marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tutela sindical, empleador, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Schubert Silvina Evangelina c/ LAferrara Mario JOse y otra s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-14

No se prueba que se hubiere notificado a la empleadora, con antelación al despido de la actora, la designación que ésta alegara, carga que le competía y que constituye uno de los requisitos necesarios para gozar de estabilidad gremial (artículos 49 inciso b) y concs. ley 23.551; cfme. este Tribunal, entre otros "Bissaro c /Aizcar Expreso S.C.", 10/07/90, "Aga c/Muzaber", 19/05/94 y sus citas)
Costas, suspensión de juicios contra el Estado, reforma del Estado, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISTELECINE SA c/ DICON DIFUSION CONTEMPORANEA SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Corresponde imponer las costas por su orden, en el supuesto de haber sido acogida la resistencia a la ejecución de la sentencia, con base en la llamada "ley de reforma del estado" (23696), atento la solución excepcional impuesta por la misma.
Régimen de consolidación de deudas, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: TACCHI, CARLOS c/ PETERS  HNOS. s/ ORD. S/ INC. DE EJECUCION DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

El quid de la consolidación radica en que -conforme a la acepción académica del vocablo- la deuda "flotante se convierta en "fija" o "perpetua". En tal sentido, las características de fijeza y perpetuidad deben entenderse referidas al monto total de la deuda por capital al tiempo de su consolidación, sin perjuicio del ulterior curso de sus accesorios legales, o sea los intereses.
Mutuo hipotecario, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: ALLENDES, ANGELICA T. c/ CARDOSO, MARIANO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

El artículo 4 de la ley 21.309 considera título que trae aparejada ejecución a la constancia del saldo deudor adicional a la fecha del vencimiento de la obligación, consecuencia de las cláusulas de estabilización o reajuste, independientemente de la acción ejecutiva que confiera el título en que se hubiese instrumentado la obligación originaria. En caso de tratarse de entidades financieras, la constancia debe ser otorgada con las firmas conjuntas del gerente y contador; en los demás casos, la certificación debe ser expedida por contador público nacional.

Si se ejecuta un mutuo hipotecario que contiene obligación de dar moneda extranjera y el préstamo de esa moneda -dólares estadounidenses- es el objeto mismo del contrato y no una mera cláusula de reajuste, no resulta aplicable el dispositivo previsto en la Ley 21.309.

Cuando no se ejecuta el saldo adicional resultante del juego de la cláusula de estabilización en relación con la deuda originaria, es natural que no debe acompañarse la certificación regulada en el artículo 4 antes citado.

En tanto que un instrumento público constate una obligación exigible de dar cantidades de dinero líquidos o fácilmente liquidables, existirá título ejecutivo. Y ello será así, con prescindencia del título ejecutivo organizado por el art. 4 de la Ley 21.309, en cuanto estén cumplidos los recaudos de los arts. 520 y 523 inc. 1 del Código Procesal.
Proceso penal, derechos y garantías constitucionales, recurso de inconstitucionalidad, derecho al recurso, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba, participación criminal, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: J., E. J.; M., C.; B., J. F. por homicidio agravado por el uso de arma en perjuicio de T., L. L. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-29

El art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho del imputado de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; a su vez, el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho que prioriza la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 8.2.h es el doble conforme en resguardo de la inocencia presumida, aún con la primer sentencia adversa, pues la propia Corte Interamericana excepciona la intervención de un tribunal superior aunque exige que sean magistrados diferentes a los que ya juzgaron el caso los que cumplan con la revisión amplia (cons. 7º).

En este caso, al encontrarse prevista la causal de "arbitrariedad" (art. 554 del C.P.P.), esgrimida por ambas defensas técnicas como fundamento de procedencia de los recursos de inconstitucionalidad deducidos, y que permite revisar las cuestiones de hecho y derecho, se encuentran amparados los estándares exigidos por el sistema interamericano de derechos humanos en materia penal (cfr. esta Corte, Tomo 208:425). (Del voto en mayoría del Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Vittar)
Transacción, lesión subjetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Guillermo Ricardo c/ Barreyro, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

En atención a los valores económicos que muestra la realidad actual la suma pagada por la Compañía de Seguros, nunca puede constituir una aproximación a la indemnización por la muerte de una persona (arts. 1083, 1084, 1085 del Cód. Civil). Es tan grosera la desproporción, que la pretensa indemnización se convierte en irrisoria, no guardando ninguna relación con los valores a conjugar y que se derivan de los principios que sientan los arts. 1084 y 1085 de la legislación sustantiva. Los valores más excelsos, que son dables inferir a través de la proyección que tiene la cesación de la vida de una persona, para los herederos, y que en la actualidad tienen linaje constitucional no sólo a nivel nacional, sino regional (arts. 75 inc. 22 Const. Nac. y 4.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), aparecen manifiestamente conculcados frente al apuntado guarismo que importa una burla para el prójimo y obviamente para la Justicia. En consecuencia, importaría una arbitrariedad declarar que la suma abonada por la aseguradora en concepto de indemnización, por la muerte de una persona a cuatro hermanos de la misma, hace a las "concesiones recíprocas", propias de la transacción, en virtud de la cual las partes extinguieron las obligaciones litigiosas (arts. 18 Const. Nac., 832 Cód. Civil).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, intereses
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO FAUSTINO ADOLFO s/ e.p. DE ARCE ARIEL s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

Siendo el tribunal de grado soberano para valorar los hechos, pues esta en contacto directo con los mismos, se deja librado a su arbitrio determinadas circunstancias, la fijación del interés y desde cuando se computa.
Representación procesal, gestor judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., E.G. y Otra c/ C.E.TW s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-03

Si el gestor no acreditó su personería en término, no sea medio idóneo para validar actos precluidos la ratificación de lo actuado por aquél, en virtud que no valida los actos del gestor, ni es suficiente para purgar la nulidad de su actuación sobreviniente al cumplimiento del plazo, por ser inhábil para superarla.
Superior Tribunal de Justicia, caducidad de instancia, intimación de pago, adicionales de remuneración, pronto despacho, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Biain, Abel Rubén y Olivero, Antonio Jesús c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia del Chaco s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

La mecánica aplicación del plazo previsto en el art. 11 de la ley 848 efectuada por el tribunal local, sin considerar ni el reclamo de pago de la bonificación, ni el pedido de pronto despacho interpuesto, premia la actitud negligente de la administración y hace jugar en perjuicio del particular la figura del silencio administrativo instituida, claramente en su favor.
Nulidad procesal, auto de procesamiento, incidentes, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: SCELSI, (Dr.) s/ Incidente de Nulidad, causa 3.313
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

Corresponde declarar la nulidad del auto de sobreseimiento dictado con posterioridad a la iniciación de un incidente de prescripción de la acción por parte del imputado, ello así, porque si bien el art. 340 del Código adjetivo autoriza a continuar la instrucción, tramitándose por separado las excepciones contempladas en el mismo ordenamiento, esta permisión abarca todos los actos propios de la pesquisa, más de ningún modo parece consentir que pueda ponerse punto final a un proceso aplicando la solución del art. 334, cuando aún resta definir un instituto de orden público, cual es la prescripción de la acción penal que, en caso de prosperar, impediría cualquier otro tipo de pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque el hecho deja de ser perseguible penalmente.
Pena, Constitución Nacional, conmutación de penas, Poder Legislativo Nacional, amnistía, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Lago, Manuel Antonio y otros. s/ INFRACCION    ART.   189  BIS  Y  LEY  20.840.  (SEGURIDAD  NACIONAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La Constitución Nacional autoriza al Congreso a dictar leyes de conmutación general de penas, mediante un mecanismo de reducción de la condena impuesta , permitiendo la situación general contemplada por el beneficio establecido en el art. 1 de la ley 23.070 determinar que se está en presencia de una medida de carácter legislativo, idéntica en punto a su naturaleza a la amnistía, que modifica o disminuye con carácter general los efectos de la condena
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

Corresponde confirmar el fallo que declaró la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la Ley de Accidentes de Trabajo 24.557, pues dicha normativa establece que las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal, lo cual impide que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturaliza la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común".
Responsabilidad médica, medidas cautelares, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TORRES  ALICIA  DELIA c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIODE ECONOMIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

La actora, de 55 años de edad es afiliada a la demandada, y que mediante el certificado de discapacidad acredita que sufre "Hipoacusia perceptiva bilateral profunda", y que le fue prescripta la colocación de un implante coclear "lo antes posible". Conveniente destacar los específicos términos de la prescripción del médico tratante de la amparista (el Dr. Vicente Diamante, especialista en otorrinolaringología) quien señala que la actora padece una hipoacusia profunda, por lo que los audífonos no le otorgan beneficios y que sería "conveniente realizar la cirugía lo antes posible a fin de conservar el lenguaje adquirido y permitirle la comunicación". Asimismo señala que la elección del sistema "Nucleus Freedom" se debe a "que es la marca más usada en todo el mundo, con mínimo de porcentaje de fallas del equipo a distancia. obteniéndose resultados superiores". Se tiene por configurada la verosimilitud del derecho y también el peligro en la demora que acarrearía la postergación de la colocación del implante coclear para la salud y rehabilitación auditiva de la Sra. Alicia (obsérvese que ya han trascurrido casi 8 meses desde que el Dr. Diamante efectuó dicha prescripción) (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99, 1056/99 del 16-12-99 y 9884/06 del 26-12-06; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", pág. 77, n° 19).
Proceso penal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Blasco, Víctor y Salasar, César s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra de Sentencia Nº 3/2009 en causa Expte. Nº 229/08 "Blasco, Víctor y Salasar, César s/ Robo Agravado por el uso de armas de fuego - Esquiú - La Paz"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21

La facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.
Estado Provincial, facultades delegadas, facultades no delegadas, ley provincial, ley previsional, Administración Pública, Seguridad social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

Si bien es cierto que la Constitución Nacional faculta al Congreso a dictar el Código de Trabajo y Seguridad Social, también lo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que en determinadas circunstancias se ha reconocido que como consecuencia del poder conservado por las provincias -en virtud de lo dispuesto por su artículo 105- éstas pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad social, pero limitada esa facultad al ámbito de los agentes de su Administración pública, los magistrados y funcionarios de sus tribunales, los integrantes de sus legislaturas y también, en ejercicio del poder de policía retenido sobre el ejercicio de las profesiones liberales, respecto de éstas últimas actividades. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Altamiranda, Walter Daniel c/ Río Mayo S.A. s/ Diferencia de salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Frente a la inequívoca voluntad del trabajador de no reintegrarse a sus tareas y su desinterés en la continuidad del contrato laboral como a la también inequívoca falta de interés patronal en la prosecución del vínculo debe considerarse extinguido el contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes (art. 241, L.C.T.).
Proceso penal, doble instancia, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, leyes, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio (Expte.: C.S.J. Nro. 476  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

Un análisis del proceso regulado a través del Código Procesal Penal de la Nación, permite advertir que una vez dictado el procesamiento, el imputado será sometido a un "juicio común", regulado a partir del artículo 354 de dicho digesto, y limitando la posibilidad de recursos a casos específicamente determinados (arts. 434, 449, 456 y 459). Por su parte, de la ley 23077 surge que los delitos allí previstos serán juzgados en instancia única por las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en el lugar del hecho (art. 15). A su vez, en el artículo 87 se estipula que "La sentencia sólo será recurrible, por vía del artículo 14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación". La transcripción de las referidas normas permite observar que los imputados en dichas situaciones, no tenían otra alternativa que las allí establecidas, limitadas a los supuestos demarcados por las mismas. Pero, en virtud de la reforma constitucional de 1994, como así también una vez operada la reestructuración de la organización de justicia a nivel nacional -que implicó la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal-, la Corte nacional entendió que en los casos en que existía la posibilidad de recurrir el fallo ante un tribunal superior, la misma no podía truncarse con restricciones fundadas ya sea en el monto de la pena impuesta -art. 459, inc. 2-, o en las especiales disposiciones procesales contenidas en una ley especial de fondo -ley 23077-.Por ello es que el máximo Tribunal nacional declaró la invalidez constitucional de dichas disposiciones, garantizando de esa manera la posibilidad de que el fallo condenatorio pueda ser revisado por un tribunal de superior jerarquía. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, segunda instancia, recurso de apelación (procesal), límites del pronunciamiento, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez Lodis, Justo c/ Sade SACCIFIM. - Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Lo resuelto sobre materias de índole procesal que son, como regla y por su naturaleza, ajenas a la instancia del art. 14 de la ley 48, puede invalidarse si los tribunales de la causa al pronunciarse han excedido el límite de su competencia apelada con menoscabo de garantías constitucionales.
Constitución Nacional, competencia federal, competencia provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

La Constitución Nacional utiliza para la asignación de competencias entre el Estado Nacional y los Estados locales el criterio de regla y excepción: la "regla" es la competencia provincial o local, la "excepción" es la competencia federal, de tal modo que todo aquello que no está expresamente cedido por las provincias al gobierno federal, queda retenido en aquellas (artículo 121 de la Constitución Nacional) (Disidencia del juez Rosatti).
Expropiación, adquisición del dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Andrés Araldo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio de expropiatorio (art. 17 Const. nac.). De ahí que la invocación de la prescripción adquisitiva es inoficiosa mientras subsista la mentada relación publicística expropiatoria.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Moglia, Horacio y otro c/ Piedrabuena, Inés Clotilde s/ Incidente levantamiento de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-25

No existen tales presunciones violatorias apuntadas, en primer lugar por cuanto el ataque a la ley nacional que resulta aplicable a todo el territorio nacional, ya que nuestra propia Constitución provincial así lo deja clara y concretamente expresado en su artículo 1. Nuestra propia Carta Fundamental reconoce a la legislación nacional por encima de cualquier otra disposición provincial y lo que es más, no existe una norma constitucional contradictoria a la ley 24.241, ni tampoco una ley provincial de nuestro régimen jubilatorio que lo contradiga o exprese lo contrario.
Participación necesaria, robo con violencia en las personas, tentativa, lesiones leves, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: FRACAPANI, CESAR s/ ROBO  -  PARTICIPE  NECESARIO - TENTATIVA - LESIONES LEVES - CONCURSO  IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Debe responder el imputado como partícipe necesario del delito de robo con violencia en las personas en grado de tentativa en concurso ideal con lesiones leves, ya que esperaba al autor del desapoderamiento sobre la vereda, con la motocicleta en marcha, auxiliándolo efectivamente en su intento de fuga, porque sin actuar directamente en el intento de apoderamiento ilegítimo violento, prestó sin embargo, una ayuda esencial para el autor principal del mismo.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALAGUEÑO, HECTOR c/ COMUNA DE ESTEBAN RAMS s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA (CSJ EXPTE NRO 128  92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-23

Debe excluirse la posibilidad de encuadrar el pedido de suspensión de medida administrativa en el supuesto previsto en el inciso "b" del artículo 30 (ley 4106), si el recurrente no invoca que los daños materiales y morales que la misma le produce, tengan la irreparabilidad a que alude dicha norma.