marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, indemnización, fallos de la Corte Suprema, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Palet, Ariel c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

En lo que atañe a la legitimidad constitucional del art. 14, apartado 2, inciso a) de la Ley 24.557, cabe señalar que la CSJN en el caso "Ascua" consideró que "la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima" (cons. 8°). Asimismo, en la causa "Lucca de Hoz" (del 17/8/2010) el Máximo Tribunal con fundamentos similares se refirió en relación a la falta de adecuación constitucional del art. 15.a de la LRT, que, al igual que el art. 14 cuestionado en la causa, limita los derechos indemnizatorios por daño laboral, sólo que este supuesto es un caso de incapacidad permanente total. A su vez, es dable recordar que en el precedente de la CSJN "Vizzoti", se declaró que no resultaba razonable, justo ni equitativo que la aplicación de los topes indemnizatorios reduzca la finalidad a la que están destinados a cubrir, a valores que puedan ser considerados confiscatorios. Dado que en el presente caso la aplicación del tope legal conlleva una reducción cercana al 55%, no caben dudas que aquél resulta confiscatorio y pulveriza el crédito que le correspondería percibir al accionante; es decir que la aplicación del tope previsto en el art. 14 ap. 2, inciso a) de la LRT al caso de autos colisiona indudablemente con la finalidad propia del instituto legal y con los más básicos principios regulados en nuestra Constitución Nacional y, en virtud de la doctrina de la CSJN de los fallos citados, no resulta justo ni equitativo para el caso disponer la aplicación del tope indemnizatorio mencionado, en atención a la insuficiencia reparatoria del sistema.
Procesado, autorización para viajar
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VILLA, José s/ INCIDENTE DE SOLICITUD PARA SALIR DEL PAIS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-13

El pedido de autorización para salir del país, es procedente cuando, respecto del procesado, no se ha dispuesto ninguna medida de inmediato cumplimiento y teniendo en cuenta el corto plazo solicitado.
Honorarios, abogados, pautas, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL RENTAS c/ CORTI HIPOLITO Y OTS. s/ Ejecución Fiscal (LIBRO: A072 - 036)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-19

La regla que permite la reducción regulatoria de honorarios en caso de allanamiento por aplicación de la norma propia de juicios que concluyen antes de la sentencia, solo es aplicable en el caso de allanamiento del ejecutado. No así en caso de allanamiento del ejecutante a las excepciones interpuestas por el demandado.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Teilletche de Boyer, Esther y otros c/ Torterola, Juan s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

El art. 20 de la ley 6716 restringe el ejercicio de derechos que han sido reconocidos en una sentencia judicial. Se trata entonces de una norma de excepción, cuyos alcances deben interpretarse de modo estricto, y que no cabe extender a los honorarios y aportes de otro juicio en el que el letrado que pide la aplicación de la norma citada intervino por una de las partes que hoy integran la presente litis.
Nulidad de sentencia, prisión preventiva, caución real, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Miranda, Bernardo Paulino s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-05

Si la decisión recurrida expresó confirmar la de primera instancia "por sus fundamentos", es nula la posterior decisión, que revela una integración de la anterior cuando el tribunal ya había agotado su jurisdicción mediante la audiencia, deliberación y sentencia, y no estaba habilitado por las disposiciones que, de modo restrictivo, autorizan a la rectificación aun de oficio. Corresponde anular la decisión en cuanto sujeta la libertad provisional del imputado a la satisfacción de una caución real, pues la aplicación analógica de las reglas sobre excarcelación es contraria a los arts. 2 y 280 C.P.P.N. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Unificación de penas, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Canepa, Amilcar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Considerar a la determinación de la pena como una decisión sujeta exclusivamente a la discrecionalidad de los jueces, pudiendo su límite final quedar librado únicamente a su criterio, constituye una errónea exégesis que atenta contra la imparcialidad judicial, contra la independencia del Ministerio Público Fiscal, y contra las garantías básicas de defensa en juicio y debido proceso. La disidencia sostuvo que la decisión del a quo se encontraba debidamente motivada. (Dres. Hornos, González Palazzo -en disidencia- y Diez Ojeda).
Ejecución de sentencia, liquidación judicial, revisión de la liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO CORRIENTES 4815 c/ DOMB s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

Si bien la aprobación de una liquidación en cuanto ha lugar por derecho no reviste la condición de fallo de autoridad de cosa juzgada, por lo que puede rectificarse antes de efectuarse el pago, la posibilidad de revisión sólo alcanza a los errores meramente aritméticos, mas no a aquellos aspectos de fondo que han quedado alcanzados por la preclusión, puesto que, de lo contrario, se admitiría una indebida posibilidad de replantear acerca de cuestiones firmes.
Delitos contra el honor, ofensa en telegrama, ofensa escrita, animus injuriandi, injurias, animus defendendi
Materia: PENAL
Carátula: PITTALUGA, Roberto E. s/ CALUMNIAS - EXPRESIONES VERTIDAS EN TELEGRAMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-03

1) Las frases vertidas en telegramas: "contrario querellaré criminalmente violación art. 173 inc. 2 C.P", "íntimo abstenga efectuar intentos extorsivos; contrario querellaré criminalmente", no configuran el delito de calumnias por cuanto no importa la atribución falsa de un delito doloso como requiere el art. 109 del C P.

Las expresiones mencionadas se refieren a prevenciones, advertencias, que por su misma esencia no pueden importar calumnias, ya que no se atribuye un delito sino que sólo se amenaza para el supuesto de ejecutarlo.

2) Tampoco se ha configurado el delito de injurias con la frase "rechazo falso, malicioso y temerario" (referente al telegrama, pues trátase de respuestas a telegramas de la querella en que imputaba incumplimiento de contratos. Por otra parte, antes que un "animus injuriandi", surge en el caso un "animus defendendi", que excluye el dolo específico del delito de injurias, el que requiere que con la acción o la frase se procure desacreditar o deshonrar a otra persona.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Industria Metalúrgica T.M. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

A los fines de establecer el valor del pleito y regular honorarios en los supuestos de acuerdos preventivos o resolutorios en los concursos (art. 289 de la Ley 19551, modif. por Ley 22917), el pasivo verificado debe ser actualizado de acuerdo con los índices suministrados por el INDEC para su posterior comparación con la pauta que surja del activo (art.23, Ley 8904, por analogía).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, delito continuo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TRIGLIA, CARLOS ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -PLANTEO DE  INHIBITORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 68 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el Sr. Defensor General de Cámaras, desde que el apelante no logra demostrar que tanto el Instructor como el órgano de segundo grado hubiesen optado por un criterio exegético que desborde las posibilidades interpretativas aceptables desde un punto de vista constitucional al tomar en cuenta que debía precisarse cuál era el "locus delicti comissi", esto es, determinar en qué jurisdicción se habían llevado a cabo los actos constitutivos del hecho sometido a investigación y juzgamiento, señalando que surgía de las constancias de la causa que el presunto comienzo de ejecución del delito de extorsión había tenido inequívocamente lugar en la ciudad de Buenos Aires, y que la reunión delictiva llevada a cabo en la ciudad de Rosario -que a juicio del Fiscal y el Defensor de Cámaras abriría la competencia de los tribunales penales rosarinos-, configuraba un acto más del mismo proceso ejecutivo que con anterioridad se estaba juzgando en Buenos Aires. Precisó al respecto que la hermenéutica del artículo 31 del Código Procesal Penal santafesino -propugnada por los recurrentes- resultaba forzada en su aplicación al caso de autos, por cuanto supone que haya un conflicto de competencia posterior a la comisión del delito tentado en el que, hasta ese momento, ningún tribunal haya intervenido y en tal caso debe dirimirse la cuestión con arreglo al aludido criterio legal, pero nunca si ya existe una denuncia que se encuentra radicada y tramitando como consecuencia de la comisión de los actos delictivos que corresponden al mismo delito antes ejecutados en extraña jurisdicción.
Competencia penal, régimen penal de la minoridad, protección del menor y la familia, patronato de menores, adopción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Treviño, Juliana Inés s/ medidas precautorias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

Dada la índole penal de los hechos en los que se basa el ejercicio por el juez en lo criminal y correccional de las atribuciones emergentes del Patronato de Menores (ley 10.903) no sería razonable mantener la competencia del juez de la adopción en los avatares de la vida del adoptado que, como los de naturaleza penal, son de la jurisdicción propia de los magistrados de esta materia.
Derecho civil, régimen patrimonial del matrimonio, prueba, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. A. c/ M., J. P. s/ incidente liquidación régimen de comunidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-28

Si el cónyuge decidió donar la porción de su titularidad de un bien ganancial -en el caso, lo fue a las hijas en común-, y no venderlo, cuyo resultado hubiera sido ganancial, el derecho en expectativa de la cónyuge sobre esa reinversión debe compensarse en la partición de la comunidad. En tal sentido, el modo más ecuánime de llevar además tal nivelación, es alterar la regla de la división por mitades del saldo partible, aumentando proporcionalmente el porcentaje que le corresponde recibir según el art. 498 CCC, mejorando su participación en la división con la mitad indivisa del bien inmueble, y su directa adjudicación a la misma. De tal manera, sin alterar el régimen de recompensas y determinación de deudas comunes, el cónyuge donante recibirá una porción menor en la partición, ya que la masa partible excluirá aquél bien con el que se compensará a la exconyuge, lo cual es posible en cuanto la división legal por mitades, no es de orden público.
Medidas cautelares, regulación del aborto
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pro Familia Asociacion Civil c/ G.C.A.B.A. y Otros s/ Impugnacion Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-10

Resulta improcedente la medida cautelar tendiente a que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de realizar abortos, ya que el alcance de la regulación vigente en la Ciudad de Buenos Aires en materia de aborto no punible no admite, por regla, cuestionamiento de los supuestos allí previstos por parte de terceros.
Notificación, notificación bajo responsabilidad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lebidinsky, Mario José c/ Mociulsky, Marta. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si ha sido admitida la modalidad de notificar "bajo la responsabilidad" de la parte sin exigir del interesado la previa demostración de que el el domicilio indicado vive efectivamente el emplazado, ello es así en la convicción de que se ha de actuar con la rectitud y buena fe que debe presidir el ejercicio de las acciones ante los órganos judiciales; especialmente cuando se trata de la situación del demandado, acto de trascendental importancia en el proceso desde que guarda estrecha vinculación con la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SASSO, JOSE MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-29

Corresponde hacer lugar a la demanda, porque las tareas repetitivas en posiciones viciosas han contribuido a poner en marcha el juego destructivo de los anillos discales. (Voto de la minoría).
Accidente de tránsito, responsabilidad indirecta, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SECULIN HECTOR R. c/ ROSA A. BRUSADIN DE SIMON s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 486)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-06

...el damnificado puede reclamar la reparación total de los daños en contra de todos los participantes del evento, sin necesidad, ni obligación de investigar previamente cual de ellos fue el cumplable.- ... frente a la víctima ajena a la producción del evento y siendo de aplicación el art. 1113 C.C. al tratarse que la culpa de los autores es presumida por la norma.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, intereses, tasas de interés, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Unicor Coop. Ltdo. (En Liquidación) c/ Cía. Cerealera del Atlántico S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad Juicio ordinario - Incidente de  Apelación de Honorarios (Expte.: C.S.J. Nro. 717 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

La existencia de caso constitucional podrá configurarse no por la índole de la materia -en el caso, tasa de interés- que se pretende traer a la Corte sino si se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de inconstitucionalidad local. Y, desde esa óptica, habrá de juzgarse, en cada caso, si la sentencia impugnada satisface el derecho mínimo a la jurisdicción (art.1, inciso 3), ley 7055) y ostenta motivación suficiente (art. 95, Constitución Provincial). La descalificación constitucional sobrevendrá, en definitiva, frente a una respuesta jurídica que no exhiba un criterio de razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica y sólo se soporte en una arbitraria discrecionalidad judicial, circunstancia que no se verifica en autos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: M., R. M. s/ ADOPCION PLENA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 450-89 ROULET, LUIS RAFAEL c/ TAVERNA IRIGOYEN, JORGE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 456-89 AIRASCA, SANTIAGO B s/ QUIEBRA. INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO DEL BANCO DE LA NACION  ARGENTINA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 151-95) Colussi, Astrid B. de y otros s/ Incidente de revisión del crédito de la D.N.R.P. Concurso preventivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 731-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01|1992-03-19|1997-08-13|1998-04-01

Aun cuando es común en la dialéctica jurisprudencial considerar que las cuestiones procesales no entrañan materia constitucional que habilite la instancia extraordinaria, tan categórico enunciado lejos está de mostrar monolítica rigidez, si se tienen en cuenta las numerosas excepciones que se filtran por el entretejido de esa directiva, toda vez que el principio cederá si lo resuelto importa agravio constitucional, sea porque medie manifiesta arbitrariedad o porque puede generar una restricción indebida al derecho de defensa y hacer que de ese modo se frustre el derecho del justiciable.
Daños y perjuicios, intervención quirúrgica, responsabilidad médica, obligaciones del médico, riesgos quirúrgicos, cosa riesgosa, bisturí, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: DESALVO, Miguel Angel c/ INSTITUTOS MEDICOS ANTARTIDA y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROF. MEDICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

1- En la práctica de la medicina, la utilización de aparatos que carecen de protección frente a eventuales fallas (en el caso un electrobisturí), es riesgosa e importa una grave negligencia por parte de quien se sirve de ellos. Incluso, en la hipótesis de los más seguros, si también son susceptibles de fallar, de lo que no se da cuenta el paciente por estar anestesiado, parece necesario -como mínimo recaudo de diligencia- que el personal que integra el equipo controle constantemente su buen funcionamiento, deber que también pesa sobre quien dirige a tales profesionales. En tal hipótesis, la producción de un accidente es previsible, por lo que la situación no podría encuadrar dentro del caso fortuito.

2- Si el profesional era jefe de equipo, sobre él pesaba la supervisión total del acto quirúrgico y, por tanto, de los elementos de que se servía para realizar la operación. De allí que la falta de ella o, en su caso, la utilización de elementos riesgosos, sin contralor suficiente, hace presumir su responsabilidad. Máxime si no se acreditó y tampoco se alegó, ninguna razón que lo eximiera de ella y se faltó al deber de información, al no explicar detalladamente lo sucedido, máxime frente a la gravedad de las quemaduras que sufrió el paciente.
Recurso de apelación (procesal), medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espeche, Élida Mabel c/ ARA s/ Amparo - Medida Cautelar - Incid. apelación medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-01-24

Cabe rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución denegatoria de la medida cautelar de no innovar cuyo objeto es que la Armada Argentina cese las intimaciones tendientes a que la actora desocupe la vivienda fiscal que habita como permisionaria, pues no ha sido acreditado la verosimilitud del derecho que asistiría a la requirente; por lo que no se ha desbaratado la presunción de legalidad que asiste a las decisiones administrativas.
Seguros, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Roldn Francisco c/ I.N.C.A. S.A. Compañía Seguros s/ Cumplimiento de Contrato. Roldán Francisco c/ I.N.C.A. S.A. Compañía Seguros s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-04-06|1988-04-06

El plazo de 30 días previsto en el art.56 de la Ley de Seguros para aceptar o declinar responsabilidad, si la aseguradora ha requerido al asegurado información complementaria, comienza a correr desde que se recibió la información. Si ésta no fue requerida, el plazo se computa desde el momento o desde la denuncia del siniestro. Si la aseguradora afirma haber requerido información para justificar un pronunciamiento extemporáneo, debe demostrar tal extremo, así como que el asegurado omitió u ocultó maliciosamente la información solicitada y por ello debió efectuar la indagación por su propia cuenta. Al menos debe probar que las indagaciones realizadas por su cuenta fueron conocidas por la asegurada o efectuadas con su consentimiento -no obstante ser innecesario para llevarlas a cabo-, para que se compute al comienzo del plazo. El transcurso de éste obra como saneador de cualquier vicio que pueda impedir el reclamo por parte del asegurado.
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Legnani Héctor Oscar u otro c/ Sud América Terrestre y Marítima Cía.de Seguros Grales.S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

No es admisible que la garantía de indemnidad opere sólo en caso de condena del asegurado. Además de las expresas disposiciones legales que la prevén "aún cuando la pretensión del tercero sea rechazada" art.111 último párrafo, Ley 17418- lo contrario conduciría a un distingo opuesto a los valores pues se agravaría la situación del asegurado cuando tuviere razón frente a un reclamo infundado (art.

110 ley citada).
Jornada de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SMITH JUAN CARLOS c/ PICCARDI VICTOR Y OTROS s/ SALARIOS ADEUDADOS, ETC - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-12

La jornada laboral cumplida por el director técnico de un centro de urgencias pediátricas puede servir de parámetro para determinar su remuneración.-
Deuda previsional, facilidades de pago, caducidad del plan de facilidades de pago, pago extemporáneo, abuso del derecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: JUAN JOSE YAPUR S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

Decretar la caducidad de un plan de pagos subsumido en otro, prácticamente cancelado, y respecto del cual se han previsto diversas situaciones tendientes a favorecer su continuidad, aparece cuanto menos como el ejercicio abusivo de un derecho (cfr. art. 1071 C. Civ.). Ello así, máxime si el organismo no cuestionó la cancelación de las cuotas y las acreencias (intereses), sino que basó la caducidad en el pago fuera de los plazos previstos respecto del primer plan.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, gravamen irreparable, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOMEZ, Nicolás Matías s/ infr. Arts. 60 y 61 ley 1472 - Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

La decisión que deniega el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, implica para el imputado un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior ya que lo coloca en la inminencia de juicio oral (conf. art. 6 de la Ley 12 y 449 del CPPN), por lo que es recurrible.
Instrumentos privados, ejecución del contrato, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: Tadino, Brian José c/  s/ Defraudación (art. 173 inc. 15)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Los instrumentos privados se rigen por la libertad de formas, y en consecuencia la doctrina exige que sean utilizados para que pueda resultar el perjuicio conforme el art. 292 CP, puesto que carece de virtualidad jurídica intrínseca y es sólo un elemento identificatorio por lo que es lógico deducir que no es un instrumento jurídico. Su función identificatoria tampoco le otorga carácter de documento legal de valor público, pues su valor no es propio sino derivado del contrato privado que le da origen. En todo caso el contrato es el verdadero documento legal y la tarjeta sólo una evidencia de la ejecución de tal contrato, motivo por el cual no se trata de un instrumento público ni privado, sino que se trata de uno probatorio de la existencia de una red contractual, sin que tampoco resulte pertinente interpretar la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito a través de los conceptos vertidos por la ley 25.930, que modificó el art. 285 CP, pues allí no se equiparó a la tarjeta de crédito con el dinero por su naturaleza sino por su función. En ese contexto, cabe entender que para que puedan darse los elementos típicos dispuestos en el art. 292 CP, en las tarjetas de crédito, es necesaria su utilización para que pueda resultar el perjuicio mencionado en la norma (voto de la jueza Llerena)