Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-26


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 26 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el Dr. Hugo Molteni dijo:

1º.- La sentencia dictada a fs. 533/537 admitió la demanda impetrada por René Bellot Terán a causa del accidente de tránsito que sufriera el día seis de noviembre del año 1998, en la intersección de la calle Castelli y la avenida Marcelo T. de Alvear, de la localidad de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, al producirse la colisión de la bicicleta en que aquél se desplazaba, con el interno 21 de la línea de colectivos 181, toda vez que -a criterio del Sr. Juez "a-quo"- las constancias probatorias arrimadas al proceso no permitían determinar cuál de los partícipes del siniestro infringió la señal lumínica emplazada en la referida encrucijada y, por ende, subsistía la presunción que el artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil sienta exclusivamente en contra de los codemandados.

En consecuencia, condenó al conductor de esa unidad, Sr. Leonardo Villalba, así como a la empresa explotadora y titular registral del ómnibus, "El Libertador Sociedad Anónima Comercial e Industrial", actualmente denominada "Transportes Automotores de Pasajeros Siglo Veintiuno S.A.", a pagar al accionante la suma de cuarenta y tres mil doscientos veinticinco pesos ($ 43.225), con más sus intereses -liquidados a la tasa pasiva- y las costas del juicio, haciendo extensiva la obligación resarcitoria a la citada en garantía, "Trainmet Seguros Sociedad Anónima", en los estrictos límites del contrato celebrado, desde que las partes reconocieron la franquicia pactada y no cuestionaron su oponibilidad.

Contra dicho decisorio, interpusieron recurso de apelación tanto el demandante, como ambos accionados y la compañía aseguradora citada en garantía. El primero funda su queja a fs. 574/580, a fin que se incrementen las partidas fijadas en concepto de "incapacidad física", "gastos de tratamiento psíquico", "daño moral", "gastos médicos, de farmacia y traslado" y "daños materiales del biciclo", así como para que se reconozca una suma que indemnice de manera autónoma el denominado "daño psicológico".- Posteriormente, a fs. 584, la compañía de seguros desiste del recurso interpuesto contra el pronunciamiento de grado, manteniéndolo respecto de los honorarios regulados en la anterior instancia, en tanto que la transportista demandada expresa agravios a fs. 585/589, memorial al que adhiriera el restante emplazado mediante la presentación de fs. 590 y por el que se cuestiona lo resuelto en materia de responsabilidad, así como la procedencia de todos los rubros reconocidos en la sentencia apelada.

Las quejas expuestas por el accionante fueron replicadas por la citada en garantía, por la empresa de transporte y por el conductor del colectivo a fs. 592/594, 595/599 y 600, respectivamente, mereciendo los agravios de estos últimos la respuesta del demandante de fs. 601/606.

2º.- En primer término, estimo que resulta inadmisible el recurso de los demandados respecto a la responsabilidad que se les atribuyera, pues lejos de contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que éstos consideran equivocadas, tal como establece el imperativo formal consagrado en el artículo 265 del Código Procesal, no es más que una mera remisión al alegato presentado a fs. 455/458, capítulo I), que se reproduce textual e íntegramente a fs. 585/589, apartado III), con excepción de las dos citas insertas en los párrafos quinto y sexto de fs. 585 vta., pero que omite cuestionar la subsistencia del régimen presuncional previsto en el artículo 1113 del Código Civil en los casos en donde, como ocurre en la especie, se trata de una colisión en una intersección regulada por semáforos en funcionamiento (conf. fs. 5 de la causa penal) y no resulta factible determinar quién infringió la señal que vedaba el paso.

Es que aun cuando en reiterados precedentes de este Tribunal he sostenido que en este tipo de siniestros no rigen las presunciones legales, como tampoco aquéllas comúnmente admitidas por la jurisprudencia, por cuanto la violación de la señal lumínica es causa eficaz de la producción del suceso dañoso y determinante de la exclusiva culpabilidad de quien cometió tal contravención (conf. esta Sala, mis votos en libres nº 422.377 del 24-08-05; nº 457.249 del 07-09-06; nº 442.419 del 27-12-06 y nº 461.713 del 19-03-07, entre muchos otros), lo cierto es que, ante la nula entidad crítica de los agravios vertidos al respecto, no es posible aplicar este criterio, que conduciría al rechazo de la acción incoada, en tanto las pruebas reunidas no permiten dilucidar el extremo atinente a la habilitación del semáforo y correspondía al actor demostrar la infracción imputada a su contraparte, por no regir la inferencia legal que sienta el citado artículo 1113 del Código Civil.- De todos modos, aunque se soslaye tal falencia recursiva, resultan igualmente inoficiosas las quejas vertidas en punto a la prueba testimonial recabada a fs. 229/230 de las presentes actuaciones, toda vez que Wilton Kepar Fuentes Antequera declaró sobre cuestiones que no se vinculan estrictamente a la secuencia del accidente, ni fue valorada su deposición en la anterior instancia a efectos de dirimir la cuestión relativa a la responsabilidad, en tanto que los testimonios de Juana Beatriz Estigarribia y Karina Elizabet López, tampoco permiten determinar la violación de la señal del semáforo por uno u otro de los protagonistas (ver fs. 32vta./33 de la causa penal), tal como acertadamente se indica a fs. 534 "in fine" de la sentencia recurrida.

En análogo sentido, el informe pericial elaborado a fs. 54/55 del expediente criminal, que da cuenta de la existencia de un leve contacto entre el sector frontal del ómnibus y el cuerpo del ciclista, no es revelador de la exclusiva responsabilidad que los emplazados atribuyeran al actor y que de todas formas no podría tenerse por acreditada a partir de la prueba confesional del conductor de la unidad, que además de ser parte interesada en el resultado del pleito, resulta parcialmente desvirtuada por el dictamen del perito ingeniero mecánico designado de oficio, que descarta la alegada colisión de la bicicleta contra el sector lateral del colectivo, al informar la existencia de un contacto a la altura del guardabarros trasero del biciclo (ver fs. 221, sexta posición y fs. 386, apartado d), igualmente irrelevante a los fines de establecer la infracción de la señal luminosa emplazada en la intersección de marras.

Por lo demás, la mera circunstancia de que el demandante tuviera sesenta años de edad al tiempo del infortunio, resulta también insuficiente como para inferir la improbada existencia de una merma en sus reflejos, que lo indujera a efectuar una maniobra temeraria, en tanto que la presencia de otros vehículos detenidos a la derecha del micrómnibus, lejos de revelar que el accionante pretendió transponer la bocacalle sin observar a dicho rodado, permitiría incluso conjeturar que el tránsito de la avenida Marcelo T. de Alvear se encontraba momentáneamente estático por la señal lumínica que prohibía la circulación del transporte público.

En definitiva, como tampoco puede sostenerse la igualitaria introducción de un riesgo por parte del biciclo respecto de aquél que incorpora al tránsito vehicular un colectivo, desde que la menor entidad de la bicicleta obliga a extremar el rigor con que debe juzgarse la conducta del conductor del ómnibus (conf. esta Sala, libre nº 387.516 del 07-07-05), voto porque se declare desierto este aspecto de la queja articulada por los demandados, confirmándose en consecuencia lo resuelto en el pronunciamiento de grado en punto a su responsabilidad en el hecho ilícito que se ventila en autos.

3º.- Ambas partes cuestionan la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) fijada para resarcir la incapacidad remanente en el damnificado, que malgrado lo sostenido en el memorial de los demandados, no es compresiva de la merma psíquica y física, sino sólo de ésta última, toda vez que la primera fue ponderada en la sentencia de grado en forma conjunta con el "daño moral".

Sin embargo, es criterio reiterado de este Tribunal que el denominado "daño psíquico" constituye un rubro independiente del "daño moral", desde que se trata de perjuicios de distinta naturaleza que ocasionan un menoscabo en diferentes esferas de la personalidad de la víctima, de modo que no puede subsumirse uno dentro del otro y aunque el actor postula la autónoma indemnización de aquél, lo cierto es que tampoco corresponde fijar una suma que resarza la merma psíquica por separado de la incapacidad física, porque si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. esta Sala, libres nº 261.021 del 02-03-00; nº 299.193 del 31-08-00; nº 226.548 del 30-11-00; nº 326.844 del 27-08-01; nº 330.604 del 27-03-02 y nº 397.889 del 12-08-04, entre otros).

Ahora bien, a fin de graduar el alcance del resarcimiento que corresponde otorgar al demandante, cuadra apuntar que a raíz del suceso dañoso de marras sufrió politraumatismo encéfalo craneano, fractura de tercio medio de clavícula izquierda, fractura costal y fractura de pelvis; lesiones de carácter grave por las que debió permanecer internado en el Hospital Bocalandro entre los días 6 de noviembre y 18 de diciembre del año 1998, para luego continuar con internación domiciliaria.

En la actualidad, presenta un acortamiento del miembro inferior izquierdo de tres centímetros con respecto al contralateral, que le genera trastornos en la deambulación, movilizándose lentamente, con marcha claudicante y con la ayuda de un bastón, mientras que las fracturas de clavícula y parrilla costal evolucionaron favorablemente y consolidaron sin secuela funcional clínica, por lo que padece una incapacidad de carácter parcial y permanente del 25%, como secuela de la fractura bilateral experimentada en la pelvis, que se suma a la merma psíquica del 10% que también presenta, derivada de un síndrome depresivo reactivo leve (cfr. fs. 243/331 y 347/348 de autos y fs. 26 vta. del expediente penal).

Estas conclusiones, que se extraen del dictamen pericial médico producido en autos y que fueron corroboradas con el ulterior informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, otorgando idéntico porcentaje de incapacidad física e incluso un porcentaje mayor por el menoscabo psíquico (ver fs. 468/477 y 501/504), me persuaden de la improcedencia del recurso de los emplazados, que pugna por el rechazo del presente rubro, aduciendo sorprendentemente la ausencia de secuelas incapacitantes y cuestionando sin mayores fundamentos el alcance de dichos informes periciales.

Aún así, tampoco los agravios del accionante resultan convincentes de la insuficiencia del monto estipulado en la anterior instancia, pues sin desconocer la gravedad de las secuelas psicofísicas remanentes, debe también ponderarse que se trata de un hombre que tenía sesenta años de edad al tiempo del infortunio, de humilde contexto socioeconómico, que se desempeñaba como gestor inmobiliario y realizaba trabajos de carpintería (ver fs. 8, 229 vta., 347 y 501de estos autos y fs. 22 y 42/43 del expediente nº 109.293/99), por lo que no es dable suponer que la merma detectada fuera a tener una mayor incidencia patrimonial en las perspectivas de evolución material del damnificado, de modo que habré de proponer que se confirme la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) para enjugar la "incapacidad psíquica y física".

4º.- Idéntica solución confirmatoria se impone, a mi entender, respecto a los agravios que sendos recurrentes vierten en punto a la indemnización fijada en concepto de "daño moral", pues aun cuando se excluya de este acápite la merma psíquica, que fuera valorada precedentemente junto con la incapacidad física, no podría considerarse que el importe de quince mil pesos ($ 15.000), reconocido en la sentencia de grado por este ítem, carezca de fundamento o no guarde relación con la entidad de los padecimientos experimentados.

Contrariamente a lo sostenido por los emplazados, en la expresión de agravios que persigue el rechazo del rubro en cuestión, no es posible aseverar que la vida del actor no experimentara variación alguna, en tanto el dolor físico derivado de las graves fracturas sufridas, las molestias ocasionadas por la prolongada internación hospitalaria y tratamientos que debió efectuar, así como la angustia padecida en punto al restablecimiento de su salud, a una edad donde la recuperación física suele ser mayormente dificultosa, son suficientemente demostrativas de las innumerables alteraciones que debió soportar a causa del inesperado infortunio, sin que sea menester acreditar la entidad del perjuicio, que puede tenerse por demostrado con la sola comisión del acto antijurídico, ya que se trata de una prueba "in re ipsa", que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarro en causas nº 191.386 del 22-05-96 y nº 207.360 del 16-12-96; mis votos en libres nº 165.704 del 22-05-95 y nº 214.108 del 16-05-97, entre muchos otros).

En consecuencia, opino que debería mantenerse el alcance del resarcimiento establecido en el decisorio de grado para enjugar el menoscabo inferido en la esfera de los sentimientos, desde que -a mi entender- tampoco podría admitirse el recurso del actor que pugna por su incremento, por cuanto la suma reconocida, lejos de ser exigua e insignificante, resulta acorde a las que habitualmente reconoce este Tribunal en supuestos de similar entidad dañosa.

5º.- Con relación a los "gastos de tratamiento psicológico", la circunstancia de que existan centros de asistencia gratuita, o con moderados aranceles, no es determinante del rechazo del reclamo formulado por tal concepto, como erróneamente postulan los vencidos, pues no es dable imponer a la víctima la realización de la terapia en tales establecimientos, máxime cuando el costo promedio de cincuenta pesos ($ 50) por sesión, indicado a fs. 503, último párrafo, no parece desmedido sino más bien algo inferior a los valores que actualmente se cobran por tales tratamientos.- No obstante ello, considero que tampoco resulta admisible la queja del demandante, que procura el incremento de la suma establecida en el pronunciamiento recurrido ($ 2.400), en el entendimiento que se ha incurrido en un error aritmético al ponderar la extensión y costo de la terapia aconsejada. Es que si bien es cierto que un tratamiento como el sugerido, de aproximadamente un año de duración, con una frecuencia de una sesión semanal al costo antes indicado, arroja un valor total de dos mil seiscientos pesos ($ 2.600), no lo es menos que tal terapia podría modificarse a criterio del profesional que intervenga y en función de la evolución del paciente (conf. fs. 503 "in fine"), por lo que estimo que no es adecuado adoptar un criterio rígido que limite el alcance del resarcimiento y la evaluación del daño a una simple ecuación matemática, debiéndose confirmar, entonces, la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) fijada en la anterior instancia.- 6º.- Por otra parte, aunque el actor no acompañó prueba documental alguna que acredite los "gastos médicos, farmacéuticos y de traslado" reclamados, cabe presumir su erogación en función de la entidad de las lesiones que le fueran inferidas (conf. esta Sala, mis votos en libres nº 285.208 del 20-06-00; nº 330.400 del 04-10-01; nº 339.635 del 05-07-02 y nº 363.197 del 11-03-03, entre otros), incluso cuando la atención se suministrara en establecimientos públicos, que -como es sabido- no cubren la totalidad de los costos que acarrea la atención médica pertinente, lo que ciertamente obsta el acogimiento de la queja de los emplazados, dirigida a obtener el rechazo de este apartado.

Empero, como bien apunta el Sr. Juez "a-quo", tal falencia probatoria impide el reconocimiento de una cifra mayor a la estipulada en la sentencia apelada ($ 800), porque aun cuando la perito médica dictaminara que los gastos reclamados son acordes a las lesiones sufridas (ver fs. 365, punto 4º), es innegable que al menos parte de esas erogaciones fueron cubiertas a través de la gratuita asistencia pública suministrada y si el demandante pretendía el otorgamiento de una suma mayor, debió en todo caso agregar los respectivos comprobantes que respalden un desembolso de superior envergadura.- 7º.- Por último, entiendo que también resultan desacertadas las quejas que ambos recurrentes vierten respecto a la suma de veinticinco pesos ($ 25) destinada a compensar los daños materiales ocasionados al biciclo en el que se desplazaba el accionante al momento de la colisión.- En efecto, la leve deformación por hundimiento de izquierda a derecha que experimentara el guardabarros trasero de la bicicleta, de acuerdo a las constancias obrantes en la causa criminal (cfr. fs. 3 vta., 14 vta. y 54), basta para acreditar la existencia de un daño cierto que debe ser resarcido y que puede ser graduado en los términos del artículo 165 del Código Procesal a pesar de no hallarse determinado el valor del rodado, de modo que no podría admitirse el rechazo de la partida en cuestión, como tampoco su pretendido incremento, desde que el actor ningún elemento probatorio arrimó que permita acreditar un perjuicio material de mayor entidad.- 8º.- Voto, pues, para que se declare parcialmente desierto el recurso de apelación articulado por los codemandados y se desestimen los restantes agravios expuestos por sendos recurrentes, confirmándose en consecuencia la sentencia de grado en todo aquello que decide y que fuera materia de queja.- Los gastos causídicos de alzada deberían imponerse en el orden causado, en atención al rechazo de ambos recursos, que fueran replicados, con excepción de aquéllos devengados por el conteste de la compañía aseguradora citada en garantía de fs. 592/594, que deberían ser a cargo de la parte actora (artículo 68 del Código Procesal).- Los Dres. Ricardo Li Rosi y Fernando Posse Saguier, votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se declara parcialmente desierto el recurso interpuesto por los emplazados y se confirma el pronunciamiento recurrido en todo cuanto decide y fue objeto de apelación. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, con excepción de aquéllas devengadas por la réplica de la citada en garantía de fs. 592/594, que se imponen a la parte actora.

Atento lo resuelto precedentemente, corresponde entender en los recursos interpuestos contra las regulaciones contenidas en la sentencia de la instancia de grado.

Ello así, en mérito a la extensión e importancia de los trabajos realizados por los beneficiarios de las regulaciones apeladas, dentro de las tres etapas en las que se dividen los juicios sumarios (conf. esta Sala, H. 47.814 del 22/5/89 y sus citas), monto por el cual prosperó la acción incluidos los intereses, conforme el criterio de la Sala (L. 282.897 del 27/03/00), lo dispuesto por el decreto ley 7887/55, lo establecido por los arts. 1, 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432, como así el alcance de los respectivos recursos y lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación al modo de retribuir los trabajos de los peritos médicos quienes carecen de arancel propio (conf. H. 313.777 del 14/12/00 y sus citas, entre muchas otros), modificase las regulaciones de fs. 537 y se fijan los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. A. F. M., en TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.600); los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. A. M. Z., en NUEVE MIL PESOS ($ 9.000); los del letrado apoderado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. G. R. B., en SETECIENTOS PESOS ($ 700); los de la letrada apoderada de la empresa demandada y citada en garantía, Dra. M. A. M., en CUATROCIENTOS PESOS ($ 400); los del letrado apoderado de la empresa demandada, Dr. J. C. C., en DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600), confirmándose, atento el alcance de los recursos -altos- los del letrado patrocinante de la parte demandada, Dr. R. J. D. V., los del letrado apoderado de la citada en garantía, Dr. A. M. E., los de la letrada apoderada de la misma parte, Dra. G. J. M., los del perito ingeniero, A. F. C., los de la perito médica, Dra. A. de A., los del consultor técnico, G. D. y los de la consultora A. M..

Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los emolumentos del letrado apoderado de la actora, Dr. A. F. M., en NOVECIENTOS PESOS ($ 900); los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. A. M. Z., en DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.250); los del letrado apoderado de la citada en garantía, Dra. G. M., en DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.800) y los del letrado apoderado de la empresa demandada, Dr. J. C. C., en DOS MIL PESOS ($ 2.000) (arts. l, 6, 7, 39 y 14 de la 21.839 y concordantes de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días y en la forma establecida precedentemente.- Notifíquese y devuélvase. -Hugo Molteni. -Ricardo Li Rosi. -Fernando Posse Saguier.