marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de documentos, falsedad ideológica, certificado médico
Materia: PENAL
Carátula: P., J. C. s/ Queja en: 'P., J. C. s/ Uso de certificado falso en concurso ideal con estafa a la administración pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-10-28

No puede negarse el conocimiento de la falsedad si lo que se requería de un médico era la constatación de una dolencia, cuando el profesional no podía realizar un examen clínico del imputado ni contaba con los antecedentes necesarios para hacerlo - no era su médico habitual ni le habían sido enviados estudios de diagnóstico adecuados para certificación requerida -. Entonces, la afirmación de determinada patología y su gravedad siempre sería falsa (falsedad ideológica), aunque la realizara en efecto un médico, dado que, ante la ausencia de tales datos, éste no podría realizar certificación alguna y de hacerlo sería partícipe de los hechos reprochados.
Nulidad procesal, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: PIÑERO PACHECO, Raúl Erasto s/ administración fraudulenta Causa nro. 23.913
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Debe tenerse presente que la aplicación de tal sanción debe valorarse restrictivamente, ciñéndose a aquellos supuestos en los que surgiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, imposible de ser subsanado de otro modo.
Poder Judicial, remuneración, jueces, jurisprudencia no aplicable, decretos, recurso contencioso administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bitetti, María Crisitna Malpeli de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 224-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

No pueden compartirse las conclusiones de la jurisprudencia invocada por la recurrente al informar sobre el mérito de la causa ("Herbel de Pajares c. Estado Nacional- Ministerio de Justicia s. Empleo Público", donde se admitió el carácter remuneratorio de las diferencias otorgadas en tanto la finalidad perseguida por el decreto 1770-91 fue compensar la prestación del servicio personal que significa la actividad desempeñada por los jueces) puesto que el decreto nacional 1770-91 de ningún modo fijó remuneraciones distintas a las vigentes a la fecha de su dictado, ni -en consecuencia- efectuó ninguna modificación en la asignación atribuida a la categoría presupuestaria correspondiente a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, base para la aplicación de la escala porcentual de remuneraciones fijada por la ley provincial 9379. Todo ello determina la improcedencia del reclamo de la actora en tanto aparece fundado en una incorporación automática de las sumas reconocidas mediante el decreto 1770-91 a la asignación de los Ministros del Máximo Tribunal nacional y, por ello, en una variación del "nivel básico 100" aludido en el artículo 2 de la ley 9379 para determinar su remuneración.
Concursos, proceso de verificación, títulos de crédito, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLOMBO   ENRIQUE  EUGENIO s/ CONCURSO S/ INCIDENTE DE REVISION DECREDITO (POR FERNANDO MENDEZ VALLES).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

El solicitante de la verificación de un crédito sustentado en un pagaré, que invocó haber otorgado al concursado un préstamo dinerario, debe declarar y probar la causa. Tal doctrina, sustancialmente destinada a evitar el concilio fraudulento, no exige una prueba acabada y contundente de la causa (CCom., esta Sala, in re "La Farola Norte SRL s/concurso preventivo s/ incidente de revisión por Beltrami, Fabián", del 22-6-92), pero sí que la versión de los hechos brindada encuentre asidero.
Contrabando, querellante particular, estafa
Materia: PENAL
Carátula: FURST ZAPIOLA, GUILLERMO F. s/ denuncia s/contrabando, Causa: 37893.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

Si el objeto procesal de la causa podría constituir el delito de contrabando, corresponde confirmar la resolución apelada que denegó la solicitud de un particular de ser tenido por parte querellante (por considerarse víctima del delito de estafa - art. 172 CP -), pues la facultad de ser tenido como parte querellante surge de la lesión de un bien jurídico tutelado por la ley (que en el caso sería las funciones de control del servicio aduanero con respecto a la importación de mercaderías), y corresponde, como regla general, al titular del derecho violado, o sea, el directo damnificado por el delito.
Carga de la prueba, contrato de trabajo de temporada, fecha de ingreso
Materia: PENAL
Carátula: RIVERO ALBERTO JAVIER c/ DE MAGER S.R.L s/ Acreditacion de fecha de ingreso - trabajo por temporada de fecha de ingreso - trabajo por temporada
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-06

Y es el caso que la actora no ha desvirtuado por ningún medio probatorio la fecha consignada en los recibos arrimados a la causa, los que fueron reconocidos en la audiencia de trámite (ver fs. 93/91 vta.) sin objeciones de ninguna naturaleza y demás documentales aportadas... La carga de la prueba de la fecha de ingreso correspondía al actor y esta faena no ha sido cumplida por el recurrente, del análisis el plexo probatorio en su integridad no puede tenerse probada la fecha de ingreso, ya que analizadas las constancias de la causa, a mi criterio la demandada, acercó elementos probatorios que desvirtúan los dichos del accionante.
Recurso extraordinario federal, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: CLINICA TERMAL RIO HONDO S.R.L. c/ SANATORIO SAN FRANCISCO S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-18

No puede llevar a decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario, cuestiones procesales, ni aun cuando la ley que rige el procedimiento revista el carácter federal, porque la interpretación de tales leyes no afecta el art. 31 de la Constitución Nacional.
Fletamento, fletamento a tiempo, agente marítimo, representación procesal
Materia: NAVEGACION
Carátula: MARIMEX  S.R.L. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. Bq. "VIKARA" s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Mediante un contrato de fletamento (en el caso: "a tiempo") y habiendo sido el agente marítimo aduanero designado por el fletador, el capitán, propietario o armador del buque pueden designar a otra persona distinta a dicho agente (llamado en la práctica "agente marítimo confidencial"), que inviste su representación judicial activa y pasiva, acreditando por escrito su designación. Así, cuando un tercero cite a juicio al agente marítimo aduanero, éste puede declinar su intervención indicando la persona del otro agente designado por el capitán, propietario o armador.
Accidentes de trabajo, pericia médica
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores Patricio Daniel  c/ Asociart ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-30

Puestos a resolver el meollo litigioso, apreciamos que el perito médico de autos incurrió, cuanto menos, en una ostensible contradicción. Frente a esta insoslayable incongruencia entendemos atinada la solicitud de la demandante y por ello, haciendo uso de las atribuciones que otorga al magistrado de este fuero el art. 8 del CPL, corresponde disponer que el cuerpo médico forense de esta jurisdicción se expida evacuando los puntos de pericia interesados por ambas partes (Voto Ronconi-Romero)
Intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Rinaudo, Hugo Alberto c/ Maderera El Misionero s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-31

La fijación de la tasa de interés no constituye cuestión federal, de modo que los jueces deben aplicar las normas de derecho común.
Martillero, honorarios del martillero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garriga, Juana Joaquina de Morcos c/ Garriga, María del Valle Herrera s/ Resolución  de contrato s/Daños y Perjuicios -Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-05-30

Respecto de la retribución del martillero público por su labor en el proceso, tanto el art. 580 del CPC como la ley 4012 que regula el ejercicio de dicha profesión de Martilleros preveen los diferentes supuestos por los que puede fracasar, suspenderse o anularse un remate y determinan pautas a seguir a los fines de la retribución del martillero público.

A efecto de establecer el monto de las remuneraciones los jueces consideran: a) el valor del juicio; b) la importancia de los bienes a subastar; c) la actuación cumplida por el martillero en el juicio; d) la relevancia de la suspensión de la subasta sobre los bienes.

En el caso, ni siquiera se fijó fecha para la subasta, por haber la demandada satisfecho el crédito de la actora antes de que ello ocurra, por lo tanto no tiene operatividad la norma del art. 17 de la ley 4012 en lo relativo al límite del 40% de lo que podría haberle correspondido al martillero en concepto de honorarios si el remate se hubiere realizado, pues la subasta no se suspendió ni fracasó.

Sin embargo, la labor profesional, por simple que sea, debe ser retribuida en función del trabajo efectivamente realizado, pues el martillero ha trabajado en procura de la realización de la misma. En consecuencia, se estima que el arancel que fija el juez de origen es acorde con la labor desplegada con lo que la apelación deducida deviene improcedente.
Registro de marca, oposición al registro de marca, marcas confundibles, cotejo de marcas, caracteres internos semejantes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CURA, NELSON GUILLERMO c/ LABORATORIO MI FLORA S.R.L. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-08

Aún cuando se admitiera que el término FLORA es de uso común en las clases 30 y 5 del Nomenclator y, por tanto, afectadas de una cierta debilidad, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo para evitar conferir privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio, ello es así siempre y cuando a ese elemento coparticipado se le adicione otro diverso que confiera novedad o especialidad al conjunto, porque en la comparación de los conjuntos no cabe prescindir de él, el elemento que el actor agrega (MULTI) al coparticipado (FLORA) no alcanza a dotar a su conjunto (MULTIFLORA) de singularidad bastante para ahuyentar las posibilidades de confusión con el ya registrado que se le opone (MI FLORA), de modo que aparezca respetado el principio fundamental en la materia, que indica que las marcas deben ser claramente distinguibles.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, división de poderes, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas, Municipalidad, ordenanzas municipales, impuestos municipales, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: VICTOR HUGO ALEMIS Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA Y PROVINCIA DEL CHACO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.    IMPUESTOS MUNICIPALES.    HONORARIOS DE ABOGADOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

La invocación del principio de la separación de los poderes y el desconocimiento en que habría incurrido el tribunal apelado -declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nro. 612-80, de Resistencia y del decreto provincial Nro. 1288-80- de las atribuciones no delegadas a la Nación, retenidas por las provincias en virtud del artículo 104 de la Ley Fundamental, carecen de relación directa con lo que ha sido materia del pronunciamiento. La posibilidad de recaudar los tributos en el orden municipal que tales principios garantizan no ha sido puesta en tela de juicio y la controversia remite a la interpretación y compatibilidad de preceptos del Código Civil y de la legislación y la Constitución de la Provincia del Chaco o sea cuestiones de derecho común y público local que no incumbe a la Corte rever en la vía extraordinaria.
Cheque sin fondos, error (penal), error de derecho extrapenal, abogados, asesoramiento profesional
Materia: PENAL
Carátula: ZAPUTOVIH, HECTOR W.CIA. NAVIERA PARANA S.A. s/ Cheque sin fondos Causa 30133
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-11

El singular consejo profesional (que no pagara el cheque de autos), la confianza que depositara el imputado en el abogado que debe presumirse desde el momento que le encargara el caso, la circunstancia de concurrir dos amenazas penales, a saber, el libramiento de cheques sin fondos y la conducta fraudulenta en desmedro de los acreedores, conforman una situación objetiva y subjetivamente relevante para poder llegar a la conclusión de que el imputado ha padecido un error de derecho extrapenal invencible e inculpable.
Concursos, costas, costas en el orden causado, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: EXO  SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE REVISION POR LA CONCURSADA ALCREDITO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-15

La existencia de jurisprudencia disímil sobre la cuestión de la conversión de los créditos en dólares, constituye fundamento para disponer la distribución de las costas en el orden causado, ello pues la adopción de tal temperamento, dotado de suficiente elasticidad, deviene necesaria cuando las particularidades del caso permiten inferir que el litigante pudo razonablemente formar su convicción acerca de la procedencia del planteo (CPCCN art. 68). (En la especie, se revocó la decisión que impuso las costas al concursado, y dispuso que las causadas en ambas instancias se impongan en el orden causado).
Demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Echepare, Natalia Soledad c/ González Lebrero, Gabriela y/u otros s/ Despido, salarios adeudados y certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-02-27

Debe revocarse la decisión del aquo que no hizo lugar a la declaración de rebeldía de uno de los codemandados ya que, habiendo sido debidamente citado, y habiendo vencido ineludiblemente el plazo para contestar la demanda -que es de carácter perentorio-, ante el pedido de la contraparte, resultan aplicables las normas de los artículos 64 del Código Procesal Laboral y 342 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, leyes, condena condicional, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P DE L, U F s/ LESIONES CULPOSAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 185-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-02

El planteamiento de "prescindencia del texto legal vigente al momento de la comisión del delito", se encuentra directamente vinculado con la tacha de inconstitucionalidad de la ley de facto nro 21338, que no puede ser considerada por la Corte mediante el recurso intentado, por constituir un caso constitucional nacional.

Apareciendo entonces el planteo tan solo como mera disconformidad del justiciable con el criterio de selección de la norma común aplicable, empleada por la sala A quo en ejercicio de funciones propias.
Menores, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho del menor a ser oído, tratados internacionales, víctima menor de edad, malos tratos, violencia familiar, delitos contra la integridad sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

"Cierto es que este derecho fundamental adquirirá su mayor trascendencia en aquellos procesos en que el niño resulta ser víctima de abusos o malos tratos. En tal sentido, '[l]a participación del niño en el proceso judicial, iniciado a raíz del maltrato sufrido por obra de sus padres o sustitutos, representa un elemento esencial en la defensa de sus derechos, pues le permite expresarse en las cuestiones que lo afectan directamente. Más aún, como las decisiones que pueden adoptarse en estos casos se relacionan con su derecho a permanecer en el ámbito familiar, salvo que la separación fuere necesaria para proteger su bienestar (CDN, art. 9, inc. 1), es indudable que la palabra del niño víctima constituye un factor primordial para determinar dicho interés'."
Aportes previsionales, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pata, Sergio Héctor c/ Galarza, Santiago Camilo s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

El orden público en que se inscribe la norma del artículo 21 de la ley 6716 en su actual redacción, no es un orden público general, es decir establecido en resguardo de la cosa común a todos, sino un orden público particular, impuesto a favor de un sistema previsional específico que sólo da cobertura a quienes ejercen la abogacía en la Provincia, y ello con la finalidad de dotarlo de recursos económicos para atender su normal funcionamiento. Frente a ello se yergue el derecho individual a la tutela judicial continua y efectiva, con acceso irrestricto a la justicia y gratuidad en los trámites y en la asistencia letrada por parte de quienes carezcan de recursos económicos suficientes (art. 15 Const. Prov. de Bs. As.), debiendo la Provincia promover la eliminación de obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el ejercicio de este derecho de raigambre constitucional (art. 36, Const. Prov. Bs. As.). Siendo así, las trabas para que quien goza del beneficio de litigar sin gastos pueda entrar plena y libremente en esta última etapa del proceso en que el aseguramiento de su derecho cobra operatividad deben ser removidas por los magistrados, alcanzados en esto, como integrantes de uno de los tres poderes del Estado provincial, por la clara preceptiva del artículo 36 de la Constitución local que ya he citado.
Extinción del contrato de trabajo, sentencia condenatoria, indemnización, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Páez, Marcos Hugo c/ Catamarca Rioja Refrescos S.A. y/o Qrr s/ Accidente de trabajo y otros beneficios laborales impagos-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-07-27

Regida la vinculación entre las partes exclusivamente por la Ley de Trabajo, no corresponde acordar indemnización por daño moral con fundamento en la responsabilidad contractual más allá de lo legalmente fijado, que es abarcativo de todos los daños que pueda sufrir el empleado despedido, excluyendo la posibilidad de que se admita un reclamo por daño moral derivado del mismo acto jurídico.

Sin embargo, puede acumularse otra indemnización a las tarifadas de la LCT para reparar el daño moral, siempre y cuando éste sea el resultado de un hecho distinto que la simple denuncia del contrato de trabajo. O sea que el daño debe haber sido provocado por algún gravísimo incumplimiento ajeno al hecho del despido, con dolo o culpa del empleador, que genera consecuencias indemnizables por el ilícito cometido, las que según el art. 522 del Código Civil asumen carácter excepcional y sólo proceden cuando el incumplimiento fuese malicioso y por sus características configurase un verdadero acto ilícito en los términos de los arts. 1072 y 1109 del Código Civil.

Puesto que en el sub lite la accionada procedió dentro de las facultades que le otorga la ley, corresponde casar el fallo de grado que hizo lugar por mayoría de votos al daño moral en causa laboral, atribuyendo carácter excepcional a perjuicios normales y propios de cualquier empleado despedido injustificadamente, lo que implica arbitrariedad y, por lo tanto, rechazar el rubro daño moral.

Del voto del Dr. Oviedo.
Cuestiones de competencia, medidas cautelares, defensa de la competencia, competencia por la materia, interpretación de la ley, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL
Carátula: Imagen Satelital S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Si bien el texto final del artículo 53 de la ley 25.156 no precisa cuál será el tribunal de apelación, pues por efecto del veto parcial quedó una referencia a la "Cámara Federal que corresponda", una interpretación acorde con los propósitos manifestados al rectificar la norma sancionada, indica que se persiguió "mantener" la competencia asignada en la derogada ley 22.262 a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, ejecución de sentencia, honorarios, funcionarios judiciales, devolución del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMOS, Marta Alicia c/ VIVIENDAS SALTA S.A s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-11

Cabe reconocer que si bien es práctica común el préstamo de expedientes aún en casos no contemplados taxativamente por el artículo 127, que en su contenido resulta más extenso que el artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se trata de un uso tendiente a facilitar la confección de cédulas y demás diligencias, pero regido por las normas de buena fe procesal y ética profesional y sin que por ello se justifique la generación de perjuicios o que se constituya en herramienta de abuso, paralizando o demorando el trámite procesal correspondiente, en desmedro de los derechos de la contraria o de los letrados intervinientes y, en definitiva, de un adecuado servicio de Justicia.
Regulación de honorarios, facultades del juez, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: OJEDA, Horacio Hilardo c/ CJPER s/ APELACION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-17

Si bien es cierto que los parámetros mínimos objetivos previstos en la escala legal pertinente (art. 91, 2do. párr., Dec.-ley Nº 7046/82, ratificado por Ley Nº 7503) han perdido, desde la sanción de la Ley Nº 8622, el carácter de orden público que le asignaba el art. 1º del ordenamiento normativo arancelario, lo cual se complementa e integra, posteriormente, en sentido reafirmatorio con la normativa consagrada en el art. 13 de la Ley Nº 24.432, la mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso de las pautas generales previstas en el art. 3º, incs. b, c, d, e, f, g y k de la ley de Aranceles.-
Corrupción, abuso deshonesto
Materia: PENAL
Carátula: BELTRAN ANTONIO DANTE s/ CORRUPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-05

En el delito de corrupción de menores es necesario que el sujeto pasivo sea persona capaz de comprender la naturaleza del acto corruptor, porque si bien es cierto que para que el delito se configure no se requiere que la victima haya experimentado realmente una alteración psíquica o moral, también lo es que debe existir la posibilidad de que tal resultado se produzca, tanto por la idoneidad del acto como por la capacidad de la victima (fontan balestra carlos, derecho penal, parte especial, pág. 247/248).

Si en el caso la víctima padece insuficiencia de las facultades mentales, con un coeficiente intelectual C.I.= 30, carecía de capacidad para comprender la significación de los actos realizados por el autor (succión del pene y acceso contra natura)y,por consiguiente, el comportamiento de este configura el delito de abuso deshonesto (C.P. art. 127).-