Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


CASEM, Teresita y Otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 35-44.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CASEM, Teresita y Otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 668, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día doce del corrientes mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Teresita Casem, Stella Maris Salinas, Marcela Haydee Torres, Juan Manuel Guena, Jorge Adel López y Néstor Daniel Aiup promueven recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se deje sin efecto el decreto 1.603/94 del Poder Ejecutivo provincial, solicitando se les abonen las diferencias salariales por los reencasillamientos dispuestos por decreto 1.638/89.

Relatan que por ley 10.069 se creó el Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales en jurisdicción del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y que, para dotarlo de una estructura orgánico funcional y de personal, se dictó el decreto 1.638, el 19.5.1989, que -en sus anexos- aprobó las misiones y funciones del nuevo organismo y designó al personal, en los cargos y categorías allí expresados, determinando asimismo la vigencia de las modificaciones de planta y presupuestarias -que implicaron variaciones en la situación laboral por revalorización de funciones o cambio de agrupamiento- a partir del 1.6.1989.

Sostienen que las nuevas remuneraciones, pese a contar con previsión presupuestaria desde el dictado del decreto indicado (art. 1), les fueron abonadas recién en el mes de enero del año 1990, quedando incumplidas las diferencias generadas desde el 1.6.1989 y el 31.12.1989, las que se abonaron a valores históricos.

Destacan que, recién en el mes de mayo de 1991 se pagó la pretendida actualización, utilizando las disposiciones del decreto 381/91, norma que estatuye, como sistema de cálculo, el reajuste por las variaciones de política salarial.

Alegan que el decreto 381/91 no es aplicable retroactivamente respecto a las acreencias generadas antes de su vigencia, por el principio de irretroactividad (art. 3, Código Civil), que estiman unido a la protección de los derechos ya incorporados, y citan jurisprudencia ("Marozzi", C.S.J.N.).

Postulan que, con referencia a precedentes de esta Corte atinentes a la actualización y el efecto cancelatorio del pago, ni cuantitativa ni cualitativamente el modo de cálculo previsto en el decreto 381/91 importa el cumplimiento de la obligación o la reparación del daño.

Expresan que la demandada abonó con una moneda envilecida, por lo que la diferencia con lo que debió abonarse conduce a un enriquecimiento incausado del Estado con sustento en su propia mora.

Consideran que los recaudos de tal figura jurídica están presentes: empobrecimiento del acreedor y enriquecimiento del deudor sin título de accipiens para obtener la ventaja patrimonial desmesurada.

Argumentan que el decreto 381/91 no tiene base en la equidad, ya que no puede reconocerse aplicable en el período reclamado, donde la inflación trepó a índices desmesurados provocando una quiebra patrimonial.

Señalan que los índices de precios al consumidor o costo de vida son una pauta de equidad a fin de restituir la degradación del dinero.

Destacan que la Administración con el referido decreto prácticamente anula los efectos de la mora, obteniendo un provecho ilegítimo respecto de un derecho incorporado a sus patrimonios.

Sostienen que el marco legal regulatorio provincial estaba integrado por el Acta Paritaria 32 (referida a las distintas deudas motivadas por reencasillamientos funcionales de empleados públicos), que en su cláusula 18 reguló la actualización de las deudas emergentes de los compromisos que se asumieron en él, desde la fecha que debieron hacerse efectivas hasta la de su efectivo pago, conforme el índice de costo de vida, sin necesidad de reclamo alguno.

Añade que tal acuerdo de voluntades fue homologado por decreto 5.609/89 y pasó a integrar el derecho positivo comprendido en la ley 10.052, disposiciones que el Estado se obliga a cumplir y no pueden ser dejadas de lado unilateralmente.

Solicitan, en definitiva, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 47/vto.), comparece la demandada (f. 52) y contesta la demanda (fs. 54/59 vto.).

En el escrito de responde niega que: el Estado haya incumplido un deber de prestación derivado de la relación de empleo público; se haya abonado parte del salario sin aditarle la actualización compensatoria de la depreciación monetaria; el pago de las diferencias generadas fuera incumplido; el método utilizado para la actualización no fuera correcto; resulte inaplicable el decreto 381/91; se haya aplicado retroactivamente la norma citada; se hayan vulnerado derechos que se consideren adquiridos y el derecho de propiedad de los actores; se viole el principio de retroactividad de las normas jurídicas consagrado por el artículo 3 del Código Civil; se haya configurado daño patrimonial; el pago no sea válido, completo y no tenga efecto cancelatorio; lo pagado a los demandantes no se corresponda con el objeto de la deuda; tanto cuantitativa como cualitativamente el modo de cálculo previsto en el decreto 381/91 no importe el cumplimiento de la obligación o la reparación del daño; la demandada haya abo Luego de reseñar la que postula como normativa vigente durante el período reclamado (Acta 32/89, decreto 5.609/89, ley 10.052, ley 10.472 y su decreto reglamentario 877/90, y decreto 381/91), argumenta que, tal como lo manifiestan los actores, las diferencias fueron actualizadas conforme al decreto 381/91 y percibidas por ellos en abril de 1991.

Entiende que a esa fecha tenía plena vigencia el decreto citado que estableció un régimen concreto para el pago de todas las diferencias salariales adeudadas al personal de la Administración Pública provincial, por lo que no se podía desconocerlo ni ordenar o disponer pagos extraños al sistema dictado.

Para refutar la aplicabilidad del Acta Paritaria 32/89, arguye la plena vigencia de la ley 10.472 y el decreto reglamentario 877/90 que declararon el estado de emergencia económica y la suspensión de las condiciones de trabajo y el régimen salarial de los empleados de la Administración Pública y, lo dispuesto por la ley 23.697, que excluyó, para la determinación de las remuneraciones, la aplicación de coeficientes o de índices de precios (actualización) sobre los montos adeudados.

Destaca que las normas de la ley 10.052 y en especial los derechos acordados por el artículo 4 y concordantes, en cuanto a las condiciones de trabajo y régimen salarial, tampoco pueden ser invocadas como sustento de derecho porque ellas fueron suspendidas en su aplicación por una ley posterior.

Señalando que, en su artículo 11 se establece que cuando medie interés general, los acuerdos logrados pueden ser modificados por el Estado provincial, resultando indudable que la Ley de Emergencia Económica se dictó para tutelar el interés general amparado por el accionar de la Administración Pública.

Argumenta que el reclamo de los actores data del 16.5.1991, estando plenamente vigente el régimen de excepción derivado de la emergencia económica, no cuestionado en la causa.

Alega que los actos administrativos atacados se ajustaron plenamente a la normativa vigente, porque para la época en que se pagaron las diferencias salariales a los recurrentes estaba vigente el decreto 381/91, de fecha anterior al reclamo.

Entiende que cualquier diferencia salarial a favor de un empleado de la Administración debía liquidarse de acuerdo con las pautas de este último y no con la aplicación de índices correctores de costo de vida.

Continúa diciendo que el decreto 468/91 (suspensivo de algunas normas del Acta 32/89) es perfectamente invocable habida cuenta que fue dictado dentro del marco especial de excepción derivado de la emergencia económica.

Advierte que la Administración puede modificar lo resuelto por las comisiones paritarias, no solamente porque así lo permite el artículo 11 de la ley 10.052 sino también por el contenido de la ley 10.472 y su decreto 877/90 y que, el decreto 381/91, resulta perfectamente aplicable a este caso pues a la fecha del reclamo y de los actos administrativos respectivos su situación no gozaba del amparo del Acta Paritaria 32/89, por estar suspendida.

Enfatiza que lo que estaba incorporado al patrimonio de los actores eran los cargos y el salario correspondiente, pero no ocurría lo mismo con las pautas de actualización invocadas.

Pone de resalto que no existió violación a la ley 10.052, ni a las restantes normas invocadas por los recurrentes.

Aduce que los actos administrativos impugnados aparecen sustentados en normas jurídicas válidas por lo que resultan legítimos y ajustados a la preceptiva aplicable.

Finalmente, sostiene que los derechos de propiedad e igualdad de los actores fueron convenientemente asegurados, motivo por el cual no existe violación alguna a normas constitucionales.

Peticiona, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 60) y producida la que consta en el expediente, informan las partes sobre el mérito de la misma (fs. 72/73 y 74/76). Dictada (f. 77) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3. No existe controversia entre las partes respecto a que los accionantes percibieron en enero de 1990 las diferencias salariales -que se devengaron entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 1989- a valores históricos y que, en mayo de 1991 se les abonaron las diferencias generadas por la pretendida actualización, utilizando como particular método de cálculo, las disposiciones del decreto 381/91 que la instituye en razón del salario actualizado y no con la variación del índice de precios al consumidor.

Mas la discrepancia se presenta en tanto los recurrentes solicitan las diferencias por reajuste de las sumas oportunamente liquidadas con el mecanismo del decreto 381/91, peticionando la aplicación de los índices de precios al consumidor suministrados por el I.N.D.E.C., que ellos consideran les corresponde -con diferentes fundamentos-, así como intereses y costas.

La accionada, por su parte, estima aplicable el régimen de actualización establecido por el mencionado decreto 381/91, que la instituye en razón de la variación de las remuneraciones y no en función de la modificación del índice de precios al consumidor.

Surge de su planteo que el decreto 1.603/94 ha sido dictado como corolario de una situación jurídica que tuvo su génesis en el estado de emergencia imperante y que determinara, en su momento, la adopción de medidas que tenían en miras el interés general.

Destaca que es en tal contexto que deben entenderse los actos administrativos y el dictado de leyes de carácter general a las que debía ceñirse.

La materia litigiosa consiste, entonces, en determinar si fue legítimo o no el método de actualización aplicado por la Provincia, con base en el decreto 381/91 y no en el índice del costo de vida (I.N.D.E.C.) que, a su vez, era el previsto en el ordinal 18 del Acta Paritaria 32 de 1989.

3.a. Los términos en los cuales se ha trabado la litis aconsejan precisar algunos aspectos.

Entre las disposiciones normativas implicadas en la resolución de la presente causa, pueden señalarse: en primer lugar, la ley 10.052 (publ. B. O. prov. del 27.7.1987) que dispuso, para el personal de la Administración Pública provincial comprendido en la ley 8.525, que las condiciones de trabajo y los salarios se establecerían por medio de convenciones colectivas, de conformidad al régimen en ella dispuesto.

En segundo término, la ley 10.069 (publ. B. O. provincial en fecha 10.8.1987) que creó el "Laboratorio productor de fármacos medicinales", dependiente del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, autorizando que reglamentariamente se determinara el encuadramiento administrativo correspondiente; lo que ocurrió efectivamente por decreto 1.638, del 19.5.1989 y para regir a partir del 1.6.1989, determinándose -sintéticamente- dar cumplimiento a la ley 10.069. Para ello la dotó de estructura orgánico funcional; aprobó las misiones y funciones de las distintas áreas que la integran; modificó, a partir del 1.6.1989, el detalle analítico de la Planta de personal permanente en la misma; modificó el presupuesto 1988, prorrogado en su vigencia para el año 1989; así como la designación -en la mencionada jurisdicción, unidad y dirección- por traslado, revalorización de funciones o cambio de agrupamiento según correspondiera, en la categoría, agrupamiento y función, de los actores, entre otros agentes.

Ahora bien, en referencia al Acta Paritaria invocada por los actores, el 8.12.1989 se reunieron los miembros de la Comisión Paritaria provincial, con la correspondiente representación de la parte oficial y del sector gremial, resolviéndose una serie de cuestiones -plasmadas en la denominada "Acta Paritaria N 32"- como la referente al encasillamiento funcional, aspecto respecto del cual se dispuso: "los agentes de planta permanente que posean una asignación de funciones otorgada con anterioridad al 31 de diciembre de 1988, serán reencasillados en la categoría correspondiente a partir del 1 de enero de 1990, siempre que las mismas hayan sido asignadas por acto administrativo emanado de autoridad no inferior a titular de unidad de organización y se encuentre efectivamente cumpliendo dichas funciones a la fecha...", reglándose luego una serie de situaciones particulares.

En el numeral 18 se reguló la materia de la actualización disponiéndose que: "se reconocerá la actualización de las deudas emergentes de los compromisos asumidos en la presente, desde la fecha que debieron hacerse efectivas hasta la de su efectivo pago, conforme al índice de costo de vida, sin necesidad de reclamo alguno" (Acta Paritaria 32).

Por decreto 5.609, del 29.12.1989, el Poder ejecutivo homologó el Acta 32.

3.b. En virtud de lo expuesto, es menester liminarmente considerar si al presente caso corresponde encuadrarlo a los fines de su resolución, en las previsiones del Acta 32, de fecha 8.12.1989, homologada por decreto 5.609 del Poder Ejecutivo provincial el 28.12.1989, que los accionantes entienden como el marco jurídico provincial en la época en que coincidieron distintas deudas con motivo de reencasillamientos funcionales, bien que sin formular en este sentido pedido alguno e invocándola al único efecto de su pretensión de actualización conforme a la variación del costo de vida.

Por su parte, la recurrida manifiesta no haberla desconocido y sustenta su defensa en el argumento de que la referida Acta 32/89 se encontraba suspendida por el decreto 877/90 reglamentario de la ley 10.472, la que, por otra parte, estaba también alcanzada en la materia que nos ocupa, por la adhesión efectuada al primer párrafo del artículo 55 -en realidad "45"- de la ley nacional 23.697.

Sin perjuicio de lo afirmado por las partes, del mero cotejo entre las fechas del decreto en cuestión y de la mencionada Acta Paritaria, surge que la reunión de la Comisión Paritaria provincial que fuera plasmada en el Acta 32, fue celebrada con posterioridad al decreto del Poder Ejecutivo provincial de designación por traslado, revalorización de funciones o cambio de agrupamiento de los reclamantes, razón por la cual no se exhibe -dicha Acta- como implicada en el dictado del decreto 1.638/89.

Asimismo debe señalarse que tampoco podría la situación de los actores considerarse comprendida por las disposiciones de la referida Acta de Paritarias, o hacérsele extensivos los efectos en ella previstos, en virtud de que no se daban las condiciones establecidas para los reencasillamientos que en ella se establecían.

Es más, los actores no objetan su ubicación escalafonaria, ni peticionan con fundamento en la referida norma paritaria otros encasillamientos funcionales, pues, como ya se dijo -a su respecto- éstos habíanse dispuesto y concretado con anterioridad a la reunión de la paritaria que suscribió el Acta 32.

Y no puede soslayarse que si bien el numeral 18 de la premencionada Acta Paritaria prevé el reconocimiento de la actualización conforme a los índices de costo de vida, lo circunscribe a las deudas emergentes de los compromisos asumidos a través del propio acta, sin que los accionantes hayan invocado y mucho menos probado ser alguno de los sujetos comprendidos o destinatarios de la paritaria, resultando a todas luces insuficiente la alegación que formulan en cuanto a que dicho precepto pasó a formar parte del derecho positivo provincial regulando todo tipo de situaciones, incluso las no comprendidas.

Consecuencia de lo expuesto es que con base en el Acta Paritaria 32, no llevan razón los actores.

3.c. Despejada esa cuestión, corresponde abordar el tratamiento de los restantes argumentos en que los demandantes fundamentan su pretensión.

Los accionantes postulan: la inaplicabilidad del decreto 381/91 (del 8.2.1991) como método de cálculo de la actualización de créditos en favor de los agentes, en forma retroactiva respecto de acreencias generadas en una época anterior a la de su vigencia; que el derecho a las diferencias salariales operadas entre los meses de junio y diciembre de 1989, nació en aquél momento coincidentemente con su incorporación a sus respectivos patrimonios, con el resguardo del derecho de propiedad protegido constitucionalmente (art. 17 de la Const. nacional); el principio de irretroactividad de las normas jurídicas (art. 3 del Cód. Civil), así como la protección de los derechos que consideran ya incorporados, entendiendo conceptualizarlos con remisión al precedente "Marozzi" (C.S.J.N.).

La resistente se opone a la pretensión argumentando que, al momento de percepción por los actores de las diferencias -los haberes de abril de 1991-, ya tenía plena vigencia el decreto 381/91 que estableció un régimen concreto para el pago de todas las diferencias salariales, por lo que la Administración Pública provincial no podía desconocerlo ni ordenar o disponer pagos extraños al sistema por él dictado; así como que en virtud de la ley 10.472 y el decreto reglamentario 877/90 se declaró en estado de emergencia económica y se suspendieron las condiciones de trabajo y el régimen salarial de los empleados de la Administración pública.

Adelanto que asiste razón a la demandada.

En efecto, este Tribunal ya ha expresado su criterio con relación a casos que ofrecen similitudes con el presente (in re "Olivieri", A. y S. T. 185, pág. 490 y "Mangold", A. y S. T. 189, pág. 245), a cuyos fundamentos corresponde remitir en lo que resulta aplicable.

Para así decidirse, debe conforme se expresara en la causa "Olivieri" (ya citada) inicialmente recordarse que la Provincia adhirió, según el artículo 119 de la ley 10.472, "en lo que fuere pertinente, a lo establecido en los artículos 43, 44 y primero y segundo párrafo del artículo 45 de la ley nacional 23.697, cuyos textos se dan por reproducidos en la presente ley".

Por su parte, el artículo 45 de la ley 23.697 establecía en su primer párrafo que "las políticas salariales que se instrumenten a partir del 1 de agosto de 1989, al personal de la Administración Pública... se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones colectivas de trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente".

En el caso, la Provincia, consideró aplicable a la suma reconocida el genérico índice de actualización establecido por decreto 381/91 -según surge de lo afirmado en el responde (fs. 57 y 58)-, y de lo dictaminado (cfr. foja refoliada 38 de las actuaciones administrativas) por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, con fundamento en que el decreto 1.638/89 designó a los recurrentes en la Dirección General de Producción de Fármacos Medicinales a partir de junio de 1989.

Con relación al mencionado índice, si bien este Cuerpo ha expresado que el decreto 381/91 establece básicamente para el futuro un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración Pública con lo que su aplicación retroactiva violentaría el principio general de la irretroactividad de los actos administrativos, no puede soslayarse que ello ha sido circunscripto a supuestos en que los agentes tenían derechos adquiridos a la aplicación de otro índice de actualización (en tal sentido ver "González Bertero", A. y S. T. 133, pág. 178; "Morales", A. y S. T. 136, pág. 182).

Distinto es el caso planteado en el sub lite, dado que los actores no tenían derecho a la percepción de la actualización de acuerdo a un índice determinado, consagrado en una norma jurídica, por lo que no había, en este aspecto, un derecho adquirido por parte de los recurrentes (criterio de "Olivieri" y de "Mangold", ya citados).

Además, si bien es cierto que en numerosos precedentes este Cuerpo adoptó como patrón actualizador el brindado por el I.N.D.E.C. con relación al costo de vida, ello no lo ha sido en forma unánime e invariable, ya que el índice indicado no es el único sistema empleado a los efectos de mantener el valor del crédito, utilizándose, en su lugar, otras pautas de actualización (confrontar el criterio de "Olivieri" y "Mangold", ya citados, y las remisiones que allí se formulan, A. y S., T. 63, pág. 175; T. 149, pág. 357).

Por otra parte, el fin del reconocimiento de la depreciación de la moneda apunta al mantenimiento de la integridad del capital y tal extremo se halla cubierto con el mecanismo de actualización aplicado por la demandada, en la especie, el establecido en el decreto 381/91 (crit. de "Favant", A. y S. T. 149, pág. 357, al que remiten "Olivieri" y "Mangold", premencionados).

En razón de las consideraciones vertidas, estimo que no fue ilegítimo el actuar de la Administración al emplear el método de actualización utilizado.

3.d. Tampoco por los cauces de la "actio in rem verso" corresponde hacer lugar a la pretensión de los recurrentes.

En el sub examine, los accionante se limitaron a invocar un supuesto enriquecimiento sin causa en favor de la Administración pero sin efectuar mayor esfuerzo argumental y probatorio tendente a demostrar la excepcionalidad fáctica y jurídica de la situación en que se encontraba, de modo tal que posibilite a este Tribunal apartarse del régimen jurídico regulatorio del caso y, por lo tanto, proceder a la aplicación de un instituto de las características de la acción mencionada.

Tampoco, y fundadamente, se hacen cargo los accionantes en este punto de que en el caso existían específicas previsiones normativas que tendían a impedir la configuración de la situación que ahora invoca para fundar su pretensión.

En tal sentido, ha de insistirse en que el decreto 381/91 estableció un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración Pública provincial sobre la base de la remuneración que, conforme a las políticas salariales vigentes, correspondían a cada agente en el sector y nivel de revista. De tal manera, la admisión de la pretensión de los actores con basamento en la teoría del enriquecimiento sin causa implicaría, en los hechos, incurrir en una abierta contradicción con los fines que aquella normativa se propuso.

No puede hablarse en el presente de la inexistencia de una acción o vía específica de reconocimiento a disposición de los demandantes para obtener el pago de las diferencias por ellos pretendidas, sino que, por el contrario, su pretensión resulta improcedente a la luz de las normas que lo regulaban.

De lo antedicho surge con claridad que no concurren en autos los recaudos que este Tribunal, con base en doctrina y jurisprudencia, ha considerado para aplicar la figura de la "actio in rem verso" en las relaciones regidas por el Derecho Administrativo (Vid. "Ceballos", A. y S. T. 82, pág. 444 y "Galiano", A. y S. T. 101, pág. 15, de conformidad a las citas efectuadas en el precedente "Romero" -actual integración-, A. y S. T. 186, pág. 113).

Es apropiado señalar que los actores -en lo que refiere a este aspecto- olvidan que, en razón del carácter subsidiario de la "actio in rem verso", es menester que no hayan tenido a su disposición ninguna otra acción nacida de la relación, del contrato o de norma alguna, por medio de la cual pudieran obtener las diferencias que pretenden (cfr. criterio -mutatis mutandi- de "Idoate", A. y S. T. 180, pág. 310; entre otros).

En el caso, tal recaudo no se cumple, razón por la cual la aplicación del instituto que invoca resulta inviable.

Debe, pues, desestimarse la pretensión de los actores en tanto fundada en la examinada figura.

Voto, pues, por la negativa.

4. En suma, las consideraciones que anteceden bastan para concluir que el presente recurso no puede prosperar y que el actuar de la Administración no fue ilegítimo, tornándose inoficioso el análisis de los demás planteos de las partes.

Lo hasta aquí expresado, es suficiente en orden al rechazo del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado.

En consecuencia, voto por la negativa.

En cuanto a las costas, corresponde que sean impuestas en el orden causado.

En efecto, resulta razonable considerar que en definitiva se resuelve en mérito a argumentos propios del Tribunal (cfr. criterio de "Gasoni", A. y S. T. 166, pág. 223 y sus citas "Dycasa", A. y S. T. 121, pág. 239; "Bevilacqua", A. y S. T. 131, pág. 121; entre otros).

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto; costas por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)