Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-06


Causa Nº 1451-00-CC/2003, caratulada: "Oniszczuk, Carlos Albertos/ Infr. Ley 255 - Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los intergrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

VISTOS:

El 22/12/05 la López interpuso recurso de inconstitucionalidad (arts. 53 LPC, 26, inc. 4 LOPJ y 27 y ssgtes, Ley 402) contra el fallo de fs. 688/693 que revocó la decisión del "a quo" de fs. 649/651 en cuanto declaró extinguida por prescripción la acción seguida contra Carlos Alberto Oniszczuk en relación a los hechos del 5/1/04, 9/3/04, 28/5/04, 23/12/03, 10/6/04 y 27/8/04, sobreseyéndolo en consecuencia y anuló el requerimiento de elevación a juicio de fs. 613/621 así como lo actuado en consecuencia (fs. 708/719). Adujo que se había realizado, en violación al principio de legalidad (art. 18 CN), una aplicación analógica in malam partem de la teoría del delito continuado, conculcándose además, el derecho de su pupilo a ser juzgado en un plazo razonable.

Empero, en forma paralela a la impugnación y más allá de mantener la pretensión, articuló ante el juzgado de primera instancia la prescripción de la acción. Argumentó que aún cuando ella se estructurara del modo que estima constitucionalmente incorrecto, habría perdido su vigencia atendiendo al transcurso, sin interrupción o suspensión alguna, del término del art. 31 CC desde el 23/12/04 (fs. 701/702).

En lugar de tramitar y decidir el planteo -máxime si se consideran los efectos que una eventual decisión favorable puede tener sobre las cuestiones pendientes-, la Dalmas aguardó el pedido de esta Sala y envió inmediatamente las actuaciones. Se limitó a tener presente la incidencia para resolverla oportunamente.

La Sra. Fiscal de Cámara advirtió, en cambio, que el vigor de la persecución constituye un presupuesto procesal a verificar con antelación al juicio de admisibilidad del recurso. Concluyó que en autos tal evaluación deviene abstracta por haber operado, desde el cese de la contravención continuada, el plazo de prescripción. Requirió del Tribunal una declaración en este sentido teniendo en cuenta, además, el temperamento adoptado recientemente in re: "Incidente de apelación en autos `Incidente de ejecución de sentencia en causa Romero, Ramón Bonifacio s/ inf. art. 47" (fs. 723).

CONSIDERANDO:

Que la jurisdicción de esta Sala fue excitada en orden al recurso de inconstitucionalidad descripto. Si bien fue interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, en debido tiempo y se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva, la omisión de la defensa de hacer reserva oportuna de la cuestión constitucional (vid. fs. 686/687) cuestionaría la procedencia del juicio acerca del restante recaudo sustancial (art. 27, ley 402).

Sin perjuicio de ello y de no escapar a los suscriptos el inoportuno aplazamiento de la solución acerca del planteo prescriptivo por parte de la Dalmas, entendemos que asiste razón a la Sra. Fiscal en cuanto a la necesaria precedencia de su tratamiento del correspondiente a la admisibilidad de la impugnación.

Ello no significa, empero, que sea este Tribunal quien automáticamente ha de abocarse al análisis antedicho. Como hemos señalado recientemente sólo en modo excepcional, de constatarse una serie de presupuestos, la Sala se encuentra habilitada para efectuarlo. Hemos sostenido que: "...El instituto sub-examine es de orden público por cuanto `...cuando el Estado...declara superflua e inútil la imposición de la pena, no corresponde sino al juez declarar de oficio la prescripción, aún ante el silencio de la parte; porque no corresponde a los particulares someterse a la pena, cuando la ley por interés público y general declara que no debe aplicarse (...). La omisión del imputado debe ser suplida por el magistrado, que encarna la autoridad del Estado, como órgano del derecho de juzgar y de condenar (Il Digesto Italiano, vol. XIX, Parte Prima, Prescrizione (Materia Penale), Unione Tip. -Editrice Torinese, Torino, 1909-1912, págs. 540 y sgtes.). Ello es así siempre y cuando la declaración perseguida no exija algo más que la mera comprobación del tiempo -puesto que en este caso habrá una controversia que exigirá debatir ciertos puntos decisivos para la suerte del litigio bajo el amparo de reglas acordes con el debido proceso- y que la solución a adoptar en aquel sentido resulte favorable al imputado -es la continuación innecesaria e injustificada de un juicio lo que conmueve el orden público y autoriza a que la extinción sea declarada con la simple verificación de que ella se ha Causa Nº 1451-00-CC/2003. Sala II.

producido-. De lo contrario, se le negaría al justiciable su derecho a obtener un segundo grado de jurisdicción...".

De conformidad con dichas premisas, no se observa en el sub-lite ninguno de los obstáculos señalados para la declaración pretendida. Las partes coinciden con la solución y ella requiere, en orden a lo que se dirá, la simple comprobación del tiempo.

Más allá de la crítica constitucional al resolutorio de fs. 688/693, allí se estableció que el cómputo del término del art. 31 CC debía dispararse a partir del 23/12/04, es decir, cuando ha cesado la contravención continuada por la que el Fiscal acusó a Romero. Tras dicha decisión y la inacción del "a quo" se completó el 23/12/05 aquel término sin que se hubiera llevado a cabo el único acto interruptivo de la prescripción de la acción. De allí que la López realizara la presentación que ahora nos ocupa.

Restaría sólo verificar si el plazo sufrió alguna suspensión en orden a la eventual incomparecencia injustificada del imputado (art. 31 CC), análisis que, por lo que se dirá, no presenta mayores problemas.

En el marco de la causa Nº 753-JC/2004 -previo a su acumulación a la Nº 22.850-JC/2003-, si bien se convocó al imputado en varias oportunidades a la audiencia del art. 41 LPC, éste compareció a la Fiscalía y la suspensión del acto se debió, en la mayoría de los casos, a que el expediente había sido remitido al Juzgado Nº 4 para que resolviera diversos planteos defensistas; sin perjuicio de otras razones no atribuibles a una eventual injustificada incomparecencia de Oniszczuk (vid. fs. 86, 106, 107; fs. 108, 110, 111, 128, 129, 159; fs. 161, 164 y presentación del Lagorio de fs. 165 la cual, atendiendo a la acumulación posteriormente dispuesta, nunca fue despachada).

Dentro del contexto del expediente Nº 22.850 -anexado materialmente a partir de fs. 173- ante el labrado de diversas actas contravencionales, el encartado compareció a la Fiscalía interviniente cuya titular dispuso suspender, por el momento, toda declaración del nombrado (ver fs. 203, 225). Cuando finalmente se decidió convocarlo en los términos del art. 41 LPC, las distintas suspensiones de la audiencia tampoco respondieron a la incomparecencia de Oniszczuk (ver fs. 249, 250, 251, 252). Finalmente, tal acto se produjo a fs. 253/254.

A fs. 372 se dispuso la conexidad de las actuaciones y tras la citación dispuesta una vez producidas varias medidas, la Dalmas ordenó suspender la audiencia fijada por el Ministerio Público Fiscal ante una solicitud de la López (fs. 561). Sin embargo, ante el establecimiento de una nueva fecha (fs. 596), Oniszczuk fue escuchado a fs. 599/601.

Por último, sin perjuicio de la convocatoria al debate ordenada a fs. 622, la Dalmas dictó posteriormente el resolutorio que generó el fallo impugnado.

Por las consideraciones expuestas, entendemos que la acción contravencional correspondiente al hecho por el que se persiguió al justiciable se ha extinguido por prescripción. En consecuencia, los agravios dirigidos contra el resolutorio de fs. 688/693 se han tornado abstractos.

Concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR EXTINGUIDA por prescripción la acción contravencional en orden al hecho por el que se persiguió al imputado (vid. fs. 613/621) -arts. 30, inc. 2 y 31, Ley 10-.

II.- En consecuencia, SOBRESEER a Carlos Alberto Oniszczuk, de las demás condiciones personales obrantes en autos por el suceso en virtud del cual fue acusado (fs. 613/621) -art. 6, Ley 12, 336, inc. 1º y cctes. CPPN-.

II.- DECLARAR ABTRACTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 708/719.

Tómese razón, notifíquese personalmente a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse los presentes actuados al Juzgado de Primera Instancia quien deberá practicar las notificaciones restantes.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

CCyF, Sala II, c/nº 1578-02-CC/2002, rta. 6/2/06.

Nos referimos a nuestro precedente invocado por la acusadora.

CSJN, C. 459 XXXVIII, "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº 555-cc-2000 s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", rta. 8/11/05, del voto del Fayt.

Ídem, cfr. voto del Petracchi.

Ib.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas