Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-04


SENT Nº 470 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Julio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Adolfo A. Jerez como síndico de la quiebra de la referencia, y por el letrado Francisco Muñío, ambos actuando por derecho propio, en autos: ?Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda.. S.A. s/ Quiebra pedida. Incidente sobre reserva art. 268 Ley 19.551 promovido por la Sindicatura?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1).- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por Adolfo A. Jerez como síndico de la quiebra de la referencia, y por el letrado Francisco Muñío, ambos actuando por derecho propio, contra la sentencia n° 102 de fecha 10/8/09 dictada por la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, que fue concedido por resolución de fecha 29 de setiembre de 2009 (fs. 1224).

El recurso fue presentado en término, y con boletas de depósitos efectuados por cada uno de los impugnantes. El recurso es parcialmente inadmisible, como se ponderará al tratar cada uno de los agravios planteados.

2) Antecedentes:

Las presentes actuaciones se originaron en el pedido formulado por el síndico en el año 1999, de que se efectuara la reserva prevista por el art. 268 (texto según ley 19.551 reformada por la ley 20.315, luego artículo 244 en la ley 24.522), para atender al pago de los honorarios que correspondían a diligencias sobre los bienes del concurso (cfr. fs. 1). El síndico solicitó que la reserva se fije sobre el 25% de los ingresos producidos durante el período 1994 ? 1997. En respuesta a un pedido del Juez, el Síndico informó la base sobre la cual correspondía efectuar la reserva (fs. 3).

Luego la sindicatura manifestó al Juez que conforme lo dispuesto en la sentencia de la Cámara de fecha 18-3-99, se debía establecer la proporción de los honorarios regulados que correspondían exclusivamente a diligencias a las que se refiere el art. 268 LCQ (texto ley 19.551).

Para determinar esa proporción, el Síndico pidió que se disponga que los abogados de la fallida, de la sindicatura y la sindicatura (y del perito tasador, a fs. 30), acrediten las actividades realizadas respecto de los bienes asiento de privilegios especiales y/o actuaciones cuyos resultados fueron beneficiosos para la masa de acreedores (fs. 4). A ello se hizo lugar mediante providencia de fecha 3 de diciembre de 1999 (fs. 6).

En respuesta a ese pedido, los letrados detallaron sus actuaciones y los méritos de sus intervenciones (Dra. Dip, fs. 8/11, Dr. D'Hiriart, fs. 12/15, Dr. Rodríguez Vaquero, fs. 16/23, Dra. Cardoso de Jantzon, fs. 24/26, Dr. Mena a fs. 39, por el perito tasador, fs. 40, Dr. Rómulo Acosta por los herederos del anterior síndico, fs. 62/67, Dr. Novillo, fs. 69, Dr. René Padilla (h.), fs. 70). De todos esas manifestaciones se dispuso ?a conocimiento de sindicatura?.

El Síndico contestó que se otorgue la preferencia del art. 268 al 100% de las regulaciones. Pidió además que se practique la reserva para atender la totalidad de los honorarios, en el máximo porcentaje legal (fs. 49).

Por sentencia de fecha 30 de junio de 2000 se ordenó que la Sindicatura reserve el 25% de la base regulatoria (fs. 75/79). En esa sentencia se determinó el porcentaje de los honorarios de los funcionarios del concurso, letrados de la fallida, del síndico y del perito tasador, que correspondían a tareas vinculadas directamente a la conservación, custodia, administración y realización de la cosa sobre la que recae el privilegio especial, que es precedido por dicha reserva de gastos (fs. 70). El Juez estableció que tal beneficio recaería sobre el 60% de los honorarios de los peritos tasadores.

A continuación el Juzgador expresó que consideraba inaceptable el criterio de la sindicatura y su letrado (al que se adhirieron los restantes titulares de honorarios), de que el 100% de las tareas podían incluirse en la reserva del art. 268 de la ley 19.551 (luego art. 244 de la ley 24.522), por los motivos que expuso a fs. 77.

El Juez analizó el mérito de las labores desarrolladas, y determinó los siguientes porcentajes de honorarios comprendidos en la reserva: síndico Palomino, 70%, síndico Jerez: 70%, Dr. Rodríguez Vaquero: 60%, Dr. René Padilla: 60%, Dra. Cardozo de Jantzon: 60%, Dr. Mena, ningún porcentaje, Dres. Dip y D'Hiriart, 60%, y Dr. Novillo 60%.

La sentencia fue objeto de recursos de nulidad y apelación promovidos por los letrados Mario Racedo (fs. 85), Alberto Carmona (fs. 86), Rómulo Acosta (fs. 97), y Cardoso de Jantzon (98), que fueron declarados inadmisibles en providencia del 2 de agosto de 2000 (fs. 87).

Esos letrados presentaron quejas por apelación denegada, que fueron acogidas en la alzada (sentencias agregadas a fs. 217, 321, 501, y 552). En todos los casos se corrió traslado a todos los letrados que habían participado en el trámite. El síndico contestó los agravios de todos los apelantes.

Por sentencia de fecha 30 de junio de 2003 se rechazaron los recursos y se confirmó la sentencia de fecha 30/6/2000. Las costas fueron impuestas por el orden causado (cfr. fs. 682/690).

Los letrados Carmona y Cardoso de Jantzon interpusieron recursos de casación, que fueron declarados mal concedidos con costas, en sentencia dictada por esta Corte en fecha 29/6/2005 (fs. 932/938). El Dr. Alberto Carmona presentó recurso extraordinario, que fue denegado con costas al recurrente mediante sentencia de fecha 03/11/2005 (fs. 1030).

El síndico patrocinado por el letrado Muñío, contestó tanto los recursos abiertos por quejas directas, como los recursos de casación y el extraordinario del Dr. Alberto Carmona. En los recursos de apelación las costas se impusieron por su orden (fs. 689 vta.), y en los recursos de casación y extraordinario a cargo de los recurrentes (fs. 937 vta. y 938, y fs. 1030).

Con fecha 29 de setiembre de 2008 el síndico pidió que se regulen honorarios en el incidente de la reserva (fs. 1109). La jueza de primera instancia expresó que no le correspondía regulación, pues las actuaciones en las cuales los peticionantes intervinieron y se impusieron costas a terceros, no se habían producido en esa instancia.

Por ese motivo dispuso que se eleven las actuaciones a Cámara (fs. 1110). Luego agregó que no correspondía regular honorarios porque el trámite de la reserva de gastos art. 268 estaba comprendido en el proceso de liquidación de bienes del principal, por lo que no cabía una regulación separada de los honorarios ya regulados (fs. 1114).

En sentencia de fecha 20 de febrero de 2009 la Cámara ratificó el criterio de no regular honorarios por el trámite de reserva de gastos según art. 268, y procedió a regular honorarios en incidentes en los que se impusieron costas (fs. 1117/8).

El síndico y su letrado por derecho propio interpusieron revocatoria (fs. 1128/1140), que fue resuelta por la Cámara mediante sentencia de fecha 10/8/2009. En esa resolución se hizo lugar a la objeción referida a la regulación de honorarios por los recursos de casación, que se dejaron sin efecto, se impusieron costas por el orden causado, y se rechazaron las restantes pretensiones.

3) Recurso de casación El síndico de la quiebra por la quiebra, y el letrado Francisco Muñío, ambos actuando por derecho propio, interpusieron recursos de casación contra la sentencia de fecha 10/8/2009, que acumularon en una misma presentación (fs. 1204/1214).

Los recurrentes exponen que la Cámara dejó sin efecto las regulaciones de los recursos de casación que ella misma había dictado en anterior sentencia de fecha 20 de febrero de 2009. Advierten que sin embargo, se mantuvo la base, y denuncian que ello coloca a su parte en situación de indefensión ante la imposibilidad de volver a discutir esa cuestión.

Sostienen que la quiebra tiene legitimidad para impugnar, pues surge de los fundamentos de la sentencia que las costas impuestas por la Corte a la contraria deben ser soportadas por la quiebra, y contempladas en futuras regulaciones a pesar de la eximición de la fallida. De ello deducen que la quiebra tiene derecho a impugnar pues no fue condenada en costas.

Como antecedentes del caso, relatan que los presentes autos llegaron a la Cámara como consecuencia del pedido de regulación efectuado por la sindicatura al hallarse concluidos los trámites de la reserva del art. 268 (actual 244 LCQ).

Señalaron que a ese pedido, el Juzgado, en decreto de fecha 30/9/08, dispuso que correspondía elevar a Cámara, pues las actuaciones en las cuales los peticionantes habían intervenido y se habían impuesto las costas a terceros, no se desarrollaron en esa instancia. Expusieron que al presentar la base regulatoria, el Juzgado decretó con fecha 6/10/08 ?téngase presente la base regulatoria propuesta para su consideración por el Superior?.

Al llegar a Cámara las actuaciones, se dispuso que vuelvan al Juzgado de origen para su acumulación al incidente principal. Al cumplimentar esa medida, la Señora Jueza en proveído de fecha 30/10/08 expresó que no correspondía regular honorarios de primera instancia, ?puesto que, si bien se tramitó por cuerda separada, se trata de un trámite (reserva de gastos art. 268) comprendido dentro del proceso de liquidación de bienes del principal, por lo que no corresponde una regulación separada de los honorarios ya regulados en la presente quiebra?.

Los recurrentes señalan que la acumulación se cumplió con una nota de Secretaría que indicaba que se agregaban los incidentes de los recursos de los doctores Cardoso de Jantzon, Carmona, Racedo y Acosta, al incidente principal sobre reserva del art. 268 ley 19.551 promovido por la sindicatura.

Resaltan que las actuaciones acumuladas corresponden a incidentes de queja por apelación denegada y siguientes recursos promovidos por los letrados nombrados, de carácter contencioso y con contenido económico, en contra del pedido de reserva efectuado por la sindicatura, que fue receptado favorablemente en sentencia de fecha 30/6/2000. Destacan que esos incidentes de quejas abiertas y tramitadas en la Cámara, con posteriores recursos de casación y extraordinarios fueron ganados por la sindicatura.

Exponen que cuando se resolvió la procedencia de la reserva en la sentencia de fecha 30/6/2000, los letrados Racedo, Acosta, Carmona y Cardoso de Jantzon, promovieron incidentes de queja directa que fueron abiertos, y cuyas apelaciones que fueron rechazadas mediante sentencia de fecha 30/6/00, con costas por el orden causado.

Destacan que el resultado fue que los apelantes perdieron, pero que pese al precepto del art. 108 procesal, la Cámara los liberó de costas injustificadamente. Agregan que los doctores Carmona y Cardoso de Jantzon interpusieron recursos de casación, que fueron declarados mal concedidos con costas, en sentencia dictada por la Corte de fecha 29/6/05. Señalan que el Dr. Carmona presentó recurso extraordinario federal, que la Corte denegó también con costas.

Resaltan que tales antecedentes ponen de relieve la irrazonabilidad e irrealidad de la sentencia de fecha 20/2/09 que agravia a su parte (fs. 1117/1118), pues parte de la base de que no se trata de actuaciones cumplidas en incidentes, sino, al decir de la Excma. Cámara, de ?meras incidencias? ?que no generan una instancia independiente?, además de desconocer la base regulatoria firme, con la errónea consideración de que se trataba de la reserva que correspondía efectuar a la sindicatura. Exponen que la sindicatura lo hizo porque correspondía, lo que no quiere decir ni autoriza a que terceros lo contradigan, tornando contencioso al trámite. Señalan que hubo un verdadero contradictorio, pero que los terceros no cargarán con las costas pese a que la ley dispone su imposición.

Destacan que la sentencia tiene vicios en la construcción, pues aún cuando el punto III de la parte resolutiva dispuso revocar los puntos II y III de la sentencia de fecha 20/02/2009, en los fundamentos dejó firme la base. Exponen que el fallo resolvió la revocatoria interpuesta por su parte contra la sentencia de fecha 20/02/2009 respecto de los puntos II y III de la misma, conforme los fundamentos dados en el recurso.

Señalan que la Cámara confirmó el punto I de la resolución recurrida y resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de revocatoria contra la sentencia de fecha 20/02/2009, dejando sin efecto la regulación de los honorarios de los recursos de casación dispuesta en los puntos II y III de la parte resolutiva.

Como primer agravio, plantean que el punto II de la sentencia recurrida, -al confirmar el punto I de la sentencia de fecha 20/02/2009-, es incongruente, en tanto y en cuanto no se puede confirmar algo que no fue objeto de impugnación y que por lo tanto tampoco podía ser objeto de estudio en la sentencia.

Sostuvieron que la Cámara solamente tenía competencia para resolver respecto de los puntos II y III de la sentencia de fecha 20/02/2009.

Expresaron que en ese sentido, nunca podría entenderse que el recurso prosperara parcialmente, lo cual tiene implicancia en la imposición de las costas, que se resolvieron en el orden causado, pese a que la contraria se opuso y se hizo lugar al reclamo, decisión contradictoria con las disposiciones del CPCC.

Cuestionan las expresiones de la sentencia acerca de que las cuestiones suscitadas en relación a la reserva de gastos del art. 268 ley 19.551 (hoy ley 24.522) son parte de la gestión de la liquidación de la quiebra, y que tienen una determinada regulación que deja de lado la posibilidad de promover un incidente en relación a ellas en los términos y alcances fijados por el art. 303 LCQ, hoy art. 280 de la ley 24.522.

Expresan que con ese fundamento el Tribunal justificó que no hubo incidentes autónomos con derecho a regulación propia y distinta de la que cabe por las actuaciones generales cumplidas por la sindicatura y sus asesores letrados en el marco de la liquidación de los bienes.

Los recurrentes afirman que por el contrario, las cuestiones suscitadas en relación a la reserva de gastos del art. 268 ley 19.551, no son parte de la gestión de liquidación de la quiebra. Sostienen que la reserva de gastos pertenece al Título V, referido a disposiciones comunes, Capítulo I referido a privilegios de la ley 19.551.

Señalan que las actuaciones referidas a la liquidación pertenecen al título III (Quiebra), Capítulo VI (Liquidación y distribución), por lo que la afirmación es errada, pues se trata de actuaciones relacionadas con los privilegios. Indican que los intereses particulares son distintos y que se presentan de muchas maneras, como ha ocurrido en los diversos incidentes de recursos de queja por apelación denegada.

Manifiestan que ello constituye su principal agravio, pues con tales fundamentos se infringieron las disposiciones procesales sobre los incidentes (art. 183 y ss. del CPCC), como así también los artículos 197, 268, 301, 303, 309 bis y concordantes de la ley 19.551.

Rechazan la afirmación de la sentencia de que no hubo verdaderos incidentes autónomos con derecho a regulación propia. Destacan que por el contrario, fue la propia Cámara la que dio trámite de incidentes a tales actuaciones luego del rechazo dispuesto en primera instancia.

Resaltan que su pretensión no se refiere al incidente de reserva, sino a los incidentes de queja por apelación denegada promovidos por los recurrentes, iniciados y tramitados al margen de las disposiciones del art. 303 de la ley 19.551, a los que la Cámara dio curso, y que están aprehendidos en las disposiciones de los artículos 183 y siguientes CPCC, de conformidad a las disposiciones del art. 301 LCQ.

Sostienen que en el trámite de la quiebra no sólo existen los incidentes a los que se refieren los artículos 303 y ss. de la LCQ (ley 19.551), sino que además se encuentra prevista la aplicación de las disposiciones de las leyes de procedimientos locales. Advierten que la Cámara habilitó los planteos de los incidentes de queja por apelación denegada, por lo que no puede pretender ahora desconocer actuaciones válidas ante ese órgano jurisdiccional.

Señalan que fueron los incidentistas quienes promovieron demandas mediante las cuales reclamaron un objeto con eminente contenido económico, a las que la Cámara dio trámite, poniendo en funcionamiento el andamiaje procesal necesario para el desarrollo de esas demandas incidentales.

Observan que la Cámara desconoció la imposición de costas dispuesta por la Corte. Señalan que no se entiende el motivo por el cual la Corte impuso costas, si no fuese porque las actuaciones incidentales merecen regulaciones propias.

En definitiva, sostienen que la Cámara pretende que la quiebra pague honorarios que no le han sido impuestos, gracias a la diligente tarea cumplida por sus representantes, que lograron que la masa quede patrimonialmente indemne de las costas generadas por tales actuaciones incidentales.

Señalan que la sentencia recurrida confirmó la resolución impugnada, pero a continuación revocó la regulación practicada, admitiendo que no era de su competencia. Resaltan que si no reguló honorarios, el Tribunal no puede imponer la base, ni entrar en el estudio y análisis del trámite, pues no corresponde su valoración en esa instancia. Advierten que si se revocó la regulación, no había justificativo para fijar la base, sin entrar en contradicción con los antecedentes jurisprudenciales vigentes en la materia, y con las disposiciones del art. 40 de la ley 5480. Sostienen que de ese modo la Cámara condicionó a la Corte, limitándole la competencia.

Denuncian que hay gravedad institucional porque se trasgredió la competencia del Tribunal al haber fijado la base pese a haber reconocido que no se podía regular honorarios. Invocan como motivo de la gravedad institucional, la lesión a los principios de la imposición de costas, al pretender que cargue con las costas quien no está condenado.

Por último, observan que si la quiebra hubiera perdido con costas, los incidentistas habrían tenido derecho a reclamar regulación y cobro de sus honorarios contra la quiebra y sobre la base de los montos discutidos, que constituyeron el contenido económico de la demanda incidental, que era y es el monto de la reserva, monto sobre el cual estuvo centrado el contradictorio. Expresan que reconocido el error de haber regulado indebidamente los honorarios de los recursos de casación (y posteriores), y resuelta su revocación, las restantes cuestiones (carácter de las actuaciones y base), se tornan abstractas.

4).- De lo hasta aquí expresado, se desprende que tanto el síndico como su letrado patrocinante pretenden que se les regule honorarios por su intervención en las actuaciones generadas a partir de los incidentes de queja y posteriores recursos, contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2000 (fs. 75/79, primer cuerpo de este incidente), que dedujeron los doctores Alberto Carmona, Mario Racedo, Cardoso de Jantzon, y Rómulo Acosta. Esos recursos fueron rechazados con costas por su orden mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2.003 dictada por la Cámara (fs. 682/690), la que se encuentra firme.

Como se advierte de los antecedentes expuestos, tales impugnaciones se plantearon en el trámite de la reserva legal prevista en el art. 268 de la ley 19.551, actual art. 244 de la ley 24522, temática que ya abordó esta Corte en los considerandos de la sentencia de fecha 29 de junio de 2005 dictada en los recursos de casación promovidos por la Dra. Cardoso de Jantzon y el Dr. Alberto Carmona (cfr. fs. 932/938).

5).- En materia de regulación de honorarios del síndico en concursos y quiebras, existe el principio establecido en el artículo 265 y concordantes de la ley 24.522 -que mantiene el espíritu del artículo 288 de la ley 19.551-, que dispone que las oportunidades para regular que fija ese precepto son únicas, y son comprensivas de todas las actuaciones llevadas a cabo en el proceso universal. Ello tiene un doble efecto: por un lado, que ni el síndico ni los demás funcionarios o letrados pueden pretender otras regulaciones por otras tareas, aunque resta siempre la cuestión de los honorarios que pudieran corresponder al síndico y a su letrado cuando en un incidente las costas han sido impuestas al tercero; por otro, no pueden pretender regulaciones en otros momentos ni anticipadas? (cfr. Rivera, Roitman y Vítolo en ?Ley de concursos y quiebras? cuarta edición actualizada, Rubinzal Culzoni, 2009, tomo IV página 650).

Explican los autores citados, que ?de acuerdo a los criterios sostenidos por la jurisprudencia, están excluidos de la previsión de este artículo las regulaciones que se efectúan a favor del síndico y su letrado en los casos en que el concurso es vencedor en costas?. ?Es decir, que mantiene vigencia la doctrina plenaria de la Cámara Comercial según la cual corresponde regular honorarios al síndico por la representación del concurso, cuando éste resulte vencedor en costas; dichos honorarios y los que corresponde regular al letrado del síndico, también en calidad de costas, pertenecen al beneficiario de la regulación.

Pero si el concurso resulta vencido, no corresponde una regulación autónoma, por lo que el síndico y su letrado deben esperar la oportunidad prevista en este artículo, y su retribución queda comprendida en la regulación que se haga conforme a las pautas de este capítulo? (cfr. ob. cit. p.650/1).

Se trata de un mecanismo de retribución que incluye, en la oportunidad debida, la totalidad de los trabajos realizados durante el juicio, no siendo procedente la segmentación de sus honorarios por vía de regulaciones parciales, como serían las derivadas de incidentes del proceso concursal, si las costas no se impusieron a un tercero.

En nuestro país se ha dado el debate entre dos posturas extremas -la que negaba la posibilidad de regulaciones que no fueran únicas, y la que lo admitía en ciertos casos-, con matices y variantes. Sin embargo, se debe advertir que esta temática se planteó únicamente en los casos en los que el concurso fue vencedor en costas.

En un comienzo la postura fue rígida, en el sentido de que se negó al síndico el derecho a pedir regulación de honorarios cuando el concurso era declarado vencedor en costas, tanto en los concursos especiales como en los incidentes que pudieran deducirse (cfr. Mosso, Guillermo, ?Concurso especial y reserva de gastos?, Ad Hoc edición 2002 p. 239). En esa evolución jurisprudencial fueron relevantes dos plenarios de la Cámara Nacional en lo Comercial.

El primero, ?Rodríguez Barrio?, del 24/6/81, determinó que aún cuando el concurso fuera vencedor en costas sobre un tercero, no procedía regular honorarios al síndico por su actuación en ese proceso accesorio; en cambio, en dichas situaciones correspondía regulación al patrocinio letrado de la sindicatura, las cuales eran de su pertenencia.

El otro plenario, ?Cirugía Norte S.A.?, de fecha 29/12/1988, significó un cambio de rumbo, al admitir que corresponde regular honorarios al síndico por la representación del concurso, cuando éste resulta vencedor en costas, y que dichos honorarios y los que en su caso corresponden regular al letrado del síndico también como costas, pertenecen a los beneficiarios de las regulaciones (publicado en La Ley 1989-A, 230 cita online AR/JUR/2386/1988).

Como precedente relevante, puede citarse un caso de quiebra resuelto por el Superior Tribunal de Córdoba, en "Alba Cía. Arg. de Seg. S.A. s/ verificación tardía en Sandrin s/ propia quiebra s/ recurso de casación", de fecha 18/4/2000 (ver LLC, 2001-440), en el que se declaró que "... No existe impedimento alguno en que el tercero perdedor y condenado en costas, deba pagar los honorarios generados por la labor de este funcionario. Por el contrario, resultaría erróneo justipreciar esta tarea exitosa al tiempo de practicar la regulación general del Art. 265 de la ley concursal y con ello -contradictoriamente- cargar al concurso con honorarios que pesan sobre otro sujeto procesal...".

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, luego de la evolución que relata el Dr. Mosso en su obra ya citada (cfr. páginas 244 a 247), en "Morici" de fecha 27-11-91, resolvió que corresponde regular honorarios en procesos accesorios al síndico y su letrado patrocinante cuando el vencido en costas es un tercero (ED, 150-197).

En su voto, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci expresó lo siguiente: "a) No pretendo introducirme en la difícil problemática de la naturaleza jurídica de la sindicatura. Admitiré, como hipótesis más favorable a la tesis negativa, que el síndico no es parte sino órgano del proceso; consecuentemente, está legitimado para actuar en juicio activa y pasivamente, pero sólo en cumplimiento de su función.

Este aserto sólo trae como consecuencia afirmar que, en principio, el síndico no tiene derecho a regulaciones independientes cuando actúa en el proceso concursal y las costas son a cargo de la masa; b) Sin embargo, existen supuestos, como el de autos, en que se originan actividades judiciales que suponen "un plus", que debe ser reparadas por un tercero condenado en costas. La no regulación supondría un enriquecimiento indebido del tercero vencido, que podría litigar, sin responsabilidad alguna de su parte".

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Buenos Aires, en fecha 28 de junio de 1983, tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, decidiendo que corresponde regular honorarios al síndico en el incidente cuando las costas son a cargo del acreedor verificante (ver JA, 1985-V-111, caso de verificación tardía de crédito en "Prov. de Buenos Aires c/ Poletti, Oscar S.A.").

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala IV en sentencia de fecha 20/8/2010 en ?Comuna de Timbues y Otros c. Zampa Oscar E. (cita online AR/JUR/55937/2010) modificó plenarios anteriores, declarando que ?Cuando el acreedor verificante es condenado en costas en los incidentes de verificación tardía y revisión, corresponde regular honorarios a la sindicatura y su letrado patrocinante, ya que debe atenderse a la actuación ? extra? desplegada por dichos funcionarios que, aunque auxiliares del juez, han debido desarrollar una mayor labor?.

?La sindicatura y su letrado tiene derecho a que se le regulen honorarios cuando el acreedor ha optado por continuar el juicio de conocimiento a tenor del art. 21 inc. 1 de la Ley de Concursos y Quiebras y resultó condenado en costas, ya que en tal supuesto no podrá limitarse a efectuar una compulsa de libros y documentos para constatar la existencia del crédito, sino que deberá también impulsar el expediente judicial y efectuar una ponderación del material fáctico-probatorio incorporado al proceso, realizando una labor extra que merece ser retribuida?. En igual sentido, se pueden citar los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D en sentencia de fecha 23/02/2009 en ?Sánchez, Clara Beatriz c. Clínica y Maternidad Mayo S.R.L. y otros? publicado en La Ley Online cita online AR/JUR/2153/2009; la misma Sala D en sentencia de fecha 07/10/2008 en Ciccone Calcográfica S.A. s/concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por la concursada al crédito de A.F.I.P., La Ley online; sala C, 09/9/2008 en Ordas, Juan José, La Ley Onlinehttp://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-acti on=append&context=48&docguid=iE5CAC73F4BCE6499BE90EE8CA3741F6A; Sala E en "López Blanco Isauro s/Concurso preventivo s/inc. de revisión por Cuena Martínez Francisco", entre otros.

En la actualidad, la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia admiten que cuando el tercero es condenado en costas en incidentes, corresponde regular honorarios a la sindicatura y su letrado patrocinante.

Por el contrario, en el supuesto de que quien resulte condenado en costas sea el propio concurso, existe el criterio de que no les corresponde al síndico y su letrado patrocinante una regulación extra más allá de los estipendios que se les fijen en oportunidad del art. 265 LCQ. Se sostiene en ese caso que la tarea realizada debe ser ponderada y justipreciada en oportunidad de regulárseles los honorarios en el trámite principal del concurso, art. 265, LCQ.

Cuando las costas son a cargo de la quiebra, -o costas por su orden como en el caso de autos-, no existe discrepancia acerca de que no corresponde una regulación parcial en tal incidencia.

6).- Lo hasta aquí expresado resulta aplicable al caso de autos. La regulación que el síndico y su letrado pretenden, corresponde a actuaciones llevadas a cabo contestando los traslados de las apelaciones que se admitieron por quejas directas, interpuestas por los letrados Cardozo de Jantzon, Alberto Carmona, Mario Racedo y Rómulo Acosta, que fueron resueltas en la sentencia de fecha 30 de junio de 2003 (fs. 682).

Las costas de esos recursos se impusieron por el orden causado, y la decisión se encuentra firme.

Se señala que el traslado de los memoriales de agravios no sólo se corrió a la sindicatura, sino a todos los letrados que participaron en el trámite de la reserva, a los cuales también les concierne la imposición de costas por su orden de esa sentencia.

Los agravios de los recurrentes enfatizan y sostienen que la imposición de costas de la sentencia de fecha 30 de junio de 2003 fue errada (cfr. fs. 682/690).

Soslayan los impugnantes un elemento esencial, y es que tal decisión se encuentra firme, y que resulta por ello improponible cualquier consideración o agravio acerca del desacierto de lo resuelto sobre costas. Por ello no pueden sustentar su pretensión recursiva en una errada imposición de costas, y en los supuestos perjuicios que tal decisión implica.

La imposición de costas por su orden dispuesta en la sentencia de fecha 30 de junio de 2003 determina, por los motivos antes expresados (cfr. considerando 5 de la presente), que el síndico y su letrado no tienen derecho a una regulación diferenciada, a cargo de la masa ni a cargo de los apelantes.

Todas las actuaciones llevadas a cabo en las condiciones referidas tienen su retribución comprendida en las oportunidades que determina el art. 265 (anterior art. 288 en la ley 19.551), y no pueden tener una regulación diferenciada, pues las costas no fueron impuestas a los apelantes, sino por el orden causado.

7).- Igualmente deben rechazarse los agravios referidos a que la Cámara mantuvo la base regulatoria, y que esa decisión condicionaría a la Corte para regular los honorarios de los recursos de casación de los Dres. Carmona y Cardozo de Jantzon y extraordinario del primero.

No existe ninguna limitación en tal sentido para el Tribunal, quien deberá aplicar las normas pertinentes cuando llegue esa ocasión. Tampoco tienen asidero los agravios de que los honorarios que se regulen por los recursos de casación los deberá soportar la masa, pues existe decisión firme de que las costas de esos recursos fueron impuestas a los recurrentes.

8).- En cuanto a las observaciones formuladas por los recurrentes acerca de la estructura de la sentencia, no causan agravios en tanto carecen de relevancia en relación a las costas -como sostienen los recurrentes-, pues éstas se impusieron respondiendo al contenido de la sentencia respecto de las pretensiones deducidas.

Como es reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la imposición de costas es una cuestión de hecho, ajena a la instancia casatoria, pues remite a valorar las cuestiones fácticas de la causa, por lo que la impugnación de las costas no cumple con la exigencia del art. 750 CPCC.

9).- En razón de que los recurrentes han litigado en esta instancia por derecho propio, y sin contradictores, no corresponde imponer costas.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el síndico C.P.N. Adolfo Alfredo Jerez y por el letrado Francisco Muñío contra la sentencia de fecha 10 de agosto de 2009 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, en relación a los agravios tratados en los considerandos seis y siete. DECLARAR INADMISIBLE, y en consecuencia mal concedido, el recurso de casación interpuesto por Adolfo A. Jerez como síndico de la quiebra y por el letrado Francisco Muñio -ambos actuando por derecho propio-, en relación a los agravios tratados en el considerando ocho de la presente sentencia.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA