marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, liquidación de entidades financieras, medida de no innovar, caución real
Materia: COMERCIAL
Carátula: DRAF SA c/ BANCO PATRICIOS SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Procede hacer lugar a la prohibición de innovar (art. 209 del CPC inc. 2 y 3, 230 y conc.), Previa caución real a satisfacción del juzgado, sobre ciertos inmuebles de una entidad financiera en liquidación que, si bien integrarían los "activos excluidos" (art. 35 bis de la ley 21526, modificado por leyes 24144 y 24627), no serían en realidad de su propiedad sino del tercero que pretende ser reconocido como tal; ello así, dado que no se advierte razón por la cual pueda encontrarse vedada la posibilidad de obtener el dictado de medidas precautorias que afecten esos bienes, con el fin de evitar que puedan ser realizados como activos de la fallida con grave perjuicio para quien podría llegar a resultar el verdadero titular de los mismos, máxime cuando dada la documentación agregada a la causa, es posible considerar verosímilmente acreditados los presupuestos básicos de la pretensión.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: H., N. G. c/ S. DE H., M.C. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-24

Cuando el padre se comprometió a "pasar" a sus hijos un porcentaje de sus ingresos no puede entenderse otra cosa que ese porcentaje es referido a lo que efectivamente ingresa en su haber luego de los descuentos correspondientes. Así resulta si se habla de "ingresos" y no de sueldos o salarios, en cuyo caso sí correspondería la interpretación contraria, debiendo entenderse que con la expresión utilizada se ha querido aludir a lo que efectivamente "ingresa" al bolsillo del alimentante.
Intereses, deudor, mora
Materia: CIVIL
Carátula: "South  American  Development Compañy-Inc.Hon. Rodríguez V c/ YPFy otro s/ contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-03

Es el deudor moroso y no el acreedor inculpable quien debe cargar con las consecuencias de las demoras para cancelar su obligación por vía judicial (arts. 508 y 513 del C.C. y L.L. 1988-E- 640, nros 731 y 732).
Contratos civiles, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: ELIAS SILVIA CAROLINA s/TERCERIA DE DOMINIO EN: ROMERO LUIS ATILIO c/ DEL PINO GREGORIO Y/U OTROS s/SUELDOS IMPAGOS, ETC. s/ CASACION LABORAL ELIAS SILVIA CAROLINA s/TERCERIA DE DOMINIO EN: ROMERO LUIS ATILIO c/ DEL PINO GREGORIO Y/U OTROS s/SUELDOS IMPAGOS, ETC. s/ CASACION LABORAL DïONOFRIO CLOTILDE ELBA s/ TERCERIA DE DOMINIO EN RIOS CARLOS ALBERTO C/ FRIGORIFICO LA DARSENA  Y OTROS S INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-05|2006-04-05|2008-02-26

Los contratos, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos, de lo que se desprende que sólo pueden oponerse a los terceros a partir de la adquisición de fecha cierta, lo que sólo ocurre en los casos del art. 1035 del Código.
Medidas autosatisfactivas, indemnización, gastos de prótesis
Materia: CIVIL
Carátula: VARGAS, ESTELA MABEL c/ COPACABA PORCO, LUCAS, TRANSPORTE FURLONG S.A., QBE LA BUENOS AIRES Y BVVA BANCO FRANCÉS S.A s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA TRANSPORTE FURLONG S.A., QBE LA BUENOS AIRES Y BVVA BANCO FRANCÉS S.A s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-09-21

A los fines de la medida autosatisfactiva pretendida no pueden considerarse todos y cada uno de los gastos que seguramente deberá sufragar la actora a consecuencia del daño sufrido, sino considerar exclusivamente aquéllos que requieren de una atención urgente por cuanto tienen directa repercusión en su salud.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, régimen de garantía de los depósitos, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Papelera Paysandú SAI. y C. c/ Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada y Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

El recurso extraordinario contra la decisión que hizo lugar a la demanda por devolución de fondos depositados a plazo fijo es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A.

F. López y Gustavo A. Bossert).
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONORVIAL S.A. c/ I.P.V.U. (OBRA 204 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PLAN C.G.T. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RODR-GUEZ CARLOS MIGUEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTRO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-12-26|2007-09-20

Para la promoción de las acciones procesales administrativas es necesario la existencia de una decisión administrativa definitiva y que cause estado, considerando decisión definitiva la que resuelve el fondo de la cuestión planteada y la que causa estado la que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.-
Existencia del agravio, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. s/ Abuso Sexual r/Víctima Menor S.E.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-31

"El gravamen irreparable consiste en un perjuicio jurídico que no podrá repararse durante la sustanciación del proceso, ni en la sentencia definitiva. De este concepto se desprende que hay que ir a cada caso en particular para determinar si lo hubo o no, pues la apelación en función de ese extremo es insusceptible de precisión".
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De la Barra Silva, Eduardo E. c/ Rocha, Benito A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Aunque la disposición del art. 1114 se encuentra en el capítulo de los cuasidelitos, no es absoluta la condición que el acto sea ilícito para acreditar la responsabilidad del padre, ya que el menor de 10 años carente de discernimiento y voluntad, no puede realizar actos ilícitos. Admitir otra solución, sería embanderarse con la injusticia y cargar sobre el acusado del accidente la totalidad de la prueba.-
Recurso de casación, calumnias, injurias, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Oscar s/ Querella por calumnias e injurias c/Jure, Alberto y Amarilla Juan H. c/Jure, Alberto y Amarilla Juan H.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-04-02

Para que pueda considerarse la aplicación de pena de prisión, el hecho principal debió haber sido calificado como "Calumnias" que esta tipificado en el art. 109 del Código Penal. Sin embargo, no sólo que en la sentencia recurrida no se hace referencia al tipo penal de la calumnia -que posee obviamente un contenido distinto a la injuria- sino que en el recurso ahora en examen, el agraviado no formula una sola línea para fundamentar por qué el hecho probado constituía una Calumnia y no una injuria, de tal suerte que el reenvío del art. 113 del Código Penal se hiciera a la primera figura mencionada. "Para la procedencia del recurso de casación es exigencia legal que se mencione la norma explicitada que no correspondía aplicar y en que consiste la errónea interpretación".

Si bien el querellante sostiene que debió aplicarse también el art.

109 del Código Penal, no ingresa al necesario análisis sobre por qué considera que existió calumnia y no injuria o ambas figuras a la vez. (Fundamento del Dr. Ariel G. Coll)
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, designación del síndico del concurso, reincorporación en la lista
Materia: COMERCIAL
Carátula: IAMBO  S.A. s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

El síndico que haya aceptado su cargo no puede ser repuesto nuevamente en la lista respectiva, cualquiera haya sido la actividad de dicho funcionario en el proceso en que había resultado designado por sorteo, pues ello implicaría dejar librado al juez la reposición de síndicos en las listas respectivas, lo que contraria no solo el espíritu de la ley concursal sino también las debidas pautas de objetividad e imparcialidad que deben primar en todo acto jurisdiccional, configurándose así la atribución de los nombramientos a motivos ajenos a la justicia.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SADE  S.A.C.C.I.F.I.M. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Es admisible el recurso extraordinario, aunque los agravios remitan al examen de cuestiones de hecho y de derecho local, si lo decidido pone de manifiesto un enfoque parcial del asunto, y satisface solo de manera aparente la exigencia de que las resoluciones judiciales no constituyan derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos comprobados de la causa.
Pérdida del beneficio, acción de amparo, nulidad del acto administrativo, revocación del acto administrativo, jurisprudencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: POLLI, DEOLINDA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Si bien el art. 43 de la C.N. requiere para la procedencia del amparo que no exista otro medio judicial más idóneo, también prescribe que el acto u omisión de autoridad pública o particulares, revista el carácter de arbitrario o de ilegalidad manifiesta. En este orden de ideas, el principio general en materia de nulidades de actos administrativos aparece consagrado en el art. 17 de la ley 19.549. Cuando el acto administrativo ha generado prestaciones que están en vías de cumplimiento sólo se podrá impedir su subsistencia mediante declaración judicial de nulidad. El art. 15 de la ley 24.241 es una excepción a dicha norma y como tal deber ser de interpretación estricta. Tal ha sido el criterio interpretativo que invariablemente mantuvieron tanto la justicia del trabajo, como luego la C.S.S. con respecto al art. 48 de la ley 18.037, que es su antecedente inmediato.
Requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Guzmán, Luis José Hilario s/infr. art(s) 81, oferta y demanda de sexo en espacios públicos -CC-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Más allá del alcance que debe darse al párrafo final del art. 81, CC, en cuanto a cuál es el procedimiento mediante el cual el Ministerio Público Fiscal ordena iniciar las actuaciones o cuál es el funcionario encargado de decidir su inicio, los magistrados actuantes efectuaron una valoración de las constancias de la causa (en particular, del acta de cierre del sumario de prevención) que los llevó a concluir que no existió decisión del fiscal antes de que el personal preventor labrara el acta contravencional, lo que implica que la presente causa no fue legalmente promovida. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Pericia médica, enfermedad profesional, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: "Martínez José Alberto c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-26

Debe estarse como principio a los informes de los peritos médicos. Obvio que el Juez puede apartarse de ello (no es una prueba tasada, ni mucho menos), pero para hacerlo, la fundamentación de las razones debe aparecer sólida y respaldada en otros elementos de similar valor probatorio. Ello, ante la materia sometida a peritación, de naturaleza eminentemente técnica-científica, que excede los conocimientos propios de un juez. El apartamiento de sus conclusiones requiere razones serias, elementos objetivos (o sea otras pruebas de igual o mayor autoridad) que acrediten la existencia de errores de entidad que justifique prescindir de sus datos (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REBOZZIO, JUAN ALEJANDRO c/ URIOSTE, JUAN LEANDRO s/ NULIDAD POR SIMULACION DE ESCRITURA PUBLICA-INCIDENTE DE ANOTACION  DE LITIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-24

Si bien en cuanto a la contracautela la doctrina enseñaba que no debía exigirse al actor ninguna clase de caución pues la anotación de litis no obsta a la disposición del bien, hoy existe consenso sobre lo contrario ya que, a pesar de ello, la medida puede generar perjuicios emergentes de la retracción de eventuales contratantes.

No obstante ello, su requerimiento debe ser apreciado con "menor rigor que cuando se trata de un embargo preventivo, pues la anotación de litis se requiere, precisamente, cuando el interesado no cuenta con elementos de juicio suficientes para lograr la traba de aquél" o su graduación "más benigna".- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras, Ricardo Ubaldo c/ Sapoya, Juan s/ Daños y perjuicios Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Gaitán, Omar Alberto y otro s/ Cobro Ejecutivo Mas Baeza, Luis c/ Daly, Susana Amalia s/ Cobro ejecutivo Di Luca, Antonio Enrique c/ Panella, Donato Ramón y otro s/ Daños y perjuicios Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires c/ Instituto de Obra Médico Asistencial Provincia de Buenos Aires s/ Apremio Varise de Pardo, Claudia Susana y otro c/ Hospital Privado Modelo S.A. y otro s/ Daños y perjuicios D.G.I. s/ Incidente de verificación tardía en P.E.M.S.A. su Quiebra Carlos R. Azcona y Cía S.A. s/ Quiebra. Incidente art. 250, C.P.C.C. -Nuevo Banco industrial de  Azul-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05|1992-06-16|1996-04-30|1993-09-21|2001-11-21|2002-09-11|2004-03-24|2006-10-11

Lo que el art.159 de la Constitución de la Provincia sanciona con la nulidad de la sentencia no es la correcta o incorrecta fundamentación de la decisión sino la ausencia de base legal.
Honorarios, costas, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIZARRO LEIVA HECTOR c/ DIEGO VALERO Y OT. s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: S081 - 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-09

El art. 38 CPC nada dice respecto a que si fueron varios los litigantes que le encomendaran el trabajo al perito, todos ellos responderían por el total de la deuda, como si esta fuera solidaria. La solidaridad no se presume...Respecto al caso que nos ocupa, no sólo no se impuso la solidaridad entre todos los deudores de los honorarios regulados... al perito por lo que a los actores se les rechazó la demanda, sino que expresamente este Tribunal -apelación mediante- dispuso que respondería "cada uno de los accionantes, exclusivamente en proporción al rechazo de sus pretensiones individuales".
Facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUERRONDO, María Inés c/ BLANCO, Gerardo s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Las facultades otorgadas a los jueces de imponer sanciones disciplinarias a los letrados -prevención, apercibimiento, multa y arresto-, no se contraponen con la atribución del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión, y su correlativo poder disciplinario, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zelasqui, Jorge A. y otros c/ Zanesi, Hugo A. y otros s/ Nulidad de proceso-Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

En el tema de las profesiones liberales es indudable que, en la prestación de servicios, le atañe al profesional una discrecionalidad técnica en cuanto es él quien establecerá cual es el modo de proceder y como va a proceder. Esa discrecionalidad técnica del profesional se pone de resalto a la hora de juzgar su responsabilidad por incumplimiento de la obligación de medios asumida, puesto que debe reconocérsele una amplia libertad en la elección de los caminos considerados más idóneos para resolver la labor encomendada; estando vedado al juez que califica su conducta tomar partido en controversias científicas.-
Mala praxis, responsabilidad médica, relación de dependencia, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

Existe una tendencia bastante acentuada a negar la dependencia entre el médico y la clínica, para ello se invocan dos argumentos básicos:

la autonomía científica del médico y el deber nacido de los códigos de deontología que les impide trabajar como meros ejecutores de órdenes.-
Jubilaciones, retiro militar
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rubalsky, León c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (Expte CSJ Nº 928-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

La limitación del período a computar para obtener el retiro militar, con exclusión de los servicios civiles prestados en forma simultánea, no afecta los derechos amparados por los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, máxime si se considera que la acumulación de servicios es posible cuando los requisitos para obtener ambas prestaciones se acreditan en forma sucesiva.
Extraña jurisdicción, portación de armas, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Han sido mal denegados los recursos de inconstitucionalidad en tanto los recurrentes logran demostrar la existencia de cuestión constitucional: la interpretación del art. 131 del Código Fiscal (t.o. 2007) que realizó la Cámara en el caso, vulnera el principio de legalidad. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Jubilaciones, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ, BLAS ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 275-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-16

La jubilación se rige por la ley vigente a la fecha del cese del agente en sus funciones.
Daños y perjuicios, enfermedad profesional, responsabilidad objetiva, prueba, aplicación errónea de la ley, sentencia arbitraria, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GORDILLO PIOLI, CESAR NICOLAS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-04-27

Para que la responsabilidad objetiva pueda nacer se requiere, como condición previa, por parte del actor, la prueba de la relación de causalidad adecuada entre la cosa o actividad riesgosa y el daño producido, pues una vez establecida, surge la hipótesis de responsabilidad de la norma de que se trata, pero no antes y mucho menos con el único fundamento de la dependencia laboral.

En efecto, la relación de causalidad funciona como un presupuesto inevitable para la atribución de responsabilidad, que debe ser probado por la parte que alega el daño y que no puede ser soslayado o reemplazado por la mera dependencia funcional, como lo pretende la Cámara en los votos que constituyen la mayoría.

En ese sentido, deviene incorrecta la interpretación de los elementos constituyentes del art. 1113 del C.C., que llevó a la mayoría del Tribunal de Alzada a obviar el análisis de elementos probatorios incorporados en la causa que demuestran, precisamente, la falta de nexo de causalidad entre el contagio alegado por la actora mientras se desempeñaba en un hospital público -hepatitis A- y su actual afección -hepatitis B- con una diferencia de 18 años, aproximadamente, entre una y otra.

En el caso, la actora no logró acreditar relación alguna que vincule la circunstancia de contagio de la afección padecida en primer término-hepatitis A- o que esta última se encuentre relacionada como causa fuente de la enfermedad que actualmente padece-hepatitis B-, lo que sin duda indica que no ha cumplido con la demostración fehaciente de la relación de causalidad adecuada exigida por el art. 1113 del Código Civil como presupuesto ineludible para el nacimiento de la responsabilidad en cabeza del Estado demandado. Resulta también de lo expuesto que la mayoría de Cámara, en su análisis, incurrió, por una parte, en una incorrecta interpretación de la norma de cita, y como consecuencia, por otra parte, en la omisión de considerar material probatorio cuya compulsa le habría llevado, razonablemente, a una conclusión diferente para la resolución de la causa traída a decisión, por lo que corresponde hacer lugar al recurso intentado, revocando la Sentencia de 2da. Instancia en todo lo que fuera materia de impugnación.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN, ANTONIO c/ DESACI, ELITESA (UTE) Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-23

Cabe distinguir entre el rubro lucro cesante y el de privación del vehículo puesto que la mera privación del rodado es indemnizable aunque no se acredite el perjuicio mentado. Otra es la situación cuando se reclama lucro cesante en virtud, que quién formula tal petición debe traer al pleito los elementos y pruebas que demuestran su extensión, o por lo menos dejar en el ánimo del juzgador la certeza de que una ventaja no se produjo por haberlo impedido la acción del responsable del accidente.