marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, OSEP, bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

El régimen del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos establecido por Ley 5326/73, determina la obligatoriedad de sometimiento a la misma de los remunerados activos y pasivos estatales, sin que en el sub judice se haya desafiado la inconstitucionalidad del dispositivo por ninguna de las partes involucradas. A diferencia de otros regímenes vigentes en el país, nuestra Provincia impone legislativamente una obligatoriedad en el sometimiento al IOSPER de los agentes públicos, careciendo éstos dela posibilidad de opción por otro sistema. Ello trae como contrapartida la imposición de mayores obligaciones al instituto prestador, acorde con la cautividad impuesta a sus afiliados por el art. 3 de la citada norma, de otro modo se estaría marginando del carácter integral, necesario y totalizador que la seguridad social debe tener para asegurar a todos los adherentes obligados al sistema la asistencia médica acorde en caso de enfermedad.

Son más severas las exigencias a una obra social que tiene ligados a ella obligatoriamente a sus destinatarios que las que cabe admitir en las que existe libertad asociativa, ya que estas últimas autorizan periódicamente el cambio del ente prestacional que tutela el derecho del afiliado permitiendo a éste la elección dela que más le convenga.

No es cierto que no haya mediado por parte de la demandada violación a norma alguna. La lesión a los derechos fundamentales de la amparista, sus derechos humanos, aquellos que son inherentes a su condición humana como atributos inmanentes a la propia personalidad, es de clara percepción en el caso. Si esos derechos o libertades nacen con la criatura, no es la ley la que los crea sino la que se limita única y exclusivamente a reconocerlos a los fines de lograr a través de su explicitación.

La vulneración a ellos nace cuando se obliga a un sujeto a deambular por las dependencias públicas y/u ocurrir a la ayuda privada con el fin de lograr los recursos necesarios para obtener la asistencia adecuada a su enfermedad, no obstante "gozar" de los beneficios de una obra social que debe prestarle la cobertura necesaria en caso de enfermedad, porque ese peregrinar compromete gravemente la dignidad, la salud física y moral, la estima y la autovaloración del requirente. Tanto más ello es así cuando mensualmente aporta una cuota parte de su remuneración para contar con una obra social que le cubra sus contingencias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación de sentencias, secuestro extorsivo, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Iglesias, Leonardo Martín; BRAGA, Ariel Hernán y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Está debidamente fundada la condena por secuestro extorsivo si el a quo consideró el reconocimiento expreso efectuado por los imputados en cuanto a que ingresaron a la mueblería propiedad de la víctima y, luego de exigirle que les entregara una suma de dinero, lo retuvieron en un galpón y solicitaron a su familia un pago de dinero con el objeto de liberarlo, asimismo, indicaron que sustrajeron a la víctima distintas pertenencias y exhibieron armas de fuego.
Proceso judicial, aplicación de la ley, leyes, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Trusso, Francisco Javier s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

El sistema procesal instaurado por ley 11.922 prevé una clara divisoria en cuya virtud regirá respecto de los procesos iniciados a partir de su vigencia, mientras que las causas anteriores continuarán tramitándose según las normas de la ley 3.589, con excepción de los institutos mencionados por el art. 4º de la ley 12.059, cuyo enunciado no incluye el hábeas corpus.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, extinción del contrato de trabajo, partes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Battista, German Francisco c/ Transportadores Rurales Argentinos De Carreras s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Si bien la compareciente critica a la Alzada por desestimar la aplicación en los actuados del último párrafo del artículo 241 de la ley 20744, es de ver que sus objeciones en el punto resultan insuficientes en orden a desmerecer desde una óptica constitucional la respuesta brindada por el Tribunal al colegir que el distracto no se produjo en los términos de dicha norma, puesto que entendió que de aceptarse tal planteo, se habría visto modificada la intención vertida por el accionante, toda vez que los sentenciantes explicaron que el vínculo podría haberse extinguido de esa manera si hubiese cambiado la situación jurídica y fáctica del actor o si éste hubiese expresado su voluntad en contrario, lo que no se configuró en la especie. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 241, último párrafo.
Enfermedad accidente, indemnización, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Torrez, Matías c/ Lanera Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente Concha, José N. y Lidia Mandojana e hija s/ Homologación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06|1995-09-12

El cómputo de los intereses debe efectuarse a partir de la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad derivada de la enfermedad accidente que se indemniza.
Juicio de desalojo, intruso, desocupación del inmueble, medidas cautelares, desocupación inmediata, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ROSSI, Ricardo Rodrigo c/ PEÑA, Claudia Beatriz s/ DESALOJO OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-11

1- Si del estado alcanzado por las actuaciones sobre desalojo, como así también de lo actuado en la causa penal agregada al expediente, se encuentra controvertido el carácter de intrusos de los demandados, a los efectos de la cautelar contemplada en el art. 680 bis del CPCC, no puede tenerse por acreditada, prima facie, la verosimilitud del derecho, por lo que la concesión de la medida referida, no resulta viable.

2- La aplicación de la cautelar prevista en el art. 680 bis del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser restrictiva dado que el lanzamiento anticipado debe ser ordenado con suma prudencia, teniendo en cuenta los daños irreparables que se podrían producir de verificarse un lanzamiento en un proceso después rechazado, aun cuando se haya fijado una caución real.
Daño resarcible, daño moral, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: R., G. J. c/ Sol Naciente Seguros de Personas SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-27

Aun cuando no pueda afirmarse que el actor fuera víctima de mobbing, al haberse demostrado que fue pasible de un "trato desconsiderado u hostil" consistente en la aplicación de sanciones y la reducción del personal a su cargo, el que era derivado a otra área, todo lo cual tornó imposible la prosecución del vínculo laboral, debe admitirse el reclamo por daño moral por haber sido víctima de actitudes hostiles en el seno del desarrollo de sus tareas habituales, lo cual afectó su dignidad e integridad psicofísica.
Sentencia arbitraria, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Christian Norberto y Otro c/ Donzelli, Reinaldo Serafín y Otros s/ Daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

Es arbitraria la decisión del a quo que declaró inapelable la sentencia de primera instancia en razón del monto, con fundamento en que el interés comprometido no excedía el mínimo señalado por el art. 242, segundo párrafo del CPCCN, actualizado por la Corte mediante la acordada 16/2014, toda vez que según lo allí establecido, el monto mínimo debe computarse al momento de promoverse la demanda o reconvención y se aplica exclusivamente para las que se presenten desde la fecha de su entrada en vigencia. (Del Dictamen de la Procuración General al que remite la Corte)
Excarcelación, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, JUAN s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-30

No procede la excarcelación si la condena anterior que registra el procesado fue de efectivo cumplimiento, dado que la hipótesis de excepción a que alude el segundo párrafo del art. 27 C. Penal, sólo es aplicable cuando la primera condena también ha sido de ejecución condicional, por imperio del art. 26 C.P.
Impedimento o entorpecimiento del control aduanero, contrabando de estupefacientes, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Muñoz Puello, Roberto Leocadio y Otros s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Ante la posible configuración de un intento de vulnerar las funciones de control del servicio aduanero, y atento a que los tribunales orales en lo penal económico de esta ciudad tienen asignada la competencia en lo que atañe, específicamente, al juzgamiento de los delitos aduaneros cometidos en el área definida en el art. 1027 del Código Aduanero, corresponde que sea el tribunal oral en lo Penal Económico el que entienda en la causa. La disidencia sostuvo que corresponde continuar entendiendo en las actuaciones al tribunal oral en lo criminal federal, pues la conducta endilgada a los imputados no puede ser encuadrada en la figura de contrabando de estupefacientes prevista en el art. 866 CA, por cuanto la reserva de un pasaje con destino al exterior y el haberle hecho ingerir cápsulas conteniendo cocaína a un tercero constituyen meros actos preparatorios, y no acciones que importen el comienzo de ejecución del delito de contrabando, habida cuenta que aquél ni siquiera llegó a ingresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar el vuelo, o a emprender el trayecto hacia el citado aeródromo, sino que en su lugar se apersonó en una sede de la Policía Metropolitana para denunciar los hechos materia de investigación.
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vega, Gerardo Ramón s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-01-29

Conforme se ha señalado "de acuerdo a lo dispuesto por el art. 153 del C.P.C. y C., el período de feria judicial debe contemplarse como tiempo inhábil tornándose operativo, en consecuencia, el artículo 152 del mismo cuerpo, que autoriza la habilitación cuando se tratara de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces". Tratándose en autos del pedido de una medida cautelar, deducido por una empresa prestataria de un servicio de transporte público de pasajeros, con fundamento, precisamente, en que la demora en adoptar la medida solicitada, podría tornarla ineficaz, resulta procedente, en el presente caso, habilitar la feria judicial, a fin de considerar el recurso de apelación deducido.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vega, Aldo Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar.   Regulación de honorarios. Revocatoria (Expte. CSJ Nº 585- 99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

No puede prosperar la revocatoria interpuesta contra el auto regulatorio de los honorarios cuando el recurrente obvia toda consideración de la jurisprudencia de la propia Corte, que fundamenta el monto de la regulación, e intenta anteponer a ello criterios de Órganos inferiores que no se remiten específicamente al caso considerado. Amén de ello, y siguiendo los lineamientos de la causa "Bechis", la pretensión de reintegro merece una ponderación de su proyección económica equiparable a veinticuatro salarios, por lo que, al haberse expedido la cautelar sólo sobre dicho punto, la regulación efectuada resulta ajustada a las pautas mencionadas que, por otra parte, no han sido cuestionadas ni desvirtuadas por el recurrente.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, irretroactividad de la ley, manifestación expresa
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ DE RODRIGUEZ, MARINA c/ CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-15

La retroactividad de las leyes debe ser materia de texto expreso y no producto de una interpretación sobre la base del argumento a contrario, que puede conducir a resultados absurdos si no se lo utiliza con cuidado. Si bien el art. 19 de la ley 24028 no tiene una redacción muy feliZ porque parece mezclar conceptos procesales y de fondo, ante la duda, si existiera, habria que estar por la irretroactividad de la ley, principio éste íntimamente vinculado a garantías constitucionales, sin olvidar la vigencia del art. 9 LCT.
Derecho constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO NICOLAS DANIEL c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

Correspode confirmar la sentencia que declara la inadmisible de la acción de amparo deducida por la que se impugna el acto administrativo del Jefe de Policía de la Provincia mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial la cesación de los servicios del amparista para pasar a situación de retiro obligatorio, con encuadre legal en el art. 14° inc. k) de la Ley 1.131, toda vez asiste razón a la a quo respecto a que el acto administrativo impugnado no aparece como manifiestamente arbitrario ni ilegal desde el momento que la Ley 1.131 autoriza el pase a retiro del personal policial con carácter obligatorio (art. 13), siendo una de las causales para ello ser considerado "inepto para las funciones policiales del escalafón correspondiente" (art. 14 inc. k), encontrándose reconocido por el amparista que la Junta Médica ha determinado que no se encuentra apto para desarrollar tareas de seguridad en forma definitiva, autorizándolo solamente para cumplir tareas de tipo administrativo. [...]
Inadmisibilidad del recurso, defraudación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sosa, Alejo Fabian  c/  s/ defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-14

SE RESUELVE: I.- DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del recurso extraordinario federal deducido por los Dres. Ricardo Mendaña y Ezequiel Espina, en representación del imputado Alejo Fabián Sosa. II.- Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítanse las actuaciones a la Oficina Judicial de la Circunscripción que corresponda.
Acción de amparo, actos u omisiones de particulares, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CIVIL
Carátula: ACUÑA MARTIN Y OTROS c/ LIGA SANTIAGUEÑA DE FUTBOL Y /ORESPONSABLE s/ ACCION AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-28

Si en todo el marco dialogal del proceso, no se advierte que los actores hayan logrado demostrar en forma fehaciente la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el accionar del órgano demandado, y del que se deriva una ilegítima restricción de los derechos constitucionales alegados, ello obsta a la procedencia del Amparo articulado.-
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Argentino Ramón c/ S.B.E. S.A. y otros s/ Estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Aún cuando el sindicato no haya notificado correctamente la designación del delegado de obra al omitir denunciar la duración temporal del mandato, no resulta admisible la impugnación de la eficacia de aquella comunicación hecha por el empleador recién cuando el trabajador afectado reclame judicialmente el pago de la indemnización por transgredir su estabilidad sindical.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Hugo Ricardo s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

Resulta nula por quebrantar lo dispuesto por el artículo 98 inciso 7mo. del C.P.P. así como también violar los artículos 71, inciso 4to. apartado "b", y 262 del mismo texto legal, la sentencia que por no haber acreditado el denunciante el vínculo paterno-filial mediante la exhibición del respectivo instrumento probatorio, decreta la invalidez de todas las actuaciones de la causa, con excepción de aquéllas que constituyan pruebas irreproducibles.-
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ceravolo, Juan c/ Empresa de Transportes "La Cabaña" s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

El derecho personalísimo a la salud e integridad física y psíquica del individuo aparece protegido por el art. 1086 del Código Civil.

Cuando el delito duele por "heridas y ofensas físicas", es decir cuando alguien causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud según la doctrina del art. 89 del Código Penal. No sólo tiene cabida dentro de la norma el daño corporal sino también los trastornos o perturbaciones psíquicas producidas por un influjo físico o puramente espiritual.-
Denegatoria del recurso, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: I., R. c/  s/ lesiones leves (art. 89)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-19

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa a raíz de la declaración de improcedencia in limine de la solicitud de la suspensión de juicio a prueba formulada si el recurrente no logra rebatir lo resuelto en punto a que la petición fue formulada a pesar de que ya se había declarado abierto el debate y no logra justificar la excepción de que podría configurarse en el caso que permita solicitar la probation fuera del plazo (voto del juez García)
Alimentos, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GINER A. M. c/ BADALONI M s/ Alimentos (LIBRO: S066 - 114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-02-06

Dadas las características que debe revestir la obligación alimentaria en particular, para la fijación del quantum, no existe una fórmula fija, debiendo el juzgador ponderar las circunstancias propias de cada matrimonio. La obligación alimentaria debe fijarse pensando, no sólo las necesidades a cubrir, sino la aptitud del alimentante para llevar a cabo tal finalidad y la circunstancia de que la mujer tenga ingresos propios, no es obstáculo, ni libera al alimentante de su obligación de prestarle alimentos, aunque si puede ser un elemento de consideración para calcular su monto.
Derechos y garantías constitucionales, juicio correccional, deber de imparcialidad, recusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: IGLESIAS, Osvaldo Sergio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

El juez que ha intervenido en la instrucción, no se encuentra en condiciones de equidistancia respecto del hecho y las partes, para el desarrollo del juicio oral y la decisión final de la causa. Cuando existan elementos que puedan crear dudas sobre la imparcialidad del tribunal, porque en algún momento previo al juicio los jueces se pronunciaron sobre la culpabilidad del acusado se vulnera el derecho a un tribunal imparcial. La garantía de imparcialidad se refiere a la ausencia de perjuicio o favoritismo y significa que el juez no debe tener opinión formada sobre el caso que habrá de juzgar, y que no se encuentre contaminado por una intervención anterior en la causa.

Pese a que toda norma que se oponga al principio del juez imparcial (arts. 1 y 18 de la C.N.) debería ceder mediante la declaración de inconstitucionalidad del art. 31 de la Carta Magna, ello no resulta necesario, toda vez que el art. 27 C.P.P.N., que prescribe "el juez en lo correccional investigará y juzgará en única instancia", puede ser interpretado constitucionalmente, y ello es posible si se distingue la persona física del órgano que la representa. El juicio correccional se llevará a cabo en sus dos etapas ante un juez en lo correccional, con la salvedad de que no se tratará de la misma persona. Ambos magistrados investigarán y juzgarán en una única instancia (*).

Por ello, corresponde hacer lugar a la recusación del juez en lo correccional y remitir las actuaciones al magistrado de igual competencia que por sorteo corresponda (del voto del Dr. Gerome).

El concepto de "ley vigente" no se limita al C.P.P.N. sino que abarca la C.N. y los Pactos Internacionales con igual jerarquía.

Si los últimos garantizan el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial no puede desconocerse tal derecho por el hecho de que al Código Procesal se le hallan escapado algunos supuestos que implican una negación de la posibilidad de hacer efectivo el derecho y la inconveniencia de que una misma persona reúna los elementos necesarios para dar base a la acusación y después decida sobre ella, se plasma en el hecho de que el auto de procesamiento es ya una declaración jurisdiccional incriminatoria, aunque lejos de significar una condena. Ello trae como consecuencia la necesidad de que, a fin de proteger la imparcialidad del tribunal durante el juicio y la sentencia, el magistrado interviniente en la primera etapa del proceso sea apartado del conocimiento de la segunda (**).

Por tanto, a los efectos de aventar toda duda acerca de la imparcialidad del juzgador, toda vez que al tratarse de un proceso correccional la instrucción y sentencia se encuentran a cargo de un mismo juez, corresponde hacer lugar a la recusacion planteada (***) (del voto del Dr. Escobar).
Ejecución de sentencia, sentencia definitiva, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: PLANETARIO S.R.L. c/ GALVEZ RUIZ BLAS ALBERTO s/ PAGO POR CONSIGNACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CUADERNO DE  EJECUCION DE HONORARIOS) - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-24

Si bien en el trámite de ejecución de sentencia, las excepciones planteadas únicamente pueden fundarse en hechos posteriores al dictado del pronunciamiento -conf. art. 499 del C.P.C.C.-, dicho principio resulta aplicable cuando consiste en una sentencia definitiva que puso fin a un proceso en el que se debatió una cuestión de fondo. Pero, cuando se trata de regulaciones de honorarios en las que no se decide más que su monto, y nada se expresa acerca del derecho a percibirlo, ni sobre su procedencia, resulta coherente concluir que sólo en el momento de excepcionarse, puede el ejecutado aducir aquellos hechos anteriores a la fijación judicial de los estipendios.
Recurso contencioso administrativo, recurso de revisión (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CIA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ING RODOLFO JOSE CORNERO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    (RECURSO DE REVISION) (CSJ EXPTE N. 107-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

La mera alegación de que el Tribunal habría ignorado un régimen normativo -en el caso, reglas técnicas en materia de seguridad estructural en las construcciones civiles de seguimiento obligatorio en el régimen nacional- no sirve para demostrar que, la sentencia se dictó sobre presupuestos de hechos falsos o erróneos. Si su aplicación hubiera sido procedente en el ámbito provincial a la fecha de la contratación de la obra pública, no podría invocarse desconocimiento de su existencia; en todo caso, se trataría de prescindencia de disposiciones jurídicas que no habilitan el recurso de revisión en el Recurso Contencioso Administrativo.