Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-27


AUTOS 101.245 (C.C.Nº20.047) DEL Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería, CARATULADOS: "LESCANO Bibiana Elizabeth C/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2009- del Tº I- Fº110/111.- San Juan, 27 de abril de 2009.- VISTO: Estos autos Nº 20047, caratulados "LESCANO BIBIANA ELIZABETH c/ PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO POR MORA", para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 107 contra la sentencia de fs. 102 / 103 vuelta.

CONSIDERANDO:

En la aludida sentencia, de fecha 22 de agosto de 2008, se hace lugar al amparo por mora de la administración deducido por la Srta. Bibiana Elizabeth Lescano contra la Provincia de San Juan, ordenándose a ésta que, dentro del plazo de diez días, dicte resolución en el Expte. N 736 / 01, por intermedio del Hospital Guillermo Rawson, bajo el apercibimiento previsto en el art. 23 de la ley 3784. Las costas se imponen a la demandada.

El a-quo al resolver y teniendo especialmente en cuenta lo actuado en el Expte administrativo 736 / 01 (obrante en copia de fs. 1 / 75, copia no cuestionada) y el informe de fs. 88 / 89, concluye en que la demora en dar respuesta al reclamo efectuado resulta imputable a la demandada (evidentemente en forma errada dice, a fs. 103 vta.: "a la actora"), razón por la cual y habiendo transcurrido con exceso los plazos previstos por la ley 3784 (art. 22), corresponde acoger la acción impetrada y ordenar el pronto despacho a la Administración.

La demandada apelante se agravia de la orden de pronto despacho acogida, por entender que en caso no se ha valorado adecuadamente los motivos expuestos en el informe expedido por el Hospital Rawson (obrante a fs. 88) y pruebas obrantes en autos. Al efecto dice, que del informe referido y de la documental aportada surge que la actora reclamó el pago de honorarios correspondientes a los meses de junio a octubre de 2000, por servicios prestados en el Servicio de Traumatología del Hospital Rawson, consignando en las facturas "en el carácter de contratada", sin acompañar el contrato, norma legal, ni autorización alguna (informe de fs.- 88 vta.), obligando a la administración a someter el expediente al procedimiento administrativo correspondiente. Es decir, que los actos de la propia actora son los que han ocasionado la dilación en el trámite.

Antes de entrar propiamente al tratamiento del agravio propuesto, cabe recordar: a) que "todo administrado tiene derecho a que sus peticiones ante la Administración se resuelvan mediante una decisión expresa. Ello está implícito en el derecho constitucional de peticionar y surge también de la propia Ley de Procedimiento Administrativo al reconocer el derecho a una decisión fundada (art. 1, f, 3) y al fijar el deber correlativo de la Administración para que decida (art. 3, 7, c, etc.). Además este deber es la naturaleza de la Administración." (cf. L. S. 1990 - II - 226 / 235); y b) que ante la falta de decisión expresa de la Administración el administrado tiene, entre otras alternativas, obligar judicialmente a que decida mediante el amparo por mora (arts. 22 y 23 de la ley 3784)."Este instituto no es otra cosa que una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones administrativas. Por medio de él se posibilita que quien sea parte en el procedimiento administrativo acuda a la vía judicial, a fin de que se emplace a la administración a que cumpla con su cometido: decidir las cuestiones sometidas a su resolución, en un plazo que el juez fije. La decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo ampararse esta última en el "silencio", pretendiendo que decidió el asunto en esa forma" (Cfr. Hutchinson, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19549), T° I, pag. 510). También se puede agregar que "el amparo por mora no es propiamente una proceso judicial (juicio) ni el marco para debatir el fondo de la pretensión articulada en el trámite cuya mora se trata de subsanar" (Cfr. L. A.1997 - II - 334 / 335).

Esto recordado entramos a tratar el agravio propuesto y que puede resumirse en que el a-quo no ha tenido en cuenta que según las actuaciones administrativas obrantes en autos (en concreto copia del Expte. 736 / 01, agregado a fs. 1 / 74) y el informe de fs. 88 y vta., la causante de la demora en el trámite del expediente es la propia actora en razón de haber hecho una reclamación en el carácter de contratada sin acompañar el contrato respectivo, omisión que ha determinado en atraso en resolver.

El agravio así propuesto resulta claramente inadmisible, desde que el motivo alegado evidentemente no resulta atendible para justificar el atraso en resolver un expediente iniciado en junio de 2001, que pone en evidencia, además, desde fs. 55 a fs. 70 una actividad en gran parte insustancial, demostrativa en forma notable de la falta de voluntad para resolver (desidia), o lo que sería más grave aún: la falta de idoneidad para hacerlo.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso, con costas.

Por ello SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 107 contra la sentencia de fs. 102 / 103 vta., que queda firme.

II- Imponer las costas de alzada a la apelante vencida, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.