marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Akamine, Tsutomu c/ Arévalo, Juan Roberto y otro s/ Cobro de Australes Garro, Victor G. y otro c/ Vidic, Mateo s/ Ordinario Chavero, José R. c/ sucesores y herederos de José Luis Muzzachio s/ Daños y perjuicios Molina, Nelly y otros c/ Madrid, Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios Unión Tranviario Automotor c/ Instituto Provincial Acción Cooperativa s/ Amparo Lutz, Liliana Virginia c/ Filici, Francisca Serafina s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1987-09-29|1997-02-25|1999-04-27|2002-02-19|2003-07-16

Corresponde anular la sentencia que omitió tratar una cuestión esencial sometida a su conocimiento.
Derecho laboral, recursos, accidentes de trabajo, efectos entre partes, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

La autorización de acumulación de intereses desde la fecha de la notificación de la demanda en los términos del inc. b) del art.770 y lo previsto en el art. 771 del C.C.C. decidida en la resolución mediante la cual se proveyó la demanda, y que aquí viene cuestionada, no importa una sentencia definitiva, no es el momento procesal oportuno para establecer la procedencia o no de esa regla, conforme el criterio unánime de la Sala debe ser declarado mal concedido, en cuanto a su efecto, difiriéndolo (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Reajuste jubilatorio, sentencia, cosa juzgada, recurso de queja (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIAZ, R. LUCIANO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Resulta inatendible la queja planteada cuando el punto traído a consideración de la instancia judicial (en el caso, relativo al reajuste por movilidad del haber jubilatorio del titular) ha quedado explícita y definitivamente resulto por sentencia de la C.N.A.T. que se halla firme y consentida por el interesado, recayendo en consecuencia sobre tal pretensión los efectos de la cosa juzgada judicial en los términos del art. 347, inc. 6 del C.P.C.C. Ello es así en tanto resulta inadmisible una pretensión idéntica a otra ya decidida mediante sentencia firme, cuando con ella se intenta salvar eventuales deficiencias del proceso anterior y aunque se invoquen nuevos fundamentos jurídicos (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", T. V, pág. 515.
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Microomnibus "La Colorada  S.A.C.I. " c/ Warpachowicz, Waclaw s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

Es temerario quien litiga convencido de su falta de derecho, abusando de la jurisdicción para obtener un resultado ilícito o presionar a su contraparte en menoscabo de sus intereses. Es malicioso, quien a sabiendas de su sinrazón, promueve articulaciones manifiestamente improcedentes con ardides o engaños para retardar la tramitación del pleito o para enturbiar su correcta solución.

Aun cuando, hipotéticamente, hubieran aparecido como equívocas algunas actitudes de una de las partes, no corresponda la aplicación de las sanciones de los arts. 34, inc. 6 y 45 del Código Procesal, sino cuando se presentan aquellos extremos. Dichas medidas deben ejercerse con criterio estricto y sólo cuando sea necesario para sancionar efectivos excesos en la defensa. Del contrario se cercenaría la respectiva garantía constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional).
Expresión de agravios, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, Graciela Katerine c/ ECIPSA- A - Kamil A. Cerrati s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-07-31

La expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas o injustas. De no ser ello así corresponde declarar desierto el recurso, conforme a las prescripciones del Art. 266 bis.

No obstante las normas legales precitadas y de acuerdo a jurisprudencia constante de este Tribunal, estando expresados minimamente los agravios, se trata el recurso.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, responsabilidad de la Municipalidad, muerte de un menor, responsabilidad concurrente, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: M de A. Q. M. E c/ Ríos, Rubén Apolinario y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-08-30

La responsabilidad parcial impuesta a la Municipalidad de Concordia por la muerte de un menor tras producirse un accidente de tránsito cuya concausa fue la existencia de un pozo en la vía pública, debe ser confirmada, pues comprobado el vicio de la cosa inerte o inactiva -ruta- y su peligro hacia terceros por la utilización pública de ésta con la presencia y ante la ubicación de aquél, se presume por la ley -art. 1113 in fine Código Civil- la relación causal adecuada entre dicha cosa riesgosa - en virtud de su defecto - y el daño probado sufrido por quienes por allí transitaron, suposición del ordenamiento jurídico que el propietario y guardián de la vía pública no contrarrestó demostrando causa ajena.
Restricción de acercamiento, violencia de género, lugar de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: B., M. O. c/ I., M. V. s/ art. 250 C.P.C. - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-27

Corresponde confirmar la decisión que determinó la prohibición recíproca de acercamiento y comunicación a tres personas que trabajan en un hospital público, por haber protagonizado hechos de violencia dentro del nosocomio durante el horario de trabajo, habida cuenta que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) calificó la denuncia formulada como de riesgo medio y requirió evitar todo tipo de contacto de las personas involucradas, por lo cual resulta razonable que el a quo haya dispuesto la medida recíprocamente. Asimismo, la invocación de la Ley 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, justifica la reciprocidad de la medida bajo una óptica de perspectiva de género. Además, cabe destacar que es una obligación impuesta al Estado la protección de las víctimas de violencia.
Acto administrativo, límites a la discrecionalidad, motivación del acto administrativo, decretos municipales, reescalafonamiento, función de conducción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ PEDRO F. J c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

Un decreto municipal por el cual se reescalafona a un agente de la comuna privándolo de la función de conducción que desempeñaba, debe encontrarse fundado no sólo en las normas que genéricamente autorizan a este tipo de medidas, sino también en una referencia a los "hechos y antecedentes" que integran la causa y a la naturaleza de las razones que inducen a emitir el acto para contar con la motivación exigida por el art. 7 inc. e) de la ley 19.549.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fianza
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: BANCO GANADERO ARGENTINO SA c/ VIOLA, PEDRO s/ DEMANDA EJECUTIVA     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 554-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Si la Sala aclaró la terminología utilizada en el desarrollo de la litis, encuadrando jurídicamente, con apoyo en citas doctrinarias y jurisprudenciales, el material fáctico acorde a lo que es uso y costumbre mercantil en la práctica bancaria, y consideró, previa valoración de las constancias de autos, la existencia de un negocio jurídico al que calificó como aval bancario y no como contrato de fianza -como pretendía el quejoso-, carece de asidero el reproche concerniente a que el pronunciamiento no es derivación del derecho vigente, atento a que tal apreciación no aparece arbitraria ni caprichosa, desde que, sin modificar ni dejar de ponderar los hechos de la causa, calificó según su criterio la operación realizada y aplicó el derecho que consideraba pertinente. Resulta, pues, que el quejoso pretende reabrir el debate de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia extraña a la esfera del remedio intentado, el que debe rechazarse.
Tratados internacionales, derecho de los tratados
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Fibraca Constructora  SCA c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

El Acuerdo de Sede aprobado por la ley 21.756 es un tratado, en los términos del art. 2, inc. 1, ap. a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: BAUTISTA DORA ANGELA c/ TERRAFIN  S.A.I.C.F.I.  Y C. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - EFECTO RESTRICTIVO - CADUCIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

Toda vez que las medidas cautelares importan la restricción para el que las sufre, el libre ejercicio de los derechos que le corresponden respecto de los bienes sobre los que habrán de recaer, cuando se las decreta con anterioridad a la iniciación del proceso principal quedan sujetas a un exiguo plazo de caducidad para impedir que se mantengan vigentes más allá del tiempo prudentemente necesario para el ejercicio de la pretensión, cuyo trascurso hace presumir el desinterés de quien las requirió y evita que sean utilizadas con finalidades distintas a aquellas que específicamente se tuvo en miras al autorizarlas.

Por lo tanto, si ellas comienzan a surtir efecto restrictivo desde el momento en el que se las traba, es a partir de allí que debe entenderse que comienza a actuar el mentado instituto de la caducidad, ya que interpretar lo contrario importaría tanto como considerar que sin razón alguna puedan aplicarse normas legislativas por la sola circunstancia de existir. Es decir, sin ninguna finalidad cierta que lo haga necesario y tirando por tierra el sentido lógico que debe regir siempre la aplicación del derecho.
BOLIVIA, fondo de asistencia legal, presunta víctima, planteo oportuno, ligadura de trompas, derecho a la protección integral de la familia, prueba documental
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Caso I.V. vs. Bolivia c/  s/ Fondo de asistencia legal de víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-01-13

Resulta procedente la solicitud para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana debiendo otorgarse, en consecuencia, el apoyo económico necesario a quien alega la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia por haber sido sometida en un hospital público a una ligadura de trompas, sin su consentimiento informado con pérdida permanente de su función reproductora -en supuesta violación a su integridad física y psicológica, a su vida privada y familiar y a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación-, por cuanto se presentó en tiempo oportuno y resultó satisfactoriamente documentada la carencia de recursos.
Juicio de apremio, obligaciones solidarias, herederos, sucesores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A.T.E.R. C/ COPELLO, CLAUDIA BEATRIZ Y OTROS EN SU CARACTER DE HEREDEROS DE ACOSTA SERGIO RAUL S/ APREMIO - Expt. N° 7166/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-19

En el marco de un apremio fiscal, el carácter de origen ganancial o no del automotor que genera la deuda por impuesto, no resulta óbice a la solidaridad de los contribuyentes que legisla el Título III del CF, en cuanto en su artículo 14 prevé que cuando la obligación fiscal se verifique respecto de dos o más personas todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad, siendo prerrogativa del Fisco la de dividir la obligación a cargo de cada una de ellas. El art. 16, a su vez, consigna que los herederos y demás sucesores tienen iguales obligaciones y deberes que el causante respecto de sus obligaciones fiscales.
BANCO DE SAN JUAN, sociedad anónima, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FORRADELAS RAMON c/ BANCO DE SAN JUAN S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-NUEVO PRONUNCIAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-04

Conforme resulta de la ley 3868 (estatuto del banco de san juan) especialmente art. 1º, 5º, 10º, 11º, 12º, 16º, 20º, 26º y concordantes) dicha institución se puede ubicar con nitidez dentro de las personas públicas no estatales. Dicha calificación, sólo tiene por objeto saber que fines debe cumplir, qué grado de control puede ejercer el estado; que poder de imperio puede tener; pero en modo alguno la relación contractual con sus dependientes estará regulada por el derecho constitucional o administrativo. Tratándose de una s.a., le resulta de aplicación la ley de sociedades y la ley de contrato de trabajo, por imperio del art. 1º de la misma.
Instigación, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: R., M. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-03

No puede ser objeto idóneo de la instigación quien ya está decidido al hecho.
Nulidad procesal, auto de procesamiento, falta de fundamentación, instrucción, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: CAPRIA, FRANCISCO s/ Encubrimiento de Contrabando, Incidente de apelación del auto de  procesamiento Causa Nro. 36419.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

1-Aún no habiendo sido requerida la nulidad en el incidente apelado, corresponde revocar de oficio el auto de procesamiento si el mismo omite la enunciación somera de los hechos y la indicación de los motivos en que se funda (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2-De acuerdo a la ley procesal las únicas nulidades declarables de oficio son las que se refieren a las garantías constitucionales del Juez natural, defensa en juicio y debido proceso cuando así se establezca expresamente (Art. 167 y 168 C.P.P.). Las que no tienen ese carácter sólo pueden ser declaradas a petición de parte (Art. 169 C.P.P.) (Cf. Nuñez, "Código Procesal Anotado de Córdoba", Lerner, p.146-147). Las inobservancia en el auto apelado de un requisito fundamental de toda resolución, como lo es la motivación suficiente, conduce a la revocatoria del decisorio (Art. 123 C.P.P.) (Del voto del Dr. Romero).
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Isasa Aníbal y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-11

El cuestionamiento acerca de la falta de pago de la tasa de justicia y sobretasa, no constituye una excepción de las admitidas en juicios ejecutivos por el ordenamiento procesal, por lo que debe ser desestimado. Su planteo, en todo caso, debe formularse en el marco de un recurso de reposición, dentro del término previsto por el art. 238 del Código Procesal Civil y Comercial, contra la providencia que despache la ejecución sin observar esa omisión.
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: CUEZZO ANTONIO BENITO s/ RETENCION INDEBIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-22

La norma - art. 173 inc. 2 CP- exige que medie una disposición de la ley, de la autoridad o un acto jurídico que coloque a la persona en posición autónoma de manejar, cuidar o administrar; y la conducta típica consiste en negarse a restituir o no restituir a su debido tiempo una cosa mueble, que el autor tuviera en su poder o a su disposición, por título no definitivo (no traslativo de la propiedad).

El obligado a restituir debe entregar lo recibido en virtud de una disposición de la ley, de la autoridad o de un acto jurídico, en los que se estipule la obligación de devolver o entregar la cosa o cosas que constituyan su objeto; de modo que lo determinante es que la persona que retenga la cosa haya llegado a la tenencia de la misma mediante un negocio jurídico válido.

En el caso de autos la facultad del imputado empleado de la querellante para cobrar las sumas adeudadas por los clientes de aquella, así como la obligación de entregar dichos montos a la Empresa, hallan causa en una relación existente entre acusado y querellante, fundada en un acto jurídico que lo facultaba y obligaba a actuar con eficacia para la empresa frente a los terceros clientes de la misma. Y la omisión de entregar o devolver las sumas de dinero cobradas permite tener por configurada una omisión de restituir defraudatoria, que encuadra en la figura del art. 173 inc. 2 CP.
Competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, acción de amparo, medicina prepaga, ley federal, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Médico Segurola S.A c/ Estado Nacional Argentino s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Corresponde al fuero contenciosoadministrativo conocer en la causa en la que se promueve una acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.754 ya que la materia del pleito resulta propia del derecho administrativo.
Compraventa inmobiliaria, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: OCCHI HUGO CESAR Y OTRO c/ CABO CORRIENTES  S.C.A. s/ ESCRITURACION - DEPOSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

La "excesiva onerosidad" que se pretende suprimir en caso de que el comprador de un lote adeude 88 cuotas por un monto carente de toda significación jurídica, repugna a toda idea de justicia, como a los principios de la buena fe en la ejecución de los contratos. Si la ley exige para que se haga uso de este remedio excepcional, que la prestación a cargo de una de las partes se torne "excesivamente onerosa", y además impide su aplicación si existe una mejora "equitativa" de los efectos del contrato, forzoso es concluir que no se pretende retornar a un perfecto equilibrio, sino evitar una acentuada desproporción en las prestaciones, que produzca perjuicio a la parte afectada.

Habrá de computarse que en el precio establecido se incluyó la pérdida verosímil del valor de la moneda durante el lapso de los años necesarios para el pago, que es lo que el vendedor debió hacer obrando con cuidado y previsión, tal como lo impone el art. 1198 del Código Civil. Pero será la previsión que pudo tener en la época en que suscribió el contrato. Además, que en el monto de las cuotas seguramente estaban incluidos los intereses y, que la vendedora esperaba tener una razonable ganancia, pues de otro modo no hubiera efectuado el loteo.

La vendedora deberá asumir la depreciación monetaria, pero no en la medida que excedió de todo cálculo previsible, sino en la que era normal a la época en que se celebró el acuerdo.
Improcedencia del recurso, arresto domiciliario, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Urrutia, Ricardo Antonio recurso de casación - reg. 1030/17 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-23

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la denegatoria del arresto domiciliario si en el informe del CMF se constató que el encartado presenta buen estado general, no es reactivo de HIV, y recibe el tratamiento necesario acorde al cuadro sanitario que presenta (suministro de bolsas de colostomía y medicamentos), por lo que cabe concluir que no se dan los presupuestos del art. 32 inc. "c" ley 24.660, en tanto la salud del imputado no sufre menoscabo por la permanencia intramuros.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramacciotti, Hector José Patricio c/ De Leon, Juan Manuel y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-15

La reserva formulada en la demanda, al dejar librado el monto a la correcta valoración "a lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse" autoriza una condena por una suma mayor a la estimada en la misma.
Daño resarcible, cuerpo de antropología forense, REPÚBLICA ARGENTINA, crímenes de lesa humanidad, pueblos originarios, violaciones masivas de Derechos Humanos, terrorismo de Estado, cadáver
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

Debe ordenarse la continuidad de las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas de la "Masacre de Napalpí" -matanza masiva llevada a cabo el 19 de julio de 1924 por el Estado Argentino, a cargo de policías y gendarmes contra unas quinientas personas pertenecientes a las familias Moqoit y Qom, en el marco de un proceso de planificación, ejecución y posterior encubrimiento-, puesto que quedó acreditada que aquella fue la modalidad de entierro luego de ocurrida la masacre, quedando a cargo del Estado Nacional la provisión de todos los recursos que el Equipo Argentino de Antropología Forense, demande a los fines de su realización, restituyendo asimismo a las Comunidades los restos óseos encontrados, cuya oportunidad y forma será determinada previa consulta a sus integrantes.
Pago, prueba del pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: Vecchio, Antonio Cayetano Domingo c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

La prueba del pago, por excelencia el recibo, y en tal sentido se dice que luego de reconocido por las partes en cuanto a su autenticidad, es prueba completa de aquello que en él consta, sin que pueda discutirse si es que no se ha incluido en él algún tipo de reserva.
Prueba testimonial, declaración testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: TAKANASHI, HIROISA c/ ARROYO ABAD, ISMAEL L. Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

La circunstancia de que no haya podido el testigo recordar algunos detalles que se le preguntaron, como el número de patente del vehículo que conducía, no es óbice para que su testimonio sea eficaz, y no se disminuya el valor probatorio del mismo, sin perjuicio de ser tal declaración valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 456 del Código Procesal). Ciertos olvidos están presentes en todos los testimonios, de modo que si recordó el número de licencia del automotor -aspecto muy importante para establecer si efectivamente trabajaba con determinada unidad o no-, debe admitirse la fidelidad de su testimonio en los aspectos sustanciales.-
Juicios universales, sucesiones, fuero de atracción, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: CORRADI, ELSA CATALINA c/ ARMANDO, MANUEL s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA -EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 56  1 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

Las disposiciones sobre el fuero de atracción del juicio sucesorio (art. 3284, inc. 4, del Código Civil) son de orden público -no pudiendo ser dejadas de lado por los particulares (art. 21 del Código Civil)- y tiene efectos tanto para las demandas nuevas como para las ya iniciadas y, en este último caso, funciona aun cuando las mismas se encuentren en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate. En este sentido, no obsta al fuero de atracción de la sucesión que el juicio ejecutivo se encuentre en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate, por ejemplo, mientras el ejecutante no haya percibido el importe de su crédito. Por lo tanto, si en la especie, la causa se halla en la fase de ejecución de sentencia, por ante el Juzgado de Circuito y se tramita el juicio sucesorio del demandado por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, corresponde que su titular siga entendiendo por efectos del fuero de atracción.