Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-30


Autos N° 22.223 (N° 121494 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "MELO GRAU, Enrique c/ Elfe S.A. - Ordinario" En la Ciudad de San Juan, a 30 días de septiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el señor Vocal, Dr. PASCUAL ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 184 de los autos N° 22.223 (N° 121494 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "MELO GRAU, ENRIQUE C/ ELFE S.A. - ORDINARIO", contra la resolución dictada en fecha 30-10-2015 obrante a fs.181-183 de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO dijo:

El juez en la sentencia apelada hizo lugar al incidente de perención de instancia deducido por la demandada "ELFE ARGENTINA S.A.", y dio por concluida la causa. Impuso las costas por el juicio principal en el orden causado y las costas por el incidente de caducidad de instancia al actor vencido. Reguló los honorarios en el proceso principal a los Dres. GUILLERMO SERGIO TORANZO COSTANTINI y FEDERICO ESTEYBAR DAMIANI por sus labores cumplidas como apoderados del actor, en dos etapas del proceso (demanda y prueba, ésta última parcial), en forma conjunta, en un valor equivalente al 10 % de la base regulatoria que oportunamente se practique; al Dr. DANIEL ALEJANDRO ALONSO por su labor desarrollada como apoderado de la demandada en dos etapas del proceso (demanda y prueba, ésta última parcial) en un 10% de la misma base regulatoria que oportunamente se practique. También reguló los honorarios por el incidente de perención de instancia, al Dr. DANIEL ALEJANDRO ALONSO, doble carácter, como apoderado de la demandada vencedora en el 8 % de igual base; y al Dr. GUILLERMO SERGIO TORANZO COSTANTINI, doble carácter, como apoderado del actor perdidoso en un 4,8% de igual base.

Para así resolver consideró de aplicación al caso los plazos establecidos por el art. 274 inc. 1 del CPC (Ley 8037) de seis meses. Sostuvo que desde el decreto de fecha 21-05-2014 (fs 169) hasta que la demandada solicitó la declaración de la perención de la instancia, transcurrió el plazo de 6 meses, sin que el actor haya impulsado el proceso.

Entendió que no había concluido el plazo de prueba como señaló el actor.

Contra este decisorio, se alza a fs. 184, la actora a través de apoderado, recurso que fue concedido con efecto suspensivo a fs. 188 y fundado a fs. 189-190.

Se agravia en primer lugar de la sentencia recurrida y sostiene que el juez no ha tratado lo que se señaló en el escrito de fs. 175-176, en lo referido a lo dispuesto por el art. 432 del CPC. Sostiene que el juez ha obviado tratar lo dispuesto en dicho artículo, porque pone en su cabeza la obligación de nombrar otro perito de oficio y sin más trámite.

Entiende que era una actividad del juzgado la que necesitaba para que la causa continuara. Agrega que no hacía falta una petición de la parte para que el Sr. Juez se expidiera y solicita se revoque la sentencia cuestionada.

Aduce que la interpretación del CPC debe ser restrictiva y no amplia en favor de la inactividad del juzgado.

En segundo lugar, entiende que los plazos de perención no corren luego de finalizado el plazo de prueba ni cuando el avance del procedimiento esté atribuido por el propio Código a una actividad del Tribunal.

Los agravios fueron contestados a fs. 192-197 por la contraria a través de apoderado, quien solicita el rechazo de la pretensión recursiva. Elevados los autos a la Alzada se procede a la adjudicación a estudio a fs. 216.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

1- El instituto de la perención de la instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento -en definitiva- radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica.

Esta Sala ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción. Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia. De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", 08/03/99, L. de A. Tº 101 - Fº 44/47; Autos N° 19.889 (N° 36.228 - 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. - Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", 20/03/09 L. de A. T° 163, F° 151/156).

Para que proceda la caducidad de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

La existencia de la instancia se abre desde el mismo momento en que se introduce la demanda, no siendo indispensable que se haya trabado la litis, naciendo desde ese momento la carga procesal de instar el procedimiento. (Cfr.Palacio, L,"D.P.C."T IV-223).

Tratándose de un planteo de perención de un proceso ordinario, el plazo de inactividad rige, en el caso, conforme las pautas regladas por el art. 274 inc. 1 del CPC (988-O)(seis meses).

Cabe recordar, que las peticiones de las partes, así como los actos del órgano judicial o sus auxiliares, que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino normal - la sentencia-, interrumpen la caducidad. Debe tratarse de actos útiles y adecuados al estado de la causa, guardando directa relación con la marcha normal del proceso, acorde "a la etapa procesal en que se realice para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia". Puede ser el diligenciamiento de un oficio, o de una cédula, o bien la presentación por la cual se acompañó un oficio para la firma del juez (Cfr. Fenocchieto-Arazi -"CPC", t 2 pág. 28).

Planteado de este modo el recurso, la doctrina judicial estima que, acto interruptivo es aquel que tiene por efecto impulsar el procedimiento, es decir, que tiende al desenvolvimiento de la relación procesal, al avance y continuación de la instancia, que se ha adecuado al estado del proceso y proporcionado a las circunstancias de tiempo y condición de la causa.

Dos son los cuestionamientos que formula el recurrente: primero critica que la actividad para designar otro perito estaba en cabeza del juez, por lo que el plazo estaba suspendido, y segundo, que al haber vencido el plazo por el que se abrió la causa a prueba, la perención no podía ser decretada.

A los fines de un orden metodológico se tratará el segundo cuestionamiento primeramente, esto es, el referido a si la etapa de prueba había finalizado.

Analizando las actuaciones cumplidas en estos autos, advierto que se abrió a prueba por el plazo de sesenta días (fs. 124), en fecha 13 de noviembre de 2012.

Pero también que dicho plazo fue superado por las actuaciones de las partes, sea pidiendo medidas de prueba, o produciéndolas; y por el Tribunal dictando providencias al respecto, con lo cual podría decirse que si bien el plazo fijado, en el proveído pertinente había finalizado, como lo requiere el art. 275 inc. 5° del C.P.C., la conducta de las partes y del Tribunal mantienen abierta la etapa probatoria pues las partes, con sus peticiones, han consentido en prorrogarlo más allá de los 60 días que se fijaran en el decreto de fs. 124.

De las actuaciones de fs. 141, del día 15 de febrero de 2013 en donde se realizó el acta de absolución de posiciones del representante legal de Elfe SA, se produce cuando ya habían pasado los 60 días del plazo de prueba; y el Juez accede a ello; a lo que siguen peticiones de igual tenor: testimoniales de fs 142, 146 147, la actora solicita a fs 148 la designación de un perito ingeniero civil , a fs 162, solicita la designación de un nuevo perito, etc. lo que pone en evidencia , que a la fecha de esas actuaciones señaladas, el proceso seguía recibiendo actuaciones propias de la etapa probatoria, de lo que se concluye no había finalizado, sino que se prorrogó por la iniciativa de uno, y la consecuente tolerancia de todos los sujetos del proceso.- Dejado de lado el plazo originario, que permita una consumación automática de la etapa probatoria, era necesario una actuación especial de los interesados que expresara la voluntad de ponerle fin, para que ello suceda.

Con ello puede concluirse que si bien el plazo formal de prueba había concluido, no había ocurrido lo mismo con la etapa de prueba; y por ende, sobre los sujetos intervinientes perduraba la carga de activar el proceso.

En igual sentido resolvió este Tribunal en autos Nº 21.760, caratulados: "Molina de Cortez, María c/ Caja de Jubilaciones s/ ordinario - actuaciones por separado para elevar al superior", 06/03/14, L.A. T° I-2014, F° 15/18.- No surge de autos que las partes hubieran solicitado se declare la clausura de la etapa probatoria, por lo que dicho plazo estaba vigente, por lo que la perención podía ser decretada por el juez.

La segunda crítica a analizar, es el cuestionamiento que efectúa el apelante respecto a que era obligación del juez designar de oficio a otro perito, por lo que no corresponde declarar la perención en virtud de las disposiciones del art. 275 inc. 6 del CPC.

Para referirnos a este planteo corresponde adentrarnos primeramente a las disposiciones del art. 432 del CPC( 988-O), que en su parte correspondiente reza..."...Si el perito no aceptare, o no concurriere dentro del plazo fijado será reemplazado por los suplentes en orden de designación, y si éstos no lo hicieren, el juez nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite" y determinar a quien le correspondía el próximo acto impulsorio.

Del texto del mismo surge que en caso que el perito no acepte el cargo en el plazo de tres días de notificado, automáticamente será reemplazado por alguno de los suplentes, de oficio.

De allí surge que el incumplimiento de las actividades que de oficio debía desarrollar el juez aquo, no puede serle imputada a la parte actora, ya que el impulso procesal no dependía de dicho litigante sino que estaba supeditada a la actividad del juez.

Como se colige surge entonces que es obligación del juez la designación del nuevo perito en forma automática, de lo que resulta que la declaración de perención de instancia es improcedente, de conformidad a lo dispuesto en el art. 275 inc. 6 del CPC (ley 988-O) .

En este sentido: "El incumplimiento de determinadas actividades que de oficio debe desarrollar el órgano jurisdiccional no puede ser imputado a la parte ya que la facultad que ésta tienen de instar la realización no puede imponérsele como carga". (CN Fed CC-1-9-2011."De Pascale, Antonio y otros, c Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones", Rev de Derecho Procesal Modos Anormales de terminación del proceso. Año 2012-1, p. 480. Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires.) En consecuencia, considero debe hacerse lugar al recurso planteado, con costas a cargo de la vencida.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 184, con costas a cargo de la vencida y revocar la sentencia apelada. Regular los honorarios por lo actuado en el incidente de perención de instancia al letrado Guillermo Sergio Toranzo Costantini, en doble carácter y como vencedor en la suma de $3.000 y al letrado Daniel Alejandro Alonso, por lo actuado en doble carácter, como vencido en la suma de $ 2.100, a la fecha de la presente resolución conforme art. 13 ley 56-O. Por lo actuado en segunda instancia al abogado Guillermo Sergio Toranzo Costantini, como vencedor, en la suma de $1.500 y al letrado Daniel Alonso, en la suma de $ 630.

El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 184, con costas a cargo de la vencida y revocar la sentencia apelada. Regular los honorarios por lo actuado en el incidente de perención de instancia al letrado Guillermo Sergio Toranzo Costantini, en doble carácter y como vencedor en la suma de pesos tres mil ($3.000) y al letrado Daniel Alejandro Alonso, por lo actuado en doble carácter, como vencido en la suma de pesos dos mil cien ($ 2.100), a la fecha de la presente resolución conforme art. 13 ley 56-O. Por lo actuado en segunda instancia al abogado Guillermo Sergio Toranzo Costantini, como vencedor, en la suma de pesos mil quinientos ($1.500) y al letrado Daniel Alonso, en la suma de pesos seiscientos treinta ($ 630).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2016; F° 112/116; FECHA:30 de septiembre de 2016 DRES.VICTORIA-ALFERILLO.