Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18


Comodoro Rivadavia, dieciocho de abril de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "H. D. O. c/ L. B. S.A. s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS" Expte. Nro. 16.278/2007, venidos del Juzgado Letrado Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría Nro. 1 (Expte. Nro. 479/06).

I.- Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento y estudio de esta Sala por haber interpuesto el actor a fs. 35 y vta, recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia de fs. 34, en cuanto tiene por no acreditada la regulación de honorarios y su exigibilidad por tratarse, la documentación acompañada, de fotocopias simples carentes de valor probatorio, habiéndose desestimado los mismos a fs. 36.

Interpuesto el recurso directo en los términos del art. 281 del CPr. fue concedida la apelación por esta Alzada en relación y con efecto suspensivo.

Se agravia el recurrente contra el decreto de fs. 34. Sostiene que carece de copias certificadas de las resoluciones que acompañó y que el expediente en el que debe efectuarse la certificación de las copias se encuentra en la Alzada, no siendo imputable, tal circunstancia a su parte. En atención a ello, estima correspondiente tener por promovida la ejecución y suspender la misma, reservando las actuaciones hasta tanto se devuelvan los expedientes respectivos.

Afirma que la decisión del a quo, le causa gravamen, por cuanto de no tener por promovida la demanda, la prescripción no se ve interrumpida.

II.- Liminarmente es necesario recordar que el interés es lo que justifica la actuación ante la justicia, así como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación (conf. Podetti, Tratado de los recursos p.123,º54).

El interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente, el agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso.

III.- En el presente caso, no se observa configurado el gravamen o perjuicio que sustente el interés que justifique la apelación, toda vez que el perjuicio que el recurrente invoca, en sentido que la decisión del a quo de no tener por promovida la ejecución acarrea la no interrupción de la prescripción, resulta inaudible, ya que en nada puede perjudicar a la parte a los fines de la prescripción de la acción la circunstancia que el a quo no haya tenido por promovida la ejecución desde que, conforme la inteligencia que cabe atribuir al art. 3986 del C.Civ., la presentación de la demanda, importa una clara exteriorización de la voluntad del acreedor de mantener vivo el derecho y su interés en la percepción del crédito (arg. conf. Moisset de Espanés, Luis "Actos judiciales que tienen efectos interruptivo de la prescripción liberatoria" ED 67-662).

En nuestro derecho la interrupción de la prescripción que causa la demanda según el art. 3986 del Código Civil, se opera por el solo hecho de entablarla y sin necesidad de que ella sea notificada al demandado. Además y con arreglo al art. 3987 esa interrupción se mantiene en tanto penda el juicio y éste no acabe por perención de la instancia. (STJ de Córdoba "I. S.A. Cía. Seguros C/ D. A. G. Y Ots. - Ordinario - Recurso Directo" 3/9/03).

Es que si la interrupción de la prescripción por demanda se produce "... aunque sea interpuesta ante juez incompetente, o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio" (art. 3986 C.C.), aparece infundada tanto la queja efectuada.

A mayor argumento y de acuerdo al plazo de prescripción decenal previsto por el art. 4023 de la ley de fondo -que resulta aplicable de acuerdo a los antecedentes, en tanto se trata de honorarios regulados por sentencia-, tampoco surge la inminencia de la prescripción de la acción que le asiste.

IV.- A todo ello, cabe agregar que nada impedía a la parte, requerir la certificación de las copias de las sentencias de primera instancia y de Cámara mediante compulsa con los originales obrantes en los registros tanto de primera instancia como de esta Alzada.

Asimismo, conforme surge de los registros de este Tribunal los autos caratulados "L. B. C. M. y Otros s/ Sumario" Expte. Nro. 10.601/98 -que corren por cuerda a los autos "-L. B. C. M. y Otros s/ Sumario (Impugnación de Cuentas)" Expte. Nro. 15.701/06 fueron remitidos al Juzgado de origen en fecha 28/3/07, circunstancia que despeja toda duda respecto de la posibilidad de cumplimentar con lo ordenado por el a quo a fs. 34 en la instancia de grado.

Por ello, cabe resumir que el planteo del apelante no demuestra la invocación de interés o agravio que sustente el recurso incoado debiendo. En consecuencia debe rechazase el recurso de apelación interpuesto en subsidio y confirmar la providencia de fs. 34.

Costas de esta instancia al recurrente vencido conforme el principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 y cc. del CPCCh). Regulando los honorarios profesionales de los letrados intervinientes conforme las pautas de la ley arancelaria local (artículos, 6, 7, 9, 40, 14 y 33 in fine del decreto-ley 2200 modificado por ley 4335).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Rechazar el recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 35 y vta., contra el proveído de fs. 34.

2)Imponer las costas de esta instancia al apelante vencido. Regulándose los honorarios profesionales de los Dres. D. O. H. y H. E. C. G. conjuntamente, en el cero coma dos por ciento (0,2%) de lo que le correspondan en el presente proceso de ejecución.

3)Regístrese, notifíquese, devuélvase.

Fdo.:

Marta Susana Reynoso de Roberts, Presidente.

Fernando Nahuelanca Juez de Cámara.

Julio Antonio Alexandre, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 61 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS