Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-05-04


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, Presidido por Alejandro Javier Panizzi; integrado con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Salvador Luis Royer, para dictar sentencia en la causa caratulada "Pcia. Del Chubut c/ A., L.- A., J. A. s/ Homicidio Calificado s/ consulta" (Expediente 22.405-57-P).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 251: Rebagliati Russell, Pfleger, Panizzi, Royer, Caneo y Passuti.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. La Cámara en lo Penal de la ciudad de Esquel, en virtud del monto de la pena impuesta, elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia en los términos del artículo 179, punto 2. de la Constitución de la Provincia del Chubut y su correlato, el artículo 377 del Código Procesal Penal.

Cabe aclarar, antes de continuar, que la tarea desarrollada por los jueces de mérito ha sido debidamente revisada por el a-quo.

El Tribunal Revisor respondió concretamente a los agravios referidos en el recurso ordinario, los que tienen que ver con la culpabilidad y pena impuesta.

II) El hecho objeto de acusación se describió en la sentencia de la siguiente manera: ´. el ocurrido en la ciudad de Trevelin, el día 28/06/2009, en horario de la noche, con anterioridad a las 22.30 horas, en el domicilio de la calle R. C. Número **** entre D.C. y R. G., vivienda precaria en la que se hallaban su morador Sr. J. M. V. de 64 años de edad, acompañado circunstancialmente por V. H. (66 años) y E. A. (69 años). En dicho lugar y circunstancias y mientras J. M. V. se hallaba sentado cercano al fogón y sus dos acompañantes acostados durmiendo en un colchón tirado en el piso en el mismo ambiente, irrumpen violentamente sin previo aviso y/o autorización, desplazando mediante golpes y patadas la chapa que oficiaba de improvisada puerta, e ingresan a la morada, L. A. ("P." de 41 años de edad), su hijo J. A. A. ("P." de 16 años de edad), E. A. P. (15 años de edad), R. D. C. (15 años de edad) y K. E. P. (16 años de edad, pareja y/o concubina de J. A. A.); todos obrando en forma previamente coordinada, conociendo los motivos de tal accionar y motivados en una acción anterior que había protagonizado la víctima en contra de un familiar (hermano o medio hermano de L. A.). Inmediatamente L. A. y J. A. A. con clara finalidad de producir su muerte (o al menos habiéndose representado tal resultado y querido como tal) agraden físicamente a J. M. V., golpeándolo con golpes de puño logrando que este caiga al piso, no obstante la víctima trató de escapar hacia una de las habitaciones, pero fue arrastrado desde ese lugar nuevamente por sus agresores hasta el recinto anterior, lugar donde es tirado al piso y ultimado mediante patadas dadas por el grupo, habiendo participado activamente en tal accionar al menos los dos nombrados y R. D. C., mientras que el resto del grupo prestaba colaboración con su presencia en el lugar, asegurando el éxito de la empresa y generando mayor imposibilidad de defensa por parte de la víctima y sus acompañantes. Que en virtud de la feroz golpiza a la que fue sometido, le provocaron lesiones de gravedad en su rostro y cabeza que le ocasionaron la muerte casi de inmediato. Una vez logrado el objetivo previamente establecido por el grupo, y aprovechando la situación de desvalimiento por ellos mismos provocada y continuando el obrar en conjunto, se apoderaron ilegítimamente de una olla de aluminio vieja, ahumada, conteniendo en su interior alimentos en preparación y comestibles existentes en dicha vivienda, entre ellos un paquete de polenta y uno de arroz, para luego alejarse todos juntos del lugar y dirigirse hacia la vivienda en la que habitan L. A., su hijo y la pareja de éste, sito en calle A. s/n de Trelvelin.´ III) Ingresaré directamente a analizar los distintos aspectos desarrollados en la sentencia, relacionadas con la materialidad, la autoría, culpabilidad, calificación legal y pena aplicada.

IV) En cuanto a la existencia del hecho, ha sido debidamente acreditado. Sin perjuicio que no ha sido materia de discusión, es preciso señalar que el plexo probatorio desplegado en el debate ha sido lo suficientemente contundente para determinar que L. y J. A. son coautores penalmente responsables del homicidio investigado.

A tal fin se tuvo en cuenta el siguiente material probatorio:

Declaración del gendarme J. M. B., a quien V. H. y E. A. informaran sobre el hecho ocurrido.

Dichos del Sub-Comisario P. y de los empleados policiales M. J. O. y S. A. R., quienes al recibir el pedido de Gendarmería, se constituyeron en el domicilio de la víctima y la hallaron tirada de espalda al piso con todo el rostro ensangrentado, aparentemente sin vida.

Declaración de la doctora A., quien confirmó que el sujeto hallado en la vivienda se encontraba sin vida, certificando la muerte de J. M., presentando al momento de examen politraumatismo de cráneo, fractura de puente nasal y macizo facial derecha.

Testimonio del Oficial O. A. M., quien cumple funciones en la División Criminalística y tomo intervención en la investigación.

Dichos del doctor W. A., quien actuara como médico foresnse y practicó la autopsia a la víctima.

El mismo concluyó en su informe que el cadáver registraba signos de violencia, describiendo las lesiones halladas en cabeza y cuello y en tórax y espalda. Hizo mención a la cantidad de golpes que recibió M., y que de acuerdo al cuadro lesional que describió, habían sido muchos. Indicó que las lesiones fueron realizadas con elementos romo, contundente, que pueden haber sido desde puños, puntapiés, algún palo, fierro u otra herramienta.

V) La autoría también ha sido debidamente fundada.

Desde el inicio de la investigación se sindicó a la persona responsable del hecho y sus partícipes.

Así los testigos presenciales directamente endilgaron la golpiza a "P." A. y a otros sujetos que lo acompañaban.

Tuvieron en cuenta para fundar este aspecto la siguiente prueba:

- Dichos de A., vecino del lugar que vio a "P." A. con cuatro o cinco personas, que se retiraban del domicilio de M., llevando una olla negra.

- Testimonios de A. y H., quienes describieron cómo sucedió el evento por encontrarse en el domicilio de la víctima en ese momento.

Los jueces han explicado en la sentencia la manera en la que han valorado estas declaraciones, respondiendo las críticas esbozadas por la defensa.

A raíz de la investigación desplegada se dispuso una comisión policial hasta el domicilio de "P." A. con la finalidad de dar con su paradero.

Fue así que confirman que tanto A., como el grupo que lo acompañara, se encontraban en el lugar. Poco tiempo después deciden entregarse y son trasladados inmediatamente a la comisaría.

Luego, por orden judicial, se requisó a los imputados, procediéndose al secuestro de las prendas que tenían manchas hemáticas.

Efectuada la pericia pertinente respecto de la vestimenta, se determinó que las muestras obtenidas eran compatibles con el perfil genético de la víctima.

Así, y a partir de esta prueba científica, concluyeron los jueces que A. hijo y padre y C. estuvieron en la escena del hecho.

También indicaron que había elementos probatorios suficientes como para acreditar la presencia de los restantes imputados en el lugar del hecho.

Sin embargo, la sentencia de mérito, luego de analizar todo el material probatorio aportado, concluyó que los únicos autores materiales de las lesiones que le provocaron la muerte a M. V. eran L. A. y J. A.

VI) La calificación legal escogida es correcta.

En primer lugar evaluaron que no se pudo acreditar la participación de los menores P. y C., motivo por el cual desvincularon a K. E. P., quien había adquirido la calidad de imputada en la causa por la edad que tenía.

Luego de ello analizaron que, consecuentemente, tampoco se había probado el concurso premeditado de más de dos personas, por lo que descartaron la agravante indicada por el Ministerio Público Fiscal.

Respecto a J. y L. A. sostuvieron que los mismos eran coautores del homicidio, ya que ambos habían ejercido acciones físicas contra la víctima y utilizaron medios idóneos sobre partes vulnerables del cuerpo, provocando el resultado.

En relación a la sustracción de víveres, también considero adecuado el encuadramiento y autoría endilgada.

Entendieron que la única persona responsable de este hecho era L. A., morigerando la calificación a la de hurto calamitoso.

VII) Se refirieron también al aspecto de la culpabilidad de L. A., descartando la existencia de una causa de inimputabilidad que le haya impedido comprender y dirigir sus acciones. Para ello evaluaron las declaraciones del personal policial interviniente como así también las pericas practicadas sobre el imputado. VIII) Por último, realizado el juicio de cesura pertinente se resolvió condenar a L. A. a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, y respecto de J. A. A., someterlo a tratamiento tutelar por el término de un año.

Así analizaron como agravantes el horario nocturno, la brutalidad con la que se cometió el homicidio, considerando que prácticamente habría actuado con alevosía, y el estado de indefensión de la víctima.

Entendieron que el mayor reproche reside en la decisión de involucrar a su hijo en el homicidio, como así también la de llevar a otros cuatro menores más.

De esta manera, y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

En relación a las medidas socio educativas impuestas al menor, entiendo que la decisión ha sido debidamente fundada, y es ajustada a derecho.

IX) Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs.98/141 vta. y 149/66 vta., es una decisión motivada, correctamente razonada, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de L. A. y J. A. A., debiéndose confirmar la misma en todos sus términos.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. El Juez que me precede en el orden de votación, ha realizado una adecuada reseña de los antecedentes del caso en examen, razón por la cual no abundaré al respecto.

II. Algunas reflexiones pertinentes. La dimensión del análisis por efectos de la Consulta.

Estimo del caso, pues siempre he creído que de este modo se construye y acepta la doctrina legal, verter conceptos generales que se proyectan sobre el modo de abordar la labor de inspección, condicionada por la aplicación del instituto de la Consulta.

Es relevante dar precisiones sobre aquél y su aplicación en el caso que, por imperativo constitucional y legal, esta Sala está obligada a tratar.

Nuevamente aprovecharé la ocasión para intentar una definición acerca de esta figura, pues saber de qué se trata llevará a dimensionar la geografía del análisis.

En un trabajo presentado antaño ante el pleno, y luego de rendir honores al meduloso estudio del instituto realizado por José Alberto Ferreyra, Secretario de este Tribunal, señalé el acierto de un concepto que este autor había dado sobre el tema. En efecto, dijo el doctor Ferreyra a la sazón que: "...tradicionalmente, dadas dos o más escalas funcionalmente jerárquicas, de consuno excitadas a pedido de parte, el legislador predispone a las superiores para que, en ejercicio de amplias potestades revisoras, prescinda del requisito voluntario (instancia) y, en una competencia "sui generis" estatuida en beneficio de la persona, no de la ley, apruebe, elimine o rectifique la expresión jurisdiccional del inferior...". He aquí el quid de la Consulta.

También expuse que esa definición marcaba el tono de cualquier consideración que pudiera hacerse al respecto.

Sostuve que, a mi parecer, el legislador originario tuvo en miras evitar o disminuir, desde un orden político que en lo jurisdiccional poseía un talante vertical, las consecuencias de una resolución injusta que trajera aparejada penas de igual condición inicua y de consecuencias irreparables.

También señalé que, de todas formas, la consulta había sobrevivido a las mutaciones de orden ideológico que experimentaron los procedimientos y sigue en pie sin discusión, irguiéndose como una efectiva garantía adicional en el proceso criminal, a pesar de que sus orígenes encuentren una fuente decididamente ajena de aquella que nutre el proceso penal actual.

Indiqué, por lo demás, que la consulta no era un recurso, como no lo es. Que ello resultaba relevante pues echaba por tierra un obstáculo que, en inteligente juego dialéctico, había sido esbozado para sostener lo equivocado de la posición que se sostiene.

Me refería al hecho que es verdad que la propia constitución atribuye competencia al pleno o a cada una de las salas para conocer "...conforme lo determinen las leyes de los recursos procesales que éstas establecen...", lo que pondría en paridad a ésta y aquellos, pudiendo incluso llegarse a la afirmación que la amplitud del recurso del imputado tornaba inocua a la consulta.

Pero argumenté que esa idea, aguda, tropezaba con otro concepto que no era menos verdadero y le restaba validez. A diferencia de las impugnaciones, la Consulta, ajena a los recursos que no lo es, repito, está fuera de las limitaciones que los agravios imponen a la competencia revisora, ya que más allá de la entidad del examen que autorice la impugnación, aquella no lo limita sino que lo amplía pues puede concernir a todos los aspectos de las sentencias emitidas, como ya se verá en este trabajo.

La locución ". El Superior Tribunal de Justicia conocerá del proceso sin las limitaciones previstas en las normas precedentes." (Regulativas de la impugnación extraordinaria y de los motivos absolutos de impugnación formal) importa la realización de un estricto escrutinio sobre la sentencia de ambas instancias. Los Jueces de este Tribunal pueden escudriñar el universo de decisiones para tocar los puntos que les sugieren esenciales a la determinación del caso y sus consecuencias jurídicas, más allá de lo postulado por las partes y de los alcances de la oposición procesal.

De otra manera sería absurda la postulación del art. 377 del C.P.P. en sentido que, aún mediando recurso de parte, el Tribunal conocerá: ".sin las limitaciones previstas en las normas precedentes.".

Así demarcado los lindes de la tarea a realizar, consideraré otros aspectos que son- según entiendo- capitales a ella.

III. Las sentencias, su estudio en el plano de La Consulta.

¿Son ambas sentencias una derivación razonada del derecho vigente atenida a las especiales circunstancias de la causa?, ¿ o padecen de defectos que las descalifican como actos válidos de la jurisdicción?.

Iré por partes.

En esa tarea advierto que en la construcción del fallo, el Tribunal de Mérito ha respetado las reglas procesales, tanto en lo extrínseco cuanto en la manera en que se elaboró el discurso de justificación sobre lo fáctico y lo jurídico.

La resolución de marras constituye una derivación razonada del derecho vigente con especial atención a las particularidades del caso, pues los Magistrados inteligieron adecuadamente para explicar el nivel de certeza al que arribaron para fundar el juicio de culpabilidad en cada hecho con que finalizaron sus respectivos cometidos y dieron contenido jurídico a esa recreación.

En lo que atañe a la sentencia de la Cámara en lo Penal, interpreto que cada uno de los Magistrados trabajó sobre la prueba y el juicio que sus colegas vertieron extrayendo conclusiones que, discutibles o no, se basaron en el ejercicio de la sana crítica racional como método y así lo dejaron sentado.

El texto traduce una labor a conciencia en la que, de modo republicano, se expusieron las razones que acarrearon la condena de los imputados.

Veremos ahora las sentencias de manera detenida.

IV. Los hechos IV. a. Análisis de la Sentencia del Tribunal de Mérito.

La materialidad del resultado letal en la víctima fue acreditado con las versiones que brindaron el Subcomisario J. O. P., la declaración de la doctora A., quien otorgó certificación sobre la muerte de J. M., constatando al momento del examen politraumatismo de cráneo, fractura de puente nasal y macizo facial derecho.

También con el informe de autopsia realizado por el doctor W. A. A., Médico Policial y Forense, quien además se refirió, en el curso del debate oral, a las lesiones que había verificado en M., y la violencia de los golpes que las produjeron.

El profesional brindó una explicación sobre su convicción afirmando que quienes golpearon al occiso habían sido por lo menos dos personas, y que constató la pérdida del control de esfínteres de vejiga y anal, lo que revelaba un estado de conmoción grave con pérdida del conocimiento, asimismo, afirmó que siguió recibiendo golpes en ese estado. También, que descartaba que la lesión de la región occipital hubiera sido por caída porque hubiera dejado una impronta circular al golpear contra superficie plana como el piso; que esa lesión tenía forma oval por lo que pudo ser producida por calzado con punta dura. Que tampoco encontró lesiones de defensa.

En cuanto a la autoría en cabeza de los acusados los Jueces pusieron en valor elementos de cargo de distinta naturaleza.

Los Magistrados dejaron sentada la dinámica del episodio que remató en el homicidio a fuerza de golpes, y apuntalaron su opción en el tratamiento adecuado de la prueba.

Se ponderaron los dichos de V. H. como aquellos de más coherencia por sus explicaciones transmisoras de lo sucedido aquella trágica noche. En su relato detalló cómo se encontraba en el momento en que irrumpieron en el lugar los agresores y de que modo dos golpearon a M. ". Aclaró que los que le pegaban eran el P. y el muchacho de él, que llegaron y le empezaron a pegar lo tenían al medio, a mano limpia y con los pies, no sabe en que parte del cuerpo le pegaban, después alcanzó a divisar a la pibita que estaba mirando no hizo ninguna cosa." (del primer voto).

E. A. también realizó aportes que se relacionaron en una misma dirección cargosa. Sus dichos, que fueron evaluados teniendo presente su deteriorado estado físico y psíquico, aportaron el móvil de la agresión.

En la verificación de lo acontecido en los momentos concomitantes al hecho base de la investigación, se tuvieron en cuenta los testimonios de Sub-Comisario P. y de los empleados policiales M. J. O. y S. A. R., quienes se constituyeron en el domicilio y encontraron a la víctima tirada de espalda en el piso con todo el rostro ensangrentado, aparentemente sin vida.

Se cotejaron las versiones de E. P., N. Á. C. y H. R. A., respecto a lo acontecido momentos previos al crimen.

Ahora bien, he señalado en ocasiones que el juicio sobre la convicción acerca de la virtud de un testigo para emitir un predicado no es una cuestión de fe, entendida ésta como la creencia en algo por la autoridad o la fama de quien lo emite (quinta acepción de la Real Academia del idioma).

Todo testigo ha de ser examinado en sí y en relación con las demás evidencias que nutren el debate, otra manera de dar contenido a las categorías "coherencia interna" o "externa" de un relato. Cuando el relato del testigo se expone en un discurso que es expresión de una vivencia posible, carece de alteraciones, no es contradictorio en sí mismo, es nítido y persistente, cuando exterioriza acerca de percepciones ostensibles en un contexto temporo-espacial concreto, hay coherencia interna.

Cuando se corresponde con evidencia palpable, cuando se vincula con circunstancias de la causa que han sido traídas por otra vía, cuando encastra perfectamente con el todo, como una pieza que completa el damero, allí hay coherencia externa.

Cuando se produce ese enlace la validez es indiscutible.

Los integrantes de la Cámara del juicio tuvieron en cuenta la percepción del testigo presencial V. H., declaración que fue ampliamente corroborada. Además, en el curso del juicio, se colectaron distintos elementos de cargo que sirvieron para dirimir con certeza las circunstancias concomitantes y propias del ataque.

En esa dirección y en perfecta relación con aquellos testigos primeros, los jueces se valieron del aporte del doctor A. quien, en base al informe de la autopsia, como dije al principio, y de las fotografías obtenidas en el acto, describió las características de las heridas sufridas por la víctima y concluyó en que los causantes de todas ellas habían sido elemento romo contundente, piñas, puntapiés, palo, hierro, ocasionadas por lo menos por dos personas.

En otro apartado evaluaron que no había elementos que acreditaran la participación de J. A. A. y K. E. P., circunstancia que derivó en su absoluciones.

En fin, la sola lectura de la sentencia que se inspecciona, en cualquiera de sus tres sufragios, es apta con creces para salir airoso de un test, dan la idea del hecho de la muerte, de su dinámica, de su desarrollo y desenlace.

IV. b. La sentencia de la Cámara en lo Penal.

Esta resolución confirmó el criterio con idéntico acierto.

He sostenido que, en el proceso de construcción de las decisiones jurisdiccionales, los jueces realizan operaciones intelectuales que importan optar por una de las hipótesis que se plantean dialécticamente.

Si en la lucha de opuestos hacen prevalecer una de ellas y dan razones plausibles, esta conclusión es válida.

En ese camino debo señalar como correcto el tratamiento que los jueces de la Cámara de control le asignaron a los planteos formulados por el impugnante.

Me refiero a los cuestionamientos sobre la ponderación que los jueces del juicio efectuaron acerca del estado de ingesta alcohólica del imputado previa al hecho, y el grado de la ebriedad que cursaba en el momento de cometerlo.

El doctor Sarquis realizó un extenso y pormenorizado trabajo con la trascripción de las partes principales de los votos atacados, y una revaloración de los mismos concluyendo en sentido confirmatorio de los principios aplicados por los jueces de Mérito en la ponderación de la prueba de ebriedad. Resaltó la importancia que tiene con relación a la imputabilidad la evaluación no solo de los informes médicos sino un análisis del hecho que se reprocha en toda su dimensión fáctica y jurídica, prestando especial atención a la exterioridad de la conducta de la persona de quien se trata, para observar como ha sido su comportamiento en las circunstancias que motivaron el análisis.

De la misma forma acertó en la consideración de la incidencia que tuvo la ebriedad en la conformación del monto de la pena, que también entendió que había sido bien tratado por los integrantes de la Cámara de Juicio.

Lo propio hicieron los Jueces que votaron en segundo y tercer término.

En fin, los Jueces refutaron con éxito los intentos de la defensa de poner en tela de juicio la aptitud para convencer de los órganos de prueba mentados arriba, y así expreso mi parecer acorde en lo que atañe a la manera en que se repelió el intento de poner todo el acontecer reconstruido en el terreno de la incertidumbre, sobre todo el grado de ebriedad que afectaba lacapacidad para delinquir.

La sentencia dictada, en este aspecto, es adecuada a derecho y debe ser mantenida.

IV. El encuadramiento legal.

Al respecto afirmo que el Tribunal del Juicio y su par Revisor realizaron una justa subsunción de los hechos probados.

Los Magistrados recorrieron las categorías que brinda la teoría del delito para componer (o descomponer, desde otra mira) los tipos penales escogidos.

Analizaron la existencia de conducta, tipicidad (objetiva y subjetiva), anti-juridicidad, y culpabilidad y plasmaron -de esa manera- el encuadramiento.

Enmarcaron el primer hecho en el delito de homicidio simple (art. 79 del C.Penal) por haber matado a otro, ". los dos querían el resultado e hicieron lo propio.".

Entendieron que los condenados actuaron con dolo, es decir con conocimiento y voluntad, ya que los puntapiés estaban dirigidos a una zona vital y no sin control, y que la calidad de golpes propinados con esa extrema violencia tenían la clara proposición de quitar la vida.

Descartaron correctamente el homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas porque no estaba probada la intervención de por lo menos tres personas como coautores, tampoco la participación por el apoyo numérico y menos la existencia de un acuerdo para matar de esa manera.

También desplazaron la figura del robo por entender que la violencia ejercida en mera concomitancia con el contexto de la ejecución de un hurto no alcanzaba a éste para transformarlo en robo, considerando que el móvil debía ser precisamente lograr la impunidad. Culminaron calificando el hecho de sustracción de la olla en el hurto calamitoso previsto en el art. 163 inc. 2° del C. Penal.

El criterio es razonable y no merece óbice alguno.

No encuentro error en la adecuación de las conductas endilgadas, pues repaso las herramientas conceptuales, el texto de la ley y los hechos probados en el doble aspecto objetivo y subjetivo y concuerdo con las posiciones dadas.

.

V. De la pena Voy a expresar mi adhesión al voto del doctor Rebagliati Russell en lo que a la pena concierne.

La composición efectuada siguiendo las reglas del concurso, tomando en consideración las escalas en juego, ha considerado acabadamente las circunstancias de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

En el juicio de cesura se condenó a L. A. a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, y a J. A. A., sometido a tratamiento tutelar por el término de un año.

En el empeño puesto en la tarea de determinar la pena los jueces, en tanto la naturaleza de la acción, consideraron que la criminalidad era mayor por la gravedad de la infracción y del perjuicio causado.

Con relación a la participación que tomó en los hechos, que consideraron otro claro indicador del grado de magnitud del injusto, evaluaron en forma de agravante que L. A. fue quien inició el proyecto criminal, decidió concurrir a la vivienda de M. V., ingresó primero y le produjo la feroz golpiza.

Citando al Juez Zaffaroni se dijo que: " . no es igual el contenido injusto del comportamiento de quien propone a otro el plan, aporta todos los datos necesarios e incluso lo decide a compartir la tarea, que la del que simplemente acepta compartirla." Como agravante además se puso en valor la circunstancia de desprotección del bien jurídico no imputable a su titular, esto, dicho en atención al ingreso sorpresivo en horas de la noche, en compañía de varias personas, a la vivienda de un anciano, quien quedó en una situación en la que difícilmente hubiera podido realizar una conducta defensiva. Entendieron que esas circunstancias se traducían en una mayor vulnerabilidad del bien jurídico protegido, y en consecuencia, en una mayor posibilidad del autor de asegurarse el resultado, percibiendo a la preordenación como un claro factor de incremento de la culpabilidad.

Sindicaron otra nota que debía incidir como agravante cual era la decisión de involucrar a su hijo en la comisión de tamaño delito, como así también haberse hecho acompañar por otros menores que si bien no tomaron parte en la acción criminal, conforme pudieron apreciar en el juicio, sufrieron a partir de la acción referida una serie de traumas.

Al referirse a los atenuantes los jueces tuvieron en cuenta muy especialmente la incidencia del alcohol como aminorante de la respuesta punitiva estatal, realizando un exhaustivo desarrollo de las condiciones comprobadas en las que se encontraba L. A. antes, durante y después de perpetrados los hechos base de esta causa.

Se ha explicado, en cada caso, durante el dictamen de cesura, el grado de culpabilidad y las circunstancias que conllevan las agravantes y atenuantes prolijamente definidas.

Volver sobre el punto sería desmerecer el trabajo que ambos Tribunales que intervinieron han realizado, de manera que aquí concluye mi labor.

La condena debe ser confirmada.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Como quedó establecido en los sufragios precedentes, la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel, en consideración al monto de la pena impuesta, elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia, en los términos del artículo 179, punto 2. de la Constitución de la Provincia del Chubut y su correlato, el artículo 377 del Código Procesal Penal.

II. Haré la misma observación que efectuó el Ministro Rebagliati Russell en torno a que la labor desplegada por los jueces del debate ya fue explorada y fiscalizada por el tribunal a quo en toda su dimensión.

Es decir, la Cámara en lo Penal satisfizo el derecho del incuso a obtener un doble conforme, esto es, la revisión de su condena por un tribunal superior al que se la impuso.

No obstante, por imposición de nuestro ordenamiento penal doméstico, que establece que el Superior Tribunal de Justicia conocerá del proceso en el que recayere una pena privativa de la libertad por más de diez (10) años, la condena de L. A. deberá revisarse nuevamente en esta instancia.

III. Hecha esta aclaración, percibo que tanto en el pronunciamiento del tribunal de mérito, como en el fallo de la Cámara en lo Penal, los magistrados abordaron en detalle las cuestiones sometidas a su consideración. Es decir, hubo una relación adecuada entre el hecho insimulado y el juicio que de éste hicieron los magistrados, con una actitud lógica y consecuente.

IV. Así las cosas, abordaré derechamente la materialidad del suceso.

Aquélla se halla plenamente probada a partir del testimonio brindado por el Gendarme J. M. B., a quien V. H. y E. A. acudieron desesperados a pedir auxilio por el evento acaecido.

A su turno, el Subcomisario J. O. P., el Sargento Ayudante S. A. R. y el Suboficial Principal M. O. declararon que en respuesta a un requerimiento de Gendarmería, se dirigieron a la morada de la víctima y la hallaron tirada en el suelo, ensangrentada, presumiblemente sin signos vitales.

La doctora L. A., médica a cargo de la guardia del Hospital de Trevelin, constató el deceso de J. M., certificó las lesiones externas exhibidas por aquél y descubrió que el cráneo se notaba roto al palparlo.

El doctor W. A. realizó la autopsia de la víctima y describió las lesiones constatadas.

V. El abordaje que los sentenciadores efectuaron de la cuestión atinente a la autoría, también merece mi aprobación.

Los testigos presenciales V. H. y E. A. indicaron a L. y J. A. como los coautores materiales de los golpes que sufriera J. M.

El primero de los nombrados rememoró que aquella noche estaba acostado junto a A. en un colchoncito en la cocina, mientras M. se calentaba a la orilla del fuego. Recordó que se despertó cuando irrumpió el grupo agresor; que vio cuando "P." y su hijo le pegaban a M., "a mano limpia y con los pies" y, que lo tenían "al medio".

El testimonio de A. coincidió en lo sustancial con la declaración brindada por H.

Los magistrados sopesaron y contrastaron debidamente estas declaraciones con los demás datos periféricos, que sirvieron de anclaje a su versión.

Así, la pericia genética realizada por el doctor N. B., sobre las manchas hemáticas de la víctima halladas en las prendas de vestir de L. y J. A., apuntalaron la versión brindada por los testigos presenciales.

Las explicaciones vertidas por el Licenciado L. E. sobre la dinámica del suceso también armonizaron con la descripción proporcionada por los espectadores de la golpiza en punto a que L. A. se ubicó a un lado de la víctima y su hijo, J., del otro.

Por último, un vecino de la víctima, el testigo H. R. A., declaró que más o menos a las 22 horas vio venir a "P., el muchacho y la novia y dos más", de la casa de M.

Así las cosas, juzgo que la coautoría de L. y de su hijo J. A. ha sido cimentada de manera correcta, con base en el rico material probatorio arrimado. Es decir, encuentro razonable la valoración del plexo probatorio utilizado por los jueces para dar sustento a su afirmación sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el hecho insimulado.

VI. La calificación legal de homicidio simple es la correcta. El accionar llevado a cabo por los coimputados A., que se caracterizó por el despliegue de extrema violencia, evidenció claramente el dolo de ellos de dar muerte al interfecto.

Los sentenciadores desecharon la aplicación de la agravación del homicidio por el concurso premeditado de dos o más personas, propiciada por la Fiscalía. Juzgaron que no se había probado la intervención de por lo menos tres personas como coautores, ni la existencia de un acuerdo para ultimar a M.

En otro orden, los magistrados le achacaron a L. A. el desapoderamiento de la olla tiznada con alimentos en preparación, propiedad de la víctima. Encuadraron correctamente este tramo de su conducta en el marco del artículo 163, inciso 2º del digesto sustantivo.

VII. La culpabilidad también fue analizada en la sentencia de mérito.

Meritaron los dichos de los efectivos policiales de Trevelin que conocían al atribuido, de la Licenciada G. y de lo Trabajadora Social M., que intervinieron en el núcleo familiar de A. por la adicción al alcohol, así como también los datos aportados por el Médico Forense W. A. que examinó las facultades mentales del incuso.

Concluyeron que A. actuó con un estado de conciencia lúcido y de dominio del entorno lo cual evidenció su capacidad de culpabilidad penal al momento del hecho.

IX. Por fin, estimo adecuada la pena impuesta por el Tribunal de Cesura y confirmada, posteriormente, por la Cámara en lo Penal de Esquel.

Ponderaron como agravantes la indefensión de M.; la diferencia de edad entre la víctima y A., a favor de éste último; la forma en que aquél fue ultimado; la decisión del imputado de involucrar activamente en el homicidio a su hijo de dieciséis años y a cuatro menores más y, su actitud de regocijo luego del evento.

Como pautas atenuantes tuvieron en consideración el grado de alcohol en sangre que A. tenía al momento del hecho y el consumo crónico de alcohol del condenado.

Así las cosas, la medida de la pena seleccionada se ciñe a las pautas legales que regulan el instituto, por lo que no hay argumento para adulterarla.

VI. Por las razones expuestas, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio de Esquel (fojas 98/141 y vuelta y, 149/167) constituye una decisión jurisdiccional fundada, que aplica correctamente la ley sustantiva y justifica la gravedad de la pena impuesta.

Así voto.

El Juez Fernando S.L. Royer dijo:

El Tribunal Colegiado de la ciudad de Esquel, con fecha ocho de junio de 2010, determinó la existencia del hecho, la autoría del imputado en autos y la calificación legal; y con fecha 8 de julio decidió la sanción que le correspondía.

Tanto los jueces de primera instancia, como quienes tuvieron la labor de revisar la sentencia, desplegaron esta tarea concienzudamente.

Para acreditar la materialidad del hecho han valorado la evidencia colectada por personal policial en el lugar, como así también las declaraciones de los efectivos que hallaron el cuerpo sin vida y los informes médicos que certificaron la muerte de V.

En cuanto a la autoría, su determinación no ha presentado ningún inconveniente para los jueces. Los testigos A. y H., quienes se encontraban en la vivienda de la víctima cuando ocurrió el suceso, sindicaron directamente al imputado y a su hijo.

Estas declaraciones fueron acompañadas luego con el resultado de la pericia genética, que informó la posibilidad cierta de que la sangre hallada en la vestimenta de los imputados perteneciera a la víctima.

De esta manera coincido con los votos precedentes en que el hecho ha sido debidamente acreditado como así también la autoría adjudicada a L. y J. A.

Es correcto el encuadramiento jurídico escogido, y la pena impuesta ha sido debidamente fundada por el tribunal de mérito, explicándose las circunstancias agravantes que ameritaron la aplicación de veintidós años de prisión.

Por todo lo expuesto voto por confirmar en todos sus términos las sentencias de primera y segunda instancia.

Así voto.- El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

Comparto plenamente los sufragios de mis distinguidos colegas que me precedieron.

La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la ciudad de Esquel es una decisión jurisdiccional fundada que aplica correctamente la ley sustantiva y justifica la gravedad de la pena impuesta.

Los jueces de mérito han reconstruido el hecho investigado, analizando toda la prueba incorporada al debate, lo cual les permitió adjudicar la autoría a L. A.

El encuadramiento jurídico escogido es correcto, como así también la pena finalmente impuesta.

De esta manera no se advierte irregularidad ni arbitrariedad en este acto, debiéndose confirmar la sentencia en todo su contenido.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I. Atento a que los antecedentes del caso han sido expuestos con detalle por el Juez Rebagliati Russell, me abstendré de abundar al respecto.

II. Examinada la causa advierto que los jueces del Tribunal de Mérito construyeron una sentencia arreglada a derecho.

Determinaron la existencia del hecho con la declaración del gendarme J. M. B. quien tuvo noticia del crimen por parte de V. H. y E. A.

Pusieron en valor la versión del Sub-comisario P. y de los empleados policiales M. J. O. y S. A. R., quienes concurrieron al lugar del hecho y encontraron a la víctima ensangrentada.

El óbito fue acreditado con el testimonio de la doctora A., quien certificó la muerte de J. M. brindando un detalle de las lesiones que presentaba al examen, y con el informe de autopsia realizada por el Médico Forense, doctor W. A.

Este realizó una descripción de las lesiones halladas en cabeza y cuello y en tórax y espalda, poniendo de relieve que por el número de lesiones y sus características -en su producción- habían intervenido varias personas que utilizaron elementos romo, contundente, que pueden haber sido desde puños, puntapiés, algún palo, fierro u otra herramienta.

Para la determinación de la autoría en cabeza de los acusados -el Tribunal- se valió de los testigos directos E. A. y V. H., quienes por encontrarse en la vivienda cuando ocurrió el hecho, señalaron al imputado y a su hijo, como autores.

Las versiones otorgadas por los testigos presenciales fueron relacionas en forma lógica con el resultado de la pericia genética que dejó abierta la posibilidad de que la sangre encontrada en la vestimenta de los imputados, perteneciera a la víctima.

Los Jueces cotejando toda la prueba concluyeron que los coautores fueron L. A. y J. A. Afirmación que -estimo- fue suficientemente fundada.

III. Asimismo, encuentro adecuada la calificación legal escogida y la pena impuesta.

En esa tarea, los magistrados tuvieron en cuenta, como circunstancias agravantes, la brutalidad con la que se cometió el homicidio y el estado de indefensión de la víctima.

Evaluaron, como nota negativa, la decisión de involucrar a su hijo en el homicidio y la de llevar a otros cuatro menores más.

Como atenuantes sopesaron el grado de alcohol en sangre que A. tenía al momento del hecho, y su calidad de consumidor crónico de alcohol Por otra parte, han sido fundadas conforme a derecho las medidas socio educativas impuestas al menor.

IV. Con relación a la sentencia de la Cámara de Control, diré que el tratamiento que le dieron a la sentencia en crisis fue correcto, y a la luz de los planteos que había realizado el impugnante.

V. Por lo expuesto, coincidiendo con los colegas preopinantes propicio se confirme las sentencias de primera y segunda instancia.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-----------S E N T E N C I A ----------------- 1°) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el n° 846, dictada el 8 de junio de 2010 por el Tribunal de Colegiado de la ciudad de Esquel, y la protocolizada bajo el n°418, dictada el 28 de marzo de 2011, por la Cámara en lo Penal de la misma ciudad.

2°) La presente es firmada por cuatro miembros del Superior Tribunal por encontrarse los doctores Alejandro Javier Panizzi y Fernando S.L. Royer en comisión de servicios.

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell-Jorge Pfleger-José Luis Pasutti- Daniel Luis Caneo-Ante mi: José A. Ferreyra Secretario Registrada bajo el n° 46 del año 2012. Conste.