marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apreciación de la prueba, alegato
Materia: Procesal Civil
Carátula: Compañía Diesel Patagónica S.C.C.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-04-18

No obstante las manifestaciones vertidas en el alegato pueden configurar admisiones de hechos o un allanamiento o desistimiento parciales que eximen al Juez del deber de valorar las pruebas a que dichos actos se refieren, aún cuando se adopte un criterio más restringido al respecto, es evidente que tal pieza procesal, debe valorarse a la luz del art.163 inc.5 del CPCU, como comportamiento procesal de la parte para incidir en la suerte del debate.
Impuestos, Municipalidad, impuestos internos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Doménico y Cía. Sociedad Anónima Vinícola c/ Municipalidad de San Martín s/ Inconstitucionalidad (Libro: S060-442)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-05-08

Por ministerio de la ley 1134 -de adhesión de la Provincia a la ley 12139- se sustrae a las Comunas todo ramo de imposición sujeto a la ley 12139, por donde esa autoridad no puede gravar ningún artículo afectado con el impuesto interno unificado nacional. Esta conclusión resulta perceptible examinando el art. 113 de la ley 1079 Orgánica de Municipalidades, cuya enumeración es taxativa.
Excepciones procesales, indulto, procesado, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "SUAREZ MASON, Guillermo y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-01

A la imposibilidad de dictar indultos a favor de procesados se suma el hecho de que, en particular, el decreto 1002/89 presenta fundamentos de absoluta generalidad (sin referencia a situaciones concretas de inequidad), lo que lo convertiría en una verdadera amnistía que beneficia a más de cincuenta procesados en treinta y dos causas penales. Todo ello lleva a sostener a este Tribunal que con el dictado de los decretos analizados el Poder Ejecutivo Nacional ha excedido su facultad constitucional de perdonar penas (art. 99 inc. 5 CN), ingresando en ámbitos que están reservados a los otros dos poderes de gobierno, a través de la asignación de las atribuciones que posee el Poder Judicial para conocer y decidir causas (art. 116 CN) y las del Poder Legislativo de dictar leyes de carácter general para extinguir acciones penales (art. 75 CN).
Nulidad de sentencia, incumplimiento de los deberes del funcionario público, sentencia absolutoria, siniestro
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA, CARLOS ALBERTO c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-15

Corresponde anular la absolución de los imputados por el delito de violación de los deberes de funcionarios públicos pues, más allá del innegable caos y confusión que en los albores del siniestro reinaba en el lugar del hecho debido a su magnitud y a las personas que resultaron heridas y fallecidas, es notorio que los encartados no ejecutaron en tiempo y forma (insisto durante el 22 de febrero de 2012) los deberes que normativamente tenían a su cargo, en el sentido de que habiendo advertido la importante afectación sufrida en la parte delantera del vagón no calificaron -al menos a esa área- como "Zona de Impacto", yerro que fue el desencadenante de su omisión de disponer que el personal de bomberos a su cargo registrara el referido sector y de la consecuente ulterior demora en dar con el cadáver de la víctima. Dr. Gemignani.
Inhibición general de bienes, ejecución de honorarios, competencia civil
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dr. D. E. M. s/ Inhibición general de bienes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

El reclamo del recurrente, en tanto se relaciona con la pretensión de cobro de sus honorarios, debe sustanciarse ante la justicia civil, tal como se desprende del juego armónico del artículo 516 del Código Procesal Penal de la Nación, y el artículo 50 de La Ley 21.839, reguladora de la materia (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala: III, "Alasia, Alberto s/competencia", rta. el 29/08/96, Causa n°: 947). Así, la primera de las normas citadas prevé expresamente que cuando la sentencia que condena a la satisfacción de costas no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del tribunal que la dictó, "se ejecutará por el interesado" ante los jueces civiles y con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; mientras, el artículo restante ordena que "La acción para el cobro de los honorarios tramitará por la vía de ejecución de sentencia".
Honorarios, regulación de honorarios, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: S. de G., M. c/ G., J. M. s/ Separación personal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

Los emolumentos que se determinan por el trámite atinente a las medidas precautorias, dependerán de la regulación practicada en el proceso principal. Ello en virtud de lo prescripto por el artículo 33 de la Ley 21.839, cuando la traba de estas fue ordenada atento lo dispuesto por el artículo 1295 del Código Civil. Si debido a la naturaleza de las mismas no existe un trámite autónomo del proceso en el que se solicitan, no cabe la aplicación del artículo 27 sino del 33 de la Ley 21.839.
Sistema representativo, elecciones
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista - Distrito Neuquén - s/ presentación suma de candidatos boletas PJ. - UCD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El carácter representativo de las autoridades depende de que su designación haya tenido o no origen en las elecciones.
Licitación pública, actividad industrial, impuestos, moneda, depreciación monetaria, intereses, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cañomat  S.A. c/ Estado  Nacional  (Secretaría  de  Estado  de  Desarrollo Industrial) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Sólo a partir de la resolución por la que la Secretaría de Desarrollo Industrial estableció el procedimiento en virtud del cual la empresa beneficiaria de una licitación pública habría de percibir los reembolsos establecidos en la ley 20.852, se generó su derecho a los reembolsos, por lo que no cabe considerar que el Estado Nacional haya incurrido en mora que justifique el reclamo por depreciación monetaria e intereses a partir de la entrega de los materiales.
Conversión de la quiebra, quiebra indirecta, exceso ritual manifiesto
Materia: COMERCIAL
Carátula: CICERO, HORACIO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

Resulta procedente denegar al fallido el pedido de conversión en concurso preventivo, toda vez que el deudor se hallaba excluido de ese beneficio porque la quiebra fue decretada por la causal del art.

43 párrafo 5º, relativa a la falta de presentación oportuna de la propuesta, lo que encuadra en la hipótesis prevista por el art. 90 3º parrafo, relativa a la pendencia de ese trámite. A más, la alegación del quejoso en el sentido que el a quo incurrió en un excesivo ritualismo al decretar la quiebra porque la propuesta se presentó con dos días de atraso es inconducente para acceder a la conversión pretendida, porque dicho instituto es inadmisible -en el caso- por razones de fondo, esto es, que no procede en el caso de quiebra indirecta.
Acción de amparo, plazo, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arias, Juan Domingo y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-16

"El plazo para interponer la acción de amparo comienza a correr en el momento en que se concreta el acto de aplicación y no desde que la norma se dicta".
Quiebra, ejecución forzada, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cavas del Lago SA s/ Quiebra Solicitada por Figueroa, María del Rosario; Sánchez, Raúl y  Roses, Oscar Eduardo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-27

El art. 80 de la ley 24.522 que faculta a todo acreedor de crédito exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio a pedir la quiebra no precisa el alcance del termino exigible el que tiene que ver con la posibilidad de ejecutar forzosamente la prestación objeto de la relación obligacional, tanto por vía judicial como extra judicial; como es lógico esta circunstancia se genera, usualmente, en aquellas hipótesis de incumplimiento del deudor en legal tiempo y forma de la prestación a la que se comprometió. (Barbieri)
Honorarios del abogado, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Monzani, Armando Héctor s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-20

La circunstancia de que se hubiesen regulado los honorarios del letrado recurrente por el a - quo no es vinculante para el tribunal, en función de la independencia que al respecto tiene pese a lo estatuido por el art. 14 de la ley 607.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiadino Roggero y Carbonari S.A. s/ quiebra S/incidente de impugnación por: Banco Delta S.A.; La  Esperanza S/inc. de revisión por Banco Delta S/inc. de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

El propósito expresamente declarado en el art. 25, inc. e) de la ley 22.529 es el de liquidar la masa de bienes que la componen, por el procedimiento previsto en los arts. 45 a 48 de la ley 21.526.

Por ese medio elegido por el Banco Central para facilitar la consolidación de la entidad, no se ha formado un nuevo sujeto de derecho, con aptitud para adquirir derechos y obligaciones (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Recurso de casación, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Regan SA. c/ Nielsen, Carlos. s/ Daños  y  Perjuicios.  Indemnización.  Sentencia. Voto de adhesiones.  Mayoría de Opiniones.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-14

Es infundado el recurso que carece de autosuficiencia, al par que no exterioriza una crítica razonada y clara del fallo impugnado.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, actos y diligencias procesales, prescripción, divorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Toncovich, Rosa c/ Provincia de Salta y Reinoso, Rosalía s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-30

La prescripción adquisitiva denominada también usucapión, es en nuestro derecho vigente, un modo de adquirir el dominio de un inmueble sobre la base de la posesión del mismo por el término señalado por la ley.

Según el artículo 4015 del código civil, "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor...".

El artículo siguiente insiste en que "Al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión".

Esa es la pretensión de la demandante que la ha fundado en una posesión que calificó de pública, pacífica, exclusiva y con ánimo de dueño, que debe ser juzgada en su existencia y efectos, de acuerdo a las constancias existentes en la causa y a las normas que rigen la prescripción adquisitiva.

Entre estas, además de las citadas, rige el artículo 24 de la ley 14.159 modificado por el decreto ley 5756/58 que dispone, precisamente requisitos que el juicio de usucapión debe cumplimentar en su trámite con el objeto de otorgar seguridad jurídica y plenos efectos de la cosa juzgada.

Tales exigencias se refieren a una correcta individualización del inmueble, adecuada integración de litis y valoración de la prueba.
Derechos adquiridos, modificación de la ley, aplicación temporal de la ley, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, LUIS EDUARDO c/ CAJA  DE  RETIROS,  JUBILACIONES Y  PENSIONES  DE LA POLICIA FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones substanciales y los requisitos formales previstos en la misma para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimido por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado en el art.

17 de la Constitución Nacional.
Curatela, designación de curador
Materia: CIVIL
Carátula: M.F., J. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Por encima del derecho que pueda tener un pariente a la tutela o curatela, existe el derecho del incapaz a ser dirigido o gobernado por quien sea más apto para ello. De allí que el interés del incapaz es el que debe regir este tipo de decisiones.
Proceso judicial, daños y perjuicios, juicios en que la Nación es parte, personería jurídica, entes autárquicos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mº de E. y O.S.P. -Estado Nacional- c/ Banco de Credito Argentino S.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

En el supuesto debatido se ha demandado por el perjuicio patrimonial que alega un sujeto de derecho jurídico-público determinado, el Estado Nacional, expresión ésta que se debe entender en el sentido que le asigna el art. 33, primera parte, inc. 1º del C.C. y que, naturalmente, es algo bien distinto -desde la vertiente estricta de la personalidad jurídica- de las entidades autárquicas, también mencionadas en el art. 33 del C.C. como hipótesis de personas jurídico-públicas. (Consid. III).
Capacidad procesal, legitimación procesal, legitimación activa, querellante, sociedad anónima, presidente del directorio
Materia: PENAL
Carátula: Mazzoldi, Eduardo V. s/ Querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-29

No corresponde hacer lugar al pedido de ser tenido por parte querellante efectuado por el presidente de una sociedad anónima, si no acreditó haber sido autorizado para querellar por el órgano estatutariamente habilitado para otorgar mandato a tales efectos.
Poder de policía, registro de proveedores del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización de Protección Industrial  S.A. c/ Gas del Estado s/ Nulidad del acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

El Registro de proveedores significa una limitación objetiva al principio de libre concurrencia a las licitaciones, derivada del ejercicio del poder de policía, tendiente a seleccionar los oferentes exigiéndoles un mínimo de condiciones básicas, relativas a su capacidad operativa y solvencia económica.
Concurso civil, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Leónidas Moldes s/ Concurso  Civil  de  Peña,  Argentino  y  Martín  de  Peña,  Mary  s/  Incidente  de  Verificación  Hipotecaria  -  Incidente por Planteo de  Onerosidad  Sobreviniente - Atenuación de la Ejecución  de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1990-11-20

Los justos límites de la cosa juzgada que hipotéticamente puedan llegar a determinarse, no pueden desnaturalizar el verdadero concepto de la inmutabilidad del monto del juicio que determina la verificación del crédito.
Régimen jubilatorio, empleados públicos, otorgamiento del beneficio, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ RIGAU, Elsa Elena c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-10

Siendo de aplicación al régimen común el principio general en materia previsional que establece que para tener derecho a cualquier beneficio el afiliado debe reunir los requisitos necesarios para su logro encontrándose en actividad (art. 43, ley 18.037), con mayor razón debe aplicarse a un régimen de naturaleza excepcional, como es el instituido por la ley 22.955.
Recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., R. T. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-31

Pese a la cita del art. 48 de la Ley del Arancel, norma que en su último párrafo prevé lo ya apuntado -que no se sustancie el recurso de Apelación de Honorarios- habiéndose presentado fundamentos conjuntamente con ésta, en la providencia que concedió este último recurso el juez decidió sustanciarlo, apoyándose en ese precepto y en el art. 246 in fine del Código Procesal, 248 en Ley XIII Nº 5. De este modo el a-quo, armonizó aquel precepto arancelario con el sistema recursivo del Código de rito, aplicando la doctrina que induce a considerar que si la Apelación fue fundada, el régimen más análogo es el del art. 248 de Ley XIII Nº 5 (antes 246 CPCC de idéntica redacción en la Ley Nº 22.434 - CPCC Nacional).
Embargo, inhibición general de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Franco, R.I. y Franco, A.R. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-18

Hasta tanto no se haya producido la presentación formal del presunto afectado a ejercitar los derechos, no corresponde afectar el patrimonio del imputado con medidas coercitivas que vayan más allá de lo necesario para asegurar el pago de las costas (artículo 359 del Código Procesal Penal) y las penas pecuniarias que, en su caso, puedan corresponder a la figura delictiva pertinente. A los gastos causídicos se le debe sumar los posibles honorarios profesionales del abogado particular por la tarea realizada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Principios procesales, doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: T.C.C.S.R.L. c/ Transcable S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-31

Una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio, en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento incompatible con ella.
Aplicación de la ley, duración de la instrucción, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: González, Lázaro Alberto c/ Estado Provincial s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-22

El ordenamiento ritual penal -Ley 4843 de la Provincia de Entre Ríos- prevé que la instrucción deberá practicarse en el término de cuatro meses a contar desde el auto de avocamiento, contemplándose una prórroga de hasta dos meses y que en casos de suma gravedad excepcionalmente puede llegar hasta los cuatro meses, a su vez, el art. 339 del mismo cuerpo legal, en función de las características de la causa, dispone la posibilidad de una prórroga de la instrucción hasta un año, por lo que no se encuentra en el caso, configurado un supuesto de prolongación indebida de la prisión preventiva decretada al recurrente.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Hugo c/ Peretti Hnos. y Cía. S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-26

Cuando la demanda incluye varios rubros, la imposición de costas debe efectuarse en función al vencimiento de las partes en relación a cada una de ellas, debiendo entenderse por vencimiento del trabajador cuando su pretensión o rubro es rechazado íntegramente siendo, por el contrario, vencedor cuando el mismo prospera aunque no fuere por el monto total pedido puesto que, en principio, la plus petitio no genera imposición de costas ni siquiera en proporción al monto rechazado.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad del fabricante, improcedencia del recurso, falta de entrega del automotor, principio de adquisición, responsabilidad de la concesionaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Caccavo, Viviana Elizabeth c/ L'expres SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

1 - No se puede imputar responsabilidad al fabricante automotriz concedente por el incumplimiento en la entrega del vehículo adquirido en la concesionaria, ya que en estas transacciones se deben distinguir dos tipos de relaciones: a) por un lado, el contrato de concesión que une al concesionario con el fabricante, por el que se estipula la exclusividad por parte del primero en la venta de los productos fabricados por el otro, adquiridos a título personal y a un precio preferente para revenderlos a sus clientes, y b) por el otro, la relación emergente del contrato de compraventa del rodado entre el concesionario y su cliente, en la que el fabricante es un tercero que -en principio- no puede ser alcanzado por las consecuencias derivadas del incumplimiento que pueda darse entre esos dos sujetos (CNCom, Sala B, voto de la Dra. Díaz Cordero in re "González, Marcelo Pablo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario", del 21/10/04).

2 - Ergo, el comprador que adquiere del concesionario una unidad, no puede traer al concedente como parte en el pleito, ya que no fue con él quién contrató el comprador y, por tanto aquél es un tercero en la relación, y no responde -en principio- por los incumplimientos en que pudiera haber incurrido el concesionario, ya que no es éste su mandatario. Voto del Dr. Sala:. No puede responsabilizarse al fabricante por el incumplimiento de la agencia automotriz, salvo en el caso de que haya mediado conducta antijurídica que le sea imputable al concedente... (cfr. CNCom, Sala E, voto del Dr. Sala in re "Pirelli Paredes, Celso Luis c/ La Buenos Aires Cía. Argentina de Seg. SA y otros s/ ordinario", del 29/12/14).

Disidencia parcial de la Dra. Ballerini:. 1 - La concedente debe responder por los daños y perjuicios que la frustración del contrato de compraventa pudo ocasionar en la actora (cfr. CNCom, Sala B in re "Zalaya, Guillermo Ariel c/ Capillitas SA y otro s/ ordinario" del 14/12/17).
Prescripción, suspensión de la prescripción, diligencias extrajudiciales, constitución en mora
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rocasuru  S.A. c/ Ecomad Construcciones Portuarias  SACIFI s/ Cumplimiento de contrato (Ord.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

La meras tratativas extrajudiciales no están reconocidas por la ley como causal de suspensión de la prescripción, y en esta materia no corresponde extender las causales, aprehendidas como hipótesis de excepción. Lo que el artículo 3986, 2do. párrafo del Código Civil prevé es que "La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica", la cual ha sido entendida no meramente como la situación de mora - que puede haber operado automáticamente - sino como la exigencia de pago que exterioriza la realización de un acto opuesto a la inacción del acreedor. No son los actos del demandado los que suspenden la prescripción (sólo el reconocimiento de la deuda tendría efecto interruptivo, que es ciertamente algo distinto) sino los propios del acreedor que satisfagan los requisitos del artículo 3986.