Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-22


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87506	CAUSA NRO. 5472/07 AUTOS: "Spaltro Jorge Omar c. Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s. Accidente-Acción Civil" JUZGADO NRO. 23 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Marzo de 2012 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.399/409, que acogió el reclamo inicial, se alza la demandada a tenor del memorial de agravios de fs.417/421. Dicha presentación mereció, a su vez, la réplica de la contraria obrante a fs.429/431.

Por su parte, los peritos médico y contadora apelan porque consideran reducidos los honorarios regulados en origen a su favor (v. fs.414 y fs.416, respectivamente).

II. Por razones de orden metodológico analizaré -en primer término- el recurso de apelación deducido por la demandada, que se agravia porque considera que no se acreditó omisión alguna de su parte. Asimismo, cuestiona la forma en que se determinó el porcentaje de incapacidad del actor y la condena dispuesta en los términos del art.1113 del Código Civil.

III. No se encuentra controvertido que el día 24/05/05, mientras el actor se encontraba realizando sus tareas habituales para Maynar AGSA -su empleadora-, sufrió la ruptura de los meniscos y ligamentos de su rodilla izquierda, que le provocaron una 15 % de incapacidad física y un 5% de incapacidad psíquica (v. fs.4/5 y fs.52 vta.).

La demandada se agravia porque considera que de la causa no surgen omisiones de su parte. Sostiene que según lo informado por el perito ingeniero realizó recomendaciones a la empleadora del actor y efectuó las denuncias pertinentes ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Asimismo, señala que la propia ley 24.557 declara que dolencias como las que padece el actor nunca pueden ser atribuidas al trabajo.

No asiste razón a la recurrente.

Tal como he señalado en reiteradas oportunidades, con relación a la responsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, memoro que la Corte Suprema de Justicia, en la causa "Torrillo Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro", Sent. del 31.03.09 (DT, abril de 2009, pág. 468 y sgtes), determinó que la ley 24.557 ".impuso a las ART la obligación de 'adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo' (art.4.1); incorporar en los contratos que celebren con los empleadores 'un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que (aquéllos) deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente' (art.4.2), así como controlar la ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de éste y de las normas de higiene y seguridad (art.3º.1.a)- a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art.4.4).

A ello se suma, además la obligación de promover la prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas exigidos a las empresas (art.31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores 'en materia de prevención de riesgos' (art.31.2.a).

Por su parte, la reglamentación de la LRT (Decreto 170/06) detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de mejoramiento y previó también que debía ser redactado 'en lenguaje claro, procurando evitar el uso de conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente' (art.5º), como así también, que su puesta en marcha debía ser vigilada por las ART 'en los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo', lo cual implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan (art.19 incs.a y b).

El decreto citado también precisó que las ART debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a- determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b- normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c- selección de elementos de protección personal; d- suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos (art.18). El art.19, por su parte, después de disponer que las ART 'deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo', destacó entre aquéllas: brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc.c); promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación (inc.d); informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la LRT (y en el propio decreto reglamentario), en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes (inc.e) e instruir a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento (inc.f). Todo ello, sin perjuicio del deber de colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (inc.g)." (considerando V del voto de la mayoría).

En el precedente mencionado se explicó además que las aseguradoras han ".sido destinadas a guardar y mantener un nexo 'cercano' y 'permanente' con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen (v. consid. VI).

De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a los saberes especializados en materia de prevención con que deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los riesgos del trabajo.".

Lo cierto es que Consolidar ART S.A. no acompañó elementos suficientes para demostrar que hubiera presentado programas y/o procedimientos de seguridad para las tareas que desarrollaran los dependientes de Maynar AGSA, para prevenir en concreto los riesgos del trabajo.

Por ello, es posible inferir que la responsabilidad no es únicamente de la empleadora del actor. También es exigible que la ART aseguradora adopte acciones positivas que, desde un criterio mínimo de razonabilidad técnica, procuren evitar o mitigar las consecuencias nocivas a las que pudiere encontrarse expuesto el trabajador en el desempeño de su labor. Si omite adoptar tales medidas, o las cumple de modo deficiente, incurre en antijuridicidad o ilicitud.

Contrariamente a lo expresado por la recurrente, el informe brindado por el perito ingeniero designado de oficio, no hace más que confirmar que Consolidar ART SA no observó la conducta apropiada y necesaria para lograr el fin propuesto por la ley 24.557, que consiste -fundamentalmente- en la reducción de la siniestralidad laboral. Según el perito ingeniero designado en autos, la ART demandada visitó la sede de Maynar AGSA, donde se desempeñaba el actor, sólo tres veces (los días 30/10/02, 30/04/04 y 06/12/04) y si bien se le informó al experto sobre la existencia de denuncias ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo -por los incumplimientos supuestamente verificados- lo cierto es que en las presentes actuaciones, no existe ningún elemento que avale dicha circunstancia (v. fs.283/284 y fs.290/291). En definitiva, advierto que la empresa aseguradora se limitó a emitir la póliza y cobrar su prima y no cumplió eficientemente con sus obligaciones.

No se encuentra cuestionada la mecánica del accidente sufrido por el Sr. Spaltro (ayudando a empujar un automóvil que no arrancaba y entorpecía la línea de trabajo) y conforme surge de lo antes expresado, ha quedado establecido que la actividad llevada a cabo por la aseguradora fue insuficiente, teniendo en cuenta las obligaciones que derivan de la LRT, en cuanto a la prevención de riesgos, que hubiesen permitido excluir o atenuar el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.

Dicha omisión resultó jurídicamente relevante en el resultado de los acontecimientos, por lo que se verifica un adecuado nexo de causalidad entre los daños cuya reparación se reclama y el incumplimiento de Consolidar ART SA (cfr. arts.902, 904 y 1074 del Código Civil y fundamentos expuestos por esta Sala in re "Casiva María Antonia p/si y en rep. de sus hijos menores Gisela Guadalupe y Maria del Carmen Mansilla y otro c/Dagward SA y otros s/Accidente-Acción civil", SD. 83.736 del 18/7/06) y v. SD. 87193 del 9-11-2011 in re: "Rodríguez Iriarte, Hugo Ramón c/Schonfeld, Mario S/L 25250).

En definitiva, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo no observó la conducta apropiada y necesaria para lograr el fin propuesto por la Ley 24557, que consiste en la reducción de la siniestralidad laboral, a lo que cabe agregar que a partir de la vigencia de la norma citada, tanto las aseguradoras como los empleadores están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente (la letra en cursiva me pertenece) los riesgos del trabajo, extremo que ha sostenido la CSJN en los autos " "Recurso de Hecho Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro", S.1478, XXXIX del 10/4/2007.

Por las consideraciones expuestas, no encuentro razones para apartarme de lo decidido en origen, por ello propicio se mantenga el fallo en cuanto a la condena decretada.

IV. La misma solución sugiero con relación al segundo agravio deducido por la demandada, dirigido a cuestionar la determinación de la incapacidad.

La recurrente sostiene que el perito médico ignoró la etiología de los padecimientos que afectan al actor y que no funda sus conclusiones en análisis objetivos. Por ese motivo, considera que las actuaciones deberían ser remitidas al Cuerpo Médico Forense.

Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, considero que el informe pericial médico elaborado por el Dr. Pablo Trovato tiene plenos efectos probatorios (conf. arts.386 y 477 del CPCCN). En efecto, contiene un detallado análisis de los antecedentes médico-legales del actor, las patologías denunciadas en el inicio, los exámenes complementarios que le fueron realizados y los principios científicos en que funda su opinión.

Asimismo, advierto que la impugnación oportunamente planteada por la demandada (a fs.348) no ataca los fundamentos científicos ni sus consideraciones, precedidas por el examen clínico practicado al paciente.

Para apartarse de la valoración del perito médico, quien juzga debe encontrar sólidos argumentos, ya que se trata de un campo del saber ajeno a la persona de derecho y aunque no son los peritos médicos los que fijan la incapacidad, sino que ella es sugerida por el experto y determinada finalmente por quien debe resolver, basándose en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales de aplicación, su informe resulta el fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordena reparar.

Consecuentemente y dado que comparto la valoración de la prueba pericial médica efectuada en origen, propicio desestimar este segmento de la queja deducida.

Por su parte, considero improcedente la remisión de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, solicitada por la ART demandada.

En efecto, no advierto en este caso la existencia de las circunstancias excepcionales contempladas por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nro.47/09, del 15.12.09. Por ello, sugiero rechazar también este aspecto del agravio de la demandada.

V. Tampoco debería prosperar el agravio de la demandada dirigido a cuestionar la condena decretada en los términos del art.1113 del Código Civil.

En primer lugar, porque considero que incumple los recaudos previstos por el art.116 de la LO. El apelante sostiene que no corresponde condenar a su representada con fundamento en la norma citada, pero omite referirse al resto de los argumentos brindados por la Sra. Jueza para fundamentar su decisión.

No puede soslayarse que el escrito de expresión de agravios destinado a fundar un recurso de apelación debe señalar las partes del fallo que se consideran equivocadas, desde el punto de vista fáctico o jurídico y, fundamentalmente, criticar los errores -de hecho o de derecho- en que se hubiera incurrido mediante la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que pretende se revoque, debiendo indicar en forma detallada los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, especificando -con toda exactitud- cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento.

Desde tal perspectiva, advierto que el apelante sólo se limitó a efectuar consideraciones generales y meramente dogmáticas y a insistir con la postura adoptada al contestar la demanda, que ya fue desestimada en la anterior instancia. Ninguna mención efectúa, por ejemplo, con relación a las conclusiones referidas al incumplimiento de las obligaciones que se encontraban a su cargo que son las que determinan, en definitiva, su responsabilidad en los términos del art.1074 del Código Civil (v. esp. fs.405/406).

Solo a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo expuesto, destaco que por aplicación del principio "iura novit curia", los jueces tienen el deber-facultad de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de las que enuncian las partes (CSJN "Guerrero Estela Mónica por sí y sus hijos menores c. Insegma, Rubén Leandro", 02/03/2011).

Por las razones expuestas, propicio desestimar el agravio deducido por la demandada al respecto.

VI. Habida cuenta del mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21.839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57), considero que los porcentajes de honorarios determinados en grado resultan adecuados y que, por ese motivo, deberían ser mantenidos.

VII. Finalmente, sugiero imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada (conf. art.68 del CPCCN). A tal fin, propicio regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas de ambas partes, por su actuación en esta etapa, en el 25% para cada una, de lo que en definitiva les correspondería percibir por su actuación en la instancia anterior.

VIII. Por todo lo expresado, de prosperar mi voto, correspondería: 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Establecer las costas y honorarios de Alzada, de acuerdo a lo expresado en el considerando anterior.

El Dr. Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Establecer las costas y honorarios de Alzada, de acuerdo a lo expresado en el considerando anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela	Jueza de Cámara Juez de Cámara	Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara