Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-28


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días de junio del año dos mil doce, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Heraldo E. Fiordelisi y asistencia de los Sres. Jueces de Cámara María Inés de Villafañe y Dr. Mario Luis Vivas, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., L. D. y otra c/ H., N. y s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 312 - Año 2011), venidos del Juzgado Civil y Comercial (Expte. Nº 146/2008), en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 437?; SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia apelada? TERCERA: ¿Son justos los honorarios regulados a favor de los letrados de la parte actora y de la citada en garantía; CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 465.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

La demandada apeló la sentencia a fs. 437, recurso que le fuera concedido libremente a fs. 438.

Del informe del Actuario de fs. 462, surge que el apelante no fundó su recurso dentro del plazo establecido.

Que en los términos del art. 269. del CPCC, no habiendo el apelante expresado agravios dentro del plazo, corresponde declararlo desierto.

En consecuencia, voto por la AFIRMATIVA A LA PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

Apelada la sentencia de primera instancia por la representación letrada de la parte demanda, no expresó agravios en el plazo que le otorga el art. 262, tal surge del informe de Secretaría de fs.462, por lo que en los términos del art. 269 del CPCC, corresponde declarar la deserción del recurso de apelación concedido a fs. 438.

Por lo que voto a la cuestión propuesta por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

1.

La sentencia de primera instancia admitió la demanda de daños y perjuicios entablada por L. D. S. y C. A. G. en contra de N. H., R. S. F. P., haciendo extensiva la condena a H. - L. B. A. S. S.A., por la suma de pesos treinta y tres mil ciento cuarenta y uno con 60/100 con más intereses.

Consideró que el art. 43 de la ley 24.449, a la que ha adherido la Municipalidad de Puerto Madryn mediante Ordenanza 1117/95, establece que para realizar un giro, debe advertirse la maniobra con suficiente antelación, como así también que el art. 39 de la mencionada norma establece que todo conductor debe circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio de su rodado, considerando los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del caso.

Sostuvo que en autos quedó acreditado que la Sra. H., si bien colocó la señal de giro, no redujo la velocidad e inició la maniobra de giro sin tomar las debidas precauciones, es decir, esperar el paso de los vehículos que transitaban por la Avda. I. en sentido contrario y luego cruzar, para tomar J. B. J.

Por su parte, sostuvo que la parte actora tampoco respetó lo establecido por el art. 39, inc. b) desde que no existen huellas de frenado que indiquen que advirtió el inicio del cruce del rodado de la demandada, y si bien la velocidad del BMW que señala el perito no resultaba excesiva para el tipo de vía que transitaba, la ausencia de maniobras evasivas denotan su falta de atención al tránsito, en los términos requeridos por la normativa aplicable a la materia.

De tales afirmaciones concluyó que correspondía atribuir el 90% de la responsabilidad en el hecho a los demandados y el 10% a la actora, teniendo en cuenta que ésta, a través de su conducta, interfirió en esa medida en el nexo causal entre el siniestro y los daños ocasionados.

En lo pertinente, y en cuanto al daño material al BMW, sostuvo que los mismos se encuentran acreditados con el acta de fs. 9 y lo informado por el perito mecánico a fs. 273/275, señalando que a los fines de acreditar el monto reclamado se acompañó factura del T. B. (reconocido por el emisor a fs. 183) a nombre de L. S., por lo que admite el rubro por reparaciones, con más intereses desde la fecha del siniestro hasta su efectivo pago.

En cuanto a las facturas emitidas por T. B. y S. T. A. S.A., señaló que, según surge de las mismas, sus importes fueron abonados por C. G. que no es parte en autos, debiendo desestimarse el rubro.

No obstante, agregó, siendo que el perito de fs. 274 acompañó presupuesto de repuestos utilizados en la reparación, y encontrándose acreditados los daños, por aplicación del art. 167, del CPCC, admitió el rubro en cuestión a favor de la co-actora G., por la suma de $ 17.000, a valores actuales de sentencia.

Impuso costas y reguló los honorarios profesionales.

La parte actora apeló la sentencia a fs. 434 y la fundó a fs. 460/461; sus letrados apelaron los honorarios regulados a su favor por bajos y por altos los de los letrados de la contraparte (fs. 435/436); la demandada apeló la sentencia a fs. 437, sin fundarla, conforme surge de fs. 462.

La citada en garantía apeló la sentencia a fs. 432 y la fundó a fs. 455/459 y su letrado apeló los honorarios regulados a su favor, por bajos.

2.

Ambas partes se quejaron en orden a la atribución de responsabilidad distribuida por el decisorio de autos, razón por la cual, me adentraré en primer término al análisis de esa parcela de la queja, haciéndolo, por una razón de orden metodológico, en primer lugar con respecto al agravio del actor.

2.1.

Se agravió el accionante por entender que el pronunciamiento dio por interrumpido parcialmente el nexo de causalidad en virtud de la conducta de la actora, sobre la base de la inexistencia de huellas de frenada del BMW, lo que habría patentizado la ausencia de frenado, o, al menos la intención de hacerlo.

Asevera no compartir tal aserto judicial, ya que según el apelante, hoy en día casi todos los vehículos vienen equipados con un sistema de adherencia en los neumáticos, siendo el más conocido el de "ABS", mediante el cual impide el rastro de frenado, ya que evita el desplazamiento por la calzada, impidiendo el calentamiento de la banda de rodamiento y el derrape del neumático, a cuyo fin remite a revistas especializadas en la materia.

Por tal razón, con fundamento en dicha explicación, considera que el decisorio ha sido erróneo en este aspecto, pues injustificadamente endilgó a su parte no haber intentado una maniobra evasiva, como es la de frenar, basado ello en la inexistencia de huellas de frenado.

He sostenido en otras oportunidades (CAPM "B., M. N. c/ C. S.A. y otro S/ ACCIDENTE" (Expte. Nº 36/ 2012) SDL Nº 37/ 12, entre otros), que pretender tener por acreditada la mecánica de un hecho por la sola manifestación unilateral del interesado, equivale a convertir a un proceso judicial en un juego de ficciones, y echar por tierra los más elementales conceptos del derecho en materia probatoria, que en nuestro caso particular principian con el dispuesto por el art. 381, del CPCC.

Aseverar en esta Instancia que el BMW de la actora no dejó huellas de frenado porque se encuentra equipado con un sistema antibloqueante de frenado, sin siquiera haberlo invocado en la demanda o interrogado al experto mecánico, y pretender que el juzgador aprehenda el concepto y lo analice seriamente, es francamente inaudible.

El agravio que pretende introducir el apelante actor, sin dejar de reconocerle la originalidad de su explicación, carece de todo fundamento jurídico que lo avale. Ingresarlo en esta Instancia constituye un hecho que excede su marco, de modo tal que su análisis implicaría violar flagrantemente el derecho de defensa en juicio de la contraparte (arg. art. 18, CN).

De tal suerte que, a mi juicio, el agravio se torna desierto en orden a que no constituye una crítica razonada a ningún aspecto del fallo, el que debió decidir sobre las cuestiones puestas a su análisis en su hora oportuna. Además, como bien señala el apelante cuando afirma no compartir el criterio del juzgador, se erige en una mera discrepancia insuseptible de análisis en esta Alzada.

Tal como lo ha señalado esta Excma. Cámara en otras ocasiones, la expresión de agravios no es la oportunidad para señalar si la parte está de acuerdo o no con la sentencia de la Instancia anterior (cfr. "Z., F. F. C/N. R. S.R.L. S/ Cobro de pesos. LABORAL. SDL Nº 47/11, entre otras). Su embate debe ser dirigido con fundamentos jurídicos que lo avalen, expresando con rigor científico el error de lo fallado, y, lógicamente en la medida de aquello que le fuera sometido a su juzgamiento.

Por tal razón, en virtud de lo dispuesto en el art. 268, del CPCC considero que esta porción de la queja debe ser declarada desierta, y así lo propondré al Acuerdo.

2.2.

Por su parte, y también en orden a la responsabilidad atribuida en el fallo, se agravia la citada en garantía de autos.

Señala que el fallo endilgó responsabilidad a la conductora del Fiat Palio, en orden a lo dispuesto en el art. 43 (inc. a) a e) de la ley de tránsito, cuando se trata de situaciones previstas distintas a las del suceso de autos.

En tal sentido, es dable señalar que el inc. a) de la ley de tránsito aplicable al caso señala "... Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa", lo que en modo alguno significa "advertir la maniobra a quien viene detrás", como pareciera sugerir el agraviado, sino que se trata de una norma de conducta que le permite conocer a todo aquel que circula por detrás, de frente, por delante o por los costados y a los peatones, cuál será la actitud que adoptará el conductor de que se trate.

A su vez, en lo pertinente, la misma norma, en su inc. c) dispone ". Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada", lo que también significa una norma de conducta precaucional en miras a la nueva dirección que orientará a su vehículo, la que en modo alguno se limita a quien circula por detrás, pues la ley nada señala al respecto.

Es decir, se trata de normas que guardan relación con el "deber de preservación de la normalidad de la corriente de tránsito" (cfr. Tabasso, Carlos, "Derecho del Tránsito. Los principios", B de F, Montevideo-Buenos Aires, 1997, p. 726; López Mesa, Marcelo J, " Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, p. 180), o sea, aquel deber impuesto a todo automovilista de mantener el ritmo de marcha de la corriente de tránsito y dirección, y que en la ley de tránsito se plasma en el art. 39, cuando señala que "cualquier maniobra" debe ser advertida previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito.

También guarda relación con el art. 48 (inc. d), cuando se prohíben "maniobras intempestivas".

Cualquier cambio de dirección o velocidad que el automovilista vaya a emprender debe ser previamente señalizado, y ello lo es para todo tercero involucrado en la circulación.

En tal sentido, se ha resuelto que toda maniobra de conducción que importa un cambio de sentido de la que hasta entonces se cumplía no debe realizarse sin asegurarse previamente que tal gesto está expedito en tanto que su realización no implique un riesgo para alguien o un entorpecimiento de tránsito ( cfr. Cám. Civ. y Com. San Nicolás, 23.12.86, "Pérez, Juan de Dios c/ Hure de Mariani, Genoveva"; ídem, 07.02.91, "Da Sosa Galván, J. c/ Hernández, Rubén", ambos en Juba 7, sum. B850137.

Con respecto a la controvertida responsabilidad de los conductores de los rodados involucrados en estos autos, debo comenzar señalando que, se ha sostenido que debe presumirse la culpa del automovilista que invade la mano contraria, sea por adelantamiento, por giro a la izquierda o por cualquier otra causa y en tales supuestos, la prueba de la contribución culposa de quien es embestido en su mano reglamentaria de tránsito, debe ser categórica (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I, "Vidaguren Ángela Delia c. Álvarez Javier Alberto y otros s/daños y perjuicios", 07/07/2011, La Ley Online, AR/JUR/31351/2011).

Ello así, pues el giro a la izquierda es una maniobra peligrosa -al punto que inclusive en ciertas arterias se halla completamente prohibido- en virtud de que implica invadir la mano contraria.

Esa línea de ideas es la que debe primar, a mi juicio, para la solución del conflicto de autos.

Por tal razón, el punto central a dilucidar consiste en determinar si la conductora del Fiat Palio se interpuso en la línea de circulación del BMW, invadiendo su mano, más allá de la velocidad "precaucional" que adoptara, como señala el apelante. Pues no es la velocidad que imprimía a su rodado momentos antes del accidente la que desencadenó el hecho, sino su cambio de marcha para incorporarse en una calle trasversal, debiendo para ello atravesar la mano de circulación contraria, atento a que lo hacía por una arteria de circulación en ambos sentidos.

El viraje a la izquierda en la vía pública es una maniobra de riesgo, lo cual implica que quien la realiza debe verificar si ella es posible sin interferir la marcha de los vehículos que circulan (cfr. Cám. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Comercial, 04.02.2000, "Rey, Nancy c/ Helanos SRL, LL Litoral 2001-183; Cám. Apel. Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 25-II-86, "Petrucci, Pablo c/ Costa, Vicente y otro", DJ, 1987-I-446).

Por ello, cuando un conductor intenta girar a la izquierda debe tomar las máximas precauciones inherentes a la maniobra, dejando paso a quienes circulan en su sentido contrario, pues no hacerlo significa una grave imprudencia, ya que se trata de una maniobra de suma peligrosidad, constituye un obstáculo para los demás conductores y altera el normal desarrollo del tránsito vehicular (cfr. López Mesa, Marcelo J, op. cit., p. 198).

Y concluyo que, aun cuando la conductora del Palio hubiese reducido la velocidad para efectuar el giro, no adoptó las medidas tendientes a evitar que los vehículos que circulaban en su sentido contrario, vieran impedido su sentido de marcha al interponerse en su camino. Esa es la razón por la cual, aun cuando el testimonio de fs. 186 diese por cierto que la maniobra fue hecha a baja velocidad, ello no obsta a su conducta posterior reprochable, cual fue la de lanzarse a girar sin aguardar que los rodados que circulaban en dirección contraria terminaran de pasar.

En cuanto al lugar en que se produjo el encontronazo, las conclusiones periciales de fs. 303 vta. dan cuenta que el BMW presenta huellas del impacto en el frente con orientación de plegamiento de adelante hacia atrás, "típicos de compresión anteroposterior" y el Fiat Palio presenta daños en el extremo anterior del lado derecho -zona de guardabarro delantero- con orientación de plegamientos de derecha a izquierda. Ello, es coincidente con las fotografías que lucen a fs. 293/294, lo que me permite concluir que el BMW embistió al Fiat con su parte frontal (ver fs. 82, fs. 303 vta y fs. 273) en su lateral delantero derecho. Tal aserto desvirtúa toda afirmación del apelante, el que sostiene sin fundamento que "el automotor de la demandada había prácticamente sorteado el cruce de la mano de circulación oeste/ este de la Avda. I.".

Tampoco atenderé las afirmaciones del apelante en cuanto a la existencia de un tercer vehículo, pues tal versión no fue brindada por su parte en oportunidad de contestar su demanda, sino por la codemandada respecto de quien el decisorio quedó firme.

Con respecto a la velocidad del BMW, cabe señalar que el decisorio de autos la entendió no excesiva para el tipo de vía que utilizaba, no obstante lo cual consideró que la ausencia de maniobra evasiva y de huellas de frenada denotan una falta de atención de su conductora en el manejo.

Asiste en este caso razón al apelante, en cuanto a que si bien el art. 51, ap. a) inc. 2) autoriza una velocidad máxima de 60km/h en avenidas, la misma norma señala que en las encrucijadas urbanas sin semáforo la velocidad precautoria nunca será superior a 30 km/h. Teniendo en cuenta que el perito de fs. 303 señala que el BMW, al momento del accidente, circulaba a una velocidad "mínima aproximada" de 49,04 km/h, es dable destacar que superaba la precaucional para el cruce de bocacalles.

Además, el hecho de no haber podido dominar su rodado, denota en la conductora del BMW la infracción a la norma del art. 39 inc b) de la citada ley, pues de haberlo hecho, el encontronazo evidentemente no se hubiera producido. Ello, más allá de la existencia o no de huellas de frenado o maniobras evasivas.

El conductor de un rodado debe tener siempre presente que la velocidad máxima impuesta a su vehículo no debe significar un peligro para sí y los demás, conservando el más absoluto dominio sobre dicho rodado y si el accidente se produjera por la interferencia en el itinerario del conductor, de otro vehículo, la culpa consiste en conducir a una velocidad con la cual cualquier posible contingencia en el tránsito pueda redundar en un hecho dañoso para un tercero ante la imposibilidad de detenerlo a tiempo para evitar el accidente (Cf. Cámara de Apelaciones de Concordia, sala Civil y Comercial III, "Solda de Khun, Blanca A. c. Malaise, José A. y otra", 08/04/1994, LA LEY 1994-C LA LEY 1994-C , 507, AR/JUR/650/1994).

Tal aserto me permite concluir que, sin perjuicio de las afirmaciones sentenciales, la conducta de quien dirigía el BMW rompió la cadena causal en el porcentaje por ella señalado, no por la inexistencia de rastros de frenado o maniobras evasivas, sino por cuanto no pudo detener su rodado frente a una contingencia del tránsito, hecho que tuvo su origen en la velocidad imprudente con la que encaró la bocacalle.

Razones distintas, pero el mismo resultado, me permiten concluir que este aspecto del fallo atacado debe ser confirmado, desestimando en consecuencia la queja introducida.

3.

3.1.

La citada en garantía sostiene, en cuanto a los daños materiales reconocidos, que el decisorio fijó un monto superior al reclamado como erogado y que además, las facturas fueron emitidas a nombre de un tercero, lo que fue reconocido ello por la actora al absolver posiciones a fs. 175. Que en tanto el pronunciamiento de autos desestimó, por un lado, la pretensión económica en función de la falta de legitimación de la actora para reclamarlos, concluyó, por el otro, en el reconocimiento a su favor.

Por su parte, la actora se agravia por entender que la suma de $ 17.000.- fijada en el decisorio en concepto de daño material debe "actualizarse" desde la fecha de la sentencia, aplicando intereses desde el 31.08.2011, cuando en realidad debe serlo desde la fecha del presupuesto acompañado por la pericia mecánica. Ello así, pues advierte una contradicción al haber reconocido intereses en el rubro "pérdida del valor de reventa" desde su fecha de cotización. Es decir, se queja por entender que los intereses deben correr desde que cada rubro ha sido calculado.

Una cuestión de método me obliga a tratar el agravio de la citada en garantía en primer lugar, pues su admisión, condiciona el tratamiento de la queja del actor.

La sentencia de autos sostuvo que las facturas emitidas por T. B. y S. T. A. S.A. fueron abonadas por C. G., quien no reviste calidad de reclamante en autos, desestimando el reclamo en tal aspecto.

No obstante, en razón que el perito mecánico de fs. 274 acompañó presupuesto de repuestos utilizados en la reparación, encontrándose acreditado los daños y en virtud de lo dispuesto en el art. 167, del CPCC admitió el rubro a favor de la propietaria del rodado, Sra. C. A. G., por la suma de $ 17.000.

Considero que la cuestión debe resolverse en el marco de lo pedido en la demanda y sus respectivas contestaciones.

Tras señalar que el BMW sufrió deterioros, la parte actora manifestó en su demanda que "el importe abonado en concepto de repuestos, materiales de pintura, mano de obra y arreglos posteriores asciende a la suma de $ 20.992,80, conforme se infiere de la factura emitida por el "T. B." y "T. B." con más el de los repuestos que hubo que comprar emitido por la firma "S. T. A. S.A.", y a los cuales se ofrecerá la respectiva prueba de informes...".

Por su parte, la codemandada a fs. 88 vta, y la citada en garantía a fs. 106 se opusieron al reclamo en virtud de haber sido abonadas por un tercero.

Es decir, en la demanda se reconocía que el automotor BMW había sido reparado y se solicitaba el reintegro de los importes ya erogados. En modo alguno se supeditaba el arreglo del vehículo al reconocimiento de presupuestos para una reparación posterior.

La relación procesal se integra con los actos fundamentales de la demanda y su contestación. En tanto el primero de ellos determina la persona llamada a la causa en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión puesta en movimiento y los hechos en que éste se funda, el segundo delimita el thema decidendum y concreta los hechos sobre los que deberá versar la prueba (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, "Compañía Swift de La Plata, S. A. c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales", 24/10/1980, AR/JUR/6593/1980; Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes, "Pereira, Raquel c. Cretin, José y/u otro", 23/09/1998, LLLitoral 1999 LLLitoral 1999, 127, AR/JUR/486/1998).

O como se ha señalado que, de acuerdo al principio de sustanciación que rige en nuestro sistema procesal, la exposición circunstanciada de los hechos en que se funda la pretensión es requisito imprescindible de la demanda cuya omisión constituye un obstáculo insalvable, toda vez que ésta, conjuntamente con su contestación, determina el thema decidendum, es decir, los alcances de la sentencia definitiva, la cual sólo puede versar sobre las cuestiones articuladas por las partes, no pudiendo el sentenciante manejarse a tientas ( cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, "Ramaska, Juan José c. Vademecum S.A. de Recursos Humanos y Otro", 14/07/2010, AR/JUR/43009/2010).

De allí, que el decisorio de autos, pese a reconocer la falta de derecho de la propietaria del rodado para reclamar por un gasto que ella no efectuó, reconoció el rubro a partir de presupuestos estimados por el perito que ya habían sido abonados, sin que esto último hubiese sido materia de reclamo del actor.

Cierto es que acreditado los deterioros del rodado, incumbirá al demandado que así lo pretenda, demostrar que ellos no provienen del mismo accidente o colisión; pero cuando la reparación ha sido efectivamente realizada, la prueba consiste en las pertinentes facturas abonadas por quien las llevó a cabo. (cfr. Zavala de González, Matilde, "Responsabilidad Civil por Accidente de Automotores", T° 2b, Ed. Hammurabi, p. 544).

De allí que corresponde distinguir: una cosa es el reclamo del propietario en base a presupuestos de gastos aun no abonados; otra bien distinta es el pedido de reintegro de un gasto ya erogado. Esto último fue objeto del reclamo, y debió formularlo aquél que corrió con el mismo.

Si el vehículo fue reparado, el precio abonado por la reparación prevalece sobre la estimación pericial (Cám. Nac. Civil, Sala A, 25.10.94, LL 1995-B-590), pero aquél debe ser reclamado por quien realizó el desembolso dinerario.

El daño emergente es el más cierto de todos los daños patrimoniales. Se parte de la base, o de un desembolso efectivo, o de un menoscabo tangible. En el primer caso, se ha de calcular un valor del reintegro del gasto efectuado; en el segundo, un valor de reconstitución del patrimonio menoscabado (cr. Trigo Represas, Félix A - López Mesa, Marcelo J, "Tratado de la responsabilidad civil", T° II, ED. La ley, 2011, p. 99).

Es decir, el daño emergente, es una pérdida o disminución de valores económicos ya existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio del afectado. Y, cuando de daños a cosas se trata, más que una indemnización es un reintegro de las sumas que se han pagado para la reparación de la cosa dañada (op. cit., p. 99). Y ello así, pues a través de dicho reintegro se reconoce y determina un valor correlativo al gasto efectuado. Excepciones hay en que las reparaciones no se hubiera hecho, y el daño emergente ha de calcularse a partir de gastos que habrían de realizarse (cfr. Trigo Represas - López Mesa, op. cit., p. 99), supuesto éste que el decisorio equivocadamente entendió para dilucidar la cuestión de autos.

Pero, si el patrimonio del afectado se vio restablecido pues un tercero abonó esos daños patrimoniales, ya no es aquél, sino a éste a quien le corresponde reclamar el reintegro de lo abonado, ya que de otro modo se estaría reconociendo en la propietaria del BMW un enriquecimiento sin causa (arg. art. 784, del Cód. Civil).

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 727, del Cód. Civil, acreditado el pago por un tercero, es éste quien se encuentra legitimado para pedir al deudor el valor de lo que hubiese dado en pago, sea como gestor de negocios ajenos o subrogándose en los derechos del acreedor (cfr. Cám. Nac. Civil Sala J, 04.05.2004, "Maruista SRL", LL, 03.09.2004, P. 6). Ello así, pues el pago por él efectuado desinteresa al damnificado, pero no extingue la deuda a cargo del sindicado como autor del hecho ilícito, quien deberá solventarla a favor de dicho tercero, teniendo pleno derecho éste a pretender la recuperación de lo desembolsado (cfr. Cám. Nac. Civil Sala K, 30.03.2005, DJ 2005-2-1163).

Por tales razones, propondré al Acuerdo se revoque el decisorio en tal aspecto, dejándose sin efecto el reconocimiento del rubro "daños materiales" de pesos diecisiete mil ($ 17.000.-) y sus intereses.

3.2.

En atención a lo precedentemente resuelto deviene en abstracto el tratamiento de la queja interpuesta por la parte actora, en orden a los intereses sobre el rubro "daños materiales".

4.

Conforme lo establecido en el art. 282, del CPCC, las costas de la instancia anterior deben readecuarse. Las mismas serán impuestas en la misma proporción que se admite la concurrencia entre el daño producido en las actoras y la propia conducta de la Sra. S., distribuyendo las costas en un 10 % a cargo de las actoras y en un 90% a cargo de los demandados y a la citada en garantía H. L. B. A. S. S.A., en forma concurrente y en la medida del seguro. (art. 69 2da parte del CPCC). En cuanto a los honorarios, los mismos han sido materia de agravios por los letrados, por lo que abordaré su tratamiento en la cuestión respectiva, sin modificarse los dispuestos para los peritos que intervinieron.

5.

Las costas de esta Instancia han de ser impuestas a la parte actora (art. 69, del CPCC).

Consecuentemente, corresponde regular los honorarios de los Sres. letrados de la parte actora V. A. F. y S. L. F. en un 12,5% para cada uno de lo que les correspondiere en la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía en un 27% de lo que le correspondiere en la Instancia anterior (arts. 5, 13, 38 y cc. ley XIII, Nº 4 y su mod.). Por tales razones, voto PARCIALMENTE por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

1.

Dado que el Magistrado preopinante ya reseñó en lo esencial los detalles del caso, la decisión impugnada y los motivos de agravio expuestos por los apelantes, me pronunciaré directamente sobre los aspectos traídos a decisión de esta alzada, en el mismo orden propuesto por el Magistrado que me antecede en el voto.

Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 8 de la ley V Nº 17 y 274 C.P.C.C. serán suficientes las consideraciones que siguen.

2.

Tratamiento de los agravios a) Se queja la parte actora en la asignación del 10% de responsabilidad a la Sra. S. con fundamento en la ausencia de huellas de frenada, pues señala que el vehículo de la actora contaba con el dispositivo diseñado para dar adherencia a los neumáticos durante el proceso de frenado conocido como sistema ABS o Antilock Brake System.

Tal dato de relevancia para la parte, no fue introducido en la anterior instancia ni fue aportado por el perito para justificar la inexistencia de huellas de frenada, por lo que en los términos del art. 280 del CPCC no es dable ingresar a su tratamiento.

Luego de ello, la crítica se sostiene en una mera discrepancia con la Magistrada, la que por cierto no reviste la suficiencia técnica que exige el art. 268 por lo que en el punto, el recurso deviene desierto (art. 269 CPCC).

b) La atribución de responsabilidad concurrente.

Tanto la actora como la citada en garantía manifiestan disconformidad con la atribución de responsabilidad concurrente en la producción del evento dañoso, por lo que el contenido de sendos agravios autoriza su tratamiento en conjunto.

Repasadas las pruebas colectadas en la causa, encuentro que la Señora Jueza "a quo" realizó una correcta evaluación de ellas para reconstruir la mecánica fáctica del accidente.

No existe controversia en que el accidente se produce cuando el vehículo Fiat Palio Dominio XXX ***, al comando de N. H. y que transitaba por la Av. I. en sentido E O, dobló a la izquierda para ingresar a la calle J. B. J., siendo impactado por el vehículo BMW, Modelo 3301 Excecutive Steptronic, Dominio XXX ***, conducido en la ocasión por L. D. S.

Es de precisar, que quien va a realizar una maniobra imprevista, como lo es salir de una avenida de doble mano para tomar una calle lateral, doblando hacia la izquierda y cruzando la mano opuesta, debe tomar todas las precauciones necesarias al emprender dicha maniobra; y ello, por ser esta maniobra de mayor riesgo y sólo debe iniciarse cuando se dan las mejores condiciones (Revista de Derecho de Daños, Accidentes de tránsito - II, pág. 425, Nº 14).

La maniobra del giro a la izquierda en una avenida de doble mano, como es la Av. I., imponía a la conductora la mayor prudencia por el riesgo que entraña la alteración y obstrucción al tránsito y aún cuando la velocidad del Palio fuera la adecuada, la demandada H. debió advertir la circulación de los rodados que lo hacían por la Av. en dirección OE, extremando su precaución y aún detener por completo su movimiento, toda vez que el vehículo que guiaba, por las circunstancias de la maniobra a la que se abocaba, podía ser causa de accidente. La obligación de observar esa conducta precaucional se potencia en grado sumo cuando el conductor intenta un giro a la izquierda en arteria de doble mano, que entraña riesgos adicionales si se tiene presente que quien dobla puede previsiblemente encontrarse con rodados que gozan de prioridad de paso por aparecer por la derecha del que gira (art. 41 de la ley de tránsito).

La norma del art. 43 invocada por la señora jueza refiere a las reglas precaucionales que deben adoptarse para realizar las maniobras de giro, sin que ello importe a que el aviso está dirigido exclusivamente a los vehículos que circulan por detrás.

Por otro lado, ningún conductor cuidadoso puede confiarse en que por el hecho de circular por la derecha, puede lanzarse a cruzar la intersección sin tomar ninguna precaución y a cualquier velocidad.

Debió la conductora del BMW, disminuir su velocidad de marcha, pues el reglamento de tránsito consagra distintas velocidades para circular por las calles y avenidas y para trasponer las intersecciones, lo que indirectamente implica la disminución en esta última circunstancia.

Y en ese punto, asiste razón al apelante en que las velocidades de marcha en las encrucijadas sin semaforización, debe reducirse y nunca será superior a los 30 Km./h, por lo cual y siguiendo el dictamen pericial, la velocidad mínima aproximada que llevaba el vehículo era de 49,04 Km./h, superaba la establecida en la ley de tránsito.

Tal conducta de la Sra. L. S., tuvo suficiente entidad para interrumpir el nexo causal, pues ha quedado en evidencia que la velocidad de circulación a más de no respetar los máximos previstos no resultó la precaucional, esto es aquella que le hubiera permitido tener total dominio de su vehículo y sortear la contingencia.

Concluyo pues, en la concurrencia causal a la producción del resultado dañoso que ha sido correctamente evaluada por la señora Magistrada del anterior grado, sin que los argumentos de los apelantes hayan podido refutar las conclusiones de la a quo en el sentido de la asignación de responsabilidad, en vista de los elementos objetivos considerados para discernir la influencia de cada una de las conductas reprochadas a las partes en la producción del siniestro. ".a nivel de praxis es posible que se atribuyan las consecuencias dañosas de un accidente en parte al dañador y en parte al dañado. Es más, en estos casos no es correcto aplicar las normas que atribuyen responsabilidad exclusivamente a una u otra parte, La culpa concurrente en definitiva se presenta cuando media además de la culpa del dañador en su obrar, culpa conexa de la víctima que sufre el daño en parte también por su negligencia" (Revista de Derecho de Daños. 2002-1 pág.59 Ed Rubinzal Culzoni) Por lo hasta aquí expuesto, he de proponer la confirmación de la sentencia, en este punto de las quejas.

c) Los daños materiales.

c.1) En el punto, la citada en garantía sostiene que lo agravia el otorgamiento de la suma de dinero a favor de la propietaria del automotor, superior a la reclamada por gastos erogados y que las facturas por los mismos, fueron emitidas a nombre de un tercero, tal como reconociera la absolvente a fs. 175.

Señala que por un lado, la señora jueza desestima esos gastos por falta de legitimación de la coactora para reclamarlos y por el otro lado se los reconoce y por un monto superior al efectivamente abonado. Alude que la coactora no acreditó que el daño a su automotor, en lo que respecta al valor de mano de obra solventado para su reparación y repuestos utilizados para ello, le sea personal en tanto que el primer concepto fue satisfecho por la actora conductora del rodado y el segundo por un tercero respecto del cual no invocó ni probó una obligación legal o convencional preexistente por la cual pueda ser sujeto de una reclamación futura.

c.2) Por su lado, la parte actora se agravia respecto del punto de partida para el cálculo de intereses del monto reconocido para el daño material, señalando que los mismos deben aplicarse desde la fecha del presupuesto acompañado en la pericia y no, como se consignó en el fallo, desde la fecha de la sentencia.

Trataré en primer lugar la queja de la demandada, por los mismos argumentos expuestos por el Sr. Magistrado que me antecede en el voto.

c.3) Toda petición sometida al órgano jurisdiccional requiere la exposición de los hechos, como presupuesto fáctico de la pretensión, los que deben ser explicados claramente (art. 333 inc. 4to CPCC) para satisfacer el principio de la sustanciación.

En el ámbito de los procesos de daños y perjuicios, el daño constituye el elemento esencial y constitutivo de toda pretensión resarcitoria por lo cual debe describirse el perjuicio a resarcir, que integra la causa petendi de la acción (art. 333 inc 3° del CPCC) y la descripción debe permitir al adversario el ejercicio del derecho de contradicción. Tal exigencia se vincula con los principios dispositivo, de defensa en juicio y de congruencia.

Al momento de individualizar el daño material, al discriminarlos, establecieron que por daño material del vehículo BMW reclamaban la suma de $ 20.992,80 en concepto del importe abonado en concepto de repuestos, materiales de pintura, mano de obra y arreglos posteriores, conforme se infiere de la factura emitida por "T. B." y "T. B." con más el de los repuestos que hubo que comprar emitido por la firma "S. T. A. S.A.", reclamando los intereses a la tasa activa desde que la suma es debida.

La suma de $ 5200 por reparaciones efectuadas fue facturada a nombre de la coactora S., documento reconocido por su emitente a fs. 183 y sobre este aspecto no hay queja.

El agravio se centra en el reconocimiento a la propietaria del vehículo -Sra. C. A. G.- de las sumas abonadas por las reparaciones efectuadas en el T. B. y los repuestos adquiridos en la firma "S. T. A. S.A.", que fueron cuestionadas, por la ahora apelante, en tanto afrontados por un tercero, carecían de legitimación las actoras para pretender de la demandada o de la aseguradora su reintegro.

Es claro entonces que la petición de la actoras fue en base a las sumas ya abonadas para obtener la reparación del rodado, pues no se trata de una acción resarcitoria sin haber reparado el vehículo para lo cual se adjuntan presupuestos y eventualmente, la pericial mecánica sustenta la necesidad de contar con determinados repuestos y dictamina sobre costos de reparación.

En esa tesitura, es regla básica que las actoras no pueden pretender sino la reparación de un perjuicio sufrido por ellas mismas, esto es se encuentran habilitadas para reclamar los daños experimentados por el vehículo en la medida que acrediten haber afrontado personalmente los gastos de reparación cuyo reintegro peticionan y que resultan prueba y medida de su perjuicio. (art. 1068 y 1069 CC) Las facturas de repuestos adquiridos en la firma "S. T. A. S.A." y las reparaciones del T. B., fueron abonadas por un tercero ajeno a la litis y ello constituye un obstáculo para su reconocimiento, por ausencia de legitimación activa de las actoras. Por lo que su admisión, como rubro a resarcir, excedió las facultades del juez previstas en el art. 167 del CPCC.

Luego de lo expuesto, deberá detraerse del monto consignado para "daño material" la suma de $ 17.000 y sus interes, reconocidos a la propietaria del vehículo Sra. C. A. G.

c.4) Lo manifestado supra, torna en abstracto expedirme sobre la cuestión de los intereses que critica la parte actora.

3. Las costas:

a) Las de primera instancia: El art. 282 autoriza la readecuación de las costas y honorarios dispuestos en la primera instancia, cuando se modifica el fallo. Conforme a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en sus precedentes S.D. 33/94, 28/95, 46/95 y 2/96, las costas en los pleitos sobre daños y perjuicios cuando media causación conjunta deben imponerse en la medida de la atribución de responsabilidad por aplicación del art. 69 parte 2da C.P.C.C. Así entonces, corresponderá imponer las costas de primera instancia en un 10 % a cargo de las actoras y en un 90% a cargo de los demandados y a la citada en garantía H. L. B. A. S. S.A., en forma concurrente y en la medida del seguro. (art. 69 2da parte del CPCC).

No me expediré aquí respecto de los honorarios de los letrados, en tanto son materia de tratamiento en la próxima cuestión.

Los honorarios de los peritos resultan adecuados a la actividad cumplida por lo cual, estimo que no deben readecuarse.

b) Las costas de la Alzada deberán imponerse a la actora vencida (art. 69 del CPCC). Los honorarios propuestos por el Dr. Vivas, resultan ajustados a la actividad profesional cumplida en esta sede, conforme su mérito, extensión y resultado (art. 5 y 13 de la Ley XIII Nº 4 y su mod.) Voto a la cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

A fs. 433 apelaron sus honorarios, por considerarlos bajos, el letrado de la citada en garantía y por bajos y altos, a fs. 435 y 436 respectivamente, los letrados de la parte actora.

Teniendo en cuenta la extensión de la tarea, mérito, calidad y resultado obtenido, considero que los mismos deben ser elevados. Los de los letrados de la parte actora, en el 6% para cada uno de ellos; y los del letrado de la citada en garantía, en el 15%. Tales porcentuales deben aplicarse sobre el monto del proceso que indefinitiva resulte, con más IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 9, 38 y cc. de la ley arancelaria).

A LA TERCERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

Las apelaciones deducidas a fs. 433, 435 y 436 ameritan revisar los honorarios dispuestos en la anterior instancia, para los letrados que intervinieron en la causa.

Para fijar los honorarios la señora jueza ha tenido en cuenta el conjunto de pautas expresamente previstas en el régimen arancelario y que pueden ser evaluadas por los jueces con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo, entre otros aspectos. Por lo que, realizados los cálculos pertinentes debo concluir que los porcentajes allí establecidos, no reflejan la importancia y extensión de los trabajos cumplidos por los señores abogados, por lo que estimo que los honorarios de los letrados de las coactores, V. A. F., G. L. S. L. F. deben reajustarse en un 6% para cada uno de ellos y en el 15 % para el apoderado de la citada en garantía Ab L. Á. N. (art. 5, 6 7,10, 38, 46 y cctes. de la ley arancelaria).

VOTO a la cuestión por la NEGATIVA.

A LA CUARTA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Por tales fundamentos, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1. REVOCAR PARCIALMENTE el decisorio de fs. 420/425, dejándose sin efecto el reconocimiento del rubro "daños materiales" de pesos diecisiete mil ($ 17.000.) y sus intereses.

2. READECUAR las costas en primera instancia, imponiendo las mismas en el 90 % a los demandados y citada en garantía H. L. B. A. S. S.A., en forma concurrente y en la medida del seguro y el 10 % a las coactoras. (art. 69 2da parte CPCC) (art. 282 CPCC).

3. ELEVAR los honorarios profesionales dispuestos en la primera instancia a los letrados de la parte actora V. A. F., G. L. y S. L. F., en el 6% para cada uno de ellos; y los del letrado de la citada en garantía L. Á. N., en el 15%. Tales porcentuales deben aplicarse sobre el monto del proceso que indefinitiva resulte, con más IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 9, 38 y cc. de la ley arancelaria).

4. IMPONER las costas de la presente Instancia a la actora vencida (art. 69 del CPCC).

5. REGULAR los honorarios de los Sres. letrados de la parte actora V. A. F. y S. L. F. en un 12,5% para cada uno de lo que les correspondiere en la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía L. Á. N. en un 27% de lo que le correspondiere en la Instancia anterior (arts. 5, 13, 38 y cc. ley XIII, Nº 4 y su mod.). 6. REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

Así lo voto A LA CUARTA CUESTIÓN, la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

El pronunciamiento que propone el Dr. Vivas es el que se justa al contenido de mi voto.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que el Dr. Heraldo Enrique FIORDELISI no emitió opinión por haberse formado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N° 17) pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de junio de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1. REVOCAR PARCIALMENTE el decisorio de fs. 420/425, dejándose sin efecto el reconocimiento del rubro "daños materiales" de pesos diecisiete mil ($ 17.000.) y sus intereses.

2. READECUAR las costas en primera instancia, imponiendo las mismas en el 90 % a los demandados y citada en garantía H. L. B. A. S. S.A., en forma concurrente y en la medida del seguro y el 10 % a las coactoras. (art. 69 2da parte CPCC) (art. 282 CPCC).

3. ELEVAR los honorarios profesionales dispuestos en la primera instancia a los letrados de la parte actora V. A. F., G. L. y S. L. F., en el 6% para cada uno de ellos; y los del letrado de la citada en garantía L. Á. N., en el 15%. Tales porcentuales deben aplicarse sobre el monto del proceso que indefinitiva resulte, con más IVA, si correspondiere (arts. 5, 6, 7, 9, 38 y cc. de la ley arancelaria).

4. IMPONER las costas de la presente Instancia a la actora vencida (art. 69 del CPCC).

5. REGULAR los honorarios de los Sres. letrados de la parte actora V. A. F. y S. L. F. en un 12,5% para cada uno de lo que les correspondiere en la Instancia anterior y los del Sr. letrado de la citada en garantía L. Á. N. en un 27% de lo que le correspondiere en la Instancia anterior (arts. 5, 13, 38 y cc. ley XIII, Nº 4 y su mod.). 6. REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC. CONSTE.