Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-07


RESULTA:

Que viene los autos a conocimiento de este Juzgado en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por Alcides y Daniel Ambroggio. (fs. 25/27), contra la Resolución de fecha 13 de marzo de 1997 (fs. 22/22 vta.), dictada por el Sr. Jefe de la Agencia Sede de la Región Santa Fe, en la cual se dispone no hacer lugar al recurso interpuesto contra la resolución de fecha 11 de febrero de 1997 (fs. 10/12).- En dicha resolución se dispuso la clausura por cuatro (4) días del establecimiento comercial sito en Avenida General Paz Nº 5359 de esta ciudad, propiedad de los apelantes, por infracción al art. 2 de la R.G. 3419, conducta encuadrada en el inc. 1º. del. art. 44 de la ley Nº 11.683 conforme constatación de Acta labrada en fecha 24 de enero de 1997 en el local referido; y la aplicación de una multa de seiscientos pesos ($ 600).- Recibidos los autos (fs. 29), se concede el Recurso de Apelación interpuesto, fijándose audiencia para el día 24 de abril de 1997, citándose al abogado designado en el escrito de apelación a fin de aceptar el cargo que le fuera concedido; lo que hace a fs. 32.- En la fecha indicada comparecen ante el Tribunal, la Dra. Agüero por la apelante y la Dra. María Laura Gohringer por el Fisco Nacional, quienes hacen entrega de sendos memoriales escritos que son agregados a fs. 33 y fs. 37/43 respectivamente. Finalmente, a fs. 46 se dispone el llamamiento de Autos para resolver.- Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el Sr. Juez Administrativo ha dispuesto la clausura por cuatro (4) días del establecimiento comercial, propiedad de los apelantes, aunque difiriendo la efectivización de la medida, por infracción al art. 2 de la R.G. 3419, -inc. 1º del art. 44 de la ley Nº 11.683-; y la aplicación de una multa de seiscientos pesos ($ 600).- Segundo: Por su parte el apelante al interponer el Recurso y expresar agravios señala la inconstitucionalidad de la ley 24.765, al establecer un régimen sancionatorio ilegítimo que confiere a los funcionarios de la D.G.I. facultades que en un Estado de derecho no pueden ser ejercidos sino por Jueces Naturales, expresando que, en la ley se suprime la apelación dispuesta por la ley anterior que permitía ser de efecto suspensivo, para ser únicamente devolutivo.- Sostiene además la nulidad del acta de comprobación que diera lugar a la sanción impuesta, en virtud que los hechos contenidos en la misma, que llegan a conocimiento del oficial público por declaraciones de terceros no hacen plena fe y "pueden ser desvirtuados por cualquier medio de prueba"; indica también que es imprescindible, para que el acto administrativo no esté viciado de nulidad, que se detalle en el acta prueba de los hechos u omisiones imputados, ya que, la falta de pruebas fehacientes, atribuible a los inspectores actuantes, impide la acreditación de la imputación que se intenta hacer al contribuyente; por lo que señala la nulidad absoluta del acta y por consiguiente la nulidad de la resolución de clausura y multa.- Asimismo aduce que corresponde la nulidad de la resolución de fecha 11 de febrero de 1997 por basarse en hechos no probados; así, indica que en el Acta en cuestión falta identificación de la persona a quien presuntamente se vendió la mercadería, salvo la afirmación de que se realizó venta a "una Sra. de sexo femenino". Expresa al respecto que se quiso acompañar a los inspectores a buscar la señora en cuestión, a lo cual se negaron. De esta manera, remarca, se afectan garantías constitucionales del debido proceso, dejando al acta sin una prueba fehaciente.- Le agravia de la misma manera la resolución de fecha 13 de marzo de 1997 en virtud que de la misma se desprende que el acta de comprobación surge de la visualización de los inspectores y no de los dichos de la supuesta persona que no tenía comprobante; que la solicitud realizada por la apelante como prueba de que se cite la persona en cuestión para que ratifique o rectifique los dichos de Ambroggio es considerada inverosímil; haciendo finalmente reserva del caso federal.- Por su parte la Dra. Gohringer, en representación de la D.G.I., contesta agravios y expresa que, en relación al efecto suspensivo a que hace referencia la apelante manifestando que ha pasado a ser devolutivo conforme a la ley vigente, la reforma ha sido dispuesta por el Poder Ejecutivo en pleno ejercicio de sus facultades por lo que no corresponde al contribuyente cuestionar la aplicación de la misma; menos aún, sostiene, cuando para que exista agravio a derechos y garantías constitucionales, debe requerirse para el caso concreto una alineación real de los derechos del responsable no resultando suficiente la mera enunciación de los presuntos perjuicios.- La letrada precedentemente citada afirma que, en cuanto a la presunta inconstitucionalidad que la apelante plantea, es dable reafirmar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de que gozan los actos administrativos; y que en ningún momento del proceso administrativo que se siguiera contra los apelantes se ha violado el principio "Nom bis in idem".- Advierte igualmente que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, el acta en cuestión y las resoluciones de fecha 11 de febrero y 13 de marzo de 1997, son totalmente válidas, pues han sido emitidas de conformidad con lo ordenado por la normativa aplicable, respetando las formas esenciales y la finalidad que inspiró su dictado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se da al acta de comprobación labrada por los funcionarios intervinientes en el proceso de verificación y fiscalización, carácter de instrumento público; haciendo, en última instancia y coincidentemente con la apelante, la correspondiente reserva del caso federal.- Tercero: Que no cabe ahondar en detalles respecto al tratamiento de la totalidad de los agravios interpuestos por el recurrente en los escritos agregados en autos y la consecuente presentación por parte del representante del Organismo fiscalizador, debiéndome circunscribir solo a la situación que habrá de tener gravitación en la resolución de las presentes, cuál es la impugnación del acta labrada por los funcionarios de la Dirección General Impositiva, que diera inicio a estos actuados.

En primer lugar habrá que tenerse en cuenta que la Ley de Procedimientos Tributarios exige que los funcionarios fiscales dejen constancias de todos las circunstancias relativas a los hechos u omisiones que den lugar a la sanción de multa y/o clausura (Conf. Art. 41 Ley 11.683, T.O. 1998), por lo que la falta de constatación de las mismas le restaría valor probatorio al acta labrada y, consecuentemente, no se ajustaría a lo expresamente establecido en dicha norma (Melszenker, David s/ Inf. Ley 11.683, Cam. Nac. en lo Penal Econ., Sala A, 03/12/1998).- Que no siempre el Acta de los inspectores tiene entidad como plena prueba, ya que según la mencionada ley la presencia de los inspectores en la concreción de la transacción los ubica en el momento del hecho, de ahí que el acta labrada en tales circunstancias resulte en la correspondencia entre su contenido y lo percibido por ellos -esto en los términos del art. 933 del Código Civil-, y por lo tanto, como instrumento público, hace plena fe hasta tanto sea argüido de falsedad. En cambio, cuando se sitúa el requerimiento de exhibición de la factura a la salida del establecimiento, como en el caso de autos, el funcionario público sólo recoge los dichos de una de las partes, el consumidor; por lo tanto el acta pierde identidad como plena prueba y así sólo se configura como hipótesis del hecho, sobre el cuál debe formarse el convencimiento del Tribunal con el resto del material de conocimiento existente ( Conf. "Novagent S.A. s/ Inf. Ley 11.683", Causa 4.677, Juzg. en lo Contencioso Adm. a cargo del Dr. B. Vidal Durán, 30/05/97).

En este sentido es preciso señalar que mediante Acordada Nº 17/96 recaída en los autos caratulados "Molino Chabas S.A. c/D.G.I. s/ Apelación de Multa (Expte. Nº 59.414)", la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario manifiesta que son competentes para entender en las mismas los Jueces Federales con competencia en lo Penal, e indica que se les imprimirá el trámite correspondiente conforme las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación, en lo pertinente; ello en virtud que la Ley Nº 24.765, modificatoria de la Ley Nº 11.683, remite como aplicación subsidiaria -en cuanto no se oponga a sus disposiciones- al Código Procesal Penal de la Nación -Ley Nº 23.984-, por lo que, correspondiendo aplicar en lo pertinente nuestro Código de forma, habrá que ceñirse a lo establecido en los artículos 138 y 139 del mencionado digesto.- Que atento al razonamiento expresado, con la falta de identificación de la cliente que habría realizado la compra por la cual no se extendió la factura o comprobante correspondiente, el acta carece de los requisitos de indicación de la circunstancias relativas a los hechos u omisiones constatadas, y las pruebas recabadas, conforme se dispone por el primer artículo agregado a continuación del art. 44 de la ley 11.683 (Conf. Modificación introducida por el art. 3º de la ley 24.765).- Así también la situación en examen estaría apartándose de lo prescripto en los arts. 138 y 139 del C.P.P.N., toda vez que requieren, el primero de ellos "...dos testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal.", cuando actúen funcionarios públicos preventores; y el segundo especifica que "Las actas deberán contener: la fecha, el nombre y apellido de las personas que intervengan, el motivo que haya impedido en su caso la intervención de las personas obligadas a asistir...".- Por lo que corresponde revocar la sanción impuesta, por carecer de sustento los cargos por los cuales fue aplicada (Cam. Penal, Econ., Sala B, 15/10/97, "Novagent S.A. s/inf."; Cam. Penal Econ., Sala A, 27/02/97, "In Young Yoo s/ Inf. Ley 11.683"), en razón de que en el acta de infracción no se han detallados los datos de identidad personales de la cliente que adquirió mercadería en el comercio en cuestión, y al cuál no se le habría extendido la correspondiente factura.- Conforme lo precedentemente meritado, corresponde revocar las resoluciones recurrida, dejando sin efecto la sanción de multa y clausura impuestas oportunamente.- Por lo tanto, RESUELVO:

REVOCAR el auto recurrido obrante a fs. 22/22vta., y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO la sanción de multa y clausura impuestas al recurrente.- Insértese, hágase saber y cúmplase.