Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-22


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 96700 SALA II Expediente Nro.: 17.855/2006 (Juzg. Nº 61) AUTOS: "ZOCCOLI ALEJANDRO ALBERTO C/EDESUR S.A. EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. Y OTRO S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	22 de mayo de 2009, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda en lo que ha sido materia principal de controversia y contra tal pronunciamiento se alzan la codemandada Edesur S.A. a fs. 1124/1133; Q.B. Andina S.A. a fs. 1137/1145; la parte actora a fs. 1149/1154 y la perito contadora a fs. 1122.

Edesur S.A. cuestiona en primer término que se la haya considerado empleadora directa del Sr. Zoccoli de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la L.C.T.. Señala que los contratos que celebró con las distintas empresas empleadoras del actor respetaron lo dispuesto en el art. 30 de la LCT, que efectuó los controles correspondientes y que se encuentra acreditado que aquellas registraron el contrato de trabajo del actor y efectuaron los aportes de ley. Asimismo se agravia porque se consideró injustificado el despido dispuesto por QB Andina S.A. y porque se rechazó la citación de tercero de Eulen Argentina S.A. -anterior empleadora del reclamante-.

Por su parte QB Andina S.A se agravia porque no se con-sideraron acreditadas las causales invocadas para despedir al actor; en razón de que la condena involucró los períodos trabajados para otras contratistas con quienes no ha mantenido relación alguna; porque se sostuvo que sólo actuó como proveedora de mano de obra; así como porque se hizo lugar al reclamo sustentado en el art. 1 de la ley 25323 cuando ha registrado debidamente la relación y porque se admitieron los agravamientos indemnizatorios dispuestos por el art. 16 de la ley 25.561 y por el art. 2 de la ley 25.323. Finalmente se agravia por la tasa de interés aplicada y por consi-derar elevados los honorarios profesionales regulados en la instancia previa.

La parte actora a fs. 1149/1154 apela la desestimación de la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T. y que no se haya hecho lugar a la sanción por temeridad y malicia (art. 275 LCT) solicitada en la demanda.

La perito contadora a fs. 1122 apela los honorarios que le fueran regulados, por considerarlos reducidos.

Por rigor lógico corresponde dar tratamiento en primer tér-mino a la apelación deducida contra la resolución de fs. 249/250 que desestimó la citación de terceros solicitada por Edesur S.A. en tanto se encuentran reunidos los re-caudos que hacen a la viabilidad formal del planteo (conf. arts. 110 y 117 L.O. -ver fs. 257/261, fs. 264 y fs. 1131 y ss.-).

Si bien el art. 110 de la LO establece como regla general que salvo el caso previsto en el art. 146 LO y las medidas cautelares, todas las apela-ciones interpuestas con anterioridad a la sentencia se tendrán presentes con efecto di-ferido; lo cierto es que desde antiguo se ha sostenido que corresponde hacer lugar al recurso con efecto inmediato cuando lo que se intenta es integrar un tercero al litigio y ello en salvaguarda de los principios de celeridad y economía procesal (conf. art. 80 LO) -conf. M. Susana Cánepa en "Ley de organización y procedimiento de la Justi-cia Nacional del Trabajo" dirigida por Amadeo Allocatti - Miguel Á. Pirolo (coord.), Astrea, Bs. As. 1999-.

Asimismo, se puntualizó que la resolución que deniega la citación de un tercero es recurrible dentro de los tres días (art. 117 LO) en efecto de-volutivo, y ello exige su resolución inmediata por parte de la Alzada (arts. 96 y 250 CPCCN; art. 155 LO) dado que rige en plenitud el tratamiento inmediato de la apela-ción como única forma de evitar un dispendio jurisdiccional. Este criterio, por otra parte, es aplicable por la incidencia que puede tener la intervención del tercero en los límites subjetivos del proceso y en la posible incorporación de un sujeto vinculado a los litigantes originarios por un supuesto nexo de responsabilidad ante una eventual repetición ( conf. Miguel Ángel Pirolo, Cecilia M. Murray y Ana M. Otero en "Manual de derecho procesal del trabajo", Ed. Astrea, Bs. As., 2008 pág. 110 y ss).

En el caso, ante la decisión adoptada por la sentenciante de grado a fs. 264 la demandada citante no dedujo recurso de queja a fin de obtener la incorporación de la empresa Eulen Argentina S.A. al proceso, el que se desarrolló íntegramente sin su intervención.

Más allá de la opinión que pudiera merecer la desestima-ción decidida por la magistrado interviniente, lo cierto es que el tratamiento del plan-teo en esta instancia deviene estéril, porque el quejoso consintió la tramitación de todo el proceso de conocimiento sin la intervención del sujeto que intenta incorporar al litigio y contra quien obviamente no podría, en el caso de intentarse una eventual ac-ción regresiva, invocar los alcances previstos en el art. 96 CPCCN al no haber parti-cipado éste en la etapa probatoria, por lo que no corresponde hacer lugar a la preten-sión deducida en esta instancia (con igual criterio, esta Sala in re "Humano, Martín c/Restaurant y Bar Córdoba S.R.L. s/despido", expte. 8906/1999, mayo de 2000).

En cuanto al fondo del asunto, ambas demandadas cuestio-nan que no se haya considerado ajustado a derecho el despido	Conforme surge de la carta documento obrante a fs. 187 el actor fue despedido por una disminución en la cantidad de inspecciones realizadas y por haber sido encontrado sin trabajar durante la mañana del día 27/7/04.

Del meduloso análisis que de la prueba testimonial efectuó la sentenciante de grado (ver en especial fs. 1116/1117 vta.) surge evidenciado que en la demandada no se había establecido de manera fehaciente un número mínimo de inspecciones diarias a realizar. En efecto, ni siquiera el superior jerárquico del demandante, que elaboró el informe que sirvió de base al despido (Agüera -ver fs. 290- ) pudo precisar la cantidad de inspecciones previstas como mínimas, puesto que aludió a un número oscilante (de entre 25 y 30 inspecciones diarias) sin indicar la fuente o justificación de esa estimación. A su vez, los testigos deponentes por la parte actora señalaron que ello dependía de las planillas de trabajo entregadas por la em-presa, del clima reinante, de la zona, del tipo de tareas y de los clientes (ver testimo-nios de Salva a fs. 297, de Innella a fs. 287 y de Calvo a fs. 308). Asimismo Salva se-ñaló que si bien en algún momento se establecieron "metas" no se dispuso de una cantidad mínima de trabajo sino que se fijaban cantidades a las que era difícil llegar cumpliendo con las normas.

Asimismo, de la compulsa efectuada por el perito contador no pudo extraerse el número promedio de inspecciones realizadas por el actor y lo cierto es que, además de no haberse corroborado la cantidad atribuída a Zoccoli en el telegrama de despido (ver fs. 187), ningún elemento de juicio se acompañó a autos para demostrar que las inspecciones allí indicadas resultaran manifiestamente insufi-cientes. En tal contexto y aún cuando pudiera considerarse acreditada cierta disminu-ción en la cantidad de inspecciones realizadas -lo que sólo se sostiene a manera de hipótesis-, lo cierto es que una eventual disminución en el nivel de productividad no puede justificar el despido de un trabajador si la empleadora no demostró cabalmente que ello se debiera a un accionar intencional o doloso (con idéntico criterio esta Sala entre otros in re "Perez Mario H. c/FV S.A. s/despido", sentencia 88951 del 6/2/01).

En cuanto al hecho de haberse encontrado al actor sin pres-tar servicios durante la mañana del día 27/7/04, las argumentaciones ensayadas por las recurrentes resultan ineficaces a los efectos pretendidos, porque se encuentra acre-ditado a través de la informativa de fs. 337/342, 393/400, 558 bis/563 y 980 que ese día se había dispuesto un paro de actividades para el personal de Edesur S.A. y de la propia testimonial de quien elaboró el informe que dio lugar al despido (Aguera-supervisor del actor-, ver fs. 290) surge acreditado que luego de las observaciones que se le formularon, el actor retomó el servicio por lo que, en el marco expuesto, la acti-tud observada por Zoccoli no puede válidamente erigirse en causa justificada del des-pido, máxime cuando el apercibimiento anterior al que alude la codemandada QB Andina S.A. en su memorial de agravios data de una fecha muy anterior al despido y en nada se vincula a los incumplimientos enrostrados -ver fs. 200- (conf. arts. 62, 63, 242 y concordantes de la LCT).

En consecuencia, analizada la prueba producida en la causa a la luz de lo normado por los arts. 90 de la L.O. y 386 CPCCN, cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto consideró desajustado a derecho el despido dispuesto.

La demandada Edesur S.A. cuestiona que se haya conside-rado acreditada la existencia de contrato de trabajo a su respecto en los términos del art. 29 de la L.C.T. y, con igual base, apela la codemandada QB Andina S.A. por cuanto se la condenó como intermediara por la totalidad de la antigüedad registrada a través de otras empresas contratistas. Asimismo ambas cuestionan que se haya hecho lugar a la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323 cuando el contrato del actor se encontró, a su juicio, debidamente registrado.

Por rigor lógico corresponde tratar en primer término la crí-tica formulada por Edesur S.A. en cuanto al encuadre de la relación en los términos del primer párrafo del art. 29 de la L.C.T. y, en tal orden de ideas adelanto mi opinión en sentido adverso al pretendido por la quejosa puesto que se ha demostrado en la causa que el actor se incorporó desde su ingreso en el año 1998 al giro empresario propio de la accionada y, el hecho de que ésta haya cumplido con las obligaciones de control previstas en el art. 30 de la L.C.T. respecto de las empresas que intermediaron en la contratación en nada conmueve la conclusión atacada. En efecto, Innella a fs. 287 sostuvo que al actor lo conoció en las oficinas de Edesur S.A., que trabajaron juntos para dicha empresa desde el año 2001, que los Sres. Mario Corral, Méndez y Bolotra pertenecían a Edesur S.A. y que eran quienes impartían las órdenes, que el control de asistencia se llevaba a cabo en las sucursales de la empresa de energía eléc-trica y que era esta también la que los capacitaba y concedía las licencias.

En similar sentido se expidió Almirón a fs. 505, quien identificó al Sr. Mendez como superior jerárquico dependiente de Edesur y puntualizó que, para el desarrollo de sus tareas el personal se identificaba con una credencial emitida por dicha codemandada.

El testigo Salva (ver fs. 297) manifestó que trabajó con el actor para Edesur desde el año 1999, que todo el personal de inspecciones traspasó de una a otra contratista, que las órdenes de instrucciones y el control de asistencia se llevaba en dependencias de Edesur, que eran los Sres. Corral Di Dorio, Mendez y Pe-reccini quienes, en su calidad de supervisores y/o jefes de esa empresa, daban las ins-trucciones de trabajo y que las llaves especiales para la apertura de las cajas eran pro-vistas por la codemandada en cuestión.

No se discute en la especie que el actor se desempeñó como inspector de Edesur realizando inspecciones domiciliarias, actas de constatación, lec-tura de medidores y dando curso a los pedidos de corte y rehabilitación del servicio de suministro de energía eléctrica a cargo de la permisionaria indicada. Frente a ello y no surgiendo del resto de los elementos acollarados a la causa que las distintas contratistas que actuaron como intermediarias en la contratación de los servicios del actor hubieran asumido por sí, bajo una estructura empresaria autónoma, la prestación de los servicios apuntados, en el presente caso, cabe considerar que la situación encua-dra en el primer párrafo del art. 29 de la L.C.T. (suministro de mano de obra) y no en un supuesto de contratación o subcontratación de tareas constitutivas de la actividad normal específica y propia de la principal (art. 30 LCT) puesto que para que tal presu-puesto resulte operativo es necesario que la contratista o subcontratista opere de ma-nera autónoma en la conducción y organización de su propio giro empresario, lo que en la especie no se ha acreditado suficientemente en tanto el actor siempre prestó servicios y rindió cuentas de su actividad en dependencias de Edesur S.A. y de los testimonios aportados a la causa no es posible colegir que tales prestaciones configu-raran el objeto de una contratación inter-empresaria como la que supone el art. 30 de la L.C.T.

En tal sentido no cabe soslayar que en el caso subexámine desde el año 1998 y hasta el distracto (agosto de 2004) el actor prestó servicios siem-pre para la codemandada Edesur y lo que ha ido variando no ha sido la empresa requi-rente de sus servicios -entendida como organización de medios, conf. art. 5 LCT- sino los sujetos que asumieron en las formas la calidad de empleadores en el marco de contrataciones indirectas en la que las distintas contratistas sólo actuaron como terce-ros intermediarios en el vínculo obligacional primario. Consecuentemente, de prospe-rar mi voto, corresponde mantener la decisión adoptada en origen en cuanto al presu-puesto atributivo de responsabilidad que resulta de aplicación en la especie.

Por lo demás, la circunstancia de que el actor haya consen-tido los distintos actos de disolución que se sucedieron entre una y otra contratista en nada conmueve la conclusión precedente porque, más allá del modo en que se deci-dieran instrumentar los traspasos entre las contratistas, lo cierto es que el vínculo permaneció vigente con Edesur S.A. y que esta demandada ha sido reputada emplea-dora directa del demandante de conformidad con lo dispuesto en los arts. 14 y 29 de la L.C.T.. Dicha circunstancia, unida al hecho de que no se ha alegado que con ante-rioridad al distracto motivo de autos, Edesur y/o el actor hubieren decidido poner fin a la relación que los unía, me lleva a desestimar también en tal sentido los agravios formulados a fs. 1124/1133.

Desde tal perspectiva corresponde analizar el rol asumido por la codemandada QB Andina S.A. para poder abordar los cuestionamientos formu-lados en torno al alcance de la responsabilidad a ella atribuída en la sentencia de grado puesto que el fundamento de sus agravios se centra en haber satisfecho la totalidad de las obligaciones a su cargo, como sujeto empleador. En efecto, cuestiona QB Andina S.A. que se la haya responsabilizado por la totalidad de la antigüedad registrada a las órdenes de Edesur S.A. y que la sentenciante no haya tenido en consideración que, a su respecto, la relación se encontró debidamente registrada.

Al respecto creo necesario memorar que, tal como lo sostuve en oportunidad de votar en tercer término en autos "Vázquez, María Laura c/Telefónica de Argentina S.A. y otro s/Diferencia de Salarios" (S.D. Nº96.061 del 25/09/08) y como lo dejé expuesto al formular mi voto en el Plenario Nº309 de esta Cámara, no siempre los co-obligados previstos en las distintas figuras de solidaridad pasiva establecidas en la ley laboral (conf. arts.14, 29, 29 bis, 30, 31 y 228 LCT) pue-den ser considerados "empleadores" dentro de la sistemática de la LCT, pudiéndose diferenciar válidamente entre -por lo menos- dos situaciones diversas: a) la del em-pleador (obligado directo); y b) la del tercero co-obligado solidario. Específicamente el art.29 L.C.T., en sus párrafos primero y segundo, diferencia la situación del inter-mediario de la del sujeto que, por beneficiarse en forma directa de los servicios, es considerado empleador directo del trabajador afectado ("empresa usuaria").

En efecto, cuando se trata de una mera intermedia-ción (arts.14 y 29 primer y segundo párrafo LCT) no puede deducirse la existencia de un contrato de trabajo entre el trabajador y el intermediario. Ningún apartado del art.29 LCT, le asigna al sujeto interpuesto en la contratación el carácter de empleador o de "co-empleador". Por el contrario, el segundo párrafo del citado artículo es claro al calificar de "tercero" al intermediario, lo que nos da la pauta de que no se trata de una de las partes del contrato de trabajo, sino de un sujeto co-obligado que, en fun-ción de su participación en el fraude, el legislador sumó en cuanto a su responsabili-dad al deudor principal (empleador directo, esto es, la empresa usuaria), a efectos de garantizar el cobro de los créditos de los trabajadores. La solidaridad que en este caso le impone la ley, no lo erige en sujeto empleador en sentido estricto aún cuando, me-diante simulación fraudulenta, se lo haya intentado.

Consecuentemente, frente a ello y no pudiendo desconocer la codemandada la realidad subyacente (nótese que en la ficha confeccionada por el actor al ingreso se dejó constancia de las anteriores contratistas y que el supervisor de la accionada reconoció que el actor ya estaba realizando las tareas "antes de que in-gresara QB Andina al contrato de Edesur" -ver fs. 290-), la crítica dirigida a cuestio-nar el alcance de su responsabilidad en cuanto a la antigüedad registrada por el actor a las órdenes de Edesur S.A. debe ser desestimada, máxime cuando ella asumió la ti-tularidad de la relación conociendo los antecedentes del actor en la empresa y fue la que finalmente dispuso el despido que dio origen a la indemnización por antigüedad, que se intenta cuestionar a través de los agravios formulados a fs. 1139 vta./1141.

En cuanto a la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323 en función de la ausencia de registración del contrato por parte de la deman-dada Edesur S.A. creo menester puntualizar que, aún cuando dicha coaccionada no dio cumplimiento con las obligaciones registrales a su cargo, no se trato de un contrato de trabajo sin registrar o clandestino. El actor en su demanda no alegó no haber estado inscripto por las distintas empresas contratistas ante la autoridad de control y, de la pericial contable y los informes de fs. 492, 537, 726 surge acreditado que, tal como se dejó asentado en los recibos que el propio actor acompañó a autos, durante toda la relación, el contrato se encontró registrado.

En efecto, durante el transcurso de la relación las interme-diarias ejercieron frente a los organismos de control las facultades y deberes propios del principal. En tal caso, las medidas adoptadas, por ejemplo, con relación a los aportes y contribuciones correspondientes a los organismos de la Seguridad Social, pueden beneficiar al real empleador en la medida que el cumplimiento de una obliga-ción por parte de uno de los codeudores solidarios libera a los restantes (conf. arg. art. 707 Cód. Civil) y así lo entendió esta Sala al desestimar los reclamos fundados en la ley 24013 o en el art. 1° de la ley 25.323 cuando el contrato fue inscripto por el inter-mediario y no por el empleador (ver entre otros,"Robledo Cristina L. c/Obra Social del personal de la industria del hielo y mercados particulares s/despido", sent. 95.198 del 29/8/07, y sent. 95011 del 29/5/07 in re "Galeazzi Bailon Laura Mariana y otros c/Visa argentina S.A.").

En tal orden de ideas, no corresponde disponer una doble imposición de responsabilidad en materia de aportes y contribuciones a la se-guridad social: el contrato es uno sólo, que ha sido defectuosamente registrado por quien no fue stricto sensu el sujeto empleador; y la omisión imputable a la titular del contrato en calidad de empleador no causaría perjuicio real al dependiente, en el mar-co de las obligaciones legales derivadas del diseño de la ley 25.323, por lo que no tratándose de un contrato de trabajo no registrado o clandestino, a mi juicio corres-ponde hacer lugar a la crítica vertida por las demandada y revocar en tal sentido la sentencia apelada.

En cuanto a los agravios formulados por QB Andina con relación al agravamiento indemnizatorio dispuesto por la ley 25.561 (conf. dec. 823/04 -vigente al tiempo del despido-) corresponde hacer lugar parcialmente a las críticas formuladas puesto que si bien debe desestimarse la crítica formulada en torno a la consititucionalidad de los decretos de prórroga puesto que, como re-iteradamente lo he sostenido, la prorroga de la vigencia de la ley 25.561 dispuesta a través de diversos decretos no implicó un exceso de la administración y fue luego convalidada a través del dictado de la ley 25.972 (ver entre otros, sentencia 95074 del 25/6/07 in re "Martinez Julio a c/SBA Subterráneos de Buenos Aires"; sentencia 94176 del 24/4/06 inre "Rencor c/Edenor s/despido", sent. 92203 del 28/11/03 in re "Cardozo, Victor c/Corporación General"); corresponde hacer lugar al planteo revisor en cuanto cuestiona el modo de cálculo de dicho concepto puesto que, por ele-mentales razones de economía y celeridad procesal he adherido al criterio sentado por esta Sala a partir del voto de mis colegas Dr. Miguel Ángel Maza y Dr. Miguel Án-gel Pirolo en autos: "Lezcano Jorge Gustavo c/ Coto C.I.C.S.A. s/ despido" (SD Nro. 94710 del 26/12/2006), en el que se sostuvo que, en cuanto la reglamentación pretende extender el agravamiento a conceptos distintos a la indemnización por anti-güedad o "despido" vulnera el orden de prelación que prevé el art. 31 de la CN y tras-pone el límite previsto en el art. 99 inc. 2 de la CN por lo que corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad de dicha normativa y ceñir el monto del agravamien-to en cuestión al 80% del importe determinado para la indemnización prevista en el art. 245 LCT, por lo que propicio reducir dicho rubro al importe de $ 3.715,20.

La codemandada QB Andina S.A. también se agravia por la condena recaída con sustento en el art. 2 de la ley 25.323 señalando que invocó motivaciones razonables para disponer el despido del actor y que el hecho de que no se hubieran podido acreditar los incumplimientos alegados no impide que se considere justificada su posición al tiempo de disponerse el cese.

Pese al esfuerzo argumental desplegado por la recurrente, la razonable expectativa de probar en juicio las causales alegadas para despedir al actor no surge en el caso objetivada, a través de elemento de juicio alguno. Por el contrario, tal como se dejó expuesto en los considerandos precedentes, ninguno de los incumplimientos enrostrados al dependiente resultó acreditado y la accionada no demostró cuales podrían haber sido razonablemente los factores que habrían podi-do validar la ruptura dispuesta a tenor del telegrama que en copia obra a fs. 187. En consecuencia, frente a ello, estimo que en el caso no se evidenciaron razones como para eximir a la demandada de la sanción prevista en la norma bajo análisis.

En orden a los agravios formulados por la parte ac-tora estimo le asiste razón al reclamante en cuanto cuestiona que no se haya hecho lugar a la multa prevista en el art. 80 de la LCT puesto que si bien obra en autos una constancia de entrega del certificado de servicios y remuneraciones (formulario PS 6.2 ANSES) por parte de QB Andina S.A. (ver fs. 195 vta.), a través de tal documento no se encuentra satisfecha la obligación contenida en el art. 80 de la L.C.T, puesto que el actor prestó servicios para Edesur S.A. por un lapso mayor y no obran en autos constancias de ello y menos de que dicha empresa haya certificado la prestación de servicios a su favor, por lo que frente a ello y sin desmedro de lo sostenido en cuanto a la acreditación de los aportes previsionales, al haber cumplido el reclamante con el recaudo de intimación previa de conformidad con lo dispuesto en el decreto 146/01, de prosperar mi voto corresponde hacer lugar a la multa establecida en el art. 80 de la LCT (conf. ley 25.345) y, en consecuencia, diferir a condena por tal concepto la cantidad de $ 2.322.

En cuanto a la solicitud formulada por la parte actora a fin de que se aplique a la accionada la sanción prevista en el art. 275 L.C.T, esta Sala reiteradamente ha señalado que la misma sólo resulta aplicable en casos ex-tremos y cuando de las actuaciones surge un proceder malicioso o temerario, conducta que debe quedar perfectamente configurada dejando en el ánimo de quien correspon-de aplicarla, el convencimiento de que se ha actuado con dolo o culpa grave debiendo evaluarse con prudencia las sanciones que pueden virtualmente afectar el principio constitucional de defensa en juicio, extremándose la cautela en la ponderación de tales aspectos (entre otros esta Sala in re "Gonzalo, Diego c/Grande Carlos s/despido", sent. 69710 del 12.3.91). Desde tal perspectiva, no se advierte en el caso de manera evidente el obrar malicioso o temerario que a la demandada se le enrostra, ni que las defensas opuestas resultaran manifiestamente obstruccionistas o dilatorias porque en casos de aristas similares se han podido probar extremos que difieren sustancialmente de los acreditados en el presente (ver, entre otros, sent. 96270 del 12/12/08, "Loza Héctor L. c/Edesur S.A. y otros), circunstancia que justifica en cierta medida la postu-ra adoptada por la demandada al contestar la acción.

Frente a ello, y al no surgir de las presentes ac-tuaciones que la parte demandada haya intentado defensas a conciencia de su sinra-zón como para que se configure la temeridad procesal, ni tampoco que haya actuado con malicia, en la medida que no se litigó en forma obstructiva, ni con maniobras dilatorias que afecten el normal desenvolvimiento del proceso, de prosperar mi voto corresponde desestimar el agravio formulado al respecto.

En consecuencia, por todo lo hasta aquí expues-to, en función de las modificaciones propiciadas, de prosperar mi voto, corresponde reducir el monto de condena a la suma total de $ 16.097,37.

En orden a la tasa de interés dispuesta en la sen-tencia de grado, la crítica formulada por la demandada QB Andina S.A. deberá ser desestimada, en tanto no se advierte que a través de la aplicación de la tasa activa prevista en el Acta 2357 de esta Cámara, se esté vulnerando la prohibición de aplicar mecanismos indexatorios prevista en la ley 23928 (conf. ley 25.561). Por el contrario, en atención a las variables económicas vigentes con posterioridad a la derogación de la convertibilidad monetaria dispuesta por la ley 25.561, la fijación de intereses en base a las pautas que rigen en el mercado financiero constituye un método legítimo y razonable para resarcir la privación del capital sufrida por el acreedor laboral. En consecuencia, frente a ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil al no demostrar la recurrente la irrazonabilidad que genéricamente alega en sus argumentaciones de fs. 1144 in fine, propicio confirmar en este aspecto la sen-tencia de grado.

En atención al resultado obtenido en la instancia y a que pese a la variación propiciada en cuanto al monto de condena, se ha manteni-do la decisión en lo que ha sido materia principal de agravios, propicio mantener la imposición de costas efectuada en la instancia previa e imponer las de la Alzada a cargo de las demandadas que han resultado vencidas (art. 68 CPCCN).

En tanto la codemandada QB Andina S.A. apela los honorarios regulados por considerarlos elevados, la perito contadora a fs. 1122 recurre los suyos por entenderlos reducidos. Al respecto, teniendo en cuenta el resul-tado obtenido, el valor económico del litigio y el mérito y extensión de las tareas pro-fesionales desarrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, en el de-creto ley 16638/57 y en el art. 38 LO. las regulaciones apeladas, teniendo en cuenta su proyección sobre el monto que se propicia en el presente diferir a condena, no resultan elevadas, resultando asimismo adecuados los honorarios regulados a la perito con-tadora, por lo que propicio confirmarlos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora, de la demandada Edesur S.A. y de la codemandad QB Andina S.A, por las tareas de la Alzada en el 25% de lo que en definitiva corresponda para cada una de ellas por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fun-damentos adhiero a las conclusiones del voto precedente con la siguiente aclaración: A mi entender, es indudable que, tanto la intermediaria como la empresa usuaria, de-ben ser consideradas en forma conjunta como integrantes de un sujeto "empleador" pluripersonal (conf. arts. 26 y 29 LCT) y, por lo tanto, solidariamente responsables de las obligaciones emergentes del vínculo establecido con la accionante (conf. arts. 690 y 699 del Código Civil). Sin embargo, la mayoría de esta Sala integrada por la Dra. Graciela A. González y el Dr. Miguel Á. Maza, no coincide íntegramente con la con-clusión que recién expuse -pues a entender de mis distinguidos colegas, cuando no se trata de servicios eventuales, no cabe considerar a la contratista como "empleadora" sino como simple responsable solidaria por haber intermediado en forma fraudulenta-, lo cierto es que, independientemente de mi opinión personal en cuanto al rol que co-rrrespnde atribuir al intermediario, del criterio emergente del voto de la mayoría, co-rresponde también desestimar el agravio de las recurrentes. En efecto, de la doctrina que emana de la posición mayoritaria adoptada por la Dra. González y por el Dr. Maza al fallar en la causa "Vazquez, María L. C/ Telefónica de Argentina y Otro s/ dif. de salarios" (S.D. Nº 96061 del 25/9/08 del registro de esta Sala), a cuyas consi-deraciones me remito en mérito a la brevedad, se desprende claramente que, cuando no se trata de servicios eventuales, es indiscutible que la usuaria asumió el carácter de empleadora directa de los servicios y que, de todos modos, la intermediaria resulta responsable solidaria de las obligaciones emergentes de ese vínculo por lo que, ad-hiero en tales términos a la solución propiciada en el caso por la Dra. Graciela A. González.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena a la suma de ($ 16.097,37) DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, la que llevará intereses de conformidad con lo dispuesto en el pronunciamiento de grado, 2) Mantener la impo-sición de costas efectuada en la instancia previa y declarar las de la Alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas, 3) Confirmar las regulaciones de hono-rarios apeladas y regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora, de la demandada Edesur S.A. y de la codemandad QB Andina S.A, en el 25% de lo que en definitiva corresponda para cada una de ellas por su intervención en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara