Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero de 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "RODRIGUEZ ZEBALLOS JUAN CARLOS C/ IPE NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS", (Expte. Nº 3311/2012), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Rincón de los Sauces a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- La sentencia de fs. 344/347 hace lugar a la demanda y en consecuencia condena a IPE Neuquén S.A. a abonar la suma de $206.047,61 con mas sus intereses y las costas del juicio.

La decisión es apelada por la actora en los términos que resultan del escrito de fs. 362/365 y cuyo traslado fue respondido a fs. 372/381.

II.- Previo a ingresar a la consideración de los agravios vertidos por la parte actora, conviene tener en cuenta que la sentencia no fue cuestionada debidamente por la accionada, toda vez que el Juez de Primera Instancia interpretó que el recurso deducido lo fue extemporáneamente, según se desprende de la providencia de fs. 367, e interpuesta la queja ante la Alzada, la misma fue desestimada.

Los agravios de la actora se dirigen a cuestionar la tasa de interés fijada, toda vez que a su entender, corresponde que se aplique la tasa activa.

En segundo término, entiende pertinente la procedencia de la multa prevista por el artículo 2 de la ley 25.323, ya que se encuentran reunidos los recaudos previstos por la norma y dado que existe un despido injustificado.

El tercer agravio se funda en que resulta improcedente el rechazo del daño moral.

III.- En relación al primer agravio asiste razón al quejoso, toda vez que esta Cámara aplica la tasa activa a los intereses moratorios y así lo indicó en reiterados precedentes.

En cuanto al citado por el sentenciante, se destaca que el criterio allí sentado fue modificado con posterioridad.

Con respecto a la multa del artículo 2 de la ley 25.323 también asiste razón, bien que parcialmente, a la accionante.

En efecto, la norma no distingue según se trate de un despido directo o indirecto y es correcto que dicha distinción no sea receptada, puesto que bastaría el accionar de la empleadora para lograr que el trabajador se considere despedido para evitar el pago de las multas pertinentes, y así lo ha señalado esta Sala en reiterados precedentes.

Ahora bien, en el caso de autos y en función de lo que se sostuvo en la sentencia no queda claro si el juez consideró que medió despido directo o indirecto toda vez que, luego de señalar que la falta imputada por la empleadora no fue demostrada, alude, al finalizar el análisis del tema, que el despido indirecto denunciado por la actora resulta procedente (ver fs. 344 vta., primer párrafo).

De todas maneras y en función del intercambio telegráfico ocurrido entre las partes, queda claro que la accionada despidió a la actora en función de la carta documento obrante a fs. 62 del cinco de octubre del 2.011, por medio de la cual le imputa la colocación de unos caños de la empresa con destino a su domicilio particular y que ello configura una falta de confianza que impide la continuación del vínculo laboral.

Dicho hecho, y tal como resulta de la sentencia dictada, no fue acreditado fehacientemente, razón por la cual y no habiendo mediado cuestionamiento al respecto por parte de la accionada, tal como antes se indicó, las manifestaciones que en relación al tema realiza al responder los agravios no pueden ser considerados como tendientes a demostrar su cabal existencia.

Reitero entonces, el hecho no fue debidamente demostrado para el sentenciante y ello no puede ser modificado dada la falta de agravio del demandado.Sin embargo, cabe recordar que el segundo párrafo del artículo en cuestión permite su morigeración.

Así en la causa Nº 375237/2008 del 13 de marzo del año 2.014 hemos dicho: "Se ha dicho que la norma faculta a los jueces, mediante resolución fundada, a reducir prudencialmente -lo cual revela razonabilidad y análisis restrictivo- dicho incremento indemnizatorio hasta la eximición de su pago, si hubieran existido causas que justifiquen la conducta del empleador (Grisolía, "Derecho del trabajo y de la seguridad social", tomo II, paginas 1064 y siguientes, transcribiéndose jurisprudencia de la Sala 6° de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que sostuvo la improcedencia de la condena si el hecho generador del despido pudo conducir a la entonces empleadora a entender que estaba obrando de acuerdo a derecho.

"En el mismo sentido se ha sostenido que corresponde la exoneración de la sanción o su reducción en los casos que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido, por ejemplo en el supuesto de que el empleador que invocó una justa causa para despedir logre acreditar los hechos y el juzgador, atendiendo a las circunstancias del caso, hubiera concluido que la medida no resulta de gravedad como para impedir la prosecución del vínculo (Manual de jurisprudencia de derecho del trabajo y la seguridad social, 2011, Revista de Derecho laboral y seguridad social, números 2898 y siguientes y jurisprudencia allí citada)." En el caso y conforme los términos de la sentencia, se advierte que el hecho imputado al trabajador no fue debidamente probado dado los reparos que al juez le mereciera la prueba ofrecida.

Pero mas allá de ello, entiendo que existen indicios suficientes como para tener por justificado, bien que parcialmente, el accionar de la demandada quien pudo creer que actuaba de buena fe.

En efecto, y tomando en consideración las constancias de la causa y lo dispuesto por la norma mencionada, entiendo que la multa debe fijarse en el importe de $50.000.

En cuanto al reclamo por daño moral, el mismo debe ser desestimado, aun partiendo del supuesto de no haberse acreditado en modo alguno la falta imputada por la empresa.

Así en el precedente citado hemos dicho: "Así hemos dicho en la causa Nº 367418/8 del 29 de agosto del 2013: "Tal como lo hemos sostenido en esta Cámara, en situaciones similares: "El sistema establecido por la ley de Contrato de Trabajo y la Ley 14.456 resulta omnicomprensivo de todas las situaciones que pueden plantearse ante la ruptura arbitraria del vínculo contractual, razón por la cual todo daño moral (desde el punto de vista contractual) se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho, exclusivamente, a una indemnización tarifada." (P.S. 1998 -II- 249/253, SALA II CC2).

"Y también, que: "Se debe partir de una premisa fundamental, el despido incausado o arbitrario no es un acto ilícito penalmente reprochable, es un ilícito contrario a la ley de Contrato de Trabajo y se traduce en un resarcimiento tarifado. Entiendo que la reparación tarifada cubre todos los daños que genera el despido arbitrario, en tanto y en cuanto este se haya concretado mediante un ejercicio regular del legítimo derecho de despedir. Se ha respetado doctrinal y jurisprudencialmente que la indemnización tarifada constituye una reparación omnicomprensiva del damnun emergens, del lucrum cesans y del daño moral." (P.S. 1999-II-275/281, Sala II). En consecuencia el agravio será desestimado.- "CARDENAS FONSECA GERARDO C/ AFJP PREVINTER SRL S/ DESPIDO", (Expte. Nº 755-CA-0).

"Por otra parte y tal como sostiene Krotoschin, ". debe advertirse también que al admitir la reparación, por separado, del agravio moral en los casos de despido arbitrario, se introduciría una inseguridad jurídica de imprevisibles consecuencias." (Krotoschin, DT. 1974-339).

"También he dicho que "Se debe partir de una premisa fundamental, el despido incausado o arbitrario no es un acto ilícito penalmente reprochable, es un ilícito contrario a la ley de Contrato de Trabajo y se traduce en un resarcimiento tarifado" y que "la reparación tarifada cubre todos los daños que genera el despido arbitrario, en tanto y en cuánto este se haya concretado mediante un ejercicio regular del legitimo derecho a despedir" (en autos "Cárdenas", ya citado)." No se advierte, en la comunicación del despido, que el hecho de haberle imputado falta de confianza sea suficiente como para producir un agravio de tal entidad que no sea cubierto por el sistema de reparación previsto por las leyes laborales, ya que de lo contrario cualquier imputación de despido que luego deviene en injustificado derivaría, necesariamente, en la procedencia del daño moral, lo cual no se compadece con el sistema legal conforme lo hemos señalado en el precedente citado.

Por otra parte, la pericial psicológica no avala la postura del reclamante, toda vez que la psicóloga alude a que las consecuencias disvaliosas que padece el actor derivan de la existencia de un accidente y no del despido conforme se puede observar de los términos de la prueba en cuestión.

IV.- Por las razones expuestas propongo: se revoque parcialmente la sentencia haciéndose lugar al reclamo por el artículo 2 de la ley 25.323, se confirme el rechazo del daño moral y se modifiquen los intereses fijados debiendo estarse a la tasa activa. En definitiva, el monto de condena deberá ser elevado a la suma total de $256.047,61 con mas sus intereses a la tasa activa desde la fecha indicada en la sentencia y hasta su efectivo pago. Costas de Primera Instancia a la demandada vencida y las de Alzada se fijan en un 70% a la accionada y en un 30% a la actora en función del resultado de los agravios. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán dejados sin efecto, difiriéndose su determinación para su oportunidad.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Revocar parcialmente la sentencia de fs. 344/347, haciéndose lugar al reclamo por el artículo 2 de la ley 25.323, confirmándose el rechazo del daño moral y modificándose los intereses fijados, debiendo estarse a la tasa activa, y en consecuencia, elevarse el monto de condena a la suma total de $256.047,61 con mas sus intereses a la tasa activa desde la fecha indicada en la sentencia y hasta su efectivo pago.

II.- Imponer las costas de Primera Instancia a la demandada vencida y las de Alzada se fijan en un 70% a la accionada y en un 30% a la actora en función del resultado de los agravios.

III.- Dejar sin efecto los honorarios de los profesionales intervinientes, difiriéndose su determinación para su oportunidad.

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.