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Matrimonio, renuncia a pedir la separación personal o el divorcio, nulidad de la renuncia, obligaciones de no hacer, derecho a la privacidad, derecho a contraer matrimonio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Aún cuando se entendiera como simple hipótesis que el art.

230 del Código Civil impone una obligación de no hacer, tal prescripción no resulta contraria al espíritu del art. 19 de la Constitución Nacional, y no sería más que una consecuencia del mandato previsto en el art. 20 del mismo texto legal que autoriza a los habitantes ciudadanos o extranjeros del país a casarse conforme a las leyes.
Dominio, transmisión del dominio, venta judicial, subasta judicial
Materia: CIVIL
Carátula: B., A. P. c/ M., L. E. y/u otros s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-10

La transmisión del dominio por venta judicial queda perfeccionada después de la resolución aprobatoria de la subasta, mediante el pago del precio y la entrega de la posesión, no siendo imprescindible, aun frente a terceros, el requisito de la escritura pública, ni la inscripción en el registro inmobiliario correspondiente.

La inscripción registral no constituye un requisito esencial para el perfeccionamiento de la venta judicial, aun con posterioridad a la reforma del art. 2505 del cód. civil, puesto que la subasta judicial aprobada constituye un acto oponible erga omnes por la especial naturaleza y efectos que le reconoce la legislación sustantiva (arts. 754, 1184, 2122, 2171 y 3196, Cód. Civil).
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Gomez,Norberto-Guerrero,Luciano s/ Violación Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-06

Si bien la confusa legislación, muchas veces ambigua y vaga, no permite establecer los exactos límites en el que deben moverse las partes tratándose de delitos cometidos por menores, sean imputables o inimputables; la ausencia del Defensor Oficial y la del sr. Fiscal en la audiencia explicativa no jurada no afecta el derecho de defensa, ya que tanto este aspecto como el control del "debido proceso", están garantizados con la asistencia de la representante pupilar, aún cuando sus funciones no sean estrictamente iguales o persigan los mismos y privativos fines.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, motocicleta, licencia de conducir, falta de licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: ORELLANA,  Pablo  Eduardo  Alfredo  y  otro c/ VARGAS GALARRAGA,Jorge Eduardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21

1- La exigencia de diferentes exámenes para la autorización de conducción de distintos tipos de vehículos se impone a los efectos de garantizar la seguridad en el tránsito mediante la acreditación de aptitud concreta para cada uno. De tal manera, el hecho de contar con registro de conductor para manejar automóviles o motociclos de baja cilindrara no presume que posea los conocimientos y destreza necesarios para conducir vehículos totalmente diferentes como -en el caso, una motocicleta de alta cilindrada-. 2- La falta de uso del casco por parte de un motociclista nunca puede convertirse en causa eficiente del siniestro, su función indica -como elemento de seguridad- que su ausencia agrava las consecuencias del hecho. Si bien el accidente no se evita por el uso del casco indudablemente habrían variado la incidencia de las lesiones que no cabe discriminar si sólo la víctima cuestiona la cuota de responsabilidad atribuida y cuando no es su negligencia en este aspecto lo que motiva en forma exclusiva la concurrencia de responsabilidades con el otro conductor. 3- Desde este enfoque, la alegación de que la falta de casco es una infracción administrativa no es decisiva para acreditar la concurrencia de culpas con el motociclista si la razón esencial para responsabilizarlo se funda en la imputación de impericia, imprudencia y negligencia. (Sumario N°20350 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Daños y perjuicios, plan de ahorro previo, competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Lugieri, Gustavo Adrián c/ Fca SA de Ahorro para Fines Determinados s/ contratos y daños - rc - planes de ahorro y concesionarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo local en los pleitos que tienen por objeto garantizar la reparación que el ordenamiento jurídico acuerda a los/as consumidores/as, si los daños reclamados fueron con motivo u ocasión de una relación de consumo y la reparación se planteó con sustento en las normas que regulan esas relaciones jurídicas (ley n° 24240 modificada por ley n° 26361). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg por remisión a sus votos in re: "Benítez, María Fernanda CONTRA FCA S.A. de ahorro para fines determinados Y OTROS SOBRE RELACIÓN DE CONSUMO", expte. n° 238316/2021-0, sentencia del 22-12-2022).
Despido discriminatorio, derecho a la intimidad
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Caminos, Graciela Edith c/ Colegio e Instituto Nuestra Señora de Loreto s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Cuando se trata de un despido potencialmente discriminatorio resulta necesario indagar en la relación que media entre los aspectos de la esfera privada de la personalidad, valorados como antecedentes del distracto, y la prestación laboral que emerge del contrato en función de la organización del trabajo en la empresa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, políticas sociales, plan para la vivienda, facultades del juez, cuestión justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarantino, Héctor Osvaldo y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Cdad. de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

No cabe duda y no es objeto de cuestionamiento, que corresponde a los poderes Legislativo y Ejecutivo la determinación de las políticas de gobierno que cumplan con la obligación constitucional de asegurar, por lo menos, standards esenciales de acceso a la vivienda en especial respecto de los sectores más necesitados. La decisión en torno a los cursos de acción -activos o pasivos- que resultan idóneos para hacer efectivo ese derecho es materia privativa de la administración.

Sin embargo, frente a una controversia concreta, el poder judicial deberá corroborar, en primer lugar, si el órgano político cumplió con su deber constitucional de reconocer, en forma progresiva, el derecho de acceso a la vivienda.

En segundo término, corresponderá al juez determinar si el programa es razonable, en el sentido de que resulta adecuado para satisfacer, ante todo, las necesidades habitacionales de los sectores de la sociedad más desprotegidos.

Finalmente y en tercer lugar, será necesario que el magistrado compruebe si, una vez delineadas las políticas y creados los programas respectivos, éstos efectivamente se cumplen.

En consecuencia, de acuerdo a lo sostenido precedentemente, el adecuado cumplimiento de los programas creados a efectos de tutelar el derecho a la vivienda constituye una cuestión plenamente justiciable.
Prescripción de la acción penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: AJJAM JOSE Y OTROS c/ MURUA OMAR JUAN Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

Es al juez de la causa a quien le compete pronunciarse sobre la posible prescripción de la acción penal (art. 62, inc. 2 y 67, 5to.

párrafo del Cód. Penal. No lo puede hacer el juez en lo civil, aunque tal apreciación sea un presupuesto de la decisión sobre la prescripción de la acción civil. Aunque en materia penal la prescripción es de orden público y puede ser declarada sin petición de parte no es dable considerarla en sede civil, ni siquiera a los efectos del art. 3982 bis del Cód. respectivo como hecho extintivo de la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Como la prescripción de la acción penal se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo pertinente, la terminación del proceso penal por esa causa tiene el mismo límite temporal, por lo que, para considerar esa terminación del juicio penal a los efectos del art. 3982 bis del Cód. citado, se hace necesario contar con la respectiva sentencia o auto que fije el momento de cumplimiento de la prescripción de la acción penal. Si falta dicho presupuesto no se puede decidir acerca de la procedencia de la excepción de prescripción opuesta en el proceso civil, sin que antes emitiera el Sr. Juez en lo penal un decreto definitivo y estableciera fehacientemente el tiempo de terminación de la causa criminal. También es de orden público la competencia en razón de la materia.
Prescripción, suspensión de la prescripción, plazo, suspensión del plazo, carta documento
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Lidida Inés c/ Abastecimiento Norte S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-12-16

La carta documento enviada por la actora que intima el pago en el término de 48 hs. sede los rubros reclamados, constituye un medio de interpelación auténtica ya que presenta garantía de certeza y de fecha cierta, resultando dicha conducta idónea para suspender la prescripción.
Estacionamiento, demora en el servicio, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Diego Thompson y Cía. c/ Inguerson, Ernesto s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-11-23

No puede responsabilizarse al comprador de una parte del cargamento a bordo, por estadías causadas por demora en recibir la carga, si no se prueba que él es el único causante de la demora.
Juicio de desalojo, legitimación activa, condómino, gestión de negocios
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, ROSA Y OTRO c/ NATOLI, MARGOT ANGELA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-06

Un condómino tiene el camino expedito para accionar por desalojo, toda vez que el plazo contractual se encuentre vencido, doctrina que no existe razón alguna para no ser aplicada si no se invoca locación sino comodato. El copropietario actúa en calidad de gestor de negocios ajenos , por lo que la legitimación activa no puede ponerse en tela de juicio.

El coheredero, congruentemente con esta doctrina, puede ejercer las acciones que de la posesión emanan, sin que sea dable oponerle la falta de adjudicación en su hijuela del bien sobre el cual pretende derechos, y así el art. 3450 del Código Civil le autoriza a ejercer la acción reivindicatoria.
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos, juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo limitado c/ Olivares, Hugo Néstor s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Mediante el juego recíproco de la solicitud de adhesión cuya firma ha de llamarse a reconocer- y de los resúmenes de cuenta inimpugnados e impagos, acompañados, a su vez, por el certificado de saldo deudor firmado por el gerente y el encargado del área contable, tenemos por conformado el título ejecutivo hábil que documenta y en cuyo seno se aloja, un crédito cierto en dinero, líquido y exigible (arts. 521 incs. 2°, 4° y 7°; 523 inc. 2° y 524 CPCC). Dicho de otra manera, el título que trae aparejada ejecución a que se refieren los respectivos proemios de los arts. 518 y 523 del CPCC. El referido título también podría estar cointegrado con los cupones o notas de débito firmadas por el deudor. Obviamente, la preparación de la vía ejecutiva surgiría prístina, en tales casos, con el reconocimiento de firmas del contrato y de las estampadas en cada uno de esos comprobantes. Pero la ausencia de ellos no impide ni bloquea la conformación del título en la forma señalada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa de automotores, entrega del bien, responsabilidad de la administradora del plan, falta de entrega del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLAN ROMBO SOBRE DENUNCIA POR RUBEN GIUSTI  I.G.J. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

La administradora del sistema de ahorro no entrega ni debe entregar un vehículo, salvo que así se haya convenido en el contrato, pero si no cumplió la obligación asumida de hacerlo entregar, se justifica la multa que la I.G.J. .

Si en fecha posterior a la denuncia, el denunciante recibió sin reservas la unidad, tal circunstancia no disimula el incumplimiento habido, ni excusa la responsabilidad por ese incumplimiento. Si bien es cierto que concretado el pago, su efecto cancelatorio disuelve la relación creditoria e importa una liquidación definitiva de la deuda con todos sus accesorios tal tesis no es aplicable en el caso de la responsabilidad administrativa en que incurrió la incumplidora.
Acción de lesividad, trámites judiciales, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad del Depto Santa Rosa c/ Varela, Guillermo Moisés s/ Declaración de Ilegitimidad y anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-09-18

La acción de lesividad al no tener reglamentación específica, requiere que al articularse, se apliquen las disposiciones necesarias para asegurar que su tramitación no cercene el derecho de igualdad de las partes, de conformidad con lo normado por el art. 39 de la Constitución Provincial, correspondiendo aplicar a tal fin por vía analógica, las normas que reglamentan el recurso de plena jurisdicción
Partidos políticos, personería jurídica, elecciones, distritos electorales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ELECTORAL
Carátula: Movimiento al Socialismo s/ reconocimiento de personería jurídico política.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Una interpretación que permitiera la subsistencia de un partido de distrito que no hubiera obtenido voto alguno por el sólo hecho de conformar un partido nacional que en otro distrito hubiera alcanzado el porcentaje mínimo y no de aquel que, actuando exclusivamente como partido de distrito estuviere en idéntica situación u obtuviera votos en número inferior al previsto legalmente, resultaría francamente violatoria de la garantía de la igualdad ante la ley.
Infracciones laborales, multa administrativa, resoluciones, aplicación temporal de la ley, ley penal más benigna
Materia: LABORAL
Carátula: OSPRIM  C.M.F.E.I.S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-16

A las sanciones impuestas por infracciones al ordenamiento laboral, con sustento en el procedimiento establecido en la ley 18695, les son aplicables las disposiciones generales del derecho penal, art. 4 del c.p. , y específicamente la del primer apartado del art. 2 de este código que establece la prevalencia de la ley más benigna entre las que rijan durante el período corriente entre la comisión del delito y el pronunciamiento. Por ello corresponde reducir la multa impuesta en base a una resolución que no estaba vigente, por haber sido publicada en el Boletín Oficial con posterioridad a la infracción.
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GRIGGIO, IVANNA DANIELA c/ RUIZ, OSVALDO C. s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-30

La negativa a someterse a la prueba biológica crea una presunción en contra de quien asume tal actitud procesal.
Procedimiento administrativo, acción revocatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

La normativa procesal incorporó un recurso ante el pleno del Tribunal contra las decisiones que adopte la Presidencia, que no existía con anterioridad a la sanción de la Ley 5106. En nada incide que este último sea el que en definitiva deba resolver ante la eventual impugnación vía revocatoria contra lo decidido, pues de lo contrario -so pretexto de economía y/o celeridad procesal- se frustraría la finalidad buscada por la norma ritual de garantizar una instancia de revisión para este tipo de actos y decisiones, dándole oportunidad a la parte interesada de incorporar argumentos que sostengan su posición al momento de fundar el recurso de reposición" (cf STJRNS1: Se. N° 90/16, in re: "GONZALEZ"). (Voto del Dr. Apcarian por sus fundamentos)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de competencia, tribunal administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

El art. 24, inc. 7°, del decreto ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467 - que encuentra sus antecedentes en los arts. 9° de la ley 4.055 y 24, inc. 8°, de la ley 13.998 -, habilita a la Corte Suprema a conocer los conflictos que se susciten entre jueces o tribunales judiciales y funcionarios u órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, con motivo del ejercicio de estas últimas (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia absolutoria, homicidio culposo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alcázar Alvarez, Rudy s/ art. 84 Código Penal - causa n° 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que absolvió a un procesado del delito de homicidio culposo (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Cuestiones de competencia, lugar del hecho, muerte
Materia: PROCESAL
Carátula: Calle Ehilverlr. s/ Muerte dudosa -causa n. 33.162-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Corresponde que entienda en la causa el juez que previno, sin perjuicio de lo que resulte de una posterior investigación, si no se ha establecido en cuál de los lugares en que estuvo internada la víctima se agravó el cuadro que culminó con su muerte.
Error material, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DE TELLERIA, JOSE M. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  D.N.V. s/ EXPROPIACION IRREGULAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Nada obsta a que el error que debió haber sido subsanado por vía de aclaratoria sea rectificado en cualquier tiempo, si lo contrario significa consagrar incongruencias en el fallo y desconocer su unidad.

Si bien es cierto que para establecer el alcance y los límites de la decisión que emana de un fallo ha de atenderse primordialmente a su parte dispositiva, no lo es menos que no debe prescindirse de su fundamentos pues toda la sentencia constituye una unidad, de la que aquella parte no es sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos de hecho.
Uso de documento falso, falsificación de cheque, endoso falso, transmisión del cheque
Materia: PENAL
Carátula: GIL, OSCAR s/ USO CHEQUE FALSIFICADO - FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

La falsificación de endosos de cheques a nombre de terceros, es en la actualidad no punible, porque de acuerdo a la ley 23.549, los cheques nominativos no podrán ser transferidos por endoso, ni tampoco por entrega en mano; su transmisión debe hacerse, según el art. 13 ley citada, bajo la forma y con los efectos de la cesión ordinaria de derechos.

Si, como en el caso de autos, no se ha probado que los prevenidos hayan sido los autores de la falsificación de cheques, sólo pueden ser incriminados por su uso.
Recusación, designación de jueces, subrogancia del juez, interpretación de la constitución, interpretación de la ley, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SARLENGA, LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN. s/ Contrabando de armas y material bélico, incidente de recusación interpuesto por Carlos Saúl Menem.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

1 - La recusación del magistrado no puede tener recepción favorable toda vez que el procedimiento previsto por la Res. 281/04 del Consejo de la Magistratura no se opone a la Constitución Nacional, pues no se vincula con la designación de Jueces con carácter definitivo, supuesto con el cual se relacionan las previsiones de los Art. 99, inc. 4 y 114 inc. 1 y 2 de la Ley Fundamental y, de manera armoniosa con ello, mediante la ley 25876 se ha establecido como función del Consejo de la Magistratura la de reglamentar aspectos de la materia vinculada con las subrogaciones de los Jueces y la designación transitoria de éstos, en la inteligencia de que esta circunstancia incide en la necesidad de velar por la función de impartir justicia de un modo más eficaz y, por medio de dicha regulación, se atiende al mandato constitucional de asegurar el acceso a la jurisdicción (Convención Americana de Derechos Humanos , Art. 8.1), siendo oportuno destacar que la CSJN dispuso mediante Acordada N° 7/2005 mantener la validez de las actuaciones cumplidas o a cumplir por los subrogantes designados con arreglo al reglamento aprobado en los términos del Art. 7 inc. 15 de la ley 24937 texto según ley 25876, por la Res. 76/2004 del Consejo de la Magistratura hasta tanto se agoten en cada caso las vías recursivas ordinarias y extraordinarias procedentes y se decida en definitiva (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).

2 - El motivo introducido como causal de apartamiento del juez, vinculado con el mecanismo utilizado parta la designación del nombrado en el juzgado a quo, no guarda relación alguna con el instituto procesal de la recusación, pues no se trata de una cuestión por la que pueda apreciarse la pérdida de la imparcialidad exigible en la actuación del juez en un caso concreto, ni por la cual pueda ponerse en crisis la capacidad específica del mismo para conocer en una causa determinada (Del voto del Dr. Hornos).
Excepciones procesales, costas, cuestiones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL BUEN AYRE S.A. c/ STRIEBECK GUILLERMO ENRIQUE Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

En los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, según una apreciación global de la controversia y con independencia de que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente respecto de la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (CNCom, Sala C, "Enrique R. Zenni y Cía. SA c/ Madefor SRL y otro s/ ordinario", del 14.2.91; "Martín, Oscar C. c/ Toyoparts SA s/ sumario", del 11.2.92; "Levi, Raúl Jacobo c/ Garage Mauri Automotores s/ ordinario", del 23.3.94; "Alba de Pereira, Victorina c/ Morán, Enrique Alberto s/ daños y perjuicios", del 29.3.94; "Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando SA y otro s/ sumario", del 2.2.99; entre otros; CNCom, Sala F, "Fernández Blanco Guillermo Eduardo c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ ordinario", del 7.4.15; íd., "Fernández Jorge Eduardo c/ La Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 26.11.15).