Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-14


COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LIMITADA contra ALLASIA, Oscar Salvador y otros Reg.: A y S t 211 p 144-149.

En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LIMITADA contra ALLASIA, Oscar Salvador y otros -Demanda Ordinaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 220, año 2005). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Falistocco, Gastaldi, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 206, pág. 372 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada contra la resolución n 88, del 19 de octubre de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 255/256.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: La materia litigiosa puede resumirse así: 1. Surge de las constancias de la causa que por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 10 de Santa Fe, la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada promovió demanda por simulación y/o fraude y/o nulidad de la escritura de venta N 23 otorgada por el escribano autorizante Osvaldo Sonzogni el 12.03.1999, contra Oscar Salvador Allasia, Oscar Enzo Allasia y Serena S.R.L. (cargo fecha del 11.04.2001).

En el escrito introductorio, sostuvo que había iniciado demanda ejecutiva contra Oscar Salvador Allasia ordenándose en esos autos el embargo de los inmuebles de su deudor -dominio T. 161 F. 1595 y T. 161 F. 1613-, anotándose con carácter provisorio en el Registro General de Santa Fe al condicionarse por un certificado de venta.

Sustentó su pretensión en que: quién compraba el inmueble para la sociedad Serena S.R.L. era el hijo del deudor -que siempre había trabajado para su padre-; que hasta la deducción de la presente acción el ente social no había aceptado la venta realizada; que no había variado la forma explotación del campo siendo los integrantes de la sociedad los mismos demandados, sus hijos y otros familiares; y que el precio pactado en la compraventa era ilusorio, a punto de tornarlo vil.

Los demandados resistieron la acción: la sociedad opuso excepción de falta de acción y los demás coaccionados defensa de prescripción.

Esta última se sustentó en que el actor había conocido de la venta operada por escritura pública a partir del embargo trabado en forma provisional bajo el número 021914, por lo cual había transcurrido el plazo previsto por el ordenamiento vigente (arts. 3962, 4030, 4033 y c.c., Cód. Civ.).

Ofrecida y producida la prueba, la Cooperativa manifestó -en sus alegatos- que la acción no se encontraba prescripta, porque había tomado conocimiento del acto simulado recién el 23.04.1999 a través de un informe del Registro General de Santa Fe, en el cual se le anotició de la pérdida del estado registral del embargo por la venta inscripta en T. 205 F. 202 (fs. 145/146).

El Juez en primer grado conocimiento acogió la demanda declarando la nulidad de la escritura de compraventa impugnada y, en lo que aquí es de interés, rechazó la excepción de prescripción, en el entendimiento que "la falsa causa" -venta del inmueble- había sido conocida por la actora recién con el informe del Registro General (23.04.1999) no llegando, por tanto, a transcurrir el plazo bienal al deducirse la pretensión el 11.04.2001 (fs.

155/158).

Apelado ese decisorio, Oscar Salvador Allasia centró sus reparos en que el plazo de prescripción debía computarse desde la fecha de la anotación provisoria, registración ésta que debía ser tenida en cuenta por la presunción que conllevaba la publicidad registral; y que en el supuesto caso que el tercero argumentara haberlo conocido en otra fecha tendría a su cargo la prueba.

Por su parte, Oscar Enzo Allasia se agravió también por el no acogimiento de la defensa de prescripción, imputándole al Inferior una decisión "extra petita", sosteniendo que por tratarse de la transmisión de inmuebles por escritura pública regía en el caso el artículo 3956 del Código Civil, computándose el término de la prescripción desde la fecha del título de la obligación, es decir desde la fecha de la escritura -12.03.1999-.

Por último, "Serena S.R.L." reprochó al Juzgador en primer grado de conocimiento la ausencia de todo tratamiento de la excepción de falta de acción deducida.

La Sala acogió los recursos de apelación articulados y revocó la sentencia alzada, por ende: a) rechazó la demanda incoada en contra de Oscar Enzo Allasia y Oscar Salvador Allasia, haciendo lugar a la excepción de prescripción; y b) rechazó la demanda incoada en contra de "Serena S.R.L." por admitir la excepción "sine actione agit".

Específicamente en cuanto al tema de la prescripción liberatoria, los Juzgadores entendieron que el "informe previo" producía los efectos de una anotación preventiva a favor de quien requería en término legal la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiera solicitado conforme el artículo 42 de la ley N 6435 de Organización y Funcionamiento del Registro General, por tanto parecía evidente que la pretensión jurídicamente demandable pudiera ejercerse apenas impuesto el interesado de la existencia del certificado de fecha 19.03.1999 al tomar conocimiento de las razones por las cuales la cautelar se inscribía provisoriamente.

Asimismo, consideraron razonable que "la fecha del título de la obligación" para el cómputo del plazo de la prescripción (art. 3956 del Cód. Civ.) haya sido la del informe del 19.03.1999 como lo proponían los recurrentes, aún cuando la escritura estuviera fechada el 12.03.1999, mas advirtiendo que tomando una fecha u otra se llegaba al mismo resultado.

De tal forma -concluyó la Sala- que por imperio de lo normado en el artículo 42, segundo párrafo de la ley 6435, apenas ocurrió la anotación preventiva de la venta, ya podía desde entonces demandarse la pretensión nulificatoria del acto de disposición, por consiguiente al demandarse el 11.04.2001 ya había expirado el plazo de prescripción, admitiéndose -por tanto- la excepción deducida.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la recurrente su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Aduce que la Sala -al acoger la excepción de prescripción- emite un pronunciamiento que adolece de razonabilidad al desconocer el valor jurídico del artículo 4030 del Código Civil que impone el cómputo del plazo de prescripción a partir del conocimiento de la falsa causa.

Señala que cuando la simulación es invocada por un "tercero", el plazo de prescripción de la acción se computa desde que éste tiene conocimiento del carácter ficticio del acto, no bastando el conocimiento de la celebración de éste ni su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como tampoco la mera sospecha de la celebración del acto simulado sino el conocimiento efectivo, pleno y cabal del carácter ficticio del mismo.

Añade así, que el conocimiento no deriva de la publicidad del acto por su inscripción registral, por lo que allí no comienza el cómputo del plazo de prescripción de la acción desde que ello no importa el conocimiento de la simulación que lo afecta.

Subraya, que recién en el momento en que el Registro posee la totalidad de la información respecto del acto celebrado es cuando se tiene el conocimiento fehaciente y cabal de la simulación, el que no puede tomarse con un certificado que bloquea y que podría referirse a un acto no simulado.

3. Le asiste razón al impugnante.

Sabido que es procedente el recurso de inconstitucionalidad cuando el pronunciamiento atacado decide la cuestión con prescindencia u omisión de lo preceptuado en las disposiciones legales que rigen el punto y, por ende, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido conforme a la doctrina de la arbitrariedad.

Ello así, por cuanto una sentencia que anida un visible desmedro de una norma equivale a "prescindir del texto" de ella o "apartarse" del mismo.

Esta causal de descalificación de los decisorios se advierte claramente configurada en la especie a partir de que el Tribunal examina la prescripción de la acción entablada en este proceso (demanda por simulación) bajo el amparo de lo dispuesto por el artículo 3956 del Código Civil -en tanto dispone que "comienza a correr (la prescripción) desde la fecha del título de la obligación"-.

Esta subsunción normativa efectuada por el Tribunal al caso en estudio -como ya se dijo- es reprochable constitucionalmente.

En efecto, la doctrina y la jurisprudencia ha receptado la aplicación del artículo 4030 del Código Civil a la prescripción de la acción de simulación respecto de terceros, estableciendo el plazo de dos años, que se computará desde que el accionante tuvo conocimiento de la "falsa causa"; por tanto no es aplicable en estos supuestos el artículo 3956 del Código Civil, desde que el término de la acción comienza a correr para los terceros no desde la "fecha del título" sino desde que éstos tuvieron "conocimiento del acto simulado", debiendo probar la fecha en que ese conocimiento se produjo (CS Mendoza, "Vinci contra Resmasud", LS., 143-285, "Navarrete contra García", L.L., Gran Cuyo 2001-493 entre otros).

Dentro del contexto de la disposición que rige el caso, se impone recordar que no basta las simples sospechas del acto, sino que se requiere como punto de partida que el impugnante haya tenido "conocimiento" del carácter ficticio del acto"; se requiere un "conocimiento" cierto, cabal y efectivo, convencimiento éste que no deviene de aquel únicamente que se tuviera de su celebración o de su inscripción registral, toda vez que ello no importa necesariamente el conocimiento de la "simulación" que lo afecta (cfr.

Salas, Trigo Represas, López Mesa, "Código Civil Anotado", T. 4, B. pág. 339, Llambías, Mendez Costa, "Código Civil Anotado", T.V - C, pág. 891 y s.s.).

Retomando. A partir de la arbitrariedad normativa en que incurre la Cámara todo su posterior razonamiento judicial queda huero de contenido argumental.

Repárese, en tal sentido, que la Sala -siempre apoyándose en la incorrecta selección normativa- adopta la "fecha del título de la obligación" (art. 3956) como punto de arranque del plazo de prescripción, el informe del 19.03.1999, fecha en la cual la cautelar se inscribía en forma provisional "condicionada por certificado de venta" del 18.02.1999, relacionando, luego, ese acto procesal con disposiciones registrales.

Para concluir el Tribunal que siendo que, por ley 6434 de Organización y Funcionamiento del Registro General, el informe previo producirá los efectos de anotación preventiva a favor de quien requiera en término legal la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiere solicitado (art. 42, últ. párr.), aparecía evidente que la pretensión jurídicamente demandable podía ser ejercida apenas impuesto el interesado de la existencia de tal certificado, es decir al informársele el 19.03.1999 de las razones por las que la cautelar se inscribía provisoriamente.

Mas la sola interrelación de la inscripción de la cautelar -recuérdese: condicionada por certificado de venta- con las consecuencias jurídicas derivadas de las disposiciones registrales, de manera alguna pueden servir de adecuado sustento para juzgar acreditado la "toma de conocimiento del acto simulado" por parte del accionante a los fines del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción deducida de acuerdo a la disposición de derecho civil aplicable a la causa (art. 4030).

Repárese que la ley 6435 como así también la ley nacional 17.801 en su artículo 25, prescribe que la expedición del certificado implica una "anotación preventiva" en favor de quien en el plazo legal requiera la inscripción del documento para el cual lo hubiera solicitado, garantizando la inmutabilidad de la situación jurídica publicitada durante un lapso de tiempo, reservando prioridad para un documento in itinere cuya inscripción se persigue.

Empero, mas allá de los efectos registrales que pueda acarrear tal certificado, los Juzgadores no brindan razones para apoyar su decisión respecto de que a partir de éste la actora adquirió el conocimiento del carácter ficticio del acto que estaba en gestación, incurriendo, así, en meras referencias genéricas para hacer prevalecer una fecha sobre otra mas sin adentrarse en las circunstancias propias del caso.

Para ser más claro. El Tribunal a quo incumple con el deber de motivación impuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial por cuanto omite explicar por qué esa registración provisoria del embargo condicionada al certificado de venta (de fecha 18.2.99), anoticiada al accionante el 19.03.1999 tenía los efectos de comprobar la insinceridad del acto con la contundencia de un efectivo, pleno y cabal conocimiento del vicio para iniciar el punto de arranque de la prescripción de la pretensión de simulación entablada, máxime si se tiene en cuenta el carácter restrictivo que impone la aplicación de este instituto jurídico.

En definitiva, por vía del apartamiento normativo enunciado ha quedado sin respuesta debidamente fundada un argumento que pudo variar el resultado de la litis, por lo cual surge claro en la especie que la sentencia ha sido decidida mediante un proceso intelectivo no acorde con el artículo 95 de la Carta Magna que demanda la debida motivación como recaudo inexcusable de validez de los pronunciamientos judiciales.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)