marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legitimación procesal, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas c/ EN - M. Interior -DNV y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

La existencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio, en la medida en que su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia.
Derecho civil, simulación, acción de nulidad, juicio ordinario, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sánchez, Hugo Daniel c/ Díaz, Daniel Horacio  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-25

Si el productor de seguros, en el desempeño de su función, procede a la venta del seguro -medio indirecto para vender seguros que incluyen las compañías de seguros en su plan de negocios-, estará alcanzado por la responsabilidad solidaria y objetiva que establece el art. 40 LCD respecto de todos los miembros de la cadena de comercialización que actúen frente al consumidor.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad San Nicolás de los Arroyos c/ Helfrich María Alejandra s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

En cuanto al gravamen que se ejecuta obliga a quién resulte propietario y/o poseedor a título de dueño del inmueble sobre el cual recae, la circunstancia de que no figure el nombre de quién de esa manera resultaría obligado no invalida tal título si el demandado no niega revestir alguna de esas calidades. Por lo que no es menester de instrumento complementario que individualice al propietario.
Indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: González de Corimayo, Corina Noemí c/ Cáceres Silvano Félix y Mendoza Santiago s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 756/762, Nº 321) Félix y Mendoza Santiago s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 756/762, Nº 321)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-09-07

La reparación de la vida humana tiene un valor que debe estimarse en función de la edad y demás circunstancias personales de la víctima y sus parientes (sexo, grado de cultura, posición social, etc) pero su monto -es decir la taxatio del daño- no está sujeto a rigurosos cálculos matemáticos y queda deferido al prudente arbitrio judicial.-
Caducidad de instancia, ejecución de sentencia, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: C., C.A. E. y otro c/ Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) s/ ejecutivo especial por honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-10

Sin perjuicio de lo manifestado por el letrado ejecutante en el sentido de promover ejecución especial para el cobro de honorarios adeudados, si al promover esa presentación se le dio a la causa el trámite de "ejecución de sentencia" -art. 801 C.P.C.C. de Córdoba- en proveído que fue consentido por las partes, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 342, inc. 1° ibídem, y, en consecuencia, la causa resulta insusceptible de caducidad de instancia.
Costas, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rojo, Carlos c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios - Sumario II Cpo. y acumulados -  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-12

La imposición como la exoneración de las costas, compete a los tribunales ordinarios por ser una cuestión de hecho, salvo el caso de arbitrariedad.
Embargo, bienes embargables, sustitución del bien
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bahía Blanca Viviendas S.R.L. c/ Tallarico, Guillermo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-23

El art. 203 del Código de rito dispone que se podrá pedir la sustanciación de una medida cautelar por otra que resultara menos perjudicial, pero "...siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor...", agrega el mismo artículo que se podrá pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor. En este orden de ideas "...para que el pedido de sustitución solicitado por el deudor sea procedente, es necesario que la ofrecida represente igual garantía y seguridad que lo embargado..., estando a cargo del peticionante demostrar la suficiencia de la sustitución que propone." Por tanto, debe el deudor justificar el valor de los bienes ofrecidos, así como también su libre disposición, dado que dichos bienes deben cubrir el crédito reclamado. En el caso de marras, una enunciación de los bienes ofrecidos a embargo, sin siquiera una referencia al valor de los mismos no cubre el recaudo antes mencionado, por lo que "no procede la sustitución si el deudor no prueba que el bien ofrecido en sustitución alcanza para cubrir el crédito que se reclama".
Fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Ricardo Hector s/ Robo agravado Chiarillo, Héctor s/ Violación Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado Ortiz, Antonio J.; González, Carlos E. s/ Robo agravado Torres, Miguel A.; De Luca, Héctor s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1991-11-05|1993-02-16|1997-03-18|1997-05-20

La simple circunstancia de no estar representada la acusación por el mismo órgano en las dos instancias no es suficiente para que ante la Cámara dicha parte pueda reabrir el juicio respecto de cuestiones sobre las que en la instancia originaria haya recaído decisión firme para el ministerio fiscal mediante la expresa voluntad de la misma parte. No es necesario llegar a la doctrina de los propios actos para así considerarlo.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO DAY RAUL c/ JOSE ALBERTO MADURGA s/ Desalojo (LIBRO: S129 - 252)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-30

Si la demanda ha sido sustanciada y el locatario la ha contestado limitándose, como en el caso de marras sólo a oponer la carencia de la previa intimación o resaltando los defectos de la misma, se consagraría una prioridad en favor del rigorismo formal, que afectaría la verdad objetiva evidente, si se desestimara la acción ante una deuda conocida, sólo por falta de requerimiento".

Cabe acotar por último que el magistrado al momento de dictar sentencia no puede ni debe actuar con prescindencia de la verdad esencial, debiendo tener en cuenta no solamente los aspectos adjetivos de la simple intimación, sino las circunstancias sustantivas que califican el entuerto; al ocuparse entonces el sentenciante no exclusivamente de la falta o defectuosa intimación sino de la conducta del demandado, debe como en el sub-examen rechazar la defensa y ordenar el desalojo.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Aduc) c/ Banco Saenz SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-09

Cuando, como en el caso, la acción tuvo por objeto el cese del cobro de una comisión encubierta en las operaciones de adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, sin que se esgrimiera una pretensión pecuniaria concreta; tal circunstancia, determina que deba considerarse a esta litis como un proceso de monto indeterminado a los fines arancelarios.
Plazo, prescripción, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gotlip S. A. c/ Provincia de Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-05

No corresponde aplicar para el cómputo del plazo de prescripción el Código Civil, a un gravamen de naturaleza netamente local, como es el impuesto sobre los ingresos brutos cuya regulación, sino el Código Fiscal provincial, pues su regulación le compete a la Provincia del Neuquén.
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Piñas, Claudia c/ Ulecia, Jorge J. s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Si bien es cierto que el art. 25 de la ley 19.550 genéricamente estatuye, en lo que hace a la prueba de las sociedades comerciales no constituidas regularmente, que "La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba", también lo es que cuando se trata, en particular, de una sociedad de hecho con un objeto comercial sin que medie contrato escrito -tal sería la figura invocada en la especie por el demandado y reconviniente (v. art. 21, ley cit.)- la regla arriba transcripta debe interpretarse y aplicarse, por supuesto, con sujeción a las normas del derecho común (arts. 207 a 209, Cód. de Com.; conf.: exposición de motivos de la ley 19.550, Nro. 2, letra c, de la sección pertinente).
Accidente de tránsito, costas, falta de legitimación para obrar, citación en garantía, prima, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: VANADIA, Miguel c/ ANGELETI, Jorge s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

Las costas de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora citada en garantía, si se ha prosperado fundada en la caducidad de la póliza por falta de pago de la prima por el asegurado, deben ser soportadas por éste, pues, en tanto culpable del accidente de tránsito, debe resarcir a la víctima de todos los daños que su conducta le ocasionó y entre los que corresponde incluir los gastos causados por la improcedente citación de la aseguradora, la cual fue traida a juicio por su culpa.
Honorarios, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Popular de Rosario S.A.(en liquidación)y Alvaro Oscar Giordano s/ Homologación de Convenio. Banco Popular de Rosario S.A.(en liquidación)y Alvaro Oscar Giordano s/ Homologación de Convenio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-12-14|1988-12-14

Corresponde entender que no existe materia a decidir en esta instancia, cuando como en el caso de autos la sentencia dictada por el a-quo rechazando la homologación de convenio, es de fecha posterior al cumplimiento íntegro de éste y la percepción total de lo convenido. De allí que las costas en la Alzada, deben soportarse por su orden de acuerdo a lo determinado por el art.71 del Código Procesal Civil y Comercial, y los honorarios de Segunda Instancia deben fijarse de acuerdo con la disposición del art.11 de la ley 2011 en concordancia con las pautas de los arts. 3,5,6 y 8 de la ley citada y tomando en consideración como monto del litigio el que surge de las constancias de la causa, contenidas en el convenio cuya homologación se pretendiera.
Procedimiento contencioso administrativo, intervención de terceros, facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ CASADIDIO MARIA SOLEDAD Y OTROS c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-09

En el supuesto de la citación de terceros, se configura una colisión entre, por un lado, el principio de concentración -que, mediante la resolución del conflicto jurídico en un sólo juicio, procura evitar la multiplicación de procesos vinculados por la causa y/o el objeto- y la administración de justicia en tiempo oportuno.

No procede hacer lugar a la citación de terceros cuando las situaciones que pueden suscitarse con la multiplicidad de partes pueden originar un desorden susceptible de conspirar contra la tutela judicial efectiva de quien acudió a la jurisdicción con el propósito de resolver el conflicto. Nótese, al respecto, que uno de los derechos instrumentales que comprende el derecho a la tutela judicial efectiva es el de obtener una sentencia que resuelva sin dilaciones, en tiempo oportuno y de manera eficaz, las pretensiones de las partes en el marco del proceso judicial.

El derecho de acceso a la jurisdicción supone que la decisión judicial sea eficaz y oportuna, es decir, comprende -entre otros aspectos- el derecho a que los conflictos sometidos a conocimiento del Poder Judicial sean resueltos en un tiempo razonable (esta Sala, in re "Fernández, María Elena y otros c/ G.C.B.A. s/ Ds. y Ps.", EXP nº 16764/0, pronunciamiento del día 22 de mayo de 2006, disidencia parcial del Dr. Carlos F. Balbín, consid. III.1).

Al respecto se ha destacado que el particular tiene el derecho constitucional a una rápida y eficaz decisión jurisdiccional (dictamen del Procurador General de la Nación en la causa "Tomatti c/ Gobierno Nacional", 31/10/77) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha advertido, por su parte, que la garantía de la defensa en juicio "no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten sin término las cuestiones sometidas a los jueces, y restrinjan con igual latitud la libre disposición del patrimonio" (Fallos, 269:131); señalando, además, que la indebida prolongación de la tramitación de los juicios desconoce los derechos de las partes y constituye una situación equiparable a la denegación de justicia (Fallos, 244:34; 246:87; 261:132; 265:147; citados en la disidencia mencionada precedentemente). (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)
Contratos innominados, contrato de tiempo compartido, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Volpe, Jorge Omar y otro c/ Ebi Propiedades SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Procede confirmar la resolución que condenó a las accionadas a dar cumplimiento con el contrato de tiempo compartido oportunamente suscripto con los actores mediante el cual éstos adquirieron el derecho de uso y goce temporario de una semana alta y una flotante en cierto complejo turístico. Es que en la cadena de contratos destinados a instrumentar un único negocio frente al consumidor, existen deberes secundarios de conducta respecto del funcionamiento del sistema en su conjunto que -prima facie- quedan soslayados del negocio individual. En tal contexto, el incumplimiento de las obligaciones contractuales no se agota en sus efectos bilaterales, sino que repercute en todo el sistema, generando la responsabilidad de todos los que participan en el mismo (ver CNCom, Sala B, "González, Ignacia c/ Intervac SRL", del 30.6.04).
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Sud S.A. c/ Piscicelli Mario y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

En la ejecución hipotecaria puede considerarse la excepción de inhabilidad de título cuando mediante ella se pone de manifiesto la falta de alguno de los presupuestos básicos del proceso de ejecución como son la vinculación jurídica de las partes y la exigibilidad de la deuda.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interrupción de la caducidad, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mundo Construcciones SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Pedido de   declaración de caducidad de instancia (Expte. CSJ Nº 150- 88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

La mera interposición del recurso directo por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene efecto interruptivo del plazo de perención de instancia.
Empleador, ius variandi, facultad de organización
Materia: LABORAL
Carátula: KLUN DE ROJAS, Mirta Beatriz c/ CASA ANDES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-23

No hay abuso del ius variandi cuando, ejerciendo la facultad de cambiar la modalidad de trabajo, se cumple con la exigencia del art. 68 de la ley de Contrato de Trabajo que establese el deber de satisfacer la organización del trabajo y los derechos patrimoniales del trabajador; consecuentemente, no se configura tal abuso al encuadrar las nuevas tareas otorgadas a la actora en su categoría profesional no pudiendo la empresa mantenerla en su sección originaria por reducción horaria, motivada por descansos de lactancia. Además en el convenio colectivo invocado no existe la categoría especial indicada por la trabajadora sino una general que posibilita la realización de tareas en diversas secciones, de modo tal que no se puede demostrar tampoco una disminución de categoría.-
Acción de amparo, mora de la administración, pronto despacho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTEGA, Angel Oscar c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-21

El amparo por mora de la Administración no requiere de intimación anterior al remiso, para que prospere; su operatividad fluye del solo vencimiento de los plazos legales o de los razonables. De allí que el actor no está obligado a presentar el pronto despacho previsto por el artículo 161 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo cual es facultativo del administrado.
Competencia por el territorio, concursos, ley de orden público
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Juan  Bracho  García  e  Hijos S.A. y otros s/ pedido de quiebra solicitado por Carlos Antonio Berloqui.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Conforme a lo dispuesto por el art. 3, inc. 3, de la ley 24.522, al ser de orden público, la competencia territorial en materia concursal resulta obligatoria.
Robo calificado, robo de automotor, pena, constitucionalidad
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA CARLOS OMAR s/ ROBO    CALIFICADO    -  ROBO  DE  AUTOMOTOR  -  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-22

El art. 38 del Decreto-ley 6582/58 que agrava la pena de los robos calificados de automotores no vulnera garantía constitucional alguna, ya que entre lo regulado por el y la normativa de la constitución nacional, no existen contradicciones formales ni sustanciales. (Voto de la minoría, Dr. Jorge Montero).-
Divorcio, injurias graves, adulterio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medina, Miguel Angel c/ Moreno, Silvia Cristina s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

Quedó probada y la sentencia está firme en cuanto a la causal de injurias y adulterio en que ha incurrido el actor, pero no ha quedado debidamente probado las injurias por parte de la cónyuge.

Los hechos así calificados dada la contemporaneidad con el agravio mayor soportado por la mujer, en razón de la infidelidad probada, no tiene entidad autónoma para constituir un ataque a la dignidad del cónyuge. La sola reacción violenta o descomedida del ofendido, no puede volverse contra sí y erigirse en inconducta matrimonial, pues en esos casos, el grito o insulto es una mera reacción ante una grosera violación de los deberes conyugales que debe valorarse también en atención al medio, educación y control emocional de cada integrante del matrimonio, y por consiguiente se declara el divorcio vincular por culpa exclusiva del marido.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Lo relativo al plazo de vigencia fijado para la medida cautelar, es una cuestión de carácter procesal, y por ende es ajena al recurso extraordinario como invariablemente ha sido sostenido por el Alto Tribunal (cfr. Fallos 300:293; 302:884; 306:1855 y 310:2159 y 2937).
Litispendencia, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: GAMRA, A. M. s/ EXCEPCION LITIS PENDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-03-03

La excepción de "litis pendencia" que oportunamente opusiera la defensa se ha tornado cuestión abstracta si en uno de los procesos recayó, con posterioridad al planteo de aquélla, un pronunciamiento firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.
Daños y perjuicios, propiedad intelectual, daño moral, plagio
Materia: CIVIL
Carátula: KAUFMAN, Rosa c/ CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA y otros s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Tratándose de un supuesto de plagio de una obra protegida por vía de la ley 11.723, cabe hacer lugar al resarcimiento del daño moral, teniendo en cuenta el ataque que se efectuó a los derechos de paternidad que el autor tenía sobre aquélla en lo que hace a su respeto, integridad y divulgación.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, sentencia, acción de repetición
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mirmi, Miguel Eduardo y otro c/  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-20

Resulta competente el juez comercial para entender en una demanda de repetición tendiente al reintegro de ciertas sumas que emergen de una sentencia laboral; demanda que se circunscribe al marco de una relación comercial entre dos empresas mercantiles. Independientemente de cuál sea el origen del actual reclamo, corresponde que el reclamo trámite ante la sede comercial.
Reajuste jubilatorio, omisión de retener o percibir aportes, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, aplicación errónea de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Real, Antonio Lorenzo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

La aplicación dogmática del art. 25 de la ley 18.037 que realiza el organismo previsional para denegar el reajuste al afiliado con fundamento central en la falta de retención de aportes ignora que judicialmente se condenó al empleador a realizar dichos aportes y contribuciones y también que el reclamante en dicha demanda laboral denunció los incumplimientos, con fundamento en normas posteriores al dictado de aquélla (art. 17 de la ley 24.013) cuya hermenéutica debió adecuarse al caso en análisis, por lo que la interpretación realizada no armoniza su texto con el resto del ordenamiento y adopta una hermenéutica parcial, aislada y errónea al limitarse a dar preferencia a las normas de los arts. 2° del decreto 679/95 y arts. 19.c y 21 de la ley 24.241.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: SANSONE, GUSTAVO CLAUDIO Y OTROS s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD - ROBO CALIFICADO Y ROBO DE  AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

"El artículo citado tiene por objeto prohibir a los funcionarios policiales tomar la declaración indagatoria o informativa previstas por el art.126 primero y segundo párrafo del CPP., pero no obsta a que el instructor reciba la declaración testimonial del personal que haya tomado parte en las "diligencias investigativas que se practiquen" ( Mosca - Stacco - Mendy "Apuntes sobre la Reforma al Código de Procedimiento Penal - Ley 10.358" Págs. 126 y 127 La Plata 1987 ). Ello resulta imprescindible a los fines de que los jueces evalúen la legitimidad y racionalidad de los procedimientos adoptados y la certeza sobre el valor de las pruebas colectadas ( art.226 del CPP. ), y hacen incluso al debido proceso, ya que en caso contrario se producirían profundos baches irracionales en el procedimiento. Tachar de nulidad a los actos procesales que contienen esas declaraciones, carece según mi criterio de sustento legal (arg. arts.308 y 309 del CPP.), sin perjuicio por supuesto de la eficacia probatoria de tales elementos que deberán ser determinada conforme las pautas legales ( Arts.149,150,226,251,253 y conc. del CPP. )."