Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08


Causa Nº 14323-CC/2003 "Borgoni, Néstor Julio s/arts. 72 y 47 C.C.- Apelación" Buenos Aires, de mayo de 2006.

Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 14323/CC/2005 caratulada "Borgoni, Néstor Julio s/inf. art. 42 y 47 CC"- Apelación.

Y CONSIDERANDO:

I -Que a fs. 170/172vta, la Sra. Juez de grado, Carla Cavaliere, luego de celebrada la audiencia de debate, resolvió condenar a Néstor Julio Borgoni por ser autor responsable de las contravenciones previstas en los arts. 72 y 47 del CC, a la pena de cuatro días de trabajos de utilidad pública, a razón de una jornada de cuatro horas cada una, a realizarse durante los fines de semana en el centro de Gestión y Participación correspondiente a su domicilio, veredicto que fue fundado a fs. 173/77, con fecha 14/12/04.

II- Que a fs. 219/vta. la Magistrada entendió que las incomparecencias del imputado a las citaciones cursadas por el juzgado para dar cumplimiento a la pena impuesta la facultaban a sustituirla por días de arresto, según lo previsto por el art. 11, "in fine" de la ley 10. En atención a ello, el 25/11/05, reemplazó la pena de trabajos de utilidad pública oportunamente impuesta por la de cuatro días de arresto.

III- Que a fs. 241 y atento la presentación de la defensa del imputado Borgoni, con fecha 22/12/05, la magistrada de grado dispuso suspender el cumplimiento de la pena de arresto establecida a fs. 219/vta.

IV- Que a fs. 250 el Antonio Gariglio solicitó que se decrete la prescripción de la pena, toda vez que desde el 21 de diciembre de 2004 -fecha en que adquirió firmeza la sentencia-, transcurrió el plazo de un año previsto por el art. 32 del CC, sin que el imputado haya cumplido la pena o parte de ella.

V- Que corrida la vista al Representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 252), éste expresó que el acto de la recepción del oficio por parte del imputado para cumplimentar la condena impuesta en autos que tuvo lugar el 17/8/05 (fs. 207vta) debe ser considerado como principio de ejecución de la sanción impuesta y que a partir de allí ha dejado de cumplirla, quebrantándola. Por ello, estimó que no debe hacerse lugar al planteo de la defensa por cuanto desde su quebrantamiento no ha transcurrido el plazo de un año previsto por el art. 32 de la ley 10 para considerarla prescripta.

VI- Que a fs. 257, obra el informe del Centro de Gestión y Participación nro. 3, de fecha 19/9/05, del que se desprende que el imputado Borgoni no ha podido dar inicio al tránsito ejecutorio de la pena, toda vez que en esa entidad se encuentran cumpliendo sanciones otras cuatro personas, lo que sobrepasa la capacidad de control. A fs. 258 obra un nuevo informe del 9/2/06, por el que se hace saber que a esa fecha se encuentran seis personas cumpliendo sanciones similares, lo que sobrepasa la capacidad de control de dicho centro de gestión.

VII- Que a fs. 259, la Sra. Juez de grado rechazó el planteo de prescripción impetrado por la defensa. Ello por entender que si bien de la constancia de fs. 256, como de las manifestaciones vertidas por el imputado a fs. 233, surge que se presentó ante el CGP nro. 3, a efectos de comenzar a cumplir la pena oportunamente impuesta por el Tribunal, posteriormente la incumplió al no requerir que se arbitraran los medios conducentes para posibilitar su ejecución. Por ello, consideró que a partir de esa fecha el imputado ha quebrantado su cumplimiento.

VIII- Que a fs. 262/3vta., el letrado Defensor del imputado, Antonio Gariglio, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la decisión mencionada supra. Refirió que el mero hecho que el imputado se haya presentado en el Centro de Gestión y Participación que le fuera ordenado, no puede tomarse como principio de ejecución de la condena, mas aún cuando no había comenzado a realizar las tareas comunitarias. Por ello, entendió que al haber adquirido la sentencia firmeza con fecha 21/12/04, la pena se encuentra prescripta.

IX- Que a fs. 268, la Sra. Juez resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor Defensor Oficial por improcedente y conceder el recurso de apelación incoado en subsidio.

X- Que a fs. 273/76, al contestar la vista conferida, la Sra. Fiscal de Cámara expresó que no es el retiro del oficio lo que debe ser interpretado como acto interruptivo del curso de la prescripción de la pena, sino el acto u omisión del imputado que se traduzca en su inequívoca intención de sustraerse a la pena o a las obligaciones que el tribunal le fije para su cumplimiento. En concreto, la omisión de comparecer a cumplir la pena, el día 17/10/05, debe ser considerada como hecho interruptivo del curso de la prescripción. Por otro lado, sostuvo que si existió una sustitución de la pena originaria por la de arresto, va de suyo que como antecedente necesario de la legalidad de esa medida debe mediar un incumplimiento o quebrantamiento de la pena. Además refirió que no le parece justo que quien efectivamente comenzó a cumplir la pena, y luego la quebrante, tenga consecuencias más gravosas que aquél que nunca se sometió a su cumplimiento. En suma, expresó que para que la pena sea quebrantada no es necesario que se haya dado inicio a su ejecución. Por ello, solicitó que se confirme la resolución recurrida y no se haga lugar al planteo de prescripción articulado.

XI- Que a fs. 278/9vta., el Antonio Gariglio ratificó los argumentos vertidos en el escrito de apelación y agregó que disentía con lo manifestado por la Sra. Fiscal de Cámara, ya que de ningún lado emerge que las incomparecencias del imputado a las citaciones puedan ser tomadas como comprensivas del mentado quebrantamiento.

XII.- Que a fs. 282 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término y en lo relativo a la admisibilidad del recurso interpuesto es dable mencionar que la LPC no ha regulado el procedimiento de ejecución de sentencia, razón por la cual es aplicable supletoriamente el CPPN (art. 6 Ley Nº 12).

En este punto, si bien es cierto que el art. 491 CPPN prevé que las decisiones adoptadas en el marco de la ejecución de sentencias son pasibles, únicamente, de recurso de casación, ello no debe ser óbice para que la alzada en lo contravencional revise las decisiones adoptadas en estos procesos, máxime cuando ellas han sido puestas en crisis en virtud de cuestiones de derecho. Asimismo, complementa lo antedicho la circunstancia de que incluso la instancia extraordinaria local ha atendido críticas dirigidas contra decisiones adoptadas en esta etapa del proceso (TSJ, expte. nro. 1526, "Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/ art. 72 -Apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, rta. el 11/09/2002).

En atención a ello, corresponde a este Tribunal evaluar si el decisorio recurrido causa a la impugnante un gravamen irreparable que habilite la vía recursiva intentada en los términos del artículo 449 in fine CPPN (art. 6 Ley Nº 12). En este sentido, esta Sala ha afirmado en numerosos precedentes que el gravamen irreparable se produce cuando el pronunciamiento en cuestión causa un perjuicio tal que no es susceptible de repararse durante el trámite del proceso ni en otra etapa posterior.

En el supuesto de autos, se trata de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Borgoni contra el decisorio dictado por la Juez de Grado que resuelve no hacer lugar al planteo de prescripción de la pena de trabajos de utilidad pública impuesta al encartado, que de resultar viable pondría fin al cumplimiento efectivo de la sanción aplicada. Es decir, en el supuesto traído a examen, no existe otra oportunidad procesalmente útil para recurrir la resolución en cuestión.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Por un lado, la defensa manifestó que la pena se halla prescripta por cuanto desde la fecha en que la sentencia adquirió firmeza, 21/12/04, ha transcurrido el plazo de un año para que se extinga la pena. Asimismo, agregó que no puede computarse como principio de ejecución de la sanción impuesta la presentación del imputado en el Centro de Gestión y Participación para comenzar a cumplir la pena, tal como lo sostuvo la Magistrada de grado en la resolución recurrida.

Por otra parte, la Sra. Fiscal de Cámara, Guagnino, expresó que el plazo de prescripción de la pena debe computarse desde el 17/10/05, fecha en la que el condenado se comprometió a presentarse en el Juzgado y no lo hizo (fs. 213), por tratarse de un hecho interruptivo.

Ante estas distintas interpretaciones, corresponde, en primer lugar, hacer un breve relato de lo acontecido en la causa para luego determinar si la pena se encuentra o no prescripta.

De la compulsa de las actuaciones se desprende que luego de haber quedado firme la sentencia -21/12/04-, el 4/2/05 se citó al imputado para que cumpla la pena de trabajos de utilidad pública que le fuera impuesta (fs. 179), citación que ante su incomparecencia debió ser reiterada en otras tres oportunidades -7/3/05 (fs. 189), 29/4/05 (fs. 191) y 8/8/05 (fs. 203), ésta última por la fuerza pública, luego de la cual Borgoni compareció al juzgado con fecha 11/8/05 (fs. 205).

Posteriormente, el 17/8/05 (fs. 207) se notificó al imputado que debía concurrir al CGP nro. 3 con el objeto de dar cumplimiento a las tareas dispuestas, trabajos que no pudo desarrollar porque la cantidad de personas asignadas a dicho organismo para esas tareas sobrepasaba la capacidad de control (fs. 211). Ante ello se lo citó nuevamente a fin de asignarle una nueva dependencia (fs. 212), sin embargo habiéndose comprometido a concurrir el 17/10/05, no se presentó al juzgado.

En virtud de ello, la Sra. Juez resolvió con fecha 25/11/05 sustituir la pena impuesta por la de arresto (fs. 219), la cual posteriormente suspendió a solicitud de la defensa (fs. 241).

Ahora bien, el art. 32 de la ley 10 establece que la pena prescribe transcurrido un año desde que la condena queda firme o en caso de quebrantamiento a contar desde el día en que se dejo de cumplir. De este modo, la norma es clara al establecer dos supuestos distintos en relación al momento a partir del cual comienza a contarse la prescripción: el primero, el incumplimiento, cuyo plazo se computa a partir de que la condena queda firme y, el segundo, el quebrantamiento, que si bien implica un incumplimiento de la pena, se da cuando esta ya se comenzó a ejecutar y se deja de hacerlo, en el cual el plazo se contabiliza desde que se ha dejado de cumplir la sanción impuesta. En ese sentido, el art. 11 de la misma ley los distingue como causales diferentes ante las cuales el magistrado puede sustituir la pena impuesta por la de arresto.

En el presente caso no ha existido principio de ejecución de la pena, toda vez que no puede ser considerado tal, el retiro del oficio para dar cumplimiento a ella.

En este sentido, esta Sala ha expresado en otros precedentes que no puede sostenerse que el acto de retiro del oficio sea un acto de inicio de la ejecución de los trabajos de utilidad pública, pues ella requiere el comienzo efectivo de las tareas en la citada entidad y no una mera manifestación de voluntad de realizarlos (conf. causas nro. 216-00-CC-04 "Juárez, Alberto Francisco s/inf. art. 39 CC- Prescripción de la pena- Apelación ", rta. 18/8/04; nro. 412-00-CC-05 "Zaffaroni, Leonardo s/inf. arts. 47 y 72 CC- Prescripción de la pena - Apelación", entre otras).

Si se admitiera la postura sostenida por la Sra. Juez, conllevaría una modificación en perjuicio del imputado -no prevista normativamente- del límite temporal establecido para el ejercicio de la actividad punitiva del Estado, circunstancia que altera claramente el sistema de garantías constitucionales y el orden de predictibilidad y razonabilidad sustantivo y adjetivo.

Asimismo, equiparar el retiro del oficio con el cumplimiento parcial de los trabajos de utilidad pública, implicaría conferirle a un hecho un determinado alcance que no se encuentra previsto por la ley y que claramente constituye una extensión analógica "in malam partem", violatoria del principio de legalidad consagrado en los arts. 13 inc. 3 de la Constitución local y art. 18 de la Constitución Nacional.

A ello cabe agregar que si bien el imputado al tomar conocimiento de que el CGP nro. 3 no tenía capacidad suficiente para que éste desarrollara las tareas impuestas como trabajos de utilidad pública no lo hizo saber al juzgado, lo cierto es que no es él quien debe arbitrar los medios para posibilitar la ejecución de la pena. Por el contrario la potestad para efectuar un control del cumplimiento de la pena impuesta compete al Fiscal y al Juez que dictó la sentencia desde el momento en que ella queda firme. Y en este sentido, es dable destacar que habiendo quedado firme la sentencia con fecha 21/12/04, recién casi ocho meses después la Magistrada dispuso su comparecencia por la fuerza pública -8/8/05 (fs. 203)-, no tomando otra medida, excepto las reiteradas citaciones, para que el condenado cumpla con la pena impuesta.

Por otra parte, la Sra. Fiscal de Cámara sostuvo que no es posible hacer un distingo en cuanto a los efectos jurídicos entre el quebrantamiento y el incumplimiento, pues lo contrario violentaría el principio de igualdad ante la ley y el principio de justicia, pues no considera justo que "quien efectivamente comenzó a cumplir la pena, y luego por las razones que fueran las quebrante, tenga consecuencias mas gravosas que aquél que nunca se ha sometido al cumplimiento de ella". Cita, pretendiendo fundar lo expuesto, el voto del Maier en la causas nº 3887, "Paiz, Mario Sergio s/art. 74 -Apelación s/rec. de inconstitucionalidad concedido" y 3883 "Díaz Quintana, René s/art. 74 CC -Apelación s/rec. de inconstitucionalidad" y las sentencias de la Sala II de esta Cámara en esas mismas actuaciones. A partir de ello, solicita que esta Sala revise su criterio expuesto en los anteriores pronunciamientos.

Sin embargo, es dable destacar que tales fallos resuelven supuestos distintos al que es objeto de estudio en el presente. En efecto, allí se discutió si el plazo de prescripción de dos años previsto para las contravenciones de tránsito es aplicable solo al quebrantamiento de pena o también al incumplimiento, ocasión en que la Sala II decidió que debía extenderse a los dos supuestos, pues consideró irrazonable y violatorio del principio de igualdad que ambos casos posean distinto plazo de prescripción de la pena; pero en modo alguno se refieren al momento a partir del cual se debe comenzar a computar dicho plazo. Contrariamente a lo señalado por la Guagnino, cuando la Sala II tuvo ocasión de decidir un planteo similar al de autos, destacó que el retiro del oficio dirigido a la institución en la cual debían prestarse los trabajos por parte del condenado no puede ser equiparado al comienzo de ejecución, computando el plazo a partir de la fecha en que la sentencia adquirió firmeza (c. 127-00-CC/2004 "D Agostino, Damián Ariel s/inf. Ley 255-Prescripción de la pena-Apelación", del 14/6/04); mientras que en otro caso donde el condenado abonó la primer cuota de la multa, no así las restantes, el plazo se computó desde el momento del incumplimiento de la segunda cuota, por tratarse de un caso de quebrantamiento, en el que se contabiliza desde el día en que dejó de cumplirse la pena (C. 1601, "Sandoval Zenzano, Raúl-art. 51CC-Apelación", del 23/2/04).

En igual sentido, el voto del Dr.Maier citado por la Sra. Fiscal de Cámara, se refiere a la necesidad de que el plazo de prescripción de la pena sea igual en el caso de incumplimiento que en el de quebrantamiento, por entender que la falta de cumplimiento es un caso de quebrantamiento (c. "Paiz" citada), pero en ningún momento alude al momento a partir del cual corresponde computar el plazo. Siendo ello así, la jurisprudencia citada ha sido erróneamente invocada.

Sentado ello, y no habiendo existido quebrantamiento de la pena, corresponde determinar si ha operado su prescripción, tal como afirma la defensa. De este modo, desde la fecha que quedara firme la sentencia 21/12/04, (cinco días hábiles desde la lectura de la sentencia de fecha 14/12/04 -fs. 178-) ha transcurrido sobradamente el plazo de prescripción de la pena previsto por el art. 32 de la ley 10, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y declarar prescripta la pena de trabajos de utilidad pública impuesta a Borgoni.

Como consecuencia de ello, pierde virtualidad la sustitución de la pena referida por la de arresto efectuada a fs. 219, cuyo cumplimiento fuera suspendido a fs. 241.

Por los motivos expuestos el Tribunal, RESUELVE:

I- Revocar el resolutorio recurrido obrante a fs. 259 en cuanto rechaza el planteo de prescripción impetrado por la defensa de Néstor Julio Borgoni.

II- Declarar extinguida por prescripción la pena de trabajos de utilidad pública que le fuera impuesta al imputado Borgoni por sentencia de fecha 14/12/04 en orden a la contravención prevista en los arts. 72 y 47 CC (art. 32 Ley Nº 10).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos