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Acción de amparo, garantías procesales, facultades del juez, actuación de oficio, principio de congruencia, recurso de casación, improcedencia del recurso, servicio de agua corriente, contaminación de aguas, campañas informativas, derecho a la salud, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BOLLADA VICTOR MANUEL EN REPRESENTACION DE LA UNION DE USUARIOS c/ AGUAS DEL VALLE S.A. Y ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES s/ AMPARO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-16

Determinar el límite entre el ámbito de actuación oficiosa del juez y la zona que, por reservada a las partes, no puede ser penetrada sin violar el debido proceso y las garantías del contradictorio, resulta ser el meollo a resolver, cuando se debaten cuestiones que se sustentan en el interés general de la población en un proceso constitucional como es el amparo.

Dicha cuestión deja entrever el supuesto antagonismo que se plantea entre aquellos sectores que propician el activismo responsable del juez, frente a los que sostienen que esa dinámica destruye las garantías constitucionales que implementa el debido proceso -garantismo procesal-.

Ahora, no siempre que un Tribunal actúa de manera activista lesiona las garantías procesales. En efecto, tomando en cuenta que la naturaleza de ciertas controversias, como los procesos constitucionales, requieren la adaptación de determinados principios procesales que gobiernan la estructura del proceso civil.

Compartiendo la opinión de aquellos autores que postulan una reconsideración de los poderes y deberes de los jueces, debe recordarse el compromiso social que la función judicial debe asumir cuando a través de determinadas actividades se pone en peligro efectivo e inminente la calidad de vida de grupos o categorías de personas, casos en donde la función preventiva, no escapa al campo de acción de la justicia.

En dicha orientación se inscribe la sentencia impugnada al optar por la protección del derecho a la salud de la población y velar por la calidad de vida de la persona humana.

Pues a través de la medida dispuesta en la sentencia de grado como obligación de hacer- campaña masiva de información a través de un medio de difusión local advirtiendo de los riesgos y medidas de prevención que deber adoptar la población ante la distribución para el consumo de agua contaminada-, se consagra la finalidad preventiva del actual derecho de daños, y se materializa el papel del juez guardián, acompañante de la realidad que nos toca vivir, confiriéndole a sus decisiones un sentido constructivo, ya que actúa en función de servicio y en procura de lograr la consagración de los valores esenciales.

En esa inteligencia, ante el reconocimiento de la demandada-concesionaria del servicio de agua potable- de la existencia de contaminación con nitrato de algunos pozos de agua y el riesgo que implica su consumo para la población, su agravio fundado en la violación al principio de congruencia, por dictarse en ocasión del recurso de apelación, una medida no solicitada por los amparistas, resulta improcedente.
Liquidación, sociedad irregular
Materia: COMERCIAL
Carátula: Secco de Pérez, Rosa c/ José Bacigalupo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   218-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

La óptica doctrinaria que considera a las sociedades con plazo de duración vencido como irregulares (artículos 21 a 26 de la Ley de Sociedades Comerciales), a más de no ser unánime, reconoce como presupuesto fáctico la continuación del giro de la empresa.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho electoral, tribunal electoral, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: POR LA VIDA Y EL TRABAJO DEL FRENTE JUNTOS c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Se advierte que ninguna de las argumentaciones del recurrente son demostrativas de que el razonamiento seguido por el Tribunal Electoral de la Provincia haya supuesto un desborde de las posibilidades hermenéuticas que requiera ser reparado por esta Corte en el marco del recurso de inconstitucionalidad, lo que resultaba imprescindible a poco que se advierta en que la finalidad propia del remedio intentado no es permitir la sustitución de los criterios de los órganos asignados constitucionalmente para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia por los criterios de este Tribunal, sino posibilitar el control del cumplimiento, en los casos concretos, de la exigencia de fundamentación suficiente requerida por el ordenamiento normativo y el régimen republicano de gobierno. (Del voto del Dr. Falistocco)
Despido, recurso extraordinario local, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Ernesto Jorge EN J 162317 Godoy Ernesto Jorge c/ Estacion De Servicios Jocoli S.R.L. s/ despido p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-10-02

La arbitrariedad también existe en los casos de análisis erróneo (cuando el error es inexcusable) ilógico o inequitativo del material fáctico. La omisión o merituación torcida de prueba decisiva, relevante, esencial y conducente para la adecuada solución del litigio, hace que el fallo no sea una derivación razonada de lo alegado y probado en la causa, agraviando el art. 18 de la Constitución Nacional.
Proceso penal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto p/ Dra. Natalia Pérez Casanovas - Fiscal Penal en lo Correccional de 1ra. Nominación - en Expte. Nº 151/03 caratulado: "Vargas, Einer Rosario - s.a. Homicidio Culposo - Chañar Punco - Santa María" Carranza, Sonia Beatriz c/ Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-04|2010-02-23

El fundamento de la prescripción no puede sustentarse en base de apreciaciones caracterizadas de manera relativa, puesto que sostenerla exclusivamente desde esa perspectiva, es decir tomando en consideración únicamente la posición del imputado para resolver el conflicto dentro de lo que podría llamarse un plazo razonable y sin dilaciones, avasallaría los derechos de las victimas.

Y las limitaciones de los actos interruptivos de la prescripción mediante la nueva redacción del art. 67 de C.P., solamente fijó la forma de computar el tiempo máximo de duración de un proceso, término que no puede ser considerado en abstracto, sino en relación al caso concreto.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos ha expresado, respecto del concepto de plazo razonable, que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado y 3) la conducta de las autoridades judiciales. -Ruiz Mateo c/ Spain Judgment, 23/06/1993, Serie A nro. 262, párr. 30- .

Y no es posible establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino que él se fijará en cada caso vistas y valoradas estas circunstancias, -Conf. Informe de la Comisión IDH en el caso "Firmenich" -Argentina- n. 27/89, caso 10.037 y texto en el informe 1988-1989-.
Acción de amparo, proceso judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ortega, Oscar Albert c/ E.D.E.N. S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Tanto el sumarísimo que regula el Código Procesal Civil y Comercial como el juicio de amparo de la ley 7166 tienden a un conocimiento pleno, más allá del acortamiento que puedan sufrir los plazos.
Inimputabilidad, alteración morbosa de las facultades
Materia: PENAL
Carátula: FA, ADRIANA ROSA s/ AMENAZAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-05

Para la fórmula psiquiátrica-psicológica-jurídica del art. 34, inc. 1 del Código Penal, no interesa tanto la insuficiencia mental, la alteración morbosa de las facultades o los estados de inconciencia, en si mismos, sino cuando están en función de las consecuencias que le producen al individuo en el momento del hecho.

Es decir, mientras esos presupuestos - en el caso alteración morbosa de las facultades - no impidan al sujeto comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, es imputable.
Accidente de tránsito, automotores, titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ SILVIO c/ MARIA VEGA FERNANDEZ s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S081 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-17

Hasta que no se accede al Registro la pertinente solicitud y se procede en consecuencia a la registración de la transferencia del vehículo, la transmisión dominial no se produce. Ello ha sido ratificado por las modificación introducidas al decreto 6582-58 por ley 22.977 al prescribirse en el art. 27 que hasta tanto se inserte la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa.-
Derecho a la identidad de género, cambio de sexo, partida de nacimiento, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. s/ Rectificación de partida
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-04-27

Si bien procede rectificar la partida de nacimiento de la actora e inscribirla como de sexo femenino, no puede declararse la nulidad de dicho documento, ya que las nulidades son de interpretación restrictiva y ningún vicio originario puede imputarse a la partida en cuestión. Además, su vigencia no le impide el desarrollo normal de sus actividades, ya que no es necesaria la exhibición de la misma prácticamente en ninguno de los actos de la vida en relación, sino en muy escasos trámites, que son muy específicos, privados y reservados, por lo que no conllevan una exposición pública.
Responsabilidad extracontractual del Estado, daños y perjuicios, daño moral, gastos de sepelio, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., G. L. c/ Provincia de Salta y/o T., S. E. y/o L., I. M. y/o quien resulte responsable, M. L., I. s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-19

En los casos en los que se atribuye responsabilidad extracontractual al Estado por su actuación en el ámbito del derecho público, su regulación corresponde al campo del derecho administrativo y tal conclusión no debe variar por el hecho de que, ante la falta de regulación provincial, se apliquen eventualmente y por vía analógica disposiciones contenidas en el Código Civil, toda vez que ellas pasan a integrarse al plexo de principios de derecho administrativo.
Locación, contratos administrativos, aplicación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN COOPERADORA ALMIRANTE BROWN c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

Con relación al Estado como parte de un contrato de locación de cosas, hay que distinguir si el mismo es locador o locatario. En el primer caso, la ley determina con claridad la aplicación del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente, la del régimen civil, todo de acuerdo con lo normado por el artículo 1502 del Código Civil.

Con respecto al Estado locatario, la solución no es tan lineal, como cuando es locador, pese a tener la misma gran importancia práctica atento los numerosos supuestos en que aquél actúa como inquilino. El Estado locatario incluido o excluido de las normas de emergencia resulta, en principio, reglado por las disposiciones del derecho privado.

Las reglas del derecho público no pueden tener en todos los casos la virtud de relegar a un plano secundario a las del derecho privado, salvo aquellas en las que la ley misma así lo dispone (arg. art. 1502 CC).

Asimismo, la Ley 23091 (De locaciones urbanas), modifica el plazo mínimo locativo, pero excluye de este beneficio en su artículo 2, inc. c), al Estado en las locaciones en que aquél sea parte como inquilino.

Es decir que de la voluntad del legislador resulta claro que, estando o no amparado por las leyes de alquileres y beneficiado o no del plazo mínimo legal, existe una locación de cosas cuando el Estado contratante adquiere la condición legal de inquilino. Por ello y como conclusión, con relación al Estado locatario se aplican las normas del derecho privado con las salvedades propias (ejecución de las sentencias, plazo mínimo, etc.).
Intereses, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riera Liener c/ Galeano, Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16

Acaecido el daño, desde ese momento se reconoce para el acreedor damnificado la existencia de un crédito, por lo cual no satisfecho en ese tiempo oportuno se produce el devengamiento de intereses en razón de ese incumplimiento como prestación accesoria a que tiene derecho a fin de enjugar íntegramente tal incumplimiento; y por ello es entonces que no cabe apreciar en forma conjunta a estos accesorios merituando a la "indemnización no cumplida oportunamente" a fin de mensurar la compensación otorgada.
Indemnización por despido, salario básico de convenio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Finke de Goldhart, Rita Mercedes por sí y por sus hijos menores c/ Julia Komisarski de Brys y Constantino Brys s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-28

Si el actor no acreditó la realización de tarea remunerativa alguna, el sueldo mínimo vigente al tiempo del primer pronunciamiento, resulta, entre otros, una pauta razonable para establecer el quantum de la indemnización reclamada.
Encuadramiento sindical, colegio profesional, representación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E ING. NQN. c/ BASCUÑAN, MORA HORACIO SEGUNDO Y OTRA. s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

[...] las partes no pueden elegir el convenio colectivo de trabajo que se aplicará a su contrato. La aplicación de un convenio colectivo de trabajo es una cuestión que compromete el orden público laboral por lo que no resulta gravitante para el análisis de la apelación el hecho que los empleados de la actora hayan aceptado un determinado convenio colectivo de trabajo para que rija el contrato laboral. Para así concluir tengo en cuenta que las cláusulas normativas de un convenio colectivo de trabajo tienen atributos semejantes a las leyes formales, por lo que rigen en general, para todas las relaciones laborales que quedan atrapadas en sus ámbitos de aplicación personal y territorial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Genebrieres, Clemente Ricardo c/ Válvulas Precisión de Argentina S.A.C.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se estructura básicamente con la denuncia de la infracción de una norma que no fue aplicada en la sentencia, sin hacerse cargo de desvirtuar en forma frontal y directamente las razones expuestas en el fallo.
Quiebra, sentencia de quiebra, recurso de reposición (procesal), notificación, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERALTA, JESUS S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE REPOSICION AUTO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La denegatoria del recurso de reposición dirigido contra la sentencia de quiebra constituye decisión que debe ser notificada (CPR:135-13) y, en su caso, apelada de modo directo, pues resulta improcedente el recurso subsidiario del CPR:241-1ro.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Nosvaski, Carlos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Es admisible el recurso de casación que versa sobre el proceso de individualización de la pena.
Indemnización, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: COTTURA PEDRO c/ LUIS CELOTTI E HIJOS S.R.L. s/ INDEMNIZACION - ENFERMEDAD - ACCIDENTE - PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO - COMPAÑIA ASEGURADORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-28

A partir de la sanción de la ley 18913, modificatoria de la ley 9688,el trabajador puede accionar contra el empleador o contra la aseguradora, en forma indistinta o conjunta. Interpuesta la demanda directamente contra el empleador, es este quien debe responder sin perjuicio del derecho que el mismo pudiera tener contra la aseguradora, materia ajena al juicio laboral.
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viñales, Mario y otra c/ Ram, Néstor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Si al tercero citado a juicio en los términos del art. 94 del cód.

procesal le afecta la sentencia dictada como a los litigantes principales (art. 96 del cód. proc.), debería responder también de aquellos si el pronunciamiento le fuera adverso.-
Presunción de inocencia, causas de justificación, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Julio s/ Homicidio calificado con ensañamiento y lesiones graves lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-05-22

El principio de inocencia no se violenta cuando se ha demostrado la existencia del hecho criminoso y la autoría del mismo, por parte del inculpado. Resultando la causal de justificación una excusa que debe ser demostrada por quien la invoca o surgir clara del contexto del hecho probado. (Fundamento del Dr. Carlos Ontiveros)
Contrato de aprendizaje, modalidades del contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VERA, Ana c/ NATURAL FOODS IND. EXP. S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

Aunque el contrato suscripto por la actora y registrado en el Ministerio de Trabajo fuera uno de los formularios llamados "contrato de aprendizaje" y reuniera los requisitos formales que la ley establece (art. 4 ley 24465), se deben acreditar los presupuestos establecidos en los arts. 90 y 92 LCT en orden a la existencia de una causa objetiva fundada en las modalidades de las tareas o de la actividad que justifique el tipo de contratación alegado (art. 7 del decreto 738/95 reglamentario de la ley 24465).
Despido, dólares, conversión de moneda
Materia: LABORAL
Carátula: Marziali Maria Victoria c/ Kranex Srl Y Otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-09

Si la obligación es exigida -para su cancelación- en dólares billetes o su valor equivalente para conseguirlos, la conversión debe efectuarse a la cotización del "Dólar MEP". Este parámetro para determinar el valor real de la moneda convenida, resulta avalado por la Comunicación "A" 7551 (21/07/2022) del Banco Central de la República, mediante la que, recientemente y con la intención de captar divisas que no estaban ingresando en el sistema oficial como consecuencia de la brecha cambiaria, se estableció un mecanismo para que los turistas no residentes puedan vender sus divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero (comúnmente llamado "Dólar Bolsa" o "Dólar MEP").
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, jurisdicción y competencia, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Firmenich, Mario Eduardo. s/ INCIDENTE  DE  DECLARATORIA DE JURISDICCION INTERPUESTO POR OSVALDO J  BEATTI  - GUSTAVO  A.  SEMORILE  Y  FERNANDO  E.TORRES  EN  CAUSA  50
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional no sufre menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes, cierto género de causas en que antes conocían otros que se suprimen o cuyas atribuciones restringen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gaviña, Lidia c/ Gaviña de Millán, Noemí s/ Redargución de falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Determinar si el mandato había cesado por la muerte del mandante o si mediaba pervivencia de aquél, a través del análisis de la prueba, constituye una cuestión de hecho.
Recurso extraordinario de nulidad, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catalano, Carlos c/ Nicolai, María s/ Daños Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires c/ Instituto de Obra Médico Asistencial Provincia de Buenos Aires s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19|2001-11-21

La supuesta violación al principio de congruencia, en tanto supone infracción a normas procesales, es ajeno al recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley.
Aportes y contribuciones previsionales, obras sociales, títulos ejecutivos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN c/ Arquifusión S.R.L. s/ Ejecución ley 22.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

La habilidad del título ejecutivo por cobro de aportes y contribuciones de las obras sociales en el juicio de apremio es viable siempre que el título emitido por aquéllas sea el producto de un procedimiento previo de naturaleza publicística, de manera que el mismo tenga su origen en el acta de inspección y en el procedimiento que se tramita en su consecuencia, es decir, que el título no puede ser producto del voluntarismo sino que conlleva una instrucción con fundada pretensión de objetividad (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 21.04.98, "Obra Social de Pasteleros, Confiteros, Helade-ros, Pizzeros y Alfajoreros de la R.A. c/ Cabrera, Carlos Alberto"; ídem, sent. del 30.12.98, "O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Independen-cia 456/72"). En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que rechazó las defensas deducidas y mandó llevar adelante la ejecución, si conforme las constancias de autos es posible concluir que los recaudos señalados han sido cumplidos, toda vez que el título con el que se inició la ejecución fue el producto final del trámite previsto en el art. 24 de la ley 23.660 y las reglamentaciones pertinentes (Res. INOS 475/90 y art. 21 del Dec. 576/932).
Jubilaciones, cargo, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALZUGARAY, LUIS MIGUEL ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   JUBILACION.     CSJ EXPTE NRO 142-82 MUSSO, SANTIAGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 146-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-11|1985-09-11

En la ley 4800 es el sueldo del cargo desempeñado el determinante de la base para la liquidación del haber jubilatorio, siendo contrario el sistema y fin de la ley seleccionar para la determinación de dicha base un cargo que el agente no desempeño, haciéndolo por mera coincidencia con la denominación, aunque las funciones, jerarquía y sueldo inherentes al mismo no correspondan con las que desempeñó y tuvo el agente jubilado durante el período de actividad.

En el caso, el actor jubilado como auxiliar 6 de la Jefatura de Policía, obtuvo la actualización de sus haberes tomándose como base el cargo de Subcomisario ya que, hasta 1955 bajo esa denominación común se agrupaban diversas categorías con distintos sueldos. Al reestructurarse los cuadros policiales, se reservó esa denominación para funcionarios de las Jefaturas de Santa Fe y Rosario. Los demás fueron agrupados y encasillados en diversas categorías equivalentes al cargo anterior. La Caja de Jubilaciones anuló su primera decisión actualizando los haberes conforme el cargo de oficial ayudante.