Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11


"NAYCA S.A. C/JORGE ANTONIO S/EJECUCION DE ALQUILERES" Buenos Aires, marzo 11 de 2003.

Y VISTOS. CONSIDERANDO:

Frente a los agravios que formula el actor corresponde recordar, en primer lugar, que la reparación del daño moratorio no debe significar una sanción a la persona morosa. Al igual que casi todo el derecho de la responsabilidad civil, su naturaleza es resarcitoria. Es decir que siguiendo las directivas del art. 508 del Código Civil lo que corresponde es resarcir el daño causado por la mora, pero no circunstancias ajenas a esta última. Por ello, cuando -como en autos- lo que se juzga es la devaluación monetaria ocurrida con posterioridad al estado de mora, lo que debe ponderarse es si ésta era o no previsible. Si lo era deber ser incluida en el daño derivado del incumplimiento pero si excede el ámbito de previsibilidad del que se habló no (conf. Gema Diez-Picazo Gimenez La mora y la responsabilidad contractual, p g.592/593, ed. Civitas).

En la respuesta al interrogante antes planteado (la previsibilidad o no de la devaluación acontecida en nuestra moneda) no puede perderse de vista la crisis política y económica que dio lugar al dictado de la emergencia cuya constitucionalidad cuestiona el actor (ley 25.561 y decreto 214/02). Cabe apuntar ello no sólo por las características de esta última y su desenvolvimiento ( dado que lo acontecido reviste el carácter de hecho notorio, no es necesario efectuar una reseña ), sino también por la circunstancia de que el propio Estado garantizó por ley 23.928 (convertibilidad) que un peso equivalía a un dolar estadounidense. Este último dato es decisivo ya que aquel que durante la convertibilidad se obligó en dólares estadounidenses no tomó a su cargo una obligación en una moneda extranjera que fluctuaba libremente en el mercado cambiario. No, quien asumió una obligación en dólares contaba con el marco de referencia normativo y objetivo dado por el Estado que le aseguraba al deudor la paridad antes señalada. Por ende, no puede ser considerada como previsible una circunstancia (la devaluación) expresamente prohibida por el ordenamiento normativo vigente al momento en que se contrajo la obligación.

Además de lo señalado, esta Sala comparte la posturas de otros tribunales en punto a que la pesificación a la paridad U$1 = $1 dispuesta en la normativa emergencia se aplica a todas las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema, aún en caso de mora del deudor (conf. C.Civ.y Com. San Isidro, en pleno, 11/07/2002, "Zanoni, Amalia Nelly c/Villadeamigo Valeria Mariana y otro" en el suplemento Pesificación II del diario La Ley de fecha de noviembre de 2002.; C.N. Civil, Sala F, diciembre 27 de 2002, "Torrada Silvina c/Oscar Dato Robinson S.A. s/ejecución hipotecaria").

En lo que respecta a la inconstitucionalidad de esa pesificación (alegada por el actor) toda vez que dicho planteo no fue articulado ante el Juez de grado, este Tribunal carece de facultades para conocerlo (art. 277 del Código Procesal).

Por lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal de Cámara, se Resuelve: Confirmar la resolución de fs. 75/76 en tanto dispone que el monto de la condena deber adecuarse a lo establecido en el art. 214/02 . Dev. inmediatamente, encomendándose al Magistrado de grado proveer las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes.

DOMINGO ALFREDO MERCANTE ALBERTO J. BUERES EDUARDO M. MARTINEZ ALVAREZ