Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-07-06


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de julio de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y los Vocales Dres. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ y EMILIO A. E. CASTRILLON, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "GODOY, Lucía Verónica c/Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y Estado Provincial S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Chiara Díaz, Castrillón y Mizawak.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: ¿Existe nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué cabe resolver? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ DIJO:

Conforme a lo establecido en los arts. 16º y 31º de la Ley de Procedimientos Constitucionales (Ley Nº 8369), el recurso de apelación interpuesto en un proceso de amparo, de ejecución y/o de prohibición conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal ad-quem deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.- La parte recurrente apelante no hizo mérito de la presencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal se expidió expresamente por su negativa (cfr. fs. 142, numeral II).- Finalmente, practicado por el Tribunal el examen ex-officio de lo actuado, no se verifica la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia y, en razón de ello, es menester brindar una respuesta negativa al planteo formulado en esta primera cuestión.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CASTRILLON expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CHIARA DIAZ DIJO:

I.- Respecto de la sentencia dictada por el sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 de Paraná,dr. Roberto Croux (fs. 119/21), que desestimó la acción de amparo instaurada por Lucía Verónica Godoy contra la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y el Superior Gobierno de la Provincia, se disconformó la accionante planteando recurso de apelación (fs. 124).- II.- La actora, (fs. 9/13), por su propio derecho y con patrocinio letrado, promovió el 24/05/11 formal acción de amparo contra la Dirección del Servicio Penitenciario y el Superior Gobierno de la Provincia, a los efectos que se disponga ". como MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN INNOVAR la INMEDIATA SUSPENSION de cualquier acto administrativo tendiente a suspender el pago total completo e integral en un 100%de los haberes de la suscripta." (cfr. fs. 9).- Expresó al respecto que por estar afectada su salud se encontraba en uso de licencia especial con goce de haberes, cuando recibió una C.D. en la cual se le hacía saber que conforme la normativa que la alcanzaba y de continuar tal licencia cesaría en la percepción de haberes, debiendo iniciar el beneficio de Jubilación por Invalidez, a lo que ella respondió con otra C.D., haciendo saber que había recibido el alta médica y se reincorporaría a su lugar de trabajo, lo que efectivamente hizo el día 9/5/11, cuando fue notificada de la constitución de una junta médica para el 13 de Mayo, oportunidad en la cual se le indicó como practica complementaria, previa al alta una serie de análisis, los cuales le demandarían unos días, excediendo el plazo de licencia paga, por lo que interesaba que la administración se abstenga de modificar el estado actual de cosas ya que ella había actuado de manera oportuna, destacando que pretendía evitar la vulneración de su derecho ante la inminencia de un daño cierto, lo cual sustento esmeradamente.- III.- El Director General del Servicio Penitenciario Provincial (fs. 110/12vta.) evacuó el informe previsto en el art. 8 de la LPC, negando la procedencia de la pretensión por resultar improcedente e inadmisible.- Sostuvo que el hecho de la remisión de la C.D. intimando a la accionante a presentar su alta médica o iniciar los trámites de jubilación por incapacidad no pueden ser considerados como un actuar ilegítimo de la administración, y menos aún generador de daños a la accionante y por tanto merecedor de reproche por vía de amparo, siendo tal un actuar justamente preventivo de situaciones que le puedan acarrear algún perjuicio a la Sra. Godoy.- Asimismo afirmó que no existía la ilegitimidad denunciada, toda vez que la situación de la amparista se enmarca en las disposiciones de la Ley 5759 -arts. 53º, inciso c) y 54, inciso c)- que prevén para los casos de licencia especial que corresponde a un agente por lesiones o enfermedades que no guardan relación con el servicio, un año de licencia paga.- IV.- Concedido el recurso de apelación articulado (fs. 128), solo la parte actora presentó el memorial contemplado el art. 16 de la Ley Nº 8.369.- V.- A fs. 142 y vta. dictaminó el Señor Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Amilcar Luciano García, propiciando que se rechace el recurso de apelación deducido y se confirme el decisorio.- VI.- Reseñados brevemente en los parágrafos precedentes las posturas de las partes y del Ministerio Público Fiscal frente al objeto litigioso, es posible ingresar al tratamiento del mismo, teniendo presente que el recurso de apelación en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición otorga al Tribunal ad-quem la plena jurisdicción, colocándolo en la misma posición del juez a-quo (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus "PITTAVINO", sent. del 12/07/88 L.A.S. 1987/88, fs. 112; "STURZ", sent. del 30/6/89, L.A.S. 1989, fs. 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", sent. del 9/11/89, L.A.S. 1989, fs. 459; "MEDRANO", sent. del 27/2/90, L.S. 1990, fs. 12; "FARMACIA LIBERTAD" S.C.S.", sent. del 19/3/90, L.S. 1990, fs. 44; "YESSI", sent. del 23/3/90, L.S. 1990, fs.59; "SCHIMPF", sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", sent. del 19/2/93, "VILLEMUR", sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", sent. del 2/6/93; "FASSIO", sent. del 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fs. 153; "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 158; "BUSSI", sent. del 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fs. 172; "MUÑOZ", sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fs. 208; "TEPSICH", sent. del 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fs. 256; y "CAINO de CELLI", sent. del 23/3/95; entre muchos otros).- Así perfilada la cuestión a resolver con la plenitud de la jurisdicción para juzgar la totalidad de los hechos y el derecho acerca de la misma, cabe entonces ingresar al thema decidendi.- Liminarmente analizo las causales de inadmisibilidad formal y de procedibilidad material previstas en la Ley Nº 8369, y advierto que la acción incoada no resulta procedente.- En efecto, a tenor de la causal establecida en el art. 3, inc. a), de la Ley Nº 8369, así debe disponerse cuando existan "otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía de que se trate, salvo que por las circunstancias resulten manifiestamente ineficaces o insuficientes para la protección del derecho conculcado".- Al respecto cabe señalar que las vías impugnativas previstas tanto por la Ley 5759, como por el Decreto Ley 7060 son idóneos para resolver la cuestión aducida por la agente, no resultando manifiestamente ineficaces o insuficientes para la protección del derecho conculcado.- Al promover el amparo se evidenció que el único motivo por el cual se articuló sin más esta acción fue que los otros caminos alternativos no resultan tan expeditivos, lo cual no es atendible como justificativo satisfactorio a los fines de cumplimentar la normativa aplicable.

Es que dichas vías debieron ser seguidas, toda vez que existiendo otros caminos para el reconocimiento de los derechos en juego se debe ocurrir a tales remedios, antes de acudir a esta acción excepcional, extraordinaria y heroica, salvo la acreditación para no hacerlo de las circunstancias excepcionantes que el mismo artículo prevé, extremos que están a cargo de los actores no solo invocar, sino además probar satisfactoriamente, lo que no acontece en el sub judice, donde no obra ningún elemento de convicción objetivo que así permita acreditarlo o corroborarlo.- Admitir lo contrario, llevaría a desnaturalizar esta acción residual, devaluándola en su importancia y desconociendo su ratio juris, porque tal como se ha sostenido, "...si la lesión constitucional denunciada puede ser reparada por las vías ordinarias- administrativas o judiciales-, aún a través de un más elongado proceso, es indudable que la via excepcional del amparo, ejecución o prohibición no puede ser admitida, porque el proceso sumarísimo previsto para ellas restringe de manera evidente y significativa las posibilidades de conocimiento y de ejercicio de los derechos de defensa, prueba y alegación en pos de la celeridad en los casos en que ésta es indispensable como único medio para reparar el avasallamiento de derechos o garantías constitucionales y así ha sido receptado y consagrado en la reglamentación procedimental de la Ley 8369 (arts. 3º y 29º)" (cfme. Sala Penal del S.T.J.E.R., caso "RODRIGUEZ SIGNES", sent. del 11/2/91).- A mayor abundamiento es oportuno recordar lo que es una constante de nuestra jurisprudencia en el sentido que la acción de amparo es un medio "excepcional y restrictivo", creado para lograr la oportuna restauración de la lesión de un derecho de raigambre constitucional, ilegítimamente producida por un acto, hecho u omisión de un tercero (art. 1º Ley Nº 8.369), debiendo tal ilegitimidad revelarse de modo manifiesto, apareciendo en grado de evidencia dentro del limitado margen de apreciación que permite la naturaleza sumaria de la acción (cfme. art. 2º ley citada).- Por consecuencia, coincido con el dictamen fiscal -fs. 142y vta.- en que la pretendida "ilegitimidad" denunciada no reúne tales características como para justificar la ocurrencia a este remedio "heroico y excepcional", ya que no se vislumbra el dictado de ninguna resolución definitiva acerca de la suspensión o no de los haberes de la accionante .- Entiendo que al no haberse adoptado ninguna decisión que adolezca en definitiva con las notas características de "manifiesta ilegitimidad", no es factible su descalificación por esta vía.- Por las razones expuestas, propicio entonces el rechazo del recurso de apelación deducido y la confirmación del fallo en crisis en cuanto no hizo lugar a la acción de amparo articulada en autos, sin adjudicar costas en esta instancia al no mediar contención.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CASTRILLON expresa su adhesión al voto del Dr. CHIARA DIAZ.- A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Firmado: Carlos Alberto Chiara Díaz- Emilio A. E. Castrillón y Claudia M. Mizawak- SENTENCIA:

Paraná, 6 de julio de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 124 contra la sentencia de fs. 119/121 vta., la que, por los fundamentos de la presente, se confirma.- 3º) SIN COSTAS en esta instancia por no mediar contención.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Carlos Alberto Chiara Díaz- Emilio A. E. Castrillón y Claudia M. Mizawak- Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia Secretario