Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31


SENT Nro. 836 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 31 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y René Mario Goane -por excusación del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora en autos: "Banco Río de la Plata S.A. vs. Marteau Patricia María s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 23/4/2002 que hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, revoca la sentencia de fecha 10/4/2001 haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título y ordenando llevara adelante la ejecución únicamente por las cuotas que se encuentren vencidas e impagas.

II.- El recurrente ataca la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma es arbitraria; que incurrió en infracción a normas de derecho otorgando a la cuestión una gravedad institucional inusitada.

Le agravia la sinrazón sentencial que se ha basado en un supuesto inexistente y argumentado artificiosamente al haber entendido que el Banco ha realizado una resolución extrajudicial del contrato y de esa manera que la cláusula XI permitía al Banco elegir un proceso judicial o un proceso extrajudicial. Que ello es una falacia toda vez que, a poco que se lea la cláusula se concluye en que el pacto realizado sólo permitía al banco ejercitar el pacto comisorio mediante la vía judicial. Pero aun cuando se concluyera que el Banco podía elegir entre las dos vía, resulta indudable que el Banco ha ejercido la vía judicial para requerir la resolución y en ese supuesto no es necesaria la comunicación del párrafo tercero del art. 1204 CC.

Señala que la sentencia ha prescindido de la prueba esencial omitiendo la consideración y análisis del pacto de las partes, que ésta ha sido errónea y falsamente interpretada por la sentencia en crisis pues no ha tenido en cuenta el verdadero espíritu de la cláusula décimo primera que era la resolución judicial del contrato de mutuo pues las partes así convinieron, así como dar inicio a la vía judicial del pacto comisorio convenido en dicha cláusula con lo cual el fallo ha interpretado incorrectamente la interposición de la demanda así como los hechos sobre los cuales ha versado el proceso al ponderar la posibilidad del ejercicio extrajudicial de la vía resolutoria dejando de lado sin fundamento alguno a la posibilidad del ejercicio de la vía judicial de la facultad de la norma comisoria, sea expresa o tácita.

De allí que considere que la sentencia ha infringido la norma del art. 1204 CC que contempla el pacto comisorio tácito o legal y el expreso; que a su vez queda claro que el acreedor puede ejercer estas cláusulas de dos maneras: extrajudicial y judicialmente, formas que son sostenidas incluso por el autor Ramella, citado en la misma sentencia. Por ello, manifiesta que ha quedado claro que la Cámara ha hecho una mala interpretación de las vías por las cuales se puede ejercitar la cláusula comisoria y por tanto ha aplicado en forma errónea el derecho. Además, considera infringida directamente la norma de derecho por cuanto, citando doctrina, sostiene que el requerimiento de intimación previa no es necesario cuando se recurre a la vía judicial pues basta un incumplimiento imputable y la mora del accionado y ello también en el pacto comisorio expreso en donde no es necesario la comunicación fehaciente de la voluntad de resolver a que alude la ley, que es propia de la resolución extrajudicial. Agrega el recurrente que en la especie, ello es con mayor razón cuanto que las propias partes expresamente así lo han convenido Le agravia, entonces, que la sentencia no interprete la cláusula XI en el sentido de que sólo otorgaba al banco una posibilidad: la de la resolución vía judicial. A su vez que sólo haya visto la resolución extrajudicial en el pacto expreso apegándose a la letra de la ley sin tener en cuenta que el mismo pacto expreso puede ser convenido en la inteligencia de que su ejercicio no se hará por el sistema del párrafo tercero sino por otro distinto (por ej.: por demanda). Y que, por ello, el art. 1204 sólo engloba un sentido interpretativo de la voluntad de las partes cuando ella no ha sido más amplia que lo que la propia norma dice. Cita doctrina en este último sentido. Por ello considera también violados los arts. 1197 y 1998 CC pues se ha quitado importancia a lo que las partes han convenido.

Le causa gravamen también el que no se haya considerado que la demandada, si bien niega la deuda, luego la reconoce por un monto menor por lo cual no se ha cumplido con los requisitos para hacer viable la excepción de inhabilidad de título interpuesta. Cita los párrafos del juez a quo a tenor de los cuales la demandada no acreditó que el importe reclamado no sea el efectivamente debido por capital así como que intimada de pago no demostró ánimo de pagar depositando la suma de lo que estima adeudar así como que reproduce párrafos del escrito de expresión de agravios de la demandada de los cuales surge, a su criterio, un expreso reconocimiento de deuda.

Propone doctrina legal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la contraparte solicita el rechazo del recurso interpuesto, por las razones expuestas en el memorial de fs. 216/235.

III.- Por auto interlocutorio del 24/4/2003 la alzada concede el recurso de casación correspondiendo en esta instancia el examen de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en embate entiende que se ha hecho uso de las facultades que confiere el art. 1197 CC conviniendo los litigantes en la cláusula XI del contrato que la falta de pago en tiempo y forma de cualquiera de las cuotas de amortización del capital e intereses, o el incumplimiento de las demás obligaciones contraídas por la parte deudora en la presente, provocará la mora automática sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna y dará derecho al Banco acreedor a considerar vencidos los plazos convenidos e iniciar la acción judicial correspondiente por el capital; que ello significa que se ha insertado una cláusula accidental conviniendo el pacto comisorio expreso legislado en el art. 1203 y 1204 CC y 216 Cód. de Comercio. Cita doctrina en relación al pacto comisorio y la falta de necesidad de que haya mediado una convención a los efectos de la exigencia de devolución del capital ante la falta de pago de los intereses en el período convenido. Estima que de la cláusula XI del contrato surge que el Banco está facultado a declarar la resolución contractual por voluntad suya extrajudicialmente frente al incumplimiento de la otra parte, considerando vencidos los plazos convenidos e iniciar la acción judicial por el capital, intereses, pero que también podía obtenerla pidiéndola por vía judicial. Invocando nuevamente a la doctrina en punto a lo necesario a fin de que tenga lugar la resolución extrajudicial por declaración del acreedor, considera cumplido en el caso el requisito del incumplimiento previsto en la cláusula comisoria, añadiéndose que la mora en los supuestos de estas cuotas vencidas era automática por lo que no existía necesidad de interpelación o requerimiento moratorio. A su vez, en relación a la comunicación que debe formular el acreedor haciendo saber al deudor que opta por la resolución, aplica el art. 1204 párr. 3° y entiende que era necesario que el acreedor comunique a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver, ya que el pacto comisorio no se aplica de modo automático; que los efectos del pacto se aplican de pleno derecho luego de esta comunicación. A su vez señala -siguiendo a doctrina y jurisprudencia que cita- que el requisito del art. 1204 CC es indispensable para la resolución extrajudicial pero que no representa un presupuesto necesario para reclamar judicialmente la resolución. Considera el juego del pacto comisori o en el contrato de compraventa, y aplicando jurisprudencia, reitera que, existiendo un pacto comisorio expreso, el mero incumplimiento del deudor no produce la resolución del contrato sino que es indispensable que el acreedor diligente comunique fehacientemente al deudor incumpliente su voluntad resolutiva.

Analiza luego el alcance de la cláusula XI y el sentido de sus términos para llegar a la "resolución extrajudicial". Al respecto entiende que la caducidad de los plazos de las cuotas posteriores, aunque esté pactada de pleno derecho, no se producirá hasta que el Banco acreedor comunique tal voluntad de considerar vencidos los plazos pactados, requisito indispensable para provocar tal resolución contractual sin acudir al tribunal judicial y ejercitar el derecho a demandar directamente por el capital e intereses adeudados; que en su defecto debía ocurrir por la vía judicial y demandar la resolución pues en este caso la notificación de la demanda importa una comunicación fehaciente. Expresa que la cláusula mencionada le da un derecho o facultad de opción al acreedor que es lo que caracteriza al pacto comisorio, por tanto puede o no ejercerlo, ya que puede optar por no resolver el contrato accionando únicamente por las cuotas vencidas. De allí es que debía comunicar, previo al inicio del juicio, que declaraba la caducidad de todas las cuotas adeudadas. Al omitirla no provocó la resolución del contrato extrajudicialmente por lo que debió requerirla judicialmente con la consiguiente restitución del total adeudado donde utilizará la notificación de la demanda de resolución como comunicación fehaciente. Agrega que esta comunicación no podía obviarse porque hace a la esencia del pacto comisorio expreso.

Por lo expuesto, no considera operada la resolución contractual por lo que revoca la sentencia apelada, rechazando el reclamo por la totalidad de la deuda, haciendo lugar a la ejecución únicamente por las cuotas que se encuentren vencidas e impagas hasta la conclusión del trámite de la causa.

De otro lado, desestima el agravio referido a que se produzca en esa segunda instancia la pericial contable solicitada en tanto no corresponde en el marco del juicio ejecutivo controvertir la legitimación de la causa; que el recurso es en relación por lo que no se admite la apertura a prueba (art. 800 CPCCT), rechazándose, por ende, dicho pedido.

En relación a la tasa de interés considera la cláusula 5° del contrato concluyendo en que la acumulación de intereses compensatorios y moratorios es posible porque responden a causas distintas. Si bien considera la autonomía de la voluntad (1197 CC) estima, en función de lo normado por el art. 652 2° párr. CC, que los mismos no deben superar el 2% mensual por todo concepto, en función del tope promedio admitido en el mercado financiero hasta antes de la reforma cambiaria, para las deudas en dólares estadounidenses. Asimismo tiene en cuenta dicha cláusula (5°) para denegar el agravio referido al anatocismo desde que la propia demandada lo admite cuando, como en el caso, ha sido convenido entre deudor y acreedor anterior al momento en que se contrae la obligación.

Concluye haciendo lugar a la excepción de inhabilidad de título y en consecuencia rechazando la demanda por el reclamo del total de las cuotas del capital adeudado, haciendo lugar a la ejecución únicamente por las que se encuentren vencidas hasta la conclusión del trámite de este juicio con más intereses. Las costas las impone a la demandada por la suma que prospera la ejecución y a la actora por la que es rechazada.

V.- De la confrontación de los términos del recurso de casación con los expuestos por la sentencia en crisis se advierte que asiste razón al recurrente. Teniendo en cuenta el tipo y objeto del presente proceso -ejecución hipotecaria-, la excepción interpuesta -inhabilidad de título-, las constancias de autos, especialmente los agravios casatorios y considerandos sentenciales, es dable, en forma liminar, efectuar ciertas consideraciones tendientes a precisar el marco litigioso que parece llegar a esta instancia de algún modo desenfocado.

Ello así porque, de lo que se trata es de examinar la habilidad de un título ejecutivo cual es la escritura hipotecaria. La excepción de inhabilidad de título se sostiene en argumentos que esencialmente apuntan a poner en cuestión, dentro de los requisitos de admisibilidad del instrumento, el de la exigibilidad de las cuotas no vencidas. Al respecto, se sostiene que no existe ni caducidad automática de los plazos, ni automaticidad de la mora, habiendo debido el Banco efectuar dos -o al menos una- comunicación a tales efectos y que, al no haberlas efectuado, la deuda no es exigible. De su lado, la Cámara ha reconocido la automaticidad de la mora. Sin embargo, sostiene que tratándose de una "resolución extrajudicial", el Banco debía haber comunicado la voluntad de resolver -de considerar caducos los plazos de las cuotas no vencidas- a la ejecutada, a fin de poder luego, ejecutar la hipoteca respecto de ellas. Y ello, dice, pues la comunicación referida es de la esencia del pacto comisorio expreso.

Ahora bien, el pacto comisorio es una cláusula del contrato. Al afirmar que el pacto comisorio es una cláusula, supone dejar sentada una premisa que servirá para concluir que, tanto el régimen anterior como el posterior a la resolución están gobernados por el contrato; que es verdad que, ante el silencio de las partes, en muchos casos acudirá la ley supletoria a llenar el vacío, pero ello no autoriza a sostener que en tales casos la fuente de la regulación esté en la ley, produciéndose un dislocamiento del contrato que conspirará contra una correcta interpretación (López de Zavalía, Teoría General de los Contratos. Parte General, pág. 386).

Así entonces, existiendo una cláusula expresa en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que se refiere al incumplimiento del deudor cabe estar a sus términos para conocer y aplicar el régimen que debe seguirse en la especie. Como bien se advierte, en el sub examine, la cuestión queda centrada en la interpretación de la cláusula XI del contrato del caso que estipula la mora y la caducidad de los plazos.

De sus términos literales, de su espíritu, del contexto en el que se la redacta y a la luz del principio de autonomía de la voluntad emerge, como bien lo ha interpretado la sentencia de primera instancia, que tanto la mora como la caducidad de los plazos de las cuotas no vencidas operan automáticamente. En lo que hace a la mora, la Cámara así lo afirma y en ello, por ende, no existe agravio. Sí radica éste en la solución del tribunal de alzada que exige, en el caso, la comunicación de la voluntad del ejecutante de dar por caducos los plazos de aquéllas como paso previo a su reclamación. No obstante, en este aspecto, tampoco se observa la exigencia de tal notificación previa para que opere la caducidad de los plazos convenidos. Los términos contractuales son claros en cuanto a que tanto la caducidad de los plazos de las cuotas futuras como la mora operaban automáticamente.

"La deuda, para ser ejecutada, debe ser de plazo vencido y no estar sujeta a condición. Cuando la deuda deba pagarse en cuotas, solamente pueden perseguirse las vencidas, a menos que (como en el caso), se haya estipulado la caducidad de los plazos, cláusula que por ser de estilo en todas las escrituras hipotecarias, hace olvidar el principio rector en la materia" (conf. Highton, Elena, "Juicio Hipotecario", T. I, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 380). No puede soslayarse entonces, a esta altura del razonamiento, que estas cláusulas suelen ser frecuentes en los contratos hipotecarios y que, en el marco del título ejecutivo de la hipoteca, no resulta razonable considerar que el banco acreedor se haya sometido a una doble interpelación como lo sostiene la ejecutada.

Por todo lo expuesto, no se trata, en el caso, de aplicar "in totum" la doctrina emergente de los arts. 1204 CC y 216 Cód. de Comercio, toda vez que la automaticidad de la caducidad de los plazos regulada por la autonomía de las partes lo hace, de cualquier forma, innecesario. Ya no se trata de analizar entonces, si procede una "resolución extrajudicial" (que requiera una previa comunicación) o estamos ante un supuesto de "resolución judicial" (que no la requiera) pues la admisibilidad del presente juicio no supone lo primero, ni tiene el juicio ejecutivo por objeto lo segundo. Nótese que la ejecución hipotecaria es un proceso destinado a "hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con el derecho real de hipoteca, y acuerda la respectiva pretensión contra el deudor, el tercer poseedor o la persona que dio la garantía". Es un "procedimiento destinado al cobro judicial de esta clase de obligaciones" (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 684). Es decir, es un proceso tendiente al cumplimiento de la obligación debida. De allí que es inadmisible pretender aplicar en toda su extensión y sentido una norma que establece el régimen de la resolución contractual (art. 1204 CC) a un aspecto puntual de la convención entre partes como lo es la caducidad de los plazos de las cuotas futuras cuando, como en el cas o, el mismo ha sido expresamente previsto en su automaticidad.

De lo expuesto, resulta que el título base de la ejecución es hábil para el reclamo del capital, comprendiendo su monto no sólo el de las cuotas vencidas sino también el monto que por tal concepto corresponda de las cuotas no devengadas; debiéndose dejar en claro que la caducidad de los plazos que se reconoce automática en la especie, no implica que el título sea hábil para reclamar los intereses no devengados por períodos no transcurridos pues ellos no están adquiridos o ganados para el acreedor.

A su vez, se advierte que el régimen de los intereses fijado por la sentencia en crisis no ha sido motivo de recurso en esta instancia casatoria por ninguna de las partes por lo que quedan inmodificados.

De otra parte, cabe hacer notar que las circunstancias referidas a: a) haber variado la normativa vigente en torno a los créditos hipotecarios; b) que el préstamo fue concedido originariamente según el sistema francés; c) estar fundadamente cuestionado el importe del capital demandado por la ejecutada; d) que no está impugnado por el recurrente el criterio del tribunal de alzada de diferir para la ejecución de sentencia la determinación del importe por el que procede la presente ejecución hipotecaria, tornan -todas ellas- procedente aplicar idéntico procedimiento y diferir la determinación del importe de capital e intereses a la etapa de ejecución de sentencia.

Lo analizado precedentemente decide la cuestión por lo que se torna innecesario analizar puntualmente el resto de los motivos explicitados en el recurso de casación incoado.

Por todo lo expuesto, se concluye en que corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la actora, y casar la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: "Habiéndose pactado, en un mutuo hipotecario y para el caso de incumplimiento de la deudora, la automaticidad de la mora y la caducidad automática de los plazos otorgados inicialmente para el pago de sus cuotas, para la procedencia de la ejecución hipotecaria respecto del total adeudado no corresponde exigir notificación fehaciente de acreedor a deudor de su voluntad de resolver el contrato", dictándose como sustitutiva, la siguiente: "I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada Patricia María Marteau y, en consecuencia, ORDENAR LLEVAR ADELANTE parcialmente la presente ejecución promovida por el Banco Río de la Plata S.A. en contra de Patricia María Marteau, hasta hacerse la parte acreedora íntegro pago del capital efectivamente adeudado, con más los intereses pactados hasta el efectivo pago, costas y gastos. El importe se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo considerado".

VI.- Las costas de todas las instancias se imponen del siguiente modo: por la parte que prospera la ejecución, a cargo de la demandada; y por la parte en que no quedara admitida (en caso de que así resultare en la liquidación a practicarse en el procedimiento de ejecución de sentencia) lo soportará la actora.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 23/4/2002. En consecuencia, casar el pronunciamiento de acuerdo a la doctrina legal enunciada precedentemente, dictándose como sustitutiva, la siguiente: "I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada Patricia María Marteau y, en consecuencia, ORDENAR LLEVAR ADELANTE parcialmente la presente ejecución promovida por el Banco Río de la Plata S.A. en contra de Patricia María Marteau, hasta hacerse la parte acreedora íntegro pago del capital efectivamente adeudado, con más los intereses pactados, costas y gastos. El importe se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo considerado". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO RENE MARIO GOANE