Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-06


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "G., M. E. c/ G., C. s/ SUMARIO (Consignación)", Expte. No. 14.463/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 2 (Expte. No. 2637/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 181), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 135/137? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada por la parte actora a fs. 162 la sentencia de fs. 135/137, habiéndose concedido a fs. 163 el recurso libremente y con efecto suspensivo.

El fallo cuestionado, en la parte que aquí interesa, rechazó la demanda de consignación interpuesta por M. E. G. contra C. G.. I. A) Frente a dicha decisión se agravia la parte actora 172/174 vta, solicitando se revoque la sentencia con expresa imposición de costas.

Después de relatar los antecedentes del caso a fs. 173/174, arguye que la sentencia desconoció lo prescripto por los arts. 1514 a 1516, 1518 y 1525 a los que transcribe textualmente. Fundamenta sus agravios en que los daños fueron debidamente acreditados y no fueron discutidos por lo cual resulta obvio determinar sobre quien recae la obligación de repararlos a la luz de la formativa vigente y de la cual el a-quo puede desentenderse. Alega que de la sentencia emerge un trato desigual.

Arguye que el alquiler pagado por completo como lo plantea el a-quo o como lo pretende el locador, sin perjuicio de los daños cuya reparación debe asumir el locador, implican un gran desatino y desigual perjuicio en cabeza de la actora locataria toda vez que otorga un inmerecido beneficio o enriquecimiento sin causa a favor del locador sin tener en cuenta que también el locatario posee derechos que no pueden ser avasallados.

Expresa que el alquiler jamás se hubiera consignado si no mediara oposición a percibirla por parte del locador y ello fue corroborado con la documental agregada en autos.

Concluye que la sentencia resulta descalificable en cuanto da mérito a la oposición en desmedro de leyes y derecho expreso en normas de fondo y otorga validez contrapuesta a la prueba aportada por la actora sin mérito de la formativa vigente y toda la jurisprudencia que emana análogamente de ella y toda vez que el evento dañoso que genera dicha sentencia se contrapone con dicha formativa.

A fs. 174 vta. plantea la reserva del caso federal.

A 178/vta., fs.79/80 vta., obra glosado la contestación del memorial de agravios efectuada por la parte demandada.

I.b) Después de un exhaustivo análisis de los términos en que fue planteada la apelación por parte de la actora y considerando que es pacífica la doctrina y jurisprudencia versada en la materia que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág.351; CámNac.Civ. Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem. Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros); que como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por la recurrente se advierte que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho; que, conforme emerge de los fundamentos de hecho y de derecho efectuado por el a-quo a fs. 136vta., pto. 10, éste lo hizo en forma completa y acertada, siendo insuficientes los argumentos expuestos por la agraviada por fundarlo en referencias parciales sin la individualización concreta necesaria para enervar la decisión del a-quo que crítica; que son todas estas las razones por las cuales corresponde aplicar el art. 266 del CPCCCH y declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia de fs. 135/137 en todas sus partes.

I.C) Costas de la alzada a la apelante actora vencida. En virtud de la tarea desarrollada y el resultado obtenido, teniendo presente lo dispuesto por los arts. 14 y 47 del Dto.Ley Pcial nro. 2200 y su modif. Ley Pcial 4335, regúlanse los honorarios profesionales de las Dras. M. B. G. y G. G., conjuntamente, en la suma de pesos novecientos ($900) y los del Dr. G. C., en su carácter de patrocinante de la actora, en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

En virtud de la conclusión arribada propongo como fórmula postulatoria:

1) Declarar desierto el recurso de apelación planteado por la apelante actora a fs. 172/174 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 135/137 en cuanto ha sido materia de agravios.

2) Costas de la Alzada a la apelante actora vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de las Dras. M. B. G. y G. G., conjuntamente, en la suma de pesos novecientos ($900) y los del Dr. G. C., en su carácter de patrocinante de la actora, en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250)(arts. 14 y 47 del Dto.Ley Pcial nro.2200 y su modif. Ley Pcial 4335).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 162) de la sentencia de fs 135/137 que rechaza la demanda de consignación interpuesta por M. E, G. contra C. G., impone las costas a la actora vencida y regula los honorarios.

A fs 172/174 se agrega la expresión de agravios. Luego de narrar los antecedentes de la causa, señala que la sentencia desconoce abiertamente los arts. 1514, 1515, 1516,1518 y 1525, los que transcribe.

Deja en claro, según lo expresa, que los daños fueron debidamente acreditados y no fueron discutidos, por lo que resulta obvio determinar sobre quién recae la obligación de repararlos, y que de acuerdo a la normativa vigente, y a la que se refiriera, ni el a-quo puede desentenderse como se verifica en su arbitraria sentencia.

Agrega que el alquiler pagado por completo como lo requiere el a-quo o lo pretende el locador implican un gran desatino, pues otorga un beneficio de enriquecimiento sin causa a favor del locador, ya que este no es sólo el que tiene obligaciones sino también el locatario.

Sostiene que el alquiler jamás se hubie-ra consignado sino mediara oposición a percibirla por parte del locador.

Deja planteado el caso federal.

A fs 178/vta la demandada contesta los agravios, quien solicita se rechacen por no cumplir con los requisitos del código de rito.

Las argumentaciones de la apelante no aluden a los fundamentos concretos que respaldan la decisión, esto es la falta de prueba acerca de la negativa de la demandada a recibir el pago ofrecido, ni el que no se hayan aportado los presupuestos fundamentales del instituto bajo el que se ampara.

Limitándose a transcribir los artículos del Código Civil, sin explicitar como los mismos justifican la acción intentada.

Y las consideraciones que efectúa, carecen de toda relación con el núcleo esencial de las razones dadas en el fallo.

Pues no se hace cargo de demostrar que se cumplieron con los requisitos para la consignación, pues de las pruebas ofrecidas, la carta documento de fs 25, no surge que se haya ofrecido siquiera el pago, previo descuento de lo que alega, menos aún que existiera negativa o silencio, ni que la comunicación aludida haya sido recepcionada, ya que no se ofreció prueba al respecto.

Ante ello y atento que previo a la consignación debió adoptar alguno de los temperamentos indicados por el sentenciante de grado a los efectos de instar en principio al cumplimiento de las obligaciones y ofrecer en pago el monto que entendió correspondía, lo que no consta que haya hecho, porque al decir de Llambías "sólo la constitución en mora . hace jurídicamente relevante el comportamiento reprochable de éste" (Jorge Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T.I, Perrot, Bs. As., 1983, pág. 176, el recurso deviene inoficioso.

En suma para que proceda la consignación por negativa del acreedor a recibir pago (inc. 1, art. 757 CC), el deudor debe probar esa negativa, para ello debe demostrar que él realizó ofertas serias de cumplimiento y que éstas fueron rechazadas. Ante ello no admitiré los agravios.

Las costas de la Alzada las impongo a la apelante vencida.

Los honorarios serán regulados merituando la labor profesional, el resultado obtenido y demás pautas de los arts. 3, 6 y 14.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de grado Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestimar los agravios y confirmar la sentencia venida en apelación.

2) Costas a la vencida.

3) Diferir la regulación de honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 86/04 del juzgado Letrado Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción que desestimó el pago por consignación intentado por M. E. G. contra su locadora C. G. (fs.135/7, fs.162).

Encontrándose reseñados los agravios por la magistrada que emitió su voto primero en orden, me eximo de dicha labor por encontrarse cumplimentadas las disposiciones procesales y en la convicción que la manda constitucional del art.169 no está destinada a repeticiones disvaliosas.

Previo a expedirme sobre la impugnación de la actora, cabe señalar que los argumentos volcados en la presentación de fs. 172/74 son una simple acumulación de opiniones, discrepancias con lo decidido en la instancia de grado con transcripciones de normas y partes del fallo, que distan grandemente del cumplimiento de la carga impuesta al apelante a través del mandato legal consagrado en art.265 del código procesal, no constituyen un discurso sistemático por cuanto no transitan desde una premisa hasta su conclusión, mediante el examen orgánico de los elementos convicción. La posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de la apreciada por el juzgador, sin invocar causales de error en la decisión impugnada, técnica y jurídicamente expuesta, constituyen una afirmación dogmática y, no crítica razonada y concreta que requiere la ley. Ello autoriza a declarar la deserción del recurso (art.266 del CPCCCh). Aun las premisas expuestas, este Cuerpo considera, postura expuesta con anterioridad, que de manera excepcional corresponde aplicar un criterio menos restrictivo para valorar la suficiencia de la expresión de agravios por ser lo que mejor se aviene con el escrupuloso respecto por el derecho de defensa en juicio y con el manteni-miento de la doble instancia adoptada por el legislador, debiendo actuarse con amplitud (STJ sent. 03/01).

En forma preliminar he de destacar que la sentencia venida en crisis no se ve conmovida por interpretar que en el pago por consignación intentado no se encuentran reunidos los requisitos exigidos en la ley (art.757 y concs. del Código Civil). Ha de tenerse en cuenta que "Cuando se pretende realizar un pago por consignación corresponde precisar si la misma se ha ajustado a los términos del CCIV (art.758) a fin que pueda otorgársele fuerza de pago a la consignación si no concurren los requisitos en cuanto al objeto y al tiempo. El objeto debe reunir los requisitos de identidad (art.740) y de integridad (CCIV arts. 673, 742, 744). En las obligaciones a plazo el tiempo propio del pago es el día del vencimiento del respectivo término contractual estipulado y, por consiguiente, la concordancia entre los arts. 570 y 750 del CC lleva a la conclusión que el pago no puede efectuarse antes (salvo que se hubiera establecido a favor del deudor) ni postergarse para después por decisión unilateral de una de las partes" (Cnac.Com. "Lubrano, Eduardo c/ Bco. Ganadero Argentino 14-05-84).

El recurrente solo invoca las refacciones, pero no surge de autos que ofreciera pago alguno, que la demandada se negara a aceptarlo. Previo a la consignación, la única constancia en el expediente es la intimación de pago efectuada por la demandada el 12 de diciembre de 2002 conforme fs. 50 y 109/10.

"Sin las ofertas es prácticamente imposible saber con precisión si el acreedor acepta o no el pago; más aun, sin las ofertas no solo queda en la incertidumbre la actitud del accipiens (no se sabe si aceptó o no), sino también queda en la penumbra la conducta del deudor.-. Lo que debe ser materia de prueba en el juicio por consignación no es la intención de pagar, sino el hecho de que ha sido ofrecido efectivamente el pago y que el acreedor rechazó su ofrecimiento" (Ernesto Wayar, "El pago por consignación", págs.73 y 131, Depalma-83).

Por otra parte, debe mediar total adecuación cualitativa, cuantitativa, temporal y espacial entre lo debido y lo consignado (art. 758 del CC). Cualquier desarmonía en estos recaudos justificará o autorizará el rechazo del acreedor. Este no puede ser obligado a recibir algo distinto o incompleto de lo debido.

La Corte Suprema tiene dicho que la bús-queda de soluciones justas y adecuadas para adjudicación de los derechos de los conciudadanos era tarea común de legisladores y jueces (CS, oct. 18-73 "Mellar Coodwin" JA 20-1973-191). Pero en el caso concreto de los jueces "no pueden dejar de juzgar" las pretensiones de las partes a la luz de las leyes vigentes y aplicables (doctrina del art. 15 del Código Civil).

En este orden de ideas advierto que no se trata de discernir qué alternativa tenían las partes frente a las contingencias detectadas en el inmueble, sino de decidir sobre la acción incoada con el alcance que fue delimitada, y en este sentido confirmo lo dicho por el Aquo, sin que sea factible analizar más allá que el marco dado por las partes, es decir, la falta de cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la consignación.

Los fundamentos expuestos me llevan a confirmar lo resuelto por el Aquo.

Las costas de la Alzada las impongo al recurrente vencido difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo, que se realizará conforme lo dispuesto en el art.14 de la ley arancelaria.

Por coincidir, doy por transcripta la fórmula postularía de la Dra. Reynoso de Robert.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar el recurso de apelación planteado por la apelante actora a fs. 172/174 y confirmar la sentencia de fs. 135/137.

2) Costas de la Alzada a la apelante actora vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de las Dras. M. B. G. y G. G., conjuntamente, en la suma de PESOS NOVECIENTOS ($900) y los del Dr. G. C., en su carácter de patrocinante de la actora, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NELIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL No. 079 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS