Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-11


Trelew, 11 de febrero de 2.008.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 371, contra la sentencia de fs. 369/370, concedido que fuera el mismo a fs. 372, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 373/381, corrido traslado a la contraria a fs. 382, contestado el traslado conferido a fs. 383. --- Y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 369/370 el Sentenciante de Grado rechaza el planteo de nulidad interpuesto por el demandado. Funda lo resuelto en no observarse en el caso un apartamiento por parte de la actora de los pasos legales que desencadenaron la intimación de pago y citación de remate del demando en autos y en la extemporaneidad del planteo. Puntualiza que la especificidad del art. 1101 del C.C. y la posibilidad de juicio declarativo ulterior, obstan para que en el juicio ejecutivo se considere cuestión prejudicial el pronunciamiento de la justicia del crimen acerca del presunto delito que se denunciare en dicha sede. Señala que la norma individualizada refiere al caso en que aún no se haya dictado sentencia definitiva en el expediente y que en autos a fs. 19 obra dictado tal pronunciamiento, el que se encuentra firme. Impone las costas al incidentista perdidoso y regula honorarios.

II.- A fs. 371 apela lo resuelto el letrado apoderado del incidentista vencido, quien expresa agravios mediante el memorial de fs. 373/381. Luego de efectuar una reseña de lo pretendido y el trámite conferido, ingresa en el análisis crítico de la sentencia de primera instancia, puntualizando cuatro agravios. Primer agravio: invoca que confunde el 'a quo' al mencionar el art. 545, C.P.C.C., la clase de nulidad a la que se refieren, ya que estamos ante una nulidad basada en normas sustanciales y no de forma (art. 1047, C.C.). Puntualiza que el incidente de nulidad interpuesto quedó fundado en normas sustanciales y de orden público y no en normas procesales. Sostiene que su parte argumentó que si el Banco ha denunciado como ilícitas las operaciones realizadas, entre otras, con Á. F. SRL y J. S. A. , entonces, no puede pretender ejecutar los diversos instrumentos en que constan dichas operaciones, cuando menos hasta tanto se dilucide la cuestión en sede penal mediante la correspondiente sentencia, pues se trata de una estricta cuestión prejudicial (art. 1101, C.C.), argumento que afirma no fue tenido en cuenta por el Juez de primera instancia. Esgrime que por su naturaleza las normas de fondo son superiores a las normas adjetivas, éstas son sólo instrumentos para actuar el derecho de fondo. Argumenta que ni su mandante ni Á. F. S.R.L. adeudan al B. del C. S.A. los montos reclamados por éste y que un proceso justo demostrará que resultan sumas a favor de los que hoy se presentan como deudores, proceso justo que sólo puede desarrollarse a partir de que recaiga sentencia en sede penal, paso necesario, que el mismo Banco ha interpuesto como inexcusable para establecer la licitud o ilicitud de las operaciones efectivizadas. Segundo agravio: afirma que es falso que el art. 1101 se refiera exclusivamente a acciones civiles de daños y perjuicios y que donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir. Cita jurisprudencia que aplicó la norma individualizada a un concurso preventivo y a un juicio por privación de la patria potestad, como así también fallos que admitieron la prejudicialidad penal en el juicio ejecutivo, suspendiendo la sentencia de trance y remate hasta que mediara sentencia penal. Invoca que no existe justificación alguna para restringir la aplicación del art. 1101 del Código Civil sólo a casos en los que se persigue una indemnización de daños y perjuicios. Cita jurisprudencia de esta CANE. Resalta lo que el mismo Banco dijo en los autos 'B. del C. c/ A. F. S.R.L. s/ ejecución hipotecaria', Expte. N° 856/96. Esgrime que de acuerdo a la entidad de los derechos implicados en estas actuaciones es necesario disponer la suspensión de la ejecución hasta tanto se dicte sentencia en sede penal. Señala que siendo una norma de orden público el juez debe aplicar de oficio lo dispuesto por el art. 1101 del C.C., siendo nulas las sentencias dictadas en violación a dicha regla. Afirma que la suspensión también se hace necesaria a fin de evitar el escándalo jurídico que implican dos sentencias contradictorias en relación al mismo objeto y causa. Cita doctrina. Tercer agravio: invoca que su parte expresó el perjuicio y el interés en obtener la declaración de nulidad de la ejecución en estos autos. Con cita de doctrina destaca que no se puede cerrar los ojos ante el despojo o el fraude so pretexto de una celeridad procesal teórica, ya que la posibilidad de reparación por el posterior juicio ordinario puede ser impracticable o incompleta. Con cita de un plenario de la Cámara Civil de fecha 21/VII/1944, sostiene que no obstante la limitación de la ley procesal, el esquema del código, en virtud de la prelación establecida por el art. 31 de la C.N., queda ampliado por leyes sustanciales o materiales. Cuarto agravio: a todo evento, argumenta que si quedara firme el rechazo al planteo las costas deben ser impuestas por el orden causado, toda vez que en el caso de marras los hechos y el derecho invocado son de tal contundencia que debe dejarse de lado una interpretación restrictiva del artículo 68 del C.P.C.C. Formula reservas. Peticiona se revoque la sentencia apelada y se declare la nulidad de la sentencia de trance y remate y de todas las decisiones jurisdiccionales dictadas hasta ahora en relación con el crédito que se pretende ejecutar por el B. del C. S.A., por mediar prejudicialidad, y se ordene la suspensión de las presentes actuaciones hasta que recaiga sentencia definitiva en los Exptes. N° 249/02 y su acumulado en trámite por ante la Excma. Cámara 1° del Crimen con asiento en la ciudad de Trelew y en el Expte. N° 1334/02 en trámite como legajo 82 por ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Trelew.

A fs. 383 contesta la contraria el traslado que le fuera conferido a fs. 382. Sostiene que la regla de prejudicialidad del art. 1101 del C.C. debe ser aplicada con carácter restrictivo, toda vez que implica una excepción al principio de independencia de las acciones. Considera totalmente acertado lo argumentado por el 'a quo'. Destaca que para la aplicación de la norma individualizada es requisito que la causa civil que se pretenda suspender se encuentre pendiente de resolución, y que en autos al momento que la contraria planteó el pedido de suspensión del proceso ya se contaba con sentencia definitiva firme y consentida. Resalta que en el presente proceso se ha respetado celosamente el principio constitucional del debido proceso. Califica al planteo de extemporáneo. Peticiona se rechace el recurso de apelación interpuesto por la contraria, con expresa imposición de costas. III.- A la luz de los agravios planteados resulta dirimente determinar los procesos a los que se aplica la prejudicialidad penal prevista por el art. 1101 del C.C. Sobre el punto existe una interpretación amplia y otra estricta. Según la interpretación amplia referida a los hechos que se ventilan en una y otra causa -la que esta Sala con voto de los Dres. Vergara y De La Fuente sostuvo al dictar la S.D.L. N° 04/07-, basta con que se trate del mismo hecho el que es juzgado en distintas jurisdicciones para que opere la prejudicialidad (v.gr. la calificación penal de lesiones y el juicio de divorcio referido a ellas; la ilicitud penal que configura una injuria como causal de despido laboral; la consumación del fraude en la obtención de un título ejecutivo que se ejecuta (Alberto J. Bueres, Elena I. Highton, "Código Civil ...", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, pág. 309). Conforme la posición estricta -que pareciera gozar del consenso mayoritario-, atendiendo a que la especificidad de la reglamentación de los arts. 1101 a 1103 constituye una excepción al principio de independencia de las acciones consagrado por el art. 1096 del mismo Código, así como a la ubicación metodológica de tales normas (referidas al título destinado a regir el ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por actos ilícitos), no debe extenderse el régimen de prejudicialidad más allá del restricto campo de la reparación civil de la ilicitud aquiliana, y con el sólo designio de evitar el strepitus fori de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho (Alberto J. Bueres, Elena I. Highton, Op. Cit., t. 3A, pág. 310). -- Y, sin perjuicio de tales interpretaciones, específicamente en el caso de los procesos ejecutivos, atendiendo a que el decisorio a expedir en los mismos no hace cosa juzgada material, se ha resuelto reiteradamente que el juicio criminal pendiente no resulta obstáculo para que se dicte sentencia de trance y remate, la que no tiene como tal carácter de definitiva; no obstante la Corte Suprema ha excepcionado tal principio cuando mediaren posibilidades ciertas de la comisión de fraude (Alberto J. Bueres, Elena I. Highton, Op. Cit., t. 3A, pág. 310 y ssgts.; en el mismo sentido, Jorge Mosset Iturraspe, Miguel A. Piedecasas, "Código Civil Comentado ...", Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, pág. 241). - Lo dirimente es que en el supuesto bajo estudio la prejudicialidad contemplada por la norma invocada por el recurrente no se evidencia aún a la luz de la interpretación amplia.- Para que se suspenda el dictado de la sentencia civil es menester que concurran dos requisitos: 1°) Que exista un proceso penal pendiente, siendo indiferente que se haya iniciado antes o después que el juicio civil; 2°) Que ambos procesos se hayan originado en el mismo hecho (Jorge Joaquín Llambías, "Código Civil Anotado ...", Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1979, t. II-B, pág. 399), éste último presupuesto se encuentra ausente en el sub examine. Es que, el título que se ejecuta no está sujeto a investigación en sede penal, no media un proceso penal en el que se haya puesto en duda la autenticidad del mismo o la existencia de la operación crediticia que diera motivo al presente trámite.-- A tal conclusión se arriba del análisis de la documental acompañada en la instancia antecedente por la parte apelante (fs. 288/337), aún cuando la misma fue desconocida por la contraria al contestar a fs. 360/367 el traslado que le fuera conferido a fs. 354. Surge de su análisis, que lo que se objeta a los autos "Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B. del C. S.A.) - (Expte. nro. 17-f. 251-año 2001)" es que se hayan "otorgado descubiertos de gran magnitud sin las debidas garantías y -aparentemente- sin la expresa y documentada autorización de los funcionario u órganos pertinentes", refiriendo la investigación a la cuenta corriente nro. 021-01-8...../7, titularidad de Á. F. (ver fs. 290), cuenta corriente distinta a la que individualiza el certificado de saldo deudor que se ejecuta en autos y titularidad de una persona distinta a la ejecutada (ver fs. 6). El requerimiento de instrucción formulado en los autos que se individualizan, identifica también otras cuentas corriente de titularidad de G. S.A.C.I.F., N° 810552/1 y de A. C. S.A., N° 021-01-131000/2 (ver fs. 291 y ssgts.), siendo que la que da cuenta el certificado de saldo deudor que se ejecuta en autos es titularidad del Sr. J.S. A. , N° 210.....-4 (ver fs. 6). Aún en este caso y más allá de la falta de vinculación con el crédito cuya ejecución se persigue en el presente trámite, la investigación se genera en defensa de la integridad del patrimonio Estatal, sin que involucre el análisis de la autenticidad del título que se ejecuta a la existencia de la operación crediticia que diera motivo al mismo, por el contrario, la calificación legal que se endilga es la del delito de administración infiel (arts. 174, inc. 5° en función del art. 173, inc. 7°, C.P.) (ver fs. 296 y 301). --- Tampoco individualiza la cuenta corriente que determinara la emisión del título que en autos se ejecuta la ampliación del requerimiento de instrucción que en copia obra glosada a fs. 298/301. -- En lo que respecta al Expte. N° 1134, que se identifica como en trámite como legajo 82 por ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Trelew, la presentación efectuada por el Dr. L. que en copia se acompaña a fs. 303/304 en ningún momento refiere a la cuenta corriente involucrada en autos, como así tampoco la apertura de la investigación preparatoria de fs. 306/307, la que afirma se ciñe al manejo de la cuenta corriente de la empresa G. S.A. N° 021-01-00....../1, siendo que el delito que se investiga es administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública (arts. 45 y 173 inc. 7° en relación con el art. 174, inc. 5° del C.P.). Finalmente, a fs. 309/324 se acompaña copia de la pericia presentada en los autos "Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (Ref. Banco del Chubut S.A.)" Expte. N° 17, F. 251, A 2001 y sus acumulados, pericia que tampoco refiere a la cuenta corriente involucrada en el presente juicio ejecutivo. --- Lo expuesto determina por sí sólo la suerte de la apelación interpuesta, por lo que ha de confirmarse la sentencia de fs. 369/370. - Finalmente, entrando al análisis del cuarto de los agravios vertido en el memorial de fs. 373/381 ante el hipotético caso de que este Tribunal confirmara la sentencia dictada en la instancia antecedente y referido al modo en que las costas fueron impuestas, es pertinente señalar que de conformidad con lo prescripto por el art. 558 del C.P.C.C., las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. En el juicio ejecutivo, la condena en costas al vencido constituye un imperativo para el magistrado interviniente, salvo en lo que se refiere a las pretensiones de la contraria que hubiesen sido desestimadas. De tal forma el legislador ha normalizado un criterio idéntico al sustentado en el art. 71 de la ley de rito, donde referencia el caso de vencimiento parcial y mutuo (esta Sala, SIC 146/05, 162/05, entre otras). Por otra parte, aún cuando se aplicara el régimen general regulado por los arts. 68 y 69 del código adjetivo, este Tribunal no advierte mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota. -- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE: -- CONFIRMAR la sentencia de fs. 369/370. IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (art. 558, C.P.C.C.). --- REGULAR los honorarios del Dr. J. F. L. , en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida ante esta Sala y al resultado obtenido, en un 25 % de los que a favor de la representación letrada del ejecutado incidentista han sido establecidos por su actuación en la instancia antecedente, y los correspondientes al Dr. C. J. , por idénticos parámetros y concepto, en un 30 % del monto de honorarios que fuera regulado en la instancia antecedente a favor de la representación letrada del ejecutante incidentado (art. 14, ley 2.200 y modif.). --- Tener presentes las reservas formuladas. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. -- Fdo: RAUL ADRIAN VERGRA - ALDO LUIS DE CUNTO - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 09 DE 2008 - SIC.- CONSTE.-