Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-07-14


Libro de Acuerdos Nº 47, Fº 983/986, Nº 425). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de julio de dos mil cuatro, los señores Jueces titulares del Superior Tribunal de Justicia, doctores Héctor Fernando Arnedo, José Manuel del Campo y el señor Vocal de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctor Carlos Marcelo Cosentini, llamado a integrar el Tribunal conforme constancias obrantes en autos y lo dispuesto en Acordadas Nº 37 y 56/2.004, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron los Exptes. Nº 2410/04 y agregado Nº 2503/04, caratulados: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 106167/03 (Sala II Cámara Civil y Comercial) Incidente de Ejecución de sentencia en el Expte. Nº B - 48505/99: Municipalidad de La Quiaca c/ Estado Provincial".

El Dr. Arnedo dijo:

La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial resolvió el 6 de febrero del año en curso 1º) Hacer lugar parcialmente a las defensas opuestas por el Estado Provincial, declarando consolidada la parte de la deuda ejecutada que se generó con anterioridad al 31 de diciembre de 1.999, mientras la que se formó con posterioridad a dicha fecha, queda excluida del régimen previsto por la ley 5238; y por el monto de esta última proporción, corresponde mandar llevar adelante la ejecución hasta hacerse la acreedora íntegro pago de la misma, lo que deberá ser plasmado en la liquidación a practicarse por la actora. 2º) Disponer que la porción de la deuda que se consolida, llevará el interés a la tasa caja de ahorro común del art. 5º, cap. V inc. d) de la ley 5238, mientras a la parte que no es alcanzada por el diferimiento, deberá aplicársele el interés establecido en la sentencia. 3º) Imponer las costas en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a la ejecutante. Los honorarios de los Dres. Luis Alberto Benavides y Juan Francisco Burgos se difieren ... (fs. 55/57 del incidente de ejecución de sentencia agregado por cuerda).

En contra de ese decisorio, ambas partes interponen recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

El primero es deducido por el Dr. Luis Alberto Benavides en representación de la Municipalidad de La Quiaca. Concretamente expresa que la resolución: 1º) cercena derechos adquiridos dentro del proceso, como los intereses fijados en la sentencia principal que se encuentran firmes y consentidos, estableciendo un nuevo sistema de cálculo que disminuye los importes a cobrar; 2º) la deuda ejecutada tiene su génesis en las diferencias correspondientes a la coparticipacititucionalidad por sentencia arbitraria. El primero es deducido por el Dr. Luis Alberto Benavides en representación de la Municipalidad de La Quiaca. Concretamente expresa que la resolución: 1º) cercena derechos adquiridos dentro del proceso, como los intereses fijados en la sentencia principal que se encuentran firmes y consentidos, estableciendo un nuevo sistema de cálculo que disminuye los importes a cobrar; 2º) la deuda ejecutada tiene su génesis en las diferencias correspondientes a la coparticipación municipal que debieron abonarse con los fondos que remite la Nación por coparticipación federal, el a-quo desconoce el carácter especial de esos fondos y dispone su consolidación, cuando se encuentra expresamente excluída del régimen por el art. 5º apartado III de la ley 5238; 3º) impone las costas en un 30% a su parte, cuando -entiende- se debió mandar a llevar adelante la ejecución por el total más intereses y costas para, luego, declarar consolidada la proporción de la deuda que entienda procedente; 4º) se aparta de lo establecido como doctrina legal, toda vez que la demandada se limitó a pedir la aplicación de la ley de consolidación, sin acompañar constancia de previsión presupuestaria, es decir, acciones concretas demostrativas de un responsable acatamiento de las normativas específicas y, 5º) le consta al a-quo que la demandada ha pagado a otras comunas los mismos conceptos que se pretenden ejecutar y ello no fue valorado, vulnerando el principio de igualdad ante la ley y la teoría de los actos propios.

El segundo recurso es incoado por el Dr. Juan Francisco Burgos en representación del Estado Provincial. Afirma que: 1º) el a-quo eludió resolver sobre la aplicación de la ley 5320, oportuna y expresamente planteada y omitió tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 inciso 1º de la Constitución Provincial; 2º) le impone las costas a su parte en un 70%, cuando por las circunstancias acreditadas en la causa debió imponérselas a la actora; 3º) dispone que a la parte de la deuda no alcanzada por la consolidación deberá aplicársele "el interés establecido en la sentencia", cuando surge de la dictada en el ordinario por cobro de pesos que no se han fijado intereses, violando el principio de cosa juzgada. Entiende que tanto la porción del capital que ha quedado fuera de la consolidación, como la que se encuentra dentro de las previsiones de la ley 5238, los intereses -según comunicado del BCRA Nº 14.290 para las primera y tasa de caja de ahorro común para las segundas- deben calcularse desde la fecha de la sentencia (18/2/02) y, 4º) el tribunal se ha declarado competente para entender en la ejecución, cuando su parte ha planteado su incompetencia en virtud del carácter declarativo de las sentencias que reconocen un crédito en contra del Estado y no pueden ser actuadas por el procedimiento de ejecución de sentencia, debiendo el acreedor avenirse al proceso de pago administrativo en los términos de las disposiciones de consolidación, todo lo cual afecta -dice- su derecho de defensa en juicio, de propiedad y supremacía de la Constitución y las leyes del Congreso.

A fs. 74 se presentan ambas partes y dan cuenta: I) del voluntario sometimiento al régimen de pago de la ley 5320 para la cancelación de los créditos reconocidos en la presente causa; II) que de acuerdo a la resolución acompañada por Fiscalía de Estado, no se encuentra controvertido el crédito por la suma de $267.000 el que será previsto presupuestariamente para el presente ejercicio fiscal; III) que los intereses de la suma consignada en el punto anterior serán calculados con la fórmula que indica el Banco Central de la República Argentina en su comunicado 14.290; IV) que la aceptación del régimen de pago indicado no implica desistimiento ni renuncia de las restantes postulaciones presentadas por las partes en sus recursos y, V) que los honorarios y costas derivadas de la presente aceptación al régimen de pago (punto I y II), como del modo en que serán calculados los intereses indicados en el punto III, serán soportadas por el orden causado.

Cumplidos los demás trámites procesales de rigor, a fs. 75/78 se expide el señor Fiscal General, con lo que el recurso se encuentra en estado de ser resuelto.

Conforme surge de la relación de los hechos, el tema central a resolver queda circunscripto a determinar si una parte de la deuda ejecutada se encuentra consolidada por la ley Nº 5238.

En mi opinión, el recurso deducido por la Municipalidad de La Quiaca, debe ser favorablemente acogido, toda vez que los fundamentos brindados por el tribunal de mérito para disponer la referida consolidación, desatiende la naturaleza y el régimen específico del crédito reclamado y, por ende, no es una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias acreditadas en la causa, tornándola pasible de ataque por la vía elegida.

En primer lugar, cabe destacar que en los autos principales, como lo dice el a-quo, "... el crédito objeto de condena reconoce su génesis en las diferencias correspondientes a la coparticipación municipal que debieron abonarse con los fondos que remite la Nación por coparticipación federal ..." (fs. 56, primer párrafo).

En relación, he de señalar que la Constitución Nacional dispone que cada provincia dicte para sí una Constitución que asegure su régimen municipal (artículo 5º) y la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (artículo 123).

Consecuente con ello, la Constitución de la Provincia y las leyes que en su consecuencia se dicten, deben garantizar a todos los municipios la autonomía necesaria para resolver los asuntos de interés local, la organización del propio gobierno y los medios suficientes para el cumplimiento de sus fines (artículo 178).

A su vez y en orden a los recursos municipales, la Carta Magna local dispone que "La ley dotará a los municipios de recursos suficientes para el cumplimiento eficaz de sus funciones" y que "el tesoro municipal se compone -entre otros- de la participación que se les asigne de los impuestos provinciales y nacionales" (artículo 192).

Establece también que: "Los municipios participarán de la recaudación de los tributos provinciales, como así también de los recursos provenientes del régimen de coparticipación impositiva que se acuerde con el Gobierno Federal. Su distribución se efectuará conforme a la ley. La participación en la percepción de tributos que correspondiere a los municipios ... se les entregará mensualmente" -lo resaltado es propio- (artículo 83). En esos términos, fácil es advertir que la distribución de los mencionados fondos no es una facultad discrecional del Estado Provincial, sino una obligación reglada constitucionalmente.

Siendo ello así, la consolidación pretendida por el Estado Provincial se exhibe claramente en pugna con el fortalecimiento del federalismo consagrado por la reforma constitucional de 1.994 y los citados de la Constitución Provincial, al diferir la entrega de recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado Municipal, en franca violación fundamentalmente a lo resaltado en la norma transcripta en el párrafo anterior.

A mayor abundamiento, este Superior Tribunal tiene resuelto que cuando se trata no de un crédito que el Estado debía satisfacer y no lo hizo, sino de dinero ajeno que retuvo indebidamente -como es el presente caso en el que se reclaman diferencias por coparticipación en la distribución de ingresos por impuestos contenida en el Pacto Federal-, la consolidación resulta manifiestamente inadmisible, pues admitir esa pretensión, importaría convalidar un enriquecimiento incausado en su favor (L.A. Nº 47, Fº 482/483, Nº 220, reiterando el criterio sentado en las causas registradas en L.A. Nº 38, Fº 1125/1127, Nº 470 y L.A. Nº 40, Fº 940/942, Nº 334).

En mérito de ello propicio acoger favorablemente el segundo agravio expresado en el recurso deducido en autos por el Dr. Luis Alberto Benavides en representación de la Municipalidad de La Quiaca, para revocar el punto 1º) de la sentencia recurrida, en cuanto hace lugar parcialmente a las defensas opuestas por el Estado Provincial, declarando consolidada la parte de la deuda ejecutada que se generó con anterioridad al 31 de diciembre de 1.999, para mandar a llevar adelante la ejecución, también respecto a la misma y, en consecuencia, corresponde revocar el punto 3º) de la sentencia atacada, en cuanto impone las costas en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la ejecutante, para disponer que el total de la mismas sean a cargo de la demandada vencida, por aplicación del principio general establecido en el artículo 102, primer párrafo del Código Procesal Civil.

Párrafo aparte merecen los intereses que devengará esa deuda y que es motivo de agravios en los dos recursos interpuestos. La sentencia dictada en el proceso ordinario por cobro de pesos, nada dice respecto a ellos, no obstante haber sido solicitados en la demanda (Cftr. Fs. 64 vuelta y fs. 522/526, del expediente principal, agregado al Expte. Nº 2454/04, que tramita por ante la Vocalía del Dr. del Campo y que tengo a la vista); ello fue consentido por la actora, quién no solicitó aclaratoria ni dedujo recurso alguno sobre el tema. No obstante, la demandada entiende que los debe, pero a partir de la sentencia dictada en el ordinario (ver fs. 46/48 de autos).

Al encontrarse esa deuda excluida del régimen de consolidación, obviamente no pueden aplicarse los intereses previstos para obligaciones consolidadas (artículo 5º, punto V, inciso d) de la ley 5238), conforme lo tenemos dicho reiteradamente (L.A. Nº 47, Fº 282/283, Nº 134; ídem Fº 358/359, Nº 164; ídem Fº 504/505, Nº 232, entre muchos otros).

En tal caso y habiendo la actora aceptado que parte del crédito de la misma deuda se calculen los intereses con el método del comunicado Nº 14.290 del Banco Central de la República Argentina (fs. 74 de autos), a ello debe estarse para esta parte del crédito también, los que se computaran a partir del 18 de febrero de 2.002 (conforme acepta la demandada a fs 47, tercer párrafo de autos), para no vulnerar el principio de cosa juzgada adquirida por la sentencia del juicio ordinario y sin desatender una justa composición de los intereses de ambas partes, por aplicación del principio de equidad.

En mérito de la solución que propongo el agravio del Estado Provincial respecto de la incompetencia del tribunal de la causa, debe ser rechazado y atento el acuerdo celebrado entre las partes con posterioridad a la interposición de sus recursos, no corresponde expedirse sobre las demás quejas expuestas por las mismas.

Para la imposición de costas en esta instancia, cabe valorar que de los cinco agravios expresados por la Municipalidad de La Quiaca, se acogen favorablemente los numerados como 2º) y 3º); de los cuatro manifestados por el Estado Provincial, la actora aceptó los individualizados como 1º) y 3º) y se rechazan el 2º) y el 4º), es decir, ambas resultan parcialmente vencidas, por lo que propongo que sean soportadas por el orden causado, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 del Código Procesal Civil y diferir la regulación de honorarios profesionales del Dr. Luis Alberto Benavides para cuando sean fijados los de la instancia anterior.

Los Dres. del Campo y Cosentini, adhieren al voto que antecede. Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Luis Alberto Benavides en representación de la Municipalidad de La Quiaca, para revocar los puntos 1º), 2º) y 3º) de la sentencia dictada el 6 de febrero del año en curso por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial, sólo en cuanto dispone hacer lugar parcialmente a las defensas opuestas por el Estado Provincial, declarando consolidada la parte de la deuda ejecutada que se generó con anterioridad al 31 de diciembre de 1.999 y, en consecuencia, mandar a llevar adelante la ejecución de la misma por el capital reclamado, con más el interés a la tasa pasiva promedio liquidado conforme nuestra doctrina legal, desde la mora y hasta su efectivo pago, con costas a la demandada vencida.

2º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Juan Francisco Burgos en representación del Estado Provincial.

3º) Imponer las costas de esta instancia por el orden causado y diferir la regulación de honorarios profesionales del Dr. Luis Alberto Benavides para cuando sean fijados los de la instancia anterior.

4º) Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cédula.