marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, escrituración, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: Villalba, Isabel y otro c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Asimismo aún admitiendo por vía de hipótesis de estarse en autos ante un plazo suspensivo incierto para escriturar, del procedimiento de mensura y subdivisión a realizar por la Administración surge que no resultan cumplidas (pese a haber transcurrido varios años entre la firma del boleto y la intimación al efecto al demandado) y tampoco mediara de éste explicación o actividad alguna acaecida durante tan largo lapso, es dable concluir la configuración de una demora irrazonable que sitúa al vendedor como moroso a tener por vencido el plazo "tácito" establecido para la obligación incumplida.
Compraventa inmobiliaria, compraventa frustrada, restitución de sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: TARRIO, ANTONIO c/ FRADE, R s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Corresponde restituir la suma pagada por el comprador en la operación de promesa de venta, si se decreta la nulidad de dicho acto jurídico no encontrándose en discusión la buena fe del comprador al momento de su celebración.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN c/ GONZALEZ, ROBERTO s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD A. D. R., E. c/ R., J. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   (Expte. CSJ Nº 569-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29|1999-06-23

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, si el quejoso que invoca la existencia de una situación de gravedad institucional, en modo alguno ha demostrado que la cuestión exceda el mero interés individual de las partes para afectar al de la comunidad.
Remoción del interventor, interventor judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Amran Jorge Daniel c/ Súper Stop S.H. Y Otros s/ Liquidación Forzosa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-11-29

La queja por recurso de nulidad y apelación denegados, interpuestos contra la resolución en la que se rechazó la sustitución inmediata del interventor judicial requerida a título de medida cautelar innominada, debe ser rechazada, pues no corresponde hacer lugar al pedido de "cautelar genérica de destitución provisoria del interventor y designación interina de nuevo interventor", si se encuentra sin resolver el "incidente de remoción del interventor", es que, se produciría de ese modo la superposición de dos cuestiones incidentales y se resolvería la segunda antes que la primera.
Disminución de la pena, progresividad del régimen penitenciario, estímulo educativo
Materia: PENAL
Carátula: Boudou, Amado y otros c/  s/ cohecho y otros (arts. 256 y 258 del Código Penal y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 CP)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-29

La incorporación del sistema de reducciones de los distintos plazos que componen la progresividad del régimen penitenciario que fuera instaurado por la ley 26.695, tiene como objetivo primordial garantizar el acceso irrestricto a la educación de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, corresponderá otorgar al condenado, una reducción de diez meses para su avance dentro de la progresividad del régimen penitenciario en virtud de lo establecido en el art. 140 incs. a y b de la ley 24.660
Juicio ejecutivo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORRALON EL INCA S.R.L. c/ DIB FARAH, Ernesto s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-04-03

La procedencia o no de la cautelar debe analizarse al momento de su petición con independencia de lo acontecido con posterioridad, de donde el desconocimiento de la firma por parte del demandado, que hace fracasar la vía ejecutiva, no es obstáculo para el mantenimiento de la medida si se cumplen los requisitos legales para su viabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, hábeas corpus
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Chaparro, Ernesto Toribio s/ hábeas corpus a su favor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Los recursos de hábeas corpus son extraños a la jurisdicción originaria que a la Corte asigna el art. 101 de la Constitución Nacional -salvo en el caso de las personas allí enunciadas- y dicha jurisdicción no puede ser ampliada o restringida por un poder distinto del que la instituyó.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz, Andrés Enrique y otra c/ Massuh S.A. s/ Daños y Perjuicios-Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

La cava existente en los terrenos de la sociedad demandada constituye una cosa peligrosa en los términos del art. 1113 del Código Civil, lo que resulta evidente porque se trataba de una excavación llena de agua y con una profundidad suficiente para provocar que una persona se ahogue.
Juegos de azar, QUINI SEIS, responsabilidad del Estado, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Los permisionarios son sujetos colocados por la organizadora del juego para agilizar y desarrollar su comercialización, por lo que, si aquélla pretende no responder por sus agencieros, debe ejercer, dentro de sus posibilidades, un control diligente y razonable tendiente a hacerlos cumplir las reglamentaciones vigentes, teniendo en cuenta para ello la especial complejidad de la organización de la cual se está hablando.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires afirmó que la cláusula de irresponsabilidad de la Administración prevista en el Reglamento del Prode "de ninguna manera puede entenderse que tiende a excusar absolutamente la responsabilidad del ente que organiza y controla el sistema eximiéndolo por completo, aún del daño ocasionado por las irregularidades cometidas en el procedimiento que ha tomado a su cargo pues de tal modo el juego implementado perdería confiabilidad frente a la existencia de un Estado intocable al que no cabría reprocharle ningún tipo de incumplimiento, ni siquiera el proveniente de un descuido u omisión negligente", considerando que "admitir lo contrario sería aceptar una cláusula liberatoria de responsabilidad que derogaría normas de orden público" correspondiendo en tales supuestos,"tenerla por no escrita".

Y seguidamente, trajo a colación las palabras de Acuña Anzorena, quien sostuvo que "tratándose de cláusulas de irresponsabilidad por culpa, nada se opone a su validez mientras no tengan por objeto conferir al deudor absoluta impunidad, liberándolo de la obligación de reparar el daño proveniente de su total negligencia, porque ello, a más de ser contrario al orden público y al interés social, violaría la esencia del contrato que supone equivalencia de derechos y reciprocidad de obligaciones". (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, derivación razonada del derecho vigente, concursos, actos ineficaces de pleno derecho, autorización judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MALVICINO S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO û HOY QUIEBRA- QUIEBRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

Los pretendidos cuestionamientos constitucionales se diluyen desde que el recurrente no acredita cómo se habría configurado la incongruencia aducida ni la violación de sus derechos, siendo que lo resuelto lo fue en el marco de un procedimiento falencial en el que la propia normativa concursal, de imperativa aplicación al caso, dispone la ineficacia de pleno derecho de los actos que, requiriendo autorización judicial, se hubieran realizado sin obtener esa venia; no pasando desapercibido que, a estarse a las constancias del expediente principal e incluso del propio relato que efectúa la compareciente, los agravios vinculados a la oponibilidad y validez del acto fueron materia de la litis, habiéndose debatido y producido prueba al respecto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Constitución Provincial, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

El criterio seguido por nuestra Constitución Provincial para asignar competencia a la Corte no sigue un criterio de tipo subjetivo como el que, verbigracia, inspira a la Constitución Nacional cuando fija la competencia del fuero federal "en los asuntos en que la Nación sea parte" (artículo 100). Por el contrario, recepta como módulo de adjudicación en su artículo 93, inciso 2º -que debe necesariamente concordarse con el Artículo 1 de la Ley 4106-, la materia contencioso administrativa. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Marcas confundibles, similitud gráfica, marcas de servicio, nombre comercial, oposición al registro de marca, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI TOMASO, ALEJANDRO FABIAN Y OTRO c/ TREVI GROUP S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

Si bien la confundibilidad afecta al nombre comercial para su uso en la ciudad de Buenos Aires, aquella le da fundamento, también, a tener por válida la oposición al registro de la marca, cuyo alcance se desprende de las prescripciones de la ley 22.362. Ello así, deducido temporáneamente el cuestionamiento y la oposición conforme las prescripciones de los arts. 13 Y 29, ley 22.362, las pretensiones de la parte actora en cuanto al cese del uso del nombre comercial como al rechazo del registro resultan legítimas, puesto que se encuentran fundadas en su uso indebido por los demandados, y ello en razón que así se contemplan adecuadamente las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor (fallos:

248:471).
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ nulidad de acto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

La mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores no constituye una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido.
Responsabilidad solidaria, estación de servicio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Castro, Rubén c/ Esso Petrolera Argentina SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

Esso, empresa dedicada al refinamiento de combustibles, resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT, junto con la estación de servcio dedicada al expendio de nafta, gas oil, lubricantes marca Esso. Si bien las actividades desarrolladas en la estación de servicio pueden calificarse de secundarias y accesorias, es de advertir que se prestan normalmente, están integradas y son coadyuvantes y necesarias para cumplir con los fines de la empresa. Probado, además, que dicha estación de servicio comercializaba productos de la marca Esso, que la estación luce y exhibe como Esso y que los trabajadores se vestían con el logo visible de Esso - y sin lo cual Esso no podría llegar a los clientes que utilizan sus productos- no hay dudas de la responsabilidad solidaria.
Crédito laboral, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: ANGIOLINI, JUAN D. c/ FRIGORIFICO TRES CRUCES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-18

Los índices establecidos para la corrección monetaria de los créditos laborales por el artículo 276 LCT. (to. 1976) no resultan de suyo irrazonables, sin perjuicio de la crítica que desde el punto de vista prudencial pueda merecer el criterio del legislador (Del voto en disidencia del Doctor Vazquez Vialard).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PUNTAL S.C. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION MONTENEGRO PROSPERO EDUARDO c/ MUNCIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ COBRO DE PESOS-CASACION SAAVEDRA ROSA D. c/ PONCE MIGUEL DEL V. y/u OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-05|2001-10-04|2002-10-17

La congruencia consiste en la reacción inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez. Una sentencia es incongruente cuando juzga más allá de lo pedido (ultra petita), fuera de lo solicitado (extra petita) o por omisión de resolver cuestiones planteadas (citra petita).-
Locación de obra, ruina, responsabilidad del empresario
Materia: CIVIL
Carátula: Mittelbach, Jorge  Luis c/ Capelli Mansilla Derqui SRL s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

El subcontratista ha de responder por la ruina respecto de la obra que se le ha encargado, sin importar si es solo una parte ínfima y accesoria dentro de la obra total. Cabe reconocer al comitente la acción oblicua prevista en el artículo 1196 (Código Civil) y aún la acción directa si consintió la subcontratación por el constructor con quien había contratado. (Spota, "Tratado de Locación de Obra", T.II, pág.243/244). Cuando la obra para la que fuera contratado el locador, una vez terminada, no funciona o no es idónea para su destino, constituye un caso de "ruina funcional".
Juicios en que la Nación es parte, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

El Estado litigante debe respetar el principio de igualdad procesal, pues de otra suerte el proceso ya no consistiría en un método de debate para dirimir un conflicto, sino en un instrumento al servicio exclusivo de una de las partes para imponer su voluntad sobre la otra, es decir, en una fachada de proceso. (Del voto del Dr. Herrero).
Estado Nacional, legitimación activa, ley de servicios de comunicación audiovisual, promulgación de la ley, grupo económico, servicio público, ley anterior, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-14

Cabe desestimar la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la codemandada Estado Nacional -Jefatura de Gabinete-, respecto de los litisconsortes actores que pertencen a un grupo de medios de comunicación, argumentando que a la fecha de la promulgación de la Ley 26.522 no eran titulares de licencias o señales en los términos de la derogada Ley 22.285, ni socios o accionistas autorizados de ninguna empresa licenciataria pues, las mencionadas entidades comerciales llevaban a cabo de hecho una actividad que se desarrollaba en el ámbito de la prestación del servicio público indirecto de marras, y que ahora se encontrarían alcanzadas por la nueva ley para ser reencauzadas por un modo distinto al que venían teniendo con las consecuencias que de ello se pudieran derivar.
Impugnación del acto administrativo, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legaria, María Cristina c/ GCBA y otros s/ impugnación de actos administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Mientras la extinción del proceso antes de la sentencia de primera instancia deja el conflicto sin respuesta, la extinción del incidente o la del recurso posibilitan la más inmediata estabilidad de la decisión judicial y, cuando ha sobrevenido, la de la cosa juzgada que cierra la controversia. Desde otra perspectiva, el desinterés en instar un incidente o un recurso son una estrategia procesal, la extinción del proceso es la renuncia al derecho de defensa en ese juicio y, frecuentemente, la pérdida de la acción que respalda el derecho puesto en juego. En suma, no hay razones de fondo que justifiquen dar similar solución en supuestos que no han sido equiparados por el legislador. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Injurias, denuncia administrativa
Materia: PENAL
Carátula: Alarcón, Miguel Angel c/ Cruz, Margarita del Carmen s/ Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-30

Formulada querella por injurias, es oportuno tratar la nueva orientación de la jurisprudencia que tiende a dejar de lado la consideración del llamado "animus injuriandi" en la conformación de este delito.

Si bien se puede notar una evolución en tal sentido en parte de la jurisprudencia porque, entre otras razones, sostiene que la configuración de la tipicidad y la herida en el bien tutelado ya se han producido, más allá de la defensa del querellado que puede alegar que no tenía ánimo de injuriar y que la injuria se produce "per se", o sea que se implanta en el daño producido al ofendido, no en la intención del injuriante, no es menos cierto que, en todo caso, el cambio jurisprudencial no ha de ocurrir a costa de dejar de lado excepciones al principio de responsabilidad previstas en el art. 34 del Código Penal.

En el caso sub examine, el hecho que agravia al querellante debe ser analizado en el contexto fáctico en que tuvo lugar. Así, las expresiones que se juzgan como lesivas fueron expuestas en una nota dirigida a una autoridad administrativa, de modo que puede afirmarse que la querellada apeló al ejercicio de un derecho propio en defensa de sus intereses y sobre cuya publicación no se probó que hubiera sido realizada por decisión de la querellada. Por lo tanto, corresponde desestimar la querella formulada. (Del voto del Dr.

Bustamante, según sus fundamentos).
Empleados públicos, relación de dependencia, salarios caídos, jueces, deberes del juez, acción de amparo, prueba, LEY DE AMPARO, servicio penitenciario, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Celario, Eduardo Ramón c/ Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y/u otros s/ Amparo jurisdiccional. Avocación (Expte CSJ Nº 649-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

Cuando se trata de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público, se supone la competencia contencioso administrativa de la Corte, lo cual pone en cabeza del juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10456. En el sub judice, más allá de las argumentaciones del actor (personal del Servicio Penitenciario de la Provincia) referidas a que procede la demanda de amparo intentada, en tanto y en cuanto la actitud de la Provincia demandada es violatoria de principios constitucionales, persiguiendo con ella la efectividad inmediata de un derecho a él reconocido; y de las esgrimidas en orden a la inexistencia de otro remedio administrativo o judicial que sea más idóneo, rápido y eficaz, éste nada hizo para demostrar por qué excepcional razón el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional -criterio de "Serra", 26.10.1993-) y el posterior acceso a esta jurisdicción, podía acarrearle un perjuicio irreparable, por lo que no habiéndose siquiera mínimamente demostrado la concurrencia de las exigencias que tornan admisible el amparo, y no encontrándose configuradas las circunstancias registradas en la causa "Sánchez Romero" (AyS T 141 p 201), debe concluirse que el caso es de competencia de la Corte Suprema de Justicia; lo que así corresponde declarar, otorgándose al actor el plazo de treinta días a fin de que adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11330 -criterio de "Mori" (AyS T 131 p 105) reiterado en "Cires" y "Cases" (AyS T 131 p 108 y p 113, respectivamente)-, con costas.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Q.de C.M.J. c/ C.H.M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

El art.232 de la Ley 23515 ha conferido valor de prueba suficiente a la confesión y al reconocimiento de los hechos sólo cuando la causal invocada es la separación de hecho, conforme la remisión de tal norma al supuesto aprehendido por los arts. 202 y 214, inc.2º de dicha ley. Pero respecto de las otras causales el allanamiento no habrá de producir efectos plenos, correspondiendo receptar el pedido de apertura a prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abuso deshonesto, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Ayala, Fidel s/ Abuso deshonesto y lesiones leves leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-04

El declarado fin deshonesto, el comienzo de ejecución a través del seguimiento, la proposición, el tomar sus brazos, el pretender besar y finalmente el presionar su cuerpo contra una superficie mientras el tocamiento se intenta; e impedida la consumación de ambos actos (beso lascivo y acariciamiento morboso) por la resistencia del sujeto pasivo, a través de negativas gritos, alejamiento y auxilio de terceros, conforman los delitos de Abuso Deshonesto en Grado de Tentativa. (Fundamento del Dr. Rubén Castillo Giraudo)
Juicio, garantías procesales, prueba pericial, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: WOLF, Mario s/ Causa 43.926
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

a) La etapa del juicio plenario no es otra cosa que el cumplimiento del mandato constitucional del juicio previo previsto por el art. 18 de la Constitución Nacional y demás pactos de derechos humanos, motivo por el cual rigen el contradictorio y las reglas que el sistema acusatorio exige, esto es, que el ofrecimiento de las pruebas, es órbita exclusiva de las partes, cuyos derechos deben ser respetados, aun a costa de sacrificar los fines esenciales del proceso, ya que se pone un límite al descubrimiento de la verdad real, de manera que la potestad del juez de sentencia, en el sentido de suplir la actividad de las partes, no existe procesalmente hablando, y menos aun violando la defensa en juicio.

b) La pericia es una típica medida instructoria, que debió realizarse en tal etapa del proceso y, que de no hacerlo, en ese momento, debió el Fiscal proponer una nueva peritación oportunamente, pero de ninguna manera es permitido al Juez, a los fines de tener un elemento incriminante más, suplir la inactividad del acusador y ordenar la medida, a los fines y con los alcances que prevén los arts. 323 y 346 del C.P.M.P., al ser suscripta una pericia por un solo profesional.