marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, competencia contencioso administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rosas, Rodolfo y otro c/ Provincia de Santa Fe s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad (Acción declarativa de   certeza). Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 252-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

El hecho de que la satisfacción de la pretensión planteada en un reclamo judicial, suponga inexorablemente la declaración de inconstitucionalidad de una ley -que la Administración está, salvo casos en extremo excepcionales, obligada a aplicar-, no desplaza la concurrencia de materia contencioso administrativa, ni la competencia de la Corte en dicha materia. Es que el control de constitucionalidad de las leyes no priva a la materia de su carácter de contencioso administrativa, ni la transforma -automáticamente- en "materia constitucional", lo que no es utilizado en nuestro sistema como criterio de atribución de competencia material.

Entender lo contrario marginaría al tribunal de lo contencioso administrativo del sistema difuso de control de constitucionalidad y acarrearía la disvaliosa consecuencia de que la legitimidad de los actos administrativos constituiría materia de su competencia, pero no, sin embargo, la ley en la que ellos se fundan.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

La experiencia histórica ha demostrado que las constituciones a las que se les da un sentido nominal y semántico, son prácticamente nulas en eficacia real, ya que aunque el texto legal esté perfectamente arbitrado y regulado, puede resultar no sólo políticamente sarcástico, sino científicamente peligroso, por la clara y sencilla razón de que la Constitución no es sino la expresión jurídica de un sistema de valores a los que se pretende dar un contenido histórico y político, por lo que su interpretación por la Justicia Constitucional debe realizarse y entenderse desde dicha perspectiva.
Despido, antecedentes personales
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas, Juan Carlos c/ Transportes Malvinas S.R.L. s/ Indemnización por despido, preaviso Actis, Carlos Ramón c/ Papelera Pedotti S.A. s/ Despido Jasid, Alberto Angel c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05|1992-02-18|1991-04-16

Ante un hecho actual que lo determine no es óbice para que se repute justificado el despido del dependiente la ausencia de antecedentes disciplinarios de aquél.
Derecho procesal, competencia, competencia federal, fraude a la Administración Pública
Materia: CIVIL
Carátula: Denuncia formulada por el Sr. Intendente de la Ciudad de San Pedro de Jujuy E. F. Z. - San Pedro s/ incidente de apelación interpuesto de San Pedro de Jujuy E. F. Z. - San Pedro s/ incidente de apelación interpuesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-03-28

Es competente la Justicia Federal para entender en la supuesta comisión del delito de defraudación cometido por un grupo de trabajadores municipales que denunciaron a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y percibieron indemnizaciones cuyas sumas provenían del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales -Decreto Nacional N° 590/1997-, produciendo el aumento del valor de la alícuota del seguro, puesto que si bien la defraudación se habría cometido en el territorio de la provincia, fue en perjuicio de rentas nacionales, y el aludido detrimento en las arcas municipales ocasionado por el aumento de las primas cobradas por la Aseguradora, solo sería una consecuencia del delito en cuestión.
Seguridad social, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, control de razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DELLA   SAVIA,   HAYDEE  IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste  pormovilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-22

A la exhortación del Alto Tribunal consistente en que "no sólo la emergencia no aleja, sino que acentúa el control de constitucionalidad" (cfr. "Russo, Ángel y otra c/ C. de Delle Donne, E.", Fallos 243:467), ha de agregarse -y con el mismo énfasis- que del principio de supremacía constitucional también se deriva la siguiente directiva: "la intensidad del ejercicio del control de constitucionalidad deviene directamente proporcional a la trascendencia institucional que reviste la norma que declara y/o reglamenta la emergencia"; es decir, que cuanto mayor fuese la jerarquía de esta norma de excepción, mayor debería ser la intensidad del control de constitucionalidad que ejercieran los jueces sobre ella en resguardo de la supremacía de la Constitución Nacional. (Del voto del Dr. Herrero).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo de temporada, trabajadores rurales
Materia: PROCESAL
Carátula: CORONEL, GERONIMO B c/ COMPAÑIA CONTINENTAL SACIM s/ DEMANDA LABORAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PONCE, JORGE DARDO c/ COMPAÑIA CONTINENTAL SA s/ DEMANDA LABORAL LEY 7945     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FIGUEROA, GABRIEL A c/ COMPAÑIA CONTINENTAL SACIM s/ DEMANDA LABORAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14

No es admisible el recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, si a pesar de invocar supuestos de una presunta arbitrariedad (interpretación irrazonable de la normativa de aplicación a la realidad fáctica del caso y autocontradicción), de la confrontación de los agravios con la sentencia impugnada surge que, pese al matiz constitucional que el recurrente aspira a otorgarle, se vincula con el sentido y alcance atribuido por los miembros del órgano jurisdiccional colegiado sobre los extremos fácticos antecedentes del litigio, en orden a delimitar si en la relación laboral que vinculó a las partes, las tareas efectuadas por el actor importaban la existencia de un contrato de trabajo de plazo indeterminado (de temporada) sostenido en el régimen de la ley de contrato de trabajo, o del normado por la ley 22248 que reglamenta la actividad laboral agraria, ámbito reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.
Recurso extraordinario, juicio sumario en tiempo de paz, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMPS, RAMON J. s/ DECRETO 158/83 Y ART. 502 DEL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

El recurso extraordinario no es la oportunidad de tratar en profundidad lo atinente a la falta de comprobación de los requisitos de aplicación del art. 502 del Código de Justicia Militar, pues la invocación de arbitrariedad o desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la exigencia de pronunciamiento definitivo.
Proceso penal, imputado, libertad provisional, antecedentes penales, competencia de menores, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., J. A. s/ Hurto calificado - Daño calificado - Resistencia a la autoridad -  Incidente de libertad provisional (Expte. Nro.  938-00, Resolución Nro.  191, Tomo 56, Folio 374)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-07

La proclibilidad delictiva evidenciada en la biografía del imputado, las expectativas que generan las acusaciones en los procesos ante la justicia minoril (dos causas por robo calificado por uso de armas y una por resistencia a la autoridad, con requisitoria de elevación a juicio), que permitirán vislumbrar que en el hipotético supuesto de imponérsele pena, la misma podrá corresponder a la escala reducida en el grado de tentativa, lo que conformaría un pronóstico mínimo de dos años y medio a diez de prisión, decisión que sería inminente atento el estado de tales causas en las que se ha dictado la providencia de autos para sentencia, constituyen elementos suficientes para concluir que en caso de obtener en esta oportunidad su libertad, el encartado intentará eludir la acción de la justicia.
Recurso de casación, recurso directo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: HILLAR NESTOR c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-04

A los fines de la procedencia del recurso directo resulta necesario que el impugnante rebata todas y cada una de las razones dadas para la denegatoria, requisito que no se cumple ya que el impugnante se limita a sostener que el decisorio "carece de contenido legal" sin dar motivos en función de los cuales se daría dicha "carencia".

Los motivos del recurso de casación deben exponerse con sus fundamentos en forma separada (art. 46 Ley 7182).-
Recurso de casación, honorarios
Materia: PENAL
Carátula: BRUNET ANTONIO F. s/ BRUNET ANTONIO F. s.d. HOMICIO CULPOSO e.p. DE ARMANDO CARPIO PAZ -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-08-15

La discrecionalidad del juez en la elección del porcentaje para la regulación de honorarios del abogado dentro de los limites normativos, es cuestión no revisable en la casación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Salud pública, personas con discapacidad, principio protectorio, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA, MONICA B. c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-27

En las particularísimas circunstancias de la causa, tratándose de un supuesto de un menor y afectado por una incapacidad, la permanencia de dicha situación llevaría implícita la persistencia de la afectación y del gravamen por desconocimiento de normas tuitivas e inderogables que lo protegen, todo lo cual habilitaría la posibilidad de reeditar y ventilar un nuevo proceso con los mismos fines protectorios, situación ésta que impone superar el yerro de la representación del menor, dando preeminencia a la apertura de esta instancia de excepción a fin de resguardar -a todo evento- la finalidad tuitiva y que -en su caso- se dicte una solución sobre el fondo de las cuestiones involucradas. Dicho criterio, por lo demás, guarda correspondencia y se apoya en precedentes del Máximo Tribunal de la Nación (CSJN:."Schenone, Carlos", del 3.10.2006).( de la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Contrato de transporte, responsabilidad de la empresa ferroviaria, obligación de seguridad, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: ORO, Pedro Ricardo c/ EFEA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-07

El art. 184 del Cód. de Comercio es una norma severa para con la empresa de transporte y, por ello, un criterio semejante debe presidir la interpretación de las causales de exculpación que dicha disposición contempla; rigor que se funda en la intención del legislador de inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto a la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, la capacitación y buen desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos en amparo de posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio, en la mayoría de los casos, si tuvieran que probar la culpa del transportador.

El supuesto de culpa de un tercero por quien la empresa de transporte no sea civilmente responsable, previsto en el art. 184 del Cód. de Comercio, constituye en sustancia un modo particular de caso fortuito, de suerte que su admisión como eximente exige que tal hecho se muestre imprevisible. Al resultar notoria la reiteración de conductas antisociales, delictivas, en el medio ferroviario, que concluyen generalmente provocando víctimas entre los pasajeros, no puede sostenerse que tales hechos sean imprevisibles o inevitables, considerándose que adecuadas medidas de prevención y vigilancia contribuirían, cuando menos, a reducir la posibilidad de su ocurrencia.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cambio jurisprudencial, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: AGUIRRE, PONCIANO RODOLFO POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-09-09

En virtud de la solución arribada y de que la misma implica un cambio de criterio jurisprudencial obligatorio de esta misma Sala, a tenor de lo dispuesto por el art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales, el cual fuera seguido expresamente por la alzada en el fallo en crisis, las costas de las instancias inferiores, respecto de la litis trabada entre la actora y la demandada, en un todo de conformidad con lo establecido por el art. 68, 2 párrafo del CPCC, deben readecuarse, imponiéndose por el orden causado. Las de esta instancia, por el citado remedio, atento lo decidido y no habiendo la contraria sostenido la sentencia impugnada, corresponde se impongan por su orden, conforme criterio adoptado por esta Sala a partir de Sentencia Nro. 06/80..-
Condena penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Grégori, Dante Alberto s/ Recurso de Casación en contra de Sentencia Nº 13/2009 recaída en causa Expte. Nº 166/07 caratulada: "Grégori, Dante Alberto p.s.a. Abuso Sexual Simple Agravado, etc. - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-18

La arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal.

No habría allí fundamentación de la pena impuesta" (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).
Calificación legal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: CARRICABURO, Rodolfo Ángel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

El pronunciamiento, en cuanto a la materialidad de los hechos y la calificación legal subsumida cumplen con los recaudos de motivación exigidos por los artículos 123 y 404 inciso 2°) del ordenamiento ritual, pronunciamientos que cuentan con fundamentos sólidos y contundentes para arribar a un juicio de incriminación penal, con el grado de certeza requerido para esa etapa procesal.
Revocación de sentencia, admisión del querellante, AFIP, sentencia arbitraria, trabajo infantil, Seguridad social, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: AFIP s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

Corresponde revocar la resolución impugnada y su antecedente necesario y tener como parte querellante a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la presente causa toda vez que, en el contexto procesal reseñado y con ajuste a las particulares circunstancias de autos, se advierte que lo afirmado por el a quo en orden al alcance del objeto de investigación y al consiguiente rechazo de la calidad del damnificado del pretenso querellante en el caso en examen, resulta arbitrario. Tal como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, en el caso de los delitos denunciados en autos -se habrían cometido delitos relativos análogos al trabajo infantil, trata de personas e infracciones al art. 148 bis del Código Penal- no se puede sostener que no resulte afectada la integridad de los recursos de la seguridad social y, con ello, que sea también el Estado particular ofendido por dichas conductas, como titular de la hacienda pública; supuesto en el cual la ley lo faculta a constituirse en parte del proceso como querellante (arts. 82 del C.P.P.N. y 23 de la ley 24.769).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: RAMON ANDRADE c/ EMPRESA BOSIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-03-31

Si en un juicio de da/os y perjuicios, la pretensión de cierto grado de culpa en el actor recién es insinuada por la aseguradora en su alegato en primera instancia, pero no formó parte del debate litigioso y de la postura defensiva de los accionados, por lo que la misma resulta extemporánea, no puede el juez avanzar sobre la posibilidad de culpa de la víctima pues ello implicaría transgredir el principio de congruencia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Kang, Yong Soo s/ causa Nº 5742.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

El pronunciamiento que anuló la sentencia absolutoria y dispuso el reenvío de la causa a otro tribunal oral para la realización de un nuevo juicio, no constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Carlos S. Fayt).
Locación de cosas, vencimiento del plazo, obligaciones del locador
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO AV. CALLAO 455 c/ KARAKATSANIS JUAN s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Vencido el término del contrato de locación y reclamada la restitución del inmueble no cesa la locación ni la obligación de pagar los alquileres, y el locador tiene derecho al reclamo de los daños y perjuicios contra los obligados a su pago por el uso y goce de la cosa locada posterior al vencimiento del contrato y al pedido de restitución, aún cuando no haya hecho reserva de reclamarlos al percibir los alquileres de los períodos correspondientes a esos daños.
Exención de tasa de justicia, proceso judicial
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: La Plata Cereal Co. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

De los términos de la excusación prevista en el art. 13 inc. d de la ley 23.898 surge de modo implícito aunque inequívoco que se refiere sólo a los procesos que tramitan exclusivamente en el fuero penal judicial en tanto que en los supuestos aludidos queda comprendido en la norma general que contiene el art. 3 inc. g de la ley citada (Sala IV in re "Prieri" del 30-4-91).
Aportes previsionales, depósito tardío, cancelación de deudas, aplicación de la ley, intereses, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INTERNACIONAL COMUNICATION SYSTEMS INCORPORATED c/ C.A.S.F.P.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

No puede considerarse que el depósito de las sumas en concepto de aportes y contribuciones efectuado con posterioridad a la fecha en que debía cumplirse la obligación tenga el carácter de pago cancelatorio pues no reúne el requisito de integralidad. Ello es así pues las normas aplicables al caso son claras en el sentido de que el no cumplimiento en término de la obligación da derecho al acreedor al cobro de intereses, recargos y compensación por depreciación monetaria (cfr. C.S.J.N., sent. del 22.04.86, "U.O.M.R.A. c/ Kelmar S.A.C.I.F.").
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL
Carátula: Giarrizo López, Ricardo José c/ Ruade SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-16

1. En una acción donde se persigue el cobro de los daños derivados del incumplimiento de un contrato de compraventa automotor por parte del vendedor y del fabricante, resulta improcedente que el mentado concedente pretenda eximir su responsabilidad con base en la inexistencia de vínculo con el pretensor.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, embargo, gravamen irreparable, proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DAVIDOVICH, ALBERTO JULIO s/ LESIONES CULPOSAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 319-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-18

El auto que decide impugnaciones sobre embargos, no es susceptible de constituirse en objeto procesal de la vía extraordinaria, por no ser sentencia definitiva ni haberse demostrado que provoque un gravamen irreparable; máxime si se omite por la actora civil toda consideración acerca de lo expresado en la resolución, en el sentido de que su parte tenía facultades de pedir la ampliación de la medida con la contracautela correspondiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 333 del Procesal Penal en el caso, la quejosa -actora civil en proceso penal-, se agravia por el embargo trabado al imputado en el auto de procesamiento. La sala le negó poder para tal impugnación agregando que si lo consideraba insuficiente le quedaba la posibilidad de pedir la ampliación de la cautelar.
Despido, indemnización por despido, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Ysaguirre, María Angélica y otros c/ Alvarez de Ceratto, Marta y otro s/ Despido-Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-09-23

La finalidad principal de la llamada "ley de empleo" no es la de procurar indemnizaciones a los empleados, sin que ellos cumplen una función instrumental tendiente a la obtención del objetivo buscado:la regularización laboral de los trabajadores.-
Ejecución de sentencias contra el Estado, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Puppo, Jorge Bernardo c/ M.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La realidad, siempre proteica, lleva a no interpretar la ley en el sentido de la automática suspensión, por el plazo de dos años, de la exigibilidad de todos los honorarios devengados en juicios contra el Estado Nacional y los entes descriptos en el art. 1ro. de la ley 23.696 (art. 50). En primer lugar, no se comprende que sea lícito y justo privar en todo caso temporalmente y sin estudiar las referencias concretas, de los emolumentos que provienen del trabajo personal, y que tienen carácter alimentario, enriquecido por los conocimientos específicos del título habilitante y por la experiencia sobre las materias propias del proceso de que se trate Además, es frecuente que muchos letrados se especialicen en determinadas ramas del derecho, aplicables a los juicios contra el Estado o sus reparticiones autárquicas, con exclusividad tal que la suspensión que emana de una apariencia literal del art. 50 de la ley mencionada equivaldría en algunas situaciones a la privación de los medios de vida.

La contradicción -solo aparente- entre la parte final del art. 50 de la ley 23.696, en cuanto declara "comprendidos en el régimen del presente capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios... contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo" y el inciso "e" del art. 54, que sienta como excepción a "toda prestación de naturaleza alimentaria", debe ser resuelta en favor de la excepción, en tanto los honorarios devengados del caso concreto puedan juzgarse como realmente alimentarios.