marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, responsabilidad contractual del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Barrera Raul José c/ Estado  Nacional  -Ministerio del Interior- Policía Federal Argentina s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La relación que vinculó al actor (subinspector bombero) con la Policía Federal Argentina reviste naturaleza contractual. La acción promovida apunta a hacer valer la responsabilidad contractual del Estado no está sujeta a la prescripción bienal prevista para los hechos ilícitos en el art. 4037 del Código Civil y tampoco a la de igual lapso contemplada en el art. 256 de la ley de contrato de trabajo, porque esta resulta inaplicable "a los dependientes de la administración pública nacional..." -confr. art. 2 ap. a), habida cuenta de que ese régimen solo es aplicable respecto del Estado Nacional en las hipótesis de las personas obligadas a prestar un servicio con carácter de carga pública. Por consiguiente, no existiendo norma específica que contemple el caso, cabe atenerse a la prescripción decenal que para tales hipótesis establece como norma residual el art. 4023 del Código Civil.
Honorarios, mora del deudor, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: G. de T., I. c/ T., P. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-23

La mora del deudor de los honorarios se produce al vencimiento del plazo fijado por el auto regulatorio firme (doct. art. 49 ley 21 839), por lo que los intereses correspondientes tienen ese punto de inicio (doct. art. 61 ley citada).
Municipalidad, personal municipal, personal contratado, leyes, retroactividad de la ley, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Preis, Alejandro Ramón c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 367-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-13

El artículo 133 de la ley 9286 no es susceptible de ser aplicado retroactivamente, ni tiene aptitud para legitimar un ingreso contrario a las normas vigentes; su interpretación, -que debe ser restrictiva por tratarse de normas de excepción-,alude, por lo demás, a la automática incorporación del personal "contratado, jornalizado, estacional, etc." ...pero no es idónea para purgar designaciones efectuadas al margen de la ley. (Jurisprudencia Vinculada: "Dinolfo" AyS T 78 p 379. Sumario Nº J0008334)
Indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada, desindexación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BELLANTONIO, JOSE c/ ENTEL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-15

A los efectos de la aplicación de la ley 24283, cuando se trata de un crédito derivado de un infortunio laboral, al amparo de la ley especial tarifada, cabe efectuar un análisis estricto de la ponderación de los alcances de la norma, examinar prudencial y razonablemente el caso, a la luz de los valores en juego y efectuar el necesario juicio de equidad dada la extrema latitud y discrecionalidad que postula la norma.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, competencia criminal
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Miscioscia, Domingo Ramón s/ habeas corpus - causa n. 14.823 -. 14.823 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La cuestión atinente a la vulneración de las garantías que protegen a quienes se hallan procesados o condenados por la comisión de delitos compete al juez de la respectiva causa (art. 18 de la Constitución Nacional).
Servicio público, Comisión Nacional del Transporte Automotor, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUINTANA, Jorge c/ MIN. DE ECON Y O.S.P." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

La reglamentación aprobada por el decr. 2.673/92, en su art. 11 establece que la fijación y la graduación de las sanciones, procederá atendiendo a la importancia de la infracción, los antecedentes del imputado y las circunstancias en que se produjo el hecho.
Cosa juzgada, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. c/ ASOCIACION FRUTICULTORES AUTENTICOS S.R.L. s/ ORDINARIO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-05-17

La cosa juzgada no es absoluta y necesaria sino establecida por consideraciones de utilidad y oportunidad, de tal manera que estas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar su sacrificio, para evitar el desorden y el mayor daño que se derivaría de la conservación de una sentencia intolerablemente injusta siendo las causales de revisión en el proceso civil clasificadas en tres grandes grupos:

1) derivadas de la actividad del Juez; 2) derivadas de la actitud de las partes; 3) derivadas de las pruebas.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Olazábal Cabrera, Jaime c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15

La defensa en juicio en el procedimiento administrativo no sólo funciona como una garantía para el particular, sino que al propio tiempo permite asegurar la eficacia de dicho trámite, en el que se encuentra comprometido el interés público. Asimismo opera como mecanismo de mejoramiento de la actividad de la Administración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Letra de cambio, pagaré, pago, moneda extranjera, moneda de curso legal, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Paz Herrera, Ricardo Adrian  c/ YPF SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Cabe confirmar la resolución por medio de la cual el magistrado a quo denegó las medidas cautelares dispuestas contra el actor con motivo de la ejecución de los honorarios regulados a favor de la asistencia letrada de la parte demandada. Por lo pronto, el hecho de que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera diferido el estudio del recurso de queja interpuesto ante ella -con motivo del rechazo del extraordinario deducido contra la sentencia definitiva- hasta tanto se acreditara la concesión del beneficio de litigar sin gastos, no es circunstancia que autorice a suspender el trámite de la ejecución de los honorarios regulados aquí. Primero, por cuanto la sola interposición de aquel recurso no produce tal efecto (arg. CPR 285), y segundo, por cuanto tampoco puede reconocerse en el caso a la promoción del beneficio de litigar sin gastos, el efecto pretendido por el recurrente. Es que tras el dictado de la sentencia definitiva por parte de este Tribunal que confirmó el rechazo de la demanda, el actor instó el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos. En lo que aquí interesa -y sin perjuicio del criterio amplio adoptado por esta Sala en torno a la oportunidad para promover la franquicia-, el solo pedido del beneficio tiene un único efecto: eximir a ambas partes del pago de impuestos y sellado de actuación (arg. CPR 83). No obsta a ello que el art. 84 del mismo cuerpo legal otorgue efecto retroactivo a la sentencia que lo concede, pues, como se aclara en esa misma disposición legal, tal efecto lo es respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos, lo cual importa tanto como admitir que, antes de su promoción, pueden existir esos conceptos. De ello se sigue que mal podría otorgarse automáticamente a la promoción del beneficio de litigar sin gastos los mismos alcances de la sentencia que lo concede. Si esa alternativa fuera viable en otros casos, no lo es en el presente, en el que el pedido de franquicia se dedujo después de terminado el juicio y con posterioridad al inicio de los trámites de ejecución iniciados con motivo de los honorarios regulados en autos.
Ahorro obligatorio, empréstito forzoso
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El régimen de "ahorro obligatorio" establecido por la ley 23.256 se exhibe, en los términos en que fue concebido, como un "empréstito forzoso", en tanto impone coactivamente a los contribuyentes a cuyo respecto se configura la situación de hecho que la ley prevé, la obligación de depositar sumas de dinero en las cuentas estatales, comprometiéndose el Estado a restituir esas sumas, con un interés.
Seguro marítimo, transporte fluvial, cobertura, interés asegurado, interpretación del contrato, cláusulas equívocas
Materia: NAVEGACION
Carátula: Fluvialco Navegación  S.A. c/ Transportes Fluviales Argenrio  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Los daños derivados de la varadura de la barcaza FN-XXI están cubiertos por la póliza 7645; conclusión que tiene en cuenta, además, que es la que impresiona como más adecuada a la naturaleza de las cosas, puesto que en una compaÑía dedicada a la tracción fluvial constituyen intereses asegurables tanto el remolcador - empujador como las barcazas - propias o de terceros - que componen el tren de remolque, hallándose uno y otros sujetos a los mismos riesgos propios de la navegación fluvial. Por lo demás, la lectura de las traducciones no ha permitido detectar ninguna condición que signifique excluir de la cobertura al encallamiento de una barcaza transportada; antes bien, la cláusula 8a. mantiene como riesgo asegurado la "varadura" y, por otro lado, el inciso a) del "Formulario Americano de Remolque, Colisión y Responsabilidad del Remolcador" parece cubrir la hipótesis de autos, cabiendo recordar que si surgiese duda reflexiva sobre el punto ella debe ser resuelta en beneficio del asegurado.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Supermercado La Chispa S.R.L. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Acción declarativa. Supermercado La Chispa S.R.L. c/ Municipalidad de Resistencia s/ Acción declarativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-29|1996-02-29

Estamos frente a una cuestión dudosa de derecho, toda vez que ante la existencia de una jurisprudencia emanada del Superior Tribunal de Justicia, citada reiteradamente por la parte actora, ésta pudo haber entendido actuar asistida por razón valedera, por lo que, cede el principio objetivo de la derrota, por tratarse de una cuestión dudosa de derecho, debiendo por lo tanto imponerse las costas en el orden causado. Debe asimismo tenerse en cuenta que el fallo vinculante del Superior Tribunal de justicia, que se cita en los considerandos de esta sentencia, es de fecha posterior a la impetración de la presente demanda.
Docentes, establecimientos educacionales, cambio de jurisdicción, horas cátedra, incompatibilidad de ejercicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CELIA, HUGO FRANCISCO (EXPTE. N°  85.195) c/ D.G.E. s/ A.P.A..
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-09-26

La calidad de docente con desempeño en un establecimiento nacional transferido por convenio a la provincia de Mendoza no autoriza, ni justifica un tratamiento desigual privilegiado respecto del resto de los docentes de la provincia como sería la no aplicación de los topes máximos en materia de incompatibilidad de horas cátedras. Los docentes transferidos carecen de un derecho subjetivo a que la Administración sostenga en vigencia el régimen de carácter público que regula la relación con sus agentes, ni tampoco al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos.
Ley provincial, cuestión de derecho común, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

La ley local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha organizado un tribunal de casación sobre materia tributaria que pueda arrogarse competencia respecto de la interpretación última del Derecho tributario de la ciudad y el Tribunal Superior de Justicia no posee competencia ni características de corte de casación sobre el Derecho común, porque no es un tribunal de casación común y sólo es competente para una suerte de casación constitucional. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Cajas profesionales, escribanos públicos, procedimiento administrativo, notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robredo, Idelfonso Eudaldo c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

La validez y efectos de las notificaciones cursadas en las actuaciones administrativas llevadas ante las Cajas de previsión social para profesionales, en tanto hayan sido dictadas en el marco de procedimientos en los que resuelvan cuestiones relativas a las funciones específicas que les han sido encomendadas por las leyes, deben ser analizadas a la luz de las disposiciones del dec. ley 7647 /70, cuya aplicación supletoria deviene viable en relación a los entes públicos no estatales, cuando las normas que los rigen no regulen la cuestión (conf. doct. art. 1 última parte, dec. ley 7647 /70).
Lealtad comercial, sanciones administrativas, clausura del establecimiento, multa, importaciones, identificación de mercaderías, denominación de origen, principio de insignificancia, bien jurídico protegido
Materia: PENAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GARBARINO S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-17

1 - Corresponde imponer multa por infracción a la ley de lealtad comercial a la empresa que tenía para la venta electrodomésticos que no poseían el nombre del importador, el domicilio legal y el origen;

carecían de información al usuario en la punta del cable de conexión a la red, no poseían ficha de conexión a la red según normas IRAM y se verificó que la ficha poseía el neutro invertido (Del voto del Dr. Grabivker).- 2 - Las infracciones a la Ley 22802 citada son en principio de carácter formal, por lo que como regla general no es relevante la buena o mala fe del imputado, ni la existencia de daño a los presuntos consumidores, sino haberse constatado que al momento de la inspección existía mercadería en infracción (Del voto del Dr. Grabivker).- 3 - La doctrina de la bagatela no puede aplicarse a los casos de infracción a la ley de lealtad comercial, en virtud de que, aunque la infracción pudiera parecer mínima, lo verdaderamente importante es el ordenamiento de la actividad comercial, la defensa de los derechos de los eventuales consumidores y la protección de los comerciantes cumplidores (Del voto del Dr. Grabivker).
Accidente de tránsito, desindexación, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lo Bello Vicente y ot. c/ Juan M. Scripon s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S153 - 474)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-10

Se rechaza la aplicación de la ley 24283 en cuanto se pretende se tome el valor actual de un automotor usado para determinar el monto de su desvalorización por el accidente. Es indiscutible que desde el año 1989 la industria automotriz ha superado notoriamente la fabricación y venta de unidades, en relación a épocas anteriores, ello unido a la desvalorización por el solo curso del tiempo de los usados, pone en claro que lo equitativo es atender a los valores del auto a la época del accidente, año 1987, para establecer su valor de venta y desvalorización por el accidente.
Prueba, mutuo hipotecario, querellante, estafa
Materia: PROCESAL
Carátula: T., R. S. y otros c/  s/ estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-15

Explicaron que los elementos probatorios acumulados, valorados en su conjunto, eran suficientes para tener por acreditado en los términos del artículo 306 del CPPN que la escribana imputada, en connivencia con el coimputado y otras personas, interesó al querellante ofreciéndole participar de una operación inmobiliaria en la cual, una persona supuestamente solvente y de su conocimiento, adquiriría un inmueble para reformar y luego vender, siendo el papel del querellante el otorgarle a ésta un mutuo con garantía hipotecaria con base en tal finca. En el caso, la escribana acompañó al querellante a visitar la propiedad y, el coimputado -operador inmobiliario-, se ofreció como garante con fianza personal del pago de la deuda. Al celebrarse la operación el damnificado pagó la suma de 104000 dólares y firmó el contrato propuesto, pero el deudor no canceló ninguna cuota, determinándose que quien era titular del inmueble había fallecido con anterioridad.
Marcas, logotipo, registro de marca, monopolio
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSTA, JORGE DANIEL c/ HELICOPTEROS  S.A. s/ RETIRO - OPOSICION - REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-02

Esta Sala tiene dicho que el titular de una marca no puede pretender el monopolio de una figura genérica, puesto que la exclusividad se concede con relación a la figura misma, sin extenderse a las infinitas variaciones que puedan existir sobre esa misma figura; es decir que la titularidad se limita al dibujo especialmente elegido. Esta jurisprudencia es aplicable al sub lite:

la demandada no puede pretender el monopolio de todo logotipo que esté constituido por dibujos de flechas: sí tiene derecho a exigir que los signos que se soliciten con posterioridad a los de ella posean una razonable diferencia que evite los riesgos de confusión.
Honorarios, regulación de honorarios, IVA
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Antoniadis Juan c/ C.N.A.S. s/ Costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

En atención a lo dispuesto por el art. 6 de la Resolución de la D G.I. Nro. 3316/91 del 21-2-91, publicada en el B.O. del 22-2-91, no procede que este Tribunal discrimine de los emolumentos determinados en el presente decisorio la alícuota correspondiente al I.V.A. .
Impuestos, impuesto a la ganancia mínima presunta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Unión  Geofísica  Argentina  S.A. c/ EN - AFIP - DGI (Ag 50) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

La magnitud del importe estimado a pagar en concepto del impuesto reclamado, en el marco de la coyuntura económico financiera por la que atraviesa la parte actora (conf. informe general del síndico en el concurso preventivo que ya cuenta con acuerdo homologado), resulta suficiente para tener por configurado el peligro en la demora (esta sala in re "Golden Peanut Argentina S.A. -inc. med (8-XI-10) c/ EN AFIP DGI Resol 84/10 (RDEX) s/ Dirección General Impositiva", causa N° 38.158/2010, del 22/2/11). Tampoco puede soslayarse que los perjuicios que se derivarían de la ejecución del importe referido serían mayores que los beneficios obtenidos, en caso de que la sentencia definitiva finalmente resulte estimatoria de la pretensión del actor.
Resoluciones equiparables a definitiva, acción penal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Scioli, Daniel y Nicolini, Luca s/ accidente - Ramallo - Causa n° 57.714.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Es equiparable a sentencia definitiva la resolución recurrida si, al no revocarse la misma, se hallaría cumplido el plazo de la prescripción de la acción penal, lo que pondría fin al pleito, impidiendo su continuación y causando un gravamen de imposible reparación ulterior.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, depósito previo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., Z. N. c/ Balvanera Producciones S.R.L. y Otro s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-18

El recurso extraordinario debe ser desestimado dado que el recurrente no cumplió con el depósito previsto por el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni invocó exención alguna contemplada en las normas vigentes materia de tasas judiciales.
Daños y perjuicios, daño material, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ramos de Arnedo, Adriana Mónica c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si en relación al monto del daño material la demandada sólo había objetado el porcentaje de los ingresos del causante que el juzgador reputaba necesario para su manutención, sin efectuar crítica alguna respecto de las demás circunstancias consideradas, la cámara no estaba habilitada para reducir el monto de la indemnización fuera del ámbito de los agravios propuestos.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Aguero o Luna, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Es innecesario considerar los planteos referidos a la prueba compuesta invocada por el a quo si un testimonio hábil y directo y dos presunciones permanecen firmes por falta de impugnación idónea art. 259 inc. 2º y 359, C.P.P.).
Prescripción, suspensión de la prescripción, actuaciones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: Samuel Gutnisky S.A. c/ Estado Nacional Minist. de Econ.  Obras y Serv. Públicos -SOMISA s/ incumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Las actuaciones administrativas no suspenden el plazo de prescripción si nada tienen que ver con el motivo del reclamo judicial.
Deuda previsional, fraude laboral, prueba, presunción juris tantum
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SANATORIO PRIVADO S.R.L. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

De existir la presunción de un fraude a la ley laboral y previsional, debe investigarse minuciosamente la situación observada por quien está obligado a ello por ser autoridad de aplicación por mandato legal. Ello así porque, si se aplica un cargo con el consiguiente menoscabo patrimonial que supone, no puede sino exigirse que previamente se hayan meritado exhaustivamente todas las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifiquen sin lugar a dudas. Las presunciones no pueden aceptarse en un ámbito punitivo; sólo certeza y objetividad legitiman el acto. Cuando estas no existen no cabe sino resolver en favor del administrado, so pena de una arbitrariedad incompatible con los derechos y principios consagrados principios consagrados en nuestro orden jurídico.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, Poder Judicial, responsabilidad civil, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MARINCOVICH, JOSE ANTONIO DEMANDADO: VARGAS, ABRAHAM LUIS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA MAGISTRADOS JUDICIALES- EXCEPCION DE INCOMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 402 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

Corresponde rechazar la excepción de incompetencia planteada desde que, a pesar de su enjundiosa argumentación, la parte demandada no se ha hecho cargo de los términos de los artículos 5 y 7 de la ley 1.486 que, tal como se destaca en la causa "González Echenique" (A. y S., T. 81, pág. 419) se encuentra vigente; ni tampoco de los términos del citado pronunciamiento en el que esta Corte, con integración diferente, trató de manera pormenorizada la cuestión relativa a la competencia de esta Corte para entender en las acciones de responsabilidad civil contra magistrados, haciéndose eco de profusa doctrina y jurisprudencia y advirtiendo las diferencias con el sistema nacional. (Del Voto de la Mayoría)