Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-11


Salta, 11 de marzo de 2013.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "HAGA, HECTOR FELIX C/ TRANSPORTE SAN IGNACIO S.R.L. - ORDINARIO", EXP Nº 20.435/8; originario del Juzgado de 1º Instancia del Trabajo Nº 1, para resolver las apelaciones interpuestas a fs.137/139 y fs.146/147 vta. y C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: El Dr. Guillermo J. Martinelli, por la actora, con el patrocinio letrado del Dr. Ignacio Martinelli, deduce recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 127/132 solicitando la revocación del punto I) de su parte resolutiva en cuanto a los montos dispuestos y rubros omitidos, y en su mérito se disponga la condena al pago de las sumas reclamadas en la demanda. Ello en razón a las consideraciones que a continuación expone.

La sentencia, por la remisión del art. 212 inc. 3 de la LCT sólo hace lugar a la indemnización derivada del art. 245 de la L.C.T. conforme resulta de la planilla de fs. 127, y sus cálculos difieren en menos a los efectuados por esta parte en planilla de fs. 4.

Resulta de ello dos agravios: el primero que tiene que ver con los montos de la indemnización del art. 245 LCT condenada, y el segundo el que tiene que ver con la omisión de los rubros demandados de "omisión de preaviso", "salario adeudado más integración" e "indemnización art. 2 ley 25.323".- Sobre la indemnización del art. 245 LCT.

En virtud de la remisión legal efectuada por el art. 212, 3er. párrafo de la LCT, la sentencia adecuadamente condena a la demandada a pagar la indemnización cuyos parámetros son establecidos por el art. 245 de igual cuerpo normativo.

Así tenemos que la sentencia debía computar la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, y multiplicarla por los 14 años computables.- El agravio radica en cuanto la sentencia toma como mejor remuneración la de $ 1.932,50, refiriendo que ella surge de los recibos de sueldos reservados en Secretaría, lo cual constituye una equivocación.- Es que para así decir la sentencia se equivoca en la indagación de los referidos recibos de sueldos, habida cuenta de que toma en cuenta el neto percibido luego de los descuentos, situación ésta inaplicable cuando se trata de calcular la indemnización del art. 245 de la LCT, desde que corresponde tomar las sumas remunerativas brutas sin descuento alguno (cita jurisprudencia).

Resulta, en consecuencia, que la sentencia no reparó en la correcta planilla confeccionada a fs. 4, donde se consigna como mejor remuneración la que correspondía, y que asciende a $ 2.668,57, conforme recibo de enero/2007. Al contrario, tomó una cifra a la que se le efectuaron descuentos legales, inaplicables para una indemnización por despido.- Sobre la omisión de sentenciar rubros reclamados.

También agravia la sentencia que sólo condena al pago de la indemnización equivalente al art. 245 de la LCT, y omite los demás conceptos también demandados y que fueron detallados en planilla de fs. 4.- Sobre la "omisión de preaviso".

En autos quedó establecido que la extinción de la relación laboral se produjo en los términos del art. 212 inc. 3º de la L.C.T.

Ello así resulta que el trabajador no se encuentra imposibilitado absolutamente de trabajar como sería en el supuesto del art. 212 inc. 4 LCT, sino que tiene capacidad laboral de acuerdo a su salud práctica.- En tal sentido, ello es suficiente argumento para determinar que la indemnización del art. 232 de la LCT es procedente (cita jurisprudencia).

Corresponde, por ello dictar sentencia condenando también a la demandada a abonar el preaviso omitido, en los términos del reclamo de fs. 4, con más los intereses conforme la tasa ya dispuesta.

Sobre la omisión de condena del "salario adeudado más integración".

No existe justificación alguna a la omisión de tratar y dictar condena por los rubros referidos.- Es que la contraria no demostró de ninguna forma el pago de los días de octubre de 2007 y la integración de mes, con lo cual ello resulta procedente.- Corresponde en tal sentido, dictar condena por dichos rubros conforme fueran reclamados.- Sobre la indemnización del art. 2 de la ley 25.323:

Como ya dijo con anterioridad, la decisión patronal encuadrable en el art. 212 inc. 3º es un acto de despido, y como tal asimilable por expresa remisión al art 245 de la LCT.- Y el hecho de que se derive la consecuencia del art. 245 de la LCT, hace encuadrable el caso en el art. 2 de la ley 25.323, que injustificadamente fue omitida (cita jurisprudencia).

Corresponde, en tal sentido, dictar condena por dicha indemnización conforme fuera demandada.

Cuestión constitucional:

Cualquier interpretación legal y/o de los hechos que llegara a tergiversar la realidad o desvirtúe pautas fáctico- legales podría implicar lesión a derechos y garantías amparados en la Constitución Nacional y Provincial.- Que los derechos y garantías que pueden resultar vulnerados son: el de propiedad, debido proceso, igualdad, supremacía normativa, etc (arts. 16, 17, 18 y 31 Const. Nacional y 13, 16, etc. Const. de la Provincia de Salta).

Para tal improbable alternativa, deja formulada expresa reserva para introducir los planteamientos recursivos pertinentes de carácter excepcional (art. 297 C.P.C de la Provincia y art. 256 de la Nación).

Petitorio: a) Se tenga por deducido recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 127/132.- b) Oportunamente se haga lugar al recurso y en su mérito se disponga modificar los montos de condena e incluir los rubros omitidos.- c) Se tenga presente la reserva de cuestión constitucional d) Con costas.

Corrido traslado, Saeta S.A. manifiesta que al no haber sido condenada, no le corresponde contestar el recurso (pág. 141). Respecto de Transporte San Ignacio SRL, se tiene por decaído el derecho dejado de usar (pág. 149).

El Dr. Hipólito Irigoyen, por la demandada expresa en la apelación (págs. 146/147 vta.): Que no estando conforme con la sentencia recaída en autos (fs. 128/132), interpone recurso de apelación fundado en lo siguiente:

El fallo que impugna hace lugar a la demanda condenando a Transporte San Ignacio SRL a pagar al actor la suma de $ 30.121,94 en concepto de indemnización por considerar que la patronal no le asignó tareas al trabajador acorde a su capacidad residual a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo (art. 212, párr. 3º L.C.T.).- El Sentenciante considera que la Junta Médica efectuada el 30/03/07 ya había anticipado que el Sr. Haga en forma definitiva no podía volver a conducir y que al presentar el certificado de alta médica expedido por el médico del trabajador, la patronal tendría que haberle suministrado trabajo, razón por la cual decide hacer lugar a la demanda.-- Su parte se agravia del fallo, por considerar que el Juez no hizo un correcto análisis de los hechos o por lo menos de la secuencia en que estos sucedieron; no consideró los requisitos exigidos por la Ley de Contrato de Trabajo para obtener el alta del trabajador enfermo; ni tuvo en cuenta elementos probatorios esenciales, que de haberlos merituado habrían cambiado la decisión adoptada.- El primer error que comete el Señor Juez, es no haber advertido que el Sr. Haga venía con licencia por la misma enfermedad desde el 24/11/2006 y que último certificado médico presentado era de fecha 26/09/2007, justificando 30 días más de inasistencias por la misma dolencia: "strees y depresión". Esto significaba que el trabajador debía presentarse a trabajar el día 26/10/2007, al encontrarse justificada su ausencia.- Este hecho es muy importante, ya que el propio médico del trabajador había dispuesto que el Sr. Haga no podía trabajar hasta el 26/10/2007.-- En ese ínterin, la patronal notifica por Carta Documento al Sr. Haga que al haber agotado el uso de la licencia paga por enfermedad, ingresaba a partir del 23/10/07 en el período de conservación de puesto por un año (art. 211 LCT).

Sorpresivamente y en forma milagrosa desaparece el strees y la depresión, y el Sr. Haga presenta el día 24/10/07 un certificado emitido por el mismo médico, que antes había aconsejado los 30 días de inasistencia al trabajo que vencía el día 26/10/07, dando el alta al paciente con la indicación de que podía trabajar realizando otras tareas acorde a su discapacidad.- Aduce que es imperioso detenerse y advertir que hasta el 27/11/07, la patronal no estaba obligada a suministrar tareas al Sr. Haga, por haber aceptado el justificativo médico presentado el 26/09/07 por el propio empleado y el mismo médico tratante.- El 25/10/07 remite CD a la patronal intimando asignación de nuevas tareas en el plazo de 48 hs. bajo apercibimiento de darse por despedido.

La patronal no contesta tal misiva ni estaba obligada a contestarla, por la sencilla razón de que hasta el 27/10/07, se encontraba el trabajador con licencia médica, después de esa fecha recién vería si podía otorgar otras tareas, para lo cual debía previamente determinarse si realmente el Sr. Haga se encontraba en condiciones de volver al trabajo y sobre todo -si existía algún tipo de incapacidad- qué tipo de tareas podía realizar de acuerdo a su capacidad residual.- Evidentemente y de manera indubitada, debe concluir que el trabajador se apresuró y que la intimación cursada era injustificada.- El principio de buena fe y mantenimiento del contrato de trabajo, exigía prudencia al trabajador máxime cuando su condición no le permitía retomar el trabajo para el cual había sido contratado (chofer de colectivo).- Si la intimación cursada por el trabajador era extemporánea e injustificada, el autodespido no puede ser considerado como legítimo.- Otro error importante que comete el Juzgador, es no advertir la falta de validez del certificado de "alta médica" presentado por el trabajador.

Nuestra ley asigna al trabajador la obligación de acreditar el alta médica con la incapacidad.- Esto último es necesario para poder establecer qué tipo de trabajo o tareas puede desarrollar el trabajador acorde a su capacidad disminuida.- Qué decía el certificado médico presentado por el Sr. Haga: "... se encuentra de alta laboral, debiendo desarrollar tareas laborales, en tareas acorde a su categoría laboral y compatibles con su capacidad socio cultural. Estando incapacitado para conducir cualquier tipo de automotores".- Este certificado fue rechazado por el médico de la empresa por insuficiente y contradictorio, ya que no aclaraba si el trabajador se había curado del "strees y depresión" o si la misma dolencia continuaba, pero que ahora (que no cobraba sueldo) sí le permitía desempeñar otras funciones.- También omitió especificar qué tipos de tareas podía desarrollar y en qué ámbito, dado el estado depresivo del paciente, sobre todo teniendo en cuenta que antes ya se le había asignado tareas en el taller despachando y lavando coches y que esto le habría agravado su dolencia (ver demanda fs. 5 vta, 2do párrafo).

Esta circunstancia relativa a la deficiencia del certificado médico, le fue comunicado al trabajador por el médico de la empresa.

Por último y en cuanto a la posibilidad de la patronal de asignarle tareas al trabajador, el Juzgador sostiene que su parte no acreditó la inexistencia de vacantes, razón por la cual aplica el párrafo tercero del art. 212 LCT, condenando al pago de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.- Sobre este punto el Juez se equivoca, ya que se encuentra acreditado que no existía ninguna posibilidad de asignarle tareas al Sr. Haga.- Con el informe de SAETA de fs. 66 y las testimoniales de fs. 68 y 107, queda acreditado que Transporte San Ignacio SRL, como consecuencia del nuevo sistema de transporte implementado por la ley 7.322, fue subcontratada por SAETA (única concesionaria) para prestar el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Salta y zona metropolitana, abonando una retribución mensual en base a los kilómetros recorridos.- Por este nuevo sistema, SAETA es propietaria de las recaudaciones que se efectúan a través de máquinas expendedoras de boletos, dando instrucciones las empresas operadoras en cuanto al recorrido y frecuencias, controlando el cumplimiento a través de inspectores propios y de la AMT.- Este cambio significó que Transporte San Ignacio tuviese que reubicar al personal administrativo que antes cumplía funciones en Tesorería manejando y controlando las recaudaciones diarias, disminuyendo también el plantel de inspectores.

Conforme surge del CC 460/73 y 367/73 de la unión tranviarios automotores, la estructura de una empresa destinada al transporte urbano masivo de pasajeros está dividido en Sector Administrativo, de Tráfico y Taller.

En el sector de Tráfico se encuentran los chóferes e inspectores; en el Administrativo los empleados encargados de tesorería, personal y administrativo contable propiamente dicho y en el taller se encuentran los mecánicos, ayudantes y lavadores.- El 80% del personal de una empresa de transporte se concentra en el sector tráfico, específicamente como "chóferes o conductores", el 15% en el sector taller y el 5% en la parte administrativa.

El Sr. Haga era "chofer" y fue contratado exclusivamente para desempeñar esa función.- La dotación de "inspectores" disminuyó por estar tal tarea a cargo de SAETA y la AMT, por lo que no podía ser reubicado el actor en este sector.

En taller tampoco, porque el Sr. Haga no es mecánico y como lavador - despachador le ocasionó un agravamiento de su enfermedad.

El único sector posible, es el Administrativo, pero al quedar sin manejo de fondos o recaudaciones y pagar los sueldos del personal a través del fideicomiso constituido por SAETA con el Banco Macro, el sector disminuyó teniéndose que reubicar personal.- Estas circunstancias se encuentran acreditadas, razón por la cual era imposible asignarle nuevas funciones al Sr. Haga, razón por la cual resulta aplicable la indemnización reducida del art. 247 LCT, correspondiendo en consecuencia, la revocación del fallo en cuanto a este punto.- Petitorio: Por lo expuesto solicita: 1.- Tenga por interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia recaída en autos.- 2) Oportunamente se haga lugar al mismo, con costas.- La actora contesta el recurso en págs. 150/151.

II) Comenzaré por el recurso de la demandada. Atento lo expuesto por la actora al contestar esta apelación, sobre la forma en que se produjo la extinción del contrato de trabajo (págs. 150/151), tenemos que, según la demanda, fue el trabajador el que se autodespide (págs. 6 y vta., 1er párr.). La codemanda Transporte San Ignacio SRL, en su escrito de responde alude al autodespido y lo califica de ilegítimo (pág. 18); en estos términos quedó trabada la litis, y así son transcriptos por la sentencia de primera instancia (pág. 130, II, y vta. ocho primeros renglones).

Está fuera de discusión que el actor estaba con licencia paga por enfermedad; ahora bien, en la prueba documental acompañada con la demanda, con el Folio 18 se encuentra el Certificado expedido por el Médico Psiquiatra Edmundo Del Cerro en fecha 26/9/07, según el cual el Sr. Haga "presenta un Síndrome de Strees Postraumático con un estado Depresivo, no pudiendo trabajar por (30) treinta días"; en la misma documentación (Folio 1), está la Carta Documento Flash, de fecha 23 Octubre 2.007, mediante la cual Transporte San Ignacio le comunica al actor "...que habiendo vencido el plazo de licencia paga; de conformidad con lo establecido por el art. 211 LCT a partir del día 23/10/07 ingresa Ud. en el período de conversación de empleo". Con el Folio 19, otro certificado, también del Dr. Del Cerro, de fecha 24/10/07, el que dice que el actor se encuentra de alta laboral, estando incapacitado para conducir cualquier tipo de automotores. Haciendo hincapié en esta incapacidad, la patronal inserta en el Certificado que no acepta el alta laboral.

El actor por Telegrama Ley (CD 84408370 3; 25 Oct. 2007) (Folio 2) aduce: "Habiendo presentado certificado médico de alta, y ante la negativa de suministrarme trabajo, intimo otorgue tareas conforme la recomendación médica y lo sea en el plazo de dos (2) días bajo apercibimiento de considerarme despedido por vuestra culpa"; por otro Telegrama Ley (CD 84407599 3; 31 Oct. 2007), dice: "Ante falta de otorgamiento de las tareas intimadas, lo que importa injuria a mis derechos e intereses laborales, me considero despedido por vuestra culpa a partir de la fecha".

Transporte San Ignacio, mediante CD Flash; 02 Nov. 2.007; alude: a la imposibilidad del actor de trabajar como chofer, tarea para la que había sido contratado; a la situación de la empresa en lo concerniente al personal (encontrándose desbordada la estructura funcional por exceso de personal); a que "al resultar imposible asignarle tareas livianas o acordes a su capacidad actual por causa no imputables a la empresa, de conformidad con lo dispuesto por el art. 212 LCT, queda extinguido el contrato de trabajo". Corresponde aclarar, que el contrato ya había finalizado con anterioridad por autodespido del trabajador, conforme lo reconoce la demandada en su escrito de responde (pág. 18, penúltimo párr.); por lo que no era posible extinguirlo nuevamente.

En consecuencia, lo que debe dilucidarse, es si el autodespido del actor fue legítimo o no.

Para ir afinando la cuestión, entiendo que si bien el actor tenía licencia médica paga hasta el 26/10/07, nada le impedía presentar el certificado con el alta laboral a partir del 24/10/07 -a pesar de las suspicacias de la demandada-, o sea, había una diferencia mínima de dos días respecto de la fecha de cese de la licencia médica. A nadie podía perjudicar ese adelantamiento. Ello deja sin sustento los argumentos de la apelante, de que no estaba obligada a contestar la CD del trabajador por la que le intimaba la asignación de nuevas tareas; debía contestarla en virtud de lo establecido por el art. 57 de la L.C.T.. Al no haber dado una respuesta a la intimación, legitimó el autodespido del actor (arts. 9 y 242, 2do. párr. L.C.T.).

Los argumentos utilizados por el Dr. Kay Marshall para no aceptar el alta laboral son: "El empleado se encuentra incapacitado para la conducción de vehículos de cualquier tipo. Por lo tanto no se acepta el alta laboral para sus funciones específicas de conductor de vehículos de pasajeros".

No fue la respuesta adecuada, desde que el certificado hace hincapié en esa incapacidad.

Consecuentemente, no es correcto lo que manifiesta la apelación, de que "Este certificado fue rechazado por el médico de la empresa por insuficiente y contradictorio", y lo que agrega a continuación (págs. 146 vta, cuatro últimos párrafos/147, tres primeros párrafos); nada de ello consta en la observación al certificado.

Si el trabajador estaba legitimado para autodespedirse, en razón de que la patronal no contestó la intimación a la asignación de tareas, los argumentos expuestos en la contestación a la demanda son extemporáneos.

Por lo expuesto, voto por el rechazo del recurso, con costas (art. 67 CPCC).

El recurso del actor le atribuye como error a la sentencia haber tomado para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT, el sueldo neto, luego de los descuentos, cuando correspondía la remuneración bruta sin descuentos.

La sentencia toma "como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de servicio, esto es, $ 1.932,50" (cf. recibos de haberes reservados en Secretaría conforme cargo de fs. 9) (págs. 131 vta, último párr/132).

La planilla de la demanda consigna como mejor remuneración: $ 2.668,57 (pág. 4).

En esta cuestión existen dos tesis: la restringida, según la cual, para que un rubro sea considerado salario, debe tratarse de una ganancia para el trabajador, y debe percibirse como consecuencia del trabajo prestado (Justo López, El Salario, en Tratado de Derecho del Trabajo, T. II pàg. 476). La tesis amplia considera que queda subsumida en tal concepto toda suma o ventaja acordada en el marco del contrato de trabajo: no sólo aquello que es pagado como contraprestación del trabajo prestado, sino también lo que se tenga en ocasión del mismo (Rodríguez Manzini, Jorge - Remuneraciones, en Vázquez Vialard, Tratado de Derecho del Trabajo, T. IV, pàgs. 556 ss.).

Más específicamente, Ackerman (Tratado de Derecho de Trabajo, T. IV, pàg. 289), opina: "La remuneración a computar es la que devenga el trabajador en bruto (lo que excluye a la neta o "de bolsillo"), porque las distintas sumas que le son retenidas con destino a la seguridad social también forman parte de la remuneración, aunque sus beneficios puedan ser diferidos (sistema jubilatorio) o potenciales (obra social). Los otros importes en los que el empleador actúe como agente de retención (cuota sindical, cuota mutual, descuentos por compras etc.) también integran la base computable, porque esos importes no dejan de ser parte de la remuneración, por más que la ley o el propio trabajador hayan dispuesto el pago mediante retención en planilla para simplificar y/o asegurar el trámite".

Como se trata de la interpretación de una norma: art. 103 de la L.C.T., la solución debe ser la más favorable al trabajador, conforme el art. 9º de la misma ley, o sea, tener en cuenta la tesis amplia, acoger este agravio, y adoptar como base salarial la remuneración bruta. Con costas por su orden, por falta de oposición (pàg. 149 penúltimo párrafo) (art. 67, 2º pàrr. CP.C.C.).

Se agravia porque la sentencia no se expidió sobre los rubros: preaviso, salario adeudado más integración e indemnización art. 2º Ley 25.323.

Le asiste razón; la sentencia nada dice sobre los conceptos mencionados. La indemnización por falta de preaviso debe ser acogida, porque así ocurre con la indemnización por despido (art. 232 LCT).

Salario adeudado con integración. Procede, porque no está acreditado su pago.- Indemnización art. 2 Ley 25.323. En el recurso anterior ya me expedí por la legitimidad del autodespido del actor, y como el art. 212, 3er párr. de la LCT remite al art. 245 de la misma ley, resulta viable esta indemnización.

Por lo expuesto voto: a) Porque se haga lugar al recurso sobre los rubros: preaviso, salario adeudado con integración, indemnización art. 2 Ley 25.323, y se los incluya en la condena del punto I del fallo de pág. 132, y base de cálculo de la indemnización; con costas en primera instancia a la vencida, y por su orden en la presente, por falta de oposición (art. 67 CPC y C, párrafos 1ro. y 2do. respectivamente), b) Porque se tenga presente la reserva de recursos, y se difiera la regulación de honorarios hasta que la misma sea practicada en primera instancia.- La Dra. Domecq dijo: Me adhiero íntegramente al voto que antecede y me parece oportuno señalar lo siguiente: Considero que tiene razón el apelante cuando critica que se haya tomado en cuenta la remuneración neta para la determinación de los créditos indemnizatorios, puesto que la circunstancia de que, durante la vigencia de la relación de trabajo, el empleador deba actuar como agente de retención y de pago respecto del aporte para el beneficio previsional de la jubilación, de la obra social y, eventualmente, de la cuota sindical, no implica que los montos correspondientes a esos descuentos que aquél practica sobre los haberes del trabajador no integren éstos. Es más; la cuantificación de cada uno de esos aportes del trabajador se concreta aplicando los porcentajes del 11% (art. 11 de la ley 24.241), 3% (inc. b del art. 16 de la ley 23.660) y 2 o 3% (según la actividad), respectivamente, sobre la remuneración bruta, a lo cual debe agregarse el 3% impuesto por el inc. d del art. 8 de la ley 19.032.

Por añadidura, tenemos que las indemnizaciones derivadas directamente de la extinción del vínculo, tienen naturaleza no remuneratoria, puesto que con ellas se pretende reparar los daños contractuales provocados por la ruptura injustificada del vínculo y la consecuente alteración del derecho a la estabilidad, actualizando con su pago la protección constitucional contra el despido arbitrario. En consecuencia, sobre la sumas resultantes de ellas, no corresponde practicar retención alguna y agrego que tampoco constituye un hecho imponible para la aplicación del impuesto a las ganancias (inc. i del art. 20 de la ley 20.628), a diferencia de las remuneraciones regulares (inc. b del art. 79).

"La remuneración a computar es la que devenga el trabajador en bruto (lo que excluye a la neta o "de bolsillo"), porque las distintas sumas que le son retenidas con destino a la seguridad social también forman parte de la remuneración, aunque sus beneficios puedan ser diferidos ... o potenciales ... " (transcripción de la obra dirigida por Mario E. Ackerman, "Tratado de derecho del trabajo", t. IV, p. 289).

Comparto por ello lo resuelto por el Señor Vocal preopinante. Por ello, la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Con costas.

II) Haciendo lugar al recurso de apelación deducido por el actor: adoptando como base salarial para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT, la remuneración bruta, y respecto de los rubros preaviso, salario adeudado con integración e indemnización art. 2º de la ley 25.323, incluyéndolos en la condena del punto I del fallo de pág. 132. Con costas en primera instancia a la vencida, y por su orden en segunda instancia. Teniendo presente la reserva de recursos.

III) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la de primera instancia.

IV) Ordenando se copie, registre, notifique y bajar los autos al Juzgado de origen.-