marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, productor asesor de seguros, perfeccionamiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANSELMO, ALBERTO ALFREDO c/ CIA. ARG. DE SEG. VISION SA Y OTRA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

El documento extendido por un productor de seguros, continente de una mera propuesta, es de por sí sólo insuficiente para tener por celebrado un contrato de seguros, careciendo de efecto vinculante para las partes. Las facultades del productor de seguros deben entenderse limitadas a las enumeradas en la LS: 53, entre las que no se encuentra la de celebrar seguros en nombre del asegurador. El contrato debe reputarse perfeccionado a partir de la aceptación de la propuesta por la aseguradora.
Acción de inconstitucionalidad, derecho de comerciar, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caselly y Cía S.A. s/ Inconstitucionalidad art. 2, ley 11.825
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

La autorización para funcionar de un comercio en determinadas condiciones no puede traer como consecuencia la petrificación de la actividad reglamentaria si las circunstancias de hecho imponen la necesidad de introducir, en la medida y ámbito de la respectiva competencia, ciertas modificaciones a su funcionamiento.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rossetti de Blanco, Elsa Nidia s/ Inconstitucionalidad arts. 45 y 48, ley 5920.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El artículo 45 de la ley 5920 resulta inconstitucional toda vez que desconoce el derecho constitucional que debiera reglamentar.
Fondos comunes de inversión, reordenamiento del sistema financiero, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Cirigliano  Isabel  A.  y  otro c/ PEN  -Dto.  1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-06

El fondo común de inversión no constituye un depósito bancario y según las normas que regulan el funcionamiento de dichos fondos (ley 24.083 y decreto 174/93) no goza de las garantías de tales depósitos y constituye una inversión de riesgo ya que el valor de las cuotapartes al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor originalmente invertido, no apareciendo el derecho como verosímil a los efectos cautelares (en el mismo sentido Sala III, "Peralta Rosalía", del 19/9/02 y Sala IV, in re "Jakim, Diana M.", del 6/2/03).

Sin perjuicio del derecho que podría asistirle al actor de pretender la entrega a título cautelar de la participación que correspondiera a su cuotaparte sobre las inversiones en depósitos bancarios que hubiera realizado el Fondo, cuestión que deberá ser dilucidada por el a quo, así como la procedencia de la cautela por las razones de excepción que se invocan. Ello con la necesaria intervención de las sociedades gerente y depositaria del Fondo, así como también de las entidades financieras en donde éste hubiera efectuado los depósitos bancarios, a quienes les sería oponible el fallo.
Convenios colectivos de trabajo, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, estabilidad laboral, ingreso al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PIÑEIRO, Avelino c/ SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA SADAIC s/ nulidad despido- Reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

La CCT 84/75 consagra un régimen especial de estabilidad en beneficio de todo el personal comprendido en su ámbito de aplicación, exigiendo como único requisito para su implementación que el trabajador cumpla "una prestación de servicios de seis meses, contados desde la fecha de su ingreso a SADAIC" (art. 51, 2do párrafo). Dicho texto es categórico y no admite excepciones, por lo que carece de fundamento la defensa que niega la aplicación de la estabilidad propia al personal que ha violado la "carrera administrativa". (Del voto del Dr. De la Fuente, en minoría).
Sanciones procesales, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: FIANT WALTER OSCAR c/ QUIROGA JORGE LUIS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La tacha de inconstitucionalidad habida contra el art. 45 del cód.

Procesal, no resiste a la evidencia de que la ley y los jueces puedan sancionar la inconducta procesal sin mengua del derecho de defensa de las partes.
Honorarios, honorarios del abogado, juicio ejecutivo, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaset, Joaquín Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-14

No toda contravención a la ley adjetiva, constituye un vicio denunciable en casación, sino que para que tenga cabida se debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley procesal, es decir con los arts. 130 y sgts. del C.P.C. y en especial con lo normado por el art. 133.

Iniciar juicio ejecutivo para procurar el cobro de honorarios regulados judicialmente no es la vía adecuada, porque la ley ritual manda cómo ejecutar las sentencias de Tribunales Argentinos en el capítulo 3º art. 318 y sgts.
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cánepa Hnos. S.A.C.A. y F. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La prescripción bienal contemplada en el art. 4032 inc. 1 del Código Civil rige para aquellos supuestos en que el profesional ha cesado en su ministerio, sea por terminación del pleito o por la conclusión de su vínculo con el cliente. Cuando se trata de la hipótesis de finalización del proceso, el plazo respectivo comienza a computarse a partir de la notificación de la sentencia o transacción que le puso fin, salvo que la intervención del letrado no concluya necesariamente con aquellos actos, sino que debe continuar actuando en el juicio hasta que se haga efectiva la condena, en cuyo caso, el término corre desde la efectiva cesación de los servicios profesionales.
Regulación de honorarios, concursos, incidentes, verificación de créditos, base regulatoria, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Romero S.A. s/ quiebra s/inc de revisión por el Fisco Nacional- D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

La conjunción compulsiva "y" que figura en la parte final del art. 287 de la ley 24.522, debe interpretarse en el sentido de que el monto insinuado deberá tomarse como base de la regulación cuando fuere verificado, pues de lo contrario -es decir, de no existir esa coincidencia- deberá utilizarse solamente la cantidad verificada, como lo establece el inc. c) del art.

7 de la ley de arancel (Disidencia de los Dres.

Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).

***LEY C 024432 1994 12 15 0007 000 0000 000 ***LEY C 024522 1995 07 20 0287 000 0000 000
Derechos y garantías constitucionales, elevación a juicio, clausura de la instrucción, facultades del fiscal, requerimiento de sobreseimiento, legalidad objetiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRUTOS, NOEMI INES s/ CONFLICTO. Causa: 1118
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Las garantías constitucionales no se encuentran afectadas por el artículo 348 del c.P.P.N. Cuando no media discusión acerca del respeto al principio ne procedat iudex ex officio en el momento inicial del proceso (arts. 188 y 195 del C.P.P.N.) y la condena fue pedida por el fiscal de juicio en la oportunidad del artículo 393 del mencionado código.
Interpretación de la ley, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mazal, Carlos Isaac por apelación demanda c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La inconsecuencia y falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Injuria laboral, pérdida de confianza, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: FROLA RAUL ARTURO c/ LO BRUNO S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-08

El hecho de sorprender al trabajador cuando pretendía salir del establecimiento, ocultando mercaderías que llevaba consigo, es suficiente para determinar la pérdida de confianza que justifica el despido por injuria, pese a lo exiguo del valor de los efectos que pretendió sustraer.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Oliver, Diana Teresa y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-13

El instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva y el mismo criterio se sigue para los honorarios. "En materia de prescripción por cobro de honorarios de profesionales, impera la interpretación restrictiva, en la que se debe optar por el régimen más favorable al acreedor".
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, plazo, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Artiles, José Victorio c/ Alberto Abdala e Hijos S.A. s/ Diferencias de Haberes e Indemnizaciones de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-07-07

Si la formulación de un pedido de aclaratoria no interrumpe el plazo perentorio acordado por la ley para apelar, con mayor razón carece de virtualidad para suspender el curso del plazo fijado para fundar con el informe de agravios la apelación ya concedida.
Sociedades comerciales, sociedad constituida en el extranjero, Inspección General de Justicia, aplicación de la ley, fiscalización de sociedades
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Vereinigte Textilwerke Gmbh Interprises Textiles Reunies Sarl - United Textil Works s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

El régimen previsto en la ley para regular la actuación extraterritorial de las sociedades constituidas en el exterior distingue tres especies, según que esa actuación consista: a) en actos aislados (LGS 118, 2° párr.); b) en el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto social, representación permanente o sucursal de esas sociedades (LGS 118, 3° párr.); y c) en la participación en sociedad local (LGS 123). Así, la confrontación actos aislados y ejercicio habitual, revela que, por decirlo de algún modo, estamos ante "supuestos extremos", que van desde no exigir nada para el acto aislado, hasta exigir "todo" para realizar actividad habitual: en este último caso, no sólo hay que identificarse y cumplir con los recaudos de publicidad y demás modalidades que se aplican a las sociedades locales, sino también hay que asumir idénticas responsabilidades (art. 121), exteriorizar la actuación por medio de contabilidad separada (art. 120). Dentro de ese abanico se inserta la sociedad externa que toma participación en una local, que, sin duda, realiza actividad habitual, pero no la realiza de modo directo, sino por medio de otra sociedad que ya se encuentra inscripta a esos efectos en nuestro Registro y sometida al control que le corresponde. Por eso es que el régimen no es igual al que tiene aquella que sí se inserta de modo directo en nuestro mercado, y así resulta del hecho de que esa diversidad ha sido captada en nuestra ley que, tras someter a las sociedades con esa actuación directa al régimen que resulta de los arts. 118 ter y siguientes, ha concebido para la "sociedad extranjera socia" un régimen distinto, que, previsto en el art. 123, tiene las exigencias menores implícitas en el también distinto rol que ella ha de cumplir. La doctrina coincide en que, el objetivo de este último régimen es identificar al socio que ha de asumir los derechos y obligaciones de su status de tal, no controlarlo como agente activo del tráfico mercantil de la República, que, por definición, no es.
Expresión de agravios, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Soraire, Rosa Aidee c/ Saglimbeni, Felipe Humberto; quien resulte responsable legal de la explotación agropecuaria s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-02

El demandado no sólo tiene la carga de negar pormenorizadamente las afirmaciones de la demanda, sino que debe aportar los elementos que hagan a su defensa; es decir, no es posible que la parte requerida por la acción que se entabla, no ofrezca su propia versión de las circunstancias fácticas que acepta ocurrieron. Si la trabajadora no se encontraba registrada; ello imponía, incluso, una prueba más contundente de parte de la apelante en resguardo de su posición.
Defraudación, administración fraudulenta, calificación de conducta, perjuicio patrimonial, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: WARTER GOLDHAKER, Carlos y otro. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

El planteo de atipicidad de la conducta -con sostén en la idea de que el reintegro de las sumas de dinero conlleva la ausencia de uno de los elementos objetivos del tipo penal de la defraudación por administración fraudulenta, el perjuicio patrimonial- debe rechazarse por cuanto la satisfacción de los perjuicios civiles no elimina la tipicidad penal del hecho. La conducta asumida por el encartado a posteriori de ser descubierto por sus víctimas y ante el reclamo monetario de éstas, en forma alguna impide que se formule el reproche penal correspondiente (*). Tampoco resulta aplicable lo normado en el art. 43 de la ley sustantiva, toda vez que no ha existido un desistimiento voluntario por parte del sujeto activo del delito que en definitiva se vio consumado.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marconi, Olga c/ Esposito, Omar s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

La circunstancia de que el ejecutado no haya impugnado la liquidación no obliga al juez a aprobarla, pues si ella contiene intereses abusivos el juzgador conserva la facultad de morigerarlos con la finalidad de asegurar el imperio de la justicia conmutativa, conciliando, a su vez, armónicamente la regla de la inmutabilidad de una renta pactada por las partes con las exigencias que fluyen de los principios ético-jurídicos que se subsumen en las premisas de orden público, buenas costumbres y buena fe, que son los que informan la letra y espíritu de los artículos 221, 502, 530, 953, 1071, 1167 y concds. del Código Civil.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impuestos, régimen tributario, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

El ejercicio de facultades exonerativas con fundamento en la Cláusula del Progreso, admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso respecto de tributos locales, está sujeta a los requisitos de razonabilidad y temporalidad, exigencias que surgen de la propia letra del art. 75, inc. 18 de la Constitución Nacional. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Secuestro de bienes, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: PLEHM, Elvio Ernesto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

Si los supuestos delitos por los cuales se decidió continuar la pesquisa no pueden atribuírsele al imputado, en su carácter de viajante de una empresa, ni a la referida firma, mucho menos al titular del vehículo que fuera secuestrado, se refuerza la conclusión en torno a la falta de claridad en torno cuál sería la hipótesis delictiva por la que los jueces estimaron correspondía continuar la investigación en la justicia ordinaria y en especial, qué tipo de intervención correspondería al imputado y cuál es la vinculación del dinero, los cheques y el vehículo secuestrados, como para que justifiquen mantenerlos sometidos a esa jurisdicción. La ostensible falta de fundamentación del decisorio impugnado conlleva la imposibilidad de determinar si existe identidad entre el cuadro fáctico por el cual se ordena la remisión de las actuaciones y esta causa.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones, presentación de las ofertas, adjudicación, destino del inmueble
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Si lo convenido en los pliegos, la oferta y adjudicación fue que los edificios pasaran al Servicio Nacional de Parques Nacionales sin cargo alguno, no cabe admitir que tal circunstancia pudiera válidamente modificarse con posterioridad, mediante la firma de un contrato aclaratorio ya que la Administración niega que tal haya sido la finalidad del mismo y porque frente a esa negativa no puede entenderse que esa modificación haya podido válidamente efectuarse después de la adjudicación, sin ocasionar la nulidad del acto por violación al principio de igualdad que debe presidir toda contratación administrativa.
Impuestos, base imponible, ley tributaria, interpretación de la ley, impuesto inmobiliario, bienes inmuebles, valuación fiscal, Poder Ejecutivo, reglamentación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COSTAMAGNA, ESTELA A S c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 258-82 LAFFAYE, ALFREDO RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 12-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-17|1988-03-17

El decreto 4466-79 en su artículo 3 establece que "a los fines impositivos fíjase como valor fiscal de los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales el 80% de las valuaciones resultantes según lo establecido precedentemente y la hipótesis de ajuste implícito que establecerá este poder ejecutivo a esos efectos". Es de advertir entonces que el Poder Ejecutivo no "aplicará" tal ajuste -como sostiene la provincia- sino que se utilizó el término "establecerá" que, según la tercera acepción del Diccionario de la Lengua Española (decimonovena edición), significa "ordenar, mandar, decretar", mientras que el término "aplicar" hace referencia a "referir a un caso particular lo que se ha dicho en general, o a un individuo lo que se ha dicho de otro". En consecuencia, para respetar el espíritu del aludido decreto resultaba imperioso el dictado de una norma por parte del Poder Ejecutivo que "estableciera" el monto en cuestión.
Docentes, tareas pasivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAESANO CELIA ESTHER s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1986-07-21

Por aplicación del artículo 19 de la resolución número 405/71 Consejo General Educación es exigible el dictámen de Junta Médica para habilitar al docente en pasividad, en caso que pretenda ascensos con carácter transitorio o definitivo, requiriéndose además un año de actividad en la docencia desde la fecha del alta. Ello se hace imprescindible para la posibilidad de concursar y en consecuencia aspirar a un ascenso
Administración Pública, empleo público, retiro obligatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPOS ANIBAL OSCAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-11

No cabe considerar que el actor sea titular de un derecho subjetivo administrativo que se traduzca en la inalterabilidad de su situación cuando la propia norma reguladora de su peculiar relación de empleo público (agente de la fuerza policial) sujeta su permanencia en actividad a la posibilidad de que la Administración en ejercicio de una indiscutible facultad (discrecional) disponga su pase a retiro con respecto de las disposiciones normativas que lo permiten y cuando se produzcan las causales allí establecidas.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corzo, Nicolás y otros c/ EFA s/ ordinario (18.345).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Son insusceptibles para habilitar la vía extraordinaria aquellas cuestiones que no fueron oportuna y debidamente planteadas a los jueces de la causa.
Prueba, prueba pericial, arma secuestrada, falta de notificación, reproducción de la pericia, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

La jurisprudencia ha dicho que la reproducibilidad de una pericia del arma torna innecesaria su notificación previa (en este sentido C.N.Crim y Correcc, Sala 5, 3/15/94, "S., H.J.) En el mismo sentido se ha resuelto que: "Al ser reproducible el informe pericial cuya nulidad se pretende, la falta de notificación de tal medida no produce perjuicio a las partes. (Navarro, González Palazzo, Filozof- c. 10.082, CABELLO, Luis A. Rta: 10/12/98. Se citó: (*) Navarro, Guillermo R. - Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1996, T. I, págs. 549 y ss.) La diligencia pericial cuya nulidad se pretende no resulta "definitiva" ni "irreproducible", artículo 200 Código Procesal Penal de la Nación. Las nulidades no deben ser declaradas si el vicio no ha impedido lograr la finalidad del acto y si no media interés jurídico que reparar, de acuerdo a los principios de conservación y trascendencia, ante los cuales aquéllas siempre ceden.
Comercialización ilegal de estupefacientes, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wendling Duarte, Víctor Antonio y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-02

Si bien es sensato considerar que la hipótesis delictiva de comercialización o importación de materias primas para la elaboración de estupefacientes es, en algún sentido, más leve que la figura respectiva a los estupefacientes en sí mismos, lo cierto es que ese dato en soledad no logra hacer mella en los fundamentos de la graduación de la pena.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, nulidad procesal, nulidad de la notificación, fiscales, declaración de inconstitucionalidad, Ley Orgánica de la Policía Federal, edicto policial, contravenciones, escándalo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Saúl s/ inf.  al  edicto policial de "Escándalo art. 2 inc. "H" causa 36.374.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

Toda vez que no ha mediado denegación del recurso extraordinario, sino una declaración de nulidad de actuaciones, la presentación directa ante la Corte no es la vía apta para impugnar la decisión que declaró la nulidad de la notificación al fiscal de la resoluión declarando inconstitucional la Ley Orgánica de la Policía Federal en lo referente a los edictos contravencionales, los arts 27 y 596 del Código de Procedimientos en Materia Penal y del art. 2x, incs. h) y f) del Edicto Policial de Escándalo, por entender que no era parte en los procedimientos contravencionales.