marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, síndico del concurso, letrado del síndico del concurso, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSO PREVENTIVO. HOY QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

La pertinencia del asesoramiento letrado al síndico está determinada por la materia a examinar y la competencia profesional del síndico, lo que excluye la consideración de los resultados concretos que se seguirán del patrocinio y que, en su caso, incidirán en los montos a regular por esa actuación. Estos últimos parámetros son irrelevantes para determinar la pertinencia del asesoramiento.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Doval, Juan Carlos c/ López s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

No estando cuestionado que el actor recibió para la venta, por comisión del demandado, un automóvil que había sido robado y habiendo sostenido que ello le causó diversos daños -que aquí reclama-, no cabe duda que se encuentra legitimado para obrar, más allá de que deba o no prosperar su pretensión de fondo.
Tasas, impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Selcro  S.A. c/ Jefatura Gabinete Mos. deci. 55/00 (dto. 360/95 y67/96) s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

La tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado.
Emergencia sanitaria, coronavirus, cobro de aranceles, libertad de circulación, igualdad ante la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Habeas Corpus plurindividual y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-16

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Sanitario para el Ingreso de Personas a la Provincia de Formosa y ordenar el cese del requerimiento impuesto por el gobierno provincial de un pago de cinco mil pesos en concepto de arancel por la realización de un examen PCR de Covid 19 a toda persona que quiera ingresar al territorio de la provincia, toda vez que dicha circunstancia torna lesiva de derechos fundamentales la medida sanitaria dispuesta, en tanto supedita con ello a la capacidad económica el ejercicio de libre circulación, de forma indiscriminada y sin contemplar alternativas razonables para aquellas personas que no puedan afrontarlo.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viedma Galarza c/ Salvadori, B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

No es necesario probar la culpa en el dueño o guardián de una cosa riesgosa, cuando se demuestra que el accionar de la víctima, o según fuere el caso, el tercero, es excluyente de responsabilidad, tal como lo prevé el segundo apartado "in fine" del art. 1113 del Código Civil.
Recusación, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: Bringe, María Noemí s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-09

El pedido de desplazamiento de los titulares del organismo jurisdiccional competente en la causa, siempre ha sido interpretado restrictivamente y taxativamente ceñido a las causales legalmente establecidas.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Crowder y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

El juicio ejecutivo ha sido establecido como un juicio sumario y breve que se promueve en base a un título al cuál la ley lo asimila a una sentencia judicial u otros títulos ejecutorios con la finalidad de proteger la celeridad del tráfico comercial, así como la confianza y seguridad en las transacciones en ellos instrumentadas. Con el objetivo que dicho juicio no sea desnaturalizado, en cuanto a su finalidad, se han limitado las defensas que se pueden oponer, así como el ámbito sobre lo que pueden versar las mismas, las que deben limitarse a cuestionar el documento en sí mismo, no siendo posible, en principio, debatir sobre el negocio o causa que les dio origen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, doble instancia, jurisprudencia vinculante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O. F. G. Y OTRA c/  s/ SU DENUNCIA - APELACIÓN SANCIÓN DISCIPLINARIA  CITAS:  (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación - 23/08/2001 - Grondona, Marta N. c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal - La Ley Online 12-12-2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-12

Hemos alcanzado en la Casación con nuestro control y crítica la total realidad del proceso como hecho histórico y concreto, en función del nuevo concepto derivado de CASAL.-
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Marchetti  Marcelo  A. c/ PEN  Ley 25.561 Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-06

El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí es que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias (Fallos: 315:106). (Del voto del Dr.

Licht, consid. 2).
Excarcelación, falta de arraigo, prófugo
Materia: PENAL
Carátula: Jones Huala, Francisco Facundo c/  s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-22

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación, si se tuvo en cuenta que el encartado gozó de múltiples beneficios durante la tramitación del proceso en el vecino país, todos los cuales quebrantó y debieron ser revocados, desembocando en la orden de captura y posterior pedido de extradición, que el alegado arraigo en la finca en que reside su abuela no fue suficientemente abonado ni acreditado, que la pretendida repercusión pública que habría adquirido la situación en que se encuentra (que conspiraría contra la posibilidadde sustraerse a la acción de la justicia), no le impidió permanecer prófugo de la Justicia chilena, e incluso trasladarse a Argentina, sin ser advertido.
Empleados públicos, domicilio, sanciones disciplinarias, trámites judiciales, sumario administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa, María Cristina Requena de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 106-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

El deber de comunicar la información referida al domicilio es -desde luego- propio del agente, y, a su vez, no podría razonablemente imponerse a la Administración -al menos en tratándose, como en el caso, de una relación de empleo público- el deber de indagar por sí los extremos necesarios para arribar, como pretendería la actora según su propio planteo, a la notificación personal del interesado.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cangelosi, Juana c/ Junod, Jorge M. y ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

El artículo 354 del ritual, en su inciso 2°, dispone que el accionado al contestar la demanda debe especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa, a la par que, por remisión que en su inciso 3° hace al artículo 330, debe designar con toda exactitud cuál es la defensa que esgrime, a cuyo respecto aquéllos sólo habrán de constituir su fundamento. No basta relatar la mecánica del accidente (que la actora "se llevó prácticamente por delante el automotor del actor"), es necesario puntualizar cuáles son las consecuencias que se quieren extraer de ese relato, determinando con toda exactitud la pretensión defensista que, a partir de él, se intenta articular (arts. 163, inc.6°, 330 inc. 3° y 354 inc. 3° del Cód. Civil).
Alimentos, alimentos futuros, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: P., P.M. c/ M., J.O. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

No resulta procedente sostener un embargo por cuotas alimentarias futuras en razón de que la indisponibilidad de un bien -en el caso un inmueble- debe sustentarse, a fin de no afectar el derecho de propiedad, en la existencia de una obligación exigible a la fecha en que se peticiona tal medida y no en una conjetura acerca de la conducta futura del alimentante.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIOVANINI, VITO c/ CABAÑA SANTA LUCIA Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-22

Un testimonio tiene eficacia cuando se refiere a los hechos relevantes del pleito de los que el deponente ha tenido directa percepción sensorial. No vale lo que sabe "de oídas", es decir, vinculado con manifestaciones de otras personas, sean éstos terceros o las propias partes del juicio.
Procedimiento laboral, rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: MALDONADO DE NAVARRO, Teresa Francisca c/ GARIGLIO Gloria C. de s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-11-28

Frente a la rebeldía del demandado, la actora no queda relevada de una mínima prueba de, por lo menos, haber prestado servicios para poner en marcha las presunciones de la ley laboral, ya que ella no implica que deba admitirse sin más las afirmaciones de la actora y la condena al rebelde. La condena al remiso no puede fundarse en su sólo silencio, sino en el ajuste de los hechos al derecho aplicable.

En virtud del principio de la verdad real en el proceso laboral, el art. 36 del Código Procesal Civil debe interpretarse su consonancia con el art. 356 inc. 1º del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, nulidad del acto administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, proceso penal, sentencia absolutoria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Greco, José L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Posee un fundamento sólo aparente la sentencia de la corte provincial que desestimó la pretensión de nulidad de las resoluciones por las que se dejó cesante al actor, omitiendo hacer mérito de los efectos de cosa juzgada que posee la absolución del accionante en una causa penal.
Proceso contravencional, actos y diligencias procesales, domicilio constituido, validez de los actos procesales, deberes del juez, facultades del procesado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SINEIRO, Gisella Laura(BONPLAND 2371) s/ s/ Infr. Ley 255- Apelación-Incidente de falta de acción por prescripción en autos 255- Apelación-Incidente de falta de acción por prescripción en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

La Ley de Procedimiento Contravencional local exige que el imputado constituya domicilio procesal en su primera presentación ante el Juez o el Fiscal dentro del ámbito de la ciudad, donde se consideran válidas todas las citaciones y notificaciones (art. 12, L.P.C.).

Bajo este mismo enclave normativo puede optar por un abogado de la matrícula o hacerse asistir por defensor oficial, de lo contrario el Juez o el Fiscal según el caso, deberá dar intervención a éste último (art. 3, L.P.C.).

La elección del lugar donde ha de fijarlo queda librada al arbitrio del interesado, tan es así que la calificación de aquél como constituido subsistirá para todos los fines legales hasta la terminación del proceso mientras la imputada no constituya otro. Ello así por cuanto, este acto procesal depende, en primer término, de la voluntad del interesado y sólo en su defecto -cuando éste no lo indique-, se entiende por tal el de su asistente de confianza o defensor oficial, según el caso (art. 12 "in fine" de la L.P.C.).
Suspensión del juicio a prueba, gravedad y repercusión social del hecho, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela Roa, Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-27

Corresponde anular la decisión del a quo, puesto que al momento de analizar si correspondía o no el otorgamiento del instituto, realizó una somera mención a la situación personal del encartado centrando su posición en el hecho de la posible condena de ejecución condicional que podría recaer en autos, sin hacer mención alguna o analizar la concreta gravedad de la imputación que pesa por sobre el imputado.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia vinculante, Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., M. E. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-24

Sin perjuicio que hay unanimidad (explícita o implícita) en los votos precedentes en torno al "efecto" -nulidad y reenvío- de la anterior decisión de esta Corte Suprema de Justicia, no la hay en relación a si en ella se emitió -también- "doctrina constitucional aceptada" de "fatal acatamiento" por parte del Tribunal al que tocó nuevamente decidir ; en efecto, en el voto del señor Ministro preopinante, no sólo se hace mención al efecto "vinculante" de la aludida "doctrina constitucional aceptada" en sentido "vertical" (es decir hacia el Tribunal de segunda instancia al que se "reenvía" el caso para que sea decidido conforme la directiva emanada) sino, incluso, en sentido "horizontal" (esto es, para todos los integrantes de éste Alto Tribunal, incluso para aquellos miembros que votaron en disidencia). Es que, por el "efecto horizontal" del "auto-precedente" de marras,que hace "cosa juzgada" tanto para los magistrados intervinientes cuanto para las partes involucradas en el presente amparo me veo "obligado" a no poder apartarme de la tesis "legal" que hizo allí "mayoría y tiene los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 7055. CSJStaFe "Gazquez" (AyST101, pag 315) DOCTRINA: Aarnio, Aulis, "Lo racional como razonable", Ed. Centro de Estudios Constitucionales Madrid 1991, pág. 126)
Reajuste jubilatorio, competencia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

La ampliación de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en su momento pudo ser considerada una venta a para los beneficiarios del sistema previsional, ha derivado con su aplicación en el tiempo en una clara postergación injustificada de la protección que el Estado debe otorgar a los jubilados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COMUNA DE GRUTLY c/ GODDIO, ERIKA LORENA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12

La presente queja debe ser desestimada, en tanto el impugnante desde su propia óptica -expuesta ya en la instancia ordinaria y que mereció adecuada respuesta por parte del Órgano jurisdiccional interviniente, aún cuando no lo conformara- procura en realidad reabrir el debate sobre la supuesta inadmisibilidad de la vía incidental para discutir la nulidad del procedimiento de un fallo de apremio con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal, temática propia del derecho procesal, de corte local y que, conforme reiterada jurisprudencia de este Cuerpo y del Alto Tribunal de la Nación, resulta en principio insusceptible de revisión mediante la vía aquí intentada.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa María Mónica c/ Botontel S.R.L. s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 095)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-17

La comunicación del distracto es un acto jurídico unilateral recepticio, significando esto que la decisión la toma una de las partes, y ésta surte efecto cuando es notificada al otro contratante.-
Beneficio de litigar sin gastos, acceso a la justicia, igualdad ante la ley, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Mariuz, Omar y otra c/ Venturuzzi, Pablo Adrián y otros s/ Declaratoria de pobreza
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-17

El beneficio de litigar sin gastos, beneficio de pobreza o declaratoria de pobreza, es la exención provisional de las costas procesales a favor de una parte carente de recursos. Su objeto es facilitar, por causas sociales, la utilización de órganos jurisdiccionales, cuando debería prescindirse de ellos por falta de medios, en razón de las inevitables costas, consideradas aún en los litigios menores. Su causa se encuentra en que el acceso a las instituciones no puede ser un "privilegio de ricos". Esta institución es una de las que tiende a hacer efectiva la garantía de la igualdad ante la ley, consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional, pues frente a la necesidad de defender judicialmente un derecho subjetivo, la condición de inferioridad económica de su titular le impediría utilizar el proceso para obtener la actuación de la ley; en esta forma, el beneficio de litigar sin gastos tiene una verdadera función cautelar al remover aquel obstáculo dañoso, mediante observancia del principio de igualdad de las partes en el proceso.

El art. 1109 del derogado C.P.C. de la Pcia. de Córdoba (bajo cuya vigencia se promovió la presente petición), disponía que para ser declarado pobre bastaba acreditar que no se poseían bienes por mayor cantidad de treinta mil pesos (moneda nacional), ni un ingreso mensual de tres mil pesos moneda nacional, y que en este cálculo no se tomaría en cuenta la cosa litigiosa. Esta norma era distinta al art. 78 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que no pone un límite numérico a la concesión del beneficio, sino que lo deja librado al prudente criterio judicial, disponiendo la última parte de la norma legal citada que no obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionante lo indispensable para procurarse la subsistencia, cualquiera fuera el origen de sus recursos.

El art. 101 del C.P.C. vigente (Ley 8465) dispone en términos parecidos a su similar nacional que no obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurar su subsistencia y la de quienes dependan de él, cualquiera fuera el origen de sus recursos; lo que la ley requiere, incluso con el anterior C.P.C., según interpretación prácticamente unánime, que acceda al beneficio "quien teniendo para vivir no tiene para litigar". Al respecto se ha de juzgar todo su patrimonio, y no solamente su disponibilidad de efectivo. De lo contrario habría que caer en el absurdo que si una persona es titular de un cuantioso activo, pero carece de efectivo igual habría que concederle dicho beneficio. Por ello, el actor debe desprenderse de parte de sus bienes si ello es necesario. Lo inmoral sería otorgar la exención a quien es solvente.
Impuesto a las ganancias, retroactividad de la ley, principio de legalidad, evasión fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: OSCAR LANFRANCHI S.A.C.I Y A.G s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

El único supuesto en que la ley 21.894 proyecta influencia retroactiva a las variaciones patrimoniales tiene carácter punitivo (art. 1, inciso 5), en tanto exige un "propósito de evasión"; ello impide efectuar cualquier extensión analógica de dicho supuesto taxativo, en atención al principio constitucional de legalidad (Disidencia de los Dres. César Black y Carlos A. Renom).
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), defensa en juicio, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA c/ CABRERA, MARIA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-14

La garantía de defensa en juicio solo exige que el litigante sea oído, y su efectividad no depende del numero de instancias que las leyes establezcan, pues la doble instancia no es requisito constitucional de tal garantía, aunque la integre, cuando esta instituida por la ley (fallos 301:1066; 302:1415; 307:966, y muchos mas). La diferenciación de los procesos según su importancia económica y, consecuentemente, la posibilidad o no de recurrir a la alzada, no viola el principio de igualdad ante la ley, en tanto a los juicios que integran cada categoría se les apliquen las mismas pautas valorativas a efectos de considerar la posibilidad de recurrir. Máxime, si el recurrente no controvierte que el monto del proceso resulta inferior al necesario para la concesión del recurso, que debe ser considerado individualmente en tanto la norma que veda la posibilidad de acceso a segunda instancia no contiene previsión que admita interpretación en contrario.

(En la especie, se desestimó la queja).
Tratados internacionales, recursos, sanciones administrativas, ejecución de resolución administrativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LABORATORIOS SHABBA S.R.L. s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

Si bien es cierto que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8, inc. 2, ap. h), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14, inc. 5) establecen el derecho a recurrir, como regla general limitan este derecho con relación a los fallos dictados contra las personas inculpadas de un delito o declaradas culpables por aquel pronunciamiento, pero por aquellas normas no seestablece el derecho de recurrir ante fallos condenatorios por la comisión de infracciones administrativas (CSJN-Fallos 323:1787 y 325:2711) y, menos aún, en el caso de resoluciones interlocutorias dictadas en el trámite de la ejecución de aquella sentencia (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).-
Monto de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

En la determinación del monto de la pena por tormentos agravados cometidos por los policías y militares, constituyen circunstancias agravantes la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y del peligro causado, el grado de participación que tomaron en el hecho y las circunstancias de tiempo, lugar y modo de producción del hecho, como pautas objetivas, y los motivos que los llevaron a delinquir, las condiciones personales, la conducta posterior al hecho como pautas subjetivas. (del voto del en disidencia parcial Dr. Juan Carlos Gemignani)
Daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Boston Compañía Argentina de Seguros SA c/ Brun, Oscar Omar y-o Quien Resulte Responsable s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

La jurisprudencia ha establecido como principio general que, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, de origen contractual o extracontractual, las costas integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere en su totalidad. Son gastos necesarios que el damnificado se ha visto obligado a efectuar para obtener el reconocimiento de su derecho. Es decir, las costas conforman un daño que el responsable también debe soportar; por ello cabe imponérselas a éste.