marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de causalidad, cuestiones de hecho y prueba, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FARINONE ERNESTO s/ CASACION  PENAL  -  RELACION  DE  CAUSALIDAD - SENTENCIA - MOTIVACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-18

La motivación de la sentencia en su aspecto civil, resulta violatoria del principio lógico de no contradicción ya que para fundar la absolución en el aspecto penal, como la condena en el civil, dudo de la eficacia causal de la carencia de carnet por parte del imputado y de los desperfectos de su vehículo, simultáneamente y en cuanto al segundo los considero los factores por los cuales el camión constituyó "un grave riesgo o peligro para terceros". Tal contradicción basta para declarar la nulidad de la sentencia impugnada, por cuanto recae sobre una cuestión esencial, como lo es la causa eficiente del hecho generador de responsabilidad civil, lo cual, impide controlar la exactitud del encuadramiento jurídico dado al caso.
Mandato, representación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chimento Mario Ramón c/ P.E.E.R. s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-15

El actor faculta al letrado actuante para efectuar "reclamo administrativo y juicio contencioso administrativo" contra el Superior Gobierno y la Dirección Provincial de Vialidad. Se trata de una acción de ejecución ante la mora en resolver el recurso de queja articulado. El poder obrante es un "poder especial". El principio de especialidad del mandato ha sido objeto de un enunciado general en el artículo 1884 del Código Civil, norma que nos brinda una directiva para determinar el límite del mandato especial. El mandato especial para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado y no puede extenderse a otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer. Surge diáfanamente que excede la interposición de esta acción en nombre del poderdante ampliamente el objeto del mandato otorgado, por lo que el pretenso articulante carece de poder habilitante para la promoción de la acción. Habiéndose transitado ya una etapa recursiva ante esta Sala -por intermedio de una queja por la no concesión del recurso de apelación- y en esta instancia, sin que el profesional actuante haya subsanado tal ausencia de mandato, tornándose inoficiosa su actuación, sólo cabe rechazar el recurso articulado y confirmar el resolutorio en crisis.
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: CENICOLA,  Ana  Amelia c/ SNAIDAS,  Lázaro  y  otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

El daño psíquico supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero ya sea como situación estable, o accidental y transitoria, implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación. No debe ser restringido al que proviene de una lesión anatómica, toda vez que hay importantes perturbaciones de la personalidad que tienen su etiología en la pura repercusión anímica del agente traumático, aunque el desequilibrio acarree eventuales manifestaciones somáticas. Lo psíquico de la persona humana, su modo de estar o su alteración por obra de terceros, no es indiferente al derecho; puesto que de no tenerse en cuenta se parcializaría la contemplación y el resguardo de quien es el centro del ordenamiento jurídico: el derecho es para el hombre y no el hombre para el derecho. El daño físico y el psíquico deben ser considerados en forma autónoma, pues si bien representan ambos un menoscabo a la salud integral del individuo, su distinta naturaleza permite diferenciarlos, como asimismo del daño moral que trasunta y afecta el ámbito espiritual del sujeto. (Sumario N°21123 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Amenazas, calificación legal, lesiones, prueba, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Eguía Hirnik, Leonardo Carlos Jorge c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Corresponde rechazar el cuestionamiento a la calificación de los hechos como constitutivos del delito de amenazas, por entender que éstas habían sido efectuadas en el marco de una discusión, toda vez que más allá de reiterar la posición que asumió en su alegato, la defensa no advirtió que cobra relevancia el contexto en que el imputado profirió la frase a la hora de determinar su entidad para amedrentar a la víctima. Si el imputado golpeó la puerta del departamento de la damnificada, profirió la frase en cuestión y pese a las advertencias de la denunciante, lesionó a su hija producto de su accionar, queda demostrado no solo la seriedad que aquel anuncio revestía, sino que se trataba de una expresión grave, injusta e idónea para generar un estado de alarma o temor -tal como requiere el tipo penal- en ambas, sin lograr demostrar el desacierto del tribunal al valorar este punto (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días). Cita de "La Giglia", CNCCC 40770/2012/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 686/2017, resuelta el 14 de agosto de 2017; "Ledesma", Sala 2, Reg. nro. 806/2017, resuelta el 7 de septiembre de 2017; e "Ivan", CNCCC 10473/2013/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 147/2018, resuelta el 6 de marzo de 2018
Accidentes de trabajo, acción civil, ley sobre riesgos del trabajo, recurso extraordinario de nulidad, sentencia firme, garantías procesales, reenvío
Materia: PROCESAL
Carátula: Epullán, Octavio. c/ Fattorello S. A. y otro. s/ Daños y perjuicios (Expte. 33, año 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26

Que [...] la singularidad y particularidad del caso lo diferencia de los supuestos en los que al Cuerpo le corresponde recomponer el litigio, y, conforme a ello, se revoque una sentencia que ya venía fallada en igual sentido en las instancias anteriores. En tal hipótesis no se verían, al menos en principio, conculcados los derechos a recurrir e igualdad ante ley, [...] dado que en tal caso, la actuación de este Tribunal Superior, estaría dada como consecuencia del ejercicio de tales derechos.
Responsabilidad parental, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: S.V. Y F.V. s/ REINTEGRO DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-04-27

La jurisprudencia y doctrina han caracterizado el abandono del hijo menor como la abdicación total, manifiesta, prolongada e injustificada de los deberes paternos.
Intereses, tasas de interés, capitalización de intereses, cómputo de intereses, certificado de depósito, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: BESSI, ITALO Y OTRO c/ GINVERSA COMPAÑIA FINANCIERA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-16

Al disponer la sentencia definitiva que el monto de los certificados redituaría intereses a la tasa pactada en los convenios originales, -que se consideran prorrogados hasta el momento del efectivo pago-, se estaba señalando que los intereses primitivos se capitalizan, de tal suerte que el importe total de cada certificado genera intereses a la tasa nominal anual, que es la que refleja el rendimiento obtenido por el capital inicial en el año, como efecto de capitalización mensual de los intereses nominales.
Juicio de desalojo, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: BENHUN, SAMUEL c/ VERA, CARLOS RAMON s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

Por aplicación del art. 685 del Código Procesal, debe denegarse la producción de la prueba testimonial ofrecida en el juicio de desalojo. Si bien es cierto la amplitud probatoria en materia de contratos que excede el marco estricto que la norma cita, es sabido que en ausencia de prueba escrita, los demás medios probatorios de que la parte puede valerse deben ser de tal concordancia, cantidad y fuerza de convicción que disipen todo hálito de duda en la mente del juzgador.-
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Simonetti, Angel Pablo Juan Bautista. c/ Garona Luzuriaga , Alejandro María. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-12

Para la procedencia del juicio de desalojo no es requerida la demostración por parte del actor de su calidad de propietario, con la correspondiente exhibición del título de propiedad, ya que en este tipo de pleitos no se discuten derechos reales, sino meramente personales. De ahí que la acción se confiera no sólo al propietario, sino también al condómino, al locatario principal, al usufructuario, al usuario, al poseedor, al comodante, y en general, a quienes tengan un derecho de uso, goce o disfrute del inmueble.
Ejecución de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: G., B. R. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

"La liquidación debe confeccionarse con arreglo a las bases de la sentencia respectiva, y si ésta se halla firme, el ámbito de su ejecución está circunscripto a los límites de la decisión recaída, ya que de otro modo el fallo sería desvirtuado en la etapa destinada exclusivamente a hacerlo cumplir".
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cheuquepal, Jorge Martín c/ Textil Windsor S.A. s/ Diferencia de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-29

Enfrentados testimonios antagónicos configura una solución extrema excluirlos a ambos por anularse recíprocamente, debiendo privar aquellos que afirman algo -v. gr., que "han visto", que "han oído"- sobre los que contienen declaraciones negativas como las recordadas, porque que un hecho no llegue a conocimiento de alguien no es garantía de que no haya sucedido.
Acta policial, valor probatorio, prueba, carga
Materia: PENAL
Carátula: Barrera, Sergio Gustavo s/ Infracción al art. 96 inc. "f",  dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

El art. 134 del dec. ley 8031 no invierte la carga de la prueba sino que determina los efectos que en este terreno produce el acta de constatación policial.
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, aplicación de la ley, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Sena Echichure, Danilo Enrique y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde imprimir trámite sumarísimo (LDC 53) a un reclamo judicial fundado en la ley 24240, según la reforma de la ley 26361, toda vez que los actores inequívocamente requirieron aquel trámite abreviado, y atento la inexistencia de petición expresa tendiente a procurar la ordinarización del proceso.

Ello así, pues la LDC 53 establece que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del Tribunal ordinario competente, a menos que el juez por resolución fundada y a pedido de parte, basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado (cfr. CNCom, Sala F, in re "Iglesias Lucas Daniel c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario", del 18/03/10).

En esta jurisdicción es, entonces, el juicio sumarísimo aquella premisa general, cuyo apartamiento procederá solo ante la configuración de dos extremos: la petición de parte y la mediación de especiales circunstancias fácticas que justifiquen excepcionar aquel trámite abreviado.
Delitos contra la humanidad, terrorismo de Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Derecho, Rene Jesús c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal -causa N° 24.079-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Para que un hecho pueda ser considerado delito de lesa humanidad, el ataque debe haber sido llevado a cabo de conformidad con la política de un estado o de una organización. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nagode Ferraro, María Cristina c/ Letiz, Mario Albano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Queda a cargo del actor acreditar la negligencia o impericia que imputa al demandado. Si ese extremo no se consigue, resulta intrascendente indagar si se probó o no el hecho fortuito que éste alegara (art. 375, C.P.C.).
Responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, dispensa de la culpa, objeto del acto jurídico, objeto prohibido, orden público, nulidad absoluta
Materia: CIVIL
Carátula: MORALEJO, JORGE GERMAN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUC. Y JUSTICIA SECRETARIA DE EDUCACION s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

La responsabilidad, por la misión propia del docente y la minoridad de los alumnos, es insusceptible de ser disminuida por un pacto de dispensa de la culpa -que el representante del Estado pretende hacer valer aprovechando una cláusula de letra pequeña ubicada en el dorso del contrato-, particularmente cuando por el lugar en que se desempeña la actividad educativa de vigilancia solo puede ser ejercida, en términos de razonabilidad, por las autoridades escolares. Y es que es inadmisible, por violentar el orden público y desnaturalizar por completo la función del docente, que se lo releve de uno de sus deberes esenciales (obrar con apropiada diligencia en el cuidado de los pupilos que le han sido confiados, máxime tratándose de adolescentes). De allí que una cláusula de dispensa total de la culpa sea, en este ámbito de la actividad humana, absolutamente nula (art. 953 del Código Civil).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, jueces, reincorporación, actos del gobierno de facto, remoción de jueces
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aramayo, Domingo Raúl
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

La solicitud de reposición en sus funciones y satisfacción de las retribuciones caídas, por quien fuera removido de su cargo de juez por el gobierno militar, aún cuando pudiera constituir materia justiciable, es ajena a la competencia originaria que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema (artículos 100 y 101 de la Ley Fundamental, y 24, inc. 1 del decreto - ley 1285/58), competencia ésta que, por su naturaleza, es excepcional y de interpretación restrictiva. Tampoco puede incitar el ejercicio de los poderes de superintendencia del Tribunal que suponen la existencia de una vinculación interna con la administración de justicia que no se da porque el peticionante es actualmente extraño al Poder Judicial (art. 99 de la Constitución Nacional) (Voto del Dr. José Severo Caballero).
Medidas cautelares, prueba anticipada
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRESTA FERNANDO DANIEL Y OTRO c/ FORD ARGENTINA SA Y OTRO s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

Debe desestimarse la medida cautelar solicita en los términos del art. 232 del CPCCN, a fin de que se ordena a una automotriz y a una concesionaria realizar un diagnóstico pormenorizado del estado de un vehículo y se disponga la reposición de un automotor 0 km de idéntica marca y modelo o, en su defecto, se efectúen las reparaciones y cambio de piezas correspondientes para que la unidad se encuentre en óptimo estado, pues, de acuerdo a las propia descripción de los hechos del escrito de inicio, la cuestión reviste complejidades técnicas y fácticas que requieren de un examen más profundo, siendo claro que la inconducta que se le imputa a las sociedades emplazadas deberá ser juzgada -con posibilidad de amplio debate y prueba- en el marco de las actuaciones principales que, según se anunció, habrán de iniciarse.
Medida de no innovar, peligro en la demora
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Antonio González  S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El peligro en la demora se advierte en forma objetiva si se consideran los efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas - ley 6059 de la Provincia de Mendoza -, entre ellos su gravitación económica, lo que aconseja mantener el estado anterior al dictado de la ley provincial cuya constitucionalidad se pone en duda.
Denegatoria del recurso, queja por casación denegada, resoluciones irrecurribles, dictamen fiscal, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Información Sumaria a Fin de Establecer Ilícito Penal, Iniciado por Di Santo Esther Carolina c/  s/ Queja por Casación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-18

Cabe no hacer lugar al recurso de queja incoado por casación denegada, y en consecuencia, declararla bien denegada, ello de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General del Ministerio Público, en tanto la sentencia cuestionada es acorde a Derecho y resulta apropiada la declaración de inadmisibilidad, y asimismo carece de la definitividad exigida por la norma adjetiva.
Transferencia del contrato de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Gregorio c/ Wimaco S.A. y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-19

Respecto a los efectos de la resolución del contrato de arrendamiento, como modo de extinción anticipada del contrato, es de aplicación lo normado por el art. 227 de la L.C.T. donde surge que los art. 225 y 226 son también de aplicación a los casos de arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento. Así, "...Al vencimiento de los plazos de éstos, el propietario del establecimiento, con relación al arrendatario y en todos los demás casos de cesión transitoria, el cedente, con relación al cesionario, asumirá las mismas obligaciones del art. 225, cuando recupere el establecimiento cedido precariamente". (art. 227 L.C.T. . La claridad conceptual del párrafo "...asumirá las mismas obligaciones..." conjugado con el del art. 225....pasarán al sucesor ..todas las obligaciones emergentes..." que no puede sostenerse otra posición, que lo que se transmite, son las obligaciones que tuviera el trabajador al tiempo de la transferencia, indistintamente que su contrato de trabajo estuviera vigente o haya fenecido. Basta que en virtud de un contrato de trabajo emergieran obligaciones y estas no fueran canceladas o extinguidas al tiempo de la transferencia, las mismas pasan al nuevo sucesor, siendo este SOLIDARIO a título de GARANTE de las deudas laborales originadas por su antecesor.
Autoría, homicidio, relación de causalidad, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: Encina, Cristian Claudio s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa en  concurso real con abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

No es posible imputarle al coprocesado la comisión del robo calificado previsto en el art. 165 del Código Penal, pues si bien aquél resulta ser coautor de un robo calificado por el empleo de arma en grado de tentativa sin embargo no originó, desde el punto de vista de la causalidad física, la muerte del otro partícipe; el homicidio de uno de los intervinientes en el asalto, se produjo en manos del funcionario policial que acudiera al lugar. Tampoco si no ha quedado probado que pueda atribuírsele alguna otra intervención que, aún sin causación física permita que se le impute el resultado mortal (tal el caso de los instigadores, autores mediatos o de quienes cooperan como cómplices, los que aún sin "causar" el resultado, deben responder por él en su condición de tales). Y menos aún si se trata de ciertas formas particulares de la acción como la omisión o la omisión impropia, bajo las cuales un sujeto también puede encontrarse en situación de tener que hacerse cargo de una consecuencia penalmente relevante.
Acción de amparo, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: Gerardino Sánchez c/ Estado Provincial-Ministerio de Economía s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B- 56.814/00 Amparo. L.A. Nº 44 Fº 880/884 Nº 400 José Raimundo González c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-74296/01 Amparo Piras de Sona, Ana c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro. B-66.272/2000 Amparo.L.A. N 45 F 61/64 N 25.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-11|2001-10-31|2002-02-14

Resulta indispensable, para la admisión del amparo, que quien solicita esa protección judicial acredite en debida forma que se impone la inobservacia de las vías procesales ordinarias a fin de evitar un perjuicio grave, o que la remisión a ellas produzca una gravamen serio insusceptible de reparación ulterior, cosa que la actora no realizó en el caso de autos. Resulta innegable que la amparista debió acudir al Tribunal donde se encontraba radicada la causa principal en lugar de promover injustificadamente una nueva acción ante un órgano jurisdiccional distinto.
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Savoia, Claudio Martín c/ EN - Secretaria Legal y Técnica (dto 1172/03) s/ amparo ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

En lo atinente a la determinación de los alcances de normas federales la Corte no se encuentra limitada para la solución del caso por los argumentos del tribunal a quo ni por las posiciones de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado según la interpretación que rectamente le otorgue.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, falta de fundamentación, asociación ilícita, asociación ilícita calificada, jefe de la banda
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sanzoni, Emilio Oscar s/ asociación ilícita -causa nº 4653-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó al actor por el delito de asociación ilícita agravada por la calidad de organizador si se ha limitado a formular consideraciones genéricas que no dan respuesta a los concretos agravios de la recurrente tendientes a demostrar la improcedencia del tipo calificado para la conducta enrostrada al imputado (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Nulidad del acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBLES, ALBERTO s/ ACTO ADMINISTRATIVO - NULIDAD - REGIMEN LEY 19.549.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Toda la teoría de la invalidez de los actos administrativos se encuentra condicionada por la presunción del art. 12 de la ley 19 549, que supone una tendencia a la reducción de la invalidez de las infracciones y vicios en que pueda incurrir la Administración. Por ello el principio del FAVOR ACTI consagra a la nulidad como una excepción. El defecto debe ser esencial, gravísimo y por ello debe ser declarada la nulidad con sentido restrictivo.
Concurso preventivo, quiebra, privilegios (comercial)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B.I.R.  S.A. c/ Frigorífico Ramallo S.A. s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El letrado que asistió al acreedor hipotecario de la firma a quién se le reconoció el cobro preferente de su crédito no puede pretender igual trato respecto de los honorarios que se le regularon por tal trámite, desde el régimen de privilegios no se entiende ni a los intereses del crédito ni a los gastos y costas devengadas para su cobro (arts. 239 y 240 Ley de Concursos).-