Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-01


Salta, 01 de octubre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "CENTRAL TÉRMICA DE GÜEMES S.A. - CONCURSO PREVENTIVO - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. N° CJS 33.500/10), y	____________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Guillermo Félix Díaz, Gustavo Adolfo Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:	1°) Que contra la sentencia de fs. 92/94 vta., que rechazó el recurso de queja interpuesto contra el pronunciamiento de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia en copia agregada a fs. 33/34, dedujo la actora, a fs. 101/120 vta., recurso extraordinario federal.	Sostiene la recurrente que el pronunciamiento impugnado ocasiona un gravamen personal y directo a su parte al someterla al poder decisorio de una resolución arbitraria, y que la arbitrariedad deviene de la inexistencia de argumentación válida y suficiente que la avale.	Afirma que no se trata de un debate eminentemente procesal como erróneamente lo considera este Tribunal, sino que su naturaleza es constitucional porque la arbitrariedad de la resolución de la Cámara de fecha 23/11/09, fundada en un excesivo rigor formal, perjudica garantías constitucionales.	Indica que demostró que lo decidido por la alzada en el mencionado pronunciamiento es inválido al no resolver adecuadamente la cuestión, y asegura que, en el caso, no se trata de simples discrepancias generales y que la denegatoria de la queja no sólo es arbitraria "per se", sino también por la arbitrariedad de las resoluciones que la precedieron al no abrir la jurisdicción.	Alega que el pronunciamiento de la alzada del 23/11/09 persiste en un excesivo rigor formal; omite resolver sobre la inadmisibilidad del recurso y no considera el agravio referido a la regulación de honorarios simultáneos a favor de la señora síndico y de su letrado patrocinante a cargo de su parte, respecto de lo cual entiende que, en función del art. 257 de la LCQ, no corresponde imponerlos a su cargo.	Señala que la Cámara considera extemporánea la presentación del acta aclaratoria de fs. 10097 de los autos principales, porque el plazo para interponer el recurso de apelación contra el punto IV) de la parte dispositiva de la resolución de fs. 9899/9900 de esos autos se encontraba vencido, cuando en realidad -afirma- el escrito de apelación fue interpuesto en término y la aclaración consensuada de fs. 10097, sobre el alcance de la materia recursiva, no tiene que ver con la temporaneidad del recurso.	Refiere al régimen de la ley concursal en materia de honorarios; a la inaplicabilidad de la doctrina y jurisprudencia citadas por la Cámara; a la incongruencia de lo decidido por haber fallado la alzada "extra" y "citra petita", y a que en autos se encuentra afectado el orden público concursal.	Finalmente indica que con lo decidido se lesionan las garantías y derechos amparados por los arts. 16, 31, 17, 18 y 33 de la Constitución Nacional, que existe relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y decidido, y que la resolución recurrida constituye un acto jurisdiccional arbitrario que pretende dejar firmes pronunciamientos anteriores también arbitrarios.	A fs. 150/154 vta. el Dr. Enrique Eduardo Giaroli, por derecho propio, acompaña documentación y denuncia como hecho nuevo el pago de los honorarios regulados a su favor efectuado por la recurrente en fecha posterior a la deducción del recurso extraordinario y afirma la configuración de un desistimiento tácito respecto del remedio intentado. Subsidiariamente, contesta el traslado ordenado a fs. 124 punto II).	A fs. 156 se intima al Dr. Giaroli a acompañar copia de la documentación y del escrito presentado a los fines del traslado a la contraria del planteo formulado en el punto II del escrito de fs. 150/154 vta., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 120 del C.P.C.C.N.	A fs. 157, y conforme a la constancia de notificación automática de fs. 156, se hace efectivo el apercibimiento dispuesto y se tiene por no formulado el planteo del hecho nuevo.	A fs. 159 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	2º) Que a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión federal propuesta por los recurrentes (CSJN, Fallos, 308:490), analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta, a la luz de la conocida doctrina del más Alto Tribunal de la República, con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional (Fallos, 310:1790, entre otros).	3º) Que en este marco, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Acordada 4 del 16 de marzo de 2007 (Adla, LXVII-B, 1751), reglamentó la presentación de los escritos mediante los cuales se interpone el recurso extraordinario federal, y sistematizó los requisitos formales para la deducción de ese remedio excepcional.	Es por ello que cabe analizar, en primer término, si el recurso deducido en autos cumple con las disposiciones contenidas en la referida Acordada.	4º) Que en este orden, cabe acotar que el escrito de interposición del recurso incumple con el requisito establecido en el apartado d) del art. 3º de la normativa de referencia, por el cual se dispuso que el recurso debe contener la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.	Al respecto cabe tener presente que en tanto vía impugnaticia especial, el remedio está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del recurso (CSJN, Fallos, 148:62; 306:1740; 307:129).	Del examen "prima facie" acerca de si se ha configurado un caso federal por sentencia arbitraria, conforme lo sostiene la actora, surge que la supuesta "cuestión constitucional" remite, en su planteo, a la consideración de puntos no federales, que fueron resueltos con suficiente fundamentación de derecho y sobre la base de las constancias de la causa.	En efecto, en el pronunciamiento de este Tribunal que rechazó la queja interpuesta, se señaló que de las piezas aquí glosadas y de los autos principales, surge que la actora en fecha 08/04/10 interpuso recurso de revocatoria "in extremis" (v. copia de fs. 37/53 vta.) contra el pronunciamiento de la Cámara del 23/11/09 que resolvió la apelación ordinaria, notificado a su parte el 02/12/09 (v. copias de fs. 33/34 y 36 y vta.); que previo a decidirse sobre dicha reposición, dedujo recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria contra el referido fallo (v. copia de fs. 54/70 vta.), y que ambos remedios fueron desestimados, conjuntamente, en la resolución copiada a fs. 71/72.	Conforme con ello, se sostuvo que tal circunstancia da cuenta de que el recurso de inconstitucionalidad no fue articulado en la oportunidad legal correspondiente sino en forma prematura y, por ende, ineficaz, pues hallándose pendiente la resolución de algún otro recurso, en el caso, el de revocatoria "in extremis", la sentencia objetada no era definitiva.	Se dijo también que tal exigencia formal no resulta absoluta y que admite excepción cuando media rechazo del recurso de reposición y el remedio extraordinario cuenta con fundamentos autónomos suficientes para sustentar el agravio constitucional alegado, y se afirmó que dicha circunstancia no se presenta en el "sub lite" y que la apelante no precisa, ni demuestra en concreto, la relación directa entre la materia del pleito y la cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947) y cómo se ha operado tal violación en la sentencia impugnada.	Siendo ello así, los motivos expresados por la impugnante en la presentación recursiva no logran conmover las razones que motivaron lo decidido por esta Corte, ni evidencian la alegada arbitrariedad.	5º) Que por su parte, resulta también improcedente el recurso extraordinario sustentado en la invocación de exceso ritual, por la circunstancia de haberse aplicado expresas normas vigentes no impugnadas de inconstitucionales a su debido tiempo (CSJN, Fallos, 302:1126). Además, la aplicación de reglas jurídicas no inconstitucionales no es exceso rituario, como tampoco aquellas acciones u omisiones judiciales que el interesado pudo haber impedido, de haber actuado diligentemente (Sagüés, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, pág. 301; Ed. 2002, Tomo 2, pág. 215).	6º) Que en este estado, cabe decir que la falta de una crítica prolija y circunstanciada de las razones en que se apoya la sentencia de esta Corte, da cuenta de que el remedio federal intentado carece de la debida fundamentación, lo que, además de atentar, por defecto, contra la correcta deducción del recurso, revela sólo una disconformidad con lo decidido, insuficiente a los fines de viabilizar el recurso extraordinario federal.	Se podrá o no compartir los fundamentos dados por este Tribunal para arribar a la solución que se ataca, pero, al encontrarse ellos dentro de los adecuados marcos de razonabilidad y coherencia, la arbitrariedad alegada no aparece conformada con la necesaria consistencia como para viabilizar el remedio federal. Además, la reiteración de argumentos vertidos en etapas anteriores del proceso -como en el caso sucede- pretendiendo reeditar cuestiones ya resueltas con suficiente fundamentación de derecho, traduce la intención de acceder a una instancia superior con el solo propósito de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario sin acreditar la vulneración de los invocados derechos constitucionales, lo que desnaturalizaría su función específica.	7º) Que las consideraciones efectuadas por la impugnante sólo ponen de manifiesto la divergencia con cuestiones propias de los jueces de la causa, que han sido resueltas con fundamentos suficientes que no logran rebatir y sobre las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que su conocimiento y decisión constituye materia reservada a los jueces de la causa, extraña, por su naturaleza, a la órbita del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 (cfr. Fallos, 296:117; 297:301; 302:785; 307:1319, 2170).	En ese orden de apreciaciones, el Alto Tribunal Nacional tiene resuelto que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y no resulta apta para corregir fallos equivocados, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento palmario de la solución prevista en la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos, 308:1041, 1372, 1726; 310:1707; 311:346; 312:195, 2017; 313:62), situación que no se configura en autos.	Lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Suprema para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (Fallos, 306:263 y sus citas).	8º) Que a mérito de lo dispuesto en el art. 11 de la Acordada 4/2007 de la Corte Federal, que impone la desestimación de la apelación en los supuestos en que se hallen incumplidos los recaudos allí prescriptos, sumado a que el pronunciamiento cuestionado cuenta con fundamentos suficientes que impiden descalificarlo como acto judicial válido, y que no se encuentra justificada la tacha de arbitrariedad, ni se ha demostrado la afectación de garantías constitucionales, corresponde denegar el recurso interpuesto, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).	El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo:	1º) Que por razones de brevedad me remito al relato de los antecedentes de la causa y de los agravios vertidos por el recurrente, desarrollado en el apartado primero del voto que antecede. Ello sin embargo discrepo con el resultado al que se arriba al denegar el recurso extraordinario federal deducido por la actora, en virtud de los fundamentos que señalo a continuación.	2º) Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, a partir de los casos "Strada" (Fallos, 308:490) y "Di Mascio" (Fallos, 311:2478), corresponde a esta Corte Provincial resolver circunstanciadamente si la impugnación federal, "prima facie" valorada, cuenta, respecto de los agravios que la sustentan, con fundamentos suficientes para dar lugar a un caso de inequívoco carácter excepcional, a la luz de la doctrina del Alto Tribunal Nacional.	3º) Que en orden a los requisitos formales del recurso extraordinario, se advierte que el remedio federal ha sido interpuesto en término y contra una decisión definitiva. Asimismo, el escrito en el que se lo deduce da cumplimiento con los recaudos prescriptos en el art. 15 de la ley 48 y en la Acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 16 de marzo de 2007 (Adla, LXVII-B, 1751).	4º) Que en cuanto a los agravios del recurrente, surge que suscitan cuestión federal suficiente para su examen en la instancia del art. 14 de la ley 48. Ello es así, no obstante su aparente vinculación con aspectos de derecho procesal -como es lo atinente a las decisiones que declaran la improcedencia de un recurso deducido ante los tribunales locales que están excluidas, en principio, de la órbita del recurso extraordinario-, en tanto se ha alegado arbitrariedad en el pronunciamiento con sustento en que se habría incurrido en un excesivo rigor ritual al omitir analizar los cuestionamientos referidos a la regulación de honorarios del letrado de la sindicatura por considerar que la apelación deducida fue extemporánea. Se agravia la impugnante de la decisión arribada por cuanto -afirma- el acta de fs. 10097 de los autos principales no importó la deducción del recurso sino la aclaración de que el escrito de fs. 9906 de esos autos importó la apelación de los honorarios de la sindicatura entendida como órgano, y por ende incluyó tanto los aranceles de la síndico como los de su letrado.	5º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorpora al catálogo de sentencias arbitrarias a aquéllas que, aun cuando resuelven cuestiones de derecho procesal o común, en principio ajenas al recurso extraordinario, efectúan una equivocada interpretación del texto legal aplicable (cfr. Fallos, 278:168; 296:734); cuando en la interpretación se ha frustrado el objetivo perseguido por el precepto (cfr. Fallos, 308:235), y cuando, mediante una exégesis inadecuada, se desvirtúa la norma en cuestión, decidiéndose en contra o con prescindencia de sus términos (cfr. Fallos, 307:1427; 308:1694, 1796).	En razón de lo expresado y dado que de los argumentos vertidos en el remedio articulado surgen elementos que "prima facie" hacen viable su procedencia y que, en la especie, se verificaría la vulneración del derecho de defensa en juicio de la actora, al omitir analizar su impugnación de los honorarios regulados a favor del Dr. Enrique Eduardo Giaroli, se concluye que median razones de mérito suficiente que autorizan a declarar la admisibilidad del recurso.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 101/120 vta. Con costas.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).