Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09


Causa Nº 051-00-CC/2006 "FARMCITY S.A. s/ falta de libretas sanitarias y otras alimentos contaminados y otras- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Magali Gura, apoderada de Farmcity S.A., a fs. 110/117 de la presente, de la que:

RESULTA:

I. Que a fs. 42/43 el Controlador Administrativo Nº 21, Guillermo Karamanian, resuelve, con fecha 21 de noviembre de 2005, declarar la validez de las actas nros. 2755887, 2785576, 2785266, 2785579, 2785267, 2805626, 2805627, 2805661 y 2805660 y condenar a Farmcity S.A al pago total de tres mil quinientos pesos ($3500) de multa en virtud de los arts. 1.1.6, 3.1.3, 1.3.23 1° párrafo y 4.1.11 de la Ley Nº 451.

II.- Que a fs. 45 consta la solicitud de pase de las actuaciones a la Justicia Contravencional efectuada por la apoderada de Farmcity S.A.

III.- Que con fecha 27 de diciembre de 2005 la Juez Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº 5, María Fernanda Botana, toma razón de las presentes actuaciones, notifica al presunto infractor del inicio de las mismas y corre vista al Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 tercer párrafo de la Ley 1217.

IV.- Que a fs. 68, el Sr. Fiscal de Grado, Carlos Andrés Gómez Ríos, decide ejercer la acción en las presentes actuaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 41 LPF, art. 125 CCABA, los criterios de actuación emitidos por Res. N° 7/04 de la Fiscalía General y los arts. 17 y 23 de la ley 21.

V.- Que a fs. 75/78 vta. la apoderada de Farmcity S.A., efectúa su descargo, realiza un planteo de nulidad de las actas de comprobación y de excepción de falta de legitimación y solicita el sobreseimiento.

VI.- Que a fs. 79/vta. la Juez Contravencional y de Faltas interviniente provee la prueba y resuelve tener presentes para resolver en su oportunidad los planteos nulificantes y la excepción de falta de acción.

VII.- Que a fs. 88/vta. obra el acta de audiencia de juzgamiento, a la que no asistió el Fiscal de grado y a fs. 89/93 vta. la sentencia dictada por la Magistrada, por la que resuelve: I. No hacer lugar al planteo de nulidad impetrado por la defensa, II. Declarar la nulidad parcial del resolutorio de fs. 42/43 con relación al acta n° 20785267 y III. Condenar a Farmcity S.A. al pago de la multa de tres mil trescientos pesos ($3300) por las infracciones consignadas en las actas de comprobación Nros. 20755887, 20785576, 20785266, 20785579, 20805626, 20805660, 20805627 y 2080661 en orden a las infracciones previstas en los arts. 1.1.6 (trece hechos), 1.3.23 (dos hechos) y 4.1.11 (dos hechos) de la ley 451, las que concurren en forma real, con costas .

VIII.- Que a fs. 110/117 consta el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Farmcity S.A. contra la sentencia supra mencionada. En primer lugar manifiesta que no fueron tomadas en consideración las argumentaciones vertidas en el descargo formulado el 27/10/05, razón por la cual se vulneró el derecho de defensa. Además alega que debe descartarse la imputación formulada a la firma que representa por entender que las actas fueron labradas sin ajustarse a la veracidad de los hechos.

Como agravios concretos señala los siguientes:

I) Afirma que las actas nros. 20785576, 20785266 y 20785579, labradas por falta de libretas sanitarias, resultan nulas ya que los hechos descriptos no se encuentran tipificados en la legislación vigente.

En este sentido, alega que no se encuentra probado, tal como lo exige la ley 451 y el decreto 179 de la CABA, que los empleados mencionados en las diferentes actas se encontraran trabajando al momento de su labrado, pues en tal caso, el inspector actuante debería haber labrado las infracciones a las personas físicas y no a nombre de Farmcity S.A. Además, alega que la circunstancia que en las distintas actas figuren los nombres y documentos de identidad de las personas que supuestamente carecían de libreta sanitaria no es relevante, toda vez que esos datos pudieron haber sido obtenidos directamente del gerente del local.

Por ello, entiende que la conducta endilgada es atípica, razón por la cual solicita se decrete la nulidad de las actas y el sobreseimiento de la firma Farmcity S.A.

Sin perjuicio de lo expuesto, destaca que de acuerdo a la legislación vigente, no resulta procedente requerir libretas sanitarias al personal del comercio que representa, pues ésta es exigida al personal de plantas elaboradoras y comercios de alimentos, tal como surge del art. 21 del Código Alimentario Argentino, de la resolución GMC nº 80/96 y del art. 4º de la ordenanza nº 25.236. De allí, sostiene que para el comercio que representa no resulta necesaria la solicitud de libreta sanitaria al personal de Farmcity S.A., ya que no elaboran sustancias alimenticias, ni se manipulan o venden dichos productos sin envasar.

II) En cuanto a las actas Nros. 20805660 y 20805626, labradas en virtud de falta de higiene en la acera, sostiene que no se ha determinado en qué consiste dicha falta, circunstancia que le impidió ejercer su derecho de defensa. Así, refiere que no se cumplió con lo normado en el art. 3, inc. b) de la ley 1217, que expresamente requiere, para otorgar validez al acta, la descripción de la acción u omisión del presunto infractor.

Asimismo, destaca que en dichas actas se consignó "a citar" en el lugar donde debería figurar la firma de los encargados que supuestamente fueron notificados del procedimiento, de lo que surge -según su criterio- que no se cursó notificación alguna a los gerentes de los locales, razón por la cual no estuvieron en conocimiento del procedimiento llevado a cabo.

Por último, refiere que en las actas labradas solo se ha consignado el número de la ordenanza que supuestamente tipificaría la falta, pero no se ha identificado cuál de sus artículos estaría siendo supuestamente violentado. Así, alega que se ha vulnerado su derecho de defensa en juicio, pues se le impidió conocer el motivo del labrado de las actas en cuestión.

Por ello, concluye que debe decretarse la nulidad de las actas antes mencionadas y en consecuencia, la invalidez de todo el procedimiento.

III) Con respecto a las actas serie 2 Nros. 0805627 y 0805661 labradas por colocar expositores para folletos sobre la acera, considera que la juzgadora se basó únicamente en la presunción de validez de los actos administrativos cuando en realidad debería haber partido del principio general de presunción de inocencia.

Respecto del acta N° 0805661, considera que debe ser declarada nula en atención a que el inspector actuante describe la existencia de un supuesto expositor de hierro para folletos y lo califica de "peligroso" basándose en su opinión personal, sin fundamentar ni indicar el motivo por el cual dicho expositor tendría tal carácter.

Con respecto a ambas actas de infracción mencionadas en este apartado, alega que nuevamente nos encontramos ante un supuesto de falta de especificación de los elementos que se habrían presentado al momento de su labrado, toda vez que no se mencionan los lugares de la acera donde se encontrarían los expositores, sus medidas y si eran fijos o movibles, por lo que también solicita su declaración de nulidad.

Finalmente, formula reserva del caso federal.

IX. Que a fs. 121, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar si resulta admisible el recurso de apelación impetrado y, en su caso, la solución a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "(e)l Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas nros. 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ Estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad - Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ Infracción violar luz roja y otras - Apelación", del 1/9/2004). Ello, por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada (conf. este Tribunal en causa 229-00-CC/2004 "Posadas, Daniel s/ Estacionar en lugar prohibido - Apelación", del 5/8/2004).

En el caso examinado la Sra. Juez de Grado concede el recurso por entender que se refiere al supuesto de arbitrariedad, sin efectuar un debido análisis de los distintos agravios formulados en el remedio procesal intentado. Pese a lo expuesto, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar el trámite de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible la vía procesal intentada a partir de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217 o constituyen una mera discrepancia de criterios.

Transitando entonces el sendero señalado, es menester realizar un estudio discriminado de los agravios a fin de poder concluir si todos o alguno de ellos pueden ser traducidos como cuestiones que determinen la competencia de esta Alzada.

I) a. En primer lugar se agravia la recurrente en razón de que, a su criterio las actas nros. 20785576, 20785266 y 20785579, labradas por falta de libretas sanitarias, resultan nulas porque de ellas no surge que Farmcity S.A. hubiera permitido trabajar a las personas que allí se detallan sin su documentación sanitaria, sino que en las distintas actas sólo se ha indicado "no tener libretas sanitarias...". Así entiende que se encuentra probado que los empleados mencionados en las distintas actas no se encontraban trabajando al momento de su labrado, pues de haber sido así, el inspector actuante tendría que haber labrado las infracciones a las personas físicas y no a nombre de Farmcity S.A.

Como es dable de advertir, dicho agravio se encuentra construido en torno a cuestiones de prueba que debieron ser ventiladas en la audiencia de debate y que no pueden ser revisadas por esta Alzada, salvo supuestos de arbitrariedad. En efecto, este Tribunal ha señalado que se encuentra legalmente impedido de ingresar en dicho extremo, pues excede la competencia asignada por el art. 56 LPF (causa nº 444-00-CC/2005 "Hoyts General Cinema Argentina S.A. s/ cables expuestos y otras- Apelación", rta. el 24/02/06).

Asimismo, en ocasión de recibir planteos similares y cumpliendo con el estricto marco que impone el art. 56 LPF, este Tribunal no se exhorbitó de su competencia legal, sino que advirtió que los únicos motivos por los cuales está autorizado a intervenir se vinculan, básicamente, con cuestiones de derecho y sólo excepcionalmente con cuestiones de hecho a través de la doctirna de la arbitrariedad (causa nº 362-00-CC/2004, "Godiñho, Juan José s/ tarjeta de chofer vencida", rta. el 19/11/04). En el caso de autos, el recurrente se limita a señalar que los empleados de la firma que representa no se hallaban trabajando al momento del labrado de las distintas actas, sin demostrar la existencia de un defecto de entidad en la apreciación de la prueba producida que justifique su inclusión en alguno de los supuestos del art. 56 LPF. Si bien con cierta sutileza, la defensa pretende introducir este agravio como una cuestión de derecho, al destacar que en las actas en cuestión se consignó una imprecisa descripción fáctica, lo cierto es que entre describir al hecho como "no tener libretas sanitarias" y lo que el recurrente entiende que debió haberse consignado, esto es "que su mandante hubiera permitido trabajar a las personas que se detallan en el acta sin su documentación sanitaria", no se advierte una diferencia sustancial que permita afirmar la afectación del derecho de defensa. Por lo expuesto, el recurso fue mal concedido en es te punto.

b. Por otro lado, y con relación a las mismas actas, la defensa señala que no resulta procedente, de acuerdo a lo normado por el art. 21 del Código Alimentario Argentino y el art. 4º de la ordenanza nº 25.236 solicitar las libretas sanitarias al personal de Farmcity S.A., ya que no elaboran sustancias alimenticias, ni manipulan o venden dichos productos sin envasar.

El agravio expuesto en el punto precedente debe convocar la atención de este Tribunal, pues la defensa denuncia una errónea aplicación de la ley por considerar que, con relación a las actas nros. 20785576, 20785266 y 20785579, existen normas que desvincularían a la encartada de la una posible condena. Por ello, el recurso debe considerarse bien concedido respecto de este agravio.

II. Por otro lado, el recurso ha sido bien concedido con relación a los agravios vinculados a las actas nros. 20805660 y 20805626, labradas por falta de higiene en la acera, por haberse alegado un supuesto de violación de la ley al sostener que no se cumplió con lo normado en el art. 3, inc. b) de la ley 1217, que expresamente requiere, para otorgar validez al acta, la descripción de la acción u omisión del presunto infractor, por no haberse especificado la normativa presuntamente violada y en virtud de que se omitió notificar a los gerentes de los locales del procedimiento llevado a cabo.

III.- Finalmente, resta analizar la admisibilidad del recurso de apelación con respecto a los agravios relacionados a las actas nros. 0805627 y 080566, labradas a Farmcity S.A. por colocar elementos sobre la acera sin autorización. Aquí, la impugnante considera que la Juez de grado se basó en la presunción de validez de los actos administrativos cuando en realidad debería haber partido del principio de presunción de inocencia. Además, alega que las actas devienen nulas toda vez que no se especificaron los lugares de la acera donde se encontrarían los expositores, sus medidas y si eran fijos o movibles.

De este modo, toda vez que también en este caso se denuncia un supuesto de violación a la ley, corresponde declarar bien concedido el recurso respecto de este punto.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso en cuestión y discriminadas como fueron las cuestiones, corresponde abocarse al estudio de los agravios allí esgrimidos.

1)Agravio basado en la violación de la ley correspondiente a las actas nros. 20785576, 20785266 y 20785579.

Sobre el punto, alega la defensa de la encartada que requerir libretas sanitarias al personal no resulta procedente, toda vez que tal exigencia corresponde a personal de plantas elaboradoras y comercio de alimentos, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 21 del Código Alimentario. Asimismo, hace referencia a la Resolución n° 80/96, incorporada al Código Alimentario, que alude a las condiciones higiénico sanitarias y buenas prácticas de elaboración a que debe ajustarse todo establecimiento que procese alimentos y al art. 4 de la Ordenanza n° 25.236 que establece quiénes son aquellos que deben poseer obligatoriamente libreta sanitaria; normas que, a su criterio, eximen a Farmcity S.A. respecto a que sus empleados posean dicha documentación, por cuanto allí no se elaboran sustancias alimenticias ni se venden dichos productos sin envasar.

Ahora bien, en primer lugar cabe mencionar que el artículo 1.1.6 de la Ley Nº 451 sanciona a "El/la titular o responsable del establecimiento en el que se elaboren, envasen almacenen distribuyan transporten o comercialicen productos alimenticios, que permita el trabajo del personal que carezca del certificado de sanidad otorgado por autoridad competente ...". De ello se colige que la norma no diferencia -como pretende la Defensa- si los productos alimenticios deben encontrarse o no envasados, razón por la cual resulta suficiente, para tener por configurada la infracción que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan o comercialicen dichos productos en un establecimiento, cuyo titular permita el trabajo del personal que no cuente con la correspondiente libreta sanitaria.

En este caso concreto, del plano de fs. 28 y de la plancheta de habilitación obrante a fs. 33, se desprende que Farmcity S.A. se dedica al rubro de comercio minorista de distinto tipo de productos, entre ellos, productos alimenticios envasados; establecimiento que, de acuerdo a lo normado en el Código de Habilitaciones y Verificaciones debe cumplir con las exigencias establecidas en el capítulo 4.1 de dicha normativa que dispone que toda persona que trabaje en esos locales debe poseer libreta sanitaria (art. 4.1.1.20).

Del mismo modo, la Ordenanza n° 25236, citada por la defensa, que reglamenta las normas para el otorgamiento de libretas sanitarias, también prevé en su art. 4°, inciso d, que "deberán poseer obligatoriamente Libreta Sanitaria todas las personas que se desempeñan en los locales de manipulación y/o venta de sustancias alimenticias", como es justamente, el caso de autos.

Vale decir, entonces, que del juego armónico de la normativa legal vigente se desprende que el personal empleado en el establecimiento de referencia debe poseer libreta sanitaria, por lo que el recurso respecto de este agravio será rechazado.

2) Agravio basado en la violación de las formas respecto de las actas Nros° 20805660, 20805626, 0805627 y 0805661.

La defensa sostiene que las actas nros. 20805660 y 20805626, labradas por falta de higiene en la acera devienen nulas, toda vez que no se cumplió con lo normado en el art. 3, inc. b) de la ley 1217, que expresamente requiere, para otorgar validez al acta, la descripción de la acción u omisión del presunto infractor. Además, alega que no se especificó la normativa presuntamente violada y que se omitió notificar a los gerentes de los locales del procedimiento llevado a cabo.

Similar planteo realiza al cuestionar las actas nros. 0805627 y 0805661, labradas a Farmcity S.A. por colocar elementos sobre la acera sin autorización, pues, más allá de considerar que la Juez de grado se basó en la presunción de validez de los actos administrativos cuando en realidad debería haber partido del principio de presunción de inocencia, alega que las actas devienen nulas toda vez que no se especificaron los lugares de la acera donde se encontrarían los expositores, sus medidas y si eran fijos o movibles. Finalmente, y sólo con respecto al acta nº 0805661 alega que no se explicó en que consistía el carácter de "peligroso" de los expositores que contienen los folletos.

Aclarado ello, corresponde adentrarse en los planteos nulificantes impetrados por la Defensa. En este sentido, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. En razón de ello, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales (causa nro. 115-00-CC/2005, "Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso- Apelación, rta. el 6/5/05 y causa nº 476-00/CC/2005, "Les Bejart S.A. s/ entrepiso en contravención y otras -apelación-", rta. el 13/3/06).

Ahora bien, en cuanto a las actas que la Defensa solicita se declaren nulas, es dable mencionar que la ley 1217 no establece expresamente su nulificación si no reúnen la totalidad de los recaudos normativamente establecidos, por lo que su ausencia no implica per se la invalidez solicitada. En razón de ello, corresponde determinar si se han vulnerado derechos constitucionales; circunstancia, que como se verá seguidamente, la impugnante no ha demostrado, más allá de su mera invocación.

Sentado ello, cabe determinar si las actas de comprobación impugnadas reúnen los requisitos establecidos en el art. 3 de la ley 1217 para ser consideradas válidas, fundamentalmente, lo normado en los incs. b) y c) de dicho artículo, por haber sido expresamente cuestionado por la defensa.

Así, en cuanto a la alegada violación al art. 3, inc. b), LPF que establece que el acta debe contener la descripción del hecho imputado al presunto infractor, se observa que las actas nros. 20805660 y 20805626 fueron labradas por falta de higiene en la acera; el acta nº 20805627 por poseer un expositor de hierro para folletos sobre la acera peligroso para los transeúntes y, la nº 20805661 por exhibir un muestrario de metal para apoyar folletos sobre la acera. De ello se colige que en cada una de las actas de comprobación, el funcionario describió correctamente cuáles fueron las conductas desplegadas, por lo que no se advierte que se haya incumplido la norma citada.

Por otro lado, con relación al agravio vinculado -respecto a las actas nros. 20805660 y 20805626- a que sólo se consignó el número de ordenanza supuestamente infringida sin identificar el artículo supuestamente violado, cabe resaltar que el mencionado art. 3 de la ley 1217 establece en el inc. c) que el acta debe contener "la norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida sin que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta".

De ello se sigue que la calificación escogida por el funcionario actuante es provisoria y puede ser modificada tanto por el controlador como por el Juez de grado en el momento procesal oportuno, razón por la cual no se trata de una exigencia de carácter esencial (causa nº 476-00/CC/2005, "Les Bejart S.A. s/ entrepiso en contravención y otras -apelación-", rta. el 13/3/06).

Asimismo, se advierte que en el caso de autos, tanto el Controlador Administrativo de Faltas como la Juez de Grado han calificado debidamente la conducta en lo normado en el art. 1.3.23 de la ley 451, razón por la cual no se advierte que se haya vulnerado el derecho de defensa como lo alega la impugnante.

Por otra parte, en cuanto a las actas de infracción nros. 20805627 20805661, con relación a las cuales la defensa sostiene que no se especificaron los lugares de la acera donde se encontrarían los expositores, sus medidas y si eran fijos o movibles, ni tampoco se explicó, con respecto al acta nº 0805661, en que consistía el carácter de "peligroso" de los expositores que contienen los folletos, cabe destacar que el art. 31 de la ordenanza 12116 establece la prohibición de "uso u ocupación de la vía pública con exposiciones, construcciones, aparejos, materiales, depósitos u otros obstáculos que impidan o perturben el tránsito aunque fuera en forma temporal". Por su parte, el art. 4.1.11, sanciona con una multa de $300 a $5000 al responsable de una actividad lucrativa que ocupe, por cualquier medio, la vía pública, sin autorización o excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las acercas.

De ello se desprende que no surge de la normativa aplicable que los expositores deban encontrarse en un lugar determinado de la acera, ni deban reunir determinadas características. Por lo tanto, no resultan acertadas las apreciaciones de la defensa, en cuanto sostiene que no se especificaron las medidas de los expositores ni si eran fijos o movibles, puesto que la ley nada exige al respecto. Tampoco puede ser motivo de invalidez del acta nº 20805627 -y no de la nº 20805661 como equivocadamente refiere la defensa- que el funcionario actuante no haya explicado las razones por las cuales calificó de peligroso al expositor, pues como se ha señalado precedentemente, dicha circunstancia ninguna relevancia posee con respecto a la configuración de la falta en cuestión. En efecto, lo fundamental consiste en que el responsable de la actividad lucrativa carezca de permiso para ocupar la acera, circunstancia que no fue acreditada por la impugnante.

Por otro lado, plantea la nulidad de las actas Nros. 20805660 y 20805626 por considerar que en las mismas no figura la firma de los encargados sino que se consignó "a citar"; circunstancia que a su juicio indica que no medió notificación alguna a los gerentes del los locales y por tal razón no estuvieron en conocimiento del procedimiento llevado a cabo.

Al respecto, cabe señalar que la circunstancia alegada por la impugnante no constituye un requistio esencial del acta de infracción, razón por la cual la ausencia de dicho requisito no puede provocar su invalidez. Por otra parte, no puede sostenerse que la firma imputada no tuvo conocimiento del procedimiento llevado a cabo cuando de la presente causa surge que fue notificada de la existencia de las infracciones por el controlador administrativo correspondiente, ante quien se solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia en lo Contravencional y de Faltas. En consencuencia, no se advierte violación alguna al derecho de defensa en juicio, como sostiene la apelante.

Por último, afirma la defensa que la Juez a quo ha violado la presunción de inocencia por haberse basado en la presunción de validez de los actos administrativos. Sobre este punto cabe señalar que el art. 5° de la Ley de Procedimientos de Faltas establece que el acta de comprobación que reúna los requisitos establecidos en el art. 3° se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las misma; circunstancia que se verifica en el caso de autos, en tanto la propia defensa no discute aspectos del hecho acreditado que si son necesarios para su configuración, esto es que colocó objetos que ocupaban indebidamente la vía pública.

En razón de lo expresado, el Tribunal, RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación con relación al punto I ) a de la presente decisión.

II. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación con relación a los puntos I b), II y III de la presente.

III. CONFIRMAR la sentencia impugnada, obrante a fs. 89/93 vta, en cuanto condena a FARMCITY S.A. a la pena de multa de tres mil quinientos pesos ($ 3500) en razón de las infracciones consignadas en las actas de comprobación nros. 20755887, 20785576, 20785266, 20785579, 20805626, 20805660, 20805627 y 20805661, con costas. (arts. 1.1.6, 1.3.23, 4.1.11, 19 y 28, ley 451).

IV.- Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.