Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-09


Salta, 9 de Junio de 2011.- AUTOS Y VISTA: Esta causa N° 28.034/10 de la Cámara de Acusación, Sala I, originaria del Juzgado de Instrucción Formal de 5ª Nominación s.c. "GIGENA, Facundo Hernán y AGÜERO GONZÁLEZ, Ignacio Guillermo por Robo simple", Expediente N° 42.765/10, y CONSIDERANDO El Dr.JULIO V. PANCIO, dijo:

I) Que corresponde a este Tribunal resolver sobre el recurso de apelación deducido a fs.30 por el Sr.Agente Fiscal Nº 1, en razón de resultar formalmente admisible conforme lo dispuesto por los arts.460, 461 y cc del C.P.P..- II) Mediante resolución agregada a fs.27, el Sr.Juez de Instrucción califica el hecho denunciado como probable Tentativa de Robo simple (arts.42 y 164 CP) y decide eximir de prisión a los imputados Ignacio Guillermo Agüero González y Facundo Adrián Gigena conforme el art.305 del C.P.P. (apartados primero y segundo parte dispositiva).- En orden a este último tópico, sostiene el Resolvente: "atento a la calificación recaída y a la carencia de antecedentes condenatorios que hacen saber las planillas prontuariales de fs.11 (Agüero) y fs.12/13 (Gigena), corresponde hacer lugar al beneficio siempre que se estima que en la etapa del contradictorio les corresponderá condena de ejecución en suspenso, por lo que debe adelantarse sus libertades en este estado".- Este último punto del pronunciamiento en cuanto favorece al imputado Gigena, es impugnado por el representante del Ministerio Público, Dr.Eduardo A. Barrionuevo, por considerar que "independientemente de la calificación de los hechos por los que se procesa y de la ausencia de antecedentes condenatorios, debe disponerse la prisión preventiva del imputado". En tal sentido argumenta que "se encuentran indicios suficientes como para presumir que el imputado eludirá la acción de la justicia, poniendo en peligro uno de los fines del proceso. En este sentido, el A quo ha omitido analizar que la Planilla Prontuarial de fs.12/13 da cuenta de que el imputado Sarmiento (debió decir Gigena) registra numerosas capturas recomendadas, pedido de comparendo y pedidos de paradero" (fs.30), reafirmando la necesidad de mantener la medida de coerción para no frustrar la aplicación de la ley penal. Pide por tanto se revoque el auto apelado.- Al tiempo de contestar la vista conferida al efecto, la Defensa técnica a cargo de la Sra.Defensora Oficial Penal Nº 1, Dra.Hortencia M. Salas, pide el rechazo del recurso impetrado. Pone de resalto las directrices fijadas por el art.270 del C.P.P. haciendo hincapié en el estado de inocencia del cual goza su representado, a la vez que considera que su defendido "no utilizará su libertad para borrar o destruir huellas del delito, intimidar o influenciar a los testi-gos, ni dificultará la marcha del proceso, ni procederá sobre la prueba del delito..." (fs.59/60).- III) Como tantas otras veces se dijo, debe recordarse que la privación de la libertad sólo encuentra justificación en lo que la doctrina llama peligro procesal. La permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso está consagrada por los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y que tiene su directa vinculación con el art. 270 del C.P.P.. Las previsiones de los arts. 300 del C.P.P. y 26 del C.P. y la ausencia de sentencia condenatoria en el caso concreto, son suficientes razones que permiten la libertad del imputado durante la sustanciación del proceso como decidió el Sr.Juez de la causa.- No puede considerarse fundamento bastante la mera afirmación dogmática de que resultan suficientes para adoptar una solución contraria como pretende el Sr.Fiscal, los elementos de autos, sin que exista una explicación razonada de éstos relacionándolos con la causa.- Partiendo entonces de que el art. 270 del C.P.P. fija el marco a los efectos de considerar el beneficio, debe decirse que esta norma establece que la libertad personal podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, en forma coincidente con la prescripción constitucional del art. 19, adoptando nuestro sistema el criterio procesalista en contraposición a la corriente sustantivista del encarcelamiento preventivo.- En relación al primer requisito, esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, los antecedentes obrantes en las actuaciones permiten suponer que el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, dada la naturaleza del ilícito y el estado de las actuaciones de las que surge el comportamiento y conducta de Guzmán. En lo que hace al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, además de aquella remisión al art. 26 del C.P., que permiten la concesión, cabe señalar que El Pacto de San José de Costa Rica, al decir del Dr. Daniel Emilio Morin, da pautas a fin de determinar cuándo existe peligro de fuga, indicando que deberá analizarse las seriedad del delito y la eventual severidad de la pena.- Se trata en el caso de un delito contra la propiedad que ha sido considerado a priori como Robo simple en grado de Tentativa, delito por el cual se puede prever una pena mínima de veinte días y máxima de cuatro años aplicando las reglas de reducción de la pena en caso de tentativa (arts.55 y 44 C.P.).- Desde esta óptica, la privación de la libertad del imputado Gigena pretendida por el Sr.Fiscal de la causa resulta desmesurada y fundada solamente en un dogmatismo puro ajeno a las constancias de la causa.- La otra pauta señalada por el Pacto de San José de Costa Rica, son las condiciones personales del imputado. En este sentido, es cierto, los antecedentes de Guzmán no le son favorables, pero tratándose de causas sin resolución, sin condena y gozando del estado de inocencia garantizado constitucionalmente, es de literal aplicación el contenido del art. 26 del C.P. en su remisión.- Si bien los repetidos pedidos de captura de un sujeto sometido a proceso han sido circunstancias consideradas impeditivas de la libertad pues refleja cierta reluctancia al cumplimiento de obligaciones procesales, no es menos cierto que la mora de los poderes públicos y particularmente la inacción del actor penal para obtener una sentencia en aquellos antecedentes, no puede trasladarse al imputado y sacrificarse su libertad personal preventivamente por riesgo procesal. Ese mismo riesgo existe en cada causa penal no definida en tiempo oportuno. Voto pues por el rechazo del recurso impetrado recomendando una vez más a la Instrucción y al Ministerio Público Fiscal impulsar los distintos procesos hacia un pronunciamiento definitivo.- IV) Y el Dr.RAÚL ROMÁN, dijo:

Que se adhiere al voto que antecede por sus fundamentos y conclusiones.- En razón del acuerdo que antecede, la SALA I DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN, ___________________R E S U E L V E________________ I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs.30 por el Sr.Agente Fiscal Nº 1, CONFIRMANDO el apartado segundo, parte dispositiva, del auto de fs.27 en cuanto fuera materia de impugnación.- II) PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN los autos al Juzgado de origen.-