Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24


RODRIGUEZ, Margarita contra MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA Reg.: A y S t 198 p 78-82.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "RODRÍGUEZ, Margarita contra MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 597 del año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dieciséis del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Margarita Rodríguez promueve -por apoderado- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Reconquista con el objeto de que se le abone la indemnización correspondiente por despido sin causa justa, más intereses y costas.

Señala que trabajó para la Municipalidad de Reconquista desde enero de 1990 a diciembre de 1991 en categoría 7, de la "Sección Acción Social".

Indica que en fecha 23.12.1991 fue notificada de que quedaba cesante, motivo por el cual interpuso recurso de reconsideración contra tal medida en fecha 9.1.1992, el que hasta el momento no fue contestado en forma alguna, ni tampoco -agrega-, se le imprimió el trámite correspondiente, obteniendo como respuesta que la demora se debía a una sobrecarga de trabajo por el cambio de gobierno.

Afirma que era personal contratado, pero que por su tipo de trabajo no encuadraba en la tipificación establecida en el artículo 8 de la ley 9286, ya que entiende que sus tareas, por su naturaleza y duración, se realizaron durante todo el año sin interrupción alguna y por varios años, también sin interrupción.

Expresa que la modalidad de contratación se llevaba a cabo mediante la firma de contratos por períodos de treinta días, los que se iban renovando en forma continua y sin mediar interrupción entre ellos, lo que contradice, según ella, el Estatuto del empleado municipal.

Ello, sostiene, por cuanto se trataba de contratos de locación de servicios públicos, lo que pertenece a la categoría de los contratos civiles, entendiendo que la palabra público no vuelve administrativo un contrato de locación de servicios, a lo que agrega los "descuentos y aportes de ley, derecho social, que se le efectuaron".

Concluyendo, resalta que nunca se le aplicó sanción disciplinaria alguna, razón que, sumada a lo antedicho, da lugar a entender el despido como sin justa causa agravado por la falta de la indemnización pertinente, con costas.

Finalmente, invoca la denegación tácita de su reclamo en sede administrativa y, fundando su petición en las leyes 9286, 4828 (sic) y en el Código Civil, solicita se haga lugar al recurso interpuesto.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 72/72 vto.), comparece la Municipalidad demandada (f. 80) y contesta la demanda (f. 85/85 vto.).

En primer lugar, la accionada niega que sea cierta la fecha de ingreso y egreso de la agente a la Municipalidad, pero reconoce que trabajó en la "Secretaría de Acción Social", agregando que también es cierto que lo hizo en el Honorable Concejo Municipal, en el Museo Arqueológico y en la Terminal de Ómnibus, entre otras dependencias municipales.

Agrega que la actora no revistaba en categoría 7, por cuanto jamás ingresó a la carrera escalafonaria, con lo que -manifiesta-, mal puede hablarse de categorías.

Asimismo, en referencia al recurso de reconsideración interpuesto por la agente, manifiesta que "es cierto que el recurso fue denegado tácitamente".

Expresa que la actora fue contratada como personal no permanente de la Municipalidad de Reconquista en los términos del artículo 8, Anexo I, de la ley 9286, en fecha 10 de abril de 1990, y ante su vencimiento se produjo la desvinculación dictándose el correspondiente acto de gobierno que así lo dispuso.

Por otra parte, puntualiza, jamás se dictó acto administrativo alguno que dispusiera el pase de la agente al cuadro de Personal Permanente, ni hubo solicitud alguna en ese sentido.

Entiende que, dado que la recurrente pretende calificar el contrato que la vinculó con la Municipalidad como contrato civil, mal podría pretender el cobro de la indemnización como lo hace posteriormente.

Finalmente, explica que en el Estatuto que rige la relación de empleo público, el personal no permanente carece de algunos derechos que sí tienen los que integran la Planta Permanente, entre ellos, el de estabilidad (art. 15 in fine, Anexo I, ley 9286). En este marco, afirma la demandada haber cumplido respecto a la actora, con los aportes y descuentos de ley.

Solicita, en suma, se rechace el recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 86) y producida la que consta en autos, informa la actora sobre su mérito (fs. 205/207 vto.). Dictada (f. 208) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4.a. Según surge del relato que antecede, la actora pretende el pago de la indemnización por despido incausado invocando las normas de la ley 9286, pero a su vez afirma que se trataba de contratos de locación de servicios públicos regidos por el derecho civil.

Liminarmente cabe mencionar que, no obstante tal afirmación, la misma recurrente funda el escrito de demanda en la ley 9286; también invoca dicha norma en el alegato, al decir que los contratos se celebraron en el marco de los artículos 8, 133 y 134 de la mencionada ley; y lo sostiene además implícitamente al considerar la terminación de su vinculación como una cesantía incausada, todo lo cual pone de manifiesto que la relación laboral habida debe considerarse encuadrada en la normativa que rige el empleo público en el orden de los entes municipales y comunales, esto es el Estatuto del Personal, ley 9286.

No obsta a lo recién expresado la mención consignada en los instrumentos reseñados agregados al expediente judicial, consistente en que se trataba de "contrato de locación de servicios", en virtud de la ausencia de elementos contundentes que avalen la tesis sostenida por el actor, quien, por lo demás, no descarta que la relación se rigiera por normas del derecho administrativo -ley 9286-.

La demandada, por su parte, reconoce que la actora se ha desempeñado durante un período como personal no permanente de la Municipalidad, en el marco del artículo 8, Anexo I, de la ley 9286, y sostiene que como personal contratado deben aplicarse las disposiciones de la normativa invocada.

4.b. Sentado lo que antecede, corresponde dilucidar en qué carácter se desempeñó la recurrente en los cuadros de la Administración demandada.

En ese cometido, conforme puede extraerse del criterio jurisprudencial expuesto en las causas "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40) y "González" (T. 107, pág. 36) -entre otros precedentes-, en lo atinente a vinculaciones temporarias con la Administración, el acto que dio comienzo a la relación, apreciado en consonancia con otros elementos de ésta, asume fundamental importancia a efectos de determinar su carácter. En el caso, por decreto 152/90 (primer decreto), el Intendente municipal dispuso dar "de alta dentro del cuadro del Personal contratado eventual y temporario de esta Municipalidad a la agente... a partir del día 1 y hasta el día 28 de febrero de 1990, inclusive" (f. 65, expte. judicial).

Y en el respectivo contrato se consignó que las partes "convienen de común acuerdo en celebrar el presente contrato de locación de servicios públicos, el que se regirá por las normas vigentes en la materia y por las siguientes cláusulas especiales:...

3) el locador percibirá las remuneraciones establecidas para la Categoría Asimilado 07..." (f. 66, expte. judicial).

Lo propio sucedió con los decretos aprobatorios 152/90, 156/90, 172/90, 259/90, 323/90, 353/90, 378/90, 412/90, 15/91, 34/91, 61/91, 109/91, 171/91, 268/91 y sus respectivos contratos suscriptos hasta el 23.12.1991 en que se dicta el decreto 545/91, que le da "de baja de los Cuadros del Personal Contratado Eventual y temporario de esta Municipalidad, a partir del 01 de enero de 1992, por finalización del respectivo contrato de Empleo Público Transitorio".

Ahora bien: la ley 9286 (Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe), Anexo I, en el capítulo referente al "Ámbito de aplicación" dispone: "Este Estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe y Organismos descentralizados y/o autárquicos de éstas" (artículo 1).

En el caso debe, pues, concluirse en la aplicación de las normas pertinentes de la ley 9286, esto es, las referentes al personal contratado (artículo 8), en cuyas previsiones cabe enmarcar la situación del actor.

Cabe mencionar que, en un supuesto asimilable al presente, "Tempesta" (ya citado) esta Corte consideró decisivo atenerse a las constancias de donde surgía inequivocamente que no fue designado para integrar la planta permanente de personal.

En ese sentido, de ninguna manera puede acordarse a la relación que vinculó originariamente a las partes un carácter que evidentemente no surge de la letra del acto, ni estuvo en la intención de aquéllas al momento de su concreción (ver también "González", citado; "Daperno", T. 115, pág. 294).

La circunstancia de que el accionante haya aceptado el modo en que se llevó a cabo la relación de empleo (en base a sucesivas prórrogas) evidencia que no se consideraba con derecho a revistar en la planta permanente (cfr. "Messana", A. y S. T. 142, pág. 322).

Como se señaló en "Tempesta", si el accionante tenía dudas acerca del alcance de su designación debió haber solicitado aclaración cuando la relación fue establecida y en oportunidad de las sucesivas prórrogas.

Sin embargo, la aceptación de los contratos temporales veda al actor el reconocimiento de los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, sin que los argumentos del recurrente alcancen a desvirtuar la relevancia jurídica de su proceder.

4.c. Con relación a la afirmación de la actora atinente a que su relación no encuadra en el artículo 8 de la ley 9286 por no ser de carácter temporal ya que desempeñó funciones "durante todo el año sin interrupción alguna y sobre todo cuando fueron realizadas por varios años sin interrupción alguna", este Tribunal recordó también en la causa "Tempesta" que, la Corte nacional ha sostenido que "el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por un plazo superior a los doce meses -el fallo refiere al tiempo que según la ley 22.140 debe transcurrir para que el agente que ingresa a planta permanente adquiera estabilidad-, no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración" (Fallos: 310:195).

Además, y con relación a la otra afirmación de la recurrente en punto a que tampoco se ajustaba al régimen del personal contratado o eventual en razón de la naturaleza de las funciones cumplidas, debe recordarse que aún en el supuesto de que el cargo ejercido por el actor se hallara comprendido entre aquellos de carácter permanente, resultaría aplicable al "sub lite" la jurisprudencia del más Alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira (Fallos: 312:1371).

En virtud de las consideraciones que anteceden, debe destacarse la carencia de relevancia, a los efectos de variar la suerte de la litis, de las declaraciones testimoniales vertidas por Dubouloy (f. 173/vto.), Lucero (f. 175/vto.), Ugueruaga (f. 176/vto.), Vallejos (f. 178/vto.), Scarpín (fs. 180/181), Virili (fs. 182/183), y Nardi (f. 184/vto.), en tanto no aportan nuevos elementos a los ya analizados en la causa.

5. Siendo entonces claro que la relación de empleo que vinculó a la actora con la Municipalidad de Reconquista encuadra en el artículo 8, Anexo I, de la ley 9286, corresponde el análisis de la pretensión del actor: la solicitud de cobro de indemnización por despido sin causa.

Al respecto, no podría soslayarse que en la especie, al contratar, las partes claramente convinieron que "La Locataria tiene derecho a la rescisión anticipada del presente, debiéndose notificar al Locador con no menos de diez días de anticipación, no teniendo derecho a indemnización alguna" (cláusula quinta).

En tales condiciones, puede afirmarse que si la ruptura anticipada del contrato no generaba en principio derecho a resarcimiento, menos aún podría sostenerse que tal efecto derivaría de la posterior decisión de no renovarlo -"Gargatagli", A. y S. T. 156, pág. 202-. En el caso, el decreto 268/91 renueva el contrato desde el 1.8.1991 hasta el 31.12.1991, inclusive, y el 545/91 -de fecha 23.12.1991-, da de baja a la agente del cuadro de personal contratado eventual y temporario a partir del 1.1.1992.

Ello es así, por cuanto en el artículo 23 de la ley 9286 se establece que el personal que haya sido afectado en su estabilidad tiene derecho a indemnización, refiriéndose a aquellos que gozan de dicha condición (estabilidad), y claro es que el personal contratado no goza de ella.

Así lo dispone el artículo 15 de la mencionada norma, que al establecer el derecho a la estabilidad -junto a otros-, en su último párrafo dispone que no alcanzará al personal no permanente.

Deduciéndose de las circunstancias reseñadas que la constitución, desarrollo y extinción de la relación de empleo se adecuó a la condición de personal no permanente, se hace evidente la falta de derecho de la agente a reclamar, en el caso, cobro de indemnización por despido incausado, ya que no encuentra fundamento en la norma de aplicación.

Por las razones precedentes, cabe rechazar el recurso interpuesto, con costas a la actora (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto. Las costas serán impuestas a la recurrente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

Por los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto; con costas a la actora.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)