Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64206 SALA VI Expediente Nro.: 35.966/2009 (Juzg. N° 18) AUTOS: "BASSI ROBERTO JAVIER S/ SUCESIÓN Y OTRO C/ JUAN NUÑEZ S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" Buenos Aires, 13 de AGOSTO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. La sentencia de fs.269/272 rechazó la acción interpuesta por Aída Beatriz BASSI como administradora sucesoria comprendiendo a sus hermanos coherederos Pablo Sergio BASSI y Carlos Héctor BASSI, dirigida contra Juan NUÑEZ SRL y CONSOLIDAR ART SA.

Los actores resultaron ser hermanos de Roberto Javier Bassi quien laboraba para la codemandada Juan Nuñez SRL, en un negocio de zinguería. El día 3.8.2007 ingresaron ladrones al local y asesinaron al hermano de los actores, tal como lo relata la propia accionante (fs. 27 de autos).

Reclaman la reparación integral del daño sufrido por el siniestro producido, pretensión rechazada por el decisorio de origen en cuanto se basa en el art. 1109 y 1113 del Código Civil, ya que los actores no indicaron ni demostraron cual fue el daño que les produjo la muerte de su hermano, atento las normas invocadas contra los demandados.

También rechaza la acción subsidiaria en reclamo de las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley 24557, fundado en que los actores no se encuentran comprendidos en el art. 18 de la Ley 24557.

La parte actora interpone recurso de apelación a fs.273/276 planteando la nulidad de la sentencia y fundamentando luego su agravio en cuanto a la equivocación que atribuye al aquo al sentenciar.

Al fundar la nulidad solicitada los actores señalan que el Sr. Juez de grado omitió tratar la inconstitucionalidad por ellos introducida respecto del art.18 de la Ley 24557.

Entiendo que la queja no puede prosperar en el punto.

El art.18 de la Ley 24557 establecía una limitación a la legitimación para reclamar la prestación en ella contemplada ampliada por el Decreto 1278/00 ya que no incluía a los ascendientes de la víctima.

La norma establece cuales son los derechohabientes en condiciones de acceder a la prestación dineraria por muerte de un trabajador víctima de un accidente de trabajo.

En los casos de descendientes mayores de edad condiciona ello a que se encuentren a cargo del causante y sean incapacitados, situación que no es ni siquiera arguida por los demandantes.

Si la ley coloca ese requisito a los descendientes con mayor razón ello le cabe a los herederos colaterales en éste caso en primer grado como son los actores (Art. 3585 C.Civ.).

En el mismo sentido se expidió la Sala IX de ésta Camara en la causa "CACERES Ramona Concepción y Otros c/ ASOCIART ART SA s/ Ejecución de acto administrativo" SD 12781 Bs.As. 22.9.2005.

El planteo de inconstitucionalidad no se basta a si mismo, además de la limitación exhibida por los actores en su legitimación para el presente reclamo, y no se ha demostrado el daño y perjuicio sufrido (Bidart Campos German J. "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino" Tomo II-B pag.580 y ss. Ediar Bs. As. Septiembre 2005).

Se limita a señalar que la norma es inconstitucional en tanto viola los derechos hereditarios de los apelantes al excluirlos del beneficio. La norma no los excluye, sino que establece condiciones que, los peticionantes, en el caso no reúnen y que excepto el caso de los padres del trabajador soltero no ha tenido recepción jurisprudencial.

El Tribunal Supremo declaró la inconstitucionalidad del art.18.2. de la Ley 24557 en tanto excluyó a los padres del trabajador soltero en ausencia de otros derechohabientes, de las prestaciones por muerte de la citada ley, advirtiendo que ."los priva de reparación y los coloca en peores condiciones a las que se hallaban antes de acaecer el evento, desde que se trata de familiares consanguíneos a quienes la ley les reconoce derecho a alimentos, todo lo cual redunda en una evidente afectación del derecho de propiedad consagrado en el art.17 de la Constitución Nacional. (CSJN 26.02.2008 "Medina Orlando Rubén y O. c/ Solar Servicios On Line Argentina SA y Otro" Fallos 331:250).

En el caso de autos tal como lo afirma el sentenciante de grado no se ha argumentado ni menos probado que los actores estuvieran a cargo de la víctima en forma análoga al derecho a alimento de que habla el pronunciamiento citado.

Con respecto al rechazo de la acción basada en los arts. 1109 y 1113, fundado en que no se probó daño alguno, el apelante insiste con que la condición de herederos de los actores automáticamente les habilita la reparación integral pretendida.

Entiendo que no le asiste razón y que la reparación por daño material no puede prosperar.

Tal como lo sostiene la doctrina civil nacional más caracterizada en forma pacífica, la vida humana no tiene per se un valor pecuniario porque no está en el comercio (Llambías Jorge J. "La vida humana como valor económico. Carácter de la acción resarcitoria por causa de homicidio: Daño resarcible" JA Doctrina p. 624) y no constituye un bien con el alcance del art. 2312 del Código Civil por ende no es indemnizable y la muerte no configura nunca un daño jurídico, cuya indemnización pueda ser deferido a sus herederos, los que deben demostrar el menoscabo que ese hecho de significación jurídica les produce,(Mosset Iturraspe Jorge "El valor de la vida humana" 3° ed. Actualizada Ed. Rubinzal Culzoni Sta. Fe -1996; en sentido similar Borda Guillermo; Kemelmajer de Carluci Aída; Zavala de Gonzalez Matilde, etc.) lo que no ha acaecido en autos.

Distinto es el caso del daño moral.

Si bien la demanda incoada no distingue los rubros de la reparación integral pretendida, debe admitirse que el mismo está comprendido en la suma reclamada, por tratarse reitero de una reparación comprensiva del daño material y moral.

No hay dudas que los actores como hermanos de la víctima ante su abrupta y terrible desaparición por el homicidio en las condiciones descriptas, como elemental derivación de sus afectos y vínculo familiar directo sufrieron un profundo daño moral por la pérdida de su hermano.

La integridad psicofísica del trabajador es un deber del empleador que asume los riesgos en los que se desenvuelve a diario el contrato de trabajo, incluidos los derivados de un delito criminal de un tercero, y debe asumir por ello una responsabilidad objetiva por ese hechos y sus consecuencias. No habiendo derechohabientes en condiciones legales de percibir las prestaciones dinerarias debo establecer si a los actores les corresponde percibir una reparación por daño moral derivado del hecho.

Me inclino por la solución afirmativa.

Esta Sala en casos con puntos de similitud al presente tuvo oportunidad de recepcionar el reclamo de la indemnización por daño moral ("Grafho Segrio G. c/ Fernández Jose Antonio y Fernandez Diego Soc. de Hecho s/ Despido" SD 62229 - Bs.As. 27.08.2010).

Me sumo a quienes propician una interpretación amplia del art.1078 del Código Civil, y por ende la procedencia de la reparación por daño moral con el alcance indicado, en la que se pone por delante del orden hereditario el de los afectos, ya que en el caso de autos, los actores no poseen el carácter de herederos forzosos de la víctima (arts. 3549, 3591 Cód. Civil). En el sentido indicado se inclina parte de la doctrina civil (Caseaux, Pedro -Trigo Represas, Féliz "Derecho de las Obligaciones Platense 19692°ed T.III pag.501).

La incorporación de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos a la Constitución Nacional por la Reforma de 1994 dio un nuevo impulso a la interpretación amplia del alcance del art.1078 del Código Civil permitiendo nuevas categorías de legitimados para reclamar el daño moral. (Alferillo Pascual E. "Límites de la legitimación para reclamar daño moral" Rev. La Ley pag.3 y ss. - 1.3.2012).

Incluso se ha admitido la procedencia del daño moral aún existiendo herederos con prelación a otros sucesores, estableciendo que no se puede excluir a aquellos que por un orden natural y ordinario no puede privárselos del derecho a ser indemnizados por el daño que ocasiona la desaparición de un ser querido (Cámara Civil Comercial y de Minería San Juan "Valdivieso de Avila María c/ Villavicencia Hugo y Otros s/ Daños y Perjuicios LdeS T°77 - F°120/139-7.4.00).

Estimo como razonable de acuerdo a las circunstancias que rodean el caso, en todas sus circunstancias fácticas y jurídicas establecer la suma de pesos sesenta mil ($60.000) en concepto de indemnización por daño moral, las que se abonarán a razón de $ 20.000 a cada uno de los actores de autos, con intereses a partir del momento del infortunio (conf. Acta 2357 CNAT) que le costó la vida en ocasión del trabajo por un hecho de terceros, al hermano de los actores.

II. Atento las particulares circunstancias del caso propicio fijar las costas en el orden causado (art. 68 CPCNN), en los porcentajes establecidos en la sentencia de grado calculados sobre el capital de la presente sentencia.

III. Resolución.

a) Revocar parcialmente la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda por la suma de $ 60.000 pesos sesenta mil que deberá abonar la codemandada Juan NUÑEZ SRL.

b) Las costas se imponen en el orden causado (art. 68 CPCNN), manteniéndose los porcentuales de origen calculados sobre el capital de la presente sentencia.

c) Regular los honorarios por los trabajos profesionales de la presente instancia en el 25% de los regulados en la etapa anterior. EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Disiento de la solución propuesta por la Dr. Luis A. Raffaghelli referida a la procedencia del "daño moral" en virtud de los fundamentos que paso a explicar.

Dado los términos en los que ha quedado trabada la litis, donde no formó parte del reclamo el "daño moral" (conf. fs. 26/54), como también de acuerdo a los límites de los agravios efectuados por los apelantes en esta instancia, que tampoco se refirieron a dicho rubro (conf. 273/278), no advierto que corresponda otorgar tratamiento a la cuestión pues ello implicaría la violación al principio de congruencia que en resguardo del derecho de defensa debe regir el proceso y, en el caso, la otra parte se vería privada de la oportunidad procesal para alegar y probar acerca de los temas que no fueron objeto de la controversia. Por tanto, así lo decido.

Por otra parte, teniendo en cuenta las pautas arancelarias vigentes, la naturaleza, mérito y calidad de las labores efectuadas por los profesionales intervinientes en esta alzada, estimo elevados los emolumentos cuestionados y, en consecuencia, propicio reducir los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, de la demandada y de la perito contadora en las sumas de $21.000, $30.000 y $14.000, respectivamente, calculadas a valores actuales (conf. art. 38 L.O., ley 21.839 y concs. dec-ley 16.638/57).

En virtud de los motivos precedentemente expuestos, de prosperar mi voto, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en lo que decide la cuestión relativa al fondo del asunto y modificarla en el sentido de reducir la representación letrada de la parte actora, de la demandada y de la perito contadora en las sumas de $ 21.000, $ 30.000 y $ 14.000, respectivamente, calculadas a valores actuales.

Con respecto a las costas por las tareas efectuadas en esta instancia, advierto correspondiente apartarse del principio general de la derrota (conf art. 68 y 71 del C.P.C.C.N.) e imponerlas en el orden causado. A ese fin, regúlense los honorarios de las representaciones letradas intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por su labor en origen (conf. art. 14 L.A.).

LA DOCTORA GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto del Dr. Juan Carlos Fernández Madrid.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que decide la cuestión relativa al fondo del asunto y modificarla en el sentido de reducir la representación letrada de la parte actora, de la demandada y de la perito contadora en las sumas de $21.000, $30.000 y $14.000, respectivamente, calculadas a valores actuales. II. Imponer las costas de alzada en el orden causado. III. Regular los honorarios de las representaciones letradas intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por su labor en origen.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA