Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04


PARRA, Stella Maris contra MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA Reg.: A y S t 206 p 406-411.

En la ciudad de Santa Fe, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PARRA, Stella Maris contra MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 688 del año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintisiete del mes de abril del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Stella Maris Parra promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Reconquista a los efectos de que se dicte el acto administrativo que la ponga en posesión definitiva del cargo de Jefe de Departamento de Registro e Inspección (categoría 21), adjudicado por concurso y se paguen rubros no percibidos (diferencias salariales como consecuencia del cumplimiento de la función desde agosto de 1986), con intereses y costas.

Relata que se desempeñaba como agente de la Administración municipal desde su nombramiento (22.7.1985), hasta que en el mes de agosto de 1986 se la puso a cargo de la Jefatura de la Oficina.

Manifiesta que habiéndose llamado (decreto 195/91) y realizado el concurso interno para el cargo de Jefe de Departamento de Registro e Inspección (cat. 21), y luego de varios requerimientos, se le notificó que se le había adjudicado el concurso de referencia.

Entiende que dicha comunicación hace nacer un derecho subjetivo administrativo a su favor y convierte el presente recurso en la única vía jurídica de acceso a la jurisdicción.

Añade que su desempeño en el cargo sin cobrar por dicha función también hace nacer un derecho subjetivo, que se encuentra violado por la inacción de la Administración.

Refiere que no obstante sus reiterados reclamos solicitando la puesta en posesión definitiva del cargo y el pago de sus haberes, ello ha motivado una desjerarquización que atenta contra los derechos adquiridos y su carrera administrativa por el obrar ilegítimo del Municipio.

Pone énfasis en que tiene un derecho adquirido porque se ha comunicado la adjudicación del concurso por órgano competente, se encontraba a cargo de la Jefatura y cumplía funciones para el cargo que fue concursado y contaba con personal a cargo.

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Por Presidencia se declara la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 30). A fojas 45/46 y 50/51, comparece la actora, denunciando como hecho nuevo que, luego de que esta Corte Suprema de Justicia dictara resolución in re "Faccioli", en fecha 10.9.1997, anulando el acto administrativo de la Junta Examinadora y ordenando la recalificación de los postulantes, la Municipalidad formó la Junta Examinadora para cumplir dicho fallo, resultando nuevamente ganadora, sin que modifique su pretensión. Añade que por resolución 229/96 "se la puso en posesión del cargo como subrogante".

A foja 52 es citada y emplazada a estar a derecho la Municipalidad demandada; comparecida ésta (f. 59) y corrido traslado de la demanda no la contesta, dándosele por decaído el derecho a foja 69.

Abierta la causa a prueba (f. 69), producida la que consta en autos, informa la parte actora sobre su mérito (fs. 105/110 vto.). Dictada (f. 111) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. En primer lugar, corresponde analizar las consecuencias que se siguen de la conducta procesal adoptada por la demandada en autos, que habiendo comparecido a estar a derecho, no ha contestado la demanda ni informado sobre el mérito de la causa.

Si bien es cierto que este Cuerpo tiene dicho que en principio la incontestación de la demanda surte el efecto del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial (art.

23, ley 4106), también lo es que ha relativizado tal efecto sobre la base de los irrenunciables principios de orden público y de búsqueda de la verdad real que rigen en materia contencioso administrativa (criterio de A. y S. T. 137, pág. 395; entre otros).

La sola incontestación de la demanda sólo generaría la presunción de hallarse reconocidos por el demandado los hechos expuestos en ella, sin definir el derecho aplicable, cuya determinación corresponde al juzgador, lo cual no justifica el automático acogimiento de la pretensión. Así lo entendió en el caso la propia recurrente, quien ofreció prueba en sustento del derecho postulado (f. 74/vto.).

Por lo tanto, aunque la actitud procesal de la demandada importó el reconocimiento de los hechos invocados por la actora, debe analizarse conforme a derecho la pretensión esgrimida.

4. Para decidir la presente causa resulta pertinente detenerse en las constancias administrativas relacionadas con el procedimiento del concurso para el cargo de Jefe del Departamento Registro e Inspección de la Municipalidad de Reconquista, el cual la actora afirma que le fue adjudicado, por lo que correspondería su nombramiento.

En fecha 18.6.1991, por decreto 195 se llamó a concurso interno de antecedentes y oposición para cubrir una vacante existente en el Departamento de Registro e Inspección dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista (cargo correspondiente a una categoría 21, fs. 4/6).

El 8.7.1991, el Intendente municipal, por decreto 224, aprobó las funciones correspondientes al cargo concursado (f. 7).

En fecha 16.10.1991, la Junta Examinadora emitió su dictamen otorgando una calificación final: concursante Parra: 6,25 y concursante Faccioli: 6,17 (f. 70, carpeta denominada "llamado concurso Dpto. Registro e Inspección (Rentas) decreto N 195/91", documental reservada en Secretaría, 472-P).

Tras reiterados pedidos de la señora Parra solicitando se informara sobre el resultado del concurso (en fechas 30.9.1991, 8.10.1991 y 12.11.1991, fs. 13/15), el Director de Personal de la Municipalidad de Reconquista le informó que "Ud. se adjudicó el concurso de referencia para la Jefatura del Dpto. Registro e Inspección por una diferencia de 0,08 puntos y al ser impugnado... se deberá expedir la Junta de Reclamos" (f. 16).

Luego de instar repetidas veces ante la Municipalidad que se expidiera sobre el concurso y se dispusiera la norma correspondiente al cargo concursado (fs. 17/18), interpuso sendos pedidos de pronto despacho (el 6.5.1993 y 13.7.1994, fs. 21/22).

En fecha 16.5.1995, dedujo el presente recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (fs. 23/25 vto.).

El 10.9.1997, in re "Faccioli" (A. y S. T. 139, pág. 473), este Tribunal resolvió anular el acto de la Junta Examinadora.

En fecha 10.3.1998, por decreto 90, el Intendente municipal ordenó la constitución de una Junta Examinadora para que, en el mismo proceso concursal, procediera a emitir un nuevo dictamen incluyendo el puntaje otorgado al agente Faccioli (v. fs. 20/21, carpeta denominada "recalificación concurso Departamento Derecho de Registro e Inspección", documental reservada en Secretaría, 472-P).

La nueva Junta Examinadora, en fecha 19.3.1998, en cuanto a los antecedentes, otorgó un puntaje de 2,20 para el señor Faccioli y de 9,70 para la señora Parra, dictamen que fue impugnado por Faccioli (fs. 33/34 y 37/46, respectivamente, carpeta denominada "recalificación concurso Departamento Derecho de Registro e Inspección", documental reservada en Secretaría, 472-P).

Finalmente, la Junta de Reclamos, no habiendo consenso entre sus miembros, decidió elevar las actuaciones a la superioridad para que, por su intermedio, emitiera la resolución definitiva (fs. 81/88).

5. Sentado lo precedente, cabe señalar, que tiene singular trascendencia para la suerte del recurso, lo resuelto por este cuerpo in re "Faccioli" (citado), anulando el acto de la Junta Examinadora de la Municipalidad de Reconquista, en el cual la actora fundó primeramente su pretensión, y deja sin substancia las alegaciones vertidas en la demanda, atinentes a que tenía un derecho adquirido al habérsele "comunicado la adjudicación del concurso por órgano competente".

Sobre el punto, no es ocioso señalar que de la normativa aplicable al caso, surge que la mentada "adjudicación" refiere al orden de prioridad dado por la Junta y el puntaje obtenido, el cual debe ser notificado a los concursantes (art. 112, ley 9286). Luego de tal notificación, comienza a correr un plazo de 5 días hábiles administrativos para que los concursantes disconformes puedan recurrirlo. Vencido el mismo, el dictamen de la Junta Examinadora se dará por aceptado (art. 113, ley citada). En el caso, dicho extremo no se acreditó.

Ahora bien, en el marco del mismo procedimiento concursal abierto por decreto 195/91, el Intendente municipal ordenó constituir nueva Junta Examinadora para que procediera a emitir nuevo dictamen incluyendo un puntaje que se había omitido (decreto 90/98). Surge de las constancias de autos, que dicha Junta recalificó a los concursantes adjudicándole, nuevamente, el primer lugar a la señora Parra, lo cual fue impugnado por el señor Faccioli.

Luego de ser analizadas las actuaciones por la Junta de Reclamos, y al no haber los integrantes de ésta arribado a un acuerdo, elevan lo actuado a la Superioridad para que se emita la resolución definitiva, conforme los artículos 115 y 128 del Anexo II de la ley 9286 (ver fs. 81/87, carpeta denominada "recalificación concurso Departamento Derecho de Registro e Inspección", documental reservada en Secretaría, 472-P).

Como lo señala la recurrente, fundado en razones de economía procesal, este hecho nuevo no modifica su pretensión de que se dicte el acto administrativo que la ponga en posesión del cargo, ya que el segundo dictamen de la Junta Examinadora fue dictado en el mismo concurso analizado.

Mas, debo adelantar, el pedido en examen no puede prosperar.

No obstante las implicancias en el caso de la anulación del primer dictamen de la Junta Examinadora (de fecha 16.10.1991), la afirmación de la actora en el sentido de que ganó por segunda vez el concurso de antecedentes y oposición, no encuentra respaldo en las constancias de la causa.

En tal sentido, surge que el procedimiento concursal de marras aún no tuvo dictamen final de parte de la Administración.

Ello así, por cuanto el dictamen de la Junta Examinadora no puede considerarse firme en tanto la etapa correspondiente a la impugnación del examen de los antecedentes de los concursantes no finalizó.

Existiendo en el concurso para la designación o promoción de un agente varias etapas, de las cuales corresponde una al pronunciamiento de la Junta Examinadora y otra al trámite de designación (aprobación de la decisión del ente y nombramiento o promoción del funcionario), se desprende en el sub lite, que la autoridad que llamó a concurso (el Intendente municipal) no llegó a pronunciarse aprobando la decisión de la Junta, requisito éste indispensable para ingresar a la etapa de aprobación del dictamen y designación en cargo, una vez de que "haya quedado firme el fallo respectivo" (art. 114, ley citada).

En tales condiciones, conforme el planteo de la actora, y no siendo ésta la vía idónea para requerir de la Administración que se expida sobre el resultado del concurso y su eventual nombramiento, pierde asidero el fundamento sobre el cual basa su pretensión la actora, en tanto parte de entender que el cargo de Jefe de Departamento de Registro e Inspección fue "adjudicado" por concurso.

Lo antedicho es suficiente a efectos de concluir en la improcedencia del recurso en el aspecto analizado.

6. La actora pretende el pago de las diferencias salariales por el cumplimiento de la función en la Oficina de Registro e Inspección desde agosto de 1986.

Tal pretensión no tiene respaldo en la constancias de la causa, en tanto surge del legajo de la actora que recién hubo asignación formal de funciones en la oficina de Registro e Inspección como encargada por resolución 670, del 29.12.1995, asignándole la subrogancia de la categoría 21 como Jefe Departamento Derecho Registro e Inspección, dependiente de la Secretaría de Hacienda (resolución 229, del 8.4.1996).

La certificación a la que hace referencia es insuficiente para tener por acreditado el formal otorgamiento del cargo por el Intendente municipal, en cuanto aún en el caso de que hubiese efectivamente cumplidos tales funciones, tal supuesto no substituye la asignación formal de las mismas por funcionario competente (criterio de "Rizzo", A. y S.

T. 141, pág. 1).

Cabe añadir que, sin perjuicio de que el desempeño de las tareas no puede prescindir de los encasillamientos efectuados, los elementos obrantes en autos son claramente insuficientes a los fines de considerar que la señora Parra hubiera desplegado tareas que excedieran las propias del cargo en el que revistaba, ya que conforme lo ha señalado este Cuerpo, aun en el supuesto de que se dé "la circunstancia de que a un agente se le asignen mayores responsabilidades, no se sigue inexorablemente que ellas correspondan a un cargo superior, y que, por ende, pueda admitirse la posibilidad de reconocerle un mayor estipendio si, desde luego, se dieran las restantes condiciones para ello" ("Alarcón", A.

y S. T. 151, pág. 293).

Esta Corte, ya en reiteradas causas, ha dicho que "el deber de desenvolver la actividad necesaria para que el ente público pueda satisfacer sus fines no comprende una cantidad de trabajo específicamente fijado, o cierto tipo perfectamente determinado de él (A. y S., T. 109, pág. 198; T. 110, pág. 74; T. 121, pág. 441, etc.). Por el contrario, "la variedad de las tareas administrativas, continuas y cambiantes, explican esa característica imprecisión en cuanto a las actividades a desarrollar" (precedentes citados), por lo que una misma categoría puede comprender el desempeño de diversas funciones, y algunas de ellas incluso imponer mayores exigencias que otras.

Ello, sin embargo, no significa necesariamente que las funciones correspondan a una categoría superior, salvo, claro está, que excedan las razonablemente comprendidas dentro de los cometidos propios del cargo en el que revistaba la agente, lo que, se reitera, no se ha demostrado en el caso, dado que no obran en la causa elementos que permitan, al menos, intuir que las funciones desempeñadas correspondían a un cargo superior o que excedieran -conforme ya se expresara- las razonablemente comprendidas en el cargo de que era titular.

Ningún elemento obrante en la causa conduce a concluir que las tareas desarrolladas debían remunerarse con base en alguna categoría distinta de la asignada a la recurrente.

Lo antedicho obsta a la procedencia del reclamo en análisis.

7. En lo que refiere a la imposición de costas, cabe razonablemente entender que las vicisitudes acaecidas durante la tramitación de las actuaciones administrativas (ya señaladas) tuvieron entidad para crear en la actora la convicción de que existía motivo bastante para interponer el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, inciso "c" de la ley 4106, deberán distribuirse en el orden causado.

Por todo lo expuesto, voto a esta cuestión por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctor Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas por su orden.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito de los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)