marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frechero, Hilda Hebe c/ Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

La parte demandada, al contestar el traslado conferido en los términos del artículo 265 del código procesal, plantea el "aparente incumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 31/2020" en el escrito presentado por la parte actora al expresar agravios. Con arreglo a las facultades conferidas por los artículo 34, inciso 5, apartado b) y 36, inciso 4, apartado a) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y a la acordada n° 31/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ordena intimar a la parte actora a que en el plazo de cinco días presente en la secretaría del tribunal el documento original en soporte material del escrito ingresado digitalmente al sistema "Lex 100", bajo apercibimiento de tener por no efectuada esa presentación.
Honorarios, competencia, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ ADOLFO Y OTROS s/ DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  -  REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-11

El art. 136 de la Ley 19551 establece que la declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella se tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por la que se reclamen derechos patrimoniales exceptuando los juicios de expropiación, los fundados en relaciones de familia y los laborales en etapa de conocimiento.

El art. 137 de la Ley 19551, norma que si el fallido es codemandado, el actor puede optar o continuar el juicio ante el Tribunal de su radicación original, desistiendo de la demanda contra aquél.

Pero, el segundo párrafo del art. 137 citado, estatuye que existiendo litis consorcio necesario respecto de los demandados, debe proseguir ante el Tribunal donde está radicado el juicio de quiebra, continuando el trámite con intervención del síndico.

De ello se desprende claramente, que para el caso de litis consorcio necesario, el juicio debe proseguir ante el Juez de la quiebra.

Si bien la demanda que se esgrime en el incidente regulatorio no intenta el cobro del derecho - como no podría ser de otra manera -, la etapa de determinación del valor del juicio y la estimación económica de los honorarios que se producen en el marco de dicho incidente, tienen un contenido específicamente patrimonial que es uno de los objetivos perseguidos en esta litis, en cuya virtud no puede excluirse del fuero de atracción impuesto por la Ley 19551.-
Acumulación de procesos, deber de imparcialidad, rechazo in límine
Materia: PENAL
Carátula: Timmerman Héctor c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-04

Si no se ha dictado resolución jurisdiccional alguna que determine la conexidad entre las presentes actuaciones y las causas mencionadas por la defensa, siendo que la presunta identidad fáctica en el objeto de ambos expedientes es materia del recurso de casación que motiva la intervención de esta sala, y deberá ser analizada en su oportunidad, la solicitud de la parte deviene improcedente, tanto más cuando no cabe admitir que dadas las circunstancias reseñadas pueda la defensa dudar de la imparcialidad del Tribunal a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de esta Sala, por lo que corresponde rechazar in limine el pedido de apartamiento. (Dres. Gemignani, Hornos, Borinsky).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Barraza, Roberto Paul c/ Cabe Instalaciones S.A. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-01

El dominio de validez de la ley 22.250 reviste carácter complejo, comprende dos órdenes de sujetos y de relaciones no coincidentes y de distinta naturaleza jurídica. En la Ley, el ámbito personal queda circunscripto inicialmente al binomio empleador y trabajador de la industria de la construcción, pero esta calidad la adquieren unos y otros, no sólo por el ejercicio económico en el caso del (empleador) y por trabajador en el supuesto del (trabajador), sino también porque ambos sujetos deben cumplir, además ciertos requisitos ante un ente autárquico que la Ley denomina Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
Ejecuciones especiales, ejecución fiscal, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Asociación cultural y Asistencia s/ Ejecución Ley 22.804 y concordantes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-07

La C.S.J.N. ha establecido que son títulos ejecutivos suficientes los emanados del organismo accionante -Caja complementaria previsional- en virtud de lo dispuesto por el art. 16 de la ley 22.804, sin que sea posible revisar en este tipo de juicios ejecutivos su proceso de formación, razón por la cual la excepción de inhabilidad de título que se funda en el incumplimiento de trámites administrativos previos a la expedición de los certificados no puede ser atendida. Máxime, que dicha excepción sólo podrá fundarse en las irregularidades de que éste puede adolecer en sus formas extrínsecas (Art. 544 Inc. 4to. C.P.C.C. y Fallos: 312:1163). (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, jueces, nombramiento, facultades jurisdiccionales, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

Entendiendo que no se han violado las garantías del debido proceso legal y judicial -toda vez que se desarrollaron los estadios procesales con intervención y conocimiento de partes, culminando con una sentencia razonada conforme a normas vigentes- y que no se afectó el derecho defensivo ni tampoco su ejercicio, no conculcándose ninguna garantía asegurada en el orden jurídico vigente -llámese Constitución en su punto máximo o Ley en un rango inmediato-, interpreto que habiendo sido legal la designación del Juez como subrogante, es válido el ejercicio de la jurisdicción por él actuado. (De los Fundamentos del Dr. Vecchioli). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma.

Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Jurisdicción y competencia, competencia federal, dirigente gremial
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE IGNACIO RUCCI Y OTROS s/ JURISDICCION    Y   COMPETENCIA-  COMPETENCIA  FEDERAL-  DELITOS  QUE  OBSTRUYEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES   NACIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

Es competente la justicia federal si los elementos de juicio incorporados a la causa resultan suficientes, en la medida necesaria para fijar la competencia, para sostener que los sucesos investigados -episodio en el que perdió la vida un dirigente sindical- fueron cometidos con la finalidad de atentar contra las instituciones nacionales cualesquiera que hayan sido las personas individuales o jurídicas afectadas directamente por la acción respectiva.
Ahorro obligatorio, mora del deudor, intereses, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FRIGORIFICO PALADINI S.A. -T.F. 11.393-I- s/ RES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

En los artículos 6 y 7 de la ley 23.549 se establecen expresamente las distintas consecuencias que el ingreso fuera de término del ahorro obligatorio acarrea para el deudor moroso. En ellos se contempla la aplicación de intereses y la actualización del capital adeudado, pero no se prevé la actualización de intereses pretendidos en autos por el organismo recaudador, que solicita el reenvío a la ley 11.683.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia vinculante, sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LICHA, AZIS Y OTRO c/ VIDAECHEA, MIGUEL ALEJANDRO s/ DEMANDA EJECUTIVA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   313-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

Si bien el Alto Tribunal de la Nación sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos. De esa doctrina, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.
Nulidad de la notificación, domicilio fiscal, domicilio especial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DT Logística S.A.  c/ Dirección General Impositiva  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-14

La sala confirmó dos pronunciamientos del Tribunal Fiscal de la Nación. En tal sentido, sostuvo que son inválidas las notificaciones de las resoluciones DGI efectuadas puesto que al consignarse el domicilio de la contribuyente, se omitió el piso que ella misma había denunciado. Indicó que la fijación del "sobre" al que refiere la norma en la puerta del edificio no respeta la "puerta de su domicilio", que es aquella que corresponde a la unidad funcional o departamento si allí se había constituido -art. 100 inc. b) de la ley 11.683 y art. 141 del CPCCN-. Destacó que si el contribuyente constituye en forma fehaciente su especial domicilio, es a éste donde deben diligenciarse las notificaciones y carecen de todo efecto jurídico aquellas que se realicen en el domicilio fiscal (art. 3 de la ley 11.683). Asimismo, señaló que es válida la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias si ella fue realizada en mérito a una verificación en la que se comprobó que en las declaraciones juradas de la contribuyente se efectuaron deducciones por prestaciones de servicios vinculados con proveedores cuestionados y, por ende, se evidencian irregularidades que tornan dudosas las operaciones. Consideró que no resulta aplicable la doctrina "Bildown" de la CSJN cuando se debate la existencia y materialidad de las operaciones y la contribuyente no logró demostrar la veracidad de aquellas.
Juicio de desalojo, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BISCAINI, Mario, Pedro y Roberto c/ GAITOR S.A. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

El allanamiento a la acción de desalojo no ha sido efectivo si no se consignaron las llaves del inmueble al contestar la demanda, imposibilitando a los actores recuperar la tenencia de la cosa locada.
Derecho civil, inmunidad de jurisdicción, facultades jurisdiccionales, sentencia extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: RUFFIER  JUAN CARLOS c/ Estados Unidos de Norteamérica y Otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

Entre las funciones del Estado se encuentra la jurisdiccional que consiste en su "potestad soberana de administrar justicia por medio de los órganos judiciales" (conf. Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tr. S. Sentís Melendo, Bs. As., Ejea, 1962, I, p. 114, citado en FENOCHIETTO, Carlos E. y ARAZI, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. I, p. 4). La sentencia judicial aquí en cuestión ha sido dictada por uno de los poderes que conforman al Estado extranjero demandado -en este caso particular, el Poder Judicial de Estados Unidos- e involucra el desempeño de sus facultades soberanas. La inmunidad de jurisdicción de la que el Estado extranjero demandado "prima facie" goza frente a los tribunales argentinos conserva su vigencia y despliega sus efectos.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, extinción de la acción penal, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: FONTANA, Pablo Ezequiel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

El mero paso del tiempo transcurrido desde que la causa se radicó en el tribunal oral, así como las vicisitudes acaecidas, no han conllevado una demora que haya implicado un retardo injustificado en la administración de justicia, a punto tal que el único modo de subsanarlo sea por vía de la declaración de la extinción de la acción penal.
Malversación de caudales públicos, sociedad anónima
Materia: PENAL
Carátula: Banco del Chubut s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-26

El Tesorero del Banco del Chubut S.A. no es un funcionario público, no custodia caudales públicos, ni su imprudencia o negligencia, causa un atentado contra la administración pública.
Empleo público, diferencias salariales, determinación del haber jubilatorio, carácter remuneratorio, salario bruto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morchio, Maria Claudia c/ G.C.B.A. s/ Acción Meramente Declarativa Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-17

A los efectos de determinar si existe diferencia salarial debe computarse el total de asignaciones -sueldo bruto- y no la suma líquida a cobrar -sueldo neto-, tal como surge de los recibos. Ello así porque el haber del agente está compuesto por el ingreso total, parte del cual será descontado conforme la ley.

En consecuencia, existiendo una reducción de los ingresos de la accionante en caso de que los mismos revistan carácter remuneratorio, su exclusión vulnera los derechos de la actora.
Docentes, establecimientos educacionales privados
Materia: LABORAL
Carátula: BRITOS, JOSE c/ INSTITUTO GRANADEROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

Los establecimientos incluidos en el art. 2 inc. b y de la ley 13047 7 que pertenecen al sistema docente no formal, carecen de reconocimiento estatal que los habilite para el ejercicio de una actividad docente reglamentada. Como consecuencia de ello, al personal dependiente, no les resulta aplicables los derechos reconocidos mediante los arts. 11, 12, 16 y 17 de la mencionada ley.
Reajuste jubilatorio, constitucionalidad, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: WOLFF, GLADYS EDDA c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-11

Para reajustar el haber previsional por el período que va hasta el 01 de abril de 1991 se debe aplicar la doctrina sustentada por la Sala a partir del caso "Rúa, Angel Héctor c/ C.N.P.P.E.S.P." (sent. n° 51621 del 06.12.93), donde se resolvió la constitucionalidad de los arts. 49 y 53 de la ley 18.037. Para ello, será necesario proceder al recálculo del haber inicial de la prestación en base a la aplicación estricta del índice del nivel general de remuneraciones, el que reflejaba las variaciones de las mismas en los términos del primer párrafo del art. 53 de la ley referida, y lo elaboraba -por mandato legal- y hacía público la Secretaría de Seguridad Social.
Reconvención, terceros, principio dispositivo, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Blanco, Pablo Daniel c/ Guarino, Atilio Daniel s/ ordinario s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Si bien como regla, resulta inadmisible la reconvención deducida respecto de terceros extraños al proceso; ello es así, por cuanto al procederse de esta manera se violentaría el principio dispositivo que faculta al accionante a demandar a quien le parece y a su solo riesgo (esta CNCom, Sala B, 23/10/85, "García Manuel c/ Laboratorios Beta SA s/ Ordinario"; íd., 11/09/03, "Eyras Gerardo R. c/ Imerys Arg. SRL s/ Ordinario"). Ahora bien, no desconoce esta Sala que se ha interpretado que esta regla general puede ceder cuando la pretensión contenida en la demanda reconvencional tiene como sujeto pasivo a una pluralidad de personas integrantes de un litisconsorcio necesario -supuesto en el que de no demandarse a todas ellas, el proceso desembocaría en el pronunciamiento de una sentencia inútil-, o bien, en el caso de que, en forma manifiesta, resulte que la interposición de demandas separadas ha de conducir, por razones de conexión, a la acumulación de los correspondientes procesos (cfr. Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T° VI, p. 171 y ss.; Carlo Carli, "La Demanda Civil", p. 297 y ss.). Sin embargo, para que esta interpretación se torne operativa, resulta ineludible que la pretensión reconvencional derive de la misma relación jurídica que da sustento a la demanda o guarde estrecha conexidad con ella, pues de no concurrir este recaudo, la pretensión reconvencional del demandado devendría improponible ante la ausencia de la conexión requerida por el ordenamiento ritual (CPR 357 antes citado; esta CNCom, esta Sala A, 25/03/10, "El Chaguaral en Liquidación c/ Nigro Nora y Otro s/ Ordinario").
Tratados internacionales, Tratado de Montevideo de 1980 sobre Asociación Latinoamericana de Integración, tributos aduaneros, preferencias aduaneras
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-ADUANERO
Carátula: Dotti, Miguel A. y otro s/ contrabando (incidente de apelación auto de nulidad e  incompetencia).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La norma específica que reguló la celebración de acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, fue la Resolución 2 del Consejo de Ministros, cuyo art.

9, relativo a los acuerdos de promoción del comercio, incluyó lo atinente a la cooperación aduanera como materia de estos convenios, de conformidad a la directiva contenida en el art. 13 del Tratado de Montevideo de 1980 (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Jueces, facultades del juez, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Transportes La Florida SRL c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo. Regulación de honorarios   profesionales (Expte. CSJ Nº 518-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

Los jueces no se encuentran habilitados en cualquier medida para flexibilizar los canones establecidos por la ley de aranceles profesionales con base en criterios de "justa retribución", sino que la parte agraviada debe demostrar en concreto (especialmente en los casos en que los honorarios no aparecen como desproporcionados o evidentemente lesivos del derecho de propiedad) que el Tribunal, más que computar circunstancias excepcionales, ha incurrido de manera lisa y llana en un apartamiento de la ley aplicable, desvirtuando de manera fundada los argumentos que los sentenciantes hayan expuesto.
Derechos y garantías constitucionales, discriminación, igualdad ante la ley, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AIMAR KARINA ELIZABETH Y OTROS c/ GCBA s/ QUEJA POR APELACION DENEGADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-20

No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana.

Existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico, que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A, n° 4, Capítulo IV, párrafos 56 a 58, Fallos 322:2701).
Constitución Nacional, inamovilidad de los jueces, límite de edad, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres, José Ricardo c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-25

El actor, en su condición de Ministro de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, inicia una Acción Autónoma de Inconstitucionalidad declarativa en contra del Estado Provincial, con el objeto de que este alto Tribunal declare la inconstitucionalidad del Art.195 último párrafo de la Constitución de la Provincia, en cuanto limita la inamovilidad de Magistrados a la edad de sesenta y cinco años, disposición que, a su criterio, viola la garantía establecida por los Arts.110 y 120 de la Constitución Nacional. Manifiesta que la norma constitucional cuestionada es contraria al Art.110 de la Constitución Nacional, en tanto, según este artículo, los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales Inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, con prescindencia de la edad de cada uno de ellos.

Si bien los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo han agotado prácticamente el tema objeto de tratamiento, no puedo dejar de soslayar que si el Art. 99 inc.4 colocó una limitación constitucional al postulado de la inamovilidad de los jueces, consagrada en el Art.110 del Máximo Cuerpo Legal y lo ha hecho a la edad de 75 años, con la reserva de que si la idoneidad se mantiene a esa edad, la manda constitucional admite un nuevo acuerdo el que puede ser repetido indefinidamente por el mismo trámite; en base a ello no podemos decir que el tope de edad señalado resulta insalvable. Por lo tanto la limitación temporal de 65 años contenida en el Art.195 de nuestra Carta Magna Provincial deviene inconstitucional al imponer una restricción que contraviene la Constitución Nacional.

Por lo cual con este pequeño agregado, hago remisión a lo explicitado en la causa de marras votando en idéntico sentido, que se plasma en los votos que anteceden.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Provincia de Catamarca.

(Del voto de la Dra. Casas Nóblega)
Exacciones ilegales, prueba, valor probatorio, grabación magnetofónica
Materia: PENAL
Carátula: MORDCOVICH, Alicia V. y otros s/ Causa 33.360
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

No puede objetarse la legitimidad de las grabaciones efectuadas por los damnificados, a los efectos de probar las exacciones ilegales de que fueran víctimas, puesto que si bien éstas no han sido reconocidas por los acriminados, ni sometidas a peritaje a fin de determinar su origen, lo cierto es que no se trata de simples grabaciones que fueran llevadas por la querella de resultas de haber sido tomadas sin autorización ni apoyo judicial, sino que su emisión se produjo con el aporte material idóneo que fuera suministrado por técnicos policiales y corroborada por la presencia del Secretario del Juzgado interviniente y por la participación de testigos convocados a tales fines.
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Bentancourt, Lino Alberto c/ Petro Rivas SACIFI y A. y/u otros s/ Despido, accidente y rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-17

Los testimonios aportados terminan por conformar la total ausencia de prueba fehaciente atinente a la existencia del supuesto accidente invocado desde el momento en que todos los deponentes coinciden en que por conmentario o por referencia de terceros- se enteraron que el actor había tenido problemas de columna supuestamente al estar sacando barro con baldes de la fosa del lavadero pero, en rigor de verdad, no se advierte testigo presencial alguno que narre el invocado incidente dañoso, careciendo de relevancia a los fines probatorios el hecho de que los testigos hagan mención de que el actor se quejara de dolores de columna. Por ende, mal puede endilgarse a la demandada, a título de responsabilidad en el orden civil, la incapacidad con las características y graduación pretendidos, debiendo la sentencia ser confirmada.