marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción penal, recurso de apelación (procesal), sentencia definitiva, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ VICTOR HUGO c/ CASTANEIRA EDGARDO s/ DENUNCIA - QUEJA P/ CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-25

Si la resolución puesta en crisis mediante el recurso extraordinario, es de las que declara inadmisible por extemporánea la apelación intentada por la parte querellante contra una decisión de la instrucción que desestima la denuncia criminal por inexistencia de hecho delictivo, declara la prescripción de la acción penal y ordena el archivo de las actuaciones, no es una resolución con carácter definitivo ni equiparable a tal condición, puesto que en sí misma no concluye el proceso, ni la acción, ni impide su continuación, sino que tiene como efecto inmediato sancionar con la inadmisibilidad del recurso de apelación a quien no ha hecho uso tempestivo de la facultad de impugnar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, regulación de honorarios, reducción de la regulación
Materia: PROCESAL
Carátula: Orellana, José Domingo c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

El recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó el rechazo de la demanda y redujo los honorarios es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez, Fernando José c/ Industrias Juan F. Secco S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20

La pérdida de confianza no se puede sustentar únicamente en consideraciones meramente subjetivas, sino que necesariamente debe derivar de actos irregulares imputables al dependiente que incurre en determinadas actitudes, incumplimientos o irregularidades que, objetivamente, no permiten que se mantenga la confianza originariamente depositada en él.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cárdenas, Carlos D. c/ Restaurant "La Rueda" de Roberto Benedit y Roberto Adriano s/ Despido Macías, Oscar Marcelino c/ Ciraolo, Rodolfo Oscar s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1987-10-20

Cuando las partes invocan distintas causas de extinción del contrato de trabajo, debe considerarse la virtualidad de aquélla que quedó configurada en primer lugar.
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, Derecho, empleados públicos
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Mora, Odila c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-05-08

La materia de este pleito es por sí, ajena a la instancia extraordinaria, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido: "Los problemas de hecho y de derecho público provincial son ajenos por su naturaleza a la instancia del art. 14 de la Ley 48, pues las relaciones entre los empleados públicos provinciales y el gobierno del cual dependen se rigen por las respectivas disposiciones locales que constituyen el derecho administrativo aplicable, razón por la cual la interpretación de tales normas es propia de los tribunales de la Provincia, criterio del que no cabe apartarse cuando la decisión cuenta con fundamentos suficientes que impiden su descalificación como acto judicial.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, asignación de funciones, ius variandi, personal adscripto, remuneración, equiparación salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSINI, REYNALDO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 238 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la estabilidad del Empleado Público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo presupuestario, y que la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso. No acreditando se hubiese producido ninguna merma en la asignación presupuestaria del actor, el perjuicio en la carrera que invoca -al no constituir retrogradación alguna- no pasa de ser una mera hipótesis sobre el grado de causalidad en cuanto al curso posterior de aquélla sin que pueda por ende imputarse a título de consecuencia, ni invocarse como fundamento de la invalidez del cambio de tareas controvertido. En el caso no se ha violado el derecho a la estabilidad pues se ha respetado la retribución presupuestaria del actor y no se ha demostrado que se trate de una cesantía encubierta ni la modificación resulta "groseramente vejatoria", ni se ha acreditado que el acto persiguiera un fin distinto del interés público.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Delmas, Julio César c/ Pehuajó, T.V. Color S.A. s/ Diferencia de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Los jueces de grado tienen, en principio facultades privativas para evaluar la prueba pericial y asignarle la eficacia que consideren pertinente.
Ejercicio de la acción pública, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORONI, RUBEN EMILIO. s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

Una vez sentada la interpretación según la cual el Código Penal no atribuye el ejercicio de la acción pública a ningún sujeto más que al Estado, la legislación local está respaldada por el art.

124 o bien por el 126 de la CN para hacerlo, y esta interpretación no es revisable por jueces federales sin mengua de la reserva del art. 116, siempre de la CN (voto del Sr.

Juez Luis F. Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, energía eléctrica
Materia: CIVIL
Carátula: Transportes Sesenta y Ocho S.R.L. c/ EDESUR S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

No exculpa a la accionada la invocada responsabilidad que le compete al Estado Nacional, como poder concedente del servicio público de distribución eléctrica. Como dijera en mi voto en la causa 6998/2013 del 27 de noviembre de 2.017, no puede admitirse una argumentación tendiente a cohonestar la inviabilidad de brindar un servicio sin interrupciones, ya sea por factores estacionales o por circunstancias coyunturales, como las vinculadas con la necesaria relación entre inversiones y tarifas, las cuales no se desconocen y son de conocimiento público. Ello es así, habida cuenta de que la accionada no justificó en el caso que, aun en tales condiciones, no le resultó posible ajustar su accionar a los parámetros de prestación que le son exigibles como empresa a cargo de un servicio público imprescindible.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ríos, Rodolfo Horacio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Revocatoria   (Expte. C.S.J. Nro. 744 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

El control inicial sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo planteado que hace el titular del Cuerpo tiende a eliminar "in limine" los recursos de patente improcedencia formal, con ventajas para el recurrente y para la Administración.
Derechos adquiridos, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ JULIO CESAR Y OTROS c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ DIFERENCIA DE HABERES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-21

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que los derechos adquiridos en el plano constitucional, tienen la índole jurídica de la propiedad "lato sensu" y se encuentran protegidos por la respectiva garantía constitucional.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, conocimiento de embarque, cláusula oponible al consignatario, apreciación de la prueba
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA AUSTRAL CIA. SEG.  S.A. c/ CAP.  Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "ANNA JO" Y/O "NAVEGACAO MANGUAR"  LTDA. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

Por tratarse en el caso de la estipulación "de estilo", inoponible al tercero consignatario en los términos del art. 299 de la ley de la Navegación, no cabe la consideración de la prueba aportada por el transportista en orden a la certidumbre de los datos incorporados a los conocimientos. Y particularmente porque están en juego los derechos autónomos de un tercero, la valoración de los requisitos que debe reunir una cláusula de reserva debe ser restrictiva.
Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses, reserva a la percepción de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ DE GRILLO, Nélida A. y OTROS c/ E.N. s/ EMPLEO PUBLICO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01

Como el cálculo de los intereses a partir del 1 de abril de 1991 fue ordenado en una resolución que se encuentra firme y alcanzada, en consecuencia, por los efectos de la cosa juzgada, no procede su exclusión con fundamento en la falta de la reserva a la que se refiere el art. 624 del C.C., en la oportunidad de percibir las sumas depositadas en autos en concepto de capital actualizado hasta el 31 de marzo de 1991, e intereses hasta esa fecha de pago.
Detención, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: PACE, Carlos A. s/ PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

La resolución que no cita el precepto legal que faculta a dictar una medida de cautela personal, conculca el derecho de que nadie puede ser privado de su libertad locomotriz, salvo disposición en contrario (art. 18, C.N.), con la orden emanada de autoridad competente, lo cual supone la existencia de normativa legal específica en sustento (art. 19, C.N.). Las fórmulas abstractas sin señalar los elementos concretos sobre los que se asienta el juicio de valor, confieren al acto sólo una fundamentación aparente que conlleva a la arbitrariedad y torna nula la decisión judicial.
Juicio ejecutivo, concursos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: La Romería S.A. s/ concurso preventivo incidente de revisión promovido por la  concursada contra el crédito de Cattorini Hnos. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Las decisiones tomadas en el juicio ejecutivo - cualquiera sea su índole - no resultan oponibles en principio, al concurso en el que intervienen los demás acreedores del deudor que, obviamente, resultan ajenos a ese pleito (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, producción de la prueba, suspensión del beneficio, carácter alimentario, resoluciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DIZ, VILMA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Si de las declaraciones vertidas por la accionante se desprende que, lejos de esclarecer los hechos debatidos, sólo aportan nuevos e inquietantes interrogantes, dejando entrever circunstancias confusas y harto sospechosas en orden a la regularidad del procedimiento que precede a la obtención del beneficio -lo cual en modo alguno ayudan a formar la convicción del Juzgador a la luz de las graves denuncias formuladas por la Administración- cabe concluir que para dilucidar los hechos debatidos es necesario mayor debate y la producción de otros medios de probatorios. En consecuencia, si bien la suspensión de un beneficio de carácter alimentario debe constituir una medida extrema, resulta prudente -atento las particularidades del caso- postular la confirmación de la resolución de la A.N.S.E.S. de suspender el beneficio por irregularidades, toda vez que el conocimiento y decisión del tema excede largamente el acotado marco procesal que prevé el régimen del amparo para tutelar los derechos y garantías de los particulares amenazados o violados por actos públicos o privados manifiestamente arbitrarios o ilegales (art. 43 C.N.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CAMPOBASSO, ANA MARIA c/ SENSOR AUTOMATIZACION AGRICOLA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

Corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta y conceder el recurso de inconstitucionalidad en relación a la postulación de la impugnante relativa a la aplicación al caso del índice RIPTE, dado que cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción, dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugn ción.
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: "L. L. A. Y OTROS c/ EN-PNA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

El daño psíquico, implica una perturbación patológica, transitoria o permanente, de una personalidad preexistente. Se debe evaluar la perturbación o lesión a las facultades mentales y alteraciones en los rasgos de personalidad. Se puede hablar de daño psíquico en una persona cuando ésta presenta un deterioro, disfunción o trastorno en el desarrollo psico-orgánico que afectando sus esferas afectiva, volitiva o intelectual, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral o social. (Castex, Mariano y Ciruzzi, María; "Actualizaciones en medicina y Psicología Forense, Academia Nacional de Ciencias y Cátedra de Psicología Forense", UBA 1989-1990).
Divorcio por presentación conjunta, estado civil
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: V., C. G. c/ T.S., F. de C. s/ Divorcio, art. 214, inc. 2, Código Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-28

El proceso de divorcio por presentación conjunta no es divisible, pues atañe a la constitución del estado de divorciados o al emplazamiento en tal estado que es, naturalmente indivisible, produciéndose una situación análoga a la de los litisconsortes necesarios, quienes no pueden escindir el litisconsorcio.
Medidas cautelares, tutela anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Corresponde descalificar como medida cautelar la que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a la demanda, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable más no lograr el fin perseguido anticipadamente (art. 232, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Ello porque los recaudos de viabilidad de las medidas cautelares deben ser ponderados con especial prudencia cuando la cautela altera el estado de hecho existente al momento de su dictado, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa.
Recurso de apelación (procesal), prescripción adquisitiva, accesión de posesiones, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MUIÑOS, Maria Soledad c/ PONS, Lorenzo y/o herederos o sucesores s/ ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13

Para que se configure la accesión de posesión se requiere la existencia de un vínculo de derecho, de un título traslativo de dominio oneroso o gratuito que ligue al actor con el sucedido, porque, en su defecto, la condición de suceder invocada desaparece y sólo se tendrán dos posesiones distintas.

Para que la posesión del sucesor a título singular pueda unirse a la de aquel de quien la recibió es necesario que ninguna de las dos sea viciosa.

Quien pretenda unir a su propia posesión la ejercida por presuntos antecesores, debe acreditar no solamente el hecho de la posesión suya y la de aquellos, sino el vínculo jurídico que permita establecer que entre uno y otro poseedor existió un lazo de sucesión de continuidad -por sucesión universal o singular- o, como dice la ley, que procedan la una de la otra.

El sucesor particular puede unir su posesión a la de su antecesor, si las dos son ligadas, a efectos del cómputo del plazo para prescribir.

La posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa con la intención de tenerla como suya y la aprehensión debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla.

Si el interesado durante el prolongado plazo que la ley establece no ha reclamado su propiedad y ha guardado silencio, para le ley ha consentido la enajenación implícita de su derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Ministerio Público Fiscal, Poder Legislativo, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Serena, Melisa c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

Con respecto a los reproches que la impugnante deduce cuestionando la razonabilidad de la sanción que en concreto se le aplicó -suspensión por noventa días- surge que los mismos sólo demuestran su disconformidad ante un decisorio adoptado por el Órgano Legislativo dentro de facultades propias, es decir, sin extralimitación del marco legal, e inidóneos, por tal motivo, para habilitar la presente vía; y no se evidencia e los antecedentes acompañados que dicha sanción se hubiere impuesto con inobservancia de las formalidades que impone la ley, o concurriendo afectaciones de orden superior, esto es, a las garantías del debido proceso o derecho de defensa.
Juicio de apremio, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Bs.As. c/ Genoa S.R.L s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

En las obligaciones fiscales los intereses deben liquidarse de conformidad a lo que dispone el art. 84 "in fine" del Cod. Fiscal de la Pcia. de Bs.As. y de la resolución del Ministerio de Economía 444 /94 que fija la tasa de interés en un 3% mensual para las ejecuciones por vía de apremio. (Minoría u opinión personal)
Defensa de la competencia, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL S.A. s/ Defensa de la competencia, recurso de queja.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-19

En tanto los hechos imputados a las sumariadas fueron tipificados en los términos de la ley 22262 (en el caso, Art. 1 y 41), a los fines de analizar la prescripción de la acción penal no resulta aplicable el Art. 62, inc. 5, del Código Penal, en atención a la existencia de una disposición específica de la ley 22262, el Art. 35, por la que se prevé un plazo de prescripción de seis (6) años.

En igual sentido: Sala B, Reg. 647/2005, "LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL S.A.", Ago.19.05.
Facultades del juez, facultades del fiscal, medios de prueba, careo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OSORIO MORALES, Nancy. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-22

De la letra del art. 276 del C.P.P.N. se desprende con claridad que la realización del careo está en cabeza del magistrado instructor y no del fiscal, pues no es de aquellas medidas que el código de forma lo autorice a practicar.

"El careo es prueba que el Código reserva al juez o tribunal. El fiscal no tiene atribuciones para realizarlo (art.

213, inc. "e")...".

No obstante, si el acto no resulta útil a los fines de dar con el paradero de ésta, pues ello podría conocerse mediante la realización de otras diligencias, sumado a la prohibición que establece el art. 242 del C.P.P.N., corresponde confirmar el auto que no hizo lugar al careo solicitado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria, defensa, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTENEGRO, CARLOS HERNAN c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR SER COMETIDO CON EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS Y CRIMINIS CAUSAE, AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL, Y EN CONCURSO REAL CON ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y ROBO AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

En cuanto al cuestionamiento que introduce la impugnante en su remedio directo vinculado a la imposición de costas a la Defensa en el auto denegatorio, si bien en principio se trata de una cuestión propia de los jueces de la causa y ajena, por tanto, a la instancia de excepción, en el caso surge evidente que la decisión de la Alzada en este aspecto resultó inmotivada, toda vez que la Cámara arribó a tal solución sin brindar una mínima fundamentación que la justifique, siendo que dicha exigencia argumental deviene imperiosa atento lo normado en el artículo 449, última parte del Código Procesal Penal; por lo que corresponde anular la imposición de costas a la Defensa dispuesta por el Tribunal, dejándola sin efecto. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 449, última parte
Acción de amparo, daño ambiental, competencia federal, competencia provincial
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Saavedra, Silvia Graciela y otro c/ Administración Nacional de Parques Nacionales - Estado Nacional y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Toda vez que no se ha citado aún al Estado provincial en la demanda de amparo por daño ambiental colectivo, el que, por lo tanto, no ha podido invocar todavía la prerrogativa que ostenta por mandato constitucional, corresponde declarar prematura la incompetencia decretada en autos, por lo que deberá seguir conociendo en ellos el Juzgado Federal de Jujuy al que se remitirán las actuaciones para la continuación del trámite procesal pertinente. - Disidencia de la jueza Highton de Nolasco -
Ejecución prendaria, pago, pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ MUÑOZ HERMES Y OTRO s/ EJECUCION PRENDARIA - PAGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Entiende la Sala que la equívoca redacción del escrito de inicio debe ser aclarada merced al contenido de los certificados de deuda que obran en el sobre de documentación reservada, cuyo examen revela que las cantidades aludidas en la pieza de inicio no son sino la expresión nominal de cada uno de los saldos que se reclama. Por consiguiente, toda vez que la sentencia -que halla firme- mandó llevar adelante la ejecución "por la suma reclamada", debe entenderse que se refiere a las sumas representativas de valores de julio de 1980, reteniéndose además que se dispuso la actualización monetaria desde la mora de las prendas, que data de la misma época, por manera que el pago que se invoca no fue cancelatorio sino de modo parcial y la liberación que en su mérito formuló la ejecutante tuvo carácter putativo, no jugando en el caso el pretendido efecto liberatorio del pago y, en consecuencia, no se halla en tela de juicio la garantía constitucional de la propiedad.