Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-10


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil once, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Luis Caneo, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "H., M. D. p.s.a Homicidio" (Expediente Nº 22.073 - Tº II - F° 2 - Letra "H" - Año 2010).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado a fojas 132: Panizzi, Rebagliati Russell y Caneo.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn, integrado por los doctores Hernán Carlos Granda, Flavia Fabiana Trincheri y Horacio Daniel Yangüela, mediante sentencia de fecha 7 de julio de dos mil diez, condenó a M. D. H. a la pena de cuatro años de prisión, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa (artículo 79 y 35 del Código Penal), por el hecho ocurrido en la ciudad de Puerto Madryn, el día 17 de agosto de 2009, frente a la terminal de ómnibus de esa ciudad, en perjuicio de E. D. P..

II. El hecho objeto de acusación ha sido descripto en la sentencia de la siguiente manera: "... El día 17 de agosto de 2009, aproximadamente a las 06,15 horas, en las inmediaciones de la Terminal de ómnibus local, por calle Necochea entre Dr. Ávila y Domec García, D. E. P. que se encontraba acompañado por sus primos, discute y pelea de manos con H. y un amigo que, en un momento de la pelea, D. E. P. fue agredido con un arma blanca por M. D. H. en la zona del abdomen, provocándole heridas de tal gravedad por las que P. debió ser hospitalizado, falleciendo el 18 de agosto de 2009 a las 09,55 horas". III. Contra la sentencia condenatoria, el Fiscal General Jefe, doctor Daniel Báez, conjuntamente con la doctora Patricia Reyes, Funcionaria de Fiscalía de la Unidad Fiscal de la ciudad de Puerto Madryn dedujeron (hojas 111/115) impugnación extraordinaria.

Indicaron como agravio que el tribunal de juicio había dictado una condena por homicidio con exceso en la legítima defensa, previsto y reprimido por el artículo 79 y 35 del Código Penal.

Señalaron que la sentencia atacada no cumple con los requisitos esenciales que debe tener en su desarrollo, a los fines de llegar a la mentada calificación jurídica, careciendo -en opinión de la parte impugnante- de motivación suficiente para llegar a la mencionada figura jurídica. Dijeron que ésta no encuentra sostén en las pruebas rendidas en debate, que los magistrados no han valorado en su totalidad el plexo probatorio y no han hecho uso de la sana crítica racional en el fallo, por lo que -a su criterio- la sentencia en crisis es ilógica y arbitraria.

Agregaron que el tribunal de mérito hizo una lectura antojadiza de la prueba, al hacer una concatenación de todos los elementos probatorios, indicado que en eso se halla la falta de razón suficiente para la condena en los términos en que fallaron.

Afirmaron que los sentenciadores simplificaron el análisis de la cuestión debatida y probada por el Ministerio Fiscal, sin meritar la totalidad de los elementos aportados por la Fiscalía a lo largo del debate. Añadieron que los jueces se limitaron a hacer un desarrollo de la hipótesis que entendieron probada, y que inexplicablemente han arribado a otro relato de los hechos que no se condice con el de los testigos presenciales.

Manifestaron, luego de efectuar una crítica a cada uno de los votos emitidos por el a-quo, en cuanto a la valoración y razonamiento que hicieran de la prueba, motivos y cimientos sobre los que se apoyaron, su disconformidad con que los jueces hubieran dado credibilidad a algunos testimonios que -a criterio de la parte recurrente- fueron totalmente parciales y que hubieran tomado sólo parte de algunos testimonios para tener por probado un hecho distinto al que efectivamente ocurrió.

Concluyeron en que no ha existido exceso en la legítima defensa, por no existir en el caso los elementos de esta figura, fundamentalmente el de "agresión ilegítima".

Por ello propiciaron que se condene a M. D. H. por el delito de homicidio simple.

Hicieron reserva del caso federal.

IV. Inicio este voto con el examen de forma de la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, para determinar si debe pasar o no a ser resuelto en cuanto al fondo y adelanto que la pretensión recursiva no tendrá admisión.

El procedimiento establecido por la Ley XV N° 9 -antes Nº 5478-, regula, en el artículo 378 inciso 3°, la aptitud del fiscal estatal para interponer impugnación extraordinaria contra la sentencia condenatoria.

Allí se consignan, con claridad, los requisitos básicos para la admisión de los ataques fiscales contra las decisiones judiciales impugnables, de manera que el recurso del acusador público debe cumplir de forma liminar y excluyente con aquellas reglas, si procura que sus pretensiones sean -al menos- analizadas por esta Sala Penal.

En este sentido, ya me expedí en la causa "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ A., F. O. -imputado-; R., V. H. s/ víctima" (Expediente N° 21.008 - F° 18 T° II- Año 2007). Allí indiqué que el artículo 378, inciso 3° del ordenamiento adjetivo en vigencia habilita la instancia de la impugnación extraordinaria al titular de la acción penal, contra una sentencia condenatoria, cuando la pena impuesta sea inferior a la mitad de la que pretendió.

En el caso bajo examen, la pena impuesta al acusado fue de cuatro años de prisión, mientras que la solicitada por la Fiscal, en oportunidad de llevarse a cado el juicio de cesura, fue de cinco años de prisión.

De manera que el requisito impuesto por el código de rito para la procedencia de la impugnación, no se cumple, razón más que suficiente para rechazarla.

En el acta del juicio de cesura de pena, cosida a fs. 57, consta que la fiscalía concluyó pidiendo una pena de cinco años de prisión, es decir que pronunció su pretensión punitiva -sin hacer reserva o manifestación alguna con respecto a cuál sería su demanda penal por el delito juzgado, con la que limitó sus posibilidades impugnativas ulteriores.

Al haberse condenado a H. con una pena que no resultó inferior a la mitad de la que solicitó la fiscal, se suprimió la posibilidad de recurrir el pronunciamiento condenatorio en forma extraordinaria ante esta Sala Penal.

Asimismo, indiqué que de acuerdo con el artículo 44, párrafo 3º de la Constitución Provincial debe hacerse una interpretación de las normas adjetivas que no flexibilice aquellos parámetros, de modo que resulte más ventajosa para el acusado. En rigor, para que la interpretación no resulte más perjudicial para él.

V. El artículo 363 del nuevo reglamento de juicio penal, como principio general, impone reservas a las impugnaciones de los fallos judiciales, en cuanto sólo se admiten en los casos, por los motivos y en las condiciones establecidas por el código. La segunda parte de dicha norma reafirma ese principio: El derecho de impugnar un fallo corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado.

A su vez, el artículo 370, última parte, determina que la víctima y demás interventores podrán impugnar las resoluciones que se señalan específicamente, en cuanto les fuere conferida expresamente esa facultad.

Por todo lo expuesto y sobre la base del límite objetivo impuesto por la norma en el inciso tercero del artículo 378, la pretensión es inadmisible.

Así voto.

El juez Rebagliati Russell dijo:

I. En el voto elaborado por el doctor Panizzi fueron expuestos los antecedentes del caso y los agravios contenidos en la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal, de modo que, por razón de brevedad, omitiré hacer una ociosa repetición.

II. En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con el Ministro preopinante.

El artículo 378 del C.P.P. demarca los límites objetivos para las impugnaciones deducidas por el fiscal contra determinadas decisiones judiciales.

El inciso 3° de esta norma habilita la instancia contra una sentencia condenatoria, exigiendo que la pena impuesta sea inferior a la mitad de la que se pretendió en el debate o en el juicio de cesura.

En este caso la pena impuesta al imputado fue de cuatro años de prisión, mientras que la que la que solicitó el Ministerio Público Fiscal, en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de cesura, fue de cinco años de prisión -v.fs.57-.

El acta de audiencia de cesura de pena refleja la situación y advierto que el Fiscal no dejó expresa constancia que no estaba de acuerdo con la sentencia.

Al no hacer reserva de recurrir la decisión, y manifestar sin más la pretensión punitiva, puso límite a la posibilidad de impugnar la sentencia.

De esta manera el Tribunal de Juicio aplicó una pena que no era inferior a la mitad de la que solicitó el Fiscal, y éste perdió la posibilidad de impugnar ante esta Sala Penal.

Así las cosas, la impugnación extraordinaria interpuesta deviene inadmisible.

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

I. El artículo 25, último párrafo, del Código Procesal Penal, me impone la obligación de exponer los fundamentos que encuentro para confirmar o revocar la decisión atacada, de modo extraordinario, por el Fiscal General Jefe de la ciudad de Puerto Madryn, doctor Daniel Báez, conjuntamente con la Funcionaria de Fiscalía, doctora Patricia Reyes, contra la sentencia dictada en autos por los doctores Flavia Fabiana Trinchera, Hernán Carlos Granda y Horacio Daniel Yangüela, el día 07 de julio de 2010, bajo el N° 47 del 2010.

Omitiré toda reseña sobre el caso y los planteos recursivos, pues el relato que precedentemente llevó a cabo el Juez Panizzi sobre ambos temas, resulta suficiente.

II. Los Ministros que ya emitieron su voto, llevaron a cabo un examen de forma sobre la impugnación bajo estudio, y resolvieron que la pretensión recursiva no sería admitida. Ello, por cuanto el procedimiento fijado por la Ley XV N° 9 establece en su artículo 378, inciso 3°, los supuestos en que el titular de la acción penal se encuentra legitimado para interponer un remedio extraordinario contra la sentencia condenatoria, y el recurso bajo análisis no cumple con tales exigencias.

El Ministerio Público Fiscal debe cumplir necesariamente con todos los requisitos que la norma citada requiere, para obtener una respuesta de la Sala Penal a sus recursos extraordinarios. Así se estableció en el precedente de esa Sala, caratulado "Provincia del Chubut c/ A., F. O. -imputado-; R., V. H. s/ víctima" Expediente N° 21.008 del Año 2007 - Sentencia N° 41 del Año 2008).

III.- El caso impugnado, trae a estudio la condena a M. D. H. por cuatro (4) años en una causa donde el acusador público, al momento de realizarse la cesura de juicio, requirió una pena de cinco (5) años de prisión. Se advierte que la sanción impuesta no es inferior a la mitad de la pretendida por el Fiscal, de manera que el requisito exigido por el inciso 3°, del artículo 378 del código de rito no se cumple. Por ese motivo, la impugnación bajo estudio deberá rechazarse sin más trámite.

Cabe aclara que, al momento de realizarse el juicio de cesura quien tenía la obligación legal de manifestar su pretensión punitiva, no dejó sentada su disconformidad con la calificación legal del caso y -consecuentemente- con la sanción previsible o la posibilidad de recurrir la decisión.

Carece entonces, en esta instancia, del derecho a solicitar la revisión de la condena cuando fue su desenvolvimiento en la etapa anterior del proceso lo que le quitó esa posibilidad.

IV.- Por lo expuesto, concuerdo con los Ministros cuya opinión antecede a ésta, en punto a declarar inadminisible la impugnación extraordinaria deducida a fs. 111/115.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--- S E N T E N C I A --- 1º) Declarar inadmisible la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal a fojas 111/115, contra la sentencia condenatoria N° 47 del año 2010, cosida a fojas 90/110 vuelta.

2º) Confirmar la sentencia dictada el día 7 de julio del año 2010 por el Tribunal de Juicio de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, conformado por los Doctores Granda, Yangüela y Trincheri.

3º) La presente es firmada por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse el Ministro Daniel Alejandro Rebagliati Russell en uso de licencia.

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Daniel Luis Caneo-Alejandro Javier Panizzi- Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.