Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-17


ACUERDO N° 56/2007: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores Vocales Dres. JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ, RICARDO TOMÁS KOHON y EDUARDO F. CIA, con la intervención del señor Secretario, Titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "P., R. y P. S., J. s/Estafa" (expte. n° 207 - año 2005) del registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Jorge O. Sommariva; Dr. Roberto O. Fernández; Dr. Eduardo F. Cia; Dr. Ricardo T. Kohon y Dr. Eduardo J. Badano.

ANTECEDENTES: Que por Sentencia N° 179/2005 (fs. 156/161), la titular del Juzgado Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cutral Có, Dra. Graciela M. de Corvalán, resolvió condenar a J. D. R. P. S., como autora material y penalmente responsable del delito de Usurpación de Título (art. 247 del C.P.), a la pena de quince días de prisión en suspenso.

En contra de tal resolución, el Dr. ..., en su rol de letrado de confianza de la inculpada dedujo recurso de casación (fs. 163/168 vta.). El único agravio que formó base del recurso, admitido por este Cuerpo desde el plano formal, fincó en la infracción al principio acusatorio por falta de correspondencia entre el hecho imputado a su defendida a lo largo del proceso y el tenido por cierto en el pronunciamiento condenatorio, extremo que -a su ver- le habría generado un estado de indefensión.

Por aplicación de la ley 2153 de reformas del Código Procesal (ley 1677), y lo dispuesto en el art. 424, párrafo 1° del C.P.P. y C., el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 191 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión, el Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: I.- En contra de la Sentencia N° 179/2005 (fs. 156/161) del Juzgado Correccional de la II Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cutral Có, el letrado de confianza de la imputada, dedujo recurso de casación.

Concretamente, afirmó conculcado el principio de congruencia, con repercusión negativa ostensible para el ejercicio de su defensa, en tanto la pieza sentencial le abonó a su asistida un hecho diverso del que contuvo tanto la declaración indagatoria, como el requerimiento de elevación a juicio y la intimación hecha en el debate cuando prestó indagatoria. Ello, por cuanto los actos procesales antedichos (en términos generales) remiten a una maniobra de estafa que habría desplegado la encausada los días 16 y 21 de septiembre de 2003, cuando se desempeñaba como administrativa de la Veterinaria "P.....", referida al fingimiento de que en dicho local existía supervisión veterinaria cuando en realidad ello no era así desde el mes de abril del año 2003, y que en tal contexto se diagnosticó y se medicó a un perro propiedad de la señora E. M., la cual, en la creencia de esa atención profesional, abonó por el servicio la suma de cuarenta y ocho pesos, resultando luego que, a instancias de la consulta a otra veterinaria, constató un error de diagnosis de su cánido, el cual finalmente falleció el día 22 de ese mes y año por neumonía; fáctum éste que dista del hecho propuesto por la Fiscalía en su alegación de clausura y dado por probado en la sentencia (a cuya subsunción legal se ajustó la magistrado de grado), referido al ejercicio de la profesión de veterinaria sin contar con título habilitante.

Destaca el Dr. ... que: "(.) Jamás a P. se le atribuyó la acción dolosa de ejercitar la profesión de médica veterinaria sin título habilitante. Ello no empece a que en la descripción del hecho, se utilizan los verbos medicar, internar y diagnosticar al animal enfermo. Es en consecuencia notorio, que al no ser objeto de imputación la acción de ejercer la medicina veterinaria sin título habilitante, no puede la encartada ser condenada por un hecho diverso al que motivó la realización del debate, en el cual únicamente se le reprochó el haber desplegado conjuntamente con el titular del comercio, una acción ardidosa y engañosa, perjudicando económicamente a la familia M., con una disposición patrimonial perjudicial, que de haber sabido que no existían en el comercio, profesional médico veterinario habilitado, no hubiesen éstos realizado [.] Ni siquiera se requirió durante la instrucción, o en la etapa preparatoria del debate, informe al Colegio Médico Veterinario de la Provincia del Neuquén, a los fines de conocer si la imputada se encontraba o no en la nómina de profesionales habilitados. Por esta razón, siendo la imputación formulada, la presunta comisión de un delito contra la propiedad privada, en el caso, estafa genérica, mal puede sostenerse que un mero cambio de calificación, no importe violación del principio de congruencia, cuando lo que ha variado ha sido la imputación fáctica misma, reprochándosele originalmente la comisión de un presunto injusto contra la propiedad privada y culminando con un fallo condenatorio por un delito contra la administración pública.".

II.- Que luego de realizado un análisis de la Sentencia, del recurso y de las demás constancias de la causa que se vinculan con el agravio deducido, soy de opinión, y así lo propongo al Acuerdo, que la casación articulada debe ser declarada procedente. Doy mis razones:

En primer término, cabe consignar que este Cuerpo - en su actual integración - viene señalando que la infracción al principio de congruencia no puede resolverse en abstracto sino haciendo mérito de cada caso en particular. Así, al fallar el precedente "Lezcano" (Acuerdo N° 21/2004) tuve oportunidad de adherir al criterio que vertiera, entonces, mi colega el Dr. Roberto O. Fernández en el sentido que: "el respeto del principio de congruencia 'no persigue el mantenimiento de una absoluta simetría con pura finalidad formal. Por el contrario, su razón de ser es muy clara: evitar que, a partir de una mutación fáctica, se afecte el derecho de defensa del imputado, introduciendo en la sentencia - y en relación con la acusación originaria - hechos o circunstancias no contenidas en ésta. De esta manera, tal variación fáctica puede sorprender al prevenido y, al hacerlo, obstaculizar el adecuado ejercicio de aquella garantía. Por eso Ricardo C. Núñez sostenía - con absoluta corrección - que 'La garantía de la defensa en juicio, que el art. 18 de la C. de la Nación y el art. 9 de la C. de la Provincia [en nuestro caso, el artículo 32 de la Constitución local] establecen a favor del imputado, exige que éste hubiera tenido, en el proceso, la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos delictivos y de sus circunstancias con valor penal, que, en su conjunto, constituyeran el objeto del juicio según la requisitoria o auto de elevación a juicio y, en su caso, la ampliación del requerimiento fiscal (...)' (cfr. 'Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Anotado', Ed. Lerner, Córdoba, 1986, p. 385). Y enseguida, redondeaba su concepto, afirmando que: '[n]o toda diferencia material de los hechos produce la nulidad de la sentencia condenatoria. Sólo la produce si esa diferencia hubiere perjudicado la posibilidad del imputado de presentar pruebas defensivas' (op. y loc. cit.). Sobre la base de estos parámetros, resulta evidente que - salvo desviaciones groseras - la dilucidación respecto al quebrantamiento de este principio no puede hacerse en abstracto y con carácter genérico sino que es algo que debe encararse caso por caso".

Hecha esta referencia teórica, y con ajuste a tales lineamientos, corresponde abordar el caso en examen.

No existe duda de que la hipótesis de la acusación sobre la cual se ajustó esta investigación fue una supuesta estafa en la que se hallaban comprendidos, como coautores, R. P. y J. P. S. (cfr. requerimiento de instrucción de fs. 28/29, requerimiento de elevación a juicio de fs. 91/92 y la presentación del caso en el juicio, fs. 153). También surge prístino del legajo que la mutación del factum que la defensa entiende sustancial ocurrió en el momento final del juicio, más precisamente durante la alegación de clausura (fs. 154 y vta.), situación que concitó la objeción de la defensa a partir de los argumentos que ahora reedita en la impugnación casatoria (cfr. 154 vta./155).

En ese contexto, el tribunal a-quo sostuvo la validez de esa discrepancia en los siguientes términos: "(.) Aduce la defensa en su alegato que la acusación impetrada por la representante del Ministerio Público viola el principio de congruencia, en tanto que su pupila no fue indagada por este delito, siendo figuras típicas diferentes que afectan diferentes bienes jurídicos, no pudiendo condenarse por un hecho diverso. El principio de congruencia implica la identidad de elementos fácticos importantes, sin perjuicio de diferencias circunstanciales de modo, tiempo o lugar, a los fines del correcto ejercicio de la defensa por parte del imputado. Si bien se ha dado en las presentes una calificación diferente, por la fiscalía y compartida por la suscripta, el hecho acreditado conforme las presentes es que la encartada, en el negocio veterinario Panei diagnosticó, prescribió tratamiento internando al can que fuera llevado al negocio, sin contar con el título. El requerimiento de instrucción glosado a fs. 28/29 señala que la perra fue atendida por la empleada quien prescribió su internación, le dijo que estaba enferma del hígado, que fue medicada con inyecciones y suero, desconociendo que se hallaba el lugar sin veterinario. La indagatoria de fs. 74/75 repite las circunstancias fácticas de dicho requerimiento. A fs. 91/92 obra el requerimiento de elevación a juicio en donde como sustrato fáctico se precisan igualmente los extremos de modo, tiempo y lugar, como en la acusación impetrada por la representante de la vindicta pública formulada en el debate. Con ello se acredita que la base fáctica se ha mantenido a lo largo de las instancias procesales, sin perjuicio de haberse cambiado la calificación, atribución que utilizara la Fiscalía y que el tribunal comparte, por adecuarse al tipo penal, por lo que no considero que se haya producido violación alguna al principio de congruencia." (fs. 160 y vta.). Más allá de compartir el principio general esbozado por la a-quo respecto del llamado "principio de congruencia", respetuosamente, disiento con su aplicación al caso tal como operó en este legajo. Me explico:

a) Una primera lectura, efectivamente, podría llevar a coincidir con la judicante, en el sentido de que aquellos elementos típicos que harían a la usurpación de título estarían presentes desde el comienzo mismo de la investigación, y que por lo tanto la Defensa contaba con la posibilidad plena de ejercitar su defensa. Así, por ejemplo, la denuncia de fs. 1 atestaba, en una de sus partes, que "(.) el propietario de la veterinaria que gira bajo la razón social "P..... Veterinaria" [.] y la empleada de éste [esto último, en concreta referencia a la imputada de autos] estarían ejerciendo en forma ilegal la medicina veterinaria."; imputación que, aunada a los informes de inspección y a la nota que les da origen (cuyas fotocopias corren a fs. 24/27), llevaría a concluir que el hecho tenido por probado en la sentencia no distaba de aquel sustrato fáctico.

b) Sin embargo, esta presunción se disipa a poco de repararse que, en la declaración testimonial brindada por E. E. M., ocurrida también al comienzo de la pesquisa (fs. 8), dijo saber y conocer que la aquí imputada no tenía título de veterinaria ni se arrogó dicha calidad profesional; por el contrario, "(.) siempre interpretó que la chica estaba cumpliendo con el tratamiento dirigido por el veterinario", señalando más adelante que sufragó por tal inexistente atención profesional cierta suma de dinero (cuarenta y ocho pesos) sobre la cual no se le dio recibo o comprobante alguno, dinero éste que fue recibido por el propio señor P. dentro del local.

c) Es por ello que al requerirse la instrucción del sumario, la fiscalía enfocó dicho accionar como una maniobra artera de los sospechados por la cual fingieron tener la asistencia veterinaria del profesional que ya, para abril de ese año no se desempeñaba en dicho comercio, cobrando así la suma arriba apuntada, generándole así a M. y a su hijo C. L. M. una afectación económica mensurable; ello, "(.) toda vez que la conducta de los sospechados los llevó a disponer patrimonialmente de la suma de dinero pagada por la atención y además el perjuicio se amplía, atento que, transcurre desde el 15 al 19 de Octubre de 2003 cinco días sin real asistencia veterinaria, lo que conlleva en la muerte del can, por llegar tarde al examen con un profesional." (fs. 28 vta.).

Más aún, en las conclusiones finales de aquel dictamen, el señor Agente Fiscal descartó plenamente el delito sobre el que versa la condena bajo el siguiente razonamiento: "(.) teniendo presente que la señora M. d. M. era cliente de la 'Veterinaria P...', desde hacía más de cuatro años y conocía la existencia del veterinario L. en el lugar, se desplaza por parte de los aquí sospechados la conducta ilegal de ejercicio ilegal de la profesión, toda vez que en ningún momento ninguna de las dos personas finge ser médico veterinario, sino que actúan de modo ardidoso 'haciendo creer a la cliente que el médico se hallaba en funciones', cuando en realidad había renunciado seis meses antes del hecho." (fs. 29).

d) Esto último, claro está, tuvo plena correlación con la pieza acusatoria por la que se pretendió su sometimiento a juicio (cfr. fs. 91/92, en especial la síntesis hecha por el propio ministerio público en la última parte de su requerimiento). e) Ya al final del juicio, la Fiscal actuante, expresó que no le endilgaba a P. S. el delito de estafa, "(.) porque quedó aclarado en la audiencia que, para que haya ardid debe haber un despliegue tendiente a perjudicar, no encuentra ardid en la conducta de P., pero sí encuentra que la imputada incurrió en otro delito.", en concreta alusión a la figura de usurpación de título por la que viene imputada.

Ahora bien, los antecedentes así extractados, me persuaden de que efectivamente ha existido una flagrante violación al principio de correlación y una situación de indefensión para la parte que aquí recurre.

Esto lo digo pues, de manera paradojal, aquella maniobra de estafa -sobre la cual reposó toda la labor instructoria y la mayor parte del juicio- fue abandonada por la propia acusadora al final del debate, bajo la explicación (no desarrollada ni explicitada, de estar a las constancias del acta) de que faltaba el perjuicio económico que requiere ese tipo penal; y sincrónicamente, tuvo por cierto lo que esa misma parte acusadora, al menos hasta el momento de sus conclusiones finales, se ocupó de descartar abiertamente; impidiéndose así el contradictorio necesario sobre dicho tópico.

Adviértase que de haber tenido la Defensa que erigir su estrategia conforme la conducta finalmente reprochada, la interrogación de la testigo M. (convocada al juicio), se hubiera centrado de manera especial a establecer si P. S. se hubo arrogado (de manera explícita o implícita) durante la atención que le dispensara, el título de profesional veterinario y si en dicho marco efectuó la diagnosis y medicación de su can; situación que a la luz de lo expresado por esta misma testigo, al menos en la instrucción, ello no aconteció.

Creo así haber fundado las razones por las cuales, tal como ya lo anticipara, la casación deducida debe ser declarada procedente. Mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

A la segunda cuestión, el Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: Atento el modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo, se declare la nulidad del decisorio por afectación al principio de congruencia tal cual se denunciara.

Por esta razón deberá, asimismo, decretarse la nulidad del debate que le precediera (artículo 155, párrafo 2°, C.P.P. y C.); reenviándose los actuados (artículo 429 del ritual) para que, a través del magistrado actuante por subrogación legal y previo debate, sea dictado un nuevo pronunciamiento. Tal es mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Jorge O. Sommariva, voto en igual sentido.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: Sin costas en la instancia (arts. 491 y 493 C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Jorge O. Sommariva. Así voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Jorge O. Sommariva. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Debe eximirse de costas a la recurrente de conformidad con los arts. 491 y 493 del C.P.P. y C. Mi voto.

Se deja constancia que el Dr. EDUARDO J. BADANO, quien participó de la deliberación, no suscribe el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 364 del C.P.P. y C.).

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Defensor Particular, Dr. ..., a favor de la imputada J. P. S.. II.- DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia N° 179, de fecha 29 de agosto de 2005, obrante a fs. 156/161, dictada por la titular del Juzgado Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cutral Có, por afectación al principio de congruencia. III.- DECLARAR LA NULIDAD DEL DEBATE que le precediera (art.155, párrafo 2°, C.P.P. y C.). IV.- REENVIAR los actuados para que, a través del magistrado actuante por subrogación legal y previo debate, sea dictado un nuevo pronunciamiento (art. 429 texto legal citado). V.- Sin costas (art. 491 y 493 del C.P.P. y C.). VI.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario, que certifica. Dr. RICARDO TOMÁS KOHON - Presidente subrogante. Dr. JORGE O. SOMMARIVA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. EDUARDO FELIPE CIA Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario