marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, eximentes de responsabilidad, pasajero damnificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ, EDUARDO JULIO Y OTRA c/ EFA. s/ LESION DE PASAJERO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-01-21

No corresponde que el ferrocarril intente exonerarse sobre la base de que la vigilancia es de incumbencia de la Superintendencia de Policía del Tráfico Ferroviario (art. 1, ley 20.952, ADLA XXXV-A, 1975, pág. 4), ya que de lo que aquí se trata es del cumplimiento de sus obligaciones como transportista, las que no pueden ser eximidas por el hecho de que en la jurisdicción ferroviaria también se haya establecido por ley la competencia de una dependencia de la Policía Federal.
Reclamo administrativo previo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., A. P. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-03

Con referencia al agotamiento de la vía administrativa y la reclamación previa, este Cuerpo viene interpretando desde la SD N° 08/SRE/96 ("C. F...."), que en el proceso contencioso-administrativo provincial, esto es, aquél en que una de las partes es la Provincia, o alguno de sus órganos descentralizados o autárquicos, el principio que emana del Dto. Ley 920 (hoy Ley I Nº 18) -norma general- es la inexigencia de ese recaudo, salvo que una norma de derecho positivo aplicable a la relación jurídica sustancial así lo exija.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sala, Augusto Francisco c/ Cian, Hector Elio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Si el vehículo tras la reparación fue vendido y daño "en perfecto estado de conservación" y se obtuvo el precio corriente de plaza para su marca, modelo y año de fabricación, no existe daño resarcible y debe desestimarse la indemnización por desvalorización del rodado.
Prueba anticipada, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ARISTA, JAVIER ANTONIO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-05

Si bien las medidas no importan la concreta puesta en marcha del proceso, no es menos cierto que tales diligencias revisten efectivamente la calidad de interruptivas de la prescripción; toda vez que, con las mismas se pone de manifiesto la existencia de una real voluntad dirigida a obtener una decisión judicial y la intención del accionante en evitar perder el derecho que le asiste.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Murat de Viu, Estela del Valle y otros c/ Viu, Custodio s/ Liquidación sociedad de hecho y rendición de cuentas fenelli, ernesto jorge c/ di mari, nestor s/ rendicion de cuentas Paredes Piermattei S.A. c/ Citibank N.A. s/ Daños y perjuicios Casa Nieto S.A. c/ Amouroux, Amelia s/ Acción de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17|1988-09-20|1995-02-28|1991-05-28

Determinar si en un caso concreto se ha configurado cosa juzgada es una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias y que, por ende, no es susceptible de censura en casación.
Despido por falta o disminución de trabajo, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: Barros, José Alberto c/ Vip - Empresa de Vigilancia y/u otro s/ Indemnización y otros beneficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-26

Al quedar demostrado en autos, que la empresa que contrataba los servicios de la apelante demandada -y en la cual se desempeñaba el actor- habría rescindido su contrato, se configura el factor externo, imposible de evitar por la empresa demandada, y que permite tipificar la falta o disminución de trabajo. Consecuencia de ello, es que deba efectuarse la reducción únicamente sobre la indemnización por despido, debiendo prosperar los demás rubros y sumas confirmados por el A-quo. Decidir lo contrario, equivaldría a derogar en la realidad tal normativa, en virtud de la acumulación de requisitos y probanzas exigidos por los jueces. Impidiendo a la empresa tomar medidas para subsistir, evitando así colocarse en situación que pudiera llevarla a la quiebra y a prescindir, no de un porcentual, sino de todos los trabajadores, sin que le quede al despedido ni la posibilidad de una reincorporación.

(Disidencia Dr. Herrera)
Recurso contencioso administrativo, efectos del acto administrativo, renuncia al empleo, personal no permanente, habilitación de instancia, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Lucía Leonor c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-19

Tocándome definir la suerte de la presente cuestión, me adhiero al voto que me precede, entendiendo así que la cuestión no puede reducirse solo a considerar la firmeza del Decreto 820/99 -que aprueba la renuncia de la actora-, pues el Decreto 1191/01 que rechaza el pedido de nulidad intentado contra aquél exterioriza como otro fundamento el régimen legal aplicable a la situación de revista de aquella -personal no permanente, fuera de nivel.

La última resolución administrativa que desestima un recurso deducido en forma extemporánea no podría, de ningún modo, hacer nacer nuevamente el plazo ya fenecido, pues de no ser así no existirían actos firmes ni tendría efecto la cosa juzgada, con lo que todos los actos serían impugnables indefinidamente. Empero ello, advierto en la especie que concurre un argumento que torna al acto complejo y que "habilita en cierta forma esta instancia judicial".

Es decir, el acto administrativo está resolviendo con dicho argumento una cuestión ex novo, con lo que habrá que dejar de lado el principio de la inimpugnabilidad de los actos administrativos que se limitan a reproducir uno anterior y que son rechazados por la justicia o no impugnados dentro de los plazos legales, pues sabido es que aquella regla solamente puede tener andamiento ante la identidad entre el acto anterior consentido -decreto que aprueba la renuncia- y el acto confirmatorio -decreto 1191-, tanto en lo que respecta al sujeto peticionario como al objeto o pretensión y a las circunstancias de hecho existentes lo que en autos no se presenta.

Es decir que la introducción de este nuevo argumento y su cuestionamiento en término autoriza la revisión de dicho contenido.

Sin perjuicio de ello, no puede la actora alegar en esta instancia que la decisión impugnada configura una ofensa a sus afecciones íntimas, a su honor y a su integridad moral, si conocía desde un principio el modo en que ingresó al cargo y la ausencia de estabilidad del mismo. Siendo ello así, voto por el rechazo de la acción promovida, con costas. Del voto del Dr. Cáceres
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, víctima menor de edad, cámara Gesell, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: O., V. R. S/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR EL VINCULO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-08-27

No se considera que exista una arbitrariedad en señalar cuestionamientos a la entrevistadora pero a la vez valorar el contenido de la declaración de la niña. Esto porque el cuestionamiento principal (sugestión) no es tal. No puede perderse de vista que la cámara gesell es una metodología especial de entrevista donde la prueba es el testimonio de quien es entrevistada, no la actuación de quien formula la entrevista. De la misma forma que puede llamarse la atención a una parte que formula preguntas indebidas u omite formular preguntas en una audiencia de juicio pero a la vez puede valorarse la información producida por la persona que presta testimonio. Así, en el caso de la cámara gesell, puede realizarse una separación entre el accionar de quien ejecuta la entrevista y el contenido del testimonio que se recibe.
Competencia federal, competencia contencioso administrativa, depósito de la carga
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Roberto N. Lorenzo  S.A.C.I.F.I.A. c/ Administración General de Puertos Soc. del Estado s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-22

El proceso referido a la figura del almacenaje queda razonablemente comprendido en las causas contencioso administrativas contempladas en el art. 45, inc. a), de la ley N° 13.998 por resultar de relevancia para su dilucidación aspectos vinculados, en mayor medida, al marco del derecho público que del privado.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, prueba documental, idioma, copias, traducción de documentos, gratuidad del procedimiento, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fabián Marcelo y otros c/ Universal Assistance SA y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

2 - En ese sentido, el "beneficio de justicia gratuita" en que los pretensores basan su planteo, solamente alcanza a la tasa judicial (conf, CNCom, Sala D, in re "Nutkiewicz, Juan c/ FCA SA de ahorro para fines determinados y otro s/ ordinario", del 13/08/19). Consecuentemente, aunque las acciones judiciales instadas a la luz de la ley de defensa del consumidor cuentan con el beneficio de justicia gratuita, ello no se traduce en la concesión de un bill de indemnidad para las asociaciones de consumidores o los usuarios; quienes, una vez que se encuentren habilitados gratuitamente a la jurisdicción, deben atenerse a las vicisitudes del proceso.
Asociaciones sindicales, competencia, justicia nacional del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Omar Alberto y otro c/ Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos A.E.F.I.P y otro s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-17

Corresponde confirmar la resolución que declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo por cuanto, más allá de la conceptualización del conflicto intrasindical y de alusión a los arts. 59 y 60 de la ley 23.551, la decisión materializa el rechazo de la vía elegida para desactivar conductas de autonomía sindical que, en principio, no estarían teñidas de antijuridicidad ostensible y que sólo podrían ser afectadas desde la función jurisdiccional, en supuestos excepcionales ante lo dispuesto por el art. 6 de la ley 23.551, norma que establece que:".Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.". Dadas estas particularidades, la acción no encuadra en lo previsto en el art. 47 de la ley 23.551, y los hechos a los que aluden los propios apelantes supone que se diluciden en una acción plena ante el órgano apto al efecto. (conf. Dictamen FG N° 52.636 del 10/5/2011, Dr. Álvarez).
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, responsabilidad de representantes, plazo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: JC TAXI SRL S/ QUIEBRA c/ D'ONOFRIO, JUAN CARLOS Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-07

Uno de los efectos más destacados de la reforma legislativa es la unificación de las órbitas de responsabilidad contractual y extracontractual. El CCCN, adoptando el desarrollo doctrinario que precedió a la sanción de dicho cuerpo normativo, enfocó al daño como eje central de la responsabilidad generador del consiguiente deber de reparar (CCCN 1716). Esta unificación de la responsabilidad civil trajo como derivación un profundo cambio en la prescripción, al desaparecer la clásica distinción entre la responsabilidad derivada de un incumplimiento contractual de aquélla que surge como consecuencia de la inobservancia del deber genérico de no dañar (el tradicional principio alterum non laedere). Ergo, el principio general en materia de prescripción liberatoria viene dado, en la actualidad, por el CCCN 2560, que establece un plazo genérico de cinco (5) años, en ausencia de otro distinto. Empero, en el caso, a los fines de establecer el plazo de prescripción aplicable a la acción social de responsabilidad contra socios con responsabilidad limitada y administradores de sociedades respecto de las cuales se decretó la quiebra (LCQ 175), la norma más relevante parece ser la del art. 2561, segundo párrafo, que fija en tres (3) años el plazo de prescripción para los reclamos indemnizatorios derivados de la responsabilidad civil. Más corresponde aplicar en el caso, el postulado plazo bianual del CCIV 4037, toda vez que los hechos que motivaron la presente acción se generaron con anterioridad a la sanción del nuevo CCCN. Y no el plazo trianual del ya mencionado CCCN 2561.
Riesgo asegurable, póliza, asegurador, muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Chaparro Jose Eduardo c/ Alico Compañia De Seguros S.A. s/ Ordinario S/ Ordinario Cumplimiento De Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-20

La inclusión de la palabra "accidente" en una póliza de seguro, ciñe el riesgo a una contingencia donde la muerte como consecuencia del accidente tiene un origen traumático, es decir cuando la lesión corporal que la causa es debida a la acción de un acontecimiento exterior, súbito y violento de carácter fortuito e imprevisible, ajeno a la voluntad del asegurado, por el contrario, si el origen consiste en un proceso patológico anatómico o funcional del organismo donde los signos son de origen natural y no accidental, no hay duda que la causa de la muerte del padre del accionante -accidente cerebro vascular- tiene origen natural, como consecuencia del episodio agudo que sufrió en su sistema nervioso central que le ocasionó la muerte y no está contemplado en la póliza de seguro contratada.
Decretos, empleados públicos, escalafón, asignación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA SILVINA Y MINELLA, MIRTA MABEL REINICK DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 537 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-08

No es acertado el razonamiento referido a que inequívocamente el artículo l0 del decreto acuerdo 2.695/83, en su inciso b), al Jefe de Sección le acuerda la categoría 17, y en su inciso c), al Jefe de División le asigna categoría 19, pues conforme al artículo 117 del mismo decreto la Administración Pública no se encuentra obligada a acordar las distintas categorías en caso que se indiquen denominaciones o funciones, toda vez que dicho articulado señala el carácter de "indicativas y no excluyentes de otras que puedan merecer las mismas valoraciones", por lo que, "un nuevo escalafón puede prever categorías para retribuir cargos a los cuales puedan asignarse ciertas funciones en un futuro proceso de organización de la actividad administrativa... sin que necesariamente ellas deban asignarse al plantel de personal existente a la fecha de entrar en vigencia". Y en cuanto al sentido que corresponde asignar a la expresión "distintas funciones", contenida en el artículo l34 del decreto acuerdo 2.695/83, cabe afirmar que no podría ser otro que el de las distintas funciones establecidas por dicho escalafón y no como pretenden las actoras las correspondientes a un mismo agente, por cuanto cabe presumir que si esa hubiere sido la intención hubier e sido consignado expresamente.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sistema acusatorio, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Caba sobre Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Recurso de Inconstitucionalidad en Autos Fariña, Alejandro Javier Sobre 89 - lesiones leves c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde hacer lugar a la queja debido a que contiene una crítica concreta de la resolución que rechazó el recurso de inconstitucionalidad, en tanto demuestra una afectación al principio acusatorio, al debido proceso legal y al derecho de defensa (arts. 18 de la CN y 13.3 de la CCABA). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, ejecución de sentencia, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: NO.RU.ZI S.A c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-05-19

Se ataca de nulidad la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal que cuantificó los daños y perjuicios, cuya determinación se había diferido para la etapa de ejecución de la sentencia por medio de la cual se admitió la demanda de lesividad.

Argumenta el nulidicente que con la resolución impugnada se pretende perfeccionar un título inexistente, porque se condena a pagar a su parte una suma de dinero en concepto de daños sin que en la sentencia que admitió la acción de lesividad se hayan cuantificado los mismos, que en los considerandos se manifiesta como expresión de deseos, y en la parte resolutiva solo se menciona su diferimiento para el momento de ejecución de sentencia, y en razón de hallarse la ejecución limitada a la parte resolutiva de la sentencia, no corresponde que se determine monto alguno de una condena no dictada.

Ahora bien, el Alto Tribunal del país ha expresado que: "Toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos de hecho y normativo efectuado en sus fundamentos. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión". (CSJN en LL-1986-B-566, entre otros).

Asimismo de todo el trámite del proceso surge que la misma incidentista ha reconocido en forma clara y precisa, en dos oportunidades, que se la ha condenado a pagar daños y perjuicios y que el monto debía determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. En conclusión, debe rechazarse el incidente por improceden te.
Cuenta corriente bancaria, protección de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Los Arroyos Coop. Ltdo. c/ Barcelo, Pedro Rafael s/ Incidente desafeccción bien de familia en autos: Banco de Los  Arroyos c/ Barcelo y otro s/ ejecución Unión Comercial e Industrial Cooperativa Limitada c/ Romera, Carlos Ramón s/ Incidente desafección y Acción Pauliana subsidiaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05|1992-12-03

Aún cuando la determinación del saldo deudor, el origen de la deuda sea posterior a la inscripción del bien de familia, la responsabilidad del cuentacorrentista frente al banco de cumplir con su obligación, proveer de fondos suficientes o contar con autorización para girar en descubierto, nace con la apertura de dicha cuenta, y en consecuencia, el bien responde frente al crédito que reclama el banco.
Deudas consolidadas, derechos del acreedor, opciones de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALDEZ, Irma c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Tal como lo estableció la CSJN en autos: "Tantucci, Oscar c/ Estado Nacional. Ministerio de Educación y Justicia S/ empleo público" (30/6/99), la opción que establece el art 10 de la ley 23982 no tiene carácter irreversible y la doctrina de los "actos propios" no compromete la conducta del acreedor de una obligación consolidada, quien al verse sometido a un sistema de excepción en orden a la cancelación de aquella, intenta oportunamente, -dentro de las posibilidades legalmente permitidas - ubicarse en la posición que le sea menos gravosa. En consecuencia, por no haber mediado pago alguno por parte del obligado, ni aceptación sin reserva por parte del acreedor, nada obsta a una reformulación del pedido en lo que se refiere a la modalidad con la que se intenta cancelar su crédito.
Violencia de género, acceso a la justicia, protección de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: M., J. L. c/ M., D. A. J. s/ denuncia por violencia familiar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia no supone únicamente el dictado de medidas de protección para su integridad psicofísica y que es necesario que dichas decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas y versátiles, que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con la mayor rapidez y eficiencia posible. En consecuencia, la tecnología tiene entonces un rol indiscutible en esa última etapa para garantizar una tutela judicial efectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Román Benítez, Isidoro c/ Petrillo, Bruno s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Carece de entidad la denuncia de transgresión de normas constitucionales cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales propios de la materia que ni siquiera se citan.
Suspensión del plazo, suspensión del proceso judicial, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montemar Compañia Financiera S.A. c/ Maetú, Luis Alberto s/ ejecución acelerada (cambiaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-04

Hay diferencias entre la suspensión de plazos y la de procedimientos y son esenciales a los efectos del transcurso del plazo de caducidad. La suspensión de un plazo concreto, o de los plazos que le estuvieren corriendo al litigante, tal como suele proveerse a los pedidos de suspensión de términos, no desactiva el plazo de la perención de instancia y sólo produce tal efecto la suspensión de procedimientos.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Porto, Luis Jesús c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Para la admisibilidad del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el "valor disputado en último término", o sea aquel por el cual se pretende la modificación de la condena o "monto del agravio" excede el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Superintendencia, funcionarios judiciales, pérdida de confianza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Biafiore, Hugo Osvaldo Martín s/ cesantía - avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Si la conducta de un funcionario judicial es susceptible objetiva mente de justificar la desconfianza de los superiores en lo atinente a su corrección en la prestación del servicio, la separación del cargo no es arbitraria, ya que la confianza es un requisito esencial para el cumplimiento de la labor judicial en forma armónica.