Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 29 de 2005.

Considerando: I. Viene apelada por la incidentista la resolución de fs. 185/7 que declaró la caducidad de instancia en el concurso especial.

El memorial luce a fs. 204/7. La sindicatura contesta el traslado a fs. 209/12.

II. Señala la apelante que el proceso de "concurso especial" previsto en el ordenamiento concursal no sería, por su naturaleza, susceptible de caducidad, al no constituir en rigor una "instancia" en sentido estricto. Destaca que el concurso especial promovido constituye una ejecución de sentencia en el sentido más estricto del término en cuanto a su naturaleza toda vez que el acreedor ostenta un crédito ya verificado y firme no susceptible de discutirse sobre el fondo y cuyo único objeto es la liquidación en forma abreviada de la garantía real... por lo que se trataría de una simple "ejecución" del crédito verificado, susbsumible en lo dispuesto en el art. 313, inc. 1 Cód. Proc.

III. Se halla controvertida en jurisprudencia la pertinencia de asimilar el concurso especial de la L.C. 203 al trámite de ejecución de sentencia previsto en los arts. 499 y sigtes. Cód. Proc.

En el caso, si bien el crédito de la incidentista se encuentra firme, constituye el trámite del concurso especial una verdadera "instancia" susceptible como tal de verse alcanzada por el instituto de la caducidad que contemplan las leyes procesales locales y el art. 300 L.C.

No es exacto que se trate de un proceso "voluntario", utilizando esta expresión como referida a los juicios no contenciosos o no contradictorios. La ley ha previsto que la petición que lo origina tramite "por expediente separado", con vista al síndico, quien obviamente se encuentra legitimado para controvertir la concurrencia de los presupuestos legales para la formación del concurso especial (legitimación del peticionante, existencia del privilegio invocado, etc.).

Puede este proceso ser tildado de "voluntario" para el acreedor como sinónimo de "facultativo", quien puede optar por promoverlo o no, y aguardar en el último caso que los bienes se liquiden dentro del marco del juicio universal. Justamente por eso no parece razonable sostener que no constituya una verdadera instancia susceptible de perimir. De otro modo, cabría la posibilidad de que el acreedor dilatara "sine die" la realización del bien afectado a la garantía, supeditando con esa dilación la labor de la sindicatura, quien tiene a su cargo el impulso en la liquidación del patrimonio cesante y el deber de instar la más rápida realización de los bienes.

No ignora el Tribunal que se ha sostenido que la inactividad del concursante especial puede ser superada por otros medios distintos de la perención de la instancia, cuya declaración resultaría innecesaria para alcanzar la realización judicial de los bienes garantizados (v. Quintana Ferreira Alberti, "Concursos", t. 3, p. 681 pto. 11). Mas dicha posibilidad no predica por sí sola sobre la improcedencia formal del planteo, y en cualquier caso no impide advertir la inconveniencia de exigir al sindico impulsar la venta del bien sujeto a privilegio dentro del campo de su incumbencia propia (el concurso general), cuando eso mismo constituye ya el objeto de otro proceso paralelo en trámite, incoado por el acreedor, y que, formalmente, no se encuentra agotado ( cfr. sala prov., 28.02.1995, en "Aniarsa s. quiebra s. concurso especial promovido por Banco del Interior y Buenos Aires (en liquidación)".

IV. En relación con el cómputo de los plazos, tiene dicho el tribunal que sólo resultan deducibles los días inhábiles correspondientes a las ferias judiciales (sala prov., 13.7.04 , en "Mondini, Horacio Antonio c. Santamarina, Esteban E. s.ejecutivo"), por lo que dado el tiempo transcurrido entre la providencia de fs. 165 (30.9.03) y el cargo de fs. 167 (4.2.04), resultó acertado decretar la caducidad de instancia en estas actuaciones.

V. En cuanto a las costas, dado que el proceso ha concluido por caducidad -modo anormal de terminación del mismo- corresponde que los gastos devengados sean soportados por la parte que dio lugar a esa forma de culminación -en el caso el incidentista-; principio recogido expresamente por el ordenamiento procesal. (C. Proc., art. 73), al que remite el concursal en lo pertinente (L.C., art. 301).

VI. Por ello, se confirma la resolución de fs. 185/7, con costas.- José L. Monti.- Bindo B. Caviglione Fraga.