marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retractación, sobreseimiento definitivo, querellado, legitimación activa, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: BLOTTA, OSCAR EDUARDO s/ CALUMNIAS - INJURIAS - RECURSO INAPLICABILIDAD LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

Es apelable por el querellado el sobreseimiento definitivo dictado en aplicación del art. 117 del Código Penal.
Competencia, radicación del expediente
Materia: CIVIL
Carátula: Cerini Gustavo Miguel c/ Gallardo Rocio Analia y Otro-Ejecutivo s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-26

En virtud del principio de radicación de las causas (perpetuatio iurisdictionis ) cabe señalar que fuera de las oportunidades que expreamente prevé la legislación positiva, no podrá declararse la incompetencia, consolidándose así la competencia del magistrado que ha intervenido con anterioridad,acorde ello con los elementales principio de economía y estabilidad en los procedimientos, situación en la cual no sólo las partes no pueden arguir la incompetencia fuera de dicha oportunidad, sino que tampoco puede ser declarada de oficio.
Recusación y excusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BONNIN, Guillermo Víctor y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Corresponde admitir la inhibición formulada por el señor juez, para conocer en los presentes actuados, ya que la misma encuadra en el motivo taxativamente previsto por el art. 55, inciso 8 ) del Código Procesal Penal de la Nación.
Recurso de casación, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., M.; Z., N.R. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

La casación por defectos sustantivos, persigue que el Tribunal juzgue el acierto o el error de la norma aplicada por el Juez del Mérito.

Para esta tarea es imprescindible el estudio de la plataforma fáctica estructurada por la sentencia, no por el defensor.
Medidas cautelares, contaminación ambiental, recursos hídricos
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Municipalidad de Berazategui c/ Aguas Argentinas S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-28

Si bien la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de que una empresa de servicios de agua adopte las medidas pertinentes para realizar las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha de una planta depuradora de líquidos cloacales es arbitraria en cuanto dispuso la ejecución de las obras omitiendo examinar cuestiones sustanciales, no lo es en cuanto considera demostrada la existencia de un daño grave al medio ambiente por la descarga continua en el Río de La Plata de efluentes cloacales provenientes de la Capital Federal y parte de la zona urbana que rodea la ciudad, siendo inadmisible sostener que la prueba producida carece de precisión o resulta imprescindible llevar a cabo estudios de mayor alcance, pues tal como prevé el art. 4º de la ley 25.675, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, unificación de penas
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C., J. J. s/ Presunta Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-28

En un primer orden de ideas ha de decirse que el supuesto de revisión invocado por la defensa, art. 437 inc. 5° del CPP -Ley N°3155- en cuanto reza: "El recurso de revisión procederá, en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes, cuando -...- 5°.-corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia". No puede ser válidamente traído para reparar su gravámen si se motiva la instancia en la hipotética errónea unificación punitiva que confirmara el Tribunal a-quo en base a lo preceptuado por los arts. 28° y 58° del Código Penal.
Deberes de los cónyuges, derechos de los cónyuges, deber de asistencia entre cónyuges, cónyuge separado, separación de hecho, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: E, E, I, c/ P, E, F s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-04

Los cónyuges separados de hecho tienen derecho a reclamarse alimentos, ya que dicho deber deriva del vínculo conyugal y no de la cohabitación.
Información sumaria, producción de la prueba, presunciones, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: La Segunda Aseguradora De Riesgos Del Trabajo S.A. c/ Migueles, Brisa Nicole Y Otros  s/ consignacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-14

Las informaciones sumarias solo constituyen pruebas unilaterales en el sentido que han sido producidas sin las garantías del contradictorio. Valen como como indicios y hasta presunciones pero no hacen plena prueba contra la parte que no ha tenido injerencia en ellas, quedando librada su apreciación al arbitrio judicial (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Concursos, concurso preventivo, apertura del concurso, sociedades comerciales, fusión de sociedades
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ONRAK SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

No procede la apertura de concurso preventivo de una sociedad constituida por fusión de otras dos sociedades que se disolvieron sin liquidarse, cuando la parte mayoritaria de su capital social esta integrado por acciones suscriptas por los acreedores de una de las sociedades disueltas cuyo proceso concursal se encuentra en la etapa de inhibición reglada por la ley 24522 art. 59; ya que si bien las compañías fusionadas desaparecen, sus patrimonios en cambio sobreviven y se transmiten al nuevo ente con todos los derechos y obligaciones inherentes (cfr. Zaldivar, "cuadernos de derecho societario", t. III, p. 132 y ss.) y, esa transmisión operada a título universal ha de interpretarse, por lo que se refiere a su faz pasiva, en un sentido lo suficientemente amplio como para considerar comprendida la prohibición legal estatuida por la LC art. 59.
Divorcio contradictorio, daño moral, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: F.,  D.A. . c/ D.,  E.H. . s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

No todo disgusto, desagrado y aflicción es susceptible de producir un daño moral, sino que debe poseer determinada envergadura, y a los fines de su apreciación, habrá de analizarse la muy particularísima situación de un matrimonio. Pero ello no significa aceptar que únicamente es resarcible el daño "muy punzante, porque nuestro derecho ninguna distinción hace entre daños muy graves y otros menos graves. El que causa un daño, cualquiera sea su entidad, debe repararlo. Es el quantum resarcitorio donde habrá de medirse esa gravedad, lo que queda librado al prudente arbitrio judicial, cobrando especial relevancia el adulterio, que constituye una de las mayores injurias. El daño moral que sufre el cónyuge inocente, queda configurado con independencia de la mayor o menor publicidad que tenga el hecho ilícito, ya que en ambos casos se violó el deber de fidelidad, se destruyó la confianza y se faltó el respeto al inocente. La publicidad del hecho no cambia la naturaleza del ilícito y sólo podrá incidir, conforme las circunstancias en el quantum indemnizatorio.
Asociaciones sindicales, acreedores del concurso, demanda de verificación, juez del concurso, cosa juzgada, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: UOMRA c/ CADOSCH  S.A. s/ 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

Si se requirió, por parte de la entidad gremial acreedora, la verificación del crédito ante el juez del concurso y la resolución tuvo favorable acogida, no puede reclamarse luego, en jurisdicción laboral, los mismos rubros, pues aquella resolución produce los efectos de la cosa juzgada.
Medios de comunicación electrónica, responsabilidad contractual, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, Pedro Eduardo c/ Gire SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

Cabe indemnizar el daño moral reclamado, en el marco de una demanda de daños y perjuicios sufridos por el actor, por el pago formulado por éste, por medio del sistema de pago que nunca se acreditó en la cuenta de su destinataria, quien por ello le demandó por vía ejecutiva. Es que el CPR 165 coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir los deméritos de que aquí tratamos (valor vida y espiritual) será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que no es insólito que el legislador remita al arbitrio o prudencia del juez, como lo hacía el CCIV 1084). Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto manda fijarlo judicialmente aunque, en tal hipótesis, el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro. Es entonces muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento, pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar "alguna" indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado (CNCom, Sala D, "Álvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance SA", 3.11.16; íd., "De Paoli, María Cristina, c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires", 3.11.16; íd., "Somnitz, Evelyn c/ Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles", 24.11.16; entre otros). (En el caso se fijó la suma $36.600).
Contratos, prueba, factura, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Blue Tree Technology SA c/ BGH SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

En el contexto de una acción promovida a fin de obtener el pago de una suma de dinero por un trabajo realizado en el marco de un contrato de obra para instalar un puesto en una exposición, cabe poner de resalto que la factura enviada por la actora mediante correo electrónico -modo habitual de comunicación entre las partes para la instrumentación y la ejecución del contrato- fue correctamente recibida por la parte demandada. Por ende, dado que está acreditada la comunicación a la demandada, su falta de impugnación formal y oportuna genera una presunción de que esta parte aceptó su contenido y de la prestación involucrada.

Por su parte, también se ha resuelto que la virtualidad probatoria de la factura no depende de su confección unilateral por el emisor sino que resulta de su recepción y aceptación expresa o tácita por la contraparte (CNCom, Sala B, expte. nro. 28085/2019, "Fundación Sanidad Ejército Argentino c/ Servin Life SA s/ ordinario", 23/12/21; Sala A "IMMBA SRL c/ Buenos Aires Servicios de Salud SA y otros s/ ordinario", 02/03/21).

En estos términos, la ausencia de una manifestación contemporánea de las objeciones de la demandada a través del medio comúnmente utilizado para la instrumentación y ejecución del contrato, y su silencio ante las numerosas comunicaciones recibidas de su contraparte refuerzan la presunción que genera el CCCN 1145. También reflejan un proceder incompatible con los estándares de conducta que prescribe el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 9, 729 y 981) a la luz de su carácter de comerciante (art. 1725).
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rofman, Alejandro Boris c/ Estado Nacional -Conicet- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

La Constitución Nacional vigente, a través de su art. 43, ha removido el obstáculo que presentaba el inciso d) del art. 2 de la ley 16.986, habilitando en la vía del amparo la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. Por lo demás, aún antes de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había relativizado tal prohibición, señalando que nadie puede sustraer al Poder Judicial la atribución inalienable y la obligación de hacer respetar la Carta Fundamental, por lo que, cuando al momento de la sentencia se pueda establecer si las normas impugnadas resultan o no manifiestamente ilegales, el juicio de amparo es el marco adecuado para instrumentar el debate de su inconstitucionalidad (confr. "Outon" en Fallos: 267:215; asimismo, ver "Peralta", del 27/12/90 en Fallos: 313:1573 y "Video Club Dreams", del 6/6/95 Causa: P103XXV).
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Coop. de Caseros Ltdo. c/ Montenegro, Carlos O. y ot. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Los compradores que ya en el boleto de compraventa manifiestan retener del precio del inmueble el importe de los embargos, al ser sabedores de la existencia de gravámenes, pueden merituar la conveniencia de la compra y al hacerla, la asumen "in re totum", no resultando por ende terceros inocentes.
Prescripción, diligencias preliminares, pedido de informes, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Bailo  Víctor  Leopoldo  y otro c/ Nuevo Espacio Educativo S.A. yotros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

Cabe asignar efecto interruptivo de la prescripción a la medida preliminar consistente en el pedido de informe a la Inspección General de Justicia, a los efectos de obtener los datos correspondientes a la integración de una sociedad anónima, cuando dicha tramitación se practique con el fin de iniciar posteriormente la demanda contra la sociedad anónima "...y/o contra quien resulte responsable...". (Del voto del Dr. Balestrini, en mayoría). Toq. 1233.
Proceso contravencional, remisión del expediente, unidad administrativa de control de faltas, medidas cautelares, secuestro de bienes, facultades del juez, facultades del fiscal, prejuzgamiento
Materia: AGRARIO
Carátula: Paredes Ramos, Javier s/ Infracción Art. 83 Ley 1472- Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

En el caso, debe apartarse de su intervención en la causa y revocarse la resolución de la juez a quo que dispuso no convalidar la medida cautelar adoptada y remitir la presente causa, junto con los elementos secuestrados, a la Unidad administrativa de Control de Faltas.

Ello así debido a que, una vez iniciado el procedimiento contravencional, éste debe fenecer por las vías procesales previstas en la ley rituaria, siendo que la remisión de las actuaciones a "faltas" decidida por la Magistrada a quo ha omitido resolver sobre una acción "viva" cuyo titular es el Ministerio Fiscal, provocando un estado de incertidumbre en contra del imputado.

Asimismo el juicio emitido por la a quo no ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado -v.g. medida cautelar-, habiéndose adelantado opinión prematuramente, lo que permite concluir respecto del concreto destino de la causa, por lo que es evidente que se ha afectado la necesaria equidistancia del juzgador respecto de las partes.
Personas con discapacidad, Derechos humanos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montenegro, German Nicolas c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes s/ Medida Autosatisfactiva (Conocimiento)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-23

Dado que la discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos, ello implica considerar los problemas que enfrentan las personas con discapacidad como problemas de Derechos Humanos, por lo que las respuestas ofrecidas a dichos problemas deben ser pensadas y elaboradas desde y hacia el respeto de dichos derechos. (del voto del Dr. Rodríguez)
Jubilaciones, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORTES ALBERTO R. J. y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-05-18

La inconstitucionalidad de la ley 2502 deviene también por evidenciar el sistema previsional un mecanismo que lesiona la cosa juzgada administrativa y los elementos esenciales que la integran en la materia previsional, con grave deterioro del principio de igualdad garantizado constitucionalmente.
Medidas cautelares, delitos en el deporte, inconstitucionalidad, partido de fútbol, igualdad ante la ley, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: IBAÑEZ, Roberto Joaquín y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

La prohibición de asistencia a encuentros de fútbol en los que participen dos equipos de la 1ra. división impuesta a varios imputados es inconstitucional por violar el principio de inocencia, al tratarse de la imposición de una pena anticipada previa al dictado de una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada (art. 18 de la C.N.) (*).

La modalidad establecida por el juez de grado para dar cumplimiento a esta medida -presentación del imputado en la comisaria con jurisdicción en su domicilio en los entretiempos de cada partido en el que participe la primera división del club del que resulta simpatizante-, agrava la situación, al restringir la libertad ambulatoria de una persona inocente, para obligarla a concurrir a una dependencia estatal cada vez que el equipo deportivo mantiene un encuentro. Ésta representa, "en cuotas", una clara aplicación de una pena privativa de la libertad.

Si a los imputados se les concedió la exención de prisión o la excarcelación, es decir, si se les ha garantizado su libertad durante el proceso, no existe base legal para obligarlos a presentarse a una dependencia policial, en tanto y cuanto ello no fue fijado en los respectivos incidentes como medida accesoria, con fundamento en prevenir alguno de los peligros que surgen del art. 280 del C.P.P.N. (**).

Respecto de quienes han padecido de esta imposición pese a que se ha dictado falta de mérito, existe una clara lesión al principio de igualdad ante ley (art. 16 de la C.N.), toda vez que no se explicita por qué a otros imputados, con idéntica situación procesal, no se les restringe la posibilidad de concurrir a ver partidos de fútbol.

Si con auto de procesamiento firme no es factible disponer la prohibición en cuestión, mucho más lo es respecto de aquellos que no se encuentran en esa situación procesal.

Por ello, debe revocarse la medida dispuesta por el magistrado de grado (del voto del Dr. Bruzzone, al que adhirieron los Dres.

Elbert y Donna).
Régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Duart, Victor Hugo c/ B.C.R.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-14

En el marco de una acción por una deuda dineraria, corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad del decreto n ° 794/94, reglamentario de la ley 24283, pues no puede impugnarse de inconstitucional un régimen jurídico al que se sometió la actora voluntariamente y sin formular reservas, toda vez que el citado decreto guarda estrecha relación con la fecha de corte establecida por la ley 23.982 a los fines de la actualización de la suma a abonar por la parte demandada.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, relación de causalidad, inversión de la carga de la prueba, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: GENERAL PUEYRREDON S.A c/ GRISOLIA VICTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Cuando el conductor de un vehículo, demandado en un juicio por daños resultantes de un accidente de tránsito, se excepciona afirmando hechos o circunstancias de las que derivaría la culpa exclusiva o concurrente del actor, al primero de los nombrados le corresponde la prueba de la verdad de su aseveración.
Accidentes de trabajo, fondo de garantía, depósito en sede administrativa, actualización monetaria, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, TOMAS c/ INARGIND  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-27

Corresponde actualizar el importe indemnizatorio nominal fijado en sede judicial, desde su exigibilidad, "hasta el momento en que el acreedor tuvo conocimiento del depósito en sede administrativa y pudo percibirlo". Los intereses se deben desde la exigibilidad y debe imputarse el pago a cuenta primero a éstos, salvo voluntad expresa del acreedor (artículos 744, 776 y 777 Código Civil).

Determinado el crédito cabalmente a la época indicada, se deducirá el monto depositado y el saldo restante se actualizará desde esa fecha con más un interés del 15 % anual.
Derecho procesal, gastos del proceso, fallo plenario, inconstitucionalidad, autonomía provincial, costas, acción de responsabilidad, ley nacional, aplicación de la ley, modificación de la ley, ley arancelaria, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Yañez, Sergio Alberto c/ Prevención Art S.A . s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-05

3.- Cobra entonces relevancia aquél principio general al que ya había aludido la suscripta en la causa "Barra Castillo" en orden a las facultades privativas locales. Ello implica que cuando el proceso tramita en una jurisdicción provincial, la regulación del trámite y de las costas judiciales resulta materia reservada a la respectiva autonomía provincial, conforme lo establecido en los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional. De allí que el límite de responsabilidad por costas previsto en la norma nacional no resulta aplicable en la esfera provincial. (del voto de la Dra. Gennari, en adhesión).
Aportes previsionales, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pata, Sergio Héctor c/ Galarza, Santiago Camilo s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

La contribución del art. 21 de la Ley 6716 (t.o. Dto. 4775/95) ha sido instituida como recurso destinado a solventar un sistema no estatal de Seguridad Social, de naturaleza solidaria y mutualista, cuya existencia y subsistencia alcanza el nivel de una garantía constitucional expresamente prevista en las respectivas cartas fundamentales (arts. 14 bis, 3 párrafo, 121 y 125, 2 párrafo de la Constitución Nacional; 1 , 39, inc. 3 , 40, 3 párrafo y 41 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires); y en consecuencia de orden público, cuya prevalencia no puede ser eclipsada por derecho individual alguno, siempre relativos (arts. 14, 28 y 31 de la Constitución Nacional; 21 y conc. del Cód. Civil). Consecuentemente, su aplicación no puede soslayarse en favor de quien goza del beneficio de litigar sin gastos, toda vez que los alcances y finalidades de esta franquicia (arts. 78, 83, 84 y conc. del CPCC), deben considerarse desbordados por esta obligación legal destinada a garantizar la recaudación previsional en la fuente y con independencia de los otros mecanismos que la ley prevé, pues tales fines exceden el ámbito de los gastos que genera la actuación judicial a los que se refieren las normas que regulan el beneficio.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Cugliari, Francisco E. c/ Provincia de Salta s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

La Corte es competente para conocer originariamente en las causas que versan sobre cuestiones federales en las que sea parte una provincia, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la contraria; la inconstitucionalidad de las leyes y decretos provinciales constituye una típica cuestión de esa especie.