Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-04


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de abril de 2006.- Y VISTOS: estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 101 y 105/16 vta. contra la resolución de fs. 95/97 vta. y, CONSIDERANDO:. 1. Que el señor juez de grado hizo lugar parcialmente a la excepción de cosa juzgada exclusivamente en lo relativo al daño moral pretendido, e hizo lugar a la excepción de prescripción por los demás rubros que integran el reclamo, con costas a la actora (fs. 95/97 vta.). Para así decidir, consideró que el daño material que pueda haberse producido con posterioridad a la promoción de la demanda deducida en autos "Negruzzi, Edgar c/M.C.B.A. s/reintegro", expte. nº 92.863/89 -tramitados ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 105-, no integró dicho litigio ni fue, por ende, materia de juzgamiento del anterior sentenciante. A similar conclusión llegó respecto del daño psicológico reclamado en autos. Por el contrario, estimó que el daño moral ya fue deducido y rechazado en el proceso tramitado en sede civil, por lo que su introducción y tratamiento en el presente se encuentra vedado por haber recaído cosa juzgada a su respecto, al obedecer a la misma causa. En relación a la excepción de prescripción, el a quo sostuvo que la responsabilidad que se atribuye a la accionada es de naturaleza extracontractual, por lo que el plazo de prescripción es el del artículo 4037 del Código Civil. Asimismo concluyó en que "todos los daños que [el actor] invoca se produjeron o resultaron previsibles con certeza desde hace más de dos años antes de la promoción de esta acción", por lo que encontró operada la prescripción con relación "a todos los rubros en los que no prospera la excepción de cosa juzgada". 2. Que contra lo así resuelto dedujo recurso de apelación el actor (fs. 101 y 105/16 vta.). En síntesis planteó los siguientes agravios: a) que el objeto procesal del presente radica en la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el período posterior a la interposición de la demanda en sede civil (diciembre de 1989) hasta el momento de la jubilación por invalidez del actor (noviembre de 2000). Consecuentemente, como el daño moral aquí reclamado obedece a un hecho generador diferente, no ha operado cosa juzgada a su respecto. b) que se está sin duda alguna frente a un contrato de empleo público efectivamente celebrado ya que ambas partes expresaron su consentimiento, sin que la imposibilidad del actor de retomar sus tareas haya frustrado su perfeccionamiento. c) que por ello no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción breve previsto en el artículo 4037 del Código Civil. Sin perjuicio de ello, tampoco dicho término se encontraría fenecido, ya que debería comenzar a computarse desde el momento en que fue notificado el acto administrativo por el que se acató la orden judicial de reincorporar al actor, esto es el 10 de diciembre de 2002. d) que el daño además de conocido debe ser cierto y que, en el caso, sólo adquirió ese carácter cuando se dictó la sentencia confirmatoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 12 de diciembre de 2001, que extinguió la discusión sobre el tema. e) que como no existe en autos una situación que encuadre expresamente en el supuesto de prescripción breve , debe estarse al plazo de prescripción general decenal del artículo 4023 del Código Civil. f) que si bien la sentencia de primera instancia debería ser revocada, en forma subsidiaria sostiene que las costas se impongan en el orden causado, "ya que la especialidad del tema así lo amerita". 3. Que a fs. 118/124 el Gobierno de la Ciudad contestó el traslado del memorial de la actora. Asimismo, frente la imposibilidad de apelar una sentencia cuyo resultado general le fue favorable y ante la eventualidad de que este Tribunal decidiera revocarla o modificarla, efectuó una crítica de lo decidido en la instancia anterior en cuanto rechazó parcialmente las excepciones opuestas. Sostuvo, en resumen, que: a) corresponde declarar desierto el recurso de la actora por cuanto el escrito se limita a reproducir los argumentos expuestos al contestar el traslado de la excepción en primera instancia. b) no es cierto que lo demandado aquí difiera de lo peticionado en sede civil. Ello por cuanto en tal oportunidad se reclamó -y s e obtuvo- el cobro de pesos correspondientes a indemnizaciones y salarios caídos, la nulidad absoluta e insanable del decreto 174/89 y la reincorporación a la planta permanente de la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en el rubro liquidación se expresa textualmente que "se persigue la reparación integral del daño sufrido". c) no solamente precluye la facultad de renovar las cuestiones planteadas y decididas, sino también la de proponer otras no deducidas y que habrían podido ser introducidas en su oportunidad, lo que sucede en el sub examine. d) el daño psicológico y el moral, más allá del esfuerzo dialéctico intentado, contemplan el mismo objeto aquí y en la demanda civil. e) no existe otra negativa que requiera o merezca una nueva demanda, por lo que en estos autos no se está demandando nada nuevo "sino más de lo mismo". f) no sólo la requerida indemnización por daño moral está alcanzada por la cosa juzgada emanada de la sentencia civil, sino la totalidad de la indemnización reclamada en autos. g) desde que el actor fue apartado de la planta permanente de la ex Comuna jamás volvió a reingresar y como consecuencia de ello el reclamo actual por daños y perjuicios se ubica en la órbita extracontractual. De este modo, la pertinencia del artículo 4037 del Código Civil resulta irrefutable. h) lo reclamado en autos tiene un solo y excluyente origen en el ilegítimo rechazo de la administración al pedido de reincorporación del ex agente. Ese hecho es la causa fuente de los daños y a partir de esa época procede el cómputo de los plazos prescriptivos. 4. Que toda vez que la demandada solicitó que el recurso en trámite sea declarado desierto, previo a toda otra consideración corresponde expedirse al respecto. En el análisis de la suficiencia o no de los agravios debe interpretarse siempre la cuestión con un criterio amplio favorable al apelante. Se trata de una aplicación del principio general que señala que los medios de defensa deben ser de interpretación favorable, con lo que en definitiv a se tiende a preservar el derecho de defensa (cfme. esta Sala al resolver en autos "AMOIA, Rubén Ángel y otros c/GCBA" del 19 de noviembre de 2002, entre muchos otros). Así, ambas salas de esta Cámara han sido contestes en establecer que ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 237 del CCAyT, corresponde efectuar una interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con relación a la fundamentación del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto a la presentación respectiva reúna al menos un mínimo de suficiencia técnica (in re "Staropoli, Santiago c/GCBA s/cobro de pesos s/incidente de apelación s/medida cautelar", Sala II del 14/03/01, y "Fernández, Lucía Nélida c/GCBA -Secretaría de Educación- s/amparo", Sala I del 27/03/01) . La aplicación de tales pautas lleva a desestimar el pedido formulado y en consecuencia, el tribunal debe abocarse al thema decidendum propuesto a su conocimiento. 5. Que en relación al primer agravio formulado por la actora corresponde adelant ar que no podrá prosperar. Es que, acertadamente, el juez de grado declaró operada la cosa juzgada respecto del daño moral que aquí se reclama. Obsérvese que incluso ambas cuestiones han sido planteadas en los expedientes en términos similares. Así, en los autos "Negruzzi, Edgar c/M.C.B.A. s/reintegro" (expte. 92.863/89, tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº105), al fundar el reclamo por daño moral el actor expuso "la frustración de mi reincorporación durante más de 5 años sin explicación alguna, no sólo ha impedido la posibilidad de reivindicar mi buen nombre y honor luego de tantos años, sino que también me ha traído un notorio demérito frente a mis amigos y vecinos" (fs. 66 de tales actuados que para el presente se tienen a la vista). En tanto que, en la demanda que dio origen a este proceso afirmó que "integra también el presente reclamo el daño moral que he sufrido por tener que haber soportado durante tantos años la calificación de culpable, cuando no había cometido acto ilícito alguno y posteriormente haberme rechazado todos los legítimos planteos que me correspondían para hacer cesar ese estado de cosas" (ver fs. 9). Así el daño moral radicaría, según lo señala el propio actor en ambas demandas, en la mortificación que le habría causado una falsa imputación de culpabilidad producto en primer término del acto segregatorio acaecido en tiempos del último gobierno militar y luego de la negativa a su reincorporación tras el advenimiento de la democracia. De este modo, no se advierte -como plantea el recurrente- que el daño moral alegado en el presente obedezca a un "hecho generador diferente" de aquel que ya fuera rechazado en ambas instancias del fuero civil. 6. Que por su parte la demandada plantea que todos los rubros que integran la reparación aquí perseguida se encuentran alcanzados por los efectos de la cosa juzgada que derivan de la sentencia del 12 de diciembre de 2001 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "D" (fs. 546/49 vta. del expediente civil). En relación a este agravio también habrá de confirmarse lo resuelto en primera instancia, por cuanto surge de los términos en que se planteó la litis y ambas sentencias obrantes en los autos tramitados en el Juzgado Civil Nº 105, que los períodos por los cuales fue indemnizado el actor alcanzan al momento de la interposición de dicha demanda. Ello se relaciona asimismo con el hecho que, por razones ajenas al actor, la sentencia favorable obtenida en relación a la nulidad del acto impugnado y la orden de reincorporación a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad, habría devenido de cumplimiento imposible en razón de su delicada situación de salud y su jubilación por invalidez en el año 2000. Resulta obvio que tal circunstancia no pudo ser prevista por el actor al momento de efectuar su primera demanda contra la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1989), por lo tanto no cabe extender hacia ella los efectos de la sentencia recaída en el mencionado fuero de la justicia nacional. Respecto d el daño psicológico la demandada sostiene que "más allá del esfuerzo dialéctico intentado, contemplan el mismo objeto aquí y en la demanda civil". Sobre el particular el Tribunal considera que resulta prematuro, a esta altura del proceso, identificar ambos supuestos, por lo que el rubro en cuestión deberá ser materia de prueba tras lo cual, habrá de expedirse el juez de primera instancia. 7. Que para pronunciarse respecto de lo decidido por el anterior sentenciante en relación a la excepción de prescripción deducida por la demandada, resulta conveniente -dadas las especiales características del caso- determinar en primer lugar el hito temporal a partir del cual debe computarse dicho plazo. Sobre el punto se ha afirmado que la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo impone que, cualquier acción de daños y perjuicios -que puede tener carácter accesorio respecto de la sanción nulidad- deberá iniciarse cuando esa presunción haya cesado, esto es, al declararse la invalidez, por acto administra tivo o por sentencia judicial firme. Es recién a partir de ese momento, en que debe comenzar a computarse el plazo para promover la acción de daños y perjuicios (en este sentido, Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, 5ª ed., p. 293). Por otra parte, con respecto a los perjuicios producidos por los actos que no se reputan ilícitos sino luego de pronunciamiento judicial, es coincidente la opinión que las acciones resarcitorias (...) comienzan a prescribir a partir de que el decisorio judicial que así lo declara pasa en autoridad de cosa juzgada. (Bueres, Alberto J. -dirección- y Highton, Elena I. -coordinación-, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Tomo 6B, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 886). Así, el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo de la prescripción en el sub lite es aquel en que ha quedado firme la resolución judicial que consagró la ilicitud del acto administrativo oportunamente im pugnado. Ello por cuanto, como acertadamente sostiene el recurrente, hasta ese momento no existe un daño resarcible cierto, por cuanto no se ha zanjado la cuestión respecto a la legitimidad del acto productor del perjuicio. En lo que respecta al sub lite, surge de fs. 553/vta. y fs. 554/vta. del expediente civil que las partes fueron notificadas de la sentencia de Cámara que confirmó la decisión del juez de primera instancia, el día 20 de febrero del año 2002, por lo que adquirió firmeza al transcurrir las dos primeras horas del día 7 de marzo del mismo año, esto es al transcurrir los diez días que prevé el artículo 257 del CPCC para la deducción del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. De este modo, habida cuenta de que en estas actuaciones la demanda fue presentada el día 1º de marzo de 2004 (ver fs. 12 vta.), sólo cabe concluir que fue interpuesta de modo oportuno, independientemente de la determinación de los plazos de prescripción alegados por las partes. Por lo tanto, corresponde re chazar la excepción de prescripción deducida por la demandada. 8. Que en relación a las costas de esta incidencia, atento lo solicitado por la parte actora, y en virtud de la complejidad de la cuestión y la existencia de vencimientos parciales mutuos, el Tribunal estima que corresponde imponerlas en ambas instancias en el orden causado. Ello de conformidad con la facultad otorgada por el párrafo segundo del artículo 62 del CCAyT Disidencia del Dr. Esteban Centanaro 1. Que, por cuanto los parágrafos 1 a 3 precedentes resumen adecuadamente las constancias de la causa que resultan relevantes para decidir sobre la cuestión propuesta a conocimiento del Tribunal, cabe darlos por reproducidos a fin de evitar reiteraciones innecesarias. 2. Que toda vez que la demandada solicitó que el recurso en trámite sea declarado desierto, previo a toda otra consideración corresponde expedirse al respecto. En el análisis de la suficiencia o no de los agravios debe interpretarse siempre la cuestión con un criterio amplio favorable al apelante. Se trata de una aplicación del principio general que señala que los medios de defensa deben ser de interpretación favorable, con lo que en definitiva se tiende a preservar el derecho de defensa (cfme. esta Sala al resolver en autos "AMOIA, Rubén Ángel y otros c/GCBA" del 19 de noviembre de 2002, entre muchos otros). Así, ambas salas de esta Cámara han sido contestes en establecer que ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 237 del CCAyT, corresponde efectuar una interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con relación a la fundamentación del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto a la presentación respectiva reúna al menos un mínimo de suficiencia técnica (in re "Staropoli, Santiago c/GCBA s/cobro de pesos s/incidente de apelación s/medida cautelar", Sala II del 14/03/01, y "Fernández, Lucía Nélida c/GCBA -Secretaría de Educación- s/amparo", Sala I del 27/03/01) . La aplicación de tales pautas lleva a desestimar el pedido formulado y en consecu encia, el tribunal debe abocarse al thema decidendum propuesto a su conocimiento. 3. Que en relación al primer agravio formulado por la actora corresponde adelantar que no podrá prosperar. Es que, acertadamente, el juez de grado declaró operada la cosa juzgada respecto del daño moral que aquí se reclama. Obsérvese que incluso ambas cuestiones han sido planteadas en los expedientes en términos similares. Así, en los autos "Negruzzi, Edgar c/M.C.B.A. s/reintegro" (expte. 92.863/89, tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº105), al fundar el reclamo por daño moral el actor expuso "la frustración de mi reincorporación durante más de 5 años sin explicación alguna, no sólo ha impedido la posibilidad de reivindicar mi buen nombre y honor luego de tantos años, sino que también me ha traído un notorio demérito frente a mis amigos y vecinos" (fs. 66 de tales actuados que para el presente se tienen a la vista). En tanto que, en la demanda que dio origen a este proceso afirmó que "integra tam bién el presente reclamo el daño moral que he sufrido por tener que haber soportado durante tantos años la calificación de culpable, cuando no había cometido acto ilícito alguno y posteriormente haberme rechazado todos los legítimos planteos que me correspondían para hacer cesar ese estado de cosas" (ver fs. 9). Así el daño moral radicaría, según lo señala el propio actor en ambas demandas, en la mortificación que le habría causado una falsa imputación de culpabilidad producto en primer término del acto segregatorio acaecido en tiempos del último gobierno militar y luego de la negativa a su reincorporación tras el advenimiento de la democracia. De este modo, no se advierte -como plantea el recurrente- que el daño moral alegado en el presente obedezca a un "hecho generador diferente" de aquel que ya fuera rechazado en ambas instancias del fuero civil. 4. Que por su parte la demandada plantea que todos los rubros que integran la reparación aquí perseguida se encuentran alcanzados por los efectos de la cosa juzg ada que derivan de la sentencia del 12 de diciembre de 2001 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "D" (fs. 546/49 vta. del expediente civil). En relación a este agravio también habrá de confirmarse lo resuelto en primera instancia, por cuanto surge de los términos en que se planteó la litis y ambas sentencias obrantes en los autos tramitados en el Juzgado Civil Nº 105, que los períodos por los cuales fue indemnizado el actor alcanzan al momento de la interposición de dicha demanda. Ello se relaciona asimismo con el hecho que, por razones ajenas al actor, la sentencia favorable obtenida en relación a la nulidad del acto impugnado y la orden de reincorporación a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad, habría devenido de cumplimiento imposible en razón de su delicada situación de salud y su jubilación por invalidez en el año 2000. Resulta obvio que tal circunstancia no pudo ser prevista por el actor al momento de efectuar su primera demanda contra la por entonces Municipalidad de la Ciud ad de Buenos Aires (1989), por lo tanto no cabe extender hacia ella los efectos de la sentencia recaída en el mencionado fuero de la justicia nacional. Respecto del daño psicológico la demandada sostiene que "más allá del esfuerzo dialéctico intentado, contemplan el mismo objeto aquí y en la demanda civil". Sobre el particular el Tribunal considera que resulta prematuro, a esta altura del proceso, identificar ambos supuestos, por lo que el rubro en cuestión deberá ser materia de prueba tras lo cual, habrá de expedirse el juez de primera instancia. Puntos 4, 5 y 6 iguales a los del proyecto de la mayoría. 5. Que, ello sentado, corresponde abordar el planteo de prescripción opuesto por la demandada. Al respecto, cabe poner de resalto que, en tanto se persigue lograr la revocación del pronunciamiento de grado y, con ello, el rechazo de la defensa incoada, el análisis del recurso interpuesto por la demandada conlleva la necesidad de examinar si se presentan los recaudos que permiten decidir una excepción como de previo y especial pronunciamiento. Es que, el carácter de la excepción así deducida queda sujeto, en principio, a la apreciación del accionado, quien por considerarla no manifiesta puede alegarla como defensa al contestar demanda y, en segundo término, al criterio del juez, quien puede postergar su tratamiento, a pesar de que se haya articulado como previa, para el momento de pronunciar la sentencia definitiva (CNCiv, Sala F, 30/10/96, LL, 1997-B, p. 795, 39.343-S). De tal suerte que, como paso previo al estudio del fondo de la cuestión objeto de agravio, ineludiblemente se impone determinar si -a criterio de este Tribunal-ella resulta manifiesta; máxime cuando, una respuesta negativa a ese interrogante ningún perjuicio podría ocasionar a las partes, toda vez que sólo importaría diferir el tratamiento de la defensa articulada para el momento en que obren en el expediente la totalidad de las probanzas ofrecidas por las partes. 6. Que, establecido ello, cabe señalar que la excepción de prescripción, en rigor de verdad, se halla íntimamente vinculada con la existencia del derecho sustancial hecho valer en juicio, de modo que se relaciona en forma directa con las condiciones para obtener una sentencia favorable (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 2001, 2ª ed., p. 375, § 4; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. VI, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990, pp. 130/1, § 750). Por ello, la doctrina judicial es clara al señalar que la excepción sólo ha de considerarse como cuestión de previo y especial pronunciamiento, cuando se trata de un tema de puro derecho; por tanto, deja de serlo -por ejemplo- si el actor invoca un acto interruptivo que debe acreditarse, mediante la prueba respectiva, a fin de verificar hechos a los que se asigna aquella entidad. En efecto; si, opuesta la excepción de prescripción se invocan hechos susceptibles de comprobación y circunstancias a las cuales se les asigna virtualidades interr uptivas del curso de aquélla, corresponde su resolución conjuntamente con la sentencia (CNCiv, Sala C, 29/3/94, LL, 1995-B, p. 187; CNCivCom, Sala III, 3/5/84, LL, 1985-A, p. 576) 7. Que, a partir de ello y teniendo en cuenta tanto la discutida naturaleza del vínculo que habría unido a las partes como que la propia demandante ha ofrecido producir prueba respecto de los extremos en los que ha fundado el rechazo de la excepción (ver, particularmente, punto 2 de fs. 86 vta.), corresponde revocar la decisión apelada y diferir el tratamiento de la excepción de prescripción para la oportunidad en que se emita sentencia. Ello, con costas por su orden, atento la forma en que se decide (arts. 63 y 62, 2º párrafo, del CCAyT). 8. Que, finalmente, atento a que, conforme lo que se decide, el a quo habría adelantado opinión respecto del destino de la defensa opuesta por la demandada, deberán remitirse las actuaciones a la Secretaría General de la Cámara a fin de realizar el correspondiente sorteo del Juzgado por ante el cu al deberá continuar el trámite de este juicio. Esteban Centanaro Por los argumentos expuestos, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada solamente en lo relativo al daño moral pretendido. 2. Rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la demandada. 3. Imponer las costas en el orden causado en ambas instancias (art. 62 CCAYT). Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase. Esteban Centanaro N. Mabel Daniele (en disidencia) Eduardo Ángel Russo