Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-25


Buenos Aires, 25	de junio de 2008	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Surge de las actuaciones agregadas a la queja que la Sra. Blanca Nieves Mereles denunció ante la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor a Entertaiment Depot S.A (en adelante ED) y Banco Cetelem Argentina S.A (en adelante BC) por la comisión de una infracción a la ley n° 24.240 (LDC). Expresó que adquirió en la empresa "Musimundo" un equipo de audio -cuyo precio de contado era de pesos mil ($1.000)- mediante un plan de pago de veinticuatro (24) cuotas de sesenta pesos ($60) cada una, de acuerdo a la oferta exhibida en el comercio. Al momento de cancelar la última cuota le fue informado que mantenía una deuda de aproximadamente setecientos pesos ($700) no obstante haber cumplido con los pagos en la forma establecida en la oferta (fs. 2).

Fracasada la conciliación, tomó intervención la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante DGDyPC) quien imputó a las dos empresas denunciadas la presunta infracción de los arts. 4º y 36 de la ley n° 24.240 (fs. 2 vuelta, fs. 33 vuelta). La Administración consideró que la falta de información respecto de la financiación del crédito solicitado por la Sra. Mereles vulneró lo dispuesto por el art. 4º de ley n° 24.240 y que el denunciado no consignó en la solicitud de crédito la información exigida por el art. 36 de esa ley.

BC presentó su descargo. Rechazó la imputación efectuada y sostuvo que la documentación no presentó vicio alguno que la invalide ni violó norma alguna. Afirmó que hizo saber a la denunciante que de ser aceptada su solicitud sería titular de una tarjeta de crédito, con un límite preestablecido para adquirir productos en los comercios adheridos que devengaría intereses sobre el capital utilizado pendiente de amortizar. Consideró que era aplicable la ley n° 25.065 de Tarjetas de Crédito (LTC) y, por lo contrario, no era de aplicación la ley n° 24.240 de Defensa del Consumidor.

La DGDyPC, mediante la disposición nº 4051-DGDYPC-2004, sobreseyó a ED e impuso a BC una multa de pesos cinco mil ($5.000) y ordenó la publicación del acto sancionador en el diario Clarín. Consideró a BC responsable de infringir lo dispuesto por los arts. 4º y 36 de la ley n° 24.240. El acto administrativo puso de relieve que la Sra. Mereles concurrió a un local de la firma "Musimundo" para adquirir un equipo de audio mediante un plan de cuotas y no para obtener una tarjeta de crédito, y que ella suscribió una solicitud de crédito y no una solicitud de tarjeta de crédito. Consideró que la consumidora no recibió la información suficiente respecto de las características esenciales del servicio de préstamo lo que le impidió conocer con exactitud el objeto de la contratación. En relación a la infracción prevista en el art. 36, LDC, para la Administración quedó probada con la documentación que se extendió con motivo de la operación en la que no se consignó el precio de contado en cuotas ni lo atinente a intereses y otros gastos cuyos montos el consumidor debe conocer (fs. 33/37 vuelta).

2. BC interpuso el recurso previsto por el art. 45 de la ley n° 24240 (fs. 48/61). Al expresar agravios sostuvo que:

a) la DCDyPC era incompetente para intervenir frente a la denuncia ya que la actividad encuadra en el sistema de tarjetas de crédito, regulado por la LTC que en su art. 50 dispone que será autoridad de aplicación exclusiva el Banco Central de la República Argentina para todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros, ley especial y posterior si se la relaciona con la LDC;

b) el acto cuestionado carece de motivación, pues sus expresiones no se corresponden a las constancias del sumario;

c) el otorgamiento y emisión de una tarjeta de crédito presupone la existencia de una relación contractual, y en el caso no existe ninguna ambigüedad en la terminología utilizada por el banco, dado que la misma se corresponde completamente con las particularidades del negocio que regula;

d) el art. 36 de la ley 24.240 se refiere exclusivamente al crédito destinado a la adquisición de cosas o servicios y no es de aplicación al caso pues el concedido por el banco tenía otra finalidad (cancelar una deuda pendiente y las financiaciones instrumentadas por medio del sistema de tarjeta de crédito); y e) la inexistencia de infracción y perjuicio para el consumidor.

3. El GCBA contestó el recurso y solicitó su rechazo (fs. 44/47).

4. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso- administrativo y Tributario rechazó el recurso de BC, con costas (fs. 2/6 vuelta).

En los fundamentos de la decisión la Cámara afirmó que la DGDyP tenía competencia para conocer y decidir en la instancia administrativa, de acuerdo a lo establecido por el art. 41, LDC -que asigna a los gobiernos provinciales y a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el carácter de autoridad de aplicación de la ley y de sus normas reglamentarias- y por el decreto nº 17-GCBA-03, que en el art. 2º, del Anexo I, designó como autoridad de aplicación de la ley nacional n° 24.240, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. La Sala agregó que en los considerandos de la disposición recurrida se ha valorado a los hechos, a la prueba ofrecida y establecido el derecho aplicable y que el recurrente no explicó, concretamente, qué es lo que la Administración omitió considerar en el acto cuestionado. El tribunal señaló que el tema discutido en el sumario no fue qué tipo de instrumento suscribió la denunciante Mereles, sino, en cambio, si la información que se le brindó satisfizo las exigencias de los arts. 4° y 36 de la LDC. En cuanto al planteo del recurrente referido a que la situación denunciada se rige por la ley 25.065, y no es de aplicación el art. 36, LDC, la Sala expresó que la denunciante presentó una "solicitud de crédito" para la compra de un artefacto y no una solicitud de tarjeta de crédito, razón por la cual resulta aplicable la LDC, que establece en su art. 36 todos los recaudos que deben consignarse por el proveedor (el precio de contado, saldo de deuda, total de intereses a pagar, la cantidad de pagos a realizar, su periodicidad y el monto total financiado), especificaciones que no fueron cumplidas en el caso. En cuanto a la falta de perjuicio para el consumidor, la Sala consideró que es irrelevante pues se trata de una infracción de pura actividad.

4. BC interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 7/16). Sostuvo que la sentencia era arbitraria por apartarse de las constancias de la causa, por violar el principio de legalidad en materia penal al aplicar en forma extensiva normas represivas y soslayar la aplicación de otra ley específica. Afirmó que fueron afectadas las garantías del "juez natural", del debido proceso y del derecho de defensa. Reiteró el planteo de incompetencia de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, por permanecer la actora comprendida bajo el régimen de la ley nacional n° 25.065 de tarjetas de crédito.

El GCBA contestó el traslado y solicitó su rechazo. Expresó el Gobierno que el recurso carece de fundamentación suficiente, ya que no constituye una crítica concreta y razonada del decisorio impugnado, b) la sentencia recurrida no es arbitraria, ya que deriva de constancias obrantes en la causa, y c) ausencia de caso constitucional, pues la recurrente se limita a expresar su mero disenso y reitera argumentos expuestos en presentaciones anteriores.(fs. 38/43).

La Sala declaró inadmisible el recurso pues "los argumentos vertidos por la recurrente se limitaron a disentir con la interpretación que, en el caso, recibieron normas legales de naturaleza infraconstitucional. A ello se agrega la ambigua invocación genérica de arbitrariedad (...). De los términos de la sentencia cuestionada surge que los temas principales tratados en ella versaron sobre el hecho denunciado, su prueba, la interpretación y aplicación de la ley 24.240 y la cuantía de la sanción. Se trataron cuestiones fácticas y procesales, con fundamento en las disposiciones legales que rigen la materia. La circunstancia de que el recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara sobre reglas de derecho común, infraconstitucional, no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria, ni tampoco pone de manifiesto la existencia de un caso constitucional" (fs. 18 y vuelta).

8. BC interpuso recurso de hecho ante el Tribunal contra la decisión de la Cámara (fs. 23/29 vuelta). El Fiscal General, en su dictamen, propició que se rechace la queja (fs. 67/70).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. La queja planteada por BC, en tiempo y forma, trae a conocimiento del Tribunal un asunto que presenta características peculiares que deben ser señaladas en forma previa a justificar la decisión a adoptar.

a) La Sra. Mereles, según se relata en el acto sancionador y en la sentencia, concurrió a "Musimundo" (firma comercial cuyo titular sería Entertaiment Depot S.A) y decidió adquirir un equipo musical cuyo precio, según la oferta exhibida en el local, era de $ 1.000 o de 24 cuotas de $ 60. Optó por el pago en cuotas. Al parecer, esa elección exigía la presentación de una "solicitud de crédito" que dio lugar a la actuación de Banco Cetelem -quien expresa, en el recurso de apelación que interpuso, que el Banco tenía un convenio con "Musimundo" en virtud del cual los clientes de esa empresa "podían obtener financiación de sus consumos, a través de tarjetas de crédito" otorgadas por BC (fs. 48 vuelta)-.

Afirma el Banco que la Sra. Mereles "a partir del primer vencimiento previsto para el 8 de abril de 1999 (...) optó por efectuar el pago mínimo exigido ($ 60) suma calculada en un porcentaje respecto del límite de crédito y curiosamente coincidente con la oferta de venta de "Musimundo"; financiaría el saldo restante en las condiciones vigentes para cada período, informadas en cada resumen de cuenta" (fs. 48 vuelta). El último pago que efectuó la Sra. Mereles fue en marzo de 2001. El crédito concedido a la denunciante fue resuelto por BC a causa de la mora en que ella incurriera para cancelar el saldo, que, según el Banco, ahora asciende a $ 829,96.

b) De lo que se ha expresado en el expediente, se infiere que la Sra. Mereles abonó las 24 cuotas de $ 60 consignadas en la oferta de "Musimundo", pero que esos pagos no fueron suficientes para cancelar la obligación determinada por Banco Cetelem, agente que concedió la tarjeta de crédito para realizar la operación de compra en cuotas.

c) Resulta llamativo que "Musimundo" (o Entertaiment Depot) fue considerada ajena a la situación planteada y sobreseída en la instancia administrativa, en donde prosperó su defensa fundada en su falta de legitimación pasiva. De tal forma, no obstante que la compra se realizó a Musimundo, sobre la base de una oferta de esa empresa (24 cuotas de $ 60), a través del agente financiero que se vinculaba con esa firma comercial, los defectos de información (y la consiguiente responsabilidad) sólo fueron atribuidos a Banco Cetelem. Es claro que la actividad proveedora de bienes de consumo de Musimundo se enmarca en la LDC, pero ella ha quedado fuera del procedimiento sancionador. Así, los defectos que pudieron existir en la publicidad o en la información brindada a la Sra. Mereles en relación a la operación de compraventa que ella quería efectuar con "Musimundo", son aspectos sobre los que (no obstante su innegable trascendencia) nada puede decirse ahora. Lo único que cabe juzgar es la actividad de Banco Cetelem.

2. BC planteó en todas las oportunidades que su actividad se regula por la LTC, que prevé como autoridades de aplicación exclusivamente al Banco Central para las cuestiones que se refieran a los aspectos financieros y Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación para los asuntos vinculados con aspectos comerciales (art. 50, ley n° 25.065). En consecuencia, postuló que la investigación de su conducta queda fuera de la competencia de la DGDyPC, órgano del gobierno local para la aplicación de la LDC. La cuestión fue articulada ante la Administración (ver reseña a fs. 34), reiterada al requerir el control judicial del acto sancionador (fs. 49/51 vuelta), al interponer el recurso de inconstitucionalidad (fs. 14/15) y finalmente en el recurso de queja (fs. 24 vuelta/28). La recurrente afirma que la incompetencia de la autoridad administrativa local pone en debate su derecho de defensa en juicio "al sacársela de sus 'jueces naturales' que son los designados por el art. 50 de la ley 25.065" (fs. 61).

3. El primer agravio reitera el planteo articulado por el recurrente ante la Cámara en relación a que el caso debía regirse por la LTC y no por la LDC.

La decisión referida a si los hechos atribuidos a BC se deben subsumir también bajo las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor o sólo bajo las pautas de la Ley de Tarjetas de Créditos no involucra cuestión constitucional alguna, pues remite sólo a la determinación de hechos y su ponderación bajo una u otra ley, ambas de naturaleza infraconstitucional.	Aunque BC pretende que la afectación constitucional provendría de la intervención de una autoridad administrativa que, de aplicarse la LTC, no sería competente, y que ello conllevaría la afectación de la garantía del "juez natural" (el entrecomillado corresponde al propio recurrente, fs. 24 vuelta), lo cierto es que:

a) las comillas con las que BC enmarca la expresión juez natural, dan cuenta del uso impropio de la garantía constitucional en el caso (cuestión, por lo demás, evidente ya que no es posible concebir al Banco Central, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación o la DGDyPC como órganos judiciales);

b) BC no ha intentado tan siquiera argumentar por qué razón un mismo hecho no puede constituir, a la vez, una infracción al sistema de defensa del consumidor y al sistema de tarjetas de crédito;

c) BC tampoco ha formulado argumentos para descartar que la tarjeta de crédito esté comprendida en la tutela que la Constitución nacional y la Constitución local, así como la ley n° 24.240, brindan al consumidor; y d) la actividad desplegada por la DGDyPC se enmarca dentro de la función administrativa habilitada a las autoridades locales por la LDC para las inconductas que regula dicha ley. Cabe recordar, al mismo tiempo, que cualquiera que colabore con el infractor, sobre todo necesariamente, aunque éste, por alguna razón, no haya merecido sufrir una pena, es también infractor, para lo cual la manera según la cual designamos con el idioma a su acción -coautoría, complicidad- tiene tan sólo relativa importancia (la discusión y debate al respecto supera la importancia jurídica del caso).

4. La existencia de una potestad concurrente entre los órganos administrativos nacionales y locales en la protección al consumidor de tarjetas de crédito, que el recurrente parece negar sin dar alguna razón, ha sido consignada ahora expresamente en la LTC. De tal forma, lo afirmado por BC en relación con la incompetencia de los órganos locales para atender los conflictos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito (art. 50, ley n° 25.065) ha quedado desactualizado.

Es dable remarcar que mediante la reciente ley n° 26.361 (BO 7/4/2008) fueron reformadas tanto la LTC como a la LDC. En lo que interesa al caso, el art. 34 de la nueva ley modificó el art. 50 de la Ley de tarjetas de crédito que, en su texto actual, expresa:

"Autoridad de Aplicación. A los fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:

a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros.

b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, en todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales, pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento.

Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones, en su caso, en organismos de su dependencia o en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias".

En el mismo sentido el art. 17 de la ley nacional n° 26.361 dispuso sustituir el artículo 41 de la ley de Defensa del Consumidor, por el siguiente:

"Artículo 41: Aplicación nacional y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones".

La reformas introducidas han venido a confirmar en forma expresa la concurrencia de atribuciones mencionadas en este voto.

5. El recurrente plantea, también, por una supuesta lesión al principio de legalidad penal. Tal cuestión no fue planteada a decisión de la Cámara, razón por la cual aparece como una reflexión tardía y, por ende, no satisface la exigencia establecida en el art. 27 de la ley n° 402 de que la decisión cuestionada haya recaído sobre ese tema.

6. Finalmente, tampoco cabe admitir la queja en relación a la tacha de arbitrariedad de la sentencia pues el recurso no demuestra los defectos de fundamentación o lógicos del fallo atacado, que el recurrente pregona. La decisión exhibe un razonamiento coherente y suficiente de las cuestiones tratadas, y no ha omitido considerar aspectos relevantes para la decisión del caso, por lo que no puede ser descalificada sobre la base de esa doctrina.

Como lo señalé múltiplemente, yo sostengo una posición particularmente estricta respecto de la arbitrariedad como motivo de procedencia del recurso intentado (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)`", expte. nº 3565/04, resolución del 25/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración), expte. nº 3792/05, resolución del 29/06/05). No obstante ello, el recurso no pasa de ser la exposición de discrepancias -sin origen constitucional- con relación a la valoración de prueba, la fijación de hechos y la interpretación de reglas de Derecho infraconstitucionales que establece la sentencia impugnada, con lo cual se torna inaplicable un remedio extraordinario, como es el motivo de arbitrariedad, aun para la opinión hermenéutica más difundida y acogida por el TSJ.

Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de queja planteado por Banco Cetelem y darle por perdido el depósito efectuado a fs. 62.

Las juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

Adherimos a los fundamentos contenidos en los considerandos 1 a 6, primer párrafo, del voto del juez Julio B. J. Maier y, en consecuencia, al dispositivo propuesto por nuestro colega .

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el juez de tramite, Julio B. J. Maier, en que la queja interpuesta debe ser rechazada, pues el recurrente no logró articular un caso constitucional capaz de habilitar la intervención de esta instancia extraordinaria.

2. El primer agravio, presidido por el título de "Apartamiento del 'juez natural'", no va más allá de la simple mención sin explicar de qué manera la garantía se ve vulnerada en el caso. En realidad, se reduce a sostener que el acto impugnado habría emanado de autoridad incompetente por lo que el rechazo de esa cuestión por parte de la Cámara importa una arbitrariedad suficiente para que se revoque la sentencia en esta instancia.

En cuanto a lo primero, el recurrente se limita a sostener que corresponde aplicar la Ley de Tarjeta de Crédito puesto que la relación que lo vinculó con la denunciante tiene sustento en un contrato de tarjeta de crédito. Sostiene, asimismo, que esa ley es posterior y especial con respecto a la Ley de Defensa del Consumidor y que ello es suficiente para desplazar la competencia sancionatoria del organismo local especializado en la protección del consumidor que, cuando ocurrieron los hechos en cuestión y fue impuesta la sanción, sólo estaba prevista en la segunda.

Si bien el quejoso cuestiona la potestades punitivas de la DGDyPC para supuestos como el de autos, reconoce que "...las disposiciones de la ley de defensa del consumidor obviamente se aplican también a las relaciones nacidas como consecuencia del contrato de tarjeta de crédito, puesto que ésta es también una relación de consumo..." (fs. 25 vuelta). También argumenta que la relación que lo vinculó con la denunciante debe ser "...encuadrada en los términos de la Ley 25.065, cuyo artículo 50 sostiene la 'exclusividad' de la actuación (...) como autoridades de aplicación..." de las autoridades nacionales (fs. 25/25 vuelta).

La argumentación del recurrente no demuestra que la interpretación realizada por la DGDyPC (sostenida en virtud del rechazo del recurso directo) pueda ser descalificada por arbitraria. Por el contrario, la sanción impuesta parece posible incluso a la luz de la interpretación propuesta por el recurrente, ya que el acto impugnado obtiene su causa legal en la LDC (arts. 4 y 36), que el recurrente entendió aplicable a supuestos como el de autos (y no en la LTC). A su turno, el banco quejoso no explica por qué debe hacerse una excepción a la regla que imputa aplicable la LDC a los contratos de tarjeta de crédito, en aquellas previsiones que otorgan facultades sancionatorias a las autoridades locales. Nada impide, como regla general, que exista superposición de regímenes sobre una determinada actividad, ni que existan múltiples autoridades de aplicación y, por lo demás, el recurrente ni siquiera demuestra que exista tal superposición.

La lectura de los primeros artículos de las normas en cuestión denota que la interpretación cuestionada resulta una adecuada a los textos legales en juego.

El art. 2 de la LDC establece que "[q]uedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios", expresión que incluye a la actividad bancaria o a los contratos de tarjeta de crédito. Por lo demás, la actividad en cuestión tampoco se encuentra entre los supuestos que ese mismo artículo excluye del ámbito de aplicación de la ley. A su turno, el art. 3 prescribe que "[l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor". Este último precepto pone de manifiesto que es voluntad del legislador que la LDC sea aplicada en forma conjunta con regímenes especiales como el de la LTC, especialmente en casos como el presente en que ello resulta más favorable para los intereses a cuya tutela está consagrada la ley.

Por su lado, la LTC, en su art. 3, dispone que "...supletoriamente se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)".

Cabe resaltar que, en la inteligencia de las instancias anteriores, el conflicto no se trabó con relación a un contrato de tarjeta de crédito sino que ello fue accesorio a la compra de un electrodoméstico con financiación. Para obtener esa financiación -requerida y publicitada-, la denunciante fue inducida -siempre según lo que los jueces de mérito han tenido por acreditado- porque la solicitud de crédito que suscribió brindaba "...información ambigua o limitada que no permitió a la titular del crédito contar con un conocimiento adecuado de los límites y alcances de sus obligaciones..." lo que derivó en que el recurrente contratara, sin saberlo, los servicios de una tarjeta de crédito (fs. 5 vuelta). Así las cosas -más allá de la llamativa liberación de responsabilidades del comercio en el que se desarrollaron los hechos- la interpretación sostenida por el organismo local y confirmada por la Cámara no parece arbitraria.

Esto se ve avalado también porque la interpretación sugerida por el recurrente tornaría inaplicable a los contratos de tarjetas de crédito aquellos preceptos de la LDC que brindan facultades sancionatorias a las autoridades locales, lo que resulta contrario a la regla hermenéutica que aconseja preferir aquellas interpretaciones que otorguen efectos a las normas frente a las que las privan de sentido total o parcialmente (recogida en Fallos: 321:793 y 3291092, entre otros). En este caso, esos preceptos son justamente aquellos que brindan herramientas para sancionar y corregir las violaciones a esa norma, por lo que, si se sigue el razonamiento del recurrente, pese a que no se alteraría el carácter obligatorio de la LDC, ella sería apenas una expresión de deseo, lo que dejaría a las partes más débiles de la relación de consumo sin la protección que el legislador quiso otorgarles.

3. La queja tampoco puede prosperar por los agravios consignados bajo el título "Violación del principio de legalidad. Aplicación analógica de la norma represiva" (fs. 28). En esa sección el recurrente sostiene que la sanción impugnada excede el límite prescripto por los arts. 47 y 49 de la LDC, en especial sostiene que la multa sobrepasa la previsión del primero de estos que dispone que las sanciones tendrán como límite "el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción". Sin embargo, no demuestra que ello haya sucedido en autos. En ningún momento explica cuál sería el monto de ganancia obtenido o cómo debe ser calculado y, por lo tanto, no muestra que la sanción impuesta exceda el límite legal. Así las cosas, falla el recurrente en mostrar la relación directa entre el agravio planteado y la situación de autos.

4. Por las razones expuestas, la queja interpuesta a fs. 23/29 vta. debe ser rechazada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero a la solución que propicia en su voto el señor juez de trámite, doctor Julio B. J. Maier.

2. El recurso de inconstitucionalidad -que se pretende mantener ante este Estrado mediante la interposición de la queja respectiva- fue correctamente declarado inadmisible por la Cámara, pues, más allá de la enunciación genérica de preceptos constitucionales que se dicen vulnerados, los agravios que propone remiten a la consideración de cuestiones propias de los jueces de la causa que resultan -por regla- ajenas al marco de valoración que permite realizar un recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley nº 402).

En efecto, los planteos formulados por el "Banco Cetelem Argentina S.A." se limitan, por un lado, a objetar la interpretación de las normas infraconstitucionales tenidas en cuenta para determinar en el caso la competencia de la autoridad administrativa local para imponer la sanción discutida -Ley de Defensa del Consumidor nº 24.240 y Ley de Tarjetas de Crédito nº 25.065- y, por otro, a controvertir la valoración de hechos y pruebas realizada para corroborar la existencia y entidad de la infracción enrostrada.

3. Por lo demás, no se ha logrado demostrar que la decisión recaída sobre estos aspectos -como se dijo, propios de los jueces de la causa- pueda ser descalificada como acto jurisdiccional válido con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad.

Por el contrario, se advierte que la Sala II al dictar sentencia brindó tratamiento a todos los planteos relevantes contenidos en el recurso de apelación, para concluir que no se había acreditado ningún argumento atendible que permita aseverar que una infracción a la ley que regula el sistema de tarjetas de crédito no puede constituir también una infracción a la ley de defensa del consumidor. En este sentido, debe destacarse que el apuntado desarrollo argumental de los jueces de la Cámara no sólo se encuentra respaldado por fundamentos que estimo suficientes, sino que ellos no han sido objeto de refutación concreta y razonada por parte de la interesada.

Tampoco se ha logrado demostrar la arbitrariedad de la decisión atacada en punto a la valoración de las cuestiones de hecho y prueba conducentes para tratar el agravio referido al quantum de la multa resistida. En suma, considero que el recurso de queja interpuesto reitera los defectos que ya contenía el recurso de inconstitucionalidad, pues en ninguna de las dos ocasiones se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional (v. en el mismo sentido el dictamen del Sr. Fiscal General, obrante a fs. 69/70).

Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la queja deducida y dar por perdido el depósito de ley.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Banco Cetelem Argentina S.A.

2. Dar por perdido el depósito de fs. 62.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita el expediente a la Sala interviniente para que sea agregado a los autos principales.