marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., S. E. s/ Separación personal por pres. conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

En el supuesto de no justificarse la personería en la oportunidad que determina el art. 46 del Código adjetivo, no cabe sancionar con la repulsa de aquellos escritos en los que se comete dicha omisión, si antes no se ha intimado el cumplimiento de ese recaudo procesal dentro de un plazo prudente bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Es que del juego armónico de lo dispuesto por los artículos 345 inc. 2° y 352 inc. 4° del Código Procesal, debió previamente ser transitada la etapa del requerimiento tendiente a suplir la prealudida ausencia de poder. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, Colegio Público de Abogados
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AMELONG, JUAN DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

En función del artículo 297 inciso 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Colegio de Abogados tiene por función "velar por el decoro del foro" y en virtud del inciso 11 de tal norma le incumbe también el dar solución a los supuestos que no la tuvieran de un modo expreso, por lo que en caso de existir duda acerca de la interpretación del inciso en cuestión, el propio Colegio estaba facultado a resolverlo en una interpretación conglobada del supuesto fáctico y normativo, siempre y cuando ello no excediera los límites de la razonabilidad, exigencia que no se advierte liminarmente desconocida en el caso (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Obligaciones periódicas, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fencar S.A. y otro c/ Sadeco S.C.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-12

La previsión legal del artículo 4027 inciso 3 del Código Civil, que consagra el plazo quinquenal de prescripción para todas las obligaciones de abonar los atrasos de "todo lo que deba pagarse por años o períodos más cortos", resulta inaplicable a créditos como el de autos pues se relaciona con aquéllas obligaciones de carácter continuado, periódico o fluyente, no estando comprendidas en su preceptiva las obligaciones diferidas. En este aspecto, tratándose de un capital único cuyo pago se considera fraccionado en cuotas periódicas, rige la prescripción decenal ordinaria, ya que tal forma de pago no tiene influencia en el plazo de prescripción.
Procedimiento administrativo, personal militar, fuerzas de seguridad, personal civil de las Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado  Nacional (EMGE) s/ retiro militar yfuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

De conformidad con lo previsto en el art. 2 inc. a) de la ley 19.549 y en el decreto 9101/72, la aplicación supletoria de la normativa legal sólo se refiere a los procedimientos que rigen al personal civil que presta servicios en la Administración Pública y en los organismos militares de defensa y seguridad e inteligencia; pero no así al personal militar y de seguridad.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ HECTOR ENRIQUE Y OTROS c/ SAFICO S.A. Y/O RESPONSABLES s/ FALTA DE PREAVISO, ETC.-CASACION MEDINA RITA CECILIA c/ SUPERMERCADO BELGRANO Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-12|2002-10-22

De nada vale que se brinden motivaciones jurídicas paralelas a las del fallo si aquellas en las que Úste se asienta permanecen incólumes.
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias, principal pagador liso y llano
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR SGR c/ ELHAIEK, MARIA ELSA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

El CCCN 1591 dispone que quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor solidario, y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. Así, según dicho precepto legal, el principal pagador es -en verdadun deudor solidario, en tanto ha dejado de ser fiador por la incompatibilidad que existe entre ambas calidades (conf. Lorenzetti, R., "Código Civil y Comercial de la Nación, comentado", Santa Fe, 2015, t. VII, p. 795). Y de ello se desprende que, en tal supuesto, la fianza no se trata de una obligación subsidiaria y condicional, por lo que el principal pagador se encuentra directamente obligado (conf. Carnelli, L., "Concepto de liso y llano pagador", LL, t. 12, p. 157; López de Zavala, F., "Teoría de los contratos - Parte especial", Buenos Aires, 1995, t. 5, p. 53).
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular, Tenencia, Alimentos y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-06-07

El adulterio constituye el más directo y grosero ataque contra el instituto matrimonial, se viola el deber de fidelidad en forma principal, pero no exclusiva. El adulterio es, en cierta forma una especie dentro de la infidelidad pero cumple la función de tipificarla; también es cierto que es una causal de difícil comprobación, pero no es menos cierto que para la demostración del adulterio no es dable exigir la prueba directa del hecho material que constituye, pues ello implicaría imponer a la parte acusadora la carga de una prueba poco menos que imposible, desde que tal hecho, por su naturaleza hace que se realice en la intimidad, pudiendo entonces aceptarse su demostración mediante presunciones graves, precisas y concordantes. Fundamento de la Dra. Copes.
Facultades administrativas, condonación de sanciones
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La decisión del Estado (ley n° 2406) emanada a través de su órgano competente, el Poder Legislativo, de dispensar (condonar) ciertas sanciones y disponer que la condonación se producirá de oficio sin necesidad de manifestación alguna por parte de los beneficiarios expresa un mandato de actuación dirigido a todos los poderes del Estado, y no sólo a la administración fiscal, desde que no hay en el texto de la ley norma alguna que indique que sólo opera la dispensa en sede administrativa. (Voto del Dr. José O. Casás).
Cuestión federal, control de constitucionalidad, ley de contrato de trabajo, derecho de trabajar, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Fernández, Eduardo c/ TA  La Estrella  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Existe cuestión federal, si se planteó la invalidez constitucional del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo bajo la pretensión de ser contraria a los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, y la decisión fue adversa a los derechos que el recurrente fundó en dichas garantías.
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: E.N. (Min. de Educación y Justicia) -inc.- c/ LA MAYO S.A.G.I.C. y OTRO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

Por temeridad debe entenderse, en principio, la conducta de las partes que saben a ciencia cierta que no tienen razón valedera, que no están asistidos de razón, no obstante lo cual, abusando de la jurisdicción, componen un proceso que ha de generar un daño a la otra parte. A su vez, la malicia, se perfila en la actuación durante el desarrollo del trámite, es decir, cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, plantea incidencias manifiestamente improcedentes, con el sólo propósito de dilatar la tramitación del proceso (confr. esta Sala, 4 de julio de 1990, Establecimiento Ganadero San Antonio ).
Embargo, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Castelucci María Laura sobre ejecución fiscal - régimen simplificado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

El SOJ no sustituye la decisión del juez de que se proceda al embargo de bienes. Simplemente lo facilita y hasta, a veces, es la única que la torna posible -con la celeridad que requiere la eficacia de la medida- en supuestos en que no se conoce con precisión en qué entidades tiene abierta una cuenta el demandado. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Honorarios del abogado, actualización monetaria, mora
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JEREZ, Inés ZAPATA de c/ JEREZ, Amadeo Pedro s/ REVOCATORIA DE DONACION - MEDIDA CAUTELAR - EMBARGO - PROHIBICION DE  ENAJENAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-03-12

Conforme lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto Ley 324/63, y dada su redacción, los honorarios deben actualizarse independientemente de la constitución en mora del deudor, desde que el auto regulatorio fue notificado.
Competencia, juicio ejecutivo, remisión del expediente, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro  S.A. c/ Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina s/ Ejec. Hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

No existe una norma referida al juicio ejecutivo que prevea específicamente el apartamento de lo normado en el art. 8 del Código Procesal. El artículo 551 del Código citado - que alude al contenido de la sentencia de trance y remate - no tiene, ciertamente, ese alcance. Y meritando la existencia de autorizada doctrina que avala la remisión de los actuados al juez competente (conf. PALACIO, L. E.

Derecho Procesal Civil, Tomo VII, págs. 408/9, Nro. 1079, ap. b);

FASSI, S. C., Código Procesal Civil y Comercial, Lanús 1980, Tomo II, pág. 501, Nro. 2941; FENOCHIETTO-ARAZI, Código procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. 1983, tomo II, págs. 740/1, Nro. 3;

FALCON, E. M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs.

As. 1984, Tomo III, pág. 680, Nro. 544.9.5), y que es ésta la solución que mejor consulta al principio de economía procesal, no cabe sino concluir que corresponde desestimar la queja en examen.
Mercadería aduanera, pérdida parcial de mercaderías, infracciones aduaneras, perjuicio fiscal, falta de perjuicio
Materia: ADUANERO
Carátula: Baltzer Marítima S.R.L. (T.F. 8902-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

Habida cuenta que con anterioridad a que el servicio aduanero verificara la alegada diferencia ya había percibido los derechos, el faltante no podía generar ni siquiera por hipótesis el perjuicio fiscal. (Consid. 5º).
Robo con fuerza en las cosas, hurto simple, accesorios del automotor, menores, prueba, pena, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: MEZA, EDUARDO s/ ROBO. Fuerza en las cosas. PRUEBA. HURTO SIMPLE. MENORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-04

( no estoy de acuerdo con la conclusión final a que arriba el Sr.

Vocal preopinante derivada del encuadre legal del hecho imputado y éste a su vez de la circunstancia de no poder atribuirle al encausado la ejecución de los medios comisivos previstos en el art.

164 del Código Penal.

Entiendo, por el contrario, que el menor enjuiciado en autos penetró al rodado ajeno no para dormir, sino para sustraer el aparato de radio cometiendo el accionar que le endilgo mediante forzadura de la puerta).

Por consiguiente, con remisión al dictamen del Sr. Fiscal de Cámara que doy por reproducido considero demostrada legalmente la materialidad del hecho, la autoría del mismo por parte del encausado y su responsabilidad penal, propugnando entonces que el fallo se revoque y que aquella se declare en orden al delito de robo simple en grado de tentativa sometiéndose a Eduardo Lisandro Meza al tratamiento correspondiente para luego resolver si corresponde o no la imposición de pena.
Portación de armas, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, declaración de incompetencia, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos: Faticelli, Pablo y otros c/  s/ Infr. art. 189 bis, 4° párrafo, CP - portación de arma de guerra sin autorización s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Corresponde que siga interviniendo el fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la investigación vinculada con el delito de portación ilegítima de arma de fuego toda vez que es innegable su competencia para hacerlo. Si en el marco de la investigación de tal hecho, el fiscal en lo PCyF toma conocimiento de la existencia de pruebas que podrían ser de utilidad para otras investigaciones, debe ponerlas a disposición de los demás magistrados que tramitan aquellas causas (mediante extracción de testimonios) para que aquellos decidan acerca de su pertinencia con la causa. No corresponde al juez de la Ciudad asumir aquellas pesquisas como propias para luego declinar su competencia. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Abogados, conducta procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Zimmermann, Silvia Estela s/ Pago por consignación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-23

Si bien es razonable admitir en el abogado, vehemencia y apasionamiento en el escrito de expresión de agravios, toda vez que ello puede surgir del convencimiento de la justicia de su pretensión, no pueden admitirse manifestaciones que puedan zaherir, agraviar u ofender al magistrado o a la parte contraria, como en el caso incurre el apelante al formular apreciaciones subjetivas que reflejan cierto sarcasmo hacia el Juez a quo, por lo que corresponde efectuar un llamado de atención al profesional.
Entes autárquicos, Consejo Federal de Educación, recurso jerárquico, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-17

Cuando se interponen los recursos de revocatoria y jerárquico, ante los distintos niveles que componen el Consejo General de Educación, queda agotada la vía administrativa en los términos del art. 4 de la L.P.A., ya que la ley de trámite ante dicho organismo, establece como último recurso el jerárquico; por lo que agotado el primero de los nombrados no existe medio impugnativo que permita llegar a éste último en nuestro ordenamiento local. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Gulich, Mariano s/ Lesiones culposas. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

El art. 350 del Código de Procedimiento Penal se refiere a la sentencia definitiva de contenido condenatorio, en cambio el art.

357 prevé otros supuestos de "sentencia definitiva" a los efectos de la admisibilidad de los senderos extraordinarios mencionados en el capítulo III. En suma, se desprende de la ley, que los regímenes de admisibilidad referidos en los arts. 350 y 357 son independientes y autónomos, por lo que el segundo puede operar sin que se den las condiciones del primero.
Bienes inmuebles, dominio, Municipalidad, Estado Provincial, acuerdo de partes, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

Afirmar que la ley sólo facultaba al Poder Ejecutivo a concretar la transferencia del inmueble si lo creía conveniente, importaría subordinar la voluntad expresada por la propia demandada (a través de su representante en la firma del convenio y mediante su propia firma del decreto 1905 que la promulgó) y por la actora (Intendente y Concejo municipal) a las demoras o dilaciones que pudiera sufrir la tramitación de dicha voluntad expresada en su etapa final, la cual, aunque coincide con un momento de coyuntura electoral, no podría verse válidamente afectada ni menoscabada; toda vez que tal voluntad fue concretada en el convenio suscripto (en cuanto al Gobernador), y éste obtuvo, en corto tiempo, las respectivas autorizaciones legislativas y administrativas exigidas que dieron el marco de legalidad suficiente para su realización.

Y este compromiso asumido, aunque importó involucrar a las autoridades futuras con las medidas tomadas, lo fue sin menoscabo del ejercicio de las facultades de gobierno, en tanto no contempló costo alguno para el perfeccionamiento de lo dispuesto tanto en el convenio como en la ley .
Nulidad del acto administrativo, defectos del procedimiento, acto administrativo irregular
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VALERIN INDUSTRIA TEXTIL c/ INDUSWHEEL SA s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Un principio elemental en materia de nulidades que se vinculan con defectos del procedimiento, es el que establece el párrafo tercero del art. 169 del CPC, estándar legal que es igualmente aplicable al procedimiento administrativo (art. 111, decreto 1759/72), pues no obstante la inobservancia de la forma establecida o requerida para la emisión de un acto o en la hipótesis de cumplimiento irregular de esa forma, no se producirá su nulidad cuando "el acto haya alcanzado el objetivo a que estaba destinado" o bien cuando "se hubiere observado otra forma, que al ser mas rigurosa que la exigida o requerida por la norma, contribuya a mantener la idoneidad del acto" (M.S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Bs. As., 1993, T. II, p. 340, Núm. 412).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, iura novit curia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bastitta, Carlos Eduardo c/ Calabrese, Juan s/ Cobro de pesos Organización de Protección Industrial S.A. c/ Cinturón Ecológico área Metropolitana S. del Estado s/ Daños y perjuicios Terrón, Sergio Manuel s/ Incidente de determinación de honorarios en "Monterrubianesi, Oscar  P. c/Provincia de Buenos Aires. Amparo" y demás incidencias  vinculadas y acumuladas Quagliaroli, Eugenia E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13|1989-03-21|2001-12-20|2004-08-31

Si bien es facultad judicial la de calificar a las convenciones con abstracción del rótulo que le hubieren dado las partes, cuando el juez ejerció tal facultad, la alzada no puede modificarla si no se formuló agravio al respecto (arts.266 y 272, C.P.C.C.).
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, María Z. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, etc. Ledesma, Celia Beatriz c/ Cadela S.R.L. y otros s/ Indemnización muerte ley 24.028 y art. 248 de la Ley de Contrato de  Trabajo. Recurso de queja Iglesias, Héctor José c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Cobro indemnización daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16|1999-03-30|1998-09-08

Para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en casos en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber cumplido con el requisito establecido por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 66, dec.ley 7718 -t.o. dec. 4444/93). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, pago a cuenta
Materia: LABORAL
Carátula: PIRIS, JOSE D. c/ TRANSMIX  S.A.C.I.C s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

Si el trabajador percibió un importe en concepto de fondo de desempleo que se integró con aportes de la empleadora y tiene idéntica naturaleza que la indemnización por despido de la LCT, es razonable y equitativo que, una vez decidida la aplicación de este último régimen, se considere aquel importe como "pago a cuenta" del mayor adeudado.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALBERTO AMBROSIO SANCHEZ c/ KEPLE S.A.I.C. s/ CONSTITUCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.    SECRETARIA DE COMERCIO DE LA NACION.    GOBIERNOS PROVINCIALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin reserva, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional.
Acción de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, vencimiento del plazo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-28

La cláusula de jurisdicción de éste Superior Tribunal para recibir las demandas directas de inconstitucionalidad en un plazo dado, no induce en caso alguno la negación del derecho reconocido a los justiciables para deducir u oponer ante los demás órganos judiciales competentes las alegaciones de inconstitucionalidad que estimen fundadas. Vale recordar que el precepto no significa denegar formalmente la acción ni la somete a plazos de caducidad, ni tiene efectos extintivos equiparables a la prescripción liberatoria; sólo se limita a organizar y adecuar la competencia de los respectivos tribunales. Esto no perjudica las acciones contencioso administrativas, civiles o de otra índole que asistan al interesado, dentro de cuyo ámbito tendrá la ocasión de plantear la tacha de inconstitucionalidad (art. 316 y 313 CPCCLRM y arts. 2, 7, 8, 60 y concordantes del Código Contencioso Administrativo; conf. Salgado en la nota y lugar citados ut supra). Parece obvio que si el daño está consumado corresponde acudir a esta clase de acciones; que el plazo de caducidad de la competencia originaria del Tribunal en las acciones declarativas de inconstitucionalidad, de carácter preventivo y previa a la concreta producción del daño, se opera a los treinta días de la vigencia de las normas potencialmente lesivas de los derechos del accionante. En virtud de lo expresado, habiendo pasado el término de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la norma entiendo que la demanda ha sido promovida fuera del plazo legal, por lo que se ha extinguido la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia. Las normas son obligatorias transcurridos ocho días desde su publicación oficial (art. 2 Código Civil) y, respecto de las provinciales, después de su publicación, o desde el día que designen (art. 112 de la Constitución de la Provincia), y a partir de entonces se las presume conocidas "iuris et de iure", no sirviendo de excusa la ignorancia ni el error de derecho (art.20 y 923 del Código Civil y la nota de Vélez Sarsfield a este último). El pretendido gravamen constitucional configurado por los potenciales efectos de esa legislación se habría operado desde la entrada en vigencia de la ley en cuestión, y a partir de allí ha arrancado el curso del plazo de caducidad de la competencia del Cuerpo, conclusión congruente con la finalidad preventiva de la acción de inconstitucionalidad que, por regla general, no procede para remediar perjuicios ya consumados.