Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2004-09-21


2º Instancia. - Neuquén, setiembre 21 de 2004.

Considerando: I.- Que por Sentencia nº 46/2003 (fs. 178/183 vta.), la Cámara en lo Criminal Primera de esta ciudad, dispuso, en lo que aquí interesa, "(...) [condenar] a Jorge Antonio Sepúlveda...como coautor material y penalmente responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167 inc. 2 del Cód. Penal), a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con las costas del proceso (arts. 491 y 494 del C.P.P. y C.)...unificar la pena impuesta en el dispositivo anterior al nombrado Jorge Antonio Sepúlveda, con la impuesta por sentencia condenatoria nº 14 de fecha 18 de febrero del 2003 del Juzgado Correccional nº Uno de esta ciudad en Causa Nº 3121 Año 2002, pena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidente por segunda vez, condenándolo en definitiva a la pena única de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias y costas del proceso, declarándolo reincidente por tercera vez (arts. 12, 50 y 58 del Cód. Penal, arts. 491 y 494 del C.P.P. y C.)...[condenar] a Nelson Gustavo Pincheira...como coautor material penalmente responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167 inc. 2 del Cód. Penal), a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con las costas del proceso...unificar la pena impuesta en dispositivo anterior al nombrado Nelson Gustavo Pincheira, con la impuesta por sentencia condenatoria nº 112 de fecha 27 de noviembre del 2002 de la Cámara en lo Criminal Nº Dos de esta ciudad en causa nº 612 Año 2002, pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, la que a su vez unificó la pena dictada por sentencia nº 11-81-98 de fecha 7 de abril de 1998, por la Cámara en todos los fueros de Zapala, en la pena única de cuatro años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, y la declaración de reincidente; condenándolo en definitiva a la pena única de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias legales y costas del proceso, declarándolo reincidente por segunda vez (arts. 12, 50 y 58 del Cód. Penal, arts. 491 y 494 del C.P.P. y C.)...".

Contra dicha resolución interpusieron recurso de casación las respectivas defensas de los incoados (fs. 185/188 vta. y 189/190 vta., respectivamente).

II.- Que corresponde a este Cuerpo examinar si se han cumplido las prescripciones legales para que el recurso se torne admisible conforme a lo dispuesto por el art. 397 del C.P.P. y C.

Al efecto, cabe consignar que ambos escritos recursorios fueron presentados en término, ante el Tribunal que dictó la sentencia que se cuestiona. Asimismo que el pronunciamiento impugnado reviste el carácter de definitivo, poniendo fin a la causa.

De igual manera, puede advertirse que los escritos resultan autosuficientes porque de su lectura se hace posible conocer acabadamente cómo se configura -a juicio de los recurrentes- los motivos de casación aducidos y la interpretación de las normas que se estiman inobservadas.

A.- Recurso a favor de Sepúlveda.

Al amparo de los dos motivos de casación previstos en el artículo 415 del rito local, el Defensor de Cámara Subrogante, doctor Rómulo Alberto Patti, actuando en representación del imputado Jorge Antonio Sepúlveda, se agravia en lo siguiente:

1) Nulidad y arbitrariedad del proceso:

Bautizada así su censura, expresa: "(...) se incorpora con plena eficacia dentro del proceso y al dictado de la sentencia, el ilícito reconocimiento efectuado en sede policial del denunciante respecto de mi asistido Sepúlveda (arts. 1, 87, 91, 150 inc. 3 y concs. del C.P.P.C.; y art. 18 de la Constitución Nacional y concordantes de la Constitución Provincial". En efecto, ha quedado plenamente demostrado en la audiencia del juicio que el denunciante Pablo Aguila, junto con su padre, al momento de presentarse en la sede [de] la Comisaría para dar cuenta del hecho que lo damnificara, pudo observar claramente la presencia de mi asistido y de las otras dos personas que también se vinculan al mismo hecho...esta anómala situación, generada cuanto menos por una negligencia de los policías intervinientes, en clara contravención con lo establecido por los arts. 166 y cc del C.P.P.C.; tiñe y vicia el testimonio del damnificado de modo tal que su incorporación como elemento de cargo resulta sumamente atentatorio a las garantías del debido proceso penal legal, el principio de inocencia y la defensa en juicio...".

2) Arbitrariedad del fallo por falta de motivación.

Al amparo del mentado agravio, el casacionista señala: "(...) de ninguna manera puede tenerse por probada la presencia de mi pupilo en el lugar de los hechos. Ningún elemento probatorio, ni siquiera un indicio permite inferir que éste habría sustraído efectos del joven Aguila en momentos en que se encontraba en la estación de servicio. No ha quedado demostrado en el expediente por ningún motivo fehaciente tal presencia, ni el hallazgo en su poder de algún efecto vinculado con el desapoderamiento. Tampoco existe ningún rastro que lo relacione o involucre. Menos existe una constancia irrefutable que además de los elementos secuestrados existieran otros faltantes de sus pertenencias (zapatillas, por ejemplo). Es decir, que la sola presencia de Sepúlveda junto a Paola Mansilla al momento de ser detenidos, nada prueba...", lo que lo lleva a concluir que el tribunal a quo no realizó una merituación objetiva de la prueba, sino que, por el contrario, se ha sustentado en meras conjeturas y afirmaciones dogmáticas.

3) Errónea aplicación de la ley sustantiva:

Bajo la alegación del motivo sustancial de casación, indica que el tribunal de juicio ha calificado erróneamente la conducta de su pupilo, toda vez que, a su ver, el hecho ha quedado en conato y no consumado. A su decir: "...no ha quedado demostrada en forma alguna ni fehaciente que los elementos sustraídos fueran otros además de los que resultaron incautados en autos...". Hace hincapié además en que la detención de su asistido fue casi inmediata y por lo tanto no existió poder de disposición que permita tener la conducta por consumada. Finalmente, corona su argumento, aduciendo un estado de duda sobre el plexo probatorio que, eventualmente, debió aplicarse a favor de Sepúlveda, calificándose el accionar en los términos del art. 42 del Cód. Sustantivo.

4) Arbitrariedad en la determinación de la pena aplicable, por ausencia de motivación.

En primer término, con sustento en la crítica referida "ut retro", manifiesta que debió habérsele aplicado a Sepúlveda una pena de un año y ocho meses de prisión. A su vez, se duele de que el tribunal de mérito haya aludido de manera somera a las pautas de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal para graduar la pena del prenombrado, sin especificar la forma en que valoró sus condiciones personales.

B.- Recurso a favor de Pincheira.

Por su parte, el Defensor de Cámara, doctor Gustavo Vitale, bajo un supuesto vicio "in iudicando", refiere que se aplicó erróneamente el art. 50 del C.P. Argumenta, a favor de su tesis, que la sentencia anterior a la que alude el fallo venido en recurso es de fecha posterior a la del hecho juzgado en la presente causa; de tal suerte que deberían haberse aplicado las reglas de unificación de condenas (art. 58 del C.P.).

III.- Ha sido un criterio invariablemente sostenido por este Cuerpo que, "dentro del contexto del examen preliminar del recurso de casación en materia penal, no cabe solamente una mera constatación del cumplimiento ritual de ciertos requisitos formalmente apreciables sin el menor esfuerzo de análisis, sino que se impone adicionar al estudio del tribunal concedente, de un cedazo de malla más fina que genere una primera aproximación al tema planteado e imposibilite el ingreso de causas cuya manifiesta improcedencia deberá luego declarar ineludible (cfr. PAS 1997 - t. I.- fs. 57/59 vta., entre otros).

En función de ello, y analizando en profundidad los libelos casatorios, cotejándolos con la pieza sentencial impugnada y las constancias de autos, se vislumbra que el recurso deducido por el doctor Rómulo Patti no podrá sortear el juicio de admisibilidad formal que se impone en esta instancia; mientras que el interpuesto por el doctor Gustavo Vitale, habrá de prosperar en esta etapa del trámite casatorio. Encontrándose planteados dos escritos impugnaticios, habrán de desarrollarse en forma separada cada uno de ellos:

Recurso a favor del imputado Sepúlveda:

a) En cuanto al primero de los agravios presentados, a poco de repararse en el supuesto vicio que indica, y de estar a los acontecimientos que señala el recurrente; ha de precisarse que la sindicación del encausado por parte del damnificado durante el juicio y la descripción detallada de su accionar, no es en puridad un reconocimiento en rueda de personas y por lo tanto no rigen a su respecto las reglas rituales para su sustanciación.

Sobre ello, la jurisprudencia ha dicho: "No es un reconocimiento con defectos formales, sino una simple manifestación informal de conocimiento, el realizado por un testigo, del imputado presente en la Sala de audiencias (T.S., 19-III-971, Ocampo, S.F. 1971, Nº 16, S, 254, 5 id., 10-X-969, Fares, D.J.A., marzo 16 de 1970, fallo Nº 1853)" (cfr. Núñez, Ricardo "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", Ed. Marcos Lerner Editora Córdoba, 1986, p. 244).

"(...) Nada obsta a la introducción en el proceso y su valoración conforme las reglas de la sana crítica, del resultado de la individualización efectuada por la víctima respecto del procesado en la audiencia de debate oral, lo que constituye un 'reconocimiento impropio' debiéndosela tomar como integrativa de su declaración testimonial, que pudo haber sido en lugar de señalarlo, citarlo por su nombre y apellido" (C.N.C.P., sala III, causa Nº 18, "Vitale, Rubén s/ rec. de casación", 18/10/93).

En idénticos términos se ha expedido la Sala II del citado tribunal, agregando que "El reconocimiento impropio o señalamiento del imputado en la audiencia de debate por parte de un testigo es un medio de prueba que encuentra adecuado fundamento legal en el art. 241 C.P.P. [similar al art. 217 de nuestro rito], toda vez que el testigo, al deponer sobre los hechos, debe hacerlo sobre todas las circunstancias que los configuran, en cuanto a las personas, al lugar, al tiempo, al modo, etc., para que así su testimonio, integralmente valorado, sirva al descubrimiento de la verdad" (causa Nº 118, Gutiérrez, Víctor Walter s/rec. de casación", 3/6/94).

Si bien pareciera -conforme el contenido del escrito en análisis-, que su reparo se encauza más hacia el grado de credibilidad que debe asignársele al testimonio de la víctima por haber visto oportunamente a Sepúlveda y Pincheira dentro de la sede policial cuando acudiera junto con su padre a radicar la denuncia (entendiendo que ello generó una impresión mental preconstituida que remite en su recuerdo a quienes estuvieron presentes en la comisaría y no necesariamente a los que participaron en el hecho); ello en definitiva conduce a cuestiones de valoración probatoria por parte del tribunal de juicio, por lo que también desde esta óptica, dicho embate deviene improcedente.

b) No parece acertada tampoco la censura del recurrente vinculada con la falta de fundamentación del decisorio. Veamos:

El hecho fijado en la sentencia, consistió en que: "...El 24 de marzo del pasado año 2002 en la estación de servicio que se encuentra ubicada en las calles Collón Curá y Antártida Argentina de esta ciudad capital, alrededor de las doce y media de la noche el menor Aguila se disponía a cargar combustible en su motocicleta cuando se le aproximan los imputados Pincheira, Sepúlveda y la actualmente rebelde Paola Mansilla; le exigen algún dinero y cigarrillos y ante la respuesta negativa se le van encima: mientras la mujer lo sujeta desde atrás los otros dos asaltantes, uno de cada lado, lo reducen con amenazas e intimidación y logran así despojarlo de una campera, una gorra, las zapatillas deportivas que llevaba puestas y un manojo de llaves, dándose rápidamente a la fuga. Un empleado de la estación, que vio el robo, llama a la policía, a la que cuando se hizo presente rato después le hace saber que uno de los asaltantes era Paola Mansilla, a quien conocía perfectamente de antes. No mucho tiempo más tarde son detenidos juntos esta mujer y Sepúlveda y momentos después también resulta apresado Pincheira, que llevaba puestos la campera y la gorra sustraídas al joven Aguila. Las zapatillas Reebock no pudieron ser secuestradas hasta el momento, al igual que el llavero también sustraído, de cuero trenzado...".

Fijado el hecho como se afirmara, y analizadas a la luz de las reglas de la sana crítica, resultan irrefutables las conclusiones a las que arribara la Cámara, al sopesar las pruebas de cargo. Basta para ello, mencionar los pasajes salientes del fallo, donde se valoriza de manera armónica el plexo probatorio rendido en el juicio: "(...) en la audiencia de debate la víctima de modo convincente identificó plenamente tanto a Pincheira cuanto a Sepúlveda, indicando el papel y ubicación de cada uno al momento del robo (...) no tiene duda el menor sobre la persona de los imputados como sus asaltantes, ya que los tuvo muy cerca y alcanzó a hablar con ellos cara a cara cuando le pidieron dinero..."; "...los testimonios escuchados son también concluyentes en cuanto al suceso y la autoría de los imputados. Diego Rueda, el playero que vio el robo de los tres y llamó a la policía, ratificó ante este tribunal que Paola Mansilla participó en el mismo y escapó junto a uno de los autores: la detención de aquélla poco después junto a Sepúlveda señala ilevantablemente a éste como uno de los partícipes, máxime cuando la víctima lo reconoció plenamente como uno de ellos. Los policías Farsi y Herrera, el primero sobre todo, ratificaron que aquellas dos personas fueron detenidas cuando iban juntas alejándose del teatro del hecho, y que a Pincheira lo detuvieron después mientras se ocultaba con la campera y la gorra sustraídas puestas en su persona..."; "el padre de la víctima, en su denuncia, describió con precisión el delito sufrido por su hijo Pablo David...el progenitor reconoció después las prendas secuestradas como de pertenencia de su hijo. Que esta prueba de cargo, que determina la certeza judicial sobre la perpetración del delito y la autoría en el mismo de Pincheira y Sepúlveda, se integra con las diligencias policiales del inicio -Parte, secuestro, inspección y croquis- que evidencian completamente el suceso tal cual lo hemos analizado y expuesto precedentemente...".

Tal como viene sosteniendo este Cuerpo en pacíficos precedentes, "el Tribunal de mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento (...)" (confr. Protocolo de Autos Interlocutorios -año 1997 - t. I - fs. 54- R.I. nº 17). En este sentido, debe repararse en que la valoración de la prueba que efectúan los tribunales de juicio es "la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos y tiende a establecer cuál es en su real utilidad a los fines de la reconstrucción del acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso" (José I. Cafferata Nores 'La Prueba en el Proceso Penal', Depalma, año 1988, p. 39).

Por otra parte también ha de considerarse, de conformidad con el sistema de valoración de la prueba que se adoptara en nuestro digesto procesal, esto es: el de la libre convicción o la sana crítica racional (conf. art. 363, segundo apartado del ritual), que "si bien en este sistema el juez no tiene reglas que limiten sus posibilidades de convencerse, y goza de las más amplias facultades al respecto, su libertad encuentra un límite infranqueable: "el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano" (op. cit., p. 46).

Sentado este extremo, se advierte que conforme la cita del fallo en crisis, apuntada párrafos antes, el pronunciamiento recurrido ha cumplido rigurosamente con los recaudos exigidos, describiendo acabadamente los elementos de prueba y su valoración crítica mediante una operación intelectual fuera de toda censura.

De allí entonces que las afirmaciones de la Defensa en cuanto a que ningún elemento de prueba vincula a su asistido al hecho, o de que no se logró acreditar la existencia de elementos faltantes; se parece más, a mostrar su disconformidad con la valoración de la prueba que realiza la Cámara; lo que conduce sin más, a la casación por un andarivel de inadmisibilidad. c) Igual solución debe darse respecto al agravio desarrollado por el impugnante en relación al motivo casatorio establecido por el inc. 1 del art. 415 del rito. En tal sentido, este Cuerpo ha sostenido en forma inveterada que: "por medio del motivo sustancial de casación (art. 415, inc. 1 C.P.P. y C.), se coordina la interpretación unitaria de la ley de fondo, sometiendo en definitiva la interpretación de la ley al más alto tribunal de la provincia, ante el cual la causa llega con los hechos del proceso definitivamente fijados, para que solamente se juzgue de la corrección jurídica con que han sido calificados. Por eso, resulta formalmente improcedente el recurso de casación que se funda en el motivo previsto en el inc. 1 del art. 415 del C.P.P. y C., desconociendo la base fáctica dada por cierta por el Tribunal de sentencia" (conf. Protocolo de Autos de Casación Penal - Año 1997 - t. II - Resolución Interlocutoria nº 81; entre otros precedentes).

En el caso traído a examen, el impugnante afirma un error de calificación legal al señalar, subsidiariamente, que la conducta de su asistido lo fue en grado de conato; desatendiendo lo que dio por probado el tribunal a-quo, respecto a la consumación del delito: "(...) este delito quedó claramente perfeccionado al no haber sido secuestrada la totalidad de las cosas robadas...". Es evidente que, por intermedio del agravio propuesto, lo que se pretende realizar es un cuestionamiento de hechos que la Cámara dio por establecidos; lo que no puede hacerse mediante esta impugnación extraordinaria.

d) Tampoco habrá de acompañarse al casacionista en la última de sus críticas, ya que nuevamente parte de un sustrato fáctico distinto al que diera por acreditado el a quo. Así, postulando una vez más que la figura de robo agravado por la que viene condenado Sepúlveda resulta tentada, sostiene que debió aplicársele la pena de un año y ocho meses de prisión; circunstancia que remite a los fundamentos y solución dados por este Tribunal en el acápite anterior.

Si bien suma a su cuestionamiento el hecho de que el tribunal de juicio haya hecho una mera referencia a las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P. para mensurar la pena, sin mayores precisiones, tachando así de arbitraria la sentencia por ausencia de motivación; ello tampoco puede tener favorable acogida a los fines de la admisión formal en esta etapa del trámite casatorio. Ello, por cuanto, al aplicar la Cámara "ab initio" el mínimo de prisión previsto para el delito atribuido a su asistido, no se advierte el interés de la parte en el recurso.

Siguiendo en ello a Fernando De la Rúa, en opinión que se comparte: "(...) Desde el punto de vista objetivo, para que exista un interés, la resolución debe tener un contenido desfavorable para el imputado, a los efectos del ordenamiento jurídico...Debe ocasionarle un gravamen, esto es, un perjuicio o una desventaja...El elemento 'perjuicio' o 'desventaja' es esencial en la definición de los medios de impugnación..." (cfr. "La Casación Penal", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 187).

Recurso a favor del imputado Pincheira.

Con sujeción a la causal casatoria por el motivo sustancial, pretende que este Cuerpo controle la valoración jurídica realizada por el tribunal a quo, para declarar la reincidencia de su asistido.

Dicho motivo de agravio, por ceñirse a una cuestión de puro derecho (el alcance interpretativo asignado al art. 50 del C.P. en torno a la reincidencia), debe ser declarado formalmente idóneo para habilitar la vía recursiva.

Lo dicho es, sin embargo, con absoluta prescindencia de la corrección jurídica o no del planteo formulado, cuestión que merecerá su específica respuesta en el momento de la sentencia que se dicte en definitiva.

Por lo expuesto, se resuelve: I.- Declarar la inadmisibilidad del recurso de casación deducido por el defensor de cámara subrogante, doctor R. P., a favor del imputado Jorge Antonio Sepúlveda. II.- Declarar la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el defensor oficial de cámara, doctor G. V., a favor del imputado Nelson Gustavo Pincheira, en lo relativo al cuestionamiento del art. 50 del C.P. III.- Hágase saber a los fines dispuestos por el art. 423, 1er. apartado, in fine del Código de rito, que las presentes actuaciones quedan en Secretaría por el término de diez (10) días. Sin perjuicio de ello podrán las mismas en el plazo de 24 hs. comunicar si harán uso de la facultad de informar oralmente. - Marcelo Juan Otharán. - Eduardo J. Badano. - Alberto M. Tribug. - Alejandro T. Gavernet.