marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Puertos, almirantazgo y jurisdicción marítima, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: EL ARCA  S.C.A. c/ A.G.P. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal cuando el litigio versa sobre lo atinente a un servicio prestado por la Administración General de Puertos, entidad que integra lo que puede denominarse "organización administrativa de la navegación", el predio objeto de permiso de uso está ubicado en jurisdicción portuaria y fundamentalmente, cuando en la causa se impugnan decisiones fundadas en razones que, en este estado liminar del proceso, no hacen irrazonable considerarla encuadra dentro de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima a que se refieren los arts. 100 CN, 2 incs. 7 a 10 de la ley 48 y 11, inc. 9 de la ley 1893, toda vez que se encuentran en tela de juicio cuestiones concernientes a la navegación, servicios marítimos o fluviales, o vinculados a prerrogativas y deberes relativos al derecho y comercio derivados de la navegación.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

La facultad de los jueces para esclarecer los hechos debatidos no puede ser renunciada cuando su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable; de lo contrario, la sentencia no sería la aplicación de la ley a los hechos del caso, sino la frustración ritual de la aplicación del derecho.
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso, suspensión del juicio a prueba, cuestiones de competencia, juez de ejecución
Materia: PENAL
Carátula: Argüello Jorge Ariel s/ Suspensión De Juicio A Prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-04-17

Debe declarase formalmente admisible el recurso de casación en favor del imputado, con fundamento en lo normado en el artículo 422 del C.P.P de la Provincia de Formosa, contra el fallo del juez de ejecución penal que revocó la suspensión del juicio a prueba, toda vez que habiendo sido presentado en tiempo y forma, surge de su lectura una exposición clara de lo que se entiende como agravios serios y suficientes fundados en que al juez de ejecución solo le compete realizar el control que habilita el inciso f) del artículo 26 bis del C.P.P.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortés Victor M. y otro c/ Berazaluce, Antonio s/ Cobro de pesos y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

El recurso contra la sentencia abre la jurisdicción de la alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de la misma, pero en manera alguna posibilita fallar sobre peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado, pues el tribunal "ad quem" carece de atribución para resolver sobre ningún capítulo que no hubiese sido propuesto a decisión del inferior.
Superior Tribunal de Justicia, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA, DIEGO JAVIER s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INSCRIPCION  DE MATRICULA DENEGADA POR PARTE DEL COLEGIO DE OPTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- REVOCATORIA IN EXTREMIS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 512 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Corresponde rechazar por inadmisible el recurso de revocatoria "in extremis" interpuesto, dado que el impugnante pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una sobreargumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etcétera), cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible. Es que el recurrente no ha evidenciado a la Corte una circunstancia que de haber sido tempestivamente advertida hubiese generado una decisión que, sin lugar a dudas, debió ser diferente.
Daños y perjuicios, tasas de interés, tasa activa, modificación de la tasa de interés, fundamentación de sentencias, código civil y comercial, interpretación de la ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por UGOFE S.A. en la causa García, Javier Omar  c/ UGOFE S.A. y otros  s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Es arbitraria la sentencia que fijó intereses, desde la fecha del accidente hasta el 1 de agosto de 2015, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y, desde entonces hasta el efectivo pago, al doble de esa tasa, pues la multiplicación de una tasa de interés resulta en una tasa que no ha sido fijada según las reglamentaciones del Banco Central, por lo que contrariamente a lo que afirma el tribunal a quo, la decisión no se ajusta a los criterios previstos por el legislador en el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación
Protección del medio ambiente, juicios entre dos o más provincias, recomposición del daño ambiental, derecho humano al agua, servicio de agua corriente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ Uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-01

En el primer estadio de decisión sobre un conflicto ambiental en el que quedó acreditada la necesidad de un caudal para asegurar la subsistencia del ecosistema, corresponde reconocer la mayor deferencia al margen de acción de los estados provinciales involucrados, a fin de aportar elementos que permitan arribar a una solución dirimente del conflicto. A esos efectos las partes deberán fijar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado como asimismo, poner en funcionamiento la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.), a fin de que, por su intermedio, las Provincias de La Pampa y de Mendoza, en forma conjunta con el Estado Nacional, elaboren un programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a la problemática del Atuel, como así también los costos de la construcción de las obras respectivas y su modo de distribución, sus beneficios, las urgencias de las poblaciones circundantes, la defensa del acceso al agua potable, la participación de las comunidades originarias radicadas en la región, como asimismo la sostenibilidad de la actividad económica productiva, y la sostenibilidad del ecosistema.
Contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, José c/ Monteagudo  S.A.  y/o  contra  quien  resulte  responsable  de dicho establecimiento s/ Reclamo laboral resulte  responsable  de dicho establecimiento s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-11

Puede haber variantes en la prestación a ser cumplida por el dependiente, pero toda modificación debe respetar la calificación contractual, no pudiendo legitimarse una rebaja de categoría, pues ello entraña una nota esencial del contrato, con independencia del mantenimiento de la remuneración. El cambio sustancial de la modalidad de la prestación exigida al dependiente, significó un uso abusivo de las facultades organizativas y legitimaron su decisión de extinguir el contrato, por considerarse injuriado por su empleador.
Suspensión del trabajador, asignaciones familiares
Materia: LABORAL
Carátula: COMPAÑIA QUIMICA SA. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-15

La expresión "por un lapso superior a diez días" contenida en el artículo 3 del decreto 1502/81 se refiere al plazo mínimo de suspensión del trabajador para la concesión de las asignaciones, ya que a continuación la norma dispone que "tendrá derecho a percibir la parte proporcional con relación al período de suspensión', sin hacerse referencia a elemento alguno que permita interpretar que deben descontarse los diez primeros días de la suspensión.
Accidente de aviación, junta de investigación de accidentes de aviación civil, investigación del accidente
Materia: AERONAUTICO-CIVIL
Carátula: GUIDI  CECIL  MARIANA  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL FUERZA AEREAARGENTINA Y OTROS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Tal como surge del informe del órgano oficial y de lo dictaminado por el perito, tengo para mí que la conducta del piloto ha tenido capacidad de producir el resultado dañoso por no haber actuado, debido a su desconocimiento e inexperiencia en el manejo operativo del avión, de acuerdo a lo que en iguales circunstancias de tiempo y lugar habría hecho alguien prudente y diligente. O sea, advertir que la falta de alimentación de combustible proveniente de los tanques principales fue lo que detuvo los motores. Es obvio que, de haberse percatado de este extremo, hubiera podido accionar de inmediato las válvulas selectoras de combustible a los tanques auxiliares y sortear con éxito la emergencia ya que el combustible allí almacenado era suficiente para cumplir el plan de vuelo.
Concursos, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, presupuestos de responsabilidad, improcedencia del recurso, créditos reconocidos, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCCTEA SA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

Procede revocar la resolución que ordenó la clausura del procedimiento por falta de activo por aplicación de lo normado en la LCQ 232, rechazando la oposición de la fallida. Ello por cuanto, en el caso, la deudora ha denunciado la existencia de créditos por cobrar. En efecto, las constancias informáticas hacen verosímil tal postura en cuanto a la probable existencia de un activo pendiente de recupero, como es cierto crédito que se tendría a percibir en la jurisdicción de Madrid, España, en el concurso de cierta sociedad. En ese marco, considerando que dicha acreencia fue denunciada en autos por la propia fallida a los fines de que se incorpore al activo de este proceso, con la finalidad de evitar la clausura por falta de activo, deberá la Juez de grado requerir el reconocimiento de esta quiebra como acreedor en aquel concurso en representación a los fines de obtener el recupero del crédito en cuestión, solicitando para ello, el auxilio procesal y la cooperación internacional del magistrado español (arg. CCCN 2611) para que las sumas que correspondan a la fallida sean remitidas a esta quiebra. A tal efecto, deberán librarse las rogatorias internacionales del caso, acreditando con los testimonios apostillados correspondientes la existencia de este proceso, y la personería y legitimación de la sindicatura para peticionar en los términos previstos de la Convención de la Haya de 1965 sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial y de la Convención de La Haya de Procedimiento Civil de 1954, en su caso y en lo pertinente, de las que tanto Argentina como el Reino de España son parte. Así pues, siendo que, no sólo existen en autos fondos provenientes de la realización de un bien de la fallida que deben ser sujetos a distribución, sino que también ha sido denunciada la existencia de posibles créditos a ser cobrados por la fallida, es claro que no estarían dadas -en principio- las condiciones para el dictado de la clausura por falta de activo dispuesto en autos.
Bienes inembargables, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Amante Afio Antonio c/ Lucero Juan Carlos y Otra s/ Cobro  de  Alquileres-Ejecutivo-Actuaciones para Elevar a la Cámara-  Artículo 255 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-05-08

Tanto la ley provincial 4435 como la ley nacional 22.232, al declarar la inembargabilidad de un inmueble destinado a vivienda familiar tienen fundamento en el carácter tuitivo orientado a fin superior como es el de proveer de vivienda única y propia a las familias argentinas.

Sin embargo, pese a lo sostenido anteriormente, es necesario señalar que para dejar el bien constituido como bien de familia y lograr su futura inembargabilidad resulta imprescindible cumplir los recaudos de la inscripción ante el Registro General Inmobiliario a fin de que dicha situación tenga o produzca efectos frente a terceros.

En los casos de venta de conformidad a la ley 4435 (IPV), si bien no es necesario el trámite administrativo separado para dejar al inmueble constituido como bien de familia, es imprescindible cumplir los recaudos de la inscripción que prevé la ley 14.394 a fin de que produzca efectos contra terceros.
Caducidad de instancia, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: BAZAN NORA MABEL c/ SUAREZ RAMON ANTONIO s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION CIVIL SOSA RAMON HIPOLITO c/ CORVALAN RUBEN ANTONIO S/ RESOLUCION DE CONTRATO E INDEMINIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION CIVIL CIOCCI Y CHIERICOTTI c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/U OTROS S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL ANRIQUEZ ENRIQUE F. c/ ZAIDEMBERG HUGO; DR. JOZAMI Y OTROS S/COBRO DE PESOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA FUTURA A.F.J.P. S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-08-09|2006-12-19|2007-10-31|2007-02-09|2007-08-24|2008-02-29

La caducidad de instancia es un desistimiento tácito de la demanda o la extinción de la instancia por cesación de los procedimientos durante cierto tiempo. La ley presume que quien ha paralizado la instancia, comenzada durante los plazos que la ley ritual fija, quiere renunciar a ella.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, presunción de legitimidad, importación temporaria, recurso de reconsideración, denegatoria del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS TERMOPLASTICAS ARGENTINAS  S.A.I.C.F. c/ A.N.A. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-01-12

La presunción de validez de los Actos Administrativos impide disponer por vía de una medida cautelar la suspensión de sus efectos sin una estricta apreciación de los requisitos de admisión -peligro en la demora y verosimilitud del derecho- de los que surja prima facie, la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto y un cuidadoso resguardo del interés público comprometido.

En el limitado marco cognoscitivo que autoriza el tratamiento de la cautelar medida, el derecho que se invoca no aparece con fundamento suficiente que sustente su verosimilitud, toda vez que la importación temporal fue autorizada en los términos del dto. 1001/82, reglamentario del Código Aduanero y la resolución del organismo recaudador, por la que se rechazó el recurso de reconsideración deducida contra la Res. ANIENTE 701/88 que denegó la modificación del plazo, se funda en el art. 266, ap. 2 del Código Aduanero.
Trabajadores de la construcción, accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ALDERETE, ADELINA c/ FABRITAN SRL. s/ ACCIDENTE COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-29

No se encuentra en oposición la norma del artículo 6 de la Ley 9688 con las disposiciones de la Ley 17258 en cuanto ésta diferencia a los contratistas inscriptos en el Registro de la Construcción de los que no lo están, ya que dicha diferenciación no basta para excluir de responsabilidad por riesgos del trabajo a los primeros;

siendo el propósito de ambos eliminar la corruptela de interponer entre las partes de la relación laboral un tercero, generalmente insolvente.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, pena, agravantes de la pena, reincidencia, reincidencia real
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

La recurrente no logra demostrar los yerros que invocara en el razonamiento judicial -con sustento en la afectación del sistema de reincidencia real-, ni que la Alzada se hubiera desmarcado de los alcances interpretativos de la ley, los cuales fueron técnicamente debatidos en todas las instancias por las partes, por cuanto desde la presentación conjunta del acuerdo abreviado ambas sentaron sus adversas posiciones; y sometieron la controversia a debate oral y resolución jurisdiccional -tanto en la instancia de grado como de revisión apelatoria-, adoptando el Tribunal de Alzada una postura hermenéutica que la impugnante tan sólo en forma genérica cuestiona como apartada del criterio de reincidencia real sin que explicite argumentativamente su postura. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 50
Recurso de inaplicabilidad de ley, embargo preventivo, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Litormet S.R.L s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-06-21

El pronunciamiento de Cámara, al sostener que por estar embargados todos los certificados de obra presentes y futuros, solamente el demandado podía disponer el pago de los saldos al cesionario con el levantamiento de los embargos, por aplicación del artículo 736 del C.C. , en definitiva, determina el alcance de los embargos preventivos en cuestión. No es suficiente sostener que se trate de un error fáctico; se trata de una interpretación legal de los alcances de los embargos, lo que la actora no cuestiona como violación o errónea aplicación de la ley, resultando por lo tanto, insuficiente para analizar lo decidido en la sentencia definitiva.
Prescripción, dividendo societario, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICAGNO Y RIPOLI, MARIA TEREZA c/ MURRAY - LEA S.A. COM. E INDUSTRIAL s/ ENTREGA DE ACCIONES Y COBRO DE DIVIDENDOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-23

El accionista no tiene obligación de reclamar el pago de dividendos en un momento determinado, pudiendo ejercer su derecho siempre que no se hubiere operado la prescripción. Por lo demás, si bien es cierto que prescribe a los tres años dicho crédito, y que el plazo del CCO: 848, inc. 1, empieza a correr desde la fecha de la Asamblea que dispuso su pago, o desde que se levanta el acta que así lo determina, en el caso la decisión desestimatoria de la defensa se ajusta a derecho, en tanto considero que "... no medió en ningún momento disponibilidad de los mismos, de modo tal de poder computar el diez a quo del término prescriptivo".

La decisión asamblearia que dispone que los dividendos probados en ellas se pagarán en la forma y época que fije el directorio sujeta su pago a un plazo suspensivo incierto e indeterminado (CCI:

568/569), pues su exigibilidad depende de un hecho futuro que necesariamente tendrá lugar (la resolución del directorio), resultando incierto sólo el momento o fecha en que ello acontecerá, el que a su vez se establecerá en función de hechos potestativos a cargo del deudor de la obligación.

Tal supuesto queda comprendido en el CCI: 509 ter. parr. que autoriza al acreedor a pedir fijación judicial del plazo, quedando el deudor en mora en la fecha que indique la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

Consecuentemente, si se considera que las obligaciones a plazo sólo prescriben desde la fecha de su exigibilidad, toda vez que el plazo opera sus efectos ex nunc, y el directorio omitió anunciar a los suscriptores el pago de los dividendos por las razones vertidas precedentemente, cabe concluir bien desestimada la defensa por no haber comenzado a correr el término de prescripción del CCO: 848, inc. 1.
Costas, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rio Franco SA c/ Consorcio de Propietarios Azcuénaga 1419 s/ejecutivo s/ queja. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-02

El CPR 69 se refiere únicamente al efecto de los recursos de apelación contra la imposición de costas cuando estos son concedidos, lo que no significa que siempre y en todo caso el régimen de las costas sea apelable.
Competencia, cuestiones de competencia, modificación de la competencia, desplazamiento de la competencia, radicación del expediente, actos jurisdiccionales, fallos de la Corte Suprema, cambio jurisprudencial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manesi Mario y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Expropiación inversa s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

Este Tribunal se ha declarado competente aún cuando, como ocurre en la especie, existiera un acto jurisdiccional emitido por órganos de la Justicia Nacional en lo Civil, que ejercieron en forma transitoria la competencia asignada a este Fuero local hasta su definitiva integración. En tales ocasiones, se valoró, también, el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual, las disposiciones normativas en materia de competencia resultan de aplicación inmediata a las causas pendientes, siempre que ello no importe privar de validez a los actos procesales ya cumplidos conforme a las leyes anteriores (Fallos, 249:343, 306:1223, 310:2049, 312:251, 320:1878, 322:1142, entre muchos otros), y que el desplazamiento de la causa en virtud de la modificación sobreviniente de la competencia no vulnera la garantía consagrada por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos casos se ponderó, finalmente, la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Niella, Reinaldo c/GCBA s/Acción Declarativa artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial" (del 24/10/00), donde declaró la competencia de este Fuero Local con fundamento en el status jurídico de esta Ciudad, que le otorga el derecho a su propia jurisdicción (según el art. 18 CN) garantizándose, de ese modo el régimen federal de Gobierno. No obstante, recientes pronunciamientos del más Alto Tribunal aparejan una decisión distinta en el presente caso. En efecto, el los autos "G.C.B.A. c/Parra, Gabriel s/Ejecución Fiscal" y "G.C.B.A. c/Buzzano Norberto y otro s/Ejecución Fiscal" (ambos fallos 9/800) la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el límite para la transferencia de expedientes con motivo de la modificación de las normas sobre competencia está dado por el principio de radicación, que se configura con el dictado de actos típicamente jurisdiccionales. A su vez, estos últimos fueron definidos como "aquellos que importan la decisión de un conflicto mediante la adecuación de las normas aplicables, como resultado característico de la función jurisdiccional encomendada a los jueces", o que "dan por terminado el proceso por alguna de las formas de extinción previstas en la ley". Con la orientación indicada en los casos citados precedentemente, la Corte resolvió que la existencia de los actos jurisdiccionales -firmes o no- vedan el desplazamiento de la competencia y, en consecuencia, las actuaciones deben permanecer radicadas por ante el órgano que dictó esos actos