marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tarjeta de crédito, aplicación de la ley, ley de defensa del consumidor, actuación de oficio, ley de orden público, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN SA c/ MACRI, STELLA MARIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito que unió a las partes, cabe aclarar que es pertinente en derecho la aplicación de oficio de la Ley 24240, por tratarse de una disposición de orden público (Ley 24240: 65; Farina, Juan, Defensa del consumidor y del usuario, p. 629, Buenos Aires, Astrea, 2008; Spota, A. Actualizado por Leiva Fernández, L., Contrato instituciones de derecho civil, T. VII, p. 1018, Buenos Aires, La Ley, 2009 ). De allí que, por tratarse de normas imperativas, los jueces deben aplicarlas con prescindencia de la alegación de parte (cfr. Rouillón, A., Código de comercio, comentado y anotado, T. V, p. 1246, Buenos Aires, La Ley; CNCom, Sala D, "Del Castro Christian c/ General Motors de Argentina SA s/ ordinario", 09.11.2009). Ello así, procede confirmar la solución a la que arribó el a quo respecto al plazo de prescripción contenido en el artículo 50 de la Ley 24240 (t.o. Ley 26631) que es igual al establecido en la Ley 25065 y que -en el caso- no había operado l momento de iniciarse las actuaciones.
Prueba del pago, recibo, falta de recibo, prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: MAMANI HUAQUIPA, SERGIO c/ VICENTE CAPURRO Y ANTONIO IORINO, SOCIEDAD DE HECHO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-24

La doctrina y jurisprudencia han prescindido de la existencia de recibos o de algunos de sus requisitos, cuando mediante confesión judicial 'expresa' del reclamante, se reconoció su cobro, y atendiendo al rango de la prueba referida. No puede seguirse ese criterio en caso de confesión ficta, sobre todo frente a la 'ausencia total de documentación' y no solamente de deficiencias formales de ella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal, facultades de la alzada
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mastrandrea, Edgardo Gustavo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado; tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, muerte del trabajador, indemnización, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DE LA QUINTANA, BRANCO MATIAS c/ SOCIEDAD DE SERVICIOS S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

La compareciente no logra demostrar que la indemnización neta a percibir por el actor, conforme los cálculos de la sentencia, resulten exorbitantes, máxime cuando se atiende a las particulares circunstancias del caso, en especial, las edades de la víctima y del reclamante al momento del siniestro (34 y 12 años, respectivamente) y el vínculo que los unía (padre e hijo), así como el largo tiempo transcurrido desde el siniestro (12 años), ocurrido -conforme lo resuelto- como consecuencia de los incumplimientos imputables a la demandada. (De la disidencia parcial de la Dra. Gastaldi)
Extinción de la acción penal, conciliación, oposición del fiscal, situación del imputado, antecedentes penales
Materia: PENAL
Carátula: Zalazar, C.  c/  s/ conciliación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Corresponde revocar el acuerdo de conciliación celebrado entre el representante de la víctima y el imputado acusado de robo, habida cuenta que el Ministerio Público Fiscal se opuso a su convalidación porque el imputado registraba un antecedente condenatorio de reciente data, puesto que si bien las características del suceso atribuido, de contenido patrimonial y del cual no surge violencia empleada sobre las personas, tornarían procedente la conciliación, no quedan dudas que se está en presencia de un obstáculo que impide homologar cualquier tipo de acuerdo entre la acusación privada el imputado, por carecer de consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal en un delito de acción pública.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Urra Gallegos, José Aladino c/ Aguilar Oyarzo, María del Carmen s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

Difícilmente se produce un choque de vehículos en un cruce de calles sin que exista en alguna medida culpa de ambos conductores, hoy el hecho de cada uno, pues casi siempre bastaría que uno de ellos obrase con cuidado adoptando las medidas necesarias, para que el accidente no sucediera.
Seguros, agravación del riesgo, suspensión de la cobertura, reticencia, siniestro, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES JUAN c/ COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE s/ SEGURO  - INTERPRETACION DEL CONTRATO - RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-05

En materia de seguros, tanto la reticencia como el agravamiento del riesgo son cuestiones distintas a la provocación del siniestro por dolo o culpa grave del asegurado (art. 70). La reticencia es la falsa declaración o retaceo de información , en las condiciones del art. 5 " al momento de la celebración del contrato, por ello debe destacarse que se trata aquí de reticencia y falsedad acaecidas al momento de la contratación ; los ocultamientos y falsedades sucedidas en otras oportunidades, por ej., al informe del siniestro, tienen distintos efectos ". La agravación del riesgo implica que, con posterioridad a la celebración del contrato, sobreviene " en relación a la circunstancias declaradas al momento de su conclusión, un cambio que aumenta la probabilidad o la intensidad del riesgo asumido por el asegurador " (cn civ. " F " j.A. 1979-IV 52). Desde luego, entonces, que un mismo hecho no puede encuadrar en ambas figuras. Finalmente el dolo o la culpa grave del art. 70, importa una conducta intencional o negligente del asegurado que facilita " provoca " dice la norma, el siniestro. No puede, tampoco, confundirse con la reticencia, ni con el agravamiento del riesgo, puesto que esto último se relaciona con una conducta omisiva del asegurado respecto de una alteración de la declaraciones requeridas al tiempo del contrato. A la inversa, la exclusión de la cobertura por dolo o culpa grave opera con independencia de tales declaraciones. Además, tiene efectos distintos, pues la reticencia anula el contrato, la agravación del riesgo lo suspende y permite la rescisión o sólo esto último (art. 39 y 40), y el dolo o culpa grave la exclusión de la cobertura.
Sentencia, incongruencia, proceso penal, acción civil, daños y perjuicios, indemnización, daño moral, valor vida
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: B, M. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio culposo (Expte. CSJ Nº   197-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

En modo alguno puede aceptarse la existencia de un "error puramente numérico" en la cuantificación del daño moral y pérdida del valor vida cuando se trata, a ojos vista, de un cambio sustancial del monto pecuniario establecido en el pronunciamiento y no de una mera equivocación de expresión (en el caso, el Tribunal a-quo aclaró la sentencia con fundamento en que se había querido decir $ 45.000 y no $ 65.000). Propiciar la tesis contraria implica pasar por alto el puntilloso y meduloso razonamiento seguido a los efectos de establecer el "quantum" indemnizatorio y conlleva, en rigor, soslayar las motivaciones brindadas no solo para bajar el monto estimado por el Inferior ($ 90.000) sino para fijar -a su juicio- el justo y equitativo: el 60% de $ 65.000 con más actualización e intereses desde la fecha de comisión del hecho. Asimismo, la mención de esa condena pecuniaria en cuatro pasajes del decisorio, termina por desvanecer cualquier hipótesis de que la Cámara cayera en ese déficit, subsanable a través de la aclaratoria. De allí, entonces, que la corrección intentada viene a corroborar la fractura del razonamiento expuesto en la sentencia aclarada a los efectos de cuantificar económicamente la pretensión del actor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

La interpretación dada a los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que propicia que no corresponde establecer un monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto, lleva lisa y llanamente a concluir la obligación de reparar sólo en el caso que la muerte de la víctima haya producido un perjuicio económico a sus hijos, cónyuge o herederos necesarios. Tal tesitura en modo alguno proporciona respuesta satisfactoria al caso de muerte en accidente de un niño, un anciano o cualquier persona no generadora de recursos. En estos casos, aplicando estrictamente el criterio en cuestión, se llega a estar obligando al victimario culpable a indemnizar si dichas personas sufrieren lesiones (artículo 1068 del Código Civil) pero no si resultaren muertas. En otras palabras y crudamente, si el sujeto culpable lesiona, responde; si mata, no (resultando así en este último supuesto y de tal sistema que el único beneficiario -al no responder- será el victimario y -en su caso- la compañía aseguradora). (De la Disidencia del Dr. Zara).
Fallo plenario, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Maradona, Diego Armando c/ Telecom Personal S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-26

Las doctrinas plenarias continúan vigentes, pues si bien el art. 303 del CPCCN fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, en virtud del art. 15 de dicha ley, tal disposición recién resultará operativa a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, máxime cuando este criterio se encuentra avalado por la Acordada Nº 23/13 de la CSJN, en tanto corresponde dar una visión integradora a la reforma y a todo el sistema judicial. (del voto de la Dra. Barbieri)
Segunda instancia, excusación por prejuzgamiento, incidente de oposición
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrioli, Noemí Margarita c/ Poder Ejecutivo Provincial (Subsecretaría de Acción Social de la Provincia) s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-01

Llegan los presentes autos a esta Corte de Justicia en virtud de un incidente de oposición deducido por la Cámara de Apelaciones Civil de Tercera Nominación en contra de la inhibición efectuada por la Cámara de igual grado y materia de Primera Nominación, para entender en los autos de referencia quienes invocaron como motivo de excusación el posible prejuzgamiento vertido a través de las consideraciones efectuadas en autos Expte. Ferrioli, Noemí c/Poder Ejecutivo de la Provincia s/Desalojo, los que fueron agregados como prueba a la presente.

Corresponde en primer término señalar que el desplazamiento de la causa del juez natural es un acto serio que requiere causales claramente justificadas por cuanto afecta el normal funcionamiento del orden judicial, requiriendo por tanto de una valoración estricta acerca de las causales invocadas por los magistrados en el momento de su inhibición.

En efecto, tal causal para su configuración es necesaria la concurrencia de circunstancias claramente demostradas, no siendo viable una mera creencia que de modo hipotético podría configurarse, sino que debe estar afirmada en hechos ciertos y precisos que demuestren su existencia.

Tampoco puede entenderse que las consideraciones vertidas por los sentenciantes en el ejercicio de sus funciones pueda ser un adelanto de opinión en otras causas idénticas o que tengan conexidad, pues ello es consecuencia de la actividad jurisdiccional; es sabido que se necesitan la concurrencia de circunstancias especiales, tales como un pronunciamiento fuera de la oportunidad procesal correspondiente, o fuera del marco jurisdiccional, o bien un indebido aporte subjetivo del juez, pero no puede configurarse cuando un tribunal ha emitido opinión dentro del ejercicio de sus funciones y en la temporalidad procesal correspondiente.

En ese orden la inhibición efectuada por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación no es de recibo por cuanto las razones invocadas resultan claramente insuficientes para aceptar su apartamiento de la causa en examen.

Por ello, corresponde hacer lugar a la oposición planteada por la Cámara de Apelaciones de Tercera Nominación debiendo continuar entendiendo en los autos la Cámara Civil de Primera Nominación.
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco, obligación de seguridad, obligaciones de resultado
Materia: CIVIL
Carátula: Bayer, Susana Elvira c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-29

Debe confirmarse la sentencia que condenó a una entidad bancaria a indemnizar a una clienta, que sufrió una fractura al tropezar en una alfombra que se encontraba rota, dado que las normas ponen en cabeza del proveedor una obligación de seguridad resultado como consecuencia de lo cual cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva. El proveedor de productos y servicios debe velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores de la entidad, lo que no es una obligación accesoria, sino propia de la índole del servicio.
Prisión domiciliaria, recurso de casación, pandemia, inadmisibilidad del recurso, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Matías Hernán c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-04

OFICIAL
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: T. G. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-28

Cuando la acción de amparo tiene el propósito de preservar el derecho a la salud , careciendo de contenido económico, la regulación de honorarios debe ajustarse a las pautas de valoración profesional contenidas en los incs. b) a f) del art. 6 de la ley 21.839 (texto según ley 24.432)
Procedimiento administrativo, conflicto de poderes, acumulación de procesos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CATIVA, JOSE LUIS Y GONZALEZ HECTOR ADAN c/ PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-28

Advirtiendo el Tribunal que se encuentran a despacho para resolver idéntica solicitud de medida cautelar en dos expedientes en los que existe identidad de causa y objeto, ante la conexidad de ambas acciones de conflicto de poderes, homogeneidad de los procesos, unidad de competencia y encontrándose en la misma instancia y estado procesal, se considera pertinente la acumulación de ambos: autos Corte Nro. 03/06 a los autos Corte Nro. 02/06, con fundamento en el Art. 188 y concordantes del CPCC.
Contratos, compraventa, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, anuncio publicitario, reconocimiento anterior, aplicación de la ley, reforma legislativa, oferta, contratos de consumo, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Agosti, Facundo Gabriel  c/ Compumundo SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

La LDC 7, que prevé que "...la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados, obliga a quien la emite, durante el tiempo en que se realice." modificó sustancialmente el régimen que resultaba del CCIV 1148 y CCOM 454.

Ello es así, pues de acuerdo con lo normado en el citado art. 1148 las ofertas de contrato debían ir dirigidas a personas determinadas y, consiguientemente, una oferta al público en general solamente podía tenerse -según la doctrina y jurisprudencia mayoritarias nacionales- como simples invitaciones a contratar (conf. Alterini, A. y López Cabana, R., "Cuestiones modernas de responsabilidad civil", Buenos Aires, 1988, p. 5; entre otros).

De su lado, el CCOM 454, de manera congruente con el recordado art. 1148 (conf. López de Zavalía, F., "Teoría de los contratos - Parte General", Buenos Aires, 1971, ps. 111/112), establecía enfáticamente que ".las ofertas indeterminadas, contenidas en un prospecto o en una circular no obligan al que las ha hecho.", lo cual significaba, según la doctrina clásica, la inexistencia misma de una oferta -o promesa- desde que no se la concebía como tal cuando no se dirigía a una persona o personas determinadas (conf. Segovia, L., "Explicación y crítica del nuevo Código de Comercio de la República Argentina", Buenos Aires, 1933, p. 6, nota n° 1648; CNCom, Sala D in re "De Rueda, Sebastián Matías c/ Jumbo Retail Argentina SA s/ ordinario", del 30/07/09).

El hoy vigente Código Civil y Comercial de la Nación no modificó el indicado panorama, pues con relación a los contratos paritarios la oferta dirigida a personas indeterminadas sigue entendiéndose como una invitación a ofertar (art. 973), pero tratándose de contratos de consumo la oferta de igual tipo asume, en cambio, la condición de obligatoria por imperio de la LDC 7 (conf. Caramelo Díaz, G., en la obra dirigida por Lorenzetti, R., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Santa Fe, 2015, t. V, p. 973, n° IV).
Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-09


San Miguel de Tucumán, 09 de febrero de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "CANO MIGUEL ANGEL C/ LUCENA RAUL HIPOLITO Y OTROS S/ X* DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expte. n°: 3142/99, y CONSIDERANDO:

Vienen los autos a conocimiento y resolución del Tribunal, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 402, por la parte demandada, en contra de la resolución de fecha 16/02/2004, corriente a fs. 399 El recurrente expresa agravios a fs.405/409, los que son contestados por la contraria a fs.412/414, con lo cual y firme el proveído que dispone "Autos para Sentencia", la presente causa queda en estado de ser resuelta.

El apelante centra su queja, básicamente, en que el pago del impuesto de justicia cumplido por el actor recién en fecha 30/06/2003(fs. 386) resulta extemporáneo y por tanto ineficaz para intentar eludir el apercibimiento de la ley ordenado en fecha 02/10/2002 y efectivizado en el decreto de fecha 07/08/2003.

Ante todo cuadra consignar que en la temática del cumplimiento del pago de los impuestos de justicia fuera de las oportunidades indicadas por la ley, no esta en juego el orden público.- El propio párrafo 4° del artículo 99 de la ley 5121 contempla la posibilidad de un pago posterior("Regularización de la obligación impositiva") a las oportunidades que ella misma fija Ello en razón del fin teleológico de la citada legislación, que tiende a la optimización de la recaudación impositiva.- En mérito a lo manifestado, se desestima la queja reseñada. Es que, precisamente, el apercibimiento dispuesto por el inferior en grado responde a lo normado por el artículo anteriormente citado en cuanto en él se dispone que en caso de no acrediarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias se "deberá dar intervención a la Autoridad de Aplicación, reteniendo las actuaciones hasta tanto aquella informe que se ha regularizado la obligación impositiva" En autos la regularización impositiva está justificada con la constancia obrante a fs. 386. Hecho, por otra parte, reconocido por la propia apelante. En consecuencia debe tenerse por cumplido el apercibimiento dispuesto por el sentenciante, y firme lo decidido en la resolutiva impugnada por constituir lo allí dispuesto la consecuencia necesaria del cumplimiento. Cumplimiento que pone fin a la retención de las actuaciones, objeto del apercibimiento, y permite que la causa siga según su estado.

Las costas se imponen por el orden causado, dado que la cuestión tratada en el presente recurso de apelación reviste en definitiva el carácter de opinable (artículo 108 in fine, del CPCC).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 16/02/2004, corriente a fs. 399 en mérito a lo considerado.

II.-COSTAS como se consideran.

III.- OPORTUNAMENTE regulación de honorarios HAGASE SABER.- DRES.:ROBINSON - GONZALEZ DE PONSSA
Derechos y garantías constitucionales, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Postigo, Domingo Néstor y otras c/ Fundación Colegio Hispano Argentino de Bahía Blanca y otro. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

El articulo 16 de la ley 25.561 se encuentra en línea con expresas garantías constitucionales vinculadas al Derecho del Trabajo como son la protección contra el despido y el resguardo de la dignidad del trabajador en un marco de progresivo desarrollo social (arts. 14 bis C.N.; 14 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales; 32.2 Pacto de San José de Costa Rica) (del voto del doctor PETTIGIANI).
Empleo público, remuneración, cuestiones de hecho y prueba, recurso extraordinario federal, cuestiones procesales, recursos, rechazo del reclamo
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ MONCALVO, MARIANO LUIS Y OTROS s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en RODRIGUEZ MONCALVO MARIANO LUIS Y OTROS c/ GCBA s/ EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde conceder parcialmente el recurso extraordinario federal debido a que los recurrentes sostienen que de la ley federal n° 25053, sus normas modificatorias y reglamentarias, surgiría que el suplemento salarial FONAINDO es bonificable, mientras que la decisión recaída en la causa es contraria al derecho federal invocado (cf. artículo 14 inciso 3° de la ley n° 48). (Del voto en disidencia parcial del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carril de Ruiz Susana c/ San Martin, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

La queja relativa al monto fijado como gastos médicos no es procedente. Es razonable admitir ciertos gastos médicos y de farmacia aún sin mediar puntuales comprobantes de pago cuando la acreditación de las lesiones y su tratamiento hace presumir tales erogaciones, pero su cuantificación ha de ser estricta, pese a lo prolongado de la internación, cuando consta que fue atendido en un establecimiento sanitario del Estado provincial y no se acompaña comprobante alguno que acredite un gasto afín.-