Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-26


AUTOS 94423 (C.C.Nº21896) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "VIGIL RUIZ, Alberto C/ Oro, Maximiliano Raúl y Otros - Nulidad de Acto Jurídico - Ordinario".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº I - Fº156/159.- En la Ciudad de San Juan a 26 días del mes de mayo de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Daniel Olivares Yapur, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 462, contra la sentencia de fecha 06 de marzo del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº94423 (C.C. Nº21896) caratulados: "VIGIL RUIZ, ALBERTO C/ ORO, MAXIMILIANO RAUL Y OTROS - NULIDAD DE ACTO JURIDICO - ORDINARIO", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 450/452 vta.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Resulta justa o adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR.ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

Antecedentes I. El Sr. Juez de primera instancia, en la sentencia que obra a fs. 450/452 vta., resolvió hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, rechazar la excepción de arraigo e imponer las costas a la vencida.

Para así resolver consideró, en síntesis, que correspondía hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, puesto que respecto del Sr. Fernando Astein no existe titularidad pasiva de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso que justifique su intervención como demandado, como que la caución juratoria por el actor -a través de sus mandatarios- es suficiente para garantizar el presente proceso, y cita jurisprudencia.

II. A fs. 459, los co-demandados representados por el Dr. Leonardo R. Arancibia interponen el recurso de apelación contra dicha resolución.

En el escrito de expresión de agravios (fs. 463/465) manifiesta, en resumen, que se agravia por estimar que si bien la apreciación del monto a arraigar resulta ser potestativo del juez, tal circunstancia no puede ser óbice para denegar la excepción de arraigo opuesta contra quien no tiene domicilio y bienes en el País, como también en razón de que la caución juratoria de los apoderados del actor resulta -a su entender- insuficiente para garantizar las eventuales responsabilidades en el juicio.

Formula reservas. Pide que se haga lugar al recurso y se admita la excepción referida en los término planteados por su parte.

III. A fs. 461 consta adjunto el escrito de apelación planteado por el apoderado del co-demandado Sr. Daniel E. Grynzpan.

Al expresar agravios (fs. 476/478 vta.) indica, en síntesis, que el juez de primera instancia debió hacer lugar a la excepción de arraigo y no rechazarla con fundamento en que la caución juratoria rendida por el actora a través de sus mandatarios resultaba suficiente para garantizar el presente proceso, dado que se encontraba acreditado los extremos para que la excepción prosperara.

Hace reservas y pide que se haga lugar a la excepción en los términos solicitados por su parte.

IV. Al contestar el traslado de las expresiones de agravios (fs. 482/483 vta.) la parte actora - a través de su apoderado- replica los mismos sosteniendo que los agravios muestran un simple reproche sobre la caución rendida oportunamente, sin asidero demostrativo de la supuesta insuficiencia de la caución rendida.

Manifiesta que a su parte le es inoponible el arraigo conforme a lo previsto en el art. 17 de la Convención sobre Procedimiento Civil, e incorporada a nuestra legislación mediante ley N° 23.502.

V. A fs. 514 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento de los recursos 1. El principio general es la procedencia de la excepción de arraigo regulada en distintos Códigos Procesales provinciales, salvo cuando la República Argentina hubiere suscripto un Tratado Internacional que prohibiere cauciones o depósitos, y el caso encuadrare en los recaudos del art. 75 inc. 22 o inc. 24 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, la Convención sobre Procedimiento Civil del 1° de marzo de 1954 adoptada en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (Adla, XLVII-B, 1507), aprobada por la ley 23.502, exime a los nacionales de los Estados adherentes de la necesidad de arraigar, y debe aplicarse aun de oficio, supliendo incluso la oportuna omisión del litigante respecto de su planteo, conforme a lo resuelto por nuestra Corte Federal en los autos "Agroiber S. L. c. Jorge Fortunato Luis" (Fallos: 321:1817).

Pero en este caso, resultando que el actor -Sr. Héctor Alberto Vigil- es de nacionalidad argentina (ver fs. 47 y 114), le es inaplicable dicha normativa citada por no ser nacional otro Estado adherente a la citada Convención.

2. Dicho ello, se puede afirmar que el arraigo es la garantía que debe prestar el actor, a solicitud del demandado, para asegurar el pago de las costas del juicio, a las que eventualmente podría ser condenado, cuando no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la Provincia (art. 310 CPCCM).

Pero si bien la excepción de arraigo ha sido establecida en favor de los demandados ante tribunales de nuestra provincia, para protegerlos de las posibles acciones temerarias de quienes luego puedan aludir su responsabilidad en razón de no tener su domicilio ni bienes inmuebles en la Provincia de San Juan, no obstante de que el art. 310 del Cód. Procesal no ha formulado expresamente salvedad alguna al principio que fija, atendiendo a la finalidad que los inspira, es lícito concluir que dicha excepción no resulta procedente cuando el actor se ve compelido a ocurrir ante un órgano judicial en virtud de la conducta previa de la parte demandada.

3. Ahora bien, una vez sustanciada la excepción, y en su caso producida la prueba ofrecida, debe dictarse resolución que admita o desestime la misma con fundamento en el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las partes.

4. En consecuencia, estando en este caso cuestionado de nulidad el acto jurídico de transferencia de dominio un inmueble que habría adquirido y supuestamente vendido el actor en nuestra provincia, como también los derivados de la conducta contractual sustentada en un mandato que el actor alega que no confirió, propongo que se rechace el agravio sin perjuicio de la errónea interpretación y aplicación de la norma procesal en la sentencia de primera instancia que se alega por los recurrentes, en razón de que al actor se ve compelido por las circunstancias fácticas aludidas a ocurrir ante un órgano judicial de nuestra provincia, a los fines de iniciar la acción ante el juez del domicilio de los demandados.

5. Respecto del segundo agravio, teniendo en cuenta que se propone el rechazo del agravio contra la sentencia que rechazó la excepción de arraigo, resulta abstracto su tratamiento. Así voto.

A la 2da. CUESTIÓN:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar los recursos de apelación planteados a fs. 459 y 461, con costas de alzada por su orden, en razón de que la parte perdidosa actuó sobre la base de una convicción razonable, conforme lo dispuesto en el actual art. 310 del CPCCM (art. 332, CPCCM ley N° 3738) acerca del derecho pretendido en el pleito.

EL DR.DANIEL OLIVARES YAPUR DIJO:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez de Cámara preopinante en consecuencia adhiero a su voto.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar los recursos de apelación planteados a fs. 459 y 461;

II- Costas de alzada por su orden.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. DANIEL G. OLIVARES YAPUR;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.