marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, subasta, seguro de caución, levantamiento del embargo, suspensión de la subasta, facultades del síndico del concurso, acreedor verificado, contrato por terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEL AZAR, JUAN s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-15

Si en un proceso falencial se decreto la subasta de los bienes y, con posterioridad se presento el hijo del fallido agregando una póliza de seguro de caución emitida por hasta cierto monto en favor del juzgado de la quiebra, por la que garantizaba a este el pago que resultase obligado el propio deudor, solicitando el levantamiento "del embargo" que entendió trabado sobre los bienes desapoderados e incautados, lo cual motivo que el tribunal a quo suspenda la subasta y disponga oír al sindico, resulta improcedente que ante la pretensión de un acreedor verificado de que se intime a la aseguradora a depositar el importe de su crédito, se ordene -como en el caso - esa intimación bajo apercibimiento de ejecución. Ello pues, lo expuesto denota un notable desvío del procedimiento legal concursal, toda vez que se genero una controversia entre un acreedor verificado que pretende cobrar no ya del fallido sino de un asegurador del mismo, contratado por un tercero (el cual sostiene no haber ocurrido el siniestro respecto del cual dio cobertura). Por ende, tal conflicto esta totalmente fuera de lugar en el proceso, al que son enteramente ajenas las garantías de terceros dadas para levantar el "embargo" de los bienes falencias, por lo que procede dejar sin efecto aquella intimación.
Personas con discapacidad mental, curador
Materia: CIVIL
Carátula: C., H. M. s/ Declaración de insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-05-28

Cabe hacer lugar a la demanda tendiente a restringir la capacidad de obrar de quien padece una afección mental, pues de la entrevista personal surge que el individuo puede llevar una vida sencilla con sus familiares y que puede manejar bien el dinero, que está yendo al médico y que toma sus pastillas de por vida, por lo que sin desatender las recomendaciones médicas y psicológicas, no aparece necesaria la intervención de un curador, sino de un apoyo, a fin de permitirle la máxima autonomía posible dentro de sus limitaciones. En consecuencia, la limitación sólo regirá respecto de los actos de disposición y administración de bienes muebles o inmuebles registrables y de dinero, y por el plazo de tres años, lapso durante el cual se volverá a someter a la persona con discapacidad mental a un nuevo examen multidisciplinario, para conocer si ha tenido alguna evolución en su salud, su integración en el medio social en el que vive y la conveniencia de continuar con el sistema de apoyos.
Jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., J. s/ Homicidio (Expte Nº 196-98, Resolución Nº  18, Tomo 5, Folio 437)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-07

La definición de lo que es duda y de lo que constituye certeza, son extremos propios de una teoría del conocimiento, o más particularmente de las formas de conocimiento de que ella trata, y que fijará los métodos o reglas para definir aquella certeza que se trataría de lograr. Esto, que es evidente en cualquier área de la ciencia, se presenta también en el proceso penal, donde aunque con singular recurrencia en doctrina y jurisprudencia, se habla del logro de una verdad objetiva y real como meta del proceso penal y fundamento de la sentencia condenatoria, lo cierto es que tal verdad objetiva en cuanto coincidencia entre el objeto que se quiere conocer y lo que se entiende como tal, es algo inasible para el ser humano -y el juez lo es- cuyo conocimiento del mundo exterior siempre y fatalmente es subjetivo, pareciendo que la apelación a esa verdad objetiva opera más como un recurso que podemos utilizar para disimular la angustiante posibilidad de equivocarnos, que otra cosa.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: América   TV   S.A.   -incidente   med.- c/ Comité  Federal  deRadiodifusión. s/ regulación de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que reguló honorarios significativamente inferiores a los que por ley corresponden y que no contiene fundamentos que permitan determinar la manera en que fueron aplicadas las normas que cita, para relacionarlas con el importe asignado a cada letrado.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Graduación de la pena, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La determinación de la pena no está librada a la discrecionalidad del juez, pues su decisión debe estar fundamentada en los parámetros proporcionados por el ordenamiento jurídico -arts. 40 y 41 del Código Penal-.
Derecho procesal, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: TINTAS  ESPECIALES  SA c/ PRINT  FLEX  MANUFACTURAS  DE ENVASESFLEXIBLES SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-07

Del dictamen fiscal 115127: la regla general de competencia es el domicilio del deudor, que sólo cede, aparte de los casos de fuero de atracción, causas conexas y litisconsorcio, en los supuestos en que el lugar de cumplimiento de la obligación se encuentra expresa o implicitamente establecido, pero siempre que esta última circunstancia surja en forma clara y evidente (cfr. sala b, 30.12.88, "Alpargatas c/ Menegosi"). Así cuando -como en el caso-, en los contratos de cesión de facturas se advierte la existencia de cláusulas mediante las que se pautaron en uno de ellos, la jurisdicción de los tribunales de capital federal y en los otros la jurisdicción de los tribunales de Lomas de Zamora, no se advierte en forma indudable y fehaciente la elección de los tribunales pactados. Es que se diversificarían en dos jurisdicciones el mismo objeto demandado, es por ello que entra a regir la aludida norma general de competencia y que, ante la ubicación del domicilio del accionado en la capital federal corresponde a esta última intervenir en la causa.
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., S. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22

La actividad administrativa que conduce a la pérdida de esa estabilidad en el empleo, no constituye una facultad discrecional de la Administración Pública, sino una facultad reglada o vinculada.- El personal no puede ser privado de su empleo sino por las causas y procedimientos que su Estatuto determine.
Caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Juan A. y otros c/ Consorcio propietarios Stella Maris Primero S. Brown 1855 M.D.P s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-25

El caso fortuito, como factor eximente de responsabilidad, no solo debe tener las condiciones genéricas de imprevisibilidad o inevitabilidad contempladas por el art. 514 del CCI, sino, y particularmente en materia de accidentes en los que intervienen maquinas, motores, edificios, instalaciones eléctricas, revestir, asimismo, la nota de "extraneidad" con la cosa -esto es, no tener con la misma vinculación alguna-, de modo tal que escape a toda previsión, cuidado, mantenimiento o vigilancia.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. Suc. Tala c/ Casavechia, Julio Alberto; González, Luis Jacinto y Fiorotto, Noemí del Carmen s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-23

Como se ha sostenido doctrinariamente, en el juicio ejecutivo "la falta de legitimación del actor o del demandado debe cuestionarse mediante la excepción de inhabilidad de título y no oponiendo la de falta de personería. Sin embargo es de advertir que los jueces pueden prescindir de la denominación que hagan las partes y sobre la base de los hechos expuestos, calificar correctamente la excepción.

Pese a que, en principio, el Juez al pronunciarse sobre las excepciones opuestas tiene que dictar sentencia ordenando llevar adelante la ejecución en todo o en parte o su rechazo, declarada procedente la excepción de falta de personería, corresponde que el juez fije el plazo dentro del cual debe subsanarse el defecto.

Vencido el plazo otorgado sin que el ejecutante cumpla la intimación, se lo tendrá por desistido del proceso". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lealtad comercial, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: YALTRES S.R.L. s/ Lealtad comercial Causa 35358-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El bien jurídico protegido por la ley 22802 es la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los derechos del consumidor y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la transparencia en tales actividades y la figura no requiere que se produzca un ataque o un peligro para bienes jurídicamente protegidos (Del voto del Dr. Hornos).
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, exención de depósito
Materia: PROCESAL
Carátula: Mata, Roberto Pedro c/ Mata y Payas, Delia Elena y Otros s/ División de condominio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

La exigencia que impone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar el sellado o tasa de justicia, según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas, o han obtenido un beneficio de litigar sin gastos en forma definitiva.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Se puede introducir una cuestión constitucional cuando se imputa a la ley crueldad o desproporcionalidad respecto de la ofensa atribuida, lo que equivale a cuestionar su razonabilidad, pero el juicio sobre tal razonabilidad no puede fundarse exclusivamente en la comparación de las penas conminadas para los distintos delitos definidos en el catálogo penal.
Indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ, PEDRO LUCIO c/ YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

Cuando la determinación del monto indemnizatorio se realice por aplicación del tope máximo previsto en el artículo 8 de la ley 9688 (segundo párrafo del inciso a), el mismo deberá considerarse a valores constantes de la fecha de exigibilidad (conforme plenario número 231 del 9 de diciembre de 1981). De lo contrario, la desvalorización monetaria ocurrida desde el infortunio hasta la mora disminuiría el crédito en forma notoria, consecuencia no prevista ni querida por el legislador al establecer el mencionado tope.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrios de Tomasín, Amanda c/ Instituto Médico Central s.a. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

La acción por muerte de una persona no puede nacer sino en cabeza de personas vivas; es así que las víctimas jurídicas son la viuda, los hijos y demás parientes perjudicados; lo mismo puede decirse de la acción por reparación del daño moral que tiene carácter personalísimo -arts. 522 y 1073, C. Civ.-. Se trata de la lesión a los sentimientos de la esposa e hijos menores del fallecido, no siendo dable hablar de una mayor o menor intensidad del agravio si los damnificados no lo han hecho al demandar su resarcimiento. Por lo tanto si en el caso, la madre inició la acción resarcitoria en nombre propio y la de sus hijos menores por la muerte de su cónyuge, mal puede pretender en la transacción que se le adjudique el 70% del monto resarcitorio y el 30% restante a los menores.-
Recurso de inconstitucionalidad, planteo oportuno, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GRIME, OSCAR c/ MONTERONI, CARLOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-23

El requisito del planteo oportuno de la cuestión constitucional no se torna exigible cuando el agravio incumbe a la interpretación que la Cámara dio a determinada circunstancia, lo que determina la posible existencia de arbitrariedad sorpresiva. En efecto, esta Corte ha entendido que debe considerarse superado el recaudo de oportuno planteo de la cuestión constitucional -que en el caso la Sala consideró incumplido-, si de la lectura de las constancias de la causa se desprende que en los términos en que se trabó la articulación que motiva la interposición del recurso, el supuesto de arbitrariedad que intenta la recurrente devendría de la fundamentación dada por el Tribunal en su decisorio.(Citas: CJSF: A.y S.T. 76, p. 263/264; A. y S. T. 185, p. 236/239).
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, opción para salir del país, reglamentación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Navarro, Néstor Silvio y otros. s/ hábeas Corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-22

Luego de haber ejercido el detenido el derecho de opción para salir del territorio nacional, en los términos del art. 23 de la Constitución Nacional, la denegación reiterada por tercera vez excede del límite de la facultad que el art. 5 del Acta Institucional del 1 de septiembre de 1977 acuerda al Presidente de la República. Ello así, pues si bien la reglamentación razonable del derecho de referencia permite encuadrar su ejercicio dentro de determinadas pautas y plazos, constituye una alteración de aquél, en pugna con el art. 28 de la Ley Fundamental, la prolongación sine die del impedimento de hacerlo efectivo, y por consiguiente su desnaturalización en mero derecho de petición, lo que está en contradicción con el art. 1 de dicha Acta Institucional, que ha dejado expresamente sin efecto la suspensión del derecho de opción.
Accidente de tránsito, rutas nacionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/C CARABAJAL, GUSTAVO GABRIEL; FERNÁNDEZ, KEVIN ANTONIO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-07-28

Esta Corte resulta incompetente para entender en el proceso incoado con motivo de un accidente de tránsito ocurrido en una ruta nacional entre una camioneta particular y la víctima fatal. (Voto del Dr. Cornejo).
Relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Torres, José Alberto c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Calificar a una relación declarando que reviste el carácter de un contrato de locación, no resulta suficiente al momento de negar la existencia de relación de dependencia. Quien se obliga a prestar servicios remunerados con sujeción a ciertos controles o instituciones sin asumir un riesgo económico, no tiene como causa fuente la existencia de un contrato de locación de servicios de acuerdo a las prescripciones del art. 1623 del Código Civil, sino un contrato de trabajo en los términos de la L.C.T.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, proceso penal, imputado, libertad, falta de mérito
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V. W, A. F s/ Libertad provisional. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 667-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

Si bien la resolución mediante la cual se confirmó la denegatoria de la libertad provisional y libertad por falta de mérito peticionadas por el imputado no es -atento a su naturaleza-, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, cabe su equiparación a la misma ya que restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionándole un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior.
División de poderes, distribución de competencias, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Correo Personal S.A. c/ Congreso de la Nación y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Nuestro más alto Tribunal ha establecido que: "...El principio de separación de los poderes y el necesario autorespecto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales de su competencia impone que, en las causas donde se impugnan actos que otros poderes han cumplido en el ámbito de las facultades que le son privativas con arreglo a lo prescripto por la C.N., la función jurisdiccional de los jueces no alcance a interferir con el ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación"; "...La misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial evitando así enfrentamientos estériles" (confr. Fallos: 155:248; 254:43, consid. 4º y 282:392, consid. 13). (Confr. esta Sala, 17/10/95 "High Comm S.A.").
Proceso penal, acción penal, orden público
Materia: PENAL
Carátula: INFORMACION SUMARIA A FIN DE ESTABLECER LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO DE PABLO EDUARDO VIDAL s/ CASACION FALLECIMIENTO DE PABLO EDUARDO VIDAL s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-20

Los familiares que, sufren en forma directa la pÚrdida de un miembro de su familia, tienen derecho a que el Estado realice una investigación o persecución penal eficaz, tendiente a determinar las circunstancias en que se ha producido el hecho y la existencia del o los autores (obligación de satisfacer los iusnaturales derechos a la verdad y a la justicia), a más del derecho de constituirse en el proceso como actor civil y realizar los aportes tendientes a acreditar el daño indemnizable, ello no tiene relación con el derecho-deber a la persecución por medio de la acción pública. Su intervención en el proceso es la de sujeto eventual y secundario, y no significa que comparta o asuma el ejercicio de la acción penal pública. Este límite responde a lo preceptuado por el Art. 71° del Código Penal, ley de jerarquía superior a las normas provinciales, de modo que el juzgador no puede optar por una interpretación de las normas que regulan el proceso penal que prescinda de la naturaleza oficial de la persecución penal, concediendo al actor civil un derecho que el ordenamiento sustantivo no le ha reconocido. Es decir, el sistema de recursos previstos por el Código de rito criminal de la provincia responde a preceptos consagrados en la ley penal en cuanto a la oficialidad de la acción penal, por tanto, por imperio del art. 31° de la Constitución Nacional, las posibilidades de actuación de la parte civil damnificada no pueden avanzar más allá de lo que las reglas de fondo han dispuesto. como para la interpretación de todo precepto es elemental que su cabal sentido y alcance sea aprehendido relacionando la ley en estudio con otras leyes, aún cuando, por hipótesis, el legislador provincial hubiera previsto la eventual participación del actor civil en el proceso penal con facultades más extensas que las actuales, esta participación debería siempre estar acomodada al principio que señala que es función del Ministerio Fiscal promover y ejercer la acción penal pública, con arreglo a las normas de la Constitución Nacional (Art.31°) y del Código Penal (Art.71), por lo que no sería posible aceptar una autonomía recursiva del civil damnificado que vaya más allá del interÚs incriminante fiscal, pues sería delegar, por medio del ritual, a un acusador privado con plena independencia, una acción penal que el orden público no le ha concedido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, discriminación, discriminación laboral, prueba, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ursini, Paola Cassia c/ Geddes, Gloria y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Es arbitraria la sentencia que al rechazar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un acto discriminatorio efectuó un examen meramente ritual de la prueba producida, obviando considerar que un enfoque global de las contestaciones de demanda y su confrontación con las constancias de la causa, revelaba que las explicaciones de los demandados acerca del despido de la actora eran contradictorias e incoherentes y no encontraban apoyo probatorio (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Prescripción, plazo, daños y perjuicios, relación de consumo
Materia: CIVIL
Carátula: Plazaola, Mónica Alejandra c/ Telecom Argentina S.A.- s/ sumarísimo s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-26

PRESCRIPCIÓN - PLAZO - DAÑOS Y PERJUICIOS - RELACIÓN DE CONSUMO: El plazo de prescripción aplicable al reclamo de indemnizaciones de daños derivados de la responsabilidad civil, aunque ésta provenga de una relación de consumo, es de tres años, conforme lo establece el art. 2561 CCC
Prescripción de la acción penal, falsificación de marca o designación, secuela de juicio, plazo máximo, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Weinstein, Rubén Guillermo s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-10

El delito investigado sería el previsto y reprimido por los incisos a) y d) del artículo 31 de la ley 22362 que contempla una pena máxima de dos años de prisión -conforme lo resuelto por la Cámara Federal de Paraná al confirmar parcialmente el auto de procesamiento del encausado; calificación legal que no se encuentra discutida en el presente incidente de prescripción por la recurrente-; por lo que no existiendo ningún acto posterior al procesamiento y el plazo prescriptivo previsto en el art 62 inciso 2 del CP que pueda ser considerado secuela de juicio en los términos pronunciados, debe ser rechazado el recurso de casación interpuesto por la Sra Fiscal General de Paraná (Voto de la Dr.a. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-).
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, Javier s/ procesamiento inf. artículo 14, 1a. parte, Ley 23.737  Causa nro. 27.963
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

Conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, si en el curso de la investigación no se comprueba la finalidad de comercio de estupefacientes ni tampoco la de consumo personal, habrá de estarse a la figura de tenencia simple, toda vez que ella es el tipo básico y las demás son, una agravante y otra atenuante.