marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Solidaridad previsional, organismos previsionales, legitimación activa
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Hussar, Otto c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La facultad del organismo previsional para integrar el debate judicial no depende del reconocimiento que le otorga la ley 24.463 para actuar como contraparte en el proceso, sino que está ínsito en el carácter de las funciones públicas que desarrolla, como ente de aplicación y control de las leyes de seguridad social y, en esa condición, nada impide su participación en la controversia para actuar en resguardo de los intereses que representa - que son los de la comunidad en general - y en procura de una mejor aplicación por los jueces de la ley o doctrina legal.
Intervención de línea telefónica, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Solari Fabricio, Gastón y otra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-24

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de los datos obtenidos del celular del encausado toda vez la defensa no demuestra -ni se advierte- que el informe impugnado haya sido introducido ilegalmente al plexo probatorio. Dichos datos que han resultado significativos para la investigación de la presente causa -la información aportada por el impacto de las celdas permitió rastrear desde dónde se realizaron las llamadas, es decir, su ubicación de acuerdo a la utilización de determinadas antenas de cobertura en donde los celulares han recibido señal-, no son obtenidos de una manera específica y diferenciada por parte de las compañías telefónicas, sino que ello tiene lugar con la mera intervención de la línea; medida que fue solicitada en estos autos mediante auto fundado y con conocimiento de la investigación que se estaba llevando a cabo y de la necesidad de recabar información conducente para esclarecer el delito.
Jubilación anticipada, carácter alimentario, medida cautelar innovativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "OLIVERI,  CARMEN  ESTHER c/ Poder  Ejecutivo  Nacional y otro s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Si bien se ha sostenido que una medida cautelar sólo puede ser decretada en supuestos excepcionales y con criterio restrictivo pues, de lo contrario, podría violentarse el derecho de defensa en juicio (cfr. C.F.S.S., Sala de Feria, sent. del 28.01.00, "Gallastegui, Eleodoro y otros c/ E.N."), frente a un reclamo por el cual la titular -en el caso, beneficiaria de una pensión que asciende a $ 500- pretende acogerse al beneficio que estableció la ley 25.994 al introducir en el sistema previsional argentino la denominada "Jubilación Anticipada", un criterio de prudencia obliga a reconsiderar aquella posición que parte de una base que reposa su aplicación en una presunción legal, pero que en manera alguna inhibe la ponderación judicial. Ello así, máxime cuando lo que es objeto de controversia no es la bondad de la norma, sino si ha existido un ejercicio razonable de la facultad delegada por el órgano delegado en una materia de innegable carácter alimentario y, por tal, vital para la manutención de la peticionante. En consecuencia, ante esa colisión de valores -uno de los cuales roza la integridad del goce de una facultad legal que se establece en pro de salvaguardar una subsistencia digna-, ha de concluirse que se encuentra sumariamente justificado el derecho que se invoca, y hacer lugar a la medida innovativa solicitada, ordenando al organismo abstenerse de aplicar la Res. A.N.Se.S. 884/06, así como cualquier otra norma que cercene el derecho de la actora a obtener su jubilación en el marco de la ley 25.944, conforme la situación legal existente con anterioridad al día 23.10.06. (Disidencia del Dr. Fernández).
Derecho procesal, acción de amparo, plazo judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, DANIELA c/ COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE SAN JUAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-06

En virtud de lo que dispone el art. 584 Inc. 3º, la demanda debe presentarse indefectiblemente a los quince días corridos de producida o conocida por el actor la decisión u omisión que da motivo al amparo, aunque se trate de la simple amenaza cierta de la ejecución del acto lesivo, que lleva al ataque concreto contra una garantía de la constitución.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, realismo económico, tasas, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia contradictoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANMARTINO, REMIGIO Y OTROS c/ VISCARDI, VICTOR H Y-U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (CSJ EXPTE N. 322-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

La tasa de interés aplicable para la determinación de los intereses Con posterioridad al 31 de marzo de 1991 genera cuestión constitucional por la trascendencia macroeconómica incita en la interpretación de la Ley de Convertibilidad del Austral y la situación de strepitus fori generada por el tratamiento dispar dado por los tribunales inferiores de la provincia a cuestiones similares, haciendo aconsejable el acceso de la causa a esta instancia extraordinaria.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

Las distinciones establecidas por el legislador en supuestos que estime distintos son valederas en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Caducidad de instancia, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASTRO, Rosa c/  s/ INCIDENTE DE CADUCIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-03

La perención de instancia importa la extinción del proceso, por el solo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley; y ello se debe a que el interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente (Alsina, Hugo, "Derecho Procesal", t. IV, p. 423 y sgtes.).

El principio dispositivo en materia civil, parte de la base de que el impulso procesal es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga del que promovió el juicio o cuestión incidental (Colombo, "Código Procesal Comentado", t. I, p. 270, ED. 1975; CApelCCSalta, sala I, fallos año 1997, fº 26), hasta poner la cuestión en estado de ser resuelta (CApelCCSalta, sala III, fallos año 1996, fº 614).

Si la apelante omitió correr traslado del memorial y el demandado planteó la caducidad de la segunda instancia, sin que medie acto alguno interruptivo dentro del plazo de tres meses, debe ser declarada.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Clemente, Leonardo Gustavo s/ Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad si la Cámara no citó a lo largo del fallo ninguna norma reguladora de la prueba -a excepción del art. 431 del Código de Procedimiento Penal, según ley 3589 y sus modif., al aludir a atenuantes y agravantes- omitiendo indicar no sólo de qué modo acreditaba la responsabilidad del querellado sino incluso el cuerpo del delito y la autoría, vulnerando así el art. 171 de la Constitución provincial.
Responsabilidad solidaria, obras sociales, crédito laboral, traslado del paciente
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, Héctor Daniel c/ Manco, Osvaldo Oscar y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

La obra social no debe responder por las deudas laborales del empresario con quien convino el traslado de pacientes en determinadas ocasiones mediante taxis y remises, pues para que surja la solidaridad, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, conforme a la implícita remisión que hace el art. 30 LCT al art. 6 del mismo ordenamiento laboral (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Coparticipación de impuestos, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-21

El Congreso reconoció con la ley 24.588 que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con autonomía legislativa para el ejercicio del poder fiscal y que es directamente responsable por el cumplimiento de las restricciones establecidas en el artículo 9° de la Ley de Coparticipación para el conjunto de las provincias y por su parte, la Ciudad sancionó la ley 4 para adherir al régimen de coparticipación.
Restitución de cosas, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, JOSE D. c/ PEREZ, OSCAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

La permanencia del comodatario en un inmueble sin título que lo legitime, luego de reclamada la devolución del mismo, es causa suficiente de la admisión de los daños y perjuicios por la indebida retención y por ende de efectos análogos a lo previsto para el contrato de locación. No obsta al curso de la indemnización la circunstancia de que el consorcio de propietarios informara que el inmueble en cierto período estuvo desocupado, ya que el lapso de indisponibilidad se extiende durante todo el tiempo que insumen los trámites judiciales necesarios para recuperar el bien.
Sentencia condenatoria, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: FRIAS LEONOR BAUTISTA c/ FRIAS ROLANDO IGNACIO s/ VIOLACION CALIFICADA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-26

Para arribar a una conclusión condenatoria, el tribunal deberá adquirir un criterio de certeza que despeje toda duda acerca de la participación punible del imputado.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, aclaratoria (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zavaleta de Fahey, Dominga Saturnina s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

La Cámara no puede, por vía de aclaratoria, alterar sustancialmente la decisión que había declarado mal concedido el recurso de apelación, que había sido alcanzada por la preclusión, y dejar sin efecto la resolución de primera instancia que había sido apelada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, suficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: REVELLO, VALENTIN MIGUEL c/ HEINZEN, MIGUEL LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 550-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

No es admisible la queja si la lectura del fallo impugnado revela que la solución adoptada, tiene suficiente sustento en aquellas pruebas que el a quo escogió por entender -al margen de su grado de acierto error- que resultaban reveladores de la mecánica del accidente y que, por ende, formaron su convencimiento al respecto.

La opción contraria del quejosos acerca de cómo ocurrieron los hechos y cuáles resultaban ser a su juicio las pruebas decisivas al respecto, no autoriza la revisión de tal decisorio. Máxime si consideramos que no pesa sobre el sentenciante el deber de respaldar su fallo con la mención de la totalidad del material probatorio, sino que puede escoger aquel que estime adecuado en orden a lo decidido finalmente. (Jurisprudencia Vinculada: "Burlando", AyS T 81 p 245. Sumario Nº J0009042).
Confirmación de sentencia, cosa juzgada, error judicial, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Irigoytía, Carlos Francisco y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Como principio, sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño haya sido declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Docentes, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Reinoso, Luisa del Carmen y Otras c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-20

Comparecen las actoras, invocando la calidad de docentes, por intermedio de letrado patrocinante, interponiendo acción de amparo en contra del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca, persiguiendo se declare la nulidad de las Asambleas Extraordinarias Simultáneas de opción de cargos de nivel secundario de la asignatura de artes plásticas, realizada el 01/Set/12.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art. 204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia de este Tribunal sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo por Ley Nº 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada corresponde se declare la competencia del Tribunal para entender en autos.

Dentro de las características intrínsecas de este proceso abreviado de la acción de amparo, que tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional, se impone como correlato de la actividad jurisdiccional en mérito de la admisibilidad formal de la acción, que el amparista demuestre sin mayor esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba, en donde reside la ilegitimidad del acto que cuestiona y el daño grave y irreparable que se pretende reparar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar del poder administrador.

Conforme a las pautas axiológicas enunciadas de incontrovertible aplicación a las normativas determinantes de la admisibilidad de la acción, se advierten serios impedimentos de orden jurídico que obstan la procedencia de la acción intentada.
Competencia, cuestiones de competencia, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: DE AMBROSI, E. s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA. CUESTIONES. COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Es competente en la investigación del delito de administración fraudulenta, el Juez del domicilio de la administración social, -en el caso de autos el Juez Penal de San Juan-.

No obstante lo expuesto, en virtud de lo manifestado por la Corte Suprema sobre la omisión en el planteamiento de las cuestiones de competencia por vía incidental como lo exige el Cód. Proc. en Materia Penal, corresponde que el Juez de Instrucción ordene la extracción de testimonios de las partes pertinentes vinculadas con la cuestión de competencias y continúe, hasta tanto se resuelva la misma, con la investigación de los hechos denunciados, a fin de que no se paralice el trámite del proceso.
Competencia contencioso administrativa, abastecimiento, televisión por cable, exhorto a tribunal extranjero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Argentina Generadora y Com de Señales LLC c/ Cablevisión SA (JZ Circuito 11-Miami-Florida) s/ exhorto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17

Si la materia en debate en la causa judicial radicada en el extranjero se encuentra vinculada con aspectos que hacen a la interpretación y aplicación de las resoluciones que, en materia de comercialización del servicio de televisión paga, dictó el Secretario de Comercio Interior con invocación de las facultades otorgadas por la ley 20.680 (ley de abastecimiento) la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal resulta competente para entender en el pleito ya que resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para su solución, sin perjuicio de que también puedan llegar a aplicarse institutos del derecho común, ya que ellos pasarían a formar parte, por vía de integración subsidiaria, del plexo de principios de derecho público en que se enmarcaría el caso. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, indemnización tarifada, tasas de interés, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESQUIVEL, JUAN CARLOS c/ EXPERTA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Cabe desestimar el agravio referido a la irrazonabilidad de la tasa de interés resuelta por el A quo, equivalente al doble del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina, en tanto se advierte que las cuestiones planteadas por la compareciente guardan sustancial analogía con las que fueron específicamente objeto de análisis y decisión por este Tribunal en el precedente "Olivera" y por el Más Alto Tribunal de la Nación in re "Bonet"; y teniendo a la vista tales pautas y el control de razonabilidad de las decisiones que ejerce esta Corte, lo cual conlleva sobre el tema en examen a una ponderación económica y jurídica de las particulares del sub iudice, se observa que la tasa de interés fijada no genera un importe que carezca de proporcionalidad o implique un apartamiento palmario de la realidad imperante al momento del dictado de la sentencia; y en ese marco, no se aprecia que la ocurrente haya intentado argumentar al respecto y mucho menos acreditar o justificar de una manera concreta la irrazonabilidad y/o exorbitancia económica a la que supuestamente arribaría la tasa de interés fijada por el Tribunal a quo. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Netri y Falistocco. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Bonet, Patricia Gabriela por sí y en rep. Hijos menores c/Experta ART S.A. y otros s/accidente acción civil, del 26/02/2019; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295/308.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cejas, Omar del Luján. c/ D.E.B.A. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

La circunstancia de que al acto que reubica al agente en un cargo de categoría inferior al que hasta entonces revistaba haya expresado que se mantendrían las remuneraciones que hasta ese momento percibía no es susceptible de generar una situación jurídica exigible ante este Tribunal, toda vez que es principio básico en la materia que la remuneración percibida debe corresponderse con las funciones efectivamente cumplidas, máxime cuando -como en el caso- no aparece demostrado el desempeño de tareas propias de un cargo superior al que legalmente se tiene.
Tráfico de estupefacientes, Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, tratados internacionales, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes no contiene disposición alguna que modifique los lineamientos básicos del ordenamiento adjetivo interno (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Concursos, desapoderamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peris, Gustavo Juan y Peris, Rafael s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La exclusión del desapoderamiento de los inmuebles que estuvieron hipotecados a favor del Banco Hipotecario Nacional no admite restricciones temporales.
Proceso penal, facultades del fiscal, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Roberto Manuel y Garay, Claudio Héctor s/ infr. art. 149 bis CP art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

Dado que la cuestión debatida resulta análoga a la resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", resolución del 27/09/10, cabe remitir a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado.
Cuestiones de competencia, entorpecimiento de los servicios públicos, calificación legal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Funcionarios Públicos CABA c/  s/ s/ 248 - abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Los hechos investigados - obstrucción de la intersección de dos avenidas de esta Ciudad por parte de un grupo de manifestantes - resultan prima facie subsumibles en los arts. 83 y 72 del CC, para cuyo juzgamiento resulta competente el Juez en lo Penal Contravencional y Faltas. Dicho juez tendrá competencia para pronunciarse aún si la imputación derivase hacia delitos aún pendientes de transferencia (cf. mi voto in re "Giordano", expte. n° 16368, resolución del 25/10/2019). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Marcas, uso de marca, registro de marca
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVESTRONE   HUGO   FRANCISCO c/ MADRESELVAS  SA s/ cese  deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Es jurisprudencia reiterada de esta Cámara que el solicitante de una marca deberá demostrar su interés legitimo solamente cuando se presente una oposición que se funde en la ausencia de tal interés; es decir, que corre por su cuenta la demostración de que se halla legalmente habilitado para obtener el registro que solicita (esta Sala, causa 2778/98 del 27-12-01; Sala II, causa 1975 del 26-4-83; 1542/97 del 29-11-00; Sala I, causa 1924 del 15-7-83). La actora ha cumplido con la exigencia del art. 4 de la ley 22.362, pues se trata de una persona dedicada al rubro gastronómico y cuyo interés aparecería concentrado evidentemente en el logro de la registración misma, a partir de la cual podría comenzar a designar sus locales e identificarse frente al público. Asimismo cabe destacar, que este extremo -interés legítimo en la obtención del registro- no siempre es fácil de demostrar al tiempo de la presentación de la solicitud, pero que puede ser verificado en función del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes, por lo que no es apropiado en este punto un criterio de estrictez, bastando para tener por cumplido el recaudo legal la intención de usar la marca.