Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-08


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA NUMERO: 93624 SALA II Expediente Nro.: 11.462/2003 (Juzg. Nº 18 ) AUTOS: "FLORIO FERNANDO FELIX Y OTROS C/SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A. S/DESPIDO" Buenos Aires, 8 DE JULIO DE 2005 VISTO Y CONSIDERANDO: Para resolver el recurso de apelación que ha sido interpuesto, la Dra. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Se alza la parte actora contra la sentencia de primera instancia que le resultara adversa, y luego de actualizar el recurso de apelación deducido contra el auto de apertura a prueba (conf. arts. 110 y 117 L.O. -ver fs. 686 y fs. 175/177), se agravia por el encuadre jurídico que del planteo inicial se efectuara en la sentencia de grado, señalando en tal sentido que en definitiva se convalidó la contratación a tiempo parcial cuestionada; que se tuvieron en cuenta extremos ajenos a la litis, toda vez que se evaluaron circunstancias relativas a la eventual vinculación de los reclamantes con otras sociedades -no demandadas en autos- y que se consideró la existencia de un vínculo único con una pluralidad de empleadores, cuando no ha sido éste el planteo a resolver, ni se corresponde con la instrumentación que de la relación efectuara la accionada.

En tal sentido señala que se han vulnerado las reglas del debido proceso y el derecho de defensa en juicio al introducirse al litigio evidencias que resultaban ajenas al vínculo obligacional objeto de análisis, ya que el perito contador se expidió sobre puntos periciales propuestos por la demandada que fueran desestimados en el auto de apertura a prueba (ver fs. 172/173 e impugnación a la pericia contable de fs. 439/444), no habiendo reconocido su parte en momento alguno que, los actores se encontraran registrados como empleados a jornada completa para la AFJP, por lo que la situación de pluri-empleo considerada en la sentencia de grado resultó a su juicio ajena al concreto marco en que quedara trabada la litis. Asimismo, en base a las argumentaciones que expone, considera improcedente que se tenga en consideración la existencia jurídica del "Grupo Siembra" y que sobre tal presupuesto se fraccionara la relación, desestimándose las diferencias salariales reclamadas al tomarse en cuenta los haberes abonados por otras empresas del aludido "Grupo".

En cuanto a la forma en que se disolvieran los contratos de trabajo con relación a la demandada, cuestiona que se le otorgara validez a las extinciones operadas mediante escritura pública, en los términos del art. 241 de la L.C.T. en tanto encubrieran a su juicio un despido injustificado, en el que en realidad no intervino voluntaria y libremente el trabajador.

En orden a la apelación deducida en los términos del art. 110 de la L.O (ver fs. 175/177) contra el auto de apertura a prueba que desestimara la prueba informativa requerida a fin de traer a la causa la totalidad de los acuerdos extintivos suscriptos por la demandada con su personal, y que a su vez limitara a cinco (5) el número de testigos ofrecidos por la parte actora, se impone referir que a la luz de los informes obrantes a fs. 244/245, 253/304 y 309/382 en los que se acompañan los acuerdos celebrados con otros trabajadores -que no integran esta litis-, el tratamiento del recurso interpuesto deviene en principio abstracto, toda vez que en definitiva se obtuvo la incorporación de los elementos de juicio que la parte actora considerara relevantes, por lo que su derecho de defensa no se ha visto afectado, el que tampoco podría considerarse vulnerado por haberse hecho aplicación de la norma procesal contenida en el art. 89 de la L.O. en cuanto a la limitación del número de los testigos a considerar, circunstancias que imponen desestimar en este aspecto el recurso interpuesto.

En lo que hace al fondo del asunto, forzoso deviene señalar que ninguno de los temas traídos a consideración resulta novedoso, habiendo tenido esta Sala oportunidad de expedirse en diversos casos tanto respecto de la modalidad contractual impuesta por la empleadora (conf. art. 92 ter de la L.C.T.), como con relación a la defensa articulada por ésta en cuanto alegara haber contratado a los actores como integrante de un grupo económico (Grupo Siembra) que a su vez, utilizara la fuerza de trabajo de aquéllos para la promoción y venta de los distintos productos previsionales y financieros comercializados por las distintas sociedades que la integran.

No obstante ello, en las presentes actuaciones no es posible proyectar sin más lo sostenido en otras oportunidades, en tanto se han aportado tanto a nivel argumental como a través de la prueba rendida, elementos de juicio que llevan a evaluar los vínculos mantenidos desde una óptica que impone considerar la realidad subyacente en su integridad, sin ajustarse meramente a las estrategias propuestas por las partes.

En efecto, parece ser un fenómeno generalizado, dentro del ámbito de la actividad que nos convoca, el recurrir a contratos de trabajo a tiempo parcial a efectos de instrumentar relaciones particulares de trabajo respecto de aquéllas personas que en realidad integran un mismo y único equipo de trabajo que opera en forma indistinta y simultánea para diversas sociedades -entre sí vinculadas- y que, en los hechos, no han sido contratadas para prestar servicios en días y horarios delimitados, sino para promocionar y vender en forma simultánea y durante toda la jornada, los distintos productos y servicios comercializados por las empresas vinculadas.

En tal aspecto, se ha sostenido con criterio que la mayoría de las Salas de esta Cámara comparte, que si bien, desde el punto de vista del trabajador cotizante al sistema de la seguridad social, la situación se encontraría enmarcada en un supuesto de pluriempleo, puesto que conforme lo reconocieran las partes en conflicto, los reclamantes han prestado servicios en forma simultánea también para Siembra AFJP, Siembra Seguros de Vida S.A. y Best Market S.A., ofertando alternativa, conjunta o subsidiariamente los productos y servicios comercializados por sus distintas empleadoras, tal circunstancia no puede válidamente erigir al "grupo" en sujeto de derecho, y mucho menos aparecer desplazando este último a la persona jurídica de existencia ideal -sujeto de derecho- que asumiera en forma expresa y documentada la calidad de empleadora ( conf. entre otros, esta Sala in re "Ruso Viviana María C. c/Siembra Seguros de Retiro S.A. s/despido", sent. 90956 del 30/9/2002; y con similar criterio, entre otros, Sala III, sent. 84.647 del 25/3/03, "Gil Aguer Ricardo c/Previnter Cía. de Seg. De Retiro S.A. s/diferencias de salarios"; Sala VII, Sent. 37178 del 9/12/03, "Bajo Gerardo y otros c/Previnter Sía de Seg. De Retiro S.A. y otros s/diferencias de salarios", Sala IX, sent. 12.124 del 30/12/04 "Fernández Neira, M. c/siembra AFJP S.A. s/despido", Sala X "Vande Linde, Berta c/Consolidar Cía. de Seg. De Retiro S.A.", sent. 9571 del 31/5/01; Sala VI "Lavergne, Beatriz c/Siembra Seguros de Retiro S.A.", sent. 56.975 del 10/3/04; Fiscalía General Dictamen 38547 del 16/7/04 in re "Ruderman Ricardo c/Siembra Seguros de Retiro S.A. s/despido).

En efecto, como lo señala el recurrente, no podría atribuirse a un grupo económico, más allá de las vinculaciones que existiesen entre las distintas sociedades que lo conforman, la titularidad de la relación cuando ha sido la sociedad demandada la que en forma expresa asumiera y documentara el vínculo, máxime cuando el "grupo" no inviste calidad de sujeto de derecho y para admitir su consideración como sujeto pasivo de la acción -en virtud de la responsabilidad solidaria que eventualmente, pudiera atribuírsele- debería habilitarse la alegación de fraude por parte de quien contribuyó con su voluntad a configurarlo, lo que el ordenamiento legal expresamente veda (conf. art. 1048 del Cód. Civil), por lo que tomando en consideración que en la especie la parte actora no ha entablado la acción en forma conjunta respecto de todos los que utilizaran sus servicios, cabe analizar el planteo exclusivamente sobre la base de la realidad involucrada respecto de la empresa codemandada, sin que con ello pudieran considerarse afectadas las pautas que rigen el contradictorio en base al principio de congruencia, toda vez que la vinculación entre las diversas relaciones jurídicas entabladas para las empresas integrantes del alegado grupo no puede válidamente desconocerse (ver en tal sentido los concretos términos de la demanda -en especial fs. 21/vta.- y su contestación).

La pluralidad de vínculos y empleadores del particular fenómeno en análisis, ha llevado en numerosas ocasiones a esta Alzada a considerar en forma totalmente independiente cada vínculo (tal como aconteciera entre otros in re "Ruso Viviana María C. c/Siembra Seguros de Retiro S.A. s/despido" del 30/9/2002 e in re "Romero Eduardo A. c/Consolidar A.R.T. S.A. s/despido" sent. 91296 del 18/12/02).

En otras ocasiones, sin embargo, atendiendo a los presupuestos fácticos invocados por las partes, tales vinculaciones se han analizado en forma conjunta por el modo en que se propusiera el conflicto desde la demanda, y no obstante la pluralidad de vínculos, se ha abordado su análisis tomando en consideración la realidad subyacente que, por otra parte, las partes no desconocieran y en tal sentido se ha considerado la existencia de una suerte de "préstamo o cesión" de personal por parte de una de las empresas del grupo (generalmente con la que se iniciara la relación y que asumiera la misma sin condicionamientos modales de ningún tipo), a favor de otra u otras, lo que dio lugar a una prestación de tipo múltiple, en un mismo horario, con una misma coordinación, lugar de trabajo e idéntica dirección, en el marco de la cual, el recurso a la contratación a tiempo parcial por las otras empresas contratantes, no constituyó más que un artificio de tipo legal para justificar la prestación de tareas a favor de éstas, y que tendió a la fragmentación del vínculo en función de los distintos productos a promocionar y no sobre la base del horario o jornada a cumplir, no advirtiéndose pautas diferenciadoras específicas en el desempeño promiscuo del trabajador de manera simultánea para todas las empresas involucradas (entre otros esta Sala in re "Avella, Elena Emilia c/Nación AFJP y otros s/despido" sent. 93079 del 25/11/04, e in re "Amarotti Ruben M. c/consolidar A.R.T. S.A. y otros s/diferencias de salarios", sent. 93.306 del 2/3/05).

Desde ambos enfoques y pese a los diversos resultados obtenidos en función de la distinta forma en que se dedujeran los reclamos, en todos ellos se ha descalificado a la contratación a tiempo parcial que se intentara oponer, como así también la calificación del "grupo" como único sujeto empleador.

Desde tal perspectiva, y a pesar de los matices diferenciados, las directrices de dichos precedentes se proyectan al caso bajo examen, debiendo en tal sentido considerar que si bien se demandó en forma autónoma e independiente a una sola de las sociedades que se beneficiaran con los servicios prestados, se ha admitido la prestación en forma simultánea durante la misma jornada y bajo idéntica dirección o supervisión para todas las empresas que contrataran -anómala e irregularmente, si se quiere- a los actores, extremo al que la recurrente pretende restarle entidad convictiva al cuestionar los elementos probatorios aportados a la causa, como así también el modo en que fueran evaluados en la sentencia de grado, sin advertir que esa simultaneidad de los servicios cumplidos indiscriminadamente también emerge de la testimonial analizada en el pronunciamiento en recurso y que, pese a los datos aportados detalladamente por el experto contable al expedirse en torno a las condiciones de contratación vigentes en las otras sociedades del grupo que no han sido demandadas, el a quo no ha sustentado su decisorio en tales puntos periciales, sino en la sumatoria de los elementos de juicio que reseña, y que en definitiva la recurrente no logra controvertir, ya que no alega ni prueba la total independencia de la que pretendería valerse en sus agravios, cuando a fs. 21/vta. describe la pluralidad de funciones en el marco contractual expuesto, todo lo cual justifica que en un nuevo y más acabado análisis de la cuestión se reexamine el tipo de relación habido entre las partes cuando se decide entablar la acción sólo contra una de las sociedades empleadoras.

Aún cuando Siembra Seguros de Retiro S.A. contratara en forma aparentemente aislada a los aquí reclamantes, lo cierto es que tal contratación se vio vinculada a la pertenencia de los accionantes al plantel de promotores de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, a punto tal que conforme surge del análisis de las testimoniales rendidas, los trabajadores cumplían un mismo horario, reportaban a la misma supervisión y tenían asignados los puestos de trabajo y los métodos operativos en forma unidireccional, no advirtiéndose pautas diferenciadoras entre los horarios y funciones correspondientes a la promoción y venta de los servicios de la demandada y los correspondientes a las restantes.

En tal contexto, y al haber asumido en forma independiente cada una de las integrantes del grupo, la titularidad de la relación en lo que a los servicios y productos a ellas vinculadas se refiere, fraccionando su responsabilidad en función de un horario claramente ficticio (8 hs. mensuales que en modo alguno podrían haberse respetado o controlado teniendo en cuenta la índole de la actividad), cabría considerar la existencia de una contratación atípica puesto que si bien por un lado no ha sido el horario cumplido sino la diversidad de productos lo que justificó la fragmentación formal del contrato siendo inadmisible el argumento sustentado en lo dispuesto en el art. 92 ter L.C.T., por el otro no parece razonable considerar la vigencia de cuatro (4) relaciones de trabajo distintas bajo una misma dirección y con pautas remunerativas que, a su vez, se advierten relacionadas; por lo que cabe otorgar preeminencia a la realidad que se intentara regular por sobre los medios legales artificiosamente adoptados en consecuencia cabe abordar el análisis de la contienda que involucra al vínculo con sólo una de las sociedades involucradas, como propio de un aspecto o faceta de una relación de trabajo única.

Al respecto se ha sostenido que, no es la cantidad de horas mensuales afectadas a la labor, sino la diversidad de actividades la que podría llegar a calificar la relación mantenida, pero la normativa vigente no prevé una categoría jurídica para la modalidad que habrían querido imponer las empresas contratantes y que involucra una grave transgresión a las limitaciones y controles que a las AFJP les impone la ley 24.241 al fijarles un objeto único y exclusivo, previsto en su art. 59, y en tal sentido, impedirles formular ofertas complementarias (esta Sala entre otros in re "Ruso Viviana c/Siembra Seg de Retiro S.A.", sent. 90956 del 30/9/02).

Sin embargo no puede soslayarse que, como lo advirtiera la Sala I in re "Bazán Edith c/Banco de la Nación Argentina" (sent. 82937 del 4/3/05, "la sanción al fraude no puede consistir en la condena al pago a cada una de las empresas integrantes del grupo económico de un salario completo, que es el que se devenga por el cumplimiento de una jornada normal de trabajo", ya que los actores no se han desempeñado con esa extensión en forma exclusiva para cada una de las empleadoras (lo que por otra parte resultaría materialmente imposible), por lo que más allá de las graves irregularidades cometidas en la adopción de la figura contractual prevista en el art. 92 ter de la L.C.T., no se advierte como razonable o equitativo cuadruplicar la remuneración del trabajador afectado a la tarea, debiendo en todo caso, denunciarse la maniobra ante las autoridades de control, a sus efectos (con similar criterio esta Sala, sent. 93.554 del 13/6/05, "Morone, Silvina G. C/Cabrera Mónica s/despido").

En cuanto al modo de computar la incidencia de la labor correspondiente a la actividad desplegada por la demandada (Seguros de Retiro) para la determinación de la contraprestación remuneratoria debida, al encontrarse demostrado que el desempeño de los actores no se ha limitado al estricto cumplimiento del horario pactado (de apenas un promedio de 2 hs. semanales) puesto que es sabido que la labor exige cierta tarea de persuasión, la concertación de entrevistas, la presentación del producto, etc, todo lo cual naturalmente insume una mayor extensión horaria a la antogadizamente establecida, al no garantizarse tampoco a través de las comisiones reconocidas un ingreso medianamente acorde a la labor asignada, teniendo en cuenta que aún cuando la modalidad de la remuneración fuera exclusivamente a comisión, lo percibido en tal concepto nunca podría ser inferior al salario básico legal o convencional correspondiente (conf. arg. art. 103 LCT), se estima prudente asignar al desempeño efectuado en el marco del contrato que uniera a los actores con la aquí demandada, una cuarta parte de la remuneración convencional debida para la categoría y ello toda vez que, en la misma estructura y con idéntica extensión horaria, los actores prestaron servicios para cuatro empresas distintas sin que la demandada lograra demostrar objetivamente una dedicación distinta o menor en lo que hace a los productos y servicios involucrados (con similar criterio, entre otros, CNAT, Sala III , sent. 84647 del 25/3/03, "Gil Aguer, Ricardo c/Previnter Cía. de Seguros de Retiro S.A.", CNAT, Sala V, sent. 66.604 del 14/8/03, "Ortega, Rosana c/Cuenta Conmigo SRL y otro s/despido"; CNAT, Sala IX, sent. 11997 del 25/11/04, "Gatto, Alfredo c/Nación Seguros de Vida S.A. s/dif. de salarios" y Sala X in re "Petrosino, Lucía E. c/Orígenes Seguros de Retiro" del 16/2/2005)	La circunstancia de que otra de las empresas del grupo asumiera una mayor proporción del salario básico, no exime a la emplazada del pago del mínimo convencional en la medida correspondiente al beneficio obtenido, debiendo ésta, en el aspecto bajo análisis, asumir las consecuencias que se derivan del modo en que decidiera -en concurso o no con las otras empleadoras- instrumentar la relación.	A efectos de establecer el parámetro salarial base de cálculo, debe abordarse en esta instancia el conflicto planteado en torno al convenio colectivo aplicable para la actividad, teniendo en cuenta que en tanto la parte actora pretende la aplicación del CCT 254/95 que rige para los trabajadores del seguro en empresas aseguradoras extranjeras y con participación de capital extranjero, la demandada pretende la aplicación del CCT 283/97 suscripto por la Asociación de Aseguradores de Vida (ver fs. 431 vta.).

La accionada desconoce enfáticamente encontrarse comprendida en el ámbito de representación de la Asociación de Aseguradores Extranjeros y con la Participación de Capital Extranjero en la Argentina, y tratándose de una sociedad comercial regularmente constituída en la Argentina, más allá de su participación accionaria, no cabe presuponer la representatividad de aquélla en tanto de la lectura del ámbito de aplicación personal del CCT 254/95 no se advierte manifiesto el criterio de especificidad que la parte actora alega, y en tal sentido no puede perderse de vista que el aludido convenio, se encuentra destinado a articularse con un convenio colectivo de trabajo marco (CCT 191/92, conf. ), por lo que al no haberse acreditado que la accionada hubiere estado afiliada a la entidad signataria, no cabe proyectar las disposiciones de tal convenio a los trabajadores que de ella dependen, máxime cuando tampoco se demostró en autos que en momento alguno Siembra Seguros de Retiro S.A. adhiriera al convenio citado en los términos de la cláusula complementaria II contenida en el art. 22 del CCT 254/95.

En cuanto al Convenio Colectivo de Trabajo que según se extrae de la pericia contable a fs. 512 vta. aplicaba la accionada, si bien se trata de un convenio suscripto por la Asociación de Aseguradores de Vida y la demandada se dedicó a otro tipo de actividad (seguros de retiro), al haber asumido ésta la aplicabilidad de tal cuerpo normativo, lo que necesariamente presupone el reconocimiento de la representatividad de la entidad signataria, corresponde en el caso, aplicar las escalas salariales previstas para el mismo (CCT 283/97) en tanto resultan superiores al salario mínimo vital y móvil y a las establecidas en el convenio marco al que se articulan los convenios colectivos de trabajo específicos de la actividad (CCT 191/92 al que aluden los convenios antes referidos), por lo que a fin de establecer las diferencias salariales debidas a cada coactor, en la etapa prevista en el art. 132 de la L.C.T. deberá establecerse la diferencia que mes por mes se verifica entre el 25% del salario básico convencional correspondiente a la categoría con más la incidencia de los adicionales correspondientes, y lo que efectivamente percibió (incluídas las comisiones) de la accionada. Sobre tales diferencias el perito contador deberá calcular los intereses correspondientes de conformidad con la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara.

En cuanto a la validez de los acuerdos extintivos suscriptos en forma contemporánea con todas las sociedades empleadoras, se impone referir previamente que la modalidad adoptada para dar por finalizada la relación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 de la L.C.T., no requiere homologación judicial ni administrativa, ni tiene prevista consecuencia indemnizatoria alguna, por lo que si bien no puede exigirse el pago de gratificaciones o indemnizaciones particulares derivadas de tal modalidad extintiva, nada impide que las partes libremente las acuerden, máxime en el marco de programas especiales como ser los planes o propuestas de "retiro voluntario", en los que resulta sumamente frecuente y legítimo el ofrecimiento de gratificaciones, indemnizaciones o incentivos en caso de adhesión por parte del personal interesado o convocado.

Al respecto, y en atención a los términos en que se formularan los agravios, cabría señalar que, en la sistemática de la ley laboral argentina, la disyuntiva que pudiera plantearse ante la probabilidad de un despido -con o sin causa- no puede erigirse en causal de intimidación susceptible de invalidar el consentimiento prestado, ya que toda relación de trabajo, queda sujeta a un régimen de estabilidad relativa impropia, en el cual la protección contra el despido arbitrario se resume en el pago de una suma de dinero en base a una tarifa legal y sujeta a un tope, por lo que frente a ello, la decisión de aceptar o no una negociación para poner fin a la relación, dependerá de las circunstancias y factores personales, considerados por aquél trabajador a quien se le otorgara la posibilidad de ejercer tal opción, y en el caso, indirectamente se ha reconocido haber efectuado una valoración racional de las alternativas posibles en el contexto económico financiero que se describe con referencia a la emergencia declarada por ley 25.561, recayendo la decisión respecto de la posición que se consideró más favorable, lo que demuestra discernimiento, intención y voluntad, con independencia de que las opciones que presentase la realidad no fuesen las ideales, en la medida que por sus características no permiten considerar consumada ninguna de las situaciones previstas en los capítulos I, II y III del Libro II, Sección II del Código Civil (con idéntico criterio esta Sala, entre otros, in re "Sotelo Cándido Martín c/ELMA", sent. 35.024 del 29.4.93, e in re "Corso, Rolando Antonio c/A.G.P. s/diferencias de salarios", sent. 72281 del 29.10.93).

Asimismo, la propuesta de extinción formulada por la empleadora dentro de un proceso destinado a reducir el plantel del personal dependiente, configura una forma de negocio lícito, en relación con el cual la fuente normativa no es ya una norma de orden público, sino un acuerdo pactado dentro del ámbito librado a la autonomía de la voluntad, que debe por lo tanto interpretarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (cfr. arts. 1198 Cód. Civil y 63 de la L.C.T.), siendo inaplicables en tal supuesto, las previsiones contenidas en los arts. 12 y 58 de la L.C.T., en tanto no se trata de una renuncia encubierta a derechos derivados de normas imperativas, tanto es así que sólo requiere su instrumentación fehaciente y por escrito y no su homologación en los términos del art. 15 de la normativa bajo análisis, por lo que tampoco resultan atendibles las argumentaciones recursivas vertidas en tal sentido.

Asimismo se ha señalado que, propuestas extintivas como la que en la especie se somete a consideración, constituyen, en principio, transacciones válidas, no siendo del caso desconocer sus efectos, en tanto del plexo probatorio no es dable interpretar la concurrencia de los presupuestos que autorizarían la aplicación de los arts. 12 de la LCT y 954 del C. Civil. Así, la CSJN en el caso "Marchese, Rafael y otros C/ Autolatina Argentina SA" (Sent. del 2/7/93 pub. DT 1993-B-1965) señaló sobre el punto que "vale descalificar el pronunciamiento judicial que, al hacer extensivos los principios que rigen el despido arbitrario a un distracto por mutuo acuerdo, recepta el reclamo de diferencias indemnizatorias, prescindiendo de la voluntad de las partes y alterando la base de cálculo fijada en el negocio jurídico rescisorio" (cfr. CNAT SALA VIII SENT. 28288 del 30/9/99 "Abregu, Juan c/ Centro Coordinador de Actividades Portuarias y otro s/ despido").

En consecuencia, por lo expuesto, correspondería analizar los términos de los acuerdos suscriptos y en tal aspecto, en primer lugar debe señalarse que la manifestación formulada por las partes en cuanto a que "nada más tienen que reclamarse recíprocamente con motivo de la relación que las unía y/o su extinción" (ver por ejemplo cláusula 12º del acuerdo de la coactora Ibañez a fs. 75), carece del alcance pretendido por la empleadora en tanto no resulta aplicable la doctrina del plenario "Lafalce" al supuesto extintivo bajo análisis, al no haberse homologado el acuerdo en los términos del art. 15 de la L.C.T.

Tampoco cabría otorgarle virtualidad alguna a la renuncia a derechos formulada por los trabajadores en forma amplia y genérica (ver cláusual 6ª a fs. 74) en tanto en función de lo dispuesto en el art. 12 de la L.C.T. , la misma deviene nula y sin valor al menos respecto de los derechos provenientes de normas imperativas, por lo que en el caso, al sustentarse la condena en torno a las diferencias salariales reclamadas en la L.C.T. y la norma convencional que se reputara aplicable, no corresponde tomar en consideración en ningún sentido la manifestación formulada al respecto (art. 13 LCT).

Distinto tratamiento merece el análisis de la cláusula que le otorga a las sumas acordadas en concepto de "indemnización con motivo del cese" el carácter de una suerte de gratificación compensable con cualquier eventual crédito derivado de la relación laboral (ver términos de la cláusula 4ª del acuerdo -fs. 74) puesto que, si de los términos del acta notarial que extinguió el vínculo laboral quedó en claro que la suma entregada por la demandada al trabajador era genéricamente compensable con todo crédito que éste tuviese derivado o con motivo del contrato de trabajo, dicho convenio, conforme la doctrina de la CSJN expresada en el caso "Gatarri, Alfredo c/ Cometarsa Construcciones Metálicas Argentinas SAIC", resulta válido aunque no haya sido homologado ante la autoridad administrativa, y ello toda vez que el principio de irrenunciabilidad establecido con carácter general en el art. 12 de la LCT, a cuya protección se dirige el requisito de homologación previsto en el art. 15 de dicho cuerpo legal no se ve afectado en modo alguno cuando del acuerdo no surge la renuncia a derechos provenientes de normas imperativas, sino simplemente la consideración de la suma abonada como pago a cuenta del total eventualmente debido -conf. arg. art. 260 LCT- (con igual criterio, entre otros, CNAT, Sala V, sent. 64832, 31/8/01 "HERRERA. NESTOR C/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SA S/ ACCIDENTE").

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto rechaza el reclamo dirigido a obtener el reconocimiento de las diferencias indemnizatorias derivadas del distracto, y disponer que en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O., se descuente del total establecido en concepto de diferencias salariales para cada coactor de conformidad con las pautas establecidas en el presente pronunciamiento, la suma oportunamente abonada por la aquí demandada, la que a tales efectos previamente deberá ser incrementada con idénticos intereses a los que se ordenaran aplicar sobre las diferencias salariales en cuestión.

En atención al nuevo resultado obtenido, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), deviniendo por tanto abstracto el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto.

Teniendo en cuenta el resultado final obtenido y las especiales particularidades de la causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 71 del CPCCN, se propiciará imponer las costas de ambas instancias en el orden causado y las comunes por mitades.

En tal sentido, corresponde diferir las regulaciones de honorarios correspondientes a la labor desplegada en ambas instancias para cuando se determine el monto definitivo de condena en la etapa prevista en el art. 132 de la L.C.T..

La Dra. MARIA LAURA RODRIGUEZ dijo: Adhiero al voto de la Dra. Graciela A. González por compartir sus fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A. a pagar dentro del quinto día a los actores, las sumas que para cada uno de ellos, en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O., determine el perito contador interviniente en autos, de conformidad con las pautas establecidas en el presente pronunciamiento, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaira, 3) Declarar las costas en ambas instancias en el orden causado y las comunes por mitades., 4) Diferir las regulaciones de honorarios para cuando se establezca en la instancia previa el monto definitivo de condena.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Laura Rodriguez	Graciela A. González Juez de Cámara	Juez de Cámara