marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, prioridad de paso, apreciación de la prueba, daños al automotor, daño lateral
Materia: CIVIL
Carátula: PITA, JORGE A. c/ DI GIORNO, JUAN C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La prioridad de paso en función de lo dispuesto por el art. 49, inc. b), de la ley 13.893, no es absoluta y debe apreciarse de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar, aplicándose únicamente cuando ambos rodados se aproximan a la esquina al mismo tiempo, más no cuando uno de ellos ha iniciado el cruce con anterioridad, lo que se puede deducir por el hecho de haber sido embestido en uno de sus laterales.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, facultades del Poder Legislativo, censura previa, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

En el derecho de expresarse libremente por la prensa, el constituyente no se conformó con consagrar en el art. 14 de la Constitución el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, sino que añadió en el art. 32 la explícita prohibición al Congreso de dictar leyes restrictivas de la libertad de prensa (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Honorarios, cómputo de la actualización, procedencia del recurso, intereses, unidad de retribución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mohando, Germán Pascual y otro c/ Desarrollos de Inversiones Inmobiliarias SRL  s/ ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

La ley arancelaria nacional dispone que los honorarios deben ser expresados -bajo pena de nulidad- en la unidad arancelaria UMA cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago (ley 27423: 19 y 51). Se impuso así un cambio de paradigma en cuanto al objeto de la obligación que traía el régimen de la ley 21839 ya que los magistrados al tiempo de establecer honorarios fijaban una "obligación de dinero". Ahora, al utilizar la UMA determinan una "obligación de valor", mecanismo éste que inequívocamente pretende preservar la integridad del honorario frente al transcurso del tiempo.

A su turno, el último párrafo del art. 54 reconoce el devengamiento de intereses en los siguientes términos: "las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa".

Nótese la peculiaridad que pese a tratarse de intereses "moratorios" no se devengan desde la fecha de constitución en mora del deudor (como prescribe el CCCN 768) sino con antelación -v. gr. el día de regulación de los honorarios por el juez de la causa (v. Quadri, G. H., El Código Civil y Comercial y las ejecuciones de honorarios de abogados. A propósito de las nuevas leyes arancelarias nacional y bonaerense", LL on line: AR/D0C/1331/2018).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

La decisión de la Cámara que desestima un pedido de prestar declaración indagatoria, no reviste carácter de definitiva a los efectos del art.349 del C.P.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción bienal, mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: Playas del Faro  SA c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Es inaplicable la prescripción bienal del art. 4037 del Código Civil a la acción del propietario contra el poseedor de mala fe por reintegro de frutos.
Compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato, daño al interés negativo, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ PINI ALBERTO c/ UMANSKY BERNARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Extinguido un contrato de compraventa por resolución, la extinción se produce "ex tunc", por lo cual, los únicos daños resarcibles son los anteriores a la sentencia en cuestión, constitutivos del daño al interés negativo, único resarcible cuando el comprador ha optado por la resolución del contrato.

No puede resarcirse el daño moral cuando el accionante ha obtenido la resolución que pretendía, y si, por otra parte la frustración del contrato no ha sido maliciosa, y el incumplimiento culposo de los vendedores no habilita a reclamar por indemnización de daño moral, dado el límite indemnizatorio impuesto en el art. 520 del Código Civil, y además, porque la falta de diligencia del deudor, generalmente conocido del acreedor con quien creó un vínculo jurídico voluntario, es un evento de algún modo esperado que no tiene aptitud suficiente, en la mayoría de los casos, para configurar un verdadero agravio a los sentimientos.
Asociaciones sindicales, falta de pago, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN JUAN c/ SAN CAYETANO S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-06

La entrada en vigencia de la ley 24642 viene a modificar la competencia que hasta su entrada en vigencia mantenían los tribunales del trabajo, respecto del apremio o ejecución fiscal prevista para el cobro de las cuotas sindicales, para desviarla en lo sucesivo al procedimiento establecido por los códigos procesales en lo civil, comercial. Así, el segundo párrafo del art. 5º, de la citada ley, establece que la vía de apremio o ejecución fiscal, previstas para el cobro de las cuotas sindicales alcanzara a los créditos originados con anterioridad a la presente ley, cuando su determinación se haya producido luego de la promulgación de aquella. En otras palabras, el nuevo régimen procedimental se hace extensivo a los créditos que, siendo de fecha anterior a la promulgación, hayan sido determinados o liquidados con posterioridad a la vigencia de la ley nueva.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, ejecuciones especiales, ejecución hipotecaria, jueces, competencia, fiador
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garantizar SGR c/ Crz Construcciones SA y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado se declaró competente para entender en estas actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, no se encuentra discutido que el crédito aquí perseguido resulta un crédito preconcursal respecto de los concursos de los demandados. La ley determina que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los procesos y la radicación en el juzgado del concurso a partir de la publicación de los edictos. El fuero de atracción de las acciones contra el concursado de contenido patrimonial alcanza, en principio, a todos los acreedores, salvo las excepciones previstas en los inc. 1 a 3 de la LCQ 21. De tales disposiciones se sigue que, como lo señala la actora, la presente ejecución hipotecaria seguida contra el deudor principal no se encuentra alcanzada por el fuero de atracción, por lo que, en principio, el juez concursal no resulta el competente para entender en autos. En ese marco, no se advierten, al menos con las constancias adjuntadas en autos, razones que ameriten apartarse de la expresa disposición legal aplicable al caso, y de ese modo, disponer que esta ejecución continúe ante el juez concursal, en lugar de proseguir por ante el juez natural, que es la magistrada en lo civil.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: FURBIA S.A. c/ BUQUE SANTIAGO DEL ESTERO s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-20

El art. 50 de la ley 23.696 al suspender la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condene al estado nacional y a los demás de lafec de su vigencia establece, en realidad, una moratoria en favor de aquél respecto de los créditos reconocidos por sentencias judiciales firmes.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orrego, Juan Abelardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

La Administración no puede sin más negarse a considerar la procedencia del reajuste de haberes previsionales, absteniéndose de analizar si la nueva presentación es o no conducente para provocar una vez más su decisión, ello sin perjuicio de su contenido favorable o desfavorable.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Veterinarios Prov. Buenos Aires c/ Djoroff, María s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

En el procedimiento de apremio de la Provincia de Buenos Aires la excepción de inhabilidad debe surgir del título base de la ejecución y referirse únicamente a las formas extrínsecas del mismo (art. 6 inc. b, decreto ley 9122/78. No cuadra fundarla, entonces, en circunstancias que van más allá de la validez "formal" del instrumento, ya que en juicios de la naturaleza del presente está vedada toda controversia sobre el origen del crédito ejecutado (art. 6 citado, in fine).
Monto del juicio, alimentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, Ana María c/ Dangelosanto, Roberto Osvaldo s/ Alimentos-Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

En el caso, en que la sentencia recurrida fija en un porcentaje de los haberes mensuales el pago de la cuota alimentaria, el valor del litigio es de monto indeterminado a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Intereses moratorios, superintendencia de riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Insaurralde Nestor Ricardo c/ Prevención ART s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación por el pago de los intereses moratorios debidos al actor no reside en una actitud reprochable a aquella, sino que se funda en el cumplimiento de una disposición legal que expresamente establece que el objeto del fondo de reserva administrado por tal institución es abonar o contratar las prestaciones de las A.R.T., que éstas dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación, prestaciones que -ante la ausencia de aclaración de la ley- cabe interpretar como comprensivas del capital más sus accesorios, entre ellos los intereses devengados desde la exigibilidad del crédito y el efectivo pago.
Contrato de trabajo, contratación directa, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, buques, contrato de transporte, empresa de limpieza
Materia: LABORAL
Carátula: NIS, MARIA c/ TEVEZ, JORGE LUIS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

La limpieza de los buques que transportan personas debe ser admitida como integrante de la unidad técnica de la empresa ya que no es concebible el funcionamiento de los mismos sin una adecuada higiene. En consecuencia, si bien la actividad de la compaÑía naviera demandada, no es la limpieza, no podría imaginarse su funcionamiento normal sin ella, ni desconocerse que la misma integra el servicio que presta a sus usuarios, y que aún cuando se encomendara a terceros, resulta habitual y específica. Por ello, corresponde la aplicación del art. 30 LCT.
Querella, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal c/  s/ investigación s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-11-13

El recurso extraordinario contra la resolución que concede la suspensión de juicio a prueba, no es impugnable ante la Sala Penal, toda vez que la instancia de excepción no está prevista dentro de los medios expresos que ante el Superior Tribunal establece el Código Procesal, artículos 363 y 370. Este Cuerpo ya sentó criterio cuando dijo que la decisión en cuestión no es recurrible por la querella cuando el titular de la vindicta pública presta su consentimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Doria Azulina s/ Aborto consentido seguido de muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona lo resuelto por el tribunal en materia probatoria en juicio oral, omitiéndose denunciar como transgredido el art. 286 del Código de Procedimiento Penal que rige la apreciación de la prueba en este tipo de juicio.
Medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lugli, Anita Ema c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-31

"Se entiende que cuando las cautelas dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional específica resulten insuficientes o excesivas, dichas situaciones pueden ser establecidas a través de una medida precautoria genérica".
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, fundamentación de sentencias, remisión a otro fallo, jurisprudencia contradictoria, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lucero, Victor Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 498 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario cuando no asume sustancia constitucional la tacha de autocontradicción del decisorio, con fundamento en que por efecto de la remisión efectuada por el mismo, la ley orgánica aplicable al caso sería solamente la 8066 (en virtud de lo dicho en "Gasoni" y "Alloatti"), más admitiendo que también podía serlo la ley 10014 (por la remisión del decisorio a "Barbero"). Ello en tanto el recurrente no logra persuadir, que el razonamiento padezca de una fractura lógica que lo haga ininteligible y que sea menester acudir a aportes argumentales extraños a su contenido para tornarlo comprensible.
Sentencia, principio de congruencia, juicio, integración de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., D. A. c/ G., D. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Nulidad de matrimonio (Expte.:  C.S.J. Nro. 578 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Serra Domínguez ha apuntado que el juzgador debe partir de los hechos alegados oportunamente por ambas partes para fundamentar su decisión. La introducción con carácter principal, determinante del fallo, de nuevos hechos no alegados por ninguna de las partes, aunque puedan resultar de la prueba practicada, basta para hacer incurrir el fallo en incongruencia. (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Aplicación de la ley, recusación, derecho a ser oído, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Etchebest, Pedro y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-27

El voto concurrente si bien consideró aplicable al caso la regla del art. 55, inc. 9 CPPN, destacó que el deber de inhibición o los supuestos de recusación no son de mera raigambre legal, sino concreción del derecho que tiene todo imputado a ser oído por un juez o tribunal imparcial (art. 18 C.N., artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Dres. Ledesma, Yacobucci.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vinuesa Guillermo Daniel s/ Pedido de quiebra por Tutelar Compania Financiera S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

El artículo 83 de la ley de concursos y quiebras 24522 dispone que el acreedor pruebe sumariamente su crédito, y si bien la exposición de motivos admite su petición aún cuando no se presente título ejecutivo o ejecutorio, la corriente mayoritaria doctrinaria y jurisprudencial, a la cuál adherimos, requiere que la petición se formule en base a títulos ejecutivos, con los cuales quede suficientemente probada la existencia del crédito.
Responsabilidad civil, culpa in vigilando, responsabilidad de los padres, declaración de insania, intervención judicial, falta de denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: RUSTON, CARLOS ANIBAL (EXPTE. N° 21021) c/ NELIDA R. SAN JUAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-14

Procede el reclamo por daño moral contra la progenitora que ha omitido solicitar la declaración de demencia en los términos de los artículos 142 y 144 del C. Civil, de su hijo mayor de edad, a quien se le atribuye la comisión de una conducta ilícita. Porque si bien ha cesado su representación legal, ello no la libera de la responsabilidad civil fundada en la culpa in vigilando, que nace de estar a cargo del insano, y que la obliga a evitar los daños que éste pudiera cometer.
LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, competencia nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa  de  Provisión  de  Obras  y Servicios Públicos Clorinda Ltda. c/ Municipalidad de la Ciudad de Clorinda s/ Acción Contencioso-Administrativa Públicos Clorinda Ltda. c/ Municipalidad de la Ciudad de Clorinda s/ Acción Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-04-15

Las comunicaciones telefónicas interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país. Sobre tales atribuciones se ha establecido la existencia de las necesarias atribuciones nacionales para la reglamentación de los servicios que exceden el ámbito local e inclusive, de aquellos aspectos de las actividades interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el servicio en estudio, atribuciones éstas que, en relación con el planteo de esta causa han sido asumidas por la ley Nacional de Telecomunicaciones Nro. 19.798. (Fundamento del Dr.

Ariel G. Coll)
Medidas cautelares, actos de los poderes públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: M.D. SRL c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-21

Es jurisprudencia de este Superior Tribunal -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que las medidas cautelares -en particular las innovativas-, no pueden aplicarse automáticamente para suspender los actos de los poderes públicos en virtud de la presunción de validez de que gozan, pero no obstante pueden decretarse excepcionalmente, previa acreditación de los requisitos generales o comunes que condicionan su procedencia.
Empleados públicos, personal transitorio, extinción de la relación funcional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Galiano, Carlos Jorge c/ B.A.N.A.D.E. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

El eventual carácter permanente de las tareas asignadas a quien fue designado como agente transitorio no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Adami, María Emma y otra c/ Ghisani, Ignacio Javier Emiliano s/ Daños y perjuicios- Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-21

La exigencia legal que obliga al desplazamiento del cruce de calzada por determinado lugar, tiene obviamente una finalidad preventiva y de seguridad, otorgándole precisamente al peatón una prioridad de paso sobre el vehículo solo en esas zonas (art. 57 inc. 1 de la ley 11430).
Accidentes de trabajo, herida de bala
Materia: LABORAL
Carátula: Olguín Diego c/ Pokrajac y Compañía S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S079 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-11

Cuando la empleadora reconoce que su dependiente fue herido de bala y se acredita que ello sucede dentro del establecimiento, cuando éste se encontraba trabajando y que la agresora vivía en el predio de la empresa y era una persona agresiva que constituía una amenaza, se concluye que ha existido un accidente de trabajo en ocasión del trabajo por cuyas consecuencias debe responder el empleador a los términos de la Ley 24028.-
Indemnización tarifada, renuncia al empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Arce, Leonardo Hernán c/ Planells, Gustavo y Otros s/ C.P.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-10

El art. 1° de la ley 25.323 sólo se aplica a los casos de despido (directo o indirecto) en que proceda el pago de la indemnización por despido incausado, y no a otros casos de extinción en que no pueda hablarse de despido o no corresponda el pago de dicha indemnización, como ser un caso de renuncia al empleo, dado que, la norma requiere que se produzca un despido, término que no puede ser equiparado jurídicamente a la dimisión del trabajador, aún cuando ambos tienen como consecuencia poner fin al contrato.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, presentación extemporánea, universidades nacionales, estatutos universitarios, control de legalidad, Ministerio de Educación
Materia: PROCESAL-EDUCACION
Carátula: Ministerio de Cultura y Educación c/ UN Cuyo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Es descalificable el pronunciamiento que consideró extemporánea la observación formulada por el Ministerio de Cultura y Educación, y desconoció - sobre la base de un apego estricto a las palabras de la ley - la necesidad que tenía el impugnante de conocer, antes de efectuar observaciones, el contenido de las deliberaciones obran tes en la documentación complementaria que solicitó - las actas de la asamblea - que le permitiera evaluar el alcance otorgado a las cláusulas del estatuto, a fin de valorar su validez e impugnar las cláusulas del estatuto en el supuesto de considerarlas contrarias a la ley (art. 34 de la ley 24.521).