Fundamentación de sentencias, calificación legal, tipo penal, fraude a la Administración Pública, abuso de confianza, bancos, funcionarios públicos, daño material
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MEREP, Pablo Augusto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El tribunal ha realizado un adecuado juicio de subsunción legal toda vez que el comportamiento desplegado por el imputado encuentra adecuación típica en el art. 174 inc. 5 del CP; fraude en perjuicio de la administración pública, toda vez que el delito se comete cuando el patrimonio afectado remite a la Administración pública en cualesquiera de sus ramas. Esto sucede cuando la propiedad pertenece a una entidad que es persona de derecho público, ya sea uno de los poderes del Estado, o de las municipalidades, o que posea autarquía dentro de la Administración, con prescindencia del origen del bien que el delito afecta directamente y de que la actividad desplegada por la entidad no sea de estricto carácter público. Sujeto activo puede ser cualquier persona, tanto un particular como un funcionario o empleado. En cuanto al sujeto pasivo, en los casos de abuso de confianza puede coincidir con la persona del ofendido, es decir, tratarse de la misma Administración Pública, mientras que en los casos de fraude el sujeto pasivo del engaño tiene que ser una persona individual que se encuentre a cargo del bien defraudado. El tipo penal exige perjuicio, daño directo a la Administración pública, como ofendida de la lesión de su patrimonio, por ende, el fraude se consuma cuando se lleva a cabo la efectiva disposición patrimonial perjudicial, con prescindencia de cualquier acto ulterior de restitución de lo defraudado, que no enerva el episodio defraudatorio. En el caso, el imputado es un sujeto al que se ha delegado, en la órbita de su competencia, la custodia de fondos públicos para llevar a cabo operaciones contables que forman parte de la actividad pública del banco. En ese sentido, participa en la ejecución de la voluntad estatal en la realización de los fines inherentes a dicha entidad. De allí que resulte abarcado por la noción jurídica de funcionario público a tenor del art. 77 del CP, que equipara al funcionario y al empleado atendiendo al ejercicio real de funciones públicas, con prescindencia de la calidad jurídica que ostente el agente. Sentado lo expuesto, resta señalar que esa consideración objetiva del comportamiento aparece, además, en el decisorio atacado, orientada por una atribución subjetiva -dolosa- suficientemente fundada y que, claramente, completa el tipo de injusto por el que debe responder. Contrariamente a lo señalado, el daño patrimonial al Banco Nación quedó demostrado con números precisos, consistente en la suma de $ 215.552, que fue desviada por el imputado mediante las transferencias de activos realizadas desde una cuenta judicial -que estaba bajo la esfera de custodia y contralor de esa institución y que el procesado tenía el deber de gestionar lealmente por tratarse de patrimonio ajeno-, a diversas cuentas de personas conocidas por el procesado y que luego llegaban a su patrimonio. El doctor Slokar dijo: "Que en las circunstancias de la especie, comparte en lo sustancial la solución que postula al acuerdo el distinguido colega (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y ss. CPPN)." El doctor Mahiques agregó que dentro del concepto de administración pública se contempla cualquier entidad de carácter público tanto de la administración estatal directa, es decir, nacional, provincial o municipal como de una entidad autónoma o autárquica que opere con alcances análogos a los de la administración. La propiedad protegida por estos delitos excede el concepto de dominio, pues ésta se extiende, tanto a la tenencia, posesión y demás derechos reales, cuanto al poder sobre las cosas procedente de otros títulos o de situaciones jurídicas que conceden facultades idóneas para aumentar los bienes de una persona física o jurídica. En el caso, el Banco Nación tenía registrada y bajo su órbita de custodia la cuenta judicial desde donde el imputado transfería los fondos a cuentas privadas propias o de conocidos. Ello generó un perjuicio al patrimonio de la entidad bancaria de $215.552 durante el período en que ésta se vio privada de la administración del dinero desviado. Dres. Yacobucci, Slokar -voto concurrente- y Mahiques -voto concurrente-.