Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-16


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"SUCESIÓN de D. A. M. c/ H. A. S.A. y/o quien resulte responsable s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. No. 14.497/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 1 (Expte. No. 194/96), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 628), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 570/574 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora y demandada contra la sentencia definitiva nro.557/03 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro.1 de la jurisdicción que desestimó la demanda incoada imponiendo las costas por orden causado (fs. 575, fs. 577, fs. 570/74vta.).

A fs. 613 obra la expresión de agravios de la parte actora quien se queja de la sentencia recurrida por cuanto no consideró el Aquo acreditado el nexo causal entre el hecho y las nefastas consecuencias sobre el actor.

Las declaraciones testimoniales de fs. 176/7 y fs. 659 que hacen alusión al riesgo de la actividad y a las medidas de seguridad que debieron proveerse a los empleados, tornando arbitrario el fallo.

El segundo agravio es el comentario elogioso de la factura de la demanda, que esta interpuso a sabiendas que no había fundamento valedero.

Tercer agravio, es la falta de tratamiento por el sentenciante de lo dispuesto en el art.75 de la ley 20744, la falta de sogas, arneses etc. fue acreditada en autos e ignorada por el sentenciante de grado.

Cuarto agravio la imposición de costas por orden causado.

En el desarrollo de los mismos hace referencia a lo expuesto por el perito C. respecto de la maniobra que debe realizarse para tal labor, resultando indiscutible el riesgo de la cosa, dejando sentado la existencia del daño y el contacto del actor con la cosa a los fines de atribuir responsabilidad.

El Aquo pretendió que probara la peligrosidad de la cosa lo que es extremo jurídico que el operario en este caso se halla exento de probar. A fs.177 el testigo V. manifiesta que M. fue retirado en ambulancia. En el Expte. Adm. el actor fue considerado apto para ingresar a prestar servicios (fs.426/32).

Hace referencia a lo dispuesto en el art.75 de la ley 20744, citando doctrina y jurisprudencia.

Hace reserva del caso federal.

A fs.621/23 solicita la deserción del recurso por haber sido presentado fuera de término el memorial de agravios y subsidiariamente contesta agravios.

A fs.624 y vta. expresa agravios la demandada respecto de la imposición de las costas, argumentado que no existe una situación de desamparo, y aun de admitirse la misma no es causal para alterar el principio esencial que las costas se imponen al vencido.

Análisis de las cuestiones:

En primer término he de establecer que el memorial de agravios fue presentado en término el sexto día en el plazo de gracia (dos primeras horas) fs. 616 vta. dando respuesta al planteo del escrito de responde, habiéndose considerado los días feriados existentes en dicho mes.

Es dable destacar conforme dijo la CS de la Pcia. de Santa Fe "que si el actor funda su reclamo en las normas del Código Civil a pesar de contar con la protección del régimen especial consagrado en la ley, la aplicación del art.1113 del CC requiere para fundar la pretensión resarcitoria respecto de su empleador, la prueba de encontrarse reunidos los requisitos exigidos por las normas cuya aplicación pretende ya que si se prescindiera de esta exigencia, desaparecería toda diferencia entre ambos regímenes (uno que asegura al trabajador una indemnización tarifada pero amplía el campo de responsabilidad patronal y, a la inversa el otro que no impone límites a la responsabilidad patronal).

En este sentido no parece escindirlos y acumularlos, presupuestos necesarios en el primero con los beneficios que consagra el segundo" (CSSta.Fe 15-11-95).

No obstante adherir a la postura doctrinaria y jurisprudencial que comparto, de entender que el tema cae bajo la órbita extracontractual y tiene que evaluarse a la luz de tales principios, que excluye la valoración del art.75 de la ley 20744 y la obligación contractual del empleador (en tal corriente del pensa-miento ver, Bustamante Alsina "La responsabilidad civil por el riesgo de las cosas y los accidentes de trabajo" en La Ley 150-905; Borda, Kemelmajer de Carlucci, Mosset Iturraspe, Ramella, Morello, Millán, Salas y Goldenberg, criterio sustentado como integrantes de la comisión G en las primeras jornadas Australes de Derecho, citada por el último de los nombrados en su trabajo publicado en ED 91-867).

Dicho esto adelanto que en el presente caso he de atenerme primeramente a otra cuestión que hace la comprobación de la existencia del hecho dañoso.

El recurrente sostiene que la sentencia lo agravia por que no tuvo en cuenta la peligrosidad de la labor y evaluó erradamente las declaraciones testimoniales.

Verificándose las manifestaciones del quejoso observo que en la sentencia de la instancia inferior no se tuvo por acreditado el evento dañoso, es decir el accidente sufrido el 25 de febrero de 1994 según invoca y por el cual reclama la reparación del daño.

A fs. 573 y vta. con detalle de las distintas pruebas no puede arribarse a la conclusión que sufrió un accidente, si bien existe un certificado médico a fs.9 con la prescripción de reposo por la dolencia de cistalgia que no indica el origen de la misma, pero he de advertir que dicha dolencia es un dolor en la vejiga urinaria según el "Diccionario de Cs. Médicas" Dorland (Ed. Ateneo-24, edic.inglesa), sin poder dejar de relacionar con las demás declaraciones obrantes a fs. 284, la historia clínica documental de fs. 13 y fs. 387 ninguna certeza brinda para afirmar que la dolencia fue por el hecho del trabajo que efectuó el día indicado.

Al no haberse comprobado la existencia del hecho invocado, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre el riesgo o no de la labor que pudo haber desarrollado el actor en su relación laboral.

Estos motivos me llevan a desestimar los agravios y confirmar la sentencia, estableciendo que no ha conseguido demostrar en autos el evento dañoso al que atribuyó la dolencia por la cual reclama el resarcimiento.

El demandado se agravia de la imposición de costas, he de receptar los agravios en cuanto considero una contradicción de la sentencia en este punto, toda vez que ha desestimado la demanda con sólidos argumentos basados en la inexistencia de constancias sobre los hechos aducidos, y seguidamente califica de probable razón para litigar y de situación de desamparo que no surge de las pruebas acompañadas en el expediente, por lo cual modifico la sentencia venida en crisis en este punto y aplico el art.68 del código ritual, y el principio objetivo de la derrota contenido en la norma.

Respecto de la petición de honorarios de letrados en fs. 592 y fs. 604 y en cuanto al último caso no hubo participación en la Alzada, los mismos serán resueltos en la instancia de grado a los fines de garantizar la doble instancia; dejando sentado que las regulaciones establecidas por el Aquo no han sido cuestionadas.

Las costas de la Alzada se imponen a la actora recurrente conforme principio general y objetivo de la derrota (art.68 CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto esta vocalía propone: 1.- Desestimar los agravios de la actora y receptar los de la parte demandada, modificando exclusivamente la sentencia de fs. 570/574 vta. en el 2do. punto del fallo, imponiendo las costas a la parte actora.

2.- Disponer se practique la regulación de los honorarios de los Dres. F. y P. en la instancia de grado.

3.- Costas de la Alzada a la actora vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo según considerando respectivo.

4.- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 616 vta.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.a) En cuanto a la petición efectuada por la demandada a fs. 621 -deserción de recurso por extemporaneidad- teniendo en cuenta que conforme emerge de la cédula de notificación obrante a fs. 612/vta el actor fue notificado el día martes 05/10/04, siendo de aplicación en cuanto al plazo de expresión de agravios el prescripto por el art. 259 del CPCCH (cinco (05) días, habiendo acaecido como día feriado, el martes 12/10/04 la presentación del escrito de fs. 613/616vta el día 14/10/04 a las 08,25 hrs. fue efectuado en el plazo de gracia de las dos primeras horas, razón por la cual corresponde el rechazo de dicho planteamiento.

I.a-1) El apelante actor se agravia (fs. 613 pto. II.2 y pto. III.1, t 2 - fs. 614/616, porque el a-quo entendió que en cuanto al accidente sufrido por el actor éste no acreditó la ocurrencia del mismo y que derivado de ello no se ha podido establecer el nexo causal entre el mismo y las nefastas consecuencias que el siniestro tuvo en la salud del actor.

El actor conforme emerge de su escrito de demanda efectuó la opción en uso a las facultades conferidas por el art. 16 de la Ley de Accidentes de Trabajo nro. 24.028 (fs. 21vta./22vta.) respecto a dicha opción y contradictoriamente a lo que entiende dicha parte, la doctrina especializada en la materia es contundente en que dicha normativa legal "ha eliminado la presunción de que la enfermedad deriva de la tarea y el trabajador tiene que probar la relación de causalidad entre la tarea y el trabajo y la culpa del trabajo en la incapacidad".

Esto es, "que la prueba de la relación de la causalidad y la culpa corresponden al trabajador" (Tratado de los Accidentes y Enfermedades del Trabajo (Acción Especial Ley 24.029), Rodríguez Saiach, Círculo Carpetas, pág. 450).

En su demanda (fs. 20/vta) expone que el día del infortunio, 25/02/94, el actor cuando se encontraba realizando tareas ordenadas por la empleadora, que consistía en la descarga de cilindros hidráulicos de 170 kgs. y pistones, en forma imprevista sintió un dolor intenso en la ingle derecha, y que en contados instantes se agudiza al punto de no permitirle apoyar su pierna derecha para aguantar el peso del cilindro hidráulico, sufriendo agudos dolores en la espalda a la altura de la cintura que le trajo como consecuencia una hernia de disco en su columna.

Es terminante la doctrina especializada en el tema en cuanto a que si bien la vía del art. 1113 del Código Civil otorga posibilidad de mayor resarcimiento económico, tal camino es asaz distinto y más arduo que el que brinda el establecido en la Ley de Accidente de Trabajo ya que es menester la descripción clara y expresa del mecanismo y secuencia de los hechos que condujeron o provocaron el daño que se pretende sea resarcido a costa del empleador, tanto más en el marco de la vía elegida, pues no estamos dentro del ámbito de la Ley 9688 y sus modificatorias, donde el hecho del trabajo o su ocasión tornan imputables al mismo las consecuencias dañosas y la consiguiente responsabilidad del empleador (conf. Teodoro Gelber "El art. 1113 del Código Civil en los Accidentes y Enfermedades del Trabajo", pág.54, Edit. Hammurabi).

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí y profundizando más el estudio de la presente causa estimo que para los hechos relatados por el actor y que fueran precedentemente transcriptos -cosas de gran porte y peso-, no existe prueba alguna en la causa que justifique considerar que las mismas hayan adquirido una aptitud tal como para considerarla peligrosa o riesgosa, o sea viciosa, ello es así ya que su sólo peso, sin ninguna situación adicional, no transforma la cosa de inerte a un elemento generador de riesgo, pues su manipulación -descargarla-, no modifica aquella condición de no riesgosa.

Una inteligencia distinta llevaría a la conclusión que cualquier cosa es peligrosa a partir de los resultados dañosos que produzca, o, dicho de otro modo, que todo daño causado lo ha sido porque la cosa era peligrosa, lo cual no debe ser así interpretado, pues el artículo 1113 CC requiere de la demostración de que el elemento tiene propiedades o características virtuales para producir un daño (conf. crit. análogo, Entre Ríos, causa nro 301 3322, 3-93, Cámara del Trabajo, Sala 1era., Paraná, "G., L. M. c/ T., A. s/ Cobro de Pesos"), no siendo clarificadoras ni positivas a los argumentos del actor -en el contexto hasta aquí analizado- las declaraciones testimoniales prestadas por los testigos ofrecidos por él (pto. VII, ap. d) -fs. 25-), ya que de las mismas surge claramente que: Sr. F. B. G. (fs. 315/316 contestación a las generales de la ley, 2do pregunta y razón de sus dichos) quien era amigo del actor el cual nunca le comentó del accidente ni que iba a querellar a la demandada, habiendo ingresado a la empresa casi juntos y habiendo trabajado el testigo durante ocho años; el de su médico tratante Dr. O. J. M. (fs. 284/285 contestación a la 2da. y 3era. pregunta) quien arguye que ante consultas del actor le manda a hacer estudios de lumbosistalgia derecha de causa tumoral, aclarando que la patología tumoral no tiene causa clara, se presenta en forma espontánea, pudiendo obedecer a múltiples factores, como tóxicos, radiaciones pero la mayoría de los casos no se sabe de dónde vienen y no hay una causa definida.

Aclara que la primer consulta y su control próxima a esta consulta fue coherente entre lo que el paciente sentía y lo que se encontró en la columna y la causa aparente que lo había provocado pero cuando reconsulta en el mes de febrero con dolores similares, dado que tenía mucha patología en su columna, le hace pensar que su discopatía había empeorado, con dicha presunción y por la edad del paciente decidió reestudiarlo encontrándose lo previamente descripto que no tendría relación directa con su primera consulta o con el esfuerzo que el actor relató haber tenido.

Tampoco pudo acreditar sus aseveraciones de los instrumentos administrativos obrantes en autos, esto es así ya que del expediente de la Secretaría de Estado de Seguridad Social - Caja Nacional de Previsión nro. 718-0015772-711 de jubilación por invalidez solicitado por el actor el 02/09/94, a fs. 409 se informa que conforme emerge de la Historia Clínica el actor se atendió por patología herniaria a varios niveles, intentándose tratamientos con resultados pobres desde el mes de enero de 1994, comenzando en marzo con dolores de cadera, con irradiación hacia pierna izquierda, mostrando la radiografía de cadera un desprendimiento del Trocanter menor, que el paciente lo atribuyó a una tratamiento y/o lesión crónica y por C. A. (fs. 493/vta. contestación a la 3era, pregunta) quien declara que el actor no sufrió ningún accidente y del expediente administrativo nro. 1-815/94 de la Subsecretaría de Trabajo Provincial (fs.

427vta.) el actor denunció que el accidente se produjo mientras levantaba un bulto para cargar en la camioneta, momento en el que sintió un tirón derivando en hernia de disco, con lo cual no coincide con la cosa por la cual ha basado su demandada cual es cilindro de gran peso y medida. He de subrayar, por último, que para hacer viable la aplicación del artículo 1113 del Código Civil, es imprescindible que la cosa actúe como elemento activo en el infortunio laboral.

Por el contrario, no es encuadrable la pretensión jurídica por la vía del derecho común cuando la cosa ha cumplido un rol pasivo, inerte, sin entidad propia para accionar un perjuicio en la salud o en la integridad física del trabajador.

Así, la incapacidad derivada de esfuerzos físicos, al levantar elementos pesados y acarrearlos no es indemnizable, porque el perjuicio proviene de una reacción interna del cuerpo ante movimientos realizados por éste; es un daño originado no por la cosa, ni por su vicio o riesgo, sino por el propio organismo (Cfr. "B. c/ P.", LAS 20-7-84).

En sentido similar ha establecido la jurisprudencia que "El daño no ha sido causado "con" o "por las cosas", sino que conforme lo relatado en la demanda la lesión se produjo como consecuencia del esfuerzo desplegado sobre la cosa al descargar un objeto inerte por sí.

Por lo que no cabe asignar al mismo el carácter de agente productor del daño, sino la fuerza y manipulación que debió realizarse sobre la misma, por lo que no corresponde hacer jugar la responsabilidad contenida en el art. 1113 del Código Civil (Santa Cruz, 1996, Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, "L. J. M. c/ I. C. y/o quien resulte civilmente responsable s/ Daños y Perjuicios").

I.a-2) En cuanto al agravio expuesto por el apelante actor sobre la falta de análisis de lo prescripto por el art. 75 de la LCT (fs. pto. II-4 fs. 613 vta. y pto. III.2 -fs. 615vta.) es contundente el criterio de jurisprudencia especializada que determina que:

"La trasgresión del art. 75 de la LCT genera responsabilidad extracontractual del empleador, por lo que no puede sustentarse la acción de derecho común sobre la base de una acción autónoma de carácter contractual fundada en dicho precepto, pues el C.C. consagra un doble sistema de responsabilidad: el contractual y el extracontractual, pero no la posibilidad de que el interesado ejercite libremente y en función de una decisión personal una elección que le permite derivar las consecuencias del hecho por el que peticiona en uno o en otro de dichos sistemas (SCBA, L S 30-6-87, "D. A. J. c/ V. A. S.A. s/ art. 1113 C.C.", AyS t. 1987-II, p.574; SCBA, L. S 3-3-87, "E. G., R. c/ T. S.A. s/ Daños y perjuicios", AyS t. 1987-I p.295).

En este mismo orden de ideas se ha expresado que: "El art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo no genera una acción autónoma de carácter contractual, por lo que su falta de tratamiento en el fallo en el que se descartó la responsabilidad del accionado en los términos de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no determina ningún supuesto de omisión de cuestión esencial (SCBA, S 8-3-94, "A., R. M. c/ B. S.A. s/ Enfermedad accidente. Art. 1113.", AyS t. 1994 I p. 250).

I.a-3) En cuanto al argumento de que la decisiones vertidas por el a-quo derivan de una serie de incongruencias y arbitrariedades argüidas por el apelante actor (pto.II.1 -fs. 613) es dable destacar que no se transgrede el principio de congruencia si los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, los que tuvieron respuesta suficiente en el pronunciamiento dictado (SCBA, L 59876 S 30-9-97, "C., L. J. c/ C. H. S.A. s/ Indemnización por despido, preaviso, etc.".

Respecto a la incapacidad del actor advierto que de acuerdo a lo analizado y decidido en el considerando precedente evidencia la carencia de virtualidad jurídica expedirse sobre los mismos atento la falta de responsabilidad de la demandada en el evento sufrido por el actor en virtud del incumplimiento de los requisitos exigidos para la operativa de la vía por acción del derecho común opcionada por el actor, razón por la cual no entro a considerar los mismos.

Por las razones expuestas en los considerandos precedentes arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 613/616vta, confirmándose la sentencia de primera instancia (fs. 570/574vta) en cuanto fuera materia de agravios.

I.A-5) En cuanto a la imposición de costas por el orden causado sobre cuya determinación se agravia el apelante actor (fs. 613vta./614 pto. II.5) y al apelante demandado (fs. 624/vta.), teniendo en cuenta que el a-quo basó su decisión en que el actor pudo tener fundados motivos para iniciar la demanda, atento las consecuencias lastimosas que derivaran de su particular situación de desamparo (considerando Tercero - fs. 573) considero de aplicación el criterio juris-prudencial que determina que:

"Es terminante nuestra jurisprudencia al pronunciar que las costas no revisten el carácter de pena, sino de una obligación debida a quien injustamente se vio obligado a efectuar erogaciones judiciales, con prescindencia de la buena o mala fe, pues atendiendo a la teoría objetiva de la derrota es irrelevante la conducta de las partes o el aspecto.

El sentenciante no puede imponer las costas en función de una valoración acerca de la conducta moral de las partes" L. 269633 - "S. N. G. c/ W. P. D. y otro s/ impugnación de paternidad" - CNCIV - SALA B -29/02/2000; en idéntico sentido L. 369724 - "C., E. J. c/ W. SACIFI s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA F - 28/04/2004), razones estás por las cuales y teniendo en cuenta cómo se resolvió la presente cuestión las costas deben ser impuestas al actor vencido (art. 68 del CPCCH).

I.A-6) En lo inherente a la petición de honorarios efectuada por el Dr. H. E. F. (fs. 592) y la Dra. M. X. P. (fs. 604) abogados de la parte actora que solicitan, ante la desvinculación del Estudio Jurídico que representaba al accionante, se establezcan los honorarios en forma individual y proporcional al efecto de la percepción de los mismos, teniendo en cuenta que conforme emerge de la presentación de agravios de la actora (fs. 613/616 vta.) los mismos no han actuado en esta instancia, arribo a la conclusión que a los fines de garantizar la doble instancia, los mismos sean resueltos en la instancia de grado debiendo respetar el monto regulado atento la falta de cuestionamientos sobre dicho tópico.

I.B) En virtud de cómo se ha decidido la presente cuestión, las costas de esta instancia son impuestas al apelante actor vencido (art. 68 del CPCCH).

Difiero para el momento del acuerdo la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCH, a la misma me adhiero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/XII/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1.- Desestimar los agravios de la actora y receptar los de la parte demandada, modificando la sentencia de fs. 570/574 vta. exclusivamente en el 2do. punto del fallo, imponiendo las costas a la parte actora.

2.- Disponer se practique la regulación de los honorarios de los Dres. H. E. F. y M. X. P. en la instancia de grado.

3.- Costas de la Alzada a la actora vencida. Regúlanse los honorarios profesionales de los Dres. M. D. V. y M. L. B., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($2.550) y del Dr. N. R. M. L. en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.875).

4.- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 616 vta.

5.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 16 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS