OSEP, elevación del aporte, sentencia arbitraria, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Medina, María Belén (carácter Curadora de Bracamonte Medina, Pablo E.) c/ Poder Ejecutivo de la Pcia. de Catamarca y Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-16

A través de la presente acción de amparo la recurrente, en su carácter de curadora de su hijo insano, solicita se deje sin efecto el Decreto S Nº 185/14 emitido por la Sra. Titular del Ejecutivo Provincial, que dispuso en el mes de febrero del corriente año, actualizar el valor de los aportes establecidos para afiliados particulares y adheridos por convenio a dicho régimen. Que el aporte se incrementó de $50 pesos a $500, monto que resulta imposible de abonar si se considera que el único sustento que percibe su hijo por la incapacidad que padece es una pensión no graciable de $1500. Que a ello debe agregarse, el alto costo que insume el tratamiento diario que realiza a fin de mantener su estabilidad psicofísica basada en medicación específica.

En el caso en particular, debe hacerse hincapié en la razonabilidad de la medida, ya que lo que se cuestiona es la magnitud y desproporción del aumento dispuesto, en un ámbito en el que no se discute la necesidad de encontrar un adecuado régimen económico que permita la subsistencia del sistema de salud, sin imponer cargas patrimoniales exorbitantes a los sujetos que deben financiarlo.

Por ello, si el funcionamiento regular de la entidad se encuentra afectado por razones económicas, como es la insuficiencia de recursos propios para atender a los servicios reclamados por los beneficiarios, la imposición de mayores cargas debe ser cuidadosamente aplicada, pues, con acierto se afirma que la razonabilidad que debe estar presente en todo acto administrativo, supone guardar adecuada proporción entre el objetivo buscado y el medio empleado.

Aplicando los principios enunciados al caso en estudio observo que la motivación que hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión adoptada no se satisface con expresiones tales como que "los montos que estos afiliados aportan son insuficientes, comparados con la amplitud de prestaciones", y "el elevado costo que afronta la obra social para asegurar la prestación de los servicios", si a la vez no se explican claramente por qué estos hechos llevan a la Administración a decir cómo lo hace, es decir, deben correlacionarse adecuadamente estos hechos que pueden ser verdaderos, con la decisión de aumentar el aporte en la medida dispuesta.

En este punto es donde se vislumbra con mayor nitidez el vicio de arbitrariedad por la irrazonabilidad que conlleva, pues si bien el propósito resulta útil y necesario a fin de satisfacer un interés público imperativo, la medida implementada de aumentar de 50 pesos a una suma equivalente a 30 coseguros de ordenes médicas diurnas, llevando el aporte a $540, no es proporcional al objetivo buscado. Resulta cuanto menos desproporcionado el monto que determina la actualización que al decir de la demandada, asciende a la suma de $540, pues ese monto representa sobre los $1.500 pesos que percibe el beneficiario, nada menos que el 36% de su ingreso.

De allí, que el criterio de implementación del aumento se exhiba en mi opinión desajustado en relación con los propios antecedentes que determinan su emisión, y que condicionan su aplicación, pues ha de reparase especialmente que de la documentación acompañada a estas actuaciones, no se infiere que la Administración haya realizado un estudio integral de la estructura o composición de los costos que la prestación del servicio de salud conlleva.

A esta falta de determinación que es esencial para evaluar si la modificación impuesta es una derivación racional, justa y equitativa, se suma la distinción irrazonable que se hace con respecto a los afiliados obligatorios que aportan, como se sabe el 4,5 % de sus haberes totales.