marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, impulso de parte, oficios
Materia: PROCESAL
Carátula: Puente, Juan Carlos c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-15

Si bien - como principio - la entrega en Secretaría para su cotejo de un oficio para notificar el traslado de la demanda y su ampliación, posee efecto impulsorio del procedimiento, aún con independencia de su resultado, pues revela y exterioriza el propósito de la actora de activar el proceso, es necesario que quien invoca esa circunstancia acredite que su actividad fue realizada con anterioridad al vencimiento del plazo de caducidad.
Fondo de asistencia legal, REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, presunta víctima, audiencia pública
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vladimir Herzog y otros Vs. Brasil S/Fondo de Asistencia Legal de Víctimas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-02-23

Corresponde hacer lugar a la solicitud de las presuntas víctimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal en el caso que se investiga la presunta responsabilidad internacional del Brasil -por la tortura y ejecución de un periodista ocurrida durante la última dictadura militar-, pues resultó acreditada la carencia de recursos de quienes han sido llamados a declarar en audiencia pública debiendo cubrirse los gastos de transporte aéreo, hospedaje y alimentación.
Recursos, queja por recurso denegado, efecto suspensivo, procedencia del recurso, incidente de acumulación
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Asociación Civil Por lgualdad y la Justicia (ACIJ) y otros contra GCBA s/ amparo (Art. 14 CCABA)" y su acumulado expte. N°QTS 18204/2010- 25 "Rodriguez Larreta Horacio s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Asociación Civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y otros contra GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde hacer lugar al pedido de efecto suspensivo de la ejecución de las astreintes impuestas en autos al Jefe de Gobierno, en tanto se verifica que, en principio, la resolución que las impone no fue precedida por una intimación dirigida al recurrente, como así también que el monto mensualizado de dicha sanción conminatoria supera con creces la remuneración bruta informada del Jefe de Gobierno correspondiente al segundo semestre de 2019, motivo por el cual la ejecución intentada lo privaría de la totalidad del salario devengado por su labor de funcionario público desde el dictado de la resolución impugnada. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Patricia Ruth y otros c/ Sanatorio San José y otros. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Corresponde reintegrar el depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación si la obra social codemandada está exenta del pago de la tasa de justicia de acuerdo con el art. 39 de la ley 23.661.
Medidas cautelares, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Alsogaray, Alvaro Carlos c/ Honorable Convención Constituyente s/ amparo. Constituyente s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-19

La resolución de las medidas cautelares por parte de la Corte tiende al resguardo del efectivo ejercicio de su competencia apelada, que tiene como presupuesto un recurso extraordinario concedido declarado formalmente procedente por el Tribunal.
Vicio aparente, vicio oculto
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: José Cartellone Const. Civiles S.A. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Los vicios aparantes son los fácilmente advertibles obrando con cuidado y previsión, cualquiera fuere su gravedad (Borda, Guillermo: Tratado de Derecho Civil Argentino, Contratos, Perrot, Bs. As. 1969, vol. I, pág. 161) y los vicios ocultos son los que no pueden ser advertidos mediante un examen atento y cuidadoso de la cosa, en la forma que usualmente se practica, conforme a las exigencias propias del negocio de que se trate (Salvat-Acuña Anzorena: Tratado de Derecho Civil Argentino, Fuente de las obligaciones, Tea, Bs. As. 1954, vol III, pág. 454). (Del voto del juez Buján, cons. X.9).
Sentencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, ROLANDO LUIZ. c/ EL CONDOR S.R.L. Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14

La Corte nacional ha dicho: "Es claro que la sentencia implica una operación de adjudicación jurídica; requisito éste que, por cierto, no se circunscribe a la cita de uno o varios textos positivos o posturas doctrinarias.

En un mismo nivel, han de concurrir también los hechos sustanciales componentes de la situación concreta sometida a juzgamiento, conforme surjan de la prueba producida regularmente. Y, finalmente, han de entrelazarse ambas variables, en una valoración conjunta que conduzca a una conclusión razonable.

Precisamente, en orden a los parámetros que conforman el test de adecuación del pronunciamiento jurisdiccional, la doctrina señala como uno de los recaudos indiscutidos en el proceso jurisdiccional contemporáneo, la obligación que pesa sobre el decisor de razonar el acto para que pueda ser abiertamente contrastado por todos; con lo cual, la motivación ha de construirse siempre desde el material fáctico propuesto y acreditado por las partes, desde la mejor solución que ofrezca el ordenamiento jurídico, y desde fundamentos engarzados con propiedad lógica.

Así entonces, se ha encontrado que las deficiencias motivadoras aparecen cuando lo argumentado carece de apoyatura fáctica, normativa, axiológica o lógica. He aquí las exigencias básicas sobre las que reposa el proceso judicativo llamado sentencia, que -por definición- debe contener la 'exteriorización del razonamiento que conduce desde los hechos probados y las correspondientes consideraciones jurídicas al fallo, en los términos adecuados a la naturaleza y circunstancias concurrentes (congruencia con las pretensiones deducidas conforme a la ley, racionalidad, conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia humana y científica, etc.)...' (Tribunal Constitucional Español, r.

123/1997, 1/7/1997, Sala 1ª, registro 760/1996).

En el acatamiento de esa premisa se juegan las garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa en juicio, y la denominada garantía de razonabilidad, esto es, el derecho que asiste al justiciable para exigir una sentencia correctamente fundada; elementos todos ellos que hacen al concepto mismo de estado de derecho.

También esta Corte tiene dicho: "La sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances de la sentencia.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, violación, moneda extranjera, responsabilidad del Estado
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. 84529 BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. EN J° 176.988 SEGARRA JOSÉ HUGO c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-09

El banco tiene la obligación de devolver al cliente la suma que le ha sido sustraída en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos, según cotización al día del efectivo pago.

Este criterio, aún cuando aparezca como riguroso, no sólo encuentra su fundamento en los elementos, naturaleza y alcance de la responsabilidad bancaria, sino en el carácter netamente lucrativo u oneroso del contrato celebrado entre las partes, lo que justifica que aquella ha venido obteniendo rédito económico a lo largo de los años por el servicio prestado, deba responder integralmente, incluso ante el alea propia de este tipo de concertación, ante el incumplimiento negligente del mismo.
Pago, aceptación sin reserva, intereses, presunción juris tantum, prueba, presunciones, carga de la prueba, código civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROMAN S.A.C. c/ FADEAL S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

Es jurisprudencia de la Sala, producto de reiterados precedentes y que concuerda con caracterizada doctrina, que la letra del art. 624, del Código Civil, debe ser interpretada en el sentido de que sólo sienta una presunción "iuris tantum" de pago, admitiéndose prueba en contrario, prueba que inclusive puede ser la de presunciones (cfr.

Causas 6986 del 10.6.78; 7041 del 29.9.78; 7977 del 7.7.80; 8577 del 1.10.91, entre muchas otras; Llambias, J. J., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", 4a. Ed., T. I., N° 498). Y aún cuando, como principio, incumbe al acreedor la carga de acreditar que no renunció a perseguir el pago de los accesorios, pues es a el a quien interesa esterilizar la presunción "iuris tantum" que en su contra establece la ley (arg. art. 377, Código Procesal; cfr. esta Sala, Causa 2238 del 8.5.84), pesa también sobre el demandado el deber jurídico y moral de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, pues muchas veces es el que se encuentra en mejores condiciones de aportar los elementos enderezados a la consecución de ese fin (cfr. Causas 4885/93 del 23.11.93; 7637/92 del 17.3.95; 12.371/94 del 4.4.95 y sus citas, etc.;

Morello, A., "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", ED-132-953).
Cuestiones de competencia, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Bilotte, Sergio Cristian c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-22

La aptitud jurisdiccional del Tribunal Laboral de Alzada debe ceñirse al análisis de la imputada conducta discriminatoria y antisindical de la accionada a la luz de lo dispuesto por los arts. 48, 52 y 53 de la ley 23.551, en que se fundó el actor al demandar, mas no en relación a la legitimidad del marco legal del vínculo que existiera entre los litigantes, pues ello resulta una cuestión que excede los términos de la cuestión litigiosa ventilada en estas actuaciones, por lo que una decisión al respecto vulneraría el principio procesal de congruencia. La contienda suscitada entre las partes presenta la particularidad de que el juzgamiento con respecto a las cuestiones relativas al empleo público no son de competencia de la J.N.T.. La acción, debido a los términos de su objeto y por el modo en que ha sido deducida, no admite un juzgamiento respecto de los alcances de la contratación. La estructura probatoria del procedimiento sumarísimo no está pensada para indagar si se reunieron o no los presupuestos de la atípica contratación entre el actor y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, aplicación de la ley, títulos ejecutivos, certificado de deuda, dictámenes
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad opuesto por la aseguradora de riesgos de trabajo en relación al certificado de deuda ley 24557 que se pretende ejecutar, pero se limitó a alegaciones genéricas respecto al Decreto 404/19 y de la Resolución 45/19 que según su interpretación contrariarían el principio de aplicación de la ley penal más benigna, sin individualizar los artículos que consideraba inconstitucionales ni indicar de manera concreta cómo serían afectados sus derechos por la normativa, por lo que su planteo debe ser rechazado (cfr. CNCom, Sala A in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ ejecutivo" del 12/12/19; ídem Sala B in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ ejecutivo" del 09/12/19). Del Dictamen Fiscal N° 343/21
Intereses, intereses convencionales, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAJA NAC. DE AHORRO Y SEGURO c/ ATLANTA  S.A.I.C. s/ EJECUCION  PRENDARIA  -  PACTO DE INTERESES ENTRE ACREEDOR Y DEUDOR -  FALTA DE FIJACION DE TASA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Es posible el pacto de intereses entre acreedor y deudor, y por ello mismo éste debe, como principio, los que se hubieren convenido;

puntualizándose que la circunstancia de que no se hubiere fijado la tasa a la que habrían de ser calculados durante determinado período, no torna de por sí inválido al convenio.

Las tachas formuladas por la ejecutada se encuentran fundadas en las previsiones contenidas en los arts. 632 y 953 del Código Civil, por manera que su examen sólo es posible una vez practicada la liquidación del crédito reclamado, en cuya oportunidad, ademas, quedará precisada la influencia que sobre el contexto global de la deuda proyectan dichos accesorios, apreciados asimismo en función de la pretensión de la acreedora relativa a la actualización monetaria -
Derecho administrativo, funcionarios públicos, salarios adeudados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESCUDERO, Juan de la Cruz c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-28

En principio, el cargo debe ser desempeñado por su titular, sólo en casos determinados y justificados por causas legales puede admitirse un reemplazante, siempre contando con la autorización administrativa. Ello encuentra su justificativo en la continuidad de la actividad administrativa, aún cuando falte el funcionario titular.

Los funcionarios deben sustituir al superior en caso de ausencia, sin que ello implique liquidación de diferencias de sueldos a menos que la ley o reglamento autoricen a percibirlos.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galatola, Francisco c/ Voltrans s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Deviene inviable vertebrar el cuestionamiento en base a la manera como fue contemplado el pagaré, gozando de la presunción de autenticidad la cantidad consignada en números, no sólo por su correspondencia con la escrita, sino, además por no percibirse anomalía alguna en su textura y que unido al reconocimiento de firma, difuma las objeciones enarboladas, sobremanera cuando en el acto de suscribirlo se estaba ante un título impreso respecto a la moneda en que se concertaba la obligación y su alcance compulsorio.
Constitución Nacional, Estado Provincial, facultades del gobierno provincial, Constitución Provincial, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iribarren, Casiano  Rafael c/ Santa  Fe,  Provincia de s/ accióndeclarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Si bien la Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades, les impone expresamente el deber de asegurar la administración de justicia, proclama su supremacía sobre las constituciones y leyes locales y encomienda a la Corte Suprema su mantenimiento.
Servicio de radiodifusión, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-14

La diferencia técnica fundamental existente entre la radiodifusión y la prensa es lo que determina que el derecho a la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de expresión de comunicación admita mayor reglamentación y que ese derecho deba ser ejercido dentro de los límites que impone la naturaleza reducida del medio utilizado, los derechos de terceros y el interés público, sin que tal reglamentación pueda -claro está- ser arbitraria y excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable a determinados sujetos de la posibilidad de acceso a una licencia de radiodifusión, pues se trataría de una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

4 - Por último, cabe agregar que el incumplimiento de la demandada fue anterior a tal suceso, pues advertida la existencia del mayor volumen de obra no previsto por las partes al celebrar el contrato, y que tornó excesivamente onerosa la prestación de la subcontratista, la negativa al reajuste equitativo del precio, ante los reiterados reclamos de la subcontratista, resulta suficiente para entender que quien incumplió primero fue la accionada. Pues bien, es sabido que los contratos deben prepararse, celebrarse, cumplirse y, además, interpretarse con buena fe, principio que también es receptado por la legislación boliviana en su art. 520 del Código Civil. En tal estado de cosas, corresponde admitir la pretensión de la actora, y declarar resuelto el contrato por responsabilidad de la accionada (de acuerdo a los arts. 568 y 572 Código Civil Boliviano).
Divorcio, separación de hecho, abandono del hogar conyugal, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: B., J.M. c/ Z., E.M. s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13

La aceptación por parte de uno de los esposos de la separación de hecho destituye de malicia el abandono voluntario del hogar efectuado por el otro.
Contrato de trabajo, violencia laboral, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Olivera, Leonardo Adrián  c/ Alvear Palace Hotel S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-21

El actor, cuestiona el pronunciamiento de primera instancia por cuanto consideró justificado el despido con invocación de causa que le fuera noticiado por acta notarial. Sostiene que las pruebas obrantes en el caso no resultan conducentes para acreditar las conductas que se le endilgaron. El hecho injuriante que se le imputó al accionante fue que forzó contacto físico excesivo e intrusivo de la privacidad de una persona sin consentimiento alguno al tirarse sobre la misma mientras se encontraba sentada en el spa aprovechándose de su confianza y ejerciendo fuerza, quedando totalmente encima de la misma. Del testimonio que surge del instrumento público se desprende que el actor forzó una situación que no fue consentida con la otra parte y que quedo registrada en las fotografías que reconoció en ese mismo acto. Cabe tener en cuenta que el testimonio de la víctima así como las restantes cuestiones deben ser juzgadas con perspectiva de género, lo cual importa la aplicación de las normas internacionales y las nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón de sexo o género (ver Convención de Belém do Pará). No puede restarse credibilidad a la declaración por la mera circunstancia de no existir otros testigos presenciales puesto que no descarta la existencia del evento, sino que en este contexto lo puede reafirmar tras confrontarlo con otras pruebas. Los hechos constatados justifican la decisión extintiva que adoptó la demandada (cfr. art. 242 L.C.T.), en tanto que, en su carácter de empleadora, tiene el deber legal de garantizar la indemnidad de las personas que trabajan bajo su dependencia, no solo en su aspecto pecuniario, sino también en moral, físico y psicológico (cfr. art. 75 L.C.T.), más aun cuando nuestro país cuenta con un cuerpo normativo referido a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que, entre esas disposiciones, se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Recomendación Nro. 19 del Comité de CEDAW, actualizada por la Recomendación Nro. 3. Asimismo, en el orden nacional, la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres constituye una normativa central para el tratamiento con perspectiva de género de los casos sobre violencia que acceden a la jurisdicción, entre ello, los que ocurren en el ámbito del trabajo. Cabe confirmar lo decidido en la instancia de origen.
Compraventa inmobiliaria, hipoteca, escrituración, mora del comprador
Materia: CIVIL
Carátula: GAUNA, JOSE RODOLFO c/ ARISMENDI, MARCELO PABLO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-05

Cuando en el boleto de compraventa el comprador asumió el compromiso de cancelar una deuda hipotecaria a cuyo efecto retuvo al vendedor parte del precio, no puede pretender excusar su incumplimiento alegando la falta de plazo dentro del cual debía haber satisfecho la obligación a su cargo, y que el vendedor debería haberlo conminado a hacerlo.

Si las estipulaciones volcadas en el boleto de compraventa importaron para el vendedor el otorgamiento de un mandato, aceptado por el adquirente, para que éste efectuara directamente el pago del gravamen el que debía ser ejecutado ajustándose a la liquidación y compromisos que fijaría la acreedora, este compromiso llevaba consigo el deber jurídico de cumplirlo con fidelidad y diligencia, haciéndose pasible de lo contrario de la sanción de daños y perjuicios por inejecución total o parcial (art. 1904 del Código Civil). Conforme a las particularidades de la especie, el plazo para su cumplimiento no podía ser otro que el que fijara la entidad crediticia para abonar el monto que resultare de la liquidación.