marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: CIRILLO PASCUAL c/ SCARSO JOSE s/ DERECHO PROCESAL. HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-22

Si bien el art. 49 De la ley de arancel contiene una obligación de plazo que es perentorio, cuyo vencimiento tiene por virtualidad constituir en mora al deudor de honorarios, partiendo de la base de que la corrección por desvalorización monetaria no torna a la obligación mas onerosa, ya que solo se trata de mantener su primitivo valor adquisitivo sin desmedro, la actualización de los honorarios debe hacerse a partir de la fecha del auto regulatorio, porque es para esa oportunidad que están fijados los valores numéricos expresados en dicho auto.
Ius variandi, condiciones de trabajo, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: STELLA, DORA c/ FEDERACION  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  TELEFONICOS  DE  LA  REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

Los principios del Cód.Civil que hacen a la figura llamada exceptio non adiplenti contractus son aplicables al caso de un trabajador a quien se pretende imponer un ius variandi que considera abusivo y en tanto razonablemente discute con su empleador las condiciones del cambio. En tal sentido, el art. 11 LCT autoriza a acudir a los arts. 510 y 1024 del C. Civil, pudiendo el dependiente negarse a cumplir la variación exigida, sin que pueda acusárselo de incumplimiento de sus obligaciones.
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ rec. de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso intentado contra la resolución que no hizo lugar a la nulidad de la resolución que rechazó la recusación de un magistrado, por no tratarse de uno de los supuestos contemplados por el art. 457 del CPPN. (Dres.

Figueroa, Cabral y Gemignani).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, ley penal, reincidencia, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Agesta, Martin Javier c/  s/ portación ilegitima de arma -apelación- declaración de reincidencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-08

La Alzada, para confirmar el pronunciamiento de grado -que, en el marco de un procedimiento abreviado había dispuesto declarar reincidente al imputado- sostuvo que el cumplimiento de prisión bajo la modalidad domiciliaria se trataba de un elemento integrante de la denominada reincidencia real y -luego de referir a numerosos precedentes de ese Colegio de Jueces, que sostuvieron como base a la declaración de reincidencia, la pena cumplida en prisión domiciliaria, es decir, con independencia del lugar de alojamiento-, entendió que en el caso se verificaba respecto al imputado el cumplimiento efectivo de la pena bajo la modalidad domiciliaria, por lo que correspondía desestimar los agravios defensivos y confirmar la decisión de grado, no logrando la recurrente demostrar la irrazonable y extensiva interpretación realizada por la Cámara del artículo 50 del Código de fondo en perjuicio de su asistido, ni la invocada afectación de garantías constitucionales a las que alude. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 287, p 84 y T 310, p 95. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 50
Competencia, daños y perjuicios, República de Cromagnon
Materia: CIVIL
Carátula: CEJAS,  César  Gabriel c/ ESTADO  NACIONAL  y  otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

Es competente el Fuero Contencioso Administrativo Federal en las demandas de daños y perjuicios dirigidas contra el Estado Nacional -Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina y Superintendencia de Bomberos- y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires originadas en el hecho público y notorio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el interior del local denominado "República de Cromagnon", ello no obstante que el juez civil haya aceptado la radicación del proceso y por tal motivo no sea él quien pueda reexaminar su competencia.

Es que cuando debe examinarse la responsabilidad extracontractual del Estado en el marco de su actuación por medio de sus órganos de seguridad y en su calidad específica de tal, por el objeto y contenido de la demanda la acción es de naturaleza contencioso administrativo por lo que es ese fuero el que debe intervenir en su tramitación.

Esta decisión es congruente con la adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Jara, Luis Reynaldo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", del 27/2/2007 y conforme a los principios de economía y celeridad procesal.
Non bis in ídem, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La garantía de ne bis in idem tiene una interpretación diferente cuando se trata del procesamiento y sanción de los imputados por delitos de lesa humanidad, atendiendo a la obligación del Estado de investigar y dar una respuesta jurídico-penal en los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho que tiene la comunidad internacional de que estos aberrantes hechos no queden impunes. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Juez de ejecución, tribunal oral, cuestiones de competencia, ejecución de sentencia penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROBERTO, Héctor Alejandro s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-09

Corresponde declara competente al juez de ejecución, en un conflicto de competencia existente con el tribunal oral, para resolver sobre el control y cumplimiento de todas las condiciones, imposiciones o instrucciones establecidas sobre el imputado en el caso de suspensión del procedimiento a prueba. De esta forma, el tribunal oral excedió su campo jurisdiccional al no contar la facultad revisora ni de superintendencia respecto de las resoluciones establecidas por el juez encargado de controlar la ejecución de las condenas conforme lo dispuesto por el inc. 2°) del art. 493 del C.P.P.P.
Recurso de apelación (procesal), medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 61 c/ AUTOMOTORES HNOS. BERUTTI Y GOSIO S.A.C.I.F.I.A.M. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-21

La facultad que otorga el inc. 2º del art. 36 del C.P.C.C. si bien es discrecional de los jueces ejercerla, es sabido que debe usarse con suma prudencia y de ninguna manera constituirse en supletoria de la negligencia o inactividad de las partes. No se pretende desconocer las facultades privativos de los jueces de ordenar medidas para mejor proveer, directamente relacionadas con el deber que le incumbe administrar justicia según el derecho, sobre la base de la verdad averiguada sobre ese hecho, pero la misma debe ejercerse en la medida que no se viole el principio del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), el derecho de defensa, los principios de bilateralidad e igualdad de las partes.

No puede dejar de considerarse que el juez ha ordenado una medida que no se encuentra contemplada en la ley ritual, ya que la misma consiste en la producción de una prueba instrumental no ofrecida por la actora al entablar la demanda, ni ésta cumplimentó a su respecto los recaudos previstos por el art. 310 del Código Procesal, por lo que corresponde hacer lugar a la apelación deducida contra la medida mencionada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerosa, José Pascual c/ Fergui S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

La apreciación de la suficiencia técnica de la expresión de agravios, el análisis de la prueba pericial, documental y testimonial, así como establecer si debe prosperar determinado rubro de la indemnización, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas en principio a la casación.
Contrato de trabajo, despido por falta o disminución de trabajo, crisis económica
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, ROMINA JUANA c/ IMOCOM GESTION E INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

La disminución o falta de trabajo comprendida en el art. 247 L.C.T. se configura cuando se acredita que la situación deficitaria no es imputable a la empresa habiéndose actuado con la diligencia exigible a un buen hombre de negocios, que en el caso se confunde con la figura del buen empleador a que hace referencia la LCT. La mención a una crisis general que ha afectado a toda la actividad económica no basta para habilitar el despido con menos indemnización. Lo que interesa es el conocimiento del impacto de esa crisis en la demandada y los actos por ella cumplidos para salir de una situación como la aludida.
Leyes, encubrimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Empresa Geosur S.A. Rawson s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

Nuestra legislación, a diferencia de otras, no restringió la aplicación de la figura contenida en el art. 278 del Código Penal, incorporado por ley 25.246, en torno a determinados delitos primarios sino que, por el contrario, cualquier infracción del Código Penal o de sus leyes represivas especiales puede ser considerada a los efectos de su configuración típica.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Confirmación de sentencia, acción revocatoria concursal, cesación de pagos, transferencia de fondo de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: AB TRAVEL SA (QUIEBRA) C/TIJE SA S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-26

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la revocatoria concursal opuesta por el actor contra la transferencia parcial de cierto fondo de comercio y en consecuencia mandó a restituir los activos por una suma determinada. Ello por cuanto, en el caso, rige a los efectos de la fijación del inicio de la cesación de pagos la LCQ 115. La resolución que fija la fecha de inicio del estado de cesación de pagos, resulta oponible a la fallida, sus acreedores y terceros intervinientes en el trámite incidental del que mana tal decisión. En ese marco, el accionado, como tercero que contrató con la fallida, más allá de no haber intervenido en el trámite de fijación de la fecha de inicio de la cesación de pagos tuvo la posibilidad de controvertirla tanto en el "sub lite", como en el proceso falencial. Además, es clara la ley en cuanto que ante un supuesto como el presente, los terceros interesados no intervinientes en el incidente que fija la fecha comienzo de la cesación de pagos, pueden controvertir ampliamente la resolución respectiva. Dentro del proceso desarrollado en el caso, la accionada contó con amplias garantías para demostrar que la fecha en que se celebró la transferencia cuestionada, no se encontraba dentro del período de sospecha. Mas, no lo hizo, no ofreció prueba alguna o aportó elementos que permitan discrepar con la fecha determinada.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: TARSA Tambores Argentinos  S.A. c/ Nación Argentina (Ministerio de Economía) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Es procedente el recurso ordinario si el valor cuestionado en último término supera el monto establecido en el art. 24, inc. 6 , ap. a) del decreto-ley 1285/58 sin que corresponda extremar la exigencia de que se efectúe esa demostración en el momento de interponerse el recurso, pues la suma en cuestión emana con claridad de elementos objetivos que obran en la causa .
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, jueces, proceso penal, imputado, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., L. I. c/  s/ amenazas simples, violación de domicilio, amenazas calificadas por uso de arma, desobediencia a una orden judicial, lesiones leves dolosas agravadas por la relación preexistente y mediar en un contexto de violencia de genero, daños-apelación de sentencia condena de prisión efectiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-14

Los cuestionamientos relacionados con la valoración de la prueba efectuada por la Cámara no pueden tener favorable respuesta, puesto que de su análisis se advierte un claro intento de renovar el debate sobre la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común efectuaron los Jueces en ejercicio de funciones propias, sin que en modo alguno se alcance a evidenciar los defectos alegados a los fines de la apertura de esta instancia excepcional, surgiendo del resolutorio atacado que el Tribunal expresó acabadas razones por las que entendía que debía confirmarse la responsabilidad penal del encartado por los hechos atribuidos, diluyendose de esta manera las críticas de la quejosa sobre omisión de tratamiento y apartamiento del estándar de revisión integral, desde que con una simple reiteración de sus agravios apelatorios no logra demostrar los vicios que genéricamente invoca.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, código civil, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Administración General de Puertos c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de Apelación Judicial Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

El Código Civil en su artículo 1502 reconoce la autonomía de los diversos derechos públicos debiendo sus relaciones juzgarse por sus propias normas y sólo en subsidio por las disposiciones de dicha codificación cuando le fueran aplicables.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lazo, Juan Carlos c/ ESEBA S.A. (continuadora de D.E.B.A. s/ Enfermedad por trabajo Potente, Reinaldo Omar c/ E.S.E.B.A. S.A. y D.E.B.A. s/ Enfermedad del trabajador Gómez, Rubén Raúl c/ E.S.E.B.A. y D.E.B.A. s/ Indemnización por enfermedad del trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14|1996-04-09|1997-07-15

No puede válidamente aceptarse la automática aplicación del monto nominal fijado de veinte mil australes, en la resolución 7/89 para el cálculo de la indemnización tarifada en la ley 9688 modificada por ley 23.643, pues se traduce en un flagrante despojo del resarcimiento requerido por el legislador, vulnerándose derechos de raigambre constitucional como lo son los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De la Barra Silva, Eduardo E. c/ Rocha, Benito A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Decir que el padre responde por la culpa del hijo menor de 10 años es una "licencia de lenguaje" y no el verdadero concepto de responsabilidad. La "propia culpa" deriva de una falta de vigilancia o de buena educación en el sentido de la formación de hábitos, consecuencia de los consejos respecto a su comportamiento, -en la calle por ejemplo-. Lejos de responder el padre por el hecho de otro, responde personalmente al incurrir en omisión de sus deberes de vigilancia.-
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., J.A. s/dcia. Vejaciones s/ Pedido de Sobreseimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-19

"La valoración del carácter razonable de la duración del procedimiento debe ser efectuada a través de los tres criterios puestos de manifiesta por la jurisprudencia ya constante del Tribunal: complejidad del asunto, conducta del interesado y comportamiento de las autoridades judiciales. .....el referido principio de raigambre constitucional referido a la "justicia pronta" impone evitar la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil "dentro de lo razonable" empero, la mera prolongación del proceso no afecta de por sí las garantías constitucionales, sino sólo cuando una mayor celeridad es posible dentro del regular trámite legal".
Fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA ROCHA JOSE FERNANDO c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Los cuotapartistas carecen de legitimación activa para accionar individualmente por cuestiones vinculadas con el activo del patrimonio colectivo, pues la representación le corresponde a las sociedades gerentes (cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala IV, "Abaham, Mónica Graciela c/ PEN Ley 25561 decr. 1570/01, 214/02 s/ amparo"; Emilio Radresa, "Bolsas y contratos bursátiles", Ed.

Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 268; Wetzler Malbrán, Germán, "Fondos comunes de inversión; recursos de amparos promovidos por cuotapartistas", LA LEY, 2002-D, 1308; y Paolantonio, Martín, "Los fondos comunes de inversión y la emergencia económica", LA LEY, 2002-F, 1507).
Obligaciones en moneda extranjera, ejecución del convenio, acuerdo de partes, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Denegri Jorge Omar c/ Medus Miguel Alfredo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-23

Las obligaciones en moneda extranjera no tienen carácter dinerario, como lo preveía la ley de convertibilidad 23.928 y el anteproyecto del código. Por lo tanto, si las obligaciones se pactan en moneda extranjera, ella es considerada como de dar cantidades de cosas -art. 765-. Dicho tipo de obligación no está prohibida, como ocurre en otros países, sino que, por el contrario, puede ser usada y así lo prevé el código en numerosos supuestos (contratos bancarios). Ahora, la obligación que tiene por objeto una prestación en moneda extranjera, presenta el problema del pago. Conforme con el régimen del código, la regla es que el deudor tiene la opción de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. La norma no es imperativa o de orden público, por lo que puede ser dejada de lado por acuerdo de partes en uso de la autonomía de la voluntad -arts. 958 y 962 CC-, pudiéndose pactar a partir de ello y en función del art. 766, que el deudor deba entregar la cantidad correspondiente de la especie designada (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, concursos, incidentes, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, ley nacional, jueces, deberes del juez, sentencia, fundamentos suficientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.C.R.A. s/ LEGAJO DE FOTOCOPIAS PERTENECIENTES A LOS AUTOS B.C.R.A. -INCIDENTE  DE REVISION EN BID -QUIEBRA- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que el planteo propuesto por el Banco Central- en sustancia, que lo decidido por la Alzada importaba soslayar la aplicación de los artículos 13 y 15 de la ley 24432 así como del artículo 1627 del Código Civil sin fundamentación alguna- no podía considerarse inconducente para resolver la litis a punto tal de no recibir respuesta alguna, habida cuenta la magnitud de la cuantificación. Siendo ello así, cualquiera fuese la decisión en torno al tema debía estar debidamente motivada ya sea para desestimar la articulación, ya sea para justificar que el caso encuadraba dentro de la excepción legal, explicando a esos efectos cuál había sido concretamente el trabajo realizado por los profesionales a fin de demostrar que su calidad, extensión y eficacia era proporcionada -o no- con la retribución fijada .

Dicha solución se refuerza teniendo en cuenta que el precepto legal en cuestión ( art. 13 de la ley 24432) ha sido aplicado en materia de incidentes concursales y tal temperamento no ha merecido objeción del Alto Tribunal de la Nación.

Resta agregar que en estos casos se agudiza el deber indeclinable de los jueces de sopesar con un grado de suma prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones, más cuando las causas exhiben una significación patrimonial genuinamente de excepción, donde la motivación de la sentencia no puede considerarse constitucionalmente satisfecha con una mera remisión a fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias.
Sentencia condenatoria, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Miranda Brochero Adrian Elias s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-03

El art. 58 CP es preciso al disponer que al momento del pronunciamiento condenatorio el condenado debe estar cumpliendo pena por otro delito anterior, por lo que, la unificación dispuesta debe ser anulada toda vez que para esa época la pena anterior estaba vencida. El voto concurrente agregó que cuando se está en presencia de la segunda hipótesis del art. 58 CP el pedido de parte es imprescindible, puesto que la jurisdicción para unificar es nueva. En autos no medió pedido de la defensa o el imputado, por lo que, estando agotada la pena anterior, debe anularse la unificación dispuesta. La disidencia sostuvo que a los fines de la primera regla prevista en el art. 58 CP habrá de tomarse en consideración la vigencia de la primera condena y la fecha del nuevo hecho, de modo tal que, comprobada su comisión antes de extinguirse las penas anteriores por su cumplimiento, ya rige la mencionada regla aunque el curso del proceso por el nuevo delito exceda temporalmente la duración de aquella pena.
Derecho comercial, concursos, base imponible, tope regulatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Compañía Papelera Sarandí SAICII Y A c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Dado que el monto del activo prudencialmente estimado supera la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), resulta aplicable la limitación prevista en el último párrafo de la LCQ 266, incorporado por el art. 14 de la ley 25563. Ello así, pues a diferencia de otras modificaciones producidas por la ley 25563, la limitación introducida por su art. 14 al art. 266 de la LCQ no se derogó específicamente, de lo cual puede seguirse que la intención del legislador ha sido mantener el tope que con esa normativa se incorporó, es decir, que cuando -como en el caso- el activo prudencialmente estimado supera la suma de $ 100.000.000, la retribución profesional debe fijarse con el 1% calculado sobre esa pauta (CNCom, Sala D in re "Lugones Center SA s/ concurso preventivo", del 17/09/19; CNCom, Sala C, in re "Industrias Alimenticias Mendocinas SA s/ concurso preventivo", del 10/12/15; Sala F, in re "Cabelma SA s/ concurso preventivo", del 05/06/14, entre otros).