Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-03


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 3 de 2008.

El Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 459/77), que rechazó la demanda por la cual las actoras perseguían que se declarase la nulidad del testamento otorgado el 21 de diciembre de 2000 por la madre, abuela y bisabuela de aquéllas, éstas expresan agravios a fs. 497/534, cuyo traslado es contestado a fs. 560/72. También la sentencia fue impugnada por la Defensora de Menores e Incapaces (fs 487), apelación mantenida a fs 576. A fs. 580/1 dictamina el Fiscal de Cámara, solicitando el rechazo de los agravios.

Sostienen las apelantes, en su extenso memorial, que dicho testamento fue motivado por la captación de voluntad de la causante a cargo del demandado, beneficiado en dicho acto jurídico. También sostienen que dicho testamento tiene una falsa causa, que fue revocado por uno posterior, y formulan consideraciones en torno al derecho de acrecer previsto en aquél acto jurídico, que lo privaría de eficacia.

Formulan extensas consideraciones sobre los hechos acontecidos durante cierto período de tiempo, en especial, mientras la causante estuvo alejada de su familia, circunstancia que imputan al actuar del demandado, a quien conoció en el año 1993. Señalan que en esta etapa la testadora se desprendió de numerosos bienes y contrajo diversas deudas, especialmente luego de revocarle el poder de administración a su hija; advierten sobre la edad de la testadora (89 años cuando se hizo el primer testamento), sobre su intención de beneficiar con la porción disponible a su bisnieta María Marcos Mercante; que el médico que dictaminó sobre su salud mental -cuyo informe contiene errores- era amigo del demandado; que lo mismo ocurrió con la escribana que otorgó el testamento; que la testadora manifestó querer compensar al demandado por haberla atendido gratuitamente cuando esto no es cierto, máxime cuando no puede presumirse que la atendió cientos de veces en forma gratuita; que la declaración de Montenegro prueba la captación de voluntad. En suma, concluyen en que se ha demostrado el alejamiento de la familia, la intrusión en los negocios, así como otras circunstancias que, según la doctrina, permiten presumir el dolo, el fraude, la captación de la voluntad. Además, insisten en que el último testamento ológrafo es incompatible con el anterior y demostraría su revocación tácita en los términos del art. 3828 del Código Civil. Finalmente, insisten en que se condene al demandado al pago del daño moral causado y cuestionan la imposición de costas.

De las constancias de autos surge que Luisa Vélez enviudó de su segundo marido, Alberto Chiozza, en 1991. Heredó cuantiosos bienes. Tales bienes eran administrados por su hija (del primer matrimonio), Raquel Susana Fierro de Mercante, hasta que en mayo de 1995 la primera revocó el mandato que le había otorgado a la segunda. La hija le reintegró a la madre numerosa documentación vinculada a inmuebles y pagos de impuestos y de servicios (junio de 1995). Puede inferirse de estas circunstancias un distanciamiento entre madre e hija, también corroborado en la causa por otras pruebas. Además, no se controvierte en esta instancia el alejamiento, sino los circunstancias que lo motivaron.

El 28 de setiembre de 1999 Luisa Vélez de Chiozza otorgó un testamento por escritura pública. Allí le legó a su bisnieta, María Marcos Mercante, "la parte disponible de sus bienes existentes a su fallecimiento". Además expresó lo siguiente: "Que desea manifestar en este acto el profundo agradecimiento hacia el Dr H. Q. y familia por su permanente apoyo moral en sus últimos años", a quien designó albacea.

Posteriormente, el día 21 de diciembre de 2000, otorgó también por escritura pública un nuevo testamento en el que revocó el anterior y legó "la parte disponible de sus bienes ... por partes iguales, o sea el cincuenta por ciento a cada uno y con derecho de acrecer entre ellos" a su bisnieta María Marcos Mercante, y al Dr Q.. Manifestó que "la inclusión del Doctor Q. en este testamento como donatario obedece a la plena gratitud de la testadora por todas las ayudas recibidas en estos últimos años, de índole material e inmaterial, y la asistencia profesional en forma cotidiana, que ha prestado el mismo sin recibir nunca pago alguno. Desea manifestar en este acto el profundo agradecimiento hacia el Dr Q. y familia por su permanente apoyo moral en sus últimos años". Agregó que "a mi adorada bisnieta María Marcos Mercante le dejo todo mi amor y le trasmito mi deseo de la mayor felicidad en su vida...".

Finalmente, el 19 de junio de 2001 (poco antes de morir), otorgó uno nuevo que tituló "Mis últimos deseos", en el que le dejó un tapado de visón a su "adorada" amiga, y otro saco a otra mujer; al "querido Dr Q." la mesa larga del comedor de San Bernardo; y otras disposiciones, entre la que cabe destacar la hecha a su bisnieta ya mencionada: "mi casa de San Bernardo, Hernandarias y Costanera con los dos lotes pegados de Costanera y todo lo que hay de muebles adentro menos la mesa. María te adoré toda mi vida mía querida".

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3616 del Código Civil, es dable recordar que el principio general es la validez del testamento ya que se presume la capacidad del causante. Así se ha dicho que para realizar un acto de última voluntad no se requiere mayor discernimiento que el necesario para realizar actos entre vivos. Por ende, no toda anormalidad o alteración de las facultades mentales es suficiente para viciar el entendimiento de la persona con relación a los actos testamentarios, sino que es imprescindible que anule o comprometa gravemente el uso de la razón. La completa o perfecta razón de los arts. 3615 y 3616 (Código Civil) no debe considerarse en abstracto sino en concreto, referida al propio sujeto disponente; no se ha exigido un discernimiento diferente o más calificado que para cualquier acto jurídico. El concepto de perfecta razón, en tanto requisito para la validez de toda disposición de última voluntad, no se ve alterado por la ancianidad ni por la presencia de enfermedades físicas que no perturben las facultades intelectuales de aquél, las que deben apreciarse con relación al momento en que el acto se realiza (cfr. Medina, Graciela en Bueres-Highton, Código Civil, T. 6A, págs. 808/813).

Como es sabido, lo importante es establecer el estado mental al tiempo de ejecutar los actos, o sea, en el momento de otorgárselos, sin que baste probar la carencia de discernimiento en la época, pues ello no asegura que el acto no haya sido efectuado en un momento de lucidez. La prueba queda a cargo de quien invoca la falta de discernimiento y correspondiente irresponsabilidad o invalidez del acto (cfr. Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias ..., T. 4, pág. 149).

La captación supone engaños sobre hechos o afectos que puedan inducir al causante para que no exprese su real voluntad en el testamento. Es una forma peculiar del dolo y como tal debe ser una conducta grave y al mismo tiempo determinante del acto, pues si no se reúnen ambos requisitos no es posible anular la disposición. Para determinar si ha existido el dolo habrá que tener en cuenta las circunstancias personales del testador, como por ejemplo su edad, salud física y mental ya que sin llegar a la incapacidad para testar puede resultar más fácil de influir (cfr. Azpiri, Jorge. O., Manual de derecho sucesorio, Hammurabi, pág. 333).

También tengo en cuenta que la jurisprudencia ha sido muy cauta para aplicar la captación de herencia pues ha sostenido que "la adulación, el falso cariño, los cuidados excesivos, con el ánimo de atraerse la voluntad del testador, no bastan para resolver que hay sugestión o captación" (LA LEY, 104-697). En idéntico sentido, que "no bastan la adulación, el falso cariño o los cuidados excesivos para concluir que ha habido captación, si no se ha engañado al testador logrando así un estado de su espíritu sin el cual no se habría producido la liberalidad" y que "la multiplicación de las atenciones por parte de los parientes o servidores para lograrse el afecto o el reconocimiento del enfermo y obtener una ventaja en el testamento, no son causas de nulidad, aunque tales cuidados no sean fruto de un auténtico cariño y tengan solo un fin especulativo" (cfr. Azpiri, ob. cit., pág. 333; íd. Medina en Bueres-Highton, ob. cit., T. 6A, pág. 814 y sus citas).

Tanto el juez de primera instancia como los representantes del Ministerio Público Fiscal, en ambas instancias, tuvieron muy en cuenta los informes médicos de la Dra Esther Romano (médica especialista en psiquiatría y medicina legal), y del Dr E. del C. (psiquiatra), realizados antes de otorgar el testamento cuestionado.

La Dra Romano evaluó, el 10 de mayo de 1999, que la causante no presentaba "signos de patología mental ni evidencias de deterioro cognitivo. Por lo contrario, capacidad de ajuste emocional, rendimientos intelectivos u grado de adaptación bio-psico-social por encima de lo esperable a su edad cronológica. Los elementos consignados se correlacionan congruentemente con los resultados obtenidos a partir de las técnicas de evaluación psicológica" hechas por otras profesionales en forma independiente. Surge también de dicho informe que la causante sufría por el distanciamiento de su hija, a quien atribuyó una "personalidad conflictiva (intolerancia)" y que la trataba con "indiferencia" (ver carpeta de documentación reservada). Dicha profesional ratificó en estos autos su informe (ver fs. 331).

Posteriormente fue evaluada por el Dr del C., quien también destacó las dificultades con su hija, a quien atribuyó una personalidad "rígida", y que la fue excluyendo de su vida al contraer matrimonio. También relató que la hija (aquí actora) se le acercó cuando enviudó para "apoderarse de sus bienes" y "consigue que le firme un poder". Concluyó el profesional que la Sra de Chiozza no despertaba sospechas, sino que presentaba "para su edad, no sólo la conservación de sus funciones psíquicas intactas, sino un pensamiento coherente con su estilo de vida" (ver carpeta citada).

Las apelantes formulan críticas a este informe, porque contendría inexactitudes. De todos modos, lo que importa, es probar si la testadora estaba en uso de sus facultades mentales, si era conciente al momento de testar, y esto no se demuestra criticando el informe del psiquiatra. Como ya dije, la salud mental se presume.

Se impone entonces dejar sentado que al momento de testar, la causante era capaz de conocer la entidad y consecuencias del acto que estaba realizando lo cual, además, era su deseo pues -en ese momento- era el Dr Q. quien se ocupaba de ella y que, tal como indican los propios demandantes, sentía una gran preferencia por su bisnieta, también favorecida en el testamento.

Coincido también con el a quo en tanto entiende que el último de los testamentos, en el que según las actoras se revocó el anterior aquí cuestionado, es una prueba más de que su voluntad no estaba captada, pues de estarla ello no habría ocurrido.

Considero entonces, valorando las pruebas aportadas y los dichos de las partes, que Luisa Vélez de Chiozza testó a favor del Dr Q. motivada por el cariño que le tenía, la seguridad que ello le brindaba y la gratitud por la atención recibida.

Se ha argumentado que la causa era falsa, ya que la testadora justificó su decisión en el hecho de que el demandado la atendió gratuitamente, y se ha demostrado que no todas las atenciones fueron gratuitas, lo que -además- tampoco puede presumirse tratándose de un profesional.

No obstante, aun cuando este hecho sea inexacto y el médico haya percibido honorarios, lo cierto es que la decisión de beneficiarlo no se basó solamente en esa circunstancia sino, como se ha probado en este expediente, en el afecto que la causante le tenía, en el agradecimiento por su apoyo, extensivo a la familia del profesional. Como transcribí anteriormente, la causante hizo alusión al apoyo "inmaterial", "moral" recibido, además de la asistencia profesional. Claro que, atenciones gratuitas debió haber habido, pues varios testigos señalaron que la causante tenía apremios económicos, a pesar de sus numerosos bienes.

Tampoco probarían, como pretenden las apelantes, la captación de voluntad, las declaraciones de los testigos Montenegro y Guardis, relativas a supuestas quejas de la causante respecto de lo actuado con sus bienes, o su testamento (ver fs. 327/9). Es que, justamente, tales quejas y el hecho de haber redactado de puño y letra un tercer testamento, demuestran que ella tenía plena conciencia de sus actos y que tenía la opción de regular la cuestión a su voluntad si no estaba conforme con lo hecho hasta el momento. Además, así lo hizo.

Desde otro enfoque, las circunstancias de ser malas las relaciones entre el testador y los beneficiarios del testamento antes que acreditar maniobras de captación, las excluyen, ya que la captación tiende, precisamente, a crear un clima especial que lleve al testador a emitir un acto jurídico en favor de quienes han creado un falso clima de solicitud y cariño, desvirtuando su voluntad (C. Civ. y Com. Junín, 3/12/1992, JA 1993-II-508).

Para concluir con este punto, si la captación de voluntad hubiera existido, es muy probable que la testadora hubiere legado toda su porción disponible al autor del hecho ilícito, y no la mitad. A la vez, seguramente estableció el derecho de acrecer entre su bisnieta y el médico, considerando que la primera era mucho más joven, y no al revés como sostienen las apelantes.

Admitido lo anterior, resta examinar si el último testamento revocó tácitamente al anterior.

Se dijo en un fallo, siguiendo las enseñanzas de Fornieles (Tratado de las sucesiones, t. 2, p. 150, 3º ed.), que el Código contiene gran cantidad de artículos que son verdaderas reglas de interpretación de la voluntad del causante (3476, 3721, 3729, 3763, 3765, 3790), casi todos los que tratan del derecho de acrecer, etc., mas no se lee ninguna que establezca principios de orden general que sirvan para resolver las dudas u oscuridades en que a menudo incurren los que hacen un testamento, por su falta de cultura o por no haber prestado suficiente atención a lo que escriben. Esta falta de normas es comprensible porque, cómo lo dice Demolombe, se trata de una materia rebelde por la infinita variedad de los casos y matices (t. 21, n. 738). Aquí entra en juego más que nada la penetración y el buen juicio del que sentencia. A veces, más que interpretar, hay que adivinar lo que ha querido decirse y, desde luego, para desentrañar la intención se recurrirá, en primer término, al testamento mismo para saber qué es lo que se ha querido decir, habida cuenta del espíritu que lo informa. Si no se obtiene resultado se acudirá a las pruebas extrínsecas que aporten los interesados. Cuando el núcleo de la problemática derivada del testamento está centrado en la interpretación a dar a las cláusulas que contiene el acto de disposición, nada es más acertado, para su análisis que partir de la letra del mismo y con ese antecedente válido tratar de "adivinar" la voluntad del testador, última "ratio" en la materia (Conf. CNCiv. sala F, 13/8/1982, ED 7/9/1982).

También se afirmó que la interpretación de las disposiciones testamentarias es función judicial, la cual no está dirigida tanto a desentrañar el significado normal y corriente de las palabras empleadas, sino a indagar cual ha sido la verdadera intención del causante (CNCiv., sala C, 19/03/1981, ED 93-669).

Además, se afirma que el principio general es que el testamento posterior no revoca al anterior y, en la duda, debe considerarse que las disposiciones de ambos son compatibles (CNCiv., Sala C, 19/3/81, ED 93-670; Fassi, Tratado de los testamentos, T. II, pág. 154, nº 1412; Zannoni, Derecho de las sucesiones, T. II, pág. 638, nº 1482).

Como se ha visto, en el testamento cuestionado la causante legó su porción disponible a su bisnieta y al médico demandado, un 10% a cada uno. En el testamento posterior, a dichos beneficiarios les hizo un legado de cosa cierta: a la bisnieta le dejó un importante inmueble y al médico una mesa de comedor.

Desde el punto de vista subjetivo, no parece haber sido la intención de la testadora revocar el testamento anterior. No era una práctica desconocida ya que antes había revocado expresamente testamentos anteriores, lo que aquí no dijo. Si hubiese querido hacerlo nada lo impedía, o al menos no hay prueba de tales obstáculos. Es cierto, como afirman los apelantes, que la revocación puede ser tácita, pero tampoco creo que ello haya ocurrido. Coincido con el a quo y con los dictámenes del Ministerio Público Fiscal.

En el testamento que se impugna hubo sendos legados de cuota, 10% a cada legatario. En el posterior, a uno de ellos se le hace como legado de cosa cierta un valioso inmueble. Esto no genera una incompatibilidad material o jurídica. Bien pudo la testadora pensar que el inmueble entraría en la parte dejada a su querida bisnieta.

En el peor de los casos, si es cierto que dicho agregado supera la porción disponible pues su valor excedería el 20% del acervo hereditario, la heredera forzosa cuenta con acciones de protección para reducir el legado, que es una cuestión distinta, pero que de ningún modo implica convertirlo en incompatible con el anterior, ni un acto de revocación.

En esta línea, se sostiene que ante una presunta incompatibilidad entre cláusulas testamentarias, el intérprete debe tratar de conciliar (Fassi, ob. cit., T. I, pág. 239).

Por ende, si por hipótesis el valor del legado afectase la cuota legada al demandado, como éste no goza de porción legítima, deberá cumplirse el legado y, en su caso, tendrá derecho al remanente, de existir. Todo esto se resolverá más adelante, cuando se practique la valuación correspondiente (conf. arts. 3795, 3798 y cctes. del Código Civil).

Por lo tanto, entiendo que los agravios sobre este punto tampoco pueden prosperar.

Finalmente, pretenden las apelantes que se modifique la imposición de costas. El Código Procesal establece un sistema objetivo que determina imponer las costas al perdedor. No encuentro en el presente caso motivos de peso para apartarme de dicha regla general. Las actoras no estaban obligadas a impugnar el testamento de su madre, abuela y bisabuela, y el hecho de haber tenido dudas no es suficiente para justificar la presente acción de nulidad.

Por todo lo expuesto, voto para que se confirme la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravios, con costas de esta instancia a los vencidos (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Jorge Alberto Mayo y el Dr. Jorge A. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede.

Y Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

Confirmar la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravios, con costas de esta instancia a los vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Jorge Alberto Mayo. -Jorge A. Giardulli. -Claudio M. Kiper.