marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entidades financieras, juicios contra el Estado, banco central, régimen de garantía de los depósitos, bonos externos, régimen de consolidación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ ALBERTO OMAR Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRA EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Si el B.C.R.A. se encontraba obligado a la entrega de los Bonex 1989 en virtud del decreto 36/90, no puede prevalerse en su propia mora para remitir al acreedor a la aplicación de un régimen posterior previsto para el cumplimiento de obligaciones de otra naturaleza, esto es, en dinero en efectivo. En este sentido, conforme lo dispuesto en el art. 1°, inc. b), ley 23.982 se consolidan los créditos alcanzados por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los Poderes de Emergencia del Estado hasta el 1.4.91, cuando "... Su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios ...", precisándose en su art. 4°, inc. a), del decreto 2140/91 que están excluidas de la consolidación las obligaciones cuya atención haya sido dispuesta en especial por otros medios establecidos en leyes o decretos de alcance general o hubiere sido instrumentada en títulos públicos. El supuesto de autos involucra créditos que habían sido diferidos para atender con títulos públicos, no consistiendo en el pago de una suma de dinero (y, por ende, ajenos al ámbito de aplicación del Plenario de la Cám. Fed. Cont. Adm. In re: "Arbuz", del 30.5.1994). En consecuencia, negar la exclusión del régimen de consolidación equivaldría a contrariar los alcances que resultan de los textos normativos antes indicados.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, representación legal, herederos, incomparecencia de herederos, publicación de edictos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  FRANCES  DEL  RIO  DE  LA  PLATA  SA c/ GARIBALDI, ANTONIODOMINGO Y OTROS S/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Resulta improcedente designar defensor oficial para representar a los ejecutados cuando, -como en el caso-, se verifica que esa designación se produjo luego de la incomparencia de los herederos de un coejecutado, citados a comparecer al juicio por una resolución que ordeno publicar edictos al efecto, de acuerdo a lo dispuesto por el C.P.C.C. art. 53-5° y, surge que quien denuncio el fallecimiento del citado codefendido fue su hijo. Ello así, toda vez que este -"prima facie"- debe ser considerado heredero forzoso del causante (CCIV art. 3714  y ccdtes.) máxime, si se adjunto un certificado de defunción del que fluye quien es la cónyuge del causante, quien también revestiría la calidad de heredera forzosa. por ende, frente a tal situación, en la que han sido individualizados, no cupo admitir la petición del ejecutante orientada a que se disponga la citación de sus herederos mediante edictos; y tampoco disponer la designación de defensor oficial por consecuencia de la incomparencia de esos herederos.
Pago de tributos, omisión de retener o percibir impuestos, agentes de retención, responsabilidad de los agentes de retención
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CINTAFON  S.R.L. s/ IMPUESTO  -  AGENTES  DE  RETENCION -  RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DE  RETENCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

El agente de retención que voluntariamente o por propia negligencia no cumple con el deber de retener, deviene responsable del ingreso del impuesto debido, previéndose como única dispensa, la acreditación de que el contribuyente ingresó las sumas respectivas (art. 36 de la Ley de Impuesto a los Réditos t.o. 1960).
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Casa Herreda S.A. c/ Delia Martínez de Robles s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-06-29

El principio "iura curia novit", receptado en los artículos 163 inc.

6 y 520 del Código ritual, hace que el Juez sea en principio soberano en la calificación jurídica de las acciones, excepciones o defensas de las partes en el litigio, teniendo como limitación los hechos en que se funden y el interés jurídico de sus pretensiones, atribución que es constitucional en tanto respete las circunstancias fácticas.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Talavera, Angel Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La circunstancia de que se haya considerado como agravante "la proclividad delictiva que surge de la condena previa...", agregándose en el fallo que "el artículo 41 del Código Penal faculta al juzgador a considerar a la reincidencia como agravante genérica de la pena..." no implica que la reincidencia ha sido valorada como circunstancia para la individualización de la pena.
Juicio abreviado, asociación ilícita, economía procesal, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Del Villar, Edit Mónica y otros p. ss. aa. asociación ilícita, etc. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-10

La colaboración de los acusados para la realización de un juicio abreviado inicial, la confesión lisa y llana de los hechos y de su participación en estos sin cuestionamientos, debe ser valorada a favor de los imputados, en tanto que implica una simplificación del proceso y un beneficio para la administración de justicia en términos de economía procesal. A su vez, que la confesión lisa y llana haya tenido lugar en la etapa inicial del proceso (antes de la elevación a juicio), implica un plus en términos de simplificación y celeridad de los procesos judiciales que debe ser tenido en cuenta a su favor al establecer su pena. Esta característica debe marcar la diferencia entre la pena que se le impondrá en este proceso abreviado inicial y la pena que recibiría o bien en un juicio abreviado posterior o bien en un juicio abierto. De esta manera, su confesión, en esta etapa procesal, implica otro factor decisivo de disminución de la pena. Estas consideraciones están justificadas en las propias finalidades del juicio abreviado, entre las que se encuentran las de abaratar considerablemente el costo del juicio penal y tomar en consideración el interés del acusado, quien mediante la colaboración prestada en el acuerdo puede obtener una reducción de la pena.
Insuficiencia del agravio, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Ricardo Farías c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

El voto concurrente sostuvo que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN.Dres. Borinsky, Carbajo, Hornos -voto concurrente-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conducta procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Casa, Bernardo c/ Yakimiuk, Roberto y otra s/ Preaviso, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

La valoración de la conducta procesal asumida por la accionada constituye una cuestión privativa de los jueces de grado y como tal, exenta de revisión en la instancia de casación, salvo el caso excepcional de absurdo.
Aduanas, Mercosur, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Dow Química Argentina (TF 28004-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

La invocación del art. 1° del Tratado de Asunción no sirve, ipso iure, como fundamento para argumentar la inconstitucionalidad de la Resolución N° 11/02 pues aquella disposición es una norma programática, que requiere de otra norma (sea ley en sentido formal, tratado o acuerdo de alcance parcial) que reglamente su ejercicio. El art. 31 de la Convención de Viena establece que en la interpretación de los tratados internacionales se debe tener en cuenta las prácticas seguidas por las partes en su aplicación pues constituye la "prueba objetiva del acuerdo entre las partes en cuanto al sentido del tratado" y la práctica en la materia muestra que el art. 1° del Tratado de Asunción, en cuanto establece la libre circulación de bienes y servicios, está sujeto a la reglamentación de los acuerdos de alcance parcial (en este caso, el ACE 14, celebrado entre la Argentina y Brasil), en los que se estatuye cómo se interpretarán y aplicarán las normas aduaneras contenidas en los tratados internacionales y las pertenecientes a cada ordenamiento interno. El art. 30.3 de la Convención de 1959 establece que "cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado, ni su aplicación supeditada conforme el art. 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que las disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior"; así, los Acuerdos de Alcance Parcial limitan el alcance del Tratado de Asunción y, ya por práctica ulterior aceptada entre las partes o por los acuerdos complementarios de aplicación parcial, la exportación e importación entre Argentina y Brasil se rige por el Tratado de Asunción siempre que esté reglamentado por un acuerdo de alcance parcial que le dé plena aplicación (cf. voto del Dr. Alemany en "Bio Sidus SA (TF 21235-A) c/ DGA, 13/11/07). (del voto del Dr. Fernández).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, balancín
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA, ANGEL c/ PASTOR HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-23

Si la maquina era peligrosa y el operario, por la índole de su actividad estaba sometido a un riesgo especifico basado en el tipo de operación que realizaba, aun cuando medie imprudencia del dependiente y el accidente se produzca en virtud de un movimiento maquinal de este, no puede la patronal eximirse de su responsabilidad en los términos del artículo 1113 código civil (en el caso, obrero que trabajaba con un balancín).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López, Ernesto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Determinar si los contratantes han dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas por el convenio, así como determinar la culpa o responsabilidad de uno u otro en el distracto, constituye una cuestión de hecho que -como tal- sólo puede ser objeto de revisión si se demuestra que la decisión impugnada es el producto de un razonamiento viciado.
Jubilación por invalidez, suspensión del beneficio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: MADUSSI, RICARDO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

La habilitación de la vía del amparo sólo reporta ventajas para la A.N.Se.S. en cuanto tiene la posibilidad de tomar intervención en los autos antes de adoptarse una decisión que la involucre; y no se concibe que perjuicio le puede ocasionar que el actor, pocos días después, demandara por la vía prevista en el art. 15 de la ley 24.463 para obtener un pronunciamiento judicial expreso sobre la incapacidad que lo aqueja. Por el contrario, la beneficiaría en cuanto la exime-de tener certeza sobre la falta de derecho al goce de la prestación-de ser ella quien tuviera que accionar para obtener la nulificación judicial del acto administrativo firme otorgante.

(Disidencia del Dr. Díaz).
Daños y perjuicios, propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Feldman, Alberto c/ Consorcio de propietarios Inmueble calle 52 s/ Recurso de apelación (art. 250)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-29

Al accionarse con base en una obligación de dar sumas de dinero, la cual es divisible por naturaleza (Arts. 667 y 669 del Cód. Civil), ante la presencia de varias personas igualmente obligadas (consorcistas), la responsabilidad de ellos es, en principio, mancomunada (Art. 690 y sig. del Código citado) y no solidaria.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, control de constitucionalidad, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de su competencia territorial y ejerciendo su función de control de la razonabilidad de las decisiones y normas jurídicas desde la Constitución Provincial y desde la Constitución Nacional ("Strada"), se ve legitimada para establecer cuáles son las tasas de interés que se consideran jurídicamente razonables y cuáles irrazonables.
Aplicación de la ley, medidas cautelares, violencia laboral, acceso a la justicia
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M. L. V. c/ B. K. M. G. s/ violencia de genero ley 2786
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-27

Frente a la posible situación de abuso perpetrado en la orbita laboral, corresponde se instruya la presente causa, a fin de sustanciar el reclamo con el denunciado y en su caso, recabar las medidas de prueba pertinentes a los fines de verificar si ha existido y si actualmente persiste la situación de abuso, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar, en los términos de la Ley N° 2786.
Simulación, escritura pública, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: I., G. c/ S., J. M. s/ División de bienes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-09-11

No es necesario para la procedencia de la demanda de simulación redargüir de falsedad la escritura pública donde se materializara el contrato simulado, ya que la verdad de las manifestaciones, la verdadera intención de los contratantes, el elemento subjetivo del consentimiento quedan ajenos a la escritura y su autenticidad, admitiendo prueba en contrario, no obstante la fe atribuida al instrumento público.
Acción de amparo, jueces, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Espósito  de  Ríos  Inés  P. c/ Obra Social del Poder Judicial s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-10

El art. 3 de la ley 16.986 exige que sea manifiestamente improcedente la acción intentada para proceder del modo en que lo hizo el magistrado de primera instancia, por lo que se condiciona la aplicación del mentado artículo, a la inexistencia de dudas sobre el hecho cuestionado o sobre la norma aplicable. En otras palabras, la acción debe ser palmaria e indiscutiblemente inadmisible para que el juez pueda rechazarla sin más (cfr. Sagües, N. P., "La acción de amparo", ed. Astrea, 1979, p. 230; CNCiv. Sala "C", 16.5.96, "Merlino, Juan c/ M.C.B.A. s/ amparo", ED, diario del 24.10.97, citados por la Sala III de esta Cámara en la causa 3901/2001 del 20-7-01).
Acción de amparo, carácter excepcional, bien jurídico protegido, derecho a la libertad, prueba, jubilaciones, haber jubilatorio, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez del Viso, Jorgelina Valenti de c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones y/o Gobierno Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo jurisdiccional (Expte. CSJ Nº  729-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-12

No puede prosperar el amparo interpuesto por la actora - que en su carácter de beneficiaria de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones lo promovió en sede laboral a efectos de que se dejen sin efecto los descuentos jubilatorios estatuidos por el artículo 8 de la ley 11373- si más allá de las escuetas argumentaciones desarrolladas en la respectiva demanda de amparo, nada hizo para demostrar por qué excepcional razón la medida impugnada le producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo, ni que el tránsito por la vía administrativa previa (preservada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resguardo del sistema de adjudicación constitucional) y el posterior acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, podía acarrearle un perjuicio irreparable. Y, tal demostración era necesaria, salvo que se piense -sin duda con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada en el caso, sin norma expresa alguna que lo disponga, con la sola invocación de que se afectan derechos constitucionales.
Facultades del Superior Tribunal, sanciones administrativas, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M.O. s/ Infracción art. 239 inc. 3° CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-20

La Ley 5.519, artículo 5° dispuso que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, tendrá a su cargo la organización, puesta en marcha y control de las Oficinas Judiciales que habrán de operar en las circunscripciones judiciales de la Provincia.

Que no obstante ello, el control que dispone la regla mencionada no deroga a la Ley 37, artículo 21, que establece que las sanciones administrativas son una facultad propia de los Jueces Letrados con respecto a "los funcionarios y empleados de sus respectivas dependencias", ni mucho menos a la Constitución provincial, artículo 178 inciso 2°, que le atribuye al Superior Tribunal de Justicia la potestad de nombrar y remover a sus propios empleados y los de los tribunales inferiores, a propuesta de los jueces respectivos.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, ley de empleo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CUEVAS, GUILLERMO c/ TRES CRUCES SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

En algunos casos se ha desechado el planteo de invalidez constitucional del art. 245 LCT en el entendimiento de que la circunstancia que el tope tarifario previsto por la norma citada, si bien puede experimentar variaciones a través del tiempo, no es susceptible de causar agravio constitucional. Ello es así, en principio, salvo que se demuestre que se incrementa la protección hasta la exorbitancia o que se la reduzca hasta otra irrisoria. Se configura la última situación cuando en el caso concreto el salario promedio fijado, que corresponde tomar en cuenta conforme el art. 245 LCT modificado por la ley 24013, no guarda una razonable proporción con la remuneración del trabajador demandante. En tales casos procede la declaración de inconstitucionalidad de la norma citada.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad de la acción penal, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La aplicación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad a hechos cometidos con anterioridad a su ratificación en 1968 no vulnera el principio de legalidad pues esta convención al afirmar la imprescriptibilidad reconoce una norma ya vigente por ius cogens en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, por lo que no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARCELO SOTELO Y OTRO s/ ROBO CALIFICADO  EXPTE. N. S-3966-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-14

El juznador no ha tendio en cuenta en su resolución la introducción por la defensa de un elemento que hacia a la capacidad de culpabilidad del encartado, de tal agravio fiscal surge que la pieza apelada no contiene los requisitos establecidos en las reglas segunda y cuarta del art. 495 del Código de Procedimientos criminal y correccional resultando por ello nulo.
Honorarios, juicio de apremio
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ SHORE DE RIGATUSO Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-05

La ley ha tenido en cuenta las pautas cualitativas del art. 36 ley 8226 cuando ha dispuesto una regulación mínimo minimorum en atención a que la base regulatoria no alcance a pertenecer ni a una unidad económico, de allí se impone, que no respetar esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la propia dignidad del hacer profesional puesto que ellos se hacen cargo a priori, de que la retribución profesional no se impone solamente por el quantum del juicio. Mirar de esa forma las cuestiones involucradas en las regulaciones arancelarias, significaría una visión estrecha y excesivamente rematística de la profesión de abogados, que por esencia tiene una dimensión humana que no puede ser obviada.

La ley 8226 manda que la retribución sea digna y equitativa a la tarea cumplida arg. art. 105) y esa retribución así calificada en abstracto por la tramitación total en primera instancia -exista o no base económica-no podrá ser inferior a diez jus en proceso ejecutivo y de apremio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sanciones conminatorias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torrens, J. M. c/ Kyriaxis, L. s/ Ejecuc. de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

La decisión de la Cámara que en el proceso de ejecución de sentencia desestima la imposición de las sanciones conminatorias previstas por el art. 37 del C.P.C. no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, contrato de trabajo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, despido por maternidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CECCHI, EDIT E. c/ SERVICIOS VIALES S. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  485 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

El vicio de autocontradicción consiste en la presencia de una irreductible oposición conceptual que torna ininteligible el fallo a punto de descalificarlo como acto jurisdiccional ; el déficit enunciado conlleva a que el fallo padezca de una irremediable incongruencia interna entre las proposiciones que lo integran, siendo menester recurrir a aportes argumentales extraños a su contenido para tornarlo comprensible.

En el caso, no se advierte un quebrantamiento en la secuencia lógica seguida por la Sala en la tarea de derivar razonadamente el derecho y aplicarlo al caso concreto al entender que el incumplimiento de determinados requisitos exigidos por la ley aplicable al caso en la celebración de las contrataciones habidas entre las partes bajo la modalidad temporaria, conllevaba a reputar a la relación como "un contrato por tiempo indeterminado", pero ello de manera alguna significaba que la ruptura del vínculo hubiera sido el estado de embarazo de la actora sino, por el contrario, la creencia de la demandada de que el contrato se había extinguido por el vencimiento del plazo, a lo que el tribunal añadió que ninguna variación en la conducta anterior de la empleadora se advertía al momento de preavisar la finalización del contrato que permitiera suponer que, cuando supo del embarazo, la decisión haya obedecido a esta causa, desde que el mismo proceder había sido adoptado previamente cuando la gravidez no era un tema de posible conflicto.