Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-13


En la ciudad de Trelew, a los 13 días de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Marcelo J. López En la ciudad de Trelew, a los 13 días de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., C. D. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ daños y perjuicios" (Expte. N° 22.844 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 497 y 509.----- A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo: -------------------------------- Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 475 contra la sentencia de fs. 468/472 que rechaza la demanda por daños y perjuicios promovida por C. D. P. contra la Provincia del Chubut, con costas al demandante.--------------------------------- A fs. 476 se concede la apelación. A fs. 485/489 la recurrente expresa agravios, cuyo traslado conferido a fs. 490, fuera contestado por la demandada a fs. 493/494.- I.- Comenzaré por reseñar los agravios vertidos por la actora a fs. 485/489 y la contestación de la accionada a fs. 493/494.--------------------------------------------------- 1) La apelante señala como primer agravio que la jueza "a quo" haya sostenido que no existe un pronunciamiento que indique que el auto de prisión preventiva no se ajustara a las pruebas colectadas hasta ese momento, ya que se basó en una apreciación razonable de los elementos de prueba existentes en la instrucción y de acuerdo a las normas vigentes. Indica que en dicha consideración se omitió que en el incidente de excarcelación la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew confirma el decisorio del Juez de Instrucción, rechazando el pedido de excarcelación, mas dicho pronunciamiento fue declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que se ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen, ordenándose la inmediata libertad de P. el 05/07/02. Deduce de ello que fue detenido en forma arbitraria e injusta, no porque haya sido absuelto en la sentencia, sino que en la etapa instructoria por error de la Cámara y desoyendo la opinión del Fiscal, tuvo que sufrir 20 meses de injusto encarcelamiento.---------------------------------------------------------------- ------ Como segundo agravio se refiere a que la sentenciante de grado razonó que la absolución del imputado en el juicio oral, público y contradictorio, no transforma la prisión preventiva y la detención en ilegítima, ya que en la etapa instructoria resulta suficiente la semi plena prueba. Expresa que la confusión en el pronunciamiento está dada por lo manifestado en el agravio precedente, ya que el defensor oficial sostuvo que la comisión de los delitos imputados a P. tienen como mínimo tres años de prisión y en caso de ser condenado, ante la falta de antecedentes, se habilitaría su libertad condicional. Refiere a lo ya dicho en cuanto a que el Superior Tribunal declaró la nulidad del auto de la Cámara que denegara el pedido de excarcelación, por lo que finalmente se hizo lugar a la excarcelación del aquí actor. Entiende que del relato antedicho surge evidente que la detención ha sido ilegítima y que los argumentos desplegados en la sentencia apelada favorecen su posición del quejoso. Reitera que la ilegitimidad de la detención ha sido establecida por el propio Superior Tribunal de Justicia, y además del fallo absolutorio final se extrae la conclusión de que el auto de prisión preventiva fue incuestionablemente infundado y arbitrario.---- En tercer lugar se refiere al planteo de inconstitucionalidad subsidiaria de la ley provincial 2427, el que fuera rechazado por considerarse que se realizaron alusiones genéricas. Considera que la nulidad solicitada ha sido irreprochable ya que la ley decía "condenados" y la Constitución dice "indebida privación de la libertad", incluyendo a "detenidos y presos". Entiende que el apartamiento de la norma con la Constitución es manifiesta y evidente y se infiere inmediatamente. Destaca que la ley 2427 fue promulgada el 29/11/84 y el fallo citado por la demandada es de 1990, mas luego de la reforma de 1994 la Constitución Provincial extiende el resarcimiento a los detenidos ilegítimamente, por lo que tanto el procesado como el condenado tienen expedita la acción judicial resarcitoria, siempre que acrediten una detención ilegítima. Resalta la operatividad de las garantías consagradas a partir de 1994.------ Culmina la presentación con un resumen de los agravios a modo de conclusión, hace reserva del caso federal, señalando la oportunidad del planteo, y efectúa el petitorio de estilo.------------------------------------------------------------------------- -------- 2) La demandada señala, al responder el primer agravio, que la recurrente no transcribe toda la opinión de la "a quo", por lo que no analiza todo el fundamento expuesto en la sentencia, en cuanto a que el auto de prisión preventiva se ajustó a las pruebas colectadas e incorporadas a la instrucción hasta el momento de su dictado y basándose en una apreciación razonable de los hechos. Expresa que ello dio al Juez de Instrucción la fuerza suficiente de veracidad sobre los hechos y la posible autoría del actor en ellos para dictar la medida atacada. En cuanto al segundo agravio, lo vincula al primero, explicando que no contiene una crítica concreta y fundamentada del posible yerro judicial en su interpretación.----------------------------------------------- Finalmente, respecto al tercer agravio, considera que la contraria tampoco logra conmover los argumentos de la juzgadora, agregando que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad que ni siquiera puede analizarse si la impugnación resulta genérica y no se ha demostrado de qué manera contraría la Constitución Nacional.---------------------------------------------- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, me adentraré en el tratamiento de los agravios reseñados.--------------------- 1) Al sostener los dos primeros agravios, la quejosa entiende que la jueza de grado se equivoca al manifestar que no existe pronunciamiento alguno que indique que el auto de prisión preventiva no se ajustó a las pruebas colectadas hasta ese momento (ver fs. 485 vta., 1er. párrafo), y que la sentencia de absolución del imputado no transforma la prisión preventiva y la detención en ilegítima (ver fs. 486, 1er. párrafo). Para fundar la equivocación que endilga a la sentenciante, esgrime que el actor no fue excarcelado con la sentencia absolutoria, sino como consecuencia de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró la nulidad del auto de la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew que rechazara la excarcelación pedida.---------------------------- La sentenciante de origen razonó en el sentido de que, siguiendo el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...la reparación de los daños provocados por error judicial requiere que el acto por el que se pretende responsabilizar al estado, sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, ya que antes de ese momento la "verdad legal" de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hubo error. A su vez, sostiene que no hay error judicial sin ilegitimidad, ni acción de resarcimiento posible sin sentencia previa que declare el error y deje sin efecto el fallo impugnado, afirmando que por la vía de acción de daños y perjuicios no cabe discutir el acierto o el error de los procedimientos judiciales o la conducta de un juez en el litigio. Por último, el alto Tribunal indica que la responsabilidad estatal por prisión preventiva exige a quien la soportó que haya sido absuelto en virtud de su inocencia manifiesta, y que el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario..." (ver sentencia a fs. 469 vta., último párrafo). Continuó explicando la "a quo" que "No existe en esas actuaciones pronunciamiento alguno que indique que el auto de prisión preventiva no se ajustó a las pruebas colectadas hasta ese momento, pues se basó en una apreciación razonable de los elementos de prueba existentes en la instrucción y de acuerdo a las normas procesales vigentes...pues solo debe significarse como error judicial aquella sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso. Es pues desde esta comprensión que la privación de la libertad durante el proceso no debe ser automáticamente reconocida a consecuencia de la absolución, sino, cuando el auto de prisión preventiva se encuentre infundado o se revele irracional...la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, más no cuando los elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento-relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquel se dicta- de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor..." (ver fs. 470 "in fine"/vta.).----------------- 2) Que transcriptos, los que a mi juicio resultan ser los argumentos dirimentes del fallo en crisis, es de destacar que de la causa penal 159-17-1999 caratulada: "B. C. s/ denuncia. Trelew", que tengo a la vista, en el cuerpo VII, obra a fs. 1251/1274 el auto del Juez de Instrucción por el cual se dicta con fecha 15/05/01 el procesamiento con prisión preventiva del aquí actor, en orden a los delitos de estafa en concurso ideal con circulación de moneda falsa por equiparación de cheque en concurso real con asociación ilícita (ver fs. 1273, pto. SEGUNDO). A fs. 1360/vta. el Defensor General, en representación de P., interpuso apelación contra dicha resolución por discrepar con la calificación legal adjudicada, entendiendo que no se ha configurado la asociación ilícita respecto de su asistido, mas agregó que no cuestiona la autoría o responsabilidad del mismo en los hechos reprochados. A fs. 1511/1519 vta., con fecha 11/09/01, esta Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria decide confirmar el fallo en lo que a dicha apelación se refiere, entre otras cuestiones, es decir que confirma el procesamiento con prisión preventiva de P.. De las constancias del incidente de excarcelación (56-48 vta.-02-P), que tengo a la vista, surge que el 10/05/02 la Cámara Primera del Crimen no hizo lugar al pedido de excarcelación interpuesto por el aquí actor, con fundamento en lo dispuesto por el art. 284, inc. 6 del C.P.P. (ley 3155) (ver fs. 18/vta.). Contra dicha resolución el Sr. Defensor de Cámara interpuso recurso de casación (ver fs. 22/25 vta.). Con fecha 03/07/02 el Superior Tribunal de Justicia declara la nulidad de la última resolución aludida, con fundamento en que si el Ministerio Fiscal consideró que procedía la excarcelación del imputado de acuerdo a lo normado por el art. 284, inc. 6 del CPP, y que dicha opinión encierra el diagnóstico provisorio acerca de la retribución que según su interés puede aguardarse dentro de la futura sentencia. Es así que en virtud del alegado mínimo de pena, dictó la nulidad antedicha, remitiendo las actuaciones al Tribunal de origen a fin de que se proceda al dictado de una resolución ajustada a las pautas propuestas (ver fs. 32/vta.). En orden al principio de seguimiento, la Cámara del Crimen resuelve hacer lugar al pedido de excarcelación con fecha 05/07/02 (ver fs. 39).--------------------------------------------------------------- Es cierto, como dice el recurrente, que ninguna apreciación efectuó la Sra. Jueza "a quo" respecto a la referida resolución de nulidad del Superior Tribunal de la Provincia, mas se equivoca al decir que la nulidad dictada lo es respecto de una resolución de la Cámara del Crimen confirmatoria del decisorio del Juez de Instrucción (ver fs. 485 vta., 2do. párrafo). La resolución aludida de la Cámara del Crimen no confirmó ninguna decisión del Juez de Instrucción, sino que rechazó un pedido de excarcelación deducido por el procesado ante la misma Cámara, tal como ha quedado expuesto con el relato antedicho. Sí es cierto que con anterioridad el Juez de Instrucción había denegado previos pedidos de excarcelación. Ello se desprende de las constancias del otro incidente de excarcelación que corre por cuerda (161-46-vta.-01), según resolución del 21/12/01 (ver fs. 04/vta.), lo que fuera confirmado por esta Cámara de Apelación Instructoria con fecha 23/01/02 (ver fs. 21/vta.). A dichas constancias cabe añadir las denegatorias de excarcelación que lucen a fs. 28/29 (del 29/01/02), a fs. 39/vta. (del 07/02/02), y con anterioridad obra a fs. 223/vta. de estos actuados -en copia no desconocida- otra denegatoria al mismo efecto del 12/04/01. Es de destacar que no constan recursos respectos de estas decisiones.----------------- Encuentro relevante resaltar que, al promover la demanda, el actor adujo que la excesiva imputación efectuada sin sustento alguno por el Juez de Instrucción fue lo que determinó el encarcelamiento por tanto tiempo (ver fs. 228 vta. y 232, último párrafo). También expresó que la detención fue ilegítima, tal como se desprende de la resolución de nulidad dictada por el Superior Tribunal, ya que en ella se reconoció que la falta de antecedentes y comparecencia ante el Tribunal no justificaban la detención, por lo que dictó la nulidad de la denegatoria de excarcelación de la Cámara del Crimen, ordenando a la misma -y no a la Cámara de Apelaciones como dice el actor- a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho, en base al cómputo que efectuara la Procuradora Fiscal (ver fs. 232 vta. 2do. párrafo). Este planteo fue reiterado en la expresión de agravios que su detención fue injusta y arbitraria, mas es de decir que el fundamento de sus dos primeros agravios radica básicamente en dicha decisión del Superior Tribunal (ver fs. 485 vta., 2do. párrafo y 486 vta., 4to. párrafo). No obstante lo dicho, se ha podido apreciar por lo dicho "ut supra" que dicha nulidad no hizo mérito alguno de la prisión preventiva dictada en la etapa instructoria, sino que se basó en las consideraciones efectuadas por el Ministerio Fiscal al evacuar la vista conferida del pedido de excarcelación (ver fs. 138). Es más, reitero que la decisión de la Cámara del Crimen, cuya nulidad fue declarada en sede casatoria, no importó confirmación de la prisión preventiva dictada por el Juez de Instrucción, sino que denegó un pedido de excarcelación presentado ante la misma Cámara del Crimen.---------------------------------------------------------- 3) Tal como lo sostuvo la sentenciante de grado, y no ha controvertido el quejoso, la Corte Federal ha establecido que "en principio sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra un pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley" (conf. CSJN, 14/06/88, in re: "Vignoni, Antonio c/ Gobierno Nacional", LL, 1988-E-224). También la Corte ha establecido invariablemente que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra la prisión preventiva que es una medida cautelar que cuenta con respaldo constitucional (Fallos: 302:1022). En el mismo orden de ideas se sostuvo jurisprudencialmente que para la procedencia de la indemnización en casos de prisión preventiva, se requiere que: 1) la injusta resolución haya sido dejada de lado, sin efecto, por la autoridad judicial con competencia para revisarla, y 2) que la conducta del magistrado que la dispuso haya merecido un reproche o se haya señalado su error (conf. CN. Fed. Cont. Adm., Sala 1era., 09/04/97, in re: "Luna, D. c/ Ministerio de Educación y Justicia", JA del 19/08/98, págs. 46 y ss., cit. en Mosset Iturraspe: "El error judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, pág. 73).------------------------------------------------------------ No se me escapa que autorizada doctrina postula que hay situaciones en las que la prisión preventiva fue bien dispuesta en el momento de dictarse el respectivo pronunciamiento judicial, lo que ayuda a decir que no hubo error judicial y que la actividad judicial del Estado fue lícita y legítima, y que aún en tales casos considera que es dable otorgar andamiento al derecho a la reparación. El fundamento para ello estriba en que aún cuando es verdad que la administración de justicia precisa, para su buena impartición eficaz, que en muchas causas penales o en algunas que una persona sea privada transitoriamente de su libertad, no queda duda de que su privación es una limitación fortísima a su derecho a la libertad ambulatoria y a la presunción de inocencia, por más base constitucional e internacional con que cuente la detención (conf. Bidart Campos, Germán J. : "¿Hay un derecho a reparación por la privación preventiva de libertad?", en Revista de Derecho de Daños, Nº 9, Responsabilidad del Estado, Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 232/233). No obstante la calificada opinión citada, es de recordar que la demanda se promovió por considerarse ilegítima la detención (ver fs. 228 vta., 2do. párrafo) y por considerarse que existieron errores no excusables cometidos por funcionarios y magistrados (ver fs. 225, pto. I, 1er. párrafo). Y teniendo en cuenta el acotado marco de conocimiento que se da en esta sede, en cuanto a que corresponde que este Cuerpo se expida sobre las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la "a quo" que hubiesen sido materia de agravios (conf. arts. 271 y 277 del CPCC), no cabe explorar la posibilidad de resarcimiento aún cuando no haya existido error judicial en la prisión preventiva dictada.------------------------------------------------------------------------ ------------------ Atento los términos en que fueron vertidos los dos primeros agravios, la ilegitimidad y arbitrariedad de la detención dictada es derivada -reitero- por el recurrente, de la resolución de nulidad decretada por el Superior Tribunal provincial el 03/07/02 (ver fs. 485 vta./487). Recalco dicha circunstancia por cuanto en el escrito promotor de la demanda se hace alusión a consideraciones de la sentencia absolutoria, de las cuales el actor pretende hacer desprender el carácter arbitrario de la calificación legal inicial que a su vez motivara la prisión preventiva (ver fs. 228, pto. V/vta., primeros párrafos y fs. 231 "in fine"/vta.). Sin embargo, la "a quo" se hizo cargo de dicha postulación, concluyendo que la absolución del actor no cuestiona los fundamentos del auto de prisión preventiva sino que se basa en la contradicción del testimonio de quien lo sindicó y reconoció como posible autor de una estafa en la etapa instructoria y su posterior declaración en la etapa de debate (ver fs. 471, 2do. párrafo). Y al expresar agravios, el recurrente no cuestiona lo considerado por la sentenciante en cuanto a que la absolución del imputado en el juicio oral no transforma la prisión preventiva y la detención en ilegítima, dado que resulta suficiente la semi plena prueba u otros elementos para justificarla (ver fs. 486, 1er. párrafo). Es más, concretamente argumenta que dicho desarrollo de la juzgadora es ajeno a su pretensión (ver fs. 486, 3er. párrafo), para luego relatar la secuencia de actuaciones en los incidentes de excarcelación, haciendo derivar la ilegitimidad de la prisión preventiva de la nulidad dictada por el Superior Tribunal ya referida (ver fs. 486/487, especialmente fs. 487, 3er. párrafo).------------------------------------------------ Efectúo esta apreciación porque no desconozco la opinión de quienes consideran que ante la detención y posterior sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el liberado tiene todo el derecho a recibir una indemnización por los daños ocasionados y que negar que ha sufrido un perjuicio es desconocer la realidad de nuestras cárceles y las penurias que tiene que sobrepasar un procesado, no sólo en los años en que su libertad fue coartada sino también por los años que tendrá que sobrevivir con el estigma que la sociedad coloca sobre alguien que fue habitante de una prisión (conf. Sagarna, Fernando: "La responsabilidad del Estado por daños por la detención preventiva de personas", LL, 1996-E-890, cit. en Trigo Represas-López Mesa: "Tratado de la responsabilidad civil", Ed. La Ley, 2004, Tº IV, pág. 180). Reitero que, en la especie, el apelante no se agravia de que en el fallo recurrido se concluyera que la sentencia absolutoria no transforma la prisión preventiva en ilegítima sino que atribuye dicho efecto a la nulidad dictada por el Superior Tribunal, lo cual ya hemos visto que ninguna valoración efectuó sobre la prisión preventiva ordenada en la etapa instructoria. Pero a mayor abundamiento y dado que a fs. 487, 4to. párrafo -sin conferir precisión en el agravio- el apelante manifiesta que de la lectura del fallo absolutorio se extrae que el auto de prisión preventiva fue infundado y arbitrario por calificar de asociación ilícita una supuesta connivencia entre P. y los demás imputados (ver fs. 487, 4to. párrafo), habré de explorar esta afirmación. De la lectura del fallo absolutorio (ver fs. 2310/2347 en el cuerpo XII del expte.: 27-162-2002), en especial de las consideraciones efectuadas por los jueces respecto al delito imputado de asociación ilícita, más allá de que no se tuvo por acreditados los hechos tipificantes de dicha figura penal (ver en especial fs. 2329/vta. y fs. 2341/vta.), no resulta de lo considerado por los jueces que existiera error judicial en la prisión preventiva dictada. Destaco que a fs. 2341 vta., si bien se dice que "...la desvinculación en la Asociación ilícita, carece de todo fundamento...", -aparentemente se quiso referir a la "vinculación"-, dicha aseveración, amén de pertenecer a uno de los dos jueces votantes, es vertida como consecuencia de que no se acreditó la participación de P. en la entrega de uno de los cheques en cuestión.----------------------------------------------------------------------- -------------------- 4) Al configurar su tercer agravio (ver fs. 487 "in fine"/488), el recurrente manifiesta que la "a quo" yerra al referirse al planteo de inconstitucionalidad subsidiaria de la ley 2427, por cuanto entiende que la nulidad de dicha norma resulta irreprochable, dado que es manifiesto el apartamiento de la misma respecto de lo normado por el art. 60 de la Constitución Provincial. El art. 1 de la ley 2427 dispone: "Toda persona condenada por error a una pena privativa de la libertad tiene el derecho a una reparación económica por el Estado provincial, proporcionada a la privación de su libertad y a los daños morales y materiales experimentados. El monto de la indemnización nunca será menor al que hubiera percibido el condenado durante todo el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena, calculado sobre la base del salario mínimo, vital y móvil que hubiera regido durante ese período". Por su parte el art. 60 de la Constitución Provincial establece: "El Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por error judicial, sin otro requisito que su demostración. Especialmente indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos".------------------------------ Como resulta claro, el art. 60 de la Ley Suprema local prevé un supuesto diverso al más restringido del art. 1 de la ley 2427, ya que en el máximo nivel normativo provincial se postula la reparación en el caso de que sólo se demuestre el error judicial, especificando como supuesto particular el de la indebida privación de la libertad. Es así que no resulta aplicable ley 2427, ya que amén de que prevé una hipótesis distinta a la que se presenta en autos -norma el caso de condena por error, cuando aquí existió absolución del actor-, la norma que cabe aplicar es la del art. 60 de la Constitución Provincial. Por lo demás y en el caso de que se entendiera que existe contradicción con la norma legal, la supremacía de la norma constitucional (conf. arts. 31 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución Provincial), impone como única solución posible la aplicación del referido artículo 60. En consecuencia de todo lo expuesto, encuentro que el agravio mentado deviene abstracto, ya que el "sub exámine" no cae bajo las previsiones de la ley 2427.-------- 5) Dicho lo anterior y a tenor de la reseña que de las actuaciones penales se efectuara en los puntos 2 y 3 de este considerando II, ha quedado descartada la comisión de error judicial en los primeros pronunciamientos que dispusieron la prisión preventiva de P. o denegaron la excarcelación, los que, como se pudo apreciar, han quedado firmes. Sí ha quedado demostrado el error judicial con la resolución del Superior Tribunal de Justicia del 03/07/02 que anula la denegación de excarcelación resuelta por la Cámara del Crimen del 10/05/02 (ver incidente de excarcelación 56-48 vta.-02-P, fs. 18 vta. y 32/vta.). Es decir que no se declaró la antijuridicidad de la detención del aquí actor por el período anterior al pedido de excarcelación del Sr. Defensor de Cámara de fs. 13/14 del mencionado incidente, esto es antes del 09/05/02. Es por ello que el período de detención que resulta alcanzado por la nulidad -y en consecuencia la antijuridicidad- decretada por el máximo tribunal local, involucra solamente un período de algo menos de dos meses, desde el 09/05/02 hasta el 05/07/02, fecha en la cual se hace lugar al pedido de excarcelación, haciéndose la misma efectiva (ver fs. 39/40 del mentado incidente).- Es así que circunscripto el error judicial a la detención indebida por el período mencionado, es de destacar que se dan los presupuestos que hacen a la viabilidad de la responsabilidad civil, en este caso del estado provincial. Ello en razón de que de la indebida detención por los dos meses señalados hacen presente la antijuridicidad de la misma, la cual fuera por otro lado declarada por el Superior Tribunal de Justicia al anular la resolución de la Cámara del Crimen. En lo que se refiere al factor de atribución, el mismo está configurado por el error judicial reglado en el art. 60 de la Constitución Provincial. Finalmente en cuanto al daño (pérdida de ingresos y daño moral -ver fs. 233/234 vta.-) y el nexo causal con la pérdida de la libertad por el tiempo referido, los mismos se encuentran cabalmente acreditados dadas las consecuencias que la detención de una persona acarrea en cuanto a pérdida de ingresos y lesión a bienes de índole extrapatrimonial durante el período que dure la privación de la libertad. Todo ello sin perjuicio de evaluar seguidamente y en particular la procedencia de todos los rubros indemnizatorios que solicita el reclamante.--------------------------------------------------------------------- -------------------- 6) El actor requirió la suma de $ 33.000 por la pérdida de veinte meses de salarios (ver fs. 233 vta., pto. a), por lo que se cuantifican los ingresos mensuales en $ 1.650, lo cual se compadece con los recibos de fs. 28/42 y la planilla de fs. 43, ambos autenticados según surge de fs. 376/391 y fs. 436/437. Es así que por este rubro se reconoce el monto de pesos tres mil trescientos ($ 3.300), dado que la pérdida de ingresos computables se reduce a dos meses.----------------------------------------------- En lo que se refiere al daño moral, es sabido que el mismo ha sido reputado como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, como ser la paz, la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la libertad individual, el honor, los más sagrados afectos (SCBA, ED 14-14). Encuentro que el reclamo por este ítem resulta obviamente procedente, ya que el actor se vio privado de la libertad de manera antijurídica por el lapso de dos meses. Ahora bien, para cuantificar este rubro se ha interpretado que no tiene por qué haber vinculación porcentual con los daños materiales -en la especie estarían dados por los ingresos dejados de percibir-, y tampoco puede considerarse que sea un aspecto complementario y accesorio (CN. Civ., Sala C, ED, 61-520), habiéndose agregado en forma conteste que no existiendo ninguna relación forzosa entre el perjuicio material y el moral, la reparación de este daño debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos y molestias experimentados por el damnificado y no mediante una proporción constante que vincule los daños cuya reparación se reclama, razón por la cual, en función de las particularidades del caso, dicha proporción puede variar (CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, Rep. LL, 1983-A-I, pág. 642). También este Cuerpo ha entendido que no cabe someter a proporcionalidad el resarcimiento del agravio moral por ostentar un carácter autónomo (conf. CANE, SDL 194/94 del 12/12/94). En cuanto a la suma que se fija como resarcitoria de este agravio, queda librada a la interpretación que hace el sentenciante, a la luz de las constancias aportadas, tratando siempre de analizar en cada caso sus particularidades (CN. Esp. Civ. y Com., Sala IV, RED, 13-298, s. 74). Es decir que resulta constante la jurisprudencia que establece que en la materia, la fijación del monto resarcitorio se encuentra librada al prudente arbitrio de los jueces (conf. CN. Civ., Sala G, Doct. Judicial, 1986-2, p. 37, s. 125). Conocidas son las diez reglas sobre la cuantificación del daño moral debidamente enunciadas y explicadas por Mosset Iturraspe (conf. aut. cit.: "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", LL del 03/02/94). Entre ellas destaco la gravedad del daño (nº 6) y las posibilidades de pago dentro del contexto económico del país y el general "standard" de vida (nº 10). Entiendo que el daño fue grave, en cuanto la libertad es uno de los bienes más preciados por el ser humano, mas el período de tiempo por el cual se prolongó la detención ilegítima se redujo a dos meses, lo cual evidentemente aminora la cuantificación del perjuicio. Es así que, y teniendo en cuenta el general estándar de vida, encuentro razonable reconocer por este rubro la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000).------------------------------------ Otro rubro que peticiona el actor lo rotula como lucro cesante futuro por incapacidad laborativa futura y el daño causado a su familia que redunda en un deterioro a su personalidad, que estima en la suma de $ 200.000, y que entiende demostrado con la pericia psicológica (ver fs. 233 vta., pto. c). Al respecto he de decir que de la experticia de fs. 438/440 vta. no se deduce que el actor presente incapacidad laborativa alguna en razón de su estado anímico o psicológico, ya que la profesional interviniente concluyó que no puede responder cuál es el grado de angustia o daño psicológico que puede padecer quien se vio privado de la libertad por un delito que no cometió, lo cual dependerá de las particularidades del sujeto, su estructura psíquica y las características del acontecimiento traumático (ver fs. 440/vta., pto. a), añadiendo asimismo que el grado de influencia de ese tipo de eventos en la familia de la persona afectada, también depende de diversas variables como la estructura familiar, pautas transaccionales preferibles y alternativas disponibles (ver fs. 440 vta., pto. b). A dicha falta de prueba que se deduce de las conclusiones de la pericia precitada, cabe agregar que del incidente acollarado sobre trabajo extramuro (126-45 vta.-01-P), consta a fs.03 una propuesta de trabajo efectuada por su anterior empleador, lo cual es indicativo de las posibilidades de reinserción laboral del accionante. En suma, en razón de los antecedentes mencionados se desestima este rubro.--------------------------------------------------------- Por último habré de examinar el reclamo que se sustenta en la necesidad de la concubina del actor en contraer un préstamo hipotecario por la suma en dólares estadounidenses equivalente a $ 95.800 (ver fs. 233 vta., pto. b). El demandante hace radicar el fundamento del reclamo en que dicho préstamo se saldaba con los ingresos generados en la percepción de su salario, por lo que al no poder percibir los mismos por veinte meses no se pudieron afrontar tales erogaciones. Diré al respecto que más allá de que, en todo caso, del relato del actor se desprende que se trata de una deuda de su concubina y no contraída por él, dado que se limitó el período de la detención ilegítima al lapso de dos meses, la eventual pérdida de ingresos por tal escaso período de tiempo no guarda relación de causalidad adecuada con la imposibilidad de afrontar la deuda mencionada, por lo que se rechaza este ítem.--------------------------- En definitiva se hace lugar a la demanda por la suma total de pesos veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses que se calcularán a la tasa activa que percibe el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento desde el 09/05/02 hasta la fecha de su efectivo pago.------------------------------------------------- III.- A la luz de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque el fallo apelado en cuanto rechaza la demanda, correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la misma y condenando a la accionada a que en el plazo de diez días de consentida la presente abone al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses a la tasa activa que percibe el B. C. S.A. desde el 09/05/02 hasta la fecha de su efectivo pago.--------------------------------------------------------------------------- ------------------- En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del ritual, procede adecuar la imposición de costas de primera instancia, dada la revocación del fallo recurrido. Entiendo que si bien se hace lugar parcialmente a la demanda, tanto en el aspecto cualitativo -se rechazan dos rubros de los cuatro requeridos-, como cuantitativo -se acoge el reclamo por una suma sensiblemente menor a la demandada-, la cuestión central debatida en autos -la existencia o no de responsabilidad de la provincia accionada- ha sido favorable para el actor, por lo que considero que debe ser la demandada quien deba cargar con las costas en mayor proporción. En dicho orden de ideas se ha sostenido que las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el pleito, debiendo tenerse en cuenta la postura asumida por las partes en relación a la mayor o menor medida en que prosperan las aspiraciones controvertidas, tomándolas en su conjunto y no aisladamente, no teniendo trascendencia la existencia de diferencia entre el enfoque jurídico invocado por los protagonistas del juicio y del efectuado por el juzgador (conf. Cám. 1era., sala III, La Plata, causa 178.895, reg. sent. 186/80, cit. en Morillo-Sosa-Berizonce: "Códigos...", Librería Editora Platense Abeledo Perrot, 1985, Tº II-B, pág. 213). En base a lo dicho encuentro ajustado a derecho imponer las costas en un 60% a la accionada en un 40% al actor (conf. art. 71 del CPCC).--------- También por disposición del citado art. 279 del código adjetivo, corresponde adecuar los honorarios regulados en la instancia anterior. En consecuencia, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas así como el resultado del pleito, juzgo apropiado establecer los mismos de la siguiente manera: a los letrados patrocinantes del actor, Dres. T. R. y S. A., en conjunto, en un 17% del total de condena; al Dr. A. v. P., letrado apoderado de la demandada, en un 14% del mismo monto; y en cuanto a los de la perito psicóloga A. S. M. C. S. encuentro adecuado mantenerlos en un 1%, también del monto de condena; en todos los casos con más el IVA correspondientes (conf. arts 6, 7, 9, 10, 19, 37, 39, 47 y 61 de la ley 2200 y leyes 233349 y 23871).--------------------- En lo que respecta a las costas de esta sede, atento a que el apelante ha resultado ganancioso en mayor grado, debido a que obtuvo la revocación del fallo y el acogimiento -si bien parcial- de su pretensión, estimo apropiado imponerlas en un 80% a la accionada y en un 20% al actor (conf. art. 71 del rito). En cuanto a los honorarios por las tareas desempeñadas en la Alzada, siguiendo las mismas pautas tenidas en mira para adecuar los emolumentos de la instancia de origen, procede regular los mismos de esta forma: a los letrados patrocinantes del accionante, Dres. T. R. y S. A., en conjunto, en un 35%, y al Dr. A. v. P., letrado apoderado de la demandada, en un 25%, en ambos casos sobre lo regulado a los mismos letrados en la primera instancia, con adición del IVA pertinente (conf. arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19 y 47 de la ley arancelaria y leyes 23349 y 23871).------------------------------------------------------------------------- ------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.--------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó: -------------------------------------------------------------------------------- ---------- Que a fs. 468/472 la Sra. Juez de grado rechazó la demanda entablada por C.D.P. contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, rechazando también el planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial N° 2427 que efectuara el actor. Las costas fueron impuestas a la parte actora, regulándose los honorarios profesionales del Dr. A. v. P., apoderado de la demandada en el 15,6 % los de los Dres. T. R. y S. A. en el 8 %, patrocinantes del actor, en conjunto y proporción de ley, y los de la Perito Psicológica A. S. M.C. S. en el 1% del monto que resulte en la etapa de liquidación.------------------- Que contra dicho decisorio se alza la parte actora, interponiendo recurso de apelación a fs. 475, el que es concedido a fs. 476 y fundado a fs. 485/489.------------- Se agravia la actora en primer lugar que la a quo haya considerado que la detención del actor no fue antijurídica. Manifiesta que la declaración de nulidad por el Excmo. STJ de la Provincia de las sentencias de Cámara y grado que denegaran su pedido de excarcelación tornan a su detención injusta y arbitraria, obedeciendo sólo a un error de la Cámara, que lo tuvo veinte meses preso injustamente.------------- En segundo lugar, se agravia de que la a quo afirme de que en el proceso penal la absolución del imputado no transforma la prisión preventiva y la detención en ilegítima, toda vez que en la etapa instructoria resulta suficiente la semi plena prueba del delito para mantener en prisión a una persona. Aduce que este desarrollo es ajeno a la pretensión contenida en la demanda y que la sentenciante no ha tratado como corresponde el reclamo derivado de la injusta detención del actor. ---------------------- Sostiene el apelante que la ilegitimidad de la detención de P. ha sido declarada por el STJ de la Provincia en el incidente de excarcelación, aspecto que no ha sido tenido en cuenta por la a quo.--------------------------------------------------------- En tercer lugar cuestiona que la a quo no haya tenido en cuenta la reforma constitucional producida en la Provincia del Chubut en 1994, cuyo artículo 60 extiende el resarcimiento a los detenidos injustamente. De ello colige que no hacía falta declarar la inconstitucionalidad de la ley 2427, contrariamente a lo afirmado por la juez de grado. Dice que las disposiciones constitucionales son de aplicación directa y prevalecen sobre cualquier otra de inferior jerarquía normativa e informan toda interpretación de las leyes.----------------------------------------------------------------- Con pie en ello solicita la revocación de la sentencia de grado, con costas. Hace reserva del caso federal.---------------------------------------------------------------------- Corrido traslado de los agravios a la contraria a fs. 490, éstos son contestados a fs. 493/494, solicitándose el rechazo de los mismos.----------------------------------------- Ingresando a los aspectos traídos a revisión de esta alzada, es dable advertir en primer término que, cualquiera sea la opinión que se tenga doctrinalmente sobre el tema de la responsabilidad del Estado por error judicial, no puede soslayarse que la Constitución Provincial de Chubut contiene una norma específica regulatoria de la cuestión: el art. 60, reformado en 1994.------------------------------------------------------ ---Dicha norma edicta: "El Estado garantiza la plena reparación de los daños causados por error judicial, sin otro requisito que su demostración. Especialmente indemniza los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos".--------------------------------------------------------- Es así que no tienen demasiada trascendencia en este caso ni las posturas doctrinales ni la jurisprudencia nacional, por cuanto ellas no se han edificado en derredor de esta norma sino de otras, que no son equiparables a ella, en la mayor parte de los casos.-------------------------------------------------------------------------- ---- La cuestión es, entonces, sencilla y compleja a la vez. Debe interpretarse el art. 60 de la Constitución Provincial, a la luz de los hechos de esta causa y, luego, determinarse si esa aplicación consiente el rechazo de la pretensión de autos como compatible con el texto constitucional analizado.----------------------------------------- Creo que metodológicamente corresponde tratar en primer lugar el último agravio de la apelante que cuestiona que la a quo no haya tenido en cuenta la reforma constitucional producida en la Provincia del Chubut en 1994, cuyo artículo 60 extiende el resarcimiento a los detenidos injustamente. De ello colige que no hacía falta declarar la inconstitucionalidad de la ley 2427, contrariamente a lo afirmado por la juez de grado. Dice que las disposiciones constitucionales son de aplicación directa y prevalecen sobre cualquier otra de inferior jerarquía normativa e informan toda interpretación de las leyes.-------------------------------------------------------------- Me apresuro a conceder la razón a la parte apelante en todo lo expuesto en este agravio. Sencillamente la tiene.--------------------------------------------------------------- La Ley V Nº 36 (Antes Ley 2427) del Digesto Provincial recientemente sancionado, edicta en su art. 1º que "Toda persona condenada por error a una pena privativa de la libertad tiene el derecho a una reparación económica por el Estado Provincial, proporcionada a la privación de su libertad y a los daños morales y materiales experimentados".---------------------------------------------------------------- --- Esta norma tutela la responsabilidad del Estado derivada de error judicial en la condena de una persona, supuesto enteramente ajeno a la cuestión sub lite. Dicha norma, por tanto, es inaplicable a este caso y no hace falta declarar inconstitucionalidad ninguna. Sólo se trata de una norma inaplicable a este caso y debe ser apartada del mismo. Nada más.---------------------------------------------------- El art. 60 de la Constitución Provincial acoge en el seno del derecho público provincial otras responsabilidades distintas de las derivadas de condena judicial errónea, sumando otros supuestos tales como los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento o por el incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos.-------------------------------- Ello así, no veo francamente qué incidencia puede tener en este caso la ley provincial 2427 que nada establece sobre la detención indebida de una persona.----- En enfáticas palabras, mi antiguo compañero de aulas en la Universidad de Salamanca, Andrés GIL DOMÍNGUEZ ha expresado que "La fuerza normativa no es un mero apotegma enunciativo, sino que implica una actividad de constante revisión normativa y resignificación simbólica de los ordenamientos secundarios. A partir de lo cual, éstos serán válidos en la medida que sus enunciados se adecuen a la Constitución textual y a las fuentes externas invitadas por ésta para configurar la regla de reconocimiento constitucional. Por ende, el techo del ordenamiento jurídico no es el derecho civil, penal, administrativo, etc.; éstos tan sólo configuran un derecho secundario que antes de su especificación material, deberá ser constitucional -en forma y sustancia-, para ratificar su validez y posibilitar su exigibilidad" (GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, ¿Es el control de constitucionalidad difuso una ficción?, LA LEY 2006-C, 1460).-------------------------------------------------------------------------- - Sigue diciendo el autor citado que "En el campo del Estado constitucional de derecho, el juez facultado para aplicar la Constitución no está limitado por la mera subsunción de los supuestos de hecho a la norma en cuestión, sino que la interpreta en sus positividades expresas y en sus implicitudes expansivas. El juez mediante el control de constitucionalidad asume y confirma la fuerza normativa, significando su decisión jurisdiccional un acto de interpretación restauradora como si la Constitución no existiera con anterioridad, como si la inventara en cada caso que resuelve" (GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, ¿Es el control de constitucionalidad difuso una ficción?, LA LEY 2006-C, 1460).-------------------------------------------------------------------------< #LINE> La actora apelante tiene toda la razón sobre que las disposiciones constitucionales son de aplicación directa y prevalecen sobre cualquier otra de inferior jerarquía normativa e informan toda interpretación de las leyes. No existen leyes aplicables en abierta contraposición con la Constitución.-------------------------------------------------- Por supuesto que si la ley provincial se opusiera a la Constitución, el art. 10 de la Constitución Provincial provocaría que el juez deba analizar si la ley es compatible con la Constitución, declarando a pedido de parte o de oficio su inconstitucionalidad, si ella cayera en este casillero. Pero en el caso de autos ello no ocurre, porque la ley 2427 es aquí inaplicable. Ni hace falta declararla inconstitucional.--------------------- Ahora bien, el hecho de que se aplique a este caso el art. 60 de la Constitución Provincial no significa el automático acogimiento de la pretensión actora, conforme se verá infra.-------------------------------------------------------------------------- ----------- Analizando la causa en su integridad creo que el debate procesal entre las partes en la instancia de grado ha sido oscurecido y simplificado en exceso y, entonces, las respectivas posturas han quedado planteadas con omisiones y yerros que no cabe soslayar.----------------------------------------------------------------------- ------------------ Ello me obligará a ser más preciso todavía en el análisis del tema sub lite, especialmente en lo tocante al análisis del primer agravio de la apelante consistente en impugnar que la a quo haya considerado que la detención del actor no fue antijurídica.------------------------------------------------------------------- ------------------ La apelante manifiesta que la declaración de nulidad por el Excmo. STJ de la Provincia de las sentencias de Cámara y grado que denegaran su pedido de excarcelación tornan a su detención injusta y arbitraria, obedeciendo sólo a un error de la Cámara, que lo tuvo veinte meses preso injustamente.------------------------------ Esta es, a no dudarlo, la mayor generalización y el error más trascendente cometido en la causa. Por ello iremos despacio en su análisis.----------------------------- La apelante afirma que "Tal como lo dije, la jueza de primera instancia, arriba a la conclusión y sostiene "que no existe en esas actuaciones (se refiere a la causa: "B. C. s/ Denuncia Expte. N° 159- Fº 17-Año 1999), pronunciamiento alguno que indique que el auto de prisión preventiva no se ajustó a las pruebas colectadas hasta ese momento, pues se basó en una apreciación razonable de los elementos de pruebas existentes en la instrucción y de acuerdo a las normas procesales vigentes". II Esta aseveración dicha en forma parcial y referida a uno de los expedientes de la causa, omite consciente o inconscientemente que en el incidente de excarcelación caratulado: "P., C. D. s/ Excarcelación" (Expte. N° 5602-CCTw) y ofrecido como prueba por mi parte en la demanda, se advierte que la Cámara Primera en la Criminal con asiento en la ciudad de Trelew, confirma el decisorio del juez de instrucción, y no hace lugar a mi pedido de excarcelación (mediante resolución N° 90/Año 2002). Ése decisorio, impugnado por el defensor de Cámara, y sostenida por el defensor general, es declarado nulo por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, mediante resolución de fecha 3 de julio de 2002, ordenando remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una resolución ajustada a las pautas, que ya había propuesto el Ministerio Fiscal, y que en forma inconcebible la Cámara del Crimen se apartó. En mérito a ello, se ordena la inmediata libertad de C. D. P., mediante resolución de fecha 5 de julio de 2002, registrada bajo el N° 145 de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal con asiento en la ciudad de Trelew. Fluye de lo anterior, contrariamente a la opinión sustentada por el a quo, que fui detenido en forma arbitraria e injusta, no porque haya sido absuelto en la sentencia, sino que en la etapa instructoria, por error de la Cámara y desoyendo la calificada opinión del Fiscal, tuve que sufrir 20 meses de injusto encarcelamiento".-------------------------------------------------------- Vista la causa "P., C. D. s/ Excarcelación" (Expte. N° 5602-CCTw) que he pedido especialmente sea agregada a autos para tener a la vista al momento de votar, compruebo que la parte apelante ha efectuado una serie de afirmaciones que no se corresponde con lo realmente acontecido en esa causa.-------- La apelante presupone que el decisorio del STJ de Chubut del 3 de Julio de 2002 torna ilegítimo todo el período de detención del actor. Ello no es así. No hay declaración alguna en autos de antijuridicidad de todo ese período. El STJ de Chubut en su decisión de fs. 32/vta. del expte. citado lo único que anula es el decisorio de fs. 18/vta. del mismo, esto es, la sentencia del 10 de Mayo de 2002, que denegara el pedido de excarcelación interpuesto por el detenido C. D. P. Dicho pedido fue interpuesto con fecha 9 de Mayo de 2002, por el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Alfredo Pérez Galimberti (cfr. Fs. 13/14) y el detenido lo estaba desde el año 2001, sin que su detención anterior al 9 de Mayo de 2002 haya sido declarada antijurídica por acto jurisdiccional alguno.-------------------------------------------------- Ello así, es cierto que el STJ declaró nula una denegatoria de excarcelación del actor, pero la misma -en el mejor de los casos- se relaciona con su detención durante dos meses, esto es, el período 9 de Mayo de 2002 a 5 de Julio de 2002. En todo caso lo ilegítimo fue esa detención y no el período restante, sobre el que no se ha alegado ni probado su ilegitimidad ni su antijuridicidad. Máxime cuando la propia actora apelante reconoce expresamente que no cuestiona que un procesado que resulta luego absuelto pueda estar detenido durante el proceso sin que ello implique que tal detención se transforme en ilegítima por la absolución (cfr. fs. 485vta.).--------------- Es más, el pedido de excarcelación del Dr. Alfredo PEREZ GALIMBERTI, Defensor de Cámara, en los caratulados "C. D. P. y J.M.G. y otros p.s.a. Estafa -Trelew" (Exp. 27/02 CCTw), que fuera rechazado por la Cámara Penal y finalmente acogido por ésta, luego de la anulación del pronunciamiento denegatorio por el STJ de la Provincia se basó en los siguientes argumentos: 1) la escala penal que correspondería a los delitos imputados a su defendido, en caso de resultar condenado, tendría como mínimo 3 años de prisión, alegándose que P. se encuentra detenido desde el día 10 de Abril de 2001, por lo que a la fecha lleva 1 año y 1 mes privado de libertad, por lo que si P. fuera enjuiciado y condenado, atendiendo a que no registra antecedente penal de clase alguna, podría aspirar a recibir una condena que le impusiera la pena mínima prevista para los delitos imputados. 2) Si la condena le fuera impuesta como de cumplimiento efectivo, el tiempo de detención que lleva efectivamente cumplido habilitaría su libertad condicional (art. 13 C.P.), habida cuenta que P. no es reincidente (art. 50 C.P.).----------------------------------------------------------------------<#LI NE> 3) Dijo luego el Sr. Defensor de Cámara que cabría entonces considerar la hipótesis del inciso 6° del artículo 284 del C.P.P.) y que así las cosas, la amenaza de sanción, atendiendo a la imputación contenida en la requisitoria de elevación a juicio no permite descartar la posibilidad de la libertad condicional, del artículo 13 del Código Penal. Dijo luego el Defensor que era irrazonable pensar que P. se fugaría y que además la Cámara tiene facultades para controlar de otra forma la conducta del procesado (que no sea por privación absoluta de la libertad).------------ Pero agregó luego el defensor que "cierto es que no resulta posible discutir en este pedimento el sustento de la imputación penal que sobre él pende, mas en cualquier caso el fin principal reiteradamente tenido en cuenta en las sucesivas denegatorias de la excarcelación a lo largo del proceso, consistió en argumentar que P., por medio de alguna acción específica, comprometiera la investigación, Esto es, a esta altura, completamente imposible de argüir, pues la investigación ha finalizado, y no existe por tanto ninguna prevención de que P., fuera de los muros de la Alcaidía, pudiera afectarla".-------------------------------------------------------------------<# LINE> El propio pedido de excarcelación primero denegado y luego concedido al actor, permite descartar la alegación suya de detención indebida anterior a ese pedido. La falta de cuestionamiento en ese acto (fs. 14 del expte. citado) del sustento de la imputación penal contra él dirigida, así como el pedido de excarcelación basado más en elementos que demostrasen que no entorpecería la investigación que en cuestionar los elementos enderezados en su contra, implica que no puede compartirse en esta instancia la alegación del actor de que su detención era indebida por habérsele tenido por erróneamente encuadrado en una figura delictiva que no le correspondía (asociación ilícita). Existe un acto propio de reconocimiento de la defensa del actor a fs. 14 del expediente de su excarcelación agregado a autos que impide el progreso del reclamo por etapas previas a ese pedido de excarcelación, al haberse reconocido el sustento de la imputación penal dirigida en su contra.------------------------------------- Ahora bien, habiendo contado dicho pedido de excarcelación con la aquiescencia de la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 17 de ese expediente, la denegatoria de la excarcelación -luego anulada por el STJ- fue antijurídica y mantuvo al actor en una privación de libertad que no es jurídicamente sustentable, lo que ha vulnerado su derecho a la libertad por el lapso de dos meses.------------------------------------------- No es esta Cámara la que afirma apodícticamente la insustentabilidad jurídica de esa detención durante dos meses, sino que es el STJ de esta Provincia en sentencia firme de fecha 3 de Julio de 2002, quien declaró tal antijuridicidad, dando pie al reclamo de la actora, pero por el período posterior al 9 de Mayo de 2002 y hasta su liberación y no respecto del tiempo anterior.------------------------------------------------ Además de existir un acto propio en el pedido de excarcelación de fs. 14 que vedaría el reclamo respecto de lo anterior, puesto que se le reconoce sustento a la imputación, tampoco están debidamente acreditados respecto del período de detención previa al 9 de Mayo de 2002 los presupuestos de la responsabilidad del Estado en este caso.--------------------------------------------------------------------------- - Y el hecho de que sea un artículo de la Constitución el que establezca la obligación resarcitoria no significa que se pueda prescindir de tales presupuestos o requisitos indispensables para hacer nacer la responsabilidad en cabeza del Estado en este caso.--------------------------------------------------------------------------- -------------- El propio art. 60 de la Const. Pcial. exige como presupuesto de la reparación del daño la demostración del error judicial (art. 60 primera parte). Y luego la misma norma edicta que se indemniza la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento o por incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos. Ninguna de estas causales ha sido demostrada debidamente con relación al período previo al 9 de Mayo de 2002 y la atestación de la falta de cuestionamiento del sustento de la imputación penal obrante en el pedido de excarcelación de fs. 14 constituye un acto propio que no se puede desconocer aquí.

Ergo, el daño está probado, pero con posterioridad al pedido de excarcelación, estando respecto de este período acreditados en autos debidamente los presupuestos de la responsabilidad de la demandada, daño causado (pérdida de ingresos y daño moral), antijuridicidad de ese daño (mantener a una persona detenida en contra de la opinión del fiscal y través de un fallo anulado por el STJ de la Provincia), relación causal adecuada entre el hecho antijurídico y el daño sufrido (ni demostración requiere el nexo causal en este caso) y existencia de un factor de atribución de responsabilidad al Estado (en este caso dicho factor es el error judicial y la indebida detención de un procesado, establecidos ambos en el art. 60 de la Const. Pcial).----- Ello así, concluido que el daño acreditado y en relación causal adecuada con la actuación dañosa de funcionarios de la demandada debe ser resarcido, resta cuantificar el menoscabo.---------------------------------------------------------------------< #LINE> La cuantificación del daño, de acuerdo a las pautas dadas por el reclamante y en atención al tiempo efectivamente probado de detención indebida -que no abarca todo el período alegado por la actora- y a las circunstancias del caso, arroja la obligación resarcitoria a cargo de la demandada de abonar al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos, con intereses a la tasa activa desde que la suma es debida (9/5/02) y hasta la fecha de efectivo e íntegro pago.----------------------------------------- Dicha suma surge de computar los salarios dejados de percibir por el actor durante dos meses ($ 3300) y la suma de pesos veinticinco mil en concepto de daño moral por la detención durante dos meses en forma indebida.------------------------------------------ Si bien el menoscabo de cualquiera de los bienes o valores precipuos en la vida del hombre, su honra, su libertad, su integridad física, su vida misma portan aptitud para alterar espiritualmente de forma disvaliosa aún a los espíritus más firmes, la privación de pocos bienes jurídicos tiene entidad para conmover en mayor grado la tranquilidad del espíritu como la privación de la libertad personal.

Ni siquiera se requiere demostrar la grave perturbación que sufre quien es indebidamente detenido ó -en el caso de autos- quien es mantenido en detención en forma indebida, luego de que la propia fiscalía prestara su consentimiento a la pretensión excarcelatoria del actor.

Se trata de un daño in se ipsa, esto es, de aquellos que son de tal evidencia que resulta inútil alegar sobre ellos o demostrarlos argumentativamente.

De acuerdo al período de detención acreditado en autos, a las circunstancias de la causa y adaptando a lo probado efectivamente lo peticionado por el actor para el resarcimiento de un período mayor, entiendo que la suma de pesos veinticinco mil resarce o mitiga debidamente el agravio moral padecido.-------------------------------- En cuanto a la incapacidad para el trabajo alegada por el actor, ella no ha sido probada debidamente, pues la pericia psicológica de fs. 438/440vta. no logra determinar cuál es el grado o porcentual de daño psicológico que padece el actor (cfr. fs. 440/vta), a lo que se suma que a fs. 3 del expte. "P. C. s/ Trabajo extramuro" (Expte. 126, F167 45vta.) apiolado a autos existe una propuesta de trabajo efectuada al actor por quien lo empleara con anterioridad.----------------------- Entiendo que ambos hechos constituyen un valladar a la pretensión actora de obtener el resarcimiento de una incapacidad absoluta para trabajar que, primero va en contra de alegaciones anteriores de la accionante y segundo no se encuentra debidamente acreditada en autos, al no existir prueba de tal imposibilidad.------------- Si bien no desconozco que el actor no debe haber pasado por una situación precisamente grata en su detención, tampoco creo que pueda alegarse con éxito, sin prueba suficiente de ello, que a partir de tal detención el actor no podrá volver a reinsertarse en una actividad laborativa. Creo que se trata de una pretensión excesiva, sobre la que no existe prueba adecuada en autos y que, por tanto, no cabe acoger aquí.--------------------------------------------------------------------------- -------------------- En cuanto al reclamo derivado de la ejecución hipotecaria, considero que el mismo no es indemnizable en este caso, dado que no guarda relación de causalidad adecuada con la detención del actor por los meses de Mayo a Julio de 2002, período por el que se le otorga indemnización. También el hecho de que no sea el detenido el titular de la obligación sino el garante hubiera conspirado contra la concesión de resarcimiento por el rubro. Pero lo sustancial aquí es que ese resarcimiento no está relacionado causalmente en forma adecuada (arts. 901 y 906 C.C.) con la actuación antijurídica de la demandada, déficit que basta para el rechazo del rubro.--------------- El Prof. coruñés José M. BUSTO LAGO ha explicitado que "La existencia de un daño entendido como lesión a un derecho o de un interés jurídicamente protegido, es un presupuesto imprescindible para la existencia de una obligación derivada de responsabilidad civil ... el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. De ahí que se deriven tres notas que califican los daños causados a los particulares susceptibles de ser indemnizados por la Administración: Que el daño sea efectivo o real, y que afecte, lesionándola, a la esfera configurada por el haz de titularidades jurídicas de derechos e intereses legítimos de un determinado sujeto -o grupo de sujetos que van a ser los titulares activos del derecho al resarcimiento y, en consecuencia, los legitimados activamente para ejercitar la acción para exigirlo tanto en vía administrativa como, en su caso, en la ulterior vía judicial... y... que sea evaluable económicamente" (BUSTO LAGO, José Manuel, "La responsabilidad civil de las Administraciones públicas", en REGLERO CAMPOS, L. Fernando (Coord.), "Tratado de responsabilidad civil", Edit. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 1443).---------- De tal modo el concepto de daño se convierte en el auténtico centro de gravedad del sistema de responsabilidad del Estado (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo - FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, "Curso de derecho administrativo", 8ª ed., Ed. Cívitas, Madrid, 2002, T. II, p. 378).----------------------------------------------------------- Pero debe hacerse con GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, una necesaria disquisición: ". el concepto jurídico de lesión (daño) difiere sustancialmente del concepto vulgar de perjuicio. En un sentido puramente económico o material se entiende por perjuicio un detrimento o pérdida patrimonial cualquiera. La lesión a la que se refiere la cláusula constitucional y legal es otra cosa, sin embargo. Para que exista lesión en sentido propio no basta que exista un perjuicio material, una pérdida patrimonial; es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea antijurídico."(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo - FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de derecho administrativo, cit., T. II, p. 378).---------------------------------------- Por ende, un daño para que sea resarcible necesita reunir ciertos caracteres: ----- 1.	1. 1. Puede ser actual o futuro, pero tiene que ser cierto, lo cual excluye los daños puramente eventuales; ------------------------------------------------------------------ 2.	2. 2. Debe hallarse individualizado, no afectando por igual a todos los administrados, lo cual no excluye la responsabilidad por aquellos perjuicios que aun impuestos por normas generales excedan la medida normal de los inconvenientes de vecindad y los causados por las obras por las obras públicas; -------------------------------------------------------------------------------- - 3.	3. 3. El derecho afectado puede ser tanto un derecho subjetivo como un interés legítimo, debe tratarse de un perjuicio apreciable en dinero, que comprende tanto el daño patrimonial estricto como al daño moral; ---------------------------- 4.	4. 4. No es menos importante la relación de causalidad que debe existir entre el hecho o el acto administrativo y el daño causado al particular (CASSAGNE, Juan Carlos, "Derecho administrativo", 6ª edic., Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As, 1998, T. I, p. 287; TRIGO REPRESAS, Félix A. - LÓPEZ MESA, Marcelo J., "Tratado de la responsabilidad civil", Edit. La Ley, Bs. As., 2004, T. IV, pp. 38); es decir, que debe indagarse la causa adecuada que origina el daño.- Es así que el evento generador de un daño resarcible, puede ser tanto un hecho o acto administrativo, un reglamento, una ley, una omisión de alguna autoridad estatal o, finalmente, la actuación dolosa o culposa de un funcionario o empleado de la Administración. Pero necesariamente debe ser antijurídico. Y la antijuridicidad del daño en el caso de autos no puede predicarse respecto del período anterior al 9 de Mayo de 2002, por las razones que ya han sido desarrolladas.--------------------------- Los motivos expuestos me llevan a concluir que el decisorio atacado debe ser revocado en punto al rechazo de la demanda, acogiéndose en consecuencia parcialmente la misma y condenándose a la demandada a indemnizar al actor la suma de pesos veintiocho mil trescientos en concepto de daños materiales y morales ocasionados por la indebida prolongación de su detención por el lapso de dos meses, conforme los considerandos lo explicitan.--------------------------------------------------- Dicha suma producirá intereses a la tasa activa desde el día 9 de Mayo de 2002 y hasta el de su efectivo e íntegro pago.------------------------------------------------------- Por imperio del art. 279 C.P.C.C. corresponderá adecuar a este decisorio la condena en costas pronunciada en la anterior instancia. Ello así, déjase sin efecto la imposición de costas dispuesta en la instancia de grado, así como los honorarios allí fijados, determinaciones todas que se adecuarán al nuevo resultado del pleito acaecido en esta instancia.---------------------------------------------------------------------- Respecto de las costas de grado, es menester consignar que la Sala A de este Cuerpo, siguiendo las aguas de pacífica jurisprudencia y doctrina, ha venido sosteniendo que, en el proceso sobre indemnización de daños, las costas forman parte de la reparación y que no quita al demandado su calidad de vencido la circunstancia que la pretensión termine prosperando por un monto inferior al reclamado cuando los rubros resarcitorios dependieron de estimación judicial (cfr. Registro de Sentencias de la Sala A. S.D.L. 57/98 y S.D.C. 23/99); sin embargo, se hizo en tales decisorios la reserva de que ello era así en tanto no promediara el rechazo de ítemes indemnizatorios o severa disminución de aquellos cuyo justiprecio no dependiera del juzgador.--------------------------------------------------------------------- En decisorios posteriores, la Sala A de esta Cámara -que tengo el honor de integrar- dejó establecido que el postulado de que en los juicios de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento, no puede ser extendido hasta el extremo de hacer cargar al demandado con aquellas de las que él no es responsable, por derivar las mismas de excesos -al menos objetivos- en las reclamaciones del actor (cfr. Registro de Sentencias de la Sala A. S.D.C. 36/03, S.D.C. 9/04, S.D.C. 12/05, S.D.C. 52/06 y S.D.C. 32/08).------------------------------------------------------------------------- ----------- Conforme se dejara sentado en una sentencia reciente de la Sala A a través de un voto del Dr. Velázquez y de uno concordante de mi autoría, la normativa que rige la responsabilidad civil impone el deber de reparar o indemnizar a quien ha causado el daño (arts. 1067, 1068 Cód. Civ.), a quien lo ha ocasionado (art. 1109 C.C.), de modo que si los perjuicios de incurrir en determinados gastos causídicos no le fueron causados ni ocasionados al actor por el demandado, sino que los provocaron sus propias peticiones excesivas, es él quien debe soportarlos en la medida de esa falta suya, de ese hecho libre del que fue autor, sin que quepa imponer por ellos responsabilidad a su adversario (arts. 903, 1111 C.C.) (cfr. Sala A del 30/10/08, dictada in re "P., V. y otra c/ Municipalidad de Trelew s/ daños y perjuicios" (Expte. 21.245 - Año 2006), registrada bajo el Nº 32 de 2.008 - SDC.).-------------------------------------------------------------------------- ------------------- En casos como el que nos ocupa en que son denegadas pretensiones resarcitorias que no han sido adecuadamente acreditadas en la causa y que han sido drásticamente aminoradas las que prosperan, el principio de que las costas integran la indemnización queda amenguado, tornándose de aplicación el art. 71 C.P.C.C. ------ En este litigio la pretensión del actor se enderezaba a obtener el resarcimiento de una privación indebida de su libertad por un largo período. De esta cantidad de meses en que la detención se reputaba antijurídica, lo realmente comprobado fueron dos meses de detención indebida. Ello así, la pretensión debe prosperar, pero por el período acreditado y por los rubros reclamados relacionados causalmente con dicho período en forma adecuada.---------------------------------------------------------------- De tal suerte, la pretensión es acogida parcialmente, restringiéndose su cuantía en importante medida y rechazándose rubros enteros, como el de incapacidad para el trabajo.------------------------------------------------------------------------ ------------------- Esta última disminución en relación a lo pretendido no pueden ser considerada no obstante como derrota parcial de los actores, pues tal ítem resarcitorio dependía de determinación judicial, supuesto en el que las sumas pretendidas sólo significan las estimaciones de los actores, siéndole dado al juzgador coincidir con ellas o bien reemplazarlas por aquellas en que él tase los daños. Por otra parte, valoro debidamente que la perito psicóloga a fs. 438/440vta. certifica la existencia de un menoscabo, pero curiosamente no puede estimarlo o ponderarlo en su extensión. Hacer cargar al actor con las costas del rechazo de este rubro, aparece como una injusticia.--------------------------------------------------------------------- --------------------- En suma, la actora triunfó en la fundamental cuestión de la responsabilidad, verdadero basamento de todos los reclamos económicos de la accionante, y parcialmente en dos de los rubros que requiriera.------------------------------------------ Como la distribución prevista en el citado art. 71 CPCyC debe ser realizada prudencialmente, con una visión panorámica del pleito y no por un análisis puramente matemático de su resultado, en comparación con lo pretendido en la demanda, estimo adecuado imponer las costas de primera instancia en un sesenta por ciento a la demandada y en un cuarenta por ciento a la actora.----------------------- En lo relativo a los estipendios regulados por los trabajos profesionales realizados en la instancia anterior, necesario resulta adecuar los regulados al nuevo resultado del pleito. De acuerdo a éste, a la extensión, mérito y resultados de las labores cumplidas, corresponde regular los honorarios de grado en las siguientes sumas: para los Dres. T. R. y S. A., letrados patrocinantes de la actora, en el 17% del monto del proceso que se establezca en etapa de ejecución de sentencia, patrocinantes del actor, en conjunto y proporción de ley; para el Dr. A. v. P., apoderado de la demandada, en el 14% del monto del juicio que se determine luego de quedar firme ésta y para la Perito Psicóloga A. S. M. C. S. se mantiene el 1% del monto que resulte en la etapa de liquidación (arts. 6, 7, 10, 19, 47, Ley 2.200).------------------------------------------------------------ En lo referente a las costas de alzada, las mismas se impondrán a la demandada vencida en su mayor parte, dado que el recurso ha logrado conmover la sentencia de grado, obteniendo su revocación y el progreso parcial de la pretensión resarcitoria actoral. En tal situación, si bien se configura un vencimiento parcial y mutuo que autoriza a distribuir las costas, las mismas de acuerdo al resultado sustancial aquí producido se imponen en un ochenta por ciento a la demandada y en un veinte por ciento a la actora (art. 71 C.P.C.C.).--------------------------------------------------------- Tocante a los honorarios profesionales por las tareas de alzada, corresponde establecer los de los Dres. T. R. y S. A., letrados patrocinantes de la actora, en el 35% de los honorarios que se les determinen por sus labores de grado, en conjunto y proporción de ley y para el Dr. A. v. P., en el 25% de los honorarios que se le determinen como estipendios suyos de primera instancia, determinaciones porcentuales que entiendo apreciativas de las labores respectivamente realizadas y resultados logrados por cada uno en esta instancia (arts. 6, 7, 10, 14, 19, 47, Ley 2.200).---------------------------------------------------------------- En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, me pronuncio en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.--------------------------------------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó: ----------------------- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: -------------------------------------------------------------------------------- -------------- I.- Revocar el fallo apelado en cuanto rechaza la demanda, y en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por C. D. P. contra la Provincia del Chubut, condenando a ésta a que, en el plazo de diez días de consentida la presente, abone al actor la suma de veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses a la tasa activa que percibe el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento, desde el 09/05/02 hasta la fecha del efectivo pago.- II.- Imponer, por adecuación, las costas de primera instancia en un 60% a la demandada y en un 40% al actor (art. 71 del CPCC).--------------------------------------- III.- Fijar, por adecuación, los honorarios de la instancia de origen, de la siguiente manera: a los Dres. T. R. y S. A., en conjunto, en un 17%, al Dr A. v. P. en un 14%, manteniendo los de la perito psicóloga A. S. M. C. S. en un 1%, en todos los casos sobre el monto de condena y con más el IVA.---------------------------------------------------------------------------- ------------------- IV.- Imponer las costas de esta sede en un 80% a la accionada y en un 20% al actor (art. 71 del rito).-------------------------------------------------------------------------- V.- Regular los honorarios profesionales, por lo actuado ante la Alzada, de los Dres. T. R. y S. A., en conjunto en un 35%, y al Dr. A. F. V. P., en un 25%, en ambos casos de lo establecido a los mismos por honorarios de la primera instancia; con más el IVA correspondiente.---------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa expresó: -------------------------------------------------------------------------------- ---------- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. De Cunto en su voto a esta cuestión.---- Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: ----------------------------------------------- --------------------------------- S E N T E N C I A: -------------------------------------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: -------------------- REVOCAR el fallo apelado en cuanto rechaza la demanda, y en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por C. D. P. contra la Provincia del Chubut, condenando a ésta a que, en el plazo de diez días de consentida la presente, abone al actor la suma de veintiocho mil trescientos ($ 28.300), con más los intereses a la tasa activa que percibe el B. C. S.A. en sus operaciones de descuento, desde el 09/05/02 hasta la fecha del efectivo pago.- IMPONER, por adecuación, las costas de primera instancia en un 60% a la demandada y en un 40% al actor (art. 71 del CPCC).--------------------------- FIJAR, por adecuación, los honorarios de la instancia de origen, de la siguiente manera: a los Dres. T. R. y S. A., en conjunto, en un 17%, al Dr A. v. P. en un 14%, manteniendo los de la perito psicóloga A. S. M. C. S. en un 1%, en todos los casos sobre el monto de condena y con más el IVA.------------------------------- IMPONER las costas de esta sede en un 80% a la accionada y en un 20% al actor (art. 71 del rito).-------------------------------------------------------------------------- REGULAR los honorarios profesionales, por lo actuado ante la Alzada, de los Dres. T. R. y S. A., en conjunto en un 35%, y al Dr. A. F. V. P., en un 25%, en ambos casos de lo establecido a los mismos por honorarios de la primera instancia; con más el IVA correspondiente.------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo. Dr. Aldo De Cunto - Dr. Marcelo J. López Mesa	Juez de Cámara Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL N° 12 DE 2009 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA