Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-27


BALLEJOS, Idilia Magdalena Elba Fazzio o Fazio de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 216 p 119-128.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "BALLEJOS, Idilia Magdalena Elba Fazzio o Fazio de contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 292, año 1996), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veinte del corriente mes y año. A la primera cuestión: -¿Es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Idilia Magdalena Elba Fazzio o Fazio de Ballejos promueve juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendiente a que se reajuste su haber de pensión en relación al sueldo del activo (con todos los adicionales y/o complementos y/o bonificaciones), que realiza idénticas funciones a las que desempeñó en su momento el causante, restableciendo la debida proporcionalidad y razonabilidad entre éste y el monto del beneficio previsional; con más el "porcentaje correcto de gastos reservados".

Asimismo solicita se le abonen las diferencias resultantes desde el reclamo original en vía administrativa con la retroactividad legal, más la actualización según coeficientes de precios al consumidor, intereses y costas.

Dice que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia le otorgó el beneficio de pensión con relación al cargo de Senador de la Provincia, ejercido por su extinto esposo.

Señala que "en principio", solicitó el reajuste de su haber, reiterando el pedido "en años subsiguientes".

Relata que el 21.10.1992 gestionó ante la Caja la recomposición de su haber por considerar que existía irrazonable proporción entre este y el sueldo del agente activo que ejercía idénticas funciones a las que realizó el causante; y que el 2.11.1993 reclamó el traslado de nuevos incrementos salariales del personal activo.

Luego de narrar los trámites que siguieron sus reclamos hasta agotar la vía administrativa, afirma que el status del jubilado o de su familia se adquiere y consolida a través del acto administrativo que otorga el beneficio previsional, tornándose un verdadero derecho adquirido con carácter de propiedad inviolable, que tiene que guardar estricta relación con lo que hubiera ganado el causante en actividad, en la proporción legal correspondiente; que para el caso es el 75% del 82% del sueldo del activo.

Agrega que el beneficio previsional es una prestación alimentaria sustitutiva del salario, que tiene su basamento legal en el artículo 21 de la Constitución provincial, mediante el cual se asegura la vigencia de jubilaciones móviles, proporcionadas a los incrementos que se produzcan en las retribuciones de los agentes en actividad.

Sostiene que el propósito del recurso y de los reclamos administrativos precedentes es lograr el reajuste de los haberes que se encuentran sensiblemente disminuidos en su porcentaje legal, tornándose en algunos casos confiscatorios por las elevadas diferencias existentes.

Explica que el beneficio previsional consiste en el pago de una suma de dinero que reemplaza al sueldo de quien no puede concurrir al mercado de trabajo; que para mantener la cobertura de esta contingencia, los montos de las jubilaciones y pensiones deben acompañar las variaciones que se produzcan en los sueldos.

Considera que el sistema de movilidad, establecido para mantener la originaria proporción (82%-75%) al momento de adquirir el derecho, al adoptar la modalidad de coeficientes sectoriales está reconociendo la diferenciación de sectores y la jerarquía de sueldos.

Agrega que la técnica mencionada es errónea y debe corregirse, de modo que se respete la razonable proporcionalidad que debe existir entre el haber en pasividad y el del activo.

Entiende que el monto de los haberes previsionales sólo puede ser disminuido para el futuro sin menoscabar el derecho de propiedad cuando existen razones de interés público o beneficios generales, y siempre que no se afecten los porcentajes establecidos jurisprudencialmente.

Solicita, en definitiva, se haga lugar a lo peticionado, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisión del recurso en su aspecto formal (f. 42), comparece la Provincia (f. 48) y contesta la demanda (fs. 51/56).

En dicho escrito, plantea como cuestión previa "excepción por defecto legal en el modo de proponer la demanda" (que fue rechazada a fojas 66/67).

Por otra parte, luego de negar diversas postulaciones contenidas en la demanda, expresa que en el sistema de la ley de jubilaciones el reajuste del haber previsional no depende de la evolución del cargo desempeñado por el pasivo al momento de obtener la jubilación, ni de la remuneración del cargo luego del cese, sino del coeficiente sectorial que fije el Poder Ejecutivo en función de las variaciones de los sueldos del personal en actividad y de los datos que orientan la determinación de los haberes, como correlato de la situación económica y financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Afirma que la excesiva generalidad con que el recurrente plantea la pretensión de reajuste con relación a las asignaciones del activo, le impide determinar si el sueldo de éste se integra con los rubros indicados, si corresponde que sean considerados a los fines de determinar el haber, o si ya han sido trasladados al mismo.

Plantea que a partir de la vigencia de la ley 11.373, el criterio para la determinación de los porcentajes respecto de la razonable proporción debe ceñirse a los parámetros que surgen de la misma ley; la que, además, deberá tenerse en cuenta para fijar los porcentajes de descuento para efectuar la comparación sueldo-haber.

Para el supuesto que proceda el recurso, postula que los intereses se deberán computar desde la fecha del reclamo y no por períodos mensuales anteriores no alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con imposición de costas a la actora.

Abierta la causa a prueba y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 186/191 y 192/194).

Dictada (f. 195) y consentida la providencia de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

II. 1. Consta en el expediente administrativo 15101-0154490-V que: La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia mediante resolución 4376 del 30.11.1982, otorgó el beneficio de Pensión a la señora Fazzio de Ballejos, determinando su haber en base al cargo de "Legislador" en la Cámara de Senadores, desempeñado por su extinto esposo (fs. 15 y 16).

El 25.6.1986, la recurrente solicitó que se incorporen a su haber los importes correspondientes a "gastos reservados" (f. 29); la Caja hizo lugar al pedido, y mandó determinar "nuevo haber base" con el rubro mencionado (resol. 2218/86, f. 31).

Luego, Cómputo y Monto confeccionó la planilla por "diferencias montos" y practicó liquidación (fs. 32/33).

Finalmente, la División Liquidaciones informó que "en planillas de pago de setiembre de 1986, se liquida reajuste de pensión por el período 25.6.1984 al 30.8.1986"; y que "revista con la nueva asignación mensual" (f. 33 vto.).

La señora Ballejos presentó un reclamo el 16.6.1987, con el objeto de que se "incluyan los gastos reservados a los fines del reajuste del haber base del beneficio", con las retroactividades, actualización e intereses que correspondan (f. 34); con posterioridad, expresó que -ante la posibilidad que el rubro solicitado hubiera cambiado su denominación por la de "erogaciones reservadas"- hacía extensivo su pedido respecto de las sumas abonadas bajo ese concepto (f. 37).

El 24.2.1992 interpuso pronto despacho a efectos de que la Caja se expida acerca de lo solicitado en "ambas notas" (f. 44).

El 21.10.1992 la recurrente solicitó el reajuste de sus haberes de pensión, en el entendimiento de que no guardaban razonable proporción con la remuneración del activo (f. 43).

2. El relacionado precedente permite afirmar que son dos las pretensiones que deduce la actora mediante el presente recurso: a) la solicitud de que se incluyan en la determinación del haber "los gastos o erogaciones reservadas", y b) la de reajuste del beneficio de Pensión de modo que guarde una razonable proporción con la totalidad de las remuneraciones (más los adicionales y/o complementos y/o bonificaciones) que en la actualidad percibe quien desempeña las funciones tomadas para la determinación del haber base del causante, puntualizando al alegar los "gastos protocolares".

El hecho de que este rubro fue puntualizado recién en el alegato sobre el mérito de la causa, no empece su tratamiento si se considera el alcance del reajuste reclamado (f. 43, expte. adm.), y lo expuesto en la demanda, oportunidad en que solicita la inclusión de "todos los adicionales y/o complementos y/o bonificaciones" (fs. 18 y 22), a los efectos de establecer la "debida proporcionalidad y razonabilidad" entre el sueldo del activo y su haber previsional.

3. Por razones metodológicas y dadas sus similares características trataré de manera preliminar las pretensiones de que se incluyan para calcular el haber los "gastos reservados" y los "gastos protocolares".

Básicamente, la actora solicita que para el cálculo de su haber sean tenidos en cuenta dichos rubros, con fundamento en que tales erogaciones integran la retribución de la función de legislador provincial (Senador).

Adelanto mi criterio en el sentido de que obsta a la procedencia de la pretensión en análisis, que los importes a que se refiere la accionante, no han sido considerados como retribución del legislador, sino como recursos (gastos) asignados al Poder Legislativo en los diferentes períodos en que se erogaron.

En sustancia, más allá de los criterios institucionales o administrativo financieros en virtud de los cuales se autorice que las partidas presupuestarias del Poder Legislativo se ejecuten directamente -por los integrantes del Cuerpo-, lo cierto es que esta circunstancia no altera su condición de tratarse de erogaciones asignadas a la jurisdicción en su conjunto, y no revisten el carácter de ingreso remuneratorio del legislador individualmente.

En efecto, en lo que refiere a "gastos reservados", estos fueron suprimidos en marzo de 1988, según el informe de fojas 127/128, suministrado por el Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores, en contestación del oficio 1018; ello refleja que tales sumas no fueron abonadas a los activos con la habitualidad y regularidad requeridos para que se los considere remuneración.

Además, la circunstancia de que tales emolumentos dejaron de ser abonados sin que ello generara reclamo alguno, refuerza la idea de que no eran considerados retribución individual de los legisladores.

Y, en cuanto a los "gastos protocolares", el actuario comunica que "desde enero de 1993 a la fecha los señores Senadores perciben por gastos protocolares la suma de $4.000,00 (pesos cuatro mil)".

Estos montos tuvieron origen en la resolución de la Cámara de Senadores del 30.11.1992, que en su artículo 1 estableció: "crear la Partida Parcial 03-Bienes y Servicios no personales sin discriminar-Gastos Protocolares- en la suma de pesos CUATROCIENTOS MIL ($400.000) a partir del día 1 de enero de 1993 en forma compensada de la Partida Principal 02 -Bienes y Servicios no personales".

Además, en el artículo 2 facultó a la Comisión permanente de gestión y administración para que dispusiera la inversión mensual de los fondos mencionados, encuadrándolos "dentro de los términos del art. 204 del decreto ley 1757/56".

A su turno, la Comisión dictó la resolución 01 del 4.1.1993, mediante la cual llevó adelante la inversión de "los fondos destinados a gastos protocolares", y otorgó a los Senadores las sumas que indica el informe aludido más arriba.

En consecuencia la condición, de las sumas por "gastos reservados" y "gastos protocolares", que no revisten el carácter de ingreso remuneratorio del legislador individualmente, y no otra, resulta de las propias leyes de presupuesto, y de las normas que dictó el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Senadores.

En otro orden de ideas, cabe precisar en cuanto al alcance del artículo 70 de la ley 6915 que, aún cuando respecto de ciertos empleados, y a los fines de estimar las obligaciones de aportar, podría considerarse de naturaleza remuneratoria a aquellos ingresos percibidos con cierta regularidad, tal entendimiento no admite ser extrapolado al caso de autos respecto de un legislador.

Ello es así, desde que, en un primer aspecto, huelga señalar que los legisladores no son empleados, sino que -justamente- constituyen el órgano al cual se atribuyó la autorización para realizar la erogación.

Por ello, más allá que la ejecución presupuestaria fuera efectuada en forma individual por los legisladores (integrantes del Cuerpo) ello no modifica la asignación al Cuerpo por la cual lo dispusieron.

En demostración de lo precedente, es el caso que los importes que constituyen retribución del legislador, se registran individualizadamente, ya que aún cuando se incluyan en el cálculo de gastos para el Poder Legislativo, importan además un pago del tesoro provincial al legislador individualmente.

A diferencia de ellos, los llamados "gastos reservados" y los "gastos protocolares" se atribuyen como gastos del Cuerpo y su registración es imputada a éste y no a los legisladores individualmente considerados.

En tal sentido, sirva de ejemplo, como se ha señalado el informe de fojas 127/128 que convalida la disposición de la propia Cámara autorizando el gasto del Cuerpo en la persona del presidente y de los propios legisladores conjuntamente.

Finalmente, y en referencia a la inteligencia que pudiere asignarse a aquellas disposiciones contenidas en leyes previsionales desde cuya perspectiva cualquier importe podría tener calidad de remunerativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo unánime, ha considerado la cuestión en sentido coincidente con lo precedentemente sustentado.

En efecto, ha considerado no computable para el haber jubilatorio de los legisladores (diputados nacionales, en el caso) "las asignaciones correspondientes a bienes y servicios que originariamente deberían estar a cargo de la Honorable Cámara de Diputados" (C. S. J. N. 13.3.2001; M. 559. XXV. Movsichoff, Bernardo c. Estado Nacional).

Todo esto apunta a poner de manifiesto el carácter especial o no común que exhiben tanto los gastos reservados como los gastos protocolares, no habiéndose encontrado razones de peso que lleven a afirmar que, al no incluirlos dentro de la base de cálculo del haber en cuestión, se vulnere la debida proporcionalidad y razonabilidad entre el haber de pensión y el sueldo del activo; lo que obliga a recordar en relación al principio de igualdad, la exigencia que a diferentes situaciones o hipótesis fácticas no se las regule de igual forma.

Como conclusión de lo antes expuesto, no puede reconocerse razón en el planteo de la actora en cuanto pretende la incorporación a la base de cálculo para el haber previsional, el importe percibido por los activos en concepto de "gastos reservados" y "gastos protocolares", debiéndose rechazar el reclamo que así lo demanda.

En consecuencia en este punto voto, pues, por la negativa.

4. Corresponde ahora analizar la pretensión de la actora de que se reajusten sus haberes de pensión de modo que guarden razonable proporción con la totalidad de las remuneraciones que percibe en la actualidad un Senador provincial.

Cabe señalar que con relación al 75% del 82% puntualizado en la demanda, el Tribunal ya expresó que si bien el legislador estableció la proporción para la determinación originaria de los haberes previsionales, no necesariamente se debe mantener con el tiempo esa relación entre las remuneraciones del activo y del pasivo en el mismo porcentaje ("Graffigna", A. y S. T. 58, pág. 282).

Es decir que matemáticamente no deben trasladarse al sector de pasivos los incrementos de remuneraciones otorgados a los activos, pues de ser así, directamente se habría ordenado esa correspondencia (cfr. "González de Prado", A. y S. T. 92, pág. 492 y sus citas).

La situación que depara el presente es similar a la considerada y resuelta en "Demiryi" (A. y S. T. 159, pág. 451) y posteriores pronunciamientos ("Busso", A. y S. T. 161, pág. 31; "Peirotti", A. y S. T. 161, pág. 61; "Garnica", A. y S. T. 166, pág. 438; entre otros), en los cuales se recordó la jurisprudencia nacional y local con relación a la necesidad de preservar la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo.

A fin de evitar una reiteración que estimo innecesaria, corresponde remitir a tales consideraciones en lo pertinente; y según lo expuesto enfocar el presente.

Analizando la prueba producida, tendente a demostrar si existe o no disminución irrazonable en los haberes percibidos, se observa que a foja 109 Coordinación Monto- Liquidaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones detalló los haberes de pensión pertenecientes a la actora desde octubre de 1990 hasta la fecha del informe (marzo de 2001) y adjuntó copia de la planilla de haberes de agosto de 1996 (f. 110).

Por su parte, la Secretaría Administrativa de la Cámara de Senadores hizo saber los sueldos correspondientes a un Senador provincial (fs. 99 y 127/128).

En ambos informes se aclara que las remuneraciones están compuestas por sumas en concepto de: dieta, gastos de representación, antigüedad, título e incompatibilidad funcional (siendo incompatible la percepción simultánea de estos dos últimos rubros).

Se advierte que fueron omitidos en los informes los montos correspondientes a los adicionales antigüedad e incompatibilidad funcional; empero, tales conceptos integrativos de la remuneración pueden ser calculados sobre los rubros dieta y gastos de representación; el primero en función del porcentaje legal correspondiente por cada año de servicio del causante; y, el segundo en base al 25%, según las pautas indicadas en los informes analizados.

Determinado lo precedente, se puede arribar al total de las remuneraciones nominales, y no las que efectivamente percibe el agente en actividad, por lo tanto es preciso efectuar las pertinentes deducciones legales, estimadas en un 18% a falta de prueba efectiva sobre los descuentos reales que pudieran corresponder ("Carnelli", A. y S. T. 65, pág. 317). Por otro lado, en razón de que se trata de una Pensión, es preciso hacer la adaptación pertinente para la aplicación del límite de reducción que se juzga razonable entre lo percibido por activo y pasivo (criterio de "Carnelli").

En consecuencia los montos informados se incrementaron hasta alcanzar los haberes jubilatorios ordinarios.

A los valores así obtenidos se los consideró efectivos con la deducción del 5% conforme "Vecchioni" (A. y S. T. 86, pág. 127).

La comparación de los sueldos y haberes estimados -según se termina de explicar- permite comprobar en algunos de los períodos examinados, una desproporción que excede la considerada tolerable.

Por lo expuesto y conforme a las ya mencionadas pautas que surgen de los fallos de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -sin perjuicio de la determinación numérica que resulte cuando se practique liquidación-, ha de concluirse pues, que resultan excesivas en su aplicación al caso, reducciones que reflejan en el haber jubilatorio (de cuyo monto tiene la actora el 75%), disminuciones superiores al 20% de lo que habría percibido el causante como Senador provincial.

5. Con relación a la solicitud de la demandada de que sean tenidos en cuenta los porcentajes de descuento establecidos en la ley 11.373, para la comparación sueldo- haber (f. 54 vto.), cabe reiterar que el reconocimiento de lo pretendido prospera "respetando el límite de reducción" del 20% según "Carnelli", que al considerar los valores "percibidos" para estimar las diferencias, contempla la deducción de todos los descuentos legales pertinentes (cfr. "Gonem", A. y S. T. 172, pág. 282).

Finalmente, en cuanto a los intereses, "es criterio de la Corte provincial que el pago (de ellos) es una consecuencia de la actitud renuente del demandado a cumplir su obligación, no obstante ser constituido en mora, y, en el caso de los recursos contenciosos administrativos, se entiende que ella se produce desde el reclamo administrativo" ("Kessler", A. y S. T. 146, pág. 474).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Adhiero a los fundamentos y conclusiones a las que arriba la señora Ministra doctora Gastaldi, excepto en lo que refiere a "gastos reservados" y "gastos protocolares".

En tal sentido, corresponde en primer lugar determinar el alcance de la pretensión de traslado de los "gastos o erogaciones reservadas" al haber de pensión, en este orden se debe tener presente que la Caja consideró dicho rubro para reajustar el beneficio por el período 25.6.1984 al 30.8.1986, según lo señalado ut supra, y lo informado por la Secretaría Administrativa de la Cámara de Senadores, en cuanto a que el concepto bajo análisis fue dejado sin efecto a partir de marzo de 1988 (fs. 127/128).

En consecuencia el reclamo de inclusión al haber pensionario de los "gastos reservados" queda limitado al período comprendido entre el 1.9.1986 y el 1.3.1988; ello es así, además, teniendo en cuenta la fecha del reclamo administrativo (16.6.1987), que solicitó las retroactividades que correspondan, y la norma de prescripción aplicable (art. 82, ley 18.037).

Aclarado lo anterior cabe recordar lo explicitado en "Rovere" (A. y S. T. 113, pág. 376), en cuanto a que resulta necesaria la revisión del monto de los importes otorgados en concepto de "erogaciones reservadas" en relación con los sueldos del activo, a fin de evitar que por el procedimiento de "gastos reservados" altos y sueldos bajos, se subvirtiera todo el régimen remuneratorio y previsional.

A tales consideraciones corresponde remitir en lo pertinente.

La pauta allí establecida es la que corresponde considerar para decidir si en el caso se verifica un apartamiento irrazonable de las cantidades abonadas en concepto de "gastos reservados", con relación al mínimo que puede percibir el jubilado según el criterio de "Carnelli" (A. y S. T. 65, pág. 317). En efecto, partiendo del sueldo nominal del activo detallado a foja 35 vto. (expte. adm.), excluidos los "gastos reservados"; y restándole a aquél, primero el 18% estimado, a falta de prueba efectiva sobre los descuentos legales que pudieran corresponder, con el fin de obtener el importe equivalente a una jubilación ordinaria; y luego el 20% -que marca el límite de reducción tolerable sin agravio constitucional-; se obtienen importes que resultan inferiores a los montos de "gastos reservados" para el mismo período.

Por lo tanto, la parte en que estos últimos exceden a los haberes estimados, debe ser considerada para incrementar el haber de pasividad, según el porcentaje con que se determinó el haber base, de cuyo monto tiene la actora derecho a cobrar el 75%.

Se debe señalar que, si bien no obsta a dicha conclusión el hecho de que se haya efectuado el cálculo con relación a un sólo período, será durante la ejecución de sentencia la etapa en la que se determine el "quantum" de las diferencias que en su caso correspondan, pues se advierte que en el período analizado los haberes de pensión informados a foja 180 superan el monto perteneciente al sueldo del activo sin gastos reservados (ver f. 35 vto. citada).

En orden a la pretensión de que sean incluidos los "gastos protocolares" para determinar el haber, se observa que a partir de enero de 1993 se pagan $4.000 mensuales como "gastos protocolares", según surge del informe de sueldos elaborado por la Secretaría Administrativa de la Cámara de Senadores (f. 128).

La problemática de la inclusión en los haberes de pasividad de las sumas pagadas a los activos por tales conceptos, lleva ineludiblemente a las mismas reflexiones efectuadas en "Rovere" (citado), acerca de la necesidad de evitar, que se subvierta todo el régimen remuneratorio y previsional, a través del otorgamiento de sumas -como en el caso- bajo la denominación de "gastos protocolares" elevadas respecto de sueldos bajos.

Por esa razón es conveniente trasladar la pauta explicitada en el antecedente de marras, a la revisión de los montos abonados en concepto de "gastos protocolares".

Esto es, que para que los 'gastos protocolares' no lesionen el principio de la 'razonable proporción', la diferencia que resulte en un mismo período -de restar a 'gastos protocolares' el mínimo que puede percibir el jubilado según el criterio de 'Carnelli'-, deberá ser considerada para incrementar el haber de pasividad, según el porcentaje con que se determinó el haber base", de cuyo monto tiene la actora derecho a cobrar el 75%.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que adherían a los fundamentos y conclusiones de la señora Ministra doctora Gastaldi.

Y, así votaron.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Adhiero a los fundamentos y conclusiones de la señora Ministra doctora Gastaldi.

Por lo demás, considero necesario destacar que no conmueve a la conclusión arribada en torno a los "gastos reservados", que en el presente caso, la Caja haya reajustado el haber de la actora en base al cómputo de los mismos mediante la resolución 2218/86, desde que esta Corte debe resolver de acuerdo a derecho no pudiendo condicionar su decisión la invocación por las partes, de antecedentes resueltos en sede administrativa favorables a sus pretensiones (criterio de: A. y S. T. 57, pág. 180; A. y T. 163, pág. 448; A. y S. T. 166, pág. 46; A. y S. T. 166, pág. 141).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Adhiero a los fundamentos y conclusiones de la señora Ministra doctora Gastaldi, excepto en lo relativo a "gastos reservados" y "gastos protocolares", tema en el que coincido con lo dicho por el doctor Falistocco.

Así voto.

A la segunda cuestión: -En consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda con el alcance que surge de dicha cuestión, sin perjuicio de la determinación numérica que surja de la liquidación.

En consecuencia, declarar que no corresponde computar en la determinación del haber a los "gastos reservados", ni a los "gastos protocolares".

Condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a la actora en legal forma -según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de veinte días- las diferencias entre lo realmente percibido desde el 21.10.1990 -atento lo demandado (f. 18 vto.) y lo dispuesto en la norma de prescripción aplicable- y lo que hubiera debido percibir, considerando el límite de reducción del 20% y el modo en que se deben efectuar los cálculos, según lo dicho al tratar la cuestión anterior; actualizadas en legal forma hasta el 31.3.1991 (arts. 1, 7 y 13, ley 23.928); y con más intereses desde la fecha del reclamo (20.12.1991) en cuanto a las diferencias devengadas con anterioridad a éste, y desde que cada prestación se debió percibir respecto de las posteriores, a la tasa pasiva promedio del artículo 10 del decreto nacional 941/91 o la que en su caso corresponda.

Diferir la imposición de costas hasta que se practique y apruebe la liquidación respectiva, teniendo presente que no procede computar en la determinación del haber a los "gastos reservados", ni a los "gastos protocolares".

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Netri, el señor Presidente doctor Gutiérrez, y los señores Ministros doctores Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Hacer lugar parcialmente a la demanda con el alcance que surge de la primera cuestión, sin perjuicio de la determinación numérica que surja de la liquidación.

En consecuencia, declarar que no corresponde computar en la determinación del haber a los "gastos reservados", ni a los "gastos protocolares".

Condenar a la Provincia de Santa Fe a pagar a la actora en legal forma -según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de veinte días- las diferencias entre lo realmente percibido desde el 21.10.1990 y lo que hubiera debido percibir, considerando el límite de reducción del 20% y el modo en que se deben efectuar los cálculos, según lo dicho al tratar la cuestión anterior; actualizadas en legal forma hasta el 31.3.1991; y con más intereses desde la fecha del reclamo (20.12.1991) en cuanto a las diferencias devengadas con anterioridad a éste, y desde que cada prestación se debió percibir respecto de las posteriores, a la tasa pasiva promedio del artículo 10 del decreto nacional 941/91 o la que en su caso corresponda.

Diferir la imposición de costas hasta que se practique y apruebe la liquidación respectiva, teniendo presente que no procede computar en la determinación del haber a los "gastos reservados", ni a los "gastos protocolares".

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Bordas (Secretario)