marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, ley arancelaria, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: BALLARI, Julio Raúl y otro c/ ÁLVAREZ, Mónica Raquel y otro s/ INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-07-25

Conforme lo dispone el art. 24, segundo párrafo, de la ley arancelaria, sobre los gananciales que correspondieren al cónyuge supérstite, se aplicará el 50% del honorario que correspondiere por la aplicación del art. 7º, primera parte, reducido en un 40%. Es decir, el art. 24 para los bienes gananciales establece una doble reducción: sobre esos bienes la escala del art. 7º (entre un 11% y 20%) se reduce en un 40% y el honorario es la mitad de la suma resultante. Conforme a esta segunda pauta, cuando el abogado intervino en las tres etapas del juicio sucesorio como letrado patrocinante, sus honorarios deben ser regulados entre un mínimo del 3,30% y un máximo del 6 % (más el IVA en caso de corresponder), porcentajes que deben ser calculados solamente sobre el valor del patrimonio ganancial que le corresponde al cónyuge supérstite, que es quien recibe en el sucesorio el 50% de esos bienes a título de socio y no porque se hubiesen transmitido.
Confirmación de sentencia, cuentas bancarias, nulidad del contrato, ley de defensa del consumidor, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Labella, Norma Beatriz c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Procede confirmar la resolución que declaró la nulidad de la cláusula contenida en el recibo suscripto por la actora, mediante el cual esta última renunciaba a efectuar reclamos de índole judicial y administrativos con relación a los daños y perjuicios que habría sufrido como consecuencia de la sustracción de unas sumas de dinero de sus cuentas bancarias, en tanto carece de validez. Ello por cuanto, independientemente del documento en el cual ha sido instrumentada la "renuncia" de la accionante a efectuar reclamos judiciales y administrativos -en el caso, un recibo-, la misma ha sido suscripta en el marco de una relación de consumo, por lo que en virtud del régimen protectorio establecido por la LDC, el CCCN y la CN, no puede convalidarse. La cláusula mencionada importó una limitación de responsabilidad por los daños que podrían derivarse como consecuencia de la sustracción de unas sumas de dinero de las cuentas corrientes bancarias de la actora, y una renuncia a sus derechos, supuestos que la LDC 37 expresamente prevé como de cláusulas abusivas -incs. a) y b)-. Por otro lado, es sabido que los derechos del consumidor son de orden público (LDC 65) y el CCCN establecen que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Asimismo, está prohibida la renuncia general de las leyes, pudiendo ser renunciados los efectos de la ley en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba (CCCN 12 y 13); situación que se juzga aplicable al Derecho del Consumidor y refuerza la solución adelantada.
Sentencia condenatoria, doble instancia, recurso de casación, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cerron Ruiz, Rina y otros c/  s/ infracción art. 145 bis 1° párrafo (sustituido conf. art. 25 ley 26.842)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Toda vez que el precedente "P., S. M. y otro" (Fallos: 342:2389) se precisó que el criterio jurisprudencial allí establecido no se aplicaría a las causas en que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal casatorio hubiera sido notificada con anterioridad a su dictado, a los efectos de no contrariar el criterio explicitado, ni tampoco vulnerar los derechos de los recurrentes, corresponde remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen, para que la defensa de la imputada pueda obtener la revisión del fallo condenatorio mediante la interposición del recurso correspondiente; habilitándose a tal efecto los plazos pertinentes a partir de la notificación de la radicación de los autos en el tribunal casatorio.
Contienda negativa de competencia, juez de circuito, juez de distrito, sucesiones, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: FOSSA, JUAN BAUTISTA c/ RICCA, MANUEL JULIO ROBERTO Y OTROS s/ COMPETENCIA -APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 246 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-10

Es jurisprudencia uniforme de este Tribunal que el fuero de atracción del juicio sucesorio -cuyas disposiciones son de orden público, artículo 3284, inc. 4, Código Civil- tiene efectos tanto para las demandas nuevas como para las ya iniciadas, y en este último caso, funciona aún cuando las mismas se encuentren en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate.

Por lo tanto, si en el caso la causa tramitada en el Juzgado de Circuito se halla en la etapa de citación de remate, y tramitándose el juicio sucesorio del demandado por ante el Juzgado de Distrito, corresponde que el titular de este último siga entendiendo a los efectos del fuero de atracción.
Empleador, dirigente gremial, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Juan Carlos c/ Celestino Hnos. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-08

Se infiere una actitud reñida con la buena fe por parte del empleador, cuando -como en el caso- al despedir sin causa al trabajador, en momento alguno hace referencia a las inhabilidades de éste para acceder al cargo de delegado, escudándose sin sustento legal en una presunta falta de formal notificación de la candidatura.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pesquera Mediterráneo S.A. c/ Pesquera Beamar S.R.L. s/ Ejec. alq. R. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El pronunciamiento de la Cámara, dictado en la etapa de cumplimiento de la sentencia respecto de la morigeración de los intereses punitorios contenidos en la liquidación efectuada, conforme lo facultaba la sentencia firme, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, procedimiento policial, culpa de la víctima
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Toscano, Gustavo Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

No aparecen cubiertos los extremos previstos en el art. 1111 del Código Civil en el caso en que se acreditó que la lesión que afecta al actor reconoce como causa eficiente el accionar policial y que ello no proviene de una conducta propia que la origina.
Notificación, sentencia definitiva, domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Jose de Jesus c/ Lopez, Alberto I. s/ Interdicto de retener la posesión y medida de no innovar Interdicto de retener la posesión y medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-03

Si bien la ley procesal no prevé expresamente que la notificación de la sentencia definitiva debe practicarse en el domicilio constituido, este principio surge de la conjunción de los arts. 40 in fine y 62 del ritual; disponiendo el primero que se practicarán en el domicilio legal todas las notificaciones que no deban serlo en el real; y la segunda indica que la sentencia se hará saber al rebelde en el domicilio real.
Costas, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Delgado, Néstor Fabián c/ Roweco S.A. s/ Indemnización, Rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-14

Vencido el plazo otorgado a la parte para el cumplimiento de la sentencia, la única vía que tiene la contraria para obtener su cumplimiento, frente a la morosidad de aquélla, es la promoción del respectivo trámite de ejecución de sentencia con independencia de la naturaleza de los bienes embargados -muebles, inmuebles o, como en este caso, dinero-. Si la apelante no manifestó su voluntad de otorgar en pago las sumas depositadas, que habían sido embargadas en cumplimiento de la norma del artículo 125 inciso a) del Cód.

Procesal Laboral, hasta después de la promoción de la ejecución, la actora, a fin de obtener la satisfacción de su crédito, se vio precisada a iniciar la ejecución, por lo que corresponde confirmar la imposición de costas a la ejecutada.
Usurpación, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La flexibilidad del art. 335 in fine del CPPCABA lesiona el principio de inocencia porque la norma ya presupone, mucho antes de declarar como usurpador/a a quien se encuentra en el inmueble en conflicto, como imputado/a del delito de usurpación, y prescinde de los derechos y garantías que puede oponer quien busca mantener el goce de la ocupación. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopenta, V. A. s/ Sucesión - Incidente R. de E., M. c/ E., O. s/ Liquidación de sociedad conyugal S, J. A. c/ R, H. J. s/ Disolución sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-12-17|1992-02-20|1990-03-27

Para que el bien sea propio basta con que el cónyuge haya tenido, desde antes del matrimonio, un derecho aunque sea informal, sin que resulte necesario que cuente con un derecho plenamente formado.
Superintendencia, avocación administrativa, funcionarios judiciales, nombramiento del personal judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Smuclir, Gustavo Alberto (juez nacional) s/ propuesta p/ desig. Peirano, Paula s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Corresponde hacer lugar al pedido de avocación formulado por un juez para que se deje sin efecto la decisión del tribunal de superintendencia de la cámara del fuero que, con fundamento en la falta de aprobación de un curso de especialización, rechazó la propuesta de designación que efectuara, si la cámara no cumplió con lo dispuesto por los artículos 22 de la ley 4055 y 104 del Reglamento de la Justicia Nacional.
Empleo público, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montes, Jorge Pastor c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-03-01

Tratándose de una relación de empleo público y en tanto lo que se requiere no es sino la tutela de un eventual derecho administrativo de índole subjetivo, la acción resulta de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia.
Poder Legislativo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bardi, Pedro Armando c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La asignación abonada a los funcionarios de la Legislatura provincial consistente en el otorgamiento de órdenes de pasajes oficiales por vía aérea o terrestre no tiene carácter "regular", en tanto el monto en dinero que se abona por tal concepto depende de la cantidad de pasajes utilizados por el funcionario o la persona que éste designe, ni tampoco de "habitual", ya que no ha sido prevista para ser abonada en forma periódica y permanente, en tanto el monto que se abona en dinero en efectivo depende de la cantidad de pasajes utilizados por el funcionario o la persona que éste designe, así como de la voluntad del primero de solicitar que el saldo se haga efectivo o que se destine a incrementar el cupo de meses venideros res. 58/88 y 67/88 del Presidente de la Cámara de Senadores).
Accidente de tránsito, culpa, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Leyes  Darío c/ Rodolfo M. Isackson y César Alberto Antoraz s/ Indemnización de daños y Perjuicios. Leyes  Darío c/ Rodolfo M. Isackson y César Alberto Antoraz s/ Indemnización de daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-18|1996-04-18

Tiene dicho la jurisprudencia que hay dos clases de embestidor; el embestidor solamente físico y el que además de revestir ese carácter, crea una presunción de culpa. El primero resulta de la ubicación de los daños, pero respecto del cual es dable destacar que existan circunstancias de la mecánica del hecho, que conduzcan o puedan conducir a la excepción de su culpa. El segundo, es además de tropezante físico, protagonista de un accidente que crea con razonabilidad la presunción de su culpa. Esta circunstancia de embistente del demandado, constituye una presunción hominis de culpabilidad en la producción del evento, ya que si no pudo detener su vehículo en tiempo, la causa pudo ser: exceso de velocidad, conducir distraído o con elementos mecánicos en deficientes condiciones, o mejor en forma genérica y comprensiva de cualquiera de los supuestos dados, se puede advertir que el citado conductor, en la emergencia, no mantuvo el dominio del rodado conforme lo requiere el art.32 del Reglamento de Tránsito de la ciudad, y el art.65 de la Ley 13893. Por su parte, la actora al no probar que su accionar -frenada brusca- obedeció a una circunstancia de fuerza mayor, debe cargar con un porcentaje de culpa en el hecho, tal como lo determinó la Juez A-quo.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Turale, Gustavo Javier s/ Privación ilegal de la libertad. Robo. Robo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

El art. 38 del dec. ley 6582/58 no es inconstitucional. Las reglas de los arts. 28 y 31 actuarían en la especie en función de transgresiones a otras normas constitucionales de manera tal que autorizaría a resolver que la ley altera los "principios, garantías y derechos" custodiados por el art. 28 dañando, en consecuencia, la supremacía constitucional a que se refiere el art. 31, pero tal transgresión no se advierte en el caso. El agravamiento penal por el objeto no resulta "excesivo" o "injusto" en medida que lo haga incompatible con el régimen de igualdad contenido en el art. 16 de la Constitución pues la ley determina las penas correspondientes a cada delito con relación a complejas combinaciones de factores aún cuando en primer plano sólo aparezca uno e ellos. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes, bocacalle
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco Juan Manuel y otros c/ Coteja José Daniel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

En un cruce de calles debe disminuirse precautoriamente la velocidad hasta la escasa prevista por la reglamentación local, carga reclamable especialmente a quien se aproxima por la izquierda, y debe estar presto a ceder el paso al que arriba por la calle transversal. Concurrentemente, no debe sobrepasarse a otro automotor, dado el peligro que implica ello en ese lugar (arts. 384 y 456 Código Procesal Civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires, Ord. 1133 de San Nicolás arts. 2, a) y 4; arts. 52, ap. 2do.

ley 11430).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Celiz, Miguel Angel s/ Privación ilegal de la libertad, robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona un indicio incorporado a la prueba compuesta del cuerpo del delito si el reclamo se atiene -sin citas legales referentes a la prueba presuncional- a describir genéricamente dicho indicio como referido a los "antecedentes del procesado" y a sólo expresar que el mismo no puede invocarse para probar el cuerpo del delito, sin fundar de manera alguna tal mera afirmación.
Sistema de gobierno, sistema federal, organización de la justicia, facultades del gobierno nacional, facultades del gobierno provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

De conformidad con la forma de gobierno federal adoptada, la Constitución Nacional ha confiado tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales lo atinente a la organización del régimen de justicia.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FIRST  TRUST  OF  NEW  YORK  NATIONAL  ASSOCIATION c/ VARGA, Luis Alberto y otro s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La defensa de inconstitucionalidad no es, en principio, admisible en las ejecuciones, por cuanto no se encuentra incluida en la enumeración taxativa del art. 544 del Código Procesal, máxime que su planteamiento importa negar validez a la obligación, lo que no puede discutirse en juicio ejecutivo.

Teniendo en cuenta que es posible el replanteo de la cuestión en el marco del juicio ordinario posterior, no se genera agravio al principio de defensa en juicio, máxime cuando se trata de simples discrepancias que no demuestran vinculación directa con los derechos constitucionales que se dicen vulnerados.
Contratos, compraventa, daño por vicio o riesgo de la cosa, defectos de fabricación, automotores, presupuestos de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alfredo Kalty Axel c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

Se ha sostenido que si el proveedor comercializa bienes ya sabiendo (o debiendo saber) la existencia de ciertas restricciones, no podrá invocar fuerza mayor porque se estará ante un riesgo empresario que ese sujeto decidió correr. Por lo tanto, será responsable ante el consumidor por los repuestos que requieran las cosas que oportunamente adquirió (conf. Chamatropulos, Demetrio Alejandro, "Estatuto del Consumidor Comentado", Editorial La Ley, Tomo I, pág. 440; Alterini, Jorge H. "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético", Editorial La Ley, Tomo V).
Pena privativa de la libertad, prisión domiciliaria, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: PENAL
Carátula: Molina, Silvia Beatriz c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-05

El fundamento de esta modalidad excepcional de cumplimiento de pena privativa de la libertad, radica en el principio de humanidad de las penas (consagrado en los arts. 10.1 PIDCyP y 5° ap. 2 CADH) y su consecuente prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes (arts. 18 CN, 7 PIDCyP, XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Beneficios previsionales, falta de legitimación para obrar, cajas de previsión, convenios con las provincias, Salta
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "SARAVIA, LUIS ADOLFO c/ A.N.Se.S. y otro s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

Atento la naturaleza de los derechos debatidos y a que se encuentran cumplidos los presupuestos básicos, corresponde confirmar la sentencia del "a quo" que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la provincia (en el caso, Salta) ante la solicitud de reajuste del haber de la titular. Ello así, máxime teniendo en cuenta que el propio Convenio de Transferencia dispuso que la Provincia mantendrá a su cargo los juicios pendientes de resolución y aquellos que se inicien con posterioridad pero por causas o títulos anteriores a la fecha de la transferencia, relativos a las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones que se transfieren y asumirá las condenas que en los mismo pudieran dictarse (cláusula décimo cuarta).
Sociedades comerciales, capacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOVIUR S.R.L. c/ FLORENCIO VARGAS s/ Cumplimiento de Contrato (LIBRO: A116 - 268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-03-07

Resulta clara la capacidad de la sociedad en liquidación para demandar o ser demandada, tanto respecto de los actos resultantes de la gestión liquidatoria, como de los anteriores a la disolución.- La sociedad disuelta por expiración del término de su duración subsiste para finalizar los negocios pendientes, prórroga esta limitada sólo para la conclusión del asunto que la hace necesaria. En general, los negocios pendientes son aquellos iniciados durante el lapso anterior al de la liquidación de la sociedad que no fueron concluídos al tiempo de disolverse ésta.-
Responsabilidad del Estado, vicio de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Si la provincia no acreditó la incompetencia de los funcionarios intervinientes, debe rechazarse la alegada eximición de responsabilidad.
Tercería de dominio, boleto de compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cruz Anibal s/ Tercería de dominio en autos "Vázquez c/ Camili s/ Ejecución"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

El amparo que confiere el art. 1185 bis del Código Civil resulta oponible al acreedor embargante en un proceso ejecutivo en tanto queden acreditados los extremos de esa norma y el crédito del comprador sea anterior al del embargante, resultando de esa forma procedente la tercería intentada sobre la base de un boleto de compraventa. El comprador tiene así un mejor derecho a ser pagado con preferencia al embargante.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Fútbol Argentino s/ Inc. de revisión en autos: "Racing club. Asociación Civil s/Quiehra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Corresponde computar el plazo contenido en el artículo 37 de la ley 24.522, desde que se notificó por nota la resolución que declaró inadmisible el crédito del incidentista, circunstancia que permite concluir que el presente ha sido interpuesto tempestivamente, (arts.37, 278 Ley 24.522; 133 CPCC.). Es que este Tribunal notificaba por edictos (art. 28 y 38 ley 19.551). En cambio, en el sistema actual, no existe certeza acerca de cuál habrá de ser la fecha del dictado de la resolución respecto de la cual se admite el recurso de revisión. Un elemental principio de aplicación en todo proceso, es el que señala que los plazos deben correr a partir de una notificación válida -sea expresa o tácita-, resultando írrita la idea que el punto de partida de un término perentorio, fuere incierto para aquél que debe ejercitar su derecho en tiempo propio.
Nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: A., J. P. s/ Denuncia Abuso sexual s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-24

".La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de modo que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, y tan delicado equilibrio se malogra cuando la facultad de anular actos procesales excede la finalidad que ésta protege, lo que se manifiesta evidente en aquellos casos en que su ejercicio resulta innecesario para preservar la garantía de la defensa en juicio, lo que puede tornar en la práctica, estéril, la persecución penal de graves delitos.".