Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


R., L. A.

Reg.: A y S t 212 p 152-155.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de L. A. R. contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe en autos "R., L. A. -Homicidio Culposo- (Expte 288/04)" (Expte. C.S.J. Nro. 567, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 14 de octubre de 2004, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe resuelve confirmar la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a L. A. R. por el delito de homicidio culposo (Art. 84 del Código Penal) a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores por el término de siete años, con costas (fs. 26/30 vta.).

Contra dicha resolución, la defensa técnica interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 32/38).

Manifiesta que pese al exhaustivo análisis de los elementos y pruebas rendidas en autos, que en apariencia constituye un examen adecuado de la causa, el fallo recurrido contiene vicios de arbitrariedad porque no reúne las condiciones mínimas indispensables para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

Señala que la arbitrariedad puede concretarse en dos causales.

Una, en la carencia de motivación suficiente, al efectuarse una consideración parcial del siniestro y considerarse a la moto como sujeto pasivo, ignorando los elementos arrimados -en especial, en la Alzada (informe pericial mecánico)- que demostraban lo contrario.

La otra, en el excesivo rigorismo formal, al rechazarse la apertura de la causa a prueba en la segunda instancia. Explica que había pedido el sorteo de perito mecánico en un caso donde, por falta de ejercicio de la garantía jurisdiccional, se había omitido en el proceso cualquier tipo de pericial mecánica, tanto en la etapa instructoria como en la plenaria, siendo que se trataba de un homicidio con una pena de 7 años de inhabilitación a un chofer de colectivo.

Considera que no se podía exigir otra conducta a R. que la efectuada en la ocasión, que no regía en el lugar del hecho la prioridad de paso, que la moto se conducía a exceso de velocidad y sin dominio del conducido y fue la que impactó en el colectivo. Quien sí estaba en una posición pasiva total -concluye- era R.

2. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, por auto de fecha 20 de diciembre de 2004, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 43/44 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs.

46/54).

3. El incumplimiento por parte del quejoso de la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055 impide el franqueamiento de esta instancia excepcional.

En efecto, el impugnante ha soslayado la tarea de rebatir todos y cada uno de los fundamentos del auto denegatorio emitido por el Tribunal a quo al efectuar el examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

Así, no intenta -siquiera- enderezar una mínima crítica en orden a refutar puntualmente el señalamiento de la Sala que la invocada falta de motivación de la resolución impugnada constituía una discrepancia con la valoración y apreciación de los elementos probatorios realizada en primera instancia y su corroboración en la Alzada, y que el informe técnico agregado con la expresión de agravios en el recurso de apelación no compuso -en rigor- el haber de mérito, por no haber sido ingresado al proceso en el modo y el tiempo oportuno.

Y si bien expresa -frente a la desestimación del agravio formulado en torno a la no apertura a prueba de la causa en la segunda instancia- que "la pericial mecánica hubiera resultado de suma importancia" y "habría permitido demostrar ... que: a) no regía en el lugar del hecho la prioridad de paso; b) la moto se conducía a excesiva velocidad, c) el motociclista no tenía el pleno dominio de su conducido; y d) la moto embistió al colectivo", lo cierto es que con ello no acierta -en lo esencial- a la objeción del A quo, que transitó por el hecho de que aquella negativa no configuró un caso de arbitrariedad ni afectó garantía jurisdiccional alguna "en la medida que el pedido no encuadró en las disposiciones del artículo 430 del Código Procesal Penal" y que "en su oportunidad, la defensa actuante se limitó a ofrecer los medios testimonial y documental (fs. 76 de los principales)".

Tal respuesta no luce desacertada teniendo en cuenta que, más allá de una genérica referencia al excesivo rigor formal que exhibiría la resolución de la Alzada, el recurrente no especifica de qué modo lo decidido se aparta de lo normado en el artículo 430 del Código de rito, que limita la recepción de la prueba en la instancia de revisión ordinaria exclusivamente en dos supuestos: "cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener incidencia para la resolución de la causa, ignorado antes, o posterior al término de prueba de primera instancia" (inciso 1º) y "cuando no se hubiere practicado la prueba ofrecida por el solicitante, por motivos ajenos a su voluntad" (inciso 2º). "Esta limitación demuestra que no se quiere instaurar en la alzada un novum iudicium sino tan sólo complementar la plataforma fáctica con elementos que el tribunal de mérito no pudo considerar" (Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, T. III, Córdoba, Marcos Lerner, 1984, pág. 283).

Ciertamente, de la lectura del memorial de expresión de agravios del recurso de apelación surge que el pedido de apertura a prueba adicional se había fundamentado en la alegación de un hecho nuevo -"la presencia de un rollo de caño de hidrobront que llevaba en su cuerpo el causante Sr. Bontempi"-, solicitándose en consecuencia la realización de una pericia mecánica para analizar el siniestro y determinar la incidencia de dicha circunstancia en su producción. Pero es el propio recurrente -en el mismo escrito- quien admite que en primera instancia "la defensa ... había sido clara en señalar que el occiso '... transportaba un pesado rollo de caños cruzado en su cuerpo lo que le quitaba movimientos, capacidad de maniobra y estabilidad para dominar su conducido ..."; con lo que resulta obvio que no se estaba en presencia de un "hecho nuevo".

Al defecto apuntado debe sumarse la no menos relevante omisión de tachar de inconstitucional el precepto adjetivo.

Finalmente, el impugnante no logra persuadir que la medida de prueba extemporáneamente solicitada fuera decisiva para cambiar indefectiblemente la suerte del proceso, o podía aportar elementos concluyentes en orden a la reconstrucción histórica del hecho; por lo que -también por este motivo- la postulación de la existencia de un ritualismo exagerado carece de asidero.

Es que cada una de las cuestiones que, supuestamente, podían ser acreditadas a través de la pericia mecánica fueron objeto de un tratamiento concreto por parte del órgano jurisdiccional en la resolución atacada, con referencias específicas al plexo probatorio y concatenación de razonamientos que no pueden ser tachados de insuficientes, absurdos o irracionales.

Así, no se advierte que la Alzada haya soslayado que "la infortunada víctima pudo haber coadyuvado a la producción del evento dañoso", incluso "aceptando en la víctima la omisión reglamentaria, al desplazarse en su motocicleta y transportando sobre su cuerpo un rollo de caños de hidrobronce". Pero aclaró que se estaba juzgando la conducta del imputado y que " En suma, el recurrente no logra convencer de que la interpretación de la norma reglamentaria sea irrazonable y susceptible de vulnerar el derecho de defensa, o que el A quo empleara las formas procesales de una manera incompatible con el adecuado servicio de justicia, por lo que no corresponde hacer excepción en el sub iúdice al principio de que las cuestiones procesales no constituyen materia propia del recurso de inconstitucionalidad y quedan reservadas a la ponderación que de éstas efectúen, en labor propia, los jueces de la causa.

Sin perjuicio de que lo expuesto basta para desestimar la queja, cabe agregar que la confrontación de los planteos contenidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos de la resolución atacada revela que aquél fue bien denegado por el A quo.

Es que el recurrente afirma -remitiendo a las críticas vertidas contra la sentencia de primera instancia y apoyándose en el in Y es sabido que el acierto o error en la realización de esas tareas no depara caso constitucional idóneo para franquear la instancia extraordinaria, cuyo objeto es asegurar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional (A. y S.

T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, etc. En sentido análogo: A. y S. T. 99, pág. 102; T.

137, pág. 341; T. 202, pág. 453; entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).