Proceso penal, hurto calificado, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Costa Azevedo, Walter E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Vélez en contra del Auto Interlocutorio Nº 21/11 referente al Expte. Letra "C" Nº 14/11: Costa Azevedo, Walter E. p.s.a. Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

Por Auto Interlocutorio, la Cámara del Crimen, en sala unipersonal, resolvió no hacer lugar a la solicitud de Suspensión de Juicio a prueba solicitada por el imputado -por hurto calificado- C. A. con su Abogado Defensor.

Contra la denegación de suspensión del juicio, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Como primer agravio, denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva.

Luego de analizar el planteo recursivo, concluyo que el reclamo no debe prosperar.

En primer lugar, advierto que la denegatoria a la solicitud de suspensión del juicio a prueba no se encuentra fundada en la mera escala penal conminada en abstracto por la ley para el delito atribuido al imputado, con lo cual la postura asumida por el juzgador no contradice ninguno de los principios sentados por la Corte Suprema de la Nación en los conocidos precedentes "Acosta" y "Norverto" con relación al alcance que cabe asignarle al 4º párrafo del art. 76 bis del Código Penal.

Es que, en la audiencia respectiva, el Fiscal interviniente invocó razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para el acusado de robo.

En lo medular de su exposición, surge que su postura se apoya en que el investigado se trata de un delito consumado, y que produjo un daño de relevante entidad, y que en esa clase de delitos contra la propiedad, el Estado tiene interés en intervenir, incrementado el poder punitivo previsto para esos casos.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado, y el recurrente no señala errores graves en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación.

El representante de los intereses sociales -sin consultar los elementos de prueba incorporados a la causa, por no corresponder en la instancia- estimó que el tipo de delito investigado ameritaría la imposición de una pena que va del mínimo para arriba (más de tres años de prisión), con lo que la ejecución en suspenso de la pena no resultaría viable.

Sobre el punto, el recurrente se limita a mencionar que la carencia de antecedentes de C. A., lo hace merecedor de una respuesta positiva a su pedido, pero no refuta las restantes consideraciones asumidas por el titular de la acción penal y que fueron explicadas como razones de política criminal que determinan el interés del Estado en la realización del juicio y eventualmente, la solicitud de aplicación concreta de pena a quien resulte considerado como autor de tales hechos cometidos contra la propiedad ajena.

Así las cosas, aunque la escala penal aplicable en el caso permite en abstracto la suspensión del juicio a prueba, no obstante la carencia de antecedentes penales del imputado, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso no ha sido desvirtuada en esta presentación recursiva.

Con arreglo a las consideraciones expresadas, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.