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Libramiento de cheque en formulario ajeno, imposibilidad legal del pago del cheque, falsificación de cheque, firma extraña, estafa, abuso de confianza, acción civil en el proceso penal, indemnización, daño material, daño moral, depreciación monetaria, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: PEIXOTO, CARLOS E. s/ LIBRAMIENTO  CHEQUE FORMULARIO AJENO - ACCION CIVIL - DESVALORIZACION  MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-16

1) Incurre en el delito de libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorización y no en el de falsificación de cheque, quien estampa la propia firma en formulario correspondiente a otro sin su autorización.

2) Debe excluirse en el caso de autos la posible comisión del delito de estafa, pues en virtud de la confianza existente entre querellante y querellado hasta la ocurrencia de los hechos, debe descartarse que los episodios juzgados poseyeran idoneidad suficiente para inducir a engaño a la denunciante, dado que el pretexto empleado por el procesado de presentarse como apoderado de una cuenta corriente, a pesar de no estar autorizado a librar cheques sobre la misma, no constituye una maniobra ardidosa, pues no era la primera vez que la querellante aceptaba ese tipo de negociación, razón por la cual no puede aducir la damnificada haber sido engañada.

3) La conducta del procesado debe encuadrarse en la hipótesis del art. 302 inc. 4 C.P. y no en el inc. 2, pues de las propias manifestaciones de la querellante surge que el querellado al momento de la emisión del cheque no estaba autorizado para ello.

Como señala Borinsky, no puede ser conferida la autorización, al margen de las normas que regulan el contrato de cuenta corriente, pues de no registrarse la firma del autorizado, el banco se negará a pagar el cheque.

4) Corresponde hacer lugar a la indemnización reclamada con la pertinente actualización monetaria, no obstante la mención del valor dólar por ser estimativo.

El reajuste es procedente, pues si bien es cierto, que por vía de la revaloración de la indemnización por desvalorización del signo monetario la pauta elegida por la querella, en el caso el dólar, no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa ya que sólo le asiste el derecho de exigir la prestación original debida, con la corrección de los índices oficiales que fijan la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de curso legal en la Nación, no es menos exacto que en uno de los escritos de la querella existe implícitamente un pedido de acredimiento para determinar el monto del resarcimiento, lo que importa una petición de que se actualice el perjuicio por depreciación de la moneda.

5) No corresponde en cambio la indemnización por daño moral por ser la damnificada una persona jurídica y el ilícito no haber afectado, el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozare la firma.

No obstante lo expuesto, como tal aspecto de la cuestión en debate no fue cuestionado en su oportunidad por al defensa, esa parte de la sentencia impugnada quedó firme, en orden a ella.
Querellante, legitimación procesal, delitos contra la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 3 s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

La divulgación de informaciones supuestamente reservadas que un organismo oficial ha reunido sobre determinadas personas, afectan a ésta de un modo especial y particular, por cuanto más allá de la perturbación del normal funcionamiento de la administración que significa la revelación en sí, se advierte que ésta no habría tenido otro propósito que ser usada en perjuicio de dicha persona, por lo cual, puede afirmarse que existe una plural afectación de bienes jurídicos.
Posesión, clandestinidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHAVEZ DE ORELLANA BRUNA c/ ALCADIO CHAVEZ s/ ACCION POSESORIA DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-05

La posesión es clandestina cuando los actos de toma de posesión fueron ocultos o se tomaron en ausencia del poseedor o adoptando precauciones para sustraerla al conocimiento de la persona que tenía derecho a oponerse (art. 2.369 Código Civil).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, concursos, incidente de revisión, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jelpa  SA s/ Concurso  preventivo,  inc.  de  revisión  por  Tamburrini  ,  Aurora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que declaró mal concedido el recurso local de inaplicabilidad de ley sobre la base del carácter no definitivo del fallo que hizo lugar al incidente de revisión promovido por una supuesta acreedora, sin hacerse cargo de lo expuesto por el apelante en cuanto a que la decisión impugnada al no poder ser revisada por otra vía, produce los efectos de la cosa juzgada formal y material.
Recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAR, NESTOR LINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE Y BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Constitucionalmente la jurisdicción contencioso administrativa puede no cubrir todos los aspectos de la Administración Pública, pues se atribuye a la Corte Provincial el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley (artículo 93, inciso 2do de la Constitución Provincial). Esto significa que la ley puede sustraer a la potestad jurisdiccional de revisión aquellos actos que, por uno u otro motivo -el decidirlo es cuestión de política legislativa- considere conveniente. En ejercicio de esa facultad, el legislador ha excluido diversos casos, enumerados en el artículo 12 de la Ley 4106, entre los cuales figuran las resoluciones de la Administración que importen el ejercicio de facultades disciplinarias, siempre que no adolezcan en vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de las formas sustanciales (artículo 12, inciso c), Ley 4106).
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Credicoop coop. Ltda. c/ Bolgia Emilio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

El comienzo del curso de los intereses no depende de la manifestación o el silencio del deudor frente al "anoticiamiento" del saldo de la deuda, sino de su "interpelación".-
Recurso extraordinario, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferreyra, Osvaldo Abel c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

Si el planteamiento que efectúa el recurrente conduce a determinar el alcance de normas federales, la Corte no se encuentra constreñida por los argumentos de las partes o del a quo, y debe realizar una declaratoria sobre la cuestión controvertida. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Imputado, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORAN ROBEN EDUARDO Y OTROS s/ CASACION  PENAL - POLICIA JUDICIAL - DECLARACION POLICIAL DEL IMPUTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-31

En la jurisprudencia de la sala penal del tribunal superior de justicia de córdoba, una posición entiende ilegal la introducción al debate de la declaración del policía que trae la del imputado autoincriminándose, o la del coimputado incriminándole, en un acto de indagatoria, con dos variantes: a) considerándola una garantía constitucional, porque el policía no podía interrogar al imputado, b) reputándola una garantía legal, porque el art. 390 CPP, no permítela introducción de dicha prueba al debate. Otra posición, entendiéndola como una garantía constitucional, admitió la legalidad de dicho acto: a) porque se trata de una de las actuaciones que el policía puede cumplir legalmente; b) siempre que se hayan respetado las normas de la instrucción; c) cuando la incriminación provenga del coimputado, aunque haya sido hecha en el propio acto de su indagatoria policial, en cuyo caso esta debe ser dividida. La posición que lo considera una garantía legal, porque el art. 390 CPP no permite la introducción de dicha prueba al debate, es hoy la correcta porque cada cuerpo jurídico tiene su propia dogmática y, de suyo el código procesal de córdoba también lo tiene. Ello supone extraer las reglas expresas o implícitas que la ley tiene, procurando así descubrir no la voluntad del legislador sino la voluntad de la ley que, en muchos casos, es mas sabia que aquel. La reconstrucción de las reglas que surgen de los arts. 390 Y 243 de dicho cuerpo normativo obligan a concluir con la nulidad del fallo, cuando este se base de modo decisivo en esas pruebas, como aquí ocurre. Lo expuesto es así porque en el libro, capítulo y sección relativos al debate, el art. 390, Párrafo 2do. del código procesal penal, expresa que si el imputado se niega a declarar o incurre en contradicciones el presidente ordenara la lectura de las declaraciones prestadas por aquel ante los jueces de instrucción, de menores y de paz o ante el agente fiscal, siempre que se hubieren observado las normas de la instrucción. La idea es clarísima:

solamente pueden introducirse al debate las declaraciones judiciales. Si este dispositivo tuviera como única finalidad imponer una excepción a la oralidad del proceso, resultaría arbitrario que el legislador no hubiere incluido también la lectura de los documentos que contienen las declaraciones policiales de los imputados. Evidentemente la voluntad de la ley es mucho mas que eso.

Esta instituyendo un principio garantizador para el imputado y lo encuentra en la judicialidad del trascendente acto de su declaración. Tanto es una garantía que, funcionando como tal, si la declaración es desincriminatoria no hay razón para impedir su introducción, porque la interpretación restrictiva de esta regla (art. 3 del código procesal penal) es precisamente para aquellos casos y no para estos.
Amenazas, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Marcelo F. s/ AMENAZAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-04-21

1)Las expresiones "cuidate porque el día que te encuentre no se que va a pasar pues te juro te rompo el alma" y "si usted se opone a que yo vea a su hija el día menos pensado yo la rapto y no la ven nunca más" dirigidas por el procesado por escrito, en sendas misivas a su ex-novia y al padre de ésta implican una amenaza penal; siendo irrelevante que se las considere dentro de la situación creada entre acusado y víctima y se contemple la circunstancia de no haber ocultado el autor su identidad. Si bien alocuciones como las mencionadas podría no atribuírseles la gravedad necesaria para que resulten penalmente relevantes, la particularidad de su inserción en una carta y la de su reiteración les otorga el contenido necesario para su tipicidad, toda vez que revela una actitud tenaz y mediata.

2)El delito tipificado es el de amenazas reiterado ya que la pluralidad de hechos no aparece como representativa de una sola y misma consumación delictiva, sino que, aunque no determinadas la fecha de las cartas, es indiscutible que fueron enviadas y recepcionadas en momentos y destinatarios diferentes, por lo que, recién una vez consumado un hecho se inicia, independientemente el otro.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, asamblea de consorcistas, nulidad de asamblea de copropietarios
Materia: CIVIL
Carátula: Fornasier, Antonio c/ Consorcio Propietarios Edificio Calle Anasagasti Nro. 2053 s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

La falta de planilla de asistencia referente a una asamblea, no conduce automáticamente a la nulidad de ésta, cuando de otros medios instrumentales emana la compulsa de los copropietarios presentes. Las asambleas constituyen la manifestación de la voluntad del consorcio y están insertadas en un cauce de funcionalidad. La eventual omisión del tratamiento de una cuestión, no conduce, salvo casos excepcionales, a la nulidad de la asamblea, porque existen los naturales remedios consorciales (otra y otras asambleas) para suplir tal omisión.
Daños y perjuicios, daño material, daño psíquico, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: MANN, Dora c/ NUEVOS RUMBOS S.A.I.A.C.I.F. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

El "daño psicológico", así como el daño estético, carecen de autonomía, sea respecto del daño patrimonial, sea del agravio moral. En orden al reconocimiento indemnizatorio del denominado "trastorno psíquico", éste no constituye perjuicio autónomo, pues, en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales, integra la incapacidad y, en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral. En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial -moral-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, relaciones de familia, filiación, demandado, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Z., C. c/ M., H. A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamo   paternidad extramatrimonial. Daños y perjuicios. Recurso indirecto   (Expte. CSJ Nº 75-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Debiendo limitarse el juicio de admisibilidad a cargo de la Corte, a analizar los vicios que se enderecen contra la resolución de la Alzada, por constituir ésta -y no la de la instancia inferior- el objeto procesal del remedio extraordinario, la ausencia de una formulación clara e inequívoca de las tachas que afectarían a dicho decisorio determinan el rechazo del recurso directo. En el caso, resulta asaz dificultoso comprender cuál es el reproche constitucional que, en concreto, le merece al recurrente la actividad jurisdiccional cumplida por la Sala al confirmar la sentencia del inferior que hizo lugar a la demanda de filiación extramatrimonial valorando la negativa a someterse a la pericial biológica como el "indicio" establecido por el artículo 4 de la ley 23511, en tanto no alcanza ni mínimamente a perfilar que los sentenciantes hayan excedido el marco propio de sus atribuciones.
Leyes, interpretación de la ley, sentencia firme, cosa juzgada, desindexación, liquidación judicial, actualización monetaria, liquidación extrajudicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Carranza, Elvira c/ Consorcio Edificio Aruba s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 708- 95) Moyano, Ramon c/ Cappelletti S.R.L. s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   161-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23|1997-11-26

Atendiendo a la circunstancia de que la ley 24283 tiende a sanear situaciones de arrastre de un período hiperinflacionario dentro de la estabilidad económica de nuestro país, y a que, muchos de los procesos judiciales que necesariamente deban computar dicho lapso, ya cuentan -como consecuencia lógica del transcurso del tiempo- con sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y en trámite de ejecución, restringir su aplicación podría conducir, en los hechos, a tornarla inoperante mediante una interpretación que, al alejarse de la voluntad del legislador y anular la finalidad perseguida por aquél, importe desnaturalizarla, de modo tal, que conlleve a su prescindencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Plaza, Adrián Alejandro; Godoy, Silvia María del Luján s/ Robo de automotor en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el planteo del señor Fiscal de Cámaras sobre el carácter agravante de la reiteración delictiva se atiene a expresar que fue transgredido el art. 41 inc. 2º del Código Penal, sin fundar su mera afirmación.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, AFIP DGI, facultades de la administración, IVA, quiebra, síndico del concurso, subasta judicial
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: EQUIPOS HIDRAULICOS  S.R.L. s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-13

La existencia de una ley instrumental específica que regla las relaciones tributarias hace que la tramitación de las causas deba ajustarse a sus normas. Así ocurre en el caso en que -proseguido el pedido formulado por el síndico de una quiebra- se estableció que no corresponde la aplicación del impuesto al valor agregado en los remates judiciales por quiebra, ni en su distribución final, ya que la declaración de certeza que se pretende obtener del órgano judicial, sólo podría emanar como consecuencia del procedimiento reglado por la ley 11.683, cuyas disposiciones revisten el carácter de ordenamiento específico de todos los aspectos vinculados con la determinación y percepción de los tributos cuya recaudación se halla a cargo de la D.G.I.
Proceso contravencional, juicio abreviado, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de recusación. Incidente de recusación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

El artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación faculta al tribunal de juicio a rechazar el acuerdo de juicio abreviado (inc. 4), tal disposición no es de aplicación en nuestro fuero, ya que de así considerarse se estaría introduciendo en la legislación procesal contravencional una facultad que la norma específica -artículo 43 Ley de Procedimiento Contravencional- no contiene, con lo que se privilegiaría la voluntad del legislador nacional por sobre la del local, lo que resulta improcedente y violatorio de la disposición del artículo 129 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, conflicto de leyes, ley derogada, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Yosifides, Ileana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

Para que la declaración de inconstitucionalidad sea procedente es preciso que se verifique efectivamente un conflicto normativo entre la constitución y una ley vigente que se le oponga. En la jurisdicción local ha sido el constituyente quien, respecto a las normas anteriores a la sanción de la constitución, declaró expresamente la derogación de todas las normas opuestas a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art-140). En consecuencia, en caso de advertirse un insalvable conflicto normativo entre la Constitución de la Ciudad y una norma anterior a su sanción no cabe concluir en su inconstitucionalidad como ha sostenido el juez de grado, sino directamente en su derogación. (Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín).
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., M. c/ A., E. s/ Filiación indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

En el estado actual de las investigaciones genéticas y de conformidad con nuestra legislación vigente, corresponde interpretar que la negativa del demandado -sin justificación atendible- a permitir realizar la prueba de compatibilidad inmunogenética (y aquellas complementarias que correspondieran), se constituye en una decisiva presunción en su contra, pues -dado su grado de certeza- configura un elemento que obra en beneficio de ambos interesados y tiende a proteger un bien precipuo del hombre cual es conocer su verdadera identidad. Y tal presunción sólo podría ceder ante prueba muy sólida que la contradiga. Dicha presunción no sólo no resulta arbitraria, sino que resulta lógica y conforme al normal suceder de las cosas, pues quien se muestre renuente a colaborar en que la verdad luzca es porque tiene algo que ocultar (arts. 31, 33, 75 inc.

33, Const. Nac.; 7, 8 Convención sobre los Derechos del Niño, año 1989, ley 23849; 253, 919, 920, Cód. Civil; 4, ley 23511; 163 inc. 5 y 6, 375, 384 Cód. Proc.).
Sistema interamericano de Derechos Humanos, fondo de asistencia legal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-07-29

El Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos creado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el año 2008 -cuyo financiamiento depende de los aportes de capital voluntarios de los Estados miembros de la OEA, de los Estados Observadores Permanentes, y de otros Estados y donantes que deseen colaborar-, tiene por objeto facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a quienes no cuentan con los recursos necesarios para llevar su caso al sistema.
Cheque, falta de pago, escritos judiciales, legitimación activa, excepciones procesales, falsedad de título
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Baires Distribuciones Sur SA c/ Coordinar Asociación Mutual s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

1. Corresponde desestimar las defensas de falsedad e inhabilidad de título incoadas, cuyo fundamento consiste en que algunos de los cheques ejecutados poseerían firmas falsas y adulteradas, y otros no tienen una serie ininterrumpida de endosos ni refieren a una relación comercial con la ejecutada. Ello así, en tanto el ejecutante resulta ser tenedor en los términos de la ley 24452: 17 y no se ha invocado concretamente la circunstancia descripta en el último párrafo del art. 19 de la citada ley. 2. Más allá de la forma en que fueron suscriptos los endosos, que obran en los cheques; por ser el medio normal de transmitir la propiedad de los papeles de comercio, otorga legitimación a su recipiendario. Ergo, aquellas circunstancias descriptas por la ejecutada, nada quitan ni agregan a la condición de sujeto formalmente legitimado para promover el reclamo del accionante (CNCom, Sala B in re "Banco Finansur SA c/ Gibar SACIIFFCyA s/ ejecutivo" del 23-3-05). 3. Los títulos cuentan con los elementos que los habilitan como tales y las eventuales firmas falsas de los endosos insertas en sus reversos, no alteran su circulación. Si hubiera necesidad de debatir cuestiones causales, éstas deben ser diferidas al juicio ordinario posterior que prevé la ley ritual -CPR 553- (CNCom, Sala B in re "Rivero Rodrigo Daniel c/ Grumer SRL s/ ejecutivo" del 13-12-10).
Poder Judicial, facultades jurisdiccionales, afianzar la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Román SAC. c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia). s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

La actividad desplegada en el proceso judicial representa el ineludible cumplimiento del deber, a cargo del Poder Judicial, de desentrañar la verdad para aplicar al caso la legislación vigente y cumplir el mandato constitucional de "afianzar la justicia", lo que determina la existencia de una carga general de contribución al logro de este objetivo.