marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Publicación de la ley, falta de publicación
Materia: LABORAL
Carátula: PROVENZANO, OSCAR M. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-12

El art. 14 de la ley 22118 dispuso que a partir de la fecha de promulgación, 10 de diciembre de 1979, los agentes del Congreso Nacional comprendidos en las características 1, 2 y 3 no tenían ya derecho a jubilarse en las condiciones previstas por la ley 21121.

Pero en tanto la publicación de la ley 22118 se demoró casi cuatro años, apareció en el boletín oficial el 10 de octubre de 1983, tal hecho la privó de "obligatoriedad" y sus efectos no pueden recaer en principio, sobre quienes invocaron derechos adquiridos durante el interregno entre su promulgación y su publicación.
Regulación de honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BATALLA,  NELIDA  Y  OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio delInterior s/ Personal  militar y civil de las fuerzas armadas y deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-24

En atención a que las tareas profesionales de la dirección letrada fueron realizada con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, corresponde confirmar la resolución del "a quo" que ordenó se abonaran con Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2%.
Tarjeta de crédito, certificado de deuda, prueba insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Popular de Rosario S.A. en liquidación c/ Horacio Bernardo Frey s/ Ordinario. Banco Popular de Rosario S.A. en liquidación c/ Horacio Bernardo Frey s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-28|1995-09-28

La certificación de saldo deudor, amén de conformar una prueba emanada de la propia actora, es incompleta porque no se complementa con ninguna documentación respaldatoria: Cupones especiales suscriptos por el usuario, las constancias de pago al proveedor que los presentó al cobro ante la entidad financiera, el resumen de la deuda y su vencimiento a cargo del usuario y aceptado por éste según las formas dispuestas en el respectivo contrato. Ello es así, porque quien reclama el pago de una deuda, en función del uso de una tarjeta de crédito, debe probar acabadamente que su parte ha satisfecho la obligación de pago de lo adquirido ante el vendedor, y que el adquirente a su vez, no le reembolsó esa suma de dinero en el plazo que tenía que hacerlo, conforme se había convenido.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, empleados públicos, cesantía, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GUILLERMO ROBERTO ARIAS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ EMPLEADOS PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD- ESTABILIDAD.    CESANTIA- INDEMNIZACION.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La concepción de la estabilidad del empleado público introducida en el texto del art. 14 bis de la Constitución no se compadece con la interpretación conforme a la cual no se habría establecido la garantía de estabilidad en sentido propio, que excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación, posibilitando retomar el curso de la carrera por el agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que integra al concepto de estabilidad.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, código aduanero, contrabando calificado, participación criminal, contrabando con el concurso de personas, dolo, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: VIVAS, RAUL SILVIO Y OTROS. s/ CONTRABANDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

Es violatorio del principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional el pronunciamiento que sostuvo que no es requisito ser partícipe siendo suficiente ser mero interviniente sin conocimiento de la ilicitud de su accionar, es decir, que no es requisito el dolo en la intervención, para que se configure la agravante. Ello así, pues en atención a la índole de los términos utilizados por el art. 865, inc. a), del Código Aduanero -"Autor, Instigador o Cómplice"- cabe entender que la intención del legislador ha sido la de limitar únicamente la existencia de la agravante al supuesto en que haya existido participación criminal en los intervinientes, es decir se requiere una intencionalidad dolosa que importa el conocimiento de los sujetos intervinientes de que estaban colaborando para el logro de un objetivo ilícito común, (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Indemnización, responsabilidad de los dueños de hoteles, hurto de viajeros, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Strajnberg Walter y Otro c/ Ambiente S.A. (Amerian Buenos Aires Park Hotel) s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-08

Corresponde hacer lugar a la indemnización por daños derivada del hurto de las pertenencias de los actores, sucedido en el lobby de un hotel, en el marco de un viaje que realizaban. Ello por cuanto que la producción de la prueba fehaciente en este punto es virtualmente imposible. Ello ya que, lo que los actores debían probar, era lo que llevaban adentro de los dos bultos que les fueron hurtados. Como es lógico, ningún inventario de cuáles eran los objetos que se encontraban en el interior de esos bultos podría exigírseles, por lo que tal exigencia probatoria no podría ir más allá de imponerles la acreditación de la preexistencia de esos objetos, lo cual fue acreditado. Sostener que los demandantes debían acreditar también que esos bienes habían sido efectivamente traídos al país, conduciría a colocarlos en una situación de virtual indefensión, dadas la dificultad probatoria señalada. En tales condiciones, probada la preexistencia de los bienes, se encuentran también acreditados indicios suficientes para concluir, a la luz de la experiencia y la sana crítica judicial, que lo alegado por ellos en tal sentido es verosímil. En este orden de ideas, y a fin de ratificar lo expuesto, es también relevante recordar la necesidad de aplicar al caso lo dispuesto en el CCCN 1744; norma que, al regular la "prueba del daño", expresamente establece que él debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que "...surja notorio de los propios hechos.", como debe entenderse ocurre en el presente caso.
Cheque, cuenta corriente bancaria, domicilio especial, domicilio constituido
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAIDANIK, PABLO c/ CONFEGGI, JUAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

El dec.ley 4776/63 art.1 in fine dispone que el domicilio registrado en el banco girado por el cuentacorrentista tiene carácter de especial a todos los efectos derivados de la emisión del cheque. Tal disposición permite asignar la calidad de constituido al domicilio allí inscripto; no puede interpretarse que ella sólo opera en las relaciones entre el cliente y el banco, pues la ley se refiere a los "efectos ... del cheque" y no a los de la cuenta corriente.
Delito de acción pública, recusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Leopoldo Roberto y otro s/ recusación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-26

Aparece como justificable que, en el ánimo de la defensa, pudiera existir temor acerca de la posible existencia de parcialidad de los señores Magistrados que han de juzgar el caso, toda vez que ellos mismos decidieron, en una causa anterior, extraer testimonios y remitirlos a fin de que fuera investigado el presunto delito de acción pública por ellos advertido. Justamente, a partir de esa denuncia se inició la causa que motiva la recusación y, finalizada la etapa instructoria de ella, el sorteo respectivo determinó que fuera el mismo tribunal denunciante quien debe juzgar el hecho en etapa de plenario. Ahora bien, lo que la Defensa advierte en definitiva es que puede existir la posibilidad de que los señores Magistrados se encuentren en una situación anímica predispuesta a determinado resultado -culpabilidad-, es decir, que hayan formado opinión al respecto y, aunque en realidad no sea así, el justificado temor defensista debe ser zanjado mediante el apartamiento de aquéllos.
Suspensión del juicio a prueba, delitos tributarios, delitos de los recursos de la seguridad social, evasión fiscal, evasión simple, evasión previsional, evasión previsional simple, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Aliberti, Omar Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-22

Por expresa aplicación del art. 10 de la ley 24.316, en concordancia con el art. 16 de la ley penal tributaria 24.769, quedan excluidos del régimen de suspensión de juicio a prueba los delitos tipificados en los arts. 1° y 7° de dicha ley, y para aquellos delitos que quedaron excluidos del art. 16 de la ley penal tributaria, cobra vocación aplicativa el instituto previsto en el art. 76 bis CP, puesto que ello no lleva a alterar el régimen especial previsto en la ley 24.769 y que no los contiene. La remisión efectuada por la Corte Suprema en el fallo "Nanut" a la sentencia "Acosta" no se refirió a los alcances específicos del instituto respecto a los distintos delitos previstos en la ley 24.769. El voto concurrente agregó que sólo podría quedar un campo residual de aplicación del art. 76 bis CP en el caso de los delitos de los arts. 1° a 7° de la ley 24.769 cuando el imputado no revista la calidad de autor idóneo, por no ser el "obligado" por deuda propia o ajena, y se le atribuye cooperación en el hecho de un autor idóneo sólo a título de partícipe. La disidencia sostuvo que los supuestos previstos en la ley 24.769 no se encuentran excluidos de los alcances del instituto de la suspensión del juicio a prueba. (Dres. Yacobucci, Mitchell -disidencia- y García -voto concurrente-).
Recurso extraordinario federal, cuestiones de competencia, juicios en que es parte una provincia, gravedad institucional, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial de Seguros de Salta c/ Instituto Provincial Autárquico del Seguro de Neuquén y/o Provincia del Neuquén.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

La decisión que privó a una provincia de litigar ante la instancia originaria de la Corte Suprema comporta una circunstancia excepcional que configura una situación de gravedad institucional, lo cual justifica la apertura de la instancia de excepción para revisar lo decidido superando ápices formales, ya que se encuentran en juego instituciones básicas de la Nación y ello se proyecta sobre la buena marcha de las instituciones.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLOCHIS, Critóbal L. y José c/ BANCO NACION ARGENTINA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - INADMISIBILIDAD -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

No justifica la apertura de la instancia extraordinaria la pretendida arbitrariedad alegada por la recurrente ya que, aparte de que no corresponde la consideración de esa tacha por este Tribunal, la sola discrepancia con el criterio e interpretación de tales cuestiones no autoriza a descalificar el pronunciamiento - suficientemente fundado- como acto judicial.
Dementes, declaración de insania
Materia: PROCESAL
Carátula: G., H.M. s/ INHABILITACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-24

Aún cuando no haya sido efectuada la valuación interdisciplinaria que requiere el nuevo art. 152 ter del Código Civil y que éste no derogó el art. 141 del mismo cuerpo legal, y que no surgen limitaciones que justifiquen determinar que la incapacidad de la causante, -que reviste la forma clínica de retraso mental moderado, que comienza a manifestarse desde la infancia y requiere supervisión y asistencia permanente- pueda tener un alcance distinto al previsto por los arts 54, 141, y 469 del Código Civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Cuevas, Marcelino y ots. c/ Resignum S.A. s/ Cobro de australes australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

No puede alegarse infracción a la ley 24.283 si no indica el apelante de dónde surgen los elementos comparativos exigidos.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, acumulación de acciones
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Lavado Diego Jorge y otros c/ Mendoza Provincia de y otro s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

La acumulación de acciones no puede prosperar, por cuanto el objeto de cada una de las pretensiones corresponde a jurisdicciones diferentes y, por lo tanto, deben ser examinadas en procesos distintos y ante los jueces correspondientes.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, jurisprudencia, pautas orientadoras, Municipalidad, ingresos públicos, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, MIRTA SUSANA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ AVOCACION- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 217 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23

No ha de prosperar el pedido de avocación formulado por la Municipalidad desde que el hipotético supuesto de futuras demandas al que se refiere la peticionante, no configura un supuesto de interés institucional trascendente o suficiente que justifique la intervención de esta Corte a los efectos del dictado de la resolución definitiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ley 11330.

En este sentido, cabe remitir a las consideraciones del precedente "Tolosa" donde en la etapa de ejecución de sentencia, este Tribunal homologa un acuerdo presentado por las partes que involucraba doce expedientes acumulados, uno de ellos con mas de 1300 agentes.

En dicho acuerdo y teniendo en cuenta que el cumplimiento de la sentencia podía comprometer las rentas públicas del municipio y en consecuencia poner en riesgo la prestación de los servicios públicos, las partes - realizando concesiones recíprocas-establecieron la forma, el plazo y las condiciones en que el Ente cumpliría la condena; situación que claramente no se la puede comparar con la que resulta de la lectura de los presentes autos, donde es un sólo agente el que reclama las diferencias salariales provenientes de la aplicación de las leyes 9286 (anexo II art. 78) y 9996 para la categoría 20 técnico profesional.
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical, casinos
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y afines c/ Comisión Arbitral de la Confederación General del Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-06

En aquellos casos en los cuales pueden concurrir diversas actividades, ya sea, por su inserción en el proceso productivo o su marco estatutario se ha sostenido que, salvo en las hipótesis de sindicatos de oficio, debe estarse a la actividad principal como concepto relevante, a los efectos de afirmar la representación del sindicato. Por lo tanto, en los casinos flotantes la finalidad no es la navegación sino la actividad lúdica, resultando improcedente la representación sindical del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U).
Simulación, causa simulandi, pacto de retroventa, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEFARATTI, ABDUL O. c/ TRITUMOL SA s/ QUIEBRA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Si bien el "pacto de retroventa" suscripto por las partes no tiene per se el carácter de un "contra documento", ello no impide que pueda ser considerado como un indicio más de la existencia de simulación, incluso con el alcance de principio de prueba por escrito del acuerdo simulatorio; ello sumado a una serie de otros elementos incorporados a la causa que valorados en su conjunto, a la luz de la sana crítica, permiten concluir que la compraventa en cuestión fue un acto simulado, cuya verdadera intención fue la de garantizar un crédito; lo cual conduce a declarar la invalidez del contrato, habida cuenta que se trató de un acto solo aparente, de simulación relativa (CCIV. art. 955), que en principio no excede el marco de ilicitud (CCIV. art. 957), en la que el acto real encubierto bien puede asimilarse a una forma de negocio fiduciario que habría operado la constitución de un dominio imperfecto (CCIV. art. 2507, 2661 y 55), que nada obsta a la acción inter partes, tendiente a restablecer la real situación jurídica entre ellos (CCIV. art. 959 y 1050 y concs.), pero que no puede lesionar derechos adquiridos por terceros de buena fe a título oneroso (CCIV. art.1051), resultando inoponible al concurso de la accionada, hoy fallida, por lo que si bien cabe declarar la invalidez del contrato el bien deberá continuar formando parte del haber falencial hasta su conclusión. Voto del Dr. Monti.
Recurso de casación, nulidad absoluta, declaración de oficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cevasco, Luis Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-03

El recurso de casación es formalmente procedente, ya que la resolución recurrida es una de las previstas en el art. 457 del C.P.P.N. pues confirma la resolución de primera instancia que pone fin a la acción por sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Ahora bien, abierto este recurso por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, se debe enderezar el pedido en el motivo previsto en el inc. 2º del art. 456, o sea inobservancia de formas procesales que el código establece bajo penal de nulidad, en juego armónico con los arts. 123, 167 inc. 2 y 168 del C.P.P.N. Este Tribunal, en mayoría, ya se ha pronunciado del mismo modo in re: "Pinna, Daniel Eduardo - recurso de casación" del 15/09/93, reg. nº 30. Ello así, ya que abocado al estudio de las actuaciones se advierte una nulidad que por su índole es insubsanable y puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso.
Acción de amparo, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Los órganos estatales, sin distinción, deben tener presente que uno de sus principales cometidos en el ejercicio de las potestades que les incumben es el de "evitar consecuencias desastrosas para la colectividad", y tener en cuenta la advertencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha insistido en que la vía del amparo no justifica alterar las instituciones vigentes ni extender la jurisdicción legal y constitucional de los magistrados.(Del voto del Dr. Ulla).
Acumulación de acciones, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTRUCTORA SAN LUIS S.C.A c/ BIEGUN ABRAHAM s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

El principio de eventualidad o de acumulación eventual supone que todas las articulaciones propias de cada uno de los períodos preclusivos que la parte este habilitada para plantear, las formule en forma simultanea y no sucesiva, de tal modo que rechazada una de ellas, pueda obtenerse decisión favorable sobre la otra y otras.
Accidentes de trabajo, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: INGEGNIEROS, MARIA GIMENA c/ TECHINT S.A. COMPAÑÍA TECNICA INTERNACIONAL s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

Una norma del derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad, la que -por tanto- desplaza la aplicación al caso del art. 19 de la ley 9.688, norma esta última que deberá ser declarada inconvencional e inconstitucional de oficio, por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Leyes, contrato de publicidad, ordenanzas municipales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-07-30

La publicidad de las leyes y dentro de esa categoría, de las ordenanzas municipales, es un imperativo republicano que deriva, frente a su incumplimiento, en la falta de vigencia de las disposiciones que no hayan sido dadas a conocer, tal como cada ordenamiento jurídico prescribe. Frente a la presunción de conocimiento del derecho, regla interpretativa que ha creado el propio sistema para su sostén lógico, no cabe sino asumir que en tal "pacto social" el deber del Estado es irrenunciable y de estricto cumplimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, hechos nuevos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tejerina, Carlos c/ Herrera, Marta s/ Desalojo Rodriguez, Norma c/ Raynal, Alfredo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05|1989-10-10

Es doctrina recibida que la observancia del principio de concordancia entre la situación en el momento de la traba de la litis y la de la sentencia no es óbice para que el juez considere hechos extintivos como el pago, el cumplimiento de la obligación o el vencimiento del plazo, absolviendo o condenando al demandado si el derecho se extingue o consolida en el curso del proceso.
Notificación, sentencia, escribanos públicos
Materia: PENAL
Carátula: D'AMELIA s/ NOTIFICACION. SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-13

Con la intervención de un escribano no puede tenerse por notificado al procesado de la sentencia. Es que la notificación de las resoluciones judiciales, ha sido confiada, dentro del sistema de nuestro Cód. de Proced. en Materia Penal, a funcionarios judiciales, es decir Secretarios, y en su caso Ujieres; no siendo posible suplir las mencionadas formalidades legales con la intervención de un escribano que autentifique la rúbrica de la manifestación con que el procesado,o cualquier otra parte, se da por enterado de lo resuelto en un auto determinado.
Daños y perjuicios, injurias, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RITO, Francisco Daniel c/ RUSSI, María Sol s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-25

Si la demandada emitió conceptos decididamente agraviantes respecto del actor -imputándole actitudes de acoso sexual en el ámbito laboral-, al haber sido absuelta en sede penal por efecto del beneficio de la duda -y no en base a la inexistencia del hecho delictuoso o su falta de autoría-, en sede civil recaía sobre ella la carga de la prueba de la verdad de sus dichos (art. 377 del C.P.C.C.), como única manera de excluir la ilicitud de su conducta.