marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, non bis in ídem, tipo penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: López, Cristian Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-30

Con respecto a los agravios de la defensa a través de los cuales impugnó la sanción impuesta a su asistido se advierte, de los argumentos brindados por el tribunal a quo que la pena no resulta irrazonable ni desproporcionada y su medida es consecuencia de la valoración integral y armónica de elementos conducentes al efecto, en apego a los arts. 40 y 41 del CP, y con respeto de los principios y garantías establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que la integran por imperio de su art. 75 inc. 22. Esta pena configura la respuesta frente a la comisión del delito por el cual fue condenado el imputado y de acuerdo con el grado de culpabilidad asignado. En lo particular, en cuanto a que el tribunal a quo incurrió en arbitrariedad al valorar la condición de funcionario público del enjuiciado, tanto para fundar el ilícito por el que fue condenado como también para considerarlo un agravante al momento de imponerle pena, cabe señalar que la defensa no logra demostrar la arbitrariedad que sostiene, así como tampoco que el a quo haya efectuado una doble valoración violatoria del principio del ne bis in idem. Ello es así en tanto el sentenciante no ha valorado en forma particular la condición de funcionario público del encausado, pues la labor realizada redundó en un análisis de cuestiones vinculadas al rol específico en relación a la referida condición que manifiestan un mayor grado de injusto y, por tanto, no constituyen una doble valoración de aquél como pretende alegarse, sino que responden al reproche por el mayor peligro generado y a la afectación al bien jurídico tutelado, elemento este que no ha sido tomado en consideración para establecer y determinar el alcance del tipo penal.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, expresión de agravios
Materia: Procesal
Carátula: Miserere,Pedro Arturo c/ Constructora Romero Glanzmann S.R.L. y-o quien resulte responsable s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-11-19

En relación al agravio referido a los honorarios del perito Contador cabe acotar que la sola circunstancia de que el fallo de la Cámara omita la consideración particularizada del agravio que nos ocupa y confirme la sentencia de primera instancia en todo lo que decide y fue materia de recurso, por considerar que en ella se ha efectuado un cumplido examen de la situación de autos y se ha adoptado una solución que el Tribunal de alzada comparte, no descalifica la sentencia como acto judicial válido ni afecta la garantía de la defensa en juicio.
Juicio ejecutivo, pagaré, ley de defensa del consumidor, acceso a la justicia, defensa en juicio, facultades jurisdiccionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Credil SRL c/ De Baños Graciela Beatriz s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción:  — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, con preceptos de orden público destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado "débil" en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 y 42 de la Constitución Nacional, 15 y 38 de la bonaerense, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 1, 2 y 65, ley 24.240; arts. 1092 y sgtes. del C.C.C.N.), debe interpretarse armónicamente con la legislación que regula la acción cambiaria por vía ejecutiva (Dec. ley 5965/63 y C.P.C.C.), que establece límites al análisis interno (v.gr. causal) del título en aras de la tutela del crédito, a fin de evitar situaciones de abuso que en la práctica el juicio ordinario posterior no ha logrado canalizar, lo cual hace a la tutela judicial efectiva (arts. 1, 2 y 1094, C.C.C.N.). La Suprema Corte de Justicia local ya ha sentado doctrina al respecto en la causa "Asociación Mutual Asis" (121684) -donde se siguen los lineamientos sentados a partir del caso "Cuevas" (C. 109.305, resol. del 1/9/2010), en la cual ha dicho: "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego. Luego para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva, le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Beja, José Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que cuestiona la legitimidad de la incorporación probatoria de la confesión del procesado pero no funda legalmente su afirmación.
Contratos comerciales, ejecución del contrato, resolución del contrato, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CERVECERIA Y WALTERIA QUILMES  S.A. c/ SERGIO DEBENEDETTI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

El trámite legal de resolución (CCOM 216) persigue dar una última oportunidad para que el incumplidor enmiende su inconducta, el legislador intenta preservar la subsistencia del vínculo convencional, y exige que antes de romperlo por incumplimiento sea reclamado el cumplimiento, mas esa reclamación se presenta como tramitación vana cuando ulteriores hechos demuestran que, de haberse realizado, no habría surtido efecto alguno, lo que sucede cuando el deudor pide el rechazo de la demanda afirmando no deber nada al actor, en tal caso, la omisión del trámite del CCOM 216 no obsta a la procedencia de la resolución judicial del contrato.
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

No es prudente asignar a la garantía que consagra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, una extensión tal que desconozca las facultades que los arts. 4, 17 y 75 inc. 2 de la Ley Fundamental confieren al Congreso de la Nación, para hacer imponer con carácter general y no discriminatorio contribuciones equitativas y proporcionales a la población (Disidencia del Dr. Héctor Oscar Méndez).
Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

La Constitución Nacional debe ser entendida como un todo coherente, a fin de que sus cláusulas no se excluyan o anulen recíprocamente.
Alimentos, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AMAYA, ZULMA BEATRIZ c/ CUELLO, ROBERTO RODOLFO s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

El cumplimiento de la obligación alimentaria no sólo es un deber impuesto por la ley, sino también por el propio orden natural que constriñe a arbitrar los medios necesarios para satisfacer adecuadamente las necesidades de los menores.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Diéz Mori, Daniel c/ Asociación Cooperativas Argentinas s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  australes (Expte.: C.S.J. Nro. 37 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

Lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es cuestión de hecho y de derecho común y procesal, ajena a la jurisdicción extraordinaria.
Falsificación de instrumento público, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, Miguel Angel s/ Falsificación  de  documento  público y estafa en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-23

Habiéndose demostrado que el imputado se presentó en el Banco de la Provincia de Catamarca para diligenciar el cobro de un oficio judicial falso, corresponde establecer si fue el autor de la manipulación que permitió fabricar ese instrumento documental falso.

Ha quedado acreditado por medio de su tarjeta de asistencia que, el día anterior a esa presentación, el encartado concurrió al Palacio de Tribunales -lugar en el que desarrollaba sus funciones-, antes del horario de entrada y también que a esa hora fue visto, saliendo de la oficina de Superintendencia en la que se encontraba el sello de agua, por un empleado de maestranza, con el que habló, y por una empleada de esa oficina judicial. Su presencia en esa dependencia era habitual porque allí solía tomar el desayuno, por lo que es lógico deducir que sabía exactamente adónde encontrar el sello.

A esta circunstancia debe agregársele que prestaba servicios en un Juzgado de Ejecución, del que supuestamente procedía el instrumento público falsificado, por lo que pudo cubrir las usuales formas de estilo en su propio juzgado, con la firma de su Secretario y falsear burdamente la del Magistrado de otra nominación, colocando los sellos aclaratorios de ambos, los que, como se sabe, se encuentran a disposición de los empleados en la mesa de entradas de todos los juzgados.

Los requisitos necesarios para demarcar la acción típica están reunidos en el comportamiento del imputado y debidamente acreditados conforme a las reglas de la sana crítica racional: el documento ha mutado la verdad en forma absoluta, creando falsamente un habilitado para percibir una suma de dinero que no era ficticia sino real, porque existía la Caja de Ahorro que contenía esa cantidad. El imputado fue visto por varios empleados del Banco gestionando el cobro y de esa gestión tomó conocimiento el abogado de la entidad, por lo que no existen dudas de que "usaba" el documento.

A lo dicho se suma su condición de empleado judicial de un Juzgado de Ejecuciones y su concurrencia cotidiana al lugar donde se encontraba el único sello autenticador. Además, el día anterior a la presentación del oficio dos empleados lo vieron antes de la hora de entrada -a las 6,50- y uno de ellos lo vio salir de la oficina de Superintendencia, en la que no había nadie. Por todo ello, cabe concluir que el encartado fue el mentor y ejecutor de la fabricación del documento falso.

Al encontrar probada la creación del documento falso por el imputado, su conducta está comprendida en el tipo básico de Falsificación de Instrumento Público, previsto y penado por el art.292 del Código Penal.

En segundo lugar, al procurar usar ese documento falso para inducir a error a funcionarios del Banco y hacerse pagar indebidamente, defraudando a la entidad, incurrió en el delito de Estafa en grado de tentativa -arts. 172 y 42 del Código Penal-. Ambos delitos concurren materialmente. (Del voto del Dr. Olmedo, en minoría)
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Nosvaski, Carlos s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

No es correcto sostener que la valoración de la sanción depende de una serie de elementos y apreciaciones de hecho que sólo pueden ser evaluados por el juez del debate, toda vez que ello significaría hacer irrevisible en casación las consecuencias de la imputación delictiva.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Román, Juan de Dios c/ Galeano,  María  o  las  personas que dependan de ella y a todo otro ocupante s/ Interdicto de recobrar personas que dependan de ella y a todo otro ocupante s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-11

Si del análisis del fallo impugnado surge que el juzgador se expidió en forma concreta sobre las cuestiones señaladas, lo que indica su resolución en primera instancia, deviene improcedente su reiteración en la alzada, si no se rebatieron los argumentos con que el inferior las rechaza.
Sucesión testamentaria, testamentos, fecha cierta
Materia: CIVIL
Carátula: DAVILA, Aurora s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-08

Las indicaciones del día, mes y año en que se hace el testamento, no es indispensable que sean según el calendario; pueden ser reemplazadas por enunciaciones perfectamente equivalentes que fijen de una manera precisa la fecha del testamento. Se trata de observar a través de ello, la concreta y precisa formalidad, no siendo necesario que la fecha se reitere tantas veces como hojas consumió el testador para redactar su última voluntad.
Sentencia firme, cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Bustamante, Mariana ; Morales, Vanesa; Icazzati, Celina s/ Infr. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación. s/ Infr. Arts. 116 y 117 Ley 1472 - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

La estabilidad de las decisiones judiciales proviene de la cosa juzgada que, de acuerdo con una jurisprudencia invariable, esta íntimamente ligada a la seguridad jurídica y representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la integridad del sistema. No es concebible que entre aquél acatamiento y esta estabilidad puede mediar conflicto.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, impulso procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERPLAT SA CIA. FINANCIERA (EN LIQUIDACION BCRA) c/ POLITO CASTRO, JORGE s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-07

La actividad errónea o invalida revela suficientemente la intención de impulsar el procedimiento.
Prueba documental, principio de prueba por escrito, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Piñas, Claudia c/ Ulecia, Jorge J. s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Dada la peculiar fisonomía del papel sin firma, es útil recordar que el art. 1190 del Cód. Civil -aplicable, en principio, a las materias y negocios comerciales (v. apart. 1 del Título Preliminar y art. 207, Cód. de Com.)-, cuando menciona a los instrumentos particulares "no firmados", está aludiendo a documentos privados o particulares tales como los libros de los comerciantes, los papeles domésticos, las menciones liberatorias puestas en un acto, etc., que si bien no han sido redactados con la idea de constituirlos en instrumentos de prueba, sino por razones de orden, de método o de contabilidad, tienen sin embargo contra quien pertenecen valor de prueba, independientemente de la firma que pueda o no suscribirlos y, en tal sentido, si dichos documentos satisfacen lo establecido por el art. 1191 del CC pueden asumir la condición de principio de prueba por escrito.
Remuneración, horas extra, habitualidad
Materia: LABORAL
Carátula: P., N.M. c/ P. Cía SA s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-21

Cuando las horas extras, del tipo que fueran, son normales y habituales en su realización y pago, tales horas extras integran el concepto de remuneración, ya que corresponde considerarlas para componer la remuneración computable para determinar las indemnizaciones.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, admisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lesko Trabacar UTE c/ Ejecución fiscal s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-04

El recurso de queja por apelación denegada tiene por objeto solamente que el Tribunal ad quem controle la decisión judicial del a quo en lo referente a la admisibilidad de la apelación denegada, no pudiendo entrar a analizar el fondo de la apelación, es decir, si es correcta o no la decisión impugnada, ello lo hará sólo en el caso de que considere que es admisible la apelación, es decir, si es correcta o no la decisión impugnada.
Reajuste jubilatorio, jubilación de magistrados, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, régimen de consolidación de deudas, discriminación
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bianchi, Oscar Alberto y otros c/ Administración Nacional de la Seguridad Social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-02

Cabe hacer lugar a la acción de amparo promovida con el objeto de obtener la recomposición de los haberes previsionales de los actores-jueces jubilados y pensionarios- afectados por la devaluación resultante del abandono del régimen de la Ley Nº 23.982, pues una solución diferente llevaría a convalidar una discriminación arbitraria en desmedro de quienes, después de haberse desempeñado en la magistratura provincial y tener un beneficio originariamente determinado en un porcentaje fijo del sueldo de actividad y regulado al presente por las leyes del sistema nacional, han visto inmovilizados sus ingresos en un período en el que los índices generales de precios y salarios reflejaron significativos aumentos, y de no ser corregida esa situación quedarían gravemente afectados los principios de movilidad, de integridad de la prestación y de igualdad de trato consagrados por la Constitución Nacional
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, demolición de obra
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, VIUDA DE VERON, MARIA DEL CARMEN c/ CORPORACION  ARGENTINA  DE  PRODUCTORES DE CARNE FRIGORIFICO LISANDRO DE LA TORRE. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

La actividad que gira en torno de las demoliciones implica una tarea riesgosa para la integridad física de quienes laboran en ella, encuadrable jurídicamente en el artículo 1113 parrafo segundo del codigo civil (conforme sala 5, sentencia numero 28376, 27 de marzo de 1981, 'Rodríguez Ocampo, Cecilio e. C/ Cuderio, Roberto y otra').
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina Gutiérrez, Eulalia Rachel c/ Dirección General de Escuelas y Cultura de la Pcia. de Bs. As. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Al no revestir la Provincia de Buenos Aires el carácter de parte en el proceso, no se configura el presupuesto necesario para que resulte aplicable el art. 101 de la Constitución Nacional.
Ampliación de la declaración indagatoria, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Antonio Orlando s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-04

La resolución recurrida puede ser equiparada a definitiva en los términos del art. 457 CPPN pues cabe reconocerle impacto sobre el ejercicio de la acción penal que, como parte requirente, el representante del Ministerio Público Fiscal intenta promover para llevar el caso a juicio bajo una hipótesis imputativa más gravosa.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, notificación por cédula
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LINARES ATILIO IRINEO c/ CASINOS DEL LITORAL S.A. s/ TUTELA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-08-15

No se configura la violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio - si bien la cédula atacada de nulidad se hallaba redactada de tal manera que al fundamentarse en dos normativas que señalaban plazos diferentes pudo ser propicia la desinterpretación; -pero que al transcribirse literalmente la providencia que pretende anoticiar al quejoso, mal puede invocarse desconocimiento de la acción, pues debió - en el sentido de carga - conjuntamente con el planteamiento impugnatorio, contestar la demanda y estar a resultas de ella; para evitar el decaimiento de sus propios derechos.
Tarjeta de crédito, elementos del contrato, operaciones bancarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Sud  S.A. c/ Credential Card. Internacional Corporation s/ op. inf. reg. de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

La configuración jurídica del contrato comúnmente conocido a través de la denominación "Tarjetas de Crédito" constituye un fenómeno jurídico económico financiero complejo. El mismo originariamente se lo ideó como un medio de pago y de crédito tendiente a facilitar el comercio.

Pero estos instrumentos cada vez más han ido ampliando su operatoria, y hoy se utiliza una misma tarjeta para operar directamente a través de cajeros automáticos, con idéntica función a que si se operara ante un mismo empleado bancario; también para abrir una cuenta en un hotel, y en múltiples funciones más.

A ello debe sumarse que las operatorias no son siempre iguales ni siquiera en ocasiones similares. Una misma tarjeta puede servir como carta de pago para oblar el gasto por ella realizado a treinta o más días (lo que configura además un crédito); o bien debitarla inmediatamente de una propia cuenta del "titular" o persona autorizada a su utilización (donde no hay crédito, se asemeja más a un medio de pago directo, similar a un cheque o pago en efectivo).

En este último caso, si bien no reúne los requisitos de un cheque, se asemeja bastante a esa figura, ya que es también "una orden de pago pura y simple librada contra un Banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto". Claro que ello no alcanza a reunir los demás requisitos del cheque, ni son aplicables a esa mecánica ni las restantes normas relativas a la forma comercial del cheque, como tampoco las impositivas ni las administrativas ni las penales. No obstante no cabe, duda alguna del carácter de operatoria crediticia bancaria de su naturaleza.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, extraña jurisdicción, representación procesal, domicilio constituido
Materia: PENAL
Carátula: S.A. INDUSTRIAS WELBERS LTDA. s/ Azúcar Causa 26977-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-24

Si las infracciones omisivas imputadas se habrían cometido en jurisdicción ajena a la competencia de este Tribunal, no tiene relevancia, a esos efectos, el hecho de que el representante de la firma haya constituido domicilio en la Capital Federal, ya que según reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe tenerse en cuenta para fijar la competencia el lugar en que se habría cometido la infracción juzgada en primera instancia por el organismo administrativo cuya resolución motiva la apelación.