Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-07


NEUQUEN, 7 de octubre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ZAVALA RUBIO EDGAR C/ VAZQUEZ RICARDO JAVIER S/ D. y P. X RESP. EXTRACONT. DE PART." (EXP Nº 412985/2010) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. La Sra. Jueza hace lugar a la demanda y condena al pago de la suma de $20.078,00 con más sus intereses, en concepto de daño emergente, lucro cesante, incapacidad sobreviniente y daño moral.

Contra tal pronunciamiento, apela la demandada.

Funda sus agravios a fs. 297/298.

En primer lugar sostiene que se efectuó una errónea interpretación del artículo 1109 del Código Civil, en tanto la jueza toma los elementos probatorios obrantes en la causa penal y omite la consideración de lo declarado en esta sede.

Indica que ninguno de los testigos vio que le pegara al actor y que es probable que, en un acto de legítima defensa, se originara el accidente. Tampoco se ha acreditado que fuera una consecuencia de la magnitud que denuncia el actor; dice que sólo quiso defenderse de su atropello.

Por otra parte, se queja de que se haya apartado de prueba esencial, en tanto de la informativa practicada a AMPSAS se acredita que se atendió al actor por un traumatismo -con fecha 13/03/08- en perno 12. Dice que la fecha es muy anterior a la época del hecho y se indica que se volvió a atender el 24/04/08 por una fractura en perno y corona en pieza 47.

Dice que de la prueba surge una preexistencia negativa en las piezas dentarias del actor, por lo cual un simple empujón defensivo puede haber desencadenado la pérdida de la pieza.

En tercer lugar, se agravia de la imposición de costas; dice que los honorarios regulados deben adecuarse al monto de la sentencia que pudiera corresponder y "las costas al vencido que esta parte justifica en base a este recurso es la actora".

Sustanciados los agravios, son contestados a fs. 300/304, solicitando que el recurso se declare desierto y, subsidiariamente, contestando el mismo.

2. Ahora bien: se dice que una sentencia, para ser justa, debe constituir una derivación razonada del derecho vigente, de acuerdo a las circunstancias probadas de la causa.

La sentencia debe exponer las razones de hecho y derecho en las que se funda la decisión; explicar los motivos, el por qué se resuelve como se lo hizo; una argumentación correcta es importante porque las partes del juicio tienen un especial interés en conocer las razones, pues sólo en base a decisiones razonadas, ellas pueden estimar si la apelación es posible, plausible o, incluso, necesaria.

Pero así como esto es exigible al juez, del mismo modo lo es con relación a las partes: estos mismos razonamientos son trasladables a la expresión de agravios, la que en modo alguno puede consistir en una mera discrepancia con la decisión adoptada o en criticar extremos que en nada inciden en el fundamento de la decisión.

Así se ha indicado, en distintas oportunidades, que la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones del fallo apelado, no constituyen una expresión de agravios idónea, en el sentido de resultar apta para producir la apertura de la presente instancia.

En orden a ese objetivo, lo que se exige no es la sola crítica entendida ésta como disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe reunir características específicas: "el concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 265 del Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al juzgador, una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en detalle, puede ser acertado en conjunto." (cfr. Sala II, en autos "PROTTI MARIA EUGENIA C/ CORTEZ RAUL Y OTRO S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION" (EXP Nº 377138/8), sentencia de fecha 28/06/2011). Y como puede advertirse de la síntesis de los agravios planteados, la accionada escasamente cumplimenta el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido.

3. En efecto: todos los agravios confluyen en atacar la valoración de la prueba, pero no sólo que los embates son genéricos -tal como indica la parte actora- sino que, además, no tienen correlato en las constancias de las actuaciones. Veamos.

3.1. En primer lugar debo señalar que la causa penal de la que surgen los testimonios valorados por la magistrada, fue ofrecida como prueba por el recurrente (cfr. fs. 27 vta.), desde lo cual mal podría agraviarse de que se tomara en cuenta lo allí actuado.

En dicha causa se le dio debida intervención (cfr. fs. 79, entre otras, en donde no cuestiona el contenido de las testimoniales y fs. 111, donde solicita que se incorporen a la lectura, las testimoniales que valorara la magistrada civil).

Como he señalado en otras oportunidades ".no es posible dar una respuesta única en cuanto al valor probatorio en sede civil de las actuaciones penales, ya que varias son las situaciones que pueden presentarse. En general, la doctrina ha sostenido que la validez y eficacia de la prueba, trasladada de un proceso a otro, queda supeditada a la posibilidad que haya tenido de controvertir tal prueba, aquél contra quien ésta intenta hacerse valer. Es decir: se exige que la parte que resulta afectada por tal prueba en el juicio civil haya tenido la posibilidad de ejercitar el debido contralor de ésta en el proceso penal. Así, Arazi apunta que las pruebas del proceso penal "pueden ser válidas en el juicio civil si en el primero la parte tuvo la oportunidad de ejercitar contra ellas todas las formas de impugnación que el procedimiento penal consienta y siempre que ellas no fueran menores que las del juicio civil en que se hacen valer; de lo contrario, constituirían fuente de presunción simple, que el juez apreciará en el nuevo juicio"." (cfr. Leiva, Miguel J. "Reflexiones sobre "el traslado de pruebas" del proceso penal al civil y algunas cuestiones vinculadas con la "concurrencia de culpas" en los juicios por mala praxis", publicado en: LLNOA 2008 (setiembre), 749).

Trasladados estos conceptos al caso analizado, es claro el valor probatorio que tienen esas constancias, no sólo porque fueron ofrecidas por la parte, sino que, además, la conclusión se refuerza a partir de que el demandado ha quedado confeso (fs. 250/251; 254 y pliego obrante a fs.274).

3.2. En segundo lugar, la crítica efectuada con relación a la prueba proveniente de AMPSAS, no logra privar de sustento a la decisión.

Por el contrario, debo decir que coadyuva a su acierto, en tanto la consulta realizada con fecha 13 de marzo de 2008 fue próxima al evento dañoso (11/03/2008), lo cual permite reafirmar la relación de causalidad (cfr. contenido informe de fs. 49/49 bis en la que el médico tratante, en consonancia con lo informado con AMPSAS da cuenta de los daños sufridos que son coherentes con el incidente de agresión relatado).

En cuanto a las consecuencias y daño efectivamente sufrido, más allá de que tuviera colocados un perno y corona y debiera someterse a un implante, debe estarse a la prueba pericial rendida, la que no ha sido rebatida en sus conclusiones. 3.3. Por último, y en lo que hace al intento de introducir a la cuestión como un supuesto de legítima defensa, para eximirse de responsabilidad, tampoco advierto que en el caso concurran los elementos probatorios para su procedencia y, ciertamente, tampoco son señalados por el recurrente. En efecto: debiendo recurrir en este aspecto a las disposiciones del Código Penal, tenemos que son tres las condiciones generales para que la defensa privada constituya causa de justificación: A) Agresión ilegítima; B) Necesidad racional del medio empleado para la defensa; C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

En este sentido, como señala Orgaz, para que la defensa sea legítima debe ser racional en un doble aspecto: en cuanto a la necesidad de la defensa misma y al medio empleado.

Y, en este sentido (aún cuando se tuviera por cierto el relato del demandado en cuanto a que el actor abrió violentamente la puerta, lo que no ha sido acreditado) ". La posibilidad de eludir la agresión, sin afrontarla, constituye la primera obligación exigible al atacado cuando esta conducta es, al mismo tiempo, razonable y decorosa: así, como regla general, en los supuestos de agresiones de sujetos inimputables o de personas que manifiestamente se hallan fuertemente excitadas o conmovidas por algún suceso terrible (como si se tratara de un pariente o amigo de quien, en una colisión de vehículos, hubiera resultado muerto o gravemente herido)." Y lo que es claro, es que "la falta de proporción racional entre los medios de defensa y de ataque, constituye exceso en el ejercicio de la defensa (art. 35, Cód. Penal)." (cfr. Orgaz, Alfredo "Legítima Defensa", publicado en La Ley, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo II, 323).

Pero lo cierto es que las condiciones para que opere la eximente deben ser probadas por quien invoca la defensa legítima -si ellas no resultaren acreditadas por las circunstancias mismas del hecho-, puesto que se trata de la "justificación" de un daño que, por regla general, es ilícito (ibídem)- En este caso, ninguno de los extremos han sido acreditados, por lo que este planteo tampoco puede prosperar. Todo queda en un intento trunco de justificación.

4. En definitiva: por las razones que se han dado para agotar la respuesta jurisdiccional adversa al recurrente, a partir de las cuales se patentiza la insuficiencia recursiva, propongo al Acuerdo la confirmación del fallo recurrido, con costas en la Alzada a cargo de la demandada vencida, debiendo procederse a la regulación de los honorarios de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 LA. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 276/281 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.