marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falta de personería, abogado apoderado, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Amador, Gerónimo y otros c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-30

Los poderes que han sido otorgados en el marco del art.18 del Código Procesal Laboral y que contienen una clara manifestación de voluntad en el sentido de que los letrados allí indicados formulen reclamo por "indemnización por accidente de trabajo y otro rubro emergente de la relación laboral", frase esta última que tiene sentido unívoco, no acepta otra interpretación, no puede dar lugar a la excepción de falta de personería. Existiendo una norma específica en la ley ritual que regula el otorgamiento de poderes, carece de sentido adentrarnos en el análisis de las normas que rigen el mandato, las cuales no están modificadas `por aquellas pero si deben interpretarse con amplitud tal, que permiten llevar a la práctica el ejercicio concreto de los derechos del trabajador, que muchas veces, por olvido o ignorancia da lugar a exclusiones que afectan el ejercicio comentado. Ello ha hecho necesario, que se convierta en una costumbre del Fuero, el consignar uno o más rubros en forma específica e incluir la frase mencionada a manera de corolario, considerándose en todos los casos que para nada afecta el derecho del demandado, que de todas maneras tendrá la oportunidad de contestar uno por uno a los reclamos que se le formulen.
Sentencia absolutoria, falta de acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: C.J.M.-M.M.E. s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMAS EN FORMA REITERADA Y ROBO SIMPLE REITERADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-27

No puede en la especie dictarse una sentencia condenatoria por esa falta de acusación y consiguientemente de pedido de pena por parte del Titular de la Acción Pública. Ello, siguiendo fallos de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Tarifeño..." y, posteriormente, 13 de julio de 1.995: "Cattonar, Julio P....". Temperamento igualmente adoptado por nuestro más alto Tribunal de Justicia a través de la Sala en lo Penal, -verbigracia: "Fernández, Cristian A.- Insaurralde, Ricardo E.- Robo Calificado por Uso de Armas - Recurso de Casación", del 18/3/97. En consecuencia, más allá de toda consideración que pueda realizarse en favor del encausado en razón del análisis de la prueba y en atención a la posición sentada por este Tribunal y referenciada más arriba, corresponde ineludiblemente dictar la absolución de culpa y cargo del imputado por este único suceso y que indico como primero. -confrontar, entre otros: "MUÑOZ, Luis Daniel y otro - Tentativa de Robo y Robo, en concurso Real", del 8/5/2.000.
Costas, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO ("LA EMPRESA" y/o "EDASA") c/ MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-07-31

Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 858 del Código Procesal Civil y Comercial de San Luis, en cuanto dispone que, en las causas contencioso administrativas las costas serán establecidas en el orden causado, ello en virtud de lo resuelto en la causa "Sevastei" -STJ de San Luis, del 25/10/2007-.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, disolución del matrimonio, convenio de alimentos, cuota alimentaria, obligación alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: UGARTE RODRIGUEZ, Mariela Judith del Valle c/ ROSELLO CHAILE, Andrés Miguel s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-10

Los alimentos deben guardar relación con el estatus económico que la alimentada tenía al tiempo anterior a la solicitud de los alimentos y deben ser fijados objetivamente guardando una razonable proporción con los ingresos del alimentante.
Autoría, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El Jefe de Área y de Batallón Logístico y el Mayor del Ejército Argentino y Oficial de Operaciones de dicho Batallón resultan autores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos doblemente agravados y homicidio calificado por alevosía por haber incurrido en infracción de deber, en virtud de la inobservancia de los deberes especiales impuestos por su competencia institucional, infracción que deviene suficiente para fundamental su autoría.
Amparo ambiental, legitimación activa, autonomía universitaria
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Universidad Nacional de Rosario c/ Provincia de Entre Ríos s/ Amparo (daño ambiental)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

La Universidad actora en la presente acción de amparo -que tiene por objeto que se ordene a la provincia demandada detener las quemas de pastizales- no puede fundar su legitimación en la parte final del artículo 30 de la ley 25.675, en cuanto dispone que "toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo", dado que no puede asumir la gestión de los asuntos ambientales sin invadir las esferas de competencia institucional propias del órgano integrante del Estado Nacional con competencia específica en la materia, cual es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Daño estético, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: TOLOSA, HECTOR c/ YACOBONE, ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

El daño estético está comprendido dentro del daño moral, salvo el caso que el daño estético se plantee como elemento de incapacidad, que integraría, entonces, el resarcimiento por tal rubro.

La lesión estética no constituye un daño material, puede ser un daño patrimonial indirecto o sea susceptible de apreciación pecuniaria, si produce un menoscabo en los bienes del patrimonio (art. 1068 del Código Civil). La lesión estética no es daño material porque incida físicamente sobre la integridad corporal de la víctima; es siempre un daño moral porque afecta un interés extrapatrimonial de la víctima y puede también constituir un daño patrimonial indirecto si repercute sobre las posibilidades económicas de aquélla.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, DANIEL ALBERTO; QUISPE, JOSÉ ANDRÉS; FLORES, DANTE RODOLFO; MEDINA, FABIO JUSTO; MENDOZA, MANUEL MARCIAL s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-08

La Cámara ha satisfecho con creces el deber de motivación del fallo que emerge de los arts. 115 y 409 del C.P.P., si la certeza acerca de la ocurrencia del hecho se adquirió a partir de una completa evaluación del material probatorio que reúne los dichos pormenorizados de la víctima, concordándolos con otras evidencias que los convalidan.

Es necesario distinguir la ausencia de motivación de su insuficiencia. Lo primero se asimila a la omisión de la expresión de las razones que fundamentan la decisión judicial; en tanto que lo segundo implica la existencia de una motivación que, según las circunstancias de cada caso, podría no alcanzar a constituirse en basamento suficiente para dar sustento a un fallo válido.

Las consecuencias de ambas situaciones difieren; así, la primera irrefragablemente conduce a la nulidad, mientras que la segunda sólo produce ese efecto cuando la deficiencia es de tal magnitud que importa una omisión lisa y llana de la misma.

La certeza necesaria para condenar puede alcanzarse válidamente mediante la concatenación de una gran cantidad de indicios; si ello es así, la labor de la Corte frente a un planteo de casación consiste en saber si esas determinaciones probatorias respetan las reglas de la lógica o si por el contrario las violentan.

La sentencia supera el control de logicidad que se debe cumplir en la presente instancia, si cuenta con motivación suficiente, basada en un razonamiento que sólo es objeto de críticas parciales, básicamente orientadas a cuestionar el valor probatorio de ciertas evidencias.

La falta de acreditación de un móvil no obsta a la atribución delictiva efectuada, pues ello sólo es así cuando el propósito o finalidad criminal aparece descripto como un elemento constitutivo de la figura aplicada, y no cuando el hecho se enmarca en las previsiones básicas del art. 79 del C.P.
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peredo, Lucio José y otra c/ Yevanovich, Esteban Daniel y otro s/ Daños y perjuicios Fiel, Hugo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Fiel, Hugo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Sonaglia, Ricardo c/ Balduzzi, Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24|1993-09-09|1993-09-09|1997-03-11

El resarcimiento indemnizatorio tiene una faz inicial -que en suma es optativa para el demandante-: requerir la restitución de la cosa dañada al estado inmediato anterior al ilícito, salvo que tal actividad fuere imposible, en cuyo caso se fijará la cantidad de dinero substitutiva aunque el damnificado podrá optar por esa indemnización susbstitutiva en dinero.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión abstracta, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacio de Pérez, Rita Adelina c/ Lockwood y Cía.  S.A. y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Al no existir impedimento para la eficacia jurídica del allanamiento de la actora, la ausencia de interés económico convierte en abstracto el pronunciamiento requerido a la Corte.
Responsabilidad médica, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: N., V. A. S. c/ Casa Hospital San Juan de Dios y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-09

La culpa profesional es la culpa común o corriente emanada, en lo esencial, del contenido de los arts. 512, 902 y 909 del Cód. Civil y se rige por los principios generales en materia de comportamiento ilícito. El tipo de comparación debe ser el de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en la que queda encuadrar al deudor en cada caso concreto. De esta forma, se descartan aquellas teorías que hablan de la culpa médica o profesional especial, según las cuales los profesionales no respondían sino de la negligencia profesional grave, patente o grosera
Cuestión federal, reservas, oportunidad procesal, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Luis Rafael c/ Banco de Catamarca s/ Haberes adeudados - Casación - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-02

El oportuno planteamiento de la cuestión federal pertenece a la primera oportunidad procesal, esto es, al momento de trabarse la litis o bien, cuando motivos de excepción justifiquen la ausencia de esa formalidad, a la primera ocasión posible en el curso del procedimiento, con la finalidad de conferir a los jueces de la causa oportunidad de merituar y decidir sobre la cuestión federal que se alega comprometida.

En ese orden, se advierte en el caso que el recurrente hizo reserva del caso federal en oportunidad de presentar los agravios de la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, es decir, tardíamente, puesto que la circunstancia de que el fallo que decidió el litigio -considerado arbitrario por el recurrente- no se haya basado en los argumentos por él esgrimidos o haya sido contrario a lo pretendido por su parte no significa, de modo alguno, que el sentenciante haya introducido una cuestión federal en esa oportunidad, más aun si se tiene en cuenta que el resultado era razonablemente previsible.

Por lo tanto, corresponde declarar formalmente inadmisible el Recurso Extraordinario Federal planteado.
Confirmación de sentencia, allanamiento sin orden, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: P., D. I. s/nulidad c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-14

Mariano González Palazzo, en disidencia, votó por confirmar la resolución. Consideró que el procedimiento se ajustó a derecho y no conculcó garantía constitucional alguna. Destacó, entre otros aspectos, que la defensa confunde los supuestos de allanamiento sin orden judicial (previsto en el artículo 222 del CPPPBA) con el ingreso a una vivienda con el consentimiento de sus ocupantes al referir ".se endilga al policía el haber ingresado a la vivienda sin orden judicial, destacándose que no había urgencia y existían medidas que podrían haberse dispuesto temporariamente.", soslayando las particularidades del caso ya que la moradora -hermana del imputado- también pudo haber querido evitar que las sospechas recayeran sobre su propia persona, no correspondiendo que la verbalización de la autorización para el ingreso se asimile la declaración testimonial incriminatoria prohibida entre parientes (normada en el art. 242 del CPPN). Finalmente, agregó que no advertía que el "permiso" hubiera estado viciado o coaccionado y que los funcionarios policiales no pueden hacer oídos sordos ante los datos espontáneos que escuchan de boca de los interesados (conforme se sostuviera en la causa 51728/18 "Fariña" de esta Sala VI del 1/11/18 y sus citas).
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, sanciones civiles, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRIERI, GABRIEL OMAR s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Si bien es cierto que el Colegio Público de Abogados aplica penas, ellas guardan diferencias evidentes con las penas del derecho penal en orden a su esencia y finalidad, circunstancia que determina que ambas materias tengan principios propios. En dicho procedimiento las partes no actúan, de modo alguno, en carácter de imputado y querellante, no existe condena, sobreseimiento o absolución, y no se aplica el Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional, institutos exclusivos del proceso penal, y ausentes en esta impugnación judicial.
Consumación del delito, delito doloso
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Roque Luis s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luis A. Gandini en contra de Sentencia Nº 30/11 de Expte. Nº 001/11: Romero, Roque Luis - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-19

Las "amenazas" constituyen un delito contra la libertad individual, previsto en el Capítulo 1 del Título 5 del Libro Segundo del Código Penal, que atenta contra el derecho de las personas a no ser víctimas de actos susceptibles de alterar su tranquilidad espiritual, produciéndoles inquietud o temor; siendo el medio que lo caracteriza la "vis moral", consistente en el anuncio a la víctima, en forma manifiesta o encubierta, de palabra, por escrito o de hecho, de un daño en su persona, intereses o efectos, que el autor tiene la posibilidad de causar (cfr. Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal, Parte Especial", 2da. Edición actualizada por Víctor F. Reinaldi, 1999, Marcos Lerner Editora Córdoba, pág. 168).

El ilícito en análisis es doloso -el sujeto activo debe obrar para alarmar o amedrentar a la víctima- y se consuma cuando las amenazas injustas e idóneas llegan a conocimiento de la víctima, sin que resulte necesario que, obrando efectivamente en el ánimo de ella, la inquieten o atemoricen (autor y obra citados, pág. 169, 2do. párrafo).

En tal sentido, cabe agregar, que la figura básica de amenazas se concreta cuando el autor anuncia a otro un mal grave, injusto, posible y futuro con idoneidad para intimidar, y aunque no se exige la producción de un daño, es decir, el efectivo amedrentamiento de la víctima, sí se requiere el propósito específico de causarlo. En consecuencia, se trata de un delito formal y no de resultado, que se satisface con el hecho de proferir manifestaciones idóneas para amedrentar, con independencia de que ese efecto se concrete.
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, establecimientos penitenciarios, personas privadas de la libertad, derecho a la privacidad, sanciones penitenciarias carcelarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Marcelo Daniel Salvini en la causa Salvini, Marcelo Daniel y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-30

El derecho a la privacidad de los internos consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional no necesariamente impide toda medida que busque disuadir la tenencia o el uso de estupefacientes en los establecimientos carcelarios, en tanto la necesidad de estos establecimientos de disuadir las conductas que afecten el bienestar de los internos, el buen funcionamiento de la institución (el orden, la seguridad o la disciplina en el penal) o que dificulten su reinserción social -objetivos que de hecho aparecen invocados en la ley 24.660 en sus arts. 1, 69 y 70- podría justificar, por lo tanto, que los reglamentos carcelarios impongan sanciones disciplinarias por la tenencia o el uso de estupefacientes (Voto del juez Rosenkrantz y del conjuez Antelo). -De la disidencia del juez Rosenkrantz en el precedente "Rodriguez" (Fallos: 344:2409) al que el voto remite-. -Los jueces Rosatti y Maqueda, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Adopción, parentesco
Materia: CIVIL
Carátula: V. E. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-12-06

Las prohibiciones emergentes del parentesco consanguíneo en línea recta ascendente y descendente no reconoce excepción alguna y comprende a todos los parientes consanguíneos ubicados en la línea recta. Así tampoco puede adoptar un bisabuelo, ni el ascendiente en cuarto grado en línea recta ascendente a su descendiente.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor, automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vallejos Gumersinda c/ Gómez Hugo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-08

Después de la sanción de la ley 22.977, el art. 27 del Decreto Ley 6582- 58, determina que hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiera comunicado al Registro que hizo tradición del automóvil, se reputara que el adquirente o quiénes de este último hubieran recibido la tenencia o posesión de aquel, revisten en relación al transmitente el carácter de terceros por quiénes el no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio ejecutivo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Basilio Domanski S.A.C.I.F.I.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-09-17

En lo que hace a la exigencia de la "definitividad" de la sentencia, presupuesto requerido por el inciso 21 del artículo 289, y su concordante artículo 285 del C.P.C. y C., que en el caso en examen, la resolución impugnada (resolución recaída en un juicio ejecutivo) no reviste tal carácter.
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Portilla, Juan Manuel y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

La aplicación de ciertos mecanismos bancarios destinados a mantener la intangibilidad de los créditos financieros que, de ordinario, logran producidos que exceden la necesidad de obtener una ponderación objetiva de la realidad, para caer en la injusta y desproporcionada, obteniéndose resultados que enmascaran una verdadera repotenciación de los créditos en base a guarismos manifiestamente exorbitantes y en abierta colisión con la ley 23.928 de desindexación, han merecido el rechazo de la Corte Suprema Nacional, quien ha resuelto que corresponde dejar sin efecto la sentencia que convalida la capitalización permanente y en breves lapsos, si lleva a una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (C.S.N., L.L. 1994-1157).
Contrato de turismo, contratos, plataformas electrónicas, daños al consumidor, agencia de turismo, derechos de las partes, obligaciones de las partes, acción de responsabilidad, cláusulas leoninas, aplicación de la ley, derecho comparado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cina, Maria Elena c/ Booking.Com Argentina SRL y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-10

Corresponde admitir la demanda promovida por una turista contra la sucursal argentina, de una empresa extranjera administradora de una plataforma digital de reservas hoteleras, en tanto no existe controversia referente a las deplorables condiciones que presentó el alojamiento elegido por la actora y debiendo, por ello mismo, entenderse cierto que se ha faltado al deber de veracidad en la información precontractual que la incentivó a su reserva, toda vez que no es lógico ni razonable suponerla hecha sobre un servicio de hotelería que fuera inadecuado para su fin (CCCN 1100 y 1107; y LDC 4 y 8). Ello así, pues es uniforme la jurisprudencia comparada de los Tribunales europeos (conforme antecedentes de Tribunales de la Unión Europea, Holanda, Francia, Alemania, España e Italia), en señalar que la empresa matriz que administra el servicio de reservas hoteleras online cumple una función de intermediación o corretaje, considerándola responsable por daños y perjuicios frente a reclamaciones de consumidores.

En este sentido, nuestra jurisprudencia nacional ha considerado que la sucursal local de este tipo de empresas resulta solidariamente responsable frente al usuario aunque no haya participado en forma directa del negocio jurídico. Ello, por aplicación de la LDC 40, en tanto la empresa local interviene en la cadena de comercialización del servicio de turismo (conf. CNFed. Cont. Adm., Sala IV in re "Booking.com Argentina SRL c/ DNDC s/ defensa del consumidor - ley 24240", del 01/10/19; Cám. Civ. Com. Salta, Sala 3a, in re "Ríos, Sergio Daniel c/ Booking.com Argentina SRL - Defensa del consumidor", del 13/05/22).

La circunstancia de que la sucursal nacional no perciba sumas de usuarios ni de hospedajes y que toda su facturación es a la casa matriz (conf. peritaje contable), no aporta dato concluyente para acreditar la ajenidad de aquella en la cadena de comercialización, toda vez que el modelo de negocio de que se trata supone que la citada empresa matriz recibe una comisión del proveedor después de que el cliente haya ingresado al alojamiento o utilizado el servicio o producto, la cual es luego compartida con la filial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Campos, César Héctor c/ Perez Añaños, Manuel Alberto y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

No basta invocar infracción a las leyes de la prueba o la interpretación absurda, sino que debe demostrársela, más aún en el fuero laboral, donde la apreciación del material probatorio se realiza al margen de normas que sea posible quebrantar, salvo la que manda a los magistrados sujetarse a su conciencia, la cual únicamente se infringe cuando el razonamiento es manifiestamente arbitrario o absurdo.