Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-18


--- En la ciudad de Trelew, a los 18 días de noviembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. V., M. A. c/ T. B. S.R.L. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 22901 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 183.---------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---------------------------------- --- Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 169), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 164/168), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada en contra de T. B. S.R.L., condenando a ésta a que abone al demandante la suma de $ 14.606,14 con más el interés fijado en el considerando respectivo, con costas a cargo de la demandada por la porción que prospera y a cargo del demandante vencido por la porción en que la demanda fuera desestimada.------------------ --- El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, luce agregado a fs. 174/177.----- --- Ordenado el traslado a la contraria (fs. 178), el mismo no fue evacuado.---------- --- I.- Afirma la parte apelante que el decisorio en crisis contiene una manifiesta arbitrariedad en la valoración y los principios del derecho aplicados al momento de interpretar que no se encuentran probados los rubros integrantes de las diferencias salariales. Puntualiza tres agravios.------------------- ------ 1) Diferencias Salariales. Horas Extras: argumenta que el testigo B. afirmó que el demandado laboraba los días domingo, por lo que, teniendo en cuenta este antecedente, es plenamente procedente interpretar que si el actor laboraba incluso los domingo con seguridad lo hacía los días de semana con la extensión de una hora extra, más aún cuando el testigo M. A. S. P. afirma que pasaba a buscar al demandante por el negocio más o menos a las 22:30 hs., declaración de la que afirma deriva con claridad que el horario de salida del actor se extendía mucho más allá de lo planteado por los testigos de la parte demandada. Recalca que los testigos W., I. y S. son empleados actuales de la parte demandada, situación por la que entiende sus testimonios se ven ampliamente influenciados por las consecuencias materiales que pueden derivar de una declaración en contrario de quien resulta su autoridad laboral. Observa la diferencia de horarios que plantean los Sres. I. -17 a 20,30 hs.- y S. -16 a 20 hs.-. Sostiene que teniendo en cuenta que el empleador no contaba con ningún sistema de fichas o registro del horario en que laboraba el trabajador, realizando una interpretación 'in dubio pro operario', se debe estar al horario planteado por el actor en los presentes autos, más aún cuando existen testimonios que afirman que laboraba en exceso. Sostiene que el plexo probatorio formado por los testimonios referidos, la declaración jurada del trabajador, no desvirtuada por la documental acompañada por la demandada, y la presunción en contra de la demandada que genera el hecho de que mintiese respecto de la fecha de ingreso del actor, descubre el entramado ardidoso de la aquí condenada. Estima que este plexo probatorio es más fuerte que el de creerle solo a dos empleados actuales de la demandada (uno de ellos hermano del dueño). Entiende que su parte ha demostrado que el horario que cumplía el actor era mayor que el que dice la demandada y que el que dicen los empleados actuales de la demandada.-------------- ------ 2) Diferencias Salariales. Adicional por Fallo de Caja: puntualiza que son varios los testimonios que aseveran el carácter de vendedor - cobrador que tenía el actor. Afirma que subyace en la denegatoria del punto por parte del 'a quo' una interpretación de la norma convencional que entiende desajustada e interpretada a favor del empresario y contraria al trabajador. Invoca que sin duda el actor como ventas b, además cobraba las ventas que realizaba. Argumenta que el espíritu de la norma es que si un trabajador en el ejercicio de sus funciones maneja dinero, que debe rendir lo cual potencialmente le genera responsabilidad sobre el mismo, obtenga un adicional que le permita solventar dichos fallos. Afirma que nada tiene que ver con que sea solo cajera y que es un dislate plantearlo así y dejar afuera a quien, como el actor, no solo cobra sino que vende y cobra, máxime los meses en que el trabajador se desempeñó en la sucursal Esquel, donde era único personal y por tanto responsable de las recaudaciones hasta que eran rendidas.------------------- ------ 3) Regulación de honorarios: cuestiona el criterio de imponer a los letrados una doble regulación una parte a cargo del actor y otra de la demandada. Se agravia de que la sentencia atacada realice una doble regulación de honorarios. Entiende que vulnera el principio normativo de que las costas deben ser soportadas por la vencida y además realiza una regulación sobre el total y no sobre el monto de condena, lo que afirma la convierte en injusta, desproporcionada y hasta ilegal. Sostiene que la regulación resuelta resulta absolutamente confiscatoria del derecho de propiedad del actor quien en definitiva ve limitado su acceso a la justicia, ya que de no prosperar la demanda se ve afectado gravemente su patrimonio debiendo soportar costas excesivas que laceran el derecho mismo que pretende ejercerse. Entiende que debe revocarse la doble regulación establecida e imponerse una sola justa y ajustada al monto de condena, imponiendo las mismas a la condenada y como máximo repartiendo la carga pero respetando dichos límites. Cita jurisprudencia.---------------- --- Finalmente reserva el apelante casación y caso federal. Peticiona se revoque la sentencia atacada en el modo en que fuera requerido.------------------------------------ --- II.- En los términos delimitados por el agravio reseñado, ingresaré al análisis del recurso. Asimismo, por razón de método y mejor orden expositivo, seguiré la individualización numérica como así también la misma manera de nominarlos al reseñarlos.--------------------- --- 1) Diferencias Salariales. Horas Extras: desestima el 'a quo' las horas extras pretendidas en la demanda por cuanto entiende que las declaraciones testimoniales que refieren un trabajo en extensión de la jornada normal no resultan lo suficientemente convincentes a los fines probatorios. Señala las razones por las que no le merecen confianza los testimonios de los Sres. B. y S. P. Puntualiza las razones por las que las declaraciones de los Sres. W., I. y S. lograron formar su convencimiento de que el demandante, al igual que el resto de los empleados del comercio no realizaban horas extras tal como se afirma y denuncia en el escrito de demanda.----------------- --- En lo esencial, cuestiona el apelante en su agravio la valoración efectuada de los testigos W., I. y S. por ser empleados actuales de la demandada, puntualiza diferencias en los horarios por ellos individualizados, señala que el empleador no contaba con ningún sistema de fichas o registro del horario en que laboraba el trabajador -lo que entiende debe interpretarse a favor del operario- y resalta el plexo probatorio formado por los testimonios, en especial los de los Sres. B. y S. P., la declaración jurada del trabajador y la presunción en contra de la demandada que genera el hecho que mintiese respecto de la fecha de ingreso del actor.---------------------- --- Comenzaré señalando lo incorrecto que resulta el intento de discriminar, en la valoración de la prueba aportada al proceso según sea ofrecida por una u otra de las partes. Es que tal pretensión contradice los principios de unidad y de comunidad o adquisición de la prueba. El primero informa que indistintamente de quien aporte la prueba, el conjunto probatorio pasa a formar una unidad en punto a su apreciación por parte del juzgador, sin que quepa hacer distinción alguna en cuanto al origen de la prueba. Y el de comunidad o adquisición es consecuencia de la unidad de la prueba, en tanto enuncia que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, por cuanto una vez que se ha incorporado al proceso debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte -reitero- en beneficio de quien la trajo o de la parte contraria quien, incluso, puede invocarla a su favor al alegar sobre el mérito de la prueba. Esto es, los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción. Una vez que han sido incorporadas entonces las testimoniales a estas actuaciones, la fuerza de convicción que de ellas extraiga el juzgador se encuentra totalmente despojadas de cualquier consideración relativa a quien la ofreció e introdujo al proceso (Conf. Devis Echandia, Hernando, "Compendio de la prueba judicial", anot. y conc. por Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2.000, T. I, págs. 33/34 y 146 y sgtes.; id. Kielmanovich, Jorge "Teoría de la prueba y medios probatorios", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2001, págs. 63; id. De Santo, Victor "La prueba judicial -teoría y práctica-", Ed. Universidad, ed. año 1992, págs. 15/16).--------------------- Bajo tales parámetros, rescato que la valoración de la prueba aportada al proceso por el Sr. Juez a quo fue, cuanto menos, puntillosa. El Sentenciante de Grado puntualizó las razones por las que no le merecieran confianza los testimonios de los Sres. B. -sabe por comentarios del propio interesado, dice haber concurrido en una oportunidad un día domingo siendo que no fue denunciado en la demanda que el empleado trabajara los fines de semana y que el reclamo por horas extras simplemente se basó en la extensión de una hora por día sobre las ocho normales de trabajo- y S. P. -dice que pasaba a buscar al demandante por el negocio cuando salía de jugar voley más o menos a las 22:30 horas-. Frente a ello, el apelante al expresar agravios no analizó la inconsistencia señalada por el 'a quo', se limitó a valorar como favorables sus testimonios pero sin intentar dar una explicación a su falta de correspondencia con la pretensión contenida en el escrito de inicio. Es que, de la afirmación efectuada por el Sr. B. de que el demandado laboraba los días domingo no se puede derivar como consecuencia lógica que lo hacía los días de semana con la extensión de una hora extra y no explica por qué limitó su reclamo a sólo una hora diaria si como afirma a la luz de las respuestas dadas por el Sr. Soto Pérez el horario de salida del actor -22:30 hs.- se extendía mucho mas allá de lo planteado por los testigos de la parte demandada.------------------- --- Y en ello se encuentra involucrada y satisfecha, a mi entender, la referida regla de apreciación probatoria que rige en nuestra legislación procesal vigente en el ya citado art. 386 del C.P.C.C., de aplicación al supuesto por vía de la subsidiaridad prevista en el art. 45 de la Ley 69.-------------------- --- Es que en la literalidad y contenido de la norma citada se encuentra ínsita la inteligencia que, con toda perspicacia, expuso Sentís Melendo, en tanto que precisa que la sentencia deriva de sentire; que es lo que, en definitiva, el juez siente ante la controversia jurídica que se la ha planteado. En tal dirección, no puede negarse que quien juzga llega a la solución final mediante una serie compleja de operaciones en las que no está ausente la intuición. Ello no implica que se prescinda de la ley ni del silogismo judicial, pero como lo precisara Calamandrei al referirse a la génesis lógica de la sentencia "...la operación lógica, tal como se desarrolla en la realidad en la mente de cada juez, no se produce nunca a través de una sucesión de fases netas y separadas, similares a las que yo he clasificado, ya que en el pensamiento vivo, que se rebela a toda anatomía, aquéllas se alteran y se compenetran de un modo inconsciente e irregular. Pero esto no quiere decir que desde el punto de vista teórico la operación lógica del juez no pueda reducirse, con finalidades de estudio, al esquema dado por mi, ya que toda investigación científica trata de simplificar lo que en la vida es complejo y múltiple, extrayendo de ello solamente unos pocos caracteres esenciales"(Aut. cit. en "Estudios sobre el proceso civil", Trad. de Santiago Sentís Melendo, Ed. Bibliográfica Argentina, ed. 1961, pág. 369 y sgtes.).-------------------------- Y es por ello que el citado Sentís Melendo explica que el principio de la libre apreciación de la prueba, o sea el que deja al juez la facultad de medir, sin trabas legales de ninguna especie, el mayor o menor valor que pueda tener determinado medio de prueba con respecto a su convicción, es sin dudas el que ha sido adoptado por nuestro Código del rito en consonancia con la doctrina y legislaciones más modernas. Añadiendo al respecto que "...es claro que así sea, porque es el que, en principio, se conforma más a la realidad de la vida, tortura menos la conciencia del juez y evita la posibilidad de consagrar una oposición entre el convencimiento humano y el jurídico ..."(Conf. Aut. cit. en "El proceso civil", Ed. E.J.E.A., ed. año 1957, pág. 305).------- --- Es que, aquello que se persigue en el juicio es la razonable certeza acerca de un resultado. Al emitir un juicio acerca del valor de la prueba producida estimándola a la luz de las pretensiones de las partes, el órgano jurisdiccional está valorando una compleja realidad a la que accede a través de aquella prueba, debiendo decidirse por una solución que en una labor eminentemente práctica -no científica- adopta, en vías de perseguir una solución probable en atención que de hechos controvertidos no es posible tener convencimiento pleno sobre ninguno. Y a tal fin, como regla, el juez en tren de apreciar la prueba no tiene obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados sino a seleccionarlos a fin de fundar su veredicto en aquellos que estimó como más eficientes o esenciales o de mayor peso para inclinar el veredicto al que arriba en un sentido o en otro. En línea con ello, es que predico que desde luego es facultad del juzgador el desechar a los testigos que considere menos creíbles conforme con los principios de la sana crítica, en tanto la valoración de los testimonios constituye -reitero- una facultad privativa del Juez (Conf. Palacio, Lino E., op. Cit., págs. 650 y sgtes., Nro. 486).--- --- Es en tal contexto que surge palmario, para mi, que el recurrente al destacar el testimonio de los Sres. B. y S. P. y cuestionar el de los Sres. W., I. y S., se limitó a exponer una valoración paralela discrepante con la efectuada por el Sr. Juez a quo. Es que, la contradicción que señala el apelante entre los testigos I. y S. se explica por cuanto se limita al horario vespertino y el Sr. I. preguntado por su jornada laboral relata que cuando está en la zona es de 9 a 13 hs. y a la tarde va "un ratito nomás" (ver fs. 106) y el apelante no efectúa ningún análisis respecto de la contundencia del testimonio vertido por el Sr. W., el que fuera tenido expresamente en cuenta por el Sentenciante de Grado, quien señala que trabajaban ocho horas de lunes a viernes y el sábado cuatro horas y categóricamente responde a la pregunta sexta referida a si el actor trabajaba horas extras que el mismo "no trabajaba horas extras" (ver fs. 104).------------------------------ Otra de las cuestiones dirimentes para resolver el presente agravio es determinar si la patronal demandada en estos actuados se hallaba obligada a contar con un sistema de registro del horario en que se desempeñaba el trabajador o de horas suplementarias, ello por cuanto teniendo en cuenta que el empleador no contaba con ningún sistema de fichas o registro de horario en que laboraba el trabajador, el apelante sostiene que tal circunstancia debe ser interpretada a la luz del principio "in dubio pro operario".------------------- ---------------- He sostenido que es indudable que si se realizan horas suplementarias pesa sobre la patronal la obligación genérica de llevar un registro de las mismas, tal cual lo impone el Art. 6, inc. "c" de la Ley 11.544 y el art. 21 de su reglamentación por Dcto. 16.115/33. Sin embargo tal obligación genéricamente impuesta solo es exigible bajo la condición de que tales horas suplementarias se trabajen o, dicho en palabras de la Ley, que se acrediten "...horas suplementarias de trabajo hechas efectivas..." (sic) (SDL 35/08).------------------------ --- No huelga señalar que para algunas actividades específicas, por las particularidades que presentan, se les impone normativamente y de modo específico llevar tales registros. Tal como ocurre, por ejemplo, con la actividad bancaria (Conf. Arts. 7 y 15 del Dcto. 1088/45). Ahora, al no existir tal imposición legal, en el "sub judice" se deriva nuevamente la cuestión al contexto de la imposición genérica antes aludida y que se encuentra únicamente supeditada al hecho de que tales horas suplementarias se trabajen.------------------------------------- --- Y, es al trabajador que reclama el pago de horas suplementarias que denuncia haber trabajado quien debe probarlas, como debe hacerlo respecto de cualquier otro hecho que forme parte del presupuesto de hecho de la norma invocada en sustento de su pretensión o reclamo, prueba que en autos no satisfizo.------------------- Respecto a la duda a la que alude el quejoso, advertiré que la regla "in dubio pro operario" no resulta de aplicación respecto de la apreciación probatoria o fáctica. Tal alusión resulta incorrecta por cuanto es fácil de advertir de la materia del conflicto de la que trata el presente proceso, que ninguna duda normativa concurre en la especie de manera que se hubiera necesitado optar, entre dos o más sentidos posibles, por la que fuera más favorable al trabajador reclamante en estos actuados (SDL 25/06, con cita de Fernández Madrid, Juan C. En "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, ed. año 2000, T. I, págs. 216, n° 2.7.7. y 310, punto n° 2.7.15 letra "a"; Ackerman-Tosca, en "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2005, T. I, págs. 339 y sgtes.).--------------------------- --- En resumen de lo que se viene de esgrimir, soy de la opinión y así lo dejo propuesto al acuerdo que el presente agravio no merece acogimiento desde que el actor no logró satisfacer su carga probatoria, cual era acreditar la realización de horas suplementarias cuyo cobro persigue por ésta vía jurisdiccional.----------------- --- 2) Diferencias Salariales. Adicional por Fallo de Caja: deniega el Juez a quo el reclamo de pago del adicional por manejo de fondos -art. 30 CCT 130/75- junto con la pretendida categoría de Jefe de Segunda o Encargado de Primera por el período comprendido entre los meses de noviembre de 2004 y febrero de 2005, pues considera que el actor ninguna prueba ha aportado sobre el tópico. Estima que ha quedado claro que las funciones de M. S. V. dentro de la organización demandada eran las de venta -sin manejo de dinero- y reparación y armado de equipos de computación -testigos G., H., W., B., I. y S.-.-------------- --- Sustentado el agravio vertido en cuestionar la denegatoria del punto por entender que parte de una interpretación de la norma convencional desajustada, a favor del empresario y contraria al trabajador, debo adelantar opinión que no encuentro en él crítica a que atender.----------------- --- El Juez a quo basó su decisión en que el actor ninguna prueba aportó al proceso que diera cuenta del manejo de fondos invocado. Ninguna interpretación de la norma convencional trasciende a dicha conclusión, ni a favor del empresario ni contraria al trabajador. No desestimó el Sentenciante de Grado el adicional pretendido por entender que solo es acreedor del mismo quien desempeña con exclusividad funciones de cajero. Y, en lo que específicamente refiere al argumento dirimente en que basara el Juez de la instancia antecedente su sentencia, el apelante se limitó genéricamente a afirmar que "son varios los testimonios que aseveran el carácter de vendedor - cobrador que tenía el actor" (fs. 175vta., 3er. párr.) "Máxime los meses que el trabajador se desempeñó en la sucursal Esquel, donde era único personal y por tanto responsable de las recaudaciones hasta que eran rendidas", sin vincular tales afirmaciones con prueba producida en el proceso que hubiera sido dejada de lado por el Juez a quo.- --- Ello así, es evidente que el apelante omite centrar la crítica en el eje argumental sobre el cual apoya la decisión respecto al punto el Sr. Juez a quo, cual es que el actor no aportó ninguna prueba sobre el tópico.---- --- Obligado me veo en destacar que "criticar" no es lo mismo que "disentir", ya que lo primero importa un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo apelado, tendiente a demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste pueda contener, mientras que lo segundo consiste simplemente en exponer que se está en desacuerdo con la sentencia recurrida. "Criticar" significa en el lenguaje corriente censurar, notar, vituperar las acciones o conducta de alguien. "Disentir", en cambio, es no ajustarse al sentir o parecer de alguien. Específicamente, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante la carga de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que le atribuye al fallo. La crítica, reitero, debe ser concreta, o sea, precisa, determinada, sin vaguedades ni circunloquios. Ello, además, obviamente de la razón que debe también expresarse para fundar el recurso (SDL 49/08, Sala B, con cita de CNCiv., sala H, 4-12-2000, Lexis, n° 30011227).------------ --- El valladar técnico que, insisto, no supera mínimamente el agravio bajo análisis, se encuentra ubicado principalmente en la circunstancia concerniente a que no se hace cargo el recurrente del fundamento dirimente en que el Juez a quo basara su decisión, cual es la ausencia de prueba sobre el manejo del dinero, no resultando a tales fines suficientes introducir afirmaciones genéricas tales como "son varios los testimonios que aseveran el carácter de vendedor-cobrador que tenía el actor", sin remitir a la prueba concreta que se hubiera producido en el desarrollo del proceso.- --- Debe repararse que la sede de la apelación es una instancia de revisión crítica donde lo que se ataca o defiende, pondera, analiza, apuntala o demuele es el pronunciamiento del juez en función de sus impropiedades o desaciertos. No es una instancia para reiterar argumentos buscando ganar en su replanteo una suerte diversa de la obtenida en primera instancia; muy por el contrario, tiene por finalidad realizar la crítica concreta y razonada del fallo que se impugna. Y en tal sentido, el razonamiento paralelo o propio del apelante, que sólo trasunta apreciaciones subjetivas, no comporta la crítica que exige la normativa procesal (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado...", Ed. Ediar, 2da. ed., año 1961, T IV, págs. 389/392, nota 8 y jurisp. cit.; id. Ibáñez Frocham, "Los recursos en el proceso civil", Ed. Omeba, 3ra. ed., año 1963, n° 54, pág. 193; id. Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 2da. ed. act., año 2005, T. V, n° 599, págs 261/263).---------------- --- Por ello, estimo que el agravio deducido carece de suficiencia técnica, por lo que debe declarárselo desierto y así lo dejo propuesto al acuerdo (Art. 265 y 266 del C.C.C.).------------------- --- 3) Regulación de honorarios: teniendo en cuenta que declara el progreso parcial de la demanda, el Juez a quo estima justo efectuar una doble regulación, quedando a cargo del demandante los honorarios generados por la intervención de los profesionales respecto a los rubros desestimados - Diferencias salariales y horas extras -, debiendo ser atendidas por la sociedad demandada las costas y estipendios que emanan de la porción de la petición que ha sido admitida, calculándose los mismos sobre el importe por el cual efectivamente progresa el reclamo.-------------- --- Cuestiona el apelante esta doble imposición en costas y regulación de honorarios.-------------------- --- Como he sostenido al dictar la SDL N° 66/05, allende de la cuantía reclamada y la que finalmente prospera en la condena emitida en el anterior grado, lo concreto y que es aquello que resulta lo realmente dirimente para discernir la calidad de vencedor y vencido que cabe atribuir a cada uno de los contendientes en el litigio, lo son las pretensiones deducidas al demandar y que controvertidas fueron las que finalmente prosperaron o se desestimaron. De tal modo, rememórese que habiéndose reclamado diferencias salariales -meses 11/04 a 08/06 y horas extras-, indemnización por despido incausado, duplicación indemnizatoria, e indemnizaciones de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, sólo fueron desestimados los rubros correspondientes a las diferencias salariales.-------------------------------------- --- En tal contexto, estimo ocurrió en la especie un supuesto puntual de vencimientos parciales y mutuos que imponían la distribución de las costas en porcentajes adecuados a la medida de tales vencimientos mutuos lo cual no se satisface de modo alguno con la regulación duplicada efectuada por el juzgador del anterior grado según el monto desestimado y el monto admitido.-------------------------- Es que tengo dicho antes que ahora que la base económica de regulación legalmente impuesta y la que corresponde adoptar siempre que exista monto de condena, es la prevista en el Art. 19 de la Ley 2.200.------------------------------------- --- Y ello no empece a que la situación planteada en el supuesto bajo examen los vencimientos mutuos deban ser atendidos a través de una distribución de las costas en los términos del art. 71 del C.P.C.C., lo cual tampoco habilita a que se efectúe una doble imposición de costas según la porción del monto pretendido en demanda que prospera y la porción que se desestima.------------ Es pues, en tal tesitura que la imposición de costas y honorarios cuestionados merecerán en mi propuesta de dirimisión acogimiento.---------------------------------- --- En tal sentido ya tengo dicho en supuestos análogos al presente que no comparto de modo alguno que, en los términos normados por el art. 277 de la L.C.T. vigente, con el texto incorporado por la Ley 24.432, pueda discriminarse los porcentuales que se fijen a los letrados intervinientes según la porción de la demanda que prospera y la que se rechaza.------------- Tal como vengo de indicar, a mi juicio, resulta improcedente discriminar entre el capital pretendido y el capital de condena, para atribuir imposiciones en costas diferenciadas (en la especie se omitió absolutamente efectuar precisión alguna al respecto), como así también y principalmente a los efectos de computar bases económicas de regulación distintas, según la porción de demanda desestimada o admitida.------------------------- En primer lugar por cuanto entiendo que tal pronunciamiento sería "contra legem", desde que se aparta de las previsiones que regulan la materia de costas y que se hallan contenidas en los arts. 68 y conc. del C.P.C.C. y 59 de la Ley 69. Y en segundo lugar, porque también transgrede lo dispuesto por la Ley arancelaria en cuanto determina como base económica del cálculo de los porcentuales correspondiente a los honorarios al monto de condena o eventualmente, ante el rechazo de la demanda, el monto pretendido en ella (Arts. 6, inc. "a" y 19 de la Ley 2.200).---------------------------- Y por último, por si ello no se compartiera, viene a reafirmar tal postura lo dispuesto por los Arts. 505, párrafo 3ro del Código Civil y, para el caso particular bajo análisis, el Art. 277, párrafo 3ro. de la L.C.T. (textos agregados por la Ley 24432), en virtud de los cuales el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no puede exceder del 25% del monto de condena, sin computar en dicho porcentual los honorarios de los letrados de la parte que deba afrontar su pago. Basta con advertir que la regulación que se efectúa, trasgrediendo lo antedicho, en muchos casos habilita a que la regulación de los emolumentos de los letrados de la parte que resultó condenada, aunque en mínima medida respecto a lo originalmente reclamado en demanda, puedan resultar de una cuantía mayor inclusive al importe admitido en sentencia a favor del accionante, lo cual en mi opinión, francamente resulta un absurdo.----------- ---- Si de lo que se trata es intentar traducir la consecuencia de una posible pluspetición inexcusable, tal circunstancia se halla regulada específicamente en la norma contenida en el Art. 72 del C.P.C.C., aún cuando pueda discutirse su aplicabilidad en materia laboral (Conf., Sala B, mi voto, S.D.L., Nro. 48/04, c. 19.696, CANE). Y en la especie ella no fue siquiera invocada por la parte demandada.------------------- --- En consecuencia, procederá admitir el presente agravio, distribuyendo las costas del anterior grado según las porciones de éxitos y derrotas mutuas ocurridos en dicha instancia, del siguiente modo: la parte actora deberá cargar con el 20% y la parte demandada con el 80% restante. Tales guarismos, a mi entender, se adecuan a los vencimientos mutuos logrados por los litigantes (Art. 71 del C.P.C.C.).----------- Esta tesitura se compadece con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en cuanto señaló que el art. 59 de la Ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante el prudente análisis particularizado de la cuestión en debate (Conf. S.T.J.Ch., en autos caratulados "C L c/ Pcia. Del Chubut", S.D. 7/91; y "C de R c/ C C y otro", S.D. 3/93).----- --- Asimismo, los honorarios deberán ser fijados atendiendo al mérito, extensión y resultado de las tareas cumplidas por cada uno de los letrados intervinientes, por lo que considero adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 19,6% a favor del Dr. H. A. A., letrado apoderado de la parte actora; y en la suma equivalente al 12 % al Dr. A. E. M., letrado patrocinante de la parte demandada, porcentuales éstos que se calcularán del monto de condena que se determine en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, ambas regulaciones con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 19, 47 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).------------------------ --- De tal manera, pues, lo dejo propuesto al acuerdo.------------------------------------ --- III.- Conclusión:------------- Por las razones expuestas propicio la modificación del fallo venido en apelación para modificar la imposición de costas, estableciendo que las devengadas en Primera Instancia deberán ser soportadas en un 80% por la parte demandada y en el 20% por la parte actora, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes del siguiente modo, a saber: para el Dr. H. A. A., en la suma equivalente al 19,6% y al Dr. A. E. M., en la equivalente al 12 % del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.--------------------------- Desestimados dos de los tres agravios vertidos por la parte actora (horas extras, adicional por fallo de caja), acogiéndose solo uno (doble imposición de costas y regulación de honorarios) pero que en definitiva responde a una decisión oficiosa y respecto del cual no ha mediado contradictorio, estimo que se ajusta al resultado final logrado imponer las costas de Alzada a la parte apelante vencida (Art. 68 y concs., C.P.C.C.).--------- --- Los honorarios del Dr. H. A. A., letrado representante de la parte actora por sus tareas de Alzada, apreciando su extensión, mérito, eficacia de ellas, estimo adecuado regularlos en la suma respectiva equivalente al 5,3 % del referido monto del pleito, con más el I.V.A. respectivo (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).----------------------- --- Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.--------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:--------------------------- La claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante respecto de la sentencia de fs. 164/168 vta., así como de la expresión de agravios que vertiera la actora recurrente a fs. 174/177, me eximen de realizar nuevamente dicho relato, por lo que me remito a la misma en homenaje a la brevedad.--------------- I.- Comparto el criterio utilizado por el Dr. Lucero en cuanto al orden de tratamiento de los agravios, por lo que seguiré el propuesto por el colega preopinante.---------------------- 1) Así, el primer agravio se refiere a la desestimación de las diferencias salariales reclamadas por horas extras laboradas. El ataque que efectúa el apelante radica básicamente en la forma en que valoró el sentenciante la prueba testimonial, enfatizando que los declarantes B. y S. P. coinciden en que el actor laboraba en jornada extendida. La deducción que realiza la quejosa en cuanto a que si B. manifestó que el actor trabajaba el domingo procede interpretar que lo hacía los días de semana en horario extra (ver fs. 174 vta., pto. 2, a, segundo párrafo) carece de toda fundamentación normativa y de la experiencia misma, siendo una mera apreciación subjetiva del recurrente. En cuanto a S. P. (ver fs. 148) es de destacar que manifestó que algunas veces pasaba a buscar al accionante por el trabajo a las 22.30 (ver respuesta cuarta), lo cual no se condice con la pretensión deducida en demanda, que limitó el reclamo a una hora suplementaria diaria (ver fs. 04 vta., pto. C, anteúltimo párrafo). Por lo tanto la prueba que el apelante cita en apoyo a su queja no aporta elementos en dicha dirección.------------------------- En cuanto a lo referido a los testigos sobre cuyas declaraciones formó su convicción el juez, el actor considera que las mismas se encuentran influenciadas por ser empleados de la demandada, amén de señalar la diferencia de horarios expresada por los declarantes I. y S. (ver fs.174 vta. "in fine"/175, 1er. párrafo). Respecto de la dependencia de los testigos apuntada, es de recordar que la jurisprudencia en general no considera que dicha circunstancia invalide sin más la declaración de los mismos. Así se entendió que la relación de dependencia de los testigos con la empresa demandada no es razón suficiente para privar de eficacia probatoria a sus dichos, cuando no existen en la causa elementos que demuestren lo contrario (conf. CN.Fed. CC, sala I, 6/11/70, LL, 144-632, f. 27.802-S). En el mismo orden de ideas se sostuvo que si bien las declaraciones de personas que guardan relación de dependencia con quien las propone deben ser apreciadas con estrictez, no deben por eso ser descartadas de plano sino, más bien, asignarles el valor que poseen por su concordancia o discordancia con las demás probanzas que surjan de autos (conf. CN. Civ., Sala C, 8/5/73, JA, 19-1973-416; íd., 14/11/89, LL, 1990-B-446). Asimismo, con relación a la discrepancia de horario que apunta el recurrente, es de hacer notar que la diferencia es de una hora en el comienzo del ingreso y de media hora en el egreso -en ambos casos en el horario vespertino- , a lo que cabe añadir -como bien lo señala el Dr. Lucero- que ninguna apreciación en particular realizó el quejoso sobre el testigo W., quien fue sumamente claro en precisar que S. V. no trabajaba en horario extendido (ver fs. 104, respuestas tercera, cuarta y sexta).----------------- ------ Para finalizar el examen del agravio en lo que a la prueba testifical se refiere, he de añadir que se ha explicado que el testimonio deberá ser apreciado en función de los elementos que lo integran, la percepción, la memoria, la comunicación de los recuerdos y sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil, más o menos fácil de percibir y de recordar del hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar (conf. CV. Civ., Sala F, 19/11/80, ED, 92-344); así como que la prueba testimonial debe ser valorada en su condición y en conjunto con los demás medios producidos, debidamente examinados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y atendiendo para ello a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones (conf. Kielmanovich, Jorge L.: "Teoría de la prueba y medios probatorios", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, pág. 315). Dicho lo anterior, es de concluir que la apelante no ha brindado argumentos que permitan desmerecer la valoración efectuada por el "aquo" sobre las declaraciones testimoniales mencionadas "ut supra".------------------ Además de lo expuesto sobre la prueba testimonial, la recurrente considera que al carecer el empleador de un sistema de fichas o registro de horario, cabe realizar una interpretación "in dubio pro operario", y estar a lo planteado por el actor en la demanda (ver fs. 175, 3er. párrafo). Al respecto es de tener en cuenta que el art. 6, inc. c) de la ley 11544 impone al patrón el deber de: "...Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo hechas efectivas a mérito de lo dispuesto por los arts. 3º, 4º y 5º de esta ley"; y que el art. 21 del decreto reglamentario 16115/33 dispone: "Las empresas llevarán registros permanentes de todas las prolongaciones de la jornada de trabajo, que sean excepcionales, con indicación de su duración de horas y días, causas a que obedezcan y personal comprendido en las excepciones, y en su caso, en la recuperación" . Como se aprecia, la obligación del empleador se reduce a llevar el registro de las horas suplementarias en caso de que las mismas se cumplan, y no implica un deber genérico de registro de todo tipo de horario. Por lo demás, como lo señala el colega preopinante, en la actividad en cuestión no existe una norma específica que imponga la obligación de registro indicada, como sí ocurre en otros sectores. Tampoco cabe argüir el principio "in dubio pro operario", como lo hace el apelante, por cuanto el art. 9 de la LCT hace aplicable el mismo a la duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales o cuando recayese en la interpretación o alcance de la ley, pero no a la duda sobre la apreciación de los hechos" (conf. CNAT., Sala II, 30/4/79, ED, 28/7/80, cit. en Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, pág. 81).------------------ ---- A todo lo razonado es de agregar que se ha sostenido que la prueba de la realización de las tareas en jornada suplementaria ha de ser fehaciente (conf. Altamira Gigena (coordinador): "Ley de contrato de trabajo", Ed. Astrea, 1981, Tº 2, pág. 245; Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. Universidad, 1999, pág. 586). En forma concordante se expidió la jurisprudencia al manifestar que "Las horas extraordinarias deben probarse de modo asertivo, efectivo, categórico y convincente, tanto en lo que respecta a los servicios prestados como al tiempo en que se cumplieron...El trabajo extraordinario debe ser probado por quien lo alega, dado que lo que se presume es que la jornada no excede el máximo legal" (conf. CNAT., Sala I, 17/9/93, DT, 1994-B-1977); así como que "no es suficiente la prueba de presunciones a los efectos de acreditar el cumplimiento de servicios en horas suplementarias" (conf. CNAT, Sala IV, 18/3/68, JA, 1968-III-377).---------- En síntesis, a la luz de las consideraciones efectuadas, concuerdo con el vocal prevotante en la desestimación del agravio.------------ 2) El segundo agravio se refiere también a la pretensión de diferencias salariales pero con motivo del no reconocimiento del "adicional por fallo de caja" (ver fs. 175 vta./176, pto. b). El argumento del apelante consiste en que se realizó una interpretación desajustada de la norma convencional a favor del empresario, señalando que el actor como "ventas b" cobraba las ventas que realizaba. A ello agrega que se deriva del espíritu de la norma que si un trabajador en el ejercicio de sus funciones maneja dinero que debe rendir, es potencialmente responsable por el faltante, por lo que tiene derecho al adicional correspondiente. Es así que entiende que no es requisito ser sólo cajero, y en todo caso el actor, en Esquel, era único personal por lo que resulta obvio que era responsable de las recaudaciones.------------- El "a quo" razonó sobre esta pretensión en el sentido de que ha quedado claro que las funciones de Soto Velásquez eran de venta -sin manejo de dinero-, reparación y armado de equipos de computación, basándose para ello en las declaraciones de seis testigos y en que ninguna prueba aportó el demandante sobre los tópicos que habiliten la declaración de procedencia (ver fs. 166, antepenúltimo y anteúltimo párrafos). Como surge del párrafo precedente, ninguna alusión hizo el actor sobre dicha argumentación, esto es, la orfandad probatoria de su parte y las declaraciones testimoniales en las que apoyara el sentenciante su razonamiento, sino que dirigió su discurso impugnante a desmerecer la interpretación que hiciera el juez de la norma convencional.-------------------- --- Cabe recordar que crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, debiéndose demostrar el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). En el mismo orden de ideas se sostuvo que la expresión de agravios debe contener un análisis de la sentencia, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido y las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (conf. CN. Civ., Sala A, 12/11/81, LL, 1982-A-352; ídem, Sala E, 7/2/86, LL, 1986-E-206; ídem, Sala F, 14/2/85, LL, 1985-C-644, 36.876-S; entre otros).--------------------- Examinados los términos en que fue vertido el agravio, haciendo alusión a la interpretación de la norma convencional, y sin explicar ni mencionar por qué motivos resultó una conclusión desacertada la que hizo el juzgador en base a los fundamentos que brindó -orfandad probatoria del actor y prueba testimonial-, es de concluir que lo expresado se limita a disentir o discrepar sin dar fundamento a la oposición (conf. CN. Civ., sala A, 21/5/90, LL, 1992-A-269, entre otros). En consecuencia, concordaré con el Dr. Lucero en declarar parcialmente desierto en recurso en cuanto a este punto, por insuficiencia técnica.----------------------------------- 3) El último agravio está referido a atacar la doble imposición de costas y regulación que efectuara el juzgador de grado, con fundamento en que parte de la demanda fue desestimada. He de expresar que con anterioridad me he expedido sobre esta cuestión a fin de dirimir una disidencia entre mis colegas de Sala, habiendo entendido que en el caso de una amplia diferencia entre el monto reclamado y aquél por el cual finalmente se hace lugar a la demanda, procede efectuar una doble imposición de costas y regulación de honorarios, cargando en un caso las costas a la actora por la parte que se desestima y regulando teniendo en cuenta el monto que no prospera, y por otro lado imponiendo las costas al demandado estableciendo los emolumentos en función del monto de condena (conf. CANE, Sala "B", SDL Nº 14/08, del 07/03/08). En dicha oportunidad manifesté que dicha postura en realidad es compatible con lo dispuesto por el art. 71 del rito, ya que su texto establece que "...las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos". Ello en función de que la norma citada no impone una única forma de distribución sino que otorga al juzgador la facultad prudencial para concebir y decidir dicha distribución. En ese orden de ideas, reiteré, la imposición de las costas al actor por la parte rechazada y al demandado por la que prospera del reclamo, encuadra dentro del concepto de "distribución prudencial" que emana del texto normativo referenciado. Como consecuencia de la doble imposición de costas, se impone una doble regulación de honorarios, solución ésta recogida en un antecedente del máximo tribunal provincial (conf. STJCH, SD 09/85, in re: "C., R. J. c/ O., C. A. s/ laboral). Asimismo me explayé con relación a los reparos esgrimidos en el antecedente mentado por el Dr. Lucero en cuanto a que esta doble regulación exige una doble base económica regulatoria lo que resulta contraria a la norma del art. 19 de la ley arancelaria. Así razoné en el sentido de que el colega entiende que el artículo citado prevé como única base de cálculo a considerar el monto pretendido en demanda o el de condena, según se rechace totalmente la demanda o se acoja aunque sea parcialmente. Sin embargo si nos circunscribimos al texto de la norma, el caso de rechazo de la demanda no está previsto en ella, por cuanto el artículo mentado dispone que "Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción". Es que, como bien lo apuntara el Dr. Ferrari al dirimir la misma cuestión en un antecedente de esta Sala "B" (ver CANE, Sala "B", SDL 36/05), cuando se desestima totalmente la acción no existe en puridad suma alguna resultante de la sentencia, siendo la solución que se menciona para el caso de rechazo de la demanda creación pretoriana, la que desde ya comparto. Por lo que en casos como el presente, reitero cuando la diferencia entre lo reclamado y lo acogido es sumamente amplia, no parece desaconsejable la solución también pretoriana de la doble regulación, la que en el ámbito local reconoce además genealogía del máximo tribunal provincial. Hice míos los sólidos argumentos brindados por el Dr. Ferrari en el antecedente mencionado en cuanto a la referencia que efectúa el Dr. Lucero respecto del respaldo de su posición en el art. 505 del C. Civil (t.o. según ley 24432). A fin de no caer en reiteraciones estériles referí a la línea jurisprudencial que aconseja una interpretación restrictiva de dicho artículo por tratarse de una norma de carácter procesal y reglamentaria de la retribución del abogado extraña al orden sustantivo, evitando así avanzar sobre la facultad judicial de imponer costas de neto corte procesal y por ende provincial (conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 25/02/04, LL Gran Cuyo 2004 (mayo), 328; entre otros citados en el voto que consigno). En el mismo sentido, y siguiendo siempre el citado voto del Dr. Ferrari, se ha considerado que el tope de responsabilidad que establece el art. 1 de la ley 24432, modificatorio del art. 505, no impide regular honorarios en medida superior, dado que subsisten las normas arancelarias específicas, no debiendo confundirse el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción (conf. SCBA, 02/10/02, DT 2002-B, 2352-LLBA 2002, 1581, voto del Dr. De Lázzari, entre muchos otros citados en el antecedente mentado).-------------------------- Ahora bien la extensión de la referencia al precedente mencionado, la que hago a título de "obiter dicta", tiene por finalidad solamente argüir que he asumido la posición de que en casos de excesiva diferenta entre lo reclamado y condenado es dable practicar una doble imposición de costas, lo cual a su vez trae aparejado como consecuencia lógica una doble regulación, una con base cuantitativa en el monto de condena y la otra en el monto desestimado. Sin embargo, si bien en la especie existe una diferencia que no es menor, entre el monto pretendido de $ 52.785,20 y el condenado de $ 14.606,14, la misma no resulta excesiva al menos en la medida de otros antecedentes en los que fijé la posición antedicha, en los cuales lo acogido era inferior al 10% de lo pretendido. Por lo tanto, no encuentro dificultad en concordar, en este caso, con la solución propuesta por el colega de Sala.------------------------------- Es así, entonces, que habrá de revocarse parcialmente el fallo en crisis, para imponer las costas en consideración al vencimiento parcial, imposición que resulta ajustada en los guarismos que se propone en el voto precedente, esto es, en un 20% al actor y en un 80% a la demandada (conf. art. 71 del CPCC). En cuanto a la regulación de honorarios, dado el resultado del pleito, mérito y extensión de las tareas realizadas, estimo adecuado regular al letrado apoderado de la actora Dr. H. A. A., en un 19,6%, y al letrado patrocinante de la demandada Dr. A. E. M., en un 12%, tomando como base económica el monto de condena a liquidar en la etapa procesal oportuna, en ambos casos con más el IVA pertinente (conf. arts. 6, 7, 9, 19, 37,39 y 47 de la ley 2200, y leyes 23349 y 23871).--------------------- --------------------------------- II.- Por los motivos expuestos y en base a todo lo razonado, corresponde modificar el fallo apelado al sólo efecto de imponer las costas devengadas en la primera instancia, en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la actora, regulándose los honorarios del letrado apoderado del actor, Dr. H. A. A. en un 19,6%, y al letrado de la demandada Dr. A. E. M. en un 12% del monto de condena a establecer en la etapa de ejecución de sentencia, con más el IVA correspondiente; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.----- En cuanto a las costas de esta sede, dado que prospera uno solo de los tres agravios deducidos, el cual se refiere a la imposición de costas que fue objeto de una decisión oficiosa sin que hubiera contradictorio, comparto la propuesta del Dr. Lucero respecto a que se impongan a la actora recurrente (conf. art. 68 del rito).- A tal efecto, teniendo en cuenta las tareas realizadas por ante la Alzada, su extensión y mérito, así como el resultado del pleito, estimo ajustado a derecho regular al letrado del accionante, Dr. H. A. A., un 5,3% del monto de condena a liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia (conf. arts. 6 y 14 de la ley 2200), con más el IVA pertinente (leyes 23349 y 23871).-------------------- A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:------------------------------------- La resolución que corresponde dictar es la siguiente, a saber: I.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación para modificar la imposición de costas, estableciendo que las devengadas en Primera Instancia deberán ser soportadas en un 80% por la parte demandada y en el 20% por la parte actora, regulándose los honorarios del Dr. H. A. A., en la suma equivalente al 19,6% y los del Dr. A. E. M., en la equivalente al 12 % del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.----------- --- II.- IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (Art. 68 y concs., C.P.C.C.).------------ --- III.- REGULAR los honorarios del Dr. H. A. A., letrado representante de la parte actora por sus tareas de Alzada, apreciando su extensión, mérito, eficacia de ellas, en la suma respectiva equivalente al 5,3 % del referido monto del pleito, con más el I.V.A. respectivo (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).--------------- ASI LO VOTO.------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:--------------------------------- En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, fiel expresión del mismo.---------------------------------- Así lo voto.------------------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:------------------------- --- I.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación para modificar la imposición de costas, estableciendo que las devengadas en Primera Instancia deberán ser soportadas en un 80% por la parte demandada y en el 20% por la parte actora, regulándose los honorarios del Dr. H. A. A., en la suma equivalente al 19,6% y los del Dr. A. E. M., en la equivalente al 12 % del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravio.----------- --- II.- IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (Art. 68 y concs., C.P.C.C.).------------ --- III.- REGULAR los honorarios del Dr. Hugo Alejando Abraham, letrado representante de la parte actora por sus tareas de Alzada, apreciando su extensión, mérito, eficacia de ellas, en la suma respectiva equivalente al 5,3 % del referido monto del pleito, con más el I.V.A. respectivo (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; Leyes 23.349 y 23.871).------------ Fdo: ALDO LUIS DE CUNTO - PRESIDENTE.- SERGIO RUBEN LUCERO - JUEZ DE CAMARA.- --- REGISTRADA BAJO EL Nº 65 DE 2008 - SDL.- CONSTE.--------------- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA