marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Malversación de caudales públicos, depósito judicial, obligaciones del depositario, depositario infiel, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Miguel Angel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-10

El delito tipificado en el art. 261 en función del art. 263 del C.P. se consuma cuando el bien ha sido quitado de la esfera de la tenencia administrativa (*).

Si el imputado fue designado depositario judicial de los bienes embargados y aceptó el cargo, aún cuando hubiere negado ser propietario de aquéllos, si surge que no cumplió con las obligaciones inherentes a su condición, al haberlos separado de la esfera de custodia en que se encontraban, el delito se encuentra consumado.

Al haber sido dispuesta su calidad de depositario judicial previamente por autoridad competente y con las formalidades de la ley, mal pudo desconocer las obligaciones impuestas por lo cual al entregar los bienes a su dueño, no atendió a las normas de cuidado que atañen a la preservación de su tenencia (del voto del Dr. Escobar).

"El delito de malversación de caudales públicos previsto en el art. 263 del C.P., en los casos de depositario judicial de bienes embargados, se consuma, con la sustracción de dichos bienes del ámbito de la administración, custodia o depósito, con prescindencia del perjuicio patrimonial que con ello pueda sufrir o no el embargante. A los fines del art. 261 del C.P., la expresión "sustraer" no exige apoderamiento ni apropiación, siendo suficiente la violación de custodia" (**) La conducta del imputado de no poner en conocimiento de la autoridad de remoción de los bienes o, plantear formalmente ante la autoridad judicial la posibilidad de que le sean embargados otros bienes de su propiedad, lleva a sostener que su accionar se encontró enderezado a perjudicar los intereses del particular y entorpecer la administración de justicia (del voto del Dr. Gerome).

Por tanto, debe revocarse el sobreseimiento decretado y disponer el procesamiento del imputado en orden al delito de depositario infiel.
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Barrionuevo, Jorge A. y otra. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-11

Para el transporte ferroviario, prescribe la norma contenida en el art. 1.113 del Código Civil que queda aprehendida dicha actividad por la teoría del riesgo. De manera que, acreditada la relación causal, el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Se verificaría en este supuesto la imputación directa de responsabilidad y no la mera presunción legal que opera en el daño causado "con las cosas" (art. 1.113 primera parte del segundo párrafo). Se trata de una responsabilidad objetiva y por completo ajena a la culpa del guardián.

Quien crea un riesgo en la sociedad, lo que llama Josserand un elemento virtual del daño, debe soportar el peso del riesgo; cada uno debe asumir las consecuencias de su iniciativa.

El comportamiento de quien introduce en la sociedad una fuente de riesgos, que es indudablemente un modo de conducta, compromete por ello sólo a la responsabilidad.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bucci, Antonio Luis c/ Aldo Justo Capelletti S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Tratándose de la responsabilidad prevista en el art. 1113, apartado 2º del Código Civil, lo que en realidad corresponde indagar es si la conducta de la víctima (o en su caso de un tercero) ha concurrido causalmente a la provocación del daño, interrumpiendo el nexo causal entre éste y el hecho.
Defraudación, estelionato
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLANOS, Romildo s/ Estelionato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Aun cuando el texto vigente del artículo 173 inciso 9no. del C.P. no contenga la expresión "callando u ocultando" que incluía la redacción derogada por ley 23077, resulta claramente acriminable la conducta del encartado que no se limitó a callar, sino que aseveró la ausencia de gravámenes, con lo que colocó su conducta en el ámbito de la mala fe contractual (art. 1198 del C.C.). Por lo demás, este comportamiento configuró ardid, puesto que creó una imagen deformada de lo que era la situación jurídica del bien vendido, con obvias consecuencias patrimoniales.-
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BENEDETTI, JUAN SANTOS c/ SEVEN UP CONCESIONES  S.A.I.C.  Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

La inversión de la carga de la prueba que exige el artículo 23 Ley de Contrato de Trabajo supone que lo que debe probar el trabajador no es la relación de dependencia, sino precisamente el hecho de poner su fuerza de trabajo al servicio del empleador. A partir de ese momento empieza a jugar la presunción del artículo 23, para reforzar lo que ya estaba implícito en el relato de las condiciones en que se desenvolvió la relación entre las partes.
Competencia contencioso administrativa, EPRE, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ENERGIA SAN JUAN S.A. c/ E.P.R.E. s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-27

La ley específica que rige el caso (ley 6.668) en su artículo 74 expresamente dice: "Las resoluciones del E.P.R.E. son irrecurribles, y sólo procederá la acción en sede judicial". Obsérvese en el texto que no dice que las resoluciones del E.P.R.E. son inapelables, sino "irrecurribles", lo que descarta, al menos como condición para agotar la vía administrativa, todo recurso administrativo; lo que es confirmado con la parte final del texto del artículo al decir que contra esas resoluciones "sólo procederá la acción en sede judicial".

El criterio señalado por el texto del art. 74 de la ley 6.668, es reiterado nuevamente en la misma ley en su artículo 79 cuando se refiere a las resoluciones que aplican sanciones: ". . .Las sanciones aplicadas por el E.P.R.E. podrán impugnarse ante la justicia, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación".

Ante la claridad de los textos citados no pude sostenerse la interpretación de que pese a ello lo mismo es necesario agotar la vía administrativa deduciendo el recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó. Digo esto porque una interpretación semejante sería directamente contraria a lo que los textos legales dicen.

La propia Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 3.784) en su art. 27 dice que: "El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: f) Se demandare a un ente descentralizado con facultades para estar en juicio".
Culpabilidad, eximentes de responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: BORGO, MARIA INES s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-07

Para la determinación de la capacidad de culpabilidad el derecho penal argentino (art. 34, inc. 1) utiliza una fórmula mixta que presenta caracteres biológicos-psiquiátricos y psicológicos normativos, por lo que el análisis no puede agotarse en la verificación de un estado, sino que se requiere una valoración que efectuará el juzgador, dado que se trata de una cuestión jurídica.

Es por ello que cualquiera sea el origen de la dolencia, habrá siempre de recurrirse a una segunda comprobación "la concurrencia consecuencial de la incapacidad de comprender la antijuricidad del hecho o la de obrar conforme a dicha comprensión en el sentido normativo valorativo".
Recusación, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECUSACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

Cabe desestimar las recusaciones planteadas con respecto a los miembros de este Tribunal, desde que se fundan en argumentos genéricos y conjeturales acerca de la neutralidad de los magistrados y principalmente en su intervención en el ejercicio de sus facultades de superintendencia conferidas en la Constitución local, como sucedió en oportunidad de repudiar las manifestaciones vertidas por el Defensor General de pública trascendencia y en desmedro del Presidente de este Cuerpo, a través de los medios legales correspondientes, sin que se desprenda de ello la concurrencia de ninguna de las causales de recusación mencionadas por el recurrente y menos aun cuando no cualquier actuación del juez da lugar a la sospecha de parcialidad que admita su apartamiento, ya que el Código de rito local menciona como causal ser o haber sido el juez, denunciante o acusador fuera del juicio o antes de comenzado el mismo denunciado o acusado, y dicha situación no se configura en autos.
Recusación, prueba, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. RECUSACION.     CSJ EXPTE NRO 181-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-03

La ausencia de toda posibilidad de acogimiento de la causal de recusación invocada, torna innecesaria la apertura a prueba, porque aun acreditándose los hechos invocados, ellos serían inconducentes para producir la separación pretendida.
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, facultades discrecionales, intendente
Materia: CIVIL
Carátula: LATORRACA ANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS.AS s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-11

El hecho de que se trate de facultades discrecionales del intendente municipal, no lo exime, sino por el contrario, con mayor razón aún le impone el requisito de motivación suficiente y adecuada (art. 7 ley 19549), sin el cual no sería posible examinar la legitimidad de los actos administrativos en sede judicial.
Empleador, silencio
Materia: LABORAL
Carátula: Valenzuela, Vicente c/ Midavial S.A. s/ Fondo de desempleo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Es irrelevante el silencio del empleador respecto de un telegrama remitido por el dependiente después de consumado el despido (art.

57, L.C.T.)
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA Eugenio c/ CONSORCIO PROPIEDAD Luis PIEDRABUENA s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06

El reglamento de copropiedad y administración representa el vínculo que une a los copropietarios en la gestión de los intereses comunes, y constituye, en nuestra legislación el verdadero estatuto inmobiliario regulador de las facultades y obligaciones de la comunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ISALEX SA c/ SACREU SCA s/ APREMIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-20

El cuestionamiento formulado sobre la arbitrariedad en que habría incurrido el sentenciante al contradecir inequívocas constancias de autos y no considerar que la litispendencia debe ser examinada conforme a las pretensiones contenidas en las respectivas demandas y, por otro lado, la incidencia económica del doble apremio, que llevaría a un resultado que importaría un injustificado incremento patrimonial, pues se pagaría más de lo originariamente debido;

revisten prima facie cuestión constitucional desde que se configuraría de tal modo agravio al derecho de propiedad, correspondiendo admitir la queja.
Competencia, competencia por el territorio
Materia: LABORAL
Carátula: Windeker, Roberto Carlos c/ Emsecon y Otro y/o Responsable s/ Laboral por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-31

El presente caso se trata de incompetencia meramente territorial y dentro de la misma provincia; de tal manera los actos cumplidos lo han sido según las mismas normas procesales vigentes ante el juez tenido por competente y no se ha aducido siquiera que pudo haberse en alguna medida violentado el derecho de defensa de la parte recurrente, de donde la pretendida ineficacia carecería de fundamento válido.
Buena fe, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

"La protección de la confianza implica para el administrado la existencia de un derecho subjetivo, la buena fe es su componente esencial y prácticamente liminar, puesto que sin ésta no es procedente invocarla.

La buena fe ha sido uno de los caminos utilizados para permitir el acceso a la confianza legítima, con la cual guarda un vínculo casi entrañable, en la medida en que ese viejo y noble principio del derecho es el que confiere razón a su protección". .- En el mismo sentido la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (MJJ10147) "La función integradora de la buena fe crea al lado de las obligaciones expresamente asumidas por las partes los deberes de protección, completando el plexo contractual aquellas conductas que son necesarias para que el acreedor pueda alcanzar acabadamente las expectativas tenidas en miras al contratar...".
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

En sede penal el juez, ante un hecho ilícito examina si el imputado ha actuado violando el genérico deber de cuidado y si su conducta es reprochable a título de culpa por haber actuado de modo contrario a reglas de prudencia, o de un modo negligente o revelador de impericia o contraviniendo disposiciones reglamentarias aplicables al caso. Pero para determinar su culpabilidad es necesario que los elementos en que se funda deben haberse acreditado en grado de certeza, ya que sobre la valoración de las pruebas rige el imperativo legal del in dubio pro reo que obliga, en caso de duda objetiva y razonable, a un pronunciamiento absolutorio, ya que el imputado se encuentra investido del estado jurídico de inocencia que sólo se destruye con el pleno conocimiento de una autoría culpable.
Prueba, prueba pericial, arma secuestrada, falta de notificación, reproducción de la pericia, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

La pericia del arma ordenada en sede correccional es una prueba reproducible por lo que, la nulidad planteada en relación a la falta de designación de perito de parte por haberse realizado la pericia antes de que venciera el término para proponerlo no puede prosperar. Pudo hacerlo posteriormente, por lo que su resultado ninguna afectación pudo causar al derecho de defensa del imputado.
Caducidad de instancia, apertura a prueba, suspensión del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: CETRA LUIS MARIA Y OTRO c/ PROMO UNO S.R.L s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

La solicitud de apertura a prueba resultaba adecuada al estado procesal de las actuaciones y tendía a su efectivo avance, y, en tal sentido, no constituía un óbice la circunstancia de que se hubiera incumplido con el depósito de la caución fijada en el incidente de explotación, puesto que -sin perjuicio de los efectos que tal omisión acarrea- lo atinente a tal incidente no suspende la prosecución del proceso principal (cfr. Arg. Art. 176 del Código Procesal).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espeso, Juan Manuel c/ Bianchi, Mario Héctor; Bianchi, Emilce Angela y Bianchi, Omar Daniel s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

La circunstancia de haber concedido la Cámara el recurso extraordinario en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 281  del Código Procesal Civil y Comercial y el consentimiento de dicha concesión, no obsta a la posibilidad del análisis posterior sobre la concurrencia de los pertinentes recaudos legales por parte de la Corte.
Igualdad ante la ley, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste por movilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Según las disposiciones previstas en los arts. 64, segundo párrafo, y 66 inc. b) de la ley 25.827, la única causa de corte para que el Estado Nacional salde sus deudas dando un trato dispar, es el posterior dictado de la sentencia definitiva condenatoria firme, que tiene carácter declarativo del derecho preexistente.

En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los referidos artículos, porque su aplicación lesionaría la igualdad garantizada en el art. 16 de la Ley Fundamental ya que el Estado saldaría sus deudas de manera diferente según los beneficiarios hubieran obtenido sentencia firme condenatoria con anterioridad o posterioridad al 31.12.01, sobre el mismo período consolidado. (Del voto de la Dra. Dorado).
Deuda pública, honorarios del perito
Materia: PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: Plus Ultra Cia. Argentina de Seguros  SA c/ Aerolíneas Argentinas. s/ Faltante y/o Avería  de carga Transporte Aéreo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-06

O éste que la actora no discute. Empero, tal extremo no libera a la vencedora en costas -la actora en el caso- de la obligación de adelantar los emolumentos del perito, entre otras. A lo que cabe agregar que ese pago deberá concretarse... "mediante la cesión por su valor nominal de los derechos emergentes "...respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo"...

(arts. 1, pen. párr. y art. 7, inc. c), de la ley 23.982).
Sentencia, nulidad de sentencia, falta de motivación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RIVERO JUAN CARLOS s/ CASACION PENAL MONDINI JUAN CARLOS s/ CASACION PENAL - SENTENCIA - FALTA DE MOTIVACION CASAZZA CARLOS ALBERTO s/ CASACION PENAL - SENTENCIA - MOTIVACION PARPAGLIONE GLADYS ALEJANDRA P.S.A. HOMICIDIO CALIFICADO s/ CASACION PENAL - SENTENCIA - ACUSACION OLMOS RICARDO DANIEL s/ CASACION  PENAL  -  SENTENCIA - MOTIVACION - HECHO ACREDITADO NULIDAD EMILIANI NELSO PASCUAL Y OTRO c/ S.A. MOLINOS FENIX s/ INDEMNIZACION  -  RECURSO  DIRECTO  -  PERITO CONTADOR - REGULACION -  SENTENCIA - MOTIVACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-11-19|1985-08-02|1985-11-15|1986-07-03|1986-10-30|1986-08-21

La fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales requiere la concurrencia de dos condiciones: a) debe consignarse expresamente el material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. B) es preciso que éstos sean merituados, tratando de demostrar la ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se admiten en el fallo, aspecto que junto con el anterior deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse motivada la sentencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Islas, Horacio s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite señalar en qué consistirían las transgresiones legales supuestamente cometidas por el tribunal.
Poder Judicial, Poder Legislativo, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

No incumbe a los tribunales el examen de la oportunidad o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito de sus atribuciones.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMADIO, AMALIA BEATRIZ ZEBALLOS DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. CONCESION  RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA   NACION (CSJ EXPTE NRO 94-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

Constituye suficiente fundamentación, la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina, e integra la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo tribunal, remitido por ella.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, derecho a la identidad, derechos y garantías constitucionales, derechos no enumerados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación. Observaciones: se ataca la Constitucionalidad del   fallo pleno de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario,  registrado como acuerdo Nº 132 del 03-06- 1997 (Expte. CSJ Nº 205-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

La Corte provincial in re "Atieni" admitió al derecho a la identidad como derecho de raigambre y rango constitucional no enumerado, siguiendo los lineamientos trazados por el más alto nivel de jurisprudencia nacional en la sentencia del 13-11-1990 in re "Müller", recalcándose el magistral desarrollo que del tema del derecho a la identidad efectuara el doctor Petracchi acerca de que "entre los derechos y prerrogativas esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad, que aunque no estén expresamente consagrados en la Constitución deben ser considerados garantías implícitas, figura el derecho de toda persona a conocer su origen".
Beneficios previsionales, régimen jubilatorio, docentes, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Matera Durán, Blanca c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

La vigencia del régimen jubilatorio docentes ha sido enfáticamente sostenido por la jurisprudencia del Tribunal, y expresamente avalada por la C.S.J.N. en autos "Gemelli, Esther Noemí" (sent. del 28.07.05) -entre otros- al afirmar que "el régimen de la ley 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, mante-niéndose vigente con todas sus características, en las que se encuentra su pauta de movilidad .", lo que se vio confirmado ". por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos especiales enviada por el P.E.N. al Congreso en el año 2002, que incluía a la ley 24.016 entre las normas derogadas, y que concluyó con la sola eliminación de las jubilaciones para los funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecutivo (ley 25.668 y Dec. 2322/02)".
Intereses compensatorios, interés simple (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: CARRERA, RICARDO ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL-GENDARMERIA NACIONAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

En el interés compensatorio, sobre las sumas actualizadas debe calcularse el interés puro, y cuando se reconoce actualización de capital, debe admitirse interés puro del 6% anual.