marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, escritos judiciales, demanda, notificación, copias, falta de copias, sanciones procesales, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Atencio José Mario c/ E.N. -Mº de Defensa s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

"La pretensión inicial es susceptible de ser modificada antes de ser notificada a la demandada; motivos de economía procesal autorizan razonablemente, a considerar que la omisión de acompañar las copias es susceptible de subsanarse en tanto ello ocurra con anterioridad a la notificación, doctrina esta que no ocasiona perjuicio alguno si en ocasión del cumplimiento del traslado se los hace con los duplicados pertinentes" (cfr. CNEsp. C y C., Sala VI, 3/3/76, LL. 1976, v.D, p. 645, 33.798-S; J.Arg. 1968, v.IV, p. 258;

CPCC. Morello, T.II-B, p. 579/580). (Consid. 4º). 4º).
Ofensas cometidas por medio de la prensa, dolo, delitos contra el honor
Materia: PENAL
Carátula: Gorvein, Diego R. c/ Amarilla, Juan H. s/ Querella por calumnias e injurias calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-12-22

Deben interpretarse con equilibrio y justeza los límites de la libertad de prensa y del honor de las personas, que los jueces deben meritar en el caso concreto de acuerdo a las conductas de los individuos; ya que si bien debe evitarse la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y de sus funciones esenciales, ello no impide exigirle que sea veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad de as personas, impidiendo la propagación de imputaciones falsas que puedan dañarla injustamente. Fundamento del Dr. González.
Libertad de prensa, derecho a la información, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., E. F. y otro c/ Google Inc. s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

El derecho que tiene la comunidad de conocer la actividad de un funcionario público o de alguien que participa de la gestión de gobierno, no sólo alcanza a aquellas actuaciones que lo comprometen directamente por el ejercicio de su función, sino también a diferentes aspectos de su vida personal o profesional.
Cheque sin fondos, interpelación, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: KAZEZ, ROBERTO S. s/ Cheque sin fondos, Incidente de apelación Causa Nro. 35766.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-20

"Se satisface el requisito legal de la comunicación del rechazo de un cheque con el anoticiamiento documentado de aquella circunstancia en el domicilio denunciado, dirigido al ente ideal que es titular de la cuenta corriente bancaria, aún en el caso en que no se individualizara a los firmantes, cuya entidad, por lo general, no es informada por el banco girado, a quienes de tal forma se coloca en condiciones razonables de enterarse del rechazo, quedando a cargo de aquellos la diligencia para conocer lo que en el lugar se les imponga".
Subasta judicial, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CREDIBAL SACFM E I c/ NEIFE MIGUEL MARIANO s/ C. EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

Si el inmueble cuya subasta en su totalidad se ordenara fue adquirido por el ejecutado, casado con quién comparece manifestando que no obstante tratarse de un bien ganancial de administración reservada al mismo ofrece demostrar su condición de administradora de hecho del inmueble desde la separación de ambos (lo que hace inviable tal subasta en su totalidad) deben receptuarse las probanzas ofrecidas. Ello a fin de evaluar si tal comportamiento excede el propio de una mera gestión y desplaza la administración que atribuye a aquél el art. 1276 del Cód. Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Limitada de Picada Libertad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-02

El monto del litigio a considerar a los efectos del artículo 295 del C.P.C.C. no es el de la demanda, ni aún el de la sentencia, sino que está representado por el valor pecuniario de los agravios contra el pronunciamiento impugnado, a la fecha de interposición del recurso. (Acosta: Según su voto).
Femicidio, violencia de género, homicidio calificado, muerte de la madre, tipo penal, protección internacional de los derechos humanos, interpretación y aplicación de la ley, grupos vulnerables, agravantes de la pena, homicidio por razones de género, perspectiva de género
Materia: PENAL
Carátula: Choque, Rolando Javier c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-07

Debe destacarse que no solo una mujer adulta puede ser víctima del delito de femicidio, sino que también puede serlo una niña en tanto mujer en formación, puesto que la violencia de género adquirida domésticamente o en los ámbitos escolares durante su proceso de socialización primaria o secundaria, construye y consolida la noción de sumisión, de inferioridad y de subordinación al varón -en el caso, la niña víctima de quien también cometió homicidio agravado contra su madre, estaba, conforme testimonios de sus maestras, asimilando actitudes de tolerancia, sumisión y temor-, objetivo que precisamente nuestra legislación, siguiendo la tendencia internacional en materia de derechos humanos y protección a las mujeres, intenta desterrar definitivamente, debiendo descartarse toda posibilidad de aplicar violación de un deber de cuidado respecto de la pequeña niña de tan solo cinco años, 1, 29 mts de altura y que de modo cruel y salvaje, fue acuchillada de forma frontal, bastando con la única certera estocada que atento su precisión, resultó mortal.
Administración Pública, resoluciones, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Con la reclamación administrativa previa, sólo se pretende excitar a la Administración Pública a fin de que se pronuncie dentro de términos perentorios sobre los derechos invocados por el particular, conforme los lineamientos de la añeja ley 3952 (Mensaje nro 19 del 30 de agosto de 1973). El propósito del Legislador no fue el de otorgar al Estado y a su aparato burocrático un privilegio que lo sustrajera del ordenamiento sino permitirle gozar de plazos razonables que le permitiera ordenar sus cuentas, evitando conflictos inútiles, en beneficio colectivo.
Integración de la litis, facultades del juez, legitimación procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arévalo Lahoz Guillermo Luis c/ Arévalo Francisco José - Acción de Nulidad (conexidad con Expediente N° 173521) s/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-02-29

La falta de integración de la litis cuando ella ha sido procedente, no faculta al juez, desde luego, para abstenerse de decidir, sino para omitir un pronunciamiento de mérito en virtud de carecer la pretensión de un requisito intrínseco de admisibilidad como es la legitimación. En el supuesto de que por error o inadvertencia se dicte la sentencia de mérito, esta será inoponible con relación a los legitimados a quienes no se acordó la oportunidad de intervenir en el proceso.
Propiedad horizontal, asamblea judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Marsil III s/ Designación Asamblea Judicial - Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-24

En virtud de la facultad establecida en el art. 10 de la ley 13512, cualquiera de los propietarios o el administrador, en uso de los derechos que le confiere el art.11, de la misma ley, podrán formular el pedido de realización de asamblea al juez de primera instancia en lo civil de turno, quien deberá resolver en forma sumarísima, sin más procedimientos que una audiencia y citar a los propietarios en la forma que procesalmente corresponda, a fin de escucharlos. Es decir, que la ley prevé un trámite sumarísimo pero no contradictorio, de modo tal que no existe estrictamente un demandado, por lo tanto el administrador no resulta parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido con causa, injuria laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO, JUAN JESUS DEL CARMEN c/ CALZADO CATAMARCA S.A. s/ HABERES ADEUDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-09-29

El contrato de trabajo impone obligaciones recíprocas que las partes deben respetar. La diligencia exigida en este ámbito al trabajador consiste en comportarse como un buen trabajador, dicho deber debe cumplirse teniendo en cuenta todas las circunstancias exigidas, con motivo del cumplimiento de sus tarea - antigüedad, experiencia, educación. Si de los extremos acreditados se comprueba que el trabajador incurrió en injuria grave, puesto que se probo en autos negligencia inexcusable de su parte, debe resultar como lógica consecuencia la extinción del contrato de trabajo por justa causa, y revocar por dicho motivo el decisorio apelado,rechazando de esta forma la acción intentada.
Homicidio calificado, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: A., J. L. y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa por cuanto el homicidio fue el producto de la acción directa y deliberada del condenado, quien utilizando el arma de fuego que portaba, y orientado por la evidente finalidad de cegar la vida de su víctima, realizó reiterados disparos hacia una zona vital de su cuerpo. Esa acción tuvo en miras -conforme lo tuviera por acreditado el a quo- procurar la impunidad del delito contra la propiedad cometido, habida cuenta que la víctima podría reconocer a los agresores. Como se aprecia, el hecho que fue tenido por acreditado por el tribunal a quo satisface la totalidad de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el art. 80 inciso 7° del C.P. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, estatuto del periodista
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Monteavaro, Julio Efrain c/ Amoroso y Pagano s/ Bonificación Estatuto del Periodista
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-06-14

El art.46 de la ley 12.809 (Estatuto del Periodista Profesional) no es atentatorio de la libertad de imprenta, pues la modicidad de la bonificación que establece para el supuesto del empleado que se retira voluntariamente del servicio, no justifica la impugnación.A lo cual se agrega que, en el caso, la recurrente ha admitido que el pago de dicho importe, por lo reducido, no podría ocasionarle ningún agravio, lo que demuestra que el medio empleado por la ley no habría sido idóneo para hostilizar o trabar la libertad de prensa.
Convenios colectivos de trabajo, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: TELECHEA, CARLOS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-12

Dado que la CSJN no funciona como Tribunal de casación, como en Alemania Federal, la doctrina expresada en el caso "Soengas c/Ferrocarriles" no es vinculante para los tribunales inferiores.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ, VICENTE c/ INDUSTRIAS WILSON  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Como principio general puede sostenerse que la comunicación del despido está mal redactada cuando quien la emite emplea una fórmula ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambiantes según su criterio, posibilitando así, con la falta de exigencia y precisión, una violación al art. 243 LCT. Por ello no puede reconocerse eficacia a manifestaciones genéricas tales como basar el despido en reiterados incumplimientos, irregularidades, etc.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, RAMIRO PEHUEL c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

En orden al planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 7055, el recurrente incurre en una confusión, pues dicho dispositivo legal establece ante quién debe interponerse el recurso (esto es, ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida), lo que efectivamente fue efectuado por el compareciente, por cuanto la impugnación fue deducida ante el A quo que es el tribunal superior de la causa; pero si lo que postula el quejoso es que dicho tribunal no revise la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad y que ello corresponde a otros magistrados con competencia para modificar el anteriormente decidido, debió concretamente plantear la inconstitucionalidad del artículo 6 al momento de interponer el remedio extraordinario, toda vez que su formulación en la queja importa introducir nuevos agravios y ello no se compadece con la exigencia de que el recurso se deduzca en un plazo determinado y por ante el tribunal ordinario que sentenció la causa definitiva, ni desde luego con la defensa en juicio, ya que en la queja no es parte el adversario en la litis, quien así se vería privado de contestar estos nuevos agravios con grave menoscabo de aquella garantía. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículos 2 y 6
Viajantes de comercio, comisiones, igualdad de trato
Materia: LABORAL
Carátula: ARIEU, FERNANDO RAFAEL Y OTRO c/ SAN SEBASTIAN  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Pretender devengar igual comisión sobre el precio de la mercadería por parte de quien concentra un gran pedido en un solo cliente (por ejemplo vendiendo a un hipermercado), que aquel que debe recorrer durante muchos días o semanas gran cantidad de comercios para poder arribar a la misma cantidad de ventas, no se ajusta al principio de igualdad de trato que tutela el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-05


Rawson, 05 de mayo de 2009.

Y VISTOS :

Los presentes rotulados " G., J. C. s/ Usurpación en concurso real con venta de cosa ajena" (Expediente número 21.500, folio 105 tomo II, año 2008, letra G) venidos a consecuencia de la queja interpuesta a fojas 11/8 por J. O. C., abogado de la querellante A. S.A., en contra del auto interlocutorio dictado por la Jueza Penal Nelly N. García con fecha catorce de Octubre de 2008 que no hizo lugar al recurso de casación deducido en contra de la resolución de la mencionada Magistrada del veinticinco de Septiembre del mismo año, que impuso las costas procesales al querellante particular.

Y CONSIDERANDO:

Que el recurso de casación procede en los casos previstos en el Código Procesal Penal -Ley 3155- artículos 415 y 416. En cambio, tal impugnación es inadmisible cuando pretende revocar la imposición de costas decidida por los Jueces. La imposición de costas no es una cuestión que pueda traducir una presunta inobservancia o errónea aplicación de la ley substantiva (415 inciso 1°) ya que los costos causídicos son materia del derecho adjetivo y a su respecto las reglas pertinentes no están establecidas bajo pena de nulidad (415 inciso 2°). Por otra parte si el actor penal privado fue vencido en la litis a causa del sobreseimiento del imputado, las costas son a cargo suyo toda vez que es una facultad del Magistrado, no un deber, eximirlo total o parcialmente de los gastos cuando juzgara que el perdedor tuvo razón plausible para litigar (Código Procesal Penal, artículo 486). La inadmisibilidad del remedio casatorio obliga que la protesta siga la misma suerte.

Que, por ello, la Sala en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia;

------------- R E S U E L V E: -----------------	1°) DESECHAR la queja de fojas 11/8, con costas (Código Procesal Penal, artículos 436, 485, 486, 488 y concordantes).

2°) REGULAR los honorarios profesionales del doctor J. O. C. en la suma de Pesos Trescientos ($ 300), cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (Ley 2200, artículo 14).

3°) ACUMÚLESE el expediente del epígrafe a los autos principales, fóliese como corresponda y déjese constancia en los libros respectivos.

4°) PROTOCOLÍCESE y notifíquese.

Fdo: Panizzi, Pfleger, Rebagliati Russell.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prieto, Gustavo c/ Manzo, Alfredo s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-17

La Compañía Aseguradora es responsable solidariamente con la Empresa de transporte y el conductor de la unidad por el daño producido en el hecho de la agresión efectuada por éste último, derivado del choque de los dos vehículos al enfrentarse en una bocacalle.
Derecho a la información, libertad de prensa, libertad de expresión, publicación periodística
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La acción de informar ha de ser preservada al máximo, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información, que constituye al periodismo escrito en reducto privilegiado para el pleno ejercicio de la libertad de expresión autónoma (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, acreedor, igualdad entre acreedores, LEY DE CONCURSOS, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

El principio concursal de la pars conditio creditorum no implica necesariamente una mera proporción matemática calcada sobre las relaciones conmutativas previas al estado concursal, sino un criterio orientador del reparto basado en una justa distribución de bienes;

en ello ha de reconocerse amplitud de acción a la prudencia legislativa, habida cuenta que depende de un conjunto de factores que pueden insinuar distintas soluciones posibles o incluso variar de acuerdo a circunstancias sociales o económicas. (Del Voto del Dr.

Chiappini).
Contratos, compraventa, efectos entre partes, factura, prueba, valor probatorio, falta de prueba, resoluciones judiciales, rechazo del reclamo, presunciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gestión Logística y Distribución SA c/ Metanoia Eq SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

1 - La falta de prueba de la entrega de las facturas no constituye por sí mismo óbice a la procedencia de la demanda, sino solamente, en su caso, a la aplicación del CCCN 1145, desde que la ausencia de recepción de esos instrumentos impide hacer jugar la presunción de aceptación de su contenido fluyente de tal norma (conf. CNCom, Sala D, "Quintan, Cristian c/ Xapor SA s/ ordinario").
Juicio, trámites judiciales, plazo, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

El plazo máximo en que normalmente debe desarrollarse el reclamo administrativo y judicial no debe exceder, razonablemente, de un período de dos años, si se imprime a las actuaciones administrativas y judiciales el ritmo en que conforme a las normas legales y sin innecesarias dilaciones, deberían desarrollarse.
Daños y perjuicios, legitimación activa, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coñequir de Sturba, Alicia Mercedes c/ Martínez, Rolando Adalberto y ot. s/ Daños y perjuicios Barce de Carretoni, Zunilda Esther c/ Maciel, Mario Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21|1991-05-14

El derecho al resarcimiento no nace en cabeza de un muerto, sino en la de un vivo porque otro muere (jure proprio).
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, brucelosis, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, Liberato c/ MERIAL ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-17

Si de los exámenes médicos efectuados al personal para la detección de brucelosis, se evidenciaron los primeros casos de infección, cabe calificar de doloso el obrar del empleador si no obstante tomar conocimiento de ello no adoptó las medidas tendientes a evitar el aumento de casos de contagio. De ahí que, en tales circunstancias cabe tener por acreditada la excepción a la que alude el art. 39 de la Ley 24557.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: "PONCE, AMÉRICO NICOLÁS c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-21

Ya en la causa "Postiglione" (Fallos 325:3540), el Máximo Tribunal había advertido claramente sobre el limitado alcance de "Heit Rupp" (Fallos 322:2229) a los períodos de estabilidad económica, situación que sufrió dramáticas variaciones producto de la devaluación operada en el año 2002, con el consecuente envilecimiento de las jubilaciones y pensiones. Ni dicha advertencia, ni las sentencias dictadas desde hace más de un año reconociendo el derecho a la movilidad, sirvieron para que desde los ámbitos en que el tema debió ser tratado se hubiera adoptado media alguna al respecto, excepto deducir recursos contra los pronunciamientos adversos a la A.N.Se.S. Por ello, con independencia de las decisiones que para el futuro adopten los responsables de reglamentar el derecho a la movilidad, el concreto agravio constitucional planteado por el titular requiere de una respuesta actual, habida cuenta que "... el Poder Judicial es llamado para resguardar la supremacía de la C.N." (Fallos 308:1855) y, en consecuencia, debe entenderse que la garantía a las "jubilaciones y pensiones móviles" (art. 14 bis C.N.) recibe adecuada tutela para el período posterior a marzo de 1995 conforme lo resuelto por la Sala en el precedente "González, Elisa Lucinda", sent. del 16.06.05. (Del voto del Dr. Díaz).
Personas jurídicas, ley penal tributaria, queja por apelación denegada
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: ELIFOX CORPORATION S.A. s/ Régimen Penal Tributario, recurso de queja por apelación denegada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-05

1 - Si bien las personas de existencia ideal no pueden ser imputadas de delitos de la Ley 24769, la incidencia suscitada por la solicitud del letrado representante de una sociedad comecial de tomar vista de las actuaciones concierne a una situación distinta de ésa.- 2 - Aún cuando no quepa atribuir a la sociedad anónima, en cuyo nombre se efectuó la solicitud de tomar vista de las actuaciones, la calidad de civilmente demandado - al menos en el estado actual de los autos -, lo cierto es que la determinación del Juez de proceder al registro de los locales en que se domicilia la sociedad, convierte a esta última en parte interesada de la incidencia, y la resolución que denegó dicha solicitud constituye un interlocutorio susceptible de causarle gravamen irreparable, por lo que debe hacerse lugar a la queja y declarar mal denegado el recurso de apelación, disponiendo su concesión.