marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, mandato, falta de mandato, recurso de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: TULIAN, SILVIA BEATRIZ MEGAZZINI DE c/ CAMOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 253-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-19

El juez debe verificar aun de oficio la capacidad para estar en juicio en representación de otro, toda vez que su ausencia obsta a que el proceso tenga existencia jurídica y validez formal, lo que es una consecuencia de lo dispuesto por el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial, pudiendo ser objetada por la parte contraria en cualquier momento, debiendo atenderla el juez ya que como presupuesto procesal hace a la validez del proceso y a la eficacia de la sentencia. La aludida norma está imbuida del principio de orden público y su conceptualización escapa a las disposiciones sobre ineficacia de los actos procesales, por lo cual la sanción de nulidad resulta inevitable puesto que se lo debe juzgar al tiempo en que se realizaron los actos procesales. La presentación posterior de nuevo profesional con poder suficiente para demandar, no importa el inicio de una nueva demanda ya que de sus términos no se infiere nada sobre el particular y la notificación a la accionada para que comparezca a contestar la demanda resulta ser la transcripción del decreto dictado como consecuencia de un acto nulo, no obstante ello la colaboración de la accionada en el desgaste jurisdiccional torna procedente la imposición de las costas por su orden.
Ejercicio profesional, ética profesional, sanciones disciplinarias, abogados
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V.N.R. y Otro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Ejercicio de la Abogacía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-14

Corresponde confirmar la sanción impuesta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por mal ejercicio de la abogacía, a dos abogadas imputadas de haber percibido la totalidad de las sumas acordadas con su cliente en concepto de honorarios y a la vez solicitar la regulación de sus emolumentos en el proceso, toda vez que los agravios radican sobre supuestos errores en el procedimiento que afectaron su derecho de defensa, sin tomar en consideración que de las constancias de la causa surge que el trámite del expediente se llevó a cabo conforme las pautas previstas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.
Violencia de género, remise, ordenanzas municipales
Materia: PENAL
Carátula: R. C. M. c/ C. Z. H. M. s/ violencia de genero - LEY 2786
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

Conforme lo señala Ignacio González Magaña, la violencia de género es aquella ejercida contra la mujer, por el mero hecho de ser tal (cfr. "La responsabilidad estatal frente a la violencia de género", LL AR/DOC/2661/2018).Si bien todo trato irrespetuoso o desconsiderado que se brinde a cualquier persona, merece un reproche y hasta una sanción, el concepto de violencia de género, tal como se señaló, excede el marco de los hechos que han sido objeto de denuncia. (Del voto del Dr. José I. NOACCO).
Ministerio Público Fiscal, delegación de la investigación, facultades del juez, resoluciones inapelables
Materia: PENAL
Carátula: " Fiscalía Federal N° 5 s/ queja por apelación denegada ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-10

"en materia de delegación el Tribunal ha sostenido "que el ejercicio de la facultad a la que alude el artículo 196 del C.P.P.N, confiriendo dirección al fiscal, no hace más que asignarle uno de los cometidos esenciales inherentes a su razón de ser, ajustando su rol a la potestad que ejercita Una exégesis razonable de la ley procesal impide sujetar a un plazo mínimo la innovación introducida por el artículo 196, que aunque tímida y mediatamente, permite al Ministerio Público protagonizar la investigación preliminar desdoblando las funciones de requerir y decidir, a la luz de las legislaciones más modernas y de los principios republicanos, y en vistas de una mayor agilidad y eficacia en la persecución"(cfr. de esta Sala, causa n° 28.425 "Desirée Aidar, J.", reg. 30.699 del 24/11/09 y sus citas)"."Es que no debe olvidarse que "el instituto de la delegación es eminentemente discrecional para el juez, pudiendo éste disponer de su utilización durante toda la instrucción, con el único límite de la conveniencia para el desarrollo de la investigación" (en este aspecto, v. causa n° 17.121 "Inc. de apelación en autos Valdez, B. s/defraudación", rta. 16.11.00, reg. 18.176; c. n° 17.248 "Norberto y otros s/nulidad art. 196 C.P.P.", rta. 5.12.00, reg. 18.254 y sus citas; c. n° 19.098 "Massholder, Juan s/nulidad delegación fiscal", rta. 22.8.02, reg. 20.079, entre otras)".
Responsabilidad del Estado, establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, situación de vulnerabilidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Todarello, Guillermo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-20

La Corte ha establecido que el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de los detenidos y ejerce un control total sobre los mismos; así pues, su deber no es sólo garantizar la dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe un deber de dar explicaciones sobre lo que sucede con ellas y una especial función de garantía en el resguardo de derechos con motivo de la situación de vulnerabilidad que atraviesan al estar privadas de su libertad. Por ello también, resultan de aplicación mutatis mutandis las doctrinas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Verbitsky", Fallos 328:1146 y "Rivera Vaca" Fallos 322:2544.
Derechos y garantías constitucionales, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

La coacción o coercitividad, -como expone Otto MAYER- está dada en la posibilidad de aplicar medios de fuerza para asegurar la ejecución del deber, y puede traducirse en pena, caso en el cual se impone al sujeto una carga adicional, no comprendida en la orden misma de obedecer.- Si ya la coacción -como amenaza de pena- está supeditada a formas y procedimientos previamente normados y debe sujetarse al principio de legalidad, con mayor razón deberá estarlo la aplicación de la pena coercitiva, como nueva limitación de la libertad y la propiedad.- De allí que el acto que la imponga debe encuadrarse en la autorización legal dada, darse según el procedimiento impuesto, con todos los límites y obligaciones que en el régimen de Derecho rodean y regulan la voluntad del Estado.- La legalidad, la indelegabilidad, el orden público, la razonabilidad, son las garantías de los derechos de los individuos frente a la función policial.
Daños y perjuicios, restricciones al dominio
Materia: CIVIL
Carátula: ANBER  S.C.A. c/ CONSORCIO PROPIETARIOS SEGUI 4444 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Si se está en presencia de un supuesto no contemplado por el Código Civil, como lo es el de la invasión parcial del fondo lindero por construcciones hechas por el propietario vecino, desde que los arts.

2587 y ss. del mismo código se refieren a la construcción o siembra de un inmueble ajeno, doctrina y jurisprudencia coinciden en acordar sólo el derecho de reclamar el precio del terreno y el pago de los perjuicios sufridos, solución impuesta no sólo en razones de interés particular, sino también de orden general, pues tiende a impedir la pérdida innecesaria de valores económicos sin beneficio para el titular de los derechos afectados cuya lesión patrimonial es compensada, que encuentra fundamento en el art. 1071 del Código Civil, que niega protección al ejercicio abusivo de los derechos más allá de los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Aún en el supuesto que se considere que el edificante obró de buena fe, igualmente le cabe la obligación, extensiva a los sucesores particulares, de pagar la superficie ocupada y los daños que de tal menoscabo pudieran resultar.-
Tasa de justicia, intimación de pago de tributos, reducción de tasa de justicia, revisión judicial de actos administrativos, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. s/ Lealtad Comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27

La intimación de este Tribunal a la sociedad recurrente a que ingrese la tasa de justicia adeudada resulta ajustada a derecho puesto que las actuaciones tuvieron inicio, posterior tramitación y resolución - contra la cual la sumariada interpuso un recurso de apelación - ante la Secretaría de Coordinación Técnica dependiente, a su vez, del Ministerio de Economía y Producción que, por lo tanto, se encuentra en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, resulta de aplicación lo previsto por el Art. 3, inc. g), de la ley 23898, que prevé la aplicación de la tasa de justicia prevista por el Art. 2 de dicha ley, reducida en un 50 por ciento, no correspondiendo la exención del Art. 13 inc. d) de dicha ley, ya que la revisión judicial de una sanción administrativa, no origina, de acuerdo al fuero designado como competente, las actuaciones en sede penal a que se refiere la exención de la tasa judicial, por lo que deviene indiferente que el recurso contencioso administrativo haya sido resuelto por la sala penal de la cámara federal competente (Fallos 318:503). En igual sentido: Sala B, Reg. 445/1999, Reg. 687/2000, Reg. 425/2004, Reg. 555/2004, Reg. 497/2005 y Reg. 498/2005.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, tribunales de instancia única, fundamentación de sentencias, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: RIBECA, AMERICO JULIO Y OTRO c/ SISQUE DE MALDONADO, MARIA LUISA Y CIA SCA Y-U OTROS s/ COBRO DE PESOS     DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 675-87 SAVINO, VICTOR c/ MALDOVAN, HUGO s/ DA#OS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 157-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19|1990-06-05

Si lo que se arguye es ausencia de motivación de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Instancia Unica, y tal falencia provocó la nulidad susceptible de ser declarada por vía de la apelación extraordinaria, la sentencia no es definitiva, y el recurrente debió interponer dicha impugnación y no el recurso de inconstitucionalidad.
Dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Pantere, Leonardo Daniel c/ Pelegrini, Alexis y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-13

Si bien el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquel debe encontrar apoyo en fundamentos que objetivamente demuestren que la opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción del juzgador acerca de la verdad de los hechos controvertidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Larrechart, Alejandro Carlos c/ Berchmann, Marco Américo s/ Querella por calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 226 del Código de Procedimiento Penal señalando que el tribunal realizó una apreciación parcializada de la prueba al prescindir de los elementos probatorios más importantes si no se los identifica, ni se explica por qué -aunque la denuncia fuera cierta- ello constituiría la transgresión alegada, atento especialmente al contenido del último párrafo del citado artículo.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, jurisdicción, Derecho contravencional y de faltas, multa fotográfica, acto administrativo, presunción de legitimidad, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: WAGNER, LEONARDO JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-22

El pronunciamiento dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Penal de Faltas, en cuanto se funda, esencialmente, en el análisis del contenido del acta labrada como consecuencia de la violación del semáforo de prioridad -violación de la luz roja- confeccionada según "fotomulta", afirmando que existe una inadecuada constatación que no reúne los requisitos mínimos del artículo 35 ter c) de la ordenanza 7881, modificada por la ordenanza 11408, no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas de la causa, desde que tal razonamiento implica desconocer algunos principios que necesariamente debieron ser tenidos en cuenta a la hora de fallar, y que, en el caso, se resuelven básicamente, en el carácter revisor de la instancia y en el de la presunción de legitimidad de los actos administrativos. En este sentido, debe destacarse que la materia en debate es contencioso administrativa y, cualquiera sea la posición que se adopte en orden a la naturaleza de la jurisdicción de los Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas para el juzgamiento de asuntos como el del "sub examine", es claro que ella es meramente revisora, motivo por el cual la sentencia impugnada exorbita manifiestamente las cuestiones que le habían sido propuestas al Juez.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, dolo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ, SANDRO M.; CARRASCO, HORACIO Y AGUIRRE, GELMARIO s/ APREMIOS ILEGALES S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-26

Si los magistrados actuantes-una Cámara compuesta por tres jueces-en juicio oral, tienen la convicción real y efectiva de que la actitud asumida por los funcionarios policiales en su actuar conlleva la actitud dolosa, no puede pretenderse que este Tribunal realice la misma operación intelectiva que el grado con el alcance aludido, ya que se estarían trasponiendo los límites dentro de los que cabe interpretar este excepcional recurso de legalidad.
Lavado de activos, sentencia condenatoria, compraventa inmobiliaria, compraventa de automotores, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Auccapure Bellota, Bruno  c/  s/ contrabando e inf. art. 303 inc. 3 del CP
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-06

Corresponde condenar al encartado, en el marco del juicio abreviado, como autor del delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de darle apariencia de un origen lícito (arts. 45 y 303, apart. 3°, del CP., norma que reprime a quien recibiere dinero proveniente de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación en el mercado de manera que le de apariencia posible de un origen lícito), dado que se determinó que el imputado realizó operaciones comerciales tendientes a ocultar al verdadero titular de los fondos mediante la utilización de testaferros a fin de evitar un conjunto de manifestaciones económicas que no se ajustarían a su perfil, y que no constan elementos de prueba de que la actividad económica desarrollada por el procesado justifique la tenencia de la suma de dinero secuestrada; además de la existencia de dos operaciones de compraventa de dos inmuebles en las cuales intervino el imputado como representante de los respectivos vendedores y siendo las compradoras de las propiedades sus hijas, quienes no poseían actividades formales que les permitieran llevar a cabo dichas operaciones, y la compraventa de un automóvil.
Interventor federal, decretos, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE EMILIANO (H) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-20

Un decreto dictado por el Interventor Federal, que el caso es un acto administrativo individual con efectos respecto de un número de personas fácilmente individualizables, que fue publicado en el Boletín Oficial pero no notificado personalmente a los interesados, debe ser considerado como un acto de alcance general a los fines del cómputo de los plazos de la vía elegida para su impugnación y aplicar lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 2297.
Alimentos, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colman Silvia Maria c/ Razetto Ricardo Alberto s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-30

La obligación alimentaria es alternativa, ya que puede ser satisfecha in natura o en dinero a elección del deudor, sólo cuando el alimentante entrega en especie bienes o servicios que integran, sin lugar a dudas, el objeto de su obligación y no existe convenio o sentencia judicial que indique la forma en que ésta debe cumplirse; en caso contrario, como la elección no puede corresponder al alimentante, los otros gastos que realice en beneficio de los alimentados deben ser considerados simples liberalidades, sin que quepa apartarse del principio contenido en los artículos 374 y 825 del Código Civil.
Derecho penal, asistencia en asuntos penales, prevención y responsabilidad penal juvenil, competencia contravencional y de faltas, prescripción de la acción penal, delitos contra la integridad sexual, principio de legalidad, irretroactividad de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado reiteradamente la aplicación del régimen excepcional de imprescriptibilidad a crímenes que, por sus características, no podían ser encuadrados en la categoría de graves violaciones de derechos humanos (v., p. ej., "Albán Cornejo y otros v. Ecuador", sentencia del 22/11/2007, párrafos 111 y 112, "Vera v. Ecuador", sentencia del 19/05/2011", párrafo 129, y "Vélez Restrepo y familiares v. Colombia", sentencia del 3/09/2012, párrafos 282 y 283).
Calumnias, injurias, retractación, funcionarios públicos, interés público
Materia: Penal
Carátula: Knodler de Bestene, Ingeborg; Bestene, Ricardo s/ Querella Garzonio, Héctor Oscar s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-09-18|1991-10-31

La prescripción contenida en el art.117 del Código Penal se tornará inaplicable a causa del interés público tutelado. Sin embargo, -y es aquí donde reside el yerro del Señor Juez- aunque la mera calidad de funcionario público ofendido no se complementara para el ejercicio de la acción pública de instancia -o promoción- privada con el resto de los supuestos incorporados por la Ley 21.338 no por eso desaparecería el interés público que impide la retractación ya que de lo contrario un acuerdo de partes amparado bajo tal previsión haría ilusorio la eventual investigación que corresponda como actividad que, entre nosotros, es exigida constitucionalmente.
Legitimación procesal, facultades del juez, investigación a cargo del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Trezza de Maldavsky, María c/ Edificadora Polcompany  S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

La calidad o legitimación para obrar es resorte y función investigadora de oficio del Juez en la oportunidad de dictar sentencia, pues la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado es requisito necesario del fallo.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A.P.I.E.F.I. S.A. c/ Casa Sferra S.C.A. s/ Quiebra/ revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-07

La presunción de que existe cesación de pagos a través del incumplimiento, no se altera porque la obligación sea civil o comercial, o de carácter laboral o fiscal.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Pucheta, Oscar c/ Claus,Elpidio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-13

Comprobada la existencia del crédito, corresponde establecer si el mismo está o no prescripto en función de lo que surge de los escritos de integración de la litis. Por tanto, si se resuelve que dicha defensa es viable, no corresponde pasar al tratamiento de lo otro; en cambio, si se repele la excepción, se impone analizar luego la procedencia o no del rubro. Las acreencias no están prescriptas.

Las cartas documentos remitidas por la actora develan la existencia de interpelación auténtica a la accionada que genera la suspensión del término de prescripción por un año (artículo 3986, 2do. párrafo del Código Civil en función del artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo), por lo que al demandarse en autos no habían transcurrido los dos años del artículo 256 de la Ley 20.744. No modifica la solución propuesta, la circunstancia de que la reclamada haya negado y cuestionado la autenticidad de las cartas documento aludidas y no se haya producido prueba informativa a Encotel.
Sanciones disciplinarias administrativas, aplicación de la ley, código penal, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sumario   averiguación   presuntas   irregularidades  en  la causa: Burgues, Roger s/ excarcelación s/ Sumario averiguación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Con respecto a las sanciones disciplinarias no se aplican los principios generales del Código Penal, ni sus disposiciones en materia de prescripción.
Impuesto sobre los ingresos brutos, convenio multilateral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESSO S.A.P.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal Fiscal de Apelación) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Las leyes- convenio constituyen un contrato entre la Nación y las provincias, lo cual impide en la instancia contencioso administrativa el reclamo de compromisos y obligaciones convenidos sin la intervención previa de la Comisión Federal de Impuestos.
Prisión perpetua, inhabilitación absoluta, autoría, tipo penal, homicidio calificado por el vínculo, código penal, interpretación y aplicación de la ley, deberes del juez, instrucción, deberes del fiscal, agravantes de la pena, homicidio vinculado
Materia: PENAL
Carátula: C. J. M.  c/  s/ doble homicidio agravado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2018-03-20

Corresponde aplicar pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta a quien resulta ser autor materialmente responsable de doble homicidio agravado por el vínculo parental (filicidio) -artículos 12, 19, 80 inciso 1 y 55 y 29 inciso 3 del Código Penal- habiendo causado la muerte de sus dos pequeños hijos mientras dormían, pues si bien la instancia instructiva debió tratar la concurrencia de los agravantes previstos en el inciso 12 del mismo artículo, encuadrando los nefastos hechos dentro del homicidio ocasionado a un tercero con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantenía una relación de pareja -filicidio agravado por venganza transversal-, en tanto se trata del mismo tipo penal básico, resulta idéntica la sanción a aplicar.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., C. A. y Otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-06

Aún en los juicios de amparo cuando se interpone el Recurso Ordinario de Apelación previsto en el artículo 32 inc.7 de la ley 37 y aún cuando se alegue la existencia de un gravamen irreparable, la sentencia no es definitiva a los fines de la previsión legal.