marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto calificado, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: LUCERO FABIAN EDUARDO s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-25

Responde por el delito de hurto calificado en grado de tentativa (C.P., arts. 42 y 163 inc. 4to.), quien ingresó en domicilio ajeno, escalando por la pared medianera que está en el frente de la casa;

por donde subió al techo de la cochera y descendió al patio que está en la parte posterior de la vivienda y allí tomó cuatro bicicletas, que subió sucesivamente al techo de la casa, previo a lo cual había sacado la rueda de auxilio que estaba en el rodado que se encontraba estacionado en la cochera de la vivienda cuya puerta se encontraba abierta, pero fue sorprendido en plena tarea desapoderativa, circunstancia que lo obligó a desistir de su designio criminoso, viéndose abruptamente interrumpido su accionar.-
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gramoni de Lafuente, Gladis c/ Montes de Oca, Rubén s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Al auspiciar la revocatoria del fallo -no su nulidad como insinúa el recurrente, por ser sus agravios reparables por vía del recurso de apelación-, corresponde hacerse cargo de todas las alegaciones, defensas o argumentos opuestos, omitidos o desestimados por el juzgador de la primera instancia, por el principio de la devolución implícita de la competencia a la Alzada de toda materia controvertida.
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PLATENSE S.A. c/ JOSE ALDO HACHE s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-15

En materia de intereses, si bien se adopta el principio de la autonomía de la voluntad, ello no implica que si éstos son pactados excesivamente, deban ser irrestrictamente aceptados, ya que se restringe la autonomía de la voluntad si esta es utilizada en forma abusiva, resultando procedente disponer de oficio la reducción de tasas aplicadas en esas condiciones, evitando con ello, lesionar la moral y las buenas costumbres.
Pena privativa de la libertad, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: Altamirano, Facundo Ezequiel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-04

El régimen legal aplicable en materia de ejecución de las penas privativas de libertad es la Ley Provincial N° 12.256, en cuanto resulte más beneficioso, para el condenado, que la ley marco N° 24.660 del ordenamiento nacional
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Canga Osorio, Margarita c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-05

Pero esa misma ley (24.432) ha introducido reformas en el Código Civil que no pueden dejar de aplicarse en atención a su naturaleza. El art. 1627 establece ahora la facultad de los jueces de reducir equitativamente el precio de la locación de servicios cuando deba ser fijado judicialmente sobre la base de aplicación de normas locales (tal la de aranceles y honorarios), aún por debajo de los mínimos arancelarios, si su aplicación condujese a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. La aplicación aún a la actividad profesional desarrollada con anterioridad a su vigencia emerge de lo dispuesto por el art. 3 del Cód. Civil.
Empleados públicos, remuneración, adicional por subrogancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iskandar, Norberto Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 54-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede prosperar el recurso interpuesto por el que se pretende diferencias salariales entre la categoría 5 con la 11, si aun prescindiendo del informe del Departamento de Medicina del Trabajo (que, si bien afirma el desempeño del recurrente en dicha área, expresa que las funciones que desarrolló no eran similares a las que desempeñaba el agente trasladado), no concurren elementos que autoricen a hacer lugar al recurso. Es más, no puede soslayarse que en una nota suscripta por el Jefe de dicha dependencia, se alude a la necesidad de que el "agente propuesto" sea "trasladado"; mas en ningún momento se refiere a un "reemplazo", menos, en los términos del artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, el cual supone la necesidad de contar con mayores condiciones de acceso que la sola conformidad del agente. Además, las manifestaciones de los superiores jerárquicos del reclamante a que se ha aludido y que a su criterio otorgarían sustento a su pretensión, son claramente insuficientes a los fines de considerar que las tareas y responsabilidades ejercidas excedían las propias del cargo en el que el recurrente revistaba, pues de la circunstancia de que un agente asuma mayores responsabilidades o realice funciones que en apariencia exceden el marco de las comprendidas en el cargo de que es titular, no se sigue inexorablemente que ellas correspondan a un cargo superior, y que, por ende, pueda admitirse la posibilidad de reconocerle un mayor estipendio si, desde luego, se dieran las restantes condiciones para ello.
Ejecución fiscal, obligación tributaria, declaración jurada impositiva, anticipos impositivos, incumplimiento de efectuar el pago a cuenta, intereses compensatorios, intereses punitorios, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (DGI) c/ Automotores Viola S.A. s/ Ejecución Fiscal - DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-23

Esta sala in re "Fisco Nacional (DGI) c/ La Cantábrica s/ ejecución fiscal", sent. del 2/4/85, ha dicho "los anticipos a que se refiere el art. 28 de la ley 11.683 constituyen obligaciones de cumplimiento independiente con individualidad y fechas de vencimiento propias, cuya falta de cumplimiento en término da lugar a la aplicación de intereses resarcitorios (art. 42), aun en el supuesto de que el gravamen adeudado según la liquidación final del ejercicio fuere menor que las cantidades anticipadas (C.S. in re "Francisco Vicente Damiano S.A."., sent. del 6/10/81). Que la ley 11.683 (T.O. 1978), establece dos clases de intereses perfectamente diferenciados y que no se superponen. Ellos son, por un lado, los intereses resarcitorios que se devengan ante la falta total de pago de los gravámenes, desde sus respectivos vencimientos y hasta el momento de interposición de la demanda de ejecución fiscal, entre otros supuestos (art. 42), y por otro, los intereses punitorios que corren de allí en adelante, vale decir, a partir de la fecha de interposición de la demanda (art. 55) confr. esta Sala in re "Fisco Nacional DGI c/ Tecnicalidad S.A. s/ ejecución fiscal", sent. del 9.8.83. Que, en cuanto atañe a los intereses punitorios, cabe recordar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 274:346, según la cual "el Tribunal de apelación no puede llegar a admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, como es la existencia de deuda exigible". Es por ello que, en supuestos en que la declaración respectiva arroja saldo a favor del contribuyente, esta Sala no ha admitido su procedencia (conf. sent. del 13/3/84, in re "Fisco Nacional (DGI) c/ Indo Textil S.A. s/ ejecución fiscal").

En el presente caso el Fisco Nacional no ha negado que las cancelaciones que efectuó la ejecutada en concepto de intereses resarcitorios correspondieran a idéntica obligación principal por la que en definitiva proceden los intereses punitorios. Por lo tanto dichas sumas deberán -en la medida en que excedan lo adeudado en concepto de intereses resarcitorios-, distraerse del importe adeudado en concepto de intereses punitorios.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones leves
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Corresponde rechazar la queja en tanto la parte no plantea un caso constitucional en los términos del art. 27 de la ley n° 402. Los agravios articulados por la recurrente apuntan a cuestionar la interpretación efectuada por los jueces en torno al requerimiento de impulso privado de la acción penal en los supuestos en que el encuadre legal de la conducta es el de lesiones leves agravadas. Estas cuestiones son de derecho infranconstitucional y de valoración de hecho y prueba que, más allá de su acierto o error, resultan ajenas a competencia de la instancia extraordinaria local y son propias de las de mérito, salvo supuestos de manifiesta arbitrariedad. La defensa tampoco demuestra que el decisorio no configure una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, por lo que corresponde descartar su arbitrariedad. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Ejecución prendaria, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: F. MARRONE S.R.L. c/ ALFREDO D. SIMON Y OTRO s/ EJECUSION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-16

Cuando los arts. 3 y 26 de la ley 12962 establecen que los gastos del acreedor están garantizados con el privilegio que esta ley le acuerdo, en modo alguno pueden ser interpretados que no permitan diferenciar los de legítima procedencia de aquellos otros devengados por causas que radican exclusivamente en la actitud "contra legem" del acreedor. El régimen de las costas previstas en el art. 864 CPC , debe ser interpretado en concordancia con el art. 356 bis, introducido en nuestro procedimiento por la ley 6883, resultando que, al ordenarse llevar adelante la ejecución por una suma inferior a la reclamada, las costas y a cargos de los ejecutados, solamente son las de los importes de la ejecución acogida por el tribunal. Las demás y que provengan de los que fueron desestimados, tiene que asumirlas el ejecutante.-
Transporte aéreo, transporte aéreo sucesivo, responsabilidad del transportador, guía aérea
Materia: AERONAUTICO
Carátula: La Unión Mercantil c/ Aerolineas Argentinas s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

La Convención de Varsovia-La Haya dispone que: "El transporte que haya de efectuarse por varios transportistas aéreos sucesivamente, constituirá, a los fines del presente Convenio, un solo transporte cuando haya sido considerado por las partes como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado".

A la luz de esta norma, no constituiría un óbice que la guía aérea acompañada por la actora solo comprenda el tramo Taipei-Buenos Aires que estuvo a cargo de Flying Tigers.

Empero, el instrumento acompañado no acredita de por sí el carácter sucesivo del transporte, pues la guía no mencionaba el trayecto Buenos Aires-Río Grande, ni a la intervención de Aerolíneas Argentinas, para que pudiera tener acogida su pretensión de obligar a ésta como última transportista esa menester que aportara elementos de juicio demostrativos de que el transporte había sido "considerado por las partes como una sola operación".
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: I.P.V.D.U. c/ F., M.D. y/u Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-03

Si la arbitrariedad constituye un vicio de la voluntad porque el juzgador prescinde de la sujeción a la ley, o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual el acto se funda en su propia voluntad, en su capricho o veleidad personal, la confirmación del fallo de primera instancia por parte del Tribunal de Alzada no reúne dichas características. Dentro del marco de discrecionalidad con que cuentan los jueces, decide las cuestiones propuestas, ateniéndose a los hechos acreditados en las actuaciones y posee respaldo normativo serio en concordancia con la interpretación del ordenamiento jurídico procesal que le sirve de sustento.
Divorcio, conversión de sentencia, vocación hereditaria del cónyuge, pérdida de la vocación hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: S.M.H. c/ F.H.R. s/ DIVORCIO Y DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

La vocación hereditaria de la cónyuge declarada inocente en el juicio de divorcio era una mera posibilidad de llegar a ser heredera de su entonces cónyuge -calidad que conservaba pese al divorcio no dirimente-, sujeta a la contingencia incierta de que éste muriese primero y que, entretanto, no se hubiese producido ningún hecho con virtualidad destituyente de esa vocación. Si en el intervalo ocurrió el hecho de la entrada en vigencia de la ley 23.515 que autorizó la conversión del divorcio en vincular con la correlativa extinción de la posibilidad de llegar a ser heredera, resulta claro que la nueva ley no afecta ningún derecho constituido sino la esperanza de llegar a ser titular de él. Es decir, en la preceptiva anterior al 1 de julio de 1968, una expectativa que significa un "no derecho"; en el régimen vigente desde entonces, una situación jurídica en curso respecto de la cual no había óbice constitucional para que la nueva ley modificase, con su aplicación inmediata, alguna de sus consecuencias.
Cuestiones de competencia, incapaces de hecho, tutela, domicilio del menor, competencia por el territorio, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Juárez, Javier Alberto s/ tratamiento tutelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Debe dirimirse el conflicto de la disposición tutelar entre el magistrado nacional que luego de valorar la inimputabilidad del menor cedió la tutela dispuesta en favor del juez de menores pampeano que ya había intervenido en ella, declarando la competencia de la justicia de esa provincia, si el niño se domicilia con su familia en Santa Rosa, La Pampa, y en atención al superior interés del niño consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y reconocido por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Empleados públicos, ingreso a la función pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Miguel Paulino c/ Provincia de Buenos Aires (DOSBA) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

No asiste derecho al actor a ser designado en un cargo de planta permanente de la Dirección de Obras Sanitarias, no obstante encontrarse comprendido en lo dispuesto por el art. 140 de la ley 10.384, en tanto no cumple con el requisito establecido por el art.

22 inc. "f" de la ley citada.
Filiación, responsabilidad civil, hijo extramatrimonial, derecho a la identidad, daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G. C. c/ B. R. C. s/ FILIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-12

La negativa voluntaria a establecer la filiación importa una conducta antijurídica que, de darse los presupuestos de la responsabilidad civil, obliga a reparar. Es decir que cuando un padre no reconoce oportunamente a su hijo extramatrimonial, causa un daño a la persona por vulnerar su derecho a la identidad y el derecho a la filiación. En casos como el indicado - falta de reconocimiento voluntario del hijo por parte del progenitor- el daño moral no requiere de prueba alguna tendiente a su demostración, ello así toda vez que el mismo surge de los hechos mismos y cabe tenerlo por acreditado por la sola comisión del ilícito o desarrollo de la conducta antijurídica.
Acción meramente declarativa, costas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Basara Pedro Antonio c/ A.N.Se.S. y Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

El art. 21 de la ley 24.463 sólo es aplicable al procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la A.N.Se.S. (cf. art. 14). Por consiguiente, rigen, en materia de costas, las previsiones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ya que la pretensión persigue el dictado de una sentencia meramente declarativa, cuyo trámite está regulado en el art. 322 de dicho cuerpo normativo.
Sentencia, fundamentación de sentencias, presunciones
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARLSSON DAVID Y OTRO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-26

Carece de fundamentación la sentencia -por resultar violatoria del principio lógico de razón suficiente-que se basa en pruebas capaces de dar lugar a m as de una conclusión fáctica, pues ello atenta contra el juicio de certeza que exige la ley procesal para condenar a un ciudadano (c.P.P., art. 410 "a contrario sensu").

En el caso, la tenencia de la res furtiva durante la tarde del día y en las proximidades del lugar en que se cometió el hecho no sean suficiente razón al fallo pues, tal como se ha acreditado el acontecimiento, entre el momento de la consumación y el del apresamiento de los acusados no se puede determinar una continuidad temporal y una continuidad espacial, que impida dudar de su intervención en el hecho del apoderamiento ilegítimo.

Consecuentemente, las probanzas meritadas se han convertido en indicios anfibológicos que hacen hesitar sobre la coautoría de los acusados en el apoderamiento ilegítimo, por lo que la sentencia es nula por resultar violatoria del principio lógico de razón suficiente (C.P.P., art. 417 inc. 4to.), lo que vulnera el derecho de defensa de los acusados pues coarta indebidamente su intervención en el proceso (C.P.P., arts. 171 inc. 3ro. y 172; C.N. 18 y Const. Prov. 155).-
Empleados públicos, jubilación ordinaria
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: MARCOLETTA, JUAN CARLOS Y OTRO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-01

La medida elegida por el Poder Ejecutivo, en tanto conlleva al cese de los empleados que se encuentran en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, sirve razonablemente a la finalidad perseguida por la norma reglamentada, no resultando violatoria del artículo 144, inciso 2 de la Constitución Provincial.

El hecho de que el artículo 28 de la ley 8836 se encuentre bajo el título de jubilación automática no significa que el cese del empleado o agente sólo pueda disponerse al mismo tiempo de otorgarse el beneficio jubilatorio, sino que supone una autorización a los Poderes del Estado para disponer la baja del agente ni bien se hallen cumplimentados los requisitos para obtener la jubilación ordinaria.

Ahora bien, dicho beneficio no lo efectiviza la Caja de manera automática, sino que previamente el agente deberá iniciar el trámite correspondiente para la formación de la voluntad administrativa que culminará con el acto de concesión.

A más de ello, cabe destacar que el Poder Ejecutivo, a través del texto del decreto cuestionado, no hace sino establecer en ejercicio de facultades que le son propias una alternativa válida entre las múltiples posibles para dar eficacia a la norma reglamentada.

Efectivamente, ante el mandato impuesto por el legislador, el Poder Ejecutivo optó por una alternativa, la cual consideró conveniente de conformidad a las disponibilidades administrativas existentes. De ahí que la declaración del estado jubilatorio, previo informe de la Caja de Jubilaciones, no es más que una medida conducente para disponer el cese de los agentes y empleados públicos, que reúnen las condiciones para obtener la jubilación ordinaria, no siendo revisable la elección de dicha medida a través del control judicial.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, ALFREDO M. s/ EBRIEDAD- IMPUTABILIDAD- ROBO-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-06

La EBRIEDAD solo es válida como eximente de responsabilidad cuando es total, absoluta, completa e involuntaria (conf. plenario "Segura", 23-8-64) y como el encausado ha comprendido el desvalor de su comportamiento y ha dirigido sus acciones acorde con lo normado en la ley, debe responder por su acción.

La ingesta de alcohol a la que acudía el acusado, según el informe obrante en autos, definen a un sujeto portador de un vicio inveterado inclinado al consumo de ese tipo de bebidas, lo que no es suficiente por sí para eximirlo de culpabilidad. Tal situación fáctica, debió ir acompañada al momento del hecho de una profunda perturbación de sus facultades mentales, lo que no ocurrió en autos
Admisibilidad del recurso, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sonpetrol España S.A. c/ Hispanoamericana de Petróleos. S.A. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-15

Para interponer los recursos que autoriza el ordenamiento procesal el primer requisito subjetivo de admisibilidad es que quien lo interponga ostente legitimación procesal suficiente, y esa calidad la detentan como regla general quienes revisten la condición de partes o de representantes voluntarios o necesarios de éstas.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Raffo y Mazzieres S.A. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El Código Fiscal actualmente vigente (texto según ley 10397 y sus modificatorias), regla en forma expresa para el supuesto específico de "juicios por sumas de dinero o derecho susceptibles de apreciación pecuniaria" la actualización del "monto para calcular la tasa de justicia", que debe efectuarse "utilizando la variación que resulte del Indice de Precios al Consumidor, Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos entre el mes anterior en que la obligación se hace exigible y el mes anterior al que se abone la tasa" (art.249 inc."a"). (MINORIA U OPINION PERSONAL)