marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legitimación activa, bienes del Estado, protección del medio ambiente
Materia: CIVIL
Carátula: Leyes, Raúl Alberto c/ Municipalidad de Godoy Cruz
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-03-14

Cabe reconocer legitimación al actor para defender su alegado derecho al uso público de las calles, veredas, ochavas y demás espacios libres, ya sea en mérito a su calidad de vecino del barrio colindante con el complejo cerrado, o por el carácter de ciudadano habitante del Departamento de Godoy Cruz y por ende usuario de los bienes dominiales de jurisdicción municipal o, también porque en la regulación del uso de las vías públicas se halla comprometido el derecho a un ambiente urbano sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano sustentable, cuya tutela le cabe a todo habitante de la ciudad.
Empleados públicos, salarios caídos, cesantía, exoneración, Administración Pública, facultades disciplinarias, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

Corresponde hacer lugar al pedido de pago de los haberes caídos hasta la fecha del decreto de cesantía, si respecto de la recurrente no se dictó suspensión preventiva ni sancionatoria que justificara la actitud de la Administración de impedirle la prestación del servicio. Y aunque se pretendiera invocar un comportamiento equivalente, cual sería el retiro de su tarjeta reloj en el tarjetero, esa suspensión dada su irregularidad formal, no hubiera tenido efectos respecto del derecho a percibir el sueldo.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Deibele, Juan Carlos c/ Parrella, Emilio y otro s/ Daños y perjuicios Barrientos, Marina Ramona c/ Thern, Juan Carlos s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-01|1995-06-20

El principio de la congruencia, trasunta el marco de posibilidades decisorias del Juez en la sentencia, conforme ha quedado trabada la litis, vedando por ende al órgano jurisdiccional reconocer a ninguna de las partes lo que no ha sido solicitado, así como algo más o distinto (art. 18 de la Const. Nacional, art. 34 inc. 4, 163 inc. 6 del CPCC).
Extradición, Estado requirente, nulidad procesal, resolución denegatoria, prueba, perseguido político, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Jones Huala, Francisco Facundo c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-14

Es improcedente el planteo de nulidad deducido contra la decisión que hizo lugar a la extradición y rechazó las pruebas propuestas por la defensa para fundar la invocada persecución ilegítima de su asistido en el Estado requirente, toda vez que no demostró cuál fue el perjuicio concreto que la privación de esas pruebas produjo, atento al principio rector en materia de invalidación de los actos procesales penales.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, intereses punitorios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ED. 90 EX 76 VILLA SOLDATI c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

En el cobro de expensas comunes, en principio, no pueden jugar idénticas pautas que las que regulan la usura en otro tipo de créditos. Por ser ello así, resulta admisible aplicar en concepto de intereses punitorios una tasa de hasta el 3 por ciento mensual.
Concursos, acción revocatoria, actos ineficaces
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Establec.Fideero Aguilar Hnos.s/Quiebra c/ S.A. Campodonico Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-14

Si el pago se realizó por el fallido el mismo día de la declaración de quiebra, debe ser declarado ineficaz en virtud de lo dispuesto por los arts. 106 y 109 de la ley de concursos y quiebras.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, suspensión del juicio a prueba, medidas de seguridad educativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ANTELO, Germán Elvio s/ susp. juicio a prueba Causa nro. 29.040
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-19

Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando que en los casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal por parte de un sujeto calificable como experimentador, la aplicación del instituto que la ley 24.316 introduce en el Código de fondo, no produce alteración alguna en el régimen especial de la Ley 23.737. En este orden de ideas, debe tenerse presente que, para el "sub- caso" el último dispositivo legal citado únicamente prevé la posibilidad de que, luego de substanciado el juicio, se sustituya la pena por una medida de seguridad educativa -art. 21 - . La aplicación del instituto de la "probation", en modo alguno produce la modificación vedada, desde que, por imperio de lo establecido en el Artículo siguiente, el proceso podrá avanzar hasta el dictado de sentencia, oportunidad en que el sentenciante podrá ejercer su facultad relativa a la sustitución de la pena.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA PROMOVIDA POR EL DR. JULIO C. CASTIGLIONE c/ DRES. SECCHI EDUARDO Y SPAINI MARIA R. s/ INJURIAS-RECURSO DE QUEJA POR INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR  DR. SECCHI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-02

No procede el Recurso Extraordinario deducido contra la decisión cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal ya que no reúne, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art.14 de la Ley 48. Tal es el caso de las resoluciones que no hacen lugar al pedido de sobreseimiento definitivo.
Recurso de revisión (procesal), acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: CORNET M. s/ ACCION DE AMPARO - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-02

El amparo no es vía apta cuando los hechos, actos y omisiones que se dicen lesivos tienen sustento en la ley, porque sería erigirlo en el medio ordinario para evitar la aplicación de aquella. Pero el principio no es absoluto cuando las disposiciones legales resultaren palmariamente -sin necesidad de un amplio estudio o debate - arbitraria y violatorias de derechos esenciales; en cuyo caso se impone el restablecimiento inmediato en el ejercicio de aquellos. En esta materia, sin embargo, mas que en ninguna otra debe destacarse la importancia del "caso concreto". Ello hace que sólo puedan aportarse pautas primarias que deben adaptarse a las particulares circunstancias fácticas de cada asunto, las que pueden ser determinantes de una variada solución , no obstante la aparente igualdad con otras situaciones.
Recurso de apelación (procesal), memorial, defectos del procedimiento
Materia: LABORAL
Carátula: FARFÁN, ÉRICA GABRIELA c/ CHAMORRO, JOSÉ FERNANDO s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-06-21

El consentimiento del llamamiento de autos para sentencia, convalida todos los vicios anteriores del procedimiento" (Luis Rodríguez, Nulidades Procesales, Ed. Universidad, 1987, p. 101) y que "El llamamiento de autos, pone fin a la tramitación del expediente previa al dictado de sentencia y concluye la posibilidad de realizar todo planteo", (Sala, autos Medina de Serrano c. Abraham, 15/8/96).
Acto administrativo, detenido
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OJEDA GERMAN CARLOS c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-21

La imposibilidad del actor tanto de conocer la existencia y contenido del acto (baja del servicio) como de obrar en defensa de sus derechos (art. 3980 del C. Civil), atento su detención y posterior abandono del país, se debe señalar que, tratándose de una relación de empleo público que conlleva, por parte del agente, la prestación del servicio en forma personal en un ámbito temporal y espacial determinado, con la consiguiente percepción de haberes, su omisión no puede pasar inadvertida por el agente dado el inusualmente largo tiempo transcurrido desde que ésta se verificara;

la dispensa establecida en el art. 3980 del Código Civil es de interpretación restrictiva y debe ser ejercida por los jueces con la máxima prudencia; la imposibilidad debe ser apreciada concretamente en relación con la persona que la invoca y no por meras consideraciones de índole general relativas a la situación del país, a la existencia de autoridades de facto o a la aplicación de un régimen de terrorismo de estado; la violencia o miedo no imponen per se la postergación del comienzo del plazo de caducidad de los términos rituales para impugnar un acto administrativo. tales plazos comienzan a correr al cesar la imposibilidad jurídica de recurrir de quién la invocara, cuestión que debe ser valorada tomando en cuenta las circunstancias comprobadas de la causa; si bien el decreto que dispuso la baja del actor data del 5/10/76, de la prueba producida surge que se acreditó la existencia de una orden de arresto en contra del actor emanada del Poder Ejecutivo Nacional (21/3/75 , fs.

43/45), no así que se hubiera efectivizado y su duración y que luego abandonó el país, o que constituyó un exilio forzoso, razón por la cual sólo cesó con el advenimiento de la democracia, es a partir de dicha fecha que debe iniciarse el cómputo de los plazos rituales para interponer los recursos pertinentes (arts. 61 y 80 de la Ley 5350, texto ordenado Ley 6658.-
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, trabajadores de la construcción, suspensión de despidos, emergencia sanitaria, jerarquía de las leyes, decreto de necesidad y urgencia, protección constitucional del trabajo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Juan Salvador c/ Olmaco S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Respecto del argumento del empleador acerca de la preeminencia de la Ley 22.250 (Régimen Laboral de Obreros de la Construcción) sobre el DNU 329/2020, que prohíbe los despidos en el marco de la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, no se puede soslayar lo establecido en el art. 17 de la Ley 26.122 ni la finalidad protectoria del empleo establecida por el Poder Ejecutivo Nacional mediante las distintas normativas que en este estado de emergencia sanitaria mundial se vienen dictando, que es la preservación de los puestos de trabajo en tal contexto de excepción, máxime teniendo en cuenta la dificultad de que el accionante pueda hacerse de un nuevo puesto de trabajo ante el aislamiento social preventivo y obligatorio que aún sigue vigente.
Competencia originaria, jurisdicción y competencia, Estado Provincial, intervención federal, interventor federal, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zavalía, José Luis c/ Provincia de Santiago del Estero y Estado Nacional s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Aceptar la radicación de las actuaciones donde se cuestiona la ley local dictada por el interventor federal que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial en la instancia originaria de la Corte Suprema es la única forma de garantizarle al Estado provincial un juez imparcial, dado que su calidad y preexistencia a la Nación misma impide someterlo a los jueces federales, a favor de quienes incluso no podría renunciarla cuando la competencia se determina en razón de la materia, pues el respeto a su condición de Estado y la presencia de razones institucionales y federales se lo impediría.
Estado Nacional, Ejército, Estado Mayor General del Ejército, competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO  MAYOR  GENERAL  DEL  EJERCITO c/ LOPEZ TARANTINO ALICIAEDITH S/ s/ ESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14

La demanda ha sido promovida por el Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) para recuperar la tenencia de un inmueble de su propiedad, cedida a un oficial de la fuerza según las reglamentaciones del Arma, resultando indudable -en tales condiciones- que a la presencia de un interés nacional corresponde, como regla, la competencia de la justicia Federal (Fallos: 268:264; 301:517, etc.; esta Sala, causas: 822/99 del 15.10.99; 12.1714/02 del 22.10.03). Y es que por la propia naturaleza de la persona de la actora (E.M.G.E.) surte el fuero federal por razón de la persona, con arreglo a principios inveterados (Fallos: 303:975; 308:655, 1093, 2033; 310:2340; 311:2728, entre muchos otros) y lo establecido en el art. 2°, inc. 6°, de la ley 48).
Contrato de trabajo a plazo fijo, contratación sucesiva, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, ROBERTO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-14

No justificada la figura del contrato a plazo fijo, resulta de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, atento a que la formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que excedan de las exigencias previstas en el apartado b) del mismo artículo, lo convierte en uno por tiempo indeterminado.
Sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación, realismo económico, leyes, aplicación de la ley, competencia previsional, jubilaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, economía procesal, seguridad jurídica
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramos, Azucena Julia Campodónico de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Impugnación  a la liquidación (Expte. CSJ Nº 518-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

La razonable proporcionalidad marca una pauta de tolerancia en cuanto a los desfasajes que puede experimentar el haber del beneficiario previsional, pero nada impide que circunstancias de distinto tenor a las que lo producen generen el efecto contrario y ese terreno perdido pueda ser recuperado con la sola limitación de la legislación de fondo aplicable. Ello torna decididamente más razonable el criterio sustentado por el Máximo Tribunal nacional en la causa "Bolaño c- Benito Roggio". Por ende, por razones de economía procesal y seguridad jurídica que aconsejan no apartarse de la interpretación efectuada en torno a la cuestión por la Corte nacional debe concluirse que -en el caso- correspondería apartarse del sistema enunciado en la sentencia firme si la actualización monetaria de las diferencias de los haberes retroactivos resultaren superiores a las sumas que resulten de aplicar los porcentuales establecidos en las leyes de fondo sobre la remuneración que habría percibido el beneficiario de haber continuado en actividad, o en el supuesto en que, aún sin superar esos guarismos, se demuestre que la aplicación del sistema de actualización monetaria conlleva a un resultado irrazonable, lo que deberá ser demostrado, en el caso concreto, por quien así lo alegue. No habiendo sido demostrado en la especie la ocurrencia de ninguno de esos eventos, la pretensión de aplicación de la ley 24283 debe ser rechazada.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lojo Vilela vda. de Baban, Josefa c/ Caride, Rubén Julio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Interpretar que el art. 1085 del C.C. tiene por destino específico y exclusivo instituir lo que se ha denominado una "particular indignidad" implica dejar de lado que la norma está fundamentalmente dedicada a establecer con precisión quienes tienen derecho a reclamar las indemnizaciones que se establecen tanto en la primera como en la segunda parte del art. 1084 del C.C. En tal sentido es obvio que la exclusión de los autores o cómplices de la muerte sólo constituye una excepción al régimen general instituido por el precepto.
Intereses, anatocismo, leyes, interpretación de la ley, voluntad del legislador, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Buyatti SAICA c/ Sampayo, Alejandro y/u otros s/ Juicio Ordinario por cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 2067-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-11

La prohibición del anatocismo sentada en el artículo 623 del Código Civil, no es absoluta en el sentido de que resulte aplicable indiscriminadamente a toda situación en que aparezca una deuda por intereses produciendo, a su vez, intereses, como si la ratio legis fuera el considerar intrínsecamente disvaliosa esa situación. El carácter relativo de la prohibición se pone de manifiesto en el hecho de que, en determinadas circunstancias, la ley permite aquella situación, lo que implica que "esa operación no está vedada por la ley por estimarla esencialmente injusta o inmoral" (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Vianini S.P.A. y Otro c- Obras Sanitarias de la Nación", en Fallos 304:229). Asimismo, es admisible que la capitalización de intereses tenga origen en un convenio anticipado, dicho esto sin perjuicio de destacar que "el reconocimiento de aquella eficacia no supone desatender los datos de la realidad económica en que se desenvuelve el contrato, a fin de morigerar el contenido de las cláusulas que tornen írrita su ejecución" (del voto del señor Ministro doctor Boggiano, in re "Fabiani", del 16-12-1993).
Concursos, honorarios, monto del juicio, clausura preventiva, conclusión de la quiebra, pago total
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arzt, Daniel Benjamin c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

Considerando -en el caso- la desproporción entre el activo realizado respecto a las deudas a cancelarse en el proceso falencial -diferencia que, según la estimación efectuada del órgano sindical, conduciría a un excedente de varios millones-, se estima que, a efectos de establecer la base regulatoria, no puede perderse de vista el monto por el cual los créditos que conforman el pasivo falencial serán satisfechos, pues un proceso idealmente llevado nunca se deben liquidar bienes más allá de lo necesario para enjugar el pasivo. He aquí la razonabilidad de la pauta a aplicar, máxime, si se repara en que, en su caso, todo excedente debería ser devuelto al quebrado. Nuevamente, siendo que en autos los acreedores percibirán la totalidad de la acreencia que tenían contra el fallido, a los fines de la fijación de honorarios debe tomarse como referencia el importe afectado efectiva e íntegramente a los acreedores, debidamente actualizado (conf. arg. esta CNCom, esta Sala A, 25/03/08, "San Marti Osvaldo s/ quiebra"; íd., íd., 09/09/14, "Maffi Gustavo Alfredo s/ quiebra"). Todo ello, sin dejar de ponderar debidamente las efectivas y particulares labores desarrolladas por todos los profesionales intervinientes y el tiempo que insumió la tramitación del proceso, y sin perjuicio de considerar prudencialmente en la base regulatoria las sumas correspondientes a las gastos de conservación y justicia estimados por la sindicatura.
Contrato de obra pública, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

En materia de reclamo de actualización monetaria de los intereses por mora en los contratos de obra pública, es causa suficiente para excluir el efecto cancelatorio del pago el requerimiento formulado poco después del cobro, dentro de un plazo razonable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, exenciones impositivas, Impuesto sobre los ingresos brutos, ejercicio profesional, empresa
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Reig Vázquez Ger y Asociados c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

No procede la tacha de arbitrariedad contra la conclusión a la que arriba el a quo, al entender que la exención del tributo en favor del profesional que ejerce su actividad a título propio -per se o aislado-, no se mantiene cuando la actividad profesional excede las características singulares para configurar la de un sujeto de derecho distinto, susceptible de desplazar la imposición del ejercicio profesional individual para sustentarla en la actividad emergente de este nuevo ente, el cual prevalece a los fines tributarios sobre el privilegio otorgado a sus integrantes.
Aplicación de la ley, excusación
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL -ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial s/ Inhibitoria del Juzgado Federal en Expte. Nº 978/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-05-08

El Estado Provincial solicita inhibición del Sr. Juez Federal en razón de la materia, pues la demanda involucra normas e instituciones provinciales, conforme los arts. 121; 122; 123; 5 y 18 de la Constitución Nacional y el art. 204 de la Constitución Provincial que establece la competencia originaria y exclusiva en las causas contencioso administrativas a esta Corte de Justicia.

Conforme al objeto de la pretensión, surge que los actores manifiestan expresamente que son -o fueron- agentes dependientes de la Administración Pública Provincial, que les asiste el derecho de peticionar ante la autoridad de seguridad social provincial; que procuran obtener certificaciones de servicios prestados a la Administración Pública Provincial que postulan su pertenencia al régimen de jubilaciones, retiros y pensiones de la ley provincial y peticionan el reconocimiento del derecho a obtener los beneficios jubilatorios de acuerdo a ella.

Asimismo invocan normas del Procedimiento Administrativo provincial, fundamentando la acción en la C.N, Constitución Provincial, leyes provinciales, solicitando la declaración de certeza -art. 322 del C.P.C - a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre acerca del derecho que según los actores les asiste en orden a las cuestiones requeridas.

Resultando, entonces, inobjetable que los accionantes invocan normas jurídicas de Derecho Público local cuya interpretación y aplicación está reservada con carácter privativo y excluyente al Poder Judicial de la provincia, pues la ley 4785 de adhesión a la ley nacional 24.241 significa que incorpora dicha normativa a la legislación provincial y no cabe interpretar que por ello se produce una renuncia a la zona de reserva jurisdiccional de la Pcia y que sus órganos queden impotentes a la propia legislación local.

Va de suyo, entonces, que el avocamiento del Juez Federal para conocer sobre materia regida por normativa de orden local, importa una grave intromisión en asuntos excluidos de la órbita de su competencia.

En conclusión, así planteados los hechos y el marco jurídico de la cuestión, corresponde a la competencia originaria o por apelación de esta Corte de Justicia, en razón de la materia, las causas que se fundan en prescripciones de la Constitución Provincial o en las leyes y decretos reglamentarios dictados en consecuencia, de tal suerte que la legislación local es la predominante en el caso, resultando el Sr. Juez Federal incompetente en razón de la materia, en cuestiones como la presente, que por ser de derecho público local corresponden al Poder autónomo de la Provincia.