Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 87468 CAUSA Nº 19.597/09 AUTOS: "SOSA CARLOS ROBERTO C/ REXCEL S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 11 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.217/223, apela el actor, a tenor del memorial de agravios obrante a fs.230/233 que, a su vez, mereció la réplica de fs.236/237.

Por su parte, a fs.224, la perito contadora apela porque considera reducidos los honorarios regulados en origen a su favor.

II. En las presentes actuaciones el Sr. Juez que me precedió rechazó en lo principal el reclamo del actor, tras considerar que el despido dispuesto por la demandada resultó justificado, en los términos del art.242 LCT.

Para arribar a dicha conclusión tuvo en cuenta la declaración brindada por el propio actor en sede penal: ".se me cayó una masa sobre la válvula y se rompió por lo que se produjo el escape de amoníaco.", así como su antigüedad en el empleo (cinco años), circunstancia que determinaría un mayor grado de responsabilidad y diligencia.

Por su parte, desestimó los reclamos formulados en concepto de horas extras, bonificación del 15 % e indemnización art.132 bis de la LCT.

En cambio, viabilizó la sanción prevista por el art.45 de la ley 25.345, el premio por asistencia, los días trabajados durante el mes del despido y las vacaciones y SAC proporcionales.

III. El actor se agravia por la valoración de las pruebas que condujo al Juez de grado a concluir que el despido directo decidido por la demandada resultó ajustado a derecho. Sostiene que realizó un análisis parcial y que omitió considerar otras circunstancias y pruebas fundamentales.

Llega firme a esta instancia que el vínculo laboral que unió a las partes concluyó el día 24/10/08, por el despido comunicado por la demandada en los siguientes términos: "Ante su grave negligencia consistente en la rotura de la válvula de amoníaco de uno de los compresores de la sala de máquinas, causando escape de amoníaco en el establecimiento, debiendo evacuar para salvaguardar la salud de los empleados de la firma, ocasionando con ello problemas al normal funcionamiento de la compañía, multas municipales y clausura provisoria de dicho establecimiento, le notificamos la rotura del vínculo laboral en los términos del art.242 LCT por su exclusiva culpa.".

Ahora bien, frente a la cerrada negativa efectuada por el actor (ver CD. 981758597, obrante en el sobre que luce a fs.2), la demandada debía demostrar los hechos imputados al actor, así como su gravedad para justificar el despido (arts.377 del CPCCN y 242 de la LCT).

Sin embargo, contrariamente a lo afirmado por el Sr. Juez de grado, estimo que no ha logrado tal cometido y que la simple manifestación vertida por el trabajador frente al personal policial, no puede ser considerada válida para justificar su despido, sin otras pruebas que la complementen y corroboren.

Por un lado, obsérvese que la prueba documental adjuntada al escrito de responde fue expresamente desconocida por la parte actora a fs.97 y, a pesar de ello, la demandada no instó la producción de ninguna prueba para demostrar su autenticidad.

Nótese además que dicha parte desistió de todos los testigos que oportunamente había propuesto (ver fs.196, fs.197 y fs.198).

No advierto contradicción alguna entre los hechos narrados en el inicio (a fs.7 vta./8) y la frase que el actor habría expresado al ser interrogado por personal policial y de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Provincia de Buenos Aires el día del incidente ocurrido en el establecimiento de la demandada (ver fs.4 vta. de la causa que luce agregada por cuerda al principal).

Afirmar que el actor es el responsable porque en las actuaciones referidas habría manifestado: ".se me cayó una masa sobre la válvula y se rompió.", resulta insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que no existen otros elementos que corroboren dicha afirmación ni mucho menos, que permitan determinar con exactitud la forma en que sucedieron los hechos. Acerca de la teoría de los actos propios, disiento respetuosamente con la decisión adoptada por el Sr. Juez de la instancia anterior, pues reiteradamente he sostenido que no puede ser aplicada sin considerar aspectos que involucran principios fundantes del Derecho del Trabajo en tanto se encuentra intimamente ligada al principio de la autonomía de la voluntad, propia de las relaciones que se rigen por el Derecho Civil, no obstante, si se trata de considerar su aplicación en el ámbito de las relaciones laborales, la procedencia debe ser analizada a la luz del principio protectorio y de la irrenunciabilidad de derechos (arts. 14 bis de la C.N. y 12 de la L.C.T.) conjuntamente con las normas que integran el orden público laboral que desplazan aquellos actos que realice la persona trabajadora y que generen resultados inconciliables con las primeras. Tengo en cuenta, además, que la teoría aludida es inaplicable no sólo en supuestos donde la conducta se encuentra justificada por las circunstancias que rodean el caso o por la existencia de intereses prevalentes sino que por su función residual y sólo podría ser aplicada ante la ausencia de una solución legal expresa. (v. mi voto en: !Albarello Angel O. c/Molinos Río de La Plata s/ juicio sumarísimo", SD 86699 DEL 31/05/2011), circunstancia que no advierto en el caso que analizo. En efecto, según se lee en la comunicación del despido, la demandada imputó al actor que por su ".grave negligencia." debió evacuarse el establecimiento para salvaguardar la salud de los empleados, ".ocasionando problemas al normal funcionamiento de la compañía, multas municipales y clausura provisoria." del mismo. Sin embargo, no aportó ninguna prueba para demostrar los hechos referidos, orfandad probatoria que a mi entender determina la improcedencia del despido del Sr. Sosa.

Lo cierto es que según se desprende del acta Nro.2920, obrante a fs.62, de la causa penal glosada por cuerda, la clausura del establecimiento de la demandada se debió a la carencia de un programa de evacuación para casos de escape de amoníaco y emergencias, mas no al incidente que provocó la inspección por parte del personal de la Municipalidad de Tigre.

Ahora bien, aún considerando que hipotéticamente el incidente hubiese ocurrido del modo pretendido por la demandada y se admitiera que el actor fue responsable, considero que el despido resulta desproporcionado, de conformidad con lo dispuesto por el art.242 de la LCT.

Lo cierto es que se trató de un hecho aislado, protagonizado por un empleado que contaba con más de cinco años de antigüedad y que carecía de antecedentes en ese sentido, circunstancia que demuestra que cumplía eficazmente la función para la que había sido contratado.

Desde tal perspectiva y de acuerdo con las facultades disciplinarias conferidas por el art.67 de la LCT, la demandada pudo haber aplicado una medida acorde a la supuesta falta cometida por el actor. Es más, si consideró que el incumplimiento imputado era tan grave hubiese podido, ajustándose al principio general de preservación del contrato de trabajo establecido en el art.10 de la LCT, aplicarle como sanción el máximo permitido por la ley -30 días de suspensión- (conf. art.220 de la LCT), sin perjuicio de la valoración que pudiera corresponder sobre ello a tenor de todas las circunstancias mencionadas.

En consecuencia, concluyo que las causales invocadas por la demandada no se encuentran acreditadas y, por ende, que el despido del actor resulta incausado y arbitrario, por lo que propicio revocar lo decidido en origen al respecto y acoger las indemnizaciones derivadas del despido (arts.232, 233, 245 de la LCT y art.2° ley 25.323).

IV. En sentido contrario, estimo que deberían ser desestimados los agravios del actor referidos al rechazo de los reclamos formulados en concepto de "plus por turno rotativo" y "diferencias de categoría".

De conformidad con los principios que rigen la carga de la prueba, era el actor quien debía aportar elementos suficientes para determinar la procedencia de los rubros referidos (art.377 del CPCCN). Sin embargo, advierto una total orfandad probatoria al respecto.

No asiste razón al recurrente en tanto sostiene que el desistimiento de la prueba testimonial oportunamente ofrecida no quita mérito a sus reclamos. Por el contrario, considero que dicho medio de prueba hubiese sido el más adecuado para demostrar que el actor realizaba guardias en turnos rotativos -presupuesto indispensable para la procedencia del reclamo en cuestión, conf. art.15 CCT.56/75-, o que hubiera tenido a cargo la realización de tareas diferentes a las que le correspondían por su categoría.

Por otra parte debo puntualizar que la presunción prevista por el art.55 LCT sólo recae "sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos" y, como resulta obvio aclarar, ni las supuestas guardias, ni las tareas que el actor dice haber realizado debían constar en el libro, con lo que su exhibición nada hubiese aportado al pleito.

En tales condiciones, propicio desestimar los agravios deducidos por el actor y confirmar la sentencia de grado en este aspecto (art.499 Código Civil).

V. A los fines indemnizatorios y dado que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, consideraré como base la remuneración adoptada por el Sr. Juez que me precedió, de $4.256.- En tales condiciones, a la suma determinada en grado ($23.905.-) se le deberá adicionar los conceptos cuya procedencia propongo, de acuerdo con el siguiente detalle:

Indemnización por antigüedad	$21.280 Preaviso más SAC	$9.221,33 Int. mes del despido más SAC	$1.041,11 Indmn.art.2° ley 25.323	$15.771,22 Subtotal	$47.313,66 Monto determinado en la sentencia de 1era.Instancia	$23.905 TOTAL	$71.218,66.- Dicha suma, devengará los intereses que fueron dispuestos en grado, que llegan firmes a esta Alzada.

VI. De conformidad con lo dispuesto en el art.279 del CPCCN, corresponde adecuar lo decidido en origen sobre costas y honorarios y establecer las primeras por ambas instancias a cargo de la demandada, vencida en lo principal (conf. arg. art. 68 CPCCN).

En atención al mérito e importancia de los trabajos cumplidos, lo normado en el art.38 de la LO y normas arancelarias de aplicación, regúlanse los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor y de la demandada (por su actuación en la anterior instancia) y los de los peritos técnico y contador en el 16%, 14 %, 7% y 4%, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena más intereses. (arts. 1,6,7,8,19 y 37 de la Ley 21839, art. 3º inc. b y g del D.L.16638/57, D.L. 7887/55 Y Ley 21165).

Asimismo, por su actuación en esta Alzada, propongo regular los honorarios en el 30% y 25%, actora y demandada, respectivamente, que deberán ser calculados sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. (art. 14 Ley 21839).

VII. En síntesis, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Modificar el fallo apelado y, en su mérito, elevar el monto de condena a la suma de $71.218,66- con más los accesorios dispuestos en el considerando V; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios y establecerlas de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior.

El Dr. Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Modificar el fallo apelado y, en su mérito, elevar el monto de condena a la suma de $71.218,66- con más los accesorios dispuestos en el considerando V; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios y establecerlas de acuerdo a lo expuesto en el considerando VI.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara Mab Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara