Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-03-11


Mendoza, marzo 11 de 2004.

1º ¿Son procedentes los recursos interpuestos? 2º En su caso, qué solución corresponde? 3º Pronunciamiento sobre costas.

1º cuestión. - El doctor Böhm dijo:

I. Recurso de casación interpuesto por W.O.G. y C.E.S. en autos 155.957/1935, Basan la censura en el art. 474 inc. 2 de la ley de forma (ley 6730. t.o ley 7007). Alegan inobservancia de los arts. 120, 436 inc. 3 del Cód. Procesal Penal (ley 1908).

Sostienen que falta la motivación de la resolución atacada, por resultar ilógica y contradictoria. En tal sentido, afirman que no se cumplió con el emplazamiento de fs. 412, desconociendo que el juez de instrucción le da validez al art. 29 del Cód. Procesal Penal, y ratifica la actuación del letrado.

Efectúan un pormenorizado análisis de las constancias de autos, y en tal sentido expresan que "a fs. 412 rola un decreto firmado por el titular del primer juzgado de instrucción que dice previo, acredite personería invocada conforme art. 29 Cód. Procesal Civil y se proveerá". A fs. 413 los hoy recurrentes suscriben un escrito que ratifica en todas sus partes lo actuado en su nombre por su letrado patrocinante. Dicho escrito fue recibido por el tribunal en fecha 22 de mayo de 2003, es decir, dentro del término que prescribe el art. 29 del Cód. Procesal Civil. A fs. 414 el titular del primer juzgado de instrucción concede el recurso de apelación interpuesto por los querellantes particulares en contra de la resolución de fs. 407 y ordena elevar las presentes actuaciones al Superior que por turno corresponda".

Manifiesta que así surge la contradicción del auto atacado, desde que "el que impulsa el procedimiento es el juez de instrucción, quién le da validez al art. 29 y al ratifica de la querellante y que como consecuencia de ello considera que el letrado ha cumplido con el emplazamiento para acreditar personería" Ataca igualmente la resolución en el entendimiento que la cámara le atribuye la omisión de ratificar la presentación ante el juez de instrucción y según las constancias de autos, ello ha sido cumplido el día 22 de mayo del corriente año.

Finalmente cuestiona el criterio del tribunal en cuánto a la inaplicabilidad del art. 29 del Cód. Procesal Civil, en el procedimiento penal y por tener por desistido la apelación.

Formula reserva de Caso Federal.

II. Recurso de casación interpuesto por N.S. y R.C.T., en los autos 155.958/1936.

Basan la censura en el art. 474 inc. 2 de la ley de forma (ley 6730. t.o ley 7007). Alegan inobservancia de los arts. 120, 436 inc. 3l del Cód. Procesal Penal (ley 1908).

Sostienen que falta la motivación de la resolución atacada, por resultar ilógica y contradictoria.

En tal sentido, afirman que no se cumplió con el emplazamiento de fs. 477, desconociendo la cámara que el juez de instrucción le da validez al art. 29 del Cód. Procesal Civil, y ratifica la actuación del letrado.

Efectúan un pormenorizado análisis de las constancias de autos, y en tal sentido expresan que "a fs. 501 rola un decreto firmado por el titular del primer juzgado de instrucción que dice "previo, acredite personería invocada conforme art. 29 Cód. Procesal Civil y se proveerá". A fs. 502 los hoy recurrentes suscriben un escrito que ratifica en todas sus partes lo actuado en su nombre por su letrado patrocinante. Dicho escrito fue recibido por el tribunal en fecha 22 de mayo de 2003, es decir, dentro del término que prescribe el art. 29 del Cód. Procesal Civil. A fs. 503 el titular del primer juzgado de instrucción concede el recurso de apelación interpuesto por los querellantes particulares en contra de la resolución de fs. 494 y ordena elevar las presentes actuaciones al Superior que por turno corresponda".

Manifiesta que así surge la contradicción del auto atacado, desde que "el que impulsa el procedimiento es el juez de instrucción, quién le da validez al art. 29 y al ratifica de la querellante y que como consecuencia de ello considera que el letrado ha cumplido con el emplazamiento para acreditar personería".

Atacan igualmente la resolución en el entendimiento que la cámara le atribuye la omisión de ratificar la presentación ante el juez de instrucción y según las constancias de autos, ello ha sido cumplido el día 22 de mayo del corriente año. Hacen referencia asimismo a la fundamentación errónea y por ello alegan falta de motivación "por cuánto los exponentes ratificaron dentro del término de los diez días hábiles que exige el art. 29 del Cód. Procesal Civil, lo actuado por su letrado patrocinante".

Finalmente cuestiona el criterio del tribunal en cuánto a la inaplicabilidad del art. 29 del Cód. Procesal Civil, en el procedimiento penal y por tener por desistido la apelación.

Formulan reserva de Caso Federal.

III. Recurso de casación interpuesto por M.C.L. en los autos 155.956/1934.

Basan la censura en el art. 474 inc. 2 de la ley de forma (ley 6730. t.o ley 7007). Alegan inobservancia de los arts. 120, 436 inc. 3 del Cód. Procesal Penal (ley 1908).

Sostienen que falta la motivación de la resolución atacada, por resultar ilógica y contradictoria.

En tal sentido, afirman que no se cumplió con el emplazamiento de fs. 477, desconociendo la cámara que el juez de instrucción le da validez al art. 29 del Cód. Procesal Penal, y ratifica la actuación del letrado.

Efectúan un pormenorizado análisis de las constancias de autos, y en tal sentido expresan que "a fs. 477 rola un decreto firmado por el titular del primer juzgado de instrucción que dice "previo, acredite personería invocada conforme art. 29 Cód. Procesal Civil y se proveerá". A fs. 478 los hoy recurrentes suscriben un escrito que ratifica en todas sus partes lo actuado en su nombre por su letrado patrocinante. Dicho escrito fue recibido por el tribunal en fecha 22 de mayo de 2003, es decir, dentro del término que prescribe el art. 29 del Cód. Procesal Civil. A fs. 479 el titular del primer juzgado de instrucción concede el recurso de apelación interpuesto por los querellantes particulares en contra de la resolución de fs. 470 y ordena elevar las presentes actuaciones al Superior que por turno corresponda".

Manifiesta que así surge la contradicción del auto atacado, desde que "el que impulsa el procedimiento es el juez de instrucción, quién le da validez al art. 29 y al ratifica de la querellante y que como consecuencia de ello considera que el letrado ha cumplido con el emplazamiento para acreditar personería".

Atacan igualmente la resolución en el entendimiento que la cámara le atribuye la omisión de ratificar la presentación ante el juez de instrucción y según las constancias de autos, ello ha sido cumplido el día 22 de mayo del corriente año. Hacen referencia asimismo a la fundamentación errónea y por ello alegan falta de motivación " por cuánto los exponentes ratificaron dentro del término de los diez días hábiles que exige el art. 29 del Cód. Procesal Civil, lo actuado por su letrado patrocinante".

Finalmente cuestiona el criterio del tribunal en cuánto a la inaplicabilidad del art. 29 del Cód. Procesal Civil, en el procedimiento penal y por tener por desistido la apelación.

Formulan reserva de Caso Federal.

IV. Recurso de casación interpuesto por L.L.S., en los autos 157.579/1937.

Basan la censura en el art. 474 inc. 2 de la ley de forma (ley 6730. t.o ley 7007). Alegan inobservancia de los arts. 120, 436 inc. 3 del Cód. Procesal Penal (ley 1908).

Sostienen que falta la motivación de la resolución atacada, por resultar ilógica y contradictoria.

En tal sentido, afirman que no se cumplió con el emplazamiento de fs. 412, desconociendo la cámara que el juez de instrucción le da validez al art. 29 del Cód. Procesal Civil, y ratifica la actuación del letrado.

Efectúan un pormenorizado análisis de las constancias de autos, y en tal sentido expresan que "a fs. 412 rola un decreto firmado por el titular del primer juzgado de instrucción que dice previo, acredite personería invocada conforme art. 29 Cód. Procesal Civil y se proveerá". A fs. 413 los hoy recurrentes suscriben un escrito que ratifica en todas sus partes lo actuado en su nombre por su letrado patrocinante. Dicho escrito fue recibido por el tribunal en fecha 22 de mayo de 2003, es decir, dentro del término que prescribe el art. 29 del Cód. Procesal Civil. A fs. 414 el titular del primer juzgado de instrucción concede el recurso de apelación interpuesto por los querellantes particulares en contra de la resolución de fs 405.y ordena elevar las presentes actuaciones al Superior que por turno corresponda".

Manifiesta que así surge la contradicción del auto atacado, desde que "el que impulsa el procedimiento es el juez de instrucción, quien le da validez al art. 29 y al ratifica de la querellante y que como consecuencia de ello considera que el letrado ha cumplido con el emplazamiento para acreditar personería".

Atacan igualmente la resolución en el entendimiento que la cámara le atribuye la omisión de ratificar la presentación ante el juez de instrucción y según las constancias de autos, ello ha sido cumplido el día 22 de mayo del corriente año. Hacen referencia asimismo a la fundamentación errónea y por ello alegan falta de motivación " por cuánto los exponentes ratificaron dentro del término de los diez días hábiles que exige el art. 29 del Cód. Procesal Civil, lo actuado por su letrado patrocinante".

Finalmente cuestiona el criterio del tribunal en cuánto a la inaplicabilidad del art. 29 del Cód. Procesal Civil, en el procedimiento penal y por tener por desistido la apelación.

Formula reserva de Caso Federal.

V. Dictamen del procurador general de la Suprema Corte A fs. 444/446 y vta. de los autos 155.957/1935, fs. 533/ 535 y vta. de los autos 155.958/1936; fs. 510/512 vta. de los autos 155.956/1934, fs. 461/463 vta. de los autos 157.579/1937, corre agregado el dictamen del procurador general de la Suprema Corte, quién se expide por la admisión formal del recurso impetrado, no obstante que la resolución recurrida no reúne los presupuestos del art. 475 de la ley de forma, sino por que se está frente a una resolución equiparable a sentencia definitiva, por ello sostiene que "ante el presupuesto se habilita, como excepción, la equiparación de la resolución recurrida a sentencia definitiva, pues..." su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior".

Con relación al fondo de la cuestión propuesta, manifiesta que corresponde hacer lugar al recurso impetrado, en consecuencia debe declararse la nulidad de la resolución de fs. 428 y vta., y reenviar el expediente. Ello es así, desde que "arriba a una conclusión contraria a lo afirmado por la cámara cuestionada, en tanto las ratificaciones efectuadas en plazo por el querellante particular han convalidado lo actuado por el profesional que invoca la personería, lo que permite afirmar que L.S. ha concurrido en tiempo y forma, a través de su mandante, a informar el recurso oportunamente interpuesto, apareciendo entonces procesalmente infundada la resolución atacada".

VI. Solución a los recursos de casación interpuestos por los querellantes particulares en los autos 155.957/1935/; 155.958/1936; 155.956/1934; 157.579/1937 Previo a ingresar al análisis de los recursos, corresponde advertir que en razón de la identidad de las cuestiones planteadas por los querellantes particulares N.S., R.T., L.L.S., M.L., W.O.G. y C.E.S., deducidos a fs. 521/542 de los autos 155.958; a fs. 443/446 de los autos 157.579; a fs. 497/506 y vta. de los autos 155.956 y a fs. 430/433 y vta de los autos 155.957 respectivamente, es que abordaré las quejas de modo conjunto, por ser igualmente idéntica la solución que corresponde a los planteos recursivos aducidos.

Efectuada esta aclaración, surge de la lectura de las impugnaciones que corresponde rechazar las mismas, basándose en las siguientes consideraciones.

1. Más allá de la vaguedad en las expresiones del a-quo en relación a la aplicación del Código Procesal Civil, los resolutivos atacados se basan esencialmente en los siguientes considerandos "debe señalarse que las normas que rigen la actuación del querellante en los procesos penales expresamente exigen la actuación personal o por representante con poder general o especial. En tal sentido las previsiones del art. 103 de la ley 6730 (t.o. ley 7007) no dejan lugar a dudas".

Al respecto, soy de la opinión que cuando las normas instrumentales penales, regulan expresamente la materia específica, sin efectuar remisiones al código procesal civil -como es el caso "sub examen"- no resultan de aplicación las normas adjetivas del proceso civil. Ello es así, pues tanto los fines como los principios que inspiran al proceso penal, son esencialmente diversos al de aquél.

En efecto Clariá Olmedo ha sostenido que "el proceso penal resulta un fenómeno de la vida humana en su regulación jurídica, complejo y temporalmente proyectado por causa de la imputación de un hecho punible [...] se desarrolla en un elemento objetivo mostrado en una serie gradual, progresiva, y concatenada de actos regulados por el Derecho procesal penal; en un elemento subjetivo en cuanto esos actos son cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares autorizados o impedidos de intervenir, y un elemento teleológico en cuanto esa actividad se dirige al descubrimiento de la verdad para actuar en concreto el Derecho penal." ("Derecho Procesal Penal", t. I, p. 212, Rubinzal Culzoni Editores, 1998).

La consideración anterior, como lo afirmé en el párrafo anterior, cede sin duda, cuando el propio ordenamiento procesal penal, remite al Código Procesal Civil. Tal situación se advierte por ejemplo, en los arts. 542, 548, 558 último párrafo del Cód. Procesal Penal (ley 6730 t.o. ley 7007) entre otros.

Al respecto Maier expresa que "Muchas veces, incluso, los principios y reglas del derecho procesal civil son supletorios de la regulación procesal penal, por remisión directa de esta última (ejemplo Código Procesal Penal Nacional, art. 424) o por analogía ante la deficiente regulación que contiene la ley procesal penal. (Autor citado, "Derecho Procesal Penal Argentino", t. 1. A., p. 203, Fundamentos, Hammurabi, 1989).

2. Este Cuerpo, en fallo plenario recaído en autos 28.663 caratulado "Fiscal contra G.A. por Homicidio Culposo y Lesiones Culposas sobre casación" resolvió que corresponde la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, al rito penal en los supuestos de subsistencia de la acción civil; en esta hipótesis, los aspectos referidos a la caducidad de instancia se resuelven y regulan a través de las normas del Código Procesal Civil, cuando la acción penal se encuentra extinguida (Fallo registrado en L.S. 111 - 234) Uno de los argumentos esenciales del citado precedente fue que: "El principio general de la no subsidiariedad procesal cede, a raíz del agotamiento del interés público que tutela el proceso penal, por haberse extinguido la pretensión punitiva del Estado".

Esta explicación, por tanto, me autoriza a sostener que en el "sub iudice", al subsistir la pretensión punitiva del estado, y frente a un texto legal expreso, no puede ceder el principio de la no subsidiariedad, como lo expresa el fallo plenario citado.

El Código Procesal Penal, ha reglamentado específicamente los presupuestos, modos y formas de actuación procesal del querellante particular. Siendo así, los órganos predispuestos por el estado, encargados de la aplicación de la ley sustantiva, para resolver el conflicto penal y las partes -como el querellante particular-, poseen las normas de actuación específica, y no existe razón, por tanto, para acudir al Código Procesal Civil, en aras del cumplimiento de tal fin.

Se ha sostenido por autorizada doctrina que "Entre todo este elenco de personas se advierte un actuar coordinado y sucesivo, que incide en un objeto común y está orientado por una misma finalidad. Esa unidad no se altera por la diversificación de intereses ni por los distintos matices de la actividad. La labor es convergente y se muestra en una continuidad de actos concatenada y progresiva que en forma sistemática regula el derecho procesal penal objetivo. (Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", t. I, p. 210) Deben intervenir los sujetos esenciales y realizarse los actos indispensables con las formalidades impuestas para estar frente a un proceso válido. El cumplimiento regular de la actividad está asegurada por sanciones disciplinarias y procesales que conminan a las personas o se ciernen sobre los actos. Se acuerdan poderes de oposición y de impugnación y hay normas sustanciales que garantizan la recta administración de la justicia penal". (Autor y obra citada, p. 210).

Esta regulación específica contenida en el Código Procesal Penal, es clara respecto a la intervención, presupuestos para la constitución del querellante particular, modos y formas de su actuación procesal. En lo que aquí interesa, el art. 103 del Cód. Procesal Penal expresa: "la instancia de constitución deberá formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podrá ser otorgado "apud acta".

Al respecto José L. Clemente afirma, al comentar el art. 91 del Cód. Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, concordante con nuestro art. 103, que "la constitución en querellante particular puede ser hecha en forma personal con patrocinio letrado, o hacerse representar por un sólo abogado, bastando un poder general para pleitos, incluso "apud acta". (Autor Citado, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, ley 8123", t. I, p. 259).

Cuando el sujeto tiene plena capacidad -se aplican las reglas del mandato- "los mandatarios actúan en representación de un sujeto que, aunque goza de plena capacidad para hacerlo por sí, prefiere ejercer el derecho que le acuerda la ley a través de un mandatario especialmente designado para tal fin. Es así que si bien el ofendido puede interponer personalmente su querella, igualmente puede hacerlo mediante un representante con poder especial o "apud acta". El primer caso (representación directa y personal) no ofrece mayores dificultades, el segundo (a través de la representación), consiste en asumir la condición de querellante en lugar o a favor del ofendido directo. (Granara, David, "Derecho procesal penal", Edición Nova Tesis, 2003, t. I, p. 327).

3. En la especie se verifica que los querellantes particulares, han intervenido en algunos actos procesales, en forma personal y directa con el patrocinio del doctor De la Rosa y en otros, a través de la representación, causando por ello, los inconvenientes que en última instancia han provocado la actuación de este tribunal de casación.

Ante tal situación, y conforme surge de las resoluciones puestas en crisis, autos 155.958/1936); autos 155.956/1934/1); autos 157.579/1937); autos 1935, el tribunal inferior en definitiva sólo ha exigido la actuación procesal de los querellantes particulares de conformidad a las reglas expresas del Código Procesal Penal entendiendo por ello, que no se encuentra acreditada la personería invocada: desde que no se ha acompañado poder general o especial o apud acta, (cfr. art. 103, Cód. Procesal Penal). Ha partido de una premisa -el Código Procesal Penal regula expresamente y sin duda la actuación procesal del querellante particular- , y ha arribado a una conclusión -no se ha dado cumplimiento a las disposiciones pertinentes y por tanto no se encuentra acreditada la personería conforme lo exige el Código Procesal Penal, lo que sumado a la incomparecencia de los querellantes particulares a la presentación de los informes, corresponde tener por desistidos los recursos interpuestos (art. 471, última parte, Cód. Procesal Penal).

Por tanto, y a tenor de la estricta literalidad de los arts. 103 /107 del Cód. Procesal Penal (ley 6730 t.o. ley 7007), el profesional interviniente no acreditó la personería del modo en que el Código Procesal Penal, se lo impone: es decir, acompañando el poder general o especial, o "apud acta", según el caso. Y la consecuencia de tal omisión, es la aplicación del art. 471 del Cód. Procesal Penal (ley 6730 t.o. ley 7007) última parte de la ley adjetiva: esto es la falta de presentación de informes implicará el desistimiento del recurso.

Por las razones expuestas y oído el procurador general de la Suprema Corte, corresponde rechazar los recursos interpuestos, desde que las resoluciones impugnadas no adolecen de los vicios que los quejosos pretenden. Así voto.

Sobre la misma cuestión el doctor Salvini, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

2º cuestión. - El doctor Böhm dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior. Así voto.

Sobre la misma cuestión el doctor Salvini, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

3º cuestión. - El doctor Böhm dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, se deben imponer las costas a la parte recurrente ( arts. 557, 560, 561 primera parte, Cód. Procesal Penal ley 6730 t.o. ley 7007); correspondiendo regular los honorarios profesionales del doctor Everardo De la Rosa, conforme a su labor desarrollada en esta etapa extraordinaria, las cuestiones debatidas, y al resultado obtenido, en la suma de ...omissis... a cargo de W.O.G., C.E.S., N.S., R.C.T., M.C.L. y L.L.S..(arts. 557, 560, 561 primera parte, Cód. Procesal Penal ley 6730 t.o. 7007). Así voto.

Sobre la misma cuestión el doctor Salvini, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta: por el mérito del acuerdo que antecede se resuelve: 1. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 497/500 y vta., de los autos 155.956/1934, por M.C.L. 2. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 430 /433 y vta., de los autos 155.957/1935, por W.O.G. y C.E.S.. 3. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 521/524, de los autos 155.958/1936, por N.S. y R.C.T.. 4. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 443/446 y vta., de los autos 157.579/1937, por L.L.S.. 6. Imponer las costas por su orden y regular los honorarios profesionales... omissis... (arts. 557, 558, 560 y concordantes del Cód. Procesal Penal -ley 6730 t.o. ley 7007-). - Carlos Böhm. - Herman Salvini.