Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31


BRAUER, Nidia María del Huerto Donnet de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 433-438. En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos "BRAUER, Nidia María del Huerto Donnet de contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 183, año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veinticuatro del corriente mes y año. A la primera cuestión: -¿Es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I. 1. Nidia María del Huerto Donnet de Brauer promueve juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendiente a que se reajuste su haber jubilatorio con relación al sueldo del activo que ocupa el cargo de "Administradora - Habilitada del Servicio para la atención médica de la ciudad de Esperanza" (con todos los adicionales y/o complementos y/o bonificaciones), que realiza idénticas funciones a las que desempeñó en su momento, restableciendo la debida proporcionalidad y razonabilidad entre éste y el monto del beneficio previsional y "encuadrándola en la categoría numeraria que corresponda".

Asimismo solicita se le abonen las diferencias resultantes desde el reclamo original en vía administrativa con la retroactividad legal, más la actualización según coeficientes de precios al consumidor, intereses y costas. Dice que obtuvo la Jubilación con relación al cargo mencionado; luego relata que el 3.11.1989 peticionó a la Caja el reajuste de su haber por considerar que existía irrazonable proporción entre este y el sueldo del agente activo que ejercía idénticas funciones a las que realizó en su momento; y que el 29.8.1991 solicitó, además, la adecuación del haber en la categoría correcta.

Afirma que el status del jubilado o de su familia se adquiere y consolida a través del acto administrativo que otorga el beneficio previsional, tornándose un verdadero derecho adquirido con carácter de propiedad inviolable, que tiene que guardar estricta relación con lo que hubiera el agente como activo, en la proporción legal correspondiente; que para el caso es el 84% del sueldo del activo. Agrega que el beneficio previsional es una prestación alimentaria sustitutiva del salario, que tiene su basamento legal en el artículo 21 de la Constitución provincial, mediante el cual se asegura la vigencia de jubilaciones móviles, proporcionadas a los incrementos que se produzcan en las retribuciones de los agentes en actividad.

Sostiene que el propósito del recurso y de los reclamos administrativos precedentes es lograr el reajuste de los haberes que se encuentran sensiblemente disminuidos en su porcentaje legal, tornándose en algunos casos confiscatorios por las elevadas diferencias existentes. Dice que el beneficio previsional consiste en el pago de una suma de dinero que reemplaza al sueldo de quien no puede concurrir al mercado de trabajo; que para mantener la cobertura de esta contingencia, los montos de las jubilaciones y pensiones deben acompañar las variaciones que se produzcan en los sueldos.

Considera que el sistema de movilidad, establecido para mantener la originaria proporción (82 %) al momento de adquirir el derecho, al adoptar la modalidad de coeficientes sectoriales está reconociendo la diferenciación de sectores y la jerarquía de sueldos Agrega que la técnica mencionada es errónea y debe corregirse, de modo que se respete la razonable proporcionalidad que debe existir entre el haber en pasividad y el del activo. Entiende que el monto de los haberes previsionales sólo puede ser disminuido para el futuro sin menoscabar el derecho de propiedad cuando existen razones de interés público o beneficios generales, y siempre que no se afecten los porcentajes establecidos jurisprudencialmente. Solicita, en definitiva, se haga lugar a lo peticionado, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisión del recurso en su aspecto formal (f. 32), comparece la Provincia (f. 38) y contesta la demanda (fs. 41/45). Luego de negar diversas postulaciones contenidas en ese escrito, afirma que en el sistema de la ley de jubilaciones el reajuste del haber previsional no depende de la evolución del cargo desempeñado por el pasivo al momento de obtener la jubilación, ni de la remuneración del cargo luego del cese, sino del coeficiente sectorial que fije el Poder Ejecutivo en función de las variaciones de los sueldos del personal en actividad y de los datos que orientan la determinación de los haberes, como correlato de la situación económica y financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Señala que la excesiva generalidad con que el recurrente plantea la pretensión de reajuste con relación a las asignaciones del activo, le impide determinar si el sueldo de éste se integra con los rubros indicados, si corresponde que sean considerados a los fines de determinar el haber, o si ya han sido trasladados al mismo. Por otra parte, entiende que la pretensión de una nueva categoría además de imprecisa resulta improcedente, pues importaría un ascenso en pasividad. Advierte que de las constancias administrativas surge que la recurrente obtuvo la Jubilación con categoría 15, habiéndose desempeñado como "Administradora-Habilitada del S.A.M.CO. de Esperanza"; en tanto el agente que la reemplazó revista en categoría 12.

De ello colige que las tareas desarrolladas por la recurrente no tenían asignada una categoría uniforme. Sostiene que no se puede pretender que una posible revalorización de funciones -que en su momento pudieron ser cumplidas por empleados con distinta jerarquía escalafonaria- beneficie al jubilado. Para el supuesto que proceda el recurso, plantea que los intereses se deberán computar desde la fecha del reclamo y no por períodos mensuales anteriores no alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria; y que a partir de la vigencia de la ley 11.373 el criterio para la determinación de los porcentajes respecto de la razonable proporción debe ceñirse a los parámetros que surgen de la misma ley.

Solicita el rechazo del recurso, con imposición de costas a la actora. Abierta la causa a prueba y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 267/275 y 276/281). Dictada (f. 282) y consentida la providencia de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta.

II.1. La actora, quien obtuvo el beneficio de Jubilación Ordinaria, en base al 84% de la asignación mensual correspondiente a la categoría 15 del S.A.M.CO. de Esperanza; según surge de la determinación realizada por la División Cómputo y Monto , y de la resolución jubilatoria 5682/84 (fs. 8 y 15, expte. adm. 15101-0158729-V), pretende el reajuste del mismo "en la proporción legal correspondiente", de modo que se restablezca la razonable proporción con el sueldo que percibe el agente activo - con todos los adicionales y/o bonificaciones y/o complementos- que ocupa el cargo de Administradora-Habilitada del S.A.M.CO. de Esperanza.

2. En primer lugar, se debe analizar la pretensión dirigida a obtener el reajuste de haberes en base a una categoría mayor. Ello es así, teniendo en cuenta la solicitud de la actora con relación a que se la encuadre en "la categoría numeraria correcta"; y que, al informar sobre el mérito de la causa, sostiene que conforme surge de la prueba rendida, el sueldo que corresponde al agente activo es el de la "categoría 19 o actualmente 04" (fs. 272 y 275). Sobre el tema, corresponde recordar que este Tribunal -en sucesivas integraciones- ya se ha pronunciado acerca de que el sistema de movilidad en base a coeficientes no autoriza en modo alguno a desvincular completamente, para la determinación del haber, el cargo desempeñado en actividad, en tanto sigan correspondiendo a éste similares funciones.

En ese orden, ha insistido esta Corte en que el contenido económico del cargo debe ser el mismo tanto para los empleados en actividad como para los pasivos, si éstos desarrollaron iguales funciones a las que desempeñan los primeros, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las previsiones normativas en punto a la movilidad y los principios vinculados a la igualdad de remuneraciones (por todos: "Rodríguez", A. y S. T. 185, pág. 16).

Sentado lo precedentemente expuesto, es preciso considerar si, en el caso, se ha demostrado que la recurrente desarrolló las mismas o equivalentes funciones a las retribuidas ahora con la remuneración correspondiente a una categoría mayor. Se adelanta que la respuesta ha de ser negativa. La actora sustenta su pretensión en el informe de foja 85, en éste el Director de S.A.M.CO. de Esperanza señaló que el cargo de "Administrador-Habilitado que ocupara la señora Brauer hasta su jubilación (año 1984), fue creado nuevamente recién en el año 1991 por decreto 2743, con categoría 19".

Como se advierte esta prueba no ofrece ningún elemento del que pueda extraerse que la nueva clasificación presupuestaria refiere, con el grado de precisión que exige este tipo de causas, a la misma función que desempeñaba la recurrente. Es que no sólo se ha omitido la mención y detalle de las funciones que en la práctica cumplía la actora, sino que tampoco se especifican las tareas correspondientes a quien ocupa el cargo en la actualidad.

Y, ello sería necesario a los fines de demostrar en forma suficiente que la categoría 19 -a partir del 1.1.1991- no respondió a una creación, como surge del informe analizado, y de los considerandos del decreto 2743/91 ; sino que obedeció sólo a un cambio de estructura, que no implicó mayores responsabilidades, calidades y obligaciones de las funciones atribuidas en su momento al cargo desempeñado en actividad (A. y S. T. 121, pág. 24).

Por otra parte, no resultan datos menores que los sucesivos agentes que ocuparon el cargo dejado vacante por Brauer al jubilarse y hasta 1991, lo hicieron con categorías inferiores a la 15 (ver fojas 25 y 28 vto. expte. adm. y 213/214, expte. jud.); y que la complejidad del S.A.M.CO de Esperanza, era de Nivel IV, en la época del desempeño de tareas por la recurrente, mientras que a partir del 19.11.1990 pasó a ser Nivel VI por resolución 1106 (fs. 27, expte. adm.; 85 y 213, expte. jud.). Estos elementos hacen que no sea irrazonable afirmar que la nueva calificación presupuestaria respondió a aspectos y valoraciones que, al momento de prestar servicios la actora, podían no existir (Fallos: 306:911). 3. Determinado lo precedente se debe considerar que la actora también solicitó que su haber guarde razonable proporción con las remuneraciones del activo; en esa dirección las menciones a diversos rubros integrativos de la remuneración - adicionales y/o bonificaciones y/o complementos- no constituyen una pretensión autónoma, sino que son puntualizadas a los efectos de la razonable proporción que a través del recurso se procura restablecer.

Cabe recordar que con relación a los porcentajes del haber mencionados en la demanda y en el alegato, el Tribunal ya expresó que si bien el legislador estableció la proporción para la determinación originaria de los haberes previsionales, no necesariamente se debe mantener con el tiempo esa relación entre las remuneraciones del activo y del pasivo en el mismo porcentaje ("Graffigna", A. y S. T. 58, pág. 282).

Es decir que matemáticamente no deben trasladarse al sector de pasivos los incrementos de remuneraciones otorgados a los activos, pues de ser así, directamente se habría ordenado esa correspondencia (cfr. "González de Prado", A. y S. T. 92, pág. 492 y sus citas).

La situación que depara el presente es similar a la considerada y resuelta en "Demiryi" (A. y S. T. 159, pág. 451) y posteriores pronunciamientos ("Busso", A. y S. T. 161, pág. 31; "Peirotti", A. y S. T. 161, pág. 61; "Garnica", A. y S. T. 166, pág. 438; entre otros), en los cuales se recordó la jurisprudencia nacional y local con relación a la necesidad de preservar la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo.

A fin de evitar una reiteración que estimo innecesaria, corresponde remitir a tales consideraciones en lo pertinente; y, según lo expuesto y las pruebas producidas en autos enfocar el presente. Evaluando las constancias tendentes a demostrar si existe disminución irrazonable o no en los haberes percibidos, se observa que a fojas 106/107 el Departamento Cómputo y Monto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones detalló los haberes jubilatorios de la actora desde noviembre de 1987 hasta la fecha del informe (octubre de 1999); y adjuntó copia de las planillas de haberes correspondientes a diferentes períodos desde 1987 hasta 1999 (fs. 109/115).

Por su parte, la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, hizo saber los sueldos correspondientes al cargo "Administradora- Habilitada", categoría 15 (fs. 86/88vto.); información que fue ampliada con relación a los rubros: "adicionales no remunerativos", "presentismo", "suplemento plan equiparación" e "incentivo laboral por producción" (fs. 130; 148/149 y 238).

Al respecto se debe tener presente que esta Corte ha señalado que para la determinación de un haber actualizado, que respete el principio básico de la necesaria proporción entre el haber de pasividad y el que percibiría en actividad, no se pueden excluir del cómputo adicionales que en razón de su propia naturaleza no hacen sino retribuir discriminadamente lo que con anterioridad se percibía en el mismo cargo, globalmente o bajo otra denominación, pero con similar carácter retributivo (cfr. "Sánchez Guerra", A. y S. T. 69, pág. 466; "Lauría", A. y S. T. 93, pág. 225; "Juárez", A. y S. T. 144, pág. 441 y "Ferreyra", A. y S. T. 168, pág. 122). Sin perjuicio de ello, asiste razón a la demandada acerca de su oposición a que se trasladen al haber los montos por "presentismo"; al respecto esta Corte señaló que dicho adicional que puede percibir el agente en actividad, no integra necesariamente su remuneración, sino que depende de un hecho eventual al estar condicionado con la asistencia diaria al trabajo; por lo que no corresponde tenerlo en cuenta a los fines de determinar el haber del agente en pasividad (A. y S. T. 176, pág. 13). Las objeciones vinculadas a los restantes adicionales, no son argumentos decisivos que permitan apartarse de la doctrina jurisprudencial citada. Aclarado lo precedente, se observa que los sueldos informados son nominales, y no lo que efectivamente percibe el agente en actividad; por lo tanto es preciso efectuar las pertinentes deducciones legales, estimadas en un 18% a falta de prueba efectiva sobre los descuentos reales que pudieran corresponder ("Carnelli", A. y S. T. 65, pág. 317).

Por otro lado, en razón de que la Jubilación Ordinaria fue acordada a la señora Brauer, en base al 84% de la categoría 15 - según se ha dicho más arriba- es preciso hacer la adaptación necesaria para la aplicación del límite de reducción que se juzga razonable entre lo percibido por activo y pasivo . En consecuencia los importes jubilatorios informados se redujeron hasta alcanzar los haberes jubilatorios ordinarios. A los valores así obtenidos se los estimó efectivos con la deducción del 5% conforme "Vecchioni" (A. y S. T. 86, pág. 127). La comparación en los períodos probados en autos, de los sueldos y haberes estimados -según se termina de explicar-, permite comprobar que la actora no ha percibido sus haberes con la irrazonable proporción de que se queja.

Lo expuesto hasta aquí basta para rechazar el recurso, tornándose inoficioso pronunciarse sobre las restantes cuestiones planteadas por la demandada. Voto pues, por la negativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión: -En consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso e imponer las costas a la actora (art. 84, ley 4106). Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar improcedente el recurso. Costas a la actora. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)