Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-19


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Provincia del Chubut c/ P., A. A. s/ Impugnación" (Expediente N° 21.947- Letra "P" -Año 2010).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado de fs. 89: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. Contra la sentencia definitiva que absuelve a A. A. P., el Fiscal General, doctor Martín Eduardo Zacchino, interpuso impugnación extraordinaria.

El Tribunal Colegiado de la ciudad de Esquel, mediante sentencia dictada el día veintitrés de noviembre de dos mil nueve absolvió a A. A. P. del delito de homicidio simple, por el hecho ocurrido en Aldea Epulef el día 16 de noviembre de 2008, en perjuicio de L. N..

El hecho objeto de acusación se describió de la siguiente manera: ´... es el ocurrido el día 16 de noviembre de 2008, alrededor de las 22 horas en Aldea Epulef, distrito policial de Colan Conhue, en la vía pública, en la única calle que atraviesa toda la Aldea, frente al local comercial E. O., oportunidad en la que, mientras se desarrollaba una pelea entre L. N. y S. Q., se hizo presente el imputado A. A. P. y valiéndose de un arma blanca (cuchillo de grandes dimensiones) le asestó una puñalada al primero de los nombrados en zona toráxica, ingresando a cavidad, atravesando un pulmón, rompiendo vena cava, provocándole así la muerte por show hipovolémico y asfixia.... -v.fs. 39 de la sentencia-.

II. Que a fs. 58/73 el mencionado funcionario interpone impugnación extraordinaria.

Transcribe parte de las valoraciones efectuadas por los magistrados actuantes e intenta demostrar que el razonamiento utilizado no deriva de premisas lógicas y que no hay concordancia entre los votos de cada uno de los sentenciadores sobre hechos puntuales.

Sostiene que el tribunal a-quo comienza el análisis de la causa justificante valorando la pelea y la consecuente intervención del imputado, pero omite hacerlo desde el comienzo, es decir cuando Picón escucha los gritos.

Además, continúa, no se explica con claridad porqué entendieron que el cuchillo que portaba era el único medio idóneo a su alcance para repeler la agresión, tomando este dato de los propios dichos del imputado.

Otro de los puntos endebles, a su juicio, es la omisión de analizar el origen de la pelea entre Q. y N., por ejemplo quién comenzó la agresión o incitó la pelea, o quién fue el que debió defenderse de una probable agresión ilegítima.

Esta abstención, sostiene, no permitió a los magistrados evaluar el comportamiento desplegado por el imputado, y discernir que su rápida aparición en el escenario de los hechos lo llevó a incurrir en muchas equivocaciones que no pudo revertir, como en qué conflicto intervenía, la identidad de los contendientes, las reales características de la pelea, la elección del medio, el modo de utilizarlo, la inevitable necesidad de matar.

Asegura que la fundamentación del tribunal del juicio es solo aparente, y que se aplicó erróneamente la causal de justificación prevista en los incs. 6° y 7° del artículo 34 del Código Penal.

III. Fijada la audiencia prevista en el artículo 385 del C.P.P., el representante del Ministerio Público Fiscal ratifica los motivos mencionados en la impugnación, y que el hecho aquí investigado debió ser subsumido en la figura del artículo 79 del Código Penal.

IV. En primer término es preciso aclarar que ni las partes ni la sentencia han cuestionado la materialidad del hecho y las circunstancias que lo rodearon.

El quid de la cuestión radicó en determinar la existencia o no de una causa de justificación.

V. Previo a continuar con el análisis del fallo, estimo oportuno recordar el criterio sustentado por esta Sala en lo atinente a las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios.

Como he sostenido en otras oportunidades, tratándose de una impugnación del Ministerio Público Fiscal contra una sentencia que desvincula definitivamente al imputado del proceso, deberá observarse con estrictez si se dan los presupuestos legales para habilitar la instancia.

En este caso, el motivo central del recurso radica en cuestionar la forma en que los jueces valoraron la prueba y consecuentemente la conclusión a la que arribaron, que determinó la existencia de una causa de justificación.

VI. De una detenida lectura del fallo se deduce que la arbitrariedad denunciada no es tal y que la Fiscalía no demostró en su presentación un error evidente que permita habilitar la instancia.

Los jueces, en cambio, al tratar la cuestión atinente a la existencia o no de una causa de justificación, elaboraron un razonamiento lógico y respondieron a cada uno de los argumentos indicados en la impugnación.

Si bien es cierto, como lo indica el representante del Ministerio Público Fiscal, que el a-quo optó por la hipótesis presentada por la defensa, esta elección ha sido fundada y dieron razones para ello. El fallo se encargó de responder a los argumentos de la acusación y sostuvieron que lo que se valoró fue la situación fáctica que se le presentó al imputado ante sus ojos, con total prescindencia de sus protagonistas. A partir de allí evaluaron las circunstancias exigidas por el artículo 34, inc. 6° del ordenamiento de fondo y confirmaron la existencia de la causal prevista en el inc. 7° de la misma norma.

El razonamiento intelectual volcado en la sentencia no contiene fisuras, y es producto de un examen global de la prueba ventilada en el juicio, analizada concienzudamente, conforme las reglas de la sana crítica racional.

Los motivos que indicó el Fiscal en el recurso no alcanzan para echar a tierra los sólidos argumentos utilizados por los magistrados, que de manera unánime han decidido la absolución del encausado por la eximente mencionada.

Siendo ello así, entiendo que el recurso interpuesto por la Fiscalía es inadmisible y corresponde confirmar la sentencia en crisis. Así lo voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Evocada la decisión recurrida y los argumentos dados por la impugnante por parte del Juez Rebagliati Russell, me abstendré de realizar repeticiones he iré derechamente a la cuestión que nos convoca, abordando lo atinente a las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, pues se trata, para mí, de una cuestión capital a la hora de decidir la suerte de la sentencia.

Como lo he dicho en causas anteriores, criterio que el propio recurrente admite conocer, el marco del recurso extraordinario del Ministerio Fiscal es estrecho, angosto. No puede ir más allá de los estrictos límites de la Ley que, en nuestro caso, demarca el art. 378 del C.P.P. y sus respectivos incisos El adjetivo local, en línea con el modelo acusatorio, tiende a limitar, cuando no a obturar, la vía recursiva del Ministerio Público, estableciendo específicos presupuestos que, a mi parecer, son de interpretación restrictiva.

Este criterio de hermenéutica, según creo, reposa en la posibilidad de acudir a la manera en que los problemas son abordados por los modelos constitucionales de cuño similar, y cobra así vigencia la jurisprudencia recalcada por la Corte Suprema de los Estado Unidos de Norteamérica, que sentó, en el precedente "Green v. United States U.S. 184 (1957), decidido el 16 de Diciembre de 1957, (355 U.S. 184)el criterio siguiente: "...la idea subyacente, profundamente arraigada en al menos el sistema anglo americano de jurisprudencia, es que al Estado con todos sus recursos y su poder, no le debería ser permitido (autorizado) realizar repetidos intentos de perseguir a una persona en relación con una alegada imputación, sometiéndola a los aprietos (perturbaciones), los costos económicos y sufrimientos que ellos implica, compeliéndolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad..." (la inclusión de la versión en inglés del stare se realiza al sólo efecto de asegurar la verificación de su correcta traducción, propia no oficial: ". The underlying idea, one that is deeply ingrained in at least the Anglo-American system of jurisprudence, is that the State, with all its resources and power, should not be allowed to make repeated attempts to convict an individual for an alleged offense, thereby subjecting him to embarrassment, expense and ordeal and compelling him to live in a continuing, state of anxiety and insecurity."). (ver al respecto mi voto en causa "K.") Bajo esta perspectiva considero que el Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut (arts. 378 4to. Párrafo y 376 inciso 3°) ha estatuido que el control del que se hablaba más arriba ha de ejercerse cuando el error en la apreciación acerca de la prueba de los hechos es "evidente", esto es cuando resulte perceptible del mero confronte entre el argumento del recurso y el texto de la sentencia, mas no cuando la tarea propuesta ponga en juego el valor que los Magistrados asignaron a la evidencia. Ese estándar, pues, debe acotarse a los supuestos de falta de fundamentación, fundamentación ilegal o fundamentación omisiva o ilógica sobre prueba dirimente, manteniéndose ajenos a esta vía los agravios enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de la prueba ("mutatis mutandi" STJCBA.Penal Sent. 38, MEZA, DR. 17/03/2008).

Se trata de la cara inversa al esfuerzo de máxima revisión de la sentencia de condena, propia del "doble conforme" que el digesto procesal regula en el art. 374 del C.P.P, en cumplimiento de los mandatos del Bloque Constitucional Federal y la Constitución Nacional (de mi voto en causa K.).

En otras palabras, para el Ministerio Fiscal el ámbito recursivo extraordinario queda limitado a cuestiones de derecho, sean de fondo o de forma, quedando excluidos los hechos que han sido fijados por el "a quo", a menos que demuestre de modo palmario los presupuestos que la hagan claudicar.

Jorge A. Claria Olmedo cita en su obra Derecho Procesal Penal Ed. Marcos Lerner, T III, página 286 parágrafo 844, las cuestiones de hecho en materia penal que quedan excluidas del control de la casación a saber: 1. la valoración de las circunstancias que se refieran a agravantes y atenuantes genéricos de la pena, 2. la conclusión apoyada en el principio "in dubio pro reo" no extensible por cierto a la interpretación de la ley 3. todo lo referido, en general, al análisis crítico de los elementos probatorios introducidos al debate y a la determinación de los hechos que sirven de base al pronunciamiento de mérito.

Si bien estos argumentos no resultan aplicables a la censura de la sentencia de condena a favor del imputado, al haberse establecido la doble instancia a través del recurso ordinario ante la Cámara Penal, resultan virtuales para la consideración de los límites del recurso extraordinario cuya admisibilidad se viene tratando.

El Tribunal no puede penetrar en los ámbitos propios de los Jueces del Juicio, a menos que se demuestre en el recurso el error de juicio (inobservancia o incorrecta aplicación de la ley sustantiva) o el error de procedimiento (inobservancia del procedimiento para obtener la sentencia o llegar a ella) o el error evidente sobre los hechos, estrictamente escrutado.

IV. La detenida lectura del esfuerzo de la Fiscalía por lograr la revisión de esta sentencia, no ha apuntado sino a revisar el modo de apreciación de la evidencia en que el Tribunal basó la conclusión condenatoria.

Y eso es ámbito vedado a la instancia.

El reclamo ha operado sobre los fundamentos mismos de la sentencia cuya ilogicidad no fue demostrada, pues cada uno de los Magistrados trabajó sobre la prueba extrayendo conclusiones que, discutibles o no, se basaron en el ejercicio de la sana crítica racional como método.

He sostenido que, en el proceso de construcción de las decisiones jurisdiccionales, los jueces realizan operaciones intelectuales que importan optar por una de las hipótesis que se plantean dialécticamente.

Si en la lucha de opuestos hacen prevalecer una de ellas y dan razones plausibles, la solución excede el ámbito revisorio no ordinario.

En el caso, dentro del ámbito de sus capacidades, los Jueces consideraron las pruebas puestas en vilo, las pusieron en valor y desarrollaron un discurso de justificación inexpugnable por vía del recurso extraordinario.

VI. Por consecuencia, coincidiendo con el Juez Rebagliati Russell, propongo que se declare inadmisible el recurso del Ministerio Público y se confirme la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Los distinguidos colegas de Sala que han emitido sus sufragios precedentemente, coincidieron en que la impugnación extraordinaria de las hojas 58/73 era inadmisible.

II. Sin detenerme en los antecedentes de la causa, señalo -como se anotó en los votos anteriores- que el recurso debe rechazarse desde que la crítica versa sobre tópicos que escapan al control de esta instancia.

Observo que no ha sido controvertida en autos la materialidad del hecho ni la autoría y participación de A. A. P.. La fiscalía ha objetado que el tribunal a quo considerara que el imputado actuó, al momento de apuñalar a L. N., en legítima defensa de terceros.

Sin embargo, luego de una detenida lectura del decisorio objeto de embate, advierto que en éste, que los magistrados consignaron las razones que justificaron su conclusión absolutoria, con base en la prueba reunida y de acuerdo al método de la sana crítica racional.

Como anotó el profesor Pfleger, en el voto anterior, el control de la prueba sólo procede en los casos en que el error en su apreciación sea "evidente", es decir, que resulte perceptible del mero confronte entre el argumento del recurso y el texto de la sentencia, pero no cuando, como en este caso, se cuestione el valor que los Magistrados asignaron a la evidencia.

El tribunal de mérito, con la evidencia aportada, logró reconstruir lo sucedido y tuvo por configurada la causal de justificación prevista en el artículo 34, inciso 7º del Código Penal.

En conclusión, el razonamiento desplegado por los sentenciadores no merece objeción alguna de mi parte que merezca variar la suerte de la causa. Adhiero, entonces, a la opinión vertida por mis colegas y, en consecuencia, la impugnación extraordinaria deberá declarase inadmisible y la sentencia inspeccionada, confirmarse.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar inadmisible la impugnación interpuesta a fs. 58/73.

2º) Confirmar la sentencia protocolizada con el número 1406/2009, de fs.39/56 vta.

3°) Protocolícese y notifíquese.