Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19


RIOS, María Antonia y ANDRADA, Luis Pío contra ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR Reg.: A y S t 210 p 155-160.

Santa Fe, 19 de octubre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores, contra la resolución 11 del 16 de febrero de 2005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela en autos "RÍOS, María Antonia y ANDRADA, Luis Pío contra ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR -Amparo-" (Expte. C.S.J. nro. 217, año 2005); y,CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que María Antonia Ríos y Luis Pío Andrada, en representación de su hijo Javier Agustín Andrada promovieron demanda de amparo contra la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur, en su calidad de titular del sistema "Solidaria Ben Hur", con el objeto de que se brinden al menor las prestaciones de salud contratadas (transplante renal y tratamientos complementarios) y se lo reincorpore al padrón de afiliados, en tanto había sido dado de baja en fecha 13.04.2004.

Esta pretensión fue desestimada por el Juez en primer grado de conocimiento, que rechazó la demanda de amparo planteada no obstante acoger la cautelar solicitada ordenando, en consecuencia, se suspenda la baja del menor del sistema con la atención médica necesaria para mantener su estado de salud y la realización del transplante renal previsto.

Por resolución del 16 de febrero de 2005, la Cámara confirmó el decisorio impugnado estimando la inadmisibilidad de la vía intentada por existir otras vías aptas para la obtención de idéntico fin y porque la baja del menor del padrón de afiliados no podía considerarse un acto ilegítimo en tanto se encontraba acreditada la mala fe de la solicitante Brenda Andrada al omitir en la declaración jurada -al momento de la afiliación- información relativa a la pre-existencia de la enfermedad que afectaba a su hermano Javier; por lo que la actitud de la demandada se ajustaba a derecho, ejerciendo la facultad contemplada en su reglamento general referida a la omisión de declarar enfermedades pre- existentes (fs. 22/29).

Contra el citado pronunciamiento endereza la parte actora su recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 1 de la ley 7055.

Considera que la Cámara realiza una arbitraria interpretación del artículo 43 de la Constitución nacional (luego de la reforma de 1994) que supedita la admisibilidad de la acción de amparo a que "no exista otro medio judicial más idóneo" extendiendo su órbita, pues la existencia de vías ordinarias no excluyen "per se" la admisibilidad del instituto en tanto no resulten más idóneas a los efectos de lograr la tutela jurídica de los derechos cuya protección se pretende alcanzar.

Reprocha al Sentenciante juzgar que tenían a su alcance la vía ordinaria, desconociendo que aquél procedimiento -cuya duración puede prolongarse durante varios años- no puede ser considerado en absoluto la vía más idónea para obtener los fines buscados por su parte, en tanto Javier debía someterse en forma urgente a un transplante renal para superar una dolencia que lo colocaba en serio riesgo de perder su vida, por lo que el derecho a la vida del amparista se encontraba comprometido seriamente, lo que justificaba la atenuación de los rigores formales de admisibilidad del amparo.

Alega que esa urgencia del estado de salud del menor le impedía soportar cualquier dilación en el trámite de la causa pues los tiempos con que contaba para obtener la suspensión del acto ilegítimo tornaba absolutamente inidónea otra vía que no fuera la del amparo.

Indica que tal acción tiene otra característica esencial a los fines de obtener la medida peticionada cual es su gratuidad, y que la obtención de una medida cautelar innovativa en el marco de un proceso ordinario hubiera requerido necesariamente que su parte promueva -con carácter previo al despacho de la medida- el trámite tendiente a obtener el beneficio para litigar sin gastos, pues no cuenta con los medios necesarios para pagar los importes cuya erogación resulta necesaria en concepto de tasa de justicia y de actuación, lo que hubiera impedido el acceso a la justicia para tutelar los derechos a la vida y a la salud del menor, con consecuencias irreparables.

Asegura que la alegada "ordinarización" del trámite del amparo no fue tal y, además, que no resultó imputable a su parte sino a los Juzgadores que ejercen con exclusividad el control del trámite procesal.

Con invocación del supuesto previsto en el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055, señala que el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva reconocidos por las Cartas Constitucionales y el Pacto de San José de Costa Rica resultan vulnerados por la resolución impugnada, que restringe (más allá de la intención del constituyente) la admisibilidad de la acción de amparo tornando la protección judicial antifuncional y extemporánea.

Insiste en que la resolución atacada vulnera lo normado por los artículos 17 y 43 de las respectivas Constituciones provincial y nacional, limitando injustificadamente y de modo arbitrario el ámbito de aplicación del amparo y, además, los artículos 31, 33 (derechos y garantías implícitas) de la Carta nacional y 7 y 19 de la provincial, que consagran el derecho a la vida y a la salud.

Añade que los mandatos de los artículos 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 y 24 de la Convención sobre Derechos del Niño que garantizan a éste el derecho a la salud física y psíquica como deber de la familia, la sociedad y el Estado resultan también vulnerados al limitarse el ámbito de aplicación de la acción y también de las leyes nacionales que acuerdan al asociado de una entidad mutual el derecho de obtener una cobertura mínima en lo que a planes de salud respecta.

Reprocha a la Cámara mantener la postura de precedentes jurisprudenciales propios conforme a los cuales las resoluciones administrativas dictadas por organismos dependientes del Poder Ejecutivo tendrían mayor rango que las normas dictadas por el legislador, ello en tanto confirma la inaplicabilidad de las normas contenidas en la leyes 24754, 23660 y 23661 a las entidades mutuales, con el alto riesgo que ello implica al legitimar la aplicación de resoluciones de organismos dependientes de la órbita del Poder Ejecutivo aún cuando importen menoscabo de derechos garantizados por la Constitución Nacional, leyes o tratados internacionales.

Asegura que el Estado ha pretendido asegurar a todos los consumidores de servicios de medicina pre-paga -cualquiera sea la entidad o empresa que los preste- el derecho a la salud permitiéndoles obtener el goce de ciertas prestaciones mínimas en iguales condiciones a aquellos que se encuentran afiliados a una obra social.

Y la falta de suscripción del convenio de adhesión en los términos de los artículos 16 y 17 de la ley 23661 -optativo para las entidades mutuales- no puede ser invocado por ésta para excusar el cumplimiento de obligaciones legalmente impuestas a las prestadoras de servicios de salud, pues la opción refiere al financiamiento de las prestaciones, no a la cobertura.

Indica las diferencias que a su criterio separan al presente con "Bacchetta" resuelto por esta Corte y citado por la Alzada, dada la naturaleza del acto cuya ilegitimidad manifiesta se denuncia, pues en el presente proviene de un particular y por lo tanto no se encuentra sometido a los principios que rigen en materia contencioso administrativa a que refería aquél precedente jurisprudencial en donde se trataba de un acto administrativo.

Ademas -señala- en "Bacchetta" trataba de tutelarse el derecho de propiedad y trabajo en tanto aquí el derecho garantizado es el de la vida y la salud de un menor ante una acto arbitrario y lesivo de un particular: la baja injustificada del padrón de afiliados por parte de la entidad.

Finalmente se queja de que convalide la notificación efectuada a los progenitores en forma personal, cuando debieron ser citados en su calidad de representantes legales del menor, vulnerándose el derecho de defensa y debido proceso que les asiste pues no conocían el carácter en que habían sido citados.

2. A su turno, el Tribunal denegó la concesión de la impugnación deducida, por considerar que los vicios apuntados no se verificaban en el decisorio y además, porque si bien la Constitución nacional consagra el derecho a la vida y a la salud de las personas, ello no significa que deba hacerse lugar a un recurso de amparo fundado en un contrato celebrado con una mutual, en el cual la beneficiaria, actuando de mala fe, ocultó la afección pre-existente de quien tuvo que ser sometido a una compleja intervención (fs. 53/55).

3. En primer término, corresponde efectuar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada.

En el memorial introductorio, la recurrente encuadra el recurso en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 1, de la ley 7055.

Pero del desarrollo impugnatorio claro resulta que el planteo de la apelante no cabe encasillarlo en las posibilidades recursivas contenidas en los dos primeros incisos de la citada ley: en el inciso 1) -colisión entre una norma condicionante de la Constitución de la Provincia y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última-, porque no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía; en el segundo, porque prevé el cuestionamiento de la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia recayendo una decisión contraria al derecho o garantía fundado en él, lo cual no sucede en el "sub júdice".

Así, este Cuerpo ha sostenido que la norma contenida en el inciso 2), de ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales.

Se ha dicho también que entenderlo así sería superponer el inciso 2) con el 3), o peor aun tornar a este último innecesario e inoperante.

Pues es, por lo demás claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Asimismo se ha entendido que conferirle tal alcance sería desnaturalizar la hipótesis legal, porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentre comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que el perdidoso en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional destruyéndose la finalidad del instituto (conf. A. y S. T. 67, pág. 454; T. 97, pág. 9; T. 106, pág. 440; etc.).

En virtud de ello, cabe tener por reducido el ámbito de la impugnación al supuesto del inciso 3) del citado artículo, esto es "violación del derecho a la jurisdicción".

4. Y, entrando ya al análisis de los vicios de arbitrariedad imputados al A quo, cabe destacar que tampoco justifican la apertura de esta instancia.

Los planteos reseñados precedentemente, únicamente trasuntan la discordancia entre la solución arribada por los Sentenciantes -en ejercicio de funciones propias- al juzgar la existencia de los presupuestos de admisibilidad o viabilidad del amparo, lo que constituye -en principio- materia reservada a los jueces de la causa y ajena (salvo casos de excepción) al ámbito del remedio extraordinario.

En efecto, el A quo en tren de evaluar aquellos presupuestos juzgó que no se encontraban presentes, pues luego de algunas precisiones relativas a la idoneidad de la vía utilizada para proteger el derecho del menor (y más allá del acogimiento de la cautelar peticionada, que logró que no se viera vulnerada la salud de Javier, pues dispuso la suspensión de la baja del sistema y la prestación de la atención médica necesaria para realizar el transplante renal previsto) entendió que el acto de dar de baja como beneficiario al niño, dispuesto por la demandada, no podía considerarse manifiestamente ilegítimo dentro de los límites de la acción intentada.

Es que, ponderando las circunstancias de la causa, evaluó si se configuraba la 'manifiesta arbitrariedad o ileg Y seguidamente puntualizó "...Tampoco pudo desconocer Brenda Andrada que su hermano padecía de problemas de hipertensión arterial desde el año 2001 y que tomaba medicamentos al momento de concretarse su incorporación al sistema de salud de la accionada, habiendo ello quedado fictamente reconocido por los representantes del menor al no haber comparecido a absolver posiciones, sin haber justificado su inasistencia (pliego de fs. 344 y acta de fs. 345), no siendo nula la citación que se les envió por las razones que expresé al tratar la primera cuestión" (fs. 26 vto./27).

Para concluir, finalmente, que la baja dispuesta se ajustaba a derecho en tanto resultaba la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento General de la entidad que regulaba la anulación del contrato si se comprobaba el falseamiento, la ocultación o reticencia, o la omisión de datos y circunstancias en la solicitud de ingreso o declaración jurada de salud del asociado.

Es decir, el Sentenciante consideró que la actuación de la demandada se ajustaba a lo regulado en su Reglamento sobre la reticencia dolosa de un afiliado respecto de las dolencias previas a la contratación, sin poder imputarse negligencia a aquélla debido a que de la declaración jurada no surgía ningún elemento que hiciera pensar que el menor debía ser examinado antes de la aceptación como beneficiario del servicio de medicina prepaga en tanto no surgían dolencias que así lo exigieran, por lo que aquél requisito no se encontraba presente en el caso.

Y, cabe señalar, que el hecho de enmarcar la contienda a dilucidar en una acción que propende a lograr la satisfacción más amplia y plena de los derechos no trae aparejada una indefectible recepción si en el caso concreto no concurren o no se acreditan los presupuestos necesarios para que así sea; y por ello una respuesta negativa no es sin más sinónimo de arbitrariedad, si esta no se demuestra fehacientemente; como ocurre en el presente caso donde no se avizoran cuestionamientos tendentes a rebatir aquellos argumentos "ut supra" expuestos.

En referencia a la interpretación que de la ley 24754 realizaron los Juzgadores cabe señalar que las alegaciones de los amparistas no pasan de ser la manifestación en contrario a la postura asumida al respecto por el Tribunal, pero sin demostrar de que manera operaría el defecto apuntado.

Pues la Cámara sostuvo que tal normativa no le era aplicable a la demandada en tanto la resolución 2584/2001 del INAES disponía que "...las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 24754 referida a las empresas de Medicina prepaga" en tanto "...están obligadas a brindar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) solamente en el caso de que suscriban convenios de adhesión de acuerdo con lo que disponen los artículos 16 y 17 de la ley 23661, extremo éste que no se probó que hubiera cumplido la accionada (fs. 27vto/28).

Al respecto, la quejosa afirma que los Juzgadores realizaron una inadecuada interpretación del texto legal; sin embargo sus alegaciones no pasan de ser una manifestación en contrario a la postura asumida al respecto por el Tribunal, pero sin demostrar la configuración de tal defecto.

Recuérdese que reiteradamente se ha sostenido que "no es arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto (Fallos:304:1826).

Tampoco, si la elección importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Fallos 304:948)" (A. y S., T. 92, pág. 290; T. 100, pág. 251; T. 104, pág. 20, entre muchos otros).

A tenor de tales pautas, no se advierte que la Alzada haya escogido una exégesis que desborde las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional que ofrecía la normativa en cuestión.

De tal manera, la postulación recursiva no excede el margen de la mera disconformidad con lo resuelto por el Tribunal de alzada en ejercicio de sus funciones privativas, sin alcanzar a demostrar que en el "sub lite", los Jueces de la causa hayan propiciado una hermenéutica del instituto del amparo que restrinja y desnaturalice los fines para los cuales fue consagrado, ni efectuado una valoración de los recaudos del mismo que conlleve el soslayamiento de las normas que lo regulan.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)