Sentencia absolutoria, fundamentación de la resolución, apartamiento de la doctrina de la corte, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Benac, Cecilia del Carmen s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-17

La decisión de absolver a la imputada en base a que no se logró arribar a un estado de certeza respecto de los hechos denunciados, no aparece como arbitraria o irracional, pues se motiva en pruebas que han recibido una ponderación cuya consistencia no ha podido ser puesta en crisis por el recurrente. El voto concurrente se apartó de la doctrina establecida en "Santillán" por la CSJN con fundamentos nuevos no tenidos en cuenta por la Corte, y señaló que el querellante no tiene un derecho constitucional para intervenir en la causa criminal como tal, sino que la facultad reconocida por la ley a los particulares de hacerse parte querellante en los delitos de acción pública no es un derecho de propiedad en el sentido de la ley civil, sino una mera concesión de la ley susceptible de suprimirse en todo tiempo. Esta visión constitucional no se ha visto modificada por la incorporación al orden interno, con jerarquía constitucional, de los instrumentos internacionales de derechos humanos ya que el derecho al recurso judicial efectivo no es equivalente a un derecho de acusación. La ley no le ha dado al querellante la llave de apertura del procedimiento, una vez abierto le ha concedido una participación que no puede caracterizarse como la de acusador con plena autonomía, sino que lo ha condicionado como adhesivo de las pretensiones de la fiscalía. La CS en el fallo "Quiroga" no ha querido reconocer al querellante un derecho de acusación autónomo que habilitara el juicio aún contra la opinión de la fiscalía sino que al establecer que el art. 348 del CPPN era incompatible con el art. 120 de la CN lo hicieron sólo en punto a la facultad de la Cámara de reemplazar al fiscal y dar instrucciones para que se presente un requerimiento de elevación a juicio. Con las disposiciones de los arts. 346 y 393 del CPPN la ley pretende evitar que la fiscalía realice instancias sin conocer ni atender a la opinión y pretensiones de la querella. Si fuera cierto que la Constitución garantiza a todo querellante un poder autónomo de acusación, ninguna ley de inferior jerarquía podría arrebatarle a cada víctima individual un poder de acusar con autonomía, por lo que los imputados de delitos pluriofensivos se verían en una situación rayana a la indefensión pues la posibilidad de múltiples acusaciones con objetos mas o menos divergentes sobre un mismo hecho anulará la posibilidad de defensa efectiva. En tanto la querella no ha impugnado de inválido el alegato del Ministerio Público en base al art. 69 del CPPN, el tribunal oral no está habilitado a considerar sus pretensiones, pues no tiene poderes autónomos de acusación, y por ende, sus pretensiones dependen de la subsistencia de una pretensión condenatoria de la fiscalía. Puesto que la querella no tenía capacidad para habilitar al a quo a dictar una sentencia de condena a pesar del pedido absolutorio de la fiscalía, tampoco debe reconocérsele la capacidad de habilitar la revisión de los fundamentos absolutorios del a quo. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -según su voto-).