Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30


Expediente: --7677-2010 Tribunal: Superior Tribunal de Justicia Competencia: Recursiva Fecha: 30/08/2011 Libro de Acuerdos: 54 N° de Registro: 485 (Libro de Acuerdos Nº: 54, Fº 1696/1698, Nº: 485). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los treinta días de agosto de dos mil once, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González, Clara D. L. de Falcone y, por habilitación, Carlos Marcelo Cosentini -bajo la presidencia del nombrado en primer término-, vieron el Expte. Nº 7677/10, caratulado "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº B-103452/07 (Sala I - Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: MENDIETA, Enrique Normando c/ Mazzoleni, Mercedes - Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Provincial" del cual, El doctor del Campo dijo:

Que la Sala I de la Cámara Civil y Comercial (fs. 905/908) al hacer lugar a la excepción de prescripción articulada por el Estado, rechazó la demanda ordinaria de indemnización por daños y perjuicios iniciada por Enrique Normando Mendieta no sólo contra aquél sino también contra la Jefa del Departamento de Auditoría Médica del Instituto de Seguros de Jujuy, doctora Mercedes Mazzoleni.

Para decidir en tal sentido, consideró que el fallecimiento de Samuel Mendieta, padre del actor, se produjo el 28 de Mayo de 2001 mientras que la demanda se había entablado el 24 de junio de 2003; esto es, algo más de dos años después.

A continuación precisó, que por ser una acción que se ejerce in iure propio, sin duda alguna debía encuadrarse el reclamo por la vía de la responsabilidad aquiliana, por lo que cabía aplicar las disposiciones del artículo 4037 del Código Civil y decidir, sin más, que la causa se encontraba prescripta para ambas partes demandadas, no obstante haber sido opuesta tal defensa sólo por el Estado Provincial.

Con apoyo en un sector de la doctrina (Cazeaux - Trigo Represas; Derecho de las Obligaciones) afirmó que existía una categoría de deudas en las cuales cada obligado lo era por el todo y que se trataba de aquellos casos en que concurría la responsabilidad directa del autor de un daño con la responsabilidad indirecta de una persona a la que, sin haber intervenido en la comisión del hecho, la ley obligaba a indemnizar las consecuencias perjudiciales causadas, sea en su carácter de propietario de la cosa que causó el daño o de principal del autor del mismo. Advirtió que, por tener identidad de objeto, en ellas, el contenido económico de la obligación no podía ser más que uno, y que si se concibiera la posibilidad de que ambos codemandados resultaran condenados en distinta magnitud, desaparecería el sustrato caracterizante de este tipo de obligaciones; que si esto era así respecto a la cuantía de la condena, lo propio y con más razón correspondía frente a la inexistencia misma del derecho indemnizatorio extinguido al tiempo de interposición de la demanda en virtud del instituto de la prescripción por el transcurso del plazo de dos años desde el acaecimiento del evento dañoso.

Disconforme con ese pronunciamiento, el doctor Oscar Rubén Cabrera, en representación de Enrique Normando Mendieta, interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fs. 5/17). Alega que el fallo es ilegítimo lo que lo descalifica como acto jurisdiccional válido. Afirma que la doctora Mercedes Mazzoleni nunca planteó excepción alguna y que tampoco desconoció la relación contractual (médico-paciente) denunciada por su parte. Asimismo, que la procuradora representante del Estado Provincial, carecía de representación y/o mandato para obrar o realizar planteos de defensa a favor de la codemandada y, más aún, para plantear excepciones y derechos que ella deliberada, oportuna y voluntariamente había dejado de usar.

Manifiesta que, la excepción a la regla contractual médico-paciente que formuló el a-quo, fundada en que su mandante actuó iure propio (y no iure hereditatis) en el proceso principal, es errónea e inaplicable por las razones que expresa y a las que cabe remitir en honor a la brevedad.

Por otro lado, sostiene que si bien la obligación de indemnizar se requiere en forma conjunta a los demandados, dicha obligación sería simplemente mancomunada, no común ni solidaria, como lo afirmara el tribunal en la sentencia.

Corrido el traslado, contesta el recurso la doctora Mercedes Mazzoleni, con el patrocinio letrado del doctor Pedro Octavio Figueroa; solicita el rechazo del recurso con costas (fs. 39/41). Más adelante se da por decaído el derecho respectivo al Estado Provincial (fs. 42).

Integrado el Superior Tribunal, los autos son llevados a dictamen de la Fiscalía General, quien se expide a fs. 61/65.

Que el presente recurso es inadmisible toda vez que los planteos realizados por el interesado constituyen meras discrepancias respecto de los argumentos serios y suficientes brindados por el tribunal para sustentar su conclusión y, por lo tanto, insuficientes para habilitar la presente instancia extraordinaria.

Por lo demás, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad de sentencias está enderezada a atender casos de carácter excepcional -ausentes en el sub examine- en los que groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de argumentos de hecho y de derecho impidan considerar al pronunciamiento de los jueces ordinarios como sentencia fundada en ley a que hacen referencia los artículos 18 de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial.

No obstante lo expresado, cabe señalar que, en la especie, el Instituto de Seguros de Jujuy fue demandado en función del obrar de su funcionaria por lo que la eventual condena de aquél sería resultado de la actuación de ésta. Esto es así porque -como ha juzgado la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el cual debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos 312:1656; 321:1124, entre otros). Luego, la obligación de reparar a la víctima sería solidaria; sin perjuicio de la acción recursoria, para el caso de que el funcionario hubiese actuado fuera del ámbito de su competencia o con negligencia.

Por tratarse de obligaciones solidarias, es dable afirmar que la excepción de prescripción que opusiera uno de los codeudores alcanza a beneficiar a los demás (artículo 715 del Código Civil) . En este sentido, conviene recordar las expresiones de Alberto J. Bueres y Elena I. Highton en cuanto manifiestan que "Las defensas comunes -también denominadas en doctrina objetivas o generales- son las que se vinculan con la obligación en sí misma y gravitan sobre todos los sujetos alcanzados por los diferentes vínculos jurídicos. Tienen carácter objetivo y, por naturaleza, aprovechan a todos los integrantes del frente común de deudores y pueden ser opuestas a cualquiera de los acreedores. Entre ellas citamos: .La prescripción cumplida" (sic) . Y tal es lo que aconteció en la causa sub-examine.

En tales condiciones corresponde, desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el doctor Oscar Rubén Cabrera, en representación de Enrique Normando Mendieta; imponer las costas por el orden causado, en virtud de las particularidades de la causa (artículo 102, segundo párrafo, del Código Procesal Civil) y regular los honorarios del aludido profesional y los del doctor Pedro Octavio Figueroa en las cantidades de un mil ochocientos pesos ($ 1.800) y dos mil ciento sesenta pesos ($ 2.160) respectivamente -artículo 11 de la Ley de Aranceles-; con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

El doctor Jenefes adhiere al voto que antecede.

El doctor González dijo:

Con la consideración debida, me aparto del criterio asumido por los Sres. Vocales que me preceden pues coincido con los fundamentos dados por el Sr. Fiscal General que comparto y hago míos como formando parte de este voto.

Ello así, porque las causas fuentes de las relaciones obligacionales que vinculan al actor con cada uno de los codemandados son distintas, de modo que entre éstos no existe solidaridad. Se trata de obligaciones concurrentes, conexas, indistintas o -como las nomina parte de la doctrina- in-solidum, en las que si bien existe identidad de acreedor y de objeto, hay diversidad de causa y de deudor. Como consecuencia, en este tipo de obligaciones la interrupción de la prescripción respecto a uno o varios de los codeudores no se propaga a los demás (art. 3994 a contrario sensu). Por lo mismo, la defensa de prescripción solo beneficia a quien la opone.

Como consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso articulado par revocar la sentencia recurrida en cuanto hace extensiva a la codemandada Dra. Mercedes Mazzoleni los efectos de la prescripción liberatoria opuesta como defensa sólo por el Estado Provincial y volver los autos a origen, para que dicte nueva sentencia en relación a la nombrada codemandada.

Las costas del presente deberán ser a cargo del recurrente en cuanto al agravio que se desestima y que concierne al Estado Provincial, y en contra de la codemandada Dra. Mazzoleni, por el que se admite.

La regulación de los honorarios profesionales deberá diferirse para cuando exista base que permita determinarlos.

Tal es mi voto.

Los doctores de Falcone y Cosentini adhieren al voto del doctor del Campo.

Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el doctor Oscar Rubén Cabrera, en representación de Enrique Normando Mendieta.

2º) Imponer las costas por el orden causado.

3º) Regular los honorarios del profesional antes nombrado y del doctor Pedro Octavio Figueroa en las cantidades de un mil ochocientos pesos ($ 1.800) y dos mil ciento sesenta pesos ($ 2.160) respectivamente; con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

4º) Registrar, agregar copias en autos y notificar por cédula.

NOTAS:

[1] Confrontar, Jorge Joaquín LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Tomo II-A, editorial Perrot, edición 1994, página 571.

[2] Confrontar, Alberto J. BUERES - Elena I. HIGHTON, CÓDIGO CIVIL Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL, Parte General. Obligaciones, Tomo 2A, editorial Hammurabi, edición 1998, página 697.

Firmado: Dr. José Manuel del Campo; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. Carlos Marcelo Cosentini (Habilitado).

Ante mí: Sr. Omar Gustavo Acosta - Prosecretario - Por Habilitación