Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24


DEL PORTO, Orlando Horacio contra BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. y otra Reg.: A y S t 195 p 376-379.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DEL PORTO, Orlando Horacio contra BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. y otra -Tercería de Posesión- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 967, año 2000). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea: doctores Gastaldi, Netri, Vigo, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 165, pág. 443 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el tercerista contra la resolución 94 del 19 de abril de 2000 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, confirmatoria del auto de primera instancia que, a su turno, dejó sin efecto la suspensión de subasta y dispuso la previa constitución de contracautela. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar con los principales a la vista (art. 11, ley 7055), me conduce a ratificar dicha conclusión.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

La materia recursiva puede resumirse así: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 4 de la ciudad de Santa Fe, Orlando Horacio Del Porto promovió tercería de posesión respecto del inmueble ubicado en calle Cardenal Fasolino 566 de esta ciudad embargado dentro de los autos caratulados: "Banca Nazionale del Lavoro S.A. contra Ferrari, Rosa María sobre Demanda Ejecutiva". La acción se dirigió contra la Banca Nazionale del Lavoro y Rosa María Ferrari.

Su pretensión se sustentó, básicamente, en que había adquirido el inmueble en cuestión mediante boleto de compraventa de fecha 6 de enero de 1993; que el 20 de julio de 1993 pagó el saldo de precio; que la posesión le fue entregada el 22 de enero de 1993 y que, por tales razones, es poseedor legítimo, público, pacífico y de buena fe de dicho bien raíz.

Adujo que el 30 de marzo de 1998, al momento de practicarse una constatación a través de Oficial de Justicia, tomó conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo y la consecuente posibilidad de que la propiedad fuese rematada por una deuda de Ferrari.

Acompañó el material probatorio que consideró demostrativo de los extremos en que asentó su pretensión e invocó los artículos 321 y concordantes del Código Procesal en lo Civil y Comercial y los artículos 2351, 2355 y concordantes del Código Civil.

Pidió, con base en la documentación acompañada, la suspensión de la subasta y el levantamiento del embargo ordenado sobre el inmueble referido, manifestando que no podía afianzar "por ser pobre" (fs. 295/299).

2. El Juez de baja instancia, por decreto del 5 de junio de 1998, dispuso suspender la subasta fijada para el día 9 del mismo mes y año. Asimismo, otorgó trámite a la tercería (f. 300).

3. La Banca Nazionale del Lavoro S.A. compareció e interpuso revocatoria y apelación en subsidio contra el decreto que ordenó la suspensión de la subasta. Alegó, en lo esencial, que no se la había escuchado en forma previa a la orden de suspensión; que el boleto de compraventa acompañado a los autos carecía de fecha cierta y que correspondía exigir la prestación de contracautela al tercerista (fs. 301/303).

4. Respondido el traslado de la revocatoria (fs. 305/306) y realizada la audiencia de vista de causa (fs. 311/312), el Juez de baja instancia acogió la impugnación y en consecuencia revocó el decreto que ordenó la suspensión del remate, disponiendo que, a tales fines, previamente debería constituirse fianza (fs. 325/327).

Para así decidirlo, consideró que si bien al momento de ordenar la suspensión de la subasta había entendido que los elementos aportados justificaban "prima facie" el derecho invocado, a la luz de las observaciones formuladas por la ejecutante -en especial la atinente a la ausencia de fecha cierta del boleto de compraventa-, no podía tener por acreditado que el boleto y la posesión aducida hayan precedido al embargo trabado en el proceso ejecutivo en fecha 15 de setiembre de 1997, extremos que le quitaban verosimilitud a la pretensión actoral.

Con esa base, reputó que no existían razones para mantener la suspensión del remate, salvo que previamente se constituya fianza a esos efectos.

Y, en ese orden, señaló -con apoyo doctrinario y jurisprudencial- que el beneficio de litigar sin gastos promovido por el tercerista no lo eximía de prestar la contracautela, desde que el artículo 335 enumera en forma taxativa los alcances de la franquicia, no consagrando la postulación de medidas cautelares sin la prestación de fianza.

5. Apelado ese decisorio por la parte actora (f. 329), la Sala -previa reforma del auto de concesión-, lo confirmó (fs. 343 y 362/363).

6. Contra tal pronunciamiento, el tercerista interpone recurso de inconstitucionalidad.

Su impugnación reconoce, en lo esencial, dos líneas argumentales. De un lado, le imputa a la Sala soslayar el tratamiento de la principal cuestión debatida en la incidencia, esto es: si con los recaudos que acompañó logró o no justificar "prima facie" su derecho de posesión, extremo que, en caso de resolverse afirmativamente, llevaba a la suspensión de la ejecución de la sentencia de remate sin necesidad de prestar fianza conforme a lo normado por el artículo 321 del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Y, de otro lado, le endilga al A quo soslayar que el pedido de beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a jurisprudencia de este Cuerpo, lo eximía de prestar contracautela para obtener la suspensión peticionada.

7. A mi juicio, la sentencia atacada merece reproche constitucional.

El artículo 321 del Código de rito, en lo que aquí es de interés, reza: "Si la tercería fuere de dominio o de posesión, se suspenderá la ejecución de la sentencia de remate hasta que aquélla se resuelva, siempre que los recaudos acompañados por el tercerista justifiquen prima facie el derecho invocado o se preste fianza bastante para responder de los perjuicios que la suspensión irrogue".

El texto del precepto es claro al exigir la concurrencia alternativa de uno de los dos requisitos para obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia de remate. En efecto: el tercerista que pretende obtener la mentada suspensión puede intentar acreditar "prima facie" su derecho de posesión o dominio o prestar contracautela para responder por eventuales perjuicios (cfr. Alvarado Velloso, Adolfo, "Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Santa Fe", Sta. Fe, 1987, Rubinzal-Culzoni, Tomo III, pág. 1090; Martínez, Hernán, "Procesos con sujetos múltiples", Bs. As., 1987, La Rocca, Tomo II, págs. 240 y sgtes.).

En el "sub lite", el tercerista encuadró su solicitud de suspensión en la primera parte de la norma, es decir intentó justificar "prima facie" su derecho de posesión aportando material probatorio a tales efectos. Así lo admitió el actor del juicio ejecutivo al responder la tercería y cuestionar el boleto de compraventa y lo juzgó el Magistrado de baja instancia con motivo de la revocatoria interpuesta por la contraparte en tanto consideró que la documentación acompañada no confería la verosimilitud necesaria para suspender la ejecución y, por ello, correspondía exigir fianza. Sin embargo, la Alzada desenfocó la materia llevada a su conocimiento, ya que entendió que los agravios del apelante cuestionaban aspectos del decisorio inferior que referían al fondo de la cuestión y que por tanto devenían ajenos a los fundamentos vertidos para arribar a la exigencia de contracautela. Concretamente, el Tribunal dijo que no cabía sino soslayar -en este estadio- la consideración acerca de la entidad del derecho prevalente del aquí actor que procura la liberación del inmueble embargado, para luego entrar derechamente a juzgar si el pedido de declaratoria de pobreza eximía o no al tercerista de prestar contracautela.

Desde esta óptica, cabe concluir que la Sala se ha desentendido de los cuestionamientos propuestos por las partes y por ese andarivel tornó inoperante la disposición procesal, habida cuenta que so pretexto del prejuzgamiento dejó sin brindar respuesta al principal planteo llevado a sus estrados: si la documentación aportada justificaba o no "prima facie" la suspensión del remate.

Es que, vale aclarar, la norma no le imponía al Tribunal resolver en esta instancia si el tercerista tenía o no derecho prevalente sobre el acreedor embargante, pero sí lo obligaba a examinar provisoriamente si estaban cumplidos los presupuestos en que el ahora recurrente fundó la suspensión de la ejecución.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)