Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09


Nro. de Sentencia: 001 RAWSON, 09 de Febrero de 2.006.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "O., D. F. s/Recurso de Apelación c/Resolución N° 04/2005 (T.E.M)" (Expte. N° 20.290O2005).

DE LOS QUE RESULTA:

A fs. 16/19 vta. se presenta el Sr. D. F. O., por derecho propio, invoca el carácter de elector de la localidad de *** y de firmante de la solicitud de revocatoria interpuesta para que cese en su mandato el Intendente electo P. L. R.; interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 04/2005 del Tribunal Electoral Municipal de esa localidad, por la que se rechazara la admisibilidad formal de la citada solicitud de revocatoria de mandato.

Refiere que conforme la Resolución de este Superior Tribunal de Justicia, de fecha 8 de septiembre de 2005, el Tribunal Electoral Municipal (TEM) de la localidad de *** procedió a dictar la Resolución Nº 04/2005 TEM del 24 de octubre de 2005, siendo notificado en dicha fecha. Afirma que el Tribunal Electoral Municipal simplemente se avocó en la oportunidad a hacerlo comparecer para resolver en juicio sumario, verbal y con audiencia de partes, las observaciones que oportunamente formulara, pero que nada nuevo aportó al tratamiento de las mismas, reiterando en la Resolución Nº 04/05 los argumentos ya utilizados en el dictado de la anterior Nº 03/05.

Expresa que el Tribunal Electoral Municipal de la localidad de ***, en los considerandos de la Resolución Nº 04/05 afirma que el Presidente del TEM, actuó inaudita parte en todo lo que fuera el trámite de comprobación de la identidad de los firmantes y la correspondiente certificación de firmas. Advierte que el TEM no puede adjudicar la responsabilidad de su funcionamiento a los promotores, por cuanto no se puede imputar a los firmantes de la solicitud de revocatoria, que haya sido sólo el Presidente del órgano colegiado, es decir el Juez de Paz de la localidad, quien haya procedido a comprobar la identidad de los firmantes de la misma "inaudita parte". Que de haberlo deseado y actuando conforme a derecho, los miembros del TEM deberían haber estado presenciando el momento en que se estampaba cada firma, dado que se lo hacía en su propia sede y con los recaudos legales indicados. Interpreta que no desearon estar allí, para luego atacar de nulo el procedimiento.

Agrega que el Presidente del TEM y Juez de Paz procedió a dar fe de que cada una de las firmas habían sido puestas en su presencia, previa identificación del ciudadano elector que adhirió a la revocatoria, y que la voluntad de los firmantes no requiere otro mecanismo que el legalmente previsto, todo lo cual fue cumplido.

Reprocha que las críticas a la validez de las firmas de quienes estamparon sus huellas digitales o de los que firmaron sin saber leer ni escribir carecen de todo sustento, porque se utilizan argumentos de discusión propios de las firmas de los instrumentos privados y ellos no son aplicables a los instrumentos públicos como el del caso.

Indica que el sólo pensar que porque una persona es analfabeta o no sabe firmar más que estampando su huella digital delante de un funcionario público, hubiera requerido dar cumplimiento a otra formalidad repugna a los principios y valores de todo nuestro ordenamiento legal. Afirma que sostener que las incidencias que se puedan haber planteado por la situación generada en torno a uno sólo de los firmantes habilita tirar abajo todo el procedimiento cuando la cantidad de firmas ha superado el 25% de los electores de la localidad de *** resulta absolutamente arbitrario y tampoco se ajusta a la extensión con que debe ser interpretado el derecho de revocatoria.

Refuta a la crítica como genérica y que no culmina indicando que no se alcanzó la cantidad de firmas necesarias.

Apunta que el dictado de las Resoluciones Nº 01/05 y 02/05 acreditan que no puede el TEM invocar su propia torpeza, cuando con la Resolución Nº 01/05 intervino en el trámite de revocatoria que se había puesto en marcha, por lo que se debe descartar de manera rotunda que no pudiera supervisar la acreditación personal y calidad de electores de las 309 personas que estamparon su firma en el cuaderno que a tal fin habilitó el Señor Presidente del TEM y Juez de Paz de la localidad de ***.

Carga nuevamente contra la Resolución atacada y sostiene que el TEM de la localidad de *** equivoca el procedimiento, que la denominada "Multisectorial ***" fue quien instó que se pusiera en marcha el procedimiento reglado por los Arts. 139 y s.s. de la Ley N° 3098, pero a partir de allí, ha debido ser el TEM y no los electores de La localidad de *** quienes habilitaran todos los recaudos legales para que el mismo se cumpliera cabalmente. Ratifica que no establece la Ley N° 3098 que el traslado debe ser cumplimentado antes de que el TEM se expida sobre la admisibilidad formal de la presentación; sostener lo contrario, como lo hace el cuerpo resulta también absolutamente arbitrario y no responde a las pautas legales que brinda la norma invocada.

En cuanto a las causales de remoción, se agravia también, pues asevera que la propia Resolución controvertida reconoce que se fundó el pedido de revocatoria con anterioridad a la recolección de firmas en su sede cuando en sus considerandos sostiene: "que por lo menos uno de los fundamentos de imputación al intendente, resulta de un hecho de fecha posterior a casi la totalidad de las firmas insertas en el trámite". Agrega que fue el propio TEM quien saneó toda cuestión objetable por cuanto la presentación cuya admisibilidad formal rechazó mediante la Resolución N° 03/05, contenía las causales de remoción cuyos extremos la ley de Corporaciones Municipales exige que se acompañen a la presentación.

Efectúa reserva de interponer el Recurso Extraordinario que habilita la Ley N° 48.

Corrido traslado, a fs. 29/32 vta. se presenta el Sr. J. H. H., en su carácter de Presidente del Tribunal Electoral Municipal de la Localidad de ***, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que de las propias expresiones del recurrente surge que se ha dado cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en autos caratulados: "O., D. F. s/ Recurso de Apelación Art. 146, Ley 3098" (Expte. nro. 20093, Fº 155, año 2005, Letra O), respecto a que el Tribunal Electoral Municipal, debía cumplir con los procedimientos tendientes a la aplicación del art. 145 de la Ley N° 3098, para el tratamiento de las observaciones formuladas por el Sr. D. O. a la Res. N° 03/05, ya que justamente dicha norma, en su parte pertinente dice: "...La oposición será resuelta en juicio sumario, verbal y con audiencia de las partes, en sesión pública...".

Acota que las observaciones formuladas por el recurrente en su oportunidad hacia la Resolución N° 03/05 TEM, consistían en un punto de vista u opinión distinta a la del tribunal, de ninguna manera constituyó una crítica razonada, o fundada, que permitiera conmover los distintos fundamentos que sustentaron la resolución que dispusiera el rechazo del trámite de revocatoria de mandato del Intendente P. L. R..

Afirma que no puede el recurrente rechazar los errores que se le endilgan al trámite llevado a cabo por parte de quienes promovieron la revocatoria, cuando en primer término, junto a otros, requirió la asistencia de un funcionario (Juez de Paz), a los fines de simplemente certificar firmas, para luego (8 de febrero de 2005), después de juntar un número indeterminado de adhesiones, efectuar una presentación formal al Presidente del Tribunal Electoral, titulada Solicitud de Revocatoria, Acompaña Pagaré en Garantía, donde recién hace conocer el objeto de la recolección de firmas, por un lado, y por el otro recién entonces, cuales resultan los fundamentos, que debieron conocer los firmantes antes de haber firmado, para pedir la revocación de mandato de un funcionario electo.

Agrega que el recurrente reconoce lo que se cuestionara del procedimiento de colecta de firmas, esto es respecto del procedimiento de adhesión, que primeramente no necesariamente en el mismo acto se colectaran las firmas para "luego" certificarlas el Juez de Paz.

Señala que mediante las Resoluciones Nº 03 y 04/05 se cuestionó el mecanismo adoptado por los presentantes del trámite de revocatoria, porque las firmas fueron hechas insertar, con un procedimiento tal, que ponía en duda si los firmantes conocían lo que firmaban. Esto resulta corroborado ante el hecho concreto de que uno de los firmantes en su oportunidad hizo conocer al TEM esta circunstancia, lo que hace que la suposición de fraude no resulte una cuestión netamente conjetural.

Añade en su responde el Presidente del TEM que la misma recurrente hace ver que el trámite resulta iniciado no por un elector o conjunto de electores, sino, por un grupo autoconvocado, que se constituye en "asamblea popular" y pasa a denominarse "La Multisectorial de la localidad de ***", la que da inicio al trámite de revocatoria, atribuyéndose derechos del pueblo.

Sostiene que la recurrente se agravia diciendo que si bien uno de los fundamentos para pedir la revocatoria, fue introducido con posterioridad al inicio del trámite, esto no puede invalidar todo el proceso. Indica que debe entenderse que al momento de efectuarse por parte del TEM la consideración de que se había incorporado una nueva causal para peticionar el proceso de revocatoria, también se había dicho, que en sus primeras presentaciones "La Multisectorial de la localidad de ***" simplemente hacía referencia no a hechos imputados, sino a las descripciones genéricas que hace el tipo legal en su texto, simplemente transcribiéndolos. Luego, cuando colectó un número indeterminado de personas, el referido grupo de autoconvocados, hace una descripción, acompaña documentación y "redondea" las imputaciones contra el funcionario que se pretendía destituir.

Por último, reafirma que el recurrente se limita a describir su punto de vista o resaltar una mera discrepancia, sin puntualizar en qué se equivoca el Tribunal Electoral Municipal, y sostiene que el TEM dio fundamento a todos y cada uno de los puntos y requisitos que resultaban imprescindibles considerar a los fines de la procedencia o no, del trámite de revocatoria de mandato intentado contra el Intendente de la Municipalidad de la localidad de ***.

CONSIDERANDO:

Que nuevamente este Superior Tribunal ve instada su jurisdicción a fin de conocer el Recurso de Apelación interpuesto en virtud del Art. 146 de la Ley de Corporaciones Municipales Nº 3098 que prescribe esta vía para impugnar las resoluciones emanadas de un Tribunal Electoral Municipal en el procedimiento de revocatoria de funcionarios electivos de las Corporaciones Municipales.

Recientemente, en Interlocutoria Nº 41/SCA/05 se expresó que "Estos Recursos se ha dicho integran un sistema de impugnación cuya naturaleza difiere de las acciones judiciales, pues importan un control judicial de grado mínimo, estimado "suficiente", limitado a la verificación de la legalidad objetiva de las decisiones emanadas de órganos extrajudiciales, donde los Tribunales actúan como de "derecho" decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas; poseyendo la facultad de revocar o anular la decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio, control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica (Conf. S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 56/96 90 y 119/SCA/97, 12/SCA/99, 89/SCA/01 y 99/SRE/01)".

También se indicó en el Interlocutorio que se cita, que aún atendiendo a la especificidad de la materia electoral no escapa éste, legislado por la Ley Nº 3098 en el marco de un procedimiento de revocatoria de autoridades municipales, a la naturaleza descripta. Por la competencia que le otorga la Ley, este Superior Tribunal debe discernir la legalidad opugnada de la decisión adoptada en primera instancia revisora (tal la reconsideración instada por el interesado) por el Tribunal Electoral Municipal.

Por la entidad que la cuestión traída a este Cuerpo reviste, así como por cuanto no han existido mayores oportunidades para que el Tribunal se expida sobre el punto, no resulta ocioso efectuar un repaso de la aplicación del instituto de la "revocatoria de mandato" que se encuentra previsto en la Constitución Provincial.

Es pertinente entonces recordar que la democracia puede ser caracterizada como directa o indirecta. La democracia directa es aquella donde el titular de la soberanía, el conjunto de los ciudadanos, ejerce directamente el poder, reunido en asamblea; y la indirecta o representativa es el sistema por el cual el titular primigenio de la soberanía delega el ejercicio de ésta a sus representantes, es decir, personas que ejercen las funciones del poder, en nombre y representación del pueblo. (Conf. Miguel Angel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, Ed. Depalma, Bs. As. 1993, Tomo I, pág. 137 y sisgs.). La Constitución Nacional ha adoptado para la República Argentina la forma de democracia indirecta, cuando el Art. 1º reza: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal...". Se puede decir, entonces, como lo reafirma el Art. 22º, que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, elegidos mediante sufragio, a quienes ha instituido de atribuciones suficientes para ejercer el gobierno. Desde ya dichos representantes son responsables ante sus instituyentes del ejercicio de sus funciones.

Mas aún cuando se convenga que la aplicación de la democracia directa en la actualidad sería bastante dificultoso, pues ello sólo es factible en poblaciones y territorios reducidos, que no se correlacionan con las sociedades modernas, existen formas intermedias de democracia semidirecta, donde si bien el pueblo no gobierna por sí, se acrecienta su participación en asuntos que afectan los intereses públicos. Haciendo referencia a las formas semidirecta de democracia, y con expresa alusión a tres recursos: de iniciativa, referendum y revocatoria o recall, Pedro J. FRIAS los caracteriza como "el préstamo que pide la democracia representativa en que el pueblo calla luego de haber elegido a la democracia rousseauniana, donde el pueblo sigue hablando." (La problemática democracia directa, L.L. 1990E, pág. 1156/1159).

La Constitución Nacional, en la reforma del año 1994, incorporó algunas de estas formas, en el art. 39 a la iniciativa popular, y en el 40 a la consulta popular, socavando las argumentaciones de quienes desde la doctrina sostenían la incompatibilidad de las instituciones de la democracia semidirecta con el artículo 22 de la Norma Superior, que no ha sido modificado. Helio Juan ZARINI extrae las fundamentaciones efectuadas por el Convencional Brusca sobre las dos figuras incorporadas, quien afirmara que aún cuando el art. 22 no iba a ser objeto de modificaciones, "su vigencia va a ser complementada, enriquecida y perfeccionada con instrumentos de democracia semidirecta: la iniciativa y la consulta popular. Ese principio deja de ser absoluto pero se mantiene su vigencia, porque es la expresión escrita de la soberanía del pueblo y del sistema republicano que abrazamos en nuestra Constitución y en nuestra vida política" (Constitución Argentina, Astrea, Bs. As., 2004, pág. 179).

Dejando de lado la caracterización de los restantes institutos, en la revocatoria el electorado ejerce su derecho a destituir, mediante el voto, a los funcionarios públicos electivos. Sostienen Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya que es un mecanismo de control popular para exigir responsabilidad política inmediata a los representantes electivos, antes de que concluya el mandato otorgado por tiempo indeterminado (Derecho Constitucional Argentino, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. AS., Año 2001, Tomo I, pág. 355). Antonio María Hernández (h), citando a Germán Bidart Campos, expresa sobre esta institución que: "En el caso de funcionarios designados mediante elección popular, la revocación permite su destitución cuando así lo solicita una fracción del cuerpo electoral y lo resuelve una determinada proporción de votantes. De esta manera, el funcionario es separado del cargo, antes de terminar el período para el cual ha sido elegido. Es una forma de hacer efectiva la responsabilidad política de los gobernantes, quienes quedan sujetos a un contralor popular permanente".

Se advirtió con anterioridad que los representantes son responsables ante sus instituyentes, pues la responsabilidad propia del ejercicio del cargo para el cual ha sido elegido, es considerada una típica nota de caracterización de los sistemas republicanos de gobierno. Esta responsabilidad puede ser de tipos variados: administrativa, penal, civil, política. En el proceso de revocatoria tiende a hacerse efectiva una de las facetas de la responsabilidad de los representantes: la política.

La Ley Provincial Nº 3098 instituye en el Capítulo XII los derechos de iniciativa, referendum y revocatoria como instrumentos para viabilizar la participación del pueblo en la gestión del interés público, y efectivizar la responsabilidad de los funcionarios electivos. El art. 139 de la norma aludida, indica que el derecho de revocatoria será ejercido por iniciativa de un número no menor al veinticinco por ciento (25%) del Cuerpo Electoral Municipal.

Se destaca así que el ejercicio del derecho de revocatoria se da dentro de un proceso de carácter eminentemente político, en el que el cuerpo electoral municipal participa en forma dinámica, no acotando su actuación a la elección de la que emana la autoridad electa, sino que va más allá, supervisa el desarrollo de la función pública encomendada, pudiendo en su caso, dejarla sin efecto cuando la autoridad elegida no sostiene en forma satisfactoria la confianza depositada en ella.

En el marco de dicho proceso, trasciende por su carácter de ineludible, la necesidad que quienes lo impulsen posean la condición de elector de la localidad en la cual se pretenda llevar adelante la revocatoria de mandato, siendo de tal modo la legitimación un requisito sine qua non.

Conforme, lo señala la doctrina, la legitimación es una condición para el ejercicio de la acción, supone, cuando se trata de la activa, de la identidad entre la persona a quien la ley le concede el derecho de acción y quien asume en el proceso el carácter de actor (Arazi,Roland "Derecho Procesal Civil y Comercial, To. I, 2da. Ed, año 2005). Esto significa en definitiva que la demanda ha de serle propuesta al juez por aquella persona a que la ley considera idónea para estimular, en el caso concreto, la función jurisdiccional. La persona que pide la sentencia judicial y aquella respecto de la cual se pide se encuentran, con relación al hecho invocado, en una situación individual que las hace aparecer especialmente calificadas para afirmar y contradecir respecto de la materia en cuestión. Como tal, el examen de la calidad para obrar es resorte y función investigadora de oficio al momento de dictar sentencia, dado que la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado es necesario para la validez del pronunciamiento y no lesiona el principio de congruencia si el examen es abordado de oficio habida cuenta que la legitimación constituye un requisito esencial de la acción. "Según haga al derecho a demandar o a la circunstancia de ser demandado, la misma se adjetivará como activa o pasiva y siempre habrá de ser acreditada por el pretensor demandante o demandado. Este instituto se proyecta en su faz dinámica en el derecho procesal. Así lo considera la doctrina al tipificar la legitimación como una de las condiciones de admisión de la acción, la calidad entendida como la exigencia de que la acción sea intentada por el o los titulares del derecho y contra la persona obligada, es decir las partes de la relación jurídica sustancial" (SD.06/SCA/98).

Haciendo un boceto de la acción de revocación popular de mandatos electorales, puede decirse que una vez recepcionada la denuncia en la que se solicita se de inicio al trámite de la revocatoria, el órgano competente, en este caso el Tribunal Electoral Municipal, habrá de considerarla a efectos de verificar la observancia de los requisitos previstos por la respectiva ley. Esta valoración comprende dos aspectos, uno formal y otro sustancial. El primero no puede referirse sino al cumplimiento de las exigencias fijadas legalmente entre las que se encuentran que la presentación se haya realizado por escrito, acompañando las firmas pertinentes, con expresión clara y concreta de las causales en que se funda, en nuestro caso taxativamente enumeradas en el art. 139, 2da. parte de la Ley N° 3098 denominada de las Corporaciones Municipales. Avanzando en el trámite del proceso, deberán validarse adecuadamente las firmas que acompañan el pedido en cuestión, para lo cual habrán de considerarse dos requisitos, en lo que nos interesa por ahora, uno material, es decir si cada una de las firmas pertenece o no a ciudadanos que revistan la condición de electores de la división electoral por la que el funcionario o representante en cuestión fuera elegido oportunamente. No es un requisito menor, la identidad entre el origen del funcionario y la calidad de electores de los promotores de la acción de revocatoria de mandato se funda en la esencia misma del instituto, esto es que el mandato oportunamente otorgado sea dejado sin efecto por quienes conforman legítimamente esa voluntad popular y no por electores ajenos a su jurisdicción. La cuestión central radica en la determinación del sujeto legitimado a efectos de intentar la puesta en marcha del procedimiento. En este sentido, la calidad o carácter de electores que se requiere, conforma una doble garantía. Por un lado a favor del funcionario denunciado, toda vez que sólo los electores correspondientes a su ámbito político de ejercicio del mandato podrán juzgar el contenido del mismo, por otro lado, esto es en pro del electorado local como único sujeto legitimado como titular de la voluntad popular originaria a través de la cual es factible revocar los mandatos electorales por ella concedidos. Además la garantía en cuestión valora dos importantes aspectos del instituto revocatorio, el primero de ellos es que su promoción por una parte del electorado implica necesariamente la imposición al resto del cuerpo electoral de la obligación de concurrir a manifestar de modo expreso su voluntad en un comicio de revocatoria, (arts. 147 y 148 Ley N° 3098). El segundo, radica en la oportunidad elegida para el pronunciamiento popular, lo que dependerá siempre del electorado mismo, procurando evitar la manipulación o indebida utilización del instituto con otros fines. (Conf. José M. Perez Corti, "Revocatoria Popular de Mandatos Electorales, Córdoba febrero 2005).

En suma sólo la ciudadanía que reviste la condición jurídico política de electores de un nivel estadual determinado, es la que se encuentra legitimada y habilitada como tal para iniciar el tránsito hacia la evaluación del mandato del funcionario cuestionado; se permite así que sea la misma sociedad política afectada la que intente solucionar la crisis de legitimidad política, evitando la subsistencia de administraciones que dejaron de gozar de suficiente respaldo y a la vez contribuye a alejar, al menos en teoría, los fantasmas de la ruptura institucional producto del divorcio entre la realidad y los microclimas que generalmente circundan el poder". (Tribunal Superior de Justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires: Resolución del 09/02/05 in re "Bergenfeld, Sergio y otros", considerando 4º del voto de la Dra.Ana M.Conde.).

Resulta sumamente ilustrativo el voto del Dr Luis Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en oportunidad de votar en los autos "Córdoba Dpto.Capital Kammerath, Germán Luis Interpone recurso directo recurso de Apelación" quien en materia de legitimación en cuanto al tipo de acción deducida expresó "La naturaleza de la institución de participación ciudadana que nos ocupa y las graves implicancias de orden público que conlleva, justifican adoptar una postura de estrictez en orden a las calidades y cualidades que en tiempo y forma debe acreditar el ciudadano que ponga en movimiento la calidad de promotor un proceso de revocatoria".

Sostenía el Magistrado que la trascendencia pública de este tipo de procesos como el instado en el que se pretendía desplazar a la máxima autoridad ejecutiva de la ciudad de Córdoba, imponía de manera imperativa la necesidad de verificar exhaustivamente que el pretendiente observe la calidad de elector y acredite haber participado con su voto en el comicio por el cual resultó electa la autoridad municipal cuyo alejamiento se procura. Esto dicho, no a modo de "fariseísmo formal" tal la expresión empleada sino como un cardinal modo de actuación de los organismos electorales, recordando con ello que uno de los cometidos del máximo Tribunal Provincial es velar por la preservación del orden institucional en la Provincia y en los Municipios y asegurar el normal funcionamiento de los órganos de gobierno legítimamente constituidos.

El minucioso examen de la normativa aplicable y las constancias de la causa obligan a concluir que la presentación efectuada ante el Tribunal electoral de la localidad de *** por los ciudadanos suscriptores de la acción de Revocatoria de mandato popular carece de un presupuesto esencial que permita tener por válida el pedido de iniciación del proceso de revocatoria en cuestión, y es que no se ha dado acabado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 139 y 142 de la Ley N° 3098. No se ha acreditado efectivamente en autos que las suscripciones que acompañan a la presentación o promoción de la acción de revocatoria de mandado corresponde al porcentaje no menor al 25% del cuerpo de electores del Municipio de la localidad de ***. Sin perjuicio de la identificación de los firmantes, nada permite afirmar que fueren electores en el comicio en el cual se ungiera al intendente de la localidad. Esto ha de considerarse un requisito inexcusable a los fines de habilitar la promoción de la acción prevista en el art. 232 de nuestra Constitución Provincial y reglamentada en la Ley N° 3098. Por las razones expuestas "supra" es claro que sólo pueden activar el procedimiento a título de actores y luego participar del comicio correspondiente los electores de la ciudad de la localidad de *** inscriptos en el padrón utilizado en los últimos comicios municipales, esto es, quienes hubieran participado activamente con su voto en la elecciones municipales que confirieron representación popular al Sr. intendente cuya destitución se procura. En orden al cumplimiento de este liminar recaudo formal, atento las constancias de la causa, reina la más absoluta de las incertidumbres.

Debe partirse de una premisa fundamental la cual es que la acción de revocatoria es de naturaleza especial política, por el cual el electorado como depositario de la soberanía popular ejerce su natural derecho de destitución, al revisar el desempeño de las autoridades cuando el ejercicio de su función ha generado la pérdida de confianza de sus representados respecto del manejo de la cosa pública. Con este instituto la ciudadanía ejerce una innegable función de contralor respecto del desempeño de los funcionarios de naturaleza electiva. Y si son los electores quienes ejercen esa función de control, no podrán participar en el proceso de revocatoria quienes al tiempo del acto eleccionario no integraban el cuerpo de electores o no participaron con su sufragio, dado que nadie puede arrogarse la atribución de revisar la faena de un funcionario ungido popularmente si no acreditó haber participado en el acto que lo legitimó para el ejercicio de su función. Sólo quien otorgó un mandato puede revocarlo. Quien no participó, ni emitió su voto en acto comicial respectivo o bien no lo acredita en forma bastante no puede invocar para sí el derecho a ser promotor de la destitución de un mandato de naturaleza electiva, ni participar con su voto en el comicio de revocatoria previsto en el art. 147 de la Ley N° 3098. (Conf. voto, Dr. Luis Rubio en autos precitados).

Ha dicho el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba con buen tino que "las previsiones y exigencias que se requieren a quien se constituya como promotor de un pedido de revocatoria guarda plena correspondencia con la rigurosidad con que las formativas regulatorias del proceso electoral. Las normas aludidas marcan de manera prolija y exhaustiva los distintos requisitos y formalidades, plazos fatales que deben cumplirse y sanciones que se imponen a los fines de la presentación de listas, candidatos, oficialización de las mismas, confección de padrones, exigencias para ser elector, proporción de géneros que debe garantizar, antelación de plazos para la convocatoria a elecciones, exigencias de las boletas del sufragio etc. Así las formalidades y solemnidades que rodeen el acto comicial, sus etapas preliminares y posteriores, justifican plenamente el ejercicio del instituto de la revocatoria se encamine con igual prolijidad y así garantizar adecuadamente el principio de la democracia representativa".

De tal modo, en la medida que lo resuelto viene a cerrar el acceso a la resolución de los agravios expuestos por el apelante, atento la ausencia de la acreditación del carácter de elector invocado, deviene improcedente el tratamiento de los mismos; por lo que corresponde el rechazo del recurso de apelación intentado por el Sr. O. en contra de la Resolución Nº 04/05 del Tribunal Electoral Municipal de la localidad de ***.

En cuanto a las costas, atento lo novedoso de las cuestiones resueltas, ya que no existen antecedentes en el orden provincial, y en la medida que la cuestión dirimente ha sido introducida de oficio por este Tribunal, se impondrán por su orden.

Que, como se indicó en S.I. N° 41/SCA/05 conforme a lo dispuesto por el art. 47 del Dto. Ley Nº 2.200 (T.O. Dto. Nº 138/99) procede regular los honorarios profesionales de la letrada que patrocina al recurrente, aún cuando este tipo de procedimientos no genere costas. Atento a que el art. 8º del citado cuerpo legal no ha previsto mínimos para este tipo de actuaciones, corresponde estar a lo dispuesto por el art. 6º y fijarlos teniendo en cuenta la labor desarrollada, en las suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) con más el I.V.A. que correspondiere. Asimismo, los honorarios del Dr. H. R. C. se regulan en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00) con más el I.V.A. que correspondiere.

Que por ello, este Superior Tribunal de Justicia :

RESUELVE:

1°) NO HACER LUGAR al Recurso Jurisdiccional de Apelación intentado por el señor D. F. O. contra la Resolución Nº 04/05 del Tribunal Electoral Municipal de la localidad de ***.

2°) COSTAS por su orden.

3°) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. E. G. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), con más el I.V.A. si correspondiere; y los Dr. H. R. C. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00) con más el I.V.A. que correspondiere.

4°) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo Fernando S.L. Royer José Luis Pasutti.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2006	REGISTRADA BAJO EL N° 01 S.R.O.E. CONSTE.