Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08


Buenos Aires, 8 de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Patricia Isabel Alonso, docente de ciclo interina en la escuela nº 9 distrito escolar 3ro, de adultos "Mariano Moreno", dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante: GCBA), promovió acción de amparo contra el Estado local con el objeto de que se procediese a dar de baja en forma inmediata la información de 'JB' (jubilable) con que figura en los listados de Interinatos y Suplencias Docentes Sin Cargo de la Junta de Educación del Adulto y el Adolescente (Nivel Primario), a fin de estar en condiciones de participar en concursos de ingreso como titular o aspirar a interinatos y/o suplencias en cargos de ejecución. Sostuvo que, como consecuencia de dicha categorización se encuentran restringidas sus oportunidades de acceso a los cargos vacantes respecto de sus colegas. Fundó su pretensión en los artículos 14, 14 bis, y 16 de la CN; 11 y 43 de la CCABA (fs. 2/5 vuelta).

Solicitó asimismo que, como medida cautelar, se ordenase al Ministerio de Educación del GCBA que "se abstenga de colocar en los listados emitidos por la Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la clasificación de 'JB' -Jubilable- " (fs. 4 vuelta/5).

2. La medida precautoria solicitada fue admitida por el juez de primera instancia (ver punto ll del relato efectuado en el pronunciamiento de fs. 13/14 vuelta).

3. A su turno, el GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo (fs. 6/11). Expuso consideraciones referidas a la improcedencia de la vía, al régimen jubilatorio docente -con especial mención de la sentencia dictada por la CSJN en los autos "Gemelli, Esther Noemí c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad", resolución del 28 de julio de 2005- y a los efectos que atribuye a la expresión "jubilable", la que -según dijo- ".viene a configurar un impedimento objetivo, preexistente y general, normativamente establecidos (sic) que limita el derecho a los ascensos y a los traslados en el caso de que la docente se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.// .[R]eitero que en modo alguno mi representada ha intimado a la accionante a cesar en sus tareas docentes" (fs. 10 y vuelta).

4. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, ordenó al GCBA que respecto de la actora elimine la sigla "Jubilable" (JB) de los listados de Interinatos y Suplencias Docentes sin Cargo emitidos por la Junta de Educación del Adulto y el Adolescente - Nivel Primario (fs. 13/14 vuelta). Para así decidir consideró que "la conducta arbitraria del Gobierno ha quedado acreditada a partir de la limitación del derecho a trabajar de la actora y la consecuente reducción de posibilidades de obtener ingresos, como contraprestación de la labor profesional, debido a su inclusión como 'Jubilable' (JB) en los listados que le impide participar en los cursos y concursos de ascenso" (fs. 14 y vuelta, el resaltado pertenece al texto original).

5. Disconforme, el GCBA apeló y expresó agravios en torno a la improcedencia formal del amparo, tachando la sentencia de arbitraria (fs. 15/22 vuelta).

Frente al traslado del memorial, la actora peticionó se confirme la resolución del juez de grado (fs. 23/25).

6. Oportunamente, la Sala Il de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia confirmó el decisorio de grado (fs. 27/28 vuelta).

Los jueces señalaron que, si bien en precedentes sustancialmente similares a la presente causa se pronunciaron en sentido contrario a la pretensión del amparista, un nuevo análisis de la cuestión hacía necesario un cambió de criterio. Afirmaron:

(i) que tal como lo explicó la CSJN en "Gemelli", la ley n° 24.241 no modifica ni deroga a la ley n° 24.016, sino que ambos regímenes coexisten;

(ii) que en "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expediente nº 6749/09, pronunciamiento del 25/11/2009), el TSJ advirtió que los efectos que el Gobierno atribuye a la expresión "jubilable" son inconstitucionales.

Los jueces concluyeron (fs. 28 vuelta) que "(.) la categorización como 'jubilable' de la amparista, afectaría seriamente su derecho a trabajar, por lo que resulta admisible su reclamo por esta vía procesal".

7. Contra esa decisión, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad fundado en la afectación de la garantía del debido proceso (arts. 18 CN y 13 CCABA), en la vulneración del principio de división de poderes (arts. 1, 80 y 102 CCABA y art. 1 CN) y en la doctrina de la arbitrariedad, en tanto consideró que la sentencia prescindía de la normativa directamente aplicable al caso, carecía de fundamentación suficiente, se apartaba manifiestamente del régimen legal aplicable al admitir la procedencia de la vía excepcional del amparo no obstante no configurarse un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, afectaba potestades administrativas, y generaba una cuestión de gravedad institucional (fs. 29/42).

8. La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado por el GCBA, toda vez que entendió que no se había logrado plantear en forma adecuada un caso constitucional, ni se configuraba un supuesto de sentencia arbitraria (fs. 44/45 vuelta). Ello motivó la queja que obra a fs. 46/62 vuelta.

9. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo del recurso de queja articulado por el GCBA, dado que las cuestiones debatidas guardaban similitud con las resueltas por el Tribunal en los expedientes nº 6749/09, "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia de fecha 25 de noviembre de 2009; nº 6859/09, "Liskowicz, Liliana Inés c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia de fecha 10 de marzo de 2010, más allá de que en los presentes actuados se trata de un recurso de queja deducido por el GCBA y en aquellas oportunidades de recursos de inconstitucionalidad concedidos deducidos por la parte actora (fs. 66/67).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo, forma y dirige una crítica concreta contra la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

2. Tal como lo señala el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen, la cuestión de fondo debatida en las presentes actuaciones es similar a la resuelta por el Tribunal en los autos "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente n° 6749, resolución del 25 de noviembre de 2009, "Liskowicz, Liliana Inés c/ GCBA s/ amparo (art.14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente n° 6859, resolución del 10 de marzo 2010 y "Proglio, Adriana Isabel c/ Ministerio de Educación y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente n° 7547, resolución del 24 de noviembre de 2010.

En los expedientes mencionados, el Tribunal -por la mayoría que conformara junto con mis colegas los jueces Ana María Conde y José O. Casás- resolvió favorablemente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las actoras en cada uno de ellos.

3. Por lo expuesto, voto por admitir el recurso de queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad, con costas.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En el recurso de inconstitucionalidad que se intenta sostener ante este Estrado el GCBA cuestionó la sentencia de la Sala II de la Cámara CAyT de fecha 21 de diciembre de 2010 que, en lo que aquí interesa, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo deducida y, en consecuencia, ordenó al GCBA que, en lo que respecta a la actora, eliminara la sigla "jubilable" (JB) de los listados de Interinatos y Suplencias Docentes sin Cargo emitidos por la Junta de Educación del Adulto y el Adolescente - Nivel Primario.

En particular, la demandada se agravió con fundamento en que:

a) en el caso no se encontrarían reunidos los recaudos exigidos en la Constitución local para la procedencia del amparo (art. 14, CCABA), dada la imposibilidad de constatar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del accionar del GCBA;

b) lo decidido vulneraría el principio de división de poderes, al afectar elementales atribuciones administrativas relacionadas con la organización de sus propias estructuras, la designación de las personas que habrán de integrar su planta de personal docente y la afectación de los fondos necesarios para financiarla (arts. 102 y 104, inc. 2, CCABA);

c) el pronunciamiento apelado no constituiría una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, en la medida que lo decidido resultaría contrario al sistema jubilatorio vigente para el universo docente (ley nº 24.016).

2. Respecto del agravio vinculado a la improcedencia de la vía de amparo, entiendo que la demandada no ha logrado configurar un genuino caso constitucional que habilite esta instancia recursiva extraordinaria.

Si bien el GCBA insiste en señalar que en el sub examine la pretensión esgrimida por la accionante no era pasible de ser tramitada por el cauce procesal previsto en el art. 14 de la Constitución local en tanto no se habría logrado demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la conducta reprochada a la demandada, sus argumentaciones no logran poner en evidencia el perjuicio concreto que le habría causado el trámite del presente proceso por la vía del amparo.

En efecto, el GCBA no ha logrado acreditar concretamente qué defensas se habría visto privado de ejercer ni las pruebas que se habría visto impedido de producir en desmedro de la posición que sustenta. De ese modo, en la medida que no demuestra que tal cuestión se proyecte sobre la decisión final del pleito, el argumento ensayado se torna lábil e impide a este Tribunal adentrarse en la valoración de una cuestión de naturaleza procesal. Por ello, en este punto, corresponde el rechazo de la queja.

Por lo demás, y sólo a mayor abundamiento, cabe mencionar que en procesos en los que se ventilaban pretensiones similares a la del presente caso ya he expresado que "si se tiene en cuenta la finalidad preventiva que persigue la actora con esta acción al objetar desde una perspectiva constitucional la interpretación de una norma -art. 27, inc. e) del Estatuto Docente- que el propio GCBA parece haber considerado autoaplicativa -al no haber dictado un acto administrativo para calificar a la amparista como "jubilable" en sus listados y proyectar a continuación los efectos jurídicos que se reputan lesivos-, en mi concepto, resulta innecesario -y podría llegar a conspirar contra la operatividad de la vía- hacer aguardar a la interesada para iniciar un juicio recién cuando ella intente efectivamente participar de algún concurso docente a realizarse en el futuro o mejorar su situación de revista a partir de los ofrecimientos que pueda llegar a efectuar la autoridad administrativa mediante los procedimientos usuales -que vale aclarar son ciertamente ágiles-" (cfr. mis votos in re: "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6749/09, sentencia del día 25 de noviembre de 2009; como así también in re: "Liskowicz, Liliana Inés c/ CGBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6859/09, sentencia de fecha 10 de marzo de 2010, entre otros).

3. Por su parte, igual suerte deben correr los planteos que intentan postular que la condena resistida -en cuanto ordenó al GCBA que eliminara de toda planilla o listado la categorización de "JB" o "jubilable" otorgada a la actora- produciría una afectación del principio de división de poderes.

En este punto, los argumentos expuestos por la demandada no logran acreditar que el control judicial realizado por los jueces de la causa respecto de la limitación que el GCBA impuso a la actora docente haya excedido el marco propio de la intervención que les está asignada por la Constitución local. Así, entonces, no ha quedado demostrada la relación directa e inmediata que existiría entre la decisión resistida y las normas constitucionales invocadas. En ese sentido, y tal como se señalara en numerosas oportunidades, la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento y su relación directa con el basamento fáctico de la causa, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional para acceder a este estrado el Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. este Tribunal in re: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

4. Sin perjuicio de lo expuesto, es posible advertir que el GCBA demandado -más allá del encuadre formal que quepa dar al agravio y de ciertos desenfoques argumentales vinculados a los regimenes previsionales establecidos en las leyes nº 24.016 y 24.241- procura resistir la decisión de la Cámara CAyT que se tradujo en la descalificación de los efectos que el GCBA atribuye a la clasificación "jubilable" asignada a la actora en diversos listados y planillas, por considerar que aquella, en tanto redundaba en una restricción para la carrera de la actora, se encontraba en pugna con normas de jerarquía constitucional.

Esta circunstancia permite entender que, al menos en este punto, el debate ventilado en el pleito versa sobre una cuestión constitucional, en los términos que exigen los arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley nº 402 para el andamiento de la vía extraordinaria local intentada.

4.1 Ahora bien, en este punto resulta oportuno recordar -tal como lo hicieran el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen y la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz, en su voto- que la cuestión planteada en esta causa resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6749/09, sentencia del día 25 de noviembre de 2009, a raíz del recurso de inconstitucionalidad que dedujera en aquella oportunidad la parte actora. Asimismo, corresponde señalar que la doctrina emanada de aquel precedente fue considerada y aplicada por el tribunal a quo para arribar a la decisión que aquí se resiste.

4.2 En este contexto, entiendo que los agravios vertidos por la demandada no pueden tener favorable acogida pues la recurrente no ha efectuado una crítica concreta y razonada de los argumentos que dan sustento a la decisión resistida sino que, antes bien, se ha limitado a expresar su discrepancia con lo resuelto. En consecuencia, no se han aportado fundamentos que conduzcan a este Tribunal apartarse del criterio que propiciara en el referido precedente "Zdanevicius", en el que sostuve que: ".si bien la calificación de 'jubilable' que puede realizarse con relación a una persona que posee la edad para optar por el beneficio jubilatorio y la antigüedad requerida no parece ser, por sí sola, merecedora de reproche constitucional alguno, sí lo son los efectos jurídicos que el GCBA pretende desprender de ella, como se dijo, sin brindar mayor respaldo que la remisión mecánica y con carácter general al texto del Estatuto Docente, al menos en este caso concreto. / Poco importa para validar la limitación al ejercicio del derecho a la carrera garantizado por el art. 43 de la Constitución de la Ciudad cuál es la edad jubilatoria o si ya ha reunido los demás requisitos para acceder a tal beneficio, incluso aunque sea cierto que la actora no pueda mejorar su haber de retiro -cuestión que no ha sido dilucidada en autos-. Pero tales razones no son suficientes para impedirle participar en concursos o estar en condiciones de ser promovida. La cuestión no debe centrarse en su futura jubilación sino en su situación laboral presente: la actora es una docente que revista en calidad de activa, y que tiene derecho a mejorar sus condiciones de trabajo, salario, grado, etcétera, hasta que ella decida jubilarse, o se encuentre en condiciones de ser obligada por su empleador (el Estado local) a iniciar los trámites".

Por las consideraciones expuestas, me pronuncio por admitir parcialmente la queja incoada por el GCBA y rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido, con costas.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el juez Casás en que la queja debe ser rechazada con relación a los planteos dirigidos a controvertir la vía procesal que los jueces de mérito entendieron procedente, la acción de amparo. Ello así, porque, tal como indica mi colega, el GCBA no ha acreditado que las características procesales del amparo hubiesen proyectado efectos en la sentencia definitiva. Esa circunstancia impide el tratamiento de esos planteos en esta instancia -cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Akrich Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)", expte. nº 4782/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006, entre muchos otros-.

2. En cuanto al fondo, las razones que expuse al votar en la causa "Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo (art.14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 6749/09, sentencia de este Tribunal del 25 de noviembre 2009, son suficientes para sostener que, salvo en el supuesto de las mujeres con los alcances explicados en el precedente mencionado, el uso de la categoría "jubilable" o "JB" en los listados que confecciona la Administración para asignar cargos por interinatos y suplencias o concursos de cargos es válido. Por ello, acorde con los argumentos del pronunciamiento citado, al que remito, corresponde hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad.

Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar parcialmente a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Costas a la vencida. La jueza Ana María Conde dijo:

La queja cumple los requisitos formales previstos en el art. 33 de la ley 402, pero no puede prosperar, ya que no rebate los fundamentos en que se basó el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, particularmente lo referido a la inexistencia de caso constitucional.

Como acertadamente desarrolla el Dr. Casás en los considerandos 2° y 3° de su voto, a los que me remito y adhiero, los agravios relativos a la improcedencia de la vía de amparo y la afectación del principio de división de poderes no demuestran la necesaria y directa conexión entre las cláusulas constitucionales invocadas y la decisión atacada.

Y en cuanto a la arbitrariedad endilgada a la sentencia, por apartarse del régimen normativo aplicable (ley 24.016), el planteo propuesto constituye una mera discrepancia con los serios fundamentos desarrollados por la Cámara para arribar a su decisión, ya que no aporta argumentos que los refuten. La sentencia, en sintonía con la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente "Zdanevicius", realiza una ponderación razonable de los hechos y derecho aplicable al caso, lo que permite descartar la existencia de errores groseros que la descalifiquen en cuanto acto jurisdiccional.

Por estos motivos, la queja debe ser rechazada.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir parcialmente la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2. Imponer las costas a la vencida.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.