Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-07


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 7 de 2007.

¿Es justa la sentencia apelada? El Doctor Carranza Casares dijo:

I.- En este proceso María Elvira Conti promovió demanda para ser resarcida por los daños y perjuicios que -dijo- son consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 10 de septiembre de 2004, aproximadamente a las 20,45, sobre el carril rápido de la Avda. Gral Paz a la altura del puente sobre la calle Bruselas.

Afirmó que cuando por allí circulaba a bordo de su automóvil Ford Ka, dominio DZC-..., "imprevistamente apareció frente a su rodado un enorme paragolpes metálico de camión" cuyo contacto no pudo evitar debido a las características del tránsito.

El magistrado de la anterior instancia al dictar sentencia a fs. 540/545 admitió la demanda entablada, pues consideró que los dichos del testigo Constanzo -dependiente de la demandada- que declaró a fs. 260/vta. eran contradictorios, por lo que tuvo por acreditado que el automóvil de la actora golpeó contra un objeto tirado en la cinta asfáltica.

En consecuencia, atribuyó a la demandada la total responsabilidad en la producción del hecho y la condenó a pagar a la demandante la suma de $ 24.050,64 y las costas del proceso.

II.- Ambas partes apelaron tal decisión. Ante esta alzada expresan sus agravios la actora (fs. 560/562) y la demandada (fs. 567/571), cuyos traslados fueron contestados a fs. 573/575 y a fs. 577/579, respectivamente.

La demandante lo hace en procura del incremento de la cuantía indemnizatoria.

La contraria, por su parte, cuestiona la responsabilidad atribuida y expresa que la actora no ha demostrado la mecánica de los hechos que invocó y fustiga la sentencia por haber considerado que existía un vínculo contractual entre el concesionario y los usuarios.

III.- Varias son las circunstancias que me inducen a sostener que las quejas relativas a que la actora no colisionó contra un objeto que se encontraba en la calzada no pueden ser admitidas.

a) a) La existencia de daños en el automotor Ford Ka DZC-201 se encuentra debidamente probada. Ello se desprende de las conclusiones a las que arribó el perito ingeniero después de revisar el vehículo (fs. 359/363), de las fotografías tomadas por el experto y agregadas a fs. 351/358 y, lo que resulta sumamente significativo, de las de fs. 133/135 agregadas por la misma demandada y reservadas en el sobre que tengo a la vista, que muestran el automóvil accidentado. La condenada recurrente, por lo demás, no objeta en su memorial la existencia de los daños sino sólo su génesis y su extensión.

b) El lugar donde tuvo lugar el siniestro se halla fuera de discusión ya que es la propia demandada quien, además de no desconocerlo acompañó las fotografías que mencioné. No es dable imaginar -ni nadie lo ha alegado- que el vehículo que, por la magnitud de los deterioros, debió ser transportado por una grúa (conf. declaración testimonial del empleado de la demandada Pablo Alejandro Constanzo, fs. 260) fue colocado allí con los daños producidos en otro lugar.

c) También se ha demostrado que los daños producidos en el vehículo fueron consecuencia del contacto con algún objeto que estaba sobre la calzada. Ello es así porque el mencionado Constanzo al ser interrogado sobre si el 10 de septiembre de 2004 por la noche había intervenido de algún modo para despejar la calzada de la autopista a la altura de la General Paz y Beiró, respondió que había un vehículo que había colisionado un objeto y frente a otra pregunta, afirmó haberse entrevistado con la señora Conti quien le comentó lo que le había pasado. Aun cuando el citado empleado de la demandada, ante la última pregunta del letrado de ésta, manifestó no haber divisado ningún objeto, parece absurdo pensar que los daños hubieran sido producidos sin ese contacto, máxime si se repara en que la empresa apelante no aduce que el automóvil hubiera embestido otro rodado o algún otro elemento fijo del corredor vial.

La recurrente se limita a sostener que realmente no sabe cómo se produjo el accidente sin ofrecer siquiera una hipótesis que contradiga la versión que presenta la sentencia.

Por otra parte, también estimo decisivas las conclusiones del peritaje -sobre la base de las fotografías acompañadas y los daños apreciados en la parte inferior del automóvil-, en cuanto a que resultaba verosímil la descripción de los hechos efectuada por la actora (fs. 359 vta.) y el consecuente croquis acompañado a fs. 350 con la secuencia en la que habían tenido lugar los hechos. Resulta sumamente importante poner de relieve que este dictamen no fue cuestionado por la parte demandada, quien únicamente objetó el monto de las reparaciones estimadas (fs. 379).

Al haberse verificado, entonces, que la actora sufrió daños al embestir un objeto que se encontraba sobre la calzada de la vía concesionada en beneficio de la empresa demandada, ésta debe responder por esos perjuicios.

Lo expresado pone en evidencia el incumplimiento por parte de la concesionaria del deber de seguridad que le cabe y ello es así desde diversas perspectivas jurídicas.

En primer lugar, los usuarios cuentan con el importante sistema de protección de derechos que ofrece la ley 24.240 (conf. mi voto en L. 473.124 del 27/6/07). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y sus usuarios es calificado como una relación de consumo, que tiene sustento en el art. 33 de la Constitución Nacional (a partir de la reforma de 1994, la referencia expresa se halla en el art. 42 de la norma fundamental). Bajo esta óptica, los arts. 4, 5 y 40 de la citada ley constriñen al concesionario a prestar al usuario del corredor vial detallado, eficaz y suficiente información y seguridad respecto de los peligros para su integridad física en condiciones previsibles y normales de uso (B.606 XXIV, "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c. Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A.", del 7 de noviembre de 2006), aun respecto de los peligros que previsiblemente puedan deberse a la actitud de terceros (C.N.Civ., sala E, L. 478.504 del 17/9/07).

Este abordaje del vínculo entre la empresa concesionaria y el usuario desde la perspectiva de la relación de consumo ya ha sido adoptado por numerosas salas de este Tribunal (Sala A, L. 469.308 del 23/4/07 y L. 458.943 del 2/5/07; sala D, L. 451.021 del 27/11/06; sala E, L. 478.504 del 17/9/07; sala H, L. 451.000 del 28/12/06 y L. 470.747 del 21/3/07, sala K, L. 457.005 del 27/12/06 y sala M., L. 428.280 del 6/7/06) y no resulta incompatible con las que seguidamente se exponen.

Una segunda línea argumental -también transitada por la Corte en el citado precedente- radica en la calificación contractual del vínculo existente entre concesionario y usuario y en sostener que el primero no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio que importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituido por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198 del Código Civil), entre los que existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resultan previsibles.

Desde una tercera perspectiva, encuadrada en la órbita extracontractual entiendo que también cabe concluir que la concesionaria ha de responder por los perjuicios padecidos por la demandante.

Ello es así en virtud de lo expresado en el Reglamento de Explotación de los Corredores Viales, aprobado por el decreto 2039/90 el cual -debo poner de relieve- fue realizado teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las mismas empresas concesionarias y su proyecto final recibió la conformidad de éstas (conf. fundamentos del decreto). Su art. 24 establece que el concesionario está obligado a la conservación en condiciones de utilización del camino, debiendo suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, su art. 30 expresa que el ente concesionario dotará a la ruta de aquellos medios y servicios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del tránsito, la seguridad y el confort del usuario y su art. 31 regla que debe prestar un adecuado servicio de señalización e información a lo largo de la ruta. A su vez, el art. 7 habilita al concesionario a restringir la circulación de unidades o equipamientos que por sus características comprometan la marcha de los usuarios y lo faculta a tomar decisiones en situaciones de urgencia informando con posterioridad al concedente y el art. 14 lo autoriza por diversas razones -seguridad, caso fortuito, exigencias técnicas- a suspender parcial o totalmente la circulación (fs. 318/333). Vale decir que por más que como regla carezca de poder de policía como señala el a quo, la administración lo ha dotado de acotadas pero importantes atribuciones vinculadas con tal potestad.

El deber de suprimir "las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios" no parece que pueda reducirse al mantenimiento de calzadas y banquinas o a la oferta de servicios auxiliares al usuario, pues frente a los supuestos debidos a caso fortuito o fuerza mayor que impidan la normal circulación vehicular por el camino -entre los que cabe comprender la caída de objetos sobre la calzada y los accidentes con obstrucción del camino- el ente concesionario debe adoptar las medidas de emergencia necesarias para la reanudación del tránsito en el menor lapso posible. Vale decir que aunque no sea responsable de la caída de objetos o de los accidentes, sí lo es de adoptar medidas de emergencia para solucionar tales situaciones. Se considera, desde esta óptica, que resulta aplicable el art. 1113 del Código Civil, pues el ente concesionario es guardián del corredor objeto de la concesión.

Así, una mayoritaria corriente jurisprudencial, desde distintas perspectivas jurídicas coincide en postular la existencia de responsabilidad por parte de las concesionarias respecto de los daños provocados por el contacto con objetos inertes ubicados en la calzada (C.N.Civ., sala B, L. 380.321 del 31/8/04; sala F, L. 330.283 del 13/3/02; esta sala, L. 482.259 del 17/10/07, voto de la Dra. Areán, apartado IV, segundo párrafo; sala H, "Porta, Javier A. c. Autopistas del Sol" del 14/5/03; sala I, "Steven, Alberto R. c. Caminos del Río Uruguay", del 26/4/01, en LA LEY, 2001-F, 569; sala J, "Ciccone, Víctor c. Coviares S.A. del 8/5/06, en LA LEY, 2006-E, 376 y "Elías, Jorge A. c. Autopistas del Sol S.A." del 20/5/05, en LA LEY, 2006-A, 842; sala L, "Rossi, Edgardo Daniel c. Autopistas del Sol S.A." del 21/6/07) y sostiene que constituye carga de la concesionaria el demostrar la inmediatez del siniestro con la caída del objeto como para intentar excluir su responsabilidad (conf. fallos de las salas F, I y J ya citados).

En relación con esto último cabe recordar que el art. 23 de la ley 24.449 establece que cuando la seguridad o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre las vías deben actuar de inmediato, según su función, advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando su accionar a efectos de dar solución de continuidad al tránsito.

Por todo lo dicho, al haberse acreditado suficientemente que el daño se produjo por embestir un objeto -estático- que se hallaba sobre la calzada la demandada no cumplió con su compromiso -derivado de la relación de consumo, de la contractual o del Reglamento de Explotación, las tres líneas argumentales convergentes en el caso- de mantener transitable y segura la calzada máxime si la empresa quejosa ha omitido referirse a lo sostenido por el pronunciamiento en cuanto a que no había prueba fehaciente de la alta velocidad del Ford Ka o de la distracción de su conductora. En el memorial únicamente se menciona, vaga y escuetamente, que la demandante había omitido adecuar su conducta a las circunstancias de tiempo y lugar y que no había manejado con cuidado y previsión, sin describir en qué habría consistido tal supuesta imprudencia, ni las circunstancias en que habría tenido lugar. Tampoco se verifica intento alguno por demostrar la inmediatez del siniestro con la aparición del elemento estático.

La sorpresiva aparición de un objeto inerte, de noche, en la calzada del carril rápido de una vía concesionada, de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, impide calificar de culposa la conducta de quien no tenía forma de evitar embestirlo (ver también, Areán, Beatriz A., "Juicio por accidentes de tránsito", Ed. Hammurabi, t. 2, p. 1094). En consecuencia, debe confirmarse este medular aspecto de la sentencia.

IV.- Corresponde entonces abocarme a la cuantía del resarcimiento.

El sentenciante consideró que, de acuerdo a las conclusiones a las que había arribado el perito médico (fs. 316/317), no se encontraba acreditada la existencia de incapacidad permanente, de lo que se agravia la demandante al postular que ha de resarcirse su incapacidad temporal.

Contrariamente a lo señalado por el pronunciamiento esta sala ha sostenido que la incapacidad temporal es indemnizable en sí misma, aunque no existan lucros frustrados (Kemelmajer de Carluccio, en Belluscio, dir., Zannoni, coor. "Código Civil...", t.5, pág. 219), en orden a las limitaciones sufridas en la vida de relación (L. 337.478 del 17/5/02; L. 439.548, del 30/11/05; L. 468.,681 del 15/5/07; L. 476.365, del 11/9/07, entre otros).

El perito médico concluyó -y no fue impugnado por la actora- que ella había sufrido un traumatismo columnario que pudo haber originado una incapacidad transitoria por el término de veinte o treinta días, no persistiendo secuelas actuales físicas ni psicológicas (fs. 317). Asimismo existen constancias que fue tratada por la guardia del nosocomio dependiente de la Municipalidad de San Isidro (fotocopia agregada a fs. 190), donde se le diagnosticó contractura muscular lumbar sin surgir el tiempo en el que allí permaneció.

Para la necesaria cuantificación del daño es menester considerar la índole y levedad de las lesiones, las condiciones personales de la persona damnificada, en el caso de 28 años al momento del accidente, dedicada a la venta de ropas y las familiares, sociales y económicas que resultan de las constancias del beneficio de litigar sin gastos (fs. 4 y 5).

Por lo expuesto, juzgo prudente fijar en la suma de $ 2500, el monto indemnizatorio de la incapacidad temporal reclamada.

Respecto del daño moral -que se encuentra correctamente caracterizado por el juez, por lo que no corresponde reiterar sus conceptos, máxime cuando no han sido objeto de agravios-, las quejas de la demandante trasuntan una discrepancia subjetiva por cuanto proponen que no han sido suficientemente ponderados los sufrimientos de la actora.

Esta sala ha señalado que para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas. Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (C.N.Civ., esta sala, L. 465.066, del 13/2/07 y L. 450.661 del 13/3/07, entre otros).

Por todo lo dicho, considero que los $ 5000 reconocidos en la sentencia, resultan adecuados a las lesiones y padecimientos ya referidos por lo que deben confirmarse.

Respecto de los daños al rodado el sentenciante reconoció el total de la suma reclamada en la demanda ($ 17.350,64). En sus agravios la actora modifica su pretensión; en efecto, pretende se otorgue la suma de $ 24.183 establecida por el perito pero parece no advertir que su pedido inicial lo fue por "la suma resultante de la documental adjunta" por lo que esta queja no puede ser atendida, en virtud del principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 del Código Procesal), sobremanera por tratarse de un perjuicio que no presentaba obstáculos para ser determinado al tiempo de iniciar este proceso.

La cifra establecida en la sentencia -en el caso de autos- refleja el límite cuantitativo de la pretensión, libremente expresado por la reclamante, puesto que nadie mejor que ella conoce la intensidad del daño invocado, lo que la ha llevado a expresarlo con claridad en el sucedáneo que indica. Adviértase que esas normas prohíben a los jueces otorgar algo más de lo pedido (ultra petita), puesto que la limitación, además reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afectan las garantías constitucionales reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que acuerdan derechos que exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, t. I, p. 259 y su cita; C.N.Civ., esta sala, L. 411.330, del 4/5/05; L. 473.417 del 30/4/07, entre otros).

V.- En su mérito, propongo al acuerdo la modificación de la sentencia para admitir la reparación de la incapacidad física temporal en la suma de $ 2.500 y postulo la confirmación de lo demás que decide y fue objeto de agravios no atendidos. Con costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

La Señora Juez de Cámara Dra. Beatriz Areán dijo:

Dejando a salvo mi adhesión a la tesis extracontractualista, tanto cuando está en juego la responsabilidad de la concesionaria derivada de daños sufridos por los usuarios como consecuencia de la presencia de animales sueltos en el corredor vial, como a la hora de responsabilizarla, total o parcialmente, cuando se trata de objetos estáticos, como un neumático o un paragolpes, o de deficiencias inherentes a la ruta misma, como el mal estado del pavimento, roturas, baches, montículos, ausencia de banquina reglamentaria, o falta de indicaciones, deficiente señalización, iluminación o presencia de otros elementos, o errores en el diseño de la autopista (conf. como en el caso fallado por esta sala recientemente, en Recurso L. N 482.259, del 17/10/2007), concurro con la solución a la que arriba mi colega el Dr. Carranza Casares.

El Señor Juez de Cámara Dr. Carlos Alfredo Bellucci dijo:

Habida cuenta que lo que motivó el entuerto no se divorcia de una situación anómala en la traza concesionada, tal como lo expusieron ambos vocales que me han precedido en el uso de la palabra, también yo me sumo a la solución propiciada. En tal piso de marcha, la conclusión a la que arribó mi par preopinante, desde la óptica extracontractual que, magníficamente y en forma prieta, expuso la dra. Areán, el resultado al que arribo es idéntico al que propuso mi estimado colega, Dr. Carranza Casares.

Ergo, con esta simple adenda, que me permite la coherencia con lo que desde siempre he sostenido al votar en casos análogos, me pronuncio en el mismo sentido y alcance que lo hacen mis pares.

Tal, mi parecer.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I.- Modificar la sentencia recurrida, admitiendo la reparación de la incapacidad física temporal por la suma de DOS MIL QUINIENTOS ($ 2500) y confirmarla en lo demás que decide y fue objeto de apelación. Con costas de alzada a la demandada. Los honorarios se regularán una vez que ocurra lo propio en la instancia anterior. II.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). -Carlos A. Carranza Casares. -Beatriz A. Areán. -Carlos A. Bellucci