Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-06


--- En la ciudad de Trelew, a los 06 días de noviembre del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. , N. J. y otros c/ C. , M. N. s/ Rendición de Cuentas" (Expte. N° 22151 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 1225.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ---------------------------------- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por el coactor N. J. C. a fs. 1169 y 1171, respectivamente, que fueran concedidos libremente a fs. 1172, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 1153/1160 que tuvo por allanado al demandado respecto a su obligación de rendir cuentas y por presentadas las mismas, hizo lugar a la demanda de aprobación de cuentas interpuesta por N. J. C. , L. B. C. , C. V. C. , G. A. C. , e I. C. , y condenó a M. N. C. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $140.090,82, con más sus intereses a computarse desde que cada saldo anual es debido para el período 1990 a 2004 y hasta su efectivo pago, y asimismo rechazó el pedido de declaración de temeridad y malicia formulado por la parte actora y la reconvención deducida por la parte demandada, con imposición de las costas de la demanda y de la reconvención al demandado. ------------------------- Los agravios vertidos por los apelantes lucen a fs. 1194/1200 y 1205/1211 y vta., los traslados conferidos a fs. 1204 y 1212 fueron evacuados a fs. 1213/1216 y 1217/1222, y a fs. 1224 se llamó a autos para dictar sentencia.---------------------------- El demandado apelante señala básicamente que a criterio del juzgador cada suma es debida desde que culmina cada año sin explicitar ningún fundamento de derecho acerca de la constitución en mora, y sabido es que los intereses moratorios corren desde la mora del deudor. Yerra al considerar que desde el mes de enero se deben intereses lo que hace suponer que desde ese mes se encuentra en mora. Incurre en violación del principio de congruencia ya que así no lo solicitó el demandante. Se está en presencia de una obligación de plazo tácito y en los supuestos gobernados por el art. 509 del Código Civil no hay posibilidad de mora sin interpelación. El plazo tácito es una especie de plazo indeterminado, pues en la fuente de la obligación no se individualiza el acontecimiento que marcará el límite final del plazo y de la naturaleza de la obligación es preciso inferir el momento o época a partir de cual es exigible y ese momento es la constitución en mora. No puede en este supuesto hablarse de obligación con plazo expreso, ni indeterminado, ni mucho menos de obligaciones con plazo esencial. En casos como el presente en los que corresponde la restitución de sumas cobradas a terceros por el mandatario se está en presencia de una obligación con plazo tácito, lo que significa que para que haya constitución en mora es imprescindible la existencia de interpelación. El fundamento de la interpelación tratándose del vencimiento de un plazo tácito es tener por finalidad hacer presente al deudor que ha cesado la tolerancia por la demora de pagar, cualquiera sea la extensión temporal de esta última. La jurisprudencia también tiene resuelto que los intereses se deben desde el momento en que fue constituido en mora, en el caso desde la interposición de la demanda por rendición de cuentas. Llama poderosamente la atención el cambio de criterio de la Juez para lo cual hace cita de otras actuaciones en la que sostuvo que los intereses deberán computarse desde el momento de constitución en mora. Deberá tenerse presente que para los diferentes períodos deberán considerarse las distintas interpelaciones a los fines de la constitución en mora. A ello deberá agregarse que, conforme a las características de la explotación, cada período estaba apto para ser requerido a partir del mes siguiente a cada año calendario. Indica cada una de las interpelaciones correspondientes a octubre de 1997, agosto de 1999, abril de 2002, y la de la demanda agosto de 2004, no habiéndose producido mora de la rendición de cuentas del año 2004. Respecto del rechazo de la reconvención la sentencia se pronuncia por la improcedencia de los pagos remunerativos por cobro de la administración del establecimiento por considerar que no resulta de la causa que ello fuere la profesión habitual de su cliente y también por ser condómino del campo que administra. El art. 1871 del Código Civil establece que se presume oneroso el mandato cuando consista en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario, y de allí extrae que sólo debería ser remunerado si además trabajara para otros establecimientos. En realidad, la regla se ha invertido y la onerosidad se ha difundido en función a que la mayoría de los encargos son realizados por imperio legal o por actividades profesionales, para lo cual se ha recurrido a las normas del mandato comercial que no se presume gratuito, a las de la locación de servicios y aun a la equidad, examinando las circunstancias del caso. El principio jurídico que consagra que nadie puede enriquecerse sin justa causa es un freno a las liberalidades. Cita doctrina con referencia a que la jurisprudencia admite con gran liberalidad la prueba del carácter oneroso del contrato, declarándose suficiente la presunción derivada de la amplitud de las tareas encomendadas y el valor de los bienes administrados. Refiere jurisprudencia sobre el tema, y también que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, siguiendo a Spota, se pronunció en el mismo sentido al sostener que el título gratuito ha de ser la excepción, y más contundente que no se presume la gratuidad cuando un hermano otorga poder y mandato a otro para administrar una finca con viñedos y percibir alquileres. La profesionalidad no se refiere exclusivamente al ejercicio de una profesión habitual de administrador, pues lo contrario significaría consagrar un enriquecimiento sin causa. La administración resulta indiscutible y así lo admitió la propia demandante. Además, los testimonios de M. , J. , y R. demuestran las tareas realizadas por C. y su familia. El juzgador rechaza la pretensión también por cuanto no se indicó cual es el período que diera inicio al pedido de retribución, y que ello resulta de importancia porque se reclamó compensación judicial. Su razonamiento impone y trata un supuesto de defecto legal que no mereció objeciones de la contraria en la ocasión procesal correspondiente. La contraria no sólo no opuso excepción alguna sino que respondió a la reconvención y esgrimió como defensa su improcedencia. En cuanto a que no se indicó una fecha de inicio de la pretensión de cobro de la administración, no tiene en cuenta la Juez que la extinción de ambas obligaciones recíprocas remonta a la fecha de coexistencia de esas obligaciones en condiciones aptas para el funcionamiento de la compensación. Y la compensación judicial es posible aun en el supuesto de iliquidez. Incluso se han regulado estipendios para el administrador sin que éste así lo solicitara. Solicita se tenga en cuenta lo expuesto en la pericia contable y los porcentajes allí determinados, cuestión en la que coincide el contador con el perito agrónomo. El tercer agravio está referido al rechazo que efectúa la juez de grado de las pericias producidas y sus conclusiones. La libertad con que cuentan los jueces para apreciar el dictamen pericial y apartarse de sus conclusiones no implica reconocer a aquellos una absoluta discrecionalidad, ya que si bien el dictamen carece de valor vinculatorio, el apartamiento debe encontrar apoyo en razones serias. La más ligera lectura del fallo llevará a la fácil conclusión de que el a-quo se aparta arbitraria y raramente de estos parámetros jurídicos para sentenciar, con referencia a las pericias contable y de agronomía, que ninguno de los dos dictámenes tiene fundamento científico o técnico. Por otra parte y en cuanto a la pericia contable, los fundamentos científicos o técnicos no consisten en otra cosa que examinar los libros contables (en este caso la documentación aportada) y constatar los gastos o ingresos; la prueba resulta de tales constancias y el medio de ponerlos en conocimiento del juzgado es la compulsa correspondiente, sin otro aditamento o explicación científica. Y la sentencia se aparta de ella en todo cuanto podría resultar beneficiosa para la parte demandada y toma como plenamente válida todas las erogaciones que no se imputan al condominio, lo que beneficia a la actora. Incurre en idéntica actitud arbitraria cuando sostiene que las afirmaciones de los expertos son erróneas, máxime si se considera que el perito contable desechó las críticas de la actora por considerar que al computar ingresos, sumó declaraciones juradas a los bancos, con guías de transporte de hacienda, la estadística ganadera, informes de SENASA, etc., lo que da como resultado un exceso en los ingresos, por acumulación de documentación referida al mismo ingreso. Es falso que el perito no brindara explicaciones sobre como arribó a los resultados que describe, ya que expresamente señala que tomó como base las guías que fueron cotejadas con el promedio de producción de lana de los últimos 15 años de aproximadamente tres mil animales. No aconteció lo mismo con el "informe" de la contraria que hizo suyo el juez de la causa, y que tomó cualquier elemento disperso y los sumó como si cada uno de ellos significara un ingreso. Respecto de este agravio se persigue se acojan los montos establecidos en la pericia contable soslayada arbitrariamente por la juez de grado. No obstante lo dicho, deberá tenerse en consideración que no es posible exigir una minuciosa rendición de cuentas después de varios años al miembro de la familia que hace las veces de administrador de una sucesión, pues el tiempo transcurrido durante el cual no se le ha pedido significa la conformidad de todos y su buena fe. Solicita se haga lugar a lo solicitado, con costas.-------------------- A su vez, la parte actora apelante, luego de una síntesis de los antecedentes del caso, desarrolla sus críticas en lo que respecta a las cuentas aprobadas para los períodos años 2000, 2001, 2002, y 2004. Para el año 2004 descuenta de los ingresos el importe de $43.143,20.- correspondiente a la venta de 31 ovinos y 44 vacunos. No se consideró que la venta de los 44 animales bovinos ya fue reconocida por el propio demandado al rendir cuentas (fs. 739), nada más que en esa planilla se le asignaba un precio irrisorio por animal. Además, a fs. 744 está incorporado el documento para el tránsito de animales del SENASA; la guía del Juzgado de Paz es el otro documento indispensable; a fs. 764 está la encuesta pecuaria; a fs. 271 consta la emisión de la guía N° 114/2004. La venta de 44 bovinos está absolutamente probada, no sólo por cuanto está reconocida por el demandado, sino además corroborada por la prueba instrumental. El accionado ocultó la venta de 31 ovinos y el valor denunciado de venta de 240 animales fue cuestionado ($20.- cada uno). A fs. 745 se encuentra agregado el documento del SENASA N° 7915495-7 del 08/04/2004 donde consta el traslado de los 31 ovinos no rendidos, y a fs. 746 está el DPTA 7915730-9 por los 240 restantes. La emisión de todas las guías surgen de los informes de fs. 271 y 763. Se acreditó que el total de ovinos vendidos en el año 2004 son 271 y no 240 como informara el accionado. Solicita se subsane la suma detraída de $43.143,20.- La suma depositada en el incidente de $9.237,98.- deberá ser oportunamente descontada al practicarse liquidación. Respecto de las cuentas del período año 2002 indica los descuentos realizados por la Sra. Juez, y si bien reconoce el error cometido por su parte, señala que las ventas están acreditadas. La guía N° 92 (29 ovinos) denunciada es un error ya que corresponde a la 94/02 conforme al informe de fs. 271. También se acreditó con el DPTA N° 49585039 del 16/04/2002 agregado a fs. 254. El instrumento no fue cuestionado y la cantidad no se repite durante el curso del año. Se equivocaron también al consignar guía N° 101, ya que corresponde a la N° 107/2002, venta denunciada por el propio demandado a fs. 80. En el legajo de documentación año 2002 (caja azul) presentado por el propio accionado está agregada la guía N° 107/02 y el DPTA N° 4958520-9, del 01/05/2002, por 30 ovinos, y a fs. 252 (legajo de documentación parte actora) se incorporó copia del DPTA del SENASA donde consta el traslado de 5 ovejas y 25 capones, es decir un total de 30.La guía N° 129/02 (4 bovinos) y el DPTA N° 4958544-6 con destino a chacra 330, del 07/06/02 están incorporados a la documentación año 2002 (caja azul) presentados por el propio accionado. Es erróneo el descuento efectuado en el fallo. La suma depositada en el incidente de $16.408,70.- deberá oportunamente ser descontada al practicarse liquidación. En los considerandos del fallo se expresa que se descuenta $1.200.- para el año 2001 por no encontrarse agregada la guía N° 126/2001, y más adelante no se realiza tal descuento. Los considerandos no resultan apelables pero podría interpretarse que se cometió un error aritmético, por lo que señala que no corresponde realizar tal descuento ya que la venta de 40 animales bovinos está acreditada por el DPTA agregado a fs. 246 y la emisión de la guía de fs. 270/271. La suma depositada en el incidente de $1.566,44.- deberá ser descontada al practicarse liquidación. Del año 2000 se descuentan $23.880.- correspondientes a las guías Nos. 48, 66, 80, 90, 104, 128 y 176. Es un error excusable por la cantidad de documentación agregada. Destaca los instrumentos obrantes en el legajo de documentación presentado por el propio demandado. Guía N° .. y recibo de pago N° 5233 (9 bovinos), recibo de pago de la tasa por emisión de la guía N° .. (39 ovinos), guía N° .. y recibo N° 5263 (10 bovinos), recibo N° .... por la emisión de la guía N° .../00 (35 ovinos), recibo N° 8259 por la emisión de la guía N° ....(12 bovinos). En nota 1 indica además que a fs. 237 (legajo de su parte) está la copia del DPTA N° 1528016-9 que corresponde a la venta de 12 bovinos de la guía N° ..., y en nota 2 señala que todas las guías enumeradas constan en el informe de fs. 270. Las otras dos guías descontadas, Nos. 104/00 (14 bovinos) y 128/00 (12 bovinos), surgen en el informe de fs. 270 del Juzgado de Paz de Gan Gan que no fue cuestionado. Tal como se reclama para los restantes períodos la suma depositada en el incidente de $4.757,22.- deberá ser descontada al practicarse liquidación. Se agravia de la forma o cómputo de los descuentos efectuados en el fallo de las sumas depositadas por el demandado en el incidente de cobro de saldos reconocidos. Señala que el propio accionado reconoció la existencia de saldos deudores correspondientes a los períodos 1991, 1992, 1995, 1996, 1998 a 2002, y 2004, por lo que se promovió la ejecución de tales saldos, conforme a los importes que detalla. Si bien la ejecución fue rechazada, posteriormente el accionado depositó las sumas en el incidente y fueron percibidas a cuenta de sumas mayores por capital, intereses, y multas procesales a determinar en la sentencia del juicio principal. Lo más significativo es que el fallo descontó directamente tales depósitos del resultado de la cuenta del año a que corresponde. Al descontar de esta manera los pagos parciales puede interpretarse que tales sumas descontadas no devengan intereses durante el período de mora, cuando el depósito fue realizado en septiembre de 2006. Esto constituye un beneficio ilegítimo para el accionado y un perjuicio para su parte, lo que justifica su modificación. En segundo lugar estima que es un error la apreciación del fallo en cuanto a que los propios actores reconocieron parcialmente los saldos adeudados por el demandado por la suma provisoria de $39.164,24.-, ya que no efectuaron reconocimiento alguno, al menos bajo el significado que procesalmente es utilizado el término "reconocimiento". Se expresó en el escrito de fs. 341/372 vta. que la conducta del demandado presentando una rendición de cuentas con evidente y alevoso ocultamiento de los ingresos y pretensión de incrementar injustificadamente los gastos, constituye temeridad en los términos del art. 45 del C.P.C.C. Sostiene que esa acusación se acreditó plenamente y menciona las circunstancias que a su entender justifican el pedido. La conducta del demandado fue deliberada, con plena conciencia de la propia sin razón. No existe posibilidad alguna de que se trate de simples errores o inadvertencias de su parte. La Sra. Juez no lo entendió así y estiman respetuosamente que no interpretó correctamente los principios enunciados, ni apreció correctamente las circunstancias del caso. Si está comprobado que las rendiciones de cuentas presentadas en el expediente judicial están acompañadas de actos que ameritarían la apertura de una investigación penal, tales hechos no pueden resultar ajenos al derecho procesal y encontrarse excluidos de las potestades acordadas por los arts. 34, inc. 6°, y 45 del C.P.C.C. Peticiona se revoque la sentencia de primera instancia con el alcance indicado, con costas.---------- A su turno, el demandado al contestar el traslado conferido a fs. 1212 sostiene que lo que califica la parte demandante de cuentas aprobadas de los períodos 2000, 2001, 2002 y 2004, en verdad se limita a discrepar con el Juez de grado respecto de números y guías, sin concretar en que consiste su impugnación. Por otra parte, la mera discrepancia numerológica con una técnica que ya el perito contable denominó como incorrecta porque sumaba todo documento que encontraba no constituye técnicamente agravios. Pero además, en cuestiones como las que intenta persuadir el recurrente, es sabido que el dictamen técnico resulta imprescindible cuando se requieren conocimientos técnicos, científicos o artísticos. En síntesis, además de no constituir agravios, las interminables cuitas numerológicas resultan totalmente inconsistentes toda vez que debió recurrir en primera instancia a la prueba de peritos; en verdad esta le fue desfavorable y pretende que ahora se le subsanen muestras de la ignorancia puesta de manifiesto en el decisorio de primera instancia, al desechar la prueba de los técnicos.

El segundo agravio parece centrarse en que el saldo reconocido al rendirse cuentas debiese descontarse al finalizar la etapa de liquidación y no de cada capital por año que se supone adeudado. Las razones por las cuales el agravio no procede son que la contraria no expresó como ni desde cuando pretendía percibir intereses, y la Juez de grado se pronunció con manifiesta incongruencia. Acceder a lo que el actor pretende es una grosera violación del derecho de defensa. Se está en presencia de una obligación de plazo tácito, por lo que no hay posibilidad de mora sin interpelación. En el peor de los supuestos, los intereses se han extinguido pues no se formuló reserva en el mismo tiempo de la recepción del capital y en el mismo acto de recepción y no en forma independiente, siendo ineficaz la que se hubiese practicado con anterioridad. Concretamente, el término "recibo" utilizado por el art. 624 del Código Civil debe ser entendido como "acción y efecto de recibir" y la "reserva" debe ser hecha coetánea o simultáneamente con tal "acción de recibir". El tercer agravio versa sobre su pretensión de que se apliquen multas por temeridad y malicia. Luego de distinguir ambos conceptos señala que la Juez inferior puntualizó que ninguna actitud de la demandada presenta aristas que hagan inferir que se han violado principios de probidad y buena fe. En verdad la pretensión apunta a apropiarse de la totalidad del establecimiento ganadero; sería la única vez que alguien que posee sólo el 25% de un condominio puede quedarse con la totalidad del mismo. Además, la actora no reconoció los créditos bancarios otorgados por la Provincia que fueron obtenidos a nombre sólo del demandado. En realidad se tratan de créditos para lograr la subsistencia del establecimiento, y si no participaron los demandantes o mejor el extinto padre, es porque no aceptaron tomar tales obligaciones y en cambio pretendían que se les otorgara de los créditos, la parte que les correspondía para aplicarlos a otros fines. Por otra parte, es notable que la pericia es "usada" no sólo por la inferior sino también por la contraparte, en todo aquello que pudiere o entendiere que le favorece; o es válida en su totalidad o no es válida, pero no puede serlo en la parte que favorece al actor y no válida para aquello que favorecería al demandado. Insiste sobre el concepto de temeridad y expresa que obró con manifiesta lealtad en defensa de sus intereses.-------------------- -Finalmente, el coactor N. J. C. contesta el traslado de fs. 1204 y manifiesta en cuanto a las críticas de la demandada referidas al rechazo de las pericias que no contienen una crítica concreta y razonada de la parte del fallo que considera equivocada. Es indudable que si la parte demandada está en desacuerdo con los montos fijados en la sentencia debió indicar con precisión donde radican los supuestos errores, para lo cual da ejemplos. Su actitud consiste en acumular afirmaciones y citas dogmáticas, impropias del acto procesal que pretende ejecutar. No obstante lo expuesto señala que oportunamente impugnaron las pericias y se ocuparon amplia y fundadamente de las mismas, por lo que debe tenerse en cuenta que el demandado no somete a discusión ninguna cuestión concreta. Destaca la criticable actuación del perito ingeniero que convino extrajudicialmente con la demandada la visita al campo de modo tal de privar a su parte de cualquier posibilidad de participación y control en la pericia, para luego basar su informe en lo que el demandado le mostró del establecimiento y en datos falsos que le suministró. La pericia contable contiene graves errores que señalaron y demostraron acabadamente en oportunidad de impugnarla. Ahora bien, en la materia que preocupa a la accionada -determinar los ingresos por venta de lana, hacienda, cueros, etc.- es conceptualmente sencilla y no reservada exclusivamente a un contador, que incurre en groseros errores. para el año 1990 omite computar aproximadamente el 50% de la venta de lana. Estos errores se repiten en varios períodos anuales, por lo que el dictamen constituye voluntarismo puro. En lo que hace a la crítica sobre el punto de partida de los intereses la supuesta violación del principio de congruencia es infundada ya que al punto V, apartado B, del escrito de fs. 341/372 vta. se solicita expresamente que la condena se extendiera al pago de intereses desde el 1° de enero del año siguiente al de origen de la deuda. La cuestión está regida por el art. 1913 del Código civil, en función de lo establecido en el art. 2701. Al responder la demanda de impugnación la parte contraria no formuló cuestionamiento alguno al reclamo de intereses en la forma peticionada y a los fundamentos de hecho que se explicaran para sustentarla. De la queja por el rechazo de la reconvención señala que la Sra. juez interpretó y aplicó correctamente el art. 1871 del Código Civil. Está fuera de discusión que no existió convención alguna entre las partes respecto a una retribución para el Sr. M. C. . No hay duda que las tareas desarrolladas no consisten en atribuciones conferidas por la ley y tampoco son trabajos propios de la profesión lucrativa. La administración del condominio no le reportó ningún ingreso por lo que tal actividad no constituye su modo de vivir. Queda entonces incólume la presunción establecida en el art. 1871, primera parte, del Código Civil acerca de la gratuidad de la gestión administrativa desarrollada por el accionado. Alega un supuesto enriquecimiento sin causa y esa no fue cuestión introducida oportunamente al plantear la reconvención. Del argumento del fallo respecto a que no se indicó en la reconvención el período de años que reclama, ese fue un fundamento expuesto a mayor abundamiento. La falta de interposición de la excepción de defecto legal no impide el rechazo cuando el Tribunal advierte que la pretensión no se ajusta a lo establecido por el art. 330 del C.P.C.C.-------------- ------------------------------ 2.1. Sostiene el demandado que el juez al otorgar intereses y determinar como fecha de inicio desde cada mes de enero subsiguiente al año anterior incurrió en violación al principio de congruencia toda vez "que no lo solicitó así el demandante -se limitó a pedir intereses- y además, no brindó de esta manera la posibilidad de defensa de esta parte a su respecto" (sic).------------------------------------ Adelanto que no le asiste razón al apelante ya que los actores requirieron se calcularan intereses a partir del 1 de enero siguiente al de cada año adeudado en la etapa procesal oportuna (p. V.B, fs. 365 vta./366).------------------------------------------- Al respecto, cabe señalar que en el escrito inicial no se requirieron intereses pues se demandó por rendición de cuentas en los términos previstos por el art. 652 del C.P.C.C. (acápite II, fs. 55) motivo por el cual la providencia de fs. 61 confirió traslado de la misma a fin que el demandado en su caso admita tal obligación.--------- Así, el trámite de rendición de cuentas contiene fundamentalmente dos etapas; la primera se circunscribe a la procedencia de la obligación de rendir cuentas -art. 652 CPN- que el actor pretende que se reconozca respecto del emplazado, mientras que la rendición de cuentas propiamente dicha recién comienza en una segunda etapa, luego de haberse obtenido la condena que le asigne al demandado la calidad de deudor de aquella prestación, o bien que éste admita su obligación, allanándose a la demanda (De Santo, "Procesos especiales", Editorial Universidad, 2004, pág. 138).--------------------------------------------------------------------------- --------------------- Etapas a las que se le adiciona una tercera referida al cobro del saldo que arroje la rendición de cuentas, todo lo cual fue específicamente considerado por la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 1155 vta./1156.-------------------------------------------- Y en la presente causa no hubo necesidad de condena ya que con el escrito de fs. 82/87 el Juzgado por providencia firme de fs. 382 tuvo al demandado por allanado a la obligación de rendir cuentas.---------------------------------------------------- Cuando la parte demandada no desconoce su obligación de rendir cuentas, como solicitara la actora en su escrito de demanda, y las ha rendido, ello importa un allanamiento a aquella pretensión, por lo que no resulta necesaria una sentencia que declaré específicamente la obligación de rendir cuentas. Por ello, presentadas las cuentas por el demandado, se debe dar traslado de ellas a la actora por cinco días y el litigio se traba si hay impugnación, que se considerará como una demanda, y de la contestación del demandado a las impugnaciones (CNCiv., sala E, marzo 10-1983, "Destefanis, Roberto M., suc.", E.D. 106-524).----------------------- Por ello, el juzgador en la ya citada providencia de fs. 382 tuvo por allanado al demandado y al mismo tiempo por rendidas las cuentas, y a su vez por ejercido el derecho de defensa de los actores con la impugnación formulada a fs. 341/373, confiriendo asimismo traslado de esa impugnación.----------------------------------------- De tal modo, al plantear la parte actora su impugnación introdujo en forma oportuna la petición de intereses en la forma concedida en la sentencia, por lo que no le asiste razón al demandado apelante cuando sostiene a fs. 1194 vta. que "no lo solicitó así el demandante -se limitó a pedir intereses-".------------------------------------ Nótese en tal sentido que en el escrito de contestación de traslado los actores al impugnar las cuentas expresamente peticionaron que "sobre las sumas debidas por el demandado . deben aplicarse intereses a la tasa que percibe al Banco del C. en sus operaciones de descuento.", y que ante "la multiplicidad de los gastos en cuestión . solicitamos la aplicación de los intereses desde el 1° de enero siguiente al año en cuestión. Por ejemplo: al crédito del año 1.990 debe aplicársele intereses desde el 1° de enero de 1.991, y así sucesivamente." (acápite "V.- SÍNTESIS DEL CREDITO DE LA PARTE ACTORA- APLICACIÓN DE INTERESES:", p. B), fs. 365 vta./366) (la cursiva me pertenece).------------------ Tampoco le asiste razón al quejoso cuando manifiesta que el juez al fijar tales intereses "además, no brindó de esta manera la posibilidad de defensa de esta parte a su respecto." (fs. 1194 vta., final del primer párrafo).------------------------------------- En tal sentido, ante la presentación del demandado de fs. 376 el juzgado a fs. 382, quinto párrafo, dispuso correr traslado a esa parte de la impugnación de los actores formulada en el escrito de fs. 341/373 mediante la cual los actores formulan sus cuentas con los saldos adeudados y forma de calcular intereses, el que fuera notificado el 09/06/2005 mediante cédula obrante a fs. 386/vta.--------------- En tales condiciones, con el traslado conferido y contestación que luce a fs. 387/390 (CONTESTACIÓN DE TRASLADO DE IMPUGNACIONES) el demandado tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que la expresión vertida al final del primer párrafo de fs. 1194 vta. no se ajusta a las constancias de la causa.-------------------------------------------------------------------------- Con tales alcances se desestima esa porción de la queja.-------------------------------- 2.2. A su vez, una atenta lectura del escrito de fs. 387/390 permite advertir que el demandado no formuló cuestionamiento alguno al pedido de intereses y tampoco lo hizo respecto de la fecha a partir de la cual se requirieron tales accesorios.----------- En consecuencia, las razones expuestas por el apelante a fs. 1194 vta./1195 vta. -presencia de una obligación de plazo tácito, falta de posibilidad de mora sin interpelación, cómputo de los intereses desde la constitución en mora y época que a su criterio se produjo la misma-, están referidas a una cuestión que no fue sometida a la decisión del juez de primera instancia, por lo que su introducción recién ante la Alzada impide su consideración ante la prohibición impuesta por el art. 277 del C.P.C.C.---------------------- --------------------------------------------------------- Es que, la falta de alegación oportuna en la anterior instancia impide ingresar a la queja como consecuencia del alcance previsto para la sentencia de segunda instancia en la última parte del art. 271 del C.P.C.C. (". en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.") y prohibición impuesta por el art. 277 del citado ordenamiento ("El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.").----------------------------------- Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).----------------------------------------------------------- Como una manifestación o derivación del principio dispositivo, rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional. El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada. Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, págs. 115 y 166, respectivamente).--------------------------------------------------------------- ----- Al modo en que se constituyó la relación procesal debe atenerse el juzgador en esta segunda instancia, ya que la primera limitación a que se encuentran sometidos los tribunales de Alzada viene dada por la relación procesal trabada en el grado inicial, cuyo respeto se ve impuesto por el principio de congruencia, que también rige en la instancia apelatoria (art. 34, inc. 4° del C.P.C.C.).------------------------------- Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los art. 271 y 277 del C.P.C.C. no puede el tribunal de Alzada apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.--------------------------------------------------------------------- Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (conf. Loutayf Ranea, obra y tomo citado, pág. 76).----------------------------------------------------------- En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).------------------------- Tales consideraciones impiden ingresar en el agravio vertido en materia de intereses.---------------------------------------------------------------------- --------------------- 3. Se agravia también el demandado por el rechazo de la reconvención cuya pretensión consiste en el cobro por la administración del establecimiento. Sostiene que la regla establecida por el art. 1871 del Código Civil se ha invertido y la onerosidad se ha difundido al recurrirse a las normas del mandato comercial, de la locación de servicios, y aun a la equidad. Expresa con cita de doctrina que el principio jurídico que consagra que nadie puede enriquecerse sin justa causa es, desde cierto punto de vista, un freno a las liberalidades, y transcribe fallos que adoptan la misma postura.----------------------------------------------------------------------- En tal sentido, respecto de la cita efectuada por el apelante a fs. 1196 vta. del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 7/6/66 -que luce en la obra de Belluscio-Zannoni, "Código Civil .", Astrea, 2004, T. 9, pág. 186, nota 3-, cabe destacar que dicho pronunciamiento no está publicado en J.A. 1966-IV-168.-------------------------------------------------------------------- ------------------------- Efectuada tal aclaración, no omito considerar en el análisis del tema que parte de la doctrina sostiene que la presunción es un resabio de la concepción romanista, no hay razón para establecer una presunción contraria por la índole jurídica del servicio o encargo, y que es un principio del derecho moderno que nadie puede enriquecerse a costa del empobrecimiento ajeno (Mosset Iturraspe, Jorge, "Mandato", EDIAR, 1979, par. 3.5.1., pág. 108), y que a fines del siglo XIX, Machado escribía que la doctrina de la gratuidad "debería rechazarse, porque no está conforme con los ideales de la sociedad actual, cuyas necesidades y aspiraciones debe traducir; al presente la acción interesada, y con el objeto de ser remunerada, es la regla de las contrataciones" (Belluscio-Zannoni, obra y tomo citado, pág. 186). También que el Código presume la gratuidad del mandato siempre que no se hubiere convenido otra cosa (art. 1871) y esa es una solución errónea (Borda, "Tratado de Derecho Civil. Contratos", Editorial Perrot, 4a. ed., 1979, T. II, pág. 474).--------------------------------------------------------------------------- - Pese a ello, lo cierto es que la presunción de gratuidad viene impuesta legalmente y en la presente causa no se convino retribución, debiendo asimismo considerarse dentro de las circunstancias del caso que el demandado es titular del 75% indiviso de los inmuebles rurales que administra.-------------------------------------- En ese marco, conforme lo disponen los arts. 2701 y 1871, primer apartado, del Código Civil, si los condóminos resuelven la explotación de la cosa común por el régimen de administración, deben designar un administrador, y en el caso que recaiga el nombramiento sobre uno de ellos el comunero administrador es juzgado como mandatario. Puede pactarse una remuneración a favor del administrador, pero en caso de silencio, debe presumirse la gratuidad (art. 1871) (Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi, 1997, T. 5, págs. 619/620) (la cursiva me pertenece).--------------------------------------------------------------------- ------- En la administración del condominio, la falta de convenio sobre la retribución hace presumir su gratuidad en el orden civil (art. 1871) (Lafaille, Héctor, "Tratado de los Derechos Reales", EDIAR, 1944, vol. II, par. 1104, págs. 240/241). ------------- Por eso, si bien se señala que en "la práctica esta regla se ha invertido y la onerosidad se ha difundido ampliamente", ello es así ya que "la mayoría de los encargos son realizados por imperio legal o por actividades profesionales (Bueres-Highton, ob. cit., 2003, T. 4 D, pág. 216), supuestos que no se dan en el caso de autos.-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Es que, el mandato se considera gratuito por su naturaleza, pero no por su esencia ya que es permitido convenir una retribución (Salvat-Acuña Anzorena, "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las Obligaciones", T.E.A., 1957, 2da. ed., T. III, par. 1742, pág. 117 y nota n° 19 b; en igual sentido, Santos Cifuentes, Director, "Código Civil .", La Ley, 2003, T. II, pág. 624; Trigo Represas-López Mesa, "Código Civil .", Depalma, 1999, T. IV-A, pág. 817).-------- Y desde que no se convino retribución alguna a favor del condómino administrador, resulta de aplicación la presunción de gratuidad contemplada en el primer apartado del art. 1871 del Código Civil, toda vez que en el caso no se tratan de atribuciones conferidas por ley, y tampoco de trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario, o de su modo de vivir, lo que impide adoptar la presunción de onerosidad contemplada a renglón seguido por dicha normativa.- ------- Sin perjuicio de tales razones que llevan inexorablemente a la desestimación del agravio en la forma en que fuera planteado, existe otro fundamento que también permite arribar al mismo resultado ya que de las circunstancias comprobadas de la causa no advierto que los condóminos hubieran decidido el modo de administrar la cosa común, y esa ausencia de convenio impide considerar que alguno de los condóminos sea reputado mandatario en el ejercicio de la administración sino gestor de negocios.----------------------------------------------------------------------- --------- Nótese que no se alegó y menos aun probó que en el régimen de condominio existente entre el Sr. M. N. C. y quien en vida fuera A. A. C. (ver partida de fallecimiento de fs. 91, copia certificada) los referidos condóminos hubieran designado administrador del establecimiento rural que integran los inmuebles sobre los cuales recae el condominio al hoy demandado M. N. C. en los términos previstos por los arts. 2699 y 2700 del Código Civil. Y la falta de designación impide entender que alguno de los condóminos ejerciere la administración en calidad de mandatario de los otros en el marco contemplado por el art. 2701 del citado ordenamiento, por lo que esa circunstancia lleva a señalar que si uno de los condóminos administró la cosa común sin mandato se reputa que actuó como gestor oficioso, conforme lo prescribe el art. 2709 del Código Civil.

Esa nota distintiva perfila con mayor relieve aún la falta de onerosidad a partir de considerar que la gestión de negocios ajenos no genera derecho a pagar retribución (art. 2300 del Código Civil).-- El Código Civil, siguiendo lo dispuesto sobre la gratuidad del mandato, y ante el acto altruista de la gestión, lo caracteriza como gratuito (Bueres-Highton, ob. cit., 2003, T. 4 E, pág. 540). El gestor no tiene derecho a percibir una retribución por su gestión (Santos Cifuentes, Director, ob. cit., 2004, T. III, pág. 143).-------------- Respecto de la queja efectuada al punto 2° de fs. 1197/1198, cabe destacar que las consideraciones vertidas por el juzgador al segundo párrafo de fs. 1158 vta. lo fueron "a mayor abundamiento".--------------------------------------------------------------- De tal modo, el desarrollo expositivo realizado por la Sra. Juez de la anterior instancia lo fue "obiter dicta", por lo que no resulta necesario ingresar a las manifestaciones efectuadas por el apelante a su respecto ya que no representan el embate preciso y fundado contra la conclusión basal del fallo en que el agravio debe consistir. Criterio seguido por esta Cámara, en su composición de sala única, c. 9780, S.D.L. 82/92, c. 11.828 S.I.L. 43/95, c. 11.886 S.D.L. 40/96; sala "A", c. 12.823 S.D.L. 11/98, c. 12.193, S.D.L. 20/98; y por esta sala "B", c. 20.203, S.D.C. 34/2005, c. 19.932, S.D.L. 62/2004, entre otros pronunciamientos.--------- -------------- 4. En su tercer agravio efectúa el demandado cita de fallos en cuanto a los alcances del dictamen pericial ya que los jueces no cuentan con absoluta discrecionalidad para apartarse del mismo, por lo que deben brindar razones fundadas para ello.--------------------------------------------------------------------------- ----- Luego de tal introducción formula queja respecto de la conclusión del fallo al apartarse de las pericias, contable y agronómica, por falta de fundamento científico o técnico, y señalar que las afirmaciones de los expertos son erróneas. Entiende que el a-quo se apartó de la prueba pericial sin dar argumento alguno. Destaca que el perito contable desechó las críticas de la actora ya que al computar ingresos sumó declaraciones juradas, lo que da como resultado un exceso en los ingresos por acumulación de documentación, y destaca que el perito contador brindó explicaciones sobre como arribó a los resultados que describe. Manifiesta que con el agravio persigue se acojan los montos establecidos en la pericia contable soslayada arbitrariamente, y agrega que no es posible exigir una minuciosa rendición de cuentas después de varios años al miembro de la familia que hace las veces de administrador.------------------------------------------------------------------ -------- Respecto a este último aspecto referido a la rendición de cuentas, corresponde señalar que es evidente que la parte demandada con su escrito de contestación de fs. 82/87 no presentó rendición de cuentas en forma toda vez que las manifestaciones allí vertidas, documental acompañada, y cuadros anexos de fs. 68/81, incumplen los recaudos exigidos, a saber que las cuentas rendidas lo sean en forma instruida y documentada, conclusión que cabe hacer extensiva a la presentación de fs. 739/740 y anexo de fs. 738.---------------------------------------------- En efecto, para rendir cuentas debe acompañarse un detalle circunstanciado de los actos cumplidos que permita por medio de esa información brindar explicación clara y concreta de cada una de las operaciones realizadas para así relacionar la misma con la respectiva documentación.------------------------------------------------------ Por eso, la rendición de cuentas debe ser circunstanciada, suministrando un detalle de los hechos que fueron generándose en el desarrollo de la gestión, y causada, no se trata de una explicación compleja, pero sí debe ser clara y concreta (Villanustre, "Rendición de cuentas", La Ley, 2000, págs. 27/30).------------------------ La palabra cuenta es una expresión técnica perteneciente, en sustancia, al dominio de la contabilidad. Rendir cuentas es presentar la descripción gráfica de las operaciones efectuadas, acompañada de las informaciones aclaratorias necesarias y de los respectivos comprobantes. Debe contener todas las explicaciones y aclaraciones necesarias a fin de informar acerca de los procedimientos y resultados de la operación (Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino. 1: Parte General", 2001, Zavalía Editor, par. 278 a 280, págs. 382 y 384, respectivamente). Denominase rendición de cuentas, en general, a la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o interés de un tercero, y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente, el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1977, T. VI, par. 795, pág. 255/256). En cuanto a la forma de la rendición la cuenta debe estar debidamente instruida (Falcón, "Gráfica Procesal", Abeledo-Perrot, 1995, T. V, par. 138, pág. 116). Toda rendición de cuentas debe ser instruida y documentada, tener forma descriptiva, es decir que debe contener todas las referencias necesarias para dar a conocer los procedimientos y el resultado de la gestión (De Santo, obra citada, pág. 137).----------------------------------------------------- Con tales parámetros también expuestos a fs. 456, bien señaló seguidamente la sentencia venida en apelación que la rendición de cuentas efectuada por el demandado al contestar la demanda . que éste no la ha realizado siguiendo las pautas mencionadas en el párrafo anterior. Nótese que no ha dado las explicaciones pertinentes de los ingresos y egresos de cada año, sino que se ha limitado a presentar a fs. 68/81 unos cuadros elaborados que comprenden los años 1990/03 y luego otro a fs. 738 correspondiente al año 2004.----------------------- Y esa omisión en que incurriera el demandado obligado a rendir cuentas debe pesar exclusivamente sobre esa parte para lo cual destaco que ante el punto de pericia contable formulado a fs. 86 a fin que ". determine: a) si la rendición de cuentas efectuada, se ajusta conforme las reglas de la contabilidad a los anexos de liquidación que se acompañan", la respuesta del experto que luce a fs. 1037 fue categórica en el sentido que "la rendición de cuentas de la demandada no se ajusta a las reglas de la contabilidad".----------------------------------------------------------------- En tales condiciones, a partir de considerar que el demandado no presentó cual era su obligación una rendición de cuentas instruida y documentada surge de modo incontrastable que el perito contador formuló conclusiones sin contar con el debido respaldo documental.--------------------------------------------------------------------- -------- Ello permite señalar que las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas. Los jueces, por lo tanto, pueden apartarse de las conclusiones periciales dando los fundamentos de su convicción contraria (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 440, y cita de pronunciamientos).-------------------------------------------------------------- - Nótese que esa falta de respaldo documental llevó al experto a señalar sin fundamento técnico alguno que a su entender el reconocimiento de algunos gastos deben ser tratados con sentido común (fs. 1030), y que por no tratarse de una función a su cargo no correspondía la realización de un balance completo de cada ejercicio por lo que en su labor se iba a ajustar a la documentación presentada (fs. 1031), a pesar que luego concluyó que la rendición de cuentas no se ajustaba a las reglas de la contabilidad (fs. 1037).------------------------------------------------------------ Y esta conclusión lo llevó al experto a tomar para el cálculo de ingresos las guías de transporte (fs. 1032) en lugar de las facturas que documentan las operaciones realizadas, tal como lo señalara la parte actora a fs. 1066 vta. de su escrito de impugnación.-------------------------------------------------------------------- ------ Y al no haber brindado el demandado una explicación instruida y debidamente documentada resultan evidentes las dificultades que se le presentaron al perito, pues al brindar datos de la producción de lana arribó a una potencial conclusión en cuanto a su promedio, y a renglón seguido agregó que en su tarea iba a "tratar" de ajustarse "más a la realidad" (fs. 1032).------------------------------------------------------- A su vez, la falta de ajuste de la rendición de cuentas a las reglas de contabilidad se corrobora al poner de relieve el perito "la falta de declaración por parte de la demandada, en algunos años, de ingresos" (fs. 1032), como también que le llamaba la atención la falta de comprobantes por esquila (fs. 1034), destacando también la falta de comprobantes de gastos, aun cuando ensayó una justificación al mencionar que "no implica que el gasto no pueda haber existido. Hay que aplicar el sentido común." (fs. 1035).------------------------------------------------------------------- En ese marco, las falencias en que incurriera el demandado en su rendición de cuentas no pueden verse suplidas por un dictamen pericial que luego de aludir a la falta de documentación en cuanto a ingresos y egresos, arriba a la conclusión que dichas cuentas no se ajustan a las reglas de la contabilidad.-------------------------------- De tal modo, al no adecuar el demandado su rendición a las normas de contabilidad ese desajuste permite advertir que la pericia contable al dar respuesta a los puntos propuestos por las partes no brindó explicación alguna de las operaciones técnicas cumplidas, ni de los principios científicos en que se fundaron las mismas, por lo que carece de eficacia probatoria conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------- Tocante a la pericia conjunta obrante a fs. 1046 cabe señalar que la misma no resulta categórica pues su parecer en cuanto a los elementos tomados para la determinación de los ingresos por la actora no resulta convincente si se advierte que se basa en una creencia ("No nos parece coherente los elementos que se han tomado . Creemos que se han tomado ingresos en exceso"), máxime cuando no se brinda tampoco explicación técnica ni fundamento sobre tal opinión, todo lo cual lleva también a descartar la misma por no resultar idónea para formar convicción (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------- A igual conclusión cabe arribar respecto de la pericia de agronomía agregada con el escrito de fs. 1028 en lo que hace a los puntos de pericia ofrecidos por el demandado ya que a la falta de explicación técnica y de principios científicos debe agregarse que en algunos aspectos no aporta elemento de convicción alguno referido a la rendición de cuentas practicada por versar sobre las condiciones actuales del establecimiento y valuación del mismo (puntos a hasta j, fs. 1022 y vta.), o no dar respuesta concreta acerca si el establecimiento es unidad económica rentable (p. k, fs. 1023); en otros vuelca consideraciones generales (p. l y ll, fs. 1023 y vta.); y en lo restante alude al porcentaje que correspondería liquidar sobre las utilidades a un administrador (p. m y n, fs. 1023 vta./1024), cuestión que hace a la pretensión que fuera objeto de reconvención desestimada al punto 3 de este voto. En cuanto a los puntos de pericia de la parte actora se advierte la incidencia que tiene la inobservancia del demandado en el cumplimiento de los recaudos exigidos para rendir cuentas ya que al dar el promedio de animales señala que es muy difícil de precisar (casi imposible), para lo cual recurre a las guías de transporte en lugar de compulsar facturas o declaraciones juradas (p. 1, fs. 1024), y ese procedimiento lo lleva a dar una respuesta que no es satisfactoria al aludir a una probabilidad (p. 8°,fs. 1025/vta.), a usos y costumbres en materia de gastos y no a prueba documental (p. 9°, fs. 1025 vta.), a "una gruesa generalización" (11a. contestación, fs. 1025 vta.), a un cálculo de gastos para el manejo económica de la hacienda sin atender a comprobante alguno, a un promedio de animales vendidos en base a guías y no a facturas o declaraciones, a probabilidad en lo que hace al promedio mínimo de venta, y a deducciones al brindar precios promedios de venta de ovinos y bovinos (p. 15 a 18, fs. 1026 y vta.).-------------------------------------------- Y si el perito se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, o si las mismas no son claras o aparecen contradichas o deficientes, el dictamen carece de eficacia probatoria (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 444, y cita de fallo).-------------------------- En atención a las razones expuestas las conclusiones del citado dictamen carecen de explicaciones técnicas y principios científicos y ello quita toda eficacia probatoria al mismo (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).----------------------------------------- Tales razones llevan a desestimar los agravios vertidos por el demandado apelante.----------------------------------------------------------------------- --------------------- 5. Respecto de las cuentas aprobadas en el fallo en crisis la parte actora formula observaciones para los años 2000, 2001, 2002 y 2004, para lo cual seguiré el orden expositivo utilizado por la apelante.------------------------------------------------------------ 5.1. El juzgador para el año 2004 a fs. 1157 descontó los valores de 31 ovinos y 44 vacunos ($43.143,20), por no contarse con las guías ni ninguna otra documentación que respalde su venta.- ------------------------------------------------------ En tal sentido, la venta de 44 vacunos se encuentra admitida por el demandado en su rendición de cuentas de fs. 738 (Ingresos, quinto renglón, "Venta de 44 Vacunos"), a lo que cabe agregar que el informe del Juez de Paz de Gan Gan de fecha 11/02/2005 (reservado a fs. 270/271) da cuenta de la guía N° 114/2004 -"son 44 animales bovinos con terneros al pie"-, coincidente con el documento para el tránsito de animales emitido por el SENASA Nro. 7915717-1 por el que se autorizan 44 cabezas de ganado bovino para faena, destinatario J. P. (fs. 744 de la documental reservada).

A su vez, para ese año el demandado sólo indica la venta de 240 lanares (fs. 738) cuando el informe del Juzgado de Paz ya mencionado alude a las guías n° 89/2004 -"son 31 animales ovino"- y la n° 127 -"son 240 animales ovinos"-, lo que da un total de 271 animales y no de 240. Esa información se corrobora con los documentos SENASA para el tránsito de animales Nos. 7915495-7 y 7915730-9 que autorizan 31 y 240 cabezas de ganado ovino para faena, destinatario en ambos casos J. P. (fs. 745 y 746 de la documental reservada), y con el informe de fs. 762/763 de la Dirección de Agricultura y Ganadería a/c. del Departamento de Marcas y Señales en las que se alude a las guías Nros. 89 y 127 por 31 y 240 animales menores.En consecuencia, el resultado asciende a $185.774,01.-(ingresos $208.829,08.- menos $23.055,07.- por gastos), y el 25% a $46.443,50.-, en lugar del monto indicado en el fallo de $35.657,70.

5.2. Para el año 2002 la sentencia deduce $5.226.- por no encontrarse agregadas al expediente las guías Nos. 92, 101, y 129. Sin perjuicio del error numérico que admite haber cometido el apelante en cuanto a las guías, el demandado a fs. 80 rinde cuentas para el año 2002 y en el rubro ingresos consigna la venta de 30 animales ovinos y 32 bovinos (fs. 80). La actora en su impugnación señala a fs. 363 que los 32 bovinos corresponden a las guías Nos. 103/02 y 118/02 por 28 y 4 bovinos, respectivamente, en tanto que los 30 ovinos corresponden a la guía N° 101/02, y que se omitió denunciar otras guías, entre ellas la N° 129/02 por 4 bovinos.------------------------------------------------ Al respecto, si bien se aludió a la guía N° 92/02 (29 ovinos) la misma corresponde al n° 94 -"son 29 animales ovinos"- (informe del Juzgado de Paz, fs. 270/271 reservada), cantidad coincidente con el documento SENASA N° 4958503-9 con traslado al Frigorífico B. (fs. 254 de la documental reservada).

--- En lo que hace a la falta de agregación de la guía incorrectamente indicada como n° 101/2002 (30 ovinos) por la parte actora a fs. 363, lo cierto es que esa cantidad está admitida por el demandado a fs. 80, y de acuerdo a su propia rendición de cuentas, mayo 2002, luce agregada la guía n° 107/2002 por 30 ovinos para faena, coincidente con el documento SENASA para el tránsito de animales N° 4958520-9, finalidad faena, también incorporado (caja azul, documentación perteneciente al año 2002), numeración que así se indicó al impugnar a fs. 363.-------- Respecto de la guía 129/02 emitida para la venta (4 bovinos), la misma está incorporada por el demandado en la ya referida caja azul, año 2002, mes de junio, coincidente con el DTA SENASA N° 4958544-6 también agregado.--------------------- Con tales alcances, y desde que las guías se encuentran agregadas a estas actuaciones, no corresponde descontar el importe de $5.226.- por lo que el importe asciende a $104.355,43.- ($118.810,86.- menos $7.455,43.-) y el 25% a $26.088,85.- y no a $24.782,35.- como indica la sentencia.-------------------------------- 5.3. Con relación al año 2001 el juzgador señala que se descuenta el importe de $1.200.- por no encontrarse agregada la guía N° 126.--------------------------------------- Y si bien esa guía no está agregada la misma se encuentra indicada en el informe del Juzgado de Paz -"son 40 animales ovinos"- (fs. 270/271, documental reservada), y es coincidente con el DTA SENASA n° 002991508-5, 10 ovejas y 30 capones (fs. 246 de la documental reservada).------------------------------------------------ No dejo de advertir que la falta de agregación de la guía no permite determinar la finalidad del transporte pero debe considerarse que los actores a fs. 341/373 al contestar traslado e impugnar las cuentas rendidas por el demandado alegaron que esa guía tenía como finalidad la venta (cuadro de fs. 362) y ofrecieron como prueba documental el informe del Juzgado de Paz de Gan-Gan reservado a fs. 270/271 (p. VII.A. 115, fs. 369), sin que el demandado al contestar a fs. 387/390 el traslado conferido negara el dato alegado o la autenticidad del informe.----------------- Por lo demás, si la guía no tenía como finalidad la venta debió el demandado acompañar la documentación pertinente ya que desde otra perspectiva, debe atenderse a la regla de distribución de la carga de la prueba al colocar la misma en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla (conf. Peyrano y Chiappini, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", E.D. 107-1005).---------------------------------------------------------------------- ------------------- En este direccionamiento, no parece suficiente ni valioso el solo manejo de la "regla" conforme a la cual el actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos. Ante ese cuadro el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar en contra del infractor al representar un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones controvertidas. Expresándolo con las palabras del artículo 163, inciso 5°, apartado 2° del Código Procesal, esa falta de cooperación activa, entre otras matizaciones, traduce "la conducta observada por las partes durante la sustanciación del juicio y podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, inclusive los indicios y presunciones, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones" (conf. Morello, "La Prueba. Tendencias modernas", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, págs. 60/61).------------------------------------------------------------------------- --------------------- Ello significa que las partes deben colaborar con el juzgador aportando los elementos que permitan dilucidar el caso, recayendo la carga probatoria en cabeza de aquel que se encuentre en mejor situación de probar, por lo que su conducta pasiva constituye una violación al principio de buena fe y al deber de colaboración que el juez no puede dejar de valorar al tiempo de dictar sentencia, en los términos previstos por el inc. 5° del art. 163 del C.P.C.C.).-------------------------------------------- Con tales alcances estimo que con el dato alegado e informe incorporado debe considerarse efectuada la venta ante la falta de negativa del demandado y ausencia de documentación en contrario, por lo que el monto asciende a $41.507,19.- y el 25% a $10.376,79.

En tal sentido, si bien el fallo alude al descuento de $1.200.-, lo cierto es que en definitiva no se efectuó el mismo pues ese monto de $10.376,79.- es el establecido en el fallo.-------------------------------------------------------------------------- ---------------- Nótese que el 25% de $40.307,19.- asciende a $10.076,79.- y no al referido en la sentencia a fs. 1157 vta. ("AÑO 2001: . $40.307,19 x 25%= $10.376,79- ."), por lo que en definitiva aun cuando le asiste razón a la apelante no es necesario modificar la sentencia en tal aspecto.---------------------------------------------------------- 5.4. Deduce la sentencia en crisis el monto de $23.880.- por no encontrarse agregadas las guías Nros. 48, 66, 80, 90, 104, 128 y 176 para el año 2000.-------------- Al respecto, el demandado al acompañar documentación perteneciente al año 2000 (caja azul reservada) agregó la guía N° 48, por 9 animales bovinos para la venta, y la N° 80 por diez vacunos para la venta.--------------------------------------------- Asimismo, si bien esa parte no agregó las guías Nros. 66, 90 y 176 lucen en cambio incorporados a la rendición, entre otros, los siguientes recibos de pago, a saber: a) N° 5253 por $2,50.- correspondiente a la tasa de guía n° 66, 39 animales; b) N° 5273 por $2,30.- en concepto de tasa de guía N° 90, 35 ovinos; y c) N° 0008259 por $2.-, tasa de guía N° 176, por 12 bovinos.------------------------------------- A su vez, obra a fs. 237 (documental reservada) DTA SENASA N° 01528016 por traslado de 12 bovinos para faena en Frigorífico B. .-------------------------------- También debe ponderarse que la totalidad de las guías indicadas como faltantes lucen informadas para el año 2000 por el Juzgado de Paz de Gan-Gan. Así, las guías Nros. 48 (9 animales bovinos), 66 (39 animales ovinos), 80 (10 animales bovinos), 90 (35 animales ovinos), 104 (14 animales bovinos), 128 (12 animales bovinos), y 176 (12 animales bovinos) (fs. 270/271 de la documental reservada).--- --- Por ello, cabe realizar las mismas consideraciones ya vertidas al punto 5.3. que antecede ante la alegación de los actores acerca de las ventas realizadas (cuadro de fs. 360 vta.) y prueba documental agregada (p. VII.A. 115, fs. 369), sin que el demandado al contestar a fs. 387/390 el traslado conferido negara los datos alegados o la autenticidad del informe. ------------------------------------------------------- Con tales alcances, también estimo que con los datos alegados e informe incorporado deben considerarse efectuadas las ventas ante la falta de negativa del demandado y ausencia de documentación en contrario, por lo que el monto para el año 2000 asciende a $45.867,25.- y el 25% a $11.466,81.- y no al indicado de $5.496,81.---------------------------------------------------------------------- -------------------- En consecuencia, deberá revocarse parcialmente la sentencia de la anterior instancia para incrementar el importe establecido en concepto de capital para los años 2000, 2002, y 2004.------------------------------------------------------------------------ 6. Señala la parte actora apelante que la conducta del demandado presentando una rendición de cuentas con evidente y alevoso ocultamiento de los ingresos y pretensión de incrementar injustificadamente los gastos, constituye temeridad en los términos del art. 45 del C.P.C.C. Solicita se imponga una multa conforme lo previsto en los arts. 34, inc. 6°, y 45 del C.P.C.C.-------------------------------------------- La temeridad, sancionada por el art. 45 del rito, consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamentación no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Por eso la temeridad se configura cuando existe conciencia de la propia sinrazón. Se deben reunir dos extremos para configurar la misma, uno objetivo, que resulta de la falta de fundamentación o injusticia de la pretensión u oposición, y otro de tipo subjetivo, configurado por la propia conciencia de la concurrencia de esas circunstancias al caso concreto. Mientras que, por otro lado, la malicia es la conducta observada en el proceso con la finalidad exclusivamente distorsionadora de aquél, tendiendo a la obstrucción del mismo, persiguiendo su dilación (Arazi-Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de La Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2.001, T. I, pág. 164).----------------------------------------------------- La temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Se configura, por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sinrazón. La malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión (Palacio, ob. cit., 1970, T. III, págs. 51/52).-------------------------------------------------------------- La malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión. De manera que ambas conductas requieren, inexorablemente, para su configuración la presencia del elemento subjetivo (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala II, 13/3/997, L.L., 1997-D, pág. 707).------- Para aplicar multa por temeridad o malicia, los propósitos obstruccionistas o dilatorios han de ser evidentes, manifiestos, de manera que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse malicioso, siendo el pago de las costas la sanción habitual del litigante que ha promovido una demanda injusta (CNCiv., Sala "B", 9/3/982, E.D., 100-388).----------------------------------------- La multa por temeridad y malicia debe aplicarse con suma cautela para no afectar el derecho de defensa de las partes. De lo contrario se abriría una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada (CNCiv., Sala "E", L.L., 1997-B, 782, 39.274-S).---------------------------------------------------------------------- -------------------- Con tales pautas, no se advierte que la conducta asumida por el demandado deba ser pasible de sanción, pues aun cuando puedan resultar inadecuados o desacertados sus fundamentos, no se aprecia un comportamiento doloso o con culpa grave. Estimo que no se formularon peticiones destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso, máxime si se considera que el demandado se allanó a su obligación de rendir cuentas y también reconoció aunque parcialmente la existencia de saldos a favor de la parte actora. ---------------------------- Por tales razones se desestima el agravio.------------------------------------------------- 7. Considera la actora apelante que los importes dados en pago por el demandado no deben descontarse del resultado de la cuenta del año correspondiente ya que ello impediría que se devenguen intereses, por lo que tales sumas deberán imputarse al practicarse liquidación en la etapa de ejecución de sentencia.---------------------------------------------------------------------- --------------------- Descartados ya a los puntos 2.1. y 2.2. que anteceden los dos primeros argumentos vertidos por el demandado al contestar traslado (segundo agravio, fs. 1214/vta.), sostiene esa parte que los intereses se extinguieron pues no se formuló reserva en el mismo tiempo de la recepción del capital y en el mismo acto y no en forma independiente, siendo ineficaz la que se hubiere practicado con anterioridad.

--- Si bien la imputación por el acreedor no puede ser hecha sino al mismo tiempo de recibir el pago; por ende, una reserva de intereses efectuada al día después del cobro es improcedente, pues se ha efectuado luego de haberse producido el efecto exoneratorio del art. 624 del cód. civil (CNCom., sala D, abril 11-1989, E.D. 137-247), lo cierto es que en esa causa se trató de un pago efectuado en forma extrajudicial (orden de pago que sirvió de recibo).------------------------------------------- Y en tal sentido, la regla del art. 624 sólo rige para pagos extrajudiciales y no es aplicable al pago del capital efectuado en una causa judicial en trámite sin haberse hecho reserva de los intereses (CNCom., sala B, setiembre 15-995, "C. de C. V. Coop. Ltda.. c. M. del H. S.A. y otro", La Ley 1996-A, 670). Resulta inaplicable lo previsto por el art. 624 del Cód. Civil -que rige para los pagos extrajudiciales- si la deudora cumplió su prestación en ocasión de una causa judicial en trámite, promovida en virtud de su incumplimiento anterior (CNCom., sala B, febrero 14-996, "N. , C. A. c. P. R. S.-A.", La Ley 1996-C, 687).--------------------------------------------------------------------------- --------------------- Es criterio sentado por esta Cámara, por su sala "A", S.I.C. 110/2007, del 27/07/07.---------------------------- La norma (art. 624 del Código Civil) rige sólo para los pagos extrajudiciales, no alcanzando a las percepciones de dinero concretadas dentro de un proceso judicial (Bueres-Highton, ob. cit., 1998, T. IIA, pág. 496).------------------------------------------- Ello resulta evidente ya que si el deudor da una suma en pago, el acreedor se limita a requerir cheque, por lo que al momento del retiro de la libranza judicial no puede dejar sentado reserva alguna por cuanto ningún recibo otorga. -------------------- Por lo demás, la C.S.J.N. al precisar que el art. 624 del Código Civil impone, como única formulación válida de la reserva, que se haga no sólo al mismo tiempo sino en el acto de recibir el capital; no independientemente (septiembre 26-1945, "Cía del Dock Sud de Bs. As. Ltda.. v. Gobierno Nacional", J.A. 1945-IV-195), ello lo fue respecto de un caso en el que hubo ". ausencia de reclamo o reserva de los intereses en todo el trámite administrativo .", circunstancia que nada tiene que ver con la presente causa.------------------------------------------------------------------- En tales condiciones, ante el depósito y dación en pago que resulta de fs. 90/91 de la causa 21.402 que corre por cuerda, la parte actora a fs. 95 consideró el deposito "como pago parcial y a cuenta de las sumas mayores que en concepto de capital, intereses y multas procesales . sean determinadas en la sentencia en el juicio principal", por lo que no consintió se imputara esa suma al capital.--------------- Y desde ya que no podía practicar liquidación en aquel expediente, ni siquiera por intereses, ya que esa cuestión y la sanción por conducta temeraria introducida en la presentación de fs. 341/373 (fs. 365 vta./ 366 y 372 vta.) se encontraban pendientes de decisión a ese momento. ------------------------------------------------------- De tal modo, si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal (art. 776 del Código Civil).------------------------------------------------------------------------- ---------------------- El acreedor no tuvo porqué imputar el pago a capital, cualquiera fuere la suma que se le pagase -todo o parte de lo debido- si aún se le adeudaban intereses, y ello en virtud de los ya recordados arts. 776 y 777 (Bueres-Highton, obra y tomo citado, pág. 497).

En este sentido, se ha resuelto que al mediar reservas al cobro, no existiendo -en consecuencia- consentimiento con la imputación del pago a capital, la suma abonada debe aplicarse primero a intereses y luego a capital actualizado (Bueres-Highton, ob. cit., 1998, T. 2 B, págs. 183/184).

Por tales razones, se acoge favorablemente el agravio de la parte actora debiendo imputarse las sumas abonadas en primer lugar a accesorios de acuerdo a la liquidación que deberá practicarse en la etapa de ejecución de sentencia, ampliándose la condena para incluir el cálculo de intereses sobre los saldos anuales, los que se computarán a partir del 1 de enero siguiente a cada uno de los ejercicios anuales a considerar y hasta el 05 de septiembre de 2006 (boleta de depósito, fs. 90 del incidente que corre por cuerda), a la tasa de interés establecida en el fallo de la anterior instancia. A su vez, efectuado dicho cálculo las sumas resultantes devengarán los intereses tal como fuera fijado en el fallo en crisis y hasta el efectivo pago.

8. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena a la suma total de pesos ciento noventa y siete mil trescientos diecisiete con treinta y seis centavos ($197.317,36.-), con más los intereses establecidos en el fallo de la anterior instancia, conforme a las pautas indicadas al punto 7 que antecede.

El aumento del capital de condena es consecuencia del incremento por saldos adeudados correspondientes a los años 2000, 2002 y 2004 y de la falta de deducción de la suma dada en pago de $39.164,24.-, la que deberá imputarse en primer lugar a intereses al momento de practicarse liquidación en la etapa de ejecución de sentencia. Desestimados los tres agravios vertidos por el demandado y prosperando dos de los tres traídos por la parte actora se perfila en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente las costas para imponerlas en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte actora, por ajustarse a las porciones de éxito y fracaso obtenido por los apelantes (art. 71 del C.P.C.C.) Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos ante la Alzada, teniendo en cuenta asimismo la actuación cumplida en un caso como letrados patrocinantes, y en el restante como apoderado y letrado patrocinante, estimo prudente regular los honorarios de los Dres. R. N. C. y S. F. V. , letrados patrocinantes de la parte actora, en forma conjunta, y de los Dres. R. L. y A. F. F. , letrados apoderado y patrocinante de la parte demandada, en las sumas equivalentes al 4,8%, 1,3% y 3,25%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada (fs. 1169) y el co-actor Sr. N. J. C. (fs. 1171), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 1153/1160), por la cual se tiene por allanado al demandado a su obligación a rendir cuentas y por presentadas las producidas por el Sr. M. N. C. ; haciendo lugar a la demanda de aprobación de cuestas interpuesta por N. J. C. , L. B. C. , C. V. C. y G. A. C. , como sucesores de los Sres. A. A. C. e I. C. , deducida en contra del Sr. M. N. C. ; condenando a éste último a que en el plazo que fija abone a los actores la suma de $ 140.090,82, con más los accesorios que fija desde que cada saldo anual es debido desde el año 1990 hasta el año 2004 inclusive, y hasta su efectivo pago, indicando como mes de inicio del cómputo respectivo el mes de enero siguiente al de cada año adeudado. Rechaza el pedido de la parte actora de declaración de temeridad y malicia respecto del demandado y la reconvención deducida por M. N. C. en contra de los Sres. N. J. C. , L. B. C. , C. V. C. y G. A. C. . Finalmente impone costas de la demanda y reconvención al demandado.--------------------------------------------------------------------Lo s escritos de expresión de agravios lucen agregados a fs. 1194/1200, el de la parte demandada; y a fs. 1205/1211, el correspondiente al co-actor apelante Sr. N. J. C. .--------------------------------------------------------------------------- Ordenados sendos traslado a la parte contraria, a fs. 1204 y 1212; ambos fueron evacuados por escritos obrantes a fs. 1213/1216, por la demandada; y a fs. 1217/1222, por el co-actora recurrente, respectivamente.----------------------------------- I.- La reseña de los agravios fue realizada por el magistrado que me precede en la votación por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.------ Sin embargo si resultará útil individualizar cuáles fueron los aspectos que han sido materia de agravio de cada una de las partes recurrentes a efectos de propiciar un mejor orden en el tratamiento que merezcan como, a su vez, facilitar la ubicación del análisis respectivo.--------------------------------------------------------------- Así pues, pueden identificarse del siguiente modo, a saber:

A)Agravios de la parte demandada: 1) fecha a partir de la cual corresponde el cómputo de los intereses; 2) rechazo de la reconvención por cobro de honorarios de la administración; 3) desestimación de la prueba pericial.-------- B) Apelación del co-actor Sr. N. J. C. : 4) cuentas aprobadas por los períodos 2000/2001/2004; 5) cómputo de los depósitos sin contemplar intereses; 6) conducta temeraria.------------------------------------------------------- --- II.- En tal marco, ingresaré al examen de los agravios formulados por las partes comenzando por hacerlo respecto a los de la parte demandada para luego pasar a tratar los de la parte actora. Al respecto, advierto, que si bien fue incoado el recurso sólo por el Sr. N. J. C. , aunque luego al tiempo de sostenerlo concurren todos los demás herederos co-actores según puede verse del encabezado del escrito de expresión de agravios (fs. 1205), en nada obsta para que igualmente el recurso sea atendido como una pretensión impugnativa única en tanto que todos ellos conforman un litisconsorcio necesario a los efectos del fallo que pudiera obtenerse en la alzada, por lo que su resultado aprovechará, o no, a todos ellos por igual (Conf. art. 89 del C.P.C.C. y su doctrina).----------------------------------------------A) AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA:--------------------------------------- 3) Desestimación de la prueba pericial: Comienzo el análisis por el presente agravio no obstante que el mismo es el último de los postulados por la parte demandada apelante, merced a que en él centra el que estimo resulta ser el principal motivo de queja. Lo estimo de tal manera en tanto que el presente cuestionamiento se dirige a obtener que los dictámenes periciales producidos en autos sean valorados, aunque principalmente la pericia contable, siendo la que se reivindica en el sostenimiento del mismo de manera preeminente, pretendiendo con ello obtener una alteración sustancial en las cuentas que finalmente se aprobaran en la condena.------------------------------------------------------------------------ -------------La Sra. Juez a quo estableció primariamente que las cuentas rendidas por el demandado al responder a la demanda (fs. 82/87 y sus anexos de fs. 61/81) no satisfacían ni la debida claridad ni contenían tampoco las necesarias precisiones o explicaciones que permitiera la comprensión de los asientos e imputaciones a los que respondía cada uno de los ingresos y egresos denunciados (ver: últimos dos apartados de los considerandos de fs. 1156 "in fine"). Y tampoco lo satisfacen las rendidas por escrito de fs. 739/740 con su anexo de fs. 738.------------------------------- Es que, efectivamente, rendir cuentas es una operación por la cual una persona que actúa por otro o en interés ajeno, le da a éste razón de su cometido, detallando los actos cumplidos mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado final, situación que no varía porque las partes estén unidas por una relación familiar si se ha quebrado la confianza existente entre ellas (Conf. Falcón, Enrique M., "Derecho Procesal...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, T. II, pág. 153, n° 6.1.; CNCiv., Sala F, 31-8-95, L.L. 1997-B-510).-------------------------------------------------------------------- --------La obligación de rendir cuentas, que fuera admitida en la especie por el demandado, surge de la administración y gestión de los negocios parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor condómino de su hermano a quien representan en calidad de herederos los actores en autos (Conf. Arts. 1871, 1909, 2701, 2288, 2296, 2297, 3262, 3263, 3279, 3383, 3417 y conc. del Código Civil).------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ella no surge exclusivamente de las situaciones en que existe comunidad de intereses, como en los supuestos de sociedad, mandato o administración, sino en todas en que el interés de una parte dependa del resultado de la gestión de otra y sea necesario, por tanto, una demostración detallada y precisa del resultado. Su fundamento deviene de un principio de razón natural, pues únicamente quien tiene derecho exclusivo sobre un bien puede usar de él libremente sin encontrarse en la necesidad de rendir cuentas a nadie de su conducta. Quien no se encuentre en tal situación y administre bienes total o parcialmente ajenos debe rendir cuentas aún cuando haya existido gestión común o mancomunada. Y ello básicamente se satisface con presentar un estado circunstanciado de su gestión, consistente en la exposición ordenada de los ingresos y egresos con sus comprobantes respectivos.-----Y no solo debe ser documentada, sino también clara y detalladamente explicativa; ha de describir la actuación cumplida. No es suficiente poner a disposición del requirente los datos pertinentes para que los interprete; es indispensable detallar todas las circunstancias de la gestión y explicar el contenido de las partidas que integran la liquidación. El cuentadante debe acompañar los comprobantes originales y copia o mención precisa de la parte pertinente de sus libros, pues no es suficiente la manifestación de que tales antecedentes quedan en su poder (Conf. CNCiv., sala D, 4-12-98, L.L. 1999-F-357; id. CCiv. y Com. de Rosario, sala 4°, 31-5-1983, J.A., 1984-II-197).----------------------------------------------La rendición de cuentas, entonces, implica suministrar un detalle minucioso de los hechos que fueron generándose en el desarrollo de la gestión. Ello significa que deben describirse todos los actos cumplidos y cómo fueron incidiendo en el resultado de la gestión o en la generación de las conductas asumidas por el mandatario o gestor. Pues ello no fue hecho de tal manera por la parte demandada en autos ni al contestar la demanda, con las planillas obrantes a fs. 68/81 (período de actuación que abarca desde los años 1990 al 2003), ni tampoco con la rendición de fs. 738 de la refoliatura (período del año 2004). Esto es, el contenido o materia de la cual se nutre la prestación de hacer que conlleva la obligación a rendir cuentas no se satisface con una mera descripción, ni a través de planillas en las cuales se registran, sin explicación alguna, supuestos ingresos o egresos (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar, 2da. ed., año 1965, T. VII, pág. 142; ).--------- No huelga decir que importa de manera relevante el modo de hacerlas, so riesgo de tornar operativa la consecuencia prevista por el art. 652 "in fine" del C.P.C.C..----------------------------------------------------------------------- -------------------- En tal sentido, tengo para mi pues, que la manera impuesta para cumplir la prestación de hacer objeto de la obligación de rendir cuentas que fue admitida por el demandado en autos, es una verdadera carga sustancial con consecuencias ante su falta de cumplimiento cabal que se proyectan procesalmente a que, si así no las rindiere, "...se tendrán por aprobadas las que presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas"(sic)(conf. art. 652 "in fine" del C.P.C.C.).

Y, paralelamente, resulta pertinente advertir que en tal supuesto al que vengo aludiendo no resultan exigibles a los actores que satisfagan los requisitos formales de la rendición de cuentas que reclaman (precisión, descripción y documentación), pudiendo limitarse -como de hecho lo hicieran- a realizar el cálculo de los resultados obtenidos en la gestión con aquellas constancias documentales con las que contaban en su poder o con datos que pudieran haber obtenido, tal el caso del informe del Juzgado de Paz de Gan Gan (vide: punto VII, A del escrito de fs. 366 vta./369 vta.); no obstante que deban ser examinadas por el juzgador tal como lo hiciera la Sra. Juez a quo (Conf. De Santo, Víctor "Procesos especiales", Ed. Universidad, ed. año 2004, pág. 139).--------------------------------------------------------- En tal hermenéutica se ha dicho, aún cuando refiriéndose a un ámbito distinto al que presenta el caso pero que es de plena aplicación en la tesitura que propone, que si el demandado no rinde las cuentas, o no lo hace como corresponde, será el demandado quien tendrá derecho a determinar su crédito con los elementos de que disponga. En ese caso, como el accionante normalmente no tiene acceso a la contabilidad del demandado ni a sus papeles, no le será exigible el estricto cumplimiento de los recaudos de precisión, carácter descriptivo y no sinóptico, con ajustada concordancia con la documentación respaldatoria, bastando en tal caso con un cálculo relativo a los negocios que constituyen su objeto (Conf.: CNCom., Sala E, 31-03-1989, L.L., 1989-C-420).------------------------------------------------------- Señalo, igualmente, que entre el originario actor en autos, Sr. A. A. C. y el demandado, Sr. M. N. C. , se configuró un vínculo de condominio que implicó que lo actuado por el comunero sobre la cosa común, esto es sobre el establecimiento rural denominado "Catan-lil", se rija por las disposiciones relativas al mandato o las de la gestión de negocios (Conf. arts. 1880, 1892, 2288, 2296, 2297, 2699, 2701, 2709y conc. del Código Civil).------------- Fallecido el mencionado actor y al proseguir no solo el proceso por él iniciado con sus herederos sino que también la administración del establecimiento cuya cuota parte dominial (25%) pasó a pertenecer a su acervo sucesorio, igualmente le son de aplicación las disposiciones relativas al mandato en relación a los ahora herederos aquí actores. Esto es, antes y ahora se rige su actuación por las normas relativas al mandato (Conf. arts. 1909, 1910 y conc. del Código Civil).------------------ En tal marco hermenéutico relativo al contenido real de la prestación que integra la obligación de rendir cuentas que pesaba sobre el demandado, era perfectamente predecible que fuera en extremo difícil que se pudiera suplir dicho débito con las posibles conclusiones de una pericia contable a producir en el proceso, tal como la realizada en estas actuaciones (Conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- --------------------Y en relación a ello, sobradamente indicó el vocal de sala que me precede en la votación, Dr. Vergara, las deficiencias de la pericia contable y sus anexos, la que fuera producida y agregada a fs. 1029/1038 y 1039/1045; deficiencias que indudablemente repiten las carencias de explicación y/o justificación o bien de referencias que posibiliten la comprensión de los distintos movimientos económicos que describe, de forma tal de permitir el conocimiento cabal de lo actuado.------------------------------------------------------------------------ ---------------------Y en tal sentido, bien destacó el sufragante en primer término que el propio experto contable dictaminante advirtió que ante la carencia de documentación respaldatoria "El reconocimiento de algunos gastos... deben ser tratados con sentido común o de acuerdo a los usos y costumbres en la actividad..."(sic)(punto A, de fs. 1030); aduciendo en relación a la falta de documentación acompañada a la rendición que realizara la demandada que "...es probable que el transcurso del tiempo haya jugado en contra del "archivo" de la documentación"(sic)(fs. 1034); o bien que indicó a lo requerido por la demandada a fs. 86 y 808, en cuanto si la rendición de cuentas efectuada por ella se ajusta conforme las reglas de la contabilidad a los anexos de liquidación que acompañara, que "...la rendición de cuentas de la demandada no se ajustaba a las reglas de la contabilidad"(sic)(fs. 1037). Asimismo, no cuenta con valor probatorio alguno la mera creencia subjetiva expuesta por los peritos en conjunto en relación a los ingresos tomados por la parte actora en autos, en cuanto refieren "...no nos parece coherente los elementos que se han tomado..."(sic)(fs. 1046)(Conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).-------------------- Y, menos aún con la pericial agrónoma que solo aporta datos genéricos vinculados a las condiciones actuales del establecimiento de marras o a su valuación (puntos b, c, e, f, g, h, i, j, k -fs. 1022 y vta.-); o bien, haciendo referencias de cuestiones ajenas a la rendición de cuentas que genera el conflicto a resolver (puntos l, ll, m, n -fs. 1023/1024). Y, además, por cuanto no pudo dar precisiones de datos concretos como por caso, el promedio de animales existentes en el establecimiento entre 1990 y 2003, recalcó que "...es muy difícil de precisar (casi imposible) dadas las condiciones extremas del papso en cuestión, es decir grandes sequías y grandes nevadas...", tomando como pauta para estimar el promedio que indica como "rondando" en los 2.580 animales, a partir de guías de transporte en lugar de compulsar facturas o declaraciones juradas (punto 1 de fs. 1024), lo cual lo lleva lógicamente a meramente especular al tiempo de establecer el promedio mínimo de ventas de hacienda ovina por año (punto 8° de fs. 1025), o aludir a una "...gruesa generalización..." al responder sobre la cantidad promedio de animales bovinos existentes en "Catan-lil" (punto 11 de fs. 1.25 vta.); todo lo cual despoja de toda apoyatura a la mera opinión y conjetura en la cual se transforma su respuesta dada al responder a los interrogantes relativos a que gastos normales demanda el manejo de la hacienda bovina, qué cantidad de animales bovinos se venden por año; o si es correcto el promedio mínimo de venta de hacienda a razón de 30 por año; o cual es el precio promedio de ventas de ovinos y bovinos entre los años 1990 y 1995 (ver puntos 15 a 18 -fs. 1026 y vta.). Esto es, indiscutiblemente dicho perito agrónomo solo expuso su "sentido común", su "gruesa generalización", su mera "razonabilidad" o especulación para emitir opinión sobre los puntos de pericia que le fueran requeridos lo que no aporta evidentemente ningún fundamento técnico que permita extraer valor convictivo alguno a su experticia (Conf. arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).-------------------------------- De todo que, por lo que vengo diciendo, no encuentro resquicio alguno que permita avizorar siquiera la posible admisión del presente agravio vertido por la parte demandada requerida por rendición de cuentas en la especie. En consecuencia, propiciaré al acuerdo la desestimación del presente agravio.- ------------ A).- 2).- Rechazo de la reconvención por cobro de honorarios de la administración: La pretensión deducida por vía reconvencional por el demandado en contra de los actores en esta litis, consiste en postular que su administración del establecimiento debe ser considerada onerosa aún en contra de la regla presuncional en contrario a tal pretensión que se extrae del juego armónico de las norma relativas a la administración del condominio y su remisión a las normas del mandato (Conf. arts. 1871 y 2701 del Código Civil).---------------------------------------- Sobre el punto no soslayaré que tal regla de gratuidad que deriva del enunciado legal consistente en que: a falta de convención sobre la retribución que habrá de percibir el mandatario se presume que éste es gratuito, ha sido puesta en cuestión por la doctrina que juzga inconveniente dicha regla general residual en materia de mandato, imponiendo que se la considere como una presunción iuris tantum de manera que ante la falta de convención se permita demostrar por otros elementos de prueba que conforme al contexto de la celebración, pueda inferirse que la intención de las partes fue de remunerar la tarea, interpretando de ese modo la voluntad presunta de las partes (Conf. art. 1198 del Código Civil).----------------------- Se han contemplado normativamente solo dos supuestos en los que la regla general residual de la gratuidad se invierte, presumiéndose oneroso el encargo. Son los casos de atribuciones conferidas por la ley al mandatario o que la tareas consista en la profesión lucrativa o modo de vivir del mandatario (Ver: Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, ed. año 2003, T. 4-D, contratos, pág. 216; id. ver: "Código Civil comentado: doctrina, jurisprudencia, bibliografía", Contratos, parte especial, dirigido por Ricardo Lorenzetti,, 1ra. ed., Rubinzal Culzoni, año 2006, T. II, pág. 428/429, n° 2).---------------------------------------------------------------- Ahora bien, ninguna de tales situaciones concurren en el supuesto bajo análisis. Ello así desde que no concurre tal "contexto de la celebración" aludido ni tampoco se dan ninguno de los dos supuestos de excepción que invierten la regla general de carácter residual de presunción de gratuidad.------------------------------------------------- Expresé que el referido contexto de la celebración del mandato no se presenta en la especie, por cuanto tal como lo viniera sugiriendo en el tratamiento del agravio anterior a través de las citas recurrentes e indistintas a las normas del mandato y la gestión de negocios, tengo para mi, que el presente caso presenta aristas que perfectamente permitirían encuadrar lo actuado por el demandado en una gestión de negocios, lo cual no altera en nada el análisis desarrollado en relación a la obligación de rendir cuentas pero sí, en cambio, varía la consideración a realizar en cuanto al derecho a retribución que es materia del presente.---------------- Nótese en tal sentido que es un hecho no controvertido que respecto al establecimiento rural existía un condominio entre los Sres. M. N. C. y A. A. C. derecho de condominio que recae sobre dicho inmueble en alícuotas indivisas del 75% y 25% respectivamente. Por lo demás, no existe ni alegado ni probado, por ende, que entre ellos se hubiera designado como administrador de la cosa común al demandado, en los términos contemplados por los arts. 2699, 2700, 2701 y conc. del Código Civil.

Tal situación deriva la atención a la observancia de la norma contenida en el art. 2709 Código Civil que remite, a su vez, a las normas de la gestión de negocios (Arts. 2288, 2296, 2297 del mismo Código de fondo). En ese marco legal se acentúa, si se quiere, la presunción de gratuidad que no ha sido alterada en este proceso desde la perspectiva de considerar que lo actuado por el demandado lo fue en calidad de mandatario. Ello así, habida cuenta que en la gestión de negocios total o parcialmente ajenos no hay derecho a retribución por los servicios de gestión en lo términos contenido por el art. 2300 del Código Civil (Ver: Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, ed. año 2004, T. 9, págs. 1179/1180, & 2 "in fine").---------- A diferencia del mandato voluntario, el gestor no puede reclamar, salvo los intereses del art. 2298 del Código Civil, retribución o perjuicio que le resulten de su gestión, según el citado artículo 2300 del Código sustantivo, debido a la distinta causa que corresponde a cada figura. Ahora bien, como el condómino tiene también interés en los asuntos gestionados, sólo podrá pretender cobrar al otro u otros condóminos lo que hubiere gastado en proporción al beneficio que hubiesen logrado. Esta situación es la que aconteció más apropiadamente en la especie importando a la que ha sido dado en llamar gestión impropia. Esta se presenta cuando alguien gestiona un negocio común, en su propio interés, de lo cual resulta también un provecho para otro. En tal supuesto el gestor no ha pretendido administrar el negocio de otro, sino el suyo. El beneficio del otro es algo meramente circunstancial, que podría no haber existido. Es en tal supuesto que el interesado sólo tiene la acción in rem verso para recuperar sus gastos, en la medida del enriquecimiento sin causa del gestionado (Conf. art. 2302 del Código Civil).------ El segundo aspecto relacionado por el impugnante, cual es, el relativo a la hipótesis que a "mayor abundamiento" mencionara la juzgadora del anterior grado en el considerando II, de fs. 1158 vta., 2do. apartado; me remitiré a advertir que los "obiter dicta" no constituyen materia que puedan dar contenido crítico que permita tener por satisfecha la suficiencia técnica para el sostenimiento de un pretendido agravio, en virtud que, además de no constituir el eje argumental dirimente del veredicto o decisión, tampoco integra aquello que es el verdadero objeto de ataque intentado mediante el recurso interpuesto (Conf. Loutayf Ranea, Roberto, en "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, año 1989, pág. 208, & 76).--------------------------------------------------------------------------- En resumen, no habiéndose verificado que hubiera propiamente una administración delegada en el demandado ni tampoco que se hubiera convenido retribución alguna por la ejecutada; añadido que, se asimila el ejercicio de tal administración a la gestión de negocios parcialmente ajenos con motivo de la aplicación al supuesto de los dispuesto en el art. 2709, 2288, 2300, 2302 y conc. del Código Civil ya analizados, no encuentro razón al recurrente sobre el presente agravio. Así lo voto. A).- 3).- Fecha de cómputo de intereses: En relación al tópico cabe tener presente que al tiempo de responder la parte actora al traslado que de las cuentas rendidas por el demandado fuera ordenado por el tribunal del anterior grado (fs. 89), por escrito obrante a fs. 341/373, expresamente en el punto titulado "SÍNTESIS DEL CRÉDITO DE LA PARTE ACTORA-APLICACIÓN DE INTERESES" se peticionó los intereses sobre los saldos liquidados a su favor, indicando la tasa y la fecha a partir de la cual correspondía su cálculo (fs. 365/366). Ante tal concreta petición y corrido traslado de la misma a la parte demandada, junto con la impugnación planteada a las cuentas rendidas (fs. 382 y vta.), éste fue evacuado por escrito obrante a fs. 387/390 de la refoliatura. De la lectura de esta última presentación de la ahora parte demandada recurrente, ninguna mención relacionada a tal concreta y puntual pretensión se encuentra de su responde a las impugnaciones formuladas por los actores. Esto es, no se arguyó en tal oportunidad procesal ninguna de los motivos que ahora se expresan como fundamento de su cuestionamiento a la aplicación de intereses y su forma de cálculo.------------------------------------------------------------------------ ---------------------En consecuencia, coincidiré con el Dr. Vergara, en que de tal modo precluyó toda posibilidad de plantear en esta instancia aspectos que no fueron materia de análisis puesta a consideración de la Sra. Juez del anterior grado, en los términos prescriptos por los arts. 271 y 277 del C.P.C.C..--------------------------------------------- Los dicho, sin lugar a dudas es un imperativo del debido resguardo del principio de congruencia que importa a la preservación del debido proceso legal en un régimen tributario a un sistema predominantemente dispositivo como el vigente en nuestro Código adjetivo provincial. Es que dicho principio impone que exista correlación entre el contenido de las resoluciones jurisdiccionales y lo que ha sido objeto de petición y debate por las partes, el que se proyecta al órgano revisor, desde que éste no puede fallar sobre articulaciones no planteadas a la decisión del juzgador de la instancia de origen (Conf. arts. 34, inc. 4°, 163, inc. 6°, 164, párr. 1°, 271 y 277 del C.P.C.C.).--------------------------------------------------------------------- Se ha expuesto respecto al punto bajo examen, que el citado art. 277 del Código del rito establece sin ambages que la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez del anterior instancia, ya que la función prístina del ad quem no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrado de primera instancia sobre lo que fuera motivo de reclamo sustanciación y controversia, de manera tal que se encuentra vedado al apelante introducir ningún punto extraño a lo que dio motivo a la decisión apelada (Conf. Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", Ed. Platense, ed. año 1988, pág. 406; id. Arazi-Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2001, T. I, pág.846).---------------------------------------------- Por lo dicho, impedido se encuentra éste tribunal a ingresar siquiera a evaluar las razones que tardíamente son planteadas al tiempo de sostener el recurso impetrado. Así lo dejo propuesto al acuerdo.------------------------------------------------- B).- APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA:

--- 4).- Cuentas aprobadas por los períodos 2000/2001/2002/2004: Siguiendo el mismo orden que propiciara el impugnante al exponer las razones que sustentan su agravio, en el año 2004 la juzgadora a quo restó los valores de 31 ovinos y 44 vacunos por la suma de $ 43.143,20 aspecto por el cual se alza el apelante.------------- Postula que con la documentación que cita que, por el contrario, se acreditó en autos su venta por lo cual pretende se compute modificando el importe reconocido por dicho período por la suma de $ 46.443,50.----------------------------------------------- Efectivamente, tal como correctamente lo desarrollara el Dr. Vergara, con la propia admisión de dicha venta realizada por el demandado a fs. 738 de la nueva foliatura (rendición de cuentas explotación estancia Catan-lil de hermanos C. , apartado ingresos, 5to. reglón "venta de 44 vacunos), adunado y corroborado con los informes coincidentes emitidos por el Juzgado de Paz de Gan Gan y por la Dirección de Agricultura y Ganadería a cargo del Departamento de Marcas y Señales (fs. 270/271 y 762/763), más las instrumentales consistentes en guía N° 114/2004 y documentos de SENASA (fs. 744, 745 y 746), se constata el yerro en el que incurriera la sentenciante de primera instancia, debiéndose admitir el presente agravio.------------------------------------------------------------------------ --------------------- De resultas de lo dicho, entonces, corresponderá computar como ingresos por dicho período la suma total de $ 208.829,08, a la cual restados los gastos computados que ascienden a $ 23.055,07 da como resultado neto por dicho período la suma de $ 185.774,01. De dicho importe el 25% que corresponde a los condómino sobre dicho resultado global, asciende a la suma de $ 46.443,50. Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Del período correspondiente al año 2002 se cuestiona la deducción de la suma de $ 5.226, por falta de agregación de las guías nros. 92, 101 y 129 (ver fs. 1157). Sostiene el recurrente que cometió un error respecto a las dos primeras al individualizarlas por su número. E indica que respecto a la nro. 129 se encuentra agregada al expediente.--------------------------------------------------------------------- -----Verificado que fue, que resulta cierta la correspondencia entre lo reclamado por tal período de marras y lo que surge de las guías Nro. 94/2002 (vide: informe de fs. 270/271 y documental del SENASA de fs. 254), en cuanto se constata la venta de 29 animales ovinos; como asimismo, la identidad entre la denunciada como guía Nro. 101/2002 con la Nro. 107/2002 (30 ovinos para faena); encontrándose la guía Nro. 129/2002 (4 bovinos) acompañada como documental (ver caja azul -año 2002, mes de junio-). Todo ello, no sin dejar de advertir que la venta de dichos animales fue denunciada como realizada por la parte demandada en la descripción que realizara de los ingresos por dicho período anual (ver fs. 80).------------------------- Es por lo expuesto, que propiciaré la admisión de esta porción del agravio, debiéndose incorporar al cómputo del monto total de ingresos del año 2002 la suma de $ 5.226. Así, al monto de $ 118.810,86, restados los gastos por $ 7.455,43, arroja como importe superavitario la suma de $ 104.355,43, sobre el cual computado el 25% correspondiente a los actores arroja la suma final como saldo a favor de los actores por el año 2002, de $ 26.088,85. Así lo voto.------------------------- Con relación al año 2001 el propio apelante manifiesta que si bien se expresó en los considerando que correspondía el descuento del importe de $ 1.200 por no encontrarse agregada la guía N° 126/2001, finalmente no se realizó ingresando a efectuar consideraciones relativas a porqué no correspondía tal descuento.-------------- En tal contexto, atento que tal puntual omisión denunciada ahora por la parte actora no le causa perjuicio o gravamen alguno resta de todo interés, en esta porción al menos, que pudiera configurar el contenido de un agravio toda vez que no fue tal tópico cuestionado por quien sí podía sentirse perjudicado por tal omisión, que en la especie es el demandado. Esto es, en palabras de Couture "entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal y el remedio" (Vide: aut. cit. en "Fundamento del derecho procesal civil", Ed. Depalma, 3ra. ed. -póstuma-, reimpresión inalterada, año1997, pág. 347).------------------------------------ Se ha dicho que el interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de la reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso. O sea, existe "causa" para la apelación, cuando hay interés del recurrente en apelar por haber sido "perjudicado" por la sentencia contra la que se recurre (Conf. Palacios Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 2° ed. actualizada, reimpresión, año 2005, T. V, pág. 43; Guasp, Jaime, en "Derecho Procesal Civil, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, 3ra. ed., T 2, pág. 743).------- --------------------------------------------------En tal tesitura, entonces, me eximo de ingresar siquiera al análisis de la documentación adjunta a efectos de verificar el supuesto yerro del descuento "anunciado" en los considerandos por la juzgadora por la suma de $ 1.200 (ver: fs. 1157), el que finalmente no computó al tiempo de liquidar el saldo adeudado a los actores por el ejercicio anual de 2001 (ver: fs. 1157 vta.). Así lo voto.------------------- Finalmente, en relación al año 2000, se descuenta el monto de $ 23.880 por no contarse con las guías Nros. 48, 66, 80, 90, 104, 128 y 176/2000; lo cual, sostiene, es un error individualizándolas como acompañadas y agregadas en autos en la "caja azul" del referido año 2000.-------------------------------------------------------------- Constatado que las guías Nro. 48 y 80 de dicho año 2000 se hallan agregadas en las actuaciones en la documental reservada en caja de seguridad en la denominada "caja azul", por nueve (9) y diez (10), animales para le venta, respectivamente, nada queda por agregar.------------------------------------------------------------------------ -- En cambio, efectivamente, no se encuentran entre la documental adjunta en autos las guías Nro. 66, 90 y 176.--------------------------------------------------------------- Sin embargo, igualmente encuentro suficientemente acreditado el ingreso respectivo a las mismas con los recibos Nro. 5253 en concepto de tasa de guía 66 -39 animales-; con el recibo Nro. 5273 emitido en concepto de tasa de la guía Nro. 90 -35 ovinos-; y, el recibo Nro. 8259, en concepto de tasa de guía Nro. 176 -12 ovinos-. Tal apreciación se encuentra corroborada, además, con el informe producido por el Juzgado de Paz de Gan Gan que las incluye (ver: fs. 270/271) (Conf. Art. 386 del C.P.C.C.).-------------------------------------------------------------------En consecuencia de lo que vengo de exponer, corresponde modificar el monto que se admite por el año 2000, fijándolo en la suma de $ 11.466,81 que resulta de calcular el 25% correspondiente a los actores sobre el resultado total de dicho año $ 45.867,25.---------------------------------------------------------------------- ------------------5) Cómputo de los depósitos del cuentadante sin contemplar intereses: En el presente agravio se cuestiona que se hubiera descontado las sumas depositadas en el "incidente de cobro de saldos reconocidos" directamente sobre el resultado de la cuenta del año correspondiente sin contemplar intereses teniendo en cuenta que entre la data a computar -cierre de la cuenta de cada año- a la del depósito transcurrieron varios años, pretendiendo que tal operación se efectúe al practicarse liquidación en la etapa de ejecución de sentencia.------------------------------------------- Señalo en relación a la supuesta extinción de los intereses por falta de reserva al tiempo de percibirse los fondos depositados en pago de los saldos reconocidos que es posición pacífica que el supuesto previsto normativamente por el art. 624 del Código Civil sólo rige para los pagos extrajudiciales, no alcanzando a las percepciones de dinero dentro de un proceso judicial tal como aconteciera en la especie según constancia de depósito judicial obrante a fs. 90/91 y el retiro de la orden de pago judicial de fs 118, toda foliatura del expediente que corre agregado por cuerda y que se individualiza como "C. N. J. y otros c/ C. M. N. s/ Incidente de Cobro de Saldos Reconocidos" (Expte. Nro. 157-Año 2005). Tampoco es de soslayar que hubo una concreta y explícita reserva de intereses -entre otros rubros-, la que se efectuó según se constata de la lectura del escrito obrante a fs. 95 de tales actuaciones (Conf. CNCom., sala B, 5-9-95, L.L. 1996-A-670, jurisp. cit. en "Código Civil Comentado", Ed. Rubinzal Culzoni, Directores: Félix A. Trigo Represas y Rubén H. Compagnucci de Caso, -Obligaciones-, T. I, pág.517, nota. N° 12).---------------------------------------------------- Ante ello no cabe duda que es de aplicación al caso planteado en autos las previsiones de los arts. 776 y 777 del Código Civil que consagran la imposibilidad del deudor de imputar su pago al principal sin consentimiento del acreedor y la imputación legal a intereses primero y luego a capital salvo entrega de recibo del acreedor por capital. Respecto a la última de las normas de cita y en concordancia con la norma contenida por el art. 743 del Código Civil, en juego armónico con el art. 656 del C.P.C.C., los saldos reconocidos y depositados en cuanto suma líquida era perfectamente válido la aceptación de la suma parcial depositada, empero, tal como lo prevé el art. 777 de mentas, el deudor sólo puede imputarla, primero, a cancelar intereses y el resto -si existe un remanente libre de imputación- al capital (Conf. CNCiv., sala B, E.D. 10-33; id. S.T. de Santiago del Estero, L.L. NOA 2000-869).---------------------------------------------------------------------- -------------------En consonancia con lo dicho es que propondré al acuerdo que se admita el presente agravio y, en consecuencia, se amplíe la condena incluyendo el cálculos de los intereses devengados a partir del 01 de enero subsiguiente a cada ejercicio anual, cuyo saldo ha sido determinado en la cuenta del año respectivo, hasta el día de realización del depósito (05/09/06 -fs. 90 del expte. agregado por cuerda-). Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------ 6).- Multa procesal por conducta temeraria: Cuestiona que no se hubiere hecho lugar al pedido de aplicación de sanción por temeridad y malicia al demandado en los términos previstos por el art. 45 del C.P.C.C..-------------------------- Sostiene su pretensión impugnaticia consistente en que se revoque parcialmente el fallo imponiéndose la multa procesal que peticionara en el anterior grado y se le denegara, en afirmar que el demandado presentó rendición de cuentas con evidente ocultamiento de ingresos y injustificados incrementos en los gastos lo cual, asevera, constituye la temeridad prevista en el artículo citado, pasando a efectuar una descripción de aquellas circunstancias que ya habían sido invocadas en presentaciones anteriores pero que, a título de ejemplo, entiende que son pruebas de tal conducta. Luego, previo a señalar que la juzgadora no encontró que hubiera el demandado actuado maliciosamente poniendo obstáculos, ni que hubiera actuado de manera temeraria, con conciencia de la propia razón, como también que las sanciones por temeridad o malicia deben ser de aplicación restrictiva, termina expresando "...C) Estimamos respetuosamente que la Sra. Juez de 1° instancia no ha interpretado correctamente los principio enunciados, ni apreciado tampoco correctamente las circunstancias del caso..."(sic)(fs. 1210/1211 vta.).------------------ En tales términos encuentro pertinente advertir que el presente agravio se encuentra en los umbrales de la deserción técnica desde que trasunta un mera disconformidad o desacuerdo con lo decidido pero sin indicar en concreto en qué habría errado la sentenciante en las consideraciones que efectuara para arribar a su veredicto (Conf. art. 265 del C.P.C.C. y su doctrina).--------------------------------------- No obstante, merced a que el Dr. Vergara, adoptando su habitual criterio amplio en la consideración de la suficiencia de los agravios planteados por las partes recurrentes, ingresó al estudio de qué debe entenderse por temeridad y qué por malicia, para luego efectuar su propio juicio coincidente con el que expusiera la Sra. Juez a quo, obligado me encuentro de efectuar breves consideraciones que, adelanto, son coincidentes sobre el tópico con lo decidido.----- ---------------------------- Ciertamente que por temeridad debe entenderse la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas, cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima parte de razonabilidad. En cambio, la malicia se configura por el empleo arbitrario del proceso en su conjunto, o de actos procesales particulares utilizando las facultades que la ley otorga a las partes, en contraposición a los fines de la jurisdicción, obstruyendo o desplazando el curso del proceso, violando los deberes de lealtad, probidad, buena fe, con el objeto de tratar de obtener una sentencia que no es la que correspondería o demorar indebidamente su pronunciamiento o desbaratar su cumplimiento (Conf. CNCom., sala A, 23-12-86, L.L. 1987-B-507; CNCiv., sala E, 23-3-84, L.L. 1985-A-613).------ Siguiendo a Couture, corresponde tener presente que la derrota no siempre significa que el litigante carece de razón. Muchas veces, circunstancias procesales de carácter contingente deciden la suerte del litigio. Eso es, no todo derrotado es un improbus litigator. En tal dirección se distingue la responsabilidad procesal subjetiva (marginada de la objetiva, o sea, de la imposición de costas) que permite diagramar un esquema que se insertan distintas posibilidades en las que se plasma la conducta de los litigantes, enunciando los siguientes: 1.- el primer grado es la buena fe, la situación de los que, aun en el error, litigan creyéndose asistidos de alguna razón; 2.- el segundo grado lo constituye la ligereza culpable, consistente en la infracción a los deberes de un buen padre de familia señalando que "Debe admitirse que un buen padre de familia, prudente, razonable y reflexivo, no promovería un litigio injusto sin antes meditar sobre el alcance de su actitud. La ligereza culpable queda asimilada, así a la irreflexión, a la falta de tacto y de prudencia, a la ausencia de ponderación en calcular las consecuencias de los propios actos"; 3.- el tercer grado de responsabilidad lo constituye la malicia que merece la nota de temeridad, concepto que se deslinda cuando se explica que "la malicia que merece la nota de temeridad es la conciencia de la propia sinrazón". El litigante temerario litiga sabiendo bien que no tiene motivos para litigar. No es sólo un litigante malicioso; es, además, un temerario, vale decir, inconsiderado, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, imprudente, carente de fundamento, razón o motivo". Por último, destaca Couture que, cuando se examinan estos tres grados de la responsabilidad procesal, se advierte " que vienen a coincidir de una manera verdaderamente simétrica con los tres grados de la responsabilidad general: la buena fe, la culpa y el dolo. El que actúa con buena fe hace el mal sin saberlo y sin proponérselo; el que actúa con culpa, hace el mal sin quererlo pero debiendo haberlo previsto; el que actúa con dolo, hace el mal sabiendo que lo hace y queriéndolo hacer" (Ver: aut. cit. en "Estudios de derecho procesal civil", ed. 1950, V. III, pág. 340 y 341, n° 4, citado por Morello, Mario A., en "La eficacia del proceso", Ed. Hammurabi, 2da. ed. ampliada, año 2001, pág.231 y vta.).-------------------------------------------------------------------------- ---------- Por lo demás, en este mismo marco de análisis, ha tenerse presente que todas estas palabras no son descriptivas sino valorativas, siendo de utilidad al respecto remitir a la lectura del libro de Genaro Carrió "Notas sobre Derecho y lenguaje" al que alude el maestro Morello cuando expresa "Al mentar "temeridad", la "malicia", el "dolo", la "culpa", la "mala fe" (en el proceso), nadie puede negar que esta fórmulas verbales son claramente aplicables a algunos supuestos de hecho, claramente inaplicables a otros y dudosamente aplicables a caso atípicos, anómalos o marginales. No procede cerrarse "en la falsa seguridad de que los tecnicismos del lenguaje jurídico pueden eliminar esta última categoría de casos. La diaria experiencia de los tribunales ve en general el contacto general con el derecho y nos enseña que esa seguridad es quimérica" (Conf. aut. y op. cit., ver nota n° 31; ver también: Genaro Carrió en "Notas sobre derecho y lenguaje", Ed. Abeledo Perrot, 4ta. ed., año 1994, págs. 37/48).-------------------------------------------- En tal tesitura se concluye, con criterio que comparto, en que tanto la "temeridad" como la "malicia" connotan textos abiertos o "standards jurídicos", sin que sus contornos conceptuales aparezcan definidos o limitados por las normas positivas, por lo que resulta imperioso establecer como pautas o directrices de ponderación de mínima y de aplicación al caso bajo análisis a las siguientes: a) el solo hecho de plantear una demanda o un defensa, de modo pobre o simple, no es bastante para reputarlas como expresiones de litis temeraria; b) la circunstancia que no se cuente con toda la documentación respaldatoria no implica necesariamente ocultamiento máxime cuando se trata de una rendición de cuentas que abarca un período extenso en años y por la administración de un establecimiento rural con las connotaciones prácticas que derivan en dificultades para llevar un orden contable que si puede ser exigible para otros tipos de actividades -como por ejemplo las comerciales- y, c) debe afirmarse el sentido de prudencia que han de observar los jueces para valorar la conducta en concreto de las partes y profesionales, sin ser suficiente de modo alguno acudir a cartabones genéricos o en abstracto para justificar la imposición de una multa procesal como la que es pretendida en la especie (Conf. Colombo, , Carlos J., en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 1969, T. I, pág. 291; id. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales...", Ed. Platense, ed. año 1984, T. II-A, pág. 813, ver jurisprudencia citada en n° 4).--------------------------------- En suma, pues, encuentro que no hay conductas, tales como las enunciadas como meras directrices por el Código del rito, atribuibles al demandado en autos y que justifiquen la aplicación de la sanción disciplinaria que pretende el impugnante le sea impuesta. Por ello propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio.------------------------------------------------------------------------ --------------------- III.- Conclusión: ------------------------------------------------------------------------------ Por lo dicho, concluiré, proponiendo al acuerdo la revocación parcial de la sentencia venida en apelación para modificar el monto del capital de condena, aumentándolo a la suma de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Diecisiete con Treinta y Seis Centavos ($ 197.317,36), con más los intereses indicados en el anterior grado para todos los saldo reconocidos como debidos a calcular en el modo en que se precisara en el punto 5to..----------------------------------- Desestimados los tres agravios esgrimidos por la parte demandada y admitidos dos de los tres que formulara la parte actora, delinea en esta segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que llevan a imponer las costas en un 80% a cargo de la demandada y el 20% restante a la parte actora, por responder tales alícuotas a los vencimientos y éxitos obtenidos por ellas (Conf. arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).---------- Los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada, apreciados por su extensión, calidad y eficacia, corresponde que sean regulados del siguiente modo, a saber: A los Dres. R. N. C. y S. F. V. , letrados patrocinantes de la parte actora, en conjunto, en la suma equivalente al 4,8%; y, a los Dres. R. L. y A. F. , letrado apoderado y patrocinante, respectivamente, de la parte demandada, en las sumas equivalentes al 1,3% y 3,25%. Todos estos porcentuales a calcular sobre el monto final del litigio a determinar en la etapa de ejecución de la sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 14, 19, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------------------------------------------------------- Cierro mi intervención en la presente cuestión, pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.------------------------------------------------ A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------------------------------ Visto el acuerdo alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena a la suma total de pesos ciento noventa y siete mil trescientos diecisiete con treinta y seis centavos ($197.317,36.-), con más los intereses establecidos en el fallo de la anterior instancia a calcularse sobre los saldos anuales y que se computarán a partir del 1 de enero siguiente a cada uno de los ejercicios y hasta la fecha del depósito de $39.164,24.- acaecido el 5 de septiembre de 2006, y una vez efectuado dicho cálculo las sumas resultantes devengarán accesorios hasta el efectivo pago; b) imponer las costas de alzada en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora; c) regular los honorarios de los Dres. R. N. C. y S. F. V. , en conjunto, y de los Dres. R. L. y A. F. F. , por las tareas cumplidas en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 4,8%, 1,3% y 3,25%, respectivamente, del monto del proceso a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia; y d) declarar que los honorarios antes regulados deberán incrementarse con el I.V.A. correspondiente. Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por responder fielmente al acuerdo antes alcanzado.---------------------------------------- ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- ---- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 de la ley 1130, texto de la ley 4550), pasándose a dictar: -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: -------- --- REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena a la suma total de pesos ciento noventa y siete mil trescientos diecisiete con treinta y seis centavos ($197.317,36.-), con más los intereses establecidos en el fallo de la anterior instancia a calcularse sobre los saldos anuales y que se computarán a partir del 1 de enero siguiente a cada uno de los ejercicios y hasta la fecha del depósito de $39.164,24.- acaecido el 5 de septiembre de 2006, y una vez efectuada la deducción de ese importe depositado, las sumas resultantes devengarán accesorios hasta el efectivo pago;------------------------------------------------ IMPONER las costas de alzada en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora; -------------------------------------------------------------------------------- ---- REGULAR los honorarios de los Dres. R. N. C. y S. F. V. , en conjunto, y de los Dres. R. L. y A. F. F. , por las tareas cumplidas en esta instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 4,8%, 1,3% y 3,25%, respectivamente, del monto del proceso a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia;---------------------------------------------------------------------- - DECLARAR que los honorarios antes regulados deberán incrementarse con el I.V.A. correspondiente.---------------------------------------------------------------- ------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 35 DE 2007 - SDC.- Conste.- Ls.