marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BONINO, MENDRADO OMAR c/ MILLAN, ANDRES s/ EJECUTIVO     EXPTE NRO 253-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-08

El excepcionante debe soportar la carga de la prueba de todos los presupuestos, incluso los negativos por cuanto siempre encierran en sí una afirmación contraria y a quien niega efecto jurídico de un estado de hecho invocando hechos particulares que excluyen esos efectos, corresponde probarlos.
Beneficios previsionales, prescripción, ausencia con presunción de fallecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escanes, Selva María Alejandra c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Aún cuando se haya determinado como fecha presuntiva del fallecimiento del causante una varios años anterior a aquélla en que la actora solicitó el beneficio de pensión, a los fines del discernimiento del mismo la sentencia que así lo declaró debe considerarse constitutiva, pues lo contrario carecería de sentido y, por consecuencia, el hecho no puede quedar aprehendido en la norma que consagra la prescripción anual de los haberes correspondientes a un beneficio previsional no otorgado, pues esa disposición supone la inacción de quien, reunidos todos los requisitos para obtenerlo, deja pasar el tiempo sin hacerlo. A tal extremo ello no es así en este caso, que el fallo en cuestión es posterior a la solicitud del beneficio, por lo que, en rigor, podría calificarse al pedido de prematuro.
Injuria laboral, apreciación de la culpa
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN ANTONIO c/ GRAFA S.A. s/ PREAVISO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-28

Cuando la marcha normal de la empresa se encuentra perturbada por la actitud negligente, culposa del trabajador, cause o no un perjuicio económico al empleador objetivamente considerado y se den los supuestos de causalidad entre el hecho y la disolución del vínculo manifestación subjetiva de perjuicio que impide la prosecución de la relación laboral); contemporaneidad (que la sanción sea oportuna a la falta) y proporcionalidad (que la gravedad consienta la disolución del vínculo laborativo), el sentenciante valorará prudencialmente la gravedad de la falta en relación a la sanción, tomando en consideración el carácter de la relación laborativa de acuerdo a las modalidades y circunstancias del caso en examen.
Concursos, pedido de quiebra, resoluciones judiciales, jueces, procedencia del recurso, incumplimiento de resolución judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Radiodifusora del Plata SA le pide la quiebra Neyer SRL c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Procede confirmar la resolución por la cual se rechazó el emplazamiento requerido en los términos de la LCQ 84 y desestimó el pedido de quiebra. Ello por cuanto, la LCQ 83 dispone que cuando la quiebra es pedida por el acreedor, él debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos, y que el deudor se encuentra comprendido en el art. 2 de esa misma ley. En el caso, la acreditación de tales extremos, que prima facie deben ser comprobados por el juez para autorizar dicho emplazamiento, no han sido satisfechos, por lo que el pedido de citación debe considerarse improcedente.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Elia, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Siendo imperativo el art. 32 de la ley 4373 al admitir automáticamente la suspensión de la ejecución del acto por la mera interposición de la demanda de nulidad autorizada por el art. 26, corresponde acceder a la suspensión del fallo del Tribunal de Cuentas solicitada por el actor y notificar dicha circunstancia al mismo y a la Fiscalía de Estado al solo efecto de que se abstengan de promover, iniciar o proseguir respectivamente la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo formulado, hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la causa, bajo responsabilidad del peticionario, a cuyo efecto deberá prestar caución juratoria (arts. 198, 199 y concs. C.P.C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, estado de necesidad, cuestiones de hecho y prueba, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romegialli, Abel Oscar y otros s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

En relación al agravio defensista relativo a que el tribunal de mérito examinó si se daba en autos la situación que contempla el art 34, inc. 3, del Código Penal y no la del inc. 2 de dicha norma que, según los recurrentes, era la causal por ellos solicitada y que sería procedente en el presente caso corresponde considerar que, como lo sostuvo reiteradamente el Alto Tribunal, no es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por los recurrentes, sino sólo aquéllas que se estimen decisivas para la solución del litigio, como así también que los tribunales no estén obligados a examinar todas las cuestiones propuestas, ni a considerar todos los argumentos desarrollados por las partes que, en su criterio, no sean decisivos (Voto del Dr. David).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, honorarios del abogado, carácter alimentario, intereses, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: BUJAD, Alfredo Hugo c/ COTO, Daniel Lorenzo s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-09

Si el accionante incluyó los intereses, exigiendo una tasa determinada y fijó el período de cómputo, debe estarse a ellos, puesto que el rechazo de una demanda, o de algunos de sus ítems, no es sino la otra cara de la moneda del progreso de la misma. Y si se lo toma a los fines de la regulación de los honorarios cuando prospera, no habría consecuencia de doctrina en no admitirlo en caso contrario. Si la demanda persiguió el cobro del capital más intereses, ambos conceptos integran la litis y deben contabilizarse a los fines regulatorios (CApel.CC. Salta, Sala III, año 1993, f° 243.
Delito penal, robo con armas, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

En la ley anterior (23077) podía entenderse que algunos afirmasen que la calificante del robo por el uso de armas era solo una agravante basada en el mayor poder intimidatorio del medio empleado, pero en la actual aplicable tal sustento cayó al piso al aceptar como forma comisiva del robo solamente fuerza en las cosas y violencia en las personas y no la intimidación. Para guardar la coherencia del código únicamente pudo concebirse la idea de un robo con armas entendiendo que en este supuesto el empleo del arma implicaba en los hechos una situación similar a la de la violencia de la figura básica, es decir que nos hallábamos ante un robo con una violencia equiparable al apremio físico (Núñez) también denominada violencia tácita, no motivante del desapoderamiento sino paralizante (Soler).
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión de Docentes de la Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-07

El absurdo que origina arbitrariedad, nulidad e inconstitucionalidad, es aquel error grave y manifiesto que quebranta de manera evidente las reglas que gobiernan el recto sentido del raciocinio; y tal vicio lógico se configura cuando la solución judicial es incoherente y se apoya en conclusiones claramente insostenibles y abiertamente contradictorias. "Las decisiones previas de los tribunales sobre aspectos del procedimiento anterior a la sentencia, que han quedado precluidas, son cuestiones ajenas a la instancia extraordinaria, porque el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente".
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Torales  de  Larsen,  Eleonor  por  si  y  su  Hijo  Larsen,  Juan U. c/ Aybar,  Emilio;  Aibar,  Emilio  José  y/o  Persona Física o Jurídica Responsable. s/ Sumario Larsen,  Juan U. c/ Aybar,  Emilio;  Aibar,  Emilio  José  y/o  Persona Física o Jurídica Responsable. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-09-07

El el rubro lucro cesante, la prueba de las ganancias dejadas de percibir debe ser categórica y su demostración requiere algo más que declaraciones de testigos, sobre todo cuando el volumen de ingresos pretendidamente percibido por la víctima, tanto en los valores de la época como en los actuales, alcanza niveles bastante significativos.
Responsabilidad civil, antijuridicidad, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Nahuelpan, José Miguel c/ Velasco, Mario y Otro s/ Transferencia Automotor -Daños y Perjuicios- Beneficio de Litigar sin  Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

El concepto de antijuridicidad es sinónimo de ilicitud. El acto ilícito consiste en una infracción a la ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o atribución legal del perjuicio.
Comercialización de productos agropecuarios, fijación de precios, ley provincial, Constitución Provincial, fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ejesa S.A. c/ Standard Fruit Argentina S.A. s/ cobro de pesos (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-04-30

El art. 87 de la Constitución Provincial expresa que "La Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios para regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas". A tal fin ordena el mismo para asegurar una equitativa distribución de los resultados entre los sectores intervinientes y lo hace con la participación de todos ellos (leyes 2.355 y 3.993). La sentencia apelada parte de un primer error al sostener que el STJRN ya se ha expedido sobre el régimen de las leyes 3460 y 3611 cuando contrariamente a lo expuesto en los fundamentos se ha recurrido a la aplicación del precio para integrar un elemento del contrato ausente pero siempre resolviendo la cuestión planteada bajo el régimen de autonomía de la voluntad y el apelante no fundamentó adecuada y suficientemente sus argumentos y sostuvo que el STJ no se habría expedido sobre la constitucionalidad de dichas leyes, y quedo comprobado que la actora parte débil en la negociación, no intervino en la redacción del contrato y que no pudo discutir sus imposiciones. El régimen establecido trasciende el interés de un sector, para apuntalar y mejorar el mercado en beneficio de toda la comunidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Souto, Osvaldo P. c/ Infriba S.A. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Es manifiestamente insuficiente la invocación de un eventual erróneo encuadramiento convencional que se formula sin desarrollar fundamento idóneo alguno que respalde el agravio (art. 279, C.P.C.C.).
Concursos, acreedores del concurso, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martins, Jorge Marcelo s/ Incidente de pronto pago y verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

El crédito por las costas de un proceso en el cual el concurso ha sido parte perdedora, es un crédito de la masa y como tal debe pagarse con preferencia a los acreedores del fallido. Las costas judiciales originadas en un pleito sostenido por el síndico de la quiebra, en el cual fuese vencido, deben considerarse como una deuda de la masa dentro de esta limitación: que se hayan ocasionado a partir de la fecha de la declaración de falencia.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, valor vida, daño material
Materia: PENAL
Carátula: Gaspar, Juan C. s/ Acción Civil - Pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

La doctrina, que reconoce añeja acogida jurisprudencial, que sostiene que la vida humana es un valor resarcible por sí mismo, se ve desprovista de sustento, enfocando los conceptos de daño patrimonial resarcibles.

El daño patrimonial debe ser susceptible de apreciación pecuniaria y su existencia no puede ser cuestión de puro derecho sino que está vinculada a cuestiones de hecho que dependen de las circunstancias de cada caso. Esto conduce a la necesidad de probar el daño por quien pretende reparación y si no se acredita ningún perjuicio económico, no debe producirse indemnización por este concepto. (Del voto del Dr. Ocampo al que adhirió el Dr. Massoni).
SOMISA, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Monje, Alberto c/ SOMISA s/ Indemnización enfermedad accidente Podestá, Alfredo Mario c/ SOMISA s/ Indemnización por enfermedad accidente Escalante, Zenón c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27|1995-04-25|1996-02-27

SOMISA no es una sociedad sujeta al régimen legal de las empresas del Estado -las cuales están sometidas en juicio a la competencia federal- sino que es una empresa de economía mixta, sin prerrogativas de derecho público y aún cuando el Estado se hizo propietario de la mayoría del capital accionario, no es el Estado mismo por cuya razón no resulta de aplicación el art. 100 -hoy 116- de la Constitución nacional.
Pena, prisión preventiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BASCONCELLOS, OMAR ALFREDO s/ PENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-29

Si, en el caso, el acusado fue condenado como autor de los delitos de estafa, evasión, robo calificado reiterado y tentativa de robo calificado (arts. 166, inc. 2do., 42, 44, 173 inc. 9no., 280 y 55 C.P.) a la pena de ocho años de prisión, adicionales de ley y costas, y con posterioridad otro tribunal lo declaró autor de homicidio con exceso en la legítima defensa y le impuso la pena de tres años de prisión, la que unificada con la anterior resultó la única de once años de prisión, con declaración de reincidencia, adicionales del ley y costas (arts. 79, 34 inc. 6to., 35, 84, 50, 58, 9 y 12 C.P.) (Sent. 18/11/88), pena que quedó conmutada en la de diez años y ocho meses y veintiún días de prisión, la que fue unificada con la dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la Ciudad de Venado Tuerto, del 18/2/94, estableciendo como pena única el 22/11/88, no surgieron adecuadamente las reglas que el art.

24 C.P., establece sobre el cómputo de la prisión preventiva, cuya observancia, influiría en la composición de la pena dada la extensión del proceso al que fue sometido el acusado por el Tribunal santafesino y que a la luz de la Ley 24.390 de principios constitucionales (arts. 75 inc. 22, 2do párrafo, C.N., y 39 Const.

Pcia.) de Pactos Internacionales la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá 1948- art. XXV, 3ro. párrafo; la Convención Americana de los Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica del 22/11/69-art. 7mo., inc. 5to. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a la firma en Nueva York el 19/12/66, art. 9 en igual sentido que el anterior respectivamente) y de las reglas de derecho interno como la Ley Penitenciaria Nacional, art. 1, que orientan la materia del proceso y de la ejecución de la pena, se arribaría a una conclusión muy diferente de la unificación impuesta.-
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: PEREA HECTOR ANDRES c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-29

Dada la especial naturaleza del amparo, la concesión de medidas cautelares dentro de este proceso debe ser valoradas, en general, bajo un estricto control de los requisitos que la viabilizan, sobre todo cuando como en el caso, lo que se pretende es lograr un anticipo jurisdiccional de la sentencia de mérito, que no tiene sino por objeto suspender los efectos de un acto emanado de autoridad pública y modificar las condiciones de hecho impuestas por este mismo, con las consecuencias serias que puede acarrear a quien se opone a la misma.
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Municipalidad   de Quilmes c/ Gas del Estado S.E. en liquidación-  Ministerio  de  Economía, Obras  y  Servicios Públicos de la NACION s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La actitud observada por las partes con posterioridad a la vigencia del convenio constituye un elemento valioso de interpretación de la voluntad de los contratantes.
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, suspensión de medida administrativa, elecciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

Pesa sobre el Tribunal el deber de valorar que la finalidad del instituto cautelar es la de asegurar que cuando recaiga sentencia ésta no sea de cumplimiento imposible o extremadamente dificultoso. En tal sentido, de proseguirse el proceso para la realización de Comicios Primarios, Abiertos, Simultáneos y Obligatorios para elegir candidato a Intendente Municipal ya iniciado con el dictado del decreto impugnado y de dictarse una sentencia favorable a la pretensión del Municipio sobre la invalidez del mismo, o bien dicha decisión podría ser ineficaz frente a los actos ya cumplidos, o bien éstos podrían quedar viciados de nulidad, con el consiguiente trastorno institucional que ello acarrearía. En cambio, si la sentencia convalidara la legalidad del acto aquí cuestionado, la temporaria suspensión de aquel proceso eleccionario no implicaría consecuencias mayormente negativas al interés público ya que el Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado para llamar nuevamente a elecciones en el Municipio y durante el período de tiempo que transcurre desde la suspensión del acto hasta la sentencia de fondo, no se vería alterado el correcto funcionamiento de las instituciones municipales, ya que el Departamento Ejecutivo estaría a cargo del reemplazante legal -Presidente del Concejo-. Por ello, los planteos de la actora autorizan a considerar que el supuesto de autos es susceptible de ser encuadrado en el tercer párrafo del artículo 14 de la ley 11330 que autoriza a este Tribunal a decretar la suspensión de la ejecución de la medida administrativa impugnada cuando prima facie aparece verosímil la ilegitimidad de la resolución cuestionada o cuando su cumplimiento hubiese de ocasionar perjuicios graves o de reparación difícil o imposible.
Muerte, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Narváez, Alfredo y Oviedo de R. Berta c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-26

El derecho indemnizatorio consolidado y transmitido vía hereditaria es el derecho a la vida propiamente dicho que se ha visto frustrado.
Consejo Federal de Educación, recursos, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDRILLE DE MAROZZI IMELDA DEL VALLE c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-27|2009-12-17

Si el acto administrativo impugnado hubiere emanado de una autoridad administrativa inferior, tal sería el caso del proveniente de alguna de las Direcciones Generales de Nivel que componen la estructura jerárquica del Consejo General de Educación (art. 60 Ley Nro. 5.569), sería necesario deducir contra dicho acto, el recurso de revocatoria y contra el acto que rechazara expresamente la impugnación articulada o en caso de silencio, el recurso jerárquico para ser resuelto por la autoridad máxima del ente descentralizado, el Presidente del Consejo General de Educación.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, plazos procesales, interrupción del plazo, suspensión del plazo, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Quiroga, Tomasa c/ Universidad Nacional de San Juan s/ civil y comercial - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

El plazo previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no se suspende ni interrumpe por la interposición de otros recursos declarados improcedentes, máxime cuando el rechazo de la reposición intentada no importa una modificación de la resolución impugnada. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Cuestión esencial, recurso extraordinario de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trujillo, César Enrique c/ Municipalidad de Tres Arroyos. s/ Medida cautelar autónoma o anticipada. Recurso extraordinario de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

Cuestión esencial es aquélla que, según las modalidades del caso, resulta necesaria para la correcta solución del litigio y se configura por los puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y el alcance del pronunciamiento, la que por su naturaleza influye realmente en el fallo, como así la vinculada a la dimensión cuantitativa del objeto de la pretensión (doctor GENOUD, sin disidencia).
Daños y perjuicios, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Enrique F. c/ Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de La Plata y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Los presupuestos generales del deber de reparar en caso de la petición de juicio político no sea acogida y cause daño, deben relacionarse mediante los principios de la analogía. Por ello se debe considerar a la petición de juicio político como un acto análogo a la denuncia y le son aplicables, también, análogamente, las disposiciones sobre la acusación calumniosa, la calumnia, la injuria o la lesión al honor, en caso que así corresponda.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, jubilaciones, pensiones, representación procesal, abogado apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: Freigedo, Horacio David c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades civiles s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La negligencia procesal del profesional interviniente, que no acreditó dentro del plazo otorgado por la sala la representación que había aducido y el desorden administrativo que impidió que se agregaran a la causa las cartas poderes otorgadas oportunamente, no pueden jugar en contra del derecho del jubilado, maxime si se considera que el recurrente ratifico la actuacion del abogado y el ente previsional no manifestó oposición.
Simulación, instrumentos públicos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Acalde de Cabeza, Asunción c/ García de Cao, Presentación y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-21

La jurisprudencia ha decidido que no tiene inconveniente en cuestionar un acto pasado en escritura pública y hacer lugar a la simulación cuando existe prueba incontrovertible, cierta e inequívoca.