Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-19


///lew, 19 de Noviembre del año 2007.- --- Y VISTOS: el pedido de sobreseimiento formulado por el imputado F. L. junto a su defensora particular, Dra.L. C., en éstos autos caratulados: " F. J. A. s/dcia. Vejaciones-Trelew" (Expte. 02/07), y --- CONSIDERANDO: --- --- I) Votos de los Dres.Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Roberto Rubén Portela: Que el peticionante en su presentación de fs. 372/373, solicita se decrete su sobreseimiento, en razón que la tramitación de la presente causa ha violado la garantía constitucional del plazo razonable de juzgamiento (art.75 inc.22 CN, cláusula 8va. Inc.1° Convención Americana de Derechos Humanos) dado que durante el curso de la causa se incurrió en diversas demoras, infiriendo que la garantía aludida no fue respetada, conforme surge del precedente "L." (Expte nro.20674-248-2006) dictado por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia. Hace referencia al Art. 44, 4° párrafo de la Constitución Provincial del Chubut que establece "...Todo proceso debe concluir en un término razonable...". Prosigue que no debe perderse de vista los expresos reconocimientos de los arts.21 y 22 de nuestra Carta Magna que aseguran la operatividad de sus preceptos garantizadores y de aquellos consignados en los pactos internacionales sobre derechos humanos que imponen la interpretación "pro homine" del orden vigente (sobre el tema evoca el art.7 inc.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los supuestos de detenidos y art.14 inc.3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político). Acepta que la razonabilidad del lapso de duración del proceso está dada en las características del caso en relación con el tiempo que hubiera demandado su tramitación, el comportamiento estatal en esa circunstancia y las razones de una eventual dilación, quedando todo ello al arbitrio prudente del Juez encargado de las garantías. En ese concepto, hace una pormenorizada síntesis de la tramitación de la presente causa, mencionando las fechas en que fueron realizadas distintas diligencias con el objeto de señalar que existió demora por parte de diferentes órganos jurisdiccionales - --- En esa senda y sin intención de reprochar el accionar de los órganos jurisdiccionales, sino de buscar una solución al presente caso con equidad y sentido de justicia, señala que el hecho de autos habría ocurrido el 12 de agosto del año 2002, efectuándose el requerimiento de instrucción el 23 de marzo del año 2004 (fs.80 y vta.) y finalmente en fecha 15 de septiembre del año 2006 obró por parte de la Procuración Fiscal, el formal requerimiento de elevación a juicio (fs. 306/308). Concluye solicitando el Sobreseimiento por imperio de los Art. 44 de la Const. Provincial, 146, 147, 285 inc. 7 del CPP (Ley 5478). - Que, corrida la vista al Ministerio Público Fiscal el mismo manifiesta que los presentantes centran el motivo de agravio en demoras atinentes al trámite de la presente causa, focalizando un lapso de dos meses aproximadamente en los que se estuvieron decidiendo incidentes de recusación y otras demoras menores que detalla pormenorizadamente en su libelo. -- Que la garantía del plazo razonable debe ser analizada a la luz del desarrollo que en tal sentido se ha efectuado en el derecho internacional de los derechos humanos, ámbito en el que se ha construido la denominada "tesis del no plazo" y en tal sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que "la valoración del carácter razonable de la duración del procedimiento debe ser efectuada a través de los tres criterios puestos de manifiesta por la jurisprudencia ya constante del Tribunal: complejidad del asunto, conducta del interesado y comportamiento de las autoridades judiciales. Cita jurisprudencia y agrega que el referido principio de raigambre constitucional referido a la "justicia pronta" impone evitar la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil "dentro de lo razonable" (CSJN, in re "Fundación San Martín de Tours", Fallos 302:299) empero, la mera prolongación del proceso no afecta de por sí las garantías constitucionales, sino sólo cuando una mayor celeridad es posible dentro del regular trámite legal (CSNJ, in re "L. V.", Fallos 312:573). Finaliza diciendo que el postulado de justicia pronta puede realizarse con la declaración de prescripción de la acción penal (Sudamericana de Intercambio S.A., fallos: 312:075), circunstancia esta que no ha acontecido en los presentes autos. Por consiguiente, no se aprecia que de la tramitación de estos actuados se hubiera vulnerado tal garantía, por lo que la solicitud deviene desajustada, requiriendo el rechazo del pedido de sobreseimiento. ---Que, examinada la cuestión, aparecen razonables las argumentaciones formulada por el Ministerio Público Fiscal, en consonancia con lo manifestado por el Procurador General de Nación Dr. Esteban Righi, en los autos caratulados "T., H.r s/recurso de Casación" fechado el 8-11-06, (S.C.T. 404: L. XLII), en cuanto refiere que "la decisión de acortar los plazos para lograr a través de ello que, en el futuro, los procesos sean mas breves indica una voluntad del legislador de gratificar en mayor medida el derecho a obtener una finalización del proceso en un plazo razonable, es decir, de mejorar la satisfacción de un derecho fundamental. Esta decisión no tiene el contenido de declarar simultáneamente, que lo cumplido conforme la legislación previa es ilegítimo. Por el contrario, bien puede ser consecuencia de que el Legislador verifica que ahora cuenta con los medios para enfrentar en menor tiempo las necesidades del sistema, suministra mayores herramientas para cumplir con esas demandas, reduce las demandas a la afección de los bienes jurídicos mas relevantes etc. Como quiera que sea, aunque lo único previsto para enfrentar el cambio sea un mensaje dirigido a los operadores judiciales con el contenido "dense prisa", lo cierto es que ello sólo puede ser instrumentado hacia el futuro". - - Que en el caso nos ocupa, resulta claro que la Ley 5478 en su Art. 421 refiere expresamente que, en las causas "en trámite" al entrar en vigencia el nuevo ordenamiento y en las que hubiere prestado declaración el imputado, se regirán por las normas del código abrogado. Con lo que no deja dudas de cual es la normativa procesal aplicable a estos autos, en cuyo cumplimiento y por los fundamentos que se vienen de expresar ut supra, no se han conculcado derechos fundamentales, ni violado garantías amparadas por la constitución, por lo que, conforme a lo expresado precedentemente el instituto de la ley procesal más benigna que se pretende incorporar debe ser entendida de aplicación para el futuro. -- -Que, asimismo el Superior Tribunal de Justicia, se ha expedido al respecto al rechazar el planteo de aplicación del principio de la ley procesal penal más benigna, relacionado con el artículo 146 del Código Procesal Penal en su fallo en autos "R. , S. A. -C. , C. R. s/ Hurto agravado por abigeato en grado de tentativa" (Expte N°20588-233-2006)en fecha 30 de enero de 2007, argumentando que "La ley 5478 no compone una modificación más al procedimiento penal. Constituye un novísimo reglamento que marca tiempos y modos de actuación, de una dinámica tal que le proporciona una singularidad poco común."..."La requirente propicia la vigencia del principio de ley procesal más benigna, solicitando la transferencia de la norma que pone coto a un proceso, a esta causa regida por un conjunto de normas formales sustancialmente diversas."..."El pedido entonces adolece de una falla desde su propia base, ya que no hay ley procesal más benigna, simplemente hay un proceso sustancialmente distinto a otro...". ---Tampoco es aplicable al caso el precedente sentado por el Sup. Tribu. De Justicia en los autos "L. Ulises David - CONTRERAS A. Enrique s/robo en grado de tentativa" Expte 20-674-248-2006, toda vez que el aquí imputado resultó recién vinculado a proceso con fecha 26-07-2006 (fs.287 y vta.),no significando el tiempo transcurrido a la fecha, agravio a un plazo razonable del proceso. ---Conforme lo que se viene de expresar, y no resultando por otro lado, de aplicación normativa invocada, por regirse las presentes actuaciones conforme el código abrogado, ha de rechazarse la extinción de la acción solicitada, la que habrá de continuar según su estado. - -- II)Voto del Dr. Alejandro Defranco: .......

--Que, en consecuencia, no resultando aplicable a las presentes actuaciones la normativa invocada por la Defensora, Dra. L. C., basta con lo aquí expresado para rechazar el pedido de sobreseimiento solicitado a favor de F. L. , debiendo continuar la tramitación del proceso según su estado. - - Por todo ello, y oído que fue el Ministerio Fiscal, la CAMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL: - RESUELVE: - ---I) RECHAZAR el pedido de sobreseimiento solicitado por la Dra. L. C., en representación de su defendido F. L. , por aplicación del principio de la ley procesal penal más benigna, relacionado con el artículo 146 del Código Procesal Penal. ---II ) Continuar con el trámite de la presente causa. --III) Regístrese y Notifíquese. --- ROBERTO RUBEN PORTELA DANIEL REABAGLIATTI RUSSELL ALEJANDRO DEFRANCO Ante mi:

Amalia Ferrari REGISTRADA BAJO EL Nº 397 DEL AÑO 2.007. CONSTE.- Amalia Ferrari