marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obras sociales, competencia, competencia federal, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Estaciones de Servicios OG, P y LA c/ Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98)  -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-04

Determinar si la Justicia Provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661 exige precisar si la asignación de competencia federal - conforme se desprende del artículo 24 de la Ley 23660-, debe reputarse que ha sido en razón de la persona o de la materia. Ello así, en tanto es pacífico en la doctrina de los autores y de los fallos, que mientras en el primer caso se trata de una prerrogativa disponible, en el segundo es de orden público y, por tanto, improrrogable expresa ni tácitamente. Es decir, atendiendo al distinto fundamento de una y otra, establecer si está en juego solamente la imparcialidad jurisdiccional o, en cambio, el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales. (Del Voto del Dr. Machado). En el caso, la cuestión a resolver es si la justicia provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661. Y, en su caso, bajo cuáles circunstancias.
Contratos, teoría de la frustración
Materia: CIVIL
Carátula: ESSO S.A.P.A. c/ LAJITAS CEREALES S.A. s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-05-18

La teoría de la frustración del contrato se encuentra intimamente vinculada con la referida a la causa fin como elemento esencial del acto jurídico.

Si bien en nuestro país carece de legislación positiva, se ha abierto campo a través de la jurisprudencia y de proyectos de reforma del Codigo Civil, tratándose evidentemente de una institución que tiene un sólido fundamento en la equidad y que mediante su aplicación es factible obtener soluciones adecuadas para situaciones con características especiales, teniendo la facultad de la demandada para rescindir el contrato por haber sobrevenido un acontecimiento extraordinario e imprevisible que modificó sustancialmente las circunstancias económicas que las partes tuvieron en mira al contratar.
Prueba, diligencias de la instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Rafael Miguel s/ Abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-07

Es manifiesto que no puede prosperar la tacha fundada en la falta de control de las diligencias de esta clase practicadas durante la instrucción. Así, por cuanto, en razon de la naturaleza de las medidas cumplidas, éstas resultaban reproducibles, tanto durante el mismo período sumarial, como en la etapa de juicio.Tiene dicho el Tribunal -con cita de la apreciación doctrinaria de Francisco J. D'Albora-, que la circunstancia apuntada asigna carácter relativo a la nulidad que deriva del defecto indicado. En este sentido, se ha entendido que, en general, la actividad probatoria defectuosa en orden a la intervención de las partes, practicadas en la etapa instructoria, no resulta en principio susceptible de quebrantar la garantía constitucional del debido proceso, cuando por su naturaleza admite ser reproducida (del voto del Dr. Carranza).
Juicio sumarísimo, phishing, responsabilidad del banco, multa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Tajleabue, Petrona Delfina c/ Nuevo Banco de Entre Ríos s/ sumarísimo (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-18

En el marco de una estafa bancaria bajo la modalidad de "phishing", determinada la responsabilidad del banco por incumplimiento de las normas de seguridad básicas, debe señalarse que si la multa civil es irrisoria no permite pensar que la entidad tomaría nota que debe implementar los sistemas de contralor reglados por el BCRA para que los consumidores no sufran daños por incumplimientos múltiples, y peregrinar en sede judicial para lograr lo que no es más que una obligación básica y legal de la entidad.
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, derechos del niño
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

La mera invocación genérica del beneficio del niño, o del cambio de ambiente o de idioma, no bastan para configurar la situación excepcional que permitiría negar la restitución: (art. 13, párrafo primero, inc. "b" de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores) (ley 23.857).
Compraventa, venta de cosa ajena, obligación de escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Ema Virginia c/ Mitri, Miguel José s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

El ejercicio de la facultad -deber de los Jueces de adecuar los hechos expuestos por las partes al derecho en vigencia-, no afecta en absoluto el principio de congruencia ni el derecho de defensa, ya que la demanda de escrituración promovida, persigue el cumplimiento de una obligación de hacer, pues la posesión de la cosa ya fue entregada y ello se adecuaría al derecho del adquirente de cosa ajena que reclama la transferencia de dominio de la cosa -arts. 625, 626, 630, 1177, 1329, 1330, 1184 inc. 1, 1185 y 1187 del C. Civil y 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 164 del C. Proc.-.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Spósito, Ricardo Fabián s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las normas legales en las que el quejoso apoya su agravio son ineficaces para fundarlo.
Régimen penal aduanero, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, elemento subjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Iochpe Maxion Argentina S.A. (T.F. 13.862-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27

De la misma descripción de la infracción de declaración inexacta resulta que en su configuración no incide la circunstancia de que la infracción se haya cometido dolosa o culposamente.
Suspensión del proceso judicial, sobreseimiento, abandono de personas, desobediencia, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Álvarez de Arredondo, Sandra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Corresponde suspender el trámite del recurso de casación deducido contra el sobreseimiento dictado en orden a los delitos de desobediencia y abandono de persona y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, previa verificación de los extremos previstos en el art. 67 CP, se pronuncie sobre la posible prescripción de la acción penal, toda vez que desde el incumplimiento de la orden judicial, habría transcurrido un lapso superior a seis años -máximo legal previsto en el art. 106, primer párrafo CP-, sin que se desprenda de autos la existencia de alguna circunstancia interruptiva del curso de la prescripción.
Fundamentación insuficiente, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ceballos Norma Beatriz c/ Álvarez Luis Antonio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-21

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, por infringir el deber de adecuada motivación, a la sentencia que exhibe proposiciones autocontradictorias.
Daño moral, carácter resarcitorio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Celano, Marta Graciela c/ E.N.  (Ministerio del Interior) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

En el daño moral su evaluación no está sujeta a cánones estrictos correspondiendo a los jueces establecer el prudente quantum indemnizatorio tomando en cuenta, entre otras cosas, su función resarcitoria, el principio de reparación integral, la gravedad de la lesión espiritual sufrida y el hecho generador de responsabilidad.
Remuneración, determinación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Florentino Adolfo c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Indemnización por incapacidad producida en Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-03

En relación a la determinación del salario a los efectos del cálculo de la indemnización, teniendo en cuenta la clara redacción del artículo 9 inciso e) de la ley 24028, para su cálculo debe tenerse en cuenta como días de trabajo, aquéllos en que prestó o debió prestar servicios o cuando en tales circunstancias se encontró eximido de hacerlo, resultando comprendidos en éstos, los días de vacaciones.
Inexistencia del acto jurídico, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallo, Rodolfo c/ Barraza, Gustavo Adolfo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-02

Si en los casos de ausencia de firma, y apartándose del rigorismo formal, se admite la citación del interesado a los fines de la subsanación de dicha omisión, con mayor razón esa debe ser la orientación en el caso expreso en que el interesado es llamado a reconocer la autenticidad de la firma cuestionada. (Minoría u opinión personal)
Superior Tribunal de Justicia, habeas corpus, competencia
Materia: PENAL
Carátula: MONTALIVET CARLOS ALBERTO s/HABEAS CORPUS CORRECTIVO s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-01-31

De la interpretación acordada al artículo 193 Inc.2 de nuestra Constitución Provincial que determina la competencia del Superior Tribunal de Justicia en consonancia con el art. 58, resulta que las atribuciones que se indican en el primero de los citados, están referidas a los recursos de apelación de las acciones allí detalladas, sin que deba excluirse al Recurso de Habeas Corpus como acción originaria ante el mismo Tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: MARFLET S.R.L. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BUQUE "BOQUEZON" s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

La actividad revisora tiene lugar interponiéndose los recursos en el plazo que es propio. De otro modo la decisión adquiere firmeza y no podrá volverse sobre ella. Por más provisionalidad y mutabilidad que predominan en el instituto precautorio, también impera en este terreno un orden preclusivo que impide retrotraer las cosas a estadios ya agotados, que quedaron consumados por la propia inactividad del afectado.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento, interpretación de la ley, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Santana, Enrique Luis s/ Suspensión de juicio a prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-04-14

Cuando la norma del art. 266 del Código Procesal Penal se refiere a la ausencia de consentimiento, este consentimiento no debe limitarse exclusivamente a la concesión de la llamada probation; antes bien, comprende toda decisión tomada por el juez de ejecución, ya sea haciendo lugar al beneficio o, como el caso de autos, rechazándolo. Caso contrario, el texto deviene oscuro e ininteligible, se opone a normas de jerarquía superior y resulta contrario al sistema normativo al que se incorpora.
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Wdowiak, Binchelao c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Es ilegítima la revocación del beneficio de jubilación por edad avanzada -aunque lo haya sido como baja del haber jubilatorio- en virtud de la incompatibilidad del beneficio con otros establecida por normas posteriores al tiempo del cese en la actividad ya que esta fecha es la que determina la ley aplicable (art. 93, ley 8587, conc. art. 21, dec. ley 9650).
Constitución Nacional, partidos políticos, subsidio estatal
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

La Constitución Nacional, en su art. 38, se limita a asegurar a los partidos políticos su creación y el ejercicio de sus actividades en libertad, y si bien obliga al Estado a contribuir al sostenimiento económico de sus actividades, ello no puede considerarse excluyente, ni el aporte pecuniario la única manera de cumplirlo.
Establecimientos geriátricos, internación, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: PELAEZ, Cecilia I. y otro s/ ESTABLECIMIENTO GERIATRICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-21

La internación en un geriátrico, mediante engaño, con orden de impedir a la internada comunicación con familiares, constituye privación ilegal de la libertad, lo mismo que la omisión de retirarla.
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, asamblea judicial
Materia: CIVIL
Carátula: HARRINGTON JOSE c/ PEDIDO DE ASAMBLEA s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La convocatoria de la asamblea judicial (art. 10 de la ley 13512) participa de la naturaleza de los interdictos en cuanto medida de carácter policial para proveer de solución rápida a asuntos objetivamente urgentes que no admiten demora, por lo cual, cuando el temario que se propone para asamblea judicial no revela por si tales signos de imperiosidad, ni se los explícita de modo tal que la urgencia se manifiesta fuera de su mero enunciado, la convocatoria adolece de un requisito que priva de fundamento a la demanda.
Objeción de conciencia, orden público, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La convivencia pacífica y tolerante impone el respeto de los valores implicados en el caso por los objetores de conciencia aun en la hipótesis de que la sociedad no los asumiera mayoritariamente, ya que de lo contrario, bajo el pretexto de la tutela de un pretendido orden público, podría violentarse la conciencia de ciertas personas que sufrirían una arbitraria discriminación por parte de la mayoría, en perjuicio del saludable pluralismo que debe existir en un estado democrático (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Honorarios, perito de parte, prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica  General  Mosconi  SAI  y  C c/ YPF S.A. s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

Aun cuando la relación de dependencia se encuentre reconocida, frente al cargo que desempeñaba el contador, no se ha logrado demostrar que la labor desplegada por aquél en esta causa estuviera comprendida dentro de sus tareas habituales y tampoco se ha alegado que se hubiera desempeñado como consultor técnico en otros juicios. Sobre el punto, se debe precisar que si bien al formular la oposición al cobro de honorarios, la apelante ofreció prueba testifical, ésta no se produjo y el ofrecimiento no ha sido mantenido en esta instancia. A ello se añade que en el memorial, la recurrente se limitó a agraviarse de la interpretación del -a quo- de la prueba documental, sin proponer la que estima favorable a su postura. Para interpretar la cuestión a tenor de lo dispuesto en el art. 874 del Código Civil, debe estarse al criterio estricto (cfr. Cámara Civil, Sala I, doctrina del fallo del 23-2-099, ED 184-487).
Juicio de desalojo, posesión, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., A.D. c/ R., J.L. y/o Quienes Resulten Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-04

Quien pretende resistir el desahucio invocando ser poseedor del bien, tiene la carga de incorporar a las actuaciones elementos de juicio suficientes para llevar al ánimo del juzgador el convencimiento de la existencia de tal carácter en grado de probabilidad.
Fallos de la Corte Suprema, exenciones impositivas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Gotlip S. A. c/ Provincia de Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que las normas que consagran exenciones "no deben interpretarse con el sentido más restringido que el texto admite sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (conf. Fallos: 296:253; 308:2524).
Cohecho activo, sujeto pasivo, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 373 s/ COHECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-22

Queda configurada la figura prevista por el art. 258 del Código Penal, desplegada por el procesado al ser trasladado por uno de los pasillos de la comisaría 39°, consistente en haber ofrecido dinero al Cabo de la Policía Federal que lo acompañaba para que éste a su vez en un arreglo con el Principal a cargo del procedimiento, le permitiera evadirse de la detención que sufría mediante el pago de cinco mil pesos para todo el personal preventor.

El "iter criminis" ha tenido su desarrollo total para la concreción del tipo penal, puesto que basta con el mero ofrecimiento de la dádiva cualquiera sea la actitud posterior que haya adoptado el funcionario policial.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


A.R.E.D.A. (ASOCIACION ROSARINA DE ENTIDADES AMATEURS -SOCIEDAD CIVIL-) contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 171. Santa Fe, 27 de octubre del año 2.004. VISTOS: los autos "A.R.E.D.A. (ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES AMATEURS - SOCIEDAD CIVIL-) contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 698, año 1.994), venidos para resolver el pedido de caducidad de la instancia; y, CONSIDERANDO: 1. Que corrido traslado a la actora del pedido de perención de la instancia formulado por la demandada a fojas 290/291, se allanó al mismo, solicitando que las costas se impongan en el orden causado (f. 294).

Fundó su postura en el carácter oportuno, expreso, incondicional y total del allanamiento efectuado.

Hecha saber esta petición, la accionada se opuso basándose en lo dispuesto por el artículo 87 de la ley 4106.

2. Habrá de declararse la caducidad de instancia e imponerse las costas a la accionante. Efectivamente, como lo sostiene la demandada, y al margen del allanamiento formulado, el juicio ha estado paralizado -sin que el actor haya instado su prosecución- por un término superior al previsto legalmente para que se opere la perención de la instancia (artículo 63, ley 4106), por lo que corresponde así declararlo.

Las costas deberán ser impuestas a la actora, desde que así lo dispone el artículo 87 la ley 4106.

Además, como se ha expresado en la causa "Scatena" (A. y S., T. 177, págs. 133/134) "el allanamiento al pedido de caducidad no exime a la parte de soportar las costas del juicio principal, según el régimen legal mencionado". Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que en autos se ha producido la caducidad de instancia. Imponer las costas a la parte actora. Regístrese y hágase saber. Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)
Cuota alimentaria, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. E. c/ R., G. s/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

La cuota alimentaria procura obtener el mantenimiento del nivel socioeconómico y cultural de los hijos hasta el momento del conflicto y aun la separación de los padres, y goza de la inembargabilidad que le acuerda el art. 374 del Código Civil. No procede, entonces, el embargo de la cuota alimentaria, ya que, por su carácter asistencial, está destinada a satisfacer necesidades del alimentado, que quedarían insatisfechas en caso de que un acreedor, mediante el embargo, impidiese la percepción íntegra de la cuota.
Indemnización por despido, indemnización agravada, indemnización sustitutiva de preaviso, prórroga legal, inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aceval Pollacchi, Julio César c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

El decreto de necesidad y urgencia 883/02 -prórroga de la doble indemnización por despido dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561- es inconstitucional, pues aceptar que el Poder Ejecutivo pudiera dictar decretos de necesidad y urgencia no habiéndose sancionado la ley que reclama el art. 99, inc. 3°, de la Constitución, sería desnaturalizar lo que ella dice que son, dando paso a la actuación singular y exclusiva del Poder Ejecutivo, transformando al presidente de la Nación en legislador, en flagrante violación de lo dispuesto en el segundo párrafo del citado inciso, lo que hace innecesario considerar el agravio que apunta a la inconstitucionalidad del art. 4º del decreto 264/02 -duplicación del resarcimiento por omisión del preaviso-, por cuando dicha norma concierne a la extensión de la duplicación indemnizatoria referida, que no estaba vigente al momento del despido de autos (Disidencia del juez Enrique Santiago Petracchi).
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Su Casa del constructor de Osvaldo E. Bouciguez s/ Incidente de revisión en autos:Zangirolami y Schab S.R.L. s/concurso  preventivo- A.2148
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

Si el acreedor omite en el acto del art. 33 de la L.C., incluir algún rubro en su pedido, tal el caso de los intereses o la actualización monetaria: en tal situación, como respecto de lo omitido no habrá pronunciamiento judicial alguno, la decisión no será susceptible de reclamo por no encuadrar en la categoría típica que señala el art. 38 de la L.C. y si aún así se intentara el recurso, éste podría ser objeto de la respuesta que anuncia el art.

304 2do. párrafo de la ley 19551.-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, facultades del juez, multa procesal
Materia: Procesal
Carátula: Coto, Mario c/ Gaudioso, Alejandro y otro. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-12

Lo atinente a las multas aplicadas por la Cámara constituye una facultad privativa de los magistrados intervinientes a raíz de las comprobaciones efectuadas y de la conducta procesal observada por el sancionado, lo cual excluye su revisión por el recurso de casación, salvo que se acredite que aquélla exceda el límite fijado por la norma procesal.