Filiación, prueba hematológica, presunción de paternidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NN s/ Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-04-27

1- La incorporación en el art. 4 de la ley 23.511 de los términos "verosimilitud" y "razonabilidad" no es intrascendente.

En el plexo normativo actual y conforme los adelantos científicos producidos en materia de investigación genética estimo que la conducta obstruccionista del demandado en juicio de reclamación de la paternidad extramatrimonial constituye por sí mismo fundamento de suficiente peso para tener por "verosímil" la pretensión del accionante, ya que resulta razonable concluir que la negativa tiende a evitar que se produzca la prueba que lo señalará como padre.

Si el juez debe formar su juicio "de conformidad con las reglas de la sana crítica" entre las cuales se encuentran "las máximas de experiencia, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano" va de suyo que no puede apartarse de una realidad incontestable: sólo el afán de frustrar la prueba de su paternidad, puede inducir al demandado a negarse a la prueba biológica. No sería "razonable" suponer que quien de buena fe entiende no ser el padre del hijo que se le atribuye, se niegue a la demostración fehaciente de ese extremo.

Esa misma regla de experiencia, impide atribuir la negativa a motivos religioso o morales, desde que tal proceder no condice con las pautas éticas que son propias de nuestra realidad cultural, al menos mientras no se demuestre la pertenencia a credo o rito que repulse la prueba biológica, u otra circunstancia de excepción que, en el caso concreto, explique la conducta del demandado en función de razones distintas del afán de frustrar la prueba de una filiación que se sabe verdadera.

Ello así, la "verosimilitud de la pretensión" no puede ya significar la necesidad de aportar la prueba complementaria de las relaciones sexuales del presunto padre con la madre al tiempo legal de la concepción, sino que es suficiente la ausencia de prueba directa que excluya la posibilidad de tal relación íntima (enfermedad, impotencia sexual, viaje al exterior, privación de la libertad, etc.) pues entonces ya la pretensión no sería verosímil, como tampoco lo sería si se aportaran datos certeros que impidieran tener por establecida la filiación por la simple negativa del accionado (esterilidad, por ejemplo).

Se trata en definitiva de invertir los términos en que se postula la regla sobre "verosimilitud" de la filiación invocada. No ya requerir al accionante que demuestre que la filiación invocada es "verosímil", mediante la demostración de extremos que tornen probable la existencia de relaciones sexuales al tiempo de la concepción, sino asumir, como regla de experiencia, que la negativa a la prueba biológica gesta esa verosimilitud, al menos mientras las circunstancias de hecho no tornen irrazonable la filiación pretendida.

2- Tanto la postura que sostiene que el art. 4 de la ley 23.511 ha establecido un cierto orden de prelación en las pruebas, como la que le resta operatividad al indicio por hallarse fundada la negativa del demandado en la inverosimilitud de la pretensión deducida, prescinden de una herramienta esencial para la determinación de la filiación -el examen genético-, pese a que "paradojalmente podría de por sí aparejar no sencillamente verosimilitud, sino ya certeza respecto de la filiación que se reclama o que se impugna".

La interpretación que se ajusta a los principios esenciales que en materia de filiación receptó la ley 23.264, cuales son: el principio de igualdad jurídica de todas las filiaciones (arts. 240 y 241 del Cód. Civil) y el de veracidad biológica (art. 253, que establece la amplitud probatoria en todas las acciones de estado, y la asignación del carácter "iuris tantum" a las presunciones de los arts. 76, 77, 243, 257 del Cód. Civil.

3- En el juicio de filiación que la madre promueve por su hijo menor, donde el interés del niño -se reitera- prevalece sobre el de quienes llevan adelante el litigio, por lo que no sería justo que la mayor o menor destreza procesal de éstos condicionara el resultado del pleito. El ordenamiento ha priorizado la búsqueda de la verdad, en términos que acentúan el deber de colaboración de los litigantes.

La interpretación del art. 4 de la ley 23.511 que se propicio, no conculca los derechos y garantías constitucionales consagradas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. La prohibición de obligar a declarar contra sí mismo (art. 18), y de obligar a hacer lo que la ley no manda (art. 19) no puede confundirse con las consecuencias legales atribuidas a la conducta negativa del demandado, violatoria del deber de colaboración y cooperación que le exigen la realización de las actividades necesarias para la práctica de una prueba insustituible para lograr la determinación del vínculo filial de un menor.

4- No puede considerarse vulnerado el derecho a la intimidad del accionado, pues en todo caso la intromisión en la vida privada del individuo se encuentra plenamente justificada en la necesaria protección del derecho a la identidad del niño (art. 7 y 8 de la C.D.N., de jerarquía constitucional).

No puede ampararse tampoco el ejercicio abusivo de los derechos de la personalidad que no son absolutos, sino relativos. El derecho a conocer la identidad biológica del niño debe privar en este caso, por sobre el derecho a la intimidad que pretende ejercerse abusivamente contrariando los deberes de colaboración o cooperación vigentes en el moderno proceso civil (Voto del Dr. Ferrer).