marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Grunewald, Marta Susana c/ Municipalidad de General San Martín s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Si bien el deber genérico del Estado de proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya tenido lugar autoriza "per se" a presumir que ha mediado una omisión culposa en materializar el deber indicado, existen supuestos en que no procede concluir en la irresponsabilidad estatal, como sucede al mediar una desatención negligente o irregular en el actuar jurídicamente exigible a la autoridad pública y, no obstante, ésta descuida la adopción de mínimos recaudos para prevenirlos o evitarlos.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Empleados públicos, reajuste jubilatorio, cesación de servicios, reescalafonamiento
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARZENO, JUAN CARLOS c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-13

Corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó el reajuste del haber jubilatorio en los términos de la ley 22.955 por no haberse desempeñado el titular, al momento del cese, en un cargo de los contemplados en el art. 1 del Dec. 3319/83, si a esa fecha se venía desempeñando (desde varios años atrás) en la categoría A-23 (en el caso, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), pero sin que dicha situación fuera contemplada en su remuneración, la cual correspondía a la categoría A-22; lo que originó que el recurrente solicitara su legítimo abono, circunstancia que le fue reconocida y abonadas las diferencias existentes durante el período cuestionado.

En consecuencia debe entenderse que lo que el titular pretende no es un reescalafonamiento, sino que se le reconozca el cargo que efectivamente desempeñó.
Costas, costas en el orden causado, fraccionamiento de vinos, indemnización, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguel  González  y  Compañía  Sociedad  de  Responsabilidad Limitada c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Corresponde distribuir las costas en el orden causado del juicio que concluyó entendiendo que el menoscabo patrimonial resultante de la aplicación de una ley constitucionalmente válida - en el caso la 23.149- encuentra tutela en la respectiva indemnización, pues en ella se resuelve la garantía superior del art. 17 de la Constitución Nacional.
Nulidad de la notificación, impugnación de la pericia, falta de impugnación, nulidad procesal, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTA, BRUNO c/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA FRANCO ARGENTINA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-25

Si el afectado, al plantear el incidente de nulidad, afirma que por error del juzgado (que notificó en otro domicilio) se ha privado de impugnar el dictamen del Cuerpo Médico Forense, creando la errónea imagen de tácito asentimiento (valorada en la sentencia) expresando además que 'el perjuicio sufrido consiste en la imposibilidad de controlar un valiosísimo elemento probatorio' están satisfechos los recaudos del artículo 58 ley 18345, por lo que debe anularse todo lo actuado.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, aplicación errónea de la ley, inexistencia de cuestión federal suficiente, acordada de la Corte Suprema
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Autos Corte Nº 60/07 en Expte. Corte Nº 39/07: AFIP-DGI en autos Nº 127/04 Estructuras Metálicas San Javier s/ Pequeño Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de Sentencia Interlocutoria Nº 56/04 - Casación s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-12

La actora -AFIP-DGI- deduce recurso extraordinario federal en contra de la sentencia dictada por este Tribunal que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación precedente, sosteniendo, para así decidir, que lo se quiere someter a consideración del Tribunal son cuestiones de hecho y prueba, ajenas al ámbito del recurso intentado.

El recurrente, en su impugnación, sostiene que el pronunciamiento dictado por este Tribunal ha resuelto sin fundamento, basándose en afirmaciones dogmáticas, omitiendo decidir sobre las cuestiones propuestas, lesionando con ello la garantía constitucional del derecho de propiedad, y pretende, en definitiva, dejar sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal, y como lógica consecuencia las dictadas a lo largo del proceso tanto en primera como en segunda instancia, las que negaron la verificación del crédito presentado por su parte por no contener las declaraciones juradas la firma del contribuyente o su determinación de oficio y por tratarse de un juicio de conocimiento pleno que requiere que se encuentre debidamente acreditada la causa de la obligación.

Reitera el recurrente la crítica de que se configura arbitrariedad al exigir el cumplimiento de los extremos aludidos supra y, por consiguiente, al negarse la revisión de su crédito, como también que este Tribunal deniegue el recurso de casación precedente por tratarse de cuestiones ajenas al recurso, crítica que es claramente insuficiente, puesto que sólo se limita a insistir sobre tales peticiones sin hacerse cargo de ninguno de los fundamentos por los cuales se les rechazaron sus pretensiones, lo que conduce a una falta de fundamentación autónoma evidente. Los agravios vertidos no suscitan cuestión federal suficiente para su consideración por la vía intentada, pues carece de una crítica que ponga de manifiesto la existencia de la arbitrariedad o la errónea aplicación del derecho. Por otra parte, no se dio cumplimiento a los requisitos establecidos por la Acordada 4/2007 dictada por la CSJN que reglamenta la forma que debe reunir el recurso para su admisibilidad formal. El memorial de agravios carece de los requisitos previstos por los Arts. 1, 2 incs. c) e i), 3 incs. b), c) d) y e) y Art. 10 de dicha Acordada lo que lo torna claramente inviable.
Dirección Nacional de Migraciones, delegación de facultades a la Administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Migraciones c/ Eguía Dora Inés s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Si bien en el art. 93 de la ley 22.439 se autoriza a la Dirección Nacional de Migraciones a delegar el ejercicio de sus funciones y facultades, dicha disposición no basta para tener por cumplidos los recaudos antes referidos a los fines de disponer la delegación de atribuciones. Esa es tan sólo la norma que autoriza el ejercicio de la facultad de delegar.
Jueces, abuso de autoridad, dádiva, honorarios del abogado, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MURATURE, Roberto y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

La dádiva tiene que estar constituida por un objeto que pueda transferirse del dador al receptor (*) y la cosa entregada, debe necesariamente estar provista de un valor económico, es decir, debe reportar al receptor un beneficio o un cambio favorable en su situación patrimonial (**) y debe consistir en algo con significado económico que mejore el patrimonio o libere de una carga (***).

La carente exigencia del pago de los honorarios profesionales por los sendos juicios sucesorios llevados respecto de la suegra y cónyuge del magistrado, no puede ser equiparado a la dádiva que requiere el actuar previsto en el art. 257 del C.P., no medió transferencia alguna de una cosa del dador al receptor, a lo sumo puede hablarse de una compensación o liberación de una carga -entre los oficios profesionales y el actuar del juez-, pero el crédito no debía ser resarcido por el juez, sino por su suegra o cónyuge.

Si se encuentra comprobado el importante grado de vinculación entre el juez cuestionado y el abogado del estudio, basada en la relación constante entre ambos, las frecuentes visitas en el juzgado y los copiosos llamados telefónicos registrados entre sus respectivos teléfonos celulares, así como la gran cantidad de causas que tramitaran en ese juzgado, defendidas por el mismo estudio jurídico, lo cual denota una elección deliberada del juez natural a intervenir al esperar el momento oportuno en que el juzgado a su cargo se encuentre en turno para lograr su intervención, y la actitud adoptada en relación a la tramitación irregular de las mismas en favor del profesional -libramiento de ordenes de allanamiento, intervenciones telefónicas, inacción deliberada a fin de que los expedientes prescriban, etc-, se configura el delito de abuso a la autoridad (art. 248 del C.P.), en tanto las probanzas colectadas llevan a considerar que el imputado, en su condición de juez de la nación, utilizó su cargo para actuar de modo ilegal.

"Se trata de un abuso, habida cuenta de que el ordenamiento legal no le atribuye esa capacidad al funcionario, pues o está prohibida específicamente o no ha sido concedida, o cuando la actividad del funcionario, si bien se apoya en una facultad concedida por la ley, en el caso concreto, se la ejerce arbitrariamente, por no darse los supuestos de hecho requeridos para su ejercicio" (****).

Por tanto, corresponde confirmar parcialmente el procesamiento decretado en orden al delito de abuso de autoridad en concurso ideal con amenazas calificadas.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ repetición por pago indebido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Resulta insuficiente la escueta y fragmentaria referencia a dictámenes y actos administrativos de los que se pretende extraer la inconstitucionalidad del art. 35 inc. d del decreto ley 8899/1962 de Buenos Aires, por aplicación de la doctrina de los actos propios pues, más allá de que dicho tema no trasciende el ámbito infraconstitucional, tales actuaciones, por no provenir de la demandada, en modo alguno pueden erigirse en un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Excarcelación, contrabando calificado, agravantes de la pena, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: BARRIGA MONTAÑA, RUTH FATIMA s/ Contrabando, incidente de excarcelación Causa 25634-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-12

Constituyen circunstancias obstativas de la excarcelación de la procesada por contrabando de estupefacientes, la nacionalidad y residencia permanente en un país limítrofe (Bolivia), el mínimo de pena previsto para el caso (C.Ad. Art. 866, 2° p) y la imposibilidad de atender al tiempo pasado por la misma en detención, en tanto, a la sazón, la pena pedida por el fiscal resulta prima facie adecuada.

(Del voto de los Dres. García Quiroga y Oyuela) (El Dr. Oyuela agregó como circunstancias frustrantes de la procedencia de la excarcelación la cantidad de droga (cuatro kilogramos. de cocaína) y la utilización de documentos falsos entre otras particularidades fácticas).
Ley de consolidación de la deuda pública, emergencia económica
Materia: LABORAL
Carátula: Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-10

Si bien la declaración de emergencia económica, como tal, no es en principio revisable por los Tribunales; en cambio sí se encuentra posibilitado el control de razonabilidad del medio empleado con motivo de aquella emergencia. En primer lugar, corresponde destacar que uno de los parámetros de razonabilidad de las leyes de emergencia está dado por la circunstancia de que "...las restricciones no afecten a personas individuales, o a grupos determinados de ellas, sino que deben ser generales e indeterminadas. En este aspecto la ley de consolidación provincial, sin motivos razonablemente atendibles, discrimina incluso entre las deudas cuyos orígenes serían -prima facies- de causa o título anterior a la fecha de corte que en ella se establece. La ley 2545 y su decreto reglamentario 973/93 brindan un tratamiento distinto -y más favorable- a ciertos créditos que objetivamente resultarían de "causa o título" anterior al 1 de abril de 1991. Ello acontece con el art. 1 inc. b, in fine de la ley (id.

art. 4 inc. a del decreto) al excluir del régimen de consolidación a las obligaciones estructuradas en el ámbito del decreto 804/92 (del 23-7-92). (En disidencia: Dr. Balladini).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, actualización monetaria, intereses compensatorios, intereses punitorios, Tribunal Fiscal de la Nación, desindexación
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Es arbitrario el pronunciamiento que omitió expedirse sobre cuatro cuestiones, planteadas ante el Tribunal Fiscal, vinculadas con la improcedencia de la actualización y los intereses resarcitorios reclamados, con fundamento en que las decisiones administrativas aplicaron un doble mecanismo de actualización, que los intereses resarcitorios se convirtieron en punitorios en razón de su cuantía, que no se respetó el tope fijado por el art. 115, tercer párrafo, de la ley 11.683, así como tampoco lo estatuido por la ley 24.283, pues ello privó al recurrente de la posibilidad de rever un punto sustancial de la litis, en que fundó su derecho para oponerse a la condena (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Intereses, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pierpaoli, Norma c/ Ferreyrone, Marcelo s/ Cumplimiento de contrato y entrega documentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Si la propia concertación, convenida en el tipo de moneda extranjera elegido, implica por sí, la adopción de un contenido contractual con el aseguramiento de un medio de pago estable, -que pondría al acreedor a cubierto de los imponderables que hubieron acompañado, de ordinario a nuestro signo monetario-, y para cuyo caso una jurisprudencia unánime y de larga data convino en establecer el interés puro del 6 (seis) por ciento anual correspondiente a aquél aplicable a una moneda de valor constante, no aprecio razones valederas para dar diverso tratamiento a los referidos accesorios, aún con posterioridad al dictado de la ley de Convertibilidad del Austral.
Policía, personal policial, ascenso laboral, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMIREZ, VICTOR ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N° 44-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-25

El artículo 90 de la ley 6769 establece que las situaciones del personal inhabilitado para el ascenso deben ser notificadas con suficiente anticipación, a fin de dar lugar a reclamos y modificaciones con anterioridad al funcionamiento de las Juntas, por lo tanto -en el caso- debe prosperar el recurso interpuesto si la Administración no acreditó, ni surge de las actuaciones administrativas, que tal notificación se haya cumplido.
Interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: RUSSO Cristobal C. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS. Avda. de Mayo 1402/500 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-04

El principio de la buena fe que impera tanto en la celebración como en la interpretación y ejecución de los contratos impide dar por no querido, sin una clara salvedad, lo que es usual (conf. Danz, "La interpretación de los negocios jurídicos", p. 194). Por consiguiente, no cabe introducir excepciones que no formaban parte de la declaración de voluntad común, ya que las personas, de buena fe, confían en que aquélla surtirá en el caso concreto sus efectos usuales (conf. Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t.5, p. 907).-
Arrendamiento rural, competencia, tribunales provinciales
Materia: PROCESAL - AGRARIO
Carátula: BERTOLACCINI, HAYDEE DE c/ ESTANCIA PUERTO VALLE SRL s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 184-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-06-15

El Decreto Ley 1638-63 derogó la jurisdicción especial de carácter nacional -fuero agrario- en cuanto determina que los juicios a iniciarse deberán serlo ante los Tribunales Provinciales que correspondan de acuerdo con las normas vigentes en cada jurisdicción, quedando los pactos sobre prórroga de competencia, sujetos a la legislación común.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Dagrava, Felipe Eulogio c/ Lafne S.A. s/ Enfermedad accidente-ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

En virtud que con arreglo al art. 118 de la ley 17.418 la sentencia que se pronuncie hará cosa juzgada respecto a la compañía de seguros citada en garantía y puede ser ejecutada en su contra, en atención a una mejor garantía de la defensa en juicio de quien en definitiva puede tener que afrontar sus consecuencias debe reconocérsele la posibilidad de impugnarla antes de que se convierta en definitiva (arts. 18, Constitución nacional y 15 de la provincial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad accidente, indemnización, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, SANTOS c/ TAWE, SANTOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-12-13

Probada la existencia de una enfermedad accidente, en virtud de la indiferencia de la concausa, receptada en el inc. a) del Art.22 de la Ley 9688 modificada por la Ley 23643, obliga al íntegro resarcimiento de la incapacidad sobreviniente, conforme a lo previsto en el art.8 de ésta Ley.
Juicio, partes, principio de contradicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. c/ Ravelli, Daniel s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda ordinaria (Expte.: C.S.J.  Nro. 99 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

El principio de contradicción o bilateralidad dispone que cada una de las partes pueda controlar y oponerse a los actos del adversario y también a los del juez, los cuales no adquieren eficacia antes de ser comunicados a aquéllas y de que transcurran los plazos legales en que pueden ser consentidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farías Manuel Rodolfo y Otra c/ Policlínico Ferroviario Diamante y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-12-28

El pronunciamiento de la instancia que tuvo por contestada fuera de término la demanda, no reviste carácter definitivo en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial desde que no pone fin al pleito ni impide su continuación.
Recurso de revocatoria (administrativo), acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., C. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-02-28

En punto a la revocatoria presentada, debe aclararse que el único recurso admitido en el trámite del amparo es el de apelación regulado en la Ley N° 3891.
Daños y perjuicios, obligaciones solidarias, obligaciones concurrentes, codemandado, acción de regreso
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA DE MARCHISIO, DOMINGA MARGARITA s/ P.S.A. HOMICIDIO CULPOSO- RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-10-25

El Código Civil conoce un solo tipo de solidaridad que es la perfecta. Empero, hay situaciones en que varios deudores aparecen debiendo la totalidad sin ser solidarios, en cuyo caso todos están obligados a la totalidad y la víctima puede reclamar la indemnización de cualquiera de ellos indistintamente y el pago efectuado por uno libera al otro deudor, respecto de su acreedor... Estas son las llamadas obligaciones "in solidum".

No son solidarias en tanto y en cuanto no tienen una fuente común; por el contrario, son obligaciones totalmente independientes. Consecuencia importante de ello es que la remisión de deuda a favor de uno de los deudores no beneficia al otro, lo que sí ocurre, en cambio, en las obligaciones solidarias.

Si hay responsabilidad por culpa de un demandado y por riesgo del otro, en forma concurrente, la solidaridad no sólo no se encuentra legalmente establecida (art. 701 C.C.), sino que tampoco puede reputársela por no existir una identidad causal que la justifique.

De allí la particularidad que caracteriza a las obligaciones denominadas in solidum, las que, sorteando aquellos requerimientos, permiten una solución afín: son plurales, aunque convergentes o concurrentes y con la consecuencia práctica- similar a la de la obligación pasivamente solidaria- de la responsabilidad de cada deudor por la totalidad de la obligación, pudiendo la víctima accionar contra ellos conjuntamente o contra cualquiera por ese monto completo.

Si se configura la hipótesis de responsabilizar a una codemandada en función del artículo 1109 C.C., ya la otra por el artículo 1113 C.C., en forma concurrente, cada una de ellas se encuentra obligada por el todo respecto de los actores civiles. Y si bien sus culpas fueron graduadas en un 60% para la primera y en un 40% para la segunda, ésta distribución sólo será relevante para el ejercicio de una eventual acción de regreso entre las codemandadas.
Nulidad de sentencia, homicidio culposo, lesiones culposas
Materia: PENAL
Carátula: Atamañuk, Oscar Eduardo s/ homicidio culposo - lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-02

Resulta nula la sentencia que condenó al imputado dictada sin cumplir con la audiencia dispuesta por el art. 41, inc. 2 in fine, del código penal, toda vez que tal omisión no puede ser suplida y responde a la necesidad de tomar conocimiento de visu del condenado antes de determinar la pena.
Verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: S., S. N. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-05-19

Se ha interpretado que la verosimilitud del derecho no se encuentra acreditada en aquellos casos que "... para determinar la legitimidad de las actuaciones que derivaron en el dictado del acto administrativo cuestionado, es necesario efectuar un estudio de fondo del litigio y de la normativa en que se funda la sanción"
Hidrocarburos, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional
Materia: MINERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Es razonable que el legislador nacional dictara un conjunto de disposiciones que reservaran al estado nacional la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, ya que su régimen de dominio mira directa y primordialmente a salvaguardar importantes valores generales y al logro del bien común de la Nación toda.