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Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de febrero de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GALERIA EL PALACIO S.A. vs. EL MALEK S.R.L. POR DESALOJO" - Expediente Nº 499706/14 del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 8º Nominación (EXP - 499706/14 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	1º) Vienen los autos a esta Sala con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fojas 125, en contra de la sentencia de fojas 119/121 que hizo lugar a la demanda ordenando al demandado hacer entrega de los inmuebles objeto de autos.	Puestos los autos a despacho, a fojas 167 y 169, la actora solicita se declare abstracta la cuestión traída a decisión por los motivos que allí expone y a los que cabe remitirse.	Finalmente, a fojas 174, las partes se presentan de manera conjunta y comunican que han arribado a un acuerdo, razón por la que ambas desisten de los planteos realizados en los presentes autos y en los expedientes conexos Nº 497.741/14 caratulado "El Malek S.R.L. c/ Galería El Palacio s/ Acción meramente declarativa" y Nº 509.662/15 sobre pago por consignación, renunciando los profesionales actuantes a la percepción de honorarios de la parte contraria, los que serán asumidos por sus correspondientes representados, solicitando la remisión de los autos al Juzgado de origen para su archivo.	2º) Tal como lo puntualizó nuestra Corte de Justicia local, el desistimiento expreso formulado por el recurrente importa poner de manifiesto su voluntad clara e indudable de abandonar el desarrollo de la pretensión que interpuso. Se trata de la renuncia o abdicación de la facultad de llevar adelante una instancia promovida mediante recurso (Tomo 76:405; 78:479; 89:91; 162:157, entre muchos otros). Como el desistimiento puede presentarse en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia (art. 304 CPCC), no estando comprometido el orden público en la materia a la que se circunscribe el recurso, siendo la cuestión apelada materia disponible por la parte, corresponde hacer lugar al desistimiento del recurso interpuesto a fojas 125 y planteos de fojas 167 y 169, y disponer que bajen los autos al Juzgado de origen.	Respecto de las costas de esta instancia, conforme lo acordado en la presentación referida y lo dispuesto por el artículo 73 último apartado, corresponde imponerlas por el orden causado.	Por ello,	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I.- TIENE A LA DEMANDADA POR DESISTIDA del recurso de apelación interpuesto a fojas 125 y a la ACTORA de los planteos formulados a fojas 167 y 169. Costas por su orden.	II.- ORDENA se registre, notifique y baje.- VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dr. José Gerardo Ruiz
Segunda instancia, recursos, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos Ar S.A. -TF 8223-A- contra A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

El conocimiento de la alzada queda limitado no solo a los agravios vertidos en los memoriales, sino también a las pretensiones y defensas aducidas por las partes ante el juez a quo, sin que puedan alegarse en segunda instancia las que no fueran materia de decisión de la anterior (esta Sala, 7-12-90, "Cía. General Fabril Financiera c/ Encotel"). (cons. IV). (Ver idem esta sala en causa 19.903/97 "Ríos Ar. SA").
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, citación judicial, efectos entre partes, plazos procesales, incumplimiento del contrato, desistimiento, improcedencia del recurso, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: PALACIOS, GABRIELA MARIA ISABEL c/ HAROLD HYLAND SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Procede revocar la resolución mediante la cual se tuvo a la codemandada por desistida de la citación de un tercero. Ello por cuanto, en el caso, si bien el juez acordó un plazo perentorio bajo apercibimiento de "tenerla por desistida", al no haberse dispuesto por decisorio su aplicación, el sólo vencimiento del plazo no produce de pleno derecho el desistimiento de la citación, resultando menester un pronunciamiento judicial que aplique la sanción. Así y no obstante que, según el tercero, la codemandada estaba incursa en la aplicación del apercibimiento, fue improcedente, en el caso, reclamar el desistimiento de la citación luego de que la misma fuera cumplida. Es que, una eventual declaración retroactiva de la efectivización del apercibimiento, más allá de la discusión que podría existir sobre su posible procedencia, habría implicado que la tercera no consienta su citación, por lo menos en su aspecto formal, lo que se verificó al no haber exteriorizado dentro del quinto día hábil de la notificación la objeción pertinente (plazo genérico, cfr. ap. an. CPR 170 y 315). En ese marco, cabe señalar que la Sala no desconoce que la ley no establece sanción específica alguna para la parte que, habiendo solicitado la intervención coactiva de un tercero, omite impulsar las pertinentes diligencias. En efecto y para salvar ese legal vacío y evitar un estancamiento del proceso derivado de una inactividad del citante (la citación provoca la suspensión del procedimiento -cfr. CPR 95-), se ha admitido la procedencia de una intimación a aquél para que dentro de un plazo razonable agilice la citación del tercero, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, tal como lo dispuso el juez en el presente caso.
Asignaciones familiares, pago
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ HECTOR RAMON c/ DALLACAMINA HECTOR RICARDO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-24

La ley de contrato de trabajo, en su art. 79, pone en cabeza del empleador la obligación de solicitar al trabajador los elementos necesarios que le permitan acceder al goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan los sistemas de seguridad social, estándole vedado al empleador invocar el incumplimiento por parte del trabajador cuando la iniciativa correspondiese a aquel y este no probase el haberla cumplido. este principio debe relacionarse con el del art. 2do. de la ley 22.161, que establece la obligación del empleador de requerir, mediante notificación fehaciente, al trabajador, dentro de los diez días hábiles a partir de su ingreso, toda la documentación requerida por la caja de subsidios familiares.
Policía Provincial, remuneración, digesto jurídico, aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., R. R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-21

El artículo 69 de ese nuevo régimen (Digesto jurídico) sentenció que las normas que hubieran establecido otros sistemas de remuneraciones quedaban derogadas. La contundencia del precepto me exime de mayores comentarios, pues no existe modo de interpretar que el sistema salarial del Decreto Ley N° 1561/77, en cuanto al enganche pretendido, hubiera subsistido. Se trató en aquel entonces del cambio de un sistema salarial por otro nuevo e incompatible, dispuesto por las autoridades provinciales, quienes decidieron fijar su propia política en esa materia. La vigencia de las normas en este caso se resuelve del modo en que lo dispone el principio de "lex posteriori derogat priori", y en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la siguiente manera: ".Siendo la ley. que rige en el caso, especial y de fecha posterior., es de preferente aplicación al mismo.". Este criterio también resulta aplicable a la segunda hipótesis de conflicto, esto es, al reclamo del pago del rubro zona basado en el artículo 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8, antes identificado como artículo 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77. No me caben dudas que con la sanción de la Ley N° 5718 se instituyó un nuevo sistema de pago del adicional zona, también denominado zona patagónica, al fijar una suma fija. Esta forma de abonar el rubro modificó la anterior que consistía en un importe calculado como un porcentaje. Sostengo que se trata del mismo rubro abonado en forma distinta pues como lo entiende Marienhoff, el fin que lleva a implementar este adicional se vincula con el costo de vida. Así, señala el doctrinario que tiende a compensar la mayor carestía de la vida existente en unas poblaciones con relación a otras, a la vez tiende a contemplar las consecuencias del alza de precios.
Acto administrativo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González de González, Silvia Gladys y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Amparo  (L.A. Nº 44, Fº 348/355, Nº 197) Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Amparo  (L.A. Nº 44, Fº 348/355, Nº 197)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-05-31

Cuando una medida cautelar se intenta frente a la Administración Pública o una entidad descentralizada, es necesario acreditar prima facie y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la solución de fondo, la arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornen admisible. Esto es así, porque sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Por lo tanto, para hacer lugar a una medida cautelar contra un acto de la Administración Pública debe probarse manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, debiendo ser menos estricto cuanto más verosímil fuera el derecho alegado por quien pretende la medida. Pero cuando el derecho invocado no aparece incuestionable, se impone formular una interpretación restrictiva.- Para lograr la suspensión a través de una medida cautelar innovativa o una prohibición de innovar, la arbitrariedad o ilegitimidad del acto debe ser manifiesta y no opinable pues, mientras no se destruya la presunción de que gozan, no existe la necesaria verosimilitud que torna viables la cautela.- (VOTO DEL DR. ARNEDO)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-20


2º instancia. - Buenos Aires, octubre 20 de 2009.

Y Vistos:

1. Apeló la coejecutada Abalo la resolución de fs. 195/199 en cuanto desestimó su pedido de suspensión de embargo. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 215/219 contestada por el banco ejecutante a fs. 226.

2. En la resolución apelada el Sr. Juez de la anterior instancia admitió el planteo de la ejecutada declarando la nulidad de la citación dispuesta a fs. 60 por reputar ineficaz la cédula de fs. 64 mediante la cual se intentó cumplir tal citación para reconocer la firma del documento que sustentó la presente.

En tal órbita, firme tal pronunciamiento, el embargo que se dispuso como consecuencia de aquella defectuosa citación (v. sentencia de fs. 72 y embargo de fs. 87) debió suspenderse. El título dejó de tener la certeza que implica aquel que trae aparejada ejecución y permite obviar los requisitos propios de procedencia de este tipo de medidas.

De tal modo la pretensión retomó su característica de naturaleza cautelar y se requiere que la actora acredite la presencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, lo que en el caso no se intentó siquiera.

3. En consecuencia, se estima el recurso de fs. 213 y se revoca la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio. Costas a cargo del actor vencido (cpr 68). Devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones.

- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. - Matilde E. Ballerini. - Ana I. Piaggi.
Recurso extraordinario, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION DE DIONISIO JOAQUIN FELIU c/ GARRONE ROBERTO ANTONIO Y OTROS s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR LA DRA. GAUNA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10

Si bien la Corte Suprema admite el supuesto del llamado "inciso no escrito del Art. 14", no quiere decir que a partir de su admisión recaiga sobre las sentencias que abordan una meteria ajena al derecho federal, una suerte de error inexcusable o de injusticia intrínseca. Sólo excepcionalmente será así cuando ella sea manifiesta y se demuestre su pertinencia para el caso concreto.
Cuestiones de competencia, competencia provincial, amenazas, planes sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: R., A. d. C. c/ Q., S. s/ incidente de incompeténcia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-21

La justicia ordinaria provincial deberá entender en la causa originada por una denuncia contra una dirigente por supuesta exigencia de dinero a beneficiarios de planes sociales y por presuntas amenazas que en caso de no participar activamente en manifestaciones sociales, no se les entregaría las mercaderías que consigue la organización social, puesto que las cuestiones ventiladas en la causa no perjudican directa y efectivamente a la Nación sino, contrariamente, a los intereses particulares de quienes cobraron el subsidio. Asimismo, según las constancias de la causa, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no ha realizado donaciones ni entregas de alimentos a la organización social, en atención a la vigencia del programa Tarjeta Social ejecutado por la provincia. En consecuencia, no es posible apreciar la puesta en peligro de intereses federales o alguna otra circunstancia que haga surtir la jurisdicción federal.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo, Alejandro c/ Vital, Sergio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Las alteraciones del cuerpo humano, especialmente del rostro, originan en todo caso una disminución estética, aunque no sean desagradables ni repulsivas, pues se reflejan siempre desfavorablemente en la vida de relación.-
Daños y perjuicios, derechos personalísimos, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: OFFENHENDEN MOISES c/ RADIO RIVADAVIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-20

Aún cuando no medie intención de dañar los legítimos derechos de una persona o entidad, la publicación de una noticia, o propalación por cualquier otro medio, que objetivamente lesiona a alguien, por no haberse tomado recaudos necesarios, hace incurrir en responsabilidad a quien la propala, en razón de ignorancia o error inexcusable, que dan lugar al debido resarcimiento que asegura la ley. No cabe admitir comentarios injustificados o arbitrarios, pues el periodista debe cerciorarse de la seriedad y veracidad de las informaciones que efectúa y al no hacerlo corre el riesgo de poner en peligro la honra o buen crédito ajeno.
Doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Andrada, Isidro Paulino s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-13

La arbitrariedad se configura cuando de un modo evidente surge que la sentencia que se impugna ha incurrido en error de derecho en la apreciación, como consecuencia de no haber formulado el silogismo sentencial con ajuste a los principios de la lógica formal, que conforme se desprende del art. 188 del C.P.C., constituye derecho vigente o normas obligatorias para la apreciación de la prueba.

No bastan para el andamiento del recurso las simples discrepancias entre el juez y el casacionista sobre el modo de valorar la prueba, como tampoco puede el ad quem sustituir con su criterio, el de los jueces de mérito soberanos en la apreciación de los hechos -aunque estime discutibles u objetables sus conclusiones-.

Por otra parte, para que la causal prospere, es menester que el casacionista indique concretamente el principio o máxima de la experiencia que los jueces han violado al construir el silogismo sentencial: demostrando cómo, por ese vicio, el fallo ha resultado erróneo. La deducción del recurso con olvido de estas pautas, importa una crítica estéril, que solo puede conducir al fracaso del recurso por insuficiencia técnica.

Para que la causal pueda ser nutrida, es menester que las leyes de la lógica, que asoman del sistema valorativo impuesto por el art.

188 de la ley de rito, forzosamente tienen que ser denunciadas y tenidas en cuenta para censurar la sentencia.

De ahí es que los principios de identidad, tercero excluido, falta de razón suficiente, contradicción, etc., tienen que ser especificados y desarrollados para demostrar el error en que habrían incurrido los judicantes, caso contrario, las críticas vagas, anodinas y globales resultan insustanciales.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Chavez, Luis Alberto c/ Gallegos, Antonio Rosario s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-04

Se impone costas a la demandada en la medida de los rubros admitidos.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUAREZ, ERNESTO B. c/ RUIZ, CARLOS J. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-04

La prueba del daño, es insoslayable, pues hace a la certeza o existencia del mismo. Las liberalidades probatorias pueden estar en orden al "monto" que generalmente queda librado a la fijación prudencial del juez.
Contrato de trabajo, estabilidad relativa, despido
Materia: LABORAL
Carátula: MAZZAVILLANI, ERNESTO JULIO c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Cuando la índole de la relación contractual corresponde al derecho privado, se halla sometida a un régimen que la doctrina califica como estabilidad relativa, según la cual el acto rescisorio del empleador, aunque no se funde en justa causa (imputabilidad de un incumplimiento del trabajador), tiene pleno efecto jurídico y sólo da lugar al pago de una indemnización (argumento artículo 245 Ley de Contrato de Trabajo), no obligando a aquél a determinar la causa de la rescisión a través de un sumario previo.
Código penal, tribunal administrativo, debido proceso adjetivo
Materia: PENAL
Carátula: OTAEGUI, Joaquín y otro s/ Causa 44.254
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

A los fines del art. 115, C.P., la actividad jurisdiccional puede ser cumplida por organismos administrativos, cuando ante ellos se asegura el debido proceso adjetivo, el derecho de ser oído, a ofrecer y producir pruebas, pues los tribunales a que alude el citado artículo no son únicamente los judiciales sino también los administrativos, por cuanto dicha disposición tiende a conceder resguardo para el ejercicio del derecho de defensa en juicio ante toda autoridad investida de capacidad para conocer y resolver sobre causas de cualquier índole.
Aduanas, importaciones, decretos, ley derogada, confirmación de sentencia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Microsistemas S.A. - TFN. 8003 - A c/ ANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Corresponde confirmar el pronunciamiento que estableció que el régimen del decreto 1554/86, tras haber sido derogado por el decreto 590/91, sólo subsistió, con relación a los efectos pendientes de las operaciones realizadas, en cuanto a los trámites posteriores al libramiento de la mercadería, y no con respecto al régimen tributario específico que preveía la aplicación del cuestionado derecho adicional.
Deberes del juez, equidad
Materia: PROCESAL
Carátula: R., J.C. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-27

La Corte Suprema de Justicia en el caso Oilher ha enseñado que el juez no puede juzgar la equidad de la ley, pero no sólo no puede sino que debe juzgar con equidad los casos particulares sometidos a su decisión.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Nu$ez, Fermín Angel s/ lib.  cond. en autos: "Figueroa, Rolando y otros s/ doble homicidio y  lesiones - causa numero 29.048".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Intereses moratorios, crédito laboral, mora del deudor
Materia: LABORAL
Carátula: Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos SRL - Ordinario - Despido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-09-01

Si los intereses moratorios procuran resarcir al acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación, en épocas de inestabilidad económica esa demora adquiere particular impacto, tanto por sus consecuencias sobre el crédito laboral como por la incidencia que, con alguna probabilidad, pudiera haber tenido en la mora del deudor. Los datos elaborados por el INDEC confirman la realidad vivenciada por cada ciudadano. Es público que la inflación mantiene un ritmo ascendente debido a que, según los últimos registros oficiales, la variación interanual se aceleró hasta coronar el 113,4%, mientras que la variación acumulada -desde el 1/1/2023- se ubicó en el 60,2% (cfr. INDEC, Informe Técnico, V. 7, n.° 163, Julio de 2023). A esta coyuntura, se agrega la contracción de la actividad económica desde fines de 2022, golpeada en este año por una sequía histórica. Tales variables limitan indudablemente las posibilidades de crecimiento en 2023. Contextos económicos similares al que informa la realidad actual, son los que desde antaño provocaron la intervención excepcional de esta Sala en la fijación de la tasa de interés de uso judicial, aun cuando se trata de materia cuya determinación pertenece al marco discrecional de los jueces de la causa. Ello se justifica en la función unificadora puesta en acto para solventar las disímiles soluciones alcanzadas por los tribunales.
Cauciones, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: NAVIJET  S.A. s/ EMBARGO E INTERDICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

La caución juratoria no tiene, en la práctica, mayor relevancia, ya que la responsabilidad existe aunque no se formule el juramento.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, nulidad procesal, sentencia definitiva, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Liceaga, Adriana Margarita y otro c/ Lage, Clara Patricia y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Corresponde hacer excepción a la doctrina según la cual las resoluciones que decretan o deniegan nulidades procesales no constituyen sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48, si las consecuencias del pronunciamiento recurrido derivaron en el menoscabo de las garantías de defensa en juicio y de propiedad y ocasionaron perjuicios concretos a la parte demandada.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GALEANO, VICENTE OMAR c/ DIARIO NUEVO DIARIO Y OTROS s/ INDEMNIZACION DEL DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-17

Para regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa, en los supuestos de haberse rechazado totalmente la demanda, corresponde considerar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción, prudentemente actualizada.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JARISZ O YARISZ, ELENA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA      EXPTE NRO 121-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-11

El requisito de oportuno planteo de la cuestión constitucional, significa que ella haya sido planteada en la primera oportunidad posible y mantenida en todas las instancias.