Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-14


ACUERDO N° 25/14: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los doctores ANTONIO G. LABATE y LELIA GRACIELA MARTÍNEZ, con la intervención del señor Secretario de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "C. R. G. S/ INF. ART. 119 C.P. 'IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA'" (Expte. Nro. 87 - año 2014) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES: I.- El Tribunal de Impugnación, integrado por los Dres. Liliana Deiub, Raquel Gass y Alejandro Cabral, resolvió, por sentencia n° 89/2014, en lo que aquí interesa: "...II.- HACER LUGAR A LA IMPUGNACIÓN deducida (...), REVOCANDO LA SENTENCIA DE CONDENA IMPUESTA, por no existir elementos suficientes que acrediten la materialidad y autoría; y, en consecuencia, DISPONIENDO LA ABSOLUCIÓN POR LA DUDA de R. G. C., en orden al hecho por el que fuera condenado (art. 246 último párrafo del CPPN)..." (cfr. fs. 780/791, la aclaración nos pertenece).

Cabe aclarar, que dicha sentencia es una derivación del recurso de casación que, oportunamente, habían deducido los señores Defensores Particulares, Dres. Martín L. De Reyes Balboa y Manuel De Reyes Balboa, a favor del imputado R. G. C. (fs. 498/506 vta.), en contra de la sentencia n° 49/2013, emitida por la entonces Cámara de Juicio en lo Criminal Primera, de esta ciudad, que lo había condenado como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de arma (art. 119, cuarto párrafo, inc. d), del Código Penal), a la pena de doce años de prisión de efectivo cumplimiento, más la inhabilitación absoluta por igual término de la condena (fs. 476/494).

En contra de tal resolución, dedujeron impugnación extraordinaria tanto el señor Fiscal Jefe, Dr. Rómulo A. Patti (fs. 806/809 vta.), como la señora P. N. G., en su carácter de parte querellante, con el patrocinio letrado de los Dres. Matías E. Nicolini y Santiago Pini (fs. 810/818 vta.).

II.- En apoyo de su pretensión el Dr. Patti acude a la doctrina de la sentencia arbitraria, en los términos del art. 248, inc. 2°, del código adjetivo.

En ese cauce argumentativo, alega que la sentencia es nula por fundamentación omisiva, contradictoria y desconocimiento de pruebas decisivas para la solución del caso, en transgresión a las reglas de la sana crítica racional.

Afirma, en apoyo de su aserto, que el Tribunal de Impugnación no habría contado, al momento de dictar su decisión, con la videograbación ni con las actas completas de lo narrado por los testigos en el debate.

Sentado ello, aduce que no sería aplicable el estado de duda. Invoca, en apoyo de su postura, la siguiente prueba: a) el relato de la víctima, que habría sido avalada por los informes de las licenciadas Estanislao y Ortiz, así como también por la versión de la testigo L. T., b) los dichos de L. y P., quienes habrían oído gritos de auxilio procedentes del departamento de P. N. G., y, el primero de ellos, incluso habría llegado a observar que el imputado se retiraba armado del lugar, c) la versión de C., quien señaló que pudo divisar a una persona trepada en los techos de la vivienda, quien le manifestó que buscaba a un individuo que habría violado a su señora, d) las expresiones de S., P. y B., quienes habrían manifestado que un sujeto ingresaba al edificio diciendo que era el novio de P., y e) las conclusiones del Lic. D'Angelo, psiquiatra forense, en cuanto describió las características personales del imputado.

Hizo reserva del caso federal.

III.- Los Dres. Nicolini y Pini, por su lado, plantearon la nulidad del fallo por arbitrariedad manifiesta, fundamentación aparente -contradictoria e ilógica- y vulneración de los cánones de la sana crítica racional -principio de razón suficiente- (art. 248, inc. 2°, del C.P.P.N.). En tales condiciones, postulan que el ilícito existió y que fue perpetrado por el imputado.

Refieren que el Tribunal de Impugnación habría conculcado los principios de inmediación y de contradicción en el momento de valorar la inspección ocular y los testimonios receptados en el juicio oral, pues no estuvieron presentes cuando se produjo esa prueba.

Disienten con la falta de credibilidad atribuida a la declaración de la víctima P. N. G., sosteniendo que no se le exhibieron fotografías del imputado antes de practicar el reconocimiento en rueda de personas; admitiendo, en cambio, "...que había visto la pantalla de facebook 'desde lejos' (...) y por televisión las noticias con el escrache..." (fs. 815).

Es más, P. le dijo a L. que no conocía al imputado, aun cuando "...Pudo presuponer que era la misma persona que la violó y por eso le advirtió (...) que era peligroso..." (fs. 815 vta.), destacando el diferente marco socio-cultural en que se desenvuelve cada uno.

Por otra parte, se habría omitido ponderar prueba esencial para la resolución del caso: a) el reconocimiento efectuado por la víctima del cuchillo secuestrado en la vivienda del imputado, b) la inspección ocular, que daría cuenta de la posibilidad de acceso al domicilio de la víctima desde la vivienda vecina, c) las distintas versiones aportadas por el enjuiciado en su descargo (como consecuencia del hallazgo de huellas dactilares en el departamento de la víctima), d) la posibilidad de que el encartado quisiera regresar al lugar del hecho para destruir evidencia o materializar las amenazas enunciadas a la víctima, y e) la inspección ocular, según la cual desde la ventana del departamento de L. era factible observar el hall de entrada del edificio de la víctima, lo que corroboraría los dichos de aquel en el sentido que ese día vio una figura masculina empuñando un cuchillo en la maño izquierda.

Hizo reserva del caso federal.

IV.- Por aplicación de lo dispuesto en el art. 245 del C.P.P.N., se convocó a una audiencia oral y pública en donde las partes produjeron sus respectivas argumentaciones (cfr. acta de audiencia); en este contexto, la causa queda en condiciones de ser resuelta.

a) En primer lugar, el Dr. Rómulo A. Patti, criticó la resolución del Tribunal de Impugnación por arbitraria, irrazonable e incompatible con las reglas de la sana crítica racional, ya que, aún sin tener inmediatez con la prueba, tomó como base el voto minoritario del a quo.

Añade que el principio "in dubio pro reo" se habría aplicado de manera excesiva, llegándose al extremo de desvirtuar la versión de la víctima, de la psicóloga y del psiquiatra forense, de los testigos, y pasando por alto diversos informes de carácter científico.

En suma, pide que se declare la nulidad de la decisión aquí cuestionada, se confirme la sentencia pronunciada emitida por la entonces Cámara de Juicio en lo Criminal Primera, de esta ciudad, o, de lo contrario, continúen las actuaciones por la vía prevista en el art. 247 del código de forma.

b) Por su lado, la parte querellante invocó la doctrina de la sentencia arbitraria por vulneración de los cánones de la sana crítica y del principio de inmediación.

En lo medular, enfatizó la circunstancia de que C. cambió el sentido de su descargo en diversas ocasiones, lo que evidenciaría que el mismo era falaz.

Igualmente destaca que la víctima y L. apenas se conocían, y que las psicólogas forenses se expidieron por la verosimilitud del relato de aquélla. Ya, en cuanto a la conducta del imputado, opina que regresaba a la vivienda de P. N. G. con el fin de amedrentarla o destruir evidencia.

Sintetiza su exposición arguyendo que la decisión del Tribunal a quo incurrió en una errónea valoración de la prueba, y solicita, en su consecuencia, que se dicte una sentencia de condena en contra del imputado.

c) Por último, la defensa requiere que las impugnaciones se rechacen pues, a su juicio, se trataría de una tercera instancia para perseguir una grave sanción.

Puso de resalto que la médica no acreditó rastros vinculados con la figura legal analizada, y que, por otra parte, la víctima tampoco arrimó prueba concerniente a una consulta ginecológica que descartara síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Agrega que se le habrían negado medidas de prueba a la defensa, como ser: el testimonio de una vecina y una inspección ocular en el domicilio de L..

Manifiesta que una valoración conjunta del plexo probatorio pondría en evidencia las graves falencias que ostenta el testimonio de P. N. G.. En particular, en el reconocimiento en rueda de personas indicó que no había visto al imputado con anterioridad a su realización, mientras que, en la audiencia oral, se la habría visto dubitativa. Asimismo, L. dijo que le había mostrado una fotografía del imputado, y L. afirmó que ella le dijo que lo conocía.

En relación a L., le llama la atención que recién en la etapa del debate hubiera dicho que observó a una persona escapando de la vivienda de la víctima con un cuchillo en la mano, pues no había manifestado nada en sus declaraciones anteriores; y, en cuanto a la versión de C., considera que debiera ser apreciada a favor de la defensa.

Revela las razones por las cuales, según su punto de vista, C. tenía las llaves del edificio, a la vez que sostiene que el arma blanca secuestrada no sería una prueba de cargo, ya que el reconocimiento practicado sobre ese elemento sería contradictorio.

Destaca que C. tenía un incipiente romance o amistad con la denunciante. Por consiguiente, solicita que se confirme el fallo del Tribunal de Impugnación. Hizo reserva del caso federal.

Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Antonio G. Labate y Dra. Lelia Graciela Martínez.

CUESTIONES: 1°) ¿Es formalmente admisible la impugnación extraordinaria interpuesta?; 2°) ¿Es procedente la misma?; 3°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 4°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: corresponde a esta Sala estudiar, en primer término, si se han cumplido las prescripciones legales para que la impugnación sea declarada, desde un punto de vista formal, admisible:

a) Las impugnaciones fueron presentadas en término, por quienes se encuentran legitimadas para ello.

b) Además, las mismas han sido deducidas contra una sentencia definitiva, susceptible de ser examinada a través de la vía procesal invocada.

En consecuencia, ambas impugnaciones deben ser declaradas, desde un estricto punto de vista formal, procedentes. Tal es mi voto.

La Dra. LELIA G. MARTÍNEZ dijo: Adhiero al voto que antecede, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Mi voto.

A la segunda cuestión el Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: I.- Contra la Sentencia n° 89/2014, tanto el señor Fiscal Jefe, Dr. Rómulo A. Patti, como la parte querellante, representada por los Dres. Dres. Matías E. Nicolini y Santiago Pini, dedujeron sendas impugnaciones extraordinarias (art. 248, inc. 2°, del C.P.P.N.).

Básicamente, los agravios de las partes recurrentes se orientan a cuestionar la sentencia del "a-quo" que, según dicen, sería nula por incurrir en arbitrariedad manifiesta, fundamentación omisiva, contradictoria, y desconocimiento de pruebas decisivas para la resolución del caso.

a) Como primer punto de análisis, cabe desentrañar qué exigencias debe reunir una sentencia para estar fundada.

En palabras de la Alta Corte: "...para que exista 'juicio' en el sentido constitucional del término es necesario que en el curso del proceso se hayan observado ciertas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos: 116:23; 119:284; 189:34, entre otros).

Que en cuanto a esta última, debe reputarse que su motivación es una calidad o requisito de naturaleza esencial. Así lo estableció este tribunal cundo dijo en Fallos: 236:27 'que es evidente que a la condición de órganos de aplicación del derecho vigente, va entrañablemente unida la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus sentencias'; y cuando agregó: 'en definitiva, la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, señalada por la jurisprudencia y la doctrina unánimes sobre la materia, reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (confr. También Fallos: 235:113; 240:160; 272:172 y muchos otros)..."; "...en Fallos: 262:144 se estableció 'Que los fundamentos de esta jurisprudencia en materia criminal, exigen que la sentencia revocatoria de segunda instancia, (...), contenga un mínimo de razonamiento autónomo, de manera que explicite tanto la doctrina legal del caso como los hechos principales de la causa. Las solas afirmaciones genéricas y la invocación del art. 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal no bastan, en las circunstancias señaladas, para sustentar el pronunciamiento..." (Fallos: 279:355).

Igualmente, es preciso recordar que: "...una 'sentencia que no traduce una apreciación crítica y fundada de los elementos relevantes de la litis, satisface sólo en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa y debe ser descalificada en su carácter de acto judicial' (CSJN B.622.XX; V.201.XXI; S-462XX19)..." (Cafferata Nores, José I. (compilador). "Eficacia del sistema penal y garantías procesales. ¿contradicción o equilibrio?", Editorial Mediterránea, pág. 70).

b) Desde ya adelanto que, en mi opinión, la sentencia examinada no satisface los requisitos de fundamentación exigidos por imperativo constitucional y legal (art. 18 de la C.N.; art. 246, en función del art. 193, tercer párrafo, del C.P.P.N.). La enunciación precedente conlleva la obligación de repasar los argumentos de la sentencia de condena y la de absolución.

b.1) Así, en cuanto a la versión de la víctima, el voto mayoritario de la por entonces Cámara de Juicio en lo Criminal Primera, de esta ciudad, había brindado argumentos de suma importancia en relación a su "...credibilidad, verosimilitud y ausencia de fabulación en su narración...", relato que se evaluó en forma conjunta con los dichos de la Lic. Karina Ortiz, psicóloga forense, quien le practicó dos entrevistas y un test de Minnesota, así como también con las conclusiones de la Lic. Verónica Estanislao, psicóloga forense, que realizó dos informes victimológicos en los cuales se daba cuenta de los síntomas de estrés post-traumático que aquella padecía (fs. 479 vta./480).

b.2) Por el contrario, como pusimos de manifiesto en los párrafos anteriores, el Tribunal de Impugnación, en voto unánime, se pronunció por la absolución por el principio de la duda (fs. 791).

Se impone examinar los argumentos por los cuales se llegó a esa decisión: 1) de conformidad con el informe médico de la Dra. Herrera, P. N. G. no presentaba rastros físicos de un ataque sexual, 2) la víctima omitió señalar que sus amigos, L. y L., habían fotografiado al presunto agresor y le habían exhibido la imagen con antelación al reconocimiento en rueda de personas, lo que pudo deberse, tal vez, a que ella quería ocultar que "...lo conocía con anterioridad al hecho y no le interesaba que L. se enterara de esta relación..." (sic.), para lo cual traen a colación el testimonio de L. T. (fs. 787), 3) lo apuntado en el punto anterior no es suficiente para invalidar el relato de P. N. G., pero disminuiría su fuerza convictiva (fs. 787 vta.), 4) ello los lleva a dudar acerca de "...si el imputado ingresó por el balcón o la víctima lo dejó ingresar, pero lo cierto es que no está cuestionado que estuvo dentro del departamento..." (fs. 788 vta.), 5) las expertas en psicología habrían obviado estas circunstancias cuando señalaron que P. N. G. no presentaba signos de fabulación ni mendacidad en su relato (fs. 787/787 vta.), 6) dudaron de la veracidad de los dichos de L., en tanto, recién en el debate, afirmó haber visto, desde su domicilio y en un ángulo esquinado, a una persona que portaba un cuchillo y bajaba las escaleras de la vivienda de la víctima (fs. 787 vta./788), 7) habría una divergencia entre los testimonios de P. y L. en relación a los gritos o pedidos de auxilio, en tanto no sabían si provenían de la calle o de algún departamento (fs. 788), 8) la versión exculpatoria de C. se vería corroborada por los dichos de su hermano, quien dijo que aquél le había señalado que deseaba iniciar una relación amorosa con una mujer pero que ella se había enojado (fs. 789), 9) los relatos de F. S., A. P. y G. B. no contrariarían la versión exculpatoria del imputado, ya que éste admitió haber regresado en varias oportunidades al edificio para devolverle las llaves a la denunciante, afirmando que era su novio, y es raro que una persona que supuestamente accedió carnalmente a otra actúe de esa forma, presentándose públicamente en el lugar del hecho (fs. 789/789 vta.), y 10) el informe psicológico del imputado, en cuanto refiere que tiene "comportamientos impulsivos o de riesgo", "poca autocrítica", que reduce "al máximo la capacidad afectiva", y que presenta "un trastorno de personalidad no sicótico", no es relevante para comprobar el hecho investigado (fs. 790).

b.3) En efecto, el Tribunal de Impugnación dictó la absolución por el estado de duda.

A este respecto, se ha establecido, en posición que comparto, que: "...el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (ver C.S.J.N., 'Rivarola, Juan Antonio s/ abuso deshonesto', causa N° 28.105, rta. el 24/03/92, T. 315, p. 495). (...). El proceso penal se configura como una contienda entre hipótesis en competencia que el juez tiene la tarea de dirimir.

Este debe decidir ensayando todas las hipótesis, aceptando la acusatoria sólo si se encuentra probada y desechándola por imperio del favor rei no sólo si resulta desmentida, sino también si no son desmentidas todas las hipótesis en competencia con ella (conf. Luigi Ferrajoli. Derecho y razón, Madrid, 2000, pág. 129 y sgts.)..." (C.N.C.P., sala I, "Alarcón, Marcial", rta. el 23/02/2007, Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, Dir. Miguel A. Almeyra, del 30/08/2007, págs. 42/46).

Así las cosas, en el sub-lite hay dos hipótesis en pugna: a) la de P. N. G., que denunció al imputado como autor de un abuso sexual con acceso carnal, y b) la de este último, quien expresó que se conocían de antes, que tenía la intención de iniciar un noviazgo pero ella se enojó.

Ahora bien, en mi opinión, la sentencia examinada es arbitraria, por fundamentación omisiva, desde que el a quo prescindió de prueba dirimente que se colectó en el juicio; me refiero, en especial, a la declaración de la psicóloga forense, Lic. Karina Ortiz, y a los informes victimológicos incorporados por lectura realizados por la también psicóloga forense, Lic. Verónica Estanislao (fs. 475, en función de fs. 7 57/58 y 165), quienes se expidieron, cada una por sus propios argumentos, por la veracidad de los dichos de la denunciante y por la existencia de una sintomatología acorde con el padecimiento de este tipo de delitos.

El Cuerpo tuvo oportunidad de fijar criterio, en un caso parcialmente análogo, afirmando que: "(...) la opinión del perito no obliga al magistrado, quien es libre para aceptar o rechazar total o parcialmente el dictamen. Pero para hacerlo debe fundamentar su aceptación o su rechazo (...)" (Confr. Cafferata Nores, José Ignacio, "La prueba en el proceso penal", Edit. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 77) (...)" (R.I. n° 07/98, "MUÑOZ, Fernando Ariel s/ Homicidio Simple - Lesiones Leves Calificadas y Lesiones Leves todos en Concurso Real entre sí", rta. el 13/02/1998). Pueden consultarse, en ese mismo sentido, los Acuerdos n° 12/2002 y n° 14/06, así como también la R.I. n° 132/2007.

Y, en cuanto a esta última temática, se señaló que: "...Es claro que el dictamen pericial no obliga al juez (...), quien debe someter dicho elemento de juicio a su consideración, a la luz de las reglas de la sana crítica racional.

Es así que, en la medida en que funde debidamente los motivos por los que disiente con el perito, el tribunal se encuentra facultado a decidir en sentido diverso, v.gr. si el dictamen aparece infundado o vacío de contenido, contradictorio con el resto de las pruebas, inverosímil, viciado de defectos formales o irregularidades que lo nulifiquen, o si el perito carece de la calidad de experto, etc.

(Jauchen, Eduardo M., 'Tratado de la prueba en materia penal', Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, ps. 415/416). (...). Es así como carece de todo sentido convocar al experto para que emita su parecer técnico y luego prescindir de éste sin exponer las razones de tal solución, tampoco es aceptable -en tanto no sea un ámbito alcanzado por la experiencia común- contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del magistrado en un área ajena a su incumbencia específica..." (T.S.J. Córdoba, sala Penal, 22/09/2010, "J., O. W."; R.D.P. 2011-5, págs. 921/922).

En definitiva, el Tribunal de Impugnación se apartó de la opinión de las expertas considerando que su parecer se contraponía con el resto de las pruebas producidas en el debate, principalmente con las declaraciones testimoniales; sin embargo, una vez inmerso en tal cometido, omitió brindar argumentos serios para arribar a esa solución.

En rigor, si se comparte la aseveración de las psicólogas en lo relativo a que P. N. G. sufría una sintomatología acorde con el delito revelado, no hay elementos de juicio válidos, sana crítica mediante, para dudar de la materialidad del delito.

Y ello se hizo patente cuando la Lic. Estanislao informó que la víctima padecía: "...estrés agudo, como trastornos en el sueño, hipervigilancia, falta de concentración en sus actividades laborales, vivencias disruptivas persistentes de la escena vivenciada, afectando su desenvolvimiento social y cotidiano..." (fs. 58), refiriendo, después de la segunda entrevista, que se trató de una "...situación vivenciada..." (fs. 165).

Además, si ambas expertas coincidieron en que la víctima no presentaba signos de fabulación ni de mendacidad, no hay razones válidas para dictar una absolución por la duda en lo atinente a la autoría.

Esa prueba, junto a la declaración de la víctima a este respecto, debió ser tenida por dirimente, aun cuando otros aspectos del relato de esta última -o incluso de algunos testigos- pudieran resultar controversiales, deviniendo insustancial la afirmación de que quizás "...lo conocía con anterioridad al hecho...".

Es que, aún si se especulara con que víctima y victimario ya se conocían, ello no es determinante, en función de las conclusiones aportadas por las expertas, basadas en el correspondiente conocimiento científico sobre el tema, para excluir la perpetración del delito y la respectiva atribución de autoría.

Tampoco lo es el resultado negativo de la pericia médica; algunos ilícitos de este tipo dejan rastros, otros no.

En una causa parcialmente análoga a la presente añadimos que la sentencia del a quo, en tanto descreía del relato de la víctima, era dogmática, por cuanto: "...los judicantes debieron dar argumentos, aunque sea mínimos, de por qué un acto inexistente o libremente consentido (...), le generó un trauma claramente advertible en la esfera psíquica..." (Acuerdo n° 40/2011, "G., F. D. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", rto. el 23/06/2011).

Así las cosas, concluyo que la hipótesis alternativa asumida por el a quo para dictar la absolución se basó en un examen parcial de la prueba reunida en el caso, por lo que la sentencia puesta en crisis debe ser nulificada (arts. 98 y 247, en función del art. 249, del C.P.P.N.).

Creo así haber fundado las razones por las cuales, como ya anticipara, las impugnaciones extraordinarias deducidas deben ser declaradas procedentes. Mi voto.

La Dra. LELIA G. MARTINEZ dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

A la tercera cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: En mérito a la forma en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo que se declare la nulidad, por falta de fundamentación, de la sentencia materia de impugnación (arts. 98 y 246, en función del art. 249, del C.P.P.N.).

En consecuencia, debe remitirse el legajo a la Oficina Judicial para que, por su intermedio, la reenvíe al Tribunal de Impugnación que, a través del subrogante legal que corresponda, y previa audiencia designada al efecto, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho. Tal es mi voto.

La Dra. LELIA G. MARTINEZ dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto en relación con esta tercera cuestión. Mi voto.

A la cuarta cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Sin imposición de costas en la instancia (art. 268, segundo párrafo, a contrario sensu, del C.P.P.N.). Mi voto.

La Dra. LELIA G. MARTÍNEZ dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta cuarta cuestión. Así voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR a la impugnación extraordinaria interpuesta por el señor Fiscal Jefe, Dr. Rómulo A. Patti; II.- HACER LUGAR a idéntica impugnación deducida por la señora P. N. G., en su carácter de parte querellante, con el patrocinio letrado de los Dres. Matías Eduardo Nicolini y Santiago Pini;

III.- DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia n° 89/2014 (fs. 780/791), dictada por el Tribunal de Impugnación (arts. 98, 247 en función del 249 del C.P.P.N.);

IV.- REENVIAR el legajo a la Oficina Judicial para que, por su intermedio, la reenvíe al Tribunal de Impugnación que, con una nueva integración, y previa audiencia designada al efecto, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho;

V.- SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS en la instancia (art. 268, segundo párrafo, a contrario sensu, del C.P.P.N);

VI.- Notifíquese, regístrese y remítase a la Oficina Judicial a los fines pertinentes.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. LELIA GRACIELA MARTÍNEZ Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario