marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, acción meramente declarativa, libre disponibilidad de divisas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Petrobras       Energía      S.A. c/ E.N.-Dto.    1638/01y    Otro s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-22

Según la postura del reclamante si es cierto -como sostiene- que no ha existido un sólo acto administrativo que hubiere derogado o eliminado de alguna manera su derecho a la libre disponibilidad de divisas, es por demás evidente que en tanto el decreto 2.703/02 no altera dicha situación jurídica, tampoco se suscita situación de duda o perplejidad alguna en orden al mencionado régimen de disponibilidad. Y si lo que se pretende es un pronunciamiento acerca de la vigencia de la libre disponibilidad de divisas durante lapsos anteriores a la entrada en vigencia de la citada norma, a los efectos de legitimar su proceder de antaño, y en su caso, impedir la actuación de los organismos de control en la materia, no es esta situación precisamente, el extremo contemplado por el art. 322 del C.P.C.C.N. para la habilitación formal de la acción declarativa, dado que por su propia naturaleza carece de efectos obstativos sobre el ejercicio de los derechos de terceros o sobre potestades normativamente conferidas a organismos estatales (del voto del juez Fernández, cons. VI).
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: VERA RITA c/ FROJAN HECTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

El juzgador al momento de fijar el monto de la indemnización por muerte de la víctima de un accidente de tránsito puede tener en cuenta la suma dispuesta por el sistema de previsión social, pero sólo como pauta indicativa sin la necesidad de efectuar cálculo matemático alguno.
Sanciones disciplinarias, control de legitimidad
Materia: LABORAL
Carátula: Camargo Ruben c/ Sibsaya S. s/ Supresión de medidas disciplinarias y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-23

Tratándose de un incumplimiento contractual que no respondió a cuestiones laborales, sino a razones ajenas a ellas, de índole privada del actor, como lo fue concurrir a un seminario de tae-kwon -do, y siendo el contrato de trabajo una relación de cambio, en que cada parte compromete su prestación recíproca, el incumplimiento de uno de ellos -en este caso del trabajador-, da lugar a la sanción, tanto más legítima cuando quien incurre en el incumplimiento es un reincidente que ya había sido sancionado por otras faltas de igual naturaleza.
Homicidio culposo, delitos, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Méndez, Edgardo c/  s/ lesiones por conducción imprudente s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

La imputación puede ser modificada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de esos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (ello de conformidad con los argumentos expuestos en el precedente del TSJ, "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg y del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Revisión judicial, paseos públicos, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Centro de Protección de la Naturaleza (CE.PRO.NAT) c/ Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-23

La ordenanza 11.970 de la Municipalidad de Santa Fe expresa una decisión del legislador local sobre asuntos que corresponden al núcleo esencial de sus competencias institucionales -como lo son los relativos a la planificación de la ciudad y al aprovechamiento de los espacios públicos-, para cuyo ejercicio goza de un cierto ámbito de discrecionalidad y libertad, siendo claro que el juez que controle la validez de las decisiones así adoptadas deberá siempre tener presente que se trata de una materia que por su naturaleza se encuentra encomendada a los poderes elegidos directamente por los ciudadanos, estándole vedado revisar la oportunidad, mérito y conveniencia de aquéllas.
Robo calificado, lesiones leves, coautoría, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MORE, Emanuel Matías s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-27

La coautoría funcional no exige un mínimo de tres intervinientes, sino que su atributo radica en que el aporte de cada uno de los participantes -por lo menos dos- resulta esencial para la ejecución del injusto, en virtud de su independencia funcional para el logro de la empresa delictiva común, a partir de la división de tareas; así coautor funcional será aquel quien, teniendo en cuenta un plan común -junto a otros intervinientes en el hecho-, realiza un determinado aporte en el estadio de ejecución, que a su vez depende de los otros para poder alcanzar, en conjunto, la consumación típica de un determinado delito. A los efectos de la aplicación de la agravante "banda", es suficiente que en la ejecución del hecho hayan tomado parte tres o más personas, actuando de manera previamente organizada, de acuerdo a un plan común preordenado, sin que sea necesario que dichos sujetos activos integren, a su vez, una asociación ilícita en los términos del art. 210 del CP.  Respecto al término mayor o menor de edad, es el Código Civil el que regula tal circunstancia. La violencia física sobre las personas implica que las lesiones leves producidas del modo que hace referencia el art. 164 del CP, concurren en forma aparente con el delito de robo ya que son orientadas precisamente para vencer la resistencia opuesta para no ser desposeídas de sus bienes. La utilización de las muletas por parte del imputado no habilita la aplicación de la agravante prevista en el art. 166, inc. 2º, 1er. párr. CP, pues -en tanto el encartado las utiliza por su discapacidad- si las utilizó para agredir, simultáneamente se privó -atento su condición- de un importante elemento de apoyo, lo que revela que su empleo no generó un significativo aumento de la capacidad vulnerante que normalmente pueda llegar a desplegar un individuo. El dolo que requiere la agravante del art. 41 quater del CP es -sólo- que el mayor conozca la minoridad de su consorte. La disidencia parcial señaló que el concepto "mayores" al que se refiere el agravante previsto en el art. 41 quater CP no puede ser interpretado prescindiendo del sistema en el cual este se encuentra contemplado, es decir, el Código Penal y la legislación complementaria, marco en el cual, considera penalmente imputable a quien ha cumplido 18 años de edad.
Unificación de penas, homicidio, coacción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Tablado, Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 12.981 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-07-02

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que, en el marco de un juicio abreviado, condenó al imputado a la pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de coacción -en un caso de violencia de género- e impuso una pena única de 26 años y seis meses de prisión, tras unificarla con una anterior de 24 años impuesta con la sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro -condena que recibió por haber asesinado a su novia con 113 puñaladas-, pues el a quo luego de transcribir fragmentos del pronunciamiento de primera instancia juzgó que si bien es conteste con la defensa en que resulta aplicable al caso el sistema composicional unificador de la pena, afirmó que atento lo decidido en diversos precedentes, la aplicación de dicho método no impide que en el caso concreto se arribe a un monto de pena que coincida con la suma aritmética.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saluta, Luis Oscar c/ Camus, José Rodolfo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

Si bien es cierto que habiendo sido promovida la acción por resarcimiento del daño moral por el damnificado directo, no cabe considerarla extinguida por su fallecimiento durante la tramitación del pleito, lo cierto es que la transmisibilidad queda supeditada a que, precisamente, hubiera promediado ese acto de voluntad personal del damnificado; distinto es el caso en que muere sin haber promovido la acción. En otras palabras, existe transmisibilidad pero condicionada a que se intentara la acción en vida del beneficiario arts. 1078, 1099, 498 C.C.).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad del banco, contratos bancarios, tarjeta de crédito, eximentes de responsabilidad, débito automático
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, CARLOS ALBERTO c/ ARGENCARD SA Y CITIBANK NA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

En una acción en la que se persigue de una entidad bancaria y de una sociedad administradora del sistema de tarjetas de crédito, el cobro de cierta suma de dinero proveniente de las retenciones de liquidaciones de ventas aprobadas, de débitos incorrectos y otros rubros con sus accesorios, resulta improcedente que el banco pretenda eximirse de responsabilidad cuando, -como en el caso-, se verifica que el actor -como comerciante adherido al sistema- fue "reclutado" y "adherido al sistema" por el codefendido. en tal sentido cabe precisar, que su función como ente pagador y gestor no da lugar a eximirlo de responsabilidad, sin que constituya óbice a lo expuesto que cumplía con instrucciones de la coaccionada, puesto que su función en la operación le imponía otra diligencia, máxime conociendo que había contratado con el reclamante y que con su accionar podía ocasionar daños. La entidad bancaria era quien manejaba los fondos que correspondían a las ventas efectuadas por el pretensor y quien técnicamente acreditaba o debitaba los importes de las cuentas de este.
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: ALFREDO ANTONIO GIORGI s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Cualquier delito permanente que pudiese relacionarse con las situaciones previstas en el artículo 10 de la ley 23.049 y no hubiese cesado en el momento de la vigencia de la ley, ya había sido COMETIDO con anterioridad a dicha vigencia.
Contrato de trabajo, gratificaciones, sueldo anual complementario, naturaleza remunerativa, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: ILLA, REYNALDO JORGE c/ DANONE ARGENTINAS.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-18

La gratificación anual abonada por la demandada (Danone Argentina S.A.) guarda similitud con la naturaleza jurídica del sueldo anual complementario, en cuanto ambos conceptos son de indudable naturaleza salarial, se devengan diariamente a través de la prestación laboral, pero sin embargo se abonan en períodos anuales o semestrales, de modo que, no puede dudarse que si la desvinculación del trabajador se produjo con anterioridad a la fecha en que debe liquidarse el aludido rubro, corresponde el reconocimiento de la porción devengada hasta ese momento. (Del voto de la Dra. González, que se aparta del criterio adoptado anteriormente en "Gamboa Saúl Edmundo c/ CPC S.A. s/ dif. salarios", sent. 91.169 del 26/11/02).
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boehringer, Ingelheim S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 10.581 y dec. reg. 367/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Se admite la procedencia del pedido de suspensión de los efectos de una ley, ordenanza, decreto o reglamento impugnados mediante la demanda de inconstitucionalidad en casos en que el inmediato cumplimiento de la norma impugnada importa innovar la cosa litigiosa con evidente perjuicio para el derecho invocado por los actores y si ello importa la solución anticipada del pleito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Azarola, Oscar c/ Mangini, Angela s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-28

Si realizada la audiencia de formación de cuerpo de escritura y designado el perito calígrafo, la interesada no realizó el depósito de los gastos fijados por el Juzgado para el desarrollo de la tarea del auxiliar, ante el pedido de la contraria, corresponde tener al accionado por desistido de la prueba pericial ofrecida oportunamente y -por consiguiente- rechazar la excepción de falsedad opuesta, la que se basaba en el desconocimiento de la firma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mucarsel de Julián, Salvadora en j: Fiscal c/ S. Mucarsel de Julián, Salvadora s/ Instigación y Homicidio calificado - Queja - Apelación denegada  (Libro: A025-298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-09-03

La denegatoria por la Cámara Criminal de prueba testimonial y de una inspección ocular, no resultan motivos idóneos de casación.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia, solve et repete, concesión de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Edecat S.A. c/ Estado provincial y ente regulador de servicios s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción E  ILEGITIMIDAD O Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-14

Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia articulada por los codemandados -Estado Provincial y ENRE- fundada en la falta de pago previo de las multas impuestas a la actora en su carácter de concesionaria del servicio público de distribución eléctrica, motivo de la presente acción contencioso administrativa.

En efecto, y sin perjuicio de que el principio solve et repete remite sólo al pago de dinero en concepto de impuestos o multas impositivas sin ningún otro añadido que permita encuadrar a las sanciones pecuniarias por infracciones administrativas, en autos no se trata de una imposición genérica que una norma legal o administrativa haga de este principio, ajena a las normas contractuales, constituyendo un acto unilateral de la administración; sino por el contrario el principio se encuentra incorporado al contrato de concesión, el que habiendo sido firmado por la concesionaria sin reserva alguna fue convalidado expresamente dentro del régimen de derechos y obligaciones específicas que regirían la relación jurídica. Pretender desconocer la virtualidad de estas cláusulas ya en plena etapa de ejecución sólo puede responder a una actitud de mala fe de la concesionaria, ante la claridad y univocidad del texto de la cláusula.
Disposición de bienes, asentimiento del cónyuge, ejecución hipotecaria, falta de asentimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LAFFONT, Roberto O. c/ CASTRO, Hugo y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Si el cónyuge puede contraer deudas y ser ejecutado por ellas, la eventual nulidad de la hipoteca, fundada en la falta de asentimiento conyugal, no altera el hecho de que el acreedor pueda ejecutar el inmueble, aunque, claro está, sin el privilegio de la garantía hipotecaria.-
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Delfor c/ Venturino, Néstor Jorge y/o Venturino y personal la Plata S.A. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-11

Es infundado el recurso de nulidad extraordinario si la Alzada trató de manera implícita la cuestión que se dice preterida.
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Dimaro, Héctor Hugo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Ante una denuncia de delitos de acción pública no cabe omitir el debido procedimiento en función de meras y discrecionales suposiciones sobre el éxito o fracaso de la futura investigación;

tampoco puede desplazar la mencionada obligación legal ninguna supuesta demora en haberse formulado la denuncia; ni opinión alguna sobre la veracidad o mendacidad del denunciante.
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Di Yorio, Fernando Aníbal c/ Biblioteca Municipal Pública de Gral. Pueyrredón s/ Cobro de salarios e indemnización por despido Ubaldi, Pablo c/ Telefónica de Argentina SA s/ Salarios y aportes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16|2001-10-31

En el caso del art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo el derecho al cobro de salarios caídos por una suspensión dispuesta por el principal, en razón de una causa penal, no está supeditado ni condicionado a la previa impugnación de la medida desde que, consagrada la atribución del empleador a disponerla en virtud de las facultades de dirección que le competen (arts. 65 y 68 L.C.T.), el trabajador debe acatar la decisión adoptada sin perjuicio de encontrarse habilitado para reclamar el pago de los salarios caídos durante el período de la suspensión si, como aconteció en el caso, fue absuelto en la causa penal, resolución a la que como contrapartida queda sujeto el empleador. Y tal derecho le asiste por todo el tiempo que dure la suspensión sin que corresponda limitar los créditos que emergen de la vinculación a una fecha anterior a la disolución del contrato de trabajo.
Sociedades comerciales, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: MARTELL, Lidia Nora c/ COOPERATIVA BANCARIA DE VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-21

La norma de inembargabilidad establecida en el art. 219 del Código de Procedimientos Civil y Comercial y art. 3878 del Código Civil (párrafo agregado por Ley 12296), no beneficia a las sociedades comerciales ni a las personas jurídicas de existencia posible. Las limitaciones a la inembargabilidad previstas en las normas mencionadas se refieren a las personas físicas y no a las sociedades. Y para que los bienes de determinadas sociedades sean inembargables, es necesario la existencia de una ley específica al respecto.
Honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: "Ibañez Víctor Armando c/ E.N. -EMGE s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-08

Tratándose de un caso de rechazo de demanda corresponde considerar a los fines regulatorios de los honorarios la suma reclamada al iniciar la acción más los intereses devengados hasta la iniciación del pleito, con prescindencia de los posteriores (esta Sala, "Emebe SAFAI y M c/M° del Interior -Estado Nacional s/proceso de conocimiento", 21/08/2007 y Sala III "Figueroa Eduardo Antonio -Inc. de Ejec. de Sentencia c/E.N.

-M° de Economía y BCRA s/proceso de ejecución", 6/06/2006) (Del voto del juez Grecco, cons. VII).
Impuesto sobre los capitales, anticipos impositivos, opción de anticipos impositivos
Materia: TRIBUTARIO - COMERCIAL
Carátula: D.G.I. c/ Lucila Isabel Bombal S.A.A.C. e I. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

La naturaleza de los anticipos y las consecuencias derivadas de ella, determina que el art. 3 de la resolución general 1878 de la D G.I. permite adecuarlos en su monto, sólo si resultan superiores a la proporción debida, aplicada sobre la obligación total del ejercicio al que están afectados, para fijarlos en los porcentajes estipulados sobre el impuesto total estimado o sea, que el régimen de la opción permite disminuirlos, con respecto a los importes que surjan por aplicación del régimen general establecido por el art. 2, a los fines de ajustarlos a la situación económica real de las sociedades.
Expresión de agravios, acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Apelación - Municipalidad de San José de Metán;  Villa, Sergio Rubén - amparos constitucionales - amparo - recurso de apelación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-25

La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado. En el recurso en análisis, el amparista ha limitado su discurso a discrepar con el criterio del magistrado de la anterior instancia, mas no concretó la crítica razonada de las partes del fallo que considera equivocadas, revelando su memorial de agravios una reedición de los argumentos planteados en la demanda pero sin justificar el error o el desacierto contenido en el fallo.
Quiebra, honorarios, abogados
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CUERPO  DE  COPIAS  A  LOS  FINES  DE  LA  TRAMITACION DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA CAJA DE PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS  DE  LA  PROVINCIA  DE  CORDOBA  EN  AUTOS.  "CLUB  ATLETICO TALLERES - CONCURSO PREVENTIVO" s/ CONCURSO PREVENTIVO - HONORARIOS - APORTES JUBILATOIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-31

Se debe establecer lo que debe entenderse por monto del juicio a los efectos del cálculo del aporte jubilatorio debido a la Caja de Abogados, para lo cual, por remisión de la propia norma previsional (Ley 6468, art. 17 inc. a), son aplicables las disposiciones que establecen el modo de regular los honorarios del proceso.

Concretamente, aporte y honorarios deben resultar de la misma base económica. Esa base está determinada en el caso por el art. 298, Ley 19551.

La Caja de Abogados no está de acuerdo con la interpretación que el Juez ha hecho de esta norma. Según su criterio el pasivo no debe computarse porque el texto legal no lo menciona al determinar la base regulatoria; sólo el activo está señalado por la ley para llenar esa finalidad.

Si bien es verdad que el texto no dice que el pasivo verificado deba computarse para calcular el monto del juicio: cuando establece la base regulatoria la ley aluda únicamente al "activo prudencialmente estimado"; sin embargo, y en esto reside el error de esa tesis, cuando el activo es mayor que el pasivo -caso de autos-, de hecho este último entra a funcionar como base en sustitución de aquél, pues ese es el efecto práctico que tiene la aplicación del tope que establece el segundo párrafo del artículo. Así pues, indirectamente, a través de ese límite, el pasivo viene en estos casos a conformar la base en lugar del activo.

Fuera de esta objeción, la interpretación de la apelante tiene el defecto de dejar de lado la noción de proporcionalidad entre ingreso y cargo previsional o, lo que es lo mismo, entre honorario y aporte jubilatorio. En la teoría de la apelante existe el riesgo de que el aporte exceda el valor del honorario; la sola posibilidad de este resultado basta para descalificar esa interpretación. (Voto del Dr.

Fontaine).-