Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-29


Autos Nº 4.906 (5° J.P.L.G.S.J., Capital, N° 23.615/14), caratulados: "CREDIPUNTOS S.A. c/ Cáceres, Héctor Raúl - Ejecutivo".

San Juan, 29 de marzo de dos mil diecisiete.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación subsidiario al de reposición interpuesto por la actora (fs. 15/16), quien comparece mediante apoderado, contra el decreto de fs. 14. Luego de rechazar la revocatoria (fs. 17), el recurso apelatorio fue concedido con efecto suspensivo por providencia de fs. 19. Y CONSIDERANDO: I. Los hechos: Expedita la etapa procesal de cumplimiento de la sentencia monitoria, la actora practica liquidación (fs. 13), impetrando el traslado de la misma. Por conducto de la providencia de fs. 14, la Jueza de inferior instancia ordena a la ejecutante reformular la planilla de liquidación previo a ordenar su traslado. A los fines de la realización del nuevo cómputo, el a quo conmina a la actora a computar los intereses desde la fecha de notificación de la demanda (29 de diciembre de 2014), atento a que ésta no manifiesta fecha cierta de presentación del título al cobro. Asimismo, le manda a acreditar documentalmente ciertos gastos que componen la liquidación. II. La impugnación: Mediante el recurso de reposición con apelación subsidiaria de fs. 15/16, se alzó el impugnante, fustigando el resolutorio citado. De tal queja puede extraerse: o Que le causa gravamen la providencia que ordena adoptar como fecha de inicio para el cómputo de los intereses compensatorios la de notificación de la demanda, cuando se encuentra pactado tanto en el título base de la ejecución, como en el escrito inicial de demanda, que los mismos deben computarse desde la fecha de creación del pagaré.- o Asimismo, y respecto de la presentación de los comprobantes solicitados por el a quo, destaca la imposibilidad de contar con los mismos, toda vez que dichas tramitaciones son solicitadas en masa, no contando con recibos individuales por cada causa, razón por la cual se colocan en el rubro "gastos generales", y que los mismos responden a valores de mercado. A fs. 17, el a quo no hizo lugar a la reposición en virtud de los fundamentos expuestos a fs. 14 y concedió la apelación a fs. 19. A fs. 20 tuvo por expresados los agravios y ordenó correr traslado del memorial al ejecutado, quien no lo contestó. III. Trámite seguido en la Alzada: A fs. 23 se ordenó elevar el expediente a la Cámara, lo que se materializó a fs. 24. Ya en este ámbito, se comunicó a las partes la integración del Tribunal mediante la cédula que obra a fs. 26 y vta. Seguidamente, se dispuso el pase de los autos a resolver (fs. 27), circunstancia también notificada a fs. 28 y vta. Requerida la documentación original (fs. 30) y recepcionada que fuera (fs. 37), se procedió a la adjudicación de la causa a estudio, producto de lo cual surge el presente decisorio. IV. Resolutorio: 1. Delimitando el ámbito sobre el que versará el estudio de la causa, puede decirse que se entiende por interés al "pago que se efectúa por el uso del dinero" (Samuelson, Paul A., "Economía", 16 edic., Mc.Graw-Hill, Buenos Aires, 1988, pág. 467), constituyendo siempre, cualquiera sea su clase, un accesorio del capital. Por su parte, desde el punto de vista de la función que cumplen, desde antiguo se han disgregado dos clases fundamentales de intereses, los compensatorios y los moratorios. Mientras los primeros son los que las partes pueden convenir en pago o compensación por el uso de un capital, los segundos son lo que el deudor puede deber, por retener el capital después de la fecha en que debía devolverlo (Salvat, Raymundo M. y Galli, Enrique, "Tratado de Derecho Civil argentino, Obligaciones en general", 6ª edic., Tea, Buenos Aires, 1952, T. I, pág. 421). Dicho de otro modo, el interés compensatorio se identifica con el "precio" de la liquidez, con independencia de la existencia de mora del deudor; mientras que el moratorio supone una indemnización que el deudor debe pagar por no cumplir en tiempo y forma con la obligación de dar dinero. En materia de intereses, tanto en el art. 622 del Código Civil velezano -vigente a la época de la relación jurídica analizada-, como el que rige actualmente (art. 767, Ley Nac. N° 26.994) impera el principio de libre convenio en cuanto a reconocer la facultad de las partes para fijar una tasa de interés compensatorio, con los límites impuestos sólo por la buena fe y el ejercicio regular de los derechos, y la salvedad de que ello es sin perjuicio de la facultad revisora del órgano jurisdiccional para el caso de resultar excesiva dicha fijación (art. 622, 2° párrafo, y art. 771, respectivamente, de las codificaciones indicadas). En concreto, se desprende del título ejecutado que el importe consignado en el pagaré devengaría un interés compensatorio igual al treinta y seis por ciento (36%) nominal, anual y vencido, que se computará a partir de la fecha de la emisión de la cambial, hasta la fecha de su efectivo pago. En virtud de lo expuesto, tanto la fijación del interés por el uso del dinero líquido y la fecha desde cuando los mismos comenzarían a devengarse fueron materia de convención entre las partes, e independientemente de que exista mora en el cumplimiento de dicha obligación resulta lógico y justo que el interés compensatorio se devengue desde el momento de la emisión del título. Por otra parte, así lo determina el art. 5 del Dec.-Ley N° 5.965/63 (Adla, XXIII-B, 936), que prevé que en los documentos a la vista o a tiempo vista se pueden establecer intereses, determinando la tasa, y que éstos corren a partir de la fecha de creación del título, si es que en ella no se dispusiera una fecha distinta (conf. Gómez Leo, Osvaldo, "Instituciones de derecho cambiario", T° II-A, 2a edic., Depalma, Buenos Aires, págs. 271 y ss.). En cuanto al monto de la tasa del interés compensatorio convenido, juzgamos que la fijada en autos se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el a quo en la sentencia monitoria de fs. 4 y vta. '...intereses legales o pactados según corresponda los que no podrán exceder del 3% mensual, más IVA, si correspondiere...', el que por otra parte quedó firme por no haber sido materia de impugnación y fue el utilizado en la oportunidad de practicar la liquidación de fs. 13. Por todo lo expuesto, le asiste razón al apelante en cuanto a que el interés compensatorio pactado deberá computarse desde la fecha de suscripción del pagaré, debiendo hacerse lugar a su agravio. 2. No corre igual suerte en cambio, la queja relativa a la comprobación documental requerida por el a quo respecto de los rubros incluidos en la liquidación analizada. Sin desconocer que las costas procesales constituyen, de alguna manera, un resarcimiento de los gastos que debió soportar la parte con el fin de obtener el reconocimiento de su derecho, no es menos cierto que la tarea del profesional encargado de realizarla lleva ínsita una serie de erogaciones necesarias para el impulso del proceso dentro de la jurisdicción de actuación del letrado. Por ello, la unilateral decisión de la ejecutante de recurrir a este tipo de servicios comerciales como los enunciados: tramitación de oficios (fs. 7 y vta.) o emisión del resumen bancario (fs. 10), tienen por objeto facilitar y agilizar las tareas que le son propias, por lo que no cabe trasladarlas a la contraparte, menos aún si la actora carece de los recibos que acrediten dichas circunstancias y, por lo tanto, no corresponde la inclusión de tales rubros dentro de la liquidación de gastos causídicos. En tal inteligencia, mutatis mutandis se ha dicho que corresponde al letrado elegir de cuáles medios habrá de valerse para el adecuado desarrollo de su labor profesional y la obtención de un resultado exitoso en el pleito, sin que esto implique que todos estos gastos, por haberse originado en virtud del proceso, queden incluidos dentro de las costas procesales. Lo contrario daría lugar, por ejemplo, y como se ha resuelto, al absurdo de incluirse en los gastos del proceso los salarios de los empleados del letrado dedicados a recorrer los tribunales e, incluso, las facturas de luz y teléfono del estudio jurídico pues éstos, sin lugar a duda, se han ocasionado por la sustanciación del juicio (cfr. Cám. Nac. Com., sala B, Buenos Aires, 9-9-88, "Balbi, Juan c/ Elizalde Alberto"). V. Pautas a seguir en la elaboración de la nueva liquidación: En razón de lo expuesto, se ordena al apelante reformular la liquidación, adicionando únicamente al capital demandado ($ 3.739), los intereses compensatorios desde la fecha de creación del título, en el porcentaje pactado en éste y hasta la fecha de su efectivo pago, sellados y aforo de documentación, sin incluir las erogaciones que integraron el rubro 'Gastos' de la liquidación presentada a fs. 13, con excepción del gasto de notificación, el que se encuentra debidamente acreditado a fs. 8. VI. Costas: En relación con las costas de segunda instancia, y atento al modo como se resuelve la presente, corresponde que sean soportadas por la recurrente en un treinta y cinco por ciento (35%) y el restante sesenta y cinco por ciento (65%) a cargo del ejecutado, dejándose debida constancia de que no existe actividad computable a los efectos regulatorios de honorarios de letrado alguno de esta última parte (arts. 66 y ccds. del C.P.C., Ley Prov. N° 988-O). Por lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE: I. Admitir parcialmente el recurso de apelación incoado a fs. 15/16, contra la providencia de fs. 14, la que se revoca en parte, y en su mérito se ordena la realización de una nueva liquidación acorde con los parámetros definidos en el apartado V. del presente resolutorio. - II. Imponer el curso de las costas en la manera enunciada en los considerandos. III. Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si correspondiera. Fdo: ROMERO, JUAN LUIS - VOCAL; BAZÁN, VÍCTOR -JUEZ.-P. de A. N° 96, fs. 135/139.