Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-07


NEUQUEN, 7 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "JIMENEZ ARIAS LUCINDA MAGALI C/ BAROZZI JULIO ISMAEL S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" (EXP Nº 399278/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. A fs. 214/215 la actora apela la sentencia recaída en autos, en cuando deniega la multa establecida en el artículo 80 de la LCT.

Sostiene que la magistrada ha errado al considerar solamente que no se ha cumplido el plazo establecido en el Decreto 146/01 para la procedencia de la multa, sin considerar el espíritu de la norma.

Indica que la exigencia del plazo carece de fundamento cuando el empleador niega la relación laboral, por cuanto implícitamente se sabe que no cumplirá con esta obligación. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

II. Así planteada la cuestión, desde ya debo adelantar que no asiste razón a la recurrente.

En efecto: tal como surge de las constancias de autos y llega firme a esta instancia, la intimación fue efectuada con fecha 11/08/09, oportunidad en la que no había transcurrido el plazo de 30 días posteriores al distracto.

Ahora, el artículo 80 de la LCT, reformado por el artículo 45 de la ley 25345, establece que el empleador deberá entregar al trabajador que lo intimará fehacientemente a tal fin, los certificados que la norma expresa "dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento". Por su parte, el artículo 3 del decreto 146/2001, reglamentario de dicha norma, dispone que "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 80 de la LCT [...] dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo".

Tal como se señalara en autos "BELLANDE IGNACIO C/ ARCOS DORADOS S.A. S/ DESPIDO POR FALTA O DISMINUCIÓN" (EXP Nº 373552/8): "La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación, sin perjuicio de señalar que el mismo se advierte destinado a otorgar al empleador un plazo mayor a 48 horas, a efectos de que proceda a la confección de los certificados en cuestión puesto que, en numerosos casos (ej. trabajadores con gran antigüedad, diversidad de categorías y formas de remuneración, etc.), dicho lapso podría ser claramente exiguo si se pondera que en el mismo debe recolectar toda la documentación e información necesaria para dar cumplimiento al requerimiento legal, so pena de, en caso de no satisfacerla en tiempo y forma, hacer frente a una sanción, por cierto, pecuniariamente gravosa [...]", (CNTrab., Sala II, 16/06/05, "Tocalli, Carolina c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ despido").

Y en igual sentidose ha pronunciado mi colega, en voto al cual adhiriera: ".Por otro lado, respecto a la queja por el rechazo de la indemnización prevista a favor del trabajador en el art. 80 LCT, entiendo que tampoco le asiste razón al recurrente. En autos el actor no formula ningún planteo concreto sobre la validez del decreto Nº 146/01 y jurisprudencia que comparto ha sostenido que: "La obligación de entregar las certificaciones se configura a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo conforme a lo determinado por el decreto 146/01. La exigencia del mencionado decreto no es inconstitucional porque, lejos de someter la aplicación de la ley 25.345 a un requisito restrictivo permite, mediante la simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados, y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo [...]", (CNTrab., Sala I, 29/12/11, "SOSA ORLANDO GABRIEL C/ INTERBAS S.A. Y OTRO S/ DESPIDO")." (cfr. esta Sala, "CAJAL SERGIO DANIEL C/ GROSSENBACHER SILVIA ERICA S/ COBRO DE HABERES" EXP Nº 408036/10).

III. No desconozco que existen pronunciamientos en el sentido formulado por el recurrente.

Por caso cabe citar a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, en cuanto indicara: "asiste razón al presentante en cuanto a la procedencia de la multa por la falta de entrega del certificado de trabajo (art. 80 LCT, art. 45 ley 25.345) pues si bien no se ha cumplido con el plazo de los treinta días previstos por la reglamentación, lo cierto es que en casos como el presente en el cual la correspondiente certificación no ha sido aportada a las actuaciones por la demandada en momento alguno a pesar de haberse reconocido el vínculo, corresponde condenar a la empleadora por dicha falta de entrega en los términos del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI, Fernández Verón Vanesa c. Instituto Educativo Huellas S.A. 22/03/2010 Publicado en La Ley Online Cita on line: AR/JUR/6487/2010).

O la Sala VIII, que en sentido coincidente a la cita que efectúa el recurrente, ha indicado: "Es procedente la pretensión de condena al pago de la multa del artículo 80 L.C.T.. Un nuevo análisis de la cuestión me lleva a juzgar innecesario que la actora deba esperar el plazo de treinta días contemplado en el artículo 45 de la Ley 25.345 para intimar por dos días hábiles al empleador a la entrega de las certificaciones de trabajo cuando aquél negó la relación de trabajo pues en este supuesto es claro que no cumplirá obligación alguna derivada de la aplicación de normas laborales. Lo mismo vale para los casos en que la empleadora guarda silencio frente a la intimación cursada por la trabajadora y al contestar demanda alega la inexistencia de un vínculo laboral. En estos casos corresponde entender que la intimación cursada por la actora antes del vencimiento del plazo de treinta días posteriores al despido resulta suficiente." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII, Cabral, Margarita Edith c. Telefónica Móviles Argentina S.A. y otro s/ despido 13/12/2011, DJ 13/06/2012, 60 Cita online: AR/JUR/ 88033/2011).

Pero nótese que más allá de consistir en interpretaciones distintas y aún cuando se compartiera las mismas, ellas no representan el supuesto de autos puesto que la demandada reconoció la existencia de la relación laboral al responder la demanda y acompañó los certificados (aún cuando sean inexactos, en orden a lo resuelto en autos).

III. Por último debo señalar que los argumentos expuestos en el recurso y en los precedentes citados en el considerando anterior, no me convencen de revisar la postura.

Por el contrario, comparto lo expuesto por la Dra. García Margalejo al indicar: ".el último párrafo del art. 80 L.C.T. que establece como requisito de la indemnización allí prevista, la intimación fehaciente al empleador, fue introducido por la ley 25.345, también llamada "Ley de Prevención de la Evasión Fiscal", con el objetivo de combatir la evasión en el pago de impuestos y tributos. Es fácil advertir entonces, en primer lugar, que lo que busca la norma trasciende el solo resarcimiento económico que pretende el trabajador, pues subyace el interés del Estado de que el empleador no solamente cumpla con la entrega del certificado sino también con las obligaciones fiscales enunciadas en el primer apartado de la norma (art. 80 L.C.T.). Con ello, la directriz legal pretende un mayor compromiso tributario.

En esa inteligencia, y teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente requiere la emisión por parte del empleador de un certificado con tales implicancias, resulta -por cierto- razonable que el decreto, tendiendo al cumplimiento de la norma, otorgue un plazo de 30 días para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. Luego, una vez vencido tal lapso y si el empleador no entregó los instrumentos pertinentes, el trabajador se encuentra habilitado para requerir el cumplimiento de tal obligación, intimando por el plazo de dos días hábiles que prevé la norma, con lo cual ningún derecho se le cercena, como puede apreciarse. En ese sentido indica Carlos A. Etala que "...el plazo señalado en la norma sustancial aparecía como extremadamente exiguo si se tiene en cuenta que la disposición se dirige a todo tipo de empleadores (unipersonales, pequeñas empresas), y que puede tratarse de la extinción de relaciones laborales de larga data, caso en que su elaboración puede exigir una engorrosa tarea. El art. 3º del decr. regl. 146/01 aclaró, de manera razonable, que el trabajador queda habilitado para hacer el requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o certificados dentro de los treinta días de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo" ("Contrato de Trabajo" 5ª edición actualizada y ampliada, pág. 248).

Es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que un decreto reglamentario no resulta inconstitucional cuando por medio del mismo se propenda al mejor cumplimiento de los fines de la ley o constituya un medio razonable para evitar su violación y sea ajustado a su espíritu (Fallos, 204:194; 220:136; 232:287; 250:758; 254:362). El decreto bajo análisis, antes de relevar al empleador de su obligación, precisamente tiende a posibilitar su razonable cumplimiento y, consecuentemente, el de las normas fiscales vigentes.

Retomo así el criterio original que sostuve y, en virtud de que en esta causa, como dije, no se encuentra satisfecho el recaudo exigido por el art. 3 del decreto 146/01, el concepto no debería prosperar.." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V Juárez, Miguel Ángel c. ISS Argentina SA s/ despido 23/06/2011 Publicado en: DT 2011 (octubre), 2677 Cita online: AR/JUR/32767/2011).

Por estas consideraciones entiendo que el recurso no puede prosperar, debiendo confirmarse la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido motivo de agravios. Las costas generadas en la actuación de Alzada serán a su cargo. TAL MI VOTO.

El DR. JORGE PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fojas 208/213 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17, Ley Nº 921).

3.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: ..., (art. 15, LA).- 4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.