marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, concursado, saldo impago, integración de la tasa de justicia, intimación de pago, fallos de la Corte Suprema, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: QUITO DISTRIBUCIONES SA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE DETERMINACION DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

Atento que la posibilidad de un pago fraccionado de la tasa de justicia ha sido descartado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, carece de seriedad la invocación de un presunto pronunciamiento del Alto Tribunal en el que admitiría esa modalidad de pago, si -como sucede en el caso-, no se acompaña constancia instrumental alguna que permita conocerlo.
Administración General de Puertos, legitimación procesal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Puerto c/ Empresa de Navegación Juan Tomasello  C.A.  y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

El artículo 2 del decreto - ley 7.996/56 coloca bajo la jurisdicción de la Administración General de Puertos, a los efectos de su administración y explotación, los puertos comerciales y ferroviarios, así como los particulares a medida que se vayan incorporando al patrimonio del Estado. En tales condiciones, la titularidad del muelle averiado es la que legítima a la actora para actuar.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Trueba, Héctor D. en autos Expte. Nº 286/91 Trueba, Héctor A. c/ C.A.H.R.A. S.A. s/ Cumplimiento de Contrato s/ Ejecución de Sentencia s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-04

El actor interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones que hace lugar al recurso deducido por la parte demandada y declara la improcedencia de la ejecución.

Tratándose de un recurso de casación, de naturaleza extraordinaria, su andamiento está sujeto al cumplimiento de requisitos formales ineludibles para su viabilidad.

El requisito de fundamentación autónoma exige que el recurrente se haga cargo de los fundamentos de la sentencia y rebata todos y cada uno de ellos.

Dicha exigencia no fue cumplida en autos en virtud de que el recurrente no efectuó una crítica adecuada a los fundamentos del fallo, especialmente aquellos que consideran que el mandato se presume que ha sido revocado en virtud de que el mandante participó directamente en el convenio - invocando el Art. 1972 del C.C., como tampoco rebate adecuadamente lo sostenido por el sentenciante en cuanto a que no existe motivo o argumento que habilite al recurrente a reclamar a título personal el derecho reconocido en la sentencia a favor de su representado, pretendiendo modificar una calidad por otra para pasar de representante de un derecho ajeno a titular del interés debatido, sin justificar cuál es el auto que en forma expresa o tácita autorice tal mutación en el reclamo judicial.

Tales fundamentos que dan sustento a la sentencia no han sido rebatidos por el recurrente, circunscribiendo el memorial a una mera discrepancia con lo resuelto, desvinculada con las razones dadas en el fallo.

Tanto la causal de errónea aplicación del derecho como la causal de arbitrariedad exigen que el recurrente rebata frontalmente los argumentos sobre los que se basa el fallo, puesto que la tacha por dichas causales no cubre las meras discrepancias entre lo resuelto por el Tribunal y lo alegado por la parte. Además es reiterada la jurisprudencia en cuanto a que resulta frustrado el recurso que no rebate idóneamente un argumento que de por sí sólo da sustento al fallo (SC Bs As JA t 1986-IV, pag. 864, Nº83).

Conforme las deficiencias señaladas, el recurso debe ser rechazado, toda vez que no cumple con los requisitos de forma exigidos para su viabilidad, con costas al recurrente.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: URIARTE DE RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN EN J:URIARTE DE RODRIGUEZ, MARIA c/ MAURICIO DIAZ Y OTROS s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S264 - 457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-09

El denunciado inscripto (art. 27 ley 22.977) que ha enajenado el automotor a un tercero y que al momento del accidente de tránsito no tiene el poder de dirección de la cosa, ni se sirve de ella, no responde por los daños causados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Pacheco, María E. c/ Consorcio Prop. El Paraíso Country Club s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La doctrina legal que hace viable al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la producida por la Suprema Corte mediante la interpretación de las normas legales que han regido la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo transgrede la misma en caso similar, mas no se configura cuando se trae a consideración cuestiones de hecho, como es la referida en cada caso a la naturaleza de la relación habida entre las partes.
Acción meramente declarativa, existencia de otras vías, derechos patrimoniales
Materia: CIVIL
Carátula: Bogado, Francisca Teodosia s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-02

La acción meramente declarativa no procede cuando el objeto de la demanda se circunscribe a derechos de carácter patrimonial, cual es la determinación de los derechos previsionales que pretende la recurrente -el reconocimiento de su derecho al cien por ciento de la pensión derivada del fallecimiento de su concubino por más de quince años-; atendiendo además a que no surge de las pruebas arrimadas el agotamiento de la vía administrativa, desconociendo así las previsiones del Código Procesal Administrativo de Formosa, pues la accionante pudo optar por procedimientos abreviados aptos para el tratamiento de su solicitud.
Libertad de comercio e industria, protección constitucional del trabajo, sistema federal, descentralización administrativa, interpretación de la ley
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Cuando en el caso se debe ponderar la libertad de comercio, la protección del trabajo, el federalismo, y la descentralización institucional de las decisiones, en distintas fuentes de derecho, la tarea judicial consiste en establecer un diálogo entre ellas (arts. 1° y 2° del Código Civil y Comercial de la Nación), de modo que la interpretación sea coherente y armónica, considerando las consecuencias de la decisión en los valores constitucionalmente protegidos (Voto del juez Lorenzetti).
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Accornero, Elisa A. y otros c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

Si la documentación agregada a los autos se trata de fotocopia de un pedido de informe solicitado por un Tribunal de Trabajo, en un expediente extraño al presente, corresponde hacer lugar a la oposición planteada y denegar su admisión dentro de este proceso (art. 359 C.P.Civ. y Com.; 25 C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Scardisis, Hilario s/ Sucesión intestado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Motivos de seguridad y orden público impiden considerar que la inscripción de la declaratoria constituya un derecho real, algunas veces si y otras no. La forma de constitución de los derechos reales está taxativamente enumerada en nuestro Código, y la interpretación de la voluntad de las partes que inscriben una declaratoria de herederos no se encuentra prevista como una manera válida de constituir derechos reales. La jurisprudencia de los tribunales capitalinos ha advertido sobre los problemas de seguridad jurídica que origina el considerar que la declaratoria de herederos inscripta da origen a un condominio, diciendo: La inscripción de la declaratoria de herederos no modifica el estado de indivisión. La indivisión hereditaria no es igual a copropiedad de la cosa, puesto que comprende a la universalidad.
Jubilaciones, aplicación de la ley, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guinot de Pereira, Blanca Marcelina c/ Instituto Municipal de Previsión Social s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de los servicios (artículos 27 de la Ley 18.037, 15 de la Ley 18.038 y 18 del Decreto Nro. 1.645/78 para el régimen municipal).
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MINASSIAN CARLOS ALBERTO c/ AGRO IMPULSO S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La carga de probar el nacimiento de la obligación corresponde a quien lo alega.-
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, legitimación activa, agravio concreto
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LANDAU, Ricardo G. c/ NEVISARDI, Carlos s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

En situaciones en que la demanda tendiente a hacer efectiva la norma del art. 7 de la ley 13512 no es planteada por todos los copropietarios, ni por el administrador en representación del consorcio, sino por uno -o varios de ellos-, que procuran la satisfacción de un interés particular, es necesario que la construcción clandestina le irrogue un perjuicio concreto.-
Acción dependiente de instancia privada, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGUEZ DE LA IGLESIA s/ ACCION  PENAL.  ACCION  DEPENDIENTE  INSTANCIA  PRIVADA. EXCEPCIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

A los efectos del art. 72 C.P. son suficientes los dichos de la damnificada al expresar que consideraba responsable del accidente al conductor de uno de los rodados, no pudiendo ser considerada la denuncia fraccionada respecto de uno sólo de los partícipes del hecho investigado.

La extensibilidad subjetiva del efecto de la instancia privada es amplia, en el sentido de que permite la persecución de todos los posibles partícipes en el hecho denunciado o querellado, aunque en el acto de la instancia no se los mencione, o expresamente se excluya a algunos.

La disposición del particular es sólo en cuanto al hecho, delimitando éste en su núcleo conforme al esquema legal y se extiende a todas sus implicancias objetivas y subjetivas, entre éstas a la participación.
Excarcelación, homicidio simple, lesiones graves, carreras en la vía pública
Materia: PENAL
Carátula: CUEVAS DIEGO NICOLÁS s/ REVOCACION DE LA EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-05-15

Corresponde revocar la excarcelación otorgada al conductor del automóvil que atropelló a un grupo de personas produciendo la muerte de dos de ellas, pues su conducta a prima facie encuadra en los delitos de homicidio simple en concurso ideal con lesiones graves, en tanto habría actuado con dolo eventual, ya que, estaba participando de una prueba ilegal de velocidad en una zona urbana, su auto estaba con sobrepeso, lo cual le impedía a la velocidad que iba dominar el rodado, a esa hora era notoria la presencia de jóvenes saliendo de locales de diversión de la zona y había ingerido alcohol antes de conducir. Es que, con todos éstos elementos se tuvo que representar que podía ocasionar la muerte de personas, y no obstante a ello prefirió continuar con su ilegal conducta.
Resistencia a la autoridad, atentado contra la autoridad calificado con armas, daño en bienes de uso público, concurso ideal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRASSONI, Octavio Juan y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

El delito de atentado a la autoridad agravado por su comisión con armas y por un grupo de tres o más personas, sólo es posible antes de la decisión del funcionario, luego de ello, se configura el delito de resistencia .

La resistencia importa siempre una oposición activa al desarrollo actual del acto funcional por parte del agente, por lo cual la acción típica sólo es posible durante el desarrollo de él, pero no antes de su comienzo ni cuando ya ha cesado.

Si al transmitirles a los hinchas que, en virtud de un desperfecto mecánico del colectivo en el que circulaban, debían ascender a los colectivos de línea en forma proporcional y gradual, sin mediar palabra alguna, comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal policial, se evidencia el incumplimiento de un acto funcional ya decidido por la autoridad pública, lo que ubica al suceso fuera del delito de atentado a la autoridad .

Cuando el daño ha sido utilizado como procedimiento con contenido final de atentar o resistir a la autoridad, las figuras de los arts. 237 y 238 desplazan a la del art. 184, inc.

1° del C.P. y deberá aplicarse la agravante contenida en el art. 184, inc. 5º del C.P., si los daños fueron causados contra los patrulleros, ya que estos constituyen bienes del dominio público en virtud de estar afectados a la prestación de un servicio para la comunidad.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento de los imputados en orden al delito de resistencia a la autoridad, en concurso ideal con daño calificado por haber sido perpetrado contra bienes de uso público.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CUMBRE  S.A.C.I.C.I c/ FEDERICO ROLDAN Y OTROS s/ PREPARA VIA EJECUTIVA MAIOCCO JOAQUIN c/ SAN DANIEL  S.A. s/ ORDINARIO - EJECUCION DE SENTENCIA - SERVICIO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-08|1994-08-09

La excepción de litis pendencia no puede hacerse valer en un proceso ejecutivo con fundamento en un pleito ordinario pendiente entre las partes, desde que ello importaría desnaturalización palmaria del trámite de ejecución.

La excepción de litispendencia requiere para su procedencia la existencia de un juicio pendiente respecto del cual se verifique la triple identidad (sujeto, causa, objeto) y si bien podría fundarse eventualmente en un proceso ordinario iniciado por el acreedor, puesto que a éste cabe optar por esa vía, lo cual implicaría renunciar a la ejecutiva, no puede fundarse en un proceso ordinario iniciado por el deudor, pues si ello se admitiera se pondría en manos de éste impedir el ejercicio de la acción ejecutiva.

Cuando se invoca el "forum conexitatis" en base a un pleito pendiente, la remisión a las normas sobre acumulación de autos deviene insoslayable, y éstas excluyen la posibilidad de acumular pleitos que no se sustancien por los mismos trámites (art. 1053 C.P C.).

Si el objeto de la acumulación es que ambas causas se resuelven en forma conjunta (1055 y 1059, C.P.C.), y si en el caso tal acumulación no es admisible, la admisión del planteo de conexidad unánimemente aceptada para el juicio ordinario posterior al ejecutivo-no tendría ningún sentido, desde que el juez del proceso de cognición podría resolver en primer término, y en forma absolutamente independiente al juicio ejecutivo, con lo que la razón de ser de la conexidad quedaría desnaturalizada.

En el proceso ejecutivo no se puede hacer valer el fuero de conexidad en base a un ordinario anterior pendiente entre las partes, máxime teniendo en cuenta el alcance tan sólo formal de la cosa juzgada susceptible de recaer en el trámite de ejecución.-
Regímenes jubilatorios especiales, empleados públicos, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, reescalafonamiento, modificación de la estructura orgánica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARISONE, RENATA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

No tratándose de un caso de reescalafonamiento -en el cual el encasillamiento del personal en las respectivas categorías se efectéa de un modo virtualmente automático, de acuerdo con escalas o tablas de conversión-, sino de un cambio de estructura, para cuya cobertura fue menester que la repartición respectiva procediera a asignar las funciones emergentes de la misma, corresponde confirmar lo decidido por el a quo al sostener que el haber se encontraba correctamente liquidado de conformidad a las disposiciones de los arts. 4 y 7 de la ley 22.955. Ello así, dado que el régimen de movilidad previsto en el referido art. 7 vincula, lisa y llanamente, el haber de las prestaciones con el de los activos; y el dictado de un nuevo escalafón que establece expresamente las equiparaciones con el preexistente, y del que derivan nuevas escalas remuneratorias para el personal en funciones, implica que serán estas éltimas las que deberán tenerse en cuenta para reajustar los haberes de pasividad.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia por la persona
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Tanus, Silvia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

El criterio atributivo de competencia a la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria no se relaciona, en principio, con la naturaleza de las cuestiones debatidas, sino con la calidad de los sujetos intervinientes en el proceso. No resulta exacto sostener, que la referencia a las cuestiones de derecho privado que expresamente formula el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario del la Ciudad de Buenos Aires se limiten exclusivamente al derecho de daños-Las fuentes del artículo no permiten restringir de ese modo la inteligencia de la norma, que, por otra parte, se encuentra redactada en términos muy claros, no suministrando su texto distinción alguna que otorgue sustento a esa tesitura.(Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Centanaro).
Falsificación de documentos, instrumentos públicos, denuncia de venta, registro de la propiedad automotor, delitos, competencia criminal y correccional
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Reyes, Ernesto Alberto y otros c/  s/ falsificación de documento destinado a acreditar identidad de personas /habilitación para circular o titularidad de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional dado que la evidencia disponible resulta suficiente para afirmar que los hechos investigados habrían consistido en la supuesta presentación de una denuncia de venta en la que se habrían insertado datos falsos, la conducta podría ser encuadrada, en principio, en el delito previsto en el art. 293 del CP. Al no tratarse de un documento emitido o cuya competencia para emitirlo correspondiere a esta Ciudad, el caso excede la órbita local. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, infracciones de tránsito, vehículo embistente, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ARDILES CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ VELIZ HUGO EDGARDO Y OTROS  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-26

El actor se presume embistente en razón de los daños producidos al colectivo conducido por el demandado, además conforme a la pericia mecánica no se establece la presencia de evidencia física alguna que indique que el accionado haya realizado una maniobra brusca y súbita de frenado previo a la colisión, la motocicleta conducida por el actor circulaba a una velocidad que resulta excesiva teniendo en cuenta la proximidad a la que circulaba el colectivo Así las cosas, la presunción de embistente no logró ser desvirtuada por el actor ya que pesaba sobre él la carga de acreditar la supuesta maniobra antirreglamentaria del demandado que circulaba delante suyo y que invocó para justificar que embistió desde atrás con su parte frontal la parte trasera derecha del ómnibus que iba adelante, tampoco logró justificar el incumplimiento de su obligación de circular manteniendo la distancia reglamentaria y a una velocidad prudente -lo que tal vez le hubiera permitido realizar una maniobra de esquive-.
Uniones convivenciales, ley vigente, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: D., M. F.  c/ P., C. A. s/ atribución vivienda familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-20

La regulación de las uniones convivenciales propuesta por el nuevo CCyCN procura encontrar un punto medio entre libertad y protección, así, la autonomía de la voluntad y el consiguiente respeto a la intimidad de los sujetos -principios que se constituyen como regla- se han visto equilibrados a partir del mantenimiento de principios esenciales que hacen a la solidaridad familiar concretados en preceptos específicos integrantes de un piso mínimo de protección.
Proceso penal, extradición, proceso judicial, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Xu Zichi s/ pedido de detención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

La verificación de las formas que garantizan el debido proceso constituye un presupuesto necesario para la procedencia de toda extradición y condiciona el principio de colaboración internacional en materia penal.
Pensiones graciables, aplicación de la ley, compensación económica, dictadura militar, procedencia del recurso, sucesores
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tunesi Sandra Mariel c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ Prestaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Corresponde otorgar la pensión en los términos de la ley 26.913 que prevé un resarcimiento mensual, a quienes padecieron los efectos de la última dictadura cívico militar en Argentina y, por ejemplo, sufrieron detenciones por razones políticas, gremiales o estudiantiles antes de la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983, pues contempla claramente los sujetos que se encuentran alcanzados por la misma y sus causahabientes. Ese derecho surge del texto legal independientemente del dictado de su decreto reglamentario. Y la falta de reglamentación, antes del fallecimiento del causante no impide ni coarta esos derechos de los causahabientes. Por lo tanto, sus alcances no pueden verse afectados por el dictado del decreto reglamentario que debe referir más en concreto pautas de ejecución y en modo alguno de limitación a dichos parámetros. Ya que si el causante no peticiono en vida la pensión ello no es óbice a que su cónyuge supérstite pueda solicitarlo, pues la ley contempla a los causahabientes, y ello es sin límite temporal, no pudiendo la falta de reglamentación impedir que los sujetos reconocidos en la norma puedan acogerse al beneficio. La reglamentación, se reitera, es un medio de ejecución y no de limitación de tal derecho. Así pues, su derecho nace de la ley, sin que obste a ello que en vida el causante no haya peticionado el beneficio, o que la ley no se hubiera reglamentado antes de su deceso. Tampoco pueden afectar ese derecho, normas reglamentarias, que en definitiva son ejecutorias y no limitativas del marco de protección de tal normativa.