Homicidio culposo, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Daniel Horacio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Sergio Fracisco Túa en Expte. Nº 188/08: Alvarez, Daniel Horacio - s.a. Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-27

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba.

El defensor del imputado (por Homicidio Culposo) interpone recurso de casación porque considera que la solicitud de probation resulta procedente y que el tribunal, al no hacer lugar a ésta por tratarse de un delito conminado con pena de inhabilitación, ha aplicado erróneamente el art. 76 bis del C.P.

La cuestión propuesta en este recurso es similar a la tratada por este Tribunal en oportunidad de resolver la instancia de concesión del recurso intentado ante la Corte Federal, en Expte. 29/10 (Auto Interlocutorio Nº 15/10 "Segura").

La claridad y extensión con que el tribunal expuso la posición que adoptó, y que mantuvo invariablemente en los casos de delitos conminados con pena de inhabilitación, autorizan la reproducción de lo allí fundamentado:

"Esta Corte convalidó el pronunciamiento denegatorio de la solicitud de suspensión del juicio, por apreciar como adecuadas a Derecho las razones que para así decidir había expresado el Juez Correccional de Primera Nominación, con fundamento en el dictamen desfavorable de la Fiscal de Cámara, sustentado -en lo que aquí interesa- en una interpretación legal posible de las normas aplicables.

La resolución impugnada descansa en la constatación por esta Corte, en ejercicio del deber de control que le fue requerido mediante el recurso de casación, de la concurrencia en el caso del siguiente impedimento previsto en el párrafo 8º del art. 26 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación, amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (art. 84 del Código Penal).

Esa interpretación es compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:3229 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador.

En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia.

Y esa doctrina no ha sido modificada por fallo posterior del Máximo Tribunal y, por ello, en la resolución impugnada esta Corte rechazó la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta "(Fallos:331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

Dijimos entonces que, dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión.

Es que, como surge del considerando 7º, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inoperante la disposición contenida en el 4º párrafo del mismo artículo.

Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación.

Además, no puede razonablemente admitirse que con el fallo "Norverto" haya abandonado el Máximo tribunal su doctrina con relación a la suspensión del juicio a prueba en caso como el de autos, en los que se ventilan delitos reprimidos con pena de inhabilitación en tanto, de conformidad con el acontecer habitual, cada vez que la Corte ha asumido una posición distinta de la que había sostenido antes, ha dado razones para así decidir, vinculadas con la responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales u otras de jerarquía similar.

Por ello, resulta desarreglado a toda lógica suponer que los extensos fundamentos desarrollados en el precedente "Gregorchuk", relacionados con las reglas a las que cabe ajustarse en la interpretación de las leyes, con el espíritu de la norma y con razones de política criminal, perdieron legitimidad y vigencia sólo porque en la causa "Norverto" se trataba de un delito reprimido con pena de prisión y también inhabilitación y la Corte se pronunció por la procedencia de la queja deducida contra la resolución denegatoria del recurso extraordinario".

Tales argumentos, no han sido rebatidos en el recurso, por lo que la pretendida nulidad del auto interlocutorio, por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, no tiene entidad para hacer variar lo decido.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.