Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 07 días del mes de febrero del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Juan Pedro Cortelezzi, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C., S. N. psa de homicidio en grado de tentativa a M. G. - Rawson" (Expediente 20.896 - 293 - 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 136: Panizzi, Cortelezzi y Pasutti.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) Llegan estos autos a conocimiento de la Sala Penal, a consecuencia de la impugnación que el Ministerio Público Fiscal introdujo contra la sentencia dictada el día 22 de febrero de 2007 por el Juez Penal de refuerzo de la ciudad de Trelew, doctor J. A. G., mediante la cual absolvió a S. N. C. del delito de homicidio simple en grado de tentativa, por el hecho ocurrido el día 4 de noviembre de 2006, pasada la medianoche en la ciudad de Rawson, en perjuicio de M. G. (artículo 42 y 79 del Código Penal; artículo 28 del Código Procesal Penal - Ley 5478).

II) En la presentación cosida a fs. 92/98 vta. la Fiscalía, representada por los doctores A. M. y O. J. R., objetó el fallo con base en el artículo 373, inciso 3° del nuevo ordenamiento adjetivo, porque consideró que el sentenciante vulneró las reglas de la sana crítica racional, y así concluyó dictando un pronunciamiento sin suficiente motivación y con contradicciones que -señaló- lo convierten en arbitrario.

La vulneración alegada consistió, en términos del recurrente, en la transgresión al principio lógico de coherencia y de razón suficiente. Para demostrarlo, analizó con detenimiento ciertos pasajes del razonamiento del magistrado para absolver al imputado.

Destacó que el sentenciante partió de un juicio lógico que no era necesariamente verdadero, para inferir la falta de intención homicida del acusado (tuvo hipotéticamente por probado que C. efectuó el disparo), y así juzgó que como el imputado no siguió disparando el arma que supuso portaba y que no fue hallada, su conducta no cumplió con el elemento subjetivo del tipo.

Señaló que la defensa le atribuyó a la víctima haber mentido sobre el desarrollo de los hechos, amparado por el artículo 186 del C.P.P., argumento que, dijo el recurrente, fue acogido por el magistrado errando en la interpretación que le dio a la norma referida, pues a G. no le estaba prohibido declarar sobre hechos que le pudieran causar responsabilidad penal, sino que no estaba obligado a hacerlo.

Consideró que el juez puso en cabeza de la víctima una imputación que le efectuó la defensa, sin especificidad alguna, para restarle de esa manera credibilidad a su testimonio y omitir valorar otros elementos de prueba, como la propia declaración del imputado en la que reconoció haberle quitado el arma a G. en el forcejeo, para defenderse.

Denunció la contradicción del sentenciante al considerar a C. como un testigo de oídas, que no pudo dar fe sobre la veracidad de lo que declaró, para luego considerar que no halló elementos objetivos que le permitieran tener por inverosímiles los dichos de ese declarante.

Efectuó una breve reseña de los elementos probatorios incorporados al debate, que estimó el a quo omitió valorar y calificó al análisis que realizó el magistrado como fragmentario, fundamento de la arbitraria sentencia condenatoria.

Hizo reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III) A fs. 108/112 la defensa del acusado, a cargo del doctor C. I. J., contestó la impugnación del titular de la acción penal, y manifestó que esa presentación trató de sostener la supuesta falta de motivación en base a un falacia lógica, tendiente a desplazar la responsabilidad de la fiscalía en el deber de aportar prueba que respaldara su caso.

Sostuvo que de la lectura de la sentencia se deriva correctamente el análisis allí efectuado, que aunque no coincidiera con la apreciación de la fiscalía no por ello resultaba un razonamiento inválido.

En su opinión, la resolución hizo hincapié en los defectos evidentes de la acusación al pretender sostener el caso sobre la base de los dichos de una víctima, que calificó de poco creíble, por lo que el juez absolvió al acusado en función de los altos niveles de duda y la insuficiente tarea acusadora.

Por ello, solicitó el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia en todas sus partes.

IV) La fiscalía imputó a S. N. C. el hecho ocurrido el día 4 de noviembre de 2006, pasada la medianoche, cuando M. G., situado sobre la calle P. a la altura c. N° 6.. de la ciudad de Rawson, fue interceptado por el acusado quien, sabiendo lo que hacía y conociendo el poder vulnerante del arma de fuego que esgrimió (probablemente calibre 22), con la intención de causar la muerte, le manifestó a su víctima "¿qué te pasaba?" y, a un metro de distancia aproximadamente, le efectuó un disparo que ingresó a la altura del tórax sin orificio de salida, no produciéndose el fallecimiento por causas ajenas a la voluntad del autor.

V) El recurrente ha hecho un encomiable esfuerzo por desmerecer la valoración del a quo al material colectado en la causa, en un intento por demostrar contradicciones y vacíos en el razonamiento utilizado por el sentenciante.

Reconozco el valor de su tarea, no obstante lo cual considero que su impugnación resulta ineficaz para derribar los argumentos absolutorios del Juez García.

El magistrado inició la resolución con una reseña de las reglas contenidas en el sistema de enjuiciamiento penal, que puso en vigencia la ley 5478. Allí destacó -con acierto- que el nuevo ordenamiento le asignó al Ministerio Público Fiscal un rol protagónico para la averiguación de la verdad jurídica objetiva, pues éste carga con la tarea de plantear el caso, ofrecer e introducir al debate -público, oral y contradictorio- la prueba colectada y responder, razonadamente, todas las cuestiones contradichas por la defensa.

Añadió que, la inocencia esta asistida por el postulado de su presunción hasta la prueba en contrario, elementos que debe aportar quien al formular la acusación niega ese estado.

Los argumentos del magistrado se sustentan en los artículos 112 y 113 del nuevo C.P.P., normas que imponen a los fiscales dirigir la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal pública contra los autores y partícipes. Con esa finalidad se les asigna la tarea de realizar todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar activamente en el procedimiento, pues deben probar en el juicio oral y público los hechos que funden su acusación.

En el fallo impugnado, el sentenciante juzgó que el titular de la acción penal no probó el aspecto objetivo del tipo con el cual calificó el hecho enrostrado a S. N. C.. Es decir, no demostró que aquél dirigió un arma de fuego contra M. G., con la que efectuó un disparo que le ocasionó a éste una herida no productora de su muerte por causas ajenas a la voluntad del autor.

Agregó que el recurrente no pudo acreditar que el acusado haya tenido al menos por un instante el arma en su poder, apoyado en el resultado negativo del estudio bioquímico de dermonitrotest, la requisa practicada en el auto en el que se movilizaba, el allanamiento realizado en su vivienda particular y los testimonios vertidos en la audiencia.

Precisó que le fue imposible probar al acusador que el imputado haya disparado a una distancia aproximada de un metro, como tampoco pudo derribar el argumento defensivo del forcejeo momentos previos al disparo.

Agregó que tampoco pudo demostrar el elemento subjetivo del delito endilgado a C., al fundar la intención de dar muerte en el lugar elegido para el disparo (tórax), circunstancia desvirtuada por el hecho de que cuando el mecanismo de defensa de la víctima había cedido -como el magistrado entiende planteó el fiscal- se encontraba a merced de su agresor y este cesó el ataque.

La falta de prueba concreta que le impedía descubrir exactamente cómo ocurrió el hecho y responsabilizar por ello a C., generó en el magistrado una duda que razonablemente debía concluir con la absolución del acusado, tal como lo juzgó, por imperio del artículo 28 del C.P.P., ley N° 5478.

En el nuevo ordenamiento adjetivo, netamente acusatorio, los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal a cargo exclusivo del Ministerio Público Fiscal (artículo 18); deben ser plenamente imparciales y ceñirse al caso tal como los plantearon las partes para emitir una resolución.

Al resultar insuficiente la prueba colectada en la causa para sustentar la acusación -en una tarea que destaco por su minuciosidad y empeño en el análisis y valoración de esos elementos-, por imperio del artículo 18 del nuevo C.P.P., el magistrado estaba obligado a resolver la cuestión ceñido al caso, tal como lo planteó el titular de la acción penal.

Por lo expuesto, hallo razonado y debidamente motivado el pronunciamiento de fs. 81/91, por lo que propicio el rechazo de la impugnación de fs. 92/98 vta., y la confirmación de la sentencia absolutoria en todas sus partes (artículo 70, 375 y 386 del Código Procesal Penal - Ley 5478) Así voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

De la lectura de la sentencia se desprende que el juez penal evaluó el caso llevado a juicio por el Fiscal, y concluye que las pruebas reunidas no eran suficientes como para conformar la certeza que requiere la condena, ya que no se acreditaron determinadas circunstancias del hecho descripto, como por ejemplo: que el imputado haya tenido por un instante el arma en su poder; la distancia desde donde se efectuó el disparo; ni desvirtuó el descargo del imputado.

Por otro lado sostuvo que no se demostró la intención de dar muerte, elemento requerido en el tipo endilgado. - Planteada la situación, y observándose las limitaciones de esta instancia, por tratarse de una impugnación extraordinaria, no habré de valorar la forma en que el tribunal unipersonal aplicó su razonamiento, sino simplemente si ha dado un fundamento para resolver como lo hizo. Así, el juez García fundó su decisión en la falta de elementos probatorios que pudiera confirmar la responsabilidad en el hecho del imputado, sosteniendo que la prueba llevada al juicio no alcanzó para derribar el estado de inocencia que pesa sobre toda persona sometida a proceso.

Al considerar insuficiente la merituación de los elementos escogidos como prueba de cargo por el Fiscal, aplicó la norma del artículo 44 de la Constitución Provincial y 28 del Código Procesal Penal, y decidió absolver a S. N. C..

Que no es cierto que la sentencia carezca de motivación suficiente, ni que haya vulnerado las reglas de la sana crítica racional, existió una labor intelectual, que resulta lógica y no puede ser reeditada en esta instancia, de carácter excepcional, máxime cuando se cuestiona la aplicación favorable del principio in dubio pro reo.- Por otro lado, resulta incomprensible el ataque al fallo, cuando el mismo representante del Ministerio Público Fiscal fue el responsable del resultado obtenido -C.P.P., arts. 112 y cctes.- Siendo ello así, entiendo que la impugnación resulta improcedente, correspondiendo confirmar la sentencia absolutoria. Así voto.- El Juez Pasutti dijo:

Luego de examinar la cuestión traída a revisión por la acusación, habré de coincidir con la solución dada al caso por mis colegas preopinantes, toda vez que el juez penal evaluó el plexo probatorio que incriminaba a C. y, luego de ello, concluyó que el mismo no era suficiente para conformar la certeza que requiere la condena.

En este sentido sostuvo que la única versión que pone el arma en manos del imputado es la de la propia víctima, mientras que todo el plexo probatorio restante (estudio bioquímica de dermonitrotest, la requisa del vehículo en el que se desplazaba, y el allanamiento practicado en el domicilio particular) dieron resultado negativo.

A ello le sumó los testimonios brindados por J. D. M. y G. A. G., quienes presenciaron el hecho y dijeron no haber visto a C. portando arma alguna. Invoca también el testimonio de C. O. B., quien dijo que el que estaba armado era G., y al forcejear con C. se escuchó un disparo.

Analizadas las pruebas aportadas por la Fiscalía, el a-quo concluyó que el acusador no había podido probar en el debate las circunstancias objetivas ni subjetivas del delito reprochado, ya que consideró insuficientes los elementos de cargo escogidos por el Sr. Fiscal para derribar el estado de inocencia que pesa sobre toda persona sometida a proceso.

De esta manera, considero que el sentenciante ha dado razones lógicas para resolver como lo hizo, y para ello utilizó el sistema que exige nuestro ordenamiento, como así también aplicó las facultades propias del principio acusatorio que impone el nuevo código.

De esta manera deberá rechazarse la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal y confirmar la sentencia.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar que el recurso de fs. 92/8 vta. es improcedente, con costas (C.P.P., art. 487).- 2º) Confirmar la sentencia de fs. 81/91.- 3°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Cortelezzi, Pfleger y Panizzi.-