marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, cesantía, medidas cautelares, personas con discapacidad, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Toda vez que en el caso concreto, la cautelar tendiente a lograr la suspensión de los efectos de la cesantía impugnada y su inmediata reincorporación como empleada de planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, ha sido interpuesta por una trabajadora con discapacidad que, en este estado del proceso, adujo haber ingresado al a administración pública por concurso y en el marco de una acción afirmativa, el tratamiento del caso debe atender al estándar de protección especial que impone, en particular, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ley n° 26.378). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Aduanas, Tribunal Fiscal de la Nación, procedimiento aduanero, costas
Materia: ADUANERO
Carátula: "Cuarsabras S.A. (T.F. 18.032-A) c/ A.N.A.". s/ aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

El Código Aduanero -a diferencia de la Ley de Procedimiento Tributario- no faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos causídicos y costas de la contraria en el procedimiento aduanero, en tanto no pudiendo admitirse que haya mediado una reforma del artículo 1163, éste resulta de aplicación forzosa no permitiéndose realizar distinción alguna (cfr. esta Sala, 16/9/03, "Rebuffo Germán Emilio (T.F. 16.227-A) c/D.G.A.").
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, aplicación supletoria de la ley, actos y diligencias procesales, Derecho laboral, celeridad procesal, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Los planteos de recurso de rescisión en el fuero laboral no son frecuentes. Se trata de casos aislados que ofrecen generalmente un margen de duda razonable que habilita el acogimiento de la vía ya prevista en el C.P.C.C. y que resulta compatible con el art. 128 del C.P.L. en tanto permite la remisión cuando resultaren insuficientes sus disposiciones, debiendo - obviamente- ajustarse el trámite a las peculiaridades de este tipo de proceso. Sin desconocer la importancia del principio de celeridad en materia de créditos de naturaleza alimentaria pero el principio protectorio nunca podría trasvasar la estricta idea de justicia y la garantía de debido proceso. No se trata aquí de casos comunes sino de supuestos de excepción donde se plantean defectos de notificación. La Corte Provincial ha sostenido que la función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del Derecho. La garantía del debido proceso que asegura el art. 18 de la C.N., está necesariamente reglamentada en las normas de los códigos procesales y, dentro de éstos, en aquellos que ordenan los modos de hacer saber a los justiciables la existencia de la causa y las alternativas de su desarrollo, en resguardo a su derecho a ser oídos y hacer valer sus defensas. El principio de contradicción quiere y dispone que cada una de las partes pueda controlar y oponerse a los actos del adversario y también a los del juez, los cuales no adquieren eficacia antes de ser comunicados a aquéllas y de que transcurran los plazos legales en que puedan ser consentidos o impugnados. (De la Disidencia de la Dra. Burde) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral
Terminación del proceso, homologación judicial, transacción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Roma Construcciones S.C.I.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-28

Si bien alguna jurisprudencia sostiene que no es necesaria la homologación de la transacción, y hasta en algún caso la Suprema Corte de la Nación le reconoció validez aún sin ser presentada al juez si era efectuada por escritura pública, este Superior Tribunal viene homologando todo acuerdo que constituya un modo anormal de terminación del proceso, o de formas de cumplimiento de las sentencias, facilitando su ejecutividad ulterior, considerando que frente a este acto "el juzgador debe considerarlo externa e internamente...encaminado hacia la verificación del contenido de esencia del acto o del negocio...excediendo la mera comprobación de aspectos formales, formulando un juicio de valor, sin que ello implique resolver cuestiones que vayan más allá de la comprobación de los hechos litigiosos, y las condiciones legales extrínsecas e intrínsecas para su validez.
Accidente in itinere, ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, josefa María Cristina c/ Frigorífico Paladini S.A. s/ Demanda Laboral (Expte. Nro. 218-99, Resolución Nro. 152, Tomo 54, Folio  424)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-21

La responsabilidad patronal por accidente in itinere se trata de una obligación legal impuesta sin más, que traslada en riesgo genérico al que está expuesto todo transeúnte al empleador cuando se trata de un trabajador que se dirige o vuelve de su ocupación y su explicación o justificación estaría dada por la causa de la presencia del trabajador en el lugar y tiempo en el que ocurre el accidente, esto es al dirigirse o volver del trabajo, motivo y objetivo que es el que provoca el desplazamiento (en la teoría de la causa adecuada) y que de otra manera no se hubiera producido. Ello y la imposibilidad de control determina asimismo que deba existir un itinerario -que da nombre y especificidad al accidente- que aún cuando no sea rígido sino interpretado dinámicamente, debe ser el trayecto normal en el sentido que le da Rodríguez Saiach, consistiendo la normalidad en el aprovechamiento más racional posible de los esfuerzos y tiempo necesarios para llegar o volver del trabajo. La normalidad del itinerario, como bien señala el citado autor debe probarse por quien la invoca.
Cuestiones procesales, plazos procesales, recurso de inconstitucionalidad, caducidad, sentencia, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ López, Jorge Andrés c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde rechazar la queja dado que los argumentos esbozados en la presentación son incapaces de fundar una cuestión constitucional. El presentante se limita a expresar su discrepancia con la interpretación que la Cámara efectuó de la normativa infraconstitucional de carácter procesal involucrada -cuando no concedió efecto impulsorio a la presentación de las cédulas de notificación que refiere-, discrepancia que el planteo de arbitrariedad no hace más que reiterar. Por lo demás, la presentación tampoco es autosuficiente, pues sólo exhibe señalamientos genéricos que no permiten entender cuáles son los errores que, a la luz de las concretas constancias de la causa, se le imputan al pronunciamiento recurrido. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción de amparo, paseos públicos, actividad comercial, permiso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Noguera Adriana s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-24

Basta para decidir el rechazo del amparo la existencia de una norma legal que prohíbe con carácter general el ejercicio de actividad comercial en el espacio público sin el otorgamiento de un permiso especial por parte de la Administración, que en la especie no fue solicitado a la autoridad competente. (Voto de los Dres. Ana María Conde y José O. Casás).
Intervención de terceros, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ahusborde de Herrera, Elsa Esther y otro c/ Latorre Pérez, Gabriel y-o quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-15

La relación de solidaridad pasiva existente entre el tercero y el demandado lo legitimaba a aquél para ser directamente parte en el pleito, mas, si aspiraban a conseguir una condena en contra suya, los actores debieron deducir la pretensión también frente a él y ello no es suplido por la falta de oposición al pedido de citación formulado por el demandado; para que así operara habría sido menester que, cuando menos, los hoy apelantes prestaran conformidad expresa con tal solicitud y explicitaran en la ocasión un requerimiento de condena al tercero, extendiendo la demanda en su contra. Así pedirlo recién en el alegato de bien probado resulta evidentemente tardío, pues los términos de la relación procesal no son modificables a esa altura.

Tenemos pues una intervención de terceros que ha sido útil únicamente como requisito de fundabilidad de una eventual pretensión regresiva del aquí demandado contra su codeudor solidario.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: R., H.A. c/ U.T. SA s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-20

El recurso de apelación no es una competencia artificiosa de saberes abstractos, pareceres subjetivos o sagacidades vanas, entre un juez recurrido y un apelante.

El recurso de apelación tiene por objeto la revisión de legalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de suficiencia argumental de un pronunciamiento. No se trata de analizar por su conducto si había mejores argumentos a la mano en la temática abordada o si algunos de los utilizados eran deficientes -incluso equivocados- o si el juez cometió un deficit argumental en alguna de sus vigas maestras.

Recurrir no es expresar matices ni ideas abstractas sino descubrir y patentizar desaciertos concretos en una resolución judicial. Recurrir no es plantear opiniones divergentes a la del fallo atacado, sino demostrar que éste no se sustenta en derecho o contraviene las constancias de la causa.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES c/ VILLANUEVA DANIEL MERCEDES Y DANIEL NICASIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-15

La carga de la prueba de la falsedad de la firma se encuentra a cargo del excepcionante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, pago, defectos del procedimiento, reposición in extremis
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CLOSAS, JOSE MARIA (SUCESION) c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

De los hechos de la causa se desprende la evidente equivocación del íter recursivo lo que derivó, a su vez, en errar también el objeto de este recurso, toda vez que la decisión que -de así entenderlo la interesada- debía ser cuestionada por medio del recurso de inconstitucionalidad local era la resolución que declaró la suficiencia de los fondos dados en pago en concepto de honorarios, pues ella fue la causa del agravio invocado por la recurrente; sin embargo, en lugar de impugnarla, la compareciente interpuso contra la misma recurso de revocatoria in extremis y recién contra la denegación de ese remedio atípico por parte del Tribunal interviniente, dedujo el remedio extraordinario previsto en la ley 7055, dirigido contra ambas sentencias. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Declaración de insania, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parotti, Flora c/ Fagoaga, María Delia s/ Nulidad de escritura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

El art. 474 Cód. Civ. requiere a los efectos de impugnar los actos entre vivos por causa de incapacidad -ocurrido el fallecimiento de quien los haya celebrado- que la misma resulte de los propios actos, o en otras palabras, que exista dicho estado en el momento mismo de su celebración. La exigencia o el rigor probatorio es mayor, porque en el art. 473 del Código Civil se impone a los mismos efectos -en vida de la persona- que tan solo se pruebe la incapacidad "a la época en que los actos fueron ejecutados", extremo que por su laxitud es sin duda más sencillo de acreditar que el recaudo anteriormente citado (existencia de demencia en el momento mismo de celebración del acto, y que ella emerja del propio acto que se celebra).
Recurso extraordinario, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, Silvestre de Jesús c/ Cía.Química S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

En caso de sentencia condenatoria, el art. 56 del dec.ley 7718 permite solicitar autorización para sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia; no libera el recurrente de la carga de efectuarlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado y al tiempo de interponer los recursos. En el caso, la póliza de seguro de caución no cumple con tal formalidad (art.65, dec.ley 7718; art.280, Código Procesal Civil y Comercial).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, excusación, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA, FERNANDO SEBASTIAN s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

El artículo 25 de la ley de la ley 10.160 (t.o. dec. 0046/98), al regular el reemplazo de los miembros de las Cámaras de Apelación, reza en su primer párrafo que "En caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia de alguno de sus jueces, es suplido por otro de la misma Cámara. En su defecto, por los de otras Cámaras de la misma Circunscripción y por abogados de la lista de conjueces designados por sorteo hecho en acto público notificado a las partes en litigio". De ello resulta que, más allá de la equivocada tramitación impresa a estos caratulados, en el caso se suscitó una controversia, aún no decidida, a partir de las excusaciones planteadas por los integrantes naturales de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto. Al respecto, y si bien inicialmente la tramitación fue encuadrada en el artículo 25 de la ley 10.160 al haber intervenido un Juez de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la citada ciudad, posteriormente se soslayó acordarle a las mencionadas autoinhibiciones el trámite y resolución que expresamente estatuye el Código Procesal Penal (arts. 53, 56, 58 -2° parte, conc. y aplicables) -lo que, se insiste, exigía un pronunciamiento expreso acerca de la aceptación o rechazo de las excusaciones atendiendo a los motivos esgrimidos por los Jueces de Cámara-, por lo que es claro que no se presenta el supuesto de hecho previsto en la Acordada nro. 32.
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorosito, Nelly Ena c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Fernández, Julia Estefanía c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|2000-04-05

Tiene derecho a pensión en las condiciones establecidas en el inciso f) del art. 43 del dec. ley 9538/80 quien a la fecha de fallecimiento del causante de la prestación hubiera estado en cualquiera de las situaciones contempladas para acceder al beneficio así como quien, además de acreditar los requisitos del inciso f), hubiere sido menor de edad a la fecha de acaecer el hecho generador del beneficio (art. 5° de la ley 10.739).
Jueces, pérdida de la jurisdicción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sucesión de Cerutti, Manuel s/ Competencia (Libro: A019-320)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-04-03

Si el juez luego de haber perdido jurisdicción en diferentes fechas para resolver dos incidentes; hace la declaración de pérdida de jurisdicción y las partes no observan tal afirmación, corresponde que ambos incidentes sean resueltos, por razones de continencia de la causa y economía procesal, por un mismo juez, el de turno en el día en que apareció en lista la declaración de pérdida de jurisdicción por vencimiento del plazo acordado por la ley 1547.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, robo calificado, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: LENCINA, JUAN JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-11

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los agravios del recurrente se limitan a plantear que el material probatorio no es suficiente para emitir un fallo condenatorio.

Sin embargo, tal valoración disidente con la elegida por los jueces de la causa no ha sido acompañada de una crítica concreta y razonada a los argumentos y pruebas en base a los cuales se fundó la condena y su confirmación, y no se advierte de los fundamentos en base a los cuales se construyó el juicio de certeza emitido respecto de la intervención del recurrente en los hechos resulte insuficiente, absurdo o irracional.

En torno a esta materia, no resulta ocioso reafirmar que la misión de esta Corte es controlar la conformidad de los pronunciamientos judiciales al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (Del voto en disidencia del Dr. Spuler).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, vigiladores
Materia: LABORAL
Carátula: Rovetta, Claudio Aimar c/ Rebor Seguridad SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-02

Las tareas de vigilancia en establecimientos encargados de la fabricación y comercialización de cajas de carton y envases flexibles deben juzgarse necesarias para su cumplimiento, así como también resulta indispensable en materia de seguridad hacia el personal. Esa responsabilidad que impone el artículo 30 LCT refleja el principio protectorio y se relaciona con la responsabilidad social empresaria. En virtud de ello, deberá extenderse la solidaridad fundada en el mencionado artículo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Zufriategui, Amílcar c/ Marresse, Alberto Andrés s/ Querella por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la Cámara resolvió que las exigencias de los arts. 87 y 435 inc.

3 (n.a.) del C.P.P. fueron satisfechas mediante la aplicación del art. 979 del C.C. y el recurrente no invoca la inaplicabilidad al caso de la citada norma del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ESCOBAR, MANUEL c/ LISANDRELLO, MARIANO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-28

Cuando existe una colisión entre un automotor y un peatón, resulta de aplicación el principio de la responsabilidad objetiva regulado por el Art. 1113 del Código Civil por cuanto se trata de una cosa riesgosa. Ello implica que la carga probatoria, para eximirse del deber de resarcir, queda en cabeza del dueño o guardián de las cosas.

Sin duda el Art. 1113 del Código Civil impone la carga de la prueba, respecto a los eximentes de responsabilidad objetiva que la norma consagra, a quien hace uso de la cosa riesgosa o es su dueño o guardián. Para lograr eximirse cada uno de los responsables del acto ilícito frente al factor de atribución de la responsabilidad objetiva, no solo debe indicar la culpa de la victima, o la de un tercero por la que no debe responder, o la situación de caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la relación causal, sino, además, demostrarlo acabadamente con todos los medios de prueba que dispones las partes en el proceso.

El demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente, y desde luego, ésta no puede consistir en su falta de culpa, pues es sumamente claro que este factor resulta extraño a la imputación objetiva dispuesta por la citada norma legal. Ello es así en virtud de la inversión de la carga de la prueba que genera la responsabilidad objetiva.-
Periodistas, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: FAZIO, ORLANDO HUGO Y OTROS c/ LS. 82 CANAL 7 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-18

La ley 21476 no abrogó los derechos determinados en el Estatuto del Periodista (ley 12908) ni del Convenio Colectivo 1124/75,
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Monina, Pedro Gabriel Esteban y otro-a c/ Ciampinelli, Roberto s/ Escrituración c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

El fuero de atracción del juicio sucesorio opera en tanto se haya dispuesto su apertura y se extingue con la partición de los bienes que componen el acervo hereditario, por ello la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento en el Registro de la Propiedad, deja subsistente el estado de indivisión, salvo cuando no ha sido necesaria la realización de la partición de los bienes por existir un solo heredero.
Crímenes de lesa humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Petra Recabarren, Guillermo Max y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

La jurisprudencia de la Corte IDH -así como las directivas de la Comisión Interamericana- constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El carácter de ley previa a los hechos en juzgamiento del instituto de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad resulta indiscutible por imperio de la costumbre internacional; de modo que no se verifica afectación del principio de legalidad desde esa perspectiva. Debe rechazarse la alegada violación de la garantía de ser juzgado en plazo razonable en tanto las defensas no han logrado demostrar que la duración del proceso, con las características peculiares que presenta, pueda ser calificada de excesiva a la luz de los parámetros que la doctrina judicial vigente considera relevantes, ya que la pretensión no atiende la suma complejidad de este tipo de procesos, en los que se ha investigado y juzgado a los propios funcionarios públicos que se valieron de la estructura de poder estatal para llevar a cabo las graves violaciones a los derechos humanos y actuaron con el firme propósito de garantizar su impunidad, ocultando toda clase de rastros de los delitos, sin que deba perderse de vista que pesa sobre el Estado Argentino el deber de remover los obstáculos que impidan que la Nación cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas.
Inconstitucionalidad, intervención de terceros, Estado Nacional
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BRD S.A.I.C.F. c/ M.C.B.A. s/ ART. 250 C.P.C. - INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Resulta improcedente la citación del Estado Nacional a los efectos de la sustanciación de los planteos de inconstitucionalidad de normas emanadas de alguno de sus órganos. Ello, por cuanto el control de constitucionalidad ejercido por los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación excluye la defensa directa de las normas impugnadas por parte del Estado que las ha expedido, en tanto no sea éste adversario formal en la causa, por debatirse derechos que aquéllas le acuerdan.-