marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, actos de servicio, atentado terrorista, AMIA
Materia: CIVIL
Carátula: BORDON  JORGE  EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL MINIST. JUSTICIA SEG.DERECHOS HUMANOS POLICIA FEDERAL. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22

La demanda debe recibir favorable acogimiento y que el Estado Nacional debe ser condenado a abonar una indemnización complementaria de $ 230.000 (doscientos treinta mil pesos) al señor Jorge Eduardo Bordón. El Estado Nacional reclamó la aplicación de la ley 25.725. Sin embargo, entiendo que su responsabilidad se genera por un evento que sucedió hace diecisiete años y el monto que propicio reconocer es necesario para la rehabilitación de la víctima y para una recuperación en su calidad y dignidad de vida. Por tanto, considero aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecida en las causas "Mesquida" (Fallos 329: 5382), "Petryszyn" (Fallos 331: 2745) y la causa M. 868 XLIII "Morrow de Albanesi Viviana María y otros c/Estado Nacional", originaria de este fuero, fallada el 17 de agosto de 2010, según la cual los supuestos análogos sustancialmente al sub judice deben ser excluidos del régimen de consolidación de la deuda pública previsto por la ley 25.344  y normas reglamentarias y complementarias.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, incidentes, arraigo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 86-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

El argumento de que debe desestimarse la caducidad de instancia, por encontrarse los autos a resolución respecto de la excepción de arraigo interpuesta por la demandada, queda destruido frente a la clara disposición del artículo 63 de la ley 4106, que la excluye "cuando los autos pendieren de resolución definitiva en cuanto a lo principal".
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfonso Graciela c/ Corte Ricardo y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios - y acumulados:"Romero c/Corte -Daños y  perjuicios-" y "Wenner c/Corte -Daños y perjuicios-"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Si bien los deterioros del vehículo pueden ser graves, es importante la indemnización acordada por los repuestos y arreglos. Al respecto, la falta de reparación impide la evaluación del eventual desmerecimiento de la cosa, ya que la relevancia de lo concedido para recomponerla hace suponer que el deterioro no implicará pérdida del valor venal.
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hugo del Valle Valdiviezo c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 79134/01 Laboral por Indemnización por enfermedad profesional.L.A. Nro.  46 F. 269/271, Nro.  105 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B - 79134/01 Laboral por Indemnización por enfermedad profesional.L.A. Nro.  46 F. 269/271, Nro.  105
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-03

El imperativo contenido en el artículo 4 puntos IV.- y V.- de la ley Nro. 5238, en tanto obliga a los jueces a no dar curso a las demandas que se deduzcan en contra de la Administración Pública Provincial, Centralizada, Descentralizada, o sus Entidades Autárquicas, sin previo reclamo administrativo dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, el que versará sobre los mismos hechos y derechos que fueran a invocarse en la eventual demanda judicial, no resulta aplicable al caso de autos ya que el Estado Provincial ha comparecido en la causa, contestado demanda y expresado su total negativa al reconocimiento del derecho que se pretende.
Recurso extraordinario, actualización monetaria, daños y perjuicios, daño moral, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Becerra, Cristóbal y otros c/ Monte, Delfor C. y otros s/ da!os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) deducido contra la sentencia que dispuso que el reajuste por depreciación monetaria de las sumas fijadas por da!o moral se haga efectivo a partir de la fecha del accidente.
Duración del proceso, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A.M. c/ N. E. V. s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-19

Sólo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria , y no en los casos de providencias de mero trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, cuestión constitucional, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: GRANOS DE SALTA S.A. c/ DINAR S.R.L. y/o DESIMONE, Andrés BRUNETTI, Francisco s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-11

Determina el rechazo del recurso de inconstitucionalidad la falta de introducción oportuna de la cuestión constitucional, la que debe ser planteada en la primera oportunidad procesal posible, en el caso, al expresar agravios ante el fallo adverso de primera instancia a fin de conferir a los jueces de la causa la oportunidad de pronunciarse sobre ella.
Extinción del contrato de trabajo, injuria laboral, indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: LEMA, SANDRA c/ PIERO DE NEIL, HERMINIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-15

Cuando en ocasión de la ruptura del contrato, el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual -es decir cuando le cause un daño que resultaría indemnizable aun en ausencia de una relación laboral- tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la tarifa. Semejante interpretación llevaría a una curiosa consecuencia: que el derecho del trabajo, concebido para proteger al trabajador como parte más débil del contrato de empleo, privaría a sus protegidos de ciertos derechos y garantías que le competen como simples ciudadanos y no ya como trabajadores.
Contratos civiles, locación de inmuebles, forma del contrato, contrato verbal, prueba del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACIS EMILIO c/ RAMON BASTIAS s/ Desalojo (LIBRO: S071 - 196)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-02

Si bien es cierto que el carácter consensual del contrato de locación permite la forma verbal de celebración del acuerdo, el acto apreciativo" de su existencia debe revestir el carácter de inequívoco y ante la duda, y relacionado con otra finalidad, debe llevar la certeza de las conclusiones en todo lo posible, debiendo la interpretación no ser amplia sino restrictiva.-
Contienda negativa de competencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: CASARETO, MARIA DE LOS ANGELES c/ ANDRIOLI, VIVIANA s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-02

Corresponde disponer que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, toda vez que la misma ha transitado por distintos estados procesales hasta llegar al pedido de citación de remate a la demandada, sin que el juez de Distrito interviniente haya declarado su incompetencia, teniendo la oportunidad para hacerlo; debiendo tener presente que si el actor al interponer la demanda lo hizo ante un Tribunal incompetente, la ejecutada debidamente citada y emplazada a estar a derecho ha sido declarada rebelde y el órgano jurisdiccional admitió la radicación de la causa y la condujo a un estado de avanzada tramitación, resulta plenamente operativa la norma del artículo 2 de la ley 10160 que le veda la posibilidad de declarar de oficio la incompetencia en ese estado. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 2. - Jurisprudencia Vinculada: Brousse, AyS T 176, p 308/310, sumario J0028192.
Revocación del sobreseimiento, procesamiento, prostitución, coautoría, concurso real, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: C., G. F. y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., G. F. y otros s/ procesamiento" (causa n° 13.983/2011) rta. 22/6/2018, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados contra el auto del juez de la instancia de origen que los procesó, a uno por administración encubierta de una casa de tolerancia y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en concurso real y a tres por ser autoras del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia y promoción y facilitación de la prostitución. Asimismo el fiscal recurrió el sobreseimiento dispuesto respecto de una quinta imputada, propietaria y locadora del inmueble donde se desarrollaba la actividad. Los vocales confirmaron los procesamientos de un imputado por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, de los otros imputados por resultar coautores de promoción y facilitación de la prostitución y revocaron el sobreseimiento procesando a la propietaria del inmueble por considerarla partícipe necesaria debido a que les alquilaba el bien a sabiendas de la actividad que allí se desarrollaba.
Principio de legalidad, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: VIOLLAZ, Miguel Alcides y otro c/  s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

El carácter de ley previa a los hechos en juzgamiento del instituto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad resulta indiscutible por imperio de la costumbre internacional, de modo que no se verifica afectación del principio de legalidad.
Femicidio, violencia de género, homicidio calificado, agravantes de la pena, homicidio con ensañamiento, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Casaballe Colacho, Eduardo Adrián  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

Debe justificarse adecuadamente por qué un homicidio se agrava cuando es cometido mediando violencia de género, convirtiéndose en su forma más extrema, sin que deba quedar subsumido en otras figuras también agravadas como el homicidio por ensañamiento o el homicidio por odio, pues el punto central que lo vincula directamente con la violencia de género y le otorga su carácter agravado, es que las víctimas pueden evitar la agresión del autor sometiéndose a su voluntad, cuya contracara es que son muertas por no haberse sometido, y es en este sometimiento y cosificación de la víctima donde reside la clave central para interpretar la violencia de género y el femicidio (Del voto del Juez Eugenio C. Sarrabayrouse).
Deberes del juez, apreciación de la prueba, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Renda, José Luis s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-02-02

La segunda parte del art. 188 del C.P.C. contiene sólo una autorización concedida a los jueces respecto al deber de expresar la valoración de las pruebas, facultándolo a que solo exprese las que fueron esenciales y decisivas. No lo autoriza a prescindir de la valoración, máxima si se trata de probanzas esenciales. Si solo valora unas pruebas y no otras que manifiesta y evidentemente revisten también el carácter de esenciales, está incurriendo en una violación de la aplicación de las reglas de la sana critica, y exponiendo su resolución a las consecuentes impugnaciones.

El juzgador debe construir sus decisorios conforme a los principios de la lógica formal, formulando el silogismo sentencial con arreglo a las reglas de la sana crítica, que conforme se desprende del art.

188 del C.P.C., constituyen derecho vigente o normas obligatorias para la apreciación de la prueba.
Desistimiento, deudas impositivas, facilidades de pago
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Vesuvio SACIFI (TF 27513-A) y otros c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-11

Corresponde tener a la coactora por desistida de la acción y del derecho con relación a los conceptos regularizados mediante plan de facilidades, en los términos de la ley 27.653, como así también con relación a los restantes rubros de la liquidación tributaria aduanera que habían sido previamente cancelados y se incluyeron en el formulario F. 408. Se ordena practicar nueva liquidación de los intereses resarcitorios devengados a partir del 1/8/19, toda vez que el cálculo realizado a través del aplicativo disponible en el sitio web de la AFIP no contempla la tasa de interés diferencial para obligaciones expresadas en dólares, dispuesta por la resolución MH 598/19. Atento a lo prescripto por los artículos 794 a 796 del Código Aduanero, no se advierten motivos que puedan justificar la eximición de los accesorios devengados entre la fecha en que quedó firme la sentencia de esta Cámara y la fecha en que el Tribunal Fiscal levantó la feria extraordinaria que pesaba sobre los expedientes en trámite en soporte papel.
Desistimiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Santa Fe, Provincia de s/ cobro de australes (cuota sindical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Corresponde imponer las costas a la actora si no se presentan los supuestos de excepción - cambios de legislación o jurisprudencia que autoricen a apartarse del principio según el cual "si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste..." (art. 73, 2 párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), ni existe acuerdo en contrario de las partes.
Aclaratoria (procesal), plazo perentorio, recursos, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J.O.; B., M.E. s/ Robo en Poblado y en Banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-20

La suspensión del plazo de los recursos prevista para el caso en que los intervinientes insten la aclaración de la resolución, no funciona si tal rectificación fue declarada inadmisible. La regla según la cual los términos son perentorios e improrrogables no pierde vigencia ante cualquier planteo de este tipo que las partes provoquen; ella sólo retrocede ante errores u omisiones materiales de las decisiones -siempre que no importen una modificación esencial- que obliguen a producir un acto jurisdiccional conexo al que se modifica. Lo contrario, interpretar que la mera instancia de aclaratoria, por exótica o ilegal que sea, puede elongar los términos de las impugnaciones, implicaría aceptar que las partes pueden derogar una cuestión de orden público, que involucra la existencia o inexistencia de la cosa juzgada.
Cesión del establecimiento, traspaso de deudas, conducta fraudulenta, carga de la prueba
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: ALANIS, Juan c/ FRENOS VARGA S.A. s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

Deben entenderse por "obligaciones existentes a la época de transmisión " las devengadas anterior o contemporáneamente a la transferencia, pero no aquellas que, aunque tengan su fundamento (principio de su existencia) en el contrato transferido, se devengaron con posterioridad, pues el único deudor de éstas será el adquirente. Salvo que se acreditara que el transmitente ha realizado maniobras fraudulentas (Confr. Esta Sala sent. 72023 del 19/7/96 "Segovia, Claudio C/ Padam Automotores SA y otro s/ despido").
Fundamentación de sentencias, ley penal, pena privativa de la libertad, contrabando, decomiso, aduanas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Schennovalt, Lorenzo Mario c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

En lo que respecta al decomiso del automóvil, del cual resulta titular registral Julia Itatí Velozo, en tanto que el tribunal ha dado acabado fundamento a su decisión, de conformidad con las exigencias emanadas de los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPPN. En primer lugar, corresponde recordar que el art. 23 del Código Penal dispone que "(e)n todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.". Asimismo, el art. 876 del Código Aduanero dispone: "1. en los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874, además de las penas privativas de la libertad se aplicarán las siguientes sancione s: (.) b) el comiso del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso determinaren que no podía conocer tal empleo ilícito" En el caso, la normativa de fondo legitima la imposición del decomiso como una consecuencia accesoria de la condena. Al momento de resolver, el a quo tuvo en consideración que este vehículo constituyó "el medio transportador de la mercadería secuestrada objeto de la clandestina introducción a territorio nacional; por lo que resulta de aplicación lo normado en los arts. 876.1.b. CA además del 231 CPPN, que establece que en los casos, en cuanto aquí interesa, del art. 874 CA, sin perjuicio de la pena privativa de la libertad, establecida, accesoriamente resulta aplicable entre otras el comiso de la mercadería objeto del clandestino ingreso y de su medio transportador". A su vez, sin perjuicio de reconocer que la titular registral del vehículo era Julia Itatí Velozo, no consideró aplicable al caso el supuesto previsto en el art. 876 I.B in fine del Código Aduanero en tanto entendió, de conformidad con lo alegado por el representante del Ministerio Público Fiscal, que "si el bien cuya restitución se ha requerido pertenece a persona ajena' al hecho; su carácter de 3ª deviene seriamente comprometido cuando examino que resulta la consorte de Schennovalt; y conforme los propios antecedentes aportados tanto en la incidencia donde refirió trabajar como ama de casa y percibir 1a asignación que no específica origen por $ 6.000, declaración jurada ante el Poder Judicial de la provincia de Misiones en San Vicente; si a ello agrego la categórica aseveración del encartado que resulta el único sostén de su familia; estimo que ante la ausencia de otros ingresos documentados en la encuesta o la incidencia, los fondos con los que se adquirió el medio transportador los aportó el acriminado."
Lealtad comercial, bien jurídico protegido, ley de procedimientos administrativos
Materia: PENAL
Carátula: SPRAYETTE S.A. s/ Lealtad Comercial, Causa: 36661.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-18

1 - No procede el planteo de nulidad del procedimiento por supuesta violación a la ley de procedimientos administrativos, ya que la misma no resulta aplicable pues el art. 27 de la ley de lealtad comercial establece que en los sumarios son de aplicación supletoria "la parte general del Código Penal y el Código de Procedimientos en Materia Penal". (Del voto del Dr. Hornos).- 2 - El bien jurídico tutelado por la ley 22802 es la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores, tutelando la libertad, la clara y debida información y la transparencia en tales actividades. La empresa recurrente inobservó lo dispuesto por el art. 9 de dicha ley, pues al realizar una publicidad televisiva del producto que comercializa no declaró que el mismo tiene dos presentaciones y con tal inexactitud indujo a error, engaño o confusión al consumidor. (Del voto del Dr. Hornos).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bandieri, Nora Lía c/ Centro Privado de Traumatología y Ortopedia de Alejandro Tomadín s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Si bien la atribución del necesario nexo causal o concausal como la evaluación de la prueba constituye cuestión de hecho reservada a los jueces de la instancia ordinaria, tal principio general debe ceder cuando dicha conclusión y el examen y ponderación del material probatorio se encuentra teñida de absurdidad.
Procedimiento laboral, intervención de terceros
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, RAMON ALBERTO c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. s/ ACC. LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Al existir una relación directa entre la enfermedad sufrida por el actor (hernia) y el ambiente de trabajo o modalidad de las tareas en el establecimiento del empleador, al que se considera responsable del daño por falta de observancia de las normas de seguridad e higiene, queda configurada una controversia común que justifica la solicitud de la demandada en los términos del art. 94 C.P.C.C.N.. (En el caso, se demandó a la A.R.T., quien a su vez solicitó la citación del empleador como tercero).
Intervención de terceros, declaración de rebeldía
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZULA, ALBERTO J c/ GONZALEZ, OSCAR s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-INTERVENCION DE TERCEROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La falta de presentación de tercero de juicio no torna procedente la declaración en rebeldía, ya que la citación sólo tiene por objeto poner en su conocimiento las cuestiones debatidas en la acción que pudieran afectarlo, frente a la eventualidad de una hipotética responsabilidad que le cupiera en el caso, no correspondiendo que se lo tome como un codemandado.
Robo con violencia en las personas, calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. R. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-15

Hernán Martín López, en disidencia parcial, indicó que la acción de arrebatar -definida como "Quitar con violencia o fuerza" por la Real Academia Española- un objeto de las manos de una persona, reúne los requisitos objetivos del tipo penal de robo al implicar cierto grado de violencia, por mínimo que sea. Agregó que la doctrina sostiene que "La violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento (vis absoluta); no importa la intensidad de la energía ni es necesario que medie contacto físico entre el agente y la víctima (el arrebato de la cartera de un tirón constituye robo)" (D'Alessio, Andrés José - Divito, Mauro A, "Código Penal de la Nación", Tomo II, Parte Especial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 592). Finalmente destacó que la figura de robo no distingue entre los distintos grados de violencia, situación que corresponde que sea tenida en cuenta al momento de imponer una eventual pena.
Ejercicio profesional, abogados
Materia: CIVIL
Carátula: "Pinheiro de Malerba L. Esther" c/ "Nostro, Alicia N. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

El abogado aunque no hubiese asumido el carácter de apoderado, puede desentenderse totalmente de la ulterior marcha del litigio, prescindiendo de tomar contacto directo con las actuaciones judiciales. La misión del abogado patrocinante no puede ser solamente la de preparar los escritos que deban llevar su firma, sino que el patrocinio implica asumir la plena dirección jurídica del proceso, el cabal cumplimiento de los deberes que ello comporta y el empleo de toda su diligencia para conducirlo de la mejor manera posible hasta su terminación, es decir, actividad y celo en el desarrollo de la causa.