Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de esta Alzada el recurso de queja interpuesto por el abogado defensor de Sergio Fabián Lavie, Hugo Pinto (fs. 34/37 y vta.), contra el pronunciamiento del Sr. Juez de Grado, Ricardo Félix Baldomar, mediante el cual no hizo lugar a la apelación introducida (fs. 28/31 y 32/33), respecto del auto que dispuso diferir el tratamiento de las nulidades planteadas para la audiencia de juicio (ver cédula fs. 26/vta.).

Como fundamento de sus presentaciones la defensa sostuvo que el agravio irreparable alegado estaba dado por el hecho de llegar al debate con una pieza acusatoria -como lo es el requerimiento de juicio- que no cumple con los recaudos que la ley le impone para ser tenida validamente como tal.

Agregó que de no ser sustanciada y resuelta ahora la nulidad planteada se estaría conspirando contra el principio de economía procesal y contra el derecho de defensa en juicio y del debido proceso, en tanto posibilitaría el desarrollo de dicha audiencia con una pieza acusatoria que se sustenta en prueba que justamente indica lo contrario a la imputación y que, por sobre todo, atribuye conductas a su defendido que no aparecen descriptas en el requerimiento cuestionado, afecta las garantías antes indicadas.

En su dictamen de fs. 40/41 y vta. el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández propició el rechazo del remedio intentado por los motivos que allí expone, a los que remitimos en honor a la brevedad.

Cumplidos los pasos procesales pertinentes, estos actuados se encuentran en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

En primer término, corresponde señalar que el remedio en estudio reúne los requisitos externos de admisibilidad, puesto que ha sido planteado en la forma y en los términos del art. 477 CPPN, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12, con las exigencias del art. 283 CPCCN. Ello por haber sido presentado por escrito en la sede de este tribunal, dentro del plazo de ley y satisfacer la exigencia de autonomía al contener el relato de los hechos y una crítica razonada de la resolución atacada.

Sentado ello, corresponde revisar el acierto o desacierto sobre el juicio de admisibilidad efectuado por el judicante respecto de la apelación interpuesta por la defensa, y en consecuencia, se habrá de establecer básicamente si el gravamen irreparable invocado por dicha parte como sustento de su articulación es consistente.

Recordemos que el Magistrado interventor resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el letrado defensor, en el entendimiento de que no encontraba acreditado en el caso el requisito de impugnabilidad objetiva por no ser la resolución atacada una de las que habilitaría la vía procesal intentada. Expresó que aquella se dirige a diferir para la etapa oportuna el tratamiento de las nulidades planteadas, garantizándose de ese modo el debido proceso, el contradictorio y la oralidad de nuestro sistema procesal, con lo que los agravios alegados no devienen insusceptibles de reparación ulterior.

Por su parte, en el escrito que en copia luce a fs. 28/29 y vta., la defensa sostuvo, citando jurisprudencia de la Sala III de esta Cámara (in re "Conjuera"), que el remedio procesal articulado resultaba procedente desde la óptica del derecho de forma. Ello así por cuanto, a su entender, el hecho de que no exista en la ley 12 un sistema general de recursos no significaba que no pudieran ser materia impugnable aquellas decisiones que causen gravamen irreparable en quien tenga un interés directo, circunstancia esta que torna Causa Nº 15526-02-CC/2006. Sala II aplicable, supletoriomente, las vías recursivas previstas en el Código Procesal Penal de la Nación.

Concretamente, fundó el agravio invocado en el hecho de llegar a juicio con una acusación que no describe las conductas atribuidas y que se sustenta en prueba que precisamente desvirtúa la imputación dirgida a su defendido.

Ahora bien, sabido es que el art. 50 de la LPC contempla en forma expresa la vía recursiva para la apelación de sentencias, por lo que -siguiendo el criterio otrora establecido por esta Alzada- las cuestiones pasibles de ser resueltas en la audiencia de juicio deben tener en ella su debido tratamiento, con intervención de las partes y quedando salvaguardado el derecho a la doble instancia a través de la oportuna decisión de esta Cámara. No obstante ello, dicho principio cede ante la posible afectación de derechos constitucionales, en los casos en que una eventual declaración nulificante podría erigirse en la suerte del proceso (conf. Causa 1589-01-CC/2003, caratulada "Martínez, Aldo Guillermo s/ art. 41 - Recurso de queja", rta. 5/2/2005 del registro de esta Sala), en tanto y en cuanto se trate de un gravamen irreparable, actual y, en su consecuencia, insusceptible de reparación ulterior; condiciones estas que en manera alguna se verifican en el caso traído a estudio.

Desde esta perspectiva, la decisión del juez de grado por la cual difirió el tratamiento de la nulidad del requerimiento de juicio planteada por la defensa, por encontrarse la causa en una etapa anterior a la audiencia de debate, no resulta descalificable de momento que no se vislumbra en la especie el nexo directo entre lo resuelto y las garantías constitucionales que se dicen conculcadas; de modo que no corresponde apartarse del criterio general establecido en el art. 50 de la LPC.

Adviértase, que la resolución que posterga la decisión de las nulidades para la audiencia de juicio, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, más allá de ser evidente que no pone fin al proceso en manera alguna, constituye un agravio de imposible reparación ulterior; de momento que será aquella etapa donde podrá hacer efectivos sus reclamos.

Por último, merece ser destacado que la decisión que deniega la concesión del recurso resulta ajustada a derecho en tanto se limita a evaluar los presupuestos de admisibilidad y se encuentra provista de fundamentos sólidos para sostenerla, por lo que en virtud de lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso de queja deducido por el Sr. Defensor.

En mérito a lo dicho y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por la defensa de Sergio Fabián Lavie a fs. 34/37 y vta.

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara, y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.