marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violación de secreto profesional, aborto
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Si existe justa causa para revelar una noticia, y la probable comisión de un delito de aborto lo es -por cuanto se está interrumpiendo el desarrollo de una vida humana-, la actitud del profesional que la denuncia no puede bajo ningún punto de vista resultar ilegítima, por cuanto no encuadra dentro del tipo penal previsto en el artículo 156 del código de fondo. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Comisión Nacional de Valores, agente de bolsa, mercado de valores
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERCADO  DE  VALORES  DE  BUENOS AIRES MERVAL c/ ARBITRAR. NET s/ SUMARIO S/ ORGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

La sanción de revocación de la inscripción para actuar como agente de bolsa constituye la mas grave que prevé el ordenamiento legal, por lo que debe estar, en principio, reservada para casos extremos en que la trasgresión cometida revista absoluta gravedad, no solo por las circunstancias objetivas del hecho imputado, sino también por los antecedentes personales o subjetivos del autor de la falta. Solo cabría aplicarla -a modo de ejemplo- a los reincidentes de faltas graves y a los condenados por delitos que afecten al mismo tiempo en forma grave los intereses y bienes jurídicos en orden a cuya protección se ha establecido la regulación estatal en materia de bolsas y mercados de valores, y solo excepcionalmente imponerse como primera sanción disciplinaria. En tanto la Ley 17811 contiene una escala de penas en la que cabe interpretar implícitos los principios de progresividad y proporcionalidad, procede adoptar, dentro de los distintos grados de penalidad previstos en la norma, aquella sanción que, siendo suficientemente severa para reprimir la gravedad de la trasgresión cometida, no irrogue un mal innecesario y desproporcionado al autor de la inconducta (CNCom, Sala C "Eduardo A. Nellen S/ Sumario Mercado de Valores de Buenos Aires SA" del 26/08/1991).
Pena, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: VILLANI, ALAN EZEQUIEL c/  s/ PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Los mínimos de las escalas penales señalan, en principio, un límite a la facultad de los jueces de individualizar la respuesta punitiva, mas éste cede si las otras fuentes de mayor jerarquía del derecho de cuantificación penal obligan a otra solución, siendo, por tanto, meramente indicativos, de modo tal que la evaluación de la razonabilidad de la imposición de una pena inferior al mínimo legal no puede desentenderse del análisis de la razonabilidad de la escala penal en abstracto, considerando que la afectación de los derechos que la imposición de la pena importa, no puede ser groseramente desproporcionada con la magnitud de la lesividad del conflicto o con el grado de la lesión provocada al bien jurídico, lo cual obliga a meritar la coherencia entre la magnitud de la pena conminada y el hecho delictual. Desde esta perspectiva, y más allá de las particularidades del hecho en sí y de las personales del condenado, no puede pasar desapercibido que el delito por el que se condenara al imputado es de peligro, por lo que el grado de injusto es necesariamente menor al de los tipos de lesión. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 232, p 336; T 274, p 437.
Procedencia parcial, plan de ahorro previo, concesión para la venta de automotores, responsabilidad solidaria, daño moral, reducción de la indemnización, intereses, sentencia extra petita, principio de congruencia, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ibarra Salas, Tomás Al c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ abreviado-cumplimiento/resolución de contrato- tram.oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-08

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando la condena a pagar la obligación resarcitoria por daño moral -la que se reduce- con más los intereses correspondientes, y rechazando el recurso en todo lo demás que ha sido materia de agravios salvo en lo que concierne a las costas de la Primera Instancia -que se declara abstracto, desde que se modificó lo resuelto por admisión del recurso de apelación del actor-.La puesta a disposición de un sistema de ahorro a favor del consumidor para la adquisición de un automóvil, forma parte de una cadena de comercialización en la que se encuentran inmersas ambas demandadas. Se trata de integrantes de un sistema de producción y comercialización complejamente articulado, en el que el retiro de uno de ambos demandados importaría la frustración completa del negocio. Ello así, es por demás evidente que ante el incumplimiento obligacional de uno de los integrantes, los efectos necesariamente han de proyectarse a los demás, pues se activa la solidaridad consagrada en el art. 40 de la LDC. Ahora bien, en lo que respecta a la cuantificación del daño moral ha de precisarse que asiste razón a la recurrente, pues la sentencia fue dictada de manera extra petita y violando el principio de congruencia. Es evidente que el a quo se ha excedido al cuantificar la indemnización por lo que vale, y no por lo peticionado por el damnificado. No es atinado acudir al orden público imperante en la responsabilidad civil para fundar el otorgamiento de una indemnización que excede notable y ostensiblemente el margen de discrecionalidad que todo juzgador tiene a la hora de determinar su quantum. A mayor abundamiento, si el actor entendió que el daño que había sufrido ascendía a la suma que indicó en su demanda -y luego ratificó en el alegato, expresa o implícitamente-, el a quo aunque determine que el daño es mayor o que corresponde otorgar una suma superior a la peticionada, queda claramente condicionado por lo que el accionante haya solicitado.
Acción de amparo, caducidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: I. ,M. M. c/  s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

En el marco del proceso suscitado por la acción de amparo en que la conducta lesiva -y no sólo sus efectos- dura en el tiempo y se renueva periódicamente, es de aplicación la corriente de pensamiento sentada por la Corte de Justicia nacional y que esta Suprema Corte ha adoptado, expresando: a) cuando la norma o acto estatal impugnados afectan de un modo instantáneo derechos amparados por garantías constitucionales, el plazo de caducidad corre a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento del agravio, es decir que la aplicación del precepto (art. 6 de la ley 7166, y art. 5 de la ley 13.928) se torna imperativa para los jueces, pero b) cuando la norma o acto cuestionados aparejan para el interesado un desconocimiento o vulneración de sus derechos constitucionales que operan de un modo periódico o sistemático o que perduran en el tiempo sin solución de continuidad, la posibilidad de ejercer la acción de amparo por parte del damnificado no se agota con el fenecimiento del plazo del art. 6.(del voto del doctor de Lázzari) Fuente del sumario: OFICIAL
Alimentos, excepción de pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Nilda Mabel c/ Gonzalez, Carlos A. s/ Ejecución cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Resulta ineficaz a los fines de demostrar idóneamente la extinción de la obligación de pagar alimentos como lo exige el rito (arg. art.

504 inc. 3 del C.P.C.), el argumento de haber afrontado numerosos gastos para la alimentada desde que ello ha de entenderse que lo hizo el alimentante voluntariamente en beneficio de su hija, circunstancia que no lo exime de dar cumplimuiento a la cuota pactada en su oportunidad.- (Minoría u opinión personal)
Compraventa mercantil, precio, pago, mora del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADOLFO Y LUIS GARCIA c/ SNIAFA S.A.I.C. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-02

En una compraventa, la falta de pago del precio o su saldo, en el plazo legal o convencional, provoca la mora del deudor por su solo vencimiento, cuando el lugar de pago es su propio domicilio.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Charchafle, Jorge c/ Graysa SRL. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-03

Si el ejecutante niega ser inquilino pues sostiene que detenta el inmueble en virtud del derecho de retención que la ley le confiere, resulta muy claro que no procede la vía ejecutiva y el pago del crédito deberá ser reclamado por juicio sumario con las consecuencias previstas en el art. 523 inc. 2º del CPC., ya que el dictado de la sentencia de remate ofrece una nueva oportunidad para examinar el título.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Patagónico (su quiebra) c/ Metalúrgica Skay s/ Soc. de hecho. Ejecución Peumar S.A. c/ Banco del Acuerdo S.A. s/ Cumplimiento de contrato Banco Patagónico S.A. (hoy su quiebra) c/ Sotavento S.R.L. s/ Ejecución Banco Patagónico S.A. (en liq. por el Banco Central de la Rep. Argentina) c/ Rua Hnos. Sociedad de hecho s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24|1992-04-28|1992-06-16|1993-03-30

Los honorarios del profesional contratado por el Banco Central -en los términos del art. 50 inc. c ap.2 de la Ley 22.529, deben considerarse como un "gasto" incurrido por esta entidad, sin perjuicio de que sea cargado, en último término, a la liquidación bajo el amparo del privilegio absoluto del art. 54 de la llamada ley 21.526.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, gobierno provincial, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aquino, Virgina Clara c/ Chaco, Pcia. del y otro s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

No es causa civil aquella que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, tiende al examen y revisión de actos de las provincias en cuyo otorgamiento éstas hubiesen procedido dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 104 y siguientes de la Constitución Nacional.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Godoy, Florinda Demetria c/ Bosco, Néstor Osvaldo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

La conducta exigida a quien conduce un automotor, no puede ir más allá de lo razonable para una persona común y corriente (arts. 901, 902 y cc., C. Civil).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Poder Judicial, poder general, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

Si la copia del poder no lleva la certificación del Actuario, tal defecto no puede imputársele al profesional de la actora, sino al citado funcionario (artículo 36 Código Procesal Civil y Comercial).

(Del Voto del Dr. Casiello). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Intereses, intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAUL A. NEGRO E HIJOS S.R.L. c/ OVERSEAS (SOC. ECON. POR ACCIONES). s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-18

La liquidez no comporta un requisito para el curso de los intereses, ya que la ley no lo exige y además el deudor, una vez constituido en mora, no puede escudarse en la ausencia de liquidez de la pretensión para privar al acreedor del goce de su capital.

(S1,1395,180383)
Incapacidad laboral, enfermedades inculpables, tabaquismo, alcoholismo, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ ALBERTO ANTONIO c/ CORPORACION DE ALIMENTOS E INDUSTRIAS S.A. Y OTRO s/ INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30

Ello así, parece aventurado apreciar en los vicios del actor una clara intencionalidad dolosa de provocarse la dolencia para dejar de trabajar. Antes bien, se trata de hábitos nocivos a los que se acude solamente por placer y que constituyen factores de riesgo en el desencadenamiento de la enfermedad, pero que en modo alguno responden a una causa originada ex profeso por el trabajador para no trabajar, extremo que debió ser probado por el empleador para eximirse de responsabilidad, circunstancia que no aconteció en el caso.

Ello fue elípticamente contenido en la expresión sentencial al afirmar que los demandados no probaron que la enfermedad no fuera inculpable. Como surge de los dictámenes médicos compulsados, los factores etiológicos y predisponentes de la enfermedad son múltiples, entre los cuales se encuentran el tabaco y el alcohol.

Esto descarta que los mismos sean los únicos y excluyentes en el desarrollo de la dolencia, al punto de predicar que la enfermedad fue producto de una decisión imputable al trabajador. Desde esta perspectiva, resulta razonable que el fallo considerara no probado los hechos invocados por la demandada.

No basta con la expresión de la pericia que el propio actor dijo que fumaba un paquete diario "hasta enfermarse", si no se demuestra que la dolencia de debió exclusiva y excluyentemente a ello, lo que no aconteció en autos.

En suma, si bien se acredita la existencia de estos factores en el actor (alcohol y tabaco), no se ha demostrado que fueron los únicos y determinantes de la enfermedad y menos aún que el paciente haya contraído dichos vicios con la finalidad específica de enfermarse.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, prescripción, cómputo del plazo, reconocimiento de los hechos, incapacidad, sentencia definitiva
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Juarez, Silvia Susana c/ Experta Art S.A s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-17

2.- [.] de la documentación acompañada con la demanda, surge que la acción que tiene por objeto el reclamo de una mayor incapacidad física como consecuencia del síndrome de Sudeck, no se encontraría prescripta, no existiendo a su respecto alta médica. Sin embargo, ello no puede ser resuelto en forma temprana, sino que su consideración debe ser diferida para el momento del dictado de la sentencia definitiva, ya que la demandada ha desconocido la documentación adjuntada con la demanda, por lo que se requiere de la producción de la prueba ofrecida (fundamentalmente "documental en poder de la demandada" y "documental en poder de terceros"), a efectos de evaluar si ha transcurrido o no el plazo de prescripción. Por ende, ha de revocarse el resolutorio de grado en cuando hace lugar a la defensa de prescripción respecto del reclamo por incapacidad física, difiriendo su tratamiento para el momento de la sentencia definitiva.
Sociedades comerciales, constitución de sociedades
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M. D. Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13

Las modificaciones al acto constitutivo, una vez inscriptas en el Registro Público de Comercio, esto es una vez tomada razón del acto, serán oponibles no solamente a la sociedad y a sus socios sino erga omnes a todos los terceros, quienes no podrán alegar su ignorancia respecto de la existencia de dichas modificaciones.

Por modificación "regularmente inscripta" debe entenderse aquella efectuada conforme a derecho"(art. 12° de LSC).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ríos, Marcelino C. c/ Martínez, Guillermo Daniel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si bien no toda infracción a las reglamentaciones de tránsito genera una presunción de culpa respecto del transgresor, porque hay muchas normas ajenas o poco ligadas a la dinámica vial y otras que a veces operan o no, según las circunstancias, en la producción de un accidente; ello no puede conducir a considerar que tales normas constituyen letra muerta o que sólo sirven como material para el otorgamiento de la licencia de conductor. De modo que tales reglas jurídicas deben ser valoradas conjuntamente con otras circunstancias emanadas de la mecánica del hecho.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación suficiente, crédito laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Benítez, Julio  Daniel  y  otros c/ Empresa Compañía Argentina de Petróleo S.A. y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Es arbitraria la sentencia que admitió la responsabilidad solidaria de la codemandada por créditos laborales de los actores contra su empleadora ya que la prescindencia de circunstancias conducentes, la omisión de una adecuada exégesis de las normas invocadas y el apoyo en pautas de excesiva latitud, redundan en el menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales lesionando gravemente el derecho de defensa en juicio de la impugnante.
Recurso contencioso administrativo, solve et repete, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

La regla "solve et repete" no ha sido derogada en nuestro ordenamiento por mediación del Pacto de San José de Costa Rica.
Estado Provincial, poder de policía
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ OSVALDO BENJAMIN Y OTROS s/ JURISDICCION - PODER DE POLICIA - JUEGOS DE AZAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-23

La contravención o falta de las reglas policiales locales constituye una infracción propia del derecho administrativo porque la sanción impuesta por aquel tiene como misión tutelar la operatividad de las regulaciones administrativas tanto a nivel nacional, como provincial o municipal (c.N., arts. 104 y 108).

El principio de inherencia represiva, consecuente, explica que todo poder concedido a un gobierno por la Constitución Nacional lleva implícita la facultad para lograr su efectividad.

De allí que si las provincias se han reservado el Poder de Policía Local (C.N., arts. 104 y 108) que, indiscutiblemente, es una actividad administrativa porque hace a la regulación de la administración local en esa materia, a ellas se les debe reconocer, asimismo, la facultad de reprimir las contravenciones a reglas que regulan dicha actividad (la policía local).-
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lorenzo, Mónica Graciela c/ Fernández, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

No es exacto que la sentencia haya hecho cargar a la víctima con el estigma de que su condición de pobreza debe continuar en el futuro mas, es lo cierto que, como ya se explicitara, entre las pautas para cuantificar el perjuicio sufrido se encuentra, como un dato objetivo, el nivel socio-cultural o de ingresos como, asimismo, también las expectativas económicas que se puede lograr en el futuro, para lo cual lógicamente debe tenerse en cuenta que, en principio, las posibilidades de la víctima no serán las mejores en función de la situación socio-económica en que se encuentra inmersa, pero nada obsta que en el futuro pueda eventualmente elevarse en la escala social, cultural y económica y lograr un mayor bienestar y, sobre tales aspectos, el sentenciante no ha señalado que en la evaluación del "quantum" los haya descartado pues, a poco que reparemos y no obstante que en forma concreta no se refiriera al tema, no es menos exacto que al comienzo de su explicación de la forma que habrá de mensurar el perjuicio puntualizó que a ello llegaría en función de los datos aportados -probados- y de aquellos que la ley lo faculta a "presumir" o "deducir" (art. 163 inc. 5 C.P.C.C.).
Sanciones conminatorias, intimación previa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Coronel, Malvina Soledad c/ Banco Formosa S.A.  s/ acciones sumarísimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-03-07

La sanción conminatoria progresiva de carácter pecuniario, impuesta al responsable de la entidad financiera, fue aplicada sin previa intimación y de manera sorpresiva, ".sin [considerar] la finalidad propia del instituto, al punto de desnaturalizar su condición de medio de coerción y prescindir de que actúa como presión psicológica sobre el deudor, pues sólo se concretan en una pena cuando se desatiende injustificadamente el mandato judicial" (CSJN Fallos 331:933 y en sentido similar 327:1258; 326:3081; 322:68). Corresponde dejarla sin efecto, en tanto solo traslucen una finalidad sancionatoria, porque no fueron conocidas con antelación por el deudor, consecuentemente, no pudieron cumplir con la finalidad de crear coerción psicológica para compelerlo a cumplir, cual es el principal objetivo que se persigue con su aplicación.