Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-05


En la ciudad de Trelew, a los 05 días de mayo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M. , N. P. c/ B. , S. M. s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 21.945 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 144. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo: Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 137 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 130/133 vta. por el cual se rechaza la demanda promovida por N. P. M. contra S. M. B. , imponiendo las costas al actor vencido y condenando al mismo a abonar una multa a favor de la demandada de $ 1.300. A fs. 138 se concede la apelación y a fs. 139/140 obra el informe del art. 62 de la ley 69 presentado por la apelante, cuyo traslado conferido a fs. 141 no fuera contestado por la demandada.---- I.- La actora se agravia por cuanto el sentenciante no tuvo por acreditada la relación laboral que vinculara a las partes y tuvo por probada la relación sentimental entre las mismas, explicando que para llegar a dicha conclusión invirtió la carga de la prueba, ya que el art. 23 de la LCT hace presumir la existencia de la relación de empleo si se prueba la prestación de servicios.-------------- Agrega que al invocar la demandada un vínculo de distinta naturaleza que la laboral, era ella quien debía acreditar tal extremo, lo que no ocurrió ya que los testimonios rendidos por su parte demuestran acabadamente que el actor prestó servicios en el locutorio-cyber de propiedad de la accionada. Señala que el juez de grado hizo una aplicación errónea del principio de la primacía de la realidad, ya que M. aportaba su trabajo personal al comercio referido y que su labor como promotor en un AFJP no era impedimento para declarar la existencia de la relación laboral con la demandada.-------- En segundo lugar se agravia de que se hubiera impuesto una multa procesal en virtud de lo dispuesto por el art. 45 del CPCC, ya que no basta como presupuesto de la misma el rechazo de la demanda ni la aseveración de un contrato laboral no probado, sino que es necesario que el litigante sea consciente de la sinrazón de su reclamo.-- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, comenzaré el análisis de los agravios de la demandante.------- 1) En interpretación a la presunción del art. 23 de la LCT ya me he expedido con anterioridad en el sentido de que la prestación de servicios a la que alude la norma no puede ser otra que la cumplida en relación de dependencia ya que en toda la ley no hay referencia posible a otras prestaciones que no sean las que reúnen las condiciones tomadas como indispensables por aquélla para su aplicación (arts. 4, 5, 21, 22, 27, etc.) (conf. Rodríguez Mancini, Jorge en: Rodríguez Mancini -Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, págs. 72/73). También hice alusión a la interpretación jurisprudencial en cuanto se entiende que para que juegue la presunción dispuesta por el art. 23 de la LCT se requiere la acreditación en juicio de que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia para otro (conf. SCBA, 28/07/02 in re: "D. R. , A. c/ P. P. , M. ; 29/05/02 in re: "L. , R. M. y otros c/ S. , N. M.", Manual de Jurisprudencial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Ed. LexisNexis, 2004, pág. 99); así como que la prestación de servicios que genera la presunción prevista en el art. 23 de la LCT es aquella realizada bajo la dependencia de otro, ya que los arts. 21 y 22 del cuerpo normativo citado sólo contemplan dicho tipo de relaciones (conf. CN.Trab., Sala I, 24/05/99, in re: "B. , O. A. y otro c/ G. del E. residual", Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ídem, íd.). Ha de agregarse que resulta característico de la relación de empleo el hecho de que el trabajador dependiente, normalmente se incorpora a un establecimiento ajeno, ya que esto lleva consigo y determina el carácter del trabajo heterónomo (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de Trabajo", Ed. Astrea, 2000, pág. 77) (conf. citas efectuadas en CANE, Sala "B", SDL 22/08, del 07/04/08 in re: "B. , L. c/ V. , R. H. s/ cobro de pesos.laboral" (Expte. Nº: 22.566/08). En el marco interpretativo antedicho no le asiste razón a la apelante en cuanto considera que la mera demostración de prestación de servicios hace operativa la presunción del art. 23 de la LCT y que en consecuencia el juzgador de grado invirtió la carga de la prueba en su perjuicio, sino que correctamente interpretó que negada la existencia del contrato de trabajo pesaba sobre el actor la carga de acreditarlo (ver fs. 131, 3er. párrafo).---------- En ese marco bien ponderó el sentenciante "a quo" la prueba producida. Es así que hizo mérito de la relación afectiva entre las partes y que el comercio en cuestión era atendido principalmente por la demandada, sus hijos y un empleado, mientras que el actor laboraba en una AFJP durante el tiempo que se denuncia como de duración de la relación laboral (ver declaraciones testimoniales de fs. 86 -respuestas primera a tercera, cuarta y sexta-; fs. 88 -respuestas primera a cuarta, quinta, séptima y octava-; fs. 89 -respuestas primera a tercera, cuarta y sexta-; y fs. 90 -respuestas primera a tercera, cuarta y quinta).----------- La relación sentimental entre las partes resulta también corroborada con las constancias de las actuaciones del Ministerio Público Fiscal que lucen por cuerda (Nros.: 4.205/05 y 12.195/06), en las que se da cuenta de diversas circunstancias conflictivas durante dicha relación. Por otra parte, la labor de M. para una AFJP durante el lapso de duración que denuncia de la relación de empleo (ver fs. 04, pto. II) y en horario de 9 a 14 y 16 a 19.30, se acredita con los informes de fs. 65 y 76, por lo que si bien el contrato de trabajo no reviste el carácter de exclusividad (conf. Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, pág. 120), en la especie la extensión del horario antedicho hace resultar improbable la relación de empleo alegada con la demandada. Es de resaltar además, que este horario -que viene informado por la AFJP empleadora de M. - se contradice con el que manifiesta el actor en su absolución de posiciones (ver fs. 112, respuestas primera y segunda).---- Ante las pruebas referidas, la declaración de O. (ver fs. 87) resulta sumamente imprecisa ya que vio pocas veces a M. en el locutorio y no puede establecer el horario en que lo hizo (ver respuestas primera a tercera y a primera repregunta). En cuanto a los restantes testigos -M. y S. (ver fs. 111 y 113)-, amén de que dicen ser amigos del actor (respuesta a razón de sus dichos), si bien han visto trabajando al mismo en el locutorio, es de señalar que también lo vieron realizando refacciones, pintando o armando el local (ver respuestas segunda y tercera), lo cual es indicativo de que colaboró con la propietaria en la apertura del local, lo que resulta un indicio de que el vínculo entre las partes revestía aspectos más amplios que el meramente patrimonial, lo que abona la hipótesis de la relación sentimental.---------- A lo anterior cabe agregar lo razonado por el Sr. Juez "a quo" que no recibiera crítica de parte del recurrente, en cuanto a que al absolver posiciones el actor admite que nunca recibió pago alguno de parte de la demandada (ver fs. 112, respuesta novena), cuando en demanda había expresado que recibía el 50% de la retribución convencional (ver fs. 04, pto. II "in fine"), considerando inverosímil que no hubiese formulado reclamo alguno durante el tiempo que asegura haber trabajado (ver sentencia a fs. 132 vta., 2do. párrafo). Si a ello se añade que nada dijo el apelante respecto a lo razonado por el magistrado de grado en cuanto a que las tareas que desarrollara el actor fueron prestadas a una organización que no le resultaba ajena y sin recibir órdenes e instrucciones (ver fs. 132 vta., último párrafo), cabe concluir en que no se demostró la relación de dependencia invocada, correspondiendo desestimar el agravio.-------- 2) La segunda queja se refiere a la imposición de la multa que se aplicara en la sentencia con fundamento en el art. 45 del CPCC. El juzgador de la anterior instancia argumentó al respecto de la siguiente forma: "Atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, al vínculo que surge acreditado entre actor y demandada, a la conducta procesal del litigante, a la mendacidad en los hechos invocados en demanda, al desistimiento de la acción y del derecho que luego no ratificara, lo que denotan la temeridad y malicia en el actuar del litigante vencido" (ver fs. 133, anteúltimo párrafo).---- Se ha dicho que incurre en temeridad la parte que litiga, como actor o demandada, sin razón valedera y tiene además conciencia de la propia sinrazón (conf. SCBA, 28/02/89, LL, 1989-C-249; CN. Civ., Sala C, 25/11/87, LL, 1989-A-308). De allí que la categoría se integre con dos presupuestos: la ausencia de razón para obrar en juicio, el elemento objetivo que se presenta con el rechazo de la demanda o de la contestación, y el de carácter subjetivo, referido al conocimiento del justiciable de lo infundado de su posición procesal (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 204). Es claro que quien pierde el juicio es porque carecía de derecho para intentarlo pero esta sola circunstancia es insuficiente para caracterizar la figura del litigante temerario, ya que falta agregar la mala fe en su accionar.--------- Por su parte la malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso, actuando el justiciable de mala fe con objeto de obtener una sentencia que no es la que corresponde, demorando su pronunciamiento, o ya dictada , obstaculizando su cumplimiento (conf. CN. Com., Sala A, 22/07/80, JL, año I, nº 1, pág. 50, fallo 86; CN. Civ., Sala C, 15/06/91, LL, 1991-E-653). Como se puede apreciar la malicia se adecua más a la postura del demandado que obstaculiza o retarda con su conducta procesal el avance del proceso.-- En el caso de autos, dado que se aplicó la multa al actor perdidoso, encuentro que en todo caso la inconducta procesal que se le atribuye debe referirse a la figura de temeridad. Al respecto se ha calificado como temeraria a quien litiga careciendo de todo sustento fáctico o jurídico, o basándose en hechos inventados o jurídicamente absurdos, de manera que es evidente el conocimiento de la sinrazón, la conciencia de la indiscutibilidad por parte del que litiga (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., ídem, pág. 204). A la luz de los conceptos desgranados no encuentro suficiente que la conducta desplegada por el actor pueda encasillarse en la categoría de temeridad del art. 45 del CPCC. Ello por cuanto, si bien resulta vencido, la existencia de una relación sentimental con la contraria no implica de por sí la imposibilidad de la existencia de una relación laboral (conf. CNTr., Sala III, 29/03/78, "T. y S.S.", 1978-286). Por lo demás, si bien fueron sin la característica de la relación de dependencia, ha resultado acreditado el desarrollo de tareas del actor en el comercio de la demandada, y el desistimiento de la acción y del derecho de fs. 09 -que luego no fuera ratificado- no implica de por sí la sinrazón de la demanda, ya que los motivos por los cuales se efectuó dicha presentación pueden obedecer a diversos fundamentos -como surge de la contestación de demanda (ver fs. 18, pto. III, 2do. párrafo), o lo explicitado por el apelante en la expresión de agravios (ver fs. 139 vta., 3er. párrafo)- no todos ellos objetables desde la consideración de la buena fe procesal.- Por todo lo razonado, entiendo que debe atenderse el agravio, por lo que se revocará la sentencia a los meros fines de dejar sin efecto el pto. III de la parte resolutiva que impone al actor una multa de $ 1.300.------- III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado al solo efecto de dejar sin efecto la multa de $ 1.300 impuesta al actor a favor de la demandada en el pto. III de la parte resolutiva.-- No obstante la revocación parcial, toda vez que la misma no recae sobre la pretensión principal, respecto de la cual resultó vencedora la demandada al oponerse a la demanda, la condición de vencido del actor no resulta alterada, por lo que deviene innecesario adecuar la imposición de costas en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del CPCC. Y lo mismo cabe decir con relación a la regulación de la instancia de grado atento a que las sumas resultan prudentes en relación al monto pretendido en demanda.----------- En relación a las costas de esta sede, la mismas se imponen al apelante perdidoso (conf. art. 59 de la ley 69 y 68 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios del letrado apoderado del actor actuante ante la Alzada, Dr. J. G. V. , atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, y a la extensión y eficacia de las tareas, así como a los resultados respectivamente obtenidos, en un 25% de lo regulado en la instancia de grado, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 14, 47 y concs. de la ley 2200).--------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.---- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 137, que fuera concedido a fs. 138, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 130/133 y vta. que rechazó la demanda laboral instaurada por N. P. M. contra S. M. B. , con imposición de costas al vencido.-- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 139/140, el traslado conferido a fs. 141 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.-- 2. Sostiene el apelante que el sentenciante invirtió la carga de la prueba ya que acreditada la prestación de servicios ello hace presumir la existencia de la relación laboral.- No le asiste razón toda vez que negada la relación laboral no basta con demostrar la existencia de servicios, sino que debe acreditarse que los mismos se prestaron bajo relación de dependencia para que resulte aplicable la presunción prevista en el art. 23 de la L.C.T. Es criterio de esta Cámara, entre otros pronunciamientos, sala A, c. 13.752, S.D.L. 117/98, c. 13.997, S.D.L. 151/98, c. 14.827, S.D.L. 37/99; sala "B", c. 13.299, S.D.L. 99/98, c. 16.592, S.D.L. 03/01, c. 18.042, S.D.L. 31/02, c. 21.618, S.D.L. 46/2006, c. 21.896, S.D.L. 10/2007.--- También es la postura sustentada por el Superior Tribunal de Justicia, por cuanto "la presunción emergente de la prestación de servicios, en los términos del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo" (JUBA Chubut, S.T.J., sumario 03084, 29/11/94, causa N° 197/94). Por ello, no cualquier prestación de servicios permite la operatividad de la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T. y como consecuencia es carga del actor acreditar los servicios bajo dependencia.-- Así, "para configurar la relación de dependencia es esencial demostrar la existencia de subordinación" (S.T.J., fallo citado, causa 197, 29/11/94).-- Es que, el art. 23 de la L.C.T. no comprende toda prestación de servicios sino aquellos que encuadran en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22 de la L.C.T.), en concordancia con la noción de los sujetos que los abarca (trabajador y empleador, arts. 25 y 26).----- Efectuadas tales precisiones, la demandada negó que M. ingresara a trabajar bajo su relación de dependencia (acápite II, fs. 40), por lo que corría a cargo de la parte actora acreditar la prestación de servicios en relación de dependencia a favor de los mismos. Se trata de probar los hechos afirmados en demanda que fueron negados por su contraria (art. 377 del C.P.C.C.).- Criterio de esta sala "B" expuesto en reiterados fallos, entre otros, c. 20.272, S.D.L. 22/2005, y más recientemente en c. 22.318, S.D.L. 56/07, y c. 22.512, S.D.L. 15/2008.----- Involucra la carga de la prueba del hecho aducido, que al ser negado resultó controvertido, a mérito de lo prescripto por el art. 377 del C.P.C.C. (conf. CNTrab., sala III, diciembre 15-1978, "N. de S. c/ W. A. . S.A.", TySS. 1979-253; esta Cámara, ya en su composición de sala única, en autos "R. , J. E. c/ D. G. S.R.L. s/laboral", S.D.L. 104/96, entre otros fallos).- Esto es, era carga del accionante demostrar la prestación de servicios del Sr. M. , y también que las tareas alegadas lo fueron en relación de dependencia.

En este último aspecto, es de la esencia de la relación laboral que los actos realizados y servicios prestados lo sean en favor de la otra parte y bajo su dependencia (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 12.450, S.D.L. 93/97; c. 11.817, S.D.L. 104/96 y c. 12.092, S.D.L. 110/96). Con tales alcances, se desestima la queja vertida.------- 3. Toda vez que la demandada al contestar demanda invocó una relación distinta, por caso "sentimental", bien ponderó el Sr. Juez de la anterior instancia la prueba rendida en la causa respecto al vínculo afectivo mantenido entre las partes.- Así, con las declaraciones testimoniales prestadas por R. , E. , P. , y M. el juzgador pudo determinar, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69), que el comercio denominado "El Paseo" era atendido preponderantemente por B. , sus hijos y un empleado, y que a su vez M. desempeñaba tareas en una AFJP durante la época en la que alegó el actor encontrarse cumpliendo tareas bajo relación de dependencia para la demandada (ver testimonios de fs. 86, respuestas a la 1a., 2a., 3a., 4a. y 6a. pregunta; fs. 88, respuestas a la 1a., 2a., 3a., 4a., 5a., 7a. y 8a, pregunta; fs. 89, respuestas a la 1a., 2a., 3a., 4a., y 6a., pregunta; fs. 90, respuestas a la 1a., 2a., 3a., 4a., y 5a. pregunta).----------- A su vez, con el informe de Profesión + Auge A.F.J.P. S.A. que luce a fs. 65 se corrobora que el actor se desempeñó en esa sociedad desde el 28/07/1998 hasta el 06/01/2007 en horario de 9 a 14 hs. y de 16 a 19,30 hs., y ello deja sin mayor explicación las afirmaciones del actor en el sentido que desde el 6 de noviembre de 2003 y hasta el 12 de marzo de 2005 trabajó en el comercio de la demandada "CON UNA JORNADA LABORAL QUE SUPERABA LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO" (acápite II, fs. 4), máxime si se observa que no dio precisión alguna del horario de trabajo a pesar que era su carga exponer los hechos "en forma clara" (art. 46. 4) de la ley 69).----- Y con las actuaciones que corren por cuerda formadas por el Ministerio Público Fiscal y que llevan Nos. 4.205/2005 y 12.195/2006, que en este acto se tienen a la vista, se constata la relación sentimental que existió entre las partes, y al mismo tiempo la existencia de denuncias por situaciones de conflicto en la relación.-------- En ese contexto, los dichos de O. son marcadamente imprecisos pues lo vio un par de veces y no tenía idea de su horario (respuesta a la 1a. y 2a. pregunta y 1a. repregunta, fs. 87).-- En cuanto a M. y S. , amigos del actor (razón de sus dichos, fs. 111 y 113), manifestaron que lo vieron realizando tareas de refacción, armado del local y pintura (respuesta a la 2a. pregunta), lo que denota un vínculo con la demandada que tiene un contenido que trasciende el económico, y que aún en ese plano abona la postura del juzgador en cuanto a que podría tratarse de una relación que encuadraría en el ámbito del derecho societario, aspecto que no mereciera embate alguno por el recurrente.---------- Resta por señalar que resulta por demás sugestivo y en definitiva inverosímil la manifestación del testigo M. en cuanto a que vio al actor en el kiosco "siempre . a la mañana y a la tarde" (respuesta a la 3a. pregunta, fs. 111), ante el horario cumplido por el actor para la A.F.J.P. (informe ya aludido, fs. 65).----------- Lo mismo puede decirse de los dichos de S. al indicar que "estaba todo el día" mientras se armaba el local y que desde que se abrió "trabajaba hasta las 12 o 1 de la mañana" (respuesta a la 2a. pregunta, fs. 113).----- Y es requisito para la eficacia probatoria del testimonio que no aparezca imposible ni improbable la ocurrencia del hecho en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo expone (conf. Devis Echandía, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, T. II, pág. 43).----- Así, se ha descalificado el testimonio cuando el mismo resulta inverosímil por estar en contra de lo que indican las máximas de la experiencia universal (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 322).- Sólo agregaré que para que exista relación de dependencia se requiere: la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica, que concurren habitualmente en todo contrato de trabajo. Y respecto de la dependencia jurídica, el empresario, propietario del capital, tienen por esta razón la facultad de organizar el trabajo y de dar órdenes a sus trabajadores, ejerciendo el poder de dirección (conf. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. ed. act., 2000, T. I, par. 5.6.4., págs. 643/644).-- Y entre sus notas características, se ha señalado que el trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador (arts. 65 y 66, LCT) en cualquier momento y con relación a las modalidades de ejecución del trabajo debiendo cumplir las órdenes o instrucciones que se le impartan (art. 86, LCT), careciendo de autonomía al respecto (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 71).------- Y la nota de subordinación jurídica necesaria para configurar la relación de dependencia jurídico-personal del trabajador frente al empleador se forma por dos elementos, a saber: la dirección y la fiscalización (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 242, pág. 118).------ En ese marco, las notas que caracterizan la relación laboral se encuentran ausentes en el presente caso y así lo precisó el sentenciante a fs. 132 vta., sin que el quejoso ensayara crítica alguna al respecto.--- Por tales razones, se desestima el agravio por no haberse acreditado la prestación de servicios en relación de dependencia.-------- 4. Formula queja el apelante por la multa impuesta en los términos del art. 45 del C.P.C.C.---------- Al respecto, descarto que se configure malicia ya que se requiere que la conducta procesal se manifieste mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1982, T. I, pág. 343), y en la presente causa no se constata que el actor vencido adoptara una conducta tendiente a obstruir o demorar el desarrollo del juicio o la decisión.-------- Y si bien se rechazó la demanda, configurándose así el elemento objetivo que resulta de la falta de fundamentos, no observo que se cumpla con el subjetivo configurado por la propia conciencia de la sin razón, como para que encuadre la conducta en un supuesto de temeridad.-------- La temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a una mínima pauta de razonabilidad. Se configura por lo tanto, frente a la conciencia de la propia sin razón. De allí que no sea suficiente, para calificar una conducta como temeraria, el elemento objetivo representado por la falta de fundamento o por la injusticia de la pretensión o de la oposición (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1982, T. I, págs. 342/343).--- Las sanciones por inconducta procesal no han de ser aplicadas con el criterio meramente objetivo, es decir, por la sola circunstancia de que la pretensión no haya prosperado (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1984, T. II-A, pág. 813 y cita de fallos).- Tales extremos han sido considerados por el juzgador a fs. 133 al precisar que no basta con el rechazo de la demanda, ni la afirmación de un contrato laboral no demostrado.---------- Sin embargo, no coincido en que los hechos invocados en demanda resulten mendaces y ello denote temeridad y malicia, pues no cabe excluir la posibilidad de la existencia entre concubinos de un contrato de trabajo, porque el concubinato no engendra una comunidad de intereses en el aspecto económico, ni hace presumir la existencia de una relación societaria o laboral entre los concubinos, es que la parte interesada debe demostrar el vínculo alegado mediante la prueba pertinente, la cual debe analizarse con estrictez para no afectar otros derechos legítimos (Meilij, obra y tomo citado, pág. 154).---------- En tal sentido, el concubinato y la relación laboral no son en principio incompatibles. Dicha relación es posible, pero si hubiere elementos de juicio suficientes para asimilar la situación real de los concubinos -desde el punto de vista patrimonial- a una sociedad de hecho constituida sobre el modelo conyugal, el trabajo que un concubino presta al otro será en realidad prestado a la sociedad y se encontrarían en la misma situación de los cónyuges (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 6.2.2., pág. 700). - Y precisamente el Sr. Juez de la anterior instancia efectuó consideraciones a fs. 132 vta./133 en cuanto a una posible vinculación societaria al poner de relieve que la situación fáctica relatada por el actor y las tareas que describe en su confesional, si fueron prestadas, fue a una organización que no le resultaría ajena.-- Por ello, si bien el actor no demostró la relación laboral invocada, sí acreditó la realización de tareas en el comercio, lo que a su vez no descarta que los datos alegados puedan encuadrar en un posible vínculo de tipo societario así ponderado en el fallo de primera instancia, por lo que estimo que los datos fácticos invocados en el escrito de inicio no configuran un supuesto de conducta temeraria.- Tampoco el desistimiento de la acción y el derecho formulado, pues dicha actitud procesal adoptada en junio de 2005 (cargo de fs. 9) bien pudo deberse a la circunstancia apuntada por la demandada en cuanto a que reiniciaron la relación sentimental a fines de mayo de 2005 (ver p. III, fs. 18, y reiteración de fs. 40 vta.).

En tales condiciones, desde que el órgano jurisdiccional debe valorar la conducta de los litigantes, en el horizonte de la temeridad y malicia, con suma cautela, y que los preceptos que sancionan la inconducta están destinados a los casos de real gravedad (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. II-A, págs. 813 y 852, y cita de pronunciamientos), considero que no se configura el elemento subjetivo (conciencia de la propia sin razón) para encuadrar la conducta del actor como temeraria.----- Por tales razones, cabe acoger favorablemente esta porción de la queja y ello conduce a revocar parcialmente el fallo en crisis.----------- 5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para dejar sin efecto la multa de $1.300.- impuesta al actor.--- Desde que la revocatoria parcial no afecta la calidad de vencedor y vencido que presentan las partes en la anterior instancia, toda vez que el actor fue derrotado en su pretensión ante el rechazo de la demanda, no será necesario efectuar las adecuaciones previstas por el art. 279 del C.P.C.C.--------- El fracaso de los agravios vertidos en cuanto a la supuesta relación laboral se proyecta sustancialmente sobre la principal pretensión deducida en esta instancia, por lo que las costas de alzada se imponen al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).-- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propicia regular el vocal que me precede en la votación a favor del profesional de la parte actora en un 25% de la cantidad establecida para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.----------- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:---------- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I) Revocar parcialmente el fallo apelado en cuanto a la imposición al actor de la multa de $ 1.300 establecida en el pto. III del decisorio, confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios.- II.- Imponer las costas en la Alzada a la apelante vencida (conf. art. 59 de la ley 69 y 68 del rito).----- III.- Regular los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. J. G. V. , en un 25% de lo regulado en la anterior instancia, con adición del I.V.A. correspondiente. Así lo voto.------- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto.----------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -------- --- S E N T E N C I A: -------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---------- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado en cuanto a la imposición al actor de la multa de $ 1.300 establecida en el pto. III del decisorio, confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios.---------- IMPONER las costas en la Alzada a la apelante vencida (conf. art. 59 de la ley 69 y 68 del rito).----- REGULAR los honorarios profesionales del letrado actuante en esta sede, Dr. J. G. V. , en un 25% de lo regulado en la anterior instancia, con adición del I.V.A. correspondiente.------------ Regístrese, notifíquese y devuélvase.------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL N° 30 DE 2008 - SDL.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA