marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violencia de género, discriminación de la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: E., W. A. s/ Desobediencia a una orden judicial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-01

"'Desde una perspectiva general la CEDAW define la discriminación contra la mujer como «toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».

En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará señala que la violencia contra la mujer es «una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres» y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación.
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Osella, Jorge Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Las previsiones constitucionales establecidas por las cuestiones de previsión social deben ser criterios rectores en esta materia, máxime cuando se encuentra en debate el sustento material de una persona ante la contingencia de la invalidez que padece y el fallecimiento de quien fuera su sostén.
Improcedencia del recurso, prisión domiciliaria, insuficiencia del agravio, menores, fundamentación de sentencias, narcotráfico
Materia: PENAL
Carátula: ROLDAN, Melina Elizabet c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde rechazar el recurso contra la sentencia de cámara que revocó la detención domiciliaria a la imputada toda vez que el a quo realizó un examen de las particularidades del caso, sin que la parte impugnante haya logrado demostrar en esta instancia la arbitrariedad que invoca. En efecto, el tribunal previo tuvo en cuenta la situación en la que se encuentran los hijos de la imputada, los que se hallan al cuidado de su abuela materna, en una vivienda con buenas condiciones de habitabilidad, como así también evaluaron que los niños cuentan con la ayuda de otros adultos que los asisten. Además, el a quo valoró que la detención de la nombrada en una unidad carcelaria, conforme lo previsto en el art. 210, inc. "k" del C.P.P.F., sería la mejor medida para asegurar los fines del proceso. En síntesis, el pronunciamiento impugnado constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa (art. 123 del C.P.P.N.). En la resolución a estudio se consideró que ".la imputada tiene 4 hijos de 4, 7, 12 y 16 años de edad; no obstante, vale señalar que la doctrina mayoritaria es coincidente en que verificada la maternidad y la existencia de hijos menores de edad, estas circunstancias por sí mismas, no generan el deber -ipso facto- de concesión automática de esta modalidad especial de cumplimiento. La ley no ha establecido una suerte de derecho subjetivo a favor de la progenitora." En esa línea, el tribunal de la instancia previa valoró que "(d)e las constancias de la causa surge que la imputada se valió de su hija menor de edad para cometer el delito de narcotráfico por lo cual no podemos concluir que su detención domiciliaria puede ser beneficiosa para sus hijos". En definitiva, la Cámara interviniente sopesó que "... la detención domiciliaria concedida a la imputada debe revocarse, resultando ser la prisión preventiva prevista en el art. 210 inc. k del C.P.P.F. la medida que mejor se adecua a su situación, atento que el resto de las medidas previstas en el art. referido insuficientes para garantizar los fines del proceso.
Entidades financieras, quiebra, cesación de pagos, feria judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Habiéndose peticionado -por parte del Banco Central- la habilitación de la feria judicial y existiendo hechos reveladores del estado de cesación de pago en que se encontraba el Banco recurrente, (artículo 86 de la Ley de Concursos), no resulta irrazonable lo resuelto por el juez a-quo al proceder a habilitar la feria en atención al inciso 2º del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (actual artículo 250, conf. texto ordenado s. Decreto 46/98) que incluye a los "concursos" en el catálogo de los "asuntos urgentes" declarando posteriormente declarar la quiebra del banco, por lo que la alegada "estratagema" del Banco Central -dirigida, según los dichos del recurrente, no tanto a lograr la habilitación de la feria cuanto a colocar deslealmente sobre el Juez una premura que lo impulsara a no citar al B.I.B.A. con carácter previo a la declaración de quiebra (artículo 91 de la Ley de Concursos)- no se compadece con lo acontecido efectivamente en autos, donde ambas decisiones fueron adoptadas a partir de una apreciación de las circunstancias del caso y de una interpretación de las reglas aplicables que no merece reparo desde el plano constitucional. (Del Voto del Dr. Ulla)
Menor impúber, inimputabilidad, declaración indagatoria, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: VALDEZ, Yanina S. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

"...Para que la intervención del ius puniendi resulte constitucionalmente válida, es preciso su necesariedad, en el sentido de una intervención mínima o como última ratio para la solución del conflicto. El principio de necesidad conduce, pues, a la exigencia de utilidad" .

Disponer la declaración indagatoria del menor, de tan solo diez años de edad al momento de producción del hecho -con la exposición directa y personal ante un tribunal penal que implica-, respecto de una conducta que jamás podría ser considerada delito, debido a la falta de presupuesto de imputabilidad que requiere la culpabilidad es una medida que parece contraponerse a los principios contenidos en la Convencion sobre los Derechos del Niño, en cuanto a que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, enunciados que reivindican una protección especial, ya preceptuada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño,que estableció que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento" .

Por ello, procede confirmar la resolución mediante la que se dispuso sobreseer a la menor respecto del delito de hurto por ser inimputable en razón de su edad.
Medidas cautelares, legitimación procesal, radiodifusión
Materia: PROCESAL
Carátula: "Radio  y Televisión Trenque Lauquen SA- Inc. Competencia c/ E.N. s/ medida cauelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Se encuentra justificada la legitimación de la accionante si se vislumbra con claridad la existencia de una controversia (legitimidad de la transferencia de la licencia) frente a la cual posee un interés concreto y suficientemente directo, a los fines de precaver las consecuencias del acto en ciernes (Cons.

VIII).
Estado de sitio, hábeas corpus
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: HORACIO DANIEL RODRIGUEZ s/ ESTADO    DE  SIRIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-04|1985-12-03

El decreto 2049-85 puede ser invocado como norma vigente, pues con arreglo a los considerandos del decreto 2070-85 resulta que, ante la discusión ocasionada sobre la validez del primero, fue propósito del segundo ratificarlo o perfeccionarlo lo cual disipa toda duda acerca de su validez y vigencia actuales en cuanto integrativo del complejo de normas que constituyen los decretos 2069 y 2070-85.
Empleo público, recursos, recurso de queja (administrativo), sentencia, aplicación de la ley, paritarias, fondo de estímulo, prueba, conflicto de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en DANERI, ANA BEATRIZ Y OTROS  c/ GCBA s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) - EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que la validez de las Actas Paritarias de Negociación Colectiva, en cuanto ordenaron liquidar como no remunerativos los aumentos allí previstos, a la luz de las reglas que, en la visión de la Cámara, rigen las condiciones en que debe ser liquidado el Sueldo Anual Complementario, y al estar, siempre según el a quo, jerárquicamente por encima de los acuerdos colectivos, se presenta como una cuestión constitucional de conformidad con el art. 113 inc. 3 de la CCABA, toda vez que aquellas actas integran el régimen general que rige la relación de empleo que une a la parte actora con el GCBA (conf. el art. 1° de la ley n° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública) y la decisión recurrida resulta contraria a las facultades otorgadas al GCBA por el ordenamiento jurídico. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Yelmini, Claudia Viviana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)", expte. SACAyT n° 14634/17, sentencia del 25-04- 2018).
Medidas cautelares, medida de no innovar, tarjeta de crédito, discriminación, verosimilitud del derecho invocado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PADEC  PREV.  ASES.  Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR c/ AMERICAN EXPRESSBANK LTD. SA S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-03

DEL DICTAMEN FISCAL 109241:

Resulta improcedente la medida innovativa solicitada, con la finalidad que se ordene a una empresa administradora de una tarjeta de crédito a:

1) que cese de discriminar entre los clientes que utilizan exclusivamente una de las tarjetas que comercializa y los clientes que además utilizan otras tarjetas con las que opera, con relación a la tasa de interés que aplica sobre saldos deudores, 2) extender a los primeros citados los beneficios que le otorgan a los otros y, 3) difundir el cese de la discriminación aludida. Ello así cuando, como en el caso, surge que no existe un temor fundado en que los derechos patrimoniales invocados -la diferencia en la tasa de interés puedan perderse, deteriorarse o sufrir un menoscabo durante la sustanciación del proceso. Tampoco se acreditó el carácter irreparable de los mentados daños. En efecto, no se ha mostrado que exista un riesgo de que la accionada no pudiera devolver las sumas percibidas en el supuesto de que la acción prospere.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, proceso penal, plazos para resolver
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUSSOMANO, PATRICIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que el mismo no reúne el recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055 ni provoca un perjuicio de imposible reparación ulterior que autorice a hacer excepción al principio según el cual las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no constituyen sentencia definitiva. Y, aún cuando esta Corte recordó la interpretación que el Alto Tribunal nacional hiciera en las causas "Mattei", "Mozzatti" y "Podestá" en el sentido de que la extensión misma de un proceso más allá de todo parámetro de razonabilidad configura un gravamen irreparable, concluyó que en el caso no se advertía la configuración de ningún supuesto que permita excepcionar la aplicación de lo dispuesto el el artículo 11 del reglamento aprobado por la Acordada nro. 4 de la Corte Nacional. (Citas: CSJN Mattei, Fallos 272:188; Mozzatti, Fallos 300:1102; Podestá, del 7/3/2006).
Concurso de delitos, documentación del automotor, falsificación de instrumento público, documento nacional de identidad, concurso real, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, José A. s/ excep. De falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-01-16

Si bien es cierto que la comisión del delito de falsedad ideológica de una cédula de identificación de un automotor se vio facilitada por la previa falsificación de un D.N.I., hecho por el cual ya recayó condena, la primera se presenta como una maniobra distinta y penalmente relevante respecto de la segunda y respecto de la estafa también cometida.
Facultades de la autoridad de prevención, detención para identificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

He tenido ocasión de señalar que la mera circunstancia de que un agente policial realice controles poblacionales no es, de por sí, violatorio de ninguna garantía constitucional, en tanto ello constituye un medio para llevar adelante las funciones que le han asignado en el decreto-ley 333/58 (entre otras, "velar por el mantenimiento del orden público", cfr. art. 4). En este sentido, coincido con la opinión del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Dr. González Warcalde, en el sentido de que los procedimientos de identificación personal en lugares públicos o de acceso público, en ejercicio del poder de policía estatal, por razones de seguridad general o con miras a la prevención de contravenciones y delitos no merecen, en principio, reproche alguno (vid. dictamen de la PGN del 10/4/08, en C. 224, L. XLIII y el presentado en la causa "Ciraolo" -Fallos 332:2397-).

Sin embargo, la actuación de la prevención, como cualquier manifestación del ejercicio del poder de policía estatal, debe estar sujeta a los límites impuestos por la razonabilidad (cfr. Fallos: 298:223)" (Del voto en disidencia del Dr. Farah).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Administración Pública, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Genaro García Ltda. S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Extraordinario -Recurso de inconstitucionalidad -Daños y   perjuicios (Expte.: C.S.J. 521 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-05

Corresponde denegar la concesión del Recurso Extraordinario interpuesto, desde que la recurrente no aporta razones valederas demostrativas que la Corte local, al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, lo haya hecho incurriendo en arbitrariedad, al sustentar el fallo mediante una interpretación rigorista de las normas en juego, alejadas de su finalidad o trasladando criterios de la Corte nacional no aplicables en la especie y consagrando en definitiva, una notoria iniquidad en la solución. Para así decidirlo, se impone destacar que el meollo de la cuestión traída mediante este recurso es idéntica a la que ya ha analizado la Corte local en el remedio de inconstitucionalidad, esto es: desde cuando comienza a correr el término de la prescripción liberatoria tratándose de responsabilidad por daños ocasionados por un acto administrativo y si ostenta el carácter de secuela interruptiva de su curso el proceso mere declarativo.
Competencia de la Corte Suprema, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, control de constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: ANADON, TOMAS SALVADOR c/ COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-20

El haber acatado la jurisdicción reglada que el Poder Legislativo estableció mediante el recurso ordinario ante la Corte no inhabilita a ésta para declarar que el art. 24 inc. 6° del decreto-ley 1285/58 ha devenido indefendible con el tiempo y que su aplicación práctica compromete el rol institucional que emana de su primera y más importante función, concerniente a la interpretación de cuestiones federales, en particular las referidas a la vigencia de los derechos fundamentales y el sistema representativo, republicano y federal.
Robo con armas, arma propia, arma impropia, concepto de arma, sevillana
Materia: PENAL
Carátula: O, J.J. s/ ROBO. ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-05

La acepción del vocablo "arma" desde una óptica rigurosamente jurídica, obedece a la caracterización estrictamente funcional (ofensa o defensa) del instrumento que lo implica, concepto éste que involucra a su diversa naturaleza (propia o impropia), incluyéndose dentro de lo que se denomina arma impropia la sevillana por el poder vulnerante que tiene y por haber sido utilizada en el caso de autos a modo de "un argumento de violencia física inmediata".
Banco central, facultades del banco, cuenta corriente bancaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIRAL, OSVALDO MARCIAL c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ PROCEDIMIENTO JUDICIAL - DESERCION DEL RECURSO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-21

La recurrente sostiene que la Comunicación "A-463" del B.C.R.A. deja librada a la discrecionalidad de esa entidad la protección de su derecho de la rehabilitación como cuenta correntista. Sin entrar a analizar si el criterio de deferir a las entidades bancarias la iniciativa de solicitar las rehabilitaciones se inscribe dentro de la esfera de la discrecionalidad administrativa, en defecto de norma objetiva, la ilegitimidad o irrazonabilidad del acto atacado, no resulta suficiente para fundar la acción debatida. Por lo tanto, se declara desierto en recurso.
Empleo público, buena fe, doctrina de los actos propios, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PANIAGUA DE ALDAY MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EMPLEO PUBLICO - SANCION DISCIPLINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-22

La relación jurídica de empleo público está basada en el principio de buena fe, el mismo es aplicable tanto a la Administración como al administrado e impide al actor volver sobre sus propios actos desconociendo o negando ahora aquello que antes fue admitido "venire contra propium factum nom potest".

En virtud del contrato de empleo público, los agentes tienen "deberes" que cumplir tal como concurrir a su lugar de trabajo, cumplir horario y justificar las inasistencias.-
Faltas, régimen de faltas, poder de policía, límites jurisdiccionales, reserva de la cuestión federal, fundaciones, establecimientos educacionales, universidades
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores s/ falta de habilitación y otra - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15

Por "persona jurídica" debe entenderse la totalidad de las legisladas en el cuerpo civil y el comercial, pues la ley local no efectúa distinción alguna. Es así que las "fundaciones" del artículo 33 del Código Civil son pasibles de responsabilidad infraccionaria, del mismo modo que conforman centros de imputación o proyección de normas que rigen otras materias.

Sostener que la normativa local no debe ser observada en virtud de que el régimen relativo al objeto social de la fundación encartada -universidad privada- deviene de competencias legislativas nacionales, supone desconocer que, aun integrando la comunidad vecinal, la misma está llamada a desobedecer los mandatos que le son impuestos en su carácter de habitante de la Ciudad y que tienden a preservar bienes jurídicos que influyen en la articulación de las relaciones sociales en el entorno en que se halla inscripta. El absurdo llegaría así al límite de considerar exenta a la firma del cumplimiento de disposiciones de fundamental aportación a la pacífica convivencia y a la seguridad de los usuarios y terceros, tales las que surgen del Código de la Edificación, y aun toda otra norma nacida del legítimo ejercicio de la autoridad local.
Confirmación de sentencia, almacenamiento de estupefacientes, transporte de estupefacientes, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: JUNCOS, Juan José y otros c/  s/ recurso de casación  (Registro N° 162/17)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

Corresponde confirmar las condenas en orden a los delitos de organización para la producción, almacenamiento y transporte de estupefacientes, ya que no cabe hacer lugar a los planteos de nulidad de las intervenciones telefónicas y los allanamientos introducidos por las partes y el procedimiento desarrollado por las fuerzas de seguridad resultó conforme las facultades de prevención y control previstas por ley.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La protección que la Constitución Nacional otorga a los intereses generales, no impide verificar si éstos, no obstante su compleja definición, han sido lesionados por un acto ilegítimo, o existe amenaza de que lo sean.
Personal de dirección y vigilancia, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Cueto, José. c/ Demasi, Roque. s/ Reclamo.  Inconstitucionalidad. Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones de  Hecho. Trabajador. Personal de Dirección y Vigilancia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-11-02

Los destinatarios del artículo 3 de la Ley 11544 no son los "altos empleados" sino aquellos que por la índole de sus funciones caen dentro de la norma, no siempre coincidentemente con una jerarquía superior en la empresa o en el ámbito de su desempeño.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, cese de la detención, prueba insuficiente, homicidio calificado con el concurso de personas
Materia: PROCESAL
Carátula: R. P.; R. P. O.; C. M. A. y V. L. A.; p.s.a. de homicidio calificado por ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas. Humahuaca c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-06-28

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa del inculpado por homicidio calificado por ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, y en consecuencia, revocar la resolución atacada y disponer en forma inmediata el cese de detención; debiendo continuar con el trámite de rigor, pues si bien los requisitos exigidos para disponer su detención conforme lo establece el art. 308 del C.P.P., se encontraban formalmente cumplidos, la prueba que avala la sospecha de su participación y en la que se basa principal y exclusivamente esa orden, se encuentra de cierto modo confusa y contradictoria, desvirtuando así uno de los requisitos exigibles para mantener la detención.
Competencia federal, calumnias, injurias, querellante, querellante legislador
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cascioli, Andrés L. s/ Excep. de falta de jurisdicción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

En tanto los hechos atribuidos al querellante, no coincidían temporalmente con el ejercicio de su condición de legislador ni aquellos se vinculen con dicha función, y atento que la publicación que se reputa ofensiva no exhibe mérito suficiente para obstruir o corromper el normal cumplimiento del mandato ejercido al momento en que se habría producido la calumnia e injuria, no es competente la Justicia Federal.