Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-16


COMODORO RIVADAVIA, dieciséis diciembre de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C. S.R.L. c/B. F. E. s/ Ordinario" Expte N° 14.367/04, venidos del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial No. 1, ( Expte. N° 2149/2000), por haber interpuesto la demandada a fs. 308, recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fecha 23 de mayo de 2005, de fs. 307 que sostiene que no es de aplicación al presente el art. 16 de la ley 1806.

Rechazado el primero a fs. 310, y no concedido el segundo, la demandada interpone recurso de queja ante la Alzada, la que dispone conceder el recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo, ( fs. 317/318).

Se agravia el recurrente a fs. 308/309, por considerar que lo resuelto por la resolución de fecha 23 de mayo de 2005, resulta incongruente con lo normado y previsto por el artículo 16 de la ley 1806 t.o. Manifiesta que en autos surge de la resolución de fs. 200, el incumplimiento del pago de la tasa de justicia por el actor. Insiste que en el presente no se ha formulado la oposición fundada prevista por el artículo 13 de la ley citada, ni se ha formado el incidente previsto en el mismo. Continúa, que en el presente es procedente la aplicación del artículo 16 de la ley 1806 y solicita se revoque la resolución recurrida.

A fs. 331/334, contesta los agravios el actor solicitando el rechazo del recurso de apelación por los fundamentos expuestos en su libelo. Solicita se confirme la resolución atacada y hace reserva del caso federal.

De las constancias de autos surge que a fs. 119, se intima al actor al pago de la tasa de justicia como consecuencia de haber concluido por caducidad de instancia el incidente de beneficio de litigar sin gastos promovido por la parte. A fs. 157, solicita ser eximido del pago de la tasa de justicia. A fs. 168, el tribunal le otorga el beneficio de abonar la tasa de justicia en 36 cuotas mensuales y consecutivas de $ 320,90. Dicha resolución es confirmada por la Alzada a fs. 190/191. A continuación, a fs. 200, el tribunal ante el incumplimiento del pago de la tasa por el actor, ordena se comunique el mismo a Fiscalía de Estado para su cobro compulsivo. A fs. 302 se libra el certificado de deuda expedido por el actuario. A fs. 306, el demandado solicita ante la falta de pago de la tasa de justicia, se tenga presente lo previsto por el artículo 16 de la ley 1806 t.o. A fs. 307, se dicta el proveído en crisis que dispone que dicha norma no es aplicable al caso.

Es sabido que la tasa es una especie de tributo que surge cuando el estado ha prestado un servicio administrativo determinado que afecta de modo especial al obligado al pago. El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla más allá de la posterior posibilidad de repetir lo abonado contra la parte que resulte condenada. La tasa de justicia ha sido impuesta como un medio de recaudación del estado y que reconoce su fundamento en las normas de justicia distributiva y legal.

Ahora bien, la tasa de justicia es un requisito exigido por una ley que forma parte de la reglamentación del derecho de peticionar a las autoridades y el ejercicio de defensa en juicio y, siguiendo el criterio de la Corte Suprema se establece que los derechos constitucionales no son absolutos sino que encuentran sus límites en las leyes que reglamentan su ejercicio.

Por ello, la exigencia del pago es procedente por estar dispuesto en una ley que reglamenta el derecho de acceder a la jurisdicción. Esto es así, pues el acceso a la justicia se encuentra garantizado con el beneficio de litigar sin gastos y por las exenciones previstas en la ley específica de tasa de justicia.

En el presente, el beneficio de litigar sin gastos promovido por la actora, concluyó por perención de instancia, ante ello debe asumir las consecuencias de su conducta procesal. Se advierte que se concedió el beneficio de abonar la tasa de justicia en cuotas, no cumpliendo la parte con su obligación a pesar de las facilidades otorgadas.

Se ha dicho que en el ámbito provincial el pago de la tasa de justicia es una cuestión procesal y constituye un requisito de la demanda, salvo la obtención del beneficio de litigar sin gastos. ( EUREKA Sumario 07283 MFN 004046) Por ello, el incumplimiento de pago de la tasa de justicia provoca la suspensión de los actos procesales, desde que las actuaciones judiciales están sujetas a las tasas que establece la ley 1806 y si no hay exenciones subjetivas, dicha sujeción provoca que ninguna oficina pública o juez realizará tramitación alguna..., ni tampoco se tramitará expediente alguno. ( Eureka. Sumarios 07981 MFN 004508, 07287 MFN 004051).

Asimismo, se constata que en autos no se ha formado el incidente previsto por el último párrafo del artículo 13 de la ley 1806 ni formulado oposición fundada. Es más, la petición del actor de ser eximido del pago de la tasa ya fue resuelto por el juez de grado en su oportunidad y confirmado por la Alzada ( fs. 168 y 190/191) no siendo admisible la renovación del debate de la cuestión por el principio de cosa juzgada.	Al encontrarse firme dicha resolución que no se ha cumplido, corresponde declarar procedente la aplicación de las disposiciones del artículo 16 de la ley 1806, hasta tanto se abone la misma. Es que en el marco legal citado que no ha sido impugnado por las partes, es procedente la paralización de las actuaciones,( Conf. Sala A. Sentencia Interlocutoria nº 21/02).

Por lo expuesto, se concluye que le asiste razón al apelante por lo que se revoca la resolución de fecha 23 de mayo de 2005 de fs. 307, ordenado se aplique en autos las disposiciones del artículo 16 de la ley 1806 t.o.

Costas de la Alzada se imponen al actor vencido. Se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta la labor desarrollada y éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles profesionales para abogados. ( arts. 6,7,8, 33 y 14 ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1°).- Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la demandada a fs. 308/309 y revocar la resolución de fecha 23 de mayo de 2005 de fs.307, ordenando se aplique al presente proceso las disposiciones del artículo 16 de la ley 1806.-	2°).- Costas de la Alzada al actor vencido. Regular los honorarios profesionales del Dr. O G A, en la suma de pesos cien ( $ 100,00) y los del Dr. M A O, en la suma de pesos cincuenta ( $ 50,00).

3°).- Regístrese, Notifíquese, Devuélvase.-	La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse inhibidos de actuar los doctores Fernando Nahuelanca y Julio Antonio Alexandre y haber concordado en la solución del caso (arts. 1,2,3 y 5 Ley 4550 -modif.ley 1130).- Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet -Presidente-; Marta Susana Reynoso de Roberts -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL NRO. 218 AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS