Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-03-09


Río Gallegos,	09	de marzo de 2010.- Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados "CARRUTHERS MARCELA ALEJANDRA s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO: DE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.", Expte. Nº C-5.724/04 (C-1.549/06), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte concursada a fs. 175/183 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 161/162 vta. en cuanto confirma la sentencia de primera instancia la cual declara verificado el crédito insinuado por la Banca Nazionale del Lavoro.- La incidentada sostiene que en la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones existe: ". a) violación y aplicación errónea de la ley o la doctrina legal, y b) manifiesta arbitrariedad." (confr. fs. 175).- Respecto de la violación de la ley argumenta que ".La ley 24522 exige que al promoverse el incidente de revisión previsto en el art. 37 LCyQ en el mismo se pruebe la causa de la obligación por aplicabilidad de los arts. 280 a 287 LCyQ articulado mediante el cual debe promoverse, sustanciarse y sentenciarse el incidente de revisión. Cuestión que los jueces de Cámara que hoy rechazan el recurso de apelación interpuesto no hicieron, por cuanto los mismos sin sustento jurídico alguno, dejaron de lado los principios y normas de la ley concursal aplicables a la especie y a su vez conduncentes (sic) a una solución ajustada a derecho, la que exige que se pruebe la causa. Al resolver como lo ha hecho la Excma. Cámara se estaría sentenciando en la etapa previsto en el art. 36 LCyQ y no en la etapa posterior que abre el incidente de revisión. En consecuencia la sentencia de Cámara viola el cumplimiento de la ley, al resolver de acuerdo a lo previsto en el art. 36 LCyQ y no de acuerdo a lo previsto en el art. 37 LCyQ que nos deriva a la aplicabilidad de los arts. 280 a 287 LCyQ.- En consecuencia se ha violado la ley." (confr. fs. 179 vta.). Agrega que ".Tratándose en este caso de un acreedor hipotecario, la propia ley, Art. 281 y cctes, exige que debe probar la causa, acompañando la solicitud del crédito al que remite la escritura hipotecaria, cuestión que permitiera determinar las condiciones pactadas, ni se acreditó la entrega de fondos supuestamente prestados. Por lo tanto la entidad financiera insinuante no logra acreditar la efectiva materialización del negocio jurídico en cuya virtud se otorgara la garantía hipotecaria en el cumplimiento de la ley al acceder a la vía incidental. Cuales fueron los elementos que llevaron a V.E., a entender que la causa invocada resulta verosímil. Si el actor no ofreció prueba que acreditara la materialización del negocio jurídico." (confr. fs. 180).- Bajo el título de "violación de la doctrina legal" se agravia de que no se ha aplicado el mismo criterio sentado en la causa "Estancia Glencross S.A.C.G.e I. c/ Castro Alejandro y otra s/ quiebra incidente de verificación Huechimapu S.A." inscripta al Tomo LXXII, Interlocutorio, Reg. 7071, Folio 104/106 donde la Cámara dictaminó que ".cuando media una sentencia ejecutiva como tal. resulta provisoria, dado el consejo del Síndico desfavorable y la oposición del fallido, lo que implica una importante consecuencia procesal que habilita el recurso de revisión para tratar con mayor amplitud los argumentos y pruebas del acreedor y del fallido... En segundo término. el acreedor que presenta un crédito proveniente de una sentencia ejecutiva no se encuentra eximido de indicar la causa de la obligación que sustenta el decisorio en la etapa tempestiva y de indicarla y probarla en el supuesto de verificación tardía o de incidente de revisión, por ser estas etapas de mayor amplitud de debate y prueba." (confr. fs. 180 vta./181).- Aduce que también se ha violado la doctrina legal respecto de la sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia en la causa "Murugarren Francisco Ignacio c/ Picone José Américo s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Créditos Banco Bansud S.A." inscripta al Tomo XII, Sentencia, Reg. 416, Folio 2270/2276 ".en donde si bien se trataba de una cuestión distinta, dado que se trataba la 'cosa Juzgada' obtenida en la aplicabilidad de la Ley Concursal, lo que se resolvió en dicha circunstancia, ordenando hacer lugar a la casación y confirmando el fallo del Juez de Grado, fue la aplicabilidad de la ley concursal." (confr. fs. 182). Agrega que ".este fallo de la Máxima autoridad judicial de la Provincia de Santa Cruz,. ha dejado sentada una doctrina legal aplicable también a este caso, la cual es la estricta aplicabilidad de las normas del derecho concursal, resolviéndose en consecuencia, que cuando el juzgador viola expresas disposiciones de la ley de Quiebras y que cuando en el ejercicio jurisdiccional se cae palmariamente en apartamiento de la ley aplicable. Corresponde la Casación, haciendo lugar a dicho recurso y aplicando en consecuencia la normativa vigente." (confr. fs. 182 vta.).- Por último alega arbitrariedad en la sentencia por haberse apartado -sostiene- de la normativa aplicable al caso, cita jurisprudencia y doctrina y realiza reserva del caso federal.- Concedido el recurso de casación -queja mediante- (confr. fs. 246 y vta.) y puestos los autos a disposición de las partes, las mismas no hacen uso del derecho acordado por el art. 8º de la ley 1.687, y corrida vista a fs. 251 al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dictamina a fs. 252/254 vta..- II.- Que conforme ha quedado articulada la cuestión extraordinaria por el recurrente, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo del artículo 3° inciso a) de la Ley 1687 -Recurso de Casación- por estar vinculada a un defecto de interpretación legal por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, como así también arbitrariedad y violación de la doctrinal legal.- Que, el agravio de la recurrente respecto de la sentencia de la Excma. Cámara, se fundamenta en que no se encontraría probada la causa del crédito presentado por la actora a verificar.- Así, en el interlocutorio por el cual se hace lugar al recurso de revisión impetrado por el verificante (fs. 122/123 vta.), el Señor Juez de Primera Instancia consideró que la causa del crédito "...surge de un préstamo dinerario efectuado por la entidad bancaria al concursado por la suma de $ 150.000,00, el cual fue instrumentado en escritura pública y garantizado con derecho real de hipoteca a favor del acreedor sobre un bien inmueble de la concursada, y acreditada la suma en la Caja de Ahorros Nº 325.120-0. la existencia del mutuo, el cual no fue cuestionado por el concursado ni por el síndico, adquiere, a entender de este magistrado suficiente entidad para determinar la admisibilidad del crédito insinuado, toda vez que en el mismo se expresa que los fondos de dicha operación serán destinados por la parte deudora a 'la cancelación de la hipoteca que reconoce el inmueble. que es la única vivienda propia, familiar y de ocupación permanente de la parte deudora.'..." (confr. fs. 123).- Posteriormente, la Excma. Cámara de Apelaciones, como fundamento para confirmar la resolución apelada, expresa: ".en el sub lite de la escritura acompañada resulta precisada la celebración de un mutuo entre las partes y sus términos que dan origen al crédito. Más aún, dicha prueba como tal implica demostrar no sólo relación jurídica entre partes sino también establecer la naturaleza y el contenido exacto de los derechos y obligaciones emergentes del mismo; máxime que el crédito cuya verificación se persigue fue denunciado por la propia deudora en oportunidad de peticionar el concurso y acusar su pasivo (v. certificación actuarial de fs. 160) y siendo que fue acreditado por instrumento público suscripto por la concursada y sin cuestionamiento de ningún acreedor de la masa; como así también por no haberse probado, inclusive ni alegado, que ha sido fraudulentamente concebido, corresponde desestimar los agravios vertidos..." (confr. fs. 161 vta./162).- El fundamento de la Excma. Cámara resulta acertado pues, la obligación, al ser instrumentada por medio de escritura pública lleva ínsita la causa en el documento mismo.- De esta manera, y siendo que del mutuo hipotecario acompañado en autos, se extrae con claridad el negocio jurídico al que accede, debe considerarse satisfecha la carga de probar la causa de la obligación.- Al respecto se ha expresado: "A diferencia de lo que ocurre con los títulos abstractos, que no tienen una relación directa con su causa -razón por la cual no le basta al acreedor con presentar el pagaré, sino que debe indicar cuál es la causa de su libramiento (art. 32 de la ley 24.522)-, en el caso del mutuo hipotecario, que no es abstracto, la causa surge del acto mismo de manera que para acreditarla sólo basta con la presentación del documento (escritura pública) que contiene su instrumentación" (confr. SCBA, C 94324 S 27-2-2008, Juez Genoud, en autos: "Robert, Hugo y otros c/ 'Laguna La Tosca S.A.' Concurso preventivo s/ Incidente de verificación tardía"). Y también se ha dicho que la exigencia de indicar la causa del crédito rige en verdad para los títulos abstractos (pagarés, cheques, letra de cambio, etc.), pero no para los títulos causales, pues el título mismo porta la expresión sobre su génesis" (confr. SCBA, Ac 97207, S 25-3-2009; Ac 88538, S 7-2-2007; Ac 84977, S 24-8-2005, Ac. 81063, S 6-4-2004, entre otros).- Es que, imponerle mayores exigencias probatorias al acreedor -como el alegado por la recurrente en cuanto a que no se ha probado el ingreso a su patrimonio de la suma dada en mutuo-, importaría presumir una maniobra simulatoria o una colusión dolosa entre el acreedor y el concursado y establecer de hecho recaudos no impuestos por la ley concursal; y como bien señala el ad-quem, no se ha probado ni alegado que el mutuo hipotecario haya sido fraudulentamente concebido. Es decir, no fue objeto de redargución de falsedad (art. 979 del Código Civil).- Ello, es resaltado tanto por el Juez de Primera Instancia, como por la Excma. Cámara, guardando silencio el recurrente al respecto.- Es de destacar, que el mutuo hipotecario ni siquiera fue objetado por el síndico.- Por último, es de recalcar lo expresado en la sentencia en crisis, respecto de la certificación obrante a fs. 160; es decir, la mención de la recurrente en oportunidad de peticionar el concurso y acusar su pasivo, donde no sólo se reconoce el crédito sino incluso se acompaña la copia de la escritura pública de marras.- En la foja citada puede leerse: ".teniendo a la vista los autos caratulados: "Carruthers Marcela Alejandra s/ concurso preventivo", Expte. C-5724/04, surge que a fs. 90/92 vta., Marcela Alejandra Carruthers en el escrito "solicita apertura concurso" la concursada en el punto 5.5 denuncia la nómina y legajos de acreedores cuyo detalle obra en el anexo VII. Que a fs. 30 en el referido anexo, identificado con el nº 12, detalla Denominación: Banca Nazionale del Lavoro S.A., causa del crédito préstamo hipotecario, monto 150.000, categoría del crédito privilegiado. Obrando a fs. 52/71 copia de la escritura pública nº 436. Conste...".- Ello constituye lisa y llanamente una evidente contradicción en el actuar de la recurrente, al venir en esta instancia invocando que no se ha probado la causa del crédito.- Por todo lo expuesto, es que debe rechazarse el agravio esgrimido.- III.- Que, respecto del agravio nombrado como "violación de doctrina legal", cabe señalar que el mismo se bifurca en las siguientes cuestiones: por un lado señala como violada la "doctrina legal" emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en la causa "Estancia Glencross S.A.C.G. e I c/ Castro Alejandro y otra s/ quiebra incidente de verificación Huechimapu S.A." y por el otro señala como violada la doctrina legal emanada de la sentencia dictada por este Tribunal Superior de Justicia en la causa "Murugarren Francisco Ignacio c/ Picone José Américo s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Crédito Banco Bansud S.A.".- En lo que respecta a la impugnación por violación de la doctrina legal (art. 3º inc. a), ley 1.687) que, la recurrente plantea a fs. 180 vta./181, debe aquí adelantarse su improcedencia. En efecto, todo este agravio gira, en principio, en torno a una alegada violación de "doctrina legal" emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción. Debe hacerse notar que el recurso de casación reglamentado por la ley 1.687 establece en su artículo 3° que: "...Habrá lugar al recurso de casación por violación de la Ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por otro tribunal colegiado de única o última instancia de la Provincia dentro de un lapso no mayor de tres (3) años.". Como surge del libelo que se analiza, la sentencia invocada por la recurrente -como fundamento de doctrina legal- ha emanado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial y resulta una causal ajena al recurso de casación reglamentado por la ley 1.687. Cabe consignar que ".los autores, definen la doctrina legal específicamente determinada en la ley procesal como causal de recurso, como 'la resultante de la doctrina emergente de un conjunto de fallos coincidentes del Tribunal casador' o 'la jurisprudencia uniforme y reiterada del Tribunal sobre un punto legal'." (S.T.J. Chubut, in re Crespo, Miguel A. C. Empresa Río Colorado S.A. s/ Recurso de Casación, Causa A-38), quedando en claro entonces que 'doctrina legal', para los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, no es otra que la emanada del Tribunal Superior de Justicia Provincial. Así lo ha sostenido este Alto Cuerpo al expresar: ".es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)." (confr. Tomo III, Otros Recursos, Reg. 177, Folio 541/545, ídem, Tomo XIII, Sentencia, Reg 452, Folio 2.462/2.465). Lo antedicho permite deducir la improcedencia de ese ítem dentro del agravio planteado como "violación de doctrina legal".- Respecto del otro fallo citado para sustentar la violación de la doctrina legal, esto es "Murugarren Francisco Ignacio c/ Picone José Américo s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Crédito Banco Bansud S.A.", si bien el mismo ha emanado de este Tribunal Superior, cabe destacar que es la misma recurrente quien se encarga de señalar que ".se trataba de una cuestión distinta." (confr. fs. 182, 7mo. párrafo).- En función del planteo propuesto y de la trascendencia de la instancia que se transita y su conocimiento extraordinario, deviene ineludible señalar que este Cuerpo ha ido configurando y precisando la conceptualización de 'doctrina legal' en precedentes que en definitiva permitirán una clarificación más amplia del tema a tratar. Así, se ha enseñado que: "...La 'Doctrina legal' es "... aquella que fluye en forma de mandato general abstracto, imperativo, de las normas vigentes y que en definitiva constituyen su 'texto expreso'. Este se integra con el sentido literal de la norma con más la adición de su inteligencia, desentrañada racionalmente según las reglas de la ciencia jurídica. Es, en síntesis, la interpretación de la ley. El legislador ha querido comprender: sin duda 'los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva' y los principios generales del derecho, que en ausencia de un 'texto expreso de la Ley' deben ser aplicados para fundamentar las sentencias. Pero todos los principios jurídicos del derecho positivo como los principios generales del derecho, constituyen norma vigente y positiva, cuyo sentido debe ser esclarecido por el intérprete para resolver los casos concretos..."..." (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Sentencia, Reg. 160, Folio 806/816).- Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos, sino además la vinculación concreta entre el caso antecedente y el presente, '...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación. El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...' (confr. Hitters, Juan Carlos, 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación', ed. 1984, p. 250; TSJ Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 290, Folio 469/70; ídem, Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, "... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer..." (confr. STJ Chubut, 28-5-90, 'Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido', Causa A-58), y en su caso, "...la demostración de su vinculación con el problema a resolver..." (confr. CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564).- En base a lo expuesto, es que debe rechazarse también en este punto el agravio esgrimido.- IV.- Que respecto de la invocada arbitrariedad la misma no es demostrada convenientemente por la recurrente, tratando de englobar en dicha causal las dos anteriores antes señaladas, cuando en puridad, son distintas, careciendo de una fundamentación autónoma al respecto y resultado por ello inaudible también este agravio.- Como consecuencia de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto con la fallida a fs. 175/183 vta., confirmando la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/162 vta., con costas a la recurrente en virtud de lo normado por el artículo 68 del C.P.C. y C., teniendo presente la reserva del caso federal.- Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la fallida a fs. 175/183 vta. y, en consecuencia confirmar la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/162 vta., con costas.- 2º) Tener presente la reserva del caso federal.- 3º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse.- La presente sentencia de dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27º de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 1.600 y modificatorias).-