Condena penal, aplicación de la ley, código civil, proceso penal, principio de libertad probatoria, recurso de casación
Materia: CIVIL-PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jonás Ricardo Hugo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Guillermo Narváez en causa Nº 248/05 "Jonás Ricardo Hugo - Trata de Personas para que ejerzan la prostitución (trata de blancas), en concurso real, etc."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-21

Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de facilitación de la prostitución, por el que venía incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años de prisión.

Cuestionada la edad de la víctima, corresponde determinar si en el caso sub examen se ha logrado probar correctamente la edad de la víctima, puesto que su minoridad constituye uno de los elementos esenciales de la conducta típica delictiva atribuida.

El a quo, al analizar el mencionado presupuesto, ha sostenido que "en materia penal cualquier medio de prueba es hábil para demostrar la edad de la víctima cuando no se cuenta con los documentos que ordena la ley civil, destinados a probar la identidad y edad de las personas", citando al respecto dos fallos que avalan su postura.

Cabe aclarar que, si bien en materia procesal penal rige el principio de libertad probatoria, éste no es absoluto pues tiene limitaciones que se encuentran legalmente previstas. Así, la ley civil ha establecido con carácter obligatorio un medio probatorio específico en lo relativo al estado civil de las personas, el cual sólo puede probarse conforme lo establecido por la ley civil.

En consecuencia, la regla de la libertad probatoria prevista en el art. 200 del C.P.P. cede frente a las restricciones probatorias establecidas por las leyes nacionales de fondo y en resguardo de las instituciones reguladas por ellas, razón por la cual se deben respetar indefectiblemente las leyes de fondo cuando de manera expresa imponen limitaciones, sin que se pueda argüir en contra de ello con textos de leyes locales que dispongan lo contrario. En razón de ello, la prueba acerca de la edad de las personas debe subordinarse a las restricciones y prelaciones excluyentes y sucesivas impuestas por los arts. 79, 80, 82, 83, 85, 86 y 87 C.C., a pesar del sistema de la libre convicción que basamenta y anima toda nuestra legislación procesal penal, pues las limitaciones en esta materia impuestas por la ley de fondo deben ser observadas, por la preeminencia que dentro del orden jurídico, armonioso en su conjunto y sin menoscabo de las jerarquías establecidas dentro del sistema, tienen la Constitución y las leyes de la Nación que en su consecuencia dicte el Congreso (art. 31 C.N.), a las cuales deben conformarse las normas adjetivas de las provincias.

En consecuencia, no habiéndose probado legalmente la edad de la menor y tratándose aquella de un elemento integrante o indispensable para dar por acreditada la existencia legal del delito, corresponde revocar la sentencia y absolver al imputado del delito de facilitación de la corrupción de menores por el que venía incriminado.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)