Excusación, excusación por denuncia o acusación, exacciones ilegales, deberes del juez, deber de imparcialidad, jerarquía constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VIZCAY, DIEGO s/ Contrabando, incidente de excusación del Dr. Guillermo Juan Tiscornia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

1 - La gravedad extraordinaria de la imputación puesta en cabeza del magistrado interviniente (en el caso, el presunto delito de exacciones ilegales), sumadas a las circunstancias particularísimas que rodearon esa imputación, en la cual se encontrarían también imputados familiares directos del Juez, imputaciones éstas que en principio podrían tener un grado de sustento que habría motivado la orden judicial de inspección domiciliaria del pariente en cuestión, han generado un marco de situación por el cual, en su especificidad, se advierten serias y fundadas sospechas que en este contexto al magistrado denunciado no le sería posible mantenerse en una posición de equidistancia e imparcialidad, circunstancia vaticinada por la resolución de este incidente en la que se describió la situación de violencia moral en la que el Juez se encontraría inmerso, de modo tal que ante esta situación de excepción y por tenerse en cuenta la expresa jerarquía constitucional de la garantía de imparcialidad del Juez, corresponde aceptar la inhibición del magistrado que actualmente interviene en la causa, con el propósito de procurar asegurar aquella exigencia constitucional, la mejor administración de justicia, la debida marcha del proceso y los derechos de las partes justiciables.- 2 - A pesar de que por el Art. 55 del CPP se prevé que para que resulte motivo de inhibición, el magistrado debe ser denunciado por alguna de las partes con anterioridad al comienzo del proceso, no puede soslayarse la particular circunstancia evidenciada por el mismo juez en cuanto a que, de modo sobreviniente a la formación del expediente penal, se han formulado serios cargos vinculados a la presunta comisión del delito de exacciones ilegales y, en este contexto y en atención a las referencias efectuadas con relación a la violencia moral que ello habría provocado a quien pretende inhibirse, debe establecerse que, aunque por el ordenamiento procesal se dispone una diferencia entre las causales de excusación tasadas y las extraordinarias, que implican un deber para el Juez en el caso de las primeras y una facultad en lo atinente a las segundas (Art. 30 del CPCC), la finalidad de la articulación entre las dos clases de causales debe estar guiada por la misma esencia: que en ambos casos resulte posible que se encuentre comprometida la imparcialidad y/o la serenidad de decisión de quien debe resolver. Así, conforme a lo expresado por la CSJN en casos similares al presente, la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial es admitida excepcionalmente en los procesos penales y sólo debe hacerse cuando el Juez invoca argumentos serios y razonables por los cuales se demuestre que el magistrado se halla impedido de continuar interviniendo con la imparcialidad necesaria (FALLOS 320:519).- 3 - Mediante los institutos de la inhibición y de la recusación se tiende a asegurar la imparcialidad del Juez; este propósito permite el apartamiento del magistrado interviniente, tanto en el caso en que se haya comprobado con certeza la ausencia de ecuanimidad de aquél como consecuencia de alguna de las situaciones previstas por el Art. 55 del CPP, como en la hipótesis en que exista una posibilidad fundada de parcialidad, dado que se trata de garantizar la ausencia de perjuicios a favor o en contra de las personas o de la materia acerca de las cuales el Juez debe decidir, evitándose toda sospecha de parcialidad posible, inclusive aquella que resulte independiente de la intención del Juez o del mayor o menor grado de la fuerza moral de aquél; en suma, se procura garantizar la intervención de un órgano jurisdiccional que no comprometa la confianza de las partes.- 4 - La imparcialidad del Juez no es una exigencia sólo de características procesales o legales, sino que tiene jerarquía constitucional, pues no solamente se encuentra explícitamente exigida por diversos pactos internacionales que tienen aquella jerarquía en virtud de lo establecido por el Art. 75, inc. 22, de la CN, sino que es una característica propia de la garantía del Juez natural, establecida por la CN (Art. 18), y en sustento de la vigencia concreta de igualdad ante la ley (Art. 16 CN), que en materia jurisdiccional sólo puede tener lugar a partir de la existencia de un juzgador imparcial, cupiendo recordar en tal sentido lo dispuesto por el Art. 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Art. 10 de la Declaración de Derechos Humanos, el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.