Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-09


Esquel, 09 de octubre de 2007.

VISTO:

Para resolver los recursos de apelación articulados por el demandado a fs. 136 contra la providencia de fs. 132 que rechaza el planteo de nulidad impetrado por aquél en ocasión de contestar demanda y el de fs. 140 contra el resolutorio de fs. 113 que dispuso la restitución cautelar a la demandada de un automotor y que fueran concedidos ambos recursos a fs. 137 y 145, respectivamente; y CONSIDERANDO:

1. Que en cuanto al primero de los recursos interpuesto, el recurrente omitió expresar agravios respecto al error in procedendo invocado por lo que corresponde declararlo desierto conforme a lo dispuesto en el art. 266 del CPCC.

2. Que al expresar agravios respecto al error in iudicando de la resolución de fs. 113 en cuanto decide atribuir cautelarmente el automotor ... ... a la Sra. Ilda V. Z., refiere el recurrente que la medida excede la necesaria garantía a la integridad del patrimonio conyugal y se torna abusiva puesto que la peticionante quedó en posesión de la vivienda, se trabó embargo sobre el 50% de las ganancias comerciales del demandado y se le impuso una cuota de alimenticia de $500 a favor de su hija de 20 años de edad. Cita jurisprudencia.

3. Así ello, compartimos el criterio adoptado por la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería de Comodoro Rivadavia, (integración Daniel Caneo Fernando Nahuelanca) en cuanto ha dicho que en principio respecto a la naturaleza de las medidas cautelares en los supuestos de divorcio vincular o separación personal debe señalarse que: "Las medidas precautorias que se pueden obtener por medio del art. 1295 del Código Civil, tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal y los derechos que le pudieran corresponder al cónyuge que las obtuvo cuando se proceda a la liquidación; de allí que medidas de este tipo sean más severas y fulminantes que las acordadas por las leyes para otro tipo de relaciones patrimoniales" (Expte. H., A.M. s/ Medida cautelar, interlocutorio Nº 44 de fecha 8 de abril de 2003 en SAIJ Q0014965).

Asimismo participamos de la jurisprudencia mayoritaria en el sentido que: "Las medidas cautelares tienen por finalidad y objeto el asegurar bienes o mantener situaciones de hecho o de derecho existentes al tiempo de deducirse la pretensión y asegurar el cumplimiento de la sentencia que en definitiva recaiga en el proceso" (CNCiv. C 27/976, ED 70475; CNCiv. C, 15/9/76 ED70474).

La medida cautelar sub iudice no tiene por finalidad sólo la conservación del patrimonio conyugal sino primordialmente el mantenimiento del "status quo" de las partes con anterioridad a la separación, ello a fin de que cada cónyuge vea alterada en el menor porcentaje posible su forma de vida mientras dure la tramitación de la presente causa, evitándose así modificar la situación de hecho previa al litigio.

Que si bien desde un punto de vista numérico paritario parecería adecuado que, frente a la atribución del hogar conyugal a la Sra. Z., se mantuviese al Sr. Ledesma en la tenencia de ambos vehículos, no podemos olvidar que la atribución del hogar conyugal obedeció a la necesidad de otorgárselo fatalmente a uno u otro cónyuge a fin de evitar agresiones mientras que, no cabe decir lo mismo de los automóviles pues, siendo estos dos, la mejor forma de mantener el "status quo ante" es atribuyendo cada uno de ellos al cónyuge que los utilizaba antes de la separación aun cuando en la apreciación del conjunto de bienes resultara un porcentaje mayor para alguno de ellos pues no debemos olvidar que se trata de una situación limitada en el tiempo.

Advertimos así que ningún perjuicio causa al recurrente la cautelar impugnada frente a la imposibilidad material de utilizar ambos automóviles a la vez.

Que lo dicho es motivo suficiente para confirmar la sentencia de grado recurrida.

Atento lo expuesto, corresponde imponer las costas de esta instancia al apelante vencido (art. 68 del CPCC) debiendo regularse los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, los que se establecen en un 0,23 % para la abogada C. M. L. y en un 0,12 % para la abogada M. C.a M. con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre el monto del bien en disputa (art. 23 del Decreto Arancelario) y teniendo en cuenta la labor desarrollada en esta Alzada (arts. 6,7,9, 33 y 14 del Dto. Ley Nº 2.200).

Por ello la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut.

R E S U E L V E 1°) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación impetrado por el demandado contra la providencia de fs. 132.

2º) RECHAZAR el recurso de apelación incoado por el demandado a fs. 140 contra el decreto de fs. 113 confirmando en consecuencia la sentencia interlocutoria Nº 515 Tº II, Fº 491, año 2007.

3º)IMPONER las costas de esta instancia al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 68 del CPCC), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada en un 0,23% para la abogada C. M. L. y en un 0,12 % para la abogada M. C. M., con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre el bien motivo del litigio que se determinarán conforme lo establece el art. 23 del Arancel, por la labor desarrollada en esta Alzada (arts. 6,7,9, 33 y 14 Dto. Ley Nº 2.200).

4°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución se dicta con dos Jueces del Tribunal, por encontrarse en uso de licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría ( arts.8 y 9 Ley N° 1.130).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° 204 DEL AÑO 2007. CONSTE.

Norma O. Marrero Secretaria