Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-17


Comodoro Rivadavia, de abril de 2013.---- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "M. R., M. A. en autos: "M. G. O. Y M. G. E. s/ SUCESION s/ Incidente de Oposicion a la tasa de Justicia", Expte. Nro. 53/2013, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. Nro. 1, Secretaría Nro. 2 (Expte. Nro. 2383/2012).

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y estudio de esta Sala por haber interpuesto a fs. 13, la actora, recurso de apelación, contra la providencia de fs. 12, que no hizo lugar a la oposición que formulara a la intimación al pago de la tasa de justicia por el monto de $200.

Desestimado el mismo a fs. 14 e interpuesto el directo en los términos del art. 284 del CPr. fue concedida la apelación por esta Alzada en relación y con efecto devolutivo.

Conforme surge de las presentes actuaciones, la aquí incidentista y apelante, se opuso al pago de la tasa de justicia intimado de $200, con fundamento en la oportunidad de pago establecida por el art. 10 inc b) de la ley XXIV-13. Entiende que el pago debe efectuarse dentro de los 30 días de denunciados los bienes que componen el acervo hereditario y teniendo en cuenta las respectivas valuaciones fiscales.

El juez resolvió rechazar in límine el incidente, en el entendimiento que el diferimiento de la oportunidad de pago que establece la ley, no impide que al promoverse el proceso se abone el monto mínimo fijado, recordando que la tasa de justicia es un tributo que se paga con la iniciación de las actuaciones para retribuir la prestación del servicio por parte de la jurisdicción y toda vez que una vez determinada la tasa, si arrojara un importe menor el mínimo deberá abonarse de todas maneras (arts. 2 y 6 de la ley XXIV-13 DJ).

Al expresar agravios, a fs. 22/24 el apelante, luego de relatar los antecedentes de la causa plantea la nulidad de la resolución atacada por falta de intervención del representante del Fondo Especial creado por la ley II-33.

En forma subsidiaria, para el caso que se considere válida la sentencia, su agravio radica en que no es la oportunidad para exigirle el mínimo previsto por la ley para juicios de monto indeterminado o sin contenido patrimonial. Reitera lo previsto por el art. 10 inc. b de la norma aplicable y vuelve a insistir en que no corresponde la integración de la tasa de justicia en este estadio.

II.- Requiere la apelante la nulidad de la resolución por no haberse dado intervención al representante del Fondo Especial creado por la ley 4315.

El planteo no prosperará, toda vez que el sr. juez a quo, decidió rechazar in límine la oposición formulada, esto es sin dar trámite a la misma, mal podría haber dado intervención al Representante aludido.

Es que frente a la improponibilidad de la pretensión, existe un defecto absoluto en la facultad de juzgar provocando la emisión del rechazo in límine dispuesto (ver. Peyrano Jorge W. "El proceso atípico" Ed. Universidad, Bs. AS. 1983, p.39). Se trata aquí de la advertencia por parte del juez de la falta de tutela jurídica de la pretensión promovida.

Y se explica: el hecho generador de la tasa de justicia se configura por la presentación ante el órgano jurisdiccional requiriendo su intervención con prescindencia de la suerte que corra la pretensión intentada por el peticionario y que la interesada pueda reclamar a su contraria el reintegro de las sumas pagadas y que sea ella la que las soporte en definitiva en la proporción que corresponda, justifica la exigencia en la oportunidad de iniciar las respectivas actuaciones (conf. art. 2, 10 inc. a) y 6 de la ley XXIV-13).

La ley grava en concepto de tasas retributivas de carácter judicial, la iniciación de las distintas actuaciones ante la justicia, la puesta en marcha del acto jurisdiccional.

El presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirla es la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, la obligación fiscal nace por la sola existencia del hecho imponible, o sea, de la situación jurídica prevista en la ley fiscal (Conf. Suprema Corte de Justicia de Bs.As. "Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones" elDial.com - WF899) Por ello, atendiendo a la oportunidad en que debe oblarse el tributo de que se trata, y previendo situaciones en que no puede determinarse al inicio o aquellos casos que carecen de contenido económico, la ley establece el ingreso una tasa de $200 disponiendo que de determinarse el valor del juicio, en la primera hipótesis deberá abonarse la diferencia que corresponda.

Sobre tal plataforma han de interpretarse las normas previstas en el art. 6, 5 inc. d) y 10 inc. b) en cuanto fijan el monto imponible y la oportunidad de pago de la tasa de justicia en el caso de los juicios sucesorios.

En tal sentido y como bien lo señala el juez de primera instancia, la correcta hermenéutica de las normas en juego indica que si al momento de efectuar la petición ante el órgano jurisdiccional, el monto imponible es indeterminado, deberá oblarse el minimo establecido ($200) por ser ese el momento de configurarse el hecho imponible: petición ante la justicia.

Luego, si al momento de determinarse el monto imponible por valuación o estimación del valor de los bienes comprometidos en el sucesorio, surge una diferencia por aplicación del impuesto proporcional, deberá integrarse la diferencia que resulte en la oportunidad señalada por el art. 10 inc. b), actuando aquél monto de $200 como un pago a cuenta.

Tan es así, que si por tal aplicación se sigue un monto inferior, el valor que corresponde abonar es de $200 (art. 2 ley XXIV-13).

Es que la oportunidad señalada, no importa dejar de lado el principio general establecido en el art. 1 de la ley XXIV-13 ni modifica el momento en que se verifica el hecho imponible conforme se señalara.

En definitiva, lo pretendido por la recurrente seria una suerte de exención no prevista por la norma. Ya el Maximo Tribunal Nacional tiene dicho que "el criterio con que deben interpretarse las excepciones al pago de la tasa de justicia debe ser restrictivo" /CSJN "Cochlar, Oscar s/ Colegio de Abogados de la Capital Federal" 13/8/1998, causa C.785 XXXIII).

Todo ello fundamenta la falta de tutela jurídica de la pretensión que llevó al rechazo in límine dispuesto.

Otra razón concurre, para confirmar la resolución impugnada y es la ausencia de agravio y en la especie, la falta de demostración del mismo, pues el mínimo impuesto por la ley, deberá abonarse aun si al momento de determinar en definitiva el monto imponible resultara menor.

III.- Costas de ambas instancias a la incidentista perdidosa.

En mérito a la labor realizada, resultado obtenido, importancia jurídica moral y económica para la parte, eficacia del trabajo realizado los honorarios de ambas instancias se fijaran de conformidad con las pautas orientadoras contenidas en la ley arancelaria XIII-4 y 15 (arts. 5 a 8 y 32) Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 13 y en consecuencia confirmar la decisión de fs. 12.

2) Costas de ambas instancias, a la incidentista vencida. Los honorarios correspondientes a la primera instancia se fijan a favor de la Dra. F. A. V. la suma de pesos equivalentes a 8 ocho (8) JUS y por su actuación ante esta Alzada se fijan en la suma de pesos equivalentes a dos (2) JUS.

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.- La presente se firma por dos vocales de Cámara en razón de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Nélida Susana MELERO y concordar en la solución del caso (Ley V N° 17).- REGISTRADA BAJO EL Nro. DEL AÑO 2013 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.