Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


Causa 1527/2014/CA1 J: 11 S: 21	-I-	"Z. M. C/ CENTRO MÉDICO PUEYRREDÓN SA S/ SUMARÍSIMO DE SALUD" Buenos Aires, 24 de junio de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 30/31 -contestado a fs. 33-, contra la resolución de fs. 21/22; y CONSIDERANDO:

1. El señor juez hizo lugar a la medida precautoria solicitada y ordenó a la demandada proveer la prestación de acompañante terapéutico diario -24 horas por día- y la medicación solicitada para el tratamiento de la afección de la actora, conforme a la modalidad prescripta por los profesionales que la asisten, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (conf. fs. 21/22).

La recurrente se agravia porque -sostiene- el magistrado otorgó la medida cautelar sin hacer mención del derecho aplicable e incluso modificando el objeto, toda vez que dispuso la provisión del acompañante terapéutico cuando en realidad lo solicitado era un asistencia para realizar actividades de la vida diaria. Afirma que la discapacidad de la accionante no se relaciona con una patología de salud mental ni con los fines de la ley 25.421. Destaca que se ha mencionado erróneamente "acompañante terapéutico" en lugar de "asistente domiciliario" que, en todo caso, tampoco sería la figura indicada ya que, en los términos del art. 39 de la ley 24.901, debe otorgarse conforme a la indicación exclusiva del equipo interdisciplinario y, además, esta normativa no se encuentra reglamentada. Finalmente, se agravia de la cobertura de la medicación porque -afirma- no se relaciona con la discapacidad visual de la actora, por lo que debería ajustarse a los porcentajes establecidos en el PMO (conf. fs. 30/31).

2. En primer lugar, corresponde señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que son conducentes y poseen relevancia para decidir el caso (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, LL 123-167, 265:301, 272:225, entre otras).	3. Ello sentado, se debe precisar que en el sub lite no está en debate la afiliación de la actora (conf. fs. 8), ni su discapacidad (conf. certificado de discapacidad a fs. 9), ni las prescripciones médicas obrantes en autos (conf. fs. 3/6).

Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura del acompañante terapéutico y la medicación requerida.

Al respecto, es importante puntualizar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

Asimismo, resulta conveniente destacar que el art. 39, inc. d) de la ley 24.901 (texto incorporado por el art. 1º de la ley 26.480, B.O. 6-4-09) contempla la asistencia domiciliaria para las personas con discapacidad a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar tiempos de internación.

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por otra parte, la figura del acompañante terapéutico se incluye entre los dispositivos y actividades detallados en el Anexo I de la ley 25.421 (B.O. 3-5-01).

Si bien las normas citadas -art. 39, inc, d) de la ley 24.901 incorporado por la ley 26.480 y la ley 25.421- no han sido aún reglamentadas, como afirma la recurrente (conf. fs. 30) -a pesar de que el plazo previsto en ambas está largamente vencido-, dicha omisión no puede redundar en perjuicio de la actora (conf. esta Sala, causas 6773/2007 del 16.3.10, 7247/10 del 30.11.10 y 1.599/13 del 9.8.13; Sala III, causa 3102/11 del 1.12.11).

En este sentido, es oportuno recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna (conf. Fallos 321:2767).

Es que, como principio general, las leyes son obligatorias desde su promulgación y publicación, aunque la propia ley dependiera de su reglamentación (conf. CCAFed., Sala I, "in re" "Monges, Analía M. c/ U.B.A. s/ Resol. 2314/95", del 15-3-96 y sus citas de doctrina). Aún más, la omisión o retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta a la aplicación de la ley cuya operatividad no ofrece duda (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 262:468). Y si bien, dictada una ley por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo está facultado para reglamentar su ejercicio respetando su espíritu, ello no significa que dicha potestad se convierta en una condición previa a su cumplimiento -aun cuando la norma legal disponga como es de práctica que el Poder Ejecutivo la reglamente-, ya que de admitirse tal principio, quedaría librado al arbitrio de tal departamento del Estado Nacional el hacer cumplir o no la ley a través de la vía de no reglamentarla, lo que por cierto es inadmisible (conf. CCAFed., Sala V, in re "Zanusso, Eliseo c/ E.N. s/ expropiación -servidumbre administrativa-", del 10-7-01).

Tal criterio resulta particularmente aplicable al "sub lite", en el cual se encuentra involucrado el derecho constitucional a la salud de una persona discapacitada, máxime si se recuerda que el Alto Tribunal ha sostenido que "...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (conf. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

4. En tales condiciones y teniendo en cuenta la amplitud de las prestaciones reguladas en el régimen de atención integral a favor de las personas con discapacidad y que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo, corresponde mantener el criterio adoptado por el juez a fs. 21/22, sin que sea pertinente expedirse ahora sobre la cuestión relativa a si la paciente requiere un "acompañante terapéutico" o un "asistente domiciliario" -como pretende la recurrente-, habida cuenta la concreta indicación del médico responsable de su tratamiento en cuanto prescribió "la paciente requiere tratamiento médico y acompañamiento terapéutico las 24 hs. del día" (ver fs. 4), a la que, como principio -y sujeto a las valoraciones posteriores que puedan realizarse en la sentencia sobre la base de la prueba que eventualmente produzcan las partes-, debe estarse (conf. esta Sala, doctr. causa 287/08 del 17/4/08). Lo propio cabe concluir respecto de la controversia suscitada en torno a la medicación indicada, toda vez que fue prescripta por su médico oftalmólogo, especialidad propia de la discapacidad visual que afecta a la accionante (conf. fs. 3).

En suma, sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, las circunstancias hasta el momento acreditadas respecto del cuadro que padece la actora -discapacidad visual "maculopatía", pérdida completa de la visión en el ojo derecho-, las constancias médicas acompañadas (conf. fs. 3/6), su avanzada edad de 92 años y su dependencia para todas las actividades de la vida cotidiana; permiten concluir que el mantenimiento de la precautoria decretada no ocasiona un serio perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la discapacitada, sin que puedan descartarse -en función de la naturaleza de los trastornos físicos que la afectan-, los eventuales riesgos que acarrearía para su salud si no se asegurara la permanencia y continuidad de la prestación ordenada (conf. esta Sala, doctr. causas 8.104/10 del 8/02/11 y 10.735/09 del 10.5.12, entre muchas otras).

En virtud de los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: desestimar los agravios deducidos por la demandada.

Las costas del incidente se imponen a la demandada vencida (arts. 68, primer párrafo, y 69 del Código Procesal).

Se difiere la regulación de los honorarios para la oportunidad en que se determinen los correspondientes al proceso principal.

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico (CUIL-CUIT), bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni Francisco de las Carreras