Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26


AGUIRRE, Indalesio c. INDUSTRIAS JOLS S.R.L.

Reg.: A y S t 193 p 365-367.

Santa Fe, 26 de noviembre del año 2.003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 69 del 22 de agosto de 2002 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "AGUIRRE, Indalesio c. INDUSTRIAS JOLS S.R.L. -Cobro de Pesos- (Expte. 23/02)" (Expte. C.S.J. nro. 63, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario rechazó la apelación interpuesta por la accionada y confirmó la resolución de baja instancia que -a su turno- había denegado la remisión al Juez del concurso -por efecto del fuero de atracción- de los autos que tramitaban en sede laboral.

Contra aquél pronunciamiento deduce la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario y violatorio de los derechos y garantías de rango constitucional que refiere: defensa en juicio, debido proceso, jurisdicción y propiedad.

Se queja de que el Tribunal a quo concluya -en sentido coincidente con el Magistrado de primera instancia- que el fuero de atracción concursal se halla expresamente excluido cuando se trata de causas en las que se pretende indemnización por accidente de trabajo conforme a la legislación especial, de acuerdo con el artículo 21, inciso 5) de la ley concursal y que, en consecuencia, tampoco corresponde aplicar los términos de la prescripción de aquella ley.

Sostiene que el Juzgador prescinde de aplicar la regulación normativa que rige el caso al rechazar la operatividad del fuero de atracción del concurso preventivo de la accionada con respecto a estos autos puesto que -afirma- la excepción contenida en la parte final del artículo 21 inciso 5) de la ley 24522 alude a la excepción de los juicios de esta naturaleza sólo respecto a la exclusión del pedido de verificación; así -entiende- estos procesos se rigen por la regla del inciso 1) del mencionado artículo por lo que son atraídos al juzgado concursal, donde deben continuar su tramitación hasta el dictado de sentencia, a cargo del juez del concurso. Destaca que las únicas excepciones al fuero de atracción son las previstas en el inciso 2) del mencionado precepto, en el cual no se encuentra incluido el supuesto bajo examen.

Le achaca, asimismo, omitir aplicar lo dispuesto por el artículo 56 de la ley de 24522 y desconocer que el actor persigue otros rubros ajenos a los derivados del accidente de trabajo.

La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, por entender que no aparecía cumplimentado en autos el oportuno planteo de la cuestión constitucional, que la resolución impugnada carecía del recaudo de definitividad legalmente exigido y que todas las hipótesis de arbitrariedad postuladas derivaban en una simple divergencia interpretativa de la recurrente con respecto a lo resuelto por el Juzgador.

Ante tal denegatoria, la perdidosa acudió por vía de queja ante esta sede.

2. Aun de entenderse cumplido el recaudo de introducción tempestiva de la cuestión constitucional y de considerar rebatida la falta de definitividad achacada -en atención a los argumentos sostenidos por la recurrente en su escrito de presentación directa tendentes a rebatirlas-, la presente queja no podría de todos modos admitirse.

Es que, en un liminar contacto con el ámbito de lo sustancial, propio del estadio que transita el recurso de marras, el simple cotejo de la pieza introductoria con la decisión impugnada, pone en evidencia que los cuestionamientos introducidos por la demandada dirigidos a lograr la descalificación del pronunciamiento de la Alzada como acto judicial válido se vinculan con el criterio con que el Sentenciante interpretó el caso bajo examen y traducen, desde distintas perspectivas, tan sólo el descontento de la impugnante con la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que en esa faena éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

De tal modo, carece de trascendencia la declaración de la quejosa relativa a que el Judicante habría violado el fuero de atracción del concurso al considerar que -por imperio del artículo 21 inciso 5) de la ley 24522- no resultan atraídos al juzgado concursal los juicios por accidentes de trabajo promovidos según la legislación especial en la materia.

Es que, -como lo tiene dicho este Cuerpo in re "Balbuena" (A. y S., T. 165, pág. 226)- el tema en examen ha dado lugar a diversos enfoques doctrinarios y jurisprudenciales (por todos: "Trigillo Luis c. Lascar S.A. s. competencia", Suprema Corte de Justicia de Mendoza, del 24.7.1996, en especial el voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci).

Sin embargo, más allá de la razonabilidad con que pudiera contar la tesis que sostiene que la norma indicada no contempla una excepción al fuero de atracción, lo cierto es que debe primar el criterio que al respecto ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de insoslayable consideración para este Órgano.

Y bien, sobre la cuestión en examen, la Corte nacional decidió, en la causa "Kreder, José Roberto c/Frigorífico Mellino S.A. s/laboral -S.C. Comp. 226, L.XXXIII-" del 1.7.1997, que la justicia laboral es competente para entender en un reclamo por accidente de trabajo fundado en la ley de la materia, haciendo suyo el dictamen del señor Procurador General.

Tal dictamen, en su parte pertinente, reza: "...Si bien es cierto que la nueva ley 24522 establece el fuero de atracción del concurso aún respecto de las causas laborales en trámite...no lo es menos que la nueva ley concursal también establece las excepciones a tal desplazamiento de la competencia, una de las cuales se verifica, precisamente, en el sub lite, en razón de que la acción laboral que se promueve es un reclamo por accidente de trabajo, que se funda en la legislación especial de la materia (conf. artículo 21, inciso 5), último párrafo). Por ello, opino que no resultan de aplicación al caso las disposiciones referidas al fuero de atracción..." (doctrina que el Alto Cuerpo reiteró in re "Vilela, Juan c. Empresa Central El Rápido S.A.T.A.", del 5.2.1998, L.L. 1998-C, pág. 281 y sig.).

De lo expuesto se deduce que la opción interpretativa que la Sala sostuvo en la especie, además de resultar posible, y apoyarse en razones suficientes, se adecua a los precedentes del Máximo Tribunal nacional, y a los de esta Corte local (ver la citada causa "BALBUENA, Ramón contra TOPSA S.A. -Daños- sobre COMPETENCIA" y "MARTÍNEZ, Timoteo L. Contra TOPSA S.A. -Cobro de Pesos- sobre COMPETENCIA", en las que se resolvió que correspondía dirimir las contiendas negativas de competencia que se habían suscitado, en favor de la postura del juzgado donde radicaba el proceso falencial de la demandada, por lo que debió seguir entendiendo en dichas causas la justicia laboral; cfr. A. y S., T. 165, pág. 226; T. 165, pág. 287).

Puede colegirse, como consecuencia de lo expuesto, que el reparo formulado por la impugnante -relativo a la omisión de aplicar la norma relativa a la prescripción- pierde sentido y sustento al admitirse como válida la interpretación que -en el caso- el A quo efectuó del instituto del fuero de atracción concursal.

Asimismo, tampoco puede resultar atendible el reproche que enrostra a la Sala haber omitido considerar que la pretensión del actor incluía otros rubros distintos a la indemnización por incapacidad desde que su débil formulación impide a este Cuerpo ingresar a su consideración. En suma, no debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad se tiende a reparar vicios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)