Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


ALFIREVIC, Juanita Nélida contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 418-426.

En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil tres, se reunieron en acuerdo los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALFIREVIC, Juanita Nélida contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 666 del año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintiseis de noviembre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Juanita Nélida Alfirevic promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, impugnando el rechazo del recurso de apelación que dedujo -en definitiva- contra la resolución nro. 362/94, por la cual el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo denegó su reclamo, tendente a obtener indemnización de daños y perjuicios consistentes en las sumas que hubiese debido percibir por aplicación de la resolución nro. 475/86, durante el período en que estuvo ilegítimamente separada de su cargo de Jefa de División Sub-Tesorería, Delegación Zona Sur de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, por disposición nro. 680/84, dictada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano del entonces Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social.

Solicita, en consecuencia, se declare la ilegitimidad de los actos impugnados, se reconozca la procedencia del reclamo formulado, y se condene a la demandada al pago de dichos rubros, con más reajuste por depreciación monetaria desde la fecha en que debieron ser percibidos hasta el 31.3.1991, e intereses a partir de esa fecha, a la tasa usual, sobre sumas reajustadas.

Inicialmente, reseña las alternativas del tránsito por la vía administrativa previa a la presente causa; concretamente, refiere a la presentación de reclamo, y posterior revocatoria y apelación en subsidio -finalmente denegada- contra el acto que rechazó aquél.

Relata que en su oportunidad promovió el reclamo referido, alegando que, habiéndose desempeñado en el cargo de Jefa de la División Sub-Tesorería de la Delegación Zona Sur (Rosario) de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, fue trasladada a la Dirección Provincial de Minoridad y Familia, por disposición nro. 680/84, dictada por el Subsecretario de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, de cuyo ámbito dependía entonces la referida Dirección.

Dice que del expediente administrativo nro. 85878-84, en el que tramitó la revocatoria que interpuso contra tal disposición, surge que ésta fue ilegítima; que fundó dicha impugnación en la nulidad del acto, en cuanto padecía de vicios que lo tornaban inválido, frente al deber de la Administración de mantenerla en su cargo original; que tal recurso fue rechazado por resolución nro. 3312/85, contra la que dedujo apelación; y que, estando pendiente de resolución esta última, por resolución conjunta nro. 111 y 263 de los Ministerios de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y Salud y Medio Ambiente respectivamente, fue reintegrada a su lugar de origen.

Aduce que, mientras estuvo separada ilegítimamente de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, a partir de la vigencia de la resolución nro. 475/86, no le fueron liquidadas y abonadas las sumas que le hubieran correspondido por distribución del "fondo estímulo" instituido por dicha resolución.

Concluye que, a partir de una "clara violación" por parte de la Provincia de sus deberes para con la agente, emergentes de la relación de empleo público, se vio privada de percibir el adicional en cuestión.

Prosigue narrando que la Dirección de Vivienda y Urbanismo, por resolución nro. 362/94, rechazó la pretensión indemnizatoria, sosteniendo que el traslado era una cuestión finiquitada, y que de los claros términos del artículo 9 de la resolución nro. 475/86 surgía que la percepción del "fondo estímulo" no correspondía a agentes adscriptos a otros organismos.

Contra tal acto interpuso revocatoria y apelación en subsidio, controvirtiendo en primer lugar que no pudiera ya cuestionarse el traslado.

Al respecto, adujo que éste importaba un acto administrativo enteramente ilegítimo, conforme los argumentos que en su oportunidad había sustentado al impugnarlo; y que, si bien el Poder Ejecutivo no se expidió sobre dicha impugnación, ello obedeció a que previamente se dictó la resolución ministerial conjunta nro. 111 y 263, que agotó el interés recurrible al reintegrarla a su cargo. Concluye que tal ilegitimidad no podía dejar de computarse como antecedente y merituarse en orden a determinar, y concluir, que era causa antijurídica de un cierto perjucio que legitimaba la pretensión indemnizatoria sustentada.

En segundo lugar, señaló en dicha oportunidad que sólo falazmente podía pretenderse en la especie la operatividad del artículo 9 de la resolución nro. 475/86, por cuanto tal norma refiere a situaciones de hecho distintas a la verificada en el caso, concretamente, a situaciones legítimas de adscripción de personal.

Y por último, achacó incompetencia a la resolución nro. 362/94, por cuanto el reclamo correspondía ser resuelto por el Poder Ejecutivo provincial.

Continúa relatando que la Dirección de Vivienda y Urbanismo dictó la resolución nro. 975/94, por la que rechazó la revocatoria y concedió la apelación, la que -según explica- fue finalmente denegada.

En orden a fundamentar el presente recurso, expresa que, como abundantemente ha señalado en la vía administrativa previa, a raíz de una medida ilegítima como lo fue el traslado ordenado por disposición nro. 680/84, se frustró su desempeño en el ámbito de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, y consiguientemente la percepción del referido "fondo estímulo", configurándose en definitiva una "clara responsabilidad" de la Provincia, por acto de sus funcionarios, que exige ser resarcida.

Argumenta que el derecho a ser resarcida se configura como un derecho público subjetivo emergente de la relación contractual de empleo público que la vincula con la demandada, la cual incumplió gravemente sus deberes lesionando claros derechos inherentes a la misma, configurándose así un claro supuesto subsumible dentro de las previsiones de los artículos 10 y concordantes de la ley 4106.

Peticiona, en definitiva, el acogimiento del recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia (f. 24) la admisibilidad del recurso interpuesto, comparece la demandada (f. 30) y contesta la demanda (fs. 33/37).

En su escrito de responde niega que: se haya dispuesto ilegítimamente el traslado de la actora a la Dirección de Minoridad; haya existido deber de la Administración de mantenerla en su cargo; deba percibir, por el período en que se desempeñó en el organismo recién mencionado, las sumas correspondientes al "fondo estímulo" establecido por resolución nro. 475/86; se hayan violado los deberes que la ley impone a la Administración derivados de la relación de empleo; el desempeño en la Dirección Provincial de Vivienda le hubiera conferido operatividad al pago del "fondo estímulo"; el actuar de la Provincia sea causa eficiente de algún lucro cesante que perjudique a la agente; la disposición conjunta nro. 111 y 263 de los Ministerios de Obras, Servicios Públicos y Vivienda y Salud y Medio Ambiente, haya agotado el interés recurrible; el artículo 9 de la resolución nro. 475/86 refiera a situaciones de hecho distintas a la que se encontraba la actora durante el período reclamado; en definitiva, corresponda indemnizarla por los daños y perjuicios consistentes en las sumas que le hubiese correspondido percibir en cuanto agente de la Dirección de Vivienda y Urbanismo por aplicación de la resolución nro. 475/86; en caso de admitirse el reclamo, la responsabilidad provenga de la Provincia de Santa Fe.

Luego de reseñar los antecedentes de hecho del caso, postula que el recurso interpuesto no puede prosperar, en primer lugar, porque no hay ilegitimidad alguna en la disposición nro. 680/84, por la que se dispuso el traslado.

Ello, por cuanto fue dictada por razones de servicio en el marco de la normativa vigente en aquel momento, y tal como lo entendieron los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio y Fiscalía de Estado, en el trámite del recurso de apelación interpuesto en sede administrativa contra aquel acto (fs. 181 y 183, extpe. adm. nro. 00501-0085878-V), que claramente aconsejaron el rechazo de la impugnación.

Ese criterio -entiende- fue respetado por la posterior resolución conjunta nro. 111/88 y 263/88, pues -también por razones de servicio del momento de su dictado- hizo cesar la adscripción hacia el futuro, no guardando vinculación alguna con los recursos administrativos interpuestos contra ella.

En segundo lugar, refiere al considerando de la resolución nro. 362/94 en el que se expresa que "(sobre) la separación del cargo no corresponde efectuar ningún análisis pues es una cuestión finiquitada".

Al respecto, aclara que "cuestión finiquitada" no significa "ilegítima", pues tal ilegitimidad no fue declarada.

Añade que la actora no objetó el contenido de la resolución conjunta nro. 111/88 y 263/88, acto que -conforme argumentó- no declaraba la ilegitimidad del traslado, sino que mantenía la tesis de su conformidad a derecho.

Es más, consintió la nueva situación dispuesta en la resolución conjunta, no siendo admisible que después de más de cuatro años intente discutir actos firmes mediante un reclamo de daños y perjuicios.

Y que no tiene razón cuando sostiene que la resolución conjunta agotó su interés recurrible.

En cuanto a la resolución nro. 362/94, de la que -dice- se sirve la recurrente para introducir el supuesto reconocimiento de la declaración de ilegitimidad por parte de la Administración, sostiene que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo no tenía competencia para resolver sobre la hipotética ilegitimidad de una disposición dictada por una Subsecretaría, que había sido recurrida y en cuyo trámite había dictaminado Fiscalía de Estado, pues sólo lo podia hacer el Poder Ejecutivo.

Concluye que, aun de ser ilegítimo el traslado, el reclamo no podría admitirse, pues tal hipotética ilegitimidad nunca fue declarada por la Administración.

En tercer lugar, y para la hipótesis de considerarse ilegítima la disposición nro. 680/84, sostiene que la pretensión indemnizatoria es igualmente improcedente, pues para acceder al "fondo estímulo" deben cumplirse requisitos específicos, que exceden la mera pertenencia a la repartición; concretamente, debería haberse desempeñado un turno vespertino extraordinario, que es típico de los empleados sometidos al régimen de la ley nro. 8525 pertenecientes a la Dirección de Vivienda, y no de la Dirección de Minoridad. Por ello, para que exista perjuicio, es menester que la Administración haya impedido el desempeño de una actividad alternativa, situación que en el caso no se verifica, pues no se le impedía durante su tiempo libre ejercer otras labores que fácilmente podía desempeñar debido a su capacitación universitaria.

Invoca la tesis del resarcimiento, sostenida por este Tribunal in re "González Pálicio " (A. y S. T. 92, pág. 466), entre otros.

Por último, y para el caso de considerarse ajustados a derecho los argumentos de la actora, opone defensa de prescripción, fundada, ante la ausencia de norma específica en materia de créditos provenientes de una relación de empleo público, en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

3. Abierta la causa a prueba (f. 38) y producida la que consta en autos, se agregan los informes de las partes (fs. 104/120 y 121/123). Llamados los autos para resolver (f. 124) y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. La resolución del recurso en estudio exige pronunciarse inicialmente acerca de la postulada ilegitimidad de la resolución nro. 680/84, por la que el Subsecretario de Desarrollo Humano dispuso que la agente Alfirevic "pasara a desempeñar funciones" de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, a la Dirección Provincial de Minoridad y Familia, en ambos casos, de la Delegación Zona Sur, Rosario (v. f. 4, expte. adm. nro. 00501-0085878-V).

Para ello, debe recordarse que este Tribunal tiene dicho -in re "Bilicich", A. y S. T. 109, pág. 198 y "Márquez", T. 119, pág. 160-, que, cualquiera sea la teoría acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre el agente público y la Administración que se acepte -ora la del contrato, ora la del acto jurídico bilateral en el origen y estatutaria en su ejecución, ora la del acto administrativo unilateral-, lo cierto es que se ha afianzado la idea de que, desde el punto de vista jurídico, el agente público no tiene un derecho absoluto a ser mantenido en el ejercicio de su oficio, prescindiendo del interés de la Administración pública. Si el Estado (lato sensu) reconociera un derecho perfecto al agente público para mantenerse en la función se crearía un privilegio a su favor (Villegas Basavilbaso, Benjamín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, pág. 475; Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. II, pág. 171; Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, T. III, pág. 457 y siguientes).

Ha señalado, asimismo, que el derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente ("Márquez", cit.); y que, "siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo presupuestario", la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo "queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado, pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso..." ("Alonzo", A. y S. T. 111, pág. 235; "Marsili", T. 168, pág. 129, entre otros).

Sentadas tales pautas genéricas, corresponde señalar que en el caso, la actora fundó en su demanda la nulidad del traslado en el hecho de que "padecía de vicios que lo tornaban inválido por lo que devenía enteramente ilegítimo" (v. f. 8 in fine de estos autos); asimismo, postuló que adolecía de "vicio de causa y clara finalidad contraria a la ley" (f. 10).

Por su parte, al interponer revocatoria y apelación en subsidio en sede administrativa (v. fs. 7/10, expte. adm. nro. 00501-0085878-V), adujo insuficiente motivación y desviación de poder.

a. En relación a la primera, expresó que "el acto atacado finca como única motivación del traslado que ordena 'la necesidad de determinar la dependencia donde deberá prestar servicios en lo sucesivo' ..., omitiendo toda mínima circunstanciación seria de las causas por las que se la excluye en el ejercicio del cargo en el que estaba prestando funciones"; agrega que "la dependencia receptante del traslado, esto es la Dirección Provincial de Minoridad y Familia, fue elegida a posteriori de haberse decidido la exclusión".

Si bien es cierto que la motivación de la disposición atacada puede ciertamente considerarse lacónica, ello -en las circunstancias de caso- no es suficiente para concluir en la ilegitimidad del acto.

Para así concluir es menester recordar que este Tribunal ha señalado reiteradamente que la motivación es -en mayor o menor medida- exigencia propia de los actos administrativos que restringen la esfera jurídica de los particulares (criterio de "Villar", A. y S. T. 84, pág 362; "Troane", T. 97, pág. 49; "Moyano", T. 96, pág. 133; etc.), vinculando la cuestión de su exigencia, incluso, al artículo 95 de la Constitución local.

Sin embargo, advirtiendo los matices que puede presentar, ha admitido que la motivación puede ser sucinta ("la motivación escueta o sucinta, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia de motivación, ni acarrea nulidad"; "Del Pozo", A. y S. T. 115, pág. 28; entre otros) e, incluso, que puede ser formulada "per relationem" ("la remisión a propuestas, informes o dictámenes, sirven de motivación ..., pero para que así sea, estos pareceres, además de ser señalados en forma precisa e individualizarse fácilmente, deben contener motivación suficiente"; "Delssín", A. y S. T. 122, pág. 1; entre otros).

Asimismo, ha entendido que el análisis de la motivación de los actos administrativos - fundamentalmente a los fines de precisar su alcance en cuanto vicio invalidante de los mismos- debe ser efectuado necesariamente en una estricta vinculación con las circunstancias que caracterizan a cada caso en particular ("Nahass", A. y T. 184, págs. 99/108).

Y bien: en el presente, el análisis de la motivación de la resolución nro. 680/84 no puede ser desvinculado de la circunstancia de que no obra en autos elemento alguno que permita concluir que en el caso no hayan concurrido intereses públicos que tornaran necesario contar con los servicios de la recurrente en el área de la Dirección Provincial de Minoridad y Familia.

En efecto: no demuestra la actora su mera afirmación vertida en ocasión de deducir revocatoria en sede administrativa (v. f. 8, expte. adm. nro. 00501-0085878-V), en cuanto que "no había necesidad alguna de cubrir funciones en la repartición a la cual se la destina, de lo cual la prueba más acabada es el hecho que hasta la fecha" (5.10.1984) "no se le ha asignado ... tarea específica y, por el contrario, las que desarrollaba en la repartición originaria requerían ... una ingente dedicación y alta capacitación técnica dada la naturaleza y extensión de las mismas".

Por el contrario: puede extraerse de las constancias de la causa que la agente cumplió en su nuevo destino tareas necesarias en dicha dependencia -que, por lo demás, no difirieron substancialmente de las que prestaba con anterioridad en la Dirección de Vivienda y Urbanismo-, vinculadas con sus específicas aptitudes técnicas.

Ello surge de las declaraciones testimoniales vertidas ante esta sede -si bien orientadas conforme los pliegos a demostrar otros aspectos, concretamente, la carga horaria en el nuevo destino- por Pedro Carlos Nefonte (quien al momento del traslado era Jefe de la Delegación Rosario de la Dirección Provincial de Minoridad y Familia) y María Rosa Bertero (quien se desempeñó como asesora legal de dicha repartición).

El primero refiere, en relación a la actora, "a su conocimiento de contabilidad y manejo de la Habilitación", y, preguntado sobre "en qué carácter fue trasladada la señora Alfirevic", respondió "por lo que recuerdo, por sus conocimientos de contabilidad" (v. f. 82 de estos autos).

Y la segunda dice que "la señorita Alfirevic prestaba servicios ahí, en la parte de Habilitación", y que "tenía multiplicidad de funciones, no solamente en cuanto a Habilitación, sino en el manejo contable de los Institutos dependientes de Minoridad, que comprende los Centros de Acción Familiar y los Hogares de Internación" (f. 84). A ello puede agregarse que de foja 82 de las actuaciones administrativas adjuntas surge que a la División Sub-Tesorería de la Delegación Zona Sur de la Dirección de Vivienda y Urbanismo le compete como misión, realizar y supervisar todo lo concerniente a la contabilidad jurisdiccional, la recaudación por pago de adjudicatarios y de otro origen, control de morosos, pago de sueldos y gastos y control inventarial de los bienes de la Delegación; y como funciones, supervisar el registro de la contabilidad conforme al reglamento en la materia y las instrucciones que se le impartan por autoridad competente; determinar diariamente si los saldos de los rubros bancarios concuerdan con los de su contabilidad; intervenir en el manejo de fondos y valores por disposición conjunta y escrita con el Jefe del Departamento; efectuar el pago de las partidas de sueldos y gastos, previa orden de Jefe de Departamento; intervenir, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes, en la adquisición de elementos y útiles; efectuar el pago de los gastos y bienes adquiridos por el Parque Regional Sur del Gran Rosario, previa orden debidamente autorizada y control de facturas; rendiciones de cuentas del mismo.

Por otra parte, no se advierte que "la dependencia receptante del traslado, esto es la Dirección Provincial de Minoridad y Familia, haya sido elegida a posteriori de haberse decidido la exclusión", ya que ambos aspectos fueron resueltos en el mismo acto, esto es, en la disposición nro. 680/84.

Tales circunstancias permiten, en el caso, concluir -como se adelantó- en que no podría afirmarse la ilegitimidad del acto únicamente con base en el aspecto analizado.

b. En cuanto al vicio de desviación de poder, este Tribunal ha señalado que "no podría soslayarse que, generalmente, ... exige un mayor esfuerzo probatorio, pues no es común que surja del propio acto impugnado, sino de éste en su confrontación con otros elementos de prueba"; también, que "no corresponde sea presumida" la intención de la Administración de "perseguir un fin diverso del que justifica a la respectiva potestad" ("Solís", A. y S. T. 137, págs. 167/176; "Molina", A. y S. T. 145, págs. 32/46).

En el caso, la actora, al expresar agravios en el trámite de la apelación (v. fs. 153/160, expte. adm. nro. 00501-0085878-V), aludió al expediente nro. 32782-D-1984 (agregado a fs. 29/87), por el que se le aplicó un apercibimiento, por haberse negado a cumplir una orden impartida por un superior jerárquico, concretamente, brindar información sobre un cheque extraviado en fecha 29.6.1984, en ocasión de haberse procedido -en su ausencia- a abrir la caja de valores de la Sub Tesorería. Dijo que de dichas actuaciones surgían "una sucesión de hechos ... en los que se revela una clara actitud de contraposición" hacia ella, con evidente "intención de desprestigiarla y de procurar sancionarla buscando cualquier motivo baladí...".

Mencionó además las actuaciones caratuladas bajo el nro. 32732 -cuyas fotocopias obran agregadas a fojas 89/100 de las actuaciones administrativas adjuntas-, por el cual "solicitó subrogancia al cargo de Jefe Delegación Zona Sur, ... pretensión que igualmente formuló la Sra. de Alcácer, y claramente resulta de las actuaciones que en quien concurrían sobradamente los extremos para discernir el beneficio era ella, por razones de antigüedad y capacitación profesional".

Agregó que con su traslado se posibilitó que se le asignase el beneficio a la nombrada.

Y bien: los fines persecutorios que la recurrente achaca al acto cuya ilegitimidad postula, vinculados con una supuesta relación entre el traslado y la cuestión disciplinaria, por un lado, y la subrogancia finalmente asignada a otra agente, por el otro, con el consecuente exceso o desvío de poder, no quedan debidamente probados con la mera remisión a lo actuado en los expedientes respectivos, por lo que la vinculación que señala no pasa de ser una afirmación conjetural sin apoyo en las probanzas de la causa.

En efecto: no basta para concluir en que el traslado estuvo ordenado a la consecución de una finalidad persecutoria con la invocada mera omisión de haberse dispuesto mayores investigaciones en torno al suceso de la apertura de la caja de valores de fecha 29.7.1984, ni con la aplicación a Alfirevic de una sanción de apercibimiento por la desobediencia a una orden superior que se entendió consumada -desde luego, sin que a ello pueda obstar la existencia de un dictamen en sentido contrario-. Tampoco, con el hecho de habérsele asignado la subrogancia a que refiere a otra agente; actos cuya legitimidad, por otra parte, no fue traída a control de este Tribunal.

No obran en autos, pues, más allá de los dichos de la propia actora, elementos suficientes que permitan concluir en que la Administración, al disponer el traslado impugnado, persiguió un fin diferente al que justificó la atribución de la respectiva potestad.

Por lo expuesto puede concluirse que no está probado que la decisión cuestionada encubriera una sanción o careciera de causa o motivación suficiente, circunstancias que además no pueden derivarse de los términos de la resolución conjunta nro. 111/88 y 263/88 (f. 193), en tanto sólo dispone el reintegro de la actora a sus funciones originarias, en ejercicio de funciones propias de la Administración, y no se pronuncia respecto de la validez o invalidez de la disposición nro. 680/84.

c. No se advierte, por último, que la autoridad administrativa que ordenó la medida cuya ilegitimidad se postula haya actuado en el caso vulnerando la estabilidad de la agente.

En efecto, como surge de lo antes expuesto, no se verifica en el caso un cambio de funciones substancialmente diverso a las que venía cumpliendo la actora, ni se han desconocido sus específicas capacidades técnicas, ni su nivel escalafonario o la inamovilidad en la residencia; tampoco, al momento de disponerse el traslado, se le ocasionó un perjuicio económico.

En relación a este último aspecto, debe destacarse que el adicional "fondo estímulo", pretendido en la presente causa, recién comenzó a devengarse para el personal con desempeño en la Dirección de Vivienda y Urbanismo con la aplicación de la resolución nro. 475/86, dictada el 31.3.1986, esto es, casi dos años después de decidido el traslado cuya ilegitimidad se pretende; por lo que mal podría haber configurado un perjuicio económico susceptible de incidir en aquella época sobre la validez de la medida.

Por todo lo expuesto, cabe desechar la postulada ilegitimidad de la disposición nro. 680/20, y rechazar en consecuencia las pretensiones consecuenciales a la misma. El criterio que se propicia torna inoficioso el tratamiento de los restantes planteos.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso; con costas a la recurrente (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros Spuler, Vigo, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:

Declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas a la actora.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)