Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-18


SENT Nro. 137 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Molina, María Fernanda vs. Asociación Mutual El Hogar del Empleado s/Sumarísimo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IIa., con fecha 09 de agosto de 2001 (fs. 442/443 y vta.), la actora interpone recurso de casación (fs. 447/468), el que es concedido mediante auto del 26 de septiembre de 2001 (fs. 470). Consta en el informe actuarial de fs. 478, que ninguna de las partes ha presentado el memorial facultativo previsto por el art. 137 del CPTT.

2.- El fallo atacado no hace lugar a la apelación planteada por la parte actora, confirmando la sentencia del juez de conciliación y trámite que hizo lugar a la tercería de mejor derecho promovida por Dardo Manuel Soria en contra de María Fernanda Molina y la Asociación Mutual El Hogar del Empleado, ordenando el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble ubicado en calle Perú nro. 458 de esta ciudad (inscripción registral N-38111). Para ello, sostiene que la sentencia apelada entendió que por encontrarse el incidentista en posesión real, pública y pacífica del inmueble, por el efecto publicitario de la presentación en el sucesorio de la escritura de cesión y siendo la tradición y posesión del bien anterior al embargo, amparada por la presunción de buena fe, lo habilita como titular de un derecho jurídicamente protegido que debe prevalecer ante el embargante que exhibe un crédito simplemente quirografario. Explica que ello implica la superación de los agravios sobre la doctrina legal que el recurrente considera inadecuada, merituando las circunstancias de hecho y derecho de la cesión de los derechos hereditarios.

Asegura que es de esencial consideración el hecho de encontrarse el incidentista en la posesión del inmueble, extremo que se encuentra acreditado y que junto a la escritura pública de cesión de los derechos hereditarios, acompañada de la tradición y notificación de la misma, lleva a la definición de propiedad.

Sustenta que el tercerista es un poseedor actual, de buena fe, con un contrato de cesión de derechos hereditarios y adjudicación en el sucesorio del inmueble, anteriores al embargo de la actora siendo que la propiedad la crea el título y no la registración.

Analiza que aunque del art. 2505 Cód. Civ. puede inferirse que la perfección de la transmisión o adquisición de derechos reales sobre inmuebles se logra por medio del último asiento registral, cabe una distinción entre las transmisiones entre vivos y mortis causa. De tal divergencia de situaciones y de la ausencia de un texto legal expreso que regule la situación, se concluye que lo que existe es un conflicto entre el adquirente por causa singular o universal con un acreedor embargante que se resuelve, a tenor de los principios generales del derecho, otorgando la primacía del tiempo en el derecho para aquel poseedor que goza la posibilidad de obtener el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre el bien.

3.- El escrito casatorio puntualiza los requisitos de admisibilidad del recurso, analiza la trascendencia del asunto, realiza un relato de los antecedentes y manifiesta los agravios que fundan el recurso de casación.

El primero de ellos, se funda en que la sentencia recurrida no ha sido debidamente fundada, pues realiza una velada e inadecuada equiparación del fallo "Rubio vs. Filippini" con el presente caso, asimilando la posesión del tercerista de autos y la que sustentaba el poseedor titular del boleto de compra-venta de aquél.

El segundo, supone que el Tribunal no advirtió el verdadero trasfondo de los agravios al considerar que los hechos que acreditaron la posesión no resultaron alcanzados por los agravios, cuando en realidad no consta que el causante sea el titular registral del inmueble ni tampoco cómo ni cuándo entró en la posesión del mismo para poder ser luego transmitida dentro de la universalidad que conformaba su herencia. Con esa cesión de acciones y derechos posesorios, el tercerista sólo podría haber pretendido usucapir la propiedad. El fallo recurrido, por el contrario, no advirtió la ilegitimidad de la posesión, calificación que perjudica la preferencia reconocida puesto que, salvo el caso del titular del boleto de compraventa expresamente exceptuado, no es predicable que pueda ampararse la pretensión de quien detenta la posesión con carácter ilegítimo.

Entiende luego, que el fallo incurre en un error de interpretación, ya que si bien el heredero pudo haber cedido sus derechos hereditarios al tercerista, no pudo hacerlo con aquéllos que no hubiera recibido. Concretamente, el causante no tenía el derecho real de dominio sino a lo sumo, una posesión ilegítima, razón por la cual, fueron cuestionados los alcances jurídicos de los instrumentos presentados por el tercerista, al no justificar un tracto sucesivo interrumpido.

Considera que de las diversas citas jurisprudenciales invocadas por el tribunal, éste parecería considerar que la cesión invocada es oponible al embargante, aunque sin razonar ni especificar a cual de esas opiniones adhiere ni por qué, circunstancias que vician el fallo de arbitrariedad. Por otra parte, considera que la comunicación al juez del sucesorio de la cesión hereditaria, otorga prioridad al cesionario frente a aquellos que tienen interés legítimo en alegar alguna pretensión en ese sucesorio pero no, frente al embargante que no era acreedor hereditario sino del Hogar del Empleado, verdadero titular registral desde 1933. En última instancia, en el caso de alegarse la posesión del inmueble, el cesionario sólo ostentaba un derecho personal que no le confería preferencia característica de los derechos reales: la fórmula prior in tempore, potior in iure, no rige para los derechos personales. Por otra parte, la posesión y tradición invocadas podrían tener efecto publicitario en cuanto fueran causa de una posesión legítima, no en el caos de un posesión sin título adquirida de quien no tenía derecho a poseer la cosa.

Seguidamente cuestiona que el fallo destaca la buena fe presumida, guardando silencio acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la posesión del tercerista distinción de suma importancia en tanto la primera goza de protección legal, no haciéndolo así la segunda.

Sostiene por último, que el conflicto que se plantea no entre un adquirente poseedor de un inmueble y un acreedor embargante del mismo, según entiende la sentencia, sino -en última instancia- entre dos acreedores del demandado en autos: la actora, que ostenta un embargo definitivo con inscripción registral oponible al tercerista y el tercerista con una posesión ilegítima, que excluye por definición la constitución de todo derecho real y que sólo le permitirá obtener el dominio mediante una prescripción adquisitiva.

4.- Reexaminados los requisitos de admisibilidad, advertimos la temporánea interposición contra sentencia definitiva y demás exigencias del art. 132 del CPTT, no siendo el afianzamiento previsto en el 133 CPTT exigible. En relación al requisito establecido por el art. 131 inc. a) del CPTT, es necesario efectuar la siguientes consideraciones.

4.1.- Se agravia la actora por cuanto la sentencia de Cámara habría equiparado erróneamente, a su criterio, el fallo "Rubio vs. Filippini" con el caso de autos. El agravio es reiteración de idéntico planteo efectuado ante la Cámara, el que fue rechazado en razón de considerarse superado por las demás probanzas y valoraciones efectuadas por el juez conciliatorio, en especial el hecho de encontrarse el tercerista en posesión real, pública y pacífica del inmueble y, el efecto publicitario de la presentación en el sucesorio de la escritura de cesión, máxime cuando tanto la tradición como la posesión fueron anteriores al embargo.

A idéntica solución, debe arribarse en el marco del recurso casatorio, pues la circunstancia de que el a quo resolviera el caso en idéntico sentido a "Rubio...", no habilita a la recurrente sostener que se ha efectuado una velada e inadecuada equiparación, en tanto la sentencia recurrida resolvió merituando las circunstancias de hecho y de derecho presentes en el caso de autos, con argumentación independiente de la mentada equiparación.

4.2.- Los agravios referidos a la consideración efectuada por el tribunal acerca del modo y del tiempo en que el causante habría entrado en la posesión del inmueble así como su calificación, son cuestiones de hecho ajenas a esta instancia extraordinaria local, salvo fundada alegación de arbitrariedad fáctica, cosa que no sucede en el caso. En efecto, la arbitrariedad no aparece mínimamente configurada ya que el fallo cuestionado, como luce de su mera lectura, se fundamenta en una valoración razonable de todas las probanzas pertinentes producidas en autos. Las consideraciones precedentes, con fundamento en las constancias del expediente revelan que en realidad, sólo se trata de una discrepancia de la parte actora respecto a la valoración de las pruebas y consecuente determinación de los hechos que efectuara el Tribunal. En otras palabras, el agravio en examen no se motiva en una violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo (CPT, artículo 131, inciso "a"), sino en una mera cuestión fáctica como lo es la precedentemente señalada. Así, el fallo recurrido expresamente sostuvo que el elemento base frente a la pretensión jurídica debatida, lo constituye la ponderación efectuada sobre el hecho de encontrarse el incidentista en posesión del inmueble de la controversia, extremo que quedó acreditado en base a las probanzas allí mencionadas, las que no aparecen absurdamente valoradas o transgrediendo las reglas de la sana crítica. Por su parte, el agravio referido a la falta de tratamiento por el tribunal de la calificación de legítima o ilegítima que corresponde a la posesión, no afecta en modo alguno las consideraciones efectuadas y conclusiones arribadas por la sentencia. Ello es debido a que pese a la fuerza de la expresión "posesión ilegítima", tal calificación resulta a efectos prácticos, inservible; al respecto sostuvo Salvat: "No encontramos en el Código aplicaciones que demuestren el interés práctico de ella, su valor es más bien puramente teórico..." (Salvat, Tratado de De recho Civil Argentino, Derecho Reales I, Tipográfica Editora Argentina, 1951, pág. 71. Idem Marina Mariani de Vidal "Curso de Derechos reales" volumen I, pág. 110). Ello así, sin perjuicio de lo que se expone en el considerando siguiente.

4.3.- En relación a la supuesta falta de titularidad del inmueble cedido, dicha crítica resulta insuficiente, por cuanto existe hijuela adjudicataria de la cosa en cuestión a favor del cesionario; dicho acto, fue acreditado oportunamente en el expediente; por lo tanto, el recurrente deberá ocurrir por la vía y forma que corresponda, en cuanto por derecho hubiere lugar, atento a que todo cuestionamiento a la sentencia judicial que le adjudicó el inmueble al tercerista y a lo actuado en el proceso sucesorio, no corresponde sea abordado en el marco de una mera incidencia planteada en un proceso laboral vinculada a una tercería de mejor derecho, por no ser la vía idónea.

4.4.- También carece de suficiencia la crítica referida a la publicidad de la cesión hereditaria, es necesario aclarar que, según la reconocida doctrina del doctor Fernando López de Zavalía en su obra Teoría de los Contratos T. II, a cuyos sólidos fundamentos me remito, la notificación al juez del sucesorio, mediante la presentación del testimonio de la escritura de cesión, es suficiente para alcanzar la oponibilidad del contrato, sin perjuicio en la especie, del carácter publicitario con relación a terceros de la tradición y posesión, con anterioridad al embargo, que ostenta el tercerista con relación al inmueble en cuestión.

5.- Consecuentemente, la inadecuación de los planteos formulados en esta instancia casatoria al requisito de admisibilidad previsto en el art. 131 inc. a) y 132 inc. b) de la normativa procesal laboral, conduce a declarar mal concedido el recurso de casación intentado por la parte actora. En cuanto a las costas de esta instancia, por el principio objetivo de la derrota, deben imponerse al vencido, accionante en autos (arts. 49 del CPTT y 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por Excma. Cámara del Trabajo Sala IIa., de fecha 09 de agosto de 2001.

II.- COSTAS de esta instancia como se consideran III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO