Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-30


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "TORTUL, Juan Manuel c/I.A.P.S.E.R.-A.R.T. S/ ACCION DE AMPARO".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. CARUBIA, CHIARA DIAZ y MIZAWAK.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué cabe resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA, DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia de fs. 66/70vlto. rechazó, con costas, la acción de amparo promovida por Juan Manuel Tortul contra el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER) A.R.T. y reguló notonarios a los profesionales actuantes.- Contra ese pronunciamiento se alza la parte actora interponiendo recurso de apelación (fs. 72) cuyos argumentos fundantes desarrolla ante esta Alzada (fs. 85/88vlto.) en procura de la revisión de la sentencia en crisis y de la declaración de inoponibilidad del rechazo de la denuncia de la ART, por ser nulo, y que se ordene el otorgamiento de las prestaciones a cargo de la ART hasta la curación definitiva del actor.- Por su lado, la parte accionada también presenta memorial en esta instancia (fs. 82/83) compartiendo en términos generales el pronunciamiento atacado y bregando por el rechazo del recurso deducido y por la confirmación del rechazo del amparo, con costas.- A su turno, el Ministerio Público Fiscal (fs. 93/94vlto.) opina que la apelación interpuesta debe ser desestimada y conformado el fallo en crisis.- II.- Sabido es que el art. 16 de la Ley Nº 8369 dispone que el recurso articulado en estas actuaciones importa también el de nulidad, por tanto, el Tribunal ad quem debe avocarse, aún de oficio, al examen de lo actuado y, en su caso, expurgar del proceso los vicios con tal entidad que eventualmente se constaten.- La actora/recurrente (fs. 72 y 85/88vlto.) si bien destaca irregularidades del proceso, no hace mérito, en realidad, de la existencia de concretos defectos susceptibles de acarrear esta sanción extrema pretendiendo una puntual declaración de nulidad; en tanto que el Ministerio Público Fiscal (fs. 93/94vlto.) se pronuncia expresamente por la negativa.- Efectuado, no obstante, el examen ex officio de las actuaciones, no es dable constatar la presencia de vicios o defectos que no puedan ser suficientemente corregidos a través del examen apelatorio en razón de no poseer ellos entidad y trascendencia suficiente para justificar una autónoma sanción nulificante en este estadio del proceso y, por consiguiente, corresponde declarar que no existe nulidad.- III.- Ingresando al análisis de la controversia traída a conocimiento, es necesario precisar que la actora plantea la supuesta ilegitimidad del rechazo de su denuncia de accidente laboral por haber sido efectiva y personalmente notificado de ello en fecha 29/6/11, habiendo transcurrido con creces los 10 días que la ley prevé para que la ART resuelva estas cuestiones, aún concediéndole la ampliatoria del plazo que unilateralmente se atribuyó la ART, pretendiendo se declare nulo el rechazo del siniestro y se ordene a la ART que brinde la plena atención del siniestro sufrido por el actor, hasta su total y definitiva curación, en razón de la extemporaneidad de la notificación del rechazo que tornaría operativa la aceptación tácita que la norma prevé.- Frente a la situación comprendida en el litigio, cabe recordar que corresponde a esta Alzada adentrarse al análisis de la procedencia de la concreta pretensión amparista deducida en autos en ejercicio de la plena jurisdicción que le otorga la concesión del recurso articulado, habida cuenta que ni los términos de la sentencia ni el marco de debate propuesto por los agravios de la parte recurrente o las argumentaciones de la contraria limitan, en estos supuestos y dentro del margen permitido por el especial procedimiento incoado, el ámbito de conocimiento del tribunal de Alzada, toda vez que, conforme ha sido repetidamente señalado en diversos pronunciamientos, tanto del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos cuanto de la Sala Nº 1 en lo Penal del mismo, "dada la naturaleza excepcional del proceso de amparo, la concesión del recurso de apelación (arts. 15º y 16º, Ley Nº 8369) otorga al superior la plenitud de la jurisdicción, colocándolo frente a la demanda en la misma posición que el a quo, pudiendo examinar todos sus aspectos, estudiar cuestiones no consideradas en la impugnación y establecer de oficio la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen ipso iure, dotando al Tribunal ad quem de facultad y atribución suficiente para juzgar en su totalidad los hechos y el derecho, actuando respecto de ellos con plena jurisdicción" (cfme.: S.T.J.E.R., in rebus: "FALICO", L.S. 1985, fº 1; "CREPPY", L.S. 1985, fº 91; íd., Sala Penal, in rebus: "PITTAVINO", L.A.S. 1987/88, fº 112; "STURZ", 30/6/89, L.A.S. 1989, fº 234; "PITTALUGA de MAGGIONI", 9/11/89, L.A.S. 1989, fº 459; "MEDRANO", 27/2/90, L.S. 1990, fº 12; "FARMACIA LIBERTAD S.C.S.", 19/3/90, L.S. 1990, fº 44; "YESSI", 23/3/90, L.S. 1990, fº 59; "SCHIMPF", Sent. del 28/12/92; "BARCOS de FERRO", Sent. del 19/2/93; "VILLEMUR", Sent. del 7/4/93; "DIAZ VELEZ", Sent. del 2/6/93; "FASSIO", 11/4/94, L.S.Amp. 1994, fº 153; "RODRIGUEZ SIGNES", 3/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 158; "BUSSI", 17/5/94, L.S.Amp. 1994, fº 172; "MUÑOZ", Sent. del 14/7/94, L.S.Amp. 1994, fº 208; "TEPSICH", 5/9/94, L.S.Amp. 1994, fº 256; "CAINO de CELLI", Sent. del 23/3/95; entre muchos otros), pudiendo ejercer no sólo el "iudicium rescindens" que le permite la destrucción o revocación de lo resuelto, sino también el "iudicium rescissorium", que le autoriza a reemplazar lo resuelto por otra decisión ajustada a derecho (cfme.: S.T.J.E.R., Sala Penal, in rebus: "DE GIUSTO", 2/7/93, L.S.Amp. 1993, fº 358; "TRAVERSO de ORMAECHEA", 4/11/94, L.S.Amp. 1994, fº 301; "ROMERO", 8/11/94, L.S.Amp. 1994, fº 307; entre otros).- En consecuencia, desde esa amplísima óptica de análisis es dable a esta Alzada remontar su examen hasta el mismo acto promocional a fin de determinar la viabilidad del especial reclamo que formula la accionante y, en ese orden de ideas, es necesario precisar que sin perjuicio de la posible existencia de obstáculos formales a la procedencia de la especial acción constitucional incoada, a pesar de la meticulosa arquitectura de los antecedentes en que se intenta sustentar la demanda de amparo, esta excepcional acción requiere para su procedencia sustancial un acto o una omisión del accionado que lesione un derecho constitucional del actor de manera manifiestamente ilegítima (cfme.: arts. 56, Const. de E. Ríos, y 1º y 2º, Ley Nº 8369) y en la especie, la supuesta ilegitimidad que vehementemente denuncia el actor, emergería de una particular interpretación normativa que no se revela unívoca y que, por tanto, no puede constituir el requisito de inequívoca palmariedad de la ilegitimidad del acto cuestionado, extremo que en modo alguno se verifica con la incontrovertible evidencia que exige la ley como presupuesto de procedencia sustancial de la acción de amparo.- En efecto, la actora asienta en la falta de concreción de la notificación fehaciente al trabajador de la decisión de rechazar su denuncia, la nulidad de este último acto y la operatividad de la aceptación tácita de esa denuncia, por el silencio de la aseguradora transcurrido el plazo legal, entendiendo de ese modo el dispositivo del art. 6º del Decreto Nº 717/96, con las modificaciones introducidas por el art. 22 del Decreto Nº 491/97, pero adviértase que esa sanción legal -tácita aceptación- adquirirá operatividad si la aseguradora no se expidiera dentro del plazo asignado en la norma y en el caso bajo examen la aseguradora demandada, según el propio reconocimiento del actor, no mantuvo el silencio exigido para tornar operativa esa sanción, sino que se expidió rechazando expresamente la denuncia de Tortul y lo hizo dentro del plazo legal de 10 días, habida cuenta que la denuncia le fue formulada el día jueves 10/3/11 (cftr.: fs. 6) y resolvió rechazarla el día lunes 21/3/11, notificándose al empleador (Policía de Entre Ríos) el 22/3/11, no pudiendo concretarse la notificación fehaciente a Tortul, por diversas circunstancias, hasta el 29/6/11, lo cual no quita que la cuestión haya sido tempestivamente resuelta de modo negativo por la aseguradora y que ésta haya cumplido, finalmente, con su deber de notificar fehacientemente.- En mi interpretación, emerge incontrastable de la norma invocada que la sanción que prevé sólo opera ante el silencio de la aseguradora en el plazo fijado y no ante la falta de notificación fehaciente de la decisión en ese plazo, toda vez que resulta materialmente imposible que la aseguradora goce del plazo íntegro para resolver y que además pueda notificar fehacientemente lo resuelto dentro del mismo plazo, lo cual acortaría sensible e irrazonablemente el ya breve término acordado, de modo que la notificación fehaciente fuera de ese plazo no es, ni podría ser, el disparador de la operatividad de la sanción y sólo cumple la función de establecer fecha cierta de inicio del plazo para ejercer los derechos contemplados en la Ley Nº 24.557 para la continuidad del trámite en instancia revisoria; en modo alguno la ley le asigna explícita e irrefutablemente el peculiar efecto que intenta asignarle la actora. Si esa fuese la interpretación adecuada, muy fácil sería burlar la ley y cargarle a la aseguradora la "aceptación tácita" de la denuncia a través de la simple maniobra de abandonar el domicilio durante el plazo indicado y eludir por medio de distintos movimientos o ardides la concreción de la notificación fehaciente.- Ello demuestra que no gozaría -inequívocamente, al menos- la actora del derecho que invoca vulnerado por la demandada ni, por consiguiente, aparecería evidente la ilegitimidad del accionar de esta última que exhiba eficacia motivante para viabilizar la acción constitucional intentada.- IV.- Las precedentes consideraciones revelan claramente la improcedencia de la acción de amparo promovida y, girando el planteo amparista exclusivamente sobre el supuesto desconocimiento de la tácita aceptación de su denuncia por parte de la demandada, no cabe a este Tribunal analizar otros supuestos extraños a la concreta pretensión actoral, tales como la calidad de la patología denunciada o la legitimidad de la denegatoria de la demandada, los cuales no integraron el puntual objeto de la controversia y su eventual examen atentaría contra el elemental principio de congruencia cuya estricta observancia exige la garantía del debido proceso (art. 18, Const. Nac.).- Por consecuencia, de acuerdo con todo lo aquí expresado, la puntual decisión sentencial impugnada aparece acertada y, como contrapartida, resulta improcedente el recurso de apelación interpuesto en su contra por la actora, debiendo rechazarse el mismo y, por los fundamentos aquí desarrollados, confirmar el pronunciamiento en crisis; correspondiendo a la actora/recurrente vencida soportar las costas de la Alzada (cfme.: art. 20, Ley Nº 8369).- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.- A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná,	30 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) DECLARAR que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 66/70vlto. que, por los fundamentos de la presente, se confirma en todas sus partes.- 3º) IMPONER las costas de la Alzada a la parte actora/recurrente.- 4º) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Virgilio Alejandro Galanti, Esquivel Santiago, Guillermo Federik y Cesar Bechetti, por la intervención que les cupo en esta Alzada, en las respectivas sumas de pesos: ciento veinte ($120,00.-), ciento ochenta ($180,00.-), cien ($100,00.-) y cien ($100,00.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 64, 91 y ccdtes. Decreto Ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**	Rubén A. Chaia	Secretario