marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Puglisi, Cristina Lía c/ Drago, Carmen Rosa y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

El art. 273 del Código Procesal Civil y Comercial autoriza el pronunciamiento sobre un tema omitido pero que ha sido propuesto. Lo que no puede ni debe el tribunal es decidir sobre asuntos no sometidos a consideración del juez de primera instancia, como lo estatuye la norma aplicada.
Competencia, tribunales de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: CORDOBA,  Gustavo  Alejandro c/ QUINTANA, María Lina del Valle s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-09

Si bien en cuestiones de familia debe intervenir un solo juez con el fin de mantener la unidad de criterio que la materia requiere, de manera que el magistrado que previno es quien en definitiva habrá de entender en las causas, ese principio debe ceder si la primera de las actuaciones se encuentra archivada y además el juez a cargo del juzgado no tuvo contacto alguno con la causante de aquéllas ni con la cuestión debatida en la otra.
Daños y perjuicios, daño moral, intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: LUSENSKY, CARLOS ALBERTO c/ BANCO SAENZ SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Corresponde fijar intereses por la suma fijada en concepto de indemnización por daño moral, los que deberán liquidarse mediante la aplicación de la tasa de interés que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones ordinarias de descuento a treinta días -tasa activa-, que es la establecida por la doctrina plenaria sentada in re "SA La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago de los profesionales", del 27/10/94; cuya aplicación deviene obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el CPR: 303, desde la fecha en que la defendida comenzó a suministrar información errónea en relación al demandante, o sea, en la oportunidad en que comenzaron a producirse los hechos dañosos. Voto de la Dra. Ballerini:. Si bien como Juez de Primera Instancia otorgaba una suma por indemnización por daño moral a la fecha del decisorio entendiendo que ello obedecía a razones puramente prácticas, no veo óbice para que fijada una menor ésta devengue intereses si en definitiva se arriba a equivalencias numéricas.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Inversora Bahiense S.A. c/ Mendoza Marin Juan s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

La sustitución de la medida cautelar no puede empeorar la situación del cautelado, por lo que para analizar su procedencia, no sólo tiene que tenerse en cuenta el menor perjuicio que la sustituta ocasione al deudor, sino fundamentalmente que aquélla garantice el derecho cautelado en forma equivalente a la sustituida. (Minoría u opinión personal)
Emergencia económica, depreciación monetaria, pesificación, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio, paridad cambiaria, mora del deudor
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: NAYCA  S.A. c/ JORGE ANTONIO s/ ejecución de alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

La pesificación a la paridad U$1 = $1 dispuesta en la normativa emergencia dictada en el año 2002, se debe aplicar a todas las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema, aún en caso de mora del deudor.
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: A., D.M. c/ B. SA s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-20

Como argumentos fuertes para la aplicación de la tasa activa debo decir que no existe obstáculo legal a su aplicación a tenor de lo dispuesto por el artículo 623 del Código Civil, en tanto alude a que "...serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés en plaza". Esta tasa de interés de plaza no es otra que la tasa activa.
Régimen jubilatorio, ley previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stays, Ramón Urbano c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa y/o Provincia de Formosa s/ Demanda contencioso-administrativa Provincia de Formosa y/o Provincia de Formosa s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-22

Si bien en materia previsional, el derecho de las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición en contrario, para las jubilaciones por la ley vigente a la fecha de cesación en el servicio, constituyendo el otorgamiento del beneficio un hecho consumado, inmutable y definitivo, no acontece lo mismo con su consecuencia patrimonial: "el cobro de haberes", lo primero sí es un derecho adquirido, libre de ser alcanzado por una ley retroactiva, cuyo efecto haría impacto, no ya en una norma civilista sino en el propio texto constitucional al lesionar un bien incorporado al patrimonio, lo segundo, en cambio, es consecuencia de un hecho anterior -la concesión del beneficio- y es susceptible de recibir el efecto de ley posterior, porque el monto de la prestación no está garantizado en un quantum fijo ni es derecho adquirido. (Fundamento del Dr. Ariel Coll)
Ejecución fiscal, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Castelucci María Laura sobre ejecución fiscal - régimen simplificado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

En el entendimiento de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, la falta de mención específica del SOJ en la normativa local no convierte en ilegítima su utilización, sino que tal sistema aparece como una herramienta cuyos fines encuadran dentro de los previstos en el CCAyT para este tipo de medidas. También consideraron que su regulación no se contrapone con la prevista para el embargo en el Capítulo III del Título V del mencionado Código. Asimismo, se aclaró que el SOJ no sustituye la decisión del juez de que se proceda al embargo de bienes, y que las eventuales fallas o desajustes puntuales que pudieran surgir en el devenir de su funcionamiento, no lo invalidan ni afectan su procedencia.
Procedimiento administrativo, recursos, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Campari, Héctor A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La interposición de una demanda contencioso administrativa no quita a la administración la facultad de resolver los reclamos o recursos que se encuentren pendientes de decisión cuando la acción se deduce y es, entre otras, por esa razón, que el Tribunal le confiere al actor vista de los expedientes administrativos antes de resolver acerca de la admisibilidad formal de la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto a las ganancias, ley derogada
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fundación Enrique Navarro Viola c/ DGI. s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

En virtud de la derogación del art. 26 del decreto 2126/74 - que limitaba el beneficio establecido por el art. 20, inc. f), de la ley de impuesto a las ganancias (texto anterior a la modificación dispuesta por ley 23.658) a los dividendos que correspondiesen a "utilidades impositivas del ejercicio" -, cabe entender que los dividendos cuya percepción da lugar al beneficio pueden responder a utilidades de ejercicios anteriores, que las sociedades de las que provienen hayan dispuesto acumular.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco.Intercambio Regional S.A. en liquidación por el Bco.Central c/ Folini, Ricardo Silvio y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La limitación recursiva impuesta por el art. 57 del dec.ley 8.904 encuentra una excepción cuando está en juego el derecho a la regulación aún cuando lo sea parcialmente.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Andres Atilio c/ Soto, Fermín s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Por configurarse en autos una situación excepcional que hizo inevitable para el conductor sortear la imprevista aparición de la víctima, corriendo irreflexivamente y fuera de la senda peatonal, debe eximírselo de toda responsabilidad habida cuenta que la víctima ha sido la causante exclusiva de su propio daño (arts. 512, 902, 921, 1109, 1111, 1113 -2da. parte- Código Civil).
Calificación legal, agravantes de la pena, reformatio in pejus, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Famoso, Jorge Manuel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-12

La calificación legal fijada es la adecuada para el caso, sin perjuicio de lo cual no puede dejarse de advertir que debió analizarse además, bajo las previsiones de los arts. 249, 274, e inciso 1°, ap.d) y demás agravantes del art. 277 inc. 3° CP, sin que sea posible avanzar en ese sentido, por ausencia de recurso fiscal y la prohibición de incurrir en una reformatio in pejus. La particular gravedad del delito precedente -tráfico de estupefacientes-, la condición de policía y la edad del encartado, se atienden válidamente como elementos agravantes, sin advertirse una impropia doble valoración de una misma circunstancia, tal como lo ha señalado el a quo, y a cuyos términos se reenvía. (Dres. Catucci, Riggi, Figueoa).
Costas, costas al vencido, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: "Santiago,  Manuel  Jorge c/ Ministerio de Relaciones Ext y CultoEstado Nacional s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

La sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para litigar no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener razón de su parte, más ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (Del voto de la juez Do Pico, cons. X).
Fiscal de Estado, intervención fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado de la Prov. de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad decreto nº 2138/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

El Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene legitimación para impugnar la constitucionalidad de normas que reglamentan las atribuciones del cargo que desempeña (en el caso: el decreto del Poder Ejecutivo 2138/89, reglamentario de la ley de procedimiento administrativo que fija un plazo máximo para expedir informes, dictámenes y vistas).
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, recurso de apelación (procesal), costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MADERO, ENRIQUE c/ LOS TAMBILLOS  S.A. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-04

El recurso de apelación en virtud de la impugnación de la base regulatoria no genera costas, pues la apelación de tal materia no constituye una litis específica susceptible de generar, a su vez, nuevos honorarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Consigli, Juan Antonio c/ Mc Kee del Plata S.A. y ot. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Establecer el resarcimiento indemnizatorio constituye una facultad privativa de los jueces de grado que la ejercitarán conforme a los elementos de juicio que en cada caso se aporten a su consideración, no estando constreñido a la aplicación de fórmula matemática alguna.

La inaccesibilidad de la casación en el tema admite la razonable excepción de aquellos supuestos en los que se demuestra un razonamiento absurdo.
Inimputabilidad, estado de inconsciencia, ebriedad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ SEBASTIAN CARLOS DARIO. s/ ROBO CALIFICADO, ABUSO DESONESTO Y VIOLACIONES REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02

La postulación de la defensa en torno al resultado del dosaje alcohólico es ineficaz, por sí, para aplicar la causal de inimputabilidad prevista en el art. 34, inc. 1 del Cód. Penal.

No se ha demostrado en autos, ni surge de los argumentos de la defensa, que la ebriedad del imputado tuvo el alcance de sumirlo en un estado de inconsciencia. De otra parte, el estado de inconsciencia es causa de inimputabilidad cuando no es atribuible al agente; sin que conste en autos lo contrario. Es del caso señalar que aún en la hipótesis que invoca la defensa -esto es, erróneo cálculo del grado de alcoholemia-, la significación del resultado de la ingesta de alcohol en el sujeto depende además de un conjunto de factores o circunstancias, como lo son la resistencia individual y situaciones concomitantes.

En suma, debe ser suficiente, en relación al imputado, para provocar la obnubilación de la conciencia y la supresión de los frenos inhibitorios, con el alcance de afectar su capacidad de comprensión. Por ello, se ha dicho que el dosaje de alcohol no es de por sí suficiente para establecer un grado de inconsciencia que impida comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, ya que no puede seguirse un criterio puramente objetivo en base al contenido de alcohol en sangre, puesto que de un organismo a otro se dan notorias diferencias de reacción al alcohol, siendo incluso distinta la capacidad de oxidación que muestra cada individuo, por lo que es necesario recurrir a otros elementos que permitan llegar a una conclusión".

Debiendo señalarse que el alcoholismo no elimina necesariamente la capacidad de comprensión y dirección de las acciones. Debe probarse que efectivamente medió inconsciencia por ebriedad, como causal de inimputabilidad. La ebriedad del sujeto debe presentar una entidad tal que le impida comprender la criminalidad del hecho o dirigir sus acciones; ya que por sí misma no es causal de inimputabilidad. Su relevancia está dada por los efectos que ella suscite en la conciencia del individuo, lo cual debe ser probado; y ello no ha acontecido en el sublite.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, intereses, tasas de interés, realidad económica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De Feo, Matías David y otros c/ Transporte General Belgrano S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

En lo tocante a las críticas relacionadas con los tipos de interés moratorio resultantes del decisorio, ha sido criterio reiterado de esta Corte que lo concerniente a la aplicación de tasas de interés no genera per se cuestión constitucional en tanto ello se ubica en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar las normas respectivas, aunque dejando a salvo los supuestos en que la descalificación del pronunciamiento resulte no ya de la índole de la materia sino como consecuencia de una respuesta jurídica que no exhiba un criterio de razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica de cada caso; y, desde tales coordenadas, la decisión de la Sala de aplicar una tasa pura del 8% anual para el lapso transcurrido desde el hecho dañoso hasta la sentencia de primera instancia a cuya fecha se habían valuado los daños -en el entendimiento de que la utilización de una tasa bancaria, con componentes inflacionarios, produciría un enriquecimiento indebido-, no se percibe como irrazonable frente al contexto jurídico, económico y financiero del tramo temporal involucrado. (De la disidencia del Dr. Netri y de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 317:507; 323:2122; CSJStaFe: AyS T 325, p 174; T 208, p 186 y 191; T 117, p 405.
Nulidad procesal, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: SAVALL Rafael c/ Sánchez Rubén Eduardo s/ Ejecutivo - Legajo de Copias para Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-27

La irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante consentimiento de la parte a quien ello perjudica y ello como consecuencia del carácter relativo de las nulidades procesales. Los actos procesales viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil precluyéndose el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento.

Couture por su parte enseña en Fundamentos (pág. 391) que la convalidación a su vez se apoya en el principio de que frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos firmes sobre los cuales pueda consolidarse el derecho.
Contratos, compraventa de automotores, derechos de las partes, obligaciones de las partes, transferencia del automotor, rectificación de datos, obligaciones del fabricante, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montonati, Marcelo Maximiliano  c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió la demanda incoada por el propietario de un automóvil, contra el fabricante del automotor, promovida con motivo de la discordancia entre el número de identificación grabado en el motor y el que aparecía en el certificado de fabricación oportunamente extendido por aquella; discordancia que el demandante advirtió al intentar infructuosamente vender el rodado a un tercero. Consecuentemente, condenó a gestionar la rectificación del número de motor inserto en la documentación del vehículo ante el Registro Automotor en un plazo de 60 días.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: JOSEFA M. ACHAVAL DE GARCIA c/ GARCIA JORGE DANIEL s/ LESIONES CALIFICADAS LESIONES CALIFICADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-02-28

Debe confirmarse en todas sus partes el auto apelado cuando desde la legitimación pasiva del procesado no pueda computarse ninguno de los actos cumplidos con posterioridad a la presente como secuela de juicio, habiendo transcurrido sin interrupción alguna el plazo previsto por el art. 62 inc. 2° en relación con el máximo de pena fijado por el ilícito que se le endilga. El Tribunal entiende que solo tienen carácter interruptivos aquellos actos que manifiesten inequívocamente la voluntad persecutoria estatal, cual es la legitimación pasiva que se consuma con el llamado a prestar declaración indagatoria, la orden de captura o la que se asimila a la solicitud de extradición y la acusación como concreción de la pretensión punitiva.
Acción reivindicatoria, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Brizio, Rodolfo Pedro c/ Giraudo, Jorge José Guillermo y Otros - Ordinario - Simulación, y Su Acumulada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-06-13

Corresponde rechazar la demanda de reivindicación entablada por quienes se encuentran legitimados sustancialmente para articular dicha pretensión, en función de la "posesión ficta" que sobre los inmuebles en cuestión tuvieron sus "antecesores dominiales", pues no puede aceptarse que esa situación prevalezca sobre la "posesión efectiva" del reivindicado - titular del boleto de compraventa-, si el último nombrado adquirió de buena fe, y a título oneroso, los inmuebles en cuestión.
Indemnización por accidente de tránsito, muerte, responsabilidad solidaria, responsabilidad civil, intereses, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Ordinario por daños y perjuicios: Bruno Leonel Lenta, Andrea Josefina Bertolone y Adolfo Gustavo Alberto y Javier Agustín Romano c/ Teodoro Miranda, Sergio Gabriel Miranda y Agrosalta Coop. de Seguros Ltda. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-12-27

Cabe hacer lugar a la demanda y condenar solidariamente a los demandados a pagar la suma correspondiente a favor de los actores, proporcionalmente y en concepto de los daños producidos -en ocasión del accidente de tránsito acaecido- que deberán abonarse en el término de 10 días desde la notificación de la presente; sólo en caso de mora dicho importe devengará intereses que se calcularán conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina desde esa fecha y hasta el efectivo pago. Ello pues, la responsabilidad civil recae sobre el conductor demandado en virtud de sus propias expresiones, todas las pruebas técnicas, testimoniales e informativas realizadas, todo lo cual acredita que fue el causante del siniestro. Su accionar ha constituido una evidente trasgresión a lo dispuesto en los arts. 48 incs. c) y d), 39 inc. b) de la Ley 24449, y su ejecución en momentos en que por el carril contrario circulaba el vehículo de la víctima resultó en la causa adecuada para que el accidente se desencadenara, tornando así aplicable la presunción legal de responsabilidad prevista en el art. 64 de la mencionada ley. Así las cosas, la ocurrencia del hecho se debió exclusivamente a la conducta del demandado y no habiéndose probado ninguna de las eximentes previstas por la norma que rige el caso -art. 1113 párr. 2° parte 2º del CC-, resulta responsable por su conducta culpable así como el codemandado también lo es en su carácter de titular registral del vehículo embistente.
Concurso preventivo, verificación de créditos, impuesto a las ganancias
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-COMERCIAL
Carátula: AFIP-DGI c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO ûHOY QUIEBRA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

La recurrente no logra poner en crisis, desde la perspectiva constitucional, el razonamiento de la Alzada referido a que cuando la pretensión fiscal por anticipos es deducida a través del pedido de verificación concursal, la determinación de la real existencia del crédito tributario exige tener en consideración el resto de las constancias obrantes en el expediente del concurso en orden a desentrañar si las mismas son capaces de desvirtuar la presunción en que aquéllos reposan, desde que resulta económicamente disvalioso que el operador de la norma cierre los ojos a la realidad económica y declare admisibles anticipos de un impuesto que no se deberá, obligando al concursado (o a la masa en caso de quiebra), a iniciar el juicio por repetición al que remite el artículo 21 de la ley 11683.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia, menor damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: BERAZATEGUI Hern n Helvio c/ CURCIO Miguel Angel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

No es el peligro genérico para la circulación del menor, el que origina la responsabilidad de los padres, sino la concreta conducta del hijo menor que sea causante del accidente. Por lo que se debe considerar exigible la acreditación de que el comportamiento del menor ha causado o contribuido a causar el accidente, pero no inferir de un genérico deber de vigilancia la responsabilidad de los progenitores.
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, despido, procedimiento administrativo, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CALVIN, EDUARDO c/ SEGBA s/ REINCORPORACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

La demandada hizo uso de las atribuciones que le confería la ley 21275, pero en la decisión de separar a los actores de su cargo no cumplió con las condiciones exigidas por la ley 19549. En tal caso, el telegrama enviado a sus dependientes, y por ende la extinción del vínculo laboral, debe examinarse a la luz de las disposiciones de la LCT.