Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-21


SALA PRIMERA Expte. Nº 5962/12 "LOZADA, Ricardo c/ Suma Construcciones S.R.L. -Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Pala, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha diecisiete de octubre del año dos mil doce, en autos Nº 64604 - 21393 caratulados: "Lozada Ricardo c/ Suma Construcciones S.R.L. - Daños y Perjuicios".----------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALA, DIJO:--------------------------------------------------- --- La resolución impugnada rechaza el recurso de apelación interpuesto por la accionada, confirmando la sentencia de primera instancia que había resuelto desestimar la defensa de prescripción de la acción y hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios intentada, declarando calumniosa en los términos del artículo 1090 del Código Civil, la denuncia penal por delito de extorsión en grado de tentativa efectuada por la demandada.----------------- --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el a quo concluye que: 1º) el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por acusación calumniosa comienza a computarse a partir de la fecha de la absolución o del sobreseimiento firme en el proceso iniciado contra el damnificado; que por ello no resultan atendibles los agravios de la recurrente para desvirtuar los fundamentos del primer sentenciante, en cuanto considera que la demanda interpuesta el 19/12/2002 fue planteada antes que se cumpliera el plazo de prescripción, en razón de que el sobreseimiento fue dictado en fecha 13/12/2000 y quedó firme al vencimiento del plazo de diez días posteriores a la notificación para deducir el recurso de casación; 2º) la recurrente no rebate la conclusión del fallo de primera instancia en lo vinculado a que en el caso en análisis se hizo una denuncia penal con conocimiento de que no existían pruebas que permitieran probar el delito con el que se acusó al actor; que, además, el factor subjetivo de imputación no se limita al dolo sino que se extiende a la conducta culposa o negligente (art. 512 del C.Civil).----------------------------------------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 y motivado en que el tribunal de alzada no decide cuestiones propuestas por la apelante y aplica un texto legal que no rige el caso, violando el principio de congruencia y la doble instancia.------------------------------------- --- Desarrollando los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad, la recurrente se agravia de que en el fallo impugnado se haya rechazado el planteo de prescripción. En este aspecto sostiene en primer lugar que el a quo no ha examinado "consistentemente" la argumentación de la demandada sobre la prescripción de la acción, y que -contra lo considerado en la resolución impugnada- su parte, al fundar el recurso de apelación, rebatió los fundamentos del sentenciante de primera instancia, y que, en todo caso, el tribunal de alzada pudo, en ejercicio del iura novit curia, decidir si había operado la prescripción, con prescindencia del encuadre jurídico efectuado por las partes, y que al así no hacerlo, el tribunal de alzada incurre en arbitrariedad.------------------ --- Se agravia también la recurrente de que el tribunal de alzada considere configurada la "Denuncia Calumniosa" sin tener a la vista el sumario penal, pretendiendo suplir su ausencia con la documentación remitida por el juzgado de primera instancia. Alega que agravia la garantía de la defensa en juicio que los jueces de mérito califiquen como "denuncia calumniosa" a la efectuada por la sociedad demandada sin tener a la vista el Sumario Penal, siendo éste imprescindible para juzgar si la denunciante actuó con temeridad o al menos con ligereza culpable; que en este aspecto el proceder del tribunal a quo constituye un injustificado apartamiento de las constancias de autos e implica incurrir en arbitrariedad.------- --- El recurso de casación es subsumido en los incisos 1º y 2º del artículo 15 de la ley 2275. Argumenta que en autos se ha aplicado el artículo 1090 del Código Civil en contra de los términos que condicionan su virtualidad, ya que no se ha probado que la denuncia fuera calumniosa; que además en autos debió interpretarse que a la fecha de la demanda había operado la prescripción de la acción instaurada.---------------- --- Tras exponer los antecedentes de los recursos planteados, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a su desestimación, en función de las consideraciones que a continuación expongo.------------------------------------------------ --- En primer lugar, la recurrente deja sin demostrar la arbitrariedad que invoca, que por otra parte, no queda en evidencia. En efecto, y pese a alegar la existencia de ese vicio, la quejosa en realidad se limita a discrepar con el criterio adoptado por el a quo para determinar desde cuándo debe computarse el plazo de prescripción consagrado en el artículo 4037 del Código Civil. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1; etc.).----------------------- --- En la especie, no resulta irrazonable concluir como lo hizo el a quo -al adherir a los fundamentos del juez de primera instancia- en el sentido que el plazo de dos años previstos por el artículo 4037 del Código Civil no se había cumplido cuando el actor interpuso la demanda en fecha 19/12/2002, por cuanto el sobreseimiento dictado el 13/12/2000 quedó firme al vencimiento del plazo de diez días posteriores a su notificación. Y es que la misma quejosa reconoce que existen distintos criterios doctrinarios sobre el tema, de donde, la adopción de uno de ellos no resta legalidad a lo decidido. Por lo que llevo dicho la queja en que se sustenta el recurso traído conduce no al control de legalidad, sino a la revisión del mérito con que el tribunal ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Reiteradamente ha dicho esta Corte que el recurso extraordinario no es la vía normal y apelatoria para obtener la revisión en tercera instancia de las decisiones comunes con la mira puesta en la mayor oportunidad para corregir sentencias que se dicen defectuosas, pues de ser así habría que extenderla para todos los casos y en todos los pleitos como un tribunal más de mérito en detrimento de la función de la Corte como Tribunal de garantías constitucionales (P.R.E. S.2ª 1989-I-86; P.R.E. S.1ª 1999-I-176).--------------------- --- El segundo argumento con que la recurrente cuestiona el fallo, esto es, que se la haya responsabilizado en los términos del artículo 1090 del C.Civil sin tener a la vista el Sumario Penal ofrecido como prueba, resulta igualmente inadmisible. En primer lugar, porque el agravio no fue planteado en esos términos al a quo: el recurrente sólo cuestionó que el juez de primer grado le asignara validez probatoria a las copias simples vinculadas a las medidas preparatorias y al consecuente efecto interruptivo de la prescripción conferido a éstas (fs. 52/53). Por lo demás la queja estuvo dirigida a demostrar que en el caso no se encontraría acreditada la conducta tipificada por el artículo 1090 del C.Civil. Por otro lado, la recurrente no acredita haber impugnado el decreto por el cual el juez de primera instancia decidiera resolver sin tener a la vista el Sumario. La quejosa consintió que se resolviera en tales condiciones, y ello impide admitir tal cuestión como motivo del recurso extraordinario atento lo dispuesto en el artículo 4 segundo párrafo de la ley 2275 que requiere que lo resuelto no sea consentido y se haya intentado su reparación agotando los procedimientos y recursos hábiles para ello.--------- --- Por último, y a mayor abundamiento, la demandada se limita a formular una serie de descalificaciones dogmáticas a la decisión del a quo -como que se aparta de las constancias de la causa, que no fundamenta en debida forma, que lo hace con excesiva laxitud- pero sin adjuntar una sola copia vinculada a las pruebas a las que alude el fallo de primera instancia -al que adhiere el tribunal- que habrían formado, en definitiva, la convicción del juzgador para tener por acreditada la conducta jurídicamente reprochable. De donde, también en este aspecto, la quejosa incumple el recaudo impuesto por el artículo 4 tercer párrafo de la ley 2275 que establece que el recurso debe autoabastecerse, debiendo la recurrente acompañar copia de todas las piezas que tengan atenencia con la cuestión que se plantea, para que esta Corte pueda apreciar "prima facie" la razonabilidad de la pretensión, sin necesidad de requerir actuaciones.----------------------- --- El recurso de casación en mi opinión debe ser desestimado por las mismas razones que se analizaron al tratar el segundo agravio del recurso de inconstitucionalidad. Y es que la quejosa, so pretexto de errónea aplicación del artículo 1090 del Código Civil, cuestiona que se haya resuelto sin tener a la vista el Sumario Penal, concluyendo en que sólo con tales constancias se podía colegir si su parte actuó o no con dolo o bien con ligereza culpable. A las razones de rechazo ya apuntadas se suma una vinculada específicamente al recurso de casación: la recurrente, so pretexto de errónea aplicación de la ley sustantiva, se queja en realidad de lo que considera una equivocada apreciación de la prueba. Contra lo expresamente dispuesto por el artículo 17 in fine de la ley 2275, la demandada pretende que el tribunal extraordinario revise la plataforma fáctica y los presupuestos de hecho fijados por el tribunal de grado, de los que éste ha extraído las conclusiones de derecho, pretensión que evidencia la manifiesta improcedencia de la vía casatoria intentada (P.R.E. S.2ª 1999-I-167/170).------ ---	Finalmente, y si bien la impugnante en su crítica casatoria sostiene también que debe interpretarse "que a la fecha de la demanda se ha operado la prescripción de la acción instaurada por la actora" (fs. 92), lo cierto es que no confronta norma alguna con tal conclusión ni explica en qué consiste la errónea interpretación, incumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 16 incisos 3º y 4º de la ley 2275, lo que determina la inviabilidad del planteo.------------------------------- --- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto la desestimación formal de los recursos deducidos.------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:----------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Pala, José Abel Soria Vega y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Df-5962 E.B.T.

P.R.E. S.1ª 2012-IV-697.