Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-28


000691/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B. A. c/ A. S.A. s/ Cobro de pesos-Laboral" (Expte. 691 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 210.------ --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo López Mesa, dijo:

--- Que a fs. 179/183 la Sra. Juez de grado falló esta causa, haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. A. B. , condenando a A. S.A. a abonarle, la suma de pesos ochenta y un mil seiscientos seis ($ 81.606). Se impusieron las costas por su orden y las comunes por mitades, fijándose los honorarios del perito contador R. H. C. en el 3 %, y en el 19% tanto para los Dres. A. T. y A. I. , como para los Dres. C. B. y D. G. L. ; todos con más el IVA si correspondiere.------- --- Que a fs. 187 la actora apela dicho decisorio, siendo concedido su recurso a fs. 182 y fundado a fs. 192/197 y vta.

--- Asimismo a fs. 189 la demandada también apela la sentencia, siendo concedido su recurso a fs. 191 y fundado a fs. 197/198 y vta.

--- La parte actora se agravia en primer lugar por cuanto aduce que el perito ha realizado la pericia calculando los salarios por enfermedad al promedio de salarios a órdenes que percibió el actor, cuando debió hacerlo en base a los salarios percibidos previo a su enfermedad, pericia que la Sra. Juez a quo entendió acorde a lo establecido en la norma convencional. Cita el art. 208 de la L.C.T. En segundo lugar se queja del hecho de que la a quo haya rechazado el rubro salarios por enfermedad del periodo junio/06 y 25 días de julio/06 por entender que no habían sido incluidos en la demanda y sí en el alegato. Dice que esto es erróneo por cuanto en el punto III inc. b de la demanda está incluido el mencionado rubro. Solicita se revoque la sentencia en tal sentido para incluir los ítems rechazados en primera instancia. Tercer agravio: Se refiere al rechazo de la imposición de la multa del art. 1 de la Ley 25.323, no tenido en cuenta por la jueza de anterior grado basada en que a su criterio no se encontraron errores de registración de la relación labora. Manifiesta que esto no es asi toda vez que el pedido se fundó en el Informe de la AFIP en donde consta que el empleado no estaba registrado en el periodo 11/96, informe que fue realizado previo a la interposición de la demanda, todo ello confirmado por la pericia realizada en autos. Cita doctrina en la materia. En cuarto lugar se agravia por cuanto la jueza a quo omite fallar respecto de la multa por el art. 80 de la L.C.T. Dice que si bien la empresa entregó un certificado de trabajo al hoy actor, el mismo no se encuentra confeccionado en forma legal, y que en forma extrajudicial y al correr traslado de la demanda se intimó a la demandada a entregar el certificado en legal forma, no habiéndose cumplimentado con dicho extremo. En este mismo orden califica de arbitraria el rechazo a la aplicación de la multa del art. 123 bis, por considerar que la resolución de la AFIP obrante en autos es anterior al informe contable. Por último se agravia en relación a la imposición de costas por su orden y en mitades, por cuanto entiende que si bien no se ha hecho lugar en forma total a la demanda, si se ha hecho lugar a los rubros principales, solicitando se revoque en tal sentido el fallo atacado imponiendo las costas a la demandad en su totalidad. Solicita se revoque la sentencia en su parte atacada con imposición de costas.

--- Del agravio de la demandada: Se agravia en primer lugar por cuanto entiende que la a quo ha desnaturalizado en su fallo el instituto de la carga de familia. Manifiesta que si bien el art. 208 de la L.C.T. no define lo que es una carga de familia se debe aplicar el criterio de la ley 24714, de la que surge que no se considera al cónyuge como carga de familia, como así tampoco al hijo mayor de dieciocho años, extremo éste que no se cumple con el del actor por cuanto al año 2006 contaba con diecinueve años, sosteniendo que la licencia paga por enfermedad debe extenderse sólo a 6 meses. En segundo lugar se agravia por la aplicación de la indemnización agravada por aplicación del art. 2 de la Ley 25.972 y a multa del art. 2 de la Ley 25.323. Cita jurisprudencia. Sigue agraviándose en tanto el rubro adicional por rescisión del contrato no debe ser tenido en cuenta toda vez que es improcedente la situación de despido indirecto. Finalmente se agravia respecto de la imposición de costas. Dice que de la sentencia surge un rechazo del 70% de las pretensiones del actor, por lo cual deberían imponerse las mismas en mayor medida a la parte actora. Cita jurisprudencia. Por último solicita se revoque la sentencia recurrida en cuanto es materia de agravio con imposición de costas.

--- A fs. 204/205 la parte actora contesta los agravios de la demandada. En primer lugar entiende que tales agravios no cumplen con los requisitos del art. 265 del CPCC, por cuanto carece de una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que se pretende impugnar. Cita doctrina. Asimismo manifiesta que la contraria pretende aplicar un supuesto tope de una convención colectiva que nunca identifica, y es sobre ella que pesaba tal obligación. Respecto del agravio por la imposición de costas manifiesta que la demandada sólo formula una mera discrepancia, por lo que debe ser rechazado. Solicita se rechacen los agravios de la demandada, con costas.

--- Razones metodológicas aconsejan tratar en primer lugar el primer agravio de la accionada, pues la suerte de dicha agravio puede condicionar la de los restantes, tanto suyos como de la contraria.

--- Ingresando al tratamiento del agravio referido al alcance dado al concepto de "cargas de familia", debo decir que no asiste razón a la accionada en su planteo, ya que el alcance dado por la a quo al concepto de cargas de familia que contiene -pero no especifica- el art. 208 LCT no es excesivo ni irrazonable.

--- Es más, el embate contra la sentencia bien podría considerarse desierto en este punto, no porque el apelante no haya suministrado sus razones de queja sino porque no ha cuestionado las vigas maestras de la decisión en su totalidad en este tópico. Prueba de ello es que no refuta el apelante las citas de doctrina que realiza la a quo para fundar su decisión, pretendiendo revertirla sobre la base de una conjetura que pretende equiparar el concepto de cargas de familia del art. 208 LCT con el de otra ley, desoyendo lo que al respecto sostiene la doctrina laboralista mayoritaria y la jurisprudencia casi unánime del fuero.

--- En tal situación, el embate no podía prosperar y bien pudo ser declarado desierto en este punto, al dejar vigas sentenciales incólumes el ataque. Pero, además de ello, sustancialmente carece de razón el embate, por cuanto, la jurisprudencia de la CNTrab. ha distinguido recurrentemente el concepto a aplicar respecto del art. 208 LCT de la percepción de asignaciones familiares, con lo que el concepto que la norma que reglamenta la percepción de éstas no puede gravitar sobre el primero.

--- En mi concepto, el apelante confunde dos conceptos diversos: el de "cargas de familia" con el de "asignaciones familiares", conceptos que no se superponen ni son equivalentes, siendo por tanto una conjetura o una especulación subjetiva suya la pretensión de equipararlos y la afirmación de que la a quo ha actuado incorrectamente al no hacerlo.- --- Se trata de dos conceptos radicalmente diversos, no pudiendo ellos confundirse. El de cargas de familia menta la necesidad del trabajador de hacer frente a compromisos familiares, como el de sostener a su prole y su esposa o compañera, al menos. El concepto de asignaciones familiares, por el contrario, no menta una carga sino un beneficio, el que recibe el trabajador que se encuentra encuadrado en los términos de esa norma. Son dos extremos de una determinada situación y no se tocan, por lo que no procede equipararlos, siendo apodícticas las afirmaciones del apelante en sentido contrario.

--- Prestigiosos tribunales han declarado en esta materia que la licencia paga por accidentes o enfermedades inculpables previstas en el art. 208 de la L.C.T. (t.o.) para los trabajadores con cargas de familia, no puede limitarse, exclusivamente, a quienes perciben asignaciones familiares (cfr. CNTrab., Sala I, 27/3/80, "Acosta, Amalia M. v. Era S.A.I.C.", T. y S.S., 1982, pág. 775; ídem, sala 5ª, 14/4/83, "MEDIAS PARÍS S.A. Y C. v. OPPITZ DE QUIROGA, IDA", en AbeledoPerrot online).

--- También se ha dicho que las cargas de familia son el presupuesto de hecho para adquirir el derecho a percibir las asignaciones familiares. Pero no puede sostenerse, en el marco del art. 208 LCT, que sólo existen cargas de familia cuando se percibe la correspondiente asignación, pues aún en el caso en que la trabajadora no las cobrara porque se las pagaban a su marido, es indudable que ésta contribuía a la manutención de su hijo menor, y por ello, en base a la norma citada, tiene derecho a la extensión del período de inasistencia paga por enfermedad o accidente inculpable (C. Nac. Trab., sala 2ª, 14/11/90, "CSUP DE ERBACCI, OLGA v. DOS MUÑECOS S.A. s/ DESPIDO", en AbeledoPerrot online).

--- En otro fallo se indicó que el hijo en gestación no es una carga de familia a efectos de ampliar la licencia por enfermedad, pues el hecho de que tenga existencia como persona hace a la capacidad pero no se asimila a las situaciones comprendidas en el art. 208 LCT , que son aquéllas en las que una persona "a cargo" (o que origina una "carga") determina mayores erogaciones que justifiquen la prolongación del lapso de enfermedad pago (C. Nac. Trab., sala 6ª, 29/7/91, "OCHOA, PATRICIA v. EL HOGAR OBRERO COOP. LTDA. s/ DESPIDO", en AbeledoPerrot online).

--- Se ha precisado asimismo que el trabajador, separado de su esposa, sujeto a responsabilidades emergentes del vínculo matrimonial resulta beneficiario de la licencia extensa del art. 208 L.C.T., pues tales responsabilidades son absorbidas en el concepto normativo de "cargas de familia". La norma estatal no exige cohabitación y no puede exigirse un requisito no previsto legalmente ((C. Nac. Trab., sala 6ª, 28/11/86, "FERNÁNDEZ, CARLOS RAÚL v. PAPER S.R.L.", voto de la mayoría, en AbeledoPerrot online).

--- De lo expuesto hasta aquí puede concluirse sin dificultad que la equiparación que intenta trazar la accionada entre dos conceptos disímiles carece de apoyatura y debe rechazarse el agravio que la contiene, lo que propongo al acuerdo.

--- Ingresando al segundo y tercer agravio de la accionada, los mismos deben declararse desiertos, al no cumplir ellos los requisitos establecidos por el art. 265 CPCyC., ni haber enderezado un ataque frontal, decidido y completo sobre los pilares de sustentación del decisorio de grado que pretendían conmover.

--- El segundo agravio intenta derribar la decisión sentencial atinente a la aplicación de la indemnización agravada establecida por el art. 2 de la Ley 25972, sin dedicar al punto más que dos párrafos colmados de sus propias opiniones y en los que no luce ningún argumento acogible y objetivamente respaldado.

--- El tercer agravio, por así llamarle, consta de un único párrafo de cuatro líneas, en el cual se vuelca ya no una crítica a la concesión de indemnización por despido indirecto, sino lisa y llanamente la opinión personal subjetiva y desnuda del apelante sobre la improcedencia de conceder ese rubro. No hay allí crítica alguna y, por tanto, no puede entenderse que haya agravio, porque el agravio sin crítica objetiva y fundada contra un decisorio no es un verdadero agravio, sino una apariencia de tal y carece de admisibilidad.

--- Recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su apoyatura, para así hacerla caer (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re "V., L. N. y otro c/ L. XX de J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 22.389, Año 2007, registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL; ídem, 12/11/08, "L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos" expte. 117, año 2008).----- --- El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos. Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza.----- --- Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos. Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso que, como dije, no está orientado a una puja de saberes abstractos sino a la demostración de vicios o yerros de gravedad que demuestren el desacierto o la incorrección grave y manifiesta de lo resuelto, al punto de mostrar al decisorio indigno de adquirir firmeza en ese punto.------- --- La expresión de agravios para ser considerada como tal y cumplir con los requisitos que impone el art. 265 del Código ritual debe consistir en un trabajo en el que, con un mínimo de técnica jurídica se consignen en forma razonada y concreta los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido el Juez de la instancia inferior, examinándose los fundamentos de la sentencia impugnada y aportándose la demostración de que la misma es errónea, injusta o contraria a derecho. El mero disenso o el cuestionamiento de la apreciación de las pruebas elegidas por el juzgador como contundentes, sin hacerse cargo de los argumentos concretos que sustentan el fallo, no cumplen con el imperativo contenido en la Ley de forma. Y el recurrente de autos ha dejado incólume las bases argumentales sustanciales del decisorio de grado, al no dedicarles en el ataque más que aseveraciones apodícticas carentes de apoyura en sus denominados segundo y tercer agravio.------ --- El tercer agravio no es tal, sino simplemente una opinión sobre la improcedencia de la indemnización por despido en este caso, la que luce huérfana de todo argumento. Y el segundo agravio no contiene elementos objetivos y verificables que demuestren la sinrazón de la cuantificación de la indemnización por despido por parte del a quo. Ambas impugnaciones son insuficientes y carecen de la posibilidad, desde el punto de vista técnico de superar el umbral de exigencia del art. 265 CPCyC, lo que descalifica a ambos agravios. Con ello basta para el rechazo de éstos.-------- --- En cuanto al último agravio de la accionada, relativo a la imposición de costas, el mismo será objeto de tratamiento al final del voto, luego de tratar el recurso de la actora, puesto que hasta no resolverse sus embates, no puede revisarse la imposición de costas, al carecerse de los elementos necesarios. -- --- Ingresando al tratamiento del primero de los agravios de la actora, mediante el cual se impugna a la sentencia de grado en lo tocante al rechazo de las diferencias salariales reclamadas por el periodo de enfermedad, cuestionando que la a quo fallara en tal sentido, fundándose en el dictamen pericial contable, al que ella considerara ajustado a la disposición convencional aplicable al caso, cuando en su momento procesal, su parte impugnó tal dictamen contable en relación a la determinación de tal salario, entendiendo que la disposición convencional (Art. 52 Inc. d) establece una solución radicalmente diversa a la tomada por el experto.

--- Aduce el apelante que en la contestación de la impugnación efectuada por su parte el perito confirmó que los salarios por enfermedad que el fijó lo hizo en base a los salarios a órdenes que el actor percibió previo a su estado de enfermedad. Ello así, dice, no queda duda que el perito contable fijó los salarios por enfermedad que le correspondían al actor al promedio de los salarios a ordenes que percibió el actor y no en base al promedio de las ultimas remuneraciones sujetas a retenciones previsionales correspondientes a los últimos SEIS MESES.- --- Afirma la actora apelante que denunció en el escrito de demanda que el actor se encontraba a órdenes y por tal motivo la empresa le abonaba un salario no integral, sino un salario mínimo, de pesos $476.43. Y que por ello se reclamó que el salario por enfermedad no debía ser tomado desde el momento en que el actor se encontraba a órdenes, sino previo a ello.

--- Afirma que la accionada abonó a su parte por tal periodo la suma total por seis meses de pesos $15982.97, cuando en realidad debió alcanzar la suma total de pesos $ 18090.78, que dividido seis hace un parcial mensual de pesos $ 3015.13, por lo que la diferencia que reclama alcanza a pesos $ 2107.81, lo que da una suma mensual de pesos $ 3015,13, conforme las remuneraciones percibidas por el actor desde abril/05 hasta noviembre del 2004.- --- Indica finalmente que el Art. 208 de la LCT establece como principio rector el que ha sido denominado de mantenimiento del nivel salarial, según el cual la remuneración que debe percibir el trabajador durante su enfermedad no puede ser inferior a la que hubiese percibido de no haber operado el impedimento. Y que, pese a ello, la a quo entendió, que el cálculo realizado por el perito sobre un salario mínimo, era acorde a lo establecido por la norma convencional, perjudicando al actor con su fallo, determinación que no hizo la parte demandada y por tal razón esta parte entiende que debe revocarse el fallo en tal agravio.- --- Analizada la cuestión en detalle, surge claro que asiste razón a la actora en este planteo.

--- La norma convencional en juego establece que "...c) El tripulante percibirá los haberes que hubiere devengado, derivados de su trabajo normal, hasta el momento de iniciar su licencia por enfermedad. d) La remuneración durante el período de licencia se determinará así: Se sumarán las remuneraciones sujetas a retenciones previsionales correspondientes a los últimos seis (6) meses o fracción y dicho total se dividirá por la cantidad de períodos mensuales considerados. Los aumentos que ulteriormente se otorguen al personal embarcado, beneficiarán en la misma medida al que estuviere gozando de licencia por enfermedad o accidente" (art. 52, CCT 356/03).

--- Y esa Sala tiene establecida como doctrina legal que el art. 208 L.C.T. establece como principio rector el que ha sido denominado de mantenimiento del nivel salarial, según el cual la remuneración que debe percibir el trabajador durante su enfermedad no puede ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. A la luz del mismo deben resolverse las distintas hipótesis conflictivas (esta sala, según mi voto y el del Dr. Carlos Velázquez, en sentencia del 20/11/08, in re "C. c/ C. P. S.A. s/ Cobro de Pesos - Laboral" (Expte. 125 - Año 2008); ídem, c. 21.853 S.D.L. 79/07 y Fernández Madrid, "Tratado práctico de derecho del trabajo", 2da. ed., II-1956, "b").- --- Consecuencia obvia de tal principio es que el trabajador enfermo debe recibir un salario equivalente, nunca inferior, al que venía percibiendo habitualmente al momento de la suspensión de sus servicios.

--- Toda vez que el propio perito reconoce en su descargo a la impugnación (cfr. Fs. 156vta.) que ha calculado los salarios por enfermedad en base a los salarios a ordenes que el actor percibió previo a su estado de enfermedad y no a los salarios devengados, queda claro que el cálculo no se adecua a lo dispuesto por el art. 52 del convenio 356/03 y que no se ha mantenido durante su enfermedad el nivel remuneratorio a que tenía derecho el actor.

--- La interpretación correcta y razonable de la norma convencional en juego debía llevar al perito y a la juez a una solución diversa a la que aplicaron; por conducto de la hermenéutica del concepto jurídico indeterminado que contiene el art. 52, inc. "d" C.C.T. 356/03 ("trabajo normal"), que no puede interpretarse despojado de consideraciones protectorias incrustadas firmemente en el derecho del trabajo, lleva a considerar que no puede considerarse precisamente como "trabajo normal" a la espera de órdenes por parte del navegante, que da lugar a un salario sustancialmente menor al que percibe durante su trabajo normal. La puesta a órdenes por parte del navegante implica una forma de puesta de la fuerza de trabajo a disponibilidad de la empresa y sus decisiones que lleva aparejada la percepción de un salario reducido, para compensar dicho plazo de inacción.

--- Se trata de una modalidad salarial propia de la gente de mar, que raramente se ve fuera de ese ámbito y que se compadece o corresponde con una actividad productiva variable, con picos de trabajo y períodos de inacción. Bien mirada la cuestión, la manda del art. 52 inc. "d" C.C.T. 356/03 es una norma convencional sabia, cuya recta interpretación, permite una solución justa para los empleados del sector pesquero que se accidentaran o se viesen impedidos de desempeñar su trabajo: los salarios de enfermedad se calculan sobre la base de los haberes que hubiere devengado el empleado, derivados de su trabajo normal, hasta el momento de iniciar su licencia por enfermedad.

--- La interpretación del concepto jurídico indeterminado "trabajo normal" no puede llegar a extenderlo de tal modo que termine abarcando a los salarios a órdenes. Esa no sería una interpretación correcta ni admisible. - --- El concepto de "trabajo normal" previo al inicio de su licencia por enfermedad, debe excluir los períodos previos de puesta a disposición y computar solo los meses donde existió prestación laboral normal por parte del accidentado. Ergo, a los fines de establecer la remuneración promedio del último semestre trabajado por el operario, debe computarse las remuneraciones percibidas en los tramos efectivamente trabajados durante dicho semestre. Luego de esta operación, debe dividirse el total de dichas remuneraciones por la cantidad de períodos laborados (mensuales o fracción), incluyendo además los incrementos salariales otorgados ulteriormente al personal embarcado durante el período en que el trabajador goza de la licencia por enfermedad.

--- Como el actor solo desempeñaba sus tareas durante el enrolamiento, su "trabajo normal" a computar es solo aquel desempeñado en tales períodos (art. 52, inc. "d" CCT citado), por lo que no cabe computar el salario "a órdenes", que percibía el operario mientras ponía apenas su fuerza de trabajo a disposición del empleador, percibiendo por ello un salario mínimo o garantizado (cfr. art. 48, inc. "h" - C.C.T. 356/03).--- Ello así, acierta el actor en el embate en análisis, debiendo modificarse en este punto la sentencia apelada y disponerse que el experto contable designado en autos determine en etapa de ejecución de sentencia las diferencias adeudadas por este concepto, teniendo en cuenta los eventuales aumentos percibidos por el personal embarcado durante el período de enfermedad del demandante.

--- Para dicho cálculo, deberán tenerse en cuenta algunas pautas:

--- a) el último semestre de actividad efectiva anterior al inicio de la licencia por enfermedad del actor -lo que ocurrió en el mes de Noviembre de 2005- fue el primer semestre del mismo año; a partir de entonces el empleado permaneció "a órdenes" hasta el mes de Noviembre.

--- b) En dicho primer semestre, el accionante se enroló en los meses de enero a abril, motivo por el que deben computarse las remuneraciones percibidas por éste durante dicho semestre y dividir el total cobrado por cuatro mensualidades.

--- c ) La remuneración promedio que se determina por el procedimiento previsto en el numeral anterior es un sueldo mensual promedio de $ 3.697,63, que resulta superior a los estipendios que percibiera el accionante según las constancias de autos (cfr. fs. 191/196 de la documental reservada).

--- d) Debe deerminar el experto contable si durante el período de enfermedad existieron aumentos en la remuneraciones del personal embarcado los que, en caso de haber existido, habrían aumentado la base mensual computable a los fines de liquidar los salarios de enfermedad. En caso de haber existido ellos, deberá el experto en su cálculo computarlos.--- --- Mediante el segundo agravio se cuestiona el rechazo que hiciera la sentenciante de grado del rubro salarios por enfermedad, correspondientes a los meses de junio/06 y 25 días de julio/06, desestimación que se dispuso aduciendo la a quo que el rubro fue incorporado en el alegato, y que no se trató de un rubro propuesto al demandar por lo que, de incluirlo, en la sentencia definitiva, se violaría el principio de congruencia.

--- Analizado con detenimiento el tema, surge claro que el fundamento dado para el rechazo es erróneo, pero el resultado a que arriba la jueza es correcto, aún cuando el mismo debe ser confirmado por otros fundamentos.

--- Debo expresar que inicialmente tuve cierta sorpresa al leer el fundamento dado por la a quo para el rechazo, dado que en un párrafo solitario de cuatro líneas de la sentencia se rechaza un rubro afirmando terminantemente que él no fue incorporado temporáneamente en la faz postulatoria del proceso. La sorpresa vino cuando a fs. 46 (demanda, punto V) encuentro que dichos meses sí han sido reclamados, aunque con un ligero desliz en cuanto al año (se consigna 2007, cuando es 2006).

--- En todo caso, no se trata de un supuesto de falta de reclamo, sino de un error de pluma, pero la referencia concreta a los meses de Junio y Julio y a la fecha del despido hace indudable que se trata de un reclamo atinente a los meses de Junio y Julio de 2006, con lo que resulta inaplicable el argumento de que su acogimiento violaría el principio de congruencia.

--- Pero analizada en sustancia la cuestión, haciendo a un lado el fundamento ya dicho, encuentro que no tiene razón en su embate la actora pues, reclamados o no, los meses de junio y julio de 2006, lo cierto es que el actor carecía de derecho a su cobro, pues el actor se encontraba en ese lapso "en reserva de puesto de trabajo", esto es, un período que no devengaba derecho a retribución ni contribuciones, y en que vencido el plazo de pago de salarios de enfermedad, el ordenamiento solo garantizaba al operario la reserva de su puesto de labor, pero sin derecho al cobro de salarios.

--- A contar de la finalización del plazo de licencia paga, da inicio el período de mantenimiento del puesto de trabajo o conservación del empleo (arg. doctrina arts. 208 y 211 LCT), período éste último en que el trabajador lesionado -si persiste su imposibilidad de reintegrarse al servicio- no tiene derecho a percibir remuneraciones, a diferencia del primer período de seis meses en que percibe los "salarios de enfermedad".

--- Echa de verse entonces que el rechazo del reclamo en este rubro fue correcto, pero no el fundamento dado para ello, motivo por el cual propongo la confirmación del decisorio apelado en este punto, pero por otros fundamentos. ------- --- En cuanto al tercer agravio, por medio del cual se cuestiona el rechazo de la multa dispuesta en el articulo 1 de la ley 25323, expresando la a quo que " debe rechazarse... en tanto no se advierten errores de registro de la relación laboral..", es dable aseverar que también asiste razón al actor apelante en su planteo.

--- La a quo en escuetas líneas rechaza el reclamo del agravamiento indemnizatorio del rubro diciendo que no se advierten errores de registro. A lo sumo, ello podrá ser así al momento de la sentencia, pero a fs. 169/170 obra una copia de la resolución de la AFIP del 13 de Junio de 2007 donde se hace lugar a la denuncia del actor y se constatan diversas irregularidades de su registración como empleado de la demandada. Con eso bastaba para hacer lugar al reclamo del actor siendo su rechazo un yerro manifiesto.

--- Es que el art. 1 primera parte de la Ley 25323 edicta: "Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente...." --- Acreditado por la resolución de fs, 169/170 que al momento del despido el actor presentaba irregularidades en cuanto a la registración del actor y dándose las condiciones del art. 1 de la Ley 25323, debe revocarse el rechazo del rubro y hacerse lugar al agravamiento indemnizatorio pretendido, debiendo calcular el perito contable actuante, en etapa de ejecución de sentencia, a cuánto asciende el agravamiento del rubro.

--- En cuanto al cuarto y último agravio de la actora, relativo a la omisión que se endilga a la a quo con relación a la multa establecida por el articulo 80 LCT, es exacto que la a quo ha soslayado el punto, debiendo salvarse aquí la omisión en que ha incurrido.

--- Se encuentran agregados a autos copias de los formularios PS 6.1 y PS 6.2.. Sin embargo, con ello no alcanza para exonerar a la accionada de la responsabilidad establecida por el art. 80 LCT, a consecuencia de la falta de entrega de la documentación allí establecida, como lo ha puesto de resalto reiteradamente esta alzada en diversos fallos (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 21/8/08 in re "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008), entre otros. Por otra parte, además, en lo sustancial los datos contenidos en esos formularios no son completos y correctos en su totalidad, con lo que no puede tenerse por cumplida la obligación a la acccionada.

--- En tal situación y dándose las condiciones previstas por la norma para la concesión del agravamiento, procede acoger el reclamo y disponer que se modifique parcialmente la sentencia de grado, acogiendo el reclamo del actor respecto de este punto, debiendo determinarse en etapa de ejecución a cuánto asciende el rubro, e imponiéndose intereses al mismo desde que la suma es debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en la sentencia.

--- Por último, analizando el agravio final de la accionada, relativo a la imposición de costas, el mismo ha devenido abstracto, dado la importante modificación dispuesta en esta sede a la sentencia de grado.

--- Analizada la cuestión relativa a las costas, corresponde adecuar la imposición de costas de grado al nuevo resultado del pleito y, en virtud del éxito de las respectivas pretensiones imponerlas en un 40% a la actora y en el 60% restante a la demandada. Por lo anteriormente expuesto, propongo al acuerdo que se modifique parcialmente la sentencia de grado en los siguientes aspectos: a) disponer que el experto contable designado en autos determine en etapa de ejecución de sentencia las diferencias adeudadas por el concepto salarios de enfermedad, teniendo en cuenta las pautas dadas supra. b) revocar el rechazo y hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 1 de la Ley 25323, debiendo calcular el perito contable actuante, en etapa de ejecución de sentencia, a cuánto asciende el agravamiento del rubro; c) acoger el reclamo del actor respecto al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 80 LCT, debiendo determinarse en etapa de ejecución a cuánto asciende el rubro; d) En todos los rubros anteriores, los intereses correrán desde que la suma era debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en la sentencia. f) Adecuar la imposición de costas de grado al nuevo resultado del pleito y, en virtud del éxito de las respectivas pretensiones imponerlas en un 40% a la actora y en el 60% restante a la demandada. 2) Confirmar la sentencia apelada en los restantes aspectos.

--- 3) Imponer las costas de alzada a la accionada vencida en el 90% y el 10% a la actora, distribución que se compadece con la medida aproximada de éxito y fracaso de las pretensiones respectivas en esta alzada, que patentiza un vencimiento parcial y mutuo aunque en gran disparidad de porcentajes en esta instancia (art. 68 CPCyC).

--- 4) Procede también la regulación de los honorarios profesionales como sigue: a) para el Dr. D. G. L. , en el 25% de sus honorarios de grado y b) para el Dr. J. A. I. , en el 33% de sus honorarios de grado. Tales porcentajes que se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las respectivas tareas cumplidas en la alzada (art. 6, 7, 9, 14, 19, 47, Ley 2.200).--- --- Por lo anteriormente expuesto, a la primera cuestión, voto parcialmente por la NEGATIVA.

--- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos Dante FERRARI: - I. Con la reseña efectuada por el colega de primer voto acerca de los antecedentes del caso y de los motivos de agravio expresados por las partes apelantes, quedan satisfechas las exigencias del rito referidas a la relación sucinta de los antecedentes y cuestiones que informan el caso (arts.163 y 164, C.P.C.C.; art. 76, ley N° 69), sin que resulte necesario abundar al respecto, por lo que abordaré directamente el tratamiento de los aspectos que motivan la convocatoria a este acuerdo.------- II. Las "cargas de familia" y el art. 208, LCT: -- Como se ha visto, la demandada considera que el fallo de primera instancia contiene una desnaturalización del instituto de las "cargas de familia", afirmando que en el caso no se presentaba el supuesto previsto en la norma por cuanto la cónyuge y el hijo mayor de 18 años -en el caso, ya había cumplido 19 años- no integran este concepto según la ley de asignaciones familiares 24.714.-------- Así planteada la cuestión, debo decir en plena coincidencia conceptual con el Dr. López Mesa que el agravio planteado por la parte demandada acerca de este tópico no puede merecer acogida favorable en esta instancia. Ya el distinguido colega ha dado fundamentos más que suficientes para dar por tierra con las argumentaciones planteadas por la recurrente y nada novedoso podría agregar al respecto. Sin embargo, por exigencia del art. 169 de la Constitución Provincial, brindaré a continuación las razones jurídicas que me llevan a coincidir en la solución propuesta para el caso, a riesgo de incurrir en una inevitable reiteración de conceptos.------- Como lo ha expuesto con acierto el colega de primer voto, el instituto de "cargas de familia" excede el catálogo de la ley 24.714 ya citada. Así lo entendió desde hace más de dos décadas la jurisprudencia nacional al expresar que la extensión del tiempo de la licencia paga por accidentes o enfermedades inculpables no puede limitarse exclusivamente al trabajador que percibe asignaciones familiares (conf. CNTrab., Sala I, 27/03/1980 - Acosta, A. C/Era S.A. - T y S.S, IX-775; id. Sala VII Cabral de Credo, 08/08/1980 - L. C/ Nietos de C. Gómez - T. Y S.S., IX-778). Se trata, en cambio, de un concepto más abarcador que contempla a la familia como institución, lo que ha llevado a prestigiosos doctrinarios como el maestro Vázquez Vialard a considerar incluidos, además de la esposa legítima e hijos matrimoniales según los principios que establece al respecto el Código Civil; a los hijos extramatrimoniales y demás parientes "a cargo", en tanto corresponde adoptar el criterio más favorable al trabajador (autor cit., "Tratado de Derecho del Trabajo", t. 4, p. 895 y ss., Astrea, 1983). En análoga línea interpretativa, se ha expresado asimismo que el concepto de carga de familia a que se refiere el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (DT, t.o. 1976-238) debe ser entendido con un criterio realista y amplio, por ello no existe motivo para excluir de tal universo al hijo por nacer, ya que es obvio que éste desde todo punto de vista está "a cargo" de la mujer embarazada y su existencia determina mayores erogaciones, lo cual justifica la prolongación del lapso de la licencia paga (CNTrab., Sala III, 11/10/2006 - Rodríguez Maggio, María Belén c. Staff Group S.A. - DT2007 (enero), 76).------- Es erróneo por tanto pretender restringir -como lo intenta la apelante- la ampliación del plazo de licencia paga establecido en el segundo párrafo del art. 208 L.C.T. a los beneficiarios de asignaciones familiares (ley 24.714). Esta interpretación ha sido largamente superada, y la jurisprudencia actual sostiene de manera contundente la doctrina sentada hace más de cinco lustros al puntualizar, con criterio solidario y apertura de miras que la extensión del tiempo de la licencia paga por accidentes o enfermedades inculpables prevista en el art. 208 de la ley de contrato de trabajo para los trabajadores con cargas de familia, no puede limitarse exclusivamente a quienes perciben asignaciones familiares (conf. CNTrab., Sala I, 30/10/1990 - Paz, Teresa S. c. Kunta S. A. - DT 1991-A, 809).------- Para sintetizar mi postura concordante con la ya expresada con el magistrado que me precedió en el uso de la palabra, diré, citando una vez más a Vázquez Vialard, que la previsión legal procura evitar que se altere el ingreso del trabajador durante el lapso de enfermedad o accidente inculpable, precisamente cuando se ve obligado a realizar gastos extraordinarios de atención médica (ob. y tomo cit., p. 897). En este aspecto considero oportuno citar finalmente la formulación de Sardegna, quien tras señalar que durante la suspensión las partes mantiene su obligación recíproca de colaboración y solidaridad, basada en los principios de la buena fe, expresa que cuando el art. 208 L.C.T. fija el salario de enfermedad conforme a la retribución percibida al momento de la interrupción del servicio, ello significa que "este salario debe ser similar al que el trabajador percibía por su labor habitual" (autor cit., Ley de Contrato de Trabajo....", p. 612 - Ed. Universidad, 1999).--- A mérito de todo lo expresado y en coincidencia con el colega preopinante, opino que este agravio debe ser desestimado.-------- III. Deserción parcial del recurso por la demandada apelante: ---------- Concuerdo asimismo con el señor Vocal de primer voto acerca de la insuficiencia técnica que afecta a los restantes motivos de queja expuestos por la demandada.- Así, las referencias a loas alegados yerros del decisorio al acoger las indemnizaciones agravadas establecidas en el art. 2 de la ley 25.972 y el art. 2 de la ley 25.323, limitando la apelante su crítica a la transcripción parcial de los textos legales y a la cita -también fragmentaria- de un fallo, dista de constituir la "crítica concreta y razonada" que reclama el art. 265 del C.P.C.C. (aplicable en este fuero por remisión del art. 76, ley N° 69).- Igual situación se aprecia respecto de la no aplicación de los topes previstos en el art. 245, último párrafo, de la L.C.T., cuya única alegación crítica consistió en expresar que "su procedencia es indiscutible" (sic, fs. 200).-- Como puede apreciarse, los fundamentos del decisorio no han merecido una refutación siquiera elemental por parte de la apelante. La ausencia de crítica concreta y razonada es palmaria, al no contener una mínima refutación de las secuencias lógicos desarrolladas por la sentenciante ni aportar razonamientos superadores que, conforme a las reglas de la lógica, pongan en evidencia la hipotética fragilidad o inconsistencia de dichos juicios conclusivos, tal como lo exige el art. 265 C.P.C.C., incurriendo así en la deserción parcial del recurso (art. 266, C.P.C.C.) IV. El agravio actoral sobre las diferencias salariales desestimadas: - Tal como lo alega la representación letrada del actor y atendiendo a una correcta inteligencia y armonización de los arts. 52, inc. d) del CCT 356/03 y 208 LCT aplicables al caso, la base salarial tenida en cuenta por el perito actuante para computar los salarios de enfermedad fue inadecuada. En efecto, según ya he tenido oportunidad de expresarlo en el ap. II de mi voto, es criterio receptado en este tribunal que la remuneración a considerar para los salarios de enfermedad (art. 208 L.C.T.) nunca puede ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento (ver, entre otros, mi voto en Expte. 636 - S.D.L. 91/09), por lo que en la especie correspondía considerar al efecto los salarios normales y habituales devengados con anterioridad a la dolencia del trabajador -es decir, los correspondientes a su efectiva prestación de tareas, que se compadecen con la estipulación convencional referida a los "haberes devengados, derivados de su trabajo normal" (art. 52, inc. d), CCT 356/03- y no los salarios abonados "a órdenes" a partir del año 1995, sustancialmente inferiores a los de su actividad habitual. Resulta evidente que así lo entendió la propia demandada, puesto que no se circunscribió a las sumas promedio abonadas en concepto de salario "a órdenes", cual lo indica el perito interviniente en su dictamen (fs. 130 vta.) sino a los montos consignados en los recibos correspondientes (ver fs. 191/196 - documental reservada en la caja de seguridad que en este acto tengo ante mi vista) en miras a este criterio interpretativo.- Ahora bien: según la recta interpretación del art. 52, inc. "d" del CCT 356/03, tratándose de remuneraciones variables y de una actividad discontinua como la que aquí nos ocupa, con lapsos temporales de embarque y períodos "a órdenes", deben tomarse, a los fines de establecer la remuneración promedio del último semestre laborado con anterioridad a la licencia por enfermedad, las remuneraciones percibidas en los tramos efectivamente trabajados durante dicho semestre y luego dividir el total de dichas remuneraciones por la cantidad de períodos laborados (mensuales o fracción), incluyendo además los incrementos salariales otorgados ulteriormente al personal embarcado durante el período en que el trabajador goza de la licencia por enfermedad. No puede interpretarse de otro modo la estipulación convencional referida a "haberes devengados de su trabajo normal" (art. 52, inc. "d" ya citado) por cuanto el actor sólo prestaba esas tareas habituales durante su enrolamiento, mediante la realización de prestaciones efectivas como personal embarcado, mientras que hallándose "a órdenes", en cambio, el dependiente simplemente se limitaba a mantener su fuerza de trabajo a disposición del empleador, percibiendo por ello un salario mínimo o garantizado (conf. art. 48, inc. "h" - CCT 356/03). En el caso, conforme a las planillas aportadas al ANSES (fs. 269, doc. reservada), puede observarse que el último semestre de actividad efectiva anterior al inicio de la licencia por enfermedad (noviembre de 2005) fue el primer semestre del mismo año; a partir de entonces estuvo "a órdenes" hasta noviembre. En ese primer semestre el actor laboró embarcado en los meses de enero a abril, por lo que deben computarse al efecto las remuneraciones percibidas durante dicho semestre y dividir el total cobrado por cuatro períodos mensuales. Ello arroja una remuneración promedio mensual de $ 3.697,63, muy superior a la efectivamente abonada según lo recibos aportados a la causa (conf. fs. 191/196 - doc. reservada). Por otra parte, se desconoce si durante este último período de enfermedad existieron aumentos en la remuneraciones del personal embarcado, que en su caso incrementarían correlativamente la base mensual computable a los fines de liquidar los salarios de enfermedad.----- En conclusión, coincidiendo con el colega de sala, opino que el perito contador designado en autos deberá determinar en la etapa de ejecución de sentencia las diferencias adeudadas por este concepto, teniendo en cuenta asimismo los eventuales aumentos percibidos por el personal embarcado durante el período de enfermedad del demandante. Así lo voto.--------- V. Salarios de enfermedad de junio y julio de 2006 rechazados: -------- Con acierto se ha señalado que el rechazo de este rubro por parte de la sentenciante a quo se funda en una premisa incorrecta, ya que dicho reclamo fue efectivamente articulado en la demanda, más allá del lapsus calami referido al año ("2007" en lugar de "2006" - ver demanda, fs. 46, infra) y por lo tanto constituye una omisión de pronunciamiento que debe ser suplida en esta alzada (art. 277, C.P.C.C.; su doctrina.------- Pues bien: más allá del erróneo fundamento expresado en el fallo, considero que no le asiste razón en su queja, pues como puede observarse, la demandada opuso como argumento defensivo respecto de este reclamo que durante dichos meses (junio/julio 2006) el actor se encontraba "en reserva de puesto de trabajo", de manera que no devengó aportes ni contribuciones. Ello ha sido además debidamente acreditado en autos con la copia de la comunicación glosada a fs. 10.--- Efectivamente, tal como surge del juego armónico de los arts. 208 y 211 de la LCT, a partir del vencimiento del plazo de licencia paga comienza ipso iure el plazo de conservación del empleo, sin que el trabajador imposibilitado de reintegrarse al servicio tenga derecho a percibir remuneraciones. Como lo señala Vázquez Vialard, en esta etapa de conservación el contrato de trabajo se encuentra vigente, aunque se encuentran suspendidos dos de los efectos principales: no prestación del servicio y abstención del pago salarial (autor, ob. y tomo cit., p. 912).--------- En consecuencia, opino que este agravio debe desestimarse y así lo dejo votado.--------VI. El rechazo de la sanción establecida en el art. 1, ley 25.323: -------- Tal como ya lo ha señalado el Dr. López Mesa, las constancias aportadas al proceso (resolución de la AFIP glosada a fs. 167/169 - ref.) permiten constatar que existieron irregularidades registrales por parte de la empleadora que enmarcan dentro de la previsión del art. 1, ley 25.323 (registración deficiente) y por tanto tornan legítima la pretensión actoral de percibir el incremento indemnizatorio establecido en dicha norma. En consecuencia, acogiendo el agravio vertido por el demandante, corresponde revocar el fallo en este aspecto y hacer lugar al reclamo incoado por este concepto, tal como lo propone el colega preopinante, por lo que sumaré mi voto en el mismo sentido.---- VII. La multa del art. 80, L.C.T.: ---------- Nos encontramos aquí nuevamente con una omisión de pronunciamiento de las previstas en el art. 277 C.P.C.C., que motivan la necesidad de subsanar dicha deficiencia en esta alzada.- En este cometido diré que asiste razón al recurrente, pues según se desprende del mismo informe de la AFIP ya citado anteriormente, ha quedado en evidencia que las deficiencias en los datos consignados en las certificaciones entregadas por la ex empleadora, ya que existen deficiencias en algunos períodos declarados y omisión de aportes (ver fs. 167 ref.). En tales condiciones no se ha dado cabal cumplimiento a las exigencias del art. 80 LCT (texto seg. art. 45, ley 25.345) por lo que debe prosperar este pedimento, acogiéndose el rubro reclamado por la suma que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, lo que así dejo votado.---- VIII. La apelación de la demandada sobre costas - art. 279, C.P.C.C.: Como el colega de primer voto, opino que este planteo ha pasado a ser abstracto, ya que por aplicación del art. 279 del C.P.C.C. corresponde adecuar las costas y honorarios de primera instancia a este nuevo pronunciamiento.------ Así, teniendo en consideración los respectivos triunfos y derrotas que se registran en la contienda por aplicación del art. 71 del C.P.C.C. (art. 76, ley N° 69), esto es, atendiendo a la suerte corrida por los distintos rubros demandados y las correlativas defensas opuestas, así como la incidencia económica de dichos tópicos; atendiendo además al hecho objetivo de que el trabajador se vio en la necesidad de entablar esta demanda para obtener el reconocimiento de sus derechos, por lo cual no corresponde ceñirse a una ecuación estrictamente matemática respecto del la cuantía de los reclamos incoados, comparto la propuesta del Dr. López Mesa de imponer las costas en un 60% a cargo de la parte demandada y en el 40% por cuenta de la actora.------- No será menester adecuar en cambio los honorarios de primera instancia, ya que los mismos han sido fijados en términos porcentuales que se compadecen con la calidad, extensión, eficacia de las labores profesionales cumplidas y con los resultados respectivamente obtenidos, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47, 61 y conc., Dec. Ley 2.200).---------- En cuanto a los accesorios correspondientes a esta Alzada, comparto la distribución de las costas que propone el colega preopinante (90% a cargo de la demandada, 10% por cuenta del actor) conforme a las mismas pautas de valoración ya expresadas con anterioridad. Coincido asimismo con las regulaciones propiciadas por el Dr. López Mesa -dándolas aquí por reproducidas, en mérito a la brevedad- ya que los porcentajes se compadecen con la calidad de los trabajos y los resultados registrados en cada caso (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200.---------- --- IX. Conclusiones: ------ Tal como ya lo adelanté, opino que corresponde modificar el fallo en los aspectos anteriormente señalados, tal como lo propone el magistrado preopinante.- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:-- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponde dictar el siguiente pronunciamiento:-- --- I) MODIFICAR la sentencia de grado en los siguientes aspectos: a) disponer que el experto contable designado en autos determine en etapa de ejecución de sentencia las diferencias adeudadas por el concepto salarios de enfermedad, teniendo en cuenta las pautas dadas en los considerandos de la primero cuestión.

b) revocar el rechazo y hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 1 de la Ley 25323, debiendo calcular el perito contable actuante, en etapa de ejecución de sentencia, a cuánto asciende el agravamiento del rubro;

c) acoger el reclamo del actor respecto al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 80 LCT, debiendo determinarse en etapa de ejecución a cuánto asciende el rubro;

d) En todos los rubros anteriores, los intereses correrán desde que cada suma era debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en la sentencia.

f) Adecuar la imposición de costas de grado al nuevo resultado del pleito y, en virtud del éxito de las respectivas pretensiones imponerlas en un 40% a la actora y en el 60% restante a la demandada.

--- II) CONFIRMAR el fallo apelado en los restantes aspectos motivo de agravios.

--- III) IMPONER las costas de alzada a la parte demandada en un 90 % y a la acotra en el 10 % restante.

--- IV) REGULAR los honorarios profesionales como sigue: a) para el Dr. D. G. L. , en el 25% de sus honorarios de grado y b) para el Dr. J. A. I. , en el 33% de sus honorarios de grado.

--- V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

--- Tal mi voto. ----- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ----- Tal como ya lo adelanté, participo de la resolución propuesta por el Dr. López Mesa, votando en sentido idéntico.--------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------- Trelew, de diciembre de 2.009.----- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:-------- S E N T E N C I A:

--- MODIFICAR la sentencia de grado en los siguientes aspectos: a) disponer que el experto contable designado en autos determine en etapa de ejecución de sentencia las diferencias adeudadas por el concepto salarios de enfermedad, teniendo en cuenta las pautas dadas supra.

b) revocar el rechazo y hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 1 de la Ley 25323, debiendo calcular el perito contable actuante, en etapa de ejecución de sentencia, a cuánto asciende el agravamiento del rubro;

c) acoger el reclamo del actor respecto al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 80 LCT, debiendo determinarse en etapa de ejecución a cuánto asciende el rubro;

d) En todos los rubros anteriores, los intereses correrán desde que la suma era debida y hasta el efectivo pago a la tasa prevista en la sentencia.

e) Adecuar la imposición de costas de grado al nuevo resultado del pleito y, en virtud del éxito de las respectivas pretensiones imponerlas en un 40% a la actora y en el 60% restante a la demandada.

--- CONFIRMAR el fallo apelado en los restantes aspectos motivo de agravios.

--- IMPONER las costas de alzada a la parte demandada en un 90 % y el 10 % restante a la actora.

--- REGULAR los honorarios profesionales como sigue: a) para el Dr. D. G. L. , en el 25% de sus honorarios de grado y b) para el Dr. J.A. I. , en el 33% de sus honorarios de grado.

--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.009 - SDL.- Conste.- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA