marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, cargas de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: LUGONES, M.R. c/ GAMPER, NESTOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La responsabilidad por delitos y cuasidelitos es personal, y si se trata de deudas de uno de los cónyuges, de las cuales el otro es ajeno de acuerdo con el principio del art. 5 de la ley 11357, al atribuirse la comisión del daño al marido resulta clara la falta de legitimación pasiva de su mujer para ser demandada en el juicio por daños y perjuicios. No cambia las cosas el hecho de que el daño se haya producido con un automóvil cuya propiedad se atribuyó, al marido. Aunque dicho automóvil no figure a nombre de este último, el mismo reconoce su titularidad siendo lo fundamental que fue adquirido por él y no por su mujer. Aún en los supuestos en los que se funda la responsabilidad en el art. 1113 del C.Civil, se ha entendido que si la cosa es usada por el cónyuge al que ella pertenece, sea como propia o como ganancial cuya administración le está reservada, sólo él responde.
Derecho a la salud, personas con discapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GASTÓN, José Luis y otros c/ OSDE BINARIO s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-23

Las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones, todo lo cual también se encuentra amparado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106 (del voto del Dr. Ferro).
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, indemnización, contrato de obra pública, mayores costos, fuerza mayor, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AEG  Telefunken  SAIC  - Román Ingeniería  S.A. c/ Provincia del Chaco s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Corresponde dejar sin efecto las sentencia que no hizo lugar al cobro de una indemnización de daños y perjuicios para compensar los mayores gastos directos de obra, gastos generales, costos financieros y por acopio, con motivo de la extensa prolongación del plazo previsto en el contrato de obra pública, por causas de fuerza mayor imputables a la comitente, si prescindió del estudio de puntos conducentes, lo que se traduce en la frustración de garantías constitucionales.
Seguro de responsabilidad civil, recurso de apelación (procesal), asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Meza, Rubén Dolores y otra c/ Selivonchik, Osvaldo Antonio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Las aseguradoras no se encuentran legitimadas para recurrir en forma autónoma la sentencia con abstracción de lo que hiciere el asegurado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inadmisibilidad del recurso, recusación, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet c/  s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-06

Es inadmisible el RE interpuesto contra la denegatoria del de casación contra el rechazo de la recusación, pues lo resuelto no se dirige contra sentencia definitiva o equiparable a tal ni se ha demostrado la existencia de arbitrariedad. (Dres. Borinsky y Hornos).
Actos ilícitos, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Matus, Mario Javier c/ Alberghini Ana Rita Clara y Otra s/ Daños y Perjuicios - Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-15

La indemnizabilidad del hecho moral es procedente en cualquier clase de hecho ilícito, sea o no delito del derecho penal, bajo el concepto de que la persona humana es una unidad corporal y anímica inescindible y de que toda reparación de perjuicio debe ser integral.

El daño moral no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes.

A falta de elementos indicativos respecto a su monto, queda librado al prudente arbitrio judicial. Debiendo valorarse la entidad de las lesiones, los padecimientos y molestias que el damnificado ha soportado y debe soportar por tal motivo.
Adulteración de medicamentos, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre, María Lidia c/  s/ Dcia. Pta. Inf. Art. 201 del C.P. en concurso real con inf. Art. 31 inc. "d? de la ley 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-10-08

En el marco de una denuncia por la adquisición de un medicamento adulterado que luego de su aplicación generó al adquirente un cuadro de hepatitis toxica viral por hierro, corresponde confirmar la sentencia que recalifica el hecho atribuido a la encartada por el ilícito previsto y reprimido por el art. 203 del Código Penal y decreta la extinción por prescripción de la acción penal, sobreseyendo a la imputada, toda vez que al tratarse de un ilícito que concurre idealmente con la venta de un producto con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, el cómputo de la prescripción habrá de hacerse teniendo en cuenta sólo el hecho que fije el mayor monto de pena, así, siendo que desde la fecha de comisión del delito investigado hasta el primer llamado a indagatoria transcurrieron más de cinco años sin que medie otro acto interruptivo de la prescripción, debe concluirse que en el caso operó la extinción de la acción penal por prescripción.
Derecho procesal, gastos del proceso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Nieto-Nahuelanca-Pis Diez-Minati c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

Atento la similitud dispositiva entre el art. 730 CCyC y el derogado art. 505 del Código Civil, es aplicable al caso de autos la doctrina de este Cuerpo: "Tal dispositivo, lo que hace es limitar la responsabilidad del deudor frente a la obligación de reembolso de los gastos que ha debido afrontar el vencedor para defender su derecho. Pero en modo alguno afecta la aplicación e interpretación de las normas que rigen el acto regulatorio, ni provoca reducción alguna en las regulaciones que se practiquen. En consecuencia, el juez debe practicar la regulación de honorarios conforme a las leyes arancelarias o usos locales y es sólo al liquidar la deuda que, si el total de las costas supera el 25 % de la prestación que es objeto de condena, computará el prorrateo necesario para ajustar la condenación en costas a ese límite..."
Transacción, legitimación procesal, contratos administrativos
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO MUNDO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DEL CONVENIO TRANSACCIONAL (CSJ EXPTE Nº 150  88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24|1992-12-02

Para transar las partes deben tener capacidad de disponer, o sea legitimación para disponer de los derechos que forman el objeto de la litis, posición subjetiva de las partes respecto del objeto de la relación, como legitimación del sujeto para transigir.
Recurso de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonzalez, Isidoro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley Rojas de Samudio, Salustiana y Otro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Amarilla Leopoldo V. y otro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Mauhorat, Pedro s/ Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-14|1989-04-03|1989-05-02|1990-05-22

La circunstancia de existir pronunciamientos divergentes de dos Salas de la Cámara de Apelación sobre el mismo hecho, no es causal suficiente para la procedencia de este remedio extraordinario, ya que la "doctrina legal" a que se refieren los arts. 285 y 296 del C.P.C.

, es la que emana de este Tribunal y no la que deriva de los principios generales del derecho, o de la jurisprudencia de otros Tribunales, o de la opinión de los juristas (Conf. S.C.Bs.As. - Febrero 28 de 1978 - Scherchak de Blanco, Lona Berta C/Cármen Blanco Lona; L.L.75 - P. 314, etc.), salvo apartamiento palmario y absurdo de las normas y principios que gobiernan el razonamiento lógico.
Competencia, servicio telefónico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLI PANTALEON c/ CAT S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A069 - 415)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-21

Es de competencia federal la demanda a la compañía de Teléfonos por sobrefacturación debido a un posible exceso en la consignación de pulsos, lo que evidentemente y más allá del límite territorial provincial, significa cuestionar el sistema constituído para la medición del consumo y su facturación, lo que afecta leyes de exclusiva interpretación federal, como la de telecomunicaciones.
Hechos nuevos, segunda instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Riera Vda. de Rodríguez, Dora Argentina c/ Supe y Otro s/ Sumario -Accidente de Trabajo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-07

No obstante que a través de la alegación de un hecho nuevo se incorporan al proceso nuevos datos fácticos, a través de los términos no puede alterarse ninguno de los elementos constitutivos de la pretensión, pues simplemente, tienden a confirmar, complementar o desvirtuar su causa. De allí que en ningún caso pueden constituir la transformación de la pretensión, ni mucho menos la interposición de una pretensión o defensa nueva, desde que sólo debe referirse a un nuevo elemento de juicio relativo a la cuestión o cuestiones sobre las que trabara la litis, ya que no es posible variar los términos de la relación procesal. Lo contrario significaría conferir a la segunda instancia el carácter de un nuevo juicio, modalidad que es ajena a nuestra legislación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestión de derecho común, beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, medidas cautelares, contracautela, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Dichiano, Silvina Mariel c/ Suriano, Roberto s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Medida   cautelar (Expte. CSJ Nº 8-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

No merece reproche constitucional el criterio de la Sala a quo que sostuvo -con cita de autores que abordaron la temática- que constituye doctrina dominante que la declaratoria de pobreza prevista por el Código Procesal Civil y Comercial local -a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos procesales- no conlleva para su beneficiario la facultad de obtener el dictado de medidas cautelares sin prestar contracautela. Tal conclusión no resulta alterada por el tenor de lo regulado por el artículo 142, incisos 1 y 16 de la ley 10160 (hoy artículo 145, incisos 1 y 16) dado que refiere a lo que podría llamarse "pobreza objetiva", caso del indigente incapaz de afrontar las cargas económicas de cualquier proceso judicial; en cambio los artículos 332 a 339 del Código Procesal Civil y Comercial disciplinan la hipótesis de lo que se podría rotular "pobreza proporcional" es decir incapacidad para hacer frente a las erogaciones propias de la tramitación de "este" o "aquel" proceso en particular. Resulta evidente la "gran brecha" que separa las dos situaciones de hecho reguladas de manera diferente por el Código Procesal, y ello conspira contra toda interpretación que pretenda armonizar ambas normas insertándolas dentro de un mismo contexto.
Jerarquía constitucional, división de poderes, limitaciones a los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución Nacional. Ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amicone, Ricardo c/ Saredi, Alejandro Carlos s/ Cumplimiento del contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Mediante el pedido de regulación 'por el mínimo de la escala legal' introducido por el letrado beneficiario de los honorarios devengados en autos, sin perjuicio de su facultad de renunciar a los mismos (doct. 'a contrario sensu' art. 2, 2do. párr., dec.ley 8904), no pueden ser enervados los derechos de la Caja de Previsión Social (ley 6716, modif. por leyes 8455 y 10268; art. 872 del cód. civil).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: DURO DE IVALDI ADELA s/ SUCESION - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1952-12-12

El Tribunal de alzada debe aplicar la ley 14.170 en favor del profesional cuando la regulación de Primera Instancia ha sido apelada solamente por alta bajo la vigencia de la ley anterior.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Vialá, Juan Carlos c/ Mercedes Benz Arg.S.A. s/ Enfermedad accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Incurre en "absurdo" el tribunal del trabajo que sin razones atendibles se desliga del dictamen pericial médico, no impugnado por las partes y además corroborado por prueba testimonial y confesional.
Plazos procesales, plazo perentorio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVATUR SA c/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Dado que los plazos procesales son perentorios, la caducidad del derecho no ejercido dentro de ellos opera automáticamente (cfr. Causas 64 del 5.6.70, 1214 del 4.5.82, 1409 del 12.7.82, 1955 del 22.3.83, 2114 del 7.6.83 y 5228 del 26.5.87) y también que dicha naturaleza se funda en razones de seguridad, por lo que el sometimiento a los plazos es insusceptible de constituir un exceso ritual (cfr. C.

Fenochietto-R. Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. 1983, T. I, p. 514, 3).
Impuesto sobre los ingresos brutos, entidades financieras, ejercicio habitual de actividades lucrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

El impuesto sobre los ingresos brutos grava sólo los ingresos que son fruto del ejercicio habitual de una actividad a título oneroso. El art. 150 del CF to 2002 y 158 del CF to 2003 lo único que agregaba era la presunción de habitualidad cuando se está frente a una operación en la que es parte una entidad financiera. Todas las operaciones las presumía habituales, cualquiera sea el alcance o validez de esa presunción, por lo que para arribar a la base de cálculo que preveía la ley, el contribuyente debía detraer del resultado que arrojaba sumar los importes registrados en la columna del haber de las cuentas de resultado correspondiente a "operaciones", los egresos financieros en concepto de intereses y actualizaciones, no todo egreso. La ley apuntaba, concretamente, al spread. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Inadmisibilidad del recurso, rechazo al pedido de prisión domiciliaria, emergencia sanitaria, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: DUTTIL ESCOBAR, Víctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación contra la denegatoria de prisión domiciliaria del encausado, sin costas, por haber podido entender la defensa, en el contexto actual de la emergencia sanitaria ya mencionada, que tenía razones plausibles para recurrir, en razón que de los antecedentes del caso y del análisis que al respecto ha efectuado el "a quo", debe concluirse que la sentencia recurrida se sustenta en fundamentos razonables, y que las discrepancias valorativas expuestas por la defensa resultan insuficientes a los fines de la admisión formal del recurso, pues la parte no presenta argumentos idóneos para revertir el criterio establecido, ni plantea un agravio adecuadamente fundado en la doctrina de la arbitrariedad. Por ende, la resolución recurrida cuenta con argumentos mínimos y suficientes que permitieron al tribunal de previa intervención afirmar que en el caso no concurre un supuesto excepcional que pueda justificar la morigeración del arresto preventivo del imputado.
Fe pública, delitos contra la fe pública
Materia: PENAL
Carátula: CALDERON FELIX FERNANDO s/ DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-05-06

La fe pública es la confianza colectiva que existe respecto de que es esencialmente veraz toda orden de pago que se ofrece externamente con las características y enunciaciones que la ley impone para el "título=valor cheque". Esa confianza se diluye cuando es burlada la creencia común de que tal documento es auténtico, válido, a pesar de no conocer a su firmante o de que este no firmar a en presencia del tomador o tenedor del cheque. O cuando tal confianza se viola, poniendo en el circuito económico un cheque irregular, no es ofendido sólo ese tenedor o tomador sino la sociedad toda.
Derecho procesal, procesos voluntarios, libros de comercio, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Colombo, Paulina Ercilia y Otro c/ El Palmar SACIFIGY A  s/ exhibicion de libros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Cabe revocar la resolución que denegó el pedido de exhibición de libros que fue requerido por las promotoras de la acción. Cuando, como en el caso, si bien el pedido de información debe ser canalizado a través del síndico (LGS 294-6°), de las constancias arrimadas al expediente resulta que no hubo respuesta alguna de su parte frente al que le fue afectado a dicho órgano, por lo que la vía judicial deducida debe considerarse habilitada.

Debe reconocerse al accionista el derecho a remover el incumplimiento orgánico respectivo y obtener esa información a la que hubiera podido acceder si tal incumplimiento no se hubiera producido. Como es claro, la acción de responsabilidad del síndico por no haber informado es, como toda acción de daños, solo un sucedáneo, cuya viabilidad no desplaza a ese derecho del interesado a obtener en especie la aludida información, que él necesita no sólo para evitar, en su caso, que se configuren a su respecto esos daños, sino también para estimarlos, si es que ellos se hubieran ya configurado.

Así se confirma a la luz de lo dispuesto en el CPR 781, norma de la cual se desprende que la ley protege de ese modo al socio con acceso directo a esa información, lo cual permite afirmar que, si esto es así en ese caso, no hay razón para dejar indefenso a quien, en cambio debe requerir tal información al síndico. Desde tal perspectiva, y en aplicación del principio según el cual donde hay un derecho debe haber también un mecanismo judicial para ejercerlo, se concluye que las actoras han quedado habilitadas para acceder por esta vía a la información que solicitan.
Recusación, recusación por amistad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A.C.I.F.I.G. y A. c/ Vouilloud, Conrado s/ Sumario-incidente recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-25

A efectos de la recusación por la causal de pleito pendiente, es necesario que el pleito se haya promovido antes de haber tomado el Juez intervención en la causa porque, como se ha sostenido, en caso contrario estaría en manos de cualesquiera de las partes crear una causal de recusación mediante el simple arbitrio de entablar una demanda contra aquél. Distinto sería el caso, naturalmente, si fuese el propio juez quien iniciase el pleito.En cuanto a la causal de enemistad, debe ser anterior al proceso y no generarse en él, razón por la cual no queda configurada por la aplicación de sanciones procesales, ni por la calificación de arbitrariedad que el recusante otorga a una actuación judicial, ni por la comisión de posibles errores de derecho en la apreciación de los hechos que pueda realizar el juez, ni por la desestimación de un planteo del recusante, ni por la demora en dictar resoluciones, pues todas estas hipótesis poseen vías para ser corregidas por lo cual no constituyen causales recusatorias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Playas de estacionamiento, guarda de la cosa, robo de automotor
Materia: CIVIL
Carátula: KATUCHIN, JOVA P. c/ DISCO S.A. s/ ORDINARIO - II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-02-12

La obligación de guarda, custodia y restitución de los rodados, por parte de los establecimientos comerciales, reviste un aspecto esencial y medular en el contrato innominado que se perfecciona entre ellos y sus potenciales clientes, a raíz del estacionamiento de los vehículos. Asimismo dicho servicio, no se presta en forma desinteresada, por el contrario es utilizado para atraer mayor clientela.-
Dementes no declarados, intervalos lúcidos, capacidad para testar
Materia: CIVIL
Carátula: Toscof, Enrique s/ Impugnación de Paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-04

Cuando el art. 3.615 de nuestra Ley Civil se refiere a la posibilidad del demente de testar durante un intervalo lúcido, no alude al insano interdicto, cuya incapacidad es absoluta aunque tenga intervalos lúcidos y se proyecta a toda clase de actos jurídicos, sin salvedad alguna. Al insano no declarado judicialmente se refiere la norma, la que únicamente establece una excepción al principio general de la inimpugnabilidad de los actos después del fallecimiento del sujeto, regla sentada en el art. 474 cód. cit. -que por tal razón menta los "actos entre vivos", remarcando el distingo con las disposiciones de última voluntad- de la que el codificador quiso separar a los ataques de nulidad contra los testamentos otorgados por enfermos mentales no interdictos, conforme lo aclara expresamente en la nota al art. 3.615, aunque previendo a la par la validez de los otorgados por ellos en los intervalos lúcidos -de forma similar a la determinada para los actos en general en el art. 921- e instituyendo de inmediato en el art. 3.616 un régimen de carga probatoria sobre esa demencia y el intervalo lúcido.
AFIP DGI, evasión fiscal, simulación, exportaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Congelados Macchiavello Y Cia Sa (Tf 23950-I) c/ DGI Y Otro s/ DGI Tribunal Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Procede confirmar la resolución de la AFIP-DGI que determinó de oficio la obligación tributaria de una empresa exportadora en concepto de IVA, pues resulta manifiesta la intencionalidad de los responsables de la firma de efectuar maniobras llevadas a cabo por intermedio de proveedores utilizados para simular ventas tendientes a beneficiarse con recuperos de impuestos, cómputos de créditos fiscales y gastos de operaciones, y dado que el contribuyente no aportó explicación ni prueba alguna tendiente a esclarecer la vinculación que poseía con los supuestos proveedores involucrados.