Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10


Causa Nº 4319-01/CC/2007 caratulada "Recurso de Queja en autos S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES s/ Exceder capacidad de inflamables y otras".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Arriba la causa a este Tribunal en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 65/71 por el Gonzalo M. Gros -apoderado de "S.A. Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices"-, con el patrocinio letrado del Gonzalo C. Ballester, contra la resolución obrante en copia a fs. 62/64 del Javier Alejandro Buján, titular del Juzgado nº 7, que dispone no hacer lugar al recurso de apelación incoado por la parte.

Para así decidir, el Magistrado estudió los motivos por los cuales el representante de la firma consideró defectuosa su resolución y concluyó que el libelo impugnaticio -cuya copia se glosa a fs. 57/60- no alcanza a exponer un caso de arbitrariedad, ni demuestra que el decisorio se haya dictado en inobservancia de las formas sustanciales previstas para el trámite o decisión de la causa o en violación a la ley. No se verificaría una crítica concreta, desarrollada y fundada del fallo cuestionado, ni se encontrarían rebatidas las razones que lo sustentan; antes bien, emergería de la construcción defensista un disenso con lo decidido, insuficiente a efectos de abrir la vía -conf. menciones de fs. 63vta.-. El letrado, en definitiva, no habría volcado en la pieza motivos que conduzcan a meritar conmovido el andamiaje lógico-jurídico sobre el que se encolumnó la sentencia -fs. 64-, por lo que no corresponde, a su criterio, conceder el remedio ensayado.

El accionante, previa aclaración acerca de que la apelación denegada se circunscribía al comiso decidido y a la imposición de las costas del proceso -fs. 66-manifiesta su duda acerca de la facultad del Juez de grado de evaluar la admisibilidad sustancial de la vía interpuesta contra su propia decisión; al respecto, sostiene que no existe en el ordenamiento adjetivo norma alguna que lo habilite para realizar tal actividad. Sentado ello, advierte que sí le compete la verificación de los extremos formales de interposición, pero que el juicio definitivo atinente al cumplimiento de los recaudos sustanciales de procedencia se encuentra reservado exclusivamente al tribunal de Alzada; lo contrario importaría dejar en manos del juez de grado la posibilidad de frustrar el ejercicio de la vía recursiva y con ello la garantía de la doble instancia -fs. 67/68-.

En cuanto al fondo de la decisión denegatoria, afirma el mandatario que, toda vez que la sentencia de primera instancia vulnera efectivamente reglas lógicas y jurídicas, y que así ha sido debidamente formulado en la impugnación, el Juez debió haber concedido el recurso. Aduce en abono de esta tesitura, en primer lugar, que señaló en su libelo que la resolución de decomisar los bienes secuestrados no aparece sostenida por ningún argumento ni mención alguna en los considerandos del fallo cuestionado, máxime cuando no existiría elemento alguno al que se haya aplicado la medida en relación a las faltas imputadas -fs. 68vta.-. Por otra parte, entiende que el juez habría fallado en apartamiento de las constancias de la causa y de los "fundamentos propios de la ley" -ídem-, por diversas razones: el art. 3.1.3 tiende a impedir que los carteles publicitarios se instalen sin el correspondiente permiso; el único bien al que podría alcanzar la medida no se encontraría secuestrado y contaría, además, con aquella autorización desde antes del inicio de las presentes actuaciones; la imposición de una pena adicional a la multa impuesta, en este contexto, carecería de sostén lógico y de justicia. En definit iva, el cumplimiento de la manda judicial se traduciría en el desacierto de proceder a la remoción de un objeto publicitario que sí posee permiso de la Administración para ser instalado -fs. 69-. En esto -y no en una mera discrepancia con lo decidido- se fundamenta la arbitrariedad invocada -fs. 69vta.-.

La misma tacha dirige el quejoso respecto de la decisión de imponersele las costas del proceso, las cuales, al ser fijadas "en un 100%", no respetarían la relación existente entre las faltas imputadas -tres- y aquellas sobre las que recayó condena -dos-. Así deviene también irrazonable el rebatimiento de la pretensión impugnaticia con basamento en constituir esta razón una mera discrepancia con lo decidido en la pieza resolutoria. Por otra parte, esta adjudicación tampoco se encontraría motivada en el decisorio, y el señalamiento de tal circunstancia en el libelo rechazado importa, a su criterio, la invocación y el sustento de la causal de procedencia -fs.70-.

Causa Nº 4319-01/CC/2007. Sala II.

En suma, el auto denegatorio habría pasado por alto que el cuestionamiento central de la defensa consistía en la inexistencia de fundamentos evidenciada en la sentencia, en su carencia de razonamiento lógico, en sus graves desaciertos y en su irrazonable apartamiento de las circunstancias acreditadas en la causa, arribándose así a una solución incompatible con elementales principios de justicia -fs. 70-.

El Sr. Fiscal de Cámara propone declarar admisible el remedio impetrado, por entender que el accionante ha presentado, a través de una "crítica prolija y circunstanciada de los argumentos expuestos tendientes a que el recurso prospere" -fs. 76vta.- un conjunto de agravios relacionados con una posible arbitrariedad de la decisión que recurrió, emergente de la fijación de una condena de comiso sobre bienes que no han sido previamente secuestrados -íd.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, la queja se encuentra en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO 1.

Si bien se advierte, en cuanto a los requisitos formales de interposición, que el quejoso estructuró la vía practicando inclusiones notoriamente extrañas a su naturaleza -v.g., las copias simples de elementos de la causa principal obrantes en los rotulados "Anexo I" y "Anexo II"- como así también en defecto de algunos requerimientos indispensables -obsérvese que no se ha arrimado la copia de la cédula de notificación del auto denegatorio- es posible sin embargo, a partir de un estudio de conjunto del remedio de hecho traído a estudio, meritar cumplida su ínsita demanda de autosuficiencia, vigente por aplicación del art. 283 C.P.C.C. -conf. causas nº 135-01-CC/2004, rta. el 08/06/2004; nº 448-01-CC/2005, rta. el 12/12/2005; nº 025-01-CC/2005, rta. el 24/02/2006; nº 15208-03/CC/2006, rta. el 19/12/2006, entre otras-. Ello así, en virtud de que el escrito ha sido ingresado en la Secretaría General de esta Alzada al tercer día de emitida la cédula que notifica la resolución que no concede la apelación, lo que p ermite inferir que se ha promovido en tiempo oportuno al quedar también abarcado, dentro del lapso legalmente previsto, el período que medió entre la emisión del documento y la formulación de la queja -constancias de fs. 64 y 71vta.-. La presentación incluye copias de la sentencia recaída en primera instancia, notificada al pie -fs. 53vta./55- del escrito de apelación -fs. 57/60- y de la resolución que no concede la vía -fs. 62/64-; así como también la pieza que sustenta su pretensión -fs. 65/71-.

Por ello es que se considerará superado el análisis de forma de la acción intentada, la que además aparece, en principio, fundada.

2.

El accionante ha articulado tres direcciones de argumentos tendientes a conmover el cuestionado despacho de rechazo, las cuales, se adelanta, no alcanzan a adquirir idoneidad convictiva a los fines pretendidos.

En efecto, la manifestación de duda respecto de la facultad del Juez de grado de efectuar un primer análisis de procedencia de la vía queda despejada no bien se advierta que la norma adjetiva -que releva y da significación procesal a ciertos actos en observancia de las reglas constitucionales protectivas y delimitadoras del juicio previo a la aplicación de una pena- ha condicionado la procedencia del canal impugnaticio escogido al cumplimiento de determinados hitos formales y sustanciales, cuya primera verificación -por lógica derivación- corresponde al Magistrado que lleva al momento la causa, a quien compete expedirse acerca de la legalidad de la solicitud incoada. Ello se traduce, precisamente, en la evaluación que el quejoso denuesta; esto es, en la constatación de aquellos extremos normativamente demandados en aras de la prosecución de un proceso que tienda en forma debida a la realización del derecho.

Sin perjuicio de lo dicho, y como ya manifestara con anterioridad esta Sala, la tarea que cabe al sentenciante en oportunidad del recurso de apelación contra la sentencia por él dictada guarda ciertos límites impuestos también por garantías de rango constitucional. En este sentido, hemos delineado que el auto que resuelve sobre la admisibilidad de ese remedio no puede en su desarrollo avanzar hasta el punto de decidir sobre el fondo de los agravios invocados pues ello implica virtualmente convertir al sentenciante en juez de su propia resolución, a la que eventualmente podría tener que calificar, verbi gratia, como arbitraria o violatoria de la ley.Amén de ello, el traspaso de esos límites significaría vaciar la competencia del Tribunal de Alzada poniendo en crisis la exigencia de la doble Causa Nº 4319-01/CC/2007. Sala II.

instancia y al mismo tiempo desconocer el principio según el cual con el dictado de la sentencia se agota la potestad cognoscitiva del tribunal que la dictó, a quien le es vedado practicar un nuevo examen del fondo del asunto que constituyera su objeto. Tal doctrina, presente en el "Recurso de Queja en autos Hilbert, Beatriz s/ falta de chapa patente", causa nº 364-01-CC/2004 rta. el 22/12/2004, ha sido reiteradamente aplicada en otros precedentes -v.g., causas nº 366-00-CC/2004, rta. el 28/12/2004; nº 316-00-CC/2004, rta. el 28/12/2004; nº 270-00-CC/2004, rta. el 14/03/2005; nº 088-00-CC/2005, rta. el 25/04/2005 y el 11/05/2005; nº 22824-00/CC/2006, rta. el 12/12/2006 y nº 23445-01/CC/2006, rta. el 28/02/2007-, no advirtiéndose aquí motivos de talla -independientemente de la duda expresada por el recurrente- para adoptar un temperamento distinto.

El segundo tópico de discusión adolece de las mismas fallas deductivas que se intentan asignar a la sentencia. Es de resaltar, al respecto, que el propio accionante es quien exhibe y analiza la imposibilidad lógica y jurídica de ejecución de la medida de la cual se agravia, en razón de no encontrarse secuestrado ningún bien al momento de dictado de la pieza decisoria; y a continuación esboza una profusa discusión relativa a un supuesto que no encuentra conexión con lo específicamente ordenado en el dispositivo de la sentencia ni con el auto denegatorio: la de que el comiso se proyecte también sobre cierto cartel publicitario que contaría con permiso de colocación y que tampoco se hallaría cautelarmente afectado. En este punto, cabe consignar que tal insustentada relación fáctica no constituye un directo embate dirigido a la inteligencia de la elaboración denegatoria, a más de conformar una versión resuelta en sí misma desde el momento de su formulación. Por el contrario, la aceptación de la postura que propicia el recurrente importaría trasvasar los problemas de aquella construcción hipotética al acto impugnado, traduciéndolos indebidamente como defectos lógicos tanto de éste como de la sentencia de fondo.

En cuanto al alegado cálculo proporcional de las costas, cabe recordar -como es pacífica doctrina- que es el principio objetivo de la derrota -manifestada, en el ámbito sancionatorio, en la solución condenatoria- el que determina la asignación que el accionante resiste. Resultando indivisible este aspecto del pronunciamiento -por estar reducido en la especie a la acreditación del pago de la tasa de justicia-, y no observándose aquí tampoco formulaciones que iluminen acerca de por qué el Magistrado debió haberse apartado de la determinación de un monto que se encuentra específicamente previsto en una Ley de la Ciudad -la nº 324 y modificatorias-, la posibilidad de que la imposición de referencia adquiera potencialidad agraviante resulta nula, por lo que tampoco pudo haber sido arbitraria o insustentada la pieza que repelió la apelación en este punto.

Por las consideraciones hasta aquí vertidas, resulta nítido que el quejoso no ha logrado conmover la razón intrínseca del auto cuestionado, como así tampoco ha evidenciado que el criterio del sentenciante impide al presentante -por su falta de adecuación a estándares de logicidad- el ejercicio de garantías expresamente otorgadas al justiciable a través de normas del más alto rango. Por ello es que corresponderá meritar bien desplegada la actividad evaluativa del a quo en cuanto ha sido motivo de crítica, rechazando la presente queja, lo que así se declarará.

En virtud de lo expuesto, y habiendo concluido el acuerdo pertinente el Tribunal RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 65/71 por el Gonzalo M. Gros, letrado apoderado de "S.A. Alba Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices".

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso feredal interpuesta a fs. 71.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que el Sr. Magistrado ordene su acumulación al expediente principal y efectúe las notificaciones del caso, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: La Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.