Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-09


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "A., M. A. s/ Homicidio s/ Recurso de Queja" (Expediente N° 21999 - Folio 189 - Año 2010 - Letra "A").

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado a fojas 356: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El caso llega a esta instancia con motivo de la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (fojas 318/328) en desmedro de la decisión de la Jueza Penal Mariel Alejandra Suárez, que absolvió a H. A. Q., J. D. N. y B. M. del delito de homicidio en agresión, en concurso real con lesiones graves en agresión, en calidad de coautores (artículos 90, 95, 55 y 45 del Código Penal) por el hecho ocurrido el 4 de noviembre de 2007.

II. El titular de la vindicta pública alegó arbitrariedad en la sentencia Nº 24/2010, desde que la a quo aplicó erróneamente la ley y se extralimitó en su competencia. Indicó que los vicios alegados frustraron un acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes, tras operar el reenvío previsto en el artículo 387 del ritual. Manifestó que la magistrada absolvió a los imputados sin considerar el acuerdo y en la equivocada consideración que ése violentaba garantías constitucionales de los atribuidos.

Luego de repasar los antecedentes de la causa, esbozó los agravios en los que cimentaba el recurso.

En primer término, indicó que la a quo no dio un real tratamiento al acuerdo de juicio abreviado traído por las partes y omitió el control de la existencia, legalidad y seriedad de los puntos plasmados.

Sostuvo que la jueza debió examinar el contenido del convenio y resolver de acuerdo a las opciones que surgían del artículo 355 del Código Procesal Penal. Manifestó que, sin embargo, la a quo juzgó que se hallaban comprometidas garantías constitucionales (la del non bis in ídem) y absolvió a los incusos.

Puso de resalto que si la Cámara en lo Penal dispuso la realización de un nuevo debate, fue porque no existía vulneración alguna.

En otro orden, destacó que la Jueza Penal no declaró la inconstitucionalidad del artículo 387 del ceremonial que ordena el reenvío; única hipótesis -advirtió- que permitía a un magistrado abstenerse de aplicar una norma.

En ese sentido, indicó que para apartarse de un precepto legal, no bastaba con argüir que ése repugnara a la Constitución. Reiteró que correspondía que la a quo celebrara el juicio, examinara el contenido del acuerdo y absolviera o condenara en función de su contenido.

A continuación, destacó que el acuerdo de marras en modo alguno atentaba contra el non bis in ídem. Ello, por cuanto, no se trató de un nuevo juicio, en términos de una doble persecución penal en contra de los atribuidos, sino, la continuidad del mismo proceso, a fin de que pudiera dictarse una sentencia válida.

Insistió en que la decisión del reenvío no fue cuestionada por las partes y, además, se concretó un acuerdo de juicio abreviado, sin vislumbrar violación a la garantía en cuestión.

Seguidamente, expresó que más allá del primer agravio, existían otras falencias relevantes en la resolución que permitían objetar su validez.

Así, manifestó que la a quo sin brindar fundamentos, señaló que el acuerdo se encontraba viciado desde que los imputados lo rubricaron condicionados, a fin de evitar un nuevo juicio oral y público y una eventual condena más severa.

Alegó que la magistrada no podía presuponer con meras aseveraciones desprovistas de rigor técnico que el convenio encerrara vicios como los que señaló, ni debía conjeturar que hubiera mediado presión sobre los imputados o que la eventualidad de una nueva condena los presionara.

Señaló que esa ausencia de precisión técnica impidió que la jueza analizara el contenido del acuerdo puesto a su consideración. Indicó que si lo hubiera hecho, hubiera advertido que aquél se adecuaba a lo normado por el ceremonial y que respetaba en un todo los límites de pena que el legislador previó para los casos de juicio por reenvío (el convenio preveía una pena sensiblemente inferior a la que se les había aplicado oportunamente y, además, era de cumplimiento condicional).

Manifestó, a todo evento, que si la sentenciadora vislumbraba condicionamientos en el imputado, debió no hacer lugar al acuerdo, a partir del examen de su contenido y seriedad.

A continuación, subrayó que el pronunciamiento basado en la afectación de garantías de orden constitucional, inobservó la aplicación de normas procesales vigentes.

Repitió que la a quo dejó de asumir en forma concreta su competencia, sino que se extralimitó, al no absolver o condenar en base al contenido del acuerdo.

Por último, efectuó petitorio de estilo.

III. En las hojas 346/349 vuelta luce agregada la contestación de la Defensora Pública, doctora María Matilde Cerezo, a la impugnación articulada por el Ministerio Público Fiscal.

La letrada entendió que la Jueza Penal, en el marco de su actuación, realizó el control de garantías del juicio de reenvío que le exigía en rito.

Sostuvo que la a quo al detectar la vulneración a la garantía del ne bis in ídem aplicó correctamente la ley y dictó la resolución que correspondía.

En otro orden, aclaró que no resultaba necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 387 del Código Procesal Penal, pues el artículo 12 del mismo cuerpo legal establece que no puede perseguirse penalmente a una persona por el mismo hecho.

Seguidamente, suscribió la decisión de la sentenciadora quien consideró que la decisión de la Cámara en lo Penal contravino la norma del artículo 12 del ceremonial, que ordena que la persecución penal sea única.

Rechazó el mote de arbitraria de la sentencia atacada. Consideró que el fallo se hallaba correctamente fundado, toda vez que una vez que la a quo advirtió la vulneración de garantías de raigambre constitucional, absolvió a los imputados de acuerdo al derecho vigente.

Indicó que la jueza tampoco se extralimitó en su competencia ni desatendió la orden de realizar un nuevo juicio ya que actuó conforme las mandas del artículo 72 del digesto adjetivo.

A todo evento, planteó que a la fecha la causa se encontraba vencida por aplicación del artículo 146 del ritual. Sostuvo que se hallaban superados con creces los tres años fijados en aquél.

Interpretó que la norma cuando mencionaba la impugnación extraordinaria, se estaba refiriendo al recurso del imputado y no al del fiscal. Destacó que en los presentes no existió, de parte del atribuido, articulación de impugnación extraordinaria alguna.

También propició la aplicación de la doctrina del plazo razonable de duración del proceso.

Por último, formuló reserva de acudir por ante la corte federal y requirió la confirmación de la sentencia absolutoria.

IV. Expuestos los motivos de agravio, abordaré la solución del caso, con el anticipo de que esta cuestión la analicé al tiempo de resolver la queja impetrada.

Me permito reiterar los argumentos allí expuestos, los que se inclinan por admitir la protesta introducida.

En este sentido, advierto que la decisión de la Jueza Penal Suárez (Acta Nº 454/2010 - Sentencia Nº 24/2010) de absolver a Q., N. y M., en el entendimiento de que el reenvío dispuesto por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia violentaba la garantía constitucional que protege a las personas de una doble o múltiple persecución penal (nos bis in ídem), abandonó la doctrina legal de esta Sala (y la mayoritaria nacional) y resistió las disposiciones del digesto adjetivo que regulan el instituto en cuestión (concretamente, el artículo 387).

Sostuve muchas veces que el ordenamiento procesal local no acoge la teoría de la bala de plata bendecida y que el reenvío no constituye una instancia de nuevo juzgamiento.

Es que, la resolución condenatoria que fuera anulada carece de efectos y, por ende, el dictado de uno nuevo, no provocará la coexistencia de dos fallos que resuelven el mismo hecho, pues sólo uno de ellos se considerará válido.

Por lo demás, juzgo que en virtud del artículo 355 del ceremonial, la Jueza Penal Suárez debió controlar la existencia y seriedad del acuerdo y fundar su decisión en el hecho descripto y admitido por los imputados, con el asesoramiento de su letrada.

Sin embargo, ninguno de estos extremos se verificó en la decisión adoptada. En lugar, la magistrada enunció sus objeciones al reenvío ordenado y sin adentrarse en el contenido del convenio arribado, absolvió a los incusos.

La doctrina legal es un concepto jurídico que le confiere el carácter obligatorio a la jurisprudencia de los tribunales de instancias inferiores con respecto a los de instancias previas.

V. Aunque en el presente texto constitucional no existe norma escrita que establezca esa imposición, razones de economía procesal aconsejan que la doctrina legal sea acatada por los tribunales de las instancias previas a los que la determinan. Bidart Campos -para quien si la misma ley es aplicada o interpretada por los tribunales en forma contradictoria o diferente para situaciones idénticas, la igualdad jurídica carece de vigencia- confutó a quienes sostienen que la aplicación obligatoria de determinada jurisprudencia equivale a conferir a los jueces una facultad similar a la de legislar (para ellos jurisprudencia obligatoria y ley se confundirían en detrimento de la distinción entre órganos y funciones del poder. (ver Bidart Campos, Germán J.: "La jurisprudencia obligatoria". Publicado en: La Ley, 2001-F, 1492-LLP 2001, 1289).

Si tenemos por cierta esta enseñanza, la discusión sobre el tema está cerrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto decidió: "No obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan, pues dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes". (Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Romero, Carlos Ernesto c/ Andrés Fabián Lema s/ desalojo - recurso de casación e inconstitucionalidad", R. 756. XLIII; REX, del 23/06/2009, T. 332, P. 1488 -del dictamen de la Procuración General, al que remitió.).

VI. La cuestión introducida por la Defensa, en punto al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, no tendrá acogida. Es que, el lapso durante el cual el caso estuvo instalado ante estos estrados (los 43 días desde el 31/07/2009 al 11/09/2009 y los dos años y 22 días desde el 04/06/2010 al 26/06/2012), debe sustraerse de aquel cómputo (artículo 146 del Código Procesal Penal). El rito no distingue entre impugnación extraordinaria del incuso o del fiscal, por lo que, no corresponde efectuar ninguna diferenciación.

VII. En función de lo expuesto, propicio que la resolución Nº 24/2010 sea revocada y que las actuaciones sean remitidas a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia a fin de que un nuevo juez se expida sobre el acuerdo oportunamente alcanzado.

Por lo demás, es dable advertir que el escueto tramo temporal pendiente antes de que opere la caducidad de la acción, demandará celeridad de parte de los organismos involucrados en la tramitación y resolución del asunto.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. En el voto anterior, el doctor Panizzi ha expuesto con claridad los antecedentes del caso y los argumentos que motivó la impugnación extraordinaria del Ministerio Público Fiscal, por lo que omitiré la reiteración de lo dicho.

II. El Tribunal Unipersonal integrado por la doctora Mariel Alejandra Suárez, en la oportunidad de controlar el acuerdo de juicio abreviado acordado entre las partes, resolvió absolver a los imputados por violación a la garantía del non bis in ídem. Sostuvo que la Cámara en lo Penal al anular el proceso por vicios que lo invalidaban ordenó la realización de un nuevo juicio, y dicha situación atenta contra el doble juzgamiento.

III. Esta es la cuestión que trae la Fiscalía a la instancia y adelanto que mi decisión será coincidente con la del Ministro preopinante.

Veamos.

Con fecha 6 de marzo de 2009, la jueza penal doctora Julia Josefa Lazcano dictó sentencia condenatoria respecto de B. M., J. D. N. y H. A. Q., por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio en agresión en concurso real con lesiones graves en agresión -v.fs.125/31 vta.-.

Contra dicha decisión interpuso impugnación ordinaria la Defensora Pública. Sus argumentos fueron que la sentencia no valoró la prueba ventilada en juicio, limitándose a enumerar testigos equivocados con citas equivocadas, desechando las manifestaciones vertidas por la defensa.

Los jueces de cámara analizan la cuestión, y al ser tan evidentes los errores denunciados, deciden hacer lugar a la impugnación y declaran la nulidad de la sentencia condenatoria, y disponen la realización de un nuevo debate.

De la lectura del fallo se desprende que la invalidez deviene de serios errores materiales cometidos por la jueza penal, a saber: ´. se ha incurrido en errores, de modo reiterado, en orden a la identidad de los testigos de cargo, cuyos dichos se utilizan -entre otros medios de prueba- para fundar la condena;. A lo expuesto, se agregan otros errores de redacción, que también dificultan la comprensión y control del razonamiento que ha seguido la Sra. Juez Penal Subrogante, para arribar al resultado condenatorio.´ -v.fs. 180/2-.

Luego, el vocal que lideró el acuerdo, concluyó: ´. La consecuencia del déficit de motivación de la sentencia impugnada, no puede ser otro que la declaración de nulidad de la misma y el consecuente reenvío, toda vez que si bien el Tribunal comparte en un todo la posición del Acusador Público, que brega por la conservación de los actos procesales, hemos coincido en la deliberación que, en el caso, tal solución deviene de imposible realización, en razón que los defectos constatados se relacionan con aspectos centrales del fallo, y entonces no es posible sustituir allí la actividad del juzgador del debate, por la del Tribunal de alzada, so pena de violentar el debito proceso, el derecho de defensa en juicio, y el del imputado al recurso contra la sentencia de condena.´ -v.fs.181 vta.-. En síntesis, podemos concluir que la sanción procesal dispuesta se decretó a favor del imputado, y el recurso ordinario que autorizó la intervención del Tribunal Revisor, centró su atención en los defectos del fallo condenatorio, lo que permitía prever el resultado obtenido en la segunda instancia.

Por otro lado, y como bien lo sostiene mi colega preopinante, el reenvío se encuentra legislado en nuestro ordenamiento procesal, y los argumentos dados por la jueza Suárez desoyen la doctrina legal sentada por esta Sala y las normas adjetivas de nuestra provincia.

Similar situación se definió en autos "CRIA. MOSCONI s/ Homicidio Culposo r/v O., V. s/ Impugnación" (Expediente N° 21698 - Fº 139 - Tº II - Año 2009 - Letra "C"), oportunidad en la que se dijo que la sentencia anulada carece de efectos y de esta manera, el dictado de una nueva no provocará la coexistencia de dos fallos que resuelvan sobre el mismo hecho.

Además, la intervención de la magistrada debió limitarse a controlar el acuerdo al que habían arribado las partes, el cual era producto del reenvío dispuesto por la Cámara. No obstante, se extralimitó de su competencia, y omitiendo la redacción del artículo 387 del C.P.P., dejó sin efecto una sentencia dictada por un tribunal de superior jerarquía.

IV. Respecto al vencimiento del plazo máximo del proceso, adhiero a las consideraciones efectuadas por el doctor Panizzi, en cuanto a que el período en el que estuvo radicado el expediente ante estos estrados no deberá computarse. V. Por todo lo expuesto voto por hacer lugar a la impugnación extraordinaria, revocar la resolución en crisis, y disponer el envío de las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

Asimismo, en virtud de la advertencia formulada por mi colega el Dr. Panizzi en la última parte de su voto, en orden a la pronta caducidad de la acción en los presentes, juzgo oportuno recomendar que se le imprima a esta carpeta en la instancia inferior un trámite célere.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Prólogo Ya los distinguidos pares que me han precedido en el orden de votos han dado cuenta acabada de la razón que motivó que el asunto viniera a la Sala. Han formulado una semblanza de la sentencia recurrida y de la impugnación, trazando el cuadro ilustrativo necesario para dar autonomía a la sentencia en el aspecto.

Agregar más sería un sin sentido, en toda la extensión de la palabra.

De suerte que pasaré a dar cuenta del asunto en la tópica que viene.

II.- La solución.

1.- La posición que sostendré no ha de ser distinta de aquella que expusieron los señores Ministros Panizzi y Rebagliati Russell al dar sus ponencias.

Es que como ellos juzgo que la sentencia, ilegal, debe ser extirpada del proceso mediante la aceptación de los agravios que conforman la arquitectura del recurso.

2.- Varios son los puntos errados del fallo que se examina.

Procuraré ordenar la exposición para intentar la emisión de un discurso metódico.

En ese tren analizaré, primero, la cuestión atinente a las capacidades de los Jueces en el llamado "Juicio Abreviado".

La norma procesal que lo regula no admite interpretaciones equívocas en cuanto a los poderes conferidos al órgano jurisdiccional, aunque el instituto pueda ser discutido.

Es que el acuerdo, amén de que puede ser rechazado, le impone -antes- verificar su existencia material y horadar en su seriedad, capacitándolo a absolver en los supuestos referidos a los hechos de la acusación admitidos por el imputado y demás circunstancias aportadas por aquél.

Se diría que, como garante de la legalidad en todas su dimensiones, el Juez podría decidir una cuestión primordial al ejercicio del poder de persecución, como es la existencia de una circunstancia dirimente, cuando no ha sido articulada como excepción al ejercicio de la acción: la doble asechanza, por cierto.

3.- Pero esa asechanza ha de poseer ciertas características.

Al margen de la triple identidad: sujeto hecho y causa, las garantía del doble juzgamiento importa que nadie puede ser perseguido nuevamente después de una sentencia válidamente emitida.

La revocación de la condena por la Cámara Penal por vía de la sanción de nulidad aplicada a la sentencia que la declaró no importa la existencia de doble juzgamiento, pues mal podría argüirse que, en esas condiciones, existe un pronunciamiento válido que colisione con aquél que es consecuencia del reenvío, con desmedro a las garantías del imputado.

El Código Procesal es un sistema y no se presume que el legislador haya sancionado inconsecuencias.

Si bien el art. 12 del adjetivo garantiza que nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado una sola vez por el mismo hecho, no menos cierto es que este instituto cohabita con el reenvío (art. 387 del C.P.P.) cuya constitucionalidad no ha sido puesta en vilo en el dispositivo de la sentencia.

Tengo para mí, de esta manera entonces, que la mejor manera de armonizar lo que se plantea como un contraste, es considerar "proceso" como sucesión finalizada mediante un "pronunciamiento conclusivo válido" que es inmutable, lo que no constituye el caso.

5.- En lo que atañe al vencimiento del plazo del art. 146 del C.P.P, tópico traído por la Defensa y susceptible de tratar por ser de orden público, considero que el que ha opinado soslayó la interpretación dada por la Sala respecto de la suspensión del término en toda ocasión en que el caso queda radicado en la instancia.

Los cómputos dados en el primer voto son elocuentes al respecto y no merecen mayores disquisiciones.

III.- Epílogo Sin otras palabras que añadir, voto en concurrencia con mis colegas Ministros por la revocación del fallo y el envío del caso a la Oficina Judicial para que siga según su estado.

Ese organismo y el Juez de intervención deberán tomar en consideración, para actuar de modo célere, el tiempo remanente hasta la posible caducidad de la acción penal.

Así me expido y voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal a fojas 318/328.

2º) Revocar la Sentencia Nº 24/2010, de fecha 27 de abril de 2010.

3º) Remitir las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

4º) Hacer saber al Director de la Oficina Judicial y al Juez que oportunamente resulte desinsaculado, las consideraciones efectuadas en torno a la inminente caducidad de la acción penal (artículo 146 del Código Procesal Penal).

5º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell-Jorge Pfleger-Alejandro Javier Panizzi-Ante mí: José A. Ferreyra Secretario.