Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-18


Autos N° 21.839 (67476 - 1° CIVIL), caratulados: "ROSALES Vda. de Moreira Miriam R. y Otros C/ Orozco Carlos y Otro - Daños y Perjuicios - IV Cpo." En la ciudad de San Juan, a 12 días del mes de agosto del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 21.839 (67476 - 1° CIVIL), caratulados: "ROSALES VDA. DE MOREIRA MIRIAM R. Y OTROS C/ OROZCO CARLOS Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - IV CPO.", dictada en fecha veintitrés del mes de agosto del año dos mil doce, obrante a fs. 536/544, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El señor juez del Primer Juzgado en lo Civil, en la sentencia dictada en fecha 23 de agosto de 2012, cuya copia obra agregada a fs. 536/544 se resolvió: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por la Sra. Miriam Raquel Rosales Vda. de Moreira por si y por sus hijos menores Yanina Alejandra Moreira, Matías Eduardo Moreira, Esteban Gabriel Moreira, Maira Belén Moreira y Evelin Florencia Moreira; y por el Sr. José Alberto Flores , contra el Sr. Carlos Orozco y Ricardo Alberto Orozco, el primero como conductor y el segundo como titular registral del camión marca FORD 900 dominio VEK - 631 ; en consecuencia declarar que el accidente de tránsito ocurrido el día 22 de Diciembre de 2001, aproximadamente a las 21,30 hs., en calle Abrahán Tapia 50 metros al sur de callejón Coria, frente al domicilio con numeración 1852, se produjo por culpa concurrente de las partes intervinientes en el mismo, conforme los fundamentos expresados en los considerandos de esta sentencia. II) Condenar a los demandados, en forma solidaria y conjunta, Carlos Orozco y Ricardo Alberto Orozco, el primero como conductor y el segundo como titular registral del camión marca FORD 900 dominio VEK - 631, a abonar a la Sra. Rosales Vda. de Moreira, por si y en representación de sus hijos, la suma de Pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve ($65.449), y al Sr. José Alberto Flores la suma de Pesos cincuenta y un mil ($51.000) atento al grado de culpabilidad establecido en los considerandos (50%), con más los intereses calculados a la tasa activa que aplica el Bco. Nación Argentina-Suc.San Juan, para las operaciones de descuento (según ley 4119), desde la fecha accidente -esto es el día 22 de Diciembre de 2001- y hasta el momento del efectivo pago el que deberá efectivizarse en el término de quince días de quedar firme la liquidación que se practicara al efecto. III) Regular los honorarios profesionales al Dr. Guido Damián Juárez Sánchez por la labor desarrollada (tres etapas) en doble carácter por la parte actora en un valor equivalente al veintiún por ciento (21%); al DR. Juan Bautista Bueno De La Cruz por la labor desarrollada (tres etapas) en doble carácter por la parte demandada en un valor equivalente al doce coma seis por ciento (12,6%); perito médico traumatólogo Dr. José R. González Testi por la labor desarrollada en un valor equivalente al tres por ciento (3%), a la perito psicóloga Lic. Nora Irene Yossa por la labor desarrollada en un valor equivalente al tres por ciento (3%), y al perito accidentológico Ricardo Víctor Bacha por la labor desarrollada en un valor equivalente al tres por ciento (3%), todos ellos de la base regulatoria que oportunamente se practique (conf. art. 192, 197 de la ley 2150, modificada por ley 8037, art. 800 inc. 5°, 7°, 8° y 11°).

Contra este decisorio, a fs. 545 la parte demandada interpone recurso de apelación, el cual es concedido a fs. 552.

El recurrente se presenta a fs. 553 y sig. a expresar sus agravios marcando como contradicción que cita doctrina relativa a que si el embistente pretende eximirse de responsabilidad deberá probar la culpa de la otra parte para luego referirse a una obstaculización del paso del conductor de la motocicleta Moreira por parte de mi mandante Orozco y destaca que quedó acreditado que Moreira: conducía en estado de ebriedad, conducía la motocicleta con exceso de peso con tres ocupantes, exceso de velocidad, no tenía el mas mínimo dominio del vehículo que conducía, no contaba con casco protector, no se encontraba habilitado, circulaba sin luces encendidas y que es el vehículo embistente.

Califica al resolutorio como absurdo dado que Fabiana Catalina Olmos Ocaña, al momento de prestar declaración testimonial (fs. 173/174 vta.) expresa que ve la parte trasera del camión, y especifica tal como es, lo que implica que la moto pasó por el costado derecho e impacta el cuerpo del conductor contra el costado derecho del guardabarros y paragolpe delantero derecho del camión.

Continúa sosteniendo que la posición del camión, en la dirección en la que circulaba la moto se encuentra acreditada por otras constancias de autos que evidencian que haber estado atravesando el camión en la ruta , las marcas de la impactación en ambos vehículos se hubiera producido por rozamiento o fricción, nunca podría haber sido Moreira quién con el costado derecho de su cuerpo (específicamente su pierna) hubiese impactado el paragolpe delantero derecho del camión y haberlo torcido en el sentido de circulación de la moto. Tampoco los cuerpos de los tres individuos (Moreira, Flores y Flores) habrían quedado en la posición que marca el croquis policial.

Todas las prueba tienen por embistente a Moreira y embestido a Orozco.

Sostiene que el vehículo de Orozco se divisa a 150 metros de distancia no obstante resulta imposible que lo vieran viniendo alcoholizado y siendo inhábil para conducir. El recurrente indica que las declaraciones de la testigo Olmo Ocapa coinciden con la pericial glosada a fs. 470/486 y con la actuaciones llevadas a cabo en el sumario penal Juicio N° 1563/03 rotulados "C/ Orozco, Carlos por homicidio culposo y lesiones culposas en perjuicio de Raúl Moreira, Pablo Flores y José Flores", en el cual se indica que se impactó sobre el cuerpo de la víctima y que los deterioros de la moto del costado izquierdo se deben al haber arrastrado al caer. También trae a colación la testimonial de José Alberto Flores que afirma que estuvieron tomando bebidas alcohólicas antes del accidente, precisando luego de recordar como se toma el grado en las personas que la alcoholización de Raúl Alejandro Moreira, quién falleció, sería, de categoría media.

Agrega que en el proceso penal Pablo S. Flores dice que la moto embiste al camión, que la pericial mecánica indica que el freno delantero estaba en regular estado y el trasero en buen estado y de que el señor Moreira no se encuentra habilitado para conducir conforme lo informado por Emicar.

En otras palabras se agravia que con el cúmulo de probanzas existentes en el proceso y en el expediente penal se afirma que ambos conductores son responsables de la colisión y que con tal argumento se refiera que se estima justo y equitativo distribuir la culpabilidad del accidente en un 50% al demandado y el restante el fallecido Moreira.

Agrega en su expresión de agravio el tema del exceso de velocidad de Moreira, trayendo citas y referencias al expediente para decir que en los autos la culpabilidad es exclusiva y excluyente del conductor del ciclomotor y de sus acompañantes.

A continuación sostiene que el conductor del ciclomotor y su acompañante violaron sistemáticamente la totalidad de las normas de tránsito y Moreira con su actuar negligente, imprudente e imperito, produjo el accidente en forma exclusiva. Posteriormente se agravia por la condena por el valor vida, critica que no se tenga en cuenta que Moreira no tenía ningún trabajo conocido, que se encontraba un día laborable tomando cerveza con unos amigos y planificaba una noche de fiesta con estos y otros para despedir el año. En los párrafos siguientes continúa criticando el modo de vivir del interfecto.

Cuestiona el daño material producido a la moto, sosteniendo que no se puede condenar en base a un presupuesto que no ha sido ejecutado y que por otra parte indica un monto de solo $ 150 y se condena al pago de $ 898 sin que nada autorice tal condena.

En cuanto al daño moral, indica que de existir el mismo es de exclusiva responsabilidad de Moreira.

En cuanto a los agravios por la situación de José A. Flores, en cuanto a los daños materiales reclamados se sostiene que las prestaciones y medicamentos fueron aportadas por los Hospitales, razón por la cual acordar. En cuanto al daño emergente, dice que está probado que ninguno de los tres accidentados desarrollaban labor alguna y recrimina que tomaban alcohol en vez de trabajar. Por ello y cuestionando la valoración del daño padecido por la fractura consolidada sostiene que es evidente que se arribe a la condena de $ 90.000, que es producto de una mera decisión arbitraria. Cita doctrina de tribunales. Idénticos conceptos predica del daño psíquico el que no solo carece de sustento sino que mal se alude en el fallo.

En cuanto al daño moral, agravia porque el mismo carece de fundamento.

Cuestiona la imposición de las costas y la estimación de los honorarios de su parte. Formula reservas.

Corrido traslado a la contraria, se presenta a fs. 565/569 y en función de los argumentos que desarrolla solicita se rechace la apelación interpuesta con costas.

Planteado del modo propuesto la pretensión recursiva por la demandada, se debe tener en cuenta que en la presente causa existe sentencia penal definitiva dictada por el Primer Juzgado Correccional en juicio N° 1563/02 caratulados "C/ Orozco Carlos s/ Homicidio culposo y lesiones culposas (art. 84 y 94 C.P.) en perjuicio de Raúl A. Moreira, Pablo S. Flores y José A. Flores", en la cual se fijaron algunos hechos que son trascendentes para la presente causa por cuanto hacen prejudicialidad conforme es establecido en el art. 1103 del Código Civil que impide alegar en juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución.

En dicha sentencia considera que "el marco fáctico probado en esta causa, sólo permite afirmar que Moreira falleció como consecuencia del impacto de la moto que conducía trasladando a Pablo Flores y José Flores, con la parte delantera derecha del camión conducido por Orozco, en el momento en que este vehículo se encontraba invadiendo el carril Oeste de calle Abrahán Tapia, por donde se desplazaba la moto, resultando también heridos los nombrados Flores a consecuencia de la misma causa. La mecánica del accidente está clara, en cuanto el camión de Orozco, previo a iniciar su marcha, se encontraba estacionado sobre la banquina del costado Este, orientando hacia el Sur. Inició su marca girando hacia su derecha primero, en una maniobra inicial tendiente a posibilitar un posterior retroceso con orientación al sur este, para colocar al camión después, en condiciones de reiniciar la marcha por la misma arteria en dirección al Norte.". El fallo penal descarta la versión de una de las testigos y la aseveración que en esta instancia reitera el demandado.

En otras palabras, lo señalado de la sentencia penal fija el "hecho principal" sobre el cual el sentenciante penal no tenía duda.

Mas allá de no compartir desde la óptica civil algunas de sus conclusiones por cuanto omite analizar la trascendencia antirreglamentaria que tiene la maniobra del camión por cuanto estaba estacionado en sentido contrario (en contramano) a la circulación de la calle (en la banquina este mirando al sur) Abrahán Tapia y cuando realiza su maniobra de atravesar el camión la calle (porque no le daría la capacidad de giro para hacerla de una sola vez en U) se colocó obstruyendo el carril por donde circulaba la moto porque invade el mismo para hacer la maniobra. A partir de ello, el tema de quién es embistente queda relegado a un segundo plano por la grosera invasión que hace del carril contrario, además de comenzar a realizar la maniobra en contramano porque debió invadir primero el carril de circulación sur norte cuando estaba estacionado mirando al sur en la banquina este.

Este detalle trascendental que marca una culpa grave en el accionar del conductor que pone en segundo plano la determinación de si venía o no con luz, la velocidad, si tenía o no carnet, etc. es omitida por el sentenciante penal quién se pone a considerar solo el tema de la luz para decir que no tiene certeza de que si venia o no con la misma encendida.

Sin perjuicio de ello, el sentenciante penal omite hacer una consideración elemental que hubiera llevado a otro resultado como es que si la marcha de la moto hubiera sido de 40 Km/hora (que por cierto no se determina), un segundo antes del impacto estaba a 11 metros de distancia del lugar de impacto. Dos (2) segundos antes a 22 metros de distancia. Es decir, no se puede hablar de que no tenía posibilidades de ver u oír la circulación de la moto porque estaba a mucha distancia. Además de ello, la carga de tres personas, va de suyo, que impide una circulación veloz.

En conclusión, la culpa grave del conductor del camión en la realización de una maniobra invasiva del carril de circulación de la moto exime de considerar la posible culpabilidad de la víctima endilgada por la demandada y tenida en cuenta por el a quo, por carecer los mismos de relevancia determinante en la producción del accidente. Sin perjuicio de ello, estos detalles han sido tenidos en cuenta para endilgarle a la actora culpa concurrente en la producción del accidente.

En función de que únicamente la demandada pone en crisis a la sentencia, queda a este tribunal pronunciarse por la desestimación de este agravio sin modificar el grado de responsabilidad determinada por la sentencia del inferior.

En cuanto a los agravios relacionados con la cuantía referidos con el valor vida de Moreira, fijado en la suma de $ 100.000, que focaliza con un criterio materialista en la posible producción económica del interfecto.

En este punto se debe tener presente que cuando se trata de cuestionar, en el marco de un proceso recursivo, la cuantificación realizada por la sentencia es deber del apelante no sólo agraviarse en términos generales de la suma fijada expresando que es alta o baja, sino que deberá indicar cuales son las razones por las cuales estima que su postura debe ser recepcionada sin dejar que sea el arbitrio judicial el que en definitiva decida.

Al expresar el recurrente cuando en menos o en más corresponde de la suma determinada en la primera instancia fija el objeto de la pretensión recursiva, más cuando resulta evidente que el daño se ocasionó y que se deben resarcir las consecuencias materiales y morales del mismo.

Si se hace un cuestionamiento ambiguo no se cumple con el deber impuesto por el segundo párrafo del art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial que exige una critica concreta y razonada de los puntos que causan agravio a la parte que en el presente caso no se cumple.

Sin perjuicio de ello y con el propósito de que no se tilde al presente voto de incurso en la causal de exceso ritual se verifica que en autos no se ha acreditado que el fallecido tuviera trabajo conocido, descalificando su estilo de vida. Al respecto se debe tener en cuenta que el ser humano en general, no solo en un ente que aporta bienes económicos a sus familiares, sino que es un ser integral que colabora con ellos con contribuciones de tipo solidarias, de cooperación, etc.

En base a ello, la suma fijada de $ 100.000 a la fecha de la sentencia, no constituye una suma excesiva, teniendo en cuenta que cuando se acredita que una persona no tiene trabajo estable se debe considerar la capacidad laboral mínima que está representado por el Salario Mínimo Vital y Móvil, al cual se le debe restar un porcentual que se estima para gastos propios que en el caso de autos sería estimado prudencialmente en un 20% y que la compensación en sede civil debe tener en cuenta la edad de 75 años que es el promedio de vida (73 varones - 78 mujeres) y la edad del interfecto al momento de fallecer que era de 34 años. Por ello estimo que debe confirmarse la cuantía fijada por el a quo.

Por cierto que debe quedar en claro que una sentencia no debe dar una suma sin explicación respecto de los parámetros concretos que se analizan en el caso, de donde la mera trascripción de fallo no hace a un adecuado razonamiento cuestión que en autos es advertida. Pero, el recurrente no debe cometer el mismo error al presentar sus agravios mas cuando ya existe una cuantificación fijada que pretende sea disminuida. Es decir, el recurrente tiene la obligación de descalificar cada uno de los ítems que se tienen en cuenta para ponderar el valor de los daños sufridos por los familiares como consecuencia de la pérdida de una vida. (ver: P.E.A., "Daño a la vida - Valoración - Cuantificación - Acción resarcitoria", Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2009, p.427 y sig.) Pasando al tema, relacionado con el daño material que cuestiona, se debe considerar que el a quo resolvió conforme a los pocos antecedentes que tenía acreditado en autos, donde si consta acreditado el daño pero no la cuantificación del mismo, razón por la cual el arbitrio judicial autorizado por el C.P.C. de aplicación autoriza para su determinación. Sin perjuicio de ello, la parte demandada pudo ofrecer prueba concreta, con una actitud de colaboración, respecto del monto de la reparación.

En cuanto al agravio contra la suma definida para resarcir el daño moral, en $ 30.000, la misma no es cuestionada seriamente en la expresión de agravios sino es una mera expresión de disconformidad, cuando se está frente a un daño moral que no necesita ser probado por la circunstancia de tratarse de un fallecimiento de una persona. Por ello, propongo la desestimación del agravio.

En cuanto a los cuestionamientos contra la determinación de las cuantías resarcitorias acordadas al señor José A. Flores, en primer lugar se queja de la suma de $ 1.000 fijado para compensar los gastos materiales. Al respecto se estima que existen gastos aun cuando fuera atendido por los servicios de la salud pública que son soportados por la víctima o sus familiares que no pueden ser acreditados por las especiales circunstancias que rodean a cada caso. En función de ello y de las características del daño padecido por José Alberto Flores, corresponde confirmar la suma establecida. (ver: P.E.A., "El resarcimiento de los gastos farmacéuticos y médicos", DJ 20/08/2008, 1069-DJ 2008-II, 1069) Respecto de la cuantía individualizada en $ 90.000 para resarcir el daño emergente, el recurrente, no cumple en su argumentación con la exigencia del segundo párrafo del art. 253 dado que expresa cuestionamiento sobre la calidad de vida del actor criticando que en vez de estar trabajando estaban tomando alcohol. También en forma ambigua cuestiona el tema de la pericial sin precisar sus quejas como se le exige procesalmente, para arribar solo a expresar una simple disconformidad con la suma determinada por el fallo. Va de suyo, que debe declararse desierto este agravio, dado que no cumple mínimamente con las exigencias legales, conforme le fuera demostrado al analizar el modo de determinar el valor vida del fallecido. Es decir, debió decir y demostrar con su argumentación cuanto menos debía corresponder poniendo en crisis los parámetros que normalmente se toman para definir este tipo de daño. No basta para construir acertadamente una sentencia de daño o para realizar una expresión de agravios una mera trascripción de fallo, sino que deben ponderar los parámetros propios de cada caso. Por ello, considero que debe ser desestimado esta mera queja.

Finalmente respecto del daño moral acordado al señor Flores, de $ 10.000 no existe argumento de tipo jurídico alguno como para ser tratado por la jurisdicción en esta instancia recursiva, razón por la cual debe ser desestimada la mera expresión de disconformidad presentada.

En cuanto a las costas de primera instancia y aún cuando ello no es motivo de agravio por parte de la recurrente, se advierte que la sentencia no contiene una expresa condenación en costas a la demandada, pero se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes como si la actora hubiere sido favorecida con la condenación. En función de ello y como es tradición cuando se omite la condenación en costas, debe ser entendido que han sido impuesta por el orden causado, siendo cada parte responsables de las devengadas en la primera instancia. A partir de esta interpretación, la demandada queda sin legitimación para cuestionar las acordadas al profesional de la actora.

En cuanto a las costas de la segunda instancia, las mismas atendiendo al resultado del proceso deben ser impuestas a la parte demandada vencida en su totalidad, dado que cuestionó en primer lugar el porcentual fijado de responsabilidad a su parte y luego todos los rubros integrantes de la condena.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S; T° I-2015; F°136/142; FECHA:12 de agosto de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS