Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-07-06


2º Instancia. - Córdoba, julio 6 de 2004.

Considerando: I) A fs. 159/160 el defensor público oficial, interpone recurso de apelación en contra de la resolución cuya parte resolutiva fuera transcripta precedentemente, no informando en esta instancia según surge del certificado obrante a fs. 189.

II) Conforme los términos del acto promotor de fs. 39/40, con fecha 17 de febrero del año 2002, siendo las 22:30 horas, los prevenidos Marcelo Oscar Peralta y Víctor Manuel Martínez, entre otros, ingresaron en reiteradas oportunidades a un negocio de propiedad de Fernando Faustino Armada, sito en calle ... Villa del Parque de la localidad de Villa Nueva de la provincia de Córdoba, solicitando se les vendiera "sangría" abonando para ello con billetes (Lecop nacionales) falsos. A consecuencia de la duda que le generaron los valores entregados al comerciante, por cuanto los mencionados nunca concurrían con los vueltos que previamente les daba, es que comparó los billetes pudiendo advertir que entre los ocho billetes secuestrados, tres presentaban la numeración 13.096.651 Serie A, otros tres el Nº 19.070.006 Serie A y otros dos con la numeración 02.224.410 Serie A.

Al proceder el damnificado a dar noticia al personal policial y haciendo entrega de los billetes, se logró identificar a tales sujetos que, al ser requisados se logró el hallazgo en poder de Víctor Manuel Martínez de un billete de diez pesos Lecop nacional Nº 19.070.006 -falso- coincidente con la numeración de tres de los billetes dados al comerciante Armada; y en poder de Marcelo Oscar Peralta un billete Lecop nacional Nº 15.511.402, también falso.

III) Frente a ello y como resultado de la correspondiente instrucción, el juez interviniente ordenó el procesamiento de los encartados por el delito de expendio de letras de cancelación de obligaciones provinciales (Lecop nacionales) falsas conforme lo previsto en el art. 285 en función del art. 284 del Cód. Penal.

IV) En contra de la referida medida, el defensor público oficial al interponer el recurso de apelación, destacó que el denunciante ni a fs. 11/vta. ni en su ampliación testimonial de fs. 146, dio precisiones acerca del presunto expendedor, haciendo referencia sólo a dos personas, una de ellas apodado "Cachincha" de apellido Peralta y que el otro era "gordito" y portaba un bolso color negro, descripción que al no corresponderse con los rasgos físicos de sus representados, por ello entiende que corresponde dictar falta de mérito a favor de los mismos.

Los doctores Aliga Yofre y Becerra Ferrer dijeron:

A) En el contexto referenciado anteriormente, conducente al análisis del material incorporado hasta el momento en la presente instrucción, este tribunal, compartiendo los fundamentos expuestos por el magistrado, considera que corresponde confirmar en todos sus términos la resolución en crisis.

Previo al tratamiento de cualquier cuestión debemos señalar que aun cuando el acto procesal de requerimiento de instrucción de fs. 39/40 y las correspondientes declaraciones indagatorias de los imputados a fs. 92/94 y 109/111, permitan suponer la presunta comisión de dos hechos delictivos, pasaremos al tratamiento de la única imputación, calificada como expendio de Letras de cancelación de bonos provinciales falsos (art. 285 en función del art. 284, Cód. Penal), y que fuera motivo de apelación.

Así e ingresando al análisis de la conducta penal atribuida a los prevenidos Víctor Manuel Martínez y Marcelo Oscar Peralta, vemos que los elementos de prueba reunidos hasta el momento, alcanzan a conformar el grado de probabilidad exigido en esta etapa, a los fines de resolver la situación procesal de los mismos en los términos de lo normado por el art. 306 del CPPN.

En primer lugar y, reparando en los argumentos expuestos por el defensor público oficial, en relación al material probatorio obrante en autos, si bien el denunciante Fabián Armada a fs. 11 señala que: "... reconoce a uno de ellos como Peralta que le dice 'Cachincha' y el otro era gordito...", haciendo referencia a dos personas que iban a su negocio a comprar sangría, también manifestó a fs. 146, a consecuencia de la solicitud por parte del Ministerio Público Fiscal de la ampliación de su testimonio, que: "... a la única persona que puede identificar es a uno que le dicen Cachincha Peralta y que los tres iban a consumir y pagaban individualmente...".

Si tales expresiones las valoramos en el caso del prevenido Víctor M. Martínez, juntamente con el acta de secuestro de fs. 8, firmada por el imputado, constatando el hallazgo en poder del mencionado de billetes falsos, entre los que se encontraba el de serie Nº 19.070.006, coincidente con uno de los billetes entregados al personal policial por el denunciante Armada, según luce a fs. 13; y en relación al encartado Marcelo Peralta, con el acta de aprehensión y/o detención en flagrancia de fs. 6 en donde llamativamente el encartado dice apodarse "Cachincha", como también ser de contextura física robusta, habiéndose hallado en su poder un billete falso, conforme el punto 5 de las conclusiones de la prueba pericial de fs. 128/129vta. y los dichos del testigo José Delgado en cuanto a que fs. 17/vta. señalara que los prevenidos tenían el título que fuera secuestrado, en sus bolsillos, conforman el cuadro de probabilidades exigido por la ley para el dictado de la medida judicial dispuesta por el magistrado interviniente.

Esto porque, recurriendo a la apreciación judicial de las pruebas efectuada por Francois Gorphe, cuando las circunstancias de presencia u oportunidad física, capacidad, y mala justificación, compaginan una razonable relación con el hecho investigado, la actitud convictiva adquiere una relevancia incensurable, ya que cuando los imputados revelan haber estado en el lugar del hecho, lo que surge de la primigenia actuación policial obrante a fs. 2/vta., bebiendo la "sangría" que momentos antes habían adquirido en el local comercial del denunciante y al procederse a la identificación de los mismos, se constata la existencia de títulos o letras falsos en poder de los hoy apelantes, ello resulta suficiente, para responsabilizar a los encartados en el hecho que se les imputa, de acuerdo a la etapa procesal que transitamos ("Apreciación Judicial de las pruebas", LA LEY, 1967-303).

B) Por otro lado, debemos destacar que si bien advertimos una serie de improlijidades en la conformación del sumario policial, entendemos que las mismas no tienen entidad suficiente para ser sancionadas de nulidad, ya que se tratan de meros errores materiales en su conformación.

En este punto, corresponde previamente dejar sentado que en esta temática, los suscriptos consideramos que la normativa del art. 166 del Cód. Procesal Penal de la Nación, establece como regla principal que "Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad". De la máxima descripta se desprende sin ninguna duda, que dentro de nuestro sistema legal-procesal, no existen más nulidades que las específicamente decretadas por la ley, o claro está, cuando se haya afectado un derecho constitucional esencial de modo concreto. Asimismo, debemos destacar que los suscriptos comparten el criterio que en materia de nulidades, las mismas no deben ser decretadas cuando no existe ningún interés jurídico protegido por la ley que justifique su declaración; como así también que somos del entendimiento que su interpretación, teniendo en cuenta su función técnica-legal dentro del proceso penal, debe ser necesariamente restrictiva (ver en este sentido CNCrim., Jurisprudencia Penal de Bs. As. t. 89, año XXIII, p. 377). Por ello, incluso el art. 168 del código ritual, claramente establece que el tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, como principio rector y si fuere posible, de eliminarla inmediatamente.

Partiendo de estos parámetros interpretativos, encontramos que a fs. 1 del presente, se ha consignado que la fecha de inicio del sumario policial sería el día 13 de febrero del año 2002 a las 21:15 hs.; dicha fecha y hora es errónea por cuanto el hecho denunciado por el presunto damnificado Armada -que luego fuera achacado a los aquí imputados- se habría empezado a cometer en las últimas horas del día 17 de febrero del año 2002 y se habría continuado en las primeras horas del día 18 de ese mes y año (ver fs. 11/vta.-denuncia-). Por tal motivo estimamos que la consignación de la fecha en el acta obrante a fs. 1 se debió a un mero error material del personal policial actuante. Tan es así, que a fs. 2, y con fecha 18 de febrero del año 2002 se procede a tomar declaración testimonial a José Audicio Martínez, policía actuante, mientras que a fs. 3, 4, 5, 6 y 7 obran agregadas las actas de aprehensión, detención o inspección ocular que fueran formuladas también con fecha 18 del mismo mes y año. Finalmente a fs. 8, 9 y 10 se encuentran agregadas las correspondientes actas de secuestro, las cuales coinciden sistemáticamente en orden a la fecha de su confección. Es decir que de todos los actos que forman parte del sumario instruido por personal policial, surge de modo claro y preciso cuál es la fecha de su iniciación, lo que nos permite en su conjunto descartar y subsanar de plano la irregularidad antes mencionada.

También entendemos los suscriptos que debemos descartar acabadamente las supuestas contradicciones que surgirían de las actas de aprehensión en flagrancia que obran a fs. 3/5 de los coimputados Oscar Peralta; Raúl Omar Rosales e Iván Silvio Carnevale, en relación a las actas de aprehensión de fs. 6/vta. y 7/vta. de los coimputados Manuel Oscar Peralta y Víctor Manuel Martínez. Esto es así, porque si bien todas fueron realizadas el día 18 de febrero del año 2002, las primeras citadas, habrían sido confeccionadas en la ciudad de Villa María siendo las 00:55 hs., mientras que las segundas, habrían sido confeccionadas en la ciudad de Villa Nueva, también a las 00:55 hs., lo que materialmente resultaría imposible.

Pero si se analiza con cuidado lo destacado en relación al contenido de las actas, se puede apreciar en primer lugar, que todas esas actas han sido rubricadas por el oficial policial actuante José Audicio Martínez y por el testigo de actuación Walter Antonio Jara, por lo que resulta evidente que se trata de un mero error material. Es más, lo afirmado se corrobora muy fácilmente, ya que en todas las actas en cuestión, se ha consignado que las personas intervinientes se constituyeron en la "Avda. Carranza y Comercio", y conforme surge de la constancia de fs. 16, la intersección de la Avda. Carranza con la calle Comercio, se encuentra situada en la ciudad de Villa Nueva -comunicación interna a la Jefatura de UR8 (División Coordinación Operacional)-. Datos objetivos éstos que en su conjunto, por sí solo, permiten desvirtuar la improlijidad señalada.

Pero además, de una lectura integral de dichas actas surge claramente que las mismas han sido realizadas por personal policial perteneciente a la comisaría del departamento Villa Nueva. Ello queda evidenciado si se efectúa un análisis integral de las mismas. Así, se puede establecer que tanto los sellos obrantes a fs. 3, como a fs. 3vta., pertenecen a la comisaría del distrito Villa Nueva, a lo cual, cabe sumarle que del contenido del acta surge concretamente que el oficial principal José Audicio Martínez se encuentra adscripto a dicha repartición policial del interior.

Por otra parte, debemos destacar que las actas (fs. 3/5) en donde se habría consignado erróneamente que el procedimiento se realizó en la ciudad de Villa María, son actas impresas por computadora, que luego son llenadas de puño y letra por el sumariante en las que el lugar del procedimiento -Villa María- ya estaba impreso de antemano, lo que evidencia más aún el error mencionado, impresión que justamente no coincide con las de fs. 6/vta. y 7/vta., que responde a otro formato, y en donde está correctamente impreso "En la ciudad de Villa Nueva".

Todas estas improlijidades, si bien pueden ser el resultado de una instrucción policial deficiente, de ninguna manera pueden constituir nulidades en los términos de nuestra ley ritual. No obstante ello, el tribunal interviniente deberá recomendar a las autoridades policiales que en el futuro extremen los recaudos necesarios para evitar en lo sucesivo situaciones como las presentes.

Por ello, Mario A. Oderigo en su obra Derecho Procesal Penal ha sostenido con acertado criterio al tratar la actividad procesal formalmente defectuosa, que "... dado su carácter accesorio y su naturaleza meramente instrumental, en cuanto el derecho procesal representa sólo un medio para la realización del derecho material (penal), al que interesa la pronta solución de los procesos, 'fácil es advertir la necesidad de limitar las nulidades de los actos procesales a aquellos casos en los cuales la tolerancia del defecto formal resulte incompatible con la debida protección de los derechos'...".(t. I y II, 2da. Edición Actualizada, Ed. Depalma, ps. 374/375, año 1980, el encomillado simple nos pertenece). De lo expuesto se desprende sin dudas, que los actos procesales sólo deberán ser sancionados con nulidad, únicamente cuando se presente un vicio de las formas sustanciales que la ley prescribe "ab-initio" como verdaderas garantías de justicia, circunstancias éstas que desde ya, y a nuestro entender, no se configuran en autos conforme ya expusiéramos.

Es más, de las constancias del sumario, concretamente de fs. 14, surge que el personal policial interviniente, con fecha 18 de febrero, le comunica al juez federal de la ciudad de Bell Ville, secretaría del doctor Alonso, de la totalidad del procedimiento, esto es, las personas detenidas, sus datos personales y lo secuestrado, y el lugar del hecho "Av. Carranza de esta ciudad", entiéndase Villa Nueva.

En esta temática, compartimos lo expuesto por Sergio Gabriel Torres, cuando con gran criterio al tratar el tema "Interés. Perjuicio. Alcance y límites", sostiene que aun en el caso de nulidades declarables de oficio (características de las absolutas), éstas no pueden declararse en el solo beneficio de la ley, sin consideración a sus efectos en la causa, por lo que agrega que la teoría también es aplicable a los actos esenciales en la estructura del proceso, para concluir expresamente "se exige que el perjuicio sea real y concreto aunque no sea actual, ya que puede admitirse el perjuicio potencial siempre que tenga cierto grado de verosimilitud, calidad ésta que deberá ser alegada y probada por la parte y valorada por el juez de la causa" (Ver "Nulidades en el Proceso Penal" -2º edición actualizada y ampliada- Ed. Ad-Hoc., año 1993, ps. 35/39); circunstancia ésta que conforme destacáramos no se ha dado en autos.

Por ello, concluimos afirmando que resulta extraño a nuestro sistema procesal, la declaración de la nulidad por la nulidad misma. Sostener una postura contraria, significaría declarar la nulidad, en virtud de un criterio absolutamente formalista que más que favorecer alguna garantía, en realidad entorpecería justamente su debido resguardo. Así votamos.

El doctor Vélez Funes dijo:

Habiendo efectuado una prolija lectura de las constancias obrantes en los presentes autos y del voto de los jueces que me anteceden, soy de la opinión que debe revocarse la resolución apelada dictada con fecha 9 de octubre del año 2003 Registro Nº 269 Año 2003 (obrante a fs. 152/154vta.) y en consecuencia necesaria e inevitablemente deberá ordenarse el sobreseimiento de las personas aquí imputadas, ello por los fundamentos que seguidamente desarrollaré.

A los fines de una correcta exposición de los motivos de la presente disidencia, es que analizaré por separado las causales que sustentan la medida que propugno.

I. En primer lugar, hay que destacar que el acta policial que da inicio a las presentes actuaciones -obrante a fs. 1- evidencia una grave irregularidad cuya sanción procesal es la de nulidad, ya que señala que el hecho ilícito que motivara la presente causa habría ocurrido el día 13 de febrero del año 2002 a las 21:15 hs. en la ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba.

Dicha acta ha sido rubricada por el comisario Rudi Edguar Audisio -jefe de la comisaría del departamento Villa Nueva U.R. 8- y por el secretario de actuaciones de esa misma dependencia Elio Lazarte.

Ahora bien, conforme se desprende de la denuncia efectuada por Fabián Faustino Armada -comerciante damnificado por la maniobra de expendio de Lecop falsos o títulos equiparables a moneda falsa- (ver fs. 11 y 59) el hecho ilícito habría ocurrido a partir de las 22:30 hs. del día 17 de febrero de 2002 y habría terminado de consumarse en las primeras horas del día 18 del mismo mes y año.

Además de ello, en la declaración testimonial del preventor actuante -oficial principal de la Policía Córdoba José Audicio Martínez- obrante a fs. 2/vta. de fecha 18 de febrero del año 2002 siendo las 02:20 hs. se señala que: "... ya comenzado la madrugada del día lunes (18/02/02) siendo aprox. las 00:45 hs. un comerciante del lugar de nombre Fabián Faustino Armada (37) le comunica que en su negocio habían comprado varias veces dos (02) personas bebidas del tipo sangría y que le habían pagado con $ 10 en Lecop nacional todas las veces y que tenía la cantidad de ocho (08) billetes del mismo valor y que los mismos eran 'falsos'...".

En mérito a lo transcripto precedentemente y las contradicciones horarias en la secuencia del hecho ilícito descripto, objetivamente, a juicio del suscripto resulta necesario declarar de oficio la nulidad del acta policial obrante a fs. 1 por la cual se inició la presente causa, conforme lo prescripto en los arts. 166, 167, inc. 3º, 168 y concs. del CPPN, por cuanto no hacerlo afectará el derecho constitucional de la defensa en juicio, toda vez que no queda acreditado debidamente el día y momento en que tuvo lugar el inicio de la comisión del ilícito imputado a los fines de mantener el procesamiento dispuesto. Esta nulidad que se propicia, por haberse consignado el 13 de febrero de 2002 -no el 18 de febrero de 2002- que el oficial principal José Audisio Martínez da cuenta de su intervención en un hecho con características judiciales "... producido en el día de la fecha..." tiene íntima conexidad con las posteriores actas de aprehensiones y de secuestros agregadas a la causa, que impiden ignorar la nulidad que se propugna.

II. En segundo lugar, debo destacar que en el acta titulada "Acta de aprehensión en flagrancia" obrante a fs. 3 se ha dejado constancia que en la ciudad de Villa María con fecha 18 de febrero del año 2002 siendo las 00:55 hs. el oficial principal José Audicio Martínez, constituido en Av. Carranza y Comercio ante la presencia del testigo Walter Antonio Jara procedió a la aprehensión en flagrancia e inspección ocular del imputado Oscar Peralta (a) "Cachincha".

Se advierte que obra un acta similar a la anterior suscripta por el preventor Martínez en la que se ha dejado constancia que en la misma fecha, hora, lugar y testigo interviniente se procedió a la aprehensión en flagrancia e inspección ocular del imputado Raúl Omar Rosales (a) "Nicotina" (fs. 4).

Coincidentemente luce un acta similar a las anteriores, también suscripta por Martínez, en la que se ha dejado constancia que en la misma fecha, hora, lugar y testigo interviniente se procedió a la aprehensión en flagrancia e inspección ocular del imputado Iván Silvio Carnevale (fs. 5).

Sin embargo, en el acta obrante a fs. 6/vta. titulada "Acta de aprehensión y/o detención en flagrancia" se ha dejado constancia que en la ciudad de Villa Nueva con fecha 18 de febrero del año 2002 siendo las 00:55 hs. el oficial principal José Audicio Martínez, constituido en Av. Carranza y Comercio ante la presencia del testigo Walter Antonio Jara procedió a la aprehensión en flagrancia e inspección ocular del imputado Manuel Oscar Peralta.

Por su lado, en el acta obrante a fs. 7/vta. similar a la anterior, también suscripta por Martínez, se ha dejado constancia que en la misma fecha, hora, lugar y testigo interviniente se procedió a la aprehensión en flagrancia e inspección ocular del imputado Víctor Manuel Martínez (a) "Sordo".

Debo resaltar que a fs. 60 el testigo Walter Antonio Jara ha ratificado el contenido de dichas actas y ha reconocido como suyas las firmas insertas en las mismas sin hacer ninguna rectificación o aclaración sobre el día, hora y lugar -Villa María o Villa Nueva- donde se efectuaron las aprehensiones de los nombrados.

Indudablemente, resulta imposible que policías, testigo e imputados hayan estado simultáneamente a la misma hora en la ciudad de Villa María y Villa Nueva.

Así las cosas, de la simple lectura de las actas señaladas surge que en las tres primeras obrantes a fs. 4, 5 y 6 el oficial principal José Audicio Martínez y el testigo Walter Antonio Jara se habrían constituido en Av. Carranza esq. Comercio de la ciudad de Villa María el día 18 de febrero del año 2002 a las 00:55 hs.; pero del contenido de las actas obrantes a fs. 7 y 8 surge que las mismas personas nombradas anteriormente han estado en la ciudad de Villa Nueva en la misma fecha y hora, sin que haya rectificación posterior alguna indicando un error de hecho o material que pueda justificar y evitar la nulidad propiciada.

También hay que ponderar que dichas actuaciones han sido rubricadas por el secretario de actuaciones Elio Lazarte -funcionario policial- y por el comisario Rudi Edguar Audisio, convalidando lo manifestado por el oficial principal José Audicio Martínez pretendiendo dar fe plena de que esas actas se labraron en presencia de los mismos. Se deduce entonces, que nadie leyó las actas en crisis o los hechos descriptos en las mismas deben tenerse por falsos e inútiles para mantener las imputaciones porque no se puede estar en dos lugares diferentes el mismo día y a la misma hora idénticas personas.

Resulta por más ilustrativo lo prescripto en el art. 138 del CPPN, por cuanto dispone que: "cuando el funcionario público que intervenga en el proceso 'deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia', labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. A tal efecto, el juez y el fiscal serán asistidos por un secretario, y los funcionarios del policía o fuerzas de seguridad por dos testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal" (el encomillado simple me pertenece). Asimismo el art. 139 del citado código indica el contenido y formalidades que deben poseer dichas actas para su plena validez y eficacia jurídica.

Por tal motivo debo tener por falsas dichas actas a tenor de lo que objetivamente surge de ellas a juicio del suscripto y declararlas nulas e insanables, conforme lo prescripto en los arts. 166, 167, inc. 3º, 168 y concordantes del CPPN, por cuanto ignorar esas irregularidades afecta necesariamente el derecho constitucional de la defensa en juicio y por ende el debido proceso adjetivo.

III. Además de las nulidades enunciadas, debo destacar otra irregularidad en la confección del sumario policial que necesariamente acarrea también la sanción de nulidad.

Conforme surge de las actas obrantes a fs. 3/10 no se ha dado aviso inmediato al órgano judicial competente de las requisas efectuadas a los imputados de la presente causa, conforme lo prescriben los arts. 184, inc. 5º, y 230, del CPPN, en mayor medida cuando esas requisas han tenido lugar sin orden judicial previa como lo exige la ley federal adjetiva en estos casos frente a la flagrancia que la intervención policial da cuenta.

Surge de las constancias obrante a fs. 17/18 que se le comunica telefónicamente al secretario penal del juzgado de Bell Ville la formación del sumario policial pasadas las 11:05 hs. del 18 de febrero de 2002, por cuanto esa certificación consta que se realizó acto seguido a la declaración testimonial en sede policial del testigo José A. Delgado (ver fs. 17/vta.), con lo cual habría quedado evidenciado el vicio en la actuación por parte del personal policial lo que acarrea, inevitablemente, la nulidad de dichos actos, porque la comunicación tuvo lugar -según las mismas constancias policiales que suscribe el titular de la comisaría de Villa Nueva, casi 12 horas después y sin que se explique razón o causa justificada de la demora, con lo cual se ha violentado la disposición del art. 186, CPPN-.

IV. Asimismo debo destacar que a fs. 109/111 consta la declaración indagatoria del imputado Víctor Manuel Martínez, en dicha oportunidad habría manifestado, entre otras cosas que: "... luego de ser detenido, fue trasladado al Hospital de Villa Nueva, donde le hicieron una revisación, constatándole lastimaduras provenientes de golpes, no habiéndose acompañado al expediente tal certificado, ni ningún otro de revisación por su condición de detenido...".

Dicha circunstancia, también ha sido postulada por la defensa técnica de Martínez ya que a fs. 132/133 ha manifestado que su pupilo: "... hizo referencia a un certificado médico que no ha sido glosado a los autos, pese al examen practicado...". Todo ello sin que nadie se inmute o preste atención a ese reclamo por parte del detenido, que sugiere al menos que hubo maltrato después de su detención.

Todas estas circunstancias llaman la atención a este juzgador, ya que en cualquier procedimiento en el que se detienen a las personas involucradas en algún hecho ilícito, se las debe revisar médicamente y agregarse el certificado médico correspondiente que da cuenta del estado psicofísico de las personas que son privadas provisoriamente de su libertad ambulatoria cfme. el inc. 8º, del art. 184 del CPPN que exige, máxime cuando la privación de libertad se prolongó por más de doce horas respecto de Víctor Manuel Martínez. Todo ello autoriza el siguiente interrogante ¿acaso fue golpeado Martínez? ¿Por qué reclamó por golpes en la indagatoria recibida varios meses después de ser detenido y por la omisión de incorporar la constancia médica sobre el estado de salud? Dicha circunstancia no se ha tenido en cuenta por parte del juez federal titular del juzgado de Bell Ville, por lo que estimo que a los fines de no vulnerar el legítimo derecho de defensa en juicio y de legalidad de los actos procesales, se deberá agregar dicha constancia a los efectos que hubiere lugar y copia de las presentes actuaciones al Ministerio Público Fiscal a sus efectos.

V. Finalmente, destaco que esta decisión se formula de oficio, dejando un estrecho margen a este juzgador ya que se han afectado las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio. Así, conforme la naturaleza de los actos nulos y su característica de ser irreproducibles e irrepetibles, es que los demás actos procesales consecutivos que de ellos dependen se tornan nulos también no pudiendo rectificarse conforme lo prescribe el art. 172 del CPPN.

Por tal motivo es que corresponde revocar la resolución apelada y en consecuencia ordenar necesaria e inevitablemente el sobreseimiento de los aquí imputados con la expresa declaración de que la formación del presente proceso no ha afectado el buen nombre y honor del que hubieren gozado (cfme. art. 336, inc. 2º, CPPN) todo a pesar de los frondosos antecedentes que registran los imputados procesados involucrados.

Atento el error policial antes enunciado, lo que genera que el hecho investigado quede impune y que las personas aquí imputadas cuentan con frondosos y variados antecedentes policiales sumado a ello la gravedad del hecho imputado, es que en uso de las atribuciones que resultan del art. 187 del CPPN estimo ajustado a derecho que se remita copia de la presente resolución al jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, para que analice las conductas irregulares en las que habría incurrido el personal policial bajo su dependencia jerárquica, a los fines de que se apliquen las sanciones administrativas que por ley correspondan en su caso por la actuación irregular que les cupo al comisario Rudi Edguar Audisio, al secretario de actuaciones Elio Lazarte y al oficial principal José Audicio Martínez dando lugar a las nulidades procesales propuestas y evitar en el futuro la reiteración de las anomalías detalladas. Así voto.

En consecuencia; se resuelve: I. Por mayoría, confirmar la resolución apelada de fecha 9 de octubre del año 2003, registrada bajo el Nº 269 Año 2003, dictada por el juez federal de Bell Ville, en todo lo que decide y ha sido materia de recurso. Sin costas. II. Por unanimidad, remitir a la Unidad Ocho Villa María comisaría de distrito Villa Nueva de esta provincia fotocopias certificadas de la presente resolución a los efectos administrativos que puedan corresponder según la autoridad policial. III. En virtud del voto emitido por el doctor Ignacio María Vélez Funes, el tribunal inferior deberá remitir fotocopia certificada de la presente al Ministerio Público Fiscal, a los efectos que hubiere lugar. - Humberto J. Aliaga Cofre. - Gustavo A. Becerra Ferrer. - Ignacio M. Vélez Funes (en disidencia).