marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho laboral, relación de dependencia, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LEONTIUK, MARIO ALFREDO c/ PINCEN SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA LABORAL (EXPTE.: C.S.J.NRO. 127 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido al no resultar derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa. Ello es así por cuanto, habiéndose cuestionado el alcance asignado por el Juez inferior a los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Tribunal revisor no podía soslayar que el plazo de la segunda suspensión dispuesta por la empleadora por falta o disminución de trabajo (30 días), sumado al de la primera por idéntica causa (30 días), excedía el límite legal consagrado (art. 220, L.C.T.).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Lidia Beatriz c/ Transporte "La Perlita" S.A. y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos; si se prescinde de esa limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes, se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acta policial, nulidad procesal, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, redargución de falsedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López, Nélida D y otros s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

Tiene dicho este Tribunal que los requisitos establecidos para la confección de las actas por los arts 138 y 139 del CPPN hacen a las formalidades de las que debe estar revestido el instrumento, y su nulidad -en principio de carácter relativo- es declarable en el caso de que se hubiesen omitido los recaudos que taxativamente enuncia el art 140 del mismo ordenamiento. Es por ello que si el acta no es declarada nula por los defectos señalados en esta última norma, hace plena fe, hasta que sea redarguida de falsa por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el tribunal o juez o funcionario de que emana exprese como cumplidos por él mismo o como pasados en su presencia (Código Civil, art 993) sin perjuicio de la libre valoración que le corresponde al tribunal o juez de la causa respecto de la fuerza de convicción de los hechos afirmados y de las declaraciones receptadas en el acta.
Nulidad del acto administrativo, decretos municipales, prescindibilidad, indemnización, salarios caídos
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ CRISPINIANO c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DEL DECRETO 2610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-15

Con motivo del dictado de un decreto municipal que dispone la prescindibilidad de un agente, sin los beneficios de la indemnización prevista en los artículos 1', 4' y 5' de la ley 21 274, por encuadrárselo en los supuestos del artículo 6', inciso 6', del mismo cuerpo normativo, que luego se sustituye por otro decreto que suprime esa calificación y mantiene la baja por razones de mejor servicio y con derecho a indemnización, corresponde otorgar un resarcimiento por daño material originado en los haberes no percibidos durante el lapso corrido entre las fechas de ambos decretos.

En razón de la naturaleza de la cuestión, no corresponde establecer pautas para determinar la extensión del resarcimiento, debiendo fijarse la indemnización según las circunstancias del caso.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abeiro   Claudio    Alejandro c/ EN  -  Mº  Justicia s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema (criterio que se impone seguir), que Ia admisión de la doctrina de la responsabilidad estatal por los daños derivados de su actividad lícita, no ha de ser entendida como dirigida a instituir en este ámbito un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva, de conformidad con lo cual bastaría la mera acreditación de la existencia de nexo causal suficiente entre la actividad legítima de los órganos estatales y los perjuicios -de cualquier orden- que experimentasen los particulares, para suscitar la obligación de indemnizarlos (Fallos, 317:1233).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Angelelli, Luis Víctor c/ Guagnano, A. y otro s/ Daños y perjuicios Arasati de Higa c/ Alfaro, Raúl s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios Correia de Torello, E. y otros c/ Alfaro, Raúl A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04|1993-08-04|1993-08-04|1993-08-04

Magüer la variante relativa al tiempo del daño (y en la cual juega su papel diferencial correctivo el "coeficiente mínimo"), la otra variante capital en la determinación del daño patrimonial está dada por el monto o valor del aporte económico que el difunto hacía a su grupo familiar. Y va de suyo, que en el intento de recrear el mismo en la indemnización a conceder, poco y ninguna incidencia tiene el número de los damnificados (salvo en las porciones que le quepan a cada uno), ya que cualquiera fuera éste, aquel aporte está determinado por la fuente del mismo, vale decir sus ingresos. Con ésto, creo dar respuesta a esa suerte de argumento comparativo con la indemnización brindada a otro grupo familiar menos numeroso.
Sociedad de hecho, responsabilidad del socio, sociedad de responsabilidad limitada, legitimación pasiva, terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Kreiber, Arturo Angel c/ Figliozzi Hnos y Crespo, Sociedad de Hecho y otros s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

No viola ni aplica erróneamente la ley la sentencia que, teniendo por probada la legitimación pasiva de los recurrentes como titulares de la relación jurídica substancial que originó el reclamo del actor, hace recaer una responsabilidad solidaria sobre la sociedad de hecho y sus integrantes y no, como improcedentemente pretenden los recurrentes, sobre una sociedad de responsabilidad limitada.

Ello, en tanto dicha sociedad no integró la litis ni tampoco los accionados intentaron plantear, en la etapa procesal oportuna, la citación de tercero o la defensa de falta de acción en legal forma, ante la supuesta falta de la legitimación pasiva.
Facultades del concejo deliberante, facultades discrecionales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Larrauri, Miguel Angel; Intendente de Gobernador Costa s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-12

El ejercicio del poder conferido al Concejo Deliberante de fijar el sueldo del Intendente, implica discrecionalidad, atento que no se han establecido cuáles serán las pautas para estipularlo.

Pero el dispositivo debe ser utilizado con criterio razonable, pues discrecionalidad no implica arbitrariedad.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viñales María Isabel y otros c/ Vázquez Hnos. y Bartolini S.A. y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Si bien lo ofrecido a embargo en sustitución del acaecido sobre cuentas y depósitos bancarios, es atípico -un buque arenero- apareciendo cumplimentados los recaudos elementales a tal fin, no puede ser rechazada la petición deducida al respecto. Es que se ha acreditado la existencia del seguro que ampara al mismo y por una cobertura mayor a aquélla por la que se decretara la cautelar, como asimismo la titularidad de su propiedad. En tal sentido, no puede verse afectado ello por la preferencia dispuesta por el art.482 de la ley de navegación 20.094 en cuanto a créditos emanados del último viaje, ya que el crédito invocado en el caso tiene privilegio en primer lugar sobre el buque ofrecido en sustitución (art.476, inc.d) de dicha norma). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lazzarich, Juan A. y otra c/ Vairo de Koval, María N. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Cuando la demanda prospera parcialmente, no corresponde actualizar el monto de aquélla a fin de realizar la comparación entre ese monto y el de la liquidación porque ello implica -de hecho- descartar de plano el monto de esta última ya que el de la demanda actualizada siempre será mayor (art.23, dec. ley 8904).
Acción de amparo, rechazo in límine, medicina prepaga, asociaciones de consumidores, legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Cavalieri, Jorge y otro c/ Swiss Medical S.A s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Cabe confirmar la sentencia que rechazó in limine la demanda de amparo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina prepaga, a fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para el tratamiento del "síndrome de apnea obstructiva severa" a todos sus afiliados que padezcan dicha enfermedad y requieran tratamiento, pues no concurre el presupuesto mencionado en el precedente "Halabi" (Fallos:332:111) respecto a que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, ya que, conforme surge de la documentación acompañada y de los términos de la demanda, la pretensión se encuentra focalizada exclusivamente en las particulares circunstancias del actor y no en efectos comunes de un obrar de la demandada que pudiera extenderse a un colectivo determinado o determinable, correspondiendo en consecuencia, rechazar la pretensión de la asociación de consumidores por carecer de legitimación activa, sin perjuicio de que la causa continúe su trámite respecto del co-actor afiliado.
Responsabilidad del peatón, peatón distraído, senda peatonal, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

La imprudencia del transeúnte resulta relevante cuando cruza por lugares no habilitados, o lo hace en lugares habilitados pero sin esperar la señal lumínica que lo autorice a cruzar, pero generalmente no juega un papel trascendental cuando lo hace en un lugar permitido, con luz que autoriza el cruce y sobre la senda peatonal. En tal caso, debe ser el conductor del vehículo quien debe extremar todas las precauciones para evitar embestir al peatón que cruza por la senda peatonal, inclusive detener completamente su marcha ante la presencia de ellos.
Personas jurídicas de carácter público, Obra Social Bancaria Argentina, personal contratado
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPIZZANO DE RAÑA, JUANA c/ POLICLINICO BANCARIO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

El ISSB es una persona jurídica de derecho público tal como resulta del enunciado concreto del art. 1 de la ley 19322. En su ámbito se encuentra vigente el estatuto del personal, aprobado por la res.

747/82, donde se prevé el ingreso de personal no permanente, (art. 9) en las situaciones de revista de contratados o transitorios. En tal sentido, el hecho de que la actora haya sido contratada en sucesivos períodos no implica la existencia del propósito, por parte de la demandada, de incluirla en un régimen ajeno al propio estatutario.
Principios procesales, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: "ZUGNONI de RUMACHELLA, María D. s/ apelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-14

La instrucción constituye, como modernamente la denominan los códigos procesales, "una investigación penal preparatoria" y su finalidad es la de responder al interrogante del acusador, acerca de si va a requerir o no el juicio. Para ello, basta con reunir prueba suficiente de la probabilidad de la existencia del hecho atribuido.Por ello, si en las actuaciones se han reunido sobrados elementos de prueba para definir un rumbo en la investigación, aquellas probanzas que las partes consideran útiles para fundamentar la condena o absolución, tal el caso de un pretendido peritaje, corresponde sea materializado en la etapa del juicio propiamente dicha pues es allí donde las cuestiones deben ser ventiladas en toda su amplitud.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro, Mario y otro c/ Andrade, Luis y otros s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-11

La responsabilidad del Estado por hechos o actos de sus dependientes no es indirecta, toda vez que la actividad del Estado o sus funcionarios realizada para cumplir con sus fines, es propia de éste y por lo tanto debe responder de modo principal y directo de las consecuencias dañosas. Esta idea objetiva encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1.122 del Código Civil, que establece un régimen de responsabilidad por los "hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones", por no cumplir sino de manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas. La antigua redacción del art. 43 del Código Civil era obstativa para designaciones contra las personas jurídicas en la órbita extracontractual, ante eventuales hechos dañosos provocado por sus integrantes. No obstante ello, antes de su modificación los juzgados y los tribunales, echando mano de otras normas del mismo Código Civil -vgr. arts. 1.109 y 1.113 -, y de principios consagrados en nuestra Constitución Nacional -vgr.

Igualdad de las cargas públicas del art. 16- habían impuesto al Estado, en forma cuasi pretoriana, la obligación de resarcir daños producidos por sus agentes.
Deuda previsional, farmacéuticos, socio comanditado, relación de dependencia, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FARMACIA DIEZ S.C.S. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

La calidad de socio comanditado (aunque minoritario -en el caso, 20 % del capital-) encargado de la dirección técnica de una farmacia con sus habituales anexos de herboristería, perfumería y laboratorio, con facultades para ejercer tanto la dirección y administración comercial -la que podía delegar en uno o más gerentes- cuanto la dirección técnica y profesional -que debía ejercer en forma indelegable- habla del poder efectivo dentro de la empresa y excluye la posibilidad, salvo prueba en contrario, de que los restantes socios tuvieran facultades para impartirle órdenes o instrucciones que debiera acatar, lo que descarta la existencia de una relación de trabajo subordinada (cfr. Sala II, sent. 11024, "Farmacia Romero S.C.A." y Sala I, sent. 44581, "Farmacia Tiedmann S.C.S."). En consecuencia, aunque se encuentre acreditado que el director técnico realizó retiros mensuales, corresponde revocar la resolución que desestimó la impugnación de deuda si no se demostró que los importes excedieran de la suma que le correspondía en función de su aporte de capital. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Competencia, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hsbc Bank Argentina S.A. c/ Lopez Claudio Heber Martin s/ Secuestro Prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-21

Corresponde suspender el dictado de pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto contra la resolución mediante la cual el Juez a quo declaró oficiosamente su incompetencia para conocer en un secuestro prendario, pues se encuentra concedido un recurso de inaplicabilidad de la ley en los términos del art. 293 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que cabe diferir el análisis del conflicto hasta tanto recaiga el fallo plenario - art. 301, del mismo cuerpo normativo-.
Notificación, intimación de pago, excepciones procesales, rebeldía
Materia: PROCESAL
Carátula: Cons. de Prop. Ayacucho 890 c/ Schiro, Claudia Mónica s/ ejecución de expensas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

El mandamiento de intimación de pago importa un acto procesal de comunicación destinado a poner en conocimiento de la parte ejecutada la resolución pertinente, lo cual incluye la notificación del emplazamiento para oponer excepciones, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía en caso de incomparecencia, con las severas consecuencias que ello trae aparejado.
Actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Lorenzutti, Carlos H. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Actualización e intereses, tienen distinta naturaleza, pues uno -la primera- tiende a preservar la indemnidad de lo debido y los otros, a resarcir los daños por el cumplimiento tardío (arts. 740, 519, 520, 622 y cc. del Cód. Civil).
Incumplimiento del contrato, obligaciones de dar sumas de dinero, monto de la demanda, ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: SILES, JORGE c/ MARCHISELLA, RODOLFO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-11

Si se trata de una deuda de dinero nacida de una sentencia condenatoria que acogiera una demanda promovida por incumplimiento contractual, resulta improcedente comparar -como en el caso pretende el accionado-, el resultado de la indexación de aquella con un presunto valor actual del objeto contractual originario que pretende extraerse del precio de las entradas de eventos de características similares al que fuera objeto de la relación frustrada. Solo procede verificar que la actuación en cuestión no se aparte de la realidad económica posterior a la celebración del convenio, produciendo de esta forma una alteración de los términos de la relación originaria y regulada por el acuerdo de voluntades.
Recusación, deber de imparcialidad, defensa en juicio, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

La recusación planteada por la recurrente debe ser rechazada toda vez que la sola invocación genérica de la garantía de imparcialidad y el derecho de defensa no implica que la oportuna intervención de la Sra. jueza, como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptando decisiones -en causas distintas a la sub examine- dentro del ámbito de su competencia establecidas por ley, puedan ser entendidas como justificativos válidos para que la magistrada, actual integrante de este Tribunal, no ejerza sus funciones. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, recurso extraordinario local, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Mangudo, Ramón y otros c/ Empresa Hípica Argentina. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó los recursos extraordinarios locales sobre la base de que lo decidido no constituía sentencia definitiva si no se hizo cargo del reparo acerca del agravio de imposible reparación ulterior que producía lo resuelto con respecto a las costas y tampoco valoró cuestiones conducentes tales como los efectos del principio de cosa juzgada, defectos en la emisión de la sentencia de grado y la condición o no de vencida en la cuestión de competencia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Costas, costas en el orden causado, liquidación judicial, falta de impugnación
Materia: PROCESAL
Carátula: Sentra SA y Sitra SAICFIC c/ Municipalidad de Villa Constitución s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 285-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

Deben imponerse las costas en el orden causado en las particulares circunstancias de la causa, donde, si bien se hace lugar a la revocatoria interpuesta contra el auto que aprueba la liquidación practicada por la demandada, la actora oportunamente no impugnó dicha liquidación.
Violación, presunciones, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Dell, Pascual Modesto. s/ Recurso de Casación en Materia Penal. Violación. Prueba.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-07-29

No puede condenarse por violación en base al sólo dicho de la menor desflorada, fundado en presunciones que no cumplen el requisito legal de graves, precisas y concordantes conforme artículo 358 CPCrim.
Amparo por mora, derecho de peticionar
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LINARES, GUMERSINDO JOSE MARIA c/ CONET s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El "derecho de petición" no se agota con el hecho que el ciudadano pueda pedir sino que exige una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de resolver. Ello, sin embargo, no significa que la administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan sólo que debe resolver.
Tribunal de Cuentas Provincial, administración fraudulenta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Aparici, Ricardo José Manuel s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 1050/1054, Nº 448) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 1050/1054, Nº 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-11-17

Los recurrentes no pertenecían al Poder Ejecutivo (poder administrador) sino que como integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia y en un todo de acuerdo a las potestades conferidas por la ley se limitaron a tomar razón del decreto cuestionado, esto es, a efectuar un control de legitimidad del acto. Como tales, carecían del poder de administración, requisito sine qua non para ser sujetos activos del delito de administración fraudulenta. Y si los nombrados no pudieron ser sujetos activos del delito por el cual se los procesa, es obvio que tampoco pudieron serlo como coautores o partícipes primarios, tal cual fueran calificados por el aquo.

La toma de razón del decreto cuestionado, no significa en manera alguna un control de gestión ni, menos aún, un control de oportunidad sino un control de legitimidad, extremo este último que, per se no tiene la aptitud de conformar los requisitos del tipo por el cual se los procesa, sin una previa potestad legal de administrar bienes ajenos.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. de F., L. B.                 AST107P149 s/ Infracción al artículo 112 de la Ley 10.703. Queja por denegación  del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 733- 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

El artículo 1 de la ley 7055 establece un presupuesto indispensable para que la resolución supuestamente agraviante pueda ser objeto del recurso de inconstitucionalidad local: debe tratarse de sentencia definitiva o auto equiparable, correspondiendo atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.