marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho penal, delitos económicos
Materia: PENAL
Carátula: Yaccuzzi, Emo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-25

Los delitos marcarios difieren de los de estafa o defraudación que prevé y castiga el Código Penal, y resultan perfectamente separables y no confundibles, en el caso (su concurso material con el delito marcario quedó establecido a fs. 639 sin cuestionamiento de las partes), en el que el supuesto engaño al consumidor no se yuxtapone con el fraude al comercio que prevé el inc. d) del art. 31 de la Ley 22.362, al castigar la puesta en venta o la comercialización de productos con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada (voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

El art. 19 de la Constitución Nacional establece en su segunda parte el principio del imperio de la ley, según el cual el Estado sólo puede limitar los derechos individuales en virtud de normas de carácter legal. En su primera parte determina, ampliando el principio formal antedicho, que la ley ni puede mandar ni puede prohibir nada en relación a las acciones privadas de los hombres integrantes de la esfera de las conductas libradas a las decisiones individuales de conciencia.
Contrato de transporte, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: García, Horacio Omar c/ Sancor Cooperativas Unidas Limitada s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad   (Expte. CSJ Nº 454-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-01

Acerca de la naturaleza del vínculo que une al fletero lácteo con la empresa que se dedica a la industrialización de la materia prima que aquél recolecta, -a los efectos de encuadrar la relación existente-, al juzgador le corresponde hacer una comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos que marcan el vínculo que une a las partes. A tal fin, se considera que asume trascendental importancia el comportamiento real y concreto de los sujetos intervinientes en el transcurso de la relación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de árbitros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capyb S.A. c/ Moll S.A. s/ Recurso de nulidad contra laudo arbitral. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Ante la falta de estipulación expresa a que hace referencia el art.

804 del Código Procesal Civil y Comercial, el presente se trata de un juicio de amigables componedores, por lo que la decisión de la Cámara que desestima la queja deducida en razón de que el fallo dictado debe cuestionarse mediante la demanda de nulidad establecida por el art. 809 del Código de rito y no por la apelación intentada, no constituye la sentencia definitiva a que se refieren los arts.

278 y 296 del Código mencionado, desde que la misma deja abierta la vía mencionada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia arbitraria, control de legalidad, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: Chaco Chico S.R.L. s/ Casación- pago de frutos percibidos de mala fe
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-08-18

Se ataca el fallo de Mérito por la causal del inc. 4º art. 257 C.P.C., (arbitrariedad), se imputa falta de Razón Suficiente en el razonamiento del sentenciante. Es procedente porque no basta dar razones que justifiquen su razonamiento, sino que las mismas deben resultar aptas e idóneas para el fin perseguido y no pueden considerarse tales aquellas que aluden a una circunstancia no probada, absolutamente extraña a la causa y que surge de la mera voluntad del sentenciante. No se trata aquí de una mera discrepancia con la apreciación que el a quo tiene de los elementos sometidos a su decisión, sino de la descalificación de un argumento carente del respaldo exigible. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pelegrin, Néstor Francisco c/ José Minetti y Cía. Ltda. S.A. s/ Plena jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-03

El acto administrativo es una declaración de voluntad concreta, emanada de un órgano de la administración activa, en ejercicio de la función administrativa y que necesariamente debe ser fundado. La obligación de motivar los actos administrativos impone el examen de sus causas y finalidades y asegura así, que ese examen se efectúe excluyendo, o bien disminuyendo, la posibilidad de actos dictados en forma apresurada, sin basamento legal, o sin el análisis de las situaciones y factores que lo determinaron. No se configura una hipótesis de dictámenes contradictorios cuando difieren sólo en cuanto a la "entidad" de la sanción disciplinaria que debía aplicarse -correctiva o expulsiva- y no en cuanto a la participación del agente en los hechos incriminados y acreditados.
Indemnización, base, salario mínimo, vital y móvil, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO ANGEL O. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-06-02

Conforme el art. 8 de la ley 9688 (reformada por la ley 23.643), las indemnizaciones previstas no podrán ser superiores al importe equivalente que resulte de computar veinte años de salario mínimo, vital y móvil vigente al tiempo de la determinación de la indemnización.

Sin embargo, no puede entenderse dentro del sistema normativo y de los principios del derecho laboral que ese mecanismo sea empleado en contra del trabajador.

En consecuencia, resulta equitativo actualizar la base utilizada para calcular el tope indemnizatorio del art. 8, inc. a), de la ley 9688. No obstante que la fijación S.M.V.M. es una atribución del poder legislativo que ha sido delegada a un organismo administrativo especial y ajena, por tanto, a las facultades de los jueces, ella no puede erigirse en una regla absoluta que llegue a vulnerar derechos y garantías amparados por la constitución. Es misión de los jueces interpretar y aplicar las leyes dando pleno efecto a la intención del legislador.

El monto del salario mínimo puede en determinadas circunstancias resultar inadecuado para el cumplimiento de sus fines. Si el juzgador efectúa el cálculo a valores nominales desinterpreta el verdadero sentido y alcance de la norma, ya que la suma irrisoria en la que se convierte su base (S.M.V.M.), no cumple con el imperativo constitucional de asegurar al trabajador una remuneración mínima suficiente para satisfacer sus necesidades elementales.Suplir la inactividad del órgano administrador no importa invadir sus facultades propias, ni sustituirlo en la determinación del S.M.V.M., sino superar la inequidad a la que conduce su actitud omisiva, pues la actualización monetaria sólo adecua el monto al incremento del costo de vida.

Lo contrario conduce a otorgar un enriquecimiento injustificado al deudor de la obligación y hasta permite configurar un ejercicio abusivo del derecho, ya que el creddito del trabajador, sería tratado desde una posición jurídica distinta en relación a los otros créditos que estarían sujetos al sistema de repotenciación o actualización monetaria, tornandosé ilusoria la declaración jurisdiccional de su derecho a la indemnización por incapacidad laboral.
Remuneración, pago
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA DEL CARMEN Y OTRA c/ INSTITUTO GERIATRICO DEL ROSARIO Y OTRO s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-10

Lo que el art. 260 de la ley 20744 prohibe es el pago insuficiente, ya sea debajo de los mínimos legales o convencionales, pero nada impide a que acuerdos privados de las partes otorguen montos mayores salariales. Los montos abonados han sido irremediablemente adquiridos por el patrimonio del trabajador y no existe instrumento legal o convencional alguno que lo convierta en deudor del patrón por la mayor percibida.
Indemnización tarifada, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Romero Policarpo c/ Karpa S.A. y otra s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Si la minusvalía permanente del trabajador es el resultado de las lesiones ocasionadas por el accidente de trabajo y la consecuente incapacidad laborativa se produjo en el momento de ocurrido el infortunio, es indiferente a los fines del cómputo de los intereses y de la actualización del monto de la indemnización- que la determinación de esa disminución ya existente a la fecha del siniestro se hubiera fijado ante la autoridad administrativa pasado el año del evento por lo que conforme el art. 276 de la L.C.T.

(texto según ley 22.311) la indemnización por accidente de trabajo debe ser actualizada desde el momento en que fue debida, que coincide con la del acaecimiento del infortunio, cuando se demuestre que a partir de esa oportunidad se generó el daño que afectó la capacidad del trabajador.
Concubinato, disolución de sociedades, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: PASCUAL Alberto Fabio c/ Roldan Esquivel Claudia Regina s/ Incidentes (Disolución de Sociedad de Hecho)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-11

Resulta competente el juez aquo a los fines de entender en la presente causa, atento que se trata de una acción de disolución de sociedad de hecho proveniente de una relación concubinaria, que está relacionada solo con la división de los bienes que integraban la sociedad.

Efectivamente, frente a la posible existencia de una sociedad no constituida regularmente, estamos en una situación de carencia de un domicilio debidamente inscripto, que nos fuerza acudir a otros elementos para fijar la competencia judicial en caso de litigio.

Encontrándose los supuestos inmuebles de la sociedad de hecho ubicados en la provincia de San Juan, y compartiendo en definitiva el dictamen fiscal que luce agregado a fs. 245/246; estimo corresponde hacer lugar al recurso de apelación y declarar competente al Juez A-quo para entender en la presente causa.
Acción de inconstitucionalidad, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, federalismo de concertación, Constitución Provincial, política ambiental, carta orgánica municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF c/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES. s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13

La Ordenanza 1165/09 es inválida porque vulnera los principios informadores de la propia Carta Orgánica de la comuna de Rincón de los Sauces, cuando postula "la participación efectiva en la formulación y elaboración de los planes generales y toda acción del gobierno provincial o nacional, que afecte de un modo u otro los intereses de la comunidad" y, principalmente, rebasa los límites constitucionales previstos en el artículo 92 de la Constitución Provincial, desconociendo el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses comunes con la Provincia (artículo 273 de la Constitución Provincial).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Teves, Ruben y otra c/ Gobierno de la Provincia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-23

El juicio crítico a las conclusiones sustentadas por el perito, forma parte de lo que es particular y propio del juzgador, cuya experiencia y profundidad de estudio, madurez intelectual y ponderación, es cimiento donde debe asentarse aquél.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos, pago de tributos, pago anticipado, habilitación de instancia, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Austral Líneas Aéreas c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de Actos Administrativos Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

En el ámbito local no existe una norma de la que se desprenda la exigencia inexcusable del pago previo del tributo adeudado o de la multa impuesta como condición formal para impugnarlos judicialmente. Ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de expedir títulos ejecutivos para obtener su cobro en un proceso judicial de características especiales, como es el proceso de ejecución fiscal, proceso que no puede ser interrumpido mediante la tramitación de medidas cautelares ajenas a su propio marco.
Mora del deudor, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: S., N.F. c/ M.CH., R. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-24

"Es imposible suponer que pueda subsistir como sociedad económicamente organizada una en la cual los jueces impongan conscientemente a los malos pagadores abonar un interés inferior al que pagan los buenos deudores de todos los bancos del país. No es congruente que la compensación del incumplimiento sea inferior a los que pagan los deudores durante el período de cumplimiento tempestivo de sus deudas...Si el interés que todos los tribunales impusieran a todos los deudores incumplidores fuera el más bajo de la plaza, nadie pagaría sus deudas, porque los tribunales establecerían durante el juicio una tasa reducida respecto de la corriente...".
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, explotaciones agropecuarias, obligaciones del mandatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHARRITTON,  LUIS  ALBERTO  Y  OTRO c/ DANKATECNICA SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

Si se celebró un contrato en virtud del cual los pretensores (quienes se dedicaban al asesoramiento y administración de empresas agropecuarias) fueron contratados por una sociedad anónima y una persona física (accionista del ente) para administrar un establecimiento rural de los defendidos, resulta improcedente hacer lugar al reclamo reconvencional que estos incoaron con la finalidad de que se les abone el importe que oblaron a causa de un accidente de tránsito, en virtud del cual un rodado de propiedad del coaccionado -vehículo que se encontraba afectado a la explotación del mentado establecimiento-, mientras era conducido por un encargado atropelló y causó la muerte de un menor; con base -como en el caso- en que al encuadrar la relación habida entre las partes dentro de la figura del mandato (a consecuencia de un poder general y otro especial otorgados en favor de los accionantes), y pese a no haber existido un mandato expreso para que los reclamantes contraten un seguro contra accidentes, sin embargo, ello no los eximió de celebrarlo o al menos de advertir sobre la situación de riesgo, en pos de cumplir con todas las gestiones necesarias para una correcta administración. Ello así, toda vez que en la especie surge que el titular de dominio no es la entidad societaria (propietaria del establecimiento) sino el otro coreclamado, pues la circunstancia de que este sea accionista en el ente, no obligaba a los mandatarios a contratar un seguro de un vehículo de propiedad de un tercero con dinero de esa empresa y, menos aún, que asumiera el pago del premio con fondos de aquella. Máxime, si no fue pronunciada sentencia condenatoria en proceso penal ni condena al pago de los daños y perjuicios, a causa de haberse celebrado un convenio por el que los defendidos pagaron cierta suma de dinero a los padres de la victima, sin dar en dicha oportunidad participación ni anoticiamiento a los pretensores. Por ende, se carece de entidad jurídica suficiente para imputarles responsabilidad aunque fuera parcial generadora de la obligación de reintegrar la indemnización pagada.
Trabajadores portuarios, estibador, trabajador permanente
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA, SEGUNDO PATRICIO c/ ELMA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-25

Si bien los artículos 82 y 108 de la ley 21429 se refieren a capataces y a planteles permanentes y eventuales, el hecho de no contemplar a los estibadores no significa que se excluya la posibilidad de que tengan una vinculación permanente. Ello significaría una utilización forzada del argumento a contrario.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández de Massari Elida c/ González Gabriel Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

El transporte benévolo comprende aquellos casos en los que el conductor, dueño o guardián del vehículo, invita o consiente en llevar a otra persona por acto de mera cortesía o con la intención de hacer valer un favor, sin que el viajero se encuentre obligado a efectuar retribución por el transporte. Tal situación conduce a la necesidad de que en caso de accidente se trate con moderación al individuo que no ha hecho más que cumplir con un acto de pura generosidad. Teniendo en cuenta las circunstancias que caracterizan el transporte benévolo resulta viable, por razones de equidad y en virtud de los elementos éticos que sirven de base al derecho, disminuir el monto indemnizatorio a pagar por el condenado, sin que ello implique atenuar en modo alguno su grado de responsabilidad en el evento.
Carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rios Nidia c/ Marcos Javier Carín s/ Ordinario (LIBRO: S139 - 078)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-02

No basta por parte de la demandada expresar que la actora no ha acreditado lo dicho en la demanda, por cuanto corresponde probar a aquella parte que se encuntre en mejores condicones para hacerlo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, jerarquía constitucional, Estado Provincial, Poder Judicial Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

No corresponde que la provincia demandada desconozca resoluciones firmes y ejecutoriadas ni que ponga en cuestión la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte Suprema mediante la intervención del poder judicial provincial, ya que tales actos revelan el indisimulable objetivo de frustrar el ejercicio de la jurisdicción constitucional del Tribunal, para impedir que se preserve la supremacía de la Ley Fundamental, cuyas cláusulas estaban siendo vulneradas por las autoridades provinciales.
Subrogancia del juez, Consejo de la Magistratura, independencia del Poder Judicial, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-04

Dentro de los sistemas que el legislador puede diseñar para la designación de jueces subrogantes, el establecido en el artículo 2° de la ley 27.145 no resulta admisible porque prevé su selección sin parámetro objetivo alguno de modo que cada designación se justifica en la sola voluntad coincidente de la mayoría no agravada de los miembros del Consejo de la Magistratura de elegir la misma persona, método que no cumple con la transparencia necesaria para garantizar a los justiciables el acceso a jueces subrogantes independientes e imparciales.
Medidas cautelares, seguros, responsabilidad del Estado, garantía del Estado
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Báez Virginia por sí y por sus hijas menores c/ Expreso Singer SAT s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-02

Con respecto a la medida cautelar contra el Instituto Provincial del Seguro, debe confirmarse el rechazo, toda vez que el ente asegurador citado conforme con el decreto Ley 3.359/59 y Decreto Reglamentario, cuenta con garantía del Estado Provincial. El solicitante carecería de interés jurídico, pues tratándose de una obligación de dar sumas de dinero, la garantía estatal pone a cubierto el eventual derecho del acreedor. Existe una relación entre el peligro en la demora como presupuesto de la medida cautelar y la solvencia patrimonial del deudor. Por ello y presumiendo que el Estado no puede ser insolvente ni carecer de responsabilidad económica, contra él no puede decretarse medidas cautelares que aseguren la ejecución de una sentencia.
Allanamiento, oportunidad procesal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: PEVIDAN  S.R.L. c/ VARIG  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Toda vez que la causa debe proseguir en lo que se refiere a las diferencias que persisten, el allanamiento parcial formulado deberá ser meritado al tiempo de decidir la totalidad de las pretensiones articuladas. En tales condiciones, no correspondía rechazarlo por su carácter parcial, ni decidir el cargo de las costas, puesto que no existe mérito en la causa para pronunciar a esta altura una decisión definitiva sobre tales aspectos.
Derecho constitucional, Derecho ambiental, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Conservación Patagónica Asociación Civil c/ Municipalidad de San Martín de los Andes s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-03

Corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por una Asociación Civil contra un Municipio por el dictado de una Ordenanza que permitiría la realización de intervenciones en un lugar para alterar el ciclo natural del agua con el objetivo de poder urbanizar tierras que están parte del año anegadas, sostenido que la norma cuestionada establece con fuerza de directriz el principio de "impacto hidrológico cero", reconociendo el efecto pernicioso del desarrollo urbano en ese lugar, y obliga a los propietarios de los predios o los proponentes de las futuras urbanizaciones a que hagan obras hidráulicas de compensación, al no haberse evaluado suficientemente las implicancias urbanas y ambientales, y que se generarán varios impactos ambientales, urbanísticos y sociales. Ello así, toda vez que si desde un análisis abstracto no puede llegarse a la conclusión de que la normativa impugnada es incompatible claramente con la Constitución Provincial, este Tribunal está llamado a atenerse al principio de división de poderes y tener deferencia por la actividad del órgano legislativo municipal, cuyas ordenanzas gozan efectivamente de una presunción de constitucionalidad que debe ser derribada sin lugar a dudas. Resulta prudente recordar que el Municipio tiene a su cargo la responsabilidad de adecuar toda su actividad al cumplimiento de los altos estándares contenidos en los preceptos constitucionales referidos al medio ambiente, en especial, aquellos relacionados al principio precautorio, la efectiva participación ciudadana y el deber de información. Es por esto que el Municipio demandado, no debe soslayar los graves reparos realizados por los peritos intervinientes en autos a la Ordenanza cuestionada, así como tampoco los fuertes argumentos desarrollados en el dictamen fiscal quien propicia la inconstitucionalidad de la norma. Finalmente, en lo que cabe al Poder Judicial, cabe aclarar que nada de lo dicho hasta aquí, frustra las facultades que asisten a la actora para efectuar un concreto seguimiento de la aplicación de la Ordenanza junto con su protocolo de reglamentación y con la actividad desplegada por el Municipio en relación con su funcionamiento concreto. Y, en su caso, mediante un continente procesal adecuado hacer la presentación o planteos que estime corresponder.