Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-26


2º Instancia.- Rafaela, diciembre 26 de 2005.

Considerando: Que, más allá de los pronunciamientos a que alude la sentencia respecto de la actualización monetaria del valor nominal de las cautelares, con acierto se ha dicho que el tercer adquirente de la cosa embargada sufre los efectos de un embargo en cuanto el negocio jurídico que celebró con el embargado no le es oponible al embargante que no prestó su consentimiento para el otorgamiento de dicho negocio. Tal inoponibilidad conlleva la consecuencia de que el embargante, mientras no sea desinteresado de la totalidad del derecho cuya protección decidió la medida precautoria, tiene una pretensión legítima que puede hacer valer ante el tercer adquirente para que el embargo subsista con todos sus efectos procesales (CNCiv., sala I, "Bujeiro, suc. c. Sica", 18/08/93, LA LEY, 1994-A, 266).

En la misma línea se inscribe el precedente según el cual "el sucesor singular del deudor embargado -al igual que éste- no puede sustraer el inmueble embargado a la acción de la justicia, porque ello importaría un ataque al interés público, a la seguridad jurídica y al propio prestigio de la justicia (CNCiv., sala C, "Sorrentino, J.", 25/06/92, LA LEY, 1993-A, 6, fallo suscripto por los Dres. Santos Cifuente, Jorge H. Alterini y José Luis Galmarini, en el que remiten sobre el tema de la inoponibilidad de la venta al embargante, a Machado, "Exposición y comentario del Código Civil, t. III, p. 480; Llambías, J. J., "Tratado de Derecho civil, obligaciones", t. I, Nº 395, nota 13; CNCiv. sala A, ED, 48-414; íd. sala E, LA LEY, 1982-C, 282).

Llambías señala que el embargo "es una orden judicial que individualiza un bien determinado del deudor, afectándolo al pago del crédito en razón del cual se ha trabado el embargo", y agrega: "Pero es indispensable advertir que el impedimento para la enajenacion que crea el embargo sólo funciona a favor del embargante y no de los terceros (conf. arts. 736, 1174 y 1179). Por tanto la enajenacion que se efectúa de una cosa embargada, no es inválida, sino inoponible al embargante que puede desconocer la transmisión realizada y considerar al bien como existente en el patrimonio del embargado. Es que para el embargante, por serle inoponible la enajenación, el bien sigue en el patrimonio del enajenante. Pero como la enajenacion es, en sí misma, válida, basta desinteresar al embargante -por pago de su crédito o entrega de bienes suficientes para garantizarle la efectividad de su pago- para hacer cesar toda impugnación a la transmisión del bien embargado. Si, en cambio, se tratara de una nulidad, y no de inoponibilidad, no podría imponerse la confirmación del acto, sin la conformidad del titular de la respectiva acción de nulidad" (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1994, t. I, p. 508, Nº 395 y nota 13).

Estos conceptos emanados de una sólida interpretación de las normas sustanciales, señalan claramente que para hacer cesar la impugnación a la transmisión del bien embargado, es preciso desinteresar al embargante mediante el pago de su crédito, y éste es, ni más ni menos, el resultante de la sentencia pronunciada en estos autos (capital, intereses y costas). Como lo ha resaltado la Corte Suprema de la Provincia, el apartamiento de tal criterio trasunta un olvido total del principio de que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Este olvido genera -so pretexto de dar cumplimiento a pruritos formales- un menoscabo de su derecho de propiedad (Corte Suprema de Santa Fe, "Giobergia, A. c. Bainotti, A.A.", 12/02/82, A. y S., t. 47, p. 65; "Pinello de Martínez, J. B. c. Ferloni, C.", 25/09/85, A. y S., t. 58, p. 141). En palabras del Alto Tribunal Provincial, levantar el embargo trabado sobre un inmueble mediante el depósito del importe nominal por el que se había registrado la cautelar, implica adoptar un procedimiento que se torna inconciliable con la naturaleza misma del embargo, ya que el embargo -según doctrina de la Corte Nacional- es una "seguridad jurisdiccional a la que no puede calificarse de chance o probabilidad de cobro, sino de certeza" (Fallos: 287:108) y, entonces, ese derecho de garantía no puede ser desconocido en sus efectos por vía de un acto de enajenación ajeno a la voluntad del acreedor embargante, sin menoscabo del derecho de propiedad lato sensu (Fallos: 137:47; 145:307; 294:152) y del principio de la buena fe que es basamento fundamental de las relaciones jurídicas económicas. Es que en el embargo queda afectado un bien al pago de un crédito, y ese crédito, que justifica la existencia del embargo, no es la mera suma nominal por la que se decretó la medida y se anotó en el Registro..."; siendo claro que cuando el adquirente del inmueble embargado, al conocer el gravamen que pesaba sobre dicho bien, supo hasta dónde se extendía la responsabilidad pecuniaria que conllevaba la adquisición y por eso, "en razón de la buena fe y de los comportamientos previsores que exige el derecho, no puede liberarse a aquél que se anotició del embargo y de la significación real del mismo" (Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, "Banco de Italia y Río de la Plata S.A. c. Almeida, R. E. y otros", 26/10/89, A. y S., t. 77, p. 209).

Por ello, la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral, resuelve: Acoger el recurso de apelación y revocar el decisorio impugnado, con costas a los vencidos. - Lorenzo J. M. Macagno. - Camilo S. Berger. - Rodolfo L. Roulet.