Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-10


SENT Nro. 311 San Miguel de Tucumán, 10 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El pedido de avocación directa, efectuado por el señor Fiscal de Estado de la Provincia de Tucumán Dr. Benito Carlos Garzón en autos: "Piossek Prebisch, Teresa y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo -Per saltum interpuesto por el señor Fiscal de Estado de la Provincia Dr. Benito Carlos Garzón.-"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento de la Excma. Corte el planteo que con fecha 09/5/2003 efectúa el Sr. Fiscal de Estado de esta Provincia, en el que requiere la avocación directa del Tribunal a fin de que entre a considerar el fallo recaído en la causa del rubro mediante el cual se declara la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146 y el que suspende el cronograma electoral en ejecución en la Provincia para la elección de sus autoridades políticas, con elección fijada para el 29/6/2003.

Funda el pedido de avocación en la extrema gravedad institucional de lo resuelto, alegando que impacta sobre el plexo constitucional, lesiona derechos adquiridos de ciudadanos en condiciones de ser electos, y arremete contra la forma republicana de gobierno al inmiscuirse en cuestiones políticas, todo lo cual implicaría una grave inconstitucionalidad que debe ser reparada de inmediato a efectos de evitar males mayores a la ciudadanía, a la credibilidad de las instituciones y al respeto a la soberanía popular. Añade que ello constituye además un absurdo jurídico, en tanto por las consecuencias del fallo debe fijarse un nuevo cronograma electoral y nuevas reglas de juego político, obligando al Poder Ejecutivo a contravenir o violentar las normas constitucionales que establecen las fechas básicas en que deben realizarse las elecciones provinciales (arts. 84 y 47 de la Constitución de la Provincia).

Luego de desarrollar los fundamentos en que sustenta su presentación, concluye solicitando que la Excma Corte se avoque en forma directa al conocimiento del caso y revoque la decisión impugnada.

Corrida vista al Sr. Ministro Fiscal, se expide por la admisibilidad del planteo en examen, por los fundamentos y con los alcances vertidos en el dictamen obrante a fs. 24/25 de autos.

2.- En orden a la pertinencia de la vía procesal intentada, corresponde precisar que el perímetro conceptual al que alude el requisito de gravedad institucional, refiere a las cuestiones que exhiban una concreta y actual lesión al orden jurídico-institucional, que comprometa el funcionamiento de las instituciones básicas de la Provincia; y al distorsionarse ese funcionamiento se afecte de manera inmediata el interés general, perjudicando de ese modo a la comunidad entera.

Por otra parte, el art. 107 CPC resulta claro al establecer que el avocamiento por vía del per saltum es materia potestativa de la Corte Suprema, lo que significa que no basta con que la cuestión revista interés constitucional o gravedad institucional para abrir esta vía, sino que se la debe contextualizar en el marco de las circunstancias implicadas.

En el caso, a luz de esta conceptuación corresponde distinguir la pretensión de avocamiento al fondo del asunto, de la que se dirige a cuestionar la cautelar dictada.

Resulta evidente que en tanto se pretende por esta vía el análisis de la decisión de fondo, el conocimiento de la causa en el punto recurrido - único de interés recursivo de la demandada- por este medio excepcional, implicaría violentar el derecho de defensa de la parte actora, la que no sólo pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la ley 6146, sino del sistema todo, incluso del régimen electoral instituido por la Constitución de la Provincia. Como necesariamente la constitucionalidad o no del art. 2 de la ley 6146 debe examinarse en base al presupuesto de que el sistema electoral o esa ley en general es constitucional o no, efectuar el análisis de aquella norma implicaría privar a los actores del derecho a recurrir la sentencia en la medida en que estimen lesionados sus intereses, con afectación de las garantías constitucionales consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, en este momento la demandada carece de interés procesal en que se acuda al procedimiento excepcional del "per saltum" en relación con la cuestión sustancial debatida; toda vez que la sentencia no se encuentra firme, por lo que no está incidiendo actualmente de modo negativo en los intereses que defiende.

Distinta es la situación en relación a la medida cautelar que dispone suspender provisoriamente el proceso eleccionario dispuesto por decreto 490/14 (MGyJ) del 07/3/2003 por el término de diez días corridos a partir de la notificación de la misma. En efecto, se invoca como fundamento la finalidad de que la demandada "pueda evaluar los alcances del pronunciamiento y determinar las medidas que estime conducentes a tales efectos"; mas ocurre que la sentencia que se pronuncia sobre el fondo no se encuentra firme, y el eventual recurso de inconstitucionalidad que puede interponerse, por disposición del art. 95 CPC, posee efecto suspensivo. En esas condiciones, no se advierte qué interés se preserva, ni se puede colegir tampoco por qué se preservaría ese interés por 10 días; y, obviamente, así como no puede ejecutarse la sentencia que no está firme, tampoco por vía de cautelar se puede pretender tal ejecución, o como dice el fallo "que la accionada pueda evaluar los alcances del pronunciamiento y determinar las medidas que estime conducentes a tales efectos".

Resulta palmario que la cautelar dictada (al solo fin de que la demandada "pueda evaluar los alcances del pronunciamiento y determinar las medidas que estime conducentes a tales efectos"), causa un grave impacto y alteración institucional en la Provincia al enervar el proceso eleccionario en desarrollo en el que está participando la ciudadanía con derechos y expectativas fundadas en la ley, y tal efecto resulta insostenible cuando la sentencia sobre el fondo del asunto no se encuentra firme y, por tanto, su cumplimiento resulta inexigible.

Por las razones expresadas, se hace lugar al pedido de avocación directa efectuado por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, en relación a la resolución de la Sala IIIa de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa Nro. 150 del 8 de mayo de 2003, que ordenó la suspensión provisoria del proceso eleccionario dispuesto por decreto Nro. 490/14 (MGyJ) del 7 de marzo de 2003 por el término de diez días corridos; la que, en consecuencia, se deja sin efecto.

A mérito de lo considerado, oído el Sr. Ministro Fiscal, y dejándose constancia de lo manifestado por el Sr. Presidente de este Tribunal, Dr. Antonio Gandur; quien afirma que, no obstante el ejercicio de las dos funciones de Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la Junta Electoral de la Provincia, no existe, a su respecto, ninguna incompatibilidad en la presente decisión; toda vez que en el carácter de Presidente de la Junta Electoral en ningún momento adoptó posición alguna que signifique prejuzgamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 6146, denominada Ley de Lemas. Asimismo, sostiene que en el presente juicio la Junta Electoral de la Provincia no ha tenido ninguna participación; y que su función como Presidente de la misma ha sido, al igual que los restantes miembros de la Junta, poner en ejecución un calendario electoral ya fijado, con anterioridad al ejercicio de ambas funciones.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I..- RECHAZAR el pedido de avocación directa formulado por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán a fs. 5/22 referido a la sentencia de la Sala IIIa de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa Nro. 149 del 8 de mayo de 2003.

II.- HACER LUGAR al pedido de avocación directa efectuado por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, referido la resolución de la Sala IIIa de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa Nro. 150 del 8 de mayo de 2003, que, a tenor del artículo 58 CPC, ordenó la suspensión provisoria del proceso eleccionario dispuesto por decreto Nro. 490/14 (MGyJ) del 7 de marzo de 2003 por el término de diez días corridos; la que, en consecuencia, se deja sin efecto.

III.- NOTIFIQUESE con habilitación de día y hora y comuníquese a la Junta Electoral Provincial.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA