Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-28


Salta, 28 de marzo de 2018-.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "Hospital de Gestión Descentralizada San Bernardo vs. Nivel Seguros S.A. - sumarísimo" del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6ª Nominación; Expte. Nº 539860/15 de Sala, y C O N S I D E R A N D O La doctora María Isabel Romero Lorenzo dijo:

I) En autos, la parte actora promovió demanda en los términos del artículo 53 de la Ley 24.240 en contra de Nivel Seguros S.A., a fin de obtener el reintegro de la suma de $ 165.302,85 en concepto de gastos médico-sanatoriales -con más intereses, gastos, costas y costes-, por las prestaciones brindadas al señor Nicolás Sebastián González a raíz de las lesiones sufridas por éste, en el accidente de tránsito ocurrido el día 07 de diciembre de 2013 en la Ciudad de San José de Metán. Fundó su derecho en el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito, y en la cesión de derechos y créditos efectuada a su favor por la madre del señor González, señora Edith Hortensia del Carmen Carrizo. Solicitó además, se condene a la Compañía Aseguradora al pago de $80.000 en concepto de daño punitivo según lo dispuesto por el art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor (fs. 94/99).

Tramitado el juicio, se dictó sentencia (fs. 224/228) por la que se hizo lugar parcialmente a la demanda, y se condenó a la demandada Nivel Seguros S.A. a abonar a la actora, en el plazo de diez días a partir de su notificación, la suma de $ 30.000 en concepto de gastos sanatoriales, con más intereses, con costas.

Disconforme, la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 229, el que fue concedido a fs. 234.

Al fundar el recurso (fs. 244/245 y vta.), sostiene que le agravia el monto de la condena, en virtud de que -en su opinión- debió aplicarse la Resolución Nº 36.100/11 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante SSN) -la que se encontraba vigente al momento del suceso que dio lugar a la acción- y que establecía el monto máximo de $10.000 para la obligación legal autónoma de gastos sanatoriales. Afirma que la Resolución SSN Nº 39.927/16 se aplica exclusivamente para las pólizas emitidas a partir del 01/09/16.

Entiende que el principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 7 del CCCN comprende a toda disposición de carácter general obligatoria dictada por autoridad competente. Señala que la SSN es el órgano de control de las compañías aseguradoras y, en ejercicio de su poder regulador, dicta las resoluciones necesarias a sus fines de contralor. Indica que la Resolución Nº 36.100/11, publicada en el Boletín Oficial el día 23/09/11, rige desde dicha fecha para todas las pólizas emitidas por las Compañías de Seguros, con las condiciones generales de contratación y límites de cobertura establecidos, incluída la póliza Nº 04-340855, con vigencia desde el 22/11/13.

Afirma que la SSN periódicamente fija los montos y límites máximos en caso de gastos sanatoriales, para lo cual tiene en cuenta el precio del premio y las fluctuaciones económicas vigentes al tiempo de contratación. Expresa que no se trata de actualizaciones de montos, como erróneamente lo ha considerado el "a quo", sino que rigen para los contratos de seguros que se celebren a partir de las fechas de su publicación en el Boletín Oficial (o la fecha que establezca la resolución). Señala, con cita de jurisprudencia, que las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato son oponibles al tercero damnificado y que la sentencia no puede ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de contratación. Pide se haga lugar al recurso y se modifique el monto de la sentencia recaída hasta la suma máxima de $10.000, con costas.

Corrido el traslado de ley, a fs. 248/249 contesta la actora, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas. Entiende, en lo esencial, que la aplicación de la Resolución SSN Nº 39.927/16 resulta ajustada a derecho, por ser la normativa vigente al momento del dictado de la sentencia. Invoca el artículo 13 de la Ley 19.549, en cuanto a que el acto administrativo podrá tener efectos retroactivos cuando favoreciere al administrado que, en el caso, sería la víctima del siniestro, en cuyos derechos el apelado se subroga.

A fs. 260/261 obra dictamen del señor Fiscal de Cámara, quien se pronuncia por la procedencia del recurso interpuesto.

A fs. 265 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

II) Los agravios de la parte demandada se circunscriben al monto de la condena, en tanto considera que la sentenciante erróneamente aplicó la Resolución SSN Nº 39.927/16 -que establece la suma máxima de $30.000 en concepto de reintegro de gastos sanatoriales- en lugar de la Resolución SSN Nº 36.100/11, la cual fija dicho tope en el monto de $10.000. Entiende que la norma en la cual se sustenta el monto de condena no se encontraba vigente al momento del hecho que dio origen al reclamo y que no corresponde su aplicación retroactiva.

En efecto, de la compulsa de autos surge que el siniestro en el que resultó lesionado el señor Nicolás González ocurrió el día 07/12/13 y la cobertura de la compañía aseguradora emerge de la póliza Nº 340855, con vigencia desde las 12 hs. del 22/11/13 hasta las 12 hs. del 22/05/14, que mantiene las condiciones contractuales de la póliza Nº 308127 (cfr. fs. 138/139), por la que el vehículo protagonista del accidente se encontraba asegurado, nada de lo cual ha sido controvertido en autos.

Ahora bien, la Resolución SSN Nº 39.927/16 aplicada por la sentenciante para establecer el monto de condena de $30.000 dispone en el artículo 10: "La presente Resolución rige para las pólizas emitidas a partir del 1º de septiembre de 2016". Ello determina su inaplicabilidad para el supuesto de autos, donde, como se señaló en el párrafo precedente, la póliza de la cual emana la obligación de cobertura fue emitida y tenía vigencia con anterioridad a la fecha precedentemente mencionada.

En consecuencia, es la Resolución Nº 36.100/11, publicada en el Boletín Oficial el día 23/09/11, con las condiciones generales de contratación y límites de cobertura establecidos, la que rige para la póliza Nº 04-340855, con vigencia desde el 22/11/13.

Cabe recordar que, en materia de seguros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que "la Ley Nacional de Tránsito impone la necesidad de contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros -trasportados o no- por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del automóvil (art. 68, ley 24.449), y dispone también que su contratación debe realizarse de acuerdo con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación, autoridad en materia aseguradora" (in re "Buffoni", considerando 7º, Fallos: 337:329). Por su lado, en el precedente "Flores", de fecha 06/06/2017 (Fallos 340:765), el Dr. Rosenkrantz sostuvo en su voto que el artículo 68 de la ley 24.449 dispone que todo automotor "debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no". Cuando la letra de una norma es clara no cabe apartarse de su texto (Fallos: 327:5614; 330:2286), de modo que si su interpretación no exige esfuerzo, debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042). Más aún: de acuerdo a las pautas interpretativas mencionadas más arriba, del texto del artículo 68 de la ley 24.449 se deriva con facilidad que la extensión y las condiciones del seguro obligatorio del automotor serán las que determine la autoridad reguladora. (cfr. considerando 6º).

También, en materia de seguros, el máximo Tribunal ha destacado que la función de control, en cuanto al régimen económico y técnico de la actividad, en salvaguarda de la fe pública y de la estabilidad del mercado asegurador, le corresponde a la Superintendencia de Seguros de la Nación (Fallos: 313:928). Consecuentemente, le ha reconocido a ese organismo una razonable amplitud para apreciar los factores y datos técnicos que entran en juego en la materia, habida cuenta de que la función social del seguro exige que, como autoridad de control, la Superintendencia disponga de los medios indispensables para salvaguardar los fines que le son propios y el bien común (Fallos: 296:183; 316:188).

De allí que el tope de $10.000 fijado por la Resolución Nº 36.100/11, invocada por la misma actora al efectuar el reclamo de los gastos sanatoriales (cfr. fs. 06), sea el adecuado para establecer el monto de condena de autos, por ser dicha norma la vigente para la póliza de la cual surge la obligación de cobertura de la aseguradora, conforme artículo 68 de la ley 24.449. III) Cabe además tener presente que, respecto a la validez intertemporal de las normas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley ha optado por omitir toda referencia a su aplicación al juzgamiento de los hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, ya que, en esas condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo (CSJN, Fallos 321:45). Allí también se dijo que "la facultad de legislar sobre hechos pasados no es ilimitada, ya que la ley nueva no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio al amparo de una legislación anterior, sin menoscabar el derecho de propiedad consagrado por el artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 305:899)". En otro caso, nuestro Máximo Tribunal Nacional sostuvo que "no es aplicable la ley 23.643 si tanto la relación jurídica habida entre las partes como el efecto por el cual se reclama, incapacidad derivada de una enfermedad contraída por el hecho o en ocasión del trabajo, y el derecho del actor a reclamar su reparación, se produjeron con anterioridad a su entrada en vigencia" (CSJN, Fallos 314:481).

También ha dicho, en un supuesto de infortunio laboral, que la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico; sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 339:781 y sus citas).

IV) Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación impetrado y disponer que resulta de aplicación al caso el límite máximo de $10.000 (pesos diez mil) por persona establecido por la cláusula 2. b. 1 del Anexo Seguro Obligatorio - Responsabilidad Civil de la Resolución SSN Nº 36.100/11, del 19/09/11, en concepto de cobertura de obligación legal autónoma por gastos sanatoriales.

V) En relación a las costas de esta instancia, se imponen a la apelada vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67, del CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 229 y en su mérito MODIFICA el monto de condena establecido en el punto I de la resolución de fs. 224/228, el cual se fija en la suma de $10.000 (pesos diez mil). Con Costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA IV. VOCALES: JOSÉ GERARDO RUIZ - MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO. SECRETARIA: DRA. VALERIA DI PAULI. SALA IV T. XL-S Fº 36/38. 28/03/18.