marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidentes de trabajo, empleador, responsabilidad objetiva, prueba, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ayala, Daniel Darío c/ Ruiz, Andrés Gustavo y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

El Tribunal, a los fines de abordar todos los agravios del recurrente, en una hipótesis de haberse acreditado el siniestro denunciado, remarcó -con amplia cita jurisprudencial en sustento- que tampoco en autos podía invocarse como pretendía el recurrente la responsabilidad objetiva del empleador, como consecuencia de una actividad riesgosa, dado que el infortunio invocado se tipificaría en principio dentro de las excepciones del art. 1113 del Código Civil (Ley N° 340, temporalmente aplicable al caso), por haber sido cometido, y según afirmaciones del propio actor, por un tercero no dependiente de los accionados, en relación al cual el empleador no debería responder, argumento que no refuta el impugnante, en tanto en ningún momento brinda explicaciones (en el supuesto de haber sucedido el hecho en horario de trabajo) de cómo, a su parecer, los empleadores podrían o deberían haber evitado el accionar delictivo de un tercero ajeno a las partes y en la vía pública; a lo que cabe agregar, en atención a la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas y el principio protectorio, cuya omisión achaca el quejoso, la respuesta brindada por los Sentenciantes en tal sentido, referida a que tales herramientas legales no pueden dar solución favorable a la pretensión del demandante, dado que en el caso de marras no existen dudas, sino carencia probatoria por parte del actor, que deriva en la falta de acreditación de los presupuestos que requiere la acción intentada para su progreso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113; Ley 20744, artículo 9.
Reordenamiento del sistema financiero, recurso extraordinario, depósito bancario, reprogramación de los depósitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Beratz, Mirta Ester c/ P.E.N. s/ amparo - med. cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Lo dispuesto por el decreto 1836/02 reconduce a la consideración de la cuestión vinculada al canje de los depósitos reprogramados del sistema financiero, directamente vinculada a una opción que podría o no ejercer el interesado, pero que en ningún caso puede ser provocada por los actos del Tribunal, quien debe decidir su derecho conforme a la pretensión estrictamente deducida en autos (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Pineda, Roberto s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la validez de la pericia porque su realización no fue notificada al imputado con la "anticipación debida", si el procesado fue notificado en forma específica de la identidad del experto interviniente y de la hora y día en que la pericia se llevaría a cabo, manifestando expresamente que no deseaba presenciarla, sin formular ninguna observación ni intentar ejercer derecho alguno, por lo que resulta irrelevante el tiempo transcurrido entre la aludida notificación y el examen pericial.
Injurias, doctrina
Materia: PENAL
Carátula: Romero de Contreras, Lucía del Carmen s/ Querella por Calumnias e Injurias-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-05-14

De acuerdo con Sánchez Freytes, para la configuración del delito de injurias se exige materialmente la imputación de conductas, calidades, costumbres, disvaliosamente consideradas por terceros (sociedad) o por el propio ofendido (imputaciones peyorativas); y lo significativo en el delito de injurias es que la conducta atribuida al sujeto pasivo capaz de mortificar u ofender (honor subjetivo) o afectar la reputación o crédito (honor objetivo) sea socialmente disvaliosa. Ello por cuanto no cualquier cosa que se diga de alguien será objeto de tutela penal, sino en tanto y en cuanto lo que se imputa a la persona sea despectivo para la sociedad. En otras palabras, no es el injuriado quien decide el carácter de la expresión vertida en su contra. Este surge de las valoraciones socioculturales imperantes en la comunidad, y depende de las circunstancias de personas, lugar y modo en que el concepto ultrajante es proferido.
Recurso contencioso administrativo, pericia contable, impugnación de la pericia, depreciación monetaria, juicio, partes, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, JORGE ALBERTO LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 403 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

No cabe hacer lugar a la impugnación de la pericial contable formulada por los recurrentes con base en la falta de especificación de la moneda tenida en cuenta para la determinación de los rubros, ya que es el impugnante quien lleva la carga de demostrar que el signo monetario considerado no resulta ser el que debía ser utilizado al momento de practicarse la pericia, y ello no deviene del hecho de no haberse consignado en la liquidación, cuando sí se lo especifica en el informe en que se brinda el resultado de la pericia. Por otra parte, los impugnantes no especifican ni demuestran en qué medida se los perjudica o dónde radica el perjuicio, como tampoco error en el cálculo por parte del experto.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, ley penal, ley penal más benigna, acción penal, prescripción, recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

El art. 18 de la Constitución nacional -y, en sentido concordante, el art. 9 de nuestra Constitución provincial- impiden la retroactividad de las leyes penales cuando las mismas implican empeorar las condiciones de los infractores, concepto en el cual se incluye el estatuto de la prescripción. El objeto del artículo 18 de la Constitución Nacional ha sido precisamente el de proscribir en esta materia las legis ex post facto. Y cuando resulta obvio que tal recaudo no se encuentra cumplido, pues un planteo relacionado con la defensa de prescripción no ha merecido una respuesta que constituya la derivación razonada del derecho vigente -que es necesaria para la satisfacción de las exigencias constitucionales- resulta necesario anular la sentencia impugnada.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barattini, Nestor Nicolás c/ Basualdo, Elvio Ivan y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-17

La solución a lo peticionado se encuentra en el mismo artículo 1110 del Código Civil que faculta al usuario a reclamar la reparación "si el daño irroga perjuicio a su derecho". Así entonces éste se encontrará legitimado para pretender la indemnización por la pérdida del valor venal del rodado cuando acredite que el daño es personal pues, en principio, el mismo afecta al patrimonio del titular del dominio.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, quiebra, AFIP, tributos, verificación de créditos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: AGUIRRE, ROBERTO c/  s/ RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP - DGI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

El remedio interpuesto debe prosperar, por cuanto la decisión de la Sala de excluir al fallido del ámbito de aplicación de la ley 26476 -que en el artículo 44 suspendió por el término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la AFIP- no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, toda vez que si bien en autos el deudor fue declarado en quiebra, sólo con prescindencia de las constancias relevantes de la causa o bien mediante una interpretación irrazonable de las normas en juego podría sostenerse que su estado falencial -sobreviniente- llegó a constituirse -retroactivamente- en causal de exclusión del régimen de la norma antes mencionada. - CITAS: CNCom, Sala D, "Compañía Gráfica Internacional SA s/ quiebra s/ incidente de revisión por DGI-AFIP", del 14/5/2013.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Loreto, Héctor A. c/ Cohen Imach de Piñeiro, Rosalía y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

La falta de tipicidad penal del acto no incide en la responsabilidad civil, pues ya se ha dicho que el Código Civil se contenta con una antijuridicidad genérica. Por eso puede ocurrir que el Juez penal absuelva por no existir delito penal y el civil acoja la demanda porque el hecho es un cuasidelito civil, o aunque no lo sea, ha dado origen a una obligación de restituir o indemnizar.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, daño material, daño moral, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Castellanos, Héctor Horacio c/ ARPEMAR  S.A.P.C. e I. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Es descalificable la sentencia si no se advierten las razones justificantes de la reducción a menos de la quinta parte de la suma admitida en primera instancia como resarcimiento del daño - material y moral - causado por el accidente de trabajo, ya que no se aclara en términos siquiera mínimos, cuál ha sido el cálculo o el método seguido para extraer de bases similares montos tan diversos, apreciados en su verdadera significación económica.
Derecho de la navegación, venta de cosa ajena, derecho de propiedad, buques
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  ROSARINA  DE  TRANSPORTES  FLUVIALES  S.A. c/ DEL BENESACIF  Y OTRO S/ s/ SCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

La conducta procesal observada en esta litis por el titular de la embarcación detallada en los documentos aportados, importó de su parte la tácita convalidación de la compraventa en cuestión; esto es así, pues mediante esta acción ha tomado conocimiento en legal forma de la venta del buque de su propiedad celebrada el 18 de junio de 2003 entre el codemandado Mohr y la actora, como así también que ésta se encuentra desde entonces en posesión pacífica y pública de ese bien explotándolo para el cumplimiento de sus fines comerciales. Atendiendo a que la codemandada "Del Bene SACIF" no controvirtió tales extremos, ni invocó argumento alguno para oponerse a la escrituración reclamada en la presente causa, dejando transcurrir sin objeciones el plazo de tres años contemplado por el art. 162 de la ley 20.094, siendo claro que no se discute aquí la buena fe y el justo título en cabeza de la accionante (conf. Mariani de Vidal, M. "Curso de Derechos Reales", t. 3, pág. 144/5; en igual sentido, Sala I, doctrina causa nº 45.231/95 del 24-3-98), cabe admitir sin más trámite la procedencia de la demanda promovida contra quien resulta ser el titular registral del buque en cuestión.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, delitos contra la humanidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Riveros, Santiago Omar c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-09

La recientemente sancionada ley 27.362 no hace más que expresar la voluntad soberana de afirmar la única hermenéutica posible en compatibilidad con un corpus iuris definitivamente afianzado.
Nulidad procesal, auto de procesamiento, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: PASSERI, ALICIA LUCIA s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación Causa 35613
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

1- La ley requiere que el procesamiento se disponga haciendo una enunciación somera de los hechos que se atribuyen al procesado y de los motivos de la decisión lo cual supone atender, aunque sea brevemente, los descargos invocados.- 2- Si el auto de procesamiento apelado no enuncia hecho alguno y solamente alude a los descargos de la imputada con una escueta afirmación de que no justifican adoptar medidas que pudieran reproducirse en el juicio, tal omisión tiene expresamente prevista la sanción de nulidad
Defensa del consumidor, venta a crédito, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Solanas Country S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI 1121/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

Para que se configure la infracción prevista en el art. 36 de la ley 24.240 por la falta de precisiones en la documentación que se extiende con motivo de la operación, no se requiere la existencia de intencionalidad fraudulenta en su autor. Con dicha obligación, lo que se pretende es preservar a los consumidores en general, a fin de evitar equívocos en la naturaleza y alcance de los servicios que se ofrecen al público, que puedan generar en los posibles interesados comportamientos erróneos en relación a su interés respecto al verdadero servicio que se ofrece (conf. in re Sala IV, "Club 52 Marketing & Sales S.A.", del 24/4/97).
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dolo eventual, auto de procesamiento, AFJP
Materia: PENAL
Carátula: MERENNA, MARIA CRISTINA s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de  apelación promovido por la defensa, Causa: 36924.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-23

1 - Corresponde confirmar la resolución que ordenó el procesamiento de la imputada porque según las constancias que surgen de la causa, se advierte que el Juez instructor ha dado cumplimiento a las exigencias impuestas por el art. 304 CPP de "...investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiese referido el imputado", además de que será el juzgador quien deba medir la pertinencia y la utilidad de las citas; el auto de procesamiento no agota la investigación.- 2 - En el caso, atento al estado de la causa no se impide atribuir provisionalmente a la imputada, quien ante la negativa de la empresa a permitir el acceso a promotores entregara a un delegado laboral de la misma formularios en blanco asumiendo la posibilidad de que se insertaran en ellos firmas falsas, la responsabilidad que se le endilga en tanto las circunstancias relatadas en la causa revelan la existencia de dolo eventual en la conducta examinada con el grado de probabilidad exigido para la procedencia del pronunciamiento recurrido.
Procesamiento, hurto, hurto simple, tentativa, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: B., D. A. s/ Procesamiento. Hurto tentado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

Debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito de hurto en grado de tentativa (CP, arts. 42 y 162), quien fuera descubierto por personal de seguridad de un supermercado sustrayendo cuatro piezas de queso.

En cuanto a la aplicación del principio de insignificancia, debe repararse en que el bien jurídico tutelado por el delito de hurto es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional, y en tal inteligencia la insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente del mayor o menor valor de aquella, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena. (Del voto del Dr. Cicciaro. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Homicidio culposo, accidente de tránsito, acción civil en el proceso penal, indemnización, daño psíquico
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Arturo R. s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. María C. Ponferrada en contra de Sentencia Nº 75/2013 de Expte. Nº 040/10: Córdoba, Arturo R. Homicidio Culposo, etc., Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-08-22

El Juzgado Correccional resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda civil incoada en autos (homicidio culposo)y ordenó al imputado, al civilmente responsable y a la compañía aseguradora citada en garantía pagar a la actora la suma de $418.680 (pesos cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ochenta), en concepto de pérdida de chance ($248.680), daño emergente (13.000), daño psicológico ($37.440) y daño moral ($120.000).

Contra esa decisión, la representante legal de la condenada citada en garantía "Caja de Seguros S.A." deduce este recurso de casación.

Considero que, en tanto excede el prudente arbitrio, la condena a reparar el daño psicológico no constituye un acto jurisdiccional válido. Así lo considero puesto que la condena relativa a ese rubro no se satisface con la mera presunción sobre la existencia de daño de esa índole. El daño psicológico, moral en cuanto supone sufrimiento, para ser indemnizado de manera autónoma requiere la prueba de su concreta existencia y de su efectiva repercusión en el patrimonio del afectado. Por ello, según criterio predominante en la doctrina y en la jurisprudencia, el que comparto, la mera presunción del tribunal sobre la existencia, extensión y necesidad de tratamiento profesional para superar ese daño no es suficiente para ordenar su compensación económica. Por ende, dado que la sentencia no informa sobre prueba que justifique lo decidido sobre el punto, cabe acoger el agravio de la recurrente y concluir que los mencionados extremos indispensables con relación a ese rubro no fueron debidamente probados en autos. Por ende, considero que, sobre dicho rubro, la condena civil cuestionada carece de fundamento y debe ser anulada, con la correspondiente deducción del monto determinado por ese concepto.
Demanda, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CAREGGIO SERGIO c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL BALDISSERA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ALLANAMIENTO - REQUISITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-10

El allanamiento debe ser categórico y terminante, empleándose formulas precisas que no dejen lugar a dudas y en el caso, no existe un reconocimiento expreso de la pretensión de la actora, por lo que corresponde diferir su tratamiento y pronunciarse conjuntamente con la sentencia al finalizar el litigio.
Ley de empleo, promulgación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Koszutski, Juan Nicolás c/ Remises Moreno s/ Diferencias Salariales y Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-21

Si el Poder Ejecutivo incumplió el procedimiento del art.72 de la Constitución Nacional (actual art. 80) deviene inválida toda la ley (en el caso trátase de la ley 24013 de Empleo), sin que quepa distinguir entre partes observadas y no observadas. La mera consideración de esa diferenciación importaría una contradicción al argumento mismo en que se sustenta la doctrina legal de este STJ en "Bustos" del 14 - 09 - 93. No obstante, en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: Bustos del 20 - 08 - 96 se revocó la decisión adoptada por el STJ, ajustándose en consecuencia la doctrina legal a la interpretación impuesta por la Corte Suprema a partir del fallo "Goro Guerra" nro. 32/97 del 26 - 03 - 97.
Daños y perjuicios, indemnización, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Dominguez, Mario Domingo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Para el progreso de la acción resarcitoria - salvo supuestos especiales (seña, cláusula penal, etc.), es requisito indispensable la prueba de la existencia del daño, prueba ésta que incumbe al damnificado, resultando insuficientes las afirmaciones de la quejosa, por su carácter meramente hipotético o dogmático carente de todo sustento probatorio.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: PERALTA, ERASMO c/ MASCOTTO, ESTEBAN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-08

Demandados daños y perjuicios por parte del damnificado en procura de la indemnización que reclama el haber sido arrollado por el automóvil del accionado, corresponde desestimar la demanda, y para ello debe tenerse en cuenta que el demandante caminaba de noche, por una ruta sin iluminación, por el carril de más alta velocidad sin adoptar las reacciones que marca el instinto de conservación. Concluyendo que el hecho se produjo fuera de la zona de seguridad para el cruce de peatones, ello constituye una infracción a lo establecido por el art. 76 del Código de Tránsito de la Pcia. de Buenos Aires (Ley 5.800). Máxime si el ruido que produce el vehículo, que no iba a velocidad excesiva para las condiciones del lugar y la luz de los faros del automotor debieron producir la reacción del accionante, indicando su permanencia un proceder insólito que sólo puede atribuirse a un estado de alcoholización que el mismo confesó al facultativo que lo asistía y que se encuentra asentado en la historia clínica correspondiente.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bauer, Horacio W. c/ BCRA. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La declaración jurada sobre la capacidad patrimonial del depositante no es un recaudo autónomo e insoslayable para quien pretende ampararse en el régimen de garantía de los depósitos, carácter que, por el contrario reviste la declaración jurada contemplada en el cuarto párrafo del art. 56 de la ley 21.526, razón por la cual su falta de cumplimiento no justifica la negativa a restituir aquellos fondos cuya imposición resulte de otras pruebas producidas en sede administrativa o judicial (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio).
Personería, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ CALABOZO FELIPE c/ DEMOFILO GUEVARA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-10

La tardía acreditación de la personería sanea la nulidad, cuando la agregación del poder o de la ratificación ha sido admitida expresa o tácitamente por la contraria, y no ha mediado declaración judicial.
Asesor de menores, interés superior del niño
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., V. E. c/ S., A.J. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-19

En todo supuesto judicial donde la intervención del asesor de incapaces sea necesaria para la adecuada defensa de los intereses de los menores debe admitirse su actuación, sea de mera asistencia o de representación, y con mayor razón si se trata de suplir la defectuosa defensa hecha por los representantes legales o de complementar ésta en la forma que se considere adecuada.