marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exceso en la legítima defensa, querellante, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: R., R. F.; P., V. A.; O., F. F. - partícipes necesarios de homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero - G. V. M. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-03

Respecto a la calificación jurídica dispuesta por el tribunal de juicio, delito de homicidio con exceso en la legítima defensa de un tercero y en atención a la reconstrucción histórica del hecho realizada en la sentencia, resulta ajustada a derecho toda vez que el exceso intensivo en la legítima defensa, en el que se supera la medida de la defensa permitida, requiere de la existencia de una situación objetiva de defensa legítima, es decir, de una agresión actual y antijurídica, pues no podría excederse quien no se hubiera encontrado previamente en situación de defensa; y para aplicar ese atenuante es imprescindible que exista legítima defensa inicial, como presupuesto, pues la figura prevé una intensificación innecesaria de una actitud inicialmente justificada.
Amparo por mora, notificación por cédula, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Patricia Alejandra c/ Municipalidad de Malagueño - Amparo por mora - Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-18

Conforme las previsiones de los arts. 54, 57 y 59 de la Ley n.° 6658, si de la cédula de notificación llevada a cabo por la Administración e incorporada al expediente, surge con claridad quién es la persona destinataria, su domicilio, el contenido de la resolución que se notifica, el día y la hora en la que fue entregada y el nombre del funcionario notificador, se despeja toda duda con relación al anoticiamiento del acto administrativo expreso. Al respecto, cabe tener en cuenta que los actos confeccionados por los oficiales de justicia, en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo el diligenciamiento de mandatos judiciales y con las formalidades correspondientes, son instrumentos públicos (art. 289 CCC) por lo que hacen plena fe hasta que sean redargüidos de falsedad (art. 296 ib.).
Cobro de expensas comunes, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Rudin S.A. c/ Romero, Pedro Exequiel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-19

No hay ley, ni nacional ni local, que expresamente asigne fuerza ejecutiva a los certificados de deuda por expensas de administración, reparación o conservación de partes comunes de los clubes de campo o barrios cerrados. La preceptiva procesal no incluye a los títulos creados con base convencional como el llamado "pacto de ejecutividad"; sólo la ley puede crear títulos ejecutivos y la facultad que tienen las partes de convenir obligaciones en los términos del art. 1197 del CC no alcanza a la posibilidad de pactar cuál será el proceso aplicable para exigir en sede judicial el cumplimiento de esas obligaciones, pues tratándose de una cuestión procesal, queda ella reservada a las legislaturas locales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, coronavirus, aislamiento social preventivo y obligatorio, bien jurídico protegido, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: STUDER, FABIAN ALBERTO c/  s/ VIOLACION DE MEDIDAS CONTRA EPIDEMIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-26

La impugnante insiste con que el caso corresponde a la justicia federal y con que se habría afectado la garantía de juez natural, mas sin lograr que desborde el marco de posibilidades exegéticas de las normas en juego con arreglo a las constancias de la causa, ni irrazonabilidad en el razonamiento de la Magistrada, quien luego de realizar un pormenorizado análisis de la cuestión debatida en autos, explicó que entendía que en el caso concreto no había razones que impusieran la excepcional competencia federal pues, siendo el artículo 205 del Código Penal (cuya violación se endilgó al encartado) una ley penal en blanco completada por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, ello no determina la competencia federal; y así, con remisión a anteriores precedentes, efectuó una acabada motivación en orden a sustentar la solución propuesta: que el bien jurídico protegido por tal norma -salud pública- no implica que sea un valor de pertenencia exclusiva de la Nación y que por las particulares circunstancias del caso no se advertía una afectación a intereses nacionales que impusiera excepcionar la regla de la competencia ordinaria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 205
Competencia, prórroga de la competencia, contratos de adhesión
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLOYDS BANK  LTD c/ PORTELL, MIGUEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La circunstancia de que una cláusula de prórroga de la competencia se halle incorporada a un contrato formulario o tipo, no basta para desvirtuar su eficacia, si no reviste ambigüedad o imprecisión que requiera interpretación.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Kunta SA. s/ quiebra acción de responsabilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Si bien, en principio, las cuestiones relacionadas con la imposición de costas constituyen materia procesal y accesoria que no da lugar al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a esa regla cuando la decisión no satisface la exigencia de validez de las sentencias, que supone la aplicación razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a las concretas circunstancias de la causa.
Despido con causa, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Duré María Isabel c/ Telecom Stet France Telecom Argentina S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-19

Debe desestimarse el recurso de apelación impetrado por la parte demandada, en cuanto la sentenciante de grado considera que el despido fue incausado. Ello así, ya que las causales invocadas son genéricas para fundamentar un despido. La comunicación rescisoria se limita a consignar "habiéndose comprobado", sin especificar fecha y duración de las supuestas anormalidades. Tampoco se ha arrimado prueba por la demandada que acredite que las anormalidades imputadas revistan la entidad de grave y que potencialmente hubieran podido dar lugar a eventuales sanciones por los organismos de contralor. La demandada no ha acreditado los presuppuestos de causalidad, proporcionalidad y oportunidad que justifiquen el despido.
Proyecto arquitectónico, responsabilidad del arquitecto
Materia: CIVIL
Carátula: Drangosch, Federico Raúl c/ Schusco SRL y Otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-29

"Al encargarse determinada obra a un profesional arquitecto, lo que se pide no es un mero juego de dibujos que representen - aproximadamente- cómo será la obra una vez construida, sino que ese resultado que se le pide -opus-, requiere un serio y prolongado estudio de posibilidades que sólo se logra a través de un largo proceso de diseño teñido de factores creativos e implementado con la seriedad técnica y científica a que su disciplina lo habilita".
Accidente de tránsito, apreciación de la prueba, daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caravaca Cristian c/ Plesofsky Alicia s/ daños y Perjuicios Banco Rio de la Plata c/ Garcia Monica Liliana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-08|2000-07-04

Resulta fácilmente advertible del simple cotejo de las fotografías obrantes en la causa penal, sacadas a tan sólo veinte días del siniestro y otras a menos de tres meses del hecho, para concluir, con escaso sentido común, que el óxido que rodea todos los raspones y abolladuras y estado general del vahículo - que no puedo imaginar como pudo haber pasado la verificación técnica que deben obligatoriamente realizar todos los automotores- , datan de muchísimo tiempo antes del evento dañoso ocurrido.
Razonabilidad tributaria, estado de emergencia, recomendaciones de organismos internacionales, Derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Observación General No 29 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2001-07-24

Ni el derecho a la vida, ni la prohibición de las torturas y las penas o tratos crueles o experimentos médicos, ni la prohibición de la esclavitud o la de ser encarcelado por no poder cumplir una obligación contractual, ni los principios de legalidad y responsabilidad en materia penal, ni el reconocimiento de la personalidad jurídica a la que todo ser humano tiene derecho, ni la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, ni las normas imperativas de derecho internacional o derecho humanitario, pueden bajo ningún concepto ser suspendidas porque un Estado Parte se declare en estado de emergencia, tal y como lo impone el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto.
Juicio de desalojo, desalojo anticipado, verosimilitud del derecho invocado, contracautela, locación, canon locativo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Ameconj C c/ Agropecuaria El Verde. s/ Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28

En el marco de un juicio de desalojo por falta de pago del alquiler, corresponde ordenar al locatario que devuelva de forma anticipada e inmediata el inmueble hasta tanto se dicte sentencia definitiva, de conformidad con lo normado en el art. 676 ter del CPCC, ya que existe suficiente verosimilitud en el derecho y se ha exigido al locador garantía suficiente para responder por los eventuales daños en caso de que se desvirtuase la apariencia del derecho sumariamente comprobado.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, regulación de honorarios, ley arancelaria, costas
Materia: ADMINISTRATIVO-CANONICO
Carátula: Reyes Marín, Dante Arnaldo s/ SACAyT - otros en/ Reyes Marín, Dante Arnaldo c/ Consejo de la Magistratura s/ acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

En el caso, la aplicación del art. 30 de la ley n° 5134 no implica un arbitrario apartamiento de la normativa arancelaria aplicable al caso, dado que el mínimo arancelario previsto en el art. 31 de dicha ley no resultaba, en este caso particular, de obligatorio acatamiento. Ello así, dado que la regulación de honorarios que cuestiona el letrado recurrente, corresponde a una actuación profesional que no se relaciona con el debate de las cuestiones de fondo planteadas en el proceso sino con la defensa de los propios honorarios. Y, si bien al letrado accionante le asiste el derecho a obtener una remuneración por su tarea profesional, no le es aplicable el mínimo arancelario previsto en el art. 31 de la ley n° 5134. Ello debido a que el debate principal de la causa había finalizado y fue consentido por ambas partes. Además, la discusión relativa a la imposición de costas constituye una cuestión incidental que no se relaciona directamente con el objeto del proceso sino con uno de los tantos temas accesorios y de menor envergadura que pueden generarse durante su tramitación. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, cuestión federal, prueba, responsabilidad civil, presupuestos de responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, PATRICIA MABEL c/ MARADONA, FEDERICO JOSE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

Si bien podría estimarse que las postulaciones de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común -en principio, ajenas a la vía intentada-, lo cierto es que luce configurada una cuestión federal suficiente si, en oportunidad de tratarse la queja interpuesta por la parte actora, se ha descartado sin una adecuada motivación el posible exceso de discrecionalidad en el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, con especial referencia a los achaques formulados por la quejosa tanto sobre la irracionalidad en la ponderación de las probanzas de autos -relacionadas con el proceso causal que desencadenó la muerte del pasajero del transporte de colectivo- como en punto al desenfoque jurídico del caso -por prescindencia de los factores objetivos de atribución invocados-, determinantes para incidir en el resultado del litigio -por cuanto habrían derivado en la conclusión de los sentenciantes acerca de la inexistencia de responsabilidad civil-. (De la disidencia de los Dres. Netri, Falistocco y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113; Código de Comercio, artículo 184
Asociaciones sindicales, representación sindical, inconstitucionalidad, conciliación laboral, Organización Internacional del Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ ASOCIACION GREMIAL OBREROS Y EMPLEADOS DE CEAMSE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-17

El privilegio conferido por el art. 41 de la ley 23.551 a las asociaciones con personería gremial en materia de representación en la empresa infringe el Convenio 87 de la OIT. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Poder Legislativo Nacional, ley nacional, declaración de utilidad pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de Sarmiento c/ Rawson Cable SA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-02-10

La Convención Nacional Constituyente de 1994, cuando sanciona el texto ordenado de la Carta Magna, atribuye al H. Congreso de la Nación dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos inherentes a los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República, dejando a salvo que las autoridades provinciales y municipales conservarán el poder de imposición sobre tales establecimientos, en tanto no interfieran para el cumplimiento de aquellos fines (art. 75 inc. 30).
Recurso extraordinario, intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Balbuena,  Enrique  y otra c/ Estado Nac. Argentino - GendarmeríaNac. s/ demanda por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el pronunciamiento que no examinó lo atinente a la tasa de interés aplicada por no haber sido sometido a la decisión de primera instancia (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Declaración indagatoria, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN JOSE FRANCISCO Y OTROS s.d. DEFRAUDACION e.p. LOS ANGELES S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-17

La omisión de relevar a un imputado, en la indagatoria, del juramento de decir verdad, que formulara al declarar en calidad de testigo, afecta el derecho de defensa, ya que el imputado pudo considerarse constreñido por aquel juramento y, en consecuencia, restringida su libertad para decir lo que quiera con relación a la imputación.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones recurribles, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eraso, Victorino Felipe c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 258-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-04-13

A los fines del recurso contencioso administrativo, es resolución definitiva la que directa o indirectamente resuelve la cuestión de fondo que se propuso a consideración de la autoridad administrativa. Y no lo es la que anula la resolución del Directorio del Banco Provincial de Santa Fe, que dispuso la cesantía, y le ordena que dicte una nueva resolución indicando las normas en las que debía ser subsumida la conducta del agente, toda vez que si bien es cierto que tal disposición enmarca el sentido que ha de tener la nueva resolución, lo que induce a la actora a calificarla como una "dicotomía ilegítima; efectista, con lo cual y artificiosamente se quiere convalidar una "cesantía anulada", tanto más lo que es que, aunque aparezca como de ocurrencia fatal, aún no se ha producido; ni ha sufrido todo el necesario proceso depurativo de revisión en la esfera administrativa. Por ende, corresponde declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa.
Extradición, Estado requirente, sentencia firme, notificación de la sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ramírez, Horacio Alberto c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Aun cuando para el Estado requirente la sentencia dictada haya pasado en autoridad de cosa juzgada y no haya prescripto según su derecho interno, cuestiones que son irrevisables, con arreglo a lo previsto en el artículo 9°, inciso "c", del tratado bilateral entre Argentina y España, debe examinarse -incluso de oficio su vigencia para la ley argentina; y para ello, constituye un extremo sin virtualidad jurídica que se carezca de la constancia que acredite la notificación personal de la condena firme al extraditurus, tal como lo determina el artículo 66 de nuestro Código Penal (Disidencia del juez Rosenkrantz). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazo, Carlos c/ Microomnibus Quilmes s/ daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

La conducta del conductor del ciclomotor que transportaba al accionante no ha contribuido con su velocidad en el momento del siniestro puesto que circulaba a 30 km/h que es la autorizada por el artículo 77, 6), a) de la ley 11430, según ley 11626, vigente a la época del accidente, no 20 km/h, como insólita y equivocadamente informa la Dirección de Tránsito.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, sentencia suficientemente fundada, tercera instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bilbao de Cherouvrier, Marta O. y otros y Eduardo Vega y Víctor Ocariz (En nombre propio y representación de la actora) c/ Fernández y sust. Tabacos Colón S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (EXPTE CSJ Nº 112-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

Debe rechazarse la queja interpuesta si la conclusión a la que arriba el Tribunal no aparece -en principio- absurda, ilógica o arbitraria, ni se advierte que adolezca de defectos de fundamentació n que tornen a lo decidido descalificable como acto jurisdiccional, como lo ha permitido excepcionalmente el Alto Tribunal de la Nación en casos de reducción de los honorarios fijados en las instancias inferiores. Por ello, no resulta propicia la apertura de la instancia de excepción a efectos de dilucidar si resulta errónea o no la regulación de honorarios impugnada, pues hacerlo significaría convertir la labor de la Corte Provincial, en una nueva instancia ordinaria, desnaturalizando de tal modo el objetivo mismo del recurso de inconstitucionalidad regulado por la Ley 7055.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Glenon, Carlos Norberto c/ Marando, Cosme. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia cuya afirmación en el sentido de que el actor se limitó a interponer recurso de revocatoria sin deducir el de apelación en subsidio, constituyó un apartamiento palmario de las constancias de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORREALDAY, JERONIMO ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-02-18

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, pues pese al esfuerzo argumental de la recurrente en fundar la presente impugnación, no aporta razones que justifiquen que la decisión adoptada por el Tribunal al conceder el beneficio de jubilación por invalidez con carácter definitivo -en base al cotejo de la totalidad de los antecedentes médicos, que dan cuenta de la evolución, continuidad y permanencia de patologías preexistentes, considerando los principios tuitivos en la materia, el tiempo transcurrido desde la última evaluación y que no era posible desinteresarse del estado de salud actual del actor- resulte arbitraria (De la disidencia del Dr. Gutiérrez)
Administrador de la herencia, honorarios del administrador judicial, regulación de honorarios, sucesiones
Materia: CIVIL
Carátula: PACHECO ALVEAR s/ TESTAMENTARIA S-INC. EJEC. HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

El art. 15 de la ley 21.839, prevé para establecer el emolumento del administrador judicial, que corresponde en principio aplicar las pautas del art. 7ma. parte primera, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su gestión, sin embargo, esa disposición confiere a los jueces un amplio margen de discrecionalidad en la ponderación de los distintos factores que en mayor o menor medida influyeron especialmente cuando, no puede determinarse en forma concreta las utilidades que pueden haberse obtenido durante el tiempo que duró la gestión. En mérito a lo que prevé en su segunda parte el art. 15, para fijar la retribución correspondiente se tendrá en cuenta las pautas del art. 6, el caudal administrado, la entidad de los ingresos producidos y el lapso de actuación del administrador (conf.

CNCiv. Sala F, H. 240087 del 7-9-78; íd, H. 285.934 del 7-3-83;

íd. H. 288805 del 29-7-83 íd, H. 10371 del 28-11-84).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad del fiador, enmiendas
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ SCHIAROLI, ANA M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-27

Corresponde rechazar la queja interpuesta contra el pronunciamiento de Alzada que condenó a la demandada como fiadora de la obligación asumida por el saldo deudor de una cuenta corriente, en el entendimiento de que no podía limitarse su responsabilidad con base en la consignación de puño y letra de la cifra "$10.000" en el formulario en que se había suscripto la fianza. Ello por cuanto la impugnante no logra con sus alegaciones persuadir que hubiera excedido el marco de posibilidades hermenéuticas que las normas en juego permitían ni tampoco que se configure alguna de las causales de arbitrariedad invocadas al sostener que no podía hacerse prevalecer un agregado en lápiz que no formaba parte del documento por sobre lo expresamente pactado; que si el supuesto agregado hubiese sido la formalización que expresaba el contenido de la voluntad de los contratantes debía por lo menos haberse salvado y firmado; que hasta las enmiendas de un documento deben ser debidamente salvadas para tenerlas como válidas (art. 211, Código de Comercio); y que hacía a la fuerza de convicción de tales expresiones que se formalicen también en letras.