Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-02


Salta, 02 de Agosto de 2010.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ABRAHAM DEL PINO, SILVINA INES VS. EL CONDOR S.A. - ORDINARIO" , CAM 22337 / 9; originario del Juzgado de 1ra. Inst. del Trabajo Nº 3, Expte Nº 16943/6 , para resolver la apelación interpuesta a fs. 163/164 , y C O N S I D E R A N D O El Dr. Froilán M. Miranda dijo:

I) Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada disconforme con la sentencia de fs 154/160 y vta. de autos y en base a la cual la Aquo hace lugar en forma parcial a la demanda articulada en contra de El Cóndor S.A. condenando a abonar el importe total de Pesos trece mil sesenta y cinco con 41/100 ( $ 13065,41) en concepto de diferencias de haberes S.A.C.,indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización del art. 16 ley 25.561 y art. 2 ley 25.323. Atento a lo previsto en el art. 67 del C.P.L. el recurso planteado incluye Recurso de Nulidad en consideración que la sentencia dictada contiene defectos de forma por cuanto no ha resuelto cuestiones expresamente planteadas en la contestación de demanda.

Se agravia por cuanto expresa que la sentencia apelada contiene y adolece de errores, vicios, defectos, omisiones e imprecisiones de hecho y de derecho _ Se agravia por cuanto la sentencia no ha considerado, analizado ni resuelto sobre la causal puntualizada de extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente.

Afirma que El Cóndor exteriorizó en forma indubitada la voluntad de dar por finalizado el contrato de trabajo. En ese marco, la actora a partir del día 17 de junio de 2005 dejó de concurrir a cumplir con las tareas a su cargo, inicialmente pretendiendo justificar las inasistencias mediante certificados médicos. Sin embargo, tales certificados fueron presentados en la administrativa autoridad del trabajo habiendo transcurrido varios días de haber vencido los presentados en la Empresa.

Afirma que la Sra. Abraham, a partir de la fecha, señalada omitió todo tipo de comunicación y de expresión de voluntad sobre el contrato de trabajo, inclusive sin concurrencia al domicilio de la Empresa. Recién el 22 de junio expresa voluntad mediante telegrama obrero de cuestionar el distracto invocado por El Cóndor S.A. por lo cual su manifestación de voluntad resulta extemporánea.

Puntualiza que la actora en ninguna oportunidad ha manifestado la voluntad de considerar extinguido el contrato de trabajo por tiempo indeterminado invocando alguna causal o injuria laboral.

Afirma que en la sentencia apelada se omitió resolver la cuestión planteada, y pide se dicte sentencia resolviendo el fondo de la cuestión de extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente. Se agravia porque la Sra. Juez Aquo resuelve sobre la base de las indemnizaciones y de las diferencias de salarios demandados: "... y a las diferencias salariales reclamadas por el período abril a junio/05 inclusive, atento que el salario que se abona a la actora no responde a la escala salarial vigente por el período de que se trata...". Expresa que la conclusión de la Aquo referida a las tablas salariales que deben aplicarse se funda únicamente en la voluntad de la Sra. Magistrada ya que en autos no existe ninguna prueba documental indicio de pruebas que avale y dé fundamento a lo resuelto.

Puntualiza que en la contestación de demanda se niega y rechaza que la remuneración alcance a la suma de Pesos Un mil doscientos treinta en el mes de junio del año 2004 ( fs. 27 vta, quinceavo párrafo) y afirma que ha quedado acreditado en autos, mediante el contrato de trabajo reservado en Secretaría, que el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable es el individualizado bajo el Nº 367/73/75. Destaca que ello surge también de la prueba de posiciones rendida en ausencia y que incluso en la demanda (a fs. 4 y 5 vta. primer párrafo) se reconoce al mismo como el convenio aplicable..

Manifiesta que, con los recibos de sueldos reservados en Secretaría por los meses de marzo a junio de 2005 - documentación que no fue cuestionada en cuanto al contenido se acredita que los conceptos salariales fueron: el básico de $ 478,21 y presentismo de $ 233,80 , lo que totaliza $ 712,01.

Dice que, incluso el importe del recibo de sueldo del mes de mayo firmado por la actora y desconocido el importe percibido sin reserva es de $ 636,52- que resulta superior al consignado en la planilla. En consecuencia, dice que los importes determinados en la planilla de liquidación de la sentencia de fs. 160 resultan infundados y arbitrarios.

Pide se revoque la sentencia y determine la planilla de liquidación en base a los importes que surgen de los recibos de sueldos.

Dice que agravia a su parte lo resuelto en la Sentencia a fs. 160 al determinar la aplicación de interés de Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina a las cantidades originalmente detalladas como adeudadas.

Afirma que la sentencia dictada por la Aquo es errada, equivocada, infundada, arbitraria y contraria a la mayoritaria jurisprudencia vigente en este Fuero Laboral, en especial a la establecida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en fallos que se invocan más abajo.

En primer lugar se puntualiza que en la demanda (fs. 24 vta) la contraria se limita a peticionar intereses sin fundar el reclamo articulado.

Expresa que la sentencia de la Inferior, en forma dogmática y sin ningún fundamento ni invocación de antecedente jurisprudencial resuelve la aplicación de tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. La resolución es gravemente arbitraria.

La aplicación de Tasa Activa produce una evidente desproporción en la liquidación de los importes demandados de salarios e indemnizaciones, ello por lo elevado de estas tasas. La tasa Activa a partir del mes de junio de 2003 alcanza a un porcentaje mensual del 1,93% ( se acompaña en una foja informe del Banco de la Nación Argentina sobre las tasa de interés activa). Comparado este porcentaje de interés con el índice inflacionario de costo de la vida de los dos últimos años que no supera el 1% mensual, surge con evidente claridad la desproporción y arbitrariedad, la que se agrava por el prolongado período de tiempo de aplicación de tasa activa.

Invoca el antecedente jurisprudencial de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta que en los autos caratulados " Villareal; María Magdalena vs. Salta Postal S.R.L. s/ Apelación", Expte. 14.244/05 que dispone aplicar tasa pasiva hasta el 31/12/01; activa desde el 01/01/02 hasta el 07/07/04; pasiva nuevamente desde el 8/07/04 hasta el efectivo pago".

Pide se aplique a la sentencia a recaer en autos la Tasa de Interés Pasiva del banco de la Nación Argentina, teniendo en cuenta los diferentes períodos de crisis económicas que sufrió el país y para evitar un agravamiento económico financiero a esta parte demandada.

La expresión de agravios fue contestada a fs. 167/169.

II) Analizando los agravios integrantes del recurso de apelación, corresponde verificar si el memorial presentado cumple las exigencias del art. 255 del C.P.C. y C.

Esta Sala siguiendo numerosa doctrina y jurisprudencia sobre el tema, reproduce el criterio que enseña: " La expresión de agravios es el acto mediante el cual el recurrente debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas.." ( Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T VI, pág. 266/267).

Comienza el memorial agraviándose por cuanto la sentencia glosada a fs. 154/160 de autos la Aquo hace lugar en forma parcial a la demanda articulada en contra de El Cóndor S.A. condenando a abonar el importe de $ 13.065,41 en concepto de Diferencia s de Haberes; S.A.C., Indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización del art. 16 , ley 25.561 y art. 2 ley 25.323. Deja aclarado que conforme lo previsto en el art. 67 del C.P.L., el recurso planteado incluye recurso de nulidad en consideración que la sentencia dictada contiene defectos de forma por cuanto no ha resuelto cuestiones expresamente planteadas en la contestación de demanda.

Corresponde, en primer lugar, determinar la real causa del distracto. Si es la determinada en la sentencia o la alegada por la accionada, por voluntad concurrente de las partes.

El apelante acepta en su expresión de agravios que, no habiendo dado cumplimiento a la notificación a la otra parte de la extinción del contrato de trabajo, el mismo se transformó en un contrato por tiempo indeterminado.

En la sentencia se agrega que la actora en su T.L del 23/7/05 , "....hace referencia a que la empresa no le quiso recibir certificados médicos. La empresa SIMELA adjunta historia clínica de la actora en donde figuran los distintos diagnósticos que justificaron los días de licencia en el mes de junio del año 2005( fs. 134), determinándose que estuvo en uso de licencia por enfermedad durante los días 13,14,15 y 16/06/05 y durante los días 21,22,23,24 y 25 /06/05. La actora se presenta por ante la D.P.T. en expte Nº 64.78974/05, con fecha 18/07/05 manifestando que los certificados médicos que menciona, fueron recibidos por la empresa: los primeros, sin darle constancia alguna, negándose directamente a recibirle el último, por lo que solicita se fijó una audiencia a los fines de que la patronal proceda a recibir los mismos. Se adjuntan tres certificados, uno de fecha 15/06/05 que indica reposo por quince días ; otro del 25/06/05 por cinco días y un último, del 30/06/05 que indica reposo absoluto por el término de quince días y otro del 25/6/05 por cinco días y un último, del 30/6/05 que indica reposo absoluto por el término de quince días. A fs. 05 de dicho expediente obra notificación efectuada a los responsables legales de la empresa el Cóndor S.A., citándolo a comparecer a efectos de recibir los certificados médicos depositados por la Sra. Abraham, Silvina. Esta notificación es del 25/07/05, no constando a continuación comparencia alguna por parte de los responsables de la empresa".

Esta reticencia en recibir los certificados médicos, puesta de manifiesto por la accionada no puede, de manera alguna, abonar su posición respecto del distracto.

Al respecto conforme surge de la doctrina y la jurisprudencia: " Los elementos materiales fueron predispuestos por el legislador para asegurar , al menos desde lo formal, que el distracto cuenta con la conformidad del trabajador. Estos son : 1) Que se formalice mediante escritura pública, o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y 2) que en dicho acto esté presente personalmente el trabajador ...". Reiteramos, estos requisitos fueron impuestos al solo efecto de certificar la firma del trabajador, lo que implica que para el texto legal no es necesaria la homologación para darle efectos extintivos y liberatorios" ( Raúl Horacio Ojeda en Ley de Contrato de Trabajo Comentada y concordada- Antonio Vázquez Vialard ( director)- Raúl Horacio Ojeda ( T II, pág 331.).

Luego se agrega: " Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. ( op. cit. pág. 333).

Por ello, no resulta extemporáneo que la actora cuestionara el despido que conforme surge de fs. 4, habría ocurrido el 30/06/2005. Teniendo en cuenta las justificaciones de inasistencias y certificados médicos por similares dolencias otorgadas por SIMELA y por el Dr. Amado, éstas últimas no objetadas de ninguna manera al ser puestos en conocimiento de la empresa por parte de la DPT.

Atento a la respuesta dada a la trabajadora ante su intimación a la empresa de fecha 23/07/05, de conclusión de la relación de trabajo, sólo cabe tener por finalizada la relación laboral, ya en el marco de contrato por tiempo indeterminado (ante la falta del preaviso de ley), como bien lo señala la sentencia.

En consecuencia, corresponde rechazar el agravio vertido.

Segundo Agravio: Dice que las conclusiones de la Aquo referidas a las tablas salariales que deben aplicarse se fundan únicamente en la voluntad de la Sra. Magistrada y que en autos no existe ninguna prueba documental o indicio de prueba que avale y dé fundamento a lo resuelto.

Cabe destacar que en la contestación de la demanda, como surge a fs. 27 vta., se limita a negar que la remuneración del convenio colectivo de trabajo Nº 367/75 fuere de $1.230- en el mes de junio del año 2005, pero omite citar el importe que corresponde conforme con su postura, omisión que no es superada con las cifras consignadas en base a los recibos de sueldos reservados en Secretaría.

Ello en razón de que no puede ponderarse prueba referida a hechos o negaciones omitidas. " La aportación de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones o defensas de las partes, es una actividad privativa de éstas últimas estándole vedado al Juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes" (Palacios, Derecho Procesal Civil, T I, pág. 259/260).

" Esta Sala ha sostenido que el tribunal de Alzada carece de potestades para analizar indiscriminadamente todo tipo de cuestiones introducidas por el apelante sino que es sólo competente para resolver las cuestiones planteadas en la instancia dentro de los límites formulados por el quejoso. Es decir que la 2da. Instancia tiene prohibido tratar cuestiones no incorporadas a la relación procesal en la instancia anterior, ni de aquellas que no han sido propuestas por el apelante, en tanto que las efectivamente planteadas deben ser correlativas de la instancia anterior._ El principio de congruencia muestra límites más rigurosos en la competencia del tribunal de Alzada para resolver los planteos formulados por los recurrentes, toda vez que el objeto del recurso de apelación se encuentra circunscrito a las pretensiones impugnativas de aquellos.

Dice la jurisprudencia:"Tanto la decisión de 1ra. Inst. como la de la Alzada deben serlo atendiendo a los términos en que quedara trabada la litis, razón por la cual las potestades decisorias del Organismo jurisdiccional de 2da. Instancia sufre una limitación: por una parte la que resulta de la relación procesal, y por la otra la que impone el recurrente a través de la expresión de agravios.

Así es que la primera limitación de la sentencia está dada en que debe basarse únicamente en los hechos aducidos en la demanda y su contestación hallándose el juzgador constreñido por los planteos de las partes al momento de trabarse la litis..."(Cám. De Apelac. C. y C. , Salta, Sala I, 27-2-88, " Lezcano vs. Guines", Fallo , fs. 508 en C.P.C. y C. de la Prov. de Salta, T IV, pág. 301 en Loutayf Ranea -Montalbetti de Marinaro").

"En toda causa es operable el principio de congruencia por tener jerarquía constitucional y hacer al debido proceso, con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Concordante de la Nación, art. 34 inc. 4 , al fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria pesa sobre el juez el deber de respetar la regla de congruencia entendida como aquella que exige la estricta adecuación a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado...." (Palacio, Alvarado Belloso, Código T II, fs. 13/114).

Por lo expuesto corresponde el rechazo del segundo agravio al carecer de los requisitos precedentemente expuestos.

Tercer agravio:

Agravia a su parte lo resuelto en la sentencia a fs. 160 al determinar la apelación de interés de la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina a las cantidades adeudadas. Pide se aplique la Tasa Pasiva. Cita jurisprudencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

En primer lugar se puntualizada que en la demanda ( fs. 24 vta) la contraria se limita a peticionar intereses sin fundar el reclamo articulado.

Esta Sala ha sostenido en" Arias , Héctor Eduardo c/ Banco de Salta S.A.- Hoy Banco Macro", Expte Nº 2.210/2001: "... que al aplicar la tasa activa, no viola la ley de convertibilidad, por cuanto el art. 7 de la ley 23.928 (B.O. 28-3-91), sólo prohíbe la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, con posterioridad al 1 de abril de 1991. Por su parte el art. 11 no modifica ni deroga el art. 622 del Código Civil, que prescribe que en los casos en que no se hubiesen convenido intereses, se apliquen los determinados por las leyes y cuando los mismos no se hubieren fijados, que es el caso de autos " los jueces determinarán el interés que abonan", que es lo realizado por la Aquo. Por cuanto, como sostiene Atilio Aníbal Alterini, la ley 23.928, "....que permitió el empleo de la tasa de interés variable que no consiste en un porcentaje fijo de capital establecido de antemano, sino que se adecua a lo que cobran Bancos en dicho concepto.

Ante esas modificaciones de rumbo parecía lógico que el deudor estuviera precisado a pagar la tasa activa y efectiva que representa el costo del dinero en el circuito financiero con su propio sistema de capitalización...".

En tal sentido, el recordado Proyecto de Reformas al Código Civil del Año 1926, donde Juan Antonio Bibiloni señalaba "...el deudor de dinero moroso debe pagar lo que costaría obtenerlo por otro conducto. De lo contrario, los deudores resultan estar en mejor situación si no cumplen que si hacen honor a su obligación, para lo cual tiene que asumir el costo de preverse de fondos mediante otro préstamo..."(citado por Atilio Aníbal Alterini " La seguridad jurídica" pág. 113/114) ._ Cabe destacar que el decreto 941/91 reglamentario de la ley de convertibilidad ( Nº 23.9928), sólo se limita a percibir que : " El Banco Central de la República Argentina deberá publicar mensualmente la tasa de interés pasiva promedio que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el art. 622 del Código Civil", lo que implica que dicha tasa es obligatoria para los jueces.

Al incorporarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Dres. Guillermo López y Gustavo A. Bossert se dejó sin efecto, por la mayoría, el precedente fijado en autos: " López Antonio M. vs. Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. ( J.A. , Bs. As. 1-7-92, pág. 21/23 y vta.) y desde allí el criterio del Alto Tribunal se basó en la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 C.C.,que como consecuencia de la ley 23.928, queda librada al criterio de los jueces de la causa.

Por su parte la Corte de Justicia local en autos: " Acosta, Omar Roberto vs. Municipalidad de General Güemes Apelación. Expte. CSJ Nº 19.714/97 dijo: " ...La determinación del interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas ni imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (Banco Sudameris C. del Cam. S.A. y otra., Rev. LL, 1994- C, 27 en igual Rev. LL 1995-c,31 entre otros)...".

Agregando: " Ello así atendiendo a la naturaleza alimentaria del crédito reclamado en estos autos, corresponde que el interés sea fijado conforme los que resulten del promedio mensual de la tasa activa aplicable por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento comerciales, efectuándose el cómputo hasta la fecha del efectivo pago...." (Colección de fallos de la Corte de Justicia T I, volumen I, pág. 115). Tal fue la postura adoptada por esta Sala en autos: " Ordinario. Quispe, Marcos Antonio c/ Vaca Eduardo René y/o Heredia, Eduardo René. Expte Nº 1.749/ 2001- Ordinario Ragusa ; Salvador Armando c/ Club Gimnasia y Tiro de Salta " Expte. Nº 1.881/2001.

En virtud de lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, voto rechazando el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 163/164 y vta. y en su mérito confirmando la sentencia apelada, con costas a la recurrente (art. 67 CPC y C de aplicación supletoria a este fuero por imperio del art. 90 CPL).

La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo:Por ello,la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II F A L L A I) Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 163/164 y vta. y en su mérito confirmando la sentencia apelada, con costas a la recurrente (art. 67 CPC y C de aplicación supletoria a este fuero por imperio del art. 90 CPL).

II) Reservando la regulación de honorarios para la oportunidad procesal que corresponda.

III) Ordenando se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.