Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Cons. de Propietarios Olazábal 2546/50 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios",- Expediente Nº EXP 5845/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Nélida Mabel Daniele y Eduardo Ángel Russo. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El día 22 de marzo de 2002, el Consorcio de Propietarios de la calle Olazábal nro. 2546/50 de esta Ciudad, por apoderado, demandó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pago de pesos cinco mil setecientos veintidós con ochenta centavos ($5.722,80.-), con más sus intereses y costas, como indemnización por los daños ocasionados como consecuencia del fenómeno meteorológico ocurrido el día 24 de enero de 2001. Los hechos en que funda la acción y los argumentos de las partes fueron adecuadamente expuestos en el fallo recurrido y los omitiré a fin de evitar estériles reiteraciones. 2. La sentencia definitiva del 22 de setiembre de 2004 rechazó la demanda en todas sus partes imponiendo las costas a la accionante vencida (ver fs. 319/24vta.). Contra el veredicto se alzó el pretensor a fs. 329, expresó sus agravi os a fs. 333/5 y recibió respuesta a fs. 340/42. 3. En su expresión de agravios, la recurrente cuestionó el pronunciamiento en los siguientes aspectos: a) que la sentencia consideró a las lluvias acontecidas en el día 24 de enero como hecho fortuito; y que el hecho del anegamiento de la calle donde se encuentra el inmueble de la actora no es causal de responsabilidad de la demandada; b) que el Sr. juez de grado entendió que no se ha probado el nexo causal entre el hecho y el daño; y que el hecho no era previsible; c) que el a quo, entendió que para probar que los drenajes no eran suficientes debió realizarse una pericia hidráulica que así lo corrobore; y que la falta de impugnación y alegato tornaron aceptable la interpretación efectuada. 4. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 339/44 contestó los agravios expuestos por la quejosa. Los mismos se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) las lluvias acontecidas en el año 1974 -según el informe de la página web de la Fuerza Aérea Argentina- se prod ujeron en un día completo, mientras que las del día 24 de enero de 2001 en solo dos horas; b) la actora entendió la innecesariedad de probanza de los daños a partir de los hechos acontecidos; c) en lo atinente a la probanza del nexo causal, si bien los daños han sido probados ello no da por sentado que las lluvias no hubiesen constituido hecho fortuito y que todos los daños hubiesen tenido ese origen, ello dada la existencia de un tanque con combustible líquido en el sótano (petróleo) que agravó los daños ocasionados por el agua; d) a partir de la falta de alegato de la actora y los informes arrimados a la causa, concluye la accionante, en consecuencia, que nos encontramos frente a un hecho fortuito. CONSIDERANDO: 5. No ponderaré todas y cada una de las argumentaciones de la recurrente, sino que me abocaré a tratar todas aquéllas susceptibles de incidir en la decisión final del pleito (cfr. C.S.J.N., 13-11-1986, in re "Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica"). 6. Sin desconocer el esfuerzo argumental esgrimido por la parte demandada al contestar agravios, entiendo que las quejas expuestas por el accionante a fs. 333/5, a pesar de rozar el umbral de la deserción, contienen una mínima crítica al fallo recurrido que responde a las exigencias del art. 236 del CCAyT y tornan admisible su tratamiento. En virtud de lo expuesto, deberá rechazarse el pedido de deserción pretendido por el emplazado. 7. En primer lugar y según constancias de autos debe tenerse por probada la ocurrencia del hecho invocado en la demanda. En efecto, tal como lo relató la accionante en su escrito inicial, durante el día 24 de enero de 2001, "[e]l fenómeno meteorológico acaecido con fecha 24 de enero de 2001 y días posteriores que se tradujo en inundaciones de las arterias de determinados sectores de la ciudad..." y que, "El inmueble de marras se encuentra en una de las arterias incluidas dentro del plano que confeccionó la Dirección de Emergencias Sociales y Defensa Civil como zona afectada por las inundaciones" (ver fs. 133v ta. /134). Asimismo, el dato vertido por la propia accionada en su contestación de demanda donde afirma que "Es cierto que el día 24-1-01, a partir de las 18 hs., se produjeron precipitaciones por 146,30 mm, que provocaron el desborde de varios arroyos que corren en forma subterránea por la Ciudad de Buenos Aires" y que "El edificio, sito en la calle Olazábal 2546/50, se encuentra ubicado en un lugar que es el más bajo de la cuenca del Arroyo Vega". A su vez, la conclusión a la que arribó el a quo al sostener que "...se encuentra acreditado que la zona donde se encuentra el edificio de la calle Olazábal 2546 se encuentra en una zona anegable". Por ello, conjugados tales elementos, entiendo que cabe tener por probado que las precipitaciones del día 24 de enero de 2001 provocaron un resultado dañoso en el edificio de la calle Olazábal 2545/50 el que se encuentra en una zona anegable. Como lógico corolario de lo expuesto deberá abordarse el examen de los elementos que desembocan en el deber de reparar. 8. Ahora bien, a efectos de encuadrar idóneamente la acción intentada cabe recordar que, como expone Rivera (Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, Tª I, núm. 213, págs. 226/27; en el mismo sentido, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Tº 1, núm. 215, págs. 153/54), la codificación es el último paso en la evolución legislativa siendo el Código una ley que se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la sistematización y, para la mayor parte de la doctrina, la exclusividad. Sin embargo, en la actualidad, tal característica va siendo dejada de lado, puesto que algunos códigos, además de regular el derecho civil, también legislan el comercial y algunos una sola parte del derecho privado civil y mercantil, como por ejemplo, los contratos. En otras palabras, el principio de exclusividad de contenido no se presenta de manera absoluta en ningún Código y ello sucede, asimismo, en nuestro derecho, en el que el Código Civil argentino contiene numerosas disposiciones relativas a temas diversos y que no sólo regulan las relaciones entre los particulares sino que también resultan aplicables a la de éstos últimos con el Estado. En efecto, el Código Civil contiene numerosas normas destinadas a legislar sobre Derecho Administrativo; baste, a título de ejemplo, la mención de los artículos 33, 823, 912, 1112, 1117, 1442, 1443, 1502, 1810, inc. 2º, 2185, inc.4º, 2261, 2262, 2339, 2340, 2341, 2342, 2344, 2415, 2572, 2575, 2611, 2637, 2639, 2644, 2646, 2738, 2750, 2839, 3083, 3545, 3589, 3879, 3951 y demás concordantes. A partir de ello y concretamente sobre el tema que nos ocupa -la responsabilidad del Estado- no es posible soslayar la disposición contenida en el art. 43 del Código Civil, en cuanto establece que "[l]as personas jurídicas [entre las que, conforme lo normado por el art. 33 del mismo cuerpo legal, se incluye al Estado nacional, las provincias y los municipios] responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título". "De las obligaciones que nacen de los hechos que no son delitos". Esta norma, cuya actual redacción se debe a la reforma introducida por la ley 17.711, es la lógica consecuencia de la evolución jurisprudencial producida desde la época en que el Estado no era responsable por los daños derivados de hechos ilícitos de sus empleados o funcionarios hasta la actual etapa, caracterizada por la plena responsabilidad estatal. La norma transcripta, conjugada con el art. 1113 del mismo texto legal, permite concluir en la responsabilidad del Estado (sea nacional, provincial o municipal) por los hechos de sus administradores, directores o dependientes (1º párrafo), por los daños causados con las cosas (2º párrafo, 1ª parte) o bien por los derivados del vicio o riesgo de las que se encuentran bajo su dominio (2º párrafo, 2ª parte). En esa misma dirección cabe señalar que, aún aceptando la existencia de principios específicos de derecho público, la jurisprudencia ha recurrido en forma permanente al articulado civil en diversos aspectos, corroborando aquel aserto de que el Derecho es un complejo único, pleno e integral, que no admite divisiones en compartimentos estancos o aislados (Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad Civil. El Derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, La ley, Buenos Aires, 2004, Tº IV, pág.. 12). En ese sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "[l]a responsabilidad que fijan los arts.1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 del Constitución Nacional que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" (CSJN en autos "Gunter c/ Gobierno Nacional", del 5/8/86, publicado ED 120-524). Es que, la unidad de la teoría del responder es una consecuencia lógica de la unidad del ordenamiento jurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aida y Parellada, Carlos A., en "Reflexiones sobre la responsabilidad del estado por daños derivados de la función judicial", en Mosset Iturraspe, Jorge, Kemelmajer de Carlucci, Aida y Parellada, Carlos A., "Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1986, pág. 24). 9. Ello sentado, corresponde destacar que los daños por los que reclama el actor habrían sido consecuencia del anegamiento de calles de la "zona denominada de anegamientos temporarios, por hallarse dentro de la influencia de la cuenca del Arroyo Vega", p roducto de la cantidad de agua caída sobre la ciudad en la fecha antes señalada. Ahora bien, como es sabido, "las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común" (art. 2340, inc. 7º, del Código Civil), en cuanto constituyen los medios de vialidad urbana afectados al uso público, forman parte del dominio público municipal. Se ha sostenido que el dominio público del Estado puede ser natural o artificial, y que es dentro de este último donde se enmarca el concepto de "calle", que depende de una creación del Estado y no de la naturaleza. Así, mientras que en el dominio público natural, la determinación de su condición jurídica por la ley constituye al mismo tiempo su afectación al uso público, en el dominio público artificial es menester la determinación de su condición jurídica por ley, más la creación del bien por la Administración que lo destina al uso público; su afectación a ese uso se realiza por un acto distinto al de su calificación juríd ica. Concretamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el art. 2º de la ley 19.987 dispone que "[s]on de competencia de la Municipalidad los asuntos que se refieren a: (...) g) La construcción y conservación de puentes, túneles, calles, calzadas, y demás obras públicas que se estimen convenientes; ejercer la respectiva competencia en las zonas marginales de los cursos de agua navegables o flotables; lo concerniente al alumbrado público; como así también determinar los casos y la forma en que se atenderá la construcción, conservación y reconstrucción de aceras, por parte de los propietarios frentistas; (...) l) el ejercicio del poder de policía en las materias de su competencia". En definitiva, al tratarse de bienes del dominio del demandado, correspondía a éste último mantener en buen estado de uso y conservación las arterias de la zona donde se encuentra ubicado el inmueble en cuestión, por lo cual, evidentemente, aquéllas se encontraban bajo su guarda, respondiendo, en tal sentido, por los d años que su negligencia en el mantenimiento hubiese provocado a los usuarios (art. 1113, 2º párrafo, in fine, del Código Civil). 10. Salvados los puntos atinentes a la ocurrencia del hecho como así también la responsabilidad que al Estado local le corresponde por el debido mantenimiento de las calles de su dominio, cabe examinar si los daños ocasionados al consorcio actor encuentran adecuada relación de causalidad con el evento de marras o si, por el contrario, se ha producido la ruptura del nexo causal por la configuración de alguna de las eximentes; a saber: a) la configuración de un caso fortuito (expresamente invocada por la demandada); y/o b) la incidencia de la conducta de la víctima en la producción del daño. A tales fines, no es ocioso recordar que se denomina condición más eficaz o más activa para la producción del evento en cuestión, o sea, la dotada de mayor fuerza productiva. Según este punto de vista, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso natural y ordinario de las cosas. Es cierto que no todas las condiciones del daño son equivalentes, sino la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa, es decir, la que puede ser retenida por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño (conf. Binding y Oertmann , citados por Spota, A., en su artículo publicado en J.A. t. 1942-II, pág. 979, nota 29; Orgaz, A., El daño resarcible , núm. 18, pág. 70, texto nota 17; Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Tº I, núms. 286/288, pág. 372/374). Ya antes de la reforma introducida por la ley 17.711 al art. 906 del Código Civil, nuestra doctrina sostenía la vigencia en el derecho positivo argentino de la teoría de la causa adecuada, según la cual corresponde distinguir entre causa, que es el antecedente idóneo para producir el resultado, y condición, que son los demás factores de ese resultado (conf. Orgaz, A., op. Cit. Núms. 19/20). El texto actual del art . 906 recoge "in terminis" la teoría en examen y con ella la distinción señalada. 10.1 Pues bien, con relación a la primera de las eximentes, recuérdese que el art. 514 del Código Civil establece que "caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse". Con ello indica el codificador como notas esenciales del evento que es dable configurar como caso fortuito, su imprevisibilidad y su inevitabilidad. A partir de ello y dado que la ley no hace diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pueden definirse conjuntamente ambos conceptos como el hecho imprevisible o inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el cumplimiento de la obligación. De tal definición surgen, asimismo, los caracteres constitutivos del hecho que lo configura, a saber: 1º) su imprevisibilidad, es decir, que supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigir al deudor; 2º) su inevitabilidad, esto es, cuando acaeciere no obstante toda acción contraria del deudor; 3º) ser ajeno al deudor; 4 º) ser actual; 5º) ser sobreviniente a la constitución de la obligación; y por último, 6º) ser impedimento absoluto para el cumplimiento de la obligación. Específicamente referido a los fenómenos de la naturaleza, se ha dicho que constituyen casos fortuitos sólo cuando son extraordinarios y por su intensidad salen del orden común. Así, las lluvias que causan inundaciones configuran caso fortuito cuando exceden por su magnitud a las que han caído en épocas más o menos lejanas, pero no cuando son comunes o cuando pese a su intensidad, no son la causa adecuada del daño sino su causa ocasional (conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Tº I, núms. 185 y sigtes., págs. 229 y sgtes. y citas jurisprudenciales efectuadas bajo el núm. 149). A partir de ello, dable es concluir que, en el particular, no se ha configurado el casus alegado por la demandada. Es que, como surge de los puntos precedentes, el daño producido al inmueble de la actora ha encontrado su causa -al menos en una important e medida, como habrá de verse seguidamente- en la inobservancia de la obligación que incumbía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de controlar que los sumideros se desempeñaran como óptimos conductores de la red pluvial, ya que se vieron sobrepasados de su capacidad de absorción y conducción. Máxime cuando es la misma Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil la que informó que "cuando una precipitación supera los 30 mm [en una] hora, origina en la zona vinculada al arroyo Vega anegamientos de calles, pudiendo provocar inundaciones cuya magnitud y afectación depende de la intensidad y duración de la precipitación, siendo la máxima de los últimos años la de fecha 24 de enero de 2001 con 147 mm de agua caída durante las dos primeras horas" (ver fs. 243). Asimismo, si bien es cierto que los valores estadísticos de la tormenta ocurrida en la fecha señalada superaron en alguna medida los promedios usuales respecto de los últimos años, no lo es menos que, a partir de las mismas afirmaciones ver tidas por un órgano dependiente de la demandada -ver el informe antes citado- puede extraerse como conclusión que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplaba y preveía la posibilidad de que, aún ante un volumen de precipitaciones menor que el acontecido en el caso de marras, la necesaria consecuencia habría de ser el anegamiento de la zona afectada. En otras palabras, el efectivo conocimiento de la posibilidad de que se produjeran inundaciones que importan el tenor del informe obrante a fs. 243, descarta, entonces, la existencia del elemento imprevisibilidad que caracteriza la configuración del caso fortuito. Por ello, toda vez que la eximente invocada carece de sus requisitos principales, no puede tenerse por configurada. 11. Despejada la hipótesis del caso fortuito, cabe analizar si se encuentra acreditada la "culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (art. 1113, 2º párrafo, última parte, del Código Civil). Puede decirse que el acto voluntario de asumir el riesgo constituye, al igual que la culpa, un hecho ajeno que interrumpe el nexo causal y excusa la responsabilidad del autor del hecho, o del dueño o guardián de la cosa peligrosa o deficiente. En efecto, aunque exista una culpa del autor o un riesgo creado por una cosa peligrosa, el daño no hubiera sobrevenido a la víctima si ella no se hubiera expuesto voluntariamente al daño potencial, interfiriendo con su hecho en el proceso causal y determinando su propio daño. Ahora bien, no todo hecho de la víctima constituye causa ajena. El hecho debe ser culposo; cabe aclarar, sin embargo, que sólo puede hablarse de culpa de la víctima en sentido impropio, pues ésta no viola ningún deber de conducta impuesto en interés de otros, sino que sólo infringe el mandato de atender su propio interés. De acuerdo con el sistema de nuestro Código Civil, el juez, para establecer la culpa de un sujeto, deberá: a) considerar en concreto la naturaleza de la obligación o del hecho, y las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 502); y b) considerar únicamente las condiciones personales del agente en relación al mayor deber de previsibilidad que le impongan las circunstancias en que actúa (art. 902). Con esos elementos, emergerá el tipo abstracto de comparación que le permita al juzgador establecer si el sujeto actuó o no como debía actuar en esa emergencia con cuidado, pericia, diligencia, prudencia, etc. (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 9ª edición, 1997, núm. 812, pág. 344). A la vista de tales pautas cabe examinar el relato efectuado por el actor en su escrito de inicio sobre lo ocurrido el día 24 de enero de 2001. Según se expuso en esa oportunidad "La cantidad de agua caída anegó la zona de la calle antes mencionada e ingresó en los edificios inundando totalmente la zona de sótanos y paliers de entrada destruyendo todo lo allí existente: medidores de gas, medidores de luz y tablero general dañado, por consecuencia, el total de las instalaciones eléctricas del edific io y de las llegadas a cada uno de los departamentos. Afectación de la bomba de agua y su cañeria. Destrucción parcial del tanque de petróleo lo que provocó la dispersión de este elemento en las instalaciones del sótano y palier de entrada del edificio para lo cual se debió recurrir a la contratación de personal para la limpieza" (el destacado no pertenece al original). A su vez, requerido el perito para que responda a la pregunta sobre si los daños denunciados resultan efecto lógico y razonable de la causa que los provocó, señaló en su informe de fs. 279/80 que "el efecto del agua afectó elementos e instalaciones eléctricas y mecánicas; con el agregado del petróleo desparramado por la inundación, produjo la suciedad en paredes y elementos del lugar" (el destacado no pertenece al original) . Por su parte, ante las aclaraciones solicitadas por la demandada al experto respecto de la pericia producida en autos, el mismo respondió que "...El suministro de luz, como muchas otras instalaciones del sótano, quedaron totalmente inutilizadas; fue tan destructiva la impregnación de petróleo en todo el sótano, que ni bocas de luz, ni tomas, ni cañerías eléctricas embutidas serán de factible recuperación", y que "...De haberse vaciado el tanque de petróleo (siempre queda un residual) y haberse sellado, en oportunidad de cambio de combustible de la caldera, se hubieran evitados las consecuencias dañinas del petróleo, no así las debidas a la inundación (menos gravosa ". En síntesis, del examen de las constancias obrantes en autos puede considerarse que no todas las consecuencias dañosas derivadas tienen, como sostuvo el a quo, causa exclusiva en el agua ingresada como resultado del anegamiento del sótano. Pues como quedó demostrado, la existencia de un tanque de combustible líquido en el sótano, agravó en gran medida los daños ocasionados por el agua (ver fs. 296/vta., punto 2) . Ahora bien, la ordenanza 39025/MCBA/83 que aprueba el Código de Prevención de la Contaminación Ambiental prescribe en su artículo 6) "La conversión de las instalaciones existentes que utilicen otros combustibles que no sea gas natural, deberá efectuarse dentro del plazo de dos (dos) años contados a partir de la fecha de la sanción de la presente". A su vez, el capítulo 2.3) titulado "De las fuentes contaminantes fijas", en su art. 2.3.1) dispone: "Queda prohibida en toda la ciudad de Buenos Aires, la quema a cielo abierto, de cualquier residuo sólido u otro tipo de sustancias combustibles...". De acuerdo con la normativa citada, el tanque que contenía combustible líquido (específicamente petróleo) no podía estar en ese lugar. A partir de todo lo expuesto, no puede sino concluirse que la presencia del tanque de petróleo en el sótano del edificio de la calle Olazábal 2546/50 opero solo como un agravante de los daños producidos y, si bien considero que la causa eficaz y adecuada fue el deficiente funcionamiento del sistema de escurrimiento propiedad de la demandada, no puede desconocerse que la presencia de la instalación mencionada incidió favorablemente en la extensión de los daños. 12. Establecido lo anterior, cabe determinar la justa indemnización que debe acordarse al damnificado y de la que deberá hacerse cargo la demandada en la medida estipulada en el punto precedente. 13. Reclamó el consorcio actor, en concepto de daños materiales, la suma de pesos cinco mil setecientos veintidos con ochenta centavos ($5.722,80.-). Ahora bien, con carácter previo a analizar la prueba obrante en autos, debe tenerse en cuenta que la indemnización por daños y perjuicios cumple una función de equilibrio patrimonial, es decir, está destinada a colocar el patrimonio dañado en las mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al hecho; lo que importa de sobremanera a la víctima es demostrar la existencia del daño y su extensión, aunque la omisión en el último de los aspectos no significa el rechazo, sino sólo su fijación prudencial; considerada en todo contexto del proceso y de las circunstancias que rodearon el hecho desencadenante. Sobre este punto es oportuno deta llar las facturas acompañadas por la accionante en su escrito de inicio: a) facturas nro.0001-00000162 por un total de pesos mil ochocientos setenta y ocho ($1.878.-), nro. 0001-00000150 por la suma de pesos ciento ochenta ($180.-) ambas emitidas el día 15 de febrero de 2001 y nro. 0001-00000183 por la suma de pesos cuatrocientos veinte ($420.-) de fecha 15 de marzo del mismo año, todas por la empresa "Electromecánica Servis"; b) facturas nro. 0000-00000219 por la suma pesos mil ciento veinte ($1.120.-), nro. 0000-00000235 por la suma de pesos setecientos sesenta y cinco ($765.-) y 0000-00000271 por la suma de pesos trescientos veinte ($320.-) emitidas por la empresa "Quality Install de Chaye de Enrique Blas" (fs. 74/5, 76 y .80); c) dos recibos por trabajos de electricidad de Wilfredo Silvero por las sumas de peso doscientos ($200.-) y pesos quinientos ($500.-); d) factura nro. 00000392 emitida por "Claridad" de José Luis Azanza por la suma de pesos trescientos veinte ($320.-) acompañada a fs. 79. La autenti cidad de las facturas acompañadas fue acreditada mediante las respectivas pruebas informativas obrantes a fs. 209/15, 218/9 y 222/6. Sentado ello, resultan de fundamental importancia sobre el punto las conclusiones expresadas por el perito ingeniero electromecánico en su informe de fs. 279/80, donde el experto señaló que las facturas presentadas por la parte actora -exceptuando los dos recibos mencionados por trabajos de electricidad-corresponden a los trabajos realizados en el sótano del edificio y condicen con el estado actual de las instalaciones quedando pendiente limpieza y reparaciones y que, los arreglos y trabajos efectuados es ajustado a los valores de plaza. Sin perjuicio de que la parte demandada adhirió a los puntos de pericia propuestos por la parte actora, se le solicitó al experto que informe si los trabajados descriptos en la facturas nro. 0001-00000183, 0000-00000271, 0000-00000219 y 0000-00000392 (fs. 72, 76, 79 y 80 ) son reparaciones de los supuestos daños originados por el hecho de autos o deben haber sido realizados con anterioridad para cumplir con las reglamentaciones vigentes. Expuso en esa oportunidad el experto que "las instalaciones eléctricas y sanitarias aún cuando fueran de la época de construcción del edificio debían estar conforme a las reglamentaciones vigentes de su momento, en la medida que cumplieran con su función y no representaran peligro o generen molestias a terceros, no es obligación su reemplazo. Por lo tanto, si a raíz del daño provocado por la inundación, se repararon y/o modificaron y/o se actualizaron, se resolvió como corresponde y no necesariamente se debieron realizarse [sic] con anterioridad" (el destacado no pertenece al original). Conferido el traslado de la pericia, la parte demandada solicitó al experto que se manifieste respecto de la frase por el empleada "quedando pendiente limpieza y reparaciones" ya que en las facturas nro. 154 del 12-02-01 y la nro. 150 del 15-02-01 se estaría facturando dos veces la misma tarea "limpieza de escaleras y piso sótano" As imismo solicitó al experto que explique acerca de los servicios prestados por Quality Install, recibo nro. 612 del 5-04-01 (fs. 77) sobre cableado de sótano para iluminación y de la factura nro. 271 del 4-04-01 (fs. 76), que indique en forma taxativa si, los trabajos de iluminación realizados por la empresa antes mencionada son un suministro nuevo o es un reemplazo del anterior deteriorado. Ahora bien, antes de entrar en el análisis de las respuestas brindadas por el perito, resulta oportuno realizar algunas aclaraciones respecto de la documental acompañada por la parte actora. La factura nro. 154 que menciona la demandada se corresponde con el recibo obrante a fs. 58 de fecha 02-02-01 donde en uno de sus puntos se detalla que por la suma de pesos trescientos veinte ($320.-) se realizaron trabajos de limpieza de escaleras y piso de sótano a causa del petróleo y restos de la inundación. La nro.150 se corresponde con la factura clase B nro. 0001-00000150 ( fs. 61) por la suma de pesos ciento ochenta ($180.-) do nde se detalla la misma tarea del recibo antes mencionado. Al primer interrogante de la accionada el experto se limitó a señalar que de la constatación por él realizada, se pudo observar una serie de daños no reparados en su totalidad, destacando el tema de la limpieza de paredes y pisos por causa de la impregnación del petróleo derramado, debiendo reiterar varias veces el lavado de los lugares indicados. A su vez, manifestó sobre el service 612 de Quality Install que, como no fue acompañado presupuesto no se incluyó en el listado de reparaciones. Respecto de las instalaciones eléctricas, informó que las mismas quedaron totalmente inutilizadas por lo que "tuvieron que ser rehechas a nuevo con cablecanal o soluciones alternas (para reemplazar las originales)". En cuanto al último de los planteos, traslado de bomba y cambio de cañería, el experto señaló que como se debía rehacer todo casi a nuevo, no debió influir en el costo la modificación de la ubicación de las bombas. En relación a los cuestionamientos efec tuados por la presencia del tanque de petróleo me remito a lo dicho en el considerando 11). En resumidas cuentas, el experto determinó que el petróleo desparramado, producto de la inundación, produjo la suciedad en paredes y la imposible recuperación de las instalaciones eléctricas existentes. Sin embargo y en virtud de lo arriba señalado considero razonable fijar una indemnización representativa del 60 %, esto es el porcentaje que se entiende como derivación lógica sólo por la inundación. El 40 % restante, en tanto se entiende representativo del agravamiento de los daños por el derramamiento del petróleo deberá ser soportado por el consorcio demandante. 14. En cuanto a las costas, deberán ser soportadas por el demandado en un 60 % a cargo de la demandada y en el 40 % restante a cargo de la parte actora.(art. 65 del CCAyT). En consecuencia, por todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda entablada, condenando al Gobierno d e la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la parte actora la suma de pesos tres mil cuatrocientos veintiuno con 80/100 ($3.421,80.-) representativos de la porción de responsabilidad que le cupo en el evento de marras. Ello, con costas distribuidas en en 60 % a cargo del Gobierno de la Ciudad y en el 40 % restante a cargo de la actora (art. 65 del CCAyT).- A la cuestión planteada la Dra. Nélida Mabel Daniele dijo que: ANTECEDENTES: 1.- La parte actora -Consorcio de Propietarios de la calle Olazabal 2546/50- (v. fs. 133/138) promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en lo sucesivo, "GCBA") por la suma de $ 5.722, 80 (pesos cimco mil stetecientos veintidós con ochenta centavos), con más sus intereses y costas Señaló que como consecuencia de un fenómeno metereológico acaecido en la Ciudad el día 24 de enero de 2001 y días posteriores, se produjeron inundaciones en algunos sectores de la Ciudad, producto de la deficiente "estructura de desagote" existente en ésta. Agregó que el inmueble de ref erencia se encuentra ubicado en una de las calles que la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil calificó como zona afectada por las inundaciones. A su entender la accionada reconoció su responsabilidad por los hechos acontecidos y los daños ocacionados, mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1, publicado en el Boletín Oficial Nº 1122 del 31.01.01. Afirmó que la cantidad de lluvias caídas, anegó las calles, impidió el acceso al edificio e inundó los sótanos y paliers de entrada, dañando todo lo existente (puntualiza los medidores de gas, de luz y el tablero general). Todo ello produjo un colapso generalizado en las instalaciones eléctricas del inmueble, del acceso a cada una de las una de las entidades funcionales, la afectación de la bomba de agua y su cañería, se destruyó parcialmente el tanque de petróleo (desparramándose dicho combustible en las instalaciones del sótano y palier del edificio, debiéndose contratar personal de limpieza a tal efecto). Discriminó el costo de los daños irrogados (v. fs. 134 vta. "Discriminación de Daños") y ofreció prueba. 2.- Dispuesto el pertinente traslado, se presentó a fs, 149/164 el GCBA solicitando el rechazo de la acción interpuesta con expresa imposición de costas. En cuanto al fondo del asunto, refirió, luego de una pormenorizada negativa de los hechos, que el 24.01.01 (cerca de las 18 hs.) se produjeron precipitaciones por 146,30mm, que provocaron el desborde de varios arroyos subterráneos ubicados en la Ciudad. Agregó que tales lluvias originaron el desborde del arroyo principal como de varios conductos secundarios, impidiendo el acceso y circulación por las calles ubicadas en el radio de influencia del arroyo. Manifestó que el edificio situado en la calle Olazabal 2546/50 está en el lugar más bajo de la cuenca del arroyo Vega. En ese orden, si bien reconoció que el temporal sobrepasó la capacidad de absorción e impidió el drenaje, señaló que su parte no tiene constancias concretas que el hecho haya producido inundaciones en la cua dra en la que se encuentra la actora. Así las cosas, adujo que aún admitiendo los hechos que relató la accionante, la cantidad de precipitaciones caídas el 24.01.01 fueron más intensas que la de los últimos años, y entendió que la lluvia caída en dicha fecha fue excepcional. Por otra parte, alegó que en atención a lo anegable de la zona de localización del edificio, la accionante debió adoptar precauciones para evitar inundaciones en el sótano. Es decir, aduce que de haber la actora instalado una bomba de desagote (esto es, una medida de prevención) hubiese evitado el daño que alegó haber sufrido. Por tanto, puntualizó que el hecho generador del daño que dijo haber sufrido la actora, ha tenido las características del caso fortuito, por lo tanto no media responsabilidad de su parte. Asimismo agregó que no hubo -en autos- falta de servicio (conf. art. 1112 del Código Civil) habida cuenta que su parte no violó ni omitió cumplir con ningún precepto legal. Tachó el monto reclamado como desproporcionado y excesivo, ofreció prueba e introdujo el caso federal. 3.- A fs. 319/324 dictó sentencia el Sr. Juez de primera instancia, quién rechazó la demanda interpuesta en todas sus partes e impusó las costas a la actora vencida. Para así decidir, encuadró la cuestión como un supuesto de responsabilidad del Estado por omisión, indicando los presupuestos exigidos para su procedencia. En ese orden, destacó, en primer término, que para que se configure la responsabilidad estatal, el hecho debe poder imputarse a la autoridad administrativa. Así las cosas, agrega el Señor Juez de Grado que la omisión imputada a la administración es -en todo caso- la no realización de obras hidraúlicas que hubieran evitado (o sesgado) la producción del daño. Así las cosas, agrega que "Sin duda la realización de obras de estas características forma parte de las competencias de la Administración, aunque ésta puede decidir en forma discrecional acerca de la oportunidad para llevarlas a cabo (art. 104 inc. 23 CCBA). Empero, tal discrecionalidad se acota cuando la obra es necesaria para evitar daños. Del principio general -recogido en el artículo 1109 del Código Civil- que obliga a no causar daño tercero se infiere que el órgano competente debe adoptar medidas tendientes a evitarlos o mitigarlos" (v. fs. 321, último párrafo). Por otro lado, adujo que para la procedencia de la indemnización debe existir un daño resarcible, la no obligación jurídica del administrado de soportar el daño y el nexo de causalidad adecuado entre el daño y la acción u omisión imputada al ente estatal. Posteriormente, analizó la defensa de caso fortuito introducido por el GCBA. En tal sentido, recordó las previsiones del artículo 514 del Código Civil, como interruptivo del nexo de causalidad adecudado. Así, entrando a analizar los informes elaborados por la Dirección General de Mantenimiento y Control Hidraúlico (v. fs. 196, 202 y 286) y la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil (v. fs. 243 y fs. 250), que revelan que la precipitación caída el día 24.01.01 fue más i ntensa que la de los últimos años (hecho que se agravó por producirse en breve tiempo), colige que los daños sufridos por el referido inmueble son consecuencia del carácter excepcional del fenómeno meterológico descripto. En ese orden de ideas, precisó que al no haber la actora impugnado tales informes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 331 del CCAyT los consintió. En mérito a ello, entendió que la actividad probatoria de la actora, se circusncribió -únicamente- a acreditar los daños (v. fs. 322 vta. párrafo 3º), pero no a aportar elementos de juicio de entidad a los fines de demostrar la inexistencia, en la especie, de caso fortuito. Así las cosas, el sentenciante otorgó a las precipitaciones el carácter de imprevisibles, irresistibles, insuperables, etc., por el hecho de que la actora no ofreció prueba para comprobar que el caudal de las precipitaciones caídas era previsible (v. fs. 323, párrafo 3º). Por tanto, de las constancias probatorias allegadas a la causa, infiere que mientras la accionada co mprobó que la cantidad de las precipitaciones caídas era mucho mayor que la habitual, la accionante no contrarrestó el temperamento del GCBA ni tampoco intentó comprobar si era razonable o no la extensión de la red pluvial existente o su capacidad de drenaje. (v. fs. 329, último párrafo). Sobre el derramamiento de petróleo de la caldera, expresó el Juez de la anterior instancia, que ello reveló -además- un incumplimiento de la actora a la Ordenanza 39.025, artículo 2.3.1, en cuanto prohibe la utilización de todo otro tipo de combustible que no sea gas natural. Finalmente, señaló que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 en ningún momento implicó un reconocimiento del gobierno comunal de su responsabilidad por los acontecimientos reseñados, toda vez que -como textualmente- surge de tal norma aquélla consistió en un plan de ayuda para los propietarios de los inmuebles y vehículos dañados, previendo al efecto una serie de subsidios. 4.- A fs. 329 apela la actora, expresando agravios a fs. 333/335. En lo princi pal, considera no ajustada a derecho la sentencia referida por cuanto: (a) primer agravio (v. fs. 333/334): El "hecho fortuito" es aquél imprevisible o que previsto resulta inevitable. En ese orden, aduce que las lluvias caídas el día 24.01.01 no revisten tal cualidad, agregando que el edificio afectado se halla en la zona calificada como "crítica" de las inundaciones. Postula que la sentencia carece de sustento fáctico (v. fs, 333 vta., anteúltimo párrafo) habida cuenta que el propio sentenciante indica que, en el sitio que tiene en la web el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que la máxima cantidad de lluvias caídas para un mes de enero fue la del año 1.974, con 172,7 mm (v. de la sentencia 322 vta., párrafo 4º), por tanto colige que las precipitaciones caídas en el año 2.001 no eran imprevisibles ni extraordinarias. (b) segundo agravio (fs. 334 pto. 2): Sugiere que el Sr. Juez de grado yerra cuando considera que el solo hecho del anegamiento no es causal de responsabi lidad del GCBA. En tal orden, expresa que el Estado es responsable por los infortunios que se provoquen a los administrados por su falta de diligencia. A su entender, en la sentencia en crisis se comprueba el principio contrario. Agrega que del hecho del anegamiento surge la responsabilidad del Estado, ya que -como expresamente lo reconoce el GCBA en su contestación de demanda- la capacidad del sistema de drenaje se vio completamente sobrepasada. Lo cual, reitera, era previsible. (c) Tercer agravio (fs. 334 pto. 3): La actora también se agravia porque el a quo considera que no se probó el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Para rebatir el temperamento del Sr. Juez de grado, recuerda que se comprobó que el día 24.01.01 precipitó de un modo considerable en la Ciudad, que el inmueble afectado se encuentra en una zona calificada como "crítica e inundable", que los testimonios aportados a la causa dan cuenta de que el agua caída ingresaba al sótano del edificio por acumulación en la vía pública y que la insuficiencia del drenaje ocacionó tales hechos; por lo cual carece de sustento la aseveración del Sr. Juez de grado sobre la inexistencia de nexo de causalidad adecuado. (d) Cuarto agravio (fs. 334 vta. pto. 4): Sostiene que es arbitraria la sentencia del a quo ya que -como se señaló con anterioridad- los informes de las entidades oficiales y la página web del Servicio Meterológico Nacional comprobaban que existieron en igual época del año precipitaciones de mayor caudal. (e) Quinto agravio (fs. 334 vta. pto 5): Disiente con el a quo en punto a que para determinar si los drenajes eran o no suficientes la actora debió haber solicitado la producción de prueba pericial hidraúlica. Según su criterio, si la accionada expresó que la capacidad del drenaje se ha visto sobrepasada y se encuentra acreditado que las inundaciones fueron provocadas -como es de público y notorio- por las precipitaciones, pues entonces o bien los desagües no eran suficientes o su funcionamiento resultó infructuoso. (f) Sexto agravio (fs. 3 35 pto. 6): Considera errado el temperamento del sentenciante con relación a la no impugnación de los dictamenes e informes técnicos y el hecho de no haber su parte alegado. Al respecto señala que no impugnó habida cuenta que consideraba a los informes como certeros y no alegó ya que ello es una diligencia procesal optativa. Estima que el juez se equivoca en los alcances e interpretaciones que efectúa de los dictámenes. 5.- A fs. 338 se dispuso correr traslado de la expresión de agravios de la actora, presentándose la administración a fs. 339/334. Como planteo principal (v. fs. 340 vta./341) solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por su contraria toda vez que la presentación de ésta -a su criterio- no se exhibe como una crítica concreta y razonada del fallo de la anterior instancia. Subsidiariamente, procede a rebatir los argumentos de la contraria (v. fs. 341, III.b/344), en base a los siguientes fundamentos: (a) Primer agravio (v. fs. 341): Manifiesta que el actor "miente" en sus expresión de agravios, ya que los informes confirman que nunca se produjo tal caudal de precipitaciones con tal intensidad. Señala como insólito que la recurrente se considere exonerado de aportar prueba que deje en claro la relación causal entre el daño y el hecho dañoso. (b) Segundo agravio (v. fs. 341 vta): Para desvirtuar el segundo agravio la accionada -solamente- transcribe una parte de la sentencia del aquo, a saber: "en el caso de autos se alega una omisión: el Estado debía actuar -en la tesis del accionante-a fin de evitar la producción de un daño. Aunque no se especifica en que habría consistido la conducta omisiva...La actora debía probar que la demandada había omitido realizar obras indispensables para evitar daños previsibles a los bienes de los vecinos, o bien que los sumideros estaban deficientemente mantenidos...no se intentó probar si era razonable la extensión de la red pluvial existente o su capacidad de drenaje, dadas las características de la zona, ni tampoco se probó que hubiere una deficiencia en el mantenimiento de los sumideros..." (el énfasis es del original). (c) Tercer agravio (v. fs. 342): Luego de señalar el agravio de la accionante y lo que sostuvo al respecto el Sr. Juez de la instancia anterior, afirma que "Si bien los daños han sido probados ello no da por sentado que las lluvias no hubiesen constituido hecho fortuito y que todos los daños hubiesen tenido ese origen, ello dada la existencia de un tanque con combustible líquido en el sótano (petróleo) que agravó los daños ocasionados por el agua". (d) Cuarto agravio (v. fs. 342 vta.): Remarca que las precipitaciones -en la cantidad y la magnitud con que ocurrieran- no eran previsibles conforme surge de los informes ya señalados. Agrega que la aseveración de la actora sobre que las obras de desagües son insuficientes, carecen de la debida prueba. (e) Quinto agravio (v. fs. 342 vta.): Sostiene que la falta de probanzas en autos condicionan el agravio de la actora en punto a la insuficiencia de los desagües y sobre la imprevisibilidad del hech o. (f) Sexto agravio (v. fs. 343): Desestima el temperamento de su contraria manifestando que si -como lo manifiesta la propia actora- los informes eran certeros, de ellos se concluye que medió caso fortuito, no existiendo entonces agravio alguno. CONSIDERANDO: 6.- Si bien coincido con la solución que propicia mi distinguido colega -Dr. Esteban Centanaro-, en cuanto propone revocar la sentencia de primera instancia y hacer -parcialmente- lugar a la demanda interpuesta, disiento -no obstante- en los fundamentos que emplea para fundar la responsabilidad del Estado. En punto a este tema, hay quienes acuden a las disposiciones del Código Civil sobre delitos y cuasidelitos, enriquecimiento sin causa, abuso del derecho, etc., para sustentar la responsabilidad estatal. Sin embargo, no es atinente aplicar sin más las normas del Código Civil para este supuesto. Es oportuno señalar que ciertas reglas del derecho civil constituyen una expresión de principios generales del derecho, y por lo tanto no limitadas al derecho civil y válidas directamente para el derecho administrativo. En tal hipótesis, no se trata de una integración de normas, sino de la aplicación directa de aquellas que pertenecen a la parte general del derecho. Entre los principios generales se encuentran las normas sobre responsabilidad insertas en el Código Civil, que pueden aplicarse en el derecho administrativo en la medida en que sean compatibles con sus principios. En síntesis, el derecho administrativo toma los principios del derecho común, los adapta e integra con sus principios y normas. Se concluye así, que la responsabilidad del Estado se funda en una serie de principios específicos, substancialmente de derecho público y sólo en alguna medida, en normas de derecho civil en virtud de que aquéllas forman parte de los stándares generales del sistema normativo. El derecho a la reparación nace por la conexidad o relación directa entre la actividad legítima o ilegítima estatal o de cualquiera de sus agentes y el daño ocasionado y se resume en la premisa d e que todo perjuicio injustamente causado por el Estado debe repararse. Tal aserto tiene sustento en la teoría del sacrificio especial y la igualdad ante las cargas públicas, porque los artículos 4 y 16 in fine de la Constitución Nacional determinan que las contribuciones exigidas a los habitantes deben ser equitativas y proporcionales. Si se produce un sacrificio especial por el acto legítimo o no de cualquier órgano, debe restablecerse la "igualdad de todos los habitantes" mediante una indemnización que, estando a cargo del Estado, generalice el sacrificio especial que se ha exigido al damnificado. El reconocimiento de los derechos individuales y el restablecimiento de los mismos mediante una indemnización, en los casos en que el Estado los hubiere violado, son condiciones sine qua non de la existencia misma del Estado jurídico y de las autoridades legítimas. Y esto es así por cuanto de lo contrario se desconocería la parte de la Constitución Nacional que consagra los derechos individuales. En efecto, la pr emisa alterum non laedere tiene rango constitucional, lo que se explica en virtud de que ello preserva la seguridad jurídica porque pueden tenerse muchos derechos, pero si otro los ataca, y no está ínsito en el ordenamiento que quien sufre el daño debe ser reparado, esos derechos no están asegurados, y en consecuencia, no son tales. Justamente, la seguridad jurídica implica que si existe una violación a un derecho tendrá respuesta por parte del Estado. En cambio, si no existe, si la violación del derecho no genera reacción del ordenamiento jurídico, quiere decir que no hay seguridad. La reparación es una respuesta a los derechos asegurados y al valor justicia, del mismo modo que a los derechos humanos. "Fiorini ha sostenido también que las normas constitucionales presupuestan la responsabilidad estatal, en especial el artículo 100, que asegura la demandabilidad del Estado, y el artículo 16, sobre la igualdad ante la ley. 'La demandabilidad estatal, consagrada en el artículo 100, y el tratamiento de igualdad s in privilegio, se extienden operativamente sin ninguna excepción. El Estado, que impone sanciones a los particulares ante el incumplimiento normativo, sería inconcebible que las excluya cuando se refieren a hechos, a conducta o actos provenientes del Estado. El principio de la demandabilidad implica el de la responsabilidad, que se extiende también a las constituciones y leyes provinciales por mandato del art. 31 C.N. [...] encuentra que la responsabilidad reparatoria se encuentra implícita y expresa en varias normas constitucionales: artículo 15 (reparación por la ley que libere a los esclavos); 16 (toda carga del Estado debe imponerse por igual); artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad: El daño irresarcible sería una aberración); artículo 19 (soberanía de la voluntad individual, mientras no afecte o perjudique a un tercero); artículo 28 (prohibición al legislador de alterar los principios y derechos consagrados, con normas reglamentarias); artículo 18 (inviolabilidad de la defensa de tales derechos). Y todo ello porque ' La Constitución consagra la organización nacional para afianzar la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde y reparar aquello que se sustrae o vulnera' (María Graciela Reiriz, Responsabilidad del Estado, Buenos Aires, Eudeba, 1969)". 7.- Los elementos del concepto clásico de responsabilidad del Estado son: a) un daño cierto, b) antijuridicidad en el hecho u omisión dañosos, es decir, que haya existido un defectuoso o irregular funcionamiento del servicio, la llamada "falta de servicio" que produce el daño, c) que ese daño haya sido ocasionado por o pueda ser imputado al funcionamiento (defectuoso) del servicio o accionar irregular del presunto responsable (relación de causalidad). 7.1. En punto a la existencia del daño tal como ha puntualizado el vocal preopinante en el Considerando Nº 7, se encuentra adecuadamente probado el hecho que sustenta la demanda. 7.2. Respecto a la relación de causalidad y la inexistencia de caso fortuito, concuerdo con las conclusiones del Dr. Este ban Centanaro en los Considerandos Nº 10 y 10.1., de su pronunciamiento, por lo que a ellas me remito brevitatis causae. Sin perjuicio de señalar que los daños producidos a la actora provienen por la responsabilidad del Estado por su omisión en mantener en un buen estado de uso y consevarción las calles y caminos que se encuentran bajo su custodia (conf. art. 2340, inc. 7º, del Código Civil y el art. 2º de la Ley 19.987). Así la demandada, es titular de la calle, cuya inundación (producto de la insuficiencia del sistema de drenaje), produjo el daño y ha incurrido en una omisión antijurídica en la medida en que no ha cumplido con la obligación de adoptar las medidas de precaución para evitar que las precipitaciones causen inundaciones, tan frecuentes -como es de público y notorio conocimiento- en dicha zona. En este orden de ideas, se ha señalado que el uso y goce de los bienes del domino público por parte de los particulares importa para el Estado -considerado lato sensu- la obligación de colocar sus bienes e n condiciones de ser utilizados sin riesgos, de ahí que la demandada debió adoptar las medidas de seguridad destinadas a prevenir a los usuarios sobre las peligrosas condiciones de emplazamiento que pudieran presentar (conf. causa "Pose, José Daniel c/ Chubut, Provincia del y otra s/ daños y perjuicios", del 1/12/1992). La Corte, asimismo, ha señalado que el criterio regulador del art. 1113 del Código Civil autoriza a graduar el factor de imputación en función de la posible eficiencia de la culpa de la víctima en conjunción con el riesgo creado, al disponer que el dueño o guardián podrá eximirse total o parcialmente de responsabilidad si acredita la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder. Sin embargo, según se ha acreditado en las presentes actuaciones no media razón alguna susceptible de liberar de responsabilidad al Estado local. La antijuridicidad del obrar de la demandada resulta palmaria en la medida en que no existe ninguna constancia en la causa de la que se permita derivar qu e ha cumplido con sus obligaciones emergentes de su carácter de dueño de la calle ni de su obligación de asegurar que los sistemas de drenaje funcione razonablemente, esto es que no se transformen las calles de la ciudad -ante precipitaciones- en fuente de daño para la vida y bienes de los ciudadanos. 7.3. En suma, sobre la relación de causalidad, resta concluir que la omisión del deber estatal en procurar sistemas de drenaje eficaces y eficientes ha funcionado como causa adecuada del daño que ha sufrido la actora. Por tanto, adhiero -por mis propios fundamentos- a la solución que propicia el Dr. Estebán Centanaro. El Dr. Eduardo Ángel Russo, por las consideraciones vertidas por la Dra. Daniele precedentemente, adhiere a su voto. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda entablada, condenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la parte actora la suma de peso s tres mil cuatrocientos veintiuno con 80/100 ($ 3.421,80.-) representativos de la porción de responsabilidad que le cupo en el evento de marras. Ello, con costas distribuidas en en 60 % a cargo del Gobierno de la Ciudad y en el 40 % restante a cargo de la actora. Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.-