Sucesiones, vocación hereditaria, herencia vacante, legitimación procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CASTILLO JUAN ERNESTO Y OTROS c/ HEREDEROS DE MARTINEZ JULIA MANUELA Y DE CASTILLO JOSE GENUARIO Y PROV s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-14

En el proceso de herencia vacante caben distinguir dos situaciones: la "reputación de vacancia" (art. 683 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán) y la "declaración de vacancia" propiamente dicha (arts. 3539, 3540, 3541, 3544, Cód. Civil y art. 687 de la ley ritual local). En la primera debe nombrarse un curador que proceda a inventariar y evaluar los bienes, así como a pagar las deudas de la sucesión, procurando su liquidación definitiva para luego adjudicar su remanente al Fisco (CNCiv, Sala A, 03/6/1997, "Seone, María, en La Ley 1998-D-92); en la declaración de vacancia de la herencia los bienes que pertenecieron al de "cujus" se han liquidado correspondiendo el remanente a la Provincia, ocasión en que se declara strictu sensu vacante a la sucesión -art. 3544, Cód. Civil- (SCJBA, sentencia del 20/9/1988, "De Lio, Pascual A. suc. c. Lemos, Teodoro. -Ac. 38.494", en La Ley 1988-E, 402), operándose la entrega de los bienes o la transferencia de su producido al fisco, bajo inventario y tasación judicial (Gozaini, Osvaldo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 2 ed. act., La Ley, Buenos Aires, p. 534). Si bien solo la primera etapa se encuentra acreditada en la especie; no puede sino entenderse que la Provincia se encuentra legitimada para defender su derecho, incluso desde antes de la reputación de vacancia, pudiendo ejercitar toda clase de acciones con tal finalidad (Medina, Graciela, Código Civil Comentado, Sucesiones, t. II, Rubinzal Culzioni, Santa Fe, 2008, p. 140). Por tanto, independientemente del momento en que el estado se apropie de los bienes o del remanente resultante de su liquidación, lo que recién ocurrirá luego de que el juez los entregue bajo inventario y tasación judicial, no puede soslayarse que aún en la etapa prev ia -de reputación de herencia vacante- no es acertado equiparar al Estado Provincial con un tercero extraño a la relación jurídica sucesoria (CSJN, sentencia del 28/3/1985, "Castañares de Román, Pía E.", en La Ley 1985-C, 458, Fallos 307:266), corroborando tal hermenéutica el hecho de que el Fisco sea considerado parte en las cuestiones que se suscitaren contra la herencia vacante (art. 684 del CPCCT). Ciertamente, aunque en sentido técnico el Estado no sea realmente un heredero ni un sucesor, como lo destaca el Codificador en la nota al art. 3588 del CC, o sea que ante la falta de otro dueño los bienes son reintegrados al dominio privado del Estado, que los adquiere a título originario y no derivado, esto es, por sustitución y no por sucesión (arts. 2342 inc. 3, in fine y 3588 Cód. Civ.) en virtud de su dominio eminente; lo cierto es que la ley lo ha equiparado a un heredero en cuanto a los derechos y a las obligaciones cuando le corresponden los bienes a falta de los que tengan derecho a heredar -art. 3589 del CC- (López Mesa, Código Civil, t. IV, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 683; ídem CNApel Civil, sala F, sentencia del 18/12/1980, "Fonteros, Oscar M. y otro c. Buadze, Gregorio, suc.", cita La Ley online AR/JUR/2198/1980), por lo que no puede desconocérsele interés legitimo a los bienes dejados por el causante (CNCiv, Sala D, 12/8/1986, "González de Gutiérrez Tomasa vs. Casas de Garrido, Marúia A, La Ley 1987-A-403; D.J. 1987-1-748); adquiriendo el Fisco carácter de parte legítima, debiendo ejercer activa y pasivamente todos los derechos hereditarios (Colombo y Koper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 2 ed. La Ley, 2006, Buenos Aires, p. 640). Efectivamente, el Estado tiene legitimación para ejercer toda otra acción encaminada a obtener el reconocimiento de su derecho sobre dichos bienes, frente a quienes pretenden ser titulares de un derecho hereditario excluyente (Bueres y Highton, Código Civil, t. VI A, Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 771), lo que obviamente resulta extensible al sup uesto de marras donde se ejercita una acción de prescripción adquisitiva, potencialmente excluyente del derecho del Estado proveniente del art. 3588 de Digesto Civil. Por tanto, aún cuando la Provincia requiera del previo inventario y tasación de los bienes para la obtención de la posesión material (ob. recién citada, p. 772), de conformidad a lo prescripto en el art. 3589 del CC y 687 de la ley ritual, ello no obsta su legitimación e interés como "parte" en un proceso de prescripción adquisitiva contra los bienes que forman parte del acervo hereditario reputado vacante. En esta tesitura se ha dicho que la circunstancia de que el fisco de la Provincia sólo tenga funciones de control no implica en modo alguno que esa Fiscalía no sea parte demandada en juicios, en los que debe defender un legítimo interés de la Provincia, puesto que está llamada a recibir los bienes relictos o el producto de la venta de ellos (CNApel. Civil, Sala D, sentencia del 07/10/1985, "Vega, Agripina c. Provincia de Buenos Aires y otro", en La Ley 1986-A, 65 - DJ 1986-1, 491).