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Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, deberes y facultades del fiscal, acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

El artículo 45 de su Reglamento establece que la FIA podrá tener en el marco de las causas judiciales contra funcionarios públicos -cualquiera hubiera sido la vía de inicio de las actuaciones- los tipos de participación que a continuación se listan: "...45.1.4. Acción penal subsidiaria: tendrá lugar cuando el fiscal de la causa resuelva no impulsar la acción y la FIA tenga opinión en contrario. En este caso, la actuación de la FIA estará regida por las previsiones del CPP previstas para el fiscal de la causa" (en sentido concordante, ver artículos 31.5., 31.8. y ccs.). Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas puede actuar como parte en el proceso, cuando se cumplan dos requisitos, a saber, que el proceso se haya iniciado por denuncia de la propia Fiscalía y que el Fiscal competente sea contrario a la prosecución de la acción". Una correcta interpretación de las normas que rigen la actuación de la FIA demuestra que este organismo tiene legitimación para intervenir en toda causa penal en la que se investigue a un agente de la Administración Nacional centralizada o descentralizada, o de empresas, sociedades o cualquier otro ente en que el Estado tenga participación, por hechos vinculados con el ejercicio de su función. Esta participación, a su vez, podrá ser en carácter de parte coadyuvante -si es que el fiscal competente se encuentra impulsando la acción penal en tales actuaciones- o bien como parte acusadora -si es que el fiscal de la causa manifestó un criterio contrario a la prosecución de la acción penal en tal proceso-.Esto último, claro está, en nada se contrapone con el principio de unidad de actuación que caracteriza al ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Es la misma LOMP la que manda a entender tal principio "sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores, tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales" (artículo 1°, tercer párrafo). Es, justamente, la especificidad de la FIA respecto del fiscal de la causa la que genera el marco de autonomía necesario para postular tanto la participación coadyuvante como acusadora de este organismo en las causas penales indicadas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Melana, Benigno Omar c/ La Independencia, Soc.An. de Transp. y otro s/ Daños y perjuicios Zampelunghe, Félix Adolfo y otro c/ Ruétalo, Juan Roberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12|1995-02-21

Resulta ineficaz pretender que queda demostrado el absurdo en la fijación de una indemnización apelando a una mera relación de porcentajes entre lo reconocido en el fallo de primer grado y lo establecido por la alzada, porque es un juicio comparativo falso. La sentencia definitiva es la dictada por el tribunal de apelación y deben relacionarse los montos allí fijados con la realidad que traduce la prueba ofrecida; únicamente cuando media absurdo demostrado entre esa correspondencia puede esta Corte actuar sus excepcionales facultades revisoras en estas cuestiones.
Delitos contra la humanidad, excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fernando Alberto Otero s/ excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-07

Ante las serias circunstancias que permiten presumir el peligro procesal que justifica la medida cautelar de excepción, de conformidad con lo prescripto por los arts. 316, 319 y cctes. del C.P.P.N., la denegatoria de la excarcelación al imputado por un delito de lesa humanidad cometido en el marco de una asociación ilícita que actuaba como agrupación política en el período 1975/1976 se ajusta a lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 2/97, en cuanto sostiene que "la seriedad del delito, la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para soslayar la acción de la justicia.".-
Daño moral, consorcio de propietarios, falta de agravio concreto
Materia: CIVIL
Carátula: STURLA,  Rodolfo  Adrián c/ JAITOVICH, María del Mar s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

1- No tienen entidad suficiente para lesionar el honor de una persona las expresiones vertidas por un copropietario en una asamblea consorcial en ocasión de una discusión entre aquél y el letrado y asesor del consorcio, al que llamó "mafioso, ignorante y desinformado", independientemente de a quien le asistiera razón conforme a derecho y al ser las manifestaciones consideradas en ese contexto par parte del resto de los consorcistas. Máxime cuando ello fue consecuencia de un accionar previo de parte del ofendido -envío de un anónimo- y cuando en el acta de la asam blea fueron asentadas las disculpas manifestadas públicamente por el presunto ofensor. 2- Es que las expresiones susceptibles de ser agraviantes deben interpretarse teniendo en cuenta no sólo la estimación particular del ofendido, sino considerando las valoraciones de la comunidad en la cual se vertieron las supuestas ofensas. De lo contrario si sólo se analiza desde la subjetividad o personalidad del accionante se indemnizarían actuaciones originadas como consecuencia de subjetividades o patologías.
Requerimiento de elevación a juicio, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., J.A. y Otros s/ Incidente de Nulidad, "T., J.A. y Otros s-Robo con Arma"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-01-24

La requisitoria fiscal de elevación con cuya lectura comienza la etapa del juicio no constituye medio de prueba alguno del que puedan valerse los jueces para fundar el fallo.
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, obligaciones del transportador, locación de servicios, locación de obra, Ley de Navegación
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

En la utilización de una empresa de control, existe por parte del cargador -que paga por ello una determinada suma de dinero o precio- un encargo o encomienda inspeccionar las bodegas del buque y dar o no su aprobación. Mas estos actos materiales -que no obligan al cargador-no alteran el régimen de responsabilidad del transportista por agua y, por tanto, de su realización no se deriva la creación, modificación o extinción de derechos entre cargador y armador. De allí que las figuras que más se adecuan a la relación cargador-compañía de control sean la locación de servicios (art. l623, C.C.) o la locación de obra (art. 1493, C.C.), mientras que el nexo jurídico entre el cargador y el transportista-que no sufre incidencia por la locación de servicios o de obra apuntadas, conforme con el principio res inter alios acta- se rige concretamente por las normas de la Ley de la Navegación, y de modo más específico por las contenidas en el Título III, Capítulo II, Secciones 4a. y 5a.
Responsabilidad médica, consentimiento informado, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Valiente, Viviana Haydee c/ Centro Médico San Lucas S.A. y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-13

La ausencia en el otorgamiento del consentimiento informado no implica el mero incumplimiento a una formalidad sin sentido, sino de una exigencia legal obligatoria -art. 6 Ley 26529- que por los derechos que involucra, hace a la legalidad del acto médico e involucra la responsabilidad profesional. Suma a la obligatoriedad el Decreto reglamentario N° 1089/2012, en su art. 7, cuando indica que el consentimiento informado se materializa obligatoriamente por escrito en los casos contemplados en el artículo 7° de la Ley 26529 (modificada por la Ley 26742).
Nulidad del acto administrativo, resoluciones judiciales, pérdida del beneficio, principio de contradicción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, JORGE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

El principio general en materia de nulidades de actos administrativos aparece consagrado en el art. 17 de la ley 19.549. Esto es, cuando el acto administrativo ha generado prestaciones que están en vías cumplimiento sólo se podrá impedir su subsistencia mediante declaración judicial de nulidad. El art. 15 de la ley 24.463 es una excepción a dicha norma, y como tal debe ser de interpretación estricta. Tal ha sido el criterio que invariablemente mantuvieron, tanto la Justicia del Trabajo como luego la C.S.S. con respecto al art. 48 de la ley 18.037, que es su antecedente inmediato (cfr. "La anulación del acto previsional por razones de ilegitimidad", A. L. Pawlowski de Pose, D.T. 1994, pág.

22). Por lo tanto, si en el trámite de otorgamiento del beneficio rige el principio de la bilateralidad, no es posible admitir que otorgada la prestación y en vías de cumplimiento, sin dar participación alguna al interesado se disponga unilateralmente su extinción.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, plazo, LEY DE CONCURSOS, tribunal de alzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

Durante la vigencia de la derogada ley 19551, la integración en la alzada de los requisitos formales de la demanda de concurso preventivo recibió mayoritaria respuesta favorable de la jurisprudencia, aunque es dable señalar que muchos fallos pusieron el acento en que lo posible era integrar, completar, subsanar, omisiones de la presentación preventiva concursal en la primera instancia pero no, por cierto, utilizar a la posibilidad recursiva del artículo 13 in fine, de la ley concursal, para obtener un automático alargamiento del plazo a fin de cumplir todo lo que el art. 11 exige se haga al tiempo de la presentación o en el plazo de gracia de su último párrafo, que el juez concede, cuando mediara causal debida y válidamente fundada, para que el interesado "dé cumplimiento total a las disposiciones del presente artículo". (De los Fundamentos del Dr. Rouillón).
Aclaratoria (procesal), suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAGRA FEDERICO s/ QUIEBRA  PEDIDA  -  RECURSO  DE  APELACION  -  RECURSO  DE  NULIDAD -  REGULACION DE HONORARIOS - RECURSO DE ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-25

La aclaratoria no suspende el término para recurrir, pero esa regla vale en tanto y en cuanto el motivo del recurso exista desde la sentencia. En cambio si el agravio surge por primera vez de la resolución que provee a la aclaratoria, el recurso no es ya el originado por la sentencia sino otro distinto, que nace con la aclaratoria y que tiene su propio término, el que se computa a partir de esta última.
Honorarios, incidente de caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: NOMICARIOS ARISTIDES c/ MARIA CRISTINA DEIMUNDO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

Por imperio del anterior Código Arancelario (ley 7269) como del actual (ley 8226), en los casos de "perención de instancia" corresponde efectuar una doble regulación: la del incidente de perención o caducidad de la instancia, que se regula independientemente como incidente terminado y la regulación propia del juicio principal que termina anormalmente, en la que debe tenerse en cuenta la etapa en que se produce.

La diferencia entre uno y otro régimen radica en que, en el anterior (ley 7269) la "perención de instancia" era considerada como un proceso independiente; mientras que en el actual (ley 8226) es considerado como un incidente; incidiendo esta diferencia en los porcentajes a aplicar y, consecuentemente, en los montos a regular.- Es decir que, independientemente de la regulación de honorarios por el incidente de "perención de instancia", corresponde regular por los trabajos efectuados en el juicio principal, teniendo en cuenta las etapas procesales cumplidas (art. 41 y 42 de la ley 8226);

siendo innecesario entrar a considerar a quien corresponde instar el procedimiento.-
Pericia psiquiátrica, contaminación ambiental, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: TABENI, ENRIQUE ALBERTO Y OTROS c/ AGUAS DE CORRIENTES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-31

Habiendo señalado el perito psiquiatra, que entre los factores de stress crónico capaces de alterar el equilibrio bio-psico-social del hombre causando un malestar psíquico, se encuentran -en alguna medida- los ambientales, y estando acreditada la existencia de malos olores en la zona de conflicto, como asimismo las molestias que aquellos ocasionan, se concluye que ellos afectan la integridad espiritual de los peticionantes.
Acción de amparo, acto administrativo, conclusión del procedimiento administrativo, silencio de la administración, acto administrativo tácito, agotamiento de la instancia administrativa, deberes de la administración, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Daniel Eirin c/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-14

El artículo 81 del Decreto Nro. 1510/97, que prevé entre los modos de conclusión de los procedimientos administrativos la resolución tácita producida en virtud del silencio de la administración, constituye una vía opcional a favor del administrado ideada por el legislador para facilitarle el agotamiento de las distintas instancias administrativas. De ningún modo exime a la administración de su deber de expedirse mediante resolución expresa y fundada (art. 2, art. 22 inc. f 3 y el art. 26 inc. a de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires) en el plazo previsto legalmente o en tiempo razonable.
Despido con causa, injuria laboral, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: G., E. c/ C. L.. C, de S, P, T, o denominada indistintamente C. de S. T. E. H. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-27

"El trabajador no puede considerarse injuriado sin formular intimación previa tendiente a lograr que empleador subsane y repare los incumplimientos que adujo lesionaban sus derechos, y no puede atribuirse el carácter de intimación previa al despacho mediante el cual se denunció el contrato de trabajo sin contener un mensaje intimatorio, por lo cual el despido dispuesto en tal contexto deviene apresurado y resulta improcedente la pretensión indemnizatoria con base a éste, máxime si tampoco se acreditaron la causales en que se fundó la decisión rescisoria".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, perspectiva de género, abogado del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., R. B. c/ O., P. A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

En cuanto a la alegada falta de perspectiva de género en el juzgamiento, la Sala puso de resalto que no se encuentra en el caso que este enfoque pudiera haber conducido a encontrar una especial situación estructural de desigualdad de la actora en tanto lo que primó en la solución dispuesta por el Tribunal de origen se centró en revalidar la importancia de lograr la revinculación del niño con su padre, o al menos intentar ésta, antes de adoptar una definición que conduce a poner tal distancia física entre ambos que dificulte -o torne imposible- reanudar este contacto; por otra parte, en lo que respecta a la designación de un/a abogado/a al niño, subrayó la Alzada que la recurrente no explicitó cómo esta sugerencia, que en todo caso quedaba supeditada a lo que resuelva el juez del trámite, puede ocasionar algún agravio a su parte, traduciendo sólo su mera disconformidad a lo dispuesto.
Seguros, denuncia, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ñanculeo, Horacio c/ Tintorería Industrial Mulco Sur S.A. y-o quien resulte responsable s/ Cobro de Haberes e Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-02

El actor no tiene responsabilidad en los malos manejos administrativos de la demandada, a quien la aseguradora cubre en sus siniestros, al denunciar otro accidente del cual no se sabe que pasó, o mezclar o equivocar fechas, etc.- Pero lo cierto es que el actor fue harto claro en su demanda al indicar el accidente, sus detalles, su daño y su reclamo. Así que no hay violación alguna al principio de congruencia y sí tal vez una cuestión entre aseguradora y demandada a aclarar entre ellas pero fuera de este juicio.
Trata de personas, impugnabilidad objetiva, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Claudia Yamila Ferrando c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-22

El voto concurrente agregó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, en los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso. Dres. Borinsky, Carbajo y Hornos -voto concurrente-.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lahorca, Angel c/ Jensen, Rita Lilian y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-22

Si bien el peatón ebrio no es "peatón distraído" tal estado de embriaguez de la víctima no puede constituir un "bill" de indemnidad para quienes conducen automotores por una vía pública. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, revocación de sentencia, recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de nulidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Hutt,   Gregorio  José  y  otros c/ Sein  y  Cía.  S.A.I.C. s/ diferencias salariales- restitución de categorías.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Corresponde revocar la sentencia que, al desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley, dejó firme el rechazo de nulidad articulado por los actores contra la resolución que a raíz de un pedido de corrección, efectuado por la demandada redujo el quantum que ésta debía pagar sin dar traslado a la contraria (beneficiaria de la resolución) pues al así decidir afectó el derecho de defensa en juicio de los recurrentes.
Competencia federal, competencia penal, sistema nacional del seguro de salud, ANSSAL
Materia: PROCESAL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Catamarca s/ investigan depósitos de fondos en bancos Extrader S.A. y Feigin S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Los presuntos hechos delictivos cometidos por los funcionarios de la ANSSAL, por contravención de las disposiciones de la ley 23.661, deben ser investigados por la jurisdicción federal.
Accidentes de trabajo, indemnización, naturaleza alimentaria, remuneración, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

El crédito a que se refiere la resolución atacada es de aquéllos que revisten naturaleza alimentaria y que ha sido admitido por una sentencia que se encuentra firme. Dicha naturaleza alimentaria surge del texto expreso de las normas legales pertinentes (art. 13 leyes 9688 y 23643, y art. 13 inc. 2 ley 24028), siendo además prudente advertir que las indemnizaciones provenientes de infortunios laborales gozan aun de mayor protección que otros créditos de ese tenor, puesto que son inembargables (arts. citados) mientras que el salario -por ejemplo- es susceptible de ser embargado en las condiciones y proporciones que autoriza la legislación. (Del Voto del Dr. García Osella).
Medidas cautelares, Derecho aeronáutico, competencia por la materia
Materia: CIVIL
Carátula: Tango Jet Sa c/ Administración Nacional De Aviación Civil Y Otros s/ Proceso De Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

De allí, pues, que la nueva circunstancia planteada en esta causa, dada por la participación del ORSNA como parte demandada, no es suficiente para variar el criterio adoptado al momento de analizar la competencia para decidir la medida cautelar solicitada por Tango Jet. La composición del litigio requeriría el examen de cuestiones propias del derecho aeronáutico -en este punto caber remitir a la decisión adoptada el 31.5.13 en la causa n° 2045/13- y las medidas estatales cuestionadas tienen origen en un acto dictado por la ANAC. Y esto descarta la aplicación de la norma atributiva del decreto 375/97 puesto que la controversia sustancial se generó por la actividad de un organismo público diferente al ORSNA. A ello debe sumarse que la Corte Suprema ha estimado que las causas en las que se demandan a organismos estatales como la ANAC o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por cuestiones aeronáuticas, corresponden a la competencia material de este fuero, incluso si la acción se encuentra regulada por normas de la ley 19.549 o bien conlleva el cuestionamiento de actos administrativos que versan sobre esa materia (conf.

Fallos 324:3999 y sentencias dictadas en las causas "Grande, Luis Adolfo" del 30.11.10 y "Aero Vip SA", del 23.6.11).
Resoluciones equiparables a definitiva, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Alegre, Leila Cecilia sobre 5 e - entrega / suministro / aplicación o habilitación de estupefacientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-10

La sentencia que deniega el fuero federal es un pronunciamiento equiparable a definitivo (Fallos: 311:605, 329:4667, entre otros). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jueces, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Pizarro  Juan  (Autos  4909)-Guevara  de  Duran, Orfila (Autos 4908) c/ Balmaceda, Ignacio s/ Sumario-Daños  y Perjuicios (Autos 4909), Daños y  Perjuicios-Sumario  (Autos 4908)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-17

Las facultades instructorias de los jueces como sería la de dictar una medida para mejor resolver, no están destinadas a suplir, excluir o sustituir la actividad probatoria que incumba a las partes, y que éstas deben desarrollar, conforme a las reglas relativas a la distribución de la carga de la prueba.