Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-02-02


Expte. N° "C/ N. N. por delito contra la integridad sexual/ Casación" San Juan, dos de febrero de dos mil diecisiete.

VISTO: El expediente del epígrafe ingresado a esta sede con motivo del recurso de casación interpuesto por los Dres. Fernando Rahme Q. y Fernando Roberto Castro, en representación del imputado N. N. Y CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto por el artículo 560, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales corresponde determinar si el recurso incoado resulta formalmente procedente y ha sido correctamente concedido por el tribunal a quo.

Se colige que la Sala Segunda de la Cámara Penal y Correccional, actuando como tribunal de alzada y por mayoría, en fecha 8 de noviembre de 2.016 dispuso desestimar el recurso de apelación impetrado por la defensa contra el auto de procesamiento y prisión preventiva decretado por el Sr. Juez del Tercer Juzgado de Instrucción contra el encartado N. N. En tal decisorio también se desestimaron los agravios relativos a la prisión preventiva y se denegó el beneficio excarcelatorio del procesado (véase fojas 524/610 vta.).

Que en el recurso articulado por los señores defensores, tras invocar los incisos 1º y 2º del artículo 574, se exponen cuatro motivos de agravios (véase fojas 619/659), a saber:. En primer lugar, se sostiene que la resolución atacada, al confirmar el auto de procesamiento, habría confirmado y hechos suyos los vicios de procedimiento denunciados en la apelación. Aquí los recurrentes centran toda su crítica en la forma de valoración de la prueba de Cámara Gesell realizada a los menores dentro del proceso investigativo. Dicen que los exámenes posteriores a su producción y no vinculados a su registro de audio y video carecerían de eficacia probatoria, por no ser pasibles de control por las partes; remarcando que el voto de la mayoría habría analizado este tipo de prueba como una simple pieza documental, sin hacer referencia al soporte de audio y video que refleja el testimonio vivido por los menores víctimas. También se quejan de los estudios psicodiagnósticos practicados a los menores, con posterioridad a la Cámara Gesell, en tanto sostienen que implicaron un nuevo contacto con las victimas y fueron realizados fuera del ámbito legal de recepción (art. 296 bis del C.P.P.). En este sentido, expresan que el voto de la mayoría habría dejado librada la cuestión de determinación de la existencia de los delitos de abuso sexual al criterio de los peritos oficiales actuantes.

En segundo lugar, se afirma que la resolución atacada sería arbitraria por cuanto no constituiría una derivación razonada del derecho vigente, con relación a las circunstancias comprobadas de la causa. De este modo los impugnantes sostienen que el a quo se habría apartado de las constancias de la causa (Cámara Gesell) arribando a conclusiones totalmente contrarias a las sugeridas por aquellas. En tercer lugar, se objeta la calificación legal atribuida a N. N. en tanto expresan que en el discurso de las presuntas víctimas se encuentra ausente todo elemento objetivo de orden sexual, habiéndosele endilgado el accionar típico por vía interpretativa. Bajo esta idea central, y recurriendo siempre a la faceta probatoria existente, se refutan las distintas figuras penales achacadas. Y finalmente, en cuarto lugar, se impugna el decisorio respecto a la denegatoria de la excarcelación, refiriendo que no se habría efectuado un debido análisis del riesgo o peligro procesal, limitándose el examen a la pena conminada en abstracto, violentándose el principio de inocencia. Frente a ello, el tribunal inferior simplemente refirió -como argumento para conceder la casación- que el auto recurrido debe ser equiparado a una sentencia definitiva en la medida en que de él depende la libertad de la persona sometida a proceso (véase fojas 660/662).

Encontrándose así circunscripta la cuestión, resulta evidente que el eventual abordaje de los agravios planteados en primer, segundo y tercer lugar implicarían una revalorización o revisión probatoria -ya sea directa o indirectamente-; tarea vedada para este tribunal superior atento el estado procesal de provisoriedad por el que transita la causa. Adviértase que el mérito de la prueba ya fue objeto de análisis por parte del juez de instrucción y de la Cámara de Apelación, por lo que la pretensión de los recurrentes (plasmada en los puntos 1, 2 y 3 del escrito casatorio) necesariamente importaría un tercer estudio del aspecto probatorio; labor que no corresponde a la Corte de Justicia en un proceso investigativo en ciernes (cfr. PRE Sala 2ª, 2.007 - II - 248; Sala 2ª, 2.009 - I - 2; Sala 2ª, 2.010 - II - 370; Sala 2ª, 2.012 - III - 505; Sala 2ª, 2.012 - III - 592; Sala 2ª, 2.013 - IV - 786). La resolución que confirma el auto de procesamiento, atento el carácter provisional propio de la etapa procesal instructoria a la que remite, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la ley para la procedencia del recurso de casación desde que no pone fin a la acción ni impide que ésta continúe. Antes bien, las valoraciones de la prueba producida en la causa, sobre las cuales la defensa apoyó los motivos casatorios presentados a estudio, conservan la posibilidad de ser encausadas y examinadas en el trámite ordinario de la investigación (cfr. PRE Sala 2ª, 2016 - I - 178).

Además en tales puntos no se denuncia, ni se evidencia de modo ostensible, alguna vulneración constitucional -que sumada conjuntamente a la privación de la libertad- justificaría la apertura excepcional de esta instancia revisora frente a la simple convalidación de un procesamiento (cfr. PRE Sala 2ª, 2006 - I - 62).

Solamente los agravios vinculados a la cuestión excarcelatoria (punto "cuarto" del escrito de fojas 619/659) merecen tener debida tramitación en esta instancia, por cuanto el tema de la libertad -por su significancia y trascendencia dentro del proceso- se encuentra equiparado a una sentencia definitiva.

Conforme a todo ello, SE RESUELVE: I) Declarar mal concedido el recurso de casación instado por la defensa del procesado N. N. en los puntos primero, segundo y tercero, del escrito glosado a fojas 619/659, sin abordar las cuestiones allí planteadas. II) Con respecto al punto cuarto, referido al asunto excarcelatorio, córrasele vista a las partes a los fines dispuestos por los artículos 582 y 571, primera parte, del Código de Procedimientos Penales. III) A los fines de no entorpecer la tramitación de la causa principal, por secretaría extráiganse las copias pertinentes para la tramitación dispuesta precedentemente y remítanse los originales al inferior a sus efectos. IV) Protocolícese, notifíquese y cúmplase. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp- CS PRE S.2° 2017-I-10.