Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-07


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los días del mes de abril del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L., O. O. c/ A. SA s/ SUMARÍSIMO", expte. nro. 327/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 471/05), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 378), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 346/348? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la accionante en contra de la resolución de fs. 246/348, por habérsele desestimado la demanda e impuesto las costas del proceso (fs. 349), tal como surge de la planilla de elevación de fs. 358, todo a tenor del informe de fs. 364/368 que le fue contestado a fs. 372/375.

Así, tras detenida lectura se rescata que, en primer lugar, se agravia porque el a quo no encuadró la cuestión en el ámbito de aplicación del art. 40 de la ley 24240 y, en consecuencia, pesaba sobre la demandada la demostración de que le era ajeno para eximirse total o parcialmente de responsabilidad.	Tampoco, alega, se tuvo en cuenta el incumplimien-to, por parte de la accionada del deber de información cierta, clara y detallada al momento del "diagnóstico" prometido de conformidad con los deberes que le im-ponía tal normativa.

Que el a quo interpretó de manera incorrecta la pericial me-cánica sin tener en cuanta las explicaciones posteriores bridadas como consecuen-cia del pedido oportunamente formulado. En resumen, el vehículo se fundió por falta de aceite, lo que corrobora la deficiencia en el servicio y tal como se dijo en la demanda.

Concluye, en que el automotor ingresó en la agencia, apto para su destino y luego del servicio brindado perdió aquella aptitud. Eventualmen-te, formula reserva del llamado "caso federal".

Vale aclarar que tal resumen lo efectúo sin perjuicio de va-lorar oportunamente el contenido íntegro del memorial.

Al contestar, la accionada expone las razones por las que correspondería declarar desierto el recurso en cuestión por las insuficiencias que observa conforme el art. 268 CPr. (DJ), tal como lo prevé el art. 269 del mismo texto legal.

Del análisis y confrontación de todos los elementos de la causa enmarcados en los límites jurisdiccionales que impone el agravio, que son amplios, no pasa inadvertida la debilidad del fallo con fundamentación cuasi apa-rente.

Recuerdo haber leído y trascripto en algún caso análogo que dos requisitos diferencia Bidart Campos como exigencias en la decisión judicial, a saber: "motivación" y "fundamentación", entendiendo la primera como aquella sentencia que se motiva en los hechos del caso, y la segunda, la que se funda en el derecho aplicable. Concluye, que la fundamentación y la motivación -razonada y razonablemente expuestas por el juez- explican por qué el caso se resuelve como se resuelve. O sea, por qué la decisión es la que es, y dónde halla sustento. Dice la Corte que la solución que consagra la sentencia ha de corresponder a los hechos comprobados en la causa (o proceso) (v. "Tratado Elemental de Derecho Constitu-cional Argentino", t. II, El Derecho Constitucional Liberal, Ediar, 1986, ps. 321 y 322). Acá el pecado imputado alcanza a ambas exigencias y de allí que ante tal panorama no continuemos con nuestro criterio amplio en cuanto la exigencia de los extremos previstos normativamente y que permiten mantener abierto el recur-so.

En tal sentido se ha dicho que los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando la suficiencia querida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error que se atri-buye a la sentencia (ver CNCom., sala A, 2000/09/22-Prosegur S.A. c. Harrod´s Buenos Aires Ltd., en Rev. La ley de 2001/03/07, pág.15, JAgrup., caso 15.566 y fallo receptado en LL Litoral, 1997-327, con nota de Roberto A. Vázquez Ferrey-ra, entre muchos). Pauta útil en autos, ya que además de contemplar el caso dese el punto de vista del memorial, la recurrente -en el caso- no se ha visto favorecida en el lucimiento de su crítica al impugnar un decisorio flaco de contenido.

Supliré la omisión del sentenciante en cuanto a establecer la relación de los hechos alegados al inicio y el grado de sinceridad en que han sido expuestos a la luz de la prueba adquirida.

Asevera el accionante en un todo de acuerdo con sus intima-ciones extrajudiciales previas que el día 15/01/2003 lleva la unidad automotriz que individualiza, al taller de la demandada a los fines de realizarle un "servicio de mantenimiento" habiendo rodado doscientos mil kilómetros. Hasta aquí existe coincidencia (ver fs. 13 vta. p. VI y contestación de fs. 53/61vta. p. II-5).

Continúa señalando el actor que ante tal requerimiento la firma demandada "diagnosticó" que sólo hacia falta realizar cambio de filtros, lubricantes y bujías.

Y aquí comienza la controversia, ya que el reclamante da pie a la discusión respecto a la obligación inicial de la prestadora del servicio interpre-tando el término "diagnóstico" impreso en la Orden de servicio que acompaña a fs. 11/11vta., ya que, en opinión de ésta última, en el espacio comprendido por tal título se deja constancia de los trabajos que habitual y normalmente se llevan a cabo ante prestaciones análogas (ver pts. II-7 y 8 de la contestación), pero además llama la atención respecto a las omisiones del actor al no referir que prestó con-formidad firmando dicha Orden, además de requerir otras tareas, que exceden el mero mantenimiento, tal como luce en tal instrumento. Acreditadas tales circuns-tancias que fueron omitidas por la reclamante, comienzan a dejar indicios de un comportamiento que se hurta a lo deseado, téngase en cuenta el nivel de equilibrio que le otorga la legislación en ésta típica relación de consumo. Tales derechos deben ejercitarse con suma responsabilidad para no caer en el abuso.

A partir de allí, la versión de los hechos que nos relata el presunto damnificado, resultan absolutamente ajenos a la verdad de los constata-dos, contrariamente juegan a favor de los argumentos opuestos por la demandada.

Así, no ha podido acreditar la recurrente que efectuado, su-puestamente, el servicio, "al hacer pocas cuadras, el rodado se frena, encendiéndo-se la luz de advertencia del aceite. Por tal motivo el vehículo reingresa al taller de la accionada y permanece allí tres días más, retirándolo al momento en que los responsables del taller manifestaron al actor que el rodado no tenía nada. Apenas sacado nuevamente el vehículo el taller, se detuvo con una gran humareda. Por ese motivo vuelve a reingresar al taller de A. S.A., permaneciendo allí desde enton-ces" (ver últ párr. de fs. 13vta. y los dos primeros párrafos de fs. 14).

Nada de lo dicho se ajusta a la prueba, lo que autoriza a pre-sumir que se ha tratado de distorsionar lo ocurrido de manera tal que ni siquiera se debiera recurrir a la duda para responsabilizar, de conformidad con el régimen especial de la L. 24240, a la demandada.	Pero tal pretensión choca con la diligente actividad probato-ria de su oponente e incluso con la ventajas que les brinda en su confesional.

En realidad y completando los datos de suma relevancia que se omiten o los que refiere ambiguamente o que remite de un modo indirecto a la documental que acompaña la demanda, nos refiere en su contestación la oponente que el vehiculo, efectivamente ingresó al taller el 15/01/2003, constatando que la real cantidad de kilómetros recorridas era de 169.689 y a efectos de realizarle un servicio de mantenimiento acorde a tal rodaje.

Tales dichos se encuentran probados con la documental que obra a fs. 32/32vta. y confesional de la accionante de fs. 129 de conformidad con el pliego de fs. 127 y 128 al que se suma el reconocimiento de documental.	Que se confecciona la Orden de servicios n° 01753, a la que ya referí en los puntos anteriores y en la que se consignan los trabajos a realizar, que son los que comúnmente corresponden a un servicio de tal naturaleza de con-formidad con el rodaje del vehículo, pero, además, les fue requerida la reparación del múltiple de escape, la revisión de las correas, la colocación del tanque de nafta y la revisión de las luces y niveles.

Que el rubro "diagnóstico" refiere a tales tareas y no a la verificación del estado integral del vehículo. Se limita a lo que habitualmente comprende un servicio de mantenimiento de conformidad a los kilómetros anda-dos.

La prueba de tales asertos se obtiene de la documental de fs. 32/33, reservadas y que tengo ante mí, debidamente reconocidas en la confesional de referencia y dictamen pericial técnico de fs. 296/300 p. k) y k1) de fs. 297 y 298 y p. a) de fs. 298, todo en relación con el plan de mantenimiento adjuntado a fs. 295 al pie. Las explicaciones no refieren a tal cuestión (ver fs. 320/324).

Toda otra interpretación del término preimpreso excede el objeto y modalidad del servicio requerido, tal como se nos informa mediante el auxilio del idóneo y sin que se formularan al respecto reservas con entidad sufi-ciente como para enervar tal opinión.

Nos dice la Concesionaria demandada que a fs. 55 p. 12 y ss. que finalizados los trabajos convenidos el día 23 de enero de 2003, el quejoso retiró el automotor sin problemas ni inconvenientes ni obra en autos reserva algu-na, por entonces.

Que confirmando el relato de la demandada, recién el día 27 de enero de 2003 el accionante se comunica telefónicamente con aquella hacién-dole conocer la novedad que el vehículo se encontraba en el puesto ***, sobre la RN N° 3 a unos 20 km de esta ciudad para que el mismo sea trasladado al taller.

Lo dicho ha quedado absolutamente acreditado en primer lugar tras la confesional del actor, lo que demuestra la falta de veracidad de su relato inicial -incurriendo en grave deslealtad procesal- a lo que se suma el injusti-ficado desconocimiento formulado a fs. 63 de documental que refiere a dicho tras-lado en la fecha indicada y que al reconocimiento de fs. 131 y 134 e informativa de fs. 205/206 se termina confesando a fs. 129 de conformidad a las posiciones que obran en pliego de fs. 127/128.

Tampoco en la demanda se informa de la existencia y con-formidad prestada a la Orden de servicio N° 17599 -que obra a fs. 31 reservada y que tengo ante mí, de fecha 05/02/2003, a los efectos de sacar el motor y desarmar una vez efectuado el traslado de referencia, ya que de haberlo hecho pondría en descubierto que no fue a las pocas cuadras en la que verificó defectos y volvió al taller, sino que circuló 55 km, tal como se detecta en el registro de la unidad y consta en tal Orden (196.736 km).

Tampoco existe prueba alguna del siguiente retiro y huma-reda. Así se frustra toda la insincera estrategia de ataque elaborada en la demanda finalmente reconocida sin justificación alguna en la confesional. Curiosamente renovada en varios párrafos del memorial, recordando los "imperdonables olvi-dos" de T..

Tales circunstancias diluyen la credibilidad de los pasos siguientes a la luz del enfoque de la reclamante, ya que si bien acierta en cuanto a la inversión de la carga de la prueba por aplicación de la LDC, contrariando lo escuetamente elaborado por el a quo, entiendo que la demandada probó de manera acabada la culpa de la víctima de un daño efectivamente acreditado y del que na-die discute pero sí en cuanto a su atribución.

Las actas de constatación que obran en la causa manifiestan los puntos de vista de una u otra parte de manera unilateral y en sí no prueban más que eso, ya que especulan una mecánica tras tener a la vista un hecho objetivo, el daño y su magnitud tras desarmar el motor. De allí que la declaración testimonial de que perito por perito de parte en el acta e fs. 3/4, Sr. J. A. M. debe ser valorada en forma similar a la de un consultor de parte con el agravante que no da suficien-tes razones a sus dichos a fs. 192, en cuanto a que el motor no tenía aceite. En la diligencia que obra en el acta al menos especulaba respecto al que se detectaba en cuanto a si era "viejo" o "nuevo".

Tales lagunas quedan superadas con la pericial mecánica. Esta, en cuanto a los fundamentos técnicos, debidamente constatados y que con-frontados con toda la prueba adquirida aportan certeza al igual que las referencias al modo de realizar la actividad en el ramo sin oposición fundada y oportunamente opuesta. Por el contrario, se debe ser estricto con las opiniones fundadas en hechos alegados por las partes, controvertidos y que en definitiva quedaron desacredita-dos, v.gr., las concernientes a idas y vueltas alegadas en la demanda y que han merecido su réplica en puntos anteriores. Todo conforme doctrina y jurisprudencia que emerge de la interpretación del art. 481 y concs. CPr. (DJ).

Así, tal como se verificó puntualmente el objetivo tenido en cuenta por las partes al requerirse un servicio de mantenimiento, sin que haya me-recido impugnación debidamente fundada alguna (ver mera disidencia de fs. 306vta. p.6), también, en mi consideración resulta razonable la presunción del perito en cuanto a que se perdió abundante aceite al momento de la rotura de la biela y ésta del bloc, máxime cuando lo examina luego de haber sido desarmado, lo que implica más pérdida y que si no hubiese tenido los niveles de aceite sufi-ciente no hubiese podido recorrer los kilómetros que hizo luego de habérselo reti-rado del taller. Es más, si como afirma en la demanda los censores del vehículo funcionaban correctamente mediante luces de alerta, llama la atención que haya podido llegar hasta el Puesto *** sin que el sistema lo alertara o de lo contrario, si lo hizo, lo ignoró en lugar de detenerse (fs. 2978, p. j); fs. 299, p. f); fs. 321, ps. 3,5,10 y 16).

Pero si del juego de afirmaciones y contradicciones y fala-cias de la demanda se descarta ésta última posibilidad, merece mayor considera-ción la opinión del perito cuando afirma que la rotura se debió al desgaste de un motor muy "trajinado", sin antecedentes en cuanto a su buen mantenimiento -hecho ajeno a la responsabilidad del demandado- y exigido en condiciones extre-mas de velocidad, todas circunstancias que justifican la magnitud del daño sufrido (ver fs. 291, ps. I) y j); fs. 299 ps. d), e), h), i), j), l), ll) y m)).	De conformidad de toda la prueba confrontada no surge re-lación alguna entre el servicio brindado al cliente y las consecuencias posteriores que le son absoluta y exclusivamente atribuidas a su falta de cuidado y diligencia en el uso de una unidad automotriz de las características particulares como al que sufrió el daño, esto es, con alto rodaje y exigida a niveles que no podía resistir. Para llegar a tal conclusión he tenido especialmente en cuenta lo expuesto en la experticia en el p.3 de fs. 321; p. 8) de fs. 322; p. 17) de fs. 324; ps. i) y j) de fs. 297 y ps. d) y h) y l) de fs. 299).	Ahora bien, no se discute que la convención ha quedado subsumida por la normativa protectoria de la ley 24240 y en cuanto a su aplicabi-lidad deberá tenerse en cuenta que si bien establece una serie de pautas, paráme-tros y directrices a seguir, con el fin de acentuar el resguardo de la parte más débil de la relación, ésta no puede escindirse completamente de la teoría general del contrato que -en materia de reparación- exige la fehaciente acreditación de los daños alegados. Es que la especialidad del ordenamiento invocado, no lleva inexo-rablemente a prescindir de las normas de derecho común, ni altera la unidad del orden jurídico (López Cabana R., "Los daños al consumidor y la ley 24.240", JA 1994-III-859; ver v. gr. "ESTABLECIMIENTO RURAL INDIGENA S.A. c/ Ca-vero, Oscar Luis s/ ordinario" - CNCOM - SALA B - 29/12/2008, Citar: elDial - AA52F2).

Como ya se dijo, tal presupuesto ha quedado sin controver-sia y, en consecuencia, corresponde avanzar sobre la atribución del mismo de con-formidad a la plataforma fáctica y argumental ya expuesta.

A todo evento, la doctrina y la jurisprudencia con base en lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 24240, han atribuido a la responsabilidad que deriva de la relación de consumo el carácter de objetiva.

El sistema de responsabilidad objetiva es, en el caso de la relación de consumo, similar en sus alcances al que deriva del artículo 1113 del código civil.

Así, el deudor para eximirse de responsabilidad debe demos-trar culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder o la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la existencia de una causa ajena que interrumpa o desvíe el curso de la acción causal (ver v. gr. SC Buenos Aires, 22.6.1965, in re "Demaría, Ángel c/ Restaurante Abruzzese y otro", LL 119-383).

La doctrina ha señalado que la "culpa de la víctima" debe reunir sustancialmente los alcances previstos por el artículo 1111 del código civil. Así, la intervención de la víctima, trátese de una conducta voluntaria o involunta-ria, debe ser causa adecuada del daño, amén de ser cierto y no imputable al de-mandado (como bien recuerda Cifuentes Santos, "Código Civil, Comentado y Anotado", T. I, página 880).

Que si no existe reproche alguno, conforme surge de la prueba adquirida en la causa en cuanto al servicio requerido y brindado, ni se negó a prestar colaboración activa una vez ocurrido el daño en circunstancias de tiempo, lugar y personas que le resultan ajenas, pero si se prueba que el daño verificado ocurrió por las causas ya indagadas y probadas exclusivamente atribuibles al ac-cionante, no existe posibilidad de desplazar tal responsabilidad ante la eximente fehacientemente constatada.

Vale, asimismo, señalar que la conducta de la demandada no se ha ajustado a lo esperado, ya que la normativa actual no es un mero catálogo de derechos sin que correlativamente no se le exijan deberes para conformar lo que se ha dado en llamar un "consumido o usuario responsable".

Entiendo que, sin mengua de las pautas protectorias que la hora actual imponen a favor del consumir mediante regímenes especiales que re-gulan la relación de consumo, con palabras de Enrique Luís Suárez, cabe prevenir que ésta "se debe construir" de buena fe y lealmente entre las dos partes (ver "La Educación del Consumidor en la Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor" de fecha 25-abr-2008, publicado en microjuris.com: cita: MJ-DOC-3434-AR - MJD3434).	Es verdad que el art. 40 de la ley ha reformulado algunos principios tradicionales de la dogmática contractual, entre ellos, el de la relatividad de los efectos del contrato. Sin embargo, en su aplicación, no puede dejar de tener-se en cuenta que no ha liberado al consumidor de toda diligencia y de actuar de conformidad con las pautas que emergen del art. 1198 CCiv.

En otros términos, la normativa general prevista en los Có-digos Civil y Comercial sufre, a partir de la sanción de la LDC, excepciones im-portantes "cuando el contrato tiene por objeto una relación de consumo encuadra-ble en la ley 24.240. Hasta la publicación de esta ley las relaciones de consumos estaban regidas fundamentalmente por ambos códigos; ahora, por la ley 24.240 y también por los códigos, cuando en el caso particular no aparezcan restringidos o modificados los principios generales del derecho del consumidor (FARINA, Juan M., "Defensa del consumidor y del usuario. Comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361", 4º edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2008.

En resumen, entiendo que el derecho del consumidor no supone una habilitación para demandar indiscriminadamente, exonerándose al reclamante de la aportación de las pruebas necesarias para fundar su reclamo por el solo hecho de revestir calidad de tal: establece sí una serie de pautas y directri-ces (v. gr. arts. 3 y 40) a fin de acentuar la protección de la parte más débil de la relación, pero siendo el sustento de la demanda contractual, el derecho del consu-midor no puede escindirse de la teoría general del contrato, que en materia de re-paración exige el cumplimiento de una serie de cargas acordes al mismo. Es decir, la especialidad de este ordenamiento no lleva a prescindir de las normas del dere-cho común.

Y es que esta unidad del orden jurídico fue incluso destaca-da en el específico marco del tema que nos convoca (por, v. gr., Vázquez, Adolfo R., "Protección jurisdiccional del Consumidor" en JA 1997-III-917; López Caba-na, R., "Los daños al consumidor y la ley 24240" en JA 1994-III-859; ver v. gr. CNCom., sala A, 2004/03/31 - "Derderian Carlos contra Video Cable Comunica-ción SA y otro" - publicado en microjuris.com: cita: MJ-JU-M-2664-AR - MJJ2664 - MJJ2664).

Por todo lo expuesto propongo al acuerdo desestimar el re-curso interpuesto por la accionante e imponerle las costas de la alzada, difiriendo la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán en cuen-ta las pautas de la ley de aranceles profesionales y teniendo presente la reserva del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Desestimar el recurso de apelación intentado por la accio-nante y, en consecuencia, mantener firme, por las razones expuestas, el fallo im-pugnado de fs. 346/348, con costas a la recurrente, difiriéndose la regulación de honorarios de conformidad con los considerandos pertinentes.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

I. El fallo apelado y los agravios.

La decisión impugnada, los datos de interposición y conce-sión del recurso y el contenido de los agravios han sido reseñados por el primer votante y a tales constancias me remito a fin de evitar repeticiones estériles.

II. Tratamiento de los agravios.

El recurrente ha impugnado, en primer término, la conclu-sión del juez de grado relativa a la falta de acreditación y o comprobación de la relación causa efecto que constituye el argumento central para el rechazo de la demanda. En segundo lugar se ha agraviado porque para llegar a tal conclusión ha omitido analizar cuestiones esenciales de la prueba producida. Ambos agravios tienen una íntima conexión de modo tal que es posible el tratamiento conjunto.

Por supuesto, previo a toda consideración, resulta necesario determinar la naturaleza jurídica de la relación que ha unido a las partes, atento a las consecuencias que, en orden a la materia de los agravios, dimanan de tal cate-gorización.

a. La relación de consumo.

Las partes han estado vinculadas por una relación de con-sumo.

La Constitución Nacional, en el año 1994, incorporó a su contenido, a la relación de consumo. El artículo 42 de nuestra ley suprema se re-fiere a dicha relación como área de protección de los derechos de los consumido-res y usuarios con respecto a su salud, seguridad e intereses económicos.

La calificación de la relación jurídica como de consumo no ofrece dudas porque su causa-fuente es un contrato oneroso que enlazó a un pro-veedor de servicios con el usuario (confrontar la orden de servicio obrante a fs. 11 y 32 y la factura de servicios obrante a fs. 12)	A. S.A., concesionaria oficial de G. M. de A., es una empre-sa dedicada a la comercialización de bienes y servicios.

El Sr. L., encuadra perfectamente en en el concepto de "con-sumidor contratante" que literal- mente describía el artículo 1 de la ley 24.240 puesto que contrató la prestación de un servicio (servicio de mantenimiento -200.000 kms.- del automotor de su propiedad). Huelga recordar que el sistema tuitivo hoy es abarcativo del "consumidor no contratante" (alcanza un contratante potencial, a alguien que va a contratar en el futuro o aún cuando no tenga ninguna intención de contratar), y de aquel que se halla expuesto a prácticas del mercado potencialmente lesivas de sus derechos (reforma de la Ley 26361).

La consecuencia lógica, entonces, es la subsunción del con-flicto planteado en la normativa del estatuto particular tuitivo de los intereses de los consumidores y usuarios. Son variados los efectos específicos del sistema tui-tivo de la relación de consumo; los que aquí interesan son los que se siguen:

- Reglas de interpretación propias consagradas por los arts. 3 y 37 de la ley 24240 que textual y respectivamente dicen: "La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa" (art. 37). "En caso de duda sobre los alcances de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor" (art. 3).

- La plena vigencia del deber de información consagrado por el artículo 42 de la Constitución de la Nación que exige para el consumidor "una información adecuada y veraz"; complementado por las previsiones del artículo 4 de la ley 24240, reformado por la ley 26361 que dispone: "Información. El pro-veedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión".

- A ello se suma la plena vigencia de la obligación de segu-ridad. El artículo 42 de la Constitución nacional consagra, también, a favor del consumidor y usuario, el derecho "a la protección de su salud, seguridad e intere-ses económicos". Complementando, el artículo 5 de la ley 24.240 dispone que "las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios".

- Otra manifestación de la protección al consumidor es el efecto vinculante de la publicidad previsto por el artículo 8 de la ley citada que dispone: "Las precisiones formulada en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor" .

Se imponen a favor del consumidor o usuario por el artículo 42 de la Constitución nacional y por el art. 8 bis de la ley 24240 incorporado por la ley 26361, condiciones de trato equitativo y digno. La norma infraconstitucional citada impone a los proveedores abstenerse de conductas que coloquen a los con-sumidores "en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias".

Finalmente se prevén normas especiales para los supuestos del incumplimiento o cumplimiento defectuoso.

El artículo 10 bis de la ley 24240, incorporado por la ley 24787, art. 2 dispone, que "el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b. Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c. Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjui-cio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan" .

El artículo 23 se refiere a las deficiencias en la prestación del servicio y prevé que: "Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servi-cio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor".

El 40 de la misma ley incorporado por la ley 24999 sobre responsabilidad por daños dispone: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabri-cante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasiona-dos a la cosa con motivo o con ocasión de servicio. La responsabilidad es solida-ria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena".

Es que, a partir de la vigencia del nuevo texto constitucional la protección del consumidor ha sido admitida como un principio general informa-dor del ordenamiento jurídico del Derecho Privado, de tal modo que ello le confie-re a ese sector del Derecho una dinámica y una lógica propias que obligan a los jueces -y a cualquier otra autoridad- a actuar de conformidad con las valoraciones inherentes, al mismo tiempo de interpretar y aplicar la normativa especial o gene-ral que rige las relaciones de consumo. Evidentemente, la cuestión guarda relación con el llamado proceso de "constitucionalización del Derecho Privado", entre cu-yas implicancias destaca la necesidad de que los operadores jurídicos efectúen una relectura de las normas de Derecho Privado desde la perspectiva constitucional. Este enfoque del tema adquiere fundamental importancia cuando se advierte que la ley 24240 (con sus modificaciones posteriores) constituye la sede principal pero no exclusiva del subsistema de defensa el consumidor, pues sus contenidos no agotan la regulación de la materia, siendo complementada con el régimen de dere-cho común y con las normas especiales destinadas a regular algunos sectores es-pecíficos de la contratación, así como también por las normas de defensa de la competencia y lealtad comercial (cf. Frustagli, Sandra en "Contrato de consumo y prescripción de la acción por vicios redhibitorios", publicado en Lexis Nº 0003-010537, el 12/05/2004).

Al amparo de estas premisas rectoras daré tratamiento a los agravios he de proceder a su tratamiento.

b. Los hechos probados de la causa.

El primer agravio se circunscribe a la calidad del servicio prestado por la demandada. Básicamente sostiene el recurrente que el vehículo ingreso funcionando bien y que la demanda pretende hacer creer que en un servi-cio de mantenimiento nada se debe observar o advertir al usuario o consumidor y que debe limitarse a repara o substituir lo que le parezca, sin ninguna obligación de buena fe. Su examen debe ser efectuado en el marco los hechos probados de la causa relevantes en orden a estas cuestiones y que no fueron valorados por el juez de grado.

El juez de grado, en su sentencia ha valorado exclusivamen-te las conclusiones de perito mecánico; el recurrente descalifica esa interpretación y adelanto que le asiste razón aunque por motivos distintos a los invocados y que señalo a continuación.

Sabido es que los dictámenes deben ser interpretadas por el juez caso contrario el perito se convertiría en juez, de la causa cuando es un auxi-liar de éste. Se trata de un deber elemental, elevado a la categoría de mandato legal por el artículo 481 del CPCCCh (ex 477) que establece: "la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca".

Justamente, esa actividad reglada por la norma procesal está ausente en la sentencia, no hay valoración de la pericia mecánica, solo hay tras-cripción de alguna de sus partes pero falta su evaluación de acuerdo con las pautas legales reseñadas a efectos de sentenciar los hechos puestos a consideración, con-forme a derecho.

Es el magistrado quien debe meditar el dictamen pericial y precisar su fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de las per-sonas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la con-cordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás elementos de convicción que la causa ofrece, tal como lo ordena el artículo citado, adjudicándo-le el valor que estime apropiado para la resolución de la litis.

Las reglas de la sana crítica, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales, son lógica basada en el dere-cho y auxiliada por la experiencia y la observación, que conduce al juez a discernir lo verdadero de lo falso, de tal modo el art. 390 del ritual constituye una exhorta-ción al juzgador para que aplique dichas reglas, cuyo desconocimiento acarrea el absurdo -denunciado en autos-. En definitiva, tienden a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.

Una pauta esencial que emana de estas reglas, es la aprecia-ción conjunta de las probanzas de autos con el fin de obtener una convicción acor-de con la cuestión controvertida y, es manifiesto en autos que no se han examina-dos otras pruebas colectadas. Se trata pues de los documentos comerciales incor-porados al proceso que permiten fijar un sinnúmero de hechos probados de la cau-sa que conducen a una solución diametralmente opuesta.

Tales hechos son:

-El carácter de concesionaria oficial de G. M. A. que reviste la demandada.	La actora, al promover la acción, sostuvo que la demandada es la concesionaria oficial de G. M. Este hecho no fue expresamente negado, al contestar la demanda; además de los documentos comerciales adjuntados por am-bos partes resulta acreditado tal carácter -fs. 11, 12, 31, 32 y 38-.

-El servicio prestado: ejecución y pago.

El día 15 de enero de 2003, el actor llevó el automóvil mar-ca Chevrolet, modelo Vectra, dominio ***-***, al taller del concesionario oficial para la realización del servicio de mantenimiento (200.000 Km).

Se trata de un hecho no controvertido afirmado por ambas partes y que consta en la orden de servicios elaborada por la demandada -acompañada por el actor a fs. 11 y por la empresa a fs. 32-.

Es relevante el examen puntual tanto de los datos que obran en el documento de la empresa como de aquellos datos cuya carga no se realizó.

Consta la fecha de ingreso indicada por las partes, no se completó la hora de ingreso; se cargaron los siguientes datos del automotor: VIN: 9BGJL19FVTB546986; km 196.681; Modelo: VECTRA; Versión: CD2.0 16V. 4P, Patente: ***-***. Consta, también el nombre la persona que recibió el pedido: Receptor: V.-.

La orden contiene un detalle de los servicios detallados del modo siguiente:

1. Novedad del cliente: Servicio de mantenimiento 200.000 km. Diagnóstico: Cambio de filtros, lubricantes y bujías. Tiempo: 2,10.

2. Novedad del cliente: Reparar múltiple de escape.

3. Novedad del cliente: Revisar correa.

4. Novedad del cliente: Pintar y colocar tapa tanque nafta.

5. Novedad del cliente: Revisión luces y niveles.

En todos los ítems (1 a 5) no se describieron los trabajos realizado ni los códigos de operación ni los cargos; en los identificados como n° 2 a 5 tampoco se consignó el diagnóstico ni se indicó el tiempo de realización de las tareas.

No se realizaron observaciones y no se consignaron los da-tos correspondientes a los Fluidos en ninguno de sus casilleros: Nivel, Agregado y Cambio discriminados en los siguientes ítems Ac. Motor, Ref. Motor, Ac. Caja, Ac. Dif. Liq.

En el reverso de la ficha obra del casillero de Control de mano de obra, solo se completaron lo datos correspondientes al nombre del opera-rio -A.-; los restantes: Horario, Tiempo e Item carecen de datos.

Huelga señalar que las omisiones reseñadas se constatan en la planilla original que queda en poder de la empresa y que se encuentra glosada a fs. 32.

Tampoco se completó el casillero correspondiente a Vales de presupuestos, aunque la demandada agregó, a fs. 33, un Vale de stock fechado el día 23 de enero que describe los siguientes artículos, que en su mayoría salvo el aceite usado -Hélix Super 15 W40- se corresponde con el detalle de lo facturado, conforme descripción ya efectuada.

Resta por último decir que en el anverso de la mentada pla-nilla obran los datos de facturación que coinciden en cuanto a su monto con los correspondientes a la factura presentada por el actor -fs. 12- en la que se detallan los servicios siguientes: "2.10 servicio de mantenimiento; 1.00 otros servicios múltiple escap.; 1.00 otros servicios; 1.00 elemento del filtro de aire; 1.00 filtro de combustible (corsa); 1.00 filtro aceit.; 4.00 bujías de encendido 1.00 junta múltiple escape; 1.00 junta desde el tubo delant." (sic), con indicación de los códigos e im-portes.

- El egreso del taller, el ingreso posterior y el nuevo egreso.

El actor afirmó que el día 23 de enero de 2003 retiró su au-tomóvil del taller, este extremo fue reconocido por la demandada a fs. 55 -punto 12 de la contestación-. Ahora bien, corresponde señalar que tal dato no consta en la orden de servicio aportada por la demandada, ello a pesar de que es un dato re-levante puesto que esa información ha sido prevista en la diagramación de la pla-nilla. Más allá de que estamos ante un hecho no controvertido debo decir que la fecha de emisión y pago de la factura -23 de enero de 2003- es coincidente con la denunciada por la actora y reconocida por la demandada.

La actora denunció también que inmediatamente después de retirar el automóvil éste "se frena encendiéndose la luz del aceite" y que por tal motivo reingresa al taller de la accionada y permanece allí tres días más, retirándo-lo al momento en que los responsables del taller le manifestaron al actor que el rodado no tenía nada" -fs. 14-. Se trata de un hecho controvertido de la causa por-que fue expresamente negado por a demandada -capítulo I puntos d) y f)-.

El reingreso al taller es un hecho probado de la causa, ex-presamente lo ha reconocido el Sr. L. V., empleado de la firma al haber sido pre-guntado si se verificó el vehículo al ingresar nuevamente al taller por el encendido de la ley de advertencia del aceite. Ello en los términos que constan en la escritura pública nº sesenta y cuatro pasada por ante el escribano M. E. A. -titular del regis-tro Notarial nº ** de la Provincia del Chubut- y son los que se siguen: ".responde que él se acuerda perfectamente del caso y que en ese momento no había jefe de taller y el simplemente era un encargado transitorio. Y éste último agrega, que el vehículo fue verificado y probado no detectándose falla alguna por eso procede a entregar el vehículo nuevamente" -primer testimonio obrante a fs. 3 y 4-.

La declaración de la persona que recibió el vehículo el día 15 de enero de 2003, que se desempeñaba entonces como encargado del taller, permite tener por probada la versión de los hechos del actor y por supuesto deja sin sustento la tesis de la demandada.

En relación, al segundo egreso sostenido por la actora como sucedido el día 27 de enero no existe prueba directa de tal extremo. Sí se ha pro-bado que ese día el automóvil fue trasladado desde el puesto-***- hasta el taller de la demandada por medio del servicio de la firma R. -documental fs. 34/35.	- Las registraciones deficientes de la prestadora del servicio.

Las descripciones de los datos consignados en la orden de servicios y en la ficha del automotor permiten tener por acreditada la deficiencia en los registros de la concesionaria oficial de G. M.

Además las declaraciones del encargado del taller corrobo-ran tal extremo.

- El servicio de mantenimiento.	El actor, al promover la demanda, ha agregado un documento de suma im-portancia; me refiero a la "Guía del Propietario", documental reservada bajo el nº 13/04 -fs. 67-; en dicho documento la automotriz comienza dando la bienvenida al propietario, asegurando que posee un vehículo con la más alta tecnología del mer-cado con un larga y orgullosa historia de excelencia en los productos y sostenien-do que la guía posee todas las informaciones necesarias -p.1-.

Dentro de estas informaciones han de tenerse expresamente en cuenta las contenidas en el capítulo 10 titulado Plan de Mantenimiento Preven-tivo.	Ello por cuanto las especificaciones técnicas descrip-tas en tal capítulo son las que dan contenido a la prestación (servicio de manteni-miento) encomendada por el actor al taller de la concesionaria oficial.

Principia la descripción dando contenido a la Prueba en ruta: "ANTES DE LA PRUEBA EN RUTA. En el compartimiento del motor. 1. Verifi-car en relación a fugas, corregir o rellenar hasta el nivel, si fuese necesario: -depósito del limpiaparabrisas; -depósito del sistema de enfriamiento del motor. 2. Verificar y corregir, si fuese necesario: -conexiones y diagramas de los cables eléctricos; -sujeción y diagramas de las mangueras de vacío, de combustible y del sistema de enfriamiento. 3. Verificar en relación a elementos flojos y corregir, si fuese necesario. Con el vehículo en el piso: Verificar, ajustar o corregir, si fuese necesario: -aprieto de los tornillos de las ruedas; -presión y condición de los neu-máticos (incluso el neumático de repuesto); -operación de todos los accesorios y opcionales. Por debajo del vehículo: Examinar y corregir si fuese necesario: -parte inferior del vehículo en relación a eventuales daños y elementos faltando, flojos o dañados. DURANTE LA PRUEBA EN RUTA. 1. Efectuar la prueba en ruta reco-rriendo, preferiblemente, calles con condiciones distintas y lo más representativas posibles de las condiciones efectivas de utilización del vehículo (asfalto, paralele-pípedos, pendientes acentuadas, vueltas cerradas, etc.). 2. Verificar y corregir, si fuese necesario: (...) -motor y conjunto de transmisión en relación al rendimiento durante las aceleraciones y desaceleraciones, ralentí, marcha constante y en las reducciones de marcha; (...) -estabilización del vehículo en vueltas y superficies irregulares. 3. Eliminar los eventuales ruidos detectados en prueba".

La prueba en ruta debe ser realizada siempre al igual que la verificación del motor y transmisión en lo referido a eventuales pérdidas (en todas las inspecciones que se realicen).

Lo mismo sucede con otros servicios, verbigracia y en lo que aquí interesa: prueba de emisión; sistema de ventilación forzada del cárter; verificación del nivel de la solución del sistema de enfriamiento, conforme resulta del procedimiento señalado como pertinente en el capitulo 10-3 de la mentada guía.

Debe decirse además que, en definitiva, el diagrama de los casilleros de la orden de servicio responde a estos pasos.

Me detengo por último en la advertencia consignada en la guía: "Al efectuar trabajo de manera inadecuada podrá comprometer su propia seguridad y la de otros usuarios de carreteras" p. 10-1.

- Los daños en el motor del automotor.	Es un hecho no controvertido de la causa que el motor del automóvil, su-frió daños severos.

No obstante que el vehículo fue trasladado por R. al taller de A. S.A. el día 27 de enero de 2003, según lo ya explicitado y que el día 5 de febre-ro del mismo año existe una orden de servicio para sacar y desarmar el motor nun-ca hubo un pronunciamiento técnico de la empresa acerca del estado del motor y los motivos.

En efecto, obra a fs. 31, la orden de servicio nº 17599, refe-rida al automotor en la que figura como receptor el Sr. G. En el ítem 1. se consig-nó como Novedad del cliente: Sacar Motor y Desarmar. Ninguno de los restantes casilleros del anverso fueron completados (diagnóstico, tiempo de realización có-digo de operación, observaciones Niveles, Agregados y Cambios de los fluidos). En el reverso obra un nombre -M.- en el casillero de control de mano de obra.

El primer informe relativo a los daños que sufrió el motor fue dado, el día 14 de marzo del 2003, por el mecánico J. A. M. que a pedido de la esposa del actor, se constituyó en el taller de la empresa demandada y describió los daños del modo siguiente: "el motor está fundido observándose que todas sus bielas están fundidas, con todos sus materiales y cojinetes de bielas barridos, pro-ducido por la falta de aceite que lubrique el motor aún comprobando la presencia de aceite sin determinar si la aceite es nuevo o viejo con niveles normales; hay un orificio en el blok del motor producto de la rotura de la viela; detectándose que el cigüeñal no sirve por haberse fundido" (sic) -fs. 3 vta.-.

El siguiente informe mecánico fue realizado por el Sr. S. M. S. quien a pedido de del apoderado del concesionario oficial de C.t se constituyo en el taller y opinó que: "lo que se observa a primera vista es que una biela se en-cuentra cortada y el muñón del cigüeñal con un color azulado por la falta de lubri-cación".

En el año 2007, se pronuncia el perito oficial Sr. K.

Los hechos probados de la causa avalan la procedencia de los agravios, con base en los fundamentos que se siguen:

-El servicio prestado no fue el adecuado:

Se ha demostrado que la prestación ejecutada por la conce-sionaria oficial no fue la adecuada. El servicio de mantenimiento no se ejecutó de acuerdo a las pautas que la propia automotriz -G. M. A.- ha señalado como ade-cuadas y a las que he hecho referencia que, obviamente, son vinculantes para la concesionaria oficial en el marco de las normas tuitivas a las que hecho referencia.

Insisto: el cotejo de las precisas pautas elaboradas por G. M., y lo actuado en autos que consta en las órdenes de servicio da sustento a la conclusión.

Las deficiencias de los registros que la propia demandada lleva son notorias. Las dos órdenes de servicios que obran en autos están incom-pletas. En la primera, por ejemplo no hay constancia de los niveles de aceite del motor en dos momentos claves: ingreso y egreso del automotor.

Por supuesto que el modo de probar que la prestación se cumplió adecuadamente era a través de los registros detallados del accionar de la prestataria del servicio, conforme a las exigencias de la orden de servicio (confec-cionada por sus dependientes en debida forma).

Agrego, además, que no es dable soslayar que el consumidor deja su vehículo en el taller y no puede presenciar qué se le hace al rodado y como se efectúa; juega entonces un papel preponderante la confianza. Evidentemente, quien acude al concesionario oficial de una firma automotriz razonablemente pre-vé una competencia especial del prestador del servicio.

Es que el contrato de concesión, tiene por finalidad canalizar la producción hacia el consumidor; el servicio de post-venta integra la oferta de los automotores y si bien el concesionario desempeña sus funciones con autono-mía, existe dependencia económica y técnica que no puede ser desconocida y que obviamente genera confianza en el consumidor.

Este dato tiene particular relevancia en el marco de las ex-presas previsiones del artículo 909 del Código Civil. Es que la segunda parte de la norma citada comprende no solo a los contratos con prestaciones intuito personae, sino a todos en los que la confianza especial entre las partes es de su esencia como el caso del contrato de locación de servicios que nos ocupa y otros como el man-dato, locación de obra en los que hay intención de los contratantes para escoger la contraparte por sus condiciones especiales (Cifuentes, Santos, "Negocios jurídi-cos", ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 162).

Valoro también que la concesionaria oficial no emitió, en tiempo oportuno, opinión técnica alguna respecto al estado de motor y sus moti-vos. Esta conclusión se basa en la siguiente secuencia que describo: el tercer in-greso del automotor acaeció el día 27 de enero de 2003, el día 5 de febrero del mismo año se le hizo firmar al Sr. L. una orden de servicio preimpresa en la que -insólitamente- él pedía "sacar el motor y desarmar" -orden de servicio ya referen-ciada de fs. 31-. No hubo "diagnóstico" -terminología de la orden de servicio ni comunicación alguna al consumidor acerca del estado del motor y sus motivos.

La concesionaria oficial no explicó cómo y por qué el motor de un automóvil de última generación que fue llevado para realizar un servicio de mantenimiento se fundió habiendo rodado 55 km, desde el primer ingreso -conforme datos de los registros-. Incluso la versión que hoy trae a la causa encuen-tra sustento en los dichos de un mecánico ajeno a la compañía que fue llevado a la empresa para dejar constancia de una situación que sus dependientes no relevaron conforme resulta de las constancias registrales a las que he hecho referencia.

El concesionario oficial en la zona, de una marca de auto-móviles prestigiosa no puede desentenderse del resultado de este pleito bajo el argumento implícito de que la actora carga en forma exclusiva con toda la prueba. A nadie más que a ellos debería interesarles, por el prestigio de la firma, demostrar acabadamente que el servicio que comercializan responde a estándares de calidad. Sin embargo, ninguna prueba con fuerza de convicción aportaron, cuando es evi-dente que estaba a su alcance acercar prueba de alta idoneidad. Se supone que, respecto de la máquina, conocen lo bastante de su mecanismo y estructura como para prestar un servicio adecuado de conformidad a las pautas de inspección que describe la automotriz que oficialmente representan.

- La relación de causalidad entre el daño y la deficiente pres-tación del servicio está probada.

A los efectos de determinar tal vinculación corresponde formular un juicio de probabilidad, estableciendo que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica.

La prestación deficiente del servicio de mantenimiento alu-dida tienen entidad para configurar el nexo causal adecuado.

Los extremos fácticos probados íntimamente relacionados, ya que integran una única relación, acreditan la relación causa-efecto a la que ven-go refiriéndome, porque son demostrativos de que no se cumplió con el deber de proceder conforme con las reglas y los métodos adecuados y tenientes a asegurar con diligencia y previsión la buena ejecución del contrato.	En suma, apreciando la prueba rendida en autos, bajo las reglas de la sana crítica, considero que la actora ha justificado con un alto grado de probabilidad su versión de los hechos. El margen de incertidumbre que resta no puede serle impu-table, teniendo presente que la demandada por su propia conducta negligente -deficiencia de los registros- no para esclarecer este asunto, lo que genera indicios en su contra (v. Devis Echandía, H, "Compendio de pruebas judiciales", I, Santa Fe, 1984, p. 59).

No podemos desconocer que era la demandada quien se hallaba en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la solu-ción del caso. Es la demandada quien tiene las condiciones profesionales, técnicas y fácticas de hacerlo, amén de haber tenido un conocimiento directo del hecho generador de la responsabilidad (prestación del servicio).

Por todo lo expuesto prosperan los agravios y propongo la revocación de la sentencia de primera instancia en todas sus partes y el acogimien-to de la pretensión principal de la demanda: reparación del automotor. Ello impor-ta, en los términos señalados por el perito mecánico designado de oficio la repara-ción del motor en su totalidad con cambio de las piezas fundamentales: cigüeñal, bielas, pistones, aros, etc y reparación del block, de conformidad con lo señalado por el perito en el punto c) de la pericia -fs. 296 con más la reparación de los otros elementos deteriorados por el tiempo que el vehículo lleva sin funcionar como por ejemplo la batería -punto g del informe, fs. 297-.

III. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Los honorarios de primera instancia se fijarán de conformi-dad por las pautas objetivas establecidas por el artículo 5 de la ley arancelaria vi-gente y por aplicación de las escalas legales atendiendo al tipo de proceso que nos ocupa.

En función de lo expuesto se fijan los honorarios de primera instancia correspondientes al representante legal de la parte actora en la suma de pesos siete mil quinientos, los de los letrados de la demandada en la suma de pesos cinco mil y del perito mecánico en la suma de pesos ochocientos.

Los de la segunda instancia se establecen a favor del prime-ro en la suma de pesos dos mil quienientos y los de los letrados de la demandada en la suma de pesos mil quinientos. En ambos supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 349 por la parte actora.

2°) Revocar en todas sus partes la sentencia de primera ins-tancia obrante a fs. 346/348.

3°) Condenar a la A. S.A. para que en el plazo de diez días contados a partir de quedar firme repare el motor del automóvil Vectra, dominio ***-*** en su totalidad con cambio de sus piezas y repare los otros elementos deteriorados conforme lo señalado en el considerando pertinente.

4°) Costas de ambas instancias a la demandada. Regular los honorarios de los profesionales de conformidad con lo señalado en el consideran-do pertinente.

5º) Tener presentes las reservas del caso federal de fs. 368 y 375.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia (fs. 346/348), rechaza la demanda interpuesta por la parte actora O. O. L. contra la parte demandada A. S.A. Impone las costas del juicio a la parte actora y regula los honorarios de los profesionales intervinien-tes.

Se notifica la sentencia a fs. 350/351. Se apela a fs. 349 por la parte actora bajo apoderamiento letrado, el recurso se concede a fs. 354.

Los agravios, expuestos a fs. 364/368, tienen el debido co-rrelato en el presente acuerdo, resumido en que el 15/1/2003 el actor llevó su vehí-culo Chevrolet Vectra dominio ***-*** a la concesionaria G. M. "A. S.A.", para el servicio de los doscientos mil km, informando la firma que correspondía el cambio de filtros de combustible, lubricantes y bujías, sosteniendo la agraviada que existió un error de diagnóstico; que retirado el vehículo, a las pocas cuadras el automotor se frena, enciende la luz de aceite y con gran humareda. Constatado el vehículo en presencia de Escribano, se comprueba que el motor estaba fundido y detalles que señala. La demandada se negó a reconocer todo resarcimiento.

Se agravia (1er. agravio), porque la sentencia rechaza la demanda porque no se ha acreditado y comprobado con justeza la relación de cau-sa a efecto; contrapone que el automotor ingresó funcionando bien y normalmente, que la demandada solo dispuso el mantenimiento expuesto en la orden de servicio; que nada se informa a L. respecto al estado del vehículo y la accionada se limitó a dicha orden de servicio Nº 017503; que el magistrado debió aplicar el art. 40 Ley 24240, imponiéndole a la demandada la prueba que la causa del daño como que le resulta ajena. El segundo agravio afirma que la sentencia omite cuestiones esen-ciales de la prueba producida; que su parte pidió explicaciones al experto y surgen inexactitudes en las conclusiones del perito K., habiendo ocurrido que se llevó el auto para el mantenimiento a la concesionaria, se retiró y se lo devolvió a la firma porque se encendía la luz del aceite y esta nuevamente se lo entregó afirmando que no tenía defecto alguno. Sostiene parcialidad en el perito cuando se refiere a la fotografía adjunta, tomada a más de cuatro años del siniestro, que con todo puede inferirse de sus explicaciones que al menos existió un diagnóstico negligente o defectuoso, en tanto la concesionaria no cumplió con el art. 24 Ley 24240. Afirma que la carga de la prueba correspondía a la demandada (art. 40 Ley 24240) y que no existe una debida dimensión de la pericia, que señala que el usuario volvió una vez porque se prendió la luz del tablero, pero que no se aclaró qué fue lo que revi-só o reemplazó en tal oportunidad y que al retirar el vehículo en segunda oportu-nidad la luz no se encontraba encendida. Formula conclusiones y reserva el caso federal.

La demandada contesta a fs. 372/375, peticiona la deserción del recurso y contesta los dichos de la apelante, rechazando que su parte tuviera que informar acerca de fallas o desperfectos mecánicos que no eran de su conoci-miento ni integraron el pedido consignado en la orden de servicio Nº 017503 y que si aún se objeta respecto a la carga de la prueba, su parte ha probado con la pericia del Sr. K. que la causa principal de la rotura podría haber sido por el desgaste del motor, mal mantenimiento, altas revoluciones, rebajes de revoluciones, bruscas o inadecuadas, velocidades excesivas y que "la rotura no fue por falta de lubrica-ción". Reserva recursos extraordinario y de orden internacional.

Vistos los antecedentes del presente caso y si bien existe discordancia en la solución por parte de mis colegas preopinantes, hay consenso en que el conflicto traído por las partes se encuadra en una típica relación contrac-tual de consumo, una persona que reviste el carácter de empresario proveedora de un servicio y otra persona particular, usuario o consumidor, regido por la Ley 24240 y reformas.

El fallo (fs. 346/348), expone que de la demanda y contesta-ción, no existe controversia en el ocurrimiento del siniestro, pero sí en la respon-sabilidad que el actor atribuye a la demandada y adelanta opinión que la demanda no puede prosperar ya que no se ha acreditado o comprobado en la especie con justeza la relación causa-efecto. Se refiere entonces a las confesionales brindadas por las partes, que vehículo ingresó al taller para realizar el mantenimiento de los 200. 000 km, registrados en la Orden 17503 suscripta por ambas partes y que con-sistían en el cambio de filtros, lubricantes y bujías, reparar el múltiple de escape, revisar correas, pintar y colocar tapa tanque de nafta y revisión de luces y niveles, "mantenimiento que fue realizado satisfactoriamente y que no impidió al actor retirar el vehículo previa firma de la orden". Destaca, asimismo, explicaciones de la pericia sobre factores posibles de los deterioros del motor, forma de manejo, velocidad, que no es posible determinar si el nivel de aceite del motor era el co-rrecto al romperse, que si se confirmó tenía lubricante por lo impregnada que que-dó la carrocería y que la causa principal podría haber sido el propio desgasto del motor o por una mal mantenimiento o manejo inadecuado. Concluye que la de-manda, por no tener apoyatura probatoria, merece ser descalificada.

Se agravia la actora apelante por cuanto la sentencia rechaza la acción por falta de acreditación y o comprobación en la especie con justeza de la relación causa-efecto y contrapone la falta de encuadramiento de la misma en la Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24240 art. 40- con lo que bastaba a su jui-cio la prueba del daño, trasladando la carga probatoria al demandado.

El agravio da de lleno en el fallo, que carece de toda refe-rencia al derecho de fondo y con la norma procesal impone la clásica carga de la prueba a la accionante, omitiendo el contexto normativo protectorio de defensa al consumidor que otorga la Ley 24240, que sin perjuicio de la validez del contrato, no admite la interpretación que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor (art. 37 inc. c Ley 24240), con lo que la solución del fa-llo por ausencia de la relación causa-efecto, además de no atender a la naturaleza de la relación señalada no pudo provenir de la carga de la prueba de la relación causal al usuario o consumidor.

El caso no podía juzgarse sino bajo la normativa especial ya señalada, interpretada con las normas generales y especiales aplicables a las rela-ciones jurídicas entre proveedores de cosas o servicios y el consumidor o usuario, que contrata a título oneroso para su consumo final y donde en caso de duda, se estará siempre a la interpretación mas favorable al consumidor (art. 1, 2, 3 Ley 24240).

Las cuestiones probatorias del proceso civil son naturalmen-te encaminadas en las normas del derecho procesal, pero en el ámbito de la defen-sa del consumidor, bien que el usuario no se encuentre impedida de probar respec-to a su derecho, pero se tendrían por nulas las cláusulas que le impongan la inver-sión probatoria y en la interpretación, el principio es a favor del consumidor y su liberación o aplicación de la carga menos gravosa (art. 3 y 37 Ley 24240).

Por ello resultan remotas las razones del fallo para resolver, rechazando la demanda porque no prueba la parte actora la relación causal y to-mando de la pericia de fs. 296/300, las hipótesis desfavorables pero carentes de prueba cierta. Igualmente inadmisible la misma postura de la parte demandada contestante en esta Alzada a fs. 374, punto 14, cuando pretende constituir en prue-ba en contrario la mera conjetura del perito sobre la razón de la avería del vehícu-lo: ".podría haber sido el propio desgaste del motor.".

La inadvertencia de la vinculación de las partes en una rela-ción del consumo, desubica el debido examen de la relación causal, que no va so-bre la concepción tradicional del contrato y en base a la libertad e igualdad jurídica de las partes, sino que su evolución fue en razón de la debilidad jurídica del usua-rio frente a la empresa proveedora, afianzar su tutela hasta llegar en el año 1994 al rango constitucional con el art. 42 C.N.: ".los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz; a la liber-tad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno" (cf.: "La expansión de la eficacia del contrato en la Ley de Defensa del Consumidor", autores Mónica F. Saieg y Sandra A. Frustagli, en Rev. J. A. Nº 6046, fecha 16/7/97).

Con todo lo expuesto, el régimen de responsabilidad por daños alcanza su máxima expresión con la Ley 24999 de fecha 30/7/98, introdu-ciendo en el art. 40 Ley 24240 de Defensa del Consumidor la responsabilidad ob-jetiva por daños sufridos por los consumidores por vicios o defectos de los servi-cios, sin que se liberen demostrando simplemente que no actuaron con culpa y solo eximiéndose en los casos de ausencia de relación de causalidad por caso for-tuito o fuerza mayor o por culpa de la víctima o por el hecho de un tercero extraño (cf.: "Nuevo régimen de responsabilidad por daños del consumidor en Argentina", autor Gabriel Stiglitz).

Y es el modo deficiente de la prestación del servicio la rela-ción causal que impone responsabilidad al demandado, que no niega el encuadra-miento en la Ley de Defensa del Consumidor invocado por la actora fs. 13, como tampoco negada la condición de Concesionario Oficial de G. M.

Así surge de la OR Nº 017503 - Receptor V. F. Ingreso 15-1-03 (Document. Res. Nº 66/2005, fs. 32/32vta. I), donde los servicios señalados como "Novedad Cliente" - Servicio de Mantenimiento (200.000 km) -Diagnóstico: Cambio de filtros, lubricantes y bujas- no cuentan con las constan-cias de trabajos realizados (reparar múltiple de escape; revisar correas; pintar y colocar tapa tanque de nafta; revisión de luces y niveles). Tampoco cuenta con datos de los rubros fluidos en motor, caja, diferencia, líquido de frenos o niveles, agregados o cambios.

Pero otra omisión más saliente la constituye la falta total de registro de la Concesionaria del segundo ingreso de la unidad automotor Chevrolet Vectra ***-***. El hecho, denunciado en la C. D. de fs. 8, cuando dice que "reti-rado el vehículo el 23-0l-03 y al hacer unas pocas cuadras, el rodado se frena, en-cendiéndose la luz de advertencia de aceite. Por este motivo el vehículo reingresa a vuestro taller y permanece allí tres días más, retirándolo al momento en que los responsables del taller le manifestaron que no tenía nada.".

Este hecho no es negado en la C.D. de fs. 10- íd. fs. 43 (de fecha 23/04/03 expedida A. A. S. A. y si lo niega esta parte a fs. 53vta., punto 3. d), pero la veracidad del reingreso se encuentra probada bajo la actuación notarial de fs. 3/4. Al ser preguntado el Jefe de Taller Sr. G. si se ha verificado el vehículo al ingresar nuevamente al taller por el encendido de la luz de advertencia del acei-te, responde que él no se encontraba "por ingresar a trabajar el día 27 de enero del 2003" y llama a L. V.. Este responde que se acuerda perfectamente del caso, por-que oficiaba como encargado transitorio porque no había Jefe de Taller, que el vehículo fue verificado y probado no detectándose falla alguna por lo que se pro-cede a entregar el vehículo nuevamente. "Por último se le solicita si hay alguna constancia del segundo ingreso del vehículo al taller, por lo que nos muestra una fecha de control del vehículo en cuestión, donde no se registra nada de los dichos del Sr. V.".

La ausencia de conocimiento del usuario de las característi-cas y realización de los servicios instrumentados en la OR. Nº 017503 en el auto-motor del actor y de toda registración del reingreso inmediato en segunda oportu-nidad por encendido de la alarma luminosa, esta vez con absoluta imposibilidad del usuario de tO. conocimiento de las causas dicha alerta y medidas adoptadas por el proveedor, ponen a este incumplimiento contractual en razonable vincula-ción causal con los daños ocurridos en el automotor del actor. Ello, comenzando por el primer ingreso del automotor para el servicio de lubricación, cambio de aceite del motor, el segundo ingreso por encendido de la luz de alarma del aceite totalmente silenciado por la proveedora y finalmente rotura del motor entre otros factores, vinculados a la lubricación del motor (no puede determinarse si el nivel de aceite era el correcto al romperse, informa el perito a fs. 299, punto f.). Desde el punto de vista de la prueba debida por la parte por la proveedora del servicio, la misma no prueba que las causas por las que se funde el motor le resulten ajenas a su parte.

Dicen los autores que se señalan a continuación en título II -La obligación de seguridad en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor- que receptando la opinión unánime de la doctrina nacional y las so-luciones similares dadas por la mayoría de las Código de protección al consumi-dor, la Ley 24240 ha incorporado expresamente el instituto de la obligación de seguridad dentro de la categoría de los contratos de consumo en el Cap. II - In-formación al consumidor y protección de su salud" ("La obligación de seguridad en los contratos de consumo", autores María A. Agoglia, Juan C. Boragina y Jorge A. Meza, en Rev. J.A. Nº 6046 del 16/7/1997, pág. 1 y ss.); con ello por la rela-ción de consumo verificada en autos por el servicio requerido respecto al automo-tor Chevrolet Vectra Dominio ***-***, la parte demandada incumple el art. 4 Ley 24240 por no dar "información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las carac-terísticas esenciales de los mismos" y consiguiente con la obligación de seguridad, ya que por el art. 6 debía observar las instrucciones y normas establecidas para garantizar la seguridad del bien.

En otras palabras, la parte demandada no demuestra el debi-do cumplimiento de la prestación principal respecto al automotor del actor, crean-do la condición de riesgo respecto a dicho bien de sufrir el daño adicional. Señalan los autores precedentemente citados, la ".sola circunstancia de que con motivo del desarrollo de la prestación correspondiente a la obligación principal, se genere un perjuicio adicional al acreedor, origina contra el deudor una presunción de ade-cuación causal, desvirtuable sólo mediante la acreditación de causa ajena" (Traba-jo cit. "La obligación de seguridad.", pág. 11, 2da. col., 2do. párr.).

Por todo lo expuesto estimo debe hacerse lugar a los agra-vios de fs. 364/368.

Persigue la demanda la reparación del automotor compren-dido en autos y el reemplazo de las partes dañadas sin costo adicional alguno y en subsidio, se condene a abonar daños y perjuicios. En principio importa como se expide el segundo voto, por condena a hacer en los términos señalados por el peri-to mecánico designado de oficio y con los alcances señalados.

La ley 24240 no excluye en cualquier caso la opción por parte del consumidor de la reclamación por los eventuales daños y perjuicios que pudieran corresponder, de comprensión del art. 17 LDC, del art. 517 Ley XIII Nº 5 del Digesto Jurídico (antes art. 513 CPCCCh) y normas concordantes, cuya apli-cación corresponde prevenir para el caso de resultar necesario en proceso de eje-cución de sentencia.

Por la revocación de la sentencia que importa el voto prece-dente, corresponde la readecuación de las costas que se imponen a la parte deman-dada, art. 69 Ley XIII Nº 5 Digesto Jurídico (art. 68 CPCCh).

Para regular honorarios rigen los arts. 5, 6, 8 y concords. Ley XIII Nº 4 Digesto Jurídico (art. 6 y concords. Ley 2200), conforme a tales normas y por el mérito de los trabajos realizados y su resultado, son justos los de-terminados en el voto antecedente.

Se tendrán presentes las reservas de los recursos extraordi-narios de una y otra de las partes.

En la Alzada, en razón de la revocatoria, normas citadas y art. 13 Ley XIII cit. (art. 14 Ley 2200), me expido por las costas a la parte deman-dada y propongo asimismo los honorarios del segundo voto.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

Atento las cuestiones consideradas, corresponde el voto que me precede en el presente acuerdo.	Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia del Dr. Alexandre, la siguiente	SENTENCIA:

1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 349 por la parte actora.

2°) Revocar en todas sus partes la sentencia de primera ins-tancia obrante a fs. 346/348.

3°) Condenar a la A. S.A. para que en el plazo de diez días contados a partir de quedar firme repare el motor del automóvil Vectra, dominio ***-*** en su totalidad con cambio de sus piezas y repare los otros elementos deteriorados conforme lo señalado en el considerando pertinente.

4°) Costas de ambas instancias a la demandada. Regular los honorarios de los profesionales de primera instancia correspondientes a los Dres. J. A. G. N. y M. E. J., conjuntamente, en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500), los de los Dres. L. F. M., J. M. F. D. L. C. y P. J. F. T. conjuntamente, en la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) y los del perito me-cánico E. J. K. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800). Por los trabajos realizados en la alzada se establecen a favor del Dr. J. A. G. N. en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) y los de los Dres. L. F. M. y P. J. F. T., conjuntamente en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) (en todos los casos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere).

5º) Tener presentes las reservas del caso federal de fs. 368 y 375.

6º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC"