Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06


En la ciudad de Trelew, a los 06 días de abril del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O., C. S. s/ acción de amparo" (Expte. nº 21.141 - año: 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 148.

LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto a fs. 139/140 por la parte demandada, Provincia del Chubut, concedido a fs. 141, contra la sentencia definitiva de grado anterior obrante a fs. 134/137, por la que se declara abstracta la acción de amparo incoada por la actora, tornándose inoficioso todo pronunciamiento relativo a ella, e impone las costas a la demandada. - A fs. 147 pasan los autos a despacho, a fin de dictar sentencia, practicándose el sorteo previsto en el código de rito a fs. 268.

II.- Ingresando a la descripción de los agravios planteados por el apelante, y como se viene de decir, el recurso se deduce contra la sentencia definitiva ya individualizada. Así el quejoso cuestiona, esencialmente, la condena en costas que le impone el fallo en crisis, no obstante, dice, haber declarado abstracta la acción de amparo promovida por la actora.

En respaldo de su postura trae a colación normas de la Ley 16.986, que regula la Acción de Amparo en el ámbito nacional, como asimismo doctrina que considera aplicable al caso, y asevera que las costas debieron ser impuestas en el orden causado. - Sostiene que el cumplimiento de lo reclamado por la actora se produjo antes del plazo de contestación del traslado, por lo que perfectamente cabría aplicar por analogía la excepción prevista por el artículo 14 de la mencionada Ley 16.986. - Manifiesta luego que la sentencia dice que las costas estarán a cargo de la demandada vencida, empero el fallo declara abstracta la acción de amparo planteada por la actora contra la Provincia, tornando inoficioso todo pronunciamiento relativo a ella, por haber satisfecho la pretensión en el curso del proceso, por lo que se colige que no hubo parte vencida, razón por la cual debe revocarse el fallo en cuanto impone las costas a la demandada. - Finalmente, y en forma subsidiaria, se agravia por considerar elevado el monto de los honorarios regulados a los letrados de la actora, tildándolos de desproporcionados con respecto al monto del proceso, y por cuanto su actuación consistió sólo en el escrito inicial. - Sobre este punto, expresa que el cumplimiento del objeto no se debió a la eficacia de la labor de los profesionales que actuaron por la actora, sino a la intervención de la accionada en cumplimiento de una manda judicial.- Termina peticionando la revocación parcial de la sentencia apelada, en cuanto impone las costas a la Provincia del Chubut. - III.- Adentrándome al tratamiento de los agravios vertidos, cabe señalar que el eje central del fundamento impugnaticio del recurrente, se focaliza en la aplicación analógica de una norma, como también al orden de imposición de costas. - a) Así, pues, el quejoso pretende que por analogía se tornen operativas al caso aquí en examen, normas contenidas en la ley de amparo 16.986. - Sobre este tema puntual, comenzaré por decir que la aplicación de la analogía como método de interpretación, siempre adquiere el carácter de restrictiva. Y en igual sentido se ha dicho que no pueden aplicarse por analogía las normas de interpretación restrictiva (conf., JA, 8- 1970-370; JA, 18- 1973- 317; LL, 149- 545). - Y las normas regulatorias de la acción de amparo, por su propia naturaleza, en los que se pudieran hallar conculcados derecho y garantías constitucionales, no admiten una interpretación extensiva de sus normas. Y esto es así por cuanto, precisamente, no debe confundirse la analogía con la interpretación extensiva.

El fundamento de la analogía reside siempre en que es necesaria ante la inexistencia de un caso no previsto. Y desde este ángulo, no resulta aceptable la aplicación de los alcances de una ley nacional en el ámbito provincial, cuando existe una ley local (Ley 4572) que regula el instituto del amparo, cuyas directrices, insisto, deber ser interpretadas restrictivamente. - Tampoco un supuesto de excepción como el que se pretende, y por las razones de aplicación restrictiva a las que hacemos alusión, no puede viabilizarse por la vía de la analogía, ya que la jurisprudencia ha dicho que no resulta concebible que una ley que establece una excepción, sea llamada para extender dichas excepción en otros supuestos (en igual sentido, CNFed. Cont.Adm., in re "D. A. D. B., M. c/ Estado Nacional - Ministerio de Educación y Justicia", LL, 1989 - E- 287). - Por tales motivos, corresponde desestimar el agravio que pretende la aplicación analógica invocada.

b) Se agravia la apelante en cuanto a la distribución de las costas que realiza la sentencia, aseverando que al declararse abstracta la cuestión debatida, y habiéndose tornado inoficioso todos los pronunciamientos relativos a ellos, las costas debieron ser impuestas en el orden causado, en razón que no hubo en el proceso ni vencedor ni vencido, por lo que impugna que fueran puestas a cargo de la demandada.

En este aspecto no debe perderse de vista la conducta asumida por las partes en el proceso, que constituye el pensamiento dirimente esgrimido por la juzgadora para la imposición de costas discutida.

Es dable tener presente que la exención de costas es una solución excepcional que exige razones fundadas (conf. Fassi, Santiago C., "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", Ed. Astrea, año 1980, t. I, p. 266).

En el fallo en crisis la sentenciante dice "... Que las costas estarán a cargo de la demandada vencida, puesto que la accionante tuvo que litigar para que se le reconociera su derecho" (fs. 136 vta, Punto IV de los Considerandos). Desde este ángulo la jurisprudencia se ha expresado manifestando que procede imponer las costas a la demandada, si el pronunciamiento tuvo en cuenta que por un acto posterior a la traba de la litis la Administración había modificado la causal de la medida, de modo de tornar abstracto pronunciarse sobre aquella. En tales condiciones el planteo del caso se exhibe como una necesidad impuesta al actor por la conducta de la contraria (conf. CNFed., sala III contencioso administrativo, in re, "C., H. H. c/ Consejo Nac. De Educación", BCNFed., marzo 981- 17, núm. 33). - Y tal es el supuesto aquí examinado, por cuanto debe advertirse que la acción fue promovida por parte de la actora con fecha 21/12/05, y los actos de la demandada dando cumplimiento a la pretensión actoral tuvieron lugar el 13 de Enero de 2006 mediante el dictado de la Resolución Nro. 76 del Ministerio de Familia y Promoción Social, y el depósito judicial se efectivizó seis días después, o sea el 19 de Enero. - Es decir, que fue entonces la conducta de la accionada la que obligó a la demandante a iniciar la acción de amparo, origen de estos actuados. - Por las razones apuntadas, resulta procedente desestimar esta porción del recurso. - c) De manera subsidiaria la recurrente apela por altos los honorarios regulados a los letrados de la demandante.

A mi entender, dicho agravio no es pasible de tratamiento en esta instancia, puesto que la apelación de honorarios constituye un recurso autónomo, que amerita un tratamiendo diferenciado que no permite inferir su inclusión en el que se deduce contra el fallo atacado.

Su procedencia se halla prevista en el artículo 49 de la Ley 2.200. Así la quejosa interpone recurso contra la sentencia definitiva a fs. 139, y no por honorarios, y contra dicha sentencia definitiva le fue concedido a fs. 141.

Pero debe atenderse que estamos ante asuntos con marcadas diferencias procedimentales, ya que una se rige por la ley arancelaria (art. 49), y la otra por ley de amparo ( art. 11 de la Ley 4572), razón por la cual no puede entenderse subsumida de manera ímplícita la queja de honorarios en el recurso contra la sentencia definitiva. - Por dichos fundamentos, no corresponde ingresar al tratamiento de este tramo de la apelación.

d) En base a los argumentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, propongo al Acuerdo la confirmación del fallo venido en apelación en todas las cuestiones que han sido materia del recurso, imponiendo las costas de Alzada a la demandada vencida, por imperio del principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 17 de la Ley 4572, y del que no encuentro razón para apartarme, no correspondiendo regular los honorarios del Dr. D. E. F., apoderado de la accionada, atendiendo la forma de imposición de costas, y por las pautas fijadas en el artículo 2 de la ley arancelaria, y no configurarse el supuesto establecido en el artículo 20 de la ley 5117.

Finalizo mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada al punto I del escrito de fs. 139/140 y vta., que fuera concedido a fs. 141, contra la sentencia definitiva de la anterior instancia de fs. 134/137 que declaró abstracta la acción de amparo entablada por C. S. O. contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, con imposición de costas a la demandada.

Los agravios vertidos por la apelante lucen a fs. 139/140 y vta. y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar. - 2.1. Pretende la recurrente la aplicación analógica de la excepción al principio general de imposición de costas al vencido que contempla el segundo párrafo del art. 14 de la ley 16.986. Al respecto, corresponde señalar que en el ámbito de la Provincia del Chubut en materia ordinaria rige la ley 4572 que no establece tal supuesto de exclusión a la regla general, pues el art. 17 solo autoriza a la eximición de costas a quien hubiera tenido razón suficiente para litigar.

Y la analogía es un procedimiento de integración del derecho a condición de que se de similitud de situaciones y de la ratio legis (conf. Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1995, T. 1, par. 3, pág. 32). Lo esencial para el funcionamiento de la analogía consiste en que el caso no normado sea semejante substancialmente al previsto por la norma (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Editorial Perrot, 1964, T. I, pág. 113). Y por tratarse de una excepción al régimen, no puede aplicarse analógicamente las normas de carácter excepcional (conf. Bueres-Highton, obra y tomo citado, pág. 33). La analogía está contraindicada cuando el principio legal de cuya aplicación extensiva pueda tratarse es de interpretación restrictiva, como ocurre con las leyes que . constituyen excepciones a las reglas normales (Llambías, obra y tomo citado, pág. 114).

Por tales fundamentos, se desestima la aplicación analógica de una disposición contenida en un texto legal que no resulta aplicable en este ámbito provincial.

2.2. También sostiene la quejosa que al haberse declarado abstracta la cuestión y tornado inoficioso todo pronunciamiento relativo a ella las costas deberían ser impuestas en el orden causado, y que en este proceso no hubo parte vencedora ni vencida por lo que considera que debe eximirse de costas a la provincia del Chubut. - En este último aspecto, la eximición de costas es excepcional y de carácter restrictivo, y sólo ha de disponerse cuando existen motivos fundados, en virtud del principio objetivo de la derrota, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (conf. Arazi y Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, págs. 257/258). Y en lo que hace a la declaración de la cuestión abstracta debe advertirse que bien precisó el fallo de la anterior instancia que se tornó inoficioso todo pronunciamiento relativo a ella, por haberse satisfecho la pretensión en el curso del proceso. Por ello, la objetivación del caso requiere un análisis particular a través del estudio de los comportamientos en el proceso (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Derecho Procesal Constitucional. Amparo", Rubinzal-Culzoni Editores, 2004, par. 81.3., pág. 511), lo que lleva a determinar si la conducta seguida por la demandada fue ajena o no a la circunstancia sobreviniente que tornó abstracta la cuestión.

En tal sentido, si una circunstancia sobreviniente torna abstracta la cuestión debatida cabe apartarse del criterio objetivo de la derrota cuando tal circunstancia es ajena a los litigantes, lo que hace aconsejable la distribución de costas por su orden (CApelCivCom Rosario, Sala 1a., 14/06/85, La Ley 1986-B, 622, 37255-S).

En cambio, aun cuando la cuestión se torne abstracta si la accionada dio motivo a la promoción de las actuaciones debe cargar con las costas (CNCiv., sala L, 14/03/1996, La Ley, 1998-D, 907, J. Agrup., caso 12.688). - Si resulta indiscutible que fue el Estado quien con su demora tornó necesaria la promoción de la acción judicial, de conformidad a los principios generales que rigen en materia de costas, debe responder por los gastos causados (Tawil, Guido Santiago, "La imposición de costas en el proceso de amparo por mora: una perspectiva distinta", La Ley 1989-290).

En ese direccionamiento, si el demandado dio origen al pleito es razonable que deba responder por todos los gastos del juicio (conf. Sagües, Néstor Pedro, "Acción de amparo", Astrea, 1995, pág. 484). Con tales alcances, la declaración como abstracta de la cuestión planteada no impide imponer las costas a la demandada cuando, como en el presente caso, la circunstancia sobreviniente no le es ajena pues la pretensión fue satisfecha por esa parte en forma tardía.

Y el reclamo de la actora se cumplimentó con posterioridad a la iniciación y notificación de la demanda, toda vez que la acción fue promovida el 21/12/05 y notificada el 29/12/05 (cargo de fs. 63, y constancia de fs. 71 vta.), en tanto que la Resolución N° 76 del Ministerio de la Familia y Promoción Social y el depósito judicial que tornó abstracta la cuestión llevan fecha 13 y 19 de enero de 2006, respectivamente (fs. 121/122 y 120, respectivamente).-- En tales condiciones, bien señaló la Sra. Juez de la anterior instancia que la accionante tuvo que litigar para que se le reconociera su derecho, lo que lleva evidentemente a imponer las costas a la demandada vencida (art. 17 de la ley 4572), sin que exista razón alguna que autorice a eximir a esa parte de las mismas.

Por tales fundamentos se desestima la queja vertida. 3. Finalmente, y en forma subsidiaria la apelante se agravia por considerar elevado el monto de los honorarios regulados a los letrados de la actora. Al respecto, dicha queja no puede ser tratada por esta Alzada, ya que la apelación de honorarios es una vía recursiva autónoma regulada por el art. 49 de la ley arancelaria, por lo que la interposición y concesión del recurso tiene un específico tratamiento que impide considerar que el mismo se encuentra implícito en el deducido contra la sentencia definitiva. - Y la parte demandada al interponer al punto I de fs. 139 recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia no dedujo apelación por honorarios, motivo por el cual y por tratarse de cuestiones procesales diferentes sometidas a distinto régimen (art. 11 de la ley 4572 y art. 49 de la ley 2.200), no puede quedar comprendida dicha materia en el citado recurso. Nótese en tal sentido, que la providencia de fs. 141 concedió el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, pero en cambio no concedió recurso alguno respecto de los honorarios regulados. - Así, al no articular el recurso autónomo previsto en la citada ley 2200 no se encuentra abierta la jurisdicción de esta Alzada para abordar dicha cuestión, lo que impide ingresar al análisis de la misma. Es criterio invariable de esta Cámara, ya en su composición de sala única, a partir de la c. 9039, S.D.C. 20/91, también S.D.C. N° 15/96; esta sala "B", S.D.C. N° 02/2002; S.I.C. Nos. 116/00, 19/2001, y 172/2002; y últimamente S.D.C. N° 50/2005, entre otros pronunciamientos. - En consecuencia, el agravio vertido no puede ser objeto de tratamiento por esta Alzada, por lo que la queja resulta inaudible. - 4. Por tales fundamentos, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 17 de la ley 4572), sin que corresponda regular honorarios al letrado apoderado de la demandada en atención a la forma de imposición de las costas y encontrarse el citado profesional encuadrado en el supuesto previsto por el art. 2 de la ley 2200, y no darse la situación contemplada por el art. 20 de la ley 5117. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada vencida. 3) SIN REGULAR los honorarios de segunda instancia al Dr. D. E. F. en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2.200. - ASÍ LO VOTO. - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. de la Fuente, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación. Así lo voto. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9, ley 1130 y 271 del C.P.C.C., Textos de la ley 4550), pasándose a dictar:-- - S E N T E N C I A: Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto ha sido materia de agravios. IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada vencida. SIN REGULAR los honorarios de segunda instancia al Dr. D. E. F. en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2.200.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DE LA FUENTE VERGARA REGISTRADA BAJO EL Nº 18 DE 2.006 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA