Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24


REYES, José Antonio Reg.: A y S t 195 p 413-416. Santa Fe, 24 de marzo del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el pronunciamiento de fecha 7 de noviembre de 2001, dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "REYES, José Antonio -Quiebra- Incidente de Revisión promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I.) (Expte. 213/01)" (Expte. C.S.J. nro. 91, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Por pronunciamiento de fecha 7 de noviembre de 2001 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió rechazar el recurso de apelación en lo que refiere a la determinación de la tasa de interés fijada por la jueza de la quiebra para el crédito verificado por la entidad apelante.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la Administración Federal de Ingresos Públicos recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Afirmó que nos hallamos ante un acto jurisdiccional que prescinde del texto legal aplicable al caso (ley nro. 11683 y la normativa integradora de la misma -resoluciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación-), a la vez que trasluce el papel de legislador que se arrogó el juzgador, sin sentirse limitado por el ordenamiento jurídico, al confirmar la sentencia de baja instancia que, a su vez, confirmó la resolución dictada al amparo del artículo 36 de la ley nro. 24.522 que, oportunamente, estableció como tasa de interés aplicable a los créditos fiscales la correspondiente al 1% mensual.

A continuación enunció las causales de arbitrariedad que, a su criterio, se configurarían en el caso:

1) Sentencias que desconocen o se apartan de la norma aplicable. Al respecto sostuvo que la resolución recurrida no aplica la normativa federal que establece expresamente la tasa de interés que resulta aplicable respecto de las deudas para con el Fisco Nacional, so pretexto de que el juzgador puede morigerar una tasa de interés aún de tipo legal y de que se vulneraría la 'pars conditio creditorum'.

2) Sentencias dictadas por jueces que se arrogaron el papel de legisladores, no sintiéndose limitados por el orden jurídico. Dijo que incurre en esta causal la Cámara al confirmar el pronunciamiento del A quo en relación a la tasa de interés, porque se aparta de la normativa federal que establece una tasa de interés distinta.

3) Sentencias que dan como fundamento pautas de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables. Ello, por cuanto, a criterio de la recurrente, se sustituyen las normas federales inmediatamente aplicables a los intereses respecto de los créditos del Fisco Nacional, so pretexto de que son violatorias de la 'pars conditio creditorum' y por un criterio de justicia.

Por otra parte, aseguró que la cuestión constitucional planteada es trascendente, al afectar el interés de la comunidad toda vinculado al interés del erario público en el recupero de la mayor porción posible de sus créditos en el marco del proceso falencial; al del propio concursado, pues en caso de continuar cotizando como trabajador autónomo podrá obtener el beneficio jubilatorio; y al del propio Estado, en el sentido de que el derecho a la jurisdicción encuentre debida satisfacción y que no se viole el principio de división de poderes. Por ello, a su entender, el caso reviste gravedad institucional.

Luego de reiterar los agravios que le produce el decisorio cuestionado le imputó al juzgador crear derecho nuevo, invadiendo facultades exclusivas de otro poder del Estado, con violación del sistema de división de poderes.

2. Por decisorio de fecha 13 de marzo de 2002 la Sala resolvió denegar la concesión del remedio extraordinario interpuesto por entender que, más allá de la genérica imputación de arbitrariedad la impugnante no explicita las razones -por encima de la discrepancia que sostiene en orden a los fundamentos que, con sustento en normativa legal y doctrina judicial, el fallo aporta para desestimar la pretensión de reconocimiento de intereses privilegiados con relación a los reconocidos a otros acreedores del concurso- que permitan avizorar, aun a nivel teórico, que tal conclusión contraríe efectivamente una norma de rango constitucional.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la compareciente ante esta Corte (25/29 vto.).

3. El recurso intentado no ha de tener favorable acogida, ya que si bien la quejosa ha dado debido cumplimiento a los recaudos estrictamente formales, articulando asimismo en abstracto -conforme a su propio planteo- hipótesis encuadrables en tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, al ingresar mínimamente en el ámbito de lo sustancial se advierte que, a pesar de su esfuerzo, no logra demostrar que dichas hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti" A. y S. T. 35, pág. 410, por todos).

En efecto, la confrontación de la sentencia impuganda con el escrito recursivo autoriza a sostener que no se encuentra configurado en el caso el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, arrogándose el sentenciante el papel de legislador.

Ello así, desde que frente a la opinión del Tribunal, fundada en la ley y en los principios concursales, favorable al reconocimiento de la procedencia de la morigeración de intereses -no solamente los convencionalmente acordados, sino incluso los nacidos por determinación unilateral de una dependencia administrativa facultada por ley para hacerlo- cuando éstos aparezcan ostensiblemente apartados de la realidad económica(cfr. f. 2), la quejosa intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora (cfr. f. 6), mas sin alcanzar a acreditar con lo argumentado la arbitrariedad endilgada.

Es que, tal como señaló la Corte in re "Toniutti" (A. y S. Por ende, resulta claro que la tesis seguida por la Sala no implica que ésta haya soslayado la normativa aplicable en la especie, sino que simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no satisfacer a la impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional.

Igual suerte adversa ha de correr el vicio atribuido de arrogarse los sentenciantes el papel de legislador al confirmar la Cámara la sentencia del A quo que entiende que la tasa de interés que se debe aplicar para los créditos fiscales es del uno por ciento mensual, cuando la normativa federal establece una tasa de interés distinta. Ello así, desde que la quejosa no logra demostrar que la referida tasa haya sido establecida o aprobada con fundamento en la sola voluntad del juzgador, quien ha puesto de relieve la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o 'pars conditio creditorum', evitando el "...devengamiento de una tasa que genere irritantes privilegios para el estado en desmedro o detrimento de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor y de cobro efectivo de los créditos de los restantes acreedores verificados" ( cfr. f. 2).

Tal como se señaló in re "Toniutti", antes citado, queda en evidencia que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego; todo ello con fundamento en derecho, por lo que el agravio analizado resulta inadmisible en orden a lograr la apertura de esta instancia de excepción.

En cuanto al planteo vinculado a que la sentencia se funda en pautas de excesiva amplitud, corresponde señalar que la Sala se basó en principios de derecho concursal, remitió a argumentos volcados en antecedentes propios en los que intervino el mismo ente público y aceptó la operatividad de la normativa civil y comercial mediante la confirmación del criterio adoptado por el juez concursal, efectuando, además, citas jurisprudenciales. No está demás recordar que este Tribunal ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina (cfr. A. y S., T 100, pág. 2, T. 166, pág. 194, entre otros); y que la exigencia del artículo 95 de la Carta Magna local no impone al juzgador la formulación de desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, el fallo se sostenga a si mismo, como decisorio razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (cfr. A. y S. T. 65, pág. 424; T. 99, pág. 195; T. 102, pág. 236, por todos).

Por último, no mejora la situación de la recurrente la invocada gravedad institucional, desde que ésta no constituye una causal autónoma que habilite la apertura de la instancia excepcional, pues para esta Corte la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de lo En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)