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Recurso de queja (procesal), sentencia absolutoria, prescripción, interrupción de la prescripción, audiencia
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Andretta, Carlos Hugo Andretta, Carlos Hugo s/ art. 41 -causa nro. 48-CC/2000-s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad. s/ Art. 41 -Causa Nro. 648- CC2000- s/Queja por denagación de Recurso de  Inconstitucionalidad -causa nro. 48-CC/2000-s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad. s/ Art. 41 -Causa Nro. 648- CC2000- s/Queja por denagación de Recurso de  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

No procede interpretar que la fijación de la audiencia del debate interrumpe el plazo de la prescripción. El art. 31 CC, después de fijar los plazos de prescripción, considera una única causa de interrupción de la prescripción y remite para ello a la audiencia del art. 46 de la LPC. No hay forma de confundir esa audiencia con su fijación por parte del juez, trámite que resulta regulado por el art.

45 de la LPC. (Del voto del Dr. Maier).
Despojo, interdicto de recobrar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Meza, Gustavo Agustín c/ Ojeda, Gladys Emilia s/ Interdicto de recobrar la posesión Interdicto de recobrar la posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-21

El despojo consiste en la desposesión, vale decir, en la exclusión absoluta del actor, de manera que en cualquier caso que esta situación se produzca habrá lugar al interdicto; consecuentemente, el interdicto de recobrar requiere, como condición esencial emergente de ese mismo fin que lo justifica, que haya mediado desapoderamiento efectivo del bien sobre el que recae.
Extinción del contrato de trabajo, renuncia al empleo, retractación de la renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: ESPINOSA GERIMELDO c/ CONEVIAL S.A. s/ INDEMNIZACION POR ESTABILIDAD GREMIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-29

La renuncia expresada a través de un medio de comunicación apto, como lo es el telegrama, se perfecciona cuando llega a conocimiento de su destinatario. Consecuencia de la unilateralidad negocial, es que, una vez perfeccionada, ya no puede ser retractada, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada, juridica, relevante y plenamente eficaz.
Concursos, disolución de la sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., M.B. c/ C., M.O. s/ LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

La disolución de la sociedad conyugal posterior al concurso de uno de los esposos no beneficia al otro porque no le es posible sustraer gananciales de la masa ni obtener las recompensas debidas a su favor con preferencia al pago de los acreedores del concursado (art. 1259 del Código Civil). Igualmente la normativa actual del art. 1294 no permite concluir que el cónyuge no fallido que obtiene la separación de bienes por quiebra del otro pueda lograr la mitad de los gananciales antes que se desinterese a los acreedores del fallido, pues ello implicaría convertir al cónyuge "in bonis" en una suerte de titular de un derecho a la separación, o en un acreedor preferido a todos los demás. Esto último no es posible ya que el reconocimiento de tal jerarquía preferencial exige la existencia de una norma clara y concreta, que en el caso no concurre, pues los privilegios no pueden crearse por analogía y, ante la duda, debe estarse en contra de su existencia, al ser éstos una excepción a la universalidad concursal y a la noción del patrimonio como garantía de todos los acreedores.
Acción civil en el proceso penal, costas, principio objetivo del vencimiento, sentencia arbitraria, recurso de casación, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial -Actor Civil y Querellante particular s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Marcos José Denett y Tomás Hugo Aibar en su carácter de representantes por parte de la Actora Civil y Querellante Particular en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado: Moreno, Ricardo Héctor y otros p.ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La potestad de distribuir las costas constituye una facultad privativa de los jueces que sólo puede ser corregida en caso de ejercicio arbitrario. En el caso, los recurrentes no acreditan tal desvío. Por el contrario, la sentencia que la condenación impone no presenta las incoherencias denunciadas en el memorial. Así, la demanda contra dos de los imputados fue acogida en su totalidad y, congruente con tal decisión, las costas se impusieron íntegramente a los vencidos.

En tanto, sólo parcialmente se hizo lugar a la demanda interpuesta contra otros imputados, por lo que su imposición tuvo en consideración ese resultado. Esas particulares circunstancias fueron adecuadamente ponderadas por el Tribunal para resolver como lo hizo.

Sin embargo, aunque transcriben el párrafo pertinente del voto del juez, no contestan los recurrentes los fundamentos desarrollados por dicho magistrado para apartarse del criterio objetivo de la derrota y eximir parcialmente a los vencidos e imponer parte de las costas a la reclamante vencedora, por razones de equidad y de conformidad con lo previsto en el art. 68 del CPCC, debido a que la demanda no prosperó en su totalidad y prosperó parcialmente la oposición de los demandados.

Por ende, los recurrentes no han demostrado que la distribución de las costas dispuesta en el pronunciamiento impugnado sea incompatible con el margen de discrecionalidad que, para garantizar la equidad de la decisión que toda sentencia debe portar, permite a los jueces, con arreglo a las circunstancias particulares del caso, apartarse prudencialmente del principio objetivo de la derrota, de indiscutible vigencia, pero que, como quedara dicho, no es absoluto ni definitivo y sólo importa una regla de orientación general.

De conformidad con el criterio sustentado, el agravio no puede acogerse.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo, Derecho constitucional, división de poderes, revisión judicial, administración judicial, facultades discrecionales, facultades reglamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad porque la invocación genérica de una pretendida afectación de la división de poderes que realiza el demandado no puede servir de excusa para afectar los derechos laborales de la actora, amparados por el principio protectorio (art. 14 bis de la CN y 43 -último párrafo- de la CCBA) y los principios de exigibilidad y plena operatividad del art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El recurrente debería haberse esforzado en demostrar que la inactividad gubernamental -y sus consecuencias de menoscabo de derechos constitucionales de la actora- respondían a una causa razonable, pero los agravios del Gobierno de la Ciudad sobre este punto son puramente genéricos, ya que remiten únicamente a encuadrar tal inacción en la zona de reserva de la Administración. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Confiar Cía. Financiera S.A. c/ Ibarguren Echeverría, Jesús y otro s/ Acción de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El acto de confección, suscripción y confronte de una cédula de notificación, debe considerarse acto impulsorio del proceso interruptivo del plazo de caducidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva, estado de la causa, impulso procesal, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: SERVICE CONSULT c/ HIERROS PATAGONICOS DE SIERRA GRANDE SAM s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

En virtud de la interpretación restrictiva que cabe al instituto de la caducidad de la instancia (cfr. Sala III, Causas 6465 del 22.9.89; 5017 del 27.10.87), corresponde propender a la subsistencia del proceso, máxime cuando se encuentra en avanzado estado de desarrollo (cfr. Sala III, Causas 6465, cit.; 7199 del 14.9.90). Por su parte lo atinente al tributo de la tasa de justicia, carece de entidad como para autorizar la suspensión del trámite de la causa, de modo que resulta por lo menos dudoso si el impulso procesal incumbe a la actora o al juzgado interviniente (cfr. Sala III, Causa 8655 del 26.6.92; Sala I, Causa 3481 del 25.6.85).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada c/ Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. s/ NULIDAD ORDENANZA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Como principio, son irrevisables por la vía del recurso extraordinario las decisiones en las que los tribunales de provincia declaran la improcedencia de recursos regulados en sus normas de procedimiento.
Hábeas corpus, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, declaración de incompetencia, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, recursos, recurso extraordinario, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BUCCO DE DE BREVIL, IRENE BEATRIZ s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-27

La declaración de la incompetencia originaria de la Corte en un hábeas corpus no obsta al conocimiento que pueda adquirir con motivo de la articulación de un recurso extraordinario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o, en su caso, por vía del recurso de hecho si fuere rechazado.
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Miguel Angel s/ infracción art. 43 inc. h) dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

El encausado por infracción al Código de Faltas Provinciales debe prestar declaración indagatoria contravencional ante el instructor policial (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, prueba del pago, recibos firmados en blanco
Materia: LABORAL
Carátula: González Raúl c/ Emilio Thomé s/ Ordinario (LIBRO: S080 - 514)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-05

Cuando la actora sostiene que los recibos de remuneraciones han sido llenados en blanco, lo efectivamente pagado y percibico lo debe probar quien invoca aquella circunstancia. En el presente caso el actor debe demostrar la falsedad de los recibos por medio de prueba pericial caligráfica para que progresen las diferencias de salarios que reclama.-
Crédito laboral, actualización monetaria, intereses, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: UTRERA ARALDA c/ COVERS HAUSE  S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-14

Los créditos deberán ser actualizados desde que son debidos y hasta el 31 de marzo de 1991 conforme lo previsto por el art. 276 de la L.C.T., con más un interés anual del 15% sobre capital actualizado y por el mismo período anterior. En adelante y a partir del primero de abril de 1991, el total resultante según el procedimiento anteriormente citado se le adicionará una tasa de interés del dos por ciento mensual (2%) hasta su efectivo pago, que el Tribunal estima sirve a los fines de mantener incolumne el contenido económico de la sentencia (conforme lo previsto por el art. 10 del decreto 941/91, reglamentario de la ley 23928 y ampliatorio del art. 8 del decreto 529/91).-
Cuestiones prejudiciales, morosidad del proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Richard, Jorge c/ B.C.R.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Al considerarse el Juez relevado de la inhibición impuesta en el artículo 1.101 C.C. invocando el tiempo insumido en el trámite de la causa penal como violatoria de la defensa en juicio del actor, está alterando el equilibrio entre las partes del proceso civil, dejando a la demandada privada de elementos de juicio imprescindibles para obtener la sentencia que procura sea a su favor.
Leyes, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Transportes La Florida SRL c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo. Regulación de honorarios   profesionales (Expte. CSJ Nº 518-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

Las normas jurídicas contenidas en una ley no están simplemente unas al lado de otras, sino que están relacionadas entre sí de diferente modo y sólo en su recíproca limitación y en su armonía producen una regulación. La norma jurídica singular, incluso una norma jurídica completa, es considerada siempre por la jurisprudencia como parte de una regulación más amplia. La disposición particular ha de ser interpretada en el marco de su posible sentido literal y en concordancia con la conexión de significado de la ley, en el sentido que óptimamente corresponda a la regulación legal y a la jerarquía de estos fines. Al respecto, el intérprete ha de tener siempre ante la vista la totalidad de los fines que sirven de base a una regulación.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galcerán, María Jorgelina c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y  Pensiones  de la Policía Federal s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

La validez de las distinciones, respetando el principio del art.

16 de la C.N., se halla subordinada a que emanen de causas objetivas o razones sustanciales, a efectos de que resulte excluida toda disparidad o asimilación injustas, a las que conducirían criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecusión (Fallos 181:202;

182:355; 199:268; 238:60; 288:224; 300:1049; 302:457; 306:195; 1560 y 1844, entre muchos otros).
Daño ambiental, sanciones administrativas
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-06-13

Conforme lo sostiene Tomás Hutchinson, el daño es la verdadera razón de ser de la responsabilidad ya que permite su vinculación con el régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa. En los tres casos debe existir una actividad humana, pero no siempre es necesaria la producción de un daño para que tal responsabilidad exista ("Daño ambiental", T. II, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, págs. 40 y 41). Así, por ejemplo, en el Derecho Penal se distinguen los delitos de daños de los de peligro (art. 200 del Código Penal), en los que no hace falta daño alguno para que haya delito contra el ambiente, mientras que en la legislación administrativa ocurre algo similar, es decir, su infracción es suficiente para que haya base legal para la imposición de la sanción, bastando colocar el bien en peligro.

Vinculado con el tema, el autor citado distingue entre responsabilidad-reparación y responsabilidad-sanción. En la primera, en la que se ha producido y constatado el daño o perjuicio, se busca la recomposición o reparación in natura del ambiente dañado y sólo si esto no es posible, puede exigirse además el resarcimiento.- Por el contrario, la responsabilidad-sanción supone la protección jurídica del medio ambiente con sistemas sancionatorios que hagan frente a las conductas que infrinjan las normas de policía en consonancia con los principios de prevención y de precaución que rigen el Derecho Ambiental. (op.cit. pág. 271 y siguientes).- Se trata de un conjunto de técnicas que regulan y disciplinan las actividades que violan determinados mandatos o prohibiciones y que por lo tanto, tienen aplicación durante o con posterioridad a la actividad degradante. Constituyen sanciones de tipo represoras pues presuponen un comportamiento prohibido.- En materia ambiental, generalmente se aplican dos clases de sanciones: las de tipo económico (multas, por ejemplo) que se gradúan en función de la mayor o menor gravedad del proceso de contaminación ambiental y suponen un costo más de producción de la actividad de que se trate; y las sanciones de contenido funcional, que son aquéllas que hacen referencia a la paralización (por ejemplo, revocación de la autorización para funcionar) o modificación de las actividades de que se trate (clausura temporal por ejemplo).- Ahora bien, dentro de la actividad vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos encontramos algunas normas de protección ambiental específicas, en concordancia con ordenamientos provinciales y nacionales sobre el tema.-
Juicio sumario, recurso contencioso administrativo, sentencia, Administración Pública, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA  DE  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE,  ELECTRICIDAD  Y  OBRA PUBLICA DE FUNES LIMITADA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXCEPCION DE DEFECTO LEGAL (CSJ EXPTE Nº 67-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

El trámite sumario, ordenado por la Corte para la fijación de la indemnización, tiene su razón de ser en que las partes tengan un verdadero contradictorio -entre los hechos y fundamentos invocados- del cuantum indemnizatorio, de manera que los litigantes no sufran una situación jurídica de indefensión, que pudiera acarrear avasallamiento de garantías constitucionales.
Honorarios, regulación de honorarios, demanda, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY PATRICIA c/ PANIFICADORA DE LOURDES Y OTROS s/ RECURSO DE CASACION - REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-19

En atención al denominado "régimen de transición" en materia de regulación de honorarios, frente a un cambio tan notable, la aplicación de costas, según la suerte de las respectivas pretensiones, implicaría formular una interpretación rígida de la ley que podría conducir a que el trabajador -accionante bajo la vigencia de una normativa anterior- sea comprometida su acreencia en virtud del márgen -a veces escaso- en que prospera la demanda.

Ante esta difícil situación y a mérito de las amplias facultades que el art. 356 ter C.P.C. -al que remite la Ley 7269- otorga al Juzgador a que las costas respecto de los rubros rechazados sean impuestas por su orden.-
Desestimación de la denuncia, querellante, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Bento, Walter Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-03

Corresponde anular la desestimación de denuncia si la pretensa querellante se encuentra habilitada en la causa para promover, por medio de sus representantes, la revisión de lo resuelto. Resulta acertado el criterio según el cual el pretenso querellante y/o el querellante se encuentran legitimados para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del MPF. Si la Corte Suprema ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para requerir y obtener una sentencia condenatoria, esta doctrina judicial vigente implica razonablemente que se encuentra habilitado a impulsar el proceso desde el comienzo de una causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario el impulso del MPF.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: MARIANI, JUAN P. c/ MINISTERIO  DE  EDUCACION  Y  JUSTICIA  - PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Independientemente de los porcentajes de incapacidad reconocidos en las vías administrativa y judicial, lo que corresponde comparar son los valores económicos. Por ello si el crédito judicial del actor resulta ser una suma mayor a la percibida administrativamente, corresponde el cobro de la diferencia, aunque surja de un porcentaje de incapacidad menor al tenido en cuenta en la Caja de Garantía.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: INFANTE DEL CASTILLO NORA BEATRIZ Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR EL DR. DE LA RUA PALAU, OSVALDO A. s. RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: SALVATIERRA, ELIO ENDOR c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ALLUB ROSENDO RICARDO c/ COLEGIO DE MEDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  RODRIGUEZ CARLSSON
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-23|2000-12-22|2003-07-31

El acogimiento de las pretensiones del actor es una eventualidad previsible que impide la calificación como sorpresiva de la sentencia de la causa.
Certificados de obra, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIGAS S.R.L. c/ Casas, Carlos Rodolfo y Ot. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

La relación se rige por normas de derecho administrativo, siendo aplicables los arts. 45 y 46 de la O.G. N° 165/73.
Pago de la remuneración, convenios colectivos de trabajo, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LARA SONIA MABEL c/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-23

Julio C. Simon y Leonardo J. Ambesi afirman que los convenios colectivos admiten la retroactividad de sus efectos, incluso otorgando beneficios diferenciados, sin que ello constituya lesión alguna a la garantía constitucional de igualdad (cfr. aut. cit., "El convenio colectivo del trabajo" en "Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo", Ed. La Ley, 2012, T. I, pág. 960).
Incapacidad laboral, incapacidad total, incapacidad permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Torres Pastor Constantino c/ LIMPSA S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº A-82603/94.-  (L.A. Nº 40, Fº 569/571, Nº 200).- Inconstitucionalidad en Expte. Nº A-82603/94.-  (L.A. Nº 40, Fº 569/571, Nº 200).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-07-14

Acreditadas la labores efectuadas por el empleado para la accionada, debe tenerse presente que el desempeño de éstas requiere -además de un aprendizaje previo-, poseer ciertas aptitudes propias de dicho oficio. Sobre tal base, y dado que a raíz del infortunio laboral el actor padece un síndrome post-conmocional cuya patología se evidencia en episodios de amnesia, abulia, inseguridad hiper-reflexiva y dismetría, que le restan totalmente las aptitudes necesarias para ocupar puestos de trabajo acordes a su entrenamiento específico, debe ponderarse la incapacidad como absoluta y permanente si el trabajador ha quedado incapacitado para desempeñar su oficio u profesión habitual, por lo que, en definitiva, debe reconocérsele su derecho a ser indemnizado en la especie.-
Recurso extraordinario federal, depreciación monetaria, actualización monetaria, fundamentación del recurso, falta de agravio concreto, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Autolatina Argentina S.A. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Si la recurrente no ha acreditado que el sistema de actualización utilizado por la cámara implicara una condena de mayor cuantía que si se utilizara otra manera de actualización, no está acreditado el menoscabo al derecho de propiedad invocado y el recurso extraordinario carece de uno de los requisitos esenciales que condicionan su procedencia (Disidencia del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).