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Abuso sexual, recurso extraordinario, cuestión federal, falta de fundamentación suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C.A.F. s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Pedro J. Vélez contra Sentencia Nº 57/11 de Expte. Corte Nº 14/12 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez (...) - C.A.F. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Comisión de dos o más personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-11

La Cámara Penal condenó al imputado C. a sufrir la pena de diez años de prisión como coautor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de dos o más personas (art. 119, 3º párrafo en función del 4º párrafo, inc. "d" del C.P.).

Contra de esa resolución, el defensor del imputado, había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

El recurrente invoca, a título de agravio, la arbitrariedad de la sentencia por la errónea aplicación de la sana crítica en la apreciación de la prueba; por violación al principio de inocencia, del debido proceso, del derecho de defensa en juicio y de los principios in dubio pro reo y de legalidad. Pide que la Corte revoque la resolución recurrida y ordene la absolución del imputado.

Los agravios del recurrente no demuestran la existencia de cuestión federal bastante por la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad admitido por la Corte.

Por una parte, el planteo remite a cuestiones de hecho y de prueba, ajenas a la instancia extraordinaria; y el recurrente no demuestra la presentación de circunstancia alguna que justifique hacer excepción a esa regla (Fallos: 308:718; 311:1950).

Por otra parte, los argumentos recursivos fueron atendidos en la instancia anterior y rechazados con fundamentos que, en esta ocasión, el recurrente no refuta; y, con esa omisión, no resulta satisfecha la exigencia de fundamentación suficiente (art. 15 de la ley 48; inc. "d" de la Acordada Nº 04/2007).

De tal modo, el discurso recursivo sólo reitera el desacuerdo del recurrente con lo resuelto en la sentencia apelada, sin demostrar la irrazonabilidad que afirma de lo decidido por su desarreglo con la prueba incorporada al juicio, por la valoración inadecuada de la prueba invocada en sustento de lo resuelto o por la omisión de consideración de prueba relevante.

En esas condiciones, los argumentos presentados no ponen en evidencia la grave contradicción denunciada entre lo resuelto y las normas constitucionales indicadas como vulneradas.

Así las cosas, el recurso carece de idoneidad a los fines de suscitar la intervención de la Corte suprema, prevista por la vía intentada, no para superar las meras discrepancias de las partes con lo decidido por los jueces, sino para asegurar la primacía constitucional, cuyo compromiso en el caso el recurrente no demuestra.

Por todo ello, corresponde no conceder el recurso deducido dado que no media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales invocadas como vulneradas (art. 15 de la ley 48).
Administración Pública, licitación pública, contratos administrativos, cláusulas exorbitantes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DPC COMPUTACION SA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 281-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

Si bien no es decisiva la circunstancia de que a la manifestación de voluntad contractual de la Administración se arribara a través de un procedimiento licitatorio, tampoco se lo puede soslayar. El criterio selectivo del oferente -cocontratante- no resulta definitorio, pues si bien la licitación pública es un procedimiento administrativo -preparatorio de la voluntad contractual- no es "el contrato" (el que debe juzgarse por su propia esencia). En una segunda aproximación habrá de indagarse la existencia o no de cláusulas exorbitantes, es decir, aquellas inusuales o derechamente inadmisibles en un contrato civil.
Costas, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú (8) c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-25

El cumplimiento de lo reclamado por parte de la accionada lo fue después de incoada la demanda y de notificado el mandamiento del artículo 8 de la Ley 8369.

De ese modo se advierte que el actor fue llevado a litigar por su contraria y que la satisfacción posterior de su reclamo evidencia que el acudimiento a sede judicial fue necesario para lograrlo, por lo que las costas deben ser impuestas a la demandada.
Ejercicio profesional, médicos, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PARMA, RICARDO c/ ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

La accionada disiente con la conclusión de la Cámara de juzgar operativa la presunción legal del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, mas no logra rebatir los argumentos de la Sala en el sentido de que si bien en principio la actividad prestacional de un profesional liberal (en el caso un médico) supone una autonomía que permitiría descartar su encuadramiento en una contratación subordinada, eventualmente la relación entre diplomados y empresarios podría resultar alcanzada por el esquema protectorio del derecho del trabajo, encontrándose acreditada en autos la subordinación económica (a través de los pagos sucesivos y mensuales que efectuaba la demandada, que revela la apropiación anticipada de los frutos del trabajo realizado por el actor), que la demandada se hacía cargo de los gastos generados en el centro de salud y los medios materiales para llevar a cabo la asistencia médica, pesando sobre la misma todo el riesgo de la explotación;

y en cuanto a la ausencia de exclusividad del trabajo respecto de la accionada, muchas veces las necesidades económicas imponen que un trabajador detente más de un vínculo obligacional, de modo que la prestación de servicios por parte del actor en otro establecimiento tampoco resultaba suficiente para erradicar la existencia de una relación laboral.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabrera,  Sergio  Daniel s/ p.s.a.  robo calificado - causa Nº18/98 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La forma en que se llevan a cabo las notificaciones de las decisiones judiciales es una cuestión eminentemente procesal, ajena al recurso extraordinario, excepto cuando la interpretación de las normas aplicables compromete severamente la vigencia del debido proceso y la defensa en juicio (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Tarjeta de crédito, certificado de saldo deudor, pago, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Borras, Claudio Víctor s/ Tarjeta de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-01

Si la accionante ha acreditado que otorgó al demandado el uso de una tarjeta de crédito sometida a las condiciones generales y particulares del contrato, que el usuario recibió la tarjeta, que se emitió el resumen de cuenta, quién mejor que el demandado puede probar que pagó o impugnar la cuenta.

Es una aplicación errónea del principio de la carga de la prueba entender que se refiere a quien asume el riesgo de que la prueba falte, por cuanto responde a una vieja doctrina procesal hoy superada por la llamada "carga probatoria dinámica" que pone la obligación de acreditar cada hecho sobre el litigante que se encuentre en mejores condiciones técnicas, fácticas o profesionales de producirla. (Voto de la mayoría Dres. Cima y Bordenave).
Excarcelación, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: SALVATIERRA, R. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-27

Corresponde hacer lugar a la excarcelación, no obstante registrar el procesado una condena condicional no firme (un año de prisión), ya que podría ocurrir que, aún confirmado aquel fallo, también en el presente caso, atento sus características, se impusiere sanción de ejecución condicional y que, en definitiva, se dictare una pena comprensiva de aquéllas con el mismo beneficio previsto en el art.

26 del Cód. Penal.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Distelecine S.A. c/ Dicon Difusión Contemporánea S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Existe cuestión federal si se halla en juego la inteligencia de las disposiciones de la ley 23.982, que reviste aquel carácter, y el pronunciamiento impugnado fue contrario a la pretensión que la recurrente fundó en dichos preceptos.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, interpretación de la ley, decreto suspensivo del divorcio vincular, retroactividad de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: JORGE A. FERRARI HANDOY. s/ DIVORCIO  VINCULAR-  SENTENCIA-  COSA  JUZGADA-  DERECHOS Y GARANTIAS  CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Importa cuestión federal bastante para sustentar el recurso extraordinario el agravio relativo a que la ley, al menos como irrevisablemente la interpreta el a quo al establecer que la suspensión del art. 31 de la ley 14.394, determinada por el decreto ley 4070/56, alcanza también a quienes ya se hallaban divorciados vincularmente al momento de sancionarse dicho decreto ley ha incurrido en retroactividad violatoria de garantías constitucionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Mazza, Ricardo Omar c/ SNIAFA S.A.C.I.F. e I. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es inatendible el agravio destinado a cuestionar el monto de la indemnización por daños y perjuicios fijado por el tribunal del trabajo en ejercicio de facultades privativas si la proposición consiste en el cambio de una fórmula por otra más favorable a los intereses del recurrente, lo cual no pasa de ser una mera contraposición de criterio con el del sentenciante insuficiente como tal para la apertura de la instancia.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual, política educativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La sola lectura de los incs. a) y b) del art. 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no deja lugar a dudas de que lo garantizado a las mujeres es el acceso pleno a la misma enseñanza que a los varones, pero para ello no impone que tal enseñanza deba imperiosamente impartirse en el mismo establecimiento y por los mismos docentes, sino que exige la misma calidad profesional de los educadores, de los lugares y de los elementos de estudio (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Popelka, Emilio E. c/ Superior Gobierno de la Prov. de E.R. s/ Acción de amparo y su acum. "Bardisa, Dolores - Acción de amparo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-27

No surgiendo de las actuaciones la existencia de una decisión, acto o hecho concreto de la Administración susceptible de producir de modo actual o inminente la supresión o reducción de los adicionales motivantes de los respectivos reclamos actorales y que continúan percibiendo aparece ab-initio abstracto el planteo amparista sobre el particular.
Acción meramente declarativa, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Aserradero Don Adriano S.R.L. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La acción de certeza está destinada, por su índole, a agotarse en la declaración del derecho, limitación que en principio obsta a que pueda configurarse el recaudo del peligro en la demora, exigido por el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la procedencia de las medidas cautelares.
Prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: LENCINA, CLAUDIA DEL VALLE c/ VIVIENDAS GUAYMALLEN S.R.L. s/ APELACIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-30

Si bien el Juez puede prescindir de alguna de las pruebas producidas en la causa, no puede dejar de considerar aquellas que resultan conducentes y definitorias para la solución del litigio.
Usurpación de funciones públicas, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: VALDEZ, Felipe - PATURLANE, Marta Beatriz, en causa nº 167/05 (reg. C. en lo C. nº 1 - Sta. Rosa) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-11-29

El delito de usurpación de funciones "es doloso, admitiendo solo el dolo directo. Este requiere que el agente tenga conocimiento de que está ejerciendo funciones propias de otro cargo que no le corresponden" (BUOMPADRE, Jorge E. Delitos contra la Administración Pública. Ed. Mave. Buenos Aires, 2001, p. 121) y precisamente ese aspecto del dolo "cognoscitivo- es del que adoleció PATURLANE, pues no supo que estaba ejerciendo funciones de un cargo ajeno a su competencia.-
Querellante conjunto, legitimación procesal, ley sustantiva, ley procesal, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S. A., E. s-Denuncia, "Cuerpo fotocopia autos ppales s-Incidentede Reposición" s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-08

Afirmar que el querellante adhesivo puede apelar autónomamente la falta de mérito del imputado, equivale a sostener que el Código Procesal de la Provincia del Chubut otorga a un particular una legitimación extraña a la prevista en la ley de fondo, apta para obtener una condena divorciada de la acción pública. Una materia perfectamente ceñida a la jurisdicción provincial -la organización del proceso criminal- no puede invadir la competencia nacional -el derecho sustancial a vindicar el ordenamiento jurídico dañado por el delito-. ..., los jueces deben evitar constituirse en legisladores en exceso evidente de sus facultades jurisdiccionales.
Sucesiones, indivisión hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: Reobasco, Juan s/ Sucesión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Desde el momento en que se procede a la inscripción de la declaratoria de herederos y la adjudicación de los bienes que integran el acervo sucesorio, cesa el estado de indivisión hereditaria, sin que obste a ello que la titularidad de ellos resulta compartida, como resultado de la referida adjudicación.
Empleo no registrado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Achoyan,Arturo c/ T.V. Cable Sur S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Si se cumple con los recaudos del art. 11 de la ley 24.013 y se acreditó que entre las partes medió un vínculo de naturaleza laboral resulta procedente el pago de la indemnización prevista en el art. 9 de dicho cuerpo legal.
Acción dependiente de instancia privada, denuncia, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: TOBIAS Rodolfo y otro s/ ABUSO DESHONESTO CORNEJO, Víctor Gerardo s/ VIOLACION CARRO, Carlos Ceferino s/ ROBO Y VIOLACION CASCO, Gustavo s/ ROBO Y VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-02|1988-03-08|1990-02-13|1990-11-15

En los casos dependientes de instancia privada, si no se encuentra probado el parentesco entre la denunciante y la víctima de autos, no se cumplimentan las disposiciones del art. 72 del Código Penal, y ello acarrea la nulidad de todo lo actuado.
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal, resoluciones judiciales, derechos patrimoniales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rivero Ayerza, Paula Maria c/Bengolea, Luis Maria s/beneficio de litigar c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Cabe rechazar el recurso extraordinario opuesto por la Sra. Fiscal de Cámara, con base en que la resolución cuestionada vulnera el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad (CN 16, 17 y 18), así como la perspectiva de género amparada por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW-, la Convención de Belem Do Pará (ley 24632), la ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, entre otros refiere, todos ellos de jerarquía constitucional y que son de orden público. En ese marco cabe señalar que lo que aquí se ventila es una cuestión de naturaleza patrimonial entre particulares, habiéndose debatido largamente el fondo de la cuestión en los autos principales y del análisis de las probanzas arrimadas al sub lite surge que se resguardó debidamente el derecho de defensa en juicio de la parte actora y que no existe comprometido el interés público alegado. Además, tal como es sabido, la mera referencia al articulado de tratados y convenciones internacionales de jerarquía constitucional que se habrían violado, sin referencia a lo concretamente decidido en la incidencia, tampoco resulta suficiente para habilitar el remedio federal intentado.
Contrato de trabajo, preaviso, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Zavala,  Gustavo  Martín c/ Estudio Jurídico e Inmobiliario S.A.EJISA               y               otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-24

Durante el preaviso subsisten todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato de trabajo (conf. art. 238 L.C.T.). En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de las partes transforma el despido incausado, avisado por el empleador, en una ruptura con causa si durante ese lapso se infiere una injuria que reúne los requisitos del art. 242 L.C.T. y autorice a la parte a denunciar el contrato sin necesidad de que se complete el plazo del preaviso faltante. Así, comunicado el preaviso, y no habiéndose presentado a laborar el trabajador en el plazo indicado, quedará incurso en abandono de trabajo, no procediendo por parte del empleador el pago de las indemnizaciones legales por despido incausado.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CABALLERO, Jorge Horacio en representación de su hija M.L.C c/ IOSPER s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-18

Sabido es que la omisión de una expresa manifestación de las razones en que se funda el recurso apelatorio, en modo alguno perjudica en la especie la viabilidad de la impugnación articulada, toda vez que la ley no exige al recurrente una explícita expresión de agravios e instituye la posibilidad de hacerlo como una mera facultad de las partes, lo cual no impide ni limita, en estos supuestos especiales, el conocimiento pleno del asunto por parte del Tribunal de Alzada y, no obstante la existencia de casos -como el sub examen- en los que resultaría importante contar con una guía mínimamente indicativa de los concretos motivos de la disconformidad de la parte recurrente que impulsan su voluntad impugnativa y su interés en la reversión del acto atacado, debe el ad quem efectuar igualmente una genérica revisión ex officio de lo actuado y decidido en la instancia anterior.-
Sanciones administrativas, plazos administrativos, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ MIGUEL ALBERTO c/ BANCO DEL TUCUMAN S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22

Teniendo en consideración que última sanción aplicada al actor es la de suspensión de 25 días (inciso d) del artículo 54), la comisión de la nueva falta debe producirse dentro del plazo 48 meses para que se opere la reincidencia. De la literalidad del texto transcripto - artículo 59 del Reglamento del Personal del ex Banco Provincia- surge sin hesitación que el plazo de 48 meses debe computarse a partir de la fecha de la sanción. El texto normativo resulta lógico.

Si no se investiga y sanciona, no puede predicarse existencia de falta a partir de la cual considerar la existencia de reincidencia.

Eventualmente podrá existir reiteración pero en modo alguno reincidencia. Además, adviértase que es el tipo de sanción, la que determinará en su caso si, cometida una nueva falta, la reincidencia se operará si ella ha ocurrido dentro de los 24 o 48 meses. Por último, conviene poner de relieve, que sólo puede válidamente configurarse la situación de reincidencia cuando existe una falta anterior debidamente comprobada, sancionada y firme.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, errónea apreciación de la prueba, fundamentación del recurso, fundamentación errónea
Materia: CIVIL
Carátula: Dacca, Néstor Alberto Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

En autos, el casacionista no formula correctamente su queja, ya que si bien invoca violación a los arts. 56 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, en realidad lo que cuestiona es la base fáctica tenida en cuenta por el mérito al resolver, incurriendo en un insalvable error de técnica recursiva. Es así que al invocar la transgresión al art. 57 de la ley, en realidad sólo critica la valoración que el a quo otorga a la prueba documental, e intenta demostrar que el demandante en realidad se desempeñaba como Gerente de Planta, y no como Subjefe de Producción y Personal, tal como lo consideró el mérito.
Tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, tratados internacionales, interpretación de la ley, extradición
Materia: PENAL
Carátula: Curuchaga, Roberto s/ solicita arresto preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La dualidad típica que el delito de tráfico podría encerrar queda desvirtuada ante la regla de interpretación que establece el art. 36, párrafo segundo ap. a, inc. i, de la Convención Unica de Estupefacientes (Ginebra, 1961), enmendada por el Protocolo de Modificación de 1972 -incorporados a nuestra legislación por el decreto-ley 7672/63 y por la ley 20.449- de donde surge que los delitos allí enumerados deben considerarse como infracciones distintas si son cometidos en diferentes países ya que ambas acciones -exportar e introducir- lesionan ambos ordenamientos y tienen distintos momentos de consumación, aun cuando puedan resultar de un único designio.
Intereses, tasas de interés, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonet, Mario Armando c/ La Primera de Ciudadela S.A. Línea 289 s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La determinación de la tasa de interés reviste significativa trascendencia para el desarrollo del crédito y la seguridad jurídica.