Tribunal: 2da CAMARA DE APEL. CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINAS 2da CIRC
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2009-09-17


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO TREINTA Y NUEVE. En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil nueve, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores miembros de la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N°2, Dres. Rafael Plaza Posada, José Ramón Peñaloza, y Raúl Alberto Funes, fueron traídos para dictar sentencia los autos caratulados: "DOMINGUEZ TEOFILO C/ MELLER COMUNICACIONES SA Y OTROS D. Y P-". Practicada la desinsaculación de ley resultó que la votación debía tener lugar en el orden siguiente: Dres. PEÑALOZA- PLAZA POSADA- FUNES. Previa deliberación del caso fueron planteadas como cuestiones a resolver las siguientes:

1°) ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva respecto de la cuestión principal? 3°)¿Cuál respecto de las costas? A LA PRIMERA CUESTION EL DR. PEÑALOZA DIJO:

I. Contra la sentencia de primera instancia de fs. 486/ 491 la citada y la demandada apelan y expresan agravios a fs. 518 / 523 vta. y a fs. 524/ 525 respectivamente, produciéndose solo la contestación de parte actora. Seguidamente el Sr. Fiscal de Cámara evacua la vista conferida pero sin relación a los agravios; mientras que el órgano jurisdiccional mediante resolución de fs. 540, debidamente notificada y consentida por las partes deja a la causa en estado de ser tratada en la alzada.

II. Que la demandada sostiene que la prueba fundamental para fundar su decisorio, el juez da total importancia al informe pericial médico que presentaron los peritos de oficio y de parte actora, el que es impugnado por la actora a fs. 355, porque fija una concausalidad del 50%, y que nada se dice sobre este aspecto que reduciría a la mitad cualquier indemnización. Que tampoco nada dice del informe agregado a fs. 458 del Hospital de la Villa, que acompaña estudios realizados al actor; señalando que resulta imposible que en menos de un año el actor haya pasado del diagnóstico que antecede a los 39 % que alegremente le fija el informe pericial de fs. 353. También refiere que a fs. 457/ 459 la propia actora agrega informe del Hospital Privado de la Villa- Dr. Haberman- Dr. Carranza que dice estudio solicitado RX C. Cervical F y T lumbosacra F y T- C. Cervical signos incipientes de espondiloartrosis vertical- C lumbosacra, signos incipientes de espondiloartrosis lumbar. Seguidamente considera que a su juicio resulta injusta la valoración que la sentenciante hace de la prueba testimonial brindada, ya que para la jueza los únicos testimonios para ser tenidos en cuenta son los que brindaron los testigo propuestos por la actora, que no trabajaron junto a la actora y que demuestran sus escasos conocimientos del trabajo, resultando contradictorios entre ellos. Que la mayoría trabajo poco tiempo para la demandada, no realizo el mismo trabajo que la actora y además tienen juicios contra la empresa, en trámite actualmente. Finalmente agrega que los testimonios ofrecidos por la empresa nada dice el sentenciante, a fs. 191 declara Pablo Daniel Lombardini y José Aguirre, quienes hacen una descripción de la tareas del actor, como así también como era la producción de la planta que difiere mucho de la que efectuaron los testigos de la actora, nada dice el juez en que se funda para considerar creíbles los testigos de la actora y no perecederos los testimonios de la parte demandada, ya que si considera que alguno ha faltado a la verdad, debería correr vista al Señor Fiscal .

Mientras que la citada sostiene que los agravios que desarrolla comprenden tanto las cuestiones decididas como la que han sido omitidas y tornan nulo el pronunciamiento. Señala seguidamente que el juez a quo causa agravio irreparable a la parte porque la condenó a pagar el total de la indemnización y de ese modo omitió atender las limitaciones legales salvaguardadas por la C.S.J.N. Más adelante. Argumenta que no hay duda posible, porque no pueden imponérseles a las ART obligaciones respecto de las cuales carecen de capacidad jurídica para asumirlas y que están previstas en otros textos y para otras personas. A su vez por aplicación del principio de congruencia y razonabilidad, en este caso, como en cualquiera otra hipótesis de inconstitucionalidad de LRT, es obvio que su instituyente no puede ser condenada extra legem. No puede ser condenada a pagar indemnizaciones que jamás se comprometió a reparar, respecto de las que nunca contrató cobertura alguna, y sobre las cuales no puede invocarse ningún vínculo jurídico por el que ella deba responder.

Continuando con su crítica expresa que también impugna la sentencia por violación a los lìmites de los principios de congruencia y de razonabilidad , más allá del objeto del juicio y de los límites del " thema decidendum" , desde que trata y resuelve cuestiones no demandadas, vinculadas o ligadas a su mandante y respecto de las cuales ésta no pudo defenderse. Transcribiendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de buenos Aires en abono de su postura, concluyendo que su mandante debe responder por obligaciones que el juzgado determinó sin sustento sin prueba y ajenas a la litis, lo que pone en evidencia la artera e irrisoria violación del derecho de defensa.

Continuando con sus críticas, expresa que los considerandos de la sentencia el juzgado rechaza arbitrariamente la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por su mandante. La arbitrariedad surge de las conclusiones que efectúa la juez a quo con relación a las previsiones legales vigentes, conclusiones contra legem e incluso auto contradictorias. Es evidentemente arbitraria la atribución de responsabilidad que realizó la juez a quo ya que para hacerle efectivo la condena a su instituyente la juez a quo acude a una especulación teórica insostenible por carecer de racionalidad. Se trata de supuestos abstractos sin ningún sustento en las constancias de autos.

Luego de otras consideraciones, expresa que lo expuesto no pretende llevar a la conclusión de irresponsabilidad de las ART, ni a la eximición de cumplir con las normas relativas a la seguridad e higiene, sino indicar que ésas obligaciones no emanan de la ART, sino de toda una normativa reglamentaria a cargo de la administración del sistema (SRT), sobre la cual recae la obligación de " cumplir con los objetivos de la LRT", para lo cual disponen de todas las facultades legales administrativas. También se procura dejar en claro que las responsabilidades atribuibles a cualquiera ART en juicio deben ser probados. Se trata de una sentencia elaborada en abstracto que incurre en la gravísima omisión de no basarse en las constancias de autos y cae en el vicio de la subjetividad y del voluntarismo.

Refiere que le causa gravamen y daño irreparable la sentencia recurrida en cuanto la condena conjuntamente con la empresa responsable. No existe una sola prueba que acredite la omisión de la obligación de prevención, que el juzgado le imputa arbitrariamente a su representada. Expresa también que al invocar y demandar por daños, la actora jamás las atribuyó a un incumplimiento de sus mandante, tampoco lo hizo la empresa demandada de modo que se trata de una cuestión ajena al thema decidendum. El juez hizo extensiva la condena, mediante una aplicación bucólica de los principios de la responsabilidad civil. Luego de otras consideraciones de similar tenor crítico sostiene que en el supuesto de condena que la limitación sea expresada en la sentencia porque de lo contrario quedaría obligada a pagar más allá de los términos asegurados.

III. En el análisis de los argumentos críticos de las agraviadas y siguiendo para su tratamiento un orden lógico de prelación, en primer lugar en relación a los primeros cuestionamientos que introduce la parte demandada, traduce su disconformismo con la valoración que de la prueba en especial la testimonial, realiza la juez en la causa. En esta intención debe adelantarse al respecto que en al ámbito de la apreciación de la prueba puede el juzgador inclinarse por la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos de prueba recolectados, siendo ello en definitiva una facultad privativa del magistrado en virtud de lo dispuesto por el art.386 del CPC. " Es facultad de los jueces el preferir una prueba de otra, elección que solo puede atacarse demostrando existencia de arbitrariedad. ( CFed. Mendoza, sala A, JUNIO 17-991 Oris, Roque H.c. Consejo Nac. De Educación Técnica) DJ, 1992-2-1102".

De este modo corresponde admitir que los testigos señalados por la sentenciante en abono de su postura, todos tuvieron oportunidad de conocer de modo más directo los hechos en discusión, circunstancia importante para su toma de decisión; más allá de que tampoco en el grupo de testimonios se observan discordancias entre si, como lo afirma la accionada, sin dar mayores precisiones al respecto. Aspectos que determinan que la apreciación de la prueba testimonial efectuada por la juez resulta en principio irreprochable, y por el contrario la crítica del recurrente aparece al menos como insuficiente para enervar su postura.

En lo que hace al mérito de la pericial médica, los argumentos críticos sólo refieren una apreciación subjetiva del agraviado que insinúa como incipientes las afecciones columnarias que sufre el actor, pues al tomar como referencias otros estudios estima que su evolución en un escaso tiempo resultarían menos incapacitantes, cuestionando de ese modo el grado de incapacidad laboral que estiman los peritos en sus dictámenes. Para que las observaciones efectuadas a las conclusiones del perito puedan tener favorable acogida, el impugnante debe aportar pruebas de mayor rigor científico o técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en la pericia, situación que en el caso no alcanza a configurarse.

Finalmente, al tenor del dictamen pericial, no puede afirmarse que el juez no tuvo en cuenta la relación de concausalidad que estiman los profesionales intervinientes, pues la juez refiere expresamente en su sentencia a esa contingencia, al momento de establecer la incapacidad indemnizable; no existiendo consideración alguna que volcada en el fallo haga sin tan siquiera presumir que en ese aspecto la juez a quo se apartó de la pericia. Por las razones expuestas se advierte que la demandada pone en evidencia una insuficiencia recursiva que a la postre sella la suerte de sus agravios, correspondiendo su rechazo.

Pasando al tratamiento de los agravios de Provincia ART SA , en primer lugar debe tenerse presente en relación a la responsabilidad atribuida por el fallo atacado, debe señalarse que en el caso, si bien esta no ha sido demandada directamente por el actor, ha sido citada en los términos del art. 94 del CPC, por lo que la sentencia a dictarse luego de su intervención , puede afectarla como a los litigantes principales, interpretación literal de la ley, que por otra parte resulta más ajustada a los valores en juego, en especial a los derechos humanos de la salud y a la propiedad configurando con ello un criterio que propende a la efectiva realización de la justicia ( Art. 210 de la Constitución Provincial), lo que exige que a la postre la condena sea soportada por la ART hasta el límite de las prestaciones dinerarias previstas por la ley 24557 en su art. 14 inc. a, porque esa suma establecida por la ley, aún insuficiente, cubre en parte esa reparación integral, en la medida que esta resulta irrenunciable ( Art. 11 inc. 1 de la mencionada ley), evitándose por otra parte de este modo una duplicación de reclamos y la liberación sin causa de la obligación de cobertura de la ART. Aspecto que en alguna medida acoge parcialmente la pretensión recursiva de la citada, y que en igual sentido también resulta manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente invalido que la prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador ( Art. 39 inc. 1 de la ley 24557), no se sigue como se pretende que las aseguradoras de riesgos del trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley, siguiendo en este aspecto el criterio que fundamenta la resolución del caso " Aquino Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA s/ accidentes 9688"., postura que en mayoría se expuso en autos " Bea Nidia Emilce c/ Servicios Sociales Grassi SA- D y P - auto interlocutorio número ciento seis de fecha 11/ 05/ 06.

Es así como la sentencia atacada sobre este aspecto debe ser confirmada parcialmente extendiendo la condena a la aseguradora, solo hasta el límite de la cobertura señalada, punto este sobre el que alguna razón también le asiste a la citada, quienes consideran no les corresponde responder solidariamente por la condena.

Finalmente en cuanto a la prueba de omisión de la obligación de prevención, ello resultaría una cuestión que incumbe a su propio accionar dentro del proceso. La ART citada en el caso no se encontraba exenta de acreditar ciertos hechos de la causa, que por su posición frente a ellos, estaba oportunamente en mejores condiciones de incorporar al juicio. "Si bien la carga de la prueba incumbe a quien alega los hechos, este principio no opera cuando esos hechos se refieren a un supuesto de excepción a la aplicación de una norma de carácter general. ( CNTrab., sala II, julio 29-994.- Trotta Oscar A. c. Industrias del Papel L.L., S.A.) DJ, 1995-1- 192".- Por ello y en el modo que se resuelve la cuestión, no restando otra pendiente de tratamiento que proponga la citada en su expresión de agravios, se deja así expresado este voto.

El Dr. Plaza Posada adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION EL DR. FUNES DIJO:

Que el suscripto está en desacuerdo con el voto de los miembros preopinantes en razón de los fundamentos que seguidamente se exponen.

Que el decisorio del Juez en grado impone responsabilidad resarcitoria a la demandada en los términos reclamados del derecho común art 1113 del CC haciendo extensiva la responsabilidad a la citada PROVINCIA ART SA.

Que el voto de los miembros preopinantes y conforme a la prueba producida confirma en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de la demandada Meller Comunicaciones SA pero no así en cuanto a la ART citada respecto de la cual le impone responsabilidad hasta el límite de las prestaciones dinerarias conforme al art 14 inc a de la ley 24557 con el fundamento de evitar una duplicación de reclamos y liberación sin causa de la ART citada.

Con el debido respeto de la opinión precedente, señalo que el suscripto esta en desacuerdo con dicho pronunciamiento por cuanto no se ha diferenciado entre la acción resarcitoria derivada de la ley de riesgos del trabajo y la que se basa en la opción por la acción civil.

La ley 24557 impone a la ART la obligación de adoptar las medidas legalmente establecidas para prevenir los riesgos laborales, es decir impone como finalidad protectoria la prevención de los accidentes y la reducción de la siniestralidad y el incumplimiento de este deber tiene consecuencias específicas dentro de ese sistema normativo, resultando legítimo cargar a la ART de los riesgos derivados de su previsión ineficaz con el límite indemnizatorio del aseguramiento.

En cambio cuando como en el caso concreto, la opción se ejercita en los términos del derecho común debe necesariamente aplicarse el régimen indemnizatorio previsto en el Código Civil.

Es sabido que un acontecimiento dañoso puede dar lugar a diversas acciones que el derecho pone a disposición de las partes debiendo distinguirse como se dijo mas arriba aquella que se funda en una normativa de responsabilidad que participa de un sistema que facilita la acción al establecer presunciones de autoría y causalidad pero limita la indemnización , de aquella otra la acción civil que se basa en la exigencia de la prueba de los presupuestos de su procedencia y sin límite a la indemnización pues habrá reparación plena.

La opción es una decisión que la ley deja librada a la voluntad de las partes y una vez que la parte selecciona la acción, el Juez no puede sustituirla, lo contrario afecta el debido proceso ya que no se puede por vía pretoriana cambiar la pretensión ni utilizar reglas pertenecientes a distintos ámbitos pues se incurriría en ilegalidad desarticulando la lógica jurídica.

Sintetizando, el suscripto estima que el voto de los miembros preopinantes en uso de sus facultades discrecionales y en orden al criterio de favor han efectuado lo que se conoce como un "conglobamiento simple" que alguna doctrina y jurisprudencia acepta con el objeto de no frustrar la protección que la C: Nacional brinda al trabajador y entonces frente a un panorama como el descripto admite la acumulación de estos distintos regímenes en cuya virtud la víctima del infortunio podrá promover una acción y utilizar reglas de otra distinta, criterio que como se dijo el suscripto no comparte, por estimar que vulnera el debido proceso y principio de congruencia.

Finalmente se señala, que como en el caso el actor ejerció la acción en los términos del derecho común procurando una reparación total, se debió acreditar los presupuestos básicos para la procedencia de la acción impetrada, el acto ilícito, la imputación y el nexo causal y/o concausal con el daño certificado por los peritos médicos.

Es sabido también que el tema de la prueba de la relación de causalidad es una cuestión que no la deciden los peritos sino que es consecuencia de probanza jurídica producto de la valoración que efectúe el Juez del dato técnico analizado en el contexto de toda la prueba producida y que el incumplimiento por parte de la ART de las obligaciones y cargas en materia de prevención y vigilancia como la omisión de efectuar recomendaciones, por si solas no alcanzan para responsabilizarla, estimando el suscripto que la afección denunciada y certificada obedecería a causas eminentemente físicas que no se hubieran evitado por más que la ART desplegara la actividad requerida ni tampoco se ha acreditado que el agravamiento de una patología preexistente obedeciera al incumplimiento reprochado.

En mérito de todo ello y en desacuerdo con el voto de los miembros preopinantes a la primera cuestión voto por la negativa respecto a la extensión de responsabilidad a la ART citada, acogiéndose sus agravios, sin perjuicio de la acción que el actor pueda impetrar respecto de la misma en los términos de la ley 24557; decisión que de ninguna manera implica desconocimiento del suscripto de fallos de la CSJN como los casos "Galván R. c/ Electroquímica Arg. SA" del 30/10/07; "Rivero Mónica E, por si y por sus hijos menores c/ Techo Técnica SRL "del 3/12/02; "Soria J.L. c/ RA y CES SA del 1/4/07 ni del fallo del STJSL caratulado "Sueldo J.O. c/ ABRAFIC SA D y P Casacion" del 6/8/09., sino que se estima que en el caso concreto no se dan las mismas pautas que permitan aplicar dicha doctrina.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. PEÑALOZA DIJO:

Atento a como he votado la cuestión precedente, propongo que la sentencia de primera instancia sea confirmada con la excepción de que se extiende la condena sobre Provincia ART SA, solo hasta el límite que se fija en los considerandos de este fallo. Así lo voto.

El Dr. Plaza Posada adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FUNES DIJO:

Conforme he votado la cuestión anterior y en desacuerdo con el voto de los miembros preopinantes propongo: Se Confirme en lo principal la Sentencia Nº 24 de fs. 486/491 vta. II) Se Revoque en cuanto extiende responsabilidad a la citada PROVINCIA ART SA, sin perjuicio de la acción que el actor pueda intentar contra la aseguradora de riesgos en los términos de la ley 24557. Así lo voto.- A LA TERCERA CUESTION EL DR. PEÑALOZA DIJO:

Costas a las vencidas y en lo que incumbe a la incidencia de citación a juicio, a la aseguradora. Así lo voto.- El Dr. Plaza Posada adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. FUNES DIJO:

Atento al resultado en esta instancia y principio objetivo del art 104 CPL y 279 del CPC las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada vencida, tanto respecto del actor como respecto de la indebida citación de PROVINCIA ART SA. Así lo voto- Con lo que se dio por terminado el presente acuerdo disponiendo los señores camaristas de la sentencia que va a continuación, firmando ante mí que doy fe.

Villa Mercedes, San Luis, diecisiete de setiembre de dos mil nueve.

Y VISTOS: En mérito al resultado de la votación del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia con la excepción de que se extiende la condena sobre Provincia ART SA, solo hasta el límite que se fija en los considerandos de este fallo. II) Costas a las vencidas y en lo que incumbe a la incidencia de citación a juicio, a la aseguradora.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen. FDO.DRES.PEÑALOZA-PLAZA POSADA-FUNES-ANTE MI: DRA. TERESA MALETTO DE MONES RUIZ-SECRETARIA.

CERTIFICO que la presente es copia fiel del original que corre agregado a fs. 553/558. del expediente caratulado: "DOMINGUEZ TEOFILO C/ MELLER COMUNICACIONES SA Y OTROS D. Y P. " EXPTE N° 168312 Letra: "D" Fecha:08.07.08 y que expidió la presente para ser agregado al Protocolo de SENTENCIAS DEFINITIVAS CIIVILES -TOMO XX -..de la Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial. Doy fe.