Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1945-10-22


Opinión del Procurador General de la Nación.

Este litigio es, en cierto modo, continuación del que V. E. fallara el 26 de agosto de 1942, in re Balbiani c. Prov. de Buenos Aires (expte. B-69, lib. IX). Entonces, tratábase de la repetición de sumas de dinero pagadas por el actor a dicha provincia, en concepto de cuotas correspondientes al pago de pavimentos, cuotas que la Corte conceptuó confiscatorias por su monto.

Entre tanto Balbiani había ido pagando nuevas cuotas, y a la devolución de ellas se refiere el caso sub júdice, mediando ahora la especialísima circunstancia de que, atento el resultado del pleito anterior, la Prov. de Buenos Aires hizo una rebaja en el monto de su primitivo crédito, a fin de evitar, con ese procedimiento, la desproporción existente antes entre el valor de los predios afectados y el beneficio que les reportó el pavimento. Reaparece así, aunque sujeta a nuevos elementos de criterio, la cuestión de hecho contemplada antes.

En su mérito, pienso que tanto en lo referente a la jurisdicción de V. E., como al fondo del asunto, bastará dar por reproducidos los términos de mi dictamen del 30 de abril de 1942, que vuelven a ser aplicables en su totalidad. - Agosto 16 de 1944. -Juan Alvarez.

Buenos Aires, octubre 22 de 1945.

a) Leopoldo L. R. Houssay, en representación del actor promueve demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 4125 de la Prov. de Buenos Aires y se condene a ésta a devolver a su mandante la suma de $ 1.598,08 o la mayor que en definitiva resulte, con intereses y costas.

Expresa que el actor es dueño de una manzana de 14.000 metros cuadrados de extensión designada en el plano respectivo con las letras A-I, situada en Monte Grande -partido de Esteban Echeverría- entre las calles 25 de Mayo, Ing. I. Douclout, 12 de Octubre y H. Constanzó; inmueble que adquirió en 1937 por la suma de $ 22.500, se halla tasado a efecto del pago del impuesto inmobiliario en $ 25.000 y tiene un valor locativo que no excede de $ 1.800 anuales. En 1938 se realizó la pavimentación de las cuatro calles de referencia por la Provincia demandada, que presentó a Balbiani una liquidación practicada con arreglo a la ley 4125 del 31 de enero de 1933, por la suma de $ 15.322,37 para el caso de pago al contado, y por $ 21.871,12 para el supuesto de pago en cuotas trimestrales de $ 364,52, forma esta última por la cual optó el deudor, si bien bajo protesta por considerar que el gravamen es confiscatorio. Así lo declaró esta Corte en el juicio sobre repetición de las primeras cuotas (expte. B-69), donde está agregado el testimonio de la protesta. Mientras tramitaba dicho litigio, el actor pagó las cuotas 10º a 13º inclusive, que se hicieron exigibles, cuya devolución reclama ahora por haber fracasado las gestiones realizadas ante las autoridades provinciales. Acompaña como prueba del pago las boletas respectivas y se reserva el derecho de ampliar la acción por las cuotas que pagase en lo sucesivo.

Con respecto al derecho en que funda la demanda, manifiesta que la imposición absorbe el 60 % de la valuación fiscal del inmueble en el caso de pago al contado y el 85 % si el gravamen se paga en cuotas, como lo hace el actor, y que el carácter confiscatorio quedó acreditado en el juicio a que anteriormente se hizo referencia. La contribución es, pues, violatoria del art. 17 de la Constitución nacional. También lo es del principio de igualdad que establece el art. 16 en cuanto, por aplicación del art. 11 de la ley 4125, se impone a los propietarios de las fincas situadas en la zona urbana el pago integro del pavimento, sin tener en cuenta que sólo debe cobrárseles en la proporción del beneficio especial que les produce y que el excedente debe ser costeado por la comunidad, que es también beneficiaria de la obra. Refiérese, por último, a la competencia originaria del tribunal, que considera procedente por razón de la materia y de la distinta vecindad de las partes.

b) Gregorio P. Escudero, en representación de la Prov. de Buenos Aires, solícita el rechazo de la demanda, con costas.

Manifiesta que habiendo declarado esta Corte suprema la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 4125 "en su aplicación al caso" y ordenado la devolución del importe de las cuotas 6 a 9 por sentencia dictada el 26 de agosto de 1942, en el juicio anterior promovido por Balbiani, no corresponde insistir en la validez del tributo. Mas ello no es óbice para solicitar el rechazo de la acción por las siguientes circunstancias:

1º) Las sumas que acreditan los recibos acompañados sólo ascienden a un total de $ 1.275,82.

2º) Aun no ha recaído definitiva decisión en el expediente administrativo iniciado por el actor para obtener la devolución de las cuotas 10 a 13.

3º) Si bien la Corte suprema declaró en la causa anterior la inconstitucionalidad del tributo, lo hizo en su aplicación al caso. En el caso presente el gravamen no es inconstitucional, porque la provincia ha reajustado las cuentas del actor en armonía con lo resuelto por el tribunal, conforme al valor de la propiedad probado en juicio y a su renta. La deuda del actor se ajusta ahora al 30 % del valor del bien afectado y la Dir. Gral. de Rentas ha acreditado al actor el importe líquido de las cuotas 10/13 y asimismo el de las cuotas 1/5 que la Corte excluyó del pleito anterior por falta de protesta. En consecuencia, el actor no puede alegar lesión de ninguna garantía constitucional y nada debe restituirle la provincia. Por último la contribución que adeuda el actor reducida en cuanto a su exigibilidad en las sumas pagadas por las cuotas 1/15 y 10/13, se ajusta a las directivas señaladas por la jurisprudencia del tribunal.

Considerando: Que se trata de la misma cuenta de pavimentos considerada en el juicio seguido entre las mismas partes (expte. letra B, núm. 69, lib. IX, 1940), donde, por sentencia de agosto 26 de 1942 (LA LEY, 27-848), se declaró inconstitucional la aplicación de la ley 4125, en el caso porque, relacionado con el valor del inmueble y el de la mejora que el pavimento le obtuvo, el gravamen era confiscatorio. Si ninguna circunstancia de las que se tuvieron en cuenta al pronunciar aquella sentencia se hubiera modificado, correspondería idéntica conclusión en este caso, pues se refiere a cuotas liquidadas y pagadas según el monto del gravamen que entonces se juzgó confiscatorio.

Que la provincia demandada probó con las constancias corrientes de fs. 114 a 128 y particularmente con el informe de fs. 132, que resume sus conclusiones, haber reajustado la cuenta de que se trata, reduciendo su importe al 30 o|o del valor pericialmente establecido en el juicio anterior, correspondiente al inmueble antes de realizarse la obra pública. La liquidación originaria ascendía a $ 15.322,37; la actual es de $ 9.833,20. En la pericia recordada el valor del inmueble antes de la mejora se estimó en $ 32.944 y después de ella en $ 35.680, calculando sólo sobre el terreno y no sobre la totalidad del inmueble el 25 % en que aprecia el aumento producido por la mejora. Según ello, el nuevo importe de la cuenta absorbería el 30 % del valor de la propiedad antes de la pavimentación y alrededor del 27 % del valor de 1941 -época del dictamen-. En los dos casos el gravamen superaría el importe de la valoración producida por el pavimento. Cabe, sin embargo, observar dicho cálculo, porque si según el mismo dictamen la renta ha aumentado en un 20 % (de $ 1.900 a pesos 2.280), ello demuestra que el beneficio de la pavimentación no incidió sólo sobre el valor de la tierra produciendo en el valor total de la propiedad un aumento de menos del 10 %. Esta observación no interesaba hacerla en oportunidad de la sentencia anterior, porque aunque se calculase que el pavimento produjo sobre la totalidad de la propiedad un aumento del 20 %, que es el atribuido a la renta, el precio cobrado por la obra pública absorbía de todos modos el 40 % del valor del inmueble, a que allí se aludió, para juzgarlo confiscatorio. Interesa, en cambio, en este caso, porque, hecha la rectificación, resulta que luego del reajuste el gravamen no alcanza a insumir el 25 % del valor de la propiedad, y según la pericia, la valorización aportada por el pavimento es precisamente el 25 %, por lo cual no se lo puede considerar confiscatorio.

Que la circunstancia de haberse efectuado la nueva liquidación después de promovida esta demanda, no es razón suficiente para que se prescinda de ella al juzgar la constitucionalidad del gravamen. Se trata de repetir lo que se sostiene haber sido pagado sin causa porque el gravamen era confiscatorio. Comprobado en el juicio anterior que lo era, ordenóse devolver todo lo que se cobró por tal concepto, sin que en este caso, como en ninguno de los análogos, ello importara negación o menoscabo del derecho del poder administrador para cobrar por ese mismo concepto un monto que no adoleciera de la invalidez que afectó al cobro anterior. Por consiguiente, acreditado aquí que la provincia procedió a un reajuste del gravamen en cuestión con el cual se le ha reducido a un monto que no es confiscatorio, la demanda no puede prosperar, sino por la diferencia entre el importe de las cuotas que son objeto de la repetición y el que las mismas tienen en el reajuste, puesto que sólo esa diferencia es lo pagado sin causa.

Que la demandada sostiene no deber prosperar la demanda en parte alguna porque compensa lo que debe devolver con el importe reajustado de las cuotas sobre las que recayó el juicio anterior, y que fueron devueltas en su totalidad. Pero como esto no se alegó al contestar la demanda, no forma parte de la litis y no puede ser objeto de pronunciamiento.

Que las costas deben imponerse a la demandada, porque la demanda se interpuso el 6 de marzo de 1943, 5 meses y medio después del reclamo extrajudicial que consta a fs. 111 y que dió a la provincia oportunidad para considerar y resolver la cuestión relativa a los pagos efectuados y a efectuarse después de la sentencia de esta Corte de agosto 26 de 1942, en el juicio anterior. Sin embargo, el reajuste no se efectuó, según el informe de fs. 31 vta., hasta el 5 de julio de 1943.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictaminado por el procurador general, se hace lugar a la demanda por el importe de la diferencia entre lo pagado por el actor según constancia de las boletas agregadas de fs. 56 a 71 y lo que para esos mismos servicios se liquida a fs. 132 y 133, con intereses a estilo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la notificación de la demanda y con costas; fijándose el plazo de 30 días a los efectos del pago de la suma que resulta de la respectiva liquidación. -Antonio Sagarna. -Benito A. Nazar Anchorena. -Francisco Ramos Mejía. -Tomás D. Casares.