Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-22


Salta, 22 de Octubre de 2010.- Y VISTOS: los autos caratulados "GUITIÁN, Lucio vs. PROVINCIA DE SALTA Y/O TITULAR RESPONSABLE s/Adquisición del dominio por prescripción"; expte. n° 188.831/07 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 11va. Nominación; Expte. CAM. n° 281.865/09; y C O N S I D E R N A D O El Dr. Guillermo F. Díaz, dijo:

I) La sentencia de fs.123/124 que hizo lugar a la demanda de usucapión, ha sido apelada a fs. 128 por la Provincia de Salta. En sus agravios de fs. 138/ 141 dice la Sra. Procuradora Fiscal que el fallo atacado es arbitrario en tanto se aparta de las constancias objetivas de la causa y acuerda carácter de pruebas decisivas a elementos que no lo tienen. Entiende que el auto apelado tiene por acreditada la pretensión de la actora con las testimoniales producidas. Sin embargo, dice que tales testimonios no prueban actos posesorios. Tampoco se acreditó la posesión de aquél con quien se pretende acceder la supuesta posesión propia. Agrega que el plano de mensura es una exigencia formal de admisión de la demanda, pero no hace prueba de la posesión. Destaca que se demanda por una superficie de una 1 ha 1.895,89 mts. y, sin embargo, en el acta de fs. 90 se menciona una superficie de 3/4 de hectárea. Finalmente, señala que la documental ofrecida ha sido negada en su autenticidad por su parte, sin que se haya producido prueba en ese sentido. En consecuencia, concluye que no hay prueba exacta, precisa, clara y convincente de los hechos demandados, por lo que la pretensión debió ser rechazada, pues los argumentos del Juez son solamente aparentes. Por último se agravia de la imposición de costas a su parte, pues no se opuso a la demanda, pero debe tenerse presente que ni el allanamiento obvia la producción de prueba por el pretendiente quien debe cargar con las costas aun en el supuesto de obtener la declaración de su pretensión. Cita un precedente de esta Sala en este sentido. Mantiene reserva del caso federal. Pide se haga lugar al recurso y se rechace la demanda, con costas al actor.- A fs. 148/150 contesta los agravios la parte actora. Dice que el juez ha hecho una valoración ajustada de las distintas pruebas aportadas, entre ellas las de testigos, que no solamente se han referido al carácter público del ánimo de dueño del actor, sino también a la actividad posesoria del mismo. En igual sentido, agrega que la accesión de posesiones no solamente surge de los testimonios rendidos sino además de la prueba documental acompañada. Critica también la interpretación que dió la demandada a las consideraciones vertidas en la sentencia con relación al plano de mensura que, por otra parte, data de 1977. Entiende que las diferencias de superficie señaladas no son tales, desde que no se puede tomar como dato exacto la apreciación de visu del Juez de Paz. Finalmente, indica que la demandada ha negado la autenticidad de la prueba documental, luego de clausurado el término probatorio, en la oportunidad que le confiere la ley para contestar la demanda; por lo que carece de virtualidad esa negación genérica de documentos por el mismo Estado emitidos, efectuada tardíamente. Pide además que se mantenga la condena en costas a la demandada tanto por el principio de la derrota como por el hecho de haberse opuesto infundamente.- II. El planteo de la apelante se cifra en la supuesta insuficiencia de pruebas de la posesión del actor y de su antecesor. Para ello afirma que los testigos se limitan a reconocer la calidad de propietario del actor, sin mencionar la existencia de actos posesorios; a lo que agrega el genérico desconocimiento de la autenticidad de documentos emitidos por el propio Estado y la negación de valor probatorio al plano de mensura. Sostiene también que las referencias a la dimensión del inmueble son disímiles, lo que impide saber qué extensión cierta es el verdadero objeto de la pretensión.- En los juicio de usucapión, la prueba debe estar dirigida a demostrar tanto el hecho de la posesión como el ánimo de dueño en su ejercicio, así como sus cualidades de pública, pacífica, continua e ininterrumpida, y el tiempo exigido por la ley para considerar adquirido el dominio. Ello implica la necesaria demostración del inicio de la posesión (en particular, en este caso, el inicio de la posesión de los antecesores del actor, a la cual pretende acceder la propia) y la ausencia de interrupciones durante el tiempo de veinte años.- En tal sentido, ha sostenido la Corte Federal que debido al carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto en el art. 2524 inc. 7° del Código Civil, la realización de los actos comprendidos en su art. 2373 y el constante ejercicio de esa posesión, debe efectuarse de manera insospechada, clara y convincente. Para la adquisición del dominio por usucapión no basta que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios realizados por quien pretende usucapir (CSJ, Fallos 300-651).- La prueba de la posesión debe ser plena e indubitable, no siendo suficiente la sola declaración de testigos en las cuales no se concreten con toda precisión noticias verdaderas sobre la realización de actos posesorios "animus domini", ni tampoco la exhibición de documentos que por sí solos no acrediten la realización de tales actos (CNCiv., Sala A, E.D. 90-320). También se ha entendido que el pago de impuestos, tasas o servicios que se refieren al fundo en forma especial, debe ser interpretado positivamente como demostrativo del animus, y ello porque es poco factible que alguien que no se sienta poseedor de la cosa, se allane a pagar contribuciones impuestas por el Estado; siendo necesario recordar que la ley no exige que existan documentos que hagan a todo el plazo de la prescripción (Conf. CNCiv., Sala B, L.L. 1981-A-51). Y se ha interpretado que el pago de tributos tiene, no obstante, un valor meramente complementario de otras probanzas para acreditar los actos posesorios (SC Buenos Aires, L.L. 981-358; DJBA 116-349).- En el presente caso, y conforme lo señala el fallo apelado, se ha rendido efectivamente esa prueba compleja en torno al corpus y al animus posesorios; y también en cuanto al tiempo pues, si bien no hay una fecha de inicio concreta de la posesión del antecesor, los documentos acompañados traducen presunciones serias que se remontan al menos a 1977, conforme surge del certificado emitido por el Programa de Registro Técnico de la Dirección General de Inmuebles que rola a fs. 36. En efecto, si bien el plano de mensura para prescripción no es en sí mismo prueba de la posesión, acerca en este supuesto un dato presuntivo cierto de la posesión de la Sra. María Acelia Guitián de Aquino; a la sazón, cedente a favor del actor, de los derechos y acciones posesorias sobre el terreno en cuestión. Debe tenerse presente que con relación al plano debe valorarse su fecha como presuntiva de una posesión que viene desde entonces; y no porque el plano en sí mismo considerado sea un acto posesorio. Igual conclusión resulta del análisis de la partida de nacimiento acompañada, de la cual surge también la presunción de una continuidad en la posesión derivada del parentesco (la Sra. Guitián es efectivamente hija del Sr. Demetrio Guitián, responsable de los pagos de impuestos y tasas cuyos comprobantes se remontan a las primeras décadas del siglo anterior.- En tal contexto, cobran trascendencia los testimonios rendidos. Si bien las preguntas no han sido del todo precisas con relación al conocimiento de actos posesorios concretos, la referencia general al manejo o explotación económica de la finca, unido al demostrado pago del canon de riego, permiten suponer labores que demuestran necesariamente la relación real con la cosa y el ánimo de dueño, pendiente todo el tiempo exigido por la ley. Afirmar lo contrario aparece como un exceso en el ejercicio de los intereses del Estado, frente a una situación que deviene claramente pública y pacífica a través de prolongado tiempo.-_ Por otra parte, la negación genérica de la autenticidad de los recibos de pagos de impuestos y tasas cuya emisión se atribuye al propio Estado, sin identificar cuáles podrían ser las razones por las cuales se cree que esos documentos pudieran ser inauténticos, resulta insuficiente para desautorizar su valor probatorio. Es importante observar que el Estado no niega la existencia de los pagos ni tampoco ofrece prueba en ese sentido.- Por último, y en cuanto a la identificación del inmueble, sus límites y su extensión, no puede sino estarse a lo que resulta del plano de mensura aprobado legalmente y presentado en este juicio, siendo insustancial cualquier diferencia que pudiera surgir de la apreciación desprovista de fundamentos técnicos que pudieran haber efectuado en autos cualquier testigo o funcionario. Precisamente, el requerimiento legal del plano de mensura tiene la finalidad de identificar correctamente el inmueble a usucapir, aventando cualquier imprecisión o confusión que pudiera surgir de las apreciaciones vulgares.- III) En cuanto a las costas por el proceso de usucapión tramitado contra el titular del dominio eminente, tiene dicho esta Sala (con mención de un precedente de la Provincia de Buenos Aires citado por Morello, Sosa y Berizonce en "Códigos Procesales...", Tomo IIB, págs. 103/104 que "...aun cuando la Provincia no hubiera manifestado en forma expresa su allanamiento o hubiese reconocido que se encontraban cumplidos los requisitos de procedencia de la acción intentada, dado que tales actitudes en nada modifican la situación, teniendo en cuenta que las normas sustantivas que regulan el modo excepcional de adquisición del dominio por usucapión, por la propia naturaleza de la materia de que se trata y el interés público que está comprometido, resultan imperativas, de modo que está enervada toda posibilidad de que la mera voluntad de los particulares pueda determinar un reconocimiento semejante y válido (Capel CC. Salta, Sala III, 26-3-86, tomo año 1986, pág. 307)..." y seguía diciendo el fallo: "...Tal es la situación que se presenta en el caso, en que...la apelante no se ha opuesto al progreso de la demanda en oportunidad de corrérsele traslado luego de producida la prueba...".- Como se advierte, se trataba de un supuesto de ausencia de oposición al progreso de la acción, que no es exactamente el caso de autos, en el que la Provincia se ha opuesto expresamente. Sin embargo, la solución no puede ser otra aun en caso de oposición expresa fundada en una crítica a la actividad probatoria de la contraria, pues el proceso de usucapión intentado contra el titular del dominio eminente, no resulta de una situación de contradicción prelitigiosa que obligue al poseedor a demandar; siendo además como señala la apoderada de la Provincia en su memorial, que resulta ineludible para quien pretende obtener la declaración de adquisición del dominio por prescripción..." (CApel.CC. Salta, Sala III tomo año 2000 pág. 407).- Por las razones apuntadas, voto por el rechazo del recurso, en lo principal, en cuanto admite la demanda planteada, y por la modificación de la condena en costas, las que se imponen por el orden causado en ambas instancias.

El Dr. Marcelo R. Domínguez, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Díaz.- Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA I) NO HACE LUGAR en lo principal al recurso de apelación deducido por la demandada y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fs. 123/124, salvo en cuanto a las COSTAS, que se imponen por el ORDEN CAUSADO en ambas instancias.- II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.-