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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, leyes, honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (B.C.R.A.) EN LUMA S.A.   -QUIEBRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO -QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 433 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Cámara no ha dado una respuesta adecuada al planteo de morigeración de la regulación efectuada por aplicación del mínimo de la escala correspondiente prevista en el artículo 6 de la ley arancelaria local, como así también por aplicación de la ley 24432. En efecto, frente al cuestionamiento formulado al expresar agravios vinculado a que aun cuando se considere que el honorario debe regularse conforme a la ley 6767, tomando como base el monto del crédito verificado, no corresponde que se le aplique el máximo de la escala del artículo 6 -10%-, para pasar a aplicar a ese monto el 30% del artículo 16 sobre incidentes -dado que la regulación así obtenida resulta excesiva, porque dicho artículo 6 establece un complejo sistema de máximos y mínimos en función de la cuantía del asunto, haciendo decrecer la alícuota a medida que crece la base regulatoria, por lo que en el caso, por la cuantía del asunto, correspondía aplicar el mínimo, o sea, el 8%-, la Cámara nada dice en particular, limitándose a exponer cuales son las normas legales que rigen el caso conforme al artículo 287 de la L.C.Q. y que el A quo aplicó correctamente la escala del artículo 6 de la ley 6767 con la correspondiente reducción establecida por el artículo 16.
Pena de inhabilitación, procesamiento, confirmación de sentencia, docentes, abuso sexual calificado por acceso carnal, jardines de infantes, víctima menor de edad, delito reiterado, lesiones, coacción, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: I., A. M. c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-06

Cabe confirmar la sentencia que dispuso la inhabilitación provisoria de la imputada para ejercer su rol como docente y/o desempeñarse en cualquier actividad relacionada con niños mientras dure la sustanciación del proceso, ello pues, ha de considerarse el procesamiento de la nombrada en orden a los delitos de abuso sexual contra un menor agravado por haber sido cometido con acceso carnal por parte de la encargada de la educación -reiterado en dos oportunidades-, abuso sexual contra otro menor y coacción y lesiones leves -todos ellos en concurso material entre sí-, de esta manera han sido damnificados distintos alumnos del jardín de infantes donde se desempeñaba como docente.

En efecto, la actividad laboral que se le impide ejercer, es aquella de la cual se habría valido para llevar a cabo las conductas que afectaron a las víctimas, las que se caracterizan por ser especialmente vulnerables por su edad -art. 6, inc. a, de la Ley 27372-. Así, si bien la acusada se halla amparada por el principio de inocencia durante la sustanciación del proceso, las características de la imputación que se le dirige -a partir del auto de procesamiento- torna razonable adoptar la medida que tiene sustento legal en el CPPN, art. 310 y está orientada a la protección de los infantes frente a quien tiene una posición de autoridad sobre ellos.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, competencia por la materia, improrrogabilidad de la competencia, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Salta c/ Vaccari, Francisco Ricardo s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-27

Corresponde rechazar el recurso de apelación contra la sentencia que rechazó la excepción de incompetencia articulada por el demandado y confirmó la competencia del fuero contencioso administrativo para continuar entendiendo en autos, dado que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en crisis; debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, por qué se considera que la sentencia no es justa y los motivos de disconformidad, indicando cómo el juez habría valorado mal la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas. Al proceder así, cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia, facilita al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación y, sobre todo, limita el ámbito de su reclamo. Ello así, los agravios del recurrente resultan insuficientes, al no haber atacado concretamente el verdadero fundamento del fallo, ésto es, que la jurisdicción contencioso administrativa requiere que tanto el derecho violado como el acto violatorio sean de Derecho Público y que, puntualmente, la relación de empleo público se encuentra sujeta a normas de esta rama del Derecho. A mayor abundamiento, la competencia en razón de la materia es improrrogable y no puede ser alterada por la voluntad de los litigantes; resulta inviable la pretensión del demandado en el sentido de atribuir a los jueces laborales competencia en materia de empleo público, razón suficiente que fulmina el agravio del apelante y amerita rechazar el recurso interpuesto.
Cuota alimentaria, cómputo de alimentos, porcentaje de los ingresos, adicionales de remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: F., V.A. c/ B., A.D. s/ EJECUCIÓN DE ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-04

Al establecer en concepto de alimentos una cuota equivalente a un porcentaje de los haberes que percibe el alimentante, resulta inequívoco que se hace referencia a los haberes que se perciben como "salario de bolsillo", es decir los ingresos netos, deducidas las entradas brutas, las sumas correspondientes a los descuentos obligatorios por ley. Asimismo al no efectuarse aclaración, se deben incluir en el concepto de haberes todas las sumas que se percibe o puede percibir regularmente, aun cuando el pago de determinados rubros derive de particulares méritos o esfuerzos realizados por el trabajador, como ser bonificaciones, participaciones de ganancias, premios, horas extras, aguinaldos, propinas, entre otros. (Sumario N°20907 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Falta de contestación de la demanda, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: O., L.W. c/ A.M.E.P. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-18

La presunción de verdad que resulta de la incontestación de demanda, ante la falta de prueba en contrario que se encontraba a cargo de la apelante, es fundamento dirimente como para que prospere la demanda entablada, tal como lo señalara el sentenciante. Se trata de un supuesto de admisión lógica, y sus efectos, provisionales e indeterminados a priori, serán los que adquiera a mérito del ulterior comportamiento del admitente. Es decir, se hallan supeditados a la eventual prueba en contrario que él produzca.
Obra social provincial, personas con discapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAEZ Leonardo Fabián y Otra c/ Provincia de San Juan (DOS) s/ Amparo - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-17

La ley nacional 24.901 de "protección a las personas con discapacidad" instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Están obligados a cumplir con las prestaciones de dicha ley: a) las obras sociales, respecto de sus afiliados; b) el Estado Nacional (y los estados provinciales o municipales que hayan adherido), respecto de las personas que carecen de cobertura de obra social.

Las obras sociales a que alude la ley 24.901 son las enunciadas en el artículo 1 de la ley 23.660, norma que excluye a las denominadas "obras sociales provinciales" u "obras sociales municipales". Es decir que éstas, en principio, no resultan obligadas a brindar las prestaciones de la ley 24.901.

Cuando la persona con discapacidad está afiliada a una de estas obras sociales provinciales o municipales las prestaciones deben ser cumplidas: por el estado provincial o municipal correspondiente (siempre que haya adherido) o, en última instancia, por el Estado Nacional.

La Dirección de Obra Social de la Provincia (DOS) es un ente autárquico y, por ende, persona distinta del Estado Provincial.
Procedimiento laboral, confesión extrajudicial
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA ELVA c/ COMUNIDAD FRANCISCANA; COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y/U OTROS S/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-30

La declaración realizada por la demandada en el expediente administrativo, tiene el carácter de confesión extrajudicial es decir fuera del proceso en el que se pretende hacerla valer, está dirigida a la contraparte -trabajadora- en el contexto de un conflicto individual de trabajo, con la finalidad de que sea conocida y aceptada por ella. Dicha confesión debe ser acreditada en su materialidad y alcance por otros medios de prueba dentro del proceso, que en el caso venido en recurso, ha sido incorporada bajo la forma de prueba documental, con lo cual se cumplimenta con dicho requisito legal establecido por el art. 168 de la ley 3603.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, incapacidad permanente, capacidad laboral
Materia: CIVIL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

La incapacidad sobreviniente y permanente debe apreciarse en función de pautas razonablemente generales. Ellas son las actividades encuadradas dentro de la normalidad actual o presumiblemente futura de toda persona. Es decir, no sólo con relación a la tarea específica que desarrolla al momento del accidente aunque pueda conjeturarse la posibilidad del cambio de tareas, la mutación del lugar, la modificación del itinerario de acceso, la transformación del desplazamiento; hay que tener en cuenta el quebramiento de la normalidad. Esta importa, naturalmente, el curso razonablemente de la vida de la víctima sin que pueda acudirse a hipótesis, a suposiciones, a conjeturas como un producto sin sustentación lógica. No debe caerse en la figura lógica de la petitio principio, o sea, dar como prueba aquello que se quiere probar. En suma, el quebramiento de la normalidad no se circunscribe a la tarea específica, sino a otras actividades que, lógica, razonable y previsiblemente puede llegar a desempeñar la víctima. En consecuencia, la disminución de aptitudes laborativas no ha de medirse en relación a la específica tarea desempeñada por la víctima, sino sobre la base de estándares jurídicos de normalidad, según el estado del sujeto previo al infortunio que genera el perjuicio.
Contrato de obra pública, liquidación judicial, planteo oportuno
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: VI.DA.VI. S.R.L. c/ COMUNA DE PIAMONTE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 157 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Si bien la aplicación al caso de la "defensa de desindexación", fundada en la ley 24283, no puede ser descartada atento a que todos los certificados de obra que documentan la deuda de la Comuna fueron ajustados mediante la aplicación de un promedio entre el índice de precios mayoristas nivel general y el índice de precios al consumidor nivel general publicados por el I.N.D.E.C., la ausencia al momento del dictado de la presente de elementos que permitan establecer la comparación a que hace alusión la ley de desindexación, aconsejan dicha solución, por lo que el planteo deberá ser tenido en cuenta en la etapa procesal oportuna.
Juicio, llamamiento de autos, caducidad, actos y diligencias procesales, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

El dictado del decreto de llamamiento de autos en el recurso de apelación, por ser una "simple providencia o preveído de trámite", debe ser urgido por la parte interesada mediante un acto procesal idóneo a tal fin (vrg, un pedido en diligencia), so riesgo de que, de no proceder así, se opere la perención de instancia.

En el caso, la recurrente no cumplió con la carga procesal que le incumbía, operándose así la caducidad del recurso de apelación (interpuesto en un incidente de revisión dentro de un concurso preventivo), tramitado ante el Tribunal que dictó la resolución en recurso.
Despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Néstor Julio c/ Tomás de León S.A.C.I.F.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-03-19

No habiendo la demandada adjudicado al actor la comisión de un ilícito sino que basó su despido en la pérdida de confianza radicada en la manera descuidada en que éste llevaba a cabo su tarea de cajero, no corresponderá el reclamo por daño moral.
Categoría laboral, cambio de tareas, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: P. M. E. c/ F. J. s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-08

Sabido es que se encuentra a cargo del empleador probar que no tiene tareas adecuadas a la aptitud física y psíquica de la trabajadora. Y si bien no está obligado a crear un puesto inexistente en el plantel de la empresa para dar satisfacción al minorado, tendrá que demostrar que no existía ninguna posibilidad de dar tareas económicamente productivas al minusválido.
Elecciones, candidatos, senadores nacionales, cuestión abstracta, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Recurso de apelación de Cambiemos - Fuerza Cívica Riojana en autos "Frente Justicialista Riojano y otro s/ reconocimiento de alianza electoral" c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-24

La solicitud de una fuerza política a los efectos de que se adecue de oficio la lista de candidatos del partido político cuyo primer candidato en la lista de senadores nacionales fuera inhabilitado por el Tribunal, deviene abstracta debido a que la sentencia de la Corte Suprema recaída en autos "Acosta, Leonel Ignacio s/ impugnación de precandidatos elecciones primarias - Frente Justicialista Riojano", del 22/08/2017, dejó sin efecto dicha inhabilitación, por lo que expedirse al respecto carece de interés jurídico actual.
Fallos de la Corte Suprema, gravedad institucional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, Inés c/ Colegio de Psicólogos de San Juan (Tribunal de Disciplina) s/ Medida Cautelar en Cont. Administrativo s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-10-21

La doctrina de la gravedad institucional es una creación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, consolidada a partir de la década del 60 (Fallos, 248:189), y desarrollada a través de sucesivos fallos. El Máximo Tribunal Federal ha sostenido que tal atribución encuentra su apoyo en la necesidad de conservar nuestro sistema institucional, mantener la supremacía de la Constitución Nacional y que, a su vez, para el logro de esos objetivos, el orden jurídico lo habilita para seleccionar los problemas que, por la trascendencia de los intereses afectados, no pueden escapar a su necesario control constitucional. Asimismo, ha resaltado que, al obrar de ese modo, actúa en cumplimiento de una alta tarea de política judicial, impuesta por la firme defensa del orden constitucional y afirmada como su más delicada e ineludible función jurisdiccional (Fallos, 323:337). De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, revisten tal carácter aquellas cuestiones que exceden el mero interés de las partes y afectan al de la comunidad.
Proceso penal, abuso sexual calificado por acceso carnal, individualización de la pena, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vizcarra, Juan Ramón s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Mariana Vera, Defensora Penal de 5ta. Nominación, en contra de Sentencia Nº 05/09 en causa Expte. Nº 112/07 caratulado "Vizcarra, Juan Ramón p.s.a. Abuso Sexual con Acceso - Santa Rosa - Valle Viejo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-13

De ningún modo una circunstancia fáctica prevista normativamente para agravar la escala penal puede valorarse doblemente, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial.

Ello obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal, y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.

Sin embargo, también debe aclararse que no debe confundirse duplicar la misma circunstancia ponderada ya por el legislador con la consideración de la modalidad comisiva en el caso concreto.

En tal sentido, no figura como elemento constitutivo del tipo de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, párr. 3ro., C.P., en el cual el a quo subsumió el hecho en el que se dieron las circunstancias que motivaron el presente agravio), la violencia y amenaza concretamente empleadas en el mismo, a saber: el haber amenazado a la víctima menor de doce años de edad, con una cuchilla -de alto poder lesivo-, además, de amenazarla de muerte si lo delataba, doblegando de este modo su voluntad (fs. 242 vta.); es decir, que en este caso el imputado actuó disminuyendo totalmente la capacidad de defensa de la menor.

Por ello, al no estar contemplada específicamente esta modalidad comisiva en la figura penal en cuestión, en modo alguno se ha vulnerado en la presente causa el principio de doble valoración, al haber sido consideradas dichas circunstancias (no típicas) a fin de cuantificar la pena impuesta al imputado.

Es más, al proceder de este modo, no se ha hecho otra cosa que cumplir con la consideración de pautas mencionadas por la ley penal a esos efectos (art. 41 C.P.).
Regulación de honorarios, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonacci, Marta Bibiana c/ Mascanfroni, Angel Pedro y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-29

Dado que el letrado no ha solicitado intervención en el juicio por derecho propio y participa en el mismo únicamente como apoderado de la parte, carece de legitimación para impugnar la regulación de honorarios que fuera practicada a su favor en la sentencia apelada, deviniendo en consecuencia inadmisible la pretensión recursiva articulada por vía adhesiva al contestar el recurso interpuesto por la contraria.
Jubilaciones, empleo público, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRIAS, HORACIO ENRIQUE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-29

El titular del beneficio previsional de jubilación ordinaria o por edad avanzada contemplado en el régimen del decreto 1645/78, que se desempeñe como sindico de la caja nacional de ahorro y seguro, queda comprendido en el régimen de incompatibilidad ilimitada previsto en el artículo 51, inciso b) del citado decreto, toda vez que, este ultimo cargo implica el ejercicio de una función administrativa sometida al poder jerárquico y jurisdiccional del estado.
Secuela de juicio, prescripción de la acción penal, declaración indagatoria, requerimiento fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivadulla, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-18

El primer acto de secuela de juicio interruptivo de la prescripción es el llamado a prestar declaración indagatoria. Por juicio, a tales fines, debe entenderse la totalidad del proceso penal y no sólo la etapa del plenario (juicio en sentido estricto), que el acto primero en cuestión debe emanar del juez de la causa e implicar, de alguna manera, afectación de la persona a las actuaciones que lo involucran. Y en tal sentido, el llamado a indagatoria cumple tales requisitos, puesto que obviamente procede del sumariante y, aun cuando no sea un procesamiento, constriñe a la persona a comparecer ante el magistrado, como imputado de un hecho concreto. A los impulsos que el Ministerio Público Fiscal dé al proceso en contra del acusado también les reconozco efecto interruptivo, pero sólo a posteriori de que exista afectación del sujeto pasivo del proceso por decisión del magistrado actuante. (Voto del Dr. Mitchell -en mayoría-).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: I., L. G.; I., C. A.; S., P. M. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, art. 5 inc. 'c' de la Ley 23.737 c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-23

En atención a los agravios expuestos, corresponde señalar que la adhesión recursiva se encuentra prevista en el art. 522 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta (Ley 7690 y modificatorias), al establecer que "el que tenga derecho a recurrir podrá adherir, hasta la fecha de celebración de la audiencia, al recurso concedido a otro, siempre que tenga el mismo interés y exprese, bajo sanción de inadmisibilidad, los motivos en que se funda, los cuales no pueden ser contrarios a los que habilitaron la vía recursiva".Si bien la legislación adjetiva no prevé la celebración de aquella audiencia, de la interpretación armónica de las disposiciones de su Libro Cuarto, "Recursos", se debe colegir que la oportunidad procesal para la adhesión casatoria es la prevista por el art. 546 (cuando el Tribunal de Impugnación recibe el expediente luego de concedido el recurso), toda vez que en el acto de interposición se deben expresar los motivos en que se funda la adhesión (art. 522) y de no hacerlo, podrá ser declarado inadmisible por auto fundado.
Daños y perjuicios, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: FIERRO, CARMEN LUCIO c/ BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y ORMAS S.A. s/ DEMANDA  REC. DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-14

Aún cuando la sentencia estableció que la ley 22250 no era pertinente, nada demuestra que fuera este error lo que privara efectivamente al reclamante del fondo de desempleo. La manifestación unilateral efectuada por la empleadora sobre el régimen de la relación laboral no alcanza para constituir un impedimento concreto para ello, ni es en sí misma demostrativa de algún daño efectivo.

Adviértase que bien pudo el trabajador encontrar empleo inmediatamente lo que se relaciona con los requisitos que impone la ley al efecto (arts. 113; 114 y 115 L.E.).

Era pues ineludible la demostración de que el trabajador solicitó el beneficio y no lo obtuvo. Téngase en cuenta que la mencionada ley permite que en caso de duda sobre la existencia de la relación laboral se requiera actuación administrativa para que determine sumariamente la verosimilitud de la situación invocada.

Debe concluirse que de la sola manifestación patronal respecto al régimen de la construcción no se sigue necesariamente la pérdida del derecho.

En tales condiciones debe acogerse el recurso en este aspecto. La demanda de daños y perjuicios debe ser rechazada pues no se acreditó el menoscabo cuya reparación se persigue.

El actor se limitó a sustentar su pedido en la sola circunstancia de haber sido incorrectamente registrado su contrato laboral, lo cual, no resulta hábil a esos fines.