Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-07


AUTOS 109443 (C.C. - SALA IV - Nº24) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA C/ Cavas de Zonda S.A. - Ejecutivo".- San Juan, 7 de Febrero del 2013.

VISTO: Para resolver en los autos del rubro el recurso de apelación interpuesto a fs. 197 por la parte demandada y concedido a fs. 198, contra la sentencia de fecha 4 de mayo del 2012, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativos y que se agrega a fs. 191/193.

Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Juez A-quo en la presente ejecución fiscal ha resuelto: I) No hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada por los fundamentos vertidos en la presente resolución. II) Ordenar siga esta ejecución adelante por todos sus trámites contra el ejecutado, CAVAS DE ZONDA S.A., hasta hacer trance o remate sobre los bienes del deudor y con su producido íntegro pago al acreedor del capital reclamado de Pesos Ciento Cuarenta y Seis mil setecientos veinticinco con 92 ctvos. ($ 146.725,25), con más intereses y costa. III) Regular en forma porcentual los honorarios del apoderado de la ejecutante gananciosa, Dr. José S. Lloveras, en el 21% de la liquidación que se practique al efecto por el monto por el que sigue la ejecución. Regular en forma porcentual a la apoderado de la ejecutada perdidosa, Dra. Zulma Beatriz Ortiz, un 60% de lo que corresponde regular al apoderado de la ejecutante.- Contra dicho pronunciamiento recurre a esta instancia la parte demandada mediante recurso concedido a fs. 198, el cual es fundado a fs. 201/202 vta.- PRIMER AGRAVIO:

Está referido a la interpretación que realiza el A-quo de la Jurisprudencia de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia respecto a que la misma sostiene que el curso de la prescripción comienza a correr desde que la deuda es exigible, conf. arts. 3956, 3958 y cc. del Código Civil, es decir que conforme a ella los cinco años para el curso de la prescripción comienzan a correr el 1° de Enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, todo conforme el Código Tributario Municipal. Por ello si se está reclamando el pago del período 04/1999; 01/2000 al 09/2004; el período correspondiente al año 1999 habría prescripto el 1° de Enero del 2005, los restantes períodos prescribieron el 1° de Enero del año 2007, y así sucesivamente el resto de los períodos ejecutados, por lo que a la fecha de la interposición de la presente demanda los mismos se encontraban prescriptos.- Conforme también lo prevee el Código Tributario Municipal, en concordancia con lo prescripto por la ley 8064, el plazo para la prescripción de la acción para el cobro judicial de las obligaciones fiscales comienza a correr desde la fecha de la notificación de la determinación impositiva de aplicación de multas o de las resoluciones definitivas que deciden los recursos contra aquellas; ahora bien, considerando que las tasas y contribuciones reclamadas en autos siempre estuvieron determinadas impositivamente, a través de las respectivas Ordenanzas Anuales Tributarias; resulta improcedente y arbitrario lo sostenido en la sentencia recurrida al decir la sentenciante que la determinación impositiva practicada por el órgano Fiscal Municipal, quedó firme con la notificación del Decreto Municipal 1075/2009 por medio de la cual se Resolvió definitivamente el Recurso opuesto contra Decreto 934- D.E.- 08, es decir el 02-09-2009, tomando esta fecha como fecha de exigibilidad de las obligaciones fiscales ejecutadas, cuando las mismas como se ha dicho precedentemente, se remontan al primero de enero siguiente al año en cual se generaron éstas; y lo único cierto es que la fecha del 02/09/2009 operó como un acto interruptivo de dicha prescripción, respecto al resto de los períodos ejecutados.- Por las razones expuestas sostiene que la aplicación que el juez inferior ha efectuado, tanto de la jurisprudencia como de la doctrina citada, es arbitraria pues las deudas ejecutadas en la presente causa están determinadas impositivamente tanto respecto al monto como a la fecha de exigibilidad por el Código Tributario Municipal y las respectivas Ordenanzas Tributarias Anuales, no por un decreto del Poder Ejecutivo Municipal como afirma el Inferior; razón por la cual también resulta improcedente la Resolución a la que arriba cuando sostiene que al momento de interponer la demanda no había transcurrido el plazo de los cinco años.

Solicita se revoque la sentencia recurrida y se haga lugar a la Prescripción Parcial de deuda Opuesta por su representada.- SEGUNDO AGRAVIO:

Sostiene que también le causa gravamen irreparable la imposición de costas al considerarla parte vencida en esta causa, cuando está plenamente acreditado por los argumentos legales precedentemente, que la Excepción de Prescripción Liberatoria opuesta es totalmente Procedente.

Por último le agravia la regulación de honorarios profesionales que el Sr. Juez a-quo dispone en los términos porcentuales y conforme las pautas dadas por el art. 201 inc. a) de la ley 2150, sustituido por el art. 800 inc. 8, sin la reducción prevista en virtud de haberse deducido la excepción aquí opuesta; solicitando se revoquen, por elevados, los honorarios fijados en favor del representante legal de la actora y por bajos los regulados a favor de la representante de la demandada.

A fs. 209/212 contesta traslado de expresión de agravios la Actora, solicitando se desestime la apelación interpuesta, con costas.

Sostiene que los agravios invocados carecen de fundamentos atendibles y suficientes para descalificar la sentencia dictada.

Que de la documentación acompañada se desprende con total certidumbre que la actora ha reconocido adeudar, entre el año 1995 al 23-10-2002 la suma de $ 87.465, que se comprometió a cancelar con obras y mejoras, con la condición que si no cumplía el Municipio podía exigirle el pago de la deuda. Que al no cumplir con las obras fue intimado de pago y desalojo.- Que el Recurso Administrativo que interpuso contra las resoluciones de la Municipalidad, fue desestimado por extemporáneo e improcedente, quedando firme las resoluciones administrativas.- No obstante ello promovió acción contenciosa administrativa contra tales actos para prolongar la situación litigiosa y enervar sus efectos respecto del crédito adeudado y el requerimiento de desalojo del inmueble que ocupa.- Dicha acción fue rechazada, por lo cual el decreto n° 934-11-2008 quedó firme y adquirió los efectos de cosa juzgada.- El mencionado decreto fue notificado a la demandada el 2 de septiembre del 2009, comenzando a partir de ese momento a regir el plazo de prescripción de los períodos que se reclaman en la presente ejecución, razón por la cual es improcedente el agravio, debiendo imponerse el rechazo de la apelación.- Agrega también que conforme Ley de Procedimiento Administrativos dispone la interrupción de plazos por articulación de recursos.- Dicha interrupción comprende a todos los plazos vinculados con el derecho que se ejerce, inclusive el de la prescripción.- Así lo ha entendido la Corte Suprema en Fallos que cita.- En cuanto al resto de los agravios, los considera infundados porque la imposición de costas es una consecuencia necesaria del vencimiento del pleito, art. 66 C.P.C., en cuanto a los honorarios regulados, la impugnación es imprecisa y omite el apelante indicar las normas y criterios que el juez ha omitido aplicar o erróneamente aplica, procediendo la desestimación del agravio.

Expuestos suscintamente los agravios y su réplica corresponde avocarse al estudio del recurso interpuesto para lo cual consideramos adecuado referirnos a la normativa de aplicación al caso, a efectos de verificar la procedencia de la excepción liberatoria.- En este sentido el art. 47 del Código Tributario - Ley 8064 - establece "Los plazos de prescripción comenzarán a correr a partir del vencimiento de la obligación tributaria, operando la prescripción a los cinco años. El plazo de prescripción para aplicar multas por infracción a los deberes formales es de cinco años y comenzará a correr desde la fecha en que se cometió la infracción. El plazo de prescripción de la acción para el cobro judicial de las obligaciones fiscales, comenzará a correr desde la fecha de notificación de la determinación impositiva o de aplicación de multas o de las resoluciones definitivas que decidan los recursos contra aquellas, o en su caso, desde la fecha de las declaraciones juradas..........." .- Necesariamente debemos también tener en cuenta el art. 3986 del C.C. que dispone que La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria también se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción".

En virtud de estos antecedentes legales se advierte que la apelante no ha tenido en cuenta el recurso administrativo de Revisión por ella interpuesto y que han sido ofrecidos como prueba tramitados ante la misma Municipalidad actora y que en copia se agrega a fs. 110/116 y su resolución a fs. 142/143, iniciados con la finalidad de que el Ejido Municipal revoque su decisión de iniciar el juicio ejecutivo para obtener el pago de la deuda.

Estas actuaciones en si mismas implican un acto interruptivo de la prescripción conforme lo establece la norma del art. 3986 del Código civil. La doctrina y jurisprudencia reiteradamente vienen sosteniendo en torno a la interpretación del mencionado artículo que el termino " demanda" en la citada norma no ha de tomarse en sentido técnico de la expresión, valiendo por tal concepto los actos procesales realizados ante el mismo ente municipal que ostensiblemente tienden a resguardar el crédito contra la prescripción, o que muestren la voluntad inequívoca de lograr el cumplimiento de la obligación manteniendo vivo el derecho de acreedor.- Si bien la apelante considera que, de acuerdo lo prevee el Código Tributario Municipal en concordancia con lo prescripto por la ley 8064, el plazo para la prescripción de la acción para el cobro judicial de las obligaciones fiscales comienza a correr desde la fecha de la notificación de la determinación impositiva de aplicación de multas o de las resoluciones definitivas que deciden los recursos contra aquellas, no es menos cierto que centraliza su defensa en que las tasas y contribuciones reclamadas en autos siempre estuvieron determinadas impositivamente, a través de las respectivas Ordenanzas Anuales Tributarias; tachando de este modo por improcedente y arbitrario lo sostenido en la sentencia. Al respecto cabe señalar que la propia apelante, en ocasión de interponer recurso de revisión en sede administrativa, solicitó la suspensión de cualquier acto ejecutivo en tanto y en cuanto el mismo no sea resuelto ( fs. 82 vta. infine), por lo que desconocer esta circunstancia importa contravenir sus propios actos. Luego cabe destacar que resulta acertado el criterio sustentado por la sentenciante al considerar que la determinación impositiva practicada por el órgano Fiscal Municipal, quedó firme con la notificación del Decreto Municipal 1075/2009 por medio de la cual se Resolvió definitivamente el Recurso opuesto contra Decreto 934- D.E.- 08, es decir el 02-09-2009, tomando esta fecha como fecha de exigibilidad de las obligaciones fiscales ejecutadas.- Huelga reiterar que el propio demandado, también a fs. 129 de autos, expresa a través de la nota fechada 22 de enero del 2009, que conforme lo normado por la ley 3784 de Procedimiento Administrativo, no es procedente que se le intime de pago de deuda alguna, toda vez que no se encuentran vencidos los plazos para hacer uso de la vía recursiva contra el decreto municipal 934 y la ordenanza que lo ratifica. Va de suyo que esta presentación trae a colación la Teoría de los Actos Propios la cual constituye una regla de derecho derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda presentación lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto (Cam. Nac. Civil, Sala K 26/10/07 - Autos M.I.A.J. c/M.G.B).l De lo expuesto se colige que los agravios propuestos por la parte demandada no pueden prosperar motivo por el cual corresponde su rechazo.

Como resultado de ello y del principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.) la imposición de costas dispuestas por el A-quo deben confirmarse.

Por último y en relación al agravio relativo a que la regulación de honorarios practicada por el A-quo, se habría efectuado sin la reducción prevista en virtud de haberse deducido la excepción propuesta, y tacha de fijación de honorarios de la actora por elevados y por bajos los regulados a su favor; corresponde su desestimación habida cuenta que el resultado del recurso impide modificar en este punto el decisorio al rechazar la defensa propuesta por el demandado y en cuanto a los montos regulados en favor de los apoderados de las partes, se estiman adecuados a la labor desarrollada y dentro de los parámetros permitidos por la ley arancelaria vigente Las costas de esta instancia y en mérito el resultado arribado se imponen l apelante vencido (art. 66 C.P.C.), regulando los honorarios del Letrado de la Parte Actora y Demandada en el Treinta y cinco por ciento (35%) del monto regulado en primera instancia (art. 196, inc. a Ley 2159).

El presente fallo se expide con dos firmas conforme lo ordenado por el art. 257 del C.P.C..

Por ello, SE RESUELVE: I) RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO A FS. 197 POR LA PARTE DEMANDADA, CONFIRMANDO LA SENTENCIA APELADA EN TODA SUS PARTES. II) IMPONER LAS COSTAS DEL PRESENTE RECURSO A LA APELANTE VENCIDA (ART. 66 C.P.C.) REGULANDO LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS INTERVINIENTES EN EL PORCENTUAL FIJADO EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.- Protocolícese, agréguese copia autorizada a autos, notifíquese y bajen al Juzgado de Origen previo pago del sellado correspondiente.

FDO. DRA. ESTELA ZORRILLA. Presidente. DR. JUAN JESUS ROMERO- VOCAL .- ANTE MI: SECRETARIO: OSCAR ROLANDO CABRERA.- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F°70/74 - AÑO 2013.-