Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26


SENT Nro. 359 San Miguel de Tucumán, 26 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la representación letrada de la parte actora en autos: "Córdoba, Antonia vs. Lucero, Clara y otro s/Desalojo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 20/24 se presenta el apoderado de la parte actora e interpone queja directa por haberle sido denegado el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30/8/2002 dictada por la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia. y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento mencionado (fs. 5/8) dispuso confirmar la sentencia de Iº instancia que oportunamente rechazara la demanda de desalojo interpuesta en autos.

El auto denegatorio de la casación (fs. 15/17) funda la inadmisibilidad del recurso señalando que los agravios planteados remitían a típicas cuestiones de hecho, ajenas al remedio intentado, sin que se logre demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado.

II.- Se agravia el quejoso de que el tribunal de alzada negara la legitimación de su parte para accionar, alegando la ausencia de toda prueba referida a la posesión real y efectiva respecto del bien cuyo desalojo reclama.

Señala que la Cámara a quo omitió considerar que el título de dominio presentado en autos es el testimonio de la hijuela donde consta el derecho que adquiriera sobre el inmueble en la sucesión de Ismael del Carmen Córdoba. Explica que en este supuesto, la tradición del bien -y la posesión derivada de ella- se produjo de pleno derecho desde el momento de la muerte del causante; con lo cual, resulta arbitrario que se imponga a su parte la carga de demostrar actos posesorios que la acrediten.

Se agravia de que el pronunciamiento niegue eficacia probatoria a los testimonios rendidos en autos, respecto de la posesión que invoca. Considera que se prescinde arbitrariamente de la prueba mencionada sin justificar en suficiencia, el criterio adoptado.

Destaca que la accionada no cuestionó la instrumental que acredita su derecho de propiedad respecto del inmueble que ocupa, que no demostró su calidad de poseedora ni la seriedad de la defensa invocada para oponerse al desalojo. Reitera que su parte le facilitó el bien en comodato.

Considera que en estas condiciones, el tribunal ignoró la aplicación del art. 423 procesal pues se encuentra acreditado en autos, que pesa sobre la accionada, el deber de restituir la cosa objeto del presente juicio.

III.- No obstante la forma en que se presentan los agravios, el quejoso no logra demostrar el vicio que atribuye a la sentencia que impugna.

La Cámara a quo señaló que la parte actora no había satisfecho los presupuestos propios de la acción intentada y entre ello, el referido a su legitimación para demandar el desalojo del inmueble objeto de la presente litis.

Desde esta perspectiva, señaló que la instrumental arrimada (el testimonio de la hijuela a favor la actora) no constituía prueba suficiente de la posesión real y efectiva del bien cuyo desalojo pretende. Destacó asimismo que la prueba testimonial rendida a fs. 48 y vta. -dada la falta de precisión de los testimonios- carecía de eficacia suficiente para acreditar la posesión invocada por su parte.

Siendo así, y siguiendo el criterio de esta Corte sobre el particular, el tribunal de alzada consideró que debía confirmarse el pronunciamiento que oportunamente rechazara la demanda de desalojo interpuesta por la actora.

Esta Corte tiene dicho que "el requisito de autosuficiencia sólo se satisface cuando el escrito recursivo contiene una exposición suficiente de las razones que fundamentan la invocación de la violación de normas que se citan al respecto, una crítica razonada de la doctrina que sustenta el fallo y la expresión de los argumentos que den sustento suficiente a una solución sentencial que considera ajustada a derecho, contraria a la dada por el fallo recurrido, que permite inferir inequívocamente la doctrina que se propicia, aunque la misma no haya sido expresada en proposición formal" (CSJT, sent. nro. 1109 del 22/12/2000, "Torres, Ilda Antonia c/Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Daños y perjuicios"; sent. nro. 749, del 29/12/95, entre otras).

En el caso, el escrito de queja no satisface el requisito antes mencionado ya que la fundamentación recursiva prescinde de las concretas razones expuestas por la Sala a quo; con lo que permanece indemostrado el error sentencial atribuido al fallo impugnado. Es doctrina de esta Corte que siendo el recurso de casación un medio impugnativo extraordinario, de estricto rigor formal, debe bastarse a sí mismo pues no basta sostener una determinada solución jurídica, contraria al decisorio impugnado, sino que es menester una crítica razonada del fallo, para lo cual se deben rebatir todos y cada uno de sus fundamentos (cfr. doctrina sent. nro. 268 del 18/4/2000, "Coop. de Trabajo Agropecuario La Merced Ltda. c/Cañeros Obreros y Empleados S.A. COESA y otro s/Rescisión de Contrato"; sent. nro. 125 del 02/3/98, "Gómez Quinteros de Alberti, Blanca M. vs. Radiodifusora Independencia S.R.L. s/Daños y perjuicios").

IV.- Tal como señalara la sentencia recurrida en casación, es criterio de esta Corte, que "si el titular de dominio promueve juicio de desalojo invocando su calidad de propietario, debe acompañar el título y debe además acreditar la posesión de la cosa, esto es, que alguna vez se le hizo tradición del inmueble. Y que la circunstancia de que el proceso de desalojo tienda a la restitución del inmueble por quien carece de derecho a permanecer en la ocupación del mismo, no exime al accionante de acreditar su legitimación para promover la demanda, pues el juez está obligado a examinar la concurrencia de los requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida, verificando la concurrencia de la calidad alegada para demandar frente a la negativa del demandado" (CSJT, sent. nro. 690 del 03/10/96, "Petroil SA vs. López, Augusto s/Desalojo"; sent. nro. 819 del 23/10/98, "Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo La Perla del Sud c/ Jiménez Martínez Luis R. y otro s/Desalojo por tenencia precaria"; sent. nro. 113 del 08/3/2000, "Dip, Rodolfo Orlando c/Roberto Ricardo Tarulli y otro s/Desalojo"; entre otras).

Siguiendo las directivas de la doctrina legal antes mencionada, el tribunal de alzada valoró las pruebas agregadas a la causa y consideró que ellas no permitían tener por configurados los presupuestos de la acción deducida. Concretamente, entendió que la actora no había logrado acreditar los extremos que justificaban su legitimación para demandar el desalojo de autos.

Esta Corte tiene dicho que la falta de acreditación de la tradición a favor de la actora y su consecuente falta de legitimación para demandar por desalojo, constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en esta instancia casatoria, y reservada exclusiva y excluyentemente a los jueces de mérito; salvo el supuesto de arbitrariedad que en el caso, no logra ser demostrado (CSJT, sent. nro. 819 del 23/10/98, "Coop. de Vivienda, Crédito y Consumo La Perla del Sud c/ Jiménez Martínez Luis R. y otro s/Desalojo por tenencia precaria", sent. nro. 837 del 13/11/98, "Municipalidad de Aguilares vs. Teresa Moreno s/Desalojo por intrusión").

V.- En relación al título presentado por la actora, los fundamentos recursivos no logran revertir el criterio adoptado.

En efecto, las alegaciones encaminadas a señalar que tratándose de una hijuela que adjudica a la señora Antonia de Jesús Córdoba el dominio sobre el inmueble en cuestión y que por ello, la posesión se juzga cumplida de pleno derecho desde el mismo momento de la muerte del causante, resultan inoficiosas per se, para demostrar el error que se atribuye al pronunciamiento recurrido.

VI.- De otro lado y pese a lo escueto de la fundamentación sentencial, el tribunal de alzada señaló las razones que justificaban prescindir de la prueba testimonial por la cual se pretendía demostrar la posesión del inmueble en cabeza de la actora.

Desde esta perspectiva, los agravios expresados por el quejoso no exhiben sino una discrepancia con la valoración de prueba practicada por el tribunal de alzada.

VII.- Tampoco luce justificada la pretensa violación al art. 423 del CPCC, que condiciona la procedencia del desalojo a la existencia de una obligación de restituir exigible.

La norma procesal citada se complementa con las reglas de procedimiento del art. 424, pero en todos los casos se impone al sentenciante el deber de verificar los presupuestos de la acción intentada y entre ellos, el requisito de la legitimación para accionar.

Siendo así, el argumento según el cual la falta de contestación de la demanda importaba lisa y llanamente la conformidad con la pretensión incoada (art. 424 inc. 3 del CPCC), resulta insuficiente para revertir el criterio adoptado.

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 26/28, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado de la señora Antonia de Jesús Córdoba en contra de la sentencia de fecha 21/3/2003, dictada por la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA