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Proceso penal, instrucción, prueba, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, sentencia interlocutoria, resoluciones recurribles, ley procesal, leyes, constitucionalidad, defensa en juicio, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., J. s/ Queja por apelación denegada (Expte Nº 223-98, Resolución Nº  166,  Tomo 4, Folio 342)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-03

No compartimos la tesis que la irrecurribilidad del decreto denegatorio de diligencias propuestas por una parte implique afectación de los principios de inocencia y/o debido proceso legal.

Es que, aunque puedan albergarse opiniones reformistas, un proceso como el nuestro, es decir, de tipo "mixto" y con instrucción preponderantemente instructoria, no conculca el principio de inocencia, de defensa, ni la idea constitucional de juicio previo, puesto que en el plenario o juicio las restricciones impuestas durante la instrucción a las partes desaparecen y se recupera el pleno ejercicio de los derechos, con lo que el proceso, visto como un todo integral, respeta las garantías constitucionales de mención.

Nos interesa en este sentido recordar la opinión de uno de los más claros críticos del proceso mixto, como es Julio Maier, quien al considerar en su "Derecho Procesal Penal Argentino" (T1-b, 1989, pg.214,Hammurabi) el tema, tras reseñar las características de los procesos acusatorios e inquisitivos, reconoce que se buscó una solución conciliatoria, al señalar que "La colisión entre ambas ideas fue inevitable, al punto de que el enjuiciamiento penal moderno está dominado políticamente por la solución legislativa sobre el conflicto de estos intereses, y, al menos para darle solución, aunque no para evitarlo, las necesidades fueron pergeñando un nuevo método de procedimiento penal. Este consiste en dividir el procedimiento en dos períodos principales, enlazados por uno intermedio: el primero es una investigación, a la manera inquisitiva, aunque con ciertos límites, que reconoce la necesidad del Estado, como persecutor penal, de informarse, previo a acusar penalmente a alguien ante un tribunal judicial; el segundo ..."
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, R. c/ Fantinato, A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Quien reclama perjuicios debe inexcusablemente estimarlos numéricamente, sin perjuicio de lo que en más o en menos resultare de la prueba pericial a producirse, pues sólo cabe admitir la omisión de establecer el monto cuando existe una gran dificultad para su fijación, pero no cuando su apreciación es posible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicios contra el Estado, personas jurídicas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Líneas de Transmisión del Litoral S. A. (LITSA) c/ Provincia de Corrientes s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Las provincias, en su carácter de personas jurídicas, pueden ser demandadas y ejecutadas en sus bienes por las obligaciones que contraigan de acuerdo al art. 42 del Código Civil.
Relación de dependencia, aplicación de la ley, accidentes de trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GUZMAN, OSCAR c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

La conexión entre las partes de una relación laboral, y la eventual aplicación del art. 212 de la L.C.T., no deben ser trasladadas en forma mecánica al ámbito previsional.
Proceso judicial, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31

Respecto de la condena en costas, cuando la demandada perdidosa, a pesar de haber sido notificada de la sentencia de fondo que ordenaba la reincorporación del actor, no ha cumplido con lo dispuesto por ella, lo cual motivó la articulación del planteo que se rechaza en esta resolución, deviene aplicable lo dispuesto por el art. 99 inc. c) de la Ley Provincial de Procedimiento Contencioso Administrativo (Ley Nº 2297) y por ello, las costas serán soportadas por su orden. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, impugnación de la pericia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Crivelli, Walter Richard c/ Prevención Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-06

[.] claramente existe una diferencia entre la impugnación y la nulidad de una pericia, cual es, que esta última se encuentra reservada, a la omisión de las formas procesales esenciales para su validez, pero no para el cuestionamiento de su contenido que se efectúa en el escrito de impugnación. (cfr. Pauletti Ana Clara "Impugnación de pericias y demás contingencias posteriores al informe" Año 2012 N°2 pág 63. El Dial).
Peritos, obligaciones del perito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: APOSTOLADO DE LA ORACION CENTRO SAN FRANCISCO c/ CANTOS JOSE MARIA (H) s/ DECLARACION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-08

El perito es un asesor o consultor, que le brinda a los jueces el aporte de su cultura especializada, distinta a la general y jurídica de éstos.
Acción de amparo, ordenanzas municipales, inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, acción de inconstitucionalidad, per saltum
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VALDEZ, LUIS ERNESTO (CONCEJAL MUNICIPALIDAD DE ANDALGALA) c/ CONCEJO DELIBERANTE E INTENDENTE DE ANDALGALÁ s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-13

Cuando los procedimientos intentados son de competencia de esta Corte (vr.gr. conflicto de poderes, acción de inconstitucionalidad), corresponde la reconducción de la acción mal calificada, pero no se puede, por vía de reconducción, sustraer una causa que corresponde a otro tribunal, aunque sea de grado, para que pueda ejercerla este Tribunal en forma originaria, porque se estaría, en alguna medida, instrumentando un per saltum encubierto, no legislado en nuestro derecho adjetivo, ni incorporado pretorianamente.

En el caso, la Corte de Justicia no resulta competente porque el actor ha preferido el trámite sumarísimo del amparo, y su pretensión es la declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, cuyo tratamiento corresponde al juez de grado, no pudiendo este Tribunal reconducir de oficio la pretensión, ya que, al no resultar competente por vía del amparo, si se recondujera la acción, obligaría al ocurrente a litigar en un proceso ordinario en lo contencioso administrativo -mutatis mutandi-, toda vez que esta Corte, por vía pretoriana, ha establecido, para tratar la acción de inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, el trámite previsto para la acción de plena jurisdicción, al no existir legislación específica al respecto. Del voto de la mayoría
Pagaré, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Di Cione, José Luis y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Tratándose de un pagaré con vencimiento "a días vista" y cláusula "sin protesto" el portador debe presentar el documento al suscriptor y si en su demanda no manifiesta haber efectuado en día y lugar determinado tal diligencia, no puede gozar de la presunción legal de presentación, por lo que la mora recién se configura con el vencimiento del plazo de vista computado desde la intimación de pago.
Medidas cautelares, recusación por prejuzgamiento, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castagnet, Roberto Osvaldo -Incidente- c/ M.C.B.A. -Sec. de Educ.- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

La existencia de prejuzgamiento respecto de lo expresado al resolver medidas precautorias es de interpretación restrictiva (conf.

C.N.Civ., Sala A,LL. 114-852; Sala B, LL. 116-822; Cám.Com., Sala A, LL. Rep. XX, pág. 1257, Fallo nº 2368; Sala C, "Caramés de Molta", JA 1982 síntesis). Ello es así, en tanto al pronunciarse sobre aquélla, se aprecia la situación jurídica y la verosimilitud del derecho de las partes prima facie (C.N.Civ., Sala E, JA Rep. 1978, pág. 562; C.N.Civ., Sala C, JA Rep. 1984, pág. 711; ídem 1986-I, síntesis); sin llegar a anticipar el criterio mediante afirmaciones precisas, que excedan el alcance de una conclusión provisoria (conf.

Sala III, 3/11/86, "E.F.A. c/ David Pustelnik S.A.", y sus citas;

7/7/92, "Locari"), tal como aconteció en autos.
Leyes, interpretación de la ley, jueces, inamovilidad de los jueces
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

La limitación al principio básico de la inamovilidad de los jueces, por su naturaleza, como toda excepción o límite a principios generales, debe ser interpretada estrictamente y no extendiendo lo que surge del texto de la norma (Disidencia parcial del Dr. Gustavo A. Bossert).
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WICKY DE SANTA CRUZ LUCIA Y SANTA CRUZ MAURICIO JAVIER c/ JOANNAS ADRIAN RENE Y OTROS s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-22

Conforme lo resolviera esta Sala con anterioridad, el cambio de criterio operado a partir de "Sudameris" de la CSJN y "BER c/Aladio" del STJER, habilitó la aplicación inmediata del interés según tasa activa del Banco de la Nación Argentina, a partir del origen de la deuda y no de la variación jurisprudencial.
Litisconsorcio necesario, legitimación activa, pluralidad de expedientes
Materia: CIVIL
Carátula: FUNDACION BIOSFERA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA s/ INCONST. ORD. Nº 10.703
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Existe litisconsorcio necesario cuando en virtud de una disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica controvertida, la pretensión hecha valer en juicio sólo es proponible por todos los legitimados activos o contra todos los legitimados pasivos, o por ambos a la vez (mixto). En estos casos, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas. La relación sustancial controvertida es sólo una, aunque integrada por varios sujetos en forma que las modificaciones de ella, para ser eficaces, tienen que operar conjuntamente en relación a todos. De tal modo se impone que sean llamados todos los sujetos comprendidos sobre esa única relación, a fin de que la decisión forme estado en orden a todas las posiciones subjetivas.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cosa juzgada, error material, subsanación del error, viabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MILLAS, José Luis c/ Romero Roberto y otras s/ Cumplimiento de contrato - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-24

En el caso de autos resulta evidente que la situación fáctica de los accionados fue examinada y decidida en conjunto, por encontrarse en similares condiciones (todos suscribieron el contrato de compraventa, cuyo incumplimiento motivara el inicio de la presente acción) habiéndose omitido consignar al inicio de los vistos y en la parte resolutiva, el nombre de la sociedad Viñas de Cochagual SRL, sin otra connotación más que la de una simple omisión material, pues resulta evidente que aquella no se encontraba en una situación diversa al resto de quienes integraban el litisconsorcio pasivo.

Así entonces, tratándose de una mera omisión material, puede ser subsanada por el juez interviniente en cualquier tiempo, sin atenerse a los límites de una aclaratoria, en tanto no se altere la voluntad judicial expresada en aquella sentencia.
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: A., J.O. c/ C. SA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-06

No habiendo acreditado la empleadora que carecía de otro puesto de trabajo disponible para ofrecer al trabajador, la decisión de prescindir de sus servicios alegando que las tareas de mozo, únicas ofrecidas, eran compatibles con su reducida aptitud física, cuando por el contrario no lo eran, resultó arbitraria y en consecuencia injuriosa en los términos del art. 242 de la L.C.T.
Seguridad social, derechos y garantías constitucionales, derechos irrenunciables, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAREZ, JORGE SERVILLANO, c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

El carácter irrenunciable que el art. 14 bis de la Constitución Nacional atribuye a los beneficios de la Seguridad Social no impide que se aplique el instituto de la prescripción liberatoria el reclamo de las sumas derivadas de la existencia de deuda previsional (cfr. C.S.J.N, sent. del 15.8.89. "Santos, Ramiro c/Instituto de Seguridad de la Provincia de Tucumán).
Concursos, protección de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kloster, Luis Leopoldo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

El bien de familia cuya constitución sea inoponible a un solo acreedor quedará sujeto al desapoderamiento consecuente a la apertura del concurso. Toda vez que si uno o varios acreedores se encontraban habilitados para embargar y vender el bien, por serles inoponible su incorporación al régimen de la ley 14.394, idénticas facultades asisten a la masa en tanto, como consecuencia del concurso y del desapoderamiento del deudor, se ha operado en favor de ella una subrogación en los derechos de los acreedores individualmente considerados.
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, competencia originaria, control de constitucionalidad, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

De acuerdo con los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, cuando ante los estrados de la justicia se impugnan las disposiciones expedidas en ejercicio de una atribución propia de alguno de los otros poderes, con fundamento en que ellas se encuentran en pugna con la Constitución, se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, designación del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: SULFUR SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION ART. 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Del dictamen Nº: 132794:. Corresponde mantener la intervención de la sindicatura, que actuo en el proceso concursal, toda vez que el artículo 253 - 7º dispone "el síndico designado de un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustración del concurso". Y sin bien, el artículo 64 contempla la continuación de síndico en el proceso falencial en caso de decretarse la quiebra estando pendiente de cumplimiento un acuerdo preventivo, sin embargo, este no es el caso, en tanto la quiebra fue decretada a pedido de la propia deudora, durante el transcurso del periodo de exclusividad, y antes de que se obtuviera la homologación de acuerdo.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad concurrente
Materia: LABORAL
Carátula: TROCHE, RAMON C. c/ LANIN SACIF. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Existe culpa concurrente entre el trabajador y el empleador respecto del accidente sufrido por aquél cuando, en cumplimiento de sus tareas habituales introdujo la mano dentro de una máquina en funcionamiento, presentando el aparato deficiencias en su funcionamiento y careciendo de los dispositivos de seguridad apropiados.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación suficiente, jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SILVA, ELBA EMMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-17

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que no logra justificar la impugnante que los miembros del Tribunal hubiesen efectuado una exégesis irrazonable de las normas en juego al denegar el beneficio de jubilación por invalidez .

De la lectura del decisorio surge que el Oficio entendió que la resolución mencionada prescindió del dictamen médico que daba cuenta de un porcentaje de incapacidad menor configurándose un vicio en la causa de aquel acto; y estimó que parece irrazonable que se pueda revisar la incapacidad con posterioridad al otorgamiento de la jubilación por invalidez y no con anterioridad; pues no resulta lógico pensar que la administración no pueda adoptar las medidas necesarias en orden a ajustar la decisión que deba adoptarse a la situación real y actual de la incapacidad del agente, recordando que son amplias las facultades en orden a verificar los extremos legales que condicionan el otorgamiento de las prestaciones (Capítulo XI de la ley 6915).

Tal criterio expuesto, no ha sido rebatido idóneamente por la recurrente, ni tampoco las consideraciones efectuadas por la Cámara al apreciar que no centró esfuerzo argumental y probatorio en demostrar que su incapacidad era superior a la verificada por la Junta respectiva, cuestión que merecía ser controvertida atento a que no se configuraba entonces la contingencia cubierta por la seguridad social.

En suma, no logra persuadir que la inteligencia asignada por el Organo a la noma previsional hubiese excedido el límite de posibilidades que le brindaba, de tal modo que sea irrazonable como para merecer descalificación constitucional.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SIALLE GABRIEL ORLANDO c/ BANCO DE LA PRIVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DÑOS Y PERJUICIOS,ETC-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-25

No corresponde como principio reexaminar, por vía de la casación el criterio adoptado por los Tribunales de las instancias ordinarias respecto de la selección de las pruebas computables.
Competencia, competencia por conexidad, acumulación de procesos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUZMAN ALFREDO c/ SIND. UNION OBR. DE EST. DE SERV.GARAG. PLAYAS DE EST. Y GOM s/ Ordinario (LIBRO: A075 - 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-21

Para que se produzca el desplazamiento de la competencia en virtud del "forum connexitalis", invocado por la apelante, es necesario que se den las condiciones y que se cumplan las finalidades prácticas que fundamentan y autorizan la acumulación de procesos. Y entre esas condiciones se encuentra la de que aún no se haya dictado sentencia de primera instancia, en los procesos que se intentan acumular. Adviértase que lo que se exige es que no se haya dictado sentencia de primera instancia, en ningún momento se establece que esa sentencia se debe encontrar firme, lo reiteramos, para que resulte inaplicable esta excepción a las reglas genéricas para determinar la competencia, basta que se haya dictado sentencia de primera instancia.-
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, garantías procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: PANIAGUA, SERGIO NORMANDO c/ URTASUN, JORGE FACUNDO Y/O URTASUN, MARIA EMILIA Y/U OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26

El plazo establecido por el art. 3º del decreto 146/01, de treinta días, es para que el patrón haga entrega de los certificados expresados en el artículo 80 LCT, y si no lo hace, una vez transcurridos los treinta días, el trabajador está habilitado para cursar intimación fehaciente a tal efecto.

"El decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 no establece una especie de plazo de caducidad para el trabajador, sino que dicho plazo de treinta días está puesto adicionalmente a favor del empleador para que cumpla la entrega de la documentación prevista en la norma legal modificada...".

"No es posible deducir que los treinta días del artículo 3º del decreto 146/2001 obren como plazo de caducidad y constriñan al trabajador a interpelar antes de su vencimiento.

La situación se da exactamente al revés: no debe interpelar hasta vencido el plazo de treinta días con que cuenta el empleador" (del voto del Dr. Morell, en mayoría; CNAT, sala V, 30-8-2004, "Campos Alberto c/ General Security SRL s/ Cobro de salarios") (Revista de Derecho Laboral 2012-2, Derechos y deberes de las partes-II, págs. 607, 3. Intimación/608; Rubinzal-Culzoni).-
Régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Obra Social Para La Actividad Docente c/ Universidad Tecnológica Nacional s/ Ejecución ley 23660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-10

El agravio de la quejosa sobre la base de que la fecha constitutiva -causa- de la obligación se encuentra incluida en la fecha de corte porque los intereses resultan exigibles en las fechas de vencimiento de cada obligación, no resiste el menor análisis si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, la ejecutada no pagó los intereses correspondientes al momento de la cancelación del capital, y de tal modo por su omisión, dichos intereses dejaron de ser accesorios de la obligación principal, dando lugar al nacimiento de una nueva obligación (conf. art. 37 ley 11.683). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del "a quo" que, ponderando la circunstancia de que los mensuales de los períodos cuestionados fueron abonados con posterioridad a la fecha de vencimiento (en el transcurso del año 2002), entendió que si bien el art. 58 de la ley 25.725 prorrogó la consolidación hasta el 31.12.01, el objeto del reclamo no es el capital sino las intereses punitorios y resarcitorios por el no pago en el momento oportuno (art. 37 ley 11.683), de modo tal que siendo los intereses posteriores a esta última fecha, los mismos se encuentran excluidos de la consolidación, y deben abonarse en efectivo.
Procedimiento contencioso administrativo, resoluciones apelables, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: LARA PALACIOS ELIZABETH LEONOR c/ MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES Y OTROS s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

El artículo 219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario establece que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas, las interlocutorias y las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

De este modo solo son susceptibles de impugnación por apelación aquellas providencias simples cuyos efectos no puedan subsanarse o enmendarse en el curso ulterior del procedimiento, de manera tal que se impida o se extinga el ejercicio de una facultad o derecho procesal.
Verificación de créditos, crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Redmont S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-26

Si se ha tenido por verificado en favor del fisco actor, un crédito con privilegio general correspondiente a ingresos brutos (arts. 32, 246 inc. 4 ley 24.522), tratándose de un acreedor privilegiado no comprendido en el concordato homologado el mismo se encuentra facultado para ejecutar la resolución de verificación a través de la correspondiente acción individual según las normas procesales locales (art. 57 ley 24.522). (MINORIA U OPINION PERSONAL)