Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-23


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 23 de 2009.

Considerando:1.) Apeló la demandada la decisión de fs. 61/64, mediante la cual el Sr. Juez de Grado concedió el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la contraria, con los alcances establecidos por el art. 84 y ss CPCC.

El respectivo memorial obra glosado a fs. 66/67, habiendo sido contestado por la parte actora en fs. 70/71.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara emitió su dictamen en fs. 83, proponiendo la confirmación del fallo cuestionado.

2.) La recurrente se quejó: i) de que la resolución impugnada no habría hecho una ponderación adecuada de las probanzas de autos en tanto el accionante no acreditó fehacientemente la insuficiencia de recursos; ii) del modo en que fueron impuestas las costas.

3.) La concesión del beneficio de litigar sin gastos permite que el solicitante se aparte del principio general de afrontar el pago no sólo en la proporción inicial de la tasa de justicia, sino también de las costas que le pudieren corresponder en caso de ser vencido o en la distribución prevista por el CPCC: 71.

Tales alcances ilustran sobre la prudencia que debe observarse para su concesión en cada caso concreto (esta Sala, 13.10.89, "Llambay Jorge c/Llambay Alí s/beneficio de litigar sin gastos"), en tanto dicha concesión implica la desaparición del riesgo de pagar la deuda que pueda surgir en concepto de honorarios y gastos generales en caso de ser rechazada la demanda (Anaya J., "Sobre el abuso de litigar sin gastos", ED 132-140).

4.) Entonces, si bien tal beneficio encuentra sustento en principios de raigambre constitucional, como resultan ser los de garantía de defensa en juicio e igualdad ante la ley, no deben soslayarse los intereses de la parte contraria, que también deben ser resguardados, evitando que un limitado beneficio se transforme en un indebido privilegio.

En tal inteligencia, tiénese dicho también que no es requisito ineludible para su acuerdo la total carencia de bienes, sino la imposibilidad del peticionante de soportar los gastos del juicio con sus ingresos ordinarios, o dicho de otro modo, el notorio menoscabo que dichas erogaciones pueden provocar en el patrimonio del solicitante, quedando siempre reservado al correcto criterio judicial, de conformidad con las circunstancias concretas del caso, decidir si corresponde o no otorgarlo. En suma, no es la idea de pobreza en sí la que rige las reglas de este instituto, sino la imposibilidad de afrontar los gastos de justicia sin grave detrimento para la subsistencia del litigante que lo peticiona (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado", Tº I, p. 293 y ss.).

5.) Efectuadas estas precisiones conceptuales, la Sala comparte la opinión vertida por la Sra. Fiscal General en el dictamen que antecede en cuanto concluye que las pruebas aportadas a este proceso resultan suficientes para crear convicción acerca de la real situación económica del peticionante.

Véase que las constancias arrimadas predican sobre tal extremo en razón de que el el accionante carece de bienes inmuebles a su nombre y se encuentra desempleado, percibiendo del ANSSES la suma de $ 300, lo que también apoya la presunción de que no tendría trabajo, más allá del tiempo que insumió el trámite de este incidente, y de que a la fecha se carece de total certeza de que se mantuviera tal situación, lo cierto es que no se ha allegado al caso prueba dirimente en contrario. En cuanto al hecho del cual se agravia la demandada relativo a que sería titular del automóvil que le adquirió -dado que el oficio librado a fs. 51, si bien contestado a fs. 52, no cumplió su cometido en tanto no fue respondido en los términos solicitados- se estima que ello no obsta a la concesión, por los fundamentos que preceden a este cuadro de situación. En tal sentido tampoco puede dejar de señalarse que se trata de un FIAT Siena del año 2001.

Respecto del argumento sostenido por la accionada en relación a que el actor percibió una indemnización, tampoco modifica el sentido de este fallo. Esa reparación económica, dada la modificación que importa en el contexto socio económico, no sólo en la vida del actor sino de toda persona que se vea sometida a tal contingencia, y que de hecho derivó en una situación de desempleo, si bien importa un desahogo para afrontar un futuro a mediano plazo, no puede considerarse como una modificación en el nivel económico, pues ese dinero reemplaza el sueldo que se ha dejado de percibir. Súmase a ello y no corresponde perder de vista, tampoco, la inestable situación económico-social por la que atraviesa constantemente el país, lo cual coadyuva a agravar recurrentemente el nivel de vida de su población.

Síguese de ello un cuadro de suficiente verosimilitud acerca de la imposibilidad del solicitante de hacerse de recursos para afrontar las costas y gastos del proceso principal que ha iniciado por un monto inicial de $ 107.498.

6.) Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala resuelve: a) Rechazar el recurso de apelación incoado y confirmar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio. b) Imponer las costas de Alzada a la apelante, dada su condición de vencida en esta instancia (arts. 68 y 69, C.P.C.C). Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho, y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen, encomendándose al Sr Juez de Grado notificar a las partes la presente resolución.- María E. Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo A. Kölliker Frers.