marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, resoluciones recurribles, reglas de conducta, inhabilitación para conducir, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Sepulveda Rebolledo, Hernán Alvaro c/  s/ inv. homicidio culposo (vtma. T. M. T.) homicidio culposo (vtma. T. M. T.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-11-29

Más allá de no compartir el primer tramo del voto de apertura que conceptúa como "irrecurrible" toda decisión que otorga la suspensión del juicio a prueba, expreso mi plena adhesión a los fundamentos subsiguientes. En efecto: el Dr. Alfredo Elosú Larumbe expresó con gran precisión que el agravio de la Fiscalía no se originó por el dictado de aquel tipo de decisión judicial (sobre la cual, insisto, le reconozco a dicho Ministerio Público su derecho a impugnar en los términos del art. 233 y ctes. del C.P.P.N.), sino en la no inclusión de una regla de conducta pretendida exclusivamente por el apelante (en referencia a la denominada "auto-inhabilitación"). Ello, claro está, con base en una suspensión de juicio a prueba originalmente pactada (al menos en un marco de condiciones generales) entre el imputado y el Ministerio Fiscal (.). Hecha esta necesaria aclaración, hago propios los fundamentos del señor Vocal preopinante contenidos a partir de la fórmula conectiva "A mayor abundamiento", pues demuestra a lo largo de ese análisis la existencia de un notorio déficit argumentativo del Ministerio Público Fiscal que conduce inexorablemente a la inadmisibilidad formal del recurso en trato. (Del voto de la Dra. M.S GENNARI).
Estafa, estafa procesal, engaño, perjuicio económico, recibo falso, uso de documento falso, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ CASAL, Osvaldo s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-25

En otras especies estafatorias, distintas a aquélla que se comete en el marco de un proceso judicial y que como tal se denomina en doctrina "estafa procesal", el perjuicio patrimonial, como requisito para la consumación de este tipo de delitos, se produce recién cuando la víctima realiza el acto de disposición patrimonial que lo perjudica. Distinta es la hipótesis cuando las maniobras ardidosas son desplegadas en el contexto de un proceso judicial por una de las partes, valiéndose de un instrumento apócrifo fraudulentamente confeccionado con el objeto de acreditar pagos inexistentes, con la aviesa finalidad de engañar al juez que entiende en la causa o bien a la contraparte y esta última, advirtiendo la falsedad de este medio probatorio, promueve la pertinente denuncia ante la Justicia Penal, a consecuencia de lo cual y en virtud de lo dispuesto en el art. 1.101 y ccs., C.C. se produce la suspensión de las actuaciones en aquel proceso hasta tanto se dirima el conflicto penal, puesto que esa suspensión causa de manera indudable un perjuicio patrimonial a la parte que debe soportar injustamente verse imposibilitada de percibir aquello que en derecho le correspondía.

Asimismo, por haberse prevalido los procesados de sendos recibos de pago apócrifos como medio para concretar sus designios criminosos, cometieron un hecho único que configura el delito de estafa en concurso ideal con uso de instrumento privado falso (arts.

45, 54, 172 y 296 del C.P.).
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pizzolo Luis Humberto c/ Scarpatti Susana Alba s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

En el proceso ejecutivo, la limitación recursiva transita por varios planos diferentes. En primer lugar, la concesión es siempre en relación (art. 245 CPCC). Luego en cuanto a las sentencias de remate, los únicos casos de apelabilidad los establece expresamente el art. 552 del mismo texto legal. Finalmente, y con relación a las apelaciones en la etapa anterior a la sentencia, los recursos sólo se concederán en efecto diferido (art. 555 del CPCB).
Trabajador de viñas, diferencias salariales
Materia: RECURSOS NATURALES-LABORAL
Carátula: Muñoz, Julio R. c/ El Cipres SCA s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1977-09-02

La circunstancia de que el contratista de viña perciba parte de su remuneración en una suma fija por hectárea y lo restante en un porcentaje de producción, no obstaculiza la aplicación del aumento previsto en los decretos 1012 y 1448, puesto que el mismo se efectúa sobre los valores no porcentuales y dicha suma fija está perfectamente determinada.
Robo con fuerza en las cosas, coautoría, vidrio roto, unificación de penas, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: AVALOS, HECTOR Y OTRA s/ DELITO.  AUTORIA.  HECHO  UNICO. UNIFICACION PENAS. CONCURSO DELITOS.  CONDENA CONDICIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-28

1) Tan AUTOR es el que emplea la fuerza en las cosas para el apoderamiento ilegítimo de cosas muebles, como el que lo ayuda a la sustracción consecuente para que el delito produzca su efecto, porque ambos son responsables por haber contribuido de alguna de las maneras previstas por la ley a la ejecución del hecho único delictivo. Ello es lo que ocurrió en el caso de autos donde acreditada la autoría exclusiva de la coprocesada en la rotura del vidrio del quiosco, la acción unilateral llevada a cabo previamente por uno de los sujetos participantes a fin de sustraer golosinas y cigarrillos, no altera la calificación de la ilicitud perpetrada con fracturas de las defensas del comercio, de quien no contribuyó al destrozo, toda vez que para que la responsabilidad criminal corresponda a dos personas que actúan en comunidad por un mismo hecho, basta que el concierto se apoye en la voluntad de una de ellas de acceder al acto ilícito que ejecuta la otra, dándose así la cooperación, el auxilio o la ayuda en que la participación estriba 2) Dado que en autos se dicta respecto de un procesado la segunda condena por el primer delito cometido, procede la ACUMULACION con la condena recaída en el otro expediente, en tanto la misma fue por delito posterior y dictar SENTENCIA UNICA, siendo procedente otorgar el beneficio de la condena condicional, porque el concurso de delitos en el caso, lo permite.
Contrato de trabajo de temporada, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SACARELLE, JUANA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

Debe distinguirse el contrato de temporada típico o propio del atípico o impropio. El primero corresponde a actividades que se cumplen sólo en determinadas épocas del año, produciéndose después de un receso total, aunque continúen realizándose ciertas tareas complementarias o accesorias destinadas a facilitar la prosecución de la actividad empresaria (de mantenimiento, administración, colocación de los productos elaborados, etc.); tal sería el caso de trabajador exclusivamente estacionales, como recolección de frutos, vendimia, hoteles y negocios que sólo abres sus puertas durante la temporada, etc. (cfr. Horacio de la Fuente en "Tratado de derecho del trabajo", dirigido por Vázquez Vialard, T. 3, pág. 559 y s.s.). De dicho criterio surge la debida aplicación que debe darse a la Resolución N° 10.130 de la C.N.P.I.C. y A.C. del 27.04.87 en tanto dispone que en los casos de trabajos discontinuos, en que la discontinuidad derive de la naturaleza de la tarea, se computará el tiempo transcurrido desde que se inició la actividad hasta que se cesó en ella, siempre que el afiliado acredite 120 días como tiempo de trabajo efectivo anual.
Reconocimiento en sede judicial, jubilación ordinaria
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEBAN, AGUSTIN c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-17

Cuando la ley 2092 quiere introducir una hipótesis de reconocimiento ficto de servicios así lo deja expresado en el art. 92 referido a la situación de los ex-gobernadores y ex-legisladores que vieron incumplidos sus mandatos constitucionales por caducidad o disolución de los poderes constitucionales. Y en ese caso permite aportar por el período que resultó frustrado por la caducidad o disolución. Es decir concreta un cumplimiento y reconocimiento ficto del total del perdió del mandato constitucional y le autoriza a integrar los aportes por el citado período. En el caso del recurrente, podía resultar abarcado en esta hipótesis por lo que le faltaba cumplir el mandato, pero de los antecedentes en cuanto a los aportes, evidente resulta que aun con la aplicación del art. 92 no completa los 10 -diez- años que exige el art. 90 inc. a), ley 2092, porque no posee otros servicios computables en la caja provincial. Por ende no puede intentar un pago de aportes por servicios no prestados, ni le asiste el beneficio en los términos del art. 90 por no encuadrar en sus exigencias.
Costas, principio objetivo del vencimiento, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, MONICA c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25

Se agravia la recurrente porque la sentencia que rechazó la acción de amparo por mora de la administración, que se encuentra firme, no determina la parte que debe soportar las costas, lo que hace presumir que fueron impuestas por el orden causado.

El principio objetivo de la derrota solo resulta inaplicable, de manera excepcional, en los supuestos contemplados en la ley o cuando el juez encontrare mérito para ello, lo que debe expresarse en la sentencia, situación que no se da en autos, por lo que resulta manifiestamente improcedente la deducción a la que arriba la actora en relación a las costas.
Daño psíquico, prueba pericial, perito médico
Materia: CIVIL
Carátula: OVALLES, BERNABÉ BENITO c/ YACANTE, JORGE LEONARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-02-27

Es de rigor el estudio pericial médico por parte de un especialista a fin de detectar, individualizar y mensurar, la situación patológica del sujeto, desde que el daño psíquico no supone cualquier alteración anímica; es una enfermedad, un desequilibrio patológico, diagnositicable y en gran medida, clasificable por la ciencia médica especializada y presupone que el sujeto enferme intelectual, afectiva o volitivamente a raiz del hecho.

Conforme la prescripto por el art. 456 del C.P.C. se debe detallar las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se basa su afirmación de que existan alteraciones psíquicas.
Jubilaciones, denegatoria del beneficio, debido proceso adjetivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PRECIOSO DE ARMANDO MARIA MANUELA s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-30

Debe revocarse la resolución denegatoria de un beneficio, dictada por la Caja Nacional de Previsión de Industria, Comercio y Actividades Civiles, cuando la prueba en que se basa dicho decisorio, fue realizada en ausencia de la solicitante, impidiendo a ésta su control y la posibilidad de efectuar repreguntas, ya que no se encuentra configurado el debido proceso, y por lo tanto no puede servir de sustento a una resolución administrativa (artículo 18 Constitución Nacional).
Frutos, acción reivindicatoria, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ PERALTA RAMOS, MARIA GERTRUDIS CARBONI DE s/ COBRO DEL VALOR DE MEJORAS UTILES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

Si bien surge de la causa que la Provincia de quien se reivindicó el bien, obtuvo frutos por la percepción de cánones de concesiones turísticas, los reivindicantes no tienen derecho al resarcimiento pleno de los mismos, pues no hay frutos sino deducidos los gastos (art. 2438 del Cód. Civil); una solución distinta consagraría el enriquecimiento sin causa de quienes tienen derecho al beneficio neto y no a los ingresos brutos.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LANDE Verónica Andrea c/ CASA GARRONE BISIO & CIA. S.R.L. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-03-06

El comitente responde en la medida que el daño haya sido provocado por un subordinado o dependiente cualquiera sea la naturaleza de la vinculación jurídica que los une.

Pero, esa responsabilidad queda eximida cuando el empresario fumigador no actúa en subordinación, no cumple órdenes del comitente ni recibe instrucciones y, por eso, la ausencia de estos requisitos impide que la demandada sea condenada por aplicación del artículo 1113 del Código Civil.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, medidas cautelares, certificados de crédito fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Relats, Juan Carlos c/ Estado Nacional y/o Poder Ejecutivo Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva). s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El pronunciamiento que -al hacer lugar a la medida cautelar- ordenó a la AFIP admitir los certificados de crédito fiscal adquiridos por el actor con anterioridad a los decretos 1645/01, 1657/02, 2243/02 y resolución Secretaría de Hacienda 7/03, para la cancelación de las obligaciones fiscales en los términos del decreto 1226/01, no constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos del art. 14 de la ley 48 (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Jurisdicción, demanda contra Estado extranjero, inmunidad de jurisdicción, jurisdicción extranjera, daños y perjuicios, accidentes de trabajo, omisión de retener o percibir aportes
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIRRES DE MALDONADO RAMONA ESPERANZA c/ ESTADO DE ISRAEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Siguiendo la doctrina restringida o relativa con respecto a los actos iure gestionis, la recientemente sancionada ley 24.488 estableció entre los casos en que los Estados Extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción: "cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaron efectos en el territorio nacional" (cfr. inc. D).
Enfermedad accidente, daños y perjuicios, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: PISTAN, RICARDO CLEMENTE c/ BODEGA COLOME S.A. s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-05-17

Es oportuno recordar que el lapso de tiempo de inacción que dispuso el art. 4.037 para extinguir la acción es de dos años, mientras que el art. 4.017, ambos del entonces vigente Código Civil, establece que: "Por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación.

Para esta prescripción no es preciso justo título, ni buena fe". Siendo ello así, el plazo de la prescripción bienal (art. 2 del C.C.) comenzó a correr a partir de la medianoche del día que tuvo lugar el infortunio.	Dada la aplicabilidad del art. 257 de la ley de contrato de trabajo a los infortunios laborales, la interrupción del plazo de prescripción por dicho reclamo ante la autoridad de aplicación sólo pudo durar hasta seis meses, por lo que habiéndose iniciado esta el día 19 de marzo de 2.004, el plazo prescriptivo bienal volvió nuevamente a correr a partir del 19 de septiembre de 2.004. Desde este examen la demanda interpuesta el 7 de junio de 2.006, lo fue en término, por no haber vencido el lapso de dos años.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zapata, Jorge Miguel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Habiéndose mantenido las categorías salariales sin alteración y realizando en las planillas anexas de la ley 10.430 las correlaciones por equivalencias de cargos entre los fijados en el dec. ley 8721/77 y los dispuestos por aquélla, no existe dificultad alguna para efectuar la individualización presupuestaria del cargo desempeñado por el agente.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, retención de aportes sindicales, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación  de  Trabajadores  del Estado c/ Entre Ríos, Provinciade s/ amparo sindical.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

El art. 38 de la ley 23.551 obliga al empleador a actuar como agente de retención de las cuotas o aportes que deban tributar sus dependientes en favor de asociaciones de trabajadores con personería gremial.
Acción de amparo, libertad de prensa, oferta de comercio sexual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "EDITORIAL  RIO  NEGRO SA c/ EN -LEY 26364-DTO 936/11 s/ AMPARO LEY16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

A la luz de las leyes 26.364 y 26.485, y de los instrumentos internaciones de derechos humanos reseñados ("Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos", "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer"; "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional"; "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños", ratificados por ley 25.362 y el "Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", ratificado por ley 11.925), la disposición presidencial impugnada (decreto 936/11) no sólo no se presenta como manifiestamente arbitraria, ilegítima o inconstitucional, sino que, por el contrario, se exhibe como una medida razonable y proporcionada, para prevenir y combatir el delito cuya erradicación motiva la norma.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco provincial de Santa Fe c/ Richiger S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Ejecución hipotecaria - Reclamo de   honorarios (Expte. CSJ Nro.  1583-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Más allá de la vigencia o no del Reglamento Interno del Banco cuya solución invoca la Alzada en su fallo, lo cierto es que en el caso de los recurrentes, se trata de abogados que han prestado sus servicios para el Banco en el marco de una relación de empleo público, extremo que torna operativos aquellos principios de orden público que prohíben a los profesionales a sueldo de la Administración percibir honorarios cuando éstos deban ser desembolsados por el erario público en cualquiera de sus manifestaciones institucionales y jurídicas -impidiendo tal percepción al margen de que el Estado actúe como mandante o resulte ser, por alguna razón, el obligado a su pago-, pautas que deben ser consideradas como inherentes al status en el cual se encuentran los referidos empleados y funcionarios, con el carácter de norma de policía tendiente a asegurar el mejor cumplimiento de los deberes propios de la función que ocupan.
Servicio público, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miranda, Isabel del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-10

De la variedad normativa y de situaciones subjetivas que ofrece la relación de servicio público, habré de distinguir -en un orden preliminar- los conceptos derecho al empleo y derecho del empleo. El primero es la pretensión del habitante, del administrado, a ser designado por la Administración Pública para desempeñar una función o empleo públicos. El segundo, comprende el conjunto de prerrogativas integrantes del status de los funcionarios o empleados públicos, de aquellas personas que han ya ingresado al ejercicio de un cargo público.
Recurso de casación, cita legal
Materia: CIVIL
Carátula: CORNEJO LUIS FERNANDO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS PERJUICIOS - CASACION CIVIL RUIZ DIEGO DANIEL ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2010-06-09|2014-02-21

La doctrina legal puede ser infringida por violación y errónea aplicación; la primera es una figura genérica que abarca un aspecto positivo, esto es la falsa elección del dispositivo legal correspondiente y/o de la doctrina emanada del mismo, y otro negativo que deriva de su omisión en la solución del caso. La errónea aplicación implica incorrecta calificación del material fáctico, lo que a su vez causa una deficiente subsunción del mismo. En consecuencia, la sentencia que viole y/o aplique erróneamente la doctrina elaborada en torno a la aplicación de una norma conlleva inevitablemente a su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jorge, Alfredo Eloy s/ su sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

Las pretensiones deducidas en los procesos son conexas cuando, no obstante su diversidad, tienen elementos comunes e independientes que las vinculan, sea por su objeto, su causa o por algún efecto procesal; y en cuya virtud, existe asimismo la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quién, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio de aquél, también lo sea para conocer de las pretensiones que, aunque no fueran accesorias, estén vinculadas con la materia controvertida en dicho proceso. (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSSE, AUGUSTO E. c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  ENTEL s/ ORDINARIO - PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

La agregación de un recorte periodístico que en todo caso puede servir como elemento probatorio a las alegaciones de la demanda, no constituye acto impulsorio del proceso.
Demanda, trámites judiciales, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BERNABEI HECTOR EN GALEASSI C/ BERNABEI ROBERTO s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-10

La facultad del juez de establecer el trámite correspondiente a la acción deducida no puede impedir la elección que corresponde al demandante cuando la ley autoriza más de un procedimiento para juzgar la misma cuestión.-
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Nasario c/ La Primera Cía. de Seguros Generales s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Es a los hechos expuestos a los que el juez debe dar una respuesta jurídica de acuerdo con su propia visión del problema en su adecuación legal: 'iura novit curia'.-
Aportes previsionales, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos c/ Fagnani, Fernando Aníbal s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Si la deuda que mantiene el accionado con el demandante está medida en "U.C.P." (unidades de cuentas previsionales), tal como surge del título glosado, parece entonces adecuado que a los efectos de su cancelación se abonen las "U.C.P." que adeuda al valor equivalente a la fecha en que se efectivice el pago.