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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, concepto de arma, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Se duda de si el concepto de arma constituye un elemento descriptivo de la figura o si, por el contrario, lo es de naturaleza normativa. Señala Soler en su Derecho penal argentino que a veces la distinción entre ambos es más aparente que real, pues por lo general, "...todo concepto jurídico esta siempre tejido sobre una urdimbre normativa (Beling).

Así ocurre, por ejemplo, que cuando la figura hace una referencia aparentemente naturalista, en realidad, siempre el objeto mentado queda como teñido por la coloración jurídica... Cuando una figura menciona, por ejemplo, "una puerta" (art. 167, inciso 3, C.P.) aun cuando no es totalmente seguro, existe la mayor posibilidad de que se trate de lo mismo que es puerta para el carpintero o el herrero...".

Esos "datos naturales" alcanzan existencia jurídica solamente a costa de transformarse en "hechos típicos", pues eso es lo que constituye el sentido técnico de las expresiones jurídicas: estas siempre dicen lo que el derecho quiere que signifiquen y al admitirse el concepto de arma impropia como abarcado por la figura del artículo 166, inciso 2 C.P., nos encontramos con que para el derecho el arma de fuego funcionalmente idónea es tan arma como aquella que no lo es. (Del Voto Del Dr. Fierro)
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. de E., M. A. c/ E., O. A. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Cuando se adquieren bienes, entregando como contraprestación dinero en parte propio y en parte ganancial, se le reconoce el carácter correspondiente a la entrega mayor y, a la vez existe una recompensa en favor de la sociedad conyugal, si es menor la inversión ganancial, por el monto de lo invertido. Para efectuar la valuación de la recompensa debe aplicarse la regla del art. 1316 bis del Código Civil, haciendo que ésta sea igual a la proporción que sobre el valor del bien al tiempo de la disolución de la sociedad corresponda a lo invertido por la sociedad conyugal al tiempo de la adquisición.
Fertilización asistida, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A P  K Y Otro c/ Obra Social De La Policia Federal Argentina Y Otro s/ Sumarisimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos in re ¨Artavia Murillo y Otros (Fecundación In Vitro) vs. Costa Rica" del 28 de noviembre de 2012, la infertilidad es una enfermedad que consiste en una limitación funcional y quienes la padecen, para enfrentar las barreras que los discriminan, deben considerarse protegidos por los derechos de las personas con discapacidad, los cuales incluyen el acceso a las técnicas del más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva, lo cual supone, además, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para hacer uso de las decisiones reproductivas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Roberto c/ Ontivero, Jorge s/ Demanda ejecutiva. Cuestión a resolver: ¨En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78) Cuestión a resolver: ­En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

Cuando existe una deuda en dinero, para quien crea en la existencia de un daño dinerario, la situación será manejable por los principios de la responsabilidad civil; en tanto que para los demás, la responsabilidad civil y sus principios no tiene nada que hacer en relación a la depreciación y sus repercusiones obligacionales, pues la suma dineraria que deba fijarse y pagarse no sería más que la expresión de la potencia debida, objeto de una obligación contractual. (Del Voto del Dr. Elena). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia del reajuste por depreciación monetaria en los juicios ejecutivos.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vial Gas S.R.L. c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

En el contrato de obra pública se deben respetar todas las bases técnicas y legales establecidas como normas del acuerdo de voluntades. Entre estos últimos se incluye la vigencia de un sistema previsto para medir las variaciones de precios registradas entre la oferta y la ejecución el cual no puede afectarse sin comprometer los principios básicos, sustanciales e inmutables del procedimiento de selección.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, muerte de las partes, representación procesal, abogado apoderado, obligaciones del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: FERRARI, J. c/ MORA, J. s/ SUMARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

La suspensión de los plazos de caducidad de la instancia tiene lugar cuando, por causas independientes de la voluntad de las partes, éstas se encuentran en la imposibilidad jurídica absoluta de formular peticiones tendientes a activar la marcha del proceso, o relativa, proveniente de contingencias que hacen que el trámite no pueda ser proseguido.

El fallecimiento de uno de los litigantes determina, en principio, tal suspensión.

Sin embargo, ello es así respecto de quien actuaba en el juicio en forma personal, ya que si lo hacía por medio de apoderado, éste se encuentra gravado con la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los herederos tomen intervención en la causa (conf. art.

53, inc. 5, del Cód. Procesal), deber que sólo cesa una vez que aquéllos sean debidamente citados y venza el plazo fijado por el juez para su comparecencia. Por tanto no media en esta hipótesis la mentada imposibilidad de activar la tramitación del proceso que justifica la suspensión de los plazos de caducidad, ya que su impulso debe ser asumido por el mandatario hasta la presentación de los sucesores o, en su caso, hasta el vencimiento del aludido término.
Constitución Nacional, libertad de prensa, responsabilidad del editor, eximentes de responsabilidad, fuentes de información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreiro, Hipólito Carmelo c/ Fernández, Mario Alberto y otro. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Para eximir de responsabilidad al informador, éste debe atribuir directamente la noticia a una fuente identificable y, al precisar aquélla, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores no atribuirlas al medio a través del cual las han recibido sino a la específica causa que las hubiera generado.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Reajuste jubilatorio, silencio de la administración, habilitación de instancia, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOLA, JULIO JOSE c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-21

La ausencia de resolución administrativa al reclamos de reajuste del haber previsional impide que la instancia judicial tome intervención en autos, pues de esa manera se estaría permitiendo obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Dicho criterio concuerda con el sostenido por la Sala aún bajo la vigencia de la ley 23.473 en los que se pretendía que, por aplicación del art. 10 de la ley 19.549, se entendiera al silencio de la administración como denegatoria tácita al pedido. Conforme esa doctrina, se declaró inaplicable al ámbito previsional aquel artículo y, en consecuencia, no habilitada la instancia. Las modificaciones introducidas por la ley 24.463 no hacen sino ratificar aquel principio, por cuanto conforme su art. 15 la demanda a deducir ante la justicia federal presupone el dictado de una resolución expresa en sentido contrario a las pretensiones que se quieren hacer valer. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saborido, Carlos Daniel c/ Repetto, Adelaida s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

Entendemos que la cuantía del asunto a efectos de las regulaciones de honorarios en estos autos de conformidad con la ley 8904, está dado por los rubros que prosperaron en la sentencia (art. 23 ley 8904). La circunstancia que uno de ellos hubo de ser fijado con posterioridad a la misma, no habiendo integrado la liquidación que se aprobó, y en base a la cual se regularon honorarios, no priva al profesional de los que le corresponden sobre el rubro que se determinó luego teniendo en cuenta toda la labor que desarrolló en el proceso, ya que dichas tareas también llevaron al progreso de tal petición, aunque su consignación numérica fue después. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte ferroviario, responsabilidad del transportador, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, culpa civil, dolo, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA ANGLO ARGENTINA S.A. CIA. DE SEGUROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS LINEA GRAL. BELGRANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

La medida del derecho de la aseguradora subrogada en la posición del damnificado está dada por la entidad del pago (art. 80, ley 17.418), en tanto no exceda el límite del art. 179 del Código de Comercio, que limita la responsabilidad del acarreador al valor de las cosas perdidas, lo que excluye la indemnización de un daño mayor y del lucro cesante, derogando así los principios del derecho común en la materia resarcitoria. La aludida limitación no rige cuando media dolo o culpa grave del acarreador, en cuyo caso entra a regir la ley común, lo que permite al perjudicado reclamar el monto exacto del daño realmente sufrido y el lucro cesante. El principio del citado art. 179 no limita la indemnización al valor en plaza de destino (y no de carga) -tales como el flete, gastos consulares y de despacho, gastos bancarios, tributos, seguro, etc.-y aún el lucro normalmente contenido en el precio que registra la mercadería en plaza.
Nulidad de sentencia, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.G. s/ Abuso sexual en la modalidad de acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual en la modalidad de acceso carnal agravado (dos hechos en concurso real).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-09

La renovación del acto anulado, tiene por propósito la regularización del cumplimiento de las etapas progresivas del juicio a fin de poner al juez en condiciones de pronunciar su veredicto de absolución o condena y no puede interpretarse como una contravención a la garantía constitucional del ne bis in idem, pues ella supone una sentencia anterior.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DEL TUFO, GERARDO P. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-01

La supuesta arbitrariedad no esta fundada si el planteo realizado no demuestra la presencia en la sentencia de omisiones o desarciertos de gravedad extrema que la descalifique como pronunciamiento judicial.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado c/ Empresa Hotelera Americana s/ Ejecución de apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Si bien el peligro en la demora es requisito común de todas las medidas cautelares, fácil es observar que en las medidas destinadas a asegurar la futura ejecución no se menciona este presupuesto, ni se exige su prueba, así sea prima facie. Tanto en el embargo preventivo en caso de reconocimiento de hechos que hagan presumir verosímil el derecho alegado o de sentencia estimativa como en el embargo ejecutivo, se presume el temor o la falta de seguridad de que el obligado cumpla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, procedencia del recurso, fiscales, imputado, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Constituye una afirmación prematura o meramente conjetural el agravio relativo a que el mantenimiento del límite legal para recurrir contenido en el art. 458 del Código Procesal Penal, podría generar de la misma sentencia dos tribunales superiores distintos, según si el apelante fuera el fiscal o el imputado.
Acto administrativo, nulidad absoluta, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ENERGÍA SAN JUAN S.A. c/ E.P.R.E. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ACTUACIONES PARA ELEVAR A LA CÁMARA DE APELACIONES.-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-08-20

la resolución cuyo efecto se pretende suspender mediante la cautelar, resulta ser un acto administrativo (emanado de uno de las autoridades del Estado) y como tal investido de la presunción de legitimidad y ejecutividad que la Ley 3.784 (art. 12) le acuerda; presunción que consiste en la suposición de que el acto fue emitido "conforme a derecho", es decir que su emisión responde a todas las prescripciones legales.

Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se ha desconocido o vulnerado principios de derecho público o garantías individuales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLAGRAN, SERGIO JAVIER c/  s/ APELACION RESOLUCION QUE RECHAZA EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 56 BIS; LEY 24660 Y DENIEGA SALIDAS TRANSITORIAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-13

De la lectura del memorial introductor se evidencia la omisión de un detalle suficiente, claro y objetivo de los hechos relevantes de la causa y de la base fáctica, lo cual -dadas las particularidades del planteo formalizado- resultaba especialmente trascendente, a fin de examinar -de manera liminar y dentro de los parámetros exigidos en el marco del recurso directo- si en las concretas circunstancias de la causa, se imponía la aplicación de un régimen de salidas transitorias diferenciado al reglado legalmente a fin de evitar las alegadas afectaciones constitucionales. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso extraordinario, cuestiones de competencia, denegatoria del fuero federal, privación de justicia, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Paz Posse Limitada Ingenio San Juan c/ Transportadora de Gas del Norte S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12

Las decisiones judiciales que resuelven cuestiones de competencia no autorizan, en principio, la apertura de la instancia extraordinaria por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, salvo que medie denegatoria del fuero federal u otras circunstancias excepcionales que permitan equiparar esas resoluciones interlocutorias a pronunciamientos definitivos, entre ellas, cuando la decisión atacada conduce a configurar un supuesto de privación o denegación de justicia de imposible o tardía reparación ulterior.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Régimen de faltas, faltas de tránsito, responsabilidad solidaria, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Transportes Veintidós de Septiembre SAC s/ violar luz roja y otras - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

De lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 8 de la Ley Nro. 451, se desprende que la legislación en materia de faltas establece un sistema de responsabilidad solidaria entre las personas físicas y jurídicas, por el pago de las multas establecidas como sanción para las infracciones cometidas por sus representantes.

Es decir, que también es responsable el titular de la empresa contratante por las infracciones que cometan sus dependientes. En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad ha señalado que existe un doble sistema de responsabilidad, una responsabilidad objetiva de la persona de existencia ideal y una responsabilidad subjetiva de los agentes (Expte. 141/99 "Transporte 22 de septiembre SAC c/ GCBA s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. el 29 de diciembre de 1999), de ahí que puedan ser citados y condenados tanto la empresa como los choferes que conducían las unidades
Expulsión de extranjeros, política migratoria, debido proceso, derecho a la reagrupación familiar, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Pablo c/ E.N. - D. N. M. s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

En el ejercicio del derecho a expulsar a extranjeros, los Estados deben tener en cuenta ciertas protecciones que consagran valores fundamentales de las sociedades democráticas, y que la política de inmigración debe garantizar a todos una decisión individual con las garantías del debido proceso, respetando el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la vida familiar y el derecho de los niños a obtener medios especiales de protección.
Empleados públicos, remuneración, liquidación, acto administrativo, notificación, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORLANDO, MARCELO H c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 525-89) PLACIDI, MARIO ANDRES Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 7-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29|1996-10-02

La mera percepción, por parte del empleado de remuneraciones liquidadas de acuerdo a determinados actos administrativos, no implica, en principio, la notificación íntegra de dichos actos, ni, menos aún, la comunicación de las razones de hecho y derecho que justificaron su dictado; comunicación ésta necesaria para la adecuada defensa de los derechos que puedan resultar afectados, a través -en tal hipótesis- de la utilización de los "recursos" previstos en el ordenamiento.
Enunciación de los hechos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALBALADEJO DE CARRACEDO, ELVA BEATRIZ s/ LESIONES LEVES (ART. 89 DEL COD. PENAL) EN PERJUICIO DE LIDIA MODESTA  ALBALADEJO DE GARCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-25

Si bien los requisitos en cuanto a indicios o pruebas no se deben valorar con las exigencias que se hacen al dictar una sentencia, tampoco basta una mera sospecha carente de un mínimo de prueba que justifique su dictado. Queda al arbitrio judicial determinar - según los casos - cuando ese mínimo probatorio alcanza o no para considerar cumplidos los recaudos del art. 302 del Cód. Procesal Penal.
Facultades del juez, medidas cautelares, restricción de acercamiento, exclusión del hogar
Materia: CIVIL
Carátula: A., M. I.  c/ Z., R. O. s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

La Ley XV Nº 12, otorga facultad al juez-ante la simple denuncia- de decretar como medida cautelar de oficio o a pedido del damnificado, la exclusión de la vivienda del denunciado, la prohibición del acceso y acercamiento al domicilio del damnificado, el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad, excluyendo al denunciado entre otras.
Remuneración en especie, vales de comida
Materia: LABORAL
Carátula: García Juan L. y O. c/ Vigiar SRL. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-28

Más allá de la discusión existente respecto de si la naturaleza de los "luncheon cheks" es salarial o asistencial, lo cierto es que cualquiera fuera la respuesta a la que se arribe en dicho aspecto, ello no implica que puedan ser otorgados, modificados o suprimidos por el empleador a su antojo -en igual sentido ver, de esta sala, S.D. Nest 37.759, de fecha 12 de agosto de 2.004, dictada en autos "Espina, Alejandro Fernando c/ Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. s/ despido"-.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanco, Alfonso c/ Aeropak S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

La "errónea" fundamentación normativa -por equivocada aplicación de un precepto jurídico- se debe canalizar -en nuestro Código adjetivo civilístico- a través del recurso de inaplicabilidad de ley, y no del extraordinario de nulidad. Distinta sería la situación si la providencia en crisis careciera en absoluto de argumentación, al punto que no permitiera su contralor por el andarivel impugnaticio de la inaplicabilidad de ley.
Recurso extraordinario de nulidad, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Pugna, Manuela y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Cuando no es presentado el memorial de agravios previsto en el art.33 de la ley 5708 la alzada debe tratar todas las cuestiones esenciales, y si omite alguna resulta procedente el recurso extraordinario de nulidad.
Expropiación, indemnización, juicio, partes, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ VARELA, FELISA PENDICA DE Y VARELA Y PENDICA, RUBEN ALEJANDRO s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. Nº. 739 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

Corresponde acoger la acción expropiatoria iniciada por la Provincia si el examen de los hechos fictamente reconocidos por la parte demandada -quien fue declarada rebelde (art. 143, Código Procesal Civil y Comercial)-, lo normado por el artículo 15 de la Constitución provincial, la ley 7534 y la ley 10308/89 -que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble propiedad de la accionada-, aconsejan su procedencia. Siendo así , para establecer la indemnización que sustituye en el patrimonio de la parte expropiada el valor del bien del cual se la priva, es preciso tener en cuenta las pruebas obrantes en autos acerca del valor del inmueble, porque la incontestación de la demanda e incluso la omisión de probar en que incurrió la demandada contumaz, no autorizan - automáticamente- a fijar la indemnización en el monto ofrecido por la actora al demandar.