Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el Dr. Pedro R. David como Presidente y los Dres. W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli como vocales asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver en la causa n° 7160 del registro de esta Sala, caratulada: "Meza, Guillermo Sebastián s/recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la Defensa por la doctora Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Juan Edgardo Fégoli y en segundo y tercer lugar los doctores David y Mitchell, respectivamente (fs. 64).

El señor juez doctor Juan E. Fégoli dijo:

I- 1°) Que la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, dispuso confirmar la resolución - obrante a fs. 5/9- que resolvió no hacer lugar a la nulidad del auto que ordenara la elevación en consulta al Sr. Fiscal General, acorde a lo dispuesto en los arts. 166, 167 del C.P.P.N, 120 de la C.N. y Ley 24.946. (cfr. fs. 27/28).

Contra dicha decisión la defensa interpuso recurso de casación a fs. 31/40vta., el que concedido a fs. 45/46, fue mantenido a fs. 51.

2°) Que el recurso de casación lo estimó procedente en virtud de lo establecido en el artículo 456 inc 2_ del C.P.P.N.

Con sustento en los agravios descriptos a fs. 31/40vta de su escrito recursivo, solicitó se case la resolución impugnada, y se resuelva el caso con arreglo a la ley, ello en virtud de que "... la resolución dictada por V.V.E.E. a fs. 27/28 de la incidencia, importa un error in procedendo que genera la nulidad absoluta (artículo 456 inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación), con afectación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso y demás derechos y garantías reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados en ella (art. 75 inciso 22 CN)¼" (cfr. fs. 31vta./32).

En dicho embate casatorio el recurrente puntualizó que "¼la decisión atacada importa la generación de una norma no contenida en nuestro ordenamiento legal, que va en desmedro de las garantías constitucionales antes resaltadas, que trasuntan a su vez el propósito de llenar un vacío legislativo luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 348 del rito¼" ( cfr. fs. 37vta.).

Indicó asimismo que "¼De esta forma, la imposición constitucional del debido proceso se vulneró, atribuyéndose para ello el órgano jurisdiccional funciones legisferantes¼" ( cfr. fs. 38).

Concluyó señalando que "¼ en el caso, de acuerdo a lo normado por el art. 5° y 65 del código adjetivo, ante el sobreseimiento postulado por el Señor Agente Fiscal de la causa, debía disponerse el sobreseimiento de mi pupilo ante la ausencia de acusación fiscal, tal como lo prevé el ordenamiento y esta omisión del único requisito habilitante de la excitación del órgano jurisdiccional por parte del órgano estatal requirente, implicó inobservar las formas sustanciales del proceso relativas a la acusación, prueba y sentencia (125:10,127:36, 308:1557), situación esta que reclama su corrección por parte del superior Tribunal en la materia¼" (cfr. fs. 40).

Que a fs. 40 y vta. hizo reserva del caso federal.

3°) Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, la señora Defensora Pública Oficial ante esta Cámara, Dra. Laura Beatriz Pollastri, aportó el escrito agregado a fs. 54 y vta., solicitando se haga lugar el recurso de casación interpuesto.

En idéntica oportunidad procesal, el Sr. Fiscal General ante esta instancia Dr. Ricardo Gustavo Wechsler presentó el escrito glosado a fs. 57/61 propiciando el rechazo del remedio deducido, ya que "¼ entendemos que no se trata de aplicación analógica en perjuicio del imputado, sino de conciliar armónicamente el art. 120 de la C.N., las disposiciones de la LOMP y el art. 348 del C.P.P.N., a partir de las pautas fijadas por el más Alto Tribunal al declarar inconstitucional el mecanismo de consulta en manos del Poder Judicial, de modo tal que se tutelen en forma efectiva y no ilusoria las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y la independencia del Ministerio Público (consagrados en los arts. 18 y 120 de la C.N. y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), resultando la solución adoptada en la resolución que ahora se ataca, la manera más apta para resguardad la forma republicana de gobierno, misión fundamental del Ministerio Público¼" ( cfr. fs. 61).

4) Que a fs. 64 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del C.P.P.N.

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456 inciso 2_ del C.P.P.N. es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la errónea aplicación de la ley procesal; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del C.P.P.N.

III- Sentado ello, el eje del debate sometido a inspección casatoria radica en dilucidar si la elevación en consulta al Sr. Fiscal General dispuesta por el señor Juez Federal del sumario, constituye un procedimiento válido o si por el contrario - y tal como lo postula el recurrente- se instaura, en el caso, un procedimiento que "¼ importa a los jueces la facultad de generar normas¼ " (cfr. fs. 38vta.).

Esta Sala ya se ha pronunciado en un planteo idéntico al traído a estudio en estos actuados in re: "Luna, María Rosa s/ recurso de casación" (reg. N°9247, rta. el 16-11-06, causa n° 6733), "Benitez, Juan Manuel s/ recurso de casación", (reg. N° 10.007, rta. el 18-5-07, causa n° 6715), y "Varela, Héctor s/ recurso de casación " ( reg. n° 10.216, rta. el 3-07-07, causa n° 6891).

Al igual que en tal oportunidad adelanto mi voto favorable a la tesis sostenida por la defensa, razón por la cual habré de propiciar la revocación del pronunciamiento que la agravia.

Digo ello por cuanto el trámite que se le imprimió a las actuaciones tras la invalidación del precepto declarado inconstitucional, no encuentra recepción en ninguna de las restantes cláusulas del catálogo instrumental, de suerte tal que la elevación en consulta en los términos del art. 348 del CPPN a la Alzada, significó en los hechos la implementación de un control inexistente en la normativa procesal aplicable, lo cual se traduce en una arrogación de facultades propias de la labor legislativa y por ende ajenas al ámbito de incumbencia de este Poder Judicial (cfr. fs. 38vta. y 40).

A esta altura, es del caso recordar que in re: "Quiroga" (Q. 162. XXXVIII), se señaló que "recientemente, la Procuración General de la Nación envió un proyecto para modificar el sistema previsto en el art. 348, para que ante la disconformidad del juez respecto de la decisión del fiscal de no instruir, en vez de elevar en consulta a la cámara, lo haga al fiscal general, o sea a un funcionario jerárquicamente superior pero propio del Ministerio Público. Lo cierto es que esas son todas cuestiones de política criminal ajenas a las labores de la rama judicial...."(confr. considerando n° 27 del voto del Dr. Maqueda).

En la misma dirección, al pronunciarse esta Sala in re: "Soldán, Silvio Williams s/recurso de casación", causa N° 6492, reg. N° 8744 bis rta. el 16/6/06, se señaló que más allá de la interpretación del Fiscal de Cámara, lo cierto es que la única consulta es en virtud del artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación, pues a la sazón el Ministerio Público Fiscal ya se había manifestado por la aplicación a estos actuados del art. 336 del C.P.P.N. y, en consecuencia, el Juez de Instrucción quedó, desde entonces, sin la necesaria requisitoria para continuar con el trámite de la causa.

IV- Por las consideraciones expuestas, propicio hacer lugar al remedio deducido por la defensa a fs. 31/40vta., y en consecuencia revocar el decisorio puesto en crisis, devolviendo las actuaciones al Tribunal de procedencia a fin que se dicte pronunciamiento de conformidad con lo aquí dispuesto (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.). Así lo voto.

Los señores jueces doctores Pedro R. David y W. Gustavo Mitchell dijeron:

Que adhieren al voto del colega que lidera el acuerdo.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al remedio deducido por la defensa a fs. 31/40vta, sin costas y, en consecuencia, revocar el decisorio puesto en crisis, devolviendo las actuaciones al Tribunal de procedencia a fin que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí dispuesto (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.) Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del art. 400, primera parte del Código Procesal Penal de la Nación en función del art. 469, tercer párrafo del mismo ordenamiento legal y devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo. Doctores Fégoli, David y Mitchell. Ante mi Gabriela García.