Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero de 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "LLANCAFILO GUTIERREZ JONATHAN ARISTIDES C/ SERCONPET S.R.L. S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES", (Expte. Nº 381007/2008), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 251/253, que hace lugar a la demanda, con costas al vencido.

a) 1.- La parte recurrente se agravia, en primer lugar, porque se la condena al pago de diferencias salariales con fundamento únicamente en que la demandada no desvirtuó el reclamo del actor, aplicando la presunción del art. 57 de la LCT.

Dice que la presunción referida no puede ser aplicada por cuanto surge de la carta documento 968698245 que se rechazó por improcedente el reclamo formulado por el demandante.

Sigue diciendo que, además, era el actor quién debía probar la diferencia salarial devenida del valor hora que le correspondía percibir, conforme el CCT de empleados de la construcción.

Agrega que no puede ser fundamento de la condena el hecho que al contestar la demanda la empleadora nada dijera sobre el verdadero valor hora, toda vez que los CCT y sus escalas salariales se presumen conocidas por los jueces. En todo caso, señala el apelante, la jueza de grado ha omitido acceder a las normas legales y convenios salariales que debía conocer para fallar.

2.- En segundo lugar, formula agravio porque la sentencia de grado ha reconocido a favor del actor el pago de quincenas adeudadas (segunda quincena de mayo a primera de julio y SAC) y de la liquidación final más fondo de desempleo, basándose en la prueba pericial caligráfica.

Sostiene que el total al que asciende la condena por esos rubros ($ 4.899,68) no encuentra justificativo en los recibos de haberes ni en norma alguna. Agrega que teniendo en cuenta los recibos de fs. 67/69, la condena debería limitarse a la suma de $ 2.493,53, con más sus intereses.

Señala que la sentencia recurrida no explica que cálculo se hizo para arribar al monto de condena.

Manifiesta que la mera sujeción a los importes reclamados por el actor en su planilla resulta un abuso de derecho y falta de imparcialidad por parte de la sentenciante.

3.- Finalmente se agravia porque se ha aplicado el máximo de la multa prevista en el art. 18 de la Ley 22.250.

Entiende que debe considerarse que la relación laboral que unió a las partes fue de muy corta duración (3 meses y medio), y que la norma legal delega en los jueces la posibilidad de fijar el importe de la multa entre un mínimo y un máximo de acuerdo con la situación en tratamiento.

b) La parte actora contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 259/260.

Denuncia que los agravios de su contraria no reúnen los recaudos del art. 265 del CPCyC.

Subsidiariamente rebate las quejas formuladas señalando que la demandada sólo manifiesta una disconformidad con la Resolución n° 362/2008 de la S.T.N. en la que se fija el nuevo valor hora para la categoría "oficial", zona B, de $ 9,46, habiéndose pagado, entonces, una suma menor a la que le correspondía en tal concepto.

Señala que el informe pericial contable no ha sido impugnado.

Dice que la empleadora no ha dicho cuál es la liquidación final que consideraba correcta.

Y, en cuanto a la multa, sostiene que dado la gravedad de la conducta de la demandada corresponde que se abone su máximo valor.

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de apelación planteado en autos, encuentro que la expresión de agravios reúne, en su mínima expresión, los recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que se abordará el análisis de la queja.

Si bien la demandada negó al contestar la demanda que el valor hora pretendido por el actor fuera el correcto, sosteniendo que éste se corresponde con el efectivamente pagado, de acuerdo con el art. 38, 2do. y 3er. párrafos de la Ley 921, ".cuando se controvierta el monto o la percepción de las retribuciones, la prueba contraria a las reclamaciones del actor estará a cargo del empleador. Si éste no lo alegara o fuere insuficiente, se estará a los dichos del actor, pudiendo el juez apartarse de los mismos, si fuese manifiesta la desproporción en las prestaciones.".

De acuerdo, entonces, con la ley procesal en materia laboral de la Provincia del Neuquén en aquellos supuestos en que se controvierta el monto de la remuneración, como es el caso de autos donde se cuestiona el valor hora abonado al demandante, se produce la inversión de la carga de la prueba, y es el empleador quién debe acreditar que lo pagado en concepto de salario es el monto que surge de la normativa legal y convencional.José Daniel Machado señala que con relación a las remuneraciones es el empleador quién se encuentra en mejores condiciones objetivas de acreditar su monto y percepción, destacando que algunas provincias, entra las que se encuentra la nuestra, pero también Buenos Aires, Chubut, Formosa y Mendoza cuentan con normas procesales específicas, y agrega que ".estas reglas adjetivas. emplazan al empleador en la mejor posición para ilustrar sobre la verdad a propósito de la remuneración convenida" (cfr. aut. cit., "La teoría de la carga probatoria dinámica y su aplicación al proceso laboral" en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2007-2, pág. 297/298).

En el sub lite la demandada no ha cumplido con esta carga procesal, por lo que resulta ajustado a derecho lo decidido por la jueza de grado, ya que ante la falta de prueba en contrario estuvo al valor hora denunciado en la demanda, el que, por otra parte, no resulta desproporcionado en atención a la naturaleza de las tareas desarrolladas por el trabajador.

Igual sucede respecto del pago de las quincenas reclamadas en la demanda, SAC y liquidación final. La demandada negó adeudar estos rubros y acompañó recibos de haberes que dan cuenta de su pago, los que fueron impugnados por el accionante, quién desconoció que le perteneciera la firma inserta en los mismos.

Diligenciada la prueba pericial caligráfica, ésta otorgó razón al trabajador, por lo que no habiendo acreditado la demandada el pago de los salarios reclamados, y no siendo desproporcionados los montos consignados en la demanda, resulta correcto que el fallo de grado haya estado a esta liquidación.

Finalmente, y en lo que respecta a la multa prevista en el art. 18 de la Ley 22.250, entiendo que la aplicación del máximo legal (90 días de remuneración) resulta excesivo.

La manda del art. 18 de la Ley 22.250 -que rige la relación laboral de autos- otorga facultades al magistrado para que gradúe esta multa prudencialmente valorando las circunstancias del caso.

La jurisprudencia toma en cuenta, entre otros parámetros, para establecer el monto de la multa en cuestión, la gravedad del incumplimiento, como así también el tiempo de labor (cfr. Cámara Trabajo Córdoba, Sala 11, "Campos Baez c/ Paco Villca y otros", 16/12/2010, LL on line AR/JUR/89494/2010).

El trabajador de autos laboró para la empresa demandada durante cuatro meses, y el incumplimiento que sanciona la a quo con la multa es la falta de entrega de la Libreta de Fondo de Desempleo -extremo éste que se encuentra firme-.

Consecuentemente, entiendo equitativo fijar la multa bajo análisis en 60 días de remuneración, o sea en la suma de $ 3.995,90.

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y modificar, también parcialmente, el resolutorio apelado, reduciendo el monto de condena, el que se fija en la suma de $ 10.974,10, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas por la actuación en la presente instancia, teniendo en cuenta el resultado de la apelación y la naturaleza de los derechos comprometidos, se imponen a la parte demandada (art. 68, 2do. párrafo CPCyC).

La modificación del capital de sentencia no habilita la modificación de las regulaciones de honorarios de la primera instancia, toda vez que ellas fueron determinadas de acuerdo con el mínimo legal (valor JUS).

Los honorarios por la actuación en la presente instancia se regulan en el 30% de los que en definitiva resulten para la instancia de origen, para cada uno de los profesionales actuantes ante la Alzada (art. 15, Ley 1.594).

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 251/253 reduciendo el monto de condena, el que se fija en la suma de $ 10.974,10, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

II.- Imponer las costas por la actuación en la presente instancia, teniendo en cuenta el resultado de la apelación y la naturaleza de los derechos comprometidos, a la parte demandada (art. 68, 2do. párrafo CPCyC), destacándose que la modificación del capital de sentencia no habilita la modificación de las regulaciones de honorarios de la primera instancia, toda vez que ellas fueron determinadas de acuerdo con el mínimo legal (valor JUS).

III.- Regular los honorarios por la actuación en la presente instancia en el 30% de los que en definitiva resulten para la instancia de origen, para cada uno de los profesionales actuantes ante la Alzada (art. 15, Ley 1.594).

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.