Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-23


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ...23....... días del mes de Septiembre del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. José L. PASUTTI y asistencia de los Dres. Fernando S. L. Royer del y Daniel Luis Caneo, para dictar sentencia en los autos caratulados: "A. P., P. D. C. R. c/ P. A. E. LLC SUC. ARGENTINA s/ ORDINARIO" (Expte. N° 21.848-A-2009), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1062, de conformidad con las Acordadas N° 2.366/84 y 3.204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Caneo, Royer y Pasutti.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?-- A la primera cuestión el Dr. Caneo dijo:

I. ANTECEDENTES. EL RECURSO. SU TRÁMITE.- I.1.a. La demanda y su contestación.- La A. P. P. D. C. R. demandó el cobro de pesos sesenta y dos mil setecientos setenta y seis ($ 62.776) adeudados por la facturación de servicios y cargas, y por las sumas de dinero por facturación de los mismos conceptos, desde el 31/08/2002; en ambos casos, más intereses hasta el efectivo pago de las sumas de condena.-- P. A. E. LLC Suc. Argentina interpuso excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva. La primera, fue desestimada por el a quo y confirmada por la Alzada. La segunda, pese a ser sustanciada, fue rechazada de manera implícita siendo P. A. E. condenada.-- La estrategia defensiva se centró en sostener que lo demandado es una tasa -no un precio- y que la A. P. es incompetente para su determinación. Este argumento fue originalmente esgrimido en sede administrativa al deducir denuncia de legitimidad; oportunidad en la que el Ministerio de Economía aclaró que lo adeudado, pese al nombre (tasa), era un precio y, con este fundamento, rechazó el planteo.-- I.1.b. La sentencia de Primera Instancia.- La sentencia definitiva N° 113/2007 hizo lugar parcialmente a la demanda.- Condenó a la accionada a abonar la suma de pesos sesenta y dos mil setecientos setenta y seis ($ 62.776) más los intereses hasta su efectivo pago, a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia. Ello así, por haber sido dicho monto debidamente demandado -"conforme a la ortodoxia procesal" (sic)- y demostrado con la certificación contable del saldo deudor de la demandada, facturas emitidas por la actora, pericias contable y técnica de ingeniería, e informes de la A. M. M. S.R.L, de T. S.A. y N. S.A.-- Rechazó la pretensión del ítem "las sumas de dinero que corresponda por facturación del mismo concepto desde la fecha 31 de agosto de 2002 hasta la fecha de efectivo pago de las sumas de condena, conforme determinación que se haga en la etapa de Ejecución de Sentencia", por violación de los requisitos previstos en el art. 330 del rito y de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Asimismo, no hizo lugar a la impugnación de la pericia contable y al planteo de inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley 3755 y de la Resolución N° 3/00 de APPCR dictada por el Consejo de la A. P. del P. D. C. R..- Impuso las costas al vencido y reguló honorarios -entre ellos los correspondientes al apoderado de la actora en pesos doce mil ($12.000).- I.1.c. La sentencia de Cámara.-- La Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de primera instancia, desestimó los agravios de la demandada y declaró desierto el recurso de la actora. Admitió los agravios esgrimidos por el letrado de la accionante, respecto a la regulación de sus honorarios y los fijó en la suma de pesos cien mil ($100.000). Impuso las costas por el orden causado y fijó honorarios profesionales (Conf.: S.D. N° 14/2009, ver fs. 919).- I.1.d. El recurso de casación.- A fs. 923/986 vta. la demandada interpone casación, por arbitrariedad del fallo, pues dice que se omitió resolver cuestiones esenciales -que enumera- planteadas al apelar y por considerar excesivos los honorarios del apoderado de la actora.

Mediante S. I. N° 39/S.R.E/2010, este Tribunal declaró bien concedida la casación sólo respecto al agravio relativo a la regulación de honorarios del letrado de la actora (ver fs. 1012/1016 vta.).- Se critica que se regularon $ 100.000 en concepto de honorarios, por los trabajos del letrado en Primera Instancia, sin indicar la base regulatoria y señala que la demanda prosperó por $ 62.776; que las facturas corresponden al período comprendido entre los meses de enero a agosto de 2002; y que debe estarse a la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos.-- Explica que -según sus cálculos- al día 30 de junio/2009, la condena impuesta asciende a $ 170.970,44 y que la suma regulada no guarda relación con los porcentajes legales, sino que los triplica (arts. 6, 7, 9 sgtes. y conc. Ley arancelaria). Solicita que, en caso de mantenerse la condena, se reduzcan los honorarios regulados a la suma no superior al día 30/06/09 de $ 34.194,08 respetándose el límite del 25% previsto por el art. 505 del Código Civil.

Ratifica reserva del caso federal.- I.2. Puestos los autos a disposición de las partes, conforme el art. 296 del CPCC (fs. 1016 vta.), no se presenta ninguna de ellas a ejercer la facultad que contempla la referida norma.-- I.3. El dictamen de Procuración.

El Sr. Procurador General propicia se haga lugar al remedio casatorio, ajustándose la regulación de honorarios del Dr. C. M. Z. a las pautas de los arts. 5, 6, 8, 18 y concs. de la ley XIII N° 4, reduciéndolos a su justo límite (ver fs. 1060 y vta.).-- II. ANÁLISIS.-- 1. Si bien, en principio, todo lo atinente a la aplicación de los aranceles de honorarios de abogados constituye materia de derecho procesal, extraño al recurso extraordinario de casación (Conf. STJCH S.I. N° 95/S.R.E/10, entre otras), corresponde hacer excepción a tal principio cuando se le imputa al fallo violación de normas y principios que fijan los límites del Tribunal. Son aplicables en estos supuestos, los principios generales sobre absurdo y arbitrariedad (Conf.: Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, Librería Editora Platense S.R.L, 1998, p. 614).- Procede, por tanto, determinar si se demuestra la existencia de la excepción antes aludida.-- a) Monto del proceso.- Cabe señalar que la sentencia de Primera Instancia condenó a la recurrente a pagar la suma de $ 62.776 con más los intereses "a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, en sus operaciones de descuento de documentos a terceros. Para las fracciones del período mensual en curso, se aplicará el promedio del mes anterior y serán liquidados en la etapa de ejecución de sentencia, desde la constitución en mora, operada con la notificación de la demanda el 07/05/2003" (ver fs. 801 vta.).-- Bajo tales parámetros, es errónea la liquidación practicada a fs. 984 al calcular los intereses desde el 01 de mayo/2002 y no desde el 07 de mayo de 2003 conforme la sentencia indicara.

En rigor de ello, el monto del proceso a la fecha del dictado de la sentencia de Cámara (capital -$ 62.776 -más intereses- $ 73.686,47, actualización por tasa activa Banco Nación, desde el 07/05/2003 al 04/06/2009- 117,38%; Conf. Sistema de Cálculo de Liquidaciones- SICAL en pág. web Poder Judicial del Chubut) asciende a la suma de $ 136.462,47 (Conf.: arts. 5 inc. a y 18 Ley XIII N° 4).

b) Aplicación del tope establecido por el art. 505 del Código Civil.- La casacionista solicita se reduzcan los honorarios ".siempre respetándose el límite del 25 % emergente del art. 505 del Código Civil".-- La aplicación del art. 505 -2do. párrafo- del Código Civil, incorporado por la ley 24.432, no corresponde como fundamento para reducir los honorarios, los que deben regularse conforme a las disposiciones de la Ley XIII N° 4. Ello se desprende de la sola lectura de su texto cuando se refiere a "las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales".-- Es pacífico el criterio doctrinario y jurisprudencial en afirmar que la citada norma no implica una limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por costas, y si aquellos más los restantes gastos superan el 25% del monto de la sentencia, la condenada en costas no debe soportarlos sino hasta ese límite (Conf.: "Suñer, Lucía Jorgelina y otro c. Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. Sanatorio Mitre y otro s/ Responsabilidad Médica", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, c. 8.396/92 del 09/04/02; Jorge W. Peyrano, La Ley 24.432, un intento de aliviar las cargas económicas de los litigantes, en E.D. 162-155), lo que -en su caso- requerirá se practique el prorrateo que el art. 505 del Código Civil establece, pero lo será en una oportunidad posterior a la fijación de los emolumentos.-- c) Regulación.- Ya dijo este Tribunal que existe en la ley arancelaria una forma de tarifar la labor profesional, con máximos y mínimos calculados sobre la base del monto del juicio, que respeta la proporcionalidad entre aquella y las demás pautas para fijar las regulaciones, dándole así a la regulación un carácter objetivo, propio de un Estado de Derecho (S.D. N° 05/S.R.E/2006).-- Por eso, "si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor realizada y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de tales efectos, este examen no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos dados por la ley" (Conf.: CSJN, Fallos 308:721; 310:969 entre otros; STJCH, S.D. N° 05/S.R.E/2006).- En este orden de ideas, aplicando los porcentuales de ley sobre el monto supra referido, la sentencia de Cámara aparece como si fuese derivada del mero arbitrio de los juzgadores y ello así porque, si bien refiere que "teniendo en consideración el monto por el que prospera la demanda. y en concordancia con lo que disponen los artículos 6, 7, 9, 38 de la normativa arancelaria, se advierte que no se han respetado los mínimos allí dispuestos", no señala -en forma expresa- la base numérica de la cual partió para aplicar los porcentajes de los arts. 7 y 9 de la ley arancelaria.

Es decir, el decisorio es arbitrario. Afecta las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio, toda vez que al readecuar los honorarios del apoderado de la actora en la suma de $ 100.000 excedió los parámetros máximos fijados en la ley de aranceles, con total prescindencia de los elementos de criterio (Conf.: arts. 5 y 18, Ley XIII N° 4) que, según arraigada jurisprudencia, han de contemplarse para una regulación justa.- 2. A mérito de las consideraciones precedentes, propongo revocar la readecuación de los honorarios de primera instancia del apoderado de la actora y, en su mérito, efectuados los cálculos pertinentes y teniendo en cuenta el resultado, la eficacia, importancia y demás pautas legales, propongo fijarlos en un 21% (15 x 40% +) del monto que resulta de la sentencia (Conf.: arts. 5, 6, 7, 8, 18 de la Ley XIII N° 4- antes Ley 2200). ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo: - Conforme se relataron los antecedentes de autos, a los cuales me remito, analizaré si han sido ajustados a ley los honorarios del apoderado de la actora, adecuados en segunda instancia.-- La demandada plantea sus agravios en la circunstancia de considerarlos excesivos. Señala que se fijaron en $100.000 sin indicar el monto del juicio y sin guardar relación alguna con los porcentajes legales.-- Como lo recordó el Dr. Caneo es criterio de este Cuerpo, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo atinente a las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias así como la determinación de las bases computables a tal efecto y la interpretación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria de casación (Conf.: STJCH, S.I. N° 42/89, 115/S.R.E/97, 10/S.R.E/03 y 59/S.R.E/05; CSJN, Octubre 24-1989, "Franco, Agustín c. Consorcio Cabildo" 2422/30 y Junio 12-1990, "Guevara, Irma R. c. Cambaceres, Carlos A. y otros", citados en trabajo de investigación de Jurisprudencia titulado Arbitrariedad en Regulación de Honorarios de Ana María Moles, publicado en E.D. 144-181/200), salvo que se demuestre arbitrariedad.- Coincido con mi colega preopinante en que el fallo es arbitrario, pues carece de una adecuada fundamentación no obstante haber precisado el marco normativo en virtud del cual se arribó al resultado que ahora se impugna.- Se efectuó una enunciación genérica de los elementos a tener en cuenta para la readecuación de los honorarios del apoderado de la actora, llegando a una cifra ($100.000) que excede ampliamente los porcentajes máximos previstos en los arts. 6 y 8 de la Ley XIII N° 4 aplicados sobre el monto del proceso: $136.462,47 (coincido y hago míos los cálculos efectuados por el Dr. Caneo).

La manera en que la Cámara de Comodoro Rivadavia fijó los honorarios es aceptada pacíficamente por la jurisprudencia, no obstante, lo es siempre y cuando los jueces no se aparten de los máximos y mínimos y demás pautas establecidas por la ley de arancel.-- Dentro de los márgenes, los jueces pueden actuar con la mayor discrecionalidad para decidir sobre el mérito de la labor profesional, la complejidad del asunto, la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, la celeridad procesal, la trascendencia jurídica, moral y económica del asunto para casos futuros, siempre y cuando no existan hechos objetivos determinantes que puedan destruir esa valoración. Pero, no tienen la misma discrecionalidad para apartarse de las pautas establecidas por la ley de aranceles.- Aclaro, la forma escueta de resolver los temas de honorarios y la discrecionalidad que ello implica, sólo es legítima cuando las regulaciones encuadran dentro de los márgenes establecidos por la ley, porque no se apartan de un marco legal objetivo, perfectamente delimitado. Lo que, reitero, no ocurrió en la especie.-- Asimismo coincido con el Dr. Caneo en cuanto no corresponde reducir los honorarios con fundamento en lo dispuesto en el 2° párr. del art. 505 del Cód. Civil, toda vez que aquellos deben ser regulados conforme las normas específicas que las legislaciones procesales prevén. El prorrateo previsto en la norma de fondo no se expande a la regulación por que es un instituto de distinta naturaleza.

No se debe confundir el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso, con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción (Conf.: CNTrab., Sala VI, 30/3/2001, "Cáceres, Jorge c. Comesi S.A.", cit. por Paulina G. Albrecht y José Luis Amadeo en Honorarios de Abogados, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2003, p. 350).

El art. 505 del Código Civil regula, en sustancia, la responsabilidad en materia de costas por incumplimiento de la obligación principal; es decir, contiene una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas y no respecto de los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (Conf.: doctr. Art. 78, CPCC).- En tal orden de ideas, aún cuando correspondiere la limitación de la responsabilidad y por lo tanto la aplicación del prorrateo siempre subsiste como crédito la totalidad del arancel determinado de conformidad con las normas que lo rigen. Ello exige una regulación encuadrada dentro del marco legal de referencia. Interpretación, ésta, armonizante del mentado texto legal con las previsiones constitucionales al ser los honorarios profesionales materia procesal y por lo tanto no delegada por las provincias a la Nación (Conf.: art. 121 Constitución Nacional).

Sobre tales consideraciones, efectuados los cálculos pertinentes, respetando los parámetros dados en la sentencia de primera instancia, estimo que corresponde fijar los honorarios del apoderado de la parte actora, en el porcentaje propuesto por el señor Magistrado antes sufragante, acorde a la naturaleza del asunto, el mérito profesional, calidad, eficacia, extensión de los trabajos y el éxito obtenido (arts. 5, 6, 8 y 18 de la ley arancelaria). ASÍ LO VOTO.-- A la segunda cuestión el Dr. Caneo dijo: -- Tal como he votado la primera, propongo: 1°) Casar, en lo que fue materia de admisión del recurso (ver fs. 1012/1016- pto. 2°, S.I. N° 39/S.R.E/2010), la sentencia N° 14/2009 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. 2°) Revocar la regulación de honorarios del Dr. C. M. Z. y, en su mérito, fijar los estipendios -de primera instancia- del apoderado de la actora en un 21% del monto que surge de la sentencia, mas el IVA si correspondiera (Conf.: arts. 5, 6, 8 y 18 de la Ley XIII N° 4). 3°) Adecuar los honorarios del Dr. Z. estipulados por su actuación ante la Cámara de Apelaciones (Conf.: art. 282 del CPCC) -atendiendo a la extensión, calidad y resultado de las labores cumplidas- en un 25 % de los fijados a su favor por su intervención en primera instancia (Conf.: art. 13, Ley XIII, N° 4). 4°) Imponer las costas de lo actuado ante este Superior Tribunal a la actora, regulando los honorarios del apoderado de la parte demandada, en mérito a la extensión, calidad y eficacia de la labor profesional cumplida ante este Tribunal, en un 35% (Conf.: art. 13, Ley XIII, N° 4), con más el I.V.A. si correspondiera.-- A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo: -- Tal como voté a la primera cuestión, concuerdo con la que propiciara el Dr. Caneo.

Con lo que se dio por finalizado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta con dos miembros de la Sala Civil, por haberse obtenido la mayoría y encontrarse en uso de licencia el Dr. José Luis Pasutti, quedando acordado dictar la siguiente:-- S E N T E N C I A - 1°) CASAR, en lo que fue materia de admisión del recurso (ver fs. 1012/1016 - pto. 2°, S.I. N° 39/S.R.E/2010), la sentencia N° 14/2009 de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.-- 2°) REVOCAR la regulación de los honorarios del Dr. C. M. Z. y, en su mérito, fijar los estipendios -de primera instancia- del apoderado de la actora en un 21% del monto que surge de la sentencia, mas el IVA si correspondiera (Conf.: arts. 5, 6, 8 y 18 de la Ley XIII N° 4).

3°) ADECUAR los honorarios del Dr. Z. estipulados por su actuación ante la Cámara de Apelaciones (conf.: art. 282 del CPCC) -atendiendo a la extensión, calidad y resultado de las labores cumplidas- en un 25 % de los fijados a su favor por su intervención en primera instancia (Conf.: art. 13, Ley XIII, N° 4).- 4°) IMPONER las costas de lo actuado ante este Superior Tribunal a la actora, regulando los honorarios del apoderado de la demandada, en mérito a la extensión, calidad y eficacia de la labor profesional cumplida ante este Tribunal, en un 35% (Conf.: art. 13, Ley XIII, N° 4), con más el I.V.A. si correspondiera.-- 5º) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo. Dres.: Fernando S. L. ROYER; Daniel L. CANEO.

Recibida en Secretaría el 26/09/2011.- Registrada bajo el N° 07/S.R.E/2011.-- Fdo. Dra. Carmen VELEZ. Scria.-