marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, prueba, allanamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y Otros c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-28

De la lectura de lo actuado no se advierte la configuración de las irregularidades del proceso alegadas en las diferentes presentaciones recursivas, que ameriten la declaración de nulidad pretendida. Así, se vislumbra que el trámite de la causa se ajustó, desde su génesis, a las pautas de debido proceso impuestas por nuestra Constitución Nacional. Al respecto, las impugnaciones presentadas por las defensas describen un marco situacional que se aleja del plexo probatorio reunido en autos que, corresponde señalar, demuestra de forma evidente que las actuaciones se han desarrollado correctamente sin vulnerar las garantías que le asisten a los recurrentes. Así, se desprende que la incorporación del cassette impugnado por la defensa fue debidamente ofrecida como prueba por el Ministerio Público Fiscal y aceptada como tal por el órgano jurisdiccional, y que los allanamientos practicados en autos han sido fundados y se desprenden de las investigaciones que venía realizando la prevención con el control del organismo judicial; habilitándose su realización en horario nocturno como una consecuencia lógica de las particulares características de las actuaciones y, principalmente, por las particularidades de la organización criminal investigada.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PENAL
Carátula: LOSCOCCO, DANIEL ANTONIO s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

El pedido de indemnización por el daño causado por el delito no debe necesariamente tener fórmulas sacramentales si queda patente el propósito de ejercer la acción pertinente en la oportunidad que demarca el art. 457 C.P.M.P.

Atento a las características de la acción civil, la suma fijada en concepto de reparación al daño civil, no debe exceder el pedido de la querella, para no incurrir en "plus petitio".
Deber de imparcialidad, derecho a la identidad de género, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Quiroga, Walter Germán c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

El voto concurrente señaló: "Que, en las particularidades de la especie, adhiero en lo sustancial a la solución propuesta por el doctor Guillermo J. Yacobucci. Solamente he de agregar que se evidenció una merma en la imparcialidad basada en el menoscabo y la ausencia de resguardo por la identidad de género, ocurrida durante la pesquisa en varias oportunidades y reproducida innecesaria y acríticamente por parte del a quo."(...)"Al respecto, corresponde memorar que la ley n° 26.743 (B.O. 23/5/2012) estatuye que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género (art. 1.a) y a "ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo" (art. 1.c). Asimismo, se establece que: "Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales" (art. 2). Asimismo se exige que: "Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas [...] que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados" "Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a" "En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada" (art. 12). Resulta obligación de todos los órganos estatales cumplir con la norma y brindar un trato digno, sin discriminación en razón de la identidad de género. Por ese motivo, aparece especialmente grave que el requerimiento de elevación a juicio contenga la mención del nombre masculino que no se corresponde con la identidad de la encartada. Dr. Slokar -voto concurrente-.
Accidente ferroviario, prueba, daño por vicio o riesgo de la cosa, carga de la prueba, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Contreras,  Raúl Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Sentada la participación del ferrocarril en el accidente, no cabía exigir a la apelante la acreditación de otros extremos ni la demostración de la forma concreta en que se produjo el infortunio, ya que, al tratarse de un daño causado por "el riesgo" de la cosa (art. 1113, ap. 2º, párrafo final del Código Civil) basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquella, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardián de la misma, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, legitimación activa, derechos de incidencia colectiva, control de constitucionalidad, reglamentación de la ley, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, democracia participativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

En el caso, corresponde revocar la sentencia dictada por el Sr. Juez aquo y hacer lugar a la acción de amparo deducida, atento a la omisión en que incurre el Poder Legislativo en no reglamentar legalmente el Consejo Económico y Social, previsto en el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actora constituye una asociación civil que agrupa a asociaciones, cámaras, centros, uniones, federaciones y confederaciones empresarias con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Su objeto es actuar en defensa de los intereses profesionales de sus representados y del orden político, social y económico.

Las características del caso presentan a la actora como titular de un derecho de incidencia colectiva en virtud del cual se encuentra habilitada a litigar en los términos del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad.

Ahora bien, si bien es cierto que la falta de implementación del Consejo Económico y Social no obsta a que la actora pueda llevar adelante acciones en el marco de su objeto social -artículo 10 de la CCABA-, también lo es que goza del derecho constitucional de aspirar a integrar un órgano de gobierno de carácter consultivo cuya existencia previó expresamente el constituyente y participar de este modo de las instituciones que conforman la democracia participativa de la Ciudad.

Por lo tanto, hágase saber al Poder Legislativo que deberá sancionar la ley prevista en el artículo 45 de la Constitución local durante el período legislativo 2008.
Traslado de jueces, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Así como no hay traslados "buenos" y traslados "malos", tampoco hay violaciones constitucionales disculpables y no disculpables, porque esta diferenciación arbitraria y antojadiza es el tobogán que conduce a la anomia.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Esteban c/ Policía Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios Montenegro, Justo c/ Fisco de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30|2002-02-26

La noción de daño resarcible que elabora el derecho civil debe partir, ante todo, del fin perseguido, que es la reparación de perjuicio sufrido por la víctima. Para lograr esa finalidad el daño resarcible se clasifica en patrimonial (material) y moral (extrapatrimonial): hay daño patrimonial si el resultado es antieconómico y daño moral si el resultado es antiespiritual. La afección anímica o la minoración económica no son consecuencias del daño, sino el daño mismo, que consiste y se agota en ellas.
Rescisión judicial, reconvención, base regulatoria, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Principe y Menghi  SA c/ Banco Nacional de Desarrollo. s/ Intervención Contractual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Este Tribunal no adoptará un monto adicional a raíz del planteo de revisión del contrato efectuado en la demanda, pues, desde el punto de vista regulatorio, el límite está dado por el importe de la deuda, tal como ha sido reclamado en la reconvención conforme con lo pactado; y por ser este el importe mayor, absorbe al que en forma indeterminada resulta de la pretensión de la demandada, que es de cualquier modo inferior a aquél por haberse pretendido, precisamente, la reducción de la deuda. Este criterio guarda armonía con el que esta Sala ha adoptado invariablemente cuando se deben regular honorarios por una demanda de rescisión de contrato y por una reconvención por cumplimiento de ese mismo contrato, en cuya hipótesis, y a pesar de tratarse de dos pretensiones distintas, se considera el valor único de la contratación, pero no se lo duplica.
Pensiones, hija divorciada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tessi, Elda Dolly c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 291-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

El artículo 25 de la ley 6915 establecía que "en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad, gozarán de pensión: 1) a)...b)...c) las hijas viudas o hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido, incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso,siempre que no gocen: 1) de prestación alimentaria; 2) beneficio jubilatorio o pensión graciable, salvo en este último caso que opten por la pensión que acuerda la presente...". Con respecto al requisito legal de la culpa exclusiva del marido en el divorcio, y la existencia en el caso de divorcio por art. 67 bis de la ley 2393, es necesario aclarar que la separación basada en la petición conjunta de los cónyuges no importa por sí sola la exclusión del beneficio de pensión, ya que dicha exclusión impuesta por la ley de fondo sólo sería procedente si se probara en forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta de la interesada. Los efectos de la culpa de ambos esposos que el artículo 67 bis de la ley 2393 establecía para la sentencia de divorcio obtenida por ese procedimiento, regulaban sus consecuencias civiles pero no traían aparejada la pérdida del derecho previsional.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gilardoni de Moreno, Haydée y otros c/ E.N.  (Ministerio de Defensa) s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Cuando el valor reclamado en la demanda, actualizado de conformidad con las pautas que resultan del artículo 242 C.P.C.C.N , excede el monto mínimo previsto en la norma limitatoria de la apelabilidad de las decisiones judiciales, corresponde admitir la queja articulada y conceder el recurso de apelación.
Medidas cautelares, Internet, contenido de sitios de Internet, proveedor de Internet
Materia: PROCESAL
Carátula: Amado Atilio Francisco c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

No se advierte, que en las páginas cuestionadas haya expresiones que, por su forma, puedan caber en la categoría de insulto u ofensa. Se parte de la premisa de que ambos sitios están registrados en NIC Argentina -según la terminación del nombre de dominio-; de modo que no son de aquéllos que el actor indicó, en el escrito de inicio, como de imposible intimación para que eliminen los contenidos que considera lesivos, circunstancia en la que justificó su reclamo contra Google. El bloqueo cautelar para acceder a dichos sitios a través del buscador, importaría restringir -en las circunstancias descriptas- la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032, y limitaría el "debate libre" que permite Internet, elemental en un sistema democrático y republicano (doctrina de Fallos 331:1530).
Daños y perjuicios, responsabilidad del escribano, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Consultora Belleville S.A. c/ López, Roberto Víctor s/ D. y P. res. contractual particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-28

Resulta responsable el escribano demandado por los daños y perjuicios ocasionados a la actora por la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble del mutuo hipotecario, celebrado entre la aquélla y la deudora, pues de dicha omisión se deriva que el actor en su carácter de acreedor se haya visto privado de ejecutar la garantía hipotecaria a fin de cobrar el saldo insoluto y el escribano en modo alguno ha logrado demostrar los extremos que menciona para justificar su conducta omisiva. [....] Por supuesto que el solo incumplimiento de la inscripción no es suficiente, sino que debe haber un incumplimiento en la obligación que haya motivado al acreedor del mutuo hipotecario a accionar judicialmente y a la par, éste se haya visto frustrado de hacer valer el privilegio oportunamente constituido, ello como consecuencia de la omisión -deliberada o no- en la que incurrió el escribano, quien sin justificación alguna no cumplió con la obligación de inscribir el mutuo hipotecario en el Registro respectivo. De allí que, independientemente que no haya participado en la ejecución, no puede librarse de la responsabilidad que su omisión causó a la actora, al no poder ejecutar la garantía hipotecaria a fin de satisfacer su crédito. (del voto de la mayoría).
Excepción de prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La decisión recurrida, que hizo lugar a la excepción de prescripción respecto de un período fiscal, es la definitiva a la que refiere el art. 27 de la ley n° 402, en tanto el GCBA muestra que lo aquí resuelto excede el marco de esta causa en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción de la renta pública (cfr. la doctrina de la CSJN en "Fisco Nacional c/ Pemihual S.R.L. s/ ejecución fiscal", resolución del 21/10/2003, entre muchos otros; receptada en mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "GCBA c/ Sr. Propietario partida 1535137 s/ ejecución fiscal"" (expte. SACAyT n° 3293/04; sentencia del 30/03/2005). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Acto administrativo, presunción de legitimidad, principios del procedimiento administrativo, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REINOSO,RAMON ROGELIO c/ GOBIERNO DE LA PCIA. E  I.S.P.P. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-02

El procedimiento administrativo, debe respetar y observar el principio de la legitimidad, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. La legitimidad se compone de dos facetas, por un lado la legalidad procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento juridico positivo, mediante la limitación del Poder Público; por otro comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, exigiendo que los actos administrativos posean un contenido justo, razonable y valioso.-
Veterinarios, aranceles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Colegio de Veterinarios P.B.A. c/ Godoy, Julian C. s/ Apremio Decreto Ley 9686/81
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

El pago de la matrícula tiene por objeto que el profesional ejerza la calidad del mismo y suspendido no lo puede hacer. En consecuencia no puede generar nuevas obligaciones.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Carlos A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Para la procedencia de una acción fundada en las normas del art. 1113 parte 2da. in fine del Código Civil es requisito ineludible -entre otros- la demostración por parte del accionante del carácter riesgoso de la cosa, lo que supone su concreta individualización y la objetivación de su riesgo o vicio y la incidencia de éstos últimos en el daño causado, o sea que el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa.
Cómputo de la pena, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: G., I.O.; P., J.C.; S., L.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-02

"Frente al texto de la ley, el cómputo y determinación del día del vencimiento de la pena deviene inoperante, puesto que las penas condicionales no vencen, caducan, extinguiéndose sus efectos si dentro de cuatro -4- años de la fecha de la misma no se comete otro delito".
Propiedad horizontal, expensas comunes, expensas ordinarias, expensas extraordinarias, obligaciones propter rem, obligaciones de los condóminos, uso exclusivo de la cosa común
Materia: CIVIL
Carátula: RATTI, CARLOS ALBERTO. c/ BOGLAINI, MIRTHA BEATRIZ. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-19

Los impuestos y tasas que gravan la cosa común son cargas que deben ser soportadas por los comuneros, en su relación interna, en proporción a sus respectivas cuotas, sin perjuicio de la solidaridad legal frente la acreedor (art. 2689 del Código Civil). Las expensas, tanto comunes como extraordinarias, establecida como obligación de fuente legal frente al consorcio (art. 8 de la ley 13 512), en el caso en que una unidad corresponde a la titularidad conjunta de dos personas, se regulan por los mismos principios en su relación interna, sufragadas íntegramente por uno de los condóminos, tiene acción de contribución contra el otro por la parte de éste en el condominio de la unidad (arts. 2685 y 2686 del Código Civil).

Todas estas obligaciones son independientes del uso de la cosa o de su ocupación exclusiva por uno de los condóminos, o por un tercero, con derecho o sin él. Para la hipótesis de uso exclusivo por un comunero, se da la acción dirigida a la fijación de un canon o compensación por tal concepto.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bellacomo Francisco Salvador c/ Montegroso José Pablo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Ante la demanda de desalojo promovida por la causal de vencimiento del plazo de la locación y habiendo el demandado argumentado que el contrato había sido rescindido de común acuerdo y que en su consecuencia restituyó la tenencia del bien, estaba a su cargo probar dicha circunstancia. (Art. 375 del CPCB).
Cuestión constitucional, infracciones de tránsito, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Línea de Microómnibus S.A.T.C.F. s/ art 6.1.63 y otros ley nº 451 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

La debilidad de los fundamentos empleados por la accionante junto con la estrategia procesal elegida, que implica no insistir por la vía de la queja en traer ante el Tribunal cuestiones que eventualmente podrían constituir un caso constitucional, sellan la suerte del recurso de inconstitucionalidad, que ha sido mal concedido por la Cámara. (Voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, integración del tribunal, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: S, J C s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 579-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-28

A nivel jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires ha dicho que "la ley que autoriza el funcionamiento de las Cámaras de Apelación con sólo dos de sus tres miembros, no contraría ningún principio constitucional".
Acción de amparo, derecho a la salud, personas con discapacidad, personas con discapacidad auditiva, medicina prepaga
Materia: PROCESAL
Carátula: BAZAN GABRIEL FERNANDO c/ DOCTHOS SWISS MEDICAL SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Este Tribunal se ha pronunciado en sentido contrario al expuesto por la recurrente, poniendo de manifiesto que el legislador no ha distinguido entre atención relacionada con la discapacidad y no relacionada, a los efectos de garantizar la cobertura odontológica requerida, ponderando que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, por lo que corresponde su aplicación directa -cuando no exige esfuerzo de interpretación-, prescindiendo de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en la norma (conf. Sala 2, causa 9721/07 del 12.12.07 -citada en la contestación de agravios-).
Acción civil, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, suspensión de la sentencia civil
Materia: CIVIL
Carátula: KARSZENBAUM c/ COOP.VIV.SGTO. ROMERO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

El art. 1101 del CCiv. establece la suspensión del dictado de la sentencia en el juicio civil, siempre que se den dos condiciones: a) que tanto la acción civil como la criminal nazcan del mismo hecho;

b) que la acción criminal se haya promovido expresamente, por todos, ante la jurisdicción respectiva.

La norma citada es aplicable no solamente a los juicios que persigue la reparación de los daños originados en un hecho ilícito, sino también cuando el juicio civil se encuentre internamente vinculado al resultado del juicio penal; ello, por cuanto el preámbulo del art. 1101 admite la aplicación analógica, ya que no se trata de una disposición excepcional, ni taxativa, siendo una norma de derecho común que no tiene una regla contraria a ella dentro del Código.