Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-08


RAWSON, 08 de Julio de 2010 -- VISTOS:

-- Estos autos caratulados: "K. y C. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Medida Cautelar Anticipada" (Expte. N° 21.973- K- 2010).- -- DE LOS QUE RESULTA:

-- Que a fs. 100/122 y vta. se presentan los Apoderados de K. y C. S.A., invocando el Poder General para Asuntos Judiciales agregado a fs. 4/5 y vta., solicitando a esta Sala dicte medida cautelar de "no innovar" contra la Provincia del Chubut suspendiendo la ejecutoriedad de la Disposición Nº 370/09 de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (SGAyDS) que les impuso pena de multa en el marco de la Ley XI N° 35.- Piden se ordene a la Administración Provincial se abstenga de cualquier pretensión de cobro coercitivo de la pena aplicada por el acto administrativo cuestionado. Invocan el art. 32º de la Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) para justificar la competencia del Cuerpo.

-- En el Apartado IV "FUNDAMENTOS DE PROCEDENCIA" narran los antecedentes de hecho. Explican que la Sociedad representada, como empresa contratista, desarrolla la ejecución de las obras destinadas a la repavimentación de la Ruta Nacional Nº 3 y construcción de la Autovía tramo Puerto Madryn-Trelew, que corresponde al Plan de Infraestructura Vial que desarrolla el Gobierno ///Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos. Destacan que se postularon como oferentes y resultaron adjudicatarios de la Obra en el trámite licitatorio respectivo, subrayando que "el sólo hecho de la preparación para postular en el trámite licitatorio genera en los oferentes enormísimos costos" (fs. 101 vta.). Adjudicada la obra, se firmó el contrato respectivo -cuentan- entre la Dirección Nacional de Vialidad (comitente de la obra) y la contratista el 3 de octubre de 2007; la Sociedad tenía un plazo de 90 días corridos para dar inicio a la obra adjudicada, de gran interés -refieren- para la Provincia del Chubut. Señalan que tanto el Gobierno Nacional como el Provincial "fueron los principales impulsores del inicio de la ejecución de los trabajos y aplaudieron el comienzo del proyecto".

-- Califican como "exiguo" el plazo otorgado a la Sociedad para dar inicio a las obras subrayando que era imposible dar cumplimiento a los minuciosos estudios exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la obra a ejecutar, opinando "la elaboración del Proyecto Ejecutivo (que comprende el Estudio de Impacto Ambiental)... -en adelante EIA- ...implica un enormísimo costo para quien ejecuta la obra, resultaba de imposible cumplimiento en el breve lapso de 90 días corridos" (fs. 102).-- -- Relatan que la Dirección Nacional de Vialidad firmó el acta de replanteo el 1º de enero de 2008; con ello destacan que fue la propia autoridad de aplicación que admitió la imposibilidad de presentación en término del Proyecto Ejecutivo, advirtiendo que así quedó plasmado en el Expediente Administrativo Nº 504/09 MAyCDS, argumentando que, pese a verificarse esa falta de presentación antes del inicio de las obras, ///no se dispuso la suspensión de los trabajos; lo que podría acontecer -estima- ".de no obtenerse una resolución favorable en el sentido que se propone, la Empresa podría verse obligada a suspender los trabajos hasta la aprobación del EIA del que fue relevada por la Dirección de Vialidad Nacional" (fs. 102).

-- Exponen que la Provincia del Chubut inició Sumario Administrativo en su contra por supuesta violación de lo previsto en el art. 30 de la Ley XI Nº 35 (aprobación Estudio de Impacto Ambiental) que concluyó con la Disposición Nº 370/09 SGAyDS cuando -alegan- fue la Dirección de Vialidad Nacional que por Resolución Nº 1959/08 exceptuó -según exponen- a K. y C. S.A. de lo dispuesto en el art. 12º Sección 3 B del Pliego de Bases y Condiciones, esto es, explican, "de la elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo antes del inicio de la Obra. Sorpresivamente.el Estado Provincial, que.promovió en forma insistente el inicio.luego castiga a la empresa.por iniciar la misma sin dar cumplimiento a una obligación de la cual estaba exceptuada en forma expresa por Resolución Nº 1959/08.que además convalida todo lo actuado .en orden a .el replanteo de la obra, liberación de la traza y conformidad para el inicio de los trabajos en fecha 15 de marzo de 2008" (fs. 102 vta.).-- -- Bajo el sub título "LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE REPLANTEO" sintetizan el modo en que se llevó a cabo la formalización del contrato de obra, lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y subrayan que por Nota Nº 1009 la Dirección Nacional de Vialidad la cual, según exponen corre agregada a fs. 9 del Expediente Administrativo referido antes, manifestó que "la magnitud del proyecto, más la dificultad para ///adaptar el mismo a los hechos existentes, retardaron concretar el mismo. Por otro lado, las obligaciones contractuales y las necesidades circunstanciales de iniciar las obras, hicieron inexorable la iniciación de los trabajos antes contar con el proyecto completamente terminado, condición inevitable para ejecutar el estudio solicitado" (fs. 103). Justifican de este modo que ". se encontraba obligada a hacer efectiva una obligación de imposible cumplimiento." (fs. 103 vta.).-- -- Luego de mencionar que "a la fecha, aún no se encuentra aprobado el Proyecto Ejecutivo (que incluye el EIA)" se excusa que el propio comitente de la obra firmó el 1º de enero de 2008 el Acta de Replanteo, en la cual se fijó un plazo de 90 días para iniciarla, que no puede comenzar sin que se encuentre "liberada la traza" en la que se ejecutará aquélla, debiendo para ello -explican- realizar la mensura, deslinde y expropiación de los terrenos de dominio privado sobre los que se realizará la respectiva obra. Dicen "el propio comitente de la obra.es el encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego, es quien firma el acta de replanteo, obligando a K. y C. S.A. a iniciar los trabajos de obra, a sabiendas de la falta de presentación y aprobación del proyecto ejecutivo. .nuestra representada fue literalmente forzada, obligada a iniciar los trabajos, conociendo, tanto el comitente como el Estado Provincial, que aún no se había dado cumplimiento a lo normado por el art. 12º de la Sección 3 B Condiciones Particulares del Contrato" (fs. 103 vta./104).

-- Expresan que es fundamental la excepción a ese precepto, a la hora de analizar el supuesto incumplimiento que motivó la aplicación ///de la "exorbitante multa" en el Expediente Administrativo ya mencionado, y que fuera motivo de una acción de amparo, la cual surge de la Resolución Nº 1959/08 del Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad notificada a la Sociedad por Carta Documento del 12 de diciembre de 2008 y la transcriben: "Vialidad Nacional exceptúa a K. y C. S.A. del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12º Sección 3 B Condiciones Particulares del Pliego de Condiciones. Referente a la Ruta Nacional Nº 3 .notifico que .el señor Administrador General convalidó lo actuado por el 13º Distrito exceptuando a esa firma de la exigencia establecida en el artículo 12º sección 3 B condiciones particulares del pliego que rigen la obra. Transcribiéndose a continuación para mayor proveer la parte resolutiva de la misma. Artículo 1°: Convalidar lo actuado por el 13° Distrito y consecuentemente exceptuar a K. y C. S.A. de la exigencia.... Artículo 2°: Aprobar la metodología de pago implementada para reconocer el ítem "Proyecto Ejecutivo incluido Iluminación e Impacto Ambiental..." .- -- Con ello, reiteran que la empresa fue eximida de presentar el Proyecto por el propio ente encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones y estiman tal circunstancia esencial a la hora de dilucidar las responsabilidades derivadas del supuesto incumplimiento del art. 30° de la Ley XI N° 35, lo que debió tenerse en cuenta -alegan- al momento de aplicarle la sanción de multa en el Expediente Administrativo. Porque K. y C. S.A.-aseveran- ajustó su conducta a la normativa vigente y a las condiciones fijadas por el comitente de la obra, que es la Dirección Nacional de Vialidad; insistiendo una vez más que ese Organismo dispensó expresamente a la empresa de "la obligación de presentación y ///aprobación del Proyecto Ejecutivo con anterioridad al inicio de la obra" (fs. 105 vta.).

-- Justifican que era más valioso dar continuidad a la ejecución de la obra largamente reclamada por la comunidad que cumplir con los requisitos previos al inicio de los trabajos. Máxime -interpretan- cuando la Disposición N° 370/09 SGAyDS reza "los impactos negativos potenciales son medianos a bajos y no significativos" (fs. 105 vta.). Se agravian que la empresa fue sometida a sumario por incumplimiento de una obligación de la que se encontraba expresamente excluida, aplicándole no obstante una "exorbitante multa"-iteran- olvidando el Estado provincial -acusan- que promovió y aplaudió el inicio de la ejecución de las obras.--- -- Exponen que contrataron a la consultora I. S.A. para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la obra, que comprende el EIA el que fue presentado originariamente el 1° de Julio de 2008, según consta en el Expediente Administrativo N° 504/09 MAyCDS, anexado con la Nota N° 1009 que además especificó -dicen- los motivos por los cuales se iniciaron las obras con anterioridad a la presentación del EIA y a la fecha la autoridad de aplicación no se ha expedido sobre dicho estudio, que recibió observaciones -comentan- las que fueron corregidas. Refieren haber presentado mensualmente desde septiembre de 2008 Informes Ambientales a la Dirección Nacional de Vialidad, porque la empresa es "extremadamente sensible a las cuestiones tendientes a la protección del medio ambiente y cuenta además con un Departamento de Seguridad e Higiene ...que se encarga de elaborar informes y planes de manejo ambiental" (fs. 107).--- ///Citan y transcriben el artículo del Código Ambiental de la Provincia cuya supuesta violación les ha sido imputada, agraviándose de que la norma no identifica el sujeto pasivo de la obligación, y alegan que la empresa no es titular del emprendimiento sino contratista. Aluden a la potestad sancionadora de la Administración que consideran debe adaptarse al sistema garantístico y afirman que "al no contener ...el art. 30° de la Ley XI N° 35 una especificación del sujeto obligado, resulta absolutamente arbitrario pretender cargar la responsabilidad del caso...exclusivamente..."(fs. 108) sobre la empresa. Iteran que el comitente de la obra y titular del emprendimiento es la Dirección Nacional de Vialidad, encargado además de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego.

-- En el Apartado V. "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - ACCION DE AMPARO" (fs. 108 vta./112) comentan el trámite del Expediente N° 504/09 que contiene el Sumario Administrativo ordenado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que concluyó con el dictado de la Disposición N° 370/09, contra la que dedujeron Recurso Jerárquico el que no fue concedido por no haber abonado la multa que aquella imponía, lo que consideran inconstitucional; contra esta decisión -recuerdan- se alzaron mediante Recurso Directo el que fue rechazado por Resolución N° 045/09 MAyCDS. Relatan que en contra de lo resuelto en sede administrativa promovieron Acción de Amparo por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, Secretaría N° 4, de Comodoro Rivadavia persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del art. 137° de la Ley XI N° 35 y art. 21° del Decreto Reglamentario N° 1282/08 que exigen el pago previo de la multa como requisito de acceso ///a la revisión administrativa y judicial, peticionando además la declaración de arbitrariedad en el obrar administrativo conjuntamente con la medida cautelar de no innovar. En primera instancia -cuentan- el Juez declaró la admisibilidad del amparo y dispuso la medida cautelar, pero apelada la decisión por la Provincia la Excma. Cámara de Apelaciones revocó la decisión comentada.- -- En el Apartado VI de su escrito, desarrollan los presupuestos de procedencia de la Medida Tutelar que pretenden, tendiente -como se dijo- a obtener la suspensión de ".la ejecutoriedad de... la Disposición Nº 370/09 dictada por la SGAyDS"(fs. 112).

-- Esgrimen que se dan los requisitos exigidos en el art. 230° y concordantes del C.P.C.C., interpretan que la verosimilitud del derecho en relación al planteo de incostitucionalidad del art. 137° de la Ley XI N° 35 y art. 21 del decreto reglamentario que exigen el pago previo de la multa como requisito de acceso a la revisión administrativa y judicial se ve abonada con los precedentes jurisprudenciales y citas doctrinarias que efectúa. Pide que esta Sala "tenga en cuenta" que "los actos administrativos que imponen sanciones a los particulares son una consecuencia o prestación imputada a la infracción de un deber jurídico...algunas sanciones como las multas pasan a formar parte de los ingresos del Estado y son de naturaleza contingente, porque su finalidad...no es la recaudación y el incremento de las arcas públicas, sino prevenir y sancionar la inconducta de los particulares violatoria de normas legales..." (fs. 112 vta.). Opinan que la ejecutoriedad de los actos administrativos sancionatorios nada tienen que ver con el principio solve et repete. Destacan que en estos obrados no se trata de ///un tributo sino de una sanción administrativa, insistiendo en la diferente finalidad de cada uno. Abonan con jurisprudencia su postura.- -- Nuevamente argumentan que la Provincia aplica una exorbitante multa a la empresa por el supuesto incumplimiento de una obligación prevista por una norma que -según interpretan- no especifica quien es el sujeto obligado a la elaboración del EIA que ordena, reiterando que se encontraba expresamente dispensada de esa obligación. Vuelve a transcribir el texto de la Resolución de Vialidad Nacional y con ello concluyen "...nuestro representado resulta condenado al pago de una multa que asciende ...a la suma de $924.908,87...el Estado Provincial ha actuado en forma absolutamente arbitraria no dando trámite a los Recursos Administrativos interpuestos. y no ha valorado el hecho de que K. y C. S.A. se encontraba exceptuada de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, por Resolución del titular del Emprendimiento y Comitente de la Obra, invocando como único fundamento la falta de pago previo de la multa" (fs. 116). Aseveran que si el Estado Provincial entendió que ese incumplimiento existió, debió suspender la ejecución de la obra porque así lo manda la Ley por la cual aplica la sanción.

-- A continuación, describen la realidad económica de la empresa, manifestando que debe hacer frente a un pasivo de $ 48.000.000, efectuar pagos por ante la AFIP por diversos conceptos por una suma aproximada de $ 4.000.000, registra una deuda crediticia asumida ante el Banco Nación (Suc. Río Gallegos) por la suma de $28.000.000 y afronta normalmente un costo mensual aproximado de $2.000.000 para la ejecución de las obras públicas adjudicadas. Afirman que ello ///evidencia los perjuicios que le acarrearía la ejecución de la cuestionada multa.

-- Para demostrar el peligro en la demora alegan que la empresa lleva adelante diversas obras públicas en la Provincia lo que redunda -dicen- en beneficio de toda la comunidad porque, además de mejorar las rutas y caminos, genera ocupación de gran cantidad de mano de obra. La aplicación de una multa cercana al MILLÓN DE PESOS atenta -enfatizan- contra la ecuación económica de cualquier empresa generando un serio riesgo de ver afectado el normal pago de salarios de los empleados, el desenvolvimiento comercial habitual y el cumplimiento de los contratos asumidos con otras empresas, estimando que los daños resultan imposibles de cuantificar e irreparables.- -- Justifican que el periculum in mora está dado porque el Estado Provincial ha iniciado el proceso de ejecución fiscal de la multa aplicada, en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial, Rural y de Minería de Rawson en los autos: "Provincia del Chubut c/ K. y C. S.A. s/ Ejecución Fiscal" (Expte. N° 24/2010).- Solicitan "se imponga al Estado Provincial la obligación de abstenerse de instar la ejecución de la multa aplicada mediante la Disposición Nº 370/09 SGAyDS la cual proviene de una actividad absolutamente viciada, en virtud de encontrarse reñida con las normas constitucionales que deben prevalecer a pesar de los abusos del Poder Ejecutivo...que no pueden ser pasados por alto por los hombres del derecho" (fs. 118 vta.). Citan y transcriben precedentes que abonan su postura.

- ///En el Apartado VII. FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR requieren que, como efecto de la suspensión de la ejecutoriedad del acto, se imponga a la Administración la obligación de abstenerse al cobro coercitivo de los valores resultantes del proceso de ejecución, hasta tanto se resuelva en el proceso contencioso a iniciarse, porque -explican- la cautelar requerida se interpone anticipadamente a la demanda que iniciará oportunamente por ante esta Sala, para discutir la procedencia de la multa impuesta, adelantando que perseguirán se revoque la Disposición cuestionada dejando sin efecto la sanción que la misma impone, y también la declaración de inconstitucionalidad de las normas en que se fundó la decisión, y solicitarán se llame a integrar al proceso a la Dirección Nacional de Vialidad, en su carácter de comitente de la obra, a quien, eventualmente -consideran- se deberá trasladar la multa aplicada. Ofrecen prueba y fundan en derecho.

-- Que girado el Expediente a dictamen del Sr. Procurador General, se pronuncia a fs.125/126.- El Magistrado invocando los extremos del art. 195° del C.P.C.C. consideró oportuna la solicitud de medida cautelar de manera previa a la interposición de la demanda respectiva. En ese sentido, expuso que además de los presupuestos genéricos de procedencia, en el caso, ingresan dos "cuestiones adicionales": la del pago previo para habilitar la jurisdicción revisora, y además, la de las medidas cautelares de no innovar contra actos administrativos. En relación a esto último, destaca que atendiendo la presunción de legitimidad de aquéllos, habrá que efectuarse un análisis más estricto de los recaudos que en otros casos en donde no esté en juego esa presunción, y añade "máxime aún cuando ...se denuncia que la administración ha impetrado una acción para intentar el cobro ///forzado de la multa impuesta..." Comenta que, en cuanto al pago previo la sociedad accionante argumentó que, de por sí, dicho recaudo legal importa una violación constitucional; contrariamente -expresa- la Corte Federal sostuvo que la exigencia del depósito previsto como requisito de viabilidad de los recursos no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio aunque atenuó el rigorismo del principio en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concreta de los obligados, evitando que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías constitucionales. No obstante -destaca- en el ordenamiento local, la legislación expresamente exige el pago previo de la multa ambiental. Opina que el criterio excepcional debe analizarse en cada caso concreto y puntualiza que quien pretenda eximirse del recaudo del pago previo debe acreditar sumariamente el gravamen que se le ocasiona. Opina que en autos la Sociedad requirente no ha arrimado al proceso pruebas que permitan apreciar que se hubiera configurado el supuesto de excepción.- -- CONSIDERANDO:

-- I.- Que en forma preliminar, oportuno resulta señalar que "regularmente, el contenido de la decisión cautelar u objeto de la medida será asimilable a una prohibición de innovar, esto es, la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, para evitar que su ejecución haga ilusoria la recuperación del bien de la vida del que se privó al recurrente con la decisión administrativa, asegurando la eficacia de una eventual sentencia de nulidad futura. No obstante...si la Administración hubiera puesto en ejecución el acto, la decisión judicial podría transformarse en una "medida judicial innovativa", es decir, la ///orden de reponer la situación al estado en que se hallaba antes de la aplicación del acto recurrido. ...cuando las circunstancias hubieran cambiado luego de solicitada la medida, la mutación de una a otra categoría es una cuestión meramente circunstancial que debe ser apreciada libremente por el juez al tiempo de decidir. Así, no podría pretenderse válidamente el rechazo de la cautela por haberse solicitado una medida de no innovar o de suspensión de efectos si se hubiere constatado que...al tiempo de resolver, la Administración ya ejecutó el acto... el magistrado debe sustituir oficiosamente la petición, reinterpretando su contenido volitivo y -en caso de resultar procedente- decretar la medida como innovativa. Se trata de una razonable ampliación de la regla contenida en el art. 204° del Cód. Proc. Civ. y Com. ...que autoriza al juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, a decretar una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger" (Conc.: Fernando GARCÍA PULLÉS- "Medidas "cautelares autónomas" en el Contencioso Administrativo" Hammurabi - 2006, pág. 75).

-- Que, ha de aclararse, que en virtud de la ejecutoriedad que es propia de estos actos, este Cuerpo ha considerado que la cautela es innovativa cuando procura transformar la situación de hecho o de derecho ya resuelta en el acto presumido legítimo, aún antes de que el mismo haya comenzado a producir efectos o se persiga su ejecución, porque en realidad lo que pretende es retrotraer la situación jurídica a un estado previo al acto administrativo enjuiciado.--- ///Que en el sub-judice, conforme lo expone en su presentación K. y C. S.A., viene a esta Jurisdicción procurando -en forma previa a instar proceso contencioso administrativo- se disponga judicialmente la suspensión de la ejecutoriedad de la Disposición N° 370/09 de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, como así también, que se ordene a la Provincia del Chubut abstenerse de cualquier pretensión de cobro de la multa que dicho acto le impone. También ha puesto de manifiesto que la Administración inició la ejecución fiscal a fin de obtener compulsivamente el pago de aquélla. Así las cosas, aún cuando en su escrito la Sociedad ha denominado la medida solicitada como de "no innovar", en realidad, mediando un acto administrativo presumido legítimo, su petición no merece otro tratamiento que el propio de las medidas cautelares innovativas.

-- II.- Que es jurisprudencia de este Superior Tribunal -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que las medidas cautelares -en particular las innovativas, conforme la aclaración esbozada en el párrafo anterior - no pueden aplicarse automáticamente para suspender los actos de los poderes públicos en virtud de la presunción de validez de que gozan, pero no obstante pueden decretarse excepcionalmente, previa acreditación de los requisitos generales o comunes que condicionan su procedencia (CSJN Fallos: 250:154, 251:336, 307:1702, LL 1993-B-264, STJCH S.I. N° 26/93, 11/94, 58/SCA/97, 51/SCA/00, 55/SCA/04, 20/SCA/05, 47/SCA/09, 5/SCA/10, entre otras).

///Que la procedencia del dictado de toda cautelar presupone la concurrencia de los tres requisitos comunes: fumus bonus iuris, periculum in mora y contracautela y además debe estar presente un cuarto, que le es propio y característico, tal la irreparabilidad del perjuicio o del daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar (S.I. N° 14 y 38/SCA/01). Asimismo, atenta la manda del art. 232° del C.P.C.C. (en Digesto art. 234°-Ley XIII N° 5) el peticionante debe acreditar que existe fundado motivo para temer, que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, puede sufrir un perjuicio inminente e irreparable. (S.I. N° 56/SCA/03 y 48/SCA/06).--- -- Que entonces, la urgencia con que el litigante viene a plantear la petición cautelar, no impide que el juzgador reflexione sobre su procedencia analizando si se cumplen estos requisitos de procedibilidad. Máxime, si la tutela que se requiere es de naturaleza "innovativa", y por ende, excepcional, "porque alterar ese estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión" (CSJN, 24.08.93 en "Bulascio c. Banco de la Nación Argentina"; ídem 25.06.96 en "Pérez c. Estado Nacional", entre otros).- Admitidas entonces excepcionalmente, previa acreditación de los requisitos que condicionan su procedencia, este control de admisibilidad debe efectuarse con un criterio restrictivo.

- -- En Sentencia Interlocutoria N° 89/SCA/07 se decía que "...la estrictez descripta, deviene de la influencia del Derecho Europeo -en ///particular Francia, Inglaterra y España- donde la división de poderes, el interés público comprometido en la actividad administrativa y la presunción de legitimidad del acto administrativo limitan los poderes dispositivos del Tribunal contencioso, que sólo puede disponer la cautela por suspensión de actos administrativos a petición de parte y en un marco de discrecionalidad, a diferencia de la jurisdicción contencioso-administrativa alemana, en que la regla es la tutela cautelar como mandato constitucional y los recursos administrativos y las acciones impugnatorias tienen "per se" y como consecuencia automática efectos suspensivos "ope legis" (Karl Peter Sommermann en La justicia Administrativa en el Derecho Comparado - Civitas - Andalucía, pág. 100). Aunque así es, en aquellos países se ha avanzado, y este Tribunal ya ha precavido que -en general, en la actualidad- la doctrina científica y la jurisprudencia marchan en dirección favorable a retrasar la ejecución de los actos administrativos hasta que los tribunales digan su última palabra (Francisco GONZÁLEZ NAVARRO -Catedrático de Derecho Administrativo- España- en las Jornadas Provinciales y III Regionales de Derecho Administrativo en Corrientes 9 y 10/10/97), atendiendo a los perjuicios irreparables que podrían generarse derivados del transcurso del tiempo que el proceso genere, de tal modo que si se mantienen o no se alteran los efectos del acto, la sentencia a dictarse corre el riesgo de ser ilusoria (SI N° 81/SCA/98; 33/SCA/01; 5 y 40/SCA/02)".

-- Se concluía en ese pronunciamiento que "Corresponde entonces a la judicatura, en el marco de la discrecionalidad que le es autorizada, procurar conciliar, atendiendo a las circunstancias del caso, el criterio ///restrictivo primero enunciado y los principios de los que deriva, con aquéllos que gobiernan el derecho de los particulares a obtener una tutela provisoria efectiva.". Y en otros decía "La tutela preventiva o justicia "provisional", tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se quiere obtener a través de un proceso, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su inicio y el dictado del pronunciamiento definitivo, intentando salvaguardar la efectividad del cumplimiento de la sentencia favorable" (SI N° 81/SCA/98; 33/SCA/01; 5 y 40/SCA/02 antes citadas entre otras más). Resolución que en el caso en estudio, recaerá en un proceso que todavía no ha sido instado, pero que, en caso de obtener la tutela que aquí reclama, deberá ser deducido dentro del plazo prescripto en el código ritual.-- -- Que utilizando este criterio conciliador, este Cuerpo ha señalado "... falente la Provincia de Código en lo Contencioso Administrativo, se aplica -en lo que a la índole de la cautela requerida respecta- el art. 230° del Código Procesal Civil en concordancia con el 232º,(ahora arts. 232° y 234° Ley XIII N° 5, respectivamente) siempre que el derecho fuere verosímil; que exista peligro de que si se mantuviera o alterara -en su caso- la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible" "...la presunción de legitimidad de los actos administrativos no necesita ser declarada por autoridad alguna, el Estado tiene a su favor esta presunción por mandato de la ley; por ello el particular tiene que alegar y, excepto que sea manifiesta, probar la ilegitimidad. En la medida cautelar el particular debe acreditar la "verosimilitud" de la ilegitimidad que alega; es la única manera de suspender provisionalmente los efectos ///de aquella presunción. ...esa presunción es la resultante del régimen exorbitante, de las prerrogativas de la Administración. Por ello es que siempre se ha sostenido que las medidas precautorias contra la administración tienen carácter excepcional" (S.I. N° 63/SCA/05, 47/SCA/09 y 5/SCA/10).

-- Que respecto a la verosimilitud del derecho, la Corte Nacional ha dicho que este tipo de medidas "no exigen de los magistrados un análisis de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota la virtualidad (CS Fallos: 306:2060). "Desde otra perspectiva... la norma no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual el necesario para resolver el pleito, es suficiente examinar si el derecho invocado por el peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que ello implique prejuzgamiento" (Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala II, LL1982-C, 401).

- -- Que sin perjuicio de ello, la verosimilitud del derecho equivale sino a una incontrastable realidad "al menos" a la probabilidad de su existencia... (CN Fral. Civ. Com Sala II -12.02.97- "Martinez".), "...debe surgir manifiesta de los elementos obrantes en la causa y resulta improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión habrán de ser dilucidadas con posterioridad"... (Conf.: Pablo GALLEGOS FEDRIANI- "El Control Judicial de la Administración - Medidas Cautelares - Derecho Procesal Administrativo - Hammurabi- T° I- pág. 746). Así lo exige la índole del ///acto atacado -presumido legítimo- y la fuerza ejecutoria que ostenta. (CN Civ. y Com. Fral. -Sala II- 27.09.00 y 11.10.01 - elDial AASFA y AAE24).

-- Que, por su parte, para que se considere configurado el requisito del peligro en la demora, se ha destacado que "no basta la eventual producción de un perjuicio importante, sino que la magnitud de dicho perjuicio debe ser tal que, la no suspensión de los efectos del acto provoque un daño grave e irreparable" (S.I. N° 38/SCA/01). Pues si como se ha dicho, las medidas cautelares se encuentran destinadas a evitar el riesgo probable de que el derecho que en el futuro pueda declararse en la sentencia resulte, en los hechos, por efecto de la dilación del proceso, de difícil o imposible realización, sin la presencia de un peligro que imponga conjurar la amenaza de que se produzca un daño irreversible por esta causa, no se justifica su otorgamiento (Conc.: RAMIRO SIMON PADRÓS- "La Tutela Cautelar en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa"- LexisNexis -2005- pág. 163). Lo que resulta de aplicación también al sub-judice, pues habiéndose deducido la cautelar antes de la interposición de la demanda, al amparo de lo prescripto en el art. 197° de la Ley XIII N° 5 (antes art. 195 del C.P.C.C), su finalidad es prevenir el éxito del resultado del pronunciamiento jurisdiccional que resuelva el pleito que dice la Sociedad peticionante deducirá inmediatamente obtenida la resolución de ésta.

-- III.- Que la peticionante, describe las circunstancias del caso en la presentación obrante a fs. 100/122 y vta., y señala los fundamentos por los que pedirá en juicio posterior la nulidad de la Disposición opugnada, procurando -en el Apartado VI- justificar la verosimilitud del derecho, ///agraviándose además, con un detalle de su realidad económica pretendiendo con ella demostrar el peligro en la demora, aseverando que el pago de la multa le impedirá asumir las obligaciones financieras que extensamente ha descripto.--- -- Que sintéticamente ha de reseñarse que la cautelar se requiere a fin de suspender una obligación emergente del acto administrativo impugnado, que impuso a la empresa una multa de PESOS NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO con OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 924.908,87) por haberla encontrado infractora de las previsiones del artículo 30° de la Ley XI N° 35 (art. 1° -Disposición N° 370/09 SGAyDS, fs. 23/25). Ello así, porque según relatan los Considerandos, la solicitante inició el 15 de marzo de 2008 la ejecución de la Obra de Repavimentación y Construcción de la Auto Vía en la Ruta Nacional N° 3 tramo Puerto Madryn-Trelew, sin tener aprobado a esa data el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue presentado el día 17 de Noviembre de ese mismo año. Por tal motivo, se dio inicio a un sumario administrativo que concluyó atribuyéndole a la empresa la responsabilidad por violación de la norma referida. Asimismo, para establecer el monto de la multa, la Administración consideró el valor del Contrato de Obra ($308.302.958,30), mencionando que según la ley podía graduarse el porcentaje de la sanción hasta en el 5% de ese monto; aunque, expuso los atenuantes que iba a considerar, indicando que si bien el EIA no se encontraba aprobado, ".los impactos negativos potenciales son de medianos a bajos y no significativos, que la empresa no tiene antecedentes ante este Ministerio y que al no negar reconoce tácitamente la infracción cometida" (16to. Cons. - fs.24). Con ello la autoridad de aplicación, fijó ///la multa en el 0,3% del monto de obra, arribando a la suma de condena ya mencionada.

-- Que en contra de esa decisión la Sociedad interpuso en sede administrativa recurso jerárquico y directo -ante el rechazo del anterior- en los que peticionó la inconstitucionalidad del principio solve et repete previsto en el artículo 137º de la Ley XI Nº 35 -"Código Ambiental de Chubut"-. Planteos que no fueron atendidos por la Administración Provincial justificando "el Poder Ejecutivo se encuentra obligado a ejecutar y cumplir las leyes, siendo el Poder Judicial el único habilitado a juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo." (12do. Cons. Disp.Nº 405/09, fs. 27/29).

-- Que la Sociedad reitera el cuestionamiento por ante esta Sala, fincando el recaudo de verosimilitud de derecho de la tutela cautelar pretendida, en la exigencia del pago previo de la multa que califica de inconstitucional, previniendo que efectuará ese ataque en la acción a deducir.

-- Que verificando el contexto normativo que se cuestiona, es necesario destacar que efectivamente el Código Ambiental de la Provincia del Chubut, -aprobado por Ley XI N° 35- prevé en el precepto en crisis que "ningún recurso administrativo o judicial será concedido contra la decisión de los organismos de contralor sin el pago íntegro de la multa respectiva"; consagrando, de este modo el principio que agravia a la peticionante.

///Que, como es sabido, el "solve et repete" ha sido motivo de diversos pronunciamientos y materia de cuantiosos artículos en doctrina.

-- Particularmente, esta Sala en S.I. N° 58/SCA/02 -donde se analizaba una acción declarativa- adhirió al Dictamen N° 52/02 de la Procuración General que -en lo que resulta pertinente- había estimado "...la Corte Suprema de Justicia ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio "solve et repete" en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de derechos, sin relacionar los supuestos de excepción con el suyo propio que autorice a una situación análoga. En efecto, el Máximo Tribunal tiene resuelto que son constitucionalmente válidas las normas que establecen el pago previo de multas aplicadas por la autoridad administrativa como requisito de la intervención judicial, pero ello no impide considerar supuestos de excepción que contemplen fundamentalmente situaciones patrimoniales concretas de los particulares, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca, a causa de la falta probada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. "Agropecuaria Ayui S.A. s/ Amparo (Sent. 30/6/99)" Mencionaba el Magistrado que influenciada por los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna con la reforma de 1994, se atenuó el rigor del principio en numerosos casos, que fueron resumidos por la Doctrina en ocho ítems "1) admisión de la discusión de cuestiones constitucionales mediante el recurso extraordinario en los juicios de ejecución fiscal; 2) en casos anómalos claramente excedentes del ejercicio normal de facultades impositivas propias de los Estados; 3) en ///casos de gravedad institucional en que el ejercicio del poder tributario resulta frustratorio de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de un servicio público 4) cuando, al desestimarse una excepción fundada en una ley federal, no exista juicio ordinario posterior 5) en casos de juicios sucesorios, cuando la inconstitucionalidad ha sido planteada en el incidente de liquidación del impuesto y no en ocasión de su cobro 6) cuando se manda llevar adelante una ejecución sobre la base de una deuda inexistente 7) en casos en que se halla afectada la inviolabilidad de la defensa en juicio... 8) al declararse admisible la acción declarativa en materia fiscal".

- -- Que, siguiendo este criterio -siempre en el precedente que se glosa- la Sala resolvió que las empresas requirentes no habían "invocado elemento ninguno para acreditar el impacto que produciría en la situación particular de aquéllas, ni el cumplimiento del requisito que cuestiona, ni una eventual ejecución; no se ha determinado cuál es la magnitud ni afectación en relación con sus capacidades económicas, cuando es de evidencia notoria que esa erogación exigida no tiene el mismo impacto en todos los individuos -personas físicas o jurídicas- según sus recursos. Más allá de las enunciaciones generales sobre la situación económica... de ningún modo...las actoras enuncian menoscabo concreto. Y la jurisprudencia ha resuelto que "si frente a la regla de que debe pagarse y luego promover el juicio ordinario posterior, el legítimo derecho de defensa se dice amenazado frente a una reparación posterior ilusoria, tardía o difícil en función de ...las posibilidades económicas del deudor, esa situación de hecho debe aparecer indudable y por demás evidente, a través de índices reveladores de la desproporcionada magnitud en relación a la concreta capacidad económica y de la falta inculpable de ///los medios pertinentes para enfrentar la erogación, y no en términos hipotéticos, como se expresa para el caso la imposibilidad de pago, con una sola indicación del monto en ejecución y actividad comercial..."(SCBA, en "Fisco de la Prov. de Bs. As. C/Vanchevich." del 9/11/95 -JUBA-conc. TS Córdoba - Noviembre 2 de 1984 -LL 1985 C-286 -voto Dr. Carranza). Debe demostrarse desproporción entre las sumas objeto de pago por el "solve...", y la capacidad económica del obligado, de tal suerte que éste se constituya en un impedimento real y efectivo, vulnerando el derecho de propiedad que la Constitución garantiza (CS Fallos215:502, Cám. Nac. Fed. Cont. Adm. Sala V - 20/3/00)". Criterio éste, que resulta plenamente aplicable al sub-judice, donde K. y C. S.A. -se adelanta- incurre en el mismo yerro que se adjudicó a las accionantes en el antecedente comentado.

-- Que, de los diversos artículos doctrinarios referidos al tema, vale citar al Dr. Miguel LICHT quien sostiene "este criterio del "pague y repita", se muestra plasmado, habitualmente, en el marco de las discusiones planteadas respecto al depósito del importe de la multa impuesta en sede administrativa, como condición habilitante de la concurrencia a la instancia judicial. .se ha rechazado expresamente que se deje de lado el principio "solve et repete" por su mera invocación y no habiéndose probado que la satisfacción de dicha multa podría significar un importante desapoderamiento de bienes y que ella reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente (sala II "Empresa de Transporte ."18/6/95).cuadra advertir que la Corte Suprema de Justicia de Nación, en el precedente más citado desde que se analizó el "solve et repete" con relación a las previsiones del art. 8º del Pacto de San José ///de Costa Rica, lo refirió a la concreta materia fiscal, más estrictamente, en relación a la determinación de las obligaciones de esa naturaleza. Así, al pronunciarse en la conocida causa "Microómnibus Barracas. 21/12/89." señaló con relación a disposiciones legales. que sujetaban la procedencia del recurso deducido contra la determinación administrativa de aportes previsionales al previo depósito de las sumas cuestionadas, que aquellas disposiciones no resultaban violatorias del art. 8º inc. 1º de la Convención Americana, "toda vez que el apelante ni siquiera ha alegado que le fuera imposible, debido al excesivo monto del depósito, interponer recurso de apelación previsto en la legislación cuestionada, de tal forma de impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho" (Conc: "El efecto contaminante del "solve et repete" sobre pautas propias del derecho administrativo sancionador"- LL 2000-C, 98).

-- Que conjuntamente con lo dicho, debe atenderse el hecho de que en el ámbito local la exigencia impuesta al administrado de pagar la multa antes de someter a control la decisión que le impone la sanción administrativa, es clara en la letra de la norma tachada de inconstitucional por la Sociedad requirente, inconstitucionalidad que no cabe analizar en esta instancia, pues será objeto del juicio a instaurarse, y que no aparece manifiesta, lo que de por sí impone su rechazo. Pero además, adviértase que tampoco ha demostrado encontrarse en alguna de la hipótesis de excepción que permiten atenuar el rigorismo del principio en cuestión, ni satisfecho la exigencia de probar la desproporción entre el valor de la multa y la afectación patrimonial que ésta le causa, como certeramente dictaminó el Sr. Procurador General.- Entonces, no resulta procedente apartarse de la letra de la Ley que consagra el principio cuestionado y, ///corolario de ello, es que no se cumple el recaudo de la verosimilitud del derecho alegado para viabilizar la tutela anticipada que se pretende.

-- No aparece en consecuencia sustentado a juicio de esta Sala, con grado de verosimilitud suficiente, el derecho que dijo será objeto de oportuna demanda contencioso administrativa, que permita en este grado de conocimiento limitado y precautorio, disponer de una medida innovativa de índole excepcional como la peticionada; no se justifica una decisión anticipada de mérito, pues en definitiva la declaración de inconstitucionalidad es la "máxima ratio del orden jurídico", y no pueden soslayarse las consecuencias que derivarían de la anticipación.-- -- IV.- Que si bien "los dos presupuestos de las medidas cautelares... se relacionan de modo tal que, a mayor verosimilitud del derecho, no corresponde ser tan riguroso en la apreciación del peligro del daño y -viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable la exigencia respecto del "fumus" se puede atemperar..., lo cierto y concreto es que ambos extremos deben hallarse -aún en grado mínimo- presentes en el caso" (Cám. Apel. Cont. Adm. y Tribut. CABs.As. "Osma..." Sent. 3/4/08 - en elDial-AA48A0).- Y aquí la Sociedad no acreditó de ningún modo, los motivos que denotan la existencia del periculum in mora exigible en estos casos y que además sea susceptible de provocar daños graves e irreparables para justificar de tal modo la urgencia del pedido. Los alegados, que arguye acontecerían de oblar el importe de la multa tales como la paralización de la obra, la falta de pago de los salarios del personal contratado, la imposibilidad de hacer frente a las demás obligaciones que como integrantes de su pasivo ///expuso, dada la situación económica que declama, no han sido objeto de acreditación ninguna. Circunstancia ésta, que debe estimarse simultáneamente con sus dichos en el sentido de que "lleva adelante diversas obras públicas" (fs. 117), y analizando que para merecer la adjudicación de ésta seguramente su solvencia fue debidamente considerada por la autoridad comitente, por lo que sujetar la continuidad de la empresa al pago de la multa que se cuestiona es un argumento inaudible.

-- Que tampoco es viable la intención de la Sociedad de pretender lograr con el dictado de la cautela tramitada paralizar el juicio que refirió se ha iniciado en otro fuero. Con cita de uniforme jurisprudencia, la Sentencia Interlocutoria N° 58/SCA/02 -ya citada- enunciaba que expresamente no se admiten "medidas cautelares para ordenar a los jueces competentes en las Ejecuciones Fiscales que no las inicien o que las interrumpan; resolviendo, ...que corresponde desestimar la prohibición de innovar peticionada" (CS -"La Plata Remolques, SA ..."- 13-09-1988). Desde que con ellas se busca "... evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho del peticionario..." (CS 24/7/91 en "Ministerio de Economía..." DJ 1992-1-550; Roland ARAZI en "Medidas Cautelares", Ed. Astrea, pág.4/5); y "... una medida de no innovar no puede inferir en otro proceso distinto de aquél en que se solicitó, porque un juez no tiene imperio para imponer tal medida a otro..." (CNCiv. Sala F, 7/4/97 en "Rodríguez, Gabino..." JA 1996-I- síntesis), "...de lo contrario se violaría el derecho de índole constitucional de ocurrir ante el órgano jurisdiccional para hacer valer los reclamos que el acreedor entienda legítimos..." (CNCiv. Sala A, 13/9/83, en "Armata..." LL 1984-B-472), "...se estaría coartando la libertad de promover una acción ///judicial..." (CNCiv. Sala C, en "Lorenzo..." LL 1985-D-224).(Conf. "Medidas Cautelares", Jorge L. KIELMANOVICH, pág.391)".-- -- Que, entonces en el presente, es claro como ocurría en el precedente que se viene glosando ("I. B...."), aún cuando la Sociedad peticionante obtuviera una Sentencia Definitiva declarando la inconstitucionalidad planteada, no podrá evitar que la Provincia del Chubut ejecute antes el cobro compulsivo de la multa impuesta por la Disposición N° 370/09 SGAyDS y es inútil utilizar esta vía "anticipada" para evitar el pago de la sanción impuesta.

- -- Tampoco lo es -según se fundó- para obliterar la exigencia legal del pago previo al juicio ordinario que dice habrá de instaurar.

-- V.- A mayor abundamiento, véase que también se erige en contra de la medida innovativa tramitada por K. y C. S.A., la circunstancia de que la afectación del derecho esgrimido no es irreparable. Esto es, habiendo sido deducida la tutela anticipadamente a la promoción de la acción contencioso administrativa respectiva, dígase que, si ya hubiese sido ejecutada, ó depositara al impetrar la acción contenciosa las sumas correspondientes en concepto del "solve" exigido (lo que desde ya le evitaría la ejecución), puede requerir en ella -como pretensión subsidiaria- la repetición o devolución, lo que haría al perjuicio reparable.- Así se ha dicho que "no aparece suficientemente acreditada la irreparabilidad del perjuicio invocado ni el peligro en la demora atento que la parte actora, tendrá la facultad de requerir la repetición de la diferencia a su favor del impuesto a las ganancias.en caso que al momento de resolver el fondo de la cuestión a debate se ///haga lugar a lo requerido por dicha parte" (CNACAF -Sala V- "Digital Fueguina S.A.." Sent. 08/07/2008 en elDial-AA4B15).- -- VI.- Tampoco ofreció K. y C. S.A. contracautela por las costas y daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haber requerido la medida cautelar sin derecho como lo manda el art. 201° de la Ley XIII - N° 5 (antes art. 199° CPCC).

-- Que en síntesis, no se han acreditado en la forma que es exigible ni el periculum in mora, ni la irreparabilidad del perjuicio; consecuentemente atento el criterio restricto expuesto y los fundamentos dados, la tutela preventiva no puede prosperar y corresponde su rechazo (arts. 197°, 232° conc. 234° de la Ley XIII N° 5).

-- VII. Que, según se resuelve, habiendo tramitado la medida cautelar solicitada inaudita parte, no corresponde imponer costas. No obstante de acuerdo a la manda del art. 46° de la Ley XIII N° 4 (antes 47° del Dto. Ley N° 2.200) procede regular los honorarios de los Apoderados de la solicitante, que considerando la naturaleza del proceso instado torna aplicable lo establecido en el art. 26° de la Ley comentada.- -- Que si se considera a tal fin monto del proceso el de la multa que impone el acto cuyos efectos se pretendieron suspender, la aplicación de los porcentuales del art. 6° de la norma arancelaria citada arrojan como resultado una suma que no se concilia con la labor profesional desplegada.- ///Que este Tribunal en fallos Definitivos N° 2, 4, 5, 7, 8 y 10/SCA/99 y más recientemente en S.I. N° 12/SCA/07 estimó, siguiendo el criterio sugerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indica, que frente a la magnitud excepcional del importe del juicio -en autos $ 924.908,87- la regulación no depende exclusivamente de dicho monto sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad. Añadía además, la Sentencia Interlocutoria que en autos "Santa Cruz, Pcia. c/ Estado Nacional s/ nulidad" -fallo del 8 de Abril de 1997, el Alto Tribunal corroboró este aserto, diciendo que "frente a sumas de magnitud excepcional del monto del juicio, también debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada...que tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto - o, en su caso, de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces, en situaciones extremas...con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo...lo que no importa poner en tela de juicio el derecho de los profesionales a que se fijen sus retribuciones por las tareas cumplidas en el expediente..." el criterio reseñado, también mantenido por el Alto Tribunal en Fallos 323: 2562 y en "Banco Popular Argentino SA del 16/03/04 (elDial AA1FF8)".

-- Por ello, y apreciando la calidad, envergadura y eficacia del trabajo profesional desarrollado por los Dres. P. D. P. y C. ///M. Z., corresponde fijar los estipendios, de manera conjunta, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000).-- -- Que por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;- - R E S U E L V E :--- -- 1°) RECHAZAR la medida cautelar innovativa anticipada solicitada por K. y C. S. A. en el libelo obrante a fs. 100/122 y vta. en mérito de lo expuesto en los Considerandos que anteceden (arts. 197°, 232° conc. 234° de la Ley XIII N° 5).- Sin costas.- -- 2°) REGULAR los honorarios profesionales de los Apoderados de la Sociedad solicitante -Dres. P. D. P. y C. M. Z.- por su labor en la presente medida cautelar anticipada, en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), atento los fundamentos dados en el Considerando respectivo.

- -- 3°) REGÍSTRESE y notifíquese.-- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo- José Luis Pasutti- Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 08/07/10 Bajo el N° 21/SCA/10.