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Acto administrativo, dictamen jurídico, nulidad del acto administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SERENI JORGE AQUILES c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24

El dictamen jurídico si bien es obligatorio (art. 7 inc. d LPACABA in fine) no es vinculante, sino un acto preparatorio de la voluntad administrativa, y que se diferencia de los actos administrativos porque no produce efectos jurídicos directos o inmediatos, ni puede ser impugnado mediante recurso alguno.

Ahora bien, la omisión del dictamen en los casos en que su emisión es obligatoria (cfr. art. 7 inc. d citado) provocará la nulidad del acto administrativo, de acuerdo con el artículo 14 inciso b, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, que se refiere la "violación de las formas esenciales".

Sin embargo, un sector de la doctrina ha matizado las consecuencias severas (e.d., la nulidad absoluta) de la falta de dictamen que podría sugerir una primera lectura de los artículos 7º inciso d) y 14 inciso b) de la mencionada ley.

En efecto, el acto será nulo siempre que se haya vulnerado el derecho de defensa del particular, situación que se daría si aquél no hubiese tenido posibilidad de ser oído, o si durante la tramitación de los recursos administrativos que se hubiesen interpuesto contra el acto, no se hubiese dado intervención a la asesoría jurídica permanente (cfr. Vincenti, Rogelio W., "El dictamen jurídico en el procedimiento administrativo", en Hutchinson, T. (comp.), Elementos de derecho administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 511).
Remuneración, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Acevedo Ricardo S. y Otros c/ Paranatex S.A.C.I. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-13

El cobro de las remuneraciones sin reserva por sus accesorios, carece de eficacia para impedir el reclamo de éstos. Así lo regla el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, aplicando el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que constituye piedra angular de nuestro derecho del trabajo. La normativa vigente no consagra excepción alguna.
Derecho laboral, daños y perjuicios, daño moral, daño resarcible, violencia laboral
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Serrano, Eva Gabriela c/ Cencosud S.A. y otro s/ juicio sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

La magistrada de grado consideró que resultó demostrado en la causa que la actora fue sometida a una situación de violencia laboral configurada por la perpetración de una conducta persecutoria, discriminatoria, abusiva e injuriosa. En consecuencia, impuso a la empresa empleadora la obligación de arbitrar los medios necesarios para restablecer la armonía que debe primar en todo ambiente de trabajo, preservando la integridad y dignidad de la trabajadora, garantizando su seguridad, haciendo cesar toda situación de violencia y evitando su repetición. Y respecto del codemandado R.S., a cesar en todo acto de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realiza hacia la actora, evitando la concurrencia al lugar de trabajo en los días y horarios en que la misma presta servicios en el establecimiento. Frente a tal contexto, de la prueba de autos resulta concluyente en cuanto a la cuota de poder que detenta el codemandado R.S. en el establecimiento por lo que corresponde atender al bien jurídico protegido en grado superior por el constituyente y el legislador, manteniendo la restricción de concurrencia del mismo al lugar de trabajo de la actora, durante su tiempo de desempeño. En consecuencia se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia. (Ambesi-Corach)
Superintendencia de riesgos del trabajo, deberes formales, facultades de las partes, organismos del Estado, competencia
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo  c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

En definitiva, el ejercicio de la opción de autoasegurar los riesgos de los trabajadores bajo su dependencia por parte de la apelante importó la aceptación de la competencia asignada por la Ley de Riesgos del Trabajo. Sólo cabe agregar que el deber-facultad de imponer sanciones que aquí se cuestiona, se prevé como derivación del cumplimiento de la fiscalización a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (ley 24557: 36, ap. 1, y Decreto 334/96: 15-1°, reglamentario del art. 27 de la ley citada).
Seguros, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEDRAZZOLI ELVIO VALENTIN c/ LA MERCANTIL ANDINA SA. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Chiapari Oscar José c/ Cía.de Seguros La Mercantil Andina SA. s/ Cumplimiento de contrato Mantovani Alberto E. c/ Cía.de Seguros La Mercantil Andina SA. s/ Cumplimiento de contrato Del Castillo Ana María c/ Cía.de Seguros La Mercantil Andina SA. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10|1992-12-03|1992-12-10|1993-02-25

Demandada la aseguradora de la empresa empleadora del actor, es competente para entender en tal proceso el juez de lugar de emisión de la correspondiente póliza concertada entre aquellas partes. Ello así conforme los términos de unas de sus cláusulas acerca de lo cual pudo y debió informarse aquel antes de su demanda, si es que ya no lo estaba por vía del certificado que debió entregársele para hacerle saber los derechos y obligaciones de las partes. Sin perjuicio de ello, surge de una razonable interpretación de la póliza citada que el lugar de pago -o de cumplimiento de la obligación (art.5,inc. 3 cód. proc.)- es también el domicilio de la deudora, lo cual, aún no previsto en el contrato, se desprende así mismo de lo dispuesto por el art. 747, "in fine" del C. Civil.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Etchemendi, Nelly y Otra c/ Budward y Cia S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

Se trata el beneficio de litigar sin gastos de un incidente con una regulación específica que surge de los arts. 80 y 81 del CPCC.

Normas que también ponen de resalto la sumariedad del trámite, sin perjuicio de respetar el contradictorio, al exigir la citación del contrario. De ello se sigue que el proceso que nos ocupa, atento su carácter bilateral y contradictorio, está sometido a las consecuencias de la inactividad procesal del actor como en cualquier otro; no está excluido del instituto de la perención como se pretende. Y por las mismas características señaladas, corresponde aplicar el plazo previsto en el art. 310 inc. 3 del CPCC.
Excarcelación, situación global del procesado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CHANTADA, RICARDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-16

En materia excarcelatoria debe tenerse en cuenta la totalidad de la situación del procesado.
Libertad de expresión, medidas cautelares, funcionarios públicos, presunción de inocencia, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por un funcionario público con motivo de la endilgada conducta delictual en el manejo de los fondos de la obra social provincial, al margen de la violencia dialéctica que emplea, es a cargo del actor demostrar la improcedencia de la acusación debido a su condición de funcionario, lo que debe llevarse a cabo en un proceso de conocimiento pleno. No implica lo dicho desconocer el principio de inocencia, sino que significa derivar el entuerto a su cauce natural, la acción de daños y perjuicios.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: FUENTES, FERNANDO CEFERINO s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-03

No podrá concederse la excarcelación al imputado que habiendo cometido hechos delictuosos, aún cuando éstos no hayan sido sancionados, por cuanto de ello se desprende una indudable reiteración de los mismos, lo que pone en evidencia a más de un abuso al derecho, un desprecio total por los derechos ajenos, de donde se desprende la presunta peligrosidad a la que hace referencia la ley 5929.
Ley de contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras, Luis Aníbal c/ INCRO S.R.L. y-u Otro s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-30

El cumplimiento de la rigurosa exigencia impuesta por el artículo 243 de la ley de contrato de trabajo, respecto de la comunicación de la denuncia del contrato de trabajo -comunicación escrita, expresión clara de los motivos en que se funda la ruptura- sólo puede eximirse cuando las circunstancias que rodean el hecho que motiva el distracto permiten concluir que el trabajador no puede ignorar la verdadera causal imputada.
Lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tribunal colegiado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-12

Un análisis normativo que admita una interpretación sistemática y coherente con la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la causa -lavado de activos relacionado con narcotráfico- y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, es la que define como ineludible la conclusión de que su juzgamiento eficaz corresponde a un tribunal colegiado.
Prueba testimonial, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: LEVISMAN DE BLEIER s/ PRUEBA TESTIGOS. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-09

Aún admitiéndose que los testigos han violado el deber de secreto, la nulidad pretendida carece de admisibilidad dentro de la economía del código que nos rige, adscripto a un criterio más que estricto en materia de nulidad -art. 696- y que no conmina bajo esa sanción el incumplimiento a las directivas del art. 275, difiriendo al momento crítico de la instrucción la apreciación del contenido de la prueba testimonial.
Contrato de trabajo, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Casavilla, Miguel Carlos c/ Hermes Compañía Argentina de Seguros s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

La invocación del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo - en lo concerniente al deber de abonar remuneraciones por la mera puesta a disposición del empleador de la fuerza de trabajo aunque no se desarrollen tareas específicas - presupone necesariamente la existencia de un contrato de trabajo, por lo que es descalificable el pronunciamiento que lo aplicó sin dilucidar en forma previa tal hipótesis.
Honorarios del abogado, orden público, ley arancelaria
Materia: LABORAL
Carátula: LAMAS, Leonarda y Otros c/ SAN MARTIN DEL TABACAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-27

Las normas contenidas en la Ley de Aranceles no resultan vinculantes, habiéndole quitado el carácter de orden público el decreto de necesidad y urgencia N■ 2155/93, el que establece criterios de incidencia en la fijación de los mismos.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Luis A. Soria, Lidoro G. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

El recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente desde que no se configura la alegada transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial cuando -como ocurre en el caso- el fallo impugnado tiene respaldo en expresas normas legales independientemente del acierto con que han sido aplicadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, quiebra, homologación judicial, acuerdo resolutorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SASETRU S.A.C.I.F.I.A.I.E. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

Teniendo en cuenta el análisis de los elementos de juicio acumulados en autos, tales, la valoración de las causas que provocaron la cesación de pagos y los actos realizados por la Dirección de la empresa y el mérito de las sentencias que en uso justo y legítimo de su potestad jurisdiccional dictaron los jueces en ambas instancias así como la verdadera situación de la fallida, conducen a denegar la pretensión de que se homologue el acuerdo resolutorio. Ello así, pues este consiste en la enajenación de gran parte del conjunto de unidades del complejo industrial que integran el activo empresario de la fallida como forma de hacerse de capital de trabajo, con lo que, por obra de estas ventas la puesta en marcha de las unidades de producción estaría a cargo de los eventuales adquirentes, y no de los recurrentes. De ello resulta la impotencia de la fallida para poner en funcionamiento el conjunto de unidades industriales, evitando su disgregación mediante procesos liquidatorios, ya que, en rigor aquella ha cesado en sus actividades. (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Contrato de obra, caducidad, fraude, dolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES ARGUELLO OSVALDO c/ FERREYRA DE ORTIZ ISABEL s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-27

Por el art. 1647 bis el constructor responde también por los vicios aparentes cuando al momento de la recepción de la obra la falta de conformidad con lo estipulado no pudo ser advertida y por los vicios ocultos. El plazo de caducidad para la denuncia de los mismos es de sesenta días desde su descubrimiento. De los vicios aparentes que pueden ser apreciados fácilmente al momento de la entrega, como estado de las pinturas, revoques, tabiques divisorios que no están de conformidad a los planos, falta de cumplimiento de las estipulaciones relativas a los pisos, no es responsable una vez recibida la obra sin objeción.

La caducidad establecida en la norma no es extensible a los trabajos faltantes de cumplir de acuerdo a contrato. Se sostiene esto pues "la falta de conformidad del trabajo con lo estipulado" o la "diferencia" a que alude el artículo se refiere a trabajos que no guardan relación con lo contratado. Es decir no hay identidad entre lo ejecutado y lo que debió ser según lo convenido. En este caso si no se hace la denuncia o reclamo en tiempo oportuno se produce la caducidad.

Pero no opera ésta, no obstante la falta de denuncia, cuando se trata de trabajos no ejecutados y que eran de cuenta del empresario, pues se está ante un incumplimiento parcial del contrato y no frente a vicios o diferencias entre lo ejecutado y lo pactado, se trata de faltantes. Tampoco es necesaria la denuncia si el propio empresario fue quien reconoció la falta de conformidad o vicios y menos cuando hay fraude o dolo, pues éste es fuente de obligaciones.-
Pueblos originarios, derechos del aborigen
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Asimismo reitero un párrafo de mis dichos cuando me cupo exponer en la clausura de ese Seminario: "...Los representantes de los pueblos originarios no vinieron solamente a exponer ideas y opiniones, sino para que los jueces escuchemos, entendamos y reconozcamos sus derechos.- Así ha sido.- Hemos aprendido mucho más de lo que creíamos saber, pero eso no basta, si en cada sentencia, ante cada caso individual, no entendemos y aplicamos con rigor científico los conocimientos que hemos incorporado definitivamente y tenemos la obligación de juzgar con sentido de diversidad.- La cuestión de las comunidades originarias y sus derechos no pueden pasar tangencialmente, pues son esenciales para una sociedad democrática, moderna y fundamentalmente plural, que quiere vivir en estado de derecho en consonancia con las otras naciones libres y desarrolladas, con vigencia de los derechos humanos, efectivo acceso a la justicia y seguridad jurídica.... Son buenas las experiencias académicas, pero el Estado debe pasar a la acción.- Los Poderes Políticos tienen que establecer y ejecutar políticas activas y el Poder Judicial, caso por caso, interpretar y aplicar el derecho, contemplando todos y cada uno de los contenidos que aquí se han expuesto, con conocimiento e información, serenidad, integralidad, prudencia, sin excesos, con rigor científico, para cumplir nosotros, los jueces, con el deber de ser justos en plenitud.- En orden al derecho de las comunidades originarias, a partir de aquí nadie puede hacerse el desentendido, ni dejar de aplicar las normas de carácter local, nacional y supranacional en vigencia, pero a la vez conocer, respet ar y en cuanto corresponda también aplicar el ancestral derecho comunitario de los Pueblos Originarios, dentro del concepto de autonomía descripto por el Profesor Dr. EUGENIO PALAZZO, aquí presente.- ...".
Prescindibilidad, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ganim, Jorge Nazareno c/ Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Aceptado que se suprimió el cargo ocupado por el agente declarado prescindible y no habiéndose acreditado el desvío del fin que invocara, el supuesto quedó comprendido en las razones de servicio que consagra como suficiente el dec.ley 8596 para el ejercicio de la facultad conferida, toda vez que la expresión contenida en la motivación del acto se corresponde con los antecedentes reales que justificaron su emanación.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bejarano de Coronel, Brigida y otros c/ Municipalidad de Mayor Edmundo Villafañe s/ Acción Administrativa de Mayor Edmundo Villafañe s/ Acción Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-07-29

Si bien el principio jurídico relacionado con la caducidad del recurso contencioso administrativo es la perentoriedad de su plazo, el mismo no se opone a que éstos puedan ser prorrogados, abreviados, suspendidos o interrumpidos convencionalmente entre las partes - cf.

art. 155 y sgtes. del C.P.C. -, tal el caso en que las partes realizaron tratativas conciliatorias ante la Subsecretaría de Trabajo, firmando un Acta, y aunque no hayan prosperado, debiendo, por lo tanto, atribuírsele a dicho documento el carácter interruptivo con respecto al plazo para promover la demanda judicial.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: G, M L  y  E, A M V de s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

Todo el cuerpo que podría llamarse principal o sustancial de la ley 24390 -artículos 1 a 6- se ocupa de poner remedio a lo que considera una irrazonable extensión del tiempo de prisión preventiva, mediante la expeditiva vía de impedir esa alongación, con la liberación bajo ciertas condiciones y cautelas; con lo cual está centrando exclusivamente su normativa sobre los procesos en trámites, ya que son los únicos donde existe una "prisión preventiva" actual que pueda hacerse cesar, impidiendo su extensión no razonable.

(Voto del Dr. Jukic -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Rechazo de la demanda, contrato de servicios, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Prosemper SA c/ La Ganadera Arenales SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Corresponde rechazar la demanda de cobro de facturas emitidas en virtud del contrato de locación de servicios de desposte de carne que vinculara a las partes. Ello así, pues si bien la demandada reconoció el vínculo contractual, negó la recepción y la realidad de las facturas reclamadas; observando que ninguno de aquellos documentos tiene constancia de recepción, lo que sí ocurrió con otras numerosas facturas acompañadas como prueba por la accionada, las cuales fueron emitidas por conceptos y cantidades idénticas a las consignadas en las facturas exigidas.
Prueba confesional, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: Troncoso, Gustavo y otro s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Puede ser también comprobado el cuerpo del delito por prueba de confesión si existen otros elementos probatorios que lo corroboren.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Cervera, Marcelo Daniel y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

El requisito previsto en el art. 259 inc. 4 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- alude a una consideración conjunta de los indicios y no a una aislada valoración de cada uno de ellos.
Indemnización por incapacidad, reparación integral, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris  c/ Prevención ART S. A. y otros s/ accidente - inc. y cas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

En el universo de prejuicios que integran la incapacidad sobreviniente, la faz laboral es una de las parcelas a indemnizar, la que no conforma el todo, ni la única a resarcir, sino que constituye un componente más de aquella (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Reglas para dictar sentencias, facultades del juez, hecho conducente
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosales Salvador David (T.F. 15.309-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-08

Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan solo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones, en efecto, el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquéllas que estime conducentes para fundar su decisión (conf. C.S.J.N. in re:

"Sopes, Raúl E. c/ A.N.A.", del 12/2/87; "Stamei S.R.L. c/ U.B.A.", del 17/11/87; esta Sala in re: "Tunesse, María del Carmen Flavia c/ Mº del Interior s/ juicio de conocimiento", del 13/4/98). (Consid.

IV).
Competencia, competencia por la materia, simulación, fraude, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. I. c/ T., F. H., La Abastecedora del Norte S.R.L. y T., B. I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 40914/99 Acción de Simulación y fraude. L.A. N 46, F 443/446, N 175 S.R.L. y T., B. I. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 40914/99 Acción de Simulación y fraude. L.A. N 46, F 443/446, N 175
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-05-14

En relación a la acción de simulación y fraude, el Superior Tribunal de Justicia ha resuelto que: "Frente a una situación compleja, en que la acción instaurada tiene por objeto la declaración de nulidad de determinados actos jurídicos otorgados por escritura pública o un contrato que, según se sostiene, fueron realizados simuladamente; de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 70 y 81 de la Ley Nº 4055 y art. 288 inciso 5º del Código Procesal Civil de Jujuy, la cuestión planteada debe tramitarse por el procedimiento ordinario escrito, en consecuencia, es competente para entender en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial" (L.A. Nº 47, Fº 82/83, Nº 31; L.A. Nº 48, Fº 136/137, Nº 50).