Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-14


AUTOS N° 9983 "AGÜERO, Primo Marcos C/ Rodríguez, Alejandro Antonio S/ Apelación de Sentencia" En la ciudad de San Juan, a catorce días del mes de junio del año dos mil dieciséis, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Germán Parra, Susana Raed de Rago Gallo y Guillermo Baigorrí bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 9983, caratulados "AGÜERO, PRIMO MARCOS C/ RODRIGUEZ, ALEJANDRO ANTONIO S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: I) Que vienen estos autos a estudio, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por la titular del Tercer Juzgado del Trabajo.

Que radicados los mismos en esta Cámara, y asignados por sorteo a esta Sala Segunda; luego de cumplidos con todos los trámites de rigor y estando consentida la integración de la misma, corresponde avocarme al tratamiento del recurso.

II) Que a fs. 161/172 vta. obra la sentencia definitiva, por la cual se ha resuelto "hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la Sucesión de Rodríguez Alejandro Antonio en la persona de sus herederos Sres. María Alejandra Gómez y sus hijos menores... a pagar al actor...asimismo condena a entregar certificación de servicios y aportes previsionales e impone las costas en un 95% a la demandada y en un 5% a la actora, difiriendo la regulación de honorarios"; cuyos fundamentos, si bien serán abordados a lo largo del presente, por cuestiones de brevedad, al fallo me remito.

II 1) A fs. 180/188 vta. obra la expresión de agravios de la apelante; los que son evacuados a fs. 193/197.

II 2) Adentrándome al análisis del recurso traído a estudio en primer lugar cabe señalar que los temas en debate a resolver en esta instancia están referidos a) a la fecha de ingreso del actor como dependiente del Sr. Alejandro Antonio Rodríguez; b) la justificación del despido; c) por la procedencia de la multa prevista en el art. 2° Ley 25323 y e) respecto de la procedencia de la condena a los herederos.

Los temas referidos precedentemente constituyen la crítica del apelante, los que son rechazados por la actora, quien entre sus argumentos cuestiona además la fundamentación de los mismos achacándole el no incumplimiento con el art. 253 CPC.

II 3) Con carácter previo al análisis de cada uno de los agravios en particular, adelanto opinión que, salvo lo que acontece con el tercer agravio expuesto, la fundamentación del recurso expuesta por el apelante se encuentra ajustada a las exigencias impuestas por el art. 253 CPC, toda vez que se extrae de la misma una crítica concreta y fundada de las partes del fallo que se han considerado erróneas; por lo que, el planteo esgrimido por el apelado sobre la deserción del recurso propicio que sea rechazado.

III 1) A efectos de emitir mi voto, y en referencia al primer agravio planteado por el apelante acerca de la fecha de ingreso que corresponde considerar debidamente acreditada en autos, me permito adelantar que le asiste razón ala crítica expuesta y en consecuencia debe estarse a favor de las constancias registrales llevadas en debida forma por la patronal.

Si bien es cierto que la actora arguye que inició su prestación de servicios varios años antes de la fecha consignada en la documentación laboral, y a tal efecto acompaña fotocopia simple de una supuesta carta documento remitida al demandado en el año 2000, lo concreto es que el trabajador no acreditó en estos autos la existencia de dicha carta documento, en primer lugar porque la fotocopia acompañada carece de valor suficiente para ello, y además porque el resto de las pruebas llevadas a cabo a tal efecto no arrojaron resultado positivo habida cuenta que el correo argentino en respuesta al oficio cursado manifestó que por el paso del tiempo no contaba con las reservas de dicha documental .

Ante tal circunstancia y por principio general, ante la negativa de la demandada a reconocer la prestación de servicios en la fecha indicada, incumbe al trabajador acreditar suficientemente la prestación de servicios desde el momento que aduce, y demostrar la falsedad de los asientos en la documentación laboral contando para ello con la facultad de utilizar todos los medios de prueba a su alcance.

Sobre el tema de la valoración de las probanzas rendidas en la causa, y si bien es criterio pacífico que los jueces se encuentran facultados para apreciar libremente las mismas según la sana crítica racional; no debe perderse de vista que esta Sala ha sostenido reiteradamente el valor que a priori debe otorgarse a las constancias registrales.

A tal efecto me permito transcribir el voto emitido por el ex Vocal de esta Sala Dr. DELFOR EDGARDO BENITEZ: "El primero de los agravios traídos por el recurrente, tiende a poner en crisis lo decidido respecto a la fecha de ingreso de la trabajadora, acudiendo a circunstancias que expone, y que desde su punto de vista, aparecen como erradas.

Procediendo a analizarlas, se desprende la sinrazón del planteo ante la contundencia de los argumentos del sentenciante, que en la especie pone de manifiesto la validez acreditante de los medios tomados en cuenta para decidir como lo hace. Nótese que el recurrente parece poner en la cúspide de la pirámide valorativa, a las declaraciones de testigos por sobre las constancias de la documental, en este caso los recibos, presentados por la misma actora.

Es de recordar que este Tribunal se asienta en el criterio mayoritario que sostiene que el valor probatorio de las pruebas documentales, cuando son llevadas en forma regular, obran en favor de la patronal y está asistida por un rigor lógico indudable, ya que de no ser así, no tendrían razón de ser las normas que obligatoriamente deben cumplir lo empleadores al respecto. Frente a las constancias obrantes en la documental traída al juicio, la testimonial con la que se pretende desvirtuarla, debe ser analizada valorativamente con un rigor mayor de exigencia y severidad. El sentenciante ha procedido dentro de ese esquema, tal como expresamente lo dice en el resolutorio.

Ergo, el agravio deberá rechazarse y en consecuencia deberá confirmarse el decisorio recaído en el aspecto en cuestión, con las consecuencias derivadas que tengan que ver con ello." (AUTOS N° 9209 "CABALLERO AVILES, MONICA LILIANA C/ CENTRO DE SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICIA DE SAN JUAN (CESAP) S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" 29/08/2013).

Tal como surge de lo dicho en el fallo transcripto, y aún con la convicción que las constancias registrales pueden ser desvirtuadas por otros medios de prueba que la contradigan, si los mismos se reducen exclusivamente a declaraciones testimoniales, los dichos de los testigos deberán ser contundentes, creíbles y que por la justificación de sus dichos excluyan todo tipo de duda.

Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que: "Cuando se trate de dar por probado un hecho sólo por prueba de testigos, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y no dejar dudas". (CNCiv. Sala F 31/10/79, LL 1980 A 138). Ello debe ser apreciado con mayor rigurosidad en los casos de testigo único.

A modo de conclusión, y en referencia a este primer agravio, considero que las declaraciones de los testigos rendidas en la causa, a mi criterio carecen de entidad suficiente, coherencia, precisión y justificación en la razón de sus dichos para desvirtuar las constancias registrales llevadas en debida forma por la patronal; y, en consecuencia, propicio, por tal motivo que el fallo puesto en crisis sea modificado, debiendo tener por válida la fecha de ingreso correspondiente al actor que fuera consignada en las constancias registrales.

Atento la solución propiciada y quedando descartada la hipótesis de registración defectuosa, también deberá dejarse sin efecto la condena al pago de la indemnización especial prevista por el art, 1° de la ley 25323.

III 2) Abordando el segundo tema traído a debate por el apelante, referido a la justificación del despido, corresponde formular algunas consideraciones, las que resultarán la motivación de mi voto.

La causa de despido comunicada por el empleador cuya copia obra a fs. 48 de autos en su parte pertinente dice: "...a efectos de expresarle a través de este medio fehaciente que como consecuencia de la enfermedad que padece el suscripto que motiva no poder atender el negocio de cerrajería,... está obligado a cerrar definitivamente el mismo y proceder a formalizar el despido a ud., ...".

Sin perjuicio del intercambio epistolar seguido entre las partes, el a quo al momento de resolver sobre la calificación del despido, entendió que la enfermedad del empleador no constituía una justa causa para finalizar el vínculo laboral, y que si la intención era ampararse en la supuesta hipótesis de fuerza mayor debió haberlo expresado explícitamente y en esos términos en la comunicación del distracto, toda vez que el art. 243 de la LCT obliga a comunicar la causa del despido imposibilitando variar la misma con posterioridad.

Ahora bien, adentrándome al análisis de la crítica expuesta por el apelante, considero que en la aplicación de las normas del derecho laboral debe tenerse en cuenta la primacía de la realidad y el contenido del valor justicia contemplando para ello no sólo la literalidad de la norma, sino también, aquéllas cuestiones de la realidad que tipifican cada caso concreto.

Si bien es cierto, la causa expuesta por el empleador fue la imposibilidad de mantener la cerrajería abierta por padecer de una enfermedad terminal, que de hecho acabó con su vida a los pocos días del distracto, en realidad debe interpretarse que en el caso concreto se presentaba una situación imprevista y de imposible solución a los efectos de mantener la explotación comercial y el vínculo laboral.

Debe tenerse en cuenta que el negocio se trataba de una pequeña explotación comercial atendida personalmente por el difunto Sr. Rodríguez y por el actor, pero que requería de conocimientos específicos propios del oficio, o sea del objeto de la explotación comercial. cual era la cerrajería, reparación de cerraduras, apertura de puertas trabadas, confección de llaves, etc.

Tampoco puede perderse de vista que el demandado explotaba en forma personal, sin la existencia de un socio, un hijo u otra persona que pudiera continuar con la explotación del mismo y el mantenimiento de la dación de trabajo.

Aún en la convicción que la enfermedad del empleador no está tipificada como una causal especial para la aplicación de la indemnización reducida, lo cierto es que el art. 247 de la LCT prevé específicamente la hipótesis de fuerza mayor.

Debe entenderse que la fuerza mayor es un acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse, Traído a nuestro ámbito de aplicación, la Ley de Contrato de Trabajo con el fin de reglamentar los derechos constitucionales reconocidos a los trabajadores en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en particular sobre el derecho a la "protección contra el despido arbitrario" ha pretendido contemplar las situaciones de la extinción del vínculo laboral por cuestiones no imputables al empleador, o que excedan el arco de responsabilidad que le compete en su calidad de resultar la parte fuerte de la relación laboral.

En esta inteligencia, analizados los acontecimientos y las constancias de la causa, me permito disentir con el fallo de primera instancia y entender que de la interpretación integral de la comunicación del despido, de la decisión del cierre del establecimiento motivado por la imposibilidad cierta y concreta de continuar con la explotación del mismo; configura una verdadera causa de fuerza mayor que justifica el despido por el cierre del negocio y que además habilita la procedencia de la indemnización reducida prevista en el art. 247 LCT.

Permítaseme aclarar que entiendo que en los acontecimientos analizados en el caso concreto, no se configura un cambio o variación de la causal invocada para el despido, sino que la interpretación que corresponde otorgarle a la causa invocada oportunamente es la existencia de fuerza mayor derivada de la enfermedad terminal, de la imposibilidad de mantener la explotación comercial caracterizada por todas las circunstancias descriptas oportunamente, tales como la inexistencia de socio ni ninguna otra persona que contara con conocimientos suficientes del oficio para que continuara con la explotación del negocio.

Ante estas circunstancias, la aparición de la enfermedad terminal en la salud del empleador que a la postre terminó con su vida a pocos días de la extinción del vínculo y cierre del establecimiento comercial, constituyeron un impedimento material para poder arbitrar medidas tendientes a garantizar la explotación del comercio.

En tal sentido la jurisprudencia ha sostenido: "Dada la especificación técnica y científica que revestía la actividad desarrollada por el empleador, así como las condiciones personales de este, no puede sostenerse que estaba a su alcance la posibilidad cierta y concreta de llevar adelante la explotación del consultorio médico por lo que la situación debe ser enmarcada dentro del supuesto de fuerza mayor que justifica la aplicación del art. 247, LCT" (CNNTrab. Sala II, 26 11 2002 "Kroug Ibarra Alsacia L. v. Leucht, Federico J.").

A mi criterio, la enfermedad terminal que padeció el actor, las particularidades de la explotación comercial y la imposibilidad de continuar con la explotación comercial, constituyen sin duda una causal de fuerza mayor no imputable al empleador, que a mi criterio justificaron la decisión del cierre del negocio comercial y por consiguiente la extensión del vínculo.

Por ello propicio que debe modificarse el fallo, y en consecuencia, condenarse al pago de la indemnización por despido reducida conforme a la previsión del art. 247 LCT.

III 3) El tercer agravio planteado por el apelante está dirigido a cuestionar la imposición de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25323. Sobre el particular me permito aseverar que la crítica expuesta no constituye un cuestionamiento razonable y concreto a los fundamentos del fallo sobre el particular por lo que corresponde rechazar este agravio en función de lo previsto por el art. 253 CPC.

III 4) Finalmente, el cuarto agravio expuesto por el apelante está dirigido a cuestionar la condena contra los herederos del empleador difunto.

En tal sentido considero que resulta inaceptable la crítica e inoportuno el espíritu de su planteo. No debe confundirse la calidad de heredero con la calidad de obligado al pago en virtud de ello.

Conforme al planteamiento esgrimido por el quejoso, entiendo que el mismo resulta inoportuno, toda vez que los argumentos que en el agravio se exponen deberán ser invocados al momento de la ejecución de sentencia y no en esta etapa del proceso, por tal motivo propicio que este agravio también sea rechazado.

IV) En virtud del art. 264 CPC y atento el resultado que propicio corresponde disponer la adecuación de las costas impuestas en primera instancia, las que se imponen en un 60% a la actora y el 40% restante a la demandada (art. 125 CPL).

V) Conforme el resultado que propicio corresponde imponer las costas de esta instancia en un 70% al actor y en un 30% a la demandada (art. 125 CPL), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

Así voto.

LOS DOCTORES GERMAN PARRA Y SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJERON: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhiere al mismo.

Por todo ello el Tribunal, por mayoría RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y modificar el fallo recaído en autos en primera instancia de conformidad a las pautas establecidas precedentemente.

II) Adecuar las costas de Primera Instancia conforme lo expuesto en el pto. IV) e imponer las costas de esta instancia de conformidad a lo determinado en el pto. V) de los considerandos precedentes conforme art. 125 CPL; y diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

III) Ténganse presentes las reservas de derecho formuladas.

IV) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.

V) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.