Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 41/3 contra la Resolución 181-SICYTR-2000 de fecha 31 de mayo de 2000, en los autos caratulados: "FOTOPTICA S.A. contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC 102, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la Resolución apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el presente caso, Fotoptica S.A. interpone recurso de apelación- obrante a fs. 41/3- contra la Resolución 181-SICYTR-2000, dictada por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, solicitando se revoque la mism a en todas sus partes. El referido acto resuelve aplicarle una sanción de apercibimiento por infracción al artículo 19 de la Ley 24.240. Asimismo, ordena la publicación de la resolución condenatoria conforme lo dispuesto por el artículo 47 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. II. Las presentes actuaciones se inician ante una denuncia efectuada por Rosa María D´Angiolo contra FOTOPTICA S.A., por presunta infracción a la Ley 24.240 en la Dirección de Defensa del Consumidor. A fs. 1 obra una nota de Adelco dirigida a la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjuntando copia de toda la documentación del caso y solicitando su intervención a fin de lograr se tomen las medidas que correspondan. A fs. 2 se adjunta la planilla de consulta correspondiente al reclamo de la Sra. Rosa María D´Angiolo, en la cual solicita un resarcimiento de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) y a fs. 4 una not a de Adelco a Fotoptica S.A. en la que manifiesta que la consumidora el 12 de agosto de 1997, les había dejado para su revelado dos rollos, de los cuales uno está correcto y el otro había sido velado por problemas en una de las máquinas. Agrega que éste es insolucionable a través de la entrega de un rollo gratuito, toda vez que existe un daño que va más allá de la pérdida del mismo. Concluye solicitando le informe acerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo. A fs. 3 obra una fotocopia de una factura emitida por la denunciada en la que consta un revelado sin cargo por problemas de revelado y un revelado en 13 x 18 a un costo de $15,90. III. La Resolución 181-SICYTR-2000 encuentra a la parte apelante incursa en la infracción al art. 19 de la Ley 24.240. Para así decidir la Administración advirtió que "del análisis de los hechos y la documentación de autos se concluye que la denunciada ha infringido el art. 19 de la ley 24.240, por cuanto no ha prestado el servicio en las condiciones convenidas. Cuando entre las partes se celebró un contrato de servicio de revelado las dos condiciones fundamentales del mismo eran: que la denunciada le entregara a la denunciante las fotografías producto del revelado y que ésta abonara el precio del revelado. De la documentación de fs. 3 resulta que Fotoptica S.A. no cumplió con la condición mencionada. En su descargo, la denunciada pretende eximirse de responsabilidad invocando la leyenda preimpresa en forma vertical en el talón que se adjunta a fojas 11. Sin perjuicio de destacar que ni siquiera la denunciada considera procedente categorizar a dicha leyenda como cláusula, no existen constancias en autos de que la misma fuera aceptada por la consumidora. Al respecto, opina la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires `Asimismo, el hecho de que una leyenda inserta en un talón haga referencia a la posibilidad de daño o pérdida de los rollos, no implica que en caso de producirse aquéllos no sean debidamente resarcidos por la denunciada.´". IV. En primer lugar, Fotoptica S.A.

plantea la nulidad del sumario y de la Resolución en recurso. Al respecto manifiesta que con posterioridad del descargo efectuado a fs. 8/16, la denunciante se presenta a fs. 17 y agrega una presunta factura que se glosa a fs. 18, de la que no se le corre traslado. Agrega que a fs. 1 Adelco presenta una nota en la cual manifiesta acompañar documentación, sin detallarla. Expresa que una copia de la factura de fs. 18, aparece glosada a fs. 3; y es en la de fs. 18 que se basa el organismo administrativo para aplicar la sanción. Ante este hecho se cuestiona sobre la razón que tenía la denunciante de volver a adjuntarla si ya estaba acompañada a fs. 3, razón por la cual determina que el documento se glosa recién a fs. 18, es decir, después del descargo. Sostiene que se afecta su derecho de defensa al impedir su conocimiento, control y descargo respectivo, atento lo cual queda viciado de nulidad el procedimiento, dejando planteado el caso federal de conformidad con el art. 14 de la Ley 48, por violación de las gara ntías constitucionales de la defensa en juicio, el debido proceso y la igualdad de las partes. Asimismo, sostiene que la Resolución en recurso aparece suscripta por una firma ilegible que carece de aclaración y sello, por lo que impide conocer la identidad de la persona firmante y si ella coincide con el cargo correspondiente, lo cual también invalida el acto administrativo. Supletoriamente Fotoptica S.A. funda el recurso. Sostiene que la Autoridad de Aplicación le imputa la infracción al art. 19 de la Ley 24.240 en base a un análisis jurídico de la situación. Entiende que el órgano sancionador ha actuado fuera de su competencia, siendo el análisis que efectúa exclusivamente legal o de derecho y se refiere a la interpretación y ejecución de un contrato y a la validez y aceptación de cláusulas limitativas de responsabilidad. Explica que el organismo administrativo es incompetente para resolver una cuestión eminentemente contractual y legal y que por ende escapa a la finalidad y bien protegido de la Ley 24.240.

Agrega que en autos no está en discusión ninguno de los derechos del consumidor emergentes del art. 42 de la C.N. o de la Ley 24.240. Entiende que siendo el organismo administrativo sancionante una autoridad local, su incursión dentro de la esfera de actuación del Poder Judicial de la Nación, vulnera los arts. 31, 126, 129 y concordantes de la Constitución Nacional. Añade que de aceptarse el criterio de la Resolución, cualquier cuestión relativa a la ejecución de un contrato o prestación de servicios celebrado en la Ciudad de Buenos Aires entraría dentro de la competencia del órgano administrativo del Gobierno de la Ciudad, desplazándose así la competencia del Poder Judicial de la Nación a favor de una autoridad local vulnerando expresas disposiciones de la Constitución Nacional. Asimismo, se queja que la Autoridad de Aplicación considera acreditado el velado del rollo, hecho negado y desconocido por la denunciada, teniendo en cuenta la documentación de fs. 18 y 3, cuya agregación considera nula. Aclara que el sentido unívoco y terminante que la Administración le atribuye a ese documento no es exacto ni se compadece con la realidad diaria, ya que se confunden los concepto de velado y revelado. Considera que el hecho en base al cual se pretende sancionarlo no ha sido probado. Por otro lado, la apelante aduce que el pretendido documento de fs. 3 y 18, es de fecha 12 de agosto de 1997, por lo que la presentación de fs.1 con cargo del 12 de marzo de 1998, fue efectuada cuando el plazo de 30 días del art. 23 de la Ley 24.240 se encontraba ampliamente vencido, constituyendo una motivación suficiente para dejar sin efecto la sanción aplicada. Finalmente, la parte recurrente hace una alusión a la leyenda existente en la orden de trabajo respecto de la limitación de la responsabilidad, sosteniendo que la Resolución expresa que ni siquiera la sumariada la considera procedente categorizar como cláusula, cuando así lo había hecho en su escrito de fs. 14/5, invocando el art. 1197 del Código Civil. Fotoptica S.A. vuelve a det allar firmas que entiende utilizan este tipo de "cláusulas limitativas similares". V. En primer lugar, atento a una cuestión metodológica, pasaré a analizar los agravios referentes a la existencia de vicios, que aduce la apelante, ya que si éstos prosperan el estudio de los restantes se tornarían abstractos. La recurrente plantea la nulidad del sumario. Para ello, sostiene que la documentación que tuvo en cuenta la Autoridad de Aplicación para resolver se glosa recién a fs. 18, una vez presentado el descargo; impidiendo su conocimiento, control y descargo respectivo. Entiende que se violaría así el principio de defensa en juicio, el de debido proceso y el de igualdad de las partes. Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la parte que promueve el incidente de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido y mencionar las defensas que no ha podido oponer (art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) ya que no basta para satisfacer tales exigencias la mera invocación de que la litigante ha sido privada del derecho de defensa en juicio si no se indica concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquel derecho (conf. CSJN; Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y Otros s/ amparo; 05 de octubre de 1995; CSJN; Aguirres, Mirta Ramona c/La Rioja, Provincia de y Otros s/ Daños y Perjuicios, 06 de febrero de 2001 ). Por ende, corresponde rechazar el planteo de nulidad en tanto Fotoptica S.A. no ha expresado el perjuicio sufrido del que derivaría el interés en obtener la declaración, y no ha indicado las defensas de las que se ha visto privado de oponer en el marco del traslado conferido, mismo si se tiene en cuenta que a fs. 3 obra una fotocopia de la factura de fs. 18. VI. A mayor abundamiento, la parte denunciada expresa que "Con posterioridad del descargo efectuado por mi parte a fs. 8/16, la denunciante se presentó a fs. 17 y tal como consta en esa cata, agregó una presunta factura que se glosa a fs.

18, de la que no se corrió traslado a mi parte. No obstante que la nota de Adelco de fs. 1 no tiene ninguna constancia sobre la documentación que acompaña, sin ningún tipo de aclaración que justifique su agregación, una copia de esa factura también aparece glosada a fs. 3 y es en ella en que se basa el organismo administrativo para aplicar la sanción. Es de preguntarse, si ya estaba a fs. 3, que razón tenía la denunciante de agregar `nuevamente´ esa documentación en el acta de fs. 17? Resulta claro que el documento se glosó recién a fs. 18, es decir, después del descargo. De esa manera se ha sorprendido a mi parte con actuaciones posteriores al descargo, afectando su derecho de defensa al impedir su conocimiento, control y descargo respectivo ...". No puedo dejar de soslayar que aún aceptando los argumentos de la apelante en cuanto a que la factura recién fue agregada a fs. 18, violándose su derecho de defensa al no habérsele dado traslado, en la nota enviada por ADELCO a Fotoptica S.A. y agregada a autos a f s. 4 se hace alusión a la factura en los siguientes términos: "Que con fecha 12 de agosto de 1997, según factura nº 0006-000541 76, dejó a Uds. para su revelado dos rollos, de los cuales uno estaba correcto y el otro había sido velado por problemas en una de las máquinas". Como puede observarse, la sumariada tenía conocimiento de la existencia de la factura al momento del descargo. Cabe destacar que una copia de la misma se encontraba en poder de la apelante, siendo imposible que se afectara su derecho de defensa; razón por la cual este agravio debe ser rechazado. VII. Asimismo, la sumariada plantea la nulidad de la Resolución en recurso. Manifiesta que ésta aparece suscripta por una firma ilegible que carece de aclaración y sello, impidiendo conocer la identidad de la persona firmante y si ella coincide con el cargo correspondiente. A tal efecto, cabe señalar que a fs. 27 obra una copia de la Resolución 181-SICYTR-2000, suscripta por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. En la misma puede observars e una nota que certifica que la presente es copia autenticada de la original, quedando archivada en el Registro de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Por ende, el planteo en cuanto a la Resolución defectuosa que esgrime la apelante no debe ser acogido, puesto que no se advierte en qué medida ésto ha provocado un menoscabo en el derecho de defensa de la procesada. Por lo que no existiendo nulidad en el solo beneficio de la ley, es decir, la nulidad por la nulidad misma, debe rechazarse el planteo de la recurrente en este aspecto. VIII. Supletoriamente, Fotoptica S.A. funda el recurso. Sostiene que la Autoridad de Aplicación le imputa la infracción al art. 19 de la Ley 24.240 fundándose en un análisis jurídico de la situación. Entiende que el órgano sancionador ha actuado fuera de su competencia, siendo el análisis que efectúa exclusivamente legal o de derecho y se refiere a la interpretación y ejecución de un contrato y a la validez y aceptación de cláusulas limitativas de responsabilidad. Explica que el organismo administrativo es incompetente para resolver una cuestión eminentemente contractual y legal y que por ende escapa a la finalidad y bien protegido de la Ley 24.240. Agrega que en autos no está en discusión ninguno de los derechos del consumidor emergentes del art. 42 de la C.N. o de la Ley 24.240. Entiende que siendo el organismo administrativo sancionante una autoridad local, su incursión dentro de la esfera de actuación del Poder Judicial de la Nación, vulnera los arts. 31, 126, 129 y concordantes de la Constitución Nacional. Añade que de aceptarse el criterio de la Resolución, cualquier cuestión relativa a la ejecución de un contrato o prestación de servicios celebrado en la Ciudad de Buenos Aires entraría dentro de la competencia del órgano administrativo del Gobierno de la Ciudad, desplazándose así la competencia del Poder Judicial de la Nación a favor de una autoridad local vulnerando expresas disposiciones de la Constitución Nacional. En tal sentido, el art. 1º de la Ley 24.240 determi na que el objeto de esta Ley consiste en la defensa de los consumidores o usuarios, reconociendo tal carácter a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) la adquisición o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios; c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminada. Por su parte, el art. 2 de la misma normativa establece la obligación del cumplimiento de esta norma de todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. A su vez, la Constitución nacional prevé que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e interes es económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios" (Art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y san ciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). En el caso de autos se está ante la presencia de un contrato de consumo entre la denunciante y la sumariada, definiendo al mismo como aquél que se celebra entre un proveedor de bienes o servicios profesional y un adquirente a título oneroso que contrate para destinar los bienes o servicios para su consumo final o de su grupo familiar o social (Conf. Wajntraub, Javier; Protección jurídica del consumidor; Ed. De Palma). Los contratos de consumo caen bajo la órbita y protección de la Ley 24.240. A su vez, el art. 41 de la Ley de Defensa del Consumidor señala que "La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales". Por su parte, el Decreto 119-GCBA-99, aplicable al momento de la Resolución 181-SICYTR-2000, designa como Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, a la Secretaría de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, en ese momento según Decreto 801-GCBA-99, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Puede advertirse que el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, hoy la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, resultaba competente para vigilar, controlar y aplicar la Ley 24.240, para lo cual se considera dentro de los límites legales el análisis efectuado por la administración en la Resolución de marras. IX. Luego, Fotoptica S.A. aduce que el pretendido documento de fs. 3 y 18, es de fecha 12 de agosto de 1997, por lo que la presentación de fs.1 co n cargo del 12 de marzo de 1998, fue efectuada cuando el plazo de 30 días del art. 23 de la Ley 24.240 se encontraba ampliamente vencido, constituyendo una motivación suficiente para dejar sin efecto la sanción aplicada. El art. 23 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que "Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor". Por su parte, el art. 50 determina que "Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley, prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales". Como puede observarse, el art. 23 al que hace refere ncia la denunciada regula el plazo que tiene el prestador del servicio ante la aparición de deficiencias en su prestación, no así al plazo que tiene la consumidora para iniciar una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor o una actuación administrativa. Siendo que la factura es de fecha 12 de agosto de 1997 y la denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor es del 12 de marzo de 1998, cabe concluir que la consumidora se encuentra dentro del plazo legal para iniciar la pertinente acción administrativa. X. Finalmente, la parte recurrente hace una alusión a la leyenda existente en la orden de trabajo respecto de la limitación de la responsabilidad, sosteniendo que la Resolución expresa que ni siquiera la sumariada la considera procedente categorizar como cláusula, cuando así lo había hecho en su escrito de fs. 14/5, invocando el art. 1197 del Código Civil. Fotoptica S.A. vuelve a detallar firmas que entiende utilizan este tipo de "cláusulas limitativas similares". La cláusula en cuestión está redactada en los siguientes términos "Nuestra responsabilidad por pérdida o daño se limita a la reposición de película virgen. Los trabajos no retirados dentro de los 30 días serán destruidos". Como lo sostuve precedentemente, entre las partes existe un contrato de consumo, configurándose una relación de desequilibrio en estos contratos de adhesión. Es por ello que no puedo dejar de mencionar el art. 3 de la Ley 24.240, que expresa que la interpretación se hará siempre de manera más favorable para el consumidor. En estos contratos de adhesión "Quien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación. El prestador agrega al servicio un valor que es la competencia específica en su área de conocimiento razón por la cual -en doctrina- se lo considera como un experto en relación a su contraparte, "profano" en la materia" (Cám.Cont.Adm.Fed.; Sala II; Medicus S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Res. DNCI 39/96; 08 de octubre de 1996). Al respecto el art. 37 de la Ley 24.240 afirma qu e "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a. las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b. las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; ... La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. ...". Bien es sabido que la locación de obra, como el caso de autos, es una promesa de resultado. La cláusula impresa como la de marras limita la responsabilidad por daños, atentando contra la defensa del consumidor. Es obligación interpretar restrictivamente estas exenciones de responsabilidad por el hecho propio. Por ello, atento las manifestaciones precedentemente expuestas, corresponde concluir que la pretensión de la apelante no puede tener favorable acogida. XI. Las costas se impondrán a la parte recurrente, atento el principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT). XII. Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la Resolución apelada. Se propone, finalmente, que las costas se impongan a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (artículo 62 CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: Por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro, adhiero al voto que antecede, con excepción al considerando V. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: Adhiero a lo expuesto por mi colega preopinante, Dr. Carlos F. Balbín. Así dejo expresado mi voto. En mérito a las consideraciones vertidas, y normas legales aplicables al caso; el Tribunal RESUELVE: a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Fotoptica S.A. confirmando la Resolución 181-SICYTR-2000; b) Imponer las costas a la parte apelante, atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62 CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Jue z de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara