Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ..18... días del mes de Septiembre del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. Daniel Luis Caneo y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer, para dictar sentencia en los autos caratulados: "S., G. F. c/ G., H. E. y otros s/ Liquidación Sociedad - Medida Precautoria" (Expte. N° 20.643-S-2006), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1.531 de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204, los Acuerdos N° 021 y 032/07 SALA CIVIL, lo dispuesto en el Acuerdo Plenario Nº 3.607/07, en su punto 5° -asunción a partir del 1º de Abril del corriente año del Dr. Caneo a la presidencia de la Sala Civil-; y habiendo éste emitido su voto con anterioridad a dicha fecha, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Caneo, Pasutti y Royer.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Caneo dijo:-- I.- ANTECEDENTES.- 1.- A fs. 54/61 el Sr. G. F. S., promovió demanda contra H. E. G., H. C. M., M. C. M. y M. M. M., por liquidación de la sociedad de hecho que gira bajo la denominación "Centro de T. Chubut Sociedad de Hecho". Aclaró que ello implica: 1) liquidación de las operaciones hechas en común, 2) participación de las ganancias y adquisiciones hechas en común (inmueble, instrumental, elementos de hotelería quirúrgica, etc.) que resulten del inventario y valuaciones a practicar, con el pago a los condóminos de la parte correspondiente en el inmueble. Dejó expuesto, que para el caso de que se pretendiera su salida de la sociedad, revestiría el carácter de socio saliente, en cuyo caso se le debería pagar la parte correspondiente en el condominio y del valor llave. Explicitó que G. es legitimado pasivo por ser integrante de la sociedad de hecho y las otras tres codemandadas, por ser herederas del tercer socio, Dr. L. M. M., amén de que la viuda e hijas del mismo son condóminas y herederas del inmueble integrante del capital social. Manifestó que con relación al condominio que integraba el patrimonio social y la explotación social, el porcentaje de participación era el siguiente: a) Dr. M. y Sra. un 50%; b) Dr. G. un 25%; y c) Dr. G. S., un 25%.---- En su exposición de los hechos, relató que durante el año 1.989 constituyó la sociedad de hecho con los Dres. M. y G. con el objeto de ejercer la medicina en la especialidad de T.. Formar un centro especializado en esa rama de la medicina. Con esa finalidad se comenzó la construcción de un inmueble sito en .............. 4.., manzana 1.. A, lote .. de Trelew, presentándose la orden de trabajo para el proyecto y dirección de obra y representación técnica, en el pertinente colegio profesional en fecha 31/01/91, suscribiéndose el contrato con el arquitecto H. R.. Antes, en noviembre de 1.990, se habían presentado ante el municipio los planos suscriptos por los tres integrantes de la sociedad de hecho de acuerdo al proyecto efectuado por el ingeniero R. del V., conformándose el expediente municipal N° 20.157. Expresó que en la construcción no sólo se invirtió dinero de los tres socios, sino que, además se obtuvieron dos créditos por U$S 40.000 cada uno (02/1.993 y 02/1.994) del entonces "B. P. del C.". Continuó diciendo que el establecimiento comenzó a funcionar el 02/04/95, pero el 04/03/94 la autoridad sanitaria había habilitado la clínica bajo su responsabilidad y dirección médica. Expresó, además que los titulares del inmueble M. y su cónyuge M., unificaron el mismo con el lindero perteneciente a "E. S." según escritura del 23/05/95, quedando el bien en propiedad de las tres partes en condominio indiviso y por partes iguales. Finalmente, señaló que la participación de la sociedad de hecho que se persigue sobre el inmueble en cuestión, es del 25%, sobre 66,66%, que correspondía a M. y Sra., sobre la totalidad del inmueble unificado, proporción ésta que corresponde al terreno originalmente aportado a la sociedad por el Dr. M.. Destacó, entonces, que su participación societaria asciende al 16,66% del total de la parte indivisa. Agregó, que luego de la unificación escritural sobre parte de la construcción de planta baja, se construyeron tres pisos más entre 1.996 y 1.998, con fondos de la sociedad de hecho. A los fines de estimar la parte que le correspondía, encomendó una tasación sobre la parte del inmueble que la contraria entendió correspondía a la sociedad, estimándose que se le debía abonar la suma de $ 100.000 que fue rechazada, por no condecirse con la realidad del inmueble construido por la sociedad, y no comprendía los bienes muebles, valor llave, etc.. Aclaró, que la parte delantera de la construcción, remarcada por el tasador, y que corresponde a lo que era antes de la unificación el lote ... de la manzana ...., también pertenecía a la sociedad, ya que si bien había allí una vieja construcción que con el terreno fue aportada inicialmente, luego fue reformada en su totalidad, y precisamente por este aporte que efectuara el ex socio (terreno y construcción precaria en su parte delantera) fue la razón por la cual se le reconoció un porcentaje mayor (50%) al Dr. M. en la sociedad. Respecto a la faz impositiva, dijo que abonó el 25% del impuesto a las ganancias correspondiente a la sociedad y el mismo porcentaje correspondiente al inmueble como impuesto a los bienes personales.

Arguyó, que G., único socio actual junto con él, estuvo de acuerdo, en que se operó la disolución de la sociedad porque así se lo acreditó fehacientemente; y no optó por el proceso de regularización. No obstante ello, sostuvo que en la fase inicial de la liquidación societaria se incurrió en serios defectos de orden jurídico que lo perjudicaron notablemente. Así, se lo excluyó del manejo administrativo y social, asumiéndolo G. con M. (no socia), cerraron las cuentas corrientes del B. del C. S. y B. de la NACION A., Sucursal Trelew que existían a nombre de todos los integrantes de la S.H., dispusieron transferencias de dinero de éstas a otras cuentas corrientes (17/03/2.003).-- Añadió, que asistió a la reunión celebrada el día 02 de mayo de 2.003 encontrándose presentes, además el Dr. G. y la Sra. M. C. M., por sí, y en representación de su hermana y madre, proponiéndose como liquidadores a G. y M., y se tomaron otras medidas provisorias. Siguió señalando, que aceptó el nombramiento de los liquidadores, dejando a salvo su intención de designar a otra persona en su representación, moción que rechazó G.. Destacó finalmente, que se pretendió de esa manera, la exclusión de su parte como socio, mientras que los herederos de M. habían tomado su lugar, como si fueran partes integrantes de la sociedad. Indicó que todo lo tratado en la mentada reunión obra en acta notarial adjunta como prueba documental (fs. 3/5). Fundó en derecho, solicitó medidas cautelares urgentes, acompañó prueba documental y ofreció documental en poder de terceros y de la contraria, y formuló petitorio de estilo, con costas.-- A fs. 65/67 vta., 77/78 vta. y 82/83 se amplió demanda, ofreciéndose nuevas pruebas y medidas cautelares. A fs. 101, por providencia del 04 de julio de 2.003, el Tribunal designó como liquidador de la Sociedad de Hecho "Centro de T. C. Sociedad de Hecho" al propuesto por el actor (fs. 71/72) contador J. A. M., para cumplir con su cometido junto a los otros liquidadores designados conforme Acta Notarial de fs. 3/5 (Sres. H. E. G. y H. C. M.).- 2.- A fs. 108/111, se presentó el Sr. H. E. G., contestando demanda. Por imperativo procesal, negó en otros, los siguientes hechos: 1- que la construcción del inmueble sito en M 4.. edificado sobre el lote . de la manzana 1..-A de Trelew haya comenzado con la constitución de la sociedad accidental "Centro de T. C."; integrada por los Dres. M., S. y G. como médicos traumatólogos; 2- que el Expte. Administrativo Municipal N° 20.157 corresponda a la sociedad de hecho, sino que correspondió, a la sociedad de profesionales "Centro Médico M." integrada también por otros profesionales; 3- que el convenio de trabajos efectuados con el arquitecto R., en enero de 1.991, con relación a dicho inmueble correspondía a la "Sociedad Centro de T. C."; 4- que los créditos obtenidos del actual B. del C. S.A. se hayan invertido íntegramente en la ampliación de la construcción del inmueble; 5- que el actor sea condómino del inmueble y que le corresponda porcentaje alguno sobre el condominio unificado existente; 6- que la participación societaria que se persigue sobre el inmueble en cuestión sea del 25% sobre el 66% que le correspondía al Dr. M. y a la Sra. M. de M.; 7- que los tres pisos construidos en el inmueble unificado entre 1.996 y 1.998 se hayan edificado con fondos de la sociedad de hecho; 8- que la tasación del inmueble por Bianchi haya sido efectuada para determinar la parte que le corresponde al actor, cuando la misma fue requerida para poder actualizar aportes que no se desconocen de la sociedad de hecho; 9- que la parte tasada de la ampliación corresponda en copropiedad a la sociedad de hecho; 10- que la parte delantera de la construcción que originariamente existía sobre el lote . de la manzana ...-A corresponda a la sociedad de hecho; 11- que S. abonara el 25% del impuesto a los bienes personales sobre inmuebles de titularidad ajena.- Ofreciendo su propia versión de los hechos, expresó que efectivamente constituyó con el actor y el Dr. M. una sociedad irregular denominada "Centro de T. C.", incorporándose el actor a los consultorios preexistentes del Dr. M. y de "E. S." en el inmueble en cuestión, adquirido en 1.977 por M. y su cónyuge. Aclaró, que el adyacente lote 5 fue adquirido por "E. S." en 1.991 y sobre el mismo nunca tuvo participación alguna ni el actor ni la sociedad de hecho precitada. remarco, que S. se incorporó en 1.991 al "C. M. M.", que lo integraban otros profesionales, que luego se fueron desvinculando. En mayo de 1.994 se inaugura el nuevo edificio de "E. S." en el inmueble de su propiedad (lote 5) sito en M. 4., ocupando el Dr. S. un consultorio por autorización de "E. S." al "Centro de T. C.". Explicó, que dicho centro como simple sociedad irregular, comenzó sus actividades en marzo de 1.994, y en razón de la preexistencia del centro de T. del Dr. M. se acordó en su favor un 50%; y el 50 % restante, en un 25%, a cada uno de los otros dos socios, como se consignó en la demanda. El anterior "C. M. M." funcionaba en el inmueble de M. y su cónyuge, quienes continuaron autorizando la ocupación al "Centro de T. C.". Manifestó, que la sociedad de hecho no participó en la ejecución de las obras y en el equipamiento hotelero-hospitalario de la última ampliación del edificio, obra que M. llevó a cabo en forma personal, quien efectuaba la mayor parte de los pagos con fondos propios y de los copropietarios M. y "E. S.R.L.", sin perjuicio de reconocer, la existencia de pagos efectuados con fondos del Centro de T. C., sociedad que a modo de contraprestación no abonaba canon alguno por la ocupación que efectuaba de los inmuebles ajenos. Agregó, que la repentina muerte de M. hizo imposible la determinacion. exacta de los aportes efectuados con dinero de la sociedad de hecho realizados fundamentalmente en la última etapa correspondiente al equipamiento hotelero-hospitalario de la clínica actual, por lo que, la sociedad es titular de una acreencia contra los propietarios del inmueble y no condómino. Finalmente, refirió al proceso de liquidación de la sociedad, desencadenado por el fallecimiento de M. Fundó su derecho, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la demanda.--- 3.- Las Sras. H. C. M., como copropietaria del inmueble que se cuestiona en autos; y M. C. M. y M. M. M., como herederas de L. M. M., se presentaron a fs. 121/125, y formularon una negativa de los hechos de la demanda y expusieron los suyos propios en términos similares a los de G.. Puntualizaron, además que S. en 1.991 se incorporó al centro médico, anterior a la sociedad de hecho en cuestión, el cual integraban otros profesionales, que se denominaba "C. M. M." o C. "M.". La sociedad de hecho, entonces "C. de T. C.", se constituyó posteriormente como una suerte de decantación de la anterior vinculación. Ratificaron, que en mayo de 1.994, se inauguró el nuevo edificio de "E. S.R.L." en el inmueble de su propiedad -lote ...- y donde el actor ocupó inicialmente un consultorio y dicha sociedad también autorizó al "C. de T. C." a ocupar sin limitación de tiempo el inmueble, como hicieron lo propio los copropietarios M. y M.. Destacaron, que los ingresos de la sociedad de hecho provienen del producido por la hotelería de la internacion., uso de quirófanos, de la renta de los gastos sanatoriales y demás prestaciones a pacientes ambulatorios, por lo que la sociedad no participó en la ejecución de las obras y en el equipamiento clínico-hospitalario del edificio. Agregaron, que las obras se costeaban con fondos de los copropietarios del inmueble y algunos se saldaban con fondos de la sociedad. Por ello, sostuvieron que, resulta inadmisible la pretensión del actor de que se le reconozca el 16,66% del inmueble. Fundaron en derecho, ofrecieron pruebas y solicitaron el rechazo de la demanda, con costas.- 4.- A fs. 1.416/1.423 obra sentencia definitiva, registrada bajo el Nº 121/2.005 por la que se hizo lugar a la demanda por liquidación de sociedad de hecho que promovió G. F. S. contra H. E. G., H. C. M., M. M. M. y M. C. M.; y en consecuencia, se estableció el valor del patrimonio residual de la sociedad de hecho que giraba bajo el nombre "Centro de T. C.", y que integraban L. M. M., H. E. G. y G. F. S. en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 1.136.968,23), y se determinó la parte societaria del actor en el monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 284.242,05) difiriendo, para la etapa de partición y distribución final, la forma en que se hará efectivo dicho valor, sin perjuicio del pasivo contingente informado a fs. 1.243, en tanto pueda incidir en la modificación de los valores establecidos "ut supra" (Conf. arts. 107, 108, 109 y concs. de la Ley N° 19.550). Finalmente, se ordenó, una vez que adquiera firmeza la sentencia, el correspondiente oficio a la Inspección General de Justicia de la Pcia. del C. a los fines de la inscripción dispuesta en el art. 98 de la Ley N° 19.550; se impuso las costas en un 80% a los codemandados y en un 20% al actor; y se regularon los estipendios profesionales.

El Sr. Juez precisó en primer término, que la pretensión de la actora es la liquidación de la sociedad de hecho que integraba junto a otros dos profesionales de la ciencia médica, la determinacion. de los bienes de propiedad de la sociedad y la cuantificación de su parte en la misma. Dejó en claro la falta de controversia con respecto a la existencia misma de la sociedad de hecho que giraba con la denominacion. "Centro de T. C.", a la traba de la litis con uno de los socios y con las herederas del restante y a la procedencia de la liquidación de la sociedad de hecho. Sostuvo que las partes están conformes en la disolución, habiendo quedado fehacientemente emitida la voluntad de los socios y herederos al respecto en el acta de fs. 03/05, (02 de mayo de 2.003) fecha a la que retrotrae la disolución, dejando aclarado que la inscripción pertinente para que surta efectos frente a los terceros, la ordenará para cuando adquiera firmeza la resolución.--- También, consignó que por imperio del art. 22 "in fine" de la Ley de Sociedades, la liquidación se rige por las normas del contrato y de la ley, por lo cual, la liquidación es la única etapa de la vida de la sociedad constituida irregularmente en la que los socios pueden invocar las cláusulas respectivas del contrato social, exigiendo los aportes y contribuciones complementarios para la realización de los bienes sociales; en el "sub lite" no existe contrato social, más allá del reconocimiento de la integración de la sociedad en un 50% para el Dr. M. y un 25% cada uno para los Dres. S. y G.. Continuó señalando, citando a Nissen, que la liquidación, a diferencia de la disolución, no es un fenómeno instantáneo, sino que se desarrolla en el curso de un determinado período de tiempo, a los efectos de cancelar el pasivo y liquidar el activo, de allí que durante ese lapso la sociedad subsiste y actúa a esos únicos fines. Los liquidadores fueron designados en el acta notarial de fs. 03/05, complementándose dicha designacion con la que efectuara el actor a fs. 100 y lo proveído favorablemente a fs. 101 (art. 102 L.S.C.). Como consecuencia de ello, -continúo señalando- los tres liquidadores designados labraron un acta de reunión, glosada a fs. 1.243, en la que se dejó constancia de un pasivo contingente originado en una demanda judicial, concluyendo con el estado patrimonial que se adjuntó, arrojando un capital líquido de $ 311.456,23, todo ello de acuerdo al detalle de fs. 1.244/1.258. Este estado patrimonial, -añadió- no ha sido objetado por las partes, es más, el actor expresamente manifestó en su alegato (ver fs. 1.388 vta., 3er. párrafo), que lo único que le quedaba por elucidar respecto a los bienes integrantes del acervo societario es el inmueble, por lo que no existe controversia en cuanto al activo determinado por los liquidadores a fs. 1.243, cuantificándose la parte correspondiente al actor en el mismo -dado el 25% de su participación en la sociedad- en $ 77.864,05.

Asimismo, en el considerando segundo, el sentenciante se ocupó de hacer el trabajo de apreciación del material probatorio que enunció, para luego concluir que la obra en la parte trasera del lote .. de copropiedad de M. y M. fue solventada con fondos de la sociedad de hecho; y para determinar la suma correspondiente, se basó en la pericia de fs. 1.218/1.219, y su aclaración de fs. 1.321/vta., en especial el valor de tasación de la parte nueva del lote ... (ver fs. 1.170/1.171, ptos. B y C). Así, tomó como monto, el de $ 825.512, sobre dicha suma, dada la participación societaria del actor en un 25%, entendió que al mismo le corresponde el valor final de $ 206.378. En cuanto al "valor llave" de la sociedad, cuya determinacion. se requirió en la demanda (ver fs. 54, anteúltimo párrafo "in fine"), la pericia contable lo estableció en un valor negativo (ver fs. 1.286/1.288, pto. V.1.3), no habiéndose cuestionado dicha conclusión. Es así que en definitiva, arribó a la conclusión que el patrimonio residual de la sociedad de hecho en cuestión suma el monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 1.136.968,23), correspondiendo al actor un 25% de dicho monto, esto es, PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 284.242,05).

II.- SENTENCIA DE CAMARA.---- La Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew revocó parcialmente el fallo apelado, estableciendo el valor del patrimonio residual de la sociedad de hecho en la suma de $ 311.456,23 y el de la parte societaria del actor en la de $ 77.864,05, a efectivizarse en la etapa y del modo y forma consignados en el Cons. IIº del resolutorio de origen; distribuyó las costas de la instancia de origen, adecuó los honorarios de la Primera Instancia, e impuso costas y reguló honorarios profesionales por las tareas en la Alzada.

Los sentenciantes llegaron a este resultado por considerar que el fallo de origen vulneró en forma manifiesta el principio de congruencia.----- El Dr. Manino, partió de esta premisa, por considerar que el actor no demandó reintegros de aportes por mejoras, sino que pretendió, que la porción del inmueble de la cual eran condóminos el fallecido socio Dr. M. y su cónyuge (66,66%) había sido aportada por éste a la sociedad; y que por lo tanto, le correspondía al demandante un 25% de participación societaria sobre ese 66,66% de la totalidad del inmueble unificado (textual -ver demanda-, fs. 55, infra). Continuó diciendo, que si el actor demandó su participación social sobre la porción correspondiente al condominio del inmueble hipotéticamente aportada al activo de la sociedad, el juez de grado no podía luego modificar su título de pedir trocándolo en una supuesta "inversión" consistente en "mejoras sobre inmuebles ajenos", por varias razones: 1º) en primer lugar, porque no fue eso lo pretendido por el demandante (Arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6°, C.P.C.C.). En este sentido no es aceptable la argumentación expuesta en la contestación a la pieza de agravios referida a las "alegaciones fácticas" y a las "alegaciones jurídicas", por cuanto, precisamente, la alegación del actor fue fáctica, ya que se refería a la alegada transmisión de un derecho real de propiedad (aporte del condómino) y no a una "inversión en mejoras". 2º) aunque la tasación de fs. 18/22 hubiera sido realizada para poder actualizar los aportes de la sociedad de hecho a la construcción y aunque por hipótesis se tenga por cierto y demostrado que la sociedad realizó dichos aportes o mejoras, ello constituiría, a todo evento, un crédito de la sociedad respecto de los condóminos titulares de dicho inmueble, el cual podría repartirse en un proceso liquidatorio en tanto y en cuanto, llegado el caso, las sumas de dinero por compensación de dichas mejoras ingresaran efectivamente en el activo social y formaran parte del patrimonio residual o remanente a distribuir, luego de que se saldara el pasivo. Sin embargo, es un dato dirimente en este sentido que, en el estado patrimonial aprobado por los liquidadores por unanimidad ya citado anteriormente (fs. 1.243/1.259), no figura ningún crédito de la sociedad por tal concepto.

Añadió a ello, que el sentenciante tomó como base para acordar este rubro no solicitado por el actor una tasación del valor de plaza de TODO EL LOTE donde funcionaba el centro traumatológico ($ 821.505 + $ 4.008 = $ 825.512 - tasación de fs. 1.171); y de allí calculó la participación societaria del actor (25% = $ 206.378). Es decir que, si por una parte manifestó que le acordaba una participación social sobre las "mejoras en un inmueble ajeno" (no demandadas), en los hechos tomó en cambio como integrante del activo social el valor venal de todo el inmueble (ver pericia, fs. 1.171), el cual era de propiedad de terceros, según su propia conclusión expresada con anterioridad en ese mismo considerando, lo cual, además de conculcar de manera evidente el principio de congruencia, revestía características de insólito.----- Por último, como fundamentación de cierre al voto, y dando la razón a la recurrente, el Dr. Manino, sostuvo que tampoco correspondería el reclamo a título de "restitución de aportes" por dichas "inversiones en mejoras". Explicó entonces, que los bienes, dinero o créditos aportados se entregan en propiedad y se fusionan en un capital social perteneciente a la persona jurídica creada; y desde entonces los socios ya no pueden aspirar a la restitución material de dichos aportes, sino a la distribución del capital residual entre todos ellos, una vez liquidado el pasivo.- En segundo término, emitió su voto el Dr. Velázquez, concordando plenamente con su colega, al decir que nada novedoso iba a añadir a aquella argumentación.--- Sostuvo que la alegación fáctica de introducción, configurativa de la "causa petendi" de la pretensión, fue la constitución de una sociedad de hecho -posteriormente disuelta- a la que el actor realizó aportes; el "título de pedir" a cuyo amparo dedujera su reclamo fue su calidad de socio. Tales fueron los acaecimientos de la vida que acotaron la pretensión, particularizándola, delimitando de modo exacto el trozo concreto de la realidad al que ella se refería (Conf.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I.-226).

Siguió su razonamiento, señalando que esa alegación fáctica, esa "causa petendi", vinculaba al magistrado, que no pudo entonces apartarse de ella sin quebrantar el principio de congruencia por "extra petita". Si él concluyó que el inmueble no integraba el patrimonio de la sociedad, porque el aporte del fallecido socio L. M. M. no fue en propiedad sino de un derecho a su uso -decisión que ha ganado firmeza ante la deserción del recurso de apelación del actor (fs. 1.475)-, no le era dado reconducir el reclamo por la vía de una compensación por las mejoras introducidas en el inmueble, que en todo caso habrían beneficiado a sus copropietarios, máxime cuando uno de estos -E. S.R.L.- ni siquiera era parte en la litis.---- Destacó que los jueces, por aplicación del rancio aforismo "iura curia novit", han de subsumir los hechos de la causa en el derecho aplicable, sin quedar atados a los errores de planteo o invocación de los litigantes, pero no lo es menos, que les está prohibido cambiar la "causa petendi", ni afectar la acción convirtiéndola en otra distinta a la promovida -aquí, el ir de una de liquidación de sociedad de hecho y partición de ganancias a otra de compensación de mejoras levantadas en terreno ajeno-, so pena de violar el principio de congruencia, pronunciándose fuera de la litis en detrimento de la igualdad de las partes y violación del derecho de defensa de los adversarios.----- III.- RECURSO DE CASACION.--- Interpone la actora a fs. 1.491/1.498 vta. contra el fallo de la Cámara dictado a fs. 1.480/1.486, recurso extraordinario de casación por arbitrariedad de la sentencia (art. 288, inciso "e" del C.P.C.C.). La Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 37/06 (fs. 1.503 y vta.) declaró la inadmisibilidad formal del recurso interpuesto por la parte actora. A fs. 1.524 y vta. obra testimonio de Secretaría que da cuenta de la sentencia N° 108/06 dictada en el Recurso de Queja interpuesto ante este Tribunal, y que diera lugar a las actuaciones caratuladas "Recurso de Queja en autos: "S., G. F. c/ G., H. E. y otros s/ Liquidación Sociedad - Medida Precautoria" (Expte. N° 18.965-año 2005)" (Expte. N° 20.472-R-2006), por la que se declara mal denegado el recurso de casación interpuesto por la parte actora; y se pone el expediente a disposición de las partes a los fines previstos en el art. 293 del C.P.C.C.; haciendo uso de tal derecho, la parte demandada a fs. 1.526/1.529.---- Cumplidos los presupuestos formales de rigor, sostiene que la Alzada ha menoscabado gravemente su derecho de defensa. Para dar justificación a su planteo, en primer término, dice referirse a las cuestiones formales que resultan de tal violación, para luego abordar las cuestiones de fondo que hacen a la arbitrariedad y a la interpretación de la Alzada de la sentencia de origen.---- Para dar introducción a ello, procede a citar distintos fallos de la Corte Suprema vinculados a la causal casatoria invocada; y parte de la premisa -conforme surge del primer voto- que es cierto que se "demandó su participación social sobre la porción correspondiente al condominio del inmueble hipotéticamente aportada al activo de la sociedad" y "que no demandó reintegros de aportes por mejoras"; pero destaca que el Sr. Camarista tergiversa estas cuestiones y le atribuyó al Juez de Primera Instancia que trocó el pedido en una supuesta "inversión consistente en mejoras sobre inmuebles ajenos".

Insiste en que, afirmar que el Juzgador trocó lo pedido por inversiones en inmuebles ajenos, son términos sacados de contexto por quien confeccionó el voto del primer juez, y esta aseveración es simplemente dogmática y ajena a la realidad de los hechos demostrados en la causa, copiándose textualmente el agravio vertido por la contraria, lo que sin dudas torna aplicable la doctrina de la arbitrariedad sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.----- A continuación enuncia las cuestiones que a su criterio acreditan la falsedad de lo resuelto por la Alzada, esto es, que el Juzgador de Primera Instancia trocó su petición por una inversión en inmueble ajeno: "a)- el fallo de primera instancia en su considerando SEGUNDO, analiza los testigos, planos de construcción efectuados en el lote 6 de Trelew, existen en la causa numerosas otras constancias documentales referidas a tales trabajos como órdenes de trabajo suscriptas por los tres socios o por el recurrente exclusivamente y referidas al mismo inmueble, y también analiza el comprobante de pago del impuesto sobre bienes personales de los tres socios, la pericia contable, etc., la declaración de suma importancia de la Contadora G. P. que dijo que cada uno de los socios abonaba el porcentaje social sobre el impuesto a los bienes personales (fs. 1.211 vta.) de todo lo cual se desprende como cierto que los aportes fueron hechos a la construcción que realizara la sociedad; b) luego reitera el Juzgador que en base a lo anteriormente expuesto, "aportes de la sociedad de hecho se efectuaron sobre la parte trasera de la propiedad de estos dos últimos..."; c) aclara perfectamente el a-quo, que el inmueble es ajeno porque estaba a nombre de M., Sra. y E., unificado; eso y no otra cosa quiso decir, pues de lo contrario no tendría sentido el haber analizado casi en su totalidad la prueba referida a la construcción de la parte del inmueble que se atribuye a parte del haber societario. La sentencia, toma esto como si tres socios de hecho, hubieran aportado para un inmueble totalmente ajeno incluso, al ejercicio profesional; d)- se demostró y no fue cuestionado, que en ese inmueble funcionaba la sociedad en el ejercicio de la profesión y que allí se encontraban y fueron inventariados los bienes muebles, instrumentos, etc., propios de la actividad que desarrollaban; e)- en apoyo de esta postura, dice que citó expresamente en la demanda que: "Si bien es cierto que la sociedad irregular o de hecho no puede inscribir a su nombre los bienes registrables por razones de identificación, no lo es menos que entre los socios puede probarse que tales bienes forman parte del patrimonio social, hallándose en consecuencia sujetos a las relaciones derivadas del contrato social. Negar tal posibilidad llevaría a la errónea conclusión de que el aportante no detenta la calidad de socio, dado que el aporte es presupuesto básico para asumirla. Al tratarse de un bien que integra el patrimonio de la sociedad, deberá incluirse en su liquidación" (LA LEY, 1989-B, 440; ED, 100-456); obviamente la situación es semejante a la que se invoca entre concubinos al disolverse la unión de hecho; f)- también dijo el Juez, y no fue cuestionado por la contraria en su apelación, que al contestar la demanda, la contraria en sendas respuestas, reconoció la inversión en esa parte del inmueble y así resulta de los puntos 3.7 de fs. 108 y vta. y 5.15 de fs. 122; y además, en las contestaciones de demanda se reconoce en coincidencia con lo anterior, que parte de los créditos bancarios obtenidos a título personal, se invirtieron en la construcción del inmueble; g)- las mejoras, -se demostró sobradamente por esta parte-, contrariamente a la demandada que nada acreditó limitándose a negar, no fueron otras que la construcción desde el inicio de la parte trasera, Lote ....". Para concluir, este punto, dijo que no pueden caber dudas que el Juzgador al referirse a "mejoras en inmuebles ajenos", no ha hecho otra cosa que reconocer como se sostuvo desde el inicio, que esa parte de la construcción cuyo titular de dominio no era la sociedad de hecho constituida entre los tres médicos, constituía parte del haber societario. Asimismo, agregó que deberá tenerse en cuenta que la contraria nada adujo sobre todo lo expuesto, limitándose a cuestionar el hecho de que el Juzgador califica como mejoras en inmuebles ajenos; su agravio se limitó a ello sin desconocer todo lo demás dicho por el Juez. Citando precedentes jurisprudenciales, dice que la fundamentación de la sentencia en crisis, es sólo aparente y equivalente a falta de fundamentación, pues omite el adecuado tratamiento de los extremos conducentes para la solución del litigio que fueron puntualizados (Corte Suprema de Justicia de la Nacion. (CS); LA LEY, 2005-A, 281; CS. Fallos, 325:3389; LL, 1990- E, 431; véase también ED, 166-116).- Otro aspecto de fallo que ataca de arbitrario, es cuando la Alzada afirma que si se hubiera reclamado un crédito de la sociedad por mejoras sobre bienes ajenos, ello tampoco resultaría procedente toda vez ya que en el estado patrimonial firmado por los liquidadores no figura ningún crédito de la sociedad. El absurdo en la apreciación deviene de lo siguiente: 1) la expresión "mejoras en inmueble ajeno" se sacó del contexto y sin siquiera considerar el párrafo en su totalidad; cuando en realidad -afirma- la situación es semejante al concubinato en el que uno de los concubinos demuestra haber aportado a la sociedad y por ende el inmueble pasa a formar parte del haber societario: "Acreditada la existencia de la sociedad, integran la misma todos los bienes, aún cuando estén registrados a nombre de uno de los adquirentes, uno de los concubinos, ya que la prueba acredita el aporte en trabajo, bienes y dinero para la adquisición en común de bienes inmuebles, los que aun cuando se encuentren registrados a nombre de uno de los socios, integran el patrimonio societario" (LLC, 1.993-987; CApel. Noreste, C., abril 21, 1.998. - C., N. E. c. H., H. J, LA LEY, 1.998-E, 306); 2)- el criterio del Tribunal entra en absoluta contradicción con las constancias de la causa, pues ello ha sido expresamente reconocido por la contraria al contestar la demanda en dos ocasiones con referencia a la tasación efectuada sobre la parte del inmueble que se reclama como construida por la sociedad de hecho. El razonamiento es además de arbitrario, carente de sentido y de lógica, absurdo y contrario a las propias constancias de la causa. 3)- Remarca, que es obvio que de haber existido un reconocimiento en el acta de los liquidadores no habría habido juicio; es más en todo supuesto semejante ni siquiera habría controversia. Justamente el proceso, tal y como lo puntualiza el Juez de la causa, se formó por su absoluta falta de reconocimiento directo, expreso de la construcción, en la contabilidad de los socios; 4)- Un nuevo tinte de arbitrariedad destaca el recurrente, cuando la sentencia sostiene que tampoco se tendría derecho al reclamo a título de "restitución de aportes", pues ello debe sobrevenir con posterioridad a la etapa de liquidación. Justamente la liquidación con la incorporación del bien -o su equivalente obviamente- es lo que se ha solicitado, por lo que resulta irrelevante e innecesario tal comentario.---- Finalmente, señala de arbitraria, la apreciación de la Cámara cuando al referirse a la tasación de los inmuebles; sostiene que el Juez de Origen tomó el total de lo que ella arrojaba por una suma de $ 821.504; cuando en realidad, el total tasado ascendía a la suma de $ 921.405 según constancia de fs. 1.171, discriminándose del siguiente modo: A)- superficie antigua $ 95.893; B)- construcción nueva y efectuada por la sociedad $ 821.504.----- En definitiva -sigue diciendo- el Juzgador lo único que habría hecho en un solo juego de palabras, es substituir los términos al referirse al inmueble construido por la sociedad de hecho por construcción en inmueble ajeno. Para ejemplificar con mayor claridad, y tomando el caso de la sociedad de hecho entre concubinos, es como si el desplazado solicitara la incorporación al patrimonio social de un inmueble construido también con sus aportes y el juez dijera que ello fue construido en inmueble ajeno por el hecho de que el terreno se encontraba a nombre del otro concubino. Eso es exactamente lo que ha ocurrido; ni siquiera modificó la aplicación del derecho.---- De ninguna manera se modificó el objeto litigioso, es decir, aquello que conformó la controversia. Así a la causa de su pretensión, la contraria contestó en diversas negativas que no era cierto que la construcción la efectuara la sociedad de hecho integrada por S., M. y G.; que los créditos otorgados por la entidad bancaria u otros B. al mencionado "se hayan invertido íntegramente en la ampliación que se efectuara en la construcción del inmueble"; que el actor abonara el 25% del impuesto a los bienes personales sobre titularidad ajena y, como ya lo dijera, dentro de las negativas reconoció, que parte de los créditos se aportaron a la construcción del inmueble que se pretende integrante del haber societario y que la tasación encomendada al Arq. Bianchi fue efectuada para determinar o actualizar aportes de la sociedad de hecho.- En fin, quiere ello decir que si no se admitiera el simple cambio de palabras a la causa de la pretensión (Morbiducci, "Calificación legal de la pretensión", en ElDial.com DC4FE), en todo caso estaríamos dentro de las facultades del "iura curia novit", con lo cual el Juez no ha hecho otra cosa que aplicar el derecho, aunque reitera, el derecho aplicable ha sido el que desde el inicio sostuvo que correspondía: es decir, las normas correspondientes a la liquidación de la sociedad de hecho.-- Por todo lo que la recurrente expone, concluye señalando que cualquiera sea el encuadre formal que a la cuestión planteada en autos se le quiera dar, necesariamente se llegará a la conclusión final de que en realidad lo que ha ocurrido en el decisorio de Primera Instancia es que el juzgador no modificó los términos de la litis, llegando a la única conclusión: que en el haber societario debía incluirse la parte del inmueble construida por la sociedad de hecho que conformaron M., S. y G.. Ello no puede constituir una violación del principio de congruencia. Asimismo, agregó que la Alzada no se pronunció sobre todas las cuestiones que había propuesto en el objeto del juicio; por lo que pudo haber declarado su nulidad y en su caso dictar nueva sentencia o revocar, pero en este supuesto, debió avocarse a las cuestiones planteadas en mérito a lo que denomina esa misma Sala, apelación implícita (art. 253 del C.P.C.C.).-- Al final, destaca lo que, a su criterio, fue un trato descortés, grosero y falta de decoro cuando el Dr. Manino en su voto sostuvo que el fallo de Origen "...además de conculcar de manera evidente el principio de congruencia, reviste características de insólito".-- Formula reserva de caso federal.

IV.- ANALISIS.---- 1.- Como vengo reseñando, el actor se alza por vía del recurso extraordinario de casación contra el pronunciamiento de la Alzada de fs. 1.480/1.486, por la causal de arbitrariedad (art. 288 inciso "e" del C.P.C.C.).--- Ha centrado sus agravios en la falta de motivación o fundamentación de la sentencia en la medida que revoca parcialmente el fallo de Primera Instancia invocando la vulneración al principio de congruencia. Afirma categóricamente que se le ha menoscabado el derecho de defensa en juicio. La sentencia en crisis, a su criterio, no constituye una derivación del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.--- 2.- A modo de consideración preliminar, resulta preciso recordar algunas reglas que informan al recurso deducido.-- La naturaleza del recurso que se trata aquí es de carácter excepcional limitado en primer lugar por su carácter institucional a lo indispensable para satisfacer las exigencias de esa índole, de lo cual deriva como principio la taxatividad de los motivos y la ilegalidad de su extensión. La arbitrariedad será un dato descalificante que produce efectos fulminantes por asumir una proporción que excede el marco de lo opinable o debatible en cuanto al acierto de la solución brindada por el juez del caso. (S.D. N° 17/94, 01/S.R.E./99, 28/S.R.E./99 y 13/S.R.E./99). Hay arbitrariedad cuando lo decidido comporta un acto irracional o de palmario apartamiento del cuadro normativo que rige el caso (Vanossi, La Sentencia Arbitraria- Un acto de lesión constitucional "Temas de Casación y Recursos Extraordinarios", Ed. Platense, 1.982, pág. 187).---- En este contexto y orientado por las pautas de la Corte Suprema de la Nacion., este Superior Tribunal de Justicia resuelve sobre la procedencia de los recursos, procurando en esa acción que, sin violentar la misión institucional y el carácter extraordinario de la vía, se sirva a consolidar la justicia, cuidando que la solución a la que se arribe no importe otra solución distinta, pero igualmente opinable en base a los hechos de la causa, subrayando la indispensable condición de que la arbitrariedad que se le reprocha aparezca claramente evidenciada, vinculada con la valoración absurda de los hechos por el juzgador que conviertan a su sentencia en un acto de mera voluntad.----- Se ha dicho en este orden que "la procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una carencia absoluta de fundamentación." (S.I. N° 72/89, 58, 96, 101, 176, 223/92, entre otras) "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso..." aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria a una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional." (S.I. N° 124, 187, 200, 211/91, 137/93, entre otras).

3.- En mérito a los precedentes jurisprudenciales receptados desde antiguo por el Cuerpo, corresponde determinar en este carril si se han configurado y probado los extremos alegados por el recurrente que conducirían a descalificar al fallo como acto jurisdiccional. -- 3.1.- En primer lugar, del proceso fluye que han llegado firmes a esta instancia, cuestiones esenciales tales como: 1)- la existencia misma de la Sociedad de Hecho y su disolución; 2)- el inicio de la etapa liquidatoria, habida cuenta de las designaciones de liquidadores (fs. 3/5 y 101); 3)- la participación societaria de cada uno de sus integrantes (fs. 54 vta., tercer párrafo, y fs. 109 séptimo párrafo); 4)- capital residual a la fecha del acta de reunión de liquidadores -13-04-03- de $ 311.456,23 (fs. 1.243); 5)- titularidad registral de E. S.R.L. del lote .., Manzana ..., Mat. (..) 9.622 (fs. 241 vta.); 6)- titularidad registral de L. M. M. y H. C. M. del inmueble individualizado como ex lote .. de la Manzana ... de Trelew; 7)- unificación de ambos lotes según constancias de fs. 241/242 vta. individualizada como Parcela 1. de la Manzana .... (antes Manzana 1.-A) por una exigencia del Sistema Provincial de Salud para poder acceder directamente del Lote .. a la Sala de R. de E. S.R.L. (lote ...) con los pacientes internados en el Centro lindero (fs. 122 vta., séptimo párrafo); 8) Autorizaciones de ocupación del inmueble en cuestión concedidas a la sociedad de hecho por sus titulares (fs. 117/119); 9)- la realización de la tasación de fs. 18/22 por la hoy parte demandada para poder actualizar los aportes de la sociedad o mejoras (fs. 18/20).- 3.2.- Por otra parte, el eje central de la sentencia en crisis que conduce a la revocación parcial del fallo de origen radica, según posición vertida por los Sres. Camaristas, en una manifiesta vulneración al principio de congruencia, por cuanto el actor no demandó reintegros de aportes por mejoras o compensación por las mejoras de edificación introducidas en inmueble de terceros (fs. 1.482, tercer párrafo y fs. 1.484, último párrafo).-- Esta conclusión, y los fundamentos que la sustentan son los que ameritan tratamiento en esta instancia; en el marco de la labor probatoria del absurdo que ha presentado el recurrente; y teniendo en cuenta que la Sala ha de resolver, sin duda, este recurso excepcionalísimo ejerciendo su competencia positiva, y cumpliendo con las funciones nomofiláctica y dikelógica que le son propias.

3.3.- En lo que aquí interesa, prestigiosa doctrina, expresa que el principio de congruencia mencionado en el art. 34, inc. 4 C.P.C.C.N., se lo define como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la o las pretensiones que se han hecho valer en juicio y constituyen el objeto litigioso (arts. 161, inc. 2 y 163 inc, 6 C.P.C.C.N.). El llamado principio de congruencia no es un principio de congruencia; es un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, de cualquier carácter o índole que el mismo sea. Generalmente, la aplicación práctica del llamado principio de congruencia se refiere a la vinculación que debe existir entre las pretensiones de los justiciables y la sentencia, pues el juez no puede fallar sobre otros puntos que no hayan sido objeto del litigio: ultra, extra o citra petita.- (Díaz Clemente A. "Instituciones de Derecho Procesal", tomo II-A, págs. 228/229, Ed. Abeledo-Perrot, Año 1.972, en igual sentido Morello y Otros "Códigos ...", tomo I, págs. 574 y sgtes., Segunda Edición Actualizada, Ed. Abeledo-Perrot).----- Pero, es únicamente respecto de las afirmaciones de hecho contenidas en los escritos postulatorios que surge la restricción para el juez, pues siempre le quedan reservadas facultades suficientes para interpretar el derecho de manera que no está obligado a seguir a las partes en sus invocaciones jurídicas, pudiendo (y debiendo) por virtualidad del principio iura novit curia, decidir los casos planteados haciendo aplicación de las normas que entiende lo rigen y con abstracción de las postuladas por los litigantes. A las partes corresponde siempre fijar el alcance y contenido de la tutela jurídica que se reclama e incurrirá en incongruencia el juez que se aparte de las cuestiones de hecho incluidas en las formulaciones de las partes. (Conf., Morello, obra y tomo citados, pág. 575).

3.4.- En este contexto, -advierto- adelantando mi opinión, que la Alzada para resolver se ha apegado estrictamente al tenor literal de los términos expresados en los escritos postulatorios, desembarazándolos totalmente del contexto en el que fueron expuestos, de los hechos alegados y consentidos por ambas partes, de las pruebas agregadas y de las producidas y del derecho que consideraron de aplicación. Sin embargo, lo paradójico resulta que no han mediado obstáculos que impidieran a los Sentenciantes comprender y encuadrar jurídicamente la pretensión del accionante y su resultado final, como acertadamente lo hizo el Sentenciante de Origen. A título ejemplificativo, puedo señalar que se sostuvo lo siguiente: "...Cierto es que el demandante refirió inversiones de dinero en dichos construcciones, mas lo hizo en el marco de supuestos aportes de los socios a la sociedad (fs. 55/vta.), lo que no desdibuja el alcance de su demanda ....liquidación de hecho y participación de ganancias...". Del mismo modo explicitó el Sentenciante de Origen al señalar en el primer considerando del fallo que (fs. 1.418 vta. segundo párrafo ab-initio): "...la pretensión de la actora es la liquidación de la sociedad de hecho que integraba junto a otros dos profesionales de la ciencia médica, la determinacion. de los bienes de propiedad de la sociedad y la cuantificación de su parte en la misma...".----- No he observado en ningún tramo del razonamiento del Juzgador de origen, un apartamiento grosero a lo alegado por las partes; sino más bien, que en el marco de los hechos estrictamente llevados por las partes y probados, los calificó jurídicamente, con independencia del rótulo legal erróneo o deficiente, que se le pudiera haber atribuido. Acá, le asiste razón al recurrente al manifestar que la Alzada resolvió en forma dogmática y alejada de la realidad de los hechos demostrados en la causa, "afirmar que el Juzgador trocó lo pedido por inversiones en inmuebles ajenos, son términos sacados de contexto..." (fs. 1.494 vta., tercer párrafo).

Insisto, los razonamientos del A-quo no se demuestran absurdos a la luz de las normas invocadas, debidamente analizadas y aplicadas; no vislumbran cambio radical o sustancial en la pretensión que haya conducido a debilitar la igualdad entre las partes y vulnerado el derecho de defensa. Es por ello, que a mí criterio, la violación al principio de congruencia en el sub-lite no se ha configurado. Al contrario, debo decir, que la severidad de la Alzada en la interpretación -rigorista y formal- de los términos empleados por el actor en su reclamo primigenio es en donde anida la real privación de justicia. Y lo más grave, que pudiendo haber llegado a la verdad jurídica objetiva que fluye de la misma litis, en cuanto pudo interpretar adecuadamente el sentido de la pretensión esencial en el marco probatorio que se le expuso; no lo hizo con grave menoscabo al derecho de la defensa en juicio y a la adecuada administración de justicia. Este desvío en la decisión incompatible con la defensa es lo que torna arbitraria la sentencia en crisis. El Alto Tribunal Nacional ha sido por demás elocuente y categórico al analizar esta temática al señalar "...que es condición de validez de un fallo judicial que él sea conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa..." (Conf. C.S.J.N., Fallos, 268:413; 261:322, 262:460, 274:273, entre otros); extremos que en la especie no se han dado.

3.5.- Entonces, conforme ha sido resuelta la litis por la Alzada, ineludiblemente, he de realizar algunas consideraciones de importancia en orden al proceso liquidatorio en el ámbito de las denominadas sociedades de hecho y las conjugaré necesariamente con los hechos y pruebas de autos, que conducirán sin más, a la confirmación del fallo de origen.- 3.5.1.- En efecto, partiendo de la circunstancia de que la disolución societaria se configuró, conforme acta de fs. 3/5 del 2 de mayo de 2003, el proceso liquidatorio devino fatalmente; por lo que ha de estar sujeto a los lineamientos que nos brinda la Ley de Sociedades Comerciales vigentes a través de los arts. 101/112; por expresa remisión del art. 22, última parte del mismo cuerpo legal. En el sub-lite, el inicio de esta fase que integra la última etapa en la vida del ente societario, comenzó días antes a la iniciación de esta litis, habida cuenta, de que las partes acordaron y designaron las personas de los liquidadores. En el acta notarial de referencia, los integrantes del ente societario -hoy las partes en este proceso-, propusieron y designaron liquidadores al Dr. H. E. G. y a la Dra. H. C. M., no oponiéndose el actor a ello, pero dejando a salvo que el propondría otro más en el futuro. En este mismo acto, los cargos fueron aceptados (Conf. fs. 4 y vta.). Ya iniciada esta litis, y habiendo quedado pendiente, entre otros temas, la propuesta de otro liquidador por parte del Dr. S., a fs. 101 (04/07/03), el Tribunal designó al Cr. J. A. M., para que conjuntamente con los demás liquidadores designados conforme acta notarial procediera a cumplir su cometido.---- Es así, que con fecha 13 de abril de 2.004, los liquidadores se reúnen y labran un acta que titulan "Acta de Reunión de Liquidadores" (fs. 1.243) y le adjuntan un anexo en el que figura el Estado Patrimonial del ente societario (fs. 1.244/1.258). Se dejaron plasmadas algunas cuestiones que resultarán relevantes a saber: 1)- En fecha 30/11/2.003 el relevamiento físico de bienes, derechos, y obligaciones del ente; 2)- La realización de los créditos y cancelación de las obligaciones exigibles del ente; 3)- Denuncia de un pasivo contingente que se reclama en Expte. 752, Año 2.003; 4)- El estado patrimonial a la fecha del acta de reunión tiene un capital líquido de $ 311.456,23 con aprobación unánime.

3.5.2.- La sola circunstancia de haberse denunciado un pasivo contingente, pone en evidencia que quedan pendientes obligaciones sociales, por lo que el estado de liquidación continúa. En esta etapa, el ente continúa al solo efecto liquidatorio, por lo que no es impedimento incluso, que en este período de transición pueda adquirir derechos o contraer obligaciones a este fin y por intermedio de sus propios liquidadores. Asimismo, por expreso mandato legal, los liquidadores tienen la obligación de confeccionar el inventario correspondiente y de informar periódicamente a los socios el estado de la liquidación (arts. 103 y 104 de la L.S.C. vigente). Evidentemente, el anexo que forma parte del acta de reunión de los liquidadores, se traduce fundamentalmente en un relevamiento del activo y constatación del pasivo; pero no puede considerarse como determinante o definitivo, para arribar a la conclusión de la Alzada, que al no incluirse en él ningún aporte a inmueble o crédito referido a ello, la sentencia de origen trastocó la pretensión del actor, al reconocer lo que dio en llamar "mejoras sobre inmuebles ajenos". Quiero destacar al respecto, siguiendo las normas que informan al procedimiento liquidatorio, que este trabajo efectuado por los liquidadores, se traduce prácticamente en una de las primeras obligaciones que la ley les impone en el marco del art. 103 de la L.S.C.; y tomando en consideración las particularidades propias de una sociedad de hecho, por lo que reviste carácter informativo, aún cuando haya sido consentido por los socios. Recuérdese que el inventario y balance, al que refiere el citado artículo 103 de la L.S.C., tienen por objeto iniciar propiamente el procedimiento liquidatorio y se ha dicho que tanto el derogado art. 436, inc. 1° del Cód. de Comercio, que hablaba de "hacer conocer" el inventario-balance a los socios, como el art. 103 de la ley societaria actual, que habla de "ponerlo a disposición", dan a entender el carácter meramente informativo de esta intervención, no requiriendo aprobación de los socios como condición de validez. (Conf., Zunino, "Sociedades Comerciales- Disolución y Liquidación", tomo 2, págs. 398 y 401, Ed. Astrea, Año 1.987). En fin, vale acotar, que la circunstancia que no se haya hecho mención alguna a las construcciones realizadas en el inmueble en donde operaba comercialmente el ente, no autoriza a excluir de plano, conforme lo hace la Alzada, el reclamo que emerge del escrito postulatorio; máxime que a la fecha del acta de reunión de liquidadores -13/04/04- ya se encontraba en trámite la presente litis (fecha inicio 23/05/03 -fs. 62-). Esta circunstancia, no les era desconocida, ni a las partes ni a los liquidadores, por lo que mal puede interpretarse que al no figurar el inmueble en el acta de reunión y su anexo, ningún derecho pueda tener la sociedad de hecho sobre el mismo; y cerrar definitivamente, sin más, todo reclamo.---- 3.5.3.- El sentenciante de origen, en cumplimiento a su deber de motivación, se circunscribió a la concreta situación fáctica invocada por los sujetos procesales; sin desentenderse de ningún hecho que sirva de fundamento a la pretensión u oposición. Es en este contexto, y en consonancia estricta a la verdad real -máxime la complejidad que presentan los conflictos que se suscitan en el seno de una sociedad de hecho-, el Juzgador penetró la realidad, interpretó las conductas y decidió justamente. Estableció que el inmueble no integraba el patrimonio societario a liquidar; pero sí los aportes dinerarios que la sociedad de hecho invirtió en mejoras en dicho inmueble (v.gr. Conf. fs. 1.434/1.435). Es decir, evaluando pruebas esenciales, llegó a la conclusión de que efectivamente la sociedad había efectuado aportes que fueron destinados a la remodelación y ampliación del edificio que se asienta sobre el ex lote ...., Mza. ..-.; amén de la titularidad registral del inmueble; y la finalidad que tuvo la unificación de los lotes, ex lotes .. y ... de la Mza 1-.. En fin, el hecho de que el sentenciante haya calificado los mentados aportes, en un pasaje de sus considerandos, al hacer mérito de la pericia contable, como "mejoras en inmuebles ajenos", en nada se aparta del escenario litigioso que llevaron las partes al proceso; ni autoriza a descalificar el fallo al punto de considerar que medió una flagrante vulneración al principio de congruencia, y con ello al derecho de defensa e igualdad de las partes. El Juzgador, no se ha desentendido de la causa de la pretensión y su oposición.----- 3.5.4.- Considero oportuno destacar en este caso, que el actor al demandar centra su pretensión en la liquidación de la sociedad de hecho (fs. 54, punto II - Objeto, primer párrafo); para luego agregar, que es lo que, a su criterio, la misma comprendería: 1) liquidación de las operaciones hechas en común; y 2) participación de las ganancias y adquisiciones hechas en común (inmueble, instrumental, elementos de hotelería clínica, etc.) que resulten del inventario y valuaciones a practicar, con el pago a los respectivos condóminos de la parte correspondiente en el inmueble que individualiza.--- A su turno, el codemandado E. G., sostuvo que los pagos de las obras los realizaban personalmente, o el Dr. M., como integrantes de E. S.R.L. con fondos propios y como propietarios del inmueble (Conf., fs. 109 vta., cuarto párrafo) pero agregó que no desconocía la existencia de pagos efectuados con fondos de la Soc. de Hecho cuando la necesidad del avance de las obras así lo requería y reconoció la existencia de un relativo control de los aportes efectuados para la construcción del edificio, y que el imprevisto fallecimiento del Dr. M. hizo imposible la exacta determinacion de los aportes efectuados con fondos del ente que se pretenden liquidar, realizados fundamentalmente en la última etapa. Textualmente, -dice- que la cuantía de esos aportes no los desconoce; pero que serán motivo de determinacion. en la etapa de liquidación de la sociedad, en consecuencia a continuación desconoce que el ente sea copropietario del inmueble (Conf. fs. 109 vta., párrafos cuarto, sexto y séptimo). A fs. 108 vta., punto 3.7, primer párrafo "in fine", también reconoce que la tasación del Ing. B., solicitada junto con la Sra. M., se encomendó para poder actualizar aportes que no se desconocen de la sociedad de hecho. En iguales términos, los otros codemandados a fs. 122, punto 5.15.

Asimismo, es interesante destacar que el mismo codemandado G. al referirse a la "realidad de los hechos" no sólo es contradictorio con sus propios dichos -que hacen al esquema central del litigio-, sino que no los probó conforme los expone. "La sociedad irregular como tal no participó en la ejecución de las obras y en el equipamiento hotelero-hospitalario de la última ampliación del Edificio...", para luego afirmar, párrafos siguientes que "...su imprevista muerte (de M.) hizo imposible la exacta determinacion. de los aportes efectuados con fondos del Centro de T. C., realizados fundamentalmente en la última etapa correspondiente al equipamiento hotelero-hospitalario de la clínica actual. La cuantía de esos aportes que no se desconocen..." (fs. 109 vta., párrafos tercero, sexto y séptimo).--- En el contexto hasta aquí expuesto, me pregunto: ¿no fue este el plafón fáctico central de conocimiento llevado por las partes al proceso, y que el Sentenciante de Origen aprehende, analiza y sobre el cual se expide?. Evidentemente, merituando cautelosa y minuciosamente los hechos traídos al proceso por las partes, y la prueba agregada y producida en la litis, arriba a dos conclusiones que por ser esenciales no se contraponen, sino que se ajustan a la realidad del caso; resolviendo un aspecto que involucra exclusivamente a los integrantes del ente. Primero, la titularidad registral de los inmuebles hoy unificados (ex lotes ... y ... de la Mza. ....-..) (Conf. fs. 1.419 vta.); y en segundo término, la efectiva realización de aportes de la sociedad de hecho en la construcción y ampliación de la parte trasera del ex lote ... Mza. ... (fs. 1.420 vta.). "...De lo expuesto es dable concluir que la obra en la parte trasera del lote 6 de copropiedad de M. y M. fue solventada con fondos de la sociedad de hecho ".---- 3.5.5.- Posteriormente, continuando con su análisis lógico-jurídico, y para corroborar y concordar con la decisión señalada, se refiere a la pericial contable expresando "....la sociedad invirtió dinero en mejoras en inmuebles ajenos...", y cierra su conclusión "...es concordante con lo manifestado por los testigos que intervinieron en las obras y la documental referida "ut supra" (fs. 1.421). Es en este contexto que el A-quo utilizó, -reitero-, luego de analizar la prueba agregada y producida, el término "mejoras en inmuebles ajenos". Sólo fuera de este ámbito, es posible pensar en el razonamiento errado que la demandada llevó a la Alzada como agravio principal de su apelación, que a la postre, le fuera acogido favorablemente.

Retomando el razonamiento del Juzgador de Grado, observo que luego, de dejar motivada su conclusión de la efectiva realización de aportes de la sociedad de hecho; condujo su análisis a la determinacion. de los mismos al inmueble haciendo mérito de las tasaciones de fs. 18/22, 1.218/1.219 vta. y la de fs. 1.169/1.180. Así, acota el valor a la parte trasera del ex lote ..., conforme a su conclusión, e indica que asciende a la suma de $ 825.512 (fs. 1.170/1.171, ptos. B y C), luego aplica sobre dicha suma la participación societaria del actor (25%), (fs. 1.421 y vta.). Esto, pone en evidencia, que el sentenciante al subsumir la situación litigiosa en el marco de las normas societarias que rigen a la sociedades de hecho y a las que éstas mismas remiten, debió cerrar la cuestión definiendo la participación societaria y supeditar la determinacion definitiva de la misma en la fase oportuna del procedimiento liquidatorio, teniendo en cuenta el pasivo contingente denunciado. (Conf. punto II del fallo, fs. 1.422).--- Ello es ajustado a derecho. No podía ser de otro modo, por cuanto la principal obligación de los liquidadores es extinguir el pasivo social; y hasta que ello no ocurra, no es posible, lícitamente efectuar una partición entre los socios. Sólo una vez confeccionado el balance final (art. 110 L.S.C.) es posible presentar el proyecto de distribución que variará según el resultado de ese balance pues no sería extraño que en vez de superávit el balance arrojare pérdidas en cuyo caso se distribuirían deudas en vez de bienes (Conf., Farina, Juan M. en interesante nota al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 27/11/1.987 publicado en la L.L. 1.988-E, 243). Y esta prohibición rige, no sólo respecto de la partición en sentido técnico, sino de toda distribución o entrega de fondos o bienes del activo social a cualquiera de los socios mientras el pasivo no se encuentre cancelado o suficientemente garantizado (Conf., Zunino, "Sociedades Comerciales" - Disolución y Liquidación, tomo 2, págs. 424/425, Ed. Astrea, Año 1.987).---- No obstante, lo expuesto, el tramo del fallo que señalé, también fue objeto de críticas por parte de la demandada apelante, y de análisis por la Alzada, en la medida que le dedica especialmente un párrafo (fs. 1.482 vta., punto C, voto del Dr. Manino) para ratificar y reforzar la mentada violación al principio de congruencia en la que incurrió el Juzgador de Origen. Aquí, he de señalar, una vez más, que es acertada la posición del casacionista, (fs. 1.497; ap. "c"); en tanto la conclusión a la que se arriba, no se compadece con lo que surge de la tasación. El absurdo en la valoración de esta prueba se muestra evidente, palmario. En efecto, el valor total del lote .. se encuentra destacado con negritas en la pericial a fs. 1.171, párrafo quinto, donde se lee: "el valor actual o venal de todo el inmueble, lote ... (Centro de T. C. ) es: ($ 95.893 + $ 821.504 + $ 4.008) = $ 921.405". Estos valores surgen de tres tasaciones, que se individualizan con las letras A, B y C. Así, la tasación A) refiere a la construcción antigua - $ 95.893; la B) refiere a la restante superficie ubicada en planta baja, planta alta y 2° piso - $ 821.504; y la C) a la superficie del tercer piso - $ 4.008-. De estos valores, el Juzgador de Origen toma las tasaciones individualizadas con las letras B) y C), es decir, las sumas de $ 821.504 y $ 4.008, y por ello, arriba a la suma de $ 825.512, que no es la tasación de todo el ex lote ..., Mza. ...., como erróneamente dice la Alzada, porque como mencionara, ésta asciende a la suma de $ 921.405.--- Ello acredita que la Alzada ha efectuado una grave desinterpretación material de este medio probatorio; no ajustándose a la verdad del expediente, para descalificar la conclusión del Juzgador de Origen. Ha mediado evidentemente, una errónea valoración en este material probatorio con entidad suficiente para configurar el absurdo invocado por el casacionista, supuesto de interpretación restrictiva y excepcional, que autoriza a esta Sala a sustituir a los jueces ordinarios en la apreciación de las circunstancias fácticas y probatorias. ASÍ LO VOTO.- 3.5.6.- Otro punto a tratar, y que termina por descalificar al fallo de la Alzada, está vinculado con la circunstancia de considerar, -igual que la demandada-apelante-, que el reclamo del actor tampoco hubiera correspondido a título de "restitución de aportes", porque una vez que éstos ingresan al activo social, pasan a integrar el patrimonio del ente, por lo que los socios solo pueden aspirar a la distribución del capital residual entre todos ellos, una vez liquidado el pasivo (fs. 1.482 vta./1.483, punto D). Esta conclusión resulta insostenible, por una cuestión de orden fáctica y otra técnica-jurídica. En el primer caso, porque el actor no reclamó restitución de sus aportes; ni el Sentenciante trajo el tema a colación bajo ningún concepto; y en el segundo aspecto, porque en el marco de la normativa que rige a las sociedades de hecho, es posible solicitar la "restitución de aportes", en el supuesto que uno de los socios opte por la no regularización del ente o se haya encontrado ausente ante la decisión societaria de regularización (art. 22, apartado "Retiro de los Socios".- L.S.C.), en cuyo caso, el régimen de valuación de la parte del socio que se retira es más favorable que el previsto por el art. 245 de la L.S.C., para el supuesto del derecho de receso, desde que el art. 22, párr. último de esta ley supone la confección de un balance de regularización donde deberá incluirse el valor llave de la empresa (Conf., Verón, Alberto Víctor, "Sociedades Comerciales" - Ley N° 19.550, comentada, anotada y concordada, tomo 1, págs. 211/212, Ed. Astrea, segunda edición actualizada y ampliada, Año 2.007). Este supuesto jurídico contemplado, supone lógicamente la continuidad del ente societario bajo alguno de los tipos previstos en la ley; y no la disolución de la sociedad de hecho, como ha ocurrido en autos, siendo otro el régimen legal al que quedan sujetos los socios (arts. 101/112 L.S.C.). ASÍ LO VOTO.----- Por ello, debo insistir, que el sentenciante de origen al establecer el valor del patrimonio residual de la sociedad y deducir la participación social del actor; difirió para la etapa de partición y distribución final la forma en que se hará efectivo dicho valor, dejando la salvedad del pasivo contingente informado en autos, en la medida que pueda incidir en la modificación de los valores establecidos (Conf., fs. 1.422, punto II del fallo y fs. 1.434 vta., punto III-considerando). Enmarco en el proceso liquidatorio solicitado, la fase en la que deberán hacerse efectivos los valores.---- A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:- - I.- El colega que me ha precedido en el voto ha reseñado adecuadamente los antecedentes de la cuestión litigiosa; quedando así cumplidos los recaudos exigidos por los arts. 163, inciso 3 y 164 del C.P.C.C.. En consecuencia, por razones de brevedad, me remito a los mismos; y a continuación sólo abordaré la temática traída a decisión de esta Sala.-- A modo introductivo, he de adelantar, que los fundamentos que expondré, tendrán por objeto complementar y ratificar la posición que propicia el Dr. Caneo al Acuerdo. Coincido, plenamente, en que la arbitrariedad alegada por el casacionista se ha configurado en autos.

II.- Por ello, a la luz de las directrices que informan a tal doctrina; procederé a determinar en el sub-lite, si la vulneración al principio de congruencia que toma protagonismo en la sentencia en crisis; se ha dado en la especie, habida cuenta de las circunstancias particulares de la causa.- En efecto, vista la resolución de la Alzada, la misma sustentó tal violación en la falta de reclamo en la demanda, de lo que el juzgador de origen ha dado en llamar "reintegro de aportes por mejoras", anudada por dos elementos fundamentales: a) la no inclusión en el acta de reunión de liquidadores y su anexo, del inmueble en cuestión, o de un crédito sobre el mismo; y b) la consideración, a su criterio, de haber tomado el sentenciante, la tasación del valor de plaza de todo el lote donde funcionaba el centro de T.. Se cerró la labor axiológica argumentando que el reclamo también hubiera resultado improcedente aún a título de "restitución de aportes" en lugar de "inversiones en mejoras", por la etapa en la que se encuentra el estado liquidatorio.- II.1.- Es así, que de un control y análisis detallado de las constancias obrantes en autos; surge de manera clara e indubitable; que la Cámara ha efectuado una labor jurídica rigurosamente formal, que no le permitió desentrañar la verdad jurídica objetiva que emerge de la litis, constituyendo a la postre, una violación al derecho de defensa, concebido éste en su máxima significación. Se ha desentendido de la realidad fáctica y jurídica del litigio. Los hechos de las partes que condujeron a la traba de la litis, pruebas producidas y el derecho que se consideró de aplicación aparecen en el silogismo de la sentencia como ausentes de análisis, y a su vez, -y aquí lo contradictorio- han sido aprehendidos e interpretados bajo las normas societarias para revocar la sentencia de grado.--- Por ello, haciendo míos los términos de la Corte Nacional en numerosos fallos, ha mediado en el razonamiento de la Alzada, "una renuncia consiente a la verdad jurídica objetiva". En efecto, acotando, afirmo que el mismo actor solicitó la liquidación de la sociedad de hecho, lo que aclaró comprendería la liquidación de las operaciones hechas en común y la participación en las ganancias y adquisiciones hechas en común (inmueble, instrumental, elementos de hotelería quirúrgica, etc.) que resulten del inventario y valuaciones a practicar (fs. 54); y por su parte, la demandada en su responde, reconoció expresamente que la misma sociedad de hecho es titular de una acreencia contra los titulares registrales del inmueble (fs. 110); y que la tasación de fs. 18/22 fue encomendada para poder actualizar los aportes de la sociedad de hecho, a la construcción. El Sr. Juez de Origen ineludiblemente, debía analizar estas cuestiones. De allí, que lo grave se patentiza en haber llevado las partes al proceso todo el material necesario para su resolución e incluso invocado el derecho de aplicación al caso; y el Tribunal resolver a espaldas de la realidad jurídica manifiesta. En fin, coincidiendo con el colega que me precede en el voto, es el rigorismo en la aplicación de las reglas y la severidad en la interpretación, de donde emerge la raíz de la propia privación de justicia. El desvio es notorio en la misma actitud de la Alzada de atenerse sólo a algunos términos de la demanda, renuente a considerar el contexto terminológico integral de la misma, con lo cual podría quedar excluida determinada petición, si se quiere, con déficit en su incorporación a la pretensión. Insisto, lo resuelto no se compadece con la verdad real de lo acontecido y demostrado en el desarrollo de la causa; gozando entonces el fallo atacado, de aparente fundamentación; que sin más, lo tiñe de arbitrario. A ello, quiero añadir que la parte demandada, en oportunidad de expresar agravios (fs. 1.461/1.466), como en ocasión de la presentación del memorial contemplado en el art. 293 del C.P.C.C. (fs. 1.526/1.529), no ha invocado vulneración alguna a su derecho de defensa. Sino que, precisamente en el marco de la pretensión primigenia contestó demanda. No explicita de qué manera se habrían reconocido, en el caso, un derecho no reclamado sobre la base de presupuestos fácticos respecto de los cuales no hubiera estado en condiciones de ejercer plenamente su derecho de defensa (v.gr. Conf.: Fallos, 328:2.954 ó L.L. 30-11-05, N° 109.729; y doctrina, Fallos, 310:1.536 y sus citas; y 1.794, entre otros). Es más, la pauta en tal sentido se da cuando expresamente señaló en el memorial de fs. 1.526/1.529; que el absurdo está en el planteo de la demanda, pero no en el fallo de la Excma. Cámara (Conf.: fs. 1.528 vta.). Esta cuestión elemental, tampoco fue vislumbrada por la Alzada.---- Viene al caso ilustrar lo expuesto, con las líneas que nuestro prestigioso jurista, Dr. Augusto Mario Morello le dedicó al tema, en el prólogo a la primera edición de la obra de Pedro Juan Bertolino, "El exceso ritual manifiesto" que también se incorporó a su segunda edición (año 2.003) cuando sostuvo que: "... saben denunciarse fallos emanados de los Tribunales ordinarios en los que el exceso de rigor que se les atribuye consiste en que los jueces asignan al planteo de la parte un alcance no acorde con su clara finalidad, omitiendo de tal suerte el tratamiento de una cuestión sustancial.... Los jueces de instancia atribuyen a las peticiones de los justiciables, a la prueba y al contenido de los recursos una interpretación o alcance no respetuoso y por el contrario desfigurante de su recta finalidad y cabal posibilidad técnica. En estas hipótesis el exceso anida en la esfera de interpretación que por ser tan cerrada o rígida, cancela la idoneidad que en sí tienen o potencialmente pueden tener los actos de parte. A los que se asfixia y deja inoperantes sin que puedan cumplir su cometido. También aquí se verifica un palmario desvío en la decisión, incompatible con la defensa...En la síntesis si se descarnan de ese plus -exceso o rigor- las peticiones o los actos quedan habilitados para su debida configuración con un resultado esencialmente diferente. El que media entre que una cuestión básica sea tratada y otra, por pretermisión, omitida. Y ello sólo por incurrirse en el exceso de marras." (Bertolino en obra citada, págs. 29/30, Ed. Platense, 2ª edición reelaborada y actualizada, año 2.003).

Es más, en esta línea de pensamiento; se encuentra la doctrina acuñada desde antiguo por la Corte Nacional, que señala: "...es condición de validez de un fallo judicial que sea conclusión razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa" (Cfr.: Fallos, 236:27 y los que le siguieron en igual sentido hasta el presente; por ejemplo: Fallos, 298:420; 302:416; 306:717; 308:155, citados por Bertolino en obra referenciada, pág. 52).--- II.2.- En mérito a tales consideraciones, no ha mediado, en la labor axiológica que hace el sentenciante de origen, una reconducción del reclamo del actor por vía de una compensación por las mejoras introducidas en el inmueble; y con ello, una manifiesta vulneración al derecho de defensa del adversario o al de igualdad de las partes, conforme refiere la Alzada. Al contrario, precisamente en el marco de un litigio de esta naturaleza, en donde se ventila una temática societaria que se presenta con un alto grado de complejidad, en consideración a la normatividad que rige a las sociedades de hecho y a la remisión que el mismo art. 22 "in fine" hace al resto del cuerpo legal de la Ley N° 19.550 vigente; al Sentenciante se le impone una tarea intelectiva de rigor. Debía evaluar, y así lo hizo, exhaustivamente los hechos relevantes de los litigantes en sus escritos liminares y respecto de los cuales se haya trabado la litis, y conjugarlos con el material probatorio; para cumplir con la subsunción jurídica que dirimiría la litis.----- II.3.- Por ello, y siguiendo el esquema recursivo del casacionista, debo decir que es acertada su posición al señalar que la Alzada resolvió la litis despojada de la plataforma fáctica y probatoria que llevaron las partes al proceso. Esta conducta crucial, es lo que dio por resultado, que tomara la expresión "mejoras en inmuebles ajenos" fuera del contexto en el que fueron empleadas por el juzgador de grado.

Ahora bien, en este punto me voy a detener por dos cuestiones que considero son de importancia, en cuanto tienden a acreditar tal extremo y la no vulneración al "principio de congruencia". Primero, porque del análisis detenido del fallo de origen, surge que el sentenciante acudió a tal expresión, después de haber analizado gran parte del material probatorio. Con más precisión, cuando meritua la pericial contable; para corroborar y poner énfasis a la conclusión que ya había plasmado en párrafos anteriores (fs. 1.420/1.421). Y en segundo término, porque apuntalar el decisorio en la falta de inclusión del inmueble en cuestión en el acta labrada por los liquidadores, es una irregularidad en la construcción jurídica por falta de lógica-jurídica. Es decir, como señala el actor, de haberse incluido el bien en la mentada acta hubiera carecido de razón la iniciación esta litis (fs. 1.496 vta., último párrafo); y desde el punto de vista jurídico, no debió considerarse el inventario que se adjunta al acta de reunión de liquidadores como determinante, habida cuenta de las normas y principios que gobiernan al proceso liquidatorio aún en el marco de una sociedad de hecho; y la etapa en la que este proceso se encuentra. Es decir, que aún cuando los liquidadores plasmaran en el acta, la realización de los créditos y cancelación del pasivo, el proceso liquidatorio no tiene, allí su fin. La circunstancia de haber denunciado un pasivo contingente, -juicio civil en trámite contra el ente social-; y quedar pendiente de realización el resto del activo que da cuenta el estado patrimonial presentado al 13 de abril de 2.004 -caja y B.s, bienes de uso, bienes de cambio- (fs. 1.244), da la pauta de la continuidad del estado liquidatorio (fs. 1.243). De hecho, se consigna en la misma acta que sus anexos son un relevamiento físico de bienes, derechos y obligaciones; que técnicamente, importa un inventario a los fines legales, y por lo tanto, lo que hace es marcar el puntapié inicial en los actos propios que deben cumplir los liquidadores, con posterioridad, lógicamente, a sus designaciones (arts. 103 y sgtes. de la L.S.C.). Incluso, dos de los tres liquidadores designados, Sra. H. C. M. y el Sr. H. G., en la presentación de fs. 1.260, refieren concretamente a esta situación, cuando manifiestan que concluido el pleito que denunciaron, procederán a distribuir el remanente, o lo aplicarán al pago total o parcial de lo que resulte del referido juicio de daños y perjuicios (Conf.: puntos II y III de fs. 1.260). Es más, la falta de realización de la totalidad del activo denunciado, resulta corroborada con la diligencia del mandamiento de embargo preventivo ordenado por el a-quo, en cuanto se trabó sobre los mismos bienes que obran en el inventario adjunto al acta de reunión de liquidadores, habiendo estado presente en la diligencia el Dr. H. G. y denunciado que los mencionados bienes son de propiedad del Centro de T. C., sociedad de hecho (en liquidación) (Conf.: fs. 1.399/1.413 -23 de junio de 2.005-).--- Desde otra perspectiva, -no menor-, que debilita aún más la posición de la Alzada, está vinculada con el material probatorio que las mismas partes llevaron al proceso. Prescindió de valorar pruebas esenciales, (v.gr. testimoniales, documental, pericia contable); y la única que tomó para pronunciarse, -tasación de fs. 1.160/1.180-, fue valorada erróneamente.-- En orden a la pericial contable obrante a fs. 1.284/1.289 y las explicaciones dadas por el experto, a fs. 1.350/1.352, de la que también hace mérito el Sr. Juez de Origen (fs. 1.421), observo que el Cr. D. J. sostuvo al dictaminar que en base los papeles de trabajo que el mismo ente le brindó, sostuvo que la S.H., efectuó inversiones en edificio al 31 de diciembre de 2.002; y en ocasión de responder al punto 2.4. y 2.7 de fs. 1.307, del pedido de explicaciones de la misma parte demandada, dijo, a fs. 1.351, que: "la doctrina contable define al ACTIVO de una empresa como el conjunto de bienes y derechos de propiedad de la misma. Por esta razón el Activo resulta igual al PATRIMONIO TOTAL del ente. De esta forma, el PATRIMONIO NETO es la resultante de restar al activo el conjunto de obligaciones ciertas del ente, es decir, el llamado PASIVO. Resulta ser entonces el Patrimonio Total neto de obligaciones. De acuerdo con lo antes dicho, un inmueble no puede considerarse activo en una sociedad de hecho ya que no resulta de propiedad de dicho ente por no poseer capacidad jurídica para ser titular de bienes registrables. Entonces, el PATRIMONIO NETO de la sociedad de hecho, definido como ACTIVO MENOS PASIVO, no incluye bienes registrables (inmueble), pero en cambio, se lo ha incluido dentro del término PATRIMONIO RESIDUAL DE LA EXPLOTACIÓN por cuanto, si bien no es propiedad de la sociedad de hecho, se ha utilizado en la explotación económica para cumplir el objeto de la sociedad"; y al responder al punto 2.7 señaló, que: "Técnicamente, las inversiones realizadas en una empresa son recursos económicos si se esperan que han de proveer a la organización futuros beneficios económicos, y éstas inversiones aportarán beneficios futuros si se da alguna de las siguientes condiciones: 1) son bienes monetarios o que pueden convertirse en moneda, 2) son bienes que se esperan vender o 3) Se espera utilizarlos en actividades futuras de la entidad. En caso de no darse ninguna de las condiciones descriptas deben considerarse un gasto y no una inversión. En el caso concreto entiendo que fueron recursos económicos de la sociedad de hecho hoy disuelta (fs. 1.351 vta., quinto párrafo)".

Esta información técnica, de singular importancia, que no fue objeto de impugnacion. por las partes; y concordante con la prueba documental y testimonial de autos, como lo señalara, no fue objeto de consideración alguna por la Cámara. De lo contrario, nunca hubiera llegado al extremo de concluir que era un dato dirimente, la circunstancia de no figurar el mentado inmueble, o un crédito al respecto, en el activo social o estado patrimonial aprobado por los liquidadores por unanimidad en el acta de reunión (Cfr.: fs. 1.482 y vta.). Quisiera remarcar aquí, que incluso en las consideraciones preliminares que hace el experto; sostiene en el punto IV) Aclaraciones y condiciones preliminares, apartado IV.1) que: "Debido a que la sociedad cuya disolución se demanda se encuentra tipificada como una sociedad de hecho en los términos del CAPITULO I- SECCION IV de la Ley de Sociedades Comerciales y de la misma forma se encuentra inscripta en la AFIP-DGI, la misma no puede ser titular de bienes registrables y por lo tanto su estado de situación patrimonial no incluye bienes de ésta naturaleza, sin perjuicio que impositivamente se encuentren incorporados estos bienes". De allí, debo agregar, que cuando emite propiamente el informe pericial, al responder el punto V.1.4 en el apartado b) dice, que la sociedad de hecho realizó inversiones en inmuebles o construcciones y los montos involucrados; y en el apartado c), refiere a la participación de ese capital afectado por los socios.

En referencia a la crítica que la Alzada hace a las consideraciones del fallo de origen, al tomar la tasación de fs. 1.169/1.180, no resisten el menor análisis para mantenerse en pie. El absurdo es por demás elocuente. La sola lectura del segundo considerando de la sentencia del a-quo (fs. 1.421 y vta.) surge el adecuado análisis que hace a tal experticia y las razones por las cuales tomó los valores que ella arroja. Como lo detallara adecuadamente el Dr. Caneo, no se tomó la valuación total del ex lote ...; sino la que correspondió a su parte trasera. Este punto, también fue demostrado con las referencias numéricas correspondientes por el mismo casacionista (fs. 1.497, punto c).----- En esta temática, Juan Carlos Hitters, didácticamente señala que a través del manejo que ha hecho el Tribunal del instituto del "absurdo" es posible hablar de dos tipos de absurdo, el material y el formal, aunque modernamente la Corte no hace en forma expresa esta distinción. El absurdo material, calificado también como "manifiesto" o "evidente", implica una apreciación disparatada de las probanzas del juicio. ... Se configura cuando se ha errado en la estimación, esto es, cuando se ha producido "una grosera desinterpretación material de alguna medida de prueba. Es decir, por ejemplo, ....de una peritación se extrae una conclusión contraria a la expresada por el experto (Cfr. Hitters en "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", págs. 456/457, Ed. Platense S.R.L., Segunda Edición). Sin dudas, que en autos se ha dado esta modalidad; y sobre todo denota que la desinterpretación de la Alzada se debió a una falta de lectura y análisis detenido de la pericia.

II. 4.- Para concluir he de señalar, que el argumento final utilizado por la Cámara de manera hipotética, enderezado a considerar que tampoco cabría ordenar el pago de los montos invertidos en las mejoras a "título de restitución de aportes", no es válido. Ello así, porque gozando las sociedades irregulares o de hecho de una personalidad jurídica precaria, restringida, limitada; la sola decisión de un socio de retirarse produce en todos los supuestos la disolución total de la sociedad, exista o no pluralidad restante de socios. Por lo tanto, en esta litis, no es posible acudir al término "restitución de aportes", cuando estamos frente a un supuesto ya consumado, que es la disolución societaria. Aquello podrá darse en un contexto litigioso que involucre relaciones intersocietarias de entes regularmente constituidos; en cuanto la misma norma habilita casos de resolución parcial; v.gr. exclusión de algún socio o el ejercicio del derecho de receso (Conf.: Fernández Madrid, Juan Carlos, "Código de Comercio comentado", tomo II, pág. 861, Ed. Errepar, Año 2.001). En este juicio, sólo es posible hablar de distribución final del remanente que pudiera quedar eventualmente a favor de los socios, prácticamente en la etapa final del mismo proceso liquidatorio, que será en principio en proporción a la participación acordada para cada uno, previa cancelación de todo el pasivo. De allí, que conforme a las normas de aplicación, el sentenciante de origen si bien determina el valor del patrimonio residual del ente, acertadamente consigna, en el punto II del fallo, que la participación societaria debe hacerse efectiva en la etapa de partición y distribución final; debiendo considerarse el pasivo contingente informado a fs. 1.243, en la medida que pudiera incidir en los valores establecidos (fs. 1.422 ).----- Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas, debo concluir, al igual que el Dr. Caneo, que el fallo apelado no constituye una derivación del derecho vigente con aplicación a las constancias particulares de la causa. La arbitrariedad alegada y probada en la especie, es la que necesariamente obligó a interpretar el contenido y alcance de las manifestaciones que las partes incluyen en sus escritos judiciales, como así también el material probatorio, único supuesto que habilita ingresar en esta zona reservada a los jueces de grado (v.gr. Cfr.: SCBA, Ac. y Sent., 1.974, v. III, p. 1.145; 1.975, p. 935; Ac. y Sent, 1.975, p. 485; 1.977, v. I, p. 450; 1.978, v. I, p. 478, 625, 636 entre otros muchos más citados por Morello y Otros, "Códigos ...", tomo III, págs. 680/681, Ed. Abeledo-Perrot, Segunda Edición Actualizada.). Por todo ello, propongo al Acuerdo declarar la procedencia del recurso impetrado, y en consecuencia casar la sentencia en crisis en lo que fuera materia de agravios y confirmar la de origen. ASÍ LO VOTO.----- A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:---- De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Caneo y Pasutti, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.----- A la segunda cuestión el Dr. Caneo dijo:- Del modo en que he votado a la primera de las cuestiones, propongo al acuerdo lo siguiente: 1°) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, casar la sentencia de la sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, registrada bajo el N° 12 -SDC- del año 2.006 en lo que fuera materia de agravios, y confirmar en todos sus términos la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 121/05; 2°) Adecuar las costas de Segunda Instancia de conformidad con lo normado en el art. 279 del C.P.C.C., imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.); y los honorarios en mérito a la calidad, eficacia, extensión y resultado de los trabajos realizados, en un 30% al letrado apoderado de la parte actora; y en un 25% al letrado apoderado de la accionada de lo regulado por sus actuaciones en la instancia de origen (Art. 14 de la Ley Arancelaria vigente); 3°) Imponer las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.); 4°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Instancia Extraordinaria, de acuerdo a la calidad, eficacia y extensión de los memoriales presentados y al resultado obtenido, en un 35% de los regulados en Primera Instancia para el letrado apoderado de la parte actora; y en un 25% de los que se liquiden en la instancia de origen para el letrado apoderado de la parte demandada (art. 14, del Dto. Ley N° 2.200 reformado por Ley N° 4335 - T.O. Dto. N° 138/99), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere.---- A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Según voté la primera cuestión, acuerdo con la solución dada por el Dr. Caneo.---- A igual cuestión el Dr. Royer dijo:-- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.---- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:--- - S E N T E N C I A -- 1°) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, casar la sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, registrada bajo el N° 12/06 -SDC- en lo que fuera materia de agravios, y confirmar en todos sus términos, la sentencia de Primera Instancia, registrada bajo el N° 121/05.---- 2°) ADECUAR las costas de Segunda Instancia, imponiéndolas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.).- 3°) ADECUAR los honorarios de los letrados intervinientes por sus trabajos en la Alzada, por lo que se le regula al letrado apoderado de la actora, en un 30%; y al letrado apoderado de la accionada, en un 25%, de lo regulado por sus actuaciones en la instancia de origen (Art. 14 del Dto. Ley N° 2200 - T.O. Dto. 138/99).---- 4°) IMPONER las costas por la actuación desplegada ante este Superior Tribunal de Justicia a la accionada recurrente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).-- 5°) REGULAR los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, en un 35%; y los del letrado apoderado de la parte demandada, en un 25%, de los que a sus respectivos favores se le liquiden en la instancia de origen, (Art. 14 del Dto. Ley N° 2.200 -T.O. Dto. 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.---- 6°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.- Recibida en Secretaría el 19 de Septiembre del año 2007.- Registrada bajo el Nº 12 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-