marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido indirecto, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Richard, Gustavo Daniel c/ Eggs, Néstor Amado s/ Cobro de pesos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

De lo expresado por la parte actora, no se advierte que su retorno al lugar inicial de trabajo implicara un cambio de tareas, más aún, expresamente reconoce que la actividad era la misma, granja de gallinas reproductoras, de lo que surge que no se han modificado las condiciones en que el vínculo laboral fue entablado, por ende, no puede considerarse que la decisión patronal constituye un ejercicio ilegítimo de su facultad. Los supuestos perjuicios materiales y morales que invoca el actor como derivados de su traslado a un lugar distinto para prestar servicios, debieron ser demostrados en juicio, ya que no basta la mera afirmación de la distancia que debía recorrer para llegar a la otra granja, y los gastos que debía afrontar al no contar con vivienda, o el trabajo que perdía su esposa en razón del traslado, por lo que no se ha acreditado la justa causa invocada por el trabajador para darse por despedido, en función de lo dispuesto por el art. 67 de la ley 22.248
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: DENTAL MEDRANO S.C.A c/ EMPRESA DE TRANSPORTE OBISPO SAN ALBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Si el propietario de un automotor averiado en un accidente ya ha vendido el rodado al tiempo de la inspección pericial, debe ofrecer probar las condiciones en que efectuara la operación a través de la pertinente documentación para acreditar la pérdida de valor venal, ya que el ocultamiento hace presumir que consiguió un precio normal sin haber incidido las posibles huellas de la reparación para disminuirlo.-
Vicios redhibitorios, acción quanti minoris, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUEIMUNDE CARLOS A. c/ EMPRESA VACAS CARUSO Y FRANCESCHI  S.C.A.  Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

Si el accionante al ejercer la acción encuadrada por el Señor Juez, como acción estimatoria o "quanti minoris" (conf. art. 2174, segundo párrafo del Código Civil) pidió se tomaran en cuenta los trabajos a realizarse para subsanar los vicios, subsanados éstos, no corresponde otra indemnización (conf. Borda, "Contratos", t. I, nro.

242 y jurisprudencia allí citada).
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, acceso a la justicia, jerarquía constitucional, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MERILLANCA, SANDRA y PERRANDO, SERGIO s/ Omisión de actos de oficio en concurso ideal con propagación culposa de enfermedad peligrosa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2004-02-05

El derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en Art. 18 de la Constitución Nacional y cuyo alcance; como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes, es coincidente con el que reconocen los Art. 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...

Es misión de los jueces contribuir al eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines del modo mas beneficioso para la comunidad y los individuos que la forman, y en el logro de este propósito de asegurar la administración de justicia no deben estar cegados al principio de supremacía constitucional para que esa función sea plena y cabalmente eficaz.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Puebla, Baltazar s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

Los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Casación (art. 491, Código citado) lo que no se da en el caso de autos en que el recurso de nulidad se interpone contra la del Juez Correccional que actúa como alzada del Juez de Faltas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GANEM ANTONIO CESAR EN J° 14.343/38.335 ALVAREZ ARMANDO N. Y BLANCO ADRIANA E. POR SI Y POR SU HIJA MENOR R. BLANCO (EXPTE. N°  88.113 ) c/ MOLINA RAMNO T. Y OTS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOIS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-15

En el esquema casatorio, resulta improcedente formalmente la queja referida al hecho de haber desconocido el Tribunal, un convenio transaccional que habría sido incorporado tardíamente al proceso, desde que el análisis sobre la oportunidad en que fue acompañado dicho convenio, constituye una cuestión fáctica ajena al control de legalidad de este remedio extraordinario.
Pensiones, concubinato, cónyuge
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramírez, Emilia Magdalena c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 140-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

La inexistencia de prueba de un aporte económico a la esposa separada de hecho por parte del marido,y la declaración de ésta de que trabajó y se jubiló, hacen que acoger la pretensión de la cónyuge separada del beneficio de pensión, más que subsanar una situación patrimonial, la mejoraría a expensas de quien recibiera del causante ostensible trato familiar hasta el momento del deceso. Acceder, en cambio, a la pretensión de la concubina de que se le otorgue íntegramente dicho beneficio, no significa otra cosa que mantener a su respecto la situación asistencial que venía gozando, y dar reparación al interés afectado por la realización del reclamo previsional, extremo que no se ha acreditado se verifique en beneficio de la esposa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, arraigo, costas, pago, prueba, carga de la prueba, dominio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Granrio SA c/ Orsi, Pedro Antonio Francisco y otra s/ Demanda ordinaria por simulación (Expte. Nro. 240-90)-Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-23

Se ha dicho que las fotocopias simples -aún las certificadas- de los títulos de dominio son irrelevantes en procura de la acreditación de solvencia a los fines de oponerse a una excepción de arraigo, pues no cuentan con el suficiente sustento de acreditación dominial que podría otorgar una informativa del Registro General. Conforme a lo que antecede no se ha conformado en autos garantía suficiente al demandado por el pago de sus propias costas en el eventual caso de resultar vencedor en el pleito, por lo que la excepción de arraigo merece prosperar. La cuestión no estriba en desconocer o no virtualidad a los títulos dominiales cuya validez no está en discusión en los términos del artículo 986 del Código Civil, sino en saber de su subsistencia al tiempo de solicit rsele al actor que preste fianza o caución real suficiente de responder por las costas del proceso, habida cuenta el quiz inadecuado modo subjuntivo pretérito imperfecto empleado por el legislador para el verbo "poseer" cuando alude la norma a cuando "poseyera" el demandante bienes en la provincia, como eximente del arraigo. En definitiva, con el sentido de completividad de prueba que debe interpretarse el principio, es el actor quien, debe agotar su actividad acreditativa de su solvencia, con el pertinente certificado del Registro General. (De los Fundamentos del Dr. Genesio en Minoría). En el caso, la cuestión a resolver era: ¨Sobre cuál de las partes recae la carga de comprobar la insolvencia del demandante para hacer procedente el arraigo?
Jubilaciones, interpelación, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pikec de Piesko, María y otros c/ Oblak Hnos. S.A.C.I.F.C.I. s/ Despido. Indemnización por muerte.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El plazo que establece el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo se suspende ante la enfermedad del trabajador.
Despido, cumplimiento de órdenes e instrucciones, subcontratación laboral, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Raúl Ruben c/ Bosan S.A. y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-25

Corresponde hacer lugar a una demanda por despido incoada por un chofer contra la empresa principal para la que realizaba tareas y la intermediaria, las que argumentaron en su defensa que el actor era un fletero y por lo tanto autónomo, toda vez que las partes se vincularon mediante una relación que tuvo las características propias de una relación subordinada y dependiente, ya que el actor prestó tareas dentro del ámbito de la empresa usuaria y recibía órdenes de su personal jerárquico, y el pago del salario lo realizaba personal de la intermediaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tonlorenzi, Ana María c/ Vitorino, Carlos D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Resulta absurda la fijación de una indemnización en que no se explicita el criterio para determinarla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, excepción de espera, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, CRISTINA ISABEL c/ BUSTOS, CARLOS HORACIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-21

Si el ejecutado alega una espera concertada verbalmente no corresponde desecharla in límine, sino conferirle traslado al ejecutante para que la reconozca o niegue. Negada categóricamente por la ejecutante procede su rechazo, sin más trámite. No se cumple con el requisito legal de documentar la espera con la sola mención de un juicio, sin indicar dónde tramita y sin reseñar el contenido de las piezas que han de respaldar documentalmente la excepción opuesta.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: D'AMICO, Sebastían Angel c/ BREX, Angel Luis s/ ACCIDENTE DE TRANSITO-PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Quien pretende contra otro un derecho de reparación a raíz de un hecho ilícito fundado en lo preceptuado por el art. 1109 debe probar los elementos constitutivos de la relación jurídica correspondiente, es decir la ilicitud, el daño y la culpa del autor.
Trabajadores ferroviarios, convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa  Santos,  Isabel y otros c/ E.F.A. Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

El incremento que estipula el C.C.T. Nest 21/75 para el personal ferroviario que se desempeña en zona de montaña y patagónica debe liquidarse no sólo sobre el sueldo básico sino también sobre toda otra remuneración que dicho personal perciba como bonificación mensual (Art. 6 de la convención citada). Ello luce ratificado por los propios términos utilizados por las partes colectivas en el art. 33 del C.C.T. Nest 21/75, que establece que al personal que presta servicio en línea de montaña se le abonará "el sueldo establecido en este convenio laboral aumentado en un 40 (cuarenta) por ciento". Para interpretar el concepto de sueldo se remite a lo dispuesto por el art. 6 inc. j) del convenio mencionado.
Contrato de obra pública, costo financiero, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cichello Carlos R. G. c/ Junta Electoral del C.P.A.P.F. y Otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

En orden al reconocimiento desagregado de la variación del costo financiero, el art. 5º del decreto 1726/85 y el art. 4º del decreto 2050/85 establecieron que estas disposiciones serían de aplicación para las certificaciones de trabajos ejecutados a partir del 1º de junio de 1985. De tal manera y a fin de obtener reconocimiento de su pretensión, la parte actora debe probar: a) que el contrato no previó el reconocimiento desagregado de la variación del costo financiero; b) los trabajos realizados acompañando a la causa las respectivas certificaciones; c) que estos trabajos hubieran sido ejecutados a partir del 1º de junio de 1985.
Corrupción de menores, grooming
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fragosa, Leandro Nicolás s/ Corrupción de Menores Agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

El delito de corrupción de menores previsto en el artículo 125 del Código Penal, realizado a través de la utilización de nuevas tecnologías, genera una variación de criterio en lo que en otras épocas podría haberse exigido la efectiva producción del resultado dañoso. Hoy las nuevas posibilidades de interacción, como en autos se ha verificado a través del "grooming", no requieren del tipo penal la efectiva producción de un resultado corruptor, ya que los verbos típicos de la figura son "promover" y/o "facilitar" la corrupción de un menor. Basta, entonces, para su configuración que las acciones sean desplegadas con ese objetivo. No será necesario que la víctima alcance el estado de corrupción para lograr la consumación, bastará la realización de actos tendientes a su logro.
Competencia, fuero de atracción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Walser Onelia Miquelina c/ Declerg Elvira E. y otra s/ Diferencias salariales y otro s/Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-31

La doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han interpretado que la organización de las justicias provinciales y el dictado de los códigos procesales, son facultades no delegadas por las Provincias al Congreso Nacional y que conservan a tenor del art. 121 -ex 104- de la C.N. y que obviamente comprende a la competencia material y territorial de sus tribunales. El Art. 3284 inciso 4º del código civil en cuanto dispone que ante los jueces de la sucesión deben entablarse las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia, es una norma adjetiva y no sustantiva. Que los acreedores laborales del difunto deban entablar sus demandas de conocimiento ante la justicia especializada del trabajo, no disloca ni trastorna el régimen sucesorio establecido en el código civil.
Contratos administrativos, contratos civiles, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cortez Ramírez, Raúl Fernando c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

Se admite la extensión de la aplicación de normas de derecho privado al campo del derecho público "con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye sustancia de esta última disciplina". En este contexto es que acepto -sin hesitaciones y pese a las características del contrato administrativo que lo diferencian del contrato civil- que en su base madre se encuentre el principio jurídico de la buena fe, conjugado con el de moralidad administrativa.

Mas, es incontrovertible, que frente a su especificidad, las conductas deben juzgarse -primero- enmarcadas en el Derecho Público, en la norma expresa que regula la relación jurídica que se concreta en la situación jurídica de las partes en conflicto.
Insuficiencia del agravio, calificación legal, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Gustavo Leonardo c/  s/ Coacción (art. 149 bis)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-18

Es inadmisible el agravio mediante el cual se cuestiona la calificación del hecho investigado bajo la figura de amenazas coactivas previstas bajo el art. 149 bis C.P., si más allá del modo en que el mensaje es percibido por el receptor y la reacción que produce en su entorno -lo que puede ser tomado como un signo de lo que la expresión de que se trata comunica-, las expresiones proferidas en el caso por el imputado constituyeron la comunicación de un anuncio de infligir un mal injusto, serio y grave, con suficiente entidad para perturbar la tranquilidad de las personas a las que dirigió esas palabras, conforme a una apreciación objetiva de la situación, es decir, tomando particularmente en consideración el contexto de interrelación en el cual fueron efectuadas (voto del juez Magariños al que adhirió el juez Huarte Petite)
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURUCHET PEDRO ANTONIO c/ RIMATORI DE VALLE NOEMI T. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

No es discutible la culpabilidad que emerge de la conducta de quien produce una colisión al retroceder para salir del estacionamiento, dañando a otro automotor que venía girando en una esquina.
Condominio, obligaciones de los condóminos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Biraben, Betsy N. y otro c/ Biraben, Gladys M. I. s/ Aprobación de cuentas y cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-13

La primera parte del art. 2685 del Código Civil al disponer que "Todo condómino puede obligar a los copropietarios en proporción de sus partes a los gastos de conservación o reparación de la cosa común,.." consagra una obligación calificada de carga real del dominio a la que deben contribuir todos los condóminos, siendo un deber que ha sido adoptado por la mayoría de las legislaciones modernas, dado que los trabajos necesarios o útiles, aún cuando no hubieran sido autorizados por otros condóminos, deben serle reconocidos por éstos al que los efectuó.
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daño punitivo, consumidores
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Isla, Susana Beatriz c/ Banco Columbia SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

La LDC 52 bis, modificada por la ley 26361, incorpora la figura del "daño punitivo" en los siguientes términos: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
Tratados internacionales, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

En el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, que otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales, los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir.
Competencia, tentativa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Alvarez, Cristián Roberto s/ Robo en grado de tentativa s/ Cuestión de Competencia, Expte. nro.  363/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-03-17

Además de las calificadas opiniones en tal sentido referidas en el dictamen del Sr. Fiscal ante este tribunal, debe tenerse en cuenta que la norma cobra relevancia en función del art. 370 C.P.P.

que permite a los jueces de sentencia dar una calificación distinta al hecho y aplicar una sanción más grave que la requerida por el Fiscal. Así en el debate ciertas circunstancias atenuantes podrían no ser probadas, la supuesta tentativa quedar acreditada como hecho consumado (o admitir un análisis jurídico diferente, como en el caso del robo en que se sostienen distintas posiciones respecto de su consumación), en fin, plantearse alternativas procesales que al exigir una mayor condena exigirían la declaración de incompetencia del Juez Correccional, tras haber realizado la audiencia de debate, con el consiguiente perjuicio para el imputado por la demora del proceso. Para restringir la posibilidad de que esas situaciones se multipliquen la norma asigna la competencia para la etapa del plenario teniendo en cuenta la escala penal del delito consumado.
Armas de guerra, tenencia de armas de guerra, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Gomez, Carlos Ariel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-03

Según surge de la plataforma fáctica el imputado llevó consigo de modo no autorizado un arma de guerra en condiciones inmediatas de uso -cual es el concepto de portación de un arma de guerra-. Tal comportamiento, sin solución de continuidad, sigue previsto como delito en la nueva ley 25.886, aunque con una pena mayor -ya que la anterior preveía un mínimo de tres años de prisión y un máximo de seis años-. Con la reforma introducida por la ley 25.886 la portación de arma de guerra ha pasado a ser así un delito más grave. Y cierto es que se ha disminuido la pena en cuanto a la tenencia simple de arma de guerra, pero esa, como se dijo, no es la conducta por la que se condenó al encausado. De manera entonces que no se vio alterada en sustancia la tipificación de la conducta, habiendo tenido el imputado la posibilidad de motivarse conforme a la norma en idénticas condiciones, por lo que en el caso no procede la aplicación de la nueva normativa en orden al principio de aplicación de la ley mas benigna contenido en el artículo 2 CP. La disidencia sostuvo que no puede tomarse en cuenta la circunstancia de que el arma de guerra hubiese sido portada durante la comisión del robo para denegar la aplicación de la ley más benigna respecto de la simple tenencia, pues eso implicaría tanto como darle efecto retroactivo a la actual incriminación de la portación de arma, violando el principio de legalidad. (Dres. Diez Ojeda -en disidencia-, Hornos y González Palazzo).
Seguros, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Scavino c/ Caldara s/ Ordinario (Expte Nro.  374-00, Resolución Nro.  63, Tomo 20, Folio  277/283)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

Si la aseguradora no efectuó una crítica razonada con respecto a la tasa de interés que manda aplicar el inferior sobre los montos indemnizatorios; se debe tenerla por conforme con tal aspecto de la sentencia de baja instancia (art. 365 C.P.C.C.).
Recurso de revisión (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TARDITTI ELSO MIGUEL ALFREDO c/ NELSO MARINI, JUAN M.C. APARICIO s/ QUERELLA  POR CALUMNIAS - RECURSO DE REVISION (CODIGO PROCESAL CIVIL)  -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-05

La falta de debido sustento en los hechos -real-de la causa, también produce la inadmisibilidad formal del recurso intentado.

Ello ocurre cuando se niegan las argumentaciones dadas por el tribunal de sentencia para llegar a una conclusión determinada, pues al desconocérselas, quedan incólumes.
Despido, faltas
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcón, Luis Alberto c/ O.C.A.S.A. s/ Indemnización por Antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-09-28

Las sanciones anteriores, en la medida que señalan una conducta contraria a la buena marcha de la relación laboral pueden tenerse en cuenta para decidir el despido cuando su reiteración indica una conducta del empleado que no se corrige y hace imposible la continuidad del vínculo, no obstante, debe probarse la existencia del último hecho que decida el despido y se refleje en la comunicación del mismo con claridad como lo exige el art. 243 de la Ley 20744 (L.C.T.).