Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03


"IGLESIAS, ANA MARÍA C/ ANTIGUA FARMACIA FLORIDA S.R.L. S/ EJECUCIÓN DE CRÉDITOS LABORALES" Buenos Aires, 3 de Octubre de 2002.- VISTO:

El recurso interpuesto a fs. 15/22 por la parte actora contra la resolución de fs. 12/13, que entendió aplicable a la presente ejecución lo dispuesto por la ley 25.561 y el decreto 214/02.

Y CONSIDERANDO:

Que en el mes de agosto de 2001 las partes suscribieron un acuerdo para instrumentar la ruptura de la relación laboral, por el que la demandada asumió el compromiso de oblar, en veinticuatro cuotas mensuales con vencimiento a partir del mes de septiembre del mismo año, la suma de U$S 38.400 (treinta y ocho mil cuatrocientos dólares estadounidenses billete efectivo) como resarcimiento comprensivo de diferencias salariales atrasadas, remuneración del mes de junio de 2002, vacaciones proporcionales del mismo período y refinanciación de un convenio anterior suscripto por ante la autoridad de aplicación (fs. 40).

Que en virtud del incumplimiento del referido acuerdo -homologado el 2 de enero de 2002 (fs. 4), una vez cumplimentados los requerimientos previos de que dan cuenta las constancias agregadas a fs. 46/54- la actora promovió la presente ejecución, con arreglo a lo pactado en la cláusula segunda in fine, que estableció la caducidad de los plazos acordados en el supuesto de falta de pago de dos cuotas consecutivas.

Que ante lo resuelto a fs. 12/13, la accionante dedujo el recurso en análisis planteando la inconstitucionalidad de la ley 25.561 y del decreto 214/02.

Que sin perder de vista la errática tramitación asignada en la instancia de grado al planteo impetrado (conf. secuela que luce a fs. 25, 38, 41, 59 y 68), la particular naturaleza y trascendencia del mismo determinan el apartamiento de la regla general de irrecurribilidad establecida en el artículo 109 de la Ley Orgánica (conf. art. 105, inciso h), L.O.).

Que una prudente reflexión sobre los extremos fácticos acreditados en autos a la luz de las normas recientemente dictadas -cuya hermenéutica no puede prescindir de su valoración dentro del plexo jurídico general vigente persuaden al Tribunal de la procedencia sustancial de la queja.

Que así se considera teniendo en cuenta, en primer término, que las obligaciones materia de ejecución se hallan excluídas del ámbito de aplicación temporal de la ley 25.561, abarcativa de las "...prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley..." (art. 11), extremo que se desprende de los términos del acuerdo, en tanto importan un expreso reconocimiento por parte de la demandada, respecto de deudas devengadas con mucha antelación al dictado de la citada ley (ver clásula segunda, a fs, 3).

Que no enerva lo expuesto la circunstancia de que el decreto 214/02 (B.O. 2002/02/04) y su aclaratorio 320/02 (B.O. 2002/02/15) hayan proyectado la aplicabilidad de la ley 25.561 "...a las obligaciones existentes..." a la sanción de la misma, toda vez que elementales reparos de raigambre constitucional impiden asignar primacía al reglamento por sobre los postulados de la ley (arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional), máxime cuando, como en la especie, ello importa además socavar el principio de irretroactividad, erigido por el artículo 3º del Código Civil como pilar básico de nuestro sistema jurídico.

Que en sentido acorde a la doctrina recientemente expuesta por nuestro Máximo Tribunal, aún en situaciones de emergencia "...el Estado no puede válidamente trasponer el límite que señala el artículo 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común...", afectando las garantías reconocidas por los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional (conf. C.S.J.N. in-re "Banco de Galicia y Buenos Aires s/ sol. interv. urg. en Smith A. c/ P.E.N. s/ sumario", en La Ley 2002-A-770).

Que no obsta a ello tampoco la circunstancia de que el decreto 214/02 se haya emitido en el marco de la delegación legislativa dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.561 y con invocación de las razones de necesidad y urgencia previstas por el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto la excepción a la prohibición de delegación de atribuciones del Poder Legislativo en el Ejecutivo consagrada en el artículo 76 de la Ley Fundamental, no puede conllevar la desnaturalización de las pautas fijadas en el ordenamiento base (en el caso la Ley 25.561); haciéndole transferir una atribución más extensa que la que poseía, conforme reza una elemental regla de interpretación legada a nuestro derecho ("Nemo plus iuris ad alium transferre potest quan ipse haberet"; Ulpiano L. 54 D, De reg. jur.).

Que, a su vez, no constituye eximente a la obligación de pago por parte de la demandada la dilación operada en el trámite de homologación del citado acuerdo, en la medida en que tal requisito, inherente a la preservación del orden público laboral, reconoce como fundamento principal la tutela de los derechos irrenunciables del trabajador y no puede ser utilizado -como pretende la oponente- en contra de los mismos, especialmente cuando de los propios términos del citado instrumento se desprende la existencia de un convenio anterior -tambien incumplido- celebrado ante la autoridad administrativa del trabajo.

Que, en tal contexto, no se advierten razones para despojar a la morosidad del deudor -reincidente, como se expresara- de los efectos previstos en el artículo 508 del Código Civil, en cuanto prescribe que "...el deudor es responsable por los daños e intereses que su morosidad cause al acreedor"., hallándose vedada, asimismo, en tal supuesto la posibilidad de invocar la teoría de la imprevisión (art. 1198, in fine, cód. cit.).

Que, en este último aspecto, y teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acuerdo no cabe inferir que las condiciones socio-económicas que suscitaron el dictado de las normas en cuestión puedan reputarse fortuitas o imprevisibles, debiendo entenderse por el contrario que, dadas las circunstancias, el compromiso asumido por la accionada no pudo tener otra finalidad que mantener indemne el valor de lo adeudado, asumiendo expresamente un riesgo que subyacía como previsible.

Que por las razones expresadas y sin perder de vista que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto constituye la última ratio del orden jurídico y sólo puede traducirse en la decisión excepcional de declarar su inaplicabilidad al caso concreto (conf. C.S.J.N., Fallos 300:108; 300:642; 300:700, etc), estímase que corresponde acoger favorablemente la queja, declarando inaplicables al caso las disposiciones en cuestión.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. Revocar la resolución apelada y declarar la inaplicabilidad al caso de las disposiciones contenidas en la Ley 25.561 y en el Decreto 214/02. II. - Imponer las costas a la demandada y regular el honorario de los letrados intervinientes en la Alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por la incidencia en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan.- Firmado: Bernardo J. Lasarte. Juez de Cámara.

Diana M. Guthman. Juez de Cámara.