Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18


Comodoro Rivadavia, dieciocho de septiembre de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C., P. A. c/ J. C., R. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nro. 16.495/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría Nro. 1 (Expte. Nro. 572/2006).

I.- Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto, a fs.436, por la parte demandada contra el auto de fs. 430 que desestima la impugnación que efectuara a la liquidación presentada por el actor obrante a fs. 408.

A fs.438/439 se agravia el recurrente. Considera que la aprobación de la liquidación dispuesta por el a quo resulta arbitraria toda vez que no da los fundamentos por los cuales rechaza la impugnación. Indica que prescinde de aplicar el art. 166 del CPr., sin tener en cuenta que el fallo dictado incurre en error numérico que puede ser corregido durante la etapa de ejecución de sentencia. Señala que el error radica en el rubro indemnizatorio gastos de internación clínica, farmacia y medicamentos, debiendo calcularse sólo el 70% del mismo en atención a la distribución de responsabilidad efectuada en la sentencia. Hace mención a lo resuelto en la instancia anterior y transcribe párrafos del decisorio de fs. 331/358vta., que a su entender avalan su posición.

Son incontestados los agravios por la parte actora.

II.- Con el objeto de resolver la cuestión traída a debate, previo al análisis de los agravios impetrados se impone tratar el origen de la misma. Habrá entonces, que recurrir a los fundamentos del pronunciamiento para determinar la verdadera extensión de la cosa juzgada conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil" t.1 pág.517; JA. 1985-II- pág.474".

En el presente caso, la sentencia dictada el 1° de junio de 2006, por este Tribunal de Alzada, hizo lugar los agravios expresados por la demandada respecto de los rubros de condena -lucro cesante, incapacidad o disminución de integridad física y daño moral, quedando firme -por no haber sido admitido el agravio- la atribución de responsabilidad en el evento dañoso -30% el actor y 70% el demandado-, la tasa de interés, y el monto indemnizatorio por gastos de internación clínica, farmacia y traslado, -por no haber sido apelado.

En consecuencia se condenó a abonar la suma de $31.800 con más sus intereses y "en la forma prevista en la sentencia de primera instancia". Esto es, al cálculo a la tasa activa del Banco C. y en el porcentaje de responsabilidad que a cada parte se atribuyó.

Sabido es que ".una sentencia es un todo compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias, de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del Juez debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo juez ha dicho al fundar su resolución."(SCBA Ac.ySent.1990-II-310 y ss.). Por ello, la omisión de consignar en la parte dispositiva de la sentencia el monto correspondiente al 70% de $31.800, tal extremo surge indubitable de las motivaciones que forman parte integrante de aquella en que se trató el agravio del demandado respecto a la atribución de responsabilidad.

III.- Aclarado ello, corresponde adentrarnos en las cuestión apelada, esto es, la aprobación de la liquidación efectuada por la actora a fs. 408 y vta.

Sabido es que la planilla de liquidación del juicio debe ajustarse exactamente a lo ordenado en la sentencia, siendo, en consecuencia, la expresión numérica de aquella. (Cám.2ºCiv.Com.Cba.-11/02/2002).

En tal sentido, la pretensión de la actora, de reclamar íntegramente el capital de condena de $31.800, revela un claro desajuste respecto a las constancias de la presente causa. Y su aprobación por el a quo, un apartamiento de los términos de la sentencia dictada que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Aun cuando el recurrente sólo se refiera al 70% del rubro por gastos de internación clínica, sabido es que el Tribunal tiene amplias facultades para no cohonestar una liquidación que se encuentre viciada con errores de cálculo o aritméticos rectificables (CSJN 20/4/89, LL 1989-E-77) y que la falta de cuestionamiento no es inconveniente para que los jueces aplicando el principio iura novit curia, controlen si los reclamos efectuados por las partes se adecuan a las normas jurídicas vigentes y si éstas le reconocen el derecho por cuyo reconocimiento reclaman ya que el juzgador tiene no sólo la facultad sino también el deber de dirimir los conflictos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad crítica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (STJCh S.R.E. Nro. 11 5/5/00 autos: "A. , F. C. c/ S. I.C.S.A. y/u otros s/ Demanda Laboral" Expte. Nro. 16.601).

Desde tal punto de vista la aprobación de la liquidación que efectuó el a quo a fs. 430 no puede admitirse.

Atento que de los fundamentos de la sentencia de cámara, este tribunal dio tratamiento y decisión a la cuestión relativa a la atribución de responsabilidad, distribuyéndola en los porcentuales determinados por el a quo, la disposición no puede tener más que un alcance: el monto de condena total asciende a la suma de $31.800 y al haberse dispuesto que deberá pagarse en la forma dispuesta en la sentencia de grado, no cabe otra conclusión que el capital de condena señalado y actualizado conforme la tasa de interés establecida, deberá reducirse en un 30%, porcentaje a cargo de la actora ejecutante y no sólo el rubro por gastos de internación cómo sostiene el recurrente.

Es por ello que corresponde, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto y revocar el auto de fs. 430, debiendo el actor practicar nueva liquidación en la instancia de grado, conforme los parámetros señalados.

IV.- Atento cómo se resuelve, costas y honorarios deben readecuarse por imposición del art. 279 del CPr.

Las costas de la instancia de grado serán impuestas al actor (art. 68 del CPr.) atento que no existen motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota. Las de la Alzada en atención a cómo se resuelve y los fundamentos dados por el recurrente, deben ser soportadas por su orden (art. 68 2do. párrafo). A los fines de la regulación de honorarios del incidente se tendrá en cuenta el resultado obtenido, la trascendencia y eficacia de la labor profesional desarrollada en función de los porcentuales y mínimos previstos por el art. 33 de acuerdo al monto cuestionado en la instancia anterior y pautas del art. 14 del Dto. Ley 2200 y sus modificatoria Ley 4335 para los trabajos realizados en esta Alzada.

Por ello, la Sala B, de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 436, y en consecuencia, por los fundamentos dados, revocar el punto 1) del auto de fs. 430.

2)Disponer que en la instancia de grado se practique nueva liquidación conforme lo señalado.

3)Costas de la primera instancia por el incidente de impugnación a la actora vencida. Regulando los honorarios profesionales de los Dres. R. Y. de S. y S. E. T., conjuntamente, en la suma de pesos ochenta ($80) y los del Dr. M. H. P. D. en la suma de pesos cien ($100).

4)Costas de la alzada por su orden. Regulándose lo honorarios del Dr. M. H. P. D. en la suma de pesos setenta ($70).

5)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por cuatro vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Marta Susana Reynoso de Roberts, Presidente Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

Fernando Nahuelanca, Juez de Cámara.

Julio Antonio Alexandre, Juez de Cámara.

REGISTADA BAJO EL N° 168 DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS