Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-10-05


Salta, 5 de octubre de 2011.

Y Vistos: Estos autos caratulados "C/C Siuffi, Ángel Roberto - Incidente de suspensión de juicio a prueba - Recurso de casación" (Expte. Nº CJS 33.758/10), y Considerando:

El Dr. Abel Cornejo, dijo:

1º) Que a fs. 29/32, la Agente Fiscal Penal Nº 4 interpuso recurso de casación contra la resolución del Juzgado Correccional y de Garantías de Octava Nominación que ordenó a fs. 22/26, la suspensión de juicio a prueba a favor de Ángel Roberto Siuffi.

2º) Que a fs. 69/71, esta Corte declaró formalmente admisible el recurso, otorgando luego a la defensa, al Ministerio Público Fiscal, y a la Asesora de Menores e Incapaces la intervención que prescriben los arts. 474 y sgtes. del C.P.P., y los arts. 59 del C.C. y 7º de la ley 7328, cumplido lo cual, los autos quedaron en estado de resolver.

3º) Que la titular del Ministerio Público Fiscal se agravia porque el tribunal "a quo" habría incurrido en la causal prevista en el art. 466, inc. 1º del C.P.P., esto es, en la "inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva", por considerar que la resolución atacada desnaturaliza el instituto de la suspensión del juicio a prueba y solicitó se anule la resolución que lo concedió.

En abono de su pretensión dijo que tal como lo establece expresa y claramente el art. 76 bis del Código Penal, la aplicación de la "probation" requiere el consentimiento fiscal, lo que no ocurrió en autos, toda vez que conforme surge de fs. 10/11, esa parte se pronunció en forma negativa; es decir que la requerida ingerencia del Ministerio Público Fiscal no es una simple intervención, sino que la viabilidad de la aplicación del instituto está determinada por la previa y expresa conformidad del órgano público de la acusación.

Agregó que eso es lo que -a su entender- se desprende del cuarto párrafo del artículo en cuestión, al establecer "si las circunstancias del caso permitieren dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio"; requisito -dijo- indispensable. Citó también como fundamento de su pretensión de revisión, la jurisprudencia de esta Corte sentada en los autos caratulados "Guanuco, David Emmanuel s/probation" de 20 de abril de 1999 en el sentido "de que la ley no ha dispuesto la simple intervención del Ministerio Público en la tramitación de los incidentes destinados a evaluar la concesión de la `probation┤, sino que ha supeditado su viabilidad a la expresa conformidad del Fiscal..." y de la Cámara Nacional de Casación Penal dictada en la causa "Kosuta, Teresa Ramona s/recurso de casación" de 17 de agosto de 1999 (LA LEY, 1999-E, 165), destacado que en esta oportunidad se dijo que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública, señalando que esa opinión no ha sido modificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Acosta".

Finalmente, hizo referencia a los motivos por los cuales el Ministerio Público entiende que no debe concederse el beneficio solicitado, esto es, que el delito de homicidio culposo por el que viene requerido el imputado, está reprimido con pena de inhabilitación conjunta de cinco a diez años, por lo que haciendo un pronóstico hipotético de la pena en base al mínimo legal este supera ampliamente el tope máximo establecido en los art. 76 bis y 76 ter del C.P., y en tal sentido invocó la jurisprudencia del caso "Chávez" de esta Corte; mencionó que la posición sustentada por ese ministerio se ajusta a las instrucciones dadas por el Sr. Procurador General en la resolución nº 37, en uso de las facultades conferidas por el art. 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

A fs. 85/86 vta. presentó el informe del recurso la Sra. Asesora General de Incapaces.

4º) Que en su informe de fs. 88, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 dijo que en atención a los precedentes fácticos y a los datos probatorios obrantes en la causa y al derecho de fondo y de forma de aplicación en autos, la apelación casatoria interpuesta por la Sra. Fiscal Penal Nº 4 se encuentra sustentada en valoraciones atendibles y suficientes, y que en función de la unidad de acción que anima al Ministerio Público, que se remitía a esos fundamentos, viabilizando la instancia que posibilite el pronunciamiento de esta Corte.

5º) Que, antes que nada y sin perjuicio de la opinión sostenida por el suscripto respecto de la materia traída a examen como es la suspensión de juicio a prueba (esta Corte, Tomo 153:847, entre otros), y sin que ello implique un cambio de criterio, en la especie, debe tenerse en cuenta la importancia de la protección integral de los menores de edad y su inclusión en los textos constitucionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3º, 4º, y 27), debiendo destacarse lo dispuesto en el art. 3º inc. 1º de la referida Convención que reza: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En efecto el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y derecho, en este caso se identifican.

Por su parte la jurisprudencia tiene dicho que "el interés superior del niño" aludido en el art. 3º de la Convención sobre sus derechos, tiende a dos finalidades básicas que son la de ser pauta de decisión de un conflicto de intereses y criterio para la intervención institucional para protegerlo. Se trata de un parámetro objetivo para la resolución de conflictos entre un menor y un adulto, debiendo definirse la antinomia por lo que resulte de mayor beneficio para el menor. En controversia el interés del niño y el del adulto, de esta manera se prioriza el de aquél (CNCiv., sala H, 30-6-95, cit. por Dutto, en ob. cit., entonces inédito, y Derecho de Familia 11-173).

El niño tiene derecho a una especial protección y, considerando sus derechos, la tutela de los mismos debe prevalecer como factor primordial en toda relación judicial. "De modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir en cada caso y, por lo tanto, toda decisión sobre el tema, debe estar inspirada en lo que resulte más conveniente para su protección" (CNCiv, sala A, 28-5-96, DJ, 1997-I-228, cit. D┤Antonio, ob. aquí cit. texto y nota 22, pág. 48).

6º) Que, ahora bien, en el caso de autos se advierte que se concedió el beneficio de suspensión del juicio a prueba a favor de Ángel Siuffi sin que se haya ejercido una efectiva e integral protección de los derechos de la menor M. R. M., en lo que hace a la reparación del daño, toda vez que, conforme las constancias de la causa las cédulas de notificaciones, mediante las cuales se corrió el traslado ordenado a fs. 12, fueron libradas al domicilio donde ya se había constado que no residían, y que además de ello se omitió darle intervención al Asesor de Menores e Incapaces cuya participación necesaria se encuentra prevista en el art. 59 del Código Civil que dispone que: "A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación". En el mismo sentido la Ley Orgánica del Ministerio Público los faculta a "Actuar ante todos los órganos judiciales o no judiciales, como parte legítima y esencial en todo asunto contencioso o voluntario y en todo acto en los cuales se interesen las personas o bienes de los incapaces, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Civil y las demás leyes" (art. 56 inc. 1º).

El principio es que esa representación debe ser, tanto en el proceso civil como penal, de carácter promiscuo, es decir que el ministerio pupilar actuará conjuntamente o complementariamente con los representantes necesarios del menor (ej. padre, tutor, etc.), sin que los desplace. Sin embargo hay situaciones de excepción en que esa función puede autonomizarse, como las contempladas en el art. 56 inc. 5º de la mencionada Ley Orgánica del Ministerio Público, que manda a los asesores de menores e incapaces a "sustituir a los representantes de los incapaces en el ejercicio de toda pretensión, petición o defensa procesal cuando sus representantes legales no las ejercitaran o sus intereses respectivos se encontraren en contradicción".

Y ello es así por cuanto el Código Civil es categórico cuando expresa que "es parte legítima y esencial" (art. 59), es decir que no resulta ser un sujeto o parte eventual como lo es el querellante conjunto; en segundo término porque el menor o incapaz, a más de que en su carácter de víctima el sistema jurídico le otorga el derecho a lo que se ha dado en llamar la "tutela judicial efectiva", en particular "se le dará oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" (art. 12.2 Convención sobre los derechos del niño); y en tercer lugar por haberse impuesto la "prioridad" en la exigibilidad de la protección jurídica cuando los derechos de las niñas, niños y adolescentes colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas (art. 5º de la ley 26.061), circunstancias que se actualizan sin hesitación en el caso bajo análisis, ante el evidente estado de indefensión en que se encuentran los intereses de la menor por ausencia de su representantes necesarios.

En tal sentido, es del caso mencionar la jurisprudencia de la Corte Suprema de fecha 29-04-2008, donde se reconoció la función de orden público del asesor de menores e incapaces (CSJN, Expte. M.881.XL), deduciendo que aquél no puede optar su intervención sino que resulta obligatoria al ser la menor víctima del delito cometido, debiendo asumir directamente la representación directa. Tal actuación en defensa de los derechos de la niña damnificada, sin acciones concretas, pasa a ser meramente figurativa, lo que no es el cometido de la ley; el fallo de la Suprema Corte de Mendoza que en el Expte. Nº 92.793, de fecha 22/8/2008, donde se ameritó que, si bien el Código Procesal Penal no contempla expresamente el supuesto del Ministerio Pupilar, su legitimidad procesal para garantizar el interés superior de la menor, deviene del orden constitucional, de las leyes específicas en materia de menores del orden nacional y provincial y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, destacando en particular los principios de prioridad (art. 5º) y de efectividad de la tutela (art. 29), contemplados en la ley 26.061. De esta manera el interés superior del niño se constituye en una pauta de decisión ante un conflicto de intereses propiciando un parámetro objetivo que permite resolverlo, en el sentido de consagrar siempre la prioridad del interés del menor por sobre el interés del adulto.

Por su parte el art. 18 de la Convención el Pacto de San José de Costa Rica, expresa que: "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el Estado".

Estas normas son coincidentes a su vez, con la interpretación que al efecto corresponde formular en torno a la representación promiscua del Asesor de menores, toda vez que las funciones de asistencia y control de éste son cada vez mas amplias y no se agotan en la actuación dual y conjunta con el representante legal del incapaz, ya que en ciertas circunstancias, cuando este es omiso en el ejercicio de su función y es necesario impedir la frustración de un derecho, el Asesor de Menores será representante directo (cfr. "Código Civil, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial", Bueres y Highton, Tomo 1-A, págs. 59/60).

7º) Que todo lo expuesto resulta fundamento suficiente para hacer lugar al recuso de casación interpuesto resultando por ende innecesario ingresar en el análisis de los restantes agravios y, en su mérito, revocar la resolución puesta en crisis.

Los Dres. María Cristina Garros Martínez y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:

Adherimos a la solución a que se llega en el voto precedente, de revocar la resolución que concedió a Ángel Roberto Siuffi el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, por lo siguiente:

1º) Que en el presente caso, el imputado fue acusado por los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas, previstos por los arts. 84, 94 y 54 del C.P., conforme al requerimiento fiscal de fs. 873/876 vta. del expediente principal.

De tal modo, mantenemos el criterio expuesto en los precedentes de esta Corte de Tomo 107:461; 120:863; 138:385; 139:973, entre otros, y consideramos que en el caso los fines de prevención especial amparados por el art. 76 bis, último párrafo del C.P. en lo que refiere a la imposibilidad legal de otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con la pena de inhabilitación, exigen revocar la decisión traída a revisión. A tal punto ello es así que, al conceder el instituto, la juez de grado negó la necesidad de resguardar los fines apuntados mediante alusiones que no cumplen con el requisito de debida fundamentación.

2º) Que por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de casación y, en su mérito, dejar sin efecto la resolución impugnada.

Los Dres. Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar, dijeron:

Adherimos a la solución jurídica de hacer lugar al recurso de casación, conforme concluyen los votos precedentes, y ello, por lo siguiente:

1º) Que la posición sostenida en mayoría por este Tribunal en distintos precedentes como los de Tomo 127:1 y 153:847 sobre el instituto de la suspensión del juicio a prueba, tiende a la razonable aplicación del precepto contenido en el último párrafo del art. 76 bis del C.P., y no desconoce la prohibición, sino que, en armoniosa interpretación, persigue superarla mediante los medios alternativos que prevé la legislación vigente.

2º) Que con arreglo a lo expresado, en la causa se acusa al Sr. Ángel Roberto Siuffi de los delitos de lesiones culposas en concurso ideal con homicidio culposo (arts. 84 y 94 del C.P.). Al conceder la suspensión del juicio a prueba, la resolución impugnada fijó el término de tres años para el cumplimiento de las condiciones impuestas, pero, particularmente, no ordenó inhabilitación alguna para el acusado.

Esa decisión incurre en graves vicios de razonamiento que impiden su subsistencia. En efecto, a pesar de que contra el imputado pesa acusación por tipos culposos, la juez "a quo" niega la existencia de una conducta, derecho o actividad que puede causar un peligro para la sociedad y que amerite la imposición cautelar de inhabilitación, cuando, precisamente, la concurrencia de una conducta de esa especie es la base de la imputación, pues, de no ser así, no existiría un acto externo susceptible, al menos en grado de probabilidad, de reproche penal y, por lo tanto, en esa errada línea, se desconocería el acto requirente, y consecuentemente, la existencia de este proceso penal. Entonces, la resolución atacada no puede producir un efecto jurídico válido dentro del proceso.

3º) Que en consecuencia, en el caso particular los fines de prevención especial protegidos por el art. 76 bis último párrafo del C.P. no han sido superados, ello exige la aplicación de la prohibición y, al respecto, la decisión de la juez de grado presenta defectos de motivación. Por ende, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en su mérito, revocar la resolución impugnada.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

1º) Que analizada la presente causa, me adhiero al voto de mis colegas Dres. Garros Martínez y Posadas, en lo que hace a la imposibilidad legal de otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, prohibición expresamente dispuesta en el art. 76 bis último párrafo del C.P. Ello porque comparto los fundamentos brindados por los Sres. Ministros en los precedentes "Toledo" (Tomo 107: 461) y "Chávez" (Tomo 127:1), entre otros. En consecuencia, corresponde en autos hacer lugar al recurso deducido por la Sra. Fiscal Penal y revocar el decisorio de fs. 22/26.

Por lo que resulta de la votación que antecede, la Corte de Justicia, Resuelve:

I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 29/32 y, en su mérito, revocar la resolución de fs. 22/26 de autos.

II. Mandar que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos. - Guillermo A. Posadas. - María Cristina Garros Martínez. - Guillermo A. Catalano. - Abel Cornejo. - Guillermo Félix Díaz. - Sergio Fabián Vittar.