marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Patrocinio letrado, responsabilidad del Estado, mora, honorarios, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Kreichman, Dorita c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Defensa  -  Gendarmería Nacional s/ Cobro de Honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

El principio que consagra el art. 1, inc. f) de la Ley 19.549 - que el patrocinio letrado no es obligatorio - no obsta para supuestos en los que el obrar moroso de la Administración derive en la necesidad de ser asistido profesionalmente para lograr de modo eficaz lo que no se reconoce naturalmente. La circunstancia de que la citada ley no regule el tema de las costas no empece a que en ciertos casos se reconozca la obligación del Estado de soportar los honorarios de la asistencia letrada que resulte imprescindible para el reconocimiento del derecho, doctrina ésta fundada, por analogía, en el art. 70 del Código Procesal, ya que el reconocimiento de la actualización por parte del Estado fue tardío y obligó al pensionado a desplegar una reiteración de gestiones administrativas.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vera Oscar Osvaldo c/ Transportes Antártida y Ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Corresponde computar el curso de los accesorios en caso de responsabilidad extracontractual desde la fecha del ilícito, con abstracción de la efectiva realización de las reparaciones, como así también de la época en que se las efectuara, por tratarse de una hipótesis típica de mora "exre". Es que el derecho al resarcimiento nace a partir de la producción del daño, el cual comprende las pérdidas e intereses.
Competencia, leyes, interpretación de la ley, Prefectura Naval, marino mercante
Materia: PROCESAL
Carátula: "Kolaitis  Konstadinos c/ Prefectura  Naval Argentina -Disp. DPSJJS1 796/00". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

Si bien de la lectura del art. 702.0025 resultaría que este Tribunal resulta competente respecto de toda resolución dictada por el Prefecto Nacional Naval, existe un principio elemental de hermenéutica según el cual por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, la conexión con las dem s normas que integran el ordenamiento (cfme. Fallos: 241:227; 244:129; 283:239; esta Sala, 12/10/95, "Cía. Gillette de Argentina"). Con ese alcance, debe señalarse que todo el título 7 hace referencia a la aplicación de sanciones (multa, apercibimiento, suspensión y/o cancelación de la habilitación -arts. 702.0020, 702.0021, 702.0022, 702.0026), quedando fuera del conocimiento de esta C mara los reproches de tipo profesional a marinos no matriculados en este país y, por lo tanto, no sujetos, en principio, a la jurisdicción administrativa local.
Prescripción, acción de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caviglia Laura Inés c/ Procura Esther Teresa Filomena s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-12

Es nula de nulidad relativa la enajenación hecha sin autorización judicial por el interés particular del incapaz que la ley tiende a proteger a través de la sanción de nulidad; tal protección conllevaría a aplicar la prescripción de la acción de nulidad en el plazo de dos años a contar desde la mayoría de edad.
Jurisprudencia vinculante, sistema federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L.G., J.A. c/ L.R. SRL y Otro s/ Demanda Laboral (Dif. Haberes e Indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-06

"...que los precedentes de la Corte Suprema tienen fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales en materia no federal, constituyendo toda disidencia fundada de dichos precedentes, una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en sus art. 67 inc.11, 100, 104 y 105 de la misma. "La exégesis que hace la Corte Nacional en las cuestiones no federales, tiene efecto de vinculación moral para los demás iudicantes, sobre la base de principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias particulares de la causa".
Pensiones militares, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: TORRES, SILVIA c/ E. N. s/ NULIDAD DE RESOL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

A partir de la vigencia de la Ley 22.528 y posteriores que remiten a sus disposiciones la tasa de interés puro que debe aplicarse a las diferencias de haberes un cinco por ciento (5%).
Derecho de registro e inspección, asegurador, convenio multilateral
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-09

Sabido es que, en la configuración de los tributos, la Constitución confiere al legislador un amplio margen de apreciación de las situaciones, hechos o circunstancias que exterioricen la capacidad contributiva.

El "sub lite" responde a una liquidación por ajuste parcial de DReI practicada a una Compañía de Seguros, que está constituida bajo la forma de una sociedad anónima con casa central en capital federal, con un local habilitado en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe.

Ante ello, la recurrente no trae argumentos de peso que permitan convencer que las circunstancias de hecho y de derecho enumeradas carezcan de correspondencia con los presupuestos que condicionan la aplicación del artículo 35 del Convenio Multilateral, de manera tal que lo resuelto luzca manifiestamente irrazonable o guiado por una injusta persecución de la base imponible o del coeficiente de gravabilidad.
Prueba, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: CINALLI O. c/ DECOURGEZ M. E. s/ SIMULACION - PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La apertura a prueba en segunda instancia es excepcional y los supuestos de admisibilidad son de interpretación restrictiva. El pedido de replanteo de prueba (art. 260, inc. 2 del Cód. Procesal), debe ser fundado, es decir que el escrito en que se formula debe contener una crítica concreta y razonada de la resolución desestimatoria recaída en primera instancia. Deben señalarse los errores u omisiones de que adolece el pronunciamiento, en forma similar a la conducta que debe observarse cuando se trata de agraviarse de la sentencia por intermedio de un memorial.
Competencia contencioso administrativa, juicio de desalojo, permiso de ocupación, permiso precario
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SUBTERRANEOS BUENOS AIRES SOCIEDAD DE ESTADO c/ KASPARIAN, Antonio s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

Corresponde intervenir al fuero contencioso administrativo federal en la acción de desalojo tendiente a lograr la desocupación de un local en los términos de la ley 17091, si las partes se encuentran vinculadas por un contrato de permiso de uso precario, de naturaleza estrictamente administrativa.
Exacciones ilegales, concusión, consumación del delito, tentativa, inspectores de la DGI
Materia: PENAL
Carátula: PERLEZZI, VIRGILIO. s/ EXACCIONES ILEGALES - CONCUSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-04

1) La exigencia requerida por la figura del art. 266 del Código Penal puede revestir la forma de la insinuación y hasta manifestarse ideológicamente como provocando el ofrecimiento, sin llegar a la forma extorsiva. Lo que interesa es que la situación que se plantea a la víctima sea de compulsión directa e inmediata para que entregue el indebido beneficio apetecido por el agente activo.

2) En el caso de autos en que los procesados, abusando de sus cargos de supervisor e inspector de la D.G.I. exigieron de los damnificados, la entrega de dinero, pagadero en 2 cuotas, se encuentra configurado el delito de concusión consumado, y no mera tentativa; por cuanto la figura del art. 266 del C.P. es formal y se consuma con la sola existencia, sin que sea necesario la entrega del dinero.

Por ello se descarta en el caso la consumación experimental y la mencionada tentativa, sólo admisible en casos de "pago o entrega por error y de cobro".
Beneficios previsionales, AFJP
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MÁXIMA S.A. - A.F.J.P. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/U OTROS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-14

El sistema jubilatorio de capitalización se trata de una actividad nueva, que la ley 24.241 asigna a sociedades anónimas denominadas "Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones", así como también a otras sociedades, entidades o asociaciones; todas las cuales quedan sujetas a idénticos requisitos y normas bajo el control y supervisión directa de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

El art. 59 de la Ley 24.241 estatuye que las AFJP tendrán como objeto único y exclusivo el de administrar un fondo denominado de jubilaciones y pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece la propia ley. El fondo está constituido por los aportes de los trabajadores en relación de dependencia incluidos en el sistema, así como los que realicen los trabajadores autónomos en el porcentaje que fija la norma y son libres de optar por una u otra administradora. La retribución de éstas se denomina "comisión".
Competencia laboral, asegurador por riesgos del trabajo, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: González Joaquín Emmanuel c/ Las Auroras S.A.I.C.I.A. s/ Cobro de Pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-19

La ILT se presenta cuando el trabajador se encuentra -en principio, transitoriamente- impedido de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador y el proceso mórbido derivado del siniestro, o el de su curación, no ha cesado. Durante este tiempo y a partir del undécimo día la ART debe abonar al dependiente damnificado una "prestación dineraria" mensual conforme lo dispuesto por el art. 13 de la LRT. Queda claro pues, que durante el período de ILT "el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador." (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ NORA A. Y OTROS c/ CLUB CENTRO RECREATIVO Y/U OTROS s/DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-19

Se verifica una organización empresaria, si existe una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos y benéficos. Demostrada su existencia, cualquiera sea su tamaño y probado que el actor ha prestado servicios para ella en forma personal, relacionados con los fines mediatos o inmediatos que persigue la misma, nos encontraremos con un trabajador en relación de dependencia. Permitiéndonos este criterio dilucidar con mayor seguridad aquellos casos fronterizos en los que la verificación de la triple subordinación, jurídica, técnica y económica, no resulta a simple vista.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, empresa telefónica, agente oficial, telefonía celular, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez,  Alicia  Mercedes c/ Tecno  Consult  S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-22

Resulta solidariamente responsable, en los términos del art. 30 LCT, Telecom Personal S.A. por la explotación del servicio de telefonía móvil celular que llevara a cabo la agencia comercial codemandada. Ello así, pues dichas agencias en la práctica no se han limitado a la venta de aparatos y accesorios, sino que han comercializado también líneas telefónicas según el esquema de ventas diseñado por la principal (Telecom Personal S.A.).En este sentido no se desconoce que las empresas pueden segmentar su actividad (tercerizar determinadas facetas que integran la unidad técnica de ejecución), pero el art. 30 LCT en tales casos establece que, ante la delegación de "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento", la principal responde por las deudas laborales que contraen sus contratistas. (Del voto de la Dra. González que cambia su criterio sobre el tema).
Quiebra, honorarios del abogado, representante del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: Textil Oceanic SAICA s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-08

No corresponde que la masa pague los honorarios de los letrados patrocinantes del fallido respecto de las actuaciones profesionales relativas al pedido de quiebra y anteriores a que la misma sea decretada, y cumplidas en exclusivo interés de la deudora, como así tampoco con relación a las posteriores, salvo que en este último supuesto demuestre que realizaron trabajos que efectivamente la beneficiaron.
Recurso de casación, sobreseimiento, sentencia no firme, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros Adriana Mabel s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-17

La sentencia que -al hacer lugar al recurso de casación- anuló el sobreseimiento de la imputada no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario, sin que en el caso se haya conseguido acreditar la alegada arbitrariedad o gravedad institucional.
Despido, antecedentes disciplinarios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PARDO, Francisco c/ ALE TRANS S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-11

Las sanciones y entecedentes desfavorables del trabajador sólo tienen relevancia si se acredita, como causal de despido y de ruptura de la relación de trabajo, que éste no rindió la recaudación correspondiente al día indicado. Este hecho invocado al despedir debe ser probado por el empleador ante la afirmación del trabajador de haber depositado dicha recaudación en el buzón. Esta carga procesal no implica la prueba de un hecho imposible ya que hubiera bastado la declaración testimonial del encargado de la recaudación.
Embargo de buque, interdicción de navegar
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEC.  DE  MARINA  MERCANTE  (ESTADO  NACIONAL - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS) c/ VILAS Y CIA. S.A. FLUVIAL Y COMERCIAL s/ (EJEC. HIPOTECARIA NAVAL (A137.616,49)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La interdicción de navegar tiende a fortalecer y completar la garantía que confiere el embargo, evitando que se contraigan nuevos créditos privilegiados y que se someta al buque a los riesgos inherentes a la navegación.
Abogados, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: COSME, JUAN SETTIMIO Y OTRA c/ MARTI, OMAR ELADIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 354-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-22

El artículo 7, inciso 2, apartado a) de la ley 6767, que exige que el proceso se hubiese dado por terminado con la demanda y/o contestación, requiere -a los efectos de la regulación del honorario profesional del apoderado del demandado- la circunstancia de que haya contestado la demanda.
Costas, embargo, bienes inembargables
Materia: LABORAL
Carátula: García Zulma I. c/ Muñoz Reinaldo s/ Laboral-Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-19

El concepto de costas está referido a los gastos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia de la sustanciación del proceso y se compone de las tasas judiciales, los honorarios de los abogados, procuradores y peritos y las erogaciones derivadas de la producción de la prueba (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.III, pág.363). El principio general sobre imposición de costas se halla contenido en el art. 65 del C.P.C. (art. 141 C.P.L.) en cuanto dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar los gastos de la contraria, estando circunscripto el beneficio de la justicia gratuita de que gozan los trabajadores o sus derecho-habientes a la exención de todo impuesto o tasa que establece el art. 17 del C.P.L. En cuanto a los honorarios -cuando el vencido es el trabajador- el art. 20 L.C.T.sólo excluye se su pago la vivienda, que no podrá ser sometida a ejecución forzosa. Si tiene otros bienes muebles o inmuebles que no sea la vivienda, éstos quedan excluídos de la protección legal.
Acción de inconstitucionalidad, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARNOLFI DE CHARADIA, NILDA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y OTRA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR CON  RESTITUCION DE LO DESCONTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-03

Según lo previsto por el artículo 55 de la ley 8369, únicamente es apelable la sentencia definitiva de la acción de inconstitucionalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión parcial del recurso, responsabilidad solidaria, personas con discapacidad, asegurador, siniestro, transporte de pasajeros, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Galván, Jonatán Javier c/ Gutiérrez, Hnos. SRL y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-09

Corresponde conceder parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía en lo que respecta a la responsabilidad por el hecho dañoso, por lo tanto se hace lugar la demanda de daños y perjuicios en ocasión del accidente sufrido por el actor -quien presenta como consecuencia una discapacidad permanente-y se rectifica la resolutiva, pues al observar claramente que la aseguradora está vinculada contractualmente con la demandada y han actuado en forma conjunta en esta litis, o al menos con un apoderado común, corresponde en uso de las facultades del art. 713 del Digesto Procesal, hacer responsables a ambas.
Poder Legislativo, ley derogada, interpretación de la ley, nulidad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La tradición parlamentaria de la República, demuestra que cuando el Congreso de la Nación decidió privar de todo efecto a un texto legal anterior, la ley respectiva no se limitó a una mera derogación, sino que expresamente declaró la nulidad de la norma precedente y reguló pormenorizadamente las diversas situaciones que pudieron presentarse al amparo del régimen anterior para desconocerle efectos jurídicos (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Juicio ordinario, oposición a la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Larsen, Ana Gabriela c/ García, Ana Elvira s/ Resolución de Comntrato- Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-08-20

El proceso en el que se ofrece la prueba en cuestión, es de conocimiento amplio por lo que las mismas no contribuirían a su desnaturalización como tal. Las pruebas que se pretenden impugnar se ajustan a lo que prescribe la norma del art. 182 del C.P.C., guardando total relación con los puntos de la demanda que se pretende probar.
Quiebra, cesación de pagos, prueba, acción revocatoria concursal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

En lo que respecta al conocimiento del estado de cesación de pagos que exige la LCQ 119, la ley no requiere prueba de un conocimiento efectivo, sino la de una mera cognoscibilidad (Maffía, O., "La ley de concursos comentada", página. 391 y ss., entre otros autores). Esta cuestión ha sido examinada de un modo especial cuando el sujeto pasivo de la acción revocatoria concursal es una entidad financiera o bancaria.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, mandamientos, intimación de pago, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: C.S.J.N. c/ RESCHINI, JOSE LUIS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

El art. 544, inc. 4 del Cód. Proc. establece que se "limitara a las formas extrínsecas del título" circunstancia que excluye, obviamente las omisiones o defectos referidos al mandamiento de intimación, que eventualmente autorizarían a suspender el término para oponer la excepción, aspecto que en el caso se encuentra precluído.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GAS DEL ESTADO. c/ EXPRESO SUD ATLANTICO. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-02

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que dispuso distribuir las costas de ambas instancias según su orden y las comunes por mitades, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68, segunda parte, del Código Procesal.

Ello así, pues sin perjuicio de destacar que el escrito mediante el cual se dedujo el recurso extraordinario no contiene el relato claro y concreto de los hechos del litigio de modo que permita relacionarlos con las cuestiones presentadas como federales, hay que agregar que las objeciones que propone la apelante remiten al examen de temas de hecho, prueba y de derecho común y procesal cuya decisión es materia propia de los jueces de la causa y resulta ajena, como regla, a la instancia del art. 14 de la ley 48, máxime que la decisión impugnada posee suficientes fundamentos que excluyen la tacha de arbitrariedad.
Uniones convivenciales, derechos patrimoniales, compensación económica, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: R., L. M. c/ G., C. A. s/ ordinario (compensación económica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-03

La unión convivencial inscripta presupone una exigencia que la define como tal, la convivencia (arts. 509 y 510 inc.e) CCC), al punto que el art. 512 CCC indica que la inscripción es prueba suficiente de su existencia.
Crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, LUIS ERNESTO c/ TALLERES METALURGICOS HANNE S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-03-01

La Ley 24283 sólo afecta los Créditos cuya exigibilidad fuese anterior al 01-04-91 y, por lo tanto, se hallasen alcanzados por el art.276 de la LCT o por Normas indexatorias semejantes. Los créditos posteriores han nacido bajo la concepción nominalista establecido por la Ley 23928 y no sujetos a indexación alguna. Los intereses no constituyen una indexación, prohibida por la Ley 23928.
Segunda instancia, tribunal colegiado, sufragio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PUSTILNIK, FRANKLIN D c/ NIZETICH, NICOLÁS Y OTROS s/ JUICIO ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 101-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-14

Si el fundamento del segundo grado de la jurisdicción es el control de la sentencia confiado a un tribunal pluripersonal, la eficacia de ese control desaparecería si en definitiva el tribunal de apelación pudiera convertirse, prácticamente, en unipersonal.

Debe consignarse la concordancia de fundamentos y la adhesión del voto.

Jurisprudencia concordante: A y S T 36 p 340-343