Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-18


AUTOS N° 117899 (9° JUZ. CIVIL) (SALA III 11004) "FUNES Maria Clara y Otro C/ Sánchez Dalinda Teresita - Obligación de Otorgar Escritura Pública" ///Juan, a 18 días del mes de Abril de dos mil trece.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido a la demandada Dalinda Teresita Sánchez a fs. 123, contra la resolución de fecha 18 de noviembre del año dos mil once, obrante a fs. 113/118 de estos autos.

CONSIDERANDO: La Sra. Juez sentenciante resolvió: I- Rechazar la excepción de falta de personería opuesta por la demandada. Costas a la excepcionante vencida. II- Admitir la citación como terceros de la Municipalidad de Rivadavia como tercero obligado. La citación deberá efectuarse mediante cédula, con las copias de la demanda, de la contestación y de la presente resolución. Se fija el plazo de diez días para la presentación a juicio del tercero. El citante deberá acreditar dentro del plazo de quince días, contados desde la notificación de la presente, haber realizado las notificaciones al tercero, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido automáticamente del pedido de citación. El proceso se suspende hasta la comparencia del tercero o hasta el vencimiento del plazo señalado para comparecer. Costas a la actora vencida. III- Regular los honorarios de la Dra. Azucena Jofré, por su actuación profesional en doble carácter, como vencedora, en la excepción de falta de personería, en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500); y como vencida respecto del incidente de citación de tercero, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350). IV- Regular los honorarios del Dr. Ignacio Sánchez Gutiérrez, por su actuación profesional en carácter simple, como vencido respecto de la excepción de falta de personería, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250); y como vencedor respecto del incidente de citación de tercero, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350). V- Diferir el tratamiento de la falta de legitimación activa y su imposición de costas para el momento de resolver en definitiva. Protocolícese, hágase saber y dese copia. (sic).

Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso de apelación a fs. 122, que concede a fs. 123. Expresa agravios a fs. 141/159, los que fueron respondidos por la parte actora a fs. 161/167. La recurrente hace reserva de los recursos previstos en la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.

La sentencia apelada -transcripta en su parte resolutiva- causa agravios a la demandada en cuanto rechaza la excepción de falta de personería opuesta por su parte, le impone las costas y regula los honorarios profesionales. Dichos agravios, se resumirán de la siguiente forma:

I) Critica la sentencia que considera saneado el defecto de falta de personería aún antes de que su parte lo señale como fundamento de su defensa excepcional; postula que dicho defecto ha sido reconocido por la propia actora no obstante lo cual, el juzgado lo ha subsanado y tenido por ratificada toda la gestión de la Dra. Jofré en favor de la Sra. Funes, conforme los argumentos que largamente expone según lo acontecido en la causa y fundamentos jurídicos y doctrinarios en los que basa su postura procesal. A partir de ellos, concluye expresando que el poder otorgado a la Dra. Jofré, resulta insuficiente para actuar en nombre y representación de la Sra. Funes en tanto no consta en autos, a la fecha dice, escritura alguna de las que emanen las facultades de dicha letrada.

Dentro este esquema impugnativo propuesto, también le causa agravio la imposición de costas dispuesta a su cargo y la regulación de honorarios efectuada en favor de la Dra. Jofré considerando su actuación en doble carácter. Para sustentar esta crítica, refiere nuevamente a los argumentos expuestos precedentemente para cuestionar la personería invocada en favor de dicha letrada, agregando en esta oportunidad que esa actividad profesional, ha sido desarrollada como patrocinante.

II) Este aspecto de la impugnación, es señalado por la recurrente como segundo agravio del cual deriva también su crítica hacia la regulación de honorarios de la Dra. Jofré por entender que la participación de ella, queda reducida a la labor de patrocinante y no como apoderada de la Sra. Funes.

Por último, se agravia del punto V) de la sentencia que resuelve diferir para la oportunidad de emitir el pronunciamiento definitivo, la excepción de falta de legitimación activa y las costas correspondientes no obstante reconocer la Sra. Juez sentenciante que las partes han dejado pendiente un reclamo administrativo hasta que la Municipalidad de Rivadavia conteste los respectivos informes. Con ello, entiende que no se encuentra expedita la vía para el inicio de esta acción.

En la contestación de traslado que obra glosada a fs. 161/167, la parte actora solicita el rechazo de los agravios propuestos en razón de que la cuestión planteada como sustento del recurso, resulta ser de carácter formal y no sustancial. Sobre esa base, alega respecto del principio de saneamiento o expurgación, que dice resulta aplicable conforme la doctrina y jurisprudencia citada.

Entrando al tratamiento del recurso traído a estudio, en primer lugar destacamos que en razón de la íntima vinculación que tienen los agravios propuestos a los puntos I y II, serán tratados en su conjunto puesto que la eventual admisibilidad del primer agravio, tiene directa ingerencia en el resultado del segundo.

Doctrinariamente se sostiene que la defensa excepcional denominada falta de personería, "es el instrumento que tienen los litigantes (actor como demandado) para evidenciar un obstáculo o impedimento sobre la representación invocada por la contraria, cuando aparezca una inexistencia o insuficiencia de la representación invocada por la otra parte, bien sea por la capacidad civil o por la mera representación. Es traspolar o proyectar al derecho procesal la capacidad regulada por la Ley de fondo. La capacidad para ser parte es distinta de la capacidad procesal (ad processum), que supone la aptitud legal para ejercer actos procesales, La capacidad para ser parte es la capacidad de derecho en la legislación de fondo. Es la aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales. Todas las personas gozan de esta capacidad; en tanto las personas físicas (desde su concepción en el seno materno), como las personas ideales, sean de derecho público, sean de derecho privado. Por el contrario, la capacidad procesal está relacionada con la capacidad de hecho. Es la aptitud para poder realizar, ejercitar, obrar, con eficacia actos procesales de parte". (cfr. Jaime Velert F. y colaboradores, Código Procesal Civil y Comercial de San Juan, t° 2-B, pág. 592, Ed. Nuevo Enfoque).

Nuestro ordenamiento procesal local, la ha concebido en lo dispuesto por el art. 309 inc. 2° y dentro del esquema clasificatorio de las excepciones procesales, la excepción de falta de personería queda conceptualizada como una defensa dilatoria, es decir aquellas que posponen el pronunciamiento definitivo para la oportunidad en que, las cuestiones previamente advertidas mediante su articulación, sean subsanadas. Contrariamente a ello, las defensas perentorias, resultan ser aquellas que extinguen definitivamente el derecho pretendido.

Con ello queremos significar que el argumento en que se sustenta la referida defensa y en cuya virtud se obstaculiza temporalmente el camino hacia el dictado del pronunciamiento definitivo, puede ser válidamente removido mediante el cumplimiento del recaudo faltante y/o saneamiento de los defectos así advertidos, dentro del plazo que la resolución correspondiente le imponga a la parte. Ese es el efecto propio que emerge de la disposición contenida en el art. 316 inc. 4° del C.P.C., y así debe entenderse.

Ahora bien, de las constancias de autos surge que a fs. 01 consta glosada copia de poder para juicios otorgado por el Sr. José Miguel Camuñas en favor de la Dra. Azucena Jofré Peña quien por su parte, invocando la calidad de mandataria del citado poderdante y de la Sra. María Gladys Funes, presenta la demanda en fecha 26 de febrero del año 2.010, que consta glosada a fs. 12/15.

Destacamos que en la referida presentación consta la existencia de una sola firma ilegible y con una aclaración que reza Dra. Azucena Jofré Peña -Mat. n° 1651.

Luego surge que en fecha 26 de abril del año 2.011, el Juzgado intima a la citada profesional para que acredite la personería que invoca, otorgándole el plazo de cinco días y bajo apercibimientos de tenerla por no presentada; en fecha 23 de mayo de ese mismo año, la profesional realiza una petición en diligencia que obra a fs. 31, la que es proveída a fs. 32 en fecha 26 de mayo del año 2.011, reiterándosele la intimación descripta precedentemente.

Posteriormente, en fecha 02 de junio de ese año, comparece la Sra. María Clara Funes por su propio derecho y con el patrocinio letrado de la Dra. Azucena Jofré expresando que "ratifica todo lo actuado desde la interposición de la demanda", solicitándole a la Sra, Juez "la tenga por parte" en función de que el contrato de compraventa sobre el inmueble cuya escrituración se pretende, fue suscripto por el Sr. Miguel Camuñas y su parte, asistiéndole en consecuencia un interés legítimo en la pretensión de escrituración. A dicha presentación, en fecha 07 de junio de 2011, el Juzgado provee favorablemente y tiene por ratificada la gestión realizada por la Dra. Jofré, otorgando el trámite pertinente a la acción deducida, conforme constancias de fs. 34.

Por su parte, la demandada comparece en fecha 28 de julio del año indicado, contestando la demanda y oponiendo las excepciones de falta de personería y de legitimación activa, mediante escrito que obra glosado a fs. 72/96.

Con estos antecedentes analizaremos la cuestión teniendo presente que para llegar a la conclusión definitiva, se ha de vincular a la defensa opuesta, otros institutos de carácter procesal que si bien no necesitamos profundizar en esta oportunidad, si resulta válida su cita sin que ello implique adelantamiento de opinión alguna. Nos referimos claramente a la eventual existencia de un litisconsorcio activo de carácter necesario en la misma medida que, para poder emitir un pronunciamiento definitivo válido, la presente litis debe encontrarse debidamente integrada con aquellas personas que hayan intervenido en la relación causal que motiva este procedimiento judicial.

Siendo ello así, y aun cuando la gestión que la Sra. Funes ratifica mediante la aludida presentación no se ajuste a las formas procesales que se consagran en el art. 51 del C.P.C., resulta clara su voluntad de intervenir como parte procesal en el desarrollo de este trámite. Dicha manifestación de voluntad, sin perjuicio de la oportunidad procesal en que ella se plasma en la causa, en modo alguno puede perjudicar lo anteriormente sucedido y con ello, la demanda, puesto que el deber de esta Magistratura relacionado a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, entendemos así lo impone.

En efecto, si la falencia en la acreditación de la personería es un defecto que puede ulteriormente subsanarse mediante la presentación del respectivo poder otorgado por el justiciable, nada obsta a que éste comparezca al proceso por su propio derecho y con patrocinio letrado a los fines hacer valer sus derechos, máxime aun cuando ello ha sido advertido tempranamente por el Juzgado antes que la demandada recurrente lo articulara como una defensa dilatoria.

Así las cosas entonces, nos pronunciamos por rechazar el agravio propuesto contra la sentencia que rechaza la defensa de falta de personería, no sin antes advertir que sobre la base de los precedentes anotados, la excepción deducida ha sido motivada por el accionar de la propia parte actora quien de ese modo ha llevado a su contraria a ejercer la defensa tratada en la forma efectuada, en tanto al tiempo de presentar la demanda la letrada actuante invocó un carácter respecto del cual carecía y que sólo pudo mejorar ante la advertencia de la Juzgadora, no obstante lo cual dicho obrar llevó a confusión a la accionada al momento de notificarle la demanda por haber omitido anoticiarla de estas circunstancias.

Lo precedentemente expuesto, constituye la base esencial para considerar que los agravios relacionados con la imposición de costas a cargo de la excepcionante y los honorarios regulados deben admitirse y consecuentemente a ello, revocarse lo resuelto por la Sra. Juez de sentencia en ese sentido. Por ello entonces y siguiendo la pauta trazada por el art. 264 del C.P.C., las costas por la excepción de falta de personería resuelta en el fallo obrante a fs. 113/118, se imponen a la actora en términos análogos a lo dispuesto por el art. 76 del C.P.C.

En cuanto a la regulación de honorarios, careciendo la cuestión resuelta de contenido económico, se la considera como de neto corte procesal, debiendo regularse los honorarios en los términos del art. 188 de la Ley 2150.

No obstante ello, constituye objeto de agravios la regulación efectuada en favor de la Dra. Jofré en razón de habérsela cuantificado como actuación cumplida en doble carácter, cuando en realidad y según el análisis que precede, debe efectuársela como simple por ser patrocinante.

Se revoca así la regulación efectuada en la sentencia recurrida y se regulan los honorarios en favor del Dr. Ignacio Sánchez, en la suma de $ 600, 00 (Pesos Seiscientos) y los de la Dra. Azucena Jofré en la suma de $ 400,00 (Pesos Cuatrocientos).

Los agravios propuestos para cuestionar lo resuelto al punto V) de la indicada resolución, no pueden ser atendidos en esta oportunidad según lo dispuesto expresamente por el art. 315 segundo párrafo del C.P.C. que consagra como excepción a las reglas de apelabilidad de las excepciones, las cuestiones relativas a la falta de legitimación.

Las costas en esta instancia, conforme al resultado obtenido y lo dispuesto expresamente por el art. 67 del C.P.C., se imponen en el orden causado y se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de lo regulado precedentemente.

Por lo expuesto precedentemente, normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada. II) Consecuentemente a ello, rechazar los agravios propuestos a fs. 141/159 respecto de la excepciones de falta de personería y falta de legitimación activa, conforme fueran resueltas en la sentencia de fecha 18 de noviembre del año dos mil once, obrante a fs. 113/118. III) Admitir los agravios propuestos con relación a la imposición de costas y regulación de honorarios efectuadas en la misma resolución, las que por imperio de la presente y según considerandos precedentes, se imponen a la actora, regulándose los honorarios en favor del Dr. Ignacio Sánchez, en la suma de $ 600, 00 (Pesos Seiscientos) y los de la Dra. Azucena Jofré en la suma de $ 400,00 (Pesos Cuatrocientos), que se estiman a la fecha de la presente. IV) Imponer las costas de la presente por el orden causado y regular los honorarios de esta Segunda Instancia en el 30% de la regulación efectuada precedentemente.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..- PROT. DE AUTOS T° I-F° 144/148-AÑO 2013 FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. DANIEL OLIVARES YAPUR. ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO - SECRETARIO-