Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-01


EXPEDIENTE: 41680_6 DOCUMENTO: Interlocutorio.

FECHA: 1/06/11 AUTOS: E. R., J. S.

Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Causa Nro. 41680 "E. R., J. S. S/ externación" Interlocutoria Sala VI (2) Juzgado de Menores nº 3, Secretaría nr? 8.- ///n la ciudad de Buenos Aires, al 1 día del mes de junio de 2011, se reúnen los integrantes de esta Sala VI y la Secretaria autorizante, para tratar la apelación interpuesta por el Defensor a cargo de la Unidad Funcional para la asistencia de menores de 16 años (fs. 120/122), contra los puntos I y II del auto de fs. 106/113 que dispuso continuar con la tutela de J. S. E. R. y mantener su internación en el Centro "(º)".- AUTOS:

Celebrada la audiencia y tras la deliberación, estamos en condiciones de expedirnos.- Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.- Del agravio:

Para garantizar el derecho a la libertad del menor debe ser trasladado a un establecimiento abierto donde se pueda abordar su adicción, lo que se sustenta principalmente en su no punibilidad.- II.- De la decisión:

Luego de analizar las constancias del expediente tutelar estimamos que los fundamentos invocados no logran conmover lo expuesto por la jueza en el decisorio atacado.- Señalamos con anterioridad (in re: causa nº 40474; "Vázquez, Pedro Ariel S/ externación"; del 11 de noviembre de 2010, entre otras), a la luz del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa nº 7537" del 2 de diciembre de 2008, corresponde a los magistrados del fuero de menores, disponer y "controlar, no sólo [la] procedencia [de la internación] en cada caso, sino también, periódicamente, si las circunstancias que las motivaron han cambiado, tanto como, la vigencia de su necesidad y razonabilidad".- La ley 26061 autoriza a adoptar las medidas de protección integral de los derechos o garantías de los menores ante su amenaza o violación, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias (cf. CCC, Sala I, causa nº 36.065, "O., H. I.", del 14 de mayo de 2009), tal como ocurrió en este caso en el que, a nuestro criterio, no existe otra opción que mantener la internación de E. R. precisamente en procura de su efectiva protección. Veamos.- Los informes de fs. 4/5, 62/63vta. Y 67/70 ilustran que vivía con su madre M. R. y la hermana mayor G. S. L., no logrando su progenitora erigirse como referente, pues minimizaba las conductas en las que estaba involucrado. Ello conllevaba a que transgreda los límites y las pautas que se le fijaban, contexto que estaba agravado por el continuo consumo de sustancias tóxicas a las que hizo referencia.- Lo dictaminado a fs. 89/92 por el Dr. M. W. S. del Cuerpo Médico Forense da cuenta que el joven "?presenta peligrosidad para sí y terceros en los términos de una problemática en la que se asocia la disocialidad y el consumo de sustancias por lo cual surge indicado que realice un tratamiento dual, para ambas problemáticas, en un dispositivo terapéutico y de contención adecuado".- Se suma que pese a sus 15 años ya se ha visto implicado, en menos de un año, en varios eventos violentos -homicidios, robo calificado por homicidio y con armas, robo con armas reiterados en dos oportunidades- (ver fs. 36/46vta. de las copias del expediente tutelar nro, 10968-12 y fs. 22/27 del presente).- Además no sólo estuvo internado en el Instituto "(º)" sino que escapó en oportunidad en la que fuera visitado por R., de la Comunidad Terapéutica "(º)", conforme surge de fs. 76, donde fue trasladado para realizar un tratamiento que se adecuara a sus necesidades. Luego nuevamente fue aprehendido por conflictos con la ley penal.- De las entrevistas realizadas a R. -fallecida el pasado 13 de mayo (cf. fs. 129/130 de estos testimonios y 134/135 del principal)- y a L., se desprende cierto grado de temor de que regresara al hogar familiar por el riesgo de que sufriera algún tipo de represalia y se visualizaba "cierta tendencia a la naturalización respecto a las reiteradas situaciones de vulnerabilidad que presenta el joven, minimización de las consecuencias de sus acciones y responsabilización a terceros (otros pares, el barrio) en detrimento de la posibilidad de tomar registro de los riesgos a los que se expone J. y así reflexionar acerca de las posibles causales ya sea a través de una mirada crítica acerca de la historia familiar, la dinámica de la misma, como de las dificultades intrínsecas a las funciones de sostén normativo, orientación y continencia familiar" (fs. 118/119 y 126/127), lo que demuestra que E. R. no posee, de momento, una red de contención que permita acceder a lo peticionado, circunstancia que se fue reformada por lo expresado por la licenciada C. D. S. a fs. 138/138 del principal.- Respecto a la posibilidad relatada por M. J. J. de trasladarse junto con E. R. a la ciudad de "(º)" , donde residiría su hermano que estaría dispuesto al igual que sus progenitores a ayudarlo (ver fs. 118/119), lo cierto es que todavía no se los escuchó ratificar lo expresado.- Por otra parte es recomendable continuar con el trámite para gestionar su DNI, pues su carencia afecta su vida en sociedad (artículo 15 de la Ley 26.061 y Ley 24.540).- Todo lo expuesto torna aconsejable mantener la medida tutelar dispuesta por la magistrada, siempre atendiendo al interés superior del niño.- Frente a esas circunstancias, la mejor opción para el joven es mantener su internación en el establecimiento "(º)" hasta tanto se cumplan con las estrategias establecidas en el pronunciamiento impugnado y así asegurar que su egreso (o traslado a un régimen abierto) no conspire contra su propio interés de niño, conforme lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 34 de la Ley 26.061.- A esta altura, no queremos dejar de remitirnos a lo expuesto por nuestros colegas de la Sala I en el precedente citado, quienes acertadamente señalaron que "la finalidad del ordenamiento positivo actualmente vigente es evitar la judicialización de los niños que carecen de capacidad de culpabilidad. No obstante ello, como órgano de poder político resultamos garantes de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, entre los que se encuentra la protección de los intereses de los niños. En este sentido, no hablamos ya de una protección general, como la que le corresponde al órgano legislativo, sino de una protección concreta de los intereses de un niño (o joven) determinado".- De todo lo expuesto se concluye que por el juego de derechos constitucionales e intereses en conflicto, la tutela dispuesta, frente a la ausencia de otra alternativa, tal como se expuso, de momento, se adecua a la finalidad perseguida.- Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

Confirmar los puntos I y II del auto de fs. 106/113, en todo cuanto fue materia de recurso.- Se deja constancia que el Dr. Luis María Bunge Campos, juez subrogante de la vocalía nº 11, no interviene por encontrarse abocado a las audiencias de la Sala I de esta Cámara (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- Devuélvase para que se practiquen las notificaciones pertinentes en primera instancia y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- Julio Marcelo Lucini Mario Filozof Ante mí:

M aría Martha Carande Secretaria de Cámara