marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrucción, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C., T. y otros s/ Denuncia incumplimiento de los deberes de FuncionarioPúblico  Administración Fraudulenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-15

No es crucial para resolver el presente caso si el plazo establecido por el art. 183 del Código Procesal Penal es perentorio o meramente ordenatorio, puesto que, por más que se considere un plazo perentorio prorrogable por la ley, según redacción del artículo citado, para que se cumplan actos o actividades de los órganos públicos o que se le atribuya el carácter de meramente ordenatorio, como lo hace el juez apelado, la investigación jurisdicional o etapa instructoria no puede extenderse "sine die", porque violaría lo normado por el referido artículo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, trabajador, situación de vulnerabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PLANTEY, NOELIA ROCIO c/ ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

La Sala evaluó que no se advertían las contradicciones señaladas por la recurrente, y que los agravios se diluían en una revisión de la prueba testimonial, mas sin presentar una crítica razonada sobre la ilegitimidad de la conducta de la accionada; asimismo, el A quo sostuvo que el decisorio de grado no se había apartado de las constancias de autos al calificar la situación personal, familiar y habitacional de la actora como de vulnerabilidad, ya que la misma brindó información que resultó luego correctamente probada en autos, sin que los argumentos banales con los que la demandada pretende objetar la calificación logren su cometido.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Jose c/ Bodegas y Viñedos Giol s/ Ordinario (LIBRO: S077 - 089)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-19

Cuando se demuestra que el actor realizó durante veinticinco años, trabajos de pintura de tanques con epoxi y otros elementos, armado de andamios, manipuleo de tachos de pintura y tablones, se acredita la relación de causalidad fáctica entre los hechos que le sirven de causa: tareas realizadas y dolencias.
Mora automática, domicilio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendizábal, Angélica y otros c/ La Ganadera de Pehuajó S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Si la obligación es a plazo y, como resultado de ello, se halla regida por el primer párrafo del art. 509 del cód. civil -mora automática- y si aquella, además, debe pagarse en el domicilio del deudor, incumbe a éste, para eximirse de las consecuencias derivadas de la mora, probar que no le es imputable (art. 509 "in fine"), o lo que es igual, demostrar que el acreedor no se hizo presente en el domicilio.-
Daños y perjuicios, responsabilidad del editor, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: SLIKAS DE REARTE, Amelia c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (AGEA S.A.) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-06

El deber de veracidad no significa que el responsable de la publicación del periódico deba realizar una prolija indagación para asegurarse de la exactitud de lo afirmado por el articulista, ni que éste deba confiar ciegamente en quienes tenían a su cargo la investigación de los antecedentes que se relacionan en la nota.

Empero, uno y otro deben verificar si se ha hecho la debida consulta de los antecedentes que rodeaban al hecho, pues, de no ser así, una información equivocada o errónea puede responsabilizarlos en los términos del art. 1109 del Código Civil.-
Ley de defensa del consumidor, multa, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Crefin S.R.L. s/ Apelacion (Ley Pcial N° 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-13

Si bien con la multa impuesta por infringir la Ley de Defensa del Consumidor y Usuario el Organismo de Aplicación pretende que la sanción sea ejemplificativa y disuasiva para futuras y similares conductas, la infractora individualizada debe tener conocimiento cierto y claro de las pautas o sobre qué base se le ha impuesto determinado monto de condena, a los fines de resguardar su derecho de defensa y el de propiedad.
Reconocimiento de sentencia extranjera, títulos de deuda pública
Materia: PENAL
Carátula: Crostelli Fernando
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20

La sentencia extranjera que reconoce un crédito contra el Estado nacional por las obligaciones derivadas de la emisión de títulos públicos no resulta ejecutoria por expresa previsión legal establecida en el inciso 4° del art. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues el régimen normativo que regula la reestructuración de la deuda pública constituye el ejercicio de prerrogativas estatales que integran el orden público interno, a la vez que importaría consagrar un inadmisible tratamiento de privilegio de los accionantes, frente a la masa de acreedores que, en igual situación, fueron alcanzados por el diferimiento y reestructuración, y participaron del proceso de canje y regularización de la deuda.
Obligación tributaria, seguridad jurídica, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Helmerich & Payne (Argentina) Drilling Co. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-16

La facultad que tienen los estamentos locales en cuanto a las obligaciones tributarias debe ejercerse -en el caso concreto- siempre teniendo como norte la pauta de razonabilidad, seguridad jurídica e igualdad y respetando los límites impuestos por la Constitución Nacional y los pactos internacionales y a nivel de derecho infrafederal, las leyes de coparticipación y pactos fiscales federales suscriptos entre nación y provincias.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, titular de tarjeta de crédito, pretensión resarcitoria, pago en efectivo, resumen de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BENITEZ, ELSA c/ CITIBANK NA s/ SUMARIO. (LL 21.7.04, Fplicacion 107803).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-10

En una acción en la cual el pretensor reclama de un banco y de una entidad administradora del sistema de tarjeta de crédito, el cobro de cierta suma dineraria por daños y perjuicios que sufrió como consecuencia de la inclusión de gastos no consentidos por el usuario, resulta improcedente -como en el caso- condenar a la defensa a reintegrar los importes indebidamente percibidos mediante la acreditación mensual en los posteriores resúmenes de cuenta. Ello pues, la restitución de sumas irregularmente cobradas al usuario de una tarjeta de crédito con escaso poder de negociación sobre el clausulado de un contrato de adhesión, debe hacerse en efectivo y en forma inmediata, tal como lo hizo aquel al momento de pagar los resúmenes que fueron arbitrariamente liquidados por quien era gestor de cobranza del emisor del plástico y no parte del contrato. Por ende, el monto debe pagarse en efectivo.
Prescindibilidad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miró, Fernando José c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

La sola circunstancia de presidir una entidad con fines gremiales -desprendida de todo otro elemento probatorio corroborante- no resulta suficiente para tener por acreditada la desviación del fin endilgada al acto de cese.
Sociedades comerciales, responsabilidad de los directores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delhec S.R.L. c/ Loureiro, Delfor y otros s/ Acción de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El art. 59 de la ley 19.550 establece la responsabilidad solidaria para aquéllos "...que faltaren a sus obligaciones...". De manera que se constituye como de cumplimiento previo para el funcionamiento de la norma el requisito indispensable de su acreditación. Es decir que para que opere la mentada solidaridad, el mal desempeño en el cargo debe quedar fehacientemente demostrado.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: Tonon, Luis A. s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

La tenencia de 0,1 grs. de cocaína entra dentro del concepto de insignificancia que hace creíble el descargo de consumo personal, que no es delito, porque no trasciende la esfera de privacidad del sujeto que la porta, aún en la vía pública, ya que no alcanza a generar real peligro, por remoto que sea, de afectar el bien jurídicamente protegido.

La postura mayoritaria de la C.S.J.N. en el caso "Montalvo, Ernesto", rto: 11-12-90 se refiere a una tenencia aun de insignificante magnitud pero como acción que trasciende la privacidad, esto es, por ejemplo que el acusado hubiese sido sorprendido en compaÑía de otra persona amiga donde si se patentizaría el real peligro aunque abstracto, del efectivo convite o sea, que se habría generado de un modo lejano e incierto pero real peligro para la salud de ese tercero.
Medidas cautelares, reincorporación, empleados públicos, personal contratado, contrato de trabajo, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado c/ E.N. - DNU 84/23, 286/24  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

La medida cautelar autónoma impulsada con el objeto que se ordene el mantenimiento de la prestación de servicios del personal contratado de la Administración Pública Nacional debe ser desestimada puesto que no existe un mismo nexo causal que alcance a todo el grupo que se pretende representar, ya que la desvinculación deberá analizarse en cada caso, atendiendo el tipo de vinculación contractual de que se trate (contrato por tiempo determinado, designación en planta transitoria o locación de servicios por tiempo determinado) y al régimen jurídico aplicable en particular.
Acusación, interpelación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: NOE JORGE JOSE Y OTRO s/ ACUSACION  -  DEBATE  -  IMPUTADO  -  NULIDAD  -  DERECHO  DE DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-06

la falta de intimación implica inobservancia de normas concernientes a la intervención del imputado en los casos y formas establecidos por la ley (C.P.P., art. 171 inc. 3ro. 1er. supuesto) de manera que, a un sin una previsión especifica, determina la nulidad absoluta del acto que necesariamente debe contener la información como ocurre cuando se recepta una declaración sin intimación. La nulidad naturalmente implica la del debate y también de la sentencia por ser un acto que depende de aquel (C.P.P., art. 176 1ra. parte) (T.S.J., XI, 963, Videla, BJC., 1963, 645).-
Indemnización, lucro cesante, monto de la indemnización, facultades del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Martínez, María Isabel c/ Empresa   Microómnibus  Sáenz Peña    S.R.L.    (Línea  92)  y  otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Reiteradamente se ha sostenido que se configure el lucro cesante como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto, o la frustración de ganancias que la víctima podía razonablemente esperar según las circunstancias generales o especiales del caso si no hubiera sucedido el acto ilícito. Para admitir su procedencia es preciso que se hayan producido pruebas que hagan apreciable la conexidad del perjuicio, prueba que está a cargo del peticionante.

Caso contrario, demostrado cuando menos el perjuicio y no así su cuantum preciso, puede ser prudencialmente estimado (artículo 165 del CPCC) por el juzgador; criterio este restringido a esa situación especial, ya que en principio no es posible presumir al "cuantum" del daño.

Y también se ha dicho que la indemnización por dicho rubro está destinada a reparar pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad laboral absoluta de la víctima, que vuelve luego a obtener utilidades al reintegrarse a su ocupación.
Proceso penal, juicio, etapas del proceso, instrucción, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

En la mayoría de las legislaciones procesales se contemplan fases o etapas previas al juicio, ya sea antes o dentro del mismo proceso (ej. medidas preparatorias y pruebas anticipadas, en materia civil, comercial, laboral, y contenciosa administrativa). Similar sistema se encuentra previsto para la actuación en materia penal (ej. las diligencias y actos de la etapa instructoria y la investigación preparatoria en la querella por delitos de acción privada). Este tipo de actuaciones si bien se comprenden dentro del género que es el proceso, no constituyen un juicio, sino un estadio preliminar; que puede devenir en juicio o no. Esto último ocurre cuando la demanda no se presentó o el imputado fue sobreseído antes de haberse concretado requisitoria en su contra. De tal manera que, como lo sostiene el maestro Devis Echandía, en lo penal hay la peculiaridad de que se inicia la relación jurídica procesal con la indagatoria del sindicado o imputado, o su declaración, sin que todavía exista proceso en sentido estricto, ni juicio en los sistemas que separan las dos etapas. (Del Voto del Dr. Sobrero). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Acción de amparo, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GUTIERREZ, HILDA A. Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO (Reg. 12.957)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Las motivaciones de un acto deben ser suficientemente explícitas, para que los interesados puedan utilizarlas, en caso de atacarlo judicialmente.

Quien cuestiona las disposiciones de la ley, no puede valerse de una simple referencia, sino que debe precisar las razones concretas valederas para impugnar el acto que crea una situación particular.

La Carta Magna no impide establecer restricciones, siempre y cuando ellas sean formuladas con un fundamento razonable, y no resulten arbitrarias, (art. 28 C.N.), más allá de la opinión que pueda sostenerse sobre la conveniencia y oportunidad de su dictado, aspectos estos ajenos al Poder Judicial.

No basta argumentar una afectación del principio de igualdad para demandar la aplicación de la ley 25.798, cuando ésta no es aplicable a una situación determinada, ya que la igualdad jurídica significa que deben ofrecerse iguales soluciones para aquellos que se encuentren en similares condiciones y circunstancias.

Si bien es cierto que la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia, no impiden que se establezcan distinciones o particularidades respecto de personas o situaciones, ello es así en tanto su fundamento sea razonable y no resulten arbitrarias.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Pedro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia el quebrantamiento del régimen legal de la prueba, en particular de los arts. 251 y 255  del Código de Procedimiento Penal los arts. 251 y 255 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589  y sus modif.-, si tales elementos de convicción no fueron utilizados por el sentenciante para acreditar la responsabilidad del encartado en el hecho.
Sanciones aduaneras, graduación de la pena, pena inferior al mínimo legal, declaración de importación, documentación del buque, manifiesto de carga
Materia: ADUANERO
Carátula: Rios Ar (T.F. 8374-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Atento lo dispuesto por el art. 916 del C.A. la causa exhibe motivos suficientes para atenuar la pena impuesta aún por debajo del límite mínimo previsto por el art. 954 punto 1 ap. a) del citado código. En efecto: a) el hecho ilícito compuesto por las disposiciones de los arts. 954 y 956 ap. c), remite a una sanción prevista de modo particular para otro tipo de declaraciones, que no guarda proporción en supuestos próximos a los de responsabilidad indirecta (ver Mensaje del Título II, cap. III, pto. 1) lo que admite una apreciación menos rigurosa; b) la circunstancia de resultar la fecha de la descarga de un informe aduanero y en tanto que la presentación del manifiesto se realizó al día siguiente de finalizada aquélla, no obstante lo dispuesto por los arts. 193 y 136, sin que se invoquen razones que justifiquen ese proceder.
Marcas, interés legítimo, derechos subjetivos
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GLAUBACH, ROBERTO ALEJANDRO c/ HCA SA s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

El interés legítimo tiene una connotación y protección jurídica mas débil que el derecho subjetivo, encontrándose en una posición intermedia entre esta ultima y el interés simple. En tal sentido este viene a cubrir y legitimar, valga la redundancia, un sector mucho mas amplio de personas abarcadas en su derecho de peticionar y actuar, tanto en sede administrativa cuanto en la esfera del propio Poder Judicial. Cabe entender: a) que el derecho subjetivo consiste en un poder atribuido a una voluntad individual: es una esfera en la cual reina soberanamente la voluntad de una persona b) que el interés legítimo aparece como una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental, c) que en el interés simple el titulo no es ya singular, sino que se actúa en función del bien común o círculos de interés determinados, pero de carácter mas genérico, en tal situación el particular esta habilitado para ejercer el derecho de peticionar ante las autoridades, el cual en virtud a su cargo constitucional, art. 14 de la Constitución Nacional, no requiere de una ley que lo reconozca, concretándose tanto por medio de meras peticiones, como de propuestas, etc. De estos tres conceptos surge que la demandada oponente estaba legitimada para proceder como lo hizo, no solo por lo dispuesto en el art. 4 ley 22362, sino porque incluso la jurisprudencia ha receptado oposiciones en ocasiones hasta de terceros.
Prisión preventiva, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Y., R. H. s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-16

Los actores penales pueden requerir la prisión preventiva (Código Procesal Penal, artículo 323) cuando sea absolutamente imprescindible asegurar la investigación y la actuación de la ley (Constitución de la Provincia del Chubut, artículo 49, II).

Es menester entonces que los jueces autoricen o rechacen la privación de la libertad solicitada dentro de la competencia que poseen según la etapa procesal pertinente.

De acuerdo a las particularidades de ésta última conocerán en el incidente los Jueces de Garantías, de la audiencia preliminar o del Tribunal de Juicio.

Pero cuando se trata de la revisión de la prisión preventiva, provocada o de oficio (Código Procesal Penal, artículos 235 y 236), la ley manda que juzguen otros Jueces.
Poder Ejecutivo, gobernador, decretos, ley derogada, acción contencioso administrativa, resoluciones recurribles, acto administrativo, juicio, cuestión abstracta, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRICEREAL SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE N°   459-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

Si bien en el caso ha desaparecido la cuestión traída a conocimiento del Tribunal por la derogación efectuada por el Poder Ejecutivo provincial de la normativa que se impugnaba, debe aclararse que dicha derogación respondió a la necesidad de adecuar el régimen local regulatorio del transporte a los principios de la legislación nacional y provincial referidos a la desregulación de la economía.

Se trata, entonces, de la desaparición de la materia litigiosa como consecuencia del dictado de un acto general (ius superveniens), que no aparece como directa respuesta y aceptación a la legalidad y oportunidad del reclamo efectuado por la actora, con lo cual, en tal particular circunstancia, las costas deben ser impuestas en el orden causado.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cadorín, Jorge Conrado y otros c/ Fernández, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Si la pericia contable no resulta computable como mecanismo para conformar un juicio aproximado de la importancia económica del daño generado por la "privación de uso", no por ese habrá de considerarse frustrada la posibilidad de evaluar el monto del daño, si acreditado éste no resultare justificado su monto (art. 165 inc. 3º c.proc.).-
Cómputo de servicios, prueba, cesación de servicios, falta de prestación de servicios, causas políticas y gremiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VERDUGO BAEZ, JOAQUINA NIEVES c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-25

Debe tenerse por fehacientemente acreditados los motivos políticos a los que alude el art. 3 de la ley 23.278, si la cesación de servicios fue dispuesta en virtud de considerarse el agente presuntamente comprendido en las disposiciones de la ley 21.260.
Accidentes de trabajo, fondo de garantía, empleador fallido
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Pedro Víctor c/ COFIM S.A.C.I.C.I.F.M.A. s/ Cobro de indemnización González, Julio César c/ Pereira, Heber s/ Accidente (Ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10|2002-02-19

El apartado primero del art. 10 de la ley 9688 exige, para que el interesado pueda percibir de la Caja de Garantía la indemnización por accidente de trabajo, que dentro de los noventa días de quedar firme la sentencia realice las gestiones razonablemente indispensables para ejecutarla y vencido dicho término, dentro del plazo de treinta días, solicite la declaración judicial de insolvencia patronal absoluta del principal.
Acción de amparo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Según tiene dicho desde antigua data el S.T.J., el juicio de amparo "...no es ciertamente un proceso contradictorio entre partes en litigio, sino una petición unilateral de derecho público .... Sin embargo, la propia Corte ha decidido en la causa "Morano" (Fallos, 250:844) que en los amparos ha de respetarse la defensa en juicio..." (del voto del Dr. E. NELSON ECHARREN, Se. N* 165/94).- Idem voto del suscripto en Se. N* 29/99.
Prueba testimonial, declaración testimonial, testigos, testigo único, actos y diligencias procesales, validez de los actos procesales, valor probatorio, delito penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Oscar A. s/ Prueba Testimonial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-18

La regla "testis unus, testis nullus" no tiene acogida en nuestro derecho, por lo que el testimonio de un único testigo es perfectamente válido si se compadece con el resto de las probanzas arrimadas a la causa, máxime en los casos de delitos que se llevan a cabo en situación de soledad, donde resultaría ilógico pretender un número mayor de testigos.