Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06


Poder Judicial de la Nación Juz. 6 Sec. 11 Causa n° 7.914/08 "BAIGORRIA CESAR MANUEL c/ BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL COOPERATIVO LTDO s/ habeas data(art. 43 C.N.)" Buenos Aires, 6 de julio de 2010.

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el actor y fundado a fs. 58/61, cuyo traslado no mereció respuesta, contra la sentencia de fs. 55/57, y CONSIDERANDO:

I. El señor Juez a quo rechazó la demanda de habeas data interpuesta por el señor César Manuel Baigorria, con costas a su cargo. Para así decidir, tuvo en cuenta que dado el objeto de la acción incoada -eliminación de los datos personales que la demandada habría enviado al Banco Central de República Argentina, Central de Deudores, clasificándolo como deudor y que se trataría de datos incorrectos- nada cabía rectificar pues de las constancias documentales adjuntadas a la causa la información acerca de la deuda era cierta y existía, razón por la cual lo que se había tornado abstracto era el allanamiento formulado por la accionada, más no la pretensión deducida que debía ser rechazada "in totum". La decisión originó el recurso de apelación aludido, interpuesto por el accionante. Alegó -en lo sustancial- que se falló extra petita, en razón que la demandada se allanó a la acción impetrada dando cumplimiento a su objeto y solicitando únicamente que las costas sean impuestas en el orden causado. Es decir, que el a aquo sentenció más allá de lo pedido por las partes y decidió cuestiones que no fueron sometidas a su resolución. Por otra parte, pidió que las costas sean impuestas a la demandada, ya que fue la causante del inicio del presente habeas data.

II. Ante todo, cabe señalar que el señor César Manuel Baigorria promovió acción de habeas data (Ley n° 25.326) contra el Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado y peticionó que se ordenara la eliminación de los datos personales que dicha institución envió a la Base de Datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, y que por interconexión con ésta figuran en Nosis SA, Organización Veraz SA y demás empresas de bases de datos que se encuentran allí almacenados, atento a que se trata de datos incorrectos (deudor moroso de ex Entidades Financieras).

Corrido el pertinente traslado, se presentó la Sindicatura del Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado s/quiebra, quien contestó demanda y manifestó que el carácter de deudor, respecto de su mandante del aquí actor, surgía de una deuda que había contraído con el Ex Aciso/BID C.L., teniendo origen dicha deuda en un préstamo amortizable, tomado por el actor, en la ex filial San Luís, de su mandante, habiendo suscripto el señor Baigorria un pagaré, por la suma que ascendía a U$S 1.450, habiéndose comprometido a devolverlo en 18 cuotas mensuales, no teniendo registro del pago de ninguna de las cuotas comprometidas, motivo por el cual su cobro fue derivado a la vía judicial, iniciándose demanda ejecutiva ante el Juzgado de Paz Letrado de la Primera Nominación de La Toma, Provincia de San Luís, por ante el cual tramitan los autos caratulados: "Sindicatura Ex-BIDC.L. c/Baigorria, César Manuel s/ejecutivo", deuda que el actor no desconoce, pues en el escrito de inicio del presente no dice que la hubiera abonado o cancelado.

No obstante lo expuesto, y al sólo efecto de cumplir con la ley de habeas data y atento a lo que surgía de la información brindada por el BCRA (v. fs. 30), de que el actor en la actualidad no figuraba en los registros como deudor de su mandante, se allanó a la pretensión deducida en autos y peticionó que las costas sean impuestas por su orden, sin perjuicio de reiterar que la deuda del actor existe y se encuentra impaga.

III. Que los agravios esgrimidos por el recurrente no logran controvertir los fundamentos de la sentencia apelada.

En efecto, no es ocioso destacar que el hecho de que el demandado se allane a la pretensión del actor no exime al juez del deber de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, pues el allanamiento carece, en nuestro derecho, de fuerza decisoria por sí mismo (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. V, ps. 549/50, Abeledo-Perrot, 1979).

Sin embargo, el allanamiento no tiene eficacia vinculatoria para el juez, quien no está obligado a dictar una sentencia estrictamente adecuada a los términos de la pretensión. "El juez -prescribe el art. 307, apartado segundo, del Código Procesal- dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado".

En primer lugar, por lo tanto, el juez se halla habilitado para rechazar la pretensión cuando ésta carece de fundamento jurídico, es decir, en el supuesto de que no exista una norma que respalde el derecho invocado por el actor, porque la conformidad o el reconocimiento de la fundabilidad de la pretensión por parte del demandado no puede coartar la independencia del juez en orden a la aplicación del ordenamiento jurídico vigente (conf. Palacio, op. cit., p. 550).

En segundo lugar el allanamiento no puede ser acogido en el supuesto de que resulte afectado el orden público, lo que ocurre, fundamentalmente, cuando la pretensión versa sobre derechos indisponibles o media presunción seria de que se trata de un proceso simulado o fraudulento (conf. Palacio, op. cit., p. 550). En definitiva, no existe la obligación del juez de decidir de conformidad con la pretensión reconocida, pues conserva -ante el allanamiento- la necesaria libertad para examinar el derecho en el que debe actuar, como por ejemplo, el interés jurídico, la licitud y razonabilidad de la pretensión (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 2, p. 16, Editorial Astrea, 1985).

IV. Sentado lo expuesto, no resulta dudoso que la información de deuda del actor existe, conforme surge de la documental adjuntada por la demandada (v. fs. 32), que fue reconocida expresamente por el actor (v. fs. 42), por lo que le asiste razón al a quo, cuando sostiene que no hay nada que rectificar ya que los datos son ciertos. Es decir, los datos del actor no son ni erróneos ni falsos, no siendo en consecuencia factible aplicar la normativa de la Ley n° 25.326.

En nada enerva esta conclusión la circunstancia de que el BCRA halla informado que no existían deudas registradas del actor (v. fs. 30), pues ello fue hecho con posterioridad a la traba de la litis.

Por ello, teniendo en cuenta como ya se ha dicho que el juez tiene facultades para apartarse de los términos del allanamiento formulado, corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue motivo de agravio, con costas a cargo del apelante vencido, pues no se advierte mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada, la naturaleza de la presente causa, el interés disputado y la etapa cumplida, se confirma los honorarios regulados a favor de los doctores Gustavo Andrés Piterman y Manuel Pardi (conf. arts.1, 3, 6, 7, 9 y 39 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por la gestión profesional desarrollada en la alzada, se regula los honorarios del letrado-patrocinante del actor, doctor Manuel Pardi, en la suma de pesos DOSCIENTOS DIEZ ($ 210) (conf. arts. 14 y concordantes del arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina.