Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-10


La Plata, diciembre 10 de 2008.

Antecedentes El Tribunal del Trabajo Nº 1 de Avellaneda, por mayoría, hizo lugar a la defensa de prescripción interpuesta por la accionada y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida con costas (fs. 699/718 vta.).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 729/750 vta.).

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? La doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de grado hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por el demandado de autos, Cattorini Hnos. S.A. En consecuencia dispuso el rechazo de la acción que, con fundamento en la ley civil y en procura del cobro de indemnizaciones por incapacidad laboral, dedujo en su contra Santos Savino Salinas.

II. La parte actora impugna esta forma de decidir, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional; 11, 15, 31, 39 y 57 de la Constitución Provincial y de la doctrina legal que cita.

En lo esencial cuestiona la valoración de la prueba realizada por la mayoría del tribunal -esencialmente de las pericias médicas y técnica- que llevara al dictado del pronunciamiento mediante el cual se dispuso la procedencia de la defensa articulada.

III. El recurso no ha de prosperar en atención a su manifiesta insuficiencia técnica.

1. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés para resolver el presente, concluyó -por mayoría- que conforme surge de las constancias obrantes en la causa el actor tomó conocimiento de la patología por la que acciona y sus secuelas incapacitantes -cualquiera fuera su grado- en el mejor de los supuestos para él, en el mes de junio de 1996. Estimó que en dicha fecha quedó consolidado un proceso patológico evolutivo que databa de tres años (cuestión tercera del veredicto fs. 704 vta./706 vta.). Juzgó entonces que, al momento de interponer la presente -8/XI/2000- ya había transcurrido en exceso el plazo bianual previsto en los arts. 4037 del Código Civil y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual dispuso acoger la defensa de prescripción deducida por la accionada de autos y desestimar la demanda promovida por el trabajador Salinas (ver sent. fs. 713 vta./716).

2. Esta Corte ha sostenido reiteradamente que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad laboral y, en consecuencia, el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituye una típica cuestión de hecho y como tal se encuentra -en principio- reservada a la apreciación de los jueces de grado no sujeta a revisión en casación, salvo el excepcional supuesto de absurdo (conf. causas L. 82.874, sent. del 11/IV/2007; L. 83.795, sent. del 1/III/2006; L. 79.519, sent. del 1/IV/2004, entre muchas otras), extremo que si bien en el presente es denunciado por el interesado, no alcanza a evidenciarlo.

Asimismo, es doctrina de este Tribunal que b (conf. art. 258, L.C.T.; causas L. 83.145, sent. del 9/XI/2005; L. 75.562, sent. del 2/IV/2003).

3. En la especie el recurrente no satisface el requisito de demostrar la imprescindible existencia de absurdo para obtener la modificación del fallo en un aspecto que -reitero- pertenece a la órbita privativa de actuación y valoración del tribunal de grado. Por el contrario, sólo se limita a exponer una serie de premisas y apreciaciones subjetivas, tratando de sustituir con su propio criterio al del juzgador de grado, sin demostrar que el razonamiento que guía a la sentencia hubiese arribado a extremos incompatibles con las constancias de la causa (art. 279, Código Procesal Civil y Comercial).

a) He de puntualizar que, para la mayoría del tribunal de grado, resultó inequívoco que el actor desde 1993 tenía conocimiento de padecer la afección por la cual reclama. Se afirmó además que en 1994 y en fechas posteriores, se notificó del padecimiento -con motivo del examen médico dispuesto por el principal- así como de la cuantificación del porcentaje de incapacidad que la misma le generaba (fs. 705 vta./706 vta.). Circunstancia que quedó acreditada con la prueba oral referida en el fallo de los hechos (fs. citadas).

b) El quejoso pretende controvertir esta contundente conclusión a partir de reeditar su postura de inicio en orden a la fecha en que adquirió conocimiento de su dolencia. Agota su planteo en la mera exhibición de un criterio particular y discrepante al del juzgador de grado, respecto a la apreciación de los elementos probatorios que dieran sustento a la decisión que critica -en especial de la pericia médica y de su aptitud para corroborar la fecha por él denunciada-. Más olvida al hacerlo que, la apreciación de las pruebas aportadas por las partes al proceso en respaldo de sus pretensiones, constituye el ejercicio de la facultad privativa que le asiste al sentenciante a quo y que, por tal, se encuentra detraída del conocimiento de este Tribunal, salvo el apuntado vicio de absurdo que, reitero en la especie no es acreditado.

En suma, no logra el interesado evidenciar que las motivaciones expuestas por la mayoría del tribunal de grado resulten incompatibles con las constancias objetivas de la causa, por cuya razón el fallo permanece incólume. Para cumplimentar eficientemente el art. 279 citado y aspirar, de tal modo, a una revisión en casación, es necesario demostrar lo impropio de lo resuelto y, los fundamentos esgrimidos en el recurso no generan convicción para habilitar la revisión de la sentencia impugnada.

Firme la decisión de grado en cuanto consideró prescripta la acción, no corresponde el tratamiento de los restantes cuestionamientos que formula el recurrente al fallo de origen, quedando así sellada la suerte adversa de la queja.

IV. De conformidad a todo lo dicho, el recurso debe ser rechazado; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los doctores Genoud, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la doctora Kogan, votaron también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.). -Hilda Kogan. - Luis Esteban Genoud. - Héctor Negri. - Eduardo Julio Petiggiani