Robo calificado, coautoría
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ahumada, Darío E. s/ Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 9/12 interpuesta por el Dr. Cerezo, Mariano referente a Expte. Letra 'A-A' Nº 171/11 - Ahumada, Darío E. y otro p.ss.aa. Robo Calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-12

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como co-autor penalmente responsable del delito de Robo Calificado por ser cometido con Armas de Fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C.P., previsto y penado por los arts. 166 inc. primero -Art. 90 del C.P.-, e inciso segundo, éste en función del último párrafo del citado artículo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de nueve años de prisión, de cumplimiento efectivo con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del CP), ordenándose en consecuencia su inmediata detención debiendo ser alojado en el pabellón adecuado del Servicio Penitenciario Provincial.

Contra el decisorio aludido comparece el recurrente, en su calidad de asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Subsidiariamente, el recurrente introduce, como segundo motivo de casación, la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

La cuestión a dilucidar radica entonces, en analizar si efectivamente el tribunal de mérito ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena (arts. 40 y 41 del C.P. y 454 inc. 3º del C.P.P.).

Adelanto mi respuesta negativa, siguiendo la postura sostenida por esta Corte en el precedente "Baigorria" (S. 47, del 30/12/10), en donde se dijo que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal no implica violación legal alguna.

Sumado a ello, debo decir que tampoco se vislumbra -como enfatiza el recurrente- que el tribunal a quo se haya limitado a mencionar las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., ni mucho menos que haya efectuado un análisis parcializado al fundamentar la tercera cuestión del fallo puesto en crisis, como pretende demostrar quien recurre.

En consecuencia, los agravios expuestos no resultan procedentes por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

El juzgador justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado a las víctimas del robo, las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del mismo.

Ponderó a favor del acusado su grado de instrucción -secundario incompleto-, que se trata de una persona joven, que carece de antecedentes penales computables, lo que evidentemente demuestra que el sentenciante consideró circunstancias atenuantes a favor del acusado, en sentido contrario a lo argumentado por la defensa.

En contra del acusado, ponderó la falta de motivos que lo determinaron a delinquir, en especial que no se encontraba en estado de miseria o dificultad para ganarse el sustento, aclarando que trabajaba como empleado público, sin impedimentos físicos y psíquicos que los impidan a vivir honradamente, siendo el móvil el ánimo de lucro; el concepto regular a malo de la comunidad en la que vive (Informe Socio Ambiental); la falta de contemplación para con los damnificados, poniendo énfasis en la agresión física propinada a dos personas de avanzada edad (70 y 67 años), quienes no se resistieron y, no obstante ello, cometieron el delito; que fueron dos los sujetos, la nocturnidad aprovechada para cometer el ilícito, sumado a que la vivienda de las víctimas se encontraba alejada de otras viviendas; que golpearon violentamente a sus víctimas, siendo que una de ellas era de condición femenina, que las maniataron y encerraron en una de las dependencias de la casa, librándolos a su suerte; que las víctimas no sólo no recuperaron los objetos sustraídos, sino que además, originaron en ellas un daño material y moral que se pudo apreciar -aclaró el tribunal- durante el transcurso de sus declaraciones cuando las mismas espontáneamente lloraron al recordar la situación vivida ese día (inmediación), demostrando la angustia que les generó y les genera el evento.

Por otra parte, corresponde decir, que si bien la defensa cuestiona la valoración negativa que ha efectuado el tribunal con respecto al Informe Socio Ambiental del imputado, no ha formulado argumentos al respecto, sino sólo se ha limitado a manifestar que corresponde "que se aplique el principio in dubio pro reo".

Concretamente, no expresa en qué consiste la crítica formulada, advirtiéndose que sólo efectúa una inferencia que ninguna incidencia tiene, a mi entender, para desestabilizar el razonamiento del juzgador al respecto.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación.