marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, prescripción, plazo, interrupción del plazo, medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Biarnes, Martín Carlos c/ Siseg SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por el ejecutado, pues desde las fechas de pago de cada uno de los cuatro cheques de pago diferido rechazados por el banco girado, había transcurrido en exceso el plazo anual dispuesto por la ley 24452: 61. En ese marco, carece de aptitud interruptiva la medida cautelar incoada por el actor, pues aquel proceso concluyó por caducidad de instancia con anterioridad a la presentación de este trámite (cfr. CCCN 2547; CNCom, Sala B in re "Nievas Daniel Alejandro c/ Logares Claudio y otro s/ ordinario", del 16/09/20).
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mecafer S.A. y Albano S.A. c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Acción de Amparo. Cuestión de competencia artículo 6º el Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Cuando los particulares interponen una acción de amparo contra actos u omisiones de una autoridad administrativa, corresponde conocer en la causa a la justicia ordinaria, pues si de otra manera se entendiese la ley 7166 no tendría aplicación, salvo casos excepcionales, porque por hipótesis lo que con ella se pretende tutelar es el derecho de los particulares frente a los actos de la Administración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: ASTARSA c/ CONICET s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Las costas deben ser impuestas al vencido por cuanto la responsabilidad que sobre el recae encuentra su justificación en el hecho de haber generado una incidencia sin éxito, como asimismo en la correlativa necesidad de resguardar la incolumidad del derecho que la resolución reconoce al vencedor, pues de lo contrario los gastos causídicos se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (cfr. CNCiv., Sala D, 20.2.96, in re "Fornillo, Rubén O. c/Metrovías SA, Diario LL del 13.6.96).
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias, multa, temeridad o malicia, pasaje aéreo, acción por omisión, líneas aéreas, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Manguel, Carlos Miguel  c/ American Express Argentina SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

Toda vez que la aerolínea y la tarjeta de crédito codemandadas fueron condenadas a pagar a la actora la suma equivalente a dos pasajes aéreos a la ciudad de Bangkok, y en tanto fue decidido que los impuestos que debía soportar el actor eran únicamente las tasas y cargos aeroportuarios, no corresponde que también cargue con el impuesto PAIS, que debe estar a cargo de las demandadas. Ello así, pues al momento en que el actor intentó adquirir los pasajes en cuestión -mediados del año 2017- no se encontraba vigente el cargo establecido por la ley 27541: 35-e), que entró en vigencia a fines del año 2019. Así, en tanto esta cuestión resulta sobreviniente a los hechos debatidos entre los justiciables, no es posible prescindir de los mismos (fallos CSJN 312:555; 315:123 y 327:4495, entre otros).
Elecciones partidarias, escrutinio electoral, voto en blanco
Materia: ELECTORAL
Carátula: Apoderados Alianza Grande s/ interponen recurso de apelación resolución J.E. U.C.R. 027/10 - comicios internos 06-06-10
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

El "thema decidendum" se ciñe a determinar si los votos en blanco deben ser computados en el escrutinio definitivo para el reparto de los cargos partidarios disputados en los comicios internos. Corresponde, por lo tanto, entender en la cuestión planteada, en atención a la doctrina sentada en los Fallos CNE 397/87; 1068/91 y 2584/99.
Contratos, compraventa, bienes muebles, cuarentena obligatoria, resolución del contrato, efectos entre partes, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Simari, Horacio Leopoldo Federico y otros c/Fravega SACIEI s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Cabe rechazar la demanda contra una empresa de electrodomésticos por incumplimiento contractual. Ello por cuanto, en el caso, el día posterior a la compra de un aire acondicionado fue decretada la cuarentena obligatoria, con lo cual la accionada informó a su cliente la imposibilidad de cumplir con la entrega y que le presentó la alternativa de retirar el producto en la sucursal finalizada la cuarentena o resolver la contratación. El contrato fue técnicamente resuelto por el actor (CCCN 1079-b). De ahí que se haya procedido de conformidad con el CCCN 1080 y la demandada dispusiera la restitución del precio recibido. Entonces, la respuesta de esperar o cancelar (resolver) la compra se presenta como razonable y acorde a lo que presumiblemente pudiera tener como expectativa un consumidor. Es que tal contexto de estricta cuarentena y de justificado temor por contagiarse de COVID 19 lleva a valorar que existió una imposibilidad de cumplimiento equiparándose, en términos jurídicos, al caso fortuito o fuerza mayor en tanto no ha podido ser prevista su acaecimiento ni muchos menos evitado (CCCN 1730). A tal presupuesto hay que complementarlo con lo dispuesto en el CCCN 955 y 956 que reza que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva o temporal (si el plazo es esencial) de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad.
Recurso de casación penal, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Brancca, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07

En el caso traído a estudio la sentencia puesta en crisis se encuentra mínimamente fundada. En el resolutorio, se pueden encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, como juicio, refleja el trabajo intelectual de los jueces, quienes efectuaron en el acto un estudio crítico de las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegato. En realidad, lo que encubren dichos recursos es una discrepancia con la manera en que los magistrados han valorado las pruebas que se han producido en el juicio. Toda vez que, cuando nos encontremos frente a los "enunciados de inmediación", como en el caso, está vedada la revisión en esta instancia. (Voto de la Dra. Ledesma, Dr. Tragant adhiere según su voto, adhiere el Dr. Riggi).
Responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, daño por vicio o riesgo de la cosa, incendio de la cosa, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MADARIAGA, RODOLFO EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION SUBS. JUST. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Los efectos personales -que a nadie se le ocurrió prohibir o desterrar, salvo que sean inapropiados-cumplen un papel importante en la vida judicial al crear una ambientación cordial (vinculada con el corazón) tan necesaria para la conformidad del espíritu. Y si se tiene en cuenta que funcionarios y magistrados suelen pasar la mayor parte de su jornada, por años y años, entre las cuatro paredes de su despacho -con la soledad y el silencio por compañías-, imputarles negligencia por tener algunos elementos que son, en definitiva, una cierta prolongación de su personalidad constituye un reproche mezquino de oscuro burócrata resentido; una actitud hiriente, una injusta incomprensión que no sirve a la causa de la justicia. No ha violado deber alguno el actor por colocar en su ámbito oficial los diplomas que acreditan su largo paso por la justicia y la docencia. No es esa razón que le impida ejercer, bien y legalmente, la función que le ha encomendado la sociedad. Y si el Estado Nacional, que debe velar por la seguridad de magistrados y funcionarios en los edificios de su propiedad, no cumple con ese deber de suguridad y como consecuencia causa daños -en los bienes o en las personas-está obligado, como cualquier sujeto de derecho, a hacer frente a las proyecciones dañosas de su obrar negligente (arts. 1109 y 1113 del Código Civil).
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La regla contenida en el art. 314 del Código de Procedimiento Penal no sólo se refiere al supuesto de "consulta" sino que tiene un carácter general. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Comisión de delitos, falso testimonio, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Mendoza, Martín Alejandro c/  s/ s/ 245 - falsa denuncia s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para intervenir en la causa en la que se originó el presente incidente, si los jueces actuantes no controvierten que el hecho investigado encuadraría, prima facie, en el delito previsto en el art. 275, CP y se verifican en el caso las condiciones bajo las cuales el juzgamiento de dicha conducta ha sido transferido a la justicia local. Ello así, en tanto el presunto falso testimonio habría sido cometido en el marco de un proceso tramitado ante un tribunal que integra un fuero con competencia no federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg).
Concurso preventivo, quiebra, depósito judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: El Halcón S.A.T. s/ Quiebra Indirecta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

En relación a la conducta del oferente, no culpable del fracaso de la operación de salvataje y ante la carencia de disposición expresa de la ley que le haga perder el depósito efectuado, - a pesar de la mención del art. 48, de que el veinticinco por ciento del valor de la oferta tiene carácter de "garantía de la propuesta"-, corresponde hacer lugar al recurso y ordenar la devolución de dicho importe.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.B.de H.M. c/ H.J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

La ley 23.515 modificó la imputación del deber alimentario en el matrimonio (art.51 de la ley 2.393), estatuyendo que los esposos se los deben mutuamente (art.198 del Cód.Civil). Pero si bien la obligación alimentaria es recíproca, su satisfacción se supedita a la acción judicial, debiendo presumirse en caso de no ejercerla, la inexistencia de necesidad, situación que se evidencia en el caso del aquí demandado. A mayor abundamiento, es menester señalar que aquella reciprocidad no significa que la obligación no pese con mayor extensión e intensidad sobre el marido, siendo la hermenéutica amplia en favor de la mujer, y restrictiva respecto del marido. Por ello, el hecho de que la esposa tenga recursos propios no significa que carezca de derecho a reclamar alimentos, aunque su fijación haya de tener en cuenta aquella circunstancia, debiéndose establecer la cuota prudencialmente, según las particularidades del caso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, medios de prueba, homicidio en ocasión de robo, auto de procesamiento, remisión del expediente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: León Rodríguez, J. J. y otros c/  s/ robo con homicidio (Causa Nº 18.949/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-28

Instrucción delegada (artículo 196 del Código Procesal de la Nación).

Magistrado que devolvió las actuaciones y no hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas en los términos del artículo 347, inciso 1°, del Código Procesal de la Nación.

De la delegación de las actuaciones: Investigación a cargo del fiscal desde sus inicios, de características complejas, en donde aún existen medidas pendientes de producción. Fragmentación ordenada por el magistrado al correr vista en los términos del artículo 346 del código de forma respecto de los eventos en donde ya existe un auto de procesamiento firme que no luce conveniente, a pesar del argumento relacionado a la situación de detención de los imputados y a que ha transcurrido el plazo del artículo 207 del ordenamiento mencionado. Plazo que resulta ordenatorio y no perentorio. Posible existencia de una organización criminal en los términos del artículo 210 del Código Penal. Correcto reenvío de la causa al Ministerio Público Fiscal.

Del rechazo de las medidas de prueba propuestas por el Fiscal en los términos del inciso 1°, del art. 347 del Código Procesal Penal de la Nación: Magistrado que debe pronunciarse formalmente respecto de la solicitud de inhibitoria planteada por el recurrente para, eventualmente y de no acceder, dar la posibilidad de revisar la decisión mediante el recurso pertinente (art. 47 inc. 2° del CPPN) y, despejado el planteo, pedido de ampliación de la declaración indagatoria respecto del cual también deberá expedirse ya que las cuestiones fácticas que el fiscal pretende introducir no lucen irrelevantes y se encuentran íntimamente ligadas al objeto procesal. Negativa del magistrado de realizar las medidas solicitadas que limita la formulación del reproche penal e implica una afectación a las funciones como titular de la acción (art. 120 de la Constitución Nacional).

Confirmar la devolución de las actuaciones y revocar la decisión que no hizo lugar a las medidas de prueba en los términos del artículo 347, inciso 1° del CPPN
Prescripción decenal, contrato de servicios, contratos innominados
Materia: CIVIL
Carátula: Olga del Valle Pérez de Rivera c/ Juan Adán Barreiro s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 40747/99 Ordinario por Cobro de Pesos Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 40747/99 Ordinario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-02-07

Sea que la relación que unía a las partes pueda ser considerada como una locación de servicios -como sostiene el tribunal de mérito-; como un contrato innominado -como afirma el recurrente-; o como una locación de obra intelectual, lo cierto es que carece de un plazo especial o abreviado de prescripción. Entonces, no habiéndose contemplado expresamente un plazo de prescripción específico, el caso en análisis cae en el vasto campo de la previsión general, como es la prescripción ordinaria de diez años del artículo 4023 del Código Civil.
Sucesiones, partición de la herencia, acreedores de la sucesión, legítimo abono
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS Santiago Ángel s/ Sucesorio - Act. para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-26

Quien alega ser acreedor del causante, debe pedir la declaración de un crédito como de legítimo abono, la cual no es más que una solicitud o manifestación de deseos de quien se titula acreedor del causante, formulada dentro del juicio sucesorio y antes de la partición, a efectos de que se le abone inmediatamente; y no tiene más valía que la voluntad de los herederos que pueden aceptarla o no (Cfr. art. 687, C.P.C.).

Lo que se pretende con el pedido de legítimo abono es que se conceda al solicitante el rango de 'acreedor reconocido', en orden a que pueda usufructuar los beneficios que le brindan los arts. 3474 y 3475 del Cód. Civil. Pero si el crédito es desconocido, el acreedor no podrá introducir dentro de la sucesión un proceso contradictorio tendiente a que se le reconozca el derecho que invoca.

Deberá -en su caso- accionar por la vía que corresponda de conformidad con el derecho que alegue, iniciando el juicio correspondiente ante el juez del sucesorio por trámite separado.
Concurso preventivo, crédito en moneda extranjera, pago, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: Oscar, RONCHETTI SOCIEDAD ANONIMA - CONCURSADA s/ CONCURSOS - INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La conversión de la deuda en moneda extranjera a la paridad vigente en el momento del pago, no afecta la igualdad de los acreedores, la que se vería conculcada más bien, si además de soportar la quita y espera que padecen todos aquéllos, el titular del crédito en moneda extranjera debiera admitir además la alteración de las reglas aplicables a aquél acuerdo con su naturaleza (Código Civil: 617, 740 y conc.) cuando ello no fue impuesto por la ley, aceptado por los acreedores o requerido imperativamente por los principios concursales.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, carácter vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Dopico, J. A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

No resulta atinada desacatar la jurisprudencia de la Corte Suprema de la nación, porque tratándose de decisiones y pronunciamientos que han llegado al más Alto Tribunal de la República -no importa por cual vía-, no cabe a los tribunales inferiores otra posición que admitirlos y aplicarlos, pues de lo contrario se llegaría a una anarquía interpretativa incompatible con la supremacía de la Ley Fundamental y de los órganos creados por ella.
Procedencia del recurso, sentencia condenatoria, juicio abreviado, situación de vulnerabilidad, robo simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Jorge Alfredo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-18

Corresponde casar la sentencia que al imponer la pena única utilizando el método aritmético, y más allá del exceso de jurisdicción en el que incurrió el sentenciante al apartarse de modo sorpresivo de la pena única propuesta en el marco del juicio abreviado imponiendo una más grave, decidió no evaluar atenuantes, y tampoco agravantes para el caso, a pesar de que la defensa invocó numerosas circunstancias personales del imputado para su valoración -la situación de vulnerabilidad del imputado padecida desde los once años, la falta de poder vulnerante del medio utilizado para amedrentar y que el teléfono celular sustraído fue recuperado por la víctima en condiciones de uso, entre otras-. Resulta evidente, entonces, la ausencia de fundamentación de aquélla, puesto que se omitió considerar la posible atenuación, que, en el caso concreto, ameritaba un análisis. En consecuencia, y tras haber tomado conocimiento personal del imputado de conformidad con las previsiones del art. 41 del Código Penal a través del sistema de videoconferencia del Consejo de la Magistratura, y que es posible corroborar las circunstancias y condiciones personales del imputado planteadas por la defensa, cabe imponer al imputado la pena de un año y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carlos Cordero y Asociados S.R.L. c/ Sanjurjo de Periale, Ester s/ Daños y perjuicios Pavón, Hugo Mario c/ Poncino, Daniel Omar y Rodríguez Fraga, Juan Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|2002-02-19

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que limita lo referido al absurdo a la queja por la elección de unas pruebas en lugar de las que cita el recurrente, trasuntando sólo opiniones personales discrepantes con las del juzgador.
Convenios colectivos de trabajo, federación gremial, empleados de comercio, aportes previsionales, régimen jubilatorio, retiro complementario
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ AMORRORTU EDICIONES  S.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-30

La creación de un sistema complementario al régimen de previsión social dentro del marco del CCT 130/75, al ser pactado por el sector empresario con representantes de la federación Argentina de Empleados de Comercio, no constituye una contribución forzosa. Cabe poner de resalto que no es la primera norma que crea, por vía colectiva, contribuciones del sector empresarial para sostener instituciones de desarrollo social, pues es común que existan para fines de turismo, esparcimiento, etc, y en tales casos no puede sostenerse que revistan carácter confiscatorio.
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Piave S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-21

El Síndico es un funcionario del concurso o quiebra designado por el Juez de intervención, de quien es su subordinado a los fines ejecutivos del concurso. Sus funciones están establecidas a través de todo el cuerpo normativo de la ley. Las acciones que ejerce se establecen en interés de la ley y no de los acreedores, por lo cual su función no es representar, sino cumplir con las obligaciones impuestas en la órbita de su competencia legal.
Daños y perjuicios, atentado terrorista, Embajada de Israel, subsidios a damnificados por atentados, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EMEBE  S.A.F.A.I. y  M c/ M° del Interior -Estado Nacional- s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

Consistiendo el subsidio del decreto 664/92 en el ejercicio de una facultad discrecional -una liberalidad- del Poder Ejecutivo no aparece como manifiestamente arbitrario, y en consecuencia susceptible de revisión judicial, el monto asignado por la administración, toda vez que no se trata de una indemnización tarifada, sino graciable, ajustada a las posibilidades presupuestarias del Estado al tiempo de dictarse la norma (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Servidumbres administrativas, servidumbre de electroducto, servidumbres aparentes, constitución de servidumbres, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: ALLEVATO FRANCISCO EMILIO c/ SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SA s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

La servidumbre ejercida por SEGBA SA (y luego por su continuadora (EDENOR), desde 1943, es de las denominadas aparentes. Y no puede dudarse de que también es continua, toda vez que, puesto el mecanismo en movimiento, la servidumbre "se ejerce por si sola", o sea que no es necesario para su ejercicio el hecho actual del hombre. En tales condiciones, puede concluirse sin hesitar en que SEGBA SA arribó a la titularidad de la servidumbre de electroducto por el modo indicado en el art. 3017, del Código Civil, es decir, por prescripción adquisitiva (ésta defensa la esgrimió la demandada en su responde) por aparecer reunidos los requisitos propios para su consumación. No habiendo sido comprobadas circunstancias suspensivas o interruptivas del curso de la aludida usucapión, aún cuando tenía conocimiento de la ocupación al celebrar dicho contrato (cfr. absolución de posiciones) y hacérsele tradición del bien, pues de lo contrario no habría podido arribar a la calidad de propietario que aquí hace valer (arg. art. 2383, Código Civil).