Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-10


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y del Sr. Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "P., S. A. c/ A. DE T. U. DE C. R. y/u otro s/ DEMANDA LABORAL (indem. y dif. de haberes)", Expte. nro. 15.547/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 5650/98), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 1132) y autos de fs. 1134/vta., correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 1091/1106? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 1108 por la parte actora la sentencia definitiva de fs. 1091/1106, habiéndose concedido a fs. 114 el recurso de apelación interpuesto libremente y en ambos efectos.

El fallo en lo aquí cuestionado dispuso: "1) Haciendo lugar parcialmente a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la codemandada A. T. U. de C. R. y, en consecuencia, desestimando la acción planteada por el actor Sr. S. A. P., en su contra tal como fuera resuelto en el considerando I.

2) No haciendo lugar a la acción planteada por el Sr. S. A. P. contra el Sr. R. C. por las consideraciones expuestas tal como fuera en los considerandos I y II; 3) Costas a la parte actora vencida...".

I.A-1) A fs. 1115/1127 obran glosados los agravios expuestos por el apelante actor.

Pide la revocación del fallo por entender arbitraria y violatoria del principio de congruencia a la sentencia, solicitando se haga lugar a la demanda instaurada por el actor.

Arguye que es inexacta la afirmación de la sentenciante en cuanto plantea que el actor dirigió su demanda contra la A. de T. y sólo como solidario contra el codemandado C. surgiendo dicho aserto del exordio de la demanda obrante a fs. 160 líneas 5 y 6, no existiendo distinción alguna por lo cual tanto uno como el otro asumen la calidad de partes demandadas.

Expresa que verificada la relación laboral, muchas y variadas pueden ser las relaciones que de ella surjan, también, las calificaciones jurídicas que le competan, pues como la misma señora juez dijo, no sólo del contrato de trabajo emana una relación laboral, una obligación no deja de serlo porque sea natural, solidaria, concurrente o simplemente mancomunada; interesa el modo cómo nació para el derecho y a quién imputarse su autoría en la voluntad creadora. En este sentido, si a criterio de la a-quo no lo fueron la A. y sí con C., es inadmisible que rechace la demanda contra éste.

Explicita las obligaciones dentro del contexto del Derecho de Daños, concretando en que la obligación ha nacido en cabeza de la A. de T. U. porque ejercía el poder de mando, de atribución de funciones y del poder disciplinario no sólo de los asociados sino también de todos los chóferes de los móviles que tienen la identificación de la A., también, porque puso la fuerza de la empresa al servició del interés propio de su objeto social que es beneficiar a los propietarios de automotores de taxis de esta ciudad. La obligación existió y así lo reconoció el propio C., implicando un allanamiento por parte de él, por lo cual la discusión sólo podía versar respecto de los sujetos pero en modo alguna eso pudo dar lugar al rechazo de la demanda y con la condena en costas.

Afirma que ha quedado acreditado mediante la prueba instrumental que la A. de T. U. ha sido empleadora del actor atento que comunicaba habitualmente a la Municipalidad los móviles a los que transfería sus chóferes para que desempeñaran sus tareas en los vehículos de los afiliados, siendo esto, poder de disposición aunque no aparezca en sus libros de registros ni en el ANSES. Ello porque se trata de una A. que, con prescindencia del afán de lucro que tiene, su personalidad jurídica es plena y no contiene prohibición alguna para dar o recibir, celebrar contratos, incluyendo de trabajo. Efectúa consideraciones en dicho contexto.

Crítica los testimonios ameritados por la sentenciante por entender que los mismos son personas integrantes de la A. de T. U. y como tales nunca declararán en contra de la entidad a la que pertenecen porque si la misma es condenada a pagar ellos también pagan. Analiza las declaraciones del Sr. L. y los testimonios de personas no asociadas como V., B., J. C. N..

Hace reflexiones sobre las consecuencias jurídicas de la certificación de servicios para ser presentada ante un banco de crédito en virtud de la doctrina de actos propios y de la apariencia.

Dice que la juez debió fallar a favor del actor por aplicación del principio in dubio pro operario ya que la A. encubre una forma asociativa con un propósito distinto al que exterioriza o declara atento que la misma se constituyó no sólo para instalar una radiollamada sino también para mantener la hegemonía sobre los propietarios de coches y resolver, con fuerza corporativa, todas la cuestiones atinentes, circunstancia que determina el andamiento de la teoría del disregard, descubrir el velo asociativo o societario e imputar los actos a sus verdaderos autores jurídicos.

No es C., ni los otros, quienes contrataban, regulaban, controlaban a los chóferes sino era la A., siendo la demanda interpuesta contra C. no sólo en la condición de solidario sino en la de empleador aparente. Cita jurisprudencia que hace a su entender.

Afirma que nada dice la jueza acerca de en qué consiste la participación de la Asociación de los taxis, titular de bienes inmuebles y otros bienes que componen su patrimonio, pues si se tratara -y no lo es- de una empresa de radio llamada, la sola consideración de esta calidad obligaba a valorar que el uso del sistema de radio llamada en orden a la explotación del servicio de taxi constituía una prestación esencial al sistema implementado con relación a la prestación del servicio por el chofer del dueño del taxímetro, haciendo de aplicación al caso las figuras de los arts. 14 y 50 de la LCT. Desarrolla consideraciones sobre dicha temática citando jurisprudencia.

Se agravia de la merituación que la sentenciante efectúa en cuanto a la confesional del actor ya que entiende que la confesión apunta a hechos y no a calificaciones jurídicas por carecer el accionante de conocimientos académicos o profesionales.

Cuestiona que la señora juez no se haya detenido a analizar su propia conclusión que: a) la Asociación sólo avala la petición que realiza el titular considerando que dicha voluntad integra el contrato de trabajo entre el dueño del taxi y el chofer, más aún cuando uno de los testigos de su parte fue categórico en cuanto a que si la asociación no presta conformidad no hay designación posible, de allí que se utilice su papel membretado para requerir del ente Municipal la concesión del permiso al chofer y b) que la asociación ejercía su poder sobre los propietarios de los automotores y éstos sobre sus chóferes si correspondiere, ya que aquélla vertía su voluntad en le plexo negocial de modo prioritario, eminente o prepon-derante en cuanto a decidir si el chofer es contratado, sancionado o lo cambia de taxi, le da órdenes, lo designa ante el Municipio, le otorga certificados de trabajo y lo disciplina adecuadamente a sus propios intereses. En relación a C., la calidad de empleador, sea por la causa que fuera, fue reconocida expresamente por él mismo y por la codemanda en sus respectivas contestaciones de demanda por lo cual la a-quo no debió rechazar la demanda en su contra.

Destaca, a mayor abundamiento, que existe en autos una certificación emitida por quien fuera el Presidente de la Asociación, Sr. A. que certifica que el actor era empleado de la Asociación, circunstancia no merituada por la sentencia.

Agrega que está probado y aceptado por los codemandados en sus respectivas contestaciones de demanda que el actor trabajó como chofer de diferentes móviles que prestan servicios para la Asociación.

Reitera argumentos en el acápite de Consideraciones Finales, aduciendo que se suma de modo contundente a lo dicho toda la prueba que resulta del libro de Actas de la Asociación de donde surge que el mantenimiento de todas las radios de las unidades lo realiza la asociación, resolviendo la misma el derecho a ingresar a trabajar (fs. 399, 401, 402 y 457 vta.), ejerciendo también dicha asociación el poder de contralor y fijación de las tarifas que luego se proponen al Municipio para que las apruebe, habiendo adquirido la misma el equipo de radio de cada taxi tal como surge de diferentes actas de asamblea (fs. 529, 534/535vta. y 540).

A fs. 1126 vta./1127 hace reserva del caso federal.

I.A-1) El apelante actor centra su agravio en cuanto la a-quo hizo lugar a la excepción de legitimación pasiva planteada por la A. de T. U. de C. R..

En lo atinente a la violación del principio de congruencia alegado por el agraviado actor, jurisprudencia versada en la materia ha expresado que el derecho no es una ciencia exacta. Está dominado por la justicia y moral. Y los jueces deben procurar la realización de una justicia, sustancial, apegada a la medida de las cosas y no a fórmulas rígidas (Cám.Nac.Civ., Sala A, 22/12/65, La Ley, v.-122, p.280).

Concurrentemente se ha resuelto que la solución justa de un litigio no es simplemente, como lo afirma el positivismo jurídico, el hecho que sea conforme con la ley, es decir legal.

En efecto es muy raro que exista una manera de concebir la legalidad de la solución: es ante todo la idea previa de lo que constituirá una solución justa, razonable y aceptable, la que guiará al juez en su búsqueda de una motivación jurídicamente satisfactoria. Pero en este caso la idea precisa que se forma de una noción social y moralmente aceptable en un medio dado no es una consideración extrajurídica, como la quería la teoría pura del derecho, que se esfuerza con excluir de la ciencia del derecho todo juicio de valor.

Son al contrario, juicios de valor relativos al carácter adecuado de decisión los que guían al magistrado en la búsqueda de lo que, en la especie, es justo y conforme a derecho, estando normal-mente esta última preocupación subordinada a la precedente (Cám.Nac.Civ., Sala A, 26/08/80, La Ley, 1981.A, p. 109, Der., v. 91, p. 539; JL, 1980, v. 2, p. 110); "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", Dres. Morello - Sosa- Berizonce,",Tomo II-A, pág. 610).

Por otra parte, si los jueces están convencidos de un hecho, su obligación es declararlo así, aplicando la ley según su ciencia y conciencia, (CSJN, 18/09/57, Fallos, v.238, p.550 citado por ob. cit., aut. cit., Tomo cit., cap. VI) "Obligación de fallar", ap.d) "Cuestiones de Hecho", pág. 613).

Los lineamientos de pensamiento jurídico procesal precedentemente expuestos han sido seguidos por la a-quo conforme emerge de los considerandos 1ero., párr. 1ero. y 5to. y II (fs. fs. 1096 vta. Y 1097/vta. y fs. 1103 vta./1104) ya que si bien la parte actora en su escrito de demanda expresa que acciona contra la A. de T. U. de C. R. y contra el Sr. R. C. (pto. II, Exordio - fs. 160/vta.) con respecto a éste último aclara que lo hace en su carácter de empleador aparente (fs.164), razón por la cual no deben acogerse los agravios expuestos por la apelante actora en este sentido ya que no cabe prescindir de las particularidades del caso que han puesto al descubierto la verdad objetiva.

En cuanto al agravio planteado por el actor respecto al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva, es entendimiento doctrinario -que comparto- que:

"La excepción no se manifiesta sobre el derecho de las partes, pues no ataca la fundabilidad de la demanda, o de la defensa, sino que establece una falta de vínculo jurídico para reclamar la pretensión, o sea que quien demanda o aquél contra quien se demanda, no revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre que versa el litigio (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Código de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Lib. Editora Platense - Abeledo - Perrot, 2° ed., 1990, t. IV-B, pág. 219 y 256; en sentido similar, crit. Sala A, esta Cám. de Apelaciones, 17-10-1997, sent. Int., "C., B. J. A. y Otro c/ M., N. s/ Sumario -Daños y Perjuicios).

La excepción de falta de legitimación para obrar opuesta por la codemandada A. T. U. de C. R. (fs. 199 vta./202 vta.) configura una auténtica defensa de fondo (tal como fue decidida por el a-quo por sent. int. nro. 01 del 25/02/99), pues su sustento es negar la existencia de vínculo laboral entre las apartes.

De allí que incumbe al actor el producir la necesaria para acreditarla, es decir, la excepcionante no debe probar que no fue empleadora, sino al actor su condición de dependiente (causa nro. 293, 9-6-95; Cámara - Sala del Trabajo - Concepción del Uruguay," H., J. C. c/ L. G. y Otro s/ Diferencias Salariales", sumario nro. 5000293, Provincia de Entre Ríos; elDial - ATA6A). En cuanto a las facultades del a-quo en el análisis probatorio es entendimiento de la suscripta a partir de los autos caratulados: "C., E. c/ K. H. SRL s/ Demanda Laboral", expdte. nro. 10.599, sent. def. nro. 68 del 05/11/98, que si bien la acción ha sido concebida como una figura jurídica autónoma, necesariamente coordinada a un interés y a una pretensión jurídica que da lugar al ejercicio de un derecho público subjetivo, a través del cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para obtener su protección frente al adversario, mediante la actuación de la ley, ello no quiere decir que el juez no tenga posibilidad de movimiento en el análisis de los hechos que dan lugar al litigio, así como a su interpretación frente al complejo normativo aplicable.

La a-quo puede investigar la verdad dentro de los hechos invocados en la relación procesal desde que el artículo 34 incs. 2do a 5to del CPCCCh, inviste al órgano jurisdiccional de facultades suficientes para investigar la verdad de los hechos motivo de la litis, sin necesidad de romper la igualdad en que la ley coloca a las partes.

Así se ha resuelto que: "El sentenciante puede valerse o desentenderse de las pruebas producidas sin otro condicionamiento que la coherencia, razonabilidad y legalidad de su juicio, por cuanto una vez producidas las pruebas dejan de ser patrimonio de las partes para convertirse en evidencia del juicio" (Cám.1era., Sala III, La Plata, causa 191.068, reg. sent. 252/84).

Las apreciaciones referidas en la sentencia (considerando I y cuarto - fs. 1096/1103vta.) muestran que existe en el pronunciamiento sentencial un desarrollo lógico y coherente del discurso, y se evidencia una evaluación de las pruebas que de ningún modo aparece como irrazonable o absurda, sino de conformidad a lo que el sentido común, la experiencia y la razón nos indica en circunstancias tales como la que ocurrió en el presente caso.

De allí que no se configu-ra ninguna de las excepciones que autoricen a admitir el recurso de apelación cuando con el mismo se intenta una nueva valoración de las pruebas, invocándose en definitiva arbitrariedad en la apreciación de las mismas.

La sentencia está debidamente fundada sobre los elementos que la juez estimó conducentes para la solución del caso, ya que en la selección y merituación del material probatorio efectuada por la sentenciante, la misma no tiene por qué justificar el motivo por el cual da mayor o menor valor individual a los distintos elementos probatorios cuando valoró la prueba cuestionada en conjunto con las demás probanzas incorporadas al proceso en legal forma.

La pretensión del parte apelante actora carece de todo sustento al no intentar rebatir elementos decisivos que sustentan el pronunciamiento.

El cual, en virtud de su congruencia con otros elementos probatorios señalados, configura un panorama sentencial que el recurrente no desvirtúa en ningún momento, limitándose a una mera afirmación dogmática en contrario, desentendiéndose del conjunto probatorio examinado y evaluado por la juzgadora, parcializando la inteligencia del fallo al respecto, y desconociendo la trama probatoria no consistiendo prueba suficiente las actas de asambleas de la Asociación que individualiza a fs. 1125vta./1126vta. por no contener decisión expresa en cuanto al actor y evidenciando las mismas únicamente el desarrollo de reuniones con temáticas ajenas a la cuestión planteada en autos.

En efecto, coincido con la conclusión a la que arribó la Juzgadora relativa a que la A. de T. U. de C. R. no puede considerarse empleadora pues, en el caso, el chofer del automóvil se relacionó directamente con los dueños de los taxis, sin que la mencionada Asociación (conforme la informativa prestada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia (fs. 616 y 634) tuviera titularidad alguna sobre las Licencias ni interfería en la mecánica de trabajo de los choferes, pues las Altas y Bajas son responsabilidad exclusiva del titular de la Licencia limitándose la Asociación a avalar la petición que realiza el titular.

Circunstancia ésta que se ve reforzada por las declaraciones testimoniales prestadas por J. B. L. (fs. 331/333, contestación a la 2da., 3era., 6ta., 31era., 34ta y 39na. pregunta), H. E. G. (fs. 334/337vta. contestación a la 2da. a 4ta, 25ta, 33era, 34ta., 42da a 44ta. pregunta), H. V. (fs. 341/345 vta, contestación a la 5ta., 46ta y 47ma. pregunta), C. M. S. (fs. 346/348 vta. contestación 9na., 16ta., 17ma., 18va, 22da., 24ta., 36ta., 38va. y 41era. pregunta) y C. B. C.(fs. 371/375vta. contestación a la 10ma., 11era., 14ta., 15ta, 17ma., 22da., 36ta., 44ta., 45ta., 52da, 53era., 54ta., 56ta., 57ma. y 58va.pregunta), las cuales son valoradas adecuadamente por la a-quo sin que el análisis que efectúa el apelante actor a fs. 118vta.119 sean de entidad suficiente para desvirtuar la credibilidad de los mismos atento su total concordancia con la informativa prestada por el ente municipal.

Atento al mérito efectuado precedentemente considero que cabe determinar que bajo tales circunstancias fácticas, no existió vinculo entre el accionante y la asociación de T. ni solidaridad en los términos pretendidos al demandar y en el escrito en análisis por no surgir prueba convincente alguna conducente a que dicha Asociación hubiese desarrollado en forma efectiva la actividad de prestar servicios de taxis, no siendo titular de ningún automóvil, acreditándose que su actividad se limitaba a poner a disposición un espacio físico donde se recibían las llamadas pidiendo los vehículos y como punto de concentración de la actividad de distintos taxis, percibiendo por tal servicio de éstos una cuota, sin tener la agencia ninguna relación de índole laboral con los choferes de los vehículos (conf.crit. causa nro. 7386/02 s. 83104 - 'F. A. T. c/ N. F. C. SRL y otros s/ despido' - CNTrab - Sala I - 30/09/2005; ídem, in-re "P. c/ M. s/ Despido" s.d. 82.065 del 21/10/04).

Por todo lo expuesto, entiendo que deben rechazarse los agravios del apelante actor, confirmándose lo dispuesto en la sentencia en cuanto hacer lugar a la excepción de legitimación pasiva planteada por la A. de T. U. de C. R..

I.A-2) En lo atinente al agravio sobre el rechazo de la demanda respecto del codemandado Sr. R. C., tal como lo observa la a-quo en el considerando II párr. 3ero. el actor ha confesado expresamente (fs. 326/328 respuesta a la 2da., 10ma., 22da, 23era y 30ma.posición) su falta vinculación laboral con dicho codemandado y que carece de derecho a cobrar indemnización alguna por parte de dicho codemandado.

En circunstancias como la apuntada, es entendimiento de la suscripta que la plena prueba de confesión judicial prevista en el art. 423 1era. parte del CPCCCH se produce cuando una de las partes, mediante proposiciones afirmativas, obtiene la conformidad de la contraria respecto de un hecho relevante para el proceso y cuyos efectos se proyectan sobre ambos justiciables.

Consecuentemente, la confesión judicial hecha de conformidad con las disposiciones del Código Procesal constituye una plena prueba contra el absolvente e implica la renuncia del derecho a exigir del adversario la prueba de su aserto (conf. Morello - Sosa- Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.V-B, pág. 109; Cám.2"da. Sala III, La Plata, causa B-64.863, reg. Sent. Nro. 128/88). Tales entendimientos no se ven desvir-tuados por los argumentos expuestos por el recurrente a fs. 1123 para restar valor a dicha confesión judicial ya que no demostró a la luz de qué otros elementos probatorios tendría un alcance relativo.

Es claro que no es posible eludir o ignorar con plenitud de conciencia, sus efectos, porque se trata de un hecho personal del absolvente, más aún cuando es criterio doctrinario que comparto que el sentido de ser de lo prescripto por el art. 423 del CPCCh radica en que una vez que una de las partes ha reconocido la existencia del hecho debatido, es inoficioso cualquier otro elemento tendiente a demostrar una cosa ya que no está en discusión (conf. Falcón. E. M. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo III, pág. 284, nota 2).

Por las razones expuestas, arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios planteados por el recurrente en cuanto al codemandado Sr. R. C. y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B) En virtud de lo decidido corresponde imponer las costas al apelante actor vencido haciendo aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCh).

Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el acuerdo, momento en el cual serán regulados teniendo en cuenta la materia puesta a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido (arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento de acuerdo la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 1115/1127 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 1091/1106 en cuanto fuera materia de apelación.

2) Costas de la Alzada al apelante actor vencido (art. 68 del CPCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo. arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

3) Tener presente la reserva del caso federal expuesto por el recurrente actor a fs. 1126vta./1127.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada por apelación del actor, de la sentencia que rechaza la demanda, que fuera entablada contra la A. de T. U. de C. R. y el Sr. R. C. por la suma de setenta y siete mil quinientos dieciséis pesos, con más los intereses y las indemnizaciones previstas en los Arts. 8, 9 y 11 de la ley 24013, como consecuencia del despido indirecto a causa de las injurias, que entiende se produjeron al desconocer la asociación demandada la relación laboral, así como las presiones de las que fue objeto, corresponsabilidad que le atribuye a C. por cuanto en la condición de socio del ente se valía de su trabajo personal, violando la convención colectiva con relación a la retribución y a las restantes prestaciones.

Agrega que no obstante la existencia de la subordinación laboral, existe una relación solidaria de C.. Hace referencia al Art.30 LCT, en correlación con los Arts 699, 701, 705 y concordantes del CC.

La A. de T. U. de C. R. opone excepción de legitimación pasiva y activa respecto al reclamo por asignación familiar y ayuda, subsidiariamente contesta demanda, desconoce relación laboral.

Por su parte el Sr. C. opone las mismas excepciones, contesta demanda y señala que aunque los titulares de los móviles fueran personas distintas, uno de ellos era el presidente de la Asociación, niega la relación laboral, entre la Asociación y P.. Reconoce que P. comenzó a trabajar con C. el 1 de julio de 1995.

Producida la prueba, se dicta sentencia a fs 1091/1106. Se admite la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la codemandada A. de T. de C. R. y se desestima la demanda entablada por S. A. P..

No se hace lugar a la acción entablada contra R. C., con fundamento en el Art. 30 de la LCT, pues "desestimada la acción contra quien lo indica la accionante la empleadora principal -empleador directo- no corresponde tratar la responsabilidad solidaria derivada de tal relación por inexistencia de la primera. Se imponen las costas a la parte actora y regula los honorarios.

Interpuesto el recurso, a fs 1115/1127 se expresan los agravios. Es sobre esta última decisión, de considerar que la demanda se planteó contra la Asociación y sólo "como solidaria" contra C., se refiere el primer agravio.

Sostiene que la lectura de la demanda permite advertir que no hay distinción acerca de los obligados.

Agrega que una obligación no deja de serlo porque sea natural, solidaria, concurrente o simplemente mancomunada, interesa el modo en que nació para el derecho y a quien debe imputarse su autoría. En tal sentido, dice, que si a criterio de la Sra Juez la relación no fue con la Asociación y sí con C., es inadmisible que rechace la demanda contra él.

Relata por qué la obligación nació en cabeza de la A. de T. U..

Agrega que el lazo obligacional característico del derecho del trabajo existió y así lo reconoce C. y lo admite la Sra Juez, aunque en cabeza del codemandado. En consecuencia la discusión sólo podía versar respecto de los sujetos, pero en modo alguno esto pudo dar lugar al rechazo de la demanda.

En punto a la pretendida falta de legitimación, afirma que no debió la Sra Juez creer que la Asociación sólo le prestaba a sus afiliados papel membreteado, pues se trata de asociación con personalidad jurídica plena y no contiene prohibición para recibir o para dar, para celebrar contratos, incluyendo el trabajo como lo tiene.

Señala que una cosa es no aparecer como empleadora y otra distinta, es la calidad que resulta del poder de mando, de asignación de funciones, de disciplina, de interés, esto es, manejar el negocio de taxis, es el objeto.

Señala que la solidaridad que le compete a C. no es como lo presenta la Sra. Juez, y por ello se demanda también al propietario del taxi, apuntando a una relación obligacional única.

Considera que los testigos, integrantes de la Asociación, no pueden tenerse presente por ser parte interesada, refiriéndose a los dichos de alguno de ellos y lo que señalan los testigos que no son asociados.

Menciona el certificado dado por la Asociación como empleadora, la comunicación a la Municipalidad con su membrete.

Menciona el abuso de la forma societaria, ya que dice que la asociación no se constituyó sólo para instalar un radio llamada, se hizo para mantener la hegemonía sobre los propietarios de los coches y resolver todas las cuestiones atinentes. Asevera que ningún propietario nombra un chofer si la Asociación no lo quiere.

Insiste que la Asociación viola la ley en perjuicio de los trabajadores, no es C. ni los otros choferes quienes contrataban, regulaban, contrataban a los choferes, es la Asociación; C. es sólo la persona visible, la que aparece en los registros y la que se convierte en autor material responsable de las obligaciones legales, empleador también.

Menciona la valoración de la prueba que efectúa la Sra. Juez y entiende que al admitir la sentenciante que C. era su empleador, debe declarar el derecho pedido y hacer lugar a la demanda.

Efectúa consideraciones finales y hace reserva del caso federal.

He de determinar en primer término en qué carácter demanda la actora a la A. de T. U. y al Sr. R. C..

Y de la lectura de fs 160 surge que la acción se entabla contra ambos como obligados al pago de la indemnización que pretende. Luego a fs 163 se refiere a la solidaridad y en el petitorio solicita se condene a los demandados en forma solidaria.

Pero si alguna duda surgiera atento lo que manifiesta a fs 164 al referirse a la solidaridad del empleador aparente, he de disentir con la Sra. Juez de la instancia anterior, que desestima la demanda contra C. por considerar que la acción contra él fue planteada en los términos del Art.30 de la Ley de contrato de Trabajo y desestimada la acción contra quien entendiera la parte accionante la obligada principal -empleador directo- no corresponde tratar la responsabilidad solidaria derivada de tal relación por inexistencia de la primera.

Y mis razones tienen basamento en sólidos argumentos, que comparto y que transcribiré, de hombres de renombre del derecho laboral, sin desconocer otras opiniones no menos relevantes.

Así la CNTrab., en pleno, el 3 de febrero de 2006, DT, Año LXVI, número II - febrero 2006, pág. 218 y sgtes, el Sr Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo dijo que "En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y el principio protectorio.

Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. está destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo "Los alcances del art. 30 de la L.C.T.", en Revista de Derecho Laboral 2001 - I; Justo López "La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales", en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid "Tratado de Derecho del Trabajo" T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada)".

"En consecuencia corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, cuyos alcances he reseñado y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías en la obra ya citada ("Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T.II) a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador)".

"A mi juicio, en la corriente que exige la presencia del empleador subyacen, pese a que no se exponen de una manera expresa, motivaciones procesales relacionadas con las circunstancias fácticas del vínculo y los alcances del contrato. Pero estas facetas deben ser resueltas en el marco del derecho adjetivo y si un demandado considera que en la litis debe participar otro sujeto para poder defenderse mejor tiene a su alcance el pedido de intervención de terceros al que aluden los arts. 90; 94 y concs. del C.P.C.C.Ch., que están pensados, precisamente, para la concurrencia de las personas que "podrían haber sido demandadas" en el marco de una responsabilidad solidaria (ver nuestra monografía "La intervención de terceros en el proceso laboral", en Legislación del Trabajo Nro. 354).

Pero en todo caso se trata de una "carga procesal" que se vincula con la estrategia del accionado, en un "imperativo del propio interés", que no es exigible por el tribunal como diría Chiovenda (ver "Principios de Derecho Procesal Civil"), T.II, págs. 61 y sgtes.)" - "Desde esta perspectiva, la posición que exige la necesidad de demandar al empleador presenta otra vulnerabilidad jurídica, también soslayada sin fundamento alguno.

Me refiero a que se induce desde la sentencia la configuración de un tácito litisconsorcio necesario, sin advertir que esta situación impondría, desde ese orden de saber, equivocado por cierto, la integración "de oficio" de la litis como exigencia de validez del pronunciamiento definitivo (doct. arts. 89 y sgtes. del C.P.C.C.Ch.).

Por último debo advertir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha zanjado la polémica ya que ha juzgado arbitraria la sentencia que rechazaba la demanda de un trabajador dirigida contra un responsable solidario, fundada en el desistimiento de la acción contra el empleador y ha sostenido, con todas las letras, que ese criterio ".implica un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso." (Fallos 306-2:421)".

Y siguiendo esta línea argumental el Dr. Guibourg, señalaba que "A pesar del tiempo transcurrido, sigo sosteniendo lo que entonces sostenía; y no por tozudez, sino porque el artículo 705 del Código Civil ha mantenido desde entonces el mismo texto, que autoriza expresamente al acreedor a demandar su crédito de cualquiera de los deudores solidarios, a su elección y sin la condición de hacerlo conjuntamente.

He dado cuenta, en los párrafos anteriores, de las diferencias que subsisten entre los deudores y de las dificultades que puede enfrentar el vicario si se lo demanda por separado. Pero aquellas diferencias no son suficientes para introducir por vía pretoriana, en perjuicio del trabajador, una distinción que la ley no autoriza; y las mencionadas dificultades, que el legislador no pudo dejar de considerar a la hora de crear las leyes civil y laboral, pueden prevenirse mediante una actuación prudente, pueden mitigarse mediante el uso adecuado de las instituciones procesales y, en última instancia, forman parte del riesgo que la ley -en cumplimiento del principio protector- quiso alejar de la parte más débil".

En su voto la Dra Porta, dijo: "Es mi criterio que la solidaridad pasiva que establecen las normas laborales, como la que hoy nos convoca, debe interpretarse a la luz de lo que al respecto dispone el Código Civil, ya que éste precisa que la obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (art. 699).

En consecuencia, en esta clase de obligaciones el acreedor posee el ius electionis, el derecho de elegir contra cuál de los deudores solidarios dirigirá su pretensión, así puede requerirla a cualquiera de ellos o a todos, simultánea o sucesivamente.

Ello no implica que las prestaciones se sumen, se acumulen o se dividan, en este caso salvo voluntad expresa del acreedor, sino que, por el contrario, subsisten en su identidad y continúan siendo una sola. Se trata de una única e idéntica prestación, se debe el todo, la deuda sólo puede satisfacerse de una vez y la calidad de deudor se ostenta simultáneamente y si la obligación se extingue, se extingue para todos los deudores.

El Dr Vazquez Vialard, manifestó "En casos anteriores, he considerado que en el tema que se plantea, corresponde aplicar las disposiciones que establece el C. Civil: art. 705. En tal sentido, me he expresado como miembro de este Tribunal como integrante de las Salas III, I y IV. Además he manifestado dicha opinión en varios trabajos, entre ellos: "La posibilidad que el acreedor laboral le reclame directamente al deudor vicario" (T.S.S. 2002-801) y en el que hace referencia el Sr. Agente Fiscal: "Un criterio desajustado en el ámbito del derecho del trabajo respecto al concepto de responsabilidad solidaria" (D.T. 2003-A, 801).

A los fines de resolver una cuestión de este tipo, cabe formularse la pregunta: cuando se aplica una norma en el ámbito del derecho del trabajo, ya sea por decisión del legislador o del juez que debe hacerlo respecto de una norma que integra el ordenamiento jurídico nacional, que corresponde a otro ámbito, la misma, ¿debe interpretarse tal como lo ha sido, o bien, pasarla por el tamiz de los principios del derecho del trabajo? Estimo que corresponde la primera respuesta, toda vez que si el legislador hubiera deseado lo contrario, así lo habría hecho expresamente, como ocurre en el caso de efectos del pago, en que ha dado una solución distinta a la que fija el C. Civil (art. 260 L.C.T.) (ver "La interpretación en el derecho del trabajo de la ley no laboral", en "Estudios de derecho individual y colectivo del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", ed. Colegio de Abogados de San Isidro, pág. 303-2004).

Con respecto al tema que se discute, considero que las interpretaciones que se han formulado a fin de dar una solución contraria a la que propongo, haciendo apelación a "obligaciones mancomunadas con solidaridad impropia", "fianzas", "obligaciones concurrentes conexas o convergentes" se basan en disposiciones que quizá han tenido vigencia en otro ámbito (en algún caso, en el Derecho Romano) pero que no tienen recepción en nuestro ámbito jurídico (cfr. María del Pilar Manzini y R. D. Pizarro, "Algunas reflexiones en torno a las Obligaciones solidarias en el derecho del trabajo"; en Revista del Derecho Laboral, Tomo I, Año 2001). En virtud de esas consideraciones y de los aportes bibliográficos que han hecho el Sr. Fiscal y la Dra. Elsa Porta, doy mi voto en sentido afirmativo".

Y entiendo que más allá de las calificados argumentos dadas por el resto de los integrantes del tribunal, son éstas las que resumen los motivos por los que no comparto lo decidido por la sentenciante.

He de advertir que dicho plenario viene a compilar lo sostenido con anterioridad sobre el tema por la jurisprudencia y doctrina; C.N.Trab. Sala X, 31 /10/2002, con comentario del Dr Vazquez Vialard; "Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, 5-8-04, H., L. A. y otros c. Ministerio de Economía y Obras y Servicios y Otro. DJ2005/0l, pág.307, en donde se concluyó que "aún cuando llegue firme a esta instancia el rechazo de la demanda resuelto en relación al Estado Nacional, debe confirmarse la condena impuesta a YXX S.A. porque que a criterio de esta Sala la falta de condena a aquel-obligado principal- no es óbice para proceder del modo expresado en razón de que en nuestro régimen jurídico sólo existe una solidaridad pasiva que es la que faculta al acreedor a reclamar la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores solidarios" conf. Arts 699 y 705 y conc. del Cód. Civil.) y a lo decidido por CSJN, en "Cabezas Aurelia y otros c. Sanz y Cía. y otros s/ recurso extraordinario", Fallos: 3062:1421, marcando un referente decisivo.

Falta de legitimación de la A. de T. U. de C. R.:

El actor se queja por la recepción de la falta de legitimación.

Analiza la prueba, marca la actividad de la asociación de T. y concluye que la sentencia no es derivación razonada del derecho vigente.

En principio cabe reiterar lo ya sostenido en otras oportunidades sobre la apreciación de la prueba que efectúa el sentenciante y que se plasma en la jurisprudencia que transcribo:

"La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio", Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, Sardegna, pág. 222.

Advierto como lo señala el quejoso, que las declaraciones de los testigos que son socios o forman parte de la Cooperativa, difieren de la exposición de los choferes, pues éstos últimos, indican que entre ellos existía relación de dependencia, lo que es negado por quienes el quejoso entiende existe interés en que la excepción sea rechazada.

He de valerme a fin de resolver la controversia del resto de los elementos probatorios, que la Sra Juez, también valoró para arribar a la conclusión que es materia de apelación, pues a decir de Casimiro Varela en "Valoración de la Prueba", pág. 186, "cuando un mismo hecho es relatado de distinta forma por varias personas, el camino más seguro para establecer la verdad, es el de ponderar todas las circunstancias...".

De acuerdo a lo que surge al Estatuto, cuya copia certificada fue agregada a fs 576/588, del expte 4495/97 encordelado, la Asociación tiene como finalidad fomentar la unión asociación de todos los propietarios de taxis con jurisdicción en Comodoro Rivadavia, propender al mejoramiento intelectual y cultural, adquirir las tierras y locales apropiados.

En la denuncia que se efectuara ante el Juzgado Federal (fs 718/729) más allá de ordenarse su archivo, los denunciantes entre los que se encontraba el actor, sostuvieron que por "nuestro carácter de denunciantes, los titulares de licencia agremiados en asociaciones... proceden al despido injustificado de nuestros empleos (choferes de servicios).

Siendo un elemento preponderante lo informado sobre la titularidad del vehículo, por parte de la Municipalidad, así como los derechos y obligaciones de los titulares. Resulta como requisito que las altas y bajas de los choferes, sean realizadas por los titulares de las licencias, no constando solicitud alguna que efectuara sólo la asociación, sino como lo señala el informe "sólo avala la petición que realiza el Titular". "Toda responsabilidad es absoluta del licenciatario". Agregando que la Asociación no registra ser titular sobre ninguna licencia.

Debo sumar a ello que ANSES comunica que la Asociación tiene declarado cuatro empleados, no figurando el Sr. P. en calidad de tal.

Ante ello entiendo que no se ha probado que exista entre el Sr. P. y la Asociación demandada, relación de dependencia, pues de las pruebas aportadas y ya referidas surge que ésta prestaba un servicio de comunicación entre el quien requiere el servicio de taxi y el propietario, lo que excluye la relación que se pretende.

Y realizo aquí un paréntesis a lo que se viene tratando a fin de recomendar a los operadores de la instancia anterior, se tomen los recaudos necesarios, para que sea posible la lectura íntegra de todos las fojas (fs 198, 120 y sgtes., 772 sólo a título de ejemplo).

Sin duda existía un reglamento disciplinario, y la aplicación del mismo estaba a cargo de la Asociación, pero no es menos cierto, que ante una desobediencia del chofer, la sanción es soportada por el dueño del vehículo, quien tenía la incumbencia de sancionarlo.

Sin que por ello se desconozca, que dicha medida producía perjuicio a chofer y propietario, atento que "la cooperativa es prestadora de un servicio; su servicio es conveniente para el asociado y, consecuentemente, para el chofer del taxi", pero ello no implica que "pueda extenderse la responsabilidad patrimonial propia del asociado hacia la cooperativa". Jurisprudencia sobre la que se apoya la sentenciante. Revista de Derecho Laboral, pág 571.

Es decir que el sólo hecho que C., el propietario del taxi, sea socio de la Asociación, y que ésta le provea el servicio de comunicación, no significa que deba admitirse que entre ella y el actor exista una relación laboral.

Relación entre P. y C..

De acuerdo a lo resuelto en el primer considerando, y no existe controversia en cuanto a la relación de dependencia entre P. y C., ya que fue reconocido por este último (fs 262) a lo que se agregan los recibos de sueldo incorporados (fs 11/22) de la documental acompañada y los informes de la Municipalidad (fs 634), (661), los de ANSES, fs 662, absolución de posiciones, 1, 3 y 6 por parte de C., fs 747 vta; respuesta 26 del presidente de la Asociación y pericia de fs 1067/1068.

Ante ello, he de avocarme a decidir si el despido indirecto del actor fue procedente y de ser así analizaré las excepciones opuestas y la indemnización que le corresponde.

Valoraré para ello el intercambio telegráfico que se realizó, entre P. y C., y que consta en la documental reservada, los originales de C. A., y el informe del mismo a fs 763 y 901.

El primero de ellos data de 13 de junio de 1997, donde el actor le comunica a C. que se da por despedido por culpa exclusiva de la Asociación que "integra y cuyas conductas ha consentido, motivo por el Ud. también resulta responsable".

El demandado responde, reconoce el carácter de empleador, y no considerando que no tuvo actitud injuriante alguna, lo intima para que en el término de 24 hs de recibida se presente a trabajar en el vehículo nº 3056 de propiedad de C., bajo apercibimiento de considerar sus inasistencias como abandono.

A fs 50 se agrega la contestación del actor, con fecha 19 junio de 1997, recibida el 20 de junio de 1997, alegando otras razones por las que se considera en situación de despido indirecto. Sostiene que tal intimación fue efectuada en febrero de 1997. Hace reserva de derechos y de accionar civilmente.

A fs 51, consta la carta documento enviada por C., da por concluida la relación laboral, por abandono e injuria. La que es contestada y agregada a fs 53.

Y me he permitido este detalle de las comunicaciones, a fin de determinar si le asiste razón al actor.

Y observo que la primera noticia que tiene el demandado, sobre el reclamo que le efectúa P. surge de fs 47, donde le notifica, que se considera en situación de despido indirecto "por culpa exclusiva de la Asociación" y por la calidad de socio, C. es también responsable. Se infiere, a todas luces, que el despido no es como resultado de actitudes del empleador sino por ser socio de quien entiende se encuentra en relación de dependencia.

Y si bien el demandado le da un plazo para reintegrarse, sabido es que la renuncia al empleo tiene carácter recepticio es decir que queda configurado y adquiere carácter extintivo cuando llega a conocimiento del empleador, pues resulta innecesario la intimación previa al trabajador para disponer su despido por abandono, si aquel había expresado ya al principal su voluntad inequívoca de no continuar desempeñándose en su tareas. Manual de Jurisprudencia La Ley, pág.556.

En consecuencia, el despido indirecto se efectivizó en el momento de recibir la comunicación.

No encontrándose probado que la actora reclamara como lo dice en fecha anterior. Queda entonces, sólo como causal de despido indirecto, la esgrimida en la carta documento de fecha 13 de junio de 1997 y recibida el 17 de igual mes y año.

Y tal motivo no configura al no estar probado, causal injuriante, toda vez que lo que le resulta de tal carácter y lo agravia es la negativa de la Asociación a considerarlo trabajador bajo dependencia, razón que no puede endilgarse al demandado C., quien reconoció tal carácter.

Asimismo no es desconocido, porque así lo preceptúa la Ley de Contrato y lo resalta la jurisprudencia, el carácter vinculante de la comunicación, que una vez invocada la causa de rescisión contractual no se la podrá modificar ni ampliar por declaración unilateral ni en el juicio posterior.

De allí que las razones dadas a fs 50 no pueden ser motivo de análisis, más cuando como ya lo señalara, no se probó intimación alguna el 25 de febrero de 1997. Por ello y al no acreditarse la causal invocada por el actor, corresponde rechazar la demanda.

Y sin perjuicio de no hacer lugar a la demanda como lo hiciera la Sra Juez de la instancia anterior, y al alegar fundamentos distintos, no he de considerar la absolución de posiciones del actor. Ello no impide, al no concordar con la valoración que efectúa la apelante, expresar el criterio de la suscripta.

El interrogatorio de la absolución de posiciones, debe ser comprensible para la generalidad de las personas, a la cual está destinado, y debe tenerse presente en la merituación de la prueba e integrada no sólo con todas las respuestas, sino con el resto probatorio.

Más, de la absolución de posiciones, la mención por parte del actor que no mantenía una relación, sino una vinculación, no resulta una negativa a la posición, ya que la misma se afianza con la segunda respuesta, trabajé con él y luego de aclarar, concluye es cierto, siendo la pregunta, para que jure como cierto que se desempeñó como chofer del taxi del Sr. C..

Asimismo contestó que el móvil .... era del Sr. C. y que el conductor principal era el propietario, Y si bien contesta que el Sr. C. lo inscribe sin su consentimiento en ANSES, reconoce que lo admite porque caso contrario se quedaba sin trabajo y por último reconoce al Sr C. como responsable solidario para el pago de la indemnización.

A ello he de agregar, en diccionario de sinónimos, Grupo Editorial Océano, Editado por Gráfica Sopena, se puede leer, vínculo, y como sinónimo vinculación, unión, ligadura,...relación. Según el Diccionario jurídico, Ramírez Gronda, al definir la relación jurídica señala: Según Del Vecchio, "el vínculo entre varias personas, en mérito del cual, una de ellas puede pretender algo a lo que otra está obligada".

Asimismo sin perjuicio del valor probatorio de la confesional, reitero que se deben relativizar los efectos probatorios de dichas declaraciones, ante la posibilidad por parte del absolvente de no prever el alcance de las mismas, máxime cuando se trata de un lego. En autos las respuestas, insisto, no tienen el alcance que le dio la sentenciante.

Por otra parte la certeza o no de sus expresiones adquirirán relevancia al ser confrontadas con el resto del material probatorio y como sostuviera de acuerdo a las pruebas señaladas, todo indica que la relación laboral existió. Señala Gorphe que los diversos medios de prueba analizados no constituyen en absoluto compartimientos estancos. Al examinar unos cabe incursionar en los demás y cada uno de ellos reposa en mayor o menor medida sobre los otros. Citado por Casimiro Varela en obra nombrada.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del apelante vencido.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré en cuenta, la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7, 9, 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión, la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar la apelación y, en consecuencia, desestimar la demanda.

2) Costas de la Alzada a la apelante vencida.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que si bien los votos que anteceden al presente han acordado en cuanto a la solución de la materia traída en revisión, faltaría acuerdo expreso en cuanto a la posibilidad del actor de demandar conjunta o indistintamente a quienes se considere, en la cuestión, obligados solidarios de conformidad con el art. 30 LCT., en la medida que tal norma admita idéntica interpretación que la del art. 705 CCiv. En definitiva, de lo que se trata, es de admitir o no, el poder dirigir su pretensión libremente, ya sea conjunta o selectivamente (ius electionis).

El plenario 309 de la Cámara Nacional del Trabajo de fecha 2006/02/03, a tenido la virtud de mostrar todas las soluciones que brinda la doctrina y jurisprudencia nacional y lograr mayoría en cuanto a la posibilidad de relaciones de manera positiva dicha normativa, otorgando tal potestad al demandante (ver elDial-AA3134).

Entiendo que tal solución es la adecuada en razón de los principios que sostienen la normativa especial ya que de lo contrario el acreedor del derecho común que ha tenido oportunidad de negociar dentro de un régimen de igualdad se vería más beneficiado que aquel que lo hace en un régimen legal tuitivo a sus intereses, pero en tal aspecto lo desatiende.

En oportunidad del plenario aludido el Sr. Fiscal General ante dicha Cámara recordaba en su dictamen que: "Guillermo Borda, con esa síntesis pragmática que lo caracterizaba, coincide con esta línea argumental cuando alude a la finalidad de las obligaciones solidarias y se refiere a la posibilidad de elegir el deudor al que se le pretende cobrar y a la irrelevancia del negocio que une a los sujetos pasivos entre sí frente al incondicionado derecho del acreedor (ver "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, T. I, págs. 457 y sgtes. Edit. Abeledo Perrot).

Ahora bien, el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también se cita en el temario que nos reúne, impone de una manera inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una segmentación del proceso productivo que, más allá de su legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia.

El Derecho del Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que, como vimos, fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir.

Nuestra disciplina no es autosuficiente, ni tiene una autonomía plena y cuando una norma laboral dice "responsabilidad solidaria", se está refiriendo a las pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice "pago", o "persona jurídica de existencia ideal".

Existe, entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sólo puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de una norma laboral expresa distinta y b) La incompatibilidad de la norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo (ver "Incidencia del Derecho Civil en el Derecho del Trabajo", en Legislación del Trabajo XXX - 194)".

Consecuente con las ideas expuestas adhiero a la solución propiciada mayoritariamente y que sostiene que el art. 705 CCiv., es aplicable a la responsabilidad del art. 30 LCT, en consecuencia concuerdo con la opinión de la Dra. Reynoso de Roberts, optando por no opinar respecto al resto de las cuestio-nes ya acordadas en el presente voto, por mantener los criterios de esta sala en lo fundamental y tal como lo faculta la ley 4550 en su art. 8 últ. parte.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que concuerdo con la Dra. Reynoso de Roberts en cuanto a la incidencia del art. 705 CCiv. sobre las cuestiones de responsabilidad del art. 30 LCT. y que alcanza al caso de autos. Por lo demás reitero la fórmula decisoria consensuada por mis colegas.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 1115/1127 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 1091/1106 en cuanto fuera materia de apelación.

2) Costas de la Alzada al apelante actor vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. A. C. S. en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.250).

3) Tener presente la reserva del caso federal expuesto por el recurrente actor a fs. 1126vta./1127.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 24 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS