marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Muerte, cuenta de capitalización individual, beneficio jubilatorio único
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocron, Sergio Alejandro c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-20

El carácter de propietario del titular de una cuenta de capitalización individual sobre los fondos existentes en ella -que es expresamente reconocido por el art. 82 de la ley 24.241- se encuentra confirmado, sin lugar a dudas, por lo prescripto en el art. 54 de ese cuerpo legal en el sentido de que, en caso de fallecer el titular sin dejar personas con derecho a pensión, "se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente". Lo prescripto por el artículo de referencia resulta definitorio, puesto que es de toda evidencia que nadie puede dejar en herencia algo de lo que no sea propietario. (Del voto del Dr. Laclau).
Empleados públicos, prescindibilidad, indemnización, liquidación, remuneración, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CANE, RAFAEL HUGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION. IMPUGNACION DE LIQUIDACION.  CSJ EXPTE NRO 26-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-25

Habiendo establecido el tribunal se abone al actor la indemnización prevista en la ley 7859, -prescindibilidad- debe incluirse en la liquidación la bonificación por antigüedad pero sólo la que el actor tenía al momento del cese, ya que el reconocimiento de la misma hasta la fecha de pago sería una consecuencia de la anulación del acto (hipótesis que no se cumple en autos) y no de su legitimidad.
Concurso declarado en el extranjero, quiebra, sentencia extranjera, sentencia de quiebra
Materia: COMERCIAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: PEOPLE AND PARTNERS SRL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La posibilidad de decretar en el país una quiebra "causada" por un proceso universal de liquidación de bienes en el extranjero, hace que el concurso nacional sea "derivado" del extranjero, pero independiente y autónomo, ya que la apertura declarada en la Argentina no importa una "exequaturización" de aquella declaración extranjera (Uzal, María Elsa, "Panorama actual de la regulación de la insolvencia en el Derecho comparado. Análisis de la posibilidad de aplicación extraterritorial del art. 4 de la Ley 24522", ED., t. 172, p. 910). Dicho de modo diverso: no es la sentencia extranjera, una vez reconocida, la que abre la quiebra argentina, sino, como quedó expresado, la sentencia que dicta el juez argentino, siendo ésta última y no aquélla la que confiere por sí misma condición ejecutoria a la quiebra local. O sea, los efectos de la quiebra local comienzan desde la fecha de la sentencia nacional de apertura, sin que se retrotraigan a la fecha de la sentencia extranjera, del mismo modo que la conclusión de los efectos de la sentencia de quiebra extranjera no inciden en la quiebra local. Resulta esclarecedor señalar que lo anterior no es lo que ocurre en sistemas concursales donde lo que procede no es ya el reconocimiento de la sentencia extranjera de quiebra como "hecho" y "causa" que habilita el dictado de una sentencia nacional de quiebra, sino su reconocimiento como "norma" individual de derecho a través del procedimiento previo de "exequátur" a fin de darle eficacia extraterritorial (Heredia, "Tratado Exegético de Derecho Concursal", T. 1, pág. 287 y sgtes., Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2000). Voto de la Dra. Tevez.
Fiscal de Estado, allanamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sansosti de Rami, Nelba B. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

El allanamiento de la Fiscalía de Estado a la pretensión del actor, debe ser admitido si fue autorizado por resolución del Directorio del Instituto de Previsión Social y no resulta contrario al orden público.
Competencia federal, personal penitenciario, Servicio Penitenciario Federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JUZGADO FEDERAL DE RIO NEGRO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-15

Es de competencia de la Justicia Federal el delito cometido por funcionarios jerarquizados del Servicio Penitenciario Federal cuando actúan e auxilio de la justicia local.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Juan D. c/ Municipalidad de Gualeguay s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-17

La denuncia efectuada ante la Cía. Aseguradora por el funcionario de la Municipalidad de Gualeguay, no constituye confesión extrajudicial en los términos del artículo 411 del Código Procesal Civil y Comercial y, por ende, a dicho reconocimiento no se le puede asignar el valor de plena prueba. Ello en virtud de que el reconocimiento no a sido realizado frente a la contraparte y, además, el funcionario municipal de que se trata y mediante esa denuncia ante la Cía.

Aseguradora, no puede obligar a la demandada con el valor de una confesión extrajudicial, confesión que es discutible que el ente municipal pueda aportar válidamente no siendo en informes basados en la documentación administrativa y de conformidad a lo dipuesto por el artículo 393 del Código de rito.
Responsabilidad del Estado, sanciones conminatorias, declaración de inconstitucionalidad, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bernardes, Jorge Alberto c/ E.N.A. - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-03

Corresponde revocar la sentencia que, en el marco de un proceso en el cual se le habían aplicado astreintes al Estado Nacional por el incumplimiento de un reclamo en concepto de viáticos, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 26.944, de Responsabilidad Estatal, en cuanto refiere a la improcedencia de sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado, dado que si bien la normativa mencionada no dice nada acerca de las sanciones conminatorias -que por su naturaleza y finalidad se diferencian claramente de aquellas mencionadas en la norma-, el examen del debate parlamentario demuestra que no fue intención de los legisladores excluir la potestad de los jueces de aplicar astreintes al Estado Nacional.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINS, STELLA M. c/ COFAM COOPERATIVA DE PROVISION LIMITADA s/ COBRO DE PESOS D'AMICO, NORBERTO C. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-28|1986-10-28

Hace al principio fundamental de la defensa en juicio el que se invoquen en la demanda con precisión y en forma concreta los hechos en que se basa el reclamo. Por lo tanto, cuando se trata de una acción fundada en el artículo 1113 del Código Civil, en el escrito de demanda no sólo se indicará la cosa que ha producido el infortunio, sino que debe hacerse un relato detallado y circunstanciado de los hechos que han dado origen al accidente, de los que resulte además de la relación de causalidad entre la cosa y el daño sufrido, el encuadre de la responsabilidad patronal dentro del ámbito del derecho en que se basa la acción.
Procedimiento contencioso administrativo, procedimiento tributario, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, acción revocatoria, notificación automática, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sancor Cooperativas Unidas Limitada c/ GCBA s/ apelación - acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad que la precede toda vez que la Cámara, al admitir y resolver en forma inesperada y sin previo traslado al GCBA demandado, personalmente o por cédula, un recurso excepcional y no previsto en el ordenamiento jurídico procesal local como lo es la revocatoria in extremis, afectó su derecho de defensa en juicio. Ello así, al omitir el debido traslado la Alzada pasó por alto aplicar las reglas procedimentales que fija la ley n° 189 y privó al recurrente de oponer oportunamente sus defensas contra el recurso deducido por la contraparte, lo que constituye un vicio en el procedimiento previo al dictado de la resolución que transforma en inválida la regulación de honorarios practicada. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Elevación en consulta, independencia del Ministerio Público
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

La introducción del art. 120 de la C.N. modificó el paradigma procesal vigente, al establecer la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal y definir en forma más estricta las funciones de acusar y juzgar .

En consecuencia, una regla procesal como las del art. 348 del C.P.P.N. que "unifica" la potestad de acusar en cabeza de una cámara de apelaciones, se torna insostenible .

El art. 120 de la C.N. sustrae al Ministerio Público del control de cualquiera de los poderes del Estado, en virtud de su autonomía, pero ello no significa "falta de control", porque más alla del contralor jurisdiccional ejercido en el proceso, la Ley 24.946 prevé controles internos del Ministerio Público y porque los fiscales no están exentos de los deberes de los funcionario públicos.

El juez de instrucción conserva la facultad de ejercer el control de razonabilidad y legalidad de sus actos -declaración de invalidez mediante-, siempre que el art. 69 del ritual obliga a los fiscales a fundar debidamente sus dictámenes .

Por ello, y dado que la solución es la aplicación de lo dispuesto por el art. 1°, párrafo 4° de la ley 24.496, que atribuye a los señores fiscales generales el examen sobre la procedencia de las propuestas de las soluciones liberatorias emanadas de los magistrados que de ellos dependen, deben remitirse las actuaciones para que el Fiscal General evacue la consulta .
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GASTAUDO, MARGARITA E. c/ ALTUBE Y ALTUBE, MARIA E. s/ USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Pese a haber transcurrido en exceso el plazo que el artículo 310 del rito exige para considerar operada la caducidad, el diligenciamiento de la cédula de fecha anterior al auto que decreta la perención la ha purgado. Cód. Proc. art. 316 y su doctrina.
Nulidad procesal, prueba, denunciante, periodistas, videofilmación, derecho a la intimidad, intervención de línea telefónica, violación de domicilio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RAÑA, R. s/ Nulidad - Causa 30.468
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

No es nula la filmación realizada por el equipo de producción periodística de un noticiero televisivo en la que se deja constancia de la conversación que tuviera lugar en el domicilio del imputado entre él, otro imputado y un integrante del equipo.

Ello así en tanto no se cuestiona la actuación de un agente del Estado, sino de un simple particular, al que no cabe tildar de "agente provocador", ya que no ha inducido a cometer el delito que se investiga sino, en todo caso, a relatar la participación tenida en los hechos que se endilgan.

Los simples particulares no se encuentran comprendidos por los límites formales establecidos por la ley procesal penal, y no parece razonable exigirle al periodismo la obtención de una orden judicial para llevar a cabo una investigación ni la imposición de sus derechos al interlocutor antes de conversar con él.

Respecto del paralelismo con las conversaciones telefónicas invocadas ha señalado la Sala II que debe parangonarse al caso con la grabación de una conversación telefónica por parte de uno de los interlocutores, invadiendo así la esfera de las prohibiciones probatorias.

Se ha señalado que el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro, máxime como en el caso en el que se refiere una falta de conocimiento previo con el sujeto que, a la postre, se revelara como integrante de un equipo de investigación periodística.

Ninguna prueba se ha obtenida de la supuesta violación de domicilio, sino que sólo se desarrolló en su ámbito la conversación que se grabara, hallándose en primer plano entonces la conversación y la voluntariedad del imputado en lo que hace a sus afirmaciones.

De todas maneras medió consentimiento expreso del imputado para que el periodista ingresara a su domicilio.
Daños y perjuicios, doctrina legal, economía procesal, celeridad procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Marcela A. y ot.  c/ Hospital Mariano y Luciano De La Vega y ots. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-19

La Suprema Corte de Justicia consolidó su doctrina legal que establece que la responsabilidad de los hospitales públicos y de los médicos que allí laboran es de carácter extracontractual (Causas 72.067; 79.514; 84.389; 77.960 entre otras). Esta Sala, en anterior integración, decidió plegarse a tal doctrina acatándola por razones de economía y celeridad procesal (doc. Art. 34 inc. 5° del CPCC), y es lo que considero apropiado hacer en el presente. Resulta claro entonces que por tal doctrina interpretativa de la ley al presente caso le es aplicable la previsión del art. 4037 del Cód. Civil, y por ende el plazo de prescripción computable es el de dos años allí establecido.
Obligaciones, obligaciones simplemente mancomunadas, principio de solidaridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SARMIENTO 1599 SA c/ COSTA CLAUDIO ROBERTO Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Sabido es que la solidaridad debe estar expresada por términos inequívocos, ya obligándose in solidum, o cada uno por el todo, o el uno por los otros (artículo 701 del mismo texto legal). Ha sido interpretado que la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común. No hay solidaridad tácita o inducida por analogía, "...requiriéndose para admitirla una voluntad explícita de las partes o una decisión inequívoca de la ley: toda duda al respecto implica ausencia de solidaridad..." (Jorge Joaquín Llambías, "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-", LexisNexis, N° 7007/004295). Ello así, en el caso, ni de los contratos de compraventa de acciones glosados ni del acta de directorio surge la constitución de un pacto expreso de solidaridad, situación que fuerza a concluir que cada uno de los compradores asumió la deuda en proporción a las acciones que adquirió.
Incumplimiento del contrato, mora del deudor, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Covema S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

A poco de vencido el plazo para el pago del saldo del precio, el deudor comunicó las dificultades que obstaban al cumplimiento en término de la obligación dineraria, ofreciendo la alternativa de un pago postergado en el tiempo -una vez recibidos los fondos reembolsables- o bien su pago en cuotas, con fondos municipales. Ello refleja que el accionado, lejos de apontocarse en una recalcitrante pasividad, actuó las alternativas a su alcance tendientes a satisfacer el crédito de su acreedor y evitar así el acaecimiento de las consecuencias dañosas previsibles (es decir, aquéllas que acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas) derivadas del incumplimiento. Y si bien aquélla relativa ajenidad a las causales que obstaban al cumplimiento -la falta de remisión de los fondos reembolsables- no llegó a conformar una verdadera hipótesis de imposibilidad de pago (arts. 514 y 888 del Código Civil -Ley 340, hoy derogada-; concordantes con los arts. 1733 y 955, Código Civil y Comercial de la Nación), la circunstancia de haber operado aquella provisión de recursos como un auténtico presupuesto de la negociación, pone un verdadero coto a la extensión de las consecuencias derivadas del incumplimiento (art. 901 y ss. del Código Civil -Ley 340, hoy derogada- y 1727 y conc. del Código Civil y Comercial de la Nación), en tanto en esa coyuntura el deudor adoptó una conducta temprana y prudente de colaboración en el resultado útil del negocio, que no fue correspondida por su cocontratante.(del voto del doctor Hitters)
Contrato de suministros, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albarracín, Héctor Hugo c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

En lo relativo a las cuestiones suscitadas por la mora en el pago de créditos derivados de la ejecución de contratos administrativos sujetos a la Ley de Contabilidad y al Reglamento de Contrataciones decreto 3300/72 t.o. 1977, ADLA XXXVII-A-903, modif. decretos 1953 /91 y 4104/92- la redacción consagrada para el art. 22 regla específicamente la situación de la mora en los pagos y la liquidación de intereses en dicho concepto.
Extradición, delito político, discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

La acusación de que la extradición está motivada por una persecución política no puede prosperar si no se acompañan pruebas fehacientes que apuntalen la protesta de la defensa con aplicación a la concreta situación de los imputados, sin que puedan considerarse de igual forma meras conjeturas que no alcanzan para conmover la confianza que necesariamente depositan los estados contratantes en sus respectivos sistemas de gobierno y, particularmente, en que los tribunales del país requirente aplicaron y han de aplicar con justicia la ley de la tierra.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de casación, obligaciones en moneda extranjera, pagaré
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AZCON PIO, RAUL c/ NAVAFUL S.A. s/ EJECUTIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-18

No procede el recurso de casación interpuesto por el demandado en la ejecución de unos pagarés en moneda extranjera y que sostiene que la sentencia ha tomado la moneda extranjera en la que se pactó la obligación como cláusula de estabilización, soslayando la realidad de lo que las partes tuvieron en mira: documentar una obligación de entregar cantidades de cosas -dólares billete- es decir que se trataba de una obligación monetaria genérica. Ello en tanto, la propia normativa aplicable -art.520 del CPC y el art.44 del Decreto Ley 5965/63- tipo de cambio al día del vencimiento o del efectivo pago- prevé y autoriza la conversión del modo en que se ha practicado.
Juicio de desalojo, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ascar María Andrea en carácter de administradora provisoria de "San Maron Fideicomiso Productivo" c/ Ahibe Jorge s/ Desalojo (incidente)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-03-06

Resulta improcedente atender la falta de legitimación para promover actuaciones incidentales, si el ahora incidentado obvió proponerla en el momento procesal oportuno. Pues se trata de una excepción "previa" y lo contrario, implicaría violentar gravemente el debido proceso permitiendo reeditar una cuestión ya precluída -Voto del Dr. Ronconi (mayoría: Dr. Ronconi, con adhesión del Dr. Welp)
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: VICTORIA, DOMINGO ANTONIO c/ EN  MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

Para que la falta imputable a ella, la víctima, conforme la expresión literal del art. 1111 CC libere de la obligación de reparar al sujeto productor del perjuicio, debe guardar una relación de causalidad adecuada con los daños experimentados.
Personal militar, sanciones militares, desobediencia, defensa en juicio, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La conclusión del sumario militar - que tiene por configurada la infracción militar de desobediencia - resulta compatible con las garantías constitucionales, ya que no ha formado parte del contenido de la litis un cuestionamiento suficiente a la sanción por arbitrariedad, y las circunstancias reseñadas en el expediente administrativo, que fundaron la resolución del ejército, tampoco fueron cuestionadas por el actor (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, fenómeno meteorológico, vehículo embistente, ley de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: BLAZQUEZ, Rosa Susana y YUNES, Sandra Bettina c/ Jensen, Horacio y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

De acuerdo con el art. 1113 del Código Civil, el propietario del automotor que colisionó a un vehículo que quedó atravesado en la ruta, el cual había chocado previamente con otro, debe responder de forma parcial por los daños derivados del siniestro, -en un 20% - pues infringió lo dispuesto en el art. 76 de la ley 11.430, ya que en adversas condiciones climáticas condujo a la velocidad máxima permitida, y se disponía a rebasar al vehículo que recibió la primera colisión, lo cual le impidió frenar con anticipación y evitar que el impacto fuera menor.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ayastuy, Abel Wenceslao c/ Club Deportivo Salgado s/ Daños y perjuicios.Rec.de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

La decisión que da por cumplida la condena a hacer que ha sido dictada con posterioridad de haber quedado firme dicha sentencia definitiva, corresponde a la etapa de su ejecución, por lo que no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del C.P.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas corpus, libertad corporal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, Delia y otros s/ Causa 2.216
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

El art. 43, última parte de la C.N. hace referencia al tema de la libertad física, pero remitiendo su tutela a la acción de habeas corpus, de lo que debe interpretarse que dicho dispositivo complementa la protección del bien jurídico tutelado por la ley 23.098, elevándolo al rango de garantía constitucional expresa, lo cual no significa variación alguna en la materia y régimen de la ley de habeas corpus.