Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-13


SENT. 122 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Ruiz Norma Graciela vs. Sanatorio 9 de Julio S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del 26/5/2010 (fs. 434/437 y vta.), concedido por resolución del 24/6/2011 (fs. 471 y vta.). Según informe actuarial de fs. 478, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el art. 137 del CPL.

II.- Sostiene el recurrente que el pronunciamiento impugnado "se separó del texto legal que expresamente se refiere al cargo judicial que deben ponerse en cada escrito presentado por las partes, dando al articulado una interpretación totalmente arbitraria y caprichosa, queriendo arrogarse las facultades de legislar sobre la materia".

Manifiesta que la sala sentenciante "ha realizado inferencias que irritan a la sana crítica, al principio de congruencia y al debido proceso adjetivo, que de suyo se aparta no solo de la letra sino también del espíritu de cada una de las normas sustantivas, adjetivas y de raíz constitucional cuya valoración o falsa aplicación denuncio". Agrega que "de las propias consideraciones realizadas por VE surgen abismales contradicciones que quiebran el sentido lógico del discurso y llevan el pensamiento a una conclusión obviamente también incomprensible, contradictoria e incongruente".

Expresa que "el análisis realizado por la Excma. Cámara en cuanto a qué se considera un 'cargo actuarial' es compartido por mi parte, al definirlo como aquel acto en virtud del cual el funcionario que la ley designa al efecto deja constancia, al pie de todo escrito presentado o comunicación dirigida al tribunal, del día, año y hora en que se produjo la presentación o recepción". Añade que "la excepción, que es justamente lo que omite expresar la Excma. Cámara, es que ello se da en tanto que dicho cargo se encuentre suscripto por el actuario o quien esté facultado para ello. Mientras no esté suscripto por quien esté habilitado al respecto, no constituye instrumento público y por lo tanto no es necesaria su redargución de falsedad" y que "la sola presentación de un escrito judicial de una de las partes intervinientes a un expediente no constituye instrumento público". Manifiesta que "el efecto del cargo actuarial debidamente suscripto por el Secretario o la persona habilitada para ello, le da fecha cierta al escrito presentado. En el caso en examen, al no estar suscripto por el Actuario, carece de dichos efectos".

Sostiene que "la Cámara, en forma excepcional y transgrediendo expresos ordenamientos legales, al cargo actuarial no suscripto por el funcionario habilitado a tales fines, le suma un informe que rola a fs. 427, en donde el Actuario informa que el escrito de fs. 391/396 fue efectivamente presentado por ante esa sala de la Excma. Cámara del Trabajo, conforme constancias del cargo electrónico estampado a fs. 396 vta., habiendo atendido dicha tarea el empleado del mostrador en aquel momento (testimonio que tampoco es agregado a la causa), por lo que no es sino un decir más, sin fundamento alguno". Señala que la Cámara "por medio de un informe actuarial realizado muchos días después del cargo electrónico, quiere convalidar lo nulo, lo que es totalmente arbitrario y no ajustado a derecho".

Finalmente, afirma que "también es agraviante para mi representada, la imposición de costas por su orden, la que se encuentra asistida de la razón y del derecho, por lo considerado; por lo cual, ello también deberá ser objeto de revisión".

III.- La sentencia recurrida desestimó el incidente de nulidad interpuesto por la parte actora con relación al cargo electrónico de fecha 22/10/2008. Tras reseñar las normas aplicables al caso del Código Procesal Civil y Comercial y de la Acordada de esta Corte N° 119 del 31/3/2005 que reglamentó el uso y mantenimiento del reloj fechador del cargo electrónico, sostuvo que "el cargo electrónico se considera integrado con la firma del Secretario, considero que ello surge de la interpretación armónica de las disposiciones del art. 132 del CPCyC y de la Acordada N° 119".

Señaló que "es el personal del mostrador quien se encuentra a cargo de calibrar con la hora oficial el reloj fechador, bajo la supervisión de un funcionario fedatario", que "es también el personal del mostrador quien habitualmente recibe los escritos que se presentan, estampando en los mismos el cargo electrónico -calibrado bajo la supervisión de un funcionario fedatario- que expresa la fecha y hora en que fueron entregados y por ante qué oficina se presentaron, y procediendo a indicar en forma manuscrita los documentos que con los mismos se acompañasen", y que "en la práctica habitual, la rúbrica del Secretario completa e integra el cargo así confeccionado, a continuación de las constancias antes referidas".

Destacó como principio general "que el cargo electrónico efectuado con reloj fechador, y las constancias manuscritas consignadas tras el mismo relativas a la documentación que se adjunta con el escrito de que se trate, debe encontrarse integrado con la firma del Secretario actuante para tener plena validez como cargo en los términos del art. 132 del CPCyC", pero añadió que "en el presente caso no puede soslayarse el informe actuarial obrante a fs. 427 de autos, del que surge que el escrito glosado a fs. 391/396 fue efectivamente presentado por ante esta Sala de la Excma. Cámara del Trabajo conforme las constancias del cargo electrónico estampado a fs. 396 vlta., habiendo atendido dicha tarea el empleado del mostrador en aquel momento".

Consideró que "dicho informe actuarial cobra singular importancia en el caso de marras, toda vez que es el propio Secretario el encargado de controlar diariamente el correcto funcionamiento del reloj fechador, de conformidad a la Acordada citada; así como de supervisar la labor del personal a su cargo" y que "excepcionalmente en el presente caso y dadas las particulares circunstancias del mismo, teniendo en cuenta el informe actuarial de fs. 427 y a fin de no causar un daño enorme e injustificado a la parte en su pretensión de ejercer un derecho inalienable, es que estimo corresponde apartarse del principio general arriba enunciado; sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caber al funcionario actuante por su omisión, toda vez que el exceso de trabajo no resulta justificativo alguno para eximirlo del cumplimiento de sus obligaciones".

IV.- El recurso en examen resulta inadmisible, por cuanto el pronunciamiento impugnado no satisface el recaudo de definitividad impuesto por el art. 130 del CPL, toda vez que no se trata de la sentencia que decide el fondo del asunto, ni de una interlocutoria que pone fin al pleito o impide su prosecución. En efecto, el pronunciamiento recurrido en casación no hace lugar a una incidencia de nulidad vinculada a la validez del cargo actuarial inserto en el escrito de interposición de recurso de casación deducido por la demandada contra la sentencia de fondo, esto es, una contingencia procesal que de ningún modo pone fin al proceso, ni obsta a la continuación del trámite de la causa (cfr. CSJT, sentencias N° 567 del 09/8/2010, Nº 234 del 14/4/2010, N° 771 del 25/8/2006; N° 210 del 06/4/2000, entre otras).

Cabe señalar que este tribunal, a través de sus diversas conformaciones, tiene dicho en forma reiterada que "la sentencia -resolución interlocutoria que deniega un incidente de nulidad- no es definitiva, ni equiparable a tal pues no concluye el pleito ni impide su continuación (cfr.: CSJT, sentencias N° 461 del 11/6/2007; N° 595 del 15/8/2003; N° 453 del 19/6/2003; N° 373 del 22/5/2001; N° 491 del 20/6/2000; N° 891 del 05/11/1999; entre muchas otras). Asimismo, se debe tener presente que la ausencia de definitividad del pronunciamiento es un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso (CSJT, sentencias Nº 937 del 10/10/2007; Nº 675 del 02/8/2007; Nº 488 del 12/6/2007; entre otras).

Tampoco concurre, en el caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que autoriza la apertura de esta instancia extraordinaria, en ausencia del recaudo de definitividad exigido por la norma ritual. Al respecto, corresponde destacar que la actora no invocó tal supuesto en su escrito de interposición de la casación y que esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el mero interés particular de los litigantes y atañen a la comunidad en su conjunto, cuando se vulnera algún principio constitucional básico, cuando se compromete la regular prestación del servicio de justicia o cuando lo resuelto puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal con perturbación en la prestación de servicios públicos (CSJT, sentencias N° 1020 del 30/10/2006, N° 863 del 25/9/2006, N° 172 del 24/3/2000, N° 1073 del 20/12/2001, entre otras). La cuestión que se pretende ingresar por vía de este remedio extraordinario local no presenta estas características, toda vez que lo resuelto en relación a la nulidad procesal planteada por la actora, no excede el mero interés de las partes, ni queda demostrada la proyección del pronunciamiento en la buena marcha de las instituciones o la afectación de la recta administración de justicia. Los argumentos desarrollados por la parte actora de modo alguno resultan suficientemente demostrativas de que el procedimiento seguido en las concretas circunstancias de esta causa habría afectado su derecho de defensa en juicio.

Por todo lo expuesto, lo resuelto por la Cámara no constituye sentencia definitiva ni asume gravedad institucional, por lo que el recurso en examen es inadmisible. Lo precedentemente señalado exime a este Tribunal de examinar las demás exigencias de admisibilidad del recurso en examen, correspondiendo declararlo mal concedido, con costas (arts. 49 CPL y 105 del CPCyC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y oído el señor Ministro Fiscal a fs. 479/480, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, MAL CONCEDI- DO el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del 26/5/2010 (fs. 434/437 y vta.).

II.-COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030658-01.