Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Argerich, Claudia Luz y Berardi, Isabel c/ Provincia de Catamarca y Tribunal de Cuentas s/ Acción contencioso administrativa de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-12-06

Se impugna por vía de la acción contencioso administrativa de ilegitimidad o anulación la Acordada del Tribunal de Cuentas por la que el organismo de control luego de someter a las accionantes a juicio de cuentas por presuntas irregularidades en una rendición, les impone la devolución de montos monetarios y las sanciona con la aplicación de una multa contra sus haberes.

Si bien en principio el recurso mencionado se limita al control de legalidad y/o regularidad del proceso y la correspondencia lógico-jurídica de la valoración de las conductas con la sanción consecuente, en causa análoga se convino que tal principio debe ceder ante la naturaleza de la atribución de competencia que la Constitución Provincial dispone en su artículo 204 para que este Tribunal decida en materia contencioso administrativa en juicio pleno y de única instancia, interpretación que lo habilita para realizar una valoración más exhaustiva de los hechos y pruebas que integran la causa.

En esa inteligencia, del análisis de las actuaciones administrativas, en una primera aproximación se comprueba que no puede imputársele a la administración irregularidad alguna en orden al procedimiento contemplado por la ley aplicable que hubiere afectado la defensa en juicio o el debido proceso legal, en tanto las ahora agraviadas contaron con la oportunidad para ejercer su derecho de defensa en pleno conocimiento de los cargos que les realizara la autoridad administrativa en su oportunidad.

En relación a los cargos imputados, el primero referido a comisiones de servicio en cuya rendición no se adjuntaron las respectivas hojas de ruta, resulta evidente que tal carencia documental bajo exigencia de la ley para la regularidad formal de una rendición de cuentas de administración de fondos públicos, supone al menos un actuar negligente por parte de las recurrentes, y en consecuencia deviene razonable la aplicación de multa como sanción del actuar descripto. No parece de igual consistencia la decisión en la Acordada que se cuestiona de imponer a las recurrentes reintegros de sumas de dinero fundada en tales irregularidades en la medida que para que ello sea legítimo, debe acreditarse con seria verosimilitud la afectación del patrimonio estatal. En efecto, conforme las constancias obrantes en la causa, parece excesivo imponer a las actoras reintegros de sumas de dinero que fueron efectivamente pagados a las personas autorizadas para la realización de las comisiones de servicio o por servicios cuya prestación efectiva no surge cuestionada en autos, fundándose en deficiencias formales de la documentación respaldatoria del gasto, pues en este sentido los reintegros configurarían un enriquecimiento sin causa del Estado por lo que corresponde analizarlos y valorarlos en el contexto de este instituto jurídico. Por ello, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción contencioso administrativa de ilegitimidad, y en consecuencia revocar el acto administrativo en cuanto a los reintegros monetarios a los que la resolución recurrida las obliga.