marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contienda negativa de competencia, acciones posesorias, despojo
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO, JORGE DANIEL c/ DA SILVA, ROMINA Y RIVERO, JULIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-03

Corresponde remitir la presente causa al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, atento que el actor inició proceso sumarísimo de despojo y según el artículo 69 in fine de la ley 10160 en las acciones posesorias y de despojo resultan competentes los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual y, teniendo en cuenta que en la ciudad de San Javier no hay tribunales de dichas características, cabe realizar una interpretación armónica de los artículos 69, 72 y 79 y asignar la competencia a los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, por poseer éstos una competencia residual plena, independientemente del valor del inmueble en disputa.
Recurso de inconstitucionalidad, tribunal de enjuiciamiento, juicio político, resoluciones, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -DR EMILIO MALDONADO PUIG- FORMULA DENUNCIA CONTRA EL SR. JUEZ DE CAMARA SALA I PENAL DE ROSARIO DR. T. CONFORME LO DISPUESTO EN ART 11 LEY 7050 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 532-86) V.,  A.;  P.,  J. M. E. I,  D.  G. -FISCALES DE CAMARAS TRIBUNALES  DE  ROSARIO-  ELEVAN  INFORME  S/INVESTIGACION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO  DE LO DISPUESTO POR ACTA ACUERDO Nº 24 DE FECHA 11-3-91 (JUZGADO DE INSTRUCCION  DE  LA  DECIMA  NOMINACION: DR M. F., F.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 74-94) B., G. B. s/ Tribunal de enjuiciamineto. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 696-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-24|1996-07-02|1995-02-22

El examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ha de ceñirse a las pautas que, en torno a la posibilidad de revisión judicial de los pronunciamientos emanados de los Tribunales de Enjuiciamiento, ha delineado el mas Alto Tribunal de la Nación, quien in re "Maydana, María E." (21-4-1992, La Ley bol del 21-10-1992), al hacer lugar a la queja deducida ante ella por la denegatoria del recurso extraordinario interpuesto ante el Superior Tribunal de la causa, preciso "que la agraviada, en cumplimiento de la doctrina anteriormente reseñada, tránsito exhaustivamente las instancias locales, pero solo obtuvo del Superior Tribunal de la Provincia, un escueto pronunciamiento en el cual se le puntualizaba el carácter 'irrevisable' de la resolución recaída en un juicio político, lo que, en otros términos, equivale a sostener que ningún control constitucional puede ser ejercido sobre ese tipo de decisiones. Esta postura es -obviamente- incompatible con la sostenida por esta Corte en el tema y por lo tanto, lleva a descalificar la sentencia recurrida y a devolver las actuaciones al tribunal de origen para que se avoque al tratamiento de los recursos interpuestos contra el fallo que separo a la recurrente de su cargo".
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sacilotto, Oliva c/ Muller Saravia de Lucero, Josefina s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

Al tomarse por el experto el índice de actualización correspondiente a la fecha en que tasó el valor actual de la reparación para proceder, por deflación, a determinar el valor a la fecha de la facturación, no se ha infringido la ley 23.928, en tanto ésta prohíbe indexar "deudas de dinero" expresadas en "australes no convertibles" con posterioridad al 1° de abril de 1991, pero nada dispone con relación a la operación de deflacionar un "valor de mercado" posterior, expresado en "australes convertibles", a una fecha anterior, máxime cuando, como es de notoriedad pública, los precios de los bienes y servicios con posterioridad al 1° de abril de 1991 no se han mantenido estables (arts. 7, 8, 9 y 10 de la Ley 23928).-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, interpretación de la ley, concejales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LIZARRAGA JUAN CARLOS s/ AMPARO LIZARRAGA JUAN CARLOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02|2003-04-28

De la simple lectura de la sentencia, cuya impugnación se pretende por el recurso de inconstitucionalidad, surge sin hesitación que el tema central planteado guarda estrecha, directa y exclusiva relación con la interpretación y alcance de lo normado por las leyes 5529 y 6146, en lo referente al supuesto de cómo debe ser reemplazado un concejal en caso de vacancia de su cargo. De lo que cabe inferir la absoluta inexistencia, en autos, de toda controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ordenamiento legal o reglamentario alguno.
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMIREZ LILIANA c/ CARLOS A MARTIN s/ Divorcio Vincular (LIBRO: A076 - 003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-07

Si en el procedimiento de divorcio vincular no es posible establecer la situación económica y social de las partes, por no haberse denunciado bienes de la sociedad conyugal, no aportado otros detalles personales, es correcto y equitativo ponderar las actuaciones de la ley para el desarrollo del expediente y la dedicación otorgada por el profesional interviniente.
Regulación de honorarios, incautación de bienes, base regulatoria, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: Microomnibus 3 de Mayo S.A. c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ contencioso administrativo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-23

En el presente litigio no se disputaron intereses concretos mensurables en dinero que justifiquen la aplicación de los coeficientes establecidos en el art. 7, conforme a lo preceptuado en el art. 6, inc. a) de la Ley G N° 2212. Ello así pues, a diferencia de lo que he propuesto en otros precedentes ("SCHMIDT" -STJRNS1 - Se. N° 25/16, "ANTOLIN" STJRNS1 - Se. N° 92/16), la nulidad de las mencionadas resoluciones no implicaban revertir una transferencia o desposesión patrimonial definitiva de los bienes de la actora; sino que -por el contrario- estamos ante una incautación "provisoria" de dichos bienes, lo que presupone su devolución a la empresa propietaria. En otros términos, no se ha verificado en este caso una salida definitiva de los bienes del patrimonio de la actora, sino que por vía de la incautación solo se ha transferido el uso de los mismos .... En consecuencia, en tales términos entiendo que la base de cálculo de los honorarios no puede estar conformada por la suma del valor de todos los bienes incautados, como lo pide el letrado de la actora, sino que a tales efectos el proceso debe considerarse como de monto indeterminado. (Voto del Dr. Apcarian por sus fundamentos).
Aplicación de la ley, reducción de cuota alimentaria, gastos del proceso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B. N. T. c/ G. S. G. J. s/ alimentos para los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-23

Valorando el ya destacado escaso aporte probatorio de sendos litigantes, en particular, los gastos de la familia ensamblada de la progenitora del joven, y luego de realizar cálculos prudenciales sobre qué proporción de los mismos podría atribuirse a la manutención del menor, adicionando otros propios de un desarrollo psico-social sano (vgr., vestimenta, esparcimiento, educación) y considerando la edad del alimentado (14 años), habrá fijarse el importe de la cuota alimentaria en la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua, libertad condicional, principio de proporcionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., F. J. c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR MEDIAR CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-30

Lo resuelto no obsta a que en un futuro, si al estar en condiciones para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o a la libertad condicional, o bien al cumplir el plazo previsto en el artículo 13 del Código Penal en su versión anterior a la reforma por ley 25892, la Defensa estima que el tiempo de encierro sufrido por su pupilo podría transformar la pena privativa de libertad en una pena cruel, inhumana o degradante o bien atentar contra el fin de resocialización que las penas privativas de libertad tienen en nuestro derecho, lo plantee en las instancias ordinarias; existiendo la posibilidad de que ante una concreta solicitud de este tenor, los beneficios sean concedidos, disipándose de este modo los agravios que hoy se invocan al respecto; por lo expuesto, en este momento resulta inadmisible por prematuro que esta Corte su pronuncie, sin perjuicio de que pudiera en todo caso ser traída la cuestión a conocimiento por vía del recurso extraordinario contra la resolución que oportuna e eventualmente rechace los planteos que la Defensa pueda realizar; y tampoco en la especie la compareciente logra demostrar liminarmente que la pena impuesta violente los principios de proporcionalidad y culpabilidad, dado que no se hace cargo de acreditar porqué considera que ella no refleja la medida del injusto y de la culpabililidad efectivamente probada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 13; Ley 25892
Empleados públicos, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, cesantía, acto administrativo firme
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crespo, Angel c/ E.N.  (C.N.E.A.) s/ Contratos Adm.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-01

Si al momento de articularse la demanda ordinaria, el plazo de 30 días previsto por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública se encontraba ampliamente vencido, el acto que dispuso la cesantía se encuentra firme e inmodificable.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, carácter excepcional, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Procurador General de la Provincia c/ A.M.X. SA. Argentina s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-28

La cosa juzgada ya como institución de derecho, ya como concepto jurídico, evoca en general la idea de una serie de efectos, cualidades o resultados emergentes de la sentencia judicial, en cuya virtud la decisión de la litis que contiene el fallo es impuesta de modo definitivo e inmutable" (Eisner, Cosa juzgada con relación a las partes, Revista de Estudios Procesales, n° 1, pág. 55.) "La cosa juzgada constituye según Couture una cualidad de la sentencia que se agrega a esta para crear su estabilidad. Es la inalterabilidad de la ya juzgado de modo que la sentencia constituye para el derecho en el orden jurídico la verdad legal. Pero como también dice Couture, la cosa juzgada es una exigencia política y no propiamente jurídica, no es de razón natural, sino de exigencia práctica.

Justamente por no tratarse de un valor, y no ser de razón natural, es que, en ciertos casos debe ceder ante la Justicia, valor inseparable del derecho, que buscará la verdad por encima de la seguridad" (Vescovi , La revisión de la cosa juzgada, ponencia presentada al 10° Congreso Nacional de Derecho Procesal, pág. 271/280).
In dubio pro reo, abuso sexual calificado por acceso carnal, recurso de inconstitucionalidad, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: T., E. A. por abuso sexual con acceso carnal (2 hechos) y coacción (2 hechos) en concurso real en perjuicio de P.L.D.C. (menor) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-02

La condena penal exige un certero juicio de reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente antijurídica y culpable. Esa certeza es un juicio espiritual puro, que importa la exclusión de todo elemento negativo por considerar que no merecen, racionalmente, ser tenidos en cuenta. En el caso, ello implica la fehaciente acreditación de la existencia de una conducta reprochable penalmente por parte del acusado, extremos de la acusación que no han podido demostrarse con la prueba agregada a la causa en grado de certeza, por lo que la duda impone un pronunciamiento absolutorio que mantenga el estado constitucional de inocencia, que no ha podido ser desvirtuado (esta Corte, Tomo 180:371; 192:779, entre otros).

El contenido para el derecho procesal penal es claro: la exigencia de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia construida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución inexorablemente. Ello por cuanto cualquier otra posición del juez respecto a la verdad, la duda o aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución (Tomo 145:367; 173:1085, entre otros).
Recurso de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Caraballo, Teresa Claudia c/ Cuevas, Angel Norberto F. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

Resulta estéril la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando ésta queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común sin que se haya acreditado la errónea aplicación de éstas.(Antecedentes de esta SCBA, las causas: Ac. 47846, 27-4-1993 y Ac. 56520, 15-11-94)
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossotti, Oscar Alberto y otro c/ Etchegaray, Néstor s/ Ejec. hipotecaria (amparo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

El artículo 4 de la ley 7166 señala como juez competente en razón del grado, al de primera instancia, por lo que no puede este Tribunal conocer originariamente en este amparo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia, falta de fundamentación, sentencia arbitraria, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ MANUFACTURA DE TEJIDOS DE SEDA MANUSEDA SAIC s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

La tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (cfr. esta Sala, Causas N° 3298 del 26.9.88, 13.458 del 30.11.94, entre otros).
Adopción, adopción plena
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.S.P.A.- C.E s/ Su situación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

La adopción plena y la extinción de los vínculos jurídicos con la familia biológica, cuando ellos han existido, no supone negar el derecho del adoptado a conocer quienes fueron sus progenitores, y en caso, a establecer en el futuro contacto e incluso vínculos afectivos o existenciales con ellos.
Derecho procesal, medidas cautelares, caducidad de instancia, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gorkin, Pablo Javier y otros c/ Aisinscharf, Mario y otro s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-20

Procede confirmar la resolución que hizo lugar al planteo de caducidad de la medida cautelar conforme el CPR 207. Ello por cuanto, en el caso, la pretensión del actor de no tener trabada la medida hasta tanto se notifique al presidente de la sociedad la cautelar, resulta inaudible, desde el momento en que la medida recae sobre acciones de los demandados y se encuentran debidamente inscriptas en los registros de la sociedad, por lo que de modo alguno la entidad podría alegar desconocimiento. A más, tratándose de una medida de no innovar, si bien se requiere para su traba efectiva, la notificación de ésta a los accionados, quienes son los destinatarios últimos, se dejó asentado que también era necesaria su registración en los libros de la sociedad, pues se trata de una medida que recae sobre acciones, y en el caso particular de autos, de la notificación a la escribana quien fue designada como depositaria. Síguese de ello que, encontrándose efectivizada la traba de la medida, y siendo que no han controvertido lo expuesto, en cuanto a la omisión de promover la acción de fondo, no cabe más que confirmar la declaración de caducidad de la medida decretada en autos.
Quiebra, pedido de quiebra, citación al deudor, domicilio, principios generales del Derecho
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: 8 Dragons SA le pide la quiebra Operadora Argentina de Cines SA  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde desestimar la pretensión de la actora de practicar la notificación de la LCQ 84 en el domicilio social inscripto de la demandada, con carácter de constituido. Ello por cuanto el llamado domicilio "constituido" es el previsto en el CPR 40 (v. resolución de esta Sala del 29/6/16, en "Garantizar SGR c/ Prorural SA y otros s/ ejecutivo", entre otros).Esa conclusión, no obsta a que se arbitre una notificación bajo responsabilidad de la accionante. Sin embargo, si la accionante no acepta notificar de ese modo, deberá arbitrar las diligencias necesarias para conocer el domicilio donde poder emplazar eficazmente a su presunta deudora a fin de garantizar su derecho de defensa.
Prescripción, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Batalla, Felipe José c/ Municipalidad de La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

En cuanto al campo de aplicación de la prescripción bienal, el texto legal es sumamente claro: se extiende a todo supuesto de responsabilidad extracontractual. De ordinario, el punto de partida del término debe ser el día en que ocurre el hecho que da origen a la responsabilidad, excepto cuando el perjuicio se manifiesta con posterioridad, en cuyo caso recién empieza cuando se produce la consecuencia dañosa.
Juicio, trámites judiciales, Superior Tribunal de Justicia, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNAL, RUBEN DARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

Es trasladable al sub lite el criterio de esta Corte, en el ámbito de la causas de competencia contencioso administrativa -que, vale recordar, revisten carácter de orden público-, cuando ha decidido que -dado el plazo insumido por la intervención de la jurisdicción civil y comercial y el más que avanzado estado procesal- la causa continúe y finalice en el ámbito en que fue sustanciada; y en ese aspecto, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, al que la Corte Federal le ha otorgado una amplia protección, entendiendo que cuando se encuentra en juego el alcance de dicho derecho, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 332:2487; 329:3673; CSJStaFe: AyS T 267, p 351; T 306, p 256; T 245, p 465. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 18.
Aplicación de la ley penal, sanciones aduaneras
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Pires, Francisco Antonio c/ Aduana de la Nación s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras.
Decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, reforma laboral, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Transportes Automotores 12 de Octubre y otros c/ Unión Tranviarios Automotor s/ acción declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-09

Si bien el DNU 70/2023 refiere una necesidad y urgencia tales que solo pueden verse superadas con la aplicación de las normas que establece, no parece razonable que una norma de excepción pueda suspender el derecho a negociar colectivamente, ni tampoco derogar una convención colectiva de trabajo, ni menos aún podría modificar el contenido del contrato colectivo. En todo caso, la norma de emergencia estaría en condiciones, a lo sumo, de suspender transitoriamente alguno de los efectos del CCT, pero de ningún modo podría habilitar al órgano competente a modificar el producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes.
Calificación legal, encubrimiento real, hurto simple, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Altamiranda, D.O. y otro s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Si bien se encuentra acreditada la ilicitud de la conducta de los procesados en relación a la tenencia del pasacasete cuyo dueño no fue individualizado, la carencia de pruebas sobre el hurto conducen a calificar el hecho como encubrimiento (art. 277 del C.P.).
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREAL, FERNANDO Y OTRA c/ SALCEDA S.A.I.C. s/ CUMPLIMIENTO CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS Navarro, Mario y otro c/ Andrade, Luis y otros s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-24|1999-11-11|1998-09-21

La prueba del lucro cesante debe satisfacerse en concreto y no de modo genérico o impreciso, por lo tanto, no es suficiente que para la admisión de este rubro baste una mera probabilidad, ésto es, ganancias que pudieron percibirse, sino ganancias que dejaron de percibirse.
Infracciones aduaneras, declaración de exportación, declaración inexacta de mercaderías, aplicación analógica de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F. res. apel. del (TF 6716-A) s/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El art. 6 del decreto 637/79 no constituye una norma penal, toda vez que no dispone un régimen de penalidades, en forma expresa, que sancione el incumplimiento de los requisitos exigidos en los casos de exportación de mercadería en consignación de dicho decreto, sin que pueda entenderse configurado, tampoco de su letra por la generalidad del texto, un supuesto de ley penal en blanco (C.S.J.N.

"Citrex S.A.I.C. s/ recurso de apelación" del 14/8/1986). El decreto 637/79 remite en caso de infracción, a las penalidades establecidas en la ley de Aduana (T.O. 1962 y sus modificatorios) pero ésta no prevé régimen penal aplicable a la exportación en consignación y no cabe sancionar la conducta de la infractora mediante su adecuación a otra figura pues en materia de infracciones aduaneras no procede la incriminación por analogía (art. 895 del C.A.). (cons. 5º).
Contestación de la demanda, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: A. DE L.A.M. c/ L.I.M. s/ DIVORCIO - ALIMENTOS - TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-03

Si en la contestación de demanda no se dice que se reconviene ni en su encabezamiento, ni en su cuerpo ni en su petitorio y, si después de las negativas de práctica, se culmina impetrando la repulsa de la demanda no cabe inferir que existe reconvención porque ella no puede ser implícita al estar sujeta a todos los requisitos sustanciales y formales de una demanda (conf. arts. 357 y 330 del Cód. Proc.) máxime si el supuesto reconviniente consintió la providencia que tuvo por contestada la demanda y el decreto de apertura a prueba. No puede el demandado ignorar la preclusión operada, ni alegar en la alzada que existió indefensión. De admitirse en la etapa que hubo reconvención, sería la reconvenida quien se encontraría en ese estado al no habérsele corrido traslado con lo que se le habría privado de oportunidad procesal para replicarla.