Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07


Causa Nº 7695-00/CC/06 Caratulada: Lallana, Juan Carlos s/ inf. Art.79 C.C. s/Apelación.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz , a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que a fs. 30/34, el defensor oficial del imputado, Dr. Francisco José Malini Larbeigt, interpuso recurso de apelación contra la resolución interlocutoria obrante a fs. 27/29, mediante la cual se resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad articulado por la defensa respecto la resolución de fecha 20 de julio del corriente en la que se declara la rebeldía de Juan Carlos Lallana (fs. 19/20).

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión. Admisibilidad del recurso.

2. El recurso ha sido interpuesto por quién se encuentra legitimado subjetivamente para hacerlo y en forma temporánea. La Defensa Oficial fue notificada el día 30 de agosto del corriente, conforme la constancia de fs. 29, e interpuso el recurso de apelación el 1º de septiembre, es decir dentro del plazo legal.

Por otra parte, las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley nº 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N., entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen irreparable. Entendido tal, como el perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora (confr. Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237) y también ...puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar. (confr. Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

Segunda cuestión. De los agravios 3. Que este tribunal sostuvo que el artículo 13, inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires enumera una serie de principios entre los que se establece la inviolabilidad de la defensa en juicio, sancionando como nulos los actos que vulneren garantías procesales. En este sentido, reitera el correcto entendimiento que se debe dar al art. 18 de la Constitución Nacional (Causa Nº 8710/CC/2006 ACOSTA RIVEROS, DEBORA SOLEDAD s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación).

En este orden de ideas, el art. 1 L.P.C. dispone que toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que el Código le acuerda, desde los actos iniciales, hasta la terminación de la causa.

Ninguna duda cabe que las actuaciones se inician cuando la autoridad preventora comprueba prima facie la posible comisión de una contravención; oportunidad en que debe labrar un acta que contenga, entre otras exigencias, los datos del presunto contraventor (art. 36, ley nº 12). De ello se colige que existiendo un imputado a partir del labrado del acta contravencional, aquél puede designar defensor y, en consecuencia, en caso de no elegirlo, el juez o fiscal deberá dar intervención inmediata al defensor oficial (art.3, L.P.C.). Tal postulado tiende a dar efectividad al derecho de defensa, en especial en todos aquellos actos jurisdiccionales que pudieren importar restricción de derechos constitucionales.

Es que tal como lo sostiene Julio Maier: todas las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en el que una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces, desde ese momento, ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal (Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, Bs. As. 2004, T I, pág. 548).

La afectación constitucional que genera el incumplimiento de la garantía de defensa en juicio se encuentra sancionada por el art. 167 del C.P.P., -de aplicación supletoria conforme lo prescripto por el art. 6 de la ley 12-, que establece: Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: ...3º) A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: Esta Corte tiene resuelto desde antiguo que el cumplimiento de las normas tendientes a asegurar que el reo cuente con asistencia letrada constituye requisito de validez cuyo incumplimiento determina una nulidad que debe ser declarada por el Tribunal en ejercicio de la jurisdicción extraordinaria. Tal conclusión se asienta tanto en la garantía de la defensa en juicio, expresamente establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional, cuanto en la que asegura el debido proceso que la complementa e integra aquéllas a las que se refiere el art. 33 por ser inherentes al sistema republicano (L. 285. XXI. - "López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero)" - CSJN - 14/09/1987. elDial - AA31EE - elDial.com - Editorial Albrematica).

4. Que en la causa sub examine recién se le dio intervención al defensor Oficial a fs. 20, es decir cuando la rebeldía ya había sido declarada; violando de este modo la garantía constitucional de defensa en juicio, correspondiendo proceder conforme lo preceptuado en el art. 167 del C.P.P.N.

Si no se notifica al Defensor Oficial previo a la declaración de rebeldía, mal puede éste ejercer el deber que le impone el art. 30 de la ley nº 21.

Efectivamente, los bienes en juego en el proceso penal determinan la necesidad de la efectiva intervención de un defensor -derecho a la asistencia letrada- a fin de asegurar la vigencia positiva de los derechos del imputado.

En el caso concreto, la afectación de tales derechos vinculados en especial con la restricción a la libertad de Lallana que se colige del resolutorio de fs. 19/20, deriva precisamente en haber privado al Defensor técnico de llevar a cabo las gestiones tendientes a presentar a su defendido ante el órgano titular de la acusación. La ausencia de intimación en este aspecto, sumado a la precariedad del informe obrante a fs. 17, que ni siquiera da cuenta de la fuente de la información brindada por el oficial Suarez -que en todo caso, éste debió haber plasmado finalmente por escrito- impiden arribar a una solución como la atacada sin afectación del derecho alegado.

De acuerdo a lo expuesto adelantamos que habrá de declararse la nulidad de la resolución interlocutoria de fecha 20 de julio del corriente -fs. 19/20-.

5. El art. 288 del C.P.P. establece: Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia.

De las constancias de autos no surge que el imputado haya sido notificado fehacientemente de las audiencias fijadas en autos. Los reparos que genera la certificación obrante a fs. 17 -en la que se deja constancia de una comunicación telefónica con la comisaría de Guernica, en la que el Oficial Suárez informa que el imputado se había mudado de su domicilio- impiden dar fe del contenido del informe de tal funcionario policial.

Por lo tanto no concurre uno de los presupuestos necesarios para la declaración de rebeldía. En este sentido, (e)l emplazamiento para que el imputado comparezca corresponde exclusivamente al tribunal. La fuga importa ordenar nuevamente la detención (art. 283). La ausencia tiene como presupuesto la constitución de domicilio a los fines de la libertad provisoria (art. 326) y también en el caso de falta de mérito (art. 309). Incurre en ella quién no comparece a la convocatoria judicial, sea en los casos del art. 282 o en los del art. 320 párrafo segundo, siempre que haya sido notificado como se prevé en el Capitulo V, Título V, Libro I (DAlbora, Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación, Anotado, Comentado, Concordado, Tomo II, Editorial LexisNexis, séptima edición, pág. 608).

El art. 150 del C.P.P. prescribe: cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo.... Resulta claro, pues, que tal extremo opera como presupuesto de la declaración de rebeldía.

Asimismo, se ha señalado que Ante el desconocimiento del domicilio del imputado, debe publicarse la citación en el Boletín Oficial (art. 150 CPPN.) y oficiar a la Secretaría Electoral a fin de conocer el domicilio real del imputado, luego de lo cual, de no presentarse a las citaciones, debe procederse conforme los arts. 288 y 289 CPPN., decretando la rebeldía... (C. Nac. Crim. y Corr., sala 1ª, 06/03/2003- FERNÁNDEZ, Gustavo). Resulta entonces que, si se desconoce el domicilio del imputado, no corresponde declarar su rebeldía, sino, antes bien, agotar los medios tendientes a ubicar su paradero, cosa que no sucedió en autos. 6. Por lo expuesto y en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal, RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD de la resolución interlocutoria de fecha 20 de julio del corriente, obrante a fs. 19/20, en cuanto declara la rebeldía de Juan Carlos Lallana, titular del Documento Nacional de identidad Nº 16.822.495, conforme lo establecido en los arts. 167, 168 y ccs. del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto en el art. 6º de la ley 12.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº12, a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

En de noviembre de 2006 se notificó a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

En de noviembre de 2006 se notificó a la Secretaría General de Cámara de la remisión de la presente al juzgado de origen. Conste.

En de noviembre de 2006 se remitió al juzgado de origen. Conste.