marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Secuestro de bienes, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Lamboglia, Martín Gustavo s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-22

El secuestro del elemento que, como se expresa supra, es la pieza fundamental de la imputación, adolece de un vicio invalidante que impide su valoración en autos. Ello es así toda vez que a tal acto definitivo e irreproductible efectuado en presencia del Delegado Judicial, lo fue en ausencia del imputado y de la otra parte en el proceso -en su caso el Ministerio Público Fiscal- habiéndose practicado el secuestro y la constatación de anomalías "in consulta parte", lo que acarrea la inadmisibilidad del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Satora  S.A. c/ Poggio, Oscar R. s/ Ejec. Prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

Convalidar la tasa de interés equivalente a dos veces y medio la activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones a treinta días, constituye conceder un beneficio que supera holgadamente la inflación operada y el rédito que se obtiene con una imposición bancaria.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hube, Víctor Pablo c/ Maderera N.O. del Chubut SA y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-30

La notificación de un acto no idóneo para impulsar el procedimiento no interrumpe la perención de la instancia.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, instancia administrativa previa, defensa en juicio, acceso a la justicia, debido proceso, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

El recurso extraordinario fue mal denegado si se cuestiona la validez del procedimiento administrativo previo que prevé la Ley 27.348 (art. 1) por estimarlo contrario a las garantías constitucionales de defensa en juicio, acceso a la justicia, debido proceso adjetivo, juez natural e igualdad ante la ley (artículos 16, 17 Y 18 de la Constitución Nacional) y la decisión ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., M. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL SIMPLE (ANTICIPO JURISDICCIONAL DE PRUEBA)-APELADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Respecto de la presencia del imputado durante la entrevista de la declaración testimonial, la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, establece que para garantizar el derecho de defensa material, el imputado debe tener acceso a escuchar el relato de la NnyA al momento en que se está llevando a cabo la entrevista con el objetivo de poder formular las preguntas que estime pertinentes a través de su abogado defensor; sin embargo, es imprescindible que se garantice la protección de la NnyA de manera que no se produzcan cruces visuales con el imputado ni exista la posibilidad de que la NnyA lo escuche, motivo por el cual se recomienda que el imputado presencie el desarrollo del acto a través del sistema de CCTV en una sala apartada a la de la toma de declaración; y en el caso, se observa que la solución propuesta por el Judicante en base a la cual considera el ejercicio de defensa garantizado y aceptando -incluso- que el defensor pueda consultar a su representado por vía telefónica en el desarrollo de la entrevista, mas allá de que importaría una demora y alongamiento en el trámite a fin de lograr que la Defensa trasmita lo sucedido, no se ajusta a lo expuesto anteriormente y podría afectarse la calidad de la información transmitida y, por ende, el adecuado ejercicio de defensa del justiciable, cuestiones que se evitarían si éste escuchara la declaración en forma simultánea. (Del voto de los Dres. Falistocco y Erbetta)
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, juicio abreviado, coautoría
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Darío y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-13

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa toda vez que el tribunal fundamentó correctamente, de acuerdo a las piezas probatorias colectadas durante la tramitación de la causa -que fueron las mismas que sirvieron de base para el acuerdo de juicio abreviado-, el encuadre de la conducta del recurrente en las previsiones de la coautoría (art. 45 del CP), quien tuvo un rol preponderante en la organización, y como tal, ostentó el dominio funcional de los hechos.
Acción contencioso administrativa, caducidad, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FENNER, Luis Angel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-04-09

El accionante ha dejado transcurrir los términos para dar nacimiento a la acción que intenta en esta causa. El art.12 del Decreto-Ley 1895 establece que todas las resoluciones o decisiones que adopte el administrador general -de Vialidad- podrán ser motivo de recurso de reconsideración, el que deberá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del acto que se cuestiona. A su vez el art.14 completa aquél, manifestando que todo acto o resolución que no sea recurrido quedará firme en sede administrativa transcurrido el plazo fijado para la interposición del recurso de reconsideración;

de su parte el art.15 dice: rechazado o denegado el recurso de reconsideración, el recurrente podrá accionar directamente por ante el Superior Tribunal de Justicia contra la Administración dentro del plazo de veinte días hábiles de conocido el acto que rechaza o deniega el recurso. Transcurrido dicho plazo la resolución o acto de la administración será irrecurrible judicialmente y quedará inmutable.
Acción, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Llan de Rosas, Ernesto s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Sin perjuicio de que el Tribunal haya aludido a la posibilidad de un concurso ideal entre usurpación de propiedad y la defraudación prevista en el art. 173 inc. 11 del Código Penal así como a un eventual concurso material con una estafa procesal, lo cierto es que a la fecha no puede afirmarse ni la atribución de tal concurso ideal ni la existencia de un concurso material de delitos que hiciera aplicable la teoría de la acumulación respecto de la prescripción de la acción penal pues los únicos delitos que se imputaron a los procesados -en oportunidad de su declaración indagatoria- con los de turbación de la posesión y usurpación de la propiedad. De modo que el término de prescripción legalmente aplicable al caso es el que corresponde al máximo de duración de la pena señalada para estos últimos. Sin perjuicio de mantenerse la posibilidad de hallarse expedita la acción en función de otros delitos o de otros encuadramientos.
Prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, intención de eludir la acción de la justicia, igualdad ante la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez, José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-05

El art. 2 de la ley 24.390 que establece que los plazos máximos previstos en el art. 1° para la prisión preventiva no se computarán a los fines de esta ley, cuando los mismos se cumplieren después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrare firme, no repugna al principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, no es posible equiparar la situación del imputado sin sentencia condenatoria con la de quien ha sido condenado aunque tal pronunciamiento aún no haya pasado en autoridad de cosa juzgada, por lo que la denegatoria del cese de prisión preventiva se encuentra sustentado. También resulta fundada la denegatoria de la excarcelación solicitada toda vez que aún cuando la situación del imputado pudiera encuadrarse en las previsiones del art. 317 inc. 1° del CPPN, el dictado de una sentencia condenatoria en la que además se le ha impuesto una grave pena de prisión de cumplimiento efectivo -con el grado de verosimilitud y certeza que ello importa-, constituyen extremos suficientes para presumir el riesgo de elusión en los términos del art. 319 del rito. El voto concurrente sostiene que el cese de la prisión preventiva, en los términos normados por la ley 24.390, debe ser evaluada atendiendo las disposiciones del art. 319 del CPPN. (Dres. Riggi, Ledesma, Tragant -por su voto-).
Pena, reincidencia, reincidencia real, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: O., D. S. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -PORTACION DE ARMA DE GUERRA SIN AUTORIZACION LEGAL PARA ELLO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 386 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

Cuando se afirma que el fundamento del artículo 50 del Código Penal es la insuficiencia de la pena anterior, es porque se considera que ese precepto remite a las leyes que rigen la ejecución de las penas y, por ende, confían en producir efectos benéficos en los penados mediante el tratamiento en condiciones de encierro (artículo 1 de la ley nacional 24.660).

Con la reforma de la ley 23057 nuestro código recepta el sistema de "reincidencia real" que, según lo señalara Carrara, se funda en el fracaso del fin preventivo especial de la anterior pena padecida por el sujeto -finalidad en la que el tratamiento carcelario es sólo un aspecto- y, en ese sentido, excluye la posibilidad de declararla cuando sólo concurre alguna medida procesal que ontológicamente no reviste carácter punitivo. Por lo tanto, si en la concreta realidad no ha mediado tratamiento penitenciario, no se puede formular reproche por una rehabilitación que no se produjo y mucho menos aplicar más pena por esa situación. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Viajantes de comercio, comisión indirecta
Materia: LABORAL
Carátula: CIARAMELLA, NESTOR A. c/ FIGUER, MANUEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

La inversion de la carga de la prueba prevista en los artículos 10 y 11 de la ley 14546 cobra operatividad respecto de las comisiones indirectas, si al prestar declaración jurada el viajante describe la zona y nomina de clientes que posee. En estos casos no cabe exigir al trabajador que individualice operaciones que le son ajenas y de las que tiene pleno conocimiento, las mas de las veces, por las liquidaciones efectuadas por el empleador.
Empleo público, prescindibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: DANIELI DE ARIAS ELSA M c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. s/ EMPLEO PUBLICO-PRESCINDIBILIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-27

Del contexto probatorio resulta evidente que la autoridad educacional obró con estrecho criterio marcadamente discriminatorio y que precisamente en el caso particular de autos, al dar de baja a la actora, lo hizo por motivos ajenos a las razones de servicio alegadas en la resolución respectiva, luego ratificada y confirmada al rechazarse el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por la administración. Así la invocada razón de servicio ostenta carácter netamente sancionador, pues resulta evidente que obedeció al propósito de excluir a la accionante del cargo que ocupaba, a raíz de los hechos -y conceptos-originados en un reportaje, y artículo periodístico, que según está visto, "molestaron" a las autoridades educacionales.
Declaración testimonial, facultades jurisdiccionales, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: Navarro Castex, Jorge Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-08

La disidencia sostuvo que las expresiones vertidas por el querellante en sus declaraciones testimoniales podrían haber producido un perjuicio en contra de aquí querellantes o bien haber influido en la actividad jurisdiccional afectando la correcta administración de justicia, correspondiendo ahondar la investigación a fin de determinar si se ha configurado o no, el delito de falso testimonio. (Dres. Hornos, Borinsky, Gemignani -en disidencia)
Municipalidad, personal municipal, acto administrativo, nulidad absoluta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Preis, Alejandro Ramón c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 367-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

Habiéndose incorporado el actor a los cuadros del personal municipal sin concurso, examen o competencia previa y en una categoría superior a la inicial del escalafón, sin cubrirse los recaudos insoslayables establecidos en el Estatuto del Personal de la Municipalidad de Rosario (lo que permite afirmar que se vulneró la norma contenida en el nº 302 del aludido Estatuto, el cual prevé que "la designación de un agente para ocupar un cargo en la Administración Municipal por ingreso o por ascenso, estará viciada de nulidad cuando no se ajuste a las normas generales y particulares previstas en el Escalafón"), el decreto de ingreso aparece inficionado por un vicio insalvable, que lo torna nulo, resultando legítimo el acto que lo eliminó.
Juicio de menores, costas, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, H. s/ MENOR DECLARADO PENALMENTE RESPONSABLE. COSTAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-11

1) La imposición de las costas respecto del menor declarado penalmente responsable debe diferirse hasta la terminación del pleito, cuando se dicte la absolución o la condena del menor procesado. El hecho de no haberse explicitado de modo expreso el art. 689 bis, punto 2 del C.P.C. en lo referente a la imposición de las costas causídicas simultáneamente con el juicio de responsabilidad penal recaído sobre un menor, importa un impedimento para disponerlas en dicha oportunidad, debiendo en consecuencia regirse la cuestión por lo que mandan los arts. 29 inc. 3 del C.P. y 143 C.P.C.

2) La declaración judicial de responsabilidad penal no pone término a la causa al ser la antesala necesaria de la segunda decisión, por lo que no corresponde que se resuelva en ella sobre el pago de las costas procesales; máxime si se tiene en cuenta que el juzgador al dictar el segundo fallo puede prescindir del primer veredicto y absolver al menor cuando estima que es innecesario aplicarle sanción.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, recurso de casación, nulidad de sentencia, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, Ramón William s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Luciano Rojas en Expte. Nº 160/08 -Olmos, Ramón William -s.a. Homicidio Culposo -Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-26

El Juez Correccional de Primera Nominación condenó a R. W. O. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado (arts. 84, 2º párrafo, 2º supuesto del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión dejando en suspenso su cumplimiento (art. 26 del CP), con más siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo.

En defensa del imputado comparece el asistente técnico e interpone recurso de casación.

Denuncia que lo resuelto mediante Autos Interlocutorios Nº 86 y 87 del año 2013, contraría lo establecido por las normas que el código establece bajo pena de nulidad (art. 454 inc. 4º).

Un examen integral de las resoluciones cuestionadas, permite constatar que la construcción impugnativa se ha formulado reiterando idénticos argumentos a los ya expuestos al momento de plantear los incidentes en la instancia anterior; los que han sido considerados y han recibido respuesta concreta por parte de la jurisdicción.

En el caso, carece de sustento la censura de la defensa, en tanto los vicios denunciados no exhiben la idoneidad nulidificante, como lo adelantara, no pueden tener acogida favorable, puesto que se ha omitido su demostración y adecuada fundamentación. Es así, porque la sola alegación de que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, sin ofrecer nuevos fundamentos capaces de impactar favorablemente en la decisión del tribunal, no habilita la modificación de lo resuelto.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Actualización monetaria, índices de actualización, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: ZONAS S.A.C.I.F.I.A c/ CLARIA EDUARDO s/ LOCACION DE OBRAS Y SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-08

La actualización o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es cuestión reservada al prudente arbitrio judicial y si bien en su determinación no cabe apartarse de los índices oficiales, tampoco corresponde la sola aplicación de sus porcentuales sin tener en cuenta las particulares circunstancias de cada caso y especialmente la índole de los índices propuestos. En consecuencia, la decisión judicial que estima que una clase de ellos es la que mejor de adecua al caso concreto no puede ser desvirtuada solo porque su incidencia en el crédito sea mayor o menor y no mediando una norma que determine la aplicación de un índice exclusivo, la apreciación judicial no tiene restricción alguna.-
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, inadmisibilidad del recurso, emergencia sanitaria, coronavirus, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Coria Cabeza, Jorge Sixto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-16

Cabe rechazar el recurso de casación intentado por la defensa del procesado, fundamentado en que el detenido se encuentra incluido en el grupo de riesgo en relación a la pandemia del Coronavirus, contra la sentencia que denegó el pedido de arresto domiciliario, dado que la instancia anterior destacó que no se acreditó un grave riesgo actual para la salud del imputado y que, en función del informe médico realizado, se desprende que si bien se trata de una persona de 65 años con diabetes tipo II e hipertensión arterial, se encuentra bien controlado. Asimismo, a los efectos de valorar la reducción de la población en situación de encierro, el detenido no se encuentra en condiciones de obtener su libertad condicional y no se halla próximo a cumplir su pena, como así tampoco lo comprenden razones de género, ni se encuentra privado de su libertad por un delito menor; en consecuencia, las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad.
Poder de policía, Municipalidad, contribuciones especiales, inspección de terrenos baldíos
Materia: CIVIL
Carátula: ROCCA DE ROCCA MARIA LUISA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ PODER  DE  POLICIA  -  IMPUESTOS  -  INSPECCION  DE  TERRENOS BALDIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1943-08-02

La Municipalidad de la Capital tiene facultades legales dentro del régimen de las leyes 1260 y 5098, para cobrar contribución en concepto de inspección de terrenos baldíos.

Si la ley Nro. 12704 al establecer en el inc. 19 del art. 1, entre los recursos de la comuna, los derechos destinados a cubrir los gastos que demanda el ejercicio de los poderes de policía es, en esta parte, interpretativa o aclaratoria de las leyes anteriores.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palazzo, Antonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

El reclamo administrativo interrumpe el curso de la prescripción hasta que se dicta la resolución administrativa, momento a partir del cual comienza nuevamente a transcurrir el plazo de prescripción correspondiente.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E., H. O. c/ S., T. C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

Si es ostensible que el sentenciante de primer grado, ciñéndose al análisis de la falta de cohabitación de los esposos -causal objetiva de divorcio vincular que el actor no adujo como tal en forma explícita-, ha omitido toda decisión acerca de las dos causas que en la demanda se invocaron con miras a endilgar culpa al otro cónyuge, se configura una absoluta ausencia de tratamiento y juzgamiento de cuestiones esenciales, situación distinta de los "defectos" -vicios de forma- a que alude el art. 253 y de los "puntos omitidos" -aspectos mínimos del litigio- a que se refiere el art. 273.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, facultades del juez, iura novit curia, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Sazatornil, Vanesa s/ Aut. Adm. Actora s/ Aut. Adm. Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

El principio iura novit curia traduce la atribución del juez de aplicar el derecho que cree justo sin estar atado por los errores de planteo o invocación de los litigantes. Así, incumbe al magistrado, dentro del marco de referencia de las cuestiones debatidas en el proceso, suplir la ignorancia normativa de los contendientes, o, en su caso, subsanar el yerro u omisión cometidos por éstos al fundar normativamente sus pretensiones y defensa. Si bien el principio de congruencia veda al juzgador la posibilidad de introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa, ello no impide, sin embargo, la aplicación del derecho a los hechos acreditados. De tal modo, lo aquí resuelto se ajusta a lo solicitado pero prospera con base a otros fundamentos. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Tipicidad conglobante, inimputabilidad, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Victor Javier - Z., A. S. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-06-12

La imputabilidad, o no, no puede tomarse como regla general y aventurar que todos los psicópatas, son o no imputables, sino que es tarea del juzgador verificar ello en cada supuesto particular, y en base a las circunstancias del caso concreto.
Convertibilidad, ley de orden público, aplicación de la ley, ley vigente, Municipalidad, personal municipal, negociación colectiva, remuneración, liquidación, índices de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTO, ALBERTO RICARDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LEY 11.330 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 345 AÑO  2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10

No merece reproche constitucional lo sostenido por la Cámara, que consideró que, con la vigencia de la Ley de Convertibilidad, no puede aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1 de abril de 1991; por lo que no puede deducirse -en el caso- que la accionada pretenda prevalerse de una conducta que contraviene anteriores comportamientos en sentido contrario, dado que existe una norma expresa que viene a justificar tal circunstancia. Se advierte que la sentencia se hace cargo de lo peticionado por el recurrente, por cuanto sin perjuicio de los diferentes acuerdos a los que arribaron las partes (acta de compromiso y las actas ante la Secretaría de Trabajo, ajustes de sueldos acordados y recuperos), la causa que vincula a todos estos acuerdos está en un mecanismo de actualización que resultó a la postre inoponible por imperio de una ley de orden público.