Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20


Reg.: A y S t 281 p 18/22. En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SUÑEZ, DIEGO MARTIN CONTRA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA Y OTROS -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO" (EXPTE. 361/09 CUIJ 21-04638449-8) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-04638449-8). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Netri. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 276, págs. 379/381 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la aseguradora codemandada contra el fallo de fecha 31 de octubre de 2016, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, oído lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 627/631 vto.). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Surge de las constancias de autos, en lo que es de estricto interés al caso, que el señor Diego Martín Suñez inició demanda laboral por accidente de trabajo contra Compañía Industrial Cervecera S.A. (CICSA) y/o contra La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a raíz del accidente ocurrido en fecha 27.08.07, a efectos de obtener la reparación plena e integral del daño sufrido, con más intereses y costas. Relató que cuando se encontraba cumpliendo sus tareas laborales de planta de producción de la empresa, alzando carros de hierro de 40 botellas, sintió un dolor intenso en la cintura que le impidió continuar con sus tareas y que a raíz de dicho accidente padece de lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiográficas y electromiográficas leves a moderadas, espondiolistesis grado I en quinto espacio, lo que se traduce en una incapacidad permanente, parcial y definitiva según informe médico del 21%. Funda el reclamo contra la empleadora en el artículo 1113 del Código Civil y contra la Aseguradora en la Ley de Riesgos del Trabajo. Planteó la inconstitucionalidad de los artículos 14 inc. 2, 21, 22, 39.1 y 46 de la L.R.T. Ambas demandadas comparecieron a la causa y contestaron la demanda. Clausurado el período probatorio, realizada la audiencia del artículo 56 y agregados los alegatos, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación, en fecha 11 de setiembre de 2015, resolvió rechazar la demanda contra Compañía Industrial Cervecera S.A., con costas por su orden; y hacer lugar a la demanda contra La Caja ART S.A., condenándola a pagar al actor el rubro acogido de acuerdo a los considerandos, cuya liquidación -dispuso- se realizará aplicando las reformas introducidas por la ley 26773 y teniéndose presente la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto nro. 472/14, con más una tasa de interés del 12% anual desde el 7/5/14 hasta el efectivo pago, y costas. Dicho decisorio fue recurrido por la actora y la ART codemandada. Previo pase a fallo, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral corrió traslado a las partes a fin de que expresen lo que estimen conveniente a su derecho, teniendo en cuenta la doctrina del fallo "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de los fallos "Antuña" e "Ibarra" de esa Cámara. En fecha 31 de octubre de 2016 la Sala resolvió hacer lugar al recurso de apelación de la codemandada y -en lo que hoy nos interesa- dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17.5 de la ley 26773 y del art. 17 del decreto 472/14, ordenando liquidar la indemnización de la ley 24557 sin aplicación del RIPTE. Declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 y dispuso que la indemnización por incapacidad laboral permanente se liquidase tomando como base para el "cálculo, liquidación y ajuste" la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediatamente anterior al que se practique la liquidación administrativa o judicial de su acreencia. Determinó que una vez establecido el capital de la prestación conforme al procedimiento preindicado, la suma resultante devengase intereses retrospectivos desde la mora y el momento de la liquidación, como así también intereses prospectivos (desde la liquidación del capital con más los moratorios hasta entonces) hasta el cumplimiento. Para los primeros fijó una tasa del 12 % anual; para los segundos remitió a la doctrina de esa Sala en el precedente "Ibarra c/ Supermercado Makro" del 28.8.15. En cuanto a las costas, determinó que entre el actor y La Caja ART S.A., sean soportadas por la demandada.	2. Contra dicho pronunciamiento interpone la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, por entender que lo resuelto no satisface el derecho a la jurisdicción, lesionando derechos y garantías constitucionales. En el memorial recursivo alega arbitrariedad normativa por haberse fundado el pronunciamiento atacado en la sola voluntad del juzgador, resultando incongruente al resolver extra petita, soslayándose su derecho de defensa, al ser condenada en base a hechos y derecho que no "fueron ventilados en el juicio". En ese orden, señala el yerro en que incurrió la Alzada al interpretar arbitrariamente la inteligencia del artículo 12 de la ley 24557, en contra de la voluntad legislativa, vulnerando la división de poderes y el principio de legalidad al descalificarlo constitucionalmente. Seguidamente la recurrente, tras afirmar que la mentada norma no lesiona "por sí misma" los derechos constitucionales de Suñez e insistiendo en la conculcación de su derecho de propiedad en caso de no ser aplicada, refirió a los preceptos de la Ley de Riesgos de Trabajo que -a su criterio- impiden la decisión del Tribunal, la que según dice, "fulmina cualquier intento de preservar la seguridad jurídica". Así, hizo mención del artículo 23 de dicha normativa, por el cual la responsabilidad de las aseguradoras se encuentra medida por la contraprestación que perciben, destacando las consecuencias que genera en las empresas la imposibilidad de previsión de futuros reclamos en base a factores no tenidos en cuenta al determinarse la alícuota, debiendo los asegurados hacerse cargo de prestaciones no pactadas al momento del siniestro y atentando de esta manera contra todo el sistema. A su vez evoca al artículo 26 de la misma ley, precisando al respecto que la condena impuesta la llevaría a recurrir a las reservas, causándole un gravamen irreparable que también alcanza a los asegurados y recalca, con fundamento en jurisprudencia del más Alto Tribunal nacional, que "la aseguradora debe satisfacer las obligaciones contraídas", habiéndose responsabilizado "hasta el monto de las prestaciones dinerarias" calculadas según lo normado por los artículos 12 y 14 de la ley 24557. Finalmente critica el modo en que se impusieron los intereses, indicando que ello da lugar a una desproporción que contraría las reglas básicas de la reparación al mejorar la situación de la víctima, toda vez que los valores se encuentran actualizados a la fecha de la sentencia, concediendo además un interés del 12% anual desde la mora hasta la liquidación y luego de aprobarse la misma, otorga su capitalización conforme a las pautas del antecedente "Ibarra". En torno a ello, advierte la pretensión de la Alzada de aplicar el artículo 770 del Código Civil y Comercial, el que entró en vigencia con posterioridad tanto al acaecimiento del siniestro, como al momento de trabarse la litis. 3. La Sala deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad lo que motiva la presentación directa del compareciente ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a esta instancia de excepción. 4. El estudio de los agravios esgrimidos en el remedio excepcional me conduce a la conclusión de que la sentencia impugnada, en cuanto fue materia de agravio, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, por lo que corresponde ser descalificada al respecto desde una óptica constitucional. En efecto, en relación a los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad de oficio efectuada por la Sala del artículo 12 de la ley 24557 y la fijación de la tasa de interés conforme al fallo "Ibarra", debe señalarse que las cuestiones aquí debatidas fueron motivo de análisis y resolución por esta Corte en el precedente "Ojeda c/ Asociart ART S.A." (Expte. C.S.J. CUIJ Nro. 21-05166941-7) de fecha 14.02.2018, a cuyas consideraciones me remito y doy aquí por reproducidas a efectos de fundar la anulación de lo resuelto en torno a dichas temáticas. En cuanto a las costas, deben ser soportadas en el orden causado atento a que la jurisprudencia en que fundó el A quo su decisión, pudo generar razonablemente en el actor la creencia de que existía razón bastante para litigar. Por lo expuesto voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri espresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Así voto. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala II, Santa Fe. Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la tercera Nominación de Santa Fe.