Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, aplicación de la ley, apertura a prueba, jueces, procedencia del recurso, coronavirus, asociaciones de consumidores
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Cabe revocar el pronunciamiento que rechazó la petición de la asociación actora para que, en vista de la situación provocada por la pandemia de COVID-19, se omita la celebración de la audiencia prevista por el CPR 360 y se disponga derechamente en relación al ofrecimiento probatorio y a las oposiciones formuladas sobre algunos medios. Ello por cuanto, supeditar la prosecución de la causa a la celebración de la audiencia del CPR 360 implicaría la paralización del proceso por tiempo indeterminado e incierto para las partes, lo que afecta la prestación del servicio de justicia. Ello así, cobra particular gravitación la sobreviniente modificación del contexto fáctico en el que se instaló el debate, el cual exige ser tenido en cuenta conforme las directrices de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 341:124, 342:278, 342:1747, entre otros). Ciertamente, la cuestión atinente a las facultades privativas de los magistrados para disponer la continuidad de la tramitación de las causas ha perdido actualidad en el contexto hoy imperante, en el cual se ha ordenado el levantamiento de la feria extraordinaria (Ac. CSJN 27/20) y dispuesto la reanudación de los plazos procesales, de modo indefectible, a partir del 4/8/20. Así las cosas no persiste hoy en día la incertidumbre en torno a la reactivación de la actividad jurisdiccional de forma plena. Justamente, en la Acordada n° 31/20 fueron delineados varios protocolos de actuación para facilitar la prosecución del trámite de los expedientes, poniéndose el énfasis y la prioridad en la protección de la salud de los peticionantes, empleados, funcionarios y magistrados. De lo anterior se colige que no existen obstáculos que impidan actualmente la prosecución de la causa. Nada dificulta hoy en día la publicación edictal o la comunicación a entes nacionales (que puede ordenarse por DEOX). Claro que su texto deberá evitar toda alusión a la compulsa física del expediente en la sede del tribunal para ser reemplazada por la consulta remota a través de la página del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, tampoco cabe descartar de plano la posibilidad de realizar audiencias: aquellas pueden hacerse, sea a través de sistemas electrónicos (v. gr. videoconferencia) o, incluso, tener carácter presencial en la sede del juzgado; bien que tal factibilidad lo será en la medida de la cantidad de concurrentes y de infraestructura que permitan el correspondiente distanciamiento social (Ac. 31/20 CSJN, Anexo II, ptos.4 y 5). Finalmente, resulta oportuno destacar el eminente rol activo que concierne al magistrado en el ordenamiento, sustanciación y dirección de estos procesos, dada la preferente tutela a los bienes jurídicos involucrados (CN 42 y 43). Así, a pesar de la falta de ley específica en la materia y en concordancia con los lineamientos sentados por reglamentación impuesta por la Ac. CSJN 12/16, deberán articularse en concreto las medidas excepcionales necesarias para asegurar tanto el cumplimiento de los protocolos dictados por el Alto Tribunal (referenciados en el ap. 8° Ac. 31/20, Anexos II, III y IV Ac. 14/20, Ac. 15/20) a los cuales ha adscripto esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones, como el aseguramiento del mandato preambular de afianzamiento de la justicia a través de su implementación con los diversos recursos humanos, materiales y tecnológicos provistos.