marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Ardiles, Aníbal Roberto c/ La Previsión Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Indemnización por despido y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15

La pérdida de jurisdicción -por no haberse actuado de conformidad con lo establecido por la ley de quiebras- configura, eventualmente, un supuesto error de juzgamiento originado en la hipotética transgresión de los arts. 21 y 132 de la ley 24.522 y, como tal, ajeno al recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (conf. arts. 168 y 171, Constitución de la Provincia; 296, C.P.C.C.).
Daños y perjuicios, daño moral, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAO,  ANIBAL  FELIPE c/ LA NACION SA, CLARIN, DIARIO POPULAR,CRONICA Y LA RAZON S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-20

En una acción por la cual un médico reclama de un diario la reparación del daño que sufrió como consecuencia de la publicación de cierta noticia que lo calumnio e injurio, procede otorgar resarcimiento en concepto de daño moral cuando, -como en el caso-, se publicaron artículos que imputan falsamente delitos de trascendente gravedad; toda vez que ello produjo una mortificación y un resultado disvalioso para el espiritu del pretensor y el de su familia.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MENDOZA, ISIDRO c/ J.A.  DIHARCE Y COMPAÑIA  S.A.C.I. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

El conocimiento de una patología e inclusive el tratamiento de ésta, no significa la existencia de una incapacidad permanente, y por lo tanto no es válida para comenzar a computar el plazo de prescripción.
Movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RIOS, EDITH RENEE c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-14

Habida cuenta del efecto estabilizador de la ley 23.928, resulta oportuno para resolver los casos pendientes, y hasta tanto cobre operatividad el sistema previsto en la ley 24.241, volver al método ordenado por los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, que durante anteriores períodos de estabilidad monetaria no mereciera reparos, que se compadece adecuadamente con el imperativo constitucional consagrado en el art. 14 bis de movilidad de las prestaciones, y que no se ve afectado por lo establecido en los arts. 7 y 10 de la citada ley 23.928, destacándose sobre este último aspecto que también el nuevo Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece la movilidad de los beneficios (cfr. arts. 32 y 160 ley 24.241).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, carácter excepcional, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Felipe Vázquez c/ Agustín Nilo Garzón y Agua de los Andes S.A s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-29251/98 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 45 F 779/781 N 346 Andes S.A s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. B-29251/98 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 45 F 779/781 N 346
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-09-11

"La valoración que los magistrados inferiores efectúan de las probanzas producidas ante sus estrados, resulta -en principio- materia irrevisable por vía del recurso de inconstitucionalidad, si no se demuestra, con el rigor necesario, que el sentenciante ha incurrido en un equívoco interpretativo de tal magnitud que sea susceptible de ser tachado de absurdo, habilitando, de tal suerte la crítica de arbitrariedad", "en tanto y en cuanto los jueces son soberanos para meritar la prueba rendida por ante ellos". Si ello es así, entiendo que el recurso tentado no puede prosperar, en tanto y en cuanto, no advierto arbitrariedad en la determinación de los porcentajes de responsabilidad atribuidos a los protagonistas del hecho ilícito por el Tribunal a-quo. En efecto, el juez de los hechos, hace consideraciones relacionadas con la prueba producida en la causa, y fundamenta sus conclusiones en la teoría del riesgo creado, receptada por nuestro derecho positivo (art. 1113) y conforme la cual, sostiene "la ley apremia con mayor rigor el accionar del conductor de la cosa riesgosa de mayor porte y mayor poder ofensivo", fundamentos sólidos que despejan de arbitrariedad la resolución dictada." (Del voto en disidencia de la Dra. Caballero de Aguiar).
Accidente de tránsito, muerte, indemnización por accidente de tránsito, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Muñoz, Alfredo Víctor c/ Saez, Julio Argentino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-15

"La supresión de una vida aparte del desgarramiento en el mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de que el hecho trascendental y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino la incidencia que sobre otros patrimonios produce la brusca interrupción de una actividad creadora productora de bienes".
Remuneración, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Furlán José Tito c/ Maldonado Tristán Alberto s/ Cobro ejecutivo ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-15

El decreto 6754/43 ratificado por la ley 13.894 al disponer la no afectación de los haberes de los agentes públicos por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías, está dirigido a proteger los intereses superiores de la propia Administración pública y no viola la garantía de la igualdad ante la ley consagrada en el art. 16 de la C.N. que no se vulnera aunque se niegue a unos lo que se concede a otros, siempre que existan circunstancias distintas que justifiquen la diferencia de trato.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia federal, competencia por la persona, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ  ALICIA  BEATRIZ  y  otro c/ YPF SA y otros s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado la doctrina por la cual la circunstancia de que YPF SA sea parte en un juicio, no surte la competencia federal en razón de la persona (conf. CSJN, "Martina, Julio César c/YPF SA", del 12-3-96; "Tarifa, Carlos c/YPF SA", del 21-10-97; esta Sala, causa 3591/00, "YPF SA c/Tresde SRL", del 27-9-00; v., asimismo, Palacio de Caeiro, S.B., "Actualidad en la jurisprudencia de la CSJN. Competencia originaria y competencia federal", L.L., 1998-C, 1364/1374). Ello es así, pues dado que la tenencia de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por el Estado Nacional no tiene carácter estatutario, sino meramente accidental (v. arts. 1 y 10 del Decreto N° 2778/90, ADLA LI-A-317), y que el Estado ya no tiene la mayoría de las acciones, supuesto al cual el decreto referido condicionaba su carácter de persona estatal, las causas en que es parte la mencionada empresa no son de la competencia de la justicia federal (conf. CSJN, in re: "YPF SA c/Municipalidad de La Matanza", del 12-3-96, L.L., 1996-D, ps. 253/256).
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, cuestión de derecho común, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA s/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES HOSPITAL ZONAL SAN CARLOS DE BARILOCHE - AUDITORIA INTEGRAL RESOLUCION N* 518/94 EXPTE. N* 104/94 FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-17

En cuanto al agravio referido a la errónea valoración realizada del art. 1112 del Código Civil, por parte del sentenciante, surgiría la conculcación del derecho de propiedad, garantía establecida en los arts. 29 de la Constitución Provincial y 17 de la Constitución Nacional, debemos destacar que la misma hace fundamentalmente a la aplicación del derecho común, y es, extraña a la jurisdicción de la Corte Suprema Nacional.

Es decir, dicha normativa, regula el derecho común y en tanto no se demuestre que está en pugna con la Constitución Nacional, no puede ser causal de este remedio excepcionalísimo.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: PASCAL, GLADYS BEATRIZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-02

Cuando el accidente se produce en una intersección cuyo paso es regulado por señales lumínicas en funcionamiento, la determinación de quien es culpable sólo puede lograrse estableciendo a cuál de los conductores dichas señales autorizaban el cruce. Es que configura una gravísima violación a los deberes de prudencia conductiva previstos reglamentariamente, el cruce de una bocacalle con el semáforo en luz roja, fenómeno que torna irrelevantes las presunciones legales y jurisprudenciales derivadas de la prioridad de paso por la derecha y el rol del embistente respecto del embestido.
Compraventa de automotores, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE IZURCO, CLAUDIO E. c/ BOUZAS, HORACIO Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

El adquirente de un automotor, ante la falta de colaboración de los vendedores, no incurre en mora al no pagar a su vencimiento los documentos correspondientes al saldo de precio de la compraventa, mientras que los emplazados incurrieron en mora al serles intimada la recepción del pago, por ende, los morosos no pueden a su vez hacer incurrir en mora al contrario, por estricta aplicación de lo establecido por los arts. 510 y 1201 del C.Civil, por lo que la resolución del contrato se produjo por culpa de los vendedores, que no colaboraron en la recepción del pago por parte del comprador y que fueron constituidos en mora por este último.
Recurso extraordinario de nulidad, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Falcon, Carlos Martín s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que el señor Fiscal de Cámaras denuncia violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial si la cuestión sometida fue considerada y resuelta por la Cámara y fundada su decisión en el art. 62 inc. 2º del Código Penal, siendo ajena al recurso la cuestión relativa al desacuerdo del recurrente con la interpretación del art. 67 del Código Penal realizado por la Cámara.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, cargos gremiales, colaborador gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Torales,  Toribio  Orlando c/ Unión Obrera de la Construcción de la R.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

El colaborador gremial que actúa siempre en defensa de los intereses de un sector, no puede ser considerado trabajador dependiente de la organización gremial. Aunque haya cumplido sus funciones en forma similar a las que realiza un trabajador (percibir una suma de dinero, cumplir un horario, etc.), las figuras difieren entre sí, constituyendo dicha relación no un contrato de trabajo sino de naturaleza institucional para cumplir su función representativa adecuadamente.
Querellante conjunto, apartamiento del querellante, validez de los actos procesales, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RICHARDS, Juan M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

La separación del querellante conjunto no trae aparejada como consecuencia la nulidad de su actuación, en tanto, así como las impugnaciones del Ministerio Público Fiscal se adquieren al proceso y aprovechan a los querellantes, correlativamente, la intervención de los querellantes también se adquiere para su actuación entre sí, y del citado ministerio. La tesis contraria confronta gravemente los principios de progresividad y preclusión.

"Se advierte que el agravio de la defensa se centra en la validez de los distintos actos procesales realizados por la querella, durante el período en que fue irregularmente admitida en tal calidad... Así se ha interpretado que, con relación a la querella la separación, pues, y por virtud del carácter público de la acción emergente del delito, operará hacia futuro aun cuando los procedimientos ulteriores devengan producto de su especial actuación, como es el caso de haber él impulsado el trámite de consulta que regula el art. 348, párrafo último, del Código Procesal.." .

"Si bien es cierto que los empleados de "Casa Minujin" fueron separados de su rol de querellantes, todos los actos llevados a cabo mientras reunían esa calidad, conservan plena validez."
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, Ministerio de Educación, resolución administrativa, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Almirón, Gregoria. c/ Ministerio de Educación de la Nación. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Procede formalmente el recurso extraordinario en lo que hace a la declaración de irrazonabilidad de la resolución 957/81 toda vez que se desconoció la validez de una norma emanada de una autoridad nacional -Ministro /// de Educación de la Nación- en la que funda su postura la accionada (inc. 1, art. 14, ley 48).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, jueces, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, declaraciones ante la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 413  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

No cabe hacer lugar a los agravios del recurrente dirigidos contra la decisión de la Cámara que desestimó las pretensiones de separación del Juez Instructor por la causal prejuzgamiento (art. 50 inc. 4 C.P.P.) y que fundamentó en las declaraciones efectuadas por el magistrado a distintos medios de comunicación ( la primera al explayarse sobre el valor jurídico y probatorio de los diversos informes médicos que se estaban produciendo en la causa, y la segunda opinando sobre el protagonismo que habrían tenido los esposos imputados en el desencadenamiento de los hechos), desde que sus planteos no configuran una cuestión constitucional idónea para operar la apertura de la instancia de excepción, ya que no logran demostrar que el A quo haya incurrido en algún supuesto de arbitrariedad en la tarea de evaluar la trascendencia que cabía asignarle a las expresiones vertidas por el Juez Instructor con posterioridad al auto de procesamiento a fin de juzgar si ellas constituían una declaración de ciencia. Aquí, lo importante para desterrar la afectación de garantías constitucionales es que las proposiciones formuladas por el Juzgador Inferior no constituyeron un plus de aquellas motivaciones que fueron brindadas por los carriles legales correspondientes. Pero además, no puede dejar de valorarse que esas expresiones han sido receptadas por un medio de comunicación masiva que interpreta y enfoca periodísticamente las explicaciones brindadas por aquél, cuestiones estas últimas que le son absolutamente ajenas al Magistrado.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Giorgi, Carlos Camilo s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-17

Para que la pluspetición produzca consecuencias desfavorables respecto del vencido, la otra parte debe haber admitido el monto hasta el límite establecido por la sentencia ( art. 72 Cód. Proc. ).
Demanda, rechazo in límine, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ ORTIGOZA ANA MARIA OLIVERA DE s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

La ley procesal contempla el rechazo in limine de las demandas que no se ajustan a las reglas formales que el propio ordenamiento adjetivo prescribe (art. 337 del Código Procesal). Por esta vía, el juez debe analizar por si, no sólo el contenido meramente extrínseco del acto constitutivo que pone en marcha la jurisdicción, sino -más aún-llevar a cabo un contralor de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir, de los requisitos de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad extrínseca). En cambio, las condiciones de fundamentación o procedencia (atendibilidad) de la pretensión son revisadas por el magistrado, como regla, en la sentencia de mérito.

Ya no se trata del examen de los requisitos de procedibilidad formal, sino de la decisión final que recae sobre la atendibilidad sustancial de la pretensión accionada, que determina si en el caso concurren las condiciones de su admisión (cfr. Augusto M. Morello y Roberto O. Berizonce, "Improponibilidad Objetiva de la Demanda", JA, 1981-III, p. 789).
Subasta, comisión del martillero, comisión del corredor
Materia: PROCESAL
Carátula: MARANESI, Ricardo A. c/ SANMARCO, Nelson A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-07

Las diferencias que existen entre las profesiones de corredor inmobiliario y de martillero público no autorizan a que la comisión de este último sea retribuida con el doble que la reconocida para el agente inmobiliario, las que pueden ser equiparadas, manteniéndose la adecuada proporcionalidad que debe existir entre los honorarios de los diferentes profesionales intervinientes en el proceso, conforme la limitación impuesta por el art. 505 del Código Civil -t.o. ley 24432- (en el caso, la comisión del martillero se estableció en el 1,5 por ciento del valor del precio obtenido en la subasta)
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Di Giorgio, Osvaldo y Otro c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-09

En resguardo de los principios de igualdad y defensa en juicio, es procedente la eximición de prestar contracautela aún cuando el Beneficio se encuentre en trámite, atento que la obtención de medidas cautelares no puede quedar circunscripta a quienes poseen medios económicos.
Acción meramente declarativa, habilitación de instancia, Ministerio Público Fiscal, vista al fiscal, falta de vista previa, oportunidad procesal, revocación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aiello, Juan Ricardo c/ G.C.B.A. s/ Acción Meramente declarativa declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-07

El Ministerio Público Fiscal debe dictaminar sobre la habilitación de la instancia en forma previa a la decisión judicial sobre la cuestión; a cuyo fin ha de conferirse la vista correspondiente. Por lo tanto, la resolución apelada -que declaró habilitada la instancia con citación fiscal, en lugar de hacerlo luego de conferirse la vista pertinente- omitió el cumplimiento de un acto procesal establecido como recaudo previo y, en tal medida, no se ajusta a derecho.

En consecuencia, dado el apartamiento del procedimiento previsto por el legislador, corresponde hacer lugar a los agravios vertidos por la señora Fiscal de Cámara y revocar la decisión recurrida. Asimismo, toda vez que el señor juez de grado ha emitido opinión sobre la habilitación de la instancia, corresponde que las actuaciones sean remitidas a la Secretaría General a los fines de la asignación -mediante el pertinente sorteo- del juzgado que continuará conociendo en autos. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).
Delito penal, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: C., C. R. s/ Robo simple, encubrimiento y defraudación especial por estelionato en  concurso real (Expte Nº  128-93, Resolucion Nº  70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

El arma descargada o simulada si bien es un factor suficiente para bloquear la resistencia eventual de la víctima y un medio idóneo para la consumación del desapoderamiento, opera como medio de intimidación y no como medio de violencia (habría apremio psíquico, bajo la apariencia de físico; no habría violencia tácita, sino imaginada), y si aquella no es una forma comisiva en la figura simple difícil es aceptar lo sea en la figura agravada. Para la configuración del robo con armas, es menester que el elemento empleado signifique una verdadera violencia sobre la víctima, por aumento efectivo del riesgo personal, no bastando con la sola creación o incremento de la intimidación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obras sociales, competencia, competencia federal, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Estaciones de Servicios OG, P y LA c/ Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98)  -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ­Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ­Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-04

La cuestión interpretativa suscitada por la aparente contradicción entre las normas de los artículos 24 de la ley 23660 y artículo 38 de la ley 23661 debe ser afrontada a partir del criterio reiterado de nuestra Corte Suprema que, en tales casos, manda buscar la armonización que preserve la vigencia y sentido de ambas, no la prevalencia excluyente y derogativa de una sobre la otra. Si esto es así en general, cuanto más lo es en la especial circunstancia de tratarse de dos preceptos sancionados y promulgados en idéntica fecha (no habiendo, por ende, ley posterior), lo que conduce a presuponer que el legislador ha entendido plasmar un producto coherente. (Del Voto del Dr. Machado). En el caso, la cuestión a resolver es si la justicia provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661. Y, en su caso, bajo cuáles circunstancias.