Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-27


Se transcribe parcialmente la resolución anotada. "........El planteo de nulidad se basa en que el personal policial actuó sin el debido control jurisdiccional y por otra parte la defensa de "E. E" plantea la presencia de lo que se conoce como "entrapment" en la legislación norteamericana, esto es la obtención de pruebas que habrán de ser declaradas ilegales pues son producto de un actuar criminógeno de la policía que no estaba autorizada a actuar con agentes encubiertos (sic). Con relación al actuar de la policía se desprende de la causa que la investigación fue realizada dentro de las facultades que le acuerdan los artículos 184 y 186 del Código Procesal Penal de la Nación; esto se ve corroborado por el acta de fs. 3 mediante la cual se da cuenta de la investigación que se está llevando a cabo y se suma a ello el requerimiento fiscal que obra a fs. 5 en el que el Ministerio Público impulsa la acción penal. En lo que se refiere a la defensa de "entrapment" que invoca la defensa, este Tribunal ha sostenido en la causa 27.376 "PACIFICO, J,", resuelta el 2.5.96 que "....la jurisprudencia norteamericana ha señalado su inadmisibilidad cuando existe una "predisposición previa a delinquir", como surge en principio del caso investigado (conf. U.S. v. Russell, 411 US 423-1973- y Hampton v. U.S. 425US 484-1976- ). Al margen de la inexistencia en nuestro derecho de tal herramienta defensiva, se advierte la notoria falta de pertinencia de su cita en este caso, toda vez que la actuación del agente encubierto no constituyó la instigación de los delitos atribuídos, en tanto la venta controlada de armas que se efectuó no constituye injusto alguno. Asimismo, surge la "predisposición previa a delinquir" que antes mencionamos del acta de fs. 1 al relatar que el Jorge "el ruso" ofreció la venta de documentos y pasaportes en blanco. Por otra parte, este Tribunal ha dicho que la tenencia de material explosivo y municiones constituye un solo delito y no una reiteración delictual en forma alternativa..... Así las cosas, teniendo en cuenta que la tenencia constituye un solo delito y no una reiteración delictual susceptible de ser dividida, resulta irrelevante que las armas y documentos se hayan secuestrado parte en un lugar y parte en otro, toda vez que la autoridad policial solo provocó el desplazamiento de parte de esos elementos que se encontraban en sus domicilios. En consecuencia, la prevención lo único que hizo fue tratar de recabar prueba y no provocar el delito imputado. Por otra parte, lo que se secuestró en la casa de "B" y "E. E"......no habría sido consecuencia de la actuación de la policía a fs. 1 sino que los elementos reunidos hasta el momento permiten afirmar que la tenencia de los elementos allí incautados era preexistente........" II: Se transcribe asimismo, también parcialmente, los fundamentos del precedente citado "PACIFICO" "Buenos Aires, 2 de mayo de 1996.- ......No resultan pertinentes, por otro lado, los cuestionamientos efectuados en materia de ampliación de las posibilidades probatorias, resultando irrelevante la referencia analógica del régimen específico que contempla la Ley 23.737 en virtud de la modificación establecida por la ley 24.424, ya que si ella nada dijera no se comprometería su viabilidad a la luz del principio de libertad de pruebas ya reconocido por este Tribunal en oportunidades anteriores, al señalar que "la presencia de algún medio probatorio que no tenga regulación específica no obsta a su admisión si resulta pertinente para comprobar el objeto de prueba..." (conf. Sala II, c. 10.147, Schild, K y otros s. Proces.., reg. nro.. Nro. 11.261 del 28 de septiembre de 1994, con cita de Jauchen, E. "La prueba en materia penal", Rubinzal Culzoni, p. 21) Y esta Sala, al referirse a la amplitud probatoria que en el texto del Código Procesal Penal de la Nación consagra en cabeza del Juez instructor, en base al criterio de evaluación de lo actuado a la luz de la sana crítica y que se refleja también en otras disposiciones -arts. 193, 194, 206 y concordantes (Conf. causa 26.571, Acosta, C. reg. nro.. 563 del 3 de agosto de 1995)...... No existe, asimismo cuestionamiento a la legalidad de tal proceder, que no se considera contrario a las normas constitucionales, en vista del interés público y de seguridad en virtud del cual se ha adoptado tal recaudo, valorándose además el estadio procesal en que nos hallamos, sin que la determinación de las personalidades se advierta en esta etapa como esencial para la resolución de la causa o para decidir acerca de su validez ni comprometa la preparación de la defensa o sus eventuales cursos de acción, ni la posibilidad de interrogación oportuna de los testigos, cuestión sobre la que, por otra parte, el nulidicente no se manifiesta (Conf. criterio sentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en Roviaro v. United States. 353, U.S. 53,77, S.C.T. 623, 1 L. Ed 2d 639 -1957-" lo expuesto, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en la etapa eminentemente contradictoria del juicio (conf. c. 26.822, Ibañez Gimenez, A.R. reg. nro.. 737 del 25 de septiembre de 1995)." "........Este testigo no ha exorbitado, el marco de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a calificado de "agente encubierto", resultando irrelevante, en tanto se ha ajustado a los límites que tal desempeño conlleva, su calidad de integrante o no de las fuerzas de seguridad. Así lo ha entendido antes esta Camara restando relevancia a la presencia o no de tal condición y admitiendo la validez de la actuación de tales agentes y de la prueba obtenida a raíz de su relato, y de la información que se le confiara en tal calidad, consecuencia del peligro que necesariamente concurre cuando se habla, que entraña la asunción de riesgo de la delación a terceros por parte del interlocutor (Conf. C. 25.285 Gallo, J. reg. nro. nro. 245 del 29 de abril de 1994). También allí esta Cámara se hizo eco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señalara que "el empleo de un agente encubierto para la averiguación de delitos no es por si mismo contrario a garantías constitucionales"....Fiscal c/Fernández, C.S.J.N. ,J.A. T. 1991-I, p. 318)