marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el alcance de la expresión   "ejecuciones fiscales" de la ley 11257, comprende indistintamente a  las de origen provincial, municipal y comunal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

La inconsecuencia o la falta de previsión no se presume en el legislador y por ello se admite, como principio indiscutible, que debe hacerse una exégesis de la ley evitando darles a sus normas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo una a las otras, y al ordenamiento jurídico todo, y adoptando, en cambio, como verdadero el camino que las concilie y deje a todas ellas con valor y efecto. Hay plena compatibilidad, pues, en el sistema de nuestro derecho público constitucional provincial y se ha respetado la jerarquía normativa por el legislador. (Del Voto del Dr. Silvestri)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, reelección
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: FELPETO CARLOS ALBERTO s/ MUNICIPALIDAD DE CARLOS PAZ - ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-30

El accionante, posee un interés directo para postular la presente pretensión declarativa de inconstitucionalidad al sufrir una presunta amenaza a sus derechos en virtud de las disposiciones cuestionadas en su adecuación constitucional, las que serían en su caso susceptibles de irrogarle un perjuicio concreto a los derechos constitucionales invocados al vedarle la posibilidad de presentarse como candidato a intendente en los próximos comicios a realizarse en esa ciudad. En mérito de ello, el presentante ostenta legitimación procesal suficiente para promover la presente demanda declarativa de inconstitucionalidad.
Robo de automotor, aplicación de la ley penal, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: GALLO, SERGIO s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

La legalidad del art. 38 del decreto-ley 6.582/58 no puede descalificarse toda vez que los supuestos fácticos no resultan análogos; debiendo en el caso de autos responsabilizarse al procesado por el delito de robo, agravado por tratarse de un automotor y haberse cometido en lugar poblado y en banda, (art. 167 inc. 2 C.P. y art. 38 decreto-ley 6.582/58).
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saralegui,   Francisco c/ Estado  Nacional  -  Poder  EjecutivoNacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

La limitación del derecho a la estabilidad administrativa, en ocasión de grave penuria nacional, respecto de los empleados que son titulares de una jubilación ordinaria o "prestación similar" no importa una reglamentación irrazonable del principio constitucional consagrado en el 14 bis. La medida es, en efecto, conducente a los fines que imponen su adopción y no adolece de iniquidad que autorice a descalificarla como arbitraria (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-.
Recurso de apelación (procesal), querellante, legitimación activa, sobreseimiento provisional
Materia: PENAL
Carátula: SPERANZA, Roque s/ SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-27

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra el sobreseimiento provisional dictado, por cuanto se presentó por parte, luego de dictada la resolución mencionada -contraria a sus intereses-, al solo efecto de apelar de la misma.
Juicio ejecutivo, cuenta corriente bancaria, apertura a prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO TORNQUIST  S.A. c/ TOMASELLO, CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Corresponde decretar la apertura a prueba de la causa, cuando el demandado ha negado la existencia misma de la cuenta corriente, ofreciendo acreditar tal extremo a través de medidas conducentes.

Tal situación no importa la discusión causal vedada por el CPR 544 4, sino sobre una circunstancia esencial preexistente al certificado ejecutado y de la cual depende su habilidad.
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, responsabilidad del comerciante
Materia: PENAL
Carátula: ELECTRO TUCUMAN S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-27

El art. 6 de la ley 22802, que limita la responsabilidad de los comerciantes a aquellos casos en que no individualicen con documentación fehaciente al respectivo fabricante o proveedor, se aplica también a los recaudos y especificaciones técnicas establecidos en reglamentaciones dictadas por la autoridad de aplicación (Del voto del Dr. Hendler).
Violación, víctima menor de edad, revisión judicial
Materia: Procesal-Penal
Carátula: M., J. C. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-10-09

Es indefendible cualquier intromisión oficiosa dentro del núcleo familiar en menoscabo de las aquí controvertidas funciones propias de la autoridad maternal, máxime si el dictamen que genera el planteo de la Defensora de Menores y Ausentes está reducido como tal al ámbito propio del proceso teleológicamente construído con miras bien distintas: la actuación del derecho sustantivo para con el imputado de un delito dependiente de instancia privada.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. c/ Levato, Miguel Angel y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   hipotecaria. Excepción de incompetencia (Expte. CSJ No. 794-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

En principio, la sentencia que resuelve una cuestión de competencia no es definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad,por no poner término al pleito ni impedir su continuación, lo que excluye la apertura de la instancia de excepción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas, ni pueden ser equiparadas a ellas en tanto no medie denegación del fuero federal o una efectiva privación de justicia. Y la ausencia de sentencia definitiva -que inspira dicho principio- no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales.
Contrato de trabajo, enfermedad profesional, despido, estabilidad relativa
Materia: LABORAL
Carátula: Hilal Carlos N. c/ Abud Wakin S.R.L y Otro s/ Despido - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-06-15

El despido dispuesto unilateralmente pone término a las relaciones contractuales a partir del momento en que la voluntad se ha manifestado. Tal principio es aplicable aun cuando la ruptura se disponga durante el curso de una enfermedad, pues debe distinguirse la obligación que tiene el empleador respecto de un dependiente que se halla enfermo (a fin de abonar las sumas durante el tiempo de incapacidad pues esta es una obligación que la ley le impone), de la posibilidad de que el contrato se resuelva en la fecha en que el mismo se notifica. Ello tiene fundamento en el régimen de estabilidad relativa impropia impuesto al contrato de trabajo en nuestro sistema, que sólo protege contra el despido arbitrario. Por tal motivo, el hecho de que el trabajador esté enfermo, no convierte al contrato (durante ese período) en uno de estabilidad absoluta. El art. 213 LCT no prohibe el despido del trabajador ni establece la ineficacia del que se dispusiere; sólo pone a cargo del empleador en tal caso, la obligación de pagar los salarios hasta la fecha de alta o hasta el vencimiento de la interrupción paga, "además de las indemnizaciones por despido injustificado", cuando así correspondiera.
Participación criminal, delitos cometidos durante actividades antisubversivas
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El hecho que el imputado se encontrara fuera del país cuando tuvo lugar el operativo de detención y secuestro de un grupo de opositores políticos aparece insuficiente para demostrar la ajenidad a tales hechos, cuando se encuentra acreditado que el encartado formaba parte del grupo de tareas responsable de aquel procedimiento, intervenía en las tareas operativas y su rol específico consistía en la obtención de información por intermedio de la tortura y la planificación del uso de esa información.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Alejandro c/ Morriconi, Lamberto s/ C.ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

El trámite ejecutivo y la celeridad procesal normados por el decreto ley 5965/63, se funda en la necesidad de agilizar los negocios jurídicos, confiriendo al título que presentó el acreedor un principio de autenticidad o estabilidad, debiendo quien invoca la falsedad del instrumento que sirve de apoyo a la ejecución, probarla. (art. 542, inc.4 y 547 CPCC).
Filiación, competencia, sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez, Juana Rosa c/ Guzmán, Sergio José s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

La demanda por reconocimiento de filiación extramatrimonial y por reconocicmiento de estado es atraída por la sucesión de quién sería el padre. (Minoría u opinión personal)
Tasa de justicia, valuación fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: Wasserman de Paz Susana c/ Moreno de Brinkman s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-11

El art. 5to. de la ley 21.859 en su inciso "c" norma que para la aplicación de la tasa de justicia se tomarán en cuenta los montos que surgen de la valuación fiscal. Una bóveda si bien carece de valuación fiscal, es un bien de fácil determinación económica; no resultando un caso cuyo valor no pueda ser "determinado", por lo cual cabe someterlo al art. 5to. de la ley 21.859, estableciendo el monto imponible para fijar la tasa judicial con el resultado de la tasación de la bóveda objeto del litigio principal.
Instigación a cometer delitos, dolo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRA, Agustin Alejandro y FORNASARI, Angel Eduardo s/ Homicidio agravado por alevosia y por mandato y precio en concurso; en perjuicio de Hugo José Naranjo- Recurso de Apelación- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-07-06

La instigación a cometer presupone la existencia de actos concretos de inducción por parte del instigador los que se encaminan hacia una determinada dirección intencional. En este sentido, la instigación constituye una participación meramente psíquica, consistente en haberle hecho tomar al autor la resolución de ejecutar un delito consumado o tentado, lo que supone una cooperación consciente, voluntaria, y libre de ambos sujetos, requiriéndose, para la comprobación de tales circunstancias la individualización del o los instigadores y de los instigados.

La actitud anímica del que instiga a cometer un delito, sólo es compatible a título de dolo directo lo que como todo elemento subjetivo o normativo del tipo pena, debe ser necesariamente probado a los fines de la aplicación de una sanción en orden a la culpabilidad.
Recusación, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G. L. y Otra c/ E. R. T. SRL s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-18

Tanto la excusación como la recusación implican un desplazamiento anormal de la competencia, y siendo inherente esta a la garantía del juez natural, las causales son de enumeración taxativa, y en consecuencia, de interpretación restrictiva en merito a su trascendencia y gravedad.
Recurso de casación, sentencia no firme, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Salado Navarro, Isabel Ercilia; Salado Navarro, María Cristina y Salado Navarro, Luis Raúl c/ Edecat S.A. s/ Cumplimiento Contractual y Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-26

Se deduce recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara de Apelaciones que, al rechazar el recurso de apelación, confirmó el fallo del juez de primera instancia que admitió la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, declarando la jurisdicción de la justicia federal para el conocimiento de la presente causa; además, revocó el fallo en cuanto al envío de las actuaciones a la justicia federal y, en su lugar, ordenó su archivo conforme a lo preceptuado por el Art. 354, inc. 1, del CPC.

Se advierte que la sentencia cuya impugnación se persigue no reviste carácter de sentencia definitiva. En el caso se ha resuelto sobre una cuestión procesal, referida a la competencia, que no tiene vínculo con el fondo del asunto que se pretende debatir a través de la acción, lo que marca claramente la ausencia del requisito de definitividad, puesto que si bien se ordenó el archivo de las actuaciones, del libelo del recurso no surge la imposibilidad del recurrente de iniciar una nueva acción, ni la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación posterior que la equipare a sentencia definitiva.
Prueba, hecho notorio
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. c/ A. J., C. A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30

Calamandrei distingue entre hechos notorios y máximas de experiencia. En tanto que el primero constituye una excepción a la carga de la prueba, las segundas se refieren a su apreciación. Las máximas de experiencias se extraen, en parte, del vivir y obrar de las personas y la naturaleza e integran el conocimiento llamado común o vulgar. Tanto las máximas de experiencia como los hechos evidentes para determinado segmento de la comunidad o los hechos notorios para todos, son libremente aplicables por el juez no pudiendo ser marginados a consecuencia del principio que venimos aplicando.
Honorarios, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: PALLERO JOSE RAMON s/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-25

No es de aplicación la ley de honorarios de abogados para establecer la retribución por la actuación que le cupo al Dr.

Horacio García, como Agente Fiscal Ad-Hoc, a los fines de fijar los honorarios de los abogados en función ad-hoc se debe estar a la remuneración mensual que perciban los funcionarios o magistrados en sus cargos, toda vez que dicha tarea profesional sea asimilable.
Trabajadores de la construcción, indemnización por despido, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, TEODORO RAMON c/ ALBADE  S.A.  PREALCO  S.A.  ASOCIADOS s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

La antiguedad del trabajador es sólo un elemento de juicio a tener en cuenta para graduar la indemnización dispuesta por el artículo 18 de la ley 22250, debiendo atenderse principalmente a la buena fe que hayan evidenciado las partes.
Concursos, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Etchegaray y Letamendía s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

El tercero esta legitimado para cumplir con la obligación ajena, con consentimiento expreso o tácito del deudor o, en la ignorancia de éste, aún contra su voluntad y la del acreedor.
Reducción del beneficio, depreciación monetaria, declaración de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SPINELLI, Vicente Pedro c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercios y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 21864 por violatorio de las garantías de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, ya que permite el pago en valores nominales de beneficios jubilatorios en períodos en el que el dinero ha sido afectado por una progresiva depreciación monetaria, frustrando la finalidad alimentaria de tales prestaciones (cfr.

C.S.J.N., sent. 24.2.83, "Orallo, Claudio").
Daño moral, indemnización, estabilidad del empleado público, cesantía ilegítima, imposibilidad de reincorporación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2005-04-21

La existencia del daño moral y la procedencia de su reparación deben tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica -empleado público amparado por la garantía constitucional de la estabilidad a quien se le impone una cesantía ilegítima-, y es al responsable de ésta (la demandada) a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral; debe resaltar que en los presentes actuados nos encontramos frente al caso de un funcionario judicial de alta jerarquía que ha sido cesado en sus funciones ilegítimamente, pues en tales supuestos no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos injustos de lo que cabe concluir la presunción de su existencia, y, por ende, de su procedencia (Arts. 16, 522, 1078, 1109 y concs. del Código Civil); fijándose un porcentaje respecto de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cesación en el cargo hasta la presente sentencia en el cual se encuentra imposibilitada su incorporación (VOTO DE LA MAYORÍA).-
Condena penal, recurso de casación, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Albarracín, Gustavo Adolfo s/ Recurso Extraordinario deducido por el Defensor Penal Nº 1, Dr. Nolasco Contreras c/ Sentencia Corte Nº 9/12 de Expte. Nº 38/11- Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Nolasco A. Contreras en contra de la Sentencia Nº 10/11 recaída en causa Expte. 228/09 ac. 104/10 caratulada Albarracín, Gustavo Adolfo - s.a. Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-27

La Cámara Penal condenó al imputado a sufrir la pena de ocho años de prisión como autor de los delitos de hurto (tres hechos), robo en grado de tentativa (dos hechos), coautor de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda Contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

El recurso se presenta con la carátula y las enunciaciones indispensables exigidas por el art. 2º del Reglamento de la Corte Federal (Acordada Nº 4/2007), en tiempo y forma, contra una resolución dictada por esta Corte, el superior tribunal de la causa, cuyas decisiones son insusceptibles de ser revisadas por otro tribunal en la provincia, y por parte legitimada, por cuanto la decisión ha sido contraria a los intereses que el recurrente funda en las normas constitucionales que denuncia como violadas (arts.16 y 18 de la Carta Magna). Sin embargo, los argumentos recursivos no demuestran la concurrencia en el caso de una cuestión federal y, con esa carencia, el recurso no puede ser concedido.

Así lo consideramos debido a que los agravios expuestos remiten a la consideración de circunstancias de hecho y de prueba, ajenas a la competencia de la Corte y quien recurre no demuestra la concurrencia en el caso de una situación excepcional que justifique apartarse de esa regla. Quien recurre invoca la concurrencia en el caso de un supuesto de arbitrariedad por inadecuada valoración de la prueba. Sin embargo, los argumentos que propone no demuestran la irrazonabilidad de la valoración efectuada ni tampoco menoscabo alguno al derecho de defensa, al debido proceso legal o a otro. En esas condiciones, sólo expresa su discrepancia con las ponderaciones de hecho y de derecho que sustentan la condena dictada y la sentencia confirmatoria de ésta, pero sin ocuparse de ellas, como estaba a su cargo. No ofrece argumentos que demuestren la falta de lógica de las conclusiones del fallo y de las respuestas de este Tribunal a los agravios que expuso en la instancia anterior y reitera en ésta, y con ese déficit no satisface el requisito de fundamentación suficiente exigido en los arts. 15 de la Ley 48 y 3º d) de la Acordada de la Corte Nº04/2007.
Caducidad de instancia, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sucesores de Ho Dalmasso, Girazulma y Dalmasso, José Luis c/ Transporte   "San  José"  y/o  Codutti,  Rafael  y/o  quien  resulte responsable s/Daños y perjuicios s/ Daños y Perjuicios Luis c/ Transporte   "San  José"  y/o  Codutti,  Rafael  y/o  quien  resulte responsable s/Daños y perjuicios s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-03

La resolución que desestima el pedido de caducidad de instancia es inapelable, pues la decisión en tal caso, tiende a la continuación del proceso, permitiendo dilucidar la controversia sin perjuicio sustancial para quien la acusara, que sigue siendo sujeto de la litis. La inapelabilidad no vulnera el principio de igualdad ante la ley, toda vez que la norma tiene un fundamento objetivo y razonable, cual es el de establecer un límite a la caducidad en miras a otorgar una mayor garantía en la defensa de los derechos a través de la subsistencia del proceso.
Debido proceso, estado de indefensión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Almada, Angélica y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

En clara violación al debido proceso legal, el Tribunal Oral ha llevado a cabo un juicio abiertamente irregular y ha decidido sancionar, tácitamente, la actuación del letrado particular y la del Defensor Oficial -al no haber el primero concurrido nunca a sus estrados y al concurrir tardíamente la segunda a estar a derecho y a ofrecer prueba de descargo- en cabeza de los imputados y en evidente perjuicio de sus derechos de defensa. Todo ello ha provocado, a mi ver, un notorio estado de indefensión que afecta y colisiona directamente la garantía constitucional que emana del citado art. 18 cuando refiere que "... es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos". Adviértase, como vimos, que el sentenciante sustanció un juicio oral y arribó a una sentencia condenatoria teniendo exclusivamente como base fáctica la prueba ofrecida por la acusación -incorporación por lectura de la llevada a cabo en la instrucción- y le negó a la defensa, invocando cuestiones procesales y personales, la posibilidad de presentar siquiera una prueba de descargo que hiciera a su legítimo derecho. Durante esta etapa (Libro III del C.P.P.N.) deben extremarse los recaudos para que se respete, a través de la contradicción, el derecho de defensa de los imputados. Y el responsable de velar por esa garantía y también, por ende, por un juicio justo, es el órgano jurisdiccional encargado de llevar adelante el debate; es él quien tiene el poder y deber jurisdiccional de dirección y control del proceso y tiene que procurar que éste se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y de quien debe soportar la imputación. (Voto del Dr. Mitchell).
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, Héctor Osvaldo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Si a un penado se le ha descontado la prisión preventiva sufrida de la penalidad impuesta, sea que la misma corresponda a un solo delito, o a una serie absorbida por un concurso real, en un caso determinado, conforman a la correlación existente entre el o los delitos y la pena, el descuento referido tiene anclaje exclusivo en ese caso. La pena impuesta es el minuendo, la prisión preventiva sufrida el sustraendo y el resultado de la operación el resto, que fija los límites del encierro a cumplir como penado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)