Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-22


Causa 18867-00/CC/2007 "Transportes Sargento Cabral S.C. s/ inf. art. 6.1.63 violación de semáforos con infractor identificado" - Apelación.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 151/152vta. contra la sentencia obrante en la presente causa, de la que RESULTA:

1º) Que arribadas las actuaciones a la sede judicial y habiéndose celebrado la audiencia de debate, se dictó sentencia a fs. 138/142, en la que con fecha 4 de septiembre de 2007 se resolvió I- Absolver a Transportes Sargento Cabral S.C. por el Hecho 8) según acta B 6952410 de fs. 17, labrada el 22 de agosto de 2006, a las 11.25 hs, en Santiago del Estero 781. II- Condenar a Transportes Sargento Cabral S.C. por los siguientes hechos: Hecho 1) según acta B 6951826 de fs. 9, labrada el día 22 de agosto de 2006, a las 11.10 hs, en Brasil y Hornos, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio BEH 705, interno 19 habría violado la luz roja; Hecho 2) según acta B6701886 a fs. 11, labrada el día 13 de julio de 2006, a las 17.07 hs, en Uruguay y Avda. Corrientes, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio FQF 610, interno 35 habría violado la luz roja; Hecho 3) según acta B 6704358 de fs. 12, labrada el día 20 de julio de 2006, a las 16.05 hs, en San José y Av. de Mayo; cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio CHK 939, interno 30 habría violado la luz roja; Hecho 4) según acta B 6704723 de fs. 13, labrada el día 21 de julio de 2006, a las 12.25 hs, en San José y Avda. de Mayo, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio DMV 626, interno 40, habría violado la luz roja; Hecho 5) según acta B 6950820 de fs. 14, labrada el día 18 de agosto de 2006, a las 12.30 hs, en Brasil y Hornos; cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio CHK 962, interno 44, habría violado la luz roja; Hecho 6) según acta B 6951835 de fs. 15, labrada el día 22 de agosto de 2006, a las 12.30 hs, en Brasil y Hornos, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio EFA 245, interno 27, habría violado la luz roja; Hecho 7) según acta B 7018114 de fs. 16, labrada el día 1 de septiembre de 2006, a las 15.55 hs., en Lima y Garay, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio BGB 485, interno 42, habría violado la luz roja. Faltas previstas por el art. 6.1.63, segundo párrafo del Anexo I de la ley 451, a la sanción de multa de pesos seiscientos cincuenta ($650) por cada una de ellas, que asciende a un total de pesos cuatro mil quinientos cincuenta ($4.550).

2º) Que a fs. 151/152vta. el Daniel E. Díaz Menéndez, en representación de Transportes Sargento Cabral S.C., interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada supra. En concreto, plantea los siguiente agravios: a) Que es requisito de las actas labradas dejar constancia del nombre, apellido y domicilio del presunto infractor y entregarle una copia del acta o bien dejar constancia de porqué no se cumplió con ese requisito, circunstancia que no se ha efectuado en autos. Que el imputado tiene que saber inmediatamente que se le labra una infracción y lo tiene que saber para poder defenderse. Que enterarse seis meses después suele ser tarde para colectar pruebas y hasta para recordar el suceso en sí mismo; b) Que han existido violaciones a las formas procedimentales por cuanto oportunamente dedujo un recurso de apelación contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación dispuesto por la Sra. Juez de grado y tal recurso fue desestimado privándoselo de una revisión por la alzada, circunstancia que afecta la garantía de la doble instancia. Por otra parte, se remite a los argumen tos vertidos en aquella oportunidad y aduce que la responsabilidad por las faltas de tránsito debe atribuirse a los conductores de vehículos por cuanto la responsabilidad de la empresa solo es solidaria. Finalmente deja planteada la reserva del caso federal.

3º) Que a fs. 153, la Sra. Juez de Primera Instancia concede el recurso de apelación interpuesto.

4º) Que a fs. 158, pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION En primer término, cabe expresar que el recurso de apelación interpuesto, reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 57 de la ley 1217 por haber sido presentado en el plazo legal correspondiente y por quien tiene legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso, es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "(e)l Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas Nº 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ Estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2 004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad - Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ Infracción violar luz roja y otras - Apelación", del 1/9/2004). Ello, por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada.

Sentado ello, y avocándonos al análisis del caso, cabe expresar que la Sra. Juez de Grado, al analizar la admisibilidad del recurso no establece en base a cual de los tres supuestos previstos legalmente concede el recurso y tampoco efectúa un debido análisis de los fundamentos esgrimidos en el remedio procesal intentado en forma previa a su concesión.

Pese a lo expuesto, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible el remedio procesal intentado en base a lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217 .

Ahora bien, a partir de ello cabe expresar que la defensa invoca la existencia de dos agravios basados en: a) la nulidad de las actas de comprobación por falta de requisitos previstos legalmente y b) la violación a las formas procedimentales en relación a la desestimación del recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de legitimación dispuesto por el Juez de grado y como consecuencia de ello la violación de la garantía de la doble instancia. Por otra parte, plantea nuevamente la falta de responsabilidad directa de la empresa por las infracciones cometidas por los conductores, en base a lo dispuesto por el art. 8 de la ley 451.

Se advierte así que el primer supuesto invocado, puede subsumirse en un supuesto de inobservancia de las formas prescriptas por la ley, pues cuestiona el modo en que el organismo administrativo ejerció su competencia en el labrado de las actas, a la luz del ordenamiento normativo de forma.

En relación al segundo planteo cabe expresar diversas cuestiones: En primer lugar que si bien la Juez denegó el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad rechazando el planteo de falta de legitimación, la defensa no interpuso recurso de queja contra la mencionada resolución, tal como se desprende de fs. 111. En segundo lugar, que el artículo 56 de la Ley Nº 1217 prevé expresamente la apelación de la sentencia definitiva y no de autos que se dictan en el transcurso del proceso, por lo que tampoco con el rechazo de la apelación se vulneran las normas procesales vigentes ni garantía constitucional alguna. Ello así por cuanto el planteo practicado puede reeditarse en otra etapa procesal y ser revisado ahora por esta alzada, lo que de hecho realizó.

Ahora bien, específicamente, en relación a este agravio basado en la responsabilidad solidaria de la empresa por aplicación del art. 8 de la ley 451, que fue reeditado nuevamente al apelar la sentencia definitiva, se enmarca en el supuesto previsto como violación de la ley y resulta idóneo para provocar la revisión por parte de esta alzada.

En atención a ello, corresponde declarar bien concedido el recurso interpuesto y analizar ambos agravios.

SEGUNDA CUESTION I- Agravio basado en la nulidad de las actas de comprobación El fundamento que lleva a la defensa a considerar la invalidez de las actas radica en la inexistencia de una constancia del nombre, apellido y domicilio del presunto infractor o en su defecto del motivo por el cual no se consignaron esos datos en su labrado. A ello agrega la falta de entrega de la copia del acta al infractor, circunstancia que a su juicio evitó que tomara conocimiento inmediato del hecho endilgado.

Al respecto, es dable mencionar que en las siete actas en las que se establecen los hechos objeto de juzgamiento se da cumplimiento con los requisitos establecidos por el art. 3 de la ley 1217. Así dan cuenta del lugar, la hora y la fecha en la que fueron labradas, individualizan la empresa de transportes imputada, detallan el número de interno y de dominio de la unidad vehicular con el cual se cometió la infracción, como así también qué inspector procedió a su labrado.

En relación a la falta de datos del conductor del vehículo, el art. 3 dispone que el acta debe contener el nombre, apellido y domicilio del presunto infractor, si hubiese sido posible determinarlo. En base a ello, la consignación de esos datos no constituye un requisito esencial del acta y su ausencia no puede provocar su invalidez. Por otra parte, en cuanto a la entrega de la copia del acta de comprobación, dispuesta por el art. 4 de la ley 1217, cabe expresar que aquella se da en supuestos en los que el infractor está presente. En el caso, el tipo de infracción cometida descripta en las siete actas -violación de la luz roja- dificulta el contacto inmediato del agente inspector con el chofer del colectivo, circunstancia que obsta a la identificación del conductor y a la entrega de una copia en aquellos casos.

Al respecto, esta Sala ya ha expresado que la ley 1217 no establece específicamente su nulificación si no reúnen la totalidad de los recaudos normativamente establecidos por el art. 3, por lo que la ausencia no implica per se la invalidez solicitada. En razón de ello, corresponde a quien pretende la nulidad, acreditar que se han vulnerado derechos constitucionales (causas nros. 476-00/CC/2005 "Les Bejart S.A. s/entrepiso en contravención con otras -apelación, rta. 13/3/06; 4289-00-CC/07 "Los amigos de Porto Seguro SRL s/exceder la capacidad autorizada y otra", rta. el 24/8/07, entre otras), circunstancia que la impugnante no ha demostrado en autos, más allá de su mera invocación.

En cuanto a la ausencia de anoticiamiento inmediato de las infracciones a la empresa y la consecuente afectación de su derecho de defensa, es dable aclarar que desde el inicio de las actuaciones ante la unidad administrativa de control de faltas -aproximadamente al mes de labradas las actas- la empresa tomó conocimiento de los hechos y tuvo la oportunidad de realizar sus descargos y presentar todos aquellos elementos de prueba que resultaran a su juicio pertinentes para su defensa, derecho que se reeditó nuevamente al solicitar el pase de las actuaciones a la sede judicial.

Siendo así y habiéndose dado cumplimiento con los requisitos legales exigidos no cabe hacer lugar a la nulidad impetrada por la defensa fundada en la presunta violación de la garantía de defensa en juicio.

II- Agravio basado en falta de responsabilidad directa de la empresa por las infracciones cometidas por sus dependientes.

En este punto, la defensa plantea que en virtud de lo establecido por el art. 8 de la ley 451, la responsabilidad por las faltas de tránsito debe atribuirse a los conductores de vehículos por cuanto la responsabilidad de la empresa solo es solidaria.

En primer lugar, cabe expresar, tal como lo sostiene la defensa, que la legislación en materia de faltas establece un sistema de responsabilidad solidaria entre las personas físicas y jurídicas (arts. 5, 6 y 8 de la ley 451). Sin embargo, esa circunstancia no impide que a partir de la responsabilidad objetiva que le es atribuible legalmente a la empresa de transportes ésta no pueda ser condenada, con independencia de la responsabilidad subjetiva que pueda corresponderle a los choferes de los vehículos. En base a ello, no resulta acertada la afirmación de la impugnante en cuanto a que la responsabilidad objetiva y solidaria de la empresa solo puede hacerse efectiva en los casos en los que el conductor no pueda ser identificado en forma alguna.

En este orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal Local también ha señalado que no le asiste a una empresa de transportes un derecho tal que le permita gobernar el procedimiento administrativo o judicial de faltas hacia la investigación de la responsabilidad que pudo caberle a los conductores presuntamente involucrados, o que a criterio de ésta pudieran estarlo, cuando los elementos valorados en la causa no permiten hacerlo, como en el caso donde en las infracciones de tránsito no fueron identificados en las correspondientes actas. Asimismo, la Conde afirmó que "... la falta de citación de los choferes que la empresa indicó como autores materiales de las infracciones, no afecta su derecho de defensa ni constituye una violación a la garantía del debido proceso ..." (Expte. 4080/05 "General Tomás Guido SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", rta. el 14/12/2005).

Finalmente y tal como lo ha señalado en otra oportunidad esta Sala, al interpretar el régimen de responsabilidad en estos casos, tampoco puede soslayarse que quien haya sido citado a comparecer como imputado de una infracción, en este caso la empresa de transportes únicamente, pretenda supeditar su responsabilidad a la efectiva vinculación al proceso de aquellos que por otras razones, autoría material, son solidariamente responsables frente al estado (causa nro. 32022-00/CC/2006 "Transportes Veintidós de Septiembre SAC s/ violar luz roja y otras -Apelación, rta. el 31/5/07).

Así lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia al manifestar que "...no existe un derecho a que se cite a un co-imputado ni en materia penal ni, menos aún, como se ha visto, en materia de faltas. En otras palabras, la empresa no tiene derecho alguno a que el juez de faltas impute la infracción a otras personas (ni siquiera lo tendría en materia penal, si se supusiese que la materia presenta alguna afinidad). Por lo tanto, la falta de citación de los choferes que la empresa indicó como los autores materiales de la infracción no afecta su derecho de defensa ni constituye una violación a la garantía de debido proceso ..." (Expte. Nº 141/99 "Transporte 22 de Septiembre S.A.C. c/G.C.B.A. Justicia Municipal de Faltas s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", rta. el 29/12/1999) En razón de lo expuesto y conforme la interpretación efectuada del art. 8 de la ley 451 no se advierte vulneración alguna al sistema de responsabilidad solidaria previsto en materia de faltas, por lo que también corresponde rechazar este agravio.

En base a ello, el tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 138/142 en cuanto CONDENA a Transportes Sargento Cabral S.C. por los siguientes hechos: Hecho 1) según acta B 6951826 de fs. 9, labrada el día 22 de agosto de 2006, a las 11.10 hs, en Brasil y Hornos, respecto al colectivo de la línea 102, dominio BEH 705, interno 19 por violación de luz roja; Hecho 2) según acta B6701886 a fs. 11, labrada el día 13 de julio de 2006, a las 17.07 hs, en Uruguay y Avda. Corrientes respecto del colectivo de la línea 102, dominio FQF 610, interno 35 por violación de luz roja; Hecho 3) según acta B 6704358 de fs. 12, labrada el día 20 de julio de 2006, a las 16.05 hs, en San José y Av. de Mayo; respecto del colectivo de la línea 102, dominio CHK 939, interno 30 por violación de luz roja; Hecho 4) según acta B 6704723 de fs. 13, labrada el día 21 de julio de 2006, a las 12.25 hs, en San José y Avda. de Mayo, respecto del colectivo de la línea 102, dominio DMV 626, interno 40, por violación de luz roja; Hecho 5) según acta B 6950820 de fs. 14, labrada el día 18 de agosto de 2006, a las 12.30 hs, en Brasil y Hornos; respecto del colectivo de la línea 102, domini o CHK 962, interno 44, por violación de luz roja; Hecho 6) según acta B 6951835 de fs. 15, labrada el día 22 de agosto de 2006, a las 12.30 hs, en Brasil y Hornos, respecto del colectivo de la línea 102, dominio EFA 245, interno 27, por violación de luz roja; Hecho 7) según acta B 7018114 de fs. 16, labrada el día 1 de septiembre de 2006, a las 15.55 hs., en Lima y Garay, cuando se habría constatado que el colectivo de la línea 102, dominio BGB 485, interno 42, por violación de luz roja. Faltas previstas por el art. 6.1.63, segundo párrafo del Anexo I de la ley 451, a la SANCIÓN de multa de pesos seiscientos cincuenta ($650) por cada una de ellas, que asciende a un total de pesos cuatro mil quinientos cincuenta ($4.550). Con Costas (art. 33 ley 1217).

II- Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi: