marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, Sebastiana Angélica c/ María Margarita Velozo y/o Carlos Aguirre y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-08

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que declara inexistente la relación laboral. Ello así, ya que resulta poco creíble el único testimonio que favorecería la postura de la demandante. Sería poco serio con estas testimoniales tener por acreditada una relación laboral negada por la contraria, que inclusive trae a la causa testimonios no cuestionados ni discutida su idoneidad que contradicen totalmente sus afirmaciones y que analiza detalladamente la Juez actuante. En cuanto a la prueba del telegrama intimatorio, única prueba documental que se acompaña con la demanda, el apelante pretende se tenga por acreditada la intimación no contestada por la demandada que ab-initio negó haberla recibido, hecho que a la postre no se probó, cabe tener en cuenta que quien elige un medio para notificar corre su riesgo y que era un deber probar que la intimación fuera recibida, lo que no ocurrió, además la relación invocada pertenece al Decreto 326/56, no siendo aplicables las presunciones de la Ley 21297 que la excluye expresamente.
Revocación del sobreseimiento, coronavirus, restricción de circulación, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa
Materia: PROCESAL
Carátula: Moyano, Juan José c/  s/ violación de medidas - propagación epidemia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-07-26

Corresponde revocar el sobreseimiento del imputado -en orden al delito de desobediencia sanitaria en carácter de autor, art. 205 del CP-, debiendo en consecuencia disponer el Magistrado la aplicación de alguna de las medidas alternativas de resolución de conflictos, según lo estime más conveniente y razonable -art. 22 del CPPF-. Cabe destacar que el art. 205 es una de las denominadas leyes penales en blanco, toda vez que la misma hace remisión a otra norma de carácter sanitario (DNU del PEJN nº 297/2020 y sus prórrogas), tendiente a evitar la propagación de una epidemia, entendida ésta como aquella enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. Esta figura delictiva sólo establece la sanción penal que acarrea por lo que, para completar el precepto respecto a la conducta exigida o prohibida, se debe recurrir a la legislación administrativa complementaria -en el caso de autos el decreto presidencial-.

El encartado se encontraba circulando en un automóvil sin la debida autorización para ello, y sin poder justificar razonablemente su proceder; es así que ha puesto en riesgo el bien jurídico protegido salud pública, que -desde un punto de vista colectivo- debe entenderse como la salud de todas las personas que se podrían ver potencialmente afectadas por la introducción o propagación de una enfermedad epidémica en el país donde residen, es por ello que no se comparte el criterio sostenido por el a quo respecto a que la actitud desplegada por el imputado resulta insignificante, de lesividad mínima o despreciable y que, por tanto, el sobreseimiento resulta prematuro en los términos del art. 336 inc. 3° del CP. El accionar -incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio- de quien viola las medidas dispuestas a los fines de evitar la propagación del virus COVID-19, es en principio merecedor de reproche penal.
Derecho procesal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: PASTOR, JUAN MARIEL c/ CENTRO DEL RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-26

Respecto a la imposición de costas, éstas deben serlo en el orden causado, en razón no solo del resultado obtenido, sino considerando, también, la falta de actividad oportuna.
Derechos de exportación, repetición de tributos aduaneros, pesificación
Materia: ADUANERO
Carátula: Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Corresponde revocar la sentencia que admitió la repetición de lo abonado indebidamente por la actora en concepto de arancel externo común adicional transitorio, establecido en la decisión 6/01 del Consejo del Mercado Común y en el decreto 690/02 y condenó al Estado Nacional que le abonara una suma de dólares, convertida en moneda nacional al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de su efectiva cancelación, ya que el art. 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación pero en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación.
Competencia, falsificación de instrumento público, pasaporte
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO s/ DENUNCIA SOBRE FALSIFICACION DE PASAPORTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Corresponde a la Justicia Federal Nacional el juzgamiento del delito de falsificación de pasaporte porque sus efectos lesivos de la fe pública se producen dentro del territorio de nuestro país.
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal, deuda previsional, deudas impositivas, cancelación de deudas, pago en cuotas
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El derecho a obtener una extinción de la acción penal mediante el pago de la pretensión aun en cuotas (ley 23.771) no desvirtúa la letra ni los fines de la ley, e inclusive justificaría dilaciones en los incidentes de extinción de la acción penal por esta causal, hasta el cumplimiento final de la faz patrimonial.
Fraude a la Administración Pública, tasas, pago
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, Eda Graciela s/ FALSIFICACION-DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-19

La acción de no ingresar dinero al fisco mediante la utilización de formularios espurios para eludir el pago de la tasa correspondiente a un trámite realizado, no constituye el delito de defraudación a la Administración Pública por ser una conducta penalmente irrelevante, siendo su marco legal adecuado la normativa que reprime los fraudes fiscales.
Competencia laboral, ENTEL, transferencia del personal, Telefónica de Argentina, acciones societarias, personal contratado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: APA, RUBEN c/ TELEFONICA DE ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Es competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el reclamo entablado por ex empleados de ENTel que demandan a Telefónica de Argentina que se hizo cargo del servicio que aquella prestaba, en cuanto a la participación del 10% de acciones Clase C, que conforme a los dec. 731/89, 59/90, 62/90 y 2332/90, le corresponden a su personal. Ello así pues se trata de una acción que, cualquiera sea su viabilidad, se encuentra fundada en la interpretación de normas y relaciones que forman parte del derecho del trabajo, y a todo evento, existirá una influencia decisiva de cuestiones directamente vinculadas con esta disciplina.
Inimputabilidad, ebriedad, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: A., A. s/ Homicidio (Expte Nº 77-98, Resolución Nº  38, Tomo 5, Folio 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-03

Penetrando a la consideración de las repercusiones jurídico penales de la embriaguez, ante todo debe quedar en claro que la misma no puede merecer un tratamiento idéntico para todos los casos. Ello puesto que así como ha de estarse alerta a que un mismo grado de alcoholización no produce en todas las personas las mismas consecuencias perturbadoras de su conducta (las escalas objetivas de gradación alcohólica al ser ligadas con datos estadísticos, sólo tentativamente permiten asignar a cada uno de ellos una subjetiva repercusión psíquica), ha de tenerse presente que aún constatada una real ebriedad, no cualquiera tendrá los efectos desplazantes de la posibilidad de reproche a que antes refiriera. Sólo la embriaguez que aniquila la posibilidad de dirigir el obrar hacia un fin propuesto, es la que tendrá las consecuencias apuntadas; las restantes, que suelen denominarse ebriedades parciales, en cuanto reducen la posibilidad anotada podrán inscribir la situación en el marco de la imputabilidad disminuida (en aquellas legislaciones que contienen tal previsión, que no es lo que ocurre en la nuestra) o bien aconsejar que al momento de la selección de la pena se atienda a la reducción del ámbito de decisión por ella generado, pero nada más.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Viales y Civiles S.A. c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20|1995-08-01

El último apartado del art. 60 de la ley 6021 establece que antes de rescindir el contrato la Administración por demoras injustificadas o incumplimiento del plazo contractual se deberá intimar de manera fehaciente al contratista para normalizar las actividades, sin que tal exigencia requiera alguna forma especial.
Sentencia penal, principio de no contradicción
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, DANIEL; JAIME, DIEGO; JAIME, ADRIAN C. s/ ROBO EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA (1° HECHO) EN CONC. REAL C/ ROBO EN  LUGAR POBLADO Y EN BANDA DE AUTOMOTOR (HECHO 2°) S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-14

Acreditada la afectación del principio de no contradicción, también tal afectación alcanza al principio lógico de razón suficiente y la esencia de la casación es verificar los razonamientos en que se funda una sentencia.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heis, Basilio Oscar y Pereyra de Heis, Gladi Juana s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-27

El decisorio de Cámara sobre el trámite a imprimir a un pedido de quiebra indirecta no es sentencia definitiva a los efectos del remedio casatorio en los términos del artículo 276 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto sentencia definitiva es aquella que termina la causa sin posibilidad de renovar su examen ex novo ed in totum ante un tribunal de grado superior y dentro del mismo proceso por la extinción de la acción sin posibilidad de replantear la cuestión por otra vía y en un nuevo proceso. La Ley mira al exigir sentencia definitiva a la supervivencia misma de la acción.
Juicio ejecutivo, costas, tasa de justicia, desistimiento, aportes a obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA c/ HSBC Banco Roberts S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-14

Conforme lo dispuesto por el art. 73 del C.P.C.C., si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste ... exceptuándose, en todos los casos, lo que pudieran acordar las partes. Por ello, habiendo éstas establecido que las costas serían soportadas en el orden causado, y que -como lo señala el a quo- la tasa de justicia integra las costas del juicio y será soportada por las partes en la misma proporción en que dichas costas debieron ser satisfechas (art. 10, ley 23.898), corresponde a cada una de ellas abonar el 50% en dicho concepto.

El hecho de que la accionante esté eximida de su pago (cfr. C.S.J.N., sent. del 04.5.00, A.P.S. c/ Medicus S.A.) en nada incide sobre la responsabilidad que sobre el punto le cabe a la demandada
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carnovale, Juan B. c/ Lucas, Miguel A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Partiendo del punto de vista que el derecho de integridad física tiene raigambre constitucional, su menoscabo o lesión, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizado como valor del que la víctima se vio privada, comprendiendo la reparación, no solo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada. Y dicho resarcimiento debe fijarse conjugando el aspecto laborativo y la proyección que la secuela del accidente tiene sobre la esfera personal de la víctima arts. 1086, 1083 c. Civil).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIVERO JORGE DAMIAN Y OTRA c/ ZABALA ALEJANDRO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

El art. 1103 regula una situación que es el contraste de la del art.

1102, pues mientras éste define los aspectos en que hace cosa juzgada la sentencia penal condenatoria en el juicio civil -donde se debate la responsabilidad civil del delincuente-, el art. 1103 determina cuándo la sentencia absolutoria en el fuero penal tiene igual autoridad de cosa juzgada en el juicio civil e impide que se pueda declarar la responsabilidad del demandado.-
Interpretación del contrato, cláusulas del contrato, conducta de las partes
Materia: CIVIL
Carátula: BLASER, MARIO EDUARDO RENE Y OTROS c/ BANCO SANTA CRUZ S.A. s/ ORDINARIO ($ 1.381.288,50)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-11-06

El punto de partida de toda tarea interpretativa de un contrato escrito no podrá desatenderse ni de la conducta anterior y posterior de las partes, ni de la circunstancia histórica en que germinó el contrato escrito, ni del canon hermenéutico de la totalidad.
Expropiación, indemnización, venta de inmuebles fraccionados en lotes, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ LIGUORI, VICTORINO IGNACIO; MONTEMURRO, HIPOLITO FRANCISCO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE N. 177-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

La pretensión de los expropiados de que se les reconozca un valor determinado como "lucro cesante" en contraprestación porque la expropiación dispuesta atenta contra el negocio que habían previsto realizar con la venta de las fracciones una vez lograda la aprobación oficial del loteo, no puede prosperar por cuanto dicho rubro resulta ser uno de los que expresamente excluye de la indemnización la ley 7534..
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Gustamante, Ramón O. c/ Látigo S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Resultan inoperantes las opiniones alegadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a las ventajas o desventajas de lo dispuesto por la norma legal cuestionada o derivadas de su estricta aplicación.
Depreciación monetaria, índices de actualización, concesión administrativa, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Almacenajes del Plata  S.A.C. c/ Administración General de Puertos s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

Para la actualización de indemnizaciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de una concesión, debe aplicarse el índice de precios al consumidor-nivel general (Indec).
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado, pago, interpretación de la ley, sentencia condenatoria
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: López, José Facundo c/ Ferrocarril General Belgrano. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La obligación de pagar los emolumentos profesionales estará o no sometida al régimen de la consolidación según que ella misma constituya o no una obligación consolidable de acuerdo a la ley 23.982, lo cual se determinará sin consideración alguna acerca del carácter consolidable del capital de condena; y aun de que tal capital de condena no exista porque los honorarios se devengaron en un proceso que carece de un pronunciamiento condenatorio (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, competencia, feria judicial, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: Stoppa, Carlos A. c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-19

Si una ley de la provincia, regularmente sancionada dispone que " La acción de amparo podrá interponerse ante cualquier juez o tribunal, sin distinción de fuero o instancia" ( artículo 4 ley 6.296) debe entenderse que siendo el Superior Tribunal de Justicia un tribunal, las acciones de amparo pueden ser interpuestas ante el mismo tanto en su integración ordinaria o de feria. Dicho mandato legislativo en modo alguno viola lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Provincial. Ni ésta última constituye una cláusula limitativa, ni de la enunciación allí contenida puede colegirse que ella tenga carácter taxativo o que inhiba la agregación legislativa de otras distintas. (Minoría u opinión personal)
Lesiones culposas, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Hernández, María Marta Rita s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El principio de congruencia no ha sido afectado aunque se adjudicara -durante el trámite del proceso- haber violado el art. 39 inciso b) de la ley 24.449 y se la condenara por la figura descripta en el art. 48 inciso g) de la ley de mención. Ambos tipos descriptos en la ley constituyen el anverso y reverso de la misma conducta ya que tratan la forma en que se debe conducir, o no, un vehículo o animal, es decir con prudencia y manteniendo el dominio del vehículo si la distancia necesaria con el que lo precede conforme la velocidad que se lleva. Es que las constancias de autos surge que el riesgo se originó debido al mal desempeño de la encausada en el manejo de su automóvil ya que, de haber puesto el debido deber de cuidado la colisión podría haberse evitado. Consecuentemente la encartada violó la normativa de tránsito, siendo irrelevante, en el caso, la alusión de un artículo específico, pues, como lo habilita el art. 401 del C.P.P., el tribunal sentenciante puede dar una calificación jurídica distinta a la contenida en el requerimiento fiscal. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Ejecución fiscal, herederos, sujeto pasivo, nulidad procesal, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. c/ ZANONA, HAROLD E. s/ APREMIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido contra la decisión del juez de imponer la carga a los heredereos de denunciar la existencia o no de un juicio sucesorio y en consecuencia dejar sin efecto la intimación cursada al apelante en su carácter de heredero del demandado, [cuando la sentencia reconoció que el proceso fue iniciado contra una persona fallecida de lo cual cabe concluir que existe en el caso la ausencia de un elemento esencial relativo al sujeto pasivo y no es posible ni material ni jurídicamente enderezar esa irregularidad pues se trata de un proceso inexistente y no puede hacerse valer a los herederos], toda vez que sí es carga de la actora peticionar las medidas que estime pertinentes en orden a dirigir la acción contra quien corresponda pues es un imperativo de su propio interés continuar o no con la ejecución, deberá conducirse contra los herederos como sujetos pasivos de la relación procesal y, en su caso, notificarse en los domicilios reales de cada uno de ellos.

Cabe dejar sin efecto la imposición de las costas en el orden causado e imponerlas a la actora, pues fue ella la que no sólo dio lugar a la nulidad, sino que se opuso a su dictado invocando argumentos relacionados con el domicilio fiscal, la existencia de deberes formales y el carácter propter rem de la obligación, los que a su juicio harían posible mantener como legítima la intimación de pago y embargo y la posterior sentencia dictada en su consecuencia contra una persona fallecida, argumentos que resultan improcedentes y que reitera al contestar los agravios.
Procedimiento tributario, domicilio fiscal, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Boidi, Patricia Edith (TF 26.611) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Como regla general no es admisible sostener que el domicilio fiscal, una vez denunciado, subsiste indefinidamente y que por tanto son válidas todas las notificaciones realizadas en él, con prescindencia del hecho de que el contribuyente o responsable permanezca o no en ese lugar, tal como si el domicilio constituido al que se refieren los artículos 40 y 41 del C.P.C.C.N. pudiera fijarse antes del juicio y persistir después de él, haciéndolo extensivo a todos los deberes y obligaciones impositivos que vinculan al contribuyente o responsable con el Fisco a lo largo de toda su existencia. La obligación de denunciar el domicilio fiscal y mantenerlo actualizado, establecida en el art. 3 de la ley 11.683 y en la resolución general 301 de 1998 y sus modificatorias, no relevan al Fisco del deber de verificar si el domicilio denunciado es aquél en que el contribuyente o responsable tienen su residencia o actividad y en el que pueden ser útilmente notificados; a cuyo efecto en el art. 3 de esa resolución se le atribuyen amplios poderes, inclusive el de solicitar su rectificación, impugnarlo, y fijarlo de oficio. Máxime, si se tiene en cuenta que el procedimiento de determinación de oficio tiene forma de juicio contradictorio y la vista del art. 17 de la ley 11.683 constituye un acto de fuerza equivalente al que en el proceso judicial tiene la citación del demandado, de trascendental importancia por su vinculación directa con la garantía constitucional de la defensa en juicio (Fallos: 316:247;

321:1596; 323:52 y 327:5965). En consecuencia, la cédula de notificación debe ser dirigida al lugar en que efectivamente reside y no a un domicilio ficticio, a tal efecto los arts. 153 y 154 del Reglamento de la Oficina de Notificaciones aprobado por la acordada 19/80, y sus modificatorias (inclusive la resolución N° 188 del 26 de abril de 2007 del Consejo de la Magistratura que aún no se encontraba vigente pero cuyo texto tiene alcance aclaratorio) disponen que la notificación de conformidad con el art. 141 del C.P.C.C.N. se practicará cuando se informe que la persona a notificar vive allí y no se la encontrare en la segunda oportunidad después de haber dejado el aviso de ley. Estos requisitos deben ser cumplidos al realizar la notificación personal a la que se refiere el art. 100, incs.

b) y e) de la ley 11.683, por cuanto éste último remite al régimen del Código Procesal en la materia (Cons. III).