Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-06-30


Córdoba, junio 31 de 2008.

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de apelación? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES Domingo Juan Sesín y María Esther Cafure De Battistelli, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

1. A fs. 246 la accionada interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia Número Ciento noventa y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintidós de noviembre de dos mil seis (fs. 234/245vta.), que resolvió: "1) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por María Cristina Rosario Greco de Albrieu en contra de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia, anular las resoluciones 876/02 y 1083/03 del Ministerio de Salud. 2) Condenar a la demandada a abonar a la actora la suma de pesos treinta y dos mil trescientos sesenta y ocho con sesenta y siete centavos ($32.368,67) en concepto de diferencias salariales devengadas por el desempeño de las funciones de Jefe de Sección Habilitación en el período comprendido entre el 1-1-98 y el 30-5-02, con intereses desde que cada mensualidad es debida y hasta el momento de su efectivo pago, a la tasa indicada al resolver la primera cuestión. 3) Imponer las costas a la demandada...".

2. Concedido el recurso de apelación por Auto Número Quinientos treinta y seis del treinta de noviembre de dos mil seis (fs. 247 y vta.), se elevan los presentes a este Tribunal (fs. 249).

3. A fs. 251 se corre traslado a la recurrente, quien lo evacua a fs. 252/255, solicitando se revoque el decisorio impugnado, con costas.

La expresión de agravios admite el siguiente compendio:

Relata que la Cámara a-quo consideró irrelevante lo sostenido por su parte respecto a que se acreditó la inexistencia del cargo "Jefe de Sección - Habilitación" en la llamada "Dirección de Prevención, Regularización y Fiscalización", ya que fue suprimido mediante la Resolución Número 261/97 del Ministerio de Salud, por la cual el cumplimiento de tal función no contó con un instrumento legal que la avalara y con la correspondiente asignación presupuestaria.

Refiere que conforme el testimonio del Señor Néstor Rodolfo Chávez, no hubo acto de designación de la actora, para la que se requería decreto y/o resolución dictados por la autoridad competente.

Apunta que su parte al confrontar la Disposición Número 0001 de fecha 21/12/99 con las normas constitucionales, adujo que se pone en evidencia que la función o cargo encomendado a la actora no fue una creación dispuesta por ley, se trata de una tarea que nació de una interpretación efectuada por un órgano infra-ministerial que excedió el cuadro autoritativo reglamentario que delimita su competencia violando así la sistematización y distribución de funciones.

Sostiene que la Sentenciante centró su atención en la situación fáctica explicitada por la parte actora, pero soslayó encuadrar los hechos en el marco jurídico vigente conformado por las Leyes 8472 y 8482 y el Decreto 170/95.

Refiere que su parte en su carácter de órgano sublegal, tan sólo puede hacer efectivas aquellas sumas que correspondan abonar de acuerdo a las normativas vigentes, ya que, de lo contrario, los funcionarios que autorizaran el pago no previsto incurrirían en delito.

Apunta que si está obligada a respetar y a cumplir con el mandato legal, se concluye que el interés público comprometido en su conducta repele toda idea del "enriquecimiento sin causa".

Dice que mal puede el Órgano Judicial, en ejercicio de sus funciones de control de legitimidad administrativa, disponer que se reconozca a la actora un derecho subjetivo en contra de la ley, pues el control judicial está puesto para la protección de la vigencia insoslayable del orden jurídico.

Mantiene la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

4. Corrido traslado a la actora del recurso interpuesto por la accionada(fs. 256), ésta lo evacua a fs. 258/260vta., requiriendo por los motivos que allí expresa su rechazo, con costas.

5. A fs. 261 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 262), deja la presente causa en estado de ser resuelta.

6. El recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, por parte legitimada y en contra de una sentencia definitiva, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43, C.P.C.A. y 366, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182).

7. La sentencia de primera instancia contiene una adecuada relación de causa (art. 329, C.P.C. y C.), la cual debe tenerse por reproducida en la presente a los fines de evitar su innecesaria reiteración.

8. Mediante el pronunciamiento recaído en la causa, el Tribunal de Mérito hizo lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por al señora María Cristina Rosario Greco de Albrieu en contra de la Provincia de Córdoba y anuló las Resoluciones Números 876/02 (fs. 10/12) y 1083/03 (fs. 18/20) del Ministerio de Salud, que rechazaron la pretensión de pago de las diferencias de haberes por las mayores funciones cumplidas desde el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta de mayo de dos mil dos. En consecuencia, condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de Pesos Treinta y dos mil trescientos sesenta y ocho con 67/100 ($32.368,67.) con más los intereses fijados en el decisorio cuestionado.

9. En esencia agravia a la recurrente la declaración de ilegitimidad de la denegatoria controvertida en la demanda, señalando que el Tribunal a-quo desestimó por considerar irrelevante el hecho de que el cargo que la actora dice haber desempeñado como "Jefe de Sección - Habilitación" careció de reflejo orgánico, presupuestario y de acto formal de designación dispuesto por autoridad competente, conforme la normativa que rige a la cuestión.

10. Previo a ingresar de lleno al análisis del recurso de apelación interpuesto por la demandada, corresponde destacar ciertos aspectos en orden a la cuestión fáctica bajo examen que no han sido controvertidos en esta instancia, tales como que existió una real y efectiva prestación de labores por parte de la actora en calidad de "Responsable de la Sección Habilitación de la Dirección y Programación Sanitaria", desde el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta de mayo de dos mil dos, con plena conformidad y aquiescencia de las autoridades administrativas (cfr. escrito de la contestación de la demanda, fs. 45/48 y la Resolución Ministerial Nro. 876/02, fols. 14/18 del Expte. Adm. Nro. 0425-103123/02).

Interesa puntualizar que conforme los certificados emitidos por los distintos Directores de Programación y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud y Seguridad Social, se deja constancia que: "...por estrictas razones de servicio, esta Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria, le encomienda a la Sra. María Cristina Rosario Greco (... ) cargo (21-204) Planta Permanente, las funciones inherente a la Jefatura de Sección del Cr. N.Ch., a partir del 1/1/98 atento a lo dispuesto por Resolución Nº 1261 del 10 de diciembre de 1997 donde se dispone la reubicación del Contador y se lo encarga a la División de Rendición de Cuenta...", detallándose a continuación las tareas que desarrollaba la actora en las áreas Contable, Rendición de Cuentas, Tesorería y Compras (cfr. fols. 9/12, Expte. Adm. Nro. 0425-72016/00).

Surge también de las constancias de la causa que mediante la Disposición Número 1 de fecha 21/12/1999, la Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria ratificó a la actora como responsable de la Sección Habilitación de la misma (cfr. fol. 13, expte. adm. cit.).

De la pericia contable producida a fs. 83/86vta., se desprende que la actora a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, ejerció actividades laborales equivalentes a las funciones correspondientes a la de "Jefe de Sección".

El incremento de las tareas y la mayor responsabilidad que a la agente le irrogó el ejercicio de las funciones de "Encargada de la Sección Habilitación" durante el período reclamado, se deriva del análisis de las testimoniales rendidas (cfr. fs. 69/70, 72/74, 76/76vta. y 78/78vta.), en especial, de la declaración del Contador Néstor Rodolfo Chávez -Jefe de Sección-, a quien la actora reemplazó en sus funciones cuando el testigo fue designado en la División Rendición de Cuentas del Ministerio de Salud y Seguridad Social (cfr. fs. 72/74).

Finalmente cabe señalar que mediante la Resolución Ministerial Número 876/02 se desestimó el reclamo del reconocimiento de mayores funciones efectuado por la actora y se dispuso "...el cese de las tareas de jefatura que la Sra. Greco de Albrieu venía desempeñando..." -énfasis agregado- (cfr. fols. 14/18, Expte. Adm. Nro. 0425-103123/02).

11. Esclarecida la cuestión anterior, resulta trascendente determinar con precisión, si la actora es titular de un derecho subjetivo administrativo preestablecido en favor de lo reclamado y, en consecuencia, si al respecto es ajustada a derecho la sentencia apelada.

12. Sabido es que el derecho subjetivo administrativo es concebido en general como el interés personal, directo y exclusivo que tiene un administrado determinado con relación a una norma que establece cual es la conducta administrativa debida (JELLINEK Walter, Verwaltungs recht, 3º Ed. Berlín l931, págs. 201 y ss.; KORMAN Lest, Einfuhrung, in die praxis, 2º Ed., pág. 250), o en otras palabras como la exigibilidad exclusiva de que la Administración no exceda sus facultades regladas (conf. entre otras, Sentencias Nro. 11/1996 "Linch, Napoleón Justo c/..."; Nro. 13/1996 "Jalil, Omar Antonio c/..."; Nro. 14/1996 "Romancini, Alfredo Armando c/..."; Nro. 14/1999 "Medina, Miguel Ángel c/...").

13. El artículo 174 de la Constitución de Córdoba impone como obligación de quien ejerce la función administrativa sujetarse al "orden jurídico", siguiendo la tendencia de las modernas constituciones extranjeras (arts. 20 Ley Fundamental de Bonn, 97 Const. Italiana, 9.2 y 103.1 Const. Española, entre otras).

La importancia creciente que adquiere el concepto y alcance de "ordenamiento" ha dejado de dar prioridad sólo a la relación norma jurídica-situación fáctica, para comprender a la totalidad del sistema y sus principios inmanentes.

La revisión crítica del positivismo por obra de Bobbio ("Teoría de la norma jurídica", Turín 1958, págs. 101 y ss.) propone la metodología neoempirista y su aplicación a la praxis jurisprudencial, concibe la amplitud del orden jurídico, atribuyéndole funciones sancionatorias al igual que al precepto legal aislado. En ese mismo marco la apertura contemporánea a los principios y directrices jurídicos antes que el puro normativismo, aparece como un dato verificable en el Derecho Judicial contemporáneo. En definitiva, se le reconoce mayor efectividad y aplicación directa a la realidad.

Como es fácil advertir, no se trata sólo de un mero prurito formal, sino que en sentido material o sustantivo las consecuencias jurídicas son diferentes. La estrategia o metodología judicial no debe construir su silogismo lógico-jurídico en base al precepto aislado de la norma específica sino de la amplia adecuación a la unicidad del orden jurídico en el sentido holístico referido.

Es que el principio de legalidad comporta un axioma de derecho en virtud del cual la norma emitida por una jerarquía piramidal superior prevalece respecto de la norma inferior generada como consecuencia de la aplicación de aquélla (LINARES, "Fundamentos del Derecho Administrativo", págs. 343 y ss.; KELSEN, "Teoría Pura del Derecho", 2º Ed. alemana, págs. 232 y ss.).

Es la Constitución quien establece y delimita la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes fundamentales como los objetivos que se imponen para satisfacer los intereses de la comunidad. De allí devienen las reglas supremas que la organización administrativa debe respetar, como la unidad del ordenamiento jurídico, caracterizado por su relación internormativa jerárquica.

Esta preeminencia constitucional es formal y sustantiva por cuanto las normas que en su consecuencia se dictan no sólo deben respetar el procedimiento de emisión formal preceptuado por ella, sino también los principios, contenidos, objetivos y limitaciones impuestos por la misma.

La Constitución Argentina en sus artículos 1, 28 y 31 consagra su primacía jerárquica siguiendo el modelo americano. Idéntico criterio recepta la Constitución de Córdoba en el artículo 161, en concordancia con el artículo 174. Téngase presente que la Constitución Norteamericana de 1787, establece en su artículo 7, Sección 2º, la supremacía de la misma, confiando a la Justicia el cometido de resguardar su validez superior con relación a las leyes que de ella deriven.

14. En el subexamen, atento el marco fáctico referido en el punto 10, resultan aplicables los siguientes principios:

a) El principio de igual remuneración por igual tarea que garantiza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 23 inciso 4 y 76 de la Constitución Provincial.

b) El implícito consentimiento por parte de las autoridades superiores que no pudieron ignorar la prestación de funciones de la actora como encargada de la Sección Habilitación.

Tales directrices se tornan operativas en el sub lite como criterio de mesura para resolver sobre la procedencia de lo reclamado en mérito de la acreditación "fehaciente" de las tareas desarrolladas por la accionante (conf. doctrina del Tribunal Superior de Justicia in re: "Palacio de Ferreyra, Blanca Yolanda c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba...", Sent. Nro. 8/1996; "Berrotarán, Gabriela c/ Pcia. de Córdoba...", Sent. Nro. 75/2000; "Benegas, Antonia Máxima c/ Provincia de Córdoba - P.J.", Sent. Nro. 152/2001, entre otras, conforme con doctrina sustentada en anterior integración in re: "González, Hipólito c/ Estado Provincial - Plena Jurisdicción - C.A. - Recurso de Apelación", Sent. Nro. 26/1994, coincidente con la jurisprudencia elaborada por el Doctor Domingo Juan Sesin como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación in re: "Villarreal de Manubens, Luisa Romualda c/ Estado Provincial - C.A. - Plena Jurisdicción", Sent. Nro. 86/1995; "Molina, Luis A. del C. de J. c/ Provincia de Córdoba - C.A. - Plena Jurisdicción", Sent. Nro. 57/1995 de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nom., entre muchas), aún cuando la función de "Jefatura de Sección" o "Responsable de la Sección Habilitación" de la ex Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria careciera de reflejo presupuestario y no haya mediado un acto de designación expreso de la actora por autoridad competente conforme a la normativa que regulaba la cuestión (art. 18, Ley 8575).

15. Cabe indicar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional citado resulta directa e inmediatamente aplicable al subiudice atento su carácter operativo (cfr. Jaureguiberry, Luis María, "El artículo nuevo (Constitucionalismo Social)", Librería y Editorial Castellví S.A., Santa Fe 1957, pág. 19 y Bidart Campos, Germán J., "Derecho Constitucional III", Editora Comercial, Industrial y Financiera Ediar S.A., Bs. As. 1966, pág. 437) y dado que en su protección alcanza tanto a los trabajadores libres como a los del Estado (cfr. Jaureguiberry, obra citada, pág. 32).

Esta norma otorga a quien presta servicios el derecho a una retribución justa, compensatoria del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido, o sea de la utilidad o provecho logrado con el esfuerzo del empleado (cfr. Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", Editorial Plus Ultra, Bs. As. 1979, T. V, pág. 471).

Asimismo en el marco de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), es dable puntualizar que:

a) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 14 sobre "Derecho al trabajo y a una justa retribución" preceptúa que: "Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia";

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 23, dispone que "...2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo";

c) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Ley 23.313 (B.O. 13/05/1986), preceptúa en el artículo 7 "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: ...1) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual...";

d) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por Ley 17.722 (B.O. 08/04/1968), establece en el artículo 5 "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2º de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho a toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente el goce de lo derechos siguientes(...) e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria..." y e) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Ley 23.179 (B.O. 03/06/1985), dispone en el artículo 11 "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: ...d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo...".

En tal contexto, si se tiene en cuenta que la Señora Greco de Albrieu desempeñó efectivamente funciones equivalentes a un cargo del nivel conducción -"Jefe de Sección"- y, sin embargo, no percibió las remuneraciones correspondientes a los servicios prestados, es dable concluir que esta garantía constitucional sería transgredida por el obrar de la Administración, si no se le reconociera el pago de las diferencias que reclama.

Ello es así, por cuanto la demandada no ha desconocido el mayor beneficio derivado de la actividad desempeñada por la accionante en interés positivo de aquélla.

16. En definitiva, conforme lo reseñado precedentemente surge en forma nítida e incontrastable que los actos administrativos cuestionados son ilegítimos, en razón de la contradicción objetiva entre las circunstancias de hecho y la hipótesis jurídica aplicada.

Esta transgresión fulmina de por sí la validez de los actos impugnados por cuanto se ha contrariado el orden jurídico vigente por violación de la causa o motivo (cfr. Gordillo, A., "Tratado de Derecho Administrativo", T. II-B, págs. 332 y ss.; Fiorini B., "Derecho Administrativo", T. I, págs. 511 y ss.; Zanobini, G., "Curso de Derecho Administrativo", T. I., págs. 400 y ss. y Sandulli, A., "Manuale de diritto amministrativo", págs. 470 y ss.).

Por tal motivo, resultó ajustada a derecho la decisión de la Cámara a-quo de declarar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, con el consiguiente reconocimiento de la procedencia de la pretensión articulada por la accionante.

17. Conforme las consideraciones hasta aquí desarrolladas, el recurso de apelación interpuesto por la demandada no puede prosperar, debiendo ser rechazado, con costas (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).

Así votamos.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA Aída Lucía Teresa Tarditti, DIJO:

1. La recurrente sostiene que la demanda no debió ser acogida en virtud de los fundamentos expuestos por su parte, que fueron considerados irrelevantes por el Tribunal a-quo.

En esta tesitura, se agravia esencialmente de que se le reconozca a la accionante un derecho subjetivo del que carece, dado que se acreditó en autos que el cargo "Jefe de Sección - Habilitación" de la llamada "Dirección de Prevención, Regularización y Fiscalización", por cuyo desempeño reclamó las diferencias de haberes, carecía de reflejo orgánico y presupuestario y además no existió un acto expreso de autoridad competente que la designara en aquella función.

2. A los fines de analizar la viabilidad de los reparos opuestos por la recurrente corresponde realizar un examen de la plataforma fáctica que diera lugar al decisorio atacado, de la que se desprende que:

a) Mediante la Resolución Número 1261 de fecha diez de diciembre de dos mil siete, el Ministerio de Salud y Seguridad Social decidió: "...la unificación en la Dirección de Administración, con absoluta dependencia de las mismas, de las Oficinas de Habilitación que funcionaban bajo la órbita de las Direcciones de Programación y Fiscalización Sanitaria y de Emergencias y Coordinación Sanitaria a partir de la fecha de la presente resolución...", disponiéndose la reubicación, entre otro personal, del Señor Néstor Chávez, cargo 06-030 - Jefe de Sección (cfr. fols. 7/8, Expte. Adm. Nº 0425-72016/00);

b) La actora con el cargo del Agrupamiento Técnico Nivel 4 (21-204), desempeñó funciones como encargada de la Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria en reemplazo del Contador Chávez, cumpliendo tareas inherentes a la jefatura de sección, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho según consta en los certificados obrantes en los folios 9/11 del expediente administrativo citado, función en la que fue ratificada mediante la Disposición Número 01/1999 del Director de dicha repartición (fol. 12);

c) El informe del Departamento de Personal del Ministerio de Salud y Seguridad, señala que conforme la estructura orgánica vigente no existe el cargo de "Jefe de Sección - Habilitación" (cfr. fols. 22 y 109, expte. adm. de referencia) y d) Las pruebas testimoniales y pericial contable producidas en la causa, dan cuenta que la actora desempeñó tareas de conducción de mayor jerarquía respecto de su cargo de revista correspondiente al nivel operativo del agrupamiento administrativo, durante el período reclamado (cfr. fs. 68/78vta. y 83/86vta.).

3. Efectuado este repaso fáctico de las circunstancias relevantes de la causa el "thema decidendum" consiste en determinar si resultó ilegítimo el rechazo del reclamo de las diferencias de haberes por las funciones efectivamente cumplidas por la actora como "Encargada o Responsable de la Sección Habilitación" de la ex Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud.

Atento el marco referido, se evidencia que la "función" o "cargo" pretendido por la actora careció de reflejo orgánico y presupuestario al tiempo de serle encomendada la realización de las tareas de mayor jerarquía, cuestión que además no ha sido controvertida por las partes.

4. Tal circunstancia constituye un óbice para el reconocimiento del derecho subjetivo de carácter administrativo al pago de las diferencias de haberes por mayores funciones que se demanda.

Como ya expresara este Tribunal Superior in re: "Fulladoza, Vital José..." (Sent. Nº 17/1981), "...En nuestro sistema jurídico positivo no puede existir supuesto alguno de función de "facto", ya que, incluso en las hipótesis posibles del denominado "funcionario de hecho o de facto", su constitución admisible sólo puede partir de la preexistencia del cargo, siempre creado por ley." (doctrina reiterada en Sents. Nro. 78/1997 "Navello...", Nro. 175/1999 "Ortíz...", Nro. 192/2000 "Cominotti...", Nro. 150/2001 "Iglesias...", Nro. 31/2002 "Giribaldi...", Nro. 80/2004 "Díaz...." y Nro. 92/2004 "De Goycoechea...").

5. Del mismo modo que el obrar administrativo está sujeto al ordenamiento jurídico (art. 174 de la Const. Pcial.), la pretensión actuada en autos no puede desvincularse de los principios axiles contenidos en la Constitución Provincial, que trascienden el interés particular, al vincularse a los principios de racionalización que exige la organización administrativa.

En el caso, el reconocimiento de las mayores funciones cumplidas por la actora, implicaría violentar los principios consagrados en la Constitución de la Provincia de Córdoba contenidos en los artículos 110 inciso 23 (que reserva al Poder Legislativo la creación y supresión de empleos), 144 inciso 10 (que asigna al Gobernador la potestad para nombrar y remover los empleados de la Administración, cuyo nombramiento no esté acordado a otra autoridad) y 147 (que fija las atribuciones de los Ministros en las áreas administrativas de sus Departamentos).

Dicho bloque de juridicidad se complementa con el artículo 70 de la Constitución Provincial de mil novecientos ochenta y siete cuando establece -con jerarquía constitucional- el principio de legalidad presupuestaria, señalando expresamente que "...El presupuesto provincial prevé los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos y fija el número de agentes públicos...".

A ello se suma el artículo 13 ib. que dispone que "Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia".

Ello es así, por cuanto se pone en evidencia, que la función asignada a la actora como "Encargada o Jefa de Sección - Habilitación" no fue una creación dispuesta por ley. Se trata por el contrario de una tarea que asumió encomendada por los distintos Directores de la ex "Dirección de Programación y Fiscalización Sanitaria", que excedió el cuadro autoritativo reglamentario que delimitaba su competencia, violando así la sistematización y distribución de funciones que establecen los principios axiles trascendentes al interés particular por vincularse a la racionalización de la organización administrativa, conforme lo estatuye la Ley Suprema Provincial.

6. No obstante tal circunstancia la accionante aceptó desempeñar las funciones inexistentes a nivel orgánico y presupuestario en reemplazo del Contador Chávez, ilegítimamente encomendadas a través de autoridades incompetentes, percibiendo como única compensación la retribución propia de las tareas de su cargo de revista correspondiente al nivel operativo del agrupamiento administrativo, por un período prolongado que transcurrió desde el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho hasta la fecha de su reclamo, interpuesto el día veintitrés de marzo de dos mil dos, sin formular al respecto objeciones de ninguna naturaleza.

Lo expuesto evidencia que la Señora Greco de Albrieu no ignoraba que el cargo no existía y para tornarse operativo requería el despliegue de una actividad legislativa a fin de dotarle de reflejo orgánico y presupuestario.

De allí que la aceptación consciente de la actora de la retribución percibida por las tareas desarrolladas durante el transcurso de un período prolongado es susceptible de ser receptada como aquiescencia y caducidad, que le prohíbe volverse contra sus propios actos (conf. Sent. Nro. 44/2001 "Sarry, Juan Carlos..."; Ennecerus - Kipp - Wolf "Parte General", 2º Nº 228, IV, Luis Pedro Picazo, "La teoría de los actos propios").

Resulta irrazonable que un administrado pretenda fundamentar su acción aportando hechos y razones de derecho que contravengan sus propios actos, es decir, que asuma una actitud que lo venga a colocar en contradicción con su propia conducta (ver doct. de esta Sala en Sents. Nro. 21/1996 "Mondino de Pico..."; Nro. 44/2001, "Sarry, Juan C. ..."; Nro. 31/2002 "Giribaldi, Carlos A. ..."; Nro. 73/2006 "Reyes, Luis C. ..."; Nro. 24/2007 "Córdoba, Silvana I. ...", entre muchas).

Tal doctrina, adquiere matices especiales frente a una relación de empleo público, de carácter continuado, donde el comportamiento exteriorizado por la actora con el reclamo administrativo interpuesto el día veintitrés de marzo de dos mil, se exhibe nítidamente incompatible con su conducta anterior, la que no resulta indiferente para el derecho.

Es que la situación así descripta, no se ajusta a los estándares expectables de conductas exigidas por la buena fe contractual, de la que no es ajena la relación de función o empleo público. Ello así, desde que el ejercicio de todo derecho debe tener lugar dentro de los límites impuestos por la buena fe (art. 1071 del Código Civil). 7. Por las razones apuntadas, propicio como solución para el caso, la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la accionada, situación que determina como consecuencia, el rechazo de la demanda en todos sus términos.

8. Finalmente estimo justo y equitativo imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 del C.P.C.A.).

Ello es así, en razón de que la demandante ha contado con la base fáctica suficiente como para creerse con derecho a proponer una pretensión como la esgrimida.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES Domingo Juan Sesin y María Esther Cafure De Battistelli, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 246) en contra de la Sentencia Número Ciento noventa y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintidós de noviembre de dos mil seis (fs. 234/245vta.) y, en consecuencia, confirmarla en todas sus partes.

II) Imponer las costas devengadas en esta instancia a la demandada (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión del artículo 13 del C.P.C.A.).

III) Disponer que los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la etapa recursiva de los Doctores J.H.G. y D.Z. -parte actora- en conjunto y proporción de ley, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (arts. 1 y 25, Ley 8226), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y tres por ciento (33%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (art. 37 ib.), teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 29 ib.

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA Aída Lucía Teresa Tarditti, DIJO:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 246) en contra de la Sentencia Número Ciento noventa y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintidós de noviembre de dos mil seis (fs. 234/245vta.) y, en consecuencia, revocar dicho pronunciamiento.

II) Rechazar en todos sus términos la demanda contenciosoadministrativa de plena jurisdicción incoada en autos.

III) Imponer las costas en ambas instancias por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión del artículo 13 del C.P.C.A.).

IV) Disponer que los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la etapa recursiva de los Doctores J.G. y D.Z. -parte actora- en conjunto y proporción de ley, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (arts. 1 y 25, Ley 8226), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (art. 37 ib.), teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 29 ib.

Así voto.

Por el resultado de los votos emitidos, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, por mayoría, RESUELVE:

I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 246) en contra de la Sentencia Número Ciento noventa y cuatro, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el veintidós de noviembre de dos mil seis (fs. 234/245vta.) y, en consecuencia, confirmarla en todas sus partes.

II) Imponer las costas devengadas en esta instancia a la demandada (art. 130 del C.P.C. y C., por remisión del artículo 13 del C.P.C.A.).

III) Disponer que los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la etapa recursiva de los Doctores J.H.G. y D.G.Z. -parte actora- en conjunto y proporción de ley, sean regulados por la Cámara a-quo, si correspondiere (arts. 1 y 25, Ley 8226), previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis ib., en el treinta y tres por ciento (33%) del mínimo de la escala del artículo 34 de la Ley Arancelaria (art. 37 ib.), teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 29 ib. -Domingo Juan Sesin. - María Esther Cafure De Battistelli -Aída Lucía Teresa Tarditti.