Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-18


/// nos Aires, 18 de mayo de 2005.

Y VISTOS:

I - Para resolver en la presente causa los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Agente fiscal a fs. 87/88, por la parte querellante a fs. 90/91, y fs. 92/3, por la defensa técnica de Marta H. Callejas y Juliana Tomas, contra el austo de fs. 80/85 vta. que declara la nulidad del acta de constatación efectuada por el escribano Alejandro Liporace el 25 de junio de 2001 efectuada a requerimiento del Dr. Daniel Coytia, y de todo lo que se actuó a partir de fs. 8/18, oportunidad en la que se aportó al sumario la prueba cuestionada.

II - Que en el marco de la presente investigación, se cuestiona la incorporación, como prueba, de un acta labrada a requerimiento de la querella, por ante escribano público, a fin de constatar una situación de hecho que le era útil para sostener la imputación que erige en esta denuncia, cuya materialización, por violar garantías constitucionales, fue cuestionada por la defensa; al considerar afectados los derechos de defensa en juicio, de propiedad privada, a la privacidad de las comunicaciones y a la inviolabilidad de la correspondencia. Agravio este que fue acogido por el juez a quo mediante el decisorio ahora puesto en crisis.

III - Como antecedentes fácticos, corresponde mencionar que el acta fue solicitada a requerimiento del Dr. Daniel Goytia a fin de constatar el registro de los gabinetes personales metálicos (lockers) asignados a sus empleadas Marta Calleja y Juliana Tomas, en el estudio de aquél, lo que así finalmente se hizo, luego de que las nombradas se retiraran del lugar, para poder obtener elementos que justificaran las sospechas que tenía, de que aquéllas venían realizando maniobras de dudosa reputación, desviando trabajos y clientes a otros estudios.

Asimismo, en esa oportunidad, se le exhibió al notario las comunicaciones capturadas que efectuaron las imputadas entre sí, mediante el sistema de correo interno "intranet" que posee el estudio.

Además, resulta cuestionada la incorporación al sumario de e-mails correspondientes a la dirección de correo electrónico privado, que la imputada Juliana Tomas posee en la empresa Yahoo.

IV - En esos antecedentes, corresponde realizar algunas consideraciones.

En primer lugar, y sobre el planteo de la defensa, este tribunal estima que esta incidencia se limita al tratamiento de la nulidad articulada por esa parte, resultando el pedido de sobreseimiento solicitado, y fundante de su agravio, ajeno a la cuestión incidental aquí planteada, y no genera el no expedirse agravio irreparable (arts. 432 y 449 del CPPN a contrario sensu).

En relación a los demás recurrentes, luego de examinada la conflictiva suscitada, el tribunal considera que la apertura de los "lockers" constituye una invasión de privacidad, puesto que aún encontrándose en el ámbito del estudio jurídico del querellante, estos fueron asignados para uso de los empleados, bajo signos de seguridad (poseen candados) que generan en su destinatario, la expectativa de privacidad frente a la injerencia de terceros, de las pertenencias que allí dejen para su resguardo (arts. 18, 19 y 33 de la CN) (en tal sentido cfr. Alejandro D. Carrió " Garantías Constitucionales en el Proceso Penal", ed.Hammurabi, año 2000, pág.340) Tal invasión solo se encuentra justificada si media una orden jurisdiccional debidamente fundada, que en el caso en estudio no se advierte (art. 224 y cctes. del CPPN); ello da lugar a la sanción prevista en los arts. 166, 167 inc. 2 y cctes. del CPPN.

El argumento aportado en la expresión de agravios de la querella a fs. 185/193, donde afirma que era de uso y costumbre del estudio que los lockers estuvieran abiertos para que cualquier empleado pudiera ubicar la documentación requerida por el cliente, no se condice con el contenido del acta cuestionada, desde que allí se dejó constancia que los lockers estaban asignados a un empleado en particular y estaban cerrados, pues se dijo: "... con una llave que está en el locker de Martha, abrimos el candado del loocker de Juliana ...", fs. 8vta. Ni con el testimonio de una de las empleadas del estudio, la cual sentenció que los lockers "... se encuentran en un baño, en su mayoría se encuentran abiertos, siendo este el lugar donde guardan sus cosa, como ser sacos y en caso de la deponente su cepillo y pasta dental. Que en este acto no recuerda si en esa época los armarios utilizados por Tomas y Calleja estaban cerrados o no..." (fs.921).

En igual sentido, resulta afectado el ámbito privado mediante la intromisión de las comunicaciones en la forma de mensajes electrónicos, tanto en el correo interno, como aquellos que se envían y reciben en el particular. Es atinente destacar sobre las características del correo electrónico, la opinión vertida por el Dr. Donna en la causa Nº 20.009 del registro de esta Sala, al concluir que A...dentro de los derechos de una persona, ya sea como derivación del de la propiedad o como un derecho autónomo a la intimidad, existe un derecho a que se respeten por parte del Estado aquellos ámbitos privados donde sus titulares han exhibido un interés en que así se mantengan... esa expectativa de respecto a los ámbitos privados, se vería claramente reflejada en que el correo electrónico posee características de protección de privacidad mas acentuadas que la tradicional vía postal - que por otra parte, sí posee garantía de protección expresa en el art. 18 de la C.N.-, ya que para su funcionamiento se requiere un prestador de servicio, el nombre de usuario y un código o contraseña de acceso, que impide el acceso de terceros a él" (autos Ayelma, Martín y otros. 22/4/03).

Por ello, también en este caso debe mediar la autorización judicial para acceder a su conocimiento.

Se ha dicho, mutatis mutandis, que A...en función de las previsiones constitucionales mencionadas, es el empleador quien tiene prohibido, en principio, leer e-mails enviados o recibidos por sus empleados. El contenido de tal prohibición no es otro que la violación de derecho de privacidad del trabajador, facultad que no comporta un elemento configurativo del débito contractual y que, por ello, hace a la indiscutible e impenetrable dignidad y autodeterminación que como sujeto titulariza... ( in re de esta cámara, sala IV causa N° 25.065 " Redruello" rta. 15/11/04).

Sobre la urgencia alegada, corresponde destacar que esa circunstancia no se verifica en las actuaciones, pues los elementos de prueba se encontraban resguardados, a punto tal que la intervención del escribano se produjo con posterioridad a que las imputadas dejaran el lugar; y, por otro lado, así como dio lugar, el auxilio de la fuerza pública, para denunciar las sospechas que tenían, y encausar así la investigación dentro del ordenamiento procedimental correspondiente.

Debemos recordar que la averiguación de la verdad no puede erigirse como bastión del avasallamiento de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, ni por parte de los particulares, ni del poder público, pues precisamente y como hilo conductor del principio del juicio previo, se despliega un abanico de garantías que limita al poder punitivo, en la materialización de ese cometido. Ello implica que la parte acusadora no puede justificar su actuación, por encima de las garantías, el éxito de la investigación, porque allí entra en juego su propio interés, mientras que es el juez el que, ajeno a los intereses de las partes, dispone en qué casos y bajo qué condiciones, en consonancia a las directivas que prescribe la carta magna, corresponde relativizar los derechos por ella reconocidos. El derecho a la intimidad constituye uno de los derechos de la personalidad con mayor necesidad de custodia social, pues gravita sobre al libertad y el pensamiento.

Nada obsta a que la parte querellante recabe información y la aporte al proceso, para colaborar en la averiguación de la verdad, pero nunca esa incorporación puede desafiar la protección constitucional existente en torno a los derechos invocados por la defensa; porque de ser así deberá entonces soportar las sanciones que la normativa procedimental prescribe para el caso en que ello suceda.

Sin perjuicio de lo hasta aquí manifestado, el juez de grado, en el momento oportuno, determinará con precisión las consecuencias del acto viciado y ello podrá se debatido en la etapa procesal pertinente.

Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE:

I.CONFIRMAR el auto de fs. 80/85 en cuanto declara la nulidad del acta de constatación efectuada por el escribano Alejandro Liporace el 25 de junio de 2001, a requerimiento del Dr. Daniel Goytia, aclarandose que dicha nulidad solo abarca lo actuado como consecuencia de dicha diligencia.

II. Disponer que la Sra, Juez a quo de cumplimiento a lo ordenado en la última parte de la presente resolución.

III.Declarar mal concedido el recurso interpuesto, a fs. 92/93, por la defensa de Marta Haydee Callejas y Juliana Tomas, en cuanto a lo decidido a fs. 80/85 que no se expide sobre el sobreseimiento reclamado. Se deja expresa constancia que el Dr. Edgardo Donna, no suscribe la presente, por resolución 79/05 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Notifíquese, y oportunamente remítase a la instancia de origen, sirviendo la presente de atenta nota.

MARIO FILOZOF - JOSE MANUEL PIOMBO Ante mi:

VERÓNICA FERNÁNDEZ DE CUEVAS. Prosecretaria de Cámara.