Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2006-04-17


Corrientes, abril 17 de 2007.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? El doctor Semhan dijo:

I. Contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones (fs. 94/97) en cuanto confirmó el de primera instancia que hizo lugar a la excepción opuesta y por consiguiente rechazó la demanda, el ejecutante deduce recursos de nulidad extraordinario y extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 100/102 vta.).

II. El remedio intentado se interpuso contra una sentencia equiparable a definitiva, dentro del plazo legal, con satisfacción del depósito económico y de las cargas técnicas de la expresión de agravios. Circunstancias que habilitan la vía.

III. Se agravia el recurrente señalando que el Tribunal incurre en incongruencia extra petita y arbitrariedad por absurdo y exceso ritual manifiesto.

IV. Tengo para mí que la Cámara incurrió en incongruencia extra petita. Explicaré por qué.

V. La ejecutada opuso la excepción de falsedad de título diciendo que habían sido adulteradas las firmas, la fecha de creación y de vencimientos de los documentos presentados para la ejecución.

Pero al fundarla, textualmente expuso.

1. "Que conforme se probará oportunamente, las firmas obrantes en los documentos, como asimismo el nombre de la supuesta firmante y del acreedor, como las menciones de 'Mercadería', 'mi', Santa Rosa Provincia de Corrientes", "Antonia Alvarez", "Ruta 118 Km 63", "Santa Rosa", datan de diferentes fechas con relación a los montos consignados en número y letra, la aclaración y el D.N.I..., siendo inscriptos con diferentes bolígrafos, biromes, y/o lapiceras, no correspondiendo al número de documento de nuestra mandante que es ...".

2. "Que asimismo negamos autenticidad a las firmas obrantes al pie de dichos documentos por no haber sido puestos de puño y letra de nuestra representada".

3. "Que la acción se halla dirigida contra Antonia Alvarez, D.N.I. ..., siendo nuestra representada Antonia Beatriz Alvarez, D.N.I. ..., que reiteramos no firmó los documentos objetos de la ejecución, y por ello no existe deuda que pueda ser exigida por la actora, y por los montos reclamados en autos".

4. "Que de sólo observar los documentos agregados a autos, se desprende que los mismos han sido llenados por distintas personas, caligrafías diferentes, con colores de tintas que no se condicen unas otras, y en distintas fechas, siendo la firmante Antonia Alvarez, D.N.I. ..., y no nuestra representada Antonia Beatriz Alvarez, D.N.I. ...".

5. "Que es por ello que la presente ejecución debe ser rechazada al no existir deuda, ni obligación alguna de pago con la actora".

Y, con ello cesó la fundamentación de la excepción deducida.

Es más, al ofrecer la prueba pericial correspondiente, determinó como puntos de pericia los siguientes: "a) si las firmas estampadas en los documentos que se reservan en Caja Fuerte del Juzgado fueron puestas de puño y letra de nuestra representada Antonia Beatriz Alvarez. b) Si los documentos han sido redactados de puño y letra de una sola persona o de más de una. c) Si el tiempo de llenado de los documentos en su totalidad es el mismo, o si existen distintas fecha de llenado de las distintas partes, y en su caso determine en que fecha aproximadamente fueron llenados los mismos, y de que fecha datan las firmas insertas al pie, y si coincide con la fecha de creación y vencimiento de los mismos. d) Si el contenido total de ambos documentos, fueron llenados con una o distintas biromes bolígrafos y/o lapiceras".

Resulta de ello que los puntos de pericia a) y b) refieren a los supuestos de falta de autenticidad de firmas y al abuso de la firma en blanco los individualizados con los ítems c) y d).

VI. Así las cosas, la excepción se fundó la falta de autenticidad de las firmas y del texto pero no en la adulteración de las fechas de creación y vencimiento de los pagarés. La adulteración bien se sabe, consiste en enmendaduras, raspados, lavados, sobrelineados, interlineados, o adiciones en general, que provoquen la mutación de fechas, guarismo, nombre, etc. (Cám. 1º Apel. San Isidro, causa 50.899, 52.015, Cám. 1º Apel., San Nicolás, DJBA, 117-471 o SP LA LEY, 979-603); o sea es toda alteración material consistente en toda modificación comprensiva de sustituciones de palabras o cifras, supresión de menciones (tachaduras) o agregados al texto primitivo. Y, como se vio, en el caso ninguna de esas alteraciones fueron aseveradas en la fundamentación de la excepción deducida.

VII. Entonces, cuando, la Cámara expone como fundamento de su sentencia que las fechas de creación y vencimiento de los pagarés fueron adulterados se precipitó en la incongruencia violatoria de la garantía de la defensa en juicio, no afirmado ese hecho en el escrito de oposición de excepción, el ejecutante no tuvo posibilidad de alegación ni de prueba.

Sucede que la exigencia que obliga a establecer una correlación entre los dos grandes elementos definidores de todo proceso: la pretensión y la decisión -vale decir, la congruencia (Guasp, "Derecho Procesal Civil", Madrid, Ed. Inst. Estudios Políticos, 1956, t. 1 p. 1524-b)-, funciona como condición del proceso verdadero (Morello, Augusto, "El principio de congruencia como límite a la decisión del Juez en la Sentencia", JA Doctrina, 1972-247 y; "Prueba, incongruencia, defensa en juicio", Bs. As., Perrot, 1977; Bidart Campos, Germán J., "Principio de congruencia en la Alzada y arbitrariedad de la sentencia" en ED, 1949-635/36; Palacio, Lino Enrique, ps. 240/241; Gelsi Bidart, Adolfo, "Juez y Derecho. Garantía y proceso. En torno del principio de congruencia" en Jus 35, p. 19 y sigtes.).

La congruencia descansa en todos los principios que informan el proceso y configura una doble garantía: por un lado, establece los límites al "thema" (del cual no ha de salirse el juez al sentenciar), asegurando la imparcialidad de éste; y por otro, supone seguridad para los litigantes desde que éstos saben de qué defenderse (Conf. Chiovenda, G., "Identificación de las acciones - sobre la regla no est iudex ultra petita partium" en "Ensayos de Derecho Procesal Civil", trad. de Santiago Sentís Melendo, t. 1. Bs. As., EJEA, 1949, p. 274, Serra Domínguez, "Estudios de Derecho Procesal Civil", Barcelona, 1969, p. 391). De allí que, como bien lo señala la Corte Nacional, asegura la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 273:238; 268:7; 301:213; etc.).

Y en virtud de ella es que, si bien la apelación devuelve al Tribunal ad quem la plenitud de la jurisdicción, los poderes de la alzada tienen el doble límite. Por un lado, el que le limita al conocimiento de aquellas cuestiones comprendidas en los agravios expresados por el apelante, y, por el otro, siempre que éstas hubieran sido oportunamente sometidas a la decisión del órgano inferior (Palacio, Lino. "Derecho Procesal civil". Abeledo-Perrot. Bs. As., 1993, t. V, p. 463. Ibáñez Frocham, Manuel M., "Tratado de los recursos en el Proceso Civil". Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1953, 3º ed., p. 196).

VIII. De todos modos, aun cuando -suponiendo por hipótesis- la sentencia de Cámara fuese congruente, su motivación padecería de arbitrariedad por no constituir derivación razonada del derecho vigente. Explico.

IX. En el caso se trata de la ejecución de dos pagarés librados en formularios preimpresos que indicaban como año de creación y vencimiento "19" número que aparece tachado y escrito a lado de él el 2002.

Ese testado, tratándose de un formulario preimpreso carece de entidad por sí solo para servir de sustento a la excepción de falsedad. En tal orden de ideas, la utilización de un formulario preimpreso que consigna la unidad y decena correspondientes al siglo pasado y que aparece testada, no resulta bastante para demostrar que el título se adulteró y que se libró antes de la fecha que se indica, toda vez que tal proceder sólo revela la adecuación temporal de la forma, extremo que no merece censura. Opinión en la que no estamos solos, conforme puede verse en la jurisprudencia de la Cám. 2º sala I, La Plata, causa B-69554.

Por otra parte, tal como se destacó en los considerandos precedentes no fue siquiera invocada la existencia de enmendadura, raspadura o borrado. Es más con la pericial ofrecida se trató de probar una circunstancia diversa, como es la determinación del sujeto que firmó el pagaré y un supuesto de abuso de firma en blanco.

X. Justificada la invalidación de la decisión de la Cámara, corresponde ejercer la jurisdicción positiva (art. 284 inc. 3 CPC) dictándose la sentencia de remate que rechace la excepción opuesta y mandando por consiguiente proseguir con la ejecución por el capital reclamado con más los intereses devengados, por la mora y conforme la tasa acerca de la cual paso a pronunciarme.

El Superior Tribunal lleva dicho, en varios precedentes ("Bisagne, Jorge Omar c. Alonso, Aníbal Horacio y otra s/Ejecutivo", expte. 24852; "León Kupervaser S.A. c. Sucesión de Manuel Marco C. Derqui s/Ejecutivo", expte. 24548) que la norma específica que regula los intereses devengados por la falta de pago oportuno de un pagaré -arts. 103 y 52 inc. 2 dec.-ley 5965/63- remite concretamente al tipo "corriente" del Banco de la Nación en la fecha de pago y, "siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses de plazo o intereses corrientes, debe entenderse que rigen los que cobra el Banco Nacional", según reza el art. 565 del Cód. Comercio en su último párrafo. La tasa de interés aplicable será entonces, la activa. Y toda vez que cada provincia se rige en cuanto a la tasa aplicable por sus propias instituciones oficiales, corresponderá referir al tipo de interés que cobra el Banco de Corrientes S.A.

Razones de previsibilidad también aconsejan en el caso la aplicación de la tasa activa. En efecto; los intereses aludidos actuarán como resorte natural para compeler al pago oportuno de las operaciones comerciales, abasteciendo adecuadamente la seguridad y celeridad necesarias en las prácticas habituales de la materia.

Ahora bien, la norma se refiere a la tasa activa pero no precisa qué clase de operaciones entre aquellas que practican las entidades financieras son las que deben considerarse al momento de determinar los accesorios. La previsión legal queda así abierta al intérprete, que debe atender, entre otras pautas, a las condiciones económicas del país y su mercado financiero.

Partiendo entonces de esa premisa, encuentro que el perjuicio que experimenta el acreedor ante el oportuno pago de un pagaré resulta adecuadamente resarcido con la tasa bancaria correspondiente a las operaciones ordinarias de descuento.

Pero, por las particularidades del sub lite en el que se ejecutan dos pagarés en moneda de curso legal el tope que entiendo justo y razonable en el caso es del 24% anual. Tasa ésta que permite compensar el capital, indemnizar el daño moratorio y penalizar el incumplimiento. Otra tasa significaría "el apartamiento notorio, por un lado, de la realidad económica" que, como se sabe y Alberto Bianchi bien nos recuerda, es sinónimo de arbitrariedad ("El apartamiento notorio de la realidad económica como causa de arbitrariedad en las sentencias" ED, 116-772), y por el otro de los principios de equidad, orden público, buena fe, moral y buenas costumbres que es y debe ser de aplicación irrestricta en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico.

XI. Razones por las que si este voto resultase compartido por la mayoría de mis pares corresponderá hacer lugar a los recursos extraordinarios deducidos y en consecuencia invalidar la sentencia de Cámara y revocar la de remate en la extensión recurrida para rechazar la excepción de falsedad de título mandando llevar adelante la ejecución hasta que Antonia Alvarez haga íntegro pago a Oscar Barrientos del capital reclamado $6.709,17 con más los intereses calculados según la tasa que percibe el Banco de Corrientes S.A. en sus operaciones de descuento de documentos desde la mora y hasta su efectivo pago, que no podrá superar el 24% anual. Con costas en las instancias ordinarias y extraordinaria a la ejecutada y devolución del depósito económico a la parte recurrente.

El doctor Farizano dijo:

I. Contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones (fs. 94/97) en cuanto confirmó el de primera instancia que hizo lugar a la excepción opuesta y por consiguiente rechazó la demanda, el ejecutante deduce recursos de nulidad extraordinario y extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 100/102 vta.).

II. El remedio intentado se interpuso contra una sentencia equiparable a definitiva, dentro del plazo legal, con satisfacción del depósito económico y de las cargas técnicas de la expresión de agravios. Circunstancias que habilitan la vía.

III. Se agravia el recurrente señalando que el Tribunal incurre en incongruencia extra petita y arbitrariedad por absurdo y exceso ritual manifiesto.

IV. Basta una lectura del escrito de interposición de la excepción de falsedad de título (fs. 22 y 22 vta.) para rechazar el agravio del recurrente referido a que la sentencia impugnada incurrió en incongruencia citra petita cuando concluyó que habían sido adulteradas la fecha de creación y vencimiento de los pagarés presentados para la ejecución.

V. Tampoco es admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Explico.

VI. En el caso se trata de la ejecución de dos pagarés librados en formularios preimpresos que indicaban como año de creación y vencimiento "19" número que aparece tachado y escrito a lado de él el 2002.

VII. De las constancias de autos surge que la enmienda de los mencionados pagarés no fue negada por el ejecutante, es más fue expresamente reconocida. En efecto.

El ejecutante dijo "Dado el cercano cambio de siglo (del año 1900 pasamos al 2000), en ocasión de extenderse los pagarés la cifra preimpresa en ellos ('19') no podía ser rellenada y necesariamente debía enmendarse".

Y agregó, "No podía rellenarse y debía enmendarse, insistimos, porque los pagarés fueron librados en un nuevo siglo, que recientemente se había iniciado: esto es, es una época cuya identificación numerológica comenzaba con "20" y no con "19" (vide fs. 80 y 81).

VIII. Siendo hecho admitido que se enmendaron las fechas de creación y vencimiento del documento presentado a ejecución correspondía al ejecutante, que reclama el cumplimiento literal -alterado-, la prueba de la existencia de la alteración anterior a la puesta de la firma por el ejecutado (Muguillo, Roberto A., "Letra de cambio y pagaré", Ghersi-Carozzo-Editores. Ediciones Centro Norte, 1987, Bs. As., p. 227).

Más, en causa esa prueba no se ofreció ni menos aún se produjo. Ello así, al caso es aplicable el art. 88 in fine del decreto ley 5965/63 que establece una presunción juris tantum, respecto a que la alteración del título fue posterior a las firmas cambiarias, presunción que tiene por efecto determinar en forma precisa que la carga de la prueba recae en el ejecutante (conf. Cám. Nac. Com., sala B, 16/6/77, LA LEY, 1978-C, 671, sum. 3208).

Ello así, el principio instituido por el art. 549 apartado segundo del ordenamiento adjetivo "corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones" -cede ante la solución incompatible prescripta en la norma de derecho sustancial citada- art. 88 L.C.A. (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. VII. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1994, p. 497).

En igual sentido, Cámara expresa que si el documento presenta alteraciones perceptibles a simple vista, es el actor quien deberá probar que el demandado contrajo su obligación cartular conforme al texto alterado, pues de lo contrario se debe estar a la prescripción emergente del citado art. 88 de la ley cambiaria (Camara, "Letra de Cambio", t. I, ps. 492-493 y t. III, ps. 355-356).

También la jurisprudencia dice que las enmiendas a los pagarés advertibles a simple vista constituyen alteraciones sustanciales del documento, que al no haber sido salvadas afectan la validez y privan al actor de su derecho a invocar en su favor las constancias de los documentos de referencia y exigir su pago (CNCom., Sala A, 13/3/72, ED, 45-474 ) y, justifican el acogimiento de la excepción de falsedad de título (Cám. 2, sala III, La Plata causa B-73.197, reg. sent. 61/92).

IX. Tampoco puede decirse que la estimación de la excepción deducida configura exceso ritual manifiesto porque en causa se trata del cobro ejecutivo de un documento cartular que por su esencia además de ser autónomo, literal, abstracto, es formal. De allí que estos deban cumplir estrictamente los requisitos formales impuestos por la ley, requisitos que se relacionan con la existencia misma del título (conf. arts. 2º y 102, primera parte, del decreto-ley 5965/63. Muguillo, Roberto A., "Letra de cambio. Pagaré", ob. cit. p. 260).

En ese orden, la jurisprudencia expuso que "si la fecha del pagaré se encuentra enmendada, sin que tal corrección del texto aparezca salvada en el mismo, el documento carece de fecha de creación, por lo que no puede considerarse como pagaré por haberse violado lo que disponen los arts. 101 inc. 6 y 102 del decreto ley 5965" (Cám. Nac. Cám., sala A, 13/3/72 Der., v. 45, p. 474; ídem, sala B, 10/10/73, LA LEY, 154-675, sum. 108).

X. En síntesis el fallo no padece de arbitrariedad por absurdo y exceso ritual manifiesto ni menos aún es contrario a la ley como delata el quejoso.

XI. Por ello, y si este voto resultase compartido por la mayoría de mis pares corresponderá rechazar los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. Con costas al recurrente y pérdida del depósito económico.

El doctor Niz dijo:

Que adhiere al voto del doctor Farizano, por compartir sus fundamentos.

El doctor Codello dijo:

Que adhiere al voto del doctor Semhan, por compartir sus fundamentos.

El doctor Rubin dijo:

I. La Excma. Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la excepción de falsedad, rechazando la demanda; contra ella recurre el actor de manera extraordinaria ante este Superior Tribunal.

Los primeros votantes expresan que la excepción se fundó en la falta de autenticidad de las firmas y del texto, pero no en la adulteración de las fechas de creación y vencimiento de los pagarés, entendiendo que por ello el ejecutante no tuvo posibilidad de defensa.

Que aún suponiendo lo contrario, también sería arbitraria la decisión, al no ser derivación razonada del derecho vigente.

En el caso se tachó "19" y se escribió al lado "2002" y el testado -por sí sólo-carece de entidad para sostener una excepción de falsedad, acudiendo a la adecuación temporal de la forma, haciendo lugar al recurso y dictando sentencia de remate.

Los votos disidentes de los otros ministros, expresan que la enmienda de "19" fue expresamente reconocida por la actora, explicando el ejecutante su cambio de numeración por el nuevo siglo, sin haber suministrado prueba sobre ello, provocando así el rechazo.

II. Al oponer la excepción de falsedad de título, la demandada niega la autenticidad de las firmas y las inserciones del nombre, menciones como "mercadería", "mi", "Santa Rosa Provincia de Corrientes", "Antonio Alvarez", "Ruta 118 km 63", "Santa Rosa", inscriptos con diferentes elementos (bolígrafos, lapicera) (fs. 22 y vta.).

Se debe hacer notar que el demandado, fuera de la firma, no ha negado la deuda existente en los documentos.

La sentencia de primera instancia (fs. 72/74 vta.), considera que la alteración del año y vencimiento, es un requisito formal del pagaré configurado a favor del demandado, quien invocó la presunción legal del art. 88 de la LCA, lo que debió ser desvirtuado por el actor.

En su apelación (fs. 80/81), la actora solamente acusa al fallo de "absurdo y excesivamente ritualista", considerando que la prueba debió aportarla el demandado (art. 549 CPC).

La Excma. Cámara expresa en el primer voto que, al no haberse acreditado el momento de la alteración, debe presumirse que fue hecha después de la firma.

El segundo votante agrega que la autenticidad de la firma está solucionada por la falta de la prueba pericial, subsistiendo la objeción a las fechas de creación y vencimiento, con enmendaduras sin salvar.

El recurso extraordinario (fs. 101/102) repite de manera más ampliada las dos objeciones de su recurso de apelación, agregándole al final la incongruencia por "extra petita".

III. En relación al fallo "extra petita" sobre las fechas de creación y vencimiento, no ha habido una mención expresa del demandado a fs. 22 y vta., pero sí fue introducido por la sentencia de primera instancia (fs. 73 vta.) y luego por el segundo votante de la Cámara, sin haberse advertido ni agraviado por el actor en su apelación de fs. 80/81 y lo que es más, utilizó la cuestión para sumar sus argumentos.

Pretende sí introducirlo en el extraordinario (fs. 102) luego de haber consentido su tratamiento en la Alzada. Ello sin contar con que la primera instancia considera un requisito esencial de configuración de la cambial, considerándolo invocado con la sola mención del art. 88 de la LCA.

Despejada la incongruencia acusada y entrando en el problema de la adulteración de las fechas de creación y vencimiento, la jurisprudencia ha tomado un carril distinto a lo ritual.

Así la CNCom., sala A-18/8/05 "Rodríguez, Rubén c. Blundetto, Gladis", DJ, 25/1/06; ha dicho que: La tachadura del año preimpreso, seguida de aquel que se compadece a simple vista con el llamado del título, no justifica la pretendida inhabilidad de éste, si no existen otros elementos que permitan presumir la existencia de fraude o falsificación, máxime cuando no fue negada la firma de los pagarés" (LA LEY on line).

Posee la misma sala como antecedente el fallo: "Monsanto, Argentina c. Verbeck, Juan", del 19/5/04 y la misma CNCom., sala E, en "Mattera, Mario c. Schenone, Luis" del 24/10/95 (LL on line), aclarando en el primer fallo lo siguiente: "Nótese asimismo que la atestación refiere a una fecha inexistente por incompleta-dado que lógicamente no podría pensarse que se trata de un pagaré librado en el año 199-, circunstancia dirimente y que sella la suerte del recurso".

Si bien no se requiere negativa de la deuda para oponer la excepción de falsedad, en este caso no se trata de la cuestión procesal, sino de que configura un elemento más para verificar la importancia de la enmendadura.

El art. 88 de la ley 16.478 presume que la firma ha sido puesta "antes" de la alteración, en cuyo caso los "firmantes anteriores responden del texto originario", en esta sentencia el texto originario es "19", lo que es totalmente imposible de cumplimentar y, como lo dijo la CNCom. B (LA LEY, 1984-A, 451), la alteración visible no invalida el pagaré, debiendo reducirse al trato originario, que en este caso no existe, lo que lleva al rechazo de la excepción, a fin de evitar la aplicación meramente ritual de lo dispuesto por la norma.

En mérito a lo expuesto, voto en la presente disidencia por la postura de los Ministros Semhan y Codello, rechazando la excepción y llevando adelante la ejecución. Así voto.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: Hacer lugar a los recursos extraordinarios deducidos y en consecuencia invalidar la sentencia de Cámara y revocar la de remate en la extensión recurrida para rechazar la excepción de falsedad de título, mandando llevar adelante la ejecución hasta que Antonia Alvarez haga íntegro pago a Oscar Barrientos del capital reclamado $6.709,17 con más los intereses calculados según la tasa que percibe el Banco de Corrientes S.A. en sus operaciones de descuento de documentos desde la mora y hasta su efectivo pago, que no podrá superar el 24% anual. Con costas en las instancias ordinarias y extraordinaria a la ejecutada y devolución del depósito económico a la parte recurrente. -Guillermo H. Semhan. - Eduardo A. Farizano. - Fernando A. Niz. - Juan C. Codello. - Carlos Rubín.