Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30


AUTOS N° 20.237 (4.225 - 2° FAMILIA) "A. D. A. C/ O. S. E. - DIVORCIO VINCULAR - ORDINARIO - INCIDENTE EJECUCIÓN HONORARIOS - DR. LEONARDO SÁNDEZ" L. DE A. T° 168, F° 29/31 SAN JUAN 30 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.237 (4.225 - 2° FAMILIA) caratulados: "A., D. A. C/ O. S. E. - Divorcio Vincular - Ordinario - Incidente Ejecución Honorarios - Dr. Leonardo Sández", el recurso de apelación interpuesto a fs. 17-19 contra la resolución de fecha 18-06-2009, dictada por el Segundo Juzgado de Familia.

Y CONSIDERANDO:

1. Había dispuesto el juez a quo ordenar la traba del embargo ejecutivo sobre los haberes que percibe el Sr. D. A. A. como dependiente del Ministerio de Educación de San Juan, en la proporción de ley, a cuyo fin ordenó girar oficio. El Ministerio de Educación de San Juan contestó el oficio en fecha 16 de marzo de 2005 y comunicó al Juzgado "que al Sr. D. A. A., se le efectuará el descuento correspondiente a partir del mes de Agosto del año 2009 por cuanto el demandado registra una traba anterior ordenada por el Juzgado Nacional de 1° Instancia Comercial N° 16 Secretaría 160 C.F. Autos 14978, según informe del Departamento Contable de este Ministerio".

2. Dictada la sentencia de remate, el Dr. Leonardo R. Sández, solicita la reinscripción del embargo el día 17 de junio de 2009 y el juez provee estar a las constancias de la contestación del referido informe del Ministerio de Educación de San Juan, glosado a fojas 10. Apela la providencia y manifiesta en el informe del recurso: Ante la proximidad de la caducidad de la inscripción del embargo que se producirá en fecha 18/11/2009, peticiona sea reinscripto. Arguye que el juez ha dado demasiada importancia a la insuficiente y "desactualizada contestación del oficio que comunica el embargo sobre remuneraciones de la ejecutada a la oficiada (Ministerio de Educación), contestación producida hace casi cinco años atrás, y que por circunstancias que se han producido con posterioridad a dicha contestación, ha quedado desactualizada". Ve en la denegatoria una actitud imprudente por confiar en demasía sobre la fecha indicada en la contestación del oficio en que se trabará el embargo. En dicha contestación no se informa el monto de las cuotas del descuento a concretar por el embargo. Además la utilización del tiempo potencial del verbo, "comenzaría" a descontar no alienta a tener la seguridad que así lo hará la Administración, haciéndolo aún más dudoso. Dice que por averiguaciones personales realizada en la Oficina de Embargos del Ministerio de Educación, ha podido tomar conocimiento que la cautelar no tendrá cumplimiento hasta febrero o marzo del año 2010, es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad. "En definitiva, no existe razón lógica para que la mentada contestación de fs. 10, torne improcedente o excluya la precaución de anticiparse a la extinción del embargo por el plazo de cinco años del art. 213 del C.P.C." 3. Sin lugar a duda, el ejecutante está en todo su derecho a actualizar la inscripción del embargo ordenado en autos. El art. 213, 2da. parte del CPC se lo confiere cuando establece: "Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación en el Registro de la Propiedad, salvo que a petición de parte se reinscribieren antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso". La norma es aplicable al caso de embargo sobre haberes o sueldos, en tanto la ley N° 9511 (modificada por la ley N° 14.443) no resulta incompatible con la referida norma procesal mientras no excedan los límites de inembargabilidad con las proporciones indicadas en su artículo 2.

Estando próximo a vencer el plazo de caducidad, la reinscripción del embargo no puede negársele al acreedor insatisfecho, pues la ley le reconoce el derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado (conf. art. 505, inc. 1° del C.C.). La denegatoria resulta arbitraria, pues si pronto vencerá el plazo de caducidad, no hay motivo para postergar la decisión. El recurrente dice bien, la resolución no pudo estar meramente fundada en un informe desactualizado del Ministerio de Educación. Todo ello importa poner en peligro la legítima expectativa del beneficiario de los honorarios ejecutados para que la jurisdicción ejerza la coacción y le haga cumplir al deudor la obligación que no quiso voluntariamente satisfacer.

El plazo establecido por la ley produce la caducidad del derecho y responde a razones de orden público, pues frente a la falta de reinscripción, la ley presume ipso iure, la pérdida de interés actual por parte del acreedor. Obviamente, la situación contraria se demuestra con el pedido de revisión de la resolución adversa de primera instancia.

Por ello, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación, a fin de que el juez de la causa ordene la reinscripción del embargo como lo ha solicitado el recurrente.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.