marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, represalias, trabajadores telefónicos, call center
Materia: LABORAL
Carátula: LANTERI, ANABELA c/ ATENTO ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

La conducta adoptada por la patronal, que propinó a la actora un trato desigual, indecoroso y de algún modo cercano a lo vejatorio, como respuesta abusiva de poder de organización y represalia a su aspiración jurídica, fuera ésta legítima o no lo fuera, constituye una ilicitud que atropella derechos humanos fundamentales como son la dignidad de la persona y su garantía de igualdad y no discriminación, plataforma medular de nuestro sistema democrático constitucional (art. 17 de la LCT y 16 de la Constitución Nacional).
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, caja de ahorro, comisiones, ventanilla, elementos del acto administrativo, Banco Central de la República Argentina, incumplimiento del deber de informar, reintegro de gastos, procedencia del recurso
Materia: BANCARIO-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociacion Aduc c/ Industrial And Comercial Bank Of China SA (Ex Standard Bank Arg. SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda entablada por una asociación de consumidores, condenando al banco accionado a que restituyese, a los titulares de cajas de ahorro, el aumento del cargo o comisión cobrado por la atención en ventanilla en un periodo determinado. Ello por cuanto, en el caso, la accionante no impugnó la existencia y legitimidad del cargo por el servicio de ventanilla hasta una suma determinada, sino sólo su aumento, por considerarlo incausado, ilegítimo e inconsulto; aclarando que tampoco extendió su objeción al cargo de las llamadas cuentas sueldo o especiales, sino que la circunscribió a las cajas de ahorro, exclusivamente. Y si bien tales costos no podrían mantenerse congelados indefinidamente en los términos económicos fijados en la solicitud del servicio, tampoco sería viable que el banco llamase ahorrista por ahorrista para que concurriese personalmente a consentir el incremento, porque la envergadura de la cartera de clientes que tiene toda entidad financiera tornaría impracticable ese temperamento; más ello no significa que los bancos pudiesen actuar absolutamente de modo discrecional, debitando aumentos de comisiones con prescindencia de la voluntad del ahorrista, como parecía haber ocurrido en el caso. En definitiva, está demostrado que la normativa dictada por el BCRA contempló, durante cierto tiempo, la posibilidad de modificar el costo de las comisiones aplicadas a las cajas de ahorro por el servicio de ventanilla, bajo determinadas condiciones, entre ellas, la previa comunicación al cliente y su ulterior conformidad y dicha omisión sella la suerte adversa del accionado.
Nulidad procesal, derecho a la intimidad, declaración indagatoria, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Montoya, Pedro Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-12

Debe rechazarse el planteo de nulidad en tanto el requerimiento de orden judicial para determinadas injerencias en el derecho a la intimidad, por resultar especialmente intensas, fue cumplid adecuadamente, al haberse realizado mediante orden fundada de juez competente, tal como lo dispone el art. 236 CPPN. Los planteos de la defensa de la encargada del lugar, en torno a la actuación del mismo funcionario como defensor público oficial durante sus declaraciones indagatorias y luego como secretario del juzgado federal, como también lo aludido en orden a la posterior asistencia de su pupila por parte del mismo letrado que ejercía la defensa técnica de sus coimputados, deben rechazarse, ya que no se advierte agravio alguno causado por la ausencia del decreto en punto a la inhibición de un funcionario que no intervino en la pesquisa y la impugnante no expresa cuáles serían los elementos probatorios que se vio impedida de ofrecer o producir a fin de dar sustento a su planteo, por lo que no demuestra agravio derivado de la denunciada irregularidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Humberto Antonio s/ Robo calificado - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, al efectuar una impugnación global de las diferentes diligencias de reconocimiento y afirmar que surgirían discrepancias que llevarían a pensar un conocimiento previo del reo por los testigos, no logra conmover, con su personal interpretación, los fundamentos del sentenciante para concluir su validez.
Poder Ejecutivo, delegación de funciones, acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTOS DE DIAZ MIRTA Y OTRA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y/U OTROS s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-17

La delegación de facultades constituye una excepción al principio de improrrogabilidad de la competencia funcional. Estando prevista dicha delegación en la Ley de Ministerios vigente en el año 2004, momento en que se dictó el acto cuestionado, y habiéndose efectivamente llevado a cabo, el mismo por la resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Ciencia y Tecnología de la Intervención Federal, deviene legítimo en cuanto ha sido dictado por autoridad competente y en el marco de las facultades legalmente atribuídas a ésta.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sobreseimiento, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: GAROFALO, E. s/ Contrabando Causa 30083-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-10

1-La parcelación del sumario es admisible si lleva a excluir del proceso a alguno de los que hubieran sido sospechados. Lo que no está previsto ni puede entenderse autorizado es ir subdividiendo cada uno de los hechos para cuya investigación se formó el sumario.

La atribución que tienen los jueces-encargados de instruir un sumario criminal previo al enjuiciamiento pleno-de sobreseer en cualquier momento (art. 432 del Código de Procedimientos en Materia Penal), debe entenderse acotada por la discriminación que la ley efectúa acerca de cuando cabe que lo haga en forma parcial (art. 438 del Cód. cit.) Esta forma de proceder es altamente inconveniente pues conduce a multiplicar innecesariamente las instancias de apelación contradiciendo el propósito legal de celeridad en la sustanciación de esa etapa previa (art. 206 del Cód. cit.) (Del voto del Dr. Hendler, en disidencia).

2- La apreciación del mérito de un sumario es atribución del Ministerio Público, no del Juez que lo instruyó (art. 460 del Cód.

cit.) quiere decir en consecuencia que el mecanismo creado por esa especie de providencias, además de dar lugar a una eventual atomización de cada denuncia o querella, sustrae a los órganos del Ministerio Público la facultad de contralor que les compete. Por un lado el sumario debe elevarse "con todas las piezas de convicción" (art. 429 del Cód. cit.), no con solo aquellas que el instructor juzgue relevantes; por el otro, existe una oportunidad precisa para hacer mérito del sumario en la que sí resulta oportuno el desglose de cada hecho investigado:es la de las vistas que deben conferirse para la apertura del juicio plenario (art. 457 del mismo Cód.), las que tienen por finalidad, específicamente, "que se expiden sobre el mérito del sumario". Son quienes tienen derecho a acusar quienes deben hacerlo, no quien lo haya compilado (Del voto del Dr. Hendler, en disidencia).
Suspensión de la prescripción, telegrama colacionado
Materia: LABORAL
Carátula: López, Osvaldo D. c/ Fallas Elías R. y/o Blue & Blue s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-11

La remisión de un telegrama colacionado puede producir la suspensión del curso de la prescripción en relación a los reclamos expresados en el mismo.
Caducidad de medidas cautelares, reinscripción de la medida cautelar
Materia: PROCESAL
Carátula: Difusora Marplatense S.A. c/ E.N. Argentino s/ expropiación servidumbre administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

El párrafo final del art. 207 del C.P.C.C.N. consagra la extinción de los embargos e inhibiciones a los cinco años contados desde su anotación en el registro que corresponda, salvo que medie reinscripción, dispuesta y comunicada -antes del vencimiento de ese plazo- por el mismo Juez que las dispuso, decretada a petición de parte, entendiéndose por "registro que corresponda" a los registros públicos, que son aquellas instituciones creadas por ley, donde un funcionario, debidamente autorizado, y en forma legal o reglamentaria, dé fe de actos, documentos, contratos y resoluciones de índole diversa, con preponderancia sin embargo adnministrativa y judicial, o las oficinas y libros en que se encuentra y materializa el registro (conf. Cabanellas, Guillermo "Diccionario Enciclopédico de Dcho. Usual", T.VII, pág. 96 y 103, Ed. Heliasta, 1981). Por ello no corresponde entender que cuando el art. 207 del C.P.C.C.N. habla del "registro que corresponda", pueda extenderse a las anotaciones efectuadas en un expediente judicial, de la misma manera que tampoco se aplica a las cautelas convencionales (conf. Novellino, "Embargo y Desembargo", pág. 119).
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CISMONDI, EDUARDO c/ RAMON CASIANO ALONSO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-09-09

No puede reprocharse de culposo al accionar del denunciante que es demandado por daños y perjuicios si tuvo una causa probable para proceder como lo hizo, o sea si tuvo una convicción razonable y fundada en los hechos llegados a su conocimiento, respecto de la culpabilidad de la persona acusada o denunciada.
Boleto de compraventa, condominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meo, Horacio c/ Suárez, Stella s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

Pretender lograr la división de un condominio sobre la base de un boleto de compraventa, importa confundir el derecho real de condominio con el contrato de compraventa a que se refiere el art.1323 del Código Civil, que tiene alcance declarativo en el sentido que mientras el vendedor no entrega la cosa continúa siendo su propietario y el comprador no adquiere hasta ese momento más que un derecho a la cosa, no un derecho sobre la cosa o en la cosa.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guitou, Próspero c/ Caja de Prev. Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Si las operaciones acreditadas por el período en que el agente se hallaba matriculado en la provincia solo como martillero no se corresponden al ejercicio de dicha profesión sino propias del corredor, debe descartarse dicho período, como computable a los fines jubilatorios (art 5 inc c) ley 7014).
Competencia, competencia civil y comercial federal, Obra Social para la Actividad Docente, opción de competencia, competencia ordinaria, ANSSAL
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPUCENTER S.A. c/ OSPLAD s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

Admitido el carácter de agente del seguro de salud que reviste la demandada, surte la aplicación del art. 38 de la ley 23.661, en cuanto establece la jurisdicción federal en los casos en que "la ANSSAL y los agentes del seguro de salud" sean partes, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras (cfr.

esta Sala, Causas 11.742 del 10.11.94 y 8700 del 1.12.94, entre otras) carácter que en este proceso no ostenta la apelante.
Leyes, jerarquía de las leyes, cláusulas transitorias
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: FELPETO CARLOS ALBERTO s/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ- ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-23

En muchas ocasiones una cláusula transitoria pueda aparecer rigiendo la situación de una persona o grupo de personas en particular, sin que ello le quite el carácter de generalidad propio de los actos normativos, puesto que más allá de quien resulte alcanzado por sus disposiciones, su objetivo es regir la coyuntura que se presenta en el tránsito entre un régimen que pierde vigencia y aquel que lo ha de sustituir.

De igual modo, pueden aparentar conferir efecto retroactivo a prescripciones del texto cuya entrada en vigor preparan o acompañan, cuando en realidad lo que procuran es esclarecer los alcances de situaciones aún no consolidadas a la luz de la normativa anterior y que resultan comprendidas por las nuevas reglas cuya vigencia es inminente.
Propiedad intelectual, escritos judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: A., N. H. c/ C., S. A. s/ Propiedad Intelectual Ley 11.723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-17

La propiedad intelectual sobre los escritos de los abogados (dictámenes, demandas y otros escritos procesales) constituye una cuestión que no ha recibido hasta el momento un tratamiento profundo ni por la doctrina científica ni por la jurisprudencia de los tribunales.
Sentencia arbitraria, acción de repetición, repetición de impuestos, retenciones impositivas, IVA, comercialización de productos agropecuarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Compañía Argentina de Granos S.A. c/ AFIP (D.G.I.) s/ contencioso administrativo - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la demanda de repetición contra el Fisco Nacional por los importes ingresados en concepto de retenciones del IVA por las compras de cereales realizadas a ciertos proveedores, si la interpretación realizada por el a quo aparece como la aplicación mecánica de un principio procesal fuera del ámbito que le es propio, toda vez que el material fáctico y probatorio aportado por las partes al litigio exteriorizaba una diversa composición del thema decidendum y, por esta vía, culmina en la frustración ritual del derecho de la recurrente a obtener la tutela jurisdiccional mediante el dictado de una sentencia que constituya la aplicación del derecho vigente a los hechos controvertidos.
Daños y perjuicios, daño psíquico, responsabilidad contractual, automotores, círculo cerrado, plan de ahorro previo, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Tevez, Porfidio c/ Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

2 - En ese marco, corresponde a su vez el reintegro de los gastos del tratamiento psicológico. En ese sentido, corresponderá elevar el monto concedido en función de la desactualización de los montos expresados a la fecha del informe. Ello así, pues no se puede ignorar que desde aquella fecha al presente, el costo del tratamiento terapéutico ha aumentado considerablemente, dado el nivel de la inflación reinante en nuestro país. Disidencia parcial del Dr. Vassallo:. - No corresponde admitir ambos ítems, daño psíquico o psicológico y tratamiento psicológico, pues constituiría, al menos en el caso, una duplicación del resarcimiento cuando ambos serán contemplados en el tratamiento que se admite como necesario. 2 - Asimismo, el actor sólo ha señalado un parecer sobre el costo actual de una sesión de terapia, pero no ha sustentado tal guarismo con algún elemento que permita concederle certidumbre. Por tal razón, no corresponde modificar el monto concedido en concepto de tratamiento psicológico.
Nombre, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: A.L.A. s/ RES. REGISTRO E.C. PER.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-23

Corresponde hacer lugar a la inscripción del nombre "Andino".
Empleados públicos, remuneración, trabajadores de la industria gráfica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balbis, Silvio Reinaldo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

El art. 135 del dec. ley 8721 no configura un obstáculo para que el personal jerárquico afectado a la industria gráfica perciba la mayor remuneración establecida por normas especiales, en atención al carácter insalubre de dichas tareas.
Constitución Nacional, derecho de enseñar y aprender, reglamentación de la ley, planes de estudio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Padres de alumnos de  colegios  dependientes  de la UNC. interpone recurso art. 32 ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Los planes de estudio que modifican los anteriores con relación al contenido, duración o composición de niveles o ciclos educativos, no suponen una reglamentación arbitraria o irrazonable del derecho constitucional de aprender.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, prueba, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BENITEZ, Alberto c/ GUAITA, Alfredo L s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-09

En virtud del precepto del art. 165, in fine, del Código Procesal, se puede llegar a determinar, aún en caso de falta de prueba concreta, el monto del perjuicio ocasionado por un accidente de tránsito, pero deben existir elementos de juicio valorables para fijar la concreta existencia del perjuicio que no puede ser simplemente un hecho probable o conjeturable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Guilledo, Carlos Horacio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

No demuestra la inhabilidad del testigo el recurso de inaplicabilidad de ley que afirma que el mismo se halla procesado por delitos contra la propiedad y detenido pero no expresa de que modo tal hecho acarrearía esa inhabilidad.
Quiebra, calificación de conducta, fallido, domicilio procesal, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESA DE PINTURAS MUSUMECI HNOS. Y ASOCIADOS SRL s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

El efecto de la falta de constitución de domicilio (LC: 95 - inc.

7) Por parte del fallido, no puede aplicarse en todo su rigor en el caso del trámite de la calificación de conducta, pues las consecuencias que puede producir la resolución que se dicta en el trámite del incidente, imponen la necesidad de adoptar un criterio amplio en lo concerniente a la participación del imputado, correspondiendo la designación del defensor oficial, en resguardo del legítimo derecho de defensa de raigambre constitucional.
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, pago de la remuneración, Poder Judicial, facultades legislativas, contribuciones especiales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergna, César E. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Establecer en una sentencia una deducción que llega al 30% del total de la remuneración que le correspondería a los jueces, quita que no resulta de ninguna ley, significa lisa y llanamente atribuirse por el Poder Judicial facultades legislativas, estableciendo una contribución que no ha creado el Congreso de la Nación.
Pueblos originarios, derechos de los pueblos indígenas, Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA ARGENTINA, Poder Ejecutivo Nacional, propiedad comunitaria de la tierra, responsabilidad internacional del Estado Parte, grupos vulnerables
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-06

Si bien los Decretos 2786/07 y 1498/14 emitidos por el Poder Ejecutivo Argentino, constituyeron actos de reconocimiento de la propiedad comunitaria sobre la tierra que ciento treinta y dos comunidades indígenas reclaman, por cuanto representan la potencialidad del Estado para cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos involucrados, no ha logrado concluir el proceso para concretar la propiedad comunitaria pues no sólo no se ha demarcado sino que subsiste además la permanencia de terceros, lo que resta seguridad jurídica e impide garantizar el derecho en su plenitud, pues no se halla en discusión el derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre el territorio ancestral, sino la conducta estatal seguida.
Estafa, tentativa, cheque, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: TARANCO TUCICH, Alberto W. s/ Causa 20.901
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13

Constituye el delito de tentativa de estafa, la conducta del procesado que habiendo encontrado un cheque extraviado, lo entrega al coprocesado quien lo presentó para su cobro, viéndose frustrado su accionar, por registrar el cartular denuncia de extravío. Cabe descartar la tentativa de delito imposible, puesto que para que se dé es necesario un error que recaiga sobre la existencia o inexistencia de una cualidad jurídica y no sobre una cualidad de hecho, mientras que en el caso "sub-examine", el inocente tuvo la oportunidad de cobrar el cheque si la denuncia de extravío no hubiera llegado a tiempo, razón por la cual, la tentativa es viable.
Defensa del consumidor, información al consumidor, servicio público, audiencia pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

La realización de una audiencia pública no sólo importa una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos, un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de democratización del poder, sino que resultaría una vía con la que podrían contar los usuarios para ejercer su derecho de participación en los términos previstos en el art. 42 de la C.N. antes de una decisión trascendente.
Acción de amparo, gravamen actual
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional  y Poder Judicial de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-22

En los juicios de amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas.