Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 7 de 2007.

El Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 486/491), que rechazó la demanda contra A. J. C., que perseguía la declaración de nulidad del testamento otorgado a favor del demandado fundada en la causal de captación de voluntad por parte del beneficiario, y la desheredación del requerido por causa de indignidad por abandono de persona, expresan agravios los actores (fs. 503/515), los que fueron contestados por la parte demandada a fs. 518/525. Habiendo dictaminado el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 527/530, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

En su presentación ante la Cámara, los actores se quejan pues entienden que la Sra. Juez a quo no valoró adecuadamente las constancias probatorias obrantes en autos. A tal fin destacan, especialmente, una inadecuada interpretación de los elementos que se desprenden de las declaraciones testimoniales y de la confesional del demandado, como así también la consideración de la historia clínica del demandado y el informe de ANSES, que tornan la sentencia no sólo injusta sino también arbitraria. Asimismo, el que no haya considerado que fue la propia testadora quien rompió el testimonio del testamento en una clara demostración de haber querido dejar sin efecto su anterior disposición. También, ante la declaración de la prescripción de la acción intentada. Finalmente, de que no se haya tenido por acreditado el abandono de la Sra. E. C. por parte de su hermano, aquí demandado y por la imposición de costas a su parte.

I.- Sostienen los apelantes que la sentenciante de grado efectuó una valoración parcial errada y arbitraria de la prueba reunida en autos, favoreciendo así al demandado.

Ahora bien, de la exhaustiva lectura de las constancias de autos y lo decidido en la instancia de grado, no encuentro razones que justifiquen -siquiera mínimamente- entender que la sentencia recurrida refleje un razonamiento, una valoración de la prueba o una decisión que puedan considerarse parciales, arbitrarias o absurdas, tal como indican los recurrentes. Ello, sin perjuicio de lo acertado o desacertado de la decisión, lo cual será considerado a continuación.

II.- Por una cuestión de orden lógico me expediré en primer lugar respecto de los agravios referidos a la prescripción de la acción de nulidad testamentaria.

Mientras un derecho no es exigible, no es posible descuidar ejercitarlo ni perderlo por negligencia. Puede afirmarse entonces, como principio general, que la prescripción se inicia desde que puede ejercerse la acción respectiva. En el caso se trata de derechos eventuales (cfr. Guastavino, Elías, "Derechos eventuales", Rev. del Notariado, nº 738, pág. 2131/4), por lo que, el curso se iniciará recién con la muerte de la persona, ya que su configuración real depende de la apertura de la sucesión y hasta entonces no integran el patrimonio de nadie. Se llaman derechos eventuales, presuntivos o sucesorios aquellos que están supeditados a la apertura de una sucesión (alguna doctrina dice, lisa y llanamente, que se trata de una mera expectativa de hecho). En consecuencia, tratándose de derechos eventuales, la prescripción sólo comienza a correr desde el momento de la apertura de la sucesión sobre la cual deben ejercerse, es decir, desde el fallecimiento del causante (art. 3282, 3953, 3957 y 4023 del Código Civil; cfr. Areán, Beatriz, en Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias ...", Tº 6B, págs. 591/593; Messineo, II, #13, nº 7; Guastavino, ob. cit., pág. 2166/7).

Así, de acuerdo a lo expuesto, fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal de Cámara, resulta fácil concluir que el plazo de prescripción para ejercer la acción de nulidad testamentaria no se encontraba vencido. Por ello propongo que se revoque lo decidido al respecto en la instancia de grado.

II.- Se agravian también los actores ante el rechazo de su planteo de captación de voluntad por parte del demandado respecto de la causante. Sostienen que debió haberse valorado adecuadamente la prueba que acreditaría que A. J. C., luego del fallecimiento del esposo de su hermana E., habría abusado de su confianza, excluido de su lado al resto del grupo familiar (con excepción de su hija C. a la que imputan complicidad con su padre) y, aprovechando el estado de luto y las fobias de su hermana, habría obtenido -primero- el testamento a su favor y luego se habría apoderado del resto de los bienes denunciados (dólares, joyas, acciones, muebles).

Indican que lo expuesto se desprende claramente de los testimonios brindados por quienes fueran vecinas y confidentes de E. durante muchos años. Que resulta desacertado privilegiar los testimonios ofrecidos por el accionado (el primero, conocido del demandado y, la segunda, paciente psiquiátrica de su hija), por sobre los mencionados anteriormente, los cuales acreditan que durante el tiempo en que el requerido estuvo a cargo de la causante el patrimonio de ésta se fue diluyendo. También, que las declaraciones acreditan que E. manifestó su repudio hacia el demandado lo cual quedó además cristalizado en el hecho de que haya roto el testimonio del testamento, como así también que fue abandonada por su hermano Alberto y que sus sobrinos fueron quienes se hicieron cargo de su atención.

Ahora bien, recordaré que la validez formal del testamento no es materia de discusión en esta instancia. En efecto, tal como los propios apelantes reconocen a fs. 504, punto III, el testamento por acto público no queda revocado por la rotura del mismo (o su testimonio). Sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse respecto de las implicancias de dicha conducta en torno a las restantes imputaciones.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3616 del Código Civil, es dable recordar que el principio general es la validez del testamento ya que se presume la capacidad del causante. Así se ha dicho que para realizar un acto de última voluntad no se requiere mayor discernimiento que el necesario para realizar actos entre vivos. Por ende, no toda anormalidad o alteración de las facultades mentales es suficiente para viciar el entendimiento de la persona con relación a los actos testamentarios, sino que es imprescindible que anule o comprometa gravemente el uso de la razón. La completa o perfecta razón de los arts. 3615 y 3616 (Código Civil) no debe considerarse en abstracto sino en concreto, referida al propio sujeto disponente; no se ha exigido un discernimiento diferente o más calificado que para cualquier acto jurídico. El concepto de perfecta razón, en tanto requisito para la validez de toda disposición de última voluntad, no se ve alterado por la ancianidad ni por la presencia de enfermedades físicas que no perturben las facultades intelectuales de aquél, las que deben apreciarse con relación al momento en que el acto se realiza (cfr. Medina, Graciela en Bueres-Highton, op cit., Tº 6A, págs. 808/813).

Si bien se encuentra reconocido por las partes y acreditado con las pruebas colectadas en estos autos y en el proceso de inhabilitación (fs. 1, 14, 10 y 18 del exp. nº 5635/03) que la Sra. E. C. padecía de miedos e inseguridades, como así también de un síndrome depresivo que incluyó intentos de suicidio (al menos en dos oportunidades), no puede por ello concluirse que al momento de testar haya carecido de uso de razón para dicho acto. Es que, tal como los propios recurrentes admiten, aún con posterioridad a ese acto, la causante conservaba sus facultades mentales lo cual le habría permitido también advertir la conducta asumida por su hermano, rompiendo el testimonio del testamento y continuando -dentro de lo que su afección le permitía- con su ritmo normal de vida hasta el 29/01/03 en que intentó quitarse nuevamente la vida.

Como es sabido, lo importante es establecer el estado mental al tiempo de ejecutar los actos, o sea, en el momento de otorgárselos, sin que baste probar la carencia de discernimiento en la época, pues ello no asegura que el acto no haya sido efectuado en un momento de lucidez. La prueba queda a cargo de quien invoca la falta de discernimiento y correspondiente irresponsabilidad o invalidez del acto (cfr. Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias ...", Tº 4, pág. 149). Si, como los mismos actores sostienen, comenzaron a acompañar a E. recién ante sus reclamos, aproximadamente cinco o seis años antes de su fallecimiento (cfr. fs. 43, punto 1.11), y a esa fecha se encontraba en uso de sus facultades mentales, no puedo sino concluir en que si la enfermedad de carácter progresivo que ella padecía no había alterado su juicio a ese entonces, menos aún siete años antes cuando testó.

Se impone entonces dejar sentado que al momento de testar, la causante era capaz de conocer la entidad y consecuencias del acto que estaba realizando lo cual, además, era su deseo pues -en ese momento- era Alberto quien se ocupaba de ella (junto a su hija C.) y que, tal como indican los propios demandantes, sentía una gran preferencia por su hermano (cfr. fs. 39 vta., punto 1.1).

Ahora bien, los apelantes sostienen que Alberto utilizó ese afecto para aprovecharse de E. con el único objetivo de apoderarse de sus bienes, captando su voluntad a fin de obtener el mentado testamento, abandonándola una vez cumplido su cometido.

III.- En apoyo de la primera de las cuestiones (la captación) señalan que el propio demandado reconoció que fue él -junto a su hija C.- quien se encargó de todo luego de fallecer el Sr. Machera, esposo de E.; que dentro del período de duelo obtuvo el testamento a su favor con la intervención de un escribano por él propuesto; que se encargó de aislar a la causante del resto de sus familiares y que mantuvo su control mediante el tratamiento fisiátrico llevado a cabo por su hija.

La captación supone engaños sobre hechos o afectos que puedan inducir al causante para que no exprese su real voluntad en el testamento. Es una forma peculiar del dolo y como tal debe ser una conducta grave y al mismo tiempo determinante del acto, pues si no se reúnen ambos requisitos no es posible anular la disposición. Para determinar si ha existido el dolo habrá que tener en cuenta las circunstancias personales del testador, como por ejemplo su edad, salud física y mental ya que sin llegar a la incapacidad para testar puede resultar más fácil de influir (cfr. Azpiri, Jorge. O., "Manual de derecho sucesorio", Hammurabi, pág. 333).

También tengo en cuenta que la jurisprudencia ha sido muy cauta para aplicar la captación de herencia pues ha sostenido que "la adulación, el falso cariño, los cuidados excesivos, con el ánimo de atraerse la voluntad del testador, no bastan para resolver que hay sugestión o captación" (LA LEY, 104-697). En idéntico sentido, que "no bastan la adulación, el falso cariño o los cuidados excesivos para concluir que ha habido captación, si no se ha engañado al testador logrando así un estado de su espíritu sin el cual no se habría producido la liberalidad" y que "la multiplicación de las atenciones por parte de los parientes o servidores para lograrse el afecto o el reconocimiento del enfermo y obtener una ventaja en el testamento, no son causas de nulidad, aunque tales cuidados no sean frutos de un auténtico cariño y tenga solo un fin especulativo" (cfr. Azpiri, ob. cit., pág. 333; íd. Medina en Bueres-Highton, ob. cit., Tº 6A, pág. 814 y sus citas).

Considero entonces, valorando las pruebas aportadas y los dichos de las partes, que E. C. testó a favor de su hermano A. motivada por el cariño que le tenía, la seguridad que ello le brindaba y la gratitud por la atención recibida. No soslayo los antecedentes médicos, la muerte de su esposo dos años antes y la presencia constante de A.. Pero tampoco dejo de considerar que fue su hermano el que estuvo a su lado en tales circunstancias; que la causante sentía ya desde antes de testar una preferencia por Alberto y que, tal como reconocen los demandantes, continuó a su lado durante aproximadamente diez años más, aunque con otros fines según sostienen (ver también testimonios de fs. 256, respuesta décima y fs. 259 vta., respuesta décima). En efecto, los actores expusieron que se acercaron a su tía recién ante su reclamo, en fecha incierta, denunciada como posterior al fallecimiento de R. C. (septiembre de 1999). Pero nada impedía a los sobrinos acercarse antes a su tía si así lo hubieran deseado, ya que el demandado no convivía con su hermana (lo que le hubiera facilitado imposibilitar el acceso al inmueble a los demás parientes), como así tampoco se hicieron alusiones a llamados telefónicos u otros intentos de establecer un contacto en forma previa al llamado de auxilio.

Asimismo, y en lo que al dolo se refiere, no se demostró que Alberto haya efectuado falsas promesas o que la causante haya pasado necesidades durante esos diez o doce años. En cuanto a los bienes que habría dejado el esposo de E., ninguna prueba se produjo que acredite en forma fehaciente su cuantía. Sin perjuicio de lo cual, es dable suponer que aquellos (dólares, joyas, acciones), fueron utilizados para solventar los gastos de la causante, toda vez que no se demostró que Alberto tuviese otros ingresos que su jubilación y que la causante no pasó en ese extenso período, necesidad alguna.

En cuanto a la posterior ruptura del testimonio del testamento -recordando que dicho acto no es susceptible de revocarlo- cabe señalar que la causante no arbitró los medios para dejar sin efecto su voluntad en la forma que hubiera correspondido. A tal efecto, no puede omitirse que A. C., uno de los sobrinos que la acompañara en sus últimos años, es abogado y podría haber indicado a E. la forma adecuada de invalidar el testamento -si esa era su voluntad-, incluso, sin necesidad de que teste a favor de otro familiar (arts. 3631, 3824 y 3827 del Código Civil) a fin de evitar el aprovechamiento del estado de salud de la testadora, si así consideraban dicha postura.

Por todo lo expuesto, considero que los actores no han logrado acreditar la existencia de dolo de parte del demandado a fin de captar la voluntad de su hermana para que teste a su favor. El cariño que ésta le tenía, su presencia y compañía luego de la muerte de su cónyuge y la atención brindada durante el extenso lapso posterior al testamento, me llevan al convencimiento de que E. C. testó a favor de su hermano Alberto con plena conciencia de su acto.

IV.- Respecto de la alegada indignidad del demandado, se agravian los actores por entender que la sentencia de grado contiene una errónea aplicación del artículo 3295 del Código Civil. Sobre el particular exponen que se encuentran debidamente acreditadas las alteraciones psíquicas de la causante, como así también el abandono de parte de A. C. en el año 1998.

En cuanto al estado mental de E. C., en atención a todo lo expuesto en el punto anterior, sólo recordaré que ella se desenvolvía en su vida cotidiana afectada por los padecimientos propios de la edad y las características de su personalidad de base (fs. 5 y fs. 14 del expediente sobre inhabilitación) y que de hecho vivió sola hasta la fecha de su último intento de suicidio el 29/1/03. Es decir, su estado de salud mental no alcanzaba a mi juicio, al estado de demencia requerido por el artículo 3295 del Código Civil. De entenderse lo contrario, los actores, también deberían haber arbitrado los medios para que recibiera tratamiento psicológico o, incluso, se le designara un curador a su persona y sus bienes, lo cual no hicieron. Ello no importa un juicio de reproche a la conducta asumida pues, como bien señalan, era preferible que E. continuara su vida en el ambiente que le era familiar y con el apoyo de sus seres queridos, antes que ser internada en una institución geriátrica, tal como lo había hecho también Alberto antes que ellos.

La ausencia de este requisito resultaría suficiente para desestimar el planteo de indignidad, toda vez que la norma exige conjuntamente que el causante se halle demente y abandonado (cfr. Pérez Lasala, en Bueres-Highton, ob. cit., Tº 6A, pág. 74; íd. Azpiri, Jorge O., ob. cit., pág. 94).

Tal como indicara la Sra. Juez a quo y reseñara también el Sr. Fiscal de Cámara, se encuentra acreditado que A. C. se ocupó de su hermana E. hasta -por lo menos- el año en que falleciera su hermana Reymunda (cfr. también el testimonio de fs. 35, ofrecido por ambas partes) denunciada como ocurrida en el mes de septiembre de 1999. Asimismo, y siempre de acuerdo con los relatos de los actores, puede entonces tenerse por cierto que Alberto se encargó de su hermana E. hasta la muerte de R., se ocupó también de ésta última y, también, de su hermano A.. Claro que alegan un afán de lucro y desapoderamiento de sus hermanos aunque, es dable señalar, en autos no se aportó prueba alguna que acredite enriquecimiento alguno por parte del demandado, como no ser el departamento que le fuera legado. Asimismo, se tienen por acreditadas las afecciones físicas del requerido, concomitantes con la muerte de su hermana Reymunda, su incapacidad previa que había derivado en su jubilación anticipada y la propia edad de Alberto al momento en que dejó de atender a E.. Finalmente, y tal como admiten los actores y destacan la sentencia recurrida y el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, E. no se encontró abandonada en sus últimos años pues los demandantes se ocuparon de sus necesidades.

Propongo entonces que este aspecto del fallo sea también confirmado.

V.- En el escueto párrafo indicado como punto XV de fs. 513, los apelantes manifiestan su disconformidad con la imposición de costas a su cargo. Claramente, el mero desacuerdo con lo resuelto en la anterior instancia no conforma un agravio en los términos del artículo 265, por lo que deberá ser declarada desierta la queja sobre el punto (art. 266 del Código Procesal).

Por todo lo expuesto, considerando también lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 527/530 a cuyos argumentos remito brevitatis causa, entiendo que corresponde revocar la declaración de prescripción de la acción de nulidad testamentaria, con costas de la incidencia a cargo de la parte demandada (art. 68 del Código Procesal) y confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y fuera materia de agravios, con costas a los actores vencidos en lo principal que aquí se decide (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Jorge Alberto Mayo y el Dr. Jorge A. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

Revocar la declaración de prescripción de la acción de nulidad testamentaria, con costas de la incidencia a cargo de la parte demandada (art. 68 del Código Procesal) y confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y fuera materia de agravios, con costas a los actores vencidos en lo principal que aquí se decide (art. 68 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Jorge Alberto Mayo. -Jorge A. Giardulli. -Claudio M. Kiper.