Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2008-02-28


2º Instancia. - Formosa, Febrero 28 de 2008 I. Relación de la causa:

La doctora Bentancur dijo:

Víctor Hugo Fernández y Virgilia Rigonatto de Fernández promueven contra Ambrosio Bobadilla y Walter Bruno Bobadilla (h) demanda por reivindicación del inmueble ubicado en la calle Don Segundo Sombra Nº 1368 del Bº Villa Hermosa de esta ciudad, sobre el cual tienen derecho real de usufructo vitalicio. A fs. 22 amplían la demanda contra Carlos Fabián Bobadilla y a fs. 53 y 61 desisten de la demanda contra Ambrosio Bobadilla y Walter Bobadilla, respectivamente.

Los hechos en que los accionantes fundan la acción y demás alternativas de la causa acaecidas en la inferior instancia, hasta llegar a la sentencia, se encuentran relatados en los "Resultandos" de la misma, a los que cabe remitirse por razones de brevedad y por reputarse lo allí expuesto suficiente a los fines de la resolución del recurso en análisis. En consecuencia, se hará referencia al fallo apelado y a lo actuado con posterioridad a dicho pronunciamiento.

La sentencia, obrante a fs. 279/284 vta., resuelve desestimar la acción de reivindicación promovida, inicialmente, por los Sres. Virgilia Rigonatto de Fernández y Víctor Hugo Fernández -fallecido y representado por sus herederos forzosos- contra el Sr. Carlos Bobadilla en relación al inmueble ubicado en la calle Segundo Sombra Nº 1368 del Bº Villa Hermosa de esta ciudad, con costas a los actores vencidos.

Notificadas las partes del fallo en cuestión, el mismo es apelado por Virgilia Rigonatto de Fernández, siéndole concedido el recurso libremente.

Elevados los autos a la Alzada, son puestos en Secretaría para que la parte apelante exprese agravios dentro del término de diez (10) días, a cuyo fin presenta el escrito de fs. 296/298 y, corrido traslado del mismo a la contraria, es contestado a fs. 299/300. Con dichos recaudos se llama autos para sentencia mediante providencia de fs. 300 vta., que se encuentra firme y, en consecuencia, el recurso en condiciones de ser resuelto.

El doctor Pignocchi dijo: Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II. CUESTIONES A RESOLVER:

La doctora Bentancur dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

El doctor Pignocchi dijo: Adhiero a dichas proposiciones.

III. A las cuestiones planteadas:

La doctora Bentancur dijo:

En primer lugar quiero puntualizar, en cuanto a las críticas de la parte demandada - apelada sobre la suficiencia del escrito de expresión de agravios, que esta Alzada, siguiendo la jurisprudencia mayoritaria, ejerce con criterio restrictivo la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios, ya que lo contrario puede llevar a que se afecte arbitrariamente el derecho de defensa en juicio. Además, en caso de dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga de rebatir adecuadamente las motivaciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tener por cumplida la susodicha carga.

La recurrente critica la sentencia apelada expresando que se agravia de la interpretación que efectúa la sentenciante del escrito de demanda, pues su parte en ningún momento ha "afirmado y reconocido" que "habrían decidido vender la propiedad de autos"; además, la escritura pública que la sentenciante pretende hacer valer como acto que se tradujo en la "entrega de la posesión" no es tal ya que fue nulificada por la falta de firma de uno de los comparecientes (Srta. Gilda Fernández) y, por lo tanto, es de ningún valor para todos los firmantes y constituye un hecho inexistente. Recalca igualmente que la sentenciante sostiene que dicha escritura fue la que otorgó la posesión a los demandados, obviando al respecto lo previsto por el art. 2378 del C. Civil, por lo que es falso que se haya hecho entrega de la posesión del inmueble mediante escritura pública. Se agravia asimismo de la absoluta contradicción del fallo en crisis, en cuanto, por un lado, tiene por acreditado que los actores fueron lanzados por el Juez Penal del inmueble y por el otro lado sostiene que no puede prosperar la acción cuando existe entrega voluntaria de la posesión, puntualizando que además de lo que expusiera con relación a la inexistencia de la escritura pública y de la tradición, evidentemente, el hecho de haber sido lanzados del inmueble es opuesto a una entrega voluntaria o tradición. Sostiene que en la especie no ha existido tradición, sino que, por el contrario, su parte fue lanzada por la fuerza pública por imperio del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, tal como la contraria en los alegatos y la misma sentenciante en los Considerandos del fallo recurrido lo han estimado, resultando evidente entonces que la sentencia se basa en hechos falsos y no constituye una derivación racional del derecho vigente, pues se ha apartado expresamente de lo dispuesto por la ley, por lo que solicita su revocación y que se dicte nuevo pronunciamiento haciéndose lugar a la demanda en todas sus partes, con costas a la contraria.

En nuestro medio rige el principio de substanciación (contrario al principio de individualización de origen germano) en lo atinente a la redacción del escrito de demanda. Ello determina que la relación circunstanciada y detallada de los hechos constitutivos, sea más importante que su calificación jurídica; quedando esta última librada al criterio judicial (conf. Jorge W. Peyrano, "Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial", Ed. Zeus, Rosario, 1983, pág. 89).

Se ha dicho que la exteriorización de los hechos en el proceso es tarea vital e insustituible para las partes, ya que si es subsanable la omisión o incorrecta cita del derecho, no sucede así con los hechos, con los cuales se conforma la materia inescapable del juicio. Importa para el actor la plasmación de un contenido doblemente apreciable: por un lado, porque sus afirmaciones trasladan a la contraria la necesidad de pronunciarse o no, y en su caso cómo, acerca de ellas. Y además, porque ese camino, introduce al proceso un esbozo de sentencia, o el proyecto de sentencia que quisiera el actor (Cám.Apel.Civ. y Com. San Nicolás, Sala I, 15/8/91, el Dial-W5C68, Lexis, Nº 14/66463).

Son las partes las que aportan los hechos, las que presentan las diversas circunstancias fácticas y sobre ella las afirmaciones, por lo cual, leyendo el escrito de demanda, no cabe sino concluir que la decisión tomada por la A-quo se ajusta al contenido de los hechos expuestos por la parte actora, siendo el fallo una respuesta congruente a lo expresado en el libelo inicial, ya que en este último se hace mención a tratativas de la parte demandada para adquirir el inmueble res litis, las que se llevaron a cabo con uno de los hijos, mencionando los actores que se les advirtió que el bien se encontraba en condominio indiviso y con una reserva de usufructo vitalicio, y luego de averiguarse precios, los demandados entregaron A 650.000 como parte de pago, que después pretendieron hacer valer como pago total y dedujeron una demanda por escrituración que fue rechazada, por la falta de acuerdo sobre el precio y porque la otra condómino no estuvo de acuerdo, especificando "...para una mejor ilustración...que durante el tiempo de las tratativas, valiéndose de la confianza guardada en el transcurso de las negociaciones solicitaron los accionados se les prestara un lugar (se les prestó dos habitaciones independientes que existía en el inmueble) a efectos de guardar bienes muebles que fueran objeto de un presunto y reciente desahucio y que no tenía lugar según manifestaron adonde guardar, conviniéndose que el comodato se resolvería en caso de no prosperar la venta solicitada, debiéndose por consiguiente restituírsenos lo que prestamos, o en su defecto pactarse un alquiler, pero en una actitud que en los demandados al parecer es política corriente, no solo incumplieron este acuerdo, sino que cambiaron el destino del inmueble en casa - habitación, y más grave aún, acto seguido nos denuncian penalmente a fines de 1989 por Usurpación ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2, y caso insólito, dicho Juzgado, ordena nuestro lanzamiento de nuestra propia casa, instalándose los accionados desde entonces hasta la fecha. Y más aún, luego de una serie de resoluciones judiciales (sentencia, recursos, etc.) de la demanda instaurada, donde fuimos condenados en costas, los accionados solicitan la ejecución de sentencia y nos rematan la parte perteneciente del 50% de nuestro hijo Víctor Hugo de la nuda propiedad, quedándose los Bobadillas con dicha parte..." (conf. escrito de demanda, fs. 9/9 vta.).

A su vez del testimonio del Dr. Santiago Juan Volta, prestado a fs. 174/175 a tenor del pliego de interrogatorio de fs. 169, resulta que los Bobadilla entraron a la casa sita en Don Segundo Sombra Nº 1368 de esta ciudad en virtud de una compraventa celebrada con parte de la familia Fernández, negocio que no se concretó porque faltó una firma, de Gilda Fernández, que no quería ceder su parte porque no estaba de acuerdo con la operación, afirmando el declarante que el inmueble es de Gilda Fernández, la Sra. Rigonatto de Fernández, el Sr. Víctor Fernández y el hijo, que cree que se llama Víctor. Cabe destacar que si bien el Dr. Volta, de acuerdo al Poder obrante a fs. 292/293, es apoderado de la parte actora, su testimonio, valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no es descartable, ya que no se advierten razones para tener por disminuida su credibilidad, por lo que al no existir prueba que lo contradiga se lo tiene por veraz.

Por su parte, a fs. 192/194, obra la fotocopia de la escritura anulada que obra al folio número doscientos noventa y cinco y siguientes del protocolo del año mil novecientos ochenta y nueve, tomo número dos, correspondiente a la escribana Olga R. Rins de Silva, entonces titular del Registro Público número nueve de esta ciudad, que según la escribana actuante "No pasó por desistimiento de Gilda Griselda Fernández", donde Gilda Griselda Fernández y Víctor Hugo Fernández dicen que venden y transfieren a Ambrosio Bobadilla un inmueble de su propiedad, que poseen en condominio partes y derechos iguales, que forma parte del Lote Rural veinticuatro de la Colonia Formosa, Víctor Hugo Fernández (padre) y Virginia Rigonatto de Fernández renuncian al derecho real de usufructo que se habían reservado y Ambrosio Bobadilla manifiesta que ya se encuentra en posesión real y efectiva del inmueble por tradición efectuada con anterioridad.

Del testimonio de Rafael Manuel Ojeda, prestado a fs. 207/208 a tenor del pliego de interrogatorio de fs. 205, resulta que la familia de Carlos Bobadilla habitaba el inmueble de Don Segundo Sombra Nº 1368 -que antes habían habitado los Fernández- y le presta al testigo un lugar para que viva con el objetivo de que les cuide la casa, cuando éste vuelve de su trabajo en la Escuela Normal se encuentra con que la puerta de su pieza está abierta, sus pertenencias corridas del lugar y gente habitando el mismo, enterándose que se trata de los que habían vendido la casa, los cuales le piden que retire las cosas porque ellos no le autorizan a habitar el lugar, pudiendo recién a la semana retirar sus pertenencias. También dice el declarante que los actores le entregaron la llave de toda la propiedad al Sr. Ambrosio (el padre de Carlos Bobadilla, según surte de la declaración) luego de que hicieron una operación de compraventa entre la familia Fernández y Ambrosio Bobadilla, especificando que "la casa está dividida en tres partes una de las cuales es la que habita actualmente Carlos Bobadilla la otra, la que habitaba don Ambrosio con su hija y la tercera, la que me fue prestada para habitar, a mí me entregó la llave el Sr. Ambrosio Bobadilla". Del testimonio de Ramón Alberto Castañeda, prestado a fs. 210/211, a tenor del pliego de interrogatorio de fs. 205, resulta que el mismo, que vive al lado del inmueble en cuestión, vió cuando la familia Fernández entregó las llaves de la vivienda res litis a Carlos Bobadilla, que con su familia entró a habitar la casa donde antes vivía la Sra. de Fernández y su esposo Víctor, y que un día a la mañana había muebles en el patio y nuevamente estaba viviendo la familia Fernández y las cosas de Bobadilla estaban afuera; el declarante no observó violencia pero los muebles de Bobadilla estaban afuera y los Fernández habitaban nuevamente la vivienda.

De las declaraciones de los testigos mencionados, a las que se les otorga eficacia probatoria después de apreciarlas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado que los actores entregaron voluntariamente el inmueble a la parte demandada, mediante actos materiales, a lo que cabe agregar que un condómino no puede vender la cosa común ni una parte material de ella, por lo que en el caso, de acuerdo a lo relatado en la demanda, si Gilda Fernández no estuvo de acuerdo con la operación celebrada por Víctor Hugo Fernández (hijo) -ambos tenían la titularidad del inmueble en condominio, partes y derechos iguales- no es que la operación no se concretó (aún cuando no esté aclarado el extremo concerniente al precio), como se afirma en el libelo inicial, sino que el copropietario pretendió enajenar la totalidad de la cosa, lo que importa la venta de una cosa parcialmente ajena, siendo, para la doctrina mayoritaria, un acto anulable y de nulidad relativa (conf. Cifuentes - Sagarna, "Código Civil Comentado y Anotado", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, T. II, pág. 190), por lo que se reputa válido mientras no sea anulado y sólo se tiene por nulo a partir de la sentencia que declara la anulación (arts. 1038 y 1046 del C. Civil).

En el sub-lite se observa que no se ha discutido la nulidad del acto en virtud del cual se hizo entrega del inmueble a la parte demandada, nulidad que debe ser discutida entre enajenante y adquirente, habiendo deducido la reivindicación los titulares del derecho real de usufructo, a lo que se agrega que a fs. 2 obra un acta de remate del 50% del bien res litis, adjudicándose el bien subastado al Sr. Bruno Bobadilla.

La reivindicación contra el adquirente que posee un título nulo o anulable está contemplada en el artículo 2778 del Código Civil, que dispone que la reivindicación compete contra el actual poseedor, aunque fuera de buena fe que la hubiese obtenido del reivindicante, por un acto nulo o anulable. La doctrina señala que el art. 2778 confiere al enajenante la acción de nulidad, que en caso de prosperar, obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido (art. 1052), destacando que la prueba de que la acción pertinente es la de restitución derivada de la nulidad y no propiamente la reivindicatoria, la da el siguiente hecho: supuesto que el acto fuera nulo por dolo o violencia y que hubieran transcurrido más de dos años del hecho, ya que no podrá pedirse la restitución del bien no obstante que la acción de reivindicación no está prescripta, porque, en cambio sí lo está la acción de restitución derivada de la nulidad (art. 4030) (conf. Borda, "Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales", Ed. Perrot, Buenos Aires, 1978, T. II, pág. 489). Se hace hincapié en que en el art. 2778 del C.C. la ley hace una simple aplicación de los principios que rigen la nulidad de los actos jurídicos en las relaciones de las partes entre sí: viciado el acto de transmisión de la propiedad y declarada su nulidad, las partes deben restituirse lo recibido en virtud de él y, en consecuencia, devolverse la cosa transmitida, lo cual constituye, precisamente, el objeto principal perseguido por medio de la acción de reivindicación (conf. Salvat - Argañaras, "Derecho Civil Argentino - Derechos Reales", Buenos Aires, 1959, T. III, pág. 687).

A su vez el criterio jurisprudencial es que la acción de reivindicación debe admitirse cuando se acciona en virtud de un título provisto de formalidades legales y se justifica haber perdido la posesión; no concurriendo esos dos elementos esenciales, la acción no resulta viable; de ahí que, la acción de reivindicación resulta estéril si se funda en la nulidad o ineficacia de una relación jurídica vinculante mientras previamente no se ejercite la acción pertinente que tenga por efecto restar a aquélla relación virtualidad (C.Apel. C.C. Paraná, Sala I, julio 21-978, Boleas de Lescano, Josefa c. Luján, Julio Geofrey, fallo citado en Digesto Jurídico La Ley, Derecho Patrimonial, T. IV, E-Z, pág. 813, Nº 7).

Enfocado el tema, en consecuencia, desde el punto de vista obligacional y procesal, es evidente que no corresponde hacer lugar a la acción de reivindicación deducida, por lo cual, por los fundamentos expuestos, propongo confirmar la sentencia recurrida, en virtud de que no es claro el derecho a poseer de los reivindicantes. Es que el derecho a poseer que invoca el actor debe corresponderle tanto al tiempo de la demanda como al tiempo de la sentencia, para lo cual debe acreditar el título sobre la cosa, conforme a sus antecedentes, salvo el caso de cosas muebles (conf. Cifuentes - Sagarna, obra citada, pág. 485).

El doctor Pignocchi dijo: Por los fundamentos expuestos por la Srita. Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

La doctora Canavesio dijo: Por existir coincidencia entre los Señores Jueces preopinantes, me abstengo de emitir voto (art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias).

En este estado, habiéndose constituido la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 153º del R.I.A.J., aprobado por Acordada Nº 2034/96 -punto 13º- del Excmo. Superior Tribunal de Justicia) RESUELVE:

Confirmar, por los fundamentos expuestos, la sentencia recurrida. Con costas a la parte recurrente, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes ante esta Alzada hasta tanto se cuente con la de la instancia de grado. -Telma C. Bentacur. - José Luis R. Pignocchi. - Lucrecia M. Canavesio de Villalba