marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de la pena, derecho al recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Silva Pereyra, Jessica Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29

Si la interna fue notificada de conformidad con los arts. 91 ley 24.660 y 40 y 44 decreto 18/97 -reglamento de disciplina para los internos-, se negó a firmar el acta y no hizo uso del derecho de recurrir que le conceden los arts. 96 ley 24.660 y 46 decreto 18/97, carece de sustento el reclamo de notificación de la sanción a la defensa, ya que fue la propia titular del derecho quien decidió no actuar. La disidencia señaló que frente al poder estatal y la complejidad de las decisiones tomadas por la administración penitenciaria, surge la importancia de que los condenados cuenten con una defensa técnica en la etapa de ejecución, y postuló declarar la nulidad de lo resuelto, pues la falta de letrado defensor, impidió que la interna pudiera ser informada de las circunstancias del hecho, ofrecer prueba y defenderse de la acusación. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Riggi y Catucci).
Jubilaciones, pensiones, pericia médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARCHI DE GATICA EMMA c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S243 - 416)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-22

La o las pericias médicas realizadas en sede jurisdiccional son instrumentos válidos a los fines del reconocimiento del beneficio jubilatorio por invalidez.
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: CONCHA PEDRO PABLO c/ COMISION MUNICIPAL DE BELTRAN-DPTO-ROBLES-Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y/O RESPON. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-02

El criterio adoptado por el Más Alto Tribunal del País en materia de aplicación de intereses recomienda recurrir, en principio, a la tasa pasiva, señalando que, "en caso contrario la desindexación perseguida por la Ley de Convertibilidad, mediante la supresión en general de los procedimientos de actualización sustentados en la utilización de indicadores, quedaría desvirtuada por la aplicación de la tasa de interés activa.
Costas, alimentos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C., G. C. c/ F., D. D. s/ ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

El principio rector que debe regir la imposición de costas en un proceso de alimentos -sea que se fije, como se reduzca o se aumente la cuota- manda imponerlas al alimentante, puesto que lo contrario implicaría reducir la cuota, lo redundaría en directo perjuicio del alimentado, lo que resulta inadmisible, más aún cuando éste es un menor. Quien reclama alimentos, los necesita para subsistir y, cargar con las costas equivale a desvirtuar el fin tutelar perseguido, ya que no quedaría incólume la cuota que aquél recibe.
Derecho laboral, trabajador, ius variandi, Administración Pública, relación de dependencia, empleo público, acto administrativo, control de razonabilidad, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

Las garantías que protegen todo tipo de trabajo y el ejercicio del llamado "ius variandi" conoce, en el ámbito administrativo, una limitación relacionada directamente con los fines públicos de la persona jurídica empleadora, y dicho ejercicio es controlado judicialmente mediante el juicio de razonabilidad constitucional y por medio de la pauta o standard jurídico de razonabilidad con la que se supone se resolverá en cada caso concreto el delicado equilibrio entre intereses opuestos y que permite, en suma, conocer si existe adecuación del medio utilizado al fin propuesto.
Denegatoria del recurso, juicio ejecutivo, embargo, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAIOLI, GABRIEL ALEJANDRO C/DYZENCHAUZ, JULIO Y OTRO S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-22

Corresponde rechazar el recurso de apelación opuesto contra resolución que rechazó la pretensión del primer embargante de ciertos inmuebles, orientada a efectuar la venta de dichos bienes bajo la modalidad de "postura bajo sobre cerrado", pues la posibilidad de acudir a dicha modalidad -que prevé el CPR 570- queda librada al exclusivo arbitrio del magistrado (conf. Highton, Elena I. y Areán, Beatriz, A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Buenos Aires, 2008, t. 11, p. 183).
Caducidad, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVA, JUAN BAUTISTA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

No se produce la "convalidación" o "purga" de la perención, contemplada en el artículo 233 del Código Procesal Civil y Comercial, si la demandada planteó la caducidad por vía de excepción antes de consentir ningún trámite del procedimiento.
Estado, división de poderes, distribución de competencias, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIRRE NOELIE Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCION DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 377 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versen sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también pueden comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del artículo 14 de la ley 48. Sin embargo, tratándose de una causa contencioso administrativa en la que predominan aspectos reglados por el derecho público local y versando sobre un tema que la Provincia, en principio, no está vedada de regular (ver art. 6, ley 23661), la competencia federal, sobre cuyo carácter excepcional sería ocioso abundar, no resulta convocada en el presente.
Juicio político, desafuero
Materia: PROCESAL
Carátula: Coll, Daniel Alberto s/ Incidente de Excepción de Falta de Acción
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-10-26

El antejuicio o desafuero, constituye un procedimiento procesal de carácter impeditivo del cual depende la prosecución y no la iniciación del proceso penal, por lo que no puede calificársele como condición de promobilidad, sino condición de proseguibilidad de la acción penal, y por consiguiente antes de que sea concedida la autorización (o desafuero) puede ser iniciada la instrucción y pueden realizarse actos de carácter probatorio y conservativo, con excepción de los procedimientos coercitivos respecto del imputado.
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: NADAL, DARIO ALBERTO c/ E.F.A. EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-14

Si bien la formación de convoyes ferroviarios constituye una cosa máximamente peligrosa -aún más que un automotor en movimiento-, ese mayor grado de dañosidad es atenuado por la exclusividad de circulación. Por ello no resulta aplicable la responsabilidad objetiva fundada en el riesgo creado, contemplada en el art. 1113, párrafo segundo, segunda parte del Cód. Civil.

El actor experimentó lesiones en virtud del contacto físico con un tren de la demandada, cabe concluir que el régimen legal aplicable no puede ser otro que el del art. 1113, párrafo segundo, primera parte del Cód. Civil, que regula el caso de daños causados por un sujeto con una cosa. No se excede en este caso el marco de la responsabilidad subjetiva basada en la culpa, sólo que esta se presume "iuris tantum" y el presunto responsable debe probar su falta de culpa. "a fortioti", si se llegara a demostrar la culpa de la víctima, en los términos del art. 1111 del Código citado, el accionado quedará exonerado de responsabilidad.
Poder Legislativo, Cámara de Senadores, detención
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peláez, Víctor s/ hábeas corpus preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

En caso de ofensas capaces de dañar o imposibilitar el libre ejercicio de sus funciones, el Senado tiene la facultad implícita de disponer arrestos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia vinculante, Poder Judicial, Estado, división de poderes, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

La disposición contenida en el artículo 28 de la ley 10160 según la cual la interpretación que se establezca en los acuerdos plenos resulta obligatoria por el lapso de cinco años, es inconstitucional.

Tal posición se sostiene en el entendimiento de que en la organización institucional que surge de nuestra Constitución, la independencia de la Justicia así como externamente se configura a través de la separación de los tres poderes del Estado, internamente presenta otra faceta no menos importante, que hace a la autonomía o libertad de criterio de cada uno de los magistrados integrantes del Poder Judicial, la que, si se resigna del modo que fuese, menoscaba aquella independencia. (Del Voto del Dr. De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Colman, Juan Felipe c/ Municipalidad de Resistencia s/ Expropiación Regular. Colman, Juan Felipe c/ Municipalidad de Resistencia s/ Expropiación Regular.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-06-30|1988-06-30

Configura una causal de arbitrariedad, consistente en un exceso ritual manifiesto, el denegar la depreciación monetaria solicitada con fundamento en que el rubro fue emitido en la parte resolutiva del fallo recaído en la causa, cuando en los considerandos de éste, expresamente se señaló que la indemnización otorgada debía actualizarse hasta el efectivo pago. Tal vicio descalifica lo decidido y violenta el principio constitucional del derecho de propiedad de la actora, al obligarla a recibir una suma que ha quedado desactualizada, pese a que esa solución no era la acordada por la sentencia, interpretada la misma como un todo armónico entre sus considerandos y su dispositivo. En autos, corresponde disponer la actualización hasta el momento del efectivo pago, por adecuación de lo que se resolvió a lo que fue materia del proceso y la demostración de los pasos seguidos por el razonamiento judicial (considerandos y parte dispositiva).
Desbaratamiento de derechos acordados, prenda, prenda con registro
Materia: PENAL
Carátula: Gramaglia, Alcides E. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

El simple formulario de prenda parcialmente llenado -sin firma de los acreedores- y no inscripto, jamás puede surtir otros efectos legales que los contractuales que de él, como principio de prueba por escrito, puedan derivar entre las partes (art. 1197 del C.C. ) y no entran, por tanto, en los ámbitos amparados por la ley de prenda con registro, reservados solo para quienes cumplen íntegramente con todas sus prescripciones, entre las cuales está, sustancialmente, la de permitir -a diferencia del contrato de prenda común- el desplazamiento del bien a manos del deudor, en virtud de lo cual queda obligado a mantener el bien individualizado en el domicilio contractual, al alcance del acreedor en todo momento, dando lugar su incumplimiento a las sanciones penales que, por derogación efectuada por la ley 23.077, fueron equiparadas a las conductas prohibidas por el inc. 11 del art. 173 del C.P. .
Votantes, capacidad electoral, votantes inhabilitados
Materia: ELECTORAL
Carátula: Zarate, Marcelo Antonio s/ Amparo" (Expte. N° 3666/03 CNE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-20

La privación del ejercicio del sufragio para los ciudadanos que se encuentren en prisión preventiva importa vulnerar el principio de inocencia que se encuentra ínsito en el artículo 18 de la Constitución Nacional y expresamente previsto en los artículos 8°, párrafo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, inciso 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, efectuándose así una discriminación arbitraria. No corresponde imponer a los procesados con prisión preventiva limitaciones que no sean las estrictamente necesarias para asegurar su detención y seguridad o aquellas que faciliten la administración de justicia. Sostener lo contrario importaría aplicar una pena anterior a la condena, menoscabar un derecho fundamental, como es el de participar del acto electoral y por ende no respetar la dignidad humana aplicándole un trato degradante, que va más allá de la naturaleza jurídica de esta medida de coerción personal.
Citación por evicción, acciones posesorias
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN DERMIDIO FERNANDEZ c/ RAUL DUMIT s/ INTERDICTO PARA RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-15

Si están reunidos los requisitos para que funcione la garantía, el actor no puede oponerse a la citación de evicción porque ello en nada le afecta ni torna mas arduo su reclamo, configurándose un deber para el juez efectuar tal citación estando dadas las condiciones, máxime que es un caso de citación obligada de tercero y su finalidad en el caso de la acción posesoria de retener, es que el adquirente pueda ejercer la acción regresiva contra el enajenante en caso de ser vencido en el juicio.
Extinción del contrato de trabajo, extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización reducida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES RAUL EN J: 9694 ELIAS RAUL s/ Quiebra Incidente Pronto Pago (LIBRO: A161 - 065)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-01

Si el contrato de trabajo se extingue por quiebra del empleador, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a la dispuesta por causa de fuerza mayor o de disminución de trabajo no imputable al empleador, que representa la mitad de la acordada sin justa causa.-
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: JUNCOS JOSE AURELIO c/ S.A.P.Y.C. S.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA Y OTROS s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  LEY - INTERPRETACION - ACCIDENTE DE  TRABAJO  -  ENFERMEDAD - ACCIDENTE -  REPARACION  DEL  DERECHO  COMUN  (ART. 1113 C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-16

Cuando la característica riesgosa o peligrosa de la actividad o de las cosas de que se vale el obrero para desarrollarla, esta definida legal o convencionalmente, se produce en plenitud la inversión de la carga de la prueba debiendo únicamente el damnificado cumplimentar con los requisitos procesales exigidos para la demanda y que, en la especie, adquieren peculariedad ya que esta en juego por la inversión de la prueba, el derecho de defensa de la accionada. De tal modo, solo se exige de la demanda, la individualización y objetivación del riesgo o vicio de la cosa o actividad y su incidencia en el daño causado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, relación de dependencia, dirigente gremial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, ATILIO ORLANDO c/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS (OSCTPC) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Los planteos de la impugnante no alcanzan a desmerecer lo expuesto por la Cámara para descartar la existencia de relación de dependencia, por considerar que las labores que la accionante había desempeñado para la obra sindical demandada fueron parte de su función gremial, desde que aquélla era la cara visible con poder de decisión de la delegación local, ejerciendo la administración y representación de la misma y contando con una cuota de poder propia de la función de administrador, desempeño al que accedió justamente con motivo de su carácter de dirigente sindical.
Recurso extraordinario federal, interpretación de la ley, cuestión de derecho común, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MASHMUT JOSE CARLOS Y OTRO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-02

Como principio, la instancia extraordinaria del art.14 de la ley 48 es ajena a la interpretación de leyes comunes de la Nación como son las normas contenidas en la ley nacional 24.660 y su reglamentación, sancionadas con arreglo al art. 67, inc.11, de la Constitución Nacional.
Matrimonio ilegal, cuestiones prejudiciales, nulidad de matrimonio, excepciones procesales, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA FERNANDEZ, RESTITUTO s/ Matrimonio ilegal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1923-08-07

No puede iniciarse la acción criminal por matrimonio ilegal hallándose pendiente la cuestión prejudicial de nulidad del primer matrimonio que sólo puede ser resuelta por la jurisdicción civil.

Para suspender la acción criminal iniciada con posterioridad al planteamiento de la cuestión prejudicial de la nulidad del primer matrimonio, debe oponerse esa cuestión por el acusado, en la forma y oportunidad establecidas para las excepciones de previo y especial pronunciamiento y el Juez al resolver su procedencia debe paralizar la secuela del juicio, hasta que la jurisdicción civil se pronuncie sobre la nulidad alegada.
Cheque, rechazo del cheque, mediación, banco de datos personales, cuenta corriente bancaria, inhabilitación comercial, circulares del Banco Central, recurso de apelación (procesal), Estado Nacional, entes autárquicos, partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIMOLDI ARGIBAY Y MELE SA s/ RECURSO LEY 24452
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-06

Si a traves de la vía de la ley 24452, art. 64, se pretende obtener la exclusión de la base de datos, de cuentacorrentistas inhabilitados conforme con el punto 1.4 de la Circular Opasi II del Banco Central, resulta improcedente no dar curso a la apelación y mandar a que los recurrentes cumplan el trámite de mediación obligatoria, impuesto por la ley 24573. Ello, pues el art. 2 de la citada norma, establece que este procedimiento no es aplicable a las causas en que sea parte el Estado Nacional, o sus entidades descentralizadas, y si bien es indudable que el Banco Central es una entidad autárquica de la Nación, sin embargo, podría estimarse un tanto opinable que sea exactamente "parte" en este recurso de la ley de cheques. Empero, es ese banco quien ha establecido y organizado la base de datos de la que pretenden ser excluidos los apelantes, y es quien opera ese sistema. Por tanto, desde tal enfoque, bien puede considerárselo "parte" en este proceso recursivo, al cual -por ende- es inaplicable el procedimiento de mediación obligatoria.
Medidas de seguridad curativas, enfermos mentales, internación
Materia: CIVIL
Carátula: E., N.B. s/ ART. 482 DEL CÓDIGO CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

1- Tanto el art. 482 del Código Civil como la ley de Salud Pública 22.914 y la de Salud 153 y de Salud Mental 448 de la Ciudad de Buenos Aires no tienen solamente como objeto el amparo del derecho a la salud del enfermo mental sino también su derecho a la libertad. De este modo, en supuestos de internaciones dispuestas por autoridad policial se exige dar cuenta de inmediato al juez y cuando provienen de un pedido de las personas enumeradas en el art. 144 del Código Civil es el magistrado quien puede ordenar la internación psiquiátrica con la intervención del Defensor de Incapaces. 2-Desde esta perspectiva, si en el fuero civil no se dispuso la internación de la causante sino que la decidió un juez penal como medida de seguridad en el marco de una causa en la que la internada fue declarada inimputable y por lo tanto sobreseída en el delito que se le atribuía, el magistrado civil sólo ejerció el control de la internación. En ese marco en el que la causante se encuentra a disposición del juzgado penal y en tanto se ordenó el alta médica supeditada a un tratamiento ambulatorio supervisado por ese tribunal, ante la inexistencia actual de internación corresponde el archivo de las actuaciones que se limitaban al control de la medida. (Sumario N°20197 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Juicio administrativo de responsabilidad, empleados públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera, Julio César c/ Instituto de Asistencia Social de la Provincia s/ Acción Contencioso Administrativa la Provincia s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-12-17

La responsabilidad administrativa del agente público, que se hace efectiva a través del Poder disciplinario de la Administración, aparece cuando el agente comete una falta de servicio, transgrediendo reglas propias de la función pública.
Aportes sindicales, retención de aportes sindicales, obligaciones del empleador, agentes de retención
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO OBRERO PASTELEROS, CONFITEROS Y PIZZEROS c/ INVILO SRL s/ cobro de aportes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El empleador carece de legitimación para cuestionar la vigencia de aportes y contribuciones instituidas por una convención colectiva con fines sociales y que son soportadas por los trabajadores, actuando aquél como agente de retención. En consecuencia, la empresa no tiene interés para poner en tela de juicio la existencia de una obligación a la que, en principio, es ajena y que no ha sido controvertida por los dependientes, únicos sujetos pasivos del vínculo.
Libertad de prensa, funcionarios públicos, real malicia, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa c/ Lanata Jorge y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

La interpretación de la cámara según la cual el envío de una nota del funcionario agraviado en la que se afirma que una noticia es falsa es capaz por sí de trasmutar la posible negligencia de quien ha propalado la noticia en temerario desinterés o real malicia -de modo que la noticia, si es efectivamente falsa, genere responsabilidad civil cuando la mera negligencia es insuficiente para ella- implica crear un recurso sencillo en manos del funcionario interesado en que una información deshonrosa no circule para que la actividad informativa se retraiga, y resulta, además, inconsistente con el fundamento de la doctrina de la libertad de expresión de la Corte. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.