Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


DALONSO, Vicente Francisco contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 391-401.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DALONSO, Vicente Francisco contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 461, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día tres del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

I. 1. Vicente Francisco Dalonso promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener se declare la nulidad del decreto 1.484/94 y de los actos administrativos que le antecedieron.

Solicita, en consecuencia, se le reconozca la categoría de "Programador de Mantenimiento" -con equiparación a los fines remuneratorios a 2do. Jefe de Oficina de 3ra. Categoría-, con efectos retroactivos al 1.6.1992 y hasta el 27.12.1993 (fecha en que se lo designó "Programador Senior"), y se le abonen las diferencias salariales correspondientes en el sueldo básico, horas extras, aguinaldos, gratificación anual extraordinaria y plus vacacional, con más intereses por el mencionado lapso; con costas.

Relata que en julio de 1991, época en que se desempeñaba como auxiliar administrativo del Banco de Santa Fe S.A., ante un ofrecimiento de la entidad de pasar parte del personal al área "Centro de Cómputos" del Banco, y "la promesa de asegurársele una categoría y retribución mayores", aceptó la propuesta y realizó los tests y cursos de capacitación exigidos, "con la finalidad de ser categorizado en la forma que se solicita y como se le había ofrecido".

Continúa diciendo que, aprobados dichos tests y cursos, el Banco dispuso su traslado al "Centro de Cómputos" a partir del 2.12.1991, junto con un grupo de empleados que se encontraba en idéntica situación.

Afirma que desde esa fecha cumplió en dicha área las funciones convenidas de "Programador de Mantenimiento", aunque -dice- no fue remunerado por ello, hasta el 27.12.1993 en que, por resolución del Directorio, fue designado "Programador Senior" -equiparado a Contador de Sucursal de 3ra. Categoría-, cargo de mayor jerarquía que el aquí demandado.

Narra que: dedujo reclamo ante el Jefe del Área en Sistemas; el Departamento de Personal le respondió que el Directorio había designado una "Comisión Ad Hoc", la que en un plazo no mayor de noventa días -a partir del 2.3.1992- debía elevar un proyecto integral sobre recursos humanos; ante ello insistió con su reclamo ante el Presidente del Directorio; este último rechazó el planteo sin fundamentar la decisión; interpuso reconsideración con apelación en subsidio, siendo esta última finalmente rechazada por decreto 1.484/94.

Señala que el decreto 1.484/94 invoca, en sustento del rechazo de sus pretensiones, diversas actas de Directorio por las que se dispuso la suspensión y posterior derogación de la específica carrera del "Centro de Cómputos"; pero -dice- de ellas nunca tuvo noticia, ya que ese órgano nunca las notificó, ni en forma personal, ni de ninguna otra forma válida. Y en cuanto al anoticiamiento mediante comunicados, ni se acreditó que éstos hayan existido, ni, de ser así, ese mecanismo constituya procedimiento idóneo de notificación.

En cuanto al contenido de las mencionadas resoluciones, sostiene que las mismas implican un "ejercicio abusivo del ius variandi", en clara violación al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los principios generales del derecho laboral.

Añade que la fundamentación vinculada con estas actas "no fue la que se esgrimió por el Banco a foja 2 del expediente administrativo"; que "la patronal, acorralada en su falta de razones, cambia los argumentos en que pretende fundar su negativa a reconocer lo que en derecho corresponde"; y que la entidad "ocultaba esas disposiciones e invitaba al personal a efectuar los tests y cursos" mencionados.

Expresa que en sede administrativa planteó que el accionar del Banco vulneraba el artículo 14 bis de la Constitución nacional, en lo relativo a "igual remuneración por igual tarea", destacando en dicha sede que había empleados que fueron promovidos y percibían por la misma función mayor remuneración.

Califica de insólito el hecho de que en el decreto que agota la vía administrativa se considere inoficiosa dicha alegación en sede administrativa, por resultar atribución propia de la autoridad jurisdiccional.

Agrega que el Banco negó que fuese aplicable la Ley de Contrato de Trabajo, contradiciéndose con lo afirmado en el Comunicado 11.342, punto 4, en el que se admitió la aplicación, aunque transitoria, del Convenio Colectivo 18/75 para el personal bancario, cuyo artículo 26 -por otra parte- establece que "todo agente bancario que acredite haber desempeñado durante seis meses función superior a la categoría o agrupamiento técnico en que revista quedará automáticamente comprendido en la categoría o agrupamiento que corresponda a las funciones ejercidas...".

Por último, asevera que el Banco, "encerrado en las numerosas contradicciones" que enumeró, "termina sin embargo notificándole en fecha 14.4.1994" que "el Directorio de la Institución en reunión de fecha 11.4.1994 obrante en Acta nro. 840 ha resuelto designarlo Programador Senior (Contador de Sucursal de 3ra. Categoría) en el Área de Sistemas, con efecto al 27.12.1993". De ello extrae un reconocimiento de la procedencia de su pretensión, ya que se le asigna una categoría aún mayor que "la prometida", si bien a partir del 27.12.1993.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (f. 19), se cita y emplaza a estar a derecho a la demandada, la que lo hace a foja 25, contestando la demanda a fojas 28/36 vuelto.

Luego de negar diversas postulaciones contenidas en dicho escrito, la Provincia plantea la inadmisibilidad parcial del recurso, en virtud de la introducción de pretensiones nuevas, no deducidas en sede administrativa.

Al respecto, advierte que en dicha sede el actor no solicitó expresamente que se le abonasen las diferencias salariales correspondientes en el sueldo básico, horas extras, aguinaldos, gratificación anual extraordinaria, plus vacacional e intereses, ni tales rubros pueden considerarse implícitos, ni entenderse meras consecuencias de la petición de una promoción.

Tampoco pidió desde un principio la equiparación a los efectos del sueldo con la categoría de 2do. Jefe de Oficina de 3ra. Categoría, sino recién a partir de la expresión de agravios de la apelación directa deducida conforme al artículo 10 de la ley 9.332.

Sin perjuicio de tal planteo, opone también la improcedencia del recurso.

En relación a ello, expresa que el 8.10.1990 y el 19.10.1990 el Directorio del por entonces Banco Provincial de Santa Fe dictó, en el marco de sus atribuciones establecidas en la ley 9.613 -artículo 23, inciso 12-, dos actas en las que dispuso "suspender para todas las carreras de los agentes del Banco, en todas las especialidades y para la carrera bancaria, los respectivos regímenes de promoción y ascensos automáticos, sea por cargo, dentro del mismo cargo, por categoría o por equiparación".

Asimismo, se suspendía la vigencia y aplicación de la totalidad de los regímenes de carreras para agentes del Banco en todas sus especialidades y la carrera bancaria, como así también los concursos para cobertura de cargos y la cobertura de cargos por concursos, especificando que hasta tanto se estableciera un régimen que reemplazara a los suspendidos, para las promociones, ascensos y coberturas de cargos, se aplicarían las normas del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, adoptadas como normas mínimas.

Invoca el Comunicado 11.342, de foja 12 del expediente administrativo.

Dichas actas -continúa- fueron prorrogadas por la 684 del 14.3.1991 y por la 704 a partir del 4.9.1991, a las que refieren los Comunicados 12.271 y 13.063, de fojas 11 y 10, respectivamente.

Constituido el Banco de Santa Fe S.A., en virtud de atribuciones que le son propias -artículo 25 del Estatuto del Banco- el Directorio dictó el Acta 718 del 22.11.1991, por la que se resolvió "dejar sin efecto toda norma mínima referida al régimen de Promoción, Carrera y Nivelación", y designar una comisión que tenía por misión la de elevar un proyecto integral determinando "las necesidades del Banco en materia de recursos humanos y, paralelamente, la manera más conveniente de cubrirlas, proyectando las normas que deben dictar para su reglamentación".

Menciona el Comunicado 13.653 de foja 9.

Tales actas -asevera- fueron dictadas en virtud de facultades discrecionales de la Administración en materia de ascensos.

Con cita de doctrina, destaca que el derecho a la carrera no configura un verdadero derecho subjetivo del funcionario, por lo que puede ocurrir que las normas respectivas se modifiquen en un sentido más gravoso para el empleado, por ejemplo, exigiendo títulos y requisitos antes no requeridos, agravando las condiciones de promoción, o anticipando el término de la carrera.

Señala que dichas actas son disposiciones generales que dicta la Administración en virtud de facultades que expresa o implícitamente le han sido conferidas, inherentes a la función administrativa y a su naturaleza; revisten carácter normativo, tienen fuerza vinculante permanente para la colectividad y por ello no se agotan con su aplicación; son reglas generales y abstractas que entran en vigencia luego de su publicación y no requieren notificación a cada particular o administrado, no obstante lo cual en el caso se produjeron los comunicados pertinentes para todo el personal, como surge de las fojas 9 a 12 del expediente administrativo.

Remarca que no podría privarse a la Administración de la atribución de instar el dictado de nuevas normas reglamentarias, en aras de una mejor prestación y organización del servicio y según las necesidades del órgano respectivo en materia de recursos humanos.

Y que distinto sería el caso, por ejemplo, de que el sujeto público, en un procedimiento de selección en curso, mudara los recaudos exigidos, alterando de esa forma las bases de una convocatoria ya formulada.

Argumenta que a la fecha en que se dedujo el reclamo inicial del actor -2.6.1992-, los regímenes de ascensos estaban suspendidos y habían sido dejadas sin efecto las normas mínimas instauradas por Acta 659, por lo que ya no era de aplicación el Convenio Colectivo 18/75, ni con carácter de norma mínima.

Mas, aun suponiendo que resultara aplicable el Convenio citado, no puede pretenderse un ascenso por el mero hecho de ejercer una función superior por un lapso determinado -lo que ni siquiera está demostrado en autos, más allá de las afirmaciones del actor-, cuando en el mismo Convenio se establecen recaudos legales específicos para las promociones (artículo 3 y siguientes), y el Banco se encontraba inmerso en un proceso de reorganización de los recursos humanos.

En cuanto al artículo 26 del Convenio Colectivo 18/75, sostiene que es contradictorio con otras normas del mismo cuerpo normativo.

Explica que, para que se produzca en general una promoción, los postulantes deben reunir los requisitos exigidos por el reglamento respectivo y, por ende, demostrarse que efectivamente tenían derecho a ascender; es menester además contar con aptitudes morales, intelectuales y físicas que hagan prever un buen desempeño en el grado superior.

En el caso, mediante Comunicado 12.714 -el que paradójicamente el actor reconoce como válido, mientras tacha al resto de los comunicados como instrumentos idóneos de notificación- se invitó a todo el personal a someterse a un test de aptitudes, como condición imprescindible para una futura tarea de posibles seleccionados, y a foja 14, mediante Comunicado 12.182, se solicitó al personal el cumplimiento de requisitos como conocimientos en leguaje de programación, estudios cursados, conocimientos de inglés, etc., sin que exista en autos probanza alguna del cumplimiento de tales recaudos.

Aclara que el llamado efectuado por Comunicado 12.182 se hizo con la expresa mención de que los seleccionados serían remunerados con los adicionales regulados por la Convención Colectiva, y que no contenía promesa alguna de asegurarles categorías superiores o mayores retribuciones; ni siquiera -añade- implicaba un verdadero concurso, sino un simple relevamiento de la capacitación del personal del Banco y fue anterior a la derogación instrumentada por Acta 718, que suprimió la carrera invocada por el actor, por lo que, aun de haber existido una evaluación, ésta habría quedado sin efecto.

Para la hipótesis de que se considere que medió efectiva prestación de la función a cuyo ascenso se aspira, alega que igualmente no correspondería otorgar la promoción ni abonar suma alguna, pues dicho ejercicio habría sido permitido mediante actos irregulares, contrarios a la normativa que suspendía el régimen de promociones.

Con cita del precedente "González Palicio", sostiene que no resultaría procedente el pago de diferencias salariales, ni por aplicación de la "tesis del automatismo", ni a título de reparación de daños, ya que no concurren las circunstancias excepcionales admitidas jurisprudencialmente, ni la parte ha deducido una pretensión en tal sentido que hubiese permitido el ejercicio del derecho de defensa por parte de la demandada y, en su caso, la decisión del Tribunal.

Por último, señala que la relación de empleo de los dependientes del Banco, si bien se rige por el derecho laboral, no excluye la aplicación de normas del derecho administrativo.

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 37), producida la que consta en autos, y agregado el informe de las partes, actora (fs. 119/120 vto.) y demandada (fs. 121/127 vto.), se llaman autos para sentencia (f. 128). Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Plantea la demandada la inadmisibilidad parcial del recurso, esto es, en relación a la pretensiones referentes al cobro de diferencias salariales en los rubros sueldo básico, horas extras, aguinaldos, gratificación anual extraordinaria y plus vacacional, con más intereses y equiparación a los efectos del sueldo con la categoría de 2do. Jefe de Oficina de 3ra. Categoría; ello, por falta de planteo de tales peticiones en sede administrativa.

Mas la postulación debe rechazarse.

En efecto: el examen de las presentaciones del actor en sede administrativa revela que el recurrente, afirmando "haber cumplimentado los puntos I y IV de la reglamentación de la Carrera del Centro de Cómputos, Acta nro. 21 del 31.8.1978", solicitó "se haga efectiva la promoción estipulada en la misma a partir de la fecha" -esto es, 2.6.1992- (reclamo al Jefe de Área de Sistemas, f. 1, expte. adm. 00101-0049211-9 del registro del S.I.E.); "se me haga efectivo a partir del mes de junio de 1992 la promoción establecida en la Carrera del Centro de Cómputos -punto IV, inciso 'a'-, reglamentada mediante resolución de fecha 31.8.1978, Acta nro. 21" (reclamo al Presidente del Directorio del Banco, Pues bien: resulta razonable considerar que los rubros explícitamente solicitados ante esta sede -diferencias salariales en el sueldo básico, horas extras, aguinaldos, gratificación anual extraordinaria y plus vacacional, con más intereses y equiparación a los efectos del sueldo con el cargo de 2do. Jefe de Oficina de 3ra. Categoría- se hallaban implícitos en las pretensiones deducidas en sede administrativa, en que se reclamó -más genéricamente- la promoción, a partir de una fecha determinada, a la categoría de "Programador de Mantenimiento", expresamente equiparada a los efectos remuneratorios a la de "2do. Jefe de Oficina de 3ra. Categoría" en el Acta 21 del 31.8.1978, invocada por el actor como sustento de sus planteos.

Ello, desde luego, permite concluir que no se altera en el caso la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso administrativa, pues no se han introducido en la demanda -en verdad- nuevas pretensiones, sino que sólo se han explicitado las que pueden considerarse implícitas en las expresamente deducidas en sede administrativa; observándose en consecuencia los consolidados criterios sostenidos por esta Corte en la materia (A. y S., T. 54, pág. 268; T. 72, pág. 398; T. 97, pág. 49; T. 100, pág. 191; T. 107, pág. 404; T. 125, pág. 123; T. 126, pág. 165; T. 139, pág. 341; T. 149, pág. 316; entre otros).

Voto, entonces, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

III. 1. Corresponde, en primer lugar, resolver acerca de las tachas formuladas por la demandada (fs. 70, 113 vto. y 115 y vto.) a los testigos ofrecidos por el actor, señores Gerardo Bertoldi, Oscar Giorgi, Héctor Maggi, Marcelo Díaz y Daniel Molina.

a. Aquélla aduce interés de los testigos en el resultado del juicio, pues, al tener iniciada una causa contencioso administrativa por razones similares a las que motivan el recurso incoado por el actor, son potenciales acreedores de la Provincia.

Por su parte, el recurrente solicita a fojas 76/77 vuelto el rechazo de las tachas, con costas, con base en que los propuestos son testigos necesarios, ya que, por su intervención directa y personal en los hechos que aquí se investigan, tienen o tuvieron un especial conocimiento de los mismos. En el caso concreto, agrega, todos eran compañeros de tareas en el "Área de Sistemas" del Banco en la ciudad de Rosario.

Asimismo, los testimonios deberán apreciarse de acuerdo con los principios de la sana crítica, correspondiendo al Tribunal determinar su grado de credibilidad luego de haberlos escuchado y evaluarlos con las demás pruebas rendidas en la causa, resultando arbitrario tratar de descalificarlos de antemano.

b. No es superfluo memorar que tachas son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones, que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar; y que debe repararse en el criterio jurisprudencialmente recibido de interpretación restrictiva de las mismas, conforme lo expresado en "Suárez" (A. y S. T. 119, pág. 171) y reiterado en "Baroni" (A. y S. T. 127, pág. 354), "Yba Ruc" (A. y S. T. 153, pág. 58), "Romero" (A. y S. T. 154, pág. 415), entre otros.

En el caso, no se advierte en relación a los testigos Daniel Molina y Oscar Giorgi -ya que los señores Bertoldi, Maggi y Díaz no comparecieron a la audiencia respectiva- la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial - aplicable- (cfr."Delgado", A. y S. T. 94, pág. 326), siendo a esos fines insuficiente lo aducido por la demandada en sustento de su pedido, el que debe rechazarse, con costas.

En efecto, la circunstancia de que sean "potenciales acreedores" por tener juicio pendiente con la demandada -tal su planteo- no es por sí sola en principio causa suficiente que permita deducir la inclinación del testigo a deponer en su contra (criterio de "Mansilla", A. y S. T. 93, pág. 117; "Yba Ruc", citado; "Goris", A. y S. T. 161, pág. 45).

Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dichos testimonios.

Corresponde, en consecuencia, rechazar las tachas deducidas por la demandada, con costas.

2. Resuelto lo que antecede, corresponde a continuación analizar los aspectos substanciales del recurso.

Surge de las constancias de la causa que la pretensión del actor consiste -básicamente- en ser promovido a la categoría de "Programador de Mantenimiento", por el lapso que se extiende entre el 1.6.1992 y el 27.12.1993, conforme las previsiones del Acta de Directorio 21, del 31.8.1978.

Se adelanta que el recurso orientado a tal finalidad es improcedente.

Debe señalarse en primer lugar que planteos similares a los de autos han sido ya considerados y resueltos por este Cuerpo en el precedente "Molina" (de fecha 20.4.2004, registrado en A. y S. T. 196, pág. 171).

Ello así por cuanto la normativa invocada como sustento jurídico de la pretensión deducida no resulta aplicable a la situación de hecho sometida a juicio de esta Corte.

En efecto: por la mencionada Acta de Directorio 21, del 31.8.1978 (v. fs. 353/365 del legajo probatorio en respuesta al Oficio 1.983 librado en estos autos), se estableció la "Reglamentación de la Carrera del Centro de Cómputos", disponiéndose el ingreso a la Posteriormente, por Actas 659 y 660 (v. foja 12, expte. adm. 00101- 0049211-9 del registro del S.I.E.), del 8.10.1990 y 19.10.1990 respectivamente, se resolvió -en lo que ahora es de interés-: "suspender para todas las carreras de los agentes del Banco, en todas las especialidades y para la carrera bancaria los respectivos regímenes de promoción y ascensos automáticos, sea por cargo, dentro del mismo cargo, por categoría o por equiparación; suspender la vigencia y aplicación de la totalidad de los regímenes de carreras para agentes del Banco en todas sus especialidades y la carrera bancaria; hasta tanto se decida establecer un régimen que reemplace a los que por esta resolución se suspenden, las promociones y ascensos que correspondan así como la cobertura de cargos que correspondieren, se decidirán mediante la aplicación de las normas pertinentes previstas en la Convención Colectiva de Trabajo nro. 18/75, las que se adoptan como normas mínimas a los fines expresados".

Dicha suspensión se prorrogó sucesivamente -por 180 días en cada oportunidad- por Actas 684 (desde el 8.3.1991, v. f. 11, expte. adm.) y 704 (desde el 4.9.1991, v. f. 10, expte. adm.).

Por Acta 718, del 22.11.1991 (v. f. 9 expte. adm.) se dispuso "dejar sin efecto toda norma mínima referida al Régimen de Promoción, Carrera y Nivelación".

Finalmente, por Acta 734 del 2.3.1992 (v. f. 9, expte. adm.), se designó una Comisión de trabajo con representación del Directorio, de la Subgerencia General de Administración y de la Comisión Gremial Interna, la que debería elevar un "proyecto integral determinando las necesidades del Banco en materia de recursos humanos y, paralelamente, la manera más conveniente de cubrirlas, proyectando asimismo las normas que deben dictarse para su reglamentación".

De los instrumentos antes reseñados se extrae que el régimen cuya aplicación pretende el recurrente fue inicialmente suspendido y posteriormente dejado sin efecto por el Directorio del Banco.

El actor opone como obstáculo a la aplicación de las actas que dispusieron las mencionadas suspensión y derogación, la falta de notificación de los respectivos instrumentos.

Mas, conteniendo los mismos decisiones con incidencia sobre disposiciones de carácter general -concretamente, disponiendo la suspensión y posterior derogación de regulaciones generales de la carrera administrativa en diversos sectores de la organización-, no podría sostenerse que su eficacia dependiera de su notificación individual a cada agente, sino, más bien, de la observancia de algún procedimiento de publicación. En tal sentido, el mecanismo de los Comunicados instrumentado por el Banco aparece adecuado a los fines del anoticiamiento de todos sus agentes, destinatarios, en definitiva, de las normas emitidas.

Y no podría el actor sostener válidamente lo contrario, desde que, conforme surge de las constancias de autos (cf. respuestas dadas por los testigos Molina y Giorgi -fs. 113 y vto. y 115 y vto., respectivamente-, a la pregunta 4 del pliego agregado a f. 112), el ofrecimiento formulado por el Banco para que parte del personal pasara al "Centro de Cómputos" -que él aceptó, culminando con su posterior desempeño en aquel sector, origen del presente juicio-, fue publicado por idéntico mecanismo (v. Comunicado 12.714, f. 13, expte. adm.).

Por otra parte, y pese a que en su demanda Dalonso plantea no haber sido válidamente anoticiado de las actas de suspensión, en su propio reclamo de fecha 12.6.1992 (dirigido al Presidente del Directorio, v. f. 4, expte. adm.), menciona las Actas 704 y 659.

En otro orden de ideas, surge de las constancias de la causa que, bajo la vigencia de la suspensión del Acta 21 dispuesta por las 684 y 659, por Comunicado 12.714, de fecha 19.7.1991 (v. f. 13, expte. adm.), se "invitó" a "todo el personal del Banco que desee incorporarse al Centro de Cómputos, como operadores o programadores, a someterse a un test de aptitudes".

El actor plantea que acudió a dicha convocatoria, resultando seleccionado, luego de diversas vicisitudes -que menciona-, para pasar a revistar en el área "Centro de Cómputos"; y que fue finalmente trasladado a dicho ámbito el 2.12.1991 -esto es, cuando ya se había dictado el Acta 718-.

Y bien: resulta decisivo para sellar la suerte adversa del presente recurso tener en cuenta que en dicho Comunicado 12.714 se señaló expresamente que "a efectos remuneratorios serán contemplados los adicionales contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo vigente" (ver párrafo tercero, f. 13, act. adm. cit.).

Vale decir, no asiste razón al recurrente cuando en su demanda afirma que en dicho ofrecimiento el Banco formuló "promesa de asegurársele una categoría y retribución mayores", a raíz de lo cual aceptó la propuesta "con la finalidad de ser categorizado en la forma que se solicita y como se le había ofrecido".

Por el contrario, claros resultaron los términos del llamado referido, en cuanto a desvincular la remuneración a liquidarse -en su caso- en el nuevo sector, del régimen previsto en la invocada Acta 21 de 1978.

Tal desvinculación entre la situación jurídica del recurrente y el Acta 21 basta, asimismo, para rechazar el agravio referido a que el Banco, al disponer la suspensión y posterior derogación de ésta, habría incurrido en relación al actor en un ejercicio abusivo del "ius variandi"; dicho ello sin que, desde luego, implique compartir que en el caso resulten, sin más, aplicables "la ley de contrato de trabajo y los principios generales del derecho laboral".

Asimismo, frente a los reseñados caracteres de la convocatoria efectuada por Comunicado 12.714, no cabe sino compartir lo expresado por la Comisión Asesora ley 9.332 a fojas 33/38 del expediente administrativo, en cuanto a que "en caso de solicitarse personal para cómputos que a posteriori ingrese a la carrera en cuestión, el mismo, en las condiciones estipuladas desde su inicio, debe dar oportunidad a todo el personal del Banco y por decisión propia de cada empleado, lo que pondría en un nivel de igualdad a todo el personal, hecho que aquí no ocurrió, puesto que el apelante se avino a las condiciones originales y a posteriori solicita la equiparación, descolocando de esta manera al resto del personal que a raíz de no haber aceptado únicamente el adicional, no se anotó en el concurso, lo que no pone a todos en un plano de igualdad".

En otro orden, en cuanto al planteo vinculado a la vulneración del principio de "igual remuneración por igual tarea", obsta a la consideración del agravio la orfandad argumental -y, desde luego, probatoria- de la postulación, consistente en la mera invocación del caso de empleados "que han sido promovidos y percibían por la misma función mayor remuneración". Ello, al margen de que las hipotéticas diferentes retribuciones -de existir- podrían reconocer origen, de conformidad a lo antes expuesto, en la aplicación sucesiva de distintos regímenes normativos, sin que al hacerlo la Administración hubiese incurrido en ilegitimidad alguna.

Similares razones -falta de argumentación y prueba en relación a los extremos exigidos por la disposición- bastan para rechazar asimismo el argumento relativo al artículo 26 del Convenio Colectivo 18/75; dicho ello - también- sin que implique compartir que en el caso resulte, sin más, aplicable dicha normativa.

Por último, no se advierte que la designación del actor como "Programador Senior" desde el 27.12.1993 haya obedecido a un reconocimiento de la procedencia de su reclamo; antes bien, la medida habría respondido a la aplicación de la nueva "Carrera para la rama de sistemas", aprobada por Acta 826 del 27.12.1993, a la que refiere el Comunicado 15.926 (fs. 52/61 de autos y fs. 368/386 del legajo de prueba en contestación al oficio 1.983).

Lo hasta aquí expuesto permite concluir en la improcedencia del recurso interpuesto.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri, y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde adoptar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar, con costas, las tachas formuladas por la demandada (a fs. 70, 113 vto. y 115 y vto.) y declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas al actor (art. 84, ley 4.106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, las tachas formuladas por la demandada (a fs. 70, 113 vto. y 115 y vto.) y declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO- Fernández Riestra (Secretaria)