Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-19


AUTOS N° 19.964 (109.522 - 7° CIVIL) "URBANO CECIRA DEL CARMEN C/ EDITORES DEL OESTE S.A.I.C. - AMPARO" L. DE S. T° 103, F° 12/16 SAN JUAN, 19 de febrero del año dos mil nueve. VISTO:

Para resolver en estos autos N° 19.964 (109.522 - 7° CIVIL) caratulados "URBANO Cecira del Carmen C/ Editores del Oeste S.A.I.C. - Amparo", el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 14 contra la sentencia interlocutoria de fecha 28 de enero de 2009, cuya copia obra a fs. 10/11, dictada por el Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería.

Y CONSIDERANDO:

El recurrente, a fs. 14, funda su apelación argumentando que le causa agravio la sentencia recurrida en cuanto aplica el plazo de caducidad para desestimar la petición de amparo, considerando que este argumento resulta totalmente inadmisible e improcedente en el caso ya que la presente acción tiene por objeto que se le otorgue el derecho a réplica constitucionalmente reconocido por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, contenido en el art. 14 inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que al no estar reglamentada, dice, su aplicación ha quedado desde un principio subordinada a la interpretación que la Corte Suprema ha hecho del mismo. Cita fallos.

De ello infiere que resulta que el único medio existente para que se reconozca el derecho de réplica es el amparo (proceso sumarísimo) no existiendo, tal como erróneamente expresa la sentencia remedio ajeno al amparo que resulte idóneo. En consecuencia, entiende improcedente el rechazo in limine de la acción de amparo entablada con el objeto de que se le reconozca el derecho a réplica ante la negativa de Editores del Oeste SAIC, pues no dispone de otra vía para que de manera rápida y eficaz pueda salvaguardar su derecho.

El segundo agravio, se relaciona con la aseveración del A quo de que el plazo de caducidad debe computarse desde que el interesado tuvo conocimiento cierto del acto u omisión perjudicial. En el caso, explica, la actora manifestó que tuvo conocimiento del acto lesivo en fecha 02/12/2008, por lo cual consideró que se encontraba cumplido.

Para el recurrente esa afirmación resulta errónea ya que el acto lesivo no lo constituye la publicación efectuada por el diario sino la negativa por parte de la accionada de posibilitar que ejerza su derecho a replica, hecho que ocurrió una vez vencido el plazo por el que intimó su parte, sin dar respuesta alguna al requerimiento. Cita doctrina judicial, precisando que son plazos procesales en los cuales rige el plazo de gracia. en síntesis estima que ha sido interpuesta en término.

El tercer agravio, es focalizado por el recurrente para sostener que la existencia de reglamentación no debe ser obstáculo para obtener en sede judicial la oportuna restitución del derecho constitucional conculcado. Cita en apoyo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Formula reserva de derechos.

Propuesto los themas decidendum de este modo por las partes, corresponde precisar que la reforma introducida en el año 1994 a la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22 elevó al máximo rango normativo a los Tratados internacionales. En función de ello, el contenido del art. 14.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se ha reglado que "toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviante emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley". Esta norma constitucional, denuncia el quejoso, no ha tenido reglamentación a la fecha.

Ahora bien, el agravio principal traído por el recurrente se focaliza en defender que su presentación ha sido realizada en forma temporánea refutando a la posición contraria del A quo.

En primer término, avanzando en el estudio y resolución de la problemática, cabe consignar que este Tribunal, en distintos precedentes, entendió que las normas constitucionales, en la evolución actual de la doctrina autoral y jurisprudencial, son operativas, de donde la ausencia de reglamentación no debe erigir en obstáculo para su aplicación, como ocurre con el derecho de replica. Ello en consonancia con la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación expuesta en el caso CSJN, 7 /07/1992, "Recurso de hecho deducido por Miguel Angel Ekmekdjian c/ Sofovich Gerardo y otro", donde se dijo que "una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso". Por cierto, que no se puede desconocer que el mandato constitucional expresamente establece que será la ley la que establezca las condiciones de su aplicación, lo cual al ser obviado para la consagración efectiva de la garantía constitucional ante la ausencia de reglamentación, impone a la jurisdicción el ejercicio de la máxima prudencia y su contemplación con un criterio estricto y restringido. El juez debe ser muy cuidadoso en la aplicación de esta garantía constitucional pues su procedencia roza uno de los pilares del sistema republicano como es la libertad de prensa sin censura previa. Además de ello, se debe recordar que la jurisdicción no tiene función de legislar o reglamentar sino simplemente de aplicar la norma. Avanzando en el tratamiento del punto, vale recordar el pensamiento de Julio César Riveras (El derecho de réplica, rectificación o respuesta, La Ley 1985-E, 786) cuando enseña que "el derecho de réplica es el que atañe a toda persona que ha sido afectada en su personalidad como consecuencia de una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada, inserta en un medio de prensa periódico para hacer difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, su versión de los hechos que dieron motivo a la noticia o comentario; y que en caso de negativa del medio, será resuelta la procedencia o improcedencia por el Juez en procedimiento abreviadísimo...". Y a partir de ello, precisa que "el Poder Judicial dispondrá la tutela de su derecho -si hubiere lugar a ello- en un término razonable, aspecto que es esencial en esta materia de ataque a los derechos de la personalidad". Es decir, el derecho a réplica debe ser ejercido por el damnificado en tiempo razonable para que realmente cumpla su función pues se debe tener en cuenta que el objetivo central es que los receptores de la noticia no se queden con la mitad de verdad o con una información tergiversada. Va de suyo, que también debe ser remediada la mala información en un término de las mismas características.

No se puede separar el hecho informativo que se estima equivocado o agraviante del nacimiento del derecho a réplica. Es una sola unidad, pues no existiría derecho a réplica si no existiera una información estimada perjudicial.

Ello viene a colación para ratificar la decisión desestimatoria in limine de la a quo, por cuanto se debe tener en cuenta que se trata de una publicación fechada el viernes 12 de setiembre de 2008, de la cual la actora dice que tomó conocimiento en fecha 02 de diciembre del mismo año, intimó el 11 de ese mes e inició el pedido de protección constitucional recién en fecha 28 de enero de 2009. Es decir, a más de cuatro meses de la fecha de la publicación. Es decir, no existe la inmediatez exigible para que surta eficacia una respuesta en réplica, de donde la extemporaneidad de la presentación es evidente.

Así fue expresado en la CSJN en P 534 XXXI "Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12", 16/04/1998, T. 321, P. 885 cuando se dijo que "siendo el derecho de réplica una herramienta rápida para que se conozca la "otra" versión de los hechos, la del afectado, la aclaración debe ser razonablemente inmediata, fruto de un trámite simple y expeditivo (Voto del Dr. Antonio Boggiano)".

Va de suyo que la improcedencia del amparo no cierra las puertas a otras acciones para remediar los daños y perjuicios que se le pudieren haber ocasionado a la peticionante.

Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta como lo hace la disidencia de Levene (h) en E. 64. XXIII.; "Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo y otros.", 07/07/1992, T. 315, P. 1492 que "el art. 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha fijado los límites del ejercicio del derecho de réplica, rectificación o respuesta, mediante la enumeración de dos condiciones indispensables: a) la afectación debe provenir de informaciones inexactas o agraviantes, y b) esa afectación debe causar al agraviado un perjuicio". De igual modo Belluscio, señala que "de lo que se trata es de permitir la respuesta o rectificación del directamente aludido, y no debe abrir un debate en el cual cada habitante de la Nación pueda rebatir las ideas expuestas por otro en un medio de difusión".

En otras palabras, el accionante debe ser directamente aludido y afectado por la noticia que se pretende aclarar. En el caso de autos, la señora Cecira del Carmen Urbano no está directamente aludida, ni identificada, sino se hace referencia a un hecho delictual en el cual fue víctima su hijo.

Finalmente se debe tener en cuenta para ratificar la desestimación in limine decidida por el Tribunal A quo que al tratarse de un homicidio el acto ilícito en el cual se vio involucrado su hijo como sujeto pasivo (perjudicado), se encuentra en proceso de investigación judicial. Ello genera naturalmente, la publicidad de las noticias relacionada con hechos delictivos que se encuentran en tratamiento ante los tribunales; es decir, en otras palabras, se produce strepitus foris al cual se encuentran sometidas las partes en el proceso de esclarecimiento de la verdad y, de suyo, la determinación de la responsabilidad penal o civil.

Por ello, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 14.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.