Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08


Dictamen de la Fiscal General Subrogante de Cámara:

Excma. Cámara:

He opinado sobre la materia de la cual se me corre vista en el expediente "Automotores Roca SA c/ Montillo, Yolanda Rosa s/ejecución prendaria", dictamen 89.967 del 18-6-02; también en los autos "Basso, Gustavo c/ Somovilla, Dora s/ejecutivo", dictamen 90.68 del 28-08-02, conf. sala A, 19-9-02, y en otros precedentes análogos, por lo cual me remito en lo pertinente a lo allí expresado, por razones de brevedad, a cuyo fin adjunto copia del dictamen mencionado en primer lugar.

En los términos expuestos, dejo contestada la vista conferida por V.E.. - Buenos Aires, abril 19 de 2004. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 8 de 2007.

Y VISTOS:

1.) Apeló la concursada la resolución dictada en fs. 878/886 por la cual el Señor Juez de Grado declaró la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 25.561, del Decreto 214/02 y de las restantes normas y disposiciones dictadas en consecuencia, rechazando, por ende, el pedido incoado por aquélla tendiente a abonar "pesificado" el saldo de la acreencia que corresponde al acreedor C Steinweg-Handelsveem B. V., disponiéndose que debe ser efectivizado en florines holandeses (DFL), o en su defecto, en pesos según cotización en el mercado libre de cambios.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 896/900 y respondidos en fs. 902/903.

En fs. 910/914 fue oída la Sra. Representante del Ministerio Público, quien dictaminó en el sentido que surge de la citada foja.

2.) La recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con sustento en que: i) el a quo habría realizado una evaluación parcial de las normas en juego, toda vez que se centró en el art. 1º de la ley 25.561, sin realizar ninguna referencia a las restantes disposiciones contenidas en dicha ley; ii) se habría omitido considerar la situación excepcional por la que atravesaba el país al momento del dictado de la normativa impugnada; iii) no se ponderó que en el sublite media un acuerdo homologado que provocó la novación de las obligaciones de los acreedores.

3.) A efectos de una mejor comprensión de la materia traída a conocimiento de esta Alzada, cabe referir que la acreedora C Steinweg-Handelsveem B. V. tiene verificado un crédito quirografario por la suma de DFL 154.193,97 (fs. 846). Con fecha 15.04.97 se homologó el acuerdo preventivo presentado por la concursada (fs. 705), el cual consiste en el pago del 40% del crédito verificado en un plazo de seis (6) años en cuotas anuales, con vencimiento la primera de ellas el 18.03.99 (fs. 542), sin aplicación de intereses y declarando que se pagarían en la moneda en que fueron reconocidas las acreencias.

En fs. 845 la concursada depositó el monto correspondiente a la cuarta (4º) cuota concordataria correspondiente a C Steinweg-Handelsveem B. V. a efectos de evitar la mora en el cumplimiento de la obligación, alegando que dicho acreedor se había negado a recibir el crédito "pesificado" en tanto insistía en cobrarlo en euros.

Conferido el traslado de rigor, la acreedora rechazó el pago del modo propuesto y planteó la inconstitucionalidad de las normas que decretaron la "pesificación", especialmente la ley 25.561, decretos 214/02 y 320/02, así como también todas las normas consecuentes emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, del BCRA y del Ministerio de Economía de la Nación (fs. 853/857). En forma subsidiaria, solicitó que las sumas debidas sean incrementadas con la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia.

4.) Síguese del relato precedente que el thema decidendum versa sobre dos cuestiones, a saber: a) si medió -o no- en la especie novación de la de la obligación debida al acreedor; y b.) si la normativa de emergencia es susceptible -o no- de afectar derechos y garantías constitucionales.

Por razones de orden metodológico ha de abordarse en primer término el tratamiento de la materia relativa a los efectos del acuerdo homologado para luego, en su caso, analizar el planteo de inconstitucionalidad deducido oportunamente por la acreedora.

5.) En torno al primero de estos temas, ha de repararse en que de la lectura de la propuesta de acuerdo preventivo resulta que las cuotas serían abonadas en la misma moneda en que fueron verificados los créditos. Síguese de ello que, tratándose de una deuda verificada en florines holandeses, debía ser abonada en esa moneda.

Sin embargo, tanto la propuesta de acuerdo como la resolución homologatoria son de fecha anterior a la entrada en vigencia de las normativas que pesificaron las obligaciones en moneda extranjera.

Así se advierte que, en supuestos como el de autos, corresponde como regla la aplicación del régimen de "pesificación" forzada dispuesto por el Decreto 214/02 y sus modificatorios.

Ello, dado que el carácter de normas de orden público de las disposiciones contenidas en la ley 25561 (art. 19) y considerandos del Dec. 214/02 y ccdtes., (lo que les confiere rango de normas coactivas de derecho privado interno), impone fallar conforme a ellas, sin esperar petición de los interesados en ese sentido (salvo, declaración de inconstitucionalidad o acuerdo expreso de ambas partes disponiendo de sus derechos patrimoniales).

Cabe señalar que, a ese fin, no resulta dirimente el origen de la deuda verificada con relación a la persona del acreedor o a la naturaleza del crédito, pues de conformidad con lo dispuesto por el art. 55 de la ley 24522 la homologación concursal produjo la novación de la deuda, extinguiéndose la obligación originaria y naciendo una nueva consistente en el contenido del acuerdo homologado (conf. esta Sala, 26.10.06, "Fundación de investigación en Ciencias Médicas Cosmos s. Concurso Preventivo": íd. 28.11.06, "Senega Jorge E. s. Concurso Preventivo s. inc. de apelación").

De otro lado, no se advierte que de esta solución resulte una aplicación retroactiva de leyes, vedada por el art. 3 del Código Civil, pues esa misma norma establece que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Ello, pues en la especie se trata de la aplicación de las normas de emergencia a un acto in fieri, cual es el pago de cuotas concordatarias vencidas con posterioridad a la entrada en vigencia de dichas normas, debiendo tenerse presente que la normativa cuestionada dispuso que se hallan pesificadas "todas" las deudas existentes con anterioridad a su promulgación, en concordancia con lo establecido por la ley 25820.

A todo evento, señálase que la referencia en el párrafo final del art. 3º de la ley 25.820, que excluye de sus disposiciones a las "situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados y/o sentencias judiciales", sólo puede entenderse dirigida a las decisiones recaídas en sentencias dictadas luego de las leyes en cuestión, respecto de deudas anteriores, que hubieren adoptado criterio diverso. Situación que no acontece en la especie, habida cuenta ser ésta la primera oportunidad en que el Tribunal se expidió sobre la materia.

6.) Ello sentado, corresponde tratar, por ende, el agravio esgrimido en torno a la declaración de inconstitucionalidad.

Señálase, en primer lugar que no cabe aquí, ni es propio de la función judicial, un juicio valorativo sobre el obrar y la decisión política que han llevado a las decisiones económicas cuyas secuelas hoy se traen a los tribunales. Sólo corresponde a esta sede procurar que, junto al valor del bien del Estado, se resguarden otros valores elevados que también piden para sí una vigencia incondicionada, esto es, a los valores ético jurídicos sobre los que se soporta el Estado de Derecho y que han de ser obrados por los tribunales.

El supuesto de autos se trata de un conflicto entre particulares, ninguno de los cuales es una entidad financiera que se dedique con profesionalidad a intermediar en la oferta pública de dinero y se demanda por la satisfacción de una deuda impaga, en dólares estadounidenses.

6.1. Competencia de este Tribunal para entender en el planteo de inconstitucionalidad:

En relación a la competencia de esta Sala para juzgar la constitucionalidad de las normas impugnadas, no está demás recordar que, como necesaria derivación del principio de supremacía consagrado por la Constitución Nacional, todos los jueces de la Nación, cualquiera sea su fuero o jerarquía y, con motivo de los casos concretos sometidos a su decisión, están habilitados para declarar la invalidez de las leyes y de los actos administrativos que contraríen el texto constitucional, pues en la medida en que aquéllos son órganos de aplicación del derecho vigente y en que éste se halla estructurado como un orden jerárquico subordinado a la Constitución, el adecuado ejercicio de la función judicial lleva ínsita la potestad de rehusar la aplicación de las normas que se encuentren afectadas por aquel vicio (conf. Palacio L., "Derecho Procesal Civil", tº II., p. 227), por lo que la sola circunstancia de que se pretenda la tacha de inconstitucionalidad de las normas de emergencia no importa reconocer un elemento determinante de la competencia de uno u otro fuero.

La correcta proposición de cuestiones federales implica que se desarrolle sobre el punto una auténtica controversia en el caso concreto. Esta tesis encuentra razón última en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, que imponen la necesidad de que la tutela judicial esté condicionada a la existencia de una efectiva colisión de normas, pues no compete a los Tribunales hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos 2:253; 12:372; 24:248; 94:444; entre otros).

La Corte (Fallos 301:991 ya citado y ots.) si bien en referencia a normas de la anterior Carta Magna, pero de similar contenido que las referidas de la actual Constitución, manifestó qué casos o causas en los términos de dichas cláusulas constitucionales son los que contempla el art. 2 de la ley 27, con la exigencia de que los Tribunales solo ejerzan jurisdicción en los casos contenciosos.

Mas ello no es todo. Los casos o controversias deben ser "planteados de tal manera que el poder judicial sea apto para actuar sobre ellos" (conf. "Liberty Warehouse c: v. Grannis" US 70, 74, cit. en "Jurisdictio of de Supreme Court of de United States", Robertson & Kirkham, parágr. 241, nota 19).

En el mismo sentido, se ha dicho que "ese poder sólo puede ser puesto en ejercicio cuando la causa se le someta a la Corte por una parte que basa sus derechos en la forma prescripta por la ley. Esto constituye "un caso..." (obra citada, parágr. 241 pág. 412). A la luz de la doctrina supra señalada, se advierte que aquí se ha formulado una auténtica "controversia" en relación a la invalidez de la norma con relación a una concreta resolución recaída en su caso.

Por estos fundamentos este Tribunal resulta competente para entender en el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora.

6.2. Consideraciones preliminares:

6.2.1. Sentado ello y para introducir el tratamiento que la cuestión merece, se estima necesario remarcar que, si bien por el art. 3º de la ley 25.561 han sido derogados, los arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 12 y 13 de la llamada ley de convertibilidad (ley 23.928), el art. 5º de la ley 25.561 ha mantenido las modificaciones introducidas en el art. 617 del C.Civ. por el art. 11 de la ley de convertibilidad, con lo cual, las obligaciones constituidas en moneda extranjera continúan siendo consideradas deudas de dinero como lo fueron durante todo el período de la llamada "convertibilidad". Sigue establecido y no ha cambiado, entonces que la obligación por la que se ha constituido una obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República, debe considerarse como de dar sumas de dinero.

En esta línea, no cabe predicar, respecto de las obligaciones en moneda extranjera, que son obligaciones de dar cantidades de cosas, en cuanto objetos corporales susceptibles de tener un valor como lo disponía el Código de Vélez Sarsfield (art. 617 -versión original- y 2311 C. Civ.), con su consecuencia de admitir, en su caso, un daño resarcible consistente en el "valor" de la moneda extranjera en moneda nacional, como deuda de valor que debe ser actualizada en función del poder adquisitivo de la moneda nacional con que se la manda pagar, si no se cumple en especie.

En consecuencia, en el derecho vigente y que no se ha modificado con el dictado de la ley 25.561, hay poco margen legal para establecer que, en lo sucesivo, la inejecución de las nuevas obligaciones en moneda extranjera se sancionarán con la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento de una obligación de cantidad causa al acreedor, actualizada en función del poder adquisitivo de la moneda nacional con la que se manda pagar una indemnización con más los intereses pertinentes (véase sobre las distinciones entre deudas de valor y deudas de dinero: Llambías Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones". T. II, nº 886-888,893).

En esta línea legal, adoptar criterio en la decisión impone no perder de vista que las deudas en moneda extranjera hoy en día y desde la sanción de la ley 23928 en 1991, fueron y son en nuestro país deudas de dinero, a las cuales el Estado, en uso de facultades que le son propias, atribuye y fija la función de unidad de medida de todos los bienes.

Entran aquí en conflicto, pues, dos ideas conceptuales contrapuestas, que son las que marcan la distinción entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor.

Trátase en la especie, de una obligación en florines holandeses, que ha de pesificarse, resultando de aplicación los mismos razonamientos que se virtieran respecto del dólar estadounidense en diversos precedentes de esta Sala para tratar la cuestión de la inconstitucionalidad (véase esta Sala A, 16.11.06, "Lassa Horacio c. Di Capua Jorge s. Ejecutivo"; íd. 16.11.06, "Xerox Argentina ICSA c. Agüero Carlos Alberto s. Ejecutivo"; íd. 21.11.06, "Chacras del Oeste SA s. Concurso Preventivo s. inc. de verificación promovido por Terrera Carlos Santiago").

Debe repararse, asimismo, en que la obligación en florines holandeses ha de traducirse en euros y en su caso, éstos a dólares estadounidenses. Con este marco referencial, cabe señalar que, en efecto, durante el tiempo en que se contrajeron las obligaciones que se analizan, vigente la ley de convertibilidad, las reglas bajo las cuales contrataron las partes, marcaba una triple convertibilidad, en el decir de algunos autores (véase Vítolo D.R: "Ley de convertibilidad 23.928 y sus efectos sobre las relaciones jurídicas", p. 21/2):

a) Un dólar fijo en su paridad cambiaria con el peso, convertible por ley ($ 1= U$S 1) -convertibilidad técnica- (art. 1º).

b) Ambas monedas aptas para desobligar en el pago, pudiendo ser usados, de manera indistinta dólares y pesos, para cancelar obligaciones -convertibilidad obligacional- (art. 7º).

c) Finalmente, el art. 12 de la ley 23928 creó, dado el diferente régimen jurídico aplicable a la moneda nacional, una moneda nacional convertible, que debía ser considerada, a todos sus efectos como una nueva moneda -convertibilidad de moneda- y, coherente con ello se reformó el art. 617 C.civ. y se estableció que las obligaciones en moneda extranjera son deudas de dinero, esto es, que obligan a restituir la suma debida -convertible con el peso- con más sus intereses.

Es cierto que estos arts. 1º, 7º, 9º y 12 han sido derogados o modificados por la ley 25561, mas en este marco fáctico y con el amparo de este régimen legal, en el cual el dólar apareció en la vida cotidiana como moneda de contratación y medio de pago habitual, particularmente en el comercio interno que es lo que aquí interesa, en las transacciones entre particulares en las que no mediaba propósito de lucro derivado de un manejo y conocimiento profesional de operaciones dinerarias, cambiarias, o de comercio exterior, en el caso de determinarse el daño resarcible de una obligación en dólares, en este marco, éste consistía, por ley, en el "valor" -en moneda nacional- que tenía el dólar al tiempo de contraer la obligación, dada la convertibilidad entonces vigente.

Bajo este encuadramiento legal y en estos términos, la asunción de la obligación así contraída no puede tratarse sino como una obligación de dinero -tal como lo sigue manteniendo el art. 5º de la ley 25.561, si bien con la precisión de que esto es así, con las excepciones y alcances establecidos por el juego del resto de las disposiciones de esa misma norma legal- y no, como una obligación de valor que es lo que, en definitiva pretende el accionante, pues el costo social de un cambio retroactivo de estas reglas de juego, afectaría derechos adquiridos y contrariaría el art. 3º C.Civ., de disponerse pretorianamente, al modificar las consecuencias de relaciones que se hallan "in fieri", lo cual no produciría otro efecto que herir irremisiblemente el tejido social con consecuencias mucho peores que las derivadas de la llamada "pesificación asimétrica". Cabe recordar, que se ha dicho que se configura una aplicación retroactiva vedada por elementales principios de nuestra legislación: a) cuando se vuelve sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiere a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyen efectos que antes no tenían a hechos o actos jurídicos, si éstos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiere a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (Cfr. Roubier P. "Les Conflicts des lois dans les temps" T. 1 p. 376 y sigtes.; Borda G. "La Reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo" ED T. 28 p. 809; Coviello y Busso, citados por Llambías J.J. "Tratado de Derecho Civil. Parte General" T. 1 p. 144/5, en nota 68 bis).

Debe tomarse pues, en estas obligaciones como equivalentes el peso y el valor de la moneda extranjera al tiempo de contraerse la obligación, con más el coeficiente de ajuste legalmente previsto y sus intereses, según resulta de la sucesión de decretos que han ido perfilando una solución que se estima compatible con la regulación que la sociedad puede admitir y absorber en un tópico que compromete de manera sensible la coexistencia social y que necesariamente convoca a unos y otros de sus integrantes al sacrificio solidario y a la unidad.

6.2.2. Sentado ello, cabe remarcar que la ley 25.561 y el decreto 214/2002 establecieron dos regímenes claramente diferenciados: uno para las relaciones jurídicas privadas no vinculadas al sistema financiero y otro, para los depósitos y deudas vinculados a dicho sistema.

Más allá de la cuestión relativa a la legitimidad de la "pesificación" respecto de las obligaciones vinculadas al sistema financiero, aspecto éste ajeno a lo que debe ser materia de decisión en estos autos, lo cierto es que las deudas privadas ajenas a dicho sistema merecieron por parte del legislador un tratamiento especial cuya razonable hermenéutica no permite concluir que se encuentre verificado un caso de claro y manifiesto apartamiento de las normas constitucionales aplicables.

En efecto, la ley 25.561, más allá de declarar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria en el país hasta el 10 de diciembre de 2003 (art. 1), dispuso, incluso, en su art. 11 un régimen de "reestructuración" de las obligaciones no vinculadas al sistema financiero afectadas por la derogación de la ley de convertibilidad nº 23.928, según el cual las prestaciones originadas en contratos entre particulares pactados en dólares u otras monedas extranjeras, o con cláusula de ajuste con base en tales monedas, se cancelarían previendo tres alternativas: (a.) una primera, caracterizada por la liquidación de la deuda de acuerdo a la relación de cambio de un peso igual a un dólar estadounidense en concepto de "pago a cuenta"; (b.) en una segunda instancia, las partes también podían, eventualmente, negociar la diferencia "procurando compartir de modo equitativo" los efectos de la derogación del régimen de convertibilidad y de la modificación de la relación de cambio en un plazo máximo de 180 días y (c.), finalmente, de no mediar acuerdo, cabía aún la posibilidad de someter la controversia a mediación extrajudicial y/o ocurrir ante la justicia en resguardo de eventuales derechos que pudieran considerarse conculcados.

Por su parte -y esto debe ser considerado un principio general subyacente en toda esta normativa de emergencia- la ley facultó al Poder Ejecutivo Nacional a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas puntualizando que dichas disposiciones debían estar "sustentadas en la doctrina del art. 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido".

Con posterioridad, se dictó el decreto 214/2002, norma que, si bien introdujo modificaciones a ese sistema en ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante el art. 1º de la ley 25.561, no lo alteró en lo sustancial, ya que, más allá del régimen estructurado en los arts. 1, 3, 4 y 8 del mencionado decreto, en punto a que las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras no vinculadas al sistema financiero se convertirían a una paridad de "uno a uno", con más un Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) implementado por el B.C.R.A. e intereses a una determinada tasa (conf. art. 4º), lo cierto es que no derogó la regla general subyacente en la ley 25.561, de compartir las consecuencias de la devaluación, mas estableció que, "si el valor resultante de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior al del momento de pago, cualquiera de las partes podría solicitar un reajuste equitativo del precio" (art. 8), autorizando a los jueces llamados a entender en los conflictos que se suscitaren a "arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes".

Luego, el decreto 320/02 precisó que "a los efectos del reajuste equitativo del precio previsto en dicha disposición se debería tener en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados" (art. 2).

Posteriormente, el Dec. 762/2002, en su art. 1º exceptuó de la aplicación del CER a los préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras, personas jurídicas allí enumeradas y personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, abarcando los préstamos personales originariamente convenidos hasta doce mil pesos o hasta doce mil dólares estadounidenses, amén de los prendarios hasta $ 30.000 o hasta U$S 30.000 e hipotecas para vivienda única. Finalmente, el Decreto 1242/02 estableció el carácter definitivo de los pagos recibidos a cuenta en aquellos casos comprendidos en el Dec. 762/02 -art. 1º-.

Pues bien, como puede apreciarse, los decretos 214/02 (art. 8º) y 320/02, si bien modificaron la norma original del art. 11 de la ley 25.561 sumando a la conversión inicial ("uno a uno") mecanismos de ajuste e intereses, mantuvieron la posibilidad de su revisión a la luz del criterio general del "esfuerzo compartido" y el de hacer primar una distribución equitativa del costo de la devaluación, cuando el interesado o perjudicado así lo solicitare.

De ahí que la regla genérica del art. 17 del decreto 214 no puede conducir a tener por derogado el art. 11 de la ley 25.561, máxime proviniendo de un decreto del Poder Ejecutivo dictado en ejercicio de facultades delegadas -de excepción-, por lo que su virtualidad para sustituir la ley anterior no puede sino ser interpretada restrictivamente. Y desde ese punto de vista, parece claro que no cabe examinar la legitimidad del art. 8º del decreto 214/02 con el mayor rigor que merece un decreto de necesidad y urgencia -en cuanto a los requisitos que justifiquen el uso de ese poder excepcional (art. 76 de la Constitución Nacional)-, porque el citado art. 8º ha sido meramente reglamentario de una solución legal ya establecida con anterioridad, conforme ha quedado descripto.

Adviértase que el citado decreto nº 214/02 estableció que las obligaciones en dólares se convertirían a pesos a una paridad de "uno a uno" con más un coeficiente de estabilización (el llamado "CER") e intereses, admitiendo que cabía aún pedir, en su caso, una razonable recomposición (art. 8).

Es decir, dicho en otras palabras, en todos estos regímenes se previó un sistema complejo de conversión sobre la base de una ecuación ($ 1 = US$ 1) con un ajuste legal (CER-CVS) y aún con la posibilidad de pedir eventualmente la "revisión" del importe respectivo.

6.2.3. Así, ante la caída del régimen de convertibilidad y las nuevas pautas en juego resulta que la deuda de autos se halla sujeta a la paridad de conversión ($ 1= u$s 1), lo cual se compadece con las reflexiones ya efectuadas respecto al carácter de deuda de dinero que revestía la obligación al tiempo de ser asumida y que debe mantener, tal como lo prescribe la ley vigente, y halla, desde este ángulo, una razonable recomposición en función de ciertos coeficientes de estabilización como el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) previsto por el art. 8 del decreto 214/02 o el Coeficiente de Variación de Salarios -CVS- prescripto por el art. 3º del Dec. 762/02, que habrá de restablecer -razonablemente- la pérdida del poder adquisitivo de una moneda que se originó convertible. Reiterándose que si alguna diferencia subsistiera, la propia legislación de emergencia ha previsto la posibilidad de que el afectado pudiera plantear un reajuste equitativo de las prestaciones de las partes o la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido acreditando el perjuicio sufrido, circunstancias que no se dan en la especie.

Otra solución al caso de autos se aprecia que resultaría reñida con principios de justicia y conduciría, en el marco que se examina, atribuir efectos de grave inequidad social a la parte, presumiblemente, más débil en la contratación, máxime, que en el caso no se han acompañado elementos de juicio que permitan desvirtuar esas presunciones y que autoricen a revertir el criterio general, dentro del marco de revisión que la legislación de emergencia, de modo residual, deja en manos del juzgador, a tenor de la facultad de solicitar reajustes equitativos que prevén los arts. 11 de la ley 25561 y arts. 8º del Decreto 214/02 y 2º Dec. 320/02, los que brindan marco plausible para eventuales planteos de imprevisión y/o lesión enorme.

6.3. Afectación de derechos constitucionales:

El tratamiento del tema impone, como primera medida señalar que la CSJN en doctrina reiterada en los casos "Polino" (Fallos 317:335 -LA LEY, 1994-C, 294-) y "Rodríguez, Jorge" (Fallos 320:2851 -LA LEY, 1997-F, 884-), ha admitido la pertinencia del control de constitucionalidad de normas de la naturaleza de las que son objeto de tratamiento. Control que cabe incluso, en aquellos casos en los que se planteen lesiones de derechos de incidencia colectiva por la vía prevista en el art. 43 C.N., con la aclaración de que no corresponde, en principio, el control de oportunidad, mérito o conveniencia de esas leyes y decretos, en tanto cuestiones políticas no justiciables, sino del control de razonabilidad en el caso concreto.

El concepto de "emergencia", en el decir de la Corte Suprema, abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según las circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico y social con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia y origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin (véase considerando 43 del caso "Peralta, Luis Arsenio y otro C. Estado Nacional (Ministerio de Economía s/amparo" Fallos 313:1513 y sig.).

Esta línea de ideas impone cotejar la solución material concreta que brindan al caso las normas impugnadas con ciertos "standards jurídicos" extraídos de la Constitución misma. El primero de los cuales es el de la razonabilidad, inspirado en el art. 28 de la C.N.. Luego, el de la no confiscatoriedad, que resulta de una interpretación extensiva del art. 17 C.C. en cuanto extiende la prohibición de confiscación a cualquier tipo de decisión estatal y, finalmente, la interpretación de que no pueden afectarse derechos adquiridos, es decir, aquellos derechos incorporados al patrimonio, derivación de la protección del derecho constitucional de propiedad.

En el ya recordado caso "Peralta", específicamente sobre leyes de emergencia, la Corte señaló como necesario, en orden al mérito de su validez constitucional:

a) que haya mediado una situación de grave riesgo social frente a la cual exista o haya existido necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas, cuya eficacia no aparezca concebible por medios distintos a los arbitrados.

b) que cuando una situación de crisis exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos, fijando plazos, concediendo esperas, como forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que superar la crisis y atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y sobre la sociedad en su conjunto.

Sostuvo así, que para que la sanción de una ley de emergencia sea justificada es necesario: i) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar intereses vitales admitida legislativamente; ii) que la ley tenga como finalidad legítima proteger los intereses generales de la sociedad; iii) que la moratoria sea razonable, otorgando un alivio justificado por las circunstancias; iv) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria, v) finalmente, la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichos criterios no se formulen de modo arbitrario, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, o de clase o de ilegítima persecución. Se ha dicho también, que en situaciones de emergencia o con el motivo de ponerles fin, se ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes, siempre que no se altere su substancia, a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (véanse especialmente, considerandos 38, 39, 40, 41, del caso "Peralta" citado supra y doctrina de Fallos: 243:467).

Señálase, por otro lado, que frente al derecho individual de raigambre constitucional de propiedad, se encuentra la obligación del Estado de establecer pautas para resguardar los derechos que, en general, asisten a toda la comunidad organizada de que se asegure la regularidad y seguridad en el tráfico en las relaciones civiles y comerciales en el ámbito nacional e internacional, fijándole un adecuado marco de garantías.

Es principio jurisprudencial sentado por nuestro más Alto Tribunal aquel según el cual "los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio" (Fallos 318:1887, "Cacace Josefa v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", 19.10.95).

Así y si bien en innumerables oportunidades la CSJN ha reconocido la validez constitucional de ciertas normas dictadas en el marco de emergencia declarada por ley del Congreso, con respaldo en la realidad que atravesaba el Estado Argentino, que limitaba en el tiempo la suspensión de ejecuciones por términos razonables (vgr. declaración de validez del art. 50 de la ley 23.696 en autos "Videla Cuello, Marcelo sucesión de c/ La Rioja, Pcia. de s/daños y perjuicios" del 01/12/90; la aplicación del sistema de consolidación de deudas in re "Empresa Argentina de Servicios Públicos S.A. de Transportes Automotores c/ Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios." del 10/12/97), el alegado estado de necesidad colectiva no puede importar la supresión lisa y llana de los derechos que se dice limitar (CSJN "Cáceres Aráoz de Lamadrid, Horacio Jorge Santiago y otro c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) s/despido." 17/11/94).

Partiendo, pues, de estas directrices, se estima que esta supresión no se verifica en el caso teniendo en cuenta el marco argumental precedentemente expuesto.

En esta línea, la ley 25.561, ley 25820, los Decs. 214/02 y 320/02, dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación y sus normas concordantes, en el marco de la declaración de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley 25561, en lo que toca específicamente al supuesto ventilado en autos, no se advierten en colisión con otras normas, pues se observa que las disposiciones cuestionadas, adecuadamente interpretadas, armonizan con los intereses que la ley pretende resguardar.

En efecto, dentro del contexto de las normas examinadas, si se comparte el punto de vista de que establecen un mecanismo complejo subsumible en la expresión "pago a cuenta-renegociación-reajuste" no se advierte que dichas normas conculquen claramente garantías constitucionales en la medida en que no se advierte una manifiesta afectación del derecho de propiedad.

Este ha sido por otra parte el criterio propiciado por la Fiscalía de Cámara actuante ante este Tribunal a partir del dictamen en la causa "Automotores Roca S.A. c. Montillo Yolanda", el cual fuera seguido por la mayoría de las Salas que lo integran (vgr. esta Sala, 16.8.02, "Pedreira P. Nieves c. Aramo Luis María s. eje."; íd., 19.9.02, "Basso Gustavo c. Somovilla s. eje."; etc.).

6.4. Por último, es doctrina corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sostiene que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 306:136, entre otros). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido, no bastando la invocación genérica de derechos afectados, como acontece en la especie.

Lo expresado por la acreedora en fs. 853/857 no constituye una correcta tacha de invalidez de la norma, ya que, si bien esboza la afectación de garantías vinculadas a derecho de propiedad, no se hace cargo de los argumentos de derecho que han llevado a este tribunal a sostener las soluciones de las normas que cuestiona.

Así, no se advierte en la especie, debidamente demostrado al menos, planteo de entidad que justifique declaración del Tribunal en el sentido solicitado por la acreedora.

Por ello, se estiman los agravios vertidos por la concursada sobre el particular y en consecuencia, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad oportunamente pretendido.

7.) Ahora bien, en virtud de los argumentos expuestos en los considerandos precedentes, la deuda verificada a favor de C. Steinweg-Handelsveem B. V. en florines holandeses debe ser convertida en euros y de euros a dólares estadounidenses, y luego éstos deben ser pasados a valor de 1 U$S = 1 $ con más el CER. No obsta a la aplicación de este coeficiente de estabilización el hecho de que no se haya previsto en la propuesta concordatoria el pago de los intereses, pues aquél no es más que la expresión actualizada de la misma suma de dinero, cuyo fin es recomponer razonablemente una deuda de dinero, que se ha visto sujeta a la devaluación operada respecto del signo monetario. En este marco, el capital ajustado no pierde su naturaleza ni varía su calidad de tal.

8.) Por lo todo lo expuesto, y oída la Señora Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

a.) Estimar parcialmente los agravios vertidos por la concursada, y, en consecuencia, modificar la resolución dictada en fs. 878/886, estableciendo que el crédito verificado a favor de C. Steinweg-Handelsveem B.V. en florines holandeses deberá ser convertido a euros y de euros a dólares estadounidenses en el mercado de cambios al tipo vendedor en todos los casos y luego, establecer la paridad 1 U$S = 1 $ con más el CER en la medida de su vigencia hasta el efectivo pago de cada cuota concordataria que deberán ser abonadas por lo demás en las condiciones acordadas en la propuesta de acuerdo homologada.

b.) Imponer las costas en el orden causado, atento la forma de resolver (art. 68, segundo párrafo CPCC).

Notifíquese a la Señora Fiscal General en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. La Dra. Isabel Miguez no firma la presente resolución en virtud de lo resuelto en el pto. II del Acuerdo de esta Excma. Cámara de fecha 17/7/07 (v. fs. 1045). -Alfredo Arturo Kölliker Frers. -María Elsa Uzal.