marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Representación procesal, gestor, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PRANTERA, R. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

La nulidad prevista por el artículo 48 del Código Procesal, difiere de la que contemplan sus artículos 169 a 174, de donde, para su procedencia, no es necesario que concurran los requisitos propios del incidente de nulidad, tales como el interés particular en su declaración, sin que el tribunal pueda juzgar su valor intrínsico o valorar la cuestión a la luz del criterio de la equidad.-
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Julio César c/ Consorcio Garay s/ Sumario por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-12

Sabido es que el Tribunal encuentra limitado sus atribuciones por imperio del art. 269 del Cód. Procesal Civil y Comercial. Ello por cuanto para habilitar al tribunal de alzada debe existir una recurso válido y deducido por parte legítima que padezca un perjuicio e invoque un agravio, lo mantenga, no lo desista y verse sobre cuestiones propuestas en la instancia inferior. El principio de congruencia incorporado como principio general en la norma del art.

31 inciso 4 y 160 inciso 6 de la ley procesal, es de estricta aplicación no sólo tratándose de decisiones de primera instancia, sino también con relación al órgano ad quem, desde que no pueda fallar sobre articulaciones no planteadas a la decisión del juzgador en la instancia de origen.
Sentencia, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fariña María Claudia y otro c/ Instituto Enrico Fermi S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

La actuación diligenciada en la residencia real de la mentada parte para notificar la sentencia carece de eficacia procesal a los fines intentados, toda vez que, salvo el supuesto del rebelde (art.62, CPCC), no hay norma alguna que indique la notificación de la sentencia en la morada cierta de los justiciables, máxime en el caso, en que este co-accionado actúa mediante su letrado apoderado.
Regulación de honorarios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soria Daniel c/ Autotransportes Antártida S.R.L. y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S135 - 241)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-23

No se ha legislado sobre el monto total o retribución de los servicios prestados por los profesionales de todo tipo y devengados en un litigio judicial o arbitral, sino exclusivamente sobre la responsabilidad por el pago de las costas no se trata de cuanto es lo que puede cobrar el profesional, sino a quien se lo puede cobrar, pues el siempre tendrá derecho y acción por el total de sus emolumentos, contra su cliente, aspecto en el que la norma en estudio no incursiona. La problemática queda centrada en la naturaleza de las costas y más precisamente aún en el caso en la relación jurídica entre los abogados del vencedor y el vencido condenado en costas. Se reconoce a las costas como institución procesal y el órgano judicial es quien declara la obligación. La materia de las costas no forma parte del derecho privado sino del procesal, ya que las mismas tienen su origen en el proceso y su imposición es uno de los efectos. En materia de imposición de costas, es donde se aprecia con mayor nitidez, que nos encontramos ante una materia de estricto corte procesal y de competencia regulatoria exclusiva de las legislaturas provinciales....En consecuencia es inaplicable el art. 1º de la Ley Nº 24.432 modificatorio del art. 505 del C.C..
Acción, cuestión constitucional, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa Bielik, Alicia Angélica c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16|2000-08-30

En el ámbito de lo contencioso administrativo, la función transitoria de la Suprema Corte no puede asimilarse a una instancia extraordinaria, en la cual los motivos y alcances de su intervención resultan típicamente circunscriptos y delimitados siendo su interpretación restrictiva. Antes bien, se trata de una jurisdicción común, por más que el Tribunal interviniente sea el superior del ordenamiento local.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruiz Aguilera Victor F. c/ Sur Médica S.A. s/ Responsabilidad Profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-20

Las mismas constancias periciales demostrativas de la buena praxis del médico, son reveladoras de la deficiencia de la prestación prometida y violatorias de la obligación de garantía asumida por la entidad asistencial al no adoptar en tiempo y forma los medios a su alcance para "asegurar" elementos o recintos asépticos con la finalidad de evitar el desarrollo de la infección que provocará el daño en la salud de la actora.
Tarjeta de crédito, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALCISCO SA c/ TARSHOP SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

La interpretación de que la entidad financiera es una simple intermediaria entre los pagos del usuario y el cobro de la vendedora resulta desajustada al contrato de tarjeta de crédito.

Sucede que al colocar al emisor como intermediario de los pagos entre el usuario y el comercio, no está predicando que la actividad de aquél se reduzca a "pasar" los pagos del comprador al vendedor. Así que la obligación de la entidad financiera (que habitualmente ocupa la calidad de emisor) frente al comercio es pagar las ventas realizadas con la tarjeta, deducidas las comisiones, con independencia que el usuario abone a su vez a aquélla el saldo de su resumen mensual (Trigo Represas, F. y López Mesa, M., Tratado de la Responsabilidad Civil, T. IV, página 391).
Medios de prueba, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: B., R.S. c/ C., H.H. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-16

"La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse, en uno u otro sentido, por aquellas declaraciones que les deparen mayor y mejor convicción para desentrañar el debate sobre lo hechos controvertidos, por cuanto la apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada por el juez de acuerdo con la regla de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones".
Desbaratamiento de derechos acordados, estafa, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, Comisión Nacional de la Vivienda, locación de inmuebles
Materia: PENAL
Carátula: ARRENTINO, A.P. s/ ESTAFA - INMUEBLE - EXCLUSION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-09

La acción del procesado que suscribió con ánimo estafatorio un boleto de compraventa de un inmueble, con pleno conocimiento sobre la imposibilidad que tenía de enajenarlo sin la autorización previa de la Comisión Municipal de la Vivienda, siendo por otra parte tal requisito ignorado por el comprador no configura el delito de estafa, sino el de desbaratamiento de derechos acordados, añadiéndose que para justificar la posesión del bien por parte del adquiriente, le hizo suscribir maliciosamente al mismo un contrato de locación, con el que luego pretendió desalojarlo.

A partir de la ley 17.567, la figura penal del desbaratamiento de derechos acordados vino a llenar el vacío de la legislación respecto a las enajenaciones de inmuebles mediante suscripción de boletos de compraventa, de manera especial, cuando se consideraba inaplicable el art. 172 a los supuestos en que no se había exhibido una conducta ardidosa, sino una simple ocultación del acto preexistente, porque la estafa no podía configurarse en el régimen anterior a la reforma si no había habido un error provocado por ardid o por otros medios hábiles para engañar.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Laplace, Rodolfo Aldo. Manzanedo, Julio Nicolás s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

No corresponde anular de oficio la sentencia de Cámara que se funda legalmente, en materia probatoria en el art. 256 "in fine", del C.P.P., ya que la forma como se ha integrado tal complejo probatorio constituye una cuestión o vicio de juzgamiento no comprendido entre los requisitos constitucionales que el fallo debe cumplir y el pronunciamiento no posee deficiencias que obstan sustancialmente la interposición del recurso de inaplicabilidad o su debido conocimiento, ni se presenta una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, recusación, rechazo in límine, leyes, aplicación supletoria de la ley, jueces, denuncia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Hector Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-26

Conforme reiterada y constante jurisprudencia de la Corte local y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las recusaciones notoriamente improcedentes deben ser desestimadas de plano, y la articulada a un ministro por cuanto, a raíz de una denuncia, se encuentra sujeto a investigación penal, resulta de ese tenor, desde que se advierte que no sólo no está fundada en causa legal alguna sino que, por el contrario, se opone a una expresa disposición de la ley formal. Efectivamente, el inciso 4 del artículo 10 del Código Procesal Civil y Comercial, supletoriamente aplicable en el recurso contencioso administrativo, contempla como motivo de recusación el hecho de haber sido el juez "antes de comenzado" el juicio, denunciado o acusado, criterio que encuentra fundamento en que, de permitirse lo contrario, estaría en manos de cualesquiera de las partes crear una causal de recusación mediante el simple arbitrio de incoar una denuncia contra el magistrado.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho de registro e inspección, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CREMER Y ASOCIADOS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Los cuestionamientos de la recurrente de que nunca debió pagar el DREI por falta de potestad constitucional de la Municipalidad para regular dicho tributo, falta de prestación del servicio, desproporción entre el costo del servicio y el tributo e irrazonabilidad, si bien exceden la crítica concreta al decreto impugnado, han recibido debido tratamiento por parte de los Sentenciantes, desde que no surge con evidencia en las constancias de la causa, que la tarea llevada adelante por los Juzgadores al entender legítima la percepción del tributo en cuestión se encuentre fuera de los límites de sus facultades propias, o se haya llevado adelante en abierta violación de las reglas procesales o los principios constitucionales en juego, debiendo descartarse, de ese modo, que deba ser declarada inconstitucional por haber violado lo establecido en el artículo 95 de la Constitución provincial. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95.
Excarcelación, resolución denegatoria, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: AHMED, José s/ rec. extraordinario Causa 26.412
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-05

La negatoria de la excarcelación por la Cámara es equiparable a las sentencias definitivas en tanto se restringe la libertad del procesado con anterioridad al fallo final originando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior.
Cuestión federal, interpretación de la constitución, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Existe cuestión federal, si se ha cuestionado la inteligencia de los arts. 14 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica, y la decisión impugnada es contraria al derecho que el recurrente pretende sustentar en ellos.
Interposición del recurso, plazos procesales, plazo de gracia, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación del Personal de Economía y Hacienda c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

Los motivos invocados por el recurrente no son atendibles para justificar el incumplimiento del término procesal ya que, por razones de seguridad jurídica fundadas en el principio de perentoriedad de los términos no se admiten presentaciones posteriores al "plazo de gracia" previsto en el art. 124 el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ni siquiera cuando la demora es de pocos minutos.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PARRA OFELIA Y OTROS c/ CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRA s/ RESTITUCION DE LO PAGADO Y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-20

Entre los requisitos para que se produzca la interrupción de la caducidad, el acto procesal impulsorio debe cumplirse en el mismo proceso y tener eficacia interruptiva en la instancia cuya perención se trata de interrumpir, siendo irrelevantes los actos vinculados a una en cuanto pretenden hacerlos valer en relación a la otra.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falso testimonio, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: KOWALEWICZ, JORGE s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 907
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

El falso testimonio es un delito doloso, por lo que descarta toda conducta culposa. No comete falso testimonio el testigo o perito sólo por afirmar algo objetivamente falso o callar algo verdadero, sino cuando sabe que lo que dice es falso y cuando oculta algo que sabe. Por eso el dolo requiere conocimiento, conciencia, y voluntad de afirmar lo falso o negar lo verdadero.

Quien miente creyendo que dice la verdad no comete falso testimonio, porque subjetivamente no miente.
Juicio de desalojo, sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Severino, Juan Carlos y otra s/ Homologación de convenio de desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Al haber formado la incidentista parte de la familia o grupo familiar del comodatario, debe correr la suerte de éste, desde que, la sentencia de desahucio dictada contra el ocupante o tenedor del inmueble tiene eficacia respecto de los familiares que con él convivían, en cuanto su obligación de restituir les alcanza, por no invocar un derecho personal a tener la cosa y desde que su ocupación depende o deriva de la del demandado. De ahí que no pueda sostenerse válidamente que los familiares que convivían con quien suscribió el convenio de comodato y de desocupación, revistan el carácter de terceros a los efectos de ésta acción de desahucio.
Argumentos de las partes, cuestión esencial
Materia: PROCESAL
Carátula: G. C., K. c/ S. M., A. P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En razón de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del resolutorio, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en todas sus argumentaciones(doctor Negri, sin disidencia)
Despido, indemnización por despido, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Martina, Alba Graciela c/ Chaco T.V. Cable Color S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-06

No procede el recurso de apelación de la parte demandada, que se agravia por que al ser condenado a pagar acreencias laborales a la actora, se toma como la categoría 10 del Convenio Colectivo de Trabajo N.223/75. Ello así, ya que la cuestionada categorización convencional aparece firme, como consecuencia que el escrito presentado por la demandada, no contiene acerca de este punto agravio propiamente dicho, sino mera disconformidad; en tanto que por lo demás este decisorio se ajusta a derecho, desde que en puridad fue resuelto de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, pero por otro fundamento en orden al Convenio Colectivo aplicable y aún cuando los hechos de la prestación de servicios enunciados en la demanda, se los haya invocado como configurativos de una categoría profesional propia de la C.C. N.130/75, el principio "iura novit curia" autoriza a encuadrarlos dentro de la categoría y convenio con el cual guardan relación correspondiente.
Competencia, competencia penal, cuestiones de competencia, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: C, J O s/ HOMICIDIO SIMPLE     COMPETENCIA      EXPTE NRO 246-90 V, A J; R, R A s/ HURTO DE GANADO     COMPETENCIA      EXPTE NRO 378-90 C, O A s/ HOMICIDIO     COMPETENCIA      EXPTE NRO 245-90 S, H; R, G s/ DA#O, LESIONES LEVES Y AMENAZA EN CONCURSO REAL     COMPETENCIA     EXPTE NRO 381-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-16|1990-08-16|1990-08-23|1990-08-30

Resulta razonable acudir al principio de especialidad para dar solución a la contienda de competencia suscitada entre las dos nuevas Cámaras creadas con motivo de la supresión de la Cámara de Apelación de Fuero Pleno de la ciudad de Reconquista, por la nueva Ley Orgánica de los Tribunales Nro 10160 y tratándose de una causa penal, corresponde a la competencia material de la Cámara del Fuero, con asiento en Vera, que por otra parte y conforme a la ley, es Alzada de los distritos judiciales nros 4 y 13 perteneciendo a este último el Juez inferior.

Ello concuerda con lo dispuesto mediante Acordada del 30-05-1990 de este Tribunal -Acta Nro 56 punto 2-, donde se dispuso que los procesos penales provenientes de los juzgados con sede en los distritos judiciales nros 4 y 13 de esta Provincia, que hayan ingresado hasta el día 26 de marzo del año en curso a la Cámara de Apelación de Fuero Pleno de Reconquista, sean remitidos a la Cámara de Apelación en lo Penal de Vera, para la prosecución de sus respectivos trámites.
Responsabilidad contractual, legitimación activa, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: KIRIACOPULOS HECTOR ENRIQUE Y OTROS c/ GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

Como regla, el criterio adoptado por el art. 1078, Código civil es asimismo aplicable a los supuestos de responsabilidad contractual, sea por aplicación de las normas concernientes al efecto relativo de las convenciones -arts. 503 Y 1195 del Código Civil-, sea por la extensión de las consecuencias por las que responde el deudor contractual -arts. 520 Y 521 del mismo cuerpo legal (CNCIV.: Sala C, 22.12.87, Ed., 131-643; Sala G, 27.12.85, E.D., 117-489; esta Cámara: sala I, 21.481/95, del 31.8.95; Zannoni, Eduardo A.: "El daño en la responsabilidad civil", E.D. Astrea, 1982, n1 44, ps. 138 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa:

"Legitimación Activa para reclamar daño moral en caso de muerte de la victima", E.D., 140-892).
Pueblos originarios, identidad cultural, derecho de propiedad ancestral, ritos de los pueblos indígenas y tribales, propiedad comunitaria de la tierra, falta de título de propiedad, investidura de la calidad de heredero, posesión legítima, protección de los indígenas, Derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Suriname s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-15

En el caso de comunidades indígenas y tribales que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo a sus prácticas consuetudinarias y carecen de título formal de propiedad, la posesión de aquéllas basta para que obtengan el reconocimiento oficial de esa propiedad y el consiguiente registro pues, la estrecha relación que ellos mantienen con la tierra debe de ser reconocida como la base fundamental de su cultura, su vida espiritual, su integridad y supervivencia económica, ya que para tales pueblos, el nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión sino un elemento material y espiritual del que necesitan gozar para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Alan Nicolás c/ Samsung Electronics Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

En el marco de una acción de daños por las heridas causadas por el incendio de la batería de un celular al accionante, ante la ausencia del deber de información que pesaba sobre la demandada relacionada con la vida útil de la misma y los efectos de no respetarse ese tiempo, cabe concluir que debe reconocerse al demandante la suma que reclamó en concepto de gastos médicos. Así cabe proceder en aplicación de lo dispuesto en el CCCN 1746, según el cual estos gastos deben ser presumidos en la medida en que sean razonables, lo cual ocurre con la aludida suma que reclamó el actor, sobre la cual se adicionarán intereses.
Escritos judiciales, plazos procesales, plazo de gracia, interpretación amplia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FORMICA, Rosa María c/ GELDSTEIN, Rafael s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-05

La demora de tan sólo un minuto, luego de vencido el plazo de gracia que instrumenta el art. 124 del Código Procesal, en la presentación de un escrito de oposición de excepciones en el proceso ejecutivo, obliga al Tribunal a interpretar dicha regla con criterio excepcionalmente amplio, en razón de la ética que informa el caso.
Acción de amparo, medidas cautelares, obras sociales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GELAY CARLOS ALBERTO c/ SWISS MEDICAL SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

El amparista es afiliado a Swiss Medical; que padece cáncer de próstata estadio IV por metástasis óseas sincrónicas, que su médico oncólogo, doctor Juan I. Hernández Morán, le prescribió -en razón del progreso de su enfermedad, que se encuentra en una etapa de hormono independencia-, el esquema aprobado por la FDA como segunda línea de quimioterapia: cabazitaxel 25 mg/m2 cada 3 semanas; y que dicho fármaco no se comercializa en la Argentina. Con el resultado de la diligencia cumplida con motivo de la medida para mejor proveer dictada por el Tribunal, ha quedado fuera de controversia que la medicación está aprobada por la FDA desde el 27 de junio de 2010 y que el actor cumplió con el procedimiento reglado en la disposición 840/95 de la ANMAT en orden a su importación, siendo ésta autorizada por la Dirección de Evaluación de Medicamentos de la ANMAT con fecha 21 de septiembre de 2010.