Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-17


Buenos Aires, octubre 17 de 2011 La doctora Catalina García Vizcaíno dijo:

I) Que a fs. 158/170 DE LOS RÍOS SRL, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución AD POCI Nº 44/10, dictada en el Expte. Nº 12.730-39-2007 y notificada el 12/5/2010, que rechazó las impugnaciones planteadas contra los cargos Nº 522/07 al 543/07, los que reclaman el pago de U$S 27.942,40, por no haber incluido la totalidad de los gastos de transporte internacional al valor FOB el momento de la oficializar los DI involucrados. Solicita acumular las presentes actuaciones con otras que menciona. Expresa que la resolución objeto de impugnación está viciada de nulidad absoluta e insubsanable. Transcribe parte del Informe 51/07. Se agravia por el desconocimiento aduanero del derecho constitucional del debido proceso y defensa en juicio, atento a que dice tratarse de una resolución carente de fundamentos y arbitraria; cita el art. 18 de la CN, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14). Afirma que cuando oportunamente presentó la solicitud de nulidad, el ente administrativo sólo procedió a responder que la presentación debía haberse efectuado en el plazo previsto en el art. 1051 del CA. Explica que lo que pretende es desechar todo valor y efecto jurídico a la resolución impugnada por estar viciada, por ser arbitraria y por la carencia de fundamentación es decir, falta de motivación. Menciona doctrina y destaca que la prohibición de arbitrariedad configura un límite para el ejercicio de la potestad discrecional, lo que implica una garantía para el administrado y una pauta de control que ejercen los jueces para proteger derechos fundamentales y someter a la Administración al derecho. Entiende que el vicio denunciado recae sobre elementos sustanciales y que, en consecuencia, su solicitud es imprescriptible. Realiza una breve reseña histórica de la actividad de la firma, y señala que ésta fue sometida a la División de Fiscalización de Operaciones Aduaneras (Pocitos) para un proceso de control de valor sobre las mercaderías importadas, por lo cual se le solicitó que acompañara una serie de documentación, la cual fue presentada. Se agravia por cuanto habiendo transcurrido más de un año sin que dicha División informara sobre la valoración, recién en septiembre de 2007 se le notificó el informe 51/07, donde surge que se determinó un presunto ajuste de valor por el art. 8 pto 2) inc. a) del GATT, por no haberse incluido la totalidad de los gastos de transporte en el valor FOB (Yacuiba) declarado. Se explaya sobre la prueba acompañada y colige que ésta no deja duda posible respecto del pago de fletes, su declaración y posterior cumplimiento de las obligaciones tributarias. Puntualiza que la Aduana no tuvo en cuenta las pruebas, y se le dio la interpretación que más le favorecía, con una miopía absoluta por dichas pruebas. Reitera argumentos vertidos anteriormente. Describe los derechos y obligaciones de las partes en las operaciones de comercio internacional, Incoterms y, en particular, la cláusula FOB. Analiza que en el caso si la mercadería es puesta por el vendedor a precio FOB (Yacuiba), significa que el precio de la misma comprende todos los gastos, incluyendo los de transporte, hasta la puesta de la mercadería en la Aduana de exportación Yacuiba-Bolivia. Afirma que según surge del informe de costos proporcionado por la exportadora boliviana Chapare Exporta SRL, en el precio FOB declarado, se encuentra incluido en la totalidad de los despachos de importación, un cargo por flete que corresponde al costo incurrido en el transporte de la mercancía hasta la Aduana boliviana identificada como Yacuiba. Reitera que de esta manera no corresponde el ajuste de valor porque del informe de la Aduana no surge que el ajuste efectuado se refiera al flete ocurrido desde donde se adquiere la mercadería en la zona de Isarzama en Cochabamba, Bolivia hasta la Aduana en Yacuiba. Indica que el informe de la DGA adolece de los requisitos esenciales, de información detallada de cuáles son en concreto los hechos con relevancia para el ajuste pretendido, habiendo absoluta falta de descripción fáctica la que fue reemplazada por una fórmula genérica que nada dice en concreto. Infiere que es contradictorio lo que se reclama, ya que no surge del informe si se pretende el flete Isarzama y Yacuiba, que forma parte del valor FOB (Yacuiba) o si se reclama el flete internacional, tramo Yacuiba- Pocitos- Córdoba. Arguye que el importe proporcional de este último transporte fue incluido en la base imponible, siendo acreditado por un estudio pormenorizado de un contador público. Cita y desarrolla las garantías de debido proceso y defensa en juicio. Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso, con costas.

II) Que a fs. 181/187 vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de las actuaciones. Señala que la actora denuncia defectos de forma por considerar que la resolución aduanera no sólo carece de causa sino también de los elementos necesarios para conocer qué motivó al servicio aduanero para adoptar la decisión apelada. Estima que la nulidad planteada no puede prosperar, dado que considera que del escrito inicial se desprende que la recurrente conoce perfectamente cuál es la causa y el motivo del reclamo en cuestión. Transcribe el art. 1051 del CA y explica que del mismo surge que la nulidad no puede ser declarada cuando el acto se hubiere consentido por la parte interesada y que se entiende que existe consentimiento tácito cuando no promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días de conocido el acto. Sostiene que en el caso particular la recurrente no promovió incidente de nulidad conforme surge de los antecedentes administrativos; por ello colige que el acto fue consentido por la apelante. Indica que la Aduana puso en conocimiento los fundamentos y normas por la cuales efectuó el ajuste de valor de la mercadería, haciendo saber a la actora que el pertinente ajuste se rige por lo establecido por el art 8, pto. 2, inc. a) del GATT. Destaca que se aplica el principio rector del declarante de brindar a la Aduana todos los elementos necesarios para la clasificación y valoración de la mercadería. Manifiesta que la documentación acompañada por la firma para justificar los valores declarados no es válida, y que de acuerdo al informe producido por el área competente, la documentación presentada no representa un fundamento válido para desestimar los cargos realizados. Explica que la ley 23.311 incorporó a la legislación el art. VII del Acuerdo del GATT y el Protocolo de aplicación del mismo. Afirma que ante la duda sobre el valor de la mercadería, la Aduana posee amplias facultades de analizarlo y ajustarlo. Cita jurisprudencia. Define y explica el valor de transacción. Reitera que, por principio general, la presentación de la declaración aduanera implica la responsabilidad del importador de presentar toda la información o documentación complementaria conforme a los arts. 234 y cc. del CA; cita, asimismo, el art 377 del CPCCN. Concluye que la Aduana determinó cuál era el precio de la mercadería importada y a tal efecto es el propio Acuerdo el que brinda las pautas para realizar la correcta valoración, logrando de esa manera un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en Aduana de la mercadería, que excluya los valores arbitrarios o ficticios. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.

III) Que a fs. 188 se declaró la causa de puro derecho. A fs. 195 la suscripta dicta una medida para mejor proveer, que es producida a fs. 197/206 y agregados. A fs. 214/219 la recurrente plantea un hecho nuevo, del que se da traslado a la representación fiscal a fs. 220, sin que ésta hubiera contestado ese planteo pese a estar debidamente notificada (fs. 221/vta.). A fs. 222 se elevan los autos a la Sala E, que los pasa a sentencia.

IV) Que a fs. 1/3 del Expte. Nº 12730-39-2007, luce el informe 51/07 y el ajuste de valor por flete. A fs. 4/7 luce el anexo I conteniendo ajuste de valor y a fs. 8/27 luce el anexo II conteniendo ajuste de valor. A fs. 28/30 obra la Nota 171/07. A fs. 31/32 obra el Memorando Nº 198/2007. A fs. 33/54 lucen los Cargos 522/07 al 543/07. A fs. 55/56 obra la cédula de notificación de los ajustes, que fue recibida por la actora el 14/8/07. A fs. 58/65 la recurrente impugna los cargos. A. fs. 66/117, plantea la nulidad y acompaña documental. A fs. 118, 119 y 120 lucen ensobrados los despachos de importación Nros. 06 045 IC03 000002 C, 06 045 IC03 000065 L y 06 045 IC03 000038L. A fs. 121 se provee la presentación. A fs. 123/156 y 157/188 la actora acompaña prueba documental. A fs. 190/191 obra el informe 20/10. A fs. 193 obra el Dictamen 186/10. A fs. 194/195 se dicta la Resolución Nº 44/10 apelada en la especie.

V) Que no corresponde hacer lugar al pedido de acumulación de fs. 158 vta., en virtud de que la actora reconoce que las causas tienen diferentes números de resolución y han recaído en distintos expedientes, de lo cual se infiere que se trata de distintas operatorias, tal como resulta de los expedientes que se tienen a la vista. En consecuencia, la sentencia que recaiga en el presente no puede tener efecto de cosa juzgada en los otros. Se destaca que el plenario de este Tribunal no puede disponer acumulaciones por economía procesal (conf. art. 8º de R.P. del TFN).

VI) Que la nulidad planteada por la apelante en el escrito de fs. 158/170 se halla directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación (nótese que la recurrente insiste en que se trata de la vulneración de elementos sustanciales que debieron cumplirse y no procesales -fs. 161 vta., 191/vta.-), de modo que como lo enseña Francesco Carnelutti, "... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ..." (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).

Que si bien el párrafo transcripto se refiere al proceso penal, en tanto que aquí se discute una cuestión de derecho tributario material o sustantivo (tributos a la importación) el principio de la absorción de la invalidación por la impugnación -como lo dice el distinguido procesalista- se aplica también en el proceso civil.

Que, por otra parte, se ha dicho reiteradamente que es doctrina de la CS que la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:648), excepto ciertos supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción entre considerandos y parte dispositiva (cfr., entre otros, "Scicolone, Manuel S. c/Prantera, Omar Alberto y otros", del 26/11/91).

Que, asimismo, se sostuvo que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205:549; 247:52 consid. 1º; 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio "ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (Fallos, 205:549, consid. 5º y sus citas) -TFN, Sala E, entre otros, "Rivera, Alcides" del 27/5/86, "López Arispe, José, del 5/9/88-.).

Que, por lo demás, siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos del recurrente (entre otros, Fallos, 251:39).

Que, por ende, se rechaza el planteo de nulidad sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.

VII) Que en virtud de la ley 23.311 y del art. 18 del decreto 1026/87, a partir del 1º/1/88 quedaron derogados los arts. 641 a 650 y 652 a 659 del CA, y toda otra disposición que se opusiera a aquella ley.

Que la ley 23.311 aprobó el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y el Protocolo de ese Acuerdo relativo a su aplicación, firmados en Ginebra el 12/4/79 y 1/11/79, respectivamente.

Que la ley 24.425 aprobó, entre otras disposiciones, a su vez, el Acuerdo relativo a la aplicación de ese art. VII del GATT. de 1994. Esta ley -que entró en vigor el 14/1/95- se aplica al presente por tratarse de despachos de importación del año 2006.

Que los Acuerdos referidos excluyen el empleo de valores de Aduana ficticios o arbitrarios, de modo que el valor en Aduana de las mercaderías importadas (base imponible en los tributos ad valorem) resulta, en principio, del precio de su venta para la exportación al país de destino.

Que conviene señalar respecto del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT -aplicable en la especie- que se denomina "valor en Aduana de las mercancías importadas" al valor de las mercancías "a los efectos de percepción de derechos de Aduana ad valorem sobre las mercancías importadas" (art. 15, ap. 1, inc. a), y que el "valor de transacción" definido en el art. 1, parte I ("precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación", en las condiciones dispuestas por tal norma, y aclarado en la Nota Interpretativa respectiva), es la primera base para la determinación del valor en Aduana, debiendo considerárselo en conjunción con el art. 8, que dispone, entre otros aspectos, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en ciertos casos. Este art. 8 prevé la inclusión, en el referido valor, de determinadas prestaciones del comprador en favor del vendedor, que revisten más bien la forma de bienes o servicios que de dinero.

Que, sin embargo, si el valor en Aduana no puede ser establecido por el art. 1, son aplicables los arts. 2 a 7. La Introducción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los arts. 2 y 3, a reserva de las limitaciones impuestas por el secreto comercial, a fin de establecer una base apropiada de valoración en Aduana, considerando el valor en Aduana de mercancías idénticas o similares importadas.

Que, subsidiariamente, los arts. 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido -método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los arts. 5 y 6, se sigue el orden de éstos.

Que el art. 7 dispone cómo hay que determinar el valor en Aduana cuando no se lo puede establecer por los métodos anteriores; prohíbe que sea arbitrario o ficticio; etc.

Que a efectos de aplicar los referidos "criterios razonables", el valor en Aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en Aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios, etc.; si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en Aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII).

Que el párrafo 1 de la "Decisión Relativa a los Casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado: establece: "Cuando le haya sido presentada una declaración y la administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del art. 8º. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11, que el valor en Aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran".

Que el valor de transacción declarado por el apelante pudo válidamente ser objetado por el ente recurrido en uso de las atribuciones emergentes del art. 9, ap. 2 incs. a), b) y d) del decreto 618/97.

Que de lo actuado surge que el recurrente tuvo la oportunidad de brindar la información mencionada tanto al impugnar los cargos como ante este Tribunal.

Que ello no quita que la DGA deba brindar fundamento suficiente de los ajustes de valor formulados.

VIII) Que en la especie la Aduana fundamentó el ajuste de valor en el art. 8º, ap. 2, inc. a), del GATT, que establece que: "En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el valor en Aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes:" a) "los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación".

Que, en consecuencia, fueron fijados los siguientes ajustes por diferencia de flete en cuanto a importaciones de bananas desde Bolivia:

Destinación Flete total declarado Costo del flete incorporado por camión Diferencia del flete total Perjuicio fiscal determinado por la Aduana Cargo Ciudad de partida. Condición de venta que resulta de la compulsa de los actuados administrativos Nº 06 045 IC03 000002 C U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 522/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000038 L U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 523/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000065 L U$S 75 U$S 800 U$S 880 U$S 162,80 Nº 524/07 Cochabamba FOB-Yacuiba. Flete declarado corroborado por informes contables de fs. 62/66 Nº 06 045 IC03 000004 E U$S 5000 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 525/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000011 C U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 526/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000027 J U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 527/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000044 X U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 528/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000047 L U$S 2325 U$S 800 U$S 24.800 U$S 4588 Nº 529/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000048 M U$S 1875 U$S 800 U$S 20.000 U$S 3700 Nº 530/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000050 F U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 531/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000053 X U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 532/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000055 K U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 533/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000056 L U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 534/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000061 H U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 535/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000064 K U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 536/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000069 P U$S 2250 U$S 800 U$S 24.800 U$S 4588 Nº 537/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000070 H U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 538/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000073 K U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 539/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000045 L U$S 75 U$S 800 U$S 560 U$S 103,60 Nº 540/07 Chimore- Cochabamba FOB-Yacuiba. Flete declarado corroborado por informes contables de fs. 62/66 Nº 06 045 IC03 000075 M U$S 1500 U$S 800 U$S 16.000 U$S 2960 Nº 541/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000079 Z U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 542/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Nº 06 045 IC03 000080 X U$S 375 U$S 800 U$S 4000 U$S 740 Nº 543/07 Yacuiba FOB-Yacuiba Que si bien las mercaderías fueron facturadas en Cochabamba o en Valle Sacta, según los casos, del cuadro precedente resulta que en su mayoría han sido embarcadas en Yacuiba. Respecto de los casos en que no se embarcó en Yacuiba obra informe contable que sustenta el flete declarado.

Que, empero, los cargos formulados se fundamentan en que la actora no habría incluido la totalidad de los gastos de transporte internacional en el valor FOB (YACUIBA).

Que es así que el Informe Nº 51/07 (SE FVIC) de fs. 1/2 de los ant. adm. señala que la mercadería se adquirió en la zona de Isazarma, Cochabamba, Bolivia, y se transportó con destino final Córdoba; que se consignó un valor FOB Yacuiba de U$S 3 y que el monto declarado asciende a U$S 375, pero que se omitió adicionar al valor FOB U$S 740 (ver que en otros cargos, los importes de los fletes son distintos, pero el flete incorporado por camión es el mismo).

Que a fs. 203 la Aduana de Pocitos informa que los fundamentos de los cargos han sido los siguientes: el flete, el seguro que acompaña el flete, y los gastos de frío de la mercadería rubro "banana", desde la zona de carga (según lugar de emisión de factura y certificado de origen) Zona de "Chapare" en Cochabamba (Bolivia) hasta la ciudad de Yacuiba (Bolivia) asciende a U$S 800 por cada 1000 cajas de bananas; en las destinaciones de importación a consumo de bananas en trato se declaró un valor CIF tomando en cuenta un flete desde Yacuiba (Bolivia) hasta Salvador Mazza (Argentina) de $ 75 cada mil cajas "sin haber tomado en cuenta el producto del Flete desde Cochabamba hasta Yacuiba mencionado". "Al no haberse adicionado esta suma (flete internacional) al valor de la mercadería declarada resulta necesario el Ajuste de los Cálculos de IVA, IVA adicional, e Impuesto a las Ganancias...".

Que a fs. 204 luce copia de un Acta de Constancia en la cual el agente de transporte aduanero David Baggio manifiesta que los medios de transporte argentinos retiran la mercadería de los lugares de producción del departamento de Cochabamba (Chapare y/o Ivirgazama) Bolivia y que los fletes son cancelados en destino por el importador; que en ocasiones se entrega en origen parte del flete en calidad de anticipo de viaje, un 30% sobre el total de 1000 cajas de bananas cuyo monto asciende a U$S 2200 ya sea Buenos Aires o U$S 1900 a Córdoba y ello obedece a las condiciones a las que llegan las mercaderías (para el caso de perecederos) y que dicho flete incluye desde origen hasta la frontera Boliviana U$S 800, cruce de frontera U$S 200 y desde frontera Argentina hasta destino U$S 1200, y que a los efectos de la destinación aduanera el flete se declara en todos los casos FOB Yacuiba o FOB Frontera, tomándose un valor simbólico de U$S 100 ya sea para la exportación o importación.

Que no puede prosperar la impugnación del Acta de Constancia, que la actora efectúa a fs. 216/217, sino que debe apreciarse junto con la declaración de fs. 214/vta., toda vez que la suscripta considera que esta última amplía y aclara lo manifestado a fs. 204.

Que, en efecto, la actora plantea como hecho nuevo la declaración voluntaria del Sr. David Fernando Baggio del 3/8/11 prestada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra ante Notaria de Fe Pública (fs. 214/vta.), que paso a valorar en los términos del art. 1143 del CA y teniendo en cuenta que ninguna observación formuló la representación fiscal, al corrérsele el traslado de fs. 220.

Que en esa declaración el referido Sr. David Baggio manifiesta "en forma libre y espontánea" que se encuentra en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y tiene la profesión de agente de transporte aduanero, con Registro Nº 20-24256501-1 emitido por la Aduana argentina, representante, entre otras empresas, de Transporte Manderley; que los medios de transporte de nacionalidad argentina y de Bolivia que se especializan en el servicio de transporte terrestre de carga del producto banana de origen boliviana y que realizan el servicio de flete a través de la frontera Boliviana-Argentina de Yacuiba (Bolivia - Pocitos (Argentina), en su gran mayoría cargan la mercadería (banana) en la localidad de Yacuiba (Bolivia) y luego se dirigen hacia su destino en Argentina, previo paso por la Aduana de Pocitos; que la banana exportada desde Bolivia hacia Argentina e importada por la actora se realiza con la cláusula Incoterm FOB Yacuiba (Bolivia) y, por lo tanto "es en toda ocasión a su costo solamente el servicio de flete desde Yacuiba (Bolivia) hasta el destino indicado en los Manifiestos Internacionales de Carga en la República Argentina, como por ejemplo Córdoba (Argentina); que "en muy pocas ocasiones las empresas de transporte terrestre cargan la mercadería en los lugares de zona de producción de banana del departamento de Cochabamba (Chapare y/o Ivirgazama) Bolivia y que en todos los casos la regla general y única es que la empresa exportadora Boliviana es la que se hace cargo del flete desde esa zona de producción en Bolivia hasta la localidad de Yacuiba (Bolivia). Es decir, el Flete desde Cochabamba (Chapare y/o Ivirgazama) hasta la localidad de Yacuiba (Bolivia) es siempre costo de la empresa exportadora de Banana Boliviana".

Que la referida declaración agrega que, no obstante lo expuesto, puede ocurrir que algún importador como la recurrente, "abone o haya abonado el servicio de flete desde la zona de producción del departamento de Cochabamba (Chapare y/o Ivirgazama) hasta Yacuiba (Bolivia); pero en estos casos tengo conocimiento que siempre la exportadora Boliviana le reintegra el dinero al importador argentino (...) o se lo toma como pago a cuenta de la mercadería (Banana) que este transporte traslada". Concluye que "la regla general y única en estas operaciones mencionadas es que la empresa exportadora de Banana de Bolivia es la que se hace cargo del flete desde zona de producción del departamento de Cochabamba (Chapare y/o Ivirgazama) hasta la localidad de Yacuiba (Bolivia)".

Que la DGA debe fundamentar adecuadamente los ajustes de valor que formule. De lo contrario, esos ajustes devienen en arbitrarios y vulneran el principio del art. 1º, inc. f), ap. 3 de la LPA, de aplicación supletoria en la materia conforme al art. 1017, ap. 1 del CA.

Que, frente a los cargos formulados, los interesados tienen la posibilidad de probar que los ajustes son improcedentes, como en el caso lo hizo la actora por los informes contables acompañados y por la declaración de fs. 214.

IX) Que propicio que las costas se distribuyan según el orden causado (aunque la tasa por actuaciones queda a cargo de la recurrente), atento a que por el Acta de constancia de fs. 204 la DGA pudo verosímilmente considerarse con derecho a litigar y en virtud del criterio que expuse en la sentencia dictada en "Molinos Río de la Plata", del 16/11/00, que conduce a apartarme en supuestos excepcionales del principio de imposición de costas al Fisco vencido, teniendo en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que: "La sede del Tribunal Fiscal (...), los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento y demás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683" (la bastardilla pertenece a este voto).

Que indudablemente se encuentran comprendidas en el concepto de "facultades" las relativas a "la sala respectiva" de "eximir total o parcialmente de esta responsabilidad [del pago de costas] al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición" (art. 184 de la ley 11.683, según la modificación introducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto a las costas en el orden causado cuando se recalifiquen las conductas infraccionales -salvo excepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044).

Por ello voto por:

Revocar la Resolución Nº 44/10 (AD POCI) y los cargos por ésta confirmados. Costas por su orden, salvo la tasa por actuaciones que queda a cargo de la recurrente.

El doctor Pablo A. Garbarino dijo:

Que adhiero al voto precedente.

De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:

Revocar la Resolución Nº 44/10 (AD POCI) y los cargos por ésta confirmados. Costas por su orden, salvo la tasa por actuaciones que queda a cargo de la recurrente.

Suscriben la presente los Dres. García Vizcaíno y Garbarino por encontrarse la Dra. Musso en uso de licencia (conf. art 1162 del CA).

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Catalina García Vizcaíno. - Pablo A. Garbarino.