marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Graduación de la pena, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chipollini, Viviana Luisa y Fernández, Lucas s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer quedan, en principio, fuera del control de la casación. Ello es así toda vez que la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales del tribunal de juicio, lo que ocurre cuando el mérito debe hacerse respecto de las condiciones personales del autor, su educación, costumbres y demás circunstancias cuya apreciación sólo es posible durante el debate y que no son revisables salvo situaciones de arbitrariedad o absurdo notorio.
Sucesiones, inscripción de la declaratoria de herederos, certificado de libre deuda fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: BOGGIANO, Alberto Osvaldo s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Al establecerse como presupuesto de la inscripción de la declaratoria de herederos la agregación a la causa del certificado en el que conste la inexistencia de deuda (art 85, ley 1192-Código Fiscal C.A.B.A.), la legislatura local actúa en el marco de las facultades propias relativas al dictado de una norma tributaria en esta jurisdicción porque entre los derechos que hacen a la autonomía provincial es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña. A ello se suma que la ley 22.427 dictada en 1981, sólo puede ser interpretada en el mareo del régimen imperante con anterioridad a la reforma constitucional operada en 1994, de ahí que, más allá de la vigencia de la ley mencionada, si se reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una facultad tributaria, es inaplicable la ley nacional, por lo que corresponde exigir el certificado de libre deuda regulado en el art. 85 del Código Fiscal de la C.A.B.A.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, denegatoria del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ N. C. P. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

De acuerdo con el art. 261 del CCAyT los plazos de la perención del art. 260 corren a partir de "la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del/la juez/a, Secretario/a u Prosecretario/a administrativo/a, que tenga por efecto impulsar el procedimiento", norma que no alude a la posible restricción de la regla del art. 138 con arreglo a la cual "Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última'. En cambio, el primer párrafo del art. 261 establece, -quizás innecesariamente porque la perención está fijada por meses-, que los plazos del art. 260 constituyen una excepción a la regla general según la cual a fin de calcular los plazos se computan solo los días hábiles. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Acción de amparo, procedencia del recurso, técnicas de reproducción humana asistida, donación de gametos
Materia: CIVIL
Carátula: R. V., A.  c/ EN- M° Salud De La Nación y Otro  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-02

La jueza de primera instancia admitió parcialmente la acción de amparo y en consecuencia, condenó al Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación a arbitrar "...los medios necesarios para asegurar que el centro médico y/o el banco de gametos involucrado en el caso preserve la información relativa a la identidad del donante, y la mantenga de forma reservada y sin dar acceso a ella". La sala desestimó la apelación de la actora, hizo lugar al recurso deducido por el Ministerio de Salud y revocó la sentencia apelada. En tal sentido, sostuvo que la accionante no tenía gravamen alguno, dado que la sentencia apelada debía ser entendida con los alcances previstos en los incisos a) y b) del artículo 563 del CCCN, es decir que la amparista podía obtener la información médica del donante; requiriéndola al centro de salud interviniente sin otro requisito más que invocar que esa información era relevante para la salud de la persona nacida bajo la técnica de reproducción asistida. Por otro lado, en relación con el recurso del Ministerio de Salud, consideró que lo dispuesto en la sentencia recurrida ya había sido cumplido ".mediante el dictado de una reglamentación que establece que el banco deberá contar con registros duplicados de sus donantes, destino de las muestras, receptores y resultados, los cuales deberán ser guardados en dos lugares por separado, bajo la responsabilidad del Director/a Médico (conf. Res. n° 1305/15 del Ministerio de Salud)".
Responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional, Secretaría de Gobierno de Energía en la causa Flores, Pedro Rolando  c/ TUFESA y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-07

El vocablo seguridad incorporado por el art. 42 de la Constitución Nacional, si bien es un valor que debe guiar tanto la conducta de los organizadores de los servicios públicos como la del Estado, ello por sí solo, no es suficiente para condenar a este último, pues la responsabilidad del Estado únicamente puede surgir de la efectiva concurrencia de los recaudos y presupuestos que le dan origen. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Derechos de incidencia colectiva, protección del medio ambiente, derecho a un medio ambiente sano, acción de amparo, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Béliz Gustavo -Incidente Med.- y otros c/ P.E.N. -Dto. 357/98 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Cuando el artículo 43 de la C.N. hace referencia al "afectado", no lo está caracterizando como un afectado "exclusivo", desde que su mismo gravamen puede ser padecido por otros. El carácter colectivo del bien tutelado trae aparejado, entonces, que las consecuencias favorables de la acción no queden constreñidas al interés del accionante. Posicionarse en una postura contraria a la expuesta importaría exigir, valga la hipótesis de extremo, el fraccionamiento del medio ambiente. (De la disidencia parcial del juez Licht, consid. 6).
Prueba, prueba testimonial, daños y perjuicios, responsabilidad médica, indemnización, gastos de personal, personal de casas particulares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: JIMENEZ, Segundo Antonio y otra c/ CENTRO MATERNO INFANTIL MARIA EVA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-08

La prueba testimonial es hábil para acreditar la utilización de personal doméstico y ante la falta de pruebas fehacientes en cuanto al importe de los gastos, corresponde hacer uso de la facultad del art. 165 del Código Procesal.

Las cuestiones relacionadas con el otorgamiento de recibos, la realización de aportes y las demás referencias al Estatuto del Servicio Doméstico, en su caso podrán constituir incumplimiento de obligaciones administrativo-laborales, pero son cuestiones ajenas a la indemnización reclamada en concepto de gastos de utilización de personal doméstico.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, daños y perjuicios, indemnización, sentencia, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PERAMOS, ANGEL FRANCISCO FEDERICO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 273-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-05

No corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre el reclamo de daños y perjuicios efectuado por el actor susceptible de ser planteado ante la justicia ordinaria, ya que la competencia de dicho Tribunal se encuentra limitada al análisis de la legitimidad del acto que declaró desierto el recurso y de la resolución que dejó cesante al actor.
Regulación de honorarios, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Muñoz Guichacoy, José Antonio c/ Guilford Argentina S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-11

En lo que respecta a los honorarios regulados al perito consultor técnico, a falta de una legislación que reglamente en el ámbito provincial el régimen arancelario a aplicar a los mismos por su actividad judicial, deben tenerse en cuenta las características de la labor cumplida y el interés económico de la peritación, resultando también computable la incidencia de su labor en el monto de las regulaciones efectuadas en favor de los profesionales que actúan en los presentes.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, efecto suspensivo, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-30

Sólo a partir de la "concesión" del recurso extraordinario federal, ya sea en forma directa, vale decir en el caso de que el Superior Tribunal de la causa, luego de efectuar el juicio de admisibilidad declare formalmente procedente el recurso; o por vía de queja, si el Tribunal Superior lo deniega, quedando al recurrente la posibilidad de acudir a la Corte mediante la deducción de "queja", operan los efectos suspensivos. No obstante la concesión, no impide que se ejecute la sentencia, en el caso de ser dicha sentencia confirmatoria de otra precedente, dando fianza la parte que la promoviera de responder de lo que percibiera.
Regímenes jubilatorios especiales, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cardozo, Oscar Mauricio c/ Banco Provincia de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Si las leyes 5.678, 11.322 y 11.761 no contienen norma alguna que regule la cuestión de la prescripción liberatoria de las sumas debidas en concepto de aportes y contribuciones, corresponde resolver el caso atendiendo a los principios contenidos en leyes análogas (arts. 171 de la Const. prov. y 16 del Código Civil).

Por consecuencia, y no encontrándose regulada tal cuestión en las normas de derecho público provincial que componen el sistema previsional provincial, ha de estarse a la solución que para el caso de las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes nacionales de previsión social contiene el art. 16 de la ley 14.326.
Dolo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: POLANCO, FRANCISCA LEONOR s/ HOMICIDIO CALIFICADO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-01

El dolo debe probarse, sin que esa prueba pueda ponerse a cargo del imputado.Es el Ministerio Público quien tiene el deber de ofrecer la prueba relativa al dolo, sin perjuicio del derecho del procesado a arrimar todas las probanzas que estime convenientes como natural consecuencia de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

En cuanto a las pautas a considerar para probar el elemento subjetivo en cuestión, siendo un hecho, el dolo debe acreditarse como otro hecho cualquiera atendiendo a las características, modos y formas de comisión del acto, características del arma empleada, lugar del impacto, estado de nimo en que se encontraban los protagonistas en el momento del hecho, y en general a todos los antecedentes y circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al evento-
Indemnización, liquidación, intereses, sentencia, actuación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) c/ ANATRO, ALBERTO JOSE Y CASTAÐO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION c/ ANATRO, ALBERTO JOSE Y CASTAÐO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-24

Si bien ninguna de las presentaciones de expropiante y expropiada logran demostrar la incorrección de los montos de la liquidación practicada, ni de las fechas tenidas en cuenta para realizar los cálculos correspondientes, este Tribunal tiene la potestad de revisar y corregir -aun oficiosamente- los términos de la liquidación a fin de que la sentencia no sea tergiversada en un procedimiento que, exclusivamente, está destinado a aplicarla y ejecutarla; y con tal inteligencia, se observa que las partes emplean incorrectamente la fórmula de cálculo de interés de la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto 941/91 que este Cuerpo ordenó aplicar, por lo que en la planilla complementaria de la ya aprobada por este Tribunal corresponde computar los intereses devengados hasta el día en que se notificó a la expropiada el depósito de la suma correspondiente a la planilla primigenia.

(De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Ley de Entidades Financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central, policía bancaria y financiera, imposición bancaria, declaración jurada
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: La Provincia Franciscana San Francisco de Asís c/ B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

En la garantía de los depósitos instrumentada en el art.

56 de la ley 21.526, el único requisito exigible por el Banco Central, además de la acreditación de la imposición, es la declaración jurada que la ley menciona (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F.

López).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, declaración de incompetencia, recomposición del daño ambiental, protección de la flora y fauna silvestre, cóndor, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas SA y otros s/ acción por daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la acción por la cual la provincia actora pretende obtener la recomposición ambiental del daño probado a la especie protegida cóndor andino declarado monumento natural por la ley 6.599 de Mendoza, pues no debe perderse de vista la localización del factor degradante, y resulta claro que en la causa dicho factor, en el supuesto de existir, se encuentra en el territorio de la Provincia de Mendoza, más allá de la movilidad que se le pueda atribuir a los residuos que se desprendan de ese accionar, sin que obste a ello el hecho de que la actora invoque el respeto de leyes nacionales, cláusulas constitucionales y tratados internacionales, ya que ello no resulta suficiente para fundar la competencia originaria. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción de amparo, compensación
Materia: PROCESAL
Carátula: ZILBERBERG JOSE LUIS c/ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-10

No otorgar la tutela solicitada por el actor, crea una afectación constitucional al derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y el de propiedad que resultaría y el de propiedad que resultaría afectados si se le priva de los suministros que como servicio público presta a la comunidad la demandada, pues es fácil comprender que una clínica no puede arriesgar la seguridad de los pacientes subordinándolos a la eficacia de un equipo de producción de electricidad, sin perjuicio del monopolio que ejerce la accionada en estas prestaciones, contar con las dificultades que podría irrogar la sustitución del gas y del agua, mientras la administración no se expida si admite o rechaza la compensación solicitada.
Juicio abreviado, pena, facultades del juez, condena condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guillén, Aldo Emiliano s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-20

Tal como surge del acuerdo del juicio abreviado considero que queda al arbitrio del tribunal escoger la modalidad de cumplimiento de la pena a imponer al imputado en oportunidad de pronunciarse, de acuerdo con las normas aplicables, (art. 26 del C.P.) y las pautas emergentes del legajo respecto a la posibilidad y/o conveniencia, de otorgar tal beneficio al imputado, potestad siempre en último extremo, exclusiva del juzgador. En cuanto a la alegada falta de fundamentación la regla general del modo en que habrán de cumplirse las penas privativas de la libertad es que lo sean efectivamente, la excepción está contemplada en el artículo 26 del Código Penal que únicamente exige a los jueces una decisión fundada, bajo sanción de nulidad, cuando en un pronunciamiento condenatorio concede la ejecución condicional de la pena. De adverso para la imposición de la efectividad de la sanción no le es requerido tal extremo (Voto del Dr. Tragant).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, obras sociales, establecimientos asistenciales
Materia: LABORAL
Carátula: NOVOSAD    ROBERTO    CARLOS c/ ADMINISTRADORA   SANATORIALMETROPOLITANA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-20

En el caso, la Obra Social del Personal de la Construcción celebró un contrato con la Administradora Sanatorial Metropolitana S.A. para que ésta, en calidad de prestador, brindarse a los beneficarios de la primera los servicos de atención médica en las instalaciones del sanatorio Franchin donde se desempeño el actor. Este último -médico-, fue contratado por la Administradora Sanatorial Metropolitana S.A., y pretende la condena solidaria de la obra social mencionada en los términos del art. 30 LCT. Cabe condenar a la obra social en forma solidaria por ser la propietaria del establecimiento asistencial, pues en tal supuesto existe una real cesión del establecimiento a favor de la empleadora del actor.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rondelli, Amalia Elisa y otra c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

Corresponde reconocer el beneficio de pensión a las hermanas de la causante (solteras y mayores de 50 años a la fecha de su deceso) si de las circunstancias fácticas del caso comprobadas por medios idóneos (arts. 375, 376, 394, 424, 456, 457 y conc., C.P.C.C.; y 25, C.P.C.A.), se desprende fácilmente que su muerte generó un desequilibrio económico en el grupo conviviente que dependía de su ingreso principal para mantener un nivel del vida moderadamente configurado.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: FONTAN, CAMILO c/ ORTIZ DE ZARATE, CARLOS s/ EJECUTIVO     EXPTE NRO 79-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-02

La denegación de la nulidad planteada por la accionada es inapelable, porque no irroga un perjuicio al recurrente, que no puede ser reparado por otra vía más amplia.
Derecho laboral, obligaciones solidarias, novación subjetiva
Materia: LABORAL
Carátula: PERALES, JOSE ENRIQUE Y OTROS c/ ALARCON FELIPE; ROBLEDO, FERNANDO; OLIVERA, PEDRO; VIRGEN DE LA MERCED SCS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-06-25

El legislador laboral se ha preocupado por establecer diversos supuestos de solidaridad, siguiendo una regla tutelar, cual es la protección del sujeto bajo relación de dependencia, entre otros específicos y concretos de solidaridad, no encontramos en los supuestos de novación subjetiva d la relación de trabajo por transferencia del establecimiento y,o unidad productiva. Recogiendo asi la Ley de Contrato de Trabajo una importante corriente científica que ha delineado la teoría de la despersonalización de la empresa, ligando a ésta última la relación laboral sin tener en consideración a sus posibles titulares en el tiempo, por cuanto el contrato de trabajo reviste el carácter intuito personae respecto del empleador. El instituto de la novación subjetiva de la relación laboral se aplica cuando se produce la transferencia de un establecimiento o de varios de ellos que integran parte o la totalidad de una empresa, sin que importe al aefecto eltítulo y las condiciones en virtud de las cuales aquella se realiza, ni lo que las partes hubieran pactado al efecto; la subrogación se produce ope legis, a consecuencia de la cesión de la titularidad que se hace. La ley no requiere que haya algún negocio jurídico en particular para que se produzcan los efectos establecidos en el artículo 225 ya citado, resolviendo cuando menciona transferencia del establecimiento que se opera; por cualquier título, de modo tal que hará transferencia del establecimiento siempre que haya un cambio de empleador. La enunciación del artículo 225 es ejemplificativa, por lo que no debe excluirse de su normativa la situaciones que no importen amplio contenido en el artículo.
Derecho laboral, trabajador, obligaciones del trabajador, empleador, mora, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Romano, Pedro y otros c/ Sdrigotti, Horacio y Sdrigotti, Ariel s/ Cobro de pesos laboral (Expte. Nro. 378-99, Resolución Nro. 197, Tomo 24,  Folio 381)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-24

Las obligaciones de los trabajadores de la construcción impuestas en el art. 17 de la ley 22.250 deben ser cumplidas en tiempo propio, y en caso contrario incurre automáticamente el incumplidor en mora, dando nacimiento a la acción judicial por cobro o cumplimiento de la obligación respectiva. El trabajador sobre esa base podrá accionar por: a) entrega de la libreta, b) depósito de los aportes correspondientes y c) pago directo, si correspondiere. A la par de lo reclamado de la manera descripta, puede el trabajador ejercer una acción de indemnización por el incumplimiento..." pero "...para ello deberá interpelar al empleador constituyéndolo en mora (que no es automática como la del primer párrafo del artículo analizado), respecto de sus obligaciones pendientes, e intimarlo para que las cumpla en el plazo de dos días hábiles"..."en el primer caso previsto por el artículo (párrafo primero) la mora no depende de un accionar positivo del trabajador, sino de la mera omisión del cumplimiento por parte del empleador, situación que deja expedita la acción a la que se refiere esta norma. Si además se pretende una indemnización por incumplimiento oportuno (en tiempo propio de las obligaciones del empleador), es menester una conducta expresa del interesado (trabajador) que deberá intimar para que, en su caso, la indemnización proceda. La intimación es, entonces, una condición necesaria para hacer operativo el sistema indemnizatorio y constituir en mora al empleador".