marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, costas, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Taglialatela, Rosa s/ Incidente de verificación de crédito en autos:"Peri, Osvaldo Carmelo  s/Concurso preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

El fundamento para sostener que es sancionable con la imposición de las costas el acreedor concursal moroso que insinúa su crédito con posterioridad a la fecha judicialmente fijada para ello, reside genéricamente en no haber ajustado su conducta a la carga procesal impuesta por una norma imperativa (arts. 27, 32, ley 24522). Sin perjuicio de lo expuesto, es de buena práctica, a la hora de resolver cada caso en particular, atender a las singularidades que enmarcan el debate a fin de no caer en una riesgosa reiteración dogmática de aquel principio orientador.
HONDURAS, defensor interamericano, Derechos humanos, perseguido político
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 4/2018 - Medida cautelar No. 1018-17 - Joaquín Mejía Rivera y familia respecto de Honduras c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-01-28

Numerosas organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Comisión Interamericana requiera al Estado Hondureño, la adopción de medidas de protección que garanticen la vida e integridad personal, como así también la de su familia, de quien reviste la calidad de defensor de derechos humanos. Habiendo representado una de las voces más críticas en el último proceso electoral de aquella nación, las autoridades estatales le negaron su solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Protección de Defensores.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Aboud, Ariel A. - Biondi, Danilo Gabriel s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Las expresiones contenidas en los arts. 76 bis -3er. y 4° pár.- y 64 d 24316, clarifican a través de una interpretación auténtica, por provenir del propio legislador, el significado que cabe atribuir al vocablo "juicio" en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto introducen en forma inequívoca una tajante distinción entre etapa instructoria y contradictoria, reservando para esta última en exclusividad la denominación "juicio", que equivale entonces al plenario.
Habilitación de feria, tratamiento médico, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: MULIN EDUARDO c/ SWISS MEDICAL GROUP SA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-20

Existen constancias en autos que acreditan suficientemente que existe la posibilidad cierta de que el paso del tiempo perjudique la situación de salud del peticionario. En efecto, el médico forense de la Justicia Nacional, expresamente afirmó que "la demora en el tratamiento podría limitar las expectativas de recuperación" y, asimismo, de la documentación aportada en autos surge que el deterioro del cuadro clínico del accionante -y, en definitiva, de su calidad de vida- "se ha incrementado notablemente: aumento del dolor, aumento de la recurrencia y de la gravedad de los síntomas" (copia de certificado del especialista en ortopedia y traumatología).
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Asselborn, Héctor c/ Huck Hugo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-23

La remisión del a quo a la sentencia obrante en otra causa no implica, en modo alguno, admitir que existe decisión de situación idéntica que configure litispendencia. En la referida sentencia sólo se hace mención a un juicio en el que se debaten algunos rubros diferentes y otros de la misma naturaleza, pero que corresponden a períodos distintos.
Procesamiento, leyes de facto
Materia: PENAL
Carátula: G., O. M. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-17

Explicaron, en torno a la crítica que el recurrente dirigió en relación a que la ley en cuestión fue dictada durante un gobierno de facto, que la Sala se expidió anteriormente por el rechazo del agravio en la causa nº 36618/2015 en la cual, con fecha 22 de septiembre de 2016 se destacó que la propia CSJN en el fallo "Pignataro" (CSJN 314:1257) se inclinó por la constitucionalidad de la ley 22421, específicamente respecto de los artículos 25 y 27 de la norma. Remarcaron que la ley fue reglamentada a través del decreto 666/97 el 18 de julio de 1997 encontrándose ya restablecido el gobierno democrático, lo que importaba implícitamente su convalidación, siendo revisada y modificada posteriormente por el Congreso Nacional mediante la ley 26447, promulgada en el año 2009, en la que se sustituyó el artículo 35 por su actual redacción y se extendió la aplicación de las normas penales contenidas en los artículos 24, 25, 26 y 27 a los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, circunstancias éstas que no dejaban duda sobre su ratificación expresa por el Congreso Nacional.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meza de Ocampo, Andrea de los Milagros c/ Lobos, Juan Carlos y ot. s/ Daños y perjuicios y beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Si bien es la sentencia como unidad la que debe estar fundada en ley y no cada uno de sus considerandos o conclusiones, ello es así en tanto se trate de una argumentación sobre un mismo tema, pero cuando se abordan cuestiones esenciales netamente separables, como son el caso del "an debeatur" y el "quantum debeatur", es menester que todas estén fundadas en ley individualmente como es debido.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL SUD S.A. c/ FERNANDEZ VAN RAAP, Jorge s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-22

No se advierte en el sub-exámine que el a-quo haya excedido el límite de sus atribuciones para juzgar acerca de los alcances del vínculo contractual ni tampoco haya incurrido en falta de coherencia en lo decidido, por ser evidente que pierde eficacia el reproche dirigido contra el alcance atribuido por el tribunal al proceder de las partes y sus consecuencias sobre el resultado del pleito, no bien se observa que tales afirmaciones encuentran adecuada respuesta a los fundamentos que sostienen el criterio adoptado por la alzada.
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Thoman, Federico Fernando y otros c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Carecen de una situación jurídica suficiente que los legitimen para promover la acción contencioso administrativa (art. 149 inc. 3 Const. Prov., 1, 28 inc. 3 CPCA) quienes -en calidad de vecinos- pretenden que se deje sin efecto la autorización acordada por la Municipalidad demandada para que funcione una Asociación Médica de un edificio sito en esa localidad por entender que ese acto es violatorio de la ordenanza 3500 que estableció la zonificación por usos de acuerdo con el decreto ley 8912/77. Ello así, en tanto no se advierte en cada uno de los actores la vinculación jurídica directa e individual con la Administración Municipal, generadora de la situación jurídica exclusiva y excluyente que exige los artículos 1 y 28 inc. 3 CPCA para promover la acción contencioso administrativa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, tarjeta de crédito, uso indebido de tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Leguizamón, Abel Alberto s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Es competente para conocer de la defraudación cometida mediante el empleo de una tarjeta de compra, el juez de garantías de Morón, toda vez que de los resúmenes de cuenta glosados al expediente, se desprende que las compras desconocidas por el denunciante se habrían efectuado, casi en su mayoría, en distintos negocios de dicha localidad - con excepción de unas pocas que fueron hechas fuera de la jurisdicción moronense pero también en la Provincia de Buenos Aires - sin perjuicio de que si el magistrado considera que los hechos ocurrieron en lugar ajeno a su jurisdicción, envíe las actuaciones a quien corresponda según el derecho procesal local, toda vez que su interpretación y aplicación no incumbe a los tribunales nacionales.
Reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ELIZONDO, NYDIA HAYDEE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-13

Corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto por la provincia demandada pues, si bien la compareciente opone su propia tesitura respecto de la aplicación de coeficientes sectoriales para el reajuste de los haberes jubilatorios, no logra convencer sobre la similitud del término "porcentaje equivalente" -que indicaría en la misma proporción- utilizado por la ley 12464, con el utilizado por la normativa anterior "en función o de acuerdo a la variación" conforme a la inteligencia que asigna a la ley previsional; y tampoco se demuestra el vicio de autocontradicción en que incurriría el Oficio al estimar la vigencia de la doctrina de la razonable proporcionalidad y sin embargo, luego exigir que el coeficiente sea porcentualmente equiparable al otorgado a los activos sin la limitación tolerable del 20%, desde que el fallo se fundó en lo dispuesto luego del dictado de aquella norma, por los decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron en los mismos porcentuales los aumentos otorgados a los activos.
Proceso penal, prueba, prueba pericial, pericia balística, medidas cautelares, secuestro de arma, autoridad de prevención, consulta técnica
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., A. R. s/ inf. art. 189 bis CP  Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

No se puede otorgar el mismo valor probatorio al informe técnico realizado al momento del secuestro de un arma, que a la pericia posteriormente ordenada a la División de Balística de la Policía, toda vez que el informe se distingue de la pericia por ser una mera inspección sobre el arma, con ausencia de operaciones técnicas sobre ella y falta de fundamentaciones.

En este sentido se expresa que la "prueba pericial es el procedimiento regulado legalmente para obtener en el proceso conclusiones probatorias a través de peritos. La operación integral se conoce por pericia o peritación, y tiene fundamental importancia en el proceso penal para la determinación de diversos hechos o circunstancias. Se trata de una actividad compleja cuyos aspectos esenciales son la determinación de los puntos a considerar y del dictamen que se emite sobre ellos. Adquiere estado procesal cuando se cumplen todas las formalidades previstas por la ley, lo que la distingue de los informes técnicos... Todos los códigos procesales penales la prevén como medio autónomo en atención a sus específicos caracteres". (Claria Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, Rubinzal Culzoni, 2001, Tomo II, pág. 319).
Transacción, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perera, Lidia c/ Casal, Emilio s/ Acción reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-29

Tanto la conciliación como la transacción judicialmente homologadas tienen autoridad de cosa juzgada. Por un lado, queda cerrada toda posibilidad de discutir ulteriormente su contenido, que tiene fuerza vinculatoria para las partes, al igual que para la jurisdicción, repercutiendo de un modo definitivo, cierto e inmutable en la situación jurídica material litigiosa que entre ellas existía (cosa juzgada material); por el otro constituye un auténtico título ejecutorio, circunstancia que obliga a reconocerle su naturaleza procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por el territorio, declaración de oficio, pagaré, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: CARSA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL c/ MENENDEZ, Osvaldo s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-25

En supuestos como la ejecución de pagarés sin protesto, no procede la declaración de oficio de incompetencia con fundamento en Ley de Defensa del Consumidor, máxime cuando no se cuenta con elementos que permitan determinar que la actora -más allá del nombre de la persona jurídica- se encuentra comprendida en el artículo 2 de la Ley.

Aún con sustento en la ley de defensa del consumidor es inaceptable la declaración de oficio del juez que ya dictó pronunciamiento.

El accionante, como parte del proceso, debe ver garantizada su defensa mediante el debido proceso, que se concreta con la adecuada aplicación de las normas procesales en juego que, además, no impiden en la especie al ejecutado oponer sus propias defensas en el momento oportuno, sea con base en la Ley de Defensa del Consumidor como en el ordenamiento procesal local.
Nulidad procesal, nulidad de oficio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Balmaceda, Jorge Luis; Balmaceda, Juan José; Giovanini, Roberto y Claudia Castillo s/ Homicidio calificado y participación principal en homicidio  calificado, en perjuicio de María Rosa Pacheco de Balmaceda
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-17

Cuando el apartamiento del texto legal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio, ni restringe los demás derechos de los litigantes, la sanción de nulidad sólo obedecería a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en la que está interesado también el orden público.
Remuneración, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Salva, David R. y otro c/ Metalúrgica Rododendro S.A. y/u otro s/ Rubros adeudados e indemnizaciones por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-20

De acuerdo al artículo 155 inciso c) de la Ley de Contrato de Trabajo el salario vacacional está integrado por todo tipo de remuneración, sea ordinaria o extraordinaria, por lo cual se infiere que las horas suplementarias también lo integran y, a los fines de su cálculo por ser una remuneración variable, debe utilizarse el procedimiento previsto por el inciso c) de dicho artículo y promediarse las mismas. Para calcular el valor hora, se deben dividir el total de las remuneraciones percibidas en el mes por la cantidad de horas concretamente laboradas, a las que se suman los adicionales que el actor percibía, para de esa manera luego obtener el monto de la hora extra.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martino de Cherenscio H. y otro c/ Novara, Alberto Raúl y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La ley de consolidación 11.192 no es inconstitucional.
Régimen de consolidación de deudas, Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ojea Quintana, Julio María y otro c/ Estado Nacional - Secretaría de Educación y Justicia s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

La compatibilidad constitucional de un sistema como el establecido por la ley 23.982 depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir que corresponde determinar si en el caso concreto no se destruye la sustancia del derecho reconocido en la sentencia.
Acción de amparo, fecundación in vitro
Materia: CIVIL
Carátula: S.S. c/ Unión Personal s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-14

Corresponde revocar la resolución que declaró de tratamiento abstracto la acción de amparo tendiente a obtener la cobertura integral del tratamiento de Fecundación in Vitro, pues se advierte que la contienda de intereses que motivó el inicio de la presente acción se mantiene intacta sin haber desaparecido el trastorno de fecundidad ni la conducta arbitraria de la empresa de salud, toda vez que surge claramente que la supuesta alternativa ofrecida por la demandada difiere ampliamente de lo pretendido en autos por los accionantes.
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Lucio c/ Municipalidad de Colón s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-11-30

El destinar al actor al cumplimiento de tareas en la cuadrilla de instalación de redes cloacales, conociendo el riesgo que generaba, y contrariando el consejo de la junta médica que había prescripto que el agente sólo podía ser ocupado en tareas livianas, implica una negligencia que lleva al empleador a responder por los daños que su conducta ha provocado, con fundamento en la norma del artículo 1109 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AFIP-DGI c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Cabe observar que los achaques autónomos de la recurrente con relación a las costas del pleito también merecen recepción, desde que de la lectura de la sentencia tampoco surge que la Cámara haya ponderado las implicancias de la revocación -acotada- de la morigeración de los intereses verificados sobre las costas de las instancias ordinarias, pese al expreso pedido formulado en el escrito de agravios apelatorios; de suerte que el reenvío de la causa para un nuevo juzgamiento ha de importar igualmente la necesaria rectificación de lo decidido por el A quo en materia de gastos causídicos conforme a las normas procesales aplicables; y lo dicho hasta aquí basta para descalificar el fallo impugnado con base en la ley 7055, desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que lo decidido sobre tales aspectos no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1, inciso 3
Tribunal administrativo de la navegación, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Av./ Causa Abordaje B/P Topacio (mat. 5164) con B/P Quarracino (mat. 4933) y posterior hundimiento de este último s/ AVERIG. DE SU COLISIÓN , DEL 30/9/80). Quarracino (mat. 4933) y posterior hundimiento de este último s/ AVERIG. DE SU COLISIÓN , DEL 30/9/80).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

La idoneidad que en materia náutica representa la calidad de los integrantes del Tribunal Administrativo de la Navegación avala sus conclusiones acerca de las complejas situaciones fácticas que le corresponde dilucidar, lo que coloca a los magistrados que deben ejercer el control judicial ante un pronunciamiento de naturaleza eminentemente técnica sobre los hechos acaecidos, del que sólo cabría apartarse -en ese aspecto fáctico- mediando razones de grave entidad.
Medidas cautelares, jubilación de magistrados, reforma de la constitución, independencia del Poder Judicial, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Catucci, Liliana Elena (MC) c/ EN-M Justicia DDHH art 99 CN s/ inc. de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa", del 28 de marzo del 2017, consideró que correspondía dejar de lado la doctrina del caso "Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ Proceso de Conocimiento" (Fallos 322:1616), con fundamento en que la Convención Constituyente de 1994 no excedió los límites de la norma habilitante al incorporar la limitación de 75 años de edad para los magistrados nacionales en el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, ni tampoco vulneró el principio de independencia judicial, que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno, en tanto ese límite de edad modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad.
Cónyuge separado, divorcio por presentación conjunta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cazenave, Leda Marcela Josefina y Otro c/ Andreoli, Norma Angélica Lidia s/ Ordinario en autos: Cazenave, Aníbal Raúl s/Proceso Sucesorio-Expte  Nro. 2602/94.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-02

Ante el hecho objetivo de la separación, no habiendo prueba concluyente que demuestre que ésta fue motivada por una conducta reprochable atribuida al causante, debe presumirse que aquella se produjo por mutuo acuerdo lo que supone admitir la culpa de ambos.
Celebración del matrimonio, matrimonio celebrado en el extranjero, prueba supletoria
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE S.R. s/ ACCION DE FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

Si el matrimonio que la accionante ha denunciado como de sus padres, fue celebrado alrededor de los albores de este siglo en una localidad perteneciente a Polonia y que ahora formaría parte de la Unión Soviética, en una región en las que imperaron dificultades de orden bélico o político que han sido estimadas como obstáculo para la obtención de partidas, debe tenerse por cumplido el recaudo permisivo de la prueba supletoria del matrimonio (art. 97 de la ley 2393). La enunciación del art. 98 de la ley citada no es taxativa sino simplemente ejemplificativa. Siempre que se exponga y acredite una situación de hecho de imposibilidad absoluta, por dificultades insalvables, de hallar la partida, debe accederse a la prueba indirecta. Así se ha decidido aun en casos en los cuales los hijos manifiestan ignorar el lugar o pueblo exacto de la celebración del matrimonio, situación que debe contemplarse ante el carácter de inmigrantes de las interesadas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, encuadre legal, homicidio criminis causa, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Sosa, Emanuel Adrián c/  s/ homicidio calificado criminis causa agravado por el medio empleado -uso de arma de fuego- en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

La compareciente se empeña en imponer su propia postura -esto es, el encuadre legal del hecho como robo calificado por el uso de arma de fuego de guerra en grado de tentativa y lesiones graves-, mas sin lograr demostrar la existencia de arbitrariedad y la afectación de los principios y garantías constitucionales en el razonamiento de los Judicantes, quienes refirieron a que el robo se había visto frustrado como consecuencia de que la víctima aprovechara una distracción del imputado y se dispusiera a correr, momento en el cual éste le efectuó un disparo hacia zonas vitales de su cuerpo, sin evidenciarse, por tanto, la presencia de otro motivo válido o lógico que movilizara al encartado para así accionar.