marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, adulterio, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: G., G.G. c/ B. de G., S.M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Procede el reclamo indemnizatorio por el daño inferido por el adulterio, pues este obrar doloso no posee atenuante que permita sustraerlo del contexto en el que según el fallo plenario "G., G.G.

divorcio vincular", del 20/9/94, es susceptible de reparación el daño moral ocasionado por el cónyuge culpable como consecuencia de tal conducta.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Julio Armando c/ Cruz, Horacio Santos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-01

Conforme lo dispone el art. 273 del C.P.C.C., este Tribunal puede pronunciarse sobre un aspecto omitido, en virtud del requerimiento contenido en la expresión de agravios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Ricardo Daniel s/ Violación - Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia quebrantamiento del art. 124 del C.P. si no se controvierten los fundamentos de los juzgadores utilizados para justificar el encuadramiento del hecho en la figura indicada.
Constitución Nacional, obligación de armarse en defensa de la patria y la Constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abella, Juan Carlos y otros s/ artículo  80,  incisos  2, 6 y 7, etc. del Código Penal -ley 23.077-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

En modo alguno el art. 21 de la Constitución Nacional consagra un derecho que, por encima del marco ordenado del ejercicio de los poderes públicos, tengan los ciudadanos y que puedan ejercer libremente.
Defensa del consumidor, interpretación de la ley, obligación de seguridad, advertencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Salazar, Fernanda Mariana c/ Mercado Libre SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

El deber de advertencia -junto con el de información en general y el de seguridad- constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen protectorio de la LDC (art. 4, 5 y 6) y tiene raigambre constitucional (CN 42). En este punto, "el deber de advertencia se diferencia del deber de informar en que importa un "plus" sobre la información a suministrar: implica poner en conocimiento del consumidor no cualquier cantidad o tipo de datos, sino aquellos suficientes y adecuados para evitarle un daño. De allí que constituye una manifestación específica del deber de informar, que tiene carácter instrumental respecto de la obligación de seguridad.

Esta "obligación del proveedor de advertir al consumidor no está limitada a los supuestos de comercialización de cosas o servicios riesgosos, como a primera vista parecería desprenderse de la letra de la LDC 6. En efecto, esta obligación es exigible con independencia de cuál sea la naturaleza o cualidades del producto o servicio prestado, es decir, aun cuando se trate de cosas o servicios que puedan catalogarse como no riesgosos en sí mismos.

El deber de advertencia existe con independencia de la celebración de un contrato entre proveedor y consumidor. Ello porque la relación de consumo supone una noción amplia y abarcativa que excede la fuente contractual (cfr. Tevez, Alejandra N., "El deber de advertencia en las relaciones de consumo" La Ley 05/05/15).
Daños y perjuicios, actividad riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Posleman, Alberto Amado  c/ Delotte SA y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-01

Una actividad riesgosa 'por las circunstancias de su realización', se da cuando -no obstante no revestir un peligro regular o constante- las modalidades de tiempo, modo y lugar la tornan peligrosa.
Delito experimental, estupefacientes, presunciones, instigación a cometer delitos, tenencia de estupefacientes, periodistas, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " SAIDAN, Alejandro s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14

La simulación de compra realizada por personas de un equipo periodístico que en forma particular y tras recibir una denuncia anónima y en forma encubierta simula una transacción onerosa de sustancia estupefaciente resulta ser constitutiva de lo que en doctrina se denomina "delito experimental", dado que la actuación dolosa del imputado fue bajo la influencia de éstas. En este sentido, el conocimiento previo del comprador (quien de ese modo se coloca en esa posición virtual) neutraliza de antemano la eventual lesividad de la decisión de acción contraria al bien jurídico.Es que en el caso se observa la previa exclusión del peligro exigido por la norma -poner en riesgo la salud pública- puesto que el "comprador" fue quien recibió la droga quedando ésta bajo su órbita de custodia con el fin de presentarla como elemento de prueba ante las autoridades judiciales. Así pues, la situación del provocado estuvo en todo momento bajo el control de quien la genera, constituyendo una mera ficción, un peligro neutralizado a priori sin correlato alguno en el mundo de los objetos y de las relaciones intersubjetivas, el cual según el artículo 19 de la C.N. debió sufrir algún tipo de alteración para habilitar la filtración del poder represivo. Por ello es que el hecho así generado no puede tener significación jurídico- penal respecto de su autor, toda vez que el principio de lesividad obliga a punir únicamente aquellas conductas que pongan en crisis un bien jurídico penalmente protegido. Así, ante el secuestro de la sustancia estupefacientes logrado merced a ese accionar y el correspondiente a un resto de ella (4,3 grs. de cocaína)que lo fue en un sito bajo custodia del imputado, corresponde calificar la conducta descripta como constitutiva del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización y no la de comercialización de estupefacientes.
Competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia penal, encubrimiento, hurto, robo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cejas, Juan Carlos psa. encubrimiento. s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si no resulta con absoluta nitidez que los imputados por el delito de encubrimiento han sido ajenos a la comisión del delito encubierto, es conveniente que entienda el juez nacional que intervino en las actuaciones por la sustracción del vehículo, en razón de la relación de alternatividad existente entre ambas infracciones.
Concursos, martillero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Créditos Punta Alta S.A.C.F. c/ Casescelli, Francisco E. y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

La regla contenida en el art.285 de la ley 19551, que exime a la quiebra del pago de la "comisión de vendedor" al martillero designado, rige tanto en el supuesto de remate realizado en el concurso general cuanto en el efectuado en el concurso especial, pues los gastos de éste último inciden indirecta pero efectivamente en el patrimonio general de la falencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soreire, Sandra Noemí c/ Municipalidad de Huillapima s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

El origen de la cuestión traída a revisión, esto es, la sanción de cesantía de la actora por supuesto abandono de servicios, tuvo como antecedente un procedimiento institucional de cambio de autoridades en el ámbito del Concejo Deliberante del municipio demandado, el que fue oportunamente cuestionado ante este Alto Tribunal por vía de un Conflicto de Poderes, resuelto por Sentencia Definitiva Nro.11/08 dándoles la razón a las autoridades desplazadas y fijando que lo fueron por un procedimiento ilegal e inconstitucional, condiciones que traen aparejada la invalidez de los actos de cambio de autoridades y de todos los actos posteriores a aquella sesión viciada. De pura lógica deviene entonces que, si los actos que se reputan inválidos no se hubieran llevado a cabo, la accionante no hubiera sido desplazada de su cargo. En tal sentido entonces, no puede considerarse legítimo al procedimiento sancionatorio aplicado en el sub lite, si deriva en definitiva, de otro procedimiento anterior, declarado inválido por este Alto Tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), imputado, defensa en juicio, declaración indagatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, JUAN ARMANDO c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Los agravios de la defensa se encuentran desprovistos de un eficiente desarrollo argumental a fin de evidenciar la idoneidad de los mismos para habilitar la instancia de excepción pretendida, puesto que en el caso del aducido estado de indefensión en que se habría hallado el justiciable durante la instrucción, el referido déficit se patentiza con claridad en tanto la compareciente, pese al tenor de su postulación, se conforma con desarrollar sólo tangencialmente las circunstancias en que se produjo la declaración indagatoria del encartado, sin precisar cómo dicho planteo fue introducido por su parte en el devenir del proceso ni cuál fue la respuesta jurisdiccional brindada sobre el punto, omitiendo en consecuencia ensayar una crítica concreta y razonada de los argumentos que sobre la cuestión esgrimió el A quo en el fallo atacado en miras a comprobar de qué manera éstos se conectan con las normas constitucionales que la impugnante dice vulneradas, siendo que surge de los obrados que al tratar dicho tópico, el Tribunal de Alzada advirtió que el acto de defensa material se había practicado en plena armonía con la ley de rito por entonces vigente, puesto que el propio imputado, tras ser informado de los derechos que le asistían respecto a su defensa técnica, había optado por declarar sin la presencia de su abogado defensor; señalando asimismo que las garantías constitucionales en juego y los derechos que la ausencia del Defensor podría haber desamparado sólo habrían sufrido mengua si el inculpado hubiera declarado en contra de su voluntad, o hubiera sufrido una tergiversación de sus dichos, circunstancias que -recalcó- la interesada en ningún momento denunció o puso de manifiesto. (Del voto de la Dra. Gastaldi y el Dr. Netri. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6740, artículo 317.
Abuso de firma en blanco, abuso de confianza
Materia: PENAL
Carátula: CAIRO, Pascual s/ DEFRAUDACION. Abuso de firma en blanco.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

1) Lo que caracteriza el abuso de firma en blanco (art. 173 inc.

4to. CP) es una sanción específicamente reservada a los casos a que se refieren los arts. 1016 y 1017 del Código Civil, es decir exclusivamente para los abusos de confianza.

2) Es condición necesaria para la existencia del mencionado delito que la firma haya sido confiada voluntariamente por el signatario al agente, o sea que no se acredite fraude, violencia o caso fortuito, intimidación o error excusable. NOTA: Se citaron: C.N.Crim. Sala V, c. 15249, 'Schova, E.C.', 8/2/83; Sala II, c. 26968, 'Izquierdo, M. I.', 2/11/82.
Sentencia, nulidad de sentencia, non bis in ídem, violación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BRUSASCA, VICTOR ERNESTO s/ SENTENCIA - NULIDAD - NON BIS IN IDEM
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-12-15

Si al momento de ser dictada una segunda condena, por igual hecho y respecto del mismo imputado, por efecto de la res judicata condena anterior- la Cámara sentenciante carecía de acción penal válidamente promovida, ese pronunciamiento sobre el mismo hecho viola el principio constitucional "non bis in idem".

En relación al presente caso, el codificador opina que se trata de una excepción de cosa juzgada y para cuando, se advierte tardíamente su existencia, expresa: "no hay duda que, en la gran mayoría de los casos prácticos, la deficiencia será advertida durante la instrucción o en la fase preliminar del juicio (oportunidades en que el imputado podrá deducir la excepción de falta de acción), de manera que, para reconocerla, el tribunal competente dictará un auto, pero si la falta de instancia fuera advertida posteriormente, el tribunal de juicio podrá reconocerlo en la sentencia ulterior al debate, lo mismo que podrá hacer el Tribunal Superior si por ello hace lugar al recurso de casación. Y aún cuando no se tratara de una sentencia sobre el fondo, pues sólo ordenara el archivo del expediente, no es correcto hacer una salvedad para el caso en que el proceso no concluya por sentencia (exposición de motivos).-
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palmer, Miguel Horacio y otro c/ Barragán de Rodríguez, Teresita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

La acción no está prescripta si cuando se inició la demanda todavía no se hallaba perimida la instancia ni borrados los efectos interruptivos de la demanda anterior.
Vista de las actuaciones, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: FOYEM. c/ Municipalidad de San Antonio Oeste. s/ Excepciones. Prueba laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-08-08

La recepción de la prueba relativa a las excepciones, conforme al art. 34 Ley 1504, corresponde solamente cuando para su resolución se haga indispensable la producción primordialmente de la testimonial, confesional y pericial. Caso contrario la decisión resulta inobjetable.
Estabilidad del empleado público, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palacios, Stella Maris c/ Municipalidad de Brandsen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Por principio, el personal de planta temporaria -agentes mensualizados y jornalizados- se halla incorporado a un régimen de excepción no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sandoval, David Andrés s/ homicidio agravado por ensañamiento -3 víctimas- Sandoval, Javier Orlando s/encubrimiento causa nº 21.923/02
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Los defectos acerca del incumplimiento de determinados recaudos previstos en el reglamento aprobado por la acordada 4/07 como así también en torno a la oportunidad del planteo federal carecen de entidad a los fines de obstar a la procedencia formal del recurso intentado contra el rechazo de la impugnación contra la resolución que -luego de un nuevo juicio- condenó con prisión perpetua a quien había sido absuelto anteriormente, ya que cabe apartarse de dichas exigencias formales cuando se adviertan violaciones a las formas sustanciales que rigen el procedimiento penal (art. 11 del citado reglamento).

El Dr. Maqueda, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario cuya denegación originó la queja es inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., L. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, DOBLEMENTE AGRAVADO POR SER ENCARGADO DE LA GUARDA Y POR EL APROVECHAMIENTO DE LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON VICTIMA MENOR DE EDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

Las críticas defensivas vinculadas con la determinación de la pena impuesta se reducen a su mera discrepancia con una actividad que -por regla- queda reservada a los Jueces de la causa y que sólo en casos de arbitrariedad o falta de motivación puede habilitar la competencia de este Tribunal, supuestos de cuya concurrencia en el caso no logra la interesada persuadir a esta Corte al no evidenciar una cuestión constitucional que habilite el franqueo de esta instancia de excepción, desde que no acredita que la sanción dispuesta en autos violente los principios constitucionales que invoca de manera genérica, dado que no se hace cargo de fundar por qué considera que la pena aplicada no refleja la medida de la culpabilidad efectivamente probada, ni logra desvirtuar las razones brindadas por la Cámara para concluir que la sanción impuesta al imputado resultaba ajustada a derecho, sin acreditar, en consecuencia, que los Judicantes al decidir como lo hicieron hubieran excedido las posibilidades exegéticas de las pautas legales de mensuración del castigo, ni hubieran resuelto de modo irrazonable o lesivo de garantías constitucio ales.
Falsificación de instrumento público, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: AMENDOLA, Maximiliano Oscar s/ procesamiento Causa nro. 11.919
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La falsificación de documentos públicos no requiere de su uso para dar por consumado el ilícito, su posterior utilización con finalidad delictiva constituye injustos independientes.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, bancos, pretensión, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ ALFIE SALOMON Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

Corresponde hacer lugar al recurso contra una entidad bancaria cuando -como en el caso- los elementos probatorios reunidos son insuficientes para juzgar acreditada la realización de las operaciones que el banco le atribuyó al actor mediante la utilización de la tarjeta de crédito. Ello por cuanto, si bien la ley no impone obligatoriamente la presentación de los cupones que acrediten las operaciones del usuario de la tarjeta, lo que implica su naturaleza meramente probatoria, tal será así en el caso de que a través de otros medios de prueba pueda ser acreditada la utilización de la tarjeta por parte del usuario y consecuentemente el saldo deudor pendiente de pago. Pero cuando los demás medios probatorios no acreditan tal extremo, los cupones se vuelven necesariamente indispensables a los efectos probatorios perseguidos (CNCom., Sala F, "Banco de la Provincia de Tierra del Fuego c/ Dipele S.R.L. y otro", del 04-10-11);

máxime cuando, como en el caso, actúa en representación de los demandados el Defensor Oficial que no tiene la carga de reconocer o negar la autenticidad de la documentación sino que puede diferir su pronunciamiento a lo que resulte de la prueba (CPR: 356 - 1° pár. seg.).
Legitimación activa, contrato de garaje
Materia: CIVIL
Carátula: GIMÉNEZ MARCELO RAÚL c/ VUGLIOTTI MICAELA AYELEN s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-12-30

Conforme los arts. 2197 y 2198 del CCiv, se interpreta que el depositante es todo aquel que tiene la cosa con derecho a uso y goce, como el comodatario, el locatario o el usufructuario, en la medida que tenga vigencia su derecho. Puntualmente según el art. 2215 CCiv, el depositario no puede exigir que el depositante pruebe que es suya la cosa depositada (similar disposición hoy recepta el art. 1365 CCyC), lo cual otorga una relativa irrelevancia al carácter de propietario de aquél, a la par de realzar el principio general "res alia", o efecto relativo del contrato. De modo que el depositante o cliente (sea o no dueño de la cosa) es acreedor de la restitución y, por ende, titular de la acción para reclamar el reintegro o la indemnización correspondiente.

Observaciones: BELLUSCIO-ZANNONI: "Código Civil y Leyes complementarias", Editorial Astrea, edición 2004, reimpresión 2007, T.9, págs.899/902.
Notificación, domicilio legal, cambio de domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: MARRA, SALVADOR JOSE ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO - PRESCRIPCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

La fijación del nuevo domicilio ad liten y su aceptación dejó sin efecto el anterior aún cuando haya sido constituido sólo por la apoderada de la parte actora -esto es, sin el patrocinio del curial-, lo que determina que resultan ajustadas a derecho las notificaciones dirigidas a dicho domicilio, entre ellas, la que comunicó el decisorio que hizo lugar a la demanda de apremio.

Ello, por cuanto del artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia resulta que cada parte no puede tener en juicio sino un solo domicilio legal y que una vez constituido se reputará subsistente mientras no se designe otro, lo que quiere decir que automáticamente queda sin efecto al fijarse un nuevo aunque ello no se diga expresamente.
Personal de casas particulares, prueba, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Holstein, Hilda Celia c/ García, Jaime s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

El art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta de aplicación a los trabajadores del servicio doméstico que se encuentran excluidos de las disposiciones de dicho cuerpo legal (art. 2, ley cit.).
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, monto de la demanda, rechazo parcial de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Colpa S.A. c/ ENTel s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Prosperando la acción en mínima medida, a los fines arancelarios corresponde computar como base regulatoria la totalidad de las sumas reclamadas, sea por vía de asimilar el caso a los supuestos de rechazo total de la demanda (C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, causas Nº 622 y 2782 del 15/9/81 y 31/7/84; Sala II, causa 7583 del 12/10/79; y Sala III, causa 705 del 12/11/82) o de aplicar el criterio que sostiene que la base económica computable está representada por la totalidad de la pretensión objeto de la demanda, comprensiva de la suma por la cual ella prospera como aquella por la que se la rechaza (confr. C.S.J.N. "Salomone, Antonio Pascual", del 20/9/88 y "Cía. Introductora de Buenos Aires S.A.", del 9/3/89).
Embargo, FONDO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE SERVICIO
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: María Luisa Cayana de Salazar c/ René Florencio Juarez y Julio César Peralta s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B- 64273/00 Embargo Preventivo en el expte. Nro. B- 04110/96.L.A. N 45 F 719/721 N 317. y Julio César Peralta s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B- 64273/00 Embargo Preventivo en el expte. Nro. B- 04110/96.L.A. N 45 F 719/721 N 317.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-08-30

Resulta claro que el objetivo perseguido con la creación del FO.NA.VI. fue la de brindar soluciones habitacionales a los sectores más carenciados, situación que -indudablemente- requiriere una condigna protección legal, pero mientras no se dicte el acto legislativo pertinente no existe impedimento alguno para la venta coactiva de los bienes adquiridos mediante dicho sistema.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, expropiación irregular, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: FLAVIA, José María y otros c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Aún cuando pudiera considerarse que los honorarios regulados en un proceso de expropiación inversa son accesorios del crédito principal, por lo que siguen su suerte y al no hallarse consolidada la indemnización debida tampoco aquéllos deben tenerse por incluidos dentro de las prescripciones de la ley que rige esa materia, su cobro se encuentra alcanzado por la disposición contenida en el art. 22 de la ley 23.982.