Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-21


Juz. 7 Sec. 14 Causa nº 2.431/08: "GONZALEZ MARIA LAURA c/ INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL Y OTRO s/ amparo" Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.- VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada y fundado a fs. 67/69, contra la sentencia de fs. 62/65, cuyo traslado fue contestado a fs. 75/75 vta., y CONSIDERANDO: I. Con sustento en que se encontraban acreditadas la discapacidad de la actora -mielomeningocele- y las necesidades requeridas para su tratamiento, el señor juez de primar instancia hizo lugar al amparo incoado condenando al IOMA (Instituto Obra Médica Asistencial) a garantizar las prestaciones de servicio de hidroterapia, kinesiología, psicología, asistencia escolar y domiciliaria y transporte especial. Tal decisión originó el recurso de apelación aludido, el cual se centra -en lo sustancial- en que la apelante no se encuentra obligada a cubrir prestaciones que se hallen fuera de convenio y que por ello, no cometió ninguna actitud ilegítima, también cuestiona la imposición de costas. II. En primer lugar, cabe señalar que no se encuentra controvertida en las presentes actuaciones la incapacidad que sufre la actora María Laura González (mielomeningocele, cfr. certificado de discapcidad de fs. 8 vta.), tampoco (cfr. fs 5/13) su carácter de afiliada al IOMA (cfr. fs 4), la necesidad de las prestaciones requeridas (fs. 5/13) ni la conducta reticente de la accionada. Frente a las circunstancias indicadas las quejas de la demandada no logran conmover los fundamentos expuestos por el juez a quo para la concesión del presente amparo. Después de todo, en el sub lite se encuentra en juego el derecho a la salud que tiene jerarquía constitucional (arts. 42 de la Constitución Nacional, 12, 28, 36 y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ratificado por la ley 23.313 -de jerarquía superior a las leyes internas, según el art. 75, inc. 22, de la C.N.). En consonancia con ello la ley 23.661 dispone la creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud, "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica..." (art. 1º), que tiene como objetivo fundamental "proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud..." (art. 2º, primer párrafo) . En un todo de acuerdo con tales objetivos el Congreso Nacional estableció un sistema de prestaciones básicas de atención a cargo de las obras sociales y a favor de las personas con discapacidad, "con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos" (arts. 28 de la ley 23.661 y 1 y 2 de la ley 24.901), y que más allá de que la ley 10.592 de la Provincia de Buenos Aires estableció un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, poniendo en cabeza del IOMA la prestación de la asistencia (art. 19), el régimen legal contemplado en la ley 24.901 es de orden público, en tanto referido a normas y principios constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud, implementado por el Estado Nacional al establecer la prestación médica obligatoria y que involucra tanto a las obras sociales como a las prestadoras privadas de servicios médicos, como así también a las jurisdicciones locales, cuyos preceptos resultan insoslayables por aplicación de la llamada "cláusula federal" prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-. Con esto va dicho, pues, que es claro que la ley 24.901 es de aplicación al caso de autos (conf. esta Sala, causa 5890/05 del 26-6-2007) y que, en consecuencia resultan inatendibles los argumentos expuestos por la demandada respecto de la "innecesariedad de promover el presente amparo", puesto que su conducta omisiva fue la que obligó al actor a iniciar la acción (cfr. fs. 1 y 34), siendo sus quejas meras objeciones formales que prescinden de las funciones legalmente atribuidas al IOMA y del derecho a la salud con rango constitucional, en los que se funda la sentencia y que es reconocido expresamente por la legislación tanto nacional como provincial. Finalmente y en cuanto a la queja referida a la imposición de las costas, no se advierte en autos ninguna excepción que autorice a apartarse del principio objetivo de la derrota, ya que como se ha dicho, fue la conducta desplegada por la demandada la que dio origen a este pleito, por lo que es razonable que deba responder por todos los gastos del juicio. IV. En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por la señora Defensora Oficial, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue motivo de agravio, con costas (arts. 14 de la ley 16.986 y 68 del Código Procesal). Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada, la naturaleza de la presente causa y su trascendencia moral y jurídica, se elevan los honorarios del letrado-apoderado de la parte actora, doctor Carlos José Díaz a la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) (conf. arts. 1, 3, 6, 7, 9 y 36 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Por la gestión profesional desarrollada en la alzada, se regula los honorarios del letrado-apoderado de la parte actora Dr. Carlos José Díaz en la suma de pesos CUATROCIENTOS ($ 400) (conf. arts. 14 y concordantes del arancel). Regístrese, notifíquese -a la señora Defensora Oficial en su público despacho- y devuélvase. Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina - Guillermo Alberto Antelo