Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-26


Esquel, 26 de abril de 2006.- VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 120/121 y vta. por la Abogada Adjunta de la Defensoría General Dra. Paola Bagnato contra el auto de procesamiento y prisión preventiva dictado a su defendido Sr. D. A. D. (fs. 114/118 y vta.) peticionando en su escrito se revoque la cautelar dictada contra su asistido, y;

CONSIDERANDO:

Que, a fs 122 de estas actuaciones, el Sr. Juez de Instrucción Dr. Jorge Criado concede el recurso de apelación incoado. -Se agravia la apelante refiriendo que no existió ni existe peligro de fuga por parte del Sr. D., puesto que su defendido nunca se fugó ni lo intentó, que a consecuencia de los problemas familiares que dieron origen a estas actuaciones se vio obligado a abandonar su lugar de trabajo y su hogar debiendo mudarse y fijar otro domicilio, el cual denunció al momento de su declaración a tenor del art. 262 del C.P.P., destaca asimismo el Sr. D. cumplió -sin inconvenientes- una condena que le fuera impuesta, lo que denota un claro ejemplo que cuando debe someterse a la justicia, cumple con su obligación. Al apelar el auto de procesamiento la defensa funda su queja, entendiendo que no se encuentran reunidos, en los presentes, los requisitos para el dictado de la prisión preventiva, no existiendo controversia sobre los hechos imputados, su autoría ni calificación penal.

2. En consecuencia corresponde tratar el único agravio, si existe o no peligro de fuga, para ello se tiene en cuenta que se encuentra probado y aceptado por la Defensa, que el imputado utilizaba indistintamente los nombres de M. C. y D. A. D., que dice tener el D.N.I. Nº . Asimismo, tengo probado que no exhibió el D.N.I. al ser identificado por la policía, según constancias del acta de aprehensión de fs.14 del 3 de marzo de 2006; que tampoco tiene domicilio fijo. En el acta de referencia dijo que se domicilia en Barrio sobre C. sin número, que se corresponde con la vivienda de E. R. y después de su detención fija domicilio real en Pasaje .... del Barrio , que se corresponde con la vivienda de C. V. M., surgiendo además de la declaración de E. R. de fs.1/vta. que se había fugado a Neuquén como tres años y volvió el 9 de diciembre de 2005. - En consecuencia a nuestro criterio, existen indicios suficientes para sostener que existe peligro de fuga, ya que se trata de una persona indocumentada, que utiliza distintas identidades, que no tiene un asiento fijo ni de su familia ni de sus negocios, que ha compartido las viviendas de sus parejas, sin título de propiedad, por lo que puede ausentarse con facilidad ocultando su destino, sin tener intereses subjetivos o económicos de importancia que lo aten a esta ciudad. La falta de residencia del prevenido origina la presunción de que no se lo podrá citar para que comparezca ante el Juez, cayendo asimismo en la restricción establecida en el art. 286 del C.P.P. la que está dirigida a quien no tenga domicilio alguno, pues ello dificulta toda posibilidad de comparecencia del excarcelado ante el Tribunal, circunstancia ésta que le haría eludir la acción de la justicia ("O., M. A., y otro", Cámara de Acusación de Córdoba, Secr. Ferrero, 31/08/71, conf. "La Excarcelación" de José I. Cafferata Nores, Tomo I, Edit. Depalma, pág. 201).-En consecuencia corresponde que este Tribunal confirme el auto de procesamiento y prisión preventiva.Por ello la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E-- 1) CONFIRMAR la resolución de fs. 114/118 vta. de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente. -2) Protocolícese, notifíquese y devuélvase. La presente resolución es dictada por el Tribunal integrado con la Sra. Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes Dra. Nelly García y el Sr. Juez Correccional Dr. Jorge Eyo, por encontrarse vacante dos vocalías (Acordada Nro.: 3223/00 S.T.J.). - BENJAMÍN MOISÁ (en disidencia) NELLY GARCIA JORGE EYO Voto en disidencia del Dr. Benjamín Moisá El Dr. Benjamín Moisá dijo: Considero que de oficio debe declararse la nulidad de las presentes actuaciones a partir de la solicitud de la dirección de investigación de fs. 6/7, y de los actos posteriores que fueren su consecuencia: pedido de declaración a tenor del art. 262 del C.P.P. y dirección de la investigación (fs. 64/65) por el presunto delito de "desobediencia", solicitud de declaración a tenor del art. 262 del C.P.P. y dirección de la investigación (fs. 91 y vta) , por el presunto delito de resistencia, petición de fs. 105 respecto de la declaración a tenor del art. 262 por el delito de desobediencia, presentación de fs. 109 y vta. solicitando acumulación y dictado de auto de procesamiento y prisión preventiva, pues la Dra. María Elena CIMADEVILLA, en su condición de simple Funcionario de Fiscalía, no reviste las calidades constitucionales y legales para requerir y asumir la dirección de la investigación penal (arts. 165, 166 y 209, Const. Prov.; art. 173 bis, CPP; arts. 21 y 22, Ley N° 5.057); obviamente, sin que ello sea óbice para su ulterior intervención en los términos y con los alcances del art. 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.- En efecto, como bien lo señala EKMEKDJIAN, si la Constitución exige determinados requisitos para la designación de los Fiscales y les otorga garantías de independencia similares a las de los Jueces es con el objeto de protegerlos de presiones indebidas, tanto de particulares, como de los propios órganos del Estado. - "Ello es de fundamental importancia para el Estado de Derecho, ya que a los fiscales se les ha asignado el deber de ejercer, en forma discrecional, la acción penal, para garantizar el principio constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, toda vez que la separación de la función de acusar y de juzgar asegura la máxima objetividad e imparcialidad del órgano.

Si los fiscales se hallaren bajo la amenaza de ser querellados por injurias, o demandados por daños y perjuicios, por formular imputaciones a quienes pueden resultar sospechosos de un delito o por sostener determinada opinión en relación con la investigación, el temor a ser perseguidos penal o civilmente, por actos cumplidos en el desempeño de su cargo, sería un elemento negativo en su desempeño, desvirtuando la esencia de este elemento esencial para el Estado de Derecho" (EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, t. V, p. 633 y s., Depalma, Bs. As., 1999).

En consecuencia, debe entenderse que la Dra. María Elena CIMADEVILLA como simple Funcionario de Fiscalía, si bien puede intervenir en todas las etapas del proceso bajo la supervisión de los Fiscales Jefes y Fiscales Generales, con los alcances previstos por el art. 24 de la Ley N° 5.057, no puede asumir la dirección de la investigación fiscal, la que se encuentra reservada exclusivamente a los Fiscales según la última parte del art. 22 del referido ordenamiento, el cual textualmente dice: "Los Fiscales Generales [...] En particular ejercerán la dirección de la investigación en las causas penales". Tal el correcto sentido con que deben ser interpretados los citados arts. 22 y 24, sin que entre ellos exista contradicción ni inconstitucionalidad alguna. A fortiori y en definitiva, implicaría atribuir un verdadero despropósito lógico-jurídico a la ley interpretar: por un lado, que veda la intervención de los Funcionarios de Fiscalía en los actos propios del debate en el juicio criminal (art. 24); y por otro, que autoriza a estos mismos funcionarios "auxiliares" a asumir "por sí" la instrucción fiscal y la dirección de la investigación, pilares fundamentales del referido debate.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el auto de procesamiento apelado ha sido dictado basándose en las piezas procesales aludidas en el primer párrafo de mi voto, no corresponde el tratamiento del recurso impetrado por las consideraciones vertidas. Así lo voto. BENJAMÍN MOISÁ Ante mí: Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL Nº 21 /06 CANO. Conste.- Norma Marrero Secretaria