marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Consignación judicial, ampliación de la demanda, notificación, notificación por nota
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA HECTOR c/ CONSORCIO EDIFICIO BARTOLOME MITRE 2343/45 s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Obvias razones determinan que la promoción del juicio contra el accionado sea notificado en el domicilio real de éste, a los fines de posibilitar el conocimiento de la iniciación del proceso.

Indudablemente una vez que ese conocimiento se cumplió, las sucesivas ampliaciones de la demanda en un juicio por consignación no se notifican por cédula sino mediante traslado que se anoticia "por nota". Nada justifica la excepcional notificación del art. 135, que en el caso desvirtuaría el principio de celeridad. El juez carece de la facultad de disponer la notificación personal o por cédula en supuestos no previstos expresamente.
Demanda, rechazo in límine, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ Enrique Osvaldo c/ Lobos Nidia Teresa s/ Acción Remoción Adm. - Rend. Ctas. Interv. Jud. de Residencia Modelo Clínica Privada
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-24

"La ley procesal contempla el rechazo in limine de las demandas que no se ajustan a las reglas formales que el propio ordenamiento adjetivo prescribe. Por esta vía, el juez debe analizar la concurrencia de los requisitos procesales de la pretensión (admisibilidad extrínseca).

En cambio, las condiciones de fundamentación o procedencia de la pretensión son revisadas por el magistrado, como regla, en la sentencia de mérito. Es decir, que ello es materia de la decisión final que recae sobre la atendibilidad sustancial de la pretensión accionada, la que determina si en el caso concurren las condiciones de su admisión a las que podría agregarse muchas más....

Si bien podía el juez rechazarlas por los vicios procesales de que pudieran adolecer, o insuficiencia en el cumplimiento de los requisitos formales, debió el magistrado indicar cuál es el error, pues es su obligación fundar la resolución.

El art. 321 del Código Procesal Civil prevé que "Los jueces deberán rechazar de oficio las demanda que no se ajusten a las reglas establecidas expresando el defecto que contengan"; en consonancia con lo dispuesto por el art. 33 inc. 4° del mismo texto legal, que impone la fundamentación de las resoluciones bajo pena de nulidad.
Aplicación de la ley, accidente de tránsito, graduación de la pena, gastos médicos
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Robles Salas, Angelica Patricia c/ Bianchi, Raul Maximiliano s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-27

Es sabido que la fijación del importe por daño moral no es de fácil determinación, y que se encuentra sujeto a una prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas del perjudicado, a los padecimientos que se experimentan a raíz de las lesiones sufridas y a la incertidumbre sobre un futuro incierto, es decir, que los agravios se configuran en el ámbito espiritual de quien los padece y no siempre se exteriorizan. Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho traumático, las lesiones sufridas en el cuerpo de la actora, que al momento del infortunio contaba con 48 años de edad, como también los padecimientos experimentados como consecuencia de los tratamientos posteriores, la repercusión anímica comprensible en función del estado de la paciente, encuentro atendible elevar la indemnización del daño moral a la suma de $75.000, que se estima suficiente para proveer satisfacciones alternativas, susceptibles de mitigar el impacto a las afecciones legítimas de la damnificada. Ello con más los intereses conforme fueran establecidos en origen.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, nulidad procesal, confirmación del acto jurídico, consentimiento, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERSICHITTI, BEATRIZ MARIA ALICIA c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

La decisión de la Alzada -basada en que las irregularidades procesales señaladas se entienden consentidas ante la inactividad oportuna del recurrente, circunstancia que trae aparejado el saneamiento de los supuestos actos nulos invocados- resulta fundada y razonable, pues -sea que la demandada se refiera a vicios acaecidos durante el proceso anterior (medida autosatisfactiva) o en este juicio de conocimiento-, lo cierto es que la recurrente no logra demostrar con su relato haber sido colocada en un estado de indefensión que amerite la descalificación constitucional de lo resuelto sobre este punto.
Jornada de trabajo, ampliación de la jornada de trabajo, taxistas, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: ESPINDOLA, PEDRO c/ SARKISTIAN, CARLOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

El exceso que pudiera existir respecto de la jornada legal genéricamente establecida por la ley 11544, no debe juzgarse conceptualmente trabajo extraordinario. Ello es así por cuanto el taxista se mueve libremente por la ciudad y puede interrumpir su tarea sin conocimiento ni control de su empleador, no existiendo constancia fehaciente de los pasajeros que levanta, del itinerario de los viajes que realiza, ni de la hora en que recauda cada pago, por lo que la retribución del trabajo extraordinario sólo podría fundarse en las afirmaciones del propio trabajador.
Testigo único, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Oviedo Rita Elena c/ Firpo Patricia Maria y/o Quien Resulte Responsable s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-27

La condición de "testigo unico" no lo invalida como tal, sino que impone mayor prudencia en su análisis.
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrer y Asociados S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Carece de interés legítimo el acreedor concursal para impugnar la decisión del juez de integrar de oficio a la propuesta homologada, si ello se traduce en una mejora en la posición del acreedor en el concurso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spadillero, Darío y ots. c/ Fernández, Guillermo y ot. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

No siendo definitivo el pronunciamiento del juzgado de primera instancia tampoco lo es el de la Cámara declarándolo inapelable en los términos del artículo 494 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, límites del pronunciamiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: D'Augerot Héctor Alberto c/ A.N.Se.S. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-26

La intervención del Tribunal debe quedar acotada a los términos del recurso de apelación dado el carácter de alzada judicial que detenta esta Sala y la necesidad de ceñirse a la resolución de cuestiones planteadas, bajo peligro de juzgar violentando el principio de la reformatio in peius, de reconocida jerarquía constitucional (Fallos: 330: 5187 entre otros).
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ SALAVER M. c/ ARTETA GUILLERMO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

La intervención coactiva u obligada prevista en el art. 94 del Código Procesal tiene lugar cuando, a petición de parte o de oficio, se dispone la citación de un tercero para que participe en aquél y la sentencia que recaiga pueda serle eventualmente opuesta (conf.

Yáñez Alvarez, "La intervención de terceros en el proceso civil", J A. Sc. Doctrina, 1970-17; Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. III, pág. 246, nro. 269).

Cuando la citación es dispuesta a instancia de parte, ésta se funda en la conexión que media entre la relación jurídica que vincula al tercero con alguna de las partes y el objeto y causa de la pretensión deducida en el proceso (conf. Palacio, op. y loc. cit.), siendo que, entre otros casos, procede en principio dicha citación cuando la parte que la requiere se encuentra habilitada, en caso de resultar vencida en juicio para interponer frente al citado una acción regresiva (conf. Palacio, op. y loc. citad. pág. 248, nro 271; Yáñez Alvarez, op. cit.; Colombo, "Código Procesal", t. 1, pág. 205; C.N. Civil, Sala E, L. 289.854 del 26-10-83).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, juicio, decretos, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, María del Valle c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 536-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

La primer providencia que se dicte después de la paralización del proceso por más de seis meses debe notificarse por cédula conforme al artículo 62 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, a fines de evitar la sorpresa que causaría al litigante la purga de la perención ocasionada por el transcurso del plazo para oponerse a la continuación del trámite sin haber tenido la oportunidad de alegar la misma.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, acción revocatoria
Materia: CIVIL
Carátula: VALOY JOSE RAUL c/ FERNANDEZ FRANCISCO (H) Y PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ESPECIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-24

Atento la particular naturaleza de la pretensión esgrimida por el actor, la presente revocatoria no puede ser receptada puesto que ello implicaría resolver anticipadamente la propia cuestión de fondo planteada por el accionante. Si bien el magistrado no requiere la articulación de las partes en el juicio para constatar la procedencia de la integración de la litis (CSJTuc, sentencia Nº 953 del 23/12/1998 en "Racedo Ángel Custodio s/ Sucesión"; ídem voto en disidencia parcial en sentencia Nº 584 del 17/8/2010 en "S.E.O. vs R.A.D.J. s/ Nulidad); resulta prematuro tal análisis. Por lo expuesto, y encontrándose el proveído atacado debidamente conformado al estado procesal de la causa y a las constancias obrantes en las mismas, corresponde rechazar la vía impugnativa tentada, sin perjuicio de que la fundamentación esgrimida por el Sr. Defensor podrá ser planteada a través de la defensa pertinente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, competencia por conexidad, delitos contra el honor
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G. M., C. T. c/ L., A. M. Y OTRO s/ Querella de injurias. Queja por denegación del recurso de  inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 441-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

No puede prosperar la queja instaurada, quedando la cuestión reducida al mero desacuerdo de los querellados, con la solución dada por los jueces de segunda instancia dentro del ámbito de funciones que le son propias, en postura adversa a la pretensión de éstos que sostenían que la querella por injurias promovida el 20.11.1992 por uno de los damnificados y la querella por calumnias iniciada por otro en noviembre de 1994 versaban sobre los mismos hechos, y que -si bien había dos imputaciones- la conducta hipotéticamente delictual en que se basaron ambas querellas era una, calificable eventualmente en el artículo 109 del Código Penal -calumnia-, que absorbía por consunción a la injuria.
Evasión, utilización de violencia
Materia: PENAL
Carátula: C. D. H., I. O. G. Y F. A. M. Y M. E. S. Y J. E. M. D. s/ evasión - facilitacion culposa a la evasión s/ evasión - facilitacion culposa a la evasión
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-10-17

Corresponde absolver en orden al delito de evasión a los detenidos que se fugaron de una dependencia policial mediante la remoción del cerramiento superior de la celda, pues, en virtud de las características notoriamente deficitarias que ostentaba el calabozo, no surge acreditado que hayan aplicado fuerza en las cosas en los términos del art. 280 del Código Penal, como así tampoco se ha logrado acreditar quien fue el ejecutor del hecho y quién o quiénes simplemente se aprovecharon de su actividad para egresar de la celda.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna, obligaciones de dar sumas de dinero, división de poderes, control de constitucionalidad, reformatio in pejus, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rosillo Sacramento, Nelba Guillermina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

El art. 31 de la CCBA comienza por reconocer el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado y engloba un aspecto inexorablemente colectivo -hábitat adecuado- con otro que, como regla, implica, directamente o de modo indirecto, como puede ocurrir en los planes autogestionados, asignaciones individuales de recursos mediante prestaciones dinerarias.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, juez de circuito, período de carencia, proceso penal, imputado, declaración indagatoria, abstención de declarar, subrogancia del juez, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: D, R O s/ AUTO DE PROCESAMIENTO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 976-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El auto interlocutorio de la Sala Penal subrogante, mediante el cual se declarara la nulidad del auto de procesamiento dictado contra el imputado -un Juez de Paz Letrado-, remitiendo los autos al subrogante legal que corresponda -siendo que la Corte previamente resolvió anular lo resuelto por la Sala de origen que a su turno había declarado la nulidad del llamado a declaración indagatoria, del acto de indagatoria y del auto de procesamiento y prisión preventiva del imputado, por entender aplicable el artículo 313 del Código Procesal Penal-; plantea la nulidad de actos por la nulidad misma, habida cuenta que no se invoca ni demuestra con fundamentos serios cuál es el perjuicio que se le ocasiona al imputado, ni menos cuál es el beneficio de volver hacia atrás el procedimiento cuando, con entera libertad, pudo cumplir actos a los que renunció sin razón aparente alguna. La sola mención de estar protegido por la prerrogativa constitucional resulta totalmente irrelevante por cuanto en cada ocasión que se presente el nombrado podría negarse a declarar por cualquier otro motivo invocado como obstáculo, donde cualquier excusa que se le ocurriera con el propósito de impedir el recto desarrollo del proceso. En nuestra Provincia, por otra parte, para ilustración, se han dado casos de indagatorias prestadas por funcionarios que gozaban de la prerrogativa.
Locación de obra, vicio oculto, caducidad, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: ALTMAN CONSTRUCCIONES SA c/ MURESCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-14

Desconocer el verdadero estado en que la obra fue entregada haciendo mérito únicamente en que no se acreditaron reclamos oportunos y que se había operado el plazo estipulado del artículo 1647 bis del Código Civil, equivale a la renuncia de la verdad jurídica objetiva, incompatible con el servicio de justicia. Es que el juez no puede ser un mero espectador convalidante de actos o hechos que no guardan congruencia jurídica ni fáctica con el caso a decidir, pues el logro de la justicia como valor fundamental requiere que ella sea entendida como lo que es, una virtud al servicio de la verdad sustancial (CNCom, Sala B, in re, "Antokolec y Reizner SA c/ Blanco Villegas Jorge Alberto" del 17/10/2003).
Concursos, entidades financieras, contrato de trabajo
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: Banco Oddone  S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Lo prescripto por el art. 266 de la Ley de Contrato de Trabajo según el texto establecido por el art. 11 de la ley 23.472- lleva a concluir que los créditos laborales aludidos en dicha norma son de cualquier manera operativos sobre el patrimonio de la entidad fallida: sobre cualquier bien si fuera revocado el auto de quiebra, o sobre los bienes asiento del privilegio laboral, si aquél quedara firme.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Cicchese, Jacinto c/ Compañía Química s/ Accidente de trabajo Benavides, José G. c/ SOMISA s/ Indem. art. 212 ap. 4¦, L.C.T. Benavides, José G. c/ SOMISA s/ Indem. art. 212 ap. 4¦, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15|2001-12-05

Las explicaciones expuestas por el perito médico en la audiencia de vista de causa completan la prueba pericial y su examen está vedado a este Tribunal en orden a la oralidad del proceso (art. 44 inc.b dec. ley 7718/71 y art. 45 inc. b dec. ley 7718/71).
Responsabilidad del banco, información crediticia, deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Fernández Consuelo y otro c/ Citibank N.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-08

Lo que los bancos deben informar son las condiciones en que se encuentra el deudor para afrontar el pago de su deuda, no en base al tiempo de mora incurrido - que es sólo un indicador -, sino de un análisis verídico y particularizado del cliente, en el que se tengan en cuenta sus posibilidades reales de devolución.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Información sumaria, funcionarios públicos, desafuero
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACTUACIONES    REMITIDAS    POR  EL  TRIBUNAL  DE  ENJUICIAMIENTO  DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS EN AUTOS: CAMPOS JULIO s/ INFORMACION SUMARIA - DESAFUERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-01

La información sumaria es de carácter extrajurisdiccional. En efecto, el art. 199 C.P.P. dispone que si se produjera el desafuero o la destitución previstos, el Tribunal dispondrá la instrucción correspondiente o dar a curso a la querella. Esto significa, a contrario sensu, que antes del desafuero o la destitución no se habrá iniciado la instrucción , es decir no se habrá formado el proceso. Tan es ello así, que el c.P.P. art. 200, dispone que cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir con respecto a los otros. Ello supone, a texto categórico, que en relación al funcionario con privilegio ni siquiera se puede iniciar el proceso. Esta solución además de surgir de manera clara de la interpretación gramatical-sistemática del c.P.P. art. 199, encuentra respaldo en autorizada doctrina. Clariá Olmedo (derecho procesal penal t. I pág. 125) señala que "la ley procesal no puede permitir actos de investigación que implique abrir el proceso jurisdiccional, sea el juicio o la instrucción .

Además, no podría ser otra la solución legal frente al texto del art. 130 de la Constitución de la Provincia de Córdoba que dispone que "...corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas que se susciten contra empleados y funcionarios que no estén sujetos a juicio político ni a enjuiciamiento ante el Juri.. ". Ello significa que respecto de los funcionarios públicos a que se refiere el art. 130 de la Constitución Provincial, los Jueces Ordinarios no podrán conocer, ni decidir en las causas que contra ellos se susciten, o sea que aquellos no podrán ser sometidos al proceso y que la actividad jurisdiccional a su respecto se encuentra vedada.-
Recurso extraordinario, juicio político, enjuiciamiento de magistrados, formalidades procesales, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Lo resuelto, con base en la interpretación de las leyes 5496 y 5502 de San Juan, en lo concerniente a la falta de lectura en el debate de la prueba documental, la omisión de juramento de los integrantes de la Sala Juzgadora y la ausencia de algunos de sus miembros durante parte del proceso no puede ser revisado en la instancia extraordinaria, ya que cuenta con fundamentos bastantes para sustentarlo.
Amenazas, coacción, subsidiaridad, pluralidad de hechos
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Hernán y Berdugo, Alejandro s/ Abuso de armas reit., co-autor de privación ilegítima de la libertad  calif., Coacción agravada, reit. Daño, autor de homicidio simple en  grado de ttva. Reit., Todo en conc. Real (Martínez); y co-autor de  coacción calificada reit., Privación ilegítima de la libertad  calificada y daño, e instigador de homicidio en grado de ttva., Todo  en conc. Real (Berdugo) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-28

Cuando la amenaza importe el medio intimidatorio para imponer a un funcionario la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones, el atentado del art. 237 (atentado contra la autoridad) eliminará la aplicación de las coacciones del art. 149 ter., 2do a) Como se observa, el desplazamiento por subsidiariedad se produce cuando la coacción es dirigida a un sujeto en su calidad de funcionario público, en un solo hecho. Trasladado el concepto a nuestro caso, la accesoriedad de la coacción no se vincula de ningún modo con la privación ilegítima de la libertad calificada, ya que las amenazas fueron dirigidas a sujetos pasivos diferentes, en hechos distintos.
Enfermedad accidente, incapacidad laboral, cambio de tareas, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: LYNCH, HECTOR EDGARDO c/ EMPRESA ROJAS  S.A.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

Si bien la carga de la prueba impone a quien los alega la obligación de probar los hechos invocados, esta obligación no opera cuando los mismos (posibilidad de otorgar tareas livianas) se refieren a un supuesto de excepción a la aplicación de la norma general, y de su prueba depende la limitación de la responsabilidad que debe asumir la parte por imperativo legal, en cuyo caso la carga de la prueba recae sobre quien se excepciona.
Propiedad intelectual, derechos de autor, software
Materia: CIVIL
Carátula: KAUFMAN, Rosa c/ CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA y otros s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Si el software merece protección y ello se hace por la ley 11.723, con mayor razón deben protegerse las obras didácticas que hacen al sistema informático, ya que ellas dependen mucho menos de los esquemas necesarios para implementar un programa de uso o software.
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hidalgo, Marta Elida c/ Municipalidad de Gral. San Martín s/ Inconstitucionalidad de la Ord. 4782/92
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El plazo de caducidad establecido en el art. 684 del C.P.C.C. debe computarse a partir de la fecha en que se puso en conocimiento de la actora el texto de la ordenanza que cuestiona o, en una interpretación más favorable, desde que se labró acta por incumplimiento de la ordenanza impugnada -y no a partir de la fecha de clausura del establecimiento como pretende la actora- en tanto es en ese momento en que se produce la actuación o aplicación efectiva de la norma general siendo la clausura dispuesta una consecuencia del incumplimiento de lo ordenado en aquella fecha.