marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Mamani, Máximo; Marcial, Walter y otros s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-09-03

Las alegaciones relativas a la ebriedad sólo tienen cabida en el marco de la especie de impugnación extraordinaria deducida cuando, respetando la determinación de los hechos efectuada por el a quo, se propone un encuadramiento jurídico distinto, situación que difiere notablemente del caso de autos, en donde se confronta la valoración de la prueba y sus consecuencias en orden a la fijación de los hechos en los que se funda la condena. Incumbe a quien articula la casación la carga procesal de demostrar la existencia de graves vicios de razonamiento que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial válido. Tal extremo no se satisface con la simple mención de la existencia de numerosas constancias destinadas a acreditar un estado de ebriedad si éstas no se evalúan en el contexto de los argumentos en que se funda la condena, lo cual era indispensable para permitir la apreciación de un supuesto de arbitrariedad que habilitara la excepcional incursión en materia de hecho y prueba. Los cuestionamientos que involucren a la materia probatoria, para ser excepcionalmente admisibles, deben alcanzar la entidad suficiente para descalificar al fallo como pronunciamiento judicial válido, y que ello responde a la necesidad de evitar que desbordes infundados de un recurso se traduzcan en el desaprovechamiento de los beneficios específicos para la apreciación de la prueba que han dado lugar al establecimiento de la etapa plenaria del proceso penal, regida por los principios de inmediación y concentración.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Carafa, Iván Eduardo. c/ Compañía Noroeste S.A.T. s/ Despido y salario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-25

La denuncia de supuestas irregularidades ocurridas durante la audiencia de vista de causa no puede atenderse por la Suprema Corte toda vez que -en principio- la instancia de la casación se ocupa de la sentencia y no del proceso.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

Es una manifestación de prudencia jurídica atenerse a la opinión del experto, sin que por ello se resigne la atribución de administrar justicia; lo es a condición que el dictamen aparezca suficientemente fundado, con fuerza asertiva y razonadamente fundada y sin que se le opongan argumentos de suficiente peso u otras probanzas de igual o mayor idoneidad, como para apartarse de sus conclusiones
Debido proceso, declaración autoincriminante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

La prohibición de autoincriminación del artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere a las comunicaciones o expresiones que provienen de la propia voluntad del imputado lo cual no incluye los casos en que cabe prescindir de esa voluntad, entre los cuales se encuentran los supuestos en que la evidencia es de índole material, y lo que se prohíbe en estos casos es la compulsión física o moral para obtener declaraciones emanadas del acusado mediante la fuerza y no la exclusión de su cuerpo como evidencia material en un juicio (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rial, Victoriano c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Inconstitucionalidad Ord. 6360/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La apertura y funcionamiento de la sala de Bingo del actor no constituye una circunstancia que haya tornado inexistente el interés jurídico procesal -en la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibió la explotación de ese juego- o, dicho en otros términos, que haya producido alguna modificación en el carácter de "parte interesada" del accionante (requisito previsto en el inc. 1° del art. 149, Const. prov. 1934, actual inc. 1° del art.

161). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, sentencia condenatoria, prisión perpetua, inhabilitación perpetua, coautoría, homicidio calificado con el concurso de personas, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: J.A.S.; J.G.O.; F.A.A. y N.M.S. p.s.a homicidio agravado por el número de participantes y por ser cometido con armas de fuego. Caimancito c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-07-03

Cabe rechazar los recursos de casación incoados por las Defensas Técnicas de los imputados, y en su mérito, confirmar la condena a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por ser coautores materiales y penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el número de participantes y por ser cometido con arma de fuego, previsto y penado en el art. 80 incs. 6 y 41 bis en función de los arts. 45, 54, 12, 29 inc. 3, 40 y 41 del CP y art. 436 del CPP, pues conforme la autopsia realizada luce probada la muerte violenta de la víctima producto de disparos de arma de fuego, la ubicación de los encartados en la escena del crimen y las pruebas habidas al respecto resultan suficientes para imponer la presencia de cada uno de ellos en el lugar del hecho. Asimismo, se discurre sobre lo argumentado en relación a tomar un hecho ocurrido el día anterior como justificante de una pretendida legítima defensa o un exceso de ella por parte de los imputados, desde que no se cumplen los requisitos esenciales del tipo penal -la ausencia de contemporaneidad entre la agresión inicial y la respuesta dada por el agredido-. Tampoco es propicia la calificación legal ensayada por las Defensas relativa a que la muerte de la víctima se produjo en ocasión de una riña, con lo cual la pretendida figura prevista en el art. 95 del CP resulta inaplicable al accionar de los imputados, debiendo rechazarse el agravio en tal sentido. A mayor abundamiento, no fue debidamente acreditado que se tratara de un enfrentamiento entre bandas -como alegaron las defensas- sino que por el contrario, los testigos presenciales y quienes se encontraban en las cercanías del lugar que lograron ver parte del ataque, señalaron que la víctima era perseguida por sus agresores, que no portaba armas y que intentó escapar del ataque.
Proceso penal, acción civil, demandado civil, quiebra, fuero de atracción
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: MORENO FERNANDO ADRIAN s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-11-20

La Ley de Concursos 19551, con las reformas introducidas por Ley 22917, establece en el primer apartado del art. 136 el fuero de atracción, vale decir que la declaración de quiebra atrae al Juzgado en que ella se tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales salvo las excepciones taxativamente señaladas;y en el segundo apartado establece que el trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme. Por otro lado, el art. 137 de la citada ley, otorga a la actora la opción de desistir en contra del codemandado fallido y continuar la acción en contra de los demás demandados.

Si, en el caso, el co-demandado civil fue declarado en estado de falencia en el fuero comercial, debe suspenderse el ejercicio de la acción civil entablada en su contra en el proceso penal y remitir las actuaciones al Juez de la Quiebra.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, expropiación, etapas del proceso
Materia: CIVIL
Carátula: VIX  S.A.C.I.F.I. c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

El art. 19 de la ley 21.499 de aplicación debido a la remisión dispuesta por el art. 55 de dicho cuerpo legal, contempla expresamente la posibilidad de producir prueba y de alegar sobre su mérito en el procedimiento de expropiación.

Esa circunstancia es demostrativa de una realidad procesal, integrada por tres etapas a los efectos de la regulación de los honorarios profesionales en los procesos de esta índole (art. 37 del arancel). No basta detenerse en una interpretación meramente literal de lo que, a primera vista, parece disponer el recordado art. 19, cuando establece el trámite por "juicio sumario", pues a renglón seguido se aparta de la regulación específica por la ley adjetiva de dicho procedimiento, al establecer "un traslado por quince días al demandado".

El art. 41 de la ley 21.839, ignora la tercera etapa en el juicio expropiatorio, la que se encuentra configurada, a estar a lo dispuesto por el art. 38 del mencionado cuerpo legal, precisamente "por los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva".

En la disyuntiva que se plantea en la aplicación de estos dos artículos, dado que el de expropiación no es un proceso sumario en el estricto sentido técnico de este vocablo, debe juzgarse al juicio como dividido en tres etapas, pues a los fines de la regulación de los honorarios, la estructura del procedimiento se acerca y asemeja al denominado "ordinario", que por otra parte es la regla (art. 319, Código Procesal) más que al llamado "sumario", que es la excepción al constituir, en definitiva, una versión escasamente abreviada de aquél.-
Confirmación de sentencia, colación, sucesiones, herederos forzosos, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GUILLEM HECTOR DANIEL c/ GUILLEM LAURA s/ ACCION DE COLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-16

Debe ser confirmada la sentencia que al hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor dispuso que en la etapa de partición del proceso sucesorio se colacione el valor del inmueble objeto de la donación, por cuanto no se encuentra en discusión que tanto el actor como la demandada son herederos forzosos de la causante como tampoco que existió una donación de la mencionada a favor de la demandada sin dispensa de colacionar. A partir de lo expuesto es que el recurso -apelación- no resulta procedente debido a la falta de dispensa expresa de colacionar más allá de las consideraciones sobre la valoración de la Prueba.
Accidentes de trabajo, monto del juicio, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Tagniani Francisco Daniel c/ Instituto Autarquico Provincial Del Seguro De Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-06

Al no cumplir la apelante el onus explanandi -también exigible en el procedimiento recursivo- y exponer porqué razón el monto que el resolutorio apelado desnaturalizaría el contrato, ni explicar porqué motivo o motivos la liquidación practicada en la sentencia arroja un resultado que excedería las limitaciones cuantitativas del contrato de seguro, su queja deviene insustancial y por ende inatendible (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Pagaré, presentación al cobro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Lázzari Raúl José y otra s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-10

La ley mercantil establece una presunción "juris tantum" favorable al portador del pagaré con vencimiento a días vista, de haber cumplido con la diligencia de presentación al pago, y por ende, pesa sobre el deudor la producción de la prueba que desvirtúe tal presunción. Pero ello ha de ser a condición de que el ejecutante manifieste haber presentado al cobro el documento en fecha y lugar determinados.-
Concursos, liquidación y distribución, realización de bienes, recurso de apelación (procesal), cuestión abstracta
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTADO  NACIONAL  FUERZA  AEREA ARGENTINA c/ RACA SA s/ Incidentede apelación (LANZAMIENTO LEY 17091).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Corresponde declarar abstracto un pronunciamiento sobre un recurso de apelación toda vez que éste versare sobre el requerimiento de medidas tendientes a realizar los bienes de la fallida. Ello así en tanto que, toda vez que dichos bienes hubieren sido adjudicados y retirados de los hangares aeroportuarios en los que se hallaban ha perdido razón de ser un pronunciamiento en este incidente, ya que la apelación no se ve acompañada de la subsistencia de un gravamen que justifique un pronunciamiento concreto (artículo 242 Cpr). Entonces, se ve que el cumplimiento de los sucesivos trámites de la quiebra hizo desaparecer el interés procesal de la apelante en este incidente, que quedó agotado en su finalidad por la liquidación, que, asimismo, hizo desaparecer las circunstancias de hecho contemporáneas al dictado de la resolución recurrida.
Declaración indagatoria, procesamiento, reincidencia, notificación, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
Materia: PENAL
Carátula: CARRAL, M.S. s/ REINCIDENCIA. PROCESAMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-10

Por cuanto el llamado a prestar declaración indagatoria debe entenderse como acto procesal equivalente al de procesamiento, debe comunicarse al Registro Nacional de Reincidencia dicho acto.
Partidos políticos, derechos adquiridos
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

No existe modificación legislativa que autorice la invocación de derechos adquiridos al amparo de la ley 23.298.
Daño moral, relación de consumo, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Palavecino, Gerardo Sergio c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-08-14

En lo que respecta al Daño moral, se debe tener en consideración que estamos ante una acción derivada de una relación de consumo en la cual es el consumidor -parte débil de la contratación- quien efectúa el reclamo.- Nuestra Carta Magna (art. 42 C.N) exige que los consumidores deben recibir un "trato equitativo y digno", refiriéndose a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. Conceptos éstos, cuya lesión claramente llevan al dolor, la angustia, la aflicción y los padecimientos provocados a la víctima por el evento dañoso. En otras palabras, la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor incuestionable en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad individual que constituyen sus más gratos afectos (cf. Lowenrosen, Flavio, "La dignidad, derecho constitucional de los usuarios y consumidores", elDial.com - DC5F8).- La doctrina mayoritaria considera que la reparación pecuniaria del daño moral es resarcitoria. Se busca proporcionar al lesionado o perjudicado una satisfacción por la aflicción y la ofensa que se le causó, que le otorgue no ciertamente una indemnización propiamente dicha o un equivalente mensurable por la pérdida de su tranquilidad y placer de vivir, pero sí una cierta compensación por la ofensa sufrida y por la injusticia contra él personalmente cometida. Desde este punto de vista el dinero del dolor no sólo hace referencia al menoscabo sufrido por el lesionado, sino principalmente a la actuación del dañador, es decir, al mayor o menor carácter ofensivo y reprochable de su proceder.- El daño moral consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. - Álvarez, Gladys S. "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los precedentes y posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homogéneas y equilibradas", Revista de Derecho Privado y Comunitario 21, Derecho y Economía, pág.127).- Es claro que el actor ha sufrido padecimientos ante la imposibilidad de acceder a la prestación del servicio de telefonía por otra empresa, ante la falta de desbloqueo por parte de la demandada reflejados en sus incesantes reclamos, incluso que derivaron en una denuncia ante la Dirección de Comercio Interior, produciéndole una clara lesión a la esfera espiritual que supera los que comúnmente la jurisprudencia denominaba como "padecimientos propios de la vida en sociedad", por lo que la indemnización por éste concepto asignada por la Jueza A-quo se ajusta a derecho. DRES.: COSSIO - MOVSOVICH.
Concurso aparente de leyes, robo con armas, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, H. s/ CONCURSO DE AGRAVANTES - ROBO: ARMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Cuando concurren las agravantes estatuidas en los arts. 167, inc.

2 y 166, inc. 2 C.P., la primera queda subsumida por la calificante del arma por ser este supuesto de mayor entidad.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: LOMBRAÑA, Miguel c/ BARCALA, Roberto Francisco s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

Las omisiones o defectos de la intimación previa no obstan al progreso de la acción de desalojo por falta de pago, si el locatario no prueba haber pagado los alquileres ni ofrece pagarlos en el proceso, en el cual la notificación de la demanda suple con holgura esa intimación fehaciente, máxime si aquél ha incurrido en mora por el mero vencimiento del plazo establecido en el contrato de locación.

Si no se tomó conocimiento de ella, sólo le queda la oportunidad de pagar o consignar lo que entiende adeudar o, en su caso, cuestionar el cargo de las costas.-
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, fundamentación del recurso, carga de la prueba, carga procesal, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: DURAN, Roberto c/ ARJONA, Catalina; CASTILLO, Teodoro; CASTILLO, Aureliano; BURGOS, Enrique s/ Desalojo por vencimiento de contrato y falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-03

Más allá de las facultades del juez y de la calidad de orden público de la normativa aplicable, es carga procesal de la parte acreditar los hechos que alega, como efecto de la regla del onus probandi.
Nulidad procesal, violencia de género
Materia: PROCESAL
Carátula: D. M. s/ SITUACION LEY 2786.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-12

Corresponde revocar el rechazo in limine de la nulidad de lo actuado articulada por quien fue denunciado en el marco de la ley N° 2786, al sostener el "A-quo", que carece de competencia para pronunciarse acerca de la validez de lo actuado por una Fiscal de otro fuero, y que debía ocurrir por la vía y forma pertinente, pues la ley habilita la bilateralización de la cuestión a través de la intervención de las partes: denunciante y denunciado, y tan es así que para ello fija como aplicables las reglas del proceso sumarísimo, en consecuencia, no se comprueba obstáculo a la revisión aquí postulada por vía de nulidad, máxime luego que la juez civil asumiera la competencia para decidir sobre lo actuado según la expresa atribución que le asigna la segunda parte del art. 7º de la ley especial, e indiferente a ello que en su etapa inicial haya intervenido uno de los funcionarios individualizados en su primer párrafo -la Fiscalía-, por tratarse de un mismo y único procedimiento.
Régimen de garantía de los depósitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUERO, ROBERTO Y OTRA c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

En el art. 56 de la ley 21526 el legislador ha atribuido al Banco Central, expresa y claramente, el ejercicio de una competencia delegada a fin de establecer los recaudos pertinentes para activar la garantía de los depósitos.
Corrupción, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ VICTOR NORMAN Y OTROS s/ CORRUPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-04

El art. 125 castiga al que promueve la corrupción de un menor tanto cuando lo hace con animo de lucro, como cuando lo hace para satisfacer deseos propios o ajenos. Por ello, no es suficiente para que el promotor a la corrupción sea punible que conciente y voluntariamente observe en relación al menor una conducta apta para depravarlo sexualmente. Este dolo está presupuesto y consiste en uno de los propósitos mencionados (por ejemplo, para satisfacer deseos propios). En este caso se trata del delito del depravador directo, del individuo de conducta sexual degenerada que, con la idea de satisfacer su vicio, promueve la corrupción de menores mediante la realización de actos sexuales de satisfacción de sus propios deseos.

El tipo de corrupción para satisfacer deseos propios es el genuino tipo de tendencia, lo que no quiere decir, sin embargo, que el sujeto corrompa para satisfacer luego sus deseos sexuales, o lo que es lo mismo, que el acto corruptor constituya un medio preparatorio de ulteriores acciones sexuales. Por el contrario, la corrupción para satisfacer deseos propios es la que se realiza mediante actos de satisfacción de la propia libídine, pero que se caracterizan porque propenden a la depravación sexual de la víctima. Esto es, tratan de captarla para hacerla a su semejanza.-
Compraventa, compra en comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paterno, M. c/ Ozan, R. H. s/ Cumplimiento obligación de escriturar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

El comprador en comisión tiene la posibilidad de denunciar el verdadero nombre de su comitente antes de la escrituración, sin estar sujeto al plazo que el ordenamiento ritual impone al comprador en subasta judicial (art. 582 CPC), especie diferenciada de la compraventa en general.
División de poderes, conflicto de poderes, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes Judicial de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-18

El argumento acerca de la naturaleza preventiva que ostenta la acción de amparo no es suficiente para impedir el ejercicio pleno de las facultades privativas de los poderes ejecutivo y legislativo en el procedimiento de designación de un juez del Tribunal Superior de Justicia, pues una conclusión contraria solo conduciría a desnaturalizar las funciones de los tres poderes del Estado. (Voto del Dr. José O. Casás).