Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20


Expte. Nº 794/0 "Galaxy Entertainmet Argentina SA c/ GCBA s/ Otras Causas Con Trámite Directo Ante la Càmara de Apel." En la Ciudad de Buenos Aires a los días del mes de junio de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Eduardo Ángel Russo y Esteban Centanaro para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto por la parte actora contra el acto administrativo dictado por el Director General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver fs. 51 / 53), y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Nélida Mabel Daniele, Eduardo Ángel Russo, Esteban Centanaro, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada? A la cuestión planteda la Dra. Nélida Mabel Daniele dijo que: Antecedentes: 1.- La parte actora -Galaxy Entertainment Argentina SA (en lo que sigue "G.E.A.")- solicita que se decrete la nulidad absoluta e insanable de la Disposición Nº 1217/DGDYPC/2003, de fecha 02 de mayo de 2003, dictada por el Señor Director General de Defensa y Protección al Consumidor, por la que se resolvió imponerle una multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) (artículo 1º) ordenando además su publicación en el diario Clarín (artículo 3º) por encontrarla responsable de la infracción al artículo 19 de la Ley 24.240. En apretada síntesis, cabe recordar que el sumario administrativo se instruyó por la denuncia que efectuó la Sra. María Lorena Sibilia (v. fs. 2/3), quien manifestó que en oportunidad de haberse mudado de domicilio, una amiga -Sra. Marcela De Lucca- le ofreció cederle la titularidad del servicio de televisión satélital que presta la actora. Aceptando los términos de dicho negocio jurídico completó la solicitud d e cesión y de servicio el 14 de marzo de 2.001 (fs. 7 y especialmente fs. 8/9), remitiéndola a la oficina correspondiente de "G.E.A." registrado bajo el númenro de cuenta 3291411. Transcurrido un mes desde presentada la solicitud, y sin que le hayan instalado el servicio, decidió darle de baja por la disconformidad que el proceder de la agraviada le produjo. En tal orden, en el mes de mayo de 2001, le llega una primer factura con vencimiento el 11 mayo, al efectuar el pertinente reclamo, se le señaló que ello se debió a un error involuntario. A su vez, el 22 de mayo recibe una notificación en la cual se menciona la "deuda" originada por el no pago de la factura (v. fs. 5). Posteriomente, en el mes de junio recibió una segunda factura, efectuado el pertinente reclamo el mismo fue registrado bajo el número 36489327. Hasta que el día 14 de agosto recibió en su domicilio un aviso prejudicial de cobro (v. fs. 4). Puntualiza la accionante (ver fs. 79/81) que la disposición atacada se encuentra viciada de nulidad po r cuanto: (a) la aplicación del artículo 19 de la Ley Nº 24.240 exige como presupuesto la existencia de un contrato de prestación de servicios o, en su caso, la prestación efectiva del mismo. Por ello, entiende que si no hay contrato su parte no pudo violar el artículo señalado; (b) por último, argumenta que aún si se llegara a considerar que ella incurrió en una violación al artículo 19 de la Ley Nº 24.240, la multa impuesta resulta irrazonable por ser desproporcionada frente a los extremos acreditados en la causa. Ofrece prueba e introduce la cuestión federal. 2.- A fs. 85 se dispuso correr traslado de la presentación efectuada por la actora, contestando el GCBA la acción fuera del plazo previsto en el ritual, procediéndose al desglose del respectivo líbelo, como dan cuenta las presentes actuaciones, a fs. 98. 3.- Elementos relevantes de la causa: (a) Surge de la causa que: (1) la denunciante suscribió con la Sra. Marcela De Lucca un contrato de cesión (en piezas membretadas con el logo de "Direct T.V." y " GEA" -ver fs. 8 y 9-), (2) a fs. 7 obra la "solicitud de servicio", (3) la agraviada en su descargo en sede adminstrativa (v. fs. 26/28) nunca negó que le haya sido presentado el contrato de cesión y la respectiva solicitud de inscripción, limitándose a señalar que el contrato con la denunciante no llegó a perfeccionarse. En ese orden, expresamente reconoció haber remitido por "error" las facturas al denunciante, lo cual comprueba que los instrumentos de cesión y la solicitud de inscripción fueron presentados a G.E.A. Es más, expresamente señala que "(...) el sistema infomático existente a ese entonces, iniciaba el procedimiento de avisos de pago en forma simultánea y automática contra el sólo vencimiento de una factura cuando no se registraba el pago de la misma (...)" (v. fs. 28 último párrafo). Cabe señalar, que tampoco fue negada la falta de conexión del servicio ni la nota presentada por la actora, obrante a fs. 6, en la cual -por incumplimiento en la instalación del servicio- decide dar la baja. (b) A f s. 47/48, obra el dictamen de Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. A fs. 51/53, consta la Resolución Nº 1217/DGDyPC/03, que -como lo señaláramos- dispone imponer una multa de $ 3.000 a la actora por violación al artículo 19 de la Ley 24.240 y ordena la publicación de lo resuelto en el diario Clarín. Para así decidir puntualiza: (1) sobre la inaplicabilidad del artículo 19 de la Ley 24.240 por falta de perfeccionamiento del contrato; la Administración, con cita de autorizada doctrina, sostiene que "el tema de la formación del contrato ha sido señalado por la doctrina, en forma unánime, como un capítulo decisivo para el estudio de la figura contractual en la actualidad. La ley 24.240 estableció un cuerpo de reglas especiales para los denominados contratos de consumo. Con esta expresión se ha querido identificar a aquéllas relaciones caracterizadas por la figura del adquirente: el consumidor. Desde una perspectiva general puede sostenerse que por debajo de las soluciones de la ley 24.240 en materia de formación del contrato de consumo subyace la precocupación por restituir al consumidor un marco aceptable de racionalidad para la concusión de los negocios" (v. fs. 51 vta., anteúltimo párrafo). En tal orden, agrega que la denunciante suscribió el contrato de cesión y la solicitud de servicio, que aquél no fue conectado, y que en base a ello solicitó la baja, pretendiendo la aquí actora cobrar el abono correspondiente. De ese modo, colige la exiestencia de responsabilidad de la empresa sancionada en punto a la violación del artículo 19 de la ley 24.240. (2) desde otro lugar agrega que la falta de "intencionalidad" no exonera a la agraviada de responsabilidad (v. fs. 52, párrafo 3º). (3) por último, funda la sanción en la generalización y la posición en el mercado que ocupa la actora (conf. artículo 49 de la Ley 24.240) Considerando: 4.- Reseñada como ha quedado la cuestión traída a juzgamiento, corresponde -por un simple orden metodológico- señalar los puntos con trovertidos en la litis, a saber: (a) si medió contrato entre las partes; y (b) si la sanción impuesta resulta irrazonable. 5.- Entrando a analizar la primera cuestión, corresponde recordar que "Los nuevos derechos -o por lo menos el espacio subjetivo y colectivo que constituyen- encierran una idea diferente de la persona humana, del Estado, de las corporaciones y de las relaciones entre todos ellos" (Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina -comentada y concordada-, comentario al artículo 42, pág. 460, Tercera edición ampliada y actualizada, La Ley). Así las cosas, reconocer la categoría jurídica de "usuario y consumidor", implicó un giro conceptual en la ideología liberal de la Constitución histórica de 1.853/60 y agregar una nueva dimensión a los derechos sociales incorporados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 5.1.- Las relaciones de consumo, implican una nueva modalidad de estructurar las relaciones contractuales; por ello, la necesidad de una reglamentación diversa a la que se proyectaba en la materia a partir del principio de la autonomía de la voluntad. En efecto, producto de las concepciones del liberalismo decimonónico, nuestro orden jurídico se asentó sobre los conceptos de propiedad privada, igualdad y libertad, partiendo de presuponer que las partes contratantes poseían idéntico poder negocial a los fines de comprometerse como quisieran (siempre que el objeto contractual no fuera ilícito). Tal concepción, recibió como primer embate el constitucionalismo social (v.g. la incorporación del art. 14 bis en la C.N.) y se proyectó en las relaciones ius privadas en la reforma del Código Civil por la Ley 17.711, que introdujo institutos como la lesión, la imprevisión, el abuso del derecho, etc., que atenuaron el axioma de la libertad e igualdad sobre el que se apoyaba el liberalismo clásico. En todo este orden, el Código Civil dispone que "Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración común, destinada a reglar sus derechos" (artículo 1137), y s e perfecciona por la formulación de una oferta y su aceptación (art. 1144 del Código Civil). Es decir, por las declariones de voluntad dirigidas por un sujeto jurídico a otro, con la finalidad de generar una relación jurídica. 5.2.- Sin embargo, en los contratos de consumo la cuestión es diversa. Hay alguién que predispone las claúsulas y otro que simplemente "asiente". No hay en este tipo de negocio jurídico "discusión" entre las partes sobre cómo cada uno de ellos se va a comprometer frente al otro. Es en ese contexto en el que hay que encuadrar las relaciones de consumo, y es por estas peculiaridades que el legislador primero (mediante la ley Nº 24.240), y el constituyente después (artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 46 de la Constitución local), otorgaron un plexo de derechos y garantías específicos para tutelar a los consumidores y usuarios, que se encuentran en un estado de disparidad negocial frente a sus cocontratantes. 5.3.- Así las cosas, el artículo 1148 del Código Civil preceptúa qu e "Para que haya promesa, ésta debe ser hecha a persona o personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los antecedentes constitutivos de los contratos". Pero en los de consumo, el concepto de "oferta" aparece -en varias ocasiones- con otras modalidades, ya que mediante publicidad se dan a conocer a la generalidad productos y servicios, en tanto no existe -en la emergencia- negociación entre las partes. Es por ello que el artículo 7º de la ley 24.240 dispone que "La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quién la emite durante el tiempo que se realice (...)". En rigor, aparece un régimen específico de formación de las voluntades contractuales. 5.4.- En mérito de lo hasta aquí expuesto, entiendo que no asiste razón a la actora en punto a que no la unió con la denunciante un vínculo contractual. En rigor, si tenemos en cuenta los extremos acreditados en la causa, reseñados en el Considerando Nº 3, concluiremos que el contrato (como acuerdo en el cual una de las partes fija las condiciones y la otra se ve limitada solamente a "asentir") sí existió, exhibiéndose la no conexión del servicio, como un incumplimiento contractual antes que una falta de perfeccionamiento de aquél. 5.5.- Corresponde, a esta altura del relato, señalar la mecánica contractual en aquéllos que resultan de adhesión. En este tipo de modalidad, generalmente el usuario o consumidor suscribe una "solicitud de ingreso" que es entregada por la empresa en la cual se encuentran preimpresas las modalidades del "acuerdo". Vale significar, esa entrega implicó, al menos en la hipótesis de autos, ofertar al consumidor a la prestación del servicio. Analicemos, a mayor abundamiento, la solicitud allegada a fs. 7 del sub examine ("solicitud de servicios") -no desconocida por ninguna de la partes-. En dicha pieza, con membrete de "G.E.A.", se consignan: (a) datos del "cliente" (dice "cliente"; que según el diccionario se la Real Academia Española, en su primera acepción, significa: "persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa", -v. www.rae.es-. Con lo cual, de los propios términos de la solicitud que la actora entregó al denunciante, se comprueba la intención de generar con aquél un vínculo contractual); (b) domicilio de instalación; (c) Forma de pago del Cargo Mensual: en el cual la empresa predispuso las cláusulas, dando al contratante tres opciones de pago, a saber: en efectivo, por débito automático o tarjeta de crédito -la denunciante había optado por efectivo-; (d) Domicilio de Facturación; (e) Equipamiento - Derecho de Suscripción, en donde se comprueba, también, que la agraviada prefijó ciertas opciones; (f) Orden de Programación - Cargos Mensuales, en donde constan predeterminados distintos tipos de servicios y la elección de la denunciante; (g) Forma de Pago Derecho de Suscripción (también con distintas opciones impuestas); (h) Orden de Instalación, (i) Información Adicional del Suscriptor (en donde se consulta estado civil, profesión, etc.); (j) de uso interno. Así las cosas, aún r ecurriendo a las modalidades tradicionales del Código Civil en materia de formación y perfeccionamiento de los contratos, no puede negarse que la empresa al entregar al denunciante el formulario preimpreso (en el cual se otorgan opciones al "cliente", para elegir la forma de pago, el tipo de servicio que quería contratar, el domicilio de instalación, etc.) significó ofertarlo al consumidor, quien llenó la solicitud y la presentó a GEA. En efecto, tal como lo señala López de Zavalía (Teoría de los Contratos, T. I, Parte General, pág. 108/ss, Zavalía, 2003), la oferta "(...) es un acto jurídico unilateral destinado a integrarse en un contrato, constituido por una expresión de voluntad que se postula como penúltima". Entre sus requisitos se identifican: la completitividad, la forma, la intentio juiris y la determinación del destinatario. Si tenemos en cuenta lo expuesto precedentemente, coincidiremos en que hubo una oferta efectuada por la actora al consumidor, y que la misma fue completa (dado que se entiende q ue es completa aún cuando deja ciertos puntos librados a elección del destinatario, conf. López de Zavalía, ob. cit., pág. 183), revistió las formalidades exigidas, existió una definida voluntad contractual de parte de G.E.A., y el destinatario fue un sujeto de derecho concreto. Con mayor razón aún arribaremos a tal conclusión, si tomamos en cuenta el citado artículo 7º de la ley 24.240 y la regla hermenéutica que se desprende del art. 3º del mismo cuerpo normativo. Por lo demás, aceptar el temperamento propuesto por la actora implicaría quitarle eficacia a sus propios actos, toda vez que ella no sólo ingresó a la denunciante en su sistema informático (v. fs. 28 último párrafo) sino que además le facturó (involuntariamente o no, no importa) por servicios no prestados. Todo ello -como dije- acredita su intentio juris (arts. 1145 y 1146 del Código Civil) dirigida a un sujeto concreto. 5.6.- Por otro lado, si hipotéticamente se piensa que la solicitud de ingreso entregada exige, para que haya contrato, la acepta ción de la actora, atento el "contrato de cesión" celebrado entre la denunciante y la Sra. De Lucca, pienso que ese razonamiento cae a poco que tengamos en cuenta no sólo que las mismas cláusulas del contrato de cesión parecen haber sido predispuestas por G.E.A. (v. por ejemplo el membrete de esta en el cuerpo del contrato), sino fundamentalmente que aquélla aceptó el negocio jurídico al ingresar en su sistema informático (destinado a facturar el servicio) a la denunciante (arts. 1145 y 1146 del Código Civil). En mérito a todo este complejo de situaciones reseñadas, entiendo que la ecuación "oferta / aceptación" que exige el Código Civil se ha perfeccionado. Estoy cierta que existió entre las partes una relación de tipo contractual incumplida por la actora, lo cual deja huérfano de sustento el agravio bajo tratamiento. 6.- Por último, resta analizar el exceso de punición alegado por la accionante, en el cual -sintéticamente- relata que la sanción de multa es desproporcionada ya que, en todo caso, se la deberí a haber apercibido. En tal orden, cuadra puntializar que la Ley de Defensa del Consumidor, luego de enumerar las sanciones (artículo 47), establece pautas para su graduación y aplicación (artículo 49). Para ello, se debe tener en cuenta, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho. De modo concordante, la ley Nº 757 de la Ciudad establece pautas similares a su par nacional para su graduación (conf. S. 2, CCAyT, in re "Sociedad Italiana de Beneficencia", de fecha 01.06.04, -ver mi voto-). Así las cosas, debemos considerar que: (a) se trata de una empresa prestataria de servicios de televisión satelital; (b) incumplió el artículo 19 de la Ley 24.240, (d) no cumplió lo pactado y facturó -sin cobrar, lógicamenante- por ser vicios no prestados, llegando hasta un aviso prejudicial de cobro (v. fs. 4) y (e) la sanción impuesta no es superior al máximo legal ni inferior al mínimo. En razón de lo expuesto considero legítima y proporcionada la sanción impuesta. En rigor, si tomamos en cuenta que efectivamente hubo una violación al artículo 19 de la ley Nº 24.240, se comprueba un obrar carente de la diligencia que es de exigir a una empresa de la magnitud de la actora. Por ello, propongo al acuerdo desestimar el planteo de la actora y, en consecuencia, confirmar la Disposición Nº 1217/DGDyPC/03. Costas a la vencida (artículo 62 del CCAyT). En este sentido dejo expresado mi voto. El Dr. Eduardo Ángel Russo adhiere, por los fundamentos expuestos, al voto que antecede.

Disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro: 1. Si bien adhiero al relato de los hechos y a la solución propiciada en el meritorio voto que antecede, disiento respecto de los fundamentos esgrimidos a efectos de fundarla así como también estimo oportuno realizar algunas aclaraciones. 2. En primer lugar, deviene necesario señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a la vivienda (art. 1º de la ley 24.240). A su vez, la Constitución Nacional prevé que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, o a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados , al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios" (art. 42 1º y 2º párrafos, de la Constitución Nacional). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46, 1º y 2º párrafos, CCABA).

3. Establecido ello, cabe señalar, como punto de partida, que todo contrato implica la existencia del elemento consentimiento. Sin la presencia de este esencial requisito no puede hablarse de contratación, sea alcanzada por la normativa del Código Civil o por ella y la ley de Defensa del Consumidor. Sin perjuicio de las teorías esbozadas a efectos de explicar qué voluntad es la que debe prevalecer en la formación del consentimiento (voluntad real o declarada), lo cierto es que, según dispone el art. 1137 del Código Civil, "[h]ay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos". Esto es, para la formación del contrato se requiere, además de un intercambio de manifestaciones de voluntad, la integración recíproca de esas voluntades en un querer común, que dará origen a un negocio unitario. De ese modo, el reconocimiento de la necesidad y vigencia de la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios así como también de la insuficiencia del derecho tradicional para regular los actos de consumo, no debe interpretarse como la supr esión o desaparición de la doctrina contractual clásica, donde la autonomía de la voluntad es "su pilar y su base". Como contrapartida, si bien debe reconocerse el valor y vigencia de la autonomía de la voluntad, es preciso asegurar un mínimo equilibrio entre las partes. Dicho equilibrio, que en el ámbito del contrato paritario del Código Civil está dado por las limitaciones a aquél principio, en el de la contratación de consumo requiere de instrumentos tales como la ley 24.240, de Defensa del Consumidor. La clave radica, entonces, en distinguir los contratos paritarios y negociados, de los contratos de consumo, independientemente del tipo concreto de que se trate (Gastaldi, José María; Centanaro, Esteban; Colla, Guillermo A. M.; Barbagallo, Miguel Ángel O.; Szabó, Sebastián A., "Autonomía de la voluntad en el acto de consumo", ponencia presentada en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil).

Ahora bien, conforme surge indiscutido de autos, sí existió una relación contractual -en los términos antes delineados- entre Galaxy Entertainment Argentina S.A. y Marcela De Lucca (titular Nº 3291411), por la cual la primera se obligaba a transmitirle una señal televisiva y la segunda a abonar por ella un monto mensual. Posteriormente -y éste es el vínculo cuya existencia se cuestiona- con fecha 14/3/01, De Lucca transmitió su posición contractual a María Lorena Sibilia (denunciante en el trámite administrativo). Es decir -y éste es el punto que debe enmarcar el análisis del caso-, se produjo una cesión de contrato que no resulta equivalente al contrato de cesión. 4. Como bien se ha enseñado (Lorenzetti, Ricardo Luis, Contratos. Parte especial, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 379) este particular negocio se entendió, originariamente, como una cesión de créditos más una cesión de deudas, consideradas ambas en forma aislada y sin tener presente la unidad de causa y de objeto que las conectaba. Para superar los obstáculos que esta visión conllevaba, se dijo que había una cesión de créditos y de deudas colig ados, es decir, una unión de contratos compleja. Actualmente, no se duda de que se debe considerar a la cesión del contrato como un instituto distinto de la cesión de créditos o de deudas, consistente en un único negocio traslativo del complejo de derechos y deberes que están adheridos a la calidad de parte, y que se encuentran unidos por la posición contractual. Por ello se ha dicho que en la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones del contrato, la cesionaria adquiere el rango de parte contractual, con su posición activa y pasiva en las prestaciones recíprocas. De acuerdo a esa evolución, se ha definido a la cesión del contrato como obra de uno de los participantes (cedente) en el contrato que constituye su materia, y respecto del que se pone de acuerdo con un tercer sujeto (cesionario) para transferirle a este último, extraño al vínculo originario, el contrato mismo, esto es su propia calidad de contratante respecto de la otra parte (Messineo, Francesco, Teoría General del Contrato, trad. Sent ís Melendo, Fontanarrosa y Voltera, Ejea, Buenos Aires, 1986, t. II, p. 237). La transmisión de la posición contractual ha sido caracterizada, en la actualidad y en nuestro derecho, como un contrato atípico, pese a lo cual existen algunos supuestos parcialmente legislados. Así, por ejemplo, los arts. 1583 y concordantes del Código Civil, respecto de la cesión del contrato de locación de cosas; o, en el ámbito del de obra, el art. 1641; o la posibilidad de cesión dentro de la sociedad, tal cual surge de los arts. 1671, 1673 al 1675, 1739; o, respecto a la sustitución del mandato, el art. 1924. Se legisla también la transmisión contractual ministerio legis; así, en materia de locación de cosas, el art. 1498 o, ante la muerte del locatario, la posibilidad de transmisión a favor de sus convivientes (art. 9° de la ley 23.091); en materia de contrato de trabajo, el art. 225 de la ley 20.744. En efecto, tal como doctrinariamente se ha expuesto, "la cesión de contrato es admisible como figura contractual en nuestro o rdenamiento positivo, aún en ausencia de una expresa regulación, con ajuste, entre otros, al principio de la autonomía de la voluntad del art. 1197, al hecho de la existencia de contratos innominados -art. 1143- y a la latitud conceptual sobre lo que puede ser objeto de la cesión de derechos -art. 1444 y siguientes del Código Civil-" (recomendación II aprobada en el marco del II Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe, 1988). Por su parte, en materia de derechos del consumidor, es frecuente la cesión de contrato. Así, en las cesiones de carteras de seguros, de asociados a la medicina prepaga o de adscriptos a la televisión por cable (Lorenzetti, Ricardo luis, op. cit. p. 385). Cabe agregar, no obstante ello, que son numerosas las legislaciones extranjeras que establecen expresamente la figura en cuestión. Así, el Código Civil italiano de 1942 en los arts. 1406 a 1410; el Código Civil portugués de 1967 en los arts. 424 a 427; el Código Civil peruano de 1984 en los arts. 1435 a 1439; el Código de Comercio co lombiano de 1971 en los arts. 887 a 896; el Código Civil boliviano de 1975 en los arts. 539 a 542; el ex Código Civil checoslovaco en los arts. 268 y siguientes. Por su parte, el Proyecto de Código Civil de la República Argentina unificado con el Código de Comercio regula este negocio jurídico en los arts. 1562 a 1570 bajo la denominación de "transmisión de la posición contractual". 5. Pues bien, así definida y caracterizada la figura aplicable, corresponde señalar que la transmisión de la posición contractual es ineficaz respecto del cedido (en el caso, Galaxy Entertainment Argentina S.A.) en tanto éste no preste su conformidad, salvo cuando el contrato básico es de ejecución instantánea o cuando el documento es transmisible manualmente o por endoso. En efecto, en el citado II Encuentro de Abogados Civilistas se aprobó, como recomendación V, que "[c]abe distinguir el contrato de cesión, en el que puede o no participar el cedido, del negocio jurídico complejo que implica la transmisión del contrato cedido, pa ra cuyo perfeccionamiento, en orden a la producción de sus efectos traslativos, resulta imprescindible la aceptación del cedido". En suma, a diferencia de lo que acontece en la cesión de derechos, no bastaba en el caso con la notificación al cedido para que el negocio cobrase eficacia respecto de terceros interesados (art. 1459 del Código Civil), sino que, encontrándose involucrado un complejo de derechos y obligaciones (o, mirado de otro modo, créditos y deudas), resulta lógico que se requiera la aceptación de quien no ha formado parte del negocio pero que, como consecuencia de él, verá sustituida la persona de su deudor. Es en este punto donde cobra relevancia determinar si la recurrente prestó consentimiento con la cesión del contrato; caso contrario, no podrá considerarse que ha existido acto alguno que hubiere vinculado a la recurrente con María Lorena Sibilia. 6. Expuestas tales pautas, cabe recordar que, precisamente, la argumentación desarrollada por la sancionada apunta a cuestionar que hubiese exist ido vínculo alguno entre ella y la denunciante. Y, por ende, desvirtuar la aplicación del art. 19 de la ley de Defensa del Consumidor, en tanto implicaría la previa celebración de un contrato. Sin embargo, pese a la negativa ensayada por Galaxy Entertainment Argentina S.A., no puede desconocerse la actitud adoptada por ésta última con posterioridad a la cesión del contrato (emisión y entrega de una factura a nombre de la cesionaria) y que importa el tácito consentimiento con la contratación referida. Por lo tanto -y por aplicación del art. 1146 del Código Civil-, hubo aceptación por parte de la recurrente respecto de la transmisión de la posición contractual operada a favor de Sibilia. Cabe agregar que a ello no obsta el error que la sancionada pretende invocar para exculparse, toda vez que tal yerro sólo puede ser catalogado como inexcusable (art. 929 del Código de fondo) y, por ende, no es susceptible de ser invocado en perjuicio del consumidor. Además, esta es la conclusión que puede extraerse del examen d e la documentación glosada a estas actuaciones. En efecto, adviértase que la propia "solicitud de cesión" celebrada entre De Lucca y Sibilia (redactada en hojas con el membrete de la recurrente; ver fs. 8/9), establecía que "EL CEDENTE y EL CESIONARIO acuerdan que la presente cesión está sujeta a la previa conformidad de Galaxy Entertainment Argentina S.A., la que se tendrá por perfeccionada con la notificación por parte de [la recurente] a EL CEDENTE y al CESIONARIO, o bien, con la emisión de la factura a nombre de EL CESIONARIO" (ver fs. 8; en mayúsculas en el original). En resumidas cuentas, la denunciante celebró con Marcela De Lucca (titular Nº 3291411 del servicio que presta la sancionada) una cesión del contrato que originariamente unía a la última con Galaxy Entertainment Argentina S.A., mientras que, indiscutiblemente, la empresa mencionada aceptó dicha sustitución en forma tácita, mediante la confección y el envío de la factura pertinente a la nueva titular, María Lorena Sibilia. Es decir, como la p ropia "solicitud de cesión" transcripta ut supra expresa, el perfeccionamiento de la transmisión operó en forma inexorable desde el momento en que la recurrente -como ella misma reconoce- intentó reclamar a la denunciante el cargo devengado como consecuencia del alta del servicio a favor de Sibilia. Frente a este cuadro de situación, no puede sino concluirse que la pretensión de cobrar tales sumas cuando la recurrente nunca había cumplido con la contraprestación asumida (como ella misma también reconoce), importa infringir lo normado por el art. 19 de la ley 24.240. Por tales fundamentos, corresponde rechazar el agravio vertido por la recurrente sobre el punto. En mérito a lo expuesto, el Tribunal resuelve, por mayoría, rechazar la acción interpuesta por Galaxy Entertainment Argentina SA, con costas a su cargo (conf. art. 62 del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.