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Aplicación errónea de la ley, iura novit curia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ruíz, Silvia Susana s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

Cuando se alega errónea aplicación de la ley sustantiva, debe el casacionista demostrar, partiendo de los hechos que consideró probados el tribunal de mérito -descriptos de modo completo-, cuál es el error de derecho atribuido al fallo, analizando de modo suficiente las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas en relación a dicha plataforma fáctica, de manera de demostrar cuál es el concreto error de derecho atribuido a la sentencia así como la aplicación que de la ley sustantiva pretende; en función de lo cual resulta insuficiente que se refiera al efecto sólo el "nomen iuris" de aquéllas. Es deber de quien intente la vía extraordinaria de casación, presentar el recurso de modo que reúna las condiciones mínimas de autosuficiencia, debiéndose exponer los agravios en forma completa y lógica, pues esta instancia está reservada a los planteos censurantes que se autoabastecen -de acuerdo con el uniforme criterio de esta Cámara Nacional de Casación Penalporque en el juicio de casación queda reducida la aplicación del principio "iura novit curia" que permite suplir de oficio las omisiones del impugnante. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-).
Seguros, seguro colectivo, incapacidad total, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, excepción de prescripción, asegurado, pretensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERALTA,  JORGE c/ LA  BUENOS  AIRES  COMPAÑIA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

En una acción por la que el pretensor reclama de una compañía de seguros el cobro de un seguro de vida colectivo, que incluía la cobertura de invalidez total contratado por su empleadora, resulta improcedente hacer lugar a la excepción de prescripción cuando, -como en el caso-, surge que la defendida al contestar demanda no opuso tal defensa sino, que fue tangencialmente invocada por la mentada empleadora citada a juicio como tercera en los términos del CPCCN art. 94 (citación que se hizo a instancias de la accionada con el propósito de verificar si se había cumplido con la denuncia de la incapacidad por parte del accionante; es decir, que ese fue el único propósito de la intervención de la firma empleadora, sin que pudieran alcanzarla los efectos de la decisión que se adoptara) razón por la que carecía de legitimación para invocar una defensa personal, que solo podía articular la reclamada, en su condición de deudora de la prestación que fue objeto del reclamo efectuado. En tal sentido cabe precisar, que si bien es cierto que de conformidad con el Cod. civil art. 3963 pueden hacer valer la prescripción otros sujetos distintos del deudor, dicha norma se refiere a los acreedores y a los interesados. Los primeros, en tanto podrían verse perjudicados por una actitud remisa o renuente de su deudor (en cuyo caso podrían utilizar la acción subrogatoria u oblicua), o bien por una renuncia fraudulenta (situación en la que podrían deducir acción revocatoria o pauliana); pero es claro que no es esta la condición de la empleadora citada como tercera en la causa. Y tampoco es dable asignarle el carácter de tercero interesado, ya que no pesa sobre ella ninguna obligación subsidiaria, accesoria o de garantía respecto de la obligación que recae sobre la aseguradora (v. Llambias, Jorge j., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T. III, n 2019, p. 322-3, Perrot, Bs. As., 1987).
Sentencia, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD c/ SORAIRE ALBERTO ALDO s/ ESPECIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-26

"No resulta arreglado a derecho disponer dejar sin efecto la citación de terceros previamente ordenada sobre la base de circunstancias fácticas y jurídicas insuficientes a tal fin".
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Negro de Mucci, Angélica c/ Miguens, Rubén H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-11

Lo puntualizado en punto a que los gastos realizados fueron reducidos, no puede cohonestarse solamente en la circunstancia que la damnificada actúa con beneficio de litigar sin gastos, pues ello no excluye que tenga derecho a una asistencia adecuada a la naturaleza de las lesiones sufridas, frente al valor de la integridad física que está en juego (art. 1086 del Cód. Civil) y que tiene linaje supranacional (art. 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos ley 23054).
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), queja por recurso denegado, empleados públicos, incapacidad laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Ramón c/ Municipalidad de Santa Fe
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

Cabe desestimar el recurso de queja originado en la denegación del recurso extraordinario deducido contra la decisión de la Suprema Corte provincial que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de cámara- dictada en virtud del reenvío efectuado previamente por el tribunal local-, que había rechazado la demanda interpuesta con el objeto de obtener el cobro de una indemnización por incapacidad inculpable, por haber prescripto la acción, pues el hecho de que el a quo haya basado su decisión en la remisión a un pronunciamiento anterior suyo, ello constituye bastante fundamento y no importa de por sí la arbitrariedad de la sentencia, y el apelante no posee un derecho adquirido a que se preserve a lo largo del juicio la jurisprudencia de los tribunales, ya que ello implicaría obligar a éstos últimos a mantener pétreos sus criterios, lo cual es inadmisible. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Restitución internacional de menores, interés superior del niño, sustracción internacional de menores, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, falta de reglamentación de la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por C. R. S. y por sí en representación de su hija menor de edad en la causa V., M. c/ S. Y., C. R. s/ restitución internacional de niños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

Ante la todavía ausente ley específica que regule los procesos de restitución internacional de menores de edad a nivel nacional, el Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños, aprobado por la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema en el año 2017 y replicado en algunas de las provincias que conforman nuestro país, resulta una herramienta útil y orientadora para todos los operadores judiciales del CH 1980 y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 en tanto brinda pautas de actuación para llevar a cabo el procedimiento en un tiempo reducido.
Astreintes, jueces, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Mihal Oscar Andrés c/ Simón Strugo S.A.C. s/ Práctica desleal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-05-30

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que fija monto de las astreintes, doliéndose por considerarlas bajas. Ello así, ya que de conformidad al art. 666 bis del Código Civil, las astreintes es un procedimiento compulsorio, que tiene el Juez para que una decisión sea acatada, ya que al aplicarle se presiona sobre la voluntad del deudor, al punto que, cuanto más resiste su cumplimiento, mayor será su monto. Por tanto, resulta evidente que esta medida no es un medio de reparación sino conminatorio; por ende, no se mide por la importancia del daño que causa la demora del deudor en ejecutar la condena, sino solamente por la fuerza de resistencia del condenado, y si bien en la última parte del inc. 2 del art.55 de la ley 23551, el Juez a petición de parte está facultado para aplicar astreintes, no por ello dejan de revestir carácter conminatorio y no empece el perjuicio material o moral sufrido por el acreedor en razón de la inejecución por parte de la deudora, ni tampoco necesariamente la magnitud del patrimonio de ésta.
Intereses, tasas de interés, intereses compensatorios, intereses punitorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: TORRES B. c/ BARROSO N s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Resulta procedente aplicar una tasa de interés punitorio del 60 % de los compensatorios fijándose para estos una tasa del 10 % mensual: tal tasa no difiere de la tasa libre y activa percibida por los bancos oficiales.
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: M., C. c/ T., D. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-07

"Una de las garantías del debido proceso se encuentra plasmada en el principio de congruencia, por el cual debe mediar conformidad entre la sentencia y los términos en que ha quedado trabada la litis, en función de los hechos articulados en la demanda y contestación, así como en cuanto a la identidad de las personas, objeto y causa; delimitada así la contienda, el juez no puede exceder de ese marco sin quebrantamiento del aludido principio consagrado".
Proceso contravencional, penas contravencionales, graduación de la pena contravencional, arresto contravencional, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As c/ P, R. N. s/ artículo 38
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-15

Frente a la solicitud del demandado, a los efectos que se disponga la modalidad de cumplimiento de la pena de arresto impuesta por la Cámara, debe aplicarse el artículo 22 Código Contravencional y en consecuencia debe remitirse la causa al Juez a quo, a quien corresponde fijar la modalidad de acuerdo a su criterio y teniendo en cuenta las particulares circunstancias acreditadas por el imputado en forma documentada en esta Instancia. ((Del voto en disidencia parcial de la Dra. Robledo).
Pago con cheque sin provisión de fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ISAURRALDE, CARLOS A. s/ Chequer sin fondos, incidente de Apelación de embargo Causa 30589
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

La figura penal del Art. 302 del Código Penal persigue la tutela de la fe pública como bien jurídicamente protegido y no el monto o naturaleza pecuniaria del presunto ilícito.
Concursos, actos impugnables, etapas del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Automotores Roca SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Corresponde rechazar el pedido de impugnación del acuerdo, toda vez que el impugnante sostiene que la deudora exageró su activo, al denunciar la existencia de varios créditos que finalmente fueron rechazados e incluir un inmueble que no es de su titularidad. Ello así, en tanto la denuncia de los créditos originados en actuaciones judiciales que fueron posteriormente rechazadas no es suficiente para demostrar el fraude o actuación dolosa que requiere la ley concursal, lo que torna improcedente la impugnación formulada.
Caducidad de instancia, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: ZURITA CARLOS ROBERTO c/ EDITORIAL EL LIBERAL S.R.L Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-11-24

Para que no se configure "convalidación o purga" de la caducidad, lo que no debe consentirse es que la instancia continÚe, no siendo preciso una concreta impugnación al acto impulsorio.
Recurso de revisión (procesal), juicio de árbitros, plazo, prórroga del plazo, resoluciones, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LUPOLI DE COMELLAS N. c/ Z. LUPOLI DE LUDUEÑA s/ ARBITRAL - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-03

El agravio consistente en haberse dictado pronunciamiento fuera del término legal (art. 499 C.P.C.), es incomprensible frente al acuerdo realizado entre las partes de someterse al trámite de juicio ordinario de mayor cuantía. Ello en razón de que dentro de los términos establecidos en nuestra ley procesal para cada clase de trámite, se encuentran los correspondientes para el dictado de las resoluciones. Luego, resulta obvio que no mediando acuerdo expreso en contrario, vale decir, no habiéndose efectuado en el mismo compromiso ni con posterioridad, salvedad alguna respecto al tiempo en que el juez debía dictar resolución , el plazo no podía ser otro que el establecido para el trámite estipulado, cuya prórroga fue consentida.

El reclamo vinculado a la estructura del pronunciamiento, consistente en que el proceso arbitral debe concluir en un laudo y no en una sentencia, es un argumento incapaz de modificar la resolución del Tribunal de grado, si no se ha demostrado en qué radican las diferencias entre ambos pronunciamientos -laudo y sentencia -, no bastando para ello la simple invocación de que los árbitros deben fallar la causa "ex a quo et bono", lo que a su entender no se cumple con el dictado de la sentencia.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pena, multa penal
Materia: PENAL
Carátula: BRUMER, G.L. s/ INCUMPLIMIENTO    DEBERES    ASISTENCIA FAMILIAR  PENA.  Graduación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

La pena de australes 2 impuesta al condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, si bien parece a primera vista de excesiva lenidad, debe ser juzgada conforme al criterio de adecuación a los requerimientos preventivos, no sólo del delito, sino también del conflicto que siempre subyace en el delito.

En el caso la pena impuesta tiene un valor simbólico y de advertencia, al tiempo que cumple la función mencionada sin aparejar una estigmatización social de la misma entidad que una pena privativa de libertad, aunque fuera impuesta en forma condicional.

En el hecho de autos la estigmatización sería doblemente desfavorable, pues, a los resultados negativos usuales, ocasionaría una limitación laboral del procesado, la que redundaría en perjuicio de las víctimas.
Prueba pericial, jueces, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: ZUFIRIA,M.EUGENIA Y MORALES,SUDELIA c/ FERNANDEZ, CELESTINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-07-08

EN LO QUE HACE A LA NECESIDAD DE PRACTICAR UNA NUEVA PERICIA PARA QUE OTRO EXPERTO SE EXPIDA SOBRE EL MISMO PUNTO OBJETO DE LA ANTERIOR,CUANDO EL LITIGANTE NO CUESTIONO LA DESIGNACION DE OFICIO DE UN UNICO PERITO, NI EJERCIO, EL DERECHO DE PROPONER EN LOS TERMINOS DEL ART.35 DE LA LEY 921, SU PERTINENCIA QUEDA A CRITERIO DEL JUZGADOR (CONF. ART.475 DEL C.P.DE APLICACION SUPLETORIA,O SEGUN EL ESTADO PROCESAL EN QUE PUEDA DISPONERSE,EN FUNCION DE LO PREVISTO POR EL ART.2 CP).
Accidentes de trabajo, acción civil, indemnización, reparación integral, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRADE, CARLOS ALBERTO c/ SERVICIOS ON LINE S.R.L. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

La reparación de los accidentes in itinere en los casos en que se invoca el respaldo de la ley civil es una cuestión opinable, pues el art. 19 de la C.N. obliga a la reparación integral del daño correspondiendo determinar la concurrencia de los presupuestos que permiten atribuir la responsabilidad del sujeto que lo produjo. En definitiva, lo que la actora busca para obtener una indemnización justa y equitativa es escapar del brete puesto por la L.R.T.. En este sentido, puede mantenerse la cuestión en el ámbito de dicha ley, en que lo ha puesto la demandada, y juzgar de acuerdo a sus disposiciones, reconociendo los mejores derechos indemnizatorios a que pueda tener derecho la victima del infortunio. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, MARIA CAROLINA c/ ZOBERMAN, JOSE ANGEL s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-16

Resulta claro que la naturaleza del contrato de trabajo, debe buscarse en la presencia de sus notas tipificantes y no en la falta de registracion, falta de reclamos del dependiente; confección de facturas como si fuera autónomo, etc., pues justamente esos son los procedimientos o conductas que generalmente se observan y se imponen por el empleador en la relación laboral no registrada, con el objeto de burlar la ley; que como es publico y notorio, en nuestro país asciende a porcentajes cercanos al 50% y que de no seguirse el camino interpretativo indicado, quedarían sin amparo de la ley que efectivamente los regula.

Es ciertos que hay notas tipificantes que en caso de los profesionales no se dan con toda nitidez, pero lo concreto es que en caso de duda, cabe admitir la existencia del contrato de trabajo, cuando la prestación se desarrolla en el lugar de la explotación y para cumplir fines de la empresa.-
Acción de amparo, acceso a la información pública, vacuna COVID 19
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fundación Poder Ciudadano  c/ E.N. - M. Salud de la Nación - Ley 27275  s/ amparo ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Cabe rechazar la acción de amparo promovida por una fundación contra el Estado Nacional, solicitando el acceso a la información pública y la entrega de las copias íntegras de los contratos, convenios, y otros tipos de acuerdos, de cualquier índole, celebrados para la adquisición de vacunas o tratamientos contra el Coronavirus, puesto que los contratos en cuestión se encuentran comprendidos entre las excepciones establecidas en el art. 8, incisos a), c) y d) de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que considera que corresponde desestimar la acción intentada por la fundación actora.
Violación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: GUSTAVO ADOLFO MAZARELLI c/ MORENO, CESAR ALEJANDRO s/ ABUSO SEXUAL ABUSO SEXUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-05

Hay violencia moral toda vez que la víctima es obligada al acceso carnal mediante amenazas que producen en ella miedo o temor que alcanza a vencer su voluntad. La ley argentina al referirse a las amenazas toma su efecto psicológico sobre la víctima; es decir que haya tenido motivos suficientes para suponer que solo cediendo evitaría que el daño amenazado se causara. Debe realizarse un juicio de valor y establecer si el mal amenazado tiene la entidad suficiente para doblegar la voluntad de la supuesta víctima, porque la amenaza de un mal para algunas personas puede ser grave, en cambio para otras no. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., D. G. y A., C. M. s/ Lesiones graves culposas (Expte. Nro. 178-00, Resolución Nro. 44, Tomo 41  Folio 66)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-11

La interpretación de la fórmula escogida por el art. 67 del C. P., secuela del juicio, ha dado lugar a una controversia doctrinal y jurisprudencial porque su interpretación roza niveles que atañen a un derecho penal garantizador y verdaderamente pacificador, en consecuencia, es necesario acotar en el tiempo la posibilidad de la persecución penal. La sociedad requiere definiciones sobre sus conflictos pues es altamente inconveniente la permanencia sine die de los mismos, que impide -en la medida que ata al pasado-, la proyección histórica hacia el futuro, esto es, la redención de los males que opere la apertura desde el pasado -asumido-, pero no quedándonos en el pasado. La amenaza de pena constituye formalmente la más grave amenaza que puede ofrecer el ejercicio de la autoridad civil. Se trata de un poder supremo de sujeción de las personas que, como tal, requiere un claro trazado de su ejercicio y un acotamiento temporal que impida un manipuleo espúreo de esa sujeción.

La definición temporal tiene que permitir tanto un ejercicio como una liberación adecuada de la pretensión punitiva.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

La asistencia letrada a los damnificados que prevé la normativa, no es tal. Conseguir que un profesional acompañe o represente a la víctima sin más recompensa que la promesa del pago de sus honorarios extrajudiciales a cargo de la ART, resulta muy difícil de prever. Máxime cuando esos honorarios solamente corresponderán "en caso que su actuación profesional resulte exitosa y se hubiere reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado" (art. 37 de la Res. SRT 298/17). Se incorpora la exigencia de la eficacia de la gestión, toda una novedad (Voto Welp)
Constitución en mora, interpelación, deudor, pago de la remuneración, funcionarios judiciales, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: A., M. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

"No tratándose pues, el crédito reclamado en autos, de una obligación sujeta a plazo determinado, el acreedor debe proceder a interpelar al deudor de modo fehaciente con el fin de constituirlo en mora (art. 509, 2da. parte Cód. Civ.).

En tal sentido, el requerimiento que se formule debe cumplir con determinados recaudos para tornarlo eficiente y colocar en mora al deudor: constituir un categórico reclamo del pago; hacerse de manera tal que conceda al deudor la oportunidad de cumplir con su obligación, y ser apropiado en cuanto al objeto y tiempo del pago, adecuándose estrictamente a las modalidades de la prestación debida, ante todo al objeto debido y no a algo distinto. Por último, debe mediar cooperación y cumplimiento por parte del acreedor".
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Migliardi, Juan C. c/ Grigioni, Roberto F. s/ Daños y perjuicios Scrocchi, José María c/ Scrocchi, Ernesto Amílcar s/ Simulación y colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10|1996-05-28

No existe "arbitrariedad" por el solo hecho de que el tribunal de grado prefiera u otorgue trascendencia a un medio probatorio respecto de otro o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular.
Robo calificado, robo de automotor, pena, inconstitucionalidad, derechos individuales
Materia: PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA CARLOS OMAR s/ ROBO    CALIFICADO    -  ROBO  DE  AUTOMOTOR  -  INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-22

El privilegio de un objeto, su privilegio frente a otros de mayor valor, su privilegio sobre la vida de las personas, no es una cuestión que esté librada al criterio del legislador sino que es algo que viola el sentido de los arts. 1 y 14 de la Constitución nacional.

Se erige en constituyente el legislador que altera la escala de valores que emerge de la Constitución Nacional (art. 1), la que otorga máxima jerarquía al derecho a la vida, por ser la vida el sustento, el presupuesto necesario de todos los demás derechos inherentes a la personalidad humana, enumerados o implícitos en la Ley Suprema. Nunca la vida humana puede valer menos que la propiedad: no hay delito doloso contra la propiedad que pueda ser m as grave que un delito doloso de aniquilamiento de la vida humana sin atenuantes (Voto de la mayoría, Dres. Jorge Vivas y Carlos Hairabedian).-