Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-31


AUTOS 89727 (C.C.Nº19935) DEL Tercer Juzgado Civil, Comercial Y Mineria, CARATULADOS: "ILLANES Roberto Santiago y Otra C/ Toledo Juan Carlos y Otros - Daños y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2009- del Tº I- Fº73/77- San Juan, treinta y uno (31) de marzo de 2009.- VISTO: Estos autos Nº 19.935, caratulados "ILLANES ROBERTO SANTIAGO Y OTRA C/ TOLEDO JUAN CARLOS Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", para resolver el recurso de apelación deducido por el codemandado Sr. Juan Carlos Toledo, concedido a fs. 82, contra la resolución de fs. 78 / 81.

CONSIDERANDO:

La aludida resolución, de fecha 24 de junio de 2008, dispone rechazar la caducidad de instancia articulada a fs. 49 / 50 por el codemandado Sr. Juan Carlos Toledo. Declara también que ha devenido abstracto el tratamiento de la excepción de falta de personería deducida a fs. 54 / 55 por el codemandado referido. Finalmente, impone las costas por las incidencias resueltas en el orden causado y difiere para su oportunidad las pertinentes regulaciones de honorarios.

En autos, el 22 de mayo de 2006, se promovió demanda por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito contra el conductor de la pick up Rastrojero Ranquel, Dominio TEC 152, Sr. Juan Carlos Toledo, y contra quien resultara titular de dominio al tiempo del accidente (24 / 5 / 2004) para cuya individualización debía oficiarse al Registro de la Propiedad Automotor que correspondiera. Dicha demanda, con copia de la misma, de la documentación y de la ampliación de prueba dispuesta, se notificó al codemandado Toledo el día 3 de diciembre de 2007. Con motivo de ello el codemandado referido, a fs. 49 / 50 vta. el día 7 de diciembre de 2007, deduce caducidad de la instancia por entender que desde la última resolución dictada con efecto impulsor a su respecto (fs. 18, fecha: 11 de mayo de 2006) hasta la notificación del traslado de la demanda (3 de diciembre de 2007) ha transcurrido un plazo mayor al fijado por el art. 294 inc. 1° del CPC. Agrega allí mismo, que a los fines determinados por el art. 296 del CPC, es necesario realizar un análisis del tipo de pretensiones del actor y el tipo de litisconsorcio que nos ocupa. Que la actora plantea una pretensión contra su parte "en el carácter de conductor del vehículo" y otra pretensión o demanda "contra quien resulte titular o co-titular de la pick up marca Rastrojero Ranquel". La pretensión contra el conductor se basa en responsabilidad directa; mientras que contra el propietario es por responsabilidad indirecta. Las obligaciones de estos demandados no son solidarias sino in solidum o concurrentes porque no tienen una fuente común. Luego, debe concluirse que estamos en presencia de un litisconsorcio facultativo o voluntario y no necesario. Así las cosas, los actos impulsorios cumplidos contra uno de los litisconsortes no benefician al otro. En autos luego de la providencia de fs. 19 la actividad cumplida fue respecto al posible codemandado titular de dominio, pero no de su parte, de donde la caducidad se ha operado en su caso.

La a-quo al resolver la caducidad, luego de recordar su noción y requisitos, trae una cita de Alsina (Tratado 2da. Edic. v IV, pag. 434) que dice: "Uno de los principios básicos del instituto de la caducidad es la indivisibilidad de la instancia, del cual deriva, como consecuencia lógica y necesaria otro principio, la indivisibilidad de la caducidad. Es decir, que es indivisible para que la instancia, cualquiera sea la naturaleza de su objeto, sea considerada con tal carácter. Dicha indivisibilidad, en razón de la unidad de la relación procesal, implica su aplicación a todas las partes que intervienen en la instancia, de modo que siendo varios los actores y los demandados, la caducidad se produce, se suspende o se interrumpe con respecto a todos por igual, afectando íntegramente la instancia, se trate o no de una obligación solidaria, divisible o indivisible." (fs. 81 vta.); y sobre su base y en tanto en los presentes autos existe un litisconsorcio pasivo, concluye que el argumento del promotor de la caducidad en el sentido que los actos impulsorios lo fueron sólo respecto al titular registral pero no frente a sí, no resulta atendible. Agrega luego que en el caso de autos existe una instancia abierta y no ha mediado inactividad procesal durante el plazo que establece el art. 294 inc. 1° del CPC. En efecto, siendo única la instancia, los actos de fs. 19, 21, 24, 40 y 45 tienen virtualidad impulsoria del procedimiento. Particularmente la producción de la prueba informativa, tendiente a obtener copia certificada de las actuaciones preliminares N 65 efectuadas por la Seccional Sexta de la Policía de San Juan, ordenada por decretos de fs. 19 y 24 y agregada a fs. 24 / 42, son actos netamente impulsorios del procedimiento que no se pueden imputar sólo frente al titular registral sino que favorece el avance del proceso en general. Menciona luego como de aplicación al caso el art. 295 del CPC y el criterio restrictivo con que debe admitirse la caducidad en casos dudosos.

La incidentista apelante se agravia, en primer lugar, del rechazo de la caducidad con fundamento en la unicidad e indivisibilidad de la instancia. Entiende la presentante, con apoyo doctrinal y jurisprudencial, que ese criterio es válido para los casos de litisconsorcio necesario, pero no cuando el litisconsorcio es facultativo o voluntario, que es el caso de autos.

El segundo agravio de la apelante es por la imposición de costas por su orden en la excepción de falta de personería. Estima deben imponerse a la actora porque cuando la excepción se planteó su parte tenía derecho para hacerlo.

Tratamiento de los agravios Al entrar al tratamiento del primer agravio, cabe advertir, que la recurrente no ha impugnado el argumento que la a-quo da en el sentido de que la actividad cumplida en autos tendiente a obtener copia certificada de las Actuaciones Preliminares n 65 de la Seccional Sexta de la Policía de San Juan (fs. 19, 21, 24, 40. 45) es netamente impulsoria del procedimiento en general, es decir, frente a todos y no sólo respecto del titular registral.

Además de no estar impugnado ese aspecto de la sentencia, compartimos con la a-quo que esa actividad tendiente a obtener la copia autenticada de las Actuaciones Preliminares ante la Policía, como de la Historia Clínica del actor Diego Illanes obrante en el Hospital Rawson, resulta interruptiva del plazo de caducidad frente a todos los codemandados, desde que se trataba de parte de la prueba ofrecida por la actora para acreditar el daño sufrido en el accidente motivo del juicio.

En efecto, a fs. 15 vta. del escrito de demanda - promovida el día 22 de mayo de 2006-, en el punto VIII.3 dice la actora: "Que a los efectos de acreditar las lesiones recibidas por el Sr. Diego Illanes en el evento dañoso. . .; es que solicito que como medida previa se oficie a la Policía de San Juan, Seccional 6°, a los fines de que remita copia certificada de las Actuaciones Preliminares N 65 / 04 que tramitaran por ante esa comisaría". [. . .] "Asimismo, y a idénticos fines, solicito que se oficie al Hospital Rawson, Servicio de Emergencia, a los efectos de que se remita copia certificada de la Historia Clínica del Sr. Diego Gabriel Illanes Olivera. . .". Luego en el punto 6 del petitum (fs. 16) se expresa: "Se ordene oficiar como se pide en el Pto. VIII.3 a la Policía de San Juan y al Hospital Rawson". A fs. 17 (24 / 5 / 06) se hace saber el juez intervendrá en la causa y se manda reponer sellado al mandatario. A fs. 17 vta. (26 / 7 / 06) se repone sellado. A fs. 18 se provee la demanda con fecha 11 de mayo de 2006, fecha evidentemente errada puesto que a la misma ni se había deducido la demanda. La fecha correcta debe ser 26 o 27 de julio de 2006. A fs. 18 vta. (28 / 7 / 06) el apoderado se notifica de la resolución de fs. 18 y pide se provea los puntos 4 y 6 del petitorio de la demanda (el punto 6 era que se oficiara a la Policía y al Hospital). Así se dispone a fs. 19 (31 / 7 / 06), diciendo en la providencia que ello se cumpla antes de notificar la demanda. A fs. 41 y 42 constan los oficios Dirigidos a la Policía y al Hospital Rawson, librados el 8 / 8 / 06 y recibidos por sus destinatarios el 14 y 16 de agosto de 2006, respectivamente. A fs. 43 (11 / 5 / 07) se acompañan copias de dichos oficios y ante la incontestación de los mismos se solicita se reiteren. A fs. 44 (15 / 5 / 07) así se dispone. A fs. 39 (4 / 9 / 07) se acompañan copias certificadas de las Actuaciones Preliminares N 65 de la Policía, con lo que se acredita la existencia del accidente y los daños ocasionados por el mismo, solicitando se agreguen a autos y se provea la demanda. A fs. 40 (10 / 9 / 07), se ordena la interdicción de la camioneta y, en cuanto a que se provea la demanda se remite a la providencia de fs. 18. A fs. 45 (24 / 10 / 07) se dispone la agregación de la contestación de los oficios dirigidos a la Policía y Hospital Rawson. A fs. 46 ( 26 / 10 / 07) se amplía la prueba ofrecida en la demanda respecto a la actividad que cumplía el actor en el Centro de Formación Profesional N 1 de Rawson al tiempo del accidente, ampliación que se admite a fs. 47 el 31 / 10 / 07 y también se notifica con la demanda el 3 de diciembre de 2007 (fs. 48).

Como decimos, toda esta actividad, que era útil y necesaria, tendía a llevar adelante el proceso respecto a todos los demandados, esto es, el conductor Sr. Toledo y también contra quien pudiera resultar titular de dominio de la camioneta. Luego, la afirmación de la incidentista al plantear la caducidad de que ". . . los actos impulsorios que se puedan haber realizado en el proceso, sólo pudieron ser respecto del posible demandado titular o co-titular del vehículo. Pero no hay ningún acto impulsorio, respecto de la pretensión contra el Sr. Juan Carlos Toledo" (fs. 50), no tiene fundamento y no responde a lo que surge de autos.

Y bien, como la sucesión de actos cumplidos por la actora, que se han reseñado, son interruptivos del plazo de caducidad y se produjeron en tiempo útil para ello, la caducidad propuesta no resulta procedente y debe rechazarse al igual que el recurso en tratamiento.

Así las cosas, la cuestión relativa a si en casos como el presente de litis consorcio pasivo facultativo el impulso del procedimiento contra uno de los litis consortes interrumpe el plazo de caducidad contra el otro u otros, habría devenido abstracta ante la actividad impulsoria cumplida frente a todas los posibles demandados. Sin embargo y a todo evento, agregamos que el tribunal no comparte el criterio de la apelante de que en los casos de litisconsorcio facultativo los actos de impulso procesal respecto a alguno de los litisconsortes no benefician a los restantes cuando son traídos al juicio o se pretende traerlos por obligaciones que no tienen una fuente común.

Creemos que la indivisibilidad de la instancia se da en todos los casos y que el art. 296 no hace ninguna distinción al respecto. En apoyo de dicho criterio traemos a Lino E. Palacio, quien en Derecho Procesal Civil, t IV, pág. 227, dice al efecto cuando comenta el art. 312 del CPN, igual al artículo 296 de nuestro Código Procesal: ". . .La norma se inspira en el principio de que la existencia de partes múltiples no altera la unidad del proceso ni, por lo tanto, la de la instancia, que es insusceptible de fraccionarse sobre la base del número de sujetos que actúan en una misma posición de parte (supre, n 255). [. . . ] La indivisibilidad de la instancia funciona con independencia del tipo de litisconsorcio de que se trate (necesario, cuasi necesario o voluntario) y de la naturaleza del derecho invocado como fundamento de la pretensión. [. . .] Por otra parte, aunque aparentemente el art. 312 CPN pareciera contemplar solamente el caso de litisconsorcio activo, el principio de la indivisibilidad de la instancia determina también su aplicabilidad a los supuestos de existir pluralidad de sujetos demandados. Mediando litisconsorcio pasivo, por lo tanto, los actos de impulso ejecutados contra uno o varios de los demandados revisten suficiente virtualidad para interrumpir el curso de la caducidad con relación a los restante". En el sentido apuntado esta Sala se ha expedido en el caso registrado en L. A. 1984 - II- 325 / 326.

En definitiva y por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso en este punto.

El segundo agravio se refiere a la imposición de costas por su orden en la excepción de falta de personería.

La a-quo en la sentencia apelada ha resuelto en el fondo dos incidencias. Una, la caducidad de instancia, que pierde el incidentista y otra, la excepción de falta de personería que se ha vuelto abstracta porque ha sido salvada, pero que la codemandada tuvo motivo y derecho a plantear. En la primera cuestión las costas debieron ser impuestas a la incidentista y en la segunda a la actora, pero la a-quo optó por otra alternativa y dada la recíproca condición de vencedores y vencidos lo compensó y estableció las costas en ambas incidencias por su orden.

Y bien, así las cosas y advirtiéndose que la forma en que han sido impuestas las costas, en el fondo, resultará más beneficioso para el apelante, estimamos que el recurso en este punto también debe rechazarse.

En cuanto a las costas de alzada, deben imponerse al apelante vencido.

Por todo ello, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 82 contra la resolución de fs. 78 / 81, que queda firme.

II- Imponer las costas de alzada a la apelante vencida, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.