marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, relación de dependencia, competencia contencioso administrativa, acción de amparo, carácter excepcional, inexistencia de otras vías, agotamiento de la vía judicial, daño irreparable, bien jurídico protegido, igualdad ante la ley, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Loza, Pedro y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo (Expte CSJ Nº 454-97) Olivo, Ismael Oscar y otros c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Acción de Amparo (Expte CSJ Nº 806-95) Gauna, Horacio Atilio c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo (Expte CSJ Nº 484-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-29|1998-05-06|1998-05-06

En los planteos de amparo referidas a relaciones de empleo público se hace imprescindible la demostración de por qué excepcional razón el tránsito por la vía administrativa previa y el posterior acceso a la Corte puede acarrearles a los actores un perjuicio irreparable;

ello salvo que se piense -sin dudas con error- que siempre y en todos los casos la falta de reconocimiento de un determinado "status" administrativo y, consecuentemente, del pago de diferencias salariales, produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia administrativa y contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada -falta de pago de un Suplemento Especial Remunerativo-, sin norma expresa alguna que lo disponga, con la sola invocación de desconocimiento del principio constitucional de igualdad ante la ley y afectación al derecho de propiedad.
Protección de la vivienda, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BARSEAN, JORGE s/ CONCURSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 267-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-09

En lo que respecta al valor del inmueble para poder constituirlo como bien de familia, el artículo 34 de la ley 14394 no refiere específicamente a un monto numérico sino a un "valor que no exceda las necesidades de sustento y vivienda de la familia,...". Ante tal precepto y frente a un concreto cuestionamiento constitucional -así fuere defectuoso- debe el Juez analizar si a tenor de lo dispuesto en dicho artículo, en el 21 de la Constitución Provincial y en el 14 bis de la Constitución Nacional, pudo o no constituirse válidamente como bien de familia un inmueble que superaba la tasación prevista en las leyes reglamentarias respectivas.
Acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAGLIETTINI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 845 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31

No cabe hacer lugar a la pretensión de resarcimiento por daño moral esgrimida por la empresa actora desde que aquélla está vinculada a la declaración de ilegitimidad del acto suspensivo del contrato.

En esas condiciones, y conforme lo sostenido en casos análogos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rechazo del planteo de ilegitimidad del acto lleva fatalmente a la desestimación de los capítulos atinentes al lucro cesante y el daño moral, en cuanto la misma recurrente anudó esas pretensiones a la alegada ilegitimidad y pretendida nulidad del acto administrativo impugnado.
Recurso de queja (procesal), acción de amparo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera, Miguel Angel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso de Queja por denegación de Recurso de  Inconstitucionalidad Aires s/ Amparo s/ Recurso de Queja por denegación de Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

El fallo recurrido deniega la vía del amparo a partir de considerar que el actor excedió razonables pautas temporales para su interposición. Postula pero no fundamenta por qué, en esta causa, el tiempo transcurrido no sería razonable en el marco de las prescripciones del art. 14 de la CCBA. (Del voto de la Dra. Ruíz).
Transporte aéreo de pasajeros, personas con necesidades especiales, responsabilidad de la agencia de viajes
Materia: CIVIL
Carátula: Kesler, Raquel y Otro c/ Pompa Dominique, Héctor Danilo y Otros s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-18

No se trata sólo aquí de la información que debe darse a los pasajeros sobre los inconvenientes y dificultades que pueden encontrar en su viaje dada la discapacidad de alguno de ellos (primera parte del art. 3° de la ley 25.643), sino -principalmente- de la información que debe darse a los prestadores de servicios turísticos sobre la necesidad de asistencia especial del pasajero que efectúa la reserva (última parte de la norma citada). Las accionadas no hicieron ni una cosa ni la otra, pues tampoco se les informó a los pasajeros sobre la necesidad de avisar a la aerolínea, con la antelación necesaria, del requerimiento de asistencia especial del señor Rozwadower.
Auto de prisión preventiva, Cámara de Apelaciones, tribunal colegiado, voto de los jueces, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Clínica Saint Emilien  SA. s/ art. 166 del Código Penal -causa nx 16.893-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La circunstancia de que en el auto de prisión preventiva dictado por la cámara se dejara constancia de la ausencia momentánea de un vocal, cuando en realidad el integrante del tribunal era otro magistrado, constituye un vicio carente de entidad, si la resolución que rechazó el planteo de nulidad fue suscripta por el magistrado cuya marginación se aduce como agravio.
Traslado de jueces, designación de jueces, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Debido a la diferente naturaleza y relevancia de los actos de nombramiento y traslado es que la Constitución regula uno de ellos (el nombramiento) y nada dice del otro (el traslado), que deriva a la regulación infra-constitucional; así la palabra nombra, nombramiento y su plural nombramientos son las únicas utilizadas en el inc. 4 del art. 99 y en el inc. 2 del art. 114 de la Norma Fundamental y con relación a los traslados, la Constitución nada dice por cuanto se trata de actos de organización y no instituyentes de investidura.
Recurso contencioso administrativo, silencio de la administración, denegatoria del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NELLEM MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-28

El recurso contencioso administrativo sólo podrá interponerse contra las resoluciones denegatorias del derecho reclamado...Se entenderá que hay resolución denegatoria cuando la autoridad administrativa no se expidiese dentro del término de tres meses de interpuesta la reclamación.
Servicios eléctricos, suministro de energía eléctrica, facturación excesiva, juicio ordinario, títulos ejecutivos, título ejecutivo inhábil, ejecución fiscal, inexistencia de deuda, exceso ritual manifiesto
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: EDESUR S.A. c/ BARBACCI, FABIO JOSE s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Frente a una resolución firme que reconoce al aquí ejecutado un "fumus bonis iuris" y que, a través de la cautelar dictada, procura evitarle un daño supuestamente injusto y reenvía a las partes a discutir en un proceso de conocimiento la realidad o exactitud de la deuda, resulta irrazonable admitir que tales resoluciones judiciales puedan ser enervadas en todos sus efectos por el uso de una vía oblicua, como es la promoción del cobro de la deuda cuestionada -en juicio ordinario anterior-por el procedimiento de la ejecución fiscal; vía ésta que podría llegar, en definitiva, a la liquidación del activo del usuario y a la aniquilación de su actividad comercial. Así las cosas, afectado el título ejecutivo por una impugnación verosímil del usuario (art. 230, C. Proc.) -aceptada por el juez y consentida por la compañía de electricidad-, comportaría un exceso ritual manifiesto que no se aviene con las exigencias de la justicia reconocer a dicho título plena validez y eficacia como si la verosimilitud del cuestionamiento no existiera y como si tampoco tuviera virtualidad alguna el hecho de que los aspectos dudosos de la entidad de la deuda no estuvieran propuestos por ambas partes, en juicio de conocimiento, a la decisión de los tribunales nacionales.
Competencia de paz, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.B.A. s/ Guarda judicial con fines sociales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

Si bien el reclamo de otorgamiento de la guarda judicial de un menor a su abuelo -con lo cual percibiría un salario familiar y tendría la cobertura de una obra social- exhibe una menor entidad que la que ha sido puesta bajo la competencia de los jueces de paz letrados -referida a procesos de tenencia y régimen de visitas- no puede ser considerada tal pretensión como ajena a la potestad jurisdiccional de los mismos, dada la íntima vinculación y consecuencias del propio régimen tenencial. Es que tal tipo de requerimientos, por su naturaleza, imponen una rápida tramitación que sólo la inmediatez que brinda dicha justicia posibilita, sin mayores erogaciones y demoras. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Martín, Rosa L. y otro c/ ESEBA s/ Diferencia salarial Canosa, Zulma N. y otros c/ ESEBA S.A. s/ Dif. salarial Cendoya, Héctor P. y otro c/ ESEBA SA s/ Diferencias salariales Patierno, Carmelo y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03|2002-02-19|2003-05-28|2003-03-12

La bonificación anual por eficiencia en su parte proporcional dada su naturaleza salarial que el trabajador adquiere como consecuencia de su prestación habitual, debe integrar asimismo la base de cálculo de la mejor remuneración a los fines del cómputo de las indemnizaciones derivadas del despido.
Proceso penal, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NUÑEZ, MIRTA Y OTROS s/ INFRACCION LEY 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-09

A través del proceso penal los jueces llegan a conocer la verdad real y, en su procura, buscan develar dos incógnitas unidas indisolublemente a ella. En primer término, acreditar la existencia de un hecho que la ley reputa delito, y en segundo lugar, el autor responsable. Esa búsqueda exige el cumplimiento de todas aquellas pautas que el legislador ha impuesto para resguardar la operatividad de las garantías que la ley fundamental consagra. Es así que la obtención de los elementos de convicción debe ajustarse a las disposiciones rituarias, imponiéndose la descalificación de toda aquella prueba cuya producción pueda tildarse de ilegítima.

La labor policial encuentra una severa limitación a la posibilidad de introducirse en una morada, si no se encuentra presente alguna de las excepciones, que se compadecen con la manda Constitucional prevista en el art. 18, debiendo entenderse la misma como comprensiva de la actividad positiva de ingresar, y de la imposición compulsiva de franquear su acceso, entendiendo éste último concepto, sea como autorización, o sea como una extracción del domicilio de aquellos objetos que son buscados allí, ora por el propietario de los mismos o por una tercera persona. El ámbito de resguardo que representa el domicilio resulta violado, no sólo invadiéndolo, sino también haciéndolo desaparecer por renuncia de quien se beneficia con él, salvo que, inequívocamente, se halle acreditado que el sujeto efectuó dicha elección con discernimiento, intención y libertad, circunstancia que no puede afirmarse haya existido en la especie.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Mazza, Ricardo Omar c/ SNIAFA S.A.C.I.F. e I. s/ Enfermedad accidente Casanova, Julio Atilio c/ Surton Argentina S.A.I.C. y F. s/ Indemnización por despido Alvarez, Valeriano c/ Regolini S.A. s/ Accidente (1113, Código Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06|1991-07-16|1999-07-06

En atención a la naturaleza del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la potestad revisora de la Suprema Corte se circunscribe siempre al contenido del fallo y a su concreta impugnación ya que no puede suplir las omisiones del recurrente y tampoco tiene atribuciones para pronunciarse sobre temas no traídos a su conocimiento.
Personas jurídicas, asociaciones civiles, Inspección General de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: Club YPF s/ Recurso Ley 22.315
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

A tenor de lo que surge de la Ley 22.315, arts. 6, inc. f, y 10, la Inspección General de Justicia tiene facultad de declarar irregulares e ineficientes a los efectos administrativos los actos bajo su fiscalización cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos. Aún cuando la Asamblea sea la autoridad máxima de una asociación de acuerdo al respectivo estatuto, ésta se debe someter a las normas que reglamentan su obrar. Su actuación debe ser observada por el ente fiscalizador -como es la Inspección General de Justicia- declarando irregular o ineficaz aquellos actos contrarios a la ley, estatuto o reglamento.

Aún cuando el orden del día de una asamblea taxativamente fijare "Cubrimiento de vacantes de Comisión Directiva", ésta debe únicamente comprender a aquéllas acaecidas con anterioridad a la convocatoria de la Asamblea y no con posterioridad y/o durante su realización (art. 127, inc. "d" normas I.G.J. Res. 6/80). El cubrimiento de vacantes en este último supuesto torna irremediablemente irregular el mencionado acto.
Inactividad procesal, caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOC. MUT. PERS. JUD. ZONA NORTE PROV. DE SANTA CRUZ "SOLIDARIDAD" c/ FERNÁNDEZ DE CICCHINELLI DORA s/ ACCION DE SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-09-21

Este Tribunal Superior de Justicia es competente para resolver el incidente de caducidad. Contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, que declaró mal concedido el recurso de casación oportunamente interpuesto, se alzó la actora interponiendo, recurso extraordinario federal, que, mediante providencia dictada, se tuvo a dicho recurso por interpuesto, ordenándose correr traslado del mismo a la contraria por el término de ley.

Desde entonces, no ha mediado actividad de la parte interesada tendiente a impulsar el proceso, sin advertirse circunstancias que le impidieran hacer efectivo el traslado oportunamente dispuesto. Aún cuando se pretendiera otorgar efecto interruptivo a la providencia que hace saber que ha asumido su cargo un miembro de este Alto Cuerpo, también se constataría el cumplimiento del plazo de caducidad prescripto por el inc. 2º del Art. 310.

Si bien el instituto de la caducidad de la instancia tiene su fundamento en una presunción de abandono de la misma, ésta se evidencia a través de la inactividad de las partes y el proceso se extingue cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos legales.

El desinterés debe traducirse en inactividad durante el lapso de caducidad siendo irrelevante que otras etapas del proceso muestren el interés del litigante en su avance y el eventual propósito de la parte en la prosecución del juicio durante el lapso legal carece -como hecho psíquico- de relevancia para decidir la perención si no se ha traducido en una declaración o comportamiento externo a través de la presentación de escritos que contengan peticiones aptas para impulsarla, no se ha presentado, aun siquiera para contestar el traslado realizado del pedido de caducidad de instancia efectuado por la codemandada.

Por lo que podemos concluir que la parte actora ha demostrado que no tiene voluntad o interés en continuar con el proceso. Si bien la utilización de este instituto debe ser restringida, en el caso de autos resulta en forma patente y manifiesta correspondiendo hacer lugar al planteo deducido por la parte codemandada y declarar operada la caducidad de instancia.-
Violencia de género, rechazo in límine, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V. E. E.  c/  s/ violencia de genero ley 2786
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-24

La decisión del magistrado de denegar in limine la denuncia es prematura, en atención a que no citó a la parte denunciante para indagar sobre la gravedad y el riesgo que podría implicar para aquélla la situación que la motivó a iniciar el proceso. Es que, si bien la valoración de las circunstancias en conjunto puede hacer dudosa la situación, nada impide que el a quo tome la audiencia pertinente (art. 13 de la ley 2786) y, a partir de la información allí recabada, revalúe la cuestión (pudiendo mantener su criterio, si con los mayores datos se convence de que no se encuentra ante un caso encuadrable en la violencia de género). En supuestos como el que nos convoca, en los cuales los hechos no tienen la fuerza de convicción suficiente para que el magistrado se persuada de que se encuentra ante un caso de violencia de género, no ha de perderse de vista que el Estado también está comprometido a actuar preventivamente.
Contratos administrativos, mayores costos, servicio público, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTES  LA  FLORIDA  SRL, E T A GENERAL MOSCONI SRL Y EMPRESA DE TRANSPORTE 209 SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 72-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26

Si la comitente (el concesionario) no impuso una fórmula a través de la documentación licitatoria, ni la misma fue pactada por ambas partes a la hora de la concertación, con la intención de reflejar de manera aproximada la real evolución de los costos que afecten al contrato, la existencia de esa fórmula sólo demuestra que es un método para determinar el valor de la tarifa, pero resta acreditar que ése era el mecanismo necesario para la reparación, probando la fractura entre costos y remuneración, entre gastos y monto de la tarifa compensadora, o en suma, entre ingresos y salidas de la explotación del servicio.
Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Modena, Hernán Martín c/ Kimberly Clark Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

El accionante es obligado a firmar un acuerdo de desvinculación con la empleadora y, paralelamente a la instrumentación de la rescisión, tomó conocimiento del cierre de la planta donde se desempeñaba. El juez de grado concluye que el acuerdo firmado resulta válido, en los términos del art. 241 LCT, por lo cual se agravia el actor y reclama los rubros indemnizatorios correspondientes. Si bien en general se ha admitido que el acuerdo rescisorio por el cual el trabajador acepta una gratificación resulta en principio válido, y encuadra en lo normado por el art. 241 de la LCT, surge fácticamente evidente la existencia de un despido encubierto bajo el velo de un acuerdo rescisorio. El actor ha probado que la extinción del contrato de trabajo con fundamento en el artículo referido, encubría en realidad un despido incausado, cuyos términos fueron plasmados por la demandada que "bilateralizó" la disolución del vínculo mediante la participación de un escribano público, sin la intervención del actor con asistencia letrada. La percepción por parte del accionante de una suma sensiblemente menor a la que correspondía, implica una violación al principio de irrenunciabilidad (cfr. art 12 LCT), encontrándose acreditada la existencia de una causa externa que afectó su libre voluntad. En este marco, cabe hacer lugar a las indemnizaciones que reclama el actor. En consecuencia, se revoca la sentencia de la anterior instancia.
Prueba testimonial, menores, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: GRABAS PABLO ESTANISLAO s/ VIOLACION CALIFICADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-10

Las declaraciones vertidas por los menores de edad en los términos del art. 276 del C.P.M.P. pueden ser utilizados para simples indicaciones y al sólo efecto de la indagación sumaria, pues la conjunción adversativa "sino" que utiliza el mencionada artículo equivale a SOLAMENTE O TAN SOLO.
Representación procesal, querella, poder especial, ratificación del mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: NEME RODOLFO MARIO s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-31

Contrariamente a lo sostenido por el impugnante, la ratificación posterior formulada, y el poder especial presentado cuando ya se había dictado la sentencia recurrida, carecen de efectos procesales retroactivos, y son ineficaces para subsanar la ausencia de apoderamiento especial al tiempo de deducción de la querella.

Cabe añadir que el efecto retroactivo previsto por el art. 1936 del Cód. Civil para la ratificación, citado por el recurrente, está limitado a las partes celebrantes del acto, y según doctrina de esta Corte Suprema de Justicia "La presentación del interesado, ratificando la actuación de quien carecía de mandato al momento de cumplirla, carece de efectos procesales retroactivos".
Robo, armas, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gutierrez, Mario Benito y Marín, Félix Nicolás s/ por  Robo  Agravado por el uso de arma en perjuicio de Jorge Guevara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-03-23

Si por circunstancias no se ha procedido al secuestro del arma usada en el hecho, puede probarse por cualquier otro medio por ejemplo testimonial, en razón del criterio de libertad de la prueba consagrado por el art. 214 del C.P.P. y sistema de valoración de la sana crítica o libre convicción.