Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 375/377. Santa Fe, 14 de febrero del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de M. A. D. contra la resolución N° 225 del 26 de junio de 2017, dictada por el Juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctor Balestieri, en autos caratulado "D. , M. A. -Recurso de Inconstitucionalidad en carpeta judicial: D. , M. A. s/delitos contra la integridad sexual recurso de apelación contra la resolución de fecha 05 de mayo de 2017 que deniega pedido de libertad del imputado (CUIJ: 21-06196339-9)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511498-2); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión N°225 del 26 de junio del año 2017, el Juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctor Balestieri, resolvió desestimar el recurso de apelación deducido por la defensa de M. A. D. y confirmar lo resuelto por el juez de grado quien, a su turno, no hizo lugar al planteo de libertad del nombrado y el cese de la prisión preventiva conforme artículo 227 del Código Procesal Penal y ratificó la cautelar dispuesta en fecha 26.06.2015 (f. 9/12). 2. Contra este fallo, la defensa de D. interpone recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el mismo no reúne los requisitos mínimos necesarios para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 38/52v.). En primer lugar, señala que la resolución impugnada le causa un gravamen irreparable, toda vez que habilita la comparecencia de D. a juicio privado de su libertad afectando y obstaculizando su derecho de defensa y la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Entiende que lo resuelto reviste gravedad institucional, pues permite la reiteración de decisiones contrarias a la operatividad de los derechos y garantías constitucionales y al sostenimiento de prácticas judiciales contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, pudiendo acarrear responsabilidad internacional estatal. Expresa que la cuestión no puede ser considerada abstracta, pues lo que se resuelva fijará certeza en relación al plazo máximo de duración de la prisión preventiva, toda vez que de encontrar andamiaje favorable, en el supuesto de no iniciarse la audiencia de debate antes del 3/5/18 su asistido deberá recuperar la libertad de conformidad al artículo 227 inciso segundo del Código Procesal Penal. Seguidamente, afirma que el auto recurrido es arbitrario al apartarse de las constancias de la causa y omitir considerar los argumentos de la defensa, en tanto que -a su juicio- la primera cautelar de encierro no había caducado, resultándole llamativo que el Fiscal, el Juez y la Alzada, sostengan que D. no se encontraba en prisión preventiva en la primera causa, cuando existen resoluciones judiciales que afirman lo contrario. Resalta que las carpetas judiciales se encuentran acumuladas y que, por lo tanto, nos encontramos ante una sola causa y una sola prisión preventiva. Pone de manifiesto que la vigencia o no de la primera cautelar es una cuestión neurálgica para resolver la cuestión sometida a decisión. Considera que lo resuelto marca un rumbo arbitrario e ilegítimo del uso de la prisión preventiva contrario a la Constitución, pues al habilitar el cómputo independiente de la misma en procesos que se encuentran en trámite permite el desinterés de evaluación jurisdiccional de los plazos de la prisión preventiva. En definitiva, aduce que con un aparente fundamento se lesiona la libertad personal del imputado desoyendo el mandato constitucional de prohibir privaciones arbitrarias frente al estado de inocencia. En esta línea de argumentación, discrepa con lo resuelto por considerar que de la interpretación literal del artículo 229 del Código Procesal Penal se desprende que su texto hace referencia a las cautelares y que las mismas deben ser consideradas en conjunto y-agrega-, distorsionar su contenido importa poner en crisis el conglomerado de normas que regulan el instituto de la prisión preventiva, la garantía del plazo razonable y los principios de legalidad y pro homine. 3. El Juez del Colegio de Jueces penales de Segunda instancia de la Cuarta Circunscripción Judicial, doctor Balestieri, por auto N° 304, del 29 de agosto de 2017 resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 19/21); lo que motiva la presentación directa de la defensa ante esta Corte (fs. 24/33). 4. En esta instancia resulta imperativo verificar, con carácter previo al análisis del remedio extraordinario, la subsistencia en el caso de los requisitos que habilitan el ejercicio de la jurisdicción por esta Corte, examen de insoslayable realización atento a que, como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, la desaparición de aquéllos importa, como regla, también la extinción del poder de juzgar (Fallos:189:245; 248:51; 260:153; 307:188; 308:1489; 311:787; 316:479). No está de más recordar en ese orden, que así como los agravios puramente hipotéticos, conjeturales o futuros se encuentran excluidos del ámbito jurisdiccional, lo mismo cabe afirmar acerca de aquéllos cuyo tratamiento deviene inoficioso por el Tribunal al haber perdido toda "actualidad". Ello es así porque, como es sabido, el derecho a la jurisdicción no importa sino la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener una sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes -Fallos:310:937; 311:208; 317:826; etc.-, doctrina coherente con la reiterada jurisprudencia según la cual es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y no realizar declaraciones generales o abstractas (Fallos:289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438). De la lectura del memorial introductor de la vía recursiva se advierte que el remedio de inconstitucionalidad analizado ha sido interpuesto contra la decisión del Juez de Cámara que confirma el rechazo del pedido de cese de prisión preventiva fundado en el inciso segundo del artículo 227 del Código Procesal Penal, postulando la impugnante -en prieta síntesis- arbitrariedad, falta de fundamentación, afectación de garantías constitucionales y gravedad institucional. Pero lo cierto es que del sistema informático de la Oficina de Gestión Judicial surge que en fecha 27 de junio de 2017 se dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el término de un año. Tal extremo fáctico evidencia que los agravios de la recurrente se han disipado, toda vez que no puede dejar de advertirse que la situación de coerción personal actual del imputado claramente no se encuentra determinada por la decisión en crisis -confirmatoria del rechazo del pedido de cese de cautelar-, por lo que en el caso la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito. Sentado ello, y verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Así disponerlo. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, doctor Balestieri. Tribunal que intervino con anterioridad: Juez de la Investigación Penal Preparatoria, doctor Basualdo.