Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-05


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 5 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 258/274? El doctor Ojea Quintana dijo:

I. La causa.

1. Se presentó a fs. 38/42 el Sr. Juan Antonio Domínguez Oria promoviendo demanda contra Renault Argentina S.A. y contra Galante D┤Antonio por daños y perjuicios por la suma de pesos treinta y tres mil ($ 33.000).

Explicó que el 11.4.2001 adquirió de la concesionaria Galante D┤Antonio S.A. un vehículo 0 km., Marca Renault modelo Trafic larga diesel inscripto en el registro correspondiente bajo el dominio DTK184.

Manifestó que al poco tiempo de adquirir el automóvil éste presentó desperfectos técnicos por lo que tuvo que realizar innumerables reclamos. Destacó que además de las reparaciones que hizo por la garantía de la unidad, debió "bajar" el motor ya que si no lo hacía quedaba inutilizada la unidad.

Refirió extensamente al intercambio epistolar realizado con la contraria, transcribiendo todas las cartas documentos que cruzó con las demandadas.

Practicó liquidación de los daños padecidos. Con relación al rubro lucro cesante señaló que había pactado con la organización hotelera "Lovio S.R.L." la realización de una serie de viajes a la Costa Atlántica y a las termas de Río Hondo. También hizo referencia al daño moral padecido y a los gastos que tuvo que efectuar como consecuencia del mal funcionamiento de la unidad.

Fundó en derecho, en especial, refirió a la Ley de Defensa del Consumidor.

Ofreció prueba.

2. Luego de un conflicto de competencia las actuaciones quedaron radicadas por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial nº 5 -v. fs. 48-.

3. Corrido el traslado del libelo de inicio, a fs. 64/69 se presentó Renault Argentina S.A., por apoderamiento judicial, y contestó demanda solicitando su rechazo con costas.

Formuló una negativa pormenorizada y categórica de los hechos alegados por la contraria.

Explicó que al vender el vehículo a la concesionaria lo hizo junto con la garantía del mismo, que se entregó a la actora al tiempo de su adquisición. Resaltó que conforme se desprende de ese instrumento, ésta no se aplica cuando el propietario realiza modificaciones al vehículo, como ocurrió en el caso -carrocería y sistema eléctrico-. Lo cual fue comprobado por el personal de Renault al realizar una verificación.

Se opuso a los daños reclamados. Respecto de la indemnización pretendida por lucro cesante, destacó que la actora no había probado que los defectos de la camioneta le impidieran realizar los viajes referidos ni que tuviera la habilitación especial requerida para llevar a cabo dicha actividad, tampoco habría acreditado la relación que lo vinculaba con la organización hotelera.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

4. Contestó el traslado de la demanda la codemandada Galante D┤Antonio S.A., por intermedio de apoderamiento judicial, solicitando su total rechazo con costas.

Se opuso a la pretensión del actor pues señaló que siempre le solucionó todos los desperfectos que tuvo con la camioneta y resaltó que la única omisión que podría imputársele fue la bajada del motor, mas no se acreditó la causa que lo llevó a realizar ese trabajo ni que haya intimado a su parte para que lo cubra.

Aclaró que tomó a su cargo los diversos reclamos formulados por el Sr. Domínguez Oria pese a que éste había perdido la garantía al introducir modificaciones a la camioneta.

Se opuso a los daños pretendidos, en especial señaló que el actor no había acreditado que los daños físicos tengan relación con los problemas que tuvo con la camioneta, pues preexistían las deficiencias cardíacas a los sucesos narrados.

Fundó en derecho, ofreció prueba y se opuso a la de la contraria.

II. La sentencia de primera instancia Mediante el pronunciamiento de fs. 258/274 el a quo hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Juan Antonio Domínguez contra Renault Argentina S.A. y Galante D┤Antonio y lo condenó al pago de $ 29.200. Impuso las costas a las demandadas vencidas (Cpr. 68).

Para decidir así, juzgó que resulta procedente la acción incoada por la actora para reclamar los daños y perjuicios que le ocasionó tener que estar constantemente llevando su vehículo 0 km. al taller mecánico de la demandada por los desperfectos mecánicos que se presentaron. Consideró que las modificaciones introducidas por la accionante no tienen relación con las fallas, las cuales se debían a vicios de la unidad. Endilgó responsabilidad tanto a la fabricante, Renault Argentina S.A. como a la concesionaria, Galante D┤Antonio S.A., pues destacó que pesa sobre ambos una obligación de resultado, dentro de los términos dispuestos por la Ley de Defensa del Consumidor.

Por último y respecto de la indemnización pretendida por el actor, estimó que se encontraba acreditada la ganancia que produciría el vehículo con el transporte de pasajeros y el agravio moral que había padecido por los defectos de la camioneta; no estimó procedente, en cambio, el monto pretendido por devolución de los gastos en los que habría incurrido, al no haberlos solicitado directamente a la demandada.

III. Los recursos.

De esa sentencia apelaron ambas partes.

(a) La actora lo hizo a fs. 286 y en la misma presentación fundó su recurso.

Criticó el monto de condena fijado en la sentencia de grado pues alegó que con la crisis financiera y demás cambios económicos, correspondía actualizar dicha suma.

(b) Las demandadas, Renault Argentina S.A. y Galante D┤antonio apelaron a fs. 282 y fs. 284, respectivamente.

(i) Renault Argentina S.A. expresó agravios a fs. 340/343. En esa presentación: a) criticó la atribución de responsabilidad efectuada por el anterior sentenciante pues alegó que cumplió con todas las obligaciones asumidas por su parte y, en dicho sentido, afirmó que su parte garantizaba el buen funcionamiento del vehículo; b) cuestionó el valor probatorio asignado a la pericia mecánica realizada en autos; c) se quejó de la indemnización otorgada al accionante pues alegó que los perjuicios por él mencionados no resultan consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la demandada -el actor no habría demostrado que su vehículo estuviese habilitado para realizar la actividad que supuestamente se frustró-; con relación al daño moral, consideró que no estaba acreditado.

(ii) Galante D┤Antonio S.A., por su parte, expresó agravios a fs. 345/347.

La codemandada criticó: (a) la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Ello por cuanto, arguyó que esta normativa es aplicable a consumidores finales, y el actor no lo sería pues manifestó que adquiría el rodado para transportar pasajeros. En dicho sentido, resaltó que su parte cumplió con todas las tareas que estaban a su cargo -realizar los services y los arreglos solicitados-; y, (b) la indemnización fijada por daño moral y lucro cesante por cuanto indicó que no se habría demostrado.

IV. La solución.

1. Un orden lógico de prelación aconseja abordar liminarmente el recurso interpuesto por ambas demandadas en punto a la responsabilidad endilgada por el anterior sentenciante, pues de lo que se discierna jurisdiccionalmente en tal aspecto dependerá la evaluación de los restantes agravios formulados por ambas partes con relación al monto de la indemnización.

2. Responsabilidad de Galante D┤Antonio.

(i) Galante D┤Antonio S.A. alegó que no puede imputársele responsabilidad en el marco de lo dispuesto por la ley 24.240, pues dicha normativa exige que quien compra el bien sea el consumidor final y la recurrente alegó que el Sr. Domínguez Oria no lo es.

El quid de la cuestión radica, entonces, en determinar si resulta aplicable al vínculo existente entre el propietario y la concesionaria, la ley sobre defensa del consumidor. Para evaluar el punto, ha de analizarse el planteo efectuado por la recurrente respecto de si el actor se encuentra aprehendido por el término "consumidor" definido en la citada ley 24.240.

(ii) La ley sobre defensa del consumidor, según el texto vigente hasta la publicación de su modificatoria (ley 26.361, BO 7/4/2008), establecía que: "...Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social..." y el artículo 2, segundo párrafo, expresaba que: "No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes y servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros".

La doctrina elaborada en función de aquel texto sostenía que "la protección legal está referida al contrato de consumo final (arts. 1 párraf. 1 y 2 párraf. 2). Y se excluye de tal definición de consumidor a quien, luego de adquirir o arrendar bienes o servicios, los reintegra al mercado (art. 2, párraf. 2)" (conf. Stiglitz-Stiglitz, "Derechos y Defensa del Consumidor", Ed. La Rocca, Bs. As., 1994, págs. 125).

Así, se afirmó que el consumidor que requiere protección es aquel que carece de intenciones que apunten a que el bien o el servicio continúen su vida económica en actividades de fabricación, producción, distribución o prestación. Gráficamente, se halla situado en el último tramo del eje constituido por la producción, la distribución y el consumo, y sintéticamente se lo enuncia como consumidor final (Stiglitz-Stiglitz, op. cit., pág. 113). Es evidente que quien contrata sobre los bienes o servicios para prolongar la vida económica de aquéllos en procesos productivos que recién habrán de culminar con una ulterior comercialización a terceros, ostenta condición de empresario y no precisamente de consumidor (Stiglitz-Stiglitz, op. cit., pág. 125).

No se desconocen las modificaciones operadas en la ley 24.240 por virtud del texto ordenado de la ley 26.361 (BO 7/4/2008) que, entre otros aspectos relevantes, amplió considerablemente el alcance de la noción de consumidor. Mas, aún cuando por vía de hipótesis se considerara que resulta aplicable al caso bajo examen la normativa ahora vigente, lo cierto es que incluso con tales modificaciones permanece incólume la intencionalidad del régimen legal en punto a ceñir el concepto de consumidor o usuario a aquellas personas físicas o jurídicas que no explotan con sentido comercial el bien o servicio de que se trate.

Concordantemente con ello, en la exposición de fundamentos de la Cámara de Diputados de la Nación se expresó, en ocasión del tratamiento de la ley 26.361, que "se mantiene la exclusión tuitiva de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, para los proveedores que adquieren o utilizan bienes o servicios para integrarlos en otros bienes o servicios que ellos a su vez proveerán".

De modo que el criterio subjetivo establecido por la originaria ley de defensa del consumidor, en punto a que se hallan exceptuados de su amparo quienes no resultan destinatarios finales (según el nuevo texto) en beneficio propio o de su grupo familiar, no ha sido alterado por la actual redacción de su primer artículo ni por la supresión del segundo párrafo de artículo segundo. Se confirma, pues, que quienes asignan un destino productivo al bien o servicio en cuestión, no pueden procurar la protección brindada por este régimen tuitivo (cfr. esta Sala in re "Las Lunitas S.R.L. c. La Mercantil Andina S.A. s. ordinario" del 12.9.2008).

En el sub lite se encuentra acreditado que el actor adquirió el bien para, entre otros, darle un "uso comercial" pues afirmó en la demanda "se había trabajado sobre la posibilidad concreta de efectuar servicios de transporte con la unidad 0 km., atento lo cual para lograr tal objetivo el actor había efectuado las gestiones pertinentes a fin de ofrecer dicha unidad con sus servicios", en la misma presentación detalló el pacto celebrado con la Organización hotelera Lovio y los precios establecidos para los viajes que iba a hacer el Sr. Domínguez Oria -v. documento acompañado por el hotel a fs. 224-.

No puede entonces juzgarse que el accionante se viera comprendido por la órbita subjetiva de operatividad de la normativa sobre protección del consumidor. Es que, vista la cuestión desde el marco conceptual desarrollado supra, claramente el accionante no exhibía el carácter de consumidor determinado en la específica legislación protectoria (ley 24.240 -aún modificada por la ley 26.361-), puesto que el vehículo se adquirió con un fin comercial dentro de la cadena de producción económica.

Por lo que resulta procedente la pretensión del apelante en cuanto procura la inaplicabilidad en el caso la ley 24.240. Corresponde, en consecuencia, estimar el planteo recursivo introducido por la parte demandada y absolverla de su obligación de responder. En dicho sentido, deviene abstracto el tratamiento de los restantes agravios.

3. Responsabilidad de Renault Argentina S.A.

(i) La demandada alegó que cumplió con su obligación, pues realizó todas las reparaciones y ajustes que reclamó el Sr. Domínguez Oria, sin cobrarle nada por ello. En este sentido, destacó que su parte se había obligado a garantizar el buen funcionamiento del automóvil, y lo cumplió.

Destacó que por virtud de la mencionada cobertura se obligaba a cambiar la pieza defectuosa y pagar la mano de obra necesaria para reparar la falla, mas no está obligada a abonar los gastos indirectos o eventuales, tales como los pretendidos por el actor en la demanda.

(ii) Corresponde entonces, determinar el alcance de la obligación asumida por el fabricante respecto del automóvil adquirido por el Sr. Domínguez Oria de la concesionaria Galante D┤Antonio.

(iii) La Garantía del vehículo alcanza a "todo vehículo nuevo, incluso equipos y accesorios de origen que hayan sido instalados por Renault contra todo defecto material o de montaje, hasta 12 (doce) meses a partir de de la fecha de entrega...sin límite de kilometraje" -v. fotoduplicado obrante a fs. 52/62-.

En el mismo instrumento, "se excluye de la aplicación de la Garantía todo defecto originado por:...Las modificaciones o adaptaciones no validadas por el Fabricante, así como las consecuencias de éstas sobre otras piezas u órganos del vehículo o sobre las características de este último...y por, La instalación de accesorios y/o equipos no homologados, tales como: Alarmas (antirrobo y/o antiasalto)...y, anula la garantía de todos aquellos componentes que como consecuencia de dicha colocación, pudiesen resultar dañados".

De las cláusulas reseñadas se desprende que los cambios que introduzca el propietario al vehículo no excluyen la aplicación de la garantía siempre y cuando las fallas no tengan origen en dichas modificaciones.

Mas, en el sub examine y tal como lo informó el perito mecánico "se constató que todas las modificaciones enunciadas fueron efectuadas pero es necesario poner especial énfasis en señalar que las luminarias interiores agregadas y alarmas no modificaron la instalación eléctrica original, sin perjuicio que el propietario manifestó durante la verificación que dichas modificaciones fueron efectuadas después de cumplido el término de la garantía" -v. fs. 177 vta.-.

De ello se desprende que la garantía resultó aplicable y en ella, Renault Argentina S.A. había asumido el deber de realizar los ajustes y reparaciones solicitados por el Sr. Domínguez Oria.

En dicho sentido y habiendo cumplido con la obligación asumida contractualmente, lo que resulta dirimente a los fines de determinar su responsabilidad es analizar la normativa aplicable al caso y verificar si cumplió con los deberes legales impartidos en su carácter de fabricante.

(v) En el sub lite rigen las siguientes previsiones legales:

a) La disciplina de garantías por vicios redhibitorios del artículo 2176 del Código Civil, la cual dispone que "si el vendedor conoce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, y no los manifestó al comprador, tendrá éste a más de las acciones de los artículos anteriores, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos, si optare por la rescisión del contrato".

Al respecto, cabe recordar que "los vicios redhibitorios son los defectos ocultos de la cosa, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella, que de haberlos conocido el adquirente no la habría adquirido, o habría dado menos por ella" (artículo 2164 del Código Civil).

b) El deber de seguridad u obligación tácita de garantía emergente de la regla de buena fe, consagrada en el artículo 1198 del Código Civil.

Esta obligación de garantía es considerada como de resultado y entonces su inejecución provoca una presunción de responsabilidad, que sitúa al sistema resarcitorio, en este campo contractual, en la órbita de acción de los factores objetivos de atribución, sujetando al fabricante-vendedor, para liberarse de responsabilidad, a la carga de acreditar la causa ajena (ruptura del nexo causal): el caso fortuito o fuerza mayor, o la culpa de la víctima o un tercero (v. Rubén S. Stiglitz, op. cit., pág. 150/151).

Desde dicha línea conceptual, cabe resaltar que la accionada no acreditó que le fuera ajena la causa por la que se presentaron las fallas en el vehículo.

Por lo demás, la recurrente no logró desvirtuar lo decidido por el anterior sentenciante ni aportó nuevos elementos que aconsejen apartarse de lo decidido en el pronunciamiento de grado. Es que allí se juzgó que la obligación de Renault S.A. era una obligación de resultados, en concordancia con lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, transcripta precedentemente.

Por ello resulta insuficiente el argumento deducido por la demandada respecto de las actividades que realizó tendientes a cumplir con lo necesario para garantizar el buen funcionamiento del vehículo. Ello por cuanto, previo a arreglar los desperfectos mecánicos del automóvil vendido debió acreditar que éste se encontraba en perfectas condiciones al momento de ser adquirido por el Sr. Domínguez Oria.

El perito mecánico designado en autos concluyó, a fs. 176/180, que "los parámetros normales en la relación reclamo reparación han sido superados dado que no se trata solamente que la Terminal proceda a la reparación, sino que se trata que la unidad también de una satisfacción al usuario y pasar por el taller lo mínimo indispensable, condición ésta normal en el criterio de la compra de un 0 km., por ello es que cuando el índice de reclamo supera el normal, nos encontramos frente a un cliente insatisfecho y un contrato de compra-venta incumplido lo que debe ser solucionado según los criterios comerciales más frágiles por parte del vendedor" -v. fs. 176/180-.

En dicho sentido, si bien la pericia mecánica practicada en autos fue impugnada por la codemandada, Galante D┤Antonio S.A. a fs. 190/197 y observada por el consultor técnico, lo cierto es que ellos criticaron las conclusiones del experto por cuanto debió tener en consideración que ellos siempre proveyeron los medios para solucionar los desperfectos que se fueron presentando en el vehículo y lo hicieron correctamente.

Mas, tal como se estableció precedentemente, no se juzga aquí la capacidad del taller mecánico de la demandada para reparar las fallas del vehículo -en cumplimiento con la garantía- sino que se le imputa el hecho de que se hayan presentado tantos desperfectos en un auto 0 km.

Conforme lo expuesto, lo dispuesto por la normativa reseñada precedentemente -en especial la presunción de responsabilidad que cabe atribuir al fabricante del automotor- y considerando que tal atribución es de carácter objetivo, cabía a la demandada demostrar, en su caso, que existió negligencia de la demandante, caso fortuito o fuerza mayor porque de lo contrario y habiéndose acreditado el incumplimiento por medio del perito mecánico -extremo que no fue controvertido-, corresponde que el fabricante responda por el mismo. Tal es el caso.

Ello pues, al poco tiempo de adquirir el rodado se presentaron numerosos desperfectos mecánicos por lo que, aún asumiendo que se trata de situaciones frecuentes, era carga del fabricante demostrar que ello se ocasionó por un mal uso del vehículo y no que existían al tiempo de la entrega.

En ese sentido, deviene procedente la acción intentada por el actor, habida cuenta la gravedad de los vicios en el caso examinado, especialmente por las reiteradas oportunidades en que debió llevar el vehículo al taller mecánico y en consecuencia, no pudo utilizarlo en su actual condición para el fin al que estaba destinado.

Esta circunstancia, sitúa el caso en los presupuestos fácticos del artículo 2164 del Código Civil. Esto es, en el marco de los vicios redhibitorios que generan la responsabilidad del enajenante de una cosa a título oneroso.

En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el agravio de la accionada en relación con este punto y juzgar que sí resulta responsable por los daños que causó al Sr. Domínguez Oria la mala fabricación del vehículo 0 km. que adquirió.

4. La indemnización.

Ambas partes recurrieron el monto de condena. La demandada, Renault Argentina, cuestionó la procedencia y alcance de la indemnización mientras que el actor solo criticó el segundo aspecto.

Quien no cumple con su obligación, o la cumple mal o a destiempo, debe indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado la inejecución (G. A. Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones", Ed. Perrot, Bs. As. 1967, T. I, pág. 125).

Gravitando el caso en la órbita de la responsabilidad contractual, la extensión y alcance de la indemnización se encuentra regulado por el artículo 520 del Código Civil, que limita el resarcimiento a las consecuencias inmediatas y necesarias de la inejecución. Pues bien, en lo que atañe a la cualidad de inmediatas, ellas no son sino las que resultan según el curso natural y ordinario de las cosas, como expresa el artículo 901 del Código Civil (Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", Astrea, Bs. As., 2002, t. 2, pág. 726).

(i) Lucro cesante.

Renault Argentina S.A. criticó la indemnización concedida por el anterior sentenciante en concepto de lucro cesante. En este sentido, destacó que el perjuicio generado por no poder cumplir con los viajes programados con la organización hotelera "Lovio" no es una consecuencia inmediata y necesaria del supuesto incumplimiento, y por ello, no debe responder.

Alegó que el actor tampoco tenía la habilitación para transportar pasajeros.

El citado artículo 901 del Código Civil establece reglas aplicables a las consecuencias que en el espacio y en el tiempo producen los hechos y secuencias de los actos, positivos y negativos; al nexo causal entre la conducta humana y el resultado, del cual deriva la atribución de dichas consecuencias al sujeto y, por tanto, la responsabilidad consiguiente.

Desde dicha óptica conceptual, cabe destacar que el incumplimiento del fabricante de entregar el vehículo en perfectas condiciones, impidió que el Sr. Domínguez Oria pudiera realizar el negocio que ya había pactado.

Es decir, los efectos disvaliosos que derivan del incumplimiento de "Renault" siguen el "curso natural y ordinario de las cosas". Es una consecuencia normal y previsible que por no tener el automóvil en perfectas condiciones, no haya podido realizar los viajes.

El argumento esgrimido por la recurrente respecto de la falta de habilitación para cumplir con el negocio como impedimento para la procedencia de la indemnización fijada en concepto de lucro cesante, no desvirtúa lo decidido por el anterior sentenciante.

Ello pues adquirió la Trafic el 11.4.2001, el negocio lo concretó el 18.6.2001 y acordó que el servicio se prestaría a partir del mes de octubre de 2001. De lo expuesto se infiere que el actor tenía tiempo para poner el vehículo en condiciones a fin de cumplir con la obligación que había asumido, tanto mecánica como legalmente -vgr. "habilitación"-. Distinta sería la solución si la autoridad de aplicación hubiese rechazado la autorización para transportar pasajeros, mas ello no aconteció.

Por ello y toda vez que la cuantía del daño no ha sido cuestionada, corresponde rechazar el recurso deducido por Renault Argentina S.A. en punto a la procedencia de la indemnización por lucro cesante y confirmar lo decidido por el anterior sentenciante.

(ii) Daño moral.

"Renault" criticó también la indemnización fijada por el anterior sentenciante en concepto de reparación de daño moral.

Liminarmente, cabe decir que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, in re: "Katsikaris A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros s. ordinario", del 12.08.86). No se reduce al pretium doloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom., Sala B, in re: "Galán, Teresa c. Transportes Automotores Riachuelo S.A. s. sumario", del 16.03.99). Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado "modificaciones disvaliosas del espíritu" (v. Pizzarro Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA del 17.09.86, especialmente pág. 6 y doctrina allí citada).

El daño moral trae aparejado un desequilibrio emocional portado por el dolor, sufrimiento o aflicción y que afecta a un aspecto de la unidad sicosomático (conforme Silvia Y. Tanzi, op. cit., pág. 86).

Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que el agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (ver esta Sala, in re: "López, Carlos c/Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario", del 12.10.94.; in re: "Rodrigo, Juan Carlos y otros c/Esso S.A.P.S.A. s/ordinario", del 23.3.99; in re: "Porcel, Roberto José c/Viajes Futuro S.R.L. s/sumario, del 28.3.03; in re: "Albín Gabriel F. y otro c. Club Vacacional S.A. -Rincón Club- y otros s. ordinario", del 20.04.2007).

Cabe poner de relieve en este sentido que en el caso concreto la determinación del quantum queda librada al prudente arbitrio judicial (conf., entre otros, CNCom., Sala B, in re: "Albrecht c. Estímulo", del 06.07.90; "Muzaber c. Automotores y Servicios", del 23.11.90; ídem. "Kofler c. David Escandarami", del 26.02.91; ídem, "Villacorta de Varela c. Plan Rombo S.A. de Ahorro", del 15.11.91; ídem, "Greco c. Círculo de Inversores S.A.", del 10.02.92).

Lo cierto es que es perceptible, a poco que nos emplazamos en la situación del accionante, que los desperfectos mecánicos en su camioneta "nueva" le causasen un serio disgusto en el orden emocional que trasciende las simples molestias que han de tolerarse en el plano cotidiano de los vínculos contractuales.

Ello por cuanto, debe ponerse de resalto que al Sr. Domínguez Oria lo jubilaron compulsivamente en su empleo en la Municipalidad de Lanús y debido a dicha situación, adquirió el vehículo para uso familiar y laboral, sin prever que podría presentar tantos desperfectos mecánicos.

De modo que, de conformidad con lo expuesto y con base en el Cpr. 165, estimo adecuada la justipreciación de este aspecto indemnizatorio decidida por el anterior sentenciante.

(iii) Actualización de la condena El accionante criticó el pronunciamiento de grado pues alegó que, con la crisis vivida por el país en el año 2001, correspondió que el monto de condena sea actualizado.

Tiene dicho esta Sala que resulta improcedente la actualización monetaria, toda vez que de las directivas que emanan de la ley 23928 surge que no corresponde ningún tipo de actualización a partir del 1.4.91 (in re: "Baiter S.A. c/Empresa General Urquiza", del 4/7/1996). Ello, tampoco ha sido dejado de lado después del abandono de la convertibilidad, ya que la ley 25561 no mutó tal prohibición.

Por lo demás, la aplicación del CER queda reservada para las obligaciones contraídas en dólares estadounidenses "pesificadas", supuesto que no es el de autos.

Sin perjuicio de ello, el recurrente cuestionó la ausencia de previsión de intereses (v. fs. 286). En este sentido, le asiste razón al apelante.

En efecto, la sentencia debe indicar la tasa de interés compensatorio, y lo que es más importante, desde qué momento deben computarse. Tratándose de hechos ilícitos, corren desde el día en que se los cometió y en materia contractual desde que se produjo la mora del deudor (art. 509, Cód. Civil), o desde que se notificó la demanda (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", Ed. Astrea, Bs. As., 1985, T. 1, pág. 586).

Tiene dicho esta Sala que los accesorios correspondientes a los rubros indemnizatorios deben liquidarse, como principio, desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación, de conformidad con el criterio establecido en un legendario fallo plenario de la CNCiv, in re "Gómez, Esteban c/Empresa Nac. de Transportes" (LA LEY, 92-667), teniendo en consideración las particulares circunstancias de cada caso (conf. esta Sala, in re: "Dante Marcela Claudia c/Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ordinario", del 4/3/2008).

A mi parecer no resulta incorrecto justipreciar a la fecha de la sentencia el monto de alguno o de todos los rubros que integran la indemnización; mas ello, en tanto los réditos correspondientes hubieran sido comprendidos por el sentenciante en la suma indemnizatoria.

Sin embargo, en el caso no media específica puntualización de ello ya que el magistrado sostuvo que las sumas de la condena eran fijadas a la fecha del pronunciamiento, mas sin precisar que comprendían los intereses hasta ese entonces devengados (v. fs. 273, p. a).

Lo cierto es que los intereses se deben a partir del incumplimiento contractual, por lo que los montos estipulados en concepto de indemnización de lucro cesante y daño moral devengarán réditos según la tasa activa que percibe el Banco de la Nación para sus operaciones de descuento a 30 días, plazo vencido (Plenario del fuero en autos: "S.A. La Razón s. quiebra s. incidente de pago de los profesionales" del 27.10.94), sin que corresponda su capitalización (CNCom., Sala A, in-re: "Banco Liniers S.A. c/Naymarkl Victor Sergio s/ejec., del 16.08.1996; y doctrina plenaria recaída in-re: "Calle Guevara, Raúl -Fiscal de Cámara-s/revisión de plenario", del 25.08.2003).

El dies a quo se fija el 19/11/2003, fecha en la que se interpuso la demanda.

(iv) Las consideraciones hasta aquí expresadas bastan para decidir la suerte de los recursos de ambas partes. Recuérdese que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquéllas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216 y precedentes allí citados).

V. Conclusión.

Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al acuerdo: a) revocar el pronunciamiento de fs. 258/274 respecto de la concesionaria Galante D┤Antonio S.A. y, b) confirmarla con relación a Renault Argentina S.A con la modificación dispuesta en el punto iii del acápite 4 del considerando IV. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).

Así voto.

Los doctores Caviglione Fraga y Monti adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo precedente, se revoca el pronunciamiento de fs. 258/274 respecto de la concesionaria Galante D┤Antonio S.A. y se confirma con relación a Renault Argentina S.A, con la modificación dispuesta en el punto iii del acápite 4 del considerando IV. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida, por virtud del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68).- Juan M. Ojea Quintana.- José L. Monti.- Bindo B. Caviglione Fraga.