marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Estevez de Prida, Rina c/ Lucio Garces y Cía. SCC. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

La omisión de dictar sentencia única, según lo prescribe el artº 94 del CPC, constituye anomalía o vicio que es esencial y no admite, el entrelazamiento que ha concretado el a quo entre las dos causas. Si en lugar de dictar sentencia única, se dictan dos sentencias con el riesgo potencial de que ponderado cada juicio en base al material probatorio propio (o sus deficiencias probatorias) puedan concluir con pronunciamiento contradictorios, con el consiguiente escándalo jurídico, o quedar atado uno al resultado del otro, juzgados ambos con distintas pruebas, que precisamente tendió a evitar la señalada decisión de acumular los procesos, corresponde declarar la nulidad de las sentencias dictadas en ambos juicios.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: OJEDA, ADELINA SUSANA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD DE INSTANCIA (CSJ EXPTE NRO 268-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-18

Tiene eficacia impulsoria de la continuación de la instancia, la presentación espontánea de la tercera coadyuvante autónoma, que, en el caso, no se limitó a pedir se le otorgue intervención en el proceso a efectos de imponerse del contenido de las actuaciones, sino que peticionó "se le permitiera ingresar al debate ya en trámite", efectuando un prolijo relato de los hechos, ofreciendo prueba y solicitando que oportunamente se le corriera traslado de la demanda, en definitiva, se la rechace con costas y se confirme la resolución impugnada por la actora, lo que fue proveído por el Tribunal, acordándole la participación que por derecho corresponda; de modo que ha consentido el procedimiento en el estado en que se encontraba, instando su prosecución. Por consiguiente, se ha subsanado la instancia, que se encontraba afectada por el cumplimiento de las condiciones que hacían posible la declaración de caducidad.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías, ENTEL, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ATILIO ENRIQUE BANDIERI s/ ACCION  DE  AMPARO  - CUESTION FEDERAL - SERVICIOS PUBLICOS - EMPRESA  NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -  ACTOS ADMINISTRATIVOS - PRESUNCION  DE LEGITIMIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

Existiendo óbices a la procedencia de la demanda de amparo derivados de lo dispuesto en el art. 2do, incs. a) y d), de la ley 16.986, existe cuestión federal suficiente en el caso en que el a quo ha impuesto a ENTEL una obligación -notificar al actor cada nueva instalación de una línea telefónica en las centrales que corresponden a su domicilio- cuyo cumplimiento -evaluado a la luz de la gran cantidad de solicitudes de líneas telefónicas insatisfechas- podría llegar a comprometer la regularidad en la prestación del servicio.
Relación de dependencia, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Simon, Nicolás y Otros c/ Micro Omnibus 3 de Mayo s/ DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-01

Si conforme a los telegramas recibidos por los actores recurrentes- se los intimaba a que aclarasen si el objeto de la Sociedad Cooperativa que integraban era el transporte urbano y contestan que rechazaban los despachos por improcedentes; aún cuando tal intimación previa no se conceptúa como imprescindible, denota actividad de la parte empresaria por conocer la actividad que se estaba presuntamente realizando. Por ello, la contestación, no ajustada a la verdad ni a derecho, denota un quebrantamiento al principio de buena fe que debe regir inexorablemente las relaciones laborales, por imperio legal, y porque hace medularmente a esas relaciones.
Accidente de tránsito, responsabilidad penal, responsabilidad del peatón, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: Sigmaringo, E. s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La violación por parte de los peatones de normas lógicas y prudentes en su desplazamiento, los hace responsables de las consecuencias gravosas, en tanto no se pruebe la culpa concurrente de quien los embista.
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, derecho a conocer las pruebas en contra, entrevista previa con el defensor, agravio concreto, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Gatica, Eduardo José s/ recurso de casación". Causa n. : 1188.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-26

Teniendo presente que las formalidades que prevé el art. 298 del Código Procesal Penal de la Nación tienden a que la intimación que se le formula en el momento de tomar la indagatoria permita al imputado discernir el hecho antijurídico que se le atribuye, para poder ejercer correctamente su derecho de defensa, encuentro que en autos la circunstancia de no haberse dejado constancia en el acta respectiva de su anoticiamiento, así como del derecho que le asistía a entrevistarse con su Defensor antes de declarar, no pueden conllevar a que se anule el acto indagatorio en análisis. No advierto entonces que el defecto formal de que se trata haya producido un perjuicio real y concreto al derecho de defensa en juicio, en especial si se atiende a que el imputado, al deponer, tuvo a la vista la prueba existente en su contra -cheques, cartas documento- explayándose sobre ella y las operaciones mercantiles a las que respondían los cartulares -que adujo había entregado sin llenar-, y sobre la razón del cierre de la cuenta corriente, entre otras cuestiones; afirmando que "el denunciante mintió en su denuncia y su declaración, ya que no mencionó que era una operación comercial la efectuada". Todo lo cual ilustra acerca del conocimiento que Gatica tenía de la imputación formulada en su contra al momento de prestarse a declarar. Por otro lado, tampoco encuentro que la falta de notificación al imputado del derecho que le asistía a entrevistarse con su Defensor antes de declarar haya producido en la ocasión el perjuicio efectivo y directo de la garantía constitucional en estudio, teniendo en miras que -según quedó sentado en los párrafos que anteceden- el imputado contó con antelación al momento de brindar sus dichos indagatorios con asistencia profesional de parte de un letrado por él libremente elegido, con quien concurrió al acto y a quien autorizó a presenciarlo y suscribirlo como su Defensor. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Figueras Blanes y Asociados S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cobro ejecutivo, hoy cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La necesidad del reclamo administrativo previo que establece el art.

1 del decreto ley 5.875/63, sólo procede en las causas contenciosas, cuando se cuestiona un acto administrativo, pero no en juicios ejecutivos en los que "prima facie" no se advierte que la pretensión que se invoca lleve por sustento la violación de alguna situación jurídica regida por normas de carácter administrativo (Arg. art. 166 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.). (Minoría u opinión personal)
Cámara contencioso administrativa, competencia, interposición de la demanda, encuadramiento legal de los hechos, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

No cabe hacer lugar al planteo de la Cámara Contencioso Administrativa, la cual si bien admitió que el caso es contencioso administrativo, aclaró que la demanda fue interpuesta con anterioridad a la sanción de la ley 11.330 y por lo tanto podría estar regido por la ley 4106 y comprometida la competencia originaria de este Alto Tribunal.

Es que, independientemente de la fecha de interposición de la demanda de cobro de pesos por incumplimiento contractual, se trata de una causa de competencia contenciosa administrativa en la que por no haberse aún interpuesto el respectivo recurso contencioso administrativo según los términos y requisitos de la ley que lo rige, debe tramitarse ante la Cámara con competencia en esa materia (art. 38, tercer párr., ley 11.330). Siendo ello así, no se puede considerar que el presente caso es de aquellos que por estar pendientes deben tramitarse y fallarse con arreglo a la ley 4106 (art. 38, segundo párrafo, ley cit.). Y tampoco se encuentra alcanzado por el Acuerdo del 13.3.96, Acta nro. 10, pto. 12, que dispuso el envío a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo sólo de las causas que ingresaron a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley y antes que dichos Órganos se hubieran constituidos en virtud de que, como quedó dicho, la demanda contenciosa administrativa todavía no ha sido interpuesta.

Así concluir importa, además, reenviar las presentes actuaciones a dicho Tribunal haciéndole saber que, con copia del presente decisorio, deberá otorgar a los actores un plazo de treinta días a fin de que adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330 (arg. art. 2, segundo párrafo, ley citada), siguiendo la línea jurisprudencial de este Tribunal.
Recurso extraordinario de nulidad, depósito previo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ciancio, Osvaldo c/ Club Canottieri Italiani s/ Despido. Rec. de queja Brandan, Héctor E. c/ Club Atlético San Isidro y ots. s/ Indemnización por antigüedad, etc. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16|2001-11-07

Respecto a la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 11653 reiteradamente este Tribunal ha sostenido el criterio de que dicha norma no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido y de la celeridad procesal, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio por la que, no habiéndose efectuado el mismo se declara bien denegado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se rechaza la queja traída arts. 292, Código Procesal Civil y Comercial; 63, ley 11.653 citada y Acuerdo 1790). (Minoría u opinión personal)
Agotamiento de la instancia administrativa, caducidad del plan de facilidades de pago, acción de repetición, deudas impositivas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Ante el dictado del acto tributario que agotó la vía administrativa, el contribuyente está obligado a iniciar, dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 7 CCAyT, la acción judicial tendiente a impugnar el acto, a la que eventualmente podía acumular el pedido de repetición de los montos que pagase en el marco del plan de facilidades de pago al que suscribió. De no hacerlo, la resolución determinativa de oficio se torna firme e impediría el progreso de un reclamo judicial fundado en la ilegitimidad de dicho acto. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015)
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, querella, desobediencia, revocación del sobreseimiento, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Guerra Trujillo, Douglas Artur César s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la querella y en consecuencia, anular el sobreseimiento dispuesto en orden al delito de desobediencia, pues no se pueden sostener las conclusiones del a quo en punto al presunto desconocimiento que el imputado habría tenido acerca de la ilicitud de la maniobra reprochada a partir de que no había sido notificado fehacientemente de la orden de restricción dictada en su contra por la justicia civil -circunstancia que impedía tener por configurado el aspecto subjetivo del delito previsto en el art. 239 CP-. Es que el cotejo de las actuaciones permite tener por verificado que el acusado fue notificado en tiempo y forma de la restricción de acertamiento dispuesta; esa notificación fue efectuada en forma personal por personal policial (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena)
Imprescriptibilidad, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: ALMIRÓN, Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

A los efectos de declarar la punibilidad de los actos juzgados no constituye óbice para considerar aplicable la regla de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad la ausencia de ley escrita emanada del Congreso Nacional (ley formal) al momento de los hechos, pues lo determinante es que ese instituto ya formaba parte de nuestro sistema normativo.
Recurso extraordinario local, mobbing, violencia de género
Materia: PROCESAL-LABORAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Experta A.R.T. S.A. en juicio N 30022 Kraus Ingrid Analía c/ La Caja Art S.A. y otros s/ Enfermedad Accidente p/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-06-30

El mobbing no puede equipararse a un hecho súbito y violento que constituye el típico accidente laboral. Se trata de una práctica compleja que cala profundo en la psiquis y autoestima de la víctima, ocasionando daños difíciles de prever de antemano. Asimismo las situaciones de mobbing atravesadas por violencias de género producen padecimientos y consecuencias complejas para la integridad psíquica de quienes las padecen. Las llamadas discriminaciones múltiples ocasionan desventajas como consecuencia de la combinación de identidades, lo que supone que los padecimientos se acumulen de manera agravada. Estas consecuencias difícilmente se puedan encuadrar en la RVAN grado II o III
Policía, jefe de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Si no existen "pautas" preestablecidas referidas a la correcta actuación de la Junta de Calificaciones del Personal Superior, aunque las Leyes Orgánica y del Poder Policial prevén normas insoslayables que fijan criterios generales suficientes para obrar, debe ser la propia Junta de Calificaciones la que las establezca, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, pero dándolas a conocer con la debida antelación a los interesados. De este modo se preserva su independencia, evitando someterse a las directivas de la autoridad superior -Jefe de Policía- que presuponen una relación de supremacía jerárquica sobre el órgano Junta de Calificación incompatible con el "asesoramiento" que el mismo debe realizar. En el caso, el Jefe de Policía había dictado un acto denominado "Pautas para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones".
Contratos, prenda, prenda con registro, Derecho, obligaciones, ejecución prendaria, adquisición del dominio, vehículos, seguros, incumplimiento del contrato, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dinaso, Natalia Soledad c/ Icbc y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda y condenó al accionado el reintegro de cierta suma. Ello por cuanto, en el caso, no está debatido el hecho de que la actora celebró un contrato de prenda con registro con el banco codemandado, para garantizar el préstamo de dinero solicitado a efectos de adquirir un automotor; ni que esta última era la encargada de abonar la aseguradora la póliza contratada en virtud del aludido préstamo. También está fuera de discusión el hecho de que ante la imposibilidad sobreviniente de pago por parte de la actora, su parte y el banco convinieron refinanciar la deuda a través de un plan de pagos, a colación del cual este último canceló la cobertura del seguro; por lo que no se encontraba vigente al momento de siniestro denunciado por la accionante; sin que conste en la causa que la actora hubiese sido informada, ni por la recurrente ni por la aseguradora, de la decisión de cancelar la póliza sobre el vehículo, dejándola sin posibilidad de que la misma adoptara una conducta acorde con tal proceder. En ese marco, el principio de buena fe que debe guiar la conducta de las partes, imponía poner en conocimiento de la otra que se había solicitado la anulación de la póliza y que el refinanciamiento de la deuda no traía aparejado la rehabilitación de esta. Para cumplir con ello, no se necesitaba ningún tipo de formalismo particular, siempre que claramente se pusiera en conocimiento de esa circunstancia. En ese marco fáctico, ninguna duda cabe que tratándose la actora de una consumidora financiera en los términos de la Ley corresponde aplicar el régimen protectorio, del que resulta que la accionada incumplió con las prescripciones del LDC 4
Daños y perjuicios, publicación de fotografía, publicación periodística, interés público, derecho a la intimidad, ofensa a persona muerta
Materia: CIVIL
Carátula: M., C.P.T. y otro c/ EDITORIAL SARMIENTO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

La reproducción fotográfica de un hecho de sangre acaecido en la vía pública y a la vista de todos, sin inmiscuirse subrepticiamente en ningún lugar privado o reservado para obtener la instantánea, no implica una intromisión arbitraria en el ámbito de la intimidad del reclamante, pues así lo establece el art. 31 de la ley 11.723, al permitir, en su último párrafo, la libre publicación de retratos fotográficos cuando se relacione con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubiesen desarrollado en público.-
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, proceso electoral, leyes de facto, ley derogada, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: FERNANDEZ, FACUNDO s/ AUTO 902/2011 DEL EXCELENTISIMO TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA FECHADO 5/12/2011-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto desde que cualquier fundamento basado en la razonable reglamentación del derecho de representación que pretenda trasladarse al "sub examine", fundamentalmente aquellos argumentos que intenten asimilarlo al sistema establecido en el ámbito nacional, pierden sustento frente a la consagración constitucional que el artículo 32 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe contiene y al que la ley 12367 derechamente remite.

En tal sentido, sostener que la cuestionada "barrera electoral" habría adquirido legitimidad democrática por haber sido aplicada en diversos procesos electorales (con la aceptación de los partidos políticos y los poderes del Estado) y a todas las candidaturas por igual, en las mismas condiciones legales -pretendiendo con ello tener por garantizado el principio democrático de igualdad- no resulta un argumento válido que logre refutar lo sostenido, en tanto ninguna norma adquiere legitimidad constitucional por la circunstancia de que sea aplicada a todos por igual. Y no empece a lo expuesto lo sostenido por esta Corte, con otra integración en el precedente "Martino", dado que no puede omitirse que en el presente, y a diferencia de aquél, aparece demostrada la manifiesta incompatibilidad entre los órdenes normativos sucesivos.( De la disidencia del Dr. Erbetta).
Beneficio de litigar sin gastos, carga de la prueba, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fadel, Nazar Hipólito s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-27

El beneficio de litigar sin gastos, consiste en la posibilidad que se acuerda a quienes carecen de recursos de litigar ante los Tribunales, sin abonar impuestos y sellados de actuación, ni las costas del juicio, mientras subsistan esas condiciones económicas.

Así quien lo solicita, debe acreditar no sólo la carencia de recursos, sino también la imposibilidad de procurárselos y pesa sobre él la carga probatoria de justificar ambos extremos. Para ello, puede ofrecer toda clase de pruebas, testimonial, reconocimiento judicial, pedido de informes a instituciones bancarias o a registros inmobiliarios o del automotor para acreditar la inexistencia de depósitos o de bienes a su nombre.

De la probanza arrimada a la causa -testimonial e informativa del ANSES - no surge que la situación económica del peticionante sea tan apremiante que le impida soportar los gastos del proceso, toda vez que sus haberes superan el importe normal de cualquier jubilación ordinaria y por último no se cumple con el mínimo de testimonios que exige el código de rito, por lo que corresponde desestimar la apelación interpuesta.

A su vez, cabe aclarar que la decisión que acuerda o deniega el beneficio de litigar sin gastos, no causa estado ya que reviste carácter provisional, por lo que en el caso de autos en el que se rechaza el beneficio, desestimación que se confirma por la presente, no resulta un impedimento para requerir en el futuro la modificación del pronunciamiento denegatorio, siempre que invoque y acredite con otras pruebas hechos sobrevinientes a dicho pronunciamiento.
Quiebra, honorarios, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCISCO    DRAGONETTI  S/QUIEBRA  S/INCIDENTE  DE  VERIFICACION  DE CREDITOS POR JORGE DUBOVE s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

La doctrina sentada en el fallo plenario "Iranzi, Omar F. c/Acero Sima s/inc. de elevación a cámara", del 30/10/86, resulta aplicable a la hipótesis de quiebra, por lo que procede la actualización monetaria pretendida por el acreedor.
Educación superior, gobierno de la universidad, personal no docente
Materia: EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) s/ impugnación- estatuto -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Si bien el art. 53, inc. c, de la ley 24.521 no establece un porcentaje taxativo de representación del personal no docente y, a la vez deja librado a cada universidad su regulación, la norma es clara en el sentido de asegurarles la posibilidad de estar representados, al menos mínimamente - en número y facultades - en los órganos de gobierno de la universidad.
Daños y perjuicios, muro medianero, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, LUCINIO Y OTRO c/ FERRARO, PEDRO SEBASTIAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-13

Demandado daños y perjuicios como consecuencia de las filtraciones que el escurrimiento de aguas provenientes del jardín del vecino producen en el local de la demandante a través del muro medianero, corresponde hacer lugar a la demanda y ordenar que se lleven a cabo las obras de impermeabilización de dicho muro bajo apercibimiento de lo que prevé el art. 513 del Código Procesal, ya que si el accionado ha provocado la situación en función del logro del jardín, desde otro ángulo se le impone la obligación de resarcir los perjuicios derivados de la satisfacción de su interés exclusivo. Si bien no se ha alterado el nivel del terreno con relación al que tenía la anterior construcción existente, ha hecho necesario no obstante practicar rellenos que hacen aplicable por analogía la doctrina que establece el art. 2634 del Código Civil.-