Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-27


A., J. J. Reg.: A y S t 216 p 158-162.

Santa Fe, 27 de setiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. J. A., contra la sentencia n 251 del 23 de diciembre de 2005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto en autos "A., J. J. -Incidente de libertad- Art. 208 C.P.P.- (Expte. 302/05)" (Expte. C.S.J. nro. 153, año 2006), y ; CONSIDERANDO:

La Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, mediante resolución nro. 251, de fecha 23 de diciembre de 2005, confirmó el auto del Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Instrucción de esa ciudad que, a su turno, había denegado el cese de encarcelamiento solicitado por J. J. A. ante el cumplimiento en instrucción del plazo máximo de detención previsto en el artículo 208 del Código Procesal Penal (fs. 1/11vto.).

Contra dicho decisorio deduce la defensa técnica del justiciable su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario (fs. 13/20).

En primer término, el recurrente reprocha a la Cámara efectuar una interpretación "contra legem" del artículo 208 inciso e) del Código Procesal Penal, al afirmar que el plazo es ordenatorio, cuando en realidad de la intención del legislador y del espíritu de la ley, surge que se pretendió poner un límite al período de detención preventiva en la etapa de instrucción.

Sostiene que transcurrido el plazo de ocho meses el otorgamiento de la libertad debe ser de aplicación automática, salvo cuando el juez haya corrido el traslado previsto por el artículo 369 del Código Procesal Penal, o cuando el Fiscal formulara la requisitoria de elevación a juicio, invocando, en aval de su postura los artículos 151, 154 y 155 del código de forma.

Discrepa, a continuación, con la interpretación efectuada por el Tribunal de los conceptos de "plazo razonable" y "término ordenatorio", los que a su criterio, resultan contrarios a los principios establecidos en los artículos 7, 68 y 306 del Código Procesal Penal y 18 y 75 inciso 22 de la Constitución nacional, sosteniendo -además- que la jurisprudencia citada al respecto resulta inaplicable.

Destaca que conforme el principio de inocencia, es irrazonable prolongar la detención de una persona más allá del límite necesario, reprochando a la Alzada incurrir en arbitrariedad al prescindir del texto legal y efectuar consideraciones que no constituyen una derivación razonada del derecho vigente.

En otro orden, y respecto al tema de la calificación legal enrostrada al imputado, reprocha al Tribunal incongruencia por incurrir en exceso de jurisdicción, al extenderse sobre cuestiones no sometidas a debate.

Por último, se agravia de la falta de adhesión o abstención de votar (art. 26 de la ley 10160) por parte de uno de los vocales -Dr. Rosso- en la decisión impugnada, por lo que a su criterio debería declararse la nulidad de dicha resolución recurrida.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 21/26), motivando la presentación directa del justiciable ante esta Sede (fs. 29/35).

2. En primer lugar, cabe señalar que si bien la resolución atacada por vía del recurso de inconstitucionalidad, mediante la cual se confirma la denegatoria de la cesación de encarcelamiento conforme el artículo 208 del Código Procesal Penal peticionada por A., no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, no obstante ello, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria (A. y S., T. 83, pág. 284; T. 86, pág. 6; T. 92, pág. 254; T. 104, pág. 20; T. 130, pág. 243; T. 133, pág. 473; T. 137, pág. 204; T. 150, pág. 236; T. 151, pág. 248; T. 171, pág. 368; en el mismo sentido C.S.J.N., Fallos:307:549; 310:1835; 311:652 y 667; entre otros).

Superado el referido extremo formal, y entrando en el análisis de los agravios endilgados, se desprende del memorial recursivo que el reproche central de la defensa se dirige a cuestionar la interpretación que el Tribunal A quo efectúa del artículo 208, inciso e) del Código Procesal Penal.

En tal sentido, de la lectura de la resolución impugnada se observa que la Alzada puso de manifiesto que sobre la temática bajo examen existen corrientes doctrinarias que sostienen -como lo hace la defensa- que el plazo de ocho meses que prevé la ley vigente es de aplicación automática, y que transcurrido dicho plazo se debe disponer la libertad del imputado sin más trámite.

Apuntó asimismo que en otra posición autoral se ubican los que sostienen que se trata de un plazo ordenatorio, que tiende a salvaguardar la seguridad jurídica de los imputados detenidos durante la instrucción, cuando su derecho a recibir una resolución en un plazo razonable resulta afectado por la inoperancia, desidia o ineficacia de los órganos del Estado.

Frente a tales posturas, los Sentenciantes consideraron que no podía vincularse con el mero vencimiento automático del plazo la afectación de los derechos y garantías del imputado frente a un encarcelamiento preventivo durante la instrucción, sino que la situación debía valorarse en relación a lo que se entiende por "plazo razonable", lo que lleva a no prescindir el examen de la gravedad del delito presuntamente cometido, el riesgo de que el acusado se fugue al ser puesto en libertad.

Prestó atención igualmente el Judicante en si las autoridades habían mostrado una "especial diligencia" al llevar a cabo sus actuaciones, considerando la complejidad y características particulares de la investigación, para determinar si la duración de la detención previa al juicio era razonable.

Sentadas dichas premisas, se observa que el A quo se avocó a precisar que en la causa se investigaba la presunta comisión del delito de asociación ilícita en concurso real con el de encubrimiento agravado, en donde habían tomado participación numerosas personas, entre las cuales se encontraba el recurrente -funcionario policial con el grado de Comisario Inspector- al cual se le atribuía el carácter de Jefe de la referida asociación delictiva.

Ponderó asimismo el Tribunal que se estaba ante un caso de gran complejidad, en el cual se llevaron a cabo numerosas medidas investigativas, resolviéndose la situación procesal de varios imputados, algunos de los cuales habían estado prófugos, lo que -dijo- acarreó sin dudas, dificultades en la instrucción; la renuencia de algunas personas para atestiguar que conocían de esa actividad en razón del temor que les infundía la situación, agotándose en el interín la etapa recursiva confirmándose los procesamientos de los justiciables.

Dentro de todo ese cúmulo de circunstancias, la Cámara remarcó que entre la declaración indagatoria de A. (21.3.2005) hasta el traslado al fiscal previsto en el artículo 369 C.P.P. (24.11.2005), habían transcurrido ocho meses y dos días.

Todas estas particularidades llevaron al A quo a concluir que en la causa no hubo inoperancia o falta de diligencia en los órganos encargados de la investigación y persecución penal, considerando en consecuencia la Cámara que la medida cautelar que afectaba al encartado se ajustaba a los principios de plazo razonable, proporcionalidad, necesidad y adecuación.

Y frente a esta decisión a la que arribó el Tribunal, el recurrente no logra aportar razones valederas que hagan concluir que la hermenéutica asignada resulte ilógica o irracional, a punto tal de descalificarla como alternativa constitucional válida.

Por el contrario, su lectura permite advertir que se limita a efectuar una interpretación de las normas en cuestión, inclinándose por una de las soluciones posibles, apoyada, por lo demás en argumentos doctrinarios y jurisprudenciales de diferentes tribunales internacionales cuyos criterios han sido reconocidos como guía de interpretación (Fallos:315:1492).

En tal sentido, cabe traer a colación que es criterio afincado de este Tribunal - haciéndose eco de jurisprudencia de mayor jerarquía orgánica- que no es arbitraria la decisión si la inteligencia que se efectúa del texto legal no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto (Fallos: 304:1826).

Tampoco, si la elección en juego importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Fallos: 304:948; y de esta Corte, A. y S., T. 100, pág. 251; T. 104, pág. 20; T. 171, pág. 368, entre otros).

Por lo demás, y en similar línea de pensamiento se ha señalado que en la interpretación de la ley, no sólo se debe atender a su letra, sino que también debe darse preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el ordenamiento normativo.

Pues, de lo contrario, la aplicación de la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (Fallos: 302:1284).

En razón de lo expuesto, y frente a los sólidos argumentos esbozados por el A quo, la defensa técnica del encartado intenta oponer su particular enfoque aduciendo que más allá de la extensión de la instrucción, cumplido el plazo de ocho meses, debió habérsele concedido la libertad en forma automática, por el solo vencimiento de aquél.

Pero en esa faena, no logra demostrar que la hermenéutica efectuada por el Tribunal haya desbordado las posibilidades interpretativas aceptables desde el punto de vista constitucional que ofrecía la normativa en cuestión (art. 208 C.P.P.), con lo cual el planteo queda reducido a la mera discrepancia del recurrente para con el alcance atribuido al referido precepto, materia que como se precisó no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia de excepción.

En otro orden, cabe destacar que igual suerte adversa merece el agravio esbozado por el representante legal del imputado y que refiere a la invalidez de la decisión impugnada por la falta de pronunciamiento en la misma por parte del doctor Rosso.

Ello así, por cuanto en primer lugar dicho reparo no se compadece con la sentencia impugnada en tanto ésta se haya suscripta por los tres Vocales de Cámara entre ellos el doctor Rosso.

Por lo demás, debe tenerse presente que la resolución recurrida es de las denominadas sentencias interlocutorias, que "se redactan con voto no personalizado, constituyendo su motivación las razones expuestas en acuerdo por los jueces que conforman la mayoría" (cfr. A. y S., T. 95, pág. 142, T. 164, pág. 299).

En suma, al no haberse acreditado agravios con entidad suficiente como para justificar la revisión de lo resuelto en esta instancia excepcional, el recurso interpuesto resulta inadmisible, sellándose así la suerte adversa de la presente queja.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítase copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Bordas (Secretario) DISIDENCIA DEL SR. PRESIDENTE DR. GUTIÉRREZ: El artículo 208 inciso e) del Código Procesal Penal establece que el "plazo máximo de detención" durante la etapa de la instrucción no puede ser mayor de ocho meses, contados hasta el momento en que se corre el traslado previsto en el artículo 369 o el fiscal, en su caso, formula la acusación.

En el sub iúdice, el tiempo de detención del imputado superó el plazo máximo señalado, y la interpretación del mismo como meramente ordenatorio podría escapar a las posibilidades hermenéuticas de la norma y vulnerar un derecho reconocido por el artículo 7, inciso 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 de la Constitución Provincial.

En ese marco, entiendo que los agravios del recurrente cuentan con suficiente asidero en las constancias de autos e importan, desde el punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idóneo para lograr la apertura de la instancia extraordinaria.

Esto dicho, claro está, en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación-.

Fdo.:GUTIÉRREZ-Bordas (Secretario)