marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, pago, mora, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Cuando ni el Pliego de Bases y Condiciones ni las "Disposiciones para la Prestación del Servicio" contienen disposiciones sobre la configuración de la mora en el pago de los certificados, es posible recurrir a la legislación común, concluyendo que el caso puede ser encuadrado en los artículos 509, 511, 622 y concordantes del Código Civil.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, caducidad de instancia, devolución del expediente, notificación, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Freysselinard, Federico Julián y otro c/ Confederación General del Trabajo y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, al declarar operada la caducidad de la instancia, prescindió de la aplicación de lo dispuesto en el art. 135, inc. 7° y 13 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al considerar que el actor se hallaba en condiciones de impulsar el procedimiento a pesar de no haber sido notificado de la decisión interlocutoria dictada por la cámara, ni de la devolución de los autos al juzgado de primera instancia.
Actos ilícitos, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARSHALL DANIEL ALBERTO s/ PENAL - CASACION MANSILLA DE SIMONINE CLARA MARGARITA c/ CONSORCIO PARQUE s/ INDEMNIZACION - CASACION LABORAL - HOMICIDIO CULPOSO RICCI DANIEL EDGARDO s/ CASACION  PENAL  -  MUERTE  -  INDEMNIZACION  -  QUANTUM  DAÑO  MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-03-22|1985-12-17|1985-08-23

La obligación del autor de un homicidio culposo de pagar "lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto" si bien queda librado, en relación a su quantum, a la "prudencia de los jueces" (art. 1084 C.C.) No puede depender de una valoración absolutamente libre reservada al subjetivismo del juzgador, ni tampoco resultar de una mera "enunciación de pautas", realizada de manera genérica y sin precisar de que modo su aplicación conduce en el caso, al resultado al que se arriba.
Falsificación de instrumento privado, adulteración de planilla, rendición de cuentas
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, RAMON s/ HURTO - FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-29

La adulteración de planillas para ocultar un apoderamiento ilícito es atípica, por ser inhábil para producir perjuicio distinto al ya producido.

La falsificación de las planillas de la rendición de cuentas no constituye el tipo del art. 292 C.P., pues dicha falsedad sólo constituye un acto tendiente a ocultar el hurto cometido.
Contienda negativa de competencia, acción de amparo, Municipalidad, Derecho contravencional y de faltas, juez de faltas, competencia funcional
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Roldán s/ Conflicto negativo de competencia - Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 570  Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

Corresponde que entienda en un amparo interpuesto a fin de que cese "la violación de derechos constitucionales" y se declare la inconstitucionalidad y nulidad de todo lo actuado por la Municipalidad de Roldán con relación a una Resolución del Tribunal Municipal de Faltas el Sr. Juez en lo Penal de Faltas desde que para decidir la cuestión planteada se puede recurrir a principios e instituciones del derecho penal, que son propias de todo poder punitivo, y que pueden ser admitidas en el administrativo como tales, no obstante la independencia existente entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, no pudiendo soslayarse lo preceptuado por el artículo 99 de la ley 10.160, que establece la competencia funcional de los Jueces en lo Penal de Faltas, quienes "...conocen en última instancia de las impugnaciones deducidas contra las resoluciones de órganos administrativos que deciden faltas en materia municipal y contravenciones policiales".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROZAS, MARIA JOSEFA Y OTROS c/ JELMA IMPELLIZZERI Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. COBRO DE IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS. RECURSO   DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 233-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-14

El problema de la determinación judicial de los intereses moratorios no depara caso constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055, a menos que la respuesta brindada por los jueces de la causa no exhiba un criterio de razonabilidad en orden a la ponderación de la realidad económica y se sustente -por tal motivo- en un arbitrario ejercicio de la discrecionalidad judicial. (De los Fundamentos del Dr. Barraguirre al que adhiere la mayoría).
Jubilaciones, secretario de Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Agostini, Eugenio Ricardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es erróneo el aserto referido a la jerarquía de ministro que de modo expreso el decreto de designación n. 16.186/60 habría otorgado, ya que la simple lectura de dicho texto arroja como conclusión directa que la única vez que se utiliza la voz "ministro" se lo hace para designar al funcionario encargado de refrendar el acto.
Contrato de obra pública, reconocimiento de las obligaciones, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Valitutto,  Carmelo c/ Estado Nacional (Ministerio de Obras yServicios Públicos) s/ contrato de obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

La falta de acto administrativo que reconozca la deuda, no comporta "per se" un argumento para sustentar el rechazo de la pretensión del administrado, si la administración demandada ha reconocido su existencia en sede administrativa y judicial oponiendo defensas de carácter formal (Sala V: "Badner Sapirstein Samuel Ariel c/ Ministerio de Economía de la Nación s/ contrato de obra pública", 31/10/2005), como acontece en el sub examine (Del voto del juez Márquez, cons. VIII).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Budano, Raúl Alberto c/ Fac. Arquitectura. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Las sentencias definitivas, a los fines del recurso extraordinario, no son tan sólo las que concluyen el pleito, sino también las que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Tribunal colegiado, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Milo, Miguel A. c/ Banco Popular de Rosario s/ Demanda ejecutiva. Queja por denegación del Recurso de  Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 8-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-20

La doctrina propugna con toda nitidez la distinción entre sentencia -acto y sentencia-documento-; la cual queda de manifiesto en nuestro sistema para las dictadas por el tribunal pluripersonal:

su pronunciamiento verbal y su instrumentación, escrita. Permite, el mero hecho de haberse producido la firma del documento en distintos momentos no apoya -por sí- la tesis del recurrente en cuanto a que no votaron dos de los miembros del tribunal, pues, de igual modo, corresponde -aquí- aplicar los principios tendentes a evitar que prevalezca lo puramente formal sobre lo intrínseco -que "aproxima más el derecho a la liturgia que a la justicia"- si es posible verificar que el continente (instrumento) no afecta lo contenido (acto). La sentencia como "instrumento" no es considerada tal hasta el momento en que se completan las firmas, permitiendo entonces, su incorporación al expediente e inserción en el protocolo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, honorarios, base regulatoria, demanda, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEDRA, MARIA DEL CARMEN c/ APRIGLIANO, HECTOR MARIO (SUCESION) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-07

La quejosa cuestiona que el Tribunal no haya especificado en qué inciso del artículo 8 de la ley arancelaria encuadraba el caso, mas con tal aserto no logra persuadir acerca de la irrazonabilidad de la respuesta jurisdiccional brindada, que claramente consideró suficiente la subsunción del sub lite en la última parte del primer párrafo del mencionado artículo, que dispone que no existiendo en la demanda cantidad determinada, se tendrán en cuenta los valores, bienes o intereses comprometidos, susceptibles de fundar una apreciación pecuniaria o la trascendencia económica del litigio. Asimismo, la recurrente no demuestra que los supuestos que plantea, contemplados en los incisos a), h) o m) del mencionado artículo, resultaran ineludiblemente aplicables o fueren de acatamiento obligatorio a la luz de las constancias de autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 8, última parte del primer párrafo, e incisos a), h) y m)
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: BOLAÑO, Felix c/ KRIPER, Carlos Alberto s/ RECUSACION DEDUCIDA POR EL DR.JOSE M.SALOMON
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-03

La delicadeza es afectada cuando el acto de Juzgar implica colocar al Juez en un estado de violencia moral o sea cuando seria, concreta y positivamente, su convicción, respecto a determinada situación jurídica, puede verse afectada por una consideración de carácter personal ajena a la causa sometida a su conocinento.Teniendo en cuenta que la violencia moral no es suceptible de ser apreciada sino por quién la invoca y que sólo el juez sabe en que medida pesa sobre su conciencia, corresponde hacer lugar a la misma
Obligaciones de resultado, seguro de responsabilidad civil
Materia: PROCESAL
Carátula: SEPULVEDA, JULIO R. s/ LESIONES CULPOSAS S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-21

La obligación del asegurador tiene un único destinatario y es el asegurado. Se trata en esencia, de una obligación de resultado. Así contrata el asegurado, quien pacta el seguro contra la responsabilidad civil con la finalidad de preservar su patrimonio en su integridad. Y correlativamente el asegurador percibe una prima art. 1 LS-, obligándose mediante la percepción de la misma a mantener indemne al asegurado-art. 109 LS-. Esta es la finalidad, el resultado al que se compromete el asegurador.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTÍNEZ BLASCO, Antonio Roberto c/ CABRERA, Pedro Antonio y SOTO, Sergio Fabián s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-25

Conforme el art. 315 del CPCC., cuando el acto tendiente a activar el procedimiento de realizare después de vencidos los plazos del art. 310, podrá oponerse la excepción de perención antes de consentir el trámite del procedimiento.

Y es reiterada jurisprudencia de esta Sala, que la instancia en tales condiciones se subsana si la contraria consiente el acto de impulso y la continuación del proceso, lo que tiene lugar tácitamente cuando no plantea la caducidad dentro del plazo de cinco días establecido en el art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial (CApel.CC. Salta, Sala III, Año 1984, fº 831; íd. íd. Año 1988, fª 719; íd. íd. Año 1994, fº 251; íd. íd. Año 1995, fº 472; íd. íd. Año 1997 fº 587), es decir, dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto. Tal criterio ha sido también el seguido por otras Salas de esta Cámara de Apelaciones (CApel.CC. Salta, Sala I, Año 1989, fº 57; íd. Sala V, Año 1987, fº 309) y por la jurisprudencia nacional (CNCom. Sala B, L.L. 1980-C-460; íd. Sala G, L.L. 1983-A-45; íd. Sala F, E.D. 65-438, entre otros).

Habiéndose concedido en autos un plazo ampliatorio de diez días para contestar la demanda en razón de la distancia, por iguales motivos (demandado domiciliado fuera de la jurisdicción del tribunal) y en igual medida (diez días) cabe tener por ampliado el plazo de cinco días para oponer la perención.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez, Paula Alejandra c/ Poncet, Lydia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

El derecho no se satisface con una pura relación de causalidad material, puesto que no es una física de las relaciones humanas y, por tanto, para generar responsabilidad civil esa causalidad material debe quedar aprehendida por la causalidad jurídica que la ley establece bajo el rector prisma de la justicia.
Extradición, resolución denegatoria, revocación de sentencia, CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICIÓN DE MONTEVIDEO
Materia: PENAL
Carátula: De Souza, Liz Helena c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

La sentencia que denegó la extradición solicitada por la República de Panamá con sustento en que la orden de detención agregada en la causa era solo a los fines de la extradición, y por tanto insuficiente, debe ser revocada, pues surge con suficiente claridad del texto convencional que no existe ningún recaudo de procedencia del tenor que refirió el a quo y, por ende, ello supuso introducir unilateralmente una exigencia no contemplada por la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933, lo que resulta inadmisible a la luz de reiterada jurisprudencia de la Corte según la cual ello supone alterar unilateralmente lo que es un acto emanado del acuerdo, en el caso, de varias naciones.
Niños, niñas y adolescentes, derecho a ser oído, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L. H.,M. A. C/ F., A. E. S/ CUIDADO PERSONAL(f) (S / CASACION) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-10-21

El derecho a expresar sus opiniones y a que sean tenidas en cuenta es un arma poderosa. Se debe incentivar a los niños, niñas y adolescentes a comunicar lo que les pasa. La autoestima y confianza adquiridas a través de la participación empoderan a las niñas y a los niños para hacer frente al abuso de sus derechos. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Libertad provisional, imputado, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SALVATORE, CARLOS s/ AUTORIZACION DE VIAJE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

Si los motivos que llevan al Juez a denegar el pedido interpuesto por el procesado no impidieron su libertad provisoria tampoco pueden, en principio, obstaculizar el viaje cuya autorización se solicita.
Gobierno de facto, universidades, docentes, reincorporación, cesantía, causas políticas y gremiales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa Padilla, Raúl Milagro c/ Universidad Nacional de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La potestad revisora prevista en el art. 10 de la ley 23.068,sólo puede ser ejercida con relación a los casos ocurridos durante el gobierno de facto que se extendió desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.
Usurpación de inmueble, tenedor, tenencia simple, derechos reales
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Diego Martín y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

El simple acceso o poder sobre un inmueble no conlleva necesariamente la calidad de tenedor que protege el Código Penal en su artículo 181, dado que para ello es menester que de aquella se derive la posibilidad legítima de ejercer un derecho real. (Voto del Dr. Riggi).
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, perjuicio fiscal, falta de perjuicio
Materia: ADUANERO
Carátula: Baltzer Marítima S.R.L. (T.F. 8902-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

La C.S.J.N. resolvió en una causa sustancialmente análoga a la presente, caratulada "Fletamar S.A.C. s/ rec. de apel.", del 29/12/87 que "no se demuestra en el recurso en que modo la inexactitud de la declaración formulada en el caso pudo producir, aun hipotéticamente, el perjuicio fiscal al que el inc. 1º del art.

954 del C.A. subordina la punibilidad de aquella conducta, toda vez que en el sub lite los tributos cuya omisión configura el perjuicio aludido fueron ingresados con anterioridad a la fecha de finalización de la descarga, y por ende, a aquélla en que se produjo la comprobación por la Aduana de la discordancia existente entre lo manifestado y el resultado de aquella operación...". (Consid. 5º).
Servicio telefónico, baja del servicio público, interrupción del servicio, obligaciones del usuario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSNER RICARDO J. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ JUICIO  SUMARISIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

Al ser moroso el actor durante un período prolongado que demuestra su accionar omisivo y no habiendo en autos conducta atenuante de esa mora, la actitud de la empresa telefónica no debe ser calificada como arbitraria y por lo tanto los pasos que exige al actor para reconectar su servicio, son los adecuados y ajustados a derecho al haber perdido, por su propia culpa su calidad de cliente. (del voto del Dr.Ferro)
Sujetos de la navegación, personal embarcado, capitán, responsabilidad del capitán
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAREZ, Pedro Alex c/ PREFECTURA NAVAL ARG. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Con relación a las obligaciones impuestas en el Título 8 del Reginave se le está asignado al capitán de la nave -por encima de su carácter de representante del propietario del buque- una función eminentemente pública como delegado de la autoridad para hacer cumplir las disposiciones que con tal alta finalidad han sido impuestas. Es así entonces, que aquél no puede invocar, para evadirse de las responsabilidades emergentes, su relación de dependencia con la armadora infractora.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defensa en juicio, nulidad procesal, desaparecidos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De Pedro y Ordónez de Cacciabue, Eloisa Teresa y otros c/ Guajardo, Carlos Julián (test.) y otros. s/ Daños y perjuicios - Incidente de nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la nulidad de todo lo actuado que la parte fundó en que la prosecución de los trámites había importado la violación de la defensa en juicio atento al estado de indefensión del demandado, presuntamente secuestrado, pues se encuentran controvertidos los alcances de la garantía constitucional de la defensa en juicio y la sentencia definitiva resulta contraria a la pretensión que la recurrente sustenta en aquélla.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Behm, Juan Carlos c/  s/ queja (en: behm, juan carlos c/ cantini, filiberto y otra s/ consignacion (ordinario))
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-10-30

Este Cuerpo tiene dicho que el recurso de casación debe cumplimentar los extremos exigidos por el art. 286 del CPCyC y el Tribunal de mérito es el que, sobre la base del art. 289 inc. 3° del CPCyC, verifica si se dan los requisitos, dictando la resolución que fundadamente admita o deniegue el recurso, efectuando así un primer control, y al hacerlo, no es Juez de su propio fallo, sino partícipe de la habilitación de la instancia superior, en la medida que la propia ley procesal lo dispone. Ese examen no se limita al mero recuento de los requisitos formales, sino que avanza sobre las cuestiones vinculadas a la seriedad de los planteos y la demostración lógica de un posible error en la sentencia puesta en crisis. (Voto del Dr. Barotto, Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Confirmación de sentencia, apropiación, recién nacido, sustitución de identidad, dictadura militar, República Argentina, proporcionalidad de la medida, control de razonabilidad, razonabilidad tributaria, derechos y garantías constitucionales, derecho a conocer la identidad de origen, desaparecidos, hijos de desaparecidos, obligaciones internacionales, deberes del juez, derechos de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Corresponde confirmar la orden de allanamiento a la vivienda de quien fue víctima de apropiación y sustitución de identidad siendo una recién nacida -cuyos padres padecieron la represión ilegal acaecida en la República Argentina durante la última dictadura militar-, a fin de hacerla pasar por hija de quienes fueron encontrados coautores penalmente responsables de tales delitos, pues se han considerado en forma suficiente la naturaleza de los hechos investigados, los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional para su persecución y juzgamiento y los intereses particulares de la damnificada, en cumplimiento de las obligaciones que tienen los magistrados de hacer accesible a toda persona el conocimiento de su identidad en relación armónica con el derecho de los familiares que buscan sus hijos y nietos para conocer la verdad de lo sucedido.
Tarjeta de crédito, inhabilidad de título, título incompleto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Pacheco Carlos Julio s/ Ejecutivo (LIBRO: S141 - 252)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-24

Por encima de la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito, lo cierto es que la fuerza ejecutiva de un título emana de la ley, motivo por el cual, al no mediar disposición legal que le insufle tales características, los saldos surgentes de la utilización del prealudido medio de pago, carentes de la firma del pretenso deudor y por implicancia ausente de reconocimento de deuda exigible, dista de bastarse a sí mismo, por lo que debiene impropio en un proceso de brevedad congnoscitiva, intentar completarlo con el argüido vínculo contractual que lo originó, habida cuenta que el trámite de un proceso como el intentado, soslaya cualquier intento de transitar aspectos causales que se vinculan con el origen de la obligación y revela, a contrario sensu, su inidoneidad para motorizar la acción entablada.
Procedimiento contencioso administrativo, garantía de impugnación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marin, Claudio Marcelo c/ Colegio de Psicólogos Alto Valle Zona Oeste s/ Contencioso Administrativo S/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

Explican autores que han cumplido un rol protagónico en el proyecto normativo que a la postre fraguó en el Código Procesal Administrativo Ley N° 5106, que "...en cuanto a los recursos previstos se ha entendido que en tanto la competencia se mantuviera en las cámaras era necesario generar -en dicho ámbito- un acceso ante el pleno, a fin de garantizar al menos un recurso en aquellas cuestiones que no configuren sentencia definitiva" (cf. Ricardo R. Apcarián y Silvana Mucci, "Código Procesal Administrativo de Río Negro Comentado y Anotado", Sello Editorial Patagónico, 2017, p. 86). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)