marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torchio, Ernesto y otra c/ Ruiz, José s/ Cobro hipotecario La Inversora Bahiense S.A. c/ Petrini, Augusto Enrique s/ Cobro hipotecario Pérez, Manuel c/ González de Marrone, Haydée y ot. s/ Ejecución hipotecaria Sassara, Mario Guerino c/ Luna, Eduardo Alberto y otro s/ Daños y perjuicios -inc. de ejecución de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08|1991-10-29|1990-06-19|1991-12-03

Corresponde, en el caso, el reajuste por depreciación monetaria de las sumas debidas por sentencia firme, peticionado en la etapa de ejecución de sentencia, desde que se ha resguardado debidamente el derecho de defensa de la contraparte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Etchebarne, Juan Alfredo s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-15

El voto concurrente señaló que, en el particular caso de autos, los fundamentos expuestos por el a quo no han sido rebatidos por la recurrente, motivo por el cual no encontró alegada ni demostrada una afectación suficiente, al menos a esta altura del proceso, para tachar -con sustento- de arbitraria a la resolución recurrida. (Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos -voto concurrente-).
Recurso de inconstitucionalidad, intereses, criterio de razonabilidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERRETA, LEMUEL ADAN c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

En lo atinente al cuestionamiento sobre los accesorios determinados, corresponde destacar que, en la especie, la determinación de la tasa de interés a aplicar, quedará supeditada en el plano de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar dicho ordenamiento, teniendo presentes las pautas de razonabilidad estimadas por esta Corte en el caso "Olivera, Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L." a cuyos fundamentos si bien cabe remitirse mutatis mutandi por cuestiones de economía procesal, debe recordarse que si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas de la causa, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y cc. del Código Civil y Comercial. - CITAS: CSJN: Fallos 317:507; 323:2122; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295/308. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771. - Jurisprudencia concordante con Leguiza, AyS T 297, p 469/474, sumario J0046054.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La inadecuada denominación de un pago como "comisión", no convierte a su perceptor en "comisionista" cuando, en términos de verdad jurídica objetiva, el importe en juego ha constituido una "retribución", un "precio", o un "honorario", en nuestro caso, por la prestación de un "servicio a empresas".

Sobre el particular, la pretensión de aplicación del gravamen para la actividad, se apoya en un cita totalmente inatingente al caso, en tanto el inc. 46 in fine del art. 32 O.T. 1994 -valga resaltar, recién introducida por el tribunal a quo-, está referida a "Servicios personales y de los hogares", conjuntamente con otras actividades tales como: servicios de reparaciones, servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, y locación de bienes inmuebles, muebles, rodados y semovientes, con lo cual el elemento sistemático, que debe conjugarse con los elementos gramatical, lógico e histórico a los fines de la interpretación, descarta de plano la operatividad del precepto en la especie, en los términos en que lo ha entendido el inferior.

Ello ocurre en cuanto existe otra norma, en tal caso más específica, que es la contenida en el inc. 39 del mismo artículo, que grava con la alícuota general del 3%, dentro de la categoría "Servicios prestados a las empresas", a: Otros servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra parte (excepto agencias o empresas de publicidad incluidas las de propaganda filmada o televisada).

Tal extremo se confirma desde que la categoría cobija actividades tales como servicios de elaboración de datos y tabulación, servicios jurídicos, servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, o alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, a todas luces más afines con el quehacer que despliegan empresas comerciales como locadoras o locatarias de tales prestaciones.
Competencia, acciones personales, asegurador, citación en garantía
Materia: CIVIL
Carátula: MOGABURU, Ricardo c/ LINEA 10 S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

Es norma general contenida en el inc. 4 del art. 5 del Código procesal c.C. que es competente para conocer en las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos el juez del lugar del hecho o del domicilio del demandado, a elección del actor, principio que encuentra una excepción cuando se pretendiera la citación en garantía del asegurador (art. 118, segundo párrafo, ley 17.418), en cuyo caso deberá interponerse la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. Si tal disposición es de carácter excepcional, de ello se sigue que ha de interpretarse restrictivamente.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Comes, Lucía Elizabeth s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Transgrede el art. 281 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal la sentencia que, no obstante la disconformidad oportunamente planteada por la defensa, incorporó los cuestionados elementos de prueba para conformar la convicción sincera del Tribunal, ya que la citada norma impide fundar una sentencia condenatoria en pruebas recibidas durante el sumario, con la excepción del supuesto en que las partes las hubieran aceptado.
Estabilidad del empleado público, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capeika, Marcos c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

La sustitución del régimen para empleados municipales por la Ordenanza Gral. número 207 significó un cambio sustancial en relación a los cargos jerárquicos, en tanto se estableció que solo podía acceder a ellos el personal de planta permanente (art 4, 3er parrafo) y paralelamente se benefició a los agentes así llegados a puestos superiores con el derecho a la estabilidad (art 7 2do p.).

Con la nueva normativa, la situación del director de personal se tornó irregular por el hecho de haber ingresado directamente al cargo sin pertenecer al plantel municipal por lo que no puede ampararse en derechos establecidos con base en nuevos presupuestos de los que carece.
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHAUD, MARCELO EDUARDO Y OTROS c/ SANATORIO LIBERTAD S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES S.R.L. Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-05-31

Frente al incumplimiento de lo normado por el artículo 136 de la ley adjetiva, debe suspenderse el plazo para contestar la acción promovida, hasta tanto se entreguen a la parte citada las copias correspondientes.
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, plazo, ley procesal, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bertona, María del Carmen Edith c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 33-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

El plazo de tres meses establecido por el artículo 30 de la ley 11330 es hábil porque la norma nada dice al respecto. En ese sentido , corresponde remitir a precedentes de la Corte provincial donde -vigente la anterior ley 4106- se explicitó que a los fines del cómputo del plazo de caducidad no es operativa la norma del artículo 17 de la ley 4106 que -por referir a plazos de días- no se aplica al regulado por el artículo 63, que es de meses; en consecuencia, en ausencia de una norma que contemple específicamente el caso corresponde hacer jugar el artículo 23 que remite al Código Procesal Civil y Comercial, y aplicar supletoriamente lo dispuesto en el artículo 232 de éste. Esta solución -ya en el marco de la ley 11330- se ve reforzada por la remisión general que a ese digesto hace su artículo 1º.
Concursos, acreedores del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Río Paraná Cía.Fin.S.A. s/ Quiebra-Incid.por reconocimiento de privilegio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

Lo normado en el art.54 de la Ley 22529 es un "ius singulare", que debe ser apreciado "modo cautíssimo".
Acción de amparo, pueblos originarios, derechos del aborigen, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El proceso en curso, por la informalidad del instituto y sus complejas características al estar involucrada la "cuestión indígena", ha estado preñado de muy elemental y hasta liviano orden procesal de muy difícil corrección u otro enderezamiento a riesgo de afectar los invocados y sensibles derechos de los justiciables amparados; tramitó dentro de una virtual cuasiordinarización, circunstancias ameritadas en el origen y la evolución de la causa por parte del S.T.J. a fin de asegurar, entre todos los derechos, en especial los sustantivos, la vigencia del plexo normativo invocado, observando o procurando la igualdad entre los partícipes y la garantía de defensa, atendiendo a la trascendencia pública, jurídica y social del contenido, con la salvedad de los acotados alcances de dicho instituto que incluyen una eventual revisibilidad de aquellos aspectos no definitivos en autos que sean susceptibles de mayor debate y prueba, bilateralidad plena y demás elementos del amplio y debido proceso, en todos los casos, en función del acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RIQUELME, Estela Edid c/ Escuela Nº 176 "San Vicente de Paul" y/o quien resulte responsable s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-13

Es de naturaleza excepcional la causal de arbitrariedad para habilitar la instancia extraordinaria, por lo cual la revisión por tal vicio no puede tener por objeto el abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas, sólo atiende a la exigencia constitucional de que los fallos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las constancias de la causa.
Enfermedad accidente, epilepsia
Materia: LABORAL
Carátula: BARSIMANTO, GABRIEL c/ PEPELTEX ARGENTINA SAIC. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-29

Siendo admisible que la epilepsia puede ser traumática, puede atribuirse aquel padecimiento al accidente si de la pericia médica no surge concluyentemente lo contrario y la demandada no alegó que durante el transcurso de la relación laboral (en el caso, 5 años) el trabajador hubiese tenido episodios que evidenciaran una personalidad de tipo epiléptico.
Locación, alquileres, lugar de pago, domicilio no designado, obligaciones del locador, deber de colaboración, reclamo en el domicilio del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: ALBOTTI DE BEARZOTTI, MARIA c/ VILCHE DE AZA, ANA M s/ CONTRATO DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

En el pago de los alquileres, no basta el sólo vencimiento de los plazos si no se ha convenido el lugar para el cumplimiento de la obligación. Se requiere, así, la colaboración del acreedor, el que debe concurrir al domicilio del deudor.
Leyes, interpretación de la ley, ley derogada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rio Paraná S.A. s/ Incidente por reconocimiento de Privilegio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Si bien la Ley 17711 derogó el art. 4 del Código Civil que de manera expresa establecía que las leyes interpretativas "no tienen efecto respecto de los casos ya juzgados" ello no fue porque se pretendiera suprimir tal principio aceptado unánimemente por la doctrina de los autores sino por una razón de metodología. Se consideró que no es menester insertar en un código normas que se limiten a traducir principios universalmente aceptados.
Jueces, funcionarios judiciales, jefe de despacho judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Kovacevic, Angela c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-14

Corresponde rechazar la pretensión de la actora pues no puede prescindirse de los términos de la Acordada 20/12 de fecha 30.10.12 recaída en el Expte. 7555/12, en la que la C.S.J.N. declaró la invalidez de la Resolución 196/06 del Consejo de la Magistratura y, consecuentemente, decidió mantener los cargos que integran el escalafón del Poder Judicial de la Nación aprobado por acordada 9/05, con las denominaciones allí consignadas, que no contemplan la de Jefe de Despacho de Primera, modificándose el monto del aporte y ordenando la devolución correspondiente de las sumas retenidas por dicho concepto. Y, aún de sostenerse un criterio contrario, en tanto que la actora sostiene que posee un derecho adquirido con anterioridad a la Acordada 20/12, no puede perderse de vista que, aquélla desempeñó el cargo de jefe de despacho de 1° durante 4 años y 1 mes, por lo que, teniendo en cuenta el criterio restrictivo con los que deben ser analizados los requisitos exigidos por leyes especiales, cabe concluir que, en el caso no se cumple con el recaudo de cinco años en la función exigido por el art. 9 inc. a) de la ley 24.018.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, remisión del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUBONE SILVANA M. c/ MADERERAS TORRES S.A. s/ Rescinsión Contrato (LIBRO: A132 - 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-18

La suspensión no se computa desde la fecha que los autos son remitidos a la Cámara, pues se valora que tratándose de un recurso de apelación sólo respecto de los honorarios regulados, podría haberse continuado el proceso. Pero estando ya el expediente ante el otro Tribunal, la parte realiza el acto idóneo precisamente para salvar o remover el obstáculo que le impedía instar el proceso, solicitando la compulsa, objetivo que no logra, pero por decisión del órgano jurisdiccional.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Gallardo, Sergio Alejandro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Es insuficiente el agravio en el que se intenta atacar la prueba compuesta invocada en el fallo pero se desentiende el recurrente de los múltiples elementos presuncionales meritados en la sentencia impugnada, idóneos -a juicio del juzgador- para acreditar la autoría responsable en ambos hechos imputados.
Acción de revisión, eximentes de responsabilidad, aplicación de la ley tributaria
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Gerardo Walter s/ Homicidio simple - Expte. N° 21-06 - Recurso de revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2012-02-28

"... no puede eximirse, sin más, de la responsabilidad fiscal que las normas tributarias ponen a cargo de los letrados intervinientes en el caso...".
Derecho procesal, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUERO  BLANCA  AZUCENA c/ INTERCREDITOS COOPERATIVA DE VIVIENDACRED Y CON LDA S/ s/ ENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

El instituto de "justicia gratuita" como así también el "beneficio de litigar sin gastos" reconocen un fundamento común, aunque revisten características propias que los distinguen entre sí. Desde tal perspectiva, cabe entonces desentrañar el alcance que la Ley 24240 -modif. Por la Ley 26361- otorga al concepto de "justicia gratuita". Un análisis semántico del tema revela diferencias entre ambos conceptos, mientras que "litigar" sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término "justicia gratuita" refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas (véase Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, página 22), las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario. En ese orden de ideas, los antecedentes parlamentarios vinculados con la cuestión permiten arribar a igual conclusión en punto a que la justicia gratuita no implica un avance sobre las costas de los procesos que regula la LDC. A su respecto, señalase que varios proyectos de ley incluían expresamente el beneficio de litigar sin gastos, sin embargo, se optó por la justicia gratuita. Súmase a ello, el alcance de la gratuidad en el derecho laboral que refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito, eximición esta última que queda diferida, en su caso, a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder (cfr. Enrique J.

Perriaux, La Justicia Gratuida en la Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 24.09.08).
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: ZENTENO, RAUL c/ INTERSEC  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

Las convenciones colectivas de trabajo no son leyes aplicables de oficio, sino instrumentos normativos emanados de la autonomía privada colectiva que deben ser expresamente invocados ante el juez de grado por quienes intenten valerse de sus disposiciones, art. 8 de la LCT.
Sucesión testamentaria, capacidad para testar, prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández Angel G. c/ Martínez Juan José y otros s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

La demostración de la ineptitud para testar debe estribar en la falta de aptitud mental del causante y su coincidencia con el tiempo en que se llevó a cabo el acto. Al respecto, la evaluación correspondiente, atenida al sistema probatorio pertinente, se conecta con esas situaciones de hecho acerca de las cuales el juez tiene un amplio margen de apreciación.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spinozzi, José y otra c/ Fontana, Angel Pedro y otros s/ Revisión judicial de contrato de mutuo con garantía hipotecaria Gui, Julio c/ Banco Nueva Era s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19|1991-07-30

El proceso posterior reglado por el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial está previsto para atender a aquellas defensas que en la estructura del juicio ejecutivo antecedente resultaban improponibles. Es por ello que impide renovar el debate sobre las excepciones deducibles, las cuestiones en las que medió allanamiento del acreedor, las de hecho o interpretaciones legales resueltas sin limitaciones. En esencia constituye un proceso de repetición.
Prescripción, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Montamat y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

La perspectiva de análisis de la cuestión referida a la prescripción de las obligaciones y el derecho público local no puede partir de una definición ontológica de institutos que luego deberían seguir un régimen jurídico uniforme (Disidencia del juez Rosatti).
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, Seguridad social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Círculo Jubilados y Pensionados del Banco Provincia de Buenos Aires y Unión de Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires y Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Tercero: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-10

La protección a la que alude el artículo 40 de la Constitución provincial reside en la obligación del Estado de legislar sobre la seguridad social con la salvedad que, atendiendo a su carácter de integral, no comprende únicamente a la materia previsional.

Ello es así, conforme a la premisa de que la organización política, social y económica del Estado reside en la ley (En el caso, encuentra su fundamento concordante en lo normado por el art. 103 inc. 11 de la Constitución provincial que otorga al Poder Legislativo la facultad de dictar la Ley orgánica del Montepío civil).