marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: SERCOMBE, CARLOS MARIA c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

La excepción de prescripción puede ser tratada como de previo y especial pronunciamiento sólo en el supuesto de que pueda ser resuelta de puro derecho, lo que no ocurre cuando _como en el caso-, el accionante ha invocado diversos hechos interruptivos y suspensivos, acerca de los cuales le asiste el derecho de proyectar su actividad probatoria en la etapa correspondiente.

En las condiciones indicadas entonces no es dudoso que lo relativo a tales hechos, habida cuenta de los efectos que proyectarían en orden a lo previsto por el art. 3986 del Cód. civil (al que la actora remite en su responde), también deberá ser materia de la actividad probatoria, al igual que cualquier otra circunstancia, como la contempla en la norma contenida en el art. 3989 del Cód. citado, asimismo aludida por la accionante.
Juicio correccional, homicidio culposo, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Finazzi, Néstor Pablo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de Auto Nº 17/11 de Expte. Nº 119/09 Finazzi, Néstor Pablo - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-29

Por Auto Interlocutorio, el Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de Suspensión del juicio a prueba que incoara la defensa técnica del encausado, por resultar improcedente (art. 76 bis y concords. del C. Penal y art. 355 del C.P.P.).

Contra ese decisorio, el asistente técnico del imputado interpone recurso de casación.

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante. En tal sentido, digo que el art. 76 bis. último párrafo señala expresamente la improcedencia de la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, por lo que no cabe duda alguna que cuando se trate de hechos cuya significancia jurídico penal tenga como consecuencia la aplicación de una pena de inhabilitación, no será viable la aplicación de las reglas de la suspensión de juicio a prueba.

Cualquiera sea el método de interpretación que se utilice, gramatical, histórico, semántico o teleológico, e incluso una interpretación articulada de todos ellos, impide darle un alcance distinto al que claramente se refiere el propio texto legal.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

(Del voto del Dr. Cippitelli)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Aguero, Julio Norberto y otros s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es inaudible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa impugna la calificación legal de los hechos denunciando la transgresión del art. 159 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal, si el recurrente no introdujo la cuestión ante la alzada y por el contrario, en el escrito de agravios hizo expresa referencia a las pericias realizadas para acreditar la idoneidad de las armas sin objetarlas (doct. arts. 342 y 360, C.P.P.).
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ VDA. DE GOMEZ ANA c/ SI.PRO.SA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-18

Razonablemente debe entenderse que la obligación de la parte de concurrir a Secretaría a oír providencias los 2 días semanales designados al efecto (cfr. artículo 162 CPCC) cesa cuando se configura una causal de suspensión del plazo de perención en los términos de lo preceptuado en la segunda parte del artículo 204 del CPCC; esto es, en la especie, cuando se dispuso remitir el expediente judicial en su totalidad a la DGR. Para que renazca dicho deber, es necesario que se le haga saber la disposición pertinente de devolución de los autos al Tribunal, o la clausura del trámite en sede administrativa (ya se dijo que no existe constancia en autos de que se le hubiera notificado a la demandante la resolución administrativa en cuestión) u otra providencia de carácter similar. Asimismo, de la armónica intelección de los incisos 6, 8 y 9 del artículo 153 del CPCC (aplicables analógicamente en el sub lite), se colige que si un plazo (en este caso de caducidad) se encuentra suspendido en su curso, para que comience su cómputo es necesario una notificación personal a la parte eventualmente afectada de un acto o providencia que de algún modo le permita saber o conocer que ta l plazo comienza a correr nuevamente al haber regresado los autos al Tribunal. Esto es lo que ocurre en el presente caso, para superar el estadio procesal en que no se produce la caducidad de la instancia de conformidad a las previsiones del artículo 204, segunda parte, del CPCC, se requiere algún acto o providencia que sea conocida por la parte contra quien correrá el término de perención, y que con aptitud e idoneidad suficiente, permita inferir que nuevamente comienzan a computarse los plazos de caducidad de la instancia. En la especie, lo actuado el 8-7-2005,(si es que ello en realidad puede considerarse una "providencia"), no fue notificado en forma personal a la hoy recurrente. No cabe admitir como argumento en contrario que ella se encontraba obligada a concurrir a oír notificaciones, precisamente porque tal obligación había cesado con la remisión del expediente judicial en su totalidad a la DGR. Por lo tanto, si no existe ninguna disposición que le haga saber personalmente a la interesada que se ha s uperado la etapa prevista en el artículo 204, segunda parte, del CPCC, en que no se computa el término de perención, mal puede concluirse que ella se ha operado en su perjuicio en el sub iudice.
Acción de lesividad, anulación del acto administrativo, consejos escolares, subsidio estatal, establecimientos educacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo Provincial de Educación y otro c/ Mendez Dora Maria s/ Acción de lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

Resulta improcedente la acción de lesividad intentada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la Provincia de Neuquén con el objeto de que se anulen las Resoluciones del CPE 1682/07 y 2032/07, por las que se incorporó a una Institución Privada a la enseñanza oficial en el nivel superior no universitario y se le otorgó el 100% de aporte estatal para el sostenimiento de la planta funcional, toda vez que, pese a las falencias que dicho organismo señala respecto de su propio accionar al autorizar la incorporación del CEDEP y otorgar el aporte, lo cierto es que dicho instituto funcionó y continúa haciéndolo, que han egresado alumnos y obtenido su título oficial y que otros se encuentran cursando las tecnicaturas que ofrece. En tal sentido, no puede soslayarse que ni en los considerandos del Decreto 1807/12 ni en los términos de la demanda se aduce en modo alguno que el CEDEP haya incumplido los planes de estudio adoptados que, por otro lado, son los oficiales aprobados por el CPE. Del mismo modo, tampoco se achacan faltas relacionadas con inhabilidades de su cuerpo docente o con la carga horaria.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, honorarios, base regulatoria, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Transporte Nueve de Julio Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Incidente  de regulación de honorarios - Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 571  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

Las graves consecuencias que acarrea la caducidad de la instancia en el proceso contencioso administrativo, impiden considerar el trámite de la misma como una mini-incidencia, pues su éxito o fracaso hace a la vida misma de la pretensión de la parte actora, de allí que -contrariamente- la doctrina lo califique como macro-incidente. Y ese no es un dato menor a la hora de ponderar el trabajo profesional desarrollado en la incidencia, puesto que si bien -en el caso en estudio- éste no puede calificarse como de gran extensión, ha tenido la que correspondía al trámite; su calidad ha sido destacada por la propia contraparte; su alcance, implicaba en caso de derrota, la frustración de la pretensión principal; su resultado fue exitoso; y por lo demás, el Tribunal reguló -en lo que le resulta discrecional- montos aproximados al mínimo de la regulación.
Asistencia en asuntos penales, acción contravencional, proceso penal, resolución denegatoria, prisión domiciliaria, sentencia arbitraria, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos L., R. E. s/ 189bis 2/4° parr. Portación de arma de guerra sin autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde rechazar la queja si la recurrente propone una interpretación diferente de las reglas infraconstitucionales que rigen su pretensión -arts. 10, CP, 32 y siguientes, ley n° 24.660, Resolución n° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, entre otras- y de las circunstancias del caso, asuntos que, en principio, exceden la competencia extraordinaria de este Tribunal, sin demostrar que corresponda hacer una excepción a dicha regla en razón de la alegada arbitrariedad de la resolución. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Competencia contencioso administrativa, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial. s/ Plantea  Inhibitoria  del Juzgado del Trabajo de primera instancia y  primera nominación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-12-21

Resulta materia contenciosa administrativa, y por ende deben canalizarse a traves de dicha vía, aquellos reclamos producidos ante la vulneración de un derecho particular administrativo del sujeto demandante, establecido anteriormente a su favor por una ley, un reglamento u otro precepto administrativo, respecto del cual detenta un señorío de disposición exclusiva, lo que equivale a decir derecho subjetivo administrativo, que excluye de tutela judicial las restantes situaciones jurídicas activas, tales como los intereses legítimos, intereses difusos e intereses simples.
Agente de comercio, martillero, derechos de las partes, obligaciones, suspensión de la subasta, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Riski c/ Vacca de Pérez Coll, Graciela Emma y otros s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

Cuando, como en el caso, no se ha realizado la subasta, a los efectos de fijar la comisión -CPR 565- corresponde ponderar la importancia de los trabajos efectivamente cumplidos por el beneficiario de la regulación asimismo la importancia del bien a subastar, y que la labor se circunscribió a una etapa preparatoria del remate (Cfr. al respecto: "Salord de Vazquez Elena y O. c/ Castro María C.", CNCiv, Sala B, 1-7-77; "Jaime Liebling SA c/ Marcello Francisco A. s/ Ejec." CNCom, Sala C, 18/3/77).
Ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romano, Francisco Javier c/ Baquero Eduardo s/ Incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

El ámbito de ejecución de la sentencia se circunscribe -como norma- al cumplimiento de los actos de ejecución procesal forzada tendientes a obtener la satisfacción de la obligación; actúan pues los efectos de la sentencia pronunciada en el proceso de conocimiento en los términos que producen la eficacia de la cosa juzgada y la ejecución debe llevarse a cabo en los términos de ésta.
Derecho constitucional, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de apelación en autos Márquez, Martín Ariel s/ infr. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

El recurrente no viene atacando la duración que tuvo la investigación penal preparatoria por opuesta a la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable que contemplan los arts. 10 de la CCBA, 18 de la CN, 25 de la DADDH, 7.5 y 8.1 de la CADH, 9.3 y 14.3.c del PIDCP, sino la interpretación del art. 104, que considera la defensa insostenible, en tanto asume que el plazo del art. 104 comienza a correr a partir de la "notificación" del art. 161 del CPP y que ese plazo no corre durante la feria de invierno; no que la duración del proceso quede privada de límite. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás)
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, arraigo, extranjeros, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cabello Rodríguez, Oscar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

Si el imputado no posee arraigo, ya que es de nacionalidad española, y reside en Barcelona, España, adicionándose que la verosimilitud en el derecho que se desprende del auto de procesamiento y requerimiento de elevación a juicio son circunstancias que permiten sostener que el encausado en caso de recuperar su libertad intentará frustrar los fines del proceso e impiden conceder la excarcelación. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RANQUEHUE, JUAN SERAFÍN. c/ TALSA. s/ DEPÓSITO PREVIO EN EL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-02-10

EN TORNO A LA CUESTIÓN DEL DEPÓSITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 1504, DEBE ACEPTARSE LA SOLUCIÓN SUSTITUTIVA PROPUESTA POR EL RECURRENTE, Y CONSISTENTE EN BONOS EXTERNOS; Y ES ASÍ DESDE QUE LOS INTERESES DEL TRABAJADOR, QUE ES LO QUE SE PRETENDE PROTEGER , ESTARÁN MUCHO MÁS RESGUARDADOS CON LOS BONOS OFRECIDOS, QUE CON EL DEPÓSITO NUMERARIO NACIONAL TRISTEMENTE CÉLEBRE POR SU CRÓNICA DEPRECIACIÓN.
Falta de mérito, juegos de azar prohibidos, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: S., H. H. y otros c/  s/ Falta de mérito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-21

Explicaron los vocales, entre otros aspectos y tras analizar el devenir histórico de la normativa sobre juego clandestino, que la conducta en cuestión requiere captación, trascendencia a terceros, una mínima oferta pública que lo diferencie de una mera actividad privada ajena a la esencia de la persecución penal y que, en el caso a resolver ".la investigación no ha demostrado de momento que se hubiera ofertado públicamente o trascendido de algún modo el ofrecimiento de juegos al margen del control estatal, más allá del ámbito propio de los socios o autorizados por ellos como concurrentes a esa institución, no puede a esta altura afirmarse si nos encontramos ante un delito, una contravención o una conducta comprendida en la reserva garantizada por el artículo 19 de la CN. Este extremo -y no otro, puesto que la norma no exige la condición de incauto ni que se emplee algún medio engañoso para lograr el acceso del jugador al lugar- es el que amerita profundizar la investigación, en dirección a reunir los testimonios de las personas cuya presencia se verificó allí en la madrugada del 29 de junio de 2017, al igual que de los miembros de la comisión directiva de esa institución (fs. 440/472vta.), más allá de establecer igualmente, en su caso, cuál es el concreto rol que le habría correspondido en el hecho a B.O.K..".
Concurso preventivo, medidas cautelares, orden público, rehabilitación del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELEPIU SA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-28

1. Corresponde revocar la resolución que ordenó trabar embargo sobre los haberes de retiro que percibe el fallido, a efectos de cancelar los gastos impagos de la quiebra. Ello así, en tanto no se encuentra controvertido que los haberes jubilatorios del fallido que pretenden ser afectados, son posteriores a la rehabilitación. 2. En razón de ello, cabe ordenar la restitución de los fondos retenidos al deudor, en tanto el desapoderamiento de los bienes del quebrado comprende solo a aquéllos existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los adquiridos hasta su rehabilitación -ley 24522: 107 y concordantes - (En igual sentido: CNCom, Sala A, in re "Vitolo, Alfredo Isidoro s/ quiebra" del 28/4/00, idem Sala C in re "Martínez, Mirta su propia quiebra" del 26/11/04; Sala D in re "Salsamendi, Susana s/ quiebra" del 14/9/05). 3. Contrario a ello, los adquiridos con posterioridad escapan al ámbito de la quiebra (CNCom, Sala B, in re "Paoli, Mabel Graciela s/ Quiebra" del 26/11/13).
Acción de amparo, defensa del consumidor, compraventa de automotores, novación, seña
Materia: CIVIL
Carátula: Aleman, Gabriel Arnaldo c/ Flores, Conrado Emilio s/ Amparo: sumarísimo por ley 24240 Amparo: sumarísimo por ley 24240
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-09-13

Es improcedente la acción mediante la cual el comprador de un automotor 0 km, ante la falta de entrega del vehículo pactado, persigue la resolución del contrato y devolución del dinero entregado en concepto de seña, puesto que la celebración de una segunda operatoria comercial entre las partes mediante la cual la concesionaria, además del dinero entregado, adquirió del actor un automóvil usado y como contraprestación asumió la obligación de entregar un vehículo o km distinto del convenido en la primera operación, importó una novación que produce la extinción de la obligación anterior y el nacimiento de una nueva. En virtud de ello, sólo resulta procedente condenar al demandado al reintegro de la diferencia entre la suma abonada y el precio de venta del vehículo efectivamente entregado, lo cual generó un crédito a favor del comprador.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

El ordenamiento establecido por la ley 27.348 no limita la jurisdicción revisora en lo relativo a la determinación del carácter profesional del accidente, del grado de incapacidad o de las prestaciones correspondientes, ninguna norma cercena el derecho a plantear ante los jueces competentes la revisión de las cuestiones fácticas y probatorias sobre las que se pronunció la autoridad administrativa, sino por el contrario, al establecer que todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia son gratuitas para el trabajador (art. 2° de la ley 27.348), resulta indudable que la producción de tales medidas es admisible durante el trámite judicial.
Viajantes de comercio, libros de registro
Materia: LABORAL
Carátula: Morsilo, Ubaldo c/ Becchino, Fausto s/ Indemnización por preaviso Ferrin, Carlos A. c/ Bugiolachi, Ricardo s/ Diferencia salariales e indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31|1997-10-28

La inversión de la carga probatoria que consagra el art. 11 de la ley 14.546, requiere para su aplicación que el accionante previamente demuestre que estaba vinculado con el demandado en calidad de viajante de comercio subordinado.
Derecho procesal, debido proceso, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Dia Argentina SA c/ Escobar, Diego David s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

1. No corresponde sentenciar de trance y remate, toda vez que resultan procedentes las defensas opuestas por el demandado. Ello, ya que el título cuya ejecución se pretende fue librado como garantía dentro del marco de un contrato de franquicia que habría sido suscripto por ambos litigantes. La operatoria habría encubierto un vínculo laboral vulnerándose a través de ella las disposiciones de orden público propio de aquel ordenamiento. En tales condiciones, y con independencia de si ese contrato a su vez sirvió o no como un ardid para encubrir una relación laboral es claro que las obligaciones resultantes de él no pueden entenderse líquidas y exigibles, según realidad que no se diluye por el hecho de que el supuesto acreedor haya pretendido plasmarlas en el pagaré que se pretende ejecutar. Resulta claro entonces que no puede decirse del referido documento que él resulte continente de una deuda líquida y exigible, dada la multiplicidad y diversidad de las obligaciones resultantes de ese convenio que de tal modo pretendieron ser "garantizadas". 2. La Sala no habrá de exceder el estrecho marco cognoscitivo del juicio ejecutivo, sino que, dentro de ese acotado marco, dará cuenta de indicios derivados de prueba directa que han aportado los contendientes y cuya autenticidad no fue negada, sin perder de vista que, en tal contexto, no hay motivo para soslayar una apreciación de tales constancias, a la luz del criterio que manda buscar la verdad jurídica objetiva en todo proceso civil (v. Fallos: 238:550). En similar sentido fue destacado que correspondía "...otorgar primacía a las notas excepcionales que se configuran de modo manifiesto en el sub examine, para justificar el apartamiento de la mentada regla, con el efecto de aventar una condena fundada en una deuda inexistente, con el grave menoscabo de garantías constitucionales que ello comportaría" (Fallos 278:346; 295:227; 303:221; 325:1008; CNCom, Sala F, "Bapro Medios de Pago SA c/ Alvarez Natalia Analia y otro s/ ejecutivo" del 11.3.13).
Defraudación, estafa, engaño
Materia: PENAL
Carátula: B., C. y Otros s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-17

La intención de defraudar que se requiere, presupone que el autor conoce de manera positiva los hechos y las circunstancias estructurantes del engaño.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la integridad física, responsabilidad de los padres, responsabilidad de los establecimientos educacionales
Materia: CIVIL
Carátula: M. M. Z. Y OTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-18

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del estado. La Convención sobre los Derechos del Niño compromete no solo al Estado, a los padres y a los demás involucrados inmediatamente con él, sino también a todas las personas que se tornen responsables por su integridad o seguirdad en un momento determinado, aunque más no fuera circunstancial o transitorio.
Competencia, competencia por la materia, Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINISTERIO  DE LA PRODUCCION-SECRETARIA DE LA COMPETENCIA Y OTROS C/ c/ TELEFONIA PUBLICA Y PRIVADA S/ s/ DENUNCIA INFRACCION LEY Y OTRO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-15

Es competente para entender en un recurso de apelación contra resoluciones dictadas por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Ley 25156 art. 53, veto parcial por Decreto 1019/99).