marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMARGO CHANCE, RAHYNIERO ANTONIO c/ E N. -M°-INTERIOR O.P. Y V-DNM s/ RECURSO DIRECTO DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

Se confirma la sentencia de primera instancia de tener por no habilitada la instancia judicial. Inconstitucionalidad del plazo para interponer recursos administrativos introducido por el Decreto N° 70/2017. Se desestima por no haberse invocado ni demostrado de qué manera el plazo fijado le impidió concretamente presentarse e impugnar el acto en cuestión ni de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen. Notificación. Constitución de domicilio de un extranjero art. 54 de la Ley n° 25.871. Arts. 140 y 141 CPCCN. Cambio de domicilio no informado. Recurso extemporáneo tratado como denuncia de ilegitimidad. Aplicación Fallo CSJN "Gorordo".
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PIU DE CAROLLI, ELEONOR c/ CENTRO UNION DEPENDIENTES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 109 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

No puede prosperar el planteo la quejosa que afirma que los juzgadores realizaron una interpretación dogmática y prescindente del texto legal en tanto resolvieron en contra de los términos de la ley 24754, sin embargo, sus alegaciones no pasan de ser una manifestación en contrario a la postura asumida al respecto por el Tribunal, pero sin demostrar concretamente de que manera operaria tal defecto. En efecto, ha sido reiteradamente sostenido que no es arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto; tampoco, si la elección importa adoptar una solución posible, apoyandose en razones suficientes. Y a tenor de tales pautas, al margen del acierto o error en que pudo haber incurrido el Juzgador, no se advierte que la Alzada ha ya escogido una exégesis que desborde las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional que ofrecía la normativa en cuestión.
Empleados públicos, obediencia jerárquica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marello, Cristina R. c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

En la determinación de un superior si la ilegalidad no fuere "manifiesta", sino dudosa, la orden debe ser acatada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, extensión de la demanda, procedencia del recurso, desistimiento, cláusulas de reversión
Materia: PROCESAL
Carátula: Guzzetti, Rene Mara c/ Tome, Walter Angel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Procede revocar la resolución que desestimó la pretensión del actor, de extender la condena dictada en las presentes actuaciones a la codemandada respecto de la cual se había desistido en los términos de la LCQ 133, y cuya quiebra fue dejada sin efecto, mediante el pronunciamiento que hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por la ex fallida; con base en que la pretensión resultaba improcedente en orden al desistimiento oportunamente formulado. Ello por cuanto, el hecho de que se la haya tenido por desistida respecto de la codemandada fallida en los términos de la LCQ 133, tuvo como presupuesto el estado falencial, al haber sido revocado el decreto de quiebra y desaparecer tal presupuesto, cabe admitir la reversión de aquel desistimiento que no involucró pronunciamiento alguno acerca de la exigibilidad de la acreencia que aquí se pretende reclamar, sino sobre la vía para instar su cobro. Es que no cabe, por una circunstancia ajena al recurrente, predicar la imposibilidad de retomar la acción pues ello alteraría, el ejercicio regular del legítimo derecho al acceso a la jurisdicción.
Sentencia arbitraria, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL
Carátula: Cerezo, José Osfaldo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-23

Para el andamiento de la causal de arbitrariedad, es menester que la resolución atacada sea totalmente desatinada y que los jueces hayan fallado con olvido o desconocimiento del derecho o falta de sumisión a las normas vigentes o fundado en conclusiones contradictorias, y que el razonamiento interpretativo que sustenta la sentencia se aparte o abandone las reglas de la sana crítica judicial, de tal modo que prevalezca una solución manifiestamente contraria al correcto entendimiento humano.
Injuria laboral, empleo público, emergencia económica
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ MARIO SALVADOR c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-18

La razonabilidad de la medida adoptada por la patronal -en el caso el Estado Provincial- a través del Ente Bancario, resulta muy clara, no violatoria del derecho constitucional resguardado por el art. 14 bis, puesto que mantuvo a la actora en empleo, con retribución salarial y con traslado a un Organismo del Estado al que por ley se le dio prioridad a los fines del reordenamiento dispuesto para resolver la emergencia económica y con tareas de instituciones que funcionalmente, resultan afines: una, negociar dinero; la otra, recaudarlo. Por lo expuesto y en este aspecto se considera que la adscripción de la actora a la Dirección General de Rentas no constituyó injuria grave que le permitiera incumplir la resolución patronal, ni aún aplicando el art. 242 de la L.C.T., puesto que el mismo con buen criterio, deja a la consideración de los jueces la apreciación de la gravedad de la "injuria" laboral, lo que implica tener en cuenta todas las circunstancias fácticas, aún las de emergencia en que los hechos se desarrollaron.
Recurso de reposición (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: "MENDOZA, Mónica Graciela y otros c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Ushuaia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-09-11

Al respecto la doctrina señala, "... no hay recurso sin perjuicio. En este sentido la jurisprudencia ha suplido el déficit normativo, declarando sin titubeos que" los fundamentos que sustentan el recurso de reposición deben consistir en agravios concretos que tengan razones valederas para justificar la revocatoria que se persigue; y se ha sostenido que este instituto "debe fundarse en el derecho invocado y rebatirse los fundamentos de la resolución impugnada, y si bien no se requieren términos sacramentales, se deben plantear, cuando menos, claramente las objeciones..." Se concluye que la argumentación que sustenta el recurso de reposición debe ser clara y concreta, con indicación del agravio que se pretende revocar; se requiere necesariamente la existencia de un gravamen para la admisibilidad del recurso, y ello depende de la suficiencia del análisis, del razonamiento y de la demostración de los errores y vicios del acto impugnado. (del voto del Dr. Carranza)
Empleador, obligaciones solidarias, leyes, jerarquía de las leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Abbiatti, Alejandro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido Wilches, Alejandro y otros c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de salarios, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1988-03-22

La aplicación a la Provincia del art. 30 de la L.C.T., norma nacional de derecho común, ajena al régimen del derecho público local en cuyo ámbito contrató según dec. ley 9004/78, vulnera sus facultades reservadas (arts. 104 y 105, Constitución Nacional).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ DE SEIJO GRACIELA c/ GERMANIA SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-INTERVENCION DE TERCEROS-HECHOS NUEVOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-25

En el caso de litisconsorcio necesario, las defensas opuestas por uno o algunos de los litisconsortes, ya sea que se funden en hechos comunes o individuales, en el supuesto de que no prosperen, la responsabilidad por el pago de las costas recae exclusivamente sobre el ó los litisconsortes que las dedujeron.
Contienda negativa de competencia, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Delito de acción pública N.N. s/ Delito de acción pública
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-25|1996-10-25

El término de 24 horas para desprenderse de una causa o de un hecho ajeno a la misma, rige a partir de la toma de conocimiento por parte del magistrado (arts. 348, 350 y 351 del R.J.C.C.).
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

Todo proceso de reforma de una constitución se debe ajustar a dos restricciones: por un lado una externa al texto constitucional, es decir, la que expresa la propia ley de reforma en la cual la Legislatura fija los cauces por el que debe transitar la constituyente; y otra interna o propia del mismo texto constitucional la cual está conformado por la exigencia de coherencia con todos los artículos que no son afectados por la ley de reforma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, acto administrativo, resoluciones recurribles, plazo, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, Municipalidad, personal municipal, retrogradación, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Niizawa, Ricardo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 296-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

No concurren en el caso las circunstancias que determinaron en el precedente "Ruiz Díaz" la admisibilidad de la impugnación contencioso administrativa. Es que, si bien en un análisis liminar propio de la oportunidad procesal prevista en el artículo 25 de la ley 4106, se sostuvo que el presente caso resultaba análogo al mencionado antecedente -el cual, a su vez, fue considerado "prima facie" similar a otros porque la propia Administración habría admitido la existencia de "presiones" a fin de que esos agentes prestasen su conformidad para ser retrogradados-, a la luz de los elementos probatorios disponibles se concluye que esta causa no presenta la similitud que "prima facie" se le atribuyó para con aquellos antecedentes. Efectivamente, en relación a los aspectos vinculados al correcto agotamiento de la vía administrativa, se observa que el agente "Ruiz Díaz" había interpuesto la impugnación administrativa (ante el Director de Vialidad) en un tiempo sensiblemente menor del que dispuso el actor de autos. En otras palabras, mientras aquél recurrió el acto por el que se lo reubicó en una categoría inferior al mes y medio de asumir las nuevas autoridades democráticas, el actor lo hizo recién a los 13 meses.
Marcas, registro de marca, marca registrada
Materia: COMERCIAL
Carátula: KRAFT  FOODS  HOLDING  INC c/ COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO SA s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

El hecho de que la oponente hubiera fundado concretamente la irregistrabilidad del conjunto pretendido en la prohibición de el artículo 2, inc. a) de la ley de marcas, sin invocar la confundibilidad de la expresión requerida con algunos de sus signos, impone verificar si posee la calidad de interesada legitimada para efectuar la protesta en los términos que prevé el artículo 4 de la ley 22362. La noción de "interés legítimo" debe comprender la defensa de alguna ventaja o utilidad (conf.

Sala I, voto del Dr. Pérez Delgado en la causa "Laboratorios Cetus S.R.L. v. Sothys" del 2.6.94 y sus citas; conf. esta Sala, causa" Aachen S.A.C.I. v. Safra Compañía de Comercio Exterior", del 23.4.96), como puede consistir en que ciertos signos no sean objeto de apropiación (conf. esta Sala, causa "Klaukol S.A. v.

Cerámica Zanón S.A. y otro" del 6/11/97, Jorge Otamendi, "Derecho de marcas", ed. 2006, p. 129 y ss.; Luís E. Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de marcas", t. I, cap. II, 1989, Ed. Heliasta S.R.L., p. 399, n. 35).
Sentencia, principio de congruencia, tribunal colegiado, Cámara de Apelaciones, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: BIANCARDI, LUIS ENRIQUE Y OTRA c/ MINERVINO, PEDRO s/ RESOLUCION BOLETO COMPRAVENTA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 517-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-23

La exigencia constitucional que las decisiones tengan "motivación suficiente" (artículo 95 de la Constitución Provincial), supone que los temas puestos a consideración del Tribunal, reciban el análisis y resolución que constituye la esencia misma del servicio de justicia. Cuando esa función judicial se cumple colegiadamente en la segunda instancia (artículo 84 inciso 2 de la Constitución Provincial) se supone la participación activa de todos sus integrantes en el estudio que propone cada caso particular y en la medida de los agravios deducidos por los recurrentes, de manera que en el intercambio se establezca la mayoría o la unanimidad que toda decisión colegiada exige.
Usurpación, menores, imputado, simple damnificado, restitución del inmueble, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

La intervención de la Asesoría Tutelar en el marco de una causa judicial se encuentra regida por las leyes y del conjunto de normas en juego se desprende, con nitidez, que el Ministerio Público Tutelar deberá intervenir cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada como delito sea menor de dieciocho(18) años (art. 155, CPP) o en los procesos penales por delitos en los cuales resulta imputado/a, víctima o testigo una persona menor de dieciocho(18)años(art. 40, RPPJ).(Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUCHETA, ROBERTO H. Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-27

En la apelación de regulación de honorarios contenida en el auto homologatorio del acuerdo preventivo es de aplicación las disposiciones de la ley alimentaria que, "cuando se admite la apelación", no exige fundamentación como requisito de inadmisibilidad formal, y dispone que lo sea "en relación y con efecto suspensivo" (art. 296 inc. 4).

No debe, acudirse a las prescripciones del Código arancelario local (art. 112 y cc., Ley 7269), ya que existe expresa previsión en la ley nacional que torna inaplicable la remisión a aquellas (art. 301, Ley 19551). El incumplimiento de esta preceptiva conlleva el acogimiento de la revisión.-
Recurso extraordinario, nulidad procesal, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Hofstetter, Antonio c/ INPS.    Caja  Nacional  de  Previsión  para  Trabajadores  Autónomos s/ autónomos: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La Corte está facultada para declarar la nulidad del pronunciamiento de cámara suscripto por sólo dos de los integrantes de la sala, aunque la deficiencia no fuera objeto de agravio por el recurrente.
Medidas cautelares, fisco nacional, acción de amparo, suspensión del proceso judicial, debido proceso, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ ALOISI, LUIS CESAR s/ EJECUCION FISCAL (Reg. 13.169)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

La finalidad de las medidas cautelares consiste en proteger la observancia del derecho que le asiste a una de las partes, siempre y cuando se cumplan con las condiciones procesales para su admisión, y toda vez que su traba tiende a sortear la posible frustración del derecho de quien las solicita.

Debe valorarse la pretensión del Fisco Nacional, de ejecutar el impuesto a la ganancia mínima presunta, obteniendo la inhibición general de bienes de la demandada.

También debe valorarse la existencia de un proceso de amparo en el cual la parte ha obtenido una medida cautelar innovativa, tendiente a suspender en forma provisoria la acción ejecutiva iniciada contra el actor por el cobre de los impuestos supuestamente adeudados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Tomando en consideración que la suspensión decretada en el proceso de amparo tiene el efecto de paralizar el curso del trámite ejecutivo mientras dure su trámite, y que la inhibición general de bienes fue dictada con posterioridad a la cautelar que ordena la suspensión de la ejecución, resulta ajustado disponer el levantamiento de aquella.

Lo contrario originaría una contradicción entre las resoluciones dictadas en la instancia de grado que traería aparejado un estado de confusión insostenible.

Acceder a lo planteado por el recurrente significaría caer en un estado de inseguridad jurídica inadmisible. Es deber ineludible de la justicia resguardar los principios pilares del derecho procesal como son los de defensa, legalidad y congruencia (art. 18 de la C.N.). (del voto en minoría del Dr. Tazza; mayoría Dres. Ferro y Torterolla)
Procedimiento laboral, recursos, depósito judicial, depósito en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: Sud  América  Compañía  de  Seguros  de  Vida  y  Patrimoniales S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-10-30

El artículo 377 del Código de Procedimientos impone a la patronal la obligación de depositar previamente el importe del capital que se ordena pagar, más el 30% para intereses y costas, o de dar garantía suficiente a juicio del tribunal, para poder interponer recursos extraordinarios contra la sentencia definitiva dictada en procesos laborales. El depósito debe efectuarse a la fianza ofrecerse, graduarse y acreditarse su inscripción o anotación -según el caso- ante el Tribunal de mérito, por ser el Juez de la Causa; en tanto que las prórrogas de plazo para acreditar el cumplimiento de la exigencia legal, deben requerirse ante el Tribunal de casación como Juez del recurso.

No hay precedentes expresos respecto de que la exigencia legal se extienda a cualquier otra persona -además de la patronal- que haya resultado condenada a abonar las sumas por las que prospera la demanda; pero en la práctica, siempre se le ha exigido, acertadamente, porque el requisito en estudio obedece a la necesidad de asegurar que el crédito reconocido por el Tribunal sea percibido por el trabajador impidiendo que durante la tramitación del recurso, el obligado caiga en insolvencia total o parcial, y torne en ilusoria la pretensión del accionista. Por ello todo obligado al pago -no solo el patrón- debe asegurar que entre el momento de la sentencia y aquel en que el recurso se resuelva favorablemente al asalariado, no se produciría contingencias que frustren el derecho que le ha reconocido el fallo sujeto a recurso.

La exigencia del art. 377 es para interponer el recurso ante el Tribunal Superior o ante la Corte de Justicia de la Nación, por lo que debe rendirse la fianza o efectuarse el depósito antes de la interposición, no después de hacerlo.
Falta de fundamentación, sentencia arbitraria, nulidad absoluta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Croci, Rubén Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

La inexistencia de indicios que exhiban las notas de univocidad, concordancia, conexión y relación entre sí, requeridas para la aceptación de la prueba de presunciones y el hecho de haber ponderado como prueba indirecta no se sabe si la indiciaria o la presuncional y considerar a ambas, confusamente, de idéntica naturaleza, conlleva la falta de fundamentación de la sentencia, aunque sin atisbar por ello nada en cuanto a lo que debe decidirse en el reenvío. Dicha conclusión implica descalificar por arbitrariedad el fallo frente a la existencia de vicios que provocan su nulidad absoluta, por violación a lo dispuesto en los arts. 123 y 404, inc. 3° del Código Procesal Penal
Acción de inconstitucionalidad, legitimación procesal, programa nacional de salud sexual y procreación responsable, métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emergencia, establecimientos asistenciales, hospitales públicos, farmacias, igualdad ante la ley, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

Repárese que si se admitiera la inconstitucionalidad de la [.] norma [ley R 3999 luego de la consolidación normativa realizada por el Digesto Jurídico debe remitirse a la ley R 3059 y demás normas.], - en forma aislada - por un lado, quedarían las habitantes de escasos recursos de la provincia de Río Negro en un plano de absoluta desigualdad con sus pares que habitan en distinta jurisdicción o que tienen poder adquisitivo, puesto que las mencionadas píldoras se expenden en cualquier farmacia, atento la autorización de la ANMAT para su comercialización en la República Argentina.

Por otra parte, estaríamos en la contradicción de tener que - por un lado - garantizar, conforme al artículo 1º de la ley R 3059, la libre opción de maternidad/paternidad y el derecho a la planificación familiar; pero al mismo tiempo estaríamos limitando el acceso a una de los medicamentos destinado a esos fines.

Todo lo dicho sin perjuicio de las facultades del Estado provincial para limitar dentro de su territorio la circulación de un medicamento habilitado para toda la Nación,[.].

Esta particularidad pone de manifiesto que no puede legitimarse pasivamente al Estado provincial cuando lo único que ha realizado al sancionar la ley R 3059 es adecuar la normativa provincial a los programas y normativas nacionales (Ley Nacional 25673).
Proceso penal, sobreseimiento provisional, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Spacarstel, Néstor A. c/ El Día S.A.I.C.F. s/ daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-03

No puede atribuirse a un sobreseimiento provisional, dictado en sede penal, autoridad de cosa juzgada en la pretensión resarcitoria civil, ya que el juez civil tiene amplia libertad para resolver todo lo relativo a la responsabilidad civil del sobreseído penalmente (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Horacio Guillermo c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa Faragó, Jorge Eduardo c/ Municipalidad de Adolfo González Chaves s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05|2003-10-22

No encontrándose debidamente justificada la proporcionalidad entre la sanción impuesta y el hecho cometido, tal deficiencia de motivación torna irrazonable al acto impugnado e invalida dicha sanción.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, juicios en que la Nación es parte, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  de  la  Nación  Argentina  -Suc.  Resistencia- c/ Ramírez,Oscar Felipe y otros s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

La competencia federal establecida para los supuestos en que la Nación o una de sus entidades autárquicas sean parte en un pleito es renunciable a favor de la justicia provincial y los particulares carecen de interés jurídico para oponerse a ello, toda vez que se trata de un privilegio que sólo a aquéllas concierne. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.