marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, plazo, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: TEMPO, LUIS ALBERTO c/ LOZANO, MARIANO GABRIEL s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-11-20

Corresponde declarar que en estos autos se ha producido la caducidad de la instancia, toda vez que se encuentran cumplidos los requisitos objetivos que hacen viable la declaración de la perención, puesto que, luego de los últimos actos impulsorios del procedimiento presentes en estos actuados -los relativos a la presentación de la actora dando cumplimiento a parte de lo requerido por este Tribunal por proveído que tiene por interpuesta la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad y hace saber que el recurrente debe acompañar la nómina dispuesta en la Acordada de fecha 14.12.2005, Acta nro. 49, punto 8 y su correspondiente notificación- hasta el pedido de caducidad por parte de la citada en garantía, transcurrió el plazo previsto en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial; y al respecto, no puede tener andamiaje lo formulado por la actora en relación a que debe atenderse a la redacción original de este articulado -esto es, cuando el mismo contemplaba que el término de caducidad era de un año-, dado que la misma Ley 13615 -modificatoria del artículo 232 , entre otros-, dispone en su artículo 3 que se aplica tanto a aquellos procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia como a los iniciados con anterioridad, con las siguientes modalidades: para los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley el plazo comenzará a correr a partir de su entrada en vigencia; sin embargo, si el término fijado por la ley anterior finalizare antes que el nuevo que establece la presente ley, se mantiene el de la ley anterior. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 232; Ley 13615
Competencia criminal, lugar del hecho, juez previniente, hurto, correspondencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez, Carlos Alberto s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Cuando no resulta posible determinar con certeza el lugar donde ocurrió el desapoderamiento de la pieza postal, debe continuar con su pesquisa el juez que previno en la causa.
Despido, ley de contrato de trabajo, carga de la prueba, facultades del juez, horas extra
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Montiel Arani, Pascual  c/ Molinos Tarquini S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

Una de las codemandadas cuestiona el alcance que la Juez a quo otorgó a la presunción dispuesta en el art. 71 de la L.O. respecto de ciertos hechos ilícitos. Puntualiza que los efectos presuncionales previstos en el art. 71 de la L.O. no pueden ser aplicados a la jornada ni al salario denunciado en el escrito de inicio, ni tampoco para decretar la viabilidad de la indemnización regulada en el art. 10 de la ley 24.013, ni la condena solidaria impuesta conforme a las disposiciones del art. 31 de la L.C.T., puesto que dichos efectos solo se proyectan sobre hechos pertinentes y lícitos denunciados en la demanda, sin que quepa hacer distinciones que no está contempladas en el precepto, en la medida que no se trate de hechos absurdos, imposibles, inverosímiles o reñidos con las reglas de la lógica y de la experiencia y siempre que tales hechos se encuentren debidamente descriptos en la demanda y no así con referencia a hechos ilícitos no probados. La supuesta ilicitud que atribuye la actora apelante a diversos hechos que se tuvieron por acreditados en la sede de grado en virtud de la no desvirtuada presunción establecida en el art. 71 de la L.O. -salarios abonados fuera de registro, presupuesto fácticos de aplicación de la solidaridad contemplada en el art. 31 de la L.O., horas extra-, carece de toda habilidad para modificar lo resuelto, puesto que la presunción de comentario, produce la inversión de la carga de la prueba sobre todos los hechos expuestos en la demanda, sin que quepa hacer excepciones ni distinciones como las que postula la recurrente y que no están contempladas en el precepto, en la medida que no se trate de hechos absurdos, imposibles, inverosímiles o reñidos con a reglas de la lógica y de experiencia y siempre que tales hechos se encuentren debidamente descriptos en la demanda, conforme lo exige el inciso 4° del art. 65 de la L.O. En tales condiciones, los hechos denunciados en el escrito inicial, en orden al salario percibido por el actor, así como referidos a las demás cuestiones que la recurrente pretende controvertir en esta instancia, resultan alcanzados por los efectos previstos en el art. 71 de la L.O., habida cuenta que la presunción de certeza dispuesta en la citada norma legal alcanza a los elementos fácticos denunciados en la demanda -los que, en la especie, lucen verosímiles y debidamente articulados- y ello sin perjuicio del análisis de la procedencia de la pretensión desde una perspectiva jurídica, en ejercicio de facultades que le son propias a los magistrados.
Aportes y contribuciones previsionales, competencia federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUERO, ROMILDA NOEMI Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-11

Conforme al Convenio de Transferencia del Sistema de Jubilaciones a la Nación (según sus cláusulas Quinta y Sexta) ratificado por Ley Nro. 6081, la provincia se erige en agente de retención y se obliga a transferir a la Nación los aportes personales y las contribuciones patronales obligatorias del personal comprendido en el régimen del citado convenio, así como también de los recursos necesarios para financiar los ajustes que correspondan por recategorizaciones de cargos efectuados con carácter general y parcial; a afectar los impuestos que integran el régimen de Coparticipación Federal y facultar al Banco de la Nación Argentina a retener y pagar a la Dirección General Impositiva, con cargo a los recursos de Coparticipación Federal, las cantidades que sean necesarias para cancelar los importes derivados del devengamiento mensual de los aportes personales y contribuciones patronales que correspondan.

Por lo tanto, la demanda que tiene por objeto el el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados a los beneficiarios del sistema jubilatorio provincial transferido al orden nacional, al involucrarse patrimonio del Estado Nacional y estar comprometido un "interés nacional", la materia resulta extraña a la contenciosa administrativa local determinada en el artículo 1 de la Ley Nro. 2.297, correspondiendo su juzgamiento a la justicia federal.
Domicilio procesal, notificación, recurso de apelación (procesal), domicilio constituido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos c/ Tamaño Mario José y Otro s/ Daños y Perjuicios (Recurso de Queja interp.por el Dr. Sergio  Gustavo Avero )
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-10

En el supuesto previsto en el artículo 246 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es que el tribunal de Alzada tiene su asiento en distinta localidad a la del Juzgado apelado y, siendo así, tratándose de un recurso en relación,el recurrente debió constituir domicilio en la sede de aquél tribunal en oportunidad del artículo 243 del ritual. Ya sea por error o por omisión lo cierto es que no se constituyó domicilio en la sede del tribunal de alzada y como consecuencia de ello la parte quedó notificada por ministerio de la ley, sin que para ello sea necesario la confección de un informe o el dictado de providencia alguna toda vez que la norma no lo exige.

Habiendo operado la notificación de la sentencia de Cámara por ministerio de la ley y no estando cuestionado que por aplicación de la misma el recurso de inaplicabilidad de ley ha sido interpuesto extemporáneamente debe rechazarse el recurso de queja articulado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, sociedad conyugal, bienes gananciales, embargo, tercería de dominio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fisco Nacional (DGI) c/ Hays, Juan Tennyson s/ incidente de tercería de dominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la tercería de dominio con el objeto de obtener el levantamiento del embargo de un inmueble de la cónyuge del demandado en una ejecución fiscal, por considerar que las escrituras respectivas no contenían mención alguna acerca del origen de los fondos empleados en su adquisición y que la prueba producida no era convincente, por lo que juzgó que estaba comprendido en el ámbito de administración del marido y respondía por sus deudas, por aplicación de la segunda parte del art. 1276 del Código Civil.
Marcas, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AEROSOL FILLING S.A.C. c/ IMBROSCIANO HNOS. S.A.I.C.F. s/ CESE  DE  OPOSICION  AL  REGISTRO  DE  LA MARCA 'MARIA ESTUARDO'  PARA  DISTINGUIR 'VINOS' DE LA ANTIGUA CLASE 23  BASADA  EN  IDENTICA MARCA  REGISTRADA    EN   LA  CLASE 16,  TAMBIEN  DEL  ANTIGUO  NOMENCLADOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-03

Descartada la existencia de cualquiera de los supuestos de confusión que autoricen la protección excepcional del derecho del titular de la marca para oponerse a la inscripción de otra en una clase distinta de aquélla en la cual posee su registro, desconocido el carácter de marca "notoria" a la registrada y resuelto que la inscripción y explotación de la solicitada no importaría menoscabo alguno para la línea de productos que comercializa la oponente, no existe mérito para eximir a la vencida de las costas del juicio.

(S1,1884,030683)
Daño eventual, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SEIJO ALBERTO Y OTRA c/ SALINA ROBERTO Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

Todo perjuicio debe ser probado para que pueda ser admitido en justicia. Los daños hipotéticos, eventuales o posibles, más allá del concreto detrimento acreditado no son atendibles, ya que por dificultoso que fuere, quien pretende ser acreedor debe explicitar los elementos del crédito, sin los cuales nadie puede pretender reparaciones, resarcimientos, ni cobro (conf. C.N.Civ. Sala C, E.D.

78-268, fallo 30.749).
Libertad de expresión, deber de obrar con prudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Olmos, Sabina Nancy c/ Editorial Jornada S.A. s/ Cobro de Pesos - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-23

Debe protegerse la libertad de prensa e información mas siempre en sus justos límites, considerando las características del caso juzgado. En esta armonización no resulta desdeñable la obligación de obrar con prudencia que un editor de un medio de comunicación tiene como cualquier otro integrante de la comunidad. Que en definitiva no significa otra cosa que la vigencia permanente del principio admonitorio del art. 902 del C.Civil, sobre que cuando mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones leves
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

La interpretación de la Cámara dada en el caso, según la cual el art. 72, inc. 2 del CP se refiere al delito de lesiones leves (sean dolosas o culposas), y que por ello no corresponde incluir la figura agravada junto a aquellas que requieren la iniciativa de la víctima, despoja a esta del control de la acción, sin atender a la ponderación en favor del interés privado (intimidad de la víctima) que el legislador, en estos casos, vino a resolver por sobre el interés público (regla de oficialidad del art. 71 del CP). Probablemente, apuntando en gran medida a aquellas cuestiones que subyacen a los tipos penales que el art. 72 del CP recoge -ceñidas, muy especialmente, a la percepción y afectación subjetivas de la propia víctima en relación con el o los hechos que la involucran-. Aquí, la mayor sanción no indica mayor interés público, sino mayor afectación del bien tutelado. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Pago, constitución en mora, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

Técnicamente no hay mora hasta tanto no se efectivice la exigencia expresa y categórica del cumplimiento de la obligación, es decir, la interpelación a la deudora como lo dispone el art. 509, 2do. párrafo del Cód. Civil.
Sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suárez Raymunda M. s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El llamado de atención no constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha, las cuales se hallan comprendidas en el artículo 35 del Código Procesal y 74 de ley 5827. De allí, que la resolución apelada no es susceptible de ser revisada a través del recurso planteado, al no causar un gravamen que no pueda ser reparado con el dictado de la sentencia definitiva en los términos del artículo 242 inc. 3 del CPC (art.75 de la ley 5827).
Abandono de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ CRISTIAN c/ EMPRESA HOTELERA YAÑEZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-30

La empleadora ha agotado los recursos a su alcance para formular la intimación en cuestión, dado que ante la frustrada comunicación telegráfica, se acudió a los servicios de un escribano que da fe de que se constituye en el domicilio del trabajador, y le deja copia "en lugar visible" de la diligencia interesada, ante la evidencia de que nadie en la casa respondió a sus llamados. (ES VOTO EN MINORIA DEL DR. NARDIN).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Maglietti, Luis Adalberto y Gimenez Teresa s/ recurso de apelacion en autos: Ida Lilian Carbajal Zieseniss s/amparo por usurpacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-23

Es inadmisible el recurso extraordinario por arbitrariedad interpuesto en el marco de un Amparo por Usurpación -Arts 507 y ss del Código de Procedimiento Penal de Formosa-, cuyo rasgo característico es la tutela de alguno de los derechos que menciona el Art. 509 del mismo cuerpo legal pero siempre en el marco de la provisoriedad, pues no se dirige contra
Libertad de expresión, libertad de prensa, cuerpo médico forense
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

El car cter difamatorio de los términos del editorial cuestionado no superan el nivel de tolerancia que es dable esperar de un funcionario público que se desempeña en el Cuerpo Médico Forense cuando se lo critica en su esfera de actuación pública, m xime cuando los hechos tuvieron una amplia cobertura periodística en otros medios nacionales, por lo que la decisión que responsabilizó al diario constituye una restricción indebida a la libertad de expresión que desalienta el debate público de los temas de interés general y debe ser revocada (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Contratos administrativos, aplicación de la ley, impugnación del acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAROSSINI, ALCIBIADES GUMERSINDO Y OTROS c/ INSTITUTO  OBRA  SOCIAL  PARA  EL  PERSONAL  DE  LOS MINISTERIOS  DE BIENESTARSOCIAL DE LA NACIÓN Y TRABAJO Y SEGURIDAD. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-04

El artículo 25 de la ley 19.549 No juega respecto de los contratos administrativos, los que, según el artículo 7 de la ley citada, son regidos por las respectivas leyes especiales sin perjuicio de la aplicación, por analogía y en cuanto fuere procedente, de las normas del título iii de aquélla.-
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, omisión de considerar cuestión propuesta, cláusula penal, jueces, intereses, modificación de la tasa de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: IMBRE S.R.L. c/ DATTILO, ZULMA ELENA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA DE ESCRITURACION-DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 240 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20

Cabe tachar de arbitrario el fallo que desechó los agravios concernientes al exagerado monto impuesto a raíz de la cláusula penal acordada por considerar que los mismos eran tardíos al haber negado en primera instancia su aplicación por entender que su parte no estaba en mora.

Ello por cuanto no puede soslayarse que al expresar agravios argumentó que esta cuestión la agraviaba por la desproporción del monto en relación al pretendido incumplimiento culpable (la penalidad se fijó en el 0,066% diario del valor acordado del inmueble, lo que se traducía en una penalidad de casi el 60% del valor del departamento, por lo que correspondía su reducción aún de oficio), agravios que fueron contestados por la parte actora.

En tales condiciones, y sin desconocer que originariamente se había resistido la pretensión actoral con el exclusivo argumento de que su parte no estaba en mora, no es menos cierto que este concreto punto merecía por su naturaleza un tratamiento distinto del que le confirió la Alzada, y que sostener -como lo hizo el Tribunal a quo- que tal planteo no formaba parte de las cuestiones sometidas a su consideración, además de resultar ritualista), importó renunciar al deber impuesto a los jueces de controlar -incluso de oficio, art. 656, 2 párrafo, del Código Civil- que el resultado de la aplicación de lo oportunamente pactado por las partes no sea contrario a la moral y las buenas costumbres, sin otro fundamento que una interpretación excesivamente ritual de las normas en juego, por lo que corresponde anular el pronunciamiento con ese alcance a fin de que el Tribunal que corresponda se expida sobre el tema sin que ello implique emitir opinión sobre el carácter abusivo o no de lo pactado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, juicio, thema decidendum, indemnización por incapacidad, accidentes de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: RIVAS, HORACIO ARMANDO c/ SERVICIOS VIALES S.A. Y/O Q.R.J.R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCIDENTE LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 268 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

Aun si se considerara que la cuestión constitucional fue oportunamente introducida por configurarse en el "sub lite" un supuesto de arbitrariedad sorpresiva que habilita su planteo recién al deducir el recurso de inconstitucionalidad, de todos modos la queja no puede prosperar desde que los planteos tendentes a impugnar violación de derechos de raigambre constitucional y arbitrariedad a l Judicante, en realidad giran en torno a la disconformidad de la recurrente con el criterio con que la Sala -en ejercicio de funciones propias- analizó la situación fáctica de la litis, conforme la traducían las constancias de autos, y con el que valoró las pruebas y, en función de unas y otras interpretó y aplicó las normas de derecho común pertinentes, ámbito que, como regla resulta ajeno a esta instancia extraordinaria. En efecto, pese a que la accionada afirma que se ha vulnerado su derecho de defensa al haberse alterado los términos en que había quedado trabada la litis y se había desenvuelto el procedimiento, no se advierte que dicho derecho haya resultado conculcado. Ello así por cuanto, más allá de cuál fue la fecha del suceso, la demandada supo concretamente y desde el inicio del pleito, cuál era el hecho generador de la incapacidad que invocaba el actor y su mecánica; y de tal suerte, pudo resistir la pretensión, organizar su actividad probatoria y alegar sobre el mérito de los elementos de confirmación aportados, arguyendo en todo momento que el único accidente que había sufrido el actor había sido la picadura de una avispa, de lo cual se desprende que rechazaba la posibilidad de que hubiera sufrido otro infortunio en cualquier otro momento de la relación, y en torno a ello giraron las probanzas y discurrió su argumentación. De tal manera, el debate procesal se desarrolló dentro de los márgenes legales prestablecidos sin que la accionada demuestre que se ha vulnerado alguna garantía constitucional.
Robo con armas, arma propia, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: ESTRATTI, JUAN. s/ ROBO. ARMA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-04

Corresponde rechazar el planteo de la defensa basado en que al no haberse acreditado que el arma haya sido apta para el disparo, debe modificarse la calificación de robo con armas por no ser de aplicación el plenario "Sciosia" que sólo contempla el uso de arma descargada apta para el disparo; ya que dicha doctrina no se opone a considerar el uso de toda arma para agravar el robo, no solo porque el Plenario no se refiere al punto, sino porque la norma penal no hace distingo sobre las condiciones que debe revestir el objeto que gramaticalmente sea denominado arma.

Por otra parte en autos no se expresó que el arma en cuestión no fuera útil o apta para el disparo, ni se objetó el informe del técnico armero que se expidió bajo juramento.