Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04


NEUQUEN, 4 de noviembre de 2014.

Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados: "DOMIHUAL FILOMENA C/ MOÑO AZUL S.A. S/ COBRO DE HABERES", (Expte. Nº 442069/2011), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 189/194, que hace lugar a la demanda, con costas al vencido.

a) La recurrente se agravia porque entiende que la jueza de grado ha omitido tratar las defensas opuestas por su parte y que el análisis de la prueba es parcial y arbitrario.

Dice que la sentencia de grado refiere al primero y al último de los telegramas que integran el intercambio epistolar, prescindiendo de la misiva en que se consigna la intimación. Por ello, entiende que la a quo hace caso omiso a la defensa planteada por la empleadora referida a la distancia temporal existente entre la intimación y la fecha en que se hizo efectivo el apercibimiento. Precisa que en el mes de mayo de 2009 la actora intima a aclarar la situación laboral y al pago de salarios, comunicación postal que es contestada por la demandada en fecha 8 de junio de 2009, rechazando los reclamos e indicando que era Prevención ART a quién se debía dirigir la pretensión.

Señala que a partir de la contestación de la demandada, la actora no formula ninguna otra intimación, y el 10 de marzo de 2010 la demandante se considera despedida, haciendo efectivo el apercibimiento informado. Alude a la "teoría de la contemporaneidad" entre la intimación y la oportunidad en que se hace efectivo el apercibimiento. Manifiesta que la última remuneración percibida por la trabajadora fue la del mes de abril de 2009.

Entiende que los plazos transcurridos hace que la situación pueda ser encuadrada en el art. 241, 3er. párrafo de la LCT. Con respecto a la valoración del material probatorio sostiene que pesa sobre quién cuestiona la autenticidad o la validez de los datos registrados, la carga de acreditar su incorrección o falsedad.

Señala que al contestar la demanda se dijo que la actora era una empleada permanente discontinua de cosecha, regida por la LCT, habiendo sido esporádicamente contratada para realizar tareas en calidad de peón no permanente en los términos de la Ley 22.248. Por ello concluye en que la sola existencia de recibos de sueldo anteriores al año 1986, respecto de los cuales se omitió considerar tipo de tareas o encuadramiento otorgado, no es suficiente para otorgar razón a la demandante.

Denuncia que la sentencia de grado considera que la demandada no desconoció los recibos de haberes acompañados por la actora, cuando del escrito de contestación de demanda surge que lo que se desconoció es la autenticidad de toda documentación no emanada de Moño Azul S.A. y/o que haga referencia a una supuesta relación laboral anterior a la fecha expresamente reconocida en la documentación de la empleadora.

Agrega que para definir si un trabajador reúne o no la calidad de permanente se impone un análisis de la cantidad de días y/o meses trabajados en los distintos años en que prestó servicios, análisis que no ha sido hecho por la jueza de grado.

Considera que para computar la antigüedad no basta con considerar las fechas de ingreso y egreso, sino que lo importante es el tiempo efectivamente trabajado, por lo que es contrario a derecho pretender que la actora tenga 24 años de antigüedad. Califica a las testimoniales de autos como intencionadamente favorables a la demandante. Cuestiona la pericia contable, expresando que en momento alguno se requirió al personal de Moño Azul los libros laborales que se encontraban en la sede de Neuquén, sino que se peticionaron los libros comerciales que estaban en la ciudad de Buenos Aires. Enumera lo que entiende errores de la pericia.

Apela los honoraros regulados al letrado de la parte actora y al perito contador, por altos.

b) La contestación de los agravios por parte de la actora fue desglosada por extemporánea (fs. 105).

II.- Ingresando al tratamiento de los agravios de la parte demandada, entiendo que la queja no puede prosperar.

La a quo ha encuadrado correctamente la relación laboral habida entre las partes en la Ley 22.248, que regulaba el régimen de trabajo agrario a la época de vigencia del contrato de trabajo de autos. Sobre este encuadramiento legal no existe discusión en esta instancia, ya que la demandada no formula agravios al respecto.

Sin embargo considero pertinente destacar este extremo en atención a lo manifestado por la accionada respecto a que la relación laboral tenida con la actora en oportunidades se encuadraba en la LCT como "empleada permanente discontinua de cosecha" y otras en la Ley 22.248 como "peón no permanente". Si la relación laboral estaba enmarcada en la Ley 22.248, conforme surge de la documentación laboral acompañada por las partes, mal podía ser periódicamente encuadrada en la LCT, ya que a esa época el régimen de trabajo agrario estaba expresamente excluido de la LCT. Por otra parte la figura laboral que introduce la demandada como perteneciente a la LCT y que considero alude al contrato de trabajo de temporada, tiene como característica la de ser una relación laboral de carácter permanente con prestación discontinua de servicios, por lo que los trabajadores de temporada son trabajadores permanentes.

Sentado lo anterior, y volviendo a la ley que regía la relación laboral de autos, ésta establece dos categorías de trabajadores agrarios: personal permanente y personal no permanente.

El art. 77 de la Ley 22.248 considera personal no permanente a aquél que ha celebrado contrato de trabajo que responde a necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, comprendiendo las tareas de siembra, plantación, cultivo y cosecha de productos agrícolas y proceso temporales propios de la actividad pecuaria, forestal o de las restantes actividades reguladas por la ley. Pues bien, siendo principio general en materia de derecho del trabajo que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado, y los contratos de trabajo temporarios, la excepción a la regla, si la demandada pretendía que la actora era trabajadora temporaria (no permanente) tenía a su cargo acreditar este extremo, y las pruebas aportadas a la causa indican que no lo ha hecho.

De los recibos acompañados por las partes, solamente algunos consignan como tarea desempeñada "peón vario chacras no permanente". La mayor parte de los recibos de autos colocan a la actora como peón vario o como destajista.

Hago un paréntesis aquí para señalar que otorgo validez a todos los recibos acompañados por la actora. A contrario de lo que sostiene la demandada, esta documentación se encuentra reconocida por su parte.

Prescribe el art. 21 de la ley 921, que regla los recaudos de la contestación de la demanda, que la negativa general o particular sin explicaciones importará el reconocimiento de los hechos o documentos. La demandada ha formulado una negativa por demás general respecto de la documentación acompañada por su contraria: "Niego la autenticidad de todo recibo o documentación no emanada de Moño Azul S.A. y/o que haga referencia a una supuesta relación laboral anterior a la fecha expresamente reconocida en la documentación que acompaña esta parte" (fs. 46), por lo que corresponde tener por reconocidos los recibos de haberes adjuntados con la demanda. Ello, sin dejar de señalar que todos los recibos de haberes emanan de la empresa Moño Azul S.A. Retomando el análisis de los recibos de sueldo, éstos se corresponden con casi todos los meses del año, no pudiendo entenderse que existía una tarea de temporada o estacional para la cual se convocaba a la trabajadora, sin perjuicio de las distintas labores que se describen en la documental, acorde a cada época del año.

Luego, se abonaba a la demandante el adicional por antigüedad, cuando éste se encontraba expresamente excluido del régimen del personal no permanente (arts. 82, 33 y 34, Ley 22.248).

Finalmente, si bien existen pagos compensatorios de vacaciones, unos pocos se liquidan de acuerdo con el art. 80 de la Ley 22.250, siendo en su mayoría liquidados en base a días de vacaciones, modalidad que no se corresponde con la de trabajador no permanente en el régimen agrario.

La cuestión tampoco se aclara demasiado si consideramos las declaraciones testimoniales.

La testigo Rebolledo (acta de fs. 117/vta.) -administradora de la chacra donde trabajaba la actora- señala que la demandante comenzó a trabajar para la empresa hace, por lo menos, cuatro años, que es también la antigüedad de la declarante como administradora de la chacra, y que aquella siempre fue personal temporario, no permanente. El testigo Gutiérrez (acta de fs. 118/vta.) - ingeniero agrónomo responsable del área de producción primaria de Vista Alegre- declara que la actora tenia un contrato permanente de prestación discontinua, de cosecha.

No comparto la afirmación de la demandada respecto a la supuesta parcialidad de los testigos -que fueron ofrecidos por esta parte-; en todo caso lo que surge de sus declaraciones es una confusión respecto de las modalidades de trabajo imperantes en las chacras, tomando siempre como referencia el contrato de trabajo de temporada de la LCT -que es la modalidad de contratación más común en la zona-. Finalmente, los cuestionamientos que la demandada hace al informe pericial de fs. 138/139 vta., referidos a la clase de libros solicitados por el perito y que la empresa accionada no exhibió, excusándose en que se encontraban en la sede de la ciudad de Buenos Aires, resultan extemporáneos desde el momento que no formaron parte de la impugnación que esa parte realizó al dictamen pericial (fs. 143/vta.), resultando correcto entonces lo hecho por la a quo en orden a la aplicación de lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 921.

Del análisis de las pruebas aportadas no encuentro que la interpretación de la a quo haya sido parcial o arbitraria. Por el contrario, al igual que la sentenciante de grado entiendo que estas probanzas permiten afirmar que la actora se desempeñó como personal permanente dentro del régimen de la Ley 22.248.

III.- Corresponde abordar ahora la queja referida a la falta de tratamiento de la defensa opuesta por la parte demandada, relativa al lapso existente entre la fecha de la intimación formulada por la parte actora y la fecha en que hace efectivo el apercibimiento, colocándose en situación de despido indirecto.

Raúl Horacio Ojeda sostiene que para el despido indirecto rigen los mismos presupuestos que para el despido directo, entre los que se encuentra la oportunidad de la comunicación resolutoria (cfr. aut. cit., "Teoría de la injuria laboral" en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2011-2, pág. 41).

El autor citado señala que "conforme un criterio pacíficamente adoptado en doctrina y jurisprudencia debe existir una proximidad temporal entre la reacción de la parte afectada por la injuria y el momento en que su producción o comisión llega a su esfera de conocimiento. Debe existir una reacción oportuna del ofendido de modo tal que no se entienda que ha existido un consentimiento tácito de la inconducta, aspecto temporal que no es dable a nominar en abstracto porque su determinación dependerá de las circunstancias del caso.

"Los repertorios de jurisprudencia muestran que se suele exigir que haya una respuesta contemporánea o que ésta sea inmediata. En nuestra opinión esas denominaciones no contienen la precisión necesaria porque, como sostienen Ackerman y De Virgiliis, el atributo que debe tener la respuesta o reacción del ofendido es el de ser oportuna, lo que es posible que conlleve (o no) que también sea contemporánea o inmediata. Ello es así porque el concepto de oportunidad abarca también la condición necesaria de que la reacción no sea intempestiva, de modo que ella revele reflexión y prudencia de quién la produzca" (aut. cit., op. cit., pág. 38/39).

En autos, la parte actora intima a su empleadora, con fecha 28 de mayo de 2009, para que se aclare su situación laboral, se abonen los salarios adeudados a la fecha y se registre debidamente su real fecha de ingreso, bajo apercibimiento de considerarse despedida (fs. 6).

Esta misiva es contestada por la demandada, con fecha 9 de junio de 2009, en lo siguientes términos: ".La empresa se ha hecho cargo de cada una de sus obligaciones. Usted está cubierta por Prevención ART por favor todo reclamo dirigirse a esa aseguradora. Usted continúa con nuestra empresa en los términos de su contratación habitual." (fs. 2). Finalmente, con fecha 10 de marzo de 2010, la actora hace efectivo el apercibimiento comunicado, alegando que la respuesta de la empleadora es injuriante, y que se niega a abonarle los salarios y a darle trabajo (fs. 7).

Cabe aclarar que no se encuentra discutida en esta instancia la configuración de la injuria, sino solamente la oportunidad de la comunicación resolutoria.

Centrando entonces el análisis en la cuestión que ha sido motivo de agravio, entiendo que la comunicación puede ser considerada oportuna en atención a las circunstancias de la causa.

La actora sufre un accidente de trabajo in itinere el día 12 de febrero de 2009, habiendo sido dada de alta el día 11 de marzo de 2009 (fs. 82), en tanto que la última remuneración abonada corresponde al mes de marzo de 2009 (recibo de fs. 44), constando también en el expediente que, con posterioridad al alta médica dada por la aseguradora, la trabajadora continuó con reposo laboral indicado por el médico tratante (fs. 86/87), por lo menos hasta mayo de 2009. Cuando la actora intima a su empleadora bajo apercibimiento de considerarse despedida, la demandada la deriva a la aseguradora de riesgos del trabajo, en una conducta ciertamente de mala fe, puesto que conocía o debía conocer que la ART le había dado el alta médica. Teniendo en cuenta la edad de la trabajadora al momento de los hechos que se analizan (60 años), que se encontraba recuperándose de un accidente de trabajo o de una enfermedad inculpable (esto será dilucidado en el trámite iniciado por la demandante contra la ART) y que es razonable entender que la accionante ha tenido inconvenientes para informarse ante la ART, entidad a la que debió concurrir por derivación de su empleadora, como así también para asesorarse legalmente en razón de su edad, medios económicos y condición física, considero que la comunicación del despido indirecto puede ser entendida como oportuna.

IV.- Resta por analizar la apelación arancelaria.

Tomando en cuenta la base regulatoria determinada por la a quo (capital más intereses), la que no se encuentra cuestionada, que los honorarios regulados al letrado de la parte actora se encuentran dentro de la escala prevista por el art. 7 de la Ley 1.594 y las labores desarrolladas por aquél, los mismos han de ser confirmados.

En cuanto a los honorarios regulados al perito contador, en atención a la adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos de los abogados de las partes y las tareas cumplidas, entiendo que resultan elevados, proponiendo se reduzcan a la suma de $ 2.700,00.

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y hacer parcialmente lugar a su apelación arancelaria, modificando parcialmente la sentencia de grado, fijando los honorarios del perito contador ... en la suma de $ ..., y confirmándolo en lo demás que ha sido motivo de agravios.

Las costas por la actuación en la presente instancia se imponen a la demandada vencida (art. 68, CPCyC), regulando los honorarios de la letrada patrocinante de la parte demandada Dra. ... en la suma de $... y los de la apoderada de la misma parte Dra. ... en la suma de $ ..., de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la ley arancelaria.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo. Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y hacer parcialmente lugar a su apelación arancelaria, modificando parcialmente la sentencia de grado, fijando los honorarios del perito contador ... en la suma de $ ..., y confirmándolo en lo demás que ha sido motivo de agravios.

II.- Imponer las costas por la actuación en la presente instancia a la demandada vencida (art. 68, CPCyC), regulando los honorarios de la letrada patrocinante de la parte demandada Dra. ... en la suma de $ ... y los de la apoderada de la misma parte Dra. ... en la suma de $ ..., de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la ley arancelaria.

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.