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Seguro de vida, seguro colectivo, beneficiario del seguro, indemnización, incapacidad laboral, incapacidad total
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: BUZZO, LUIS PEDRO c/ LA BUENOS AIRES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-12

Cabe entender que el beneficiario de un seguro de vida colectivo tiene derecho al cobro de la indemnización prevista para el caso de incapacidad total, cuando según la opinión del médico legista actuante en el proceso, aquel presenta una incapacidad laboral del 59,32% de la total obrera, en forma permanente, o del 79,05% -según se aplique o no el principio de la "capacidad restante"- que le impiden superar los requisitos de un examen preocupacional, encontrándose, en consecuencia, imposibilitado de reinsertarse en el mercado laboral. Ello así, pues no puede caracterizarse la invalidez total desvinculada de las circunstancias concretas de la específica relación de trabajo que desarrolla el individuo y que dio lugar al seguro colectivo, debiendo merituarse la incidencia que ese grado de incapacidad física acarrea para desplegar su ocupación laboral, atendiendo la edad del sujeto y la capacitación física e intelectual que la realización de la actividad requiera.
Remuneración, adicionales de remuneración, carácter no remunerativo, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casco, Sergio José y otros c/ Municipalidad de Viedma s/ Contencioso administrativo laboral s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-07

No resulta irrazonable que la Ord. 3234/95 establezca a partir de su vigencia, el derecho a percibir una suma fija no remunerativa, pues la distinción que efectúa la norma aparece como objetiva y razonable, efectuada en miras a situaciones distintas derivadas de un escalafonamiento en la esfera del empleo público municipal.
Caducidad de instancia, litisconsorcio, indivisibilidad de la instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catena Jorge c/ Carmelo Lazzaro Bullo y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: a140 - 070)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-19

La indivisibilidad de la instancia justifica que el impulso procesal contra una de los litisconsortes debe considerarse suficiente para evitar la perención a favor de los demás, cuando los trámites del juicio así lo justifiquen, por ejemplo, por ser imposible o innocuo producir actos procesales contra los posibles favorecidos, pero de ninguna manera puede aceptarse tal solución en el caso que la actora ni siquiera hizo notificar la demanda al litisconsorte que acusa la perención y, por el contrario, siguió los trámites contra la obra demandada
Bancos, cheque, falsificación de cheque, endoso, firma, responsabilidad del banco, responsabilidad extracontractual, prueba, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SUCUMA CIA. INMOBILIARIA AGROPECUARIA  S.A. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Cuando un cheque es depositado al cobro en otro banco distinto del girado, es el banco que lo recibe para gestionar su cobro el responsable de verificar la regularidad de la serie de endosos, pero no la autenticidad de la firma de los endosantes, salvo la del último, ya que quien deposita el cheque al cobro de su cliente, y, por ende, es esa institución la única que puede certificar la autenticidad de su firma (circular del BCRA OPASI-1 del 11.9.81, pto. 1.1.2.3.8.).

En el caso de depósito para su cobro de un cheque falsificado en el endoso del beneficiario, no es responsable el banco frente a su librador, pues ya haciendo firmar al depositante como último endosante, ya omitiendo tal firma, el resultado no tendría variación, y en uno u otro caso el cheque hubiera ido al clearing y su importe hubiera sido sustraído de la cuenta bancaria del librador Tratándose de una relación entre el librador del cheque y el banco depositante ello está sujeto a las normas del derecho común (CCIV: 1109), de manera tal que quien quiera hacer valer la responsabilidad extracontractual del banco tiene que comenzar por probar su culpa, que si es indiferente con respecto al resultado dañoso, no es computable, como no lo será tampoco si no mediara adecuada relación de causalidad entre el menoscabo patrimonial producido y la negligencia incurrida.
Responsabilidad del asegurador, videojuegos
Materia: CIVIL
Carátula: Tamburro, Hugo Daniel c/ Management Company S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-09

La aseguradora de la firma propietaria de una sala de videojuegos debe responder por las heridas cortantes que sufrió un cliente en momentos en que jugaba un juego de mesa -pool-, pues aún cuando al enunciar el riesgo cubierto solo se haya mencionado a los videojuegos, cabe presumir que el juego que lastimó al actor queda incluido, junto con todos los elementos necesarios para que esa actividad se desarrolle, ya que de lo contrario implicaría una limitación del riesgo cubierto no específicamente determinado, en tanto en la póliza no se precisa que solo cubre los daños a terceros producidos por las máquinas electrónicas.
Asegurador, incompetencia, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. Nro. 37964 FAVIER, DANIELA Y OTS. EN JUICIO Nro. 109.755 MAIRAN OMAR Y OTS. c/ MERCHET, DIEGO GERMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-02-01

Cuando el asegurador deja en manos del asegurado la dirección exclusiva de la causa y deposita en pago la suma asegurada y las costas devengadas hasta ese momento, se libera de las que posteriormente se generan.
Empleo público, cesantía, medidas cautelares, personas con discapacidad, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

En el caso, aun cuando se soslayara el requisito de la sentencia definitiva, la quejosa no logra acreditar que la resolución denegatoria de la medida cautelar involucre una cuestión constitucional. Para habilitar la revisión pretendida, debía mostrar que se había controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en las Constituciones Nacional o de la Ciudad o la validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a ellas y que esta cuestión resulta central para resolver el asunto debatido. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Derechos del consumidor, multa administrativa, inmobiliaria
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Marusia S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Recurso indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-22

Corresponde confirmar la multa impuesta a una inmobiliaria, tras considerarse aplicable al caso la ley 24.240 -texto original- art. 1º, inciso B, referente a la prestación de servicios, y no el C, que habla acerca de la adquisición de inmuebles nuevos, pues la inmobiliaria no obró con la diligencia que exigía la operación, en tanto no brindó información veraz, detallada, eficaz y suficiente en los términos del artículo 4º al adquirente de una propiedad, ya que, el hecho de que no supiera -al momento de iniciar las negociaciones- que una fracción del predio no se encontraba escriturada no puede ser opuesto como defensa, en tanto dicha información resultaba esencial para el comprador y formaba parte del servicio contratado.
Trabajadores ferroviarios, acta acuerdo, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, MARIO HECTOR OSVALDO Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-01

El Acta Acuerdo 1/86 importó un reconocimiento de deuda por parte de la empresa Ferrocarriles Argentinos, desde el momento que dispuso un mecanismo de determinación para el pago del incremento remunerativo del decreto 3456/84, lo que sin dudas significa admitir la existencia de una obligación no extinguida aún.
Seguros, responsabilidad del asegurador, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDO CARLOS LUIS c/ SAVLOFF ALBERTO PABLO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

El daño ocasionado por un hecho ilícito que ha sido cubierto por el seguro contratado por el damnificado, no ha dejado de ser subsistente porque el emolumento que ha percibido dicho damnificado tiene su causa en el contrato de seguro y representa la contraprestación de las primas pagadas; sería injusto que el causante del daño se beneficiara con una exención de indemnización en razón de un contrato de seguro al que es ajeno.
Hurto de energía, conexión clandestina de electricidad
Materia: PENAL
Carátula: OTERO FALCON, MARIA s/ HURTO - ENERGIA ELECTRICA - SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Carece de relevancia que la conexión clandestina la efectuara la procesada, si luego de constatada su existencia la usó, pues al hacerlo se apoderaba ilegítimamente de energía eléctrica que no le pertenecía.
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: ESCUDERO, JOSE GUIDO c/ DA COSTA, LAURO ANTONIO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-19

Demandados daños y perjuicios como consecuencia de las lesiones desgarrantes que le produjera al accionante un ovejero alemán, cualquiera de las tesis, sea la corriente que adhiere a la variante de la concepción subjetiva de la responsabilidad del dueño del animal, doctrinariamente conocida como "culpa en la guarda", o la corriente más actual que prescinde lisa y llanamente de la idea de culpa y se atiene a un factor objetivo de imputación, conducen a idéntica solución desde que probado el hecho fuente, el dueño del animal que invoca como eximente la culpa de la víctima según el art.

1128 del Código Civil asume la carga probatoria (art.377 de Código Procesal).

Aún cuando la prueba de falta de culpa en la víctima fuera insuficiente, si lo que no se ha probado por quien tenía la carga de hacerlo es la efectiva culpa de ella alegada como eximente, el factor de atribución (arts.1124 y ss. del Código Civil) responsabiliza al dueño del perro.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARCIA TOMAS c/ JALET AMADO Y OTRO s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-16

El art. 3284 del C.C. al fijar la competencia para entender en la sucesión del causante, concentra en un sólo magistrado todo lo relativo a ella. El Código Civil Argentino consagra la unidad sucesoria, lo que determina que un sólo Juez entienda en todas las cuestiones que se planteen con motivo de la transmisión hereditaria. El fuero de atracción del proceso sucesorio expresa ese principio: dicho proceso atrae para ser resuelta por el mismo juez las acciones conectadas a la transmisión sucesoria, que la ley menciona. El art. 3284 inc. 4to C.C., dentro de dichas hipótesis, determina que las acciones personales de los acreedores del difunto quedan comprendidas en el fuero de atracción, incluyéndose las demandas promovidas contra el causante en vida de éste, las que deben acumularse al proceso sucesorio, como lo sostiene la doctrina más destacada en la materia. Por lo tanto, si el juez de la sucesión se encontraba comprendido en algunas de las causas de recusación con uno de los letrados de los demandados que determinaron su inhibición en el juicio de simulación promovido contra el causante en vida, no podía inhibirse de entender sólo en este juicio atraído, y mantener su competencia en el juicio sucesorio, pues esto violenta los principio que rigen el mencionado fuero de atracción.-
Prescripción, aplicación de la ley, interrupción de la prescripción, seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aramberry Luis Ma. c/ I.A.P.S. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-17

El artículo 844 del Código de Comercio establece que "la prescripción mercantil está sujeta a las reglas prescriptas en el Código Civil en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artículos siguientes ". Ello significa que la aludida remisión nos emplaza -en el ámbito de la interrupción de la prescripción-,en las causales previstas por el artículo 3986- Primera Parte del Código Civil. Sobre el tema,la Ley de Seguros introduce en el artículo 58-3 un supuesto de interrupción pues señala que "los actos de procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpen la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, orden público
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSE MARINO s/ JURISDICCION  Y COMPETENCIA - INHIBITORIA - INTERVENCION DE LA CORTE    ORDEN PUBLICO  -  SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO - PARTICIPACION CRIMINAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

Integra el orden público la regla que impide que sea atribuida a distintas jurisdicciones la decisión acerca de idéntica materia fáctica, con violación del principio según el cual la identidad de hechos determina la unidad de conocimiento, con prescindencia del número de partícipes, lo que significa que no cabe admitir que las cuestiones de competencia se planteen y concluyan primero respecto de un partícipe y después con relación a otro. El magistrado que reclama el juzgamiento de uno de los responsables de la acción delictiva asevera que el hecho entero cae bajo su competencia, pues al partícipe no le es atribuible un segmento de aquél, sino la totalidad, en el grado de causación y reproche que le sea asignable.
Contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Junker Enrique c/ Michel Rosa s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

El plazo de sesenta días de caducidad que establece el art. 1647 bis del Código Civil, sólo juega en relación a los vicios ocultos de la obra y no por los defectos o los vicios aparentes. El dueño al recibir la obra perdió el derecho a reclamar por los vicios aparentes de la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, jueces, facultades del juez, proceso penal, imputado, acusación, sentencia condenatoria, elevación a juicio, dictamen fiscal, requerimiento de sobreseimiento, fiscal de Cámara
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., C. y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad- Homicidio calificado por promesa   remuneratoria (Expte. C.S.J. Nro. 11 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa con sustento en la violación de la garantía del debido proceso por haberse dictado un fallo condenatorio no obstante la falta de acusación fiscal cuando el recurrente no logra rebatir los fundamentos de la Alzada ni demuestra la irrazonabilidad o ilogicidad de tales argumentos. Sobre el particular, es oportuno reseñar que hay quienes sostienen que el requerimiento fiscal de elevación a juicio es la acusación, y surte efectos como tal, aún "ultraactivos" a su formulación, aunque no contenga un expreso pedido de imposición de pena. Otros en cambio entienden que el requerimiento de elevación a juicio no es suficiente acusación, pues ésta quedará fijada de manera exclusiva y excluyente con la pretensión de la correspondiente sanción. Las dos opiniones que dividen a la doctrina están afincadas en el cumplimiento o no de la acusación fiscal (requisitoria por si sola, o requisitoria con el posterior pedido de sanción) se hallaban cumplidas en el presente caso en primera instancia, operándose recién en la Alzada la adhesión del Fiscal de Cámaras a la postura defensista, circunstancia ésta que no inhibe la potestad jurisdiccional de la Alzada en virtud del artículo 397 del Código Procesal Penal local.

En razón de lo expuesto, la exigencia de una efectiva acusación dentro del proceso penal en salvaguarda de la defensa en juicio del justiciable y de la garantía de imparcialidad del juzgador, se encuentra debidamente cumplimentada. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Sociedades comerciales, nulidad del acto jurídico, deber de colaboración
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAPUT, ANA MARIA LOURDES c/ J. URETA CORTES Y CIA S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión de la Cámara que sostuvo la nulidad de la decisión social adoptada en la asamblea por no contar con la mayoría necesaria para su validez, desde que la respuesta jurisdiccional de la Cámara contiene un dato incontrastable en este tipo de conflictos, al considerar la repercusión concreta en la marcha de la sociedad de cualquier otra mayoría que no fuera la unanimidad en la toma de decisiones sociales ( ya que al tratarse de dos socios, propietarios cada uno del 50 % del capital social, no hay mayoría alguna posible) -exponiendo además que la unanimidad exigida debía interpretarse en congruencia con lo prescripto en el artículo 1071 del Código Civil que prohíbe el ejercicio abusivo de derechos.

Estas consideraciones le otorgan un viso de mayor razonabilidad frente a la propuesta por el Juez inferior ( basada en el último párrafo del artículo 160 de la Ley de Sociedades Comerciales). Por lo demás, el marco fáctico, de derecho y de controversia que presenta la sociedad demandada difícilmente pueda ser resuelto en este ámbito, en tanto el derecho no puede suplantar el diálogo necesario para superar conflictos como el que subyace en el caso, que incluso pueden reiterarse sine die ante cada toma de decisiones que la entidad requiera; si no hay affetio societatis y esa predisposición necesaria que debe existir de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con la constitución de la misma, postergando los intereses personales en aras del beneficio común, los estrados judiciales siempre brindaran soluciones meramente paliativas o provisorias ya que no pueden sustituir los deberes de colaboración y de lealtad que corresponden a los socios.
Leyes, competencia contencioso administrativa, empleados públicos, remuneración, prescripción, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: FAYOS, JORGE ARIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 117-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-23

Dentro de las fuentes de derecho administrativo en el ordenamiento jurídico provincial no se encuentra una norma expresa que establezca el plazo de prescripción de los créditos surgidos de una relación de empleo público ni tampoco existen normas provinciales aplicables por analogía ni principios generales de derecho administrativo ni de derecho público local que permitan resolver dicha cuestión, pero sí existe una norma que prevé que la sentencia a dictar en un juicio contencioso administrativo será fundada si bien sólo "...subsidiariamente, en disposiciones legales y principios de Derecho Civil..." (artículo 68 ley 4106), incorporando así a la normativa provincial -aunque como fuente subsidiaria- las normas y principios de esa rama del ordenamiento jurídico.
Solicitud de libertad condicional, recurso de casación, admisibilidad formal, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, José del Valle c/  s/ Rec. de casación c/ Auto Interl. nº 216/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-02

Corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado defensor del penado en contra del Auto Interlocutorio del Juzgado de Ejecución Penal en el que resolvió no hacer lugar al pedido de libertad condicional solicitado, recomendando al interno, continuar e intensificar el tratamiento psicológico y concurrencia a los talleres de aprendizaje del autocontrol como paso previo a la consideración de cualquier derecho que importe una modificación cualitativa del cumplimiento de la pena (art. 1 y 5 de la ley 24.660), pues sin perjuicio de ser formalmente admisible, lo cierto es que los fundamentos que sustentan la resolución que se impugna no son rebatidos en esta presentación. Ello así, porque aunque se encuentre cumplido el requisito temporal que habilita el beneficio solicitado, y pese a la opinión favorable del establecimiento penitenciario, la que no es vinculante, considero que lo resuelto descansa en una ponderación razonable del informe psicológico realizado en el que consta una opinión contraria a dar curso a la solicitud formulada y a más de ello la resolución en crisis constituye una derivación adecuada de la ley sustantiva aplicable al caso, extremos que el discurso recursivo no ha logrado desvirtuar. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva).
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: SAUCO, Néstor Hugo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-03-02

Si se han probado apremios ilegales en la causa, acordar valor alguno a todo lo que pueda resultar producto de aquella tortuosa actividad sería un absurdo jurídico: lo contrario significaría descreer los más altos principios sobre el respeto de la personalidad y a la vez, no tener en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias recíprocas (civil), principio de incompensabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE B.A.M. c/ B.J.R. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La inconducta de uno de los cónyuges no autoriza al otro a proceder de igual manera, ni habilita al órgano jurisdiccional para atribuir distinta magnitud a las culpas respectivas. No se trata de graduarlas adicionándoles un calificativo que las aumente o disminuya (no puede hablarse, en esta materia, de "culpazas" ni "culpitas", ni de otros superlativos o diminutivos) lo esencial es la comprobación de las respectivas transgresiones, para imputar a cada una de ellas la sanción correspondiente según previsión normativa. Y aún cuando se siguiese lo que en alguna oportunidad cierta orientación jurisprudencial llamó "la espina irritativa" para remontar el origen del conflicto matrimonial, si las injurias probadas por el marido son cronológicamente anteriores a su adulterio, a su falta de prestación de alimentos y a su imputación de infidelidad no probada, aquellas injurias no podrían, de todos modos, ser entendidas como reacción explicable ante el comportamiento lesivo del consorte.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, integración del tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Vicuña S.R.L. c/ Trapaga, Aníbal H. s/ Incidente de reajuste
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La resolución del Presidente de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que a los efectos de integrar el Tribunal con motivo de las excusaciones producidas, dispone el pase de los autos a la Cámara en lo Penal, no reviste carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que por ser anterior a la sentencia no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)