marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, acervo sucesorio, honorarios, perjuicio económico, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. G., M. I. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

En referencia al enorme perjuicio patrimonial que el pronunciamiento genera al acervo hereditario y los elevadísimos honorarios, la Cámara en su denegatoria abundó en que el interés superior de la menor heredera no fue desatendido por el pronunciamiento, recordando lo expresado en cuanto a que la nulidad pretendida no resultaba el medio adecuado para su salvaguarda, sino consolidando los actos procesales estrictamente tendientes al cometido de la inscripción del acervo a nombre de la menor, trámite que, habiendo quedado firme la jurisdicción local y no discutido el último domicilio del causante en el proceso principal -tema también analizado-, en cualquier circunstancia, hubiera devengado importantes gastos causídicos -dado el patrimonio en juego-, y que, aún prosperando la pretensión de la actora, inexorablemente debían haberse diligenciado por profesionales del derecho, rigiendo para el caso las mismas normas arancelarias que las invocadas para establecer el perjuicio invocado. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Socios, teoría de la penetración
Materia: LABORAL
Carátula: Tolosa, Arturo c/ Carlos Aníbal Staffolani, Fernando Osvaldo Staffolani y/o quien resulte responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-30

La teoría de la penetración de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil, en el fuero no puede efectuarse en forma indiscriminado, por cuanto nos llevaría a prescindir o mejor dicho a desestimar la estructura formal de la sociedad en supuesto improcedente, con grave daño para la seguridad en las relaciones jurídicas, toda vez que si bien es cierto, es bueno sacarle la máscara a la persona jurídica, para ver que hay detrás, en tanto se haya abusado de sus atributos en perjuicio del trabajador, no es menos cierto que no puede en manera alguna caerse en el extremo contrario al que se pretende corregir, si tal como acontece en la especie el actor no invoca razón que autorice este singular procedimiento.
Remuneración en especie, uso de automotor de la empresa
Materia: LABORAL
Carátula: PAGNOTTA, FRANCISCO s/ QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

La asignación de un automóvil de propiedad de la empresa para el uso personal, exclusivo y permanente del dependiente, constituye para éste una retribución en especie (en los términos del art. 105 LCT) ya que le evita erogaciones que, en caso contrario, debería haber realizado.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, falta del expediente en letra, impulso de parte, solicitud de búsqueda
Materia: PROCESAL
Carátula: Canto Julio Alberto y otro c/ E.M.G.A. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

La declaración de oficio de caducidad de la instancia resulta improcedente, a poco que se repare que con anterioridad a su dictado la actora había solicitado la búsqueda de las actuaciones por no encontrarse en el casillero correspondiente, no obstante haber sido pedidas en reiteradas oportunidades, y estas presentaciones -de evidente carácter impulsorio-, fueron agregadas a la causa con posterioridad al dictado de aquélla y proveídas haciendo remisión a lo ya decidido.
Competencia federal, cuestiones de competencia, competencia por el territorio, delito a distancia, documentos de identidad, pasaporte
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FIRMENICH, MARIO EDUARDO VACA NARVAJA, FERNANDO LUIS s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

La adulteración de documento de identidad y pasaportes argentinos cometida en el exterior, es un delito cuyos efectos deben entenderse producidos en la Nación, al lesionar la fe pública.

Los delitos a distancia cuyo evento se produce en nuestro país, aunque la acción o parte de ella tuvo lugar en el extranjero, son delitos cometidos en nuestro territorio, no siendo necesario para solucionar esta hipótesis recurrir a la palabra "efectos" empleada en el inciso 1 del Código Penal. La expresión "cuyos efectos deben producirse" abarca los delitos de peligro cometidos en el extranjero que crean un estado de inseguridad para bienes o intereses amparados por nuestro ordenamiento Jurídico. No puede estimarse afectada la soberanía del Estado en favor de cuyos tribunales declaró su incompetencia.

Ello se verifica especialmente si se tiene en cuenta que la autoridad extranjera, al tomar conocimiento de la adulteración de los documentos con los cuales se pretendió ingresar en su territorio, lejos de iniciar acciones judiciales y retener a sus presuntos autores, se limitó a prohibirles la entrada al país.

Si en aquel momento no se consideró violada su ley, es de entender que no se verá ahora afectada su soberanía por la decisión de esta Cámara. Aunque así no fuera, obvio resulta que la vocación de aplicabilidad de una ley extranjera, demostrando que también la tiene la Argentina, en nada afecta a que, para los jueces de la Nación sea ésta la que prive. Establecida así la inclusión del caso dentro del art. 1 del C.P , la jurisdicción de este fuero para conocer de él resulta de los arts. 25, inc. 2 y 24 inc. 3 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Matrimonio, disolución del matrimonio, divorcio, Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

Los fracasos matrimoniales ocurridos constituyen un hecho social que debe enfrentarse cuidando que las soluciones jurídicas que se establezcan encaren el problema en el marco que el sistema de las libertades de nuestra Constitución impone al legislador y el control de esta condición es la función que nuestra Constitución pone a cargo de la Corte Suprema que no puede renunciar a la gravísima responsabilidad de señalar aquellas normas legales que impliquen un riesgo para ese sistema de libertades y que por consiguiente podrían retrotraer las condiciones de convivencia de los argentinos a etapas que con gran esfuerzo nuestra sociedad trata de transformar en definitivamente desterradas.
Cosa juzgada, conciliación laboral, asegurador por riesgos del trabajo, deducción de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Miguel c/ Belgrano Cargas SA s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-30

El trabajador, en el marco de una acción de amparo, arribó a un acuerdo con la ART por el cual percibió lo que le correspondía conforme las normas de la ley 24557. A posteriori inició una demanda contra su empleadora persiguiendo la indemnización derivada del derecho civil y ésta citó como tercero a la ART. No corresponde la condena solidaria a la ART teniendo en cuenta el acuerdo al que arribó oportunamente con el actor y porque tampoco éste efectuó ningún planteo ni solicitó una revisión de lo resuelto con autoridad de cosa juzgada, debiéndose descontar lo percibido por el trabajador en el mencionado acuerdo.
Sentencia, revocación de sentencia, astreintes
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Casas, Rubén c/ ANSeS s/ restitución de beneficio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

Corresponde revocar la sentencia que fijó astreintes para el caso de incumplimiento de la demandada, pues resultan procedentes los agravios relativos al carácter conjetural y dogmático de las consideraciones efectuadas por el a quo para apartarse del art. 23 de la ley 24.463, ya que no se basan en la existencia de un perjuicio concreto y actual sino que presuponen una actitud renuente en acatar el fallo y la imposibilidad de hacerlo efectivo, sin ponderar debidamente la existencia de otros medios procesales tendientes al cumplimiento de la obligación debida.
Responsabilidad civil, mala praxis, obras sociales, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: AVENDAÑO DORA ESTELA c/ SANATORIO MITRE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-13

Debe hacerse hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios por mala praxis médica promovida por una paciente contra la obra social, debido a la existencia de negligencia médica en la emisión del diagnóstico y las prácticas profesionales llevadas a cabo como consecuencia de la aparición de un supuesto "nódulo tiroideo" que culminó con una intervención quirúrgica innecesaria y el diagnóstico tardío del cuadro de Hiperparatiroidismo Primario que aquélla padecía, toda vez que existió negligencia del galeno en la atención dispensada a la actora, lo que hace nacer el deber de reparar de la obra social que puso al servicio de la paciente al profesional que, con su actuar, generó un daño injusto e indebido.
Estafa, compraventa inmobiliaria, créditos hipotecarios para la vivienda
Materia: PENAL
Carátula: DERCHI, Pablo s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-07

1) No obstante los métodos y recursos empleados por el encausado para obtener las sumas de dinero que le permitieron concluir la obra y la entrega de las unidades a sus adquirentes, fueran riesgosas y distasen en mucho de los pasos a los que hubiera estado obligado para la actuación estrictamente ajustada a derecho, su conducta es atípica por cuanto el obrar de aquél estuvo encaminado a evitar un mayor perjuicio a los compradores frente a una situación inicialmente imprevisible al desatarse una inflación sin precedentes en la historia nacional. Por otra parte cada uno de los adquirentes obtuvo la unidad comprada y para ello el acusado aplicó los dineros obtenidos en los préstamos hipotecarios íntegramente a la concreción de la obra.

2) Cuando desde el punto de vista del autor existe voluntad de salvar el bien jurídico en una situación de necesidad, no existe dolo si emprende una acción en tal sentido, es decir que el dolo queda excluido en los casos en que el obrar está informado de la "voluntad de salvación" del bien jurídico.
Trabajadores de la construcción, empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Plácido y otro c/ Albornóz, Eduardo y otro s/ Cobro de salarios, horas extras, etc. Gianini, Lilia c/ Farías, Francisco Tomás y otros s/ Cobro de indemnizaciones, etc Rojas, José y otro c/ Contreras, Gerardo y otros s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29|1988-09-27|1989-04-04

Según el art. 32 de la ley 22.250 el propietario de la obra responde solidariamente con el empleador cuando se desempeña como constructor de obra, contratando a tal fin a contratistas y subcontratistas, sin solicitar constancia de la inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción a tales personas, no siendo requisito legal que se dedique a la construcción como actividad habitual y lucrativa.
Instrucción, paralización del expediente, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: SR. FISCAL STORNELLI s/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO. Causa 11.4111
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-28

No parece disputable la pertinencia de que, ante tal imprevisión, los jueces instructores detengan la pesquisa cuando, a su juicio se ha diligenciado la prueba idónea y conducente con resultado que no permita superar la incertidumbre acerca de la existencia del hecho o la individualización de sus autores. Pero esa decisión -sea que se la instrumente mediante auto de archivo o reserva de la causa, sea que se objetive de hecho por la paralización del sumario- puede causar agravios a las partes acusadoras oficial o particular en el supuesto de que el juez dejase de proveer lo adecuado para la probatura de aquellos extremos, o rechazase sin fundamento las diligencias pertinentes o útiles que esas partes hubiesen propuesto de conformidad con la facultad que les acuerda el art. 199 del C.P.P.N.

Entonces, en uno y otro caso aparece como razonable el control mediante el recurso de apelación del auto respectivo.
Tarjeta de crédito, Derecho bancario, comerciante adherido, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALCISCO SA c/ TARSHOP SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

La importancia de la tarjeta de crédito se explica por la función que desempeña en el sistema económico. Por medio de su uso, los titulares de tarjetas pueden adquirir bienes y servicios aplazando su pago; los establecimientos adheridos comercializan los bienes ofertados sin asumir el riesgo de la financiación; y la entidad emisora creadora del sistema obtiene ganancias por los pagos de los establecimientos adheridos y los titulares de tarjetas, así como también por los intereses que cobra a estos últimos. El desarrollo de la contratación a distancia y en especial de la celebrada en forma electrónica ha dado una nueva dinámica a la tarjeta de crédito, pues ella se presenta como el instrumento de pago que mejor se adecua a ese tipo de operación económica (Mariño López, A, Responsabilidad contractual en el sistema de tarjetas de crédito, RCyS 2007, 1285).
Pagaré, asociaciones civiles, poder especial, avalista, mandato, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUSSI JORGE c/ MERLINI HECTOR Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-10-12

Como el libramiento de una letra de cambio implica un acto de disposición, se exige un poder especial, que no es más que aplicar el régimen cambiario, un principio de derecho común. El mandato puede ser expreso o implícito, por cuanto "especial" no significa "expreso", distinguiendo el art. 9 si se trata de persona física o jurídicas civiles (1ra. parte) o comerciales (2da. parte). En el primer supuesto, quien invoca un mandato tácito especial, debe probarlo, valiéndose de todos los medios de prueba y sin la limitación para la prueba testimonial, desde que estará destinada a acreditar simples hechos. Para que exista mandato tácito es menester que se acrediten hechos positivos del presunto mandatario o inacción computable, tolerancia de los presuntos mandatarios, al tener conocimiento de las gestiones que habrían sido hechas en su momento en su nombre o dicho de otro modo, cuando el dueño del negocio pudiendo impedir lo que otro está haciendo por él, guarda silencio.

La demostración debe ser concluyente. Encontrándose acreditado el poder especial para obligarse cambiariamente, cuando el gerente y tesorero de la institución, firmaron los pagarés utilizando el sello auténtico de la mutual, y ésta, tenía una cuenta corriente en la banca provincial, donde los mencionados firmantes eran las personas autorizadas como representantes de la misma firmando cheques, sumado a que no se ha demostrado que ninguna de ellas haya sido relevada del cargo de gerente y tesorero que ostentaban, ni tampoco que el supuesto exceso haya sido inusuales o excesivos en el giro ordinario de la asociación.

La representación cambiaria está referida en los arts. 8 y 9 del decreto ley 5965/63, en donde los principios civiles en materia de mandato pueden ser de aplicación supletoria a la representación cambiaria, siempre y cuando las disposiciones específicas del citado decreto no signifiquen una derogación expresa de las normas generales.La ausencia o carencia de facultades del firmante para obligar a la sociedad corre por cuenta del excepcionante y no del actor. Siendo el actor portador tercero de buena fe y no incurriendo en culpa grave al adquirir la letra sólo estaba obligado a comprobar la regularidad formal del título; ni el origen de las obligaciones de la letra ni la autenticidad de las firmas debía él indagar.-
Honorarios, ejecución hipotecaria, gastos del proceso, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz Lilián Cristina c/ Fabricius, Ana Beatriz s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-23

El Alto Tribunal luego de declarar que en una ejecución individual, gozan del privilegio de los gastos de justicia -en los términos de los arts.3879, inc.1 y 3900 del Código Civil- sobre el crédito del acreedor hipotecario, exclusivamente aquellos encaminados a la subasta del bien, reputó que revestían tal calidad también los rubros gastos no documentados y oficio al Registro de la propiedad, a lo que cabe agregar los honorarios del profesional devengados exclusivamente a partir de la sentencia de trance y remate en razón de haber sido necesarios para obtener la subasta en cuestión. En virtud de todo lo expresado cabe excluir los honorarios regulados en la sentencia de remate (reajustados, como asimismo el impuesto de justicia y diligencia). Concretamente, sólo cabe retener los gastos de diligencia de oficios, los gastos no documentados establecidos y los honorarios aludidos allí regulados.
Costas, costas en el orden causado, Estado Nacional, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Misiones, Prov. de c/ Estado  Nacional  (M  de  Economía  -  Sec.  de  Estado  de Hacienda) s/ coparticipación    federal   de  impuestos  (ley  20.793,  art.  3x).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Procede aplicar el art. 68, párrafo segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los juicios seguidos entre Estados provinciales y la Nación, en el sentido de que en tales casos corresponde imponer las costas en el orden causado (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Subrogancia del juez, remuneración del juez, gratificaciones, igual remuneración por igual tarea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galeano, Juan José c/ EN - CSJN - Consejo de la Magistratura - dto. 5046/51 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-17

No se menoscaba el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea por el hecho de que un juez, además de atender las tareas propias a su cargo, deba desempeñar las atinentes al cargo que subroga y percibir por ello exclusivamente la gratificación prevista en el decreto 5046/51 (hoy establecida en la ley 26.376, art. 4°) porque tanto la carga de reemplazar a otro juez como la gratificación prevista en el decreto rige para todos los jueces de la Nación desde el momento en que asumen sus funciones y dicha gratificación constituye una retribución suplementaria de la compensación prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional, es de carácter contingente y de duración limitada pues cesa al finalizar la subrogación, y todos los jueces se hallan en igualdad de circunstancias para afrontar la carga que ello supone.
Recusación, subrogancia del juez, desestimación de la recusación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MORALES, Andrea. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

Los institutos de la inhibición y recusación tienden a asegurar la imparcialidad del juez que conoce del proceso, inclusive entendido en el amplio sentido de titular, reemplazante, subrogante, y de cualquier grado o instancia (*).

Por ello, no obstante el juez recusado registre la condición de subrogante, si el recusante invocó motivos que no se vinculan con el tópico de la imparcialidad ni configuran ninguna de las causales previstas en el art. 55 del C.P.P.N., debe rechazarse la recusación formulada por la defensa de la imputada.
Indemnización, intereses
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: HEINZ CARLOS JOSE s/ DAÑO MORAL - ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-27

Los intereses correspondientes a la indemnización no son una consecuencia directa del hecho ilícito sino de la falta de reparación oportuna del daño, que son debidos no por razón del hecho generador de la responsabilidad sino por el retardo en el pago de la indemnización: se persigue resarcir el daño moratorio.

El deber de indemnizar nace con el daño ocasionado al vehículo y en ese instante se produce la mora del deudor, con el consiguiente inicio del curso de los intereses.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: ARABIA DE BRIZ, LILIANA c/ SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA (S.P.E.P.) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-13

El artículo 14 de la Ley Nº 6.296 prevé la competencia del Superior Tribunal de Justicia como órgano de apelación. Recepta así la norma de la garantía de la doble instancia. En tal sentido, es indudable que la voluntad de la ley es preservar a dicho Tribunal como el Juez de Alzada que ejercite el contralor que subyace en esa garantía de la doble instancia, que se estatuye no sólo en garantía y a favor del amparista, sino de aquel respecto de cuyos actos u omisiones se dedujo el amparo, quien podrá llegar a verse privado de dicho beneficio, con menoscabo a la garantía constitucional de la defensa en juicio y debido proceso legal. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, acción civil, indemnización, valor vida, pretensión resarcitoria, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: P, J. R. s/ Homicidio culposo y lesiones culposas multiples en concurso ideal.   Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ   Nº 799-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-11

Cabe rechazar por inadmisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad planteada por el impugnante cuando ésta se basa en la contradicción en que habría incurrido la Cámara a-quo al afirmar, por un lado, que no mensuraba la reparación del "valor vida" y, por otro, atribuirles a los hijos de la occisa una indemnización por el incremento patrimonial hipotético que su madre habría dejado de generar por su muerte anticipada, puesto que no se configura el referido vicio ya que, al analizar las circunstancias particulares del caso, entre las que se encontraba el nivel de ingresos de la víctima al momento del fallecimiento y la proyección de los mismos hacia el futuro, el a quo expresó que no tasaba el "valor vida" sino "lo que pudo obtenerse con la misma, atendiendo al concepto de la reparación integral".
Prisión preventiva, prórroga del plazo, revisión judicial, recurso extraordinario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Catoira, Héctor Hugo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Cuando la prisión preventiva reconoce sustento en las prórrogas autorizadas por la ley 24.390, su procedencia es controlable por esta Cámara en la revisión automática y obligatoria que establece el art. 1 de dicha ley; y la decisión del Tribunal sólo resulta impugnable, eventualmente, por la vía del art. 14 de la ley 48, sin que resulte adecuado el cuestionamiento del mismo tema mediante la solicitud de excarcelación, salvo que esta última se sustentara en causales distintas a las previstas en la ley que limita el encarcelamiento preventivo y que éstas prestasen apoyatura autónoma al pedido.
Cosa riesgosa, motocicleta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castellanos, Gustavo E. c/ Santillan, Marcial J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-13

La motocicleta es una cosa creadora de riesgo, pues el hecho de que la motocicleta tenga menos masa o entidad física que otros automóviles no es oponible, porque la peligrosidad indicada no se desvanece ante ello.