marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, revocación del acto administrativo, competencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Menem, Carlos Omar s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-09-23

Sobre la revocabilidad de los actos por la propia administración. La interpretación de cuando corresponde que la administración ejerza su poder de revocación de actos administrativos gravemente viciados, y cuando la extinción corresponde al órgano jurisdiccional judicial, debe efectuársele con referencia al ordenamiento de cada país (legislación y jurisprudencia). No habiendo sido delegada de la Nación la potestad de legislar en materia administrativa, esa interpretación debe hacéselo según la legislación de cada provincia, sin negar el valor de los aportes doctrinarios de los distintos institutos.

En nuestra provincia la cuestión es resuelta por el Decreto Ley Nº 4044 (Procedimientos Administrativos).

Cuando el acto transgrede una prohibición constitucional, el vicio será manifiesto toda vez que resulte de la sola confrontación de su texto, con el texto constitucional.
Compraventa inmobiliaria, corretaje inmobiliario, facultades del corredor
Materia: CIVIL
Carátula: CHIRAY PROPIEDADES SOCIEDAD ANONIMA. c/ CARREÑO  RODRIGUEZ,  WENCESLAO Y OTRO C-CARREÑO RODRIGUEZ, WENCESLAO. s/ CONSIGNACION    Y  DE  AMICIS  DE  MUSCARA,  AURORA  S-ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

La facultad de celebrar el boleto debe constar en forma expresa y no es acertada la interpretación que borra absolutamente las fronteras entre el mandato y el corretaje. Todo debe depender de los términos del contrato, de la relación interna, de las facultades otorgadas, etc. Los términos de la cláusula contractual no son suficientes para concluir en la existencia de un mandato dado al corredor que le permita firmar el boleto, puesto que se debe partir del desconocimiento del tecnicismo jurídico por parte del hombre común.

El contrato de colaboración o de intermediación, que nace cuando la autorización es aceptada puede alcanzar gran cantidad de variantes y la interpretación de las facultades del intermediario, en caso de dudas, términos ambiguos o que se muestren contradictorios, debe ser restringida, favorable a la limitación y no a la extensión de la misma (conf. Mosset Iturraspe y Moisset de Espanés "Contratación Inmobiliaria" ed. Hamurabi, 1980, especialmente p. 39 y nota 15, 44 y notas 25, 52 y 56; conf. C.N.Civ. Sala C, L. 273.141 del 22-3-82)
Proceso contravencional, detención, requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha, prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de apelación en autos TARSIA Diego Ariel s/ Infr. Art. 85 Ley 1472" Infr. Art. 85 Ley 1472"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

En el caso, el imputado fue detenido en medio de un control vehicular y poblacional -según afirma el preventor- y el motivo de sospecha habría radicado en que al notar la presencia policial que realizaba el control volvió sobre sus pasos, lo que, por sí mismo, no entraña ninguna actitud sospechosa, ya que no escapa a la media social que -lamentablemente- ante controles o invitaciones a salir como testigos se muestren renuentes a lo que consideran un trastorno.

No invoca el preventor que haya observado algún bulto que le sugiriera que el imputado podía estar armado y, consecuentemente, hubiere peligro para él o terceros si no procedía a requisarlo, por lo que la medida fue injustificada y vulnerante de sus derechos constitucionales.
Reajuste jubilatorio, caducidad, demanda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Ceballos, Ereucadio Juan c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Tratándose de una causa donde sólo se reclamó la extensión de las retroactividades y no la procedencia de la acción por haberse excedido el plazo de la presentación de la demanda, no puede prosperar el reclamo de la accionada que pretende que los retroactivos se liquiden a partir de los dos años anteriores a la presentación de la demanda en virtud del art. 15 de la ley 24.463, fundando su planteo en citas relacionadas con la posible caducidad del reclamo administrativo por haberse vencido los plazos que establece la normativa.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, rescisión del contrato, plan de ahorro previo, círculo cerrado, contratos de adhesión, derechos del consumidor, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIGONI,  GABRIEL  GUSTAVO c/ CIRCULO DE INVERSORES SA DE AHORROPARA FINES DETERMINADOS S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-20

En una acción por la que el pretensor reclama de una sociedad de ahorro para fines determinados la repetición de las sumas que abono, en virtud de la resolución del contrato por incumplimiento atribuido a la defendida, cabe precisar que si en la pertinente solicitud de adhesión se estableció que el pago de cada cuota debía efectuarse en las instituciones bancarias o financieras del país o representantes autorizados por la administradora (razón por la que el pago debió verificarse mediante formulario que cada adherente recibía a tal fin) y, que la falta de recepción del instrumento no desligaba al suscriptor de pagar, pues este debía procurarse dicho formulario -puesto a su disposición por la sociedad administradora-; la sola circunstancia de que el pretensor no haya procurado la obtención de los formularios no constituye incumplimiento contractual, toda vez que era la reclamada quien debía entregar o poner a disposición de los adherentes esos formularios -lo que no hizo-.

Ello pues, la información cumple un rol vital para que el contratante tenga un adecuado conocimiento de las condiciones de contratación, el alcance de los derechos y obligaciones que asume, para evitar los riesgos económicos en la formación como en la ejecución del contrato. Es ilógico que el predisponente establezca obstáculos a su cumplimiento y endilgue la carga de sortearlos a quien posee menor especialización y poder negocial.

Fue la administradora quien al incumplir su deber de remitir los formularios omitió los medios necesarios para permitir que el suscriptor abonara la cuota en tiempo y forma. A más, la defendida debió informar veraz y concretamente las condiciones de pago; no es suficiente hacer una escueta mención a que de no emitir los formularios de pago, el adherente debía procurarse por si solo que la administradora le entregara esos instrumentos. La ley de defensa del consumidor (n° 24240 y sus modificatorias) impone la obligación de brindar información adecuada, veraz, detallada y suficiente sobre las características de los bienes y servicios, ello determina el comportamiento que debe asumir el consumidor habida cuenta de la discapacidad negocial de los contratantes. por lo demás, la C.N.art 42 ratifica el derecho a la información. el deber de informar importa la manifestación del deber de la buena fe que debe presidir los vínculos contractuales y la confianza que deposita el consumidor en aquel mejor posicionado del que exige una conducta leal y fidedigna.
Honorarios del abogado, sustitución de medidas cautelares, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO, Antonio y Otros c/ CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO -Filial Cdia.- s/ Salarios, Indemnización, Asignación Fam.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-12

La medida obtenida en este caso tuvo por finalidad sustituir anticipadamente un eventual embargo sobre recursos financieros de la entidad durante el trámite del recurso extraordinario provincial, lo que constituye una actuación atípica a la que no es subsumible -sin más- en el artículo 67 de la Ley 7046.
Derecho a la salud, planes de cobertura médica, prestadores médicos, prestaciones de la obra social, obras sociales, obligaciones de la obra social, establecimientos psiquiátricos, internación psiquiátrica, tratamiento psiquiátrico, veteranos de guerra
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A, M. A. c/ PAMI s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2012-05-10

Un ex combatiente de Malvinas que padece stress pos traumático por haber formado parte del conflicto bélico, tiene derecho a acceder a la internación de día en un instituto privado con la cobertura del 100% de las prestaciones a cargo del PAMI, pues la obra social no contempla la patología sufrida y tampoco posee profesionales e instituciones que se encuentren en condiciones de tratarla y concederle un seguimiento acorde, por lo que estaría plenamente justificado salir de su circuito de prestadores para reconocer una institución no incluida en la nómina de aquéllos.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larroque, Germán Domingo y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

Si las declaraciones de los testigos solo consisten en dichos harto genéricos y poco fundamentados, de los cuales no surge una cabal y objetivado conocimiento acerca de la situación patrimonial del solicitante del beneficio de litigar sin gastos, aquellas no pueden servir de base para concederlo (arts.78, 79 inc.1, 81, 375 y 385, Cód.Proc.).-
Tribunales de instancia única, Cámara de Apelaciones, recurso extraordinario, constitucionalidad, sentencia, resoluciones recurribles, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, SIMON ANTONIO c/ GAETAN, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 285-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

Por el tipo de procedimiento de los tribunales colegiados -donde privan los principios de oralidad e inmediatez- y por la composición colegiada del órgano, los pronunciamientos dictados por esos tribunales resulten sustraídos a una apelación ordinaria, cuya generosidad cognoscitiva estaría en pugna con la mecánica procedimental y la estructura pluripersonal. Pero tal circunstancia no impide que ellos sean susceptibles de un control de legalidad, en el seno de la justicia ordinaria y en los supuestos taxativamente enunciados en el artículo 42 de la ley 10160 (lo que caracteriza la "extraordinariedad" del medio impugnativo), ni de un examen de constitucionalidad, a través de la vía del recurso de la ley 7055.

En consecuencia, corresponde desestimar la tacha de inconstitucionalidad formulada.
Requerimiento de elevación a juicio, sentencia ultra petita, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, abuso sexual de menores
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos "johnghost96@hotmail.com s/ 128 1 parr - delitos atinentes a la pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) CP (P/L 2303) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-20

La decisión de la Cámara que abordó la cuestión sobre la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, excediendo la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto, importó un exceso jurisdiccional incompatible con el art. 106 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 276 del Código Procesal Penal que lo reglamenta. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, que remiten a los fundamentos brindados en "Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelación en autos Escobar Neris s/ infr. art. 149 bis, amenazas, CP (p/L 2303)'", expte. n° 9439/12, resolución del 27/12/2013). "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos "johnghost96 @hotmail.com s/ 128, 1° párr. -delitos atinentes a la pornografía (producir/ publicar imágenes pornogr. c. menores 18)- CP (p/L 2303)'", expte. n° 15022/18, resolución del 20/3/2019.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vaca, Julio César y otro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Cuando una entidad se obliga a la prestación de servicio médico por medio de su cuerpo profesional, es responsable no solamente de que el servicio se preste sino también que se preste en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida.
Privilegios generales (civil), gastos de sepelio, gastos de última enfermedad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BETULAR, HUGO MARIANO c/ MANITO, OSVALDO HORACIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

El privilegio no es un derecho autónomo sino calidad accesoria de un crédito, por lo que no hay privilegio a secas sino crédito privilegiado. Además todo conflicto de privilegios debe trabarse entre dos acreedores de un deudor común que pretenden cobro preferente respecto de sumas de dinero que constituyen asiento del crédito privilegiado.

El acreedor que se autotitula privilegiado lo primero que tiene que probar es su crédito-derecho subjetivo principal- al que el invocado privilegio accede, para hacerlo valer frente a otro u otros acreedores.

Quien pretende repetir de los herederos lo pagado por atención en última enfermedad de una persona y sepelio debe probar que ha hecho los gastos de lo contrario no hay titularidad del alegado derecho creditorio, y se impone el rechazo de la demanda.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, REPÚBLICA ARGENTINA, derechos de las niñas, niños y adolescentes, restitución internacional de menores, derecho a la convivencia familiar, medidas cautelares contra el Estado, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, interés superior del niño, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 25/2019 - Medida cautelar No. 1188-18 - Adolescente D respecto de Paraguay c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-05-10

Se solicita a la Comisión Interamericana requiera a la República del Paraguay la adopción de las medidas que fueren necesarias para la protección de los derechos de un adolescente quien nacido en Buenos Aires, República Argentina, fuera sustraído ilegalmente por su madre apenas cumplidos los dos años, encontrándose desde entonces en Paraguay, país en el que debido a demoras en la ejecución de una sentencia que ordenaba su restitución a Argentina, la preservación del vínculo familiar entre él y su padre se encuentra en grave riesgo.
Apertura del concurso, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: PONZI DE JALED, MARIA c/ CRISTINA Y ERNESTO JALED s/ QUIEBRA SOLICITADA POR JOSE OMAR CUELLI
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-05

El art. 273 de la ley de concursos y quiebras; esta dirigido a reglamentar el procedimiento de la quiebra, una vez producida su apertura, la cual se produce con la sentencia de quiebra, momento a partir del cual se tornan operativas las normas de la premencionada ley.
Revocación de sentencia, despido sin causa, nulidad del despido, fraude laboral, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Outeda, Roberto Agustín c/ Plan Rombo S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Las partes celebraron un acuerdo de desvinculación y la accionada se agravia toda vez que la a quo calificó de fraudulento al acuerdo celebrado en los términos del arts. 241 LCT y lo declaró nulo de nulidad absoluta. En subsidio arguye que la relación debe considerarse extinguida en los términos el art. 241 tercer párrafo de la LCT pues así resulta del comportamiento concluyente y recíproco de las partes. Cabe destacar que el actor impugnó los términos convenidos en el acuerdo que suscribió conjuntamente con su empleadora recién transcurridos los ocho meses desde su celebración. El transcurso de un lapso semejante conspira contra la pretensión del actor, pues su conducta no se ajusta al curso normal y ordinario de la cosas en particular en el caso del accionante con la importante posición jerárquica y antigüedad que revestía. En esta línea de análisis no existe evidencia objetiva alguna que denote que la voluntad del trabajador al momento de suscribir el acuerdo de rescisión hubiese sido afectada por vicio alguno. Asimismo, la prueba testimonial producida no corrobora la existencia de ningún indicio que demuestre que al suscribir el acuerdo en la escribanía el actor hubiese sido objeto de una maniobra ilegal y/o presiones que hubiese afectado de algún modo, su discernimiento, intención y libertad. Desde esta perspectiva, no existe duda que la rescisión cumplió con los recaudos establecidos y que el actor tuvo la oportunidad de evaluar si continuar o no con su relación de empleo. Y desde esta óptica es claro que decidió firmar el acuerdo porque la otra opción-continuar trabajando o correr el riesgo de ser despedido- ya no le interesaba. Así, el interés el actor se centraba en percibir la suma que le era ofrecida como consecuencia del acuerdo celebrado. Cabe concluir que el contrato de trabajo se disolvió válidamente por mutuo acuerdo entre las partes, celebrado con las formalidades del art. 241 de la LCT, y que el mismo no encubrió un despido sin causa. Cabe revocar la sentencia de primera instancia (Del voto del Dr. Sudera, en minoría).
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. c/ Chechonis, Constantino y otros s/ Cobro ejecutivo Ripari, Hugo José c/ Figuretti, Pedro Daniel y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15|1994-08-25

El art. 23 de la ley 8904 establece que cuando la demanda es íntegramente desestimada habrá de tomarse como valor del pleito a los fines regulatorios el de la demanda, trasladado a valores actuales. De ese modo se salvaguarda la justa retribución profesional, que es uno de los presupuestos esenciales en que se asienta la ley 8904. A la par, deviene ajustado a derecho tomar como base regulatoria las sumas pretendidas por la actora al demandar haciendo de este modo aplicación de la doctrina de los propios actos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falsa denuncia, calumnias, ley penal más benigna, acción penal
Materia: PENAL
Carátula: MARIÑO, CANDIDO s/ LEY MAS BENIGNA - CALUMNIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-24

Si el hecho podría configurar el delito de calumnia (art. 109 C.P , ley 20.509), pero en la ley 21.338 encuadraría como querella calumniosa (art. 276 bis del citado código), debe aplicarse esta última norma, no obstante la mayor sanción que prevé, porque en el caso concreto resulta más benigna (art. 2 ídem), ya que autoriza la homologación del auto apelado, por los correctos fundamentos que lo sustentan.

De optarse por el régimen anterior, la solución sería la nulidad de las actuaciones, por no ser la calumnia perseguible de oficio, posibilitando de tal manera un ulterior ejercicio de la acción privada, que, indudablemente, no favorece al imputado.
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero Jorge c/ Empresa de peaje Covisur s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

Resulta improcedente el rechazo "in límite" del beneficio de litigar sin gastos, pues debe darse el peticionante la oportunidad de probar sus dichos. En consecuencia, habiéndose solicitado el beneficio conjuntamente con la demanda, corresponde suspender el procedimiento principal, hasta tanto se sustancie el beneficio (art. 83 "in fine" C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: AMADO, OLGA IRIS Y OTROS c/ PITTANO, RUBEN Y OTROS s/ INSCRIPCION CESION CUOTAS SOCIALES EMPRESA ZONA OESTE LINEA 206 SRL.   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 476-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-16

Frente a la regla del iura novit curia, el tribunal de grado no debe verse impedido de abordar un tema, cuando se trata de una cuestión relativa a la aplicación del derecho correspondiente a una determinada situación fáctica.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bartolomé, Blanca Leonor y otro c/ Scarfone, Pascual s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

La circulación de un vehículo de tracción a sangre por una ruta provincial, con el entorpecimiento que ello significa para el tránsito automotor y el peligro que ello significó para el propio actor, constituye una causal exonerativa de la responsabilidad objetiva (art. 1113, 2do. apart, "in fine". C. Civil).
Jueces, facultades del juez, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: P, G A s/ LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   442-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-30

El margen de libertad en que pueden moverse los jueces al fijar una indemnización por daños y perjuicios no puede ensancharse peligrosamente a punto tal que el fallo no resista el juicio mínimo de validez constitucional; la deformación del cuadrante económico resulta evidente cuando por efecto del tiempo en que es computada la incidencia de la actualización, se desemboca en una irrazonable desvirtuación de lo que debe ser la discrecionalidad, o, en otros términos, se cuantifica un resultado que no lleva en sí razones imprescindibles y de intrínseca consistencia para que -al cabo- no deje de ser otra cosa que una imposición arbitraria.
Revocación de sentencia, suspensión del juicio a prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: T., A. C. c/  s/ probation
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

Explicó la vocal que comparte la postura que sostiene que ".la revocación de la suspensión, por incumplimiento de las condiciones impuestas o por verificación de alguna de las prohibiciones legales, sólo puede ser decretada dentro del plazo por el cual fue acordada la suspensión. el plazo sólo puede ser ampliado o -en última instancia- el instituto revocado, mientras la condena [o la suspensión] esté en curso, es decir previamente a su finalización o término". (cfr. Bovino, Lopardo y Rovatti, ob. cit., pág. 384/385, el resaltado es propio). En definitiva, tal como lo postula el impugnante, intervenir luego de vencido el término de suspensión fijado lesiona la garantía constitucional y convencional a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.". Refirió que en el caso, el órgano de control realizó una ineficaz supervisión y omitió dar respuesta al pedido de revocación que oportunamente la fiscalía formulara. Agregó que a pesar de que está en conocimiento de los problemas estructurales que pesan sobre el fuero de ejecución y los esfuerzos que los integrantes realizan, no corresponde aplicar las consecuencias negativas a los probados.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, prueba documental, acta policial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Costilla, Jorge O. c/ Rodriguez, Alberto A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El acta de choque firmada por ambas partes, es un documento redactado ante una autoridad pública y suscripto por los protagonistas del hecho, motivo por el cual ha sido valorada positivamente por la jurisprudencia, tanto en lo atinente a la sinceridad de sus declaraciones, como cuanto a medio idóneo de prueba. Es que, se trata de una verdadera confesión extrajudicial realizada ante la contraparte y como tal, tiene pleno valor si no existen agregados al expediente instrumentos fehacientes que se opongan a tales manifestaciones (art. 423, CPCC).