Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-26


Comodoro Rivadavia, veintiséis de noviembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "A. C., P. s/ ACCION DE AMPARO" Expte N°14.717/04, venidos del Juzga-do de Primera Instancia Laboral, (Expte. N° 2947/2004) por haber interpuesto la parte actora a fs. 21/23 re-curso de apelación contra la sentencia de fs.14/20 que no hace lugar a la acción de amparo por la cual soli-cita se declare inconstitucional la ley nº 5137 y de-creto reglamentario nº 393/04 y solicita medida caute-lar.

A fs 24 se concede el recurso interpues-to.

De las constancias de autos, surge que la actora a fs. 8/12, declara ser docente y desempeñar-se como Vicedirectora del Colegio 757 de esta ciudad y tener a su cargo 46 horas cátedras. Señala que la ley 5137 crea un nuevo régimen de incompatibilidades que modifica o altera su situación de revista actual. Que fue notificada de ello el día 15 de octubre de 2004 por nota de la Directora de la Escuela N° 738. Solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley mencionada y decreto reglamentario por violar arbitrariamente los derechos de la actora y requiere se dicte como medida de no innovar la suspensión de la aplicación de dicha normativa. Plantea el caso federal.

El juez de grado a fs. 14/20, declara improcedente la acción por haberse interpuesto extempo-ráneamente, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda y la de vigencia de la ley provincial.

La actora se agravia en primer lugar, por entender que se equivoca el a-quo al sostener que la acción se limita a la inconstitucionalidad de la ley 5137 y decreto reglamentario. Insiste que también se ha incoado la acción contra el acto de notificación del día 15 de octubre de 2004. Sostiene que se ha indivi-dualizado la decisión administrativa atacada por la am-parista y que precisamente sobre dicha decisión se fun-dó el requerimiento de la medida cautelar. También se agravia respecto a la decisión del juez de grado res-pecto a que la acción fue interpuesta fuera de término. Manifiesta que el plazo de impugnación opera desde que se dicta el acto de aplicación y no desde que la norma se aplica. Funda su pretensión en doctrina y jurispru-dencia. Solicita se revoque el fallo de primera instan-cia y se haga lugar a la acción y medida cautelar plan-teadas.

Del análisis de los agravios expresados por la actora y del fallo recurrido, resulta que prime-ramente se deberá analizar el cumplimiento de los re-caudos formales para determinar la procedencia de la acción de amparo.

La temporaneidad de la presentación es un elemento de relevancia, a tal punto que constituye un verdadero presupuesto de la acción. De allí que el juez, en función de lo previsto por el art. 4 de la ley 4572 debe desechar in limine el amparo si constata el vencimiento del término, ello es así puesto que la na-turaleza jurídica del plazo estatuido por el art. 7 de la ley mencionada es de caducidad para promover la ac-ción, tal como lo viene sosteniendo esta Cámara en sus dos integraciones.( Sala A, sent. Interlocutoria 37/2003, "O'E. R. c/ Provincial del Chubut s/ Acción de Amparo"; Sala B ,Sent.Int. nº 154/2002).

La actora promovió la acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5137, arts. 2 inc. f), 6,7, 8 y decreto reglamenta-rio nº 393/04 en cuanto modifica el régimen de incompa-tibilidades sancionada el día 18 de febrero de 2004, promulgada el día 24 de febrero de 2004 y publicada en el Boletín Oficial el día 26 de febrero del mismo año y reglamentada por decreto393/04 de fecha 15 de marzo de 2004 -publicado el 25 de marzo del mismo año-. A su vez, señaló como acto de aplicación la nota de fecha 15 de octubre de 2004 mediante la cual se solicita la ra-tificación o rectificación de la información que figura en los listados docentes con exceso de horas y cargos según el régimen de la ley citada y se le informa debe-rá regularizar la situación al finalizar el ciclo lec-tivo. La acción se inicia el día 12 de noviembre de 2004.

Ante este contexto fáctico jurídico la declaración de extemporaneidad de la acción, asiste ra-zón al apelante cuando sostiene que la decisión de la juez de grado esta presidida por un excesivo rigor for-mal.

Esta Sala en anteriores pronunciamientos ha sostenido que "El plazo para interponer la acción de amparo comienza a correr en el momento en que se con-creta el acto de aplicación y no desde que la norma se dicta" (Cfr. Sentencia Interlocutoria nº 44/2001). Agregando con cita doctrinaria que: "Así se ha resuel-to que si bien la publicación de normas de carácter ge-neral puede implicar amenazas de daño al administrado, es recién cuando la norma se torna operativa a través del acto administrativo particular que tiene lugar la lesión actual que requiere la ley de amparo" (Cfme.Morello-Vallefín, El amparo Régimen procesal, 3ra. Edic. p.43, not. Nro. 49).

En función de lo expuesto y sin perjui-cio del análisis que a continuación se realiza acerca de la entidad del acto que se señala como lesivo hemos de considerar superado el presupuesto de la temporanei-dad.

Desde ya, tal conclusión es insuficiente consagrar la admisibilidad formal del amparo. A los fi-nes de la apertura de la vía, corresponde analizar -con las características propias de esta etapa preliminar- los otros presupuestos del amparo. Porque, huelga des-tacar si bien este tribunal en sus dos integraciones ha reconocido que el rechazo in limine sólo procede en forma excepcional, tal afirmación no significa que se propugne la inclusión lisa y llana dentro del régimen del amparo de situaciones de evidente inhabilidad for-mal. Y, el caso que nos ocupa es una de éstas, tal como se verá.

Repárese que tanto la Constitución pro-vincial como la ley de amparo disponen la procedencia del amparo siempre que en forma actual e inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitra-riedad e ilegalidad manifiestas, derechos o garantías reconocidas por la Constitución nacional o la provin-cial. Es decir, se requiere la concurrencia de una se-rie de recaudos necesarios, entre ellos la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Previo a toda consideración sobre el particular, corresponde puntualizar que en el sub-lite no aparece cuestionado el accionar administrativo desde el punto de vista de la legalidad, en sentido estricto, desde que el acto que se reputa lesivo reconoce como fuente expresas previsiones legales. En realidad, lo que se plantea, en forma genérica, es la inconstitu-cionalidad de la ley 5137, surgiendo del escrito que la norma concreta sería el artículo 2º inciso f.

Ahora bien, a la observación de la for-ma genérica del planteo de inconstitucionalidad, co-rresponde agregar la falta de demostración de la arbi-trariedad que se ha invocado. Se trata de una cuestión esencial, el amparista ha centrado su argumentación en los alcances que la norma legal tiene en relación a su situación de revista pero nada dicho acerca de la irra-zonabilidad de la norma.

Se trata entonces de un análisis parcial ya que no ha logrado demostrar como en el caso concreto la norma vigente deviene ilegitima; es decir no ha efectuado el test o examen de constitucionalidad de la norma. Esta omisión relevante se agrava porque no ha brindado al tribunal datos básicos que, a todo evento, hubieren permitido superar este déficit. Desde ya, es insuficiente la sola invo-cación de la existencia de un derecho adquirido. Es que como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia, en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Jus-ticia de la Nación, no tiene el trabajador -como tam-poco otras personas- un derecho adquirido al manteni-miento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabi-lidad de los mismos. Es por ello que a los efectos de que se atienda el conflicto que el cambio de legislación puede haber generado en la situación particular del amparista es condición sine qua non la evidencia de la arbitra-riedad. Repárese que no exigimos la demostración un vicio de tal magnitud que resulte posible reconocerlo sin el menor análisis pero si una indicación con preci-sión de la configuración del vicio denunciado a los fi-nes de determinar su verosimilitud y la posibilidad de evidenciarse con nitidez en el curso de un breve deba-te.

Por lo expuesto, corresponde confirmar en base a los fundamentos esgrimidos lo resuelto.

La solución que propugnamos determina que carezca de virtualidad jurídica expedirse respecto de la medida cautelar requerida porque tal pretensión es accesoria a la acción sustancial.

Costas de la Alzada en el orden causado, atento la falta de controversia. Los honorarios profe-sionales se fijarán teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el mérito de la labor desarrollada, éxito obtenido y situación económica de las partes ( arts 6,7,14,47 ley 2200, t.o 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apela-ciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Rechazar el recurso interpuesto por la actora, fundado en el memorial de fs 21/23. Confir-mar la sentencia interlocutoria nro 101/2004 de fs.14/20.

2).- Costas en el orden causado, a cu-yo fin se regulan los honorarios del Dr. O. Z. A. en la suma de Pesos Cien ( $100,00).

3).- Regístrese, notifíquese, devuélva-se. Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 252 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS