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Aclaratoria (procesal), costas al magistrado, recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, escrito recursorio, traslado, resolución denegatoria, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CANUT HNOS. S.R.L. c/ PINO, LILIANA Y/O PIZZERIA SORRENTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE PESOS - RECURSO DIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 569 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-02

Resulta inadmisible la petición de la recurrente de imponer las costas del recurso de queja a los Vocales de la Cámara de Circuito debido a que la anulación del auto denegatorio tuvo su causa en la "negligencia culpable" de aquéllos quienes dictaron resolución sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto sin cerciorarse de la notificación a la actora del traslado prescripto en el artículo 4 de la ley 7055, por lo que cabe aplicar el artículo 254 "in fine" del Código Procesal Civil y Comercial "si el procedimiento se anulare por...culpa del juez o tribunal que sentenció la causa, se le impondrán las costas".

Ello por cuanto, más allá de la excepcionalidad de la posible imposición de las costas al Juez o Tribunal y el restringido ámbito de aplicación de la disposición invocada (atento a que exige una notoria negligencia en sus funciones) corresponde sin más rechazar la aclaratoria desde la sola circunstancia que el impulso procesal incumbe a las partes siendo de su cargo instar las actuaciones para el adecuado cumplimiento de las respectivas etapas, y tampoco se da un supuesto de error material, silencio u obscuridad que la tornen admisible. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Luna, Claudio s/ Homcidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20

Es necesario que la ebriedad revista una entidad tal que comporte un verdadero estado de inconsciencia que, llegado el caso le impida al ebrio comprender la criminalidad del hecho o bien dirigir sus acciones, por sí misma no es causal de inimputabilidad ni tiene incidencia sobre las formas de culpabilidad, sólo tiene relevancia en razón y proporción de los efectos que ella suscite en la conciencia del individuo.
Jueces naturales, debido proceso, defensa en juicio, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rougés, Marcos Aníbal c/ Provincia de Tucumán. s/ Recurso de Hecho por denegación de justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Las garantías del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio exigen tanto que el tribunal se halle establecido por ley anterior al hecho de la causa, cuanto que haya jueces que hagan viable la actuación de aquel en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda.
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Mojica, Gabriel c/ Centenera SA y otro s/ Enfermedad accidente y reajuste por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-19

La declaración de inconstitucionalidad del art. 49  cláusula adicional tercera de la ley 24.557 debe ser dejada sin efecto porque la cláusula mencionada no resulta de aplicación habida cuenta que la acción deducida se sustenta en las normas civiles, y por consiguiente el recaudo del trámite administrativo previo exigido por el art. 15 de la ley 24.028 modificado por la ley de Riesgos del Trabajo no resulta de aplicación en la especie.
Régimen penitenciario, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: P., O. L. s/ Situación de preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-07

"... Constitucionalmente la unidad del régimen de ejecución penitenciaria deriva de la facultad que tiene el Congreso para dictar el Código Penal (C.N. art. 67 inc. 11).

Esta facultad involucra la de regular todo lo atinente a las modalidades del régimen de ejecución de las penas que impone, pues sólo así la Nación habrá determinado las penas que conmina, posibilitando la vigencia de la garantía nulla poena sine lege (C.N. art. 18).

Esta se viola tanto si el reglamento local de ejecución se aparta de la estructura de la pena determinada por Ley del Congreso, como si esa estructura se desfigura en la práctica. A las provincias les compete ejecutar las instituciones de la ley de fondo...pero esta jurisdicción ejecutiva no involucra la potestad de establecer, destruir o alterar la institución nacional..".
Nulidad procesal, nulidad absoluta, garantías procesales, eximición de prisión, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LODOLA, Pablo s/ inc. de exención de prisión Causa nro. 11.898
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-27

El auto que deniega la exención de prisión no se encuentra suficientemente fundado en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación.

En tal sentido cuando se encuentra en juego la libertad ambulatoria de un individuo, atento la calificación legal que escogiera el instructor, debieron haberse consignado aquellos mínimos elementos que autoricen -de momento- a denegar el beneficio solicitado y a calificar la conducta del modo que lo hiciera el "a quo".

Resultando ésta una de las nulidades declarables de oficio (arts. 123, 167 inc. 3ro. y 168 2do párrafo), atento la afectación de garantías constitucionales tales como la de tener conocimiento de los hechos por los cuales se deniega su derecho de presentarse en libertad a estar a derecho y en consecuencia a defenderse adecuadamente.
Competencia, telefonía celular, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: AMATO  OSCAR  DARIO c/ TELECOM PERSONAL SA s/ INCUMPLIMIENTO DESERVICIO DE TELECOMUNICAC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

El actor inicia demanda por los daños y perjuicios que dice haber sufrido a raíz del incumplimiento contractual que le imputa a Telecom Personal SA. Manifiesta que celebró un contrato con la accionada por el servicio de telefonía móvil para treinta (30) celulares, bajo la modalidad de un plan especial que incluía los llamados libres entre esos celulares y ciento veinte (120) minutos libres para llamadas salientes, según lo informado por un vendedor de la empresa accionada, el señor Claudio Audubet. Sin embargo -sostiene-, las condiciones de prestación del servicio no resultaron ser las pactadas, lo que generó una incorrecta facturación y sucesivos perjuicios económicos para el actor, por lo que formuló diversos reclamos mediante misivas. Agrega que la conducta de la demandada resultó violatoria del derecho a la información del actor en el momento de la oferta y, en consecuencia, del principio de buena fe contractual. La indemnización que persigue comprende el daño emergente, el daño moral, la pérdida de chance y el lucro cesante. Además, pretende la aplicación de la multa prevista en el art. 52 bis de la ley 24240.
Nombre, inmutabilidad del nombre
Materia: CIVIL
Carátula: Falcucci s/ Información sumaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La inmutabilidad del nombre, consagrada actualmente en el artículo 15 de la Ley 18.248, es un severo principio de que el juzgador no debe apartarse sino en supuestos de excepción y cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio no es absoluto pues frente a razones de orden y seguridad que inspiran la regla, pueden hallarse otras no menos atendibles que respondan a intereses particulares y merecedoras de la tutela del orden jurídico en tanto no comprometan aquéllos.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA SEGUNDA COOP. LTDA. DE SEG. GRALES. c/ PETRINI HILDA MIRTA L. DE s/ REPETICION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La aplicación de la doctrina jurisprudencial que establece la culpabilidad de ambos conductores cuando la colisión se produce en la intersección de las calles, tiene sentido sólo en los supuestos en que por deficiencias probatorias no se puede precisar la real y verdadera conducta de las partes.
Derecho procesal, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAPATA NESTOR MAXIMILIANO c/ RIVA S.A. -CODAM S.R.L.- UTE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-09

Corresponde revocar el auto que ordena intimar a la aseguradora al pago de los honorarios regulados en la sentencia definitiva a favor de la perito psicóloga, pues si bien los peritos pueden exigir el pago de sus honorarios a cualquiera de los litigantes, ello les está vedado, como en el caso, cuando la contraria manifiesta no tener interés en la pericia y siempre y cuando la misma no hubiese sido necesaria para la solución del pleito.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: SANFELICE JUAN DOMINGO c/ FRANCISCO MUSSO S.R.L. Y/O MIGUEL A. ABRATE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-06

En los casos de accidente en el que pierde la vida la víctima e intevienen dos o más vehículos, no pesa sobre los causa habientes la obligación de investigar y probar la mecánica del siniestro y determinar cuál fue el principal culpable del mismo; por el contrario, se encuentran facultados a dirigir la acción contra todos los participantes sin necesidad de determinar el grado de co -responsabilidad que pudiera caberles.-
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lombardo, Angel c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Realizada a la información sumaria con todos los requisitos exigidos por el art 18 del dec ley 9650, no puede el Instituto de Previsión Social sustraerse sin más a lo allí resuelto ya que la ley no autoriza a la Administración a apartarse de las decisiones judiciales, sino que por el contrario, los principios del régimen republicano le imponen someterse a ellas cuando han sido dictadas en uso de competencias validamente atribuidas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

El agravio dirigido a cuestionar el cálculo de la actualización justifica la apertura de la instancia extraordinaria, pues si bien remite al examen de temas de hecho y prueba, la alzada omitió ponderar un aspecto para la correcta solución del punto.
Honorarios, sucesiones, base, seguro de vida
Materia: PROCESAL
Carátula: GARZON JESUS HORACIO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

En general, los derechos y obligaciones de carácter patrimonial se transmiten a los herederos mortis causa (arts. 3279, 3417, 1195 y concordantes del C.C.), regla que no es absoluta y que reconoce numerosas excepciones.

La intransmisibilidad de los derechos patrimoniales puede estar fundada en una norma, en la voluntad de las partes o en la naturaleza del derecho, art. 1195 citado.

Así, algunos derechos que nacen con ocasión de la muerte de una persona, no forman parte de la sucesión, pues los beneficiarios los reciben a título propio, no como herederos.

Este es el supuesto de seguro de vida de los planes de ahorro previo, pues las sumas con las que se pagaron las cuotas restantes al plan rombo salieron del patrimonio de la aseguradora. Y en el caso, no tratándose de derechos sucesorios sino originarios, el valor de las cuotas percibidas por Rombo de la Aseguradora, no pueden configurar la base regulatoria del letrado de la sucesión. Es decir, que la base mencionada no puede configurarse con el valor total del rodado en función del pago efectuado por la aseguradora.

Los honorarios profesionales por las tareas cumplidas deben regularse sobre las cuotas efectivamente pagadas por el causante.-
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multiva y Cía. Frigorífico La Reina SAICF c/ Raggio, Lorenzo B. y otro s/ Acción revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

No existe infracción al art. 168 de la Constitución provincial si el alcance de la decisión excluyó la consideración de otros temas subordinados.
Deuda previsional, otorgamiento del beneficio, carácter alimentario, jurisprudencia, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AUGELLI DE SARAQUI, MARIA MALVINA c/ A.N.Se.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-19

Corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó el beneficio solicitado en razón de no haberse cancelado la deuda por aportes. Al respecto la C.S.J.N. al fallar el 20.02.86 en autos "Rei Rosa, Alfredo " sostuvo que lo prescripto por el art. 31 de la ley 18.038 debía ceder ante lo dispuesto por el art. 34, inc. d) de dicha ley, pues de esa suerte, se respetaba la finalidad tuitiva de las leyes de previsión social mediante las facilidades brindadas al afiliado para cumplir con la obligación, derivada del principio de solidaridad social, de ingresar los aportes adeudados, y al mismos tiempo, se respetaba la orientación del sistema nacional de previsión en el que no tiene cabida la pérdida del derecho a jubilación por el solo hecho de no haberse realizado aportes (Fallos 287:466). Por otra parte, cabe destacar que esa doctrina constituye una pauta hermenéutica merced a la cual se intenta volver compatibles entre sí a dos disposiciones integrantes de un cuerpo normativo que, en cuanto tal, debe ser interpretado de suerte que sus preceptos aislados puedan armonizarse en un todo coherente. (Del voto del Dr. Laclau).
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, partidos políticos, autoridades del partido, carta orgánica de los partidos políticos
Materia: ELECTORAL-PROCESAL
Carátula: Pepe,  Lorenzo s/ suspensión convocatoria Congreso Nacional Justicialista del 17/7/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Es arbitrario el pronunciamiento que, al parcializar el examen de las normas que contiene la carta orgánica, prescindió de la adecuada ponderación de las decisiones adoptadas por los órganos del partido.
Proceso penal, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VELIZ, GERARDO ANTONIO. s/ ROBO DE MOTOVEHICULO Y OTROS DELITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

El caso "Zambran Adasa" de la Corte Suprema de la Nación Argentina, en voto mayoritario, entendió que el acto de denuncia de la profesional médica en función de los hechos tal cual han sido narrados, no implicaba una afectación de la garantía constitucional en cuestión, puesto que estamos hablando de la prohibición de auto incriminación.

El argumento de la Corte para sostener tal criterio, lo que viene es que "la autoridad pública no requirió de la imputada una activa cooperación en el aporte de pruebas incriminatorias, sino que le proporciono la asistencia médica requerida, lo que le permitió expulsar las capsulas con sustancias estupefacientes.

Sin que exista la mas mínima presunción de que haya existido engaño ni mucho menos coacción que viciara la voluntad de la procesada". Y agrega el fallo que tampoco ha existido una intromisión del estado en el ámbito de privacidad de la acusada, dado que ha sido la propia conducta discrecional de aquella la que permitió dar a conocer a la autoridad pública los hechos que dieron origen a la presente causa.

Por último insistimos el caso muestra que, además de disponer de los conceptos generales sobre auto incriminación estos deben operar sobre la particular circunstancia de la causa, y vuelvo a reiterar que en esta causa no hay violación de garantías constitucionales. (Del voto en disidencia del Dr.

Pellegri)
Nulidad de la notificación, notificación bajo responsabilidad, domicilio real
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pronesti, Ruben Dario c/ Masias, Lorena Elizabeth s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la notificación de la demanda, diligenciada bajo responsabilidad de la parte actora. Ello así, pues ante los resultados negativos de las notificaciones dirigidas al domicilio que la misma accionada denunció como real, cabe tener por válida la notificación dirigida al domicilio que figura registrado ante la Cámara Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y que surge de la documentación que adjuntó el escribano interviniente en cierta operación inmobiliaria.
Acción de amparo, enfermedades poco frecuentes, conflictos colectivos de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: O., O. H. c/ Obra Social de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y otro s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-19

Considerando que no se habría interrumpido la relación laboral con su empleador -el conflicto colectivo se encuentra en tratativas de conciliación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación-, la decisión de las demandadas luce "prima facie" como arbitraria toda vez que no se habría consumado el período de excedencia previsto en el art. 10 de la ley 23.660. Parece indudable, en este sentido, que el cese de la cobertura sanitaria debe estar fundada en derecho, sobre todo si se trata de una relación jurídica preexistente en la cual las demandadas están al tanto de la enfermedad que afecta al actor (doctrina de Fallos 327:5373). Y si bien es obvio que más allá de ese período no puede pretenderse que las demandas otorguen cobertura sin contraprestación pecuniaria, en el caso el actor ha ofrecido abonar los aportes correspondientes a la seguridad social. Tales razones son suficientes, por el momento, para considerar que el derecho esgrimido por el actor es verosímil, sin perjuicio de las pruebas y argumentaciones que puedan darse sobre el correcto encuadre jurídico del reclamo efectuado durante el trascurso del juicio.
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS BENDIZ  S.A.E.C. Y F. c/ HUGO R. MASCIARELLI s/ ORDINARIO - COMPRAVENTA MERCANTIL - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-10

La prueba del pago incumbe a quien lo alega como defensa. Por ende emanando los recibos de un tercero, resulta obvio que éste debe reconocer su firma y el poder cancelatorio de los mismos.-
Daños y perjuicios, calumnias, injurias, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: URUEÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO c/ LEMA GUSTAVO ALBERTO s/ DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-04

Tratándose del delito de injurias o calumnia (art. 1089 CC) rige, por el contrario, la regla general de la materia para la responsabilidad extracontractual, es decir, que la acción por indemnización de daños y perjuicios corre desde en que se produjo el hecho, salvo el caso de desconocimiento por el damnificado de la causa generadora del daño, la existencia de este o quien es el responsable, donde el plazo de prescripción se computa desde que estos extremos llegan a conocimiento del damnificado.

Tanto es así, que ha expresado la jurisprudencia "que procede la indemnización del daño que se acredita, si se trata de calumnia o injuria de cualquier especie, aunque no haya mediado intervención de la justicia represiva".

Que "la acción por resarcimiento del perjuicio sufrido por el calumniado o injuriado no esta supeditada a la previa querella penal".

De promoverse la acción penal, si bien rigen las normativas de los arts. 1101, 1102 y 1103 CC, pero de ello no cabe concluir que recién a partir de la firmeza de la condena penal por injurias quede expedita la acción resarcitoria contra el imputado.

La procedencia de la acción indemnizatoria del injuriado no exige como presupuesto objetivo y necesario la condena del imputado en el juicio penal.

Es que en la materia que se trata puede haber condena penal sin responsabilidad civil y condena civil sin responsabilidad penal.
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Yorgovan, Griselda c/ Provincia de La Pampa s/ demanda contenciosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1991-02-21

El planteo de inconstitucionalidad introducido por la actora en su alegato resulta extemporáneo y por lo tanto debe rechazarse. Tal conclusión se funda en que al momento de interponerse la demanda, la ley 971, cuya constitucionalidad en sus artículos 178 y 181 se impugna, ya estaba en vigencia y era carga de la accionante articularla en ese momento, es decir, la primera oportunidad posible.
Expropiación, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Buenos Aires c/ Napolitano, Reynaldo s/ Expropiación directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

El juicio de expropiación conforma un debate contencioso objeto de un predeterminado y específico encuadre procedimental (ley 5708, arts. 22, 25, 27, 29, 30 y conds), donde únicamente media remisión a la normativa de los juicios ordinarios en el área reglada por el artículo 30 de la citada ley, por lo que se impone definir la tramitación del presente en consonancia con dicho texto legal y evitar, por ende, potenciales confusiones instrumentales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FAISAL DE RAMIREZ SOFIA c/ ESTADO DE LA PROV. DE CTES. s/ PREPARA ACCION JUDICIAL-DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-04-27

El hecho de que la actora no haya sido absuelta en sede penal(sólo fue sobreseída), tiene valor a los efectos de revocar el acto administrativo, pero no para determinar una conducta negligente o culposa del Estado que habilite la reclamación de "daño moral" por existir acusación calumniosa.
Pena, estado de inconsciencia, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Velardez, Leonides s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-17

La pena debe ser elevada sobre el mínimo, ya que, en el caso, el imputado sabía del efecto de inconciencia de la ingesta alcohólica sobre su persona.
Defensa del consumidor, bienes muebles, certificado de garantía, factura, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Musimundo S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI. 312/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

El art. 14 de la ley 24.240 establece la garantía legal -cuya vigencia mínima es de seis meses a partir de su entrega, sin perjuicio de establecer un plazo mayor-, de las cosas muebles no consumibles por los efectos o vicios de cualquier índole que pudieran contener. Si bien el art. 10 inc. b) del decreto 1789/94 establece, para el supuesto de cosas o bienes "con garantía", deberá hacerse referencia expresa a la misma, sus alcances y características en el "certificado" que se entregue al consumidor;

no surge de la normativa citada la obligación de la constancia de garantía en la factura de venta; por lo que cabe concluir que, la supuesta omsisión imputada a la empresa sancionada no constituye infracción formal alguna.