Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100228	SALA II Expediente Nº 4.746/2007	(Juzg. Nº 13) AUTOS: "TUBIO, DANIEL C/ CENTRO DE DIAGNÓSTICO VETERINA-RIO S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	06-03-2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en au-tos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo perti-nente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamen-tos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	A fs. 677/682 luce la sentencia dictada por la Dra. Mir-ta González Burbridge, decidiendo la procedencia de la acción civil iniciada por el Sr. Tubio, condenando a Centro del Diagnóstico Veterinarios S.A. a abonarle al actor la suma de $96.000, y en forma solidaria (concurrente) a Consolidar A.R.T. S.A. hasta el límite de la póliza.

Contra la decisión de grado se alzan la parte actora a tenor del memorial de agravios que luce a fs. 690/694 (replicado por Consolidar ART S.A. a fs. 712/713 y por Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. a fs. 720/723) y Consolidar ART S.A. a fs. 697/702.

Por su parte, el perito ingeniero (fs. 687) apela los ho-norarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.

II.	Creo conveniente reseñar los antecedentes de la causa: El Sr. Tubio, empleado de la firma Centro de Diagnóstico Veterinario S.A., denunció haber contraído brucelosis como consecuencia de las tareas prestadas a favor de su empleador, al tiempo que denunció el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del trabajo, lo que posibilitó el contagio de la enfermedad. Como consecuen-cia de la enfermedad contraída, el actor refiere padecer una grave incapacidad psico-física. Denunció la falta de prevención de enfermedades laborales y reclamó por el derecho común el pago de una indemnización de $635.000, tras cuestionar la consti-tucionalidad de la ley 24.557.	La Aseguradora accionada negó haber incumplido con su deber de prevención y opuso la inexistencia de incapacidad. La codemandada Centro de Diagnóstico Veterinario S.A. negó su responsabilidad así como el pade-cimiento de la incapacidad laboral denunciada.

La magistrada de grado, por su parte, consideró acredita-do que el contagio de la enfermedad tuvo como causa directa el trabajo prestado por el accionante, toda vez que este habría ingresado a prestar servicios en buen estado de salud y toda vez que en el establecimiento de la demandada se manipulan sustancias que eventualmente tendrían el microorganismo en cuestión. Concluyó en la existencia de una incapacidad sobreviniente del 65% de la T.O. y, tras declarar la incons-titucionalidad de algunos artículos de la L.R.T., responsabilizó al exempleador obli-gándolo a la reparación del daño en los términos del art. 1.113 del Código Civil y a la aseguradora codemandada sólo hasta el límite fijado por el contrato de seguro.

III.	Analizaré, inicialmente, los cuestionamientos deducidos por la A.R.T.

Inicia su crítica (1er y 2° agravios) cuestionando la ve-racidad del examen médico por el cual se determino la existencia de brucelosis, así como los exámenes realizados al trabajador y la denuncia de un presunto accidente laboral, señalando que, habida cuenta el reclamo incoado por la vía del derecho co-mún, correspondía al trabajador acreditar la efectiva incidencia de las tareas desarro-lladas en relación a la enfermedad contraída, y no lo hizo.

Sobre el particular diré que, a mi modo de ver, el ape-lante carece de interés recursivo en lo que respecta a la crítica vinculada a la carga de la prueba, toda vez que la A.R.T. ha sido condenada únicamente en los términos de la ley especial, motivo por el cual ningún perjuicio se advierte derivado del modo en que la sentenciante ha ponderado los hechos y elementos de juicio obrantes en la causa.

En efecto, las enfermedades profesionales no son sino las patologías típicas específicas y propia de determinadas profesiones a las que se expone el trabajador que las lleva a cabo y, en la especie, bastaba con acreditar la ex-posición al agente de riesgo, la afección contraída así como la inexistencia de la en-fermedad al ingreso al trabajo, para considerar que la enfermedad que padece el tra-bajador posee nexo causal adecuado con el servicio prestado por este, tal como suce-dió en la especie, quedando a cargo de la contraparte la prueba de la concurrencia de factores externos. En esta inteligencia, no existen elementos de juicio que permitan considerar que la afección del actor tuvo causas ajenas al trabajo, destacando que la codemandada, en su escrito recursivo, no ha referido a ningún elemento de prueba en apoyo de su tesis.

Por el contrario, de la cuantiosa prueba documental acompañada por la propia Aseguradora, surge sin hesitación que el actor padece de la enfermedad profesional que denunció (brucelosis, v. fs. 61/76), destacando entre ellas el diagnóstico de la Comisión Médica (fs. 74) y la recalificación profesional imple-mentada por la propia codemandada (fs. 76 y sstes.). En consecuencia, deviene inoficioso el tratamiento de los cuestionamientos que sobre el examen médico articula el apelante, toda vez que estos carecen de toda relevancia a los fines de cuestionar la presencia indiscutible y reconocida de la enfermedad profesional que padece el actor y la obligación de reparar a cargo de la A.R.T. conforme a la ley especial .

En lo que respecta al tercer agravio, mediante el que cuestiona en forma genérica y abstracta la ponderación de la prueba testimonial con el objeto de resaltar que estos nada probarían en relación al nexo de causalidad entre las tareas y la enfermedad, destaco que la jurisprudencia con la que coincido ha de-terminado que no reúne las exigencias del art. 116 de la L.O. el escrito de expresión de agravios que trasunta exclusivamente una mera disidencia con la forma en que el sentenciante ha analizado las constancias probatorias de la causa (CNAT, Sala VIII, del 11/07/96 "Alvarado c/Metrovías", DT 1997- A-317) o una simple disconformidad con lo resuelto (CNAT Sala I, del 20/02/97 "Nodar c/Agrocom S:A:" DT 1997-B-1376, entre otros).	Por lo expuesto, sugiero desestimar los tres primeros agravios, este tramo del recurso.

IV.	En cuanto a la última queja, que cuestiona la decisión de grado que consideró incumplidos los deberes en materia de seguridad e higiene por parte del empleador, destaco que la aseguradora de riesgos del trabajo condenada hasta el límite de la póliza en los términos de la ley 24.557 carece de interés recursivo por lo que el planteo será desestimado in límine.

V.	Daré tratamiento, seguidamente, a la queja del accio-nante.	Cuestiona, esencialmente, que la magistrada de grado haya considerado a los fines de establecer el quantum indemnizatorio la edad de 55 años en vez de 45 y la incapacidad de 65% en lugar del 100%.

Asimismo, cuestiona el monto diferido a condena por considerarlo insuficiente, al tiempo que insiste en el reclamo de los gastos documen-tados, no documentados y tratamiento futuro.

En lo atinente a la edad del trabajador a la fecha de toma de conocimiento de la dolencia sufrida, llega firme a esta alzada que ello tuvo lugar en febrero de 2005 (v. fs. 681vta.) y que a esa época el actor contaba con 45 años de edad (v. fs. 2 y 4).

En lo que respecta a la incapacidad considerada en grado (65%), señalo que el perito médico interviniente determinó que el actor padece de brucelosis crónica con afectación de órganos, sobre todo una cardiopatía dilatada e hipertensión, que lo incapacitan en el 65% de la T.O. (v. fs. 444/457 y 480/486).

Ahora bien, aún cuando a fs. 451 el perito diagnosti-có una incapacidad del 65%, también indicó, seguidamente, que "el baremo ofrece una variabilidad hasta el 100%" pero que "ha estimado por la severidad de las le-siones halladas con inutilidad permanente para el trabajo que su incapacidad labo-rativa no puede ser inferior al 65%". Si bien resultaría ambigua esta afirmación, de una lectura integral de la pericia surge que la incapacidad no puede ser inferior al 65%, pero es inferior al 100% que pretende el actor, dado que el perito se refirió, al informar sobre el máximo porcentaje, sobre la posibilidad de secuelas totalmente in-capacitantes derivadas de la brucelosis, aunque sin referirse en particular al caso de autos. En efecto, con posterioridad al informe inicial, el perito contestó las impugna-ciones e insistió en señalar que el actor padece una "incapacidad permanente parcial de 65%" de la T.O." (v. fs. 454 y 457). Y no soslayo que se encuentra incapacitado para trabajar, lo que sucede tanto al poseer una incapacidad del 65% como del 100%, dado que ello conllevaría un grave riesgo de vida, pero esta circunstancia no modifica la incapacidad dictaminada por el perito en la medida en que este factor fue opor-tunamente ponderado al momento de fijar el 65% de incapacidad.

En virtud de lo expuesto, y a los fines de cuantificar la reparación del daño con sustento en la modificación de los parámetros de cálculo y atender la queja del recurrente vinculada a la insuficiencia de la reparación, diré que aunque no se me escapa que el valor de la vida humana no es susceptible de ser apre-ciado a través de un cálculo matemático, he utilizado en varias oportunidades (ver, entre otras, SD 95265, del 28.09.07 in re "Arbonies, Halibe C/ O.S.U.O.M.R.A. Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y otro s/ accidente- acción civil"), como pauta orientadora del daño salarial teórico la fórmula que desde antiguo aplicara la Sala III de la Excma. Cámara a partir del caso "Vuotto Dalmero c/ AEG Telefunken" (Sent. 36.010 del 16-6-78) para determinar cuál es la suma que, puesta a una tasa de interés puro (6%) anual, se amortice durante el período estimado de vida útil de la víctima, mediante el retiro periódico de sumas similares a las que su incapacidad lo priva de recibir. Dicha fórmula se expresa así:

n n C: a x (1- V) x i; a su vez, V= i n i (1-i) n: número de períodos; a: retiro por períodos; i: tasa de interés en el período. Ello no significa, empero, que me vaya a atener -estrictamente- a su resultado numérico por-que, como dije, el resultado de aplicar la fórmula en cuestión sólo será utilizado como módulo orientador, en tanto solo representa el daño salarial teórico.

Por lo demás, estas pautas han sufrido una variación mediante un pronunciamiento de la Sala III de esta C.N.A.T. (Expte n° 27593/04 sent. 89654 28/4/08 "Méndez, Alejandro c/ Mylba SA y otro s/ accidente acción civil" (Guibourg.- Porta.- Eiras.-) en el se considera elevar la edad de la vida útil del tra-bajador y se reduce el porcentaje de interés. Dicha fórmula se expresa así:

FORMULA UTILIZADA : C = a. ( 1 - Vn). ( 1 / i ) DONDE : a (ingreso a computar x 13 x Incapacidad, Ingreso a computar (ingreso actual x 60 / Edad al infortunio ( tope 60 , años), Vn ( 1 / ( 1+i) n, i ( Tasa de Interés Anual = 4%) En primer lugar voy a señalar que, tal como la Corte Suprema ha dicho reiteradamente, y esta Sala había señalado en la ya citada causa "Arbonies", para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitu-des físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como una pauta genérica de referencia, añadiendo la Corte Federal que para fijar la reparación integral deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que éstas pueden tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (ver, entre otros, "Coco, Fabián Alejandro c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios", 29-6-04, Fallos 327:2722, también publicado en LL 8-11-04 Nº 108.279 y en ED 30-11-04, Nº 331 y "Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametaal Peluso y Compañía", fallo del 8/4/2008, publicado en La Ley 29/4/2008, 7).

En segundo lugar, deben recordarse los señalamientos efectuados por la Corte Suprema en el "leading case" "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicio SA" (del 21-9-04, Fallos 327:3753) cuando estableció que "No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres". Añadió el Alto Tribunal, para más claridad, que la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable", recordando, incluso que, "En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 1117, considerando 9 º)".

Por lo demás, a los fines de determinar el monto del resarcimiento por daño material, cabe tener en cuenta los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que descalificó la utilización de tarifas que ponen el acento en la persona humana en su faz exclusivamente laboral, como presta-dora de servicios, al evaluar el perjuicio material sufrido en términos de disminución de la "total obrera" y su repercusión en el salario que ganaba el trabajador al momento de contraer la enfermedad y proyectado hacia el resto de la vida labor. Al respecto, el Máximo Tribunal ha sostenido que: "Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que se pretende aplicar, toda vez que la incapacidad del trabajador debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" ( ver, fallo ya citado "Arostegui ").

Además, debe tenerse en cuenta la doctrina sentada por la Corte en las causas "Aquino" y "Diaz" en el sentido que "el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente ma-teriales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compen-satoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" ("Aquino", votos de los jueces Pe-tracchi, Zaffaroni, Maqueda, Belluscio y Highton de Nolasco, Fallos: 327:3753, 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798 y "Díaz", voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473, 479/480).

He de aplicar también las pautas de valoración que surgen de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos "Audi-cio de Fernández c/ Prov. de Salta" (4-12-80), "García de Alarcón c/ Prov. de Buenos Aires" (F: 304:125) y "Badiali c/ Gobierno Nacional" (LL 24-12-86).

Con estas pautas orientativas, teniendo en cuenta las consecuencias que la enfermedad le produjo a Tubio, tanto desde el punto de vista in-dividual, como desde el social; y, tomando en consideración su remuneración ($1.217,55); la disminución psicofísica ocasionada por el contagio de la enfermedad profesional a raíz del cual presentes las limitaciones descriptas por el perito médico a fs. 444/457 y 480/486 (que provocaron una incapacidad del 65% de la T.O.); la edad al momento de la primera manifestación incapacitante (45 años), su categoría profe-sional, su estado civil (casado, fs. 4) y la repercusión de la incapacidad en su vida de relación; como así también los obstáculos que dicha incapacidad seguramente le han de acarrear para continuar en su carrera y obtener ingresos y que, en definitiva, el ac-tor no va a poder desempeñarse como trabajador activo, sin posibilidad de reinsertarse en el mercado productivo y el impacto que provocará la disminución que padece en el seno familiar, considero que corresponde elevar el monto de condena en concepto de daño material a la suma de $350.000, suma que comprende los gastos que deberá afrontar para llevar a cabo los tratamientos apropiados.

En cuanto al daño moral por los dolores naturalmen-te derivados de la enfermedad contraída, los padecimientos propios del tratamiento y curación, así como el sufrimiento moral perdurable que las lesiones resultantes le provocan y provocarán al actor en su vida personal social y familiar, conviene memo-rar que se ha definido al daño moral como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas (confr. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 234).

Empero, esas eventuales heridas subjetivas no son de prueba factible ya que, como grafica el ya citado maestro Bustamante Alsina, residen en lo más íntimo del alma (ob. cit. pág 248). Mas, como lo señala Arazi, puede de-terminarse su existencia mediante presunciones judiciales en base a las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según cada caso (Roland Arazi, "Prueba del Daño Moral", en Revista de Derecho de Daños Nº 6 Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107), quien explica que son máximas de la experiencia el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.

Y bien, frente a un hecho como la enfermedad acre-ditada en autos, fácil es representarme, en mérito a mi experiencia de vida, el dolor moral como un corolario normal y típico en la víctima portadora de la disminución fí-sica.

En tal marco, considero que este daño debe ser com-pensado con la suma de $70.000.

Por todo lo expuesto, propicio receptar parcialmente los agravios vinculados a la cuantificación de las indemnizaciones y elevar ambos conceptos en las proporciones antedichas (daño material $350.000 y daño moral $70.000, manteniendo la responsabilidad concurrente de la ART hasta el límite de la póliza -ajuntada a los nuevos parámetros fijados en esta alzada- así como la tasa de interés fijada en grado sobre el monto total diferido a condena ($420.000).

VI.	El resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas.

En orden a ello y en atención al resultado que dejo propuesto corresponderá imponer las costas a cargo de las codemandadas vencidas (cfrme. art. 68 párr. 2° y 71 del CPCCN).

En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de cada una de las demandadas, del perito ingeniero, contador y del perito médico en el 16%, 13%, 13%, 5%, 5% y 6% respectivamente del monto total de condena, capital más intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243) quedando aquí las subsumida la apelación deducida por las partes y pe-ritos.

Las costas de esta alzada, propongo se impongan a cargo de las demandada, en atención al resultado del recurso (art. 68, 2ª pte. CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada una de las deman-dadas por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corres-ponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Mi-guel Ángel Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio de grado elevando el monto de condena a la suma de pesos cuatrocien-tos veinte mil ($420.000) más los intereses fijados en grado; 2) Imponer las costas a cargo de las codemandas vencidas; 3) Regular los honorarios de la re-presentación letrada de la parte actora, cada una de las demandadas, perito in-geniero, contador y perito médico en el dieciséis por ciento (16%), trece por ciento (13%), trece por ciento (13%), cinco por ciento (5%), cinco por ciento (5%) y seis por ciento (6%) del monto total de condena, capital más intereses; 4) Imponer las costas de esta alzada solidariamente a cargo de las codemandadas; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de cada una de las demandadas por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara