marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación del contrato, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Explotación Pesquera de la Patagonia  S.A. c/ Seminara Empresa Constructora  S.A.I.C. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Si bien lo atinente a la exégesis de la voluntad contractual es materia de derecho común, ajena a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a dicho principio cuando se ha prescindido de la consideración de extremos conducentes para la correcta solución del litigio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Pedro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se afirma que los dichos de la testigo están teñidos de mendacidad, pero no se lo demuestra. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reclamo administrativo previo, silencio de la administración, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 80719 - HEREDIA, LORENZO PLUBIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-30

Ante el silencio de la administración, el sistema constitucional y legal de la provincia permite la apertura de la vía contencioso administrativo provincial aún cuando no exista decisión definitiva que cause estado, por lo que un administrado diligente tiene abiertas las puertas para su reclamo. Sin embargo, no se puede ignorar: 1) que se trata de una facultad del administrado sobre la que esta Corte presenta jurisprudencia vacilante; 2) aunque la jurisprudencia fuese firme, en todo caso, es una facultad del administrado, pues la administración tiene obligación de pronunciarse. (VOTO AMPLIATORIO DRA. KEMELMAJER EN MAYORIA)
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuevo Bco. Industrial de Azul c/ Brancatelli, Angel y otros s/ Ejec. Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-07

El debate propuesto en torno a la nulidad del mutuo - por no haber mediado efectiva entrega del dinero- y al origen de la deuda refinanciación) no puede tener cabida en el proceso ejecutivo (art. 542 inc. 4to. CPCC) por hallarse vinculado a la causa de la obligación. (Minoría u opinión personal)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, ley general
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

No cabe admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad cuando se invocan principios constitucionales básicos, descriptos académicamente de modo correcto, pero sin desarrollo alguno sobre el vínculo de esa invocación abstracta con la norma general concreta impugnada. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Impugnabilidad objetiva, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: COSENTINO, Rubén Guillermo c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-06

La resolución recurrida en casación, no cumple, en principio, con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el ritual, y la recurrente tampoco demostró un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior, a efectos de equiparar la decisión recurrida a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la instancia. (Dres. Hornos- Borinsky- Gemignani).
Apreciación de la prueba, consentimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Campos, Cristina Leonor c/ Municipalidad de Ushuaia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-12-17

La libertad probatoria rige plenamente en el proceso penal. Por ello, el empleo de armas de fuego en un ilícito puede perfectamente ser probado por testigos.(del voto del Dr. Hutchinson).
Archivo del expediente, contrato de publicidad, estudio jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Actuación de Oficio del Tribunal de Conducta c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-28

Corresponde ordenar el archivo de las actuaciones, que fueron iniciadas a raíz de una publicidad de un estudio jurídico aparecida en un diario, que no identifica a profesional alguno poniendo en el aviso solamente un número telefónico, dado que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe informó que dicho número no corresponde a ningún profesional inscripto en dicha institución. En consecuencia, como de las compulsas surge que no hay profesional alguno involucrado, corresponde archivar las actuaciones.
Diferencias salariales, demanda, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Avalos Miguel Antonio c/ Ebel Amado Emilio y/o quien resulte responsable s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-18

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se duele porque no se le reconoce el rubro diferencia de haberes reclamado. Ello así, ya que, la mera mención en demanda, en el apartado objeto, del rubro Diferencia de haberes, sin ninguna clase de fundamentación sobre su procedencia, cuantificación, plazo, y ni siquiera su inclusión en planilla, de manera alguna puede entenderse que con dicho rubro quedó integrada la litis y que en consecuencia correspondiera consideración especial por el sentenciante. En efecto el art. 76 inc. b) ley 2383, determina los recaudos de la demanda y esta exigencia normativa se relaciona con el principio de congruencia que reconoce base constitucional, art. 18 C.N.
Libertad condicional, informe de establecimiento penitenciario, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sánchez, Miguel A. s/ recurso de casación.  Causa: 377
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Estos informes no son determinantes de la decisión de los jueces, tratándose de un relato o noticia acerca del modo en que se ha comportado el interno durante el tiempo de encierro; y que los jueces deben evaluar en el caso concreto lo que realmente tiene relevancia para la libertad condicional, en tanto se verifique que el condenado ha cometido infracciones de gravedad.
Convenios colectivos de trabajo, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: Armua Marta Angélica c/ TIA S.A s/ Laboral por preaviso -Integración mes de despido- Indemnización por  despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-30

La convención colectiva es de cumplimiento obligatorio para las partes. Sin embargo, ellas pueden, en el contrato individual, apartarse de la convención, siempre que la modificación sea más beneficiosa al trabajador.
Querellante, legitimación procesal, entidades de bien público
Materia: PENAL
Carátula: Gotardi, José María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

La alegación de los recurrentes relativa al interés legítimo que posee la DNFDA en el resultado de los procesos en los que se investigue la infracción al art. 13 ley 25.671 y que el comercio de venta ilegal de autopartes compromete el interés del orden público "ya que la mayoría de las autopartes usadas provienen del robo de automotores, actividades que en los últimos años, debido a la utilización de armas de fuego, pasó a afectar no sólo la propiedad, sino también la salud y la vida de los ciudadanos", no resulta suficiente para acreditar la calidad de damnificado o particular ofendido por el delito que aquí se investiga, en los términos exigidos por la ley procesal, circunstancia que, en definitiva, resulta determinante para la viabilidad de su reclamo. La disidencia postuló declarar la improcedencia del recurso de casación por no satisfacer el recaudo de fundamentación (Hornos, Gemignani y Borinsky -disidencia-).
Seguros, régimen de contralor, superintendencia, asignación de funciones, liquidación y distribución, asegurador, honorarios, comisión liquidadora, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Omega Cooperativa de Seguros Ltda. (Ssn) c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Procede dejar sin efecto los honorarios regulados a favor de los delegados liquidadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación que actuaron en liquidación forzosa de una compañía aseguradora. El hecho de que se haya dictado la conclusión formal de la liquidación no es motivo como para regular honorarios. El resultado de esta liquidación no merece un trato excepcional. Véase que, al margen de ello, la liquidación de la compañía fue declarada hace casi 20 años. La conclusión del proceso se obtiene con el pago del capital y los intereses devengados hasta el día en que se declaró la liquidación; es decir, ha sido la pérdida del valor actual de los créditos verificados lo que permitió concluir la liquidación. Según se observa del informe de la 4ta distribución de fondos, los intereses post- falenciales no se encuentran cancelados. Dicho ello, en tanto los delegados liquidadores son empleados de la Superintendencia de Seguros que perciben un sueldo por sus tareas en las liquidaciones judiciales, no cupo entonces fijarles estipendios.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación o retardo de justicia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOBRAS, ELISEO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Cuando las cuestiones planteadas en el recurso no son propias del instituto por retardo de justicia y sí una crítica a decisiones adoptadas por el Juez respecto de la marcha del sumario, debe desestimarse la petición, por ser esto ajeno a la vía procesal que se intenta, además de que dicha presentación no satisface el recaudo del art. 544 del C.P.M.P.
Divorcio, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Del Negro, Mirta Zulema contra Sarrichio, Luis Alberto y otro. Daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Los juicios de divorcio en trámite al momento de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial son alcanzados por este, aún respecto de las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ello es consecuencia del criterio de aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (art. 7, Cód. Civ. y Com.).(doctor de Lázzari, sin disidencia).
Recusación, jueces, denegatoria del recurso, derechos y garantías constitucionales, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Envíos Ya SA y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de recusación - amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde equiparar a sentencia definitiva el pronunciamiento que rechazó la recusación del juez de primera instancia pues el recurrente ha explicado suficientemente que, por encontrarse en juego la garantía constitucional del juez imparcial, corresponde que la tutela opere de modo inmediato, en tanto la prolongación del juicio genera a su respecto perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, indemnización, restricciones al dominio, ruidos molestos
Materia: CIVIL
Carátula: Julio, Luis c/ Clem  S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

El fundamento de una acción iniciada en virtud del art. 2.618 del Cód. Civ. no es otro más que la buena convivencia en la relaciones de vecindad y el ejercicio regular del derecho real de dominio; es intrascendente en consecuencia que las inmisiones toleradas por la actora sean inferiores al nivel continuo sonoro equivalente que como máximo tolerable fijan las normas de seguridad e higiene del trabajo. Del hecho de que los reclamantes deban soportar ineludiblemente los ruidos ocasionados por la cercanía del ferrocarril y el tránsito pesado que circula en las inmediaciones de su vivienda, no se colige que necesariamente deban tolerar un agravamiento de esta situación a causa del accionar de la demandada, máxime cuando las mediciones efectuadas arrojaron un porcentaje importante de ruidos molestos independientemente de los que el paso del ferrocarril pudiera ocasionar.
Constitución Provincial, fiscal de Estado, deberes del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABBATE, GABRIEL Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 536 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-09

En la Constitución de la Provincia de 1962 se erige al Fiscal de Estado -con las peculiaridades y rasgos distintivos actuales- como órgano constitucional en el artículo 82.

En dicho precepto se regula la forma de nombramiento y cese, condiciones requeridas, incompatibilidades y prohibiciones del Fiscal de Estado, disponiendo -en definitiva- la Constitución una similitud de trato con los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial.

No podía ser de otra forma a poco de repararse en el cúmulo y trascendencia institucional de las funciones encomendadas a Fiscalía de Estado por la Constitución y la ley (11875 y su reglamentación), entre las que pueden mencionarse: asesoramiento legal del Poder Ejecutivo provincial, defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia, asesoramiento y defensa judicial y administrativa de la Provincia, ejercer la dirección de procesos en los casos determinados, controlar la actividad de los órganos de asesoramiento jurídico.

Ello excede el beneficio meramente particular y compromete el interés público y social al engarzarse con un eficaz asesoramiento y representación de la Provincia y de su Ejecutivo, en lo referente al bienestar común.
Depreciación monetaria, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESPINA, ROBERTO c/ DEL PIN, ORLANDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-08-15

NO AFECTA LA COSA JUZGADA EL REAJUSTE DEL MONTO DE LA CONDENA, TODA VEZ QUE CON ELLO SE PROCURA CONFERIRLE A LA SENTENCIA LA VIGENCIA QUE PERDIERA EN SU CONTENIDO ECONOMICO POR EL PROCESO INFLACIONARIO.
Emergencia económica, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: Procesal
Carátula: PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S. A. c/ Provincia del Chubut s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-07-05

Las suspensiones de la ejecución de sentencias sancionadas tanto en la ley nacional como provincial en esta materia, tienen su razón de ser en la declaración de emergencia económica de la administración pública.

En ningún momento fue sancionada la emergencia económica para la actividad privada, razón por la cual a la actora en autos, no le alcanza la suspensión ordenada.

Por lo tanto, corresponde rechazar el requerimiento de fs. 745 y vta.

en el sentido de que se disponga la suspensión del trámite de ejecución de honorarios.
Recurso de casación, actor civil, poder general
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALARCON CARLOS ALBERTO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-27

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 112 del C.P.P. las partes civiles sólo podrán actuar en el proceso con patrocinio letrado.

También pueden hacerse representar, por un abogado, pero, en este caso, la representación debe ser conferida por un poder general, que debe constar en escritura pública (C.C.997).

El poder apud acta (en el libro de acta o mediante acta) no está autorizado por el C.P.P. como instrumento válido para conferir personería a un letrado.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, excepción de incompetencia, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Santa Fe c/ Universidad Nacional del Litoral s/ Apremio. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 619-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

La necesaria revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado evidencia que el pronunciamiento impugnado carece de definitividad para franquear el acceso a esta Corte, ya que, como lo ha dicho el Máximo Tribunal de la Nación "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Benitez, Gustavo Fabián s/ Tentativa de robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es inatendible el reclamo en torno de no haberse sustanciado el incidente de inhabilidad previsto en el art. 247 del Código Procesal, pues se refiere a un supuesto vicio anterior a la sentencia, y no se indican cuáles serían las consecuencias jurídicas de tal vicio en el decisorio (doc. arts. 352 y 355, C.P.P.).
Choferes, remisero, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: NOGUEIRA, FRANCISCO c/ REMISE  SMITH  DE  PROPIEDAD  DE JAIME SZMUEKLER Y CARLOS SZMUEKLER Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-18

El hecho que el remisero se encontrara adscripto a una agencia debidamente autorizada y fiscalizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la ordenanza nro. 33266, no implica por si solo la existencia de relación laboral entre ambos, sino que la misma debe ser evaluada según las condiciones contractuales pactadas.
Mala praxis, accidente de tránsito, error de diagnóstico
Materia: CIVIL
Carátula: IÑIGO, LUIS. c/ ELLI, MARIO Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

La culpa médica, como es sabido, consiste en la omisión de las diligencias exigidas por la naturaleza del deber profesional asumido y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 del Cód. Civil) cuyo grado de responsabilidad ha de estimarse por la condición especial del agente (art.

909 del Cód. Civil). Para establecer tal culpabilidad uno de los elementos decisivos consiste en desentrañar si ha existido un incumplimiento de las reglas del arte de curar (lex artis). Después de valorar en concreto la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar, el tipo de comparación será el de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en que quepa encuadrar la conducta del deudor en cada caso concreto (cf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires,1980, t. IV-B, p. 145, n° 2826; Bueres, Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1994, t. 2, p. 94 y ss.; Lorenzetti, Ricardo Luis, Responsabilidad civil de los médicos, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 461 y ss.; Calvo Costa, Carlos Alberto, Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 142 y ss.). En este punto conviene recordar que en relación a su deber de prestación de hacer, como regla, la obligación de los profesionales de la medicina en general, es de medios, o sea de prudencia y diligencia, proporcionando al enfermo todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos y a la práctica del arte de curar son conducentes a su curación, aunque no puede ni debe asegurar este resultado (Fallos: 327:3925; C.N.Civ., esta sala, L. 483.472, del 31/08/2007; L. 493.836, del 07/11/2008 y L. 513.585, del 06/04/2009; ídem, sala K, L. 97.391, del 26/08/2010; íd., sala L, L.568.319, del 17/02/2012). A fin de verificar tal extremo en este tipo de pleitos, como no es difícil advertir, resulta decisiva la prueba pericial médica, pues la apreciación de los hechos controvertidos -a la luz de la conducta debida- suele requerir de conocimientos técnicos y científicos especiales (art. 339 del Código Procesal). Bajo tales premisas estimo que resultan elocuentes las conclusiones de los peritajes a los que hace referencia la jueza a quo en cuanto a la responsabilidad de los codemandados, determinando que el daño padecido por el actor tuvo su origen y causa en el error de diagnóstico inicial.
Recurso de casación, interrupción de la prescripción, recurso de queja (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA NRO: 12742/2008/6/RH3 c/  s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-08

Corresponde hacer lugar al recurso de queja y en consecuencia conceder el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que rechazó la excepción de prescripción, ya que sin perjuicio que nos encontramos frente a una interpretación de la interrupción de la prescripción, lo cual remite al análisis de cuestiones de derecho común y procesal; el recurrente ha realizado una presentación fundando razonadamente la arbitrariedad de sentencia, lo cual introduce cuestiones que atañen a derechos de naturaleza federal, tal como la defensa en juicio y la garantía del debido proceso.
Administración Pública, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Al lado de la supremacía general de que goza la Administración Pública como titular del poder de imperio, poder soberano que se ejerce frente a todos los sujetos del ordenamiento, existen posiciones especiales de supremacía respecto a los administrados que son más acentuadas que aquélla y por eso mismo tienen un fundamento distinto que la simple titularidad del poder de imperio. Todos los habitantes del país están sometidos a la supremacía general, en virtud de su nacionalidad si son argentinos, y si fueren extranjeros, por el hecho de habitar el territorio estatal. Sin embargo, hay personas físicas que se vinculan de modo más concreto con la Administración; de tal relación surge otra supremacía distinta, pero más acentuada, la que, precisamente se denomina especial, de suerte que ésta no se ejerce frente a todos, sino sólo respecto de algunos sujetos que tienen una calidad que los distingue de la colectividad indiferenciada de los habitantes en general. Así, un empleado público está sometido a dos supremacías: a la general, en cuanto nacional (argentino), y la especial, en tanto empleado.
Condiciones de detención, pedido de informes, servicio penitenciario provincial
Materia: PENAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Ángela y Otros c/  s/ P.s.a. asociación ilícita; fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-01

Corresponde solicitar al titular de la Unidad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy, como medida mejor proveer de carácter excepcional, que informe sobre las condiciones de alojamiento a las que está sometida la detenida en relación con el resto de las personas privadas de la libertad en el instituto, precisando circunstanciadamente acerca del estado de salud de la encartada y los servicios de atención médica de los que efectivamente dispone el establecimiento.
Falta de facturación, clausura del establecimiento
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Logitex  S.A. s/ apelación ley 11.683. Maulhardt, Juan H. y Cía.  S.A. s/ apelación clausura - Dirección General Impositiva. Wortman, Jorge Alberto y otros s/ apelación - clausura (Dirección General Impositiva).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08|1993-06-08

No parece exorbitante que se sancione con clausura la no emisión de facturas o comprobantes en legal forma.