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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, homicidio culposo, concausa, relación de causalidad, prueba, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: M., C.V. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO  CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 253 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19

Corresponde rechazar la queja incoada por la defensa ya que sus planteos sólo trasuntan su desacuerdo para con el criterio adoptado por la Alzada en orden a confirmar la decisión de baja instancia que condenara penalmente a su defendido como autor del homicidio culposo que le fuera atribuido por considerar -en síntesis- que se encontraba demostrado que había existido relación de causalidad entre el accionar del acusado y la muerte de la víctima.

Frente a ello, intenta hacer prevalecer su propio enfoque, esto es , que debió haber sido absuelto de culpa y cargo por aplicación del principio "in dubio pro reo" atento que la causa de la muerte de la víctima no había sido determinada fehacientemente ya que pudo haber sido causada por su deteriorado estado de salud, mas sin lograr demostrar que el A quo al decidir como lo hizo -independientemente de su grado de acierto o error- hubiese marginado los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba.

Por lo demás, esta Corte tiene dicho que tal cuestión, " inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa ", sin advertirse que el Tribunal haya tenido duda alguna con relación al reproche penal formulado, tanto más ante lo contundentemente aseverado en el auto denegatorio en punto a que "si no se valoró el hecho de aplicar el principio "in dubio pro reo" consagrado en el artículo 5 del C.P.P., es porque se consideró que no había dudas acerca de la autoría y culpabilidad del encartado".
Contratos administrativos, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cebitronic S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

No se configura el supuesto de "causa de fuerza mayor" que liberan de responsabilidad y autorizan la prórroga sin sanciones si de las actuaciones administrativas se demuestra que el evento estaba en conocimiento del particular antes de efectuar su cotización.
Acción de despojo, valor probatorio, monotributo
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: Páez, Armando Rubén c/ Rivarola, Lucas Agustín y otro s/ Acción de Despojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Tiene escaso valor probatorio una factura en la que el supuesto emisor utilizó un talonario de facturas vencido y en una fecha en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos ya había dispuesto la obligatoriedad de la emisión de factura electrónica para todas las categorías de monotributo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio de apremio, ejecución de sentencia, honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCISCO BARROS. c/ LIGGETT ARGENTINA S.A.C.I.F. s/ EJECUCION  DE  SENTENCIA-  COSA  JUZGADA-  HONORARIOS  DE  LETRADOS Y  PERITOS- COSTAS- INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

No reviste el carácter de sentencia definitiva el pronunciamiento que decretó el embargo ejecutivo de bienes de la demandada y su aseguradora por el cobro de los honorarios de la representación letrada y de los peritos de la prima. Ello es así, pues la decisión impugnada había condenado solidariamente a la empleadora y su aseguradora a abonar "las costas del juicio" sin efectuar distinciones y ante la amplitud de los terminos empleados, la ausencia de todo pedido de aclaratoria y el rechazo de los remedios procesales articulados en su oportunidad, la ejecución había sido bien iniciada también contra la recurrente, pues se ajustaba a lo establecido con autoridad de "cosa juzgada".
Robo de automotor, robo con armas, pena, aplicación de la ley penal, inconstitucionalidad, jurisprudencia, sentencia, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: BARRAZA, A. P. s/ INCONSTITUCIONALIDAD - AUTOMOTORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

Dado que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Martínez, J. A. s/ robo", del 6/6/89, se limita a los casos de agravamiento del art. 166 del C.P., resulta improcedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 38 del decreto - ley 6 582/58, al no advertirse en los otros supuestos también mencionados en esa norma hipótesis de penas tan elevadas como las que fueron la base de la argumentación del fallo del Alto Tribunal.
Sanciones del Colegio Profesional, control de legalidad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTIZ, Héctor Enrique c/ RES. TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE APELACION Y NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-08

La decisión apelada del H. Tribunal de Disciplina del CAER "...aparece extensamente motivada a través de una sólida y suficiente fundamentación, perfectamente correlacionada con derivación razonada de los hechos de la causa y del derecho vigente, cuyas conclusiones encuentran sustento cierto en esos elementos esenciales y, como corolario, selecciona y mensura una sanción que resulta técnicamente proporcionada en derecho con la gravedad de la falta cometida, cuyo fundamento normativo concreto se verifica explícitamente especificado en la resolución atacada..., en razón de lo cual la argumentación impugnativa de excesivo rigor y falta de proporcionalidad de la sanción aplicada, sin otro fundamento atendible que su mera invocación, cae por su propia inconsistencia e impone, sin más su desestimación".-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, proceso penal, declaración indagatoria, elevación a juicio, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Z., M. C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INFRACCION ART 173 INC 3 DEL CODIGO PENAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 260 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que del contraste de los hechos descriptos en el acta de la indagatoria y la requisitoria de elevación a juicio se desprende que la identidad de circunstancias fácticas esenciales exigidas ha sido infringida en lo que atañe al delito de estafa, y por ende, los argumentos expuestos por la mayoría en el pronunciamiento impugnado no pueden ser vistos como derivación razonada del derecho vigente.

Es que ninguno de los elementos típicos esenciales para la existencia de una defraudación fueron mencionados expresamente en la declaración indagatoria, ni podían inferirse razonablemente del hecho intimado tal como le fue descripto, sino que fueron introducidos recién con la acusación fiscal.

Por ello, no puede considerarse que en el caso se esté ante un mero cambio en la subsunción típica del hecho, sino ante una variación sustancial -aunque parcial- del sustrato fáctico objeto del proceso.
Indemnización, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Miguel Rivero c/ Bus Salta S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-28

Para que sean procedentes las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 de la ley 24013 es necesario que medie el requerimiento previsto por el artículo 11, con las especificaciones allí previstas, y que transcurra el plazo de 30 días, necesario para configuración de un ilícito susceptible de proyectar sus efectos fuera del ámbito estrictamente administrativo, para convertirse en fuente de resarcimiento tarifado a favor del contratante.
Ley de contrato de trabajo, vacaciones no gozadas, extinción del contrato de trabajo, pago de las vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Airala, Horacio c/ Empresa Pesquera Frigorifico Siracusa SA s/ Demanda Laboral -Indemnización y Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-05

Las vacaciones no gozadas, correspondientes al año anterior a la ruptura del vínculo, no son compensables en dinero en virtud de lo dispuesto por los artículos 154 y 162 de la ley de contrato de trabajo.
Responsabilidad del empleador, accidentes de trabajo, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Alcides c/ Aguilar, Irma Matilde s/ Indemnización por Daños por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-20

Procede confirmar la sentencia que condenó a la empleadora al pago indemnizatorio por daño patrimonial y daño moral que sufrió el trabajador a causa del accidente en ocasión de su labor, pues de la lectura de la pieza recursiva surge evidencia que no constituye una expresión de agravios, desde que no contiene un análisis serio, fundado y objetivo del error endilgado, sino simples discrepancias genéricas, relacionadas con el reconocimiento del infortunio laboral, sin hacerse cargo ni rebatir concreta y razonadamente que la a quo juzgó suficiente para determinar tal extremo las manifestaciones contenidas en el formulario de denuncia del siniestro, que la propia accionada acompañara al contestar la demanda, prescindiéndose refutar el aspecto esencial aludido, en el cual la juzgadora fundó su decisión.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Criado, Ilda Edith c/ Pehuaplan S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato - Daños y perjuicios s/recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

La improcedencia de la citación de los terceros no solamente por la gran cantidad de éstos, sino, además, cuando tales sujetos no tienen vinculación jurídica con las partes del proceso.-
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, dictamen pericial, honorarios, excepción de prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Larrea Jose Adriano c/ Federación Patronal Seg. S.A. y otro s/ enfermedad profesional con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

Como lo ha sostenido esta Sala III en anteriores precedentes "existe una clara diferencia entre la impugnación y la nulidad de una pericia, cual es, que esta última se encuentra reservada, a la omisión de las formas procesales esenciales para su validez, pero no para el cuestionamiento de su contenido que se efectúa en el escrito de impugnación". (cfr. Pauletti Ana Clara "Impugnación de pericias y demás contingencias posteriores al informe" Año 2012 N°2 pág. 63. El Dial.com). Las formas procesales se han cumplido en el trámite de la causa conforme lo marca nuestro ritual procesal, con lo cual, la nulidad, no era la medida adecuada para su impugnación.
Funcionarios judiciales, sanciones procesales, recurso de reconsideración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GUARDIA, CARLOS E. Y OTRA c/ EST. NAC. (CORTE SUPREMA DE LA NACION) s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

La revisión judicial de las sanciones disciplinarias aplicadas a los funcionarios judiciales por la Corte Suprema debe efectuarse por la vía del recurso de reconsideración previsto por el art. 19 del D L. 1.285/58, que fue tenido por suficiente resguardo del derecho de defensa en el mensaje que acompaÑó al proyecto de la ley 15.271 que le dió su actual redacción, lo cual coincide con la doctrina de la Corte.
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kisluk de Kravetz, R. y otros c/ Barreiro, Rolando y ot. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Si las costas del anterior incidente aún no han sido cuantificadas, el incidentista debe estimar las mismas para materializar el depósito a embargo previsto por el art. 69 del Código Procesal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: BRUNO OSCAR E c/ GAGO MANUEL s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Si bien es cierto que el solo hecho de existir una desproporción entre el valor locativo y la cláusula penal no autoriza a calificar de abusiva la pretensión de su cobro, también lo es que debe reducirse a su justo límite si esa desproporción es exagerada.
Homicidio culposo, incendio del establecimiento, responsabilidad penal, responsabilidad de los gerentes, responsabilidad del funcionario público, habilitación del establecimiento, control de instalaciones, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RECHINO, Oscar.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-15

Si surge de las probanzas recolectadas que la muerte del empleado del lugar se produjo debido a las graves quemaduras que sufriera y que las habilitaciones otorgadas por el Gobierno de la Ciudad no se ajustan a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, que el incendio se pudo haber evitado, pero una vez ocurrido, si hubiera tenido los medios de protección necesarios y se hubiera trabajado con techos de mayor altura, no se hubiere producido la asfixia de la víctima, debe confirmarse el procesamiento del gerente del supermercado y ampliarse la investigación hasta determinar el grado de responsabilidad de todas las personas que deberían haber adoptado las providencias necesarias para prevenir o evitar la utilización de lugares inapropiados para la seguridad de los empleados, incluyendo la de los funcionarios públicos encargados de realizar las inspecciones de rigor y conceder las pertinentes habilitaciones y la de los inspectores de las aseguradoras de riesgos laborales que puedan hallarse involucrados.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: OVALLEZ Miguel Ángel c/ Diblasi Olivera, Leonardo Alfredo y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-10

"Una maniobra intempestiva y antirreglamentaria puede transformar al único culpable del evento dañoso, en embestido y víctima y no por ello debe hacerse cargo con responsabilidad alguna al embistente que en la emergencia puede haber actuado con toda la prudencia que el caso requería.

No puede considerarse que haya sido su velocidad la causa adecuada del evento, sino una interrupción, trasladándose la presunción de culpa del embistente al embestido, pues la lógica motiva, que cesa esa presunción cuando el embestidor no puede evitar 'un obstáculo imprevisto y antirreglamentariamente puesto en su línea de marcha'. Tal maniobra peligrosa tuvo incidencia en la relación causal, aún cuando no se demostrara que ni el auto ni el ciclomotor circularan a gran velocidad, ya que reitero, el demandado con su giro hacia la izquierda de la avenida puso una sorpresiva barrera a la marcha del motociclista, quien no pudo evitar impactar ese imprevisible obstáculo..."
Tribunal de impugnación penal, abuso sexual, presunción de inocencia, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Romero, J. E.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-14

Desde la óptica de la presunción de inocencia no es lo mismo que se acredite la mera posibilidad, que la probabilidad o la certeza. Cuando idénticos elementos de prueba sostienen posibilidades contrapuestas, no se supera el estado de duda que constitucionalmente favorece al reo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sentencia, tribunales militares, justicia militar, proceso penal, delito de peligro, tenencia ilegítima de material explosivo, actividades subversivas, juzgamiento de civiles, estado de derecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ARANA, ELBA NOEMI s/ TENENCIA ILEGITIMA DE EXPLOSIVOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-10

Ante la derogación de las leyes 21.461 y 21.463, procede el recurso extraordinario deducido contra la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -que condenó a la recurrente por los delitos de peligro común para personas y bienes y tenencia ilegítima de explosivos-, pues la condena militar impugnada legalmente debe ser declarada insubsistente, toda vez que al suprimirse el régimen excepcional que alteró, por graves motivos, el orden normal de las competencias, renace el principio que en los Estados de derecho reserva a los tribunales civiles las causas que afectan la vida y los bienes humanos fuera del ámbito disciplinario militar, por lo cual la acción punitiva instaurada en la causa debe volverse en el estado en que se encuentre al cauce natural establecido por las leyes vigentes que distribuyen la competencia en materia penal.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional  (Estado  Mayor Gral. del Ejército) c/ La Rioja,Provincia de s/ declaración de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Si el Estado Nacional -Estado Mayor General del Ejército acciona contra una provincia, la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciando la acción en la instancia originaria de la Corte Suprema.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de casación, procedencia del recurso, violación de las formas procesales, nulidad de sentencia, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bolland y Cía. S.A. c/ Comisión de Actividades Infantiles Mutual, Social y Deportiva s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-26

La omisión de tratamiento de los agravios vertidos por la actora, derivada de un error material, vicia de nulidad la sentencia dictada por cuanto se ha visto privada dicha parte de acceder regularmente a la segunda instancia; se ha preterido la consideración de las cuestiones que allí se planteaban, vulnerándose indudablemente la garantía de defensa en juicio. La situación encuadra en la causal de quebrantamiento de formas prevista en el art. 287 del código de rito y por ello propongo declarar la nulidad del fallo recurrido, reenviando la causa para que el "a quo" por intermedio de sus subrogantes legales reedite el acto procesal nulidificado.
Contratos administrativos, resolución del contrato administrativo, pacto comisorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Vial S.A.C.I.C.I.F.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-08

Aún cuando por hipótesis se concediera que el art. 1204 del C.C. traduce un concepto de teoría general que debe prevalecer por sobre el conjunto normativo aplicable a la contratación administrativa de la cual se trata (criterio verdaderamente más que discutible en tanto mediando en el caso un supuesto de giro o tráfico peculiar de la Administración Pública no es dudoso que la prerrogativa de la decisión unilateral y previa a los distintos segmentos del contrato es de vigencia indiscutible) lo cierto es que en el tenor literal de la norma implicada la faultad de resolver las obligaciones emergentes por incumplimiento del otro contratante supone que aquél que dispone la resolución ha satisfecho sus obligaciones. (Del voto del juez Grecco, consid. I).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), intereses, jueces, derivación razonada del derecho vigente, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAMBA, JONATAN c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

Teniendo presente que para fijar una tasa de interés equivalente a dos veces la activa sumada del Banco de la Nación argentina, el Tribunal consideró la doctrina -nacional y local- imperante en la materia (citada por la propia recurrente, a saber: "Bonet"; "Olivera"; "Ramírez"; "Fernández"; "Gudiño", entre otros), la facultad con la que cuentan los magistrados de establecer los intereses que se adecuen del mejor modo a la realidad del caso concreto a los fines de arribar a una reparación plena, la realidad económica en relación a los altos índices de inflación y la desvalorización monetaria detectados durante el tiempo del cómputo de los intereses, en comparación con la tasa determinada, las pautas de razonabilidad y los fines perseguidos por aquéllos; cabe concluir que los accesorios en autos han sido fijados en base a una exégesis posible de las normas en juego y la situación económica reinante y, por ende, acorde a las pautas postuladas por esta Corte Provincial y Máximo Tribunal nacional, por lo que no aparece disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. - CITAS: CSJN: Bonet, CNT 26485/2003/6/RH5; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Los principios constitucionales exigen que el juicio sobre la culpabilidad tenga como paso previo la acusación, la defensa y la prueba.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Damonte, Eva Iris c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La "significación social" del concepto de "incapacidad" presupuesto por las leyes previsionales para otorgar el beneficio de pensión autoriza a considerar la situación de la peticionante como "incapacitada para el trabajo" aunque no se haya sometido a reconocimiento médico para probar alguna causa de invalidez piscofísica, si le resta sólo un año para cumplir la edad fijada por la ley como mínima para presuponerla (art. 31, inc. 1-b, dec.ley 9650/80) y además, concurren circunstancias fácticas concretas que la corroboran. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, derecho de propiedad, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Si bien la asociación entre derecho de propiedad y depreciación monetaria pudo elaborarse como defensa eficaz de los derechos patrimoniales en determinados períodos, su perduración sine die no sólo postergaría disposiciones constitucionales expresas, como la del art. 67, inc. 10 de la Constitución Nacional, sino que causaría un daño en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar esa grave patología que tanto afecta: la inflación.