Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11


ITURRASPE, Claudia Teresita y PERALTA, Octavio Estor contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 461-464.

Santa Fe, 11 de mayo del año 2005.

VISTOS: los autos "ITURRASPE, Claudia Teresita y PERALTA, Octavio Estor contra PROVINCIA DE SANTA FE -Demanda por Revocación o Declarativa de Nulidad de Cosa Juzgada Irrita dictada en Medida Cautelar- sobre COMPETENCIA" (Expte. C.S.J. nro. 566, año 2004), para resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario y la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos, de la misma ciudad; y, CONSIDERANDO: 1. Los actores dedujeron, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de Rosario, acción autónoma declarativa de nulidad o revocatoria de cosa juzgada írrita respecto del decisorio de esta Corte de fecha 22.10.97 (A. y S., T. 141, pág. 128/138), dictado en la causa "Fischer, Susana y otros contra Provincia de Santa Fe -R.C.A.- sobre Medida Cautelar", contra la Provincia de Santa Fe. Declarada, por el magistrado interviniente, la incompetencia de ese Juzgado, los accionantes dedujeron recursos de revocatoria y apelación, que rechazado el primero y concedido el restante, determinó que los autos recalaran en la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

Dicho Tribunal desestimó la apelación articulada afirmando, tras relatar extensamente los hechos de la causa y comentar las distintas posturas respecto de la competencia en acciones de este tipo, que lo decisivo para adoptar esa solución resulta ser que el decisorio cuya cosa juzgada se pretende enervar ha sido dictado en un proceso que no ha concluido.

Afirmó que al margen de la autonomía sustancial que exhiba esta pretensión respecto de la resolución que se intenta anular y de la cosa juzgada que pudiera emerger de ella, la cuestión queda aquí inevitablemente atrapada por el inciso 6 del artículo 1 de la ley 10160.

Por otra parte, agregó que a los efectos de dejar bien en claro que tal desplazamiento no conspira contra la autonomía de la pretensión aquí intentada respecto de la ventilada en el juicio donde se dictó la resolución que se impugna, es necesario destacar que la norma citada expresamente establece que la competencia por conexidad incluye los casos de afinidad.

De allí, continuó diciendo, que aún cuando se descartara que el sub lite se perfila como un supuesto de conexidad, sólo obstinadamente podría sostenerse que no media afinidad entre la pretensión que aquí se ejerce y la cuestión litigiosa que se ventila en el expediente que tramita en la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

Enviados los autos al Juzgado de origen, la parte actora solicitó su remisión al Tribunal especializado antes indicado.

Recepcionados por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Rosario, la misma se declaró incompetente.

Sustentó su postura en lo dispuesto en el artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial, en las normas de las leyes 11330 y 10160, artículo 59.

Luego de referirse a la jurisprudencia de esta Corte en materia de competencia contencioso administrativa, afirmó que la técnica impugnatoria impuesta por la ley 11330, la exigencia del agotamiento de la vía administrativa previa, la naturaleza revisora de la instancia, la necesidad de un acto, la regla de la decisión previa, constituyen distintas formulaciones acerca del modo y los casos en que este Tribunal está habilitado para intervenir en el ámbito de la Administración Pública provincial y, en definitiva, señalan o indican la oportunidad de asumir la competencia material y el límite de su ejercicio.

Señalaron que resulta claro que la acción autónoma de nulidad intentada no tiene por objeto impugnar ningún acto administrativo, ni conexidad alguna con el objeto de la impugnación de un acto de ese tipo, sino que persigue, a través de un proceso de conocimiento independiente atacar una decisión judicial por razones principalmente procesales. Continuaron diciendo que lo impugnado no es un acto administrativo, único supuesto en que ese Tribunal es materialmente competente para intervenir.

Por último, expresaron que admitir la competencia en el caso implicaría ejercitar una jurisdicción que por ley no se le atribuye.

Ordenada la remisión de la causa a la Sala Civil interviniente y recibida por ésta, dispuso su elevación a esta Corte como superior común.

2. Sin bien no surge que se haya trabado adecuadamente una contienda de competencia, y teniendo presente que la Corte Suprema de Justicia nacional se ha expedido sobre la posibilidad de que los organismos jurisdiccionales superiores, salvando los defectos en orden a la efectiva traba del conflicto de competencia, puedan resolverlo para evitar mayores dilaciones (C.S.J.N., "Alonso López, Manuel", 4.9.90) se habrá de asignar el conocimiento de los presentes autos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos.

Liminarmente, corresponde traer a colación que esta Corte en A. y S., T. 66, pág.

200 (criterio reiterado en "INCA", A. y S., T. 88, pág. 41) afirmó que la denominada acción autónoma de nulidad debe tramitarse ante el Juez que dictó el acto atacado.

A este propósito, como se expresara en el antecedente citado "señala Hitters ("Revisión de la cosa juzgada", La Plata, 1977, págs. 318 y siguientes) -quien ha trabajado laboriosa y fecundamente sobre el tema- que en la Argentina, ante la falta de respuesta legislativa habría que optar entre dos caminos posibles, es decir, o aplicamos en cada caso las normas generales de la competencia que surgen de los códigos procesales, o basándonos en el principio de conexidad nos decidimos por la segunda alternativa, esto es la de formalizar la acción ante el mismo magistrado que expidió el pronunciamiento impugnado".

En término del autor citado, se afirma que la doctrina nacional adscripta a la última posición (Cfr. Esclapez, "Apuntes sobre la nulidad", pág. 281; Gelsi Bidart, "De las nulidades...", pág. 359; Moretti, "Apuntes de derecho procesal, segundo curso", T. I, pág.

172, etc.), "ha valorado la vinculación existente entre ambos procesos. Satta encuentra para ello un fundamento lógico y psicológico, en tanto la revocación no presupone un error de juicio sino una mutación del material litigioso vivenciado por el juez; se trata de rever un litigio que no puede ser mantenido, no de corregir uno equivocado ("Manual de Derecho Procesal", T. I, pág. 505, n 304)".

Sigue diciendo Hitters que "el arbitrio apto para responder estos interrogantes debe buscarse a través de institutos análogos y para ello nada más apropiado que sortear el camino en función a lo resuelto por los estatutos del rito para el juicio ordinario posterior al ejecutivo, en razón que este procedimiento implica de alguna manera el ejercicio de una pretensión de revisión. En este caso, el juez competente es el que entendió en el proceso ejecutivo, sea porque haya expresado consagración legislativa o porque la jurisprudencia así lo entiende, ante la ausencia de texto normativo".

"A otra analogía acude Hitters para explicar su postura: lo que ocurre, precisamente, en el caso del recurso de aclaratoria. En ambos casos, se trataría de la aplicación del principio de prevención".

"A la luz de estos conceptos, debe convenirse que, si bien no hay una respuesta inequívoca al tema de la competencia, existe al menos una razonable coincidencia respecto de que la pretensión debe incoarse ante el mismo órgano que dictó la resolución que se intenta rever, dada la íntima y notoria vinculación entre los dos procesos. Y, por otro lado, bien puede encontrarse un sólido argumento normativo a través de la analogía (Código Civil, art. 16)".

Además, como se expresara en la citada causa "INCA", "es coincidente el sentir de que el mismo Tribunal que dicta la sentencia cuya eficacia se intenta enervar es el competente para entender en la pretensión autónoma cancelatoria del fraude procesal consumado. Razones de economía procesal y también el respeto por el principio de inmediación procesal justifican plenamente ese criterio".

Pero un fundamento aún más fuerte impone la solución brindada.

Efectivamente y, siempre teniendo presente que la intervención de la Cámara de lo Contencioso Administrativo responde a lo dispuesto por esta Corte en fecha 2 de abril de 1997, debe ameritarse que lo que aquí se pretende no es simplemente un recurso con efectos negativos pues, en definitiva y aunque no se explique la falta de utilización del recurso previsto en el artículo 31 de la ley 11.330, se intenta un pronunciamiento que sostenga que no corresponde la carga en costas a pesar de haberse sustanciado la pretensión cautelar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la misma ley y; consecuentemente, se pretenden efectos positivos del recurso y ellos sólo pueden provenir de un Tribunal competente (vgr. "...creando inoficiosamente una litis indebida y un vencimiento en costas improcedente..."; "...se habría evitado la consumación del traslado, y su consecuencia que ha originado un perjuicio indebido a su parte y trueca en írrito al decisorio que impone las costas..."; "... substanciación inoficiosa, artificialmente creada, sirvió para generar costas indebidas pues no podría haber hablado de vencido ni mucho menos aplicarse el principio adjetivo de la condena por derrota...; "...que la cosa juzgada contra la que se deduce... padece de vicios sustanciales originando a los actores un daño irreparable cual es la imposición indebida de cuantiosas costas a su cargo"; "... se le impusieron costas que no corresponden en un proceso en que interviene una sola parte"; etc. -sic-).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Dirimir el presente conflicto negativo de competencia en favor de la postura de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario y, en consecuencia, disponer que siga entendiendo en la causa la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos de la misma ciudad, a quien se remitirán los autos con noticia de la nombrada en primer término.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)