Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-12


Salta, 12 de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CORTES, Lea Cristina vs. FIGUEROA SOLÁ, Carolina y otro"; Expte. N° 224586/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 4ª Nominación; Expte. Nº 300188/10 de Sala, y ____________________C O N S I D E R A N D O I. Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 87 en contra de la resolución de fs. 85/86, que hizo lugar al incidente deducido a fs. 74/77 y declaró la caducidad de la instancia, con costas a la actora.

Al fundar el recurso (fs. 90/93) tacha de arbitraria a la resolución, señalando que se han desestimado diversos actos realizados tendientes a mantener viva la instancia. Que así, las actuaciones de fs. 54, 55, 63/64, 65, 66 y 71, son actos interruptivos del curso de la caducidad. Agrega que se ha pasado por alto el criterio restrictivo aplicable a la materia y que el sentenciante se ha apartado de los lineamientos generales seguidos en cuestiones similares, incurriendo en un desvío que atenta contra la uniformidad y seguridad jurídica. Destaca que las ampliaciones o modificaciones de la demanda son actos procesales, y que en el caso no han sido valorados, como así tampoco la prueba aportada en tales ocasiones, habiéndose denegado la idoneidad de los mismos para interrumpir el curso de la caducidad, y que a fs. 38 hizo oportuna reserva de ampliar la demanda. Sostiene que se agravia por cuanto se ha considerado que los demandados no consintieron el proceso, ya que del Expte. Nº 217731/08 surge que los mismos fueron notificados en el mismo domicilio que el constituido en autos, y que a fs. 43 se hizo conocer la promoción del presente, habiéndose agregado en dichos autos la copia de la ampliación de la demanda. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal, y solicita se revoque la resolución recurrida, con costas.

A fs. 96/98 la demandada contesta el traslado corrido, señalando que los actos ejercidos por la contraria no tuvieron efectos interruptivos del plazo de caducidad. Agrega que no bastan las meras intenciones de quien realiza el acto, sino que éste debe servir efectivamente para hacer avanzar el proceso, y que debe ser adecuado al estado del mismo. Sostiene que si bien el criterio de interpretación de la caducidad es restrictivo, el criterio para apreciar si un acto procesal tiene efectos interruptivos es amplio, tal como se consideró en la sentencia. Manifiesta que la actora nunca solicitó modificación de la demanda, sino ampliación de la misma y que el sentenciante analizó el contenido de los mismos, concluyendo que no revisten el carácter de acto impulsor en tanto no implican un cambio o modificación sustancial de la pretensión originaria. Solicita se rechace el recurso deducido, con costas.

_____II. El fundamento del instituto de la caducidad de la instancia reside en el interés público, ya que el órgano jurisdiccional no puede quedar inerme frente a la ausencia del impulso procesal de ambas partes. Lo contrario significaría eternizar los juicios y mantener la actividad jurisdiccional a voluntad de las partes (cf. Spota, "Interrupción de la caducidad de la instancia", J.A. 1955-III, pág. 4, Sección Jurisprudencia). Es un arbitrio instituido para sancionar la inacción de los litigantes, siempre que se encuentren en el deber de instar el proceso; implica un estado procesal de paralización del trámite judicial generado por la ausencia del impulso por ambas partes, durante el plazo legalmente determinado (cf. CNCiv, sala A, La Ley, 1989-A, 660, J. Agrup. c. 5926).

______La Corte Suprema de Justicia ha expresado que el objeto de la perención de instancia es evitar que se eternicen los juicios (CSJN, La Ley, 6-942) premisa que se mantiene hasta la actualidad, por lo que la mera comprobación de que se ha cumplido el plazo establecido por la ley, sin actividad impulsora dentro del proceso, basta para que se produzca la caducidad de la instancia (art. 310 inc. 1 CPCC); tiende a aventar la incertidumbre de las relaciones jurídicas. En consecuencia, sólo evitan su declaración, la verificación de la existencia de un acto impulsor del proceso, o eventualmente la convalidación de la purga de la caducidad ya producida (CNCiv, sala A, La Ley, 1981-A, 536 J. Agrup. c. 7208; CNCiv, sala K, La Ley, 1993-E, 635, J.Agrup.c.9366; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIV, fº 698, íd. t. XXXII, fº 319).

Ahora bien, constituye una cuestión de hecho determinar en cada caso la naturaleza de los actos interruptivos de la perención de la instancia (cfr. Loutayf Ranea - Ovejero López: "Caducidad de la instancia", Ed. Astrea, 1986, pág. 108). Para valorar si un acto es interruptivo, debe hacerse además un análisis microscópico -referido a su procedencia en sí mismo-, y uno macroscópico, -tomando una visión total y plenaria del proceso-, para apreciar en el caso si el acto procesal ha impulsado el procedimiento, es decir, lo ha remontado; en suma, si es útil y prácticamente ha significado un avance en su marcha (C3ª CC, Minas de Paz y Tributaria, Mendoza, 7-11-80; Eisner, "Caducidad de la Instancia", Ed. Depalma 1991- p. 245; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 1034).

De la compulsa de autos surge que proveída -en fecha 20/6/08- la demanda sumaria deducida a fs. 35/40 (fs. 42), la actora el día 17/11/08 amplió la misma. Por providencia de fs. 55 se tuvo por ampliada la demanda y se ordenó estar a lo dispuesto a fs. 42.

Posteriormente, en fecha 16/3/09, formuló nueva ampliación de demanda. A fs. 65 -en fecha 31/3/09-, se tuvo por ampliada la demanda, se ordenó estar a lo proveído a fs. 42, y se requirieron aclaraciones respecto de la cautelar solicitada.

El día 22/6/09 se efectivizó el traslado de la demanda y sus ampliaciones, conforme surge de la diligencia obrante a fs. 68; y a fs. 74/76, previa suspensión de plazos (fs. 72), la demandada planteó caducidad de instancia, en fecha 31/7/09.

Analizadas las actuaciones referenciadas, se advierte que el último acto que tuvo por objeto impulsar el proceso, es la providencia de fs. 42, de fecha 20/6/08, en la cual se tuvo por promovida la demanda y se ordenó correr traslado de la misma, entre otras cuestiones. Ello así, desde que las siguientes presentaciones efectuadas, ampliaciones de demanda de fs. 54 y 63/64 y sus respectivos proveídos, no resultan actos idóneos a los fines de hacer avanzar el trámite del proceso.

Cabe recordar que, el acto procesal que interrumpe la caducidad, es el que resulta idóneo y específico para activar el pleito; para hacerlo avanzar de una etapa a otra, hacia su culminación natural. El acto para que sea interruptivo debe consistir en una actividad útil y proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las actuaciones (CNCom, sala B, La Ley, 73-120). No basta que exista una actividad procedimental que denote el propósito de mantener viva la instancia, es menester que aquélla haga avanzar la causa cumpliendo los diferentes estadios que integran su contenido a fin de que adquieran su completo desarrollo (Kielmanovich, Jorge "Caducidad de instancia y tasa de justicia", La Ley, 1983-C-1076). Un criterio contrario al expuesto, significaría desvirtuar la ratio legis de la institución, pues bastaría cualquier solicitud, por irrelevante que sea, para considerar viva la instancia, lo cual, no es el fin querido por la ley (CApelCCSalta, sala IV, t XVIII, fº 97 y 507; íd. t. XXVII, fº 714; íd. t. XXXII, fº 80).

Al decir de Enrique M. Falcón, los actos inoficiosos se han declarado siempre como inexistentes a los efectos de producir la interrupción del plazo de caducidad de instancia, pues contrarían los principios de avance del procedimiento (cf. "Caducidad o Perención de Instancia", segunda edición ampliada y actualizada, Abeledo - Perrot, p. 161 y jurisprudencia allí citada; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 1042; íd. t. XXXII, fº 348).

Jurisprudencialmente se ha sostenido que no interrumpen la perención las sucesivas ampliaciones de la demanda no sustanciadas -caso del sub lite-, por no ser objetivamente una diligencia útil para la marcha del proceso. Es claro que, para evitar que se produzca la caducidad de la instancia debe formularse una petición adecuada para impulsar el desarrollo del procedimiento, y aún tratándose de ampliaciones de demanda, que reiteran prueba ya ofrecida, no configuran situaciones que puedan generar duda (CNCiv., Capital Federal, sala B, 24/2/03, SAIJ, sumario nº C0401642).

Asimismo, se dijo que las actuaciones interruptivas del curso de la perención son aquellas hábiles para hacer avanzar el trámite hacia su fin normal la sentencia definitiva, que tengan por efecto impulsar el procedimiento y esa aptitud no la posee el escrito de ampliación de la demanda, porque en sí mismo no es idóneo para hacer progresar el curso de la instancia, en tanto no innova con referencia a lo ya actuado en el sentido de que a partir de él, el proceso queda en situación distinta a la anterior y más próxima a la decisión de mérito, o sea, no traduce un avance en la marcha del proceso (CApelCiv, Com, Lab, y Min, Trelew, Chubut, sala Civil, 28/6/96, SAIJ, Sumario nº Q0004333).

Los escritos modificatorios o ampliatorios de la demanda no interrumpen el curso de la caducidad de la instancia, puesto que las actuaciones que instan el procedimiento son aquéllas que lo hacen avanzar hasta la sentencia. No debe confundirse el acto idóneo y oportuno para impulsar el trámite con aquél que únicamente se limita a integrar una demanda para su posterior notificación como es el pedido de ampliación del monto de la demanda (CNCiv, Capital Federal, sala M, 14/11/94, SAIJ, Sumario nº C0011256). Ello así, por cuanto deja al proceso en el mismo estado en que se encontraba, y si bien puede resultar útil para la demandante, ya que modifica o asegura la demanda en tanto completa la prueba instrumental, no es actuación idónea para instar el procedimiento, pues no le hace avanzar hacia el fin previsto por la ley, que es el dictado de la sentencia definitiva (CN en lo especial Civ. y Com, Capital Federal, sala I, 25/6/87, SAIJ, Sumario nº P0001852).

Repárese que incluso el hecho de que el juzgado haya tenido por ampliada la demanda y se haya ordenado notificar esa circunstancia, en nada ha impulsado el proceso en su iter hacia la sentencia. Si la ampliación de demanda no tiene efectos impulsorios, menos lo tiene el que se ordene notificarla a la contraria (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 2ª, 18/11/99, lexis nexis nº 33/1190).

En el caso, en la ampliación de demanda de fs. 54 la actora se limitó a presentar documentación relativa a la tasa general de inmuebles, a informar el saldo deudor -ya referenciado en la demanda originaria-, y que debió gestionar un plan de pagos ante la Municipalidad de la Ciudad de Salta por dicha tasa, ofreciendo prueba informativa a los fines de su acreditación. Por su parte, en la ampliación de fs. 63/64 acompañó copia del referenciado plan de pagos, documentación y solicitó se trabe embargo preventivo sobre los haberes de los demandados. Siendo así, dichos actos -como se dijo- carecen en el caso, de idoneidad suficiente para interrumpir el curso de la caducidad de instancia, ya que no tienden a activar el proceso.

Debe tenerse en cuenta que tampoco tienen efecto interruptivo de la caducidad de instancia los actos procesales enderezados a la traba de medidas cautelares, pues no implican un impulso del proceso principal, ya que sólo tienden a otorgar seguridad a las pretensiones y se dictan inaudita parte (cf. Fassi-Yañez, "Código Procesal comentado", t. 2, pág. 662; CNCiv., sala B, La Ley, 1994-E, 246, DJ, 1995-2-16; íd. CNCiv., sala C, La Ley 1990-B, 202; CApelCCSalta, sala IV, t. XXVII, fº 176).

III. Consecuentemente, computando el plazo de seis meses del inc. 1º del art. 310 del CPCC, desde el día 20/6/08 (cfr. fs. 42), al momento del planteo de caducidad de fecha 31/7/09 (74/77), el mismo se encontraba largamente vencido.

Cabe destacar que el traslado de la demanda efectivizado en fecha 22/6/09 (cfr. fs. 68), aún cuando es un acto impulsorio del procedimiento, ha sido realizado cuando el plazo legal para que opere la perención se encontraba vencido, y al no haber sido consentido por la contraria (cfr. fs. 71, 72, 73 y 74/77), no ha logrado purgar la caducidad operada; ya que, la oportunidad para formular el pedido de caducidad de instancia vence el quinto día de tomar conocimiento del acto impulsor (CNCiv, Sala F, LL 1993-A, 571 (36271-s).

______En efecto, el acto impulsorio del procedimiento cumplido con ulterioridad al vencimiento del plazo de caducidad de la instancia, consigue ese efecto, junto con el accesorio de interrumpir la perención, siempre que la actividad impulsora sea consentida. En esto reside precisamente y a los fines que se examinan, su diferencia con los actos de impulso que se llevan a cabo antes del vencimiento del término de caducidad, porque como es de toda evidencia, sólo estos son demostrativos de una auténtica diligencia de los interesados en conducir el procedimiento hacia la sentencia (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII fº 139; íd. t. XXXI, fº 854).

Por otra parte, equivoca la apelante al sostener que la demandada ha consentido el trámite del proceso, con las copias de la ampliación de la demanda agregadas al Expte. Nº 217731/08, que se tiene a la vista, desde que en dichas actuaciones no obra constancia alguna de que los accionados se hayan notificado del acto impulsorio cumplido en estos autos, esto es, la diligencia de notificación de la demanda de fs. 68.

Para mayor abundamiento, y por si alguna duda cabría respecto de la idoneidad como acto impulsorio, cabe dejar sentado que aún computando el plazo de seis meses desde la fecha en que se proveyó la primer ampliación de demanda (20/11/08, cfr. fs. 55), igualmente el traslado de la demanda se ha efectivizado con posterioridad al vencimiento del plazo de perención (cfr. fs. 68).

IV. Por último, el criterio restrictivo que debe primar en materia de caducidad de la instancia, al que hace referencia la recurrente, sólo es de aplicación a los casos en que existen dudas sobre si ha transcurrido o no el término legal, supuesto en el cual debe mantenerse viva la instancia. Pero no cuando, como en el sub lite, resulta claro que el plazo ha transcurrido sin que existan actos de impulso concretos realizados (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 494/495; íd., t. XXVI, fº 598).

En base a lo expuesto, la resolución impugnada, que previo análisis de las constancias de autos, y con cita de jurisprudencia aplicable al caso, hizo lugar al planteo de perención formulado en fecha 31/7/09 y declaró la caducidad de la instancia, resulta inobjetable; por lo que, no cabe sino desestimar el recurso deducido a fs. 87, con costas en virtud del principio general en la materia (arts. 67 y 68, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I. NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 87. Con costas.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.