Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-01


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 1 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Vassallo dijo:

I. Gastón Alejandro Andrés Lalanne demandó a Fiore S.A. y a Fiat Auto Argentina S.A. a quienes reclamó el pago de la suma de veintisiete mil setecientos veinticinco pesos ($ 27.725), como resarcimiento por los daños que dijo haberle generado la inconducta de sus contrarios.

Sostuvo haber adquirido un automóvil Fiat Siena EL 1.7 TD modelo 1999 en la concesionaria "Magula y Piris S.A." la cual actuó en nombre de la concesionaria oficial Fiore S.A.

Aseveró que luego de varias demoras (cinco meses) recibió el rodado en noviembre de 1999, aunque la documentación fue recién entregada en junio de 2000.

Advirtió entonces que el rodado era modelo 1998 y no 1999 como lo había requerido.

Entendió, por ello, que la concesionaria incumplió el contrato al entregar un bien de calidad diferente al pretendido, lo cual calificó de doloso.

Imputó responsabilidad solidaria a Fiat Auto S.A. por la conexidad necesaria entre el fabricante y la concesionaria por ser este último el vehículo necesario para la venta de los productos de la primera. Por ello estimó aplicable el art. 40 de la ley 24.240.

Ello, a su vez, exige de cierto control del fabricante y una previa elección de esta sobre quienes serán sus concesionarios.

Así, concluyó, Fiat Auto S.A. debe responsabilizarse por tal elección.

En punto a los concretos perjuicios, invocó haber sufrido daño emergente, que estimó en $ 3.500, que deriva del diferente valor de mercado entre el vehículo entregado (1998) y el adquirido (1999).

Por lucro cesante pretendió la suma de $ 16.225 en tanto dijo ser taxista y la falta de documentación le impidió cumplir dicha tarea.

También requirió la suma de $ 3.000 por pérdida de chance pues la imposibilidad de utilizar el vehículo adquirido obstó poder aceptar una propuesta de empresas y comercios de la zona de Campana para actuar como comisionista de ellos.

Por último reclamó en concepto de daño moral la suma de $ 5.000.

II. Al comparecer a juicio, la codemandada Fiat Auto S.A. (fs. 113/120), solicitó el rechazo de la pretensión en su contra.

Luego de una pormenorizada negativa de algunos de los hechos invocados por la actora en su escrito de inicio, negó ser responsable de la actuación del concesionario.

Sostuvo que por la índole del contrato de concesión, no existe vinculación alguna entre la compra del concesionario a la concedente con la ulterior venta del vehículo al público.

En cuanto a los daños, negó su existencia, los hechos invocados para acreditarlos y, por último, reiteró su ajenidad a la compraventa que realizó Lalanne a Fiore S.A.

III. A pesar de encontrarse notificada, la codemandada Fiore S.A. no compareció a la causa, por lo cual se le dio por perdido su derecho a contestar la acción (fs. 126: primer párrafo).

IV. La sentencia de primera instancia (fs. 445/451) admitió parcialmente la demanda incoada contra Fiore S.A. al atribuirle la conducta antijurídica que le fuera imputada. Empero sólo le concedió una indemnización de $ 4.000 en concepto de daño emergente; pero rechazó otorgar algún resarcimiento por los demás rubros.

En cuanto a Fiat Auto S.A. rechazó la acción incoada en su contra pues lo consideró ajeno al vínculo contractual que unió a Fiore S.A. con Lalanne.

El actor apeló el fallo.

Expresó agravios en fs. 482/483, los que sólo fueron contestados por Fiat Auto S.A. en fs. 485/489.

V. El recurso deducido por el señor Lalanne puede ser dividido en dos aspectos: a. el rechazo de la acción contra Fiat Auto S.A.; y b. la denegación de resarcimiento respecto de los invocados daños que fueran calificados como lucro cesante, privación de uso y daño moral.

Analizaré cada observación por separado a fin de otorgarle mayor claridad a mi discurso.

V. a. El rechazo contra Fiat Auto S.A.

El apelante aduce que Fiat Auto S.A. es responsable de la actuación de la concesionaria por ser la vía exclusiva mediante la cual aquel vende sus productos.

A su vez destacó que el fabricante tomó conocimiento de lo ocurrido en el caso de autos por comunicación del actor, y nada hizo para corregir la actuación viciosa del vendedor.

Por último, destacó que según el peritaje contable, Fiat Auto S.A. vendió el rodado a Fiore S.A. como modelo 1999, lo cual le genera responsabilidad en el ulterior engaño al actor.

El recurrente utiliza dos vías para atacar la sentencia en punto a la cuestión en estudio.

Por un lado parecería atribuir una responsabilidad solidaria del fabricante por tratarse la vendedora de una concesionaria oficial.

De otro lado, le atribuye una inconducta propia que colaboró o no evitó los daños que el actor dijo haber padecido.

Veamos.

1. El contrato de concesión es un contrato innominado orientado a canalizar la producción del fabricante hacia el consumidor.

Empero, el concesionario no actúa como representante del concedente, pues más allá de aceptar ciertas condiciones que le impone la terminal (locales, emblemas, publicidad, cupos, talleres, etc.), a efectos de estandarizar ciertas características de la red de comercialización, actúa en interés y en nombre propio quedando directamente comprometido como vendedor, siendo el fabricante un tercero ajeno al contrato y por lo tanto no resulta alcanzado por sus efectos (esta Sala, 9.6.1987, "Loitegui S.A. c. Marginot S.A."; en idéntico sentido, CNCom Sala A, 29/6/2004, "Monticelli Claudia M. c. Renault Argentina S.A."; íd Sala A, 15/6/2006, "Presas Guerra Jesús c. Ford Argentina S.A."; CNCom Sala B, 30/4/1981, "Astral S.A. c. Soc. Comercial Deutz Argentina S.A."; íd. Sala B, 29/2/1984, "Polielectric SA c. Herrera Automotores S.A."; íd. Sala B, 29/12/1992, "Ruiz Dueñas Gloria de Lourdes c. Renault Argentina S.A."; íd. Sala B, 26/10/1993, "Lamonato, Alberto c. Renault Argentina SA. s/ ord."; íd. Sala B, 13/12/1993, "Serodino Alejandro c. Autograd S.A."; CNCom Sala C, 20/4/2007, "Rodríguez Luis c. Routier Automotores S.A."; esta Sala, 23/12/1996, "Microómnibus Saavedra SA c. Pepe Vázquez SA s/sumario"; CNCom Sala E, 24/9/1996, "Carbajo Blanco Antonio c. García Hnos y Cía. S.A.", entre otros).

Las diferencias entre la relación del concedente con el concesionario, y entre este último y el adquirente resultan claramente explicadas en un fallo de la colega Sala B, que estimo útil transcribir.

En aquel caso esa Sala dijo: "...El adquirente de un automóvil a través de una concesionaria, no puede demandar al fabricante por el incumplimiento en la entrega del vehículo, alegando la exclusividad de aquella en la venta de los bienes por este fabricados, pues en estas transacciones se deben distinguir dos tipos de relaciones: a) por un lado el contrato de concesión que une al concesionario con el fabricante, por el que se estipula la exclusividad por parte del primero en la venta de los productos fabricados por el otro, y que adquiere a título personal a un precio preferente para revenderlos a sus clientes, terceros en esta relación, b) y por el otro surge la relación emergente del contrato de compraventa del rodado entre el concesionario y su cliente, en la que el fabricante es un tercero que no puede ser alcanzado por las consecuencias derivadas del incumplimiento de esos dos sujetos".

De lo dicho resulta claro que, desde la órbita contractual, el fabricante carece de responsabilidad ante el incumplimiento del concesionario en la compraventa que concertó con el adquirente particular.

2. Distinta sería la solución si la concedente hubiera tenido alguna participación activa en el hecho generador del daño.

El quejoso sostuvo que Fiat Auto S.A. nada hizo para corregir la conducta de la concesionaria frente a la denuncia realizada por su parte.

Como fue dicho, el fabricante es ajeno a la relación contractual entre la concesionaria y el adquirente.

Así no existe norma positiva alguna que imponga a Fiat Auto S.A. como fabricante del vehículo vendido la obligación de atender los reclamos del comprador originados en aspectos internos de la compraventa.

De allí que no pueda derivar responsabilidad de esta demandada por la ausencia de un resultado exitoso de la gestión que anunció realizaría (ver carta documento de fs. 15).

Distinto sería el caso si lo imputable fueran vicios de fabricación.

En tal caso, podría existir una responsabilidad directa de la terminal, no por la relación contractual concesionaria-adquirente, sino por vicios en el producto ofrecido.

3. Por último, la quejosa imputó al fabricante cierta complicidad en la venta del vehículo 1998 como si se tratara de un modelo 1999 con base en cierta manifestación del perito contador (fs. 342: punto d).

Sin embargo, frente a la aclaración reclamada por Fiat Auto S.A. el experto confirmó que la indicación en la factura como modelo 1999 se correspondía con las normas de la Secretaría de Industria y Comercio aplicables (fs. 384).

Sobre esta aclaración el quejoso nada dijo en la instancia anterior, ni ahora en su expresión de agravios, lo cual desdibuja la atribuida responsabilidad de la fabricante.

Es que si la factura de Fiat Auto S.A. que invocó el señor Lalanne identificó correctamente el modelo del rodado, ningún reproche cabe hacerle al emisor de aquella pieza.

Por lo expuesto, cabrá desechar el agravio referido a la absolución de Fiat Auto S.A.

V. b. Denegatoria de rubros indemnizatorios:

Como fue descripto más arriba, la sentencia desechó todo resarcimiento por 1. lucro cesante; 2. privación de uso; y 3. daño moral.

Analizaré cada reclamo en forma autónoma.

b.1. El actor dijo desempeñarse como taxista.

La sentencia entendió que tal calidad había sido acreditada mediante el informe de fs. 223 que precisa, además, su número de licencia.

Sin embargo no cuestiona expresamente uno de los fundamentos dirimentes del fallo en este punto cual fue la ausencia de prueba sobre la entidad económica del daño.

La calidad de registrado bajo C.U.I.L (Código Unico de Identificación Laboral) no constituye, en el caso, la demostración de una voluntaria omisión del actor de negar su condición de trabajador independiente. Así lo explica en su expresión de agravios.

Aquella condición revela lo contrario, pues se otorga a todo trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia y que pertenezca al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y a toda persona que gestione alguna prestación o servicio de la Seguridad Social.

La asignación de C.U.I.L. revela que el señor Lalanne se desempeña en otra tarea remunerada, esta vez bajo relación de dependencia.

Y ello, obviamente, le impide atender "full time" su actividad como taxista.

A partir de tal certeza, debió precisar cuál era el tiempo que dedicaba a su actividad de taxista (días y horas).

Este dato sólo es referido por el testigo Mc Nally en su declaración.

Allí dijo que el actor cumplía, como taxista, un horario de 12 horas diarias.

Sin embargo esa afirmación es incongruente con el registro impositivo que, como adelanté, refleja la vigencia de otra actividad paralela.

A igual conclusión arriba la sentencia con apoyo en haber declarado en el contrato prendario como destino de la unidad, el uso particular.

Tal hecho permitiría derivar que su eventual actividad de taxista no sería cumplida con el automóvil Fiat Siena objeto de la prenda.

A modo de excusa, el actor explicó que ambos hechos (inscripto con C.U.I.L. y declaración en la prenda como de uso particular), constituían aspectos ajenos al uso del automotor y que, en todo caso, constituirían un eventual problema con terceros.

Sin embargo, ambos hechos reflejan una actuación voluntaria del quejoso que no puede ser soslayada en juicio y menos ser interpretada en beneficio de quien se dice mendaz.

Tales constancias revelan, como dije, una actuación voluntaria del recurrente que puede ser adoptada prácticamente como una confesión.

Va de suyo que, de existir explicaciones valederas y pruebas que así lo indiquen, aquella prueba podría ser soslayada.

Sin embargo las pruebas producidas no se encaminan a dilucidar estas específicas cuestiones, lo cual impide una diferente valoración.

A todo evento destaco que igual declaración (uso particular) realizó el actor al tomar el seguro copiado en fs. 7, lo cual confirma la presunción anterior.

Es que frente a un siniestro, de comprobarse el uso del automóvil como taxímetro, la cobertura podría ser rechazada por constituir tal actividad un supuesto de agravación del riesgo.

Por tanto constituiría una actividad incongruente tomar un seguro que luego no podrá cumplir con sus fines por la declaración falaz del tomador.

Y la incongruencia no puede ser una conducta presumida.

Por ello propondré estar a lo resuelto en la sentencia.

b.2. La indemnización que Lalanne califica en su expresión de agravios como privación de uso, también fue denegada.

En rigor el actor al demandar la calificó como "pérdida de chance", la que resulta mas adecuada al perjuicio descripto.

Por ello será analizado en esta última condición, que es la adoptada también por la sentencia.

El recurso, en este punto, no desarrolla una crítica concreta y razonada a los fundamentos vertidos en la sentencia para rechazar el ítem. Ello justifica desestimar la apelación por infringir el cpr 265.

A todo evento puede señalarse que el informe de fs. 225, único esgrimido en respaldo de esta pretensión, en nada colabora con su admisión.

Es que la atribuida oferta de actuar como "comisionista" es descripta en tal informe del siguiente modo: "...venta y por mayor y menor de parabrisas nacionales e importados, accesorios, alarmas, etc. con su correspondiente colocación y/o reparación de los vehículos".

Podría interpretarse que la actividad prometida al actor sería compatible con la "comisión" entendida ella como el encargo que realiza un comerciante afincado en cierta plaza, "...a un colega viajero que actúa en otras plazas, que efectúe negocios en nombre propio, pero por cuenta de aquel" (Fernández R. - Gómez Leo, O., "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", T. III- A, p. 255).

Pero la calificación se desdibuja si advertimos que la actividad del comisionista también fincará en la "...colocación y/o reparación de los vehículos".

La misma requiere de una instalación adecuada en otra plaza para poder cumplir con la manda.

Si bien tal característica también podría encuadrar en el contrato de comisión, al decir de Fernández-Gómez Leo (obra y página citada), la necesidad de contar con un vehículo, y particularmente un sedán, se desdibuja.

Pero aún soslayando estas observaciones, cabe reparar que el informe no indica en qué plazas se desempeñaría Lalanne, cual sería su frecuencia horaria, que ganancia podría esperar por tal actividad, etc.

Estas omisiones impiden contar con elementos ciertos que permitan valorar la existencia y entidad del daño para luego fundar la magnitud del eventual resarcimiento.

Demás está decir que esta "chance" resultaría inexistente si se advierte que también Lalanne habría postulado una actividad como taxista de doce horas diarias; amén de la que puede cumplir en relación de dependencia, como revela su tenencia de C.U.I.L.

Todo ello justifica el rechazo del recurso en este punto.

b.3. Por último cabe analizar la crítica al rechazo de resarcimiento por daño moral.

La sentencia denegó este ítem por derivar de un incumplimiento contractual.

Empero, tal presupuesto no cercena por si sólo el derecho a obtener reparación.

Sobre este punto, la doctrina ha sido reiterada al considerar que dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, prima un criterio restrictivo en materia de reparación del daño moral (Llambías J. J., "Tratado...Obligaciones", T. I, p. 353; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", 2 ed. T. I, p. 382; Cichero , "La reparación del daño moral en la reforma de 1968", ED, 66:157; Borda G., "Tratado...Obligaciones", 7a. ed., T. I, p. 195, n 175; CNCiv F, LA LEY, 1978-B, 521; íd. F, ED 88:628; CNCiv. C, ED 60:226; CNCiv. E, 19/9/94, "Vítolo D. c. Guardado, Néstor"; CNCiv. L, 13/6/91, "Mendez de López Mansilla, Claribel y otra c. Bonfiglio Wasbein y Bonfiglio S.R.L."; CNCom Sala A, 13.7.84, "Collo Collada A. c. Establecimientos Metalúrgicos Crespo S.A.C.I.").

Así, en materia contractual el daño moral no se presume.

Quien lo invoca debe alegar y probar los hechos y circunstancias que determinan su existencia, correspondiendo al juzgador aplicar la condena de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

En su expresión de agravios, el actor dijo conocer este principio. Sin embargo argumentó que existen casos, como el presente, donde la prueba resulta innecesaria.

A todo evento se remitió a la declaración del testigo Mc Nally como suficiente demostración de tal padecimiento.

Coincido con el quejoso que hay situaciones excepcionales donde la prueba del daño es innecesaria pues la propia naturaleza del incumplimiento y de sus consecuencias justifican por si misma la afectación de los sentimientos.

Sin duda, advertir con sorpresa que un automóvil que se cree de un año de fabricación determinado lo es del anterior, puede producir un notorio malestar.

Sin embargo ello no necesariamente supera el que puede generar cualquier incumplimiento contractual. Carece de características excepcionales que justifiquen por si mismo la admisión de la pretensión en este punto.

Los padecimientos no superan los que puede producir cualquier incumplimiento, hecho que, si bien no esperable, es claramente previsible en tanto contingencia anómala de una contratación.

Adviértase que el vicio no volvió al automóvil impropio para su destino. Le generó sustancialmente, un menor valor de reventa que fue atendido por el resarcimiento ya concedido en la instancia anterior.

Por tanto, propondré también en este punto, la confirmación de la sentencia de la instancia anterior.

VI. Por lo hasta aquí dicho, propondré al Acuerdo que estamos celebrando, que si mi postura recibe la adhesión de mis distinguidos colegas, sea confirmada la sentencia.

En cuanto a las costas de esta instancia, serán impuestas al recurrente por ser vencido, bien que sólo se traducirán en la remuneración por la actuación profesional de la representación letrada de Fiat Auto S.A.

Así voto.

El doctor Heredia dijo:

Adhiero al voto del apreciado Dr. Vassallo y sólo deseo destacar obiter dicta que, aparte del supuesto identificado por él en que la concedente para la venta de automotores podría ser responsable frente al consumidor adquirente (conf. considerando Va. 2), concibo también como hipótesis de responsabilización la que desarrollé en mi Tratado exegético de derecho concursal, Buenos Aires, 2005, T. 5, p. 355/358, la cual, empero, no se da en la especie.

El doctor Dieuzeide adhiere al voto emitido por el vocal preopinante.

VII. Concluida la deliberación, los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar la sentencia apelada. (b) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente vencida (cpr 68). (c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.- Gerardo G. Vassallo.- Juan J. Dieuzeide.- Pablo D. Heredia.