Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02


Se transcriben, dada su importancia, los fundamentos de la resolución anotada:" ....Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de José Alberto Tiodelini, contra la resolución de fs 43/5, que deniega el pedido de suspensión del proceso a prueba formulado. II) Debe considerarse, en primer lugar, que en esta causa se reprocha al procesado el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal y que el mismo no depende psico-físicamente de ellos (ver fs. 145/6 del ppal.), extremo que excluye la posibilidad de aplicar el régimen específico del art. 18 de la ley 23737. III) Que en el marco de la ley 24316, el monto punitivo máximo con que se reprime el delito previsto en el art. 14, segundo párrafo de la ley 23737, permite la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, de acuerdo a lo previsto en el art. 76 bis, primer párrafo del Código Penal. Así las cosas, sin entrar a considerar si la posibilidad de condena de cumplimiento en suspenso debe concurrir en los supuestos de dicho parágrafo -o si sólo resulta requisito de procedencia para los casos en que el máximo de la escala penal aplicable supere el término de tres años de prisión-, cierto es que en el caso bajo estudio, la eventual pena a recaer sería sustituida por la medida de seguridad educativa prevista en el art. 21 de la ley de estupefacientes, como expresamente lo reconoce el Agente Fiscal, en su dictamen de fs. 5/6. IV) Esta particular circunstancia, torna inoficiosa toda consideración sobre la posibilidad o imposibilidad de aplicar pena de prisión en los términos del art. 26 del Código Penal y encontrándose reunidos los restantes requisitos exigidos por la ley 24316, el beneficio impetrado aparece pertinente. V) En este contexto, cabe indicar que la finalidad que lleva el art. 21 de la ley 23737, deberá procurarse en el caso mediante la imposición de reglas de conducta que autoriza el art. 27 bis del Código de fondo -por remisión del artículo 76 ter, segundo párrafo-, a efectos de lograr que Tiodelini asuma una actitud responsable frente a los estupefacientes. Así, su sometimiento a un tratamiento educativo, o curativo como el propuesto por la defensa a fs 1/2, permitirá a Tioledini -como exige el numeral 12 . 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, conocidas como Reglas de Tokio-, reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de su reinserción social. VI) Finalmente, respecto de la oposición manifestada por el Agente Fiscal, habiendo señalado este Tribunal el alcance que ella reviste (conf causa 13014, "Lazo, Carlos suspensión del proceso a prueba", reg. 14006, del 7/3/97), y atendiendo al reconocimiento que el propio representante del Ministerio Público formula respecto de la posibilidad de aplicar, en caso de condena, el instituto del artículo 21 de la ley 23.737, claro aparece que la oposición formulada luce arbitraria y en consecuencia, carece de virtualidad. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de fs 43/5 y HACER LUGAR al pedido de suspensión del proceso a prueba, respecto de José Alberto TIODELINI, DEBIENDO el "a quo" imponer al nombrado reglas de conducta según lo consignado en el Considerando V), y PROCEDER de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 ter, primer párrafo del Código Penal. Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal de Cámara y remítase a la anterior instancia, donde deberán efectuarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar."