Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 22 de 2012.

El doctor Chirinos dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 93 y 108/110) y por la demandada (fs. 94 y 103/105 vta.) contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado Federal de Seguridad Social nº 1 de fs. 89/91.

La parte actora cuestiona que la sentencia haya sustituido el modo de percepción de su beneficio. En consecuencia, solicita que se le reconozca el derecho a percibir el beneficio en la porción a cargo del régimen previsional público en el equivalente de 34.90 cuotas de MET AFJP hasta la entrada en vigencia de la ley 26.425, o bien se ordene la aplicación proporcional del caso "Badaro" partiendo del haber que la titular percibía hasta el dictado de la resolución 479/04 de ANSES.

Por su parte la demandada se agravia en tanto la sentenciante mantenido el monto del haber de la jubilación transitoria por invalidez y no ha observado que se reconoció a cargo de su parte la proporción del 57,1428% sobre el haber original de la prestación, resultando --en consecuencia- una prestación mensual de $ 593,07 de conformidad con las disposiciones del decreto nº 728/2000 y de la Resolución DEA nº 479/2004. También cuestiona en tanto se impone el reajuste por movilidad del haber previsional, sin haber sido solicitado por la actora en el escrito de inicio.

II. Surge de las actuaciones administrativas que corren por cuerda, que la Sra. Mina Beatriz Malek obtuvo su jubilación por invalidez en forma transitoria a partir del 1º de septiembre de 2003. (cfr. fs. 93 sin foliar del expediente administrativo nº 024-27058653409-010-1) Posteriormente, el organismo administrativo mediante resolución nº GOC-F 18221/2006 del 14 de junio de 2006, participa con la AFJP MET en el otorgamiento del Retiro Definitivo por Invalidez de la titular de autos, y reconoce a cargo del Régimen Previsional Público la proporción del 57,1429% sobre el haber original de la prestación, resultando un haber mensual de $ 571,84 a partir del 12 de abril de 2005, el cual fue establecido de conformidad con las disposiciones del decreto nº 728/2000 y Resolución DE-A 479/2004. (cfr. fs. 69/70 sin foliar del expediente administrativo nº 02427058653409-898-1).

III. En primer lugar se analizará el agravio referido al quantum del haber jubilatorio de la actora. Al respecto debe tenerse en cuenta el principio de derecho internacional de "prohibición de regresividad". El criterio de la progresividad supone algunos límites infranqueables a la actividad estatal: la obligación de no regresividad en el goce de ciertos derechos.

La progresividad determina un sentido a la actuación estatal, e impone un deber formal, operativo e inmediato, cual es el de impedir la regresividad en el grado de tutela de los derechos consagrados.

Así, el Estado argentino debe adoptar medidas necesarias hasta el máximo de recursos disponibles, sin discriminación, y tiene prohibido conducir con su accionar o su desidia a una regresividad en el nivel o grado alcanzado con anterioridad en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales.

Siguiendo con estos lineamientos se puede citar lo decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia previsional en el caso "5 pensionistas vs. Perú" donde se sostuvo que "el contenido esencial del derecho a la seguridad social es asegurar a toda persona una protección contra las consecuencias de la vejez o de cualquier otra contingencia ajena a su voluntad que implique una privación de los medios de subsistencia imprescindibles, para que pueda llevar una vida digna y decorosa".

También cabe señalar lo decidido por el Alto Tribunal en autos "Arcuri Rojas, Elsa c/ANSES", sentencia del 3 de noviembre de 2009, en donde sostuvo que "... es el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción plena de esos derechos el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando 10º del voto del Dr. Maqueda en Fallos: 328: 1602)" (considerando 14).

En el caso de autos, la transformación de jubilación transitoria por invalidez en jubilación definitiva por invalidez supone una disminución en el nivel o grado alcanzado con la primera prestación percibida.

De tal modo, corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto reconoce la procedencia del restablecimiento del quantum del haber previsional establecido como retiro transitorio por invalidez, ya que se compadece con el criterio sustentado por el Superior Tribunal en que el haber de actividad debe guardar una adecuada correspondencia con el haber de pasividad, situación esta que se compagina con el caso que se sustenta.

IV. Cabe analizar ahora la petición efectuada por la actora, relativa a que se reconozca el derecho de percibir su beneficio en la porción a cargo del régimen previsional público en el equivalente de 34.90 cuotas de MET AFJP hasta la entrada en vigencia de la ley 26.425.

La actora cuestiona que se haya alterado la participación del Estado en la financiación del beneficio, y que se llegue a la modificación en el haber que le corresponde, mediante la Resolución de Anses 479/2004. Entiende, que dicha norma ha alterado por vía de reglamentación el art. 97 de la ley 24.241 y contradice lo dispuesto en el decreto 1120/1994 que lo reglamenta, lo que constituye una oposición a los dispuesto en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, la actora obtuvo su beneficio de retiro definitivo por invalidez previsto por el art. 48 de la ley 24.241, en virtud de haber efectuado la opción del régimen de capitalización, prevista por el art. 30 de la citada norma.

El haber de su prestación se conformaba por el capital acumulado y el capital complementario que debía integrar la administradora según lo establecido en los arts. 92 y 93. (art. 91).

Este último capital estaba dado por la diferencia entre el capital técnico necesario y el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual de la afiliada hasta la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez (art. 92).

El capital técnico necesario se determinaba conforme al valor actual esperado de las prestaciones de referencia del causante y de sus beneficiarios a partir de la fecha en que se ejecute el dictamen definitivo de invalidez y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, una vez deducidas las prestaciones a cargo del sistema de reparto mencionadas en el art. 27 (art. 93).

Por otro lado, el financiamiento de la prestación por invalidez en el régimen de capitalización se encontraba distribuido entre el Estado y las AFJP. Así el régimen previsional público tenía a su cargo el pago de una parte de los haberes de los retiros por invalidez (decreto 55/1994, reglamentario del art. 27 de la ley 24.241).

El porcentaje correspondiente al régimen previsional público surgía de la aplicación sobre la prestación de referencia de un coeficiente porcentual que se obtenía a partir de la resta al número 1963 para varones o 1968 para la mujeres, del año de nacimiento del afiliado y posterior división de este resultado por el número 35, multiplicado por el número 100 y, multiplicado por el cociente entre el capital complementario y el capital técnico necesario, de acuerdo con el procedimiento detallado en el Anexo del decreto 728/2000.

En síntesis, el Estado se hacia cargo de la porción de años aportados al sistema anterior al SIJP y a los años en que el afiliado estuvo adherido al sistema de reparto y las AFJP, a partir de la fecha de adhesión, por parte del afiliado, al sistema de capitalización.

Posteriormente, la Resolución de Anses nº 479/2004, viene a modificar lo anteriormente señalado y determina que el financiamiento a cargo de la ANSES de los retiros por invalidez se realizarán en pagos mensuales y en pesos.

Asimismo, señala que el haber inicial y los que se devenguen con posterioridad, no experimentarán variación alguna sobre la base de la fluctuación del valor de la cuota del respectivo Fondo de Jubilaciones y Pensiones (art. 6º).

Esto así como consecuencia del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del organismo nº 222.396 del 10 de julio de 2003, precisando que una vez determinado el porcentual de la prestación a cargo de esa administración, el mismo deberá expresarse en moneda de curso legal (pesos), sin que incida en su cuantía la fluctuación posterior al valor de la cuota del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

Ello por tanto adecuar la participación estatal a la variación del valor de la cuota promedio del Fondo respectivo -como se venía haciendo- implicaría entrar en directa contradicción lo normado por la ley 25.561 y decreto 214/02 que establecieron la pesificación de todas las obligaciones y prohibieron la indexación o actualización de cualquier suma de dinero.

Ahora bien, el dictado de la Resolución 479/2004, viene a desnaturalizar una prestación que era del sistema de capitalización prevista por la ley 24.241, modificando la prestación que percibía el actor.

Tiene dicho el Alto Tribunal que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de les leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte en autos "Oharriz, Martín Javier c/Mº J y DD. HH-ley 24.2411", sentencia del 26/08/2003).

Así, la resolución del organismo administrativo desvirtuó el alcance que le había otorgado el art. 27 de la ley 24.241, el decreto reglamentario 55/1994 y sus modificatorios a la prestación por invalidez, en consecuencia, vulnera lo dispuesto por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad.

La doctora Maffei de Borghi dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de fs. 89/91 en cuanto hace lugar a la demanda promovida y ordena el dictado de una nueva resolución de conformidad con los términos del decisorio, debiendo aplicarse al haber del retiro definitivo por invalidez la movilidad proporcional correspondiente.

II. A fs. 103/105 la demandada se agravia de lo resuelto en cuanto se revoca la resolución administrativa impugnada y se ordena reestablecer el quantum del haber previsional abonado en concepto de retiro transitorio por invalidez. Asimismo se agravia de la movilidad otorgada a la proporción estatal por aplicación del precedente "Badaro Adolfo Valentín" dado que la misma no fue solicitada en sede administrativa.

La actora por su parte a fs. 108/110 cuestiona lo resuelto en tanto entiende que la aplicación del fallo "Badaro" por el lapso comprendido entre la adquisición del derecho al Beneficio (1.9.03) y el 31.12.06 implicaría hacerlo sobre el haber de alta determinado en la Resolución de otorgamiento del Beneficio Transitorio por Invalidez es decir sobre $ 593,07 (fs. 4 vta.), lo que le genera un perjuicio económico.

Por lo que solicita se revoque la sentencia en ese punto y se ordene la aplicación proporcional del caso Badaro partiendo del haber a cargo del Estado que la titular percibía hasta la Res 479/04 (es decir al valor cuota a junio de 2004 equivalente a $ 1307,89) y antes de que Anses lo redujera, pues de otro modo se altera la pretensión del restablecimiento del monto de su haber anterior a la transformación del beneficio en definitivo. En su defecto, pide que se considere el equivalente a las 34.90 cuotas a cargo del Régimen Previsional Público según el último valor cuota de la AFJP MET al mes de diciembre 2008 y anterior a la sanción de la ley 26.425.

III. Cabe precisar que de fs. 3/4 se advierte que a la actora se le otorgó retiro transitorio por invalidez con fecha de adquisición del mismo el 1.9.03, con un haber de alta de $ 593,07. Que de fs. 12, 13 y 14 surge que la proporción del Retiro Transitorio por Invalidez a cargo del Régimen Previsional Público en los meses abril, mayo y junio 2006 ascendía a la suma de $ 1307,93 (cod 933). De fs. 6 surge que con fecha 14.6.06 se transforma dicho retiro en definitivo, se participa a la AFJP MET en el otorgamiento del mismo y se reconoce a cargo del Régimen Previsional Público la proporción del 57, 1429% resultando un haber mensual a cargo del Régimen Previsional Público de $ 571, 84 a partir del 12.04.05 de conformidad con las disposiciones del dto. 728/00 y Res. 479/04. Sin perjuicio de ello, se declaran de legítimo abono las sumas percibidas en demasía por el titular desde la fecha en que debió practicarse la transformación del Retiro (cfr. Dictamen Médico del 12.4.05) hasta el mes inmediato anterior al Alta Mensual (07/06) del Retiro Definitivo.

IV. En orden a la primera de las cuestiones relativas al reestablecimiento del quantum que percibía con el Retiro Transitorio por Invalidez, cabe señalar que oportunamente in re " Reynoso Norberto c/Anses s/Prestaciones Varias" del 19.10.07 este tribunal se expidió en el sentido que aviniéndose en el caso de autos una sustancial reducción del monto de la prestación que el titular percibía antes de operarse la transformación de su beneficio de Retiro Transitorio por Invalidez en Retiro Definitivo por Invalidez (en el caso haber mensual a cargo del Régimen Público de $ 1307, 93 a $ 571, 84 ver fs. 12/25), lo que no se condice con el debido respeto al carácter integral e irrenunciable que atribuye el párrafo tercero del art. 14 bis de la C.N a los derechos de la seguridad social que tienen como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales.

Asimismo, el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares del caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar en materia previsional, dado que el objetivo de la misma es la cobertura de los riesgos de subsistencia y asimismo por ello, toda vez que se encuentra acreditado el perjuicio que le provoca al peticionario la norma reglamentaria en cuestión y consecuentemente se ve vulnerado el derecho de propiedad amparado por el art. 17 de la CN, de prosperar mi voto corresponde confirmar lo resuelto en este punto.

A mayor abundamiento cabe señalar que la propia accionada en un caso similar al presente, sostuvo que "... ese impacto notorio y negativo en el haber, no ha sido el objeto de la emisión de la Resolución ANSES 479/04, por cuanto la misma persigue como finalidad ratificar que la participación estatal, como tal, reviste el carácter propio del Régimen Público de Reparto, debiéndose expresar en pesos -no en cuotas-, quedando sujeta a los aumentos previstos para el Sistema Previsional Público, al igual que las prestaciones acordadas en ese ámbito; además las pautas de procedimiento referentes a la determinación del componente público del Retiro Transitorio por Invalidez resultan aplicables a aquellos Retiros Transitorios acordados con posterioridad a la emisión de la misma" (Resolución CARSS Nº 21700/08 del 31 de julio 2008).

V. De fs. 19/25 se desprende que la actora impugna la resolución administrativa de fs. 9110 que desestima el reclamo formulado en el sentido que por aplicación del dto. 728/00 y la Resolución 479/04, se la priva de la variación del valor de la cuota del Fondo de Jubilaciones y Pensiones respectivo.

Ello así, de conformidad con lo señalado corresponde desestimar el planteo de la demandada relativo a que la pauta de movilidad establecida no fue materia de oportuno cuestionamiento por la actora en sede administrativa.

Respecto del resto de los planteos y en tanto la intervención del organismo de grado ante quien se apela una decisión, queda acotada por el recurso, estando sólo habilitado para pronunciarse sobre los puntos que han sido materia de agravios, cabe precisar que la actora refiere que el Retiro Transitorio por Invalidez estuvo bien liquidado hasta la aplicación de la Resolución 479/04 (junio de 2004) que estableció la no sujeción del haber a cargo del Régimen Previsional Público a la variación del valor cuota del respectivo Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Agrega que el mismo quedó "congelado" a dicha fecha en un total de $ 1307,93 conforme surge de la documental de fs. 12/14 (recibos 4/06, 5106 y 6/06) y que sobre esa base se calculó el respectivo haber del Retiro Definitivo. Por lo que solicita que la pauta de movilidad sea dispuesta sobre el monto del haber a junio 2004.

Teniendo en cuenta lo resuelto en el considerando en de esta sentencia en el sentido que debe mantenerse el monto del haber a cargo del Régimen Previsional Público percibido por la actora en concepto de Retiro Transitorio por Invalidez una vez operada su transformación en Definitivo (que asciende a $ 1307,93), corresponde hacer lugar al planteo de la actora y disponer que la movilidad del fallo "Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES s/Reajustes Varios", debe aplicarse desde junio 2004 sobre dicho monto, equivalente al último haber del RPP sujeto a la variación del valor cuota del Fondo de Jubilaciones y Pensiones conforme la Resolución 479/04 (ver fs. 63 del expte. adm. 02427058653409 fs. 3 expte. adm. 024 27058653409854000001).

A mayor abundamiento, cabe agregar que tiene dicho este tribunal que corresponde la aplicación del aludido precedente, en la medida que el incremento en el beneficio por los aumentos ya otorgados (por los decretos 1275/02, 391/03, 1194/03, 683/04, 1199/04, 748/05, 1273/05 y 764/06) sea inferior a la variación anual del índice de salarios nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En caso que tal incremento arrojase una prestación superior deberá estarse a su resultado, según lo decidido por el Alto Tribunal en autos "Padilla, María Teresa Mendez c/ANSeS s/Reajustes Varios", de 29/04/2008.

Por lo expuesto, de prosperar mi voto corresponde hacer lugar al planteo de la actora y disponer que la movilidad aplicada lo sea con los alcances dispuestos en los considerandos precedentes.

La doctora Pérez Tognola dijo:

Por compartir los fundamentos expresados en el voto de la Dra. Lilia M. Maffei de Borghi, adhiero al mismo.

Por lo expuesto, el Tribunal por mayoría resuelve: I. Confirmar parcialmente la sentencia recurrida y hacer lugar al planteo de la actora de conformidad con lo expuesto en el considerando V. II. Costas por su orden (art. 21 de la ley 24.463). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.- Lilia M. Maffei de Borghi. - Bernabé L. Chirinos (en disidencia).- Victoria Pérez Tognola.