Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-13


000234/2009 Trelew, 13 de mayo de 2009.- VISTOS: --El recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 157 contra la resolución de fs. 148/151, --CONSIDERANDO: I.- En la resolución apelada el Sr. Juez de Primera Instancia consideró que la presente acción de amparo es la vía idónea para tratar el planteo de los amparistas, aunque sin declarar su admisibilidad formal. - En tal sentido estimó que se cumple con el requisito establecido por el art. 5º de la ley 4572 - en cuanto a que no existe otro medio judicial más idóneo que permita obtener el mismo efecto en igual o menor lapso- y que se dio cumplimiento a los recaudos formales previstos por el art. 6º de la ley citada. Expuso no obstante el "a quo" que previo a declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo intentada, guardando íntima relación con ello la procedencia de la medida cautelar solicitada y con el fin de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado, debía la parte actora denunciar si los menores Emanuel Ariel Legue y Matías Emiliano Vera Reyes se encuentran adheridos a alguna Obra Social y, en su caso, acreditar la negativa o imposibilidad de la misma de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 16 de la ley 24.901. II.- Se agraviaron los apelantes, en lo fundamental, sosteniendo que en la resolución apelada fue violado el principio dispositivo y la facultad de los justiciables de elegir contra quien dirigir su acción. Afirmaron que el principio de congruencia, que constituye una manifestación del dispositivo, impone al poder jurisdiccional la limitación en virtud de la cual le está vedado alterar los datos fácticos constitutivos de la pretensión. Expresaron que deliberadamente dirigieron su demanda contra el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, por lo que la resolución atacada sólo agrega promiscuidad a la constitución de la relación jurídica procesal propuesta. -Manifestaron que desde la conformación institucional de nuestra Nación, el Estado ha tenido y tiene la obligación de proveer servicios en materia de salud, educación y seguridad, que son materias en las que se obligó a desarrollar políticas universales con la pretensión de incluir a todos. Expusieron que originalmente estas competencias eran desarrolladas por la Nación por intermedio de los colegios nacionales, hasta que promediando el siglo pasado el Estado Nacional transfirió esas competencias a las estructuras provinciales, que asumieron la obligación de cumplir con el mandato constitucional del art. 14 in fine C.N. que reconoce el derecho de todo habitante de la Nación de ".enseñar y aprender". Adujeron que parece atinado vincular todo lo anterior con la obligación asumida por el Estado al ratificar la "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" aprobada en forma unánime por el Congreso de la Nación mediante la ley 26.378. Explicaron que esas nociones no son extrañas a nuestro derecho positivo local, señalando lo dispuesto por el decreto 094/2007, que en su artículo 14 establece que será propiciado en la escuela común estrategias de inclusión para los alumnos con discapacidad. Finalmente expresaron que en caso de admitirse el redireccionamiento de la acción, el Juzgado interviniente devendría incompetente, lo que configuraría en la práctica un claro obstáculo para la vigencia real y efectiva sus derechos de acceder a la justicia y a la defensa de los derechos de los dos niños involucrados en ésta acción. III.- La consagración en nuestro ordenamiento procesal del principio dispositivo importa, en último análisis, confiar a la actividad particular de los litigantes tanto el estímulo de la función jurisdiccional, la afirmación de los antecedentes de hecho, como también la aportación de los materiales de prueba sobre los cuales, en definitiva, ha de recaer la decisión jurisdiccional. - Es derivación del sistema dispositivo que los límites de la decisión judicial queden demarcados por las peticiones y pretensiones deducidas por la partes; así la sentencia que no se pronuncia sobre algunas de las cuestiones propuestas es omisa y la que va más allá de lo pedido, se dicta utra petita. --También como correlato de este principio, la aportación de los hechos y de las pruebas quedan reservados, como regla, a la actividad particular. El juez no podrá hacer mérito en su decisión de presupuestos fácticos no afirmados por las partes, de donde el hecho que no fue alegado para él no existe. De lo expuesto se deduce que se reserva asimismo a la esfera de las partes lo concerniente a la aportación de los elementos probatorios, con la finalidad de acreditar los hechos controvertidos y conducentes (confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales.", Librería Editora Platense S.R.L.-Abeledo Perrot, 1982, T. I, págs. 570/576).

En relación a lo antes expuesto, lo decidido por el Sr. Juez de la instancia anterior vulnera el principio dispositivo, razón por la cual habrá de revocarse la sentencia apelada. Es que siendo que los actores decidieron demandar al Estado Provincial, es indudable que las manifestaciones requeridas por el Sr. Juez a los actores pueden representar declaraciones que, más no sea indirectamente, aporten elementos que, eventualmente, podrían beneficiar a la demandada. - Es que en virtud del principio dispositivo, el juez se ha de atener exclusivamente a la actividad desplegada por las partes, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a promover el proceso ni a establecer la verdad valiéndose de hechos o pruebas no afirmados o propuestos por las partes. - Y si bien la admisibilidad preliminar del amparo incluye los presupuestos normados en los arts. 1 a 6 de la citada norma, de lo que se deduce que cabe que se controle, además de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir, de los requisitos formales, también las condiciones de fundamentación o procedencia de la pretensión, el juez no está autorizado para disponer que se arrimen elementos a la causa para decidir sobre esta última cuestión, pues para desestimar la demanda en este estadio respecto de estas últimas sólo lo podrá hacer si la pretensión aparece objetivamente, en sentido manifiesto, como improponible. Finalmente, toda vez que lo decidido por el por el Dr. Carlos María Faiella Pizzul implicó adelantar opinión sobre el fondo del asunto que habrá de continuar entendiendo en la presente la Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Trelew. -Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew; RESUELVE: Revocar la resolución de fs. 148/151, disponiéndose que habrá de continuar entendiendo en la presente la Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Trelew. Hágase saber a la Oficina de Adjudicación de Causas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° 92 DE 2009. SIC. CONSTE.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA