Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


INGENIERO PELL CONSTRUCCIONES S.A.

contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 216 p 418-420.

Santa Fe, 31 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el incidentista contra la sentencia 86 del 15 de junio de 2001 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "INGENIERO PELL CONSTRUCCIONES S.A. contra PROVINCIA DE SANTA FE -Declaratoria de pobreza- (iniciado en 09/3/99) (Expte. 140/00)" (Expte. C.S.J. nro. 186, año 2002), y; CONSIDERANDO:

1. La sentencia impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad revocó la del Inferior y en consecuencia, desestimó la solicitud de declaratoria de pobreza requerida por Ingeniero Pell S.A..

La accionante tacha al pronunciamiento de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Afirma que la Sala omite pronunciarse sobre cuestiones sustanciales y conducentes para la solución del litigio desde que revoca la concesión de la declaratoria de pobreza por considerar que había sido solicitada exclusivamente en base al estado de cesación de pagos de la peticionante, sin ponderar los demás elementos acreditantes -v.gr. la real situación de no contar con medios para afrontar los gastos de justicia emergentes del juicio ejecutivo, la composición del activo de la sociedad integrado mayoritariamente por créditos contra el Estado provincial, la situación que surge de sus balances-.

Sostiene que el Tribunal cimenta su decisorio sobre presupuestos fácticos erróneos y afirmaciones dogmáticas y generales, en tanto desecha la pobreza fundándose en el pronóstico favorable que la Sindicatura vertiera en el informe general -acerca de las posibilidades de la accionante de cumplir con el acuerdo celebrado con los acreedores concursales- sin tener en cuenta que esa opinión importa sólo un pronóstico.

Se queja de que la Sala omita valorar los medios de prueba que obran en autos y achaque a su parte insuficiencia de la carga probatoria puesto que ella ha satisfecho sobradamente dicha carga en tanto los balances generales acompañados resultan el medio idóneo para acreditar la situación económica de la sociedad.

Entiende que el Juzgador se limita a realizar un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio con que contaba, prescindiendo de pruebas determinantes para la suerte del beneficio.

Concretamente, argumenta que la Sala sólo atiende al último balance presentado del que surge la existencia de un leve superavit sin tener en cuenta que ello deriva de la realización de activos, que dicho beneficio es mínimo frente al monto a abonar como tasa de justicia, y que también han existido pérdidas.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por entender que el pronunciamiento no era definitivo y que los reproches vertidos sólo denotaban discrepancia de la impugnante con lo decidido por el Tribunal.

Ello motivó que la perdidosa ocurriese en forma directa por ante esta sede.

2. La impugnante formula diversos asertos intentando demostrar el carácter definitivo de la resolución atacada -que el decisorio pone fin al pleito relativo a la declaratoria de pobreza; que se paralizaría el trámite del principal, y que lo decidido le irroga un gavamen irreparable- pero, aunque pudiera considerarse satisfactoriamente acreditada tal condición, de todos modos el remedio no podría prosperar desde que, tal como también lo señalara el A quo en el auto denegatorio -y la quejosa no logra conmover- sus reparos sólo traducen su disconformidad con la valoración del material fáctico y probatorio efectuada por el Tribunal y, en consecuencia, con la solución a que arribaran en el "sub lite".

Es que si bien la recurrente dice que el Juzgador omite tratar tanto cuestiones como probanzas conducentes para la suerte del pleito y que se sustenta en presupuestos fácticos erróneos y afirmaciones dogmáticas, una atenta lectura del pronunciamiento atacado a la luz de los agravios vertidos, demuestra que dichas imputaciones solo traducen su propia perspectiva del instituto en danza y la acreditación de los presupuestos exigidos para su concesión que la Sala juzgó insatisfechos.

En primer lugar, cabe señalar que la aludida omisión de ponderar elementos probatorios conducentes para la suerte de la causa -bajo ese acápite cabe subsumir también el reparo que la quejosa titula como omisión de pronunciarse sobre cuestión sustancial pues su contenido versa sobre materia probatoria- no se advierte configurada desde que, la impugnante no precisa qué elementos habrían sido preteridos, y de su argumentación cabe concluir que refiere a los que, en realidad, fueron tenidos en cuenta y valorados por el Juzgador para arribar a una conclusión -denegatoria del beneficio- como consecuencia de dicha ponderación.

En segundo término, y como proyección de lo antedicho, cabe señalar que el hecho de que la conclusión alcanzada sea distinta a la pretendida por la impugnante, no resulta suficiente para que pueda ser calificada de errónea y dogmática tal como aquélla lo alega.

Concretamente, la Sala entendió que el estado de cesación de pagos argumentado al promover la declaratoria de pobreza había sido superado por la homologación del acuerdo con sus acreedores comunes y la conclusión del concurso que importaba el cese de las limitaciones de los artículos 15 y 16 de la ley 24522 - y ello había sido soslayado por la Juzgadora de grado-; que el pronóstico de la sindicatura era favorable al cumplimiento del acuerdo; que el último ejercicio social había arrojado beneficios siendo el primero transcurrido después de la homologación y que no se habían aportado otros elementos de convicción que justifiquen la concesión del beneficio (cfr. arg. f. 2 vto.).

Frente a lo expuesto, la quejosa insiste con su particular lectura de las constancias de la causa y por ello se queja de que la Sala interprete que la pobreza fue solicitada con base exclusivamente en la cesación de pagos, argumento que cae por sí mismo atento lo señalado supra.

Asimismo, reitera que los balances arrimados resultan el medio más fehaciente para acreditar la situación económica de una sociedad anónima y de ellos surgía indubitablemente la imposibilidad de Ingeniero Pell S.A. de afrontar los gastos de justicia, mas tales aserciones no implican en modo alguno desvirtuar la achacada insuficiencia probatoria que la Sala le imputó a la peticionaria, desde que no se puso en tela de juicio la idoneidad o no de los balances societarios como medio de prueba, en general, de su situación económica y financiera, sino que el Tribunal, en el caso concreto, los ponderó y teniéndolos en cuenta concluyó que los elementos de convicción arrimados no alcanzaban a demostrar que la sociedad mereciera ser considerada pobre para litigar.

De alli que la alegada arbitrariedad en el análisis y ponderación de los hechos y las pruebas, no es más que la pretensión de hacer prevalecer su criterio personal en torno a la eficacia de los elementos aportados en la causa para demostrar su condición de pobre para litigar.

Y, como es sabido, en lo atienente al beneficio de litigar sin gastos, dicho principio ha sido aplicado del siguiente modo: "La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reunan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas" (C.S., 9.10.1990 "García de Leonbardo, Alberto c. Pcia. De Formosa" L.L. 99, B, pág. 307).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)