Acción contencioso administrativa, nulidad del acto administrativo, daños y perjuicios, daño actual, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vera Gonzalez, Alcides Juan c/ Estado Provincial y Deca s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción o  Ilegitimidad o Anulación - Recurso Extraordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-12

Por la presente acción contencioso administrativa se persigue la nulidad del acto administrativo, la que al resultar procedente permite abordar el segundo aspecto de la demanda, ello es el resarcimiento pecuniario por el daño económico que la actora afirma haber sufrido por sus consecuencias; toda vez que aquello, sumado al hecho de que la actora, al plantear los recursos administrativos previos, señaló los daños que luego reiteró en este ámbito y respecto de los cuales la administración nada dijo. Respecto del rubro daño actual, se configura según el actor por el accionar de la demandada -empresa de energía- que habiendo otorgado un permiso de uso de postes de tendido eléctrico para instalar la red de cable coaxil para televisión, procedió a cortarlos manu militari. Ante esta circunstancia y ante la inutilización de los cables y demás elementos cuantifica el daño.

En tal sentido la demandada, al contestar demanda, argumenta que la actora no le notificó fehacientemente el comienzo de la instalación del cableado a fin de autorizar e inspeccionar las labores realizadas, lo que no resulta de recibo.

En efecto, la Resolución Administrativa que concedió y autorizó el permiso no contiene ninguna expresión que indique que la actora debiera notificar algo a la demandada; por el contrario las notificaciones que en ella se indican estaban a cargo de la Administración.

En consecuencia, si la actora fue notificada de la autorización para iniciar los trabajos, se creó con ella la convicción de su correcto obrar, tal como lo hizo.

El otro argumento tampoco es de recibo. Alegar que luego de dictada la segunda Resolución Administrativa por la que se dejó sin efecto aquella autorización -que por el presente y como primera cuestión se anula- se intimó a la actora al retiro de los cables instalados y que ante el incumplimiento no quedaba otro camino que hacerlo ella misma, no encuentra sustento, toda vez que la actora, ante dicha intimación no guardó silencio y en su contestación advirtió a la demandada que había articulado un recurso jerárquico respecto de la segunda resolución, y que por ello carecía de firmeza hasta tanto se decidiera sobre el particular.

Si se toman en cuenta las fechas de los sucesos -5 de junio intimación, 8 de junio contestación , 25 de junio retiro de los cables-, el acto de la administración deviene arbitrario, por lo que el rubro indemnizatorio es procedente.

Para la fijación del monto en la etapa de ejecución de sentencia, se tomará la cifra histórica fijada en A 52.027,43, convertida en $5,20, que debe ser actualizada hasta el 31 de marzo de 1991, aplicándosele el índice de precios al consumidor nivel general más un interés por igual período del 6% anual. Al monto que de este cálculo resulta -$ 10.057,24- a partir del 1º de Abril se le aplicará la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central hasta su efectivo pago -Ley de convertibilidad-.