Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02


2º instancia. - Buenos Aires, diciembre 2 de 2008.

Y Vistos:

1.) Mapfre ART SA apeló la resolución de fs. 87/92 que le impuso una multa de 265 MOPRES por incumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 24.557 con relación al siniestro laboral acaecido el día 4 de diciembre de 2004 al trabajador señor José Raúl Escudero, toda vez que la aseguradora no ha otorgado la prestación de prótesis y ortopedia solicitada.

El pronunciamiento se basó en el dictamen acusatorio circunstanciado de la Subgerencia de Asuntos Legales que corre a fs. 28/29.

2.) En el memorial obrante en fs. 96/105 la recurrente se agravió en punto a que: i) no se habría configurado el incumplimiento endilgado; ii) la resolución sancionatoria resultaría nula por carecer de motivación suficiente y adecuada; y iii) el monto de la multa impuesta sería desproporcionado e irrazonablemente desmedido.

3.) Cabe adentrarse, inicialmente, en el planteo de nulidad deducido respecto de la Resolución dictada en autos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Señálase, en primer lugar, que atento a que la declaración de nulidad acarrea la privación de los efectos propios del acto atacado, la aplicación de este instituto debe ser efectuada necesariamente con criterio restrictivo. Y si bien como principio general la gravedad del vicio alegado debe estar en relación directa con la entidad de la sanción perseguida, también importan los intereses que se ventilan y las circunstancias del caso.

En efecto, no basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias del trámite impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular (cfr. CNCont.Adm.Fed., Sala II, 20.10.94, in re "Silva San Martín Graciela c. Ministerio de Salud y ACC. Soc, s. Juicio de Conocimiento").

En la especie, la nulidicente argumentó que la resolución en crisis carecía de motivación suficiente y adecuada, mas dicha afirmación aparece desvirtuada por la simple lectura de aquella, y del dictamen extendido por el Departamento de Sumarios de la Subgerencia de Asuntos Legales de la S.R.T que la integra por remisión.

Repárese que tales piezas trataron minuciosamente todos y cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente en su descargo, identificando cada uno de los incumplimientos atribuidos y señalando en forma detallada los hechos y normas legales en que sustentaron las conclusiones alcanzadas.

Ante este marco, cabe rechazar este planteo.

4.) Sentado ello, respecto a los agravios vertidos a la sanción impuesta, cuadra señalar que la aseguradora no ha esgrimido, en esta instancia, fundamentos distintos de aquellos que fueron expresados en su descargo de fs. 48/57, sin desconocer las demoras denunciadas, aspectos estos que ya fueron debidamente rebatidos en el dictamen de fs. 68/76 emitido por el Departamento de sumarios.

En efecto, sus argumentos no han logrado enervar las conclusiones esgrimidas por la autoridad para sustentar fáctica y jurídicamente las infracciones que se han imputado a la Administradora.

Es que la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada las supuestas injusticias que la decisión apelada pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia qué elementos de hecho y de derecho le dan la razón a quien protesta. No debe olvidarse que en el memorial, como acto procesal, no alcanza con el quantum discursivo sino que la qualitae es lo que hace a la esencia de la crítica razonada.

Y si bien la recurrente pretende que la sanción sea revocada, lo cierto es que no ha enjuiciado de modo crítico y razonado los argumentos tenidos en cuenta al decidir la cuestión.

Adviértase, que el incumplimiento endilgado devino como consecuencia del siniestro padecido por el trabajador José Raúl Escudero, donde sufriera traumatismo del tobillo derecho, presentando fractura arrancamiento del maléolo peróneo, con inestabilidad articular, por lo que el día 17 de diciembre de 2004 se programó una cirugía, para lo cual se solicita el material pertinente al caso. Se solicitó a la aseguradora a través del departamento de control de prestaciones en especies, para que informe con relación a la falta de información de su parte a la SRT, respecto de la cirugía y sobre la evolución y estado actual del paciente, la misma responde manifestando que el paciente no había requerido internación requiriendo tratamiento con bota de yeso, reposo y antiinflamatorios, encontrándose en esa fecha el paciente en reposo con el tobillo inmovilizado con yeso, en controles periódicos con traumatología. Asimismo, se le efectúa un nuevo requerimiento a la aseguradora para que remita copias de la solicitud del material de osteosíntesis en la que constare fecha de solicitud y de recepción. Los materiales se solicitaron el 10 de diciembre de 2004, autorizando la aseguradora el envío del material a la ortopedia asignada el 20 de diciembre de 2004, por lo cual el medico tratante decidió no realizar la cirugía prevista para el 17 de diciembre de 2004 porque el material no había sido entregado.

Sobre el particular, véase que los argumentos expuestos por la aseguradora no son idóneos para enervar el reclamo incoado por la Superintendencia, ello por cuanto si bien Mapfre ART SA manifestó que la demora no fue causada por negligencia de ella sino porque el estado de los tejidos del tobillo del paciente no ameritaba una intervención quirúrgica en ese momento, lo cierto es que reconoció la demora de tres (3) días, cuando señala el atraso en fs. 99 tercer párrafo de su memorial, como también lo hizo en su descargo.

Agrégase a ello que de fs. 16 surge que además del estado de los tejidos la razón por la que no se operó el 17.12.04 fue por el atraso en la entrega del material.

Por otro lado, si bien la recurrente sostuvo que el damnificado ha obtenido las prestaciones debidas, por lo que constituiría un rigorismo formal el hecho de que la aseguradora sea condenada por supuestos incumplimientos de requisitos formales, lo cierto es que reconoció el atraso atribuido, por lo que se advierte configurada la falta imputada.

5.) En lo que respecta al monto de la sanción, corresponde señalar que la multa de 265 MOPRES, dentro de una escala que contempla multas de 20 a 2000 MOPRES (art. 1 Anexo I de la Res. S.R.T. 10/97), luce excesiva.

Debe recordase que la relevante función social que cumple una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la aseguradora.

Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.

Ahora bien, así como todas estas razones justifican la potestad sancionatoria de la SRT, resulta menester también que las sanciones que esta aplique guarden debida proporción con la gravedad de la falta cometida de modo que exista cierta correlación entre el castigo aplicado y la infracción cometida.

Por esa razón, estima la Sala que debe reducirse a 100 MOPRES la multa impuesta por la S.R.T., en virtud de la entidad de la falta cometida y los antecedentes del caso.

6.) Por todos estos fundamentos, esta Sala Resuelve:

Estimar parcialmente el recurso interpuesto, y modificar la resolución apelada en lo que respecta al monto de la sanción impuesta que se reduce a 100 MOPRES, confirmándosela en todo lo demás que fue materia de agravio.

Notifíquese a las partes por cédula. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones al organismo de origen. - María Elsa Uzal. - Isabel Míguez. - Alfredo Arturo Kölliker Freís.