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Simulación, acción revocatoria, acumulación de acciones, prueba, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO SHAW  S.A. c/ GREGORIO GENDELMAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

Aunque no parezca lógico acumular la acción de simulación y la acción pauliana en tanto se trata de defensas por las que, se sostiene existir una ficción mientras, la acción revocatoria supone un acto serio. Doctrina y jurisprudencia admiten uniformemente la acumulación en forma subsidiaria: la acción pauliana es subordinada para el caso de que no fuere ficticio el acto pueda probarse el vicio de fraude y declararse nulo el negocio frente al acreedor y hasta el monto de su crédito únicamente.

Ambas acciones son conservatorias, tendientes a asegurar la integridad patrimonial del deudor. La finalidad de la acción de simulación es dejar establecido que los bienes objeto del acto atacado no han salido del patrimonio del deudor. En cambio la finalidad de la acción revocatoria es remover el obstáculo a fin de que el acreedor pueda cobrar su crédito haciendo ejecución de los bienes.

El vicio de simulación es de difícil prueba para quien invoca la inexistencia del acto no siendo parte del mismo, pues la simulación es un elemento esencial. No se altera sin embargo la carga de la prueba que corresponde al actor, con fundamento en los criterios de normalidad, conservación y seguridad jurídica. Todo vicio del acto jurídico es de estricta consideración, como medio de reconocer la exterioridad de las acciones. La fuerza vinculante de la declaración de la voluntad y el valor que ellas representan.

La peculiaridad de la prueba sobre todo si la acción es ejercida por terceros radica en que generalmente se resuelve en una masiva acumulación de presunciones del acto sospechado. El demandado no puede limitarse a la negativa de la pretensión del actor sino que debe concretar su propia resistencia. Debe producir la prueba de descargo pertinente, tratando de convencer de la seriedad y honestidad del acto en que intervino la exigencia de una determinada conducta procesal para actor y demandado nos aleja del rígido concepto de la imposición de la carga de la prueba y nos aproxima al área de las presunciones.

La admisión de la acción de simulación no exige una prueba directa e irrebatible porque eso es imposible cuando la acción es ejercida por un tercero, pero si la concurrencia de un conjunto de indicios y presunciones lo suficientemente graves y concordantes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que se está ante un acuerdo simulatorio, con propósito de engañar, de crear la falsa apariencia de que se ha enajenado un bien, que permanece en el patrimonio del vendedor. La existencia demostrada de una causa simulandi, que si bien no es de demostración indispensable, constituye, cuando puede develarse, un valioso elemento de juicio.
Juicio por delitos de acción privada, abandono de la querella, renuncia del agraviado, sobreseimiento definitivo, caducidad de instancia
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ LAPRIDA s/ CALUMNIAS - INJURIAS - ABANDONO - QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El abandono de la querella importa la renuncia del agraviado en los términos del art. 59 inc. 4 C.P. debiendo ir acompañado del sobreseimiento definitivo en la causa y no simplemente una caducidad de la instancia, lo que es imposible en el proceso penal.

Si se aceptara la caducidad con efectos meramente formales, el particular querellante tendría un amplísimo poder, hasta el punto de quedar autorizado a violar la garantía del "non bis in idem".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Municipalidad, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Batan, Fabio Alberto c/ Municipalidad de Rufino s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

Frente a los fundamentos expresados por la Cámara judicante, la Municipalidad demandada insiste en cuestionar en términos jurídicos y éticos la cuantificación de los montos adeudados a los actores por sus labores en el marco de la Administración municipal, pero sin argumentar en torno a aspectos fundamentales sobre el punto, como que los agentes no hayan prestado las tareas por las que se los remunera, ni que no corresponda pago alguno por esas funciones; ni propuso concretamente una alternativa a la liquidación efectuada por la Oficina de Personal.
Jueces, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiara  Díaz,  Carlos  Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La intangibilidad no implica la automática aplicación de cláusulas de actualización monetaria legalmente prohibidas, ni impide la diversidad en las diferentes provincias (Voto de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).
Presupuesto nacional, tasa de justicia, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Loscri S.R.L. c/ Estado Nacional -M. de Salud y Acción Social- s/ Beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Esta Sala, valorando, en cuanto concierne a la ley 24.447, el carácter impulsivo en que se vio colocada la actora al tener que iniciar la acción en resguardo de eventuales derechos, admitió el diferimiento en su cumplimiento hasta el momento previo al traslado de la demanda, pero con la salvedad de que, en caso de proseguirse la acción, el gravamen debería integrarse con más los intereses equivalentes a la tasa promedio que publica el B.C.R.A. (conf. esta Sala, causa 29.611/95, "Total Austral S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Administración Nacional de Aduanas" del 30/11/95). (cons. 5).
Contratos administrativos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTUCCI JUAN DE DIOS Y OTRO c/ ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES- s/ ORDINARIO   -  ACTUALIZACION  MONETARIA-  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

El hecho de que se discutiere administrativamente la medida de la prestación de los servicios no puede perjudicar al contratista con la percepción de sumas envilecidas a través de un largo procedimiento que demandó dos a╦os con el fin de determinar el porcentaje de trabajos realizados por aquél.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, doble instancia, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Bustamante , Luis Rodolfo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-24

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación si no se ha demostrado la existencia de agravio federal, se ha observado la garantía de la doble instancia, el tiempo que el imputado lleva privado de libertad no luce irrazonable y, a efectos de mantener el encierro preventivo, se tuvo en cuenta la gravedad del hecho (consistente en formar parte de una organización que transportó más de 841 kgs. de cocaína), que se encuentra en prisión domiciliaria y que no se han modificado las circunstancias que determinaron el rechazo de un pedido anterior de libertad formulado por la misma parte.
Pena, graduación de la pena, multa penal, falsa denuncia
Materia: PENAL
Carátula: AUBAIN, DANIEL s/ PENA. MULTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

1) Corresponde confirmar la condena impuesta al procesado por el delito de falsa denuncia, siendo acertada la pena de multa impuesta, dado que la sanción debe tender a la resocialización, no sólo ejerciendo un efecto intimidatorio que sólo provocaría una represión en el sujeto enfrentado a la posibilidad de comisión de una nueva conducta reprochable, sino también, y en especial, intentando que advierta lo inadecuado del obrar ilícito desde el punto de vista de su propia convicción.

2) Graduada la multa en su justa proporción, produce efectos útiles y guarda analogía con ciertos delitos. Por la facilidad que ofrece para el reintegro, es una pena verdaderamente reparable, y al propio tiempo, su divisibilidad puede llegar hasta los últimos extremos, condición tan recomendable en las penas.
Control de entidades financieras, banco central, responsabilidad del Estado, poder de policía, faltas del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S. Y KES s/ ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

La accionante responsabiliza al Estado por el deficiente ejercicio de la actividad administrativa de policía, deficiencia a mi entender, que la haría incurrir en lo que la doctrina francesa llama "faute de service", resumida por Enrique Sayagues en su Tratado de Derecho Administrativo, 4to, edición, Montevideo, 1974, de la manera que sigue: "El concepto de falta de servicio no sólo contribuye a determinar quién responde, si el funcionario o la administración, sino que contiene los elementos necesarios para determinar cuando surge la obligación de indemnizar. No es un concepto abstracto, sino matizado que debe apreciarse en concreto, igual que la falta personal. No requiere necesariamente de una falta individualizada, cometida por determinado agente, sino que puede ser anónima, es decir imputable al mal funcionamiento general del servicio". He transcripto textualmente el concepto, porque su claridad ayuda a delimitar este tipo de responsabilidad Estatal, a la que considero extracontractual y regida por el derecho público.

Autorizada doctrina nacional ha entendido plasmada normativamente la responsabilidad del Estado por la "falta de servicio" en el art.

1112, del Código Civil, invocando su fuente, el artículo 1384 del Código Civil Francés. Pero para que la falta de servicio (faute de service) se configure, la Administración debe haber funcionado mal, o haberlo hecho tardíamente. En este aspecto comparto en un todo, y por lo tanto me remito, a la valoración de la prueba realizada por el Dr. Hutchinson y su conclusión de que el Banco Central ejerció razonablemente sus facultades de control de la entidad bancaria. No se puede perder de vista que la actividad administrativa de policía, por naturaleza, deba ser llevada a cabo en forma prudente, toda vez que supone la aplicación de normas que son limitativas de derechos.

De ahí lo difícil de determinar, como lo expresa el vocal opinante en primer término, cual fue el momento oportuno para revocar la autorización para funcionar del B.I.R. conciliando los derechos de la entidad bancaria con los generales de la población.
Nulidad de sentencia, defensa en juicio, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CONTRERAS, Diego Osvaldo, y Contreras, Rufino Osvaldo s/ Inf. art. 296 e.f. 292 CP, s/ Pedido de nulidad de la orden del fiscal a confeccionar cuerpo de escritura
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01

Una resolución es nula si el juez no trató los argumentos de la defensa, lo que importa la violación de la defensa en juicio. Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sí están indudablemente comprometidos a pronunciarse sobre los puntos propuestos por ellas y que sean conducentes para la solución del caso.
Prueba, presunciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LAROCCA, JORGE s/ DEFRAUDACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Constituyen indicios serios de la intención defraudadora del procesado, el apartamiento de las disposiciones que rigen los cobros, la acción adulteradora ulterior y el depósito consiguiente en su cuenta corriente, de los que se puede extraer la conclusión de que obró satisfaciendo el tramo subjetivo del delito de estafa.
Procesamiento, acusación, sentencia, rapto, violación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SANCHEZ, JUAN MARIO s/ SENTENCIA - ACUSACION - VIOLACION - RAPTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-05-31

Entre el auto de procesamiento, la requisitoria fiscal y la sentencia existe correlación en cuanto al hecho que motiva el recurso de casación -no obstante ser diferente la calificación jurídica que esos hechos han merecido al juez de instrucción y al fiscal requirente,por una parte, y a la Cámara por otra- si, contrariamente a lo afirmado por el impugnante, surgen del auto de procesamiento y de la requisitoria las "miras deshonestas", que tuvo en cuenta el a quo para condenar al imputado, no sólo por la violación imputada, sino, además,por el rapto.

Las miras deshonestas surgen si el auto de procesamiento dice que la victima fue conducida hasta el lugar donde el imputado la poseyó valiéndose de un engaño, y en la requisitoria fiscal: que la llevó allí con un pretexto, pues lo que en ambos documentos se expresa es que la llevó para violarla, pero que ocultó tal propósito, pretectando otro motivo.-
Ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Casco S.A.I.C. c/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

La ley 8.474 (t.o.1979) que crea el 'Fondo Especial para Obras de Gas' y que a tal fin establece un gravamen sobre el consumo de éste, en su art.5 reconoce dos tipos de exenciones perfectamente diferenciables: una subjetiva en que los beneficiados son el Estado Nacional, Provincial, etc., y que la exención recae sobre la persona, con abstracción de su actividad (inc. 'a') y otra objetiva en las que están incluidas empresas tanto públicas, mixtas o privadas, que utilicen el gas como materia prima principal para la elaboración de sus productos (inc. 'b'), la razón de ser de esta última exención no se vincula con la persona del contribuyente, sino con su actividad específica.
Seguros, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELE DE SILBER ERNA Y OTROS c/ CONS. O'HIGGINS 2248/80 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

La compaÑía de seguros citada en garantía queda ligada al proceso en situación similar a la de un demandado común, lo que le posibilita el ejercicio del derecho de defensa con la amplitud debida, pero con la única limitación legal de que no verse sobre cuestiones nacidas con posterioridad al siniestro.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, obligatoriedad del precedente, improcedencia del recurso, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Miras, Héctor Guillermo c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-06

Procede confirmar la resolución que desestimó el pago en subrogación del único crédito verificado, que pretendió formular el apelante. Ello por cuanto, en el caso, en la resolución general de la LCQ 36 se ha verificado un solo crédito, y se encuentran en curso la tramitación de cinco incidentes de revisión (entre los cuales se encuentra el del reclamante). Y en la especie, se verificó la negativa conjunta del acreedor y del deudor, quienes coincidieron en que no se debía aceptar el pago del tercero -CCCN 881-. Y tal oposición, conforme los términos de la ley, sólo podría ceder ante el "tercero interesado", a quien, según se vio, se le permite ejercer el derecho de pagar mediante una suerte de consignación. Ahora bien, la referida norma trae el concepto de "tercero interesado" que, a diferencia del simple tercero, es quien pueda sufrir un detrimento económico ante el incumplimiento del deudor. Y, el apelante no ha manifestado qué menoscabo patrimonial podría sufrir ante el incumplimiento del deudor. Así, se concluye que su interés no resulta encuadrable en las prescripciones de la norma. En el sub lite el peligro de sufrir un daño no proviene del "incumplimiento" de la obligación por parte del deudor, sino frente a una situación distinta. Se trataría del perjuicio que supuestamente le ocasionaría la imposición del acuerdo que se arribaría en este concurso preventivo sobre la forma de "cumplimiento" de las deudas concursales. De allí, entonces, que cabría conceptualizar al apelante como tercero no interesado, quien es ajeno al vínculo obligacional y no puede imponer el pago dada la verificada oposición conjunta del acreedor y del deudor, careciendo por ende del ius solvendi.
Expropiación, indemnización expropiatoria, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ Quién  resulte  propietario  finca  calle SAN JUAN 440/46 U.F. nro. 2 s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

El lucro cesante se encuentra expresamente excluido de las partidas resarcitorias que contempla el art. 10 de la ley 21.499. La indemnización por los bienes inmuebles expropiados no es integral, toda vez que sólo se paga el valor objetivo del bien y los daños que son consecuencia directa e inmediata de la expropiación, pero no se repara el lucro cesante, ni los valores afectivos, como tampoco se tienen en cuenta circunstancias de carácter personal (conf. E.D. 91 611).

La pérdida de rentabilidad debido a la expropiación parcial de una unidad funcional destinada a garage consiste precisamente en el vedado lucro cesante, que el art. 519 del Código Civil lo conceptualiza como "la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación". De ahí que esa menor rentabilidad que produzca la disminución del espacio destinado a la guarda de rodados, no puede ser catalogada como un daño emergente, sino que, por definición es un lucro cesante, aún cuando la mengua de los frutos provenga de una mayor incidencia de los costos o de cualquier otro factor. Aunque no existe ninguna probanza que autorice a aceptar que los costos de explotación del garage no disminuyeron a tenor de la reducción del negocio que impuso la expropiación parcial, lo cierto es que este conjetural extremo carece de virtualidad para modificar la naturaleza de la partida pretendida, que sin duda conforma un lucro cesante.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROMANO, RAFAEL ALBERTO c/ BAYTON S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-01

Esta Corte ha sostenido que las cuestiones referentes a regulaciones de honorarios resultan ajenas al recurso extraordinario, por su naturaleza y por el amplio margen conferido a la razonable discrecionalidad de los jueces de la causa; y no se advierte que en caso existan razones que autoricen hacer excepción a dicho principio, desde que la postulación del quejoso -centrada en la crítica de un acuerdo homologatorio que consideró celebrado con grosero apartamiento de la solución normativa prevista para el caso- carece de sustancialidad, en tanto deja incólume los fundamentos brindados por la Sala en orden a la no aplicación mecánica y aritmética del artículo 8 inciso m) de la ley 6767 de aranceles, sino teniendo siempre en cuenta las específicas circunstancias del caso y razones de equidad, conceptualizada como razonabilidad circunstanciada, como tampoco los fundamentos desarrollados -in extenso- en los precedentes de la Sala relativos a la interpretación de la norma. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler).
Procedimiento aduanero, derechos de importación, repetición de impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOMA NEGRA (S.A.) c/ FABRICACIONES MILITARES s/ ORDINARIO- ADUANA- DERECHOS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

El barco contiene elementos ferrosos del que el resto de la embarcación no está compuesto que pudieron ser importados separadamente de los que tenían esta calidad, correspondiendo admitir la repetición de lo pagado respecto a los materiales no ferrosos.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Karle, Teresa A. y ots. c/ Palombella, Miguel C. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Quebranta el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial el fallo que no hace pesar sobre la parte demandada las consecuencias negativas de no haber acreditado lo que estaba a su cargo teniendo en cuenta las respectivas afirmaciones invocadas en el proceso.
Actualización monetaria, cosa juzgada, desindexación, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUSCITTI IVAN DAVID c/ JOSE LUIS CONCI s/ EJECUCION  DE SENTENCIA  -  ACTUALIZACION  MONETARIA - DESINDEXACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-07

El análisis de la expresión "situación jurídica no consolidada" al cual alude el art. 1 de la ley 24283, fuera de la crítica terminológica que pareciera referirse a situaciones contables, existe coincidencia doctrinaria en que aquél giro es comprensivo de todo supuesto pendiente no extinguido por el pago, o situación análoga al mismo, y más todavía que su observancia no está coartada por la cosa juzgada, pues la propia ley menciona "al momento del pago" con lo cual se quiere significar que hasta ese período se puede efectuar la articulación por más que exista sentencia firme, que se hubiera confeccionado planilla, aprobado ésta, siempre, y cuando el obligado al pago no lo haya cancelado supuesto este en el cual si se podría hablar de una vedada irretroactiva de la ley.-
Cheque, pago, imputación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alcaraz, Herminio. c/ La Agrícola CompaÑía de Seguros SA. s/ Sumario. Casación. Cheque.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-12-18

El deudor que paga mediante cheque imputado sólo exterioriza una pretensión en una orden incondicional de pago cuya definitiva aceptación queda en manos del acreedor.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, recurso de casación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ortiz, Lucía Teresa c/ Arce, Ana Rosa Matilde s/ Mandamiento de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-22

Para que tenga cabida el recurso de inconstitucionalidad es preciso no sólo un déficit del juzgador sino también y como acto previo, un error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional, por lo que si la sentencia que supuestamente viola garantías y derechos constitucionales -no por causa de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, inconstitucional- la vía procedente es el recurso de casación previsto en el artículo 286 del C.P.C.C..
Trabajadores rurales, multa administrativa, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "COMPAÑÍA   DEL  VALLE  CENTRAL  S.A. c/ Registro  Nacional  deTrabajadores  Rurales  y  Empleadores  -  Ministerio de Trabajo ySeguridad Social s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-31

Del art. 14 de la Res. Conj. 379/05 (MTE y SS) y 369/05 (RENATRE), complementado con la mecánica del art. 13 de la misma resolución, se desprende que si bien resulta ser el Fuero de la Seguridad Social el encargado para entender en las sanciones impuestas por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores frente a las infracciones -leves y graves- que los empleadores rurales pudieran cometer, no se fija como competencia originaria la de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Si bien ello no impide que, como consecuencia de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.655, la Cámara pueda conocer en ese tipo de cuestiones en grado de apelación, corresponde que el tribunal declare su incompetencia para entender en el presente caso en razón del grado, y ordenar la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas del fuero, a los fines que dicha dependencia proceda a realizar el sorteo correspondiente entre los Juzgados de Primera Instancia Federales de la Seguridad Social.