Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13


Causa Nº 30461-00/CC/2006 Caratulada "CASTILLO, Juan José s/inf. art. 83 C.C. Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losdías del mes de marzo de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

VISTOS:

1) Que con fecha 6 de noviembre de 2006 el Guillermo E. H. Morosi dispuso "...II- CONVALIDAR la medida cautelar dispuesta.- III- REMITIR presentes actuaciones (sic) a la Unidad Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponda (fs. 6 y 7).

2) El Javier E. de la Fuente cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 1 interpuso recurso de apelación a fs. 8/12vta.

3) Corrido el traslado a la Fiscalía de Cámara, ésta propugnó se revoque la resolución del Juez en cuanto convalida el secuestro; se ordene el archivo de las actuaciones en relación a la contravención de uso indebido del espacio público y se remitan las actuaciones y los efectos a la Unidad Administrativa de Control de Faltas (fs. 22/23vta.).

Y CONSIDERANDO:

4) El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

5) La defensa se agravia concretamente en que: a) considera errada la remisión a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, ya que existió pleno acuerdo en que la conducta de Castillo no es punible porque se desechó la existencia de contravención alguna. Por tal motivo se debería dictar el sobreseimiento por tratarse de una conducta despenalizada; b) La presunta conculcación del principio ne bis in idem; c) el mantenimiento del secuestro no obstante el temperamento adoptado y d) si se considera que la conducta investigada no resulta alcanzada por una figura contravencional, no puede resultar válido el mantenimiento de medida cautelar alguna.

6) El caso traído a estudio resulta en su esencia similar a otros tantos ya resueltos por esta Sala (vide in re causa nº 8710-00/CC/2006 "ACOSTA RIVEROS, Débora Soledad s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación" rta. 02.06.06, entre otras), en donde establecimos que al haber señalado el juez de grado que la conducta reprochada al imputado no constituía una contravención, le quedaba vedado convalidar el secuestro, pues las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas si se acredita la probabilidad de condena, faltando entonces uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, la verosimilitud o la simple apariencia del derecho invocado.

Habiendo desaparecido las sospechas de responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -y que motivara en un principio el secuestro de los elementos - cinco (5) porta CD´s, tres (3) monederos, tres (3) billeteras de cuero, dos (2) carteritas, cuatro (4) cintos de cuero conforme fs. 3 - por parte del personal preventor- la medida cautelar debió ser dejada sin efecto.

Según lo dispuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N. y conforme lo expuesto, la resolución impugnada exhibe una motivación aparente, pues es contradictoria ya que, por un lado, afirma la inexistencia de contravención y, por otro, confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es el hecho tipificado en el art. 83 de la ley 1472.

Tal circunstancia constituye un vicio de carácter esencial, que obliga a nulificar lo resuelto en este aspecto (arts. 166 y cctes. del CPPN y 6 LPC).

7) La otra consecuencia que se desprende del criterio sustentado por el juez de grado en la resolución apelada (inexistencia de contravención) es que debió haber cerrado formalmente la persecución contravencional que se cernía sobre JUAN JOSÉ CASTILLO (art. 39, inc. 1 de la L.P.C.), aspecto éste que será resuelto por el Tribunal, ya que es tarea subsanar y resolver definitivamente la situación procesal del imputado, máxime cuando el fiscal de grado consintió la resolución desincriminante (fs.7).

Como consecuencia de ello, se debe proceder a la devolución de los efectos que fueran oportunamente secuestrados.

8) En cuanto a la afectación del principio "ne bis in idem", nos remitimos a lo resuelto en los autos "Martínez, Héctor Manuel s/ infr. art. 83 ley 1472 - Apelación" (causa nº 29.574-00/CC/2006), por lo que, teniendo en cuenta la diferente naturaleza jurídica entre el derecho administrativo sancionador y el derecho contravencional, queda aventada cualquier discusión en torno a la vigencia de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento.

9) Finalmente, la pretensión de la defensa oficial en cuanto a considerar errada la remisión a la a la Unidad Administrativa Controladora de Faltas, ordenada por el a quo en el punto tercero de la resolución de fs. 6/7 será rechazada y, en su caso la defensa deberá efectuar aquellos planteos que considere que correspondan en el marco del proceso de faltas ante la autoridad competente habilitada para dirimir la pretensión (confr. in re "Acosta Riveros..."). El envío de actuaciones a conocimiento de la autoridad administrativa con posterioridad al archivo, como en el presente, debe quedar librado a la discrecionalidad del Juez de Garantías, en atención a la especial naturaleza del proceso de faltas (conf. art. 13 de la ley nº 451 y art. 2º de la ley 1217).

10) Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial.

II. ANULAR el punto II de la resolución de fs. 6/7 (arts. 123 y 168 C.P.P.N. y art. 6 L.P.C.), ordenando la devolución de los efectos secuestrados.

III. ARCHIVAR las presentes actuaciones seguidas contra Juan José CASTILLO en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (art. 39, inc. 1 de la L.P.C. y art. 83 del Código Contravencional).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase al Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 13 a sus efectos.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La resolución del 6 de noviembre de 2006 que dispuso: "...II.-CONVALIDAR la medida cautelar dispuesta. III. -REMITIR presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponda...." (fs. 6vta/7).

El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa a fs. 8/12.

La presentación de Fiscalía de 1ª Instancia obrante a fs. 14/15.

La presentación de la Fiscalía de Cámara obrante a fs. 22/23.

Y CONSIDERANDO:

1) El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

Atento la constancia de la notificación obrante a fs. 7, el recurso interpuesto por la defensa, -que fueran concedidos por el Sr. Juez a quo a fs. 17 vta. es temporáneo.

2) Las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley n°12, como así también aquellas que causen un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 449 in fine del CPPN aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 6 LPC).

Si bien el criterio adoptado por este Tribunal es amplio al considerar la procedencia de la vía recursiva, debe analizarse la existencia del gravamen en cada caso, para establecer el carácter irreparable del mismo.

3) El fiscal "compartiendo su resolución de fs. 6/7" conforma el pase a la UACF, oponiéndose al tratamiento de la presentación de la defensa que sostiene debería tramitar ante este organismo.

4) La defensa se agravia porque: 1) estima errada la remisión de la causa a la UACF, lo que vincula con su queja por no haberse dictado una resolución que pusiera fin al proceso iniciado; 2) sostiene que la remisión a la UACF podría significar la violación del principio ne bis in idem al sostener: "Ello así, toda vez que a pesar de la naturaleza no penal de las faltas, la ley 451 dispone que 'la comisión de una contravención no exime de la responsabilidad por falta a otra persona por el mismo hecho..´ (art. 10). A contrario sensu, es claro que, tratándose de un mismo sujeto, la iniciación de la causa contravencional sí exime de la responsabilidad administrativa derivada de la falta" (fs. 10); 3) alega que la convalidación de la cautelar al haberse afirmado la inexistencia de la contravención carece de fundamentación y es, consecuentemente, nula y; 4) para el caso de no acogerse la nulidad del secuestro afirma que igual debe ser revocado ya que si se considera que la conducta investigada no resulta alcanzada por una figura contravencional, no puede resultar válido el mantenimiento de medida cautelar alguna, puesto que al concluir la causa principal (procedimiento contravencional) corresponde el cese de la medida accesoria (medida cautelar).

5) En relación al segundo agravio de la defensa ha resuelto este Tribunal en forma unánime en la causa Nº 29574-00/CC/2006: "MARTINEZ, Héctor Manuel s/Infr. Art. 83 ley 1472 - Apelación", que: "Las sanciones administrativas por infracciones tienen distinta naturaleza, finalidad y esencia que las penas del derecho penal...Por lo tanto, pueden coexistir...La necesidad de clausurar definitivamente la presente investigación contravencional y continuar una por faltas no afecta el principio ne bis in idem, pues éste tiene dos vertientes, una material que impide más de una sanción por un mismo hecho, y otra adjetiva que busca asegurar que un hecho no será objeto de dos procesos (MALJAR, Daniel E., "El Derecho Administrativo Sancionador", Ad Hoc, Bs. As. 2004, pág. 245), regla que opera en las siguientes condiciones: cuando hay identidad en la persona imputada, en el objeto (es decir, en los hechos) y en la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se examina. Esta última característica -que no se da en el caso de autos desde que la naturaleza jurídica de la contravención y la falta no es la misma- ha sido llamada c ausa de persecución...significado jurídico (Maier, Julio B J., "Derecho Procesal Penal", T I, Fundamentos, Editores del Puerto, Bs. As.1996, pág. 595) o fundamento. Teniendo en cuenta la diferencia en su naturaleza jurídica (al haber diferencia con el tipo de control, la gravedad de los efectos y por último con relación a los criterios que la rigen) queda aventada cualquier discusión que pudo haber existido sobre la vigencia de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento. Por lo expuesto, debemos rechazar la pretensión de la defensa oficial, en torno a la revocación de la remisión a la Unidad Administrativa Controladora de Faltas, ordenada por el a quo en el punto tercero de la resolución de fs. 8/11vta.".

Por ello se acogerá parcialmente el recurso del defensor.

6) El poder de jurisdicción nace a partir del impulso de la acción por parte del M.P.F. . Al juez corresponde el examen de legalidad y razonabilidad del pedido acusatorio.

Estos principios se relacionan estrictamente con el principio acusatorio que impide que los jueces impulsen la acción como que los fiscales ejerzan la jurisdicción.

Puesta en ejercicio la acción -lo que solo corresponde al M.P.F.- es al juez a quien compete, por ser su función esencial, establecer el encuadre jurídico que corresponde a los hechos -la subsunción- y señalar, en su caso, la inexistencia del evento criminoso lo que no sólo ocurrirá al sentenciar, sino, en caso de resultar manifiesta, en la primer oportunidad que tenga de analizar y declarar tal extremo.

El control de legalidad que ejercen los jueces sobre la actuación fiscal impone controlar que su actuación se funde en derecho, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en la causa.

Consecuentemente, corresponde al juez la subsunción legal de los hechos en relación al encuadre contravencional que le confiriera en principio la fiscalía, y decidir en base a ello, estableciendo si se trata de una contravención o una falta o una conducta atípica.

Lo que el magistrado hizo, en este caso, fue subsumir correctamente los hechos, lo que hace, como he expuesto, a su función esencial reorientando la investigación a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

7) La decisión de remitir las actuaciones a la unidad administrativa de faltas no constituye un agravio de imposible reparación ulterior, como sostiene el apelante.

Ha resuelto el TSJ en este sentido que: "remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas...solo implica ordenar el proceso y no ponerle fin...Tampoco se ha demostrado que la decisión de remitir las actuaciones a la unidad administrativa de faltas configure un agravio de imposible reparación ulterior, tal como lo sostiene el defensor" (TSJ Expte. nº 2571 "Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional nº 7 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martínez Eugenia s/art. 41 CC").

8) No obstante ello, corresponde consignar que las medidas cautelares sólo pueden ser mantenidas mientras permanezca invariable la situación fáctica que primariamente aconsejara su adopción por el órgano jurisdiccional.

Es por ello que, frente a esta perspectiva, corresponde cuestionar la decisión adoptada siguiendo ese criterio, teniendo en cuenta que, el juez a quo consideró que la conducta atribuida al imputado no podía ser considerada constitutiva de la contravención tipificada por el artículo 83 del Código Contravencional atento a la insignificancia de los elementos secuestrados (cinco porta CD, tres monederos, tres billeteras de cuero, dos carteritas y cuatro cintos de cuero).

Falta entonces uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, el "fumus bonis iuris" del Derecho Romano (el humo del buen derecho), esto es, la demostración de un grado, más o menos variable de verosimilitud en el derecho invocado.

Al haber señalado el juez de grado que la conducta reprochada al imputado no constituía una contravención, le quedaba vedado convalidar el secuestro, pues las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas si se acredita la probabilidad de condena (in re "Acosta Riveros, Débora Soledad s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación", Nº 8710-00/CC/2006, rta. 2/06/2006 entre muchas otras).

De ahí que, habiendo desaparecido las sospechas de responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -que motivara en un principio el secuestro de los elementos por parte del personal preventor- la medida cautelar debió ser dejada sin efecto.

De tal suerte que la resolución recurrida es autocontradictoria ya que, por un lado afirma la inexistencia de contravención y por otro, confirma una medida cautelar cuyo presupuesto es el hecho tipificado en el art. 83 de la ley 1472, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPPN. (v. en extenso "Acosta Riveros, Débora Soledad s/Inf. art. 83 ley 1472 - Apelación").

9) Asimismo, toda vez que la medida cautelar va siempre unida a la apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, habiendo desaparecido a criterio del juez de grado aquella sospecha, no sólo no debió convalidar el secuestro; sino que además debió haber cerrado formalmente la persecución penal contravencional que se cernía sobre el Sr. Castillo (art. 39 inc. 1 de la L.P.C.), disponiendo el archivo de las actuaciones a fin de garantizar el derecho de que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento definitivo. (v. en extenso "Acosta Riveros, Débora Soledad s/Inf. art. 83 ley 1472 - Apelación").

10) Por todo lo expuesto corresponde:

I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa.

II. ANULAR el punto IIº de la resolución de fs. 6 vta./7 en cuanto convalida el secuestro efectuado a fs. 3 (arts. 123 y 168 C.P.P.N. y art. 6 L.P.C.), ordenando la devolución de los efectos secuestrados.

III. DISPONER archivar la presente causa contravencional seguida contra Juan José Castillo en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (arts. 39, inc. 1º de la L.P.C. y 83 del Código Contravencional).

Ante mí:

Endede 2007 se notificó a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2007 se libró una cédula. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones a Secretaría General a sus efectos. Conste.