Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-04


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y TRES En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 134/12, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas, en contra de Sentencia Nº 109/2012 de Expte. Nº 225/10 -Gómez, Sergio Gabriel - Homicidio Culposo", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nulo el fallo por haber aplicado erróneamente el art. 84 -párrafo segundo- del C.P.? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 109/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 12, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 109/2012, dictada el 26/10/2012, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió:

"1º) Declarar culpable a Sergio Gabriel Gómez, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo agravado y Lesiones culposas en concurso ideal por el que viene incriminado (arts. 84, apartado 2º, art. 94, 45, 54 y concordantes del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial de seis años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 40, 41, 26 y concordantes del C. Penal y arts. 407, 409 y concordantes del CPP), ordenándose una vez firme esta Sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado, y el libramiento de oficios en la forma de estilo a las Autoridades administrativas otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente Sentencia (.)" En la sentencia recurrida, el tribunal tuvo por acreditado el siguiente hecho: "Que con fecha 26 de Diciembre del 2008, en un horario que no se puede determinar con precisión pero que podría estar comprendido a horas 19,45 aprox., Sergio Gabriel Gómez quien conducía un camión marca Ford 4000, dominio TIF - 479, desatendió la señal de tránsito de prohibido estacionar, y a pesar de contar con dársenas en donde hacerlo, negligentemente dejó estacionado el rodado en un lugar prohibido más precisamente sobre el carril norte de la avenida Presidente Castillo Nº 3770 de esta ciudad Capital, y con su proceder negligente y de gran peligrosidad motivó que el automóvil marca Peugeot 505, dominio UTA- 587, conducido por Rosalía Concha, en circunstancias en que transitaba por la misma Avenida con sentido este-oeste lo embistiera, causando la conducta disvaliosa la muerte del niño Alexis Leonel Arévalo, y lesiones de Leiva Concha, Rosalía Concha, Julio Concha, Nahuel Salaiman y Juan Daniel Salaiman, agentes que se desplazaban en el automóvil conducido por la aludida Rosalía Concha".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Luciano Alberto Rojas, en su calidad de asistente técnico del imputado Sergio Gabriel Gómez, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 2º y 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Denuncia en primer término, la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, al sostener que la conducta realizada por Gómez no fue la causa de la muerte del menor víctima ni de las lesiones sufridas por los hermanos Concha y Salaiman, ya que de la prueba rendida en debate surge claramente que la acción de Gómez no satisface las exigencias del tipo objetivo del delito de homicidio culposo.

Argumenta que los días domingos y feriados está permitido el estacionamiento en ese lugar para carga y descarga de mercadería, sin restricción, con lo que cae la imputación ya que el único reproche efectuado a aquél es haber dejado estacionado el camión en un lugar aparentemente prohibido.

Señala también el recurrente distintas cuestiones relacionadas con las deficiencia mecánicas y de seguridad del vehículo en el que se encontraban quienes resultaron víctimas del hecho, así como, que la muerte del niño se hubiera evitado si éste se hubiese encontrado en el asiento trasero y con las adecuadas medidas preventivas.

Finalmente solicita la absolución de Gómez por el beneficio de la duda.

II. b. El análisis del agravio expuesto permite adelantar, teniendo en cuenta la forma en que el mismo ha sido esbozado, que los argumentos brindados no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis. Y es que el recurrente se limita a plantear cuestionamientos aislados y descontextualizados que no encuentran respaldo en las constancias de la causa.

Considero que la ponderación en conjunto del material probatorio debidamente incorporado a debate con la anuencia de las partes, descarta la pretendida falta de responsabilidad del imputado en el hecho.

Digo ello, porque la afirmación sostenida con respecto a que el accionar de Gómez no ha sido antirreglamentario y que, aun cuando el camión hubiese estado estacionado en un lugar prohibido, la muerte del bebé era evitable si hubiese ido en el asiento de atrás y con las medidas de seguridad exigidas; se presenta como una crítica parcializada del material probatorio y tampoco se hace cargo el recurrente de plantear cuál es el yerro en el que habría incurrido el tribunal en la ponderación de los mismos.

Por otra parte, constato que los cuestionamientos del recurso ya han sido considerados y han recibido respuesta concreta por parte de la jurisdicción, sin que ahora se propongan nuevos argumentos, diferentes de los brindados al momento de alegar, que demuestren el manifiesto error en la valoración de la prueba.

Como lo sostuve, estimo que la conclusión condenatoria a la cual arribó el juez a quo surge de una sensata y correcta derivación de la prueba colectada.

Es que, en lo que respecta a la fundamentación probatoria, compete a esta Corte verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto", con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación" (CSJN 20-09-05, "Casal").

Ahora bien; si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 201 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 408 inc. 4° C.P.P.).

De allí, que resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contenta sólo con reproches aislados que no atienden al marco probatorio o que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél.

Consecuentemente con lo expuesto, advierto que no resulta de aplicación al caso, y ninguna incidencia tiene, lo alegado por el recurrente cuando refiere que la legislación vigente autoriza, los días feriados y domingos, el estacionamiento en diversos lugares para carga y descarga sin restricción.

En este caso, constato que el día viernes 26 de diciembre de 2008, no ha quedado comprendido en ninguna de los dos supuestos citados por la defensa, puesto que ese día fue dispuesto como asueto administrativo, más no feriado nacional ni provincial, y de hecho el imputado se encontraba trabajando normalmente.

Sumado a ello, entiendo que esta connotación señalada por el recurrente, intentando demostrar que la conducta de su defendido no ha sido antirreglamentaria, fue rebatida con la consideración de que, el lugar del impacto se trata de una Avenida con doble mano de circulación; de una ruta Nacional con una incesante fluidez de tránsito en cualquier día de la semana y que justamente posee dársenas que permitían estacionar allí, para evitar la obstrucción del tránsito; así como que existía un cartel indicativo que expresamente señalaba la prohibición de estacionar sobre la avenida, como lo hizo Gómez.

En esta dirección, debo destacar las conclusiones de la pericia accidentológica, que concluye que, la causa principal del accidente de tránsito se debe a la presencia del camión marca Ford, modelo F 4000, estacionado en el lugar y horario no permitido para ello, habida cuenta que 18,20 metros antes se encontraba una dársena cuyo espacio permitía ubicar el vehículo fuera de la calzada para el tránsito vehicular, el cual pudo haber sido utilizado por el conductor del camión, evitando así, el contacto o choque con su unidad por otro automotor. Dicha pericia -que no ha sido oportunamente cuestionada-, también concluyó que, de haber respetado y cumplido el conductor del camión Ford F 4000 con lo que establece la Ley Nacional de Tránsito 24449 y la ordenanza Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca Nº 2988-96 y modificatoria Nº 3668-03, el accidente no se hubiese producido.

Estimo acertado el razonamiento del juzgador, en tanto la infracción a los reglamentos de tránsito en la que incurrió Gómez, al estacionar un vehículo de gran porte en un lugar prohibido -en el que además, existían dársenas que permitían detenerse sin riesgo para terceros- tiene la entidad necesaria para generar responsabilidad penal, puesto que ha quedado palmariamente evidenciado que, de haberse observado las normas reglamentarias de tránsito, el resultado no se hubiera producido.

En efecto, fue él quien puso el riesgo preponderante y determinante en la ocasión, sin la debida atención y cuidado, lo que en definitiva sustentó la acusación en su contra.

En la señalada dirección, debo decir que tampoco puede tener acogida favorable el argumento de la defensa respecto a que la muerte del bebé era evitable si hubiese ido en el asiento de atrás y con las medidas de seguridad exigidas, intentando de este modo excluir el nexo causal existente entre la conducta de Gómez y la muerte del niño.

Esta interpretación se desvanece y pierde virtualidad en las señaladas conclusiones de la prueba pericial como etiología del accidente (fs. 152).

La certeza a la que arribó el tribunal, tampoco se conmueve con la mención de la conducta de Rosalía Aurora Concha, quien conducía su rodado Peugeot 505 -embistente-, con exceso de ocupantes, llevando un niño en el sector delantero, lo que está vedado por la ley, a una velocidad al menos inadecuada por ese contexto de situación, y con distracción y/o falta de concentración conductiva; pero no obstante ello, ha quedado en claro que tal proceder no ha sido la causa determinante del resultado final.

Por ello, el juzgador destacó que no se está juzgando la conducta de Rosalía Concha sino la de Sergio Gómez, y justamente se le achacó haber estacionado su camión en un lugar prohibido, incurriendo de este modo en violación a las normas de tránsito, y que en la ocasión significó poner en la vía de circulación, un elemento de peligro con el cual impactó el vehículo en el que se trasladaban las víctimas, siendo esa, y no otra, la causal determinante del hecho.

En idéntica dirección, cabe referir que si bien la culpa concurrente en el accidente de tránsito no compensa la responsabilidad penal del imputado en orden al delito de homicidio culposo, aquélla sí puede configurar un atenuante en la individualización de la sanción a imponer, atenuación que en el caso se ha visto reflejada en el monto de pena impuesto a Gómez.

El discurso argumental del recurrente, sobre la ausencia de responsabilidad de su pupilo, resulta ineficiente para invalidar la sentencia y queda reducido a la emisión de una apreciación discrepante sobre el valor de la prueba en la que se asienta, pero no fulmina la coherencia de la motivación del fallo, que ha dado correcta solución a los hechos investigados al atribuir su autoría al imputado, en tanto ha valorado integralmente la prueba reunida, dando expreso tratamiento a los puntos que aparecían más débiles.

Esta labor de integración no tuvo correlato en la argumentación del recurrente, quien se ha restringido a formular genéricas críticas que desoyen la convergencia puesta en evidencia por el sentenciante, la que sustenta con suficiencia la conclusión alcanzada.

En definitiva, cabe concluir que en el caso, conforme ha quedado constatado, ninguna duda cabe respecto a la existencia del hecho y a la participación punible del acusado Sergio Gabriel Gómez.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcto el fundamento que brinda el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero al mismo en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

III. Subsidiariamente, el recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º C.P.P.).

III. a. Sostiene que la conducta desplegada por Gómez no puede calificarse como la tipificada en el art. 84 -segundo párrafo- del C.P. y que, encuadrarla en éste es extender analógicamente el ámbito de aplicación del tipo penal en cuestión, vulnerando el art. 18 de la Constitución Nacional.

Cita doctrina y jurisprudencia relacionadas con el principio de legalidad. Efectúa observaciones respecto a la diferencia existente entre actos de conducción de un vehículo automotor -los que resultan abarcados por el tipo penal, enfatiza- y los hechos heterogéneos por su disvalor respecto de los contenidos en la norma punitiva en cuestión, la cual no puede serle aplicada.

En concreto, denuncia que erróneamente se consideró la conducta atribuida al acusado como un acto de conducción de vehículo automotor. Vinculado con ese agravio, cuestiona también la imposición de pena de inhabilitación para conducir vehículos, lo que considera absurdo.

Finalmente hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. b. Del planteo subsidiariamente expuesto, se advierte que el problema a resolver estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al hecho atribuido al imputado Sergio Gabriel Gómez.

Concretamente, debe indagarse si resulta adecuado haber subsumido su conducta, como lo hizo el tribunal de juicio, en el delito de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas en Concurso Ideal (arts. 84, apartado 2º, 94, 45, 54 y concordantes del C. Penal), o si, por el contrario, nos encontramos frente a una conducta atípica que no encuadra en ninguna figura penal como lo asevera el recurrente.

Debo decir que, más allá del esfuerzo argumentativo brindado por la defensa, no debe ser atendido el agravio relativo a la falta de adecuación de la conducta de Gómez a la figura penal, por considerar que no se trató de un acto de conducción de vehículo propiamente dicho; tal afirmación no encuentra sustento en las probanzas debidamente incorporadas y analizadas por el juez a quo en el fallo puesto en crisis.

En idéntica dirección, advierto que tampoco puede tener acogida favorable, la invocada vulneración a las cláusulas constitucionales previstas en los arts. 18 y 75 inc. 22.

Y es que, el recurrente erradamente interpreta que no incurre en conducción antirreglamentaria quien solamente puede ser cuestionado por no cumplir los reglamentos de tránsito vigentes.

Sobre el punto, al resolver una causa en la que se dispuso el sobreseimiento del conductor imputado de haber cometido una infracción reglamentaria, el Tribunal sostuvo: "aunque la inobservancia de la reglamentación de tránsito es ciertamente reprochable a título de falta, infracción o contravención, de ella -repito- no cabe deducir necesariamente la comisión por el infractor del delito de homicidio culposo previsto en el art. 84 del Código Penal, en tanto para tener por configurada ese tipo de delincuencia debe ser comprobada la adecuada relación causal entre la particular imprudencia o negligencia que expresa la infracción cometida y el eventual daño sufrido por otras personas del riesgo prohibido.(Sentencia 47/12 "Santillan").

En este caso, como se dijo, Gómez dejó estacionado en un lugar prohibido, el camión marca Ford 4000, dominio TIF 479, de importantes dimensiones que conducía, sin encender las luces indicadoras de tal detención, en una Avenida con gran fluidez de tránsito, omitiendo respetar el cartel indicativo que prohibía estacionar allí, así como, sin hacer uso de la dársena dispuesta a tal fin, todo lo cual ha sido la causa determinante del resultado dañoso.

En este sentido, debo decir, en atención a lo examinado al tratar la cuestión que antecede -a donde me remito en orden a la brevedad-, que ninguna duda cabe respecto a la conducción imprudente y antirreglamentaria en la que ha incurrido Gómez atento haberse acreditado de modo palmario, que de no haber sido colocado el camión como obstáculo en la vía de circulación, el impacto no se hubiera producido.

Es así que la condena al imputado como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo tiene adecuado fundamento de hecho y de derecho en el aporte esencial que tuvo en la producción del acontecimiento.

Así lo valoro, en atención a que la conducción de un vehículo en la vía pública exige la adopción de resguardos que involucran no solo la propia circulación del vehículo con el motor encendido, sino que en general, se refieren también a las acciones que se emprenden antes o después y que forman parte de las obligaciones de cuidado inherentes al conductor.

Por lo tanto, el estacionamiento a escasos 20 metros de la dársena prevista al efecto, del camión de reparto de bebidas que minutos previos era conducido por Gómez, que se desempeñaba como chofer profesional, constituye un acto de conducción de éste, realizado en forma imprudente, conforme los términos del art. 84 del C.P. tal como fue legalmente enmarcada en la sentencia.

Finalmente, por esas mismas razones es que el cuestionamiento a la imposición de la pena de inhabilitación, no debe ser atendido.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto dijo:

Estimo correcto el fundamento que brinda el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero al mismo en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Luciano Alberto Rojas, en su carácter de asistente técnico del imputado Sergio Gabriel Gómez.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Luciano Alberto Rojas, en su carácter de asistente técnico del imputado Sergio Gabriel Gómez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.