marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jornada de trabajo, horas extra, choferes de corta distancia
Materia: LABORAL
Carátula: La Costera Criolla S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo s/ sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-10

La ley 11.544 establece una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, en tanto el decreto 16.115/33 autoriza la distribución desigual del tiempo semanal de trabajo siempre que no se trabajen más de 9 horas diarias: las que excedan el límite diario o semanal se consideran horas extraordinarias (art. 201 LCT). El Convenio Colectivo Nª 460/73 establece en su art. 9 inc. a: "El personal de media y larga distancia y auxiliares de abordo, a los efectos de la percepción del sueldo básico mensual, deberá cumplir un ciclo de doscientas (200) horas mensuales; cumplido el mismo toda hora trabajada en exceso será retribuida con un incremento del 50%... El sueldo del trabajador no sufrirá disminución alguna si por causas ajenas al mismo no cubriera dicho ciclo". El inc. b, en consonancia con el artículo 197, primer párrafo, de la LCT, dispone: "Se considera tiempo de trabajo el transcurrido desde la hora de iniciación de los servicios hasta la terminación de los mismos, incluso los lapsos fijados para llevar a cabo las obligaciones previas y posteriores".
Concursos, quiebra, homologación del acuerdo, intervención obligada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Transporte Automotor Plaza SAC E I. c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Procede confirmar la resolución que decidió intervenir el órgano de administración de la concursada designando un interventor con desplazamiento de los directores y del liquidador. Ello por cuanto, en el caso, se observó que el órgano de administración de la concursada, luego de la homologación del acuerdo, procedió con extrema quietud y que no viene brindando la información que el caso complejo requiere. Además como juez del concurso, le incumbe procurar la preservación de los activos para que con su liquidación se puedan cancelar los pasivos adeudados -LCQ 17-. Es que la concursada, se desprendió de su negocio, y fue quien se puso voluntariamente en un estado de disolución e inició el procedimiento de liquidación. Ahora bien, su contabilidad atrasada y su reticencia en responder los requerimientos que le fueron formulados, no ofrece por el momento la transparencia y colaboración suficiente como para garantizar un adecuado control del cumplimiento del acuerdo. (En el caso, la deudora consiguió acordar una importante quita de los créditos pero resignó la explotación del negocio ya que, al homologarse el acuerdo concordatario, el juez de grado autorizó la cesión a otra empresa, de la traza que explotaba la deudora y en asamblea se decidió la disolución de la sociedad).
Recursos, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Ge, José Marcos c/ Suc. Lima, Rosario Larrinaga de s/ Apelación de Sentencia-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-07-30

Debe ser desestimado por falta de fundamentación, el recurso que se remite a lo expresado en el otro, ya que no se basta a sí mismo, debiendo tener ambos recursos, fundamentación autónoma.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Derecho laboral, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Sánchez, Maximiliano Gastón c/ La Segunda ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

Deberá ser ponderado con suma mesura el modo de tracción de los antecedentes del Máximo Tribunal, valorando todas las aristas de cada caso concreto, a fin de no incurrir en arbitrariedad al configurarse un sobre acatamiento de la doctrina sentada por la Suprema Corte, al perder de vista la especialidad de la temática: el iter que se ve contreñido a seguir un sujeto de preferente tutela constitucional, que resultó disminuido en su capacidad de ganancia y pudo no haber satisfecho su derecho en alcance y oportunidad, por cuestiones no achacables al mismo.
Sentencia definitiva, medida de no innovar, medidas cautelares, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOTTAN, ENZO ALEJANDRO Y OTRO c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-04

El art. 15 de la ley 16.986, con claridad expresa que los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas y las resoluciones que dispongan medidas de no in-novar, deben concederse o denegarse en ambos efectos. Comentando el artículo en cuestión, Néstor Sagües sostiene: ". ello significa que una medida cautelar autori-zada por el juez de primera instancia no puede ejecutarse hasta que sea confirmada por la alzada, si resulta apelada", agregando luego ". tal fue, incuestionable, el pro-pósito del legislador, el que a través del entonces secretario de justicia, puntualizó que la norma se apartaba de los antecedentes obrantes en la materia, y que lo hacía por los riesgos institucionales que un amparo podría provocar al contraponer a distintos poderes del Estado. Debía haber pues, una suerte de respaldo judicial superior a lo resuelto por una juez de primera instancia en el tema, antes de ejecutarse lo decidido respecto de una medida precautoria" (cfr. "Derecho Procesal Constitucional - Acción de amparo", pág. 500; mismo autor, "La inconstitucionalidad de la concesión con efecto suspensivo de la resolución admisoria de una medida cautelar", E.D. 188-554). (Disidencia de la Dra. Dorado).
Sucesiones, bienes inmuebles, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MARCKWARDT LASALLES s/ SUCESION S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-21

Conforme lo dispuesto por los arts.10 y 11 del CCI, es el derecho argentino el que rige todo lo concerniente a los bienes inmuebles y muebles que tienen situación permanente, tanto en su calidad de tales, como a los derechos de las partes, capacidad para adquirirlos, modo de transferirlos y a las solemnidades requeridas.
Habeas corpus correctivo, servicio penitenciario
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: INSTITUTO PARA LA RECUPERACION DEL ADOLESCENTE DE ROSARIO (IRAR) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) ROSARIO (IRAR) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

Asiste razón a la recurrente en cuanto a que en ciertos puntos de la sentencia impugnada la Magistrada ha pretendido sustituir atribuciones propias de la autoridad administrativa, exorbitando las prerrogativas que competen a los jueces; por cuanto no es finalidad de los habeas corpus correctivos y colectivos que el Poder Judicial sustituya a los otros poderes constitucionales en sus funciones propias, y no corresponde a aquéllos inmiscuirse en cuestiones que constituyen una decisión de resorte exclusivo del Servicio Penitenciario, ni asumir funciones de gestión política que no es la que tienen asignada por la Constitución, desde que la judicatura no cuenta con las herramientas adecuadas para definir cuál es la mejor forma de satisfacer determinadas exigencias o derechos de los involucrados, y en el caso de autos, de los jóvenes alojados en el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario. (Del voto del Dr. Erbetta)
Competencia, competencia comercial, liquidación de entidades financieras, banco central, responsabilidad del banco, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSTRUCTORA BARCALA  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

En la especie se demanda Banco Central de la República Argentina por daños y perjuicios derivados de su actuación durante la intervención, liquidación y posterior quiebra de una entidad financiera -Banco de los Andes S.A.- que había concertado con la aquí actora la compraventa y construcción de una finca, operación que quedó frustada a raíz de la mencionada actuación. En tales condiciones, la resolución de la cuestión conduce prioritariamente al análisis de las vicisitudes del contrato, y consiguientemente, al ámbito del derecho privado, correspondiendo atribuir el conocimiento de la presente al fuero en lo comercial.
Designación de jueces, organización de la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Paz, Marta y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Aun cuando las amparistas sean juezas designadas, la ley 1086 pudo establecer válidamente una conformación de la Cámara Contravencional que no las incorporase de manera inmediata al fuero, cuya integración siempre se previó como gradual o paulatina
Estafa, uso de documento falso, concurso ideal, delito continuo, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: BALBANERA DE CASTRO s/ DELITO  EFECTO PERMANENTE. DEFRAUDACION. USO DOCUMENTO PUBLICO FALSO.  CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-28

La conducta atribuida a la procesada, que percibió mensualmente, durante cierto tiempo, en forma indebida, un sobresueldo correspondiente a un título que no poseía constituye un caso específico de delito de efecto permanente, en el que no se prolonga su acción consumativa, sino los efectos materiales dañosos causados por la consumación instantánea. No se trata, en consecuencia, de una hipótesis delictiva cometida en forma reiterada, sino de una maniobra fraudatoria, que debe ser unitariamente considerada.
Acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, medida de no innovar, presunción de legitimidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lacuadri de Mansilla, Ilda Sabina c/ Provincia de Formosa s/ Acción de Amparo Formosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-21

Con referencia a las medidas precautorias respecto de actos administrativos, legislativos o políticos, se ha sostenido que la presunción de validez de los actos de los poderes públicos torna improcedente la medida de no innovar cuando se advierte prima facie que, de llevarse a cabo los mismos, se ocasionaría un perjuicio irreparable a los derechos que tuvo la accionante, es decir, si no se acredita en forma fehaciente la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad del acto administrativo cuestionado, pues sólo concurriendo dicha circunstancia resulta quebrada la presunción de legitimidad que aquéllos gozan. De ello se sigue la mayor estrictez que debe guiar la apreciación de la verosimilitud del derecho invocado por el peticionario de la medida cautelar. De allí que, la presunción de validez de los actos de los poderes públicos, impide disponer por vía de no innovar, la suspensión de la aplicación de las leyes y decretos, si además no se ha invocado la irreparabilidad del perjuicio.
Contrato de trabajo, transferencia del personal, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, JUAN ENRIQUE c/ PIÑOL, MIGUEL OSCAR s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-05

Habiéndose acreditado que se operó una cesión de personal en los términos del artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, cedente y cesionaria son solidariamente responsables por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida.

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Precio vil, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: VAN HEERDEN ROLANDO c/ ALVAREZ HUGO s/ RENDICION DE CUENTAS-INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-07

La causal alegada de que la subasta se realizó en un lugar distinto del inmueble a subastar, no resulta suficiente a los fines pretendidos por el nulidicente en función que ello fue autorizado por vía judicial (conf. art. 477 del C.P.C.C.), y debidamente publicado, sin que la recurrente formulara objeción alguna con anterioridad a la realización del remate, por lo que no procede lo peticionado.

Con respecto al precio vil que afirma la recurrente se habría obtenido del remate, no surge de autos tal circunstancia, toda vez que para evitarlo se ha fijado una base. Por lo que corresponde el rechazo del recurso intentado, con costas a la apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Plan para la vivienda, hábitat
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

El abordaje que el Gobierno ha dado al problema habitacional dista del programa que la CCABA le ha encomendado, desde que las normas que suscitan la demanda, contenidas en el decreto 960/08, modificatorio del decreto 690/06, fueron emitidas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades que le acuerdan los arts. 102 y 104 inc. 17 de la CCABA. (Voto Dr. José O. Casás, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano).
Instrumentos privados, valor probatorio, fecha cierta, certificación de firma
Materia: CIVIL
Carátula: A. M. A. Y. O. c/ B. N. I. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-06

El impugnante niega valor probatorio al instrumento privado acompañado por los actores, citando a un sector de la jurisprudencia que analiza la hipótesis del inc. 2 del art. 1035 con criterio restrictivo. Lo cierto es que la temática atinente a qué actos conceden fecha cierta a un instrumento privado ha generado debate doctrinal encontrándose, por un lado, posturas restringidas que han juzgado que la certificación notarial de las firmas sin que se haga constar la presencia de dos testigos, que también firmen, no satisface los extremos legales para dar fecha cierta frente a terceros (cfr. C2º Civ y Com y Minas San Juan, sentencia del 09/12/1985, en DJ 1986-II-428). Con igual carácter limitativo ha sostenido una porción de la doctrina judicial que la simple certificación de la firma por el juez de paz no da fecha cierta al instrumento privado (C. Civ y Com. Córdoba, 3 nom, sentencia del 2/9/1983, en LLCórdoba 984-746, 60-R); mientras que, por otro lado y con mayor amplitud, se ha entendido que le otorga fecha cierta al boleto de compraventa hasta el sello fechador de la oficina impositiva (cfr. C2º Civ y Com, La Plata, sentencia del 03/11/1950, en JA 1951-II-83); aceptando la jurisprudencia mayoritaria que la certificación notarial de las firmas de un instrumento privado como medio de dar certeza, no sólo lo es sobre la autenticidad de éstas, sino también respecto de la fecha, fundados en el carácter público del acto de certificación (Lavalle Cobo Jorge, Código Civil, Bueres -direc.- y Highton -coord.-, t. II C, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 200), llegando a admitirse que no habiendo sido redargüida de falsedad la certificación notarial de firmas, debe juzgarse que la autenticidad de la firma atribuida a una de las partes se encuentra plenamente demostrada (cfr. CNApel.Com., Sala E, sentencia de fecha 09/4/1989, "C. N., M. F. c. Guelar, Guido F.", en La Ley 1989-D, 489 - DJ 1990-1, 317).
Convenios colectivos de trabajo, homologación del convenio colectivo, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, sindicatos, trabajadores de Luz y Fuerza, ESEBA Sociedad Anónima, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-21

Si la Federación Argentina de Luz y Fuerza, mediante resolución de la XXXIV Asamblea, 10.12.92, separó de su ámbito al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, el convenio homologado a posteriori por dicha Federación y las empresas Eseba s.a. ; Eseba Distribución s.a. y Eseba Generación s.a. no alcanza al Sindicato escindido.

Aceptar lo contrario implicaría introducirse directamente en la esfera de la libertad sindical garantizada constitucionalmente, art.

6 de la ley 23551, art. 14 bis de la CN. Declaración universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, relación de dependencia, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Rango, José Guillermo c/ Starker, Jorge Pablo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Si bien lo atinente a la existencia o no del vínculo laboral entre las partes y la apreciación de los elementos demostrativos de ella, remite al examen de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común que, como regla, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde apartarse de ese principio cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.
Cheque, imposibilidad legal del pago del cheque, cierre de cuenta corriente
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA, Osvaldo s/ CHEQUE - LIBRAMIENTO CON IMPOSIBILIDAD DE PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-02

Excluida la estafa ante la no probada existencia de una voluntad desviada por el error, la conducta del enjuiciado al entregar al denunciante tres cheques contra una cuenta bancaria cerrada, llevándose en cambio un vehículo con su documentación, que entregó a otro configura el delito de libramiento de cheque a sabiendas de su imposibilidad de pago.
Calificación legal, robo con armas, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: CARNERO, Claudio Ariel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde convalidar la calificación legal adoptada en la instancia anterior, al afirmarse que "la notoriedad del limado en la numeración del arma determina el conocimiento pleno y decisión de los imputados de receptar el arma en tales condiciones, lo que revela la intención de encubrir el delito previsto en el art. 189 bis inciso 5 del Código Penal". En el caso, luego de consumado el delito de robo agravado mediante el uso de arma de fuego, atento que los imputados tuvieron la posibilidad de disponer de los objetos sustraídos, aunque sea por un breve lapso de tiempo, se verificó la tenencia (en realidad, como se dijo, "portación") del arma de guerra atribuida a los imputados al momento de su detención, por lo que nos encontramos ante una hipótesis de concurso real o material -pluralidad de hechos y pluralidad de delitos, art. 55 CP-. Por último, en punto a la relación concursal entre las figuras delictivas aplicadas (tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento), corresponde señalar que el Código Penal no habla de pluralidad de delitos para referirse al concurso real sino de pluralidad de hechos. Pero la expresión "hechos" no puede ser tomada en un sentido puramente mecanicista sino mediante una valoración normativa, por lo que tampoco cabe confundir pluralidad de acciones con pluralidad de hechos. Por ende, si la tenencia del arma es meramente concomitante con la receptación o con su utilización para un ilícito contra la propiedad o la vida, quedará absorbida por el segundo delito, ya que se tuvo solo para encubrir o para atentar contra la vida o la propiedad. Sí, de adverso, la tenencia es anterior a la otra infracción o continúa en el tiempo después de consumada ésta, cobra independencia fáctica y se revelan como hechos escindibles en la relación entre sí y es de aplicación el artículo 55 del Código Penal. Conforme a lo expuesto, en el caso, como se afirmó anteriormente, se trata de hechos que concurren materialmente en tanto la receptación del arma de guerra por los acusados supone una instancia empírica y normativa diferenciada de la portación y del uso posterior de aquella.
Universidades, autarquía universitaria, autonomía universitaria
Materia: EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521. Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27|1999-05-27

La autarquía es complementaria de la autonomía universitaria y por ella debe entenderse la aptitud legal que se les confiere a las universidades para administrar por sí mismas su patrimonio, es decir, la capacidad para administrar y disponer de los recursos que se les asignará a cada una de ellas, mediante los subsidios previstos en la ley de presupuesto, como así también la plena capacidad para obtener, administrar y disponer sobre los recursos propios que se generen como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
Impuestos, situación de vulnerabilidad, capacidad contributiva, igualdad ante la ley, jubilados
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido, ya que la falta de consideración de esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja.
Acción de amparo, derecho a la salud, menores, personas con discapacidad, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.B.,E.I. c/ Obra Social Personal Marítimo y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14

El Estado Nacional tiene obligación subsidiaria de proveer el 100% de la cobertura de un acompañante terapéutico a un menor de edad discapacitado, por cuanto es responsable subsidiario de la prestación de los servicios médicos y rehabilitación que requieran los menores discapacitados.
Ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ELESPURU RUIZ, Cesar s/ Naturalización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Debe revocarse la sentencia por la cual se otorgó la ciudadanía argentina por naturalización por cuanto no se cumplió con el informe o certificado de buena conducta del país de origen de la peticionante, siendo un requisito acorde con la naturaleza del acto.
Expropiación, demanda, falta de contestación de la demanda, indemnización
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ VENETUCCI, INDIANA JORGELINA s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-13

Si bien el examen de los hechos fictamente reconocidos por la parte demandada (art. 143, Código Procesal Civil y Comercial, aplicable), lo normado por el artículo 15 de la Constitución provincial, la ley 7534 y la ley 11.044 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble propiedad de la accionada (afectado a la construcción de terraplenes de defensa contra inundaciones), determina la procedencia de la acción expropiatoria interpuesta, la incontestación de la demanda no autoriza a fijar automáticamente la indemnización en el monto ofrecido por la actora al demandar.

Siendo así, para establecer la indemnización que sustituya en el patrimonio de la parte expropiada el valor del bien del cual se la priva, es preciso tener en cuenta las pruebas obrantes en autos acerca del valor del inmueble.