Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-10-20


997 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"TUCKEY, BERNARDO ENRIQUE C/ COLEGIO BIOQUIMICO DEL CHACO S/ MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS", Nº 53.938, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 210/219 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor a fs. 210/219 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 181/204.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 228 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 243.

A fs. 234/235 emite su dictamen N° 1599/03 el señor Procurador General y a fs. 239/240 vta. se agrega memorial potestativo presentado por el actor. A fs. 245 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y sentencia que por sus efectos puede ser equiparable a definitiva, en cuanto desestima la procedencia de la pretensión del recurrente de que se modifique la forma de pago de sus facturaciones como prestador del I.N.S.S.Se.P. a través del Colegio Bioquímico del Chaco.

Sostiene el quejoso que el resolutorio de la Alzada, pese a reconocer probada la plataforma fáctica invocada y probada por su parte, adelanta su opinión en el sentido de que la asamblea está habilitada para adoptar decisiones como la que aquí pretende se descalifique por inconstitucional, al ser un acto ilícito el determinar cómo se le deben abonar sus honorarios profesionales, por no existir norma jurídica ni autorización suya que habilite a aquélla, ni a ningún otro órgano del Colegio de Bioquímicos del Chaco, a reglamentar su derecho de propiedad.

Agrega que se omite referencia alguna respecto de la necesidad de autorización escrita para descontar los distintos rubros de las liquidaciones, conforme lo dispone el art. 9 inc. 2 del Reglamento Interno. Señala que no es posible decidir el litigio por aplicación de las reglas de la democracia, cuando la cuestión medular es justamente la falta de capacidad de la asamblea para vulnerar derechos que encuentran su protección en normas cimeras.

Manifiesta que existe defecto en la interpretación de la prueba, al entender que el "corrimiento" del período a computar integra la modalidad de cálculo votada en tal reunión, ya que ello no consta en el correspondiente acta ni tampoco surge de ninguna resolución del Colegio. Cuestiona que se pretende justificar la admisión de una cartera fija en la necesidad de lograr un autocontrol de las facturaciones, lo que puede conseguirse de diversas formas sin confiscar un gran porcentual de sus honorarios.

Denuncia defecto en la valoración probatoria al decir que el Colegio atendería los "casos excepcionales", cuando ello no fue votado en la Asamblea. Alega que el método aprobado excluye a los bioquímicos que arriesgan capital y esfuerzos para mejorar la prestación de los servicios.

Concluye afirmando que la recurrida desconoce que la reglamentación de cualquier derecho debe ser hecha por quien está legitimado para hacerlo y por los medios legales establecidos, no teniendo el Colegio Bioquímico capacidad jurídica para reglamentar el de propiedad de los honorarios devengados y menos aún disponer de los medios legales para hacerlo.

Para comenzar el tratamiento de la cuestión, es insoslayable recordar que siendo deber fundamental de los magistrados el ejercicio regular del poder jurisdiccional, se impone el examen de la respuesta dada a la cuestión de competencia arrimada a la alzada, lo que entraña un aspecto de esencial importancia para la correcta instrucción y decisión del litigio.

Ello así, toda vez que es una garantía de raigambre constitucional que: "Ningún habitante de la Nación puede ser ... sacado de los jueces designados por la ley...", o sea, de su juez natural (art. 18 CN).

A su turno, el art. 8 inc. 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone textualmente que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente . " (La negrilla me pertenece).

Establecidas tales aproximaciones, cabe advertir que el fallo atacado comienza rechazando el agravio respecto a la nulidad del procedimiento por incompetencia del tribunal por razón del turno -al haberse soslayado la asignación por sorteo prevista en la normativa vigente-, teniendo como principales argumentos que:

a)el actor presentó la demanda ante el a quo proponiendo dos alternativas (amparo o medida autosatisfactiva), a elección del tribunal, lo que indicaba la concreta posibilidad de que éste se inclinara por la primera, al que benefician las normas de excepción en lo que atañe a la competencia, circunstancia que ". justificaba plenamente la interposición directa de la demanda ante el juzgado de elección del actor." (conf. fs. 190);

b) la medida autosatisfactiva presenta particularidades tales como la urgencia y la autonomía y el hecho de que, ordenarla cuando la tutela judicial es impostergable, ". constituye ni más ni menos que un deber de los jueces." (conf. fs. 190); c) ante tales hechos, si el juzgado hubiera remitido las actuaciones a Mesa Receptora Informatizada de Expedientes para su reasignación, habría configurado un verdadero contrasentido puesto que pese a la necesidad de tal tutela rápida, se desvirtuaría sus postulados por exigencias formales;

d) pese a reconocer que las reglas competenciales pretender asegurar la garantía del juez natural, ellas son tan sólo instrumentos al servicio del mismo objetivo superior de garantizar una justicia equitativa e imparcial; e) el apartamiento de las directrices comunes de competencia carece de entidad para sustentar la invalidez de las actuaciones y se muestra razonable y congruente con la situación y justificado; f) la falta de explicitación del demandado respecto a la afectación de sus derechos de ese modo; lo que no los persuade de que, g) no se ha demostrado que ello ha significado un menoscabo a sus derechos constitucionales, ya que de haberse seguido ese trámite el "juez natural" habría estado facultado para establecer el trámite de la acción, pudiendo haber optado por la medida autosatisfactiva, circunstancia que los hace recalcar que el accionado debió demostrar una afectación al "debido proceso".

La reseñada línea argumental adolece de diversos reproches, al apartarse de lo expresamente contemplado por la normativa regulatoria de la Mesa Receptora Informatizada, contemplado en la Resolución N° 15/96 del S.T.J. y los arts. 3, 4, 5 y 31 de la Reglamentación de la misma.

Ella, en el citado art. 5 expresamente establece de qué modo procederá la distribución equitativa de las causas correspondientes a cada fuero y dentro de categorías -sin que las medidas autosatisfactivas se encuentren excluidas de tal encuadre-, reglamentación que fue obviada.

Asimismo el decisorio se posa en la falta de alegación de un vicio concreto que afecte al recurrente, cuando es sabido que en el proceso civil existen ciertas normas que han sido dictadas en interés preferente de las partes -y para cuyo caso, la misma debe alegar la violación so pena de la convalidación del acto viciado- y otras de orden público, por prevalecer ciertos valores que el organismo superior tiene especial interés en su resguardo, por encima del interés de aquéllas.

De este último carácter participan las referidas a la competencia, improrrogabilidad de plazos, causales de recusación y excusación, por ejemplo.

Lo expuesto determina la improcedencia de la confirmación de la incompetencia, con base en la aplicación de las reglas de las nulidades procesales, por no constituir una derivación razonada del derecho vigente, al declarar la validez de las actuaciones desde un prisma equivocado.

Es que, la extensión de dicha solución a un planteo de presentación de un escrito en forma extemporánea también acarrearía, por ejemplo, el absurdo de demostrar cuál es el perjuicio de la parte contraria en la agregación del mismo.

A ello se aduna que la mencionada "demora" por el trámite ante la referida dependencia, también podría existir en el caso de una medida cautelar accesoria a cualquier proceso que no fuera una acción de amparo y para cuya procedencia se requieren menores recaudos que para las autosatisfactivas -e iniciada con anterioridad al mismo-, no obstante lo cual el juzgador no debe apartarse de ese trámite de remisión, que en los casos urgentes no significa más que un par de horas, diligencias para las cuales está prescripto expresamente el sorteo a tenor del punto H) del capítulo "Para las causas en materia Civil y Comercial" del mencionado art. 5 del Reglamento.

Corrobora el aserto que, en el sub lite, igual tuvo que ser remitida la misma a dicha dependencia a los fines de la asignación de número y carátula, mediante oficio suscripto al día siguiente de la presentación (el 04/06/02) y remitido el 05/06/02 a las 9,10 horas, que fuera devuelto en la misma fecha.

Amén de lo expresado, es insoslayable destacar que, a diferencia de algún caso dictado en otra jurisdicción, donde ". el tribunal recondujo un amparo planteado contra PAMI (en vista a obtener que se proveyera al accionante de un marcapasos cuya ausencia la ponía en riesgo de vida), e invocando el principio iura novit curia lo mutó en una autosatisfactiva (obviamente para simplificar trámites, por ser impostergable la solución urgente que correspondía emitir) ." (conf. Jorge W. Peyrano "La Acción Preventiva", Ed. Lexis Nexis, año 2004, p. 43, nota N° 80), en el presente y como surge claramente del propio escrito inicial, la naturaleza de la pretensión no es la misma, ya que se trata del ejercicio del derecho de propiedad, máxime cuando la demanda fue presentada el 03/06/02 y la resolución estimatoria recién fue dictada el 20/08/02.

Por otra parte no puede aceptarse la aplicación de las diferentes formas que presiden los procesos de amparos y las medidas autosatisfactivas, utilizando los aspectos más favorables de cada uno de ellos (en un caso la elección del juzgado, en el segundo el tipo de trámite en relación al ejercicio de la bilateralidad, plazos, presupuestos, efectos de la resolución, formando así un "tertium genus" creado pretorianamente), cuando en la profusa legislación vigente ya existen los diversos mecanismos de protección -cautelar, anticipada, provisional, y definitiva- de los derechos de los justiciables-, so riesgo de afectar la seguridad jurídica.

En tal línea de ideas, cabe recordar, como lo hemos dicho en forma harto reiterada que "Tampoco nos seduce la hipótesis de que las medidas autosatisfactivas sean afines a los amparos.

En primer lugar, porque puede suceder que resulte ineludible la emisión de una autosatisfactiva sin que medie un derecho de rango constitucional claramente conculcado. En segundo, porque el amparo no concede soluciones tan prontas como las proporcionadas por la medida autosatisfactiva ." (conf. Jorge W. Peyrano, "Vademecum de las Medidas Autosatisfactivas", JA 1996-II, p. 711; "Reformulación de la teoría de las Medidas Cautelares: Tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactivas", JA 1997-II, p. 932, cit. en Res. N° 472/04, entre muchas otras).

De lo citado se desprende que al no efectuar el art. 232 bis del CPCC (incluido en el Título IV Capítulo III referido a las medidas cautelares) la distinción existente en la regulación del citado proceso constitucional, respecto a la deducción de la demanda ante cualquier juez -sin respetar la distribución del turno-, es que también resulta incorrecta la respuesta otorgada por los señores jueces sobre el punto.

En síntesis: no siendo las medidas autosatisfactivas un instituto similar o análogo a la acción de amparo, en aquéllas la parte no puede elegir el juez que va a entender en la causa y, si la pretensión es presentada en forma indistinta -como amparo o autosatisfactiva-, o bien directamente como aquel proceso constitucional, y el magistrado decide transformarla en esta última medida, debe remitir inmediatamente la causa a Mesa Receptora Informatizada a los fines de que se proceda a la correspondiente asignación de la misma al que resulte competente.

Por su parte resta precisar que si el peticionante poseía dudas sobre la correspondencia de una u otra vía -y no la certeza de que se trataba de un amparo-, debió haber presentado la demanda ante la citada receptoría de expedientes a los efectos ut supra indicados, como es la regla, y no elegir el tribunal que en concreto iba a determinar el trámite a seguir, pretendiendo lograr que ese juez elegido siga posteriormente interviniendo.

Es así como cualquier "mora" sobre el particular era, en definitiva, imputable a su parte y debió ser meritado por los sentenciantes, como otro elemento más para que el juez se abstenga de continuar interviniendo en la causa y se efectúe el aludido sorteo.

Por todo lo expuesto precedentemente, no obstante no ser objeto de agravios tal temática -al haber sido alegada por la demandada apelante hoy no recurrente-, estimo oportuno dejar plasmada mi posición sobre esta cuestión tan delicada y que comprende al orden público como lo es la materia competencial, derivada de la garantía constitucional del juez natural.

Sin perjuicio de la conclusión arribada respecto a la anterior temática, en relación a los agravios del quejoso es dable destacar -con relación a la vía impugnaticia- que el recurso extraordinario no persigue solucionar todo vicio de procedimiento o de juzgamiento que afecte una litis.

"En todo caso -dice la Corte Suprema- el recurso extraordinario no ha sido instituido para corregir cualquier injusticia con que los litigantes puedan entenderse agraviados por los fallos judiciales" (Fallos 236:70; 1186:497; 194:220, entre otros).

Por lo que la suerte de la impugnación dependerá de la demostración de agravio constitucional en el tema planteado y/o en el caso, en la demostración de una causal de arbitrariedad (conf. Néstor Pedro Sagüés, "Recurso Extraordinario", Edit. Astrea, edic. 1992, p. 316/317).

Sintetizada la postura del recurrente, advertimos que la cuestión que plantea, por su carácter fáctico, procesal y de derecho común, es de aquéllas que resultan ajenas -en principio- a esta vía excepcional, toda vez que deben ser juzgadas por la instancia ordinaria ejerciendo facultades que les son privativas e impiden su revisión (conf. Sent. N° 16/90, N° 95/03, entre otras), salvo que a la luz de las pautas brindadas precedentemente, se configure un vicio de gravedad tal que torne aplicable la doctrina de la arbitrariedad (Fallos 293:226).

Sentado lo que antecede y analizada la decisión atacada a la luz de los agravios expuestos, encuentro configurado en autos el aludido supuesto de excepción, toda vez que el pronunciamiento en cuestión contiene diversos defectos integrantes de la causal señalada.

Es así como la Alzada, revocando la decisión de grado que hizo lugar a la demanda, lo hizo por llegar a la conclusión de que existe ". razonabilidad de la decisión cuestionada en autos." (conf. fs. 202 vta.).

Ello, luego de reconocer inicialmente que el actor ". demostró, fundamentalmente, que la aplicación del método de cálculo impugnado se traduciría en una drástica reducción de sus ingresos." (conf. fs. 192 vta.), ya que ". es evidente que la aplicación del método cuestionado importa, por ejemplo, que la facturación del mes de febrero/02 se vería reducida en un 47% en vez de experimentar sólo la mengua obligada que genera la distribución de una "cartera fija".

Por lo demás, aplicando el método atacado, es considerable -en efecto- la diferencia que resulta según se computen las facturaciones del profesional durante el lapso julio/97-abril/01 o sólo las producidas entre agosto/00-abril/01, lo cual prima facie demuestra el alto grado de incidencia en el promedio que tienen los honorarios históricos de este profesional, puesto que no logran neutralizar el notorio crecimiento que fueron experimentando sus facturaciones de los últimos períodos de ese lapso, que se mantuvo con posterioridad." (conf. fs. 193).

Lo expuesto no constituye derivación razonada del derecho vigente en relación a las constancias de la causa, ya que al resolver, los señores camaristas omitieron dar debido tratamiento a la afectación en sus derechos constitucionales inicialmente alegada por el actor.

Sobre el particular, hemos señalado que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad, cuales son que las cuestiones no tratadas hayan sido oportunamente introducidas y que su omisión verse sobre una cuestión sustancial para la definición del pleito (Fallos 239:126, conf. Genaro y Alejandro Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", 3ª edic., v. I, p. 65 y Sent. N° 285/95 y N° 66/99, entre otras, de esta Sala).

Al respecto, este Tribunal ha puntualizado que resulta pasible de la tacha de arbitrariedad la sentencia que omite la consideración de argumentos decisivos para la solución del diferendo, y tal omisión lesiona el derecho de defensa del recurrente, amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que debe ser descalificado (conf. Sent. N° 06/92).

Por su parte, como lo tiene establecido el más Alto Tribunal de la Nación, los jueces por razón de su carácter de tales, y con fundamento en la garantía de la defensa en juicio, tienen la obligación de pronunciarse sobre puntos propuestos por las partes, en cuanto sean conducentes para decidir el pleito, como así, que la omisión de una cuestión condicionante del resultado del litigio, priva de fundamento a la sentencia, que se hace así pasible de recurso extraordinario (Fallos 228:279, cit. por Genaro y Alejandro Carrió, ob. y t. cit., págs. 69 y 65 y Sent. N° 66/99, de esta Sala).

También señalaron los sentenciantes para sostener su decisión que "Contrariamente a lo que éste sostiene, el "corrimiento" del período a computar integra la modalidad de cálculo votada en la Asamblea." (conf. fs. 197), efectuando una incorrecta valoración de la prueba incorporada -Acta de Asamblea Ordinaria N° 53 obrante en fotocopia a fs. 5/14-, de la cual no surge que lo votado en la misma haya incluido la existencia de "techos variables", que se corren cada dos facturaciones adicionales, sin reparar que la misma era la manifestación de un afiliado, conforme constancias glosadas a fs. 11.

Posteriormente efectúan un pormenorizado relato de las reuniones anteriores a la cuestionada Asamblea, concluyendo que:

"Esto evidencia que ya con anterioridad a la Asamblea no escapaba a la preocupación de los afiliados la existencia de laboratorios en situaciones especiales, que merecían un trato diferencial." (conf. fs. 199 vta.), sin reparar que ello luego no obtuvo respuesta positiva en tal reunión, sino que solamente después de realizadas las votaciones existió una expresión respecto a su consideración, por parte de la máxima autoridad del Colegio (conf. fs. 13, 1er párrafo), lo que, a la postre, tampoco fue demostrada su efectivización, al menos con respecto al Dr. Tuckey.

Asimismo tampoco es derivación razonable del derecho vigente en vinculación con las constancias de la causa, la determinación del tribunal respecto a la razonabilidad de la decisión asamblearia, pese a reconocer que el ". pago "a prorrata" cuya aplicación pretendía el actor . incluso se muestra prima facie, además de lícito, más lógico, sencillo y equitativo que el de promedios" (conf. fs. 202 vta.), agregando en tal sentido que ". un análisis más profundo demuestra las razones por las cuales no lograba satisfacer los objetivos que animaban a los asambleístas, que se inscriben sin ninguna duda en la órbita del interés común y que inclinaron la elección a favor del sistema de promedios individuales" (conf. fs. 203), por diversas razones que explicitaré en los párrafos siguientes.

La primera de ellas porque tal conclusión final determina una contradicción con los motivos expresados para sostener la admisibilidad de la vía, concretamente al decir que ". a la luz de la documentación arrimada con la demanda, consideramos que el actor ha acreditado extremos de los que es dable extraer una fuerte verosimilitud en su derecho ." (conf. fs. 192 vta.) -los cuales son discriminados a continuación-.

Es que, si lo decidido por la asamblea en crisis -cuyo acta se acompañó con el escrito inicial- era razonable, no podía existir fuerte verosimilitud en el derecho o, dicho en modo inverso, si existía la aludida razonabilidad (que presupone legalidad), jamás podía existir tal estado psicológico que justificase la confirmación de la vía determinada.

Y en todo caso, no podría interpretarse que fue modificada la plataforma fáctica o probatoria entre los aludidos trámites procesales en sentido desfavorable a la pretensión del demandante, desde que la incorporación del acta de la nueva asamblea -por la que se dejó sin efecto los cuestionados "techos individuales"-, era un elemento que, al menos nunca podía estimarse como disminutorio de la inicial "probabilidad" del derecho.

En otras palabras: la Cámara no demuestra contar con mayores argumentos para sostener en el sentido de esa "fuerte verosimilitud" que pudo llegar a haber existido al momento de determinarse el trámite, fue luego desvirtuada, lo que constituye un nuevo vicio invalidatorio de la decisión.

En tal orden de ideas esta Sala ha señalado que "Si todo fallo judicial debe ser derivación razonada del derecho vigente con referencia particular a las circunstancias del caso (Fallos 236:27) no cabe duda que no es un fallo judicial aquel pronunciamiento que por incurrir en contradicciones respecto de extremos que conciernen a su fundamentación normativa o fáctica, no puede presentarse como un acto razonado, esto es, racional" (conf. Genaro Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", págs. 286/287, cit. en Sent. N° 295/01).

En igual sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha señalado como hipótesis particular de quebrantamiento de las formas y solemnidades de las sentencias, cuando la operación intelectual cumplida por el juez sobre la base de los resultados y de la prueba lo lleva a premisas o conclusiones abiertamente contradictorias entre sí (Ac. y Sent. 1956, v. II, pág. 73, ídem 1964, v. II, pág. 684, cit. por Berizonce-Nogueira en "Temas de Casación y Recursos Extraordinarios", Edit. Platense, 1982, p. 380, cit. en Sent. N° 119/94).

En definitiva: todos los vicios apuntados determinan que la recurrida no constituya una derivación razonada del derecho vigente en relación a las constancias de la causa y por lo tanto corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido, apartándome de ese modo de lo dictaminado por el Sr. Procurador General.

Sobre el particular ha doctrinado el Tribunal Cimero que la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. Fallos 297:100; 298:360; 299:226), entiende -además- que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos, reconoce raíz constitucional (Fallos 240:160; 247:263).

Por las razones expuestas, voto afirmativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS , DIJO:

Que coincido con los fundamentos vertidos y la solución propuesta en el voto que antecede, al receptar los agravios esgrimidos por la actora en su remedio extraordinario, adhiriéndome en consecuencia al mismo y emitiendo el mío en idéntico sentido.

En lo demás, respecto de la cuestión competencial desarrollada oficiosamente por el colega preopinante, por lo señalado en el párrafo precedente y los términos del recurso en trato, deviene inoficioso me expida sobre el particular. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor a fs. 210/219 vta., y en consecuencia se decrete la nulidad de la sentencia dictada a fs. 181/204 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. Corresponde así devolver los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio, y el criterio sustentado por este Tribunal a partir de lo decidido en sentencia Nº 06/80, deberán imponerse en el orden causado.

La regulación de los honorarios profesionales se difiere para la oportunidad en que se dicte sentencia definitiva en la causa. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

Dra. MARIA LUISA LUCAS	RAMON RUBEN AVALOS	Juez Presidente Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.	Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA MARIA OLGA ALLEVI Abogada Secretaria Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	S E N T E N C I A Nº997 RESISTENCIA, octubre 20 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 210/219 vta. por el actor, y en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 181/204.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal para que, la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62).

III.- IMPONER las costas en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidenta de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el punto II.