marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concubinato, affectio societatis
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ Sucesión de B., D.R. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-05-31

La "affectio societatis" requisito indispensable para la existencia de la sociedad, falta en absoluto en la unión irregular, pero ello no quiere decir que excluya la posibilidad de su existencia, si las partes se han conducido en el hecho como verdaderos socios, para lo cual es menester la concurrencia de los elementos que suponen la sociedad cuya prueba se encuentra sometida a las disposiciones que rigen la materia.
Extradición, deberes del juez, tiempo de detención, cómputo del plazo, Derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Lázzari, Derval c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas de derecho internacional de los derechos humanos que obligan a nuestro país, aconsejan que el juez de la causa ponga en su conocimiento el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto el requerido en el trámite de extradición, con el fin de que las autoridades jurisdiccionales competentes extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo se compute como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.
Recurso extraordinario, cuestión federal, medios de prueba, inviolabilidad de la correspondencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SANANES, JOSE c/ UNIFARMA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

Constituye cuestión federal bastante como para decidir la admisibilidad del recurso, si en la sentencia cuestionada el tribunal fundó su decisión: 1) en la protección de la libertad de terceros y litigantes establecida en el cpr: 378, y ello puede entrar en colisión con el derecho de defensa de otro litigante; 2) en la garantía de inviolabilidad de la correspondencia y por extensión de las comunicaciones telefónicas, tema que genera una llamada "cuestión federal simple", pues versa sobre la interpretación y alcances de una previsión de la propia constitución nacional.
Empleador, obligaciones solidarias, proceso judicial, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: Paéz, Marcos Gustavo c/ A.E.M.N.S.A. S.R.L. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-07

Corresponde desestimar la pretensión del interesado, de introducir tardíamente al contestar el segundo traslado un tema vinculado a la eventual responsabilidad solidaria de los empleadores directos respecto de las obligaciones a cargo de la sociedad dadora directa del trabajo.
Contrato de trabajo, empleados públicos, Comisión Nacional de Energía Atómica, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, ADRIANA ALICIA c/ COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATOMICA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-07

No resulta inconstitucional la Resolución N° 211 de la presidencia de la CNEA puesto que las condiciones de ella emergentes no se incorporaron a los contratos individuales. En el caso, la circunstancia de que la empleadora deje de liquidar determinados conceptos por sí sola, no resulta necesariamente determinante de que existan diferencias salariales a favor de la accionante, pues puede ocurrir que la condición salarial que globalmente otorgue el empleador implique para la trabajadora un beneficio superior al que derivaría de aplicar pautas salariales bajo una estructura o metodología anterior, independientemente del modo en que ésta se haya incorporado al contrato de trabajo. El hecho que no se hayan liquidado ciertos rubros por haber sido suprimidos, no determina necesariamente que existan diferencias salariales a favor de la asalariada, porque ello sólo podría ocurrir en caso que el beneficio remuneratorio recibido haya sido inferior al sistema retributivo que deriva del sistema que fue dejado sin efecto. Incluso el art. 7 LCT se opone a que las partes acuerden condiciones menos beneficiosas que las que emergen de normas imperativas; pero no a que convengan otros beneficios a los establecidos por esas normas en tanto no abone menos de lo que venía pagando conforme la ley, el convenio colectivo o el contrato individual de trabajo.
Peculado, depósito a plazo fijo
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, Isaac Emilio s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-27

La colocación de fondos en cuatro depósitos a plazo fijo resulta subsumida en el tipo del art. 261 de Código Penal, pues importa sustraerlos de la esfera de actividad patrimonial de la Administración Pública.

Dentro del concepto "sustraer" se encuentra comprendida la conducta del funcionario que hace uso para sí o para otro de los caudales públicos que le fueron confiados. Con tal acción se aparta o separa dichos bienes del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial del Estado.
Allanamiento, domicilio erróneo, exceso ritual manifiesto, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wierczinski, Pablo Conrado y Pacheco Pacheco, Luis Humberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-15

Constituiría excesivo rigor ritual nulificar un allanamiento a causa de un error material en la individualización domiciliaria si el lugar allanado era el que el tribunal quiso y dispuso que se allanara. Más allá de las particularidades que presenta la inscripción manuscrita de la numeración catastral, debe recordarse que el allanamiento se ordenó en razón de que cuando un consorte de causa fue detenido con una mochila cargada con estupefacientes, manifestó a la comisión policial que la había ido a buscar a determinado domicilio, cuya dirección proporcionó, la que no es otra que la sentada en la orden de allanamiento respectiva y aparece escrita a mano en la pared. (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Cuestiones de competencia, competencia laboral
Materia: CIVIL
Carátula: Balmaceda, Cristian Mario c/ Coop.  Agropecuaria de San Antonio de Areco Ltda. s/ Daños y Perj. Del./Cuas. (Exc.Uso Aut. Y Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-25

Resulta competente la justicia laboral para entender en un reclamo tendiente a obtener la reparación del daño moral derivado de un despido incausado, pues el acto discriminatorio alegado por el accionante como generador del daño reclamado tuvo su origen en la vinculación laboral que uniera a las partes, por lo que dicho supuesto se subsume dentro del contexto de las normas que conforman el cuerpo del derecho sustancial laboral.
Haber jubilatorio, juicios contra el Estado, jurisprudencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LUNA, HORACIO CESAR c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

En atención al excesivo tiempo transcurrido desde que el actor dedujera su demanda por cobro de pesos contra el Estado Nacional reclamando una deuda por diferencia de haberes, y en concordancia con la doctrina emanada del Alto Tribunal relativa a la prescindencia del "nomen iuris" -utilizado por el accionante y vuelto en desmedro de sus intereses- en favor de la real sustancia de las peticiones (Fallos 307:2412), corresponde equiparar dicha demanda a una concreta petición a los fines estatuidos por el art. 8 de la ley 23.473, so riesgo de incurrir en un rigorismo formal inadmisible si se exigiese peticionar nuevamente en sede administrativa luego de largos años de interpuesta aquella. Ello así atento el contexto de garantías de raigambre constitucional (arts. 14 y 67, inc. 11, C.N.), y frente a la realidad que da cuenta de la excesiva demora en que incurren los entes administrativos en el trámite de las causas previsionales; lo cual no puede redundar en perjuicio del acreedor social, inerme las más de las veces frente a la inoperancia del órgano estatal para tutelar eficazmente los derechos y garantías que sobre esta materia prescribe nuestra Ley Fundamental.
Protección de la vivienda, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú c/ Giménez, Angel José s/ incidente desafectación bien de familia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

La inejecutabilidad relativa regulada en el art. 456 del CCC no exige afectación registral, pues rige ope legis, es decir, sin necesidad de exteriorización registral alguna.
Pagaré, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.E.S. S.A. c/ López, Alfredo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

El endoso en blanco, previsto en el art. 15 del Decreto Ley 5965/63, requiere como requisito único y suficiente, la firma del endosante, y debe hacerse al dorso del pagaré a fin de evitar que se confunda con la firma de otros obligados cambiarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Ramón Enrique s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 227, 238, 251, 252 y 255, 269 y 431 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, alegando que de la valoración de los dichos del procesado no pudo deducirse -como lo hizo el tribunal- desatención, falta de concentración o negligencia, si la Cámara luego de transcribir algunas expresiones vertidas por el procesado, expresó que el mismo no se habría percatado de la presencia del niño y que ninguna razón en la causa justificaba dicha omisión siendo ello atribuible a la falta de debida atención y a la inobservancia de los reglamentos, deberes éstos a los que se encontraba obligado, destacando asimismo que surgía del reconocimiento que marchaba ocupando alternativamente su mano y contramano (zig-zag), circunstancia que lo obligaba a extremar el deber de cuidado a su cargo, y ello no es impugnado eficazmente por el recurrente quien no logra evidenciar que se hayan producido en lo así resuelto por el a quo, las transgresiones legales que denuncia.
Recurso de revisión penal, perspectiva de género, estereotipos de género
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: B., N. N.  c/  s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-09-30

Corresponde que se haga lugar al recurso de revisión interpuesto en favor de la imputada, y en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la que la encartada fuera condenada a una pena de prisión por el delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por ser ascendiente, toda vez que dicha sentencia ha sido dictada en base a prejuicios y estereotipos de género.
Derecho contravencional y de faltas, competencia, competencia de paz
Materia: PENAL
Carátula: R., P. H. s/ infracción arts. 72 y 77 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

Desde el punto de mira del texto constitucional, la competencia asignada a los Juzgados de Paz en materia de faltas provinciales es operativa ( arts. 172 y 216 de la Constitución Provincial; art. 61 inc. 5º ley 5827; arts. 105, 106 y cdts. dec. ley 8031 / 73 ) MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Provincial, facultades no delegadas, sanciones administrativas, infracciones tributarias, prescripción tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-03-07

La determinación de qué poderes se han conferido a la Nación y, sobre todo, del carácter en que lo han sido, debe siempre ceñirse a la lectura más estricta, en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, en tanto que los correspondientes a la Nación son delegados y definidos; de este modo, si no es discutible la competencia del legislador provincial para estatuir un régimen sancionatorio por incumplimientos a tributos locales, tampoco resulta constitucionalmente objetable que en su normativa la provincia regule la prescripción de dichas infracciones, sin que pueda inferirse lesión alguna a la atribución del Congreso de la Nación para dictar el Código Penal de la Nación (art. 75, inc. 12) (Disidencia del juez Rosatti).
Prueba de informes, exhibición de documentos, prueba testimonial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NASO DE ANTUN, MARIA C. c/ LA GERMINADORA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Por vía de la prueba informativa de oficios solamente puede acreditarse aquello que deba ser materia de registraciones en los libros y documentación del requerido art. 39 del CPCCN, pues en todo momento debe ser posible la corroboración de lo informado a través de la exhibición de las constancias pertinentes, excluyéndose por lo dicho la posibilidad de que por ese medio se supla la prueba testimonial, art. 397 del CPCCN.
Competencia por el territorio, violencia familiar, protección a la familia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. S. D. C/ H. M. E. S/ Protección contra la violencia familiar (Ley 12.569) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-09-28

Si bien en las cuestiones de competencia la competencia territorial sobre protección contra la violencia familiar resulta apto el juez del domicilio de la víctima (art. 6, ley 12.569), existiendo otros expedientes entre las mismas partes en el juzgado de familia que primero tomó intervención en esa conflictiva familiar y la conveniencia de que todas las pretensiones conexas sean abordadas por el mismo órgano judicial, es este último quien resulta competente para seguir interviniendo.
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MATTAR RICARDO DANIEL s/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS "PALLARES DANIEL AGUSTIN C/ NORTE  BENEFICIOS S.R.L. S/SUELDOS MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2004 -  CASACION LABORAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-15

Es una tercería de dominio para establecer a quién corresponde la propiedad y/o posesión de los bienes en litigio, debe analizarse la documentación acercada por el tercerista en respaldo de su pretensión y ha de estarse a las normas procesales y de fondo que orbitan en el diferendo, especialmente en lo que hace a la prueba y a la fecha cierta como condición de oponibilidad del acto a los terceros que no intervinieron en él.
Solicitud de marca, nulidad de la solicitud, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A c/ INGRATTA, DANIELLA BANCA INMOBILIARIA S.R.L s/ NULIDAD DE MARCA Y ACUMULADACESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

La Corte Suprema (in re "Christian Dior S.A c/Mampar S.A.", del 31.3.87) y esta sala (causas 318 del 28.7.81 y 3957 del 12.11.85, entre otras) han admitido la acción de nulidad contra una mera solicitud, sin necesidad de esperar a que la marca sea concedida. y esa acción tiene matices bien distintos según se dirija contra una simple solicitud -que no excede de ser una mera expectativa- o contra una marca registrada -que constituye un derecho adquirido- , pues en el primer supuesto, lo cuestionado es solo un signo en trámite registral, que no ha tenido vida en el mercado ni alcanzó lógicamente a formar una clientela a su alrededor. De allí que no sea exigencia ineludible (salvo en los supuestos de inscripción de una marca que fue explotada y no renovada en tiempo) la aplicación de un criterio estricto sino de uno razonablemente adecuado a las circunstancias.
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, prueba, presunciones, valor probatorio, responsabilidad del banco
Materia: BANCARIO
Carátula: FRIDMAN, ENRIQUE c/ BANCO MERCANTIL SA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

Quien elige un sistema de privacidad absoluta, como el que brinda una caja de seguridad, debe asumir la dificultad probatoria en caso de que exista violación de la caja. Por ello se admite prueba presuncional cuando tal suceso ocurre, pero dichas presunciones deben ser graves, precisas y concordantes pues de lo contrario generaría un sistema en el que la prueba debería aportarla el banco demostrando que no existían los bienes, lo que sería, sencillamente diabólico. Ello no implica consagrar la irresponsabilidad del banco, sino establecer un adecuado equilibrio entre los contratantes cuando se produce el incumplimiento de uno de ellos.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia, acceso a la justicia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Santolini, Hector Santos s/ Recurso de inconstitucionalidad - Agente del Poder Judicial solicitud  De junta médica (Expte.: C.S.J. Nro. 294 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

No se encuentra prevista en el ordenamiento local una instancia que asegure el debido "control judicial suficiente" de las decisiones adoptadas por esta Corte por medio de su competencia de Superintendencia, pues resulta obvio que la intervención de la corte en tal esfera supone el desarrollo de actividad materialmente administrativa que, en tanto no constituye un "juicio", no suple la competencia judicial requerida por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 7 de la Carta Magna provincial -que reconocen la inviolabilidad y preeminencia de los derechos a la jurisdicción y defensa en juicio-.
Expropiación irregular, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ratto, Héctor Oscar c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

En nada cambia la intervención del representante del ministerio público en el proceso de expropiación inversa en representación del ausente, puesto que en este caso sólo se invierte el rol procesal de las partes con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la voluntad legislativa, debiendo tenerse en cuenta que en la expropiación la voluntad del expropiado es irrelevante.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: LABORAL
Carátula: PERALTA SUSANA EVELIA Y CARNELLI MARIANO MIGUEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-05-06

El artículo 60 del código procesal laboral dispone que serán inapelables las sentencias y resoluciones cuando la suma reclamada en la demanda o reconversión en su caso no exceda del monto de dos mensualidades del salario mínimo vital vigente al momento de interponerse la demanda, en consecuencia el monto que determina la inapelabilidad es el de la demanda o reconversión en su caso y no el de las resoluciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Marchio, Juan Belisario s/ Homicidio culposo. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-05

El art. 350 del Código de Procedimiento Penal -según ley y modif.- establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión, supuesto que no es el del caso en que la sentencia de Cámara condena seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para conducir automotores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: YOUNG TOMAS HECTOR FRANCISCO c/ GCBA Y OTROS s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-21

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar por la que se solicita la declaración de nulidad de la Resolución Nro. 004-A-05 (reglamentaria de la Ley 1181, que instituyó el Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CASSABA-) en cuanto impone la carga de tributar el 5% de los honorarios profesionales y el derecho fijo previsto en el artículo 72 de la mencionada ley, aún cuando no se fuera afiliado a esa Caja.

En efecto, se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado dado que, mientras en el artículo 5 de la Ley 1181 se exceptuaría del Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quienes se encuentren obligatoriamente afiliados a otra Caja Profesional para Abogados, a través de la reglamentación de la referida norma se los estaría incorporando a dicho régimen, modificando, de ese modo, la situación legalmente prevista más allá de límites razonables. Es decir, no se trataría entonces de posibilitar la ejecución de la ley, regulando los detalles indispensables, sino que se estaría excediendo el marco fijado por la propia norma. Por otra parte, la dispensa establecida en el artículo 5 de la reglamentación ("...el ejercicio de la opción prevista en el segundo párrafo del artículo 5 importa la excepción a la obligación de cubrir el AMAO...") y la intención de que, en estos supuestos, deba cumplirse con los aportes establecidos en los inciso 1 y 4 de la Ley Nro. 1.181 resultaría, en sí misma, contradictoria.

Adviértase que ya en el artículo 65 de la ley se preveía que esos aportes y contribuciones "...son anticipos del aporte anual del afiliado que los devengó..." y en el precepto que trata sobre el Derecho Fijo (art. 72) se establecía que el afiliado debía abonarlo como anticipo y a cuenta del aporte a su cargo que se fija en el inciso 1 del artículo 62.

Es decir, aun en la hipótesis de que pudiera considerarse válido el hecho de considerar afiliados al Sistema a quienes en principio estarían exceptuados de ello, lo cierto es que no parecería lógico obligar a alguien a aportar una determinada suma en concepto de adelanto o anticipo de algo que, en definitiva, no se debe pagar.

Asimismo, el peligro en la demora está dado por la disminución en los ingresos profesionales -de carácter eminentemente alimentario- que se produciría en caso de que el actor se viera obligado a aportar en CASSABA cuando es contribuyente de otra Caja.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: I., R. c/ C., E.H. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-14

La prioridad de paso acordada por la reglamentación de tránsito no excluye la observancia cuidadosa de una prudencia compatible con la seguridad de la circulación.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, obligación de seguridad, espectáculos deportivos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

El ciudadano que accede a un espectáculo deportivo tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para los ciudadanos que los reciben. El funcionamiento regular de la actividad, el respaldo que brinda la asociación, es lo que genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hacen posible.