola, la invocación de la misma no estuviere apoyada en circunstancias que hicieren verosímil tal invocación posesoria. La vía del juicio de desalojo resulta apta para el efecto se/alado en el punto anterior, dadas las circunstancias se/aladas en el mismo
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Taich, Eduardo Daniel (quiebra) s/ Incidente dilucidación adquirente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

Si se baja el martillo a favor de dos personas, y luego se vende a una tercera, es claro que esa tercera persona no ha comprado en subasta: ha comprado luego de la subasta pública. Si tuvo o no el consentimiento de quienes pujaron es cuestión irrelevante. Los postores que no quieren firmar el boleto no pueden indicar a otra persona para que firme, para eso existe la compra en comisión, que tiene distintos requisitos (art. 582 del CPCC). La compra en comisión es algo bien distinto a lo hecho en este caso. Alguien compra para un tercero, y lo manifiesta en el mismo acto de la subasta (art. 582 citado, según la ley 11.909). En nuestro caso, nada dijeron, y aparece firmando un tercero. Si la subasta y el golpe del martillo no sirven para determinar quién es el comprador, no se ve la diferencia entre un remate y una venta privada.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Warman, Jacobo s/ Lesiones culposas Di Florio, Antonio s/ Lesiones graves Duarte, Miguel Angel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13|1992-11-17|1996-02-06

Resultan extraños al recurso extraordinario de nulidad los planteos referidos al mérito de la prueba.
Obligación de seguridad, contrato de prestaciones médicas, infección intrahospitalaria, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: Salomón Silvia Edith c/ Sanatorio La Entrerriana SA s/ ordinarios daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-05-12

El paciente que asiste a un establecimiento clínico y se interna busca, además de tratamiento para su enfermedad, que se le brinden todas las seguridades que lo pongan a cubierto de las situaciones riesgosas que se pueden presentar durante la internación, lo que configura una verdadera obligación de resultado; estando las infecciones hospitalarias sujetas a un régimen de responsabilidad objetiva basado en la garantía, en virtud de lo cual, no habiéndose demostrado en autos la eximente de la causa ajena, corresponde indemnizar al actor. Si la obligación de seguridad es de resultado la prueba de la eximente debe ser rendida por el accionado, sobre quien pesa la obligación de rodear la prestación del servicio asistencial de todas las medidas de prevención de infecciones para los pacientes.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, intereses moratorios, pagaré a la vista, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lamas Fernando c/ Jorge Udrea s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S145 - 146)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-12-11

Si el acreedor no cumple la exigencia de presentar el título -pagaré a la vista- al obligado sino en la oportunidad del requerimiento judicial, desde este momento deben correr las accesorias
Acción de amparo, interés superior del niño, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Defensoria de los Derechos del Niño y Adolescente c/ W. H. C. P. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-01

En la Provincia de Neuquén: a). La educación es obligatoria para quienes la habitan; b) Desde el nivel inicial hasta el nivel medio. c) Se imparte en los establecimientos de educación de carácter fiscal o particular, siempre que estén sujetos a las leyes y condiciones previstas por ley. d) debe ajustarse a los objetivos establecidos en el Art. 29 de la C.I.D.N. y Art. 110, Inc. b), de la Constitución Provincial
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La declaración de inconstitucionalidad sin que medie petición de parte no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás poderes, ya que dicha tarea es de la esencia de aquél, una de cuyas funciones específicas es la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31) (Disidencia del Dr. Antonio Boggino).
Acción, sentencia definitiva, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bitonte, Oscar Amado c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

Es formalmente improcedente la demanda si una vez interpuesta en los términos del art. 7 del Código de lo Contencioso Administrativo fue luego ampliada contra el acto administrativo dictado posteriormente por la Administración -que pasó así a ser el objeto de la demanda entablada que no constituye la resolución definitiva a que se refieren los arts. 1 y 28 inc. 1 del ordenamiento procesal de la materia, desde que no se ha interpuesto contra el mismo el recurso de revocatoria que permiten los arts. 86 y 89 del dec. ley 7647, agotando así la vía administrativa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho bancario, bancos, responsabilidad del banco, contrato de caja de seguridad, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kapusta, Teodoro y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-18

En los contratos de caja de seguridad, el banco es libre de adoptar los medios que considere más adecuados para efectuar la vigilancia debida, y el locatario no puede censurar la adecuación de esos medios o imponer la adopción de otros. Es sólo "a posteriori", esto es, sólo en el caso de que la caja haya sido abierta por quien no estaba autorizado, o que la integridad externa de ella haya sido adulterada, que esta censura es posible, a fin de contrastar la eventual prueba liberatoria del banco que quiera atribuir al caso fortuito o fuerza mayor (CNCom, Sala B, 26.3.93, "Sucarrat, Gustavo A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA", antes citado).
Procesos especiales, interdictos posesorios
Materia: PROCESAL
Carátula: M., V. c/ A. SAIC y/u Otro s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-26

Los interdictos y las acciones posesorias se acuerdan para tutelar expeditivamente a quien resulte perturbado de hecho en el ejercicio de sus prerrogativas como poseedor o tenedor de la cosa.
Responsabilidad civil, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, culpa civil, presunciones, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Existe una presunción legal de culpa del principal. Llambías ha explicado que aquella no se basa en la existencia en concreto de una negligencia del comitente en la ejecución misma del hecho dañoso, sino que, al tratarse de un daño derivado de la función la culpa del principal no es ajena, sea en la elección del subordinado, sea en su vigilancia, es decir que la culpa surgiría inicialmente en la organización de una función en cuyo ejercicio el subordinado comete después un daño. Para quienes, como Borda, se inclinan por una fundamentación objetiva, la responsabilidad del comitente surge del "...riesgo creado con la delegación de funciones de un tercero...", pues la empresa que crea un riesgo con sus actividades y que obtiene un provecho de ellas, debe asumir los perjuicios que su ejecución ocasione a terceros.

Esta responsabilidad del principal por los hechos dañosos del dependiente, no admite la prueba de la ausencia de culpa, vale decir, es inexcusable.