marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extradición, tratados internacionales, acto de entrega, Estado requerido, opción de jurisdicción
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El ejercicio en favor del nacional, de la facultad de que goza el estado requerido de no entregarlo (parágrafo 1 del art. I del Tratado de Extradición con el Brasil lley 17.272]) no tiene por consecuencia la suspensión de la ejecución - o el incumplimiento - de la sentencia que resuelve extradir al reo, sino la no concesión de la extradición.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mejoras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaggero, Ricardo c/ Ortiz, Demetrio Eduardo y/u ocupantes s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

Calificar a las mejoras introducidas al inmueble constituye una cuestión de hecho.
Abuso del derecho, dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rius, Ricardo Luis. s/ Abuso del Derecho.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-12

La prevalencia del art. 1071 CC, como llave maestra del ordenamiento , encuentra pocos ejemplos en donde su operatividad sea tan clara y util como cuando se rechaza la pretensión del recurrente que persigue que se condene a la demandada a la remoción de una alameda plantada a menor distancia que la establecida por el art. 2628 CC, sin demostrar que las mismas le causen daño o perjuicio.
Acción de amparo, lesiones, daño actual
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La acción de amparo supone la concurrencia de una lesión manifiesta o evidente y la consumación o inminencia de producción de un daño de tal gravedad, que implique la afectación de un derecho constitucional. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Contrabando, estupefacientes, prevención, AFIP DGA, pericia química, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: KNOPFEL, FRITZ s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de nulidad promovido por  el defensor oficial, Causa: 37169.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-04

1 - Corresponde confirmar la resolución que no hace lugar a la nulidad planteada si no se advierte que los funcionarios intervinientes se hayan excedido en las facultades conferidas por el art. 184 CPP, norma de la que surge que la prohibición de recibir declaración, la facultad de formular preguntas para constatar la identidad y el deber de dar lectura de los derechos y garantías, presuponen la existencia de un "imputado"52 - Tal calidad deriva de los resultados de la revisación del equipaje lo cual permitió al personal del Departamento de Drogas Peligrosas de la Aduana presumir con fundamento que estaban frente a la posible comisión de un delito, momento a partir del cual y comprobada dicha circunstancia, dicho personal no recibió declaración del pasajero saino que procedió a proporcionar al imputado la información del Art. 184, inc. 9, del Código procesal penal.- 3 - No puede prosperar el planteo de nulidad de la prueba pericial practicada sobre la sustancia que impregnaba la ropa del imputado por el hecho de que no se menciona el nombre del perito químico que la realizó porque el CPP no preve la sanción de nulidad para tal situación, siendo que se identificó debidamente sin posibilidad de equívoco al servicio técnico que intervendría.- 4 - Con respecto a la notificación de la pericia efectuada, si bien el CPP sanciona con nulidad su omisión, no establece ningún plazo para que se concrete tal anoticiamiento, por lo que la clausura de la instrucción marcará dicho límite. Máxime teniendo en cuenta que la defensa se anotició del examen pericial cuando el Fiscal requirió la elevación a juicio, y que, en su momento la misma omitió objetar.
Recurso de apelación (procesal), querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNI SERGIO ALEJANDRO s/ INFRACCION ART. 266 Y 268 DEL CODIGO PENAL ARGENTINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-19

El agravio de legítima el ataque, debe surgir en forma clara y de la confrontación entre las pretensiones de la parte y lo concedido por el juzgador. En la especie al no desplegar la querellante la actividdad requerida por el mecanismo procesal previsto en el art.

441 del C.P.M.P. la producción del gravámen que legitima su acción recursiva, no se ha verificado, razón por la que el recurso deviene mal concedido y así debe declararse. La producción del agravio que confiere procedibilidad al recurso de apelación deducido contra el auto que dispone el sobreseimiento está condicionada a la circunstancia de que en la oportunidad procesal adecuada, el recurrente hubiere sustentado su pretensión, evacuando la vista conferida en cumplimiento de lo establecido por el C.P.M.P. art. 441 primer párrafo.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sena, Mariano Ricardo c/ Acosta, Catalina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si al entablarse un incidente de caducidad de instancia el actor planteó la perención del mismo, el juzgador viola el art. 163 inc. 6 del C.P.C.C. al resolver el mencionado incidente sin atender a esta última petición, cuestión que tenía prelación.-
Seguros, derechos del asegurador, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS      EXPTE NRO 286-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-30

El artículo 84 de la ley 17418, al excluir de la obligación del asegurador de notificar al acreedor prendario en el caso de que del siniestro sólo deriven reparaciones, persigue en esencia, proteger al acreedor con garantía real en los supuestos de pérdida de la cosa asegurada -robo o destrucción total-.

El asegurador nada debe notificar en aquellos siniestros parciales de los que sólo derive una obligación de reparar.
Regulación de honorarios, aplicación errónea de la ley, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FEDERACION ECONOMICA DE CATAMARCA c/ EDECAT s/ ACCION DE AMPARO JUDICIAL DE INTERESES DIFUSOS O DERECHOS DIFUSOS S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-19

En relación a la errónea aplicación de la ley alegada por el recurrente en el fallo de grado al regular sus honorarios profesionales no se advierte individualizado ni desarrollado el agravio, pues solo se limita a citar las normas y transcribir el texto de las que, a su criterio, debieron regir la regulación, pero omite expresar por qué razones no correspondían las aplicadas en el fallo, cómo variaría la solución, cuál sería la influencia en el resultado, y cu l es el perjuicio causado.

Es sabido, que: "Para la viabilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, es preciso que quien se queje demuestre en forma clara de qué manera los textos legales que cita han sido violados en el caso concreto, y cómo habría influido para torcer la solución a que arriba el fallo".

En consecuencia, debe rechazarse el recurso de casación por esta causal, por resultar insuficiente.

Del voto del Dr. Oviedo- Según su Fundamento
Servicio militar, accidente de tránsito, accidente in itinere
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Falcón, Héctor Gerardo c/ E.N.   E.M.G.E. s/ Cobro de Haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-14

Cuando el ex soldado conscripto llegó sin novedades a su domicilio termina allí la responsabilidad del estado por su integridad respecto de los accidentes que deben ser considerados como producidos "in itinere". Los episodios posteriores, dolorosos por cierto, no tienen, por lo tanto, entidad para responsabilizar al estado.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barrera, Nazario c/ Municipalidad San Vicente s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-10

La única causa que provocó las lesiones y padecimientos de la demandante ha sido la explosión de un artefacto de pirotecnia en sus manos, sin que la eventual dilación en la actuación de los médicos hubiera incidido en la producción o agravación de la secuelas incapacitantes y del daño moral (arts. 375, 384 y 474 del CPCC). No se configuran en el caso los presupuestos necesarios, concretamente, no se encuentra demostrada la relación de causalidad adecuada entre el obrar de los profesionales y del Municipio accionado y los daños cuyo resarcimiento se reclama (art. 901 del C.C.; art. 375 y 384 del C.P.C.C.).
Delitos contra la seguridad pública, tenencia de armas, tipo penal, tenencia ilegítima de armas de guerra, personal policial, policía
Materia: PENAL
Carátula: M., M. R. psa abuso sexual, coacción y extorsión - Trelew c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-05

"...En los delitos de peligro abstracto lo que sucede es que, en el caso concreto... sólo tendrá relevancia procesal la situación de que esa posibilidad de peligro nunca se hubiera podido concretar (no la lesión), como cuando el arma de guerra no es apta para el disparo...".
Recurso de revisión (procesal), recurso de apelación (procesal), recurso directo
Materia: PROCESAL CIVIL-PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CONDECOR  S.A.  COMPAÑIA FINANCIERA s/ QUIEBRA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-02

La inapelabilidad dispuesta por al ley (art. 296 inc. 3ro. ley 19551) no opera de hecho ni por el solo imperio de la ley sino que debe ser declarada en último término, por un tribunal de apelación, que en más de un caso, podrá abrir la vía recursiva, ante la implicancia excepcional que puede tener el agravio que se ocasione.

En principio, el auto que declara bien denegado este remedio procesal, puede ser atacado por la vía de revisión.-
Constitución Nacional, derechos subjetivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ COTI LIMITADA COOPERATIVA DE TRANSPORTE s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-29

El reconocimiento que la Constitución hace de los derechos subjetivos faculta al titular de éstos a recurrir a la justicia para exigir el cumplimiento de la prestación (acción u omisión) que es la sustancia de su derecho, siendo esta capacidad de poder requerir coactivamente el respeto de un derecho la operatividad de la respectiva cláusula constitucional.
Derechos de importación, pérdida parcial de mercaderías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAN AMERICAN WORLD AIRMAYA INC. Y OTRO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Resulta inconducente entrar a considerar si los derechos debidos constituyen una "sanción pecuniaria" al decir de la apelante, ya que el texto de la ley es claro en cuanto a que no habiéndose verificado los supuestos sancionados en la norma pero sí una diferencia respecto del manifiesto, "se cobrarán derechos como si la mercadería se hubiese introducido a plaza" (art. 155 de la ley de Aduana t.o.

1962 y sus modif.).
Interpretación de la constitución, fiscal de Cámara
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ REGA, JOSE c/ IBARRA, ANIBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-29

No cabe una interpretación extensiva de las cláusulas constitucionales que establecen un privilegio funcional, interpretación que tampoco fluye de la jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual a los fiscales de Cámara deben aplicársele todas las prerrogativas legales inherentes a su investidura, sin referirse a aquellas que surgen expresamente y directamente de la Constitución.
Responsabilidad solidaria, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: A., S. F. c/ H. E. S.R.L. y/o N. T. SRL y/o I. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

Para que la procedencia de la condena solidaria, sea con fundamento en la intermediación o en la subcontratación reguladas en los artículos 29 y 30 de la ley 20.744, es esencial que el trabajador acredite el cumplimiento de tareas en forma efectiva y en beneficio de aquel cuya solidaridad se reclama.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, remisión del expediente, facultades jurisdiccionales, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. V., L. N. c/  s/ homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género, y c/ C., H. E. (mn); C., D. R. (mn); C., I. E. N. (m.) y B. G., R. N. (m.) s/ homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género en calidad de partícipes secundarios, en p/ P., S. S. R. - piezas pertenecientes - competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-20

Cabe declarar mal planteada la cuestión de competencia -conflicto de competencia suscitado entre dos juzgados que se declararon recíproca y contradictoriamente incompetentes-, y en consecuencia, ordenar su remisión al juzgado de origen. Para decidir así, vale puntualizar que la sentencia dictada como consecuencia de los recursos de apelación, con arreglo a lo establecido por el art. 4, inc. b), de la Ley 7797, en la cual se ha llevado a cabo un pormenorizado examen y desarrollo sobre las medidas de seguridad y la competencia para su seguimiento y control según los supuestos contemplados por el art. 8 de la Ley 8097, ha puesto fin al asunto. Al respecto, es menester resaltar el postulado de pronta administración de justicia contenido en preceptos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos y la necesidad de aplicar criterios judiciales tendientes a evitar, cuando no disminuir, las contiendas entre tribunales e impedir el excesivo desgaste jurisdiccional consecuente y, por sobre todo, proporcionar una respuesta pronta y más adecuada al derecho de acceso a la jurisdicción.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RUIZ ALBERTO MARCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-31

La reposición de impuesto es un verdadero acto interruptivo, entendido como aquel que por su adecuación al estado de la causa y su pertenencia al objeto litigioso, tiene idoneidad suficiente para impulsar el desarrollo del proceso hacia su conclusión en el dictado de la sentencia definitiva.-
Derechos y garantías constitucionales, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZUCOTTI, HAYDEE c/ P.E. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

En el apropiado ejercicio de su función, el Poder Judicial debe proteger con máximo celo, el goce de los derechos individuales sin perjuicio, claro está que, al hacerlo, asuma la debida sujeción de tales derechos a limitaciones reglamentarias que, sin alterarlos, los concilien de modo razonable con los intereses y el bien público.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bisso, José Miguel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Ducis Roth, Oscar Roberto c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa Marín, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Zonaro, Luis Atilio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa García, Nélida María Lucía c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20|1991-06-18|1995-03-14|1994-12-27|1993-05-13

La movilidad de haberes y la correlación de cargos reciben sustento del principio de proporcionalidad entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del monto del haber.
Procedencia del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ T. E. H. J. c/ GCBA s/ amparo - educación - vacante c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Corresponde dar traslado del recurso extraordinario interpuesto por el abogado presentante en calidad de apoderado ya que contiene agravios, prima facie, federales. Dicho en otros términos, el art. 257 del CPCCN no prevé que el tribunal ante el que se interpone el recurso extraordinario pueda imprimirle a ese recurso un trámite distinto del allí previsto. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, medicina prepaga, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Begoña, Liliana Noemí c/ Swiss Medical SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-13

Procede hacer lugar a la caducidad de segunda instancia. Ello por cuanto, estando en vigencia la doctrina recaída en las actuaciones "Autoconvocatoria a plenario s/ revisión de la doctrina del plenario "Berardoni, Héctor C. c/ Giangiacomo, Juan y otro" -ahora dejada de lado por el nuevo plenario de esta Cámara- la recurrente contó con varios meses desde que el proceso estuvo en condiciones de ser elevado, y no instó su remisión a la alzada, pese a que no había ningún impedimento para hacerlo. Ello se afirma, teniendo en cuenta que la materia en que versó la apelación era precautoria, por lo cual se halló fuera del alcance de las restricciones a la tramitación de los procesos judiciales dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a causa de la situación epidemiológica derivada de la pandemia de coronavirus (COVID 19). En consecuencia, la inacción de la recurrente convence de la conclusión anticipada en el sentido de admitir la perención de la segunda instancia.
Indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: CONDORI, JOSE JACINTO c/ MEYER, MARCELO HERNAN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

Cuando la extinción del contrato mediando preaviso suficiente, no se produce el último día de un mes, no hace procedente la integración del mes del despido porque esta integración forma parte de la indemnización sustitutiva del preaviso omitido, y si este existió válidamente no existe causa legal para su reclamo (artículos 232 y 233 Ley de Contrato de Trabajo).
Beneficios previsionales, jubilaciones, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Heffner,  Susana  Delia c/ ANSeS s/ restitución de  beneficio cargo c/ beneficiario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Aun cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder para que no se desnaturalicen los fines superiores que fundan las leyes respectivas, no cabe admitir que se realice una valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que equivalga a prescindir de sus términos, lo que ocurre cuando se desconocen los preceptos que regulan la compatibilidad entre la percepción del beneficio por invalidez y la realización de actividades remuneradas.
Falta de legitimación para obrar, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHEIN, GRACIELA CRISTINA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ INDEMNIZACION (DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Tampoco es factible asentar la reparación en un obrar legítimo del Estado, pues a la inversa de aquello que sucede en otros supuestos, no existe en este caso norma alguna que legitime una reparación sin que medie responsabilidad.
Fraude a la Administración Pública, víctima del delito
Materia: PENAL
Carátula: A., O. s/ Fraude en perjuicio administración pública (Expte Nº 236-99,  Resolución Nº  12, Tomo 6, Folio 378)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-13

Aunque quizás no sea de la esencia misma de la actividad pública la conocida en la causa, ello no quita nada a que el perjuicio lo sufrió la administración pública como tal, si la relación que diera lugar a la actividad en la que el imputado recaudaba el dinero que se le reclamara, se estableció entre él y la Caja de Asistencia Social de la Provincia de Santa Fe, esto es, con un organismo público.
Sociedades comerciales, remuneración del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A. BGAS. Y VDOS. POTENZONI LTDA. s/ CONCURSO PREVENTIVO-RECURSO DE REVISION D/ALBERTO N. HERRERA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-10

Se ha establecido por la doctrina y jurisprudencia el alcance del art. 261 de la Ley de Sociedades al respecto de la remuneración.

El estatuto podrá establecer la remuneración del Directorio (primera parte del art. 261 LS), de los cual se infiere que: la facultad de establecer estaturiamente la remuneración del directorio, no significa la posibilidad de la gratuidad de la función directorial, sino que, de no hacerlo el estatuto social, indefectiblemente debe fijarla la Asamblea, o el consejo de vigilancia en su caso.

La remuneración de los directores, al ser establecida en el estatuto social, expresara con certeza su alcance y de ninguna manera podrá ser opuesta al régimen limitatorio estipulado en los párrafos 2 a 4 del articulo 261. El estatuto al establecer la remuneración, expresara la modalidad retributiva, sin que ello suponga necesariamente, fijar su cuantía, pero si la forma y monto de la retribución están fijadas en el estatuto, las asambleas deben ajustarse a ellas.

La remuneración fijada estatutariamente puede ser modificada en tanto se reforme previamente el estatuto social, siendo eficaz respecto a los directores elegidos con posterioridad.

Nuestra doctrina y jurisprudencia administrativa sostenían que razones jurídicas y éticas, se oponían a que los directores pudieran fijar ellos mismos la remuneración por la función desempeñada. Actualmente son validas las mismas consideraciones, se entiende que si el estatuto, asamblea o consejo de vigilancia, en su caso fija una retribución global el directorio puede establecer el monto que corresponde a cada uno de sus integrantes.
Libertad de expresión, funcionarios públicos, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por quien se ejerce una función pública -en el caso, presidente del directorio de obra social estatal-, si no se advierte prima facie un ejercicio abusivo del derecho a expresar las ideas respecto de las personas que allí las vierten y que conlleve diatriba o amenaza para el mismo, constituyen consideraciones cuyo tenor y contenido, el funcionario debe tolerar. Tampoco bajo el amparo del instituto preventivo del daño se puede cercenar la libertad de expresión de los ciudadanos y/o de quienes revisten la doble condición de afiliados cuyos aportes mensuales en un tema tan caro a la vida del ser humano, como es la salud, y cuya administración es realizada por quien voluntariamente se ubicó en dicho lugar.