Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-11


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los once días del mes de abril del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Günther Enrique Flass, encontrándose recusado de actuar el Dr. Benjamín Moisá, para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados:

"M G B c/ R W I s/ División de Condominio" (Expte. N° 219/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 336 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C. correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. FLASS -FRÜCHTENICHT.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 312/317?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la PRIMERA CUESTION, el Dr. Flass dijo:-- A fs. 6/8, al Sra. G B M con el patrocinio letrado del Dr. L H F demanda división de condominio contra su anterior concubino el Sr. W I R, denunciando como bienes comunes un inmueble sito en Bº Soemt, calle Soberanía Nacional casa 7 mza. 65 Legua 20 de la ciudad de Trevelin; un automóvil Volkswagwn Gol, una motocicleta enduro 250cc., y otros bienes muebles.- A fs. 18/20 y vta. contesta el Sr. W I R a través de su apoderado el Dr. R T G L oponiéndose al progreso de la acción.

A fs. 312/317 y vta. se dicta sentencia nº 78/2006, del 3 de noviembre de 2006, por la cual sólo se hace a lugar a la división de los derechos de adjudiciación y obligaciones emergentes de res. 076 del IPVyDU respecto a la casa nº 7 (Anexo I) Bº SOEMT de Trevelin mas no así sobre los demás bienes.

Las costas se imponen en el orden causado.-- A fs. 321 apela el demandado expresando agravios los cuales pueden resumirse en los siguientes: Primero, hubo extralimitación en la sentencia pues tratándose de una acción de división de condominio se escindieron derechos de naturaleza creditoria.

Segundo, hubo mala apreciación de la prueba pues el único adjudicatario del inmueble era el Sr. R y no su concubina.

Tercero, invocando eventualidad, impugna la distribución paritaria dispuesta en la sentencia.-- Dicho lo precedente corresponde analizar los agravios en el orden propuesto.- Existen en nuestro sistema jurídico distintas formas de comunidad de derechos pudiendo distinguir dos grandes grupos según la naturaleza que los derechos ejercidos en común sea creditoria o real.

El condominio, es una especie de comunidad en la cual el derecho real de propiedad pertenece a varias personas por una parte indivisa ya recaída sobre cosa mueble o inmueble (art. 2503 C.Civ.), por el contrario " No es condominio la comunión de bienes que no sean cosa" (art. 2674 C.Civ.).-- -En nuestro sistema romanista, a diferencia de la "gesammte hand" germánica, el condominio es esencialmente divisible por voluntad conjunta o unilateral de cada sujeto siendo procedente para ello la acción de "división de condominio" de carácter real y cuya finalidad es la extinción de un derecho real (el condominio) para dar nacimiento a otro derecho real (el dominio).

Nuestra ley de rito ha creado un procedimiento con notas especiales para dicho trámite regulándolo en los arts. 676 a 678.- Es de estricta lógica y por su obviedad no requiere mayores especificaciones la premisa según la cual sólo puede demandarse división de condominio cuando las partes tienen en común un derecho real, caso contrario, es decir cuando el derecho mancomunado fuera de naturaleza obligacional o creditoria serán otras las formas de extinción, de allí que quien pretende una "communi dividundo" ha de acreditar el derecho real de propiedad detentado en común.

Dicho lo precedente corresponde indagar sobre la naturaleza del derecho común cuya escisión pretende la parte actora.-- Surge de autos que el Sr. W I R ya sea en forma individual o conjuntamente con la actora -ello no es objeto de análisis en esta etapa-, ha adherido a un plan de viviendas estructurado entre el "Sindicato de Trabajadores Municipales de Trevelin" y la empresa "P C S.R.L." (fs. 212).

Conforme CLAUSULA NOVENA, las partes pactan expresamente que la escrituración recién se hará al momento de recibir la vivienda y previa constitución de hipoteca para garantizar el pago.-- Hasta tanto se celebre la escritura traslativa de dominio, el futuro adquirente, sólo tiene un derecho creditorio al perfeccionamiento del negocio mas no un derecho real sobre el inmueble.- Al respecto dice W "Recapitulando lo expuesto, afirmamos que con arreglo al sistema de nuestro ordenamiento, para la transmisión y consiguiente adquisición de derechos reales es necesaria la concurrencia de dos causas: a)una remota o mediata (el título), y b ) otra mediata o próxima (el modo).

La compraventa funciona como título; la tradición y la inscripción registral actúan como modos" (W. E. C. "Compraventa y Permuta" Astrea. Buenos Aires 1984 pág. 56).- De lo dicho surge que, independientemente de la existencia o no de comunidad de derechos entra las partes, el Sr. Juez a quo nunca pudo proceder a la división del condominio pues no existía dominio en común y es de estricta juridicidad recibir favorablemente la queja del recurrente.

En cuanto al resto de los agravios y conforme al resultado propuesto devienen -a mi entender- abstractos.

Acorde con lo considerado, a la primera cuestión respondo por la negativa.-- A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:- Identificación de la sentencia apelada: A fs. 312/317 luce agregada la sentencia de fecha 03 de noviembre de 2006, dictada por el Sr. Juez de grado, Dr. Claudio Alejandro Petris y registrada bajo el N° 78 del año ppdo., mediante la cual dispuso:

A) Hacer lugar parcialmente a la demanda de división de condominio impetrada por G B M contra W I R respecto de los derechos de adjudicación y demás obligaciones dispuestas en la resolución 076 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano respecto al inmueble que individualiza;

B) Imponer las costas en el orden causado; C) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes y D) Integrar la tasa de justicia de conformidad con el art. 6 de la Ley N° 1806.-- 2. Trámite posterior a la sentencia: Contra el acto jurisdiccional que individualicé en el párrafo que precede se alza en apelación el demandado (v. fs. 321), siéndole concedido el recurso a fs. 322.

Que con fecha 22 de noviembre de 2006, los presentes autos tienen su ingreso en esta Cámara (v. cargo de fs. 323).- Que a fs. 326/327 y vta. expresa sus agravios el demandado apelante, los que son contestados por la actora a fs. 331 y vta..- Que a fs. 332 se llama autos para sentencia.

Firme el llamamiento, a fs. 336 se practica el sorteo dispuesto por el art. 268 del rito provincial.- 3. Los agravios deducidos: En la oportunidad dispuesta por el art. 259 de aquél, el demandado apelante se agravia:

1.) Por el acogimiento de la demanda realizado por el juez apelado en relación a los derechos de adjudicación del inmueble que describe, pues entiende que fueron tres los errores en que incurrió el magistrado de la instancia anterior.

Ellos son: a) Violación al principio de congruencia al extralimitarse en su decisión; B) Errónea interpretación de la documentación agregada en autos y C) Basar su decisión soslayando la existencia y prueba de aportes comunes.

Afirma que la decisión apelada afecta las garantías que surgen de la propiedad y de la defensa en juicio pues la decisión excedió a la pretensión.

Cita abundante doctrina y antecedentes que -afirma- le asisten en su pretensión recursiva; y 2.) También lo ofende el porcentaje otorgado a cada uno de los condóminos, aunque aclara que deduce este agravio para el eventual no acogimiento del primero de ellos y cita calificada doctrina.-- 4. Consideración de los agravios: Es dable advertir que socialmente se ha desarrollado un proceso de maduración conforme al cual el pensamiento y el sentimiento del hombre medio argentino han casi equiparado -en su valoración ética- la unión legítima de los esposos y aquella unión de hecho que -en nuestro régimen legal- carece de efectos jurídicos por hallarse afectada de un impedimento de ligamen o bien por la propia voluntad e íntima convicción de sus integrantes.

Dichas uniones ya no afectan la moral y buenas costumbres del cuerpo social, y son recepcionadas con el consenso de la sociedad, adjudicándoseles diferentes denominaciones: "unión o matrimonio de hecho", "matrimonio aparente", "unión libre", "unión estable", "pública convivencia", etc..- Como ejemplos de receptividad de dichas uniones en la legislación de otros países, tenemos que la constitución de la República de Cuba de 1940 dispone en su art. 43: "Los tribunales determinarán los casos en que por razones de equidad la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada por su estabilidad y singularidad, al matrimonio civil".

Para similar tratamiento, la Constitución de Bolivia, exige un plazo mínimo de 2 años de vida común y la de Panamá, 10 años de convivencia, en condiciones de "singularidad y estabilidad".

A su turno, el Código de Familia de Bolivia de 1973 en su art. 159 establece: "Las uniones conyugales libres o de hecho que sean estables y singulares, producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes.

Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos del matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio de las medidas particulares que se dan a continuación".

También, el Código Civil de Guatemala determina que la unión libre, exenta de impedimentos para contraer matrimonio válido y mantenida la convivencia durante el término que fija la ley, surte los mismos efectos que el matrimonio civil legalmente constituido.

En el Estado de Tamaulipas (México), el art. 70 del Cód. Civil, dispone: "Para los efectos de la ley se considerará matrimonio la unión, convivencia y trato sexual continuado de un solo hombre con una sola mujer".

El artículo siguiente aclara que no deben existir para ello impedimentos matrimoniales.

Por último, la ley de Panamá del 12 de diciembre de 1956, en su art. 1º dispuso que "La unión de hecho entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante diez años consecutivos, en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil".- Mas todas esas distinciones realizadas al inicio de este punto, en nuestro caso resultan estériles a los fines jurídicos, pues nuestra ley no distingue para atribuir efectos jurídicos a las distintas situaciones que se contemplan en el derecho americano citado a modo ilustrativo.

Lo cierto es que nuestro derecho hace referencia siempre al concubinato, aunque utilizando diferentes terminologías.

De allí que parecen inútiles todas estas especificaciones para encontrar el concepto, pues lo que importa es la unión de hecho fuera del matrimonio y carente de legitimidad para otorgarle los efectos jurídicos de aquél (Cfr. V T C H.; "Matrimonio Civil"; Astrea; Bs. As.; 1991; p. 208 en su comentario al art. 197 del Cód. Civil).

Como vengo diciendo, nuestro derecho no reconoce al concubinato una regulación autónoma e independiente: nuestro ordenamiento sólo le otorga efectos aislados y específicos.

En consecuencia, podemos afirmar -sin hesitación alguna- que en nuestro derecho positivo el concubinato como institución autónoma no es un fenómeno admitido.Así, la unión de hecho no produce -por sí sola- efecto jurídico alguno en el sentido de crear obligaciones recíprocas entre las partes, sin perjuicio, claro está, de que la convivencia pueda ir acompañada de diferentes circunstancias de hecho susceptibles de originarlas.

Entonces, por ser una situación irregular y de hecho, la vida en común no genera más derechos y obligaciones que las emergentes del derecho común (Cfr. S N E.; "Liquidación de Bienes en el Concubinato").- En esta inteligencia, la convivencia podrá ser prueba relevante o indiferente a los fines de una eventual pretensión de constitución de sociedad de hecho, con la carga del onus probandi para quien la invoque, supuesto que no se ha planteado en la presente litis.

Lo señalado, guarda íntima relación con la cuestión principal planteada en estos autos, pues la inexistencia de un condominio entre las partes en los términos que lo define el art. 2673 del código sustantivo provoca que la acción -tal como fue planteada- no pueda prosperar.

Y ello así, por cuanto de las afirmaciones de las partes y de la documental acompañada, y tal como lo mencionó el vocal preopinante, surge que en relación al inmueble indicado, sólo existe un derecho personal a obtenerse su escrituración, situación que impide tramitar la presente al amparo de los arts. 676 ó 678 de nuestra ley ritual.-- 5. Consideraciones finales: En función de los argumentos desarrollados, entiendo que el primer agravio del apelante debe prosperar, tornándose abstracto el tratamiento del segundo de ellos.

Por todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.

A la SEGUNDA CUESTION, el Dr. Flass dijo:- Conforme a lo manifestado al analizar la primer cuestión, propongo al acuerdo: a) REVOCAR la sentencia apelada disponiendo el rechazo de la demanda en cuanto pretende la división de condominio respecto al inmueble sito en Bº Soemt, calle Soberanía Nacional casa 7 mza. 65 Legua 20 de la ciudad de Trevelin; b) Conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, ADECUAR la imposición de costas y los honorarios determinados en la anterior instancia, imponiendo las costas, en ambas instancias a la actora vencida (principio objetivo de la derrota), y c) FIJAR, en definitiva, los honorarios por la labor realizada en primera instancia teniendo en cuenta para ello las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 32, 39 y 47 del Arancel, en un 23,8% para el Dr. R.. T.. G.. L.. y en un 15% para el Dr. L.. F.. ambos porcentajes del monto del juicio a determinarse de conformidad con el art. 23 del Dto. Ley 2.200, con más el IVA pertinente.

Asimismo, corresponde REGULAR los honorarios del Dr. R.. T.. G.. L.. en un 8,33% del monto de juicio que se determine, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta alzada. (art. 14, Dec. Ley 2.200).

A la misma cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:-- De acuerdo a lo votado precedentemente, entiendo que corresponde: I.- REVOCAR la sentencia apelada.

II.- ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, las costas y honorarios fijados en la sentencia, imponiendo las costas, en ambas instancia a la actora vencida (art. 68 CPCC), y III.- REGULAR los honorarios, por la labor realizada en primera instancia y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 32, 39 y 47 del Arancel, en un 23,8% para el Dr. R. T. G. L. y en un 15% para el Dr. L.. F.. ambos porcentajes del monto del juicio a determinarse de conformidad con el art. 23 del Dto. Ley 2.200, con más el IVA pertinente.

Por la labor desarrollada en esta Alzada, corresponde REGULAR los honorarios del Dr. R.. T.. G.. L.. en un 8,33% del monto de juicio que se determine, con más el IVA pertinente. (art. 14, Dec. Ley 2.200).-- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A-- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- I.- REVOCAR la sentencia apelada, disponiendo el rechazo de la demanda en cuanto pretende la división de condominio respecto al inmueble sito en Bº .. calle S.......... N....... casa 7 mza. ..legua 20p de la ciudad de Trevelin.- II.- ADECUAR, conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, las costas y honorarios fijados en la sentencia, imponiendo las costas, en ambas instancia a la actora vencida (art. 68 CPCC).

III.- REGULAR los honorarios, por la labor realizada en primera instancia, en un 23,8% para el Dr. R T G L y en un 15% para el Dr. L F, ambos porcentajes del monto del juicio a determinarse de conformidad con el art. 23 del Dto. Ley 2.200, con más el IVA pertinente. (arts. 6, 7, 9, 32, 39 y 47 del Arancel).

IV.- FIJAR, por la labor desarrollada en esta Alzada, los honorarios del Dr. R T G L, en un 8,33% del monto de juicio que se determine, con más el IVA pertinente. (art. 14, Dec. Ley 2.200).- V.- REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara, por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley N° 1.130, texto según Ley N° 4.550).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° 14DEL AÑO 2007. CONSTE.- Norma Marrero Secretaria.