marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tribunal de alzada, voto de los jueces, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez de Soto, Elida Inés c/ Dresser Atlas Argentina S.A.M.P.I.C. y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1980-09-05

El art. 9° de la ley 1130 expresamente establece "las sentencias definitivas de las Cámaras en las causas en que actúen como Tribunal de segundo grado, se dictarán con el voto individual de sus miembros en cada una de las cuestiones que se planteen..."; y aunque permite a continuación la adhesión a votos ya emitidos, el rigor de la norma que obliga a votar en todas las cuestiones sometidas a decisión es esencial a tal punto que su transgresión obliga a casar en caso de deducción del recurso, pues toda resolución sin fundamento es arbitraria, cuando la ley ha dispuesto la obligatoriedad de la fundamentación.
Contaminación ambiental, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Justicia Ambiental Asociación Civil c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

En los términos del art. 7º de la ley 25.675, sólo procede la competencia federal cuando la contaminación sea generada en recursos interjurisdiccionales, si no se aportó prueba o estudio ambiental que permita afirmar ese extremo y las manifestaciones que realiza en la demanda no permiten generar la correspondiente convicción, en razón de que la determinación de la naturaleza federal del pleito -el carácter interjurisdiccional del daño denunciado- debe realizarse con particular estrictez, no verificándose causal específica que lo haga surgir, el conocimiento del proceso incumbe a la justicia local. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: Laboral
Carátula: Williams, Elis c/ Soriano S.A. y-o quien resulte responsable s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-02-04

Teniendo presente que el accidente y la determinación de la incapacidad difieren en el tiempo, ...su juzgamiento sólo puede hacerse dentro del orden jurídico positivo vigente a la época de la toma de conocimiento por parte del trabajador de su minusvalía, Ley 23.643.
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero,  Cándido  Rubén  y otros c/ Subterráneos  de Buenos AiresSociedad del Estado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

La ley 23.982, en cuanto sea de aplicación en el ámbito de la Capital Federal, ha sido dictada en ejercicio de facultades legislativas que corresponden al Congreso en los términos del art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional y, en consecuencia, reviste el carácter de derecho público local (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Espinosa, Horacio Dante p/Suc. María Azucena Batochio de Espinosa c/ Raúl Hernán Aguirre s/ Escrituración. Espinosa, Horacio Dante p/Suc. María Azucena Batochio de Espinosa c/ Raúl Hernán Aguirre s/ Escrituración.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-06-27|1988-06-27

No obstante que el art. 9, apartado 2do. de la ley de aranceles, manda que el trámite de las tasaciones no devengar honorarios en favor de los profesionales actuantes, si el a-quo procedió a fijarlos y los profesionales beneficiarios los apelaron por bajos, habida cuenta que el recurso no puede perjudicar a los apelantes -reformativo in pejus-, la aplicación de éste principio impide declarar la nulidad de la regulación, frente a la ausencia de queja del obligado al pago y debe considerarse el recurso introducido.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arturi, Lidia Mabel c/ Caja de Previsión Social de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La aplicación analógica de la solución dada por una norma aún a casos regidos por otra que no la contiene expresamente, debe ser admitida. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, pago, depósito judicial, aceptación sin reserva, desistimiento tácito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEGOVIA, JOSE LUIS c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA PARCIALMENTE ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

El propio accionar del recurrente -el cobro voluntario de capital e intereses por acuerdo, sin efectuar reserva alguna- importa una renuncia o desistimiento tácito del presente recurso extraordinario por incompatibilidad manifiesta entre ambos actos procesales, torna inoficiosa la decisión aquí pendiente por haberse vuelto abstracta la cuestión debatida. (Del voto del Dr. Netri)
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal, estado de indefensión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ ANGEL GUARNIERI Y OT. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A073 - 304)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-29

Alegar que en virtud del vicio procesal en que se incurrió no se pudo recurrir la sentencia, resulta suficiente y demostrativa de un perjuicio cierto de indefensión, por ser concreta y precisa.

No es necesario que se expongan las críticas al fallo, lo que a todas luces deviene excesivo.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, demanda, identidad del demandado, domicilio del demandado, domicilio real, presentación espontánea del ejecutado, saneamiento del vicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Titular Plan de Facilidades Solicitud Nro. 25784 s/ Ejecución fiscal de Facilidades Solicitud Nro. 25784 s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-07

El artículo 269, inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario entre los requisitos de la demanda enumera la "mención de la parte demandada y su domicilio o sede".

La exigencia del nombre, apellido y domicilio real del accionante no es un principio absoluto, pues se puede desconocer la persona o bien ignorarse su domicilio. Ambas situaciones jurídicas son conocidas y han merecido la solución legal, por ejemplo en los artículos 128 a 130, y 287, párrafo 6 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

Es suficiente que la persona demandada sea susceptible de identificación de acuerdo con las circunstancias que el actor suministre a su respecto. De ahí que, por ejemplo, no adolezca de deficiencias el escrito que menciona al demandado como sucesor de determinada persona o como propietario de cierto inmueble, siempre, desde luego, que resulte correcto el domicilio en el cual se practica la notificación del traslado de la demanda.

Las deficiencias que pudieran mediar acerca del extremo analizado carecen de relevancia cuando la demanda se contesta espontáneamente, pues el hecho de la presentación del demandado demuestra que el cumplimiento de la exigencia no fue imprescindible para individualizarlo.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Covato, María Rosa c/ Martorel, José Manuel y otros s/ Diferencias Salariales-Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-30

Pretender que la prueba de haber trabajado horas extras puede surgir de presunciones referidas al número de personas que cubrían la atención del negocio, resulta totalmente improcedente, pues como reiteradamente se ha sostenido, la relación de trabajos extraordinarios requiere prueba precisa y clara, y recién después de acreditado el hecho de la prestación de tales servicios extraordinarios podrá exigirse al empleador la presentación de la planilla que dispone el decreto reglamentario de la Ley 11.544.
Derecho laboral, comedor, refrigerio, beneficios sociales
Materia: LABORAL
Carátula: Feniello, Dana  c/ Pepsico de Argentina S.R.L.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

La parte actora laboraba en Pepsico de Argentina SRL y es despedida. Frente a la acción entablada, el magistrado de grado rechazó la naturaleza salarial pretendida con relación al servicio de comedor y refrigerio del que gozó durante el transcurso de su relación laboral. Resulta claro que la prestación del beneficio social que consigna el art. 103 inc. a) responde a que el trabajador se alimente adecuadamente, ponderando para ello la extensión de la jornada de trabajo, sin que importe un ahorro o una ventaja patrimonial para aquel. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia.
Extradición, auxilio jurídico internacional, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Vera Maldonado, Juan Luis s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Sin perjuicio de la regla de subsidiariedad expresada en el art. 2 de la ley de cooperación internacional en materia penal, para aquello que no disponga en especial el tratado que rija la ayuda, la normativa interna -ley 24.767- no puede agregar requisitos no incluidos en el acuerdo internacional, pues de esa manera se afectaría el principio pacta sunt servanda y las reglas de interpretación fijadas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (arts.

26, 31, y 32 de la ley 19.865).
Costas, costas al vencido, marcas, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GUILLERMO DECKER SAICAFI c/ DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Si la DNPI excede notoriamente en su accionar los límites legales, debe soportar las costas (cfr. esta Sala, Causa 5480, del 3.11.88). Y este es uno de tales casos. En efecto: la accionada objetó el registro pese a que se le informó que, de tres marcas que esgrimía como argumento, dos eran de propiedad de la actora, y respecto de la tercera ya había mediado decisión judicial favorable también a la actora. Este proceder irrazonable, que obligó a la actora a litigar debe ser compensado aplicando las costas de acuerdo al principio objetivo de la derrota, en ambas instancias.
Suscripción de acciones, prescripción, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: La Positiva Cía. de seguros c/ Alvear, Federico s/ Quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1941-05-12

Para determinar si se ha operado o no la prescripción liberatoria en relación a la obligación asumida por el accionista demandado para la suscripción de una acción de la sociedad anónima actualmente en quiebra, integrada en el 50%, resulta necesario acreditar mediante la comprobación de los balances anuales que la compañía emisora de la acción mantuvo en su activo el crédito a cargo del suscriptor demandado, de modo que ante la omisión de esa prueba el término de la prescripción debe computarse desde la fecha en que aparece contraída la obligación.
Horario de trabajo, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: A., M.G. c/ P.P. y S. SA s/ Demanda Laboral (Dif. de Haberes e Indemnización por Despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-05

"Independientemente de que el actor haya o no demostrado el perjuicio que le ocasionaba el cambio dispuesto por la empleadora, la sola omisión por parte de ésta de acreditar las razones organizativas en las que intentó fundamentar el cambio aludido, torna irrazonable el ejercicio del ius variandi por parte de aquélla".
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Insfran, Jorge Damián s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Insfran, Jorge Damián s/ 189 bis 2 / 4 párrafo portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

De los artículos 298, 299 y 300 del CPPCABA surge que cuando se recurre una sentencia condenatoria: i) si se hace lugar al recurso con fundamento en una distinta valoración de la prueba, la Cámara solo podrá anular la sentencia recurrida y reenviar a primera instancia para que otro juez realice un nuevo debate (art. 298); ii) si se hace lugar al recurso con fundamento en una distinta interpretación de la norma aplicable al caso, la Cámara podrá casar la sentencia, declarar la doctrina aplicable y dictar una nueva que reemplace a la del juez de grado. En este caso puede la misma Cámara absolver (art. 299); y iii) si la revocación se funda en una inobservancia de las reglas procesales, podrá anular y reenviar para que se sustancie el defecto en la tramitación -art. 300- (cf. mi voto en "Giammarco", expte. n° 17792/19, resolución del 12/05/2021). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, gravedad institucional, medidas cautelares, radiodifusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuevas  Comunicaciones  Argentinas  S.R.L.  y  otro c/ P.E.N. yCOMFER s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

A los fines de determinar la existencia de gravedad institucional, no corresponde equiparar el pronunciamiento que suspendió los efectos de las resoluciones del COMFER que habían conferido a la actora una licencia para la explotación de un servicio de radiodifusión, con el precedente que estableció que la medida cautelar excedía claramente el interés de las partes y proyectaba sus efectos sobre toda la comunidad, al impedir la normalización en la asignación de frecuencias radioeléctricas en todo el ámbito territorial de una provincia.
Compraventa, compraventa internacional, crédito documentado, bancos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO  CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ CIMET SA s/ ORDINARIO-  CIMET  SA C/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO S/ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Los créditos documentados por su naturaleza, resultan ser operaciones independientes de las ventas y los bancos no están vinculados por tales contratos, aún cuando en aquellos se incluya alguna referencia a éstas, no estando sujetos a reclamaciones o excepciones resultantes de las relaciones del ordenante con el beneficiario, pues la intervención de instituciones bancarias se limita a garantizar al exportador la satisfacción de su crédito y financiar la operación (conf. CCI;

"Reglas uniformes relativas a los créditos documentarios", artículo 3, apartado "a"; CNCom. esta Sala A, 10.07.2007, in re:

"Banco Central de la República Argentina c/ Casa Beato de A.A.

Beato e hijos"). Se ha dicho, que el ordenante que ya ha realizado una importación o que la va a realizar, concurre a una entidad bancaria con la finalidad de que esta última intervenga en una operación de comercio internacional. El banco analizará en tales casos la solicitud presentada, la que suele adquirir dos formas clásicas:.

a) Con provisión de fondos por parte del ordenante: aquí el ordenante provee anticipadamente los fondos para cubrir con moneda extranjera el precio de la compraventa, o bien entrega moneda nacional que se aplica a la venta de cambio que el banco habrá de efectuar para atender la carta de crédito a su vencimiento.

b) Sin provisión de fondos: es decir, mediante un crédito que el banco debe abrir al ordenante. En este segundo caso el banco se enfrenta a una operación de crédito y debe, en consecuencia, cumplir los trámites comunes: apertura de un legajo o su actualización -en su caso-, análisis del crédito, garantías necesarias, etc. Una vez que el ordenante y el banco emisor se han puesto de acuerdo, se instrumenta el convenio que regirá las relaciones entre ellos; en virtud de este convenio el banco va a asumir obligaciones frente a un tercero (beneficiario). En este último supuesto, se encuentra dentro de las obligaciones del ordenante, el reembolso del crédito en el plazo pactado con más sus intereses (conf. (conf. Labanca, Jorge-Noacco, Julio C.

Vera Barros, Alejandro, "El Crédito Documentado", Ed. Depalma, 1965, página 227; CNCom. esta Sala A, 10.07.2007, in re: "Banco Central de la República Argentina c/ Casa Beato de A.A. Beato e hijos").
Peritos, perito de parte
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: REHACE EXPEDIENTE EN MARTIN IGLESIAS JULIA MARIA c/ RAUL ALBERTO RODRIGUEZ BOLL s/ ORDINARIO - PERITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-25

Los peritos controladores, sólo son eso, es decir, control de las partes realizadas por el perito oficial. El perito de control no tiene , en principio, porque ofrecer nueva pericia, ni adherirse a la del perito oficial, pues su actuar, "...se cumple bajo la forma de control o vigilancia del perito propiamente dicho, es decir, del nombrado conforme al art. 267 (Ramacciotti, Compendio p. 641, n. 5 in fine).
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, relaciones diplomáticas, agentes diplomáticos, cónsules
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: San José Fernández, María Yolanda c/ Luparelli, Raúl s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Una interpretación histórica del art. 101 - hoy 117 - de la Constitución Nacional, adecuada a las presentes circunstancias de las relaciones internacionales, permite concluir que, al calificar de "extranjeros" a los embajadores, ministros y cónsules - de cuyos asuntos conocería la Corte Suprema originariamente - se excluyó sólo a los diplomáticos que representan al Estado Argentino, más no a los enviados diplomáticos de organizaciones internacionales y otros sujetos actuales del Derecho Internacional, que no tenían entonces subjetividad internacional.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, reglamentos, corredor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corporación de Rematadores y COrredores Inmobiliarios - Mutual s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene competencia para reglamentar cuestiones relativas al "gobierno de la matrícula" de corredores y martilleros en el ámbito de su jurisdicción (arts. 129, CN; 80, inc. 2, ap. d), CCABA y 4 del decreto-ley 20.266). (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás).
Medidas cautelares, competencia por la materia, daños y perjuicios, defraudación
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Dellepiane Avellaneda, Nicolás c/ Varela, Carlos Alberto s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Resulta competente el fuero civil para atender una medida cautelar cuya acción principal a iniciarse, según el actor, sería un reclamo por daños y perjuicios contra el demandado por la defraudación que habría cometido en su actuación personal como asesor y captador de inversiones orientadas al negocio vacuno, bajo la imputación de su "responsabilidad profesional" y de manera ajena a la sociedad que habría representado y utilizado los aportes. Se discutiría así, su responsabilidad civil por un presunto hecho ilícito, lo cual es de jurisdicción civil (conf. ley 23637: 43-b) y no una cuestión comercial.
Indemnización por despido, remuneración, remuneración en dólares
Materia: LABORAL
Carátula: BOTTIGLIERI, PASCUAL c/ ESTADO NACIONAL - FUERZA AEREA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Si el actor fue contratado para prestar servicios en los Estados Unidos de Norteamérica, donde residía, y su remuneración fue pactada en dólares, moneda de curso legal en el lugar de ejecución del contrato, el crédito derivado de lo dispuesto por los arts. 232 y 245 de la ley de contrato de trabajo, deberá abonarse en la misma moneda, arts. 13 y 149 de la LCT y 607, 613 y 617 del código civil.
Seguros, riesgo asegurable, póliza, indemnización, siniestro
Materia: NAVEGACION
Carátula: FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO EN LIQUIDACION c/ TRECENAVE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La actora pretende que el valor asegurado para cada embarcación cubra el saldo de precio debido. La posición que ahora postula no resulta compatible con aquella que adoptara al promover la demanda.

Si a ello se agrega el desconocimiento de la magnitud del crédito de la accionante y que, en definitiva, en caso de siniestro, si el asegurador demuestra que el valor del buque ha sufrido una disminución considerable, vinculada al valor de la tasación se reduce en relación a ese límite, art. 426 de la ley de navegación, resulta claro que no es aceptable la pretensión de la accionante en orden a obtener una cobertura equivalente al saldo de precio.
Recusación por enemistad, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL (D.G.I.) c/ NEW FAMILY S.A. s/ EJECUCION FISCAL INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

La causal de enemistad contenida en el art. 17 inciso 10, solo debe considerarse fundada si el estado de espíritu de la enemistad se ha manifestado por actos externos que le den estado público, no pudiendo acogerse una recusación de esta índole sin el debido respaldo fáctico ni jurídico.
Escrituración, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ponce, Ester Gladis c/ Elisa R. de Rossi o Elisa M. R. de Rossi, Eva María R. de Jarast o Rossi y Reifer Juan E. s/ Escrituración Ponce, Ester Gladis c/ Elisa R. de Rossi o Elisa M. R. de Rossi, Eva María R. de Jarast o Rossi y Reifer Juan E. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-09-05|1994-09-05

Carecen de legitimación para obrar pasivamente en este proceso, los accionados por escrituración de inmueble, dado que de los informes del Registro de la Propiedad Inmueble surge quiénes son los titulares registrales de los inmuebles cuya escrituración se pretende aquí, y si bien los mismos fueron demandados con esa finalidad por la actora, se colige de los documentos en que se sustenta la acción que aquéllos no tenían ninguna vinculación con los negocios allí instrumentados. Ello así, ya que la actora al promover la acción nada afirmó ni ofreció probar al respecto, involucrando porque así nomás a los demandados en una aventurada acción que no arroja luz sobre la legitimidad de la obligación que éstos tendrían de escriturar los inmuebles a su favor, cuando era su obligación hacerlo de conformidad a lo previsto por los arts. 310 y 355 del CPCC.-
Régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTAMARIA DE PRETO, NELIDA CONSUELO c/ E.N. s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

A partir del 1 de abril de 1991 los intereses se calcularán de acuerdo con el art. 6 de la ley 23.982.
Contrato de obra pública, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coniper S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Si la frustración del convenio es consecuencia de la conducta culpable concurrente de la actora y la demandada, dicha situación no permite atribuir a alguna de ellos de manera exclusiva y excluyente el peso del fracaso contractual. La clase e importancia de las conductas recíprocas conduce a un reparto equitativo de las cargas.