Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-23


C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 23 de Mayo de 2005.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Alfredo Carlos Dato, el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del tercero civil demandado Empresa de Transporte El Ceibo S.R.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado Correccional de la Ia. Nominación, del 08/11/2004 (fs. 210/211 vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 03/02/2005 (cfr. fs. 224 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la improcedencia del remedio extraordinario local (cfr. fs. 237/238). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.-Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del tercero civil demandado empresa El Ceibo, contra la sentencia del Juzgado Correccional de la Ia. Nominación de fecha 08/11/2004 que no hace lugar al planteo de incompetencia y recurso de reposición formulados por aquél y, en consecuencia, mantiene el proveído de fecha 19/11/2003.

II.- El recurrente aduce que la sentencia es arbitraria por basarse en una interpretación voluntarista, unilateral y por falta de fundamentación. Afirma la definitividad sentencial en tanto si el fallo quedara firme no tendría acción alguna a los fines de lograr la remisión de los actuados al Juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo de El Ceibo S.R.L.

Alega que el art. 21 de la LCQ manda radicarse ante el Juez del Concurso todos los juicios de contenido patrimonial (concreción de demanda civil); que el juez natural -Juez en lo Civil y Comercial Común- es también el Juez del Concurso Preventivo.

Le agravia que se considere que la acción civil como accesoria del proceso penal; entiende que bajo ningún aspecto puede interpretarse ello, que se trata de dos acciones autónomas que responden a un solo hecho que origina dos tipos de lesiones al ordenamiento jurídico, una de orden público y otra tendiente al resarcimiento que dicha conducta ocasiona en el sujeto particular; que la acción entablada es un juicio civil distinto al penal aun cuando se dirima por ante el mismo juez por lo que éste no es el único juez natural de la causa.

Indica que lo decidido colisiona con los principios de pars conditio creditorum y el fuero de atracción a los fines de resguardar a la masa de acreedores individuales y de garantizar la ecuanimidad judicial en la decisión de las causas. Cita jurisprudencia. Manifiesta que es evidente el carácter de contenido patrimonial de la concreción de la demanda civil efectivizada; que el crédito es netamente concursal por haberse supuestamente devengado antes de la presentación y del dictado de la sentencia de apertura del Concurso Preventivo. Invoca la seguridad jurídica sobre la base de que algunos acreedores (de la Sra. Porven) mediante ejecución individual y aprovechando la decisión de un Juez que no es el de Concurso, persiga la ejecución de sus respectivos créditos, colocándose en una situación ventajosa respecto de los demás, o gravar el pasivo con gastos innecesarios en una clara afectación de la pars conditio creditorum.

Le causa gravamen que el juez sentenciante invoque la economía procesal como sustento de su decisión pues ello es confundir la finalidad del art 21 LCQ con aquélla, la que no tiene relación alguna con la letra de la ley. Igualmente le agravia la falta de valoración del pedido efectuado por el recurrente (declaración de incompetencia y remisión de los autos al Juzgado del Concurso) que fuera omitida, dice, por el Juez, pues si bien no hay un plazo perentorio corriendo, existe un proceso en trámite y es precisamente dicho proceso el que debe ser suspendido y remitido al Juzgado del Concurso.

Cita jurisprudencia; propone doctrina legal y solicita se deje sin efecto la sentencia recurrida con costas.

III.- Por auto interlocutorio del 03/02/2005 la alzada concede el recurso de casación correspondiendo en esta instancia el examen de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia de fecha 08/11/2004 considera, del análisis de las constancias de autos y de la lectura del recurso presentado a ese tribunal, que en realidad, lo solicitado por el apoderado del 3ero. civil demandado, Dr. Torres, a fs. 199 y vta. se trata de un pedido de declaración de incompetencia por parte del suscripto en la cuestión civil y para ello pidió la suspensión de términos que el tribunal provee a fs. 192 y finalmente motiva este recurso de reposición. Que ello así, y por razones de economía procesal, analiza los dos aspectos. Al respecto considera, primero, que el apartado III del decreto de fecha 19/11/2003 (que niega la suspensión de términos y remisión al Juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo de El Ceibo SRL) se encuentra ajustado a derecho ya que de la simple compulsa de autos se desprende que efectivamente no se encontraba corriendo ningún término y por otro lado, el quejoso tampoco lo identifica o indica, por lo que mantiene en el punto el proveído atacado. En segundo lugar, respeto a la incompetencia del tribunal para el diligenciamiento y conocimiento de la cuestión civil, por la causal del fuero de atracción motivado por el Concurso de uno de los demandados civiles, se pronuncia por el rechazo del planteo pues entiende que, por la naturaleza de la cuestión, el tribunal es competente para intervenir en el juicio penal principal por el delito de Lesiones Culposas y en la acción civil que es accesoria respecto a la penal. Que la accesoriedad responde a distintas razones, siendo la más importante la economía procesal evitando que el damnificado por un delito se encuentre con la necesidad de diligenciar un juicio penal y además ocurrir a la jurisdicción civil tramitando otro juicio, por un mismo hecho, cuando su pretensión resarcitoria puede resolverse en un solo juicio, aún siendo esta última accesoria de la penal, lo que surge de "Las facultades otorgadas, al Juez por el art. 29 CP" ya que tratándose éste de orden público solamente puede aplicar los preceptos de este artículo a la cuestión civil el juez penal competente. Se pregunta cómo podría aplicar el art. 29 CP el Juez Civil o Comercial de la Liquidación del 3ro. Civil Responsable a la demanda civil. Que ello no puede ser de ningún modo porque la competencia es improrrogable, por ello ante la colisión de dos normas de orden público como son las del art. 21 inc. 1° y el art. 29 CP, en virtud de la accesoriedad, Juez Natural e improrrogabilidad de la jurisdicción y competencia antes apuntadas, prevalece la aplicación de éste último, es decir, el Código Penal. Que admitir que se desplace territorial y materialmente la competencia del Juez Natural del proceso, resultaría claramente atentatorio contra garantías constitucionales vinculadas a este principio, al de legítima defensa en juicio, debido proceso legal y derecho de propiedad de las víctimas y damnificados por el delito. Agrega que la facultad o posibilidad de accionar civilmente en el proceso penal, es un derecho que le acuerda la ley a los actores civiles, que no puede ser restringido de modo alguno, y menos por una situación a la cual es totalmente ajeno.

Concluye no haciendo lugar al pedido de incompetencia formulado por el apoderado del tercero civil demandado y en consecuencia mantener el proveído de fecha 19/11/2003 desestimando el recurso de reposición interpuesto contra aquél. Impone las costas al tercero civil responsable Empresa El Ceibo S.RL. (arts. 550 y 551 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio puestos en relación con los fundamentos sentenciales, se concluye en que el recurso no puede prosperar.

El núcleo de la cuestión consiste en desentrañar cómo debe ser resuelta la aparente pugna entre dos normas de orden público en juego, como son las de los arts. 29 CP y 21 inc. 1° de la LCQ.

La conclusión que se deriva del análisis pormenorizado de esta temática lleva a la confirmación de la sentencia en crisis.

En efecto, en primer lugar, cabe expresar que la solución de un conflicto normativo como el de autos debe efectuarse siempre dentro del contexto de la hermenéutica propiciada por la CSJN quien reiteradas veces ha sostenido que la interpretación que de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (CSJN, Fallos 1:300; 305-973; 301-460; etc.).

Ahora bien, el fuero de atracción concursal obedece al interés general de la justicia en dar intervención a un solo juez en todas las cuestiones atinentes a un patrimonio que, como prenda común de los acreedores se ha de recaudar, liquidar y transmitir bajo la dirección uniformada de aquél. De este modo se tiende, principalmente a garantizar la igualdad de tratamiento a los acreedores concursado (par conditio omnium creditorum).

De otra parte, el art. 29 CP es una norma de carácter procesal, de orden público, que determina la competencia del juez penal para resolver el reclamo civil incoado en sede penal, si el damnificado de un delito opta por tal vía. Ello significa que en el mismo proceso criminal podrán resolverse ambas cuestiones: la civil y la penal. Y por esto es que el CPPT reglamenta expresamente el ejercicio de la acción civil en el proceso penal (arts. 24/27).

La competencia del juez penal sobre la acción civil ex delicto (y por ello derivada de un hecho ilícito y no de la actividad patrimonial de la concursada o su garantizada) no puede ser prorrogada; ella es exclusiva y excluyente; la extensión del daño causado interesa tanto para el encuadre del caso (figuras agravadas según la entidad del daño) como a los fines de la fijación de la pena aplicable. De ello se concluye que sólo la intervención del damnificado en el proceso penal le permite una adecuada defensa de sus derechos en lo referente a la existencia del ilícito, sus autores y el daño causado. Y que solo la constitución en parte civil en el proceso penal le permitirá la actividad probatoria adecuada a sus intereses y la acumulación en un único juicio de su pretensión resarcitoria.

Cabe observar asimismo, que no existe norma expresa que prive al damnificado del derecho de opción consagrado en el art. 29 del CP y que ello no puede deducirse implícitamente de la norma que fija el fuero de atracción en caso del concurso.

A su vez, este art. 29 del CP está vinculado estrechamente con el instituto de la prejudicialidad penal. Así la doctrina entiende que resulta ajustado a la CN que el Congreso dicte esta disposición de carácter procesal contenida en el art. 29 CP en virtud de la regla de prelación establecida por el art. 1101 del CC a favor de la acción penal respecto de la civil. Y que "esta regla justifica perfectamente que el Congreso le asegure al damnificado por el delito la posibilidad de eludir los inconvenientes que ella misma puede significar para lograr la reparación civil en distinta sede que la penal, ya que de otra manera, según lo prueba la experiencia, el perjudicado podría ver frustrado su derecho a la indemnización del daño sufrido y a la restitución del objeto de que lo ha privado el delito, por lo menos hasta la terminación del proceso criminal..." (Ricardo Nuñez, "La acción civil en el proceso penal", p. 44, citado por el Sup. Trib. de Córdoba, sala penal, 2001/11/02, fallo publicado en LL Córdoba, 2002-599; muchos de cuyos conceptos son asumidos en la presente).

Es que el legislador, al establecer la denominada prejudicialidad regulada en el Código Civil -arts. 1101 a 1103-, en realidad ante el supuesto de una pendencia coexistente de ambas acciones respecto de un mismo hecho, ha consagrado una verdadera subordinación de la acción civil a la penal, a fin de evitar el escándalo jurídico que se derivaría de dos sentencias contradictorias sobre la existencia de un hecho y sobre la autoría y culpabilidad del demandado.

Esta subordinación de la acción civil a la penal, ya ha sido declarada por esta CSJ en precedentes en los que se dijo que el ordenamiento jurídico procesal penal de Tucumán, admite que se promueva en el proceso penal, la acción civil destinada a obtener la restitución del objeto material del delito y la indemnización del daño causado, y confiere legitimación activa al damnificado directo "aunque no fuera la víctima del delito" (art. 24 C.P.P.T.). El carácter accesorio de la acción civil se desprende con claridad de lo dispuesto en el art. 26 C.P.P.T., según el cual la acción resarcitoria podrá ser ejercida en el proceso sólo cuando esté pendiente la acción penal. Se trata de una accesoriedad de carácter procesal, y no absoluta, ya que, como el texto legal lo expresa, la absolución del acusado no obstará a que el Tribunal se pronuncie sobre ella en la sentencia, ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que el tribunal correspondiente decida sobre la civil. Siendo el objeto principal del proceso la acción penal incoada, es ésta la que determina la competencia de los órganos jurisdiccionales (cfr.: CSJT, sent. n° 198/98).

Por lo demás, aún de aplicarse el fuero de atracción concursal sin restricción alguna a la acción civil ejercida en sede penal, ello implica que, a raíz de la mentada prejudicialidad penal, el Juez del Concurso, si bien podrá dar trámite a la causa atraída, no podrá dictar una sentencia relativa a dicha acción civil, hasta el dictado de la sentencia penal, que fije el hecho principal, común a ambas acciones. Ello impedirá la verificación de crédito tempestiva y por ende no se cumplirá con uno de los principales fines perseguidos a través del fuero de atracción: la determinación inmediata de la masa pasiva.

A ello se añade que, como se adelantara supra, se vulneraría la garantía constitucional de la defensa en juicio, respecto a las partes civiles desplazadas del fuero penal y atraídas al fuero concursal, pues entonces se verán impedidas de interponer pruebas, defensa y recursos siendo que la sentencia penal hará cosa juzgada respecto de la fijación del hecho, así como sobre la atribución subjetiva del imputado en el evento. Tal lo que le sucederá al actor civil en los casos en que (distinto al presente) no se haya constituido en querellante particular, así como a la citada en garantía por la co-demandada concursada, que al seguir la suerte de su asegurada, resultará atraída por el fuero concursal.

Lo expuesto, sin perjuicio de que en la especie, el actor civil se haya constituido en querellante particular y que tanto la demandada como la co-demandada hayan planteado y accedido al planteo respectivamente a favor del fuero concursal, pues las normas de aplicación son reglas que atañen a la competencia, de orden público y, por ende, indisponibles para las partes.

Entonces, teniendo en consideración los objetivos previstos para los institutos concurrentes: fuero de atracción concursal, prejudicialidad penal y competencia excluyente del juez penal respecto de la acción civil "ex delicto", el carácter que reviste esta en el proceso penal y el derecho de opción del damnificado, se concluye en que la acción civil ejercida en sede penal no es atraída al fuero concursal.

VI.- Atento al resultado del recurso y a la dificultad e índole de la cuestión debatida, las costas de la instancia casatoria se imponen por el orden causado (art. 551 y 4 CPPT; 106 inc. 1º CPCC).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado del tercero civil demandado empresa El Ceibo S.R.L., contra la sentencia del Juzgado Correccional de la Ia. Nominación de fecha 08/11/2004, por lo considerado.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA