Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-08


Salta, 8 de marzo de 2.005.

Vistos estos autos: "CETO, Medicina Laboral c. PROME SA, Sumario por Cobro de Pesos", Expte 60213/02 del Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia , 11ª Nominación, y Cam 100.724/04 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

CONSIDERANDO:

I) La sentencia de fs. 281/282 vta hizo lugar a la demanda y condenó a Prome SA a pagar a la actora Ceto Medicinal Laboral la suma de $22.728,38 con sus accesorios en concepto de servicios médicos prestados a beneficiarios asegurados en aquella por un seguro escolar. A fs. 285 apeló la demandada quien expresó agravios a fs. 295/303 los que fueron contestados a fs. 305/307 por la actora que pidió el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia.

En la expresión de agravios, la recurrente desarrolla ocho agravios, comenzando con la queja de una tergiversación de la sentencia sobre la tipificación contractual hecha por su parte, que afirmó ser locación de obra y no de servicios como se le atribuye, con lo que se cambia la normativa aplicable. Sostiene que hay un aparente fundamento de derecho en la cita de los artículos 1.190, 1.191 y 1.627 del código civil, dado que no hay controversia sobre la existencia de la relación contractual, sino de su caracterización jurídica, de las cláusulas y obligaciones de las partes, y que hay errónea aplicación del derecho porque a pesar de mencionarse una locación de obra no se aplica el artículo 1.636 del citado código. Expresa que hay arbitraria merituación de la prueba informativa porque ninguno de los informes existentes prueba que hayan sido los colegios quienes deriven a Ceto; de la pericial contable, porque de la registración de las facturas, el pago del IVA y la cancelación por su parte de otras facturas, no surge que los montos y conceptos reclamados sean ciertos; de la testimonial porque solo dos, de los 332 pacientes reclamados, acreditan prestaciones y los testimonios de fs. 209 y 211 declaran en forma coincidente a lo sostenido por su parte en la contestación de la demanda; de la pericial médica porque acepta la del actor que tiene 7 renglones y carece de sustento científico y técnico, mientras que no da valor a la suya que tiene tres paginas más una ampliación y cita doctrinaria específica y remisión concreta a la prueba documental de la actora; y de las facturas y planillas porque han sido confeccionadas unilateralmente por la actora y solo recepcionadas, pero no conformadas por su parte, que las rechazó expresamente por carta documento. Se queja igualmente que no se haya advertido la existencia de sobrefacturación que surge de la pericia contable dado que para tres meses y tres días, la actora facturó por $1.752,01, mientras que luego, para un mes y días lo hizo por $5.858,78, y más tarde por menos de un mes, $8.766,45, con lo que incrementó en aproximadamente el 1.800% el mínimo de la primera factura. Agrega que hay una fundamentación aparente en la sentencia apelada que le invierte arbitrariamente la carga de la prueba y además, convalida conductas prohibidas por la ley 17.132. Finalmente hace la reserva de interponer los recursos extraordinarios.

II) Hay coincidencia entre las partes sobre la existencia de un vínculo jurídico entre ellas - contrato - y el objeto del mismo. En efecto, hay acuerdo en que la parte actora constituía uno de los prestadores de servicios médicos en caso de sufrir un accidente alguno de los alumnos asegurados en la demandada, en virtud del denominado seguro escolar. En consecuencia, la primera estaba obligada a prestar la asistencia médica requerida, y la última, debía pagar las consultas y prácticas médicas realizadas. Al respecto, no hay ninguna discrepancia.

La divergencia radica en que mientras la demandante, sostuvo haber realizado las prestaciones objeto de las planillas y facturas presentadas, como la aprobación de la accionada con ellas, ésta ha negado la existencia de los servicios reclamados, su conformidad con el contenido de los instrumentos mencionados y su valor probatorio. La discrepancia se extiende a las obligaciones y deberes de cada una, sobre las modalidades o mecanismos de comunicación, certificación y pago de las prestaciones realizadas. Así, la accionante afirma que su parte facturaba sus servicios y presentaba las facturas con una planilla, conteniendo la individualización del paciente, colegio, fecha y detalle de honorarios y gastos. Agregó que esa documentación era recibida por la Srta. Jenny Haddad, quien procedía a revisar y corroborar cada una de las prestaciones, luego de lo cual, las conformaba con su firma. A su turno, la demandada dijo que en la planilla debía indicarse el diagnóstico y que también debía acompañarse con la documentación, una ficha individual con la firma del paciente o responsable avalando que la prestación había sido íntegramente realizada. Asimismo aseveró que la firma de su personal en Salta de cada hoja de las facturas y planillas era prueba de la recepción de la documentación, la que era remitida a la Casa Central para su control, auditoría, y autorización de pago. Como se ve, la decisión de la causa dependerá de la prueba producida por las partes, sobre la naturaleza del vínculo jurídico existente entre ambas y de las cuestiones de hecho en que discuerdan.

III) No está en análisis la relación jurídica entre el alumno asegurado y la aseguradora, ni tampoco la que resulte de la atención médica entre el paciente y el prestador, sino solamente la existente entre la organización demandada y la prestadora de los servicios, la demandante. Podría caracterizarse la vinculación jurídica de los litigantes como un contrato de cooperación entre empresas, de las características del contrato de locación de servicios profesionales, en virtud del cual la actora prestaba servicios médicos de su especialidad, a favor de terceros, quienes se encontraban a su vez vinculados a la demandada por un contrato de seguro, a cambio de un precio en dinero según la cantidad y naturaleza de los servicios prestados. Cabe ubicar este contrato dentro de la órbita del derecho mercantil pues la actividad de las partes tiene carácter empresarial, ya que cada una tiene adoptada un tipo de sociedad comercial, es una entidad mercantil que desarrolla su actividad en forma de empresa, persiguiendo fines de lucro, ya que hace de ello su actividad habitual (Cód. de Comercio, arts. 5 y 8º inc. 6º). De todos modos, esta calificación no excluye la aplicación de las normas pertinentes del código civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo I del título preliminar del código de comercio IV) Como aquí la actora persigue justamente el cobro de esos servicios médicos que sostiene haber realizado a favor de alumnos asegurados por la accionada, de acuerdo al principio general establecido en el art. 377 del código procesal que establece que "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido.", era quien debía acreditarlos.

A tal fin, ha dicho que los servicios cuyo pago reclama se encuentra aceptados en las facturas y planillas presentadas las que tienen la firma de personal de la demandada y que esta los ha reconocido mediante una nota enviada por fax el 25 de septiembre de 2.002. Iniciando el análisis de la prueba por este último, cuya copia obra fs. 104, debe decirse que si bien ha sido expresamente negado a fs. 148 segundo párrafo de la contestación de la demanda, existen indicios que hacen presumir su realidad. En primer lugar, se observa en el instrumento que el número telefónico marcado como de origen coincide con el consignado como de la demandada en los instrumentos de fs. 180/182 acompañado con el informe de fs. 183. En segundo lugar el logotipo es a simple vista igual al de fs. 182. En tercer lugar, la testigo Jenny Haddad ha declarado que el presunto firmante, Dr. Daniel Jorge Farall Sarli, es el presidente de la empresa Prome (respuesta 13, fs. 209 vta.).

En cuarto lugar y a juicio de la Sala lo que da mayor razón de su realidad, es que la demandada nada dice al respecto al contestar la intimación hecha por la actora donde se hace expresa referencia a esa nota. En efecto, en la carta de la demandante (copia de fs. 101) se dice luego de la intimación: "Asimismo por intermedio de la presente rechazo la propuesta remitida por Ud. mediante de fecha 25/09/02 por resultar carente de fundamento y alejado de la realidad..." La respuesta de la demandada (ver copia de fs. 103), omite toda referencia sobre ese punto, silencio que resulta inexplicable si en verdad la propuesta y el fax no hubieran existido.

Pero además de ello, la mencionada carta documento de la demandada, menciona dos hechos de importancia que luego no trae al juicio y que de existir habrían sido favorables a su posición. Ellos son una impugnación a las facturas y la auditoría médica de esa firma. Tales impugnación y auditoría no ha sido traídas en la contestación de la demanda. De tal modo, esa falta una referencia o negación de la existencia de la nota del 25 de septiembre, como de las impugnaciones o auditoría afirmadas, lleva a la Sala al convencimiento de que la nota por fax es real.

V) Por otra parte, desde el punto de vista jurídico se ha dicho que un instrumento remitido por fax no puede juzgarse como documento privado en los términos del art. 1012 del Cód. Civil, pero posee no obstante suficiente eficacia probatoria como principio de prueba por escrito a tenor de lo previsto en el art. 1190, inc. 2º del Cód. Civil y en este sentido existe instrumento privado en sentido lato. (CNCom., Sala D, LL, 1999­C-450). Resulta oportuno transcribir que en el citado precedente judicial, se señaló que "no está demás tener presentes los actuales desarrollos de la doctrina nacional y comparada en torno a la crisis de la noción de documento, que giran alrededor de las manifestaciones evolutivas de la técnica electrónica: el soporte papel, parece inexorablemente destinado por la fuerza de los hechos a ser, sino reemplazado, al menos alcanzado por la equiparación a los nuevos instrumentos sea puramente incorporales - como los asientos estricta y exclusivamente electrónicos, - o a los productos - por llamarlos de alguna manera - de segundo grado, como el fax; todo ello en torno a lo que calificadas opiniones asumen bajo la calificación analógica de "equivalente funcional" (con cita de Piaggi, Ana I, exposición en el Primer Congreso sobre Integración Económica y Régimen Jurídico del Mercosur, 30/11/98)" .

La conclusión precedente lleva a aceptar como cierto el texto de la nota del 25 de septiembre y el reconocimiento de deuda allí contenido por un importe de $22.727,64, que es prácticamente igual a la suma reclamada en autos y de la condena establecida en la sentencia. Como consecuencia de lo expuesto, es innecesario el análisis del resto de las probanzas existentes que de todos modos, no tienen fuerza suficiente porque no llegan a destruir el reconocimiento aludido. En efecto, aún cuando sea cierta la mecánica de trabajo descripta por la demandada y sus empleados y la documentación presentada las deficiencias que refiere la pericia de fs. 248/250 y sus explicaciones, lo cierto es que con la nota por fax ha quedado demostrado que la demandada recibió la facturación remitida y no probó ni una impugnación, ni tampoco la auditoría afirmadas en su carta documento hasta esa fecha.

VI) Cabe agregar que no se trata de una inversión caprichosa de la carga de la prueba, sino simplemente la aplicación analógica de las normas establecidas en los artículos 73 y 474 del código de comercio. El primero establece que "el que deja transcurrir un mes, contado desde la recepción de una cuenta sin hacer observaciones, se presume que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta, salvo prueba en contrario"; el segundo que las facturas , "no siendo reclamadas por el comprador dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquidadas". En ese sentido se han expedido diversos tribunales nacionales. Así se ha expresado que "en el caso de facturas emitidas en un contrato de prestación de servicios en el que ambas partes son comerciantes, por lo que sus actos se presumen siempre de comercio salvo prueba en contrario (C. Com, 5), no puede la parte que recibe la factura, omitir su pronunciamiento aceptando o rechazando lo que ella expresa sin que esto le acarree consecuencias jurídicas y patrimoniales (CNCom. C; 29/04/92).

También que "si bien en la aplicación analógica del C. Com., art. 474 a otros contratos cuyo precio fue documentado mediante factura - en el caso, gastos de asistencia médica -, deben adoptarse lógicas reservas o cautelas, adecuándose la función de tales instrumentos a la especifica naturaleza del vinculo obligacional que dio lugar a su emisión, no puede cuestionar la deudora que los montos son excesivos, que las facturas no habían sido recibidas y la negativa de las firmas, pues aun considerando que su recepción sin reservas ni reparos y la ausencia de reclamos no permita tenerlas - en el caso - como "cuentas liquidadas", su silencio aun cuando no se le otorgue carácter de aceptación y conformidad, permite presumir que se trata de una cuenta correcta, de conformidad con la buena fe y protección de la confianza con que cabe interpretarse la celebración y ejecución de los contratos (CNCom. A , 22/09/99). Asimismo, se consideró que "el C. Com 474 no solo es de aplicación concreta al contrato de compraventa, sino también al contrato de locación de servicios. La recepción de facturas por servicios médicos, sin formular reclamo dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo, hace que se trate de facturas aceptadas, en razón de que por el tiempo transcurrido deben considerarse "cuentas liquidadas". La mora en el cumplimiento de la obligación opera al vencimiento del décimo día computado desde la fecha de emisión de la factura" (CNCom. A , 14/12/89. Se aclara que los precedentes citados se han extraído de la base de datos Lex Doctor, provista por el Poder Judicial de Salta). Todas estas razones llevan a desestimar el recurso interpuesto VII) En cuanto a las costas, deben ser impuestas al apelante que resulta vencido según el principio general establecido en el artículo 67 del código procesal. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

No hace lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 285. Con costas.

Dispone se registre, notifique y baje.