marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

En sus relaciones con los órganos jurisdiccionales, la Administración no se encuentra en idéntica situación que un litigante ordinario. Es justiciable ante los tribunales, pero, es un justiciable de un género particular, porque se beneficia de ciertas y determinadas prerrogativas. La primera prerrogativa es la de que ella -en el ejercicio de funciones administrativas- no puede ser llevada (en los casos que establece la ley) más que ante tribunales con "jurisdicción contencioso administrativa" que se configura como una "jurisdicción especial" -que constituye una garantía para la Administración- desde el punto de vista material opuesta a la llamada "jurisdicción ordinaria" (civil, comercial, laboral y penal). Una segunda prerrogativa consiste en que no puede ser llevada ante la justicia sin habérsele brindado previamente la oportunidad de reexaminar los actos susceptibles de impugnación. La tercera prerrogativa que aparece en provecho de la Administración se vincula cuando ella entiende realizar sus decisiones ejecutorias, pues, puede, al menos en ciertos casos, dispensarse de recurrir a la justicia para hacer reconocer y ejecutar sus potestades como, en cambio, deben hacerlo los particulares. Es la conocida "autotutela administrativa". Otra prerrogativa de que goza la Administración en sus relaciones con la justicia es el principio según el cual los recursos contencioso administrativos presentados por los particulares ante los tribunales con esa competencia, no son suspensivos de la ejecución de las decisiones administrativas impugnadas, salvo los casos excepcionales establecidos en la ley, en los que el tribunal puede disponer tal suspensión. (Del voto del Dr. Ulla).
Regulación de honorarios, incidentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kappler de Palamedi Rosa Sofia c/ Juarez Hermes Oscar s/ Sumario -Inc. Nulidad de todo lo actuado a nombre de Juárez Hermes
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-31

El hecho de que la estimación de los honorarios del incidente este supeditada a lo que corresponda en el principal, obsta a la determinación hasta la oportunidad de sentencia final, ocasión en la que sólo es posible apreciar la entidad económica de los intereses comprometidos en el pleito, y computarse -en su caso- los intereses devengados a la fecha de practicarse la estimación de la retribución debida los letrados intervinientes, conforme lo impone el artículo 31 de la Ley de Aranceles. Debe agregarse que también debe tomarse en cuenta su vinculación sobre el juicio principal, lo que también remite a aquella oportunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, monto de la pena, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., J. R. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE-DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-CORRUPCION Y PROSTITUCION PROMOCION Y FACILITACION DE CORRUPCION DE MENORES DE 18 AÑOS CALIFICADO VICTIMA MENOR DE 13 AÑOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

En relación al planteo referido al monto de la pena, no ha sido suficientemente fundado y no resulta idóneo para demostrar, tan siquiera en forma liminar, que nos encontremos ante algún supuesto de excepción que amerite la admisibilidad del recurso intentado pues, más allá de sus críticas puntuales a algunos de los argumentos expuestos en el fallo, no puede concluirse a partir de la lectura de los agravios que el monto punitivo finalmente impuesto al justiciable resulte irrazonable o apartado de la escala penal aplicable, fundamentalmente teniendo en cuenta las características del delito, la calificación legal decidida y las circunstancias agravantes y atenuantes mencionadas en el decisorio.
Embargo preventivo, daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galghera, Miguel  Angel c/ Mendez, Geudeomar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Teniendo en cuenta el carácter tuitivo -preservar la utilidad practica de la función judicial- del embargo, las normas que lo rige deben ser interpretadas con un sentido amplio, por lo que la enumeración que hacen los arts. 209 del CPC de distintos supuestos en los cuales es procedente el embargo solo tiene carácter enunciativo y por lo tanto no impide la traba de esa medida en casos no enumerados por la ley en tanto se reúnan los presupuestos de admisibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bargo, Jorge Antonio y otros c/ Municiaplidad de General Pueyrredón s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 7757
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

La autorización destinada al funcionamiento de un colegio público secundario, aún en zona residencial, encuadra en las finalidades de interés colectivo que la Comuna debe atender (art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades).
Nombramiento, acción de amparo, Poder Ejecutivo, mora de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Waingarten, Sebastián c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

Superadas las pruebas selectivas en el proceso interno de selección para el cargo, no existe un derecho a ser designado que los jueces puedan, válidamente, resguardar mediante el amparo, ni resulta manifiesta una conducta ilegítima de la administración que no sea su propia mora en resolver la expectativa. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, competencia, acción de responsabilidad, acciones societarias, remisión del expediente, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Campos Salva, Carlos Alberto c/  s/ campos salva, fernando y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Procede rechazar el ofrecimiento de jurisdicción a este Tribunal por haber intervenido en el concurso preventivo de la sociedad demandada y considerar que la materia debatida se vincula con la vida de la sociedad y su giro comercial, por lo que resultaría procedente que sean los mismos jueces los que entiendan en este juicio. Ello por cuanto, en el caso, surge que el actor -en su carácter de accionista- solicitó, entre otras pretensiones, la disolución del ente por imposibilidad de cumplir con su objeto social y, a su vez, la designación de un coadministrador en los términos de la LGS 113. En ese escenario, juzga la Sala que corresponde estar a lo dispuesto en el último párrafo del art. 60 del Reglamento de la Justicia Comercial de la Capital Federal, en cuanto establece que las actuaciones de índole societaria concerniente a aspectos de funcionamiento interno de sociedades en situación de concurso preventivo o quiebra estarán sujetas al régimen general de asignación, sin radicación en el juzgado de trámite concursal, salvo expresa disposición en contrario de la ley de la materia y sin perjuicio de lo que jurisdiccionalmente pudiera decidirse en particulares circunstancias, que serán interpretadas restrictivamente, y que en el caso no se verifican. Ello así teniendo en cuenta que el concurso preventivo de la sociedad se encuentra homologado desde hace más de diez años y en etapa de cumplimiento. Además, los hechos narrados en la demanda que sustentan el pedido de disolución son posteriores al concursamiento -que data del año 2003- por lo que no se advierte que pudiera existir riesgo de dictado de sentencias contradictorias que justifique el desplazamiento de la causa.
Acción de amparo, tribunal de alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silguero, Olga c/ Junta  Electoral del Sindicato de Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo Trabajadores Estatales de la Salud de Formosa (SITEF) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

Si la ley procesal que rige el amparo (sea el art. 17 Del decreto ley 749/79 o hipotéticamente, el art. 495 inc. 4 del C.P.C.C.) Autoriza la apelación, la resolución será apelable por imperativo legal expreso, cualquiera sea el tribunal del cual provenga. Y cuando el tribunal a-quo no tenga, en nuestra organización judicial, otro superior que este cuerpo, será el superior tribunal el competente para entender en la apelación conforme lo dispone el art. 167 Incs. 2 y 4 de la Constitución Provincial.
Honorarios del perito, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: DURAN, José Luis y otro c/ EL CANGREJO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

Si la inoficiosidad del peritaje le es imputable totalmente al experto no corresponde que perciba una remuneración por la labor impugnada, que no reportó ninguna utilidad a las partes (conf. C.N Civ. Sala E, c. 3312 del 15/12/83).
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: BULACIO RICARDO c/ PAZ MARIA JOSEFA s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-11

Carece de fundamentación el escrito casatorio que sólo manifiesta su desacuerdo con la apreciación de la prueba, pero no precisa en forma alguna la ley violada o su falsa o errónea aplicación.-
Jurisprudencia contradictoria, tasas, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL - LABORAL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

Existiendo pronunciamientos disímiles entre los distintos tribunales provinciales en materia de tasa de interés aplicable y, aun más, cambios de criterio en ellos -considerados individualmente- y en desmedro de un tratamiento uniforme, llegan a la Corte Suprema de Justicia situaciones similares resueltas temporal y-o espacialmente de manera diferente. Por ende, es justificada la intervención decisoria de la Corte Suprema de Justicia en la fijación definitiva de los intereses con los que se liquidarán las deudas judicialmente establecidas, cuando hay poderosas razones de incidencia macroeconómica, y también razones vinculadas a la seguridad jurídica.
Recurso de casación, torturas, fundamentación del recurso, prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: Abrigo, Walter Rubén; Tidone, Raúl Ángel, López, Justo José; Ojeda, Juan Domingo y Cerecetto, Ramón Eduardo s/ apremios ilegales, tormentos seguidos de muerte.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

El recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenó a los coimputados en orden al delito de tormentos seguido de muerte, debe ser rechazado, pues el impugnante no aportó elementos de juicio para demostrar que el razonamiento efectuado en la sentencia resultara falaz, desde que, si no se alegaran y probaran con el debido soporte documental, notorios apartamientos de las reglas de la sana critica de la lógica, la valoración del juez sobre dichas circunstancias fácticas resulta materia ajena a la casación.
Derechos humanos, tratados internacionales, normas operativas, normas programáticas
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La presunción de que las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen derechos que pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna, cede cuando la norma bajo examen reviste un carácter nítidamente programático.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, honorarios, quiebra
Materia: Procesal
Carátula: Banco Regional Patagónico S.A. s/ Incidente de Verificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-28

Al agravio que refiere que el "a-quo" debió aplicar las normas de la ley 19551, en lugar del Decreto Ley 2200, determina a reiterar "Aún cuando resultara posible una discrepancia fundada en el criterio de selección empleado en el pronunciamiento atacado con el derecho finalmente aplicado por éste, por constituir facultades privativas de los jueces de grado, no es audible dicho planteamiento por vía extraordinaria, salvo que se demuestre en principio, el desvío del razonamiento lógico o el error palmario y fundamental constitutivos del absurdo".
Costas, litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Spagnoli, Yolen Osvaldo c/ Municipalidad de Resistencia y Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular y sus acumulados Exptes.903/84 y 1037/84. Spagnoli, Yolen Osvaldo c/ Municipalidad de Resistencia y Provincia del Chaco s/ Expropiación irregular y sus acumulados Exptes.903/84 y 1037/84.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-25|1994-02-25

En el caso de acumulación voluntaria de acciones, litisconsorcio facultativo -el actor no puede pretender que las costas devengadas con motivo del pleito suscitado entre él y los co-demandados respecto de los cuales la demanda fue rechazada le sean aplicadas a los co-demandados contra quienes prosperó la acción. Se presenta similar situación en autos en que las actoras acumulan equivocadamente las pretensiones que creen tener contra la provincia y la Municipalidad. No habiendo asumido la provincia el carácter de sujeto activo de la relación expropiatoria, ni siendo sujeto pasivo de la relación procesal las costas originadas por su intervención no le pueden ser impuestas a ella, por aplicación del principio objetivo de la derrota(art.68 del CPCC). Tampoco resulta procedente imponerlas al municipio, que respecto de la demanda incoada contra el Estado local y consecuente excepción procesal planteada por la Provincia del Chaco y su resultado, deviene y permanece totalmente ajeno, no obstante que en el desarrollo del proceso se vio precisado a participar en la misma posición de aquella. Es que cada uno de los litisconsortes pasivos debe ser considerado sujeto autónomo de gestión dentro del proceso único.
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, emergencia económica, homologación del acuerdo laboral, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: SALLESE, LUIS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-09

La crisis por la que atraviesan las empresas públicas no debe ser un hecho por sí solo dirimente de la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones para con los trabajadores. Ni la ley 23696, de reforma del estado y la ley 23697, de emergencia económica, han suspendido normas de la LCT. Tampoco han introducido modificación alguna ni siguiera temporal en el art. 15 LCT o en otras normas que consagran el principio protectorio hacia los derechos e intereses de todos los trabajadores, sin diferenciaciones en razón del empleador.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERGARA, ALDO JOAQUIN c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS, EN CONCURSO REAL CON PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA, A TITULO DE COAUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

El razonamiento de los Judicantes -en tanto entienden que, sin descartar definitivamente la posibilidad de apremios o coacción en el contexto en el que los coimputados aportaron sus manifestaciones, debe desarrollarse una investigación exhaustiva para determinar la existencia de lo denunciado por los justiciables- luce conteste con las recomendaciones expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 175/10 en donde se estableció el deber del Estado de realizar una debida investigación seria, exhaustiva e imparcial ante la existencia de una denuncia razonablemente fundada sobre hechos de apremios. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dr. Erbetta) - CITAS: CIDH: Informe 175/10; CSJStaFe: Pugh, AyS T 259, p 50 y Garcilazo, T 285, p 407. - Jurisprudencia concordante con Duran, AyS T325, p 454, sumario J0051190.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, jurisdicción, thema decidendum, debido proceso, religiosos profesos, aval, personas desvalidas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CIA. ARGENTINA FINANCIERA S. A. c/ ROSA SILVIO D. Y OTROS s/ DEMANDA EJECUTIVA- SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA  EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 431 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la decisión adoptada por los jueces de grado ha supuesto un apartamiento manifiesto de la relación procesal y, al propio tiempo, se sustenta en una interpretación irrazonable de las normas en juego, lo que no se compadece con la exigencia constitucional de que las sentencias sean derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa.

En el sub judice- el Tribunal a quo, tras pronunciarse por la aplicabilidad al sacerdote de la norma contenida en el artículo 2011, inciso 6 , del Código Civil, entendió que el mismo tenía capacidad para avalar la obligación que diera lugar a la ejecución atento concurrir una de las excepciones previstas en el citado precepto, por tratarse de un aval otorgado "en pro de una persona 'desvalida'" y al así resolver, invocó como fundamento de su respuesta una circunstancia fáctica (la de tratarse de una "persona desvalida") que no había sido invocada por la ejecutante, quien omitió esgrimir toda defensa (y omitió toda prueba) a su respecto al corrérsele traslado de las excepciones opuestas, postura en la que incluso persistió al alegar -cuando se limitó a insistir en que no se había probado que el ejecutado fuese un religioso profeso-, y al expresar sus agravios ante la Sala -cuando no obstante el criterio del Juez de baja instancia, sólo postuló que el citado precepto era inaplicable al caso-.

En tales condiciones, al afectar sustancialmente las posibilidades defensivas del recurrente, resulta obvio que el criterio del a quo vulneró de manera directa e inequívoca la garantía del debido proceso, pues éste exige precisamente la observancia de las formas sustanciales relativas, entre otros extremos, a ofrecer y producir pruebas (además de las vinculadas con los derechos a ser oído y a obtener una sentencia fundada y justa.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, medida de no innovar, intervención federal, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Olivo Nogueira, Julio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-14

El hecho de que la intervención federal al Poder Judicial de una provincia no se hubiera dispuesto al tiempo de interponerse la acción de amparo y solicitarse la prohibición de innovar, no constituye un obstáculo para la procedencia del amparo ni de la medida cautelar, pues a esos fines resulta suficiente la existencia de una amenaza de lesión cierta, actual e inminente
Indulto, procesado, inconstitucionalidad, facultades del Poder Ejecutivo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Saldarriaga Eras, D.A. s/ Indulto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

La división de poderes establecida por la Constitución implica la veda para alguno de los tres poderes de ejercer facultades de los otros dos, por lo que el P.E. puede indultar, pero su ejercicio no puede canalizar una amnistía encubierta, ni una intromisión en una causa judicial abierta, sostener lo contrario constituiría una flagrante violación al art. 95 de la C.N., por lo que el decreto 263 de fecha 11/2/91 por el que se indulta a un procesado es inconstitucional.
Nombre comercial, nombres confundibles, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMEA SA c/ CAMECO SRL s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

No proyecta influencia en la decisión de la causa la convivencia del nombre de la actora con otros presuntamente semejantes; porque se trata de terceros, a cuyo respecto se ignora las concretas circunstancias que condujeron a tolerarlos y en todo caso, esa eventual confundibilidad no puede ser elevada a la categoría de razón determinante para aumentar el espectro de nombres confundibles, ya que ello comprometería los intereses del publico consumidor.
Daños y perjuicios, seguros, asegurado, privación del uso del automotor, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ FERNANDO c/ OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

Si no está probado que el asegurado se vió impedido de sustituir el automotor por falta de pago de la indemnización por parte de la aseguradora, ni que tal fue concretamente su intención, no procede la indemnización reclamada a tal fin.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, principio de legalidad, efectos erga omnes, ley general
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

Carece de fundamento el planteo relacionado con el principio de legalidad tributaria, porque la base de imposición ha sido establecida expresamente por una ley, que habrá de regir hasta tanto otra ley o una declaración erga omnes de inconstitucionalidad pronunciada por la justicia, la abrogue o no la aplique. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, intereses
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Rodríguez, Santorum c/ Tap Air Portugal. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-21

En cuanto al régimen de intereses, éstos deberán calcularse según la tasa del 6% anual desde el momento de notificación de la demanda hasta el 31 de marzo de 1991. Los intereses que corran a partir de esta fecha deberán calcularse según la tasa pasiva promedio mensual que publique el Banco Central de la República Argentina. (art. 622, Cód. Civ. Ley 23928, art. 10 del Decreto 941-91 y art. 8 segundo párrafo del dec. 529-91.
Sueldo anual complementario, despido sin causa, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cordoba Roberto Anibal c/ Empresa Zille S.R.L. y otro s/ Despido directo por otras causales
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-12

Resulta correcto computar el sueldo anual complementario proporcional respecto de la indemnización sustitutiva del preaviso. (del voto de la Dra. Clerici, en mayoría parcial).
Seguridad social, aportes previsionales, interpretación de la ley, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: URSZTEJN, ISAAC c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-11

El art. 25 de la ley 18.037, no vulnera ningún precepto constitucional. El propósito de la norma tiende justamente a garantizar la protección de los fondos comunes de los afiliados desde donde se abonarán las correspondientes prestaciones y, de esa manera, poder asegurar el otorgamiento de los beneficios de la seguridad social, de conformidad con el art. 14 bis del texto constitucional.