Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-17


DIDIER, Orlando y otra -Quiebra Reg.: A y S t 208 p 477-483. Santa Fe, 17 de agosto del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. contra la sentencia nro. 334, de fecha 16 de diciembre de 1998, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos:

"DIDIER, Orlando y otra -Quiebra-Expte. 368/92-Incidente de Revisión prom. por el Dr. A. Paz en autos: Incidente de Impugnación al informe individual-Leg. N 18-Expte. 472 F 156-Año 1992-(Expte. 285/98)" (Expte. C.S.J. nro. 673, año 1999); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia nro. 334, de fecha 16 de diciembre de 1998, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió confirmar la resolución apelada por la cual, a su turno, el Juez de baja instancia reguló los honorarios de los profesionales intervinientes en representación del fallido y del Banco acreedor por la actividad desarrollada en los incidentes de revisión tramitados en la quiebra de marras.

Contra dicho pronunciamiento, deduce el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. recurso de inconstitucionalidad, endilgándole las causales de arbitrariedad que a continuación se reseñan: a) "Notoria desinterpretación de la realidad del caso, al contabilizar la labor profesional en el marco de 'seis incidentes'": En este orden, señala la recurrente que el decisorio incurrió en arbitrariedad por cuanto desinterpretó tanto la realidad del caso como las constancias de autos, toda vez que, si bien formalmente se ventilaron seis incidentes de revisión, tramitados unitariamente cada uno, el crédito del Banco es uno solo -no obstante que por los efectos de la solidaridad debió insinuarse en cada fallido-; la resolución impugnada es una sola, así como también la condena en costas.

b) "Excesivo rigor formal en la interpretación de las normas procesales y concursales": La recurrente endilga arbitrariedad al decisorio por cuanto considera que la interpretación que efectuó en torno a que su parte no puede pedir el fraccionamiento de los honorarios invocando la analogía entre los seis incidentes, en tanto no solicitó oportunamente ni se dispuso la acumulación de causas, consintiendo su tramitación autónoma, es excesivamente formalista ya que, dice, dicha acumulación puede operar a solicitud de parte o de oficio (artículo 340 del C.P.C.C.) y con la posibilidad de trámites separados para el dictado de una sentencia única.

Entiende que al haber dictado una sola sentencia la Sala efectuó oficiosamente tal acumulación, agregando que ello es lo que se desprende de la afirmación expresada en el fallo en cuanto a que "...la sentencia que se dicte en una de las causas corresponderá tenerla por reproducida en las restantes...".

En tal sentido, asevera que la unidad resolutiva es formal y sustancial, que se dictó una sola sentencia y se admitió el crédito del banco por un monto único, indiscriminado, con privilegio especial.

Respecto de las normas concursales, dice que la Sala obvió el criterio "moderado" que impera en las regulaciones de honorarios en los incidentes de revisión en las quiebras. Así también en relación a la ratio legis de la ley 24.522 que, ya en su Exposición de Motivos explica que "...uno de los elementos negativos que han influido en los procesos concursales han sido los elevados costos...".

c) "Desinterpretación de las normas arancelarias primarias que regulan la cuestión. Caso 'Contreras'": Sostiene la quejosa que resultan aplicables a este caso los lineamientos vertidos por este Cuerpo en la causa "Contreras", en tanto considera que, si bien en dicho antecedente se analizó un caso de litisconsorcio -supuesto de pluralidad subjetiva- las directrices sentadas alcanzan "...a la eventualidad de pluralidad objetiva de pretensiones...".

Expresa que en el precedente de mención la Corte interpretó razonable y armónicamente las disposiciones arancelarias en supuestos plurales, analizando la norma genérica en materia de regulaciones -el art. 6 de la ley 6767- terminológicamente ambigua, y concluyendo que la pauta a los fines de la regulación de honorarios en pleitos susceptibles de apreciación económica, es la cuantía que se debate, independientemente de cuántas sean las personas que en éste estén involucradas.

Ello así, entiende la recurrente que conforme dicho antecedente, al fijar los estipendios debe considerarse fundamentalmente si hay identidad y unicidad en la tarea profesional procesal -única demanda, única contestación, únicas actuaciones probatorias, único recurso, única contestación- para así determinar si debe regularse como un solo asunto.

Agrega que estas pautas deben aplicarse al sub examine ya que "...para la pluralidad de pretensiones (sextuplicación de incidentes) debió demostrarse independencia en la actuación profesional, y no la simple copia que revela la comparación entre 'incidentes'...".

En ese orden, considera la quejosa que la decisión impugnada es arbitraria toda vez que se apartó de la doctrina de la Corte provincial al argumentar que hay seis asuntos, con el único fundamento de que no existió acumulación, desinterpretando las constancias de la causa.

d) "Exorbitancia regulatoria. Desvinculación del decisorio judicial con sus consecuencias económicas": Afirma la recurrente que los estipendios regulados afectan enormemente el crédito verificado del Banco que "...se diluirá en el débito por honorarios...".

Así, puntualiza que los emolumentos correspondientes a la actuación profesional en el incidente de revisión en primera instancia fueron fijados en $1.172.500 por cada parte y en cada una de las incidencias, lo que arroja un total de $14.070.000 en razón de la sextuplicación, restando aún las regulaciones por las actuaciones en la Alzada y en el recurso de inconstitucionalidad.

Destaca que lo decidido supera con creces la pauta estimatoria del artículo 505 del Código Civil.

Añade que los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias de sus decisiones y deben desechar las interpretaciones teleológicamente antifuncionales, ajenas al sentido común y al margen de las normas de la justicia distributiva.

Agrega que tal es el marco en el que se mueve el Máximo Tribunal nacional al otorgar valor trascendente a la realidad económica y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cuando en el precedente "Contreras" afirma que "...la hermenéutica propiciada se ajusta a ... que prescriben regulaciones exorbitantes y que ... no pueden eludir manifiestamente el mérito de la labor que se retribuye...".

2. La Sala mediante auto nro. 246, del 2.11.99, denegó la concesión del recurso interpuesto en fecha 22 de febrero de 1999 por entender que "...tal radicación operó fuera del marco temporal legalmente contemplado a tal fin, toda vez que al momento de ser presentado el caso constitucional había fenecido aquél incluyendo en ello el día de gracia contemplado por el art. 70 del Código de rito..." (fs. 34/35).

En esa linea de argumentación, sostuvo el Tribunal a quo que "...habiendo sido notificada la entidad recurrente del decisorio impugnado el día 21 de diciembre de 1998 ... en el domicilio ad litem oportunamente constituido a tal fin y subsistente al tiempo de tal acto de comunicación ..., el plazo útil para radicar el remedio extraordinario cuya consideración nos ocupa comenzó a discurrir el día 22 de igual mes y año (art. 71 C.P.C. y C.), quedando suspendido durante la feria judicial de enero del corriente año y reanudándose el día 1 de febrero ppdo., continuando su decurso hasta el día 5 de igual mes y año, fecha en la cual, ante pedido expreso de las partes materializado en fecha 4 del mismo ... se dispuso su suspensión en principio hasta el día 15, luego prorrogada hasta el día 19, fecha en la cual nuevamente comenzó a correr..." (f. 34 vto.) 3. En su presentación directa la recurrente afirma que el 04/02/99 ambas partes "...de mutuo acuerdo en el marco del artículo 71 de la ley 5531" acordaron suspender los términos que pudieran estar corriendo "...hasta el día 15 de febrero de 1999, los que se reanudarán en forma automática en la fecha indicada, sin necesidad de notificación alguna...", y luego, "...el 11 de febrero de 1999, en los mismos términos anteriores, convinieron 'hasta el 19 de febrero de 1999'..." (fs. 42/42 vto.).

En tal sentido, afirma -con invocación de Lino Palacio- que cuando las partes acuerdan la suspensión de términos "...es el acuerdo el que suspende los términos, no la decisión judicial que a posteriori lo declara..." (f. 42), "...de manera que si el 04.02.99, como consta en autos, las partes acordaron la suspensión de los términos, es absurdo computar, en ese marco, como 10mo día el 04.02.99, y más absurdo aún computar como día de gracia el 05.02.99, fecha del decreto que declara la suspensión que las partes ya habían acordado...", señalando que conforme lo dispone el citado artículo 71 no se debe contar el día en que tuviere lugar la diligencia ni los inhábiles (f. 42 vto.).

A este argumento agrega que tampoco es correcto interpretar que el día 19.02.99 fue el día de gracia, en tanto las partes fueron quienes pactaron incluir dicha fecha en la suspensión y así lo expresaron al convenir la suspensión "...hasta el día 15 de febrero de 1999..." y luego "...hasta el 19 de febrero de 1999..." (f. 42 vto.).

Ello así, sostiene que en razón del alcance con que se acordó la suspensión de términos, el criterio con que la Sala efectúa el cómputo de los plazos deviene arbitrario por falta de fundamentación pues en el auto denegatorio sólo expresa que la interposición del recurso "...operó 'fuera del marco temporal', conclusión a la que llega luego de un simple racconto de fechas, que, a nuestro entender, no es exacto..." (f. 41).

4. Ante ello, este Cuerpo entiende -luego del examen de las constancias del expediente solicitado por esta Corte ad effectum videndi como medida para mejor proveer- que la denegación del remedio extraordinario -fundada en la extemporaneidad de la interposición del recurso- obedece al excesivo rigor formal en que habría incurrido la Sala al aferrarse a un criterio que, de entre los diversos que pudieran postularse en pos de contabilizar plazos y su suspensión por acuerdo de partes, resulta el menos apto para la protección de los derechos de los litigantes, con claro menoscabo al derecho de defensa.

No obstante encontrarse superado dicho escollo formal, la presente queja no ha de tener favorable acogida.

En efecto, tal como reiteradas veces lo ha afirmado esta Corte las cuestiones relativas a honorarios son como regla, insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad (cfr. A. y S. T. 67, pág. 461; T. 77, pág. 141; T. 95, pág. 259; T. 95, pág. 353; T. 97, pág. 403; T. 147, pág. 383, entre muchos otros).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nutrida jurisprudencia, ha señalado que las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal (Fallos 270:388; 283:22; 304:501; 308:881; 310:566, etc.).

Asimismo, se ha dicho que la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad judicial (Fallos 268:382; 294:459; 308:1837, entre otros).

Sin embargo, también se ha dicho que tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar restricciones indebidas de garantías constitucionales del interesado (cfr. A. y S. T. 92, pág. 221; T. 95, pág. 400, entre otros).

En el sub examine, del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada surge claro que las pretendidas tachas de arbitrariedad invocadas -desinterpretación de la realidad del caso, excesivo rigor formal, desinterpretación de normas arancelarias y exorbitancia regulatoria- tan sólo traducen la mera discrepancia del compareciente para con los criterios vertidos en el decisorio, cuestión que, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, remite a materia reservada a los jueces de la causa y, por ende, en principio, ajena a esta instancia de excepción.

En efecto, no obstante los diversos vicios endilgados al pronunciamiento, la pretensión del recurrente puede sintetizarse, esencialmente, en la reducción en un sexto de los honorarios de los profesionales intervinientes en la tramitación de los incidentes en cuestión.

Ello así, la Sala entendió que, toda vez que no se requirió ni se dispusieron mecanismos procesales tendientes a lograr la acumulación de las causas en el marco del artículo 340 del C.P.C. y C., "...el hecho de que tramiten seis incidentes similares .... no implica que pueda fraccionarse el estipendio de la manera que lo propone la apelante, dado que desde su origen consintió la tramitación autónoma de cada reclamo -aun similar en su estructura y avatares procesales a los demás-, las que así se desenvolvieron tanto en baja instancia como en esta sede, siendo improcedente respetar su autonomía funcional como proceso y negar la misma al tiempo de remunerar la labor profesional cumplida en cada una de ellas...", agregando los sentenciantes que se trata de un supuesto de "similitud" y no de "identidad" en tanto "...de los seis incidentes de revisión tres de ellos fueron promovidos por la fallida y los otros tres por el mismo Banco acreedor...", por lo que no se trata de gestiones "clonadas".

Frente a este eje argumental, el quejoso pretende imponer su particular apreciación de la causa, alegando fundamentalmente que el decisorio incurrió en excesivo rigor formal toda vez que la acumulación que, conforme lo expresó el a quo debía ser solicitada por su parte, "puede operar a solicitud de parte o de oficio" y que, en definitiva, al haberse dictado una sola sentencia, el Tribunal efectuó oficiosamente tal acumulación.

Mas, tales argumentos devienen insuficientes a los fines de convencer a esta Corte en relación a la existencia de un supuesto de litisconsorcio objetivo, como pretende la recurrente, por cuanto y conforme se desprende de la lectura de las sentencias dictadas en los seis incidentes de revisión -las que se tienen a la vista-, tal como lo observó el Tribunal a quo, tres de los incidentes en cuestión fueron promovidos por los fallidos y los tres restantes por el Banco, siendo, por ende, dos las pretensiones: la de los concursados por la reducción del monto del crédito a verificar, y por lógica, la del Banco en un sentido contrario.

Por otro lado, y respecto de la crítica enderezada por la quejosa en cuanto entendió que la Sala incurrió también en excesivo rigor formal al interpretar las normas arancelarias, es de destacar que los sentenciantes encontraron ajustada a derecho la determinación de la base regulatoria por el juez de baja instancia, toda vez que aplicó una norma vigente -el artículo 8, inciso a, de la ley 6767- dando una solución intermedia a "...la difícil opción que supone regular sobre lo pretendido o sobre lo concedido cuando hay entre ambos extremos diferencias cuantitativas de entidad...".

La compareciente intenta desvirtuar estas aseveraciones, sosteniendo que el Tribunal se apartó de las directrices sentadas por la Corte provincial en el caso "Contreras" (A. y S. T. 108, pág. 399), en el cual se consideró que la pauta a los fines de la regulación de honorarios en pleitos susceptibles de apreciación económica, es la cuantía que se debate, independientemente de cuántas sean las personas que en éste estén involucradas.

Mas, es de hacer notar que en dicho precedente la discusión fue en torno a la interpretación que debía otorgarse al párrafo del artículo 6 de la ley de aranceles que expresa "Cuando haya litisconsorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte", situación que, como se dijo ut supra, queda descartada en los presentes.

Por último, y en relación a la supuesta exorbitancia regulatoria en que, a criterio de la recurrente, habría incurrido la sentencia atacada, los honorarios de los profesionales intervinientes fueron estipulados en base a las disposiciones normativas vigentes y aplicables en la materia, por lo que los agravios que endereza contra el decisorio solamente dejan traslucir su discrepancia para con la labor de interpretación y de aplicación que de las normas de derecho común efectuó la Alzada, la que de ningún modo aparece como absurda, ilógica o arbitraria, ni tampoco se advierte adolezca de defectos de fundamentación que tornen a lo decidido descalificable como acto jurisdiccional válido.

En suma, y conforme lo expuesto, no cabe abrir esta instancia para dilucidar si resultan erróneas o exorbitantes las regulaciones en cuestión, toda vez que hacerlo significaría convertir la labor de este Tribunal en una nueva instancia ordinaria, desnaturalizando el objetivo mismo del recurso de inconstitucionalidad regulado por la ley 7.055.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-ECHARTE-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES FALISTOCCO, GASTALDI Y VIGO:

En su presentación directa la recurrente afirma que ambas partes "...de mutuo acuerdo en el marco del artículo 71 de la ley 5531" acordaron suspender los términos que pudieran estar corriendo "...hasta el día 15 de febrero de 1999..." que se reanudarían "...en forma automática en la fecha indicada, sin necesidad de notificación alguna..." (f. 42), y luego, "...el 11 de febrero de 1999, en los mismos términos anteriores, convinieron 'hasta el 19 de febrero de 1999'..." (f. 42 vto.).

En tal sentido, afirma -con invocación de Lino Palacio- que cuando las partes acuerdan la suspensión de términos "...es el acuerdo el que suspende los términos, no la decisión judicial que a posteriori lo declara..." (f. 42), "...de manera que si el 04.02.99, como consta en autos, las partes acordaron la suspensión de los términos, ES ABSURDO computar, en ese marco, como 10mo día el 04.02.99", máxime cuando -dice- no se debe contar el día en que tuviere lugar la diligencia ni los inhábiles (art. 71, C.P.C.C.).

A este argumento, añade que tampoco es correcto interpretar que el día 19.02.99 fue el día de gracia, en tanto las partes fueron quienes pactaron incluir dicha fecha en la suspensión y así lo expresaron al convenir la suspensión "...hasta el día 15 de febrero de 1999..." y luego "...hasta el 19 de febrero de 1999..." (cfr. arg. f. 42 vto.).

En suma, sostiene que en razón del alcance con que se acordó la suspensión de términos, el criterio con que la Sala efectúa el cómputo de los plazos deviene arbitrario por falta de fundamentación pues en el auto denegatorio sólo expresa que la interposición del recurso "...operó 'fuera del marco temporal', conclusión a la que llega luego de un simple racconto de fechas, que, a nuestro entender, no es exacto..." (f. 41).

Con ello se entiende -luego del examen de las constancias del expediente solicitado por esta Corte ad effectum videndi como medida para mejor proveer- que la denegación del remedio extraordinario -fundada en la extemporaneidad de la interposición del recurso- obedece al excesivo rigor formal en que habría incurrido la Sala al aferrarse a un criterio que, de entre los diversos que pudieran postularse en pos de contabilizar plazos y su suspensión por acuerdo de partes, resulta el menos apto para la protección de los derechos de los litigantes, con claro menoscabo al derecho de defensa.

Superado dicho escollo formal, se advierte que la postulación de la recurrente, que cuenta con asidero en las constancias de autos, ostenta entidad constitucional y resulta idónea para operar la apertura de esta instancia de excepción; dicho sea ello desde la apreciación mínima y provisional que corresponde a este estadio y sin que ello implique anticipar opinión acerca del fondo del asunto.

Por las razones expuestas, consideramos que la presente queja debe ser admitida.

Fdo.: FALISTOCCO-GASTALDI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)