marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, contrato de distribución, preaviso, plazo, resoluciones judiciales, cuestiones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Distribuidora Abril SRL y otros c/ Masterfoods Argentina Ltda. Sucursal argentina y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda por incumplimiento del contrato de distribución que unía a las partes, cuando -como en el caso- aunque formalmente hubieran sido suscriptos sucesivos contratos a los que les hubieran colocado vencimientos distintos, el vínculo entablado había sido de larga duración y por tiempo indeterminado. Por ello, y teniendo en consideración que el contrato registraba una antigüedad de 16 años, la notificación cursada con algo más de tres meses de antelación no fue suficiente, dado que el art. 1508, por remisión al CCCN 1492 y 1493, establece la necesidad de otorgar un preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato. Lo que mediante el plazo de preaviso se tiende a preservar es el derecho del distribuidor a reacomodarse en el mercado, para lo cual su contraparte le debe avisar de la futura extinción del vínculo con suficiente antelación como para que aquél logre ese reacomodamiento sin prescindir de los ingresos que le apareja la vigencia del contrato. Es decir: no se trata de asegurar al distribuidor una mejor situación contractual, sino la misma que tenía, la que no puede verse abruptamente interrumpida mediante una extinción sin adecuado preaviso. Desde tal perspectiva, la pretensión de las actoras de que la indemnización respectiva se calcule sobre las ganancias brutas no tiene asidero, desde que, como es obvio, si la demandada hubiera cumplido con ese preaviso, ellas hubieran acotado su derecho a continuar con el contrato -tal como él se venía desarrollando- durante el lapso respectivo, sin derecho a retener esas ganancias brutas que fundan el agravio.
Sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, orden público, intereses, capitalización de intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Hemmerling  Basurco  de  Arroyo,  Nancy  Yolanda y otros c/ HotelPanamericano S.A. y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Es descalificable, en tanto lesiona las garantías contempladas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, el pronunciamiento que autorizó la violación de una norma expresa de orden público que veda la capitalización de intereses (art. 623 del Código Civil), sin que concurran los supuestos legales de excepción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camponovo de Mura, Luciana y otro c/ Cherchi, María s/ Simulación López, Celevidad y ot. c/ Sanatorio Beltrán y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09|1988-09-13

El vicio de absurdo se configura con el desvió patente o el error palmario y fundamental en la valoración de la prueba con quebrantamiento de las reglas que la gobiernan.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cencosud S.A. (TF 14438-I) y Acum 14439-I y 14441-I c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

La "excepcionalidad", no dándose ninguna otra particular circunstancia calificante, no se configura el sólo hecho de encontrarse involucrado en el pleito un monto significativamente elevado. (Cons. VI).
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romano Francisco c/ Baquero Eduardo s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Como efecto derivado de la incontestación tenemos que además de poder estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos, esta tiene efectos sobre los documentos que se le atribuyeren y la recepción de comunicaciones a él dirigidas y fundamentalmente tiene como efecto trascendente dejar trabada la litis y fijar la relación procesal conforme los términos de la demanda.
Delito culposo, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: OTERO Carlos Fernando s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-01

La responsabilidad penal puede quedar excluida si el acto imputable al autor no ha sido la causa del delito, y la lesión no debe imputarse a título de culpa al conductor si fue la víctima la que con su imprudencia causó el resultado.
Legitimación pasiva, daños y perjuicios, COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, consejo directivo
Materia: CIVIL
Carátula: S, C. M c/ Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

El Presidente del Colegio de Farmacéuticos carece de legitimación para ser demandado por los daños y perjuicios que sufrió un profesional colegiado al privarle dicha institución adherirse al sistema que le permitía trabajar con obras sociales, pues si bien actuó en forma equivocada, habida cuenta que la medida fue considerada arbitraria por la SCBA, la decisión fue tomada por el Consejo Directivo que aquél integró, y para que pudiera hacerse responsable a los miembros del dicho órgano en forma personal, tendría que tratarse de actos que notoriamente excediera las atribuciones de dicho órgano.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, segunda instancia, incidentes, leyes, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: Strembel de Lanzillota, Lidia s/ Declaratoria. Cuestión a resolver: ¿Cuál es el honorario profesional  que corresponde regular respecto a los incidentes articulados en la  alzada atento al régimen de la ley local 6767 de aranceles  profesionales de abogados y procuradores? (Expte. Nro. 163- 83)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-31

Los artículos 16 y 19 de la ley de aranceles no deben colegirse como disposiciones intercadentes entre sí, de esas que colisionan una con otra, sino que han de convocarse conjuntamente para la solución de la perplejidad que nos convoca. Dicha pluralidad genera una interpretación sistemática en aras a dilucidar el tema. Si concertamos tal pauta metodológica, hemos de aceptar también que la hipótesis sería de "concurrencia propia" de leyes, supuesto que se da cuando pese a la pluralidad la aplicación de una de las normas no solo no descarta la otra sino que la precisa. En otras palabras, la circunstancia a juzgar es una: la regulación de honorarios en un incidente. Pero precisamente cierta pecularidad (la posición procesal de la articulación) es la que estaría exigiendo ese concurso o concurrencia de disposiciones como pregonamos. Por ello también podría predicarse que más que "concurrencia de leyes" se advierte en el caso "unidad de ley" puesto que el fenómeno inexorablemente requería la versación del "sistema" para ser resuelto, no bastando entonces la mera norma aislada (en la especie, el artículo 16). (Del Voto del Dr. Chiappini -En Disidencia-).
Obras públicas, recepción de la obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

Si la recepción automática de la obra pública que debió operar simultáneamente con el plazo de conservación de seis meses, no se configuró por razones imputables a la contratista, ésta debe hacerse cargo de sus consecuencias. Ello así en tanto el pliego de la licitación estableció que el plazo de garantía se extiende desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva.
Defecto legal, estado de indefensión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION DE CLINICAS, SAN. Y HOSP. REP.ARG-ADECRA Y OTROS. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-03

La regla general de la excepción de defecto legal contenida en el inc. 5 del art. 347 del C.P.C.C. -tutelar el derecho de defensa del demandado- no está referida al fondo de la pretensión que se plantea, sino que se limita al escrito de demanda cuando no satisface las exigencias y solemnidades legales para permitirle un eficaz ejercicio de ese derecho. Por ello, "para que sea admisible la excepción de defecto legal es menester que la omisión u obscuridad de la demanda pueda colocar al demandado en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas conducentes" (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.09.88, "Terrero, Felipe Carlos y otros c/ Buenos Aires, Pcia de y otros"; ídem, sent. del 10.04.03, "Castro Zapata, Eladio y otros c/ Jujuy, Pcia. de"; C.F.S.S., Sala II, sent. del 04.11.03, "Claveria, Ángel Modesto"). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Facultades de la alzada, principio de congruencia, thema decidendum
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Perez, Luis Alberto c/ Gonzalez, Lía Gabriela y Otro s/ Abreviado - Pago por Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-09

El principio de congruencia de las resoluciones judiciales -arts. 327, 330, 332 primer párrafo y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba- le impone al tribunal de alzada prestar especial atención a dos estadios procesales que resultan dirimentes: el de la traba de la litis y el que introduzca el apelante a través de la expresión de agravios, por ser tales etapas las que delimitan la competencia funcional del tribunal ad quem, que se encuentra constreñido por el thema decidendum que las partes han determinado.
Responsabilidad del Estado, servicio militar, conscriptos, guerra, actos de servicio, indemnización, aplicación de la ley, cuestión de derecho común
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Picard, Omar Ceferino c/ Estado Nacional s/ indemnización daños y perjuicios (sumario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

En el caso del daño personal sufrido por el ciudadano bajo bandera en una acción bélica, como mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas del servicio público de defensa, se releva al Estado de toda obligación indemnizatoria fundada en el derecho común (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Price, María Elsa c/ Empresa línea 276 y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La fijación de sumas indemnizatorias por daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. Sabido es que este capítulo tiene su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria -y, por ende, imperfecta- de dolor íntimo experimentado, en este caso, a raíz del siniestro. Esta reparación, habrá de estar ordenada a asegurar , con su resarcimiento, la obtención de gratificaciones sustitutivas de los bienes perdidos, en cuanto fuente de gozo, alegría, u otros bienes estimables en la esfera psicofísica.
Bancos, caja de ahorro, ejecución del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: LESCANO  ARMINDA c/ BANCO  DE  LA  NACION  ARGENTINA s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14

Es la obligación primordial del banco depositario, la restitución de las cantidades depositadas al titular de la libreta de ahorro nominativa. El contrato tiene la naturaleza de un depósito irregular, toda vez que es a la vista, es decir, que el depositante tiene el derecho de retirar el dinero entregado cuando lo considere menester (ver arts. 572/579 C.Com. y 2182 a 2239 del C. Civil). La causa fundamental de la apertura de caja de ahorro es la custodia del dinero, la seguridad, por lo que el interés que devengan es siempre bajo, accesorio del resguardo. Siendo entonces el fundamento del depósito, la obligación de custodia, debe el Banquero poder afrontar en todo momento los requerimentos del depositante quien conserva la disponibilidad de la suma entregada.
Ley de seguros, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Villalon Escudero, Héctor R. c/ Hernández, Bernardo y otro s/ D. y P. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

No comparto que el artículo en cuestión -56 de la ley de seguros- pueda ser aplicado de oficio por el sentenciante, sin perjuicio del respeto que me merece la opinión contraria expresada y señalada por mi colega, pero al respecto entiendo que ello es una cuestión que debe ser introducida en el proceso por quien sostenga su aplicación al caso toda vez que no advierto que afecte al orden público. (Del voto del Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, en minoría).
Sociedad cooperativa, socios
Materia: LABORAL
Carátula: MORICONI, CARLOS ALFREDO c/ COOPERATIVA DE TRABAJO DE TRANSPORTE LA UNION s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-22

El carácter de socio no impide la existencia de una relación de trabajo subordinada, sobre todo cuando el agente estaba sometido a las instrucciones impartidas por la autoriad cooperativa, percibía remuneraciones mensuales, sueldo anual complementario, vacaciones y todos los beneficios que le proporcionaba la actividad que desarrollaba.-
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marquetti, Miguel Oscar s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación, si la alzada ha valorado las concretas circunstancias del hecho investigado en relación con las características y la modalidad del mismo, la cantidad de personas involucradas y el rol que ocuparía el imputado en la organización, los que resultan indicios pertinentes para inferir el riesgo procesal; asimismo valoró las escuchas telefónicas, el poder de disposición del imputado sobre 37 cilindros de cocaína, la falta de acreditación de oficio lícito y la violación al régimen de detención domiciliaria, sin que el recurrente rebata los elementos mencionados por la cámara con base a que pudiera eludir la acción de la justicia. El voto concurrente agregó que la causa se encuentra en plena investigación y que se satisfizo la garantía del doble conforme, aunado a la inexistencia de cuestión federal o arbitrariedad. La disidencia sostuvo que lo resuelto se fundó en fórmulas genéricas, insuficientes para el mantenimiento de la prisión preventiva y, con respecto a la situación personal del encartado, advirtió que posee arraigo y cuenta con una residencia estable donde se encuentra alojado, que presenta graves problemas de salud y es trasladado día por medio en ambulancia para someterse a diálisis, que cuenta con un grupo familiar conviviente y un hermano que podrán brindarle apoyo y contención y que si pudiera salir libremente de su domicilio, podría obtener un trabajo. (Dres.

Ledesma -en disidencia-, Slokar y Catucci -voto concurrente-).
Recurso de apelación (procesal), concesión errónea del recurso, calidad de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZORPUDES, Mariano A. c/ CREDIL S.R.L. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-31

El art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial, con la actualización efectuada mediante Acordada nº 11073 de fecha 02 de noviembre de 2011, vigente al momento de la interposición del recurso que nos ocupa, establece que no son apelables las resoluciones recaídas en juicios cuyo monto no exceda de pesos cuatro mil ($ 4.000).

Es decir que si el monto del juicio no alcanza al mínimo exigido, ello determina la inapelabilidad de todas las resoluciones dictadas en su transcurso (CNCom., Sala B, 24/03/81, Rep. E.D., 16 - 772, nº 149).

Así, se ha expresado que si el monto debatido en la segunda instancia es inferior al mínimo de apelación, corresponde declarar mal concedido el recurso (CApelCC Salta, Sala III, año 1983, f° 353). El límite de apelación fijado por el art. 253 del Código Procesal actualizado mediantes acordadas de la Corte de Justicia de Salta, conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso y, como tal, debe ser considerado por la Alzada.

En consecuencia, si el monto traído a segunda instancia no excede del establecido en la acordada respectiva, la resolución es inapelable y debe declararse mal concedido el recurso (CJSalta Tomo 136: 81/86 del 25 de agosto de 2009).

La cantidad mínima es un presupuesto de admisibilidad que debe ser examinado con anterioridad al análisis de si el recurso es fundado o no (cf. Loutayf Ranea, El Recurso Ordinario de apelación en el Proceso Civil, Ed. Astrea, Pág. 344).
Convenios colectivos de trabajo, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
Materia: LABORAL
Carátula: RODIÑO, JUAN c/ SADAIC s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Las cláusulas de la CCT 84/75 constituyen un cuerpo normativo inescindible, regulatorio de una carrera administrativa que prevé el sistema de ingreso y promoción como requisitos previso para el reconocimiento de los restantes derechos tutelares. Por ello no puede la trabajadora, quien ingresara a prestar servicios con prescindencia del cumplimiento de tales requisitos, pretender los restantes beneficios que la norma convencional reconoce a los dependientes que cumplimentaron acabadamente los mismos.
Recurso de casación penal, declaración indagatoria, agravio concreto, falta de agravio concreto, nulidad procesal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Antinori, Osvaldo Rodolfo s/ Rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-27

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, quien solicita la nulidad de todo lo actuado atento que su representado fue privado de la libertad por un lapso de más de tres meses sin ser requerido a prestar declaración indagatoria en razón de no existir la designación del magistrado instructor en la causa. En este sentido, el recurrente no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que produjo el acto cuya nulidad se solicita, ya que el imputado fue citado a prestar declaración indagatoria una vez que el procedimiento contaba con el magistrado instructor designado, enmendándose así los posibles defectos de procedimiento. A ello debe sumarse, que luego de regularizarse el curso de la investigación, el imputado obtuvo la libertad mediante el beneficio de la excarcelación; de forma tal que la pretensión del recurrente sólo es efectuada en beneficio de la ley, sin acreditar el perjuicio concreto requerido para la procedencia del recurso.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NIETO, HECTOR HUGO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

La distinta valoración de la prueba queda apartada de la inspección casacional.
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lomastro Francisco c/ Ritiro Pascual s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Si bien el artículo 377 del C.P.C.B,impone como principio general la irrecurribilidad de las resoluciones sobre producción, denegación o sustanciación de las pruebas, dada la importancia que tiene en el presente caso la pericia caligráfica a los efectos de determinar la autenticidad de las firmas que se le atribuyen al actor en los recibos en los cuales se funda la excepción de pago opuesta por el accionado y toda vez que la interpretación rigurosa de las normas procesales no pueden prevalecer sobre el efectivo y concreto resguardo y aplicación de la garantía constitucional de defensa en juicio, corresponde hacer una excepción a la referida irrecurribilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villafañe, Petrona del Rosario c/ Empresa de Transportes Fournier S.A. Seg. Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La obligación de llevar indemne a su destino al pasajeros, no se extiende en definitiva a los casos en que la causa del daño deriva de un hecho ajeno al transportista. La responsabilidad objetiva que la aludida norma consagra, reposa en definitiva en que la cosa o actividad riesgosa de que se vale el transportista tenga relación de causalidad adecuada con el daño (art. 1113 Cód. Civ.).
Servicio público, falta de servicio público, Poder Judicial, daños y perjuicios, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Grande, Jorge F. c/ E.N.  (Min. de Educación y Justicia) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La idea objetiva de la falta de servicio - art. 1112 C.C. - ha sido aplicada a los supuestos de daños producidos como consecuencia de errores judiciales pues las órdenes irregularmente impartidas por los magistrados implican el cumplimiento defectuoso de funciones que le son propias.
Accidentes de trabajo, acción civil, culpa
Materia: LABORAL
Carátula: Rinaudo, Hugo Alberto c/ Maderera El Misionero s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-31

Habiéndose optado por la acción de derecho común y siendo indiscutible por la prueba que el daño se produjo "con las cosas" de que se valían los dependientes para llevar a cabo las tareas encomendadas por la demandada, ésta tenía a su cargo demostrar que de su parte no hubo culpa.
Competencia, Poder Judicial, Unión del Personal Civil de la Nación, Dirección Nacional de Migraciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Nacional de Migraciones c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

El conflicto planteado entre la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones a raíz de la liquidación de aportes no retenidos al personal afecta, de un lado, al patrimonio estatal y, de otro, al de la obra social, por lo que no puede ser resuelto por el Procurador del Tesoro o por el Presidente de la Nación, ya que no resultaría posible disponer la afectación directa e inmediata de los fondos previstos en una partida presupuestaria ni la asignación de ellos a otra jurisdicción distinta, para satisfacer la eventual condena, sino que debe ser dirimido por el Poder Judicial de la Nación, de conformidad con las normas procesales pertinentes, a cuyo efecto cabe también atender a que el Estado Nacional no es lisa y llanamente equiparable a un contribuyente particular pues le resultan aplicables las disposiciones de los arts. 51, 58, 131, 132, 135, 145 y concordantes de la ley 11.672, sin perjuicio de la aplicación analógica del art. 83 de la ley 11.683, en cuanto pudiera corresponder.
Régimen de consolidación de deudas, pago, pago diferido
Materia: ECONOMIA
Carátula: TURISMO SAN ISIDRO c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

El diferimiento de pago de acuerdo con las pautas previstas por el art. 22 de la ley 23.982 no halla su justificación en la circunstancia de la consolidación, sino en la necesidad por parte del obligado al pago de efectuar la previsión presupuestaria correspondiente. Este artículo, insertado en el texto de la ley 23.982 por razones sólo comprensibles a la luz de sus antecedentes inmediatos, no implica una normativa de emergencia. Por el contrario, es una norma esencial dentro del régimen de pago de las deudas ordinarias y no consolidadas del Estado.-