marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Partida de matrimonio, inscripción registral, impedimento de ligamen
Materia: CIVIL
Carátula: S., S s/ INFORMACIÓN SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

1 No procede la inscripción de la partida del matrimonio realizado en el extranjero si al momento de su celebración persistía respecto de uno de los contrayentes un vínculo matrimonial en el país en virtud de una unión anterior. Pues, para disponer la inscripción mencionada los jueces están obligados a examinar la idoneidad del vínculo matrimonial que se alega a la luz de la normativa vigente al tiempo de su celebración. En consecuencia, la falta de aptitud nupcial no puede ser subsanada por la posterior disolución del vínculo matrimonial dado que el impedimento previsto por el art. 166, inc. 6 del Código Civil rige con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad de este vínculo; máxime si se tiene en cuenta la exigencia contenida por el art. 65 del decreto-ley 8204/63.

2 Tampoco la mutabilidad del orden público en el caso de derecho matrimonial, actualizado por la reforma que receptó el divorcio vincular (ley 23.515), hace procedente la inscripción solicitada. Ello, aun cuando se hubiera inscripto en el Registro Civil la conversión del divorcio vincular respecto de la separación que obtuviera el contrayente imposibilitado de contraer nuevas nupcias en el país bajo el régimen del art. 67 bis de la ley 2393.

(Sumario N°18067 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°4/2008).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), derecho a la salud, obras sociales, IPROSS, acompañamiento terapéutico, valores referenciales, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., C. M. c/ IPROSS s/ amparo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-05

La conducta del IPROSS no puede ser encuadrada dentro de un obrar arbitrario e ilegítimo cuando no existe negativa de la Obra Social a brindar la cobertura de las prestaciones requeridas y la cuestión se centra tan solo en una diferencia de criterios en orden al valor a asignar a los honorarios correspondientes a la hora de trabajo de la Acompañante Terapéutico. En función de ello, y en atención a lo ya decidido en los precedentes "ARNALDO", "PURRAYAN" y "RODRIGUEZ", es dable reiterar que la vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine, relacionadas con diferencia de criterios respecto a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS para el ejercicio de la asistencia de cuidadores y enfermeros (cf. STJRNS4 Se. 147/17 "DANI"). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SPADARO JOSE ALBERTO c/ INSAURRALDE GREGORIO L s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-23

Si bien el art. 22 de la ley 8904 dispone que, en ningún caso la regulación podrá ser inferior a cuatro (4) "jus" ante juzgados de primera instancia, la determinación de honorarios desproporcionados con el monto de la condena y la naturaleza de la labor cumplida viola las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio, tornando arbitraria la resolución judicial que de ese modo la fijare, siendo inadmisible toda regulación que excede el treinta y tres (33) por ciento del valor en juego (Cfr. SCBA, "DJBA", v. 114,p. 1) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Salazar Edith del Carmen c/ Galeno ART SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-18

En el caso, la actora, quien sufriera un accidente in itinere y presentara constancia emanada del SeCLO que daba cuenta de la conclusión del trámite administrativo, apela la sentencia de primera instancia que declaró la falta de aptitud jurisdiccional para entender en el presente caso. El juez a quo señaló que del texto de la ley 27.348, resulta la obligación de transitar el trámite de las comisiones y la exclusión de todo otro trámite administrativo. Las cuestiones de competencia (comprendidas en el grupo de normas de forma procesales) deben ser sometidas al análisis de constitucionalidad, en la inteligencia de cómo se articulan los sistemas jurídicos, en particular, en un sistema jurídico como el nuestro, de naturaleza cerrada. Resulta ilegítimo pretender la alteración del criterio de competencia para acceder a los tribunales, en función del pretendido procedimiento administrativo. Esto es, tomar lo "menos" para lo "más", pretendiendo supremacía. De tal suerte, encontrándose iniciado el trámite administrativo de conciliación obligatoria ante el SeCLO y fundamentalmente, resultando más beneficiosa para la trabajadora la aplicación del régimen de las leyes 24.557 y 24.635, resulta suficiente para afirmar que el actor goza del derecho a acceder a la vía jurisdiccional. Máxime, si se tiene en cuenta que la actora dio cumplimiento al trámite administrativo ante el SeCLO, acceder al trámite ante las comisiones médicas, implicaría exigirle transitar doblemente la vía administrativa. Por ello, corresponde revocar lo resuleto en primera instancia y declarar la competencia del fuero para entender en las presentes actuaciones. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Robo en poblado y en banda, participación criminal, garaje
Materia: PENAL
Carátula: Lanati, A. y otros s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

La intervención como cómplice de uno de los tres procesados por el robo, sin ejecutar las acciones descriptas en el tipo, las que tampoco supervisó ni dirigió, torna inaplicable la agravante prevista por el art.167 inc.2do. del C.P. que conforme la doctrina sentada por el plenario "Quiroz" requiere por lo menos, tres participaciones materiales en la realización del hecho, no procediendo igualmente la calificante porque no es lugar "poblado" el subsuelo de un garaje, aún cuando se halle sito en la planta urbana y por otra parte tanto el uso de armas como la "banda" son circunstancias de hecho que implican un claro margen de poder coactivo a favor de los autores, o en sentido contrario, notoria desventajas para las víctimas, cuya seguridad física corre riesgos, lo que no se da cuando no se amenazó la seguridad de persona alguna, fuera del custodio del lugar.
Uso de documento falso, documentación del automotor, registro de la propiedad automotor, competencia federal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia Causa nro. 13486
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que "...La presentación de documentación falsa ante un registro seccional...con el objeto de anotar un bien, han entorpecido el normal funcionamiento del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, por lo que deben ser investigados por la justicia federal..."
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, injurias, declaración testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MILICI, YANINA MARIELA c/ FONTANA, SERGIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-26

Corresponde rechazar la queja desde que las alegaciones expuestas por la recurrente no superan el ámbito de la mera discrepancia interpretativa con lo resuelto por los jueces de la causa, al confirmar el rechazo de la demanda de indemnización de daños y perjuicios motivada por los supuestos dichos injuriantes, difamantes y temerarios vertidos por los demandados en la oportunidad en que los mismos prestaron declaración testimonial en distintas causas judiciales, por considerar que lo relatado por éstos estaba dentro del contexto de un conflicto entre vecinos, donde hay imputaciones recíprocas, no pudiendo argumentarse que sus dichos no estuviesen dirigidos a esclarecer el hecho investigado; ni demostrar que tales testimonios fueran falsos o hubiesen sido proferidos con mendacidad o clara intención de dañar, viendo insuficiente que la demandante se sienta víctima de los mismos.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía, Derecho laboral, descanso semanal, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La ley 13441 y las ordenanzas municipales 7638/15 y 1731/15 de adhesión a la misma exceden el ejercicio del poder de policía e incursionan en materia laboral sustancial delegada al Congreso nacional por imperio del artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna; lo que surge evidente y manifiesto a partir de la confesada finalidad de la normativa impugnada, en cuanto persigue mejorar la calidad de vida de los trabajadores mercantiles por vía de garantizarles el descanso semanal los días domingos y feriados, aun cuando ello se hiciera bajo el pretexto del poder de policía que supuestamente compete a legisladores y concejales, mediante el subterfugio de fijar días y horas para la apertura y cierre de ciertos establecimientos comerciales. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta).
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laiolo, Domingo Bautista c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 66 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

No puede prosperar el argumento de la Provincia recurrente respecto a que el reclamo del actor, que fuera resulta mediante decreto del Poder Ejecutivo, fue comunicado por certificada con aviso de retorno, puesto que no consta en autos que el decreto mencionado hubiera sido notificado al interesado de conformidad con las normas legales. Al respecto, resulta manifiestamente insuficiente el sello que indica que el acto fue "comunicado... a la parte interesada por certificada con retorno", máxime si se tiene en cuenta que ante la providencia del Director General de Despacho del Ministerio de Gobierno, que ordenó "agregar aviso de retorno", la Sección Registraciones informó que el mismo no se había recepcionado. Y, de entenderse -no sin esfuerzo- que lo señalado por la Provincia significa que de la prueba a producirse surgiría que el recurrente pudo haber conocido la existencia del mencionado decreto durante las actuaciones realizados con posterioridad a su dictado, corresponde destacar que a pesar de sus dichos no ofreció ni produjo prueba al respecto, y que tampoco hay constancias de que el recurrente hubiera tenido noticias de aquel acto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, contrato de trabajo, despido, prueba
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Gremial de Sanidad Ferroviaria c/ Instituto   de   Servicios  Sociales  par  el  Personal  Ferroviario s/ ley 18.610.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Las apelaciones federales presentadas por los abogados por sus propios derechos deben ser desestimados, pues tal remedio es inadmisible cuando se lo funda en el interés de terceros cuya representaci{on no se invoca hipótesis que se verifica cuando los recurrentes alegan la violación de garantias constitucionales de la actora para apoyar sus pretensiones.
Contrato de trabajo eventual, indemnización por despido, antigüedad mínima, estabilidad laboral, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, ALCIDES c/ INSTITUTO    DE  SERVICIOS  SOCIALES PARA  EL  PERSONAL  FERROVIARIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-31

La pauta de tres meses como mínimo indispensable para tener derecho a la indemnización prevista en el artículo 266 de la LCT., está pensada en función de aquellos contratos que tienen vocación de permanencia y no puede trasladarse este concepto a los contratos de trabajo eventual, donde la vocación de estabilidad se va afirmando durante el curso de la relación y en función de su duración.
Juegos de azar, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255' de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 255'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

La materia contravencional en torno al juego o apuestas corresponde al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (ley nº 255), sin discusión, pues así está previsto, incluso, en la ley de transferencia de competencias del Congreso de la Nación que menciona el propio recurrente (ley nro. 24.588).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, destrucción total del automotor, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADO JUAN D c/ MADRIÑAN HUGO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Cuando se decide una indemnización por destrucción total del rodado, no corresponde superponerle un resarcimiento por desvalorización del mismo. Son dos rubros que se excluyen. La desvalorización está subsumida en la destrucción total, que es el daño mayor.
Corretaje, martillero, corredor, matrícula profesional, corredor no matriculado, sociedad de corredores, sociedad de hecho, sociedad irregular, rendición de cuentas, restitución de sumas de dinero, falta de acción
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRILLIA, PASCUAL c/ REJON, HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-01

Si quien se halla matriculado como martillero y corredor formó una sociedad de hecho con otra persona que administraba algunas propiedades sin hallarse inscripto en las matrículas respectivas, resulta improcedente que, el socio inscripto inicie acción judicial reclamando al otro integrante del ente: rendición de cuentas de lo actuado, el cobro de determinada suma de dinero percibida por aquél y el recupero de algún pago hecho por el reclamante. Ello así, pues el accionante careció de acción para reclamar en tales términos, según deriva de la interpretación armónica del ccom 105-1º-b, la ls 18 y el cciv 1047. Por tanto, las acciones entre los socios están impedidas, lo que alcanza a las acciones por rendición de cuentas y por cobro de pesos. A más, la prohibición del ccom 105-1º alcanza también a sociedades de hecho, puesto que si lo prohibido a los corredores es la constitución de sociedad, no parece interesar la regularidad o irregularidad de ella. De otro lado, la prohibición de formar sociedades quedaría desnaturalizada -o reducida- si se permitiese a los corredores la formación de sociedades de hecho.

Fundamentos del dr. Alberti: resulta improcedente que el accionante quien cuenta con matrícula de corredor-, pretenda el reconocimiento en justicia de una sociedad irregular que habría mantenido con el accionado. Ello, pues el ccom 105-1º prohíbe al corredor "contraer sociedad de ninguna clase de denominación". De modo pues, que no existe interés jurídico protegible cuando lo pretendido conduzca a una consecuencia que de ser estimada supondría acreditada la comisión de una infracción respecto de una prohibición de derecho;

porque "nemo auditur turpitudinem suam allegans".
Daños y perjuicios, sepulcros, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, osario común
Materia: CIVIL
Carátula: SANTORO, ORLANDO LIONEL c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-29

Demandados daños y perjuicios contra la Comuna como consecuencia del incumplimiento al contrato de arrendamiento de una sepultura que motivara la pérdida de los restos del padre, madre, abuelo y tío del accionante, los que fueron remitidos al osario común, ya que el demandante pagó a la Comuna el traslado al crematorio de los restos mortales, la cremación de los mismos y el posterior envío de las urnas conteniendo las cenizas y ésto último no se efectivizó porque fueron remitidas al osario común, no obstante que conforme a la Ordenanza 27590 art. 57 B.M. 14.357 la Municipalidad no es ni se constituye en custodia de los sepulcros ni de los restos que ellos contengan, los que pueden ser inhumados, incinerados, removidos o trasladados, es evidente que al recibir los cadáveres para su incineración y posterior emisión de las cenizas al nicho pertinente o en el mejor de los supuestos para su entrega a quién contrató la reducción de aquellos, se constituyó, en depositaria, primero de los cadáveres y luego de las cenizas, de modo que si entendió que era el depositante quién debía retirarlas y no ella la que debía conducir las urnas al nicho que al efecto se había arrendado, en vez de enviar las cenizas al osario común debió intimar al demandante a que las retirara, pues son aplicables por analogía las normas previstas en el Código Civil para el contrato de depósito (arts. 2182 a 2239), tanto más en el caso en que el depósito no es gratuito sino oneroso, de modo que rigen los supuestos de incumplimiento a las obligaciones contractualmente asumidas que hacen responsables a sus autores por sus hechos u omisiones culposas (arts. 511 y 512) desde que al encontrarse imposibilitados de efectuar la restitución (arts. 2182 y 2210), la obligación debe resolverse en daños y perjuicios (art. 505 del Código Civil).
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación de sentencias, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA SUSANA L. c/ FIDE-BRIZ S.R.L. s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-26

Si los agravios vertidos se refieren a cuestiones de hecho y prueba, que por regla resultan ajenos a la instancia extraordinaria, ello no es obstáculo para que se pueda conocer en la cuestión planteada cuando los argumentos utilizados por el sentenciante no cuentan con el debido sustento en las constancias de la causa y las normas aplicables al caso.
Fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, indivisión forzosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA ROCHA JOSE FERNANDO c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Cuando como -en el caso- el actor no está ejercitando su derecho de rescatar su cuotaparte para desvincularse de los demás partícipes en la indivisión forzosa del fondo (aceptando el valor actual), sino que lo que pretende es percibir su inversión en la moneda en la que originariamente fue impuesta, tal proceder va más allá que gestionar individualmente, para lo cual, no está legitimado. Adoptar una tesitura contraria, implicaría reconocer al cuotapartista potestades administrativas sobre el fondo común, las que están reservadas a los órganos activos del Fondo Común de Inversión.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

El derecho de privacidad es el "derecho a ser dejado a solas" y, sin duda, la incolumidad del principio de determinación autónoma de la conciencia requiere que la persona sea dejada a solas por el Estado no por la religión ni por la filosofía- cuando toma las decisiones relacionadas con las dimensiones fundamentales de la vida, y la intromisión estatal con repercusión en dichas dimensiones sólo podrá justificarse sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.
Elecciones, impugnación de la elección, plazo, Código Electoral Nacional, verdad jurídica objetiva, preclusión
Materia: ELECTORAL - PROCESAL
Carátula: Novello,  Rafael  V.  -Apoderado  del  Partido  'Unión Cívica Radical s/ interpone  recurso  de  apelación contra la resolución nx 50 de la H,  Junta Electoral Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

El Código Electoral Nacional en sus arts. 110 y 111 no atribuye una indebida primacía a aspectos rituales sobre el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, pues lo relativo al límite temporal para impugnar los resultados provisorios de un comicio trasciende la mera inteligencia del principio procesal de preclusión, para comprometer de un modo directo la esencia propia del sistema electoral y los valores que en él descansan que -como principio- no admiten la revisión de los resultados alcanzados más allá de la oportunidad que la propia ley reconoce para ello.
Prescripción, responsabilidad extracontractual, transporte de pasajeros, muerte de un pasajero
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ ALBERTO LUIS Y OTRO c/ EMPRESA ROJAS  S.A.C. s/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

Esta Cámara tiene decidido que es de naturaleza extracontractual la acción ejercida por los herederos del pasajero fallecido durante el transporte, doctrina de inexcusable aplicación en la causa habida cuenta de la fuerza vinculante que emana de los fallos plenarios.

Ello así, atendiendo a que desde la fecha del hecho dañoso hasta la de la deducción de la demandada no transcurrió el plazo bienal previsto en el art. 4037 del Código Civil, la prescripción no se ha cumplido.
Contrato de trabajo, buena fe, injuria laboral, pérdida de confianza
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ MARIA ROMINA c/ MAXIHOGAR S.R.L. Y/U OTROS s/ SUELDOS IMPSGOS, ETC - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-02

La buena fe significa lealtad recíproca de conducta, comportamiento leal en las relaciones sociales, causa que justifica la confianza y, al mismo tiempo, exigencia imprescindible de conducta precisamente para que la confianza resulte justificada. En tal sentido, en el contrato de trabajo la buena fe y la confianza entre las partes constituyen condiciones "sine qua non" para que las relaciones puedan desarrollarse en forma armónica, permitiendo a cada una de ellas cumplir con sus obligaciones para llevar el contrato hacia el fin previsto. Ambas condiciones, buena fe y confianza son la esencia del vínculo. Este tipo de injuria no supone necesariamente un daño a los intereses patrimoniales del empleador, bastando con que lo sea a los puramente morales.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, seguros
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Gregorio Alberto c/ SUGAR GLAY  S.A.  Y OTRO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hace lugar a la demanda contra la aseguradora pues no resulta fundamento adecuado que el art. 118 de la ley 17.418 no autoriza al demandado a oponer defensas nacidas después del siniestro, si se trató de un cuestionamiento que hace al origen mismo de la contratación.