Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-09-08


Buenos Aires, setiembre 8 de 1961.

Vistos los autos: "Banco de la Nación Argentina c/ Gobierno de la Prov. de Tucumán s/ Repetición".

Considerando:

1º) Que, tal como lo señala el Señor Procurador General, resulta claro que el decreto-ley 14.959/46 ha ampliado las exenciones que anteriormente contenía la ley 4507, y en su art. 28 ha comprendido a todos los inmuebles del Banco de la Nación Argentina, sin distinguir los que sean necesarios para su propio uso y los que comprare para fines de colonización, de los que se adjudicare en defensa de sus créditos, según lo dispuesto por el art. 24, inciso b) del mismo decreto-ley citado, que es el caso de autos.

2º) Que, además, esta Corte al resolver en fecha reciente una causa análoga a la que aquí se juzga -es decir, sobre la inteligencia y validez constitucional del art. 28 del decreto-ley 14.959/46, con referencia a los inmuebles especificados en el art. 24, inciso b) de ese mismo decreto-ley,- expresó en sentencia recaída el 17 de marzo de 1961, en los autos B. 216, XIII, "Banco de la Nación Argentina c/ Fisco de la Provincia de Córdoba s/ demanda ordinaria" -Fallos: 249:292-: "Que por amplios que sean los poderes impositivos provinciales, conforme a los arts. 104 y 105 de la Constitución Nacional (Fallos: 7:373; 105:273: 114:282; 137:212; 150:419 y otros), no es pertinente sostener que, en principio, puedan extenderse hasta gravar los medios y actividades del Gobierno Nacional. Por el contrario, se ha reconocido desde antiguo que "las Provincias no pueden gravar los medios o instrumentos de que para el desempeño de sus funciones se vale el Gobierno Nacional, pues de otro modo sería ilusoria la supremacía de la Nación, que la Constitución establece en su art. 31" (Fallos, 23:560), doctrina que concuerda con la sostenida por la jurisprudencia de la suprema Corte de los Estados Unidos, desde Mc. Culloch v. Maryland (4 Wheaton 316) y Osborn v. Bank of the United States (9 Wheaton 738) hasta ahora (Corwin: "The Constitution of the United States of America, Analysis and Interpretation", 1953, pág. 735) -Confr. Fallos: 247:325 y sus citas".

3º) Que, en ese mismo pronunciamiento, afirmó también este Tribunal, con base en los precedentes que en él se mencionan que las prerrogativas del Banco de la Nación, que es institución creada en virtud de autorización expresa de la Constitución (art. 67, inc. 5º), son las que le ha reconocido la ley de su creación, y que su régimen ha sido dejado al prudente arbitrio del Congreso. De ello se sigue que del razonable ejercicio de tal atribución no puede derivar lesión para las autonomías provinciales y no la hay en el otorgamiento de exenciones impositivas en el ámbito de las facultades constitucionales de la Nación (Fallos: 18:162, 340; 205:461 y otros).

4º) Que, en las condiciones señaladas y en concreta referencia a las inmunidades impositivas de que se trata, no puede prevalecer sobre ellas la ley impositiva de la Provincia de Tucumán, Nº 2.020 de Contribución Directa. Antes bien, debe ceder frente a aquella inmunidad, conforme al principio de supremacía normativa establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional (Confr., doctrina de la sentencia recaída, en fecha 28 de julio de 1961, en la causa T. 188, XIII, "Gobierno de la Provincia de Tucumán c/ Dirección General de Agua y Energía Eléctrica s/ cobro de pesos", considerando 5º).

5º) Que a lo expuesto se debe agregar que es razonable concluir que la defensa de los créditos del Banco constituye una de las "operaciones propias" de éste, en los términos del art. 28 de la ley orgánica, por vincularse con la actividad específica de la institución. La inclusión en el privilegio que la ley establece, de los inmuebles adquiridos con ese objeto, no es, así, arbitraria. Por lo demás, la referencia en la causa al requisito del art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional, para el supuesto de que él fuere aplicable el caso de autos, resulta ineficaz, habida cuenta de que la cláusula final del art. 24 del decreto-ley permite afirmar que la exención prevista por el art. 28 revestiría carácter temporal.

6º) Que de lo expuesto resulta, conforme a la recordada doctrina de esta Corte y ante la claridad del texto legal aplicable al caso, que no corresponde distinción alguna relativa a los inmuebles de la recurrente, adquiridos en los términos del art. 24 de la Ley Orgánica, los que por el hecho do hallarse legítimamente en su patrimonio son alcanzados por el régimen de exención explícitamente previsto en ella.

Por ello, y fundamentos concordantes del dictamen del señor Procurador General, ser revoca la sentencia apelada en lo que ha sido materia del recurso extraordinario. Hágase saber y devuélvanse. -Benjamín Villegas Basavilbaso. -Aristóbulo D. Araoz de Lamadrid. -Julio Oyhanarte. -Ricardo Colombres. - Esteban Imaz.