Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-02


SENT Nº 534 San Miguel de Tucumán, 02 de Agosto de 2011.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Sucesión de José Ignacio Chenaut vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Reivindicación?, de cuyo estudio R E S U L T A Que viene a esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán para resolver, en instancia originaria, la demanda de reivindicación promovida, el 24/8/1999, por José Ignacio Chenaut (h), Cecilia Ana Chenaut y Aida González Lelong de Chenaut, de las condiciones personales que constan en autos, contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (fs. 5/6 vta.).

La demanda se funda en el hecho que José Ignacio Chenaut, causante de la sucesión del mismo nombre tramitada por ante el Juzgado de Familia y Sucesiones de la VIIª Nominación, padre de los dos primeros actores y cónyuge de la última, habría sido supuesto propietario de un inmueble de superficie de 15 has. aproximadamente, empadronado catastralmente bajo el Nº 80.945, dentro de una mayor extensión, ubicado a la altura del km. 60 de la Ruta Provincial 307 de Tafí del Valle, de esta Provincia.

Los actores manifiestan que el título de dominio del Sr. José Ignacio Chenaut (causante) sobre el referido inmueble, proviene del juicio caratulado ?Galindo de Chenaut Lola y otros s/ División de condominio?, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la IVª Nominación, en el cual a José Ignacio Chenaut (padre) le fueron adjudicados diversos inmuebles, entre los que se contaría el que resulta materia del presente proceso reivindicatorio.

Expresan los actores que los ex condóminos (padre de los ahora actores y hermanos del primero) prestaron ?de palabra?, durante un escaso tiempo, el inmueble sub discussio para aterrizaje y despegue de aviones.

Destacan los accionantes que desde hace más de 30 años que ninguna aeronave ni privada ni estatal ha utilizado el fundo en conflicto, por lo que descartan la adquisición de posesión por parte del demandado.

Seguidamente reflexionan que la posesión sobre el fundo en cuestión nunca fue perdida por los pretensos propietarios, y que el causante José Ignacio Chenaut gozaba del ius possidendi.

Admiten los actores que la demandada se encuentra ejerciendo actos posesorios en el inmueble del sub lite, constituyendo una manifestación de ello el amparo posesorio promovido por el Superior Gobierno de la Provincia contra Juan Florencio Guanco en el Juzgado de Paz de Tafi del Valle y que, posteriormente, tramitó por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIª Nominación.

Afirman los reivindicantes que la demandada puede gozar actualmente de dicha posesión, pero ésta carece de las características que le permitan acarrear como consecuencia la posibilidad de adquisición del dominio por usucapión; por todo lo cual solicitan la restitución del inmueble demandado.

Acompaña el actor José Ignacio Chenaut (h) autorización judicial para gestionar la documentación necesaria a los efectos de sustanciar acciones de tipo posesorio y/o real sobre un inmueble de propiedad del sucesorio ?Chenaut José Ignacio? -expte. nro. 1197/95-, de 14 has. aprox. ubicado sobre ruta provincial 307, altura km. 60, Tafí del Valle, según plano de mensura para inscripción de hijuela, en las fracciones B1, B2, B3; venia judicial ésta otorgada mediante resolución de fecha 01/12/1999 del Sr. Juez en Familia y Sucesiones de la VIIª Nominación (fs. 11).

Mediante posterior presentación (fs. 31 y vta.), el actor rectifica la existencia del testimonio de hijuela que fuera alegado en el escrito de demanda, destacando que la propiedad sobre el inmueble igualmente consta en el inventario general de división de condominio y en la partición del mismo.

En escrito de fecha 09/5/2001 (fs. 72/75), el actor acompaña copias de distintas boletas de pago de impuestos, correspondientes a periodos tributarios comprendidos entre los años 1981 a 1986 -fundamentalmente- (fs. 34/71).

En fecha 24/11/2000 se ordena el traslado de la demanda al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (fs. 32), el que se efectiviza el 30/5/2001 (fs. 77 y vta.), siendo la misma contestada por el letrado Hugo Oscar Campos en representación de la accionada (fs. 133/137).

Luego de negar los hechos invocados por la demandante, expresa que la Provincia tenía, originariamente, el uso del inmueble pero que, en la actualidad, tal detentación no lo es en calidad de préstamo sino como poseedor animus domini.

La demandada justifica este hecho en la convicción de que las quince hectáreas en discusión, identificada en la Dirección General de Catastro con el número de padrón 80.945 e inscripta en el Registro Inmobiliario en Libro 32, Folio 25, Serie B, Año 1929 (inscripción de origen) se encuentra cercada y cerrada, coincidiendo exactamente con las medidas perimetrales del plano de mensura realizado en Agosto de 1980 por la Provincia de Tucumán, para iniciar prescripción adquisitiva.

Luego subraya la accionada que ejerce actos posesorios sobre el inmueble desde hace más de 40 años, siendo prueba de ello -a criterio de la Provincia- el amparo posesorio incoado por esta última en contra de Juan Florencio Guanco y otros y la causa penal caratulada ?Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Denuncia por usurpación de inmueble? que tramitaría por ante la Fiscalía Penal de Instrucción de la VIIª Nominación; razón por lo cual estima acreditada la posesión continua, pública e interrumpida que justifica la prescripción veinteñal del art. 4015 del Código Civil.

Asimismo, niega la autenticidad de las boletas de pago de impuestos adjuntadas por los accionantes y enfatiza la supuesta falta de coincidencia entre el número de padrón municipal del inmueble (Nº 80.945) consignado en el plano de mensura Nª 1462 -expte. 6201-IF-1980- y el que figura en las boletas tributarias referidas (padrón Nª 380.945).

Seguidamente el demandado, por vía de reconvención, plantea su pretensión de prescripción adquisitiva del mismo inmueble (identificado con el número de padrón Nº 80.945, C III, Matrícula 35.235, M.285, Orden 10, Parcela 115 c(4) e inscripto en el Registro Inmobiliario en Libro 32, Folio 25, Serie B, Año 1929), en contra de los actores.

Considera la Provincia que el animus domini se encuentra acreditado con las constancias provenientes de los expedientes judiciales antes mencionados, promovidos como consecuencia de turbaciones iniciadas el día 02/8/1998, lo que fuera denunciado por el Defensor del Pueblo el 30/7/1998 mediante expediente 552/170-D-98.

También resulta prueba del animus alegado, según el razonamiento de la accionada, el plano de mensura confeccionado el 20/9/1980. En relación al corpus, detalla el demandado que ello surge de la existencia de una casa prefabricada instalada por el Estado Provincial para que tengan allí su asiento agentes del estado provincial; de la construcción de la pista de aterrizaje de aeronaves, del alumbrado que delimita el perímetro del inmueble y del ya aludido plano de mensura.

Ofrece prueba y acompaña documental (fs. 79/129) entre las que cabe destacar: demanda de amparo posesorio de fecha 12/8/1998 (fs. 81/83vta.), plano de mensura del Superior Gobierno para información posesoria de fecha 20/9/1981 (fs. 84/87), acta de inspección ocular del 25/8/1998 labrada por el Juez de Paz de Tafi del Valle -por amparo posesorio- (fs. 90/96) en la que consta que el predio se encuentra cercado en su totalidad, con una pista de aterrizaje de 800 metros de largo, dos planchas de cemento que servirían para señalización y demarcación de la pista.

También se agrega informe vecinal (fs. 97/98) en el que consta declaración testimonial de Héctor Ramón Monasterio, quien manifestó que su abuelo, su padre y luego el dicente eran cuidadores del inmueble, y que el mismo es una pista de aterrizaje de aviones, perteneciente a la Provincia de Tucumán, quien detenta su posesión.

Obra en dicho informe, asimismo, testimonio de Hugo César González quien declara que el predio es una pista de aterrizaje y que siempre fue propiedad de la Provincia de Tucumán, reconociendo al Sr. Héctor Ramón Monasterio, como cuidador del mismo (fs. 98/99). Luego se encuentra glosada declaración de Fernando Víctor González (fs. 100/102) quien expresa que el terreno siempre fue una pista de aterrizaje de aviones de propiedad de la Provincia de Tucumán, lo que le consta al menos desde el año 1976, aclarando que el terreno fue cercado por el entonces delegado comunal, antes de que fuera creada la Municipalidad de Tafí del Valle.

Asimismo, obran agregadas: resolución de Juez de Paz de fecha 27/8/1998 por la que se hace lugar al amparo a la simple tenencia interpuesto por el Superior Gobierno (fs. 103/104), sentencia de la Sra. Jueza de Documentos y Locaciones de la VIª Nominación de fecha 01/9/1998 (fs. 107 y vta,) por la que se aprueba lo actuado por el Juez de Paz recién referenciado y acta de desalojo de fecha 21/10/1998 (fs. 116/118). Se tiene por contestada la demanda (fs. 138).

A fs. 144 se agrega plano de mensura de fecha 20/9/1980 y a fs. 152/157 obra informe del registro inmobliario.

En fecha 25/4/2002 se corre traslado a la actora de la reconvención opuesta (fs. 160), la que contesta oponiendo excepción de defecto legal (fs. 162/163), que fuera rechazada por esta Corte mediante sentencia Nº 1168 del 13/12/2002 (fs. 185/186).

Asimismo, la parte actora mediante posterior presentación contesta la reconvención promovida por la accionada, negando los hechos invocados por esta última en dicha contrademanda (fs. 165/166 y fs. 189/190).

En fecha 10/02/2004 se apersona Graciela Jure de Herrera en representación de la Provincia (fs. 204) y se la tiene por presentada (fs. 205). A fs. 214 obra sentencia de fecha 23/02/2004 donde se dejó constancia de la renuncia de la herencia correspondiente a la co-heredera María Victoria Chenaut.

Se apersona en representación de los actores, la letrada Silvia Eugenia Gutiérrez (fs. 227). El 31/8/2004 la apoderada de los demandantes pone en conocimiento el fallecimiento de Aída González Lelong de Chenaut (fs. 232), lo que se tiene por acreditado (fs. 233).

En fecha 27/9/2004 se tiene a Jose Ignacio Chenaut (h) y Ana Cecilia Chenaut apersonadas como herederos de Aída González Lelong de Chenaut (fs. 237).

En fecha 24/02/2006 se tiene a María Victoria Chenaut por rebelde en la presente causa (fs. 275).

Mediante sentencia Nº 945 del 10/10/2007 esta Corte hace lugar al pedido de exclusión de la litis de la coactora María Victoria Chenaut (fs. 325 y vta.).

En fecha 22/5/2007 se lo tiene por apersonado al letrado Aldo Rubén Cerutti en representación de la demandada (fs. 311) y al letrado Martín Lucio Terán por presentado en carácter de apoderado de la actora (fs. 358).

En fecha 28/8/2008 se dispone la apertura de la causa a prueba (fs. 350), encontrándose agregados los siguientes cuadernos.

Del actor: Cuaderno 1 -instrumental- (fs. 361). Cuaderno 1 (rectius 2) -testimonial-: en el que se tomó declaración a Eliseo del Río quien manifestó, entre otras consideraciones, que cuando realizó la mensura del inmueble en disputa, en el año 1977, el fundo ?era? de los Chenaut (fs. 369); a Juan Carlos Yacuzzi quien declaró que desde el año 1976 o 1977 sobre el inmueble han ejercido actos de ocupación la familia Chenaut, aclarando -el testigo- que él realizaba trabajos en el fundo como consecuencia de su carácter de perito avaluador y partidor, en los autos ?Lola Chenaut de Galindo Borda s/ División de condominio?. Cuaderno 2 -testimonial-: en el que la Sra. Julia Elena Terán expuso, entre otras consideraciones, que veranea en Tafí del Valle desde hace 65 años y siempre el inmueble ha pertenecido a los Chenaut, expresando asimismo en el fundo hubo aterrizajes antes de 1970 más o menos.

Luego prestó declaración Victorio Ramos quien expuso que los Chenaut han realizado actos como ocupantes del inmueble en cuestión. El letrado de la demandada tachó el último testimonio, en su persona y sus dichos por considerarlo comprendido en las generalidades de la ley (fs. 378 y vta.). Cuaderno 3 -informativa-: por la que la Asociación Tucumana de Jugadores de Pato (fs. 381 y vta.) informa que se organizaron campeonatos de pato en el inmueble denominado ?pista del avión? de modo ininterrumpido desde el año 2003 hasta la fecha (18/11/2008).

Dicha asociación admite haber organizado los torneos correspondientes a los años 2007 y 2008, requiriendo la pertinente autorización a Cecilia Ana Chenaut, la que se adjunta a fs. 382. Cuaderno 4 -pericial Ingeniero CIvil-: se encuentra glosado informe pericial (fs. 402/406) que da cuenta de la inexistencia de vestigios de obras o de actividad de la que se pueda inferir que en el inmueble operaba una pista de aterrizaje. Cuaderno 5 -informativa-: se agregó expediente 4505/325-C-2008 de la Secretaría de Obras Públicas, Dirección Provincial del Agua (fs. 412 a 416). Cuaderno 6 -testimonial-: en el cual el Sr. Francisco Solano Bordón manifestó, entre otras consideraciones, que la utilización del predio como pista de aterrizaje de aviones cesó en su uso con la inauguración de la Ruta Nº 307, reconociendo que en Enero del año 1962 fue la última vez que el testigo vio un avión utilizando el predio en litigio (fs. 423/424).

El letrado de la parte demandada tachó al testigo por la causal de complacencia, ofreciendo como prueba sus propios dichos (fs. 424).

De la demandada: Cuaderno 1 -documental- (fs. 425). Cuaderno 2 -instrumental-: se agrega original del plano de mensura Nº 1462 para información posesoria del Superior Gobierno de la Provincia de fecha 20/9/1980 (fs. 432).

Se encuentra glosada actuación administrativa referente a inspección practicada con fecha 14 de Junio de 2001 por el Área Inmuebles Fiscales en el inmueble objeto del presente litigio, que da cuenta de que el predio está libre de ocupantes y se verificó la existencia sólo de una prefabricada de madera deshabitada (fs. 445).

Asimismo, se reciben los autos ?Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Juan Guanco s/ Amparo posesorio? (fs. 450) y las actuaciones identificadas con el Nº 0524/98 caratuladas ?Pastrana Santos Eugenio s/ Solicitud de intervención por probable destrucción de pista de aterrizaje situada en el km. 60 (Ruta 307) en Tafí del Valle? remitida por la Defensoría del Pueblo (fs. 451).

En fecha 18/12/2009 se dispone la agregación de las pruebas producidas (fs. 502). El 29/3/2010 se ponen los autos para alegar (fs. 510). A fs. 513/517 se encuentra agregado el alegato de bien probado de los actores. A fs. 518/519 presenta alegatos el representante de la demandada.

A fs. 521, previo a emitir dictamen, el Sr. Ministro Fiscal, solicita la documentación original ofrecida por las partes y los autos ?Chenaut de Galindo Borda, Lola y otros s/ División de condominio?. A tales fines, se requiere la causa recién referida y ?Chenaut José Ignacio s/ Sucesión? (fs. 523) de sus respectivos juzgados de origen, los que recibidos son reservados en Secretaría de esta Corte (fs. 531/532 a 539/540, respectivamente).

Emite dictamen el Sr. Ministro Fiscal (fs. 545 a 548).

Confeccionada la planilla fiscal (fs. 573) y repuesta la misma por la parte actora (fs. 574), los autos se hayan en estado de resolver (fs. 576); y C O N S I D E R A N D O :

I.- Que los actores iniciaron acción de reivindicación contra el Superior Gobierno de la Provincia, respecto de inmueble de 15 has. de superficie aproximadamente, empadronado catastralmente con el Nº 80.945, dentro de una mayor extensión, ubicado a la altura del km. 60 de la Ruta Provincial 307 de Tafí del Valle, de esta Provincia.

Preliminarmente, cabe destacar que del juicio caratulado ?Chenaut de Galindo Borda Lola y otros s/ División de condominio?, tramitado por ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la IVª Nominación (que se tiene a la vista), se desprende la existencia de escritura pública Nº 503 de fecha 21/5/1932, pasada por ante escribano Don Rafael Roque Pondal, de la que surge que el inmueble en disputa, originariamente, era propiedad de varios condóminos, entre ellos José Ignacio Chenaut (padre de los actores).

A fs. 536/539 de dichos actuados, obra resolución de fecha 03/7/1984 por la que se hace lugar a la división de condominio por entonces requerida, integrando el grupo uno de condóminos el Sr. José Ignacio Chenaut; y aprobándose el proyecto de partición y adjudicación de bienes practicado por el agrimensor Yacuzzi (fs. 591/595 del expediente que se tiene a la vista).

Luego de diversas actuaciones llevadas a cabo con el fin de concretar la división de condominio aludida, en fecha 21/4/2009 la apoderada de los ahora actores solicitó rectificación de la hijuela y minuta correspondiente (fs. 1605/1066 vta.), la que es resuelta mediante resolución de fecha 02/3/2010 (fs. 1611/1612), modificándose el proyecto de partición dictado el 03/7/1984 (obrante a fs. 1129/1163) respecto de las fracciones adjudicadas a los herederos de José Ignacio Chenaut (padre).

La hijuela y su anexo aparentemente habrían sido retiradas en fecha 01/6/2010 (conforme se desprendería de constancia sin firma legible ni certificada por actuario, obrante a fs. 1612 vta.), no existiendo constancias de su inscripción registral definitiva, ni de su agregación a los autos ?Chenaut José Ignacio s/ Sucesión? -expte.Nº 1197/95- que tramitan ante el Juzgado en Familia y Sucesiones de la VIIª Nominación (que también se tiene a la vista).

A su vez, de las constancias obrantes en los dos expedientes antes mencionados, que se tienen a la vista, se desprende que por resolución de fecha 30/11/1995 se declaran herederos de José Ignacio Chenaut (padre), fallecido el 06/01/1995, a Aída González Lelong, en el carácter de cónyuge supérstite, Cecilia Ana Chenaut, José Ignacio Chenaut (h) y María Victoria Chenaut, éstos tres últimos en el carácter de hijos del causante.

Por resolución del 23/02/2004 se tiene por renunciada la herencia que le corresponde a la co-heredera María Victoria Chenaut en el juicio sucesorio José Ignacio Chenaut, y en fecha 08/9/2006 se aprueba esa renuncia en los autos caratulados ?Chenaut José Ignacio y González Lelong Aída s/ Sucesión?, sucesión que se abrió como consecuencia del fallecimiento de Aída González Lelong, ocurrido el 23/8/2004 (fs. 1528 del expediente ?Chenaut de Galindo Borda Lola s/ División de condominio?). Con lo cual, quedaron actuando en el presente proceso, como actores, Cecilia Ana Chenaut y José Ignacio Chenaut (hijo).

II.- Con respecto a la acción de reivindicación promovida por los accionantes corresponde puntualizar que éstos no han indicado, en el escrito de demanda, cuál es la fracción del terreno (cuyo padrón original catastral está identificado bajo el Nº 80.945) que específicamente constituye el objeto de la pretensión reivindicatoria, tomando en consideración el proyecto de partición -para división de condominio- dictado el 03/7/1984 (obrante a fs. 1129/1163) y rectificado en fecha 02/3/2010 (fs. 1611/1612 del expte. ?Chenaut de Galindo Borda Lola s/ División de condominio?); omisión ésta que se explicaría habida cuenta que al inicio del presente proceso de reivindicación se encontraba tramitando el juicio de división de condominio antes señalado.

No obstante ello, y a los exclusivos fines del presente tratamiento, es dable observar que media coincidencia entre el terreno (que en mayor extensión) los actores pretenden reivindicar -y del que se han dividido las distintas fracciones otorgadas a los condóminos y sus herederos, en la partición antes aludida- con el inmueble que el demandado reclama por usucapión, conforme ha sido expresamente reconocido por el propio accionado; existiendo, por tanto, suficiente certidumbre en la determinación del objeto reivindicable.

No escapa a este Tribunal que la Corte Federal exige para la procedencia de este tipo de acción real identidad entre la cosa reclamada y su determinación en el título representativo del dominio (CSJN, Fallos 29:356; 30:98; 72:2333 y 82:34) habiéndose dicho, en este sentido, que ?la naturaleza real de la acción reivindicatoria requiere que se determine con exactitud la cosa que se pretende reivindicar y que se establezca su identidad con la poseída por el reivindicado? (CSJN, Fallos: 294:163, ?Cía. Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo vs. Provincia de Chubut?, 1976), pero también no es menos cierto que la doctrina ha admitido que ?la correspondencia de objetos (el reclamado y el poseído por el accionado) no queda perjudicada por el hecho de que el título del actor abarque una superficie mayor a la poseída por el accionado o, a la inversa, que la fracción poseída por el demandado sea superior a la descripta en el título del reivindicante, quien -obviamente- sólo podrá limitarse a reclamar el tramo que se refiere en su título, pues de lo que se trata es de determinar si el demandado posee el todo o una parte del inmueble del actor para, en su caso, ordenar a aquel la restitución de lo indebidamente ocupado? (cfr. Bono en Zanoni -dir.- y Kemelmayer de Carlucci -coord.-, Código Civil , t. XI, ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 938) encontrándose, por tanto, satisfecho en la especie el referido extremo, conforme los propios términos de la reconvención interpuesta.

Con base en esta idea, y atento las particulares circunstancias de la causa, corresponde circunscribir el análisis de la reivindicación tentada a la fracción del inmueble de 15 has. de superficie aproximadamente, empadronado catastralmente con el Nº 80.945 -dentro de una mayor extensión- ubicado a la altura del km. 60 de la Ruta Provincial 307 de Tafí del Valle, que le corresponde a los actores según el proyecto de partición -para división de condominio- dictado el 03/7/1984 (obrante a fs. 1129/1163) y rectificado en fecha 02/3/2010 (fs. 1611/1612 del expte. ?Chenaut de Galindo Borda Lola s/ División de condominio?); con lo cual el ?principio de correspondencia del título con la cosa poseída? que se exige para esta clase de pretensiones, puede considerarse garantizado en autos.

En orden a la legitimación activa en la acción reivindicatoria, la misma la detentan los titulares de derechos reales que se ejercitan por la posesión, resultando indiscutible la posibilidad de que el heredero de aquellos reivindique la cosa por ser continuador de la persona del difunto (arts. 3417, 3418, 3421 in fine, 3264 y concordantes del Código Civil), aun cuando no haya tenido nunca la posesión del inmueble (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 290 del 05/5/2010, en ?Gargiulo de Hadla Cristina vs. Vizcarra Napoleón del Valle s/ Reivindicación?; ídem sentencia Nº 236 del 14/4/2010, en ?Alderete Fernando Manuel y otra vs. Jiménez López Manuel y otra s/ Reivindicación?).

En el presente caso, la demanda fue promovida por los herederos de José Ignacio Chenaut, quien era condómino del inmueble en cuestión, según escritura pública Nº 503 de fecha 21/5/1932 y conforme fue admitido por la propia accionada, por lo que el dominio aparece acreditado.

Cabe recordar que ante el fallecimiento durante el pleito de la co-actora Sra. Alicia Lelong de Chenaut (cónyuge supérstite del causante al momento de la demanda) y el aceptado pedido de exclusión del proceso de la co-heredera María Victoria Chenaut (fs. 325), la litis quedó integrada, como actores, por José Ignacio Chenaut (h) y Cecilia Ana Chenaut (ambos herederos de José Ignacio Chenaut), por lo que no resulta un hecho controvertido la legitimación activa de los pretensos reivindicantes en el presente proceso.

A mayor abundamiento, la doctrina ha admitido mayoritariamente que los condóminos pueden pretender reivindicar contra terceros ?toda la cosa? y no solo su parte indivisa (cfr. Alterini Jorge H, Acciones Reales, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 31; Lafaille, Derechos Reales, t. III, p. 2051; Areán, en Bueres -dir.- y Highton -coord.- Código Civil, t. 5B, p. 513; Borda, Derechos Reales, t. II, p. 477; Gustavo A. Bono en Zannoni -dir.- y Kemelmayer de Carlucci -coord.-, Código Civil , t. XI, ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 319).

Lo manifestado precedentemente se justifica, en tanto, para la procedencia de la acción reivindicatoria, el ?derecho de poseer? (ius possidendi) debe existir tanto al tiempo de la demanda como al momento de la sentencia; lo que se advierte en el caso que nos ocupa.

Por su parte, la legitimación pasiva en esta clase de acción real también se encuentra acreditada, en tanto de las constancias de autos y, en especial, de la propia contestación de la demanda surge que el Superior Gobierno de la Provincia alega ser actual poseedor de la cosa (arts. 2768 y 2772 del Código Civil).

Por otro lado, no se encuentra probado en la causa que el actor hubiere procedido a entregar ?voluntariamente? la posesión de la cosa que ahora se pretende.

Ello no ha sido acreditado por la accionada quien, incluso, admitió que originariamente el uso del inmueble fue otorgado en calidad de préstamo, sin perjuicio de sostener -la demandada- que en la actualidad lo es como ?poseedor animus domini?, no pudiendo inferirse de las pruebas sustanciadas contrariedad con la anterior afirmación, razón por la cual se verifica en la especie un supuesto de desposesión ?sin? la voluntad del que la detentaba.

Así, de estas constancias surge acreditado la causa eficiente del derecho de poseer invocado por el actor y la posesión del inmueble por parte del demandado; siendo el título de propiedad alegado (aún en calidad de heredero) anterior a la posesión del accionado -que no presentó título alguno- (art. 2790 del Código Civil); lo que -en principio- torna viable la presente pretensión reivindicatoria, en caso de que no resulte procedente la usucapión invocada por el demandado, lo que será objeto de infra examen.

Es que del expediente ?Lola Chenaut de Galindo Borda s/ División de condominio? se desprende la existencia originaria del ius possidendi en cabeza de los actores, y de los propios términos de la contestación de la demanda se infiere su oponibilidad al Superior Gobierno de la Provincia; restando solo por determinar si el derecho de poseer ha ?subsistido?, atento la usucapión planteada por vía de reconvención; ya que en los casos como el de autos, donde la litis ha quedado trabada en un conflicto entre reivindicación y la defensa de prescripción adquisitiva, el hecho invocado por el demandado es al mismo tiempo extintivo del derecho del actor y adquisitivo de un derecho a su favor.

No resulta óbice de lo considerado, el hecho de que los actores no hayan probado su propia posesión, pues si el reivindicante presenta títulos de fecha anterior a la posesión del demandado y éste no acompaña título alguno, se establece en favor del primero la presunción de que el autor de dicho título era poseedor a la fecha de aquél sobre el inmueble reclamado (cfr. Mariani de Vidal, M.: "Curso de Derechos Reales" Bs. As. Zavalía. T. 3, p. 216; CSJTuc, sentencia Nº 290 del 05/5/2010, en ?Gargiulo de Hadla María Cristina vs. Vizcarra Napoleón del Valle s/ Reivindicación?).

Así las cosas, luce acreditado en autos, la existencia y eficacia del derecho de poseer de los actores, con los límites ut supra señalados, quedando solo ponderar si ese derecho ha sido perdido por los accionantes, como consecuencia de la prescripción adquisitiva argüida.

III.- Conforme lo ut supra considerado, corresponde indagar seguidamente si la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por el Superior Gobierno resulta procedente, ya que de dicho resultado se sigue la suerte de la acción reivindicatoria instaurada.

La Provincia de Tucumán reconvino la acción reivindicatoria, alegando prescripción adquisitiva. El estado provincial se encuentra legitimado activamente para usucapir (art. 3951 del Código Civil) y ha identificado -en la reconvención- el inmueble objeto de la pretensión (número de padrón Nº 80.945, C III, Matrícula 35.235, M.285, Orden 10, Parcela 115 c(4) e inscripto en el Registro Inmobiliario en Libro 32, Folio 25, Serie B, Año 1929), determinando suficientemente la cosa que pretende adquirir, con el plano de mensura del Superior Gobierno para información posesoria de fecha 20/9/1981 (fs. 84/87 y 144), acompañado con la demanda (art. 24 inc. b de la ley 14.159).

Es de recordar, previo a la evaluación del plexo probatorio, que en el caso de interposición de prescripción adquisitiva ante una acción de reivindicación, la valoración de la prueba que bonifica esta defensa es restrictiva y debe comprobarse la adquisición de manera insospechada, por hechos inequívocos y reiterados (CSJN, 10/10/1918, Fallos 128:131; 26/10/1918 Fallos 128:239; 11/10/20 Fallos 132:377; 12/11/20 Fallos 133:42; 7/9/93 ED 159:232), pues de lo contrario rige la regla de la seguridad estática, por la cual el derecho del propietario se juzga subsistente (doctrina art. 2510) y, por ello, la duda lo favorece -in dubio pro actio-, debiendo ser restrictivo el criterio de apreciación de la defensa de prescripción (cfr. Gustavo A. Bono en Zannoni -dir.- y Kemelmayer de Carlucci -coord.-, Código Civil , t. XI, ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 941).

En relación al corpus, detalla el demandado que ello surge de la existencia de una casa prefabricada instalada por el Estado Provincial para que tengan allí su asiento agentes del estado provincial, de la construcción de la pista de aterrizaje de aeronaves, del alumbrado que delimita el perímetro del inmueble y del ya aludido plano de mensura.

Ahora bien, no ha quedado comprobado en la causa que la casa prefabricada de madera haya sido instalada por el Estado Provincial para uso de sus agentes, ni tampoco la existencia de actos de mantenimiento de la pista de aterrizaje o del alegado alumbrado de la misma; ni siquiera se ha demostrado la existencia, en la actualidad, de dicha pista de aterrizaje, la que -incluso- ha sido negada como tal, conforme la prueba arrimada por la actora; no revirtiendo el déficit procesal apuntado el mentado plano de mensura, en tanto el mismo constituye un acto material que puede realizar un simple detentador (CSJTuc, sentencia Nº 1229 del 25/11/2008, en ?Isasmendi Juan Antonio s/ Prescripción adquisitiva?).

Entre la prueba documental acompañada por el reconviniente, cabe mencionar las constancias del amparo por tenencia de fecha 12/8/1998 (ver especialmente fs. 81/83 vta., 103/104, 17 vta. y 116/118), el plano de mensura del Superior Gobierno para información posesoria de fecha 20/9/1981 (fs. 84/87) y el acta de inspección ocular del 25/8/1998 labrada por el Juez de Paz de Tafi del Valle -en el marco del amparo posesorio- en la que consta que el predio se encuentra cercado en su totalidad, con una pista de aterrizaje de 800 metros de largo, dos planchas de cemento que servirían para señalización y demarcación de la pista (fs. 90/96), y en la que se encuentra agregado el informe vecinal ut supra descripto.

Ahora bien, no se desprende de los instrumentos acompañadas la existencia indubitable de posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el plazo de ley.

Efectivamente, la supuesta existencia de una pista de aterrizaje, de la que daría cuenta el acta de inspección ocular del 25/8/1998 labrada por el Juez de Paz de Tafi del Valle en el marco de un amparo posesorio, no constituye un elemento dirimente a la hora de juzgar el corpus posesorio necesario para la procedencia de la usucapión tentada, ya que no resulta un hecho controvertido en autos que la posibilidad de aterrizajes de aviones fue precisamente la razón del préstamo originario del terreno por parte de los titulares dominiales a la Provincia; a más de que no ha quedado debidamente acreditado que dicha supuesta pista de aterrizaje haya sido objeto de actos materiales -por parte de la Provincia- destinados a la conservación o mantenimiento de la misma, como ya se anticipara.

Por su parte, las declaraciones testimoniales que corren agregadas en el informe vecinal tampoco resultan suficientes para atestiguar que la Provincia haya detentado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida por 20 años.

El testimonio de Héctor Ramón Monasterio (fs. 97/98), que manifestó ser cuidador del inmueble, luce inconsistente en tanto la demandada no logró sustanciar ningún otro elemento probatorio que dé cuenta de ello, más teniendo en consideración que si el testigo cumplía dichas funciones para el Estado Provincial, debería éste haber podido corroborar dicha relación contractual o de dependencia, no resultando suficiente a tales efectos el reconocimiento efectuado en el testimonio de Hugo César González (fs. 98/99).

La única prueba de un acto posesorio surgiría de la declaración de Fernando Víctor González (fs. 100/101) quien expresa que el terreno fue cercado por el entonces delegado comunal, antes de que fuera creada la Municipalidad de Tafí del Valle (fs. 100/102), pero ese solo hecho aislado no resulta acreditante de una posesión veinteñal, como debería haber justificado la Provincia; ya que ?la posesión constituye un medio excepcional de adquisición del dominio cuya comprobación debe efectuarse de manera insospechable? (CSJN, Fallos 284:206, en ?García Benito Eduardo vs. Provincia de Bs As?, en 1972), no supliendo dicho déficit probatorio el amparo por tenencia ni el plano de mensura, en tanto no constituyen elementos demostrativos del alegado corpus posesorio.

Además de la documental acompañada en la contestación de la demanda, la Provincia produjo un solo cuaderno de prueba (también instrumental), de cuyas constancias no luce acreditado el corpus requerido. Así de dicha prueba producida no surge ni una sola constancia de actos posesorios materiales realizados sobre el inmueble sub discussio.

De la actuación administrativa referente a inspección practicada con fecha 14 de Junio de 2001 por el Área Inmuebles Fiscales, en el fundo objeto del presente litigio, que da cuenta de que el predio está libre de ocupantes, verificándose la existencia sólo de una prefabricada de madera deshabitada (fs. 445), no puede extraerse una conclusión contraria a la ya pronosticada, puesto que ésta sola circunstancia no da cuenta de la posesión, pública, pacífica e ininterrumpida argüida.

Es que ni siquiera se acreditó si fue la Provincia la que efectivamente construyó dicha casa prefabricada de madera, resultando contrastante con la pretensión del Superior Gobierno, la circunstancia de que la misma se encuentra ?deshabitada? como lo expresa el propio informe producido por la demandada.

La sola comprobación de existencia de una casa prefabricada en el predio, sin acreditación de quién o cuando se realizó tal obra, y el supuesto cercado realizado por el delegado comunal, según declaración testimonial no corroborado por otro medio probatorio, no pueden erguirse como sustancia probatoria tal de la que permita inferirse que la Provincia efectuó actos de mantenimiento y conservación de una pista de aterrizajes de aviones, más cuando de la prueba aportada por la actora se desprende que la supuesta pista de aterrizaje dejó de ser utilizada como tal desde hace muchos años.

Resulta categórico, en contra de la postura sustentada por la accionada, el testimonio de Eliseo del Río declarando que cuando realizó la mensura del inmueble en disputa, en el año 1977, el fundo ?era? de los Chenaut (fs. 369); concordante ello con el testimonio prestado por Juan Carlos Yacuzzi quien declaró que desde el año 1976 o 1977 sobre el inmueble han ejercido la ocupación la familia Chenaut, debiendo subrayarse que tal conocimiento vino dado en virtud de los trabajos que el testigo realizaba en el fundo, como consecuencia de su carácter de perito avaluador y partidor ordenado en autos ?Lola Chenaut de Galindo Borda s/ División de condominio?; no habiendo sido impugnados -por la contraria- ninguno de tales testimonios.

Asimismo, es dable tener presente, también en sentido contrario al sostenido por la Provincia, la declaración de la Sra. Julia Elena Terán que expuso que en el terreno en disputa hubieron aterrizajes antes de 1970 más o menos; lo que resulta coincidente con el testimonio de Francisco Solano Bordón quien manifestó que la utilización del predio como pista de aterrizaje de aviones cesó en su uso con la inauguración de la Ruta Nº 307, reconociendo que en Enero del año 1962 fue la última vez que el testigo vio un avión utilizando el predio en litigio (fs. 423/424), lo que -a su vez- resulta concordante con la declaración testimonial de Victorio Ramos (fs. 378 y vta.).

Con respecto a las tachas formuladas por el representante del Superior Gobierno respecto de éstos últimos dos testimonios mencionados, por supuesta complacencia del primero y por considerarlo comprendido en las generalidades de la ley al segundo; tales impugnaciones deben ser rechazadas.

Efectivamente, no se observan en los dichos de los deponentes la presencia de las causales de refutación invocadas por la accionada, que se ha limitado a ofrecer como prueba de tales objeciones las propias declaraciones de los testigos.

Es más, las mismas resultan semejantes a los restantes reconocimientos testimoniales y demás medios de prueba producidos, por lo que tales oposiciones no son atendibles.

Como tiene dicho esta Corte reiteradamente ?la tarea de interpretación y merituación de las pruebas testimoniales y las tachas debe efectuarse bajo el principio de la sana crítica establecido por el art. 40 C.P.C.C.T.? (CSJTuc, sentencia Nº 1119 del 13/11/2008 en ?Navarro Patricia vs. Levy Carlos Moisés s/ Indemnizaciones?). ?La tarea valorativa de las pruebas resulta compleja, ya que el Juzgador debe rehacer hechos que han sucedido con anterioridad y de los cuales sólo puede obtener un conocimiento por vía indirecta a través de los elementos probatorios aportados al proceso, de cuyo análisis el juez debe extraer las conclusiones que lo llevan a establecer si el hecho que se procura determinar se produjo o no. De ahí que el sentenciante esté facultado para seleccionar entre los elementos con que cuenta, aquellos que a su juicio le provean mayor certeza respecto a las cuestiones sobre las cuales debe expedirse, y en el caso de los testigos, seleccionar de sus dichos aquellos que, en concordancia con otros elementos probatorios, lo lleven al convencimiento de la exactitud de sus manifestaciones.

Ello implica que debe realizar una tarea deductiva con la prudencia necesaria, sobre todo para apreciar la prueba testimonial, ya que debe desentrañar lo que es verdadero? (CSJTuc, sentencia Nº 1045 del 08/11/2007, en Medina Víctor Emilio vs. Villagra Carlos Sergio s/ Cobro de pesos?), por lo que una interpretación de las testimoniales impugnadas, a la luz del principio de la sana crítica genera la convicción de que las objeciones no merecen ser receptadas.

Por otro lado, a diferencia de lo alegado por la demandada, la prueba producida en el Cuaderno 3 del actor por la que la Asociación Tucumana de Jugadores de Pato (fs. 381 y vta.) informa que se organizaron campeonatos de dicha disciplina en el inmueble denominado ?pista del avión? de modo ininterrumpido desde el año 2003 hasta la fecha (18/11/2008) resulta concluyente para justificar que el predio no es utilizado en la actualidad como una pista de aviones (lo que resulta atendible, a pesar de que la fecha a la que refiere tal informativa data del periodo de trámite de éste proceso).

Asimismo, de dicha prueba se desprende que tal asociación admite haber organizado los torneos correspondientes a los años 2007 y 2008, requiriendo la pertinente autorización a Cecilia Ana Chenaut (fs. 382), por lo que la posesión de la Provincia, cuanto menos carecería de la nota de ?publicidad? que se requiere para la procedencia de la acción de usucapión.

Resulta determinante, en contra de la pretensión de la accionada, el informe pericial (fs. 401/408) que da cuenta de la inexistencia de vestigios de obras o de actividad de la que pueda inferirse que en el inmueble operaba una pista de aterrizaje; de lo cual puede deducirse que si bien alguna vez el fundo fue utilizado con esa finalidad, la supuesta pista no fue mantenida o conservada, a tales efectos, por el Superior Gobierno de la Provincia. Resulta contundente la afirmación del perito de que en el predio no se observan instalaciones eléctricas, de iluminación ni de seguridad, ni balizas que permitan el aterrizaje de aeronaves; fundamentación ésta que no fue refutada por la contraria, a pesar de haber sido debidamente notificado del resultado de la prueba pericial (fs. 409).

Por tanto, cabe concluir, que la Provincia ha logrado abonar parcial y aisladamente la realización de algún actos que podrían ser considerados ?posesorios? en un pasado mediato, pero de la prolija compulsa de los medios de prueba sustanciados, no surge que la demandada haya logrado acreditar de manera insospechada, clara, cabal y convincente, como lo exige la jurisprudencia (CSJN, causa "Glastra S. A." del 07/10/1993, Fallos 316 t. III 2297, en J.A., 1993-II-550 y remisiones a Fallos: 300:651, causa "B. Álvarez c. Provincia de Córdoba; Fallos: 308:1699, causa "Santos Solá c. Fadul de Sobrino" y sus referencias igualmente en Fallos: 183:285; 128:131; 132:377; 133:42; 284:206 -La Ley, 150-720-; en relación a la realización de los actos posesorios y su duración temporal; CSJTuc, sentencia Nº 764 del 13/10/2010, en ?Amenta Antonio y otra vs. Provincia de Tucumán s/ Prescripción?. Ídem CNCiv, Sala I, 1998/08/11, LL 2000-B, 238; id. Sala H, 1997/06/13, LL 199-F, 475; CNFed Civ y Com, Sala I, 1986/06/30, LL 1990-A, 58) el cumplimiento de los requisitos para acceder a este medio excepcional de adquisición del dominio; lo cual no se puede inferir de pruebas insuficientes (CSJN, Fallos: 311:2842).

La doctrina judicial es conteste en señalar que en los juicios de naturaleza como el presente, se deben analizar los elementos aportados con suma prudencia y sólo acceder a la petición cuando los extremos acreditados lleven absoluta certeza al juzgador sobre los hechos afirmados.

Es que están en juego poderosas razones de orden público, pues se trata de un modo excepcional de adquirir el dominio, que correlativamente apareja la extinción de este derecho real sentado por el art. 2508 del Código Civil (CSJTuc, sentencia Nº 153 del 09/3/2005, ?Moreno Ledesma, Ramón vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Prescripción adquisitiva; sentencia Nº 524 del 30/7/2004, ?Barinaga Manuel Enrique s/ Prescripción adquisitiva; sentencia Nº 986 del 03/11/2008, ?Berrondo, Orlando Roberto s/ Prescripción adquisitiva?; ídem CNCiv, Sala H, 2007/07/21, LL 2007-C, 228).

En ese sentido, se ha dicho que ?a fin de adquirir el dominio por prescripción, la prueba aportada para acreditar la posesión debe reunir condiciones sustanciales de exactitud, precisión y claridad; debe ser acabada y plena, demostrando que quien pretende usucapir, ha poseído efectivamente, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de dueño y durante todo el tiempo previsto por la ley.

La prueba mencionada se meritúa con criterio estricto atento a que en esta clase de procesos está interesado el orden público? (CSJTuc., sentencia N° 708, del 22/8/2005, en ?Sucesión de Barquet Gaspar Isidro s/ Prescripción adquisitiva?; sentencia Nº 992 del 17/12/2010, en ?Naufe Rolando José vs. Sucesores de Isabel López García y Fabio López García s/ Prescripción adquisitiva. Ídem CSJN, sentencia del 07/9/1993, en "Glastra S. A. c. Estado nacional y otros", ED, 159-233; ídem Bueres-Highton, Código Civil Comentado, t. 6 B, p. 749).

En un caso similar, la Corte Federal dijo ?que para tener por configurada la desposesión por parte de la Provincia no basta con la realización de parte de ésta de actos materiales -en el caso el mejoramiento de la pista de aterrizaje- de los que resulte una exclusión absoluta del poseedor, sino que es preciso también que sean ejecutadas con intención de poseer (arts. 2455, 2496 y 2497) ? La posesión está integrada por un elemento subjetivo, el animus domini (arts. 2351), que requiere comportarse sin reconocer en otra persona el derecho de propiedad (art. 2352); en el supuesto de autos la Provincia ha reconocido en un tercero el derecho de dominio, lo que la priva de dicho elemento subjetivo? (CSJN, ?Acebo S.A.C.I.I.F. vs. Provincia de Neuquén?, fallos 308:476); por lo que cabe concluir que ni el corpus ni el animus (que se presume, acreditado que fuera el primero) han sido irrebatiblemente justificados en el presente. Teniendo en consideración que la usucapión fue intentada por la Provincia contra un contradictor con título suficiente -reivindicante-, cabe reiterar que el análisis de los elementos probatorios debe ser riguroso (Kiper y Otero, Prescripción adquisitiva, 2da. ed actualizada La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 232/3), no habiendo quedado indubitablemente demostrada en autos, la posesión efectiva, pública, pacífica, animus domini y sin oposición de terceros por veinte años del inmueble pretendido por la Provincia, por lo que cabe rechazar la prescripción adquisitiva intentada por ésta.

IV.- Por tanto, corresponde rechazar la pretensión de prescripción adquisitiva incoada por la accionada, mediante la vía reconvencional; y hacer lugar a la demanda de reivindicación promovida por los actores circunscripta a la fracción del inmueble de 15 has. de superficie aproximadamente empadronado catastralmente con el Nº 80.945 -dentro de una mayor extensión- ubicado a la altura del km. 60 de la Ruta Provincial 307 de Tafí del Valle, que le corresponde a los actores según el proyecto de partición -para división de condominio- dictado el 03/7/1984 (obrante a fs. 1129/1163) y rectificado en fecha 02/3/2010 (fs. 1611/1612 del expte. ?Chenaut de Galindo Borda Lola s/ División de condominio?).

Las costas se imponen a la demandada vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte).

Por lo expresado, de conformidad con lo dictaminado con el Sr. Ministro Fiscal (fs. 545/548) y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR a la demanda de reivindicación promovida por Cecilia Ana Chenaut y José Ignacio Chenaut (hijo), respecto de la fracción del inmueble de 15 has. de superficie aproximadamente empadronado catastralmente con el Nº 80.945 -dentro de una mayor extensión- ubicado a la altura del km. 60 de la Ruta Provincial 307 de Tafí del Valle, que le corresponde a los mencionados actores según el proyecto de partición ? para división de condominio- dictado el 03/7/1984 (obrante a fs. 1129/1163 del expte. ?Chenaut de Galindo Borda Lola s/ División de condominio?) y rectificado en fecha 02/3/2010 (fs. 1611/1612 de los recién referidos autos). En consecuencia, el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, deberá dar inmediato cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2794 del Código Civil.

II.- NO HACER LUGAR a la demanda por prescripción adquisitiva promovida por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán respecto del inmueble identificado con el número de padrón catastral Nº 80.945, C III, Matrícula 35.235, M.285, Orden 10, Parcela 115 c (4) e inscripto en el Registro Inmobiliario en Libro 32, Folio 25, Serie B, Año 1929.

III.- COSTAS como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de hono-rarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDURCLAUDIA BEATRIZ SBDAR DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.