marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Gastos del proceso, costas, desistimiento, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: "Fortin  Maure SA c/ MºEy OSP (Resol. AFIP 2328/99) s/ proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

En una acción que finaliza por desistimiento del contribuyente actor, las costas deben imponerse por su orden, si las Salas de la Cámara resolvieron de modo distinto la gran cantidad de causas iniciadas por el mismo objeto -lo que traduce que el dictado de la norma administrativa cuestionada tuvo controvertida interpretación- demostrando lo dificultoso de la cuestión en debate y que el actor pudo haber actuado sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho que defendió; ello a pesar que la resolución adoptada por la Corte Suprema no pareciera importar un cambio de jurisprudencia, considerando que el desistimiento fue formulado en un plazo prudencial luego del fallo del Alto Tribunal.
Poder Legislativo Provincial, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Antonow de Marastoni, María Lydia. s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-04

La atribución legislativa de fijar las remuneraciones de sus agentes permanece incuestionada, pero no resulta aplicable a quien tiene garantizada la invariabilidad de sus circunstancias jurídico- remunerativas existentes al instante de asumir. No resultando admisible por tanto la inconstitucionalidad (que tampoco podría haberse ventilado por medio del mandamus) porque la potestad legislativa existe y puede ser usada como lo fue. Pero la nueva norma no le es oponible a quien cuenta con una cobertura que postpone la aplicación del nuevo status a los casos futuros, que como tales deberán adoptar el módulo vigente en oportunidad del acceso al cargo.
Adopción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., V. s/ Adopción Sauer, Clara s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|2001-09-12

Tratándose la adopción de un acto de emplazamiento resultante de una relación jurídica establecida entre adoptante y adoptado, relación esta última que genera efectos a lo largo del tiempo, el principal de los cuales es precisamente conformar el vínculo adoptivo, por lo que no habiéndose aún arribado a ese acto, corporizado en la sentencia de adopción, se está frente a un hecho que está en gestación prolongada, in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de la sanción de la nueva ley, y que en consecuencia está alcanzado por el efecto inmediato de la misma. Es decir, que no se trata de una situación jurídica agotada, o tocada por la noción de consumo jurídico que le permita ampararse bajo los efectos de la ley antigua y rechazar toda pretensión reguladora de la flamante norma.
Seguridad jurídica, sentencias contradictorias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Sublemas del Acuerdo Cívico y Social de Formosa s/ protesta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

La admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra condicionada al hecho de que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho de esa naturaleza invocado por el recurrente, puesto que la razón de ser de esta apelación excepcional radica en la necesidad de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional, tratados y leyes que consagra el artículo 31 de la Ley Fundamental.
Delitos contra la integridad sexual, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: L. L., P. E. s/ Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-07-26

El acto de instar la acción penal no tiene que estar sometido a ninguna formalidad estricta, rigurosa o solemne, pues basta que esa voluntad pueda ser claramente inferida de las manifestaciones de quien comparece ante la autoridad encargada de la investigación del hecho criminal.

El deseo de instar la acción penal debe ser producto de una manifestación libre del interesado o de su representante legal.

Los motivos por los que se ha hecho depender de la formulación de la denuncia la represión de estos delitos es diversa, pero en cualquiera de ellos habrá de concluirse que se la ha consagrado como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía acordada al imputado.

No son los intereses personales del imputado sino los particulares de la víctima los que protege la tutela jurídica de la instancia privada y conforme a tal principio es que ha de analizarse la situación en cada caso particular.
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calabró Hermanos s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-02

Los acreedores del concurso no tienen por su sola condición de tales derecho a pronto pago. Aún los créditos previstos en el art.264 L.C.

se encuentran sujetos al prorrateo en la medida en que los fondos no alcancen para satisfacerlos íntegramente (art. 274 L.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, competencia federal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CORONEL, APOLINARIO c/ La Caja A.R.T. S.A. s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-24

No puede dejarse de lado el pronunciamiento de la C.S.J.N. in re "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A." (sent. del 07.09.04), que declara la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 en tanto "la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones". Por otra parte, establece que "la ley regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza", para concluir que "no por ser órgano de Alzada la C.F.S.S., los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario, pierden su carácter común". En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el "a quo" que declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Franco María c/ Rebucci Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La vida humana no tiene valor económico en sí misma, y lo que debe repararse es el perjuicio ocasionado por la falta de aportes al grupo familiar al que pertenecía la víctima. En otros términos, sin sujetarse a fórmulas o cartabones matemáticos, debe propenderse a sustituir dichos ingresos, atendiendo a las posibilidades de vida útil de la persona fallecida, grado de ingresos, situación socioeconómica del grupo familiar.
Derecho procesal, competencia, compromiso arbitral, juicio de árbitros, medidas cautelares, procedencia del recurso, plazo de cumplimiento, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Naveira, Elina Lucía y otro c/ M Yn Fiduciaria Sa y otro s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Procede revocar la resolución que no admitió la petición del actor, de nombrar el interventor veedor ordenado como medida cautelar por esta Sala en un pronunciamiento anterior, con base en que correspondía su designación al Tribunal Arbitral, pues las actuaciones continuarán por y ante el mismo, por lo que estimó que es dicho Tribunal quien debía elegir y designar al veedor. Ello así, en el marco del CCCN 1655 es que los accionantes, mediante esta causa, vinieron a solicitar el auxilio de la justicia estatal para la ejecución de las medidas cautelares decretadas por los árbitros en el marco del proceso arbitral, pues aquellos carecen de imperio para ello. De lo que se sigue que este proceso tiene como único objeto, la ejecución de las medidas cautelares que se dictaron en la acción arbitral, medida que, en el caso de autos, originariamente estaba dirigida a la designación de un fiduciario sustituto, pero que fue modificada por esta Sala, ordenándose en su lugar, la designación de un veedor informante. En ese contexto, es claro que dicha designación importa en el caso de marras, la ejecución de la medida cautelar decretada en sede arbitral, para lo cual los árbitros carecen de jurisdicción debiendo ser delegada a la sede judicial. Ello en tanto, la coacción y el uso de la fuerza, es monopolio exclusivo del Estado (conf. SaraL. Feldstein de Cárdenas-Hebe M. Leonardi de Herbón, "El Arbitraje", pág. 83 y sgtes., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998; esta CNCom, Sala F, 15/7/10, "Banco de Servicios y Transacciones SA c/ Appiani Jorge Humberto y otro s/ oficio ley 22172"). Véase que, en esa línea el art. 33 del Reglamento Orgánico del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, preceptúa que el Tribunal de Arbitraje puede disponer medidas cautelares, bajo responsabilidad y otorgamiento de contracautela por el solicitante, aunque su cumplimiento se requerirá judicialmente.
Recurso de casación, excarcelación, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, sentencia definitiva, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Honorio s/ recurso de casación". Causa n. : 1414.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Al rechazar el Tribunal Oral la excarcelación solicitada por Honorio Quiroga con fundamento en que la pena impuesta al imputado no resulta aplicable en forma condicional y que en el caso no concurren ninguna de las condiciones exigidas por el art. 317 del C.P.P.N., dio a su decisorio una motivación sólo aparente que lo torna arbitrario y por ende nulo -arts. 123 y 404, inc. 2), del C.P.P.N.- correspondiendo en consecuencia que, haciéndose lugar al recurso, así se declare y se devuelvan estos actuados a su origen para que en forma inmediata (art. 331 del C.P.P.N.) se dicte nueva resolución con ajuste a las pautas que aquí se marcan. (Voto de la Dr. Berraz de Vidal -en minoría-).
Seguros, prescripción, plazo, cómputo del plazo, código civil y comercial, prescripción quinquenal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa  c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-04

Corresponde aplicar el plazo de prescripción quinquenal establecido en el CCCN 2560 en el marco de una acción promovida por una asociación de consumidores, que persigue la devolución a los asegurados de los importes indebidamente percibidos por la aseguradora, correspondientes a intereses sobre aquellas cuotas no devengadas en los casos de contratos de seguros en los que se verificó el robo del automotor.

Ello así, incluso cuando la acción fue promovida y la sentencia dictada con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, pues en caso de duda se debe emplear la normativa que resulte más favorable al consumidor; y en virtud de la integración normativa que debe realizarse, ella es la regulada en el nuevo Código (cfr. CN 42 y 75-22°, LDC 3 y 50, CCCN 2, 3, 1094 y concordantes; CNCom, Sala F in re "Bernieri, Raul Daniel c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 18/09/20).

Disidencia de la Dra. Tevez:

Toda vez que la acción fue promovida con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación (año 2011), corresponde aplicar el plazo de prescripción trienal previsto en la LDC 50 (to ley 26361).
Prensa, publicidad oficial, Estado Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Si bien no existe un derecho subjetivo por parte de los medios a obtener publicidad oficial, el Estado no puede asignar los recursos por publicidad de manera arbitraria, en base a criterios irrazonables.
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ CALABOZO FELIPE c/ DEMOFILO GUEVARA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-10

Para que haya ratificación tácita del mandato es necesario cualquier hecho del interesado o la realización de actos, de los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, en los casos en los que no se exija una expresión positiva, o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata c/ Bonadeo, María Esther s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

De acuerdo al criterio restrictivo que debe observarse respecto de la capitalización, conceptuamos que el art. 795 del Cód. de Comercio debe considerarse como refiriéndose a los intereses que corren mientras la cuenta está abierta y que terminada ésta definitivamente, los intereses del saldo no se capitalizan, salvo que otra cosa se hubiere convenido. El art. 795 solo hace referencia a que los intereses, en las cuentas corrientes bancarias, únicamente se capitalizan por trimestre, salvo estipulación expresa en contrario, de modo que no atañe a la cuestión de los intereses de los saldos -al cierre de la cuenta-, sino de la capitalización durante la dinámica de ella. Si bien al art. 795 del Cód. de Comercio prevé que en la cuenta corriente bancaria los intereses -salvo estipulación en contrario- se capitalizan por trimestre, lo cierto es que está referido, en principio, a las operaciones normales entre el banco y el cliente, y como consecuencia de los movimientos de la cuenta corriente de que se trate y no a los intereses adeudados a partir de la constitución en mora del deudor y del cierre de aquélla.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Luis Federico SANTA COLOMA y otros c/ E.F.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  ARBITRARIEDAD  -  DAÑOS Y  PERJUICIOS  -  CHANCE - CONTRADICCION - DAÑO MORAL - CARGA PUBLICA  -  MORAL PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Es arbitraria la sentencia cuya conclusión revela una evidente contradicción con las premisas, pues reduce la reparación por daño moral, no obstante destacar la gravedad de la conducta de la demandada, y que su notable negligencia surge con meridiana claridad así como el tremendo dolor que han debido sufrir los actores, siendo obvia la capacidad económica de la demandada.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: CONEN, JOSE LUIS c/ RICO, LUIS AMADEO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - HONORARIOS - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-01

La ley 7.269 admite las mismas vías de impugnación ordinarias y extraordinarias establecidas por el Código de procedimientos civil y comercial, más les asigna un régimen especial a cuyo mérito la fundamentación debe ser efectuada ante el inferior, bajo pena de inadmisibilidad, siendo que por otra parte la resolución de cámara debe ser dictada sin sustentación alguna (arts. 112 y 113). El recaudo de la fundamentación en primera instancia constituye un requisito de admisibilidad y al no haberse así producido, no corresponde que el tribunal de grado se avoque a su tratamiento.
Jurisdicción internacional, jurisprudencia, interpretación de tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación - causa n. 32/93.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

Para la Corte Interamericana "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención.
Supresión del estado civil, falsificación de instrumento público, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

El delito de supresión del estado civil concurre en forma ideal con el ilícito de falsificación de instrumento público, cuando la creación u obtención de un falso certificado de parto o nacimiento es el primer acto consumativo con el que se torna incierto o se altera el estado civil del niño
Responsabilidad internacional del Estado, derecho a la salud, derechos del paciente
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Suárez Peralta c/ Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-21

La Corte Interamericana considera que el fin de la fiscalización y supervisión estatal, consiste en asegurar los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas, por lo que el Estado posee el deber de regular, supervisar y fiscalizar las prestaciones de salud, asegurando que las condiciones sanitarias y el personal sean adecuados, estén debidamente calificados y aptos para ejercer su profesión, por lo que una atención médica en instituciones inadecuadas por su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, semovientes
Materia: LABORAL
Carátula: VILLARREAL, DORA SUSANA c/ GUAYCURU AGRICOLA GANADERA SRL. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-30

Es procedente la acción de derecho común en razón del riesgo creado por un tipo especial de cosas (semovientes) que han sido consideradas por el legislador intrínsecamente peligrosas aunque no se trate de un animal feroz (Conforme artículos 1124 y 1128 Código Civil).
Subasta judicial, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nieto, Adolfo A. c/ Tiberio de Vizioli, Carmen C. y otro s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

El juez puede delegar la realización de la subasta de los bienes embargados al juez del lugar en que se encuentran situados los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia arbitraria, revocación de sentencia, recurso de apelación (procesal), revisión judicial de actos administrativos, personas migrantes, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Li, Qingyu  c/ EN - M Interior - DNM  s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-28

Cabe dejar sin efecto la sentencia que tuvo por no presentado el recurso de apelación deducido por un migrante por defectos en la carta poder, pues las constancias de autos dan cuenta de la inequívoca voluntad de aquél de cuestionar judicialmente el acto administrativo de expulsión y de continuar el proceso hasta su culminación natural, es decir su clara e indubitable intención se vio frustrada como consecuencia de una deficiencia formal, que presumiblemente no estaba en su poder evitar, y que no fue advertida sino hasta tres años después de iniciado el proceso cuando -luego de la intervención de innumerables magistrados y funcionarios letrados que tampoco la advirtieron- ya se había dictado sentencia de primera instancia.
Certificado de trabajo, multa laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Juan c/ Imti SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-23

El art. 45 de la ley 25345 dispone que si el empleador no hiciera entrega de la constancia del certificado previsto dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con el pago de una indemnización. Habiendo cumplido el trabajador con dicha formalidad sin que la demandada cumpliera con su obligación, corresponde se confirme la indemnización cuestionada.
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOVERI c/ RICO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S060 - 278)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-01-22

La sola ilegitima tenencia de un automotor por el demandado, no basta para configurar la responsabilidad en los danos y perjuicios en favor del actor. Este debe probar el dano causado o el perjuicio que se le puede haber ocasionado por la falta de la tenencia del vehiculo.-
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, tenencia ilegítima de armas de uso civil, beneficio de litigar sin gastos, acceso a la justicia
Materia: CIVIL
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en INCIDENTE DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS BORREGO Y CAMPOY, JOAQUIN ADRIANO c/  s/ 189 BIS (2) - PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Es preciso señalar que el inciso 6 del art. 12 de la CCBA establece que: "La ciudad garantiza: (...) el acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos". Esta cláusula constitucional se inscribe en un movimiento de larga data, que ha ido perfeccionándose en los últimos años, y cuya preocupación central es hacer que el acceso al servicio de justicia, en todos sus escalones y resortes, llegue con la misma posibilidad a todas las personas, a cuyo fin se toman en consideración las razones económicas en un sentido amplio. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por sus argumentos expresados in re: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC - apelación", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/09/2005).
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echagüe, Ester Cándida c/ Silva Ortellado, Miguel Angel y otro s/ Inscripción Escritura y Daños y perjuicios y otro s/ Inscripción Escritura y Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-07

No obstante haber transcurrido los plazos del artículo 308 del Código Procesal, es suficiente para purgar la caducidad el acto impulsorio de la parte interesada en instar el proceso, anterior al acuse de la contraria, siendo innecesario por ende el consentimiento de ésta para la eficacia de la pretensión aludida. Es decir, que cuando ha mediado actividad de la parte, no hay posibilidad de evitarla mediante el no consentimiento; eso, como la propia norma lo indica, sólo es así cuando la actividad provenga de una oficiosa conducta del órgano. Es que los actos de las partes no requieren consentimiento de las restantes, y además si la norma nada indica no puede extendérsela por analogía, atento al criterio restrictivo que opera en la interpretación de este modo anormal de terminación del proceso.