Denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, sobreseimiento, insuficiencia del agravio, Fuerzas Armadas, gobierno de facto, apreciación de la prueba, participación criminal, terminación del proceso, fundamentación de sentencias, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: ARREDES, Roberto Rodolfo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la confirmatoria del sobreseimiento de los encausados toda vez que no ha logrado refutar -más allá de su disenso-, los sólidos y claros argumentos por los cuales los integrantes de la Cámara a quo confirmaron el sobreseimiento de los encausados En efecto, en la misma inteligencia de la resolución impugnada, corresponde destacar que la simple pertenencia a las fuerzas armadas o de seguridad durante el período de facto y la alusión a las funciones que surgen de los legajos personales de los agentes no resultan suficientes para agravar la situación procesal de los imputados si, conforme las pruebas reunidas, no se han verificado los elementos de convicción suficientes que acrediten prima facie la concreta intervención de los agentes en los hechos que les fueron atribuidos conforme las reglas propias de la participación criminal. En tales condiciones, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por el tribunal de la instancia anterior, en punto a que "tampoco puede atribuirse responsabilidad por los hechos aquí investigados a los encartados, bajo el argumento genérico de que se encuentra acreditado, el modo cómo el aparato represor cumplió con su objetivo de eliminar a las víctimas y cómo cada uno desde su rol hizo funcionar la maquinaria, puesto que aceptar tal razonamiento, implicaría atribuir responsabilidad no sólo a quienes realmente tenían el poder de decisión sobre los hechos acontecidos, sino a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que prestaban servicio en el último gobierno militar". En suma, a la luz de las razones expuestas por los sentenciantes, consideramos necesario tener particularmente en cuenta la doctrina que sentáramos en la causa n° 1357 caratulada "Canda, Alejandro Guido s/ rec. de casación" (reg. 70, del 10/3/98). En aquella oportunidad, sostuvimos que "... debemos tener presente que todo sobreseimiento es una resolución judicial que extingue el proceso, impidiendo la elevación de la causa a juicio y, abierto el debate, pone fin al mismo sin que se pronuncie la sentencia. La ley determina, asimismo -artículo 335- que el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta. Es así que enseña Raúl Washington Abalos ("Código Procesal Penal de la Nación", Tomo I, 2da. edición, Ed. Jurídica Cuyo, Santiago de Chile, 1994, ps. 751) que 'El sobreseimiento es la resolución jurisdiccional que interrumpe, en forma definitiva, el normal desarrollo del proceso penal en su camino hacia la sentencia. Pone fin al juicio, lo cierra definitivamente, no pudiendo modificarse en ningún caso la situación creada por él, ni ser materia de pronunciamientos posteriores (L.L. 1978 D 580). Además, el sobreseimiento no se dicta en relación a un delito o denominación jurídica del mismo, sino respecto de un hecho o de una realidad histórica, que en el caso no alcanzaría a configurar a aquél (CJCba., XXIV-XLLVI)'.". Aplicando la doctrina que fluye de los pronunciamientos citados al caso de autos, advertimos que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ha satisfecho el requisito de motivación, previsto por los artículos 123 y 404 inciso 2° del C.P.P.N., al exponer claramente los motivos por los cuales confirmó el sobreseimiento de los imputados, de conformidad con la ley aplicable al caso y de acuerdo con las constancias de la causa, por lo que la tacha de arbitrariedad alegada por el recurrente no puede prosperar. En tal sentido, conceptuamos que el representante del Ministerio Público Fiscal no consigue demostrar los vicios jurídicos que alega, toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los razonados y completos argumentos en los cuales se sustentó la decisión impugnada. En definitiva, consideramos que la resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (CSJN, Fallos: 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449 y 303:888). Dres. Riggi, Catucci y Gemignani.