Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de marzo de 2006, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso apelación judicial contra decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)" (Expte. Nº: EXP 4080/0), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. Las presentes actuaciones se inician a raíz de la demanda promovida por Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se decrete la nulidad de la resolución Nº 4029-DGR-2001 que rechazó el recurso de reconsideración deducido por la primera contra la resolución Nº 6042-DGR-2000. Mediante esta última, se determinó de oficio y sobre base cierta la obligación tributaria de la firma actora frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales 12/94, 01 a 12/95, 01 a 12/96 y 01 a 12/97, estableciendo una deuda que alcanzó a la suma de pesos doscientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cuatro con 75/100 ($ 263.774,75) y fijando una multa de pesos doscientos once mil diecinueve con 56/100 ($ 211.019,56) por presunta infracción al art. 77 del Código Fiscal 2000 (t.o. decreto Nº 347/00). En resumidos términos, fundó su pretensión en la falta de notificación de la resolución Nº 5239-DGR-98 y, consecuentemente, ausencia de vista previa del inicio del procedimiento que c oncluyera con el dictado de la resolución que determinó su obligación tributaria frente al impuesto mencionado e impuso una pena de multa. 2. A fs. 247/9, el sentenciante de grado dictó sentencia declarando la nulidad de todo lo actuado en la Carpeta Interna Nº 43.053/98 a partir de fs. 47 y reguló honorarios a la dirección letrada de la accionante. Para así decidir, el a quo -luego de relatar cronológicamente los antecedentes de la carpeta de mención y referirse a la disposición normativa que exige conferir vista al contribuyente del acto que resuelve la iniciación del procedimiento de determinación de oficio- señaló que la única diligencia expedida a efectos de notificar la resolución Nº 5239-DGRyEI-98 (que ordenó la instrucción del trámite) fue devuelta con resultado negativo. De modo que, según expuso, mientras el derecho de defensa de la actora tornaba obligatoria la realización de dicha diligencia, el examen de las actuaciones administrativas permitía tener por acreditado que "... la demandante nunca fu e notificada del dictado de ese acto, que [...] dispuso la iniciación del procedimiento de determinación de oficio" (ver fs. 248 vta.). Como consecuencia de ello, señaló que la ausencia de descargo esgrimida como uno de los fundamentos de la resolución Nº 6042-DGR-2000 (determinativa del tributo), constituía un aserto viciado en su fundamento, pues dicha falta no configuró un acto voluntario del contribuyente, "... cuando la realidad es que nunca llegó a conocer dicha decisión, y por ende tampoco tuvo posibilidad cierta de ejercer sus derechos" (ver fs. 248 vta.). Agregó que "... el requerimiento de nueva documentación efectuado por el organismo interviniente "bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de determinación de oficio con los elementos obrantes en autos" [el 20 de julio de 2000, cuando ese trámite ya había comenzado el 19 de octubre de 1998, luego del dictado de la resolución Nº 5239-DGR-98] pudo con razón originar la creencia de que aún no se había resuelto iniciar ese procedimiento", para co ncluir afirmando que "... ese cúmulo de fallos (ausencia de notificación, información errónea sobre el estado del procedimiento) se tradujo en una situación de real menoscabo del derecho de defensa de la accionante, que no consiste solamente en oponer defensas -como insinúa la demandada- sino en activar todos los medios que las normas ponen a su disposición, como integrantes del derecho constitucional al debido proceso (Art. 18; Art. 10 CCABA)" (ver fs. 249). Tales consideraciones, que llevaron al a quo a declarar la nulidad de todo lo actuado en la Carpeta Interna Nº 43.053/98 a partir de fs. 47, dejaron expresamente a salvo lo atinente a "... la procedencia o improcedencia sustantiva y técnica de la determinación de oficio y multa dispuestas por la Resolución Nº 6042/DGR/2000" (ver fs. 249 vta.). 3. El pronunciamiento reseñado fue objeto de apelación, en cuanto al fondo, por parte de la demandada (ver fs. 264). Asimismo, tanto esta última como la actora dedujeron recurso contra los honorarios regulados a la dirección letrada de la accionante (ver fs. 254/63 y fs. 264). Todos ellos fueron concedidos a fs. 265. 4. A fs. 279/94, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó sus agravios. 4.1. Expuso, en primer lugar, que la nulidad no encuentra sustento en ninguna de las hipótesis enumeradas por el art. 14 del decreto Nº 1510-GCBA-97. En esa dirección, destacó que el propio sentenciante había reconocido que la sustancia del acto determinativo del tributo no había sido objeto de crítica alguna. Indicó, además, diversos momentos del desarrollo del expediente administrativo que evidenciarían que la demandante tomó conocimiento del proceso determinativo iniciado (realización de inspecciones, remisión de planillas correspondientes a las diferencias de los períodos reclamados, etc.). 4.2. Recordó que la firma accionante había deducido recurso de reconsideración contra el acto de determinación de oficio y que, en esa oportunidad, no había invocado defensa alguna. Coincidentemente con ello, puntualizó que la falta de a legación de perjuicio alguno sumado al carácter relativo que revisten las nulidades procesales importa, como lógica consecuencia, la posibilidad de subsanar la nulidad que eventualmente hubiere existido en el particular. 4.3. Señaló que la falta de recepción de la cédula que intentó notificar el inicio del procedimiento determinativo sólo podía imputarse a la propia accionante, puesto que se había dirigido al domicilio fiscal denunciado por la firma. En esa misma línea argumental, adujo que la no desconocida inexistencia de chapa municipal (asentada por el oficial notificador al momento de realizar la diligencia) refuerza esa conclusión, dado que constituye obligación del contribuyente la correcta identificación del domicilio fiscal. No obstante ello, agregó que, de todas formas, la actora se había notificado del inicio del trámite al tomar vista del expediente administrativo en oportunidad de notificarse de la resolución Nº 6042-DGR-2000 (determinativa del impuesto). Insistió en señalar que tal proceder -fal ta de alegación del perjuicio o mención de defensas- había importado el saneamiento del vicio invocado. 4.4. Recapitulando, destacó que el planteo de nulidad no reunía los recaudos consagrados por la legislación aplicable (arts. 132, 155 y 156 del CCAyT). En ese sentido, puso particular énfasis en la falta de mención de las defensas que el contribuyente se habría visto privado de oponer como consecuencia del defecto apuntado y en la total ausencia de cuestionamiento alguno con relación a la sustancia de la resolución Nº 6042-DGR-2000 (determinativa del tributo). Sostuvo que la nulidad articulada no era más que la pretensión de declarar la nulidad por la nulidad misma; así, según su parecer, la contribuyente había decidido no interponer defensas a pesar de haber tomado idóneo conocimiento del trámite seguido ante la administración. Como conclusión, consideró oportuno señalar que, de confirmarse la decisión de primera instancia, se permitiría -aún ante la completa ausencia de reparo sustancial alguno- retrotrae r el procedimiento seguido ante la administración y, con ello, posibilitar la prescripción de los períodos legítimamente reclamados (1994, 1995, 1996 y 1997). 5. Frente al traslado conferido a fs. 295, la actora contestó la expresión de agravios mediante la presentación obrante a fs. 296/315 y, por los argumentos allí expuesto -a los que cabe hacer remisión brevitatis causae-, solicitó el rechazó del recurso que se deja reseñado. Finalmente, la providencia que antecede ordenó el pase de los autos al presente acuerdo. CONSIDERANDO: 6. Así sintetizados los antecedentes de la causa, cabe recordar -como primera medida- que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición de litigio (conf. art. 310 CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su revisión ni estudio. 7. En primer lugar, cabe señalar que, pese a la argumentación desarrollada por la recurrente al inicio de su expresión de agravios, sí se configuraría en el caso uno de los supuestos contemplados por el art. 14 del decreto Nº 1510/97. En efecto, dispone la norma mencionada que "[e]l acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: [...] b) cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado" (el destacado no pertenece al original). En ese sentido, sabido es que una de las notas características de los actos administrativos radica en la producción de efectos jurídicos. Así, tratándose de actos de alcance particular, dichos efectos sólo se generan a partir de la notificación al interesado, en tanto que los actos de alcance general requieren, para lograr esa producción de efectos, su publicación (art. 11 del decreto Nº 1510/97). De modo que, a partir de lo expuesto, no resulta posible sino concluir que la publicidad del acto -sea en cuanto notificación o publicación- constituye -según la terminología empleada por el art. 14 del mencionado decreto- una de las formas esenciales de los actos administrativos. 8. El punto radica, entonces, en determinar si, como consideró el a quo, el contribuyente no fue notificado de la resolución que dispuso el inicio del procedimiento determinativo; caso contrario -es decir, si se concluye que la notificación fue válidamente efectuada- deberá revocarse la sentencia y rechazar la demanda incoada. Pues bien, a tales efectos aparece como necesario acudir a la normativa aplicable. Como correctamente puntuali zó el sentenciante de grado en el cons. VI de su fallo, se encontraba vigente -al momento de los hechos de marras- la Ordenanza Fiscal 1998 (t.o. decreto Nº 324/98). Disponía su art. 21 que "[e]l domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, siéndole aplicable, en su caso, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (el destacado no pertenece al original). En esa dirección, no resulta ocioso recordar las pautas vertidas al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tiene dicho que, aunque no se trate de un domicilio constituido ad litem, sino del domicilio fiscal denunciado ante las autoridades administrativas, éste goza, con arreglo a un expresa disposición legal -refiriéndose al art. 3º de la ley 11.683, cuyo último párrafo resulta equivalente al art. 21 de la Ordenanza Fiscal local 1998- de los efectos propios del domicilio constituido, incluso en el ámbito judicial (CSJN in re "Fisco Nacional c/ Loterszpi l, Samuel s/ ejecución fiscal", 28/6/74. EN el mismo sentido, CNACAFed., Sala V, "Fisco Nacional (DGI) c/ El Grillo Sport S.A.C.I.F. s/ ejecución fiscal", 14/8/96; CNACAFed., Sala II, "Fisco Nacional (DGI) c/ Zapatería Sarli S.R.L. s/ queja", 13/10/96; esta Sala, en autos "G.C.B.A. c/ Die Kolnische Ruch Cía. De Reaseguros S.A. s/ ejecución fiscal", 19/3/02, entre muchos otros). Ahora bien, el 2º párrafo del art. 42 del CPCCN establece que "[c]uando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior [art. 41], según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real" (el énfasis no obra en el original). Así, el citado art. 41, en su primera parte (aplicable al caso del domicilio constituido), prescribe que "[s]i no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artícul o anterior [carga de constituir domicilio legal dentro del radio del tribunal que entienda en la causa], las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el art. 133 ...". Finalmente, el mentado art. 133 -conforme la redacción vigente al momento de los hechos-, sentaba como principio general en esta materia la notificación por ministerio de la ley; en efecto, según disponía, "... las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado" (el destacado no pertenece al original). De modo que, el juego de tales disposiciones permite extraer las siguientes conclusiones: a) el domicilio fiscal tiene, a los efectos del procedimiento establecido por la Ordenanza Fiscal aplicable a la fecha del caso de marras, el carácter de domicilio constituido; b) cuando se presentase alguno de los supuestos de hecho contemplados por el 2º párrafo del art. 42 del Código Procesal Civil y C omercial de la Nación (aplicable por remisión expresa de la mencionada Ordenanza Fiscal), la resolución respectiva deberá tenerse por notificada en los términos del art. 133 de aquél cuerpo legal; es decir, ministerio legis. 9. Teniendo en consideración tales pautas, resulta conveniente reseñar lo acontecido en el particular. A fs. 41/2 de la Carpeta Interna Nº 43.053, obrante en la Carpeta Nº 12.601/98, obra la resolución Nº 5239-DGRyEI-98, por la cual se dispuso "[i]niciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente ALEGRE PAVIMENTOS S.A.C.I.C.A.F.I., con domicilio en la calle ZAVALETA 1300, de Capital Federal ..." (art. 1º), "[i]nstruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de infracciones sancionadas en las normas fiscales ..." (art. 2º) y "[c]onferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho ..." (art. 3º). Por su parte, a fs. 48/9 obra una cédula diligenciada con fecha 28 de octubre de 1998 en el domicilio de la calle Zavaleta 1300 de esta Ciudad. En dicho instrumento -que lleva como adjunto la resolución Nº 5239-DGRyEI-98- el oficial notificador consignó "no existe número". En este punto, resulta pertinente señalar que, aún cuando el art. 26 de la Ordenanza Fiscal 1998 establece que "[l]as actas labradas por los agentes notificadores hacen fe mientras no se demuestre su falsedad", el contribuyente no cuestionó en ninguna de sus posteriores presentaciones ante la administración -ni luego en esta sede judicial- el contenido de la cédula cuya nulidad pretende. Posteriormente, el Jefe del Departamento de Procedimientos Tributarios de la Dirección Técnico Tributaria solicitó, en atención a lo informado por el oficial notificador, que se remitiera fotocopia del formulario de inscripción de la contribuyente (ver fs. 58). Al momento de acompañar esa constancia (ver fs. 70), la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes señaló que "... de la documentación anteriormente mencionada surge que el último domicilio fiscal declarado por el contribuyente [...] es ZAVALETA 1300, Capital Federal" (ver fs. 73; el destacado no obra en el original). Teniendo ello a la vista, se dispuso la continuación del procedimiento, intimándose al contribuyente a presentar documentación relativa a la actividad desarrollada (ver fs. 74). A esos efectos, se libró una nueva cédula al domicilio antes indicado -recibida por la firma el día 20 de julio de 2000- y a raíz de la cual se presentara Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I. con fecha 8 de agosto de 2000 acompañando la documentación solicitada (ver fs. 78/9). Ante un nuevo requerimiento realizado por la administración mediante el acta obrante a fs. 197, la contribuyente se presentó nuevamente haciendo expresa remisión a su escrito de fs. 78/9. Con base en esos antecedentes, la Dirección General de Rentas dictó la resolución Nº 6042-DGR-2000, mediante la que determinó de oficio y sobre base cierta la materia imponible. Además, en lo que aquí interesa, la administración estimó que "... corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a fs. 48 de C. Nº 43.053-DGRyEI-98, de fecha 28/10/98, en el domicilio denunciado por la responsable, resultó infructuosa la notificación de la resolución que motiva la presente, por lo cual esta Dirección procede a arbitrar los medios a fin de obtener los pertinentes formularios de solicitud de inscripción en el ISIB de la referenciada (fs. 69 de la señalada Carpeta), elementos éstos que obtiene a fs. 70/73, donde se corrobora que el originario domicilio denunciado de la calle ZAVALETA 1300, de esta Ciudad, es el último domicilio fiscal declarado por la rubrada que obra en los Registros de este Fisco, con lo que habiéndose constatado la veracidad de la notificación instaurada, se constata -luego del plazo legal establecido para que presente su descargo, que no medió presentación alguna en tal carácter" (el destacado no pertenece al original). Frente a ello y ante la notificación pertinente, la accionante tomó vista de las actuaciones (ver fs. 246) y, con posterioridad, planteó recurso de reconsideración (ver fs. 1/12 de la Carpeta Interna Nº 52.054/01). Esa impugnación fue rechazada mediante la resolución Nº 4029-DGR-2001 (ver fs. 29 de la misma carpeta) que es la que se discute en autos. 10. Ahora bien, conforme la reseña efectuada, el único supuesto del inc. b) del art. 14 del decreto Nº 1510/97 en el que podría encuadrarse la acción intentada ("violación de las formas esenciales") no puede tenerse por configurado en el caso, puesto que las líneas que anteceden permiten llegar a la siguiente conclusión: el contribuyente sí fue notificado de la resolución Nº 5239-DGRyEI-98 y, en consecuencia, el acto así dictado no contenía vicio alguno. En efecto, si el oficial notificador dejó constancia, en la dilige ncia dirigida al domicilio fiscal de la firma accionante, de la inexistencia de chapa municipal y, posteriormente, la administración verificó la corrección de ese domicilio -como se dijo, mediante la agregación del formulario de inscripción del contribuyente (ver fs. 58 de la Carpeta Interna Nº 43.053/98)-, forzoso resulta concluir que la actora quedó debidamente notificada ministerio legis -como expresamente dispone la normativa aplicable- de la resolución Nº 5239-DGRyEI-98. Máxime cuando el contenido de la cédula en cuestión nunca fue impugnado por la encartada. En otras palabras, dadas las siguientes condiciones: 1ª) cédula dirigida a un domicilio fiscal correcto y 2ª) inexistencia de la numeración respectiva en ese domicilio, cobra operatividad la disposición contenida en el art. 133 del CPCCN y, con ello, pierde toda relevancia el hecho de que la cédula no haya sido recibida. Ello así porque, ante la presencia de aquellas dos condiciones, el ordenamiento dispone que la notificación se tendrá por cumplida mediante el mecanismo previsto en esa norma; es decir, de acuerdo a la modalidad de notificación automática o por ministerio de la ley. Es decir que, si bien no hubo notificación por cédula, el anoticiamiento sí se produjo por otra de las vías expresamente contempladas. Cabe agregar que en ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal cuando, haciendo aplicación del art. 3º de la ley 11.683 -cuyo último párrafo es similar al art. 21 de la Ordenanza Fiscal 1998- y de los arts. 41 y 42 del CPCCN, hizo mérito del carácter de constituido del domicilio fiscal y tuvo por notificado ministerio legis al contribuyente si en el domicilio constituido no existía chapa municipal (CNACAFed., Sala I, in re "Romen", 3/4/74, L.L. 154-595). En conclusión, toda vez que la actora tomó efectivo conocimiento de la resolución que dio inicio al procedimiento determinativo, sólo cabe concluir en la procedencia del recurso intentado por la demandada y, por ende, en el rechazo de la acción incoada. 11. Asimismo, establecida la existencia de la notificación, el error material deslizado en el requerimiento obrante a fs. 74 de la Carpeta Interna Nº 43.053/98 -en cuanto allí se dispuso intimar a la contribuyente bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento cuando éste ya había comenzado con la resolución de fs. 41/2- carece de entidad suficiente para determinar, por sí solo, nulidad alguna. 12. Como lógico corolario de todo ello y sólo a mayor abundamiento, no puede considerarse -como lo hace la actora en su escrito de inicio- que ha habido contradicción alguna en la resolución determinativa del tributo, puesto que, además de haber existido notificación, el contribuyente dejó transcurrir el plazo sin presentar descargo. En suma, la extensa argumentación desarrollada por Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I., apoyada únicamente en el cuestionamiento de la cédula de fs. 48/9, pierde todo sustento. Es que, como con claridad se desprende del recurso de reconsideración obrante a fs. 1/12 de la Carpeta Interna Nº 52.054/01 así como de la apelación judicial agregada a fs. 13/36 de estas actuaciones, ni una sola línea ha dedicado la accionante a individualizar el perjuicio (sustancial) que el supuesto vicio le habría producido. Vale decir, sí se ha hecho mención de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional y se han explicado sus concretas derivaciones (derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba, derecho a obtener una decisión fundada, etc.) aplicables, per se, a todos los supuestos de nulidades procedimentales; mas -como es sabido- el defecto procesal sólo puede generar la afectación de dicha garantía -y, consecuentemente, la declaración de ineficacia- cuando aquél se ha traducido en un estado de indefensión particularizado en el caso. Y, como se ha señalado, el accionante se ha ocupado prolijamente en sus presentaciones de omitir toda consideración al respecto. En suma, su afirmación relativa a las formas del procedimiento (notificación de la resolu ción Nº 5239-DGRyEI-98), además de resultar errónea -como se ha explicado en los puntos precedentes-, no se ha visto acompañada por ningún argumento de fondo que permita vislumbrar equivocación alguna en el acto determinativo del impuesto. Con relación a los vicios de forma o de procedimiento, señalan Eduardo García de Enterría / Tomás-Ramón Fernández (Curso de Derecho Administrativo, t. I, Madrid, Civitas, 2000, 10 ed., p. 636 y ss.) que el concepto mismo de indefensión es relativo y que su valoración exige colocarse en una perspectiva dinámica o funcional, es decir, una perspectiva que permita contemplar el procedimiento en su conjunto y el acto final como resultado de la integración de trámites y actuaciones de distinta clase y procedencia, en los que el particular va teniendo oportunidades sucesivas de defenderse y de poner en relieve ante la administración sus puntos de vista. De modo que -según concluyen los autores citados- el vicio de forma no es sino una presunción de ilegalidad del acto a que afecta , presunción que sólo puede prevalecer cuando no sea posible probar la corrección sustancial del acto (en el caso, determinación de oficio del impuesto) o la independencia de la incorrección sustancial de éste (en el particular, ni siquiera alegada) respecto del defecto formal advertido. Así, el vicio de forma debería repercutir en el acto y traducirse en un yerro sustancial. Sin embargo, en el caso, aún cuando la firma actora ha podido presentarse tanto en sede administrativa como ante este fuero y que, en ambos casos, ha contado con la posibilidad de referir, siquiera mínimamente, los yerros de la administración en cuanto a la determinación de su obligación tributaria -aspecto de fondo-, no resulta un punto objeto de discusión que ella ha guardado el más completo silencio sobre el particular, limitándose a señalar la existencia de un defecto formal que, aún en la mejor de las situaciones para la accionante, no demuestra irregularidad alguna en el acto determinativo. Adviértase que lo que se deja dicho no im porta sostener que la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración equivale a subsanar un defecto en la formación del acto sino, más bien, que la ausencia concreta de toda mención a los defectos sustanciales de la resolución sólo puede ir -en este caso- en desmedro de la actora, dado que una petición huérfana de todo argumento de fondo sólo pretendería resguardar el cumplimiento de una mera formalidad. 13. En cuanto a las costas, corresponde que, en atención a la forma en que se decide, sean impuestas a la accionante vencida (art. 62 del CCAyT). 14. Llegado a esa conclusión, corresponde adecuar -de conformidad con la solución propuesta- los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en primera instancia (art. 249 del CCAyT). 14.1. Considerando el monto del proceso, su naturaleza y complejidad, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional desarrollada en primera instancia -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-, regúlanse los honorarios del Dr. Daniel Horacio Lamberti, apoderado de la parte actora, en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000). Por su parte, corresponde regular los honorarios de la Dra. Adriana Patricia Boskovich, apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) (conf. arts. 1, 6, 7, 8, 9, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). 14.2. Por su parte, por las tareas realizadas ante esta instancia, fíjanse los honorarios del Dr. Daniel Horacio Lamberti en la suma de pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750), mientras que los honorarios de la Dra. Adriana Patricia Boskovich en la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta ($ 7.350) y los de las Dras. Elena Fabiana Befaro y María Cristina Cuelo (apoderada y patrocinante, respectivamente) en la suma de pesos diecisiete mil ciento cincuenta ($ 17.150), en conjunto (conf. arts. 14 y demás concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). En consecuencia, por todo lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada por Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I. Con costas (art. 62 del CCAyT). El Dr. Eduardo Ángel Russo y Dra. Nélida Mabel Daniele, por las consideraciones vertidas precedentemente, adhieren al voto del Dr. Centanaro. En mérito a la votación que antecede, el Tribunal por unanimidad, RESUELVE: I.- Hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada por Alegre Pavimentos S.A.C.I.C.A.F.I. Con costas (art. 62 del CCAyT). II.- Adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia a favor del Dr. Daniel Horacio Lamberti en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000) y los de la Dra. Adriana Patricia Boskovich en la suma de pesos setenta mil ($ 70.000). III.- Regular los honorarios del Dr. Daniel Horacio Lamberti en la suma de pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750), los de la Dra. Adriana Patricia Boskovich en la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta ($ 7.350) y los de las Dras. Elena Fabiana Befaro y María Cristina Cuelo en la suma de pesos diecisiete mil ciento cincuenta ($ 17.150), en conjunto; todo ello, por las tareas desarrolladas en esta instancia.- Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-