marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Dominio, protección de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: Lozano, Adolfo Avelino c/  s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-29

La separación legal entre deudas anteriores y posteriores no puede ser tildada de irrazonable o absurda ya que impide que, so capa de la protección de la vivienda familiar, se puedan obtener ventajas patrimoniales o vulnerar derechos de terceros. Más bien, surge proporcionada la reglamentación en este aspecto, ya que en el ordenamiento jurídico vigente no existen derechos absolutos es decir insusceptibles de adecuada, prudente y razonable reglamentación.
Sustitución de medidas cautelares, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ OCAMPO, EZEQUIEL C/MINABER SRL Y OTRO S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

De tal modo, y considerando la expresa oposición enarbolada por la parte ejecutante respecto de la suficiencia de los bienes ofrecidos "a embargo", la pretensión no puede prosperar porque -en rigor- no se le puede imponer el embargo de bienes que específicamente considera insuficientes aun cuando deba intentarse ocasionar el menor perjuicio al deudor.
Agencias de colocaciones, derecho de trabajar, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VIEYRA, CARLOS JESUS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-20

No son inconstitucionales los artículos 10 y 11 de la ley 13591 pues implican una reglamentación válida del derecho constitucional de trabajar.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rossi, Rodolfo c/ ABOUT S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

A través de la excepción de inhabilidad de título es factible analizar los presupuestos procesales de los instrumentos para abrir la vía ejecutiva, entre los que cobra relevancia el de la legitimación sustancial activa y pasiva (arts.529 y 524 inc.4, C.Procesal), sin que el hecho de no haberse desconocido o cuestionado la autenticidad de la firma alcancen a desmerecer el principio señalado, desde que la concurrencia de tal extremo puede llegar a purgar cualquier deficiencia de tipo formal que conduzca a una eventual declaración de inhabilidad de título, pero no puede contravenir el régimen legal específico que regula la materia.
Costas, medidas cautelares, contracautela, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: M., S. F.  c/ P., R. V. s/ embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-14

Al existir pronunciamiento jurisdiccional de condena en costas, se trata de una situación derivada del proceso expresamente contemplada por la ley de rito para la procedencia de la medida cautelar. Y el Código admite que esos hechos procesales tengan suficiente entidad para fundar una medida cautelar de embargo, sin necesidad de tener que recurrir a los pasos y presupuestos contemplados en los artículos 195 y sucesivos, a excepción de la contracautela, la cual se entenderá prestada en el pedido de la medida cautelar (art. 199 2do párrafo). Se trata de "circunstancias que la ley considera -iure et de iure- suficientes para tener por acreditados todos o algunos de los presupuestos de la medida cautelar", que en el caso incluyen verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y también la caución idónea, conforme lo previstos por el artículo 199, segundo párrafo, del Código Procesal.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario (administrativo), obligación de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: DI GREGORIO, Roque Vitale A. y otro c/ DE GODOS, Julio A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

Las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias de ruta frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo, pues además de la obligación específica asumen una obligación de seguridad.- Atento la obligación de seguridad que pesa sobre la empresa concesionaria de ruta, ésta debe adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir al mínimo el riesgo de eventuales accidentes. De ahí que si la falta de habilitación de otros carriles en la estación de peaje ha incidido en la producción del accidente, cabe endilgarle cierta cuota de responsabilidad al concesionario.-
Daño moral, daño material
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bustos Oscar c/ Rubén Perez s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S105 - 270)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-09-18

Cuando solo se han producido daños materiales en el vehículo no resultando afectada la integridad física del conductor, ni habiéndose acreditado circunstancias que permitan suponer que el hecho le ocasionó angustias o estado depresivos, la especie no es subsumible en lo dispuesto por el art. 1078 del C.C., aunque medien lógicas molestias o desagrados, sin entidad para producir una lesión espiritual merecedora de reparación
Responsabilidad civil, prueba, culpabilidad, médicos
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

En el desaprensivo desempeño profesional de los demandados que evitó que se detectara el cuadro que finalmente según la prueba provocó el desenlace, hay culpabilidad y causalidad.
Recurso de casación, falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlos Alberto Castro c/ Ministerio de Asuntos Sociales de la Pcia. de Sta. Cruz s/ Prepara  vía Ejecutiva por Cobro de Alquileres s/Recurso de Queja por  Apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-23

La Ley Procesal, teniendo en mira la celeridad de los trámites y la doble económica, de tiempo y trabajo exige para la admisión de la queja que se acompañe copia de la resolución recurrida y de los recaudos necesarios para analizar la admisibilidad de la apelación denegada en primera instancia. Habiendo en el caso omitido el recurrente adjuntar copia del auto de negatorio de la apelación y de la cédula debidamente diligenciada por el oficial notificador, indispensable a los efectos de computar el plazo del art. 279 apartado 2 del C.P.C.C., así como de la providencia o resolución que se recurriera, resulta la queja formalmente inadmisible.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, enfermedad accidente, obras sociales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Zamora, Mariana Andrea c/ Obra Social de Docentes Privados (OSDOP) y otro s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Es de competencia de la justicia laboral -y no la contencioso administrativo federal- la demanda promovida contra una obra social y una aseguradora de riesgos de trabajo con el fin de obtener el pago de indemnizaciones por despido y por enfermedad accidente toda vez que aquella no altera en modo alguno el debido funcionamiento de la obra social en su calidad de prestadora de servicios médicos asistenciales de sus afiliados en los términos de la ley 23.661. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Accidente de tránsito, responsabilidad de los padres, menor adulto
Materia: CIVIL
Carátula: SICURELLA GABRIEL c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

Cuando se trata de un menor de 16 años de edad al tiempo del accidente no cabe enrostrarle a los padres la culpabilidad por no "haber vigilado" pues hoy día un joven de esa edad tiene "autonomía" de movimiento impuesto por la imposibilidad de que aquellos (o su tutor en caso de estar bajo tutela) le acompañan permanentemente cuando -en general- se ven constreñidos para poder proveer las necesidades primarias propias y de la familia, a desarrollar actividades que solamente les permiten -en el mejor de los casos- reunirse a la hora de la cena.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: C., S. M. C. DE c/ C., O. J. s/ ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS.    RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 20-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-01

El recurrente que invoca los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (artículo 14 inciso 3 de la ley 48), en el entendimiento de que las "reservas" constitucionales se hicieron y mantuvieron en todas las instancias, contrariamente a lo sostenido por la Cámara y por este Tribunal, que entendió no cumplido el recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional, formula reparos de índole constitucional con entidad suficiente para lograr la apertura del recurso extraordinario.
Obligaciones, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios (13541)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

La causa es una condición; pero no cualquier condición, sino una de la que puede predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para desencadenar el resultado. Causa es solamente la condición que según el curso normal y ordinario de las cosas, es idónea para producir un resultado, debiendo regularmente producirlo.
Inimputabilidad, trastorno psicopático
Materia: PENAL
Carátula: SAENZ VALIENTE, MIGUEL ANGEL s/ INIMPUTABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

"... Sin embargo la conclusión a la que se llega no la comparto, y no porque esté en desacuerdo sobre el fondo de la cuestión, sino porque en este caso concreto, no alcanza la enfermedad del imputado para encuadrarlo en el artículo 34 del Código Penal...".

"En este aspecto la psicopatía, tendrá como consecuencia la imputabilidad cuando sus efectos sean similares a los de psicosis, y en este sentido que le impidan comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. No surge que Saenz Valiente tenga una enfermedad, póngasele el nombre que se quiera, que le impida tal comprensión...".

"En este sentido, adviértase el profundo desfasaje que se lograría aduciendo que toda personalidad psicopática es inimputable, y por ende tal como lo sostienen los peritos médicos, peligroso para sí y para terceros. La conclusión es que se vaciarían las cárceles y se llenarían los hospitales creados a tal efecto, con las consecuencias de que el Juez no podría tener el control del cumplimiento de la pena, que quedaría en manos de los médicos, violándose las garantías constitucionales que existen en la Constitución Nacional...".

"Lo expuesto me lleva a sostener que se debe revocar la sentencia y en consecuencia condenar a Saenz Valiente como autor responsable de los delitos de robo calificado en tres oportunidades, a la pena de cinco años de prisión (artículos 55 y 166 inciso 2 del Código Penal) A los efectos de merituar la pena, estimo que en este caso hay que merituar la personalidad aludida, y por ello la menor culpabilidad del encartado a lo que hace poder motivarse de acuerdo a la norma..

".
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO LARENA COUNTRY CLUB c/ NOVISIMA S.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Fuera de los casos contemplados expresamente por la ley no corresponde el curso de los intereses legales retributivos, dado que analógicamente no cabe extender la disposición legal a supuestos semejantes, por tratarse de un régimen excepcional que agota sus posibilidades en los confines que puso el legislador.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero,  Cándido  Rubén  y otros c/ Subterráneos  de Buenos AiresSociedad del Estado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si bien lo referente a la aplicación e inteligencia de leyes de carácter público local es materia ajena, por principio, a la vía del art. 14 de la ley 48, se configura un supuesto de excepción en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias cuando aquéllas omiten el examen de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y lo silenciado pudiera resultar conducente para la adecuada solución del litigio (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, ley derogada, ley vigente, interpretación de la ley, ciudadanía por naturalización
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Franco Sebastián LUBRANO s/ CIUDADANIA  Y NATURALIZACION - RETROACTIVIDAD - DEROGACION DE LA LEY    VIGENCIA  DE   LA  LEY  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-01

Lo decidido por el a quo en torno a la determinación de si las disposiciones reimplantadas por la ley 23.059, tras la derogación de la ley 21.795, tienen o no efecto retroactivo, no remite a la interpretación de normas federales que nada dicen sobre la aplicación temporal al caso, sino a los criterios de eficacia de las normas en el tiempo según las pautas del art. 3 del Código Civil, cuestiones que resultan propias de los jueces de la causa y ajenas, como principio al recurso extraordinario.
Juicio ejecutivo, falsedad de título, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardozo, Isidro Ramón c/ Cantero, Raúl Primitivo s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

El ejecutado que interpone una excepción alegando la falsedad de la firma que se le atribuye en el documento base de la acción ejecutiva, es quien tiene a su cargo la prueba de la misma; a lo que corresponde adunar, que resulta inapropiado pretender - como invoca el quejoso -, imponer la prueba de la autenticidad de dicha grafía al ejecutante, toda vez que lo dispuesto por el citado art. 547 del Código Procesal tiene preeminencia, por especialidad, por sobre lo nombrado por el art.375 del mismo cuerpo legal.
Contratos comerciales, resolución del contrato, obligación de restituir
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA c/ ROBERTO BERMAN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Resuelto el contrato, nace la obligación de restituir las prestaciones oportunamente recibidas, siendo lícito aplicar por analogía y a falta de un precepto expreso, el CCIV 1052 que contempla la situación de las partes luego de la anulación de un acto. Si el obligado a restituir es el que ha dado lugar a la resolución debe ser tratado como un poseedor de mala fe (CCIV 788, 590 y 2438). En tales condiciones quien ha incorporado a su patrimonio un valor que tiene la obligación de restituir, sólo satisface su obligación reintegrando al acreedor el mismo valor recibido.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado Serna, Juan Angel c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La interpretación restrictiva de las situaciones en las que cabe decretar la caducidad, significa que ha de desechársela en casos de duda. Pero no impide que se la declare cuando indudablemente se dan las condiciones legales para ello (arts. 310 y 311 del CPCC). No tiene carácter interruptivo la petición cuyo contenido no se ajusta al estado de la causa, pues lo solicitado ya había sido objeto de decisión en una resolución que había quedado firme. (En el caso, se había solicitado el libramiento de un oficio que ya había sido ordenado y debía agregarse al expediente).
Costas al vencido, honorarios, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Prusso, Martín Alejandro c/ Data Force S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-27

Atento lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, cabe imponer las costas en ambas instancias a las demandadas vencidas -art. 68 CPCCN- y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base económica suficiente para su determinación.

(del voto por su fundamento del Dr. Arias Gibert).
Pensiones, carga de la prueba, uniones convivenciales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARCIA LIDIA BEATRIZ c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

Conforme lo dispone el art. 53 de la ley 24241 lo que debe probarse en autos a los fines de obtener el beneficio de pensión de la actora es la convivencia en aparente matrimonio de ésta con el causante dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento de este último, ya que no poseen hijos en común y conforme la doctrina la carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido estrictamente procesal, la conducta impuesta a uno o, a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. Es decir que esta teoría de la carga probatoria, tiene como objetivo otorgar al juez, una directiva de cómo debe resolver la controversia sometida a su decisión en el sentido que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho o de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (Conf. art. 377 del CPCCN) y, en este sentido, es importante destacar que la actora tiene a su cargo el deber de probar la convivencia en aparente matrimonio con el causante en el período denunciado.
Contrato de trabajo, conservación del empleo, enfermedades inculpables, licencia sin goce de sueldo, plazo, interrupción del plazo, suspensión del plazo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: CHAZARRETA ADELINA DE JESUS c/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPLEADOS JOCKEY CLUB Y OTRO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Ha dicho Meilij en "Contrato de Trabajo", T 1II, E.D. Depalma, págs. 340/341 que: "este plazo de reserva del puesto por enfermedad inculpable no implica realmente una interrupción del contrato de trabajo, sino solo la suspensión de alguno de sus efectos, y ante el texto vigente de la LCT cabe argumentar que el término debe comenzar a contarse desde el vencimiento de los plazos previstos en el art.

208 Lct, y no a partir de cualquier interrupción que se produzca en el trabajo por motivo de la misma enfermedad ..." y también que:

"... al vencer el plazo de la licencia legal remunerada por enfermedad, se inicia otra "sin goce de salarios pero equiparable" a esta en cuanto a sus restantes efectos. El vencimiento de este nuevo plazo tampoco extingue la relación, la que subsistirá hasta que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de rescindir.".
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sindicatura Ley 22334 de los autos: "Greco Hnos. S.A. s/Quiebra" c/ Albino Rozzi e Hijos S.A. s/ Restitución de vinos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

La demanda radicada ante el tribunal del concurso del demandado tendiente a hacer efectiva la declaración de ineficacia dictada en otro proceso falencial y que persigue la restitución de bienes constituye un incidente de aquel proceso y no un proceso de conocimiento pleno a los fines de la regulación de honorarios (arts.

303, ley 19551, 47 dec. ley 8904).
Contrato de turismo, daños y perjuicios, indemnización, incumplimiento del contrato, responsabilidad de la agencia de viajes, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: GISMONDI, ADRIAN ALEJANDRO Y OTRO c/ ASCOT VIAJES SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-17

Procede la acción judicial deducida contra una empresa de turismo por la cual los accionantes persiguen el resarcimiento de los daños padecidos como consecuencia del incumplimiento en que incurrió la accionada respecto del contrato de viaje y turismo celebrado con el pretensor (el cual tuvo por objeto la venta de los pasajes y siete días de estadía en el exterior), consistente en la falta de reserva del hotel y el pasaje de regreso a Buenos Aires, lo que motivo que los reclamantes debieran alquilar un departamento y proveer del regreso por medios distintos a los acordados. No empece lo expuesto que, -como en el caso-, la reclamada alegue que su responsabilidad se limitó a la contratación de los servicios turísticos solicitados y en tanto obligación de medios, su tarea finalizó con la entrega de los vouchers al pretensor, toda vez que conforme lo normado por el art. 22.1 de la Convención Internacional de Contrato de Viaje (Bruselas 1970) -ratificado por nuestro país por ley 19918-, la responsabilidad del intermediario surge por la contravención al parámetro de diligencia que informa la norma (diligente intermediario). Por ende, la omisión de la diligencia con la que debió actuar la defendida es inexcusable, puesto que debió -por sus propios medios- confirmar las reservas de los servicios de hotelería y transporte que comercializó.
Desacato, acción penal, simple damnificado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dr. Wiater s/ Inc. de Falta de Acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

a) Para el ejercicio de la acción penal es inadmisible que se pretenda que el hecho delictivo deba estar probado, ya que el objeto del proceso es la investigación y verificación de ese suceso.

b) Los títulos del Código Penal se refieren al bien jurídico primordialmente tutelado, pero esto no excluye la protección refleja de otros también garantizados, apareciendo así, múltiples tipos penales, en los delitos contra la administración pública, contra la seguridad pública o contra la fe pública que admiten la existencia de un particular ofendido, en el sentido del art. 14 del C.P.M.P. , siendo el desacato uno de ellos.
Mala praxis, indemnización, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, culpa civil
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

El establecimiento asistencial no solo responde frente al paciente por la culpa del médico interviniente, sino también en caso de un incumplimiento que no necesariamente signifique culpa o negligencia del profesional, pero que sin embargo, con la garantía que brinda la institución contratante de tales servicios frente a quien recurre a ella respaldada por el aval de un nombre o de un prestigio, obliga a tal entidad a responder.-
Recusación, recusación con causa, denuncia, terceros, tercero ajeno al proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: SA  LA RAZON EEFICA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION POR LA SINDICATURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es improcedente la recusación con causa, cuando el que la plantea es un tercero ajeno al trámite del juicio, y no tiene sometida a la jurisdicción del juez recusado, ninguna cuestión o asunto vinculado a los hechos que motivan la denuncia del juicio político.
Multa, partidos políticos
Materia: ELECTORAL-POLITICO
Carátula: Partido de la Victoria s/ estados contables ejercicio económico 1 -1-2007 al 31-12-2007 ley 26.215
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Resulta procedente la multa impuesta a un partido político que incumplió la obligación prevista en el art. 12 de la ley 26.215, pues satisfizo parcialmente la obligación examinada y no acreditó que la agrupación haya compensado el déficit existente en materia de capacitación en los ejercicios subsiguientes.