Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03


Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I) Que las presentes actuaciones se elevan a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal, contra la resolución de f. 22/31 de la causa principal, por medio de la cual el Señor Juez de Grado ha dispuesto en su punto I) declarar la nulidad del acta de detención y secuestro, y en su punto II) sobreseer a José Rodolfo Martínez Esmerdel por el delito que le fuera imputado.

El Señor Fiscal General se expide a f. 40/44 solicitando se revoque la resolución de f. 22/31, haciendo expresa reserva para recurrir en casación y de presentar recurso extraordinario de no compartir el Tribunal el criterio por él expuesto.

II) Se inician las presentes actuaciones a raíz de la declaración prestada por el Inspector Bernardo Acquesta, quien da cuenta que siendo la 1.50 aproximadamente en circunstancias en que recorría con personal a sus órdenes esta Capital con el fin de realizar controles rutinarios, procedió a identificar a una persona del sexo masculino que se encontraba en la calle Varela, frente al Nro. 214 quien en presencia de los testigos solicitados...fue revisado por el policial. Producto de la mencionada revisación, surgió el secuestro de un cigarrillo de armado casero conteniendo una sustancia verde amarronada, oscura, vegetal, que características y aroma se trataría de marihuana. Dicho elemento lo llevaba sujeto a su cintura, sector delantero, sostenido por el elástico de su slip, no secuestrándose otros elementos... (fs. 1).

III) Ahora bien, como primer cuestión, habrá de señalarse que es ésta la etapa procesal oportuna para dar tratamiento al planteo introducido.

Ello, por cuanto ya se ha sostenido que no existiendo determinadas y concretas circunstancias alegadas por los preventores para justificar su proceder, o siendo ellas manifiestamente inconducentes, resulta ésta la etapa oportuna para decidir cuestiones de la naturaleza de la ventilada en este legajo (ver causa Nro. 15.022 Gramisci, rta. el 15/12/98, reg. Nro. 16.070).

IV) Yendo al análisis de fondo del planteo introducido por el Señor Agente Fiscal, corresponde analizar la regularidad de la requisa personal efectuada en autos.

En tal sentido, cabe consignar que la búsqueda de cosas relacionadas con un delito en el cuerpo o ropas de una persona, se halla sujeta a limitaciones en virtud de hallarse en juego el ámbito personal de intimidad de sustento constitucional (artículo 18 de la Constitución Nacional), tratándose sin lugar a dudas de un acto gravemente restrictivo de la libertad personal (Conf. causa Nro. 10.987 Francisconi, rta. el 12/4/95, reg. Nro. 11.902).

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22 -el que ha de interpretarse como complementario del artículo 18 de aquella-, dispone que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. En idéntico sentido el artículo 17, inciso 1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11, inciso 2).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ...nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por una ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o en la persecución del crimen... (Fallos 306:1892).

Tal ley, debe establecer las formas y los recaudos para que esa intromisión no sea arbitraria.

Nuestra legislación establece como presupuestos para la procedencia de la requisa que se encuentren reunidos motivos suficientes para presumir que alguien oculta cosas relacionadas con un delito (artículo 230 del C.P.P.), la que será ordenada por un juez o en casos de urgencia las llevará a cabo directamente el funcionario policial interviniente (artículo 184, inciso 5to. del C.P.P.).

Por más que resulta sobreabundante señalarlo, tal autorización a la policía presupone la concurrencia de las condiciones que según la norma específica deben hallarse presentes, es decir, los motivos suficientes para presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito, a lo que ya hiciéramos referencia, sólo que se prescinde de la necesidad de orden judicial cuando además exista razón de urgencia que aconseje no postergar el acto. Tal es el sentido que debe darse a la expresa disposición del artículo 184, inciso 5to., de que los funcionarios policiales deben actuar en los casos de requisas urgentes con arreglo al artículo 230 de la ley adjetiva (Conf. causa Nro. 11.080 Carbonero, rta. el 30/5/95, reg. Nro. 12.019, y sus citas). Que de lo hasta aquí expuesto resulta contundente que la decisión de detener y requisar a una persona no queda sujeta a la absoluta discrecionalidad policial, sino que deben mediar ciertas circunstancias que habiliten tal proceder.

En autos, no existía razón alguna invocada por personal policial para proceder a la afectación de los derechos individuales de Martínez Esmerdel -identificación y requisa-, adviértase que el Sr. Fiscal General tampoco logra distinguir alguna, ya que la conducta hasta ese momento adoptada por el nombrado -y conforme se desprende del acta ut supra referida-, no podía traducirse como sospechosa, de donde la situación carece de encuadre tanto en la ley procesal vigente como en el artículo 5to. del decreto-ley 333/58, reformado por la ley 23.950 (ver en tal sentido, Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en causa Nro. 2113 Monzón, reg. Nro. 2653, rta. el 16/3/99). Por otra parte, no puede hablarse de flagrancia, ya que no fue sorprendido cometiendo el hecho o inmediatamente después, ni era perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público, y no existían signos vehementes de que acababa de participar de un delito (ver artículo 285 de la ley procesal vigente; y Claria Olmedo Derecho Procesal Penal, tomo II, pág. 461, Editora Córdoba 1984).

Que claramente se aprecia en autos que el imputado no fue sorprendido cometiendo el acto mismo, ya que para llegar a advertir su comisión hubo que disponer la requisa aquí analizada la que, como ya se sostuvo, no se adecuó a los parámetros legales.

Tampoco encuadra el evento de autos en aquellos supuestos de registro de tipo administrativo o de seguridad, como por ejemplo aquel que se lleva a cabo en el ingreso o egreso de una unidad carcelaria, central nuclear, una aduana, un estadio deportivo o como cuando se aborda un avión (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III en causa Longarini, del 27/4/94).

Consecuentemente, la actitud analizada conlleva la nulidad de todo lo actuado, pues el vicio detectado incumbe a la intervención del imputado y mas allá del perjuicio apuntado al derecho de intimidad, afecta garantías del debido proceso e inviolabilidad de la defensa, recayendo tal proceder dentro de los supuestos de nulidad previstos por el artículo 167, inciso 3ro. del Código Procesal Penal de la Nación, desde que el proceso para ser legal, no puede basarse en la mera discrecionalidad ni del Juez ni por supuesto de sus auxiliares, máxime cuando se enmarca su situación exigiendo la concurrencia de determinadas circunstancias, requisito que permite apreciar al imputado la legalidad de la decisión tomada y, eventualmente, cuestionar la existencia de aquellas para llevar a cabo tal medida (ver causa Nro. 9516 Incidente de nulidad, rta. el 15/10/93, reg. 10.232).

Por ello, a criterio del Tribunal, no existió en las presentes actuaciones motivo alguno que justificara la requisa personal de Martínez Esmerdel.

Es en virtud de lo precedentemente expuesto que este Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución de f. 22/31 en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación.