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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pronunciamiento inoficioso, proceso penal, sustitución de la prisión preventiva, prisión domiciliaria, tobillera electrónica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, KARINA LAURA Y NICOLOSSI, GABRIEL JULIO c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO Y FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO AGRAVADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

De la lectura del memorial introductor de la vía recursiva se advierte que el remedio de inconstitucionalidad incoado por la defensa ha sido interpuesto contra la decisión de la Jueza de Cámara que confirmó la prisión preventiva de los encartados por noventa días dispuesta en primera instancia, dirigiéndose sus agravios a cuestionar los argumentos expuestos por la Magistrada para convalidar tal pronunciamiento, pero lo cierto es que del sistema informático de la Oficina de Gestión Judicial surge que respecto a una de las imputadas, ya se celebró audiencia de revisión de la medida cautelar, en la que se dispuso morigerar la prisión preventiva en arresto domiciliario, con la previa colocación de dispositivo de tobillera electrónica; y en relación al otro imputado, ya se efectuó audiencia de revisión de la cautelar, resolviendo el Magistrado interviniente prorrogar la prisión preventiva dispuesta, rechazando el pedido de morigeración en prisión domiciliaria, por lo cual, en el caso, la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito, puesto que la situación cautelar de los nombrados ya no tiene origen en la resolución aquí cuestionada, sino en aquéllas dictadas con posterioridad, a partir de sus sucesivos pedidos de revisión, y verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal, artículo 222; Código Penal, artículo 10
Acción penal, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: AIMALE JOSE LUIS Y OTROS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-03-06

La prescripción por tratarse de una cuestión de orden público, opera de pleno derecho por el sólo "transcurso del tiempo", deben encontrarse verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia: 1) el transcurso del plazo pertinente -art. 62 del CP- y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito -art. 67 del C.P..

"La Ley Nº 25.990 que modificó al art. 67 del Código Penal (sancionada el 16-12-04 y promulgada el 10-01-05), expresamente prevé que actos interrumpen la prescripción y aclara a qué se hace referencia con "secuela de juicio" -término que había dado lugar a diversas interpretaciones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia-, quedando el art. 67, 4to. y 5to. párraf., del C.P., redactado de la siguiente manera: "La prescripción se interrumpe solamente por a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d)El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".- La comisión de un nuevo delito interrumpe la prescripción y el plazo comienza a correr nuevamente hasta que se produzca la misma o hasta que acontezca otro acto interruptivo.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: "Rebaudi  Roberto  Santiago c/ EN  -Dto.  894/01 s/ Amparo Ley16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

Cuando la actora pudo creerse con derecho a litigar ya que al momento de interponer la acción habría pronunciamientos judiciales encontrados y precedentes jurisprudenciales que le eran favorables y si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó precedentemente en la materia con fecha posterior a la interposición de la demanda es razonable que la imposición de las costas sean en el orden causado.
AFIP DGI, resolución administrativa, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dal Monte Casoni, Edgardo c/ E.N. -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Si el objeto del pleito es que se declare la nulidad de la resolución de la D.G.I. que negó el pago del fondo de estímulo respecto al pago de Y.P.F., por compensación, del impuesto a los combustibles, siendo que este fondo de estímulo nace de la ley 11.683, y su finalidad es recaudatoria. El objeto de la litis remite a la interpretación de las normas de la ley 11.683, de las dictadas en su consecuencia y aún de la naturaleza de los pagos (supuestos aportes de capital de la Nación) con que Y.P.F. compensó su deuda tributaria. Por consiguiente, las particularidades de la cuestión traída a conocimiento y el derecho que la regula, conducen a considerar competente a este fuero (conf. en igual sentido, Sala I "Mazzuoli", del 2/11/95; y esta Sala in re "Polarsa", del 5/9/94).

(En 1º instancia se había ordenado la remisión a la Justicia Nacional del Trabajo).
Recurso de casación laboral, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: CORBALAN DE MÓTTOLA MARTA DEL CARMEN c/ DIVI Y CIA. S.C. S/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-20

Es acertada la cita de doctrina legal que formula el recurrente elaborada respecto del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto expresa que el abandono de trabajo en los términos del citado precepto, no se configura cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal, exponiendo los motivos de su ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo. Concretado el despido, el incumplimiento alegado debe evaluarse a la luz de lo dispuesto por el art. 242 del mismo cuerpo normativo.
Accidente de tránsito, licencia de conducir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barboza Medina, Silvio c/ Donkin, Eduardo Antonio y Amarilla, Amancio s/ Daños y Perjuicios Amarilla, Amancio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-09-18

La circunstancia de que no exista una relación directa o inmediata entre la falta de registro y el accidente, no impide que haya una relación causal adecuada entre ambos acontecimientos. Como ya lo dijéramos, la falta de registro hace inferir la falta de aptitud para conducir y esta falta de aptitud, a su vez, permite concluir que el accidente ocurrió por culpa del infractor (art. 109 del Código Civil). Fundamento de la Dra. A. Colman.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: WITTINGSLOW , HORACIO s/ RECURSO EXTRAORDINA RIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

El recurrente solo se ha limitado a sostener que existe arbitrariedad sorpresiva y manifiesta que ha conculcado las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, sin especificarse cual es la cuestion federal propuesta, lo cual priva al mismo de fundamentación autónoma a la que alude el articulo 15 de la ley 48.
Sanciones disciplinarias, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra, Alejandro c/ Municipalidad de la Costa s/ Cesantía - Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Si la autoridad administrativa, al aplicar la sanción disciplinaria, ha efectuado una ponderación irrazonable de los antecedentes reunidos -omitiendo considerar datos de interés- y por tanto, se ha apartado del principio que informa todo procedimiento administrativo, la búsqueda de la verdad material, corresponde dejar sin efecto dicha sanción, a fin de que aquélla ejerza, dentro del razonable marco de discreción fijado por las normas aplicables, su potestad disciplinaria.
Notificación en la oficina judicial, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: MONTENEGRO, G. T. s/ rec. de queja Causa nro. 26.879
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

Es a partir de la recepción de los autos en su despacho que debe reputarse notificado al Sr. Fiscal de primera instancia, de acuerdo con lo normado por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria, en atención al propósito de asegurar una ágil administración de justicia que ha inspirado tal normativa y la jurisprudencia que en consecuencia se ha desenvuelto.

No obsta a la aplicación de tal criterio aquello que establece el art. 148 del Código Procesal Penal de la nación, que no se aparta de tales principios y que sólo la forma en que debe realizarse la notificación personal al fiscal, trámite que presupone la constitución del encargado de la diligencia en la oficina del funcionario, operándose la notificación en ese acto instantáneo.
Nulidad de sentencia, condiciones de detención, traslado de detenidos
Materia: PENAL
Carátula: Morales, German Pablo c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-17

Corresponde anular lo resuelto si el órgano jurisdiccional intervinientes excedió el límite para el que estaba habilitado a expedirse pues, en tanto el fiscal general había considerado que debía realizarse la audiencia del art. 14 ley 23.098, los jueces rechazaron el planteo, vulnerando el modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra CN y, a a raíz de la falta de realización de la audiencia, no se puede establecer con certeza, el objeto puntual de la pretensión del accionante más allá de la genérica alusión efectuada en la presentación inicial, por lo no que corresponde dejar sin efecto el traslado preventivo dispuesto pues ello podría implicar un agravamiento en las condiciones de detención del imputado, máxime cuando del caso surge que el interno se encuentra en una nueva unidad y la defensa no ha introducido argumentos referentes a un agravamiento en las condiciones de detención en el nuevo centro.
Recurso de casación, ley procesal, ley procesal penal, interpretación de la ley, Constitución Nacional, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Salas, Ariel David s/ ley 23.737 -causa N° 39.363-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

La interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación conforme a la teoría del máximo de rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y es la que impone la jurisprudencia internacional. -Del precedente "Casal", al que remitió la Corte Suprema-.
Verificación de créditos, crédito fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Administración General de Aduanas s/ Incidente de verificación de créditos en "Estrella de Mar S.A. s/  Quiebra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

La exigencia de acreditar la causa de la obligación al tiempo de deducirse la verificación, sea temporánea o tardía, del crédito, es obligación que pesa sobre el acreedor, sin importar que éste sea el Estado Nacional o un particular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Terminación del proceso, caducidad de instancia, interpretación restrictiva, mandamientos, actos interruptivos, impulso procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: KUSTIN, JORGE c/ LUJAN, CELIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Resulta improcedente declarar la caducidad de instancia, aún cuando se encuentre vencido el plazo previsto por el CPR 310-2º, si como en el caso- se verifica que en el ángulo superior derecho de una foja del expediente se habría presentado con antelación a la resolución que la declaró, un mandamiento, luego observado por la actuaria. Ello, pues la práctica judicial justifica atender la constancia apuntada, independientemente que carezca de fecha, pues dicha circunstancia denota que medió actividad del ejecutante. Si bien es opinable que esa actuación impulsara el procedimiento, sin embargo, frente a la duda provocada por aquél antecedente, cabe optar por seguir la ejecución, habida cuenta del criterio restrictivo que debe presidir todo juicio sobre la caducidad de la instancia. A más, según el reglamento del fuero en lo comercial:148, cupo al tribunal corregir el error mínimo o de detalle perceptible en el proyecto de mandamiento observado, lo que opera como circunstancia impeditiva del acaecimiento de la perención (CPR 313-3º).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Villa, Raúl Alberto s/ Robo calificado de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que no se cuestionan, con el debido apoyo legal, dos de los indicios que la Cámara utilizó para tener por acreditada la imputabilidad del procesado que el recurrente impugna.
Responsabilidad del farmacéutico, suministro infiel de medicamentos, expendio de medicamentos, ley de defensa del consumidor, daños y perjuicios, daño a la salud moral o física
Materia: CIVIL
Carátula: Bertolini, Jeanette c/ Farmacia Varela S.A. s/ daños y perjuicios Bertolini, Jeanette c/ Farmacia Varela S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31|2012-10-31

La firma propietaria de una farmacia es responsable de los daños que sufrió en la salud un cliente al que se le entregó una medicación diferente a la recetada y pedida, toda vez que, no cumplió con la obligación impuesta por el art. 30 de la ley 17.565 de verificar la igualdad entre el medicamento indicado y el expedido, y el nexo de causalidad entre el hecho denunciado y los daños padecidos quedó acreditado con el reconocimiento de la venta errónea y el testimonio del profesional solicitante del fármaco que evidenció por parte de la actora, una falta de respuesta al tratamiento prescripto y la aparición de un nuevo cuadro clínico. Mas aun cuando tratándose de la adquisición de un producto para su consumo final, se configuran en el caso los extremos previstos por los arts. 1, 2, y 5 de la ley 24.240.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, vicio de irrazonabilidad, representación procesal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES c/ SOTELO, ALICIA BEATRIZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Sin perder de vista que el cumplimiento acabado de la formalidad establecida en el artículo 33 del Código de rito (indicación precisa de la representación que se ejerce) hace al buen orden y marcha de los procesos, es dable advertir que en el sub judice la referida omisión no podría tener entidad suficiente como para justificar la operatividad del apercibimiento pretendido por la Alzada, es decir, la desestimación sin más de la impugnación realizada pues, no obstante que la pieza recursiva bajo análisis podía no resultar excelsa en sus aspectos técnicos, dado que recién en el tratamiento particular de los agravios surgía que los mismos eran esgrimidos en derecho propio del letrado y en defensa de su representada, ello no constituyó óbice para que los cuestionamientos resultaran inteligibles para la Cámara y fueran tratados, tal como en definitiva, aconteció; es decir que contando los magistrados con la posibilidad de prevenir especialmente al recurrente a fin de disipar dudas, so pena de tener el escrito judicial por no presentado y proceder a su devolución, a fortiori podían advertir la suerte que correría el medio impugnativo si no se subsanaba el defecto de forma. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 33.
Sociedades comerciales, libros de comercio, rubricación de libros, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROTHBERG, OSCAR c/ PORTO, SERGIO s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Procede revocar la resolución que intimo a la codemandada a que en el plazo de cinco (5) días acompañara al expediente fotocopia certificada del libro de la sociedad de la que es accionista, donde constara el embargo dispuesto por el a quo sobre la tenencia accionaría de la que son titulares los demandados, bajo apercibimiento de imponerle una multa por cada dia de retardo. Ello así por cuanto, en principio no cabe responsabilizar al socio en forma personal por registraciones que corresponden a la esfera de incumbencia del ente societario, como en el caso -anotación del embargo sobre las acciones de los socios-; a más, la manifestación concordante de los dos únicos socios en punto a la inexistencia de libros sociales, extremo no controvertido por la accionante pese a que se puso en su conocimiento dicha circunstancia, cabe dar por cumplida la intimación y por agotada la cuestión ante la evidente imposibilidad actual de cumplimentar la requisitoria en orden a la forma de acreditación del embargo. (en el caso, la sociedad nunca operó, por lo que no contaba con libros rubricados, circunstancia que impidió proceder a la inscripción de la cautelar).
Prisión domiciliaria, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Pertucio Roberto Luis s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-22

Corresponde revocar la prisión domiciliaria concedida al encausado atento la inexistencia de razones relativas a un grave estado de salud o de cualquier otra índole que impliquen la continuidad de la excepción de la detención domiciliaria, sin que se advierta causal de impedimento alguna para que el nombrado sea alojado en un establecimiento carcelario, habiendo efectuado el a quo una incorrecta valoración del riesgo de fuga teniendo en cuenta que el justiciable se encuentra condenado en el presente proceso a la pena de prisión perpetua -la cual aún no adquirió firmeza- y en otro proceso a la misma pena. El voto disidente expresó que en atención a que ya se había expedido en la presente incidencia respecto al marco normativo aplicable al caso y que el presente recurso no demostraba argumento novedoso, correspondía rechazarlo.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE RECURSO DE CASACION - BRUNA ARIEL ALEJANDRO (IMP) - FUENZALIDA GLORIA CARMEN (DAM) s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

El recurso de casación resulta admisible en cuanto a su aptitud formal derivada de la concurrencia de los requisitos necesarios para provocar el juicio de casación y la sentencia del Tribunal de recurso pues se ataca una sentencia de Tribunal competente, se encuentra fundado en las causales correspondientes -art. 428 del digesto citado- y no se acompaña el depósito dado que el imputado se encuentra exento de tal obligación -art. 431 del Código Procesal Criminal de San Luis-.
Acción de amparo, personas con discapacidad, menores, medidas cautelares, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: S., M. I. c/ OSDE Binario s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-09

El derecho cuya verosimilitud se examina es el que tiene todo niño "al más alto posible nivel de salud" (art. 24 de la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional, art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional). Su preservación cautelar, en este caso, tiene directa vinculación con la vida misma de la menor quien, además, reviste la condición de discapacitada y, por ende, le es aplicable el estándar adicional de protección previsto en la ley 24.901 (Fallos 323:1339 y esta Sala, causa 1.683/14 del 5/2/18). Es evidente que el peligro para la vida que acarrea la operación solicitada se corresponde con la complejidad del cuadro clínico de la paciente; y que su disminución solo parece estar garantizada por un plantel interdisciplinario de profesionales experimentados que OSDE no aportó en esta ocasión. Sobre el particular se impone recordar, una vez más, que le incumbe a la empresa de medicina prepaga o a la obra social acreditar los extremos que hacen al alcance y cumplimiento de sus obligaciones (causa 1.683/14 cit.); y no es el juez quien pueda relevarlas de esa carga, como postula la recurrente. Demás está decir que el peligro en la demora surge, notoriamente, de los hechos relatados y probados (conf. Sala I, causas 7.841/99 del 7/2/00 y 13.505/04 del 18/11/04; Sala II, causas 1.210/14 del 16/12/14 y 5.606/15 del 12/7/16 y sus citas, entre muchas otras). La existencia de la colecta solidaria para sufragar los gastos que demanda la prestación reclamada, no tiene que ver con el peligro en la demora sino con los instrumentos elegidos para superarlo.
Excepciones procesales, excepción de nulidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Desaci   - Diesol - Electrónica Cía. Const. Mec. y Eléctricos  S.A.C I. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

La nulidad articulada debe surgir del contrato mismo, por cuya razón y como regla general, corresponde excluir del conocimiento judicial lo relativo a la causa de la obligación, principio cuya rigidez sólo es dable atenuar a los efectos de evitar que prospere una demanda fundada en una causa total o parcialmente inexistente y siempre y cuando tal extremo surja en forma manifiesta de los actuados.
Improcedencia del recurso, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Licciardi, Cristian Ariel sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-22

Corresponde rechazar la solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal para que este Tribunal haga excepción a la regla según la cual la queja no suspende la ejecución de la decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad (cf. art. 32, ley n° 402). Ello así, dado que no muestra que sea evidente que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que dispuso la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado, a pesar de la oposición del Ministerio Publico Fiscal, hubiera sido mal denegado, así como tampoco que la medida solicitada sea indispensable para preservar los efectos de la sentencia que pudiera emitir este Tribunal, de prosperar sus planteos. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Silvia S. s/ Comunicación en c.56523. Vicat, Luis E. Denuncia. Rec. de inapl. de  ley c/Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la  Pcia. de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La propia Constitución nacional en su art. 115 dispone la irrecurribilidad de las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento. (Minoría u opinión personal)