marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, divorcio, canon locativo, división de condominio, competencia de familia, juez previniente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Walsh, Federico  c/ Rosenman, Maria Florencia  s/ materia categorizar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-24

Es competente el juez que intervino en el divorcio para entender en la causa en la que se reclama la división de bienes en condominio y la fijación de un canon locativo por el uso del inmueble de propiedad de los cónyuges, pues, aun cuando la titularidad del inmueble que se pretende dividir es compartida por aquellos, se trata de un bien que integró el patrimonio común de los esposos, por haber sido adquirido a título oneroso después de la celebración del matrimonio y sometido al régimen de ganancialidad durante la vigencia del vínculo, de modo que, producida la extinción de la comunidad y hasta que se materializa su liquidación, rigen las normas que regulan la indivisión postcomunitaria en vida de los comuneros y, una vez liquidada, las que ordenan su partición (arts. 481 a 487 y 496 a 502, Código Civil y Comercial). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Escribanos públicos, sanciones disciplinarias administrativas, destitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  libros  de  requerimiento  de  firmas del Escribano  Enrique José Ignacio Garrido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Por configurar la pena de destitución la de mayor gravedad contemplada en la ley 12.990, su aplicación necesariamente debe limitarse a aquellos casos en que la gravedad de la infracción realizada no genere disyuntiva posible, con respecto a que el sumariado carece de las exigencias éticas y profesionales necesarias para cumplir con la función de fedatario público.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, revisión judicial de actos administrativos, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

Sin perjuicio de que en cada situación en que se impugnan actos de otros poderes se deba examinar la existencia de un caso contencioso en el sentido del art. 2 de la ley 27, no cabe afirmar que los decretos de necesidad y urgencia sólo estén sujetos al control parlamentario, ya que de otro modo, se estaría estableciendo una categoría de actos excluidos del examen constitucional que corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores, consagrándose el absurdo de que una ley pudiera ser invalidada por el Poder Judicial por atentar contra la Constitución, lo mismo que un decreto u otro acto administrativo, pero no el decreto de necesidad y urgencia (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Buques, embargo, contracautela, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FAROSHIPPING  SA s/ EMBARGO DE BUQUE/ INTERDICCION DE NAVEGAR BQ.PORTO CAYO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Su función consiste en asegurar un eventual crédito por resarcimiento de daños que pudieran resultar en el supuesto de que el requirente de la medida precautoria hubiese incurrido en exceso o abuso en su pretensión (art. 199 del Código Procesal y arts. 531 y 538 de la ley de Navegación; Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado", editorial Astrea, segunda edición actualizada, tomo 1, pág. 533;

Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado" editorial Astrea, 1985, tomo 1, pág. 665 y subsiguientes; Sala de Feria, causa 9.289/11 del 5.01.12; esta Sala, causas 5863/01 del 17.9.2002, 3027/02 del 21.11.02, 17.283/03 del 6.05.04).
Tributos, tasas retributivas de servicios, acción de inconstitucionalidad, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-27

La doctrina ha coincidido en que las tasas deben guardar una razonable y prudente proporcionalidad con el costo que derive de su prestación. De allí que el exceso de esta razonable y prudente proporcionalidad estaría indicando que la recaudación en concepto de tasa va dirigida, en realidad, a atender necesidades distintas de las que se tuvieron en cuenta al establecer el servicio señalado como presupuesto de hecho de la obligación tributaria, de modo que se impondría a determinados sujetos, bajo el pretexto de una prestación individualizada, la asunción de gastos que por su naturaleza deberían estar a cargo de la generalidad de los contribuyentes, lo que determinaría que en función de la realidad económica, se estaría frente a una ficción jurídica y, por ende, violatoria de la garantía de la razonabilidad consagrada en la Constitución Nacional Argentina.

Siendo que la tasa es un "tributo causado" a diferencia del impuesto que no lo es, y si esa causa es justamente el financiamiento del servicio cuya prestación específica es condición de su legitimidad, esos dos parámetros -el costo de la prestación y el monto reclamado a su destinatario- no pueden estar desvinculados sino que deben guardar razonable relación.

Aun cuando el Máximo Tribunal de la Nación ha entendido que para fijar el monto singular de las tasas puede distribuirse el costo total del servicio entre el universo de los contribuyentes receptores de la prestación particularizada atendiendo a su capacidad contributiva, se hace necesario computar un requisito adicional constituido por el hecho de que nunca se incurra en la fijación de un monto arbitrario, irrazonable, opresivo o desproporcionado, respecto de contribuyente alguno, sin que sea necesario para descalificar el tributo que se compruebe un supuesto extremo de confiscatoriedad. (Del voto en Mayoría del Dr. Cornejo, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Dra. Bonari, Dr. Catalano)
Excepciones procesales, defecto legal, defensa en juicio, demanda, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Terrero, Felipe Carlos y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Para que sea admisible la excepción de defecto legal es menester que la omisión u obscuridad de la demanda pueda colocar al demandado en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas conducentes.
Responsabilidad objetiva, daño causado por animales, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Singer, Aurora Sofia c/ Aramburu, Juan Carlos s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07

Para liberarse de responsabilidad, el propietario de un animal que causó daños a un tercero, debe demostrar alguna de las eximentes previstas por los arts. 1125 y 1128 del Código Civil, esto es, que el animal fue excitado por un tercero, el caso fortuito o la culpa de la víctima, o bien por la causal del art. 1127 del mismo cuerpo legal que indica que cesa la responsabilidad del dueño del animal que causó el daño, si se hubiese soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de cuidarlo.
Empleados públicos, indemnización por incapacidad, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, competencia ordinaria
Materia: LABORAL
Carátula: Cedron Celiz, José Luis c/ Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad-Cobro de   Pesos laboral (Expte.: C.S.J. Nro. 823 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

La pretensión del recurrente que reclama la indemnización prevista en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo como consecuencia de la incapacidad absoluta manifestada durante la vigencia de su relación laboral con el Banco Provincial de Santa Fe, configura uno de los supuestos de excepción a la competencia contencioso administrativa en cuanto a reclamos de agentes estatales, cuyo conocimiento, atento a las especiales características de este tipo de pretensiones, ha sido asignado por la Corte a los tribunales ordinarios.
Procedimiento laboral, nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: HEREDIA,CRISTIAN  RAUL c/ TOTAL INDUSTRIAS GRAFICAS S.A. Y OTROSS/ s/ ESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31

El principio de convalidación forma parte de la estructura misma de las modernas conepciones relativas a la nulidad procesal, aún frente a la más reciente doctrina del más alto Tribunal en materia de mulidades. Por ello, resulta imprescindible valorar, previamente, si se ha operado o no la convalidación del acto viciado, porque de haber sido así todo defecto formal habría quedado subsanado al tener presente la relatividad de la nulidad procesal.
Quiebra, período informativo de la quiebra, aplicación de la ley, concurso preventivo, crédito verificado, intereses, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Molino Nuevo SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de concurso especial de león audicio, ruben victorio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

En virtud del principio de unidad del proceso concursal, la eficacia de la cosa juzgada del concurso preventivo se traslada al caso de quiebra indirecta (v. Heredia, "Tratado exegético de Derecho Concursar, 2000, T. 1, p. 759). Véase que el primer efecto de la cosa juzgada del concurso en la quiebra se desprende de la LCQ 202 en tanto establece que los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de verificar nuevamente, sino que el síndico procederá a recalcular los créditos según su estado.
Contratos, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FILIPPA RICARDO EMPRESA CONSTRUCTORA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y ESTADO PROVINCIAL s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-22

La negligencia en la ejecución de la obra, la lentitud en la hechura de ésta, como así también la interrupción y abandono de la misma otorgan a la administración la facultad de rescindir del contrato, con pérdida del depósito de garantía, conforme lo preceptúa la ley de Obras Públicas
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, responsabilidad parental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: V, M G s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad-Privación de  La patria potestad (Expte.: C.S.J. Nro. 138 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

Corresponde rechazar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ya que se observa que en el recurso, la compareciente invoca -entre otras normas- violación de la ley penal y derecho a la inocencia (in dubio pro reo), por lo que no puede dejar de señalarse que si bien estamos en presencia de una causa apelada ante la Cámara con competencia en materia de menores (Cámara Penal), el Juez de baja instancia ejerció su competencia en el orden civil -y no penal- no juzgándose en el presente la responsabilidad por comisión de delito alguno, por lo que a tenor de los artículos 20 y 128 del Código Procesal de Menores tal alegación carece de sustento.
Pagaré, cláusula sin protesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YUNES DE D'ORTENCIO BEATRIZ c/ OSCAR TALARIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-12

En el caso de pagarés con cláusula sin protesto el art. 50 del decreto ley 5965/63 trae una presunción de que ha sido presentado debidamente al cobro. No exige la norma legal ninguna actividad procedimental del acreedor para que esa presunción surja.

Cuando la presunción es creada por el legislador, sea iuris tantum o iuris et de iure, se considera definitivamente cierto el hecho (en las últimas) o provisionalmente mientras no se suministre prueba en contrario (en las primeras) ...(Teoría Gral. de la Prueba Judicial, Devis Echandía, T. II, Pág. 694).

Las presunciones legales obedecen a una razón extraprocesal, aunque desempeñen una función esencialmente probatoria en el proceso:

tienden a dar seguridad a determinadas situaciones de orden social, o patrimonial, o familiar, entre otras. Así, esta presunción del art. 50 del decreto ley citado, propende a agilizar y asegurar las transacciones comerciales, liberando al accionante de probar que presentó el pagaré al cobro, simplificando el presupuesto de hecho que requiere la norma sustancial.

Exigir al ejecutante una declaración, o afirmación de que el documento fue presentado al cobro, importa interponer un recaudo procesal, una condición, a la vigencia de la norma sustancial. El hecho de la presentación al cobro es presumido por la ley y el Juez debe aceptarlo sin más, como cierto, sin necesidad de requisito alguno. (Del voto en disidencia, de la Dra. Alvarez de Varas).
Competencia federal, delitos contra la humanidad, dictadura militar, terrorismo de Estado
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Levín, Marcos Jacobo y otros s/ imposición de tortura (art. 144 ter inc. 1) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Corresponde revocar la sentencia que había confirmado la declaración parcial de incompetencia del fuero federal en favor del fuero provincial, para entender en los presuntos hechos de privación ilegítima de libertad y de tortura cometidos entre diciembre de 1976 y enero de 1977 por funcionarios policiales de la Provincia de Salta y disponer que el fuero federal continúe investigando los hechos, dado que podrían constituir delitos de lesa humanidad, habida cuenta que sentencia impugnada descartó indebidamente subsumir provisionalmente dichos sucesos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, al considerarlos como actos aislados de grave violencia institucional cometidos durante la última dictadura militar, pero no vinculada al terrorismo de Estado. Además, partiendo de la premisa que dicha política motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y gremiales, y ponderando que algunas víctimas refirieron haber sido torturadas para obtener información relativa a su vinculación y la de sus conocidos con dichas actividades, no puede sino concluirse que podrían constituir actos desplegados por el último gobierno militar conforme a su particular política represiva.
Ministerio Público Fiscal, acción penal, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL
Carátula: G., I.; C., A.S. s/ Robo en Poblado y en Banda en grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-31

En la Provincia del Chubut, el ejercicio de la acción penal pública, a cargo del fiscal, puede traducirse -durante la etapa que organiza el C.P.P., arts. 304 a 311- en un dictamen que estima completa la instrucción y eleva la causa a juicio. Esta actividad incriminante es base y límite del debate y de la sentencia. Y dada la prohibición del juicio de oficio y la indelegabilidad de la función conferida, la excitación del órgano jurisdiccional no puede acaecer validamente si no viene desde el funcionario que la constitución y la ley designan para la defensa del interés público.
Diario de navegación, valor probatorio
Materia: PROCESAL - NAVEGACIÓN
Carátula: Arpemar  S.A. c/ E.N.  (Ministerio de Economía) s/ Presunta infracción artículo 3) Resolución (S.R.M.) 87/84
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Lo asentado en el libro de la navegación por el capitán del buque - autoridad máxima - está sujeto a apreciación por parte del magistrado judicial, pero cede en el supuesto de que existan discordancias en relación a los datos obtenidos por un avistaje aéreo efectuado por la Prefectura Naval Argentina.
Traba de la litis, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIN, EDGARDO RENE c/ FIGUEROA, NELIDA E. s/ ORDINARIO S/CASACION. GARROTE JOSE M. c/ EMPRESA HUAYQUI SA DE CONSTRUCCIONES s/ SUMARIO EXP.235/84/2 s/INC. DE EJECUCION DE HONORARIOS s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-21|1994-03-15

Las partes deben prolijamente ajustar su ulterior conducta procesal, a los términos y alcances de las alegaciones, pretensiones, oposiciones, etc que formularon al inicio, en oportunidad de la traba de la litis. Vale al efecto recordar el principio de "adquisición" impeditivo, por ejemplo, de que alguna de las partes niegue lo expuesto en el escrito de demanda o conteste cuando esa alegación se vuelve en su contra y beneficia a la contraparte. Son las partes las que en definitiva delimitan el "thema decidendum" respecto del cual cada una de ellas pretende la tutela jurídica a su favor.
Proceso penal, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gordillo, José Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 39/2010 dictada en causa Expte. Nº 102/09 - Gordillo, José Daniel y otro ss. Robo doblemente calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-06

El grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquellos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano", lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

En esta dirección, destáquese que la especial fuerza probatoria del testimonio en el régimen de la oralidad, donde los testigos son oídos directamente por los jueces encargados de juzgar, se extrae, no sólo del contenido, sino también del modo en que responden al interrogatorio y demás circunstancias, que son especialmente apreciables por el tribunal de mérito.

Lo dicho sustenta lo meritado por el a quo, quien luego de haber visto y oído en audiencia de debate a las testigos, concluyó que éstas declararon de manera honesta, contundente, sincera y concluyente, manifestando ambas declarantes que en su mente quedaron grabados los rostros de los sujetos, por eso reconocieron a G., aclarando que no fue por las fotos, sino por el impacto que el hecho causó, aclarando una de ellas que nunca se va a olvidar de esos rostros; y la otra, que aunque no le hubieran mostrado las fotos, igual los iba a reconocer en la rueda, razonamiento que descarta las pretensiones de la defensa.
Empleados públicos, reescalafonamiento, control de legalidad, retrogradación encubierta, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIZIA, ANTONIO CAYETANO Y OTROS. c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE SALUD PUBLICA) s/ ORDINARIO-ACTO ADMINISTRATIVO-REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS-   INTERPRETACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Si bien la Corte Suprema, al revocar una sentencia de la antigua Cámara Federal, declaró -por mayoría- que no eran revisables judicialmente las decisiones del Poder Ejecutivo sobre ubicación escalafonaria del personal, salvo que importasen una cesantía encubierta, esa solución restrictiva fue dejada de lado en decisiones posteriores que consideraron procedente la revisión judicial en supuestos de retrogradación, merma de salarios y, más genéricamente, ILEGITIMIDAD o ARBITRARIEDAD, llegándose así a una regla cabalmente justa, ya que es principio inconcluso que el agente público debe estar siempre a cubierto de ilegitimidad o arbitrariedad alguna que frustre sus derechos. En tal sentido es coincidente la jurisprudencia de esta Sala y de otros tribunales, y uniforme el criterio de la doctrina.
Fallos de la Corte Suprema, medidas cautelares, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GEPAL S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA s/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. ( INAPL. DE LEY)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-05

Es doctrina reiterada de esta Corte que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo. Si la Alzada en la especie revocó las cautelares por considerar que no se encontraban configurados los requisitos previstos en los arts. 22 inc. 1 ap. "a" y 25 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo en tanto que la dilucidación de la materia en debate, tocante a la vigencia de los planos de obra oportunamente aprobados y las alegadas divergencias de destino y superficie de lo efectivamente construido, requiere mayor intensidad de debate y prueba que excede el reducido ámbito de conocimiento propio de todo despacho cautelar; no se advierten motivos que permitan apartarse de tal criterio.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Mauri, José Ramón y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

A los fines de la aplicación del primer párrafo del art. 565 del Cód. de Comercio en cuanto establece la presunción de que las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos públicos, éstos deben haber estipulado intereses, sin determinar su importe.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Senadores, juicio político, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Así como el juzgamiento por el Senado puede servir para controlar las responsabilidades de los funcionarios mencionados en el art. 45 de la Constitución Nacional, la revisión judicial puede asegurar que el Senado se ajuste a un mínimo conjunto de estándares de procedimiento en la conducción de los juicios políticos.
Pago, lugar de pago, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: López María Cristina c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Consignación y Rendición de Cuentas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Toda vez que el domicilio de pago es el del acreedor, no basta para demostrar la negativa al cobro con enviar una carta documento, sino que es necesario concurrir a la sede del organismo y, sea a través de testigos o ya fuere por acta notarial, demostrar que el pago fue rechazado. Y esta conducta no ha sido observada. Cabe recordar que la consignación es una forma de pago excepcional y que el actor está obligado, ante todo, ha demostrar que ese recurso se encuentra, en las circunstancias del caso, justificado.-
Recurso de revisión (procesal), reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Maduri, Carlos Hugo s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

La Cámara no transgredió el art. 51 del C.P. cuando rechazó el recurso de revisión si en la sentencia originaria, confirmada en segunda instancia, se deja constancia de no realizarse la agravación entonces contemplada en esa norma porque la condena anterior obedeció a delitos cometidos antes de cumplir el procesado veintiún años y la cita de dicho artículo en la parte dispositiva cobra sentido en función de su último párrafo.