marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, excepciones procesales, competencia por conexidad, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: TURKO, DORA ROSA C/ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Procede confirmar la resolución mediante la cual la magistrada de grado rechazó la conexidad detectada por el sistema informático de la Mesa de Entradas de la Cámara Comercial, con la medida precautoria que tramitó ante ese mismo Juzgado. Ello así, toda vez que concluido el juicio que le antecedió al presente -medida autosatisfactiva- no se advierten razones de conexidad ni de economía procesal que justifiquen la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, para que proceda el desplazamiento de la radicación en virtud del turno, ni dificultades que no puedan ser subsanadas, tal como lo indica el dictamen precedente, mediante el envío de las actuaciones ad effectum videndi.
Derecho constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLIVER ELIO Y OTROS c/ BANCO DE SAN JUAN S.A. Y CAJA COMPENSADORA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-19

Los requisitos para la procedencia del amparo, que son los que requiere el art. 582 del C.P.C. Son taxativos y conjuntos, es decir que si faltare alguno de los requisitos establecidos por la norma citada, la vía del amparo no procede. En este sentido debe indagarse en primer lugar, si el daño o perjuicio de menoscabo inferido al derecho invocado, necesita reparación urgente, y no se puede lograr por otras vías paralelas.
Delitos contra la integridad sexual, prueba
Materia: PROCESAL PENAL-CIVIL
Carátula: GAITAN, MANUEL SANTIAGO s/ PRUEBA - FILIACION - MATERNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-11-19

Es válido y posee eficacia erga ommes el reconocimiento de hijo efectuado incidentalmente ante un juez de cualquier fuero o jurisdicción y aún en acta policial.

En este supuesto es procedente la prueba supletoria sobre la edad de las personas (C.C., art. 85). Reúne tal carácter, la testimonial de la madre, la exposición de la ofendida y la pericial del médico forense, que coinciden en señalar la misma edad de la víctima.-
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia  c/ Villrey Corp SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Procede rechazar el recurso extraordinario que autoriza la ley 48: 14 deducido por la Inspección General de Justicia. Ello por cuanto, la recurrente sostiene que la aseveración de esta Sala vinculada con que "todas las personas tiene derecho a no ser molestadas arbitrariamente por el Estado" carece de virtualidad jurídica pues deriva de normas que se refieren a personas humanas y no jurídicas como es el caso de la demandada. No obstante, no niega ni esa aseveración, ni las demás que se han expresado para fundar dicha premisa, con lo que parece sostener que asistiría a su parte derecho a molestar o a someter a procesos o inquisiciones injustificadas -susceptibles de incidir negativamente en su honra y bienestar- a esas otras personas, lo cual es inadmisible. A más, el organismo confunde el modo de funcionar de las normas -esto es, como supletorias, como meramente indisponibles o como indisponibles de orden público (toda norma de orden público es indisponible, pero no a la inversa)-, con la noción de interés público, cuestiones distintas y distinción que surge implícita pero inequívoca de nuestro régimen societario. Así, de ese régimen resulta que hay normas supletorias (v. gr. LGS 11-7°), y normas indisponibles que no son de orden público (v. gr. arts. 194, 245, 263, entre muchas otras), como lo demuestra el hecho de que, si bien los particulares no podrían apartarse de ellas, su violación jamás podría justificar una declaración de nulidad pronunciada por el juez sin petición de la parte interesada, como es inherente a este tipo de normas (CCCN 387); y finalmente, hay excepcionales supuestos de normas de orden público (v. gr. LGS 18) que, en cambio, exigen y justifican esa actuación judicial oficiosa. Dicho sistema normativo no tiene nada que ver con el interés público sobre el cual se sustenta el régimen de fiscalización de las sociedades contemplado a partir de la LGS 299, que es el que aquí interesa, pues ese es el fundamento de la legitimación que la misma ley reconoce a la IGJ, y que establece que, sin tal interés público, dicho organismo no tiene legitimación para promover ninguna actuación, menos aún una acción judicial.
Presupuesto, presupuesto nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zofracor S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

No hay obstáculo constitucional para que el Poder Legislativo establezca, suprima o modifique tributos (u otro tipo de ingresos) en la ley de presupuesto. Las autolimitaciones que el Congreso ha emitido pueden ser modificadas o dejadas sin efecto, incluso en forma implícita; la ley de presupuesto es un acto de gran trascendencia política y la voluntad del Poder Legislativo no está limitada por actos preexistentes de igual jerarquía normativa.
Ofensas vertidas en juicio, procedimiento administrativo, sumario administrativo, SEGBA, prescindibilidad
Materia: PENAL
Carátula: RUDA, MARIO s/ CALUMNIAS - INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

1) El marco del art. 115 C.P. es el juicio contencioso y no el sumario administrativo.

2) La nota que el querellado dirigiera al presidente del Directorio de S.E.G.B.A., en ocasión de ser declarado prescindible en la que le formula a aquél diversas imputaciones, las que se pueden reseñar en ser un "funcionario venal", tienen aptitud para lesionar el honor del agraviado.
Transacción, homologación judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balderrama, Luis R. c/ Municipalidad de Coronel Dorrego s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

En atención a lo solicitado por las partes, corresponde homologar el acuerdo celebrado por las mismas con el alcance previsto en el art.

308 del C.P.C.C. (art. 25 del C.P.C.A.), previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 6716 (mod. por el art. 10 de la ley 10.268), a cuyo efecto, deben regularse los honorarios del letrado de la parte actora. (Minoría u opinión personal)
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Altamiranda, Walter Daniel c/ Río Mayo S.A. s/ Diferencia de salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Constituyendo la previa y efectiva notificación de la constitución en mora del trabajador el presupuesto legal indispensable para la configuración del abandono previsto por el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, su ausencia impide acudir a esta causal para tener por operada la ruptura contractual.
Recurso de revisión (procesal), tasas de interés
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: STIEFEL, O. c/ GIANRE, R. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-18

No resultan controlables por esta va los criterios adoptados por los tribunales inferiores en la determinación de las tasas de intereses aplicables, ya que obran dentro del marco de discrecionalidad conferido a los mismos. La fijación de tales porcentajes constituye una cuestión de hecho completamente ajena a la supervisión de esta sala, pues requiere la apreciación de circunstancias fácticas reservadas al conocimiento exclusivo de los jueces de mérito. La determinación de la tasa de interés, en relación a obligaciones dinerarias ajustables, dependen de la consideración del índice de ajuste y la efectiva incidencia que este tenga en la revalorización de la deuda. Por ende no puede compararse el cuantum de dos tasas de interés, sin relación al índice que se vinculan, toda vez que los índices a su vez no son coincidentes entre sí.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Marcelo José c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

En tanto lo definido en las distintas instancias de la sede represiva responde al mero plano interpretativo de los sentenciantes, involucrando una situación de valoración jurídica propia de sus funciones, toda la construcción de los recaudos necesarios para movilizar la reparación patrimonial del Estado en base a un supuesto error judicial no resulta idónea si aquella no fue exhibida por fuera de sus atribuciones legales.(doctor Genoud, mayoría)
Divorcio contradictorio, prueba, inversión de la carga de la prueba, cartas misivas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: N c/ N.G.J. s/ DIVORCIO - CARTAS MISIVAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El principio que veda la exhibición en juicio de correspondencia privada cursada con terceros del que es aplicable la regla del art.

1035 del Código Civil, no rige en materia de divorcio.

Al margen de lo que algunos autores llaman derecho de intercepción entre los cónyuge, resulta admisible que uno de ellos presente correspondencia dirigida por terceros al otro consorte, sin necesidad de demostrar que la obtuvo por medios ilícitos; es el cónyuge destinatario el que corre con la carga de la prueba de que se la obtuvo ilícitamente.
Recurso de casación, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Leal de Oyarzún, Norma Eva y Otros c/ Covici S.A. y Otra s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-31

Es criterio reiterado y constante de este Tribunal que las decisiones que resuelven cautelares no tienen carácter definitivo, sean éstas acogidas o rechazadas. Si bien es supuesto excepcional cabe apartarse de dicho criterio utilizado en casos vinculados a medidas cautelares cuando por ejemplo se refieren a la calidad de ejecutable de los inmuebles construidos con financiamiento del Banco Hipotecario Nacional.
Daño material, daño moral, daño psíquico, daño estético, pérdida de la chance, indemnización, convertibilidad, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: REARTE BLANCA c/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSP. COLECTIVO PASAJEROS Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Ponderando las condiciones personales de la actora -en la escasa medida en que surgen de las constancias de las causa- y los padecimientos que indudablemente sufrió (diversas intervenciones quirúrgicas, practicas a las que debió ser sometida, separación de su hijo recién nacido -enorme dolor que a toda madre afecta sobremanera por las expectativas e ilusiones que forja sobre su hijo durante el embarazo-) y sufrirá con motivo de las secuelas que la afectan se indemniza en concepto de daño material (incidencia económica de la incapacidad de procrear en el futuro) y en concepto de daño moral (comprensiva de la incidencia espiritual de la incapacidad de procrear, del daño estético y de daño psíquico); a valores de la fecha del pronunciamiento, porque en el sub lite se configura una deuda de valor que no resulta atrapada por las prescripciones de la ley 23.928 (Causa 8299 del 28.6.91; 8581 del 27.9.91; entre otras).
Daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oyarbide, Luis Alberto c/ Ascoiti, Sergio s/ Daños y perjuicios Caparros, Eduardo M. c/ Vitola, Lucia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09|1995-02-16

Entre el monto del presupuesto reconocido y la estimación pericial debe estarse a aquél ya que, lo efectuado por el perito es una mera estimación en cuanto a la razonabilidad del presupuesto, mientras que el tallerista está fijando concretamente el valor del trabajo a realizar.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, seguros, cobertura, mala fe
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Burzacca, Emanuel Leonel c/ Cabrera, Kevin Nicolás y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-24

Frente a lo señalado por la Cámara en el sentido de que era la propia compañía de seguros quien había extendido la póliza al demandado sin que éste tuviera carnet de conducir, de suerte que si esa carencia definiera la exclusión de cobertura pretendida por la citada en garantía, la prima pagada por el asegurado no habría tenido contraprestación -lo cual (indicó) aparecía como un comportamiento de mala fe de la aseguradora al percibir la prima sin asumir riesgo alguno-, las tachas de prescindencia de los términos contractuales y de la normativa aplicable, sólo trasuntan un nuevo intento de la impugnante en orden a imponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, insistiendo en postular la plena oponibilidad de la cláusula de exclusión de cobertura pactada, mas con tales reproches la compareciente omite hacerse debidamente cargo, en el plano constitucional, de la conclusión central expuesta en el pronunciamiento atacado, relativa a la inoperatividad de aquella cláusula en el caso concreto.
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOLA, José c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, SOC. DEL ESTADO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y LUCRO CESANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-03

El principio de congruencia exige la coherencia inexcusable entre el objeto del pleito y la decisión de la sentencia; tiene su fundamento último en la inviolabilidad de la defensa en juicio y el principio o sistema dispositivo. No se concibe una sentencia sin una pretensión, y ésta no puede llamarse tal si no se refiere a una pretensión anterior.La relación procesal, en los términos en que ha sido trabada veda al juez pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o peticiones no formuladas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Rosales, Osvaldo Rubén c/ Aluar Aluminio Argentino S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-02

Lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley 24.029 no empece en nada la aplicación plena de las leyes nacionales 9688 y 23.643, aún cuando la demanda invocando a éstas últimas se haya promovido cuando dichas leyes habían sido derogadas a tenor de lo prescripto por el art. 18 de la misma.
Seguros, póliza, incapacidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: NICOLAS BABIJACZUK c/ LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

Debe rechazarse la interpretación que haga de la "invalidez total" una categoría ideal, universal o abstracta, sino que ésta debe apreciarse en conexión con las tareas o actividades que el personal asegurado realizaba al momento del siniestro, pues resulta difícilmente imaginable la configuración de supuestos de incapacidad que impidan totalmente cualquier tipo de actividad remunerada. En ese orden de ideas, debe prescindirse de aquella interpretación que deje al contrato sin función alguna, atento a las características del riesgo concreto cubierto.
Cosa inerte, actividad riesgosa, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNÁNDEZ JOSE H. c/ GOBIERNO DE LA PCIA Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - EXPTE N° 3-F-00
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-28

No se trata de determinar en el caso si la cosa inerte es o no riesgosa por sí misma; si la masa inerte es o no una cosa riesgosa, ya que el factor objetivo de atribución funciona por tratarse de una "actividad riesgosa".
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA, F. s/ ESTUPEFACIENTES - TRANSPORTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

El conocimiento referido a la ilicitud de la acción que realizaban los procesados -transporte de 70 kg. de marihuana- , es un indicio serio y no neutralizado por otras probanzas, acerca de que los procesados, si bien pudieron no conocer exactamente el contenido de las cajas que transportaban, al menos se lo representaron y aceptaron su eventual naturaleza; por cuya razón existió un dolo eventual lo que explica que los procesados no fuesen realmente integrantes de una red de distribución de marihuana.
Estupefacientes, mate de coca
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal c/ Estrin, Ricardo E. y otros. s/ Av. Infr. ley 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Las hojas de coca secas y molidas, contenidas en bolsitas filtrantes y destinadas a preparar "mate de coca", infusión que no produce efectos alucinógenos, sino una suave y leve estimulación en el sistema nervioso central, no pueden ser consideradas sustancias estupefacientes, desde que no producen dependencia física o psíquica, como lo requiere el art. 10 de la ley 20.771.
Violación de secretos, hábeas data, Administración Nacional de la Seguridad Social, funcionarios públicos, banco de datos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " PRIETO, Manuel E. s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

El artículo 10 de la ley de Habeas Data (n° 25.326) dispone que "...el responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos...". De esta forma, puede considerarse que el deber de confidencialidad de quien ostenta un cargo gerencial en una administración pública (ANSES) respecto de la información correspondiente al padrón de sus afiliados deriva de esta disposición legal. En base a ello, y con el grado de conocimiento requerido para la etapa sumarial, puede encuadrarse la conducta de tal funcionario como autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 157 bis inciso 2° del Código Penal que castiga al que "....Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley". De esta forma, el tipo penal requiere que se revele información cuyo secreto derive de un deber de confidencialidad dispuesto por ley. Revelar indica descubrir, poner a la luz algo que se encontraba oculto"(Carlos Parma. Habeas Data. El artículo 157 del Código Penal. En: Martínez R., Juan Carlos, Delitos de blanqueo y lavado de activos, en el marco de operaciones sospechosas. Notas sobre la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, 2002, Buenos Aires, El Autor, págs 43 a 56). "Se trata de esta manera que el hecho, documento o actuación sea comunicado a una tercera persona, fuera del círculo de quienes tienen derecho o les corresponde conocerlo".

De igual manera, si se ha accedido que esas bases de datos llegaron a manos de un particular mediante la transferencia por parte del funcionario público o de cualquier otro funcionario la ilegitimidad de este accionar derivaría del artículo 11 párrafo tercero del anexo I del decreto reglamentario de la ley de Hábeas Data N° 1558/01, De esta manera, siendo que no existió autorización alguna de la ley o decisión de un funcionario responsable, el tipo penal contenido en el art. 157 inc. 1° del Código Penal está completo.
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: León Jacinto Nino c/ Fernández Miguel B. s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

La radicación dispuesta por el inciso 2º del art. 22 de la Ley 19551 (modificado por Ley 22917) no refiere a la categoría de juicios mencionados en el inciso anterior, sino exclusivamente a los que fueren suspendidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, cheque, violencia moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAYI CARLOS RAUL c/ BARBERO CARLOS EMILIO s/ JUICIO  EJECUTIVO - CHEQUE - RECURSO DE NULIDAD - ACUMULACION DE AUTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-22

Si el libramiento de los cheques fue hecho en el mismo momento del procedimiento del secuestro de bienes, y a fin de evitar este;

se constituye en el caso la amenaza de que habla el art. 937 C.Civil (violencia moral) y reuniendo la misma los requisitos pertinentes la causa del libramiento de los cheques no ha sido tal, sino que un acto en el que el librador, tercero ajeno al pleito, actuó con la voluntad viciada de tal suerte que de no mediar ese vicio no los hubiera otorgado. Así, los cheques ejecutados carecen de causa por cuanto es nulo el acto en cuya virtud se libraron.
Notificación por edictos, publicación de edictos, boletín oficial
Materia: COMERCIAL
Carátula: AÑASCO - CAJA DE CREDITO c/ MULLER DE HOYA, Delia s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-19

La prescindencia de la publicación de edictos en un diario diferente al boletín oficial resulta justificada cuando no media una proporción razonable entre el costo de tales edictos y la cuantía económica del pleito.
Contrato de trabajo, fraude, nulidad del contrato de trabajo, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra Jacinto Rosendo c/ Jorge Omar María Liotta y/o quien resulte responsable s/ sueldos adeudados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-06

La ley de contrato de trabajo en su art. 14, declara la nulidad de toda negociación o contrato, en que una o ambas partes, hayan procedido con simulación o fraude a la ley, cualquiera sea el ardid utilizado al efecto. De suyo que al caer el acto o contrato, simulado o fraudulento, por obvia implicancia, corresponde aplicar las normas que refieren al acto o hecho real, conforme art. 13 LCT, pues ese es el efecto propio que necesariamente emana del orden público laboral.
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal, deudas impositivas, deuda previsional, cancelación de deudas, pago en cuotas
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El derecho a obtener la extinción de la acción penal por la sola aceptación de un plan de pagos con prescindencia de que éste sea cumplido en su totalidad o no lo sea, no constituye un "efectivo cumplimiento" de una obligación, pues todo pago en cuotas se considera parcial hasta que se cumple íntegramente con lo debido, y ello solo ocurrirá cuando la deuda se encuentre definitivamente satisfecha, única oportunidad en la que podrá considerarse operativo el instituto de extinción de la acción penal.
Regulación de honorarios, Ley de Navegación, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Y.P.F. c/ TERMINALES MARACAIBO s/ HONORARIOS  -  CAUSA  DERIVADA  DE  LA NAVEGACION - IMPROCEDENCIA DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Determinar el recto sentido del art. 519 De la ley 20.094 En tanto no es una norma de naturaleza federal, es materia propia de los jueces de la causa y ajena, por tanto, a la instancia extraordinaria; no proponiendo una cuestión federal susceptible de ser examinada por la vía del art. 14 De la ley 48 lo atinente a si en los asuntos de la navegación rige el decreto-ley 16.638/57 O si éste puede sufrir aumentos o disminuciones razonables en función del monto de la causa marítima en los términos de ya citado art. 519.

Es inexacto que la ley 20.094 Haya tenido en mira sólo a los peritos navales, ya que en el mensaje de elevación del proyecto de ley al poder ejecutivo se alude "a la actuación y remuneración de peritos, cuya intervención es frecuente en los asuntos marítimos", sin efectuar distinción alguna entre las diversas profesiones.