Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09


Esquel, 9 de marzo de 2007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 569 por el demandado Sr. C C, representado por el Dr. J C, contra la sentencia de fecha 3 de octubre de 2006 obrante a fs. 553/560 de estas actuaciones, como asimismo la apelación en subsidio interpuesta por el Dr. G D, representante de la actora Sra. C B, contra la providencia de fs. 598 de fecha 5 de diciembre de 2006; y CONSIDERANDO:

Que concedidos los mencionados recursos por las providencias de fs. 570 y 602 respectivamente, los agravios del apelante obran a fs. 578/588, en tanto que los de la actora lucen a fs. 600/601 y son contestados mediante memorial de fs. 594/597 y vta. (pieza atacada) y fs. 607/609 respectivamente.

Corresponde tratar en primer término la discordancia de la actora respecto a lo resuelto por la Sra. Jueza apelada a fs. 598, quien dispone tener por no contestado el traslado (v. memorial de fs. 594/597) atento la extemporaneidad de su presentación, para luego -entonces si-adentrarnos al tratamiento de la apelación de la sentencia.

Surge del expediente que dictada la sentencia y su aclaratoria (fs. 553/560 y vta. y 563/564 respectivamente), el apoderado del demandado interpone apelación, la que se concede (v. fs. 570) y luego presenta memorial (v. fs. 578/588). Posteriormente y con fecha 15 de noviembre de 2006 la Sra. Jueza de Familia dispone textualmente: "... del mismo córrase traslado a la contraria por el término de ley.- Notifíquese." (v. fs. 590); con fecha 20 de noviembre de 2006 el apoderado de la actora solicita el expediente en préstamo (v fs. 591), proveyéndose con fecha 22 de noviembre de 2006:

"Importando ser un trámite contradictorio, previamente invoque los motivos de la solicitud efectuada" y a mano alzada el Dr. D expresa "Sra. Juez: Atento ordenarse el traslado del memorial a fs. 590, solicito el mismo a fin de poder evacuarlo" (v. cargo de fecha 23/11/06); en igual fecha la Sra. Jueza de grado concede en préstamo el expediente por 24 hs., el Dr. D retira el mismo (v. constancia de fs. 593 vta.) y lo regresa al día siguiente (24/11/06) cuando retira copia del memorial presentado por el demandado.

A continuación y con fecha 30 de noviembre de 2006 el apoderado de la actora Dr. D acompaña memorial y la Sra. Jueza de Familia, con fecha 5 de diciembre de 2006 decreta "La providencia de fecha 15 de noviembre del corriente año (v. fs. 590) es de las que se notifica por ministerio de ley conforme el art. 133 del C.P.C. y C., a más de ello, del escrito en diligencia de fs. 592 surge la notificación respecto de aquel decreto, toda vez que hace referencia al mismo.

En consecuencia, atento la extemporaneidad, téngase por no contestado el traslado ... ".

Sobre dicha providencia el apoderado de la actora plantea reposición con apelación en subsidio (fs. 600/601 y vta) y al fundar los agravios se expresa dando razón a la a quo en cuanto a que la resolución de fs. 590 es de las que se notifica por Ministerio Legis, aunque afirma que no es menos cierto que en este caso particular ha hecho uso de la facultad que le otorga el art. 135 inc. 18, toda vez que ella misma ha ínter vertido la notificación en una personal o por cédula, porque al poner "Notifíquese" está indicando que la notificación es personal o por cédula, con lo que la providencia, por decisión de V.S. es del art. 135 y no del art. 133, como equivocadamente indica la providencia en crisis, concluyendo que de haber querido respetar la notificación del art. 133 debió haber indicado en el proveído de fs. 590 "del memorial traslado por el término de ley y nada más".

A renglón seguido expone que si bien esa parte presentó un escrito a fs. 592 aludiendo a la resolución de fs. 590 y el fundamento requerido de por qué se solicitaba el expediente, no es menos cierto que precisamente se peticionó el expediente a fin de evacuar el memorial cuyo traslado se ordenaba.

Agrega que dicho escrito fue peticionado en diligencia como lo indica el cargo de fs. 592, el que se proveyó en el mismo día (fs. 593), retirando el expediente en la misma fecha, indicando que el retiro del expediente importa la notificación tácita y que, ya sea que se compute desde el escrito en diligencia o del retiro del mismo, lo cierto es que el plazo de cinco días para contestar el traslado venció el día 01/12/06 y la contestación del traslado del memorial ocurrió en tiempo y forma y concluye refiriendo que antes del 23/11/06 nunca se retiró el memorial sino que la notificación y retiro del mismo se realizó el día 24/11/06, fecha ésta que no fue contemplada a fin de contestar el traslado, sino que la fecha fue la del retiro o escrito peticionando el expediente, por lo que la declaración de extemporaneidad de la contestación del traslado importa una gravísima violación al derecho de defensa de su parte.

Expone que "... deberá contemplarse que la regla del sistema es la notificación automática y la excepción, los casos en que la personal o por cédula obligatoria, casos que V.S. por inc. 18 del art. 135, se encuentra facultada para ampliar, máxime en supuestos como el presente donde está en juego la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio y que a no dudarlo es lo que ha hecho a fs. 590 al indicar Notifíquese´, es por ello que atento la teoría de los actos propios, no puede ahora indicar que la notificación de fs. 590 era automática, pues al haber sido así no debió haber puesto `Notifíquese´." Cita jurisprudencia y doctrina y solicita que se declare que el memorial acompañado ha sido presentado en tiempo y forma.

2. Al contestar traslado el apoderado del demandado (fs. 607/609) expresa que a su criterio el simple "notifíquese" no resulta suficiente para fundar un cambio en el sistema legal de notificaciones, y señala que el art. 135 del C.P.C. y C. es taxativo respecto de aquellas providencias que deben notificarse por cédula o personalmente sin que se admitan ampliación alguna, a excepción del inciso 18 del mismo.

Todas las demás providencias se notifican conforme el principio del art. 133 del ritual, incluyendo en ellas el decreto que obra a fs. 590, agregando que la palabra "notifíquese" en nada modifica o "altera" que la misma es por Ministerio de Ley.

Explicita que el uso o práctica tribunalicia no pueden modificar las reglas legales por la consignación de una frase que por sí solo no importa una transferencia normativa, rompiendo el equilibrio entre las partes y que el equívoco que pudiera haber suscitado en el profesional recurrente, no es tal, toda vez que el juzgador no ha consignado expresamente que debía serlo "personalmente o por cédula" ni referírsela al inciso 18 del art. 135 ni menos aún indicado los fundamentos pertinentes que hubiesen ameritado un tratamiento preferencial para una de las partes en detrimento de la otra. Cita jurisprudencia.- Concluye afirmando que el traslado del memorial fue impuesto el 15/11/06, la contraparte se notificó por nota el viernes 17/11/06, venciendo los cinco días el lunes 27/11/06 en las dos primeras horas de despacho, y agrega que si se tomara en cuenta que el 20/11/06 presentó escrito pidiendo en préstamo el expediente, tomando conocimiento del traslado, el plazo de contestación habría sido el día 28/11/06 en las dos primeras horas.

Que en ambos supuestos y al haber contestado el traslado el día 30/11/06 a las 10:54 hs. se encontraban vencidos el término perentorio para el ejercicio del derecho de defensa, por lo que solicita que se confirme la providencia de fs. 598.

3. Sentado ello, este Cuerpo ingresa al análisis de la presentación recursiva; compartiendo lo expresado por nuestro Superior Tribunal de Justicia, en los autos "B, D A c/ M E S.R.L. s/Cobro de Haberes" Sentencia del 17 de junio de 1992, Sala Casación -SAIJ Sumario Nº Q0001769-, en cuanto a que "en la notificación automática no hay un acto de comunicación real y solamente se la tiene por ocurrida por una ficción de la ley y que este instituto de la notificación automática está condicionado por el juego armónico de dos valores: la celeridad y economía procesal por una parte, y la garantía de la defensa en juicio por la otra, y por ello ha podido expresarse el Dr. K en relación a la amplitud de la notificación automática, pero ... siempre que no se vulnere el derecho a defensa".

Se desprende de las actuaciones que si bien el decreto atacado fue dictado el 15/11/06, el primer día de nota siguiente fue el día 17/11/06 (feriado, conforme Resolución de Superintendencia Administrativa Nº 3699/06 S.L.), por lo que debe computarse como primer día hábil el 20/11/06, fecha en que el Dr. J C (conforme constancias certificadas obrantes a fs. 637) dejó nota en el Libro de Asistencia del art. 133 (folio 185 de dicho libro) y el Dr. D presentó escrito (fs. 591), por lo que se desprende que el expediente no estaba disponible y como lo ha dicho la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Trelew "La circunstancia de que la parte se hubiera presentado efectuando una manifestación, de ningún modo importa notificación tácita, ni hace presumir el conocimiento de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha.

Es que no es suficiente una presentación posterior en un auto o providencia para que ésta se tenga por notificada, sino que es necesario que en ella se haga una referencia precisa o bien que surja de su contexto que la parte demuestre conocerla" (Cfr elDial - BC5D3, Causa 000C 000085 "B, E J c/ Provincia del Chubut y otro s/ daños y perjuicios, sentencia interlocutoria del 28/06/1996).

Asimismo nuestro Superior Tribunal de Justicia ha explicitado: "Entendemos asimismo que no puede considerarse cumplida la notificación automática, si de las propias constancias del expediente se desprende que con motivo de presentaciones posteriores a la resolución que debía notificarse, las actuaciones han permanecido a despacho.

En este caso recién la notificación se produciría el primer día de asistencia obligatoria posterior, en el cual el expediente nuevamente se hallare en Mesa de Entradas, después de haber sido despachado" (Cfr elDial - AS95F, causa 000A 000012 del 14/11/1996, STJ -Roger, Torrejon-Martin- en autos "P, M A y otra c/ E de S M s/ Ejecución de Sentencia").Se desprende de las actuaciones que el Dr. D tuvo contacto con el expediente el día 23/11/06 al invocar los motivos de su petición (fs. 592) y es a partir del préstamo de éste que tomó conocimiento del mismo, por lo que se deduce que el plazo máximo para la presentación del memorial eran las dos primeras horas del día 01/12/06, surgiendo de las actuaciones que el memorial ha sido presentado el día 30/11/06 a las 10:54 hs., dentro del plazo debido.

A más de ello, se torna necesario indicar respecto a la providencia atacada que si bien la notificación de la misma es automática, al indicar la sentenciante su notificación expresa -la que en tales condiciones se entiende dirigida sólo a la contraria-, la providencia en cuestión ha sido consentida por el demandado quien no dedujo temporalmente los remedios legales a su alcance (solicitar revocatoria explicando que la locución "notifíquese" era innecesaria -en su casa-), como asimismo lo ha entendido la jurisprudencia al señalar que "Si el decreto termina con la expresión de la voluntad judicial de exigir la notificación por cédula, aunque no sea de las comprendidas en el art. 133 del Código Procesal, no puede considerársela notificada automáticamente, porque ello implicaría una contradicción con la orden judicial que -equivocada o no- tiene validez mientras no sea revocada, lo contrario podría configurar una violación al derecho de defensa en juicio" (Fuente SAIJ, Sumario Nº 50002112, Cámara de Paz Letrada, San Juan, autos "M, A H. C/ P, R s/ Cobro de alquileres -Queja- Sentencia, 0851 del 29/11/1996), por lo que corresponde revocar el decreto en cuestión y tener por presentado el memorial de la actora.

4. Ingresando al tratamiento de la apelación articulada por el demandado contra la sentencia de fs. 553/560, surge que al expresar agravios éste refiere que de conformidad con la traba de la litis corresponde resolver y determinar los siguientes puntos:

1) Si es correcto o no el importe de la cuota alimentaria establecida en la sentencia, 2) Si el monto del juicio, como base para la regulación de honorarios, debe ser fijado respecto del importe de dicha cuota o entre la diferencia de lo abonado por el alimentante y lo fijado en definitiva y 3) Si los honorarios regulados han sido establecidos en valores superiores a las pautas de la ley arancelaria.

Seguidamente expone respecto a la primera cuestión indicando textualmente "la Sra. Juez a quo afirma que para la fijación de la cuota alimentaria no debe establecerse en proporción al patrimonio de mi mandante" y agrega que en el devenir del pliego de la sentencia la magistrada no solo se aparta de dicha premisa sino que la pondera para definir una modificación del nivel de vida del grupo familiar, lo que a su criterio importa una excesiva carga en perjuicio del alimentante y que carece de razonable sustento fáctico.- Señala que la acción impetrada, más que probar los rubros integrativos de las normales necesidades de sus hijas y su cuantía, se abocó a utilizar al Tribunal para demostrar el caudal económico de su parte, estimando que hubo apresuramiento por parte de la Sra. Jueza de la instancia anterior, al establecer los alimentos provisorios en la suma de $ 4.000.-, monto que debió mantener en la sentencia.

Transcribe algunas coincidencias con la magistrada y expresa que los alimentos deber ser analizados en función de las necesidades del alimentado en el contexto donde interactúan y guardando, no igual, sino el similar nivel de vida que llevaba. Cita doctrina y jurisprudencia que -afirma- le asisten.

Analiza parte de la prueba ofrecida en autos y continúa con la crítica de la sentencia apelada destacando que la Sra. Jueza no ha efectuado una correcta, ni precisa, ni atinada valoración de cada uno de los ítems integrativos de la cuota, más allá de la libertad que le otorga a favor de la madre para la organización de la economía del hogar.

Ello no obsta a que el padre sepa el destino de los importes a favor de las hijas, a fin de que no se traduzca en una imagen paterna meramente aportante de recursos materiales y sin posibilidades de control sobre la administración de tales valores.

Señala que para establecer la cuota de alimentos se debe merituar cada uno de los rubros que integran los gastos ordinarios de las menores, dejando de lado los superfluos que pudieron haber sido consumidos en alguna oportunidad; enuncia cuáles son esos rubros integrativos de las necesidades de las menores, en qué consisten y los valores que cada uno de ellos abarca, estimando que la cuota alimentaria a favor de las menores debe ser fijada en la suma de $ 3.300.

Respecto a la segunda cuestión, reseña que al monto del proceso la Sra. Jueza apelada lo establece en $ 48.000.- conforme las pautas de la ley del arancel Nro. 2.200, señalando que en todo momento y periódicamente su mandante realizó los aportes correspondientes, por lo que se debe ponderar los emolumentos no por el que se fije en definitiva, sino por la diferencia entre éstos y los que venía abonando su parte, ya que de otro modo se estaría produciendo una afectación patrimonial a su parte donde el monto del juicio se estaría integrando con valores que el alimentante ya estaba contribuyendo, sumado que el valor tarifado en las sentencia no está tan lejano al que venía abonando su parte.

Con relación a la tercera cuestión narra que la Sra. Jueza de la instancia que precede fijó los honorarios del letrado de la actora en un equivalente al 20 % del monto del juicio, fundado en el resultado obtenido, la calidad de los trabajos de ambas partes y la eficacia de sus alegaciones, estableciéndola en el máximo del art. 7 de la ley arancelaria; estima que más allá de las labores del colega, la tarea de éste estribó en recabar información respecto al acervo patrimonial del demandado y no en establecer las reales necesidades de las menores y refiriéndose a la labor de su colega, afirma "entabló la demanda en una suma de $ 7.000 que en definitiva no llegó a prosperar ni cercanamente, puesto que la fijación en $ 4.000 difiere en un 42,85 % del pretendido, importando ello que no se dan las pautas del art. 6º inc. c. de la ley citada.", lo que conlleva a estimar que no corresponde la aplicación del máximo porcentaje establecido en la normativa.

5. El Dr. G D, apoderado de la Sra. C S B (v. fs. 594/597) antes de entrar en el análisis del memorial expresa que el mismo no respeta la exigencia procesal de ser concreto y razonado, que el mismo le resulta engorroso y fundamentalmente ambiguo, por cuanto se contradice en sus propios dichos, lo cual lo lleva a afirmar que es muy difícil realizar una contestación concreta y razonada, adoptando el orden de los tres planteos realizados por el apelante.

A continuación se pregunta ¿Es correcto o no el importe de la cuota alimentaria? y luego de concretar el agravio procede a refutar los puntos que esa parte entiende propios de un memorial, no así los que exceden el objeto de la presente litis y expresa que es falso que la cuota fijada exceda las normales necesidades para el medio en que las alimentadas interactúan.

Expresa que la Sra. B es docente, con un ingreso de $1200, lo que demuestra que es imposible que sea ella quien ha determinado el nivel de vida de sus hijas, sino que quien las ha elevado a dicho nivel y ahora pretende evadirse de su compromiso es el alimentante.

Afirma que dicha cuota es escasa, porque si bien pudo haber sido acertada como provisoria cuando se interpuso la demanda, ahora después de un año las condiciones económicas se han modificado.

Analiza el incremento de los precios del consumo dados por el INDEC durante ese período (10,5 %) concluyendo que hoy la cuota provisoria no podría ser inferior a $4.420 y nunca la cuota definitiva puede ser inferior a la provisoria, por cuanto ésta se determina sobre los gastos acreditados con la interposición de la demanda.-- Aclara que la cuota provisoria fue consentida por el alimentante, al no haber apelado la misma, resultándole raro que hoy pretenda la disminución de ella cuando no la apeló en el momento procesal oportuno.

Analiza aspectos y actividades de la vida de las niñas que lo llevan a afirmar que el medio en que ellas interactúan, nada tiene que ver con la cuota de alimentos, afirmando que el nivel de vida y con quien uno interactúa en cada lugar depende de los ingresos, rentas y fundamentalmente el nivel de vida que los padres le damos e inculcamos a nuestros hijos.

Informa a este Tribunal respecto a la tramitación de un incidente de cuota extraordinaria (Expte. Nº 719/37/2006) en el que se reclama al alimentante una parte de los costos estacionales por el deporte Ski Snowboard de $3.723,40 durante los cuatro meses que duró la temporada 2006, por no haber sido contemplado en la cuota provisoria, suma que de acuerdo al alimentante debe ser prorrateada en la cuota ordinaria de todo el año, reduciéndola ahora en el memorial, lo que le permite afirmar que el alimentante es ambiguo en sus apreciaciones.

Agrega que la actitud del demandado es paradójica, ya que para el cumpleaños de 15 años de su hija le ha regalado una costosa tabla de snowboard de $2000.- de valor de compra, con lo que resulta que por un lado le fomenta la práctica de este caro deporte y que suba aún más su nivel de vida, pero por el otro lado le niega los recursos para que lo practique.

Refiere que es falso que la madre de las alimentadas pretenda mejorar su nivel de vida o situación patrimonial y que se busque una transferencia patrimonial, expresando que el alimentante confunde los objetos procesales, cuestión que no corresponde sea tratada en la presente acción.

Expresa que si esa parte se vio obligada a determinar el patrimonio del alimentante, es porque el mismo no detenta ingresos fijos, porque tiene una actitud furtiva de su patrimonio y de sus rentas, lo que se advierte al haber omitido declarar ante la DGI la venta de su parte de campo y de sus derechos mineros en U$S 2.350.000, la compra de bienes, acciones, cuentas en el extranjero, rentas obtenidas, etc., como se acredita con la contestación del oficio respondido por esa repartición.

Asimismo reseña que la actitud procesal asumida por el alimentante en la contestación de demanda, obligó a su parte a producir innumerables pruebas que determinaron que se tuviera un juicio de alimentos de 3 cuerpos.

Entiende que la judicante ha merituado -al imponer el monto de la cuota de alimentos- la nula dedicación que el alimentante tiene para con sus hijas la que se encuentra limitada a un contacto esporádico cuando viene a Esquel para atender sus negocios.

Fruto de esta ausencia, la actora se encuentra imposibilitada de poder tener una mayor carga laboral en la educación y mejorar sus ingresos para paralelamente sostener el nivel de vida que durante años el padre les ha inculcado a sus hijas.

Cita jurisprudencia que entiende le asiste..--A continuación efectúa un análisis económico del monto de la cuota, comentando que -lamentablemente- el alimentante no comprende que la cuota no puede ser un frío cálculo matemático, pues si así lo entiende debería actuar en consecuencia y evitar alentarlas a realizar cosas que después desde lo económico no quiere sostener y concluye "En el proceso de alimentos debe imperar la regla de la proporcionalidad entre la cuota peticionada y las necesidades a satisfacer que no deberán exceder la capacidad económica del alimentante" Analiza jurisprudencia y luego de exponer los motivos por los cuales no ha apelado la escasa cuota fijada solicita se rechace la reducción de cuota peticionada en el memorial presentado.

Expresa respecto al monto del juicio como base de la regulación de honorarios -segundo agravio- que el alimentante interpone lo que ha dado en llamar un novedoso planteo jurídico, máxime viniendo de un alimentante letrado, por cuanto pretende por vía del razonamiento jurídico aplicado cambiar la ley 2.200 y la jurisprudencia unánime de todo el país.

Explicita su afirmación concluyendo que este novedoso planteo debe rechazarse, por cuanto nunca existió cuota de alimentos fijada judicialmente. Que será procedente en el futuro cuando se deduzca el incidente de aumento de cuota, en cuyo caso el monto se determinará por la variación entre la cuota actual y la que en el futuro se determine y finaliza recordando que los honorarios siempre están a cargo del alimentante.

En ocasión de referirse al tercer agravio opina que la renuente actitud procesal del demandado obligó a su parte a producir un cúmulo probatorio importante, por lo que no puede dejar de reconocerse que se han cumplido sobradamente las pautas indicadas en el art. 6 de la Ley 2.200 puntos b), d), f) etc. que en concordancia con el art. 7 de la misma ley indican la estimación de la tarea por la labor profesional en un 20 %, por lo que se deberá rechazar el planteo efectuado.

6. Resumidos los agravios de las partes, se impone ingresar a su consideración. Este Cuerpo considera necesario recordar lo dispuesto en el art. 499 del Código Civil que expresa: "No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.".

Conforme ello, la ley al establecer el derecho y la obligación alimentaria fundada en los vínculos de familia, no hace sino reconocer la existencia del deber moral de solidaridad existente entre parientes y cónyuges, para convertirlo en la obligación civil de prestar alimentos. De manera que la fuente de la obligación alimentaria, fundada en los vínculos de familia, es la ley.

Asimismo y no obstante que la prestación alimentaria tiene entidad económica, el derecho y la obligación alimentaria correlativas no tienen objeto o finalidad de esa índole; es decir, no se pretende la satisfacción de un interés de naturaleza patrimonial, sino que -fundado el vínculo obligacional alimentario en la relación de familia (art. 499, Código Civil)- su finalidad es permitir al alimentado, cónyuge o pariente, satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, con la extensión que corresponda según el supuesto.

Sabido es que -en materia de fijación de este tipo de prestación- juegan fundamentalmente tres factores, a saber: a) el alcance que, en función del parentesco o relación que une al beneficiario con el obligado, adjudica la ley sustancial a los alimentos en cuestión, extremo que aquí se halla satisfecho por la relación de padre e hijas existente entre accionado y alimentadas, respectivamente;

b) las necesidades del alimentado, las que aún dentro de un mismo concepto de alcance, pueden registrar variantes en el monto a fijar y que están condicionadas por las particulares circunstancias del beneficiario, como, por ejemplo, edad, sexo, estado de salud, etc., y c) los ingresos del alimentante. (Fuente SAIJ Sumario N° L0003153).

Así, se ha resuelto que "Al fijarse la cuota alimentaria debe buscarse un prudente equilibrio entre el monto de la misma, las necesidades a cubrir y la aptitud del obligado para llenar tal finalidad". (C. Civ.Com., Lab. y Minería, Comodoro Rivadavia, Chubut, Sala Civil, sentencia interlocutoria N° 23, del 17/02/1999; idem C. Civ. Lab. y Minería, Trelew, Sala Civil, sentencia N° 10, del 27/03/02, Fuente SAIJ, Sumario N° Q0008559).

Y este Cuerpo tiene dicho también que "el monto de la cuota alimentaria no resulta, ni puede resultar, de una fórmula aritmética preestablecida, pues ella depende del arbitrio judicial limitado por una serie de circunstancias propias de cada caso; ellas son: los ingresos del demandado, las necesidades del alimentado, el carácter asistencial de la cuota, y otras". (SIC N° 13/00, N° 160 y 166/01, en SAIJ, Sumario N° Q0009916).

Es que en este tipo de conflictos - plagados casi siempre de dificultades - la medida de la justicia de su solución depende del grado de compatibilidad que se logre entre necesidad y posibilidad, cometido en el que la pauta orientadora se identifica con la búsqueda y el logro de un adecuado equilibrio entre ambos términos, partiendo del presupuesto de que el límite de la cuota estará dado por las necesidades del alimentado, pues, de otro modo, "aún cuando el alimentante esté en condiciones de aportar montos mayores, pues estos aportes excederían los límites de la prestación alimentaria". (C. Ap.Civ. y Com., Santiago del Estero, Sala 2, en autos "A de C, A M. c/C, J s/Alimentos", sentencia del 24/08/2000, Fuente SAIJ, Sumario N° Z0104782; en igual sentido, sentencia de este Cuerpo de fecha 23/11/01, (Fuente SAIJ, Sumario B 1402718).

Todo ello sin perder de vista que "no es ajustado a derecho, positivo o natural, escatimar esfuerzos o medios conducentes a una plena cumplimentación de la obligación alimentaria". (Superior Tribunal de Justicia, Resistencia, Chaco, Sala 01, en autos "M, L I. C/R, M A. S/Alimentos", sentencia interlocutoria del 22/12/95, en SAIJ, Sumario N° L0003152).

Y desde tal perspectiva, en el análisis del caso que aquí nos ocupa cobra especial relevancia la situación patrimonial del demandado, cuya realidad surge, con suficiente grado de convicción, de las constancias de autos que, con acierto, menciona la sentenciante, aunque sin adjudicarles -como quedara dicho - la incidencia que a juicio de este Cuerpo ellas tienen para la solución del punto:

tales son las referidas a los inmuebles de propiedad del alimentante y que posee en condominio con la madre de las niñas, los que se mencionan con las escrituras de fs. 438/445 (escritura de venta a favor de "Minera E D S.A."), de fs. 458/459, 460 y 461/462 (Establecimiento S M la M, en el Departamento de Concepción, Provincia de Misiones), vivienda que fuera sede del hogar conyugal ubicado en los Lotes * y * de la manzana ** de nuestra ciudad (v. fs. 45/50), Establecimiento G integrado por los lotes * y * de la Fracción *, Sección *-***, parte sud de la legua fraccionaria del lote ** y parte Sid-Este de la legua * del lote **, de la Fracción *, Sección *-*** y parte del lote ** del E de la C ** de O de Chubut (v. fs. 33/44), los movimientos registrados en la Caja de Valores (v. fs. 525 y vta.), de las compras efectuadas por el demandado en uso de sus tarjetas de crédito (v. fs 242/350), como los vehículos identificados a fs. 500 y 505 respectivamente.

Que, asimismo del contacto que ha tenido este Cuerpo con el grupo familiar en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 130 de la Ley 4.347 (v. acta de fs. 632); el relato de las jóvenes I y M nos ilustraron respecto a las múltiples actividades que desarrollan, no sólo en el ámbito deportivo sino también en el área escolar, como así también en el aspecto artístico, recreativo, de esparcimiento, todas los cuales conforme sus dichos son realizadas con intensidad, entusiasmo y compromiso y que las desarrollan desde antes de la separación de sus padres.

Asimismo se expidieron respecto a las actividades que llevaron a cabo durante las vacaciones junto a la familia, tanto materna como paterna, habiendo compartido salidas con sus abuelos, primos y tías.

Respecto a las necesidades alimentarias de las jóvenes, el criterio esbozado por la Sra. Jueza de Familia encuentra sustento en el imperativo de satisfacer el interés superior de las niñas (conf. arts. 1º y 3º, Convención sobre los Derechos del Niño), factor cuya condición de "consideración primordial" en toda cuestión atinente a los menores amparados por aquélla (conf. art. 3º citado, ap. I) unido a la jerarquía normativa establecida pro el art. 75 inc. 22 de la Constitucional Nacional, proporciona una pauta decisiva para la resolución del conflicto existente entre un niño y un adulto que lo tiene bajo su cuidado o está llamado por la ley a prestarle algún género de asistencia (v. Grossman, "Significado de la Convención sobre los derechos del niño en la relaciones de familia", La Ley, 1993-B, 1089).

Y conforme lo tiene aceptado nuestra jurisprudencia, en tales casos, la cuantía de la obligación alimentaria deberá contemplar la capacidad económica del alimentante, pero -como ya se advirtiera- "en modo alguno para incrementarla en aquello que no resulte de toda necesidad.

Es que, en este tipo de casos, la obligación parental no queda gobernada por los principios que informan la correspondiente a beneficiarios menores de edad, derivada de la patria potestad, sino que juegan disposiciones humanitarias que encuentran sus raíces en la solidaridad, las cuales se verían desnaturalizadas de accederse a una cuota que signifique una cobertura integral".- (CNac. Ap. Civ., Capital Federal, Sala I, Fuente SAIJ, Sumario C0012369).

En síntesis, si bien es cierto que la medida de la prestación está dada en principio -pues en su determinación no se puede prescindir de las posibilidades económicas del obligado- por las necesidades del alimentado, el concepto de "necesidades" que, conforme al agregado introducido por la ley 23.264, contempla el art. 267 C.C. (gastos de subsistencia, habitación, vestuario, educación, cuidado de la salud y los que importan una comodidad habitual entre personas de cierta condición social o económica, arts. 265, 267 y ss del Código Civil) está referido a una cobertura que supera lo estrictamente "necesario" y alcanza lo "integral", o lo que, al decir de Daniel H. D'Antonio, es "la amplitud comprensiva del deber alimentario" (autor citado, "Nuevo régimen legal de la patria potestad", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1985, pág. 152), resultando de aplicación a los casos en que el alimentado es menor de edad.

Otra cuestión a tener en cuenta es el aporte en especie que efectúa el progenitor que detenta la custodia -en nuestro caso, la madre respecto de las dos hijas menores de edad- prestando una contribución de significación económica, como lo es atender a los múltiples requerimientos cotidianos en la vida de sus hijas, pues ello implica una inversión de tiempo a la que "debe atribuírsele valor, ya que de otro modo el progenitor podrá invertir ese tiempo para la realización de actividades lucrativas" ("Visión Jurisprudencial de los Alimentos" de María Josefa Méndez Costa, pág. 52, Edit. Rubinzal-Culzoni, año 2000).

También nuestra jurisprudencia ha entendido que: "La tenencia ejercida por la madre configura un importante aporte con trascendencia económica" (C.N.Civil, sala J, 10 agosto 1992, "De la F. M.I. c/ Z.S.C.A. -La Ley, 1993-D-, 535, sec. Jurisp. Agrup., caso 9241); como asimismo:

"La obligación materna de contribuir al mantenimiento de los menores se encuentra cubierta por el mayor cuidado y dedicación que aquélla les imparte, así como también por los diversos gastos menores que cotidianamente debe efectuar quien detenta la tenencia de los hijos" (C.N.Ciiv., Sala F, 13/5/87, R. 26.322; id. 17/5//88, R. 34.887, en "Régimen Jurídico de los alimentos" de Gustavo A. Bossert, pág. 235, Edit. Astrea, año 2000).

Que corrida vista a la Asesoría de Familia e Incapaces, la Abogada Adjunta Dra. Gilda Saunders, bajo la supervisión del Sr. Defensor Dr. Javier Allende, se expide a fs. 640 y vta. solicitando la confirmación de la sentencia, expresa que la cuota establecida en la sentencia no resulta arbitraria ni desajustada en relación a las constancias de autos; agregando "todo ello sin soslayar que, tal como surgió de estos obrados y de la audiencia efectuada, tales menores siempre han tenido, y sostienen un estándar de vida elevado".

Considera que la diferencia entre el monto establecido en la sentencia respecto a la cuota de alimentos y la cuota que el alimentante reconoce en su memorial, guardan cierta relación entre sí, que la diferencia es de aproximadamente un 17.5 %, diferencia que puede encontrarse plenamente justificada en la razonable discrecionalidad que puede tener el Juez al fijar la cuota de alimentos, conforme a lo acreditado en la causa y a la impresión que el sentenciante tenga respecto de las necesidades de los alimentados a la luz de esa pruebas y cita jurisprudencia.

A tenor de lo expuesto, este Tribunal considera que la cuota dispuesta por la Sra. Jueza de Familia resulta ajustada a derecho, pues ha tenido en cuenta tanto la situación de hecho de las menores alimentadas, como la normativa y los criterios doctrinales y jurisprudenciales vigentes en la materia, merituando esta Alzada que la suma de $4.000.- resulta adecuada para atender a los múltiples gastos que demanda la atención de ambas jóvenes: I y M Debemos advertir, asimismo que el proceso de formación de la convicción en el juez consiste en crear en su espíritu un estado de convencimiento acerca de la existencia de las circunstancias relativas -en nuestro caso- a una real necesidad alimentaria y la consecuente posibilidad del alimentante de proveerlos, ello con los argumentos y la prueba de los hechos, que adquieren una entidad tal y suficiente para crear en el juzgador las firme convicción de su existencia. Tal situación aparece plasmada en la sentencia de la Sra. Jueza apelada por lo que debe confirmarse aquélla.

Finalmente, y en orden a la apelación de los honorarios del apoderado de la actora, es de señalar que encontrándonos ante un proceso de alimentos, su valor económico está dado, a los fines arancelarios, por la cifra que resulte de su determinación , debiendo en consecuencia tomarse como monto, conforme lo establece el art.25 del Dto.Ley Nro. 2.200, la suma de las cuotas fijada para un año.

Sentado ello, y analizada la labor realizada por el profesional debe encuadrarsedentro de las pautas del art.41 del decreto arancelaria, graduada la misma en base a las escala del art.7, teniendo en cuenta las pautas mensurativas del art.6 todas de la citada norma, y el carácter en que actuó el profesional, este Cuerpo considera que el monto establecido por la Juez resultan justos.

Atento como ha quedado resuelta la cuestión, corresponde imponer las costas en esta Alzada al demandado y regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en esta instancia por los Dres.: G A. D en la suma de $ 450, M C M en la suma de $ 100 y de J O C en la de $ 325 (art. 14 Dto.Ley N° 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E:

1°) REVOCAR la providencia de fs.598, última parte, atento lo señalado en los considerandos pertinentes.

2º) CONFIRMAR la sentencia de fecha 18/10/2006 registrada bajo el Nro.204-T°II Año 2006 obrante a fs. 553/560 en cuanto ha sido materia de recurso.

3º) Costas en esta instancia al demandado (art. 68 del C.P.C. y C.), regulando los honorarios del Dr. G A. D, M C M y J O C por la labor desarrollada en esta Instancia en la suma de $450, $100 y $ 325 respectivamente y con más IVA correspondiente (art. 14 Dto. Ley 2.200).

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución se dicta con dos Jueces de Cámara, por encontrarse de licencia el Sr.Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130 y art. 161 último párrafo del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL NRO.: 32 /07 CANO.- CONSTE.- Norma Marrero Secretaria