marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aranguren, Fabricio O. c/ Colegio de Escribanos de la Pcia. De Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad-Amparo (Expte. C.S.J. Nro. 122 Año   2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Merece reproche constitucional la sentencia de Alzada que hizo lugar al amparo interpuesto por personal contratado por el Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción para que presten servicios en el Registro General de la Propiedad contra decisión de aquél de rescindir los respectivos contratos; para ello el tribunal a quo entendió que se verificaba un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta frente a la circunstancia de que, salvo el artículo 10 in fine de la ley 8.994 que dispone que los contratos serán rescindibles sin expresión de causa, no existen otras normas que regulen expresamente la situación de autos tal como las propias partes y el Tribunal lo reconocen. Siendo ello así, mal podía sostenerse la "indudable" existencia de reglas que obligaban a contar con el acuerdo del Director del Registro General o la igualmente "exenta de duda" necesidad de someter la pretendida disputa o cuestión al Ministerio de Gobierno en los términos del artículo 14 de la citada ley 8.994, y por consiguiente tampoco que la ausencia de tales presupuestos eran suficientes para dar por acreditada la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En tales condiciones, el a quo no contaba con una base normativa suficiente como para considerar que las medidas cuestionadas revestían de los caracteres de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que exige el artículo 43 de la Constitución Nacional, con lo cual no cabe sino concluir en que la respuesta jurisdiccional ha supuesto una injustificada ignorancia de requisitos sine qua non de la vía excepcional de la acción de amparo, lo que determina a su vez que la sentencia atacada no reúna las condiciones mínimas exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción.
Inimputabilidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Piacquadio, Jorge Carmelo s/ Abuso deshonesto y homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

La resolución de la Cámara que al disponer la suspensión del procedimiento de juicio oral establece que la demencia del procesado le impidió comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, transgrede el art. 34 inc. 1° del Código Penal, pues una conclusión de esas características, que significa determinar su inimputabilidad por un supuesto semejante previsto en dicha norma en relación al momento del hecho, sólo podría haberse efectuado después de la audiencia oral una vez que hubiese sido comprobado el cuerpo del delito y la autoría.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Genaro García S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Amparo. Recurso directo (Expte. CSJ Nº 342-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

No ostenta el nivel mínimo requerido para configurar una cuestión constitucional el alegado desconocimiento de la cosa juzgada que la quejosa esgrime con sustento en lo resuelto por sentencia mere declarativa, en sede federal, y la dictada, en su oportunidad, por la Corte Provincial que, al juzgar el recurso contencioso administrativo interpuesto concluyó que dicha resolución federal hacía cosa juzgada entre las partes, lo que tornaba inoficiosa la causa sustanciada ante sus estrados, cuando del cotejo del citado precedente con las constancias de la causa, no surge que la pretensión resuelta con autoridad de cosa juzgada guarde identidad (en cuanto al objeto y la causa) con la aquí deducida, y, de la tal modo, no aparece patente que lo allí decidido deba trasladarse, fatalmente, al caso analizado con los efectos pretendidos por la apelante.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Villegas Francisco c/ Islas Gustavo s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

Cuando un accidente acaece por causa de que uno de los rodados queda inmovilizado en la vía pública corresponde a su conductor acreditar que adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito, ya que es sabido que resulta altamente peligroso detener un vehículo en una ruta de tránsito ligero, porque los automovilistas que circulan por ella pueden no apreciar el detenimiento sino sólo cuando se hallan a una distancia que les impide a su vez, frenar oportunamente. Aún cuando el conductor en la ocasión haya colocado balizas, debe demostrar la efectiva imposibilidad de llevar su vehículo a la banquina como es su obligación, según lo dispuesto por el art.

74 de la ley 13.893.
Actos ilícitos, indemnización, lucro cesante, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: WEHRLI FELIX c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

No existe superposición entre la indemnización que se otorga por lucro cesante y la que procede por incapacidad sobreviniente, pues en tanto esta última se refiere precisamente a lo que acaecerá en el futuro, el lucro cesante consiste en la frustración o pérdida de las ganancias o utilidades que la víctima hubiera percibido de no ocurrir el acto ilícito.
Denuncia prohibida, padres, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: G., V. M. s/ DENUNCIA. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Es nula la denuncia formulada por la madre contra su hija por el delito de aborto y hurto reiterado, en atención a la norma del art.

163 CPC que determina la inadmisibilidad de denuncias de ascendientes contra descendientes, exceptuando las hipótesis de delito cometido contra el denunciante, o contra una persona cuyo parentesco con él sea más próximo que el que lo liga con el denunciado, caso que no es el de autos, porque la denunciante mantiene con él igual vínculo que la menor denunciada.
Jueces, deberes y facultades del juez, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arriola Adela c/ Diaz Rubén Orlando s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

Las medidas para mejor proveer, no pueden ser solicitadas o sugeridas por las partes, al constituir una prerrogativa discrecional de la que esta investido el juez de grado merced a las facultades instructorias conferidas por el artículo 36 inciso 2 del ritual, más no pueden suplir las omisiones o inactividades de los litigantes, so riesgo de afectar el principio constitucional de igualdad ante la ley y el debido derecho de defensa de las partes (art.16, 18, y ccts. de la Constitución Nacional; 36 inc. 2 y ccts. del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, declaración de inconstitucionalidad, rechazo de la demanda, ley provincial, jubilaciones, aportes previsionales, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Padilla. Mariano Salomón c/ Caja  de  Previsión  Social de  la  Provincia  y Provincia de Salta. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

No es descalificable la sentencia que rechazó la demanda de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Provincia de Salta que ordenaron un aporte del 12% del haber de retiro a la Caja de Previsión Social (inc. 6, del art. 1, de la ley 5191, reiterado por el inc. 6 del art. 3, de la ley 6335), pues el porcentaje de descuento se ubica dentro de los montos válidamente aceptados por la Corte como no confiscatorios.
Extradición, nacionalidad, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El ejercicio de la facultad de no entregar a los nacionales (art.

I del Tratado de Extradición con el Brasil lley 17.272]) debe ser realizado cronológicamente antes de la resolución definitiva de los jueces de la causa, la cual, en ese caso, también deberá determinar si se encuentran presentes las condiciones de punibilidad que el tratado prescribe para hacer procedente el juzgamiento del nacional por los tribunales del país.
Juicio correccional, imputado, graduación de la pena, audiencia, audiencia de conocimiento personal, sentencia condenatoria, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: VELAZQUEZ, TIMANA s/ NULIDAD SENTENCIA - JUICIO CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

Es nula la sentencia correccional condenatoria, en la que se omitió, antes de dictar sentencia, la realización de la audiencia que para conocimiento personal del procesado, establece el art. 41 del C.P.

La circunstancia de que el magistrado tome conocimiento personal del prevenido en la declaración indagatoria, sólo puede hacerse valer si la sentencia es absolutoria, ya que la audiencia del art. 41 C.P. es para graduar la pena y porque tratándose dicho artículo de una disposición establecida fundamentalmente en garantía del imputado, si se anulase su absolución por el defecto atribuible al juzgador de haberle negado un derecho, se lograría el despropósito de volver al procesado al estado de incertidumbre jurídica, porque se le desconoció una garantía basilar establecida a su favor, circunstancias que no son aplicables cuando, como en el caso, la sentencia es condenatoria.
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tirasso, Alberto J. c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa Timberi, Hugo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01|1996-05-28

En materia previsional, la ley aplicable es la vigente al momento de producirse el hecho que determina la concesión del beneficio; en el caso de la jubilación, es aquella que se encontraba en vigor al tiempo de operarse el cese en la actividad (arts.93, ley 8587; 21, dec. ley 9650).
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, excepción de pago
Materia: CIVIL
Carátula: AULET GARCIA, ANA MARIA c/ HERMIDA CORBELLE, PATRICIA CARMEN s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

En el proceso de ejecución de sentencia la excepción de pago sólo es admisible cuando es total, pues de ser parcial existiría la insatisfacción del derecho del vencedor, circunstancia que no obsta a tenerlo presente en el momento de liquidar la deuda.-
Control aduanero, obligación tributaria, importaciones, exportaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jiménez Juan Carlos (T.F. 7363-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

No debe confundirse la colaboración que el interesado presta al servicio aduanero para que se practique la liquidación tributaria respectiva, con su obligación de aportar todos los datos relevantes a fin que los actos de importación o exportación puedan cumplirse adecuadamente.
Reconocimiento en rueda de personas, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bevilacqua, Horacio s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-02

No se vulnera el derecho de defensa, por tratarse de un acto válido, si el reconocimiento en rueda de personas se ha realizado sin la presencia del abogado defensor, pero respetando las indicaciones esenciales contenidas en los arts. 265 y 268 del C.P.M P., máxime cuando se ha comprobado que el magistrado interviniente participó de dicho acto procesal.
Concursos, demanda de verificación, factura, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES  AUTOMOTORES  CHEVALLIER s/ QUIEBRA S/ INC. DE PRONTOPAGO PROMOVIDO POR TEBA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-18

Resulta improcedente que un incidentista (ex locador) pretenda recibir la eventual diferencia de "capital" que pudiera surgir de la pesificación de los dólares estadounidenses, resultantes de la inversión del dinero depositado en favor de la quiebra (en la especie hasta febrero de 2002), toda vez que -como en el caso- el pretensor obtuvo el reconocimiento de su acreencia invocada (L.C. art. 240) en moneda de curso legal, coincidente con la consignada en las facturas mensuales que emitió. Ello sentado, la circunstancia de que el precio del contrato de alquiler hubiese sido pactado en dólares americanos resulta irrelevante.

Una solución distinta, vendría a implicar el otorgamiento de un virtual ajuste del crédito, lo cual carece de apoyatura positiva (Ley 23928 art.10).
Convenios colectivos de trabajo, despido sin causa, entes reguladores, estabilidad impropia, facultades del directorio
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vera, María Virginia c/ Supermercados VEA, DISCO S.A. II Cpo. s/ Moya Pablo Esteban c/ Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) s/ Apelación de sentencia S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN (acumulados 7204 y 7205)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-17|2021-12-21

Estando establecido por la LP 524-A que el Directorio se encuentra facultado para "nombrar y remover al personal del EPRE" (art. 60 inc. d, LP 524-A) y estableciendo dicha ley por acto expreso (cf. LCT art. 2 inc. a) que "las relaciones con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo y será de aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo que rija la actividad del sector eléctrico o el régimen que lo sustituya, no siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública" (art. 61 LP 524-A), ello implica claramente que la norma establece que corresponde aplicar el régimen de la LCT a las relaciones laborales dependientes del EPRE, con el régimen de estabilidad impropia contenida en el artículo 245 de la ley 20.744, que prevé el despido sin causa asumiendo el empleador el pago de una indemnización tarifada, excluyendo expresamente el régimen básico de la administración pública. Como consecuencia de ello el CCT aplicable debe interpretarse en este contexto de fuente legal dentro del ámbito de las relaciones laborales del sector privado, máxime cuando el EPRE no es parte signataria del Convenio Colectivo y simplemente adopta el régimen por adhesión o reenvío.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, costas, costas en el orden causado, responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, información sensible, disidencia, trabajo inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: V., H. I. c/ Provincia del Neuquén. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-26

Resulta improcedente la imposición de costas y regulación de honorarios de segunda instancia si los recursos interpuestos por ambas partes fueron declarados desiertos en virtud de lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, transformándose así en escritos inoficiosos. ( Disidencia del Dr. Ghisini )
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLEGIO NOTARIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-30

La cosa juzgada administrativa obsta a la habilitación de la instancia judicial, a los fines de la revisión de los actos de la Administración, conforme a lo establecido en el art. 1 de la Ley 2.297. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización, monto de la indemnización, fondo de garantía de la ley sobre riesgos del trabajo, empleador fallido
Materia: LABORAL
Carátula: Fondo de Garantía s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-04-07

El Fondo de Garantía cumple su obligación mediante el pago del capital, actualizado, dentro de los límites fijados en la Ley de Convertibilidad, dejando fuera de todo tipo de reclamación los intereses sobre el monto así determinado, a las costas y los costos del juicio, como también a los honorarios de todos los profesionales intervinientes en le proceso (abogados, peritos, etc.). Se excluye expresamente la posibilidad del pago de los intereses, las costas y los gastos causídicos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, recurso extraordinario, daños y perjuicios, compraventa, prueba documental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: INTILE, JOSE MARIO c/ BANCO TORQUIST SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DAÑOS Y    PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 168 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Es inadmisible la queja interpuesta desde que lo resuelto por el Tribunal a quo importa decidir en materia de hecho, prueba y derecho común (relativo a la prueba del daño sufrido por el actor por un embargo trabado sin derecho sobre un inmueble de su propiedad) y, al margen de resultar opinable y discutible, ostenta una fundamentación que no puede reputarse insuficiente.

En el caso, la recurrente se queja de que la Sala entendiera que la única forma de probar el contrato de compraventa invocado fuese el boleto -no aportado a la causa- en aplicación estricta del artículo 1193 del Código Civil, postulando una diferente interpretación de las disposiciones comunes pretendiendo se aplicara el omitido artículo 1192 2da. parte de dicho Código, que prevé la posibilidad de prescindir del boleto cuando hubiere -como en el caso- "principio de prueba por escrito", ya que sí obraba la rescisión de la compraventa ante escribano público con constancia de devolución de la seña, los telegramas enviados por el comprador al actor, los avisos de venta publicados en un diario local y las declaraciones del mismo comprador.

Mas con sus alegaciones no logra traspasar el umbral de la mera discrepancia con lo resuelto por la A quo cuando dijo que "...tienen singular relevancia los argumentos de la recurrente que ponen en evidencia la inexistencia de la compraventa por cuyo alegado malogro se busca una reparación pecuniaria" destacando, asimismo que "...el que no se trajese al juicio el boleto de compraventa en que supuestamente habría instrumentado la enajenación, siendo que el mismo constituiría la prueba más elemental de la venta que se dijera realizada, prueba que estaba en manos del actor aportarla, y que inexplicablemente fue omitida dentro de las propuestas por el mismo.. y "...no habiéndose invocado ni probado la imposibilidad de traer dicho documento... no cabía la posibilidad de acudir a otros medios probatorios para la acreditación del contrato, máxime frente a un tercero ajeno al mismo como es el banco demandado" , concluyendo que "...aparece incuestionable que esa esencial probanza fue indebidamente suplida por el tribunal a quo... en violación de lo dispuesto en el artículo 1193 del Código Civil... que contiene un mandato imperativo de celebrar ciertos contratos "por escrito" -lo que lleva a eliminar la actividad probatoria con base en otros medios no siendo admisible así los no escriturales-..."
Divorcio, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., R. c/ M. de M., C. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

El silencio u omisión de la legislación en cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios que motivaron el divorcio y la ausencia de pista legal para considerar una remisión al art. 1066 y subsiguientes del Código Civil, dan cuenta de una clara voluntad, pues cuando se trata de expedirse y establecerlo se lo ha hecho expresamente en la nulidad (art. 225, Código Civil, t.o., ley 23515).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, DIEGO DANIEL c/  s/ RECURSO APELACION (RESOLUCION DEL 12/10/2016 QUE RECHAZA SOLICITUD DE ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-28

Corresponde rechazar la queja interpuesta toda vez que el pronunciamiento impugnado -consistente en el rechazo por el Magistrado de grado del pedido de archivo efectuado por la defensa en función del artículo 7 de la ley 13004- no es sentencia definitiva ni auto equiparable; y, si bien la compareciente refiere que la resolución cuestionada es definitiva porque emana de un tribunal de apelación y afecta garantías constitucionales, lo cierto es que con sus alegaciones no logra demostrar que le cause un perjuicio efectivo actual que resulte de imposible o insuficiente reparación ulterior, y tampoco acredita que en el caso se halle comprometida de manera actual la libertad ambulatoria del imputado o se configure en autos un supuesto de restricción o menoscabo al ejercicio de algún derecho de los que esta Corte ha admitido para sortear la falta de definitividad referida. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 232, p 312; T 255, p 282. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1; Ley 13004, artículo 7.
Universidades, facultades del Poder Legislativo, normas programáticas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ U.B.A. s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

El constituyente ha considerado relevante corroborar las atribuciones que en la materia ya venían asignadas al Poder Legislativo, pero imponiéndole un orden de directivas para el cumplimiento del mandato constitucional: a) la responsabilidad indelegable del Estado, la que supone la imposición de una competencia exclusiva y excluyente en torno al diseño de la organización y base de la educación (art. 75, inc. 19), comprensiva del dictado de planes de instrucción universitaria (art. 75, inc. 18), y b) que se garanticen "los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales" (cons. 9ª).
Inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, cuestión federal, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Astiz, Alfredo Ignacio y otros c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa contra la resolución que limitó la exposición de los alegatos de las partes a un tiempo máximo de doce horas cada una, toda vez que no reviste el carácter de definitiva ni equiparable a tal; los impugnantes no han logrado demostrar cuál es el agravio actual que les genera el pronunciamiento atacado; y no se advierte la existencia de una cuestión federal. Dres. Ledesma, Slokar y David. En el mismo sentido se expidieron en la causa nº CFP14217/2003/711/RH12 "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/recurso de queja", reg. 466, 14/4/16 y causa nº CFP 14217/2003/712/RH13 "Astiz, Alfredo Ignacio y otros s/recurso de queja", reg. 467, 14/4/16.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, decreto de necesidad y urgencia, buques, buque de bandera nacional, cese de bandera, control de constitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, ley de contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - NAVEGACION - LABORAL
Carátula: Sallago, Alberto Asdrúbal c/ Astra CAPSA. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es descalificable el pronunciamiento que, mediante la mera remisión al criterio sustentado en un precedente de la Corte Suprema, desatendió las puntuales circunstancias de la causa en que se cuestionaba la validez constitucional de un régimen - decreto 1772/91 - que altera en profundidad los principios básicos de la Ley de Contrato de Trabajo que regulan el desarrollo y la finalización de la relación laboral (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).