marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Diligenciamiento de cédulas, oficial de justicia, nulidad de la notificación
Materia: PENAL
Carátula: Escobar, Pedro s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-02-13

Del procedimiento practicado por el Oficial de Justicia en el diligenciamiento de la cédula, se advierte que el profesional ni persona alguna se encontraban presentes en esa oportunidad, procediendo a fijar una copia en el frente del edificio en presencia de un testigo, cuya identidad se encuentra perfectamente aclarada.

De ello se colige que el objetivo de la notificación se cumplimentó sin afectarse la garantía de la defensa en juicio, aún cuando siguiendo la letra de la norma del art. 133 del C.P.P., el Oficial de Justicia debió dejar constancia de la no recepción de la cédula por parte de un vecino. Más el Defensor no niega haber conocido la notificación, por lo que el acto cumplió su fin y por ende no se puede declarar una "nulidad por la nulidad misma".
Mandato, obligaciones del mandatario, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larrea, Alicia Clara c/ Fernández Bazán, Rodolfo Eduardo s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La principal obligación del mandatario es la de rendir cuentas de sus operaciones (art. 1909 del Código Civil). Y dicha obligación nace, se hace exigible no bien se cumple el cometido o cuando se notifica la revocación del mandato (art. 1963 inc. 1 y 1970, del Código Civil), de manera tal que se las debe presentar al mandante dentro de un plazo prudencial, una vez que se las requieran.
Nulidad de sentencia, fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, robo con armas, tentativa, arma propia, arma de fuego, arma cargada, pericia balística
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OLIVERA, OSCAR s/ SENTENCIA ANULADA - ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

1) La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se anula otra de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, no resulta vinculante ni obliga a ninguna de las otras a fallar contrariando la interpretación de otra interpretación obligatoria, sentada a través de un fallo plenario, ya de por sí de dudosa constitucionalidad.

2) La exigencia de la comprobación de la idoneidad de los proyectiles con que un arma de fuego se hallaba cargada y que se usase en el momento del robo, genera una ampliación desmedida del ya desnaturalizado enfoque de la figura del art. 166 inc. 2 del C.

Penal, pues extender aún más los requisitos interpretativos acerca de lo que debe considerarse "arma de fuego" en el caso de la citada agravante, no hace otra cosa que desvirtuar la existencia de la misma.

3) Si el encausado portaba una pistola cargada cuya aptitud para disparar ha sido acreditada con el consiguiente peritaje, la calificación correcta es la de tentativa de robo con armas, conforme con la propuesta fiscal a la que presta apoyo el referido fallo de la Corte Suprema tras fijar el alcance del Plenario Costas del 15 de Octubre de 1986.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía, Derecho ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Verga,  Angela  y  otros c/ Tagsa  S.A.  y  otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Si bien los actores incluyen como codemandada a la provincia de Buenos Aires, en su calidad de titular del poder de policía ambiental, para resolver el pleito se requiere analizar si sus actos u omisiones han influido en las agresiones al ambiente y a las personas alegadas por los accionantes, lo cual escapa a la competencia federal, puesto que las provincias conservan por el pactum foederis competencias diversas que no han sido delegadas por el Gobierno Federal (art. 121 y ss. de la Constitución Nacional). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Curti, José; De Figueredo,Rubén Francisco s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Es infundado el recurso de inaplicabilidad de ley si la Cámara tuvo por acreditado por confesión que el procesado transitaba -con acabado conocimiento de la zona- a velocidad antirreglamentaria y que por eso se produjo el hecho de autos y ello o fue concedido (lo de la velocidad prohibida) o no fue desvirtuado por el defensor, quien afirma que la velocidad ilegítima del vehículo conducido por el procesado no tuvo que ver con el resultado sin demostrar que, al resolver lo contrario, el tribunal haya transgredido la ley.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Corigliano, Rubén Adrián c/ Paglialunga, Eduardo y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

La nueva ley reguladora de los infortunios laborales, puede consagrar la extensión de sus efectos a contingencias acaecidas con anterioridad a su concreta publicación o entrada en vigor. Mas ello tiene, a la vez, un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección de consumidores y usuarios, ley de defensa del consumidor, Constitución Nacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, trato digno, dignidad del paciente, derechos del paciente
Materia: INFORMATICO-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO-CIVIL
Carátula: Babich Daniel Efraín  c/ Sanatorio 9 De Julio S.A. s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-21

Conforme las reformas introducidas a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, por la Ley 26.361, en consonancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional, se introduce expresamente la exigencia a los proveedores, de condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, lo que se suma al derecho a la dignidad humana receptado por numerosos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos de máxima jerarquía normativa en el sistema argentino.
Competencia federal, Cámara de Apelaciones, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, juicio sumario en tiempo de paz, Ley de Punto Final, inhibitoria, excepciones procesales, incidentes
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. s/ Solicita inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

Las Cámaras Federales de Apelaciones que ejercitan la facultad del art. 10 de la ley 23.049 y del art. 2° de la ley 23.492, deben disponer el archivo de las inhibitorias insubstanciales, provenientes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y están obligadas a proseguir el trámite de los procesos. Así ocurre en el caso en que la inhibitoria planteada resulta manifiestamente improcedente e inidónea para impedir la prosecución de las actuaciones, especialmente porque lo prescripto en el art. 155, 2° párrafo, del Código de Justicia Militar, vale sólo para verdaderos planteos de competencia, y no para situaciones conflictivas en las que opera el art. 456 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, instancia administrativa, comisión médica central, inconstitucionalidad, recursos
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: González, Iván Alejandro c/ Distribuidora Don Emilio SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348, pues dicha norma otorga a las comisiones médicas la facultad de ejercer funciones que exceden ampliamente su ámbito de actuación. No es posible admitir que quienes ejercen la medicina, que integran tales comisiones, puedan expedirse acerca del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, por tratarse de aspectos vinculados al nexo de causalidad y cuya dilucidación corresponde indudablemente al campo del derecho. Tampoco resulta aceptable que establezcan las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24557 cuando en muchas oportunidades deben resolverse cuestionamientos que involucran inclusive aristas constitucionales relacionadas con la forma y el modo de establecer la base que servirá para determinar el monto de las prestaciones. Cuando la Magistratura especializada, en el marco de las normas adjetivas, recurre a una persona especializada en las ciencias médicas, lo hace para que la asesore y auxilie en una materia en la que quien juzga no es experta o experto. Esa persona auxiliar debe emitir un dictamen objetivo y neutral y no puede expedirse acerca de cuestiones jurídicas u opinar respecto de la procedencia o no del reclamo incoado. La norma impugnada atribuye a quienes integran las comisiones médicas, irrazonablemente, facultades para resolver cuestiones netamente jurídicas que se encuentran reservadas a quienes juzgan y cuya finalidad es asegurar la máxima imparcialidad. La garantía constitucional de acceder a la Justicia Nacional del Trabajo, cuando se encuentran comprometidos derechos constitucionalmente comprometidos como la vida y la salud, se encuentra vulnerada. Cabe hacer lugar al planteo de la parte actora y asumir en el caso la competencia. (Del voto de la Dra. Vázquez, en minoría).
Interpretación de la ley, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Argentino y otros. s/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CALIFICADA Y TORMENTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

Las consecuencias de un modo determinado de interpretar la ley, constituyen un índice severo para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema en el que está engarzada.
Pago, prueba, recibo, pago con subrogación
Materia: CIVIL
Carátula: CIA. SUIZO-ARGENTINA DE ROPA BLANCA  S.R.L. c/ DISTRIBUIDORA SUTEX s/ PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Aún cuando la cancelación del precio no se hubiere efectivizado, el solo hecho de innovar tal evento importa por parte del deudor el reconocimiento de la existencia y eficacia de la obligación (CCIV:

721).

El deudor debe acreditar que hizo el pago a quien estaba legitimado para recibirlo; es decir, al titular del crédito o acreedor de la obligación, a su legítimo representante o mandatario, o a un tercero habilitado para recibirlo (CCIV: 731-1 y 7; 732, 1869, 1873 y 1874) el pago efectuado a favor de un tercero que no está legitimado para recibirlo resulta inoponible al acreedor por tratarse de un acto entre extraños res inter alios acta. Quien paga mal, paga dos veces, sin perjuicio de la acción de repetición por pago sin causa contra el accipiens emitente del recibo.
Administración Pública, acto administrativo, nulidad de oficio, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Preis, Alejandro Ramón c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 367-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

Los órganos administrativos están habilitados para eliminar de oficio, por sí y ante sí, actos afectados por vicios de ilegitimidad Ello constituye el ejercicio de la potestad general de anulación que tiene todo órgano de la Administración en relación a los propios actos y en orden a asegurar la conformidad de la acción administrativa con la norma jurídica eliminando, en su caso, los actos viciados. Dicha potestad, denominada a veces potestad de autotutela en cuanto tiene por fin sustraer a la Administración misma de las consecuencias de sus actos ilegítimos, corresponde, en primer lugar, a la autoridad que ha dictado la disposición que se considera viciada.
Rehabilitación (penal), daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: BETTI, ROBERTO. s/ REHABILITACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-23

Hasta tanto se repare en la medida de lo posible el daño causado por el delito, corresponde mantener la inhabilitación. La existencia de un juicio civil donde oportunamente se fijará el resarcimiento por el daño ocasionado a la víctima no es óbice para repararlo, no resultando en consecuencia cumplido, hasta el presente, el requisito señalado en la última parte del párrafo segundo del art. 20 ter. del Cód. Penal.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Castro, Ramón Andrés c/ Provincia de Salta s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La competencia federal de primer grado en razón de la materia surte cuando el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución y, además, la inteligencia de esa cláusula y la precisión de su sentido y alcance es el punto esencial para la solución del litigio.
Competencia, inhibitoria
Materia: CIVIL
Carátula: A.S.B. c/ J.T.M. s/ INHIBITORIA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-26

Tratándose de una cuestión de competencia territorial fundada en el art. 227 del C. Civil, está comprometido el orden público. Además la actividad e inactividad de la parte es irrelevante; de lo contrario se pondría en manos de los particulares la resolución de una materia no disponible. La forma adecuada de poner en conocimiento la posición adoptada por el Tribunal exhortado es mediante una comunicación oficial enviada por éste y recibida por el juez remitente, por lo tanto, los tribunales actuantes debieron recurrir a utilizar los medios pertinentes para obtener el diligenciamiento del mandamiento, sin necesidad de instancia de parte; ello por la naturaleza de la cuestión. Por ello debe reiterarse la solicitud de inhibitoria a fin de que quede establecido si se ha producido un conflicto de competencia, que llevaría la cuestión al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-
Tercerías, caución real, oportunidad procesal, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: CREACIONES SUPER  S.R.L. c/ JULIOLAIRE  S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Habiéndose dado curso a la tercería, la oportunidad para apreciar su admisibilidad y exigir fianza precluyó, por lo cual no cabe requerir ésta posteriormente; a menos que elementos ulteriormente incorporados al proceso hayan desvirtuado la verosimilitud inicial.

Por consiguiente, el reexamen tardío de aquella no enerva la suspensión del procedimiento principal, si no meritúa elementos sobrevinientes que justifiquen variar el parecer inicial del juez.
Sentencia, principio de congruencia, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, Carlos O. c/ Ruiz, Jorge M. y ot. s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Los jueces de grado deben determinar el alcance de los escritos introductivos del proceso a fin de decidir dentro del marco de posibilidades que las partes han predeterminado en ese momento, es decir, a efectos de respetar el principio de congruencia, más allá de la zona de libertad que para el Juez trasunta la aplicación del aforismo iura novit curia (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º del C.P.C.C.).
Administración Pública, práctica rentada, contratos administrativos, interpretación del contrato, recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iglesias, José Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 213-91) Basabe, Julio César c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 218-91) Rizzo, Susana Alejandra c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 217-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01|1998-04-29|1997-11-12

Los contratos celebrados como consecuencia de convenios suscriptos por la Administración con las Universidades, cuyas respectivas Facultades remitieron al Ministerio de Economía,Hacienda y Finanzas, la nómina de los alumnos que cursaban los dos últimos años de la carrera de Contador Público Nacional, como asimismo de los recientes egresados, tuvieron el carácter de "prácticas rentadas".

En ellas, la actividad a desarrollar por los contratados no estaba prevista en exclusivo interés de la Administración, no tenía únicamente a la satisfacción del interés público, sino también a capacitar profesionalmente a aquéllos, con ventajas, a la par, que no se agotaban en la sola percepción de una remuneración. De esa forma, podría hablarse de un doble juego de intereses por parte de esta categoría de trabajador: uno directo (la práctica que habrá de adquirir y la remuneración) y otro indirecto (posibilidad de mejorar su nivel de vida); aconteciendo lo mismo respecto de la Administración, la que obtiene un beneficio inmediato del trabajo del contratado, al que abona una suma posiblemente menor que la correspondiente a un empleado ya formado,y otro mediato consistente, justamente, en la capacitación de trabajadores que más adelante pueden ingresar en su planta de personal, desarrollando las nuevas aptitudes adquiridas. De lo expuesto se sigue la inaplicabilidad al sublite de las normas de la ley nro. 9104 (publicada en el Boletín Oficial del 21.12.1982), invocada por la actora en sustento de su pretensión.
Concurso de delitos, pena
Materia: PENAL
Carátula: GALANTE, RUBEN D. s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-05-28

Tratándose el hurto simple de un delito cuya pena es menor a la prevista para la violación de domicilio, puesto que pese a tener ambas figuras un máximo igual, el artículo 162 del Código Penal, establece un mínimo menor al que contempla el artículo 150 del mismo cuerpo legal, la subsidiariedad que este último establece no rige y las normas aplicables serán las del concurso de delitos, tratándose en la emergencia de dos personas independientes lo que lleva a aplicar el artículo 55 del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: González, Luis Miguel c/ Guido R. Lagier y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-05

Para que del daño pueda descontarse algún beneficio, es necesario que perjuicio y beneficio tengan la misma causa fuente. La causa de la indemnización en este proceso es el hecho ilícito (artículo 1.113 del Código Civil). En cambio, las jubilaciones que pudiera percibir el damnificado tienen su causa fuente en las leyes previsionales y la causa final en sentido objetivo en los aportes realizados por el trabajador. De descontarse del perjuicio causado, el dañador se vería beneficiado por los aportes realizados por el damnificado, lo cual es un absurdo.
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Carlos Angel c/ Mazzera, Guillermo José y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

No puede afirmarse que no existe prueba del accidente, si el actor acompañó diversos presupuestos pertenecientes a distintos talleres, los que fueron reconocidos en su autenticidad por los emitentes.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, cosa juzgada, debido proceso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE A. FERRARI HANDOY. s/ DIVORCIO  VINCULAR-  SENTENCIA-  COSA  JUZGADA-  DERECHOS Y GARANTIAS  CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

El carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes no es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 de la C.N.) pues la sentencia dictada en regular forma integra, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país.
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Metzler Amabella A. c/ Berardo Ricardo L. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

La nulidad de una notificación, a que alude el art.149 del CPCC, se rige por las mismas directivas que regulan las nulidades procesales y que encuentran solución normativa en los arts.169 a 174 del CPCC.

La única razón que justifica una norma autónoma como la aludida en primer término es la responsabilidad que atribuye al empleado o funcionario que la haya practicado. Así, en razón de lo expuesto el vicio queda compurgado si dentro del quinto día de conocida la nulidad no se deduce el respectivo incidente (art.170 CPCC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL
Carátula: B & H S.R.L. c/ BGH S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Cuando se está en presencia de marcas constituidas por "combinación de letras" (Y.P.F., L&M etc.), el amparo que proporciona la ley de Marcas no difiere del que brinda a la generalidad de los signos. La combinación de letras es tutelable como tal y ningún competidor -cualquiera fuese el dibujo que emplea- puede utilizar dicha combinación de letras o similar, pues ello significaría transgredir el derecho de propiedad marcaria (art. 4° ley 22.362). Y aunque se ha dicho muchas veces, que letras aisladas y combinaciones de letras originan marcas débiles (confr. de esta Sala; causas 7099 del 5.12.80, 472 del 5.6.81), esta caracterización responde a lo que acontece normalmente, pero no es un principio absoluto. En este caso "BGH" es una combinación de letras que alcanza la indudable cualidad de "marcas de alto renombre" así lo dispuso esta Cámara en junio de 1991 causa "BGH S.A. c/ B.H Hogar S.A. s/ cese de uso de nombre comercial" y en esas condiciones, digna de un amparo acentuado como "combinación de letras" y de extrema protección por su rango de notoriedad.
Doctrina de los actos propios, prueba, relación de dependencia, constancias administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Marquez Cristian D. c/ Maria Ester Oviedo s/ Despido -Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-12-10

Acto propio es la manifestación efectuada por la demandada en las actuaciones administrativas antes aludidas; actos propios son los textos que esta misma parte remitiera al actor donde expresamente asume su condición de empleadora al imputar al actor en forma textual: "Habiendo Ud. Hecho abandono del trabajo como chofer del taxi interno 1161 desde la fecha 7 del corriente año, sin haberse presentado a trabajar desde dicha fecha, como así también haberse negado a firmar la sanción a Ud. Aplicada con fecha 6 de mayo del corriente año, es que intímole para que en el término perentorio de 48 hs.

proceda a retomar el servicio y suscribir la documentación referenciada supra, como fuere oportunamente intimado bajo apercibimiento de darlo por despedido por su exclusiva culpa...", ETC.