Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-13


SENTENCIA NÚMERO: VEINTE En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de abril de dos mil cuatro, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo Juan Sesin, Hugo Alfredo Lafranconi y Aída Lucía Teresa Tarditti, bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "AGUAS CORDOBESAS S.A. C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA PLENA JURISDICCIÓN RECURSOS DE APELACIÓN" (Expte. Letra "A", Nº 15, iniciado el catorce de agosto de dos mil dos), con motivo de los recursos de apelación deducidos por las partes actora y demandada (fs. 1270 y 1271, respectivamente) en contra de la Sentencia Número Cincuenta, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el catorce de mayo de dos mil dos (fs. 1221/1268vta.), la que resolviera: "1) Hacer lugar parcialmente a la demanda deducida en autos por Aguas Cordobesas S.A., invalidando la Resolución N° 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia (hoy DiPAS), en su artículo primero, así como también las Resoluciones N° 402/97 de la misma Autoridad y la Resolución N° 31/98 del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, en cuanto confirman la primera. 2) Condenar a la Provincia de Córdoba a restituir en el plazo de cumplimiento voluntario de cuatro meses, a la Empresa actora, si hubiere sido abonada por ésta, el importe de la multa aplicada por el acto anulado, con más sus intereses a razón del 12% nominativo anual, todo bajo apercibimiento de ley. 3) Rechazar la demanda en tanto pretende la anulación del artículo segundo de la Resolución n° 358/97 de la Dirección de Agua y Sane amiento de la Provincia impugnada. 4) Imponer las costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora...", fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de apelación deducidos por las partes actora y demandada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Hugo Alfredo Lafranconi y Aída Lucía Teresa Tarditti.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:

1. A fs. 1270 y 1271 las partes actora y demandada, respectivamente, interponen recursos de apelación en contra de la Sentencia Número Cincuenta, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el catorce de mayo de dos mil dos (fs. 1221/1268vta.). Concedidos los recursos (fs. 1276), los autos son receptados por este Tribunal (fs. 1279vta.).

2. A fs. 1282 se corre traslado por su orden a las apelantes para que expresen agravios, quienes lo evacuan a fs. 1286/1296vta. y 1303/1315, partes actora y demandada, respectivamente.

3. A fs. 1316 se corre traslado de la expresión de agravios formulada por la parte actora a la contraria, quien lo evacua a fs. 1318/1327, solicitando por los motivos que allí señala el rechazo del recurso incoado, con costas.

4. A fs. 1328 se corre traslado de la expresión de agravios deducida por la demandada a la parte actora, el que es contestado a fs. 1330/1341vta., oponiéndose a dicha impugnación, por las razones que allí explicita, solicitando imposición de costas a la contraria.

5. RECURSO DE APELACIÓN DE LA ACTORA:

Objeta el decisorio impugnado en cuanto rechaza su pretensión de anulación del artículo 2° de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia.

Recuerda que por el mencionado artículo se ordenó a su parte que efectúe a los usuarios presuntamente afectados, los descuentos en la facturación previstos en el artículo 32° del Régimen Tarifario del Contrato de Concesión suscripto por Aguas Cordobesas S.A. y la Provincia.

Refiere que conforme al marco normativo analizado por el Sentenciante dentro del cual la Administración puede ejercer su potestad sancionatoria, la sanción es nula por encontrarse viciado un elemento esencial constitutivo del acto, como es la causa o motivo, ya que el Tribunal afirma que no ha existido incumplimiento a las metas previstas en el numeral 13.5.2 inc. "f2" para el primer año de la concesión.

Transcribe parte del voto del Doctor Sánchez Gavier al que adhirieron los otros dos Vocales del Tribunal con el objeto de poner de manifiesto que su parte actuó en forma diligente para combatir el bloom algas, no obstante el grave estado de deterioro de las plantas e instalaciones recibidas al tiempo de asumir el servicio.

Afirma que no existió como bien destaca el Tribunal de Mérito una actitud negligente o imprudente de su parte, por lo que no ha existido motivo alguno para sancionarla y, en consecuencia, la sentencia debió hacer lugar a la demanda en todas sus partes y dejar sin efecto la resolución impugnada en cuanto le impone una multa de doscientos mil pesos y, además, le ordena efectuar descuentos en la facturación a los usuarios presuntamente afectados.

Entiende que si el Tribunal llegó a la conclusión que no existía razón para la aplicación de la multa de doscientos mil pesos y, por ello, declaró la invalidez de dicha sanción, no debió restringir su alcance respecto a la parte que ordena efectuar descuentos en la facturación a los usuarios presuntamente afectados, ya que se trata de una cuestión accesoria a la principal.

Destaca que no hay en estos autos prueba alguna que sirva para individualizar a los supuestos usuarios que hayan permanecido sin el servicio de agua durante más de veinticuatro horas.

Expresa que tampoco se puede sostener que su parte haya reconocido en su descargo la existencia de usuarios perjudicados por no recibir el servicio por más de veinticuatro horas.

Argumenta que de la lectura del mismo, se puede llegar a la conclusión que su parte ha dicho que la prestación del servicio se ha visto afectada por la existencia del bloom de algas y por las deficiencias en las instalaciones recibidas, así como por el accionar de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (E.P.E.C.) al variar el curso natural del río Suquía.

Refiere que no se puede deducir de su descargo que haya reconocido expresamente la existencia de un número determinado o indeterminado de usuarios que no hayan recibido el servicio por más de veinticuatro horas.

Manifiesta que no hay prueba alguna en autos para llegar a la conclusión a la que arribó el Sentenciante en el sentido que los descuentos en la facturación ordenados por el artículo 2° de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento (D.A.S.) se ajusten en un todo al hecho objetivo constatado.

Aduce que la ausencia de fundamentos para la aplicación a su parte de las disposiciones relativas a descuentos tarifarios a usuarios previstos en el artículo 32 del Contrato de Concesión, surge del propio voto conductor del fallo recurrido el cual, al explayarse sobre las particularidades del hecho sancionado, advirtió que la magnitud exacta de las irregularidades no ha sido suficientemente acreditada con prueba fehaciente que la corrobore.

Expone que no obstante el fallo, tras reconocer la falta de elementos probatorios que acreditaran de manera suficiente la existencia y magnitud de las supuestas irregularidades imputadas a su parte, afirmó a continuación que el hecho objetivo imputado es decir, la interrupción del servicio debía considerarse comprobado en términos generales.

Puntualiza que para sustentar tal afirmación, el Aquo se basó en: a) las publicaciones periodísticas del diario La Voz del Interior agregadas al Expediente Administrativo Número 041621324/97, que darían cuenta de una seria deficiencia en la prestación del servicio de provisión de agua potable entre los días dieciocho y veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, a raíz de la cual numerosos barrios de la Ciudad habrían padecido la falta de suministro por inconvenientes atribuidos a su parte como consecuencia de deficiencias en la potabilización originadas en un exceso de algas provenientes del lago San Roque; b) el informe emitido por el Ingeniero Miguel Soto, Técnico de la D.A.S., quien habría concluido que el servicio de suministro de agua potable habría estado interrumpido por cuatro días en sectores que representan aproximadamente mil manzanas, sosteniendo el Sentenciante que tal informe no habría sido observado concretamente por su parte; y c) la supuesta admisión por Aguas Cordobesas al momento de ejercer su defensa de la existencia de deficiencias en el servicio ocasionadas por el exceso de algas en el agua cruda y por el deficiente estado de las plantas recibidas de la Provincia.

Señala que en función de tales consideraciones, la sentencia apelada infiere que el corte de servicio se configuró, estimando que más de cincuenta manzanas habrían carecido del suministro de agua potable por un tiempo superior a las cuarenta y ocho horas.

Advierte que los argumentos señalados resultan incorrectos en tanto parten de una apreciación inadecuada e irrazonable de la prueba sustanciada en el sub examine, que conduce a una interpretación errada de los hechos que le sirven de antecedente y de las normas y principios de la concesión.

Alega en cuanto al primer argumento enumerado, que no es posible considerar configurada la situación fáctica prevista en el artículo 32 del Régimen Tarifario sobre la base de información proporcionada por un medio periodístico que carece de la idoneidad técnica y la profundidad científica necesaria para ser considerada como una opinión experta en la materia debatida y sujeta a prueba en el sub lite.

Explica que no existen constancias que permitan determinar cuál fue el carácter de las irregularidades del servicio en particular, si existieron efectivamente cortes en el suministro y cuál fue la extensión territorial de esas supuestas deficiencias, lo que impide a su vez establecer quiénes serían los usuarios que hipotéticamente tendrían derecho al beneficio del descuento previsto en el artículo 32 del Contrato de Concesión.

Reprocha que el Aquo soslayó sin justificación las deficiencias probatorias señaladas, que fueron expuestas oportunamente por su parte en la demanda (numeral 6.90), donde se advirtió el error en que incurrió la D.A.S., al tener por acreditados hechos de carácter técnico sobre la base de información periodística inhábil como medio probatorio (numeral 6.134).

Apunta en relación al segundo argumento mencionado en la sentencia, que su parte tanto en el descargo como al plantear la demanda desestimó la exactitud y valor probatorio del informe obrante a fs. 142 del expediente administrativo, lo que implica añade el rechazo concreto de la existencia de una interrupción en la continuidad del servicio que pudiera dar lugar a la aplicación de la cláusula contractual mencionada.

Adita que conforme lo señaló su parte en la demanda, contrariamente a lo sostenido en el fallo apelado, si bien la capacidad de las plantas se vio perjudicada con motivo de los sucesos extraordinarios de septiembre de mil novecientos noventa siete, ello no provocó aún en el peor momento de la crisis cortes del servicio.

Remarca que la D.A.S., a pesar del desconocimiento sobre los alcances ciertos de los inconvenientes en el servicio, nunca ordenó la realización de actos probatorios adecuados para la comprobación precisa y fehaciente de los hechos, para fundar en datos técnicos las resoluciones cuestionadas, apartándose de los deberes previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que le exigían cargar con la prueba adecuada a la naturaleza de los hechos que determinara la existencia efectiva de la infracción imputada y de sus alcances exactos sobre los usuarios.

Sostiene que la Administración debió adquirir conocimiento pleno y exhaustivo de las circunstancias relativas a la situación concreta ocurrida, la que por ser de naturaleza técnica imponía la producción de idénticos medios para la comprobación de los hechos en los que pretendió justificar el ejercicio de su competencia, que no fue realizada en sede administrativa ni en sede judicial.

Denuncia que la razón fundamental que impide la convalidación de la legitimidad del artículo 2 de la resolución impugnada, radica en que la entidad de los inconvenientes ocurridos con motivo de la crisis no importaron en ningún caso el corte en el suministro de agua potable, situación que fue corroborada al resultarle imposible al Ente de Control detallar con precisión el lugar, la frecuencia y duración, así como individualizar los usuarios supuestamente afectados sobre la base de pruebas técnicas cuya producción reitera debió efectuarse en todo caso en el trámite del sub examine.

Arguye que la imprecisión y falta de certeza de un elemento decisivo para la acreditación de la conducta imputada impide considerar válida la subsunción típica efectuada por el Ente de Control, en tanto los cortes de servicios se encuentran caracterizados por el artículo 3.3.1.5 a) del contrato, al igual que las infracciones relacionadas con las interrupciones, que exigen la precisión de la horas continuas de duración del corte y de las manzanas perjudicadas por él en el supuesto del numeral 10.5.2 "f.2": más de veinticuatro horas de duración, afectando más de cincuenta manzanas (numeral 6.132 de la demanda).

Postula que al no existir información ni prueba fehaciente sobre las interrupciones o cortes de servicio imputados a su parte ni sobre la entidad de sus efectos sobre los usuarios, mal puede tenerse por cumplido el hecho al que hacen referencia los artículos 10.5.2 "f2" del Contrato de Concesión y 32 del Régimen Tarifario.

Acusa en consecuencia la falta de causa de los descuentos ordenados por el artículo 2 de la resolución cuestionada, erróneamente convalidados por el fallo apelado, toda vez que no han existido cortes del servicio imputables a su parte y la disminución de la presión de agua cargada en la red que no llegó al corte en los términos previstos en las normas analizadas fue solucionada a la mayor brevedad.

Considera que la devolución ordenada tampoco resulta procedente toda vez que el citado artículo 32 prevé que el descuento sobre la factura de los usuarios debe limitarse a la parte proporcional de la cuota correspondiente a los días en que el servicio no se haya prestado, elemento que no fue acreditado oportuna y fehacientemente por la Administración.

Refiere que el argumento señalado en tercer término no es correcto, por cuanto de los antecedentes del sub lite se advierte que no existen elementos que autoricen a concluir que en la causa medió un reconocimiento de su parte acerca de la existencia de cortes del servicio no programados en los sucesos de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Indica que en todo momento se refirió a la existencia de "deficiencias" en el servicio, ocasionadas por las carentes condiciones en que fue entregada la infraestructura de la concesión y la modificación extraordinaria ajena a su voluntad de las condiciones en que discurrían las aguas crudas tomadas para la prestación del servicio, cuya descripción no autoriza a inferir sin más que ella haya reconocido "interrupciones" del servicio que tornen aplicable el artículo 32 del Régimen Tarifario.

Niega todo posible reconocimiento tácito de cortes del servicio por más de veinticuatro horas y la idoneidad probatoria de lo que constituyeron sólo dichos de terceros o estimaciones abstractas, poco serias e improcedentes, contenidas sin mayor apoyo en el expediente administrativo.

Concluye que la sentencia apelada debe ser revocada en tanto confirma la validez del artículo 2° de la resolución recurrida, por cuanto en todas sus presentaciones relacionadas con la causa y lo que surge de las constancias aportadas al sub lite, no existen elementos probatorios relevantes y conducentes que permitan afirmar la existencia del hecho objetivo que sirve de causa a la consecuencia prevista en el artículo 32 del Régimen Tarifario, razón por la cual su aplicación al caso carece de sustento.

Hace presente que al hacerse lugar a la apelación, se debe revocar no sólo el Apartado III de la parte resolutiva de la sentencia en lo que aquí se cuestiona, sino también el Apartado IV en cuanto impone las costas en un ochenta por ciento (80%) a la demandada y en un veinte por ciento (20%) a su parte, correspondiendo que lo sea en un cien por ciento (100%) a la primera.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal sostuviese que es ajustada a derecho la condena a Aguas Cordobesas a efectuar descuentos en la facturación a los usuarios supuestamente afectados, pone de manifiesto que debe establecerse que las costas sean dispuestas en el orden causado (arts. 130 y 133 del C.P.C. y C.), en razón de lo novedoso de la cuestión en debate y atento la inexistencia de criterios judiciales locales sobre el asunto, todo lo que la indujo a creerse con mejor derecho a litigar.

Finalmente mantiene reserva del recurso extraordinario federal (art. 14, Ley 48).

6. RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEMANDADA:

La recurrente señala que le agravia el decisorio impugnado en cuanto hace lugar a la demanda en los puntos 1), 2) y 4) de su parte resolutiva e impone las costas a su parte.

Expresa que la sentencia impugnada, luego de efectuar una correcta interpretación de las normas que rigen la cuestión, arriba a una solución equivocada con el argumento dogmático e ilegal de que no se constituyó la falta objetiva imputada a la accionante, atento lo dispuesto en la nota contenida en el Anexo IX del Pliego que consideraba de cumplimiento no obligatorio las metas previstas para el primer año de concesión.

Explica que el Sentenciante, luego de reconocer el carácter formal de las faltas cometidas, la importancia del contralor que debe ejercer su parte para la correcta prestación del servicio y que en definitiva se trata de una cuestión de puro derecho, interpreta que las faltas que se cometan durante el primer año de la concesión resultan no punibles en atención a la nota puesta al pie de la Planilla IX.1 que señala que los valores correspondientes al primer año son sólo informativos y no constituyen metas a cumplir.

Afirma que su parte nunca negó la necesidad de mejoras e inversión en las plantas potabilizadoras, lo cual determinó la necesidad de concesionar el servicio, pero ello es distinto a sugerir que las plantas estuvieran inoperables y menos aún que fuera un "hecho notorio", como para que so pretexto de interpretación se pueda apartar de los términos contractuales disponiendo una inexistente e injusta dispensa para la Concesionaria a que se produzcan interrupciones en el servicio de agua potable.

Aduce que el razonamiento del Juzgador en este aspecto aparece desconectado con el efectuado precedentemente, al valorar primero la importancia y significación del servicio en análisis y la innegable potestad sancionatoria para hacer efectiva la correcta y eficaz ejecución del contrato y, posteriormente, inferir que en mérito de un supuesto marco histórico se pueda tolerar que se produzca un corte de magnitud para una importante franja de la población sin consecuencia para la actora.

Hace presente que el Aquo no señala en su descripción que en la disputa que se produjo entre los cuatro consorcios oferentes en el concurso internacional, tuvieron una especial influencia los compromisos asumidos por la actora, entre los cuales merece citarse el conjunto de metas y objetivos a alcanzar en los treinta años de la concesión del Anexo IX, como asimismo su compromiso adicional efectuado al contestar las impugnaciones y que quedó plasmado en el numeral "3.1" último párrafo del Contrato de Concesión.

Menciona el orden de prelación en que han de aplicarse los instrumentos legales que rigen la concesión, previsto en el numeral "1.2.1" del contrato y apunta que en similares términos se pronuncian las partes en el punto "3.1".

Transcribe una serie de normas contractuales previstas en los numerales "3.1", "2.6.4", "3.2" y "10.2", enfatizando algunas de sus partes con el propósito explica de que se tenga real noción del alcance de los compromisos asumidos por la Concesionaria y, en especial, los referidos a las Metas definidas en el Anexo IX del Pliego, en los que no se ha efectuado posteriormente limitación alguna.

Advierte que si se le otorgan los alcances que pretende el Aquo a la reseña que figura en la planilla del Anexo IX del Pliego, carecería de valor y no tendría razón de ser el punto "10.2." del contrato norma de rango superior en la parte referida a que los incumplimientos ocurridos dentro de los primeros seis meses desde la entrega del servicio se considerarán como causas atenuantes para la aplicación de las sanciones, cuando sean derivados del estado del mismo.

Añade que no tiene ningún sentido establecer causas atenuantes dentro de los seis primeros meses de ejecución del contrato por incumplimientos de la Concesionaria, cuando según la opinión del Sentenciante ésta estaba exenta de toda sanción dentro del primer año.

Expone que la actora en oportunidad de efectuar su oferta económica y más precisamente al formular las observaciones y consultas al Contrato de Concesión, solicitó la inclusión de un capítulo titulado "Eximición", donde se estableciera que el Concesionario estaría eximido de ser sancionado durante el primer año de concesión, lo que puntualiza no fue aceptado por su parte.

Sostiene que la posición del Sentenciante en cuanto a que las prescripciones previstas en la nota que figura en la Planilla IX.1 del Pliego y en el numeral "10.2" del contrato armonizan, no puede ser recibida, en mérito a la clara voluntad de las partes expresada en el contrato, cuyas normas no permiten inferir que la actora pueda dejar de prestar el servicio o interrumpir la provisión de agua potable a una importante cantidad de barrios de la ciudad, sin consecuencia alguna.

Refiere que si se lee el Capítulo 10 del contrato en especial, los puntos "10.5.1" y sgtes., se observa que las infracciones pueden ser impuestas por: a) Deficiencias e incumplimientos en la prestación del servicio, y b) Atrasos o incumplimientos del Programa de Obras, Instalaciones y Estudios a ejecutar durante los años uno y dos de la Concesión (POIE2), del Plan de Mejoras y Expansión del Servicio, del Plan de Micromedición definido en el Marco Regulador y/o de las metas de porcentaje de cobertura directa.

Apunta que los mencionados en el punto a) son los que inciden directamente sobre el usuario del servicio y, dentro de éstos, aparecen las infracciones por incumplimientos a las metas y objetivos que se comprometió a alcanzar la Concesionaria y que tienen una marcada significación dentro de ese capítulo.

Afirma en consecuencia que inferir o concluir que para el primer año de la concesión no constituyen infracciones los incumplimientos de las metas comprometidas, no obstante su directa repercusión en el usuario, implica aceptar que el sistema sancionatorio se vea menoscabado, transformando lo que debería ser la excepción a las facultades de punición en una regla, lo cual es un absurdo dentro del sistema de concesión de servicio público en análisis.

Señala que en el caso de autos los cortes en el suministro de agua potable fueron graves, puesto que afectaron prácticamente a la tercera parte de la población y con una duración en algunos barrios de más de diez días.

Insiste que la mera referencia contenida en la Planilla del Anexo IX del Pliego, que asigna carácter indicativo a los valores previstos para el primer año de la concesión, jamás puede conducirnos en su interpretación a relevar a la Concesionaria, sin consecuencia alguna, de cumplir la primera y principal obligación a su cargo, esto es, proveer de agua potable a toda la población.

Alega que tampoco constituye un motivo para incumplir esa esencial obligación o para efectuar forzadas interpretaciones, el estado de las instalaciones a que refiere el Aquo, por cuanto dice el mismo era conocido por la actora, ya que existió un diagnóstico que da cuenta de esa situación, una oferta que se basaba en esas limitaciones e, incluso, el mismo contrato previó en forma expresa dicha circunstancia, estableciendo causales atenuantes de responsabilidad.

Asevera que aún si se considerara válida la reseña contenida en la Planilla IX.1 del Pliego, el Juzgador ha llegado a una conclusión errada, antijurídica e ilegal, por cuanto sostiene la mentada nota al pie, en su real dimensión y correcta interpretación, no autorizaba al Aquo a nulificar el acto administrativo.

Recuerda que en el intérprete debe estar presente siempre que se trata de la concesión de un servicio público , con sus caracteres de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad del suministro, como así su fin superior de "interés general". Cita doctrina.

Observa que si se verifica que la sanción fue impuesta en función de la previsión contenida en la cláusula "13.5.2" del Pliego idéntica al numeral "10.5.2" del contrato, más precisamente en el inciso "f2" cortes de duración mayor a veinticuatro horas motivado en las circunstancias atenuantes consideradas, se puede advertir que, contrariamente a lo sostenido por el fallo impugnado, la Concesionaria estaba obligada a cumplir con la meta del punto "A.6" relacionada con la continuidad del servicio.

Señala que la nota mencionada hace alusión a que los valores establecidos para el año uno son indicativos y no constituyen metas a cumplir, pero para esta puntual situación no hay valores consignados para dicho período, sino que se expresa en forma categórica que no se aceptarán cortes imprevistos de más de veinticuatro horas.

Razona que si la intención de su parte hubiera sido tolerar este tipo de infracción durante el primer año y con ello echar por tierra los principios invocados a lo largo del pleito, otra hubiera sido la redacción de la planilla, pero jamás una tan terminante como la expresada precedentemente.

Aclara que la actora no fue sancionada por un actuar negligente, como así tampoco por haber variado el proceso de purificación de las aguas eutróficas del Lago San Roque, por lo que meritar sobre este particular resulta ineficaz e irrelevante.

Remarca que se sancionó una falta objetiva que consistió en haberse producido un corte imprevisto en el suministro de agua potable para la población, es decir el hecho objetivo de la falta de servicio en el ámbito territorial y durante el tiempo previsto en el contrato fue el hecho imputado y lo que configuró la infracción sancionada por su parte.

Manifiesta que carecen de relevancia las argumentaciones que efectúa el Juzgador, al partir de una premisa equivocada dado que la calificación de la conducta de la empresa ante la emergencia no fue objeto de sanción, sino que fue tenida en cuenta para su morigeración.

Arguye que el Sentenciante sólo ha reparado en algunos elementos probatorios, tales como las periciales hidráulicas y contable, pero ha descuidado los referidos a otras circunstancias comprobadas en la causa, como la testimonial rendida por la Ingeniera Viviana Núñez.

Indica que fue debidamente probado que la crisis pudo haberse evitado, puesto que la actora erró en el tratamiento de potabilizacion, lo cual amén del resto de las probanzas existentes en autos y que confirman lo expuesto se desprende por el hecho objetivo de que los mayores inconvenientes se produjeron en la Planta Suquía mejor equipada y ante una menor presencia de algas en el agua cruda allí recibida.

Considera que menos aún podría sostenerse que la situación encuadró en lo que se denomina caso fortuito o fuerza mayor, como incluso fue reconocido por la propia actora, puesto que el hecho sancionado pudo haberse evitado. Cita doctrina.

Reitera que lo expresado por el Aquo en el sentido que su parte reconoció un "actuar diligente" de la actora frente a los acontecimientos, no cambia la suerte de la Concesionaria porque, si bien es cierto que ella realizó esfuerzos "diligentes" tendientes a solucionar el problema, ello es distinto a reconocer que tales esfuerzos fueron "idóneos" para evitar dejar a una importante franja de la población cordobesa sin agua potable durante tantos días.

Manifiesta que lo expresado tampoco implicó que su parte considerara que la actora actuó ante la crisis en forma "negligente", ni que su conducta fuera displicente, culposa o dolosa, puesto que si ello hubiera sido así incluso podría haberse configurado otro incumplimiento contractual distinto, más grave aún, que hasta podría haber habilitado la rescisión contractual por culpa de la Concesionaria.

Postula que la decisión administrativa no merece reproche alguno, puesto que su parte se limitó a aplicar en forma adecuada las disposiciones contenidas en el contrato, imponiendo la sanción correspondiente y graduándola en función de las circunstancias atenuantes a que hace referencia el artículo "10.2" del mismo.

Sostiene que el Aquo, en su fallo, está modificando el marco jurídico al que voluntariamente se sometieron las partes, al establecer una exención que en definitiva no resulta operativa en función de lo dispuesto por el contrato, en especial, lo preceptuado en el artículo "10.2" citado.

Concluye por las razones expuestas, solicitando la revocación de la sentencia impugnada en lo que es materia de agravio, con costas a la contraria en ambas instancias.

Formula reserva del recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48.

7. A fs. 1342 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 1343), deja la presente causa en condiciones de ser resuelta.

8. Los recursos bajo análisis han sido oportunamente deducidos por las partes legitimadas, contra una sentencia definitiva, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43 de la Ley 7182 y 366 y cc. del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 del C.P.C.A.).

9. La sentencia de primera instancia contiene una adecuada relación de la causa, la cual debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración (art. 329 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.).

10. Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito hizo lugar parcialmente a la demanda de plena jurisdicción incoada por Aguas Cordobesas S.A., invalidando la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia, en su artículo 1° y sus confirmatorias, las Resoluciones Números 402/97 de la misma autoridad y 31/98 del Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, mediante las cuales se impuso una multa de Pesos Doscientos mil ($ 200.000) prevista en el artículo 13.5.2 inc. f2 (por cada corte programado o imprevisto de primer orden, de más de veinticuatro horas de duración, que afecte en forma simultánea a una zona constituida por más de cincuenta manzanas). En virtud de ello condenó a la Provincia de Córdoba a restituir en el plazo de cuatro meses a la actora, si hubiere sido abonada por ésta, el importe de la multa aplicada por el acto anulado con más sus intereses a razón del doce por ciento (12%) nominativo anual.

Asimismo rechazó la demanda en cuanto pretendía la anulación del artículo 2°de la Resolución Número 358/97 y sus ratificatorias, que ordenaba a la actora a efectuar a los usuarios, presuntamente afectados, los descuentos en la facturación previstos en el artículo 31 del Régimen Tarifario del Pliego de la Licitación (cfr. fs. 1268).

11. Contra dicho pronunciamiento, alzan su embate recursivo las partes actora (fs. 1270) y demandada (fs. 1271).

La Empresa actora apela el decisorio del Tribunal aquo en cuanto rechaza su pretensión de anulación del artículo 2° de la Resolución Número 358/97, en base a dos argumentos esenciales:

a) el carácter accesorio de los descuentos en la facturación ordenados por la disposición citada, en relación a la multa invalidada;

b) la ausencia de elementos probatorios relevantes y conducentes para llegar a la conclusión a la que arriba la sentencia, en el sentido que los descuentos en la facturación ordenados se ajustan "al hecho objetivo constatado", que sirve de causa a la consecuencia prevista en el artículo 31 del Régimen Tarifario del Anexo I del Contrato de Concesión.

Por su parte, la Provincia demandada se agravia de la sentencia de autos en cuanto hace lugar a la demanda en los puntos 1), 2) y 4) de su parte resolutiva, sobre la base de afirmar que el decisorio arriba a una solución equivocada, con el argumento dogmático e ilegal de que no se constituyó la falta objetiva imputada a la actora, atento lo dispuesto en la nota contenida en la Planilla IX.1 del Anexo IX del Pliego, por cuanto según asevera la demandada establece una exención que no resulta operativa al caso sub examen.

La Empresa actora resiste la censura así expuesta afirmando que en el caso no hubo obligación incumplida, pues no se produjo el presupuesto fácticojurídico indispensable para sancionar (cfr. fs. 1332), razón por la cual no existió un incumplimiento generador de una sanción que debería ser atenuada o eximida . Controvierte que la expresión de la demandada en el sentido que ...los cortes en el suministro de agua potable fueron sumamente graves puesto que afectaron prácticamente a la tercera parte de la población y con una duración en algunos barrios de más de diez días... es una afirmación vaga, imprecisa y no se apoya en prueba alguna que sirva para individualizar a los supuestos usuarios que hayan permanecido sin el servicio de agua potable. Menos aún añade existe prueba que tienda a acreditar que la situación anómala se haya extendido durante más de veinticuatro horas, siendo que el propio Ente de Control reconoció que no se había precisado la duración de los presuntos cortes del servicio ni las zonas afectadas Considerando 14 de la Resolución D.A.S. Nro. 358/97.

12. Ingresando al análisis de los recursos de apelación articulados por ambas partes, por razones metodológicas que coadyuvan a una mayor claridad en el examen de las cuestiones planteadas, efectuaré en forma conjunta el análisis sobre la viabilidad de los agravios traídos a esta instancia por ambos contendientes, atento la conexión sustancial que muestra la materia propuesta al debate por cada uno de ellos.

13. A ese fin, se torna indispensable efectuar previamente un repaso de las siguientes cuestiones, a saber: 1) el acto administrativo sancionatorio y sus confirmatorios, 2) las normas que rigen la concesión implicadas, 3) el hecho sancionado y su acreditación.

14. El acto administrativo sancionatorio y sus confirmatorios:

Mediante la Resolución Número 358 de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia resolvió aplicar a la Concesionaria del Servicio de Provisión de Agua Potable para la ciudad de Córdoba, Empresa Aguas Cordobesas S.A., una multa de Pesos Doscientos mil ($ 200.000.) por graves deficiencias e incumplimientos en el servicio, destinada a integrar el Fondo Anual de Multas, con cargo a la Concesionaria a devolver a los usuarios al final del año de concesión artículo 1° y a efectuar a los usuarios afectados los descuentos en la facturación, previstos en el artículo 31 del Régimen Tarifario del Pliego de Licitación artículo 2° (fols. 47/48, Expte. Adm. Nro. 041621324/97).

Para así resolver, la demandada expuso las siguientes premisas esenciales:

a) "Que la Concesionaria no pudo controlar una invasión de algas, que conforme a las planillas presentadas como Anexos a las Notas 49/51 y 52/60, no representan valores extraordinarios" (cfr. fol. 47);

b) "...la Empresa concesionaria por varios días no logró ajustar la metodología en cuanto al tratamiento a adoptar para neutralizar la presencia de algas" (cfr. fol. 47);

c) "Que existen antecedentes de deficiencias en la prestación del servicio que han quedado documentadas en las Notas de D.A.S. N° 014; 023; 025; 027; 030 y Notas de Aguas Cordobesas N° 019; 021 y 033" (cfr. fol. 47);

d) "Que por Notas de D.A.S. N° 034 y 037/038 se hicieron observaciones y se requirió información sobre los inconvenientes en el servicio producidos por el bloom de algas" (cfr. fol. 47);

e) "Que por Nota de D.A.S N° 039 de fecha 26/09/97 se intimó a la Concesionaria para que en un plazo de diez (10) días corridos, presente el descargo correspondiente" (cfr. fol. 47);

f) "Que por Notas N° 049/051 y 052/060 con sus Anexos, la Concesionaria presentó en tiempo y forma el descargo correspondiente" (cfr. fol. 47);

g) "Que analizadas las presentaciones, se reconocen como ciertas la calidad del agua con la cantidad de algas registrada, que las instalaciones tenían deficiencias ya conocidas y que la Concesionaria adoptó una serie de medidas para solucionar la crisis presentada, con la mayor diligencia posible" (cfr. fol. 47);

h) "Que teniendo en cuenta el punto 10.2. del Contrato, se toma como atenuante que la concesión se encuentra dentro de los SEIS (6) meses contados desde la entrega del servicio" (cfr. fol. 48);

i) "Que resulta difícil precisar la duración de los cortes de servicio efectuados y delimitar las zonas afectadas, pero sí se conoce que por varios días el mismo ha sido prestado en forma sumamente irregular" (cfr. fol. 48, énfasis agregado);

j) "Que el Capítulo 13 del Pliego de Licitación prevé sanciones por deficiencias e incumplimiento en la prestación del servicio proporcionalmente a la gravedad de la infracción, estableciéndose la presente como grave, pero con los atenuantes que se indican en los Considerandos 11 a 13 de la presente y por lo tanto encuadra la infracción en el punto 13.5.2. inc. f2 del Pliego de Licitación" (cfr. fol. 48);

k) "Que el Art. 32 del Régimen Tarifario del Pliego de Licitación establece descuentos en la facturación a los Usuarios que no se les presta el servicio" (cfr. fol. 48).

La decisión administrativa precedente fue confirmada por la Resolución Número 402 de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, de la Dirección de Agua y Saneamiento que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto (fols. 188/202, expte. adm. cit.). Esta resolución analizó cada uno de los argumentos impugnativos expuestos por la recurrente en su extenso escrito de interposición, mediante diversos fundamentos entre los cuales cabe destacar a los fines de nuestro análisis posterior las siguientes premisas fundamentales relativas a la causa o motivo del acto sancionatorio:

a) "...la recurrente afirma que la resolución impugnada incurre en error de hecho al tener por ocurrido un corte imprevisto de primer orden de más de 24 horas de duración (puntos 4.10 y 5.7 del escrito de interposición del recurso) por cuanto sostiene la "inexistencia de cortes" en el período a que se refiere el acto (punto 4.64)" (cfr. fs. 194);

b) "Pese a reconocer, tanto en el escrito de descargo, cuanto en el propio recurso, la existencia de una 'emergencia' en el servicio, entre los días 18997 y 28997, expresa que 'en ningún momento la producción de agua potable se vio interrumpida'. No obstante ello, la recurrente no acompaña elementos probatorios que acrediten los datos técnicos que esgrime en su defensa, ni acompaña certificación firmada de la auditoría técnica prevista en la cláusula 15.2 del pliego, lo que impide tenerlos por ciertos" (cfr. fol. 194, énfasis agregado);

c) "...el 'corte del servicio' que constituye incumplimiento contractual se configura cuando el usuario sufre una interrupción del servicio y no cuando se interrumpe la producción de la planta" (cfr. fol. 194);

d) "...según constancias obrantes a fs. 151/161, la información periodística de diversos medios de esta Ciudad, durante los días 18 al 27 de setiembre próximo pasado, pone de manifiesto que se trató de un hecho 'de público y notorio conocimiento' " (cfr. fol. 194);

e) "...la falta de negativa expresa por parte de la concesionaria en oportunidad de contestar el emplazamiento para formular descargo importa un reconocimiento tácito de los hechos que se le imputaban con claridad en la Nota DAS N° 39 de esta Dirección" (cfr. fol. 194);

f) "...las manifestaciones contenidas en su descargo (Nota AACC N° 57), al punto IV (Del alcance de la crisis) cuando dice 'se sabe que los barrios afectados se localizarían en la periferia Norte de la Ciudad; al contrario de otras emergencias, en que históricamente se afectaba la zona Sur' y, luego de recordar el deber de los usuarios de contar con una reserva de agua para 24/48 horas, agrega que 'los ir y venir de las algas y sus consecuencias en las deterioradas instalaciones actuales, no permiten saber a ciencia cierta si el líquido faltó durante un lapso mayor a ese período en los lugares afectados', importan un reconocimiento expreso de: a) que resultaron 'afectados' varios barrios; y b) que en los lugares afectados faltó el agua" (cfr. fol. 195);

g) "...del informe obrante a fs. 142 del Encargado del Sector Control del Servicio Capital de fecha 241097, confeccionado sobre la base de datos proporcionados por los partes diarios de la concesionaria, surge que, en función de la producción de las plantas, el día 179 habrían carecido del servicio 76.700 habitantes, lo que equivale a una cantidad estimada de 511 manzanas y el día 189 habrían carecido del servicio 193.000 lo que equivale a una cantidad estimada de 1.286 manzanas, además de los datos correspondientes a los días 24 al 27 del mismo mes" (cfr. fol. 195);

h) "...los elementos de juicio mencionados permiten tener por acreditada la existencia del hecho, esto es que en el período a que se refiere la resolución recurrida efectivamente carecieron del servicio de agua potable los usuarios de una zona sensiblemente mayor a cincuenta manzanas" (cfr. fol. 195).

i) "Que la recurrente afirma que los hechos que se le imputan no están tipificados como infracción y que la sanción viola el principio de legalidad (art. 19 C.N.)... invocando para ello que conforme a las previsiones del pliego, en las metas de continuidad del servicio y las 'metas varias', los valores correspondientes al primer año de la concesión son sólo informativos y no constituyen metas a cumplir (planillas IX.1 y IX.3 del anexo IX)" (cfr. fol. 195);

j) "La previsión contractual que asigna carácter meramente indicativo a los valores previstos para el primer año de la concesión, no puede llevarse en su interpretación a un extremo tal que releve a la concesionaria de cumplir la primera y principal obligación a su cargo, esto es, proveer de agua potable a toda la población del radio servido (ver cláusula 3.1 del contrato)" (cfr. fol. 196).

Finalmente, por Resolución Número 031 de fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, del Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se rechazó el recurso jerárquico intentado (fols. 285/288, expte. adm. cit.).

15. Las normas del régimen de la concesión aplicables:

En forma liminar, es dable señalar que la relación jurídica que vincula a las partes tiene su marco jurídico en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba entre la Provincia de Córdoba y Aguas Cordobesas S.A., suscripto el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete (cuya copia obra a fs. 34/127), bajo las normas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que fuera aprobado por Decreto Número 2666/94 del Poder Ejecutivo (vid copia de fs. 462/650).

El Capítulo 13 del Pliego de Licitación invocado en la Resolución Nro. 358/97 (cfr. fol. 48, expte. adm. cit.) establece el "Régimen Sancionatorio. Incumplimientos y Penalidades" en el que se regulan los tipos de sanciones que el Titular del Servicio puede aplicar a la Concesionaria a través del Ente de Control (pto. 13.1), las normas y procedimientos para la aplicación de sanciones (pto. 13.2), las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor (pto. 13.3), el apercibimiento (pto. 13.4), las multas y su modo de aplicación según el tipo de infracción cometida (pto. 13.5), y los intereses por mora (pto. 13.6), todo en términos similares al Capítulo X del contrato.

En orden a las normas específicamente implicadas en el caso sub examen, el punto 10.2 del contrato citado en el acto sancionatorio (cfr. fol. 48 ib.) establece en los aspectos pertinentes que "Salvo indicación especial en contrario, una vez producida la infracción, tendrá carácter formal, independientemente del dolo o culpa del Concesionario y de las personas por quienes debe responder".

En cuanto a la sanción de multa, el punto 13.5 del Pliego prescribe que "Se sancionarán con multa las deficiencias e incumplimientos en la prestación del servicio y los atrasos o incumplimientos de los Planes de Mejoras y Expansión del Servicio...".

Por su parte, el punto 13.5.1 del mismo documento regla: "El modo de aplicación diferirá según el tipo de infracción cometida:

a) Deficiencias e incumplimientos en la prestación del Servicio.

Las multas por este concepto, detalladas en 13.5.2, se contabilizarán en un Fondo Anual de Multas con cargo al Concesionario, que estará integrado por todas aquellas multas que el Ente de Control de la Concesión le haya aplicado en el curso de cada año de la Concesión...".

A continuación, el punto 13.5.2 bajo el título "Multas por Deficiencias e Incumplimientos en la Prestación del Servicio" establece: "Por estos conceptos se aplicarán al Concesionario multas de montos variables según la gravedad de la infracción cometida por éste.

Se establece a continuación un listado de las infracciones o incumplimientos correspondientes a cada monto establecido. El Ente de Control tendrá la facultad de sancionar con el importe de alguna de las multas aquí establecidas toda otra infracción a las disposiciones legales o contractuales que no hubiese sido incluida en este listado. La aplicación se hará de acuerdo a la analogía que presente la conducta sancionada con las aquí previstas...".

A su vez, el inciso f) del listado mencionado prevé multas de Pesos Doscientos mil ($ 200.000.):

"f2) Por cada corte programado o imprevisto de primer orden, de más de veinticuatro (24) horas de duración".

En relación a este último punto, corresponde señalar algunas especificaciones normativas previstas en el Capítulo 16 del Pliego (Capítulo 3 del contrato), bajo el título "Metas y Objetivos a alcanzar por el Concesionario".

Así, el punto 16.1 dispone que "Las metas y objetivos definidos en el Anexo IX del presente Pliego, así como las fechas previstas para su cumplimiento en el cronograma detallado en el mismo y las que se haya comprometido el Adjudicatario en su Oferta, serán de obligatorio cumplimiento para el Concesionario.

El incumplimiento de las condiciones de prestación establecidas, en cualquier momento de la Concesión y constatadas por el Ente de Control, será motivo para que se apliquen al Concesionario las sanciones previstas en el Capítulo 13 y 14 de este Pliego".

A su vez, el punto 16.2 "Aspectos del Servicio para los cuales se estipulan Metas" prescribe en el punto 16.2.1 que "La calidad del servicio brindado a los usuarios se controlará a través de los siguientes factores: a) Calidad del agua potable suministrada; b) Dotación de producción; c) Presión de suministro; d) Continuidad del servicio".

Más adelante, el punto 16.2.1.e referido a la "Continuidad del Servicio", dispone: "Este parámetro se mide por la frecuencia y duraciones máximas de las interrupciones admitidas en el servicio de agua potable, en función de las siguientes clases de corte:

a) Cortes Programados: Son aquellas interrupciones del servicio necesarias para efectuar tareas de mantenimiento o reparación que han sido planeadas anticipadamente. Una interrupción del servicio sólo será considerada en esta clase cuando el Concesionario pueda demostrar que comunicó esta circunstancia a la población por lo menos veinticuatro (24) horas antes de efectuar el corte. Esta comunicación debe ser efectuada a través de medios de comunicación masiva.

b) Cortes Imprevistos: Están incluidas en esta clase aquellas interrupciones en el servicio debidas a desperfectos, fallas en el sistema, necesidades de mantenimiento o a cualquier otra causa, que no hayan sido previstas anticipadamente o comunicadas debidamente a los Usuarios en los tiempos y formas establecidas para los cortes programados.

Para ambas clases de corte se establece una categorización que tiene en cuenta el área afectada por la interrupción del Servicio:

1er. Orden: Cuando el corte afecte en forma simultánea a una zona constituida por más de 50 manzanas...".

Al final de la disposición citada, se aclara: "En el Anexo IX del presente Pliego se establecen los valores de frecuencia y duración máximos admitidos para cada clase y categoría de interrupción del servicio".

Así, la Planilla IX.1 del Anexo IX del Pliego titulada "Metas de Continuidad del Servicio" contiene un cronograma detallado de la cantidad de Cortes Programados e Imprevistos de 1er., 2do. y 3er. Orden admitidos para cada año de concesión. Ahora bien, en el apartado A.6 Cortes imprevistos de más de 24 horas y para los treinta años de la concesión se estipula que "No se aceptarán cortes imprevistos de más de 24 horas". En cuanto a la nota puesta al final de esta planilla, ella dice: "(1) Los valores correspondientes al año 1 son sólo informativos y no constituyen metas a cumplir" (énfasis agregado).

Por otra parte, es dable mencionar lo dispuesto por el Artículo 31 del Régimen Tarifario del Pliego de Licitación, también citado en la Resolución Número 358/97 (cfr. fol. 48), que bajo el título "Incumplimiento en la Prestación del Servicio" reza: "El Concesionario deberá descontar de las facturas correspondientes la parte proporcional de la cuota correspondiente a los días en que el servicio no se haya prestado por haberse producido cortes no programados, notificando de esta novedad al Ente de Control".

16. El hecho sancionado. Su acreditación:

Con motivo de las actuaciones cumplidas en el Expediente Número 041621324/97 "en el cual se informan las reiteradas interrupciones en el servicio de provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba" (cfr. Visto de la Res. 358/97, fol. 47 ib.), la actora fue sancionada por graves deficiencias e incumplimientos en el servicio, encuadrando la infracción en el punto 13.5.2 inc. "f2" del Pliego de Licitación y ordenando además el descuento previsto en el artículo 31 del Régimen Tarifario del Pliego.

Respecto del hecho sancionado, el Sentenciante expresó en el decisorio impugnado que "Aún cuando la magnitud exacta de las referidas irregularidades no ha sido suficientemente acreditada con prueba fehaciente que la corrobore, el hecho objetivo imputado, en términos generales, considero ha quedado comprobado" (cfr. fs. 1253vta./ 1254).

Para arribar a esa conclusión, en primer término, el Tribunal aquo consideró que "Las publicaciones periodísticas del diario 'La Voz del Interior' cuyas copias obran a fs. 151/161 del Expte. Administrativo N° 041621324/97 que se reserva en Secretaría, dan cuenta de la seria deficiencia en la prestación del servicio de provisión de agua potable entre los días 18 y 27 de Setiembre de 1997, en la cual numerosos barrios de la ciudad han padecido su falta por inconvenientes atribuidos a dificultades de la Empresa Aguas Cordobesas en la potabilización, originados en un exceso de algas provenientes del lago San Roque. Se menciona concretamente que la falta de agua afectaría a 300 mil usuarios (viernes 19997, fs. 151). También que por las algas, 13 barrios continuaban sin agua (viernes 26997, fs. 157)" (cfr. fs. 1254).

En segundo término, el Tribunal de Mérito señaló que a fs. 142 del mismo expediente, obra el informe emitido por el Ingeniero Miguel Soto, Encargado de Control del Servicio, al Señor Director de la D.A.S., en el que se expone el resumen de deficiencias en el servicio, consignando que los cálculos efectuados y de la planilla confeccionada se puede afirmar que sectores que representan aproximadamente 1.000 manzanas han estado con el servicio interrumpido durante cuatro días consecutivos. Agrega que los datos han sido tomados del parte diario presentado por la Concesionaria Aguas Cordobesas S.A.. Tal informe no ha sido observado concretamente por la Empresa" (cfr. fs. 1254).

En tercer lugar, el Judex aquo ponderó que "La actora por su parte admite al tiempo de ejercer su defensa, tanto en sede administrativa como en el presente juicio, la existencia de las deficiencias en el servicio ocasionadas por la excesiva presencia de algas en el agua cruda y por el deficiente estado de las plantas recibidas de la Provincia" (cfr. fs. 1254vta.).

Conforme lo expresado, el Sentenciante valoró las Notas Números 49 y 52 remitidas por Aguas Cordobesas y razonó que "La admisión parcial de los hechos por parte de la Empresa y demás pruebas referenciadas, me permite inferir que la falta, tal como ha sido descripta y tipificada por la Administración se ha configurado" (cfr. fs. 1254vta./1255).

Frente a tal contexto argumental, corresponde destacar la naturaleza del hecho sancionado, de carácter eminentemente técnico, el cual involucra una terminología específica propia de la naturaleza y especiales características del servicio público de provisión de agua potable, regulado por normas contractuales y reglamentarias acordes a juicios técnicos adecuados a la regulación de la materia en cuestión.

La doctrina advierte en orden a este tipo de conocimiento que "La ciencia y la técnica presentan dificultades porque no aportan al proceso conocimiento en forma de juicios afirmativos o negativos con respecto a la existencia y otras características de los hechos; ellas no señalan directamente si el factum ocurrió según la tesis del actor o la del demandado" (cfr. Lazzaroni, Luis J., El conocimiento de los hechos en el proceso civil, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1982, p. 114).

Asimismo, cabe puntualizar que cuando el orden jurídico remite a cuestiones técnicas de complejidad para su comprensión o reproducción probatoria, la solución dada por la Administración debe ser controlada limitadamente por el Juez, quien ha de contentarse con un juicio "tolerable", es decir, una "aserción justificada". En este sentido, los juicios científicos, técnicos o de experiencia que realice la Administración a los efectos de verificar o apreciar los hechos concretos, deben ser suficientemente motivados mediante la referencia a la regla objetiva o tolerable utilizada en virtud de la remisión dispuesta por el orden jurídico. La claridad y coherencia lógica han de ser evidentes, así como la imprescindible mención de los principios científicos en que se funde (vid de mi autoría, Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional y Técnica, Ed. Depalma, Bs. As. 1994, ps. 247 y 270).

Como es sabido, la materialidad de los hechos y el fundamento jurídico constituyen la causa o motivo del acto administrativo objeto de revisión.

Tanto el ejercicio de facultades regladas como discrecionales importan la adecuación del supuesto fáctico a la juridicidad. Los antecedentes del hecho concreto y la comprobación de su existencia adquieren significativa importancia, en el seno de la Administración como en el marco del control judicial posterior (op. cit., p. 229).

En autos, la causa de la sanción fue "graves deficiencias e incumplimientos en el servicio" (cfr. art. 1°, Res. Nro. 358/97). El acto sancionatorio encuadró la infracción en el punto 13.5.2 inc. f2) del Pliego de Licitación. Este dispositivo contractual sanciona con multa de Pesos Doscientos mil ($ 200.000.) "Por cada corte programado o imprevisto de primer orden, de más de veinticuatro (24) horas de duración" (cfr. fs. 521), entendiéndose por tal Cuando el corte afecte en forma simultánea a una zona constituida por más de 50 manzanas...". Tal es el "hecho objetivo" imputado, que el Judex aquo tuvo por acreditado en términos generales (cfr. fs. 1254).

Entrando al análisis de los elementos probatorios referidos en la sentencia impugnada, el Tribunal de Mérito para entender probado ese hecho objetivo, se basó en:

las publicaciones periodísticas que obran a los folios 151/161 del expediente administrativo citado;

el informe que corre agregado al folio 142 de las actuaciones administrativas;

la aducida admisión por parte de la actora, al ejercer su defensa, de deficiencias en el servicio.

En cuanto al primer elemento probatorio enumerado, cabe señalar que la información periodística aludida como fuente de conocimiento del hecho imputado, en principio, no resulta idónea a los fines de acreditar un supuesto fáctico de carácter técnico, como el del sub examine, en la medida que ella no excede de meros trascendidos, comentarios y afirmaciones genéricas e hipotéticas, sin respaldo técnico científico alguno que autorice a inferir su comprobación cierta por tal medio.

En efecto, aún cuando pudiera considerarse que aquella información puso de manifiesto que se trató de un hecho "de público y notorio conocimiento" tal como afirmó la Administración en la Resolución Número 402/97 (cfr. fol. 194), en orden a lo cual la doctrina reconoce que el conocimiento de los hechos notorios puede difundirse, entre otros, por los medios de comunicación masiva (vid Lazzaroni, Luis J., op. cit., p. 121; Kilmanovich, Jorge L., Teoría de la Prueba y Medios Probatorios, Abeledo Perrot, Bs. As. 1996, p. 45; Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil, Ed. La Roca, Bs. As. 1998, p. 68; Falcón, Enrique M., Tratado de la Prueba, Ed. Astrea, Bs. As. 2003, p. 112); sin embargo, sobre esta problemática también se explica que "El conocimiento provisto por esta fuente la notoriedad puede tener objetos de las especies más diversas... pero es muy difícil que algunos de esos objetos coincidan con los objetos del juez en un grado de adecuación suficiente. Pocas veces la notoriedad provee todo el conocimiento que se necesita, y es por esa razón que se la utiliza tan poco para conocer los hechos principales en su facticidad jurídica" (Lazzaroni, Luis J., op. cit., p. 123).

En el sub examen las publicaciones periodísticas con las cuales se juzga acreditado el hecho tipificado por el marco regulatorio del Contrato de Concesión adolecen de una vaguedad, generalidad e indeterminación técnica tal que no son suficientes para acreditar en forma idónea y fehaciente, con la rigurosidad del caso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho imputado, sobre bases concretamente verificadas por informes Técnico científicos individualizados, tipificadas claramente en el numeral 13.5.2 inciso "f2" del Pliego de Licitación, que describe los aspectos del hecho que se deben conocer y probar.

Es más, ellas generan dudas razonables acerca del posible encuadramiento de los hechos que rodean la causa como una situación de fuerza mayor, a la que alude el punto 10.3. del contrato que prevé que Cuando, debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Concesionario incurriera en incumplimiento de sus obligaciones, estará exenta de sanción alguna siempre y cuando hubiere denunciado y acreditado plenamente la situación ante el Ente de Control dentro de los cinco (5) días hábiles de conocidas tales situaciones o sus consecuencias... .

En efecto, la información periodística da cuenta de que Estudios realizados sobre muestras tomadas al ingreso a las plantas de potabilización detectaron la presencia de 600 mil unidades de algas por litro de agua... los inconvenientes propios del inusual nivel de algas se conjugan con la no operatividad de las piletas decantadoras... El tema ya había sido advertido por Aguas Cordobesas, que desde hace un mes viene trabajando en la reparación de los piletones, pero estas obras recién van a estar concluidas a fines de mes (cfr. fol. 151 Expte. Adm. Nro. 041621324/97).

En ese mismo sentido, la publicación periodística del día veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete hacía referencia a que las algas alcanzaron un pico en un 2.500 por ciento de lo habitual, afectando el proceso de potabilización... Lo que sucede es que el viento empujaba gran cantidad de algas contra el paredón, donde están las tomas, y por eso estuvimos recibiendo una cantidad inusual para esta época... (cfr. fol. 155 ib.).

La descripción periodística de las circunstancias que rodearon al hecho imputado a la accionante, coadyuva a sostener la insuficiencia de idoneidad probatoria para acreditar un hecho estrictamente técnico, acorde a la naturaleza del objeto del contrato de suministro de agua potable.

En orden al segundo elemento probatorio referido, cabe destacar que el informe del Ingeniero Soto, Encargado de Control del Servicio de la D.A.S., se limita a exponer sólo las conclusiones, consistentes en un resumen de deficiencias en el servicio en el que se efectúa una estimación de los habitantes sin agua y manzanas afectadas durante los días 17, 18, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 1997 (cfr. fol. 142, expte. adm. cit.). Sin embargo, no se explicita el método de cálculo empleado ni las reglas científicas aplicadas para arribar a los resultados allí estimados.

Además, si bien es cierto que las cifras consignadas en la planilla toman como base los datos del Parte Diario presentado por la Empresa (fols. 121/141 ib.) tal como expresa la nota puesta al final del informe (cfr. fol. 142), de las operaciones aritméticas anotadas sobre los Partes Diarios de la Concesionaria resulta que las estimaciones se efectúan en base a balances de producción (cfr. fol. 122) y a partir de una situación normal de producción de 350.000 m3/día y 1.000.000 habitantes servidos (cfr. fol. 121).

Sin embargo, en el dictamen emitido por la Oficina de Transferencia de Servicio y Tecnología (Otrasyt) de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del Programa de Asistencia al Ente de Control de la Concesión de Agua de la Ciudad de Córdoba, cuyo contenido fue reproducido en la Resolución Número 402/97 (cfr. fols. 188/202), se explica con claridad y precisión que "Debe destacarse, en primer término, que el 'corte del servicio' que constituye incumplimiento contractual se configura cuando el usuario sufre una interrupción del servicio y no cuando se interrumpe la producción de la planta; puede haber 'cortes' sin que haya siquiera disminuido la producción de la planta; pueden producirse debido a 'desperfectos, fallas en el sistema, necesidades de mantenimiento o a cualquier otra causa' (cláusula 16.2.1.e, inciso 'b' del pliego). Tanto es así que la categorización de los 'cortes' se hace en función de la cantidad de usuarios (manzanas) y no del porcentaje de disminución de la producción" (cfr. fol. 173, reproducido en fol. 194, 2do. párr.).

Por lo demás, la propia Resolución Número 358/97 reconoció la dificultad de precisar la duración de los cortes y las zonas afectadas (cfr. fol. 48 Expte. Adm. Nro. 041621324/97).

Prueba de ello es lo expuesto por el propio organismo de asistencia técnica, cuando expresó que "...ante la posibilidad de producirse futuras interrupciones del suministro, que son constatables en forma directa por el no cumplimiento de los 6 mts. de presión exigidos, consideramos que el Ente de Control en ejercicio de su poder de policía debería establecer un sistema de verificación de los efectos de la interrupción que permita la constatación de los siguientes hechos: a. Fecha de interrupción de suministro; b. Cantidad de manzanas afectadas; c. Duración de la Interrupción. Dicho sistema de control, consistiría en un conjunto de puntos de medición de presiones estratégicamente ubicados en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, ofreciendo nuestra participación y asesoramiento para desarrollarlo en forma conjunta.

Agregamos como sugerencia de tema a analizar la posibilidad de la instalación y desarrollo de un sistema de verificación de presiones para constatación de regularidad de suministro. Sistema que podrá implementar la empresa pero que deberá ser verificable imparcialmente" (cfr. informe de Otrasyt, fols. 145/146, énfasis agregado).

En tales condiciones, el informe técnico en cuestión que ha sido observado por la actora, tanto en sede administrativa (cfr. fol. 244 pto. 5.60) como en esta sede (cfr. fs. 79 pto. 6.134 y fs. 96 pto. 6.205) en tanto no justifica la relación que plantea entre la disminución de la producción como punto de partida de sus cálculos y la existencia y extensión territorial y temporal de los cortes en el servicio como resultado, carece de motivación suficiente para patentizar la existencia concreta de la causa del acto y, consecuentemente, de la eficacia probatoria del hecho técnico imputado.

Al respecto, corresponde poner de resalto que los órganos especializados de la Administración dictaminan cuando la cuestión requiere conocimientos científicos y técnicos. El profesional administrativo cumple una doble función: a) constatar, comprobar o verificar los hechos, investigar sus razones y determinar sus consecuencias; y b) indicar las reglas científicas, técnicas o de experiencia aplicables. En esa labor, los fundamentos han de ser convincentes y explicitados en forma coherente, clara y suficiente, sobre la base de un razonamiento lógico. Es menester que los dictámenes técnicos informen en detalle cuáles son los aspectos perfectamente objetivables a la luz de las reglas respectivas, cuáles los tolerables y cuáles admiten un mayor o menor grado de opinabilidad y, por ende, la posibilidad de elegir entre dos o más opciones válidas. Es su deber descomponer el análisis en las referidas variantes que serán con posterioridad valoradas por quien tiene la competencia de resolver o bien dirimir conflictos, determinando las consecuencias ulteriores (de mi autoría, op. cit., ps. 271/272).

Es mi convicción que las condiciones precedentes no son predicables de un informe técnico que adolece de un grado de indeterminación y generalidad, insuficiente para acreditar por sí mismo el presupuesto fáctico en el que la accionada encuadró la conducta de la empresa actora, frente a una situación de crisis en la continuidad de la prestación del servicio.

En cuanto al tercer elemento probatorio ponderado por el Judex aquo, cabe puntualizar que la actora admitió, al ejercer su defensa, la existencia de deficiencias en el servicio ocasionadas por la excesiva presencia de algas en el agua cruda y por el deficiente estado de las plantas recibidas, tanto en sede administrativa (cfr. Notas AACC N° 049, fols. 17/18 y N° 052, fols. 33/41 expte. adm. cit.), como en sede judicial (cfr. fs. 6/20 y 1175vta.).

Ahora bien, también es cierto que la actora rechazó, tanto durante el procedimiento administrativo (cfr. fols. 38, 78 pto. 4.50, 80 pto. 4.61 y 227 pto. 4.6) como en autos (cfr. fs. 16 pto. 4.46), que se diera al reconocimiento aludido precedentemente, un sentido y alcance específico de admisión del supuesto fáctico previsto en el numeral 13.5.2 inc. "f2" del Pliego.

En consecuencia, el mencionado reconocimiento de deficiencias en el servicio no autoriza a inferir, sin más, que la actora haya admitido la concreción del puntual presupuesto de hecho sancionado por la normativa reglamentaria, es decir, el corte imprevisto de primer orden por más de veinticuatro horas, frente a una negativa oportuna y expresa de su parte en tal sentido, que no le quita a aquél su cualidad de hecho controvertido.

Las expresiones utilizadas por la actora no pueden suponer por sí solas una eficacia probatoria prevalente, frente a otros elementos de convicción, que excluyan la trascendencia de su defensa en la que rechazó la existencia de hechos sancionables, máxime cuando en la instancia de revisión judicial ha podido rebatir los hechos que se le imputan.

En síntesis, del análisis de los elementos probatorios efectuado precedentemente es dable concluir la falta de acreditación suficiente del hecho imputado, con la certeza jurídica necesaria que se derivaba de su tipificación normativa contenida en el numeral 13.5.2. inc. "f2" del Pliego de Licitación, concordante con el Contrato de Concesión.

17. El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador:

17.1. Es conducente al caso señalar que el incumplimiento contractual sancionado se estructura sobre un presupuesto fáctico claramente definido por el marco contractual y reglamentario (arts. 3.3.1.5.a. y 10.5.2.f2.).

En el sub lite es esencial destacar, en orden al control jurisdiccional sobre la verificación material de los hechos efectuada por la Administración demandada en los actos enjuiciados, cuya legitimidad ratificó el Judex aquo en el pronunciamiento recurrido, que la falta imputada no se basa en cláusulas abiertas, que hayan pretendido calificar como sancionable cualquier incumplimiento contractual, de cualquier especie, volatilizador del principio de tipicidad en materia sancionatoria, que tiene directa vinculación con el principio de legalidad.

Antes bien, se trata de cláusulas acotadas y precisas, delimitadoras de incumplimientos contractuales específicos, definidos en sus circunstancias esenciales de modo, tiempo y lugar, que circunscriben el preciso espacio en el que puede acontecer la conducta sancionable.

Es decir que ante conductas sancionables específicamente previstas en la normativa contractual, es menester como presupuesto de la aplicación de la consecuente sanción que el poder administrador concrete sobre esa predeterminación normativa el incumplimiento contractual preciso que se sanciona.

En ello se juega la efectividad de las garantías que en el procedimiento administrativo sancionador pasan a situarse en primer plano pues es menester comprender que ...Lo que está detrás del tema de las garantías de los administrados no es debilitar la posición de la Administración, (...) no es evitar que ésta ejercite sus poderes represivos; es simplemente asegurar que tales poderes se ejerzan con rectitud y frente a los sujetos que verdaderamente hayan realizado los hechos que se le imputan. Las garantías procesales se establecen porque así lo exige el derecho constitucional de defensa que asiste a todos los ciudadanos. Esto es cierto, pero también lo es que dicho derecho está, en último término, al servicio del esclarecimiento de la verdad... (conf. Suay Rincón, José, La indiscutible vigencia de los principios de imparcialidad y contradicción en el procedimiento administrativo sancionador , Revista de Administración Pública, Número 123, Madrid, septiembre diciembre 1990, pág. 155).

Es jurisprudencia consolidada la que señala que ...la calificación de la infracción administrativa no es facultad discrecional de la Administración o autoridad sancionadora, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas que exige, como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente, con rechazo expreso de criterios de interpretación extensivos o analógicos... (T.C. Español, S. de 18 de octubre de 1989, cit. por González Pérez, Jesús, Comentario a la Ley de Procedimiento Administrativo, Civitas, Madrid, pág. 1257).

Este Tribunal Superior de Justicia ha sentado en doctrina consolidada por su reiterado seguimiento (Sent. Nro. 34/1997 Guerberoff, Eduardo R... ; Sent. Nro. 128/1999 Páez, Jorge Alberto... ; Sent. Nro. 137/1999 Farías, Pablo Andrés... ; Sent. Nro. 196/1999 Perafan, Juan Zenón... ; Sent. Nro. 137/2001 Castillo, Miguel Ángel y Otro... ; Sent. Nro. 165/2001 Díaz, Realdo Néstor... ; Sent. Nro. 198/2001 "Becker, Rubén E. ..."; Sent. Nro. 2/2002 Brito, José Remigio... ; Sent. Nro. 5/2002 Maizón, César Cándido y Otros... ; Sent. Nro. 25/2003 Tobares, Andrés Gabriel... , entre muchas) que el ejercicio de la potestad disciplinaria, comprende las siguientes etapas:

a) verificación material de las hechos susceptibles de ocasionar la falta disciplinaria;

b) encuadramiento o calificación jurídica;

c) apreciación de la prueba valorando la gravedad de la falta;

y d) elección de la sanción.

Las etapas a) y b), esto es, la verificación material de los hechos imputados, comprensiva de su investigación y fehaciente acreditación en función de los cargos formulados, como asimismo su calificación jurídica en base a lo previamente normado por la ley, conforman el bloque de lo reglado o vinculado sin posibilidad de que exista una modalidad discrecional. En cambio, en las etapas c) y d), esto es, en la apreciación de la prueba cuando no existan pautas objetivas para su valoración y en la elección de la sanción entre varias preestablecidas siempre que el ordenamiento lo autorice, bien pueden consentir el uso de pequeños márgenes de discrecionalidad.

No obstante, aún cuando exista una porción discrecional cuya valoración y resolución sólo incumbe a la autoridad administrativa, su congruencia e inserción dentro de la juridicidad puede ser objeto de control, más reducido, prudente y razonable, pero control al fin.

De todos modos y como lo ha entendido la jurisprudencia, para declarar la ilegitimidad del acto sancionador, la incongruencia debe ser notoria entre los hechos que se estiman merecedores de castigo y la sanción elegida entre las varias posibles (Tribunal Supremo Español del 27 de Octubre de 1982, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 3945).

Conocido es que la congruencia se vincula íntimamente con la razonabilidad. La jurisprudencia inglesa con elocuente generosidad considera que una actuación irrazonable se configura cuando ninguna persona de buen sentido la habría adoptado (Caso Prescott c/ Birmingham Corporation, All E.R., l954, 3, 698; Borough Council c/ Greater London Council, All E.R., l982, 3, 129).

"Es causal de irrazonabilidad del acto administrativo la falta de proporcionalidad entre los medios que el acto adopta y los fines que persigue la ley que le dio al Administrador las facultades que éste ejerce en el caso, o entre los hechos acreditados y la decisión que en base a ellos se adopta con la consecuencia de que dichas circunstancias en caso de acaecer, tornen nulo el acto. La razonabilidad exige que la actividad estatal se cumpla dentro de un cierto orden, de una cierta justicia. Es un patrón o un standard que permite determinar, dentro del arbitrio más o menos amplio, ordinario o extraordinario de que gozan los órganos del Estado, aquello que es axiológicamente válido. La razonabilidad es un verdadero ideal de justicia, es parte de un derecho natural constitucional..." (S.T.J. Neuquén, Mayo 1984, Martínez C. c/ Inst. de Seg. Social de Neuquén, ED, T.116, p. 566).

En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una técnica de control que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, con el siguiente criterio: mitad racional y mitad justo. Es decir, aglutina en su seno valoraciones sobre proporcionalidad y justicia, pudiendo relacionarse con las más diversas modalidades del ejercicio de la función administrativa: actividad vinculada, discrecional, técnica, etc.. Para constituir un vicio de juridicidad ésta debe ser notoria y fácilmente acreditable.

17.2. En el sub examen, por las características del servicio y de la falta imputada a la accionante, el hecho configurador de la sanción debía ser acreditado en todos sus elementos típicos esenciales.

De allí que se incurre en un error de subsunción el encuadrar una conducta como típica en una normativa que prevé la descripción clara de un hecho, que la Administración no verificó suficientemente en su materialidad, como condición de legitimidad del encuadramiento de la conducta imputada y su consecuente sanción.

No se trataba en el caso de encuadrar la conducta de la concesionaria en una figura genérica, sino que el tipo normativo libremente escogido por la Administración contiene la descripción de un hecho técnico preciso, debidamente especificado en el propio marco normativo regulador del servicio.

Si como acontece en autos, se advierten irregularidades del servicio, para que ellas puedan ser subsumidas en la norma descriptiva del hecho sancionado, deben concurrir y hallarse fehacientemente verificados todos los presupuestos fácticos configuradores del incumplimiento, como inexcusable recaudo causal para la legítima imposición de la consiguiente sanción.

Pero ello no es predicable del caso traído a juzgamiento, donde el propio Tribunal aquo expresamente señaló que ...La admisión parcial de los hechos por parte de la Empresa y demás pruebas referenciadas, me permite inferir que la falta, tal como ha sido descripta y tipificada por la Administración se ha configurado. Ello porque sin dudas (en esto consiste la falta sancionada), han sido considerablemente más de cincuenta manzanas las que han carecido del suministro de agua potable por un tiempo superior a las cuarenta y ocho horas... (cfr. fs. 1254vta./1255).

Asimismo el Sentenciante anticipó la conclusión precedente acerca de la configuración del hecho imputado sobre la base de aseverar que Aún cuando la magnitud exacta de las referidas irregularidades no ha sido suficientemente acreditada con prueba fehaciente que la corrobore, el hecho objetivo imputado, en términos generales, considero ha quedado comprobado... (cfr. fs. 1253vta./1254).

Tal apreciación no se compadece con las exigencias de acreditación que exige el hecho técnico previsto en el artículo 10.5.2.f.2) como es el corte programado o imprevisto de primer orden, de más de veinticuatro (24) horas de duración, que afecte en forma simultánea a una zona constituida por más de cincuenta (50) manzanas.

En términos de Cassese, Además de ser exacta, la identificación y representación de los hechos debe ser completa: la Administración debe valorar y definir todo el contexto formal y material, adquiriendo un conocimiento pleno y exhaustivo de las circunstancias relativas a la situación concreta... (autor cit. Las bases del derecho administrativo , pág. 263).

Es que el ejercicio de la potestad exorbitante de sancionar conductas antijurídicas, requiere que la Administración reúna dentro de un procedimiento todos aquellos datos que legitimen la correspondiente sanción (vid Aguado I. Cudolá, Vicenc, La presunción de certeza en el derecho administrativo sancionador, Edit. Civitas S.A., Madrid 1994, p. 81).

Para sostener un juicio técnico tolerable sobre la configuración del hecho sancionado, la Administración debió valerse o producir todas las pruebas necesarias para proveer de una causa o motivo al acto sancionatorio, máxime cuando ella tenía los conocimientos técnicos necesarios, atento su carácter de anterior prestataria directa del servicio.

Las exigencias de un juicio lógico que respete el principio de razón suficiente, no se satisface con la remisión a un pretendido reconocimiento efectuado por la propia Empresa actora, cuando en la Nota Número 52 de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y siete manifestó que Si bien Aguas Cordobesas reconoce que la crisis del mes último tuvo ciertas consecuencias para los usuarios, es sin ninguna duda difícil si no imposible, medir su impacto exacto en los mismos y mas aún determinar en qué domicilios la falta de agua se hizo sentir de un modo más contundente... (cfr. fs. 1254vta.).

Era deber de la Administración, motivar la sanción en elementos de juicio objetivos, máxime cuando como bien lo señaló el Sentenciante carece de razonabilidad toda sanción que reconozca como causa una conducta negligente, cuando la propia Administración reconoció expresa y literalmente en la Resolución Número 358/97 que la Empresa actuó en la emergencia con la mayor diligencia posible (cfr. fs. 1265vta.).

A ello se añade que ha quedado acreditado en autos en virtud de la pericial hidráulica que ...ni al momento de la entrega ni al momento de ocurrencia de los eventos las plantas estaban en óptima condiciones de operación y funcionamiento. Particularmente respecto al tratamiento y en la infraestructura de decantación y filtración... (sic, cfr. fs. 1102vta.).

Ahora bien, es cierto que la razón determinante del Tribunal de Juicio para anular la sanción de la multa fue la eximición de responsabilidad por la inexigibilidad jurídica de metas en el primer año de la concesión, cuestión que derivó de una interpretación integral del régimen regulatorio del servicio y, en particular, de la nota contenida en el Anexo IX del Pliego, interpretación con la cual discrepa la demandada en su recurso de apelación.

Pero es del caso, que aún admitiendo hipotéticamente la tesis recursiva defendida por la accionada en orden a los alcances interpretativos asignados a las normas contractuales y reglamentarias aplicables, su orden de prelación y la distinción que efectúa entre causas de atenuación y de eximición , la conclusión del Aquo en cuanto a la nulidad del acto sancionatorio base y sus confirmatorios, por encontrarse la sanción impugnada gravemente viciada en la causa o motivo que la fundamenta, no varía.

Tan es así, por cuanto como ha quedado delimitado en las consideraciones precedentes, no surge de las pruebas ponderadas por la Administración y valoradas por el Sentenciante, resistidas por la actora en su recurso de apelación y al contestar la impugnación de su contraria, la verificación material de un corte programado o imprevisto de primer orden, de más de veinticuatro (24) horas de duración, que afecte en forma simultánea a una zona constituida por más de 50 manzanas.

Si este presupuesto fáctico debidamente tipificado es un elemento esencial constitutivo de la falta, su fehaciente acreditación debió preceder a la imposición de la sanción, en defecto de lo cual, la potestad sancionatoria de la Administración deviene ilegítima por incausada.

No justifica adecuadamente un juicio fundado sobre la legitimidad de un acto administrativo sancionatorio la aseveración del Sentenciante relativa a que la falta se hallaba acreditada en términos generales .

Tan es así, por cuanto un acto administrativo de gravamen que afecta perjudicialmente una situación jurídica subjetiva de un administrado, no puede motivarse en un juicio meramente probable, sustentador de una sanción definitiva. Por el contrario, es un juicio empírico provisto de la inexcusable certeza jurídica el que puede avalar la aplicación de una sanción correctiva, aún cuando ésta al menos pueda sustentarse en prueba indiciaria fehacientemente verificada.

Tal exigencia de certeza jurídica de la que se deriva la necesidad que las resoluciones sancionadoras basen la prueba del relato fáctico en elementos de juicio sometidos al juego de un procedimiento contradictorio, se acentúa cuando como acontece en autos, concurren especiales características que condicionan el incumplimiento sancionado en la normativa en la que se encuadró la conducta de la accionante, que obedecen a razones técnicas de la prestación continua del servicio, frente a las cuales asume relevancia jurídica la circunstancia que el Ente de Control cuenta con la idoneidad técnica y la asistencia necesaria para proveer a sus resoluciones definitivas de la inexcusable motivación.

18. Motivación del acto sancionador:

18.1. Si el cometido de la Administración es ajustar su accionar al cumplimiento del marco legal vigente, la actuación de la demandada es pasible de reproches.

Es que si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. En efecto, la Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 5 y 9 de la anterior Constitución de Córdoba y 23 inciso 13 de la actual.

Sabido es que el fundamento de validez que debe tener todo acto normativo se sustenta en la totalidad del ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho y el contenido dogmático de la Constitución inciden sobre todas las leyes y actos particulares. Por ello se ha dicho que toda interpretación es una referencia a la totalidad estructural de la que forma parte el objeto de lo interpretado. Es dar una razón suficiente por remisión al contexto (AFTALION, Enrique, "Crítica al saber de los juristas", pág. 72; LINARES, Juan Francisco, "Fundamentos del derecho administrativo", págs. 91 y 92).

Como lo he sostenido en otras oportunidades, los actos administrativos deben emitirse cuando correspondan según las condiciones y circunstancias previstas como necesarias para que la función administrativa refleje fielmente la legalidad vigente.

Cuando el artículo 98 de la Ley de Procedimiento Administrativo 6658 exige que todo acto final debe ser motivado al decidir sobre derechos subjetivos, entre otros supuestos, se advierte nítidamente que la motivación se impone como recaudo de carácter esencial que no puede ser excluida. Constituye un requisito de forma con carácter de exigencia y necesidad sobre la legitimidad del acto. Debe ser clara, pues manifiesta un juicio de razonabilidad que referencia en forma sucinta la situación fáctica antecedente y la normativa expresa aplicable al caso.

Por ello se ha dicho que la motivación no se cumple con cualquier fórmula convencional, sino por el contrario, debe ser suficiente. Esto es, ha de dar razón del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (García de Enterría y Fernández Rodríguez, Curso de Derecho Administrativo, T. I., págs. 361 y ss.). Es obvio que el concepto "suficiente" debe ser interpretado en cada caso concreto en atención a sus propias singularidades.

Resumiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés ha señalado Odent (Contentieux Administratif, París, pág. 571) que la motivación, teniendo por objeto dar a conocer a los interesados las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión, les permite apreciar el valor de ellas con la certeza necesaria y en su caso discutir la legitimidad. En sentido análogo se pronuncian prestigiosos juristas extranjeros (Auby y Drago, Traité de Contentieux Administratif, 2º Ed., París 1975; Mortati, Necessitá di motivazione e sufficienza di motivazione; Juso Tratti caratteristici della giuriprudenza sulla motivazione degli atti amm; R.T.D.P. 1959).

De allí deviene la ratio iuris de su exigencia normativa y la importancia esencial para el administrado que cuenta con la base necesaria para cuestionar la legitimidad del accionar administrativo.

En autos, se advierte que el acto sancionador no ha sido suficientemente explícito en expresar con la certeza jurídica necesaria, la verificación material del hecho previsto normativamente como pasible de sanción, con la especificidad técnica a la que estaba sujeta su comprobación fáctica.

Además, en el sub lite, no parece razonable la actitud asumida por la Administración de corregir el aducido incumplimiento contractual de la accionante en la prestación regular y continua del servicio, fundamentando la sanción en previsiones normativas que predeterminan una conducta claramente definida en el tipo legal de la sanción, que no se halla objetivamente acreditada, al propio tiempo que destacaba el obrar diligente de la concesionaria para superar la crisis en la continuidad de la prestación.

En efecto, en el propio acto sancionatorio la Administración adujo que ... resulta difícil precisar la duración de los cortes de servicio efectuados y delimitar las zonas afectadas, pero sí se conoce que por varios días el mismo ha sido prestado en forma sumamente irregular... , para luego encuadrar el incumplimiento en las claras y concretas previsiones contenidas en el punto 13.5.2 inc. f2 del Pliego de Licitación.

La falta de certeza jurídica comprobada en orden a las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodean al hecho imputado como base de la sanción contractual, inclusive, ha permanecido en similares condiciones de indeterminación fáctica en esta instancia de revisión judicial, donde pese a que el Aquo ordena el descuento de los días con corte de servicio, lo hace sin individualización alguna del universo de manzanas con sus correspondientes usuarios afectados por la prestación irregular, como así también respecto de la duración de los cortes no programados, siendo estos elementos esenciales del tipo legal de la norma que se aplica art. 31 del Régimen Tarifario, que lleva como consecuencia la orden de practicar los descuentos, por un mismo hecho: cortes en el servicio.

A tal punto es ello así que la sentencia recurrida legitima la resolución que ordena efectuar aquellos descuentos, sosteniendo que El hecho previsto por la normativa, corte del servicio a los usuarios, ha sido debidamente constatado por la Administración y reconocido por la Concesionaria, según lo analizado supra (Punto IX precedente)... (cfr. fs. 1266vta.), cuestión resistida por la accionante en esta instancia, quien reedita su defensa inicial acerca de la falta de acreditación del hecho tipificado en las normas que fundamentan la sanción y el descuento de la tarifa y que constituyen la causa de la decisión administrativa adoptada.	No puede lógicamente reputarse razonable una sanción donde se atribuye a la concesionaria un incumplimiento contractual, cuando la Administración concedente, en su carácter de anterior prestataria del servicio de distribución de agua potable, se hallaba en condiciones de medir concretamente la incidencia de la irregularidad en la prestación, para proveer al acto sancionatorio de la motivación inexcusable.

Además, puede advertirse que no media una adecuada relación de proporcionalidad entre la conducta exigida a la accionante para superar una crisis en la continuidad del servicio (respecto de la cual, tampoco ha quedado fehacientemente acreditado la incidencia o no que tuvo en la continuidad de la prestación, la cuantiosa presencia de las algas y el desvío de las aguas por la E.P.E.C., frente a las deficiencias operativas y de funcionamiento comprobadas en las plantas de Alto Alberdi y Suquía al momento de la entrega y ocurrencia de los eventos), con la observada por la propia Administración en pos de la averiguación de la verdad jurídico objetiva que rodeaba al aducido incumplimiento contractual.

En sede administrativa, la carga de la prueba de los hechos constitutivos de los hechos imputados y sancionados, era a cargo de la Administración, sin que de la descripción del hecho tipificado pueda derivarse que el mismo exigía la prueba de uno negativo de imposible comprobación.

La aseveración del Sentenciante precedentemente transcripta, que valida los actos enjuiciados, al señalar que "...el hecho objetivo imputado, en términos generales, considero ha quedado comprobado" (cfr. fs. 1253vta./1254), deviene inmotivada, pues si no se acreditó la magnitud exacta de las irregularidades endilgadas a la accionante, no puede derivarse de tal deficiencia una presunción favorable a la discontinuidad del servicio a punto que pueda afirmarse mediante un juicio técnico tolerable y verificable que el corte imprevisto por más de veinticuatro horas afectó en forma simultánea a una zona constituida por más de 50 manzanas.

De allí que asiste razón a la parte actora cuando en su impugnación denuncia que la Administración debía fundar su resolución en datos técnicos, ordenando la realización de actos probatorios adecuados para el conocimiento y comprobación precisa y fehaciente de los hechos imputados (cfr. fs. 1293vta.), deficiencia que en el caso sub examen traduce un apartamiento de los deberes previstos en el artículo 46 y concordantes de la Ley 6658 de Procedimiento Administrativo Provincial, que impone a la Administración la carga de los actos de instrucción adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos o datos en virtud de los cuales deba dictar resolución, precepto aplicable al sub lite en virtud de la previsión contenida en el artículo 10.2 d) del Contrato de Concesión.

18.2. Las apreciaciones que anteceden, derivadas de los hechos comprobados de la causa, justifican el rechazo de la apelación interpuesta por la parte demandada, atento que las discrepancias interpretativas de los alcances normativos del régimen de la concesión, opuestas al decisorio del Tribunal de Mérito, carecen de la trascendencia anulatoria para revertir la declaración de ilegitimidad de los actos administrativos enjuiciados por deficiencias esenciales en su causa o motivo.

Tales apreciaciones, justifican al propio tiempo el acogimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, tendiente a que se dejen sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas en cuanto ordenan practicar los correspondientes descuentos tarifarios a un indeterminado colectivo de usuarios.

Corresponde estimar favorablemente el recurso de apelación planteado por la accionante con ese objeto, pues si no está determinado con la certeza jurídica necesaria el universo de manzanas afectadas, la existencia y duración de los cortes del servicio no programados, no existen elementos objetivos suficientemente acreditados en esta causa, que autoricen a subsumir el hecho endilgado a la accionante en una norma reglamentaria que como el artículo 31 del Régimen Tarifario prevé que El concesionario deberá descontar de las facturas correspondientes la parte proporcional de la cuota correspondiente a los días en que el servicio no se haya prestado por haberse producido cortes no programados, notificando de esa novedad al Ente de Control. .

Aquel dato objetivo de la realidad cuya indeterminación fáctica no ha sido revertida en la instancia de revisión judicial y, por el contrario, en la misma Resolución Número 358/97 la demandada aseveró ...Que resulta difícil precisar la duración de los cortes del servicio efectuados y delimitar las zonas afectadas... (cfr. fol. 48 Expte. Adm. Nro. 041621324/97), incide directamente en la operatividad de la cláusula 31 del Contrato de Concesión, ello sin perjuicio del derecho que en orden a ella pudiera asistir a cada usuario, en virtud de su relación jurídico sustancial con la Concesionaria.

En síntesis, si la propia Administración, quien era la anterior prestadora directa del servicio no pudo precisar la duración de los cortes y las zonas afectadas , deviene irrazonable ordenar a la concesionaria que efectúe descuentos a un universo no individualizado de manzanas afectadas por un corte indeterminado del servicio.

La indeterminación fáctica sobre la que se basan las resoluciones administrativas cuestionadas en esta acción, no guarda proporcionalidad con las condiciones subjetivas de quien por largo tiempo había sido la prestadora directa del servicio, frente a la Concesionaria que se hizo cargo de la prestación el día siete de mayo de mil novecientos noventa y siete y fue sancionada por un hecho que insisto ...resulta difícil precisar (cfr. fol. 48 Considerandos de la Resolución Número 358/97, expte. adm. cit.) ocurrido a partir del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, es decir, apenas transcurridos cuatro meses desde la asunción del servicio, en condiciones deficitarias de operatividad y funcionamiento (cfr. fs. 1102vta.).

De allí que considero importante reparar en los principios de la proporcionalidad y de objetividad proyectados dentro de la Administración en su vertiente probatoria, consustanciales con el principio de juridicidad en la actuación administrativa, pues no observa tales principios la Administración que como acontece en el sub examine endilga a la Concesionaria deficiencias en la regularidad y continuidad de la prestación, que aquélla en su carácter de anterior prestadora y órgano de control del acabado cumplimiento de las obligaciones delegadas a través de un típico contrato administrativo, no ha podido determinar con la precisión técnica exigida por la naturaleza del objeto de la concesión, cuyo conocimiento y la aceptación de todos los contratos y documentos integrantes del negocio, obliga a todas las partes de la relación jurídico sustancial (Administración concedente concesionaria usuarios) a poner su diligencia en definir los alcances de los derechos adquiridos y las obligaciones exigibles en virtud de aquel título jurídico.

La falta de comprobación fehaciente del hecho técnico imputado no se subsana con la remisión que efectúa la demandada al procedimiento administrativo posterior de determinación de los importes a descontar y de los usuarios afectados por el corte (cfr. fs. 1321), pues para hacer operativas las previsiones del artículo 31 del Régimen Tarifario, debió acreditarse fehacientemente al menos los días en que el servicio no se haya prestado en virtud de cortes no programados , circunstancias esenciales que a la luz de la prueba incorporada a la causa, precedentemente analizada, no ha quedado delimitado con la certeza jurídica necesaria para hacer operativa la previsión normativa.

Al respecto, la propia demandada ha aseverado que la determinación individual de los usuarios ...puede dejar algún margen de error que, en todo caso, deberá ser solucionado por vía de reclamos de éstos ante la concesionaria y, eventualmente, mediante la intervención de este Ente de Control, por la vía de solución de conflictos prevista en el capítulo XI del Marco Regulador (Decreto 594/94)... (cfr. fol. 200 Expte. Adm. Nro. 041621324/97 y fs. 25 de autos).

El principio de proporcionalidad que transciende la materia estrictamente sancionatoria y es exigible a toda actuación administrativa, ha sido expresa y positivamente receptado en el Contrato de Concesión del servicio de que se trata, donde se establece en el artículo 10.2 que:

"El tipo de sanción a aplicar deberá guardar relación con:

La gravedad y la reiteración de la infracción.

El grado de afectación que la infracción produce al Servicio, a los Usuarios y a terceros.

El grado de negligencia, culpa o dolo del acto que ocasionó la infracción.

La diligencia puesta de manifiesto para subsanar los efectos del acto u omisión imputados.

La cesación en la infracción incurrida al momento de ser presentado el descargo por el Concesionario, en cuyo caso el Ente Regulador podrá evaluar esta circunstancia para eximir o reducir la sanción que pudiera haber correspondido.

En los incumplimientos incurridos en los primeros seis (6) meses contados desde la Entrega del Servicio, se considerarán como causas atenuantes para la aplicación de sanciones, las derivadas del estado del servicio recibido, cuando el Concesionario adoptare prontamente las medidas razonables a su alcance para superar la situación que originó el incumplimiento".

La configuración normativa del principio de proporcionalidad en los términos transcriptos, integra el marco de la juridicidad al que debía ajustarse la actuación administrativa cumplida en autos.

Como acertadamente destacó la accionante en su demanda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado la validez de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, declarando que ... procede la intervención de la justicia cuando se ciñe a investigar si en la imposición de las medidas que se adopten, se hizo uso legítimo o abusivo de las normas con arreglo a las cuales deben ejercerse las atribuciones otorgadas. En tal sentido el control de legalidad supone la debida aplicación por el órgano administrativo de las normas estatutarias, de manera que tanto la descripción como la clasificación de los hechos sea correcta. Y es de buena doctrina que el control de legitimidad se cumpla ponderando, entre otras cosas, el prudente y razonable ejercicio de las facultades regladas del Poder Administrador, porque no es admisible una actuación discrecional e irrevisable de aquellas potestades... (C.S.J.N. 10071984 Marra de Melincoff, Alicia L. C/ Universidad de Buenos Aires , L.L. 1984D, p. 429).

En ese orden de conceptos, el control jurisdiccional de proporcionalidad de la actividad administrativa no significa en modo alguno tratar de situarse en la posición de la Administración No es su objeto suplantar a la Administración, averiguando cómo habría actuado él, sino analizar si la Administración ha ponderado suficientemente, de forma razonada y reflexiva los distintos elementos de la norma habilitante, adoptando las medidas necesarias para satisfacer el interés general en el caso concreto. (...) el control de proporcionalidad es un verdadero control de la actividad administrativa, a través de los principios generales del derecho, y en consecuencia no hay motivo para dejar de aplicarlo... (López González, José Ignacio, El principio general de proporcionalidad en Derecho Administrativo, Ediciones del Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, Nro. 52, 1988, págs. 126 y ss.).

Es que el principio de proporcionalidad como derivación del de legalidad, conforma la extensión y ejercicio de las potestades administrativas en la situación concreta en que se encuentra la Administración y ambos integran la totalidad del orden jurídico al que está sometida toda la actuación administrativa conforme al expreso imperativo del artículo 174 de nuestra Constitución Provincial.

19. En mérito a las premisas desarrolladas precedentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, revocar el fallo en lo que ha sido motivo de agravio.

Atento el vencimiento operado, corresponde que las costas de la instancia anterior, sean en su totalidad a cargo de la demandada.

En orden a las costas de esta instancia generadas con motivo de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, desde una perspectiva orientada a la búsqueda de un criterio equitativo de distribución de los gastos causídicos, es atinente recordar la doctrina referida a Que en la interpretación de los actos de los contratantes ha de buscarse lo efectivamente querido, precisando lo ambiguo, oscuro o incompleto, pero sin olvidar que el empleo de términos claros en apariencia no implica siempre una voluntad igualmente clara (Fallos 300:273; 303:1008).

Con esa proyección, considerando lo novedoso y la complejidad del marco regulatorio del convenio de concesión y de las normas contractuales y reglamentarias que rigen la relación de especial sujeción que vincula a las partes del proceso, como así también a las circunstancias fácticas que dan cuenta de una presencia inusual de algas en las tomas de agua cruda, circunstancia ajena a la voluntad de las partes en conflicto, estimo justo y equitativo imponer por su orden las costas de esta instancia.

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DIJO:

Adhiero al voto del Señor Vocal preopinante, que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

Comparto en un todo lo expresado por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, votando en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 1270) y, en consecuencia, revocar parcialmente la Sentencia Número Cincuenta, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el catorce de mayo de dos mil dos (fs. 1221/1268vta.), sólo en cuanto rechazó la demanda en tanto pretende la anulación del artículo segundo de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia impugnada e impuso las costas en un ochenta por ciento (80%) a la parte demandada y en un veinte por ciento (20%) a la actora.

II) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Aguas Cordobesas S.A. y, consecuentemente, anular el artículo segundo de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia (hoy Dipas) y sus confirmatorias las Resoluciones Números 402/97 de la misma autoridad y 31/98 del Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, enjuiciadas en esta causa.

III) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 1271).

IV) Imponer a la demandada las costas de la instancia anterior y por su orden las de la presente instancia (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

V) Disponer que los honorarios profesionales correspondientes a los Doctores Julio Isidro Altamira Gigena y Carolina Altamira parte actora por los trabajos efectuados en la presente instancia con motivo de cada uno de los recursos de apelación, sean regulados por el Tribunal aquo, en conjunto y proporción de ley, si correspondiere (arts. 1 y 25, Ley 8226), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib..

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DIJO:

Estimo que la respuesta proporcionada por el Señor Vocal preopinante, expresa la solución acertada a la presente cuestión. Por ello, me pronuncio en idéntica forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:

El Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, RESUELVE:I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 1270) y, en consecuencia, revocar parcialmente la Sentencia Número Cincuenta, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el catorce de mayo de dos mil dos (fs. 1221/1268vta.), sólo en cuanto rechazó la demanda en tanto pretende la anulación del artículo segundo de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia impugnada e impuso las costas en un ochenta por ciento (80%) a la parte demandada y en un veinte por ciento (20%) a la actora. II) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Aguas Cordobesas S.A. y, consecuentemente, anular el artículo segundo de la Resolución Número 358/97 de la Dirección de Agua y Saneamiento de la Provincia (hoy Dipas) y sus confirmatorias las Resoluciones Números 402/97 de la misma autoridad y 31/98 del Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, enjuiciadas en esta causa.

III) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 1271).

IV) Imponer a la demandada las costas de la instancia anterior y por su orden las de la presente instancia (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

V) Disponer que los honorarios profesionales correspondientes a los Doctores Julio Isidro Altamira Gigena y Carolina Altamira parte actora por los trabajos efectuados en la presente instancia con motivo de cada uno de los recursos de apelación, sean regulados por el Tribunal aquo, en conjunto y proporción de ley, si correspondiere (arts. 1 y 25, Ley 8226), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y dos por ciento (32%) del mínimo de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 29 ib..

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