Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.601 CAUSA N°12 .508/2011 SALA IV "SCIOTI TERESA C/ CONSOLIDAR AFJP S/ INDEM. ART. 80 LCT L. 25.345" JUZGADO N°6 En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así, la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Graciela E. Marino dijo:

I.	La sentencia de instancia anterior que admitió favorablemente el reclamo, suscita los agravios de la parte demandada, que apela a tenor del memorial glosado a fs. 123/126, con réplica de su contraria a fs. 132. Asimismo, la representación y patrocinio letrado de la parte actora apela la regulación de sus honorarios (v. fs. 121).

II.	La demandada se queja porque la magistrada de grado anterior tuvo por no acreditada la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT y, consecuentemente, la condenó a abonar la indemnización que establece la norma citada en caso de incumplimiento y a hacer entrega a la trabajadora de tales instrumentos.

Empero, considero que no le asiste razón.

En primer lugar, el argumento que esgrime en torno a la similitud de la firma consignada en la constancia glosada a fs. 21 con la inserta en el telegrama Nº 78603063, a tenor de lo cual pretende asignarle eficacia probatoria al primer instrumento aludido, deviene a todas luces improcedente. Digo esto puesto que, tratándose de un documento privado, la única forma de acreditar su autenticidad es mediante el reconocimiento de la firma allí inserta por parte del interesado a quien se le adjudica ésta (cfr. args. arts. 1026 y 1028 Cód. Civil y 82 LO). Así, coincido con el criterio expuesto por la sentenciante en cuanto a que, frente al desconocimiento de documental efectuado por la trabajadora (v. fs. 33, capítulo 2) le incumbía a la empleadora acreditar la autenticidad de la firma en cuestión (cfr. art. 377, 390 y 458 y sgtes. CPCC, aplicables al procedimiento laboral cfr. art. 155 LO) no obstante lo cual, no instó la producción de la pertinente prueba caligráfica hábil para ello, pese a haberla ofrecido en subsidio (v. fs. 29). La determinación de los trazos de una firma desconocida, con las consecuencias jurídicas que ello podría eventualmente generar, escapan al conocimiento y a las facultades del juez, e imponen la designación de un perito experto que se expida al respecto, en tanto el juzgador no puede suplir la negligencia de la parte que omitió producir la prueba en la etapa procesal pertinente.

En segundo lugar, también coincido con el criterio expuesto por la magistrada en cuanto a que la entrega del certificado de servicios y remuneraciones no resulta suficiente para tener por acreditada en tiempo y forma la obligación que impone el art. 80 de la LCT. Sin perjuicio de señalar que es criterio mayoritario de esta Sala que la obligación citada se integra por la entrega de: a) un certificado de trabajo, y b) una constancia documentada de aportes; esta última no considerada por aquélla; también lo es que no debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 de la LCT, con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24.241, ya que: "Esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES" (Sala IV, S.D. 90.947 del 21/11/2005, "González, Claudia Roxana c/ Cargos SRL s/ Certificados de Trabajo", criterio al que adherí en la S.D. 95.314 del 18/4/2011, "Velázquez, María Luisa c/Confecciones Manuquin S.A. y otro"; í. S.D. 95.810 del 13/10/2011, "Monzón, César Jeremías c/ Callobre S.A."; entre muchos otros). Sentado ello, no se advierte la arbitrariedad que la apelante le atribuye a la jueza referente a la interpretación de los términos de la constancia glosada a fs. 21, puesto que de su lectura no cabe la menor duda de que sólo se habría entregado la certificación de haberes y servicios de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 inc. g) de la ley 24.241, sin que ello permita colegir razonablemente la entrega de otros certificados o constancias distintos al expresamente individualizado.

Lo expuesto en el párrafo anterior en torno al incumplimiento de la obligación dispuesta en el art. 80 de la LCT, sella la suerte de la queja en torno a la procedencia de la indemnización allí prevista, en sentido adverso al pretendido.

Por lo demás, la insistencia de la recurrente en torno a la entrega oportuna de los certificados objeto de reclamo no desvirtúa la conclusión expuesta en los párrafos anteriores que sustenta la condena a hacer entrega de aquéllos.

En síntesis, sugiero confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide en el segmento en debate.

III.	En virtud de las argumentaciones expuestas, entiendo que la imposición de costas efectuada en el pronunciamiento recurrido se adecúa al principio general que emana del art. 68 del CPCC; y, en esa inteligencia, propongo que sea confirmada. Por otra parte, y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada también deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art. 68 CPCC).

IV.	Respecto a la apelación de la regulación de honorarios efectuada a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, sin perjuicio de señalar que en razón del monto de condena aquélla supera el mínimo legal previsto, en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite en la primera instancia y a las pautas arancelarias vigentes (ley 21.839, ley 24.432, y art. 38 LO), los emolumentos fijados lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos a la suma de $2.200. En cambio, por análogos fundamentos y conforme lo normado por el decreto 16.638/57, considero que los honorarios fijados para el perito contador no resultan elevados, por lo que propicio la confirmación de lo decidido al respecto en la instancia de grado anterior.

Asimismo, corresponde fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir a cada una de ellas por los trabajados realizados en la instancia de grado anterior.

V.	Por ello, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, excepto en cuanto a los honorarios fijados para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, conforme lo dispuesto en el considerando IV de la presente. 2) imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCC) y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir a cada una de ellas por los trabajos realizados en la instancia de grado anterior. El Dr. Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, excepto en cuanto a los honorarios fijados para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, conforme lo dispuesto en el considerando IV de la presente. 2) imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCC) y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir a cada una de ellas por los trabajos realizados en la instancia de grado anterior. Cópiese, regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvanse. HECTOR C. GUISADO GRACIELA E. MARINO Juez de Cámara Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS Secretaria