Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-05-06


La Plata, Mayo 6 de 2009.

CUESTION ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? VOTACION A la cuestión planteada, el doctor Genoud dijo:

I. El tribunal a quo confirmó el decisorio apelado de fs. 171/172 que había rechazado el incidente de verificación tardía articulado por la institución bancaria en el concurso preventivo de la firma "Castell Hnos. S.A.".

Analizó los antecedentes de autos, de los cuales surge que la actora sustentó su reclamo en un crédito garantizado con derecho real de hipoteca, el cual consta en la cuenta corriente de la firma concursada que identifica en su presentación.

Destacó que, no obstante lo alegado, no demostró el incidentista el modo en que se arribaba a la suma pretendida, ni acompañó extractos de la cuenta prevista a tal fin en la escritura pública suscripta con el interesado.

Agregó, siguiendo esta línea argumental, que en el presente trámite incidental es imperioso para el acreedor invocar y probar la existencia y causa de su crédito (arg. art. 32, ley 24.522).

Concluyó que los poderes que la ley concursal otorga al síndico en relación a la existencia y alcance de los créditos insinuados corresponden a la etapa tempestiva de verificación. Mas, en el período de verificación tardía, los interesados reasumen las cargas de alegación y prueba que corresponden a un típico procedimiento dispositivo, en el cual el síndico es un dictaminante imparcial.

II. Contra este pronunciamiento se alza el representante del Banco de la Nación Argentina, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 36 inc. 2 y 3, 163 inc. 3, 5 y 6, 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 989, 993, 1190 del Código Civil, 274 de la ley concursal; y la doctrina de los actos propios. Alega, además, absurdo del decisorio.

Sostiene que la sentencia traduce absurdo, por la omisión en la apreciación de la prueba agregada en los autos, cuya existencia fuera negada por el tribunal. A su criterio, ello obedeció a la anomalía que posteriormente denunciara en relación a la adjunción y foliatura de las piezas que otorgan sustento a su reclamo.

Asevera que el fallo violenta la regla de la sana crítica por cuanto omite la consideración de la conducta asumida por las partes en el proceso -que enumera- cuyos efectos resultan relevantes.

Atribuye irrazonabilidad al dispositivo sentencial, en tanto no merita el plexo instrumental que justifica la causa origen del crédito a verificar, la plataforma fáctica vinculada a la misma y la evaluación de las normas que conducen a sustentar la postura del incidentista. En tal sentido, indica que se encuentra acreditado en estos autos: la vigencia de las operaciones crediticias, los depósitos y disponibilidad de fondos en las cuentas referidas, la denuncia de monto determinado por la concursada, el reconocimiento de las firmas insertas en las solicitudes de préstamo y la inexistencia de fraude en perjuicio de la masa concursal (fs. 229).

III. El recurso no puede prosperar.

1. El impugnante inicialmente alega la existencia de anomalías que impiden el ejercicio de su derecho de defensa y determinan la errónea apreciación de la prueba. Las mismas se vinculan con la falta de agregación de la documental que individualiza y con el supuesto equívoco en la foliatura del presente.

Seguidamente, en relación al plexo documental mencionado, manifiesta "... existiendo también expreso reconocimiento de que la documentación denunciada como faltante se encontraba en Caja de Seguridad y hoy se encuentra agregada y foliada; denunciados en la oportunidad procesal adecuada los graves errores que se intentan mantener bajo el manto de la refoliatura..." (v. fs. 230).

Al respecto cabe señalar que la objeción se refiere a cuestiones procesales previas atinentes a la producción y agregación de la prueba documental y por lo tanto constituyen una materia ajena al ámbito del recurso deducido (conf. causas Ac. 73.062, sent. del 31-V-2000; Ac. 72.724, sent. del 23-II-2000; Ac. 73.750, sent. del 7-II- 2001).

2. El incidentista impetra en esta instancia extraordinaria se revoque el fallo del a quo adverso a su pretensión verificatoria del crédito reclamado, originado en la deuda contraída por la firma Castell Hnos. S.A. por la suma de ciento cincuenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos ($ 158.625).

En su libelo inicial, de modo circunstanciado acomete el relato de los hechos en que fundamenta su pedimento. Su cotejo con las constancias de autos, impone recorrer, previo a dilucidar la problemática, los aspectos sustanciales de la plataforma fáctica del sub discussio:

a. Las partes suscribieron el denominado "Contrato de apertura de crédito y mutuo con garantía hipotecaria" (escritura pública 211, de fecha 4 de agosto de 1993), en virtud del cual la entidad bancaria, se obligaba a mantener disponible a favor de la hoy concursada una suma de dinero que ésta podría requerir para la prefinanciación de exportaciones (v. fs. 50/70).

b. Las operaciones que importan utilización de la disponibilidad del crédito por la deudora, debían acreditarse en la cuenta corriente bancaria número 10.888-02, cuya apertura se dispuso en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Coronel Dorrego (v. fs. 62).

c. En el ámbito de lo estipulado, se le otorgó a la prestataria sucesivas habilitaciones de disponibilidad del crédito, conforme las modalidades previstas contractualmente y las directivas dimanadas del directorio de la institución (v. fs. 52 vta.).

d. Con el objeto de garantizar el derecho del Banco de exigir el reintegro de las disponibilidades utilizadas por la deudora, la firma deudora grava con derecho real de hipoteca en primer grado el bien inmueble individualizado contractualmente (v. fs. 63 vta.).

e. La posterior solicitud de refinanciación para la cancelación de las deudas en mora registradas en la institución articulada por Castell Hnos. S.A. mereció que -en fecha 16 de septiembre de 1998- se resolviera su admisión, cuantificando el monto total debido y su forma de pago. La cuota vencida el día 15 de septiembre, no fue satisfecha por el deudor, quien se halla incurso en mora desde el 15 de septiembre de 2000, por un saldo de $ 158.665 (fs. 11).

f. El citado monto que -en los términos de la denuncia del actor- resulta de la obligación incumplida, constituye el quantum de la verificación perseguida (fs. 72/73).

2. En el marco de lo expuesto, la Cámara de Apelación precisó los alcances de la incidencia articulada aseverando que "... no se debe soslayar que el trámite de verificación, tanto más cuando es tardía-, supone un proceso de conocimiento que exige la necesidad por parte de todo acreedor no sólo de invocar sino además de acreditar la causa de su crédito..." (fs. 199).

A partir de este principio rector, sostuvo que "... De los antecedentes del proceso que nos ocupa surge que el incidentista no ha probado ni cómo arriba al monto pretendido ni su acreditación en la cuenta prevista a tal fin en la escritura hipotecaria referida..." (fs. 199 y vta.). En esa misma línea argumental, finalizó expresando a mayor abundamiento que, a diferencia de lo que ocurre en la etapa tempestiva de verificación, en la incidencia en tratamiento "... los interesados reasumen plenamente las tradicionales cargas de alegación y prueba que corresponden a un típico procedimiento dispositivo..." (fs. 199 vta.).

Creo necesario recordar que ha dicho esta Corte que el incidente de verificación de créditos es un proceso contencioso que tiene por finalidad declarar la calidad de acreedor del actor con relación al concursado y frente a los demás acreedores, fijando su posición relativa a ellos, y otorgarle en consecuencia derecho a participar en las deliberaciones y votaciones de las propuestas preventivas o resolutorias del concurso y cobro del dividendo que le corresponde en la distribución con arreglo a su graduación (conf. Ac. 44.927, sent. del 23-II-1993).

En cuanto a sus notas distintivas, la doctrina enfatiza que en ningún momento del proceso concursal el peticionario debe ser tan claro y explícito como el relativo a las circunstancias que explican la existencia del crédito. Sus coacreedores, el órgano del concurso y en definitiva el juez, necesitan saber qué pasó entre el concursado y cada acreedor en relación al origen y ulteriores vicisitudes del crédito cuya verificación se solicita (conf. Maffia, "Verificación de Créditos", 4º ed. actualizada y ampliada, Ed. Depalma, págs. 114/115).

c) En autos, no advierto que el recurrente en su protesta haya logrado acreditar el calificativo de absurdo que imputa a la decisión que, en sus premisas sustanciales, se transcribió en el parágrafo precedente.

En efecto, no es eficazmente rebatido el argumento central empleado por el a quo para repeler el intento apelatorio: el incidentista no cumplió con la carga probatoria que le imponía justificar cómo arribó al monto cuya verificación pretende.Antes bien, su queja se detiene en el detalle de cuestiones que en modo alguno conmueven la solidez del decisorio en crisis, trasuntando una discrepancia con lo resuelto que, como tiene dicho esta Corte, no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de esta instancia para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. Ac. 71.709, sent. del 29-II-2000; Ac. 91.362, sent. del 14-XII-2005; C. 89.173, sent. del 20-VI-2007).

En consecuencia, no habiéndose demostrado las transgresiones legales ni el absurdo esgrimido, por quien tenía la carga de hacerlo (conf. art. 279, C.P.C.C.), doy mi voto por la negativa.

El doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Genoud, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el doctor deLázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Genoud en el mismo sentido y por iguales fundamentos. Agrego que efectivamente lo que no ha logrado probar el recurrente, -al margen de los posibles errores de foliatura en las piezas probatorias que alega como sustanciales para la dilucidación del caso- es la determinación exacta del crédito reclamado, sin la cual en instancias concursales se desemboca irremediablemente en la inexistencia de crédito verificable.

Voto por la negativa.

El doctor Soria, por los mismos fundamentos del doctor Genoud, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 15.862,50 efectuado a fs. 226, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Res. 870/2002). - Luis Esteban Genoud. - Eduardo Julio Petiggiani.- Eduardo Néstor De Lazzari. - Daniel Fernando Soria.