marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: GAMBARTE JULIO ANACLETO; VILLAGRAN HADA MABEL s/ ABUSO SEXUAL Y ABUSO SEXUAL EN GRADO DE PARTICIPACION PRIMARIA e.p.  de VERONICA A. MORENO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-29

Entre los motivos que descalifican la sentencia como acto jurisdiccional, lo constituye la ausencia de motivación del decisorio. Por ello, es requisito ineludible de la validez de las sentencias judiciales, que ellas sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas en la causa, todo ello bajo sanción de nulidad. Ni la potestad discrecional, ni el libre arbitrio, ni la equidad, dispensan a la magistratura de la exigencia constitucional de fundamentar suficientemente sus pronunciamientos.
Recurso extraordinario de nulidad, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baraglia, Néstor c/ Silva, Luis s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Si la alzada ubica el día de la mora en una fecha posterior al 1° de abril de 1991, implícitamente se ha pronunciado sobre la actualización monetaria porque la ley 23.928 prohibe ésta a partir de aquella fecha. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, control de cambio, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: ERRE-A  SA  y otros s/ infr.  ley  19.359    BCRA    c/ resolución Nx 696 -Causa Nx 28.488-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, para declarar la prescripción de la acción penal por infracción a la ley 19.359, se fundó en que la resolución del Banco Central que había ordenado instruir el sumario carecía de validez si la conjetura de que su fecha pudo haber sido alterada por algún agente del Banco Central constituye una afirmación dogmática, que no encuentra justificación en las constancias de la causa.
Fallos del Superior Tribunal, doctrina legal, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Maese, Gustavo A. c/ SMG A.RT S.A s/ apelación ley 24557 (l) s/ inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-06

Cabe tener presente el carácter vinculante de los fallos de este Superior Tribunal, que tiene un marco de aplicación preciso, dado por las normas procesales que rigen la materia -artículo 286 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud del artículo 59 de la Ley N° 1504; artículo 56 inc. b) de la misma Ley de Procedimiento Laboral y artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 5190-, y que prevén como causal de casación o en su caso de inaplicabilidad de ley el hecho de que una sentencia de Cámara contradiga la doctrina establecida por este Cuerpo en los cinco años anteriores a la fecha del fallo que se recurre. Se plasma allí el instituto de la "doctrina legal" que es propio del Recurso en tratamiento, y que posee idénticas connotaciones tanto en la casación como en la inaplicabilidad de ley. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANMAT y la ANLIS (personería unificada) en la causa García, Facundo Nicolás y otros c/ Municipalidad de San Isidro y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

En relación a la responsabilidad del Estado por falta de servicio debe cumplirse con la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto posible cuál ha sido la actividad o la omisión que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en lo atinente a su falta de legitimidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, Feliciano Reinaldo y otra c/ Pcia. de Buenos Aires y otra s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Las normas constitucionales no deben ser interpretadas en forma aislada o inconexa, sino como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad.
Acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, daño irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asencio, Marcelo Alejandro s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-03

La ley 1.005 (Contencioso Administrativo) en su art. 27, establece que al interponer la demanda podrán los interesados pedir que se decrete la suspensión de la medida que la motiva (suspensión del acto administrativo), no previniendo la posibilidad de hacerlo en otro momento del trámite, por lo que la petición, cuando ya se ha trabado la litis deviene extemporánea.

Amén de ello, el art. 28 de la misma ley establece como causales de suspensión la nulidad prima facie de la resolución, por incompetencia o por violación manifiesta de la ley, y cuando exista la posibilidad de que la ejecución produzca un daño irreparable, si a la vez, la resolución es "prima facie" ilegal, aunque la ilegalidad lo sea por motivos diferentes al inciso anterior.
Certificados de obra, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SADE S A.C.C.I.F.I.M. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

No es justa ni equitativa la mecánica de liquidación de las obligaciones a los precios convenidos en función de la adecuación contractual computando el pago de los intereses recién a partir de las resoluciones de aprobación de las nuevas condiciones contractuales para la obra, apartándose, de los plazos previstos en la ley 6021 para pagar los certificados adoptando como base el mes de ejecución de los trabajos realizados con antelación al dictado de aquellos.
Juicio de alimentos, efecto retroactivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., A.M. c/ R., A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-01

Los alimentos atrasados son exigibles desde el comienzo del proceso de mediación y no sólo desde el inicio de la demanda.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Ghiglione, Griselda c/ Sprayette S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16

La intimación a entregar los certificados de aportes y servicios se produce en forma contemporánea a la comunicación del distracto, toda vez que el 2º párrafo del art. 80 de la L.C.T. dispone que la obligación del empleador de hacer entrega de tales constancias nace a partir del momento en que se extingue (por cualquier causa) el vínculo laboral habido, por lo que recién a partir de ese momento el trabajador queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente.
Derecho laboral, empresas del Estado, acción de responsabilidad, remuneración, cómputo del salario, reincorporación
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Barzola, Martín Eduardo Ramón  c/ Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento S.A. y otro s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-17

El accionante trabajador ferroviario, se encontraba con licencia médica con reserva del puesto, acreditó el alta por la afección que padecía - solicita su reincorporación y el pago de los salarios caídos. El juez de grado condena al pago de los salarios adeudados, a la accionada Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento S.A. quien se agravia, ya que no fue su empleadora, pues el servicio ferroviario fue operado por la codemandada SOFSE. Cabe destacar que el Estado Nacional le encomendó a la accionada UGOMSSA el gerenciamiento de la operación y administración de los servicios ferroviarios (por cuenta y orden de aquel). El gerenciamiento implica un mandato de administración, regido por el art. 366 del CCyCN. En esta línea de análisis cabe memorar que los actos del representante obligan directamente al representado y a los terceros, y el representante no queda obligado para con los terceros excepto que haya garantizado de algún modo el negocio. El acuerdo de gerenciamiento estableció que el personal fue transferido a la Empresa Ferrocarril General Belgrano y que el Estado Nacional pagaría sus haberes y cargas sociales, y que la gerenciadora UGOMSSA solo ejercería a su respecto, las facultades otorgadas mediante el contrato. Desde esta óptica no puede sostenerse que haya existido transferencia del servicio de explotación ferroviaria en favor de la accionada UGOMSSA, en los términos de los arts. 225 y siguientes de la LCT, ya que su titular y principal responsable seguía siendo el Ministerio del Interior y Transporte, lo cual lleva a concluir que ninguna responsabilidad le cabe a la accionada UGOMSSA dado su carácter de simple gerenciadora del servicio ferroviario. Asimismo, el acuerdo de operación firmado con UGOMSSA fue rescindido con antelación. La condenada a reincorporar al actor entonces, no puede alcanzar a UGOMSSA. En consecuencia, se revoca la sentencia de la anterior instancia.
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR-PROCONSUMER c/ INC S.A. Y OTRO. ORDINARIO s/ INCIDENTE (DE RECUSACIÓN Y PEDIDO DE SANCIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-12-20

Si bien el juez objetivamente ha hablado más de lo razonable para resolver, al punto que incurrió en causal de recusación por prejuzgamiento, más no creemos que en la construcción de sus razonamientos jurídicos destinados a descartar la competencia y la legitimación de la actora, se hubiera excedido en una conducta irrespetuosa a los profesionales destinatarios de sus reproches en el manejo de los casos colectivos. La preocupación judicial por evitar el abuso de derecho en el ejercicio de las acciones, no es motivo válido de ofensa, pues no solo la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, sino que como expresamente lo dispone el art. 10 CCyC, es deber de los jueces evitar de modo preventivo los efectos de un acto o situación de esa naturaleza.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ley provincial, medicamentos, poder de policía, Salud pública, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abbott Laboratories S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

El art. 1° de la ley 11.405 de Buenos Aires es violatorio del principio de la supremacía federal en cuanto exige la autorización de la provincia para la realización de las actividades allí prescriptas como así también en lo atinente al registro y autorización para la fabricación de medicamentos, inclusive en los aspectos relacionados con la identificación de envases, por tratarse de materias reguladas por la legislación nacional.
Excarcelación, cauciones, prisión preventiva, fallos de la Corte Suprema, Constitución Nacional, interpretación de la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente excarcelación de A. P. C. s/ Apelación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo (arts. 14 y 18 C.N.) había sostenido que para los fines de la excarcelación se deben tener siempre en cuenta "... las circunstancias del caso..." y las condiciones personales del imputado, así como también que, en el supuesto de que estos extremos lo justifiquen, podrá "... acordarse la excarcelación bajo fianza... sin peligro que se frustre la justicia que es el único objeto de la prisión durante la causa...".
Tratado de Montevideo de 1980 sobre Asociación Latinoamericana de Integración, Acuerdo de Recife
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Dotti, Miguel A. y otro s/ contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e  incompetencia).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El "Acuerdo de Recife" derivado del Tratado de Montevideo de 1980 como un acuerdo de alcance particular responde a las normas generales a las que deben atenerse los llamados "acuerdos de promoción del comercio" que se refieren a materias no arancelarias y tienden a promover las corrientes de comercio intrarregionales que autorizan el dictado de normas específicas para su cumplimiento (art.

13).
Penas contravencionales, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Minetti, Juan s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-26

Corresponde hacer lugar al recurso de queja contra la denegatoria del de casación interpuesto contra la resolución que rechazó los planteos de nulidad y prescripción de la acción y confirmó las sanciones administrativas de carácter contravencional impuestas por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, pues se trata de una sentencia definitiva dictada por la Cámara Penal Económico respecto de la cual no está previsto otro recurso, ante la naturaleza punitiva de la sanción, ya que carece de finalidad resarcitoria, corresponde avocarse a su tratamiento por ser la CNCP la alzada natural de dicho tribunal y haberse planteado cuestiones de naturaleza federal, tales como la aplicación de una ley derogada, prescripción de la acción penal, violación del derecho a un plazo razonable, extensión retroactiva de la investigación, conculcación del derecho a controlar la prueba, errónea interpretación de la ley de Defensa de la Competencia, arbitrariedad en la aplicación de la multa y en la fundamentación de la sentencia. La disidencia sostuvo que la pretensión no puede ser encausada por medio del recurso de casación, dado el carácter contravencional de la conducta sancionada, cuyo juzgamiento se encuentra a cargo de un juez administrativo. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda, Madueño -en disidencia-).
Medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.C. y Otro c/ A.G.E.A. SA s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-22

"Para determinar la definitividad o no de la sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva".
Derecho al recurso, debido proceso, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL
Carátula: Caso Mohamed Vs República Argentina s/ Excepción preliminar, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-11-23

El derecho de recurrir el fallo representa una garantía primordial que debe respetarse en el marco del debido proceso legal, a fin de permitir que una sentencia adversa sea revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica posibilitando una revisión íntegra de la decisión condenatoria, otorgando mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y seguridad y tutela a los derechos del condenado.
Daños y perjuicios, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R, M. c/ L, A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

El art. 165 del C.C. que constituyó al art.8 de la L.M. no reproduce la frase final de la redacción reemplazada referente a la prohibición de reclamar los perjuicios por la ruptura de esponsales, siendo de aplicación los principios generales de la responsabilidad extracontractual, esta modificación abrirá las puertas a estas demandas, apelando a la prudencia de los abogados y jueces. La identidad de técnica legislativa seguida en materia de esponsales y de separación personal y divorcio me lleva a sostener que la aplicación de los principios generales de responsabilidad extracontractual resulta de un silencio que tácitamente remite a los mismos.-
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Figueroa, Pedro y otra c/ Chulman M. y otra s/ Daños y perjuicios Constanzo del Vidio y otra c/ Empresa del Oeste s.a. s/ Daños y perjuicios Gutiérrez, Carlos Alberto c/ Marino, Jorge Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07|1994-06-30|1994-05-31

A los fines de la cuantificación del daño moral por la muerte de un hijo, deben ponderarse las amarguras, los sufrimientos por la desaparición irremediable, la desdicha por la muerte tan prematura, el dolor por la impotencia frente a la fría y cruel dinámica de los hechos, la frustración de su presencia diaria y de la compañía insustituible que para los padres representan sus propios hijos.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Tavares, Flavio Arístides s/ Calumnias e injurias -Causa N 36.091-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

Es arbitrario el fallo que condena por el delito de injurias y, sin la pertinente fundamentación, dispone la publicación de la sentencia en el diario que indique el querellante, pues los magistrados debieron dar las razones por las cuales, frente al actual texto del art. 114 del Código Penal, concedieron al querellante la elección del órgano de prensa encargado de la publicación.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEDRO ANTONIO CASIRAGHI Y OTRO s/ PRESUNTA INFRACCION ARTS. 248 Y 265 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

El respeto de la garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia.
Contrato de trabajo, desconocimiento de la relación laboral, ius variandi, medida de no innovar
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez  Segio  Ariel c/ Seguridad  J.B.  SRL  y  otro s/ juiciosumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

La posibilidad de que se demande por el restablecimiento de la condición alterada en los términos del art. 66, segundo párrafo, L.C.T., presupone que exista un empleador que se asuma como tal y que pretenda modificar el contenido de trabajo de un determinado dependiente, el cual, a su vez, alegue que dicha modificación excede los parámetros contenidos en el mentado art. 66 primer párrafo, por lo que demande su reposición al estado anterior, con una medida de no innovar mientras tramite el litigio. Sin embargo, si como en el caso, existen dos partes demandadas, se alude a interposición y mediación fraudulentas, a un erróneo encuadramiento convencional y a la no regularización de la relación laboral, hay que determinar quién es el empleador, si ha existido o no interposición fraudulenta en la persona del dador de trabajo, si corresponde aplicar los arts. 14 o 29 de la L.C.T., cuál es el convenio colectivo que rige la relación y recién, por último, si se ha ejercitado de una manera abusiva el "ius variandi", razón por la cual la problemática planteada en la demanda resulta ajena a lo dispuesto en el art. 66 segundo párrafo agregado por la ley 26.088, en razón de que esta acción sumarísima no puede tener como finalidad la reformulación del núcleo de la relación, sino simplemente el restablecimiento de la condición alterada.
Procedencia del recurso, acción de amparo, interés superior del niño, personas con discapacidad, cobertura médica, reintegro de gastos, derecho a la salud, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS-SALUD PUBLICA
Carátula: O. F., I. E. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.); Coseguro ATSA s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-27

Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora, y en su mérito, hacer lugar a la demanda de amparo, condenando al demandado a otorgar la cobertura del 100% de las prestaciones requeridas para el menor; y a reintegrar los gastos por las diferencias no cubiertas por el I.P.S. de la provincia de Salta en concepto de equinoterapia e hidroterapia, pues en numerosos precedentes esta Corte se ha puesto de relieve el carácter esencial del derecho a la salud, máxime, a la luz del paradigma del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales del hombre, a partir de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. De allí, que la normativa atinente a la salud deba interpretarse conforme el compromiso asumido por el Estado, es decir, a propender al derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Cabe considerar además, que en el caso se encuentra comprometido el derecho de un menor a la protección integral de su salud y, por consiguiente a una adecuada calidad de vida; en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor. La Ley Nacional 24901 instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, a la cual adhiere la Provincia mediante la Ley 7600. Esta última determina en forma expresa que el I.P.S. está obligado a brindar las prestaciones básicas de atención integral de acuerdo a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores, respetando las prestaciones básicas determinadas según art. 2 de la Ley 24901. A mayor abundamiento, se encuentra incontrovertida la existencia de la discapacidad del niño, como así también, su condición de beneficiario de la obra social.
Doctrina de los actos propios, contratos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: VABI LEAD SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 18-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

Quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta anterior, va contra sus propios actos y esta pretensión resulta írrita al principio de buena fe, por lo tanto la tutela de tal conducta contradictoria es inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico a tenor de la regla moral que para todo derecho obligacional consagra el nuevo artículo 1198 del Código Civil.
Intereses, nulidad relativa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., I.D. c/ A. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-07

La sanción que afecta a los intereses excesivos, en la medida del exceso, es una nulidad relativa, puesto que la invalidez es instituida por la ley en protección del deudor. Ese carácter relativo de la nulidad es el que se aviene con la naturaleza jurídica del pacto usurario, cuyo vicio es el de la lesión, sancionada, al igual que el dolo y la violencia, con la nulidad de dicha categoría (arts. 954, 1048, 1049, 1158 Cód. Civ.).