marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, prórroga del plazo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: "Reinhardt,  Jorge c/ Cons.  de  Prop.  Hipólito  Irigoyen 3737 s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17

La prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la ley 25.561 dispuesta por sucesivos decretos no resulta inconstitucional pues, desde el punto de vista formal, dicha medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades expresamente delegadas por la citada ley (art. 1, inc. 2), en tanto que, en lo sustancial, corresponde mencionar que la prórroga de la vigencia del agravamiento indemnizatorio establecido por el citado art. 16  no resulta arbitraria, pues condice con la subsistencia de las causas que le dieron origen. Cabe destacar que la CSJN ha señalado reiteradamente que las circunstancias que caracterizan la emergencia dificultan establecer de antemano el tiempo preciso de su duración, por lo que corresponde afirmar que la emergencia dura todo lo que subsistan las causas que la han originado (Fallos 243:449). Similar razonamiento resulta aplicable respecto de los otros decretos cuestionados (662/03, 256/03 y 1351/03), en especial cuando la disposición legal cuya vigencia prorrogan tales decretos resultó posteriormente convalidada por la ley 25972, cuyo art. 4 dispone una nueva prórroga (esta vez sin plazo definido de antemano) de mas previsiones del citado art. 16 de la ley 25.561.
Riesgos del trabajo, muerte del trabajador, renta vitalicia previsional, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Galeano González, Pedro Nolasco c/ Futura AFJP s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

Si ante el deceso del trabajador, la regla impugnada también reconoce una renta periódica mensual a los derecho-habientes, a partir de la suma correspondiente a la prestación dineraria obtenida en el marco de los arts. 15, ap. 2, 18 y 19 de la ley 24.557, resultan aplicables por analogía los principios que emanan del precedente "Milone" (Fallos: 327:4607) y se configura un claro agravio constitucional, pues la aplicación de las normas cuestionadas lleva a un verdadero empobrecimiento de la víctima, y no se demuestra idónea para satisfacer las necesidades actuales, presentes e inmediatas de quien reclama, originando una evidente desprotección y desnaturalización que conlleva a la desintegración del resarcimiento, al perder éste su significación económica. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Situación del imputado, apreciación de la prueba, valor probatorio, prueba testimonial, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: MARINO, JULIA DEL CARMEN c/ MENDEZ, FEDERICO RAUL s/ SENTENCIA ABSOLUTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-29

Lo que confiere eficacia probatoria al testimonio no es solo la formalidad con que el testigo afirma lo que dice haber visto u oído o las circunstancias personales que pudiere invocar. La fuerza probatoria del testimonio radica antes en la verosimilitud y corroboración con otros medios de prueba.

Por ello, resulta de secundaria importancia el que los testigos hayan sido víctimas o preventores cuando sus dichos aparecen como coincidentes en sus aspectos sustantivos, resultan ricos en detalles, es verosímil lo que afirman, encuentran corroboración en el resto de la evidencia y no aparecen volcados con ánimo de perjudicar al imputado"
Debate, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: REYNAGA, BENITO GUMERSINDO s/ DEBATE - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1969-09-26

Ordenar o no la lectura no es un acto discrecional del presidente, sino que debe ordenarla cuando es necesaria: así deben ser entendidos en lógica correlación,los arts. 403 y 420 C.P.P., pues si la contradicción existe,debe el testigo aclarar su dicho.

Esto, además, es un postulado de los principios de la investigación integral y del aseguramiento del contradictorio que hacen a la esencia misma del debido proceso, o único proceso que la Constitución exige como precedente sine qua non para la imposición de una pena.-
Conciliación laboral, conciliación obligatoria, SECLO
Materia: LABORAL
Carátula: CURA, Hugo c/ FRIGORIFICO RIOSMA S.A. s/ accidente accion civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-22

Si el objetivo principal de la ley 24635 fue la creación de una instancia de conciliación laboral a cuyo fin se constituyó el "Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria" que , en lo institucional, es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, desde el punto de vista práctico, no deja de ser un organismo auxiliar de la justicia laboral al que se le ha otorgado una función cuasi jurisdiccional de carácter público.
Marcas, cotejo de marcas, raíz de uso común, oposición al registro de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARY SOCIEDAD ANONIMA. c/ CORPORACION  AGRO-ECONOMICA VITIVINICOLA INDUSTRIAL YCOMERCIAL C.A.V I.C. s/ OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-12

Si las marcas en pugna no son iguales y ni siquiera tienen un parecido tal que obste a su coexistencia, al margen de la común raíz compuesta por la sílaba "ca", las desinencias "ry" y "vic" presentan suficiente particularidad individualizadora que confiere a ambos conjuntos una distinción que basta para rechazar la oposición.
Incapacidad, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ROSON JESUS c/ MOLINOS RIO DE LA PLATA SA s/ RECURSO CASACION - ENFERMEDAD ACCIDENTE - INDEMNIZACION -   INDIFERENCIA DE LA CONCAUSA MARIN IGNACIO c/ F.E.Y.K.S.A. SAIC Y F EMPRESA CONSTRUCTORA s/ RECURSO CASACION - ENFERMEDAD ACCIDENTE - INDEMNIZACION -   INDIFERENCIA DE LA CONCAUSA MORENO JACINTO ARTURO c/ S.C.A.C. SOCIEDAD CEMENTO ARMADO CENTRIFUGADOS S.A. s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  ENFERMEDAD - ACCIDENTE TEORIA DE LA  INDIFERENCIA DE LA CONCAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-05-14|1984-06-05|1986-03-12

La ley 19587 y su art. 5 Inc. O restringe el campo de aplicación en el tema, por cuanto esa norma crea una responsabilidad objetiva para el empleador de cuya observancia se seguirá la determinación proporcional de su obligación establecida en términos mensurables o por el contrario de su violación y a falta de prueba en sentido opuesto debe resarcir "in totum" por aplicación del principio de equidad.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRANDA BULLON, Luis c/ JUAN, Hnos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1991-11-27

Cuando, como en el caso de autos, no se levanta acta ni se deja constancia de que el citado no se hizo presente a la audiencia, no cabe tenerlo por confeso fictamente, ya que de otro modo, se volvería letra muerta una terminante disposición legal. El levantamiento del acta haciendo constar la incomparecencia de la persona citada a absolver posiciones no puede calificarse de simple requisito formal; constituye el medio idóneo para acreditar la no concurrencia a la audiencia, de allí que no pueda tenerse por confeso al absolvente que no ha comparecido si no se confeccionó el acta.-
Reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sobotke, Francisca Emilia c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28

Corresponde hacer lugar a la solicitud del titular que peticiona una pauta de ajuste para la PBU. Ello así, porque como es de público y notorio, y no obstante el mandato autoimpues-to por el propio legislador, el Congreso de la Nación no se pronunció en ninguna de las leyes de presupuesto dictadas a partir de 1996 -y por un lapso de diez años-, sobre la movilidad de las prestaciones y la variación del MOPRE, por lo que éste quedó cristalizado en $ 80.- desde 1997. Por tanto, dicho importe computado para determinar el haber inicial de la PBU del actor (en el caso, adquirida en mayo de 1999), se encontraba desactualizado. En consecuencia, en un todo de acuerdo con la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente "Elliff, Alberto José" (sent. del 11.08.09), corresponde otorgar al MOPRE el mismo tratamiento que el dispuesto para las remuneraciones base de cálculo de la PC y de la PAP, por lo que PBU deberá ser estimada en función del guarismo que resulte de actualizar el importe de $ 80 por el I.S.B.I.C. hasta la adquisición del derecho, sin perjuicio de su movilidad posterior con arreglo a las pautas indicadas por la C.S.J.N. en el citado precedente. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Cuestión abstracta, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruarte, Isidro Eleuterio s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-04

En las cuestiones abstractas las costas deben ser impuestas por el orden causado.
Martillero, derechos del martillero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTINI ALDO Y OTRO c/ ROBERTO J. SARDOY Y OTRO s/ DEMANDA ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-20

La ley que rige la matrícula de martilleros atañe al orden público, de modo que cualquier reconocimiento que hiciesen los demandados de esa obligación carece por completo de efectos, desde que el contrato que pudiesen haber concretado los litigantes con la finalidad expresada sería de objeto ilícito en los términos del art.

953 C.C., que los reprime con la sanción de nulidad. Es ilustrativa la nota del codificador puesta al pie del dispositivo citado, en la que luego de hacer la distinción entre actos de objeto material y jurídicamente imposibles,sostiene que éstos son ineficaces para el derecho y que aunque materialmente existen, le es aplicable el mismo régimen que rige para los primeros, considerándoselos pues carentes de objeto. Desde esta perspectiva, no interesa en absoluto el reconocimiento de la deuda que pudiesen haber realizado las partes.-
Delitos cometidos por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Herrera de Noble, E. L. s/ Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

La conducta prevista por el art. 113 del C.P. para el director de una publicación es de carácter dolosa, no pudiéndose reprimir la publicación o reproducción de una ofensa con un criterio subjetivo diverso al de la calumnia o injuria, pues en estos supuestos no se exige la responsabilidad objetiva.

Siendo la imputada la directora de un diario de gran circulación en todo el país, donde el sentido de empresa y división de trabajo le impiden tener un control directo de todo lo que se publica, no resulta posible atribuirle responsabilidad por la edición de una nota donde se vuelca una grave imputación que afecta el honor de un magistrado.
Locación de obra, pago parcial, pago en cuotas, certificados de obra, certificados parciales
Materia: CIVIL
Carátula: MORAL, RICARDO C c/ COTAX COOP. DE PROV. CONS. VIV. Y CREDITO PARA PROP. DE AUT. DE ALQUILER Y AFINES LTDA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Si se convino expresamente, que los pagos se efectuarán por períodos mensuales paralelos con el avance mensual de los trabajos jamás fue emitido, los pagos de los certificados de obra no tienen pues el carácter de pago definitivo y cancelatorio de la obligación en los terminación del art. 725 del C.C ni resulta aplicable a su respecto la doctrina de efecto liberatorio del pago por tratarse de entrega dinerarias provisorias, de anticipos realizados por la deudora los cuales, por su naturaleza, son a cuenta de un certificado final aún no confeccionados.
Patria potestad, ejercicio conjunto de la patria potestad, autorización para viajar
Materia: CIVIL
Carátula: GJC c/ LM s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01

De conformidad con lo dispuesto por el art. 264 "quater" del C Civil, introduciendo por la reforma de la ley 23264, es menester el consentimiento de ambas padres para autorizar al hijo menor a salir del país, y en el supuesto de que exista oposición por parte de alguno de ellos, la cuestión debe ser decidida por el juez, quien debe tener en cuenta a dicho fin lo que convenga al interés familiar. La referida alusión al interés familiar se dirige a considerar principalmente el interés del menor, lo que no excluye el análisis de la cuestión desde la perspectiva del interés del grupo familiar.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: C.J.M.A. c/ S. DE C.A.L. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

La afirmación de que no hay familia de una persona, no se limita a nuestro régimen legal, sino que hace al concepto universal de familia. El "estado" de familia es siempre "relativo". No se puede conceptualizar al hijo, sin hacerlo con el padre. Ni al sobrino sin el tío.

"Bien de familia" quiere decir una casa terminada de escasa valuación que es solo mía; la relatividad de los beneficiarios es que depende de la voluntad del constituyente (su inclusión en la declaración jurada respectiva como "beneficiario") y de una situación de hecho: "A más de estar mencionado en la declaración jurada, debe ser pariente del constituyente hasta tercer grado de consanguinidad y habitar continuamente hasta hoy dicha casa. La desafectación de hecho la desvirtúa y crea una causal de inembargabilidad fraudulenta por el solo hecho de estar inscripta en Registro Inmobiliario. La cónyuge que pudo ser beneficiaria ha dejado de serlo, por sentencia que decreta el divorcio y con el constituyente: seguirá siendo la cónyuge (art. 64 L.M.C.) pero ya no es su familia.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: CIVIL
Carátula: Aguirre, Liliana I. c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

Las especiales características en que se desarrolla el transporte ferroviario, han llevado a algunos autores a afirmar que a los daños producidos por los ferrocarriles no le es aplicable el art. 1113 del Código Civil, por lo que, en caso de accidentes, no sería factible presumir la culpa, ni mucho menos la responsabilidad de la empresa ferroviaria.

Esta postura se sustenta en el hecho de que los trenes circulan en terreno propio, por un camino de vías férreas que es exclusivo debidamente separado de los otros lugares por alambrados o lo que fuere; de ahí que los vehículos o peatones que pretenden cruzar las vías, van a meterse en el recorrido del vehículo con vía férrea, a invadir, un espacio reservado y a aumentar concientemente y con el hecho propio, la posibilidad de ser perjudicados al ser embestido.

Además de este primer carácter, se agrega en refuerzo de esta postura, que los trenes recorren una trayectoria obligada, sin posibilidad alguna de apartarse de ella o de modificarla a voluntad lo cual hace que el conductor de trenes tenga muy limitadas posibilidades de evitar el daño, frente a la inminencia de la colisión, si se aprecia que al mismo no le queda otra alternativa que reducir la velocidad o aplicar los frenos, prescindiendo, de las maniobras preventivas destinadas a anunciar el arribo o la partida del convoy; como son las luces, silbatos, etc.. Frente a esta tesitura, aparecen otros criterios, más acertados, en donde se advierte que la legislación alemana a regulado el transporte ferroviario como un caso de responsabilidad por el riesgo hacia terceros porque las especiales características en que se desarrolla el traslado férreo, no le resta al desplazamiento del convoy, el carácter de una actividad riesgosa. Pero aunque se sostuviera que no lo es, porque dada la fatal dirección estática e invariable tiene circunscripto su riesgo, constituiría -al menos- un caso de daño con la cosa y de ahí la consiguiente inversión de la carga probatoria. Lo que ocurre es que el régimen de culpabilidad de la víctima tiene que encararse con pautas muy distintas de las que regulan el resto de los daños producidos con la intervención de cosas, por cuanto debe juzgarse con más rigor la actitud de quien se inmiscuye en el terreno por donde transita el ferrocarril, donde el peligro no se puede desconocer y que obliga a obrar con especialísima prudencia.

Para que el esquema jurídico que se plasma en el art. 1113 del Código Civil produzca sus efectos, es imprescindible que el damnificado pruebe el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual el mismo provino. Reunidos estos recaudos, se produce la inversión de la carga probatoria y la empresa para eximirse total o parcialmente de la responsabilidad objetivamente atribuida, está obligada a acreditar alguna de las causales de eximición de culpabilidad que taxativamente prevé el mentado dispositivo legal.
Defraudación por sustitución o supresión de documento, daño, supresión o destrucción de documento, violación de medios de prueba, registros y documentos, resoluciones judiciales, notificación
Materia: PENAL
Carátula: IZQUIERDO, L.R. s/ DAÑO.  DESTRUCCION DE DOCUMENTOS. DESTRUCCION DE OBJETOS DESTINADOS A  SERVIR DE PRUEBA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

La conducta del procesado, que al ser notificado por intermedio de dos testigos de una resolución judicial, arrebató de manos de uno de ellos la hoja de papel en la que se hallaba la notificación, rasgándola, estrujándola y arrojándola al piso, no configura el delito de daño en atención al ínfimo valor del soporte y la ausencia de propósito específico.

Tampoco configura el delito previsto por el art. 294 C.P., desde que la conducta careció de aptitud para causar perjuicio, puesto que se reprodujo la diligencia y la notificación.

No encuadra tampoco el hecho en el art. 255 C.P., puesto que entre los documentos a que se refiere el texto no se encuentran las actuaciones judiciales de procesos en trámite, cuya destrucción o inutilización, podría ser sólo constitutiva de falsedad por supresión o de estafa documental, prevista en el art. l73 inc.8C.P.

C.
Trabajadores rurales, suspensión del trabajador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Navarrete, Raúl c/ Compañía Rural y Mercantil NUEVA LUBECKA S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-08

El acusar al demandante de no cumplir correctamente sus funciones y aplicarle por ello diez días de suspensión no tiene, por sí mismo, entidad agraviante como para considerar que se lo ha injuriado en magnitud tal que no permita continuar con la relación laboral que lo unía con el principal.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: BARRAU ROBERTO MARIO c/ JUNCADELLA  S.A.  TRANSPORTADORA DE CAUDALES s/ DAÑOS Y PERJUCIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-18

Aunque la víctima que sufrió un accidente haya sido atendida por servicios de obras sociales, cabe presumir que quedan a su cargo gastos de adquisición de medicamentos de los que como afiliado debe pagar un porcentaje determinado. Otras veces, por razones de urgencia se ve impelido a comprar algunos remedios en farmacias particulares sin recetas de médicos de la Obra Social que determinan los descuentos. También las propinas y erogaciones por inyecciones, etc.

Si el accionante fue atropellado por la parte trasera del camión de propiedad de la accionada recibiendo un fuerte golpe en una pierna, estando casi tres meses enyesado con inconvenientes en la deambulación, en el vestido, etc. y durante un año y medio tuvo que modificar su estilo de vida, debiendo suspender sus actividades deportivas, aún cuando los gastos médicos y de farmacia no los haya demostrado con los respectivos comprobantes dada la magnitud de las lesiones, no ha de dudarse de la necesidad de comprar analgésicos u otros fármacos, por lo que en los términos del art. 165, 3er.

párrafo, del Código Procesal, corresponde hacer lugar a lo reclamado-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, televisión
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SIR. SRL. TV. c/ Cooperativa    Eléctrica  de  Consumo  y  Vivienda  Ltda.  de  Trelew s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Es competente la justicia federal para entender en la demanda cuya finalidad es que se declare la nulidad de las decisiones y actos de la demandada tendientes a instalar una estación de televisión fundada en que fueron adoptados en infracción del derecho federal que emana de la ley 22.285. obra pública.
Pacto de San José de Costa Rica, sumario administrativo, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Olazábal Cabrera, Jaime c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15

Las reglas del debido proceso legal que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada "Pacto de San José de Costa Rica", en cuanto proclama que toda persona tiene el derecho de ser oída, con las debidas garantías, para la determinación de sus derechos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1.), y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 8.2.g.) y a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada (art. 8.2.b.), son enteramente aplicables en el procedimiento administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, arma impropia, destornillador, auto de procesamiento, menor procesado, participación criminal, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DADINO, Daniela Fabiana y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

Hechos: Se endilga al imputado haber intentado apoderarse ilegítimamente, junto con un menor, mediante violencia, de una motocicleta conducida por el damnificado y de una riñonera que contenía en su interior documentación personal del nombrado, valiéndose para ello de dos destornilladores.

La utilización de un destornillador, para intentar concretar el desapoderamiento, no puede ser considerado "robo con armas", porque ese objeto no es, técnicamente, un arma. Se trata de un elemento que, utilizado de la manera en que lo hicieron los imputados, les otorgó una mayor capacidad ofensiva, pero que, por ese solo hecho, no puede ser incluido en el concepto de arma. El concepto de "arma impropia" es incorrecto, y por ello la calificación que reconoce el caso es la de tentativa de robo simple, ya que la "violencia física en las personas" se encuentra acreditada, y potenciada, con la utilización de ese objeto que le otorgó a los ofensores mayor capacidad de agresión para intentar lograr su fin, lo cual constituye una circunstancia de extrema importancia tanto para determinar el monto de la sanción a imponer, como para descartar, eventualmente, la posible aplicación a los autores de lo dispuesto en el art. 26 del C.P., o lo establecido en el art. 4° de la ley 22.278, pero no puede conducir a realizar, respecto de la conducta reprochada, una alteración de su correcta subsunción por la mayor gravedad (disvalor) que el hecho reconoce. Para ello están los mínimos y máximos de la escala penal del tipo en cuestión, y las reglas a través de las cuales se debe ponderar la conducta de los autores, cuando, eventualmente, se los condene. Por otro lado, dijo que la finalidad que tuvo el legislador al producir la agravante del art. 41 quáter del C.P., no fue la mera intervención de un menor en un hecho grupal, sino que la intervención de éste tuviere como finalidad de descargar la responsabilidad en éste, lo cual no fue determinado en el caso. Entendió que debe modificarse la calificación legal asignada en auto recurrido a la de robo simple en grado de tentativa. (voto del Dr. Bruzzone)