Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-26


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95865 SALA II Expediente Nro.: 9.476/2005 (Juzg. Nº 8) AUTOS: "BESTILLEIRO, MONICA GRACIELA C/METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 26 DE JUNIO DE 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Maza dijo:

I.	La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda en lo que ha sido materia principal de controversia y, contra tal decisorio dedujeron recurso de apelación la parte demandada a fs. 424/426 y la parte actora a fs. 427/431.

II.	El Dr. Carlos Hugo Bono consideró que durante los primeros seis meses de relación no se configuró una pasantía en los términos del decreto 340/92 sino que se trató de un vínculo de naturaleza laboral y, contra tal decisión se alza la vencida señalando que la pasantía fue autorizada por la Subsecretaría de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo mediante la Resolución Nro. 6/95 y que la actora reconoció haber sido "becaria" durante el período corrido entre el 27/5/95 y el 27/11/96 en que ingresó a trabajar a la empresa.

No obstante considerar que las argumentaciones recursivas resultan ineficaces a los efectos pretendidos, en tanto la accionada no rebatió adecuadamente los fundamentos fácticos y jurídicos en los que el Dr. Bono sustentó su decisorio (conf. arg. art. 116 L.O.), en aras de extremar la garantía de defensa en juicio que le asiste a las partes en el proceso, creo conveniente puntualizar que mediante la alegada Res. 6/95 de la Subsecretaría de Formación Profesional dependiente del Ministerio de Trabajo simplemente se aprobó un programa de formación y capacitación profesional en los términos de la ley 24013 (conf. arts. 128 y 129, resoluciónes 11/92 y 360/93 -ver fs. 151/152-), lo que no implica que la demandada se haya encontrado autorizada para implementar una pasantía educativa en los términos del decreto 340/92 puesto que, como lo puntualizó incluso la ahora recurrente al contestar demanda (ver fs. 88), la finalidad formativa de las pasantías reguladas por el decreto 340/92 es esencial para su configuración, requiriendo siempre la intervención de una entidad educativa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del dec. 340/92 aludido por la accionada, debe entenderse por "pasantía" a "la extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público o privado para la realización por parte de los alumnos y docentes, de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo la organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen, durante un lapso determinado". En el caso, como acertadamente lo puntualizó el sentenciante de grado, no se alegó ni acreditó que el vínculo de la actora con la demandada derivara de un acuerdo previo entre el Ministerio de Cultura de la Nación -parte necesaria-, la empresa demandada y/o alguna entidad educativa a la que eventualmente pudiera pertenecer la Sra. Bestilleiro, por lo que no ajustándose el contrato de fs. 72/73 a lo específicamente dispuesto en el decreto 340/92 y su reglamentación, la desestimación del agravio formulado, a mi juicio se impone.

III.	Igual suerte desestimatoria propiciaré asignarle a la crítica vertida en cuanto a la configuración de la situación de pluriempleo en que la demandada sustenta sus discrepancias en torno a las diferencias salariales reclamadas porque comparto plenamente el criterio del Dr. Bono en cuanto consideró insuficiente la testimonial rendida a fs. 264 y 279 para tener por acreditado que la actora prestó servicios remunerados también para Met AFJP S.A. y que por ello, la accionada se encontró habilitada para reducir el básico de la trabajadora y liquidar en forma parcial las asignaciones no remunerativas establecidas en los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03. Tan sustancial modificación en las condiciones de contratación debió haber sido acordada por las partes y de autos no surge la existencia de convenio alguno al respecto, como así tampoco se acreditó la existencia de alguna contratación inter-empresaria que permita validar la posición asumida por la empleadora al respecto.

En efecto, de las declaraciones de Roman de Rossi a fs. 263 y de Expósito a fs. 279 a lo sumo puede tenerse por cierto que la actora también prestó servicios relacionados a los propios de Met AFJP S.A., pero de ello no se colige necesariamente que dicha empresa haya empleado a la accionante y, en consecuencia, haya asumido por sí las obligaciones propias derivadas de tales prestaciones. Nótese en tal sentido que, conforme surge de la documental acompañada por la demandada, la actora también habría comercializado o promovido tarjetas de crédito "American Express" y la contratación de seguros de retiro, todo ello por mandato o indicación de su empleadora Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. -actualmente "Metlife Seguros de Vida S.A."- (ver fs. 56 y 58). Tampoco de la pericia contable de fs. 285/291 surge acreditado que, efectivamente la actora se hubiere encontrado registrada en ambas empresas como personal en relación de dependencia y si bien a fs. 320/23 la perito contadora acompañó documentación que hace referencia al sistema remuneratorio correspondiente a las funciones desarrolladas para Met AFJP S.A., lo cierto es que tal documentación no ha sido reconocida por la parte actora (ver fs. 389) y que de tal elemento no se extrae que otra sociedad distinta a la demandada asumiera la titularidad de la relación en forma directa.

Frente a ello, y teniendo en consideración que la contratación a tiempo parcial alegada con relación al período posterior al 21/3/01 no surge instrumentada por escrito y que, aún cuando Bestilleiro haya trabajado en la promoción de los servicios de la AFJP, no se ha podido determinar en qué condiciones (en comisión, como parte de los servicios involucrados en un eventual contrato de colaboración empresaria, por contratación directa o por cualquier otra razón), y por qué esa circunstancia podría haber liberado a la demandada del pago de lo debido, de prosperar mi voto, corresponde confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

IV.	La parte actora a fs. 427/431 se agravia porque el sentenciante de grado no hizo lugar al agravamiento dispuesto en el art. 16 de la ley 25.561 al considerar inconstitucional el decreto 256/03 que prorrogó la vigencia de dicha norma. Al respecto estimo le asiste razón a la recurrente porque, si bien actualmente la cuestión ha quedado zanjada, en virtud de lo dispuesto por la ley 25.972 y el decreto 1224/07, que delimitaron la vigencia de la suspensión de los despidos sin causa justificada establecida por el art. 16 de la ley 25.561 hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resultó inferior al 10%; en el caso, corresponde pronunciarse en torno al planteo articulado en la medida en que dicha norma a la fecha del distracto no estaba vigente; y en tal sentido he sostenido que el art. 1º de la ley 25.561 (B.O., suplemento extraordinario del 7-1-2002), tras declarar la emergencia pública en material social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegó en el PEN las facultades comprendidas en esa misma ley hasta el 10-12-03 y el punto 2 de dicho artículo 1º señaló como objetivo a lograr "mejorar el nivel de empleo".

Por ende, a mi ver, cuando el PEN dictó los decretos de prórroga no hizo más que ejercer la autoridad que expresamente le delegó el Congreso de la Nación para hacer frente a la situación de emergencia social, y lo hizo sin crear una nueva norma material sino que se limitó a prorrogar la vigencia del recurso técnico legal que el Poder Legislativo había elegido para intentar conjurar o morigerar la faz social de la emergencia nacional.

De ello se sigue que en rigor no era necesaria la invocación del excepcional inciso 3º del art. 99 Constitución Nacional y hubiera bastado basar la norma presidencial en la atribución que el ya aludido art. 1 de la ley 25.561 le diera al Presidente de la República.

Y cabe aditar que si bien la aquí demandada no hizo un cuestionamiento formal de esa delegación legislativa, parece claro a mi modo de ver que este supuesto escapa a la prohibición contenida en el art. 76 de la Constitución Nacional ya que esta misma disposición fundamental excluye de la veda a las materias relativas a la emergencia pública y con plazo fijado (circunstancias cumplidas en la especie).

Esta posición la ha perfilado en el plano doctrinal el Dr. Julio C. Simón en el lúcido análisis que efectuara en su "Sobre la emergencia, el despido y las facultades del PEN" (en Revista de Derecho Laboral 2002 Nº 2 Emergencia Económica, crisis empresaria y Derecho del Trabajo, págs. 71 y stes. y especialmente pág. 77).

Por otra parte, no parecen albergarse dudas de que el art. 4 de la ley 25.972 ha venido a ratificar las prórrogas que el PEN decretó desde el vencimiento del plazo inicial contenido en el art. 16 de la ley 25.561, convalidando las normas dictadas por dicha autoridad.

Consecuentemente, estimo que los decretos de prórroga de la suspensión prevista en el art. 16 de la ley 25.561 no resultan contrarios al régimen republicano de gobierno y no transgreden las reglas constitucionales. En virtud de ello, corresponde revocar en tal aspecto el decisorio apelado y hacer lugar al agravamiento indemnizatorio reclamado pero computando únicamente la indemnización por antigüedad.

Tal como lo sostuve, entre otros in re "Lezcano, Jorge Gustavo c/Coto CICSA s/despido" (sentencia 94710 del 26/12/06 del registro de esta Sala) la expresión "indemnizaciones que le correspondiese", empleada en el contexto del art. 16 relativo a los despidos sin justa causa, refería bastante inequívocamente a la reparación atinente a la violación de la estabilidad en el empleo y solo mediante una generalización semántica impropia resultó factible englobar también otras indemnizaciones nacidas de la extinción pero que no constituyen "la indemnización por despido" propiamente dicha. En particular remarco que el legislador usó la expresión en singular, lo que abona la tesis de que refería sólo y exclusivamente al resarcimiento por despido injusto.

Cuando el Congreso de la Nación dictó la ley 25.972, renovando la Emergencia y convalidando el recargo indemnizatorio, con toda claridad optó por restringir la base del recargo al resarcimiento del art. 245 L.C.T. y con tal precisión despejó las dudas interpretativas que pudieran haber existido, comportamiento legislativo que permite reconstruir -en una suerte de interpretación auténtica- el auténtico sentido de la voluntad parlamentaria. Por eso, ahora estoy convencido de que en el 2002 el Congreso Nacional solo pretendió establecer el incremento de la indemnización por despido injusto y no de otros resarcimiento vinculados a ese acto jurídico.

De ello se sigue que, entonces, el art. 4 del Decreto 264/02, so pretexto de reglamentar, modificó el espíritu y alcances de la norma legal, ejerciendo una función constitucionalmente vedada, siendo de destacar que, desde tal visión del tema, no se ha tratado de un mero exceso interpretativo sino, lisa y llanamente, de una vulneración del orden normativo del art. 31 de la Constitución Nacional, ya que el art. 4 del Decreto 264/02 del PEN legisló de un modo diverso al criterio del Congreso.

Como es sabido, en nuestro sistema constitucional las normas reglamentarias que dicte el PEN no pueden alterar el espíritu de la leyes regladas (doc. art. 99 inc. 2, Constitución Nacional) y art. 31 de la Carta Constitucional establece una clara prelación normativa que impide a una norma de jerarquía inferior afectar lo establecido en la regla jurídica del nivel superior.

Consecuentemente, la reglamentación creada por el poder administrativo contradice la letra y el espíritu de la ley, lo que la invalida (conf. arts. 28, 31 y 99 inc. 2 de la Constitución Nacional) y ante la gravedad que implica ese avasallamiento de uno de los pilares de la República -la división de poderes- corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad pues en el caso resulta absoluta por afectar directa e inevitablemente el orden constitucional.

Consecuentemente, por lo expuesto, de prosperar mi voto corresponde adicionar al monto total diferido a condena en la instancia previa ($35.769,81) la suma de $ 11.279,60 que propongo admitir en concepto del agravamiento indemnizatorio establecido en el art. 16 de la ley 25.561.

V.	En la sentencia de primera instancia se rechazó el reclamo efectuado con base en la previsión contenida en el art. 80 de la L.C.T. porque la actora no dio cumplimiento con la intimación prevista en dicha norma una vez transcurrido el plazo de 30 días establecido en el decreto 146/01. Contra tal decisión se alza la parte actora con fundamento en los argumentos que expone en su memorial, en el que, asimismo, plantea la inconstitucionalidad del decreto 146/01 que reglamenta el citado art. 80 de la L.C.T..

La tacha de inconstitucionalidad recién se formula ante esta Alzada, por lo cual corresponde analizar, en primer término, la temporaneidad del planteo. En orden a ello, no puede soslayarse lo dispuesto por la C.S.J.N. in re "Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina SA", del 28.04.98 (R 229. XXXI), en torno al carácter excepcional de la admisibilidad de la introducción de la cuestión federal al momento de expresar agravios, oportunidad en la cual se sostuvo que "la cuestión federal debe formularse en la primera oportunidad procesal", y que sólo podría admitirse excepcionalmente, en razón de la índole de los derechos en juego, y en tanto las particularidades de la causa pudieren llevar a considerar configurada la desnaturalización del fin esencial de las normas.

Cabe recordar que, como reiteradamente se ha sostenido, la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia. Conforme lo señala Centeno (El procedimiento en la Provincia de Buenos Aires. pág. 94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia, y deja fijados los límites de la acción y su naturaleza; y a éstos se debe supeditar la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que, el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis, porque allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden ser alterados (cfr. art. 34, inc. 4 CPCCN).

Refiere Couture que la sentencia, como acto, es aquel emanado de los agentes de la jurisdicción mediante el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento. En una primera operación, deriva de los términos mismos de la demanda, por lo que el Juez halla ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de demanda y contestación y las pruebas que las partes han producido sobre esos hechos para depararle convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones ( cfr. Couture, "Fundamentos del derecho procesal civil" Ed. Depalma , 1981, pags. 277 y ss). La decisión adoptada por el Juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma como ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones formuladas por las partes (cfr. Colombo, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado" Ed. Abeledo Perrot, T. I pag. 281 y ss y doc. que informa el art. 163inc. 6º del C.P.C.C.N.).

Frente a ello, el planteo de una cuestión constitucional en la expresión de agravios (o en su contestación), contraviene los principios que rigen el contradictorio (arts. 34, 163 y concs. del C.P.C.C.N.) e impide a su vez, su tratamiento en la instancia revisora de conformidad con lo dispuesto en los arts. 271 y 277 del CPCCN.

Por otra parte, como lo ha señalado mi colega, el Dr. Pirolo en otros casos, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio no abarca los casos en los que la posible afectación recae sobre una garantía constitucional a un derecho subjetivo de contenido patrimonial, pues sólo el titular de ese derecho está habilitado a invocar y probar su posible conculcación. Como señala Horacio De la Fuente, el control constitucional de oficio sólo procede en los casos de orden público absoluto, es decir, cuando la norma es imperativa y los derechos que ella otorga, una vez adquiridos, son irrenunciables; pero no en aquellos casos de orden público relativo en los que, a pesar de la imperatividad de la norma constitucional, sólo se encuentra comprometido un interés particular, pues el derecho -normalmente de contenido patrimonial- es renunciable -arg.arts.872, 1.047 y 1.048 del Código Civil- (en "Órden Público", Ed.Astrea, pág.109 y subs.). Tal como lo sostuvo el más Alto Tribunal en distintos pronunciamientos, el sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 304:1180; 325:1922); por lo que concuerda la doctrina nacional en cuanto a que no es viable la declaración de inconstitucionalidad de oficio cuando se trata de derechos disponibles por haber sido reconocidos en el interés particular de las personas (conf. Bielsa, Rafael "Derecho Constitucional", 1959, pág.717; Padilla, Miguel "El orden público y la declaración de inconstitucionalidad" en LL 1984, C, 320; Ibarlucía, Emilio "Control de oficio de constitucionalidad. Algunas precisiones sobre su procedencia", E.D. 197-243; y también en "Control de oficio...." en E.D., 19-10-04). En igual sentido ya se ha expedido esta Sala, entre otros in re "Fernandez y Llorente María Inés C/Posmovil S.A. y Otros S/Despido" sent. 93.966 del 1/12/05, e in re "Blajean Bent Enrique Miguel C/Roland Berger S.A. S/Despido" sent. 94204 del 11/5/06, e in re "Catalin Diego Martín c/ Banco Bnasud SA s/ despido" sent. 94.293 del 22.06.06.

Creo conveniente recordar aquí que, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico (C.S.J.N., 24-2-81, "Vialco SA c/ Agua y Energía Eléctrica", L.L.14-7-81, pág.2; 2-12-93, "Cocchia, Jorge c/ Nación Argentina", en F:316:2624; 26-12-96, "Monges, Analía c/ U.B.A.", en F:319:3148; y F: 312:235, entre muchos otros).

No obstante lo expuesto, creo conveniente señalar que, como lo sostuvo esta Sala in re "Oackley, Hilda Elisa c/García Manuel Propietarios de Panadería y Confitería La Perla s/despido" -sentencia 94962 del 30/4/07- la reglamentación cuestionada, al establecer un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación que establece el art.80 de la LCT y exigir un requerimiento fehaciente, no resulta contrapuesta a la directiva legal ni se aparta del espíritu de la norma, porque la confección del certificado y la posterior certificación de firmas son diligencias necesarias que pueden llegar a insumir un cierto número de días.

En el caso de autos, no se observa que el demandante hubiera expuesto argumentos que permitan verificar con la precisión que la importancia de la cuestión merece, el menoscabo que habría originado la aplicación de la disposición reglamentaria cuestionada sobre derechos constitucionalmente garantizados, por lo que su petición aparece como una invocación genérica de agravios conjeturales, desprovista de argumentos que justifiquen la descalificación constitucional perseguida. De la doctrina elaborada por el más Alto Tribunal se desprende que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional causándole de ese modo un gravamen; y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición cuestionada. Por las razones expuestas y dado que, reitero, el requisito establecido en la norma reglamentaria, a mi juicio, no es irrazonable ni altera el espíritu de la ley; y tampoco parece irrazonable ni contradice la télesis de la norma reglamentada el lapso de 30 días previsto a tales efectos en el citado decreto. Desde esa perspectiva y en la inteligencia de que la reglamentación no altera en lo sustancial el contenido de la norma, entiendo que, aún cuando -por hipótesis- se considerara oportuno el planteo constitucional efectuado por la accionante, no correspondería admitir el pedido de que sea declarada la inconstitucionalidad del Dec.146/01.

Desde dicha perspectiva, entonces, propicio desestimar el agravio formulado y confirmar la decisión recaída al respecto.

VI.	En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, propicio elevar el monto de condena en función a lo decidido en torno al agravamiento indemnizatorio establecido en el art. 16 de la ley 25.561 a la suma total de $ 47.067,41, la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado que no ha sido cuestionada en tal aspecto.

VII.	En atención al resultado obtenido en la instancia, propicio mantener la imposición de costas efectuada en la instancia previa e imponer las de la Alzada a cargo de la parte demandada que ha resultado vencida (art. 68 CPCCN). No obstante ello, tomando en consideración la variación propiciada respecto del monto de condena, de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria.

En tal sentido, teniendo en cuenta el resultado obtenido, el valor económico del litigio y el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839, en el decreto ley 16638/57 y en el art. 38 de la L.O., corresponde regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio de la parte actora, de la parte demandada y los del perito contador en los respectivos porcentajes del 15%, 10% y 6%, todos a calcularse sobre el monto de condena (capital e intereses).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839 propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada por su actuación en la Alzada, en el 30% y 25% respectivamente de lo que a cada una de ellas les corresponda por su actuación en la instancia previa.

VIII.	En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de ($ 47.067,41) CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS, la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado ; 2) Mantener la imposición de costas efectuada en la instancia previa y declarar las costas de la Alzada a cargo de la parte demandada; 3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria; 4) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio de la parte actora, de la parte demandada y los del perito contador en los respectivos porcentajes del 15%, 10% y 6% todos a calcularse sobre el monto de condena (capital e intereses); 5) Regular los honorarios de la Alzada correspondientes a la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en los respectivos porcentajes del 30% y 25%, ambos a calcularse sobre lo que en definitiva resulte para cada una de ellas por su intervención en la instancia previa; 6) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara