Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 28 de 2008.

Considerando: 1. La resolución apelada hizo lugar a laacción de amparo promovida por la Sra. Aurelia Susana Rivarolacontra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y condenó a esta última a cubrir todas las prestaciones médico asistenciales que requiera la patología de la actora, con costas.

2. La demandada INSSJP se agravió porque, sostiene, su mandante no incumplió las prestaciones de salud de su afiliada. Destacó que entregó la medicación solicitada antes de haber respondido el informe del art. 8º de la ley 16.986 y que, por ello, debería revocarse la imposición de costas a su cargo.

3. Debe recordarse, en primer término, que el art. 14 de la ley de amparo prescribe que "Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el art. 8º, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo". De manera tal que, existiendo una específica previsión de la norma que rige el caso, se invierte la premisa, y para apartarse de la solución legal se vuelven exigibles especiales y concretas circunstancias que tornen procedente esa solución (conf. esta Sala, causas 5565/98 del 29/12/98, 3395/99 del 18/8/99, 3320/02 del 6/2/03 y 9115/02 del 18/9/03, entre otras), las cuales -a criterio de este Tribunal- se encuentran presentes en el caso. Efectivamente, surge de las constancias de la causa que la parte actora intimó en sede administrativa a la demandada para que le entregue la medicación prescripta por el médico tratante -conf. fs. 12- del 8/5/06. Posteriormente libró una carta documento con idéntico objeto el 22/5/06 -conf. fs. 18-. Ahora bien, la accionante inició el amparo el 17/7/06 (conf. cargo de fs. 50). En ese contexto, el señor Juez de primera dictó la medida cautelar solicitada el 21/7/06 (conf. fs. 54). La demandada se presentó en autos el 31/7/06, contestó el informe del art. 8º de la ley 16.986 e informó que entregó la medicación a la afiliada (conf. fs. 60/61). En ese contexto, el Tribunal debe ponderar especialmente el plazo que transcurrió entre la presentación de la solicitud de medicamentos por vía de excepción de fs. 12 (en sede administrativa), el libramiento de la carta documento de fs. 18 y el día de inicio de la acción de amparo, así como la fecha de efectiva provisión del medicamento y, en particular, que fue necesario el dictado de la medida cautelar, por cuanto los requerimientos de la actora no habían sido inicialmente satisfechos. Por los fundamentos expuestos y ponderando que se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (conf. Chiovenda, "Ensayos de Derecho Procesal Civil", trad. De Sentís Melendo, T. II, p. 5, citado por la Sala III de esta Cámara en la causa 8578 del 17/11/92; esta Sala causas 3223/00 y 6049/00, antes citadas), corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio.

Por todo lo expuesto, se resuelve: confirmar la imposición de costas de fs. 87/89. Sin costas de Alzada por no haber mediado oposición (arts. 68 y 69 del Código Procesal). Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de la labor desarrollada en primera instancia, valorando la manera en que concluyó el proceso y la naturaleza de la causa, se reducen -desde que sólo fueron apelados por altos- los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Dr. A. A. M. a la suma de pesos mil ($ 1000); arts. 6º y 9º del arancel de abogados y procuradores. La Dra. María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Francisco de las Carreras.- Martín D. Farell.