Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-13


SENT Nro. 329 San Miguel de Tucumán, 13 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por Víctor Hugo Salazar en autos: "Palacio de Molina, Rosalía vs. Salazar, Manuela Pabla y otro s/Queja por apelación denegada"; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de queja por casación denegada deducido por Víctor Hugo Salazar, en contra de la sentencia de la Cámara de Documentos y Locaciones Sala Ia. de fecha 20 de noviembre de 2002 por la que se deniega el recurso de casación.

I.- Corresponde en primer lugar analizar el cumplimiento de los requisitos para la admisibilidad casatoria, por cuanto si estos no se encuentran cumplidos resulta inoficioso observar si se cumplen con los recaudos del recurso de queja -sentencia nro. 153 de fecha 11 de marzo de 1998- Cruz Alta S.A. s/Concurso preventivo.

También es doctrina del Tribunal que "quien intenta el remedio extraordinario de la casación debe rebatir puntualmente los argumentos de la sentencia impugnada y no limitarse a pronunciar una tesis diferente de la de ésta. Para cumplir con el recaudo de suficiencia del recurso no basta aseverar una determinada solución jurídica sino que es menester exponer claramente en que consiste la violación de las normas cuya correcta aplicación se reclama con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y a los términos que el fallo lo resuelve, de modo que la presentación contenga una critica puntual de la sentencia impugnada. -"Sentencia Nro. 181 de fecha 19 de marzo de 1998- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. vs. María Victoria Dionisia Vallejo de Paz y otro s/ejecutivo.

II.- Remitiéndonos al recurso de casación, el recurrente luego de señalar que se encuentran cumplidos los requisitos formales, reseña los antecedentes expresando que en fecha 2 de marzo de 2001 mediante cédula Nro. 572 se lo notifica de un proveído que lo transcribe.- Dice: "San Miguel de Tucumán, Febrero 16 de 2001.- Téngase presente la renuncia efectuada por el letrado José Luis Fernández Olmos al patrocinio de los demandados y sin perjuicio de lo normado en el art. 73 y 75 del Cód. Procesal Civil, notifíquese a este último en su domicilio real a fin de dentro del término de tres días comparezca en el presente por sí o por medio de apoderado/a, bajo apercibimiento de ley..."; "San Miguel de Tucumán, Diciembre 15 de 2000.- Atento lo peticionado y surgiendo verosímil el derecho a la parte actora, y conforme lo normado por el art. 423 bis del C.P.C., bajo la responsabilidad del peticionante y previa caución de su parte hasta cubrir el monto de Pesos $6000 dispone la inmediata entrega del inmueble ubicado en Pasaje Celedonio Gutiérrez Nro. 851, planta baja, S.M. Tucumán a la parte actora..."; "San Miguel de Tucumán, 06 de Diciembre del 2000.- Autos y Vistos, Considerando Resuelvo: I) HACER LUGAR, con costas a la acción de desalojo iniciada por Palacio de Molina, Rosalía del Carmen, contra Manuela Pabla Salazar y Víctor Hugo Salazar, del inmueble sito en Pje. Celedonio Gutiérrez Nro. 851, planta baja, San Miguel de Tucumán, condenando a los accionados a entregar al actor libre de bienes y ocupantes, el inmueble citado en el plazo de 10 (Diez) días hábiles de quedar firma la presente resolución y bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 436 del C.P.C. II) RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios_; "San Miguel de Tucumán, Agosto 22 de 2000.- Téngase presente la renuncia efectuada por el letrado José Luis Fernández Olmos al patrocinio de los demandados y sin perjuicio de lo normado en el art. 73 y 75 del Cód. Proc. Civil, notifíquese a este último en su domicilio real a fin de que dentro del término de tres días comparezca en el presente por sí o por medio de apoderado/a, bajo apercibimiento de ley".

Sigue diciendo el recurrente que recibida esta notificación deduce en fecha 8 de marzo de 2001 incidente de nulidad de todo lo actuado y en el mismo escrito interpone conjuntamente con la nulidad Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva y de la resolución de entrega del inmueble.

Que el señor Juez inferior rechaza la nulidad y las apelaciones por ser improcedentes.

Que interpuso recurso de queja, la que se concede y abierto el recurso expone sus fundamentos.

Fundaba la nulidad el recurrente en la existencia de vicios procesales, en esencia según lo expresa más adelante que el Decreto de fecha 31 de agosto de 2001 que expresaba: "San Miguel de Tucumán, Agosto 31 de 2000.- Agréguese, pasen los autos a despacho para resolver.- PERSONAL", no había sido notificado al demandado Víctor Hugo Salazar y que sólo se habían librado cédulas para el actor y para uno solo de los demandados.

Que se corre vista al Fiscal de Cámara y en fecha 3 de junio de 2002 la Sala Ia de la Cámara de Documentos y Locaciones dicta sentencia no haciendo lugar al planteo de nulidad y confirmando la providencia de primera instancia de fecha 19 de abril de 2001.

A continuación el recurso transcribe el dictamen de la Fiscalía de Cámara donde se expresa que Víctor Hugo Salazar fue notificado en el domicilio constituido en fecha 21 de diciembre de 2000 de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2000 que hace lugar a la demanda. Que a partir de esta notificación 21 de diciembre de 2000 debe computarse el plazo previsto por el art. 170 inc. 1 del C.P.C. que fija en cinco días para el planteo del incidente de nulidad. Que este planteo ha sido formulado el día 8 de marzo de 2001 con lo que se advierte sin dificultad su extemporaneidad.

Sigue diciendo, que el Fiscal de Cámara se equivoca, por cuanto afirma que la cédula de Notificación Nro. 6009 fue devuelta al Juzgado por el Dr. Fernández Olmos por escrito de fecha 27 de diciembre de 2000 en el que hacia presente que en fecha 12 de agosto de 2000 había renunciado al patrocinio y que para evitar nulidad solicitaba se suspendan los términos procesales.

Que este escrito ha sido decretado ordenándose librar nueva cédula al domicilio real y que ha recibido la cédula en que se le notifica de la sentencia de fondo y de la resolución de entrega del inmueble, y que en ese momento adquiere conocimiento de los actos procesales.

Expresa luego el recurrente que la Sala dicta sentencia que la transcribe donde esencialmente se señala que el cuadro fáctico descripto en el dictamen fiscal resulta ajustado en todo lo actuado en autos y por ende fiel reflejo de las constancias de autos. Siendo así, el Tribunal comparte en un todo las consideraciones y fundamentos vertidos en tal dictamen, dándolos por reproducidos en razones de brevedad y haciéndolos suyos.

Señalado los antecedentes de esta forma por el recurrente, concluye que la sentencia carece de fundamentación por que solo se remite al dictamen del Fiscal de Cámara y por lo tanto cae en los mismos errores del dictamen.

Cita jurisprudencia que entiende lo favorece.

Como conclusión señala que no solamente la falta de fundamentación de la sentencia configura gravedad institucional que habilita la instancia, sino que la falta de notificación del decreto que llama autos para resolver también vulnera el sistema legal como así también el principio constitucional de defensa en juicio.

III.- Con respecto a la falta de fundamentación de la sentencia fundado únicamente en que la sentencia de la Sala Ia. se remite a un dictamen de Fiscalía de Cámara que por razones de brevedad da por reproducidos, debe ser objeto de rechazo toda vez que la remisión al dictamen fiscal o a la sentencia de primera instancia cumple con los recaudos de la fundamentación. En este sentido se invoca precedentes de este Tribunal, así por ejemplo sentencia nro. 16 de fecha 23 de febrero de 1994 dictada en juicio "Sandoval, José Manuel y otros vs. Municipalidad de S.M. de Tucumán s/recurso de amparo"; Recurso de queja por casación denegada; sentencia nro. 473 de fecha 26 de julio de 1996, juicio: "Torres, Valentín s/información sumaria".

Y con respecto al supuesto vicio procesal de la falta de notificación del decreto que llama autos para sentencia al demandado Víctor Hugo Salazar, también debe ser objeto de rechazo toda vez que el recurrente no se hace cargo de los fundamentos que señala el decreto de fecha 16 de febrero de 2001 en cuanto expresa que se tiene presente la renuncia al patrocinio del letrado José Luis Fernández Olmos "y sin perjuicio de lo normado en el art. 73 y 75 de Cód. Procesal Civil_".

Debemos decir que la frase "sin perjuicio" quiere decir DEJANDO A SALVO, conforme Diccionario de la Lengua Española Vigésima Primera Edición Madrid 1992 "y dejar a salvo los arts. 73 y 75 del Código de Procedimientos Civiles" quiere decir que el domicilio constituido produce todos los efectos y se mantiene rigiendo en el juicio principal y accesorios mientras no se constituya otro con la precisión apuntada.

En consecuencia las notificaciones practicadas en el domicilio constituido el día 21 de diciembre de 2000, tiene pleno efecto jurídico por aplicación de los preceptos citados, por lo que el incidente de nulidad y los recursos presentados el día 8 de marzo de 2001 resultan notoriamente extemporáneos.

Por ello, como ha sido expresado en la sentencia citada al inicio de este voto, el recurso carece de sustento real y por lo tanto deviene inadmisible cuando para fundar un agravio se desconocen las razones que expresa la sentencia.

Desconocer la frase "y sin perjuicio de lo normado en el art. 73 y 75 del Cód. Procesal Civil" es desconocer la esencia del argumento de la sentencia y este desconocimiento hace procedente la inadmisibilidad del recurso de casación y como consecuencia el rechazo del Recurso de Queja por Casación Denegada.

Por ello y habiendo sido oído el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de queja por casación denegada en contra de la sentencia de la Cámara de Documentos y Locaciones Sala Ia. de fecha 20 de noviembre de 2002.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA