Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-23


Salta, 23 de abril de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CAJAL, Estela Bernis c/ CISNEROS, Claudio -SUMARIO"- Expte. n° 224410/08 del Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial 9º Nom. (CAM 410295/12 de Sala Primera), yCONSIDERANDO I. Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 322 por la actora en contra de la resolución de fs. 319/320, que declarara la caducidad de la instancia, concedido a fs. 329 en relación y con efecto suspensivo. A fs. 322/328 expresa agravios la apelante.

Sostiene que es fácil verificar la equivocación de la sentencia que se apela, al tener como punto de partida del plazo de caducidad el decreto dictado el 28 de septiembre de 2010 (fs. 299), ya que posteriormente se produjeron actos procesales que instaron el procedimiento.

Así, ejemplifica, se notificó por nota (23/09/10), por cédula diligenciada el 28/09/10 (fs. 305); se prestó el expediente el 29/09/10, y se reservó el alegato de la parte demandada el día 4/10/10 (fs. 299 vta.), siendo a su entender estas formulaciones actos aptos para impulsar el procedimiento.

Expresa que la caducidad tiene como principio su carácter restrictivo, relacionado ello con lo avanzado del pleito, y que en autos se advierte que el procedimiento se encontraba en su última fase, habiendo cumplido ambas partes con la formulación de alegatos.

En consecuencia, sostiene que restaba para el dictado de sentencia únicamente el llamado de autos (fs. 304 y 308).

Entiende que la confusión generada en desmedro de la prosecución del procedimiento, se origina en el hecho de que al acudir de manera reiterada a la mesa de entradas del Juzgado para conocer el estado de autos, la respuesta era siempre que los mismos se encontraban a despacho, no habiéndose aclarado nunca que era a los fines de regular honorarios o de resolver otros temas.

Estima que es improcedente la caducidad, pues el proceso estuvo pendiente de resoluciones que no revestían el carácter de providencias simples o decretos, de conformidad con lo previsto en el art. 38 del CPCC.

Por lo tanto, acudiendo a la normativa de los arts. 482, 483 y 313 y cc. del CPCC, considera que resulta ajustado a derecho declarar que la caducidad de instancia preceptuada por el art. 310 del mismo cuerpo legal no se halla cumplida en autos, dado que se admite una excepción cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en juicio, más cuando se omite considerar los autos a despacho de fs. 304 y 308. A fs. 343/344 el demandado contesta los agravios presentados por su contraparte, solicitando su rechazo.

En síntesis, entiende que el posibilitar que los autos entren a despacho es una carga de los litigantes y no del tribunal, lo que trae como efecto el que se produzca la caducidad de la segunda instancia con el solo transcurso del plazo previsto por el art. 310 inc. 2º del CPCC.

Sostiene que lo que las partes crean o la mera intención de las partes no es lo que evita la caducidad de la instancia, sino lo actos positivos que traduzcan cierta y efectivamente la voluntad de instar el procedimiento. A fs. 354 se llaman Autos a despacho para resolver, providencia que se encuentra firme.

II. Que el fundamento de la caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales.

Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539-540).

Ahora bien, para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de tres meses en segunda instancia (art. 310 inc. 2º CPCC).

Corresponde analizar cuál acto debe considerarse como última actuación procesal impulsoria de la instancia cuya caducidad fue declarada a fs. 319/320, mediante la resolución ahora recurrida.

De las constancias de autos surge que en fecha 4 de octubre de 2010 se procedió a la agregación del alegato presentado por la demandada, siendo el siguiente acto de impulso procesal de la instancia principal la presentación formulada por la actora a fs. 310, por la cual solicitara se hiciera conocer a las partes la intervención de la Sra. Juez Dra. Sara del Carmen Ramallo, lo que resultó favorablemente proveído a fs. 311, en fecha 29 de marzo de 2012.

Es decir que se advierte sencillamente que la parte, quien mayor interés tenía en la prosecución del trámite del proceso -esto es, la parte actora- ha omitido llevar a cabo las peticiones necesarias a fin de poner el expediente en estado de dictarse sentencia.

Al respecto, Palacio dice que para que un acto sea interruptivo de la perención debe mover el proceso hacia delante, haciéndolo avanzar en sus distintas etapas, hacia su fin natural que es la sentencia (Palacio Lino; "Derecho Procesal Civil", Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo IV, 1972, pág. 241/242).

En atención a lo narrado también cabe recordar lo señalado por nuestra Jurisprudencia cuando dice que: "El principio dispositivo en materia civil, parte de la base que el impulso procesal corresponde a las partes, pues es obligación de las mismas impulsar el procedimiento desde su inicio hasta el llamamiento de autos para sentencia.

Sostiene Parry (Perención de la instancia pág. 29) que del largo silencio, de la negligencia de las partes, surge naturalmente la presunción de la voluntad de la misma de abandonar la instancia; y esta presunción simple es ´utilitatis causa´ convertida por el legislador en una presunción absoluta ´jure et de jure´, por lo que el derecho de continuar el juicio abandonado queda extinguido.

Así, desde el momento en que la actora abre la instancia, no existen circunstancias que liberen a las partes de la carga de impulsar el procedimiento, pues si se analiza la caducidad de la instancia desde un punto de vista objetivo, su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales porque en la base de la institución prevalecen los valores de paz y seguridad jurídica (CApel.CC.Salta, Sala I, Fallos año 1991, pág. 56/57).

A partir de la agregación del alegato presentado por la demandada, producida el 4 de octubre de 2010 y hasta la presentación de fs. 310 -efectuada el 27 de marzo de 2012- no existió actividad procesal impulsoria alguna, incumpliendo la actora con la carga de instar el procedimiento, evidenciando con ello un abandono tácito de su parte -quien resulta la principal interesada-, exteriorizando un desinterés en el proceso, lo que el código de rito sanciona a través del instituto de la caducidad de la instancia.

Por otra parte, mal puede la actora alegar la confusión que le habrían producido los llamados de autos a despacho dictados a fs. 304 y 308, pues la obligación de la partes de impulsar el procedimiento desde su inicio cesa recién con el llamamiento de autos para sentencia.

Es decir que, una vez presentados y agregados los alegatos por las partes, la actora, a fin de que no perima la instancia, debió hacer las peticiones pertinentes en tiempo y forma a fin de que los autos sean puestos en estado de dictarse sentencia.

Debemos recordar que, como lo señaló el demandado, "La mera intención de las partes no es lo que evita la caducidad de la instancia, sino los actos positivos que traduzcan cierta y efectivamente la voluntad de instar el procedimiento; se requiere que el propósito del litigante de mantener vivo el proceso vaya materializado con una expresa y concreta actuación tendiente a lograr la prosecución de la relación procesal, con tal que ella sea adecuada al estado de autos (Capel. CC. Salta, Sala III, 12/07/90, tomo año 1990; Pág. 338/342).

Finalmente, cabe agregar que el principio de interpretación restrictiva de perención de instancia, que tiene vigencia principalmente en los supuesto de duda, no puede ser invocado para negar la aplicación del instituto expresamente legislado, en los supuestos en que las circunstancias demuestran su incuestionable procedencia.

III. Que, en consecuencia de lo expuesto, no habiendo la apelante controvertido los argumentos que sustentan la decisión impugnada, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 322/328 y confirmar, lo resuelto a fs. 319/320.

IV. Que, en lo referente a las costas, y por el criterio objetivo de la derrota, debe soportarlas quien pierde la instancia; en autos, la parte apelante (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.).

Por ello LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FALLA I. RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 322/328 y, en su mérito, CONFIRMANDO la sentencia de fs. 319/320. Con Costas a cargo de la apelante.

II. Regístrese, notifíquese y bajen los autos.