Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-25


Causa 21387-01-CC/2006 (91/06), Zapata Cárdenas, Percy Antonio c/ GCBA s/ Amparo - Apelación - Apelación de medida cautelar concedida - ///dad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de octubre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. José Sáez Capel, Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto, a fs. 41/4, por la demandada, contra la resolución dictada a fs. 38/40 vta. del presente legajo, del que RESULTA:

1°) Que, a fs. 32/7 este Tribunal, por las razones que lucen en el decisorio, revocó la resolución del titular del Juzgado CyF N° 15 que rechazó sin sustanciación la presente acción de amparo y ordenó la continuación del trámite del proceso en cabeza del Juez que resulte desinsaculado al efecto.

2º) Que, recibidas que fueron las actuaciones por parte de la titular del Juzgado CyF N° 3, ella dispuso, simultáneamente con el traslado de la acción a la representación legal de esta Ciudad, decretar, bajo caución juratoria a modo de contracautela, la medida cautelar de suspensión del pago de las cuotas de la sanción impuesta en el legajo 039814-000/06, con relación a las actas Nros. 2-0958475, 2-0958474, 2-0964277, 2-0952338, 2-00952145 y 2-0952147 así como del cobro coactivo de la misma, hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo de la presente acción.

Para decidir como lo hizo explicó la Sra. Juez, con sustento en doctrina jurisprudencial del fuero CAyT de esta Ciudad, que para que este tipo de medidas resulten procedentes es necesario la existencia de verosimilitud del derecho invocado así como de peligro en la demora.

Entendió que dichos extremos se hallaban presentes toda vez que, sin perjuicio de que el amparista abonó la primer cuota del plan de pagos de la sanción de multa impuesta por las diversas infracciones por las que fue condenado en sede administrativa, el cuestionamiento acerca de las actas de infracción oportunamente labradas y de la resolución que impuso la condena de multa, sustentan el requisito de verosimilitud del derecho invocado.

Por otra parte, y en atención al segundo de los requisitos exigidos para la procedencia de la medida solicitada, entendió que el peligro en la demora se encuentra dado por la circunstancia de que para la administración se encuentra vigente el plan de pago de cuotas habiendo operado el vencimiento de alguna de ellas, razón por la cual podría iniciarse su ejecución o la intimación al pago de las mismas.

4º) Que a fs. 41/4 vta., se advierte el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la Ciudad de Buenos Aires dirigido contra la medida cautelar aludida en el párrafo anterior.

Por su intermedio se agravia la impugnante al considerar que la medida cautelar ha sido dictada sin que existan los presupuestos esenciales para su procedencia y enerva potestades que son propias del Gobierno de esta Ciudad.

Específicamente, sostiene que para afirmar la existencia de verosimilitud del derecho deberá acreditarse la presencia de título o razón jurídica que a su vez deberá ser idónea, en principio, para encauzarse procesalmente a través de la vía excepcional y subsidiaria del amparo. Afirma que dicho extremo no se halla presente en el caso.

También señala, que el actor ataca la resolución administrativa sin poseer ningún derecho que lo autorice a eximirse de ser pasivo de la aplicación de la sanción que, para los supuestos fácticos que protagonizó se derivan estrictamente de la ley, y el derecho invocado -derecho a trabajar- no lo autoriza a eximirse del cumplimiento de la ley. Añade que no se ha acreditado en autos la existencia de alguna disposición normativa que obligue a la Administración local a no ejecutar las multas impuestas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, que el mismo actor consintió al momento de abonar la primera cuota.

En lo relativo a la verosimilitud de ilegitimidad del acto afirma que ella debe ser de entidad tal que pueda ser apreciada mediante la vía escogida, y en el caso la Juez no hizo alusión alguna a indicios razonablemente convincentes acerca de la existencia de vicios graves.

Postula que la resolución en crisis deja sentado como precedente que el reproche por incumplimiento de la normativa que regula algunos aspectos referentes al funcionamiento de los locales comerciales que desarrollan sus actividades en la Ciudad puede ser sistemáticamente burlado mediante el sencillo trámite de efectuar una presentación judicial en tal sentido. En síntesis, sostiene que no existe un derecho cierto, líquido e incontestable que se intente preservar, lo que impide hablar de la consumación de una lesión en sentido jurídico.

Finalmente, afirma que la resolución en crisis invade la zona de reserva de la administración toda vez que las resoluciones administrativas dictadas en ejercicio de legítimas facultades en materia de poder de policía y por estricta aplicación de la normativa que regula la materia, es una cuestión reservada a la autoridad administrativa, revisable a través de un proceso contencioso administrativo y no por la sumarísima y excepcional vía del amparo constitucional. No se trata en la especie de sostener la falta de remedio judicial para debatir la pretensión del actor sino que el amparo no resulta la vía judicial idónea para sostener el objeto de la pretensión.

5°) Que a fs. 50/1, la Sra. titular del Juzgado CyF N° 3 concede el recurso de apelación contra la medida cautelar dictada sin efecto suspensivo.

6°) Que, a fs. 59/62, en ocasión de contestar el traslado conferido, el amparista considera que a pesar de la procedencia formal de la impugnación bajo examen, ésta se limita a formular una crítica genérica de la resolución en crisis y culmina argumentando acerca de la improcedencia formal de la vía escogida para ventilar las cuestiones traídas a conocimientos de esta Justicia.

Entiende que el resolutorio apelado en momento alguno afirma que él no debe abonar la sanción de multa impuesta sino que se limita a suspender la posibilidad de su cobro coactivo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, por ello los agravios de la impugnante no resultan precisos al construir el agravio.

Posteriormente, el escrito rebate puntualmente cada uno de los acápites bajo los cuales la impugnante estructuró su expresión de agravios; entre estas críticas se destacan las manifestaciones en cuanto a que su parte entendió vulnerados sus derechos desde el momento en que un funcionario de la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 5 intentó impedir su acceso a la justicia al negarse a recibir su petición escrita tendiente a que se remitan las actuaciones a esta sede, circunstancia que lo obligó a solicitar por el medio fehaciente de una carta documento la referida revisión judicial que finalmente resultó formalmente oportuna. El propio amparista formula retóricamente el siguiente interrogante para demostrar la existencia de un derecho vulnerado: ¿Para qué iba a enviar una carta documento a la UACF N° 5 cuando podía presentar un escrito no fundado y gratuito, solo por capricho. No, porque esta era la única manera de darle fecha cierta a mi petición y de demostrar como hice en el libelo de inicio, las arbitrariedades a las que fui sometido en sede administrativa (fs. 61).

También se agravia por cuanto la impugnante manifestó que él había prestado consentimiento a la sanción administrativa impuesta al abonar la primera cuota del plan de pagos concedido y sin embargo no ofrece argumentos doctrinarios que permitan sustentar su postura.

Afirma el amparista que tampoco asiste razón a la demandada cuando informa sobre las consecuencias negativas que acarrearía el dictado de una medida cautelar como la de autos, en razón de que ella no autoriza, en modo alguno, la posibilidad de burlar sistemáticamente el ordenamiento positivo vigente toda vez que se trata de una medida provisoria y no implica opinión sobre el fondo de la cuestión, que en caso de resultarle adversa determinaría, sí, la obligación de pagar la sanción de multa impuesta, aunque confirmada luego de efectuada la revisión judicial, legalmente prevista.

En conclusión, solicita la confirmación de la providencia cautelar dictada por la Sra. Juez a quo.

7°) Que a fs. 63 los actuados quedaron en estado de ser resueltos siendo procedente indagar, en primer término, si el recurso fue bien concedido para luego decidir si la resolución en crisis resiste las críticas que ha generado.

PRIMERA CUESTION El recurso bajo estudio resulta formalmente admisible desde el momento que fue interpuesto dentro del plazo legal expresamente previsto y se dirigió contra una decisión cuya impugnabilidad aparece expresamente consagrada en el texto legal aplicable (art. 15, ley 16.986).

Asimismo, resultó correcto el modo en que la Juez a quo concedió la apelación bajo estudio -es decir, sin asignarle efectos suspensivos-, ello así pues, de otro modo se desvirtuaría la función propia de la herramienta cautelar mediante la mera interposición de impugnaciones oportunas.

SEGUNDA CUESTION Ahora bien, adentrándonos en el fondo del asunto propuesto en la presente incidencia cautelar resulta necesario, a los efectos de encauzar la discusión por la senda pertinente, recordar que este Tribunal ya se expidió acerca de la procedencia formal de la vía intentada en la resolución que en copias se aprecia a fs. 32/7.

De dicha resolución se desprenden algunas consecuencias; interesa destacar especialmente que el juez debe realizar el juicio de admisibilidad de la acción de amparo con antelación a correr traslado de la misma, y allí precluye la posibilidad judicial de decidir sobre la cuestión, salvo que la demandada opusiera alguna defensa que lo habilitara (del Voto de Alicia E. C. Ruiz, en Vera, Miguel Ángel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Dirección General de Tránsito- s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, Expte. n° 1427/02, del 8/05/2002, entre muchos otros).

En la presente incidencia la tenue objeción intentada por la recurrente a la procedencia formal de la presente vía no se hace cargo de los motivos dados por este Tribunal al decidirla. En efecto, recordemos que este Tribunal advirtió que la presente acción tuvo por objeto dos cuestiones distintas que, si bien resultan íntimamente ligadas, deben ser escindidas.

Una se refiere a la declaración de nulidad de la resolución del Controlador Administrativo de Faltas, del 9 de junio de 2006 (con sustento en la nulidad de las actas de comprobación Nro. 2-0958475, 2-0958474, 2-0964277, 2-0952338, 2-0952145 y 2-0952147 y del procedimiento seguido para la constatación de las infracciones en ellas documentadas) que posee una vía judicial (y no administrativa) idónea (las explicaciones de ello se desarrollaron en la resolución referida).

La otra se refiere a la denuncia de la existencia de una omisión arbitraria por parte del Controlador Administrativo de Faltas que, según los dichos del amparista, habría consistido en que el funcionario no elevó las actuaciones para su juzgamiento en sede judicial ni quiso recibir el escrito que le fue presentado a esos fines de conformidad con lo establecido en el art. 24 LPF. Fue en este único motivo que el Tribunal, a partir de los fundamentos expuestos en la resolución de fs. 32/7 a los que corresponde remitirse, consideró formalmente procedente el amparo.

Asimismo, se manifestó que en caso de concluirse definitivamente la existencia del cercenamiento arbitrario del acceso a la instancia judicial, para lo cual no existe una vía judicial idónea distinta del amparo -toda vez que el legislador no previó, en la LPF, una especie de queja o protesta frente al supuesto de que un Controlador Administrativo de Faltas no remita las actuaciones a esta justicia- correspondería actuar de conformidad al procedimiento judicial previsto en el título II ley 1217, desde el momento que estatuye una vía judicial idónea para indagar los cuestionamientos de fondo efectuados por el amparista.

Es, ahora sí, a partir de la perspectiva expuesta, desde la cual se advierte que la conclusión a la que arribó la Juez al dictar la medida cautelar, es correcta. Ello, desde el momento en que no es específicamente el derecho a trabajar -al que alude la recurrente y sobre la base del cual estructura su crítica- el que aparecería verosímilmente avasallado por la omisión del Controlador Administrativo de Faltas de elevar las actuaciones para su juzgamiento judicial sino, más bien, el derecho de acceso a la justicia (art. 12 inc. 6 CCBA) que en la especie aparece reglamentado en el art. 24 LPF, el cual establece claramente que dentro del plazo establecido en el artículo anterior el presunto infractor tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas, lo que determina la obligación por parte del Controlador Administrativo de Faltas de remitir las actuaciones para su juzgamiento.

Por su parte la presencia en el legajo de la carta documento mediante la que el amparista manifestó su voluntad de que las actuaciones pasen a sede judicial sumado a las condiciones personales del presunto infractor, son circunstancias fácticas (mencionadas en la resolución de fs. 32/7), que tiñen de verosimilitud, al menos prima facie y con la provisoriedad propia de los apreciaciones que es pertinente efectuar en el dictado de medidas cautelares, a la hipótesis de que habría existido una omisión ilegítima, por parte del Controlador Administrativo de Faltas, consistente en no elevar las actuaciones para su juzgamiento en sede judicial.

Por otra parte, y con relación al segundo de los requisitos exigidos para la procedencia de este tipo de medidas, la verificación en el caso de la existencia de peligro en la demora, adecuadamente fundada en el caso por la Juez a quo, no resulta enervada por los agravios surgidos al respecto.

Por los motivos expuestos, en virtud del acuerdo que antecede y las normas legales citadas, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR, la resolución en crisis, en cuanto fue materia de recurso y decretó como medida cautelar la suspensión del pago de las cuotas de la sanción impuesta en el legajo 039814-000/06 en relación a las actas Nros. 2-0958475, 2-0958474, 2-0964277, 2-0952338, 2-00952145 y 2-0952147 y del cobro coactivo de la misma, hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo de la presente acción.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y devuélvanse los actuados al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí: