marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abogados, llamado de atención, resoluciones irrecurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARAYA SALDIAS, RENE MAURICIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

La queja no puede prosperar, desde que la Cámara sostuvo que el planteo de la defensa era improponible para una apelación y más aún para la vía extraordinaria, en razón de que el llamado de atención no es considerado sanción disciplinaria y por ello es irrecurrible, ocurriendo lo mismo con la recomendación objetada por el impugnante y la decisión de la Magistrada no era idónea para causar ningún perjuicio -máxime cuando había sido adoptada por el Tribunal instructor que cesó en su intervención al transitar la causa ante un Juzgado de Sentencia; por lo que no se advertía vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas; y si bien el recurrente cuestiona genéricamente tales argumentos, no han sido idóneamente rebatidos, ni logra demostrar que la observación efectuada hubiera lesionado su derecho de defensa o posea entidad para coaccionar su accionar como representante técnico del imputado en lo sucesivo.
Recurso de reposición (procesal), recurso de casación, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustamante Dora Yanet c/ Bustamante Simona Rosa s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-11-10

Corresponde rechazar el recurso de reposición interpuesto contra la denegatoria del recurso de casación por inadmisibilidad formal, atento que el valor traído a debate no alcanza el monto previsto por el art. 297 del CPC. En este sentido, el recurrente debió, en la primera oportunidad procesal (interposición del recurso de casación) plantear la inconstitucionalidad de la norma que establecía el monto mínimo para acceder al recurso; razón por la cual y al no haberlo efectuado deviene tardío el cuestionamiento de la norma y sella la improcedencia del recurso.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, valor venal, prueba, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ANDINO DIEGO PABLO c/ SOSA OSCAR LUIS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-19

Habiendo el accionante enajenado el rodado siniestrado y no habiendo arrimado al expediente prueba alguna a fin de demostrar la diferencia entre el precio que obtuvo a consecuencia de la venta del vehículo y lo que hubiera obtenido en caso de no haber ocurrido el accidente, el reclamo por desvalorización del rodado debe ser rechazado.
Socios, rendición de cuentas, daños y perjuicios, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rotger Norberto Reinaldo c/ Lococo Oscar Rubén y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Cabe rechazar la acción individual de responsabilidad incoada conforme la LGS 279, a fin de obtener las utilidades que dejara de percibir el actor, y la reparación de los daños y perjuicios derivados del obrar de los accionados como directores. Es que la acción individual de la LGS 279 se refiere a los daños que el accionista recibe personalmente y no a aquéllos que sufre indirectamente, integrante del daño mayor que soporta la sociedad y de la misma naturaleza que la de todos los demás accionistas. Esta disquisición importa una mejor integración de la regulación legal. Es gracias a esta interpretación que se explica que la acción individual de responsabilidad no esté condicionada a un previo pronunciamiento de la asamblea, a diferencia de la contemplada en la LGS 276, pues posee un contenido diverso a la acción social de responsabilidad (conf. CNCom, Sala A, "Longueira, Eulogia c/ Natale, Alberto O.", del 10.7.97).

Disidencia parcial del Dr. Barreiro:.

Puede admitirse que cualquiera que fuere la naturaleza del perjuicio, directo o indirecto, el accionista puede ser indemnizado por virtud del principio general que en el régimen general de responsabilidad establece todo daño debe ser reparado, sea que el obrar fuere culposo o constituyera un delito civil (CCIV 1068, 1077 y 1079; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho societario. Parte general. Los órganos societarios, Heliasta SRL, Buenos Aires, 1996, pág. 405, invoca también los arts. 904 y 905 y, si los daños fueran previsibles, los arts. 901 y 902).
Excusación, recusación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: B, S s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA     INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

El artículo 86 del Código Procesal Penal no permite la "actuación simultánea" de defensores cuando la participación de uno de los defensores implique motivo de apartamiento de un integrante del órgano jurisdiccional. El impedimento alcanza al abogado que sería origen de inhibición del magistrado o funcionario fiscal, sea que aquél haya sido nombrado al mismo tiempo que otro, con posterioridad al único que actuaba o en sustitución de los letrados que venían desempeñándose. Pero la propuesta del imputado que haga aplicable esta norma no debe rechazarse por el Juez o Tribunal fundándose en que ella sería motivo de apartamiento; ha de acogérsela pero de allí en más el abogado que hubiera dado lugar a la separación tiene prohibido participar en los actos procesales; en cambio es viable que realice tareas de diversa naturaleza (por ejemplo asesoramiento) y, eventualmente que intervenga de manera concreta en el proceso.
Honorarios, abogados, base, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARANCIBIA MATILDE c/ OLMEDO OTILIO s/ Divorcio Vincular (LIBRO: A070 - 283)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-30

Si en un procedimiento por divorcio vincular no es posible establecer la situación económica y social de las partes, ya que las partes no han denunciado bienes de la sociedad conyugal, ni aportado otros detalles personales; es correcto y equitativo ponderar las actuaciones de ley para el desarrollo del expediente y la dedicación otorgada por el profesional interviniente.
Jurisdicción y competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Guala, Héctor Oscar c/ Club Atlético River Plate  A.C. s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

La competencia se determina por la naturaleza de la demanda en sí y no por lo que se diga en materia de contradicción por la parte demandada; razón por la cual debe estarse únicamente a la pretensión esgrimida en la demanda y a las normas que, con sujeción a los hechos que la sustentan y al derecho en que ellos deben ser encuadrados, rigen la cuestion.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Parque Rafaela S.A. s/ Ejecutivo (Resolución Nro.  59, Tomo 20, Folio 266/268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-12

Para traer aparejada ejecución el certificado de saldo deudor de la cuenta corriente bancaria sólo requiere la mención del importe que arrojaba la cuenta en la época de cierre y las firmas conjuntas de los funcionarios habilitados por la ley, sin que sea menester complementarlos mediante prueba alguna ni el cumplimiento de otro recaudo.
Reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, invalidez del acto administrativo, plazo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CO  CO  FA c/ FUERZA AEREA ARGENTINA PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

La acción de autos -tal como ha sido propuesta- se encuentra relacionada con la pretensión de obtener el cobro de prestaciones brindadas a los afiliados de la obra social, con exclusión del presupuesto previo de declaración judicial de ilegitimidad de un acto administrativo (esta Sala, causa 7887/00 del 10.9.02). La materia del sub judice es por completo ajena a la vía impugnatoria del art. 25 de la ley 19.549, toda vez que ésta se refiere a pretensiones cuyo objeto procesal propuesto involucre la declaración de invalidez de un acto administrativo (cfr. "Quiroga", causa 2405/00, del 28.8.01 y causa 7887/00 antes citada, entre otras).
Autoridades del partido, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Monti Raúl Humberto y otros s/ Art. 63 inc. b) ley 26.215 informe final legislativa 2009 - M.P.N.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-07

En los procesos de juzgamiento de conductas personales en los términos de la ley 26.215, el Ministerio Público Fiscal debe ser el encargado de establecer si existe un hecho que pueda configurar una infracción a las disposiciones de dicha ley, dirigir la investigación, individualizar a los responsables e incluso recibirles declaración y, en caso de corresponder, debe formular la acusación correspondiente ante el juez federal con competencia electoral del distrito, quien tramitará el caso de acuerdo con el proceso contencioso establecido en el artículo 65 de la ley 23.298
Juicio político, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, división de poderes, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

En materia propia de los otros Poderes, como la del enjuiciamiento político, no compete al Judicial decidir acerca de su acierto, oportunidad y conveniencia, pues sólo la invocación del menoscabo de derechos o garantías establecidos en la Constitución Nacional puede autorizar la intervención de los jueces (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tribunal de cuentas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARRIGONI, GRACIELA ELBA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ADMISIBILIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-28

Teniendo en cuenta que este Tribunal se ha declarado competente para entender en causas como la presente (recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe, tendente a que se declare la ilegitimidad, inconstitucionalidad y nulidad del procedimiento administrativo llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas provincial), el recurso interpuesto satisface prima facie los recaudos susceptibles de ser controlados por Presidencia, por lo que corresponde declarar admisible el recurso interpuesto. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 260, p 73. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 12
Nulidad procesal, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: DOCTHOS S.A.; ZORROAQUIN, LUIS s/ Incidente de nulidad. CAUSA: 36506.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-26

1 - La inobservancia de las reglas de competencia invocada en sustento de la nulidad apelada, no da lugar a la declaración de esta última respecto de actos que no pueden ser repetidos (Art. 36 C.P.P.) (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2 - El registro domiciliario y la incautación de elementos no son diligencias que puedan volver a practicarse en iguales condiciones.

Se trata, por lo tanto de actos irreproducibles (Cf. Nuñez, Ricardo "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Anotado", 1986, p.187) (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 3 - Los actos practicados durante la instrucción hasta la declaración de competencia serán válidos (art. 50 C.P.P.) con la salvedad prevista en el art. 36 C.P.P., es decir que las reglas sobre competencia material acarreará la nulidad de los actos cumplidos por el Juez excepto cuando no puedan ser repetidos y fuesen realizados por un Juez de competencia superior y el allanamiento reviste el carácter de irreproductibilidad. (Del voto del Dr. Romero).- 4 - "... no corresponde descalificar los elementos probatorios referidos a la posible comisión del delito, por exceder la competencia del Magistrado; lo contrario equivaldría a exigir que los Jueces conociesen y calificasen el resultado de investigar los que parten de un campo de ignorancia que precisamente están destinadas a eliminar ..." (CSJN, "Torres, Oscar", May.19.92 (Del voto del Dr. Romero).
Sobreseimiento provisional, falta de prueba, in dubio pro reo, Embajada de Israel, atentado terrorista
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: EMBAJADA  DE  ISRAEL  -sumario  instruido en la Comisaría 15 por averiguación  de  los  delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas  y  daño,  arts.  186, 80 incs 4º y 5º, 92 y 133 del Código Penal con motivo del atentado a la Embajada de Israel. s/ excusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

Si no se ha podido determinar fehacientemente la vinculación de la imputada con el atentado investigado, corresponde adoptar a su respecto el criterio liberatorio de carácter provisional legislado en el art. 435 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ibáñez, Silvana Elena s/ Recurso Extraordinario deducido por los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva c/ Sentencia Nº 04/11 de Expte. Corte Nº 60/10 Recurso de Casación interpuesto por Silvana Elena Ibáñez con el patrocinio de los Dres. Guillermo Narváez y Mario A. Nieva en causa Nº 300/08 - Ibáñez, Silvana Elena - Homicidio Triplemente Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-02

La Cámara Penal condenó a la imputada a la pena de prisión perpetua como autora penalmente responsable del delito de Homicidio Criminis Causae.

Contra esa resolución y con patrocinio letrado, había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, la defensa técnica interpone el presente remedio federal.

Los agravios que expone no cuentan con fundamentos idóneos para provocar la apertura de la instancia extraordinaria.

En la pretensión deducida bajo el título "Subsidiariamente", para que sean invalidadas las declaraciones del coimputado N. prestadas en sede policial y judicial -por considerar que no son veraces y son ejercidas en un acto defensivo, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta para condenar- los recurrentes se remiten a los fundamentos esgrimidos en el escrito del recurso de casación.

De tal manera, no satisfacen la exigencia de fundamentación autónoma del recurso ni que la nulidad que procuran haya sido articulada oportunamente e introducida de igual forma la cuestión federal.

Tampoco rebaten las respuestas del fallo impugnado sobre la conformidad prestada por esa parte en las sucesivas etapas del procedimiento, ni las vinculadas con el alcance de las nulidades absolutas, con lo que dejan en pie los fundamentos del fallo apelado para rechazar por extemporáneos e improcedentes idénticas objeciones expuestas en la instancia anterior, y no presentan argumentos inéditos e idóneos para modificar lo decidido sobre la cuestión.

Con ese déficit, no justifican la revisión que sobre los puntos impugnados de la Corte pretenden, ni la declaración de nulidad que de la sentencia condenatoria peticionan al Máximo Tribunal, en tanto no demuestran que sea aplicable al caso la doctrina que del mismo invocan sobre la arbitrariedad de la sentencia, en tanto esa carga no se satisface con sólo cuestionar el acierto con que han sido valoradas las circunstancias de la causa (CSJN Fallos: 308:1564) sino poniendo en evidencia el apartamiento inequívoco por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso, lo que los recurrentes no han hecho.

De tal modo, el embate resulta insuficiente para enervar los fundamentos de la decisión impugnada y provocar la apertura de la instancia extraordinaria, destinada a asegurar la supremacía constitucional (Fallos 326:107) y no a superar las meras discrepancias de las partes (Fallos 326:613, 621,1458).

Por lo expuesto, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Gestor, representación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo María Elena c/ Consolidar S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-01-15

En este caso, la accionada se presenta mediante gestor que posee domicilio real en la ciudad de Buenos Aires, habiendo ratificado su gestión al día siguiente del proveído que ordenaba su ratificación dentro del plazo de 60 días bajo apercibimiento de ley. La finalidad de la norma del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial, radica en no descolocar en su derecho de defensa en juicio a una persona que carece, momentáneamente, de los instrumentos representativos del testimonio de mandato (poder). Por consecuencia, cabe tener por ratificada la gestión de la profesional actuante y por constestada la demanda en tiempo y forma.
Daños y perjuicios, daño moral, daño psíquico
Materia: COMERCIAL
Carátula: ONORATO  VIVIANA  ANTONIA  Y  OTRO c/ LLAO  LLAO  RESORTS SA s/ ORDINARIO (LL 26.4.12; Fº 116247).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

En el marco de una demanda de daños y perjuicios incoada por el accionante ante el accidente sucedido en las instalaciones del hotel de la demandada que provocó que la hija de la actora sufriera ciertas quemaduras en su cuerpo; ante el reclamo de una indemnización pro daño moral, adviértase la alteración que conlleva para una niña como la hija de los actores -de escasos 13 meses de edad al momento del hecho- el haber sido víctima de un accidente de resultas del cual padeció lesiones físicas de consideración, debió luego ser intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades e incluso utilizar prendas y vestimentas especiales. Tales circunstancias resultaron, sin ninguna duda, susceptibles de causar una modificación en el espíritu y en el ánimo de la menor, que, naturalmente, han debido alterar el decurso natural de su infancia y crecimiento.

Ello así, sólo la menor resulta merecedora de la indemnización en concepto de daño moral. Así lo prescribe el artículo 1078 del Cciv, en cuanto dispone que la acción por indemnización por tal concepto solo corresponderá al damnificado directo, salvo que del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, supuesto en el cual ostentan legitimación los herederos forzosos. La norma establece, así, quiénes son las personas legitimadas para iniciar una acción de daños: los damnificados directos y los indirectos. Puede decirse genéricamente y como una aproximación a su concepto, que estos últimos son sujetos distintos de la víctima inmediata que también experimentan un perjuicio a raíz del hecho. No son terceros, sino otros perjudicados por el suceso que tienen legitimación para reclamar contra el autor o responsable los daños patrimoniales exclusivamente (Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial". Tº 3 A, 3era. Reimpresión, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 221 y ss). Esto último pues, la reparación del daño moral solo puede ser pretendida en principio por el damnificado directo.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia laboral, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, empleo público, impugnación del acto administrativo, intimación a jubilarse
Materia: PROCESAL
Carátula: Mastrandrea, Lucio Alberto c/  s/ Impugnación de actos administrativos s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde asignar jurisdicción al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario por imperio de los artículos 1° y 2° del CCAyT, para entender en una causa en la cual se pretende la nulidad de los actos administrativos dictados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de los cuales se rechazaron los recursos interpuestos contra la intimación para la jubilación y se dispuso la cesantía del actor. Ello así, en tanto se encuentra terminado el expediente de la Justicia Nacional del Trabajo en el cual se dispuso la exclusión de la tutela sindical del actor y la impugnación de los actos administrativos se funda en una nueva tutela sindical, no existiendo posibilidad de contradicción entre ambas sentencias. Será el juez de la presente causa quien deberá evaluar, en la oportunidad procesal oportuna, si el fallo dictado en el fuero laboral proyecta algún efecto sobre la pretensión del actor. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Falsedad ideológica, instrumentos públicos, formulario 08
Materia: PENAL
Carátula: ROSADO PEYRET, MARIA JOSE s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

Incurre en el delito de falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 del C.P.), el notario que confecciona certificaciones de formularios 08 en ausencia de las partes, sin el necesario asentamiento en el Libro de Requerimientos y en fecha posterior a la que figura en las referidas certificaciones, ya que el contenido de la certificación de las firmas es dar fe en virtud de la función otorgada a los escribanos por el legislador.

El daño requerido para la configuración del delito de falsedad ideológica de documento público es meramente potencial y de cualquier naturaleza.
Ley penal tributaria, regímenes de presentación espontánea, regularización impositiva, recurso de casación penal, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, prescripción de la acción penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Passero, Jorge Luis y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-19

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal que planteó que no se da la extinción de la acción a que se refiere el art. 73 de la ley 25.401, y sostiene que la empresa imputada no se presentó en forma espontánea, tal como dicha disposición exige, ni regularizó su deuda, pues no terminó de abonarla, sino que sólo pactó un plan de pagos. El recurrente no efectuó crítica concreta respecto de los argumentos que condujeron al a quo a señalar que la presentación realizada había sido espontánea. No se llevó a cabo siquiera un mínimo análisis de los alcances de la legislación citada por el a quo en apoyo de su decisión e incluso se aludió a un Decreto distinto del que tuvo en consideración dicho tribunal. Tal orfandad argumentativa sella irremediablemente la suerte del remedio intentado en orden a esta cuestión, pues, como reiteradamente ha mencionado este Tribunal, el recurso de casación, dada su naturaleza extraordinaria, requiere que el recurrente desarrolle una motivación crítica de la decisión que pretende rebatir, atacando las razones que le dan apoyo. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal según su voto, Dr. Hornos en disidencia parcial).