Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-16


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintiocho.- San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de septiembre de 2014.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 035/2014 "MEDINA, María Belén (Carácter Curadora de Bracamonte Medina, Pablo E.) - c/ PODER EJECUTIVO DE LA PCIA. DE CATAMARCA Y OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS - s/Acción de Amparo", llamándose autos para Sentencia a fs52.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) Es procedente la Acción de Amparo interpuesta? En su caso. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.- 2) Costas.- Practicado el sorteo correspondiente, conforme al Acta obrante a fs.53, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y LUIS RAÚL CIPPITELLI.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:

A fs.22/25 vta. la Sra. Maria Belén Medina, con el patrocinio letrado de los Dres. Bordón y Kolarec, deduce en carácter de curadora de su hijo Pablo Exequiel Bracamonte, acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos O.S.E.P, con el objeto de que se deje sin efecto y se declare inconstitucional el Decreto S.Nº185 del 26 de febrero de 2014, que dispuso un aumento del aporte que debe abonar su hijo como afiliado particular de la Obra Social.- Aduce en cuanto al relato de los hechos que en el mes de abril comenzó a aplicarse el mencionado Decreto, que afecta por el incremento del aporte de $ 50 a $ 500 el derecho a la salud de su hijo insano, ya que ese monto resulta irrazonable si se lo compara con la pensión no graciable que percibe como discapacitado de $ 1500. Que en la situación actual en que vivimos, con alto índice de inflación le resulta imposible afrontar semejante aumento ya que debe hacerse cargo también de la medicación específica que necesita diariamente como la Lapena-Clozapina x 150 MG y Valcote 1500 MG, cuyo precio es altísimo a pesar de contar con el 80% de descuento que aplica la obra social por ser paciente psiquiátrico. Que por todo ello, y al ser el derecho a la salud un derecho humano fundamental, solicita esta tutela anticipatoria a fin de que se ponga en marcha la actividad jurisdiccional para que el mencionado derecho constitucional sea efectivamente protegido.- A fs.29 obra ampliación de la demanda por la que se solicita que la misma sea dirigida contra el Poder Ejecutivo de la Provincia por ser el Ministerio de Salud el Organismo encargado de emitir el Decreto S. Nº 185, y peticiona asimismo como medida cautelar que se ordene a la Obra Social que se abstenga de aplicar el aumento dispuesto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.- A fs.32/34 la Corte de Justicia resuelve declarar formalmente admisible la acción de amparo interpuesta, y requerir al Poder Ejecutivo el informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos del Decreto S. Nº 185/14. Asimismo se hace lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social se abstenga de aplicar respecto del recurrente la disposición cuestionada.- A fs.47/51 los apoderados del Estado Provincial contestan el informen en el cual expresan que la vía intentada no es la idónea para cuestionar la problemática planteada, que en todo caso debió iniciar el recurrente el reclamo en sede administrativa y luego ante el rechazo el contencioso administrativo. Expresan que el aporte particular que realiza el actor de $50 es inequitativo si se lo compara con el que realizan los trabajadores públicos que son los que sostienen la obra social, y que se incrementa cada vez que se aumentan los haberes. Que los servicios de salud se verían seriamente comprometidos si se hace lugar al amparo, ya que debe considerarse que el valor de la cápita del afiliado se encuentra congelado desde el año 2008 y que el monto de la pensión que recibe el recurrente se actualiza permanentemente. Que el aumento dispuesto tuvo en cuenta los incrementos del valor del coseguro de la orden de consulta diurna, como también aumentos ordenados por otras obras sociales, habiéndose verificado que el valor determinado resultaba adecuado en la relación existente entre el ingreso económico de la Obra Social por los aportes que efectúan sus afiliados con la calidad y cantidad de prestaciones que brinda. En definitiva por estas y otras consideraciones solicitan el rechazo de la demanda, con costas.- A fs.52 obra el llamado de autos con lo que la causa queda en estado de ser resuelta.- Siendo ello así, he de señalar que a través de la presente acción de amparo la recurrente, en su carácter de curadora de su hijo insano, solicita se deje sin efecto el Decreto S Nº 185/14 emitido por la Sra. Titular del Ejecutivo Provincial, que dispuso en el mes de febrero del corriente año, actualizar el valor de los aportes establecidos para afiliados particulares y adheridos por convenio a dicho régimen.- De ese modo aduce la recurrente, que el aporte se incrementó de $50 pesos a $500, monto que resulta imposible de abonar si se considera que el único sustento que percibe su hijo por la incapacidad que padece es una pensión no graciable de $1500. Que a ello debe agregarse, el alto costo que insume el tratamiento diario que realiza a fin de mantener su estabilidad psicofísica basada en medicación específica como ser Lapena-Clozapina x 150 Mg y Valcote 1500 Mg.- De allí que impugne, por irrazonable y arbitrario el aumento dispuesto, ya que de aplicarse el mismo se dejaría afuera del sistema de salud y sin cobertura a su hijo discapacitado.- A su turno los apoderados del Estado Provincial, expresaron distintas razones para justificar la legitimidad del aumento dispuesto, destacándose entre ellas, aquélla que se esboza en el acto administrativo impugnado y que refiere a la necesidad de mantener una relación de equidad entre todos los afiliados de la Obra Social -los particulares y los obligatorios-, a los fines de asegurar en condiciones de igualdad el cumplimiento oportuno y eficaz de las prestaciones médico asistenciales que se brindan. Por ello -adujeron- que el aporte que venía efectuando este grupo de afiliados -que no se actualizaba desde el año 2008- no guardaba relación con la amplitud de prestaciones que requieren, situación que debía ponderarse conjuntamente con el elevado costo que afronta la Obra Social para cubrir las prestaciones.- El análisis de las cuestiones planteadas se proyecta directamente sobre el control del cumplimiento de los requisitos que la función administrativa debe observar, ya que debe sujetarse al orden jurídico del cual devienen las reglas supremas que aquella voluntad estatal debe respetar.- En el caso en particular debe hacerse hincapié en la razonabilidad de la medida, ya que lo que se cuestiona es la magnitud y desproporción del aumento dispuesto, en un ámbito en el que no se discute la necesidad de encontrar un adecuado régimen económico que permita la subsistencia del sistema de salud, sin imponer cargas patrimoniales exorbitantes a los sujetos que deben financiarlo.- Por ello, si el funcionamiento regular de la entidad se encuentra afectado por razones económicas, como es la insuficiencia de recursos propios para atender a los servicios reclamados por los beneficiarios, la imposición de mayores cargas debe ser cuidadosamente aplicada, pues con acierto se afirma que la razonabilidad que debe estar presente en todo acto administrativo, supone guardar adecuada proporción entre el objetivo buscado y el medio empleado.- Aplicando los principios enunciados al caso en estudio observo que la motivación que hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión adoptada no se satisface con expresiones tales como que "los montos que estos afiliados aportan son insuficientes, comparados con la amplitud de prestaciones", y "el elevado costo que afronta la obra social para asegurar la prestación de los servicios", si a la vez no se explican claramente porque que estos hechos llevan a la Administración a decir como lo hace, es decir deben correlacionarse adecuadamente estos hechos que pueden ser verdaderos, con la decisión de aumentar el aporte en la medida dispuesta.- En este punto es donde se vislumbra con mayor nitidez el vicio de arbitrariedad por la irrazonabilidad que conlleva, pues si bien el propósito resulta útil y necesario a fin de satisfacer un interés público imperativo, la medida implementada de aumentar de 50 pesos a una suma equivalente a 30 coseguros de ordenes médicas diurnas, llevando el aporte a $540, no es proporcional al objetivo buscado. Resulta cuanto menos desproporcionado el monto que determina la actualización que al decir de la demandada, asciende a la suma de $540, pues ese monto representa sobre los $1.500 pesos que percibe el beneficiario, nada menos que el 36% de su ingreso.- De allí, que el criterio de implementación del aumento se exhiba en mi opinión desajustado en relación con los propios antecedentes que determinan su emisión, y que adauantos menosenostos ciados al caso en estudio observo que la condicionan su aplicación, pues ha de reparase especialmente que de la documentación acompañada a estas actuaciones, no se infiere que la Administración haya realizado un estudio integral de la estructura o composición de los costos que la prestación del servicio de salud conlleva. A esta falta de determinación que es esencial para evaluar si la modificación impuesta es una derivación racional, justa y equitativa se suma la distinción irrazonable que se hace con respecto a los afiliados obligatorios que aportan, como se sabe el 4,5 % de sus haberes totales.- Y esta comparación que realiza la propia Administración, debilita aún más la presunción de legitimidad de la Resolución cuestionada, por una razón más que atendible.- En efecto cabe preguntarse, si la relación de equidad a la que se aspira alcanzar entre todos los beneficiarios del sistema, se logra cuando a un grupo de afiliados se les impone sin ningún justificativo, un sacrificio mayor que al resto, pues el porcentaje flexible que dicen aplicar con el valor de las 30 órdenes de consulta, y que en el caso se traduce en el 36% sobre el ingreso de $1.500, no guarda relación con el 4,5% que aportan los afiliados obligatorios sobre la totalidad de sus haberes.- La igualdad constitucional no impide que la ley contemple en forma distinta situaciones que son diferentes, siempre que la discriminación consecuente tenga un fundamento razonable y no resulte manifiestamente arbitraria.- Así, la igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición.- De ese modo y en base a esa distinción la Administración trató de justificar también su decisión, aduciendo que los valores que aportaban este grupo de afiliados no se modificaban desde el año 2008, y que a la fecha esos valores han quedado desfasados con relación al altísimos costo que los medicamentos, como las prestaciones médico asistenciales tienen debido al proceso inflacionario que registra nuestro país.- Sobre el punto solo he de decir, que por tratarse el índice de inflación de un cálculo que presenta especial complejidad técnica, debería ser objeto de adecuada ponderación, pues en principio entiendo que para calcular su incidencia en el valor de las contraprestaciones, es necesario al menos establecer el incremento individual de cada uno de los rubros que integran los costos de las prestaciones.- Como he afirmado, la orfandad informativa -en cuanto a estudios técnicos y completos-, que se observa en la causa respecto a estos elementos, no permite establecer si la medida implementada guarda relación con aquellos hechos que determinaron "prima facie" su implementación.- Como se sabe, el ejercicio de las potestades administrativas se encuentra limitado por el principio de razonabilidad y proporcionalidad, en el marco del principio de igualdad, ello es así por cuanto es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los Órganos del Estado y que permite a los jueces ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia (conforme Fallos 298:233).- En el sub examine, se ve claramente que la aplicación de la Resolución provoca una merma en el ingreso del recurrente que supera el límite de lo razonable. Por lo que entiendo, la presente decisión no pretende restringir el ejercicio de las potestades administrativas, ya que no debe confundirse el control jurisdiccional sobre la legalidad, razonabilidad, y proporcionalidad que nos convoca en el caso, con el ejercicio de la potestad reglamentaria que no es de nuestra competencia, sino del poder administrador, quien debe definir las políticas y determinar correctamente el criterio de implementación.- De allí que propicie hacer lugar a la acción de amparo interpuesta en los términos y con el alcance dado en el presente voto, es decir ordenando a la Administración a que revise y corrija el criterio aplicado, todo ello a fin de que la actualización del aporte de este grupo de afiliados y en el caso particular del recurrente, resulte lo mas racional y justa posible. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippiteli dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el Acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, las costas serán a cargo del Estado que resulta vencido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro, Dr. Cáceres, votando en igual sentido.- Por ello y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la Acción de Amparo interpuesta por la Sra. María Belén Medina (en carácter de curadora de Bracamonte Medina Pablo E.), ordenando al Poder Ejecutivo a que revise y corrija el criterio aplicado, a fin de que la actualización del aporte a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de este grupo de afiliados y en el caso particular del recurrente, resulte lo mas racional y justo posible.- 2) Con costas a la demandada que resulta vencida.- 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- Fdo. Dres. Amelia Sesto de Leiva, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli - Ministros - Esc. Elsa Lucrecia Arce - Sec. Contenciosoadministrativa - Corte de Justicia.