Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 14 de 2007.

La doctora Guthmann dijo:

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs.208/213, formula la parte demandada a fs.228/236. Previamente, a fs.216 y 220, el perito contador apela la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos, y la parte actora se alza cuestionando la forma en que se obtuvieron las diferencias de condena.

I) Por razones expositivas cabe analizar en primer lugar el recurso de la demandada quien se queja porque el sentenciante la condenó al pago de las diferencias salariales reclamadas por los actores, pero su crítica fundada en la interpretación que se hace en el pronunciamiento del decreto 925/96 , del acta acuerdo de 1989, y del silencio de los trabajadores, no puede admitirse.

Ello por cuanto en un caso sustancialmente similar al presente (autos "De Sousa Carmona, Marta Susana y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios", sent. 91.426 del 29/5/06) (DT on line), he adherido al voto del Dr. Guisado en el que éste, haciéndose eco del criterio de la F.G.T. y de otras Salas del fuero (F.G.T., dictámenes nº 39.551 del 21/12/04 y nº 41.903 del 15/3/06; CNAT, Sala II, SENT. 93.251 del 10/2/05, "Pereyra, Juan Carlos y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"; Sala III, sent. 87.699 del 26/4/06, "Seita, María Victoria y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"), brindó una interpretación similar a la que efectuó la Sra. Juez a quo, al considerar que el decreto 290/95 hizo referencia a una reducción salarial genérica y no al cercenamiento de un beneficio convencional relacionado con la antigüedad que se incrementa cada año de servicio.

Por otra parte, también señaló que el convenio colectivo celebrado en noviembre de 1989, en el que se insertó la cláusula del "adicional por antigüedad", fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que confiere a sus cláusulas carácter obligatorio en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 14.250. No obsta a esa conclusión el hecho de que el convenio estableciera un plazo de vigencia hasta marzo de 1990, dado que el art. 6 de la ley citada, según el texto vigente a aquella época, establecía la ultraactividad de las condiciones de trabajo resultantes de la convención.

En cuanto a la objeción planteada en torno a la interpretación del decreto 925/96 -donde también puede incluirse el argumento de que el P.A.M.I. respetó la normativa aplicable- se indicó en dicho precedente que tampoco resulta determinante por su falta de incidencia en el tema en discusión. Ello así, porque el art. 9 de dicha disposición normativa, al disponer que "a partir del presente las relaciones de trabajo se regirán sólo por la Ley de Contrato de Trabajo, con exclusión de cualquier otra disposición, reglamento interno o norma que estipule condiciones distintas al régimen general" sólo puede entenderse referido a las normas emanadas del propio Instituto o del Estado Nacional, pero no a las derivadas de la autonomía colectiva, porque el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para dejar sin efecto convenciones colectivas homologadas.

Por otra parte, también sostuvo el vocal preopinante en el citado antecedente, que en el Acta Acuerdo del 18/2/2003 las partes acordaron "...encarar con la mayor brevedad posible el análisis del pago del retroactivo...y los adicionales que se encuentran pendientes de resolución desde 1996...", pero sin cuestionar su vigencia, por lo que no podía la demandada restringir el reconocimiento del adicional por antigüedad, más aún cuando como se señaló, la norma colectiva adquirió ultraactividad y el decreto 925/96 no implicó dejarla sin efecto.

Con respecto al consentimiento de los actores a raíz de la falta de reclamo hasta el momento de la demanda, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por los arts.7 y 58 de la L.C.T. los derechos conferidos por la ley, las convenciones colectivas y los estatutos profesionales son irrenunciables, y el art.8º de la ley 14.250 establece expresamente que las normas de las convenciones de trabajo homologadas, serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores, con lo cual su silencio no puede ser invocado como causal de extinción de su derecho, pues salvo que hubiese transcurrido el plazo de prescripción que establece el art.256 de la L.C.T., le asiste el derecho para efectuar su reclamo.

En consecuencia, corresponde mantener el decisorio en lo principal que decide y acoge el reclamo de diferencias salariales.

II) El planteo en torno referido a la incidencia que el C.C.T. 697/05 tiene sobre el tema, tiene vinculación con la extensión temporal de las diferencias acogidas.

Si bien en una oportunidad seguí el criterio mayoritario de esta Sala y voté limitando la procedencia del reclamo hasta el 30 de noviembre de 2005, inclusive (sent.92.537 de fecha 13/9/2007), un nuevo análisis de la cuestión me llevó a modificar,mi posición sobre el tema.

En efecto estimo que no es hasta el 1º de diciembre de 2005, la fecha límite o de corte hasta la que debe acogerse el reclamo de autos, por las razones que indicaré a continuación:

Conforme dispone el Titulo XIV de las "CLAUSULAS TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS DE INTERPRETACION Y APLICACIÓN", del CCT 697/05 en el art. 110: "Las partes convienen expresamente que en todos los casos en que las condiciones de trabajo sean superiores a las establecidas en este convenio, se mantendrán en dicha situación y no podrán ser reducidas invocando su adecuación a los términos convencionales".

Y el art. 111 dispone: "El personal que se encontrase trabajando en el Instituto al momento de la firma del presente Convenio mantendrá la antigüedad reconocida y todos los efectos que guarden vinculación o algún tipo de incidencia con dicho concepto, tales como régimen salarial, adicionales generales o específicos, indemnizaciones, licencias, vacaciones o cualquier otro".

Para el personal que se incorpore con posterioridad a la firma del presente Convenio, sólo se tendrá en cuenta su antigüedad adquirida en el Instituto y los derechos o beneficios reconocidos en esta convención colectiva de trabajo".

A mi modo de ver resulta obvia la claridad dispositiva de ambas normas, en cuanto a que las modificaciones "in pejus" que se produzcan con la implementación del nuevo sistema escalafonario, sólo podría alcanzar a quienes se incorporen al Instituto con posterioridad a la vigencia de éste, conforme lo dispone la segunda parte del articulo 111 que he trascripto y no a quienes se venían desempeñando con anterioridad en él (1).

Ahora bien, el acuerdo posterior celebrado entre las mismas partes colectivas y homologado por Resolución del Subsecretario de Relaciones Laborales del MTEySS bajo el Nº 135/05 dispuso que si bien "La antigüedad en el Instituto será considerada exclusivamente a los efectos de la promoción escalafonaria de los trabajadores en el desarrollo de su carrera administrativa, sin que sea retribuida o compensada mediante un rubro salarial expreso... Lo condicionó cuando agregó... Ello sin perjuicio de su reconocimiento en la remuneración para los trabajadores que se encontraban percibiendo tal concepto a la firma del colectivo antes citado" (art. 15) Para estos últimos trabajadores, el mismo acuerdo estableció en su artículo 22: 'A partir de la implementación del nuevo Sistema, se continuará reconociendo este rubro, exclusivamente a aquellos trabajadores que por su fecha de ingreso lo venían percibiendo y su pago consistirá en una suma en PESOS igual al mejor valor registrado en sus haberes'.

En función de lo señalado, entiendo que las teorías propuestas a partir de la modificación de la ley 14.250 por la ley 25.877, a propósito de la aplicabilidad o inaplicabilidad de un convenio posterior "in pejus" de los trabajadores amparados por un convenio anterior, reduciéndoles los beneficios que éste les proporcionaba, devienen para el caso abstractas atento lo acordado por las partes colectivas.- Por ello, considero que debe mantenerse el progreso del reclamo hasta la fecha fijada en la sentencia de grado y así lo voto.

Sin perjuicio de lo dicho y votado, debo aclarar que mi posición respecto de las modificaciones introducidas por la ley 25.877 al art.24 inc. a) de la Ley de Convenciones Colectivas difiere de la sustentada por mis distinguidos colegas de esta Sala IV en autos "Barrionuevo, Romualda Ramona y otros c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, SD Nº 92829 del 29-11-07.para justificar la legitimidad de la limitación temporal que proponen.

En efecto, si bien coincido con lo sostenido por Krotoschin en su "Tratado Practico de Derecho del Trabajo t. II, p. 164-, en que cuando entra en vigor una nueva convención colectiva, ésta última reemplaza a la anterior, yo considero que ello es así solo respecto de las cláusulas que no afecten o supriman las condiciones más ventajosas que gozaban quienes ya se encontraban laborando bajo el régimen anterior al amparo de la convención sustituida, o cuando esta nueva estipulación instituya otros beneficios manifiestamente compensatorios de aquellos que hayan sido disminuidos o suprimidos.

La cita del maestro Krotoschin transcripta fue formulada por éste con motivo de un análisis comparativo entre los contenidos de los pactos individual (contrato de trabajo) y colectivo (o convencional) y allí señaló "Cuando entra en vigor una nueva convención colectiva, se sustituye ésta a la anterior -aunque contenga condiciones menos ventajosas- y, entonces, la comparación debe hacerse entre el contrato de trabajo y esta nueva convención.- A veces se plantea el problema de saber si los aumentos de salarios, dispuestos por la convención nueva, absorben los concedidos por el empleador en el contrato de trabajo, o si estos aumentos deben pagarse sobre la base de los mejores salarios pactados entre las partes individuales".

Pero seguidamente aclaró que: "La cuestión no puede ser resuelta de un modo general, sino que la solución depende del contenido y de la interpretación del contrato individual", y citó dos plenarios de esta CNAT, uno del 15/11/57 (en el sentido de la no absorción dispuesto por la convención nueva de los aumentos concedidos por el empleador en el contrato de trabajo) y el otro del 14/12/59 (en el sentido contrario).

De todas maneras, como la norma del art. 24 inc. a) de la ley 14.250 (texto según el art. 18 de la ley 25.877), sólo dice "Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio anterior de igual ámbito" sin el agregado "aunque éste contenga condiciones menos ventajosas para el trabajador", entiendo que no corresponde hacer decir a la ley algo que la ley no dice, y menos aún, cuando el susodicho agregado entraría en colisión con preceptos básicos de nuestro derecho del trabajo (arts. 12 y 13 de la LCT y 14 bis CN), que fulminan con nulidad las cláusulas transgresoras al principio cardinal de irrenunciabilidad de derechos.

El Dr. Héctor Omar García, en un agudo análisis sobre esta materia, publicado en el T VIII pag. 431/435 "Tratado de Derecho del Trabajo" Mario R. Ackerman (dir.) Diego M. Tosca (coord.), bajo el título La irretroactividad "in pejus", trata sobre la aplicación retroactiva de una nueva convención colectiva a una relación de trabajo a la cual previamente se aplicó otra convención preexistente que proporcionaba mejores derechos al trabajador.- García expone la posición de Ramírez Bosco, para quien la resolución del tema reside en optar por una doble interpretación del art. 12 de la LCT que dispone la nulidad de "toda convención de partes" que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley o en las convenciones colectivas, y que consiste en que en la medida en que se entienda que la mención a "toda convención de partes" contenida en el art. 12 LCT incluye a los convenios colectivos de trabajo, el mismo artículo 12 estaría proporcionando una base normativa para la irretroactividad de las convención en perjuicio del trabajador.

Pero si en cambio, relativiza, no se interpretara "de ese modo" el art. 12 de la LCT, "habría que concluir que los derechos ya devengados o aun ya efectivizados y que tuvieran fundamento en un convenio anterior, pueden ser dispuestos por uno posterior "para el que se negocie vigencia retroactiva".

He subrayado esto último, pues para validar esta hipótesis de vigencia retroactiva de un convenio que desmejora o suprime derechos adquiridos, Ramírez Bosco presupone una negociación de vigencia retroactiva, (la que, obviamente, deberá ser valorada por la autoridad administrativa para homologarla o no).

Héctor Omar García (op. cit.) refiere que Ramírez Bosco adhiere a la primera de estas inteligencias y agrega que "La cuestión de la aplicación retroactiva de las modificaciones peyorativas derivadas de convenios colectivos sobre los contratos preexistentes no quedó al margen de la discusión suscitada en la doctrina y jurisprudencia italianas...y fue resuelto en sentido negativo por la jurisprudencia de casación en base a reglas interconectadas, como la supeditación de la retroactividad convencional a la libre decisión conjunta de las partes y el límite infranqueable de los derechos adquiridos" (Conf. Ballestero, Maria Vittoria, Diritto Sindicale Lezioni. Pág. 244)".

Héctor Omar García (op. cit.), se aparta de lo expresado por Ramírez Bosco, pues sostiene que "el artículo 12 de la LCT no deja ninguna posibilidad a la disponibilidad colectiva, sin duda comprendida dentro de la fórmula "toda convención de partes" utilizada por la ley, como, de todos modos, no deja de tener en cuenta Ramirez Bosco, al menos como opción interpretativa, para suprimir o reducir con efecto retroactivo los derechos establecidos en las leyes o en las convenciones colectivas".-"Cualquier acuerdo de partes, sean estas individuales o colectivas, que se encamine hacia ese objetivo prohibido por la ley es "nulo y sin valor", como sella admonitoriamente la invocada norma de la LCT".

"No puede perderse de vista, en el análisis de este supuesto de la aplicación retroactiva de las convenciones colectivas, que aquello que en realidad se estaría sometiendo a revisión no seria meramente lo acordado en la norma colectiva precedente sino el contrato de trabajo en sí y los derechos individuales adquiridos o devengados como emanaciones del mismo.- Con apoyo en no menos reconocida doctrina, proponemos recordar que la inderogabilidad "in pejus" de los derechos derivados del convenio colectivo hacia el contrato de trabajo debe considerarse, como señala Giugni, de "naturaleza real", esto es, que no se trata de un efecto de mera obligatoriedad de lo previsto en el convenio colectivo sobre el contrato individual, sino de una consecuencia de la "sustitución automática" de las cláusulas del contrato de trabajo por las del convenio preexistente (Giugni, Diritto Sindicale, p.135), efecto que se encuentra previsto en el art. 13 de la LCT" (Cfr. López, Centeno, Fernández Madrid, Ley de Trabajo Comentada. Ed. Contabilidad Moderna, Bs As 1977 t.I p. 137).- "A causa de esta "sustitución", las normas más favorables del convenio colectivo preexistente, hubieron modificado en su oportunidad el contenido de las cláusulas del contrato de trabajo, determinando que los mejores derechos y condiciones que estas cláusulas contractuales pasaron a establecer en beneficio de los trabajadores se incorporaran, si no al contrato individual, en todo caso sí al patrimonio de estos de manera instantánea", cfr. Antonio Vazquez Vialard en su comentario al art. 7º de la LCT en "Ley de Trabajo Comentada y Concordada". Vázquez Vialard (dir.) Y Ojeda Raúl Horacio (coord.) Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005 p. 147.

Concluye García que "ni aún partiendo desde una visión contractualista de la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas -presupuesto contemplado por Ramírez Bosco- podría justificarse que la retroactividad de estas normas fuera más allá del límite impuesto por el art. 3º del Código Civil---de aplicación supletoria, confrontar artículo 11 de la LCT---que en la última cláusula de su primer párrafo inhibe de manera absoluta a la retroactividad establecida por la ley para "...afectar derechos amparados por garantías constitucionales".- "Esta prohibición, aunque dirigida por el Código Civil a las demás leyes, resulta con mayor rigor infranqueable para la autonomía colectiva, que carece de potestad para disponer de la citada norma civil imperativa de orden público absoluto (arg. art 8º LCT) y, por lo tanto para someter a revisión las condiciones de labor y todo los demás derechos amparados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

Por mi parte si bien adhiero a esta corriente de pensamiento doctrinaria, no ignoro que Vazquez Vialard (2) sostuvo que el criterio receptado por el art. 24 inc. a) de la ley 14.250 confirma la regla según la cual los derechos devenidos de la norma colectiva no se incorporan al patrimonio del trabajador, por lo que no le otorgan a éste un derecho que no pueda ser modificado "in pejus" por otro acuerdo de la misma índole.- Pero destaco, que el propio Vázquez Vialard, señaló también que, "Si bien las condiciones de trabajo que fijaba el convenio colectivo no se incorporaron al patrimonio del trabajador como un derecho que puede exigirse al empleador, entendemos que, en la medida en que la relación contractual se mantiene, ésta se debe acomodar al parámetro que fija el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, "retribución justa", por lo que entendemos, en el caso, el juez debe resolver la situación a fin de lograr una solución equitativa" (op. Cit.).

Y es en función de esa solución equitativa, que básicamente se conforma con los principios esenciales del derecho del trabajo (arts. 12 y 13 LCT y 14 bis de la CN), que estimo improcedente la aplicación retroactiva de las cláusulas contenidas en una nueva convención colectiva en perjuicio del trabajador que hasta ese momento se encontraba regido por otra convención preexistente que le proporcionaba mejores derechos derivados de su antigüedad en el empleo.

Por lo tanto, reitero, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto admite el progreso de las diferencias hasta la fecha allí indicada (ver fs.209).

III) El agravio que dirige la demandada en torno a la falta aplicación de los descuentos de ley sobre el capital de condena, tendrá acogida favorable.

Esta Cámara -en pleno- ha resuelto que en los juicios en que se reclame el pago de sueldos o remuneraciones, "los señores jueces en las sentencias que dicten, ordenarán cuando proceda, el pago de ese rubro, previa deducción o retención de los aportes que determinan los respectivos regímenes jubilatorios vigentes" (Acta 361 del 23/7/52).

En consecuencia, corresponde modificar lo resuelto, estableciendo que la demandada deberá retener, de los importes de condena, los aportes provisionales y depositarlos a la orden de la AFIP, acreditando en autos el ingreso de esos fondos.

IV) Por otra parte, la demandada se queja de que se haya impuesto el pago de la tasa de justicia y contribuciones a CASSABA.

Con respecto a la primera, estimo que le asiste razón a la recurrente, pues por su naturaleza de agente de seguro de salud y lo dispuesto en el art. 39 de la ley 23.661, el Instituto se encuentra eximido de abonar la tasa de justicia (CSJN en autos "A.G.P. c/ Medicus S.A." del 4/5/2000, Fallos 323:973 y CNAT Sala II, 26/7/05, SD 93.630, "Flores Ardino, Eduardo S. C/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Despido", en el sentido de que "...el Congreso de la Nación ha manifestado claramente su voluntad de exceptuar a los agentes del seguro de salud del pago de tasas y contribuciones nacionales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (art. 39, ley 23.661), para concluir que la tasa de justicia se halla comprendida en la norma que por su literalidad no admite dudas (...)".

En cambio, no corresponde que este Tribunal se pronuncie respecto de la contribución a CASSABA. En efecto, esta Sala tiene dicho que "...resulta inadmisible el agravio relacionado con las contribuciones a CASSABA, ya que el Sr. Juez se limitó a hacer saber la obligatoriedad de efectuarlas "bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA", que es quien debería pronunciarse al respecto. Si lo considera pertinente, la demandada tendrá oportunidad de plantear ante el directorio de ese organismo sus objeciones respecto de la procedencia de los tributos y, en su caso, podrá deducir el recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , previsto en el art.99 de la ley 1181. Dado que se trata de una cuestión de derecho local, son los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y no los del Poder Judicial de la Nación) quienes deberían resolverla (art. 129 de la Constitución) (SD90.800 del 21/9/05, in re "Carrasco, Delfino Martha Guadalupe c/ Beautimax S.A. s/ Despido").

V) Asiste razón a la parte actora en cuanto invoca un error de tipo aritmético consistente en no tomar en consideración el informe de fs.147/159.

Es decisión firme de la instancia anterior la circunstancia de que se resolvió tener en consideración "los guarismos emergentes de los anexos contables de fs.147/155 integrativos de la pericia contable producida en la causa -por el período comprendido entre julio 2003 y hasta la fecha de la presente sentencia, atento que a fs.183 se amplió la demanda por períodos posteriores hasta septiembre de 2006 (ver fs.183 vta. y lo normado por el art. 331 del C.P.C.C.N" y también que "en lo atinente a la cuantificación dineraria... de tomar en consideración los anexos contables y períodos antes indicados, por lo que la acción prosperará por los conceptos e importes..." (ver argumentos de fs.209).

Corresponde, en consecuencia, calcular los montos de condena conforme esos informes, liquidación que calculará el perito contador en la etapa del art.132 de la L.O.

VI) Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo dispuesto por el art.279 CXPCCN corresponde dejar sin efecto la forma como se imponen las costas y las regulaciones de honorarios practicadas.

Por todo lo expuesto, voto por: I.- Confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide y fuera apelada por la parte demandada manteniendo el progreso del reclamo hasta la fecha de la sentencia de grado, II.- Modificarla parcialmente disponiendo que la condena habrá de resultar del cálculo que en la etapa de ejecución llevará a cabo el perito contador conforme las pautas dispuestas, III.- Disponer que la demandada deberá retener, de los importes de condena, los aportes previsionales y depositarlos a la orden de la AFIP, acreditando en autos el ingreso de esos fondos, III.- Eximir a la demandada del pago de la tasa de justicia, IV.- Imponer las costas del proceso, en ambas instancias, a la demandada vencida en lo sustancial (art.68 CPCCN), V.- Regular los honorarios de la representación letrada de los actores, de la demandada, y los del perito contador, en el 16%, 13% y 8%, respectivamente, del monto de condena incluidos los intereses, y VI. Fijar los honorarios de los letrados de las partes, por su actuación en esta instancia, en el 25% de lo que les corresponda por su desempeño profesional en la anterior.

El doctor Guisado dijo:

I) Comparto los fundamentos y conclusiones expuestos en el punto I del voto que antecede.

En efecto, esta Sala se ha pronunciado con anterioridad a favor de reclamos idénticos al del sub lite (cfr., entre otras: S.D. 91.426 del 29/5/06, en autos: "De Sousa Carmona, Marta Susana y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"; y S.D. 91.878 del 23/11/06, in re "Centeleghe, Sandra Karina y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"), sosteniendo que:

"...tal como lo han señalado el Sr. Fiscal General y otras Salas de esta Cámara, el decreto 290/95 hizo referencia a una reducción salarial genérica y no al cercenamiento de un beneficio convencional relacionado con la antigüedad que se incrementa cada año de servicio (F.G.T., dictámenes nº 39.551 del 21/12/04 y nº 41.903 del 15/3/06; CNAT, Sala III, 26/4/06, SD 87.699, "Seita, María Victoria y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"; íd., Sala II, 10/2/05, "Pereyra, Juan Carlos y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios").

El art. 9 del decreto 925/96 tampoco incide en el tema en discusión, porque este precepto, al disponer que "a partir del presente las relaciones de trabajo se regirán sólo por la Ley de Contrato de Trabajo, con exclusión de cualquier otra disposición, reglamento interno o norma que estipule condiciones distintas al régimen general" sólo puede entenderse referido a las normas emanadas del propio Instituto o del Estado Nacional, pero no a las emanadas de la autonomía colectiva, porque el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para dejar sin efecto convenciones colectivas homologadas.

El Acta Acuerdo del 18/2/03 en la que hace hincapié la apelante, da cuenta de que las partes acordaron "...encarar con la mayor brevedad posible el análisis del pago del retroactivo...y los adicionales que se encuentran pendientes de resolución desde 1996...", sin cuestionar su vigencia (conf. dictámenes y fallos mencionados precedentemente).

Por otra parte, es de destacar que el convenio colectivo celebrado en noviembre de 1989 fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación (cfr. fs. 151), lo que confiere a sus cláusulas carácter obligatorio en razón de lo dispuesto en el art. 4 de la ley 14.250. No obsta a esa conclusión el hecho de que el convenio estableciera un plazo de vigencia hasta marzo de 1990, dado que el art. 6 de la ley citada, según el texto vigente a aquella época, establecía la ultraactividad de las condiciones de trabajo resultantes de la convención. Asimismo, la misma demandada parece haber considerado vigente el convenio, porque siguió abonando el adicional después de marzo de 1990.

Por último, resulta inatendible el argumento de la apelante fundado en la falta de objeciones por parte de los actores, pues implicaría admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la LCT; a lo que cabe agregar que los dependientes no estaban obligado a reclamar hasta el agotamiento del plazo de prescripción, máxime cuando el pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones de trabajo debe ser considerado como entrega a cuenta del total adeudado aunque se reciba sin reservas (CSJN, 12/3/87, "Padín Capella, Jorge Daniel c/ Litho Formas S.A.", Fallos: 310:558).

Asimismo, esta Sala agregó, en otras ocasiones, que algunas de las normas citadas por la demandada, más allá de su irrelevancia para resolver la contienda, perdieron vigencia hace ya varios años. En efecto, el decreto 1.421/97 dejó sin efecto los arts. 1º y 2º del decreto 290/95 a partir del 1º de enero de 1998. En cuanto a la "suspensión transitoria" dispuesta por el art. 18 de la ley 24.624, sólo estuvo en vigor "durante el ejercicio fiscal del año 1996" (cfr. S.D. 91.801 del 24/10/06, "Pedalino, Adalberto Ricardo y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios"; y causa "Centeleghe", citada).

Por todo ello, y por las demás razones expuestas por la Dra. Guthmann en el punto I del voto que antecede, adhiero a lo que allí se propone.

II) En cambio, disiento con mi distinguida colega en torna a la extensión temporal de la condena.

Al respecto, la demandada se queja de que se haya hecho lugar a la pretensión hasta la fecha del fallo, cuando -a su criterio- "la fecha de corte es la fecha de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo por el cual las partes convienen reglar el otorgamiento de dicho reconocimiento, a partir de su homologación junio del 2005, fecha en la cual es de aplicación el nuevo Régimen Escalafonario que prevé el mismo".

Estimo que le asiste razón en parte a la recurrente.

En efecto, el art. 111 del CCT 697/05 "E" estableció, en lo pertinente, que "El personal que se encontrase trabajando en el Instituto al momento de la firma del presente Convenio mantendrá la antigüedad reconocida y todos los efectos que guarden vinculación o algún tipo de incidencia con dicho concepto, tales como régimen salariales, adicionales generales o específicos...".

En concordancia con ese precepto, el acuerdo posterior celebrado entre las mismas partes colectivas (es decir, el Instituto, ATE, UPCN, UTI y APPAMIA) y homologado por el Ministerio de Trabajo (Res. 135/05 del 20/12/05) dispuso que:

"La antigüedad en el Instituto será considerada exclusivamente a los efectos de la promoción escalafonaria de los trabajadores en el desarrollo de su carrera administrativa, sin que sea retribuida o compensada mediante un rubro salarial expreso. Ello, sin perjuicio de su reconocimiento en la remuneración para los trabajadores que se encontraban percibiendo tal concepto a la firma del colectivo antes citado" (art. 15).

Ahora bien, para estos últimos trabajadores, el mismo acuerdo estableció que:

"A partir de la implementación del nuevo Sistema, se continuará reconociendo este rubro, exclusivamente, a aquéllos trabajadores que por su fecha de ingreso lo venían percibiendo y su pago consistirá en una suma en pesos igual al mejor valor registrado en sus haberes" (art. 22).

Esta nueva normativa (el CCT 697/05 "E" y el acuerdo posterior celebrado por las mismas partes colectivas, ambos homologados por el Ministerio de Trabajo) constituye el fruto de la autonomía colectiva y significó una renegociación global de la estructura retributiva que reemplazó el marco regulatorio anterior en el dinamismo propio de la negociación sectorial, de de donde no cabe ninguna duda de la afectación hacia el futuro del rubro en cuestión (CNAT, Sala II, 7/5/07, SD 94.974, "Andino, Héctor Daniel y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios").

Contrariamente a lo sostenido por la Dra. Guthmann, la nueva normativa no afecta derechos adquiridos ni tiene efectos retroactivos, en tanto se trata de una modificación hacia el futuro, que sólo incide sobre derechos en curso de maduración y no sobre derechos incorporados al patrimonio.

Al respecto cabe recordar que la convención colectiva es una norma heterónoma, que rige a la relación de trabajo "desde afuera", de modo que sus condiciones no se incorporan al contrato de trabajo (Goldín, Adrián O., "Autonomía colectiva, autonomía individual e indisponibilidad de derechos", Cuadernos de investigaciones del Instituto de investigaciones Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.B.A., nº 22, p. 14; Vázquez Vialard, Antonio, "Modificación unilateral de los convenios internos de empresa", TySS 1975-42; Fernández Campón y Vázquez Vialard, "La derogación de un convenio colectivo por uno posterior y la teoría de la incorporación automática de sus cláusulas", LT XXVII-1001; Krotoschin, Ernesto, "Función sindical y configuración colectiva de las relaciones individuales de trabajo", LT XIII-367; Ramírez Bosco, Luis, "Convenciones colectivas de trabajo", Hammurabi, Buenos Aires, 1985, p. 162 y 163; Ensinck, Juan, "Ámbito de validez personal, material y territorial de los convenios colectivos", en AA. VV., "Derecho colectivo laboral", Depalma, Bs. As., 1973, p. 121-134; Guisado, Héctor C., "La regla de la condición más beneficiosa", DT 2007-A, 375), de manera que, al entrar en vigencia una nueva convención, ésta sustituye a la anterior, aunque contenga condiciones menos ventajosas (Krotoschin, Ernesto, "Tratado práctico de derecho del trabajo", t. II, p. 164).

Esta solución encuentra respaldo en el art. 24, inc. "a" de la ley 14.250 (texto según art. 18 de la ley 25.877), según el cual "un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior de igual ámbito". Esta disposición mantiene en materia de sucesión de convenios el mismo criterio que gobierna la sucesión de leyes: "posterior derogat priori", sin distinguir entre modificaciones favorables o desfavorables. De conformidad con el principio interpretativo que se expresa en el adagio "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", cabe inferir que el nuevo texto legal permite que el convenio posterior modifique el anterior de igual ámbito en cualquier dirección, pues si la voluntad del legislador hubiera sido la de habilitar únicamente las modificaciones favorables, lo habría dicho ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"), como lo dice respecto de la sucesión de convenios de distinto ámbito (art. 24, inc. "b"). En consecuencia, el actual art. 24, inc. "a" de la ley 14.250 habilita al convenio posterior para modificar al anterior del mismo ámbito, tanto en sentido favorable como en sentido desfavorable para los trabajadores comprendidos en él, conclusión aceptada por la mayoría de los autores (Etala, Carlos A., "La reforma laboral de la ley 25.877", Lexis Nexis, 2004, p. 94; Rodríguez Mancini, Jorge, "Observaciones sobre la ley 25.877", en LL, suplemento especial "Reforma laboral. Ley 25.877", 2004, p. 39; Vázquez Vialard, Antonio, "Presupuestos y efectos de la negociación articulada", en A.A.V.V., "Reforma Laboral. Ley 25.877", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 149).

No se me escapa que los actores invocaron a fs. 272 que el nuevo Sistema Escalafonario y Retributivo celebrado por la comisión paritaria del CCT 697/05 habría sido homologado por el M.T. mediante la resolución 145/2006 y entrado en vigencia a partir del 1º de octubre de 2006, conclusión esta que fue aceptada por el JNT nº 6 en la sentencia de primera instancia dictada en la causa "Scagliotti, Dora Luz y otros c/ PAMI s/ diferencias salariales".

Sin embargo, dicha sentencia fue revocada (en ese aspecto) por esta Sala, señalándose que la indicación contenida en los considerandos de la resolución 145/2006 acerca de que "en cuanto a la vigencia será a partir del 1 de octubre de 2006" (sic) no se refería al acuerdo de 2005 sino a otro posterior (complementario de aquél) celebrado el 29 de noviembre de 2006. Tanto es así, que en el art. 2 de este último acuerdo, las partes hicieron una referencia "al Sistema Escalafonario y Retributivo del INSSJP, cuya vigencia data desde el 1 de diciembre de 2005..." (cfr. pág. 25 del B.O. del 9/2/07). Está claro, entonces, que el Sistema Escalafonario y Retributivo del INSSJP entró en vigor el 1º de diciembre de 2005 conforme lo previsto en sus arts. 48 y 49 (esta Sala, 27/6/07, S.D. 92.394, "Scagliotti, Dora Luz y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios").

En síntesis, estimo que corresponde mantener el progreso del reclamo pero sólo hasta el 1º de diciembre de 2005 (fecha en que entró en vigencia el acuerdo celebrado por la Comisión Paritaria Permanente del CCT 697/05, conforme lo previsto en sus arts. 48 y 49).

IV) En lo referente a los restantes temas ("descuentos de ley", tasa de justicia, contribuciones a CASSABA, y recurso del actor), adhiero a los fundamentos y conclusiones contenidos en los puntos III, IV, y V del voto de la Dra. Guthmann.

V) En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados por la perito contadora, sus honorarios lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 8% del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 38 L.O. y 3º y conc. dec. ley 16.638/57).

VI) En síntesis, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la demanda, limitando la condena a las diferencias devengadas entre julio de 2003 y el 1º de diciembre de 2005. 2) Aclarar que para la determinación de esas diferencias se tendrán en cuenta los anexos I y X de fs. 147/155 y 1172/174, con la limitación temporal antedicha. 3) Disponer que la demandada deberá retener, de los importes de condena, los aportes provisionales y depositarlos a la orden de la AFIP, acreditando en autos el ingreso de esos fondos. 4) Eximir a la demandada del pago de la tasa de justicia. 5) Imponer las costas de la Alzada a la apelante, vencida en lo sustancial de los planteos recursivos. 6) Elevar los honorarios de la perito contadora al 8% del monto total de condena, incluidos los intereses. 7) Regular los honorarios de los profesionales de ambas partes, por su labor en esta instancia, en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior.

El doctor Moroni dijo:

De conformidad con sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Guisado.

Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la demanda, limitando la condena a las diferencias devengadas entre julio de 2003 y el 1º de diciembre de 2005. 2) Aclarar que para la determinación de esas diferencias se tendrán en cuenta los anexos I y X de fs. 147/155 y 1172/174, con la limitación temporal antedicha. 3) Disponer que la demandada deberá retener, de los importes de condena, los aportes provisionales y depositarlos a la orden de la AFIP, acreditando en autos el ingreso de esos fondos. 4) Eximir a la demandada del pago de la tasa de justicia. 5) Imponer las costas de la Alzada a la apelante, vencida en lo sustancial de los planteos recursivos. 6) Elevar los honorarios de la perito contadora al 8% del monto total de condena, incluidos los intereses. 7) Regular los honorarios de los profesionales de ambas partes, por su labor en esta instancia, en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior. -Héctor César Guisado. - Julio César Moroni.

(1) Y digo podrían, pues considero que aún así sería dudosa la aplicación "in pejus" respecto de aquellos trabajadores que se incorporen posteriormente a la vigencia de la nueva convención, frente a la manda del art. 14 bis de la CN respecto de observar "igual retribución por igual tarea" y las pautas normativas que vedan la discriminación tanto en el marco internacional, atento lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna como en nuestro derecho positivo, art 1º y concordantes de la ley 23.952.- (Cfr. Dictamen del Fiscal General por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Nº 42.671 de fecha 21-07-2006 en autos "Melis, Mabel Cristina y otros c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/diferencia de salarios".- Exp 6211/2005 de la Sala VI).- (2) "Presupuestos y efectos de la negociación articulada" Reforma Laboral ley 25.877 Ed. Rubinzal-Culzoni pag. 166/167.