Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-27


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 27 días del mes de Diciembre del año dos mil doce, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "O., J. S. s/Dcia. Usurpación s/Impugnación" (Expediente N° 22.588 - Fº 86 - Año 2012).

Del sorteo practicado, resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Prólogo Ha recalado en la Sala la impugnación extraordinaria del Ministerio Fiscal interpuesta en contra de la resolución dictada el 11 de Octubre de 2011 -audiencia protocolizada con el número 1385 del mismo año- a cuyo través la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Alejandra Suarez, sobreseyó a G. N. B. y a M. d. l. Á. M. por considerar que se había cumplido el plazo máximo de investigación (citó el artículo 285 inc. 7mo. del CPP, junto a sus pares 282 y 283) La decisión fue emitida en el marco de la audiencia preliminar (art. 295 del C.P.P) y concernía a la investigación por el Ministerio Fiscal respecto del delito de Usurpación por despojo en carácter de coautores (arts. 181 y 45 del C.P.), sucedido en la ciudad de asiento el día 9 de agosto de 2010, en desmedro de J. S. O.

II. El recurso	El Ministerio Fiscal se agravió por: a) considerar que la sentencia impugnada carecía de fundamentación suficiente y constituía una sentencia arbitraria por poner fin al proceso mediante un decreto o despacho de mero trámite que no cumplía con los recaudos exigibles desde lo normado por los artículos 25 y 286 del CPP y b) por entender que la solución se enmarca en la aplicación errónea de preceptos legales, especialmente los vinculados con el momento a partir del cual comienzan a correr los plazos de duración del proceso, que a su criterio sería el día en que se realiza la audiencia de apertura.

Luego de realizar una reseña de la causa y de los fundamentos otorgados por la Jueza en la audiencia en cuestión, se refirió a los requisitos establecidos por el ordenamiento ritual en el artículo 286 para el dictado del sobreseimiento.

Puso de relieve la insuficiencia de argumentos vertido por la "a-quo" al punto de constituir una sentencia arbitraria.

Llamó la atención sobre el error conceptual en el que ella había incurrido cuando sostuvo que el tiempo de la investigación había fenecido.

En otro pasaje remarcó que el artículo 269 del CPP, que impone al Ministerio Púcblico Fiscal un plazo de 15 días para disponer la apertura de la investigación, no tiene carácter perentorio, y disponer la apertura de la investigación con posterioridad a él de ninguna manera afecta los plazos procesales establecido en el código ritual, toda vez que los plazos de duración del proceso y de investigación comienzan a correr a partir de la audiencia de apertura de la investigación, tal como surge claramente de la lectura de los arts. 274 y 282 del CPPCH, textos que no admiten otra interpretación posible.

Hizo reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por existir cuestión federal constitucional y arbitrariedad de la sentencia.

En el final peticionó que se tuviera articulada la impugnación en desmedro de la sentencia de marras y oportunamente se revocara la resolución atacada disponiendo la continuación del proceso.

La Procuración General sostuvo el recurso y expuso argumentos en la audiencia del art. 385 del C.P.P.

III. La Defensa	La posición de la defensa retrucó en el escrito que está entre las hojas 37 a 41.

En él se dijo que la sentencia poseía motivación pues la Jueza había aplicado correctamente el derecho.

Se explicó la significancia del vocablo motivación y predicó que la resolución se adecuaba a los niveles que el concepto exige.

Discutió luego lo temporáneo de su proposición a partir del engarce de las normas procesales, constitucionales local y constitucionales de la federación, luego de la incorporación de los pactos, tratados y convenciones aplicables.

Por ello la cuestión no quedaba limitada, a su parecer, a la interpretación del art. 274 del C.P.P. sino a la verificación de si, acaso, fueron lesionadas garantías constitucionales.

Al respecto hizo una semblanza del devenir del expediente desde el momento en que el Ministerio Fiscal tomó noticia del hecho, hasta el instante en que se realizó la audiencia de apertura de la investigación, apreciándose que holgaba al plazo máximo del art. 282 del C.P.P.

Consideró que el lapso implicaba una manipulación inaceptable de las atribuciones del Ministerio Fiscal que las había ejercido de manera irrazonable.

En lo que atañe a lo que llamó segundo agravio, citó el caso M. con referencia a la garantía del imputado de ser juzgado sin dilaciones indebidas, y el voto de la doctora Mónica Rodríguez en folios "Pcia del Chubut c/ V.".

Impetró la confirmación de la sentencia.

De igual manera procedió el señor Defensor General quien aludió en la audiencia del art. 385 del C.P.P. que la ley aplicable era aquella que regía el día del hecho.

IV. La solución.

El punto neurálgico de la impugnación ha sido, y parece no rendir frutos la nutrida jurisprudencia de la Sala, la errada aplicación de los preceptos legales que determinan el momento desde donde se deben contar los plazos de duración del proceso.

Ya se ha visto en la descripción de los puntos de agravios, aún sucintamente, la razón por la cual la decisión de la "a quo" fue puesta en crisis.

Es que el quid de la cuestión que se ha puesto en la mesa de examen es el momento que ha de tomarse como punto de referencia para comenzar a contar los plazos procesales que la Jueza estimó vencidos.

Resulta por lo menos paradojal que la Jueza haya reconocido, por un lado, la condición ordenatoria del plazo asignado al fiscal para la investigación preliminar (la recopilación de datos necesarios para abrir la investigación) y en la otra mano haya sancionado procesalmente la -por ella- alegada inactividad del encargado de la persecución.

Los plazos de la naturaleza de que se trata son, en palabras de Clariá Olmedo, finales meramente ordenatorios, y su inobservancia no da ". paso a sanción procesal;. generalmente rigen para los funcionarios del proceso, los que pueden ser pasibles de sanciones disciplinarias." (el autor en su "Derecho Procesal Penal" T II, página 241,Ed. Marcos Lerner- Córdoba).

Si se considerara el momento del decreto fiscal de apertura de investigación (antigua redacción de la norma 282 del rito), tampoco sería procedente la proposición, pues emitido el 2 de Mayo de 2011, el tiempo poseería efectos a partir del 2 de Noviembre de aquél año.

Ahora bien, si se pensara que a partir de la sanción de la Ley XV N° 15 el punto de referencia para contar el plazo de duración de la etapa preparatoria es la audiencia regulada en el artículo 274 del Código de formas, decididamente el plazo no había muerto.

Aquella se celebró el 16 de Septiembre de 2011, y la Audiencia Preliminar que establece el artículo 295 del Código Adjetivo, instante del sobreseimiento cuestionado, el día 10 de Octubre de 2011, un mes de diferencia.

Prosigo.	La Jueza hizo decaer la capacidad fiscal en forma claramente arbitraria cuando se apartó de las mandas procesales respectivas.

Ya digo, la sanción administrativa es el único remedio a la desobediencia de plazos no fatales. Si la Jueza estimó que había incuria por parte de algún funcionario del Ministerio Público, debió informar a los Superiores o a la Procuración General para que lo sancionaran.

No lo hizo; echó mano de un criterio a todas luces arbitrario -tal lo expliqué- lo que hace nula la resolución atacada que debe revocarse y retrotraer el curso del proceso al momento de su dictado.

Nuevamente señalo a los señores Jueces la observancia de la doctrina legal sentada por la Sala, para evitar dispendios como el que provocó este recurso.

Si bien sostengo la posición dada en causa "B.", citada por la Defensa, no percibo irracionalidad temporal entre el 9 de agosto de 2010 y el 2 de Mayo de 2011, tema que no ha sido suficientemente apuntalado por la Jueza de grado ni el contendor del acusador público.

Creo que la señora Jueza ha realizado una interpretación inadecuada de los precedentes de la Sala, extirpándolos del caso concreto y aludiendo a los aspectos útiles a su discurso de justificación, por lo que en nada entorpece esa alusión a la solución que propugno.

Por lo expuesto, postulo que se declare procedente la impugnación extraordinaria, se revoquen los sobreseimientos de G. N. B. y de M. d. l. Á. M., y se ordene la remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia a sus efectos.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. En el voto elaborado por el doctor Pfleger fueron expuestos los antecedentes del caso y los agravios vertidos por el Ministerio Público Fiscal, de modo que, en honor a la brevedad, me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II. Luego de examinar las cuestiones traídas a revisión adelanto mi posición coincidente con la del magistrado preopinante.

El tema relacionado con el plazo de la investigación ha sido debidamente analizado por la Sala en autos "Provincia del Chubut c/ B., S. D. s/encubrimiento por receptación doloso s/ recurso de queja" (Expediente N° 21.628- 128- T II- Letra "P"- Año 2009).

Así, si la audiencia de apertura de la investigación data del día 26 de septiembre de 2011 y la audiencia preliminar se celebró el 10 de octubre del mismo año, el plazo no había fenecido.

La interpretación que la jueza hizo de la norma es ilegal y por lo tanto las desvinculaciones devienen infundadas.

III. Por lo expuesto voto por declarar procedente la impugnación extraordinaria interpuesta y revocar el sobreseimiento de G. N. B. y de M. d. l. A. M., remitiéndose las actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

Así voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Los Ministros que me precedieron en el voto han poco menos que agotado el tema a resolver pero, por expresa manda del artículo 25 del Código Procesal Penal, exhibiré mi parecer, coincidente al de mis distinguidos colegas.

II. El Ministerio Público Fiscal cuestionó el sobreseimiento de G. N. B. y de M. d. l. Á. M. dispuesto por la Jueza Penal Suárez, en el marco de la audiencia preliminar.

III. De acuerdo al cómputo efectuado en los sufragios anteriores y, a la luz del precedente "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ B...", que fijó el momento a partir del cual comenzaba a computarse el término de seis meses de la etapa preparatoria, en el sub exámine ese lapso no se hallaba finiquitado al tiempo que la Jueza Penal emitió el pronunciamiento atacado.

IV. Por lo dicho, corresponde declarar procedente la impugnación articulada, revocar la resolución Nº 1385/2011 y remitir estos actuados a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria que obra a fs. 24/34 vta.

2º) Declarar la nulidad de los sobreseimientos de G. N. B. y de M. d. l. Á. M., dictados en acta protocolizada con el número 1385/2011 de fs. 21.

3°) Disponer el reenvío al Tribunal que corresponda a sus efectos.

4°) La presente es firmada por dos miembros por encontrarse el Ministro Daniel Alejandro Rebagliati Russell en uso de licencia.

5°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger-Alejandro Javier Panizzi- Ante mí: José A. Ferreyra Secretario.