marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones procesales, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOBILLA MARIA L. c/ RICARDO PETRA s/ Cobro Australes (LIBRO: A070 - 386)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-14

Si el planteo no se aparta del deber de probidad y lealtad, y se trata de una cuestión de interpretación de normas formales, que si bien en lo mediato producen demora, forman parte de la tarea defensiva de los litigantes y sus representantes, no corresponde aplicar sanciones por planteos dilatorios.
Recurso de casación, escritos judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Roman S.A.C. y La Confianza Cía. Arg. de Seguros S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-10-01

El recurso de casación constituye una vía excepcional de impugnación que no puede ser confundida con una segunda instancia de tránsito necesario para que se agote el proceso legal que garantiza nuestro orden constitucional.

Por ello requiere en forma imprescindible la existencia de un motivo, y la adecuada explicitación del mismo, so pena de rechazo por insuficiencia formal.

Dicho en otros términos, la facultad de este Tribunal para revisar sentencias no es espontánea ni discrecional, sino provocada por el recurso y limitada a la extensión de éste.

Por ello el Tribunal no puede, so pena de incurrir en evidente exceso, suplir las deficiencias del escrito y por vía de inferencia completar las citas y argumentaciones que debió hacer el recurrente.
Terceros, cosa juzgada, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, José Eduardo c/ Prefectura Naval Argentina s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

El demandado no tiene obligación de citar el supuesto tercero culpable, ya que de la omisión de hacerlo no se sigue sino la consecuencia que procesalmente deriva de esa circunstancia: la de verse imposibilitado de hacer valer la cosa juzgada que de este proceso pudiera derivar en una eventual acción contra dicho tercero
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla Eve M. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Coady.: Acerbi de Rojas, Celica M. s/ Demanda contencioso administrativa Parlov, María Rosa y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa (cuaderno de prueba actora)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|2000-04-12

Al resolverse la negligencia sólo debe estarse a la situación existente en el momento en que se planteó el acuse. (Minoría u opinión personal)
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, sentencia, recurso de apelación (procesal), legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGROGEO SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

1. La sentencia que estima satisfechas las pautas valorativas de la ley 19.551: 61 es irrecurrible (ley 19.551: 296-3ro.). Es impertinente la extensión de las previsiones de la ley 19.551: 60 y 62 a situaciones no contempladas especialmente, pues las mismas son normas de excepción y por ende, de aplicación restrictiva.

Así, carece de legitimación el acreedor impugnante sobre la base de la ley 19.551: 59 para apelar la resolución homologatoria con sustento en la disparidad de criterio con la valoración del juez sobre la satisfacción de las pautas de la ley 19.551: 61.
Marcas, marcas confundibles, marca notoria
Materia: CIVIL
Carátula: RASCHIOTTO SANTIAGO c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La cualidad de marca notoria permite exorbitar los límites propios de la especialidad de la clase y que el art. 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1987, aprobada por ley 22.195) -si bien no define el concepto de marca notoria- establece la obligación de los Estados miembros de otorgarle a un signo que merezca esa característica una protección más allá del principio de inscripción registral. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que la copia servil de una marca de notoria difusión en el público justifica exceder los límites del registro y proteger el espíritu de la legislación marcaria con sustento en el principio general consagrado en el art. 953 del Código Civil (confr. esta Cámara, Sala 1, causa n° 3956 "Christian Dior S.A. c/Mampar S.A." del 23/5/86, sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 31/3/87; en igual sentido, Sala 1, causa 4998/97 del 25/3/99; Sala 3, causa 4772/00 del 21/3/02, entre otras).
Marcas, patrimonio, uso de marca
Materia: PENAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GENNARO, Giuseppe s/ Auto de procesamiento, Causa nro. 29.344
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

En la ley 22.362, el artículo. 4to. se refiere a la "propiedad de una marca y la exclusividad de su uso". La marca es una propiedad en sentido lato, pues constituye un bien incorporado al patrimonio de su titular. Dentro de este contexto, el titular de la marca registrada tiene el derecho de usarla, de licenciarla para que terceros la usen , a título oneroso o gratuito, tienen el derecho de oponerse a que terceros no autorizados la usen, pueden disponer de ella, cediéndola parcial o totalmente, disponerla mortis causa, o renunciarla expresamente.
Administración de vialidad provincial, empleados públicos, transferencia del personal, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo, daño moral, recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 315-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

La circunstancia de que la medida por la que el recurrente se agravia -traslado por necesidad de asistencia mecánica a un Equipo Pesado situado en una obra distante de su domicilio- haya cesado al momento de la traba de la litis,obsta en principio a que el Tribunal disponga la anulación del acto en ese aspecto; sin embargo, igualmente debe analizarse la legitimidad de dicha medida, pues se trata de una cuestión de posible incidencia en el reconocimiento de determinados rubros reclamados, y de inexorable dilucidación en orden a la pretensión de daño moral, por todo el tiempo que duró el traslado.
Sobreseimiento, investigación agotada, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MALAGRINA, Ricardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

Si sólo se cuenta con el relato de la damnificada y la investigación se encuentra agotada, la falta de certeza procesal en cuanto a si el imputado cometió el hecho denunciado impide destruir el principio de inocencia previsto por la C.N. (arts.

18, 33, 75 inc. 22, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8, inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

"... la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución..." .

Por ello, corresponde confirmar el auto que dispuso el sobreseimiento del imputado.
Gastos del proceso, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Parque Industrial Agua Profunda S.A. c/ RM Baires y otros s/ Cobro de Pesos-Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Debe confirmarse el auto que dispone el pago de la tasa de justicia en los términos de los arts. 4, a), 9, a) y 11 de la ley 23.898 y acordada CSJN 19/1992 dado que en los juicios en que se reclaman sumas de dinero, y en que la recurrente no se encuentra comprendida dentro de las exenciones previstas legalmente, para su determinación se debe tomar en cuenta "el monto de la pretensión al momento del ingreso de la tasa" ], que deberá ser abonada en su totalidad "en el acto de iniciación de las actuaciones".
Nulidad de sentencia, extinción de la acción penal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: GARBAGNOLI, Eleonora c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-10

Corresponde anular la resolución del a quo que confirmó la extinción de la acción penal dictada por el juzgado instructor respecto de la encausada, en relación a la adquisición de un rodado con dinero proveniente de actividades ilícitas prevista en el art. 303 del CP, toda vez que la decisión cuestionada no da tratamiento a los agravios expuestos en la impugnación y, en consecuencia, se verifica arbitraria, no se hizo cargo de los argumentos expuestos por el apelante en torno al encuadre legal, el momento consumativo y el cómputo que como consecuencia de ello debía practicarse en relación con la prescripción de la acción penal.
Defensa del consumidor, acción judicial, acción de reintegro, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Swiss Medical SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

Procede modificar el decreto apelado estableciéndose que el objeto de autos es el cese de los aumentos dictados a partir de las resoluciones MS 502/15, 1001/15, 1567/15, 82/16 y 572/16, y la restitución a los clientes afectados, de las sumas de dinero percibidas por la empresa de medicina prepaga accionada, en concepto de aumentos de aranceles de las cuotas mensuales aplicados desde el año 2015, sin haber cumplido con el deber de información y publicidad previa; en violación del decreto 1993/11: 5-g), (decreto reglamentario de la ley 26682 de medicina prepaga), ello, con más intereses y daño punitivo. Ello por cuanto, en el caso, si bien la juez de grado no indicó que la restitución de sumas de dinero se circunscribiría a los importes de los aumentos eventualmente considerados indebidos, no obstante lo cual podría sostenerse que esa es la única interpretación posible de lo indicado en el decreto apelado, atendiendo a que la devolución de dinero es una pretensión accesoria del reclamo principal que procura invalidar los aumentos que se habrían realizado en violación a la normativa vigente, no cabe desconocer que la literalidad de lo expresado no se ha sujetado a ese tenor. En orden a ello, nada obsta para acoger el agravio esgrimido sobre el particular.
Viajantes de comercio, indemnización por despido, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Bernigaud, Carlos Luis c/ Hiram Salker S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-13

Conforme la redacción del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente a la fecha del distracto, las normas del Estatuto del Viajante del Anexo I que integra la resolución 65 dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su actualización por la Secretaría del mismo, surge la existencia del tope indemnizatorio aplicable a viajantes comprendidos en el Convenio Colectivo Nº 308 /75.
Empleados públicos, cesantía, indemnización, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figini, Francisco Enrique c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 571-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-25

Nada obsta a que el Tribunal analice el reclamo del recurrente -tácitamente denegado por la Administración- en cuanto se dirige al reconocimiento de los perjuicios derivados de lo que él denomina "daño moral", a pesar de que en una causa anterior entre las mismas partes -pasada en autoridad de cosa juzgada- el Tribunal entendió que la cesantía fue legítima, en razón de que el actor no estaba asistido por el derecho a la estabilidad; es más, ello habrá podido justificar el rechazo de las pretensiones tendentes a reconstituir la relación de empleo y que suponían la supervivencia de ese derecho, pero no priva al agente de la posibilidad de pretender una reparación integral de su esfera jurídica, al menos en los aspectos que no se vinculan inexorablemente con el derecho a la estabilidad.

En consecuencia,el recurso actual es inadmisible en cuanto se dirige al reconocimiento de un resarcimiento por daño material, comprensivo de la indemnización derivada de la cesantía -que se reclama en forma alternativa- por constituir un aspecto ya declarado improcedente por sentencia firme del Tribunal, pero admisible en lo que respecta al "daño moral".
Entidades financieras, banco central, privilegios (comercial), crédito privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Rodríguez, Nélida c/ EN-PEN- Dto 1.570/01 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

El régimen de exclusión de activos y pasivos regulado por el art. 35 bis de la ley de entidades financieras es un procedimiento que faculta al Banco Central de la República Argentina a disponer la transferencia de ciertos activos de un banco en crisis a otra entidad financiera para que, con su producido, se pague sincronizadamente los créditos de determinados acreedores privilegiados siempre por un monto equivalente de los activos excluidos. (Del voto del juez Buján, cons. V.A.).
Nulidad procesal, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Jorge c/ Sucesores de Ramón de la Rosa Revolero y/o quien resulte responsable s/ Laboral y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-16

Si bien en principio no hay nulidades absolutas en el proceso cuando se violan formalidades esenciales y se afecta así, como en el caso en examen, el debido proceso legal, ello conduce a la anulación, aún de oficio de los actos viciados, pues se trata de formalidades imperativas e indispensables, no susceptibles de renuncia por las partes.
Fundamentación insuficiente, responsabilidad penal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Favale, Cristian Daniel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-10

De la lectura de los agravios se observa que el impugnante manifiesta una mera discrepancia con el proceso de valoración llevado a cabo por el a quo, limitándose a reconstruir la prueba indiciaria, al analizar cada indicio en forma individual y no global como corresponde. El a quo consideró acreditado el hecho investigado y el grado de intervención que le cupo a cada uno de los imputados en base a un cúmulo de indicios concatenados en forma global y lógica que le permitió formular válidamente su inferencia incriminatoria. Es que la responsabilidad penal enrostrada a los justiciables que resultaron condenados, en el fallo recurrido, es la consecuencia directa del análisis integral, pormenorizado y razonado del factum. En ese orden de ideas, repárese en que, los jueces del tribunal de mérito evaluaron una variada gama de elementos probatorios, a saber: la conducta ex ante desplegada por los encartados en relación a la imputación que se les dirige, las versiones de cargo y de descargo y la prueba documental, informativa y pericial relevadas.

También acudieron a la llamada prueba indirecta -indicios- elementos de convicción todos ellos que, examinados en conjunto y correlacionados entre sí, permitieron a los magistrados quebrar fundadamente .salvo en los casos de Uño, Perez y Garay- , el estado procesal de inocencia de que goza toda persona sometida a enjuiciamiento penal, como condición sine qua non para que el Estado pueda imponer la reprimenda más extrema que se ha puesto en sus manos para con quienes son encontrados responsables de infringir la ley penal.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández de Risso, Tomasa c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Resulta ilegítimo el acto administrativo que niega el beneficio de pensión por hallarse la actora incursa en la causal de impedimento prevista en el art. 59 inc. b) del dec. ley 9650, si no se acreditó que la demandante mantuviera una relación marital de hecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de pasajeros, subsidio estatal, derechos del usuario, principio de no discriminación
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Veloz del Norte S.A. y otros c/ E.N. - M. y otro s/ inc. de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-26

Cabe destacar que el subsidio en el transporte público resulta ser un instituto efectivo para las personas más vulnerables, habida cuenta de que no representa un privilegio para el usuario, sino una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación.
Derecho laboral, contrato de trabajo, apreciación de la prueba, remisero
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Julio Ricardo c/ Cruz Angélica Ramona y otros s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-02

Trabajar en una agencia de remis no es equivalente a trabajar para sus dueños porque la agencia resulta ser usualmente una organización de coordinación y comunicación de viajes para los autos de particulares que se integren a la misma contra el pago de un canon. Generalmente, la nota de dependencia se da con los empleados directos de la agencia que brindan el servicio de cobertura, comunicación y organización del trabajo, que son los operadores de radio. Los choferes, en cambio son trabajadores independientes de la agencia (porque conducen un auto propio o alquilado o en sociedad con un tercero) o, según las circunstancias del caso, empleados dependientes del propietario del vehículo que manejan (Voto Ronconi. Adhesión Welp) De las testimoniales producidas, se extrae que son los propietarios de los automóviles los que acuerdan con la agencia el pago de un canon diario, fijo, independiente de la recaudación del vehículo. A partir de esto se infiere que el poder de dirección y organización del trabajo, y quien remunera la labor de los choferes, es el propietario del rodado y es con esto que la vinculación de naturaleza laboral se da entre el titular del rodado y el chofer. Dejo a salvo, como lógica obviedad, que si una agencia pone en circulación autos propios, los choferes tendrán una vinculación de tal naturaleza con sus dueños, pero este, según el propio relato expuesto en la demanda, y de la prueba rendida en autos, no es el caso bajo estudio (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Recusación sin causa, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Balcarce S.A. c/ De Castelli Luis M. y otros s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-13

El derecho a recusar sin causa no es una garantía de orden público y puede ser renunciado por las partes en el acto constitutivo de la obligación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, suspensión de despidos, período de prueba, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Francisco c/ Matafuegos Donny S.R.L. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

El DNU 329/2020 solo se refiere a la prohibición de los despidos sin justa causa y no hace ninguna distinción, fundada en la antigüedad de los trabajadores. En el régimen general se puede despedir, sin causa, tanto a una persona que está transitando el período de prueba, como el que tiene una cierta antigüedad, con la única diferencia de que, en el primer caso, no se generará, en favor del trabajador derecho a la indemnización del artículo 245 de la L.C.T, pero ello no puede hacer perder de vista que, en ambos casos, estamos frente a un despido sin causa. En consecuencia, no se puede excluir a los despidos durante el período de prueba de la protección, sin efectuar una categorización que pueda dar sustento a aquella exclusión. (Del voto del Dr. Víctor A. Pesino)
Notificación, notificación por cédula, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: QUIMICA EPROVNE S.A c/ M.C.B.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-07

Si bien cuando no surge de las listas correspondientes la remisión de la cédula a la Oficina de Notificaciones para su ulterior tramitación, ello en principio lo tornaría ineficaz como acto adecuado para impulsar el procedimiento, sin embargo, la nueva reglamentación puesta en vigencia a partir del 1 de febrero de 1988 por acordada de la Corte Suprema de Justicia en torno a los requisitos de las notificaciones, permiten una apreciación menos rigurosa, admitiendo la virtualidad impulsoria de la cédula a la que no pudo dársele curso.-
Personal militar, veteranos de guerra, subsidio para excombatientes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Meza  Pedro Pablo c/ EN -M° de Defensa- EMGE s/ Personal Military Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

Cuando la ley 24.310 prescribe en su art. 2 la incompatibilidad del beneficio que confiere con aquellos que en el orden nacional le hubieran sido otorgados al beneficiario por su participación en las acciones referidas en el art. 1 y con motivo de su incapacidad, no es dudoso que se refiere a beneficios, en las condiciones fijadas, de carácter permanente. Por consiguiente, el beneficio de la ley 24.310 resulta compatible con los previstos en las leyes 22.674 y 23.109) (Del voto del juez Grecco, cons. VI).
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., S. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22

El derecho a la estabilidad se estima esencial a la relación de empleo público.- Definido como facultad de conservar el cargo y gozar de los derechos estatutarios mientras que ninguna causa legal determine la extinción del vínculo o altere la relación funcional.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, acción de nulidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Néstor Hugo c/ Kahale, Zulma Inés s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

Procede anular la sentencia dictada, en tanto se desprende de ella que el magistrado de grado se expidió sobre la eficacia del segundo informe pericial rendido en autos y desestimó la defensa de falsedad de título opuesta por la accionada con sustento, precisamente, en el resultado de aquél, desatendiendo que, con anterioridad se había producido otra pericia, respecto de la cual se encuentra pendiente de dilucidación un planteo de nulidad articulado por la parte actora. Es que carece de base adecuada la sentencia que omite pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas, ya que la falta de decisión afecta de manera sustancial el derecho de las partes, máxime cuando dichas cuestiones -como ocurre en la especie- pueden gravitar en el resultado de la contienda. En el caso, se ha obviado la previa y necesaria resolución de los planteos, privándose a las partes de la posibilidad de presentar adecuadamente sus posiciones ante el Tribunal de revisión, ya que no puede impugnarse de modo concreto y razonado -como lo exige el CPR 265- lo que no ha sido tratado y carece de contenido racional y explícito, impedimento éste que, a su vez, enerva el derecho de defenderse en justicia (esta CNCom, esta Sala A, 29/02/08, "Fernández María Mónica y Otro c/ Arguero Pablo s/ Ejecutivo"). Las omisiones señaladas afectan la regularidad de la sentencia recurrida y justifica su anulación, toda vez que no es posible para esta Sala proceder derechamente a dictar un nuevo pronunciamiento en uso de las atribuciones que le confiere el CPR 278. Ello justifica devolver las actuaciones a primera instancia sin más trámite.