Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-22


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 22 de 2008.

1. Apeló la parte actora la decisión de fs. 220/222 que rechazó la suspensión asamblearia promovida en fs. 218/219, apartado 5 (fs. 223).

Los fundamentos del recurso lucen expuestos en fs. 225/229.

2. Las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea cuestionada se condicionan a la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que causen perjuicios irreparables (CNCom. Sala A, 22.6.82, "Marcanti Héctor L. c/ Empresa de Transportes General Roca", JA, 1983-I, Síntesis p. 135, índice, fallo cit. por Halperín-Otaegui, Sociedades anónimas, Buenos Aires, 1998, pág. 779; íd., 13.5.83, "Acerbo Antonio c/ Banco Popular Argentino"; íd., 30.7.84, "Bendersky de Hoberman H. c/ Hobin S.A."; CNCom. Sala B, 31.10.83, "Milrud Mario c/ The American Rubber Co. SRL"; íd., E, 10.2.87, "La Gran Provisión S.A. c/ Meili y Cía. S.A. s/ inc. med. cautelares"; íd., 3.12.87, "Castro Juan c/ Palacio y Cía. SRL"; íd., 21.5.93, "Hirschmann Juan c/ Centro de Investigaciones Médicas Hansi S.A. s/ sum."; íd., 30.3.95, "Galante Bernardo c/ Aerolíneas Argentinas S.A."; íd., 24.5.90, "Sucesión Oscar Rubén Maseda c/ Cabaña Lactea La Cautiva SA s/ ord."; entre muchos otros).

Los "motivos graves" que autorizarían la suspensión (LSC 252) no deben merituarse primordialmente en función del perjuicio que podría ocasionar al socio la ejecución de la decisión, sino fundamentalmente al interés societario, que predomina sobre el particular del impugnante (CNCom. B, 24.12.87, "Ferrari Hardoy M. c/ Plinto SA"; íd., 23.9.86, "Grosman H. c/ Los Arrayanes S.A."; íd. C, 12.6.92, "Mues Cesario c/ Rin Riv s/ sum"), debiendo rechazarse la solicitud cautelar cuando no se han indicado y menos aún demostrado, siquiera sumariamente, los concretos perjuicios que "para la sociedad" se seguirían en caso de no suspenderse la decisión asamblearia impugnada (CNCom. C, 14.11.97, "Ataide Oscar c/ Patrimonio AFJP s/ medida precautoria").

El caso de autos viene a sumarse a las acciones ya entabladas por la actora contra los demandados, tal como se reseña en fs. 209 vta./210, apartado 3.2, impugnando ahora todo lo atinente al ejercicio cerrado en el año 2005, según puntos del orden del día transcriptos en fs. 210 vta./211, apartado 3.4.

La demandante sostuvo, entre otras cosas, que se violentó su de derecho de información, que existieron irregularidades en la elaboración de los estados contables y en las decisiones referidas al destino de los resultados, a la remuneración establecida en favor del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, y precisó otras circunstancias con las que procura la suspensión cautelar de todo lo decidido en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 del acto asambleario del 22.7.05.

3. Tras la reseña apuntada la Sala no puede menos que coincidir con el temperamento adoptado por la señora juez de grado.

No sólo porque no advierte, y tampoco ello fue explicado conducentemente, cuál es el peligro grave e inminente que se cierne para la continuidad de la vida social, sino porque, aun con las limitaciones propias de esta inicial etapa, no encuentra acreditadas las circunstancias referidas para sustentar el pedido.

La mayor parte de los cuestionamientos traídos requieren un análisis que excede, en forma ostensible, el precario marco de conocimiento que actualmente rodea el caso.

De todos modos ello no resulta óbice para señalar que:

(i) Sin abrir juicio acerca de la admisibilidad de la suspensión cautelar de las decisiones asamblearias que aprueban los estados contables, igualmente la petición es improcedente por otras razones.

En efecto: sabido es que el deber de confeccionar anualmente el balance está íntimamente vinculado con el principio de solidaridad entre los ejercicios sociales, lo que significa que un balance carece de valor y de interés si no se lo compara con los balances precedentes (Sasot Betes-Sasot, Sociedades anónimas. Las asambleas, Buenos Aires, 1978, pág. 375).

De allí que para confeccionar los estados contables de determinado ejercicio se toman como punto de partida los resultados habidos en el ejercicio anterior.

Y ello lleva a concluir por la admisión de la suspensión cautelar en aquellos casos en que, o bien existen graves y manifiestas irregularidades que ponen en serio peligro la continuidad del giro social (extremos que en el caso no fueron demostrados), o bien cuando la resolución asamblearia que sirvió de antecedente se encuentra suspendida cautelarmente (CNCom. A, 27.12.05, "Isabella Pascual c/ Bingo Caballito S.A. s/ medida precautoria s/ incidente de apelación art. 250 cproc.").

Puesto que en ningún momento la actora informó sobre la existencia de alguna decisión judicial que haya suspendido cautelarmente la ejecución de anteriores acuerdos sociales que aprobaron los estados contables, o de una sentencia definitiva que hubiere decretado la nulidad de esas resoluciones, no existen motivos suficientes para variar el temperamento seguido en la instancia de grado.

(ii) Tampoco se aprecia abonada la alegada violación al derecho de información, ya que si bien la Sala no desatiende que la documentación contable no estuvo disponible en la sede social con la antelación impuesta por la LSC 67 (v. actas notariales de fs. 79 y 89/90), lo cierto es que de las actuaciones agregadas en la citada foja 90 y en fs. 103 surge que la apelante recibió información ("todos los documentos contables a considerar en este punto", según dichos del Presidente de Mejores Hospitales S.A.), circunstancia sobre la que se mantuvo un llamativo silencio tanto al interponer la demanda como al fundar el recurso.

Ello desdibuja la entidad del pretendido agravio.

(iii) La cuantía de las remuneraciones establecidas en favor de los integrantes del directorio y de la comisión fiscalizadora, tildada de excesiva por la apelante, bien podría responder -dicho esto con el tono conjetural que requiere el caso-, al ejercicio de la facultad conferida por la LSC 261, último párrafo.

Pudiendo haber sido ello así, y dado que en la publicación edictal se observó debidamente la imposición reglada en la citada norma (v. punto 5 del orden del día copiado en fs. 88), no se encuentran motivos de gravedad que prima facie justifiquen la admisión del recurso.

Los demás cuestionamientos escapan al conocimiento actual de la Sala pues, como se dijo, requieren un ámbito de prueba y debate que sólo puede ser provisto durante la tramitación ordinaria del juicio.

De todos modos es necesario recalcar la insuficiencia de elementos que, aun de modo precario pero convincente, abonen la existencia de un peligro grave e inminente para la continuidad de la vida social; siendo útil destacar que desde la realización de la asamblea (julio de 2005) hasta el presente transcurrió un lapso por demás prolongado sin que se hubiere informado sobre alguna contingencia sobreviniente que desvirtúe lo dicho precedentemente.

Por ese motivo, y en línea con la directriz conceptual referida sub 2, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.

4. Por lo expuesto se RESUELVE:

Confirmar lo decidido en fs. 220/222.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 248/251. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.