Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


PERALTA, Miguel y otra contra LUNA, Hugo y otros Reg.: A y S t 206 p 97-104.

En la ciudad de Santa Fe, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PERALTA, Miguel y otra contra LUNA, Hugo y otros -Juicio Ejecutivo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 61, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en lo que aquí concierne, acogió parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, mandó practicar nueva liquidación con base en un alquiler mensual constante de $ 277,60 a partir del mes de abril de 1991, con capitalización mensual de intereses; desestimó la apelación intentada por el co-demandado Juan José Callejo e impuso las costas de ambas instancias en un 60% a cargo de la demandada y en un 40% en cabeza de la actora (fs. 427/430).

Contra ese pronunciamiento interpuso el co-accionado Juan José Callejo su recurso de inconstitucionalidad (fs. 440/446).

El Tribunal, por mayoría, concedió la impugnación extraordinaria por entender que si bien, en principio, la resolución recurrida no resultaría definitiva por cuanto la cuestión litigiosa se circunscribe a una impugnación de liquidación (art. 1, "in fine", ley 7.055), lo concerniente a la capitalización de los intereses admitida en el decisorio si asumiría tal carácter.

A ello agregaron que "el resultado final de las operaciones de acuerdo al modo en que dichos accesorios se van acumulando pueden provocar un resultado final que exceda toda pauta lógica y realista constituyéndose en casual de arbitrariedad" (fs. 455/456).

En el examen que se impone efectuar a tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7.055, no encuentro razones para apartarme de lo decidido por el A quo, hallándose reunidos, además, los restantes requisitos de admisibilidad atinentes al recurso reglado por la citada ley, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs.

463/464).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La materia litigiosa puede resumirse así: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 1 de Santa Fe, los señores Miguel Angel Peralta y Beatriz Bozicovich de Peralta, entablaron demanda ejecutiva contra Hugo Mario Luna, Juan José Callejo y Eduardo Juan Daffunchio, persiguiendo el cobro de mil quinientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos ($ 1.526,24), con más los intereses moratorios y punitorios pactados y las costas.

El reclamo se fundó en la falta de pago, por parte del locatario y sus garantes, de los alquileres correspondientes a los meses de Diciembre de 1991, Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1992.

El contrato de locación celebrado el 28 de febrero de 1991, en lo que aquí interesa, estableció un canon mensual de australes dos millones quinientos mil (A 2.500.000), ajustable mensualmente por aplicación del índice de costo de vida nivel general que publica el INDEC; para el caso de mora se convino que se deberán "intereses moratorios al tipo fijado para la tasa por descubierto por los bancos privados para el primer día del mes e intereses punitorios igual a una vez y media esta tasa. Las tasas acumuladas se aplicarán sobre el saldo deudor existente en transcurso del respectivo mes" (fs. 16/17, expte. por cuerda "Peralta Miguel y otra c/Luna, Hugo y otros s/Medidas de Aseguramiento de Bienes, de Aseguramiento de Pruebas y Preparatorias de Juicio Ejecutivo", expte.

264/1992).

Tramitada la causa sin que los demandados opongan excepciones, el Juez de Primera Instancia dictó sentencia ordenando llevar adelante la ejecución hasta que la parte actora se haga íntegro cobro del capital reclamado con más los intereses moratorios y punitorios pactados. En los considerandos del pronunciamiento, además de las normas procesales pertinentes, mencionó el artículo 7 de la ley 23.928.

2. Luego de una serie de vicisitudes procesales relativas a las medidas tendentes a la ejecución del fallo, el co-demandado Callejo, al deducir un pedido de levantamiento de secuestro, sostuvo que entregó a la parte actora (Dr. Miguel Angel Peralta hijo) dos cheques por $ 2.500 cada uno, acompañando un recibo en demostración de tal extremo y una constancia emitida por el Banco de Santa Fe S.A. en el sentido de que uno de los títulos valores ya había sido percibido por el Dr. Peralta (ver. fs. 119/123).

A foja 150 se agregó otra constancia emanada del Banco de Santa Fe S.A. en el sentido de que el restante cheque también fue percibido por el Dr. Peralta.

En fecha 23.9.1996 (fs. 159/163) el co-demandado Callejo practicó liquidación de capital e intereses, aplicando respecto de este último rubro una tasa del 33% conforme a jurisprudencia que atribuyó al propio juzgado donde tramitan los presentes y a la Alzada; esa planilla ascendió, al 30.6.1996, a $ 3.749,49. En función de ello e invocando los pagos efectuados ($ 5.000), entendió que la deuda estaba saldada íntegramente y el saldo restante lo imputó a cuenta de honorarios y aportes. En esa oportunidad, introdujo la cuestión de la exorbitancia de los intereses convenidos.

Esa planilla fue finalmente puesta de manifiesta según decreto del 3.10.1996 (f. 165 v.).

El actor, al tomar conocimiento de la liquidación practicada por Callejo, pidió se la deje pendiente de aprobación hasta tanto se cumplimente una informativa al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos a fin de determinar la tasa pactada en el contrato de locación (f. 166). En fecha 17.3.1998 y luego de una serie de alternativas vinculadas con la determinación de la tasa -en rigor con la imposibilidad de su determinación- y con otros aspectos procesales, el Magistrado de baja instancia aprobó la liquidación practicada por el co-accionado (f. 238 v.). En su decisorio, el A quo refirió a las dificultades para esclarecer la tasa de interés y dijo expresamente que "transcurrido un año y medio corrido desde el pedido de suspender la providencia de aprobación, no corresponde que quede la situación irresoluta por tal circunstancia, atento a la -prácticamente- imposibilidad de cumplimiento de tal condición, más allá de un lapso razonable de tiempo". Finalmente, recordó que la aprobación judicial de una liquidación no decide acerca de la procedencia y legitimidad de las partidas que contiene.

El auto de aprobación fue notificado a la contraparte sin que formulara objeciones sobre el particular (f. 238).

A renglón seguido el Tribunal intimó al Dr. Miguel Angel Peralta a que manifieste si le pertenece o no la firma del recibo que acredita la percepción de los cheques "supra" referidos -lo que se notificó conforme constancia de foja 246-. Asimismo, reguló los honorarios profesionales (f. 239).

3. A fojas 242/245 el actor practicó su liquidación de capital, intereses y costas, manifestando que lo hacía de conformidad a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y que si bien las tasas aplicadas no eran las pactadas, resultaban más acordes que las utilizadas por la contraparte. Esa planilla ascendió, a mayo de 1998, a $ 258.166,31.

El co-demandado Callejo impugnó la liquidación del accionante. Alegó, básicamente, que ya existía una planilla aprobada; que se vulneraban las leyes 23.928 y 24.283, que la suma que arrojaba -intereses moratorios y punitorios capitalizados- era exorbitante (representaría un 700% del valor del inmueble dado en locación) e invocó nutrida jurisprudencia en torno a la morigeración judicial de intereses excesivos (fs. 251/256).

Sustanciada la impugnación con el actor, éste adujo que la postulación debía rechazarse en tanto no demostraba la discordancia entre las tasas aplicadas y la sentencia de autos. También señaló que la jurisprudencia invocada no resultaba trasladable al "sub lite" (f. 257).

Luego de otra serie de vicisitudes, en fecha 10.3.2000 el Juez en primer grado de conocimiento dictó resolución acogiendo la impugnación del co-accionado (fs. 283/286). En lo que aquí interesa: 1) aclaró que la materia debatida no incluía el tema de la revisión de los intereses; 2) decidió fijar en $ 277,60 el importe -inamovible- de cada mes adeudado; 3) puntualizó que la capitalización de intereses no estaba pactada ni prevista en la sentencia; 4) que el demandado no se agravió por la falta de deducción de los pagos; 5) ante la imposibilidad de determinar la tasa del contrato, resolvió aplicar la contemplada en la Comunicación A 1828/1991 (BCRA) y la fórmula de la Comunicación 14.290 (BCRA); 6) finalmente, sobre las bases expuestas, efectuó los cálculos de rigor arribando a la suma de $ 12.940,88 comprensiva de capital, intereses moratorios y punitorios.

Ese decisorio fue apelado por ambas partes. El co-demandado limitó su impugnación a la no deducción de los pagos que efectuó (f. 291). Al expresar agravios, además, agregó que existía una planilla aprobada y firme que no había sido considerada por el Magistrado (fs. 317/319).

El actor, por su parte, cuestionó el cánon fijado como base de cálculo por el Juzgador; objetó la denegación de la capitalización en la inteligencia de que sí estaba pactada e impugnó las tasas de interés aplicadas porque no eran las acordadas (f. 287).

La Sala, al conocer por vía de apelación, acogió parcialmente el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, mandó practicar nueva liquidación con base en un alquiler mensual constante de $ 277,60 a partir del mes de abril de 1991, con capitalización mensual de intereses (fs. 427/431). Para así decidirlo, y en lo que resulta de interés en el presente, los Juzgadores señalaron inicialmente que el marco rector sobre el que habrá de practicarse la liquidación debía ceñirse a la sentencia que mandó seguir adelante la ejecución por el capital reclamado con más los intereses moratorios y punitorios pactados.

Seguidamente consideraron que en el contrato de locación se había pactado la capitalización de los intereses moratorios y punitorios, razón por la cual acogieron el agravio del actor en este sentido; mandando realizar una nueva liquidación por parte de la actora con contralor de la contraria.

En lo concerniente a la apelación del co-demandado Callejo relativa a la existencia de una planilla firme, señalaron los Judicantes que toda liquidación es susceptible de ser corregida en los errores que se constatan aún después de aprobada, hasta que se produzca el pago con fuerza cancelatoria, habida cuenta que lo liquidado debe ajustarse a la sentencia en consonancia con el efecto propio de la cosa juzgada, pues por medio de ella no es dable admitir la distorsión de una sentencia firme.

Luego, a raíz de una aclaratoria deducida por el demandante, el Tribunal señaló que las tasas de interés aplicadas por el Juez de baja instancia habían resultado, en definitiva, consentidas al no haber "mediado técnicamente agravio con entidad bastante como para forzar a este Tribunal a pronunciarse" (f. 454).

4. Contra el decisorio que manda practicar una nueva planilla con capitalización de intereses, deduce el co-accionado recurso de inconstitucionalidad por entender que lo decidido resulta lesivo de sus derechos constitucionales ("libertad patrimonial", "dignidad de la persona humana" e "igualdad ante la ley"), como por considerarlo arbitrario.

Aclara inicialmente que no cuestiona la suma mensual a tomar en cuenta para la liquidación de los alquileres adeudados ($ 277,60), limitando su impugnación a la capitalización de los intereses y a la omisión de considerar los pagos que efectuó.

Dice, en tal sentido, que una capitalización mensual de intereses, así sea con un índice del 12% anual, es una grosera forma de repotenciación de deuda expresamente prohibida por la ley 23.928. Asegura que los juzgadores no efectuaron cálculo alguno acerca de los efectos que sobre su patrimonio puede ocasionar lo decidido, desde que de realizarse la liquidación de la deuda conforme a los parámetros de la sentencia impugnada, se alcanzaría un diez mil, quince mil o veinte mil por ciento del monto originariamente adeudado, lo que califica de "locura y despropósito jurídico".

Además, entiende que colisionaría con la ley 24.283 de desindexación, habida cuenta que si un alquiler de un departamento de dos habitaciones como el del contrato de locación de autos en la actualidad no supera los $ 250 o $ 300, la resultante del fallo no sólo superaría en 20.000 veces el valor de la cosa o prestación sino que además superaría cuatro o cinco veces el valor del inmueble objeto de la locación.

De allí colige que el pronunciamiento impugnado viola dos leyes de orden público como la 23.928 y la 24.283 de aplicación al "sub lite".

En otro orden, se agravia de que la Sala no haya considerado el pago documentado a fojas 119/121 y 148/150 que era "casi cancelatorio de la totalidad de los rubros reclamados" y lesiona la "libertad patrimonial" por cuanto resulta condenado a pagar algo que no debe y menos en la cuantía que se establece, privándolo ilegítimamente de su derecho de propiedad.

Aduce violación a "la dignidad de la persona humana" al coartar la defensa de sus derechos y asevera que no se han considerado partes básicas de la apelación y de los agravios que formulara, apartándose además de la normativa legal y ordenando una liquidación de imposible cumplimiento. Todo ello, dice, vulnera su derecho de defensa en juicio y el principio de igualdad.

Se agravia también por la imposición de costas las que, atento la desproporcionada planilla que practicó, deben ser cargadas por la parte actora.

En suma: le imputa a los Sentenciantes caer en una "interpretación dogmática y absolutamente distanciada de la realidad, la ley y la jurisprudencia, ni siquiera analiza parte importantísima de la cuestión traída a debate y solamente se limita a elucubrar un resolutorio que a más de arbitrario, ilegítimo y jurídicamente absurdo ordena practicar una nueva liquidación con pautas taxativa y expresamente vedadas por la normativa vigente desde el 1 de abril de 1991 al 6 de enero del año 2.002, no obstante -encima- cargar en costas, también arbitrariamente, a quién no originó la desmedida liquidación practicada ante el A quo y que motivara la apelación aquí dilucidada". 5. Conforme surge del relato precedente, la sustancia impugnativa -y con ello la materia remanente en los presentes- se circunscribe a dos aspectos: la capitalización de los intereses moratorios y punitorios y lo atinente a los pagos efectuados por el recurrente. No se discute ya lo concerniente al canon mensual que se tomará como base para determinar la deuda ni la tasa de interés en sí misma (ver resolución de foja 454), atento a que las partes, conforme surge de las constancias de la causa, han consentido esos aspectos.

Aclarado lo anterior, adelanto que a mi juicio la resolución impugnada merece reproche constitucional.

Dos órdenes de razones conducen a que el pronunciamiento no ofrezca las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, vulnerando garantías consagradas constitucionalmente.

5.1. En primer lugar, el acogimiento de la capitalización mensual de los intereses importa derechamente dejar de lado resoluciones firmes y consentidas dictadas en el mismo proceso, esto es: la sentencia de remate emanada del Juez de baja instancia y la liquidación de fojas 159/163 aprobada por el mismo Magistrado a foja 237 vuelto.

En efecto, la sentencia de primera instancia ordenó seguir adelante la ejecución por el capital reclamado más los intereses moratorios y punitorios pactados.

Al practicar su liquidación -la primera realizada en el expediente- el co-demandado Callejo no utilizó las tasas convenidas atento que a su criterio la aplicación de esos réditos llevaba a una suma exorbitante que los tornaba nulos; en su lugar, y con arreglo a la jurisprudencia y doctrina que citó, computó un 33% comprensivo de intereses moratorios y punitorios, sin capitalización alguna.

El actor, al tomar conocimiento de la planilla referida, nada dijo en cuanto a la ausencia de capitalización. Por el contrario, su postulación sólo objetó el tipo de interés contemplado por el demandado y se limitó a solicitar que se difiera la aprobación de la liquidación hasta tanto se produzca una informativa destinada a determinar, precisamente, cuál era la tasa pautada en el contrato de locación (f. 166).

Luego de una serie de alternativas vinculadas con dicha informativa y tal como se relató precedentemente, el Juez de baja instancia aprobó la planilla practicada por Callejo la que, se reitera, no contenía capitalización de intereses. El auto por el que se aprobó la planilla no fue objeto de cuestionamiento alguno por ninguna de las partes, quedando, en consecuencia, firme. Es recién a partir de allí que el actor, al practicar el cálculo de la deuda, introduce la capitalización de los réditos.

Dos conclusiones se desprenden sin mayor hesitación de lo expuesto. Por un lado, que la sentencia de remate no contenía capitalización de intereses y, por otro, que la planilla practicada por el co-accionado ya no resultaba revisable en este aspecto el que, de consiguiente, había pasado a formar parte de su derecho de propiedad (Fallos: 238:826). A ello no empece que la planilla se hubiera aprobado "en cuanto por derecho corresponda", extremo que autoriza su modificación para adecuarla a las condenaciones de la sentencia, toda vez que la operatividad de esa facultad está supeditada a que nuevos elementos de juicio demuestren que se incurrió en error o se practicó un cálculo no acorde con la realidad" (cfr. "López" A. y S., T. 112, p. 464).

Todo lo contrario ha ocurrido en el "sub lite" pues, so pretexto de la provisoriedad, la Sala ha alterado aspectos de decisorios anteriores firmes y sobre los cuales operó la preclusión al incorporar la capitalización de intereses. Obsérvese que la provisoriedad de la liquidación y su consecuente aprobación se limitaba a la temática de la tasa de interés acordada en el contrato, pues el demandado por considerarla exorbitante y el actor por la imposibilidad de establecerla con precisión, no habían conseguido allegar al Tribunal los elementos idóneos para su definitiva fijación; pero la capitalización -o más precisamente la no capitalización- ya había quedado zanjada definitivamente en virtud de resoluciones firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada.

Enfocado desde otra óptica: si la liquidación debe constituir el reflejo de las condenaciones de la sentencia, mal podía la Alzada admitir el rubro de marras cuando el propio emisor del fallo, al interpretar su decisión mediante el auto del 17.3.1998 obrante a foja 237 vuelto, había considerado, en decisión firme y consentida, que la capitalización no estaba pactada ni contenida en la sentencia. Este criterio, por lo demás, fue reiterado en la resolución del 10.3.2000 (fs. 283/286).

Es decir que el A quo se aparta del criterio del propio emisor del fallo, plasmado en resoluciones firmes y, por esa vía, de la cosa juzgada en que había pasado la sentencia de remate. Esta es la interpretación que se desprende de las constancias de autos y la Sala, al prescindir de ellas y pretender desconocer decisiones anteriores firmes, cae en arbitrariedad, lo que destituye de fundamento al decisorio (Carrió, Genaro R. y Carrió, Alejandro, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", Bs. As., 1983, Abeledo- Perrot, ps. 291 y sigtes.).

Por fuera de ello, no puede pasar inadvertido para esta Corte que la decisión del A quo podría conducir a un resultado disvalioso y alejado de toda pauta racional como se admite en el propio auto de concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 455/456), de lo cual resulta ejemplo cabal la liquidación practicada por la actora la que, partiendo de una deuda original de $ 1.526,24 proveniente de la falta de pago de cinco meses de alquiler (posterior a la ley de convertibilidad) arribó -a mayo de 1998-, a un importe de $ 258.166,31.

Estas últimas consideraciones habilitan a recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que deben descalificarse las sentencias que aprueban liquidaciones que por la capitalización de intereses en breves lapsos, concluyen en un resultado que quiebra toda norma de razonabilidad, violenta los principios establecidos en los artículos 953 y 1071 del Código Civil y desnaturaliza la finalidad de la pretensión entablada (cfr., por todos, "Caja de Créditos Flores Sud Sociedad Cooperativa Limitada", Fallos: 317:53 y, de este Cuerpo, "Mastrogiovanni, Haydeé", A. y S., T. 200, p. 172 y la jurisprudencia allí citada).

5.2. La otra vertiente que también conduce a la invalidación de la resolución impugnada se vincula con la temática de los pagos efectuados por el co-demandado Callejo.

En este aspecto, el decisorio guarda riguroso silencio no obstante haber sido una de las cuestiones sobre las que giró la expresión de agravios del co-accionado y, por lo demás, un aspecto reiteradamente puesto de manifiesto en el expediente.

Así, advierto que ya al momento de practicar su planilla Callejo puso de manifiesto -y computó- los pagos que efectuó a favor del doctor Miguel Angel Peralta.

El Juez de baja instancia dispuso medidas en orden a la acreditación de la efectiva concreción de esos pagos, las que fueron notificadas al receptor, pero, en su resolución de fojas 283/286, entendió, no sin formalismo, que el demandado no se había agraviado de la no deducción de esos pagos.

Esto fue motivo de agravio concreto y puntual del co-accionado (ver f. 318 vto.).

La Sala, sin embargo, ninguna consideración le dedicó a este tópico no obstante resultar una cuestión relevante para la resolución de la temática que tenía ante sí, esto es: la liquidación de la deuda.

En tales condiciones, la decisión recurrida merece reproche constitucional en los términos de la conocida doctrina de la arbitrariedad, habida cuenta que se ha omitido la consideración de una cuestión propuesta a juzgamiento y conducente para la resolución del litigio (Fallos: 239:126; 304:630, entre muchos otros).

Desde luego que lo aducido por el vocal disidente en el auto de concesión del recurso de inconstitucionalidad, esto es la remisión a un decreto del Juez de baja instancia que difería el tratamiento del punto por no existir admisión de la contraria, carece de entidad para excusar la omisión apuntada, desde que, con posterioridad a ese decreto, el mismo Magistrado dispuso medidas tendentes a comprobar la veracidad de los pagos realizados que fueron llevadas a cabo, extremo que tiñe al razonamiento de un excesivo rigor formal en tanto pospondría la decisión del punto con el consiguiente desgaste jurisdiccional que ello trae aparejado.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7.055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)