Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-13


SENTENCIA N° 95.297 CAUSA N° 25.603/2010 SALA IV "BALOR MARIA JULIETA POR SI Y EN REP. DE SU HIJO MENOR MISZCZUK BALOR MARTIN ANDRES C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ ACCION DE AMPARO" JUZGADO N°77 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 13 DE ABRIL DE 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I-Contra la sentencia de primera instancia se alza la demandada a tenor de su memorial recursivo de fs.176/182. La perito contadora recurre los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos reducidos.

II-A fs. 197 se remiten las actuaciones a la Defensoría de Menores e Incapaces de Cámara, cuya rèplica al memorial de agravios, se encuentra a fs. 200/201. Asimismo, a fs.203 se remiten las actuaciones al Sr. Fiscal de Càmara, cuyo dictamen obra a fs. 204.

III-En primer término, se agravia la demandada de la decisión de grado en cuanto declara la invalidez constitucional del art. 15 ap. 2 de la ley 24557 y ordena el pago íntegro de la indemnización adeudada al accionante. Efectúa, al respecto, una serie de consideraciones acerca de otras disposiciones de la ley de riesgos del trabajo haciendo hincapié en la vinculación entre la prima de la póliza y los montos previstos en la ley. Sin embargo, tal como lo destaca el Sr. Fiscal y la Defensora de Menores en sus respectivos dictámenes, dicha apelación no cumple, ni aún mínimamente, con las exigencias del art. 265 del CPCC.

En efecto, en el memorial recursivo no intenta la apelante refutar los fundamentos expuestos por la Magistrado de grado incumpliendo así con la exigencia de la norma adjetiva. Cabe recordar que toda expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del aspecto de la sentencia que se cuestiona, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio y razonado de la sentencia recurrida; que exprese argumentos en los que sustenta su posición e invoque aquella prueba cuya valoración considere desacertada o ponga de manifiesto una incorrecta interpretación de la norma aplicada en el caso. Sin embargo, tales extremos no se advierten satisfechos con las alegaciones contenidas en el memorial en examen.

La Juez anterior, en su sentencia, declara la invalidez constitucional de la norma en cuestión fundándose en la doctrina emanada de los precedentes que cita del Alto Tribunal respecto de los límites de los topes indemnizatorios y destacando que, en la especie, por aplicación de la fórmula prevista en la ley de riesgos, el monto indemnizatorio se ve reducido al 62% de su valor lo que implica una desnaturalización del derecho protegido y una real pulverización del contenido económico de la prestación. Nada de ello fue refutado en el primer agravio incoado por la accionada, lo que sella la suerte desestimatoria del recurso, al que corresponde declarar desierto.	IV-En su segundo agravio, la demandada recurre la aplicación de intereses. Sostiene que deben ser fijados a partir del momento en que su parte incurre en mora en el pago de las prestaciones, situación que, señala, no se ha dado en autos y que considera que se produciría ".a partir de los cuarenta y cinco días de quedar firme la sentencia de grado."(tercer párrafo de fs. 182). Menciona la Res.SSN 29346/2003 y su Anexo II así como la Res. SRT 287/01, aduciendo que su parte procedió a informar a la parte actora respecto del derecho a seleccionar la compañía de seguro de retiro.

Sin embargo, claro es que, con la consolidación jurídica del daño, nace el derecho del trabajador o sus causahabientes a percibir las prestaciones que prevé la ley 24557. En el caso, ello ha ocurrido con la muerte del trabajador. Así las cosas, el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho -la muerte del causante- y el momento en que ese derecho es reconocido mediante sentencia judicial firme y es efectivamente abonado, debe ser reparado mediante el pago de intereses que deben ser soportados por la demandada. En su memorial de agravios, la demandada destaca que la mora recién puede producirse ".a partir de la determinación -por parte de las comisiones médicas de la ley- de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y la asignación de un porcentaje de incapacidad invalidante, en primer lugar, como también la posterior notificación de este dictamen a la ART para que proceda a liquidar la prestación dineraria correspondiente.". Sin embargo, claro es que acaecida y notificada la muerte del causante -ocurrida el 09/10/2009-, no era necesaria la intervención de Comisión Médica alguna para que nazca en cabeza de los aquí actores el derecho a la percepción de la suma de pago único - $50.000- , a pesar de lo cual no les fue abonada. Destaca el recurrente que el actor omitió elegir la compañía de seguro de retiro y cita los procedimientos de las normas administrativas que individualiza. Sin embargo, más allá de la forma de pago, lo cierto es que la suma que, en todo caso, debía la demandada depositar en una compañía de seguro de retiro se habría mantenido dentro de su patrimonio. Así las cosas, en función de los términos de la Res. SRT 414/99, art. 2do, no modificado por la Res. 287/01, la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar prestaciones dinerarias se produce de pleno derecho transcurridos treinta días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado "y por el mero transcurso del plazo indicado". Por ende, propongo modificar la sentencia anterior y disponer que los intereses de autos deben correr desde el 9 de noviembre de 2009 hasta su efectivo pago. No soslayo que la parte actora ha planteado la invalidez constitucional de la resolución citada pero a mi juicio, las breves manifestaciones expuestas por el actor resultan harto insuficientes para considerar que se encuentra conculcado derecho constitucional alguno, lo que me lleva a rechazar dicho planteo.

V- Apela la accionada los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y de la perito contadora pues considera que resultan elevados. A su vez, la contadora recurre los suyos por reducidos. A mi juicio, en función de las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, ley 21839, decreto 16.638/57) y las labores desarrolladas por los profesionales en la causa, las sumas fijadas en la anterior etapa no resultan elevadas por lo que he de propiciar la confirmación de los honorarios de la representación letrada de la parte actora y, ante la apelación de la perito contadora, propongo la elevación de sus emolumentos a la suma de $ 22.000 a valores actuales.

En definitiva, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar en lo principal que decide la sentencia apelada con excepción de los intereses que deberán correr desde el 9 de noviembre de 2009 y los honorarios de la perito contadora, que propongo elevados a la suma de $22.000 a valores actuales, 2) Costas en la Alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal que se decide (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de la representación letrada de las partes en el 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal que decide la sentencia apelada con excepción de los intereses que deberán correr desde el 9 de noviembre de 2009 y los honorarios de la perito contadora, que propongo elevados a la suma de $22.000 a valores actuales, 2) Costas en la Alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal que se decide (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de la representación letrada de las partes en el 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria