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Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

El proceso penal tiende a descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, para lo cual no hay otro camino científico ni legal que el de la prueba. En virtud de ella, el juez va formando su convicción acerca del acontecimiento sometido a su investigación. La prueba va impactando en su conciencia, generando distintos estados de conocimiento, cuya proyección en el proceso tendrá diferentes alcances...Habrá probabilidad cuando la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos; es decir, que aquellos sean preponderantes desde el punto de vista de su calidad para proporcionar conocimiento.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo, agravantes de la pena, robo con armas, bien jurídico protegido, leyes, interpretación de la ley, equidad
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

El robo en su figura básica es un tipo agravado en relación al hurto , y la razón de tal agravamiento se centra en el mayor poder vulnerante que el empleo de fuerza -en las cosas o en las personas- tiene sobre las defensas que la víctima pueda oponer.

Todas las calificantes del robo pueden clasificarse en dos grupos: uno minoritario que atiende a un resultado agregado al desapoderamiento patrimonial propio de la figura -el que por su gravedad desplaza toda consideración a las circunstancias de comisión del delito- como lo son el de muerte y lesiones de los arts. 165 y 166 inc. 1 Código Penal; y el segundo, constituido por figuras que relevan distintas circunstancias de comisión del hecho en pro de la obtención del resultado propio de la figura que es el desapoderamiento patrimonial.

Esas "circunstancias" de comisión que la ley considera agravantes de la figura básica son inequívocamente reveladoras de un especial estado de indefensión en que la víctima se encuentra frente a ellas, sea por el especial poder vulnerante del medio comisivo empleado, o bien por la vulnerabilidad intrínseca de las defensas dado el especial lugar o situación en que las cosas sustraídas se encuentran, que hacen más dificultosa su vigilancia y cuidado.

No puede ser otra la conclusión al repasar los supuestos de los arts. 166, 167 y -por remisión de este último- 163 del C.P.: robo en despoblado; en lugar poblado y en banda; con efracción; de ganado, cercos o maquinaria rural; calamitoso; con ganzúa, llave falsa o sustraída; con escalamiento; de mercadería en tránsito; de vehículos en la vía pública; en despoblado y en banda; y el cuestionado o con armas. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Tránsito automotor, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FIGUEROA, OSCAR ARMANDO c/ PABLO DANIEL MIGUELES SAVY s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-11

Si el conductor del vehículo, está detenido y pretende reingresar a la circulación, debe proceder conforme a las normas de tránsito que lo obligan a adoptar las precauciones necesarias: no sólo un lento desplazamiento, las señales correspondientes, sino también cerciorarse si la calle está libre de otros vehículos.
Liquidación de la sociedad conyugal, disposición de bienes, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: S.R.H. c/ M. DE  S.L.M.C. s/ INCIDENTE DE INDIVISION DE BIEN INMUEBLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

El derecho de los cónyuges a pedir la partición de los gananciales después de la sentencia de separación de bienes, sufre excepción si hubiese hijos menores, respecto del inmueble en que está radicado el hogar conyugal, a menos que por la cuantía del patrimonio de los cónyuges el interés familiar no resultare comprometido.

La segunda parte del art. 1277 del Código Civil, dispone que "también será necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer el inmueble propio de uno de ellos, en que está radicado el hogar conyugal si hubiese hijos menores o incapaces. Esta disposición se aplica aún después de disuelta la sociedad conyugal, trátase en este caso de bien propio o ganancial. La finalidad de la norma es asegurar la vivienda de los hijos menores e incapaces. La autorización judicial sólo procede si se les brinda otra vivienda de comodidad suficiente, acorde con el nivel económico del matrimonio.

Si no se ha propuesto comprar un bien de menor superficie, sino que lisa y llanamente pretende que se liquide todo el acervo de la sociedad conyugal, admitir la pretensión implicaría el riesgo de dejar sin hogar adecuado a los menores, soslayándose de tal modo la finalidad del citado art. 1277.
Caducidad de instancia, impulso procesal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gareis, Silvia Amalia c/ Viegas, Alfredo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-17

Es inadmisible asimilar el término para producir una prueba a la suspensión del proceso. Además lo que determina el comienzo del curso del plazo de perención es el acto de impulso del procedimiento; no la fecha de la notificación del mismo ni la de su consentimiento, y menos la fecha en que el perito calígrafo retira el expediente para efectuar la pericia que se le encomendara.
Lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tipo penal, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Bernal, Claudia Silvina y otros  c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-30

Habitualmente el tráfico de drogas genera otro efecto compulsivo cual es que los beneficios espurios conducen al lavado de dinero, que es entendido como la maniobra de simular los activos, haciéndoles aparentar un ingreso legal, no subrepticio, a las rondas financieras, con el fin de evitar que se conozca su origen y asuman el carácter de lícitos. Una modalidad resulta, como en el caso, mediante una compra licita de un bien, con dinero proveniente del tráfico ilícito. No caben dudas que en autos se presentan todos los requisitos requeridos por el tipo, usar el dinero proveniente del delito para comprar bienes con la intención de que ese origen se disimule, obtener la apariencia de uno lícito, y que la suma implicada supere los $ 300.000-.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, facultades tributarias
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociart ART S.A. c/ E.N. -Mº E y O S P- Dto. 863/98 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

Existe imposibilidad por parte del P.E.N. de legislar en materia tributaria.
Expropiación, indemnización expropiatoria, tasación, dictámenes, fundamentación insuficiente, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ La Victoria Sociedad en comandita por acciones y/o Quienes en definitiva resulten propietarios s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. Nro. 666 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Atento a las especiales circunstancias de estos autos, no puede adoptarse el dictamen de la Comisión de Tasaciones, desde que varias razones le quitan peso decisivo a su informe. Por un lado, no puede soslayarse que, de adoptarse el justiprecio propiciado por la Comisión, se estaría indemnizando al propietario con una suma inferior -incluso- a la ofrecida por la propia expropiante no solo al momento de incoar la demanda, sino también en el trámite de avenimiento. Y en otro orden se observa que al momento de informar sobre el precio del inmueble, el Organismo Tasador asignó valores sustancialmente disímiles para los lotes que conforman el inmueble expropiado, sin que tal proceder aparezca mínimamente explicado, no pudiendo extraerse de ninguna de las constancias de la causa las razones justificativas de tal proceder. En efecto, la Comisión para arribar a los valores que adoptó, se basó en el informe de la Oficina Técnica, la cual consideró que el valor base de la hectárea debía ser corregido con los coeficientes pertinentes (ubicación y calidad de tierra), fijando coeficientes distintos para cada lote en lo relativo a "calidad de la tierra". En tales condiciones y no habiéndose demostrado que las fracciones en cuestión posean características que ameriten la aplicación de coeficientes en la forma anotada, cabe concluir que el dictamen de la Comisión, en este aspecto, aparece desprovisto de la debida fundamentación.
Delitos contra la humanidad, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Catalán, Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Corresponde rechazar el recurso de casación toda vez que la resolución de la cámara federal que dispuso el traslado del imputado a un establecimiento penitenciario se encuentra en armonía con lo sostenido por nuestro Máximo Tribunal en el precedente "Vigo", en torno a garantizar el correcto desarrollo de los procesos en que se investigan delitos de lesa humanidad y la responsabilidad del Estado Argentino que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características, de acuerdo al derecho internacional vinculante para nuestro país. La disidencia sostuvo que no puede hacerse caer sobre el imputado la obligación del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales Gemignani- Hornos -en disidencia-Borinsky)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, litisconsorcio, litisconsorcio facultativo, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Mosca,  Hugo  Arnaldo c/ Buenos  Aires,  Provincia de (Policía Bonaerense y otros) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Los institutos reglados por los arts. 88 y 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplican a los casos de competencia originaria, aún cuando ello conduzca a la intervención de personas no aforadas y sin que quepan distinciones respecto del grado y carácter de tal participación procesal.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07


Salta, 07 de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ALE, RAFAEL - CONCURSO PREVENTIVO (pequeño)" - Expte Nº 151.617/06 del Juzgado de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 2º Nominación (Expte. N° CAM 229.745/8 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Plantea el concursado a fojas 368, recurso de aclaratoria en contra de la resolución de fojas 365/366, que deniega el recurso de inconstitucionalidad. Sostiene que se ha cometido un error involuntario ya que el contenido no guarda relación con las constancias y memoriales de autos. Que se ha denegado el recurso con el argumento de que no se introdujo oportunamente la cuestión constitucional, equivocando las fojas de memorial mencionadas, siendo que expresamente se introdujo la cuestión federal, haciendo reserva de los recursos extraordinario provincial y federal.

Que la aclaratoria es procedente en los casos previstos en el artículo 166 inciso 1º, habilitando la misma, cualquier error material, aclarar conceptos oscuros y suplir cualquier omisión.

El autos, procede la aclaratoria deducida en lo que hace a la foja que se encuentra el memorial, ya que a fojas 366, 2ºap. se señala una incorrecta, siendo que el mismo se agrega a fojas 274/279 .

No ocurre lo mismo con respecto a la oportunidad del planteo de inconstitucionalidad, ya que en ocasión de fundar el recurso solo se realiza una "reserva" del dicho recurso, (fs. 274 pto I, ap. 2), siendo que tal formulación carece de entidad suficiente para habilitar esta vía de excepción, no sólo por la abstracción y generalidad del planteo sino porque, como tiene sentado el Superior Tribunal Provincial, la mera reserva no importa la correcta introducción del caso constitucional (CJSalta, Fallos Tomo 41,2º parte, fs. 1.995/ 1.998; Tomo 42, 2º parte fs. 2.407/2.414; Tomo 43, 1º parte, fs. 75/78; Tomo 44, fs. 351, 369 y 545; Tomo 47, fs. 163/168; Tomo 53, fs. 781/786), pues los derechos no se reservan, se ejercitan (CJSalta, Tomo 57, fs. 941/954); si hay debido planteo de la cuestión constitucional, la mentada "reserva" huelga, y si el planteo correcto no existe, la reserva carece de virtualidad (CJSalta, T. 42, 2ª parte, fs. 2.233/2.240).

Por lo expuesto, se aclara parcialmente la resolución de fojas 365/366 dejando establecido que el memorial se encuentra agregado a fs. 274/279, denegándose en lo demás el recurso deducido.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Títulos de crédito, pagaré, actos jurídicos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABRATE HECTOR ANTONIO c/ ROSONOVICH RICARDO DANIEL s/ EJECUTIVO - TITULO DE CREDITO - PAGARE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-19

La jurisprudencia a considerado que el documento, aun cuando no es válido como pagaré, no impide la vía ejecutiva si se trata de un instrumento privado que contiene la obligación de pagar una suma liquida y exigible, pues esa habilidad resulta de las leyes procesales que así lo autorizan. La razón de este criterio se encuentra en la teoría de la conversión de los actos jurídicos nulos según la cual se producen el cambio de un negocio jurídico por otro en razón de la nulidad del primero, con el fin de mantener la relevancia jurídica de la declaración de voluntad que le ha dado origen (José Luis De Los Mozos: "La Conversión del Negocio Jurídico" ed. Bosch 1959, pág. 17, citado por Carranza Jorge A.; "Conversión del Acto Jurídico Nulo", en Revista del Derecho del Trabajo, año 28, nro. 12 -1968 -). Nuestra legislación civil contiene supuestos de conversión formal; arts. 987, 1790 y 3670, como también supuestos de conversión sustancial en los artículos 1185 y 1186. Se está ante un documento que constituye una promesa de pagar una suma de dinero, la cual resulta líquida y exigible por encontrarse vencida la deuda, y el demandado no ha desconocido la firma de dicho documento por lo que corresponde tenerlo por reconocido (art. 236 CPC).
Pagaré, librador, responsabilidad del librador, endoso, excepción de pago, recibo, principios cambiarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ OPTILINE INTERNATIONAL SA s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

"...aún cuando se acepta que como libradora efectuó los pagos de que dan cuenta los recibos a la beneficiaria, la circunstancia de que esta, sin reintegrarlos, continuara la circulación endosándolos al banco, impide a la primera oponer la excepción de pago contra la portadora legítima de los instrumentos (el banco), por cuanto tal defensa se pretende sustentar con los recibos emanados de un tercero ... Que si bien se inscriben dentro las relación cambiaria, resultan ajenos a las relaciones procesales y sustanciales entre portador y emisor ejecutado ..." (Cfr. esta cámara, sala II, causas 7546 del 17.8.90 y 82 del 25.8.92).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Rodolfo Matías c/ Molinos Cabodi Hnos. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La disposición adicional tercera que modifica el art. 15 primer párrafo de la ley 24.028 constituía derecho transitorio aplicable a aquellos casos que tuvieran lugar entre la sanción de la ley 24.557 y la vigencia de la misma (art. 49 disposición final tercera 2do.

apartado); cesando en su vigencia el día 1-VII-96, fecha a partir de la cual quedó derogada la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma opuesta a la ley 24.557.
Constitución Nacional, derechos adquiridos, control de constitucionalidad, debido proceso, garantías procesales, criterio de razonabilidad, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MURUJOSA, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

La teoría de los derechos adquiridos es uno de los dos soportes sobre los que el control de constitucionalidad de las leyes adquiere su plena jerarquía. El otro soporte es la técnica para determinar cuando frente a cláusulas muy amplias existe "el más o el menos" que permite afirmar o negar la violación de tales derechos. El debido proceso sustantivo, como garantía genérica de la libertad jurídica, constituye el criterio de razonabilidad, determinar lo justo de lo injusto o, en otros términos, razonabilidad equivale a justicia.

Desentrañar su existencia conduce al análisis de la operación intelectual o espiritual de la interpretación, como proceso de conocimiento, que hace posible la creación del derecho mediante el tránsito de la norma general a la norma individualizada; y será el juez quien determinará si la elección del legislador satisface el deber axiológico constitucional, de acuerdo a las "circunstancias del caso", que es lo que él valora en conciencia. (Del voto del Dr.

Fernández).
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo, seguridad en espectáculos deportivos
Materia: CIVIL
Carátula: AVILES, Ramón María y otros c/ AOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-13

La avalancha, evento común en los espectáculos futbolísticos, no constituye causalmente ni hecho de un tercero, ni caso fortuito, desde que su asiduidad la convierte en hecho previsible y evitable mediante una adecuada implementación que permita preservar la seguridad de los asistentes.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: ZABALLA, JORGE R. c/ JORGE R. YANZON s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-25

La multiplicidad de las instancias no es requisito constitucional y, por otra parte, la garantía de la defensa en juicio solo exige que el litigante sea oído y su inviolabilidad no depende del número de instancias. El hecho de no haber sido oído el recurrente en la instancia segunda, no afecta la libre defensa, si ha podido hacer valer sus defensas en alguna de las etapas del procedimiento.
Aportes previsionales, cómputo de servicios, retiro voluntario, interpretación de la ley, reciprocidad jubilatoria, Estado Provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AHUMADA, CESAR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

El art. 76 de la ley 4.094 de la Pcia. de Catamarca -norma creadora del beneficio previsional por retiro voluntario- no autorizaba el cómputo de ningún servicio correspondiente a otros regímenes, aún los atinentes a la reciprocidad jubilatoria. El beneficio sólo se previó por los servicios comprendidos en el ámbito de la provincia, con lo cual el trabajo desempeñado en otra provincia -no obstante la existencia de sistema de reciprocidad- carecía de trascendencia a los fines de la obtención del mismo. El Convenio de Transferencia y la consiguiente asunción de obligaciones por parte de la A.N.Se.S. no alteró lo dicho, ya que la única excepción la constituyó la existencia de aportes realizados a este organismo, circunstancia que no se acreditó en autos. (Disidencia del Dr. Fernández)
Seguro de cambio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ochoa Ivanovich y Pérez S.C. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

No puede pretenderse que el valor de la divisa extranjera se liquide conforme a los lineamientos de la comunicación "A" 137 del Banco Central de la República Argentina (en el caso) tal como se dispuso en la homologación del acuerdo, si no resulta acreditada la efectiva concertación del seguro de cambio con dicha institución.
Recurso extraordinario de nulidad, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández de Sánchez, Ramona D. y otro c/ Gómez, Elena María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Alegar que cualquier interpretación diferente a la sostenida por la Corte Suprema implica la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, no significa plantear -como cuestión esencial- su inconstitucionalidad.
Crédito laboral, actualización monetaria, índice de precios al consumidor, convertibilidad, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Luis Lauro c/ Sucesión Angel Contreras y otros s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-07

En orden a la repotenciación de los créditos corresponde efectuar el distingo entre dos períodos perfectamente diferenciados hasta el 31/03/91, con el índice de precios al consumidor más un 12% de interés anual, a partir de allí por imperio de la ley 23.398, decreto 941/91, resolución de la Corte de Justicia de la Nación in re Sudameris, se aplicará un 2% mensual hasta septiembre 1993 y en adelante un 1% mensual hasta el efectivo pago.
Daño moral, indemnización, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: GIURDA EDUARDO A c/ DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ARGENTINAS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Difícil resulta la apreciación pecuniaria del daño moral toda vez que no existen pautas rígidas ni matemáticas que lo ponderen, ya que no resulta medible el sufrimiento humano. Por ello la fijación del quantum resarcitorio, en cuanto al daño moral, queda sujeto al prudente arbitrio judicial.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aadi-Capif A.C.R. c/ Luper S.R.L. y otros s/ Cobro de pesos (Inc. Medidas Cautelares) pesos (Inc. Medidas Cautelares)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Más allá de ser cierto que la accionada ha negado que comunique fonogramas al público, la actividad que desarrolla en el establecimiento bailable y la índole de la habilitación municipal que surge de las constancias de autos (confitería bailable), constituyen elementos que "prima facie" denotan la verosimilitud del derecho que invoca la actora, quien procura el cobro de la retribución por la difusión con fines comerciales de fonogramas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, accidentes de trabajo, seguros, mora, pago
Materia: LABORAL
Carátula: VICTOR PORTILLO. c/ SUD ATLANTICA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA s/ DEMANDA.    INDEMNIZACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

Es arbitrario el pronunciamiento que, si bien tuvo por demostrado que a la época del siniestro la cobertura de la póliza se encontraría suspendida por falta de pago en término de la prima, adujo que las condiciones de su vigencia en materia de accidentes de trabajo no eran oponibles al tercero beneficiario, que era ajeno a las cláusulas pactadas entre los obligados. Ello es así, pues lo afirmado por el a quo no basta para excluir la aplicación de los artículos 31 y 118 de la ley 17.418 -en cuanto a la eximición de responsabilidad del asegurador cuando el siniestro se hubiera producido mediando mora en el pago de las primas-, ni configura razón plausible, para dejar sin efecto la atribución conferida por aquella norma a la acreedora, pues no corresponde obviar la vigencia del régimen específico de normas sobre la base de aserciones dogmáticas que sólo otorgan fundamentación aparente a lo resuelto