Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-17


Salta, 17 de marzo de 2016.	(Tomo 204: 459/468) Y VISTOS: Estos autos caratulados "ARIAS, MILAGRO DEL CARMEN VS. PROVINCIA DE SALTA (EX BANCO PROVINCIAL DE SALTA) - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 37.530/14), y	___________________________CONSIDERANDO:	1º) Que contra la sentencia de fs. 46/50 vta. que rechazó el planteo de prescripción e hizo lugar a la demanda, ordenando a la Provincia de Salta la entrega del certificado de trabajo por el período comprendido entre el 26/05/93 y el 04/01/96, las indicaciones pertinentes que establece la norma sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, todo en el plazo de treinta días bajo apercibimiento de aplicación de condenas conminatorias en caso de incumplimiento, interpuso recurso de apelación el Estado Provincial a fs. 53.	Para resolver como lo hizo, la juez de grado, en lo esencial, consideró que la pretensión dirigida a obtener el reconocimiento de los servicios prestados en el ex Banco Provincial de Salta y el pago de los aportes y contribuciones patronales del sistema de la seguridad social no se encuentra prescripta pues tales obligaciones a cargo del empleador son imprescriptibles en una interpretación armónica del sistema integrado de jubilaciones y pensiones -Ley 24241- y el art. 80 de la LCT -Ley 25345-.	De tal modo, valoró la magistrada que frente a la sentencia con valor de cosa juzgada registrada en Tomo 63:001, donde esta Corte hizo lugar al planteo de la actora de percibir la indemnización prevista en el art. 3 de la Ley 12637, modificada por Ley 18598, ap. II, inc. "b", y corrigió el punto I de la sentencia de primera instancia declarando el derecho de aquélla a cobrar salarios caídos hasta el 04/01/96 por cuanto el período de licencia gremial constituye periodo de trabajo a todos los efectos salvo para determinar promedio de remuneraciones, corresponde tener al periodo reclamado como fecha de prestación de servicios y antigüedad computable de la relación laboral.	Al expresar los agravios (fs. 66/68 vta.), la Provincia de Salta sostiene que no puede colegirse que la acción tendiente a obtener la certificación es imprescriptible cuando en realidad se reclamó el reconocimiento judicial de servicios nunca prestados en forma tangencial, a través de la aludida certificación. Dice que no se analizó debidamente la sentencia de fs. 394/395 vta. del Expte. Nº 394/94 del juzgado de origen donde al declararse la caducidad de la segunda instancia, quedó firme lo dispuesto a fs. 348 y determinó, en su criterio, la improcedencia del reclamo de autos.______________________________________________________________	Continúa señalando que la cesantía ocurrió en la fecha determinada por la Resolución Nº 52 del 26 de mayo de 1993, más allá de que la actora percibiera una indemnización calculada en el referido lapso y que la pretensión relativa a trocar ese tiempo en "servicios prestados", era materia de una acción especial, la que -advierte- ha prescripto.	En definitiva, afirma que no es posible cotejar la prestación de un servicio no cumplido, ni siquiera reconocido y que la reapertura del debate quedó clausurada, agotada, con las actuaciones judiciales conexas y la prescripción operada consecuentemente a la caducidad procesal allí declarada.	A fs. 73/76 vta. contesta el traslado conferido la parte actora.	A fs. 78/79 vta. se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 por la confirmación del fallo apelado en mérito a los argumentos que allí explicita.	2º) Que cabe tener presente que en los autos caratulados "Arias de Cóppola, Milagro del Carmen vs. Banco Provincial de Salta -Apelación-", Expte. Nº 20.184/98 de esta Corte, por sentencia del 9 de octubre de 1998, frente a la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de la Resolución Nº 52/93 del Interventor de la demandada y condenado a la Provincia de Salta al pago de los salarios que le hubiera correspondido percibir a la actora por el período comprendido entre el 26 de mayo de 1993 al 1 de marzo de 1996 se resolvió, en lo que aquí interesa, su confirmación, dejando establecido que los salarios se debían hasta el 4 de enero de 1996, fecha de vencimiento de su mandato gremial.	Sentado ello, en primer lugar corresponde abordar el agravio relativo a la defensa de prescripción rechazada en la anterior instancia.	Al respecto, cabe adelantar su improcedencia. Es que del escrito impugnativo se advierte que es insuficiente ya que carece de una crítica concreta relacionada con su genérica y dogmática alusión a que la juez "a quo" no ha ponderado las consecuencias de la sentencia de esta Corte que, al acoger el incidente de caducidad de instancia, dejó firme el pronunciamiento que, a su entender, había denegado el pedido de reconocimiento de servicios y aportes previsionales (ver Tomo 123:1011).	En este sentido, el recurrente nunca se hizo cargo del argumento central para el rechazo de la defensa de prescripción, relativo a la naturaleza previsional de la obligación del empleador de entregar la certificación de servicios en legal forma en supuestos como el de autos, carácter que determina su imprescriptibilidad, a diferencia de las obligaciones de naturaleza laboral.	Es que lo referente a esta documentación excede, notoriamente, el ámbito del derecho del trabajo y le otorga una indudable naturaleza previsional que la torna ajena a las disposiciones del art. 256 de la LCT (Juan Carlos Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", T. II, La Ley, 1989, pág. 1360; Enrique Herrera, "Extinción del Contrato de Trabajo" en "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Antonio Vázquez Vialard, T. 5, Astrea, 1985, pág. 137).	Se ha dicho al respecto que "... La obligación del empleador de entregar el certificado de aportes previsionales no se encuentra comprendida en lo dispuesto por el art. 256 de la LCT respecto de la prescripción. En este caso también se precisó que así como el derecho a los beneficios previsionales es imprescriptible, corresponde en principio considerar también imprescriptible la obligación del empleador de hacer entrega del certificado de aportes previsionales, toda vez que tiende a posibilitar el ejercicio de un derecho que por expresa disposición legal tiene aquel carácter. En realidad se trata de una obligación impuesta al empleador relativa a la carga consistente en la constatación de hechos que deben figurar en su contabilidad y en las registraciones laborales. Comprueba la existencia del vínculo, su duración, las remuneraciones abonadas, y parece obvio que ninguna razón de seguridad jurídica puede oponerse para negar su entrega. O la vinculación jurídica existió y debe ser otorgada la constancia respectiva o negada se la prueba en juicio e igualmente el juez debe obligar a su entrega" (Juan C. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Tomo II, Fedye, 2001, págs. 1404/1405).	3º) Que a mayor abundamiento, como lo resalta el Sr. Fiscal ante la Corte, al resolverse la mentada caducidad de instancia, el voto del Dr. Catalano dejó en claro la cuestión al expresar que el pedido deducido a fs. 335 en relación al reconocimiento de servicios y aportes previsionales constituye una nueva petición respecto de la que fue materia del pleito al no haber integrado el objeto de la "litis", "razón por la que no existe pronunciamiento ni condena alguna en tal sentido .". Es decir, tampoco hay decisión firme denegatoria al respecto como lo pretende el recurrente.	4º) Que en relación al agravio restante, tampoco puede prosperar frente a los claros términos de la sentencia de esta Corte del 9 de octubre de 1998, ya mencionada en el considerando segundo, que determinó como fecha de cese laboral de la actora, el 04/01/1996.	De esa suerte, dicho pronunciamiento constituyó la definición sustancial del tema intrínseco de la controversia sometido a conocimiento del Tribunal y, por lo tanto, esa decisión no puede ser revisada por una nueva demanda sin afectar la autoridad y eficacia del pronunciamiento emanado de esta Corte y, por ende, la seguridad jurídica. Lo contrario implicaría autorizar al litigante vencido a reincidir indefinidamente en el ejercicio de una misma acción cuando, en razón del desacierto de su planteo, le fuese imputable a él -y no a sus contrarios- dejar así pendiente la seguridad señalada (CSJN, Fallos, 289:151; 308:1150).	En este sentido, cabe recordar que conocida jurisprudencia de la Corte Federal ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos, 224:657; 250:435; 252:370), en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos, 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica (Fallos, 319:2527).	Asimismo, esa Corte ha señalado que la cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo la solución real prevista por el juzgador (Fallos, 297:383; 298:673; 308:1150; 311:1458; 319:2527; 328:3299). Y, en el caso, precisamente, corresponde resguardar los derechos de la actora reconocidos por sentencia firme, relativos a las prerrogativas propias que se desprenden de las acciones tutelares de la libertad sindical.	5º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación de fs. 53 y confirmar la sentencia apelada. Costas por su orden (art. 15, C.P.C.A.).	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 53 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 46/50 vta. Costas por su orden._	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).