Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-26


Salta, 26 de febrero de 2.016 Y VISTOS: Estos autos caratulados: "LÓPEZ IZQUIERDO, Carlos Javier vs. CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. - Sumarísimo o Verbal: Acción de Defensa del Consumidor"; Expte. Nº 461.890/14 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación; Expte. N° 461.890/14/15 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O La Dra. Nelda Villada Valdez dijo:

I) Que contra la sentencia de fs. 106/111, interpone apelación a fs. 113 el Dr. José Luis Alsina, en su carácter de apoderado de la demandada con el patrocinio letrado del Dr. Christián Pedersen y funda el recurso a fs. 115/125.

Considera que la sentencia parte de una base correcta teniendo por acreditado que el actor aceptó al momento de la compra que el placard no se entregara el día de la operación y que el bien se encontró en el local de su mandante una semana después de la compraventa, pero pese a ello tiene por rescindido el contrato, endilgándole responsabilidad a su mandante, por lo que la sentencia resulta arbitraria al haberse obviado la consideración de las circunstancias y al haber aplicado erróneamente el derecho vigente.

Afirma que hay equívoco en el análisis de las pruebas. Cuestiona la decisión tomada con relación al daño patrimonial, con respecto a los gastos por flete y consulta jurídica.

Se queja de la condena por daño moral desde que no se encuentra probado, a más de que el señor Juez incurre en contradicción ya que no se observa comportamiento impropio o desleal de su mandante, sin que pueda ser considerado como tal la defensa de los derechos de su mandante, a más que el monto resulta excesivo. Pide costas.

Corrido traslado, a fs. 130 contesta los agravios el señor Carlos Javier López Izquierdo, con el patrocinio letrado del Dr. Sebastián M. Cardó solicitando se rechace el recurso interpuesto.

Sostiene que los argumentos del apelante no resisten ningún análisis sin que se haya acreditado que la demandada cumplió con la entrega del placard.

En cuanto al daño material expresa que cada item tiene su correspondiente respaldo probatorio y con respecto al daño moral, sostiene que la jurisprudencia y doctrina es conteste en afirmar que no requiere prueba, surgiendo del expediente el trato indigno al que fue sometido. Pide costas.

A fs. 140/141 emite dictamen el señor Fiscal de Cámara.

A fs. 142 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida por las partes.

II) En forma reiterada se ha señalado que el Tribunal de Alzada como juez del recurso debe analizar, previo a resolver la cuestión de fondo, si se cumplimentan los requisitos de admisibilidad, esto es si se ha interpuesto de acuerdo a las formas establecidas por la legislación, si la resolución es susceptible de apelación, si existe interés en el apelante, etc., lo que incluye la revisión tanto en lo relacionado con la concesión, como en lo referente "a la cantidad mínima para recurrir", lo que constituye un presupuesto de admisibilidad del recurso y no del fundamento (Roberto Loutayf, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Editorial Astrea, año 1989, t. 1, pág. 344).

Esta revisión puede efectuarla tanto a pedido de parte como de oficio, desde que "en esta tarea no se encuentra vinculado ni por la voluntad de las partes ni por resolución del juez en grado por más que se encuentre consentida" (Loutayf, ob. citada, pág. 6).

El artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que "No serán apelables las resoluciones recaídas en juicios cuyo monto no exceda de dos mil pesos", monto éste que fuera establecido según Acordada de la Corte de Justicia N° 9.959/08, salvo en las cuestiones de competencia del Fuero de Personas y Familia, las que mantienen el límite previsto en la Acordada 7741/96, la que fija el monto de apelabilidad en la suma de $ 500.

Posteriormente, la Corte de Justicia dictó la Acordada N° 11073, que fija a partir del 1 de diciembre de 2.011 en la suma de $ 4.000 el monto establecido como límite de inapelabilidad por el artículo 253 del Código Procesal y a partir del 1 de agosto de 2.015, la Acordada N° 11884, en el Apartado II, dispuso "Implementar como base de cálculo para el límite de la inapelabilidad del artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial el monto que no exceda de dos mensualidades del salario mínimo vital vigente, salvo en las cuestiones que son de competencia del Fuero en Personas y Familia y de Violencia Familiar y de Género, las que se mantendrán en el límite previsto en la Acordada 7.741".

Por otra parte, el Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, fijó por Resolución de fecha 21 de julio de 2.015: "A) A partir del 1ro. de agosto de 2.015, en pesos cinco mil quinientos ochenta y ocho?" el salario mínimo, vital y móvil.

Teniendo en cuenta que el monto condenado en la sentencia venida en revisión es inferior al mínimo de apelabilidad, que a la época de deducirse el recurso de apelación -18 de septiembre de 2.015 (cf. fs. 113)- ascendía a la suma de $ 11.176, debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

En este sentido, la Corte de Justicia de Salta ha dicho: "Que cabe recordar, en primer lugar, que el límite de apelación fijado por el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable al presente proceso- conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso y, como tal, debe ser considerado por la alzada (CJS, Tomo 128:121; 130:081; 167:359, entre otros).

Por su parte, el referido acotamiento fue actualizado por esta Corte de Justicia, mediante Acordada 11073 del 2 de noviembre de 2.011, que fijó en la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil) el monto establecido como límite de inapelabilidad por el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. Punto II de la Acordada), razón por la cual si el monto inherente a la cuestión traída no excede del establecido en la acordada respectiva, la resolución resulta inapelable?" (CJS, Tomo 174: 59/62; Tomo 123:927/932; Tomo 166: 871/874; Tomo 167:359/364; Tomo 171: 233/240; Tomo 171: 251/258, entre otros). Igual criterio han sustentado las Salas de ésta Cámara de Apelaciones (CApel. CC. Salta, Sala II, t. IV, f° 322; id. id., año 2003, f° 516; id. Sala V, t. II, año 1982, f° 152; id. Sala III, año 1983, f° 353; id. id. año 1985, f° 1077; id. id, año 1998, f° 846; id. id., año 2005, fº 563 y año 2006, fº 659, entre muchos otros).

Y, esta Sala ha dicho: "Se ha señalado que el fin de la limitación recursiva en razón del monto es sustraer del conocimiento de los tribunales de segunda instancia aquellas cuestiones que económicamente carecen de trascendencia (CN Civ., Sala F, 13/06/78, Rep E.D., 12 - 701, nº 36; CNCiv., Sala F, 02/02/82, ED, 99 - 441; id., Sala E, 21/12/81, Rep E.D., 16 - 771, nº 147) y, asimismo, agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, manteniendo la doble instancia para la generalidad (CNCom., Sala B, 21/12/79, Rep.E.D., 14-822, nº 64; E.D., 87 - 193; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2005 -f° 73 ). El artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial, con la actualización de la Acordada Nº 7.741, de fecha 01 de abril de 1.996, establece que no son apelables las resoluciones recaídas en juicios cuyo monto no exceda de $ 500.

Ahora bien, cabe señalar que si el monto del juicio no alcanza al mínimo exigido, ello determina la inapelabilidad de todas las resoluciones dictadas en su transcurso (CNCom., Sala B, 24/03/81, RepED, 16 - 772, nº 149); pero en caso de que supere esa cantidad, una interpretación sistemática del artículo 253 citado, siguiendo los propósitos de la ley enunciados en el párrafo anterior, lleva a considerar que la inapelabilidad allí dispuesta debe aplicarse tomando en cuenta el valor cuestionado en la incidencia (CNCiv., Sala E, 05/11/80, RepED, 15 - 800, nº 55). Así, se ha sentado que si el monto cuestionado en la segunda instancia es inferior al mínimo de apelación, corresponde declarar mal concedido el recurso (CApel. CC. Salta, Sala III, año 1983, f° 353)" (CApel. CC. Salta, Sala III, tomo año 2006, pág. 545; id. id., tomo año 2006, pág. 1022, id. id. tomo año 2005, pág. 563, id. id. tomo 2014, f° 33/35, entre otros).

III) Las costas se imponen por el orden causado, pues si bien el recurso no prospera, ello lo es por motivos distintos a los esgrimidos por el apelado (art. 67 del Código Procesal Civil y Comercial).

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Nelda Villada Valdez.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 113. COSTAS por el orden causado.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente, REMÍTASE.