marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal de la minoridad, menores, derechos de las niñas, niños y adolescentes, medidas tutelares, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: O., R. M. s/ Homicidio agravado por el ensañamiento en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-12-14

Corresponde casar la sentencia que condenó a un menor por tentativa de homicidio imponiéndole pena de prisión antes de cumplir los 21 años de edad, y disponer la continuación del tratamiento tutelar en las condiciones que se vienen desarrollando, o las que recomienden los profesionales médicos y psicológicos que lo asisten, hasta alcanzar la mayoría de edad (conf. art. 4, inc. 3º, de la ley 22.278).

Pues si bien de la observación tutelar surge que el menor, en un primer momento, se mostró hostil, muy cerrado y con dificultades para conectarse, con muchos problemas con sus pares, también surge que, más recientemente, el menor comenzó a hablar de su historia y mermo la violencia en el pabellón, comenzando a convivir más normalmente, implicando esto, al decir de los profesionales, un avance incipiente. En el marco de la normativa internacional referente a la protección de los menores, estas circunstancias poseen especial importancia.

En este ámbito, el interés superior del niño adopta particular relevancia, de manera que el resguardo de su integridad y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social constituyen el verdadero norte del proceso.
Deberes del juez, principios generales del Derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Otto Garde y Compañía SAICF e I. c/ González, Teresa del Valle y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Los jueces en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, deben atender a las características singulares de los casos que les presentan, siendo su deber ponderar con mayor rigor en tales supuestos la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir en una aplicación sólo mecánica de los mismos (Disidencia del Dr. Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Ministerio Público Fiscal, acusación fiscal, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., M., S.; O., J.C. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

Según el ritual provincial la acción penal pública está a cargo del Ministerio Fiscal y su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley. Dado que el Código Procesal Penal no ha previsto que la falta de acusación del Fiscal en la oportunidad del C.P.P., art. 352, haga cesar la pretensión punitiva contenida en el instrumento requirente que dio base al plenario -de modo que un miembro del Ministerio Público Fiscal podría eliminar la hipótesis fáctica delictiva atribuida al imputado por otro Fiscal- tal eventualidad -en contra del legislador- no puede ser introducida jurisprudencialmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

No pueden traerse a esta instancia planteos que no fueron formulados oportunamente ante la Cámara.
Deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LEGUIZAMON, JUAN c/ LIMPIOLUX  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

La aplicación de la doctrina de la Corte, según la cual por encima de las formalidades rituales cabe imperar la verdad jurídica, no puede ser generalizada sólo por motivo de equidad, si con ello se vulneran derechos que, aunque originados en razones de orden procesal, son tan respetables y dignos de protección como los que fluyen de resoluciones que deciden cuestiones de fondo.
Prueba, informe ambiental, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: LEMOS, ROSA ANGELICA s/ INF. ART. 174 INC. 5 DEL C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-07

Resulta un criterio erróneo, tomar los términos de un informe ambiental como elemento incriminante al modo de una atípica indagatoria, cuando su objeto no puede ser otro que plasmar de un modo más acabado las circunstancias o condiciones sociales ambientales, laborales y culturales de los procesados, cuyo mérito es oportuno y conducente a los fines de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, obligaciones solidarias, interpretación de la ley, código civil
Materia: LABORAL
Carátula: BOUZAS, EMILIO c/ SIDRA LA VICTORIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Respecto de las obligaciones laborales, la solidaridad está esencialmente establecida por la ley y responde al principio protectorio y, generalmente, entre los deudores existe uno que es el obligado directo (el empleador) y uno o más deudores solidarios en base a vínculos que éstos últimos han concertado con aquél. Así, para el caso del art. 29 bis se ha considerado que se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia, interpretación que surge de los arts. 523, 524, 525, 699 y 717 del C. Civil por lo que no puede condenarse al deudor accesorio si no se condena al principal.

(Del voto del Dr. Corach).
Temeridad o malicia, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alegretti Luis Ernesto en J:Carrizo Heriberto c/ Luis Ernesto Alegretti s/ Incidente Nulidad (LIBRO: A140 - 256)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-21

"...se valora hubo en la especie un abuso de la jurisdicción o uso arbitrario del proceso, en tanto se ejercieron atribuciones que la ley ritual otorga, pero en contraposición a los fines de la función jurisdiccional; ello resulta configurativo de la malicia, presupuesto para la procedencia de la sanción legal (arts. 622 C.C. y 4 Ley 3939)
Recusación por enemistad, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ PROP. MARISCAL A. DE SUCRE 2850 s/ INCIDENTE CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

La causal de enemistad, odio o resentimiento, que alude al sentimiento adverso que el juez pueda abrigar respecto de un litigante y que es necesario que se manifieste por actos externos que le den estado público (art. 17, inc.10 del Código Procesal), no puede experimentarse respecto de una persona jurídica de carácter público como es la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Excarcelación, contrabando, caución real, condiciones personales
Materia: PENAL
Carátula: LEITES DE PAULA, JOSE MARTINHO s/ Contrabando, Incidente de excarcelación. CAUSA: 36763.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-19

1 - Por las características del hecho investigado (contrabando), y por la ausencia de arraigo del procesado en el país, corresponde establecer una caución real por la que se asegure que el imputado cumplirá las obligaciones impuestas y las órdenes del tribunal y que, en su caso, se someterá a la ejecución de una eventual sentencia condenatoria.- 2 - El monto de la caución real deberá ser determinado por el tribunal de la instancia anterior, de modo que sea de posible cumplimiento para el imputado pero, a la vez, que constituya un motivo para que aquél se abstenga de infringir sus obligaciones.
Procedencia del recurso, robo
Materia: PROCESAL
Carátula: Frías, L. J. M. y otros  c/  s/ robo (Causa Nº 28.639/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Disidencia: Negativa a realizar las diligencias propuestas que es susceptible de generar agravio en los términos del artículo 449 del código adjetivo, al estimar que resultan necesarias para poder expedirse a tenor del artículo 347 de ese ordenamiento. Hacer lugar.
Defensa en juicio, declaración testimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez, Carlos y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8, inc. 2° letra f) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, inc. 3° letra c) reconocen el derecho de interrogar o hacer interrogar a los testigos presentes en la audiencia principal y el de toda persona acusada de delito de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, respectivamente. Y en este sentido, tratándose de prueba decisiva, entiendo que en autos se observa un evidente menoscabo al derecho de defensa que ha sido plenamente consagrado por las disposiciones antes mencionadas y por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, y que se traduce a la sazón en una arbitraria iniquidad de las partes en el proceso penal. Ello así por los siguientes motivos: a) Por una parte, y en lo que respecta a la garantía constitucional aludida, porque la defensa no tuvo la posibilidad efectiva de ejercer un estricto control sobre la producción de la declaración testimonial en ningún momento a lo largo del proceso, habida cuenta que la deposición fue prestada ante la prevención y nunca fue ratificada en sede judicial; b) En lo atinente a la actividad jurisdiccional, porque el tribunal no mencionó la disposición legal pertinente (art. 391 del C.P.P.N.) para fundamentar la incorporación por lectura cuestionada, y sólo hizo alusión, en el acta de debate, a que el testimonio prestado en sede policial cumplía con los requisitos del art. 138 del ritual y por ende era válido; c) Porque aun para el supuesto que lo hubiese fundamentado en el art. 391, dicho procedimiento, por los principios que rigen en el juicio oral, reviste carácter excepcional y está previsto exclusivamente para los supuestos que taxativamente contempla (Voto del Dr.Mitchell).
Prescripción, cómputo del plazo, facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPPACENA, Rubén M. c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Una vez alegada la prescripción por la parte interesada, corresponde al Juez calificar la defensa y aplicar la norma legal pertinente, ya que cuando con base en el principio 'iura novit curia' el juez aplica un término distinto al invocado, no está supliendo de oficio la prescripción, lo que está vedado por el art. 3964 del C.C., sino determinando el plazo que corresponde.
Relación de dependencia, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: ARDIT, CARLOS A. c/ SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-30

Cuando se encuentran involucradas profesiones liberales no cabe desechar sin más la posibilidad de que exista un vínculo dependiente por la aplicación de la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; nuestro más Alto Tribunal ha descartado concepciones dogmáticas al respecto, determinando que en todo caso deber examinarse en cada supuesto si las condiciones en que se prestaron tareas permiten afirmar que el personal se incorporó al sistema productivo como profesional autónomo o si lo hizo en otro carácter, sin perder de vista que en el caso de los profesionales liberales la subordinación técnica aparecer usualmente diluida.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Tévez, Gloria Alejandra c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

En casos de incapacidad sobreviniente, una vez acreditada la lesión psicológica, los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos sólo constituyen una pauta para valorar la cuantía de la indemnización, que en definitiva se establecerá teniendo en cuenta las secuelas permanentes que el damnificado sufre en relación causal con el accidente y sus circunstancias personales.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, contratos, resolución del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Affranchino Vivanco, Iván c/ Astillero D'Angelo s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Corresponde aplicar por analogía (art.16, C.C.) y mutatis mutandi, los principios del art.1052 del mismo Código a los efectos de la resolución del contrato.
Sanciones disciplinarias administrativas, funcionarios judiciales, ausencias injustificadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMBAS CECILIA c/ PODER JUDICIAL s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-29

El cumplimiento de los deberes, tanto de los funcionarios como de los empleados judiciales, constituye una condición esencial para el buen funcionamiento del servicio de justicia. Si aquellos dejan de cumplir alguno de sus deberes puede afectar la regularidad del servicio y de los intereses generales que tienen a su cargo el órgano judicial. Por lo tanto es indispensable evitar que ello se produzca, y en caso de producido penar la conducta irregular por medio de las sanciones disciplinarias.

Constituye un deber primordial de todo agente público cumplir la función o empleo que se le ha encomendado, es decir, que debe dedicarse al cargo. En consecuencia debe concurrir y permanecer en su lugar de trabajo durante los días y horas establecidas (arts. 4º del acuerdo 38/88; 21 inc. "A"); cuando no pudiera asistir tiene la obligación de dar aviso a la autoridad competente (art.21, inc. "b" del citado acuerdo 38/88 de la Excma. Corte de Justicia de San Juan).
Interpretación de la ley, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Williams Jurado, Eduardo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-12

La defensa se agravia de la interpretación, que hizo la Cámara, con arreglo a la cual el plazo que prevé el art. 104 del CPP empieza a correr a partir de la radicación de las actuaciones en sede local; y no a partir de la detención del aquí imputado o de la indagatoria (cf. el art. 292 del CPPN), como sostiene la defensa, interpretación que asume que el plazo del art. 104 comienza a correr a partir de que las actuaciones quedaron radicadas en sede local; no que la duración del proceso quede privada de límite. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, control de legalidad, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Trelew s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-01

Ante el pedido formulado por el administrado, conteniendo los mismos temas y argumentos que con posterioridad somete a la decisión de la justicia, si existió intervención del servicio jurídico letrado del organismo dictaminando adversamente a lo sostenido por la parte reclamante, la autoridad en cuestión tuvo la posibilidad de revisar el caso y realizar el control pedido, por lo cual exigir al interesado una reiteración del planteo constituiría un exceso ritual, que previsiblemente no tendría aptitud para modificar el sentido en que se pronunció la administración.
Fundamentación insuficiente, doctrina legal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D´Onofrio, Antonio M. c/ Instituto de Previsión Social. s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Si el recurrente sólo se limitó en su desarrollo a señalar que a los fines previsionales el mero desempeño de funciones tiene consecuencias jurídicas y a citar extractos de doctrina emanada de algunos fallos, de acuerdo con los cuales lo importante en la materia es la efectiva prestación de los servicios, pero no llegó a esbozar, siquiera, cuál es la analogía que esos supuestos guardan con el caso, resulta insuficiente al planteo ensayado (del voto de la doctora KOGAN).
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo Miguel Angel c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-01

Un traslado de la envergadura y magnitud como el decidido en el caso, con las consecuencias en la vida y en el desarraigo, califican el fumus bonis iuris que toda medida cautelar requiere, siendo indiscutible la configuración del peligro en la demora, en tanto la efectivización del cambio traería aparejado un perjuicio tangible. Corresponde admitir la pretensión cautelar destinada a conjurar el traslado del trabajador desde el lugar en que prestaba servicios.
Concursos, fuero de atracción, crédito laboral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mosquera, Manuel s/ Incidente de verificación de crédito en Médicos Asoc. de Avellaneda Aguirre, Félix s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1996-12-03

El art. 265 de la ley 20744 autoriza al acreedor laboral a tramitar sus acciones judiciales contra el concursado o fallido ante el fuero específico del trabajo durante toda la etapa de conocimiento hasta la de ejecución, la cual sí se llevará a cabo en el juicio universal. No constituye una excepción al fuero de atracción que ejercen estos litigios con relación a los demás en trámite, y está expresamente consagrada en el art. 136 de la ley 19551.
Proceso contravencional, notificación, domicilio constituido, aplicación supletoria de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, R. H. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-13

No resultan de aplicación en el procedimiento contravencional los artículos 144 y 146 del Código Procesal Penal de la Nación que regulan las notificaciones a Defensores Oficiales y Fiscales en el proceso penal, atento las disposiciones contenidas en el artículo 12 y 13 de la Ley Nro. 12 que establece un régimen específico en lo que a la materia relativa a la constitución de domicilio y notificaciones respecta.

En estos actuados, las notificaciones practicadas se han realizado al domicilio constituido por el imputado asistido por su defensor -que en este caso coincide con el real de aquél-, y en los términos que consagran las disposiciones supra mencionadas. De forma que no es posible admitir que se hayan violado las garantías procesales constitucionales de defensa en juicio y debido proceso adjetivo. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo)
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marquez, Amelia Nieves c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Resulta ilegítima la resolución del Instituto de Previsión Social que -a los fines de determinar el porcentaje a aplicar a la remuneración asignada al cargo prestado en servicios simultáneos- marginó del cómputo los prestados luego de que la actora cesara el cargo en base al cual obtuvo su jubilación, en tanto ello se tradujo en la privación del cómputo demás de diez años de servicios y de sueldos sobre los que se practicaron aportes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, apertura del concurso, prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLORES REAL SOCIEDAD ANONIMA FERREYRA JUAN s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-06

La apertura de un concurso preventivo no configura la dificultad o imposibilidad de hecho a que alude el Código Civil: 3980, y menos aún la de derecho.

No sólo el pretenso acreedor no encuentra obstáculo fáctico en la promoción de las acciones que tuviere contra el concursado, sino que la propia ley de concursos establece la vía por la que tales acciones han de ser intentadas, ratificando de ese modo la posibilidad jurídica de que las mismas sean promovidas.

Así, la diversidad de formas procesales para la viabilidad de la acción en manera alguna constituye obstáculo o impedimento para su tramitación, por lo que el estado de concurso no suspende el curso de la prescripción liberatoria.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alsa S.A.C.I.F.I. c/ Fernández, Eugenio Oscar y/o quien resulte propietario s/ Apremio. Incidente de nulidad Epherra, Andrés C. y otro c/ Marchesi S.A.(Quiebra) s/ Indemnización por despido Patricio, Juan Carlos c/ Moresco, Luis María s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15|1989-11-21|1996-03-12

El adquirente de un bien ejecutado mediante subasta pública, aunque sea sucesor singular del propietario-deudor, no se convierte en parte con relación a los actos anteriores: el adquirente es un tercero con respecto al ejecutado porque éste no participó en la enajenación.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: CERIONI, Martha Nelly c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Del voto de la mayoría (Dres. López Aramburu y Sansó):Si el acto vandálico ocurrió durante el transporte ferroviario y fue por culpa de un tercero, para que la empresa se libere de responsabilidad, deberá acreditar la culpa en la producción del resultado dañoso y que ésta fue exclusiva del tercero. Es que, este tipo de acontecimientos no pueden encuadrarse en el caso fortuito, pues la asiduidad con que ocurren los convierte en hechos previsibles y evitables mediante una adecuada implementación técnica. El servicio de transporte debe cumplir con el deber que le corresponde de lograr que el pasajero llegue sano y salvo a destino, no pudiendo deslindar su responsabilidad aduciendo al deber de seguridad que le compete a la Policía Federal en esos casos.-
Intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Araoz Jorge Orlando. c/ Mario Alberto Coria. s/ Diferencia de Haberes.Indemnización por despido.Indemnización por  falta de preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-02-19

Debe aplicarse la tasa de interés pasiva del Banco Central ya que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa:

"López A.M.c/Explotación pesquera La Patagonia S.A.", impone a todos los Tribunales Nacionales y Provinciales respetar y acatar lo allí decidido, en virtud de la supremacía de la Corte Suprema cuando ejerce jurisdicción y competencia que la Constitución y las leyes le confieren, por lo que corresponde el acatamiento del criterio sustentado por la Corte, en tanto ésta en sus funciones afirmó el carácter federal de la cuestión, por cuanto las normas de la Ley 23928 en tanto establecen el valor de la moneda y vedan a partir del 1/4/91 el cómputo de la actualización monetaria, tienen indudable carácter federal, desde que han sido dictados por el Congreso en uso de sus atribuciones previstas en el art. 67,inc.10 de la Constitución Nacional, sentando igual conclusión respecto del Decreto 941/91, pues al ser reglamentario de dicha ley, participa de su misma naturaleza. (Minoría u opinión personal)
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, quiebra, domicilio del deudor, concursos, sociedad anónima
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Trillagro  S.A. s/ pedido de quiebra por Finagri  S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Debe mantenerse la radicación de la quiebra en jurisdicción provincial, no obstante que la sociedad anónima fallida se haya constituido en la Capital Federal y previsto e inscripto su domicilio social, si desde tiempo atrás, y al momento en que se decretó el estado de falencia, la sociedad no tenía su domicilio allí, pudiendo calificárselo como ficticio, y su domicilio real y sede de la administración de sus negocios se halla en la provincia.