Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-05


Expte. Nº 6576 "c/ N.N. por delito contra la integridad sexual e/p de N.N.; N.N. y N.N. S/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a cinco días del mes de	octubre del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO: Contra la resolución dictada por la Sala Segunda de la Cámara en lo Penal y Correccional en fecha 10 de julio de 2.015 interpone recurso de casación el Dr. Eugenio Eduardo Flores, en su carácter de defensor del encartado N.N.

El decisorio atacado -que obra a fojas 402/403 vta.- dispuso tener por desistido el recurso de apelación de la defensa (que fuera incoado oportunamente contra el auto de procesamiento y la prórroga de la prisión preventiva decretados contra el nombrado N.N.) de conformidad a lo dispuesto por el artículo 571, segundo párrafo, del Código Procesal Penal.

La referida resolución hizo hincapié en que el escrito de fundamentación de la apelación de fojas 371/376 carecía de la firma y como tal resultaba inexistente. A partir de allí, el recurrente -a fojas 417/418 vta.- se agravia y en su casación esgrime básicamente que la omisión de firma debió ser advertida en la mesa de entradas del tribunal o en la secretaría, disponiendo lo pertinente para su debida y oportuna subsanación.

Que no se trataría de un acto inexistente su presentación sin firma sino que del mismo resultaba evidente la voluntad impugnativa a fin de revertir las decisiones dictadas en primera instancia.

Seguidamente invoca copiosa normativa del Código Civil referida a los actos jurídicos y su anulación, para finalmente solicitar se haga lugar al recurso y se le dé trámite a la apelación.

A fojas 420/421 el recurso fue concedido por el A quo. Una vez radicada la causa en esta instancia, las partes fueron debidamente citadas para formular sus presentaciones. La parte querellante (fojas 432) y el ministerio público fiscal (fojas 435/437 vta.) se pronunciaron por el rechazo del remedio intentado. Mientras que la defensa (fojas 441/442) reiteró su pretensión. Así las cosas, corresponde dejar sentado que el recurrente con su forma de impugnación no se hace cargo de rebatir adecuadamente y con fundamentos jurídicos las razones dadas por el tribunal de apelación para avalar el desistimiento que tuvo por operado.

Adviértase que en la casación articulada de ninguna manera se logra demostrar la sinrazón de lo ya decidido. Tan solo se expresan ideas discrepantes pero sin un fundamento sólido y ajustado a la normativa que resulta de aplicación.

Sabido es que el cumplimiento de las formalidades dentro del proceso penal no atentan contra el derecho de las partes, sino que su instauración es precisamente para su salvaguarda.

Así lo tiene dicho nuestra Corte cuando sostuvo que las normas procedimentales no atentan contra el derecho de todo imputado de que las resoluciones que a su respecto se dictan en un proceso sean revisadas por el tribunal superior, pero sí son condicionantes del ejercicio de tal derecho a los fines de no afectar el debido proceso y la defensa en juicio (cfr. PRE S.2ª 2005 -III- 417).

Además de que la torpeza de las partes no puede ser suplida por el tribunal (cfr. PRE S.2ª 2005 -II- 397).

Un escrito judicial sin firma no tiene validez en ningún sentido y como tal debe reputárselo inexistente para el proceso. Razones de simple lógica así lo aconsejan, puesto que nadie se aventuraría a sostener que una confesión sin la firma de su deponente pueda serle atribuida para generar efectos jurídicos en su contra.

Y si el acto de fundamentación de la apelación -que se cumplió deficientemente por carecer de un recaudo elemental- es inexistente y no produce efecto alguno la lógica consecuencia es dar por desistida la voluntad recursiva a la luz de lo normado por el artículo 571, segundo párrafo, del código ritual penal. Bajo tales ideas y conceptos, considero que la resolución dispuesta por la Sala Segunda de la Cámara Penal a fojas 402/403 vta. se ajusta a derecho y merece plena convalidación, desechándose el recurso de casación interpuesto en su contra. Así voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de N.N. II) Protocolícese el original, notifíquese a quienes corresponda y bajen los autos al inferior. Fdo. Dres. Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante Mí; Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6576 AL PRE S2º 2015-III-562.