Proceso penal, peculado, acción civil, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Perez, Oscar Aníbal s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Mariana Vera en representación del imputado Oscar Aníbal Pérez en contra de Sentencia Nº 19/09 recaída en Causa Nº 153/99 caratulada Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa técnica interpuso recurso de casación en contra de la sentencia que resolvió hacer lugar a la acción civil interpuesta por la actora civil, Estado Provincial, en contra de su representado, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fue absuelto por prescripción de la acción penal y fuera condenada la coimputada, en forma solidaria con la misma.

Expresa que, de conformidad con lo establecido por el art. 1103 del Código Civil, considerando que el imputado fue absuelto, en principio estaba vedada la posibilidad de hacer lugar a la demanda civil interpuesta con base en la ocurrencia del delito penal, porque correspondía atender los fundamentos de la petición de absolución expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal dado que no se respetan las formas sustanciales del proceso si el Tribunal condena al imputado no obstante el pedido fiscal de absolución del imputado.

No le asiste la razón a la recurrente y la sentencia contiene fundamentos adecuados para concluir en el sentido en que fue resuelto el punto dado que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, la condena civil impuesta podía válidamente proceder, no obstante haber sido absuelto con relación al delito por el que había sido imputado.

Es que la responsabilidad penal y la civil se aprecian con criterios distintos y, por consiguiente, puede afirmarse ésta aunque se haya establecido la inexistencia de la primera siempre que se respete el principio de identidad resguardado por el precepto contenido en el art. 1103 del Código Civil que veda alterar la existencia o identidad del factum, tal como fuera determinada y comprobada en sede penal, a fin de evitar pronunciamientos contradictorios sobre el punto.

En el caso, la condena civil no se apartó de lo dispuesto en el art. 1103 del Código Civil en tanto se ajustó a las circunstancias fácticas esenciales constitutivas del llamado "hecho principal" determinadas en el requerimiento de elevación de la causa a juicio y en la sentencia absolutoria.

El imputado fue demandado y condenado civilmente por cobrar los cheques, y esa es la misma e idéntica conducta que también le había sido reprochada penalmente como contributiva a la comisión del delito de peculado perpetrado por la coimputada y su absolución se fundó en la prescripción de la acción penal emergente de esa actuación, sin que haya sido conmovida de modo alguno la existencia misma del hecho descrito, el que fue acreditado suficientemente en el juicio y no fue negado por el causante ni por la recurrente. Por ende, ninguna contradicción ofrece en el caso la condena civil al demandado con su absolución penal.

Y así es también en atención a que la 'causa petendi' del actor no se agotó en la acción civil 'ex delito' o en la conducta penalmente repudiable del demandado sino que aquél sustentó su reclamo de reparación también en el art. 1109 y concordantes del Código Civil.

Es por ello que los requerimientos del Fiscal de Cámara y las decisiones del Tribunal con relación a las cuestiones de índole penal a las que se alude en el recurso (el grado de su participación en los eventos que se le habían imputado penalmente, la calificación legal que correspondía asignarle a su conducta), en tanto ajenos a la reclamación civil y a la procedencia de ésta, no impedían su condenación atento que la obligación de resarcir impuesta reconoce su fuente en la comprobada actividad ilícita civil de éste y la demanda no se basó exclusivamente en la condena penal del demandado sino también en su conducta como contraria al ordenamiento jurídico de naturaleza civil, sin que implique contradicción con la doctrina sustentada por la Corte Suprema en el caso "Tarifeño" en tanto ésta no involucra la reclamación civil.