marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso contravencional, prueba, prueba testimonial, declaración del imputado, valor probatorio, juicio abreviado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: J. J. R. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

En el caso, el testigo ha sido condenado, a través del instituto del juicio abreviado -artículo 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional- por la comisión de una contravención que se vincula con el hecho por el que est siendo juzgado el imputado.

En tales condiciones puede concluirse en que el testimonio así obtenido no tendrá seguramente el mismo valor probatorio que el que pueda desprenderse de otras probanzas, puesto que razonablemente podrá presumirse que sus dichos estar n condicionados por el acuerdo al que en su oportunidad arribara con el acusador.

De esta forma, resulta correcto producir la prueba aludida, no advirtiéndose que ello genere por sí agravio alguno, el que podrá, en la audiencia de juicio, requerir del declarante las explicaciones que entienda pertinentes, incluso respecto del acuerdo arribado en el juicio abreviado que lo tuviera como protagonista. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Jornada de trabajo, horas extra, carácter remuneratorio, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: COLASURDO, JUAN R. Y OTROS c/ SEGBA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-28

El carácter remuneratorio de los salarios percibidos en concepto de horas extras no puede ser modificado por disposición convencional.
Educación pública, libertad de cultos, fiestas religiosas, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos c/ Dirección General de Escuelas s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-23

La resolución de la Provincia de Mendoza que prevé en las escuelas públicas la conmemoración del "Día del Patrón Santiago" y del "Día de la Virgen del Carmen de Cuyo" no vulnera el derecho a la intimidad de los miembros de la comunidad educativa que optaran por no participar en las actividades, pues se trata de actividades que se llevan a cabo solo en las dos fechas determinadas en el calendario escolar y no hay elementos que permitan entrever que la ausencia de algún alumno o trabajador en dichas jornadas pudiera provocar su estigmatización o su segregación dentro de la comunidad educativa (Voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Donandueno Domingo c/ Montoto y Ot. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-26

Si bien el tercerista es el único titular jurídico de la acción, tratándose de derechos patrimoniales ello no implica que sea el único habilitado para ejercerla. Es así, que el artículo 1196 del Código Civil autoriza ese ejercicio a sus acreedores frente a la inactividad de su deudor. En el orden procesal, una vez incoada la acción por su titular, su libertad para manejar el impulso procesal no es absoluta, dado que nada impide que el accionado se presente a contestarla espontáneamente, además esa libertad tiene un límite temporal que es el de la caducidad de instancia.
Comerciante, obligaciones del comerciante, libros de comercio, poder de policía, percepción de impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Giacomuzo Hnos. SACIF. y otro c/ Mercedes Benz Argentina SAFICI. y M. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Las normas que exigen a los comerciantes llevar una contabilidad completa y ordenada, se inspiran en la finalidad de proporcionar la comprobación rápida del contenido de sus operaciones, con proyecciones indudables en el ámbito de los procedimientos judiciales, del ejercicio del poder de policía y de la percepción de la renta pública, lo que obliga a extremar la atención en su particular observancia.
Jueces, inamovilidad de los jueces, Poder Judicial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amerisse, Alfredo Ricardo c/ Salta, Provincia de s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes de 1853, al punto que es uno de los dos contenidos sobre los que se asienta la independencia de dicho departamento y que ha sido calificada por la Corte Suprema como una garantía en favor de la totalidad de los habitantes.
Marcas, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARTE  GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA c/ RED INTERCABLE SA s/ cesede oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Si bien ambas partes usan sus marcas para distinguir productos relacionados con medios de comunicación, entre ellas encontramos notables diferencias. En efecto, la de la actora fue una publicación temática que acompañaba alguna de las ediciones diarias del Diario Clarín, mientras que la de la demandada es una marca relacionada exclusivamente a uno de los canales de noticias mas vistos del país "CRONICA T.V". Tales diferencias privan de sentido la idea -en términos de razonabilidad- de una posible superposición perceptible de los productos enfrentados y, en consecuencia, se diluye la probabilidad de que el público consumidor sea llamado a engaño en cuanto al origen o procedencia de los mismos (en este sentido, se ha expedido la Sala en una reciente caso que guarda analogía con el presente, causa 200/08 del 24.08.11). Aún considerando la tutela que merece la marca notoria (cfr. arts. 6 bis del Convenio de París y 16.2 del Acuerdo TRIP´s -Leyes 17.011 y 24.425), de lo que aquí se trata es de determinar si esta se encuentra afectada por el uso de la marca de la actora y, desde esta perspectiva, no se advierte una similitud que "lesione los intereses del titular de la marca registrada" (art.

16.3 del Ac. TRIP´s citado), ni mucho menos que importe una dilución del título marcario de la demandada (cfr. Sala I, causa 9963/94, del 06.11.97 -voto del Dr. Pérez Delgado-, entre otros antecedentes).
Concursos, privilegios (comercial), privilegios especiales (comercial), concurrencia de privilegios especiales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA DE CREDITO CORRIENTES COOP. LTDA. (EN LIQUIDACION) s/ QUIEBRA S/INC. DE PRONTO PAGO POR JORGE E. FIORE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-04

Si bien el sentido de la previsión de la ley 21526: 54 ha sido tender a asegurar al B.C.R.A. el reembolso de los gastos propios de la liquidación y de otros créditos que pudiera tener por causa de la específica operatoria bancaria, tal privilegio no desplaza los créditos previstos por la LC: 264.
Competencia criminal, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sánchez Rodríguez, José Luis s/ estafas  reiteradas, tentativa de estafa en concurso ideal con falsif  de doc. privado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Las reglas de conexidad previstas por el art. 37 y siguientes del Código de Procedimientos en Materia Penal únicamente pueden aplicarse en conflictos trabados entre jueces nacionales.
Concursos, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Micelli, Leonardo y otros c/ Banco Crédito Liniers s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El fallido puede ejercer acciones que sean inherentes a su persona o meramente conservatorias de sus bienes y derechos; la ley 19551 no establece a su respecto una incapacidad jurídica determinada salvo su separación del derecho de administrar y disponer de su patrimonio en perjuicio de la masa de acreedores; de modo que su intervención como parte procesal queda limitada, en su "jus postulandi", en la medida en que la protección jurídica de sus intereses resulta compatible con los fines de realización de su patrimonio promovida por los funcionarios del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Debido proceso, Ministerio Público Fiscal, partes del proceso, nulidad procesal, ejercicio de la acción pública, impulso de oficio
Materia: PENAL
Carátula: " Montiel, Francisco y otros s/ apelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-06

"Este Tribunal, con diferente integración, ha tenido oportunidad de expedirse con especial profundidad en punto al papel que nuestra Constitución Nacional le ha otorgado a los distintos sujetos procesales que intervienen en el proceso criminal (ver Causa N1 38.122 "Palacios, M. J. s/nulidad", reg: 1392, rta:

30/11/05)". "Se sostuvo en aquel precedente que acusador, defensor y juez conformaban una relación triádica en la cual los dos primeros se hallaban confrontados procesalmente en una situación de paridad, mientras que el tercero, encargado de juzgar, era quien debía preservar desde una postura imparcial aquel equilibrio entre partes". "El principio ne procedat iudex ex officio, enarbolado por los recurrentes en el intento nulificante, se erige como el reflejo de aquella relación funcional entre los protagonistas, y determina el impedimento del órgano judicial de actuar de manera oficiosa cuando el Ministerio Público Fiscal, exclusivo titular de la acción penal pública, no hubiese instado o promovido la maquinaria jursidiccional"."De esta manera, en el marco del debido proceso legal instaurado en nuestra Constitución Nacional -18 CN- la actividad del tribunal juzgador deberá estar precedida en la totalidad de los casos por el impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, viéndose diferenciadas de esta manera las funciones de decisión y acusación. (art. 120 CN, arts. 5 y 65 del CPPN y art. 25 de la Ley 24.946 -B.O. 23/03/98.

Ver en tal sentido, de esta misma Sala, c/n°39.727 "NN s/nulidad", reg: 182-, rta: 15/03/07, entre muchos otros precedentes)"."Sostiene Maier al respecto: "(Y)La separación formal de estas funciones fue necesaria para garantizar la defensa individual: ella se reputó imposible sin crear un acusador (contradictor) que circunscribiera la imputación concreta que el imputado estaba facultado a resistir y contestar, con todos los medios legítimos a su alcance, y sin dotar de un grado aceptable de imparcialidad al juzgador, consistente en evitar que él se comprometa, antes del fallo, con la hipótesis delictiva, afirmándola desde la iniciación del procedimiento. Consecuentemente, es por ello que, para expresar esta característica de la persecución penal actual, la doctrina afirme, de modo pràctico, el monopolio acusatorio o persecutorio del ministerio público en materia penal (Y)" (Maier, Julio B.

J., "Derecho Procesal Penal -I. Fundamentos", Editores del Puerto, Buenos Aires, Año 1999, 2da. Edición, 1° reimpresión, pag. 826/7)".
Administración fraudulenta, estafa, ardid, abuso de confianza, idoneidad del ardid
Materia: PENAL
Carátula: "PERDIECHIZI, Mariana y otros...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

El hecho de que en la producción del error haya mediado culpa por parte de la damnificada, por no haber extremado los recaudos para descubrir la verdad, no empece, en principio, a la existencia de la estafa si fue engaño del agente el que determinó el error, aunque lo sea insertándose en aquella culpa. (doctrina del tribunal expuesta en lo autos "FANO, Norberto G." del 20.3.2001). Así si por razón de su cargo, el autor que no tenía poder de decisión sobre el manejo de fondos sino que abusó de su confianza en él depositada al completar documentos con datos apócrifos o el armado de expedientes indujo a error a sus superiores jerárquicos en virtud de lo cual estos realizaron la disposición perjudicial al autorizar el pago de una deuda inexistente, comete el delito de estafa descripto por el art. 172 del C.P. y no el de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7°).
Recurso de inconstitucionalidad, principios procesales, principio de congruencia, iura novit curia, daños y perjuicios, culpa civil, responsabilidad objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: L., G. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- LESIONES  CULPOSAS -ACCION CIVIL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 638 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Es reprochable la conclusión de la Sala que entendió que la sentencia apelada era incongruente al configurarse en la misma un exceso en el ejercicio de las facultades genéricamente aludidas mediante el aforismo iura novit curia (entendiendo que la responsabilidad no podía juzgarse a la luz del artículo 1113 del Código Civil atento a que la cuestión de su aplicabilidad o inaplicabilidad no había sido introducida en la litis), resolviendo consecuentemente el pleito con base en el artículo 1109 del Código Civil. Ello no sólo porque ha supuesto dejar de lado las reglas sustanciales que rigen inequívocamente los casos donde se debate la reparación de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, sino -además- porque parte de una premisa que encuentra como solitario "fundamento" el particular criterio de sus autores -incluso en evidente contradicción con lo apuntado por ellos mismos desde el plano teórico-, sin lograrse el mínimo de justificación necesario para sortear el test de validez constitucional.
Régimen de garantía de los depósitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUERO, ROBERTO Y OTRA c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

La obligación que como garante asume el Banco Central (art. 56 de la ley 21526) ha sido impuesta por la ley con fines de regulación económica y, en rigor, con el objeto de impedir las bruscas alteraciones que en la composición de la base monetaria y de los recursos financieros, puedan provocar los retiros masivos de depósitos.
Incidente de nulidad, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: BOLOGNA FRANCA A. DE c/ CEI EUGENIO JULIO Y OTRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-27

Si el incidente de nulidad promovido por la parte actora lo es con posterioridad al decreto de autos,tratándose a traves de dicho incidente obtener la nulidad de actos ocurridos con anterioridad al mismo,el incidente deviene extemporáneo. El decreto de autos pone fin a la etapa procesal y convalida todas las nulidades que no hubieran sido atacadas por la vía que corresponden a su debido tiempo.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba, consumidores, teléfono celular, prueba pericial, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sicolo Acosta, Milena Soledad c/ Novogar S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

Se advierte arbitrariedad en el decisorio cuando el A quo concluye que no se pudo acreditar que el defecto del teléfono celular era de fábrica, puesto que si bien es cierto que el perito sostiene que no se trató de un defecto de fabricación, sí habla de un defecto de diseño del zócalo que a su criterio no parecía ser seguro con su compatibilidad para el alojamiento de las tarjetas SIM provistas en la actualidad por todas las prestatarias del servicio de telefonía celular, por lo que de lo informado por el perito surge que se ofrece un producto que, a pesar de haber sido correctamente elaborado, con todo, fue esbozado sin que se atendieran las expectativas elementales de seguridad esperadas, ya que se estaría poniendo en el mercado un teléfono celular cuyo zócalo no es seguro y no es compatible con el alojamiento de las tarjetas SIM que se proveen en la actualidad. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren el Dr. Erbetta, la Dra. Gastaldi y el Dr. Gutierrez. En disidencia: Dres. Netri y Spuler)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad, distancia de frenado
Materia: CIVIL
Carátula: BTESH, José c/ FERROCARRILES ARGENTINOS y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Advertida la presencia de una densa humareda que obstaculizaba por completo la visión, producto de la quema de pastizales adyacentes a la ruta, si no se tuvo al alcance la posibilidad de frenar el rodado, evitándose el ingreso a la zona, ello se debió a la excesiva velocidad con que circulaba el vehículo, que no permitió al conductor dominarlo ante la presencia del obstáculo, a pesar de ser éste imprevisto.-
Procedimiento administrativo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana, Dina Y. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

El virtual alargamiento del plazo que deviene de considerar temporánea la presentación efectuada dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento constituye una solución que halla suficiente justificación porque compensa la aludida imposibilidad del ejercicio de un derecho en tiempo oportuno. No se trata de modificar los plazos o sus vencimientos, sino de reconocer una facultad a quien gestiona una vez fenecidos -pero en forma inmediata a su agotamiento-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ministerio Público Fiscal, acción penal, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL
Carátula: G., I.; C., A.S. s/ Robo en Poblado y en Banda en grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-31

Ausente un requerimiento fiscal de elevación a juicio, deviene ilegal el plenario y la sentencia condenatoria en perjuicio de los imputados.
Poder Legislativo, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aplicación supletoria de la ley, estatuto del personal legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Beatriz Teresa c/ Dirección de ayuda social para el personal del Congreso Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La ley 24.600, promulgada parcialmente y publicada el 18 de diciembre de 1995, estableció el Estatuto y Escalafón para el personal del Congreso de la Nación, previendo en su art. 65 que hasta tanto se reglamente el Estatuto, continuarán aplicándose las normas complementarias de la ley 22.140, que no se opongan ni sean incompatibles con la de aquella ley (ver este Tribunal in re "Quiroga Lavié c/ Cámara de Diputados de la Nación", sentencia del 18 de julio de 1996, entre otros). (Cons. VI).
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la causa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Tratándose de una prohibición de innovar que pretende modificar el statu quo existente la admisibilidad reviste carácter excepcional y sus recaudos deben ser ponderados con especial prudencia, en tanto su concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa.

Fuente del sumario: SAIJ
Competencia de menores, calificación provisoria
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Alfredo Leonardo s/ Inf. art. 77 inc. a) Código de Faltas de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-06-17

Para la declaración de incompetencia el magistrado no puede quedarse sólo con la calificación provisoria que realiza la autoridad preventora, no sólo por la misma provisoriedad de esa calificación legal, sino porque implicaría en el fondo delegar en la función jurisdiccional. Debe indefectiblemente indagar sobre cual es el hecho investigado, quien es su autor y, específicamente indagar sobre cual es el hecho investigado, quien es su autor y, específicamente a los fines del citado art. 49, 2da. parte de la Ley Orgánica Judicial, quien es su víctima, porque si la víctima es menor de edad, la competencia es indudablemente del Juez de Menores.
Insuficiencia del agravio, honorarios, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Stark, Germán Hugo  c/ Atm Compañía de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

En virtud de ello, y dado que en el caso la letrada recurrente no demostró en qué medida la aplicación de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la norma en cuestión (cfr. CNCom, Sala D in re "Carlos Rodríguez - Horacio Rodríguez Castetbon - Fernando Rodríguez Castetbon SH c/ Azimen SA y otro s/ ordinario", del 03/05/22; entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jueces, pena, imputado, derechos de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALZMANN, JOSE ANTONIO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS Y TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-13

La recurrente intenta hacer valer su posición tratando de desvirtuar los argumentos esbozados en la sentencia impugnada, mas de su lectura se desprende que la interpretación de las circunstancias de hecho y del texto legal efectuada por el Tribunal, no logra ser descalificada desde la óptica constitucional por la tesitura propuesta, al no convencer de que lo decidido exceda el marco de interpretación posible de la normativa de fondo en juego y de las facultades propias de los jueces de la causa en la materia abordada, puesto que sus reproches en relación a la pena impuesta -por carencia de fundamentación- y su innecesariedad de aplicación en el caso concreto no logran descalificar la motivación ensayada por la Alzada al cuantificar la misma, en tanto la Cámara reveló su parecer coincidente con el del Tribunal de grado, analizando y remitiendo a los fundamentos brindados en baja instancia para sustentar la sanción aplicada -aunque con una reducción en su monto en virtud de la recepción del agravio relativo a la calificación del delito-, dando cuenta de los elementos por los que, en el presente supuesto, no permitían hacer lugar a lo peticionado, entre los cuales ponderó los antecedentes previos del encartado y su impacto en la decisión, y que sería necesario valorar en la instancia procesal oportuna la necesidad concreta de tratamiento penitenciario para el condenado, debiendo considerarse allí el tenor de la pena, sus condiciones personales, antecedentes y problemas de salud, los lazos comunitarios y familiares que posee, todo ello con el fin de evitar excesos o rigores inconsecuentes; concluyendo el A quo que en el caso, ponderando no sólo la situación del encartado sino también los derechos de la víctima, no se presentaban elementos que permitiesen prescindir de la repercusión jurídico penal como la defensa solicitaba, pero que debería evaluarse la intensidad o adecuación a la concreta situación del condenado, todo ello en función de las pautas de determinación de la sanción y de la finalidad de la ejecución de la pena. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta y Dra. Gataldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 27, segundo párrafo, 40 y 41
Juicio de apremio, títulos ejecutivos, juicio ejecutivo, certificado de deuda, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ PESCI Y ABOSLAIMAN S.H. DE PESCI LUIS ENRIQUE Y ABOSLAIMAN Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-02-15

El art. 131 del Código Fiscal de la Provincia -ley 6792/05- establece que a los efectos de la ejecución fiscal, constituye título ejecutivo, la boleta, certificación o liquidación de deuda expedida por la Autoridad de Aplicación y organismos autorizados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)