Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-29


RAWSON, 29 de Agosto de 2011.- VISTOS:

Estos autos caratulados: "C. M. M. c/ Estado Provincial - Ministerio de Gobierno y otro s/ Medida Cautelar" (Expte. N° 22.272 -C- 2011).- DE LOS QUE RESULTA: -- 1.- Que oportunamente el peticionante -dependiente de la Policía Provincial- procuró ante el Juzgado Civil N° 1 de la ciudad de Trelew, obtener el libramiento de una cautelar innovativa ordenando al Estado Provincial - Ministerio de Gobierno y la Policía del Chubut el cumplimiento de "lo normado por la Ley Provincial XIX - 8 art. 147 y concordantes, en la que establece que cada efectivo de la Policía de la Provincia del Chubut DEBE cobrar como mínimo el ochenta y ocho por ciento (88%) de los haberes totales que cobra un miembro de la Policía Federal Argentina de igual rango o jerarquía", y consecuentemente, la regularización de su haber mensual a partir del mes siguiente a la notificación de la medida, practicando el incremento salarial correspondiente.-- /// Que a fs. 16/17 (refoliado) la jueza requerida se declara incompetente en atención a lo dispuesto por el art. 32 de la Ley V - N° 3 (antes Ley N° 37) , remitiendo la causa a este Superior Tribunal.-- Que previo dictamen del Sr. Procurador General, esta Sala -mediante S.I. N° 50/SCA/11 (fs. 21/23 y vta.)- declara su competencia para entender en los presentes en cuanto la cuestión propuesta se encuentra regida por el Derecho Público Administrativo, y el art. 32 inc. 3° de la Ley V - N° 3 (antes N° 37) se la atribuye para entender "en instancia única en las causas y recursos contencioso - administrativos originados en decisiones de los poderes públicos provinciales y sus entidades descentralizadas y autárquicas." Asimismo, intima al presentante a adecuar su pretensión a algunas de las vías procesales previstas en el ordenamiento ritual vigente -Ley XIII N° 5- bajo apercibimiento de resolver -de oficio- el rechazo "in límine" de aquélla.- Que a fs. 30/36 y vta. el peticionante ajusta su pretensión a los términos del art. 197 y concordantes de la Ley XIII - N° 5 (antes art. 195 CPCC), requiriendo así el dictado de una medida cautelar innovativa, previa a instaurar la demanda contencioso administrativa.- En el acápite 4 -DE LOS REQUISITOS FORMALES- analiza los necesarios para el otorgamiento de la cautelar solicitada.-- Así en el 4.1 -del "fumus bonis iuris"- asegura que su pretensión surge de la misma ley. Manifiesta que el Estado Provincial y su dependiente -la Policía de la Provincia del Chubut- incumplen la ///legislación provincial (Ley XIX - N° 8), conforme surge de los recibos de haberes que ha acompañado oportunamente, toda vez que la misma establece qué porcentual del sueldo de la PFA debe oblar -para igual rango y jerarquía- a sus empleados.- Sostiene que de la armoniosa interpretación del art. 75 de la Ley Nacional N° 21.695 -normativa para el personal de la Policía Federal Argentina- y sus decretos reglamentarios resultan los montos que perciben efectivamente los miembros de ésa fuerza, evidenciando -insisten- el incumplimiento de la legislación local en que incurre el Estado Provincial. Dice que a los fines de aportar mayor claridad ha acompañado -como Anexo I de su presentación- un cuadro indicativo con las jerarquías, los haberes y el 88% indicado por la Ley y sus diferencias, partiendo de la remuneración que percibe un Cabo Primero en actividad de la Policía Federal. Aclara que si bien las cifras allí expresadas son solo aproximadas, bastan para apreciar la considerable inferioridad y lo cuantioso de la inobservancia, ya que en la actualidad percibe alrededor del sesenta por ciento (60%) de lo que cobra un agente de la PFA de igual jerarquía (lo señalado le pertenece).- Afirma que el grado de verosimilitud en el derecho que otorga la normativa provincial invocada hace menguar, en virtud de la teoría de los vasos comunicantes, la exigencia del peligro en la demora. Aduna jurisprudencia.- /// Explica que muchos de los salarios de la PFA han sido integrados "no solo con el básico que surge de los decretos del PEN, sino con las sentencias dictadas por la SCJN en las que se ordenó agregar al sueldo básico todos los decretos que eran 'aumentos encubiertos', disfrazados de bonificaciones y/o de sumas no remunerativas". De ello surge -asevera- que la base para el cálculo del 88 % que le corresponde, debe ser efectuada sobre el mejor sueldo básico de un Policía Federal, para la jerarquía en que reviste.-- Seguidamente, sustenta el "Periculum in mora" (epígrafe 4.2) en el carácter alimentario que accede a sus haberes, y en el perjuicio mensual que le provoca su liquidación en montos considerablemente inferiores a lo que por derecho le corresponde.-- Advierte que aún cuando se dicte una sentencia definitiva favorable, ordenándose al Estado Provincial a pagar en forma retroactiva las diferencias salariales mal abonadas, transcurrirán muchos años hasta que ello se haga efectivo, en vista de la extensa duración de los procesos judiciales; debiendo sumar a ello la costumbre de pagar sus deudas mediante bonos, con lo cual -infiere- ni el gravamen que ya se les ha ocasionado ni el que se generará mensualmente será debidamente reparado de mantenerse el "status quo".-- Estima que la medida solicitada es una solución provisoria y menos gravosa, teniendo en cuenta las partes del litigio y la desigualdad económica existente entre ambas, sin constituir un adelantamiento de sentencia. Considera de absoluta aplicación el derecho a la tutela judicial ///efectiva y urgente (art. 75 inc. 22 C.N). Transcribe jurisprudencia.

Aduce que el daño económico que se le ha provocado importa una violación al derecho de propiedad, el que será cada vez mayor de no hacerse lugar a la medida ya que los intereses aplicados por los tribunales resultan sensiblemente inferiores a la verdadera y real depreciación monetaria.

No ofrece contracautela. Entiende que, dado el carácter de funcionario público que inviste, le resultaría imposible evadir el pago de los daños que pudiera ocasionar la medida en el remoto e improbable caso de fracasar la demanda posterior.

Bajo el título "Del derecho que se pretende asegurar" argumenta que la cuestión actual y urgente es poner fin al incumplimiento en que incurre el Estado Provincial; mientras que la acción de fondo -demanda contencioso administrativa- importará el reclamo de las diferencias adeudadas y la adecuada liquidación a futuro de los haberes mensuales.-- Refiere a la composición de aquéllos y a la forma en que debe cumplimentarse la medida solicitada. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.- 2.- A fs. 37 son girados los presentes al Sr. Procurador General a efectos que dictamine sobre la procedencia de la medida cautelar ///solicitada, expidiéndose a fs. 38 y vta. Considera el Magistrado que la misma no puede prosperar en tanto las razones esgrimidas por el peticionante no logran alcanzar el estándar de verosimilitud necesario para hacerle lugar, ya que el derecho a las diferencias salariales reclamadas no surge de modo evidente ni palmario, quedando supeditado a las probanzas a rendirse en la etapa procesal oportuna en el marco del proceso principal. De igual modo, estima insuficientes los argumentos traídos para justificar el peligro en la demora toda vez que éste se relaciona sustancialmente con la oportunidad en la que el Tribunal se expide sobre el planteo y no con el carácter alimentario de los haberes ni con la duración de los procesos judiciales. Señala que tampoco se ha alegado la existencia de un grave e irreparable daño que no pueda ser eventualmente subsanado al momento del dictado de la sentencia definitiva.- CONSIDERANDO: - I.- Que en primer lugar corresponde precisar que, tal como lo expusiera el presentante en su libelo, el instituto a que acude en esta instancia es el de la medida cautelar -en el caso, innovativa- previa a un proceso de conocimiento (art. 197 conc. 209 Ley XIII - N° 5, antes art. 195 conc. 207 CPCC) por cuanto es evidente que la pretensión no se agota en ella, siendo imprescindible la controversia ulterior.- Ha reseñado esta Sala: "... PALACIOS -en su artículo "La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual"- describe que ya CALAMANDREI en 1936, había ///observado que las providencias cautelares podían clasificarse en conservativas e innovativas según que, respectivamente, tendiesen a mantener el estado de hecho existente o a operar su modificación.- Y que CARNELUTTI transitaba una línea de pensamiento similar y se refería, frente a un proceso cautelar conservativo, a un proceso cautelar innovativo expresando, respecto de este último, que existen en efecto casos en los que se compromete el resultado del proceso, jurisdiccional o ejecutivo, si desde el principio no se dispone un determinado cambio en el estado de hecho (en la obra colectiva "Medidas cautelares", Rubinzal Culzoni, pág. 105)."- Continuaba: "Patricia ASRIN y Manuel RODRIGUEZ JUÁREZ recuerdan que también la moderna doctrina distingue las medidas cautelares conservatorias "asegurativas", de las llamadas cautelares anticipatorias o doctrinariamente conocidas como "medidas cautelares innovativas".- Ellos denominan a éstas como "tutela de urgencia cautelar anticipatoria", que a diferencia de las primeras que tratan de conservar (inmovilizar) una situación de hecho para impedir que los cambios de ella puedan frustrar mas adelante el resultado práctico del proceso principal, parten del supuesto de que se comprometería ese resultado, si no se dispusiese un determinado cambio en el estado de hecho, razón por la cual se ordena la modificación anticipada de la situación jurídica.- Señalan que ellas constituyen, por así decirlo, una suerte de "anticipo cautelar de la sentencia de mérito" o, lo que es lo mismo una "sentencia anticipatoria de carácter cautelar" (en su artículo "Anticipación de tutela", ///en la obra colectiva "Medidas cautelares", Ediciones Alveroni.).- Sin embargo, son de la idea que esta denominación puede llevar a una confusión del instituto.- Ello así, pues no puede asimilarse este tipo de medidas con el dictado de la sentencia de fondo, la que obviamente supone la debida sustanciación del proceso.- No se puede -dicen- dar por definitivo lo que todavía no ha sido juzgado.- En este mismo grupo incluyen lo que la doctrina conoce como medida cautelar "innovativa", revocable o confirmable por la sentencia definitiva (ob. cit. pág. 73).- Este tipo de medidas, son accesorias o instrumentales de un proceso principal -por lo que no puede considerárselas como algunos autores sostienen "sentencias anticipatorias", ya que si bien constituyen un "adelanto" de la posible resolución a dictarse en el proceso, se caracterizan por la provisionalidad, mutabilidad y accesoriedad que caracteriza a las providencias cautelares (ob. cit. pág. 74)." "PEYRANO interpreta que el Alto Tribunal de la Nación ha incorporado el ideario de la "tutela anticipada" pero que lo ha hecho bajo el ropaje de la medida cautelar innovativa -conforme lo resuelto in re "Camacho Acosta" (ED del 5/2/98), comentado por distintos autores como uno de los primeros antecedentes de los denominados procesos urgentes.- El Tribunal Cimero hizo hincapié en ese precedente en que el solicitante puede sufrir una "perjuicio irreversible" si no se le otorga ya mismo un anticipo parcial y provisorio de lo pretendido.- Vale decir que se acepta la importancia de exhibir un "plus" sobre el simple peligro en la demora propio de las medidas cautelares ... ("Aspectos concretos del proceso urgente y la tutela anticipatoria.- Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema", pág. 39/40 de la obra ///colectiva "Sentencia Anticipada (Despachos interinos de fondo)" -Ed. Rubinzal Culzoni)."- Y "que la doctrina y jurisprudencia contencioso administrativa es restrictiva respecto de las medidas cautelares positivas contra la Administración, consideradas "medidas innominadas" y que pueden ser dictadas dentro de las genéricas que autoriza el codificador en el art. 232 del CPCCN, por definición consistentes en "la emisión de mandatos judiciales orientados a exigir de las entidades públicas determinadas conductas a seguir, pudiendo ser obligaciones de dar o de hacer (SORIA, Daniel "La medida cautelar positiva en el proceso administrativo" ED 182-1126 - Ezequiel CASSAGNE "Las medidas cautelares contra la Administración" en la obra colectiva "Tratado de Derecho Procesal Administrativo", edición del año 2007 de La Ley, T° II, pág. 283/284), porque ellas importan dejar de lado la interpretación ortodoxa del principio de la división de poderes, y la decisión jurisdiccional que las concede, en lugar de mantener el estado de hecho o de derecho preexistente, modifica dicha situación en beneficio del particular." (S.I. N° 19/SCA/08 in re: "G....").- II.- Que "dentro de las tutelas cautelares o urgentes, la medida cautelar positiva, innovativa o anticipatoria es en todo caso una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y derecho existente al tiempo de su dictado, y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que exige una mayor prudencia en ///los recaudos que hacen a su admisión" (conf. CSJN, Fallos: 316:1833; 320:1663, 325:2347; 326:3729; LLonline AR/JUR/6554/2003; 5369/2004, 18/2006, 3558/2006, 5662/2006, 16928/2008; 30285/2009; STCH S.I. Nº 20, 47 y 59/SCA/ 11, entre otras).

Que la doctrina ha expuesto cuáles han de ser los recaudos.- PEYRANO, quien se ha dedicado en particular al estudio de la medida innovativa, ha explicado (en "El proceso atípico", PEYRANO - CHIAPPINI, Ed. Universidad, parte segunda pág. 20/21) que si el lesionado postula una medida innovativa debe acreditar la concurrencia del riesgo de que se consume en su detrimento un "perjuicio irreparable", presupuesto éste ineludible.- Que en consecuencia -siguiendo a este autor y la jurisprudencia de la Corte Nacional- la procedencia del dictado de esta cautelar presupone la concurrencia de los tres requisitos comunes a toda cautela -fumus bonis iuris, periculum in mora y contracautela- y además debe estar presente un cuarto, que le es propio y característico, tal la irreparabilidad del perjuicio o del daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar.- (S.I. N° 14 y 38/SCA/01, 10/SCA/05, 20, 47 y 59/SCA/11).- Este Cuerpo recientemente ha señalado "...falente la Provincia de Código en lo Contencioso Administrativo, se aplica -en lo que a la índole de la cautela requerida respecta- el art. 230° del Código Procesal Civil...en concordancia con el 232º (arts. 232 y 234 de la Ley XIII Nº 5),... siempre que el derecho fuere verosímil; que exista peligro de que si ///se mantuviera o alterara -en su caso- la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible... (S.I. Nº 63/SCA/05, 20, 47 y 59/SCA/11)." Citando a la Corte Nacional, "este tipo de medidas no exigen de los magistrados un análisis de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud.- El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota su virtualidad" (CS Fallos: 306:2060, 306:2060, 323:337; 349; MJJ42326) sin perjuicio de la severa apreciación de las circunstancias del caso, y la suma prudencia con que deben habilitarse, si son innovaticias (CSJN Fallos 325:2367 -STCH- S.I. N° 81/SCA/98 y 56/SCA/08, 20, 47 y 59/CA/11).- Desde otra perspectiva ".la norma no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual el necesario para resolver el pleito, es suficiente examinar si el derecho invocado por el peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que ello implique prejuzgamiento" (CSJN Fallos 320:1633; CN Fed. Cont. Adm. Sala II, LL 1982-C- 401; CN Ap.Civ. y Com. - 26/7/07 - MJJ18760).- Que sin perjuicio de ello, la verosimilitud del derecho "...debe surgir manifiesta de los elementos obrantes en la causa y resulta ///improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión habrán de ser dilucidadas con posterioridad"... (Conf.: Pablo GALLEGOS FEDRIANI- "El Control Judicial de la Administración - Medidas Cautelares - Derecho Procesal Administrativo - Hammurabi -T° I- pág. 746)" (S.I. N° 05/SCA/10, 20, 47 y 59/SCA/11).- En relación al peligro en la demora, expuso esta Sala que "el mismo radica en la probabilidad que la tutela jurídica definitiva que el accionante aguarda pueda frustrarse por 1) el transcurso del tiempo, o 2) la propia actividad de la contraria. A él ha de adosarse el de "daño irreparable" o "irreparabilidad del perjuicio" como elemento característico propio de esta medida precautoria", tal como se indicara al inicio de estos considerandos (S.I. Nº 36/SCA/10, 20, 47 y 59/SCA/11).-- La tutela preventiva o justicia "provisional", tiende a "impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se quiere obtener a través de un proceso, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su inicio y el dictado del pronunciamiento definitivo, intentando salvaguardar la efectividad del cumplimiento de la sentencia favorable" (CN Fed. Cont. Adm. Sala IV - 16/1/95, "Centro de Agrimensores de Entre Ríos..."; Sala II -11/3/97- "Establecimiento Vitivinícola Escorihuela...."; CS 11/6/96 "Milario...", 7/8/97 "Camacho Acosta..." conc. C.Ap.Cont.Adm.yTrib.Ciudad Autónoma Bs.As.18/4/06- MJJ7385 - STCH S.I. N° 81/SCA/98, 104/SCA/01, 18/SCA/08, 05/SCA/10, 20, 47 y 59/SCA/11).- /// La Corte Nacional ha dicho que "el anticipo de jurisdicción en el examen de las medidas cautelares innovativas no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del actor.- Lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado" (CSJN, agosto 7-1997 en "Camacho Acosta...", LL 1997 -E- 653); y que "la gravitación económica del acto cuya suspensión se pretende a través de la medida cautelar de no innovar -criterio aplicable a la innovativa- es un aspecto que debe analizarse para determinar la existencia del peligro en la demora" (CSJN, Fallos 318:1077). Concuerda la jurisprudencia del Cuerpo en tanto ha sentado este criterio -en S.I. N° 14 y 38/SCA/01, 20, 47 y 59/SCA/11-, en verdad restrictivo, de que debe acreditarse que el peligro en la demora esté dado por un perjuicio de gravitación económica que justifique otorgar esta medida excepcional.- DE LÁZZARI, enseña con cita de PODETTI, CHIOVENDA, CALAMANDREI, que la doctrina coincide en señalar que el dictado de la medida cautelar responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias que en todo o en parte impiden o hacen más difícil o gravosa la consecución del bien pretendido, o en cuya virtud el daño temido se transforma en daño efectivo, de tal suerte que si tales acontecimientos se registraran efectivamente -los que se pretende evitar con la cautela- ocasionarían directamente la frustración del derecho ///("Medidas Cautelares" T° 1, pág. 36; conf. SI Nº 14 y 38/SCA/01).- El requisito del periculum in mora exige, que la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que se aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal, no pueda, en los hechos, realizarse, es decir, "que los efectos del fallo final resulten inoperantes" (del fallo de 1ra. Instancia, CN Fed. Cont. Adm., sala IV, noviembre 6-997, en "Youssefain, Martín c/ Secretaría de Comunicaciones...", LL 1997-F, 270, publicado en LL Repertorio LVII-1798). (S.I. Nº 10/SCA/05, 20, 47 y 59/SCA/11).-- Por otra parte, al procurarse este tipo de protección jurídica en el marco de un proceso -en el caso el que se instaurará- la regla en la materia indica que "corresponde descalificar como medida cautelar la que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a la demanda, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable mas no lograr el fin perseguido anticipadamente" (CSJN - "Coto Centro Integral..." 10/10/02); "...si la realización de la cautelar compromete la materia propia debatida en la causa, se afecta el objeto mismo del pleito" (Fallos: 323:337); "Si el objeto de una medida precautoria coincide con el objeto final del pleito, no resulta procedente su otorgamiento, en tanto que ello desvirtuaría el instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida se confundiría con el resultado al cual se pretende arribar por medio de la sentencia definitiva ("Madrid, María Elizabeth...7-3-2002), y no corresponde dictar, a título preventivo, decisiones cuyo objeto coincida total o parcialmente con el de la demanda principal, pues el acogimiento de aquélla torna abstracta la cuestión sustancial a resolver al consumirse ///el interés jurídico del peticionario" ("Pou..." CSJN - 09/03/2004).- "Resulta improcedente establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo, pues con ello se desvirtúa la naturaleza meramente instrumental del instituto cautelar al convertirse en un medio para arribar precozmente a un resultado al que sólo podría accederse mediante el correspondiente dictado de una sentencia de mérito, por lo que adquiriría así un carácter autónomo e impropio de su naturaleza" (Cám. Com. - Sala C- "TVA Canal Satelital...", 30/9/97, CFSS - Sala II - "Dejean...", 15/5/98).- Aunque otros tribunales morigeran este rigor si surge evidente la imposibilidad de reparación ulterior, o se valora peligro en la permanencia de la situación actual (1° C.Civ.Mza - elDial MC1964, Cám.Civ.y Com. Fral - elDial AF25D1). Criterios a los que el Cuerpo adhiere (S.I. Nº 29 y 55/SCA/04, 20, 47 y 59/SCA/11).- III.- Del estudio de las circunstancias del caso y tal como lo expusiera el Sr. Procurador General, resulta que el requirente no ha demostrado el fumus -la apariencia- de buen derecho que pretende se le reconozca, en tanto la documental acompañada (recibo de haberes) no logra producir convicción de "manifiesto" sobre el mismo. Ni siquiera ha aclarado el peticionante el Escalafón en que reviste y Grado que ostenta.- Tampoco es prueba aceptable la planilla agregada a fs. 29 -"Anexo 1"- de propia elaboración actoral y dudosa fehaciencia. Todo ello habrá de ser materia de prueba en la causa -que se deberá incoar- y a valorarse en el fallo definitivo.- /// Que asimismo, no se aprecia peligro en la demora.- Las consecuencias que podrían derivar para quien acciona en el supuesto de autos, son de contenido exclusivamente patrimonial, siendo subsanables al momento de emitir el pronunciamiento final. Tampoco ha demostrado que la resolución sobre el fondo de la cuestión -de serle favorable- pudiese tornarse de dificultosa o imposible ejecución.- La circunstancia aducida de la posibilidad que se le pague el retroactivo que requerirá en la acción con bonos, es -en la actualidad- conjetural.- Que si bien este Cuerpo ha considerado la jurisprudencia que recepta la doctrina de que el rigor del fumus se puede atemperar, cuando existe riesgo cierto de periculum in mora y viceversa (S.I. N° 51/SCA/00 conf. CN Fed. Cont, Adm. LL 120-763, 1984-A-265 -1993-B-424, Supl. Der. Adm. LL 20/2/98, S.I. N° 38/SCA/01), esta compensación es inaplicable en el sub-lite en tanto no se dan -aún mínimamente- ninguno de estos requisitos.- Tampoco se ofreció contracautela.- Que coincidiendo parcialmente el objeto de la cautela con el del pleito a instalarse, siendo insusceptible de establecerse en esta instancia del juzgamiento la verosimilitud del derecho, que no aparece manifiesta, y no habiéndose acreditado ni el periculum in mora ni la irreparabilidad del perjuicio, la petición debe ser desestimada.-- IV.- Que no habiendo prosperado la medida cautelar solicitada, no corresponde imponer costas.- Tampoco regular honorarios ante la inoficiosidad de la actuación profesional (art. 3 Ley XIII N° 4 - antes Dto. Ley N° 2.200 T.O. Dto. N° 138/99).

/// Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

-- R E S U E L V E: -- 1º) TENER por cumplido con lo ordenado en S.I. N° 50/SCA/11, en tanto el presentante ha adecuado su pretensión al requerimiento de una medida cautelar innovativa, previa a un proceso de conocimiento (art. 197 conc. 209 Ley XIII - N° 5, antes art. 195 conc. 207 CPCC).-- 2°) RECHAZAR la medida cautelar requerida en estos autos, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.- Sin costas.- 3º) REGÍSTRESE, comuníquese a la Procuración General, y notifíquese.-- Fdo. Dres. Pasutti, Caneo y Royer