Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-06


--- En la ciudad de Trelew, a los 06 días de noviembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R., J. c/ P., S. y/o quien resulte ocupante y/o inquilino s/ desalojo" (Expte. 21.730 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 202.---------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------- I. La sentencia definitiva de primera instancia desestimó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y de prescripción opuestas por S. P. e hizo lugar a la demanda por desalojo entablada, con costas al vencido (fallo de fs. 185/188).------------------------- II. El fallo es apelado por el demandado S. P. a tenor de los motivos de agravio expuestos a fs. 195/196 vta., respondidos por la parte actora a fs. 198/vta.----- III. Sostiene el recurrente que en el dictado del decisorio se han violado principios procesales y garantías constitucionales como el principio de congruencia, la bilateralidad, el thema decidendum y la defensa en juicio. Afirma que la sentenciante ha efectuado un encuadre jurídico sorpresivo al hacer lugar a la acción deducida respecto al cambio que incorpora -comodato por compensación- vulnerando así la garantía constitucional a la debida defensa, siendo que en su demanda el actor reclamaba el desalojo por haber finalizado el plazo del contrato de locación sobre dicho inmueble y por la falta de pago de alquileres durante todo el plazo de la locación. Por su parte -señala el demandado- se negaba la celebración de contrato de locación alguno ni la alegada deuda por alquileres, como también que ocupara dicha finca desde la época indicada en la demanda (mayo de 2001). Manifestaba en cambio que la causa de su posesión obedecía a que la finca le fue entregada en febrero de 2003 para ocuparla durante un período de seis años, a fin de compensar con su uso los salarios y las diferencias salariales que el actor le adeudaba, como también, posteriormente, en concepto de indemnización por despido al concluir la relación laboral que mantenía como chofer desde octubre de 1997 hasta noviembre de 2003 en la agencia G. T., de propiedad de J. R. y su cónyuge A. F.. Expresa que si bien el principio iura curia novit faculta a los jueces a suplir el derecho erróneamente invocado, de ninguna manera justifica ni habilita al juez para apartarse de los términos de la litis, como tampoco para modificar el alcance de la acción deducida; máxime con los instrumentos públicos acompañados como prueba. Asevera que en ningún momento el actor demandó por comodato, como afirma la sentenciante al expresar que "sin embargo, subsidiariamente el accionante también demandó el desalojo por finalización de la relación laboral, lo que se asimila al comodato, hecho éste que el apelante admitió. Así, a fs. 126 reconoció expresamente que ocupó dicha finca desde febrero de 2003 en calidad de comodatario, al concluir la relación laboral, para compensar dinero que supuestamente le adeudaba el actor." Tal afirmación -dice el apelante- no es correcta, pues su parte solamente reconoció al contestar la demanda que la finca "le fue entregada para ocuparla durante un período de seis años, para compensar con su uso los salarios y diferencias salariales que el accionante le adeudaba". Sin embargo la a quo fundamenta su fallo sobre la base de un comodato que en ningún momento fue alegado como causal por el actor, y menos que fuese gratuito. Evidentemente -afirma- la juzgadora confunde "comodato" con "compensación", que son dos institutos completamente distintos, ya que uno es gratuito y en el otro existen deudas recíprocas. Además -agrega- su parte probó la existencia de la relación laboral, de los trabajos realizados, de las deudas que el actor tenía con el demandado, del tiempo trabajado y del cese de la relación laboral, conforme a la instrumental presentada. Añade que el sentenciante invirtió la carga de la prueba, ya que existen serias presunciones derivadas de la falta de reclamo de la vivienda mientras prescribía el crédito laboral (textual), "como la falsa causa invocada para el desalojo aduciendo la existencia de un contrato laboral, el reclamo de pago de la totalidad de los alquileres dos años después de venir ocupando la vivienda" (textual). Afirma que la vía adecuada que tendría que haber seguido el accionante debería haber sido la acción reivindicatoria y no el juicio de desalojo, a tenor de lo prescripto por los arts. 2757,2777 y concordantes del Código Civil. Cita doctrina y jurisprudencia y solicita se haga lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva oportunamente planteadas, revocándose el fallo en todas sus partes, con costas.----------------------- IV. Una atenta lectura de las piezas introductorias revela que, por una parte, el actor demandó el desalojo por vencimiento de plazo y falta de pago de una locación sobre la finca identificada como departamento "x" del Edificio **, escalera *del Barrio * xx xxxxx de la ciudad de Rawson. Al contestar el traslado respectivo, el demandado negó la existencia de la locación y la deuda aducidas, afirmando en cambio que no ocupaba el inmueble desde la época alegada por el actor (mayo de 2001) sino desde una muy posterior (febrero de 2003), y que dicha ocupación le fe concedida "para compensar con su uso" los salarios y diferencias salariales que el actor le adeudaba, además de la indemnización por despido luego de concluir la relación laboral habida entre ambos. Opuso asimismo las defensas de falta de legitimación activa, pasiva y de prescripción.------------------------------- ---- V. Al decidir el caso, la sentenciante de primera instancia comenzó por desestimar la existencia del contrato de locación invocado, en tanto el demandante no había aportado ninguna prueba eficaz acerca de su existencia. Consideró sin embargo que el actor subsidiariamente había demandado el desalojo por finalización de la relación laboral, lo cual se asimilaba al comodato, situación que -a criterio de la a quo- el demandado admitió, al reconocer expresamente que ocupó dicha finca desde febrero de 2003 en el carácter de comodatario, al concluir su relación laboral, para compensar así un crédito en dinero emergente de dicho vínculo. En base a ello infirió que, si su defensa consistía en que la vivienda le había sido entregada a ese título por seis años, pesaba sobre este último la carga de probarlo por aplicación del Art. 377 C.P.C.C. En base a estos elementos -concluyó la jueza- dado que P. no consiguió acreditar en autos el aducido plazo de seis años, debía entonces acogerse la pretensión entablada, por lo que debía hacerse lugar a la demanda de desalojo del inmueble, con costas al vencido.--------------------- VI. En el abordaje de esta cuestión, advierto que la juzgadora ha hecho una errónea interpretación del contenido de la demanda incoada. Sabido es que la pretensión, como acto procesal, está sometida a cierta exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico, y en lo que hace a su objeto, éste debe ser posible, idóneo y con causa justificativa (Conf. Guasp, Jaime, "Derecho Procesal Civil", t. I., p. 222 y ss., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968). En la especie el título o causa de pedir el desalojo, según lo invocado por el actor, fue la falta de pago de alquileres y el vencimiento del plazo de un contrato de locación entre las partes. Ese y no otro fue el fundamento jurídico concreto de su pretensión para reclamar el desalojo impetrado. No hubo, como lo sostiene la señora jueza de grado -a mi juicio, con desacierto- una pretensión subsidiaria acumulada sobre la base de un hipotético "comodato" ligado al contrato laboral habido entre las partes, pues lo que en todo caso mencionó el demandante al pasar -y de modo ciertamente confuso- fue que en la hipótesis de que se demostrara la existencia de dicho vínculo laboral, el mismo ya había concluido, negando además el postulante haber convenido en ningún momento que el demandado ocupara la finca por seis años (Conf. demanda, fs. 11/vta.).-------------------------- ---- V. A partir de esa redacción incierta e imprecisa no puede inferirse, por tanto, que el actor haya invocado en forma subsidiaria una pretensión de desalojo basada en un hipotético comodato -figura que a la que, dicho sea de paso, ni siquiera aludió-, pues el Art. 330, inc. 3° del Cód. procesal exige que la "cosa demandada" sea designada con toda exactitud, y de la lectura de la pieza aludida se desprende que la única causa petendi alegada en forma expresa e inequívoca, como ya se dijera, fue la existencia de un contrato de locación vencido cuya existencia ha sido descartada por falta de prueba, en decisión firme y consentida por ambos litigantes.------------------------- VI. Por lo demás y ya mayor abundamiento, diré que aun en la hipótesis de que el actor hubiera tenido de intención de acumular una pretensión de tales características, ella no habría sido procedente, dada la manifiesta incompatibilidad sustancial entre las dos figuras que darían sustento al objeto procesal planteado. Sabido es que mientras la locación es consensual y de carácter oneroso, el comodato, en cambio, es un contrato real y esencialmente gratuito que, además, acuerda diversa extensión de derechos respecto del uso y goce del inmueble (Conf. Borda, G. A., Tratado...", Contratos, t. I. N° 601, p. 496/497; id. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t.7, p. 213/214; id. Llambías-Alterini, "Código Civil...", Contratos, t. III-B, p. 115; entre otros). De haberse tratado de un comodato, mal podría entonces el actor fundar su reclamo de restitución en la falta de pago del canon locativo; se trataría de dos pretensiones que en principio resultan excluyentes entre sí, pues la existencia de una comportaría la inexistencia de la otra (doctr. Art. 87, icn. 1°, C.P.C.C.). Por otra parte, aun cuando pudiera considerarse en abstracto la dudosa posibilidad técnica de una acumulación condicional o eventual de ambas pretensiones (Conf. Morello y otros, "Códigos Procesales...", t. II-B, p. 312 y ss.) de los términos de la demanda ya reseñados no surge una formulación en tal carácter que autorice la interpretación efectuada en el fallo, ya que -como lo he señalado anteriormente- ni siquiera se mentó la existencia de un comodato.------------------------ VII. Considero, en síntesis, que la sentenciante transgredió el principio de congruencia al interpretar que los términos de la demanda contenían -sea en forma eventual o subsidiaria- una alternativa que en verdad no fue planteada y que además se aprecia como excluyente, por tratarse de dos pretensiones con dispares requisitos para la conformación de los respectivos títulos de pedir y diferentes regímenes regulatorios, excediendo con ello los límites de su jurisdicción sobre el caso (doctr. arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 3° y 6°, C.P.C.C.).--------------------------------- No es ocioso aquí recordar que la congruencia de la sentencia respecto de la causa alude al marco fáctico que configura la causa petendi, entendiéndose por tal la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica que resulta determinante de aquélla y que, salvo excepciones, no puede ser modificada sin desmedro de la garantía de defensa en juicio. En este mismo sentido, la Corte Suprema de la Nación tiene dicho reiteradamente que "si bien los jueces no están vinculados por la calificación jurídica de las partes, en virtud del principio iura novit curia, pudiendo enmendar o reemplazar el derecho mal invocado, no están facultados para alterar las bases fácticas del proceso y la causa petendi (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo - CSJN, 24/06/2004 o Sorba, Luis E. y otros c. Superintendencia de Seguros de la Nación y otro o RC y S 2005, 330, con nota de José L. Correa - RC y S 2004, 991 - IMP 2004-B, 2881 - LA LEY 21/09/2004, 4, con nota de Augusto M. Morello; id. CSJN o 19/11/2002 o Giménez, Irma M. c. Rocha, Teresa y otro o LA LEY 2003-C, 177 - DT 2003-A, 353 - DJ 2003-2, 161 - id. CSJN o 26/10/1999 o Mallmann, Arturo J. y otro c. Ministerio del Interior. o LA LEY 2000-D, 504).-------------------- IX. Conclusiones: ---------- A mérito de los fundamentos ya vertidos, opino que corresponde revocar el fallo apelado y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada en todas sus partes, con costas en ambas instancias al actor vencido (Art. 68, C.P.C.C.). De compartirse esta postura, deberán adecuarse los honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento, a cuyo fin, atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de los trabajos realizados y a los resultados respectivamente obtenidos, propongo fijarlos en los siguientes porcentajes, a calcular sobre el monto del proceso debidamente calculado de conformidad con las pautas señaladas en el apartado IV. del fallo: a) para el Dr. J. G. V., en el 10%; b) para el Dr. A. E. M., en el 14% (arts. 6, 7, 19, 26, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).---------------------------- En cuanto a las retribuciones correspondientes a esta alzada, en base a idénticas pautas de ponderación, propicio fijarlas: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,5%; b) para el Dr. A. E. M., en el 4,9% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).-----------------Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.---------------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Marcelo López Mesa dijo: ----------------- El Dr. Ferrari ha hecho una detallada síntesis de lo sucedido en la causa y de los agravios traídos a resolución de esta Sala a la que, siendo suficiente al efecto, me remitiré, bastando para el cumplimiento de mi obligación de fundar individualmente mi voto que exprese los fundamentos por los cuales habré de acompañar su propuesta de revocación del decisorio en revisión.------------------------- La Sra. Juez de grado ha acogido la demanda por conducto de una pretensión no contenida en ella. Se demandó por desalojo y se acogió el reclamo por resolución de un comodato que, en ningún momento, fue introducido idóneamente como pretensión por el actor. -------- A fs. 11/vta. en su escueta demanda el actor solicitó el desalojo del accionado, manifestando que éste le adeudaba los alquileres de un contrato de locación que los vinculara. Luego manifiesta expresamente que "...vengo a demandar al mismo por las causales de vencimiento del plazo contractual y falta de pago de alquileres y para el hipotético caso que se demostrare una relación laboral, corresponde al mismo la devolución del inmueble por cual la relación laboral se encuentra concluida como lo admite el demandado y mi parte en ningún momento convino que ocupara la finca por seis años".-------------------- Esa fue toda la enunciación de pretensiones y del objeto de la demanda que hizo el actor. En ninguna de sus expresiones encuentro que refiriera implícita o expresamente a ningún comodato. Y es mi opinión que el poder de los jueces para reconducir jurídicamente la materialidad de los hechos alegados ante ellos no llega hasta completar la ineficaz alegación de tales hechos o a sustituir a los litigantes en la expresión de pretensiones no articuladas debidamente.------------------------------- --- La parte actora planteó una sola pretensión: la de obtener el desalojo de un inmueble locado porque no le pagaban los arriendos. Punto. El párrafo referente a una eventual demostración de una relación laboral no puede tomarse como una pretensión, ni principal ni subsidaria. Ello, por cuanto no se glosan en la demanda los datos necesarios para saber en qué condiciones se pactó, si es que se pactó, un comodato.--------------------- --- La sala civil y comercial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en el año 2006 en el precedente "Renovell, Francisco F. c. Araus Hnos. S.A.C.F.A.I.", dejó explicitada una doctrina que resulta de exacta aplicación aquí: "La máxima iura novit curia no puede ser entendida como una herramienta que habilite a los jueces a soslayar el relato de los hechos vertidos por cada una de las partes en sus respectivos escritos, ya que de lo contrario se podría en grave riesgo el respeto a la congruencia, con la consecuente afectación al derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, pues las partes no sabrían de qué defenderse (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial, 28/3/06, "Renovell, Francisco F. c. Araus Hnos. S.A.C.F.A.I.", LLC 2006- 803).------ Se agregó en ese precedente que "Las limitaciones que en orden a la aplicación del brocardo "iura novit curia", impone el respeto al principio de congruencia impide que bajo la presunta reformulación jurídica del caso se produzca una modificación de oficio de la base fáctica que conforma la causa de pedir, supliendo la carga que compete al justiciable de relatar los hechos o causa remota que han dado origen a la demanda impetrada" (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial, 28/3/06, "Renovell, Francisco F. c. Araus Hnos. S.A.C.F.A.I.", LLC 2006- 803).------------------------- Idéntico pronunciamiento cabe emitir aquí. Como bien se dijera en un decisorio de la Excma. CN Trab., se estaría fallando "extrapetita" si se incluyese en la condena otros rubros diferentes de los específicamente reclamados, excediéndose los términos en que quedó trabada la litis, en vulneración del derecho de defensa en juicio y del principio de congruencia que deben respetar los pronunciamientos judiciales (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, 19/10/06, Lionti, Jorge I. c. Rutatlántica S.A.", La Ley Online).-------- En el caso que nos ocupa de admitirse una acción de desalojo por finalización de un contrato de comodato -en vez de uno de locación- se estaría fallando extra petita, al incorporar a la litis hechos no alegados idóneamente por el actor, supliendo su incuria, en perjuicio de los derechos del demandado, lo que resulta inaceptable y no puede convalidarse aquí.----------- --- Por otra parte, no puede soslayarse que existía también un óbice sustancial para hacer lugar a la pretensión de desalojo por finalización de un comodato: conforme edicta el Art. 2255 C. C. el comodato es un contrato esencialmente gratuito y la relación contractual -al parecer, existente entre las partes- no lo es, dado que -conforme parece surgir de la confluencia de los dichos de ambas- se pactó para compensar a la accionada por algunas acreencias laborales que no había percibido-. Ergo el carácter de gratuito no está presente en dicha contratación, lo que impide considerar a la contratación base de la disputa como un comodato (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. III, p. 804).-------------- En esta línea se ha dicho que "...la gratuidad es un elemento esencial que hace a la naturaleza del comodato, por lo que la mera existencia de una compensación descarta la aplicación de esta figura" (Cám. 1ª Apels. en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala II, 22/11/94, "González, Oscar A. c. Pardo, Norberto O.", LLBA 1995- 808).---------.

--- Sentado que no cabía reconducir la pretensión actora a una de desalojo por finalización de un comodato, al ser incompatible la esencia legal de esta figura (art. 2255 CC) con la materialidad de la atípica convención discutida en autos, debe darse un paso más allá y expresar que de la lectura detenida de la demanda de fs. 11 surge claro, patente, que ella no reúne los requisitos mínimos para prosperar y que disponer su progreso implicaría vulnerar los derechos constitucionales del demandado, quien no tuvo la ocasión de saber a ciencia cierta de qué pretensión debía defenderse, al haber sido irregular e inidónea la demanda en la formulación de pretensiones. ----------- --- La demanda de autos no da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 330 CPC y C en sus incs. 3º, 4º y 5º. Ello porque no consigna correctamente la cosa demandada ni, menos aún, se lo hace "con toda exactitud" como exige la norma en su inc. 3º; Tampoco se expresan claramente los hechos en que se funda la demanda ni, menos, se los explica claramente, como exige su inc. 4º, introduciéndose incluso una manifestación presuntamente subsidaria -pero incompatible- con la pretensión principal, lo que desdibuja el planteo actoral y quita cualquier precisión al mismo. ---- Menos aún se expone con claridad el derecho aplicable (art. 330 inc. 5º) ni menos todavía se introduce la petición en términos claros y positivos, como requiere el inc. 6º de la norma procesal citada.----- --- La individualización del objeto litigioso efectuada a fs. 11/vta es incorrecta, imprecisa, introduce una pretensión y una aclaración incompatible con ella, contrariando las exigencias procesales (cfr. CARLI, Carlo, "La demanda civil", Ed. Aretua, La Plata, 1994, p. 76) y llevando a tener por defectuosa a la demanda, que, en tales circunstancias, no podía motorizar una pretensión viable. --------------- --- Por las razones dadas coincido con el Dr. Ferrari sobre que la juez a quo transgredió el principio de congruencia en autos al interpretar que los términos de la demanda contenían -sea en forma eventual o subsidiaria- una alternativa que en verdad no fue planteada y que además resulta incompatible con la pretensión principal, excediendo con ello los límites de su jurisdicción sobre el caso (cfr. arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 3° y 6°, C.P.C.C. y su doctrina).---------------------------------- --- Reiteradamente se ha resuelto que el principio de congruencia, establecido por el art. 163 inc. 6° significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (SCBA,30/11/84, "Barreneche, Mario Osvaldo c/ Byrd Refrigeración S.R.L. y otros s/ Resolución de contrato de compraventa o indemnización por daños y perjuicios", A y S 1984-II, 400; ídem, 19/3/91, "Zardi, Raimundo Rubén c/ Rivara, Roberto Luis y ot. s/ Daños y perjuicios", A y S 1991-I-353; ídem,24/3/04,"D.G.I. s/ Incidente de verificación tardía en P.E.M.S.A. su Quiebra"; ídem, 14/2/07, "Club Atlético y Deportivo Junior c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Incumplimiento contractual y daños y perjuicios", ambos en Juba sum. B4824).--------- --- Al basar una sentencia en elementos no incorporados al proceso debidamente a través de una pretensión válida y rodeada de todos los presupuestos para su andamiento se viola el principio de congruencia y, con ello, el derecho de defensa en juicio del demandado, lo que no puede convalidarse aquí, debiendo revocarse la sentencia de grado, que ha incurrido en tales desvíos. Lo expuesto hasta aquí convence de la procedencia de disponer la revocación del fallo apelado, procediendo a rechazar la demanda entablada in totum, imponiendo las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68, C.P.C. y C.).---------------------------- --- Ello obliga a readecuar los honorarios de grado al nuevo pronunciamiento dictado en la causa, quedando los mismos determinados en los siguientes coeficientes, a aplicar sobre el monto del proceso establecido en etapa de ejecución de sentencia: para el Dr. A. E. M., en el 14% y para el Dr. J. G. V., en el 10% (arts. 6, 7 , 19, 39, 47 y cctes., Ley 2.200).--------------------------- Los honorarios correspondientes a esta alzada habrán de regularse en los siguientes coeficientes: para el Dr. A. E. M., en el 4,9% y para el Dr. J .G. V., en el 2,5%.------------------ --- Por los fundamentos anteriormente expuestos, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------- En vista del acuerdo al que se ha arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) REVOCAR el fallo apelado, y en consecuencia, rechazar la demanda entablada en todas sus partes. II) Con costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68, C.P.C.C.). III) ADECUAR los honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento, fijándolos en los siguientes porcentajes, a calcular sobre el monto del proceso debidamente calculado de conformidad con las pautas señaladas en el apartado IV. del fallo apelado: a) para el Dr. J. G. V., en el 10%; b) para el Dr. A. E. M., en el 14%. IV) REGULAR los honorarios de alzada como sigue: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,5%; b) para el Dr. A. E. M., en el 4,9%.---------------------- Así lo voto.---------------- --- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Marcelo López Mesa dijo: --------------- Existiendo coincidencia entre ambos votantes, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: ------ --- Disponer la revocación del fallo apelado, procediendo a rechazar la demanda entablada in totum, imponiendo las costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68, C. P .C. y C.).-------- --- Readecuar los honorarios de grado al nuevo pronunciamiento dictado en la causa, quedando los mismos determinados en los siguientes coeficientes, a aplicar sobre el monto del proceso establecido en etapa de ejecución de sentencia: para el Dr. J. G. V., en el 10% y para el Dr. A. E. M., en el 14%.---- Regular los honorarios correspondientes a esta alzada en los siguientes coeficientes: para el Dr. A. E. M., en el 4,9% y para el Dr. J. G. V., en el 2,5%.------- ---Tal mi voto.---------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).------------------------- Trelew, 06 de noviembre de 2008.------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:------------------ S E N T E N C I A: --------------------------------- --- REVOCAR el fallo apelado, y en consecuencia, rechazar la demanda entablada en todas sus partes. ------------- IMPONER las costas en ambas instancias al actor vencido (art. 68, C.P.C.C.). --- ADECUAR los honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento, fijándolos en los siguientes porcentajes, a calcular sobre el monto del proceso debidamente calculado de conformidad con las pautas señaladas en el apartado IV. del fallo apelado: a) para el Dr. J. G. V., en el 10%; b) para el Dr. A. E. M., en el 14%.-------------------------- REGULAR los honorarios de alzada como sigue: a) para el Dr. J. G. V., en el 2,5%; b) para el Dr. A. E. M., en el 4,9%.---------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------- Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 33 DE 2.008 - SDC.- Conste.- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA.