Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30


Causa Nº 4757-00-CC/2006 caratulada: "Leyton, Gonzalo Sebastián s/ "Leyton, Gonzalo Sebastián / Inf. Art. 93 ley 1472 - Apelación." En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones seguidas a Gonzalo Sebastián Leyton.

VISTO:

Reingresan los autos con motivo del recurso de apelación deducido por la representante del Ministerio Público, Gabriela Inés Morelli, cotitular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 12, contra el pronunciamiento del Norberto Luis Circo, a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23, dictado con fecha 14 de noviembre de 2006 y que obra a fs. 112/13.

La medida impugnativa se alza contra la imposición de una condena en suspenso sin haberse establecido reglas de conducta. Gonzalo Sebastián Leyton, resultó condenado en orden a la contravención prevista en el art. 93 del C.C.(Ley 1472) a la pena de multa de $ 200.- (pesos doscientos) cuya ejecución fue dejada en suspenso.

Sobre esta base la Morelli aduce, liminarmente, que la resolución contraria a la previsión del art. 46 del C.C. agravia a ese Ministerio en tanto tutela la legalidad del proceso y que al omitirse nuevamente la fijación de reglas de conducta, la sentencia resulta reiteradamente nula en lo que a este punto refiere. Tratándose de un error in iudicando señala que resulta de aplicación supletoria el art. 470 del CPPN, en que el Tribunal debe casar la sentencia y resolver con arreglo a la ley y doctrina aplicable.

Sostiene además que la propia defensa tanto en oportunidad de alegar como al apelar, solicitó subsidiariamente que el cumplimiento de la pena sea dejado en suspenso, de modo que no podría sorprender a esa parte la imposición de reglas de conducta toda vez que es una consecuencia necesaria al suspenderse la ejecución de la condena. Tal los fundamentos que se desprenden a fs. 127/8.

Su superior jerárquico en esta instancia, Walter Fernández, mantuvo el planteamiento efectuado conforme la Ley Orgánica del Ministerio Público de la ciudad, en su Art. 22, inc. 1º, limitando sus consideraciones en torno a la admisibilidad del libelo, a fs. 133.

Por su parte la defensa, ejercida por el titular de la Defensoría Oficial Nº 7, Marcelino Norberto Civitillo, no hizo uso de su derecho a refutar los agravios de la acusadora (conf. el art. 51 LPC).

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad.

En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, corresponde verificar la configuración de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los recaudos de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición. En ese marco, se desprende que ha sido impetrado por quien tiene derecho a hacerlo y cumplimentado los requisitos formales, al ser presentado ante el Magistrado que dictó la resolución atacada, fundadamente y en tiempo oportuno. El fallo condenatorio en los términos expuestos, es susceptible en principio, de habilitar la interposición del remedio por parte del Ministerio Público a la luz del art. 50 de la LPC. Sin embargo el agravio invocado en esta oportunidad resulta improcedente.

II. La cuestión de fondo.

Vuelven las actuaciones por impugnación del Ministerio Público Fiscal, con motivo del nuevo pronunciamiento del juez de grado, tras la nulidad parcial de la sentencia decretada oportunamente en torno a la sanción impuesta (fs. 102/109).

1. Antecedentes.

En efecto, este Tribunal resolvió confirmar parcialmente el fallo dictado con fecha 11 de mayo de 2006, disponiendo el reenvío de las actuaciones a fin de que el magistrado interviniente proceda a dictar un nuevo pronunciamiento en lo atinente específicamente a la determinación de la condena, en tanto se había omitido no sólo la fijación de las pautas de conducta, sino íntegramente su valoración y fundamentación en torno a la especie y monto de la que en definitiva habría de recaer, conforme las consideraciones expuestas in extenso en esa ocasión.

Mas allá de los argumentos que desliza el magistrado en su nuevo pronunciamiento, donde pone de manifiesto que no comparte la solución de este órgano por cuanto "al dictar la nulidad parcial ha escindido una unidad jurídica" (fs. 113) 1 lo cierto es que poco ahonda Causa Nº 4757-00 -CC/2006 Sala II en las cuestiones que fueran objeto de tratamiento reiterando en un todo la sanción impuesta, consistente en multa de doscientos pesos ($ 200.-) en suspenso con costas, valoración que de reflejar adecuadamente las pautas punitivas forman parte de la propia convicción del juez sobre el caso y el autor y exenta del conocimiento del ad quem.

Vale la pena rememorar que la solución adoptada -pese que se advirtiera sobre la omisión de los extremos de una condena en suspenso y sus consecuencias en el caso- tuvo origen en la impugnación articulada por la defensa, al impetrar justamente entre otros agravios el relativo a la sanción recaída en cuanto a su "tipo y quantum" (fs. 89vta. de dicha presentación).

En esta hipótesis, tras el análisis de los restantes en cuanto a la materialidad del suceso y la autoría del encartado -todo lo cual fue convalidado por este Tribunal- concluimos que frente a la ausencia de valoración de la pena escogida, nos veíamos impedidos de analizar el acierto de su determinación en consonancia a las pautas legalmente fijadas y tratándose de un aspecto concerniente al juez de mérito en cuanto a la factibilidad de apreciación de las circunstancias del caso y de las condiciones personales de su autor, se dispuso el reenvío. Por otra parte, lo así decidido dejaba incólume el derecho a la doble instancia del imputado.

Frente a este panorama, corresponde elucidar si el agravio fiscal debe ser acogido.

2. Alcance.

Como se señalara a la luz del nuevo pronunciamiento se desprende que el sentenciante ha mantenido en todos sus términos la sanción impuesta originariamente. Sucintamente, ha efectuado algunas consideraciones no expresadas en el fallo primigenio, pero que avalan su elección en torno a la especie de pena y su finalidad "consistente en que el imputado internalice las elementales normas de conducta y que no reincida en este tipo de hechos, que afectan y comprometen seriamente la seguridad e integridad física de quienes concurren a un espectáculo deportivo" (fs. 112vta/13). Por lo demás, remite al decisorio preliminar en lo que respecta a los términos para la procedencia de la condena en suspenso, todo lo cual, como sostuviésemos se encontraba correctamente articulado, a excepción de la determinación de las pautas de conducta.

Resulta obvio que nada puede decirse en relación a la especie escogida -dentro del repertorio previsto para la infracción- y menos aún en cuanto a su monto dado que hubo de elegirse el mínimo legal; de modo que, ya en esa oportunidad expresáramos que el agravio formulado en los términos de la defensa no podía ser acogido sin más y menos aún tratándose de una ejecución en suspenso, en que por el momento no se vislumbraba el perjuicio. El nudo de la cuestión radicaba en la falta de fundamentación de la sanción impuesta que hacía imposible su revisión y claro está, la ausencia de reglas de conducta que la viciaba, aunque esto obviamente no formaba parte del núcleo de aflicción de la defensa, pero tampoco podía soslayarse.

En este contexto debe analizarse si la impugnación del Ministerio Público puede sostenerse y viabilizar una modificación de ciertos aspectos de la condena, como sería la fijación de reglas de conducta. Claramente se desprende que el perjuicio ahora invocado por su representante se activó tras la intervención de esta Alzada, y retrotrayéndonos un poco más, al recurso del propio imputado contra la sentencia de condena. Vale decir burdamente, que si no hubiera recurrido, la sanción quedaba incólume en los términos en que había sido impuesta.

El límite del derecho a apelar la sentencia condenatoria está dado justamente en la sanción que la origina, siempre que no existan otras partes (acusador público o privado) que persigan su revocación o parte de lo decidido.

Si bien el art. 50 de la L.P.C., en consonancia con la letra del art. 51, no efectúa distingos en cuanto a los alcances de apelación de una sentencia, cuyos presupuestos han sido integrados supletoriamente con las previsiones del Código de Procedimientos en materia penal de la Nación, el juego de garantías y principios máximos del proceso penal -sobre todo en materia impugnativa- han sido estatuidos en favor del imputado.

La condena recaída respecto de Gonzalo Sebastián Leyton, fue apelada y confirmada en todos en todos sus términos a excepción de la pena. En dicha oportunidad la parte acusadora no recurrió y en ocasión de contestar agravios en esta instancia directamente no se expidió sobre el impetrado en torno a la sanción ni formuló ninguna manifestación sobre la manera en que había sido impuesta, limitando su dictamen a los demás extremos introducidos por el recurrente los que circunscribió en cuatro órdenes, sin perjuicio de propiciar igualmente su rechazo por las razones allí expuestas (ver fs. 95/97).

Causa Nº 4757-00 -CC/2006 Sala II De modo que, a la luz del nuevo pronunciamiento que reitera en un todo la condena dictada, mal puede decirse que perjudica a ese Ministerio, cuando tuvo oportunidad de impugnarla y no la utilizó. Posibilitar esta vía implicaría reabrir una etapa concluida, por lo menos en lo que respecta a esa parte; indudablemente constituye una reflexión tardía y como se dijo reactivada tras lo resuelto por esta Alzada.

En esta inteligencia claro está que cuando este Tribunal dispuso el reenvío, circunscribió los términos en que el a quo habría de expedirse y esto no constituye una influencia sobre el decisor, sino fijar las pautas sobre las que discurrirá esa labor. De modo que no estamos frente a una nueva decisión, totalmente autónoma, sino con génesis en la apelada oportunamente. La resolución de este Tribunal que vino a confirmar casi la totalidad de los restantes extremos ha dejado incólume el fallo en ese aspecto, de modo que mal podría haberse dispuesto otra solución cuando lo viciado no lo afectaba (tal podría haber sido el desarrollo del juicio, la incorporación probatoria, o etapas prelimares y por esta razón tampoco fue necesario el apartamiento del magistrado).

En este entendimiento el propósito que persigue la representante fiscal, nunca podría darse por dos motivos: el primero en virtud de lo señalado, en cuanto ha traspasado su oportunidad para apelar; el restante relacionado con la garantía de defensa en juicio a través de la prohibición de reformatio in pejus puesto que el resultado que intenta el imputado a través de la apelación no puede tornarse más riguroso. Y si bien esta regla podría o pudo verse comprometida ante la existencia de recurso fiscal -sea por haber recurrido oportunamente o por reputarse válido el ahora intentado- el criterio adoptado producto de una actividad de reenvío no puede verse trastocado por las razones señaladas.

En este sentido señala De La Rúa "si la sentencia fue anulada sin que mediara recurso fiscal, el ejercicio de la acción penal cesó con la aquiescencia del Ministerio Público a la sentencia y desde luego a su contenido sancionatorio y no puede luego renacer en medida que lo exceda; la supervivencia del proceso en virtud del recurso del imputado está despejada de toda actividad persecutoria sustancial y consiste en una pura actividad defensiva". 2 De modo que, por las razones expuestas y dado el estado en que ha que quedado trabada la cuestión, la pretensión fiscal debe rechazarse en cuanto no ha sido ejercida oportunamente.

En consecuencia, la condena impuesta a Gonzalo Sebastián Leyton debe ser confirmada en los términos en que ha sido fijada, sin perjuicio del criterio de esta Alzada en relación a la suspensión de su ejecución y la necesaria imposición de reglas de conducta, tal como lo sostuviéramos a tenor del anterior pronunciamiento (Pto. B).

En similares términos se ha expedido la Cámara del Crimen de la Nación, si bien ante la omisión de aplicación de una pena conjunta: "La eventual anulación en perjuicio de los acusados de la sentencia que omitió agregar la pena pecuniaria conjunta prevista, frente a la ausencia de recurso fiscal vigente por desistimiento efectuado en Cámara, violaría, en forma siquiera indirecta el principio de la "reformatio in pejus", por lo que debe confirmarse la sentencia." 3 En orden a lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR, el pronunciamiento del Sr. Juez de grado recaído respecto de Gonzalo Sebastián LEYTON con fecha 14 de noviembre de 2006, a fs. 112/3.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y mediante cédula a la Sra. Fiscal de grado y a la defensa; oportunamente, devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23. Sigan los autos según su estado.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.