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Sociedad de responsabilidad limitada, extensión de la quiebra, grupo económico, desvío de fondos, prueba, sentencia arbitraria, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Supermercado San Martín S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ EXTENSION de la QUIEBRA A LOS SOCIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-20

La declaración de la extensión de la quiebra a una S.R.L., cuyos titulares son los socios de la fallida -también S.R.L.- fundada en que la fallida habría actuado como sociedad contratante de la primera, razón por la cual esta última no habría verificado crédito a su favor infiriendo por ello confusión patrimonial, resulta una afirmación dogmática del A-quo. En efecto, la sola pertenencia de dos sociedades a un mismo grupo económico no autoriza per se a recurrir a la extensión de la quiebra, si no se prueba en forma concluyente una gestión negocial que voluntariamente provoque un trasvasamiento de fondos de una empresa a otra que disminuya la solidez y responsabilidad patrimonial de la fallida en perjuicio de los acreedores. Si el propio síndico informa que al tener acceso a los estados contables de la empresa supuestamente controlada por la fallida no advirtió una relación fraudulenta ni una vinculación dolosa o confusa, ni se detectaron operaciones vinculadas con la firma, ni ningún acto que hiciera presumir el desvío de fondos, los jueces de grado han incurrido en el vicio de arbitrariedad de sentencia, por la incorrecta valoración de los antecedentes de la causa y por ende, aplicando erróneamente la ley, por lo que debe casarse y revocarse el fallo impugnado.
Accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez de Wild, Irma c/ LU6 Emisora Atlántica y otros. s/ Laboral (Reg. 12934)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

El ordenamiento legal establece marcadas diferencias entre los supuestos de accidentes y enfermedades (cuyo origen o agravamiento se imputan al trabajo), tanto en lo atinente al sistema de atribución de responsabilidad del empleador como en relación con la carga de la prueba.

En la segunda de las hipótesis mencionadas, a diferencia de lo que se establece acerca de los accidentes, no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo (art. 2 segundo párrafo Ley 24.028).

Al no tratarse de una responsabilidad de tipo objetivo -como lo es en el caso de accidente laboral-, incumbe al trabajador la carga de probar los extremos que hacen a su pretensión.

Para ello, debe acreditarse tanto la afección como su nexo con el factor laboral. Es relevante la prueba pericial, de la cual surge que la afección psiquiátrica padecida fue agravada por factores concausales atribuibles al medio ambiente laboral. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, Ministerio Público, fiscal de Cámara, fiscales, requerimiento de sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

El tribunal de la apelación no queda obligado a la absolución en su labor jurisdiccional de confrontación del fallo con los agravios. Y no cabe atribuir a la respuesta negativa un desconocimiento del necesario contradictorio asegurador del debido proceso (que existió en plenitud en el juicio y que, dada la apelación, subyace ahora en la dialéctica: agravio y sentencia) o una lesión al rol acusatorio fiscal como titular del ejercicio de la acción penal (ha sido su parte la que constituyó la acusación), o una interpretación incongruente con las facultades legalmente regladas de integrar o no integrar la acusación (referidas a otro concreto estadio procesal).

(De los Fundamentos del Dr. Bernardini)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), código civil, daños y perjuicios, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO EDIFICIO POSTA MORENO Y OTROS c/ POSTA DEL RIO S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Cabe desestimar los agravios de la quejosa relativos a la subsunción del caso de marras en los sustratos fácticos contenidos en los artículos 1646 y 1647 bis del Código Civil -o 1273 del actual Código Civil y Comercial-, atento la falta de decisividad de los mismos para alterar la solución de la litis, en virtud de no haberse acreditado la relación de causalidad adecuada entre los daños y los supuestos que hubieran tornado operativa la responsabilidad de las codemandadas. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículos 1646 y 1647 bis; Código Civil y Comercial, artículo 1273
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, BARTOLOME c/ DE PAOLA, MIGUEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-24

La norma del art. 48 del Código Procesal es aplicable a cualquier clase de representación y no sólo rige con respecto a los actos de iniciación procesal, sino que comprende a cualquier acto urgente que debe realizarse dentro de un proceso ya iniciado.

La norma citada, rige para aquellos casos en que se configuran verdaderas dificultades o imposibilidades de obrar, semejantes a las previstas en el art. 3980 del Código Civil, como un viaje súbito.
Justicia militar, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SCARTUCHIO, DOMINGO ALBERTO s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-01-17

Todo lo concerniente al cumplimiento de la condena y a las modalidades de su ejecución, en tanto no haya integrado el objeto del recurso establecido por el art. 445 bis del Código de Justicia Militar, no se encuentra comprendido en la limitada jurisdicción que dicha norma asigna a esta Alzada.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vera, Emilio Manuel c/ Jhonson Acero S.A.C.I. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

En el régimen de la ley 9688 está a cargo del actor demostrar la existencia del nexo causal o concausal entre las condiciones de trabajo y minusvalía.
Reconocimiento en sede judicial, reconocimiento por fotografía, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SZEDLAK, Eduardo J. y AMARILLA, Arnaldo M. s/ Causa 21.139
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Toda vez que a los testigos se les exhibió una fotografía del sospechado, quien no estando prófugo, sino detenido, era ciertamente factible someterlo a las pertinentes ruedas de reconocimiento.

Además, de rechazarse aquélla en condiciones indudablemente indicativas, pues la foto no integraba un conjunto de retratos sino que fue expuesta sola; de manera que la falta de otras imágenes alternativas obligaba al testigo a centrar su percepción en la única que se le exhibía, la cual incluso, correspondía al documento nacional de identidad del encausado posibilitando el conocimiento de los datos en él contenidos.
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso Sexual Agravado por el Vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-30

Adecuado es expresar que el diagnóstico de abuso sexual raramente se basa tan sólo en el hallazgo de signos físicos directos. Lo corriente es que el mismo se confirme por la asociación de indicadores físicos y emocionales con grado de especificidad variable.
Injuria laboral, despido indirecto, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: López, Echenique Lucas c/ Imperial Cord S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-06

El afronte de los haberes es obligación esencial del patrón contratante y su falta configura una injuria de entidad tal que autoriza el despido indirecto, pues el pago de la remuneración constituye la principal o única fuente de recursos económicos con que cuenta el trabajador para hacer frente a sus gastos de subsistencia y los de su grupo familiar. En autos, esta obligación principal de la empleadora no se cumplió, y por su parte, el trabajador no ejerció su derecho al cobro en tiempo, ni efectuó reclamo alguno para obtener su cumplimiento, durante mucho tiempo, demostrando su voluntad de rescindir el vínculo (Voto Romero, en minoría)
Derecho procesal, partes, juicio ordinario, traba de la litis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gran Vía SA y otro c/ Northern Lauzen SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

Corresponde confirmar la resolución que admitió tener por parte actora a una persona física en su calidad de sucesor universal de los derechos y obligaciones de una sociedad anónima, en virtud de su disolución, liquidación y cancelación. Al haberse acreditado que la sociedad actora se ha extinguido como tal operándose la transmisión al sucesor universal de todo su patrimonio, no se trata de una sustitución procesal en los términos del CPR 44, en cuyo caso sería admisible la oposición, sino que se produjo la extinción del litigante primigenio. Resulta fatal entonces admitir su participación como parte actora en este proceso.
Juicio ejecutivo, cheque, unión transitoria, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Cumbre Mayor S.A. c/ G.E.C. SRL Blackhall UTE y otro. s/ Cobro ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-19

No resulta sustentable que un cheque librado por quienes aparecen como titulares de la cuenta corriente bancaria abierta por sendas empresas vinculadas en una UTE, pueda rechazarse sin más con el argumento de que tales formas asociativas carecen de personalidad jurídica.

Ello menos aún teniendo en cuenta que el instrumento se encuentra suscripto por ambos gerentes, incluyendo a quien según el contrato respectivo se le asignaron "los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo de la Unión Transitoria" (...), y se encuentran abarcados con sus representadas en el ámbito de responsabilidad solidaria prevista por el art. 40 ley 24452.

Mas allá de la carencia de personalidad jurídica autónoma que el régimen legal asigna a las UTE, del claro tenor del art. 379 LS se desprende que el representante tiene los poderes suficientes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra, vale decir, para comprometer a las sociedades representadas vinculadas en la unión transitoria.
Desaparecidos, prueba, buena fe
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Dalla  Fontana, Liliana Rosa c/ M° J. DD.HH. - ley 24.411 (resol.868/00). s/ indemnizacion 24.411 (resol.868/00). s/ indemnizacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

Si bien la ley 24.823 introdujo un segundo párrafo al art. 6° de la ley 24.411, con el objeto de subsanar la dificultad que existe en muchos supuestos de obtener las pruebas suficientes para acreditar los hechos contemplados para el otorgamiento del beneficio, ello no significa que libere al particular de acreditar los extremos ahí requeridos, sino que simplemente tiende a facilitar el cumplimiento de ciertos recaudos contemplados en el régimen original, para obtenerlo en caso de duda conforme al principio de la buena fe.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Pelozo, Argentino s/ Defensor oficial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-10

Si bien la defensa no debe realizar actividad que perjudique a su asistido y, dentro de sus posibilidades, plantear las cuestiones técnicas que puedan beneficiarlo, no puede exigirse que el defensor haga milagros o que sostenga lo insostenible.

No es nula la defensa presentada por el Defensor Oficial, que admitiendo la materialidad de los hechos y autoría de su asistido, se limitó a discutir la adecuación típica de los hechos, pese a que su defendido en el acto de indagatoria negó su intervención, manteniéndose siempre como inocente, si las pruebas de cargo no ofrecían fisuras, existiendo contra ellas sólo la versión de descargo del imputado, plagada de contradicciones e insostenible, lo que permite afirmar que fue la propia conducta del procesado la que impidió a su defensor hacer algo diferente a lo que hizo, esto es, discutir la calificación jurídica para aliviar la sentencia que iba a recaer en su contra.
Inconstitucionalidad, reforma de la constitución, quórum, senadores nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Es inconstitucional el art. 2. de la ley 24.309 - declaratoria de la necesidad de la reforma constitucional - en cuanto incluye el art 48 de la Constitución Nacional entre las normas respecto de las cuales se declaró la necesidad de la reforma, pues no puede considerarse satisfecho, en la sanción de dicha ley, el exigente requisito impuesto por la Ley Fundamental en su art. 30.
Consumidores, proveedor, servicio público, daños y perjuicios, obligaciones conjuntas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sagripanti, Rigoberto José c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

Si la empresa de telefonía reclama epistolarmente por una deuda de un servicio que en definitiva no presta, y por la cual se apercibe al consumidor del inicio de acciones legales y de informar a los registros de datos financieros y de riesgo crediticio, corresponde iura novit curia prevenir el daño en los términos del art. 1708, 1710 y 1713 CCC, disponiendo una obligación de hacer a la demandada consistente en la rectificación de sus registros de la deuda reclamada y la remoción de su calidad de deudor por tales conceptos.
Ejecución de honorarios, intervención de terceros
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ROSSI, Raúl R. y otro s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

a) Aun no existiendo jurisprudencia y doctrina uniforme respecto de la citación de terceros en el juicio ejecutivo, es de mejor criterio su admisión, aunque extremando la interpretación restrictiva.

b) No es factible revocar la decisión por la cual se admitió la citación en garantía de un tercero, en el proceso ejecutivo de honorarios, toda vez que el art. 96 del C.P.C. y C., que en la especie es la normativa aplicable, lo prohíbe.
Administración Pública, revisión judicial de actos administrativos, facultades de la administración
Materia: PENAL
Carátula: Estado Provincial c/ Arjona, Gladys del Carmen y otros s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-08-16

Hace a la esencia del poder administrador ejercer aquellas funciones que expresa e implícitamente le son confiadas desde la Constitución Nacional -y en modo especial la provincial- que le facultan a elegir opciones, con arreglo al criterio de oportunidad, mérito y conveniencia respecto de sus potestades de administrar la cosa pública y ejecutar la ley, resultando consustancial a la facultad del poder jurisdiccional el ejercer la función revisora, sin inmiscuirse en todo aquello que resulta de competencia exclusiva y excluyente del Poder Administrador.
Propiedad intelectual, proceso judicial, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: SIMS PRODUCTIONS c/ DIPROM  S.A. s/ PROPIEDAD INTELECTUAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-12

Los arts. 80 y 81 de la ley 11.723 establecen que todo juicio motivado por la misma, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tenga relación con la propiedad intelectual, regirá el procedimiento que se establece para las excepciones dilatorias, fuera de las medidas preventivas y con diversas modificaciones.

El Código Procesal vigente -que no distingue entre excepciones dilatorias o perentorias- establece el procedimiento aplicable a las mismas en los arts. 350 y 351, que se compadece con el trámite previsto en los arts. 178 a 185 para los incidentes, por lo que corresponde imprimir a la demanda sobre propiedad intelectual el trámite de los incidentes que establecen los arts. 170 a 185 del Código Procesal con las modificaciones previstas en el art. 81 de la ley 11.723.
Empresa de transporte, daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Empresa Puerto Tirol S.T.L. c/ Barrios  Fariña,  Isabelino Rubén y/o Provincia de Formosa y/o quien resulte jurídicamente responsable. s/ Daños y perjuicios Isabelino Rubén y/o Provincia de Formosa y/o quien resulte jurídicamente responsable. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-11

Los ingresos brutos del colectivo no pueden jamás considerarse como lucro cesante, o sea "ganancia frustrada". Es preciso descontar de aquéllos los gastos de explotación, de mantenimiento y de amortización del vehículo, y lo que quede, si, es la utilidad de la que se ve privado. En la determinación del monto de la condena por dicha causa debe tenerse en cuenta la recaudación diaria con deducción de los gastos de explotación no devengados durante ese lapso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 165 in fine del C.P.C.C. (Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona)
Recursos, recurso de apelación (procesal), incidente de nulidad, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

Sostiene Mabel DE LOS SANTOS, que mientras el recurso de apelación tiene por finalidad corregir errores in iudicando (decisión que se conceptúa injusta), el recurso como el incidente de nulidad tienen por objeto subsanar errores in procedendo (déficit de actividad en el proceso, los que pueden observarse tanto en el procedimiento como en las resoluciones judiciales). Aquél tiene por finalidad revocar total o parcialmente una resolución que se estima injusta, reemplazando lo resuelto por otra decisión, en cambio, la nulidad apunta a rescindir, casar, anular por su forma o contenido una resolución o los actos que la han precedido y de los que ésta aparece resultante. Destaca -la autora- que la mayoría de las legislaciones procesales han evolucionado hacia la vigencia del principio denominado por CARNELUTTI de "absorción de la invalidación (nulidad) por la impugnación (apelación)", el que tiene dos expresiones.- Por un lado, mayoritariamente los Códigos han restado autonomía al recurso de nulidad y, por la otra, siempre que sea posible subsanar los errores in procedendo de las resoluciones judiciales en sí mismas por vía de la apelación, no corresponde declarar la nulidad.
Leyes, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Arce, Walter Humberto; Sequeira, carlos Alberto y Gauto, Jorge Esteban s/ Robo calificado, tenencia de arma y munición de guerra y  falsificación de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

De conformidad con lo establecido por el art. 3 de la ley 12.059 la causa que origina el recurso traído continúa rigiéndose por las disposiciones contenidas en la ley 3589 y sus modificatorias. En atención a ello resulta improcedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto en los términos del art. 489 del Código Procesal Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa pasiva, tasa activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PASTORINO MARIA MAGDALENA c/ LEIVA RAMON JOSE s/ COBROS (SUMARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-04-11

Al disponer la aplicación de la tasa pasiva, no se puede resarcir al damnificado, que en definitiva termina financiando una conducta antijurídica y premiándose una actitud disvaliosa del actor. Quien ha provocado un daño o incumplido su obligación contractual, no tendrá estímulos ni razones concretas que lo disuadan de su conducta antijurídica. Siempre le resultará eficiente desde el punto de vista económico no cumplir con su obligación. En conclusión, deviene razonable la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina en base a lo considerado y lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil.
Caducidad, incidente de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montiel Alicia Marta s/ Testamentario s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-15

De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 178 sgtes. y concs. del CPCCER, considerando el estado de las actuaciones, correspondía al Juez señalar la fecha para la realización de las audiencias de prueba y ello encuadra en la excepción a la procedencia de la caducidad prevista en el art. 301 inc. 3 del Cód. cit.
Interdicto de retener, prueba de la posesión
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Gustavo Guillermo c/ Gallardo, Isolina s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-11

La denuncia de la violación del derecho real de dominio en un interdicto de retener excede el ámbito cognoscitivo de dicha acción, en el que la controversia queda circunscripta al hecho de la posesión o su ausencia por parte del promotor y a la existencia o inexistencia de actos de turbación por el demandado. (del voto del Dr. Carlos A. Velázquez)
Daños y perjuicios, restricciones al dominio, cesación de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO Nicolás Tolentino c/ "Fabrica de Mosaicos y Marmoles Noguera" y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-19

"Los conflictos que suscitan las inmisiones molestas constituyen una temática que se aborda desde el análisis económico del derecho, en tanto se evalúa el coste privado y el coste social de cualquier actividad económica. La aplicación de este estándar propugna la conservación de las fuentes de trabajo y las necesidades del mercado.

La jurisprudencia ha dicho que, a fin de atender a las exigencias de la producción, es importante ponderar la utilidad económica y social de la actividad cuestionada y la índole, magnitud, seriedad y solvencia de sus explotadores, debiendo estar, en principio y de ser ello posible, al criterio de conservación de la empresa". Teniendo en cuenta ello, y resultando de la prueba que se han tomado medidas para evitar las molestias que resultan de la actividad, considero que decretar el cese de la actividad como pretende el apelante supone una medida excesiva, por lo que el agravio debe ser rechazado.