Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-11


Salta, 11 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "DECOUD, Guillermo David y otro vs. MARTIN, Laureano Facundo y otros - Oficio Ley 22.172"; Expte. Nº 485790/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 5ª Nominación; Expte. Nº 485790/14 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I. Se encuentran estos autos a despacho a fin resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 51/52 por el Dr. César Alejandro Austerlitz, apoderado de Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada, en contra de la resolución de fs. 48, que reguló los honorarios del CPN Ariel Alejandro Castillo en la suma de $10.370, por su labor desempeñada en autos. El recurso fue concedido a fs. 54 y sostenido por memorial de fs. 56/60 y vta.

Se agravia de que se hayan regulado honorarios, únicamente con base en el monto indicado en el dictamen del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de fs. 45/46, y dice improcedente el criterio adoptado por el juez de grado.

Señala que el objeto de este proceso es tramitar un Oficio Ley a efectos de la producción de una pericia contable, cuyo alcance y valoración corresponde al juez exhortante al dictar sentencia definitiva, oportunidad en que decidirá sobre la cuantía del juicio e imposición de las costas.

Entiende, por lo tanto, que tomar como base arancelaria el monto reclamado en la demanda es prematuro en esta etapa, y que debe practicarse una regulación provisoria, sin perjuicio del derecho que asiste al perito de pedir una regulación definitiva en el expediente principal.

Se refiere a la tarea cumplida por el técnico en autos, y afirma que no justifica la suma fijada. Cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso, reduciendo los estipendios con arreglo al criterio jurisprudencial vigente para casos similares.

A fs. 64/66 contesta el traslado el CPN Ariel Alejandro Castillo. Postula la deserción del recurso, y subsidiariamente solicita su rechazo, con costas; quedando los autos en estado de resolver a fs. 84.

II. Con relación a la deserción del recurso que postula la apelada, cabe decir que este Tribunal reiteradamente expuso que, al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474 y CJSalta, Tomo 44:1109; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 637, entre otros).

En tal inteligencia, cabe analizar el recurso.

III. La ley 22.172, que rige el Convenio de comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción, específicamente establece que "la regulación de honorarios corresponderá al tribunal oficiado, quien la practicará de acuerdo a la ley arancelaria vigente en su jurisdicción, teniendo en cuenta el monto del juicio si constare, la importancia de la medida a realizar y demás circunstancias del caso".

En autos, concluida su labor pericial, a fs. 38 el CPN Ariel Alejandro Castillo solicitó se regulen sus honorarios (art. 12 de la ley 22.172), con arreglo al trámite establecido en la ley 7428. A tales efectos, denunció que las horas trabajadas fueron 70, y que el monto del reclamo (informado en la rogatoria de fs. 3) asciende a $396.000.

El dictamen del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta de fs. 45/46, por aplicación de la escala mínima del art. 3º de la ley 4582 (modificada por ley Nº 7428) sobre el monto denunciado, cuantificó los honorarios en la suma de $10.370, receptada en la resolución venida en revisión.

En la regulación de honorarios por peritajes, lo dictaminado por el Consejo Profesional no obliga al juez, sin perjuicio que en ciertas circunstancias pueda constituir una valiosa ayuda para determinarlos (CApelCCSalta, sala II, t. IV, f° 73; íd. sala IV, t. XXVI, fº 191).

La escala indicativa que proporciona la ley 7428 constituye una de las pautas a meritar, junto a las que, analógicamente, proporciona la normativa arancelaria (arts. 4 y 5 del decreto ley 324/63 y art. 15 de la ley 6730), que establece como pautas generales la naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, eficacia y extensión del trabajo, que constituyen la guía permanente para lograr una retribución justa y razonable (cf. CApelCCSalta, sala IV, t. XXVIII, fº 3 y 777).

Cabe destacar que si bien el referido decreto ley se encuentra previsto para los abogados, sirve como elemento de orientación (cf. CApelCCSalta, sala IV, t. XXIV, fº 100).

Bajo tales parámetros, debe tenerse en cuenta que la labor cumplida por el CPN Ariel Alejandro Castillo en estos autos, consistió en el informe pericial de fs. 32/37 y vta., efectuado en base a lo requerido en el oficio ley 22.172 (fs. 2/3) del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial nº 7 del Dpto. Judicial de la Matanza, San Justo, Pcia. de Buenos Aires, en el cual se especificaran los puntos de pericia propuestos por la parte actora y la citada en garantía.

A tales efectos, se constituyó en el domicilio de la empresa Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda. a fin de compulsar y analizar los libros y documentación relacionados con el objeto de la pericia, habiendo presentado, en tiempo oportuno, dictamen sobre todos los puntos requeridos por ambas partes.

Dada la naturaleza y complejidad de la labor efectivamente cumplida por el profesional, tiempo insumido, y ponderando el valor de los intereses en juego, no lucen excesivos los honorarios fijados en la anterior instancia.

Es que, conforme ha sido expuesto en precedente de esta Sala IV, citado por el recurrente (registrado en t. XXXIV, fº 1041/1043), el apartamiento de los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios que rigen la actividad de los profesionales actuantes, se justifica razonablemente cuando su aplicación lisa y llana ocasionaría una evidente desproporción con la importancia del trabajo efectivamente cumplido; supuesto que -como arriba se analizó- no acontece en el caso sub examen.

IV. De lo dicho se sigue que el recurso no progresa, y la sentencia impugnada debe ser confirmada.

Por ello.

LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, I. NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 51 y vta..

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.