marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, exclusión de la tutela sindical, extinción por jubilación del trabajador, intimación a jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.) c/ Aguirre, Julia Estefanía s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-09

La previa exclusión judicial de la garantía sindical como requisito sine qua non exigido por la Ley 23551 para despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo a un representante gremial tiene por fin hacer efectiva la garantía constitucional de estabilidad -art. 14 bis-. En efecto, tal recaudo no tiene otro objeto que resguardar judicialmente los derechos de aquél a través del examen que el juez debe hacer para determinar si el despido intentado por el empleador se sustenta en justa causa o si, por el contrario, busca impedir el ejercicio de la gestión sindical del trabajador. Exigir que el empleador -es decir la Administración Pública- plantee la acción de exclusión de tutela sindical antes de iniciar actuaciones en las que se investiguen hechos que pudieren dar lugar a la determinación de responsabilidad funcional, podría dar lugar a la prescripción de la potestad disciplinaria o, al menos, se violentaría el principio de contemporaneidad que debe exigir entre el hecho imputable al agente público y la correspondiente sanción disciplinaria. Y requerir la promoción de la acción antes de la intimación a los fines jubilatorios tendrá en la práctica el efecto de desvirtuar el espíritu de la ley, que es precisamente que a su debido tiempo el empleado alcance la situación de pasividad y la Administración pueda disponer que ello acontezca, lo que se encuentra dentro de sus facultades de organización. Por lo tanto, no verificándose la existencia de una intimación idónea de acuerdo a la facultad otorgada por el art. 8º inc. "f" de la Ley 5546, la interposición de una acción de exclusión de tutela sindical resulta prematura y sólo procedería -si así fuera necesario- para despejar la protección sindical que pudiera regir a favor de la demandada cuando ya se encuentre cumplido el plazo dispuesto por dicha norma y a los fines de posibilitar el dictado del correspondiente acto administrativo de cese por jubilación. (Del voto por su fundamento de la Dra. Adriana Rodríguez Faraldo)
Moneda extranjera, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gavelloni, Gustavo y Zaro de Gravelloni, Dina Mabel c/ Racamonde, Héctor s/ Concurso preventivo - Concurso especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

La sanción de la ley 23928 y la consiguiente modificación de los arts. 617 y 619 del CCI, en nada altera el principio receptado en el artº 131 de la ley de Concursos, dado que el deudor no cumple dando la especie originalmente pactada porque se encuentra concursado y a ello se opone la "pars condicio creditoris". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26


Causa 126/11. N° Orden 11514 "PORTELA, Jorge Luis c/ E.N. (Mrio. de Just. Seg. Y DDHH -P.N.A.) s/ Ordinario" ///Martín, 26 de Junio de 2012.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de fs. 23/23vta., mediante la cual el Sr. Juez "a-quo" se declaró incompetente para entender en la presente.

II. A fs. 32 obra el dictamen del Sr. Fiscal General.

III. Ha menester recordar que la resolución sobre la competencia para juzgar un hecho representa una cuestión de orden público y es presupuesto para el dictado de la que recaiga sobre el fondo del pleito, por lo tanto puede ser examinada aun de oficio (Fallos: 330:2215). Para su determinación debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que la actora hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 303:1465; 305:1172; 306:229, 731; 307:505, 1595; 324:3999, 4491; entre otros).

Al respecto es dable puntualizar que en las acciones personales será juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato (art. 5 incs. 3° y 5° del CPCC). Entonces, debe tomarse en consideración que el actor se encuentra en situación de retiro y que la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde, en su caso, debería cumplir las obligaciones que se reclaman en la presente (este Tribunal, Sala II, causas 1582/10, 1919/10, 1920/10 y 98/11, rtas. el 2/12/10, 21/12/10 y 29/3/11, respectivamente). Por lo tanto, resultan incompetentes en razón del territorio los juzgados dependientes de esta Alzada, debiendo seguir conociendo en autos, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida, sin costas en la Alzada por no haber mediado sustanciación.

Por lo expuesto y oído que fue el Fiscal General, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fs. 23/23vta., sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMANTES: DRES. BARRAL, CULOTTA. FOSSATI.

SECRETARIA: DRA PEREZ.
Defensa, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Cookery S.A. s/ ejecución fiscal'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

Los planteos relativos a la improcedencia de la condonación de las sanciones que pretenden ser ejecutadas no fueron oportunamente incorporados al proceso por la ejecutante desde que, al dar respuesta al traslado de la excepción articulada por la demandada, el GCBA se limitó a oponerse a su procedencia requiriendo la suspensión del proceso de apremio como consecuencia de la suscripción por el contribuyente del plan de facilidades de pago denunciado, por aplicación del artículo 13 de la ley 2406, y nada expuso en dicha oportunidad procesal respecto de la improcedencia de la defensa particularmente en lo relativo a las sumas que pretende ejecutar en concepto de multa.

(Voto del Dr. José O. Casás).
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Emilio Ernesto; Rojas, Sergio Daniel; Moyano, Eduardo Dionisio s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Es irrelevante la mención en la sentencia de reconocimientos médicos como complementarios de la prueba testimonial utilizada para la acreditación de la autoría responsable del procesado, si aquéllos sólo se circunscriben al cuerpo del delito.
Contienda negativa de competencia, locación, fianza, daños y perjuicios, competencia por conexidad, juez de circuito, juez de distrito
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Elida Delmira c/ Ronchi de Razuk, Elida Beatriz s/ Conflicto negativo de competencia. Demanda ordinaria de repetición   (Expte. CSJ Nº 891-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia en favor de la postura del Juzgado de Ejecución Civil, ordenando que entienda en la causa el Juzgado en lo Civil y Comercial si lo pretendido no resulta exactamente la repetición de lo abonado por la actora, como garante de un contrato de locación y en virtud de la ejecución forzada de un bien inmueble de su propiedad, sino una indemnización en concepto de daños y perjuicios producidos por dicha causa estimada en el valor real del bien subastado. Y si bien, considerando el elemento causal, existe una relativa conexidad entre las causas mencionadas, no resulta aplicable el criterio expuesto por la Corte en la causa "Tosco" por cuanto no existe identidad objetiva que permita considerar a la presente estrictamente como una demanda de repetición.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Coop. Seg. Ltda. c/ Transportes Automotores La Plata s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

El art. 182 de la Ley 10620 resulta inconstitucional desde que limita al Magistrado la facultad de valorar en forma adecuada la labor del auxiliar de la justicia. Afecta la facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional (art. 33 Const. de la Provincia de Buenos Aires) de establecer una retribución justa que contemple igual retribución por igual tarea, ya que establece como pauta única la importancia económica del asunto con aplicación estricta de cálculos aritméticos sobre ella, vulnerando el art. 14 bis de la Constitución Nacional, alterándose principios, garantías y derechos constitucionales (arts. 28 y 31 Constitución Nacional). Ello, mas el disponer una causal de nulidad que denota un amparo especial en favor del perito contable con el que no cuentan ni las partes, ni los otros profesionales intervinientes (art. 16 Cons. Nacional).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vidal, Horacio Alfredo c/ Provincia de Buenos Aires (P.J.) s/ Incidente de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Debe admitirse la recusación planteada contra los jueces que han emitido los actos atacados por el accionante, en ejercicio de funciones de superintendencia. Ello así, toda vez que resulta imposible escindir la opinión vertida como parte del órgano que actúa administrativamente, de la que luego se deberá expresar en ejercicio de la función jurisdiccional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ FONTAL, Jesús c/ PERZ, Raúl s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Si bien la reparación de los daños y perjuicios derivados de los hechos ilícitos debe ser integral, ello no puede ni debe convertirse en una fuente de lucro a favor de quien ha resultado víctima de un hecho de esta naturaleza.
Monto del juicio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Torne, Ibis Guillermina c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-09

Si en algún fallo entendí que podía aceptarse que al presentar la demanda las partes no determinaran el monto de sus reclamos "siempre que no quede afectada la inviolabilidad de la defensa en juicio, o que de los autos no resulte que la reticencia o ambigüedad del actor constituya una manifestación de inconducta procesal violatoria del principio de lealtad o del de igualdad" justificando la indeterminación inicial del monto -lo que pudo ser aplicable al caso- luego, el incumplimiento de la carga probatoria imposibilita el pronunciamiento judicial".
Derecho a la vivienda digna, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las normas de jerarquía superior, debiendo el Estado realizar el mayor esfuerzo posible para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad de tal derecho a todos sus habitantes. -Del voto del juez Enrique Santiago Petracchi-.
Recursos, tribunal de alzada, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saavedra Jorge Omar c/ E.N. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El Tribunal de Alzada, como juez del recurso, tiene la facultad de revisarlo aun de oficio, tanto en cuanto a su procedencia, como a sus formas y trámite, a los fines de verificar, entre otros aspectos, la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su respecto en la primera instancia (conf. Morello, A.M., Passi Lanza, N.A., Sosa, G.L. y Berizonce, R.O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs.As. y de la Nación, Comentados y Anotados", T. III, pág. 467, ed. Platense-Abeledo Perrot, 1971;

Colombo, C.J., "Código Procesal Civ. y Com., Anotado y Comentado", t. I, pág. 450, Ed. Abeledo Perrot, 1975).
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: REVENGA RICARDO Y OTRO s/ SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-17

Existe fundamentación global -lo que equivale a falta de fundamentación- cuando la misma se apoya en elementos probatorios no identificados o no referidos específicamente al hecho o circunstancia a probar, sino que se mencionan en forma general e indeterminada o meramente descriptiva (T.S.J., Sala Penal, Sentencia Nro. 19 del 03/08/62, Sentencia Nro. 18 del 27/10/65, y Sentencia Nro. 14 del 03/07/86).

Si, en el caso, el Tribunal a quo al señalar la prueba colectada respecto del delito de asociación ilícita sostiene "la prueba que valoramos... está constituida por todos los elementos de convicción que hemos analizado al tratar los hechos segundo al octavo inclusive ..", sin mencionar en forma concreta cuáles pruebas sustentaron su certeza respecto de la autoría de los acusados en el hecho, con relación a cada uno de los extremos del delito de asociación ilícita, respecto del cual no basta del hecho de la comisión de una serie de delitos sino prevalecientemente el acuerdo para tal fin, tal omisión acarrea la nulidad de la sentencia.-
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, revisión judicial, debido proceso, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Juárez, Pedro Alejandro c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Toda vez que los planteos del apelante contra la sentencia que lo destituyó de su cargo de magistrado no son suficientes para demostrar una afectación al debido proceso, no existe cuestión federal que habilite la intervención de la Corte en el marco de los rigurosos límites que tiene la revisión judicial en asuntos de esta naturaleza.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, cuota sindical, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Suterh Sindicato Único de Trabajadores  de Edificios de Rentas y Horizontal c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Cerviño 3244 s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

Las disposiciones sobre recargos e intereses que rigen en el ámbito de los aportes y contribuciones de obra social no resultan aplicables en aquellos casos en que se reclaman cuotas y contribuciones sindicales porque la remisión efectuada por el art. 7 de la ley 24.642 al régimen de obras sociales está referida a las normas y no a otros aspectos del crédito como lo es el interés aplicable en caso de mora. Por ende, el monto de condena deberá llevar los intereses a la tasa activa según Acta N° 2357 de la CNAT.
Agentes de propaganda médica, reintegro de gastos de movilidad, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA  SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTIN c/ ORGANON ARGENTINA  S.A.C.I. s/ LEYES 18610 - 22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

No resulta procedente el reclamo de aportes sobre los gastos de movilidad establecidos en el art. 37 del CCT 119/75, pues éstos constituyen una devolución o anticipo de los gastos impuestos por el trabajo, y no una contraprestación de la puesta a disposición de la capacidad laborativa del trabajador.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calandri, Héctor Atilio c/ Gomez, Hugo Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

Es sólo la tarea de conmensurar el grado de participación causal y correspondiente responsabilidad, sobre la base de la materialidad del hecho tal como quedara definida en sede penal, la que en la esfera civil puede emprender el juzgador de este fuero de acuerdo a las facultades que confiere la ley (arts. 1101, 1102 del Código Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramírez de Ryberg, Cayetana c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otra s/ Indemnización por daños y perjuicios Valentini, Mario B. c/ Albano Cozzuol S.A. s/ Daños y perjuicios (daño moral) Merlo, Roberto Matías c/ Scionto, Antonio y otros s/ Daños y perjuicios Gómez, Gladys Mabel y otra c/ Carboni, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01|1995-12-19|2002-02-19|2006-11-08

El reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende, de circunstancias de hecho que el juzgador pondera, siendo su apreciación irrevisable por este Tribunal, salvo absurdo, extremo que debe ser cabalmente demostrado y acompañado de la invocación de las normas legales violadas con relación a dicha tarea valorativa.
Competencia de instrucción, competencia correccional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Tello, Irma Ramona en autos "Tello, Irma Ramona s-Querella" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-15

La competencia de este Cuerpo dentro del nuevo esquema, que le fuera atribuído por la Ley n° 3193, se circunscribe a actuar como Cámara de Apelación Instructoria; mas no como órgano de grado de la jurisdicción del Juez Correccional, a quien el código le asigna en algunos supuestos las atribuciones propias del presidente y de la Cámara en lo Criminal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Rubén Hugo c/ Frigorífico 1125 S.A s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo exhibe la discrepancia del quejoso con el juzgador en punto a la interpretación de los hechos, sin denunciar la infracción del precepto legal que rige la apreciación de la prueba.
Jornada de trabajo, franco compensatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GODFROIT, ARTURO A. c/ ORGANIZACION DE PROTECCION INDUSTRIAL SA. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Si bien el artículo 207 de la LCT. establece el momento a partir del cual se puede tomar el descanso, no fija límite expreso para el ejercicio de este derecho, que se considera cumplido por la doctrina, si se pone en ejercicio la facultad expresada en tiempo hábil, es decir, que si no se ejercita el derecho en el curso de la otra semana, caduca la opción legal.
Contrato de obra pública, reajuste de precios, suspensión de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FELIPE MARINI c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ORDINARIO - OBRA PUBLICA -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-07

Asiste parcialmente razón a la demandada en cuanto propone que el monto del contrato se actualice (desde la apertura de la licitación hasta el momento del acta de entrega del terreno) conforme la normativa de las leyes 12.910 y 15.285 modif. por resolución 815/76.

Toda vez que la fórmula polinómica pactada se refiere al ajuste de precios derivado de un aumento de costos durante la vida del contrato, y no surge de la documentación arrimada que la sustitución de la fórmula originaria haya sido notificada a la actora, ni que se hubiera practicado oportuna liquidación sobre tales bases. Así, el precio del contrato al momento de la entrega del terreno deberá resultar de la aplicación de la fórmula originaria que responde más acabadamente a las variaciones que sufrieran cada uno de los rubros del contrato, sin perjuicio de la adecuación que se practicará como resultado de mora en que pudiera haber incurrido hasta el pago.

La demora en que incurriere la Administración para hacer entrega del terreno, sumado a la falta de agravios de ésta en relación a los elementos integrantes del cálculo de la indemnización, hace procedente el ajuste del período que va desde la fecha del acta de iniciación de la obra, hasta el momento en que efectivamente ésta pudo comenzar.

La modificación de la fórmula polinómica no puede tener efectos sin notificación al contratista. Hasta tanto, el contrato se rige por la fórmula anterior que reconoce como génesis, un acuerdo entre las partes.

Habiéndosele reconocido al contratista derecho indemnizatorio por paralización de obras dentro de un período determinado, no puede éste pretender que también se le indemnice por la falta de aprobación de planos ocurrido, dentro del mismo período, puesto que de accederse a ello se acumularían dos reparaciones por un mismo perjuicio.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional no es prueba suficiente para acreditar las causales que justifiquen el reconocimiento de indemnización por razones meteorológicas; en el caso, por no haber sido informado en la forma y tiempo exigidos; pero también, porque en general los niveles de precipitación son comúnmente no apreciables como para que pueda sostenerse que se traten de meteoros que hubiera puesto en la imposibilidad de desarrollar los trabajos.

En cuanto al daño moral, la exclusión del actor de la lista de contratistas de Y.P.F. , aparece arbitraria por lo cual corresponde indemnizar su descrédito.
Recusación con causa, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: LUIS AZAR Y MUSA AZAR c/ CARDOSO W. INCA; VEGA HECTOR s/ s.d. HURTO DE GANADO MAYOR-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  -RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-27

Recusación con causa, no constituye sentencia definitiva o asimilable a tal por sus efectos, siendo jurisprudencia reiterada de la C.S.J.N. que lo atinente a la composición de los tribunales ordinarios, la recusación o excusación de sus miembros, no da lugar a recurso ante ese Alto Tribunal.
Quiebra, cesación de pagos, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

La LCQ 115 dispone, que la sentencia que determina la fecha de inicio de la cesación de pagos hace cosa juzgada "...respecto del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación y es presunción que admite prueba contraria respecto de los terceros que no intervinieron".
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, inactividad procesal, impulso procesal, obligaciones de las partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Pinguino S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Recurso de Apelación judicial judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

Para interrumpir la caducidad, los actos procesales deben ser útiles y adecuados al estado de la causa, por lo que el único medio de provocar la interrupción es solicitar justamente el acto, providencia o diligencia que corresponda al estado del juicio. De allí que las peticiones improcedentes o inoperantes no interrumpen la caducidad.

En el caso, la única forma de interrumpir el plazo de caducidad era la producción del acto pendiente -confección y diligenciamiento de las cédulas-, razón por la cual la solicitud de que se continúe con la producción de las pruebas constituyó una petición inoperante que en nada aportó al avance del proceso, y carece, por ende, de eficacia interruptiva.