Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-23


Autos N° 22.142 (N° 137660 7 Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "CONSORCIO RAWSON DE MEDICINA INTEGRAL C/ S.A. Médica Rawson Ejecutivo" En la Ciudad de San Juan, a 23 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSE VICTORIA y los señores Vocales, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 96 de los autos N° 22.142 (N° 137660 7 Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "CONSORCIO RAWSON DE MEDICINA INTEGRAL C/ S.A. MÉDICA RAWSON EJECUTIVO", contra la resolución dictada en fecha 26 de mayo de 2015, obrante a fs. 89/94 de estos autos originarios del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

1) El caso:

La juez en la sentencia apelada rechaza el planteo de caducidad de instancia formulada por la demandada sociedad Anónima Médica Rawson SA, con costas a su cargo.

Regula honorarios al Dr. Alberto Sánchez por el incidente, en doble carácter, como apoderado de la actora, vencedor en la suma de $ 2.145,99 y al Dr. Salvador de la Torre, como apoderado de la demandada, por su actuación en el presente incidente como vencido, en la suma de $ 1.287,59.

Para así resolver consideró de aplicación al caso los plazos establecidos por el art. 274 inc. 2 del CPC (Ley 8037) de tres meses. Sostuvo que la instancia quedó abierta con el acto de fs. 42 43 de fecha 22 03 2012, con el que se inició la demanda, y que hasta el acto 20 11 2013, existieron una serie de actos que resultan ser interruptivos del plazo de caducidad, ya que el Tribunal impone su cumplimiento y estos resultan ser actos impulsorios por sí mismo.

Entendió que no transcurrió el plazo para que opere la perención, siendo necesario, por lo tanto, que transcurra un nuevo plazo de inactividad a partir del último acto interruptivo.

Contra este decisorio, se alza a fs. 96, la sociedad demandada a través de apoderado, recurso que fue concedido con efecto suspensivo a fs. 99 y fundado a fs. 100.

Se agravia en primer lugar de la sentencia recurrida en cuanto la juez a quo tuvo por interruptivos del curso de la perención a los actos llevados a cabo en el lapso comprendido entre 22 de marzo de 2013 o 15 de abril de 2013 y el 17 de diciembre de 2013.

Entiende que no son actos jurídicamente idóneos para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia. A continuación, menciona los actos considerados por la juez sentenciante.

Dice que a partir de la resolución de fecha 8 de julio de 2013, comienza un período de tiempo que se extiende hasta el cumplimiento de esa exigencia del 17 de diciembre de 2013, donde se advierte, de parte de la actora, la ausencia de actos procesales idóneos o útiles para darle impulso al proceso. Agrega que el actor debió antes del paso de tres meses dar cumplimiento a la exigencia requerida so pena de caer en perención.

Sostiene que desde el 8 7 13 al 17 12 13 existe un plazo de cinco meses.

Agrega que la actora en el período de cinco meses, ni siquiera pretende justificar la imposibilidad de presentar documental que se le exigía, por lo que entiende que la actora no cumplió con su deber de instar oportunamente el proceso. Cita jurisprudencia.

Como segundo agravio, crítica que el escrito de fs. 65 y providencia de fs. 66, pago de fs. 66 vta. y resolución de fs. 67, no hacen avanzar el proceso.

Reitera que los actos realizados entre el 8 de julio y el 17 de diciembre de 2013 han sido actos inidóneos, y agrega que no se consiguió un avance efectivo del proceso.

Tercer agravio, este se focaliza en la imposición de costas y solicita se adecuen al pronunciamiento.

Mantiene la cuestión constitucional, y formula reservas.

Los agravios fueron contestados a fs. 106 por la contraria a través de apoderado, quien solicita el rechazo de la pretensión recursiva. Elevados los autos a la Alzada se procede a la adjudicación a estudio a fs. 112.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

1 El instituto de la perención de la instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento en definitiva radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger la seguridad jurídica.

También esta Sala ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción.

Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia.

De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (Autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", L. de A. Tº 101 Fº 44/47, Fecha: 08/03/99; Autos N° 19.889 (N° 36.228 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", L. de A. T° 163, F° 151/156, fecha 20/03/09).

Para que proceda la caducidad de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

La existencia de la instancia se abre desde el mismo momento en que se introduce la demanda, no siendo indispensable que se haya trabado la litis, naciendo desde ese momento la carga procesal de instar el procedimiento. (Cfr.Palacio, L,"D.P.C."T IV 223).

Tratándose de un planteo de perención de un proceso ejecutivo, el plazo de inactividad rige, en el caso, conforme las pautas regladas por el art. 274 inc. 2 del CPC (988 O) (tres meses).

Cabe recordar, que las peticiones de las partes, así como los actos del órgano judicial o sus auxiliares, que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino normal la sentencia , interrumpen la caducidad.

Debe tratarse de actos útiles y adecuados al estado de la causa, guardando directa relación con la marcha normal del proceso, acorde "a la etapa procesal en que se realice para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia". Puede ser el diligenciamiento de un oficio, o de una cédula, o bien la presentación por la cual se acompañó un oficio para la firma del juez (Cfr. Fenocchieto Arazi "CPC", t 2 pág. 28).

Planteado de este modo el recurso, la doctrina judicial estima que, acto interruptivo es aquel que tiene por efecto impulsar el procedimiento, es decir, que tiende al desenvolvimiento de la relación procesal, al avance y continuación de la instancia, que se ha adecuado al estado del proceso y proporcionado a las circunstancias de tiempo y condición de la causa.

2 El primer y segundo agravio se tratarán conjuntamente ya que están referidos a los actos procesales realizados en autos y que la juez le dio carácter de impulso.

Previamente cabe hacer repasar las actuaciones realizadas en autos, con posterioridad a la interposición de la demanda.

Analizado el escrito de ampliación de demanda de fs 58, coincido con la juez aquo, entendiendo que es acto impulsorio.

En efecto, es sabido que tiene carácter interruptivo, el acto ocurrido antes del vencimiento del plazo legal para que opere la perención, en el caso tres meses, y que impulsa el proceso a su destino final que es la sentencia.

"Sólo es acto idóneo a efecto de interrumpir el plazo de caducidad aquel que, siendo proporcionado al estado de la causa, tiende al efectivo desenvolvimiento de la relación procesal o se traduce en un avance en la marcha del proceso " (C.N.Civ. C, 20/9/82, L.L., 1983 C 178).

Claro está que para arribar a esta calificación, cada acto debe ser analizado en particular, de acuerdo con las actuaciones llevadas a cabo en el expediente.

De esta manera el escrito de ampliación de demanda de períodos nuevos vencidos, modificó el estado del proceso.

Alberto Luis Maurino señala los parámetros que caracterizan al acto impulsorio. Este tribunal ha concordado con su posición autoral cuando afirma que, "acto procesal con entidad suficiente para ser considerado interruptor del plazo de caducidad resulta todo aquel, no necesariamente válido, emanado de las partes, del órgano jurisdiccional o de los auxiliares de unos y otros, con idoneidad específica para impulsar el proceso hacia su fin, con prescindencia de su resultado o eficacia, adecuado al estado de la causa y realizado temporáneamente" (Perención de la Instancia en el Proceso Civil, Ed. Astrea 1991, pág. 113).

Con tal presentación, el actor acompaña certificados de deuda por expensas comunes, ofrece prueba y reclama deudas por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero, febrero y marzo de 2013.

A partir de ello, el proceso ha sufrido una innovación con referencia a lo ya actuado en cuanto al monto reclamado, quedando el proceso en una situación distinta.

El escrito de ampliación de demanda tuvo la virtualidad de interrumpir la caducidad comenzada a correr, al introducir elemento novedoso para el desarrollo de la prueba, el actor exteriorizó su voluntad de mantener viva la causa.

Este tribunal ad quem es conteste en sostener que "el acto procesal de ampliación de demanda, si tiene capacidad para interrumpir la caducidad de la instancia, por cuanto la ampliación en este caso, o la modificación de la demanda, son demostrativas del interés que tiene la parte de impulsar la instancia perfeccionado o mejorando según su criterio su posición en el proceso.

Es decir, a través de ese acto exterioriza su voluntad de continuar con el trámite judicial abierto". (Cam Apel.Civil.San Juan; Sala 1° "Meneses J C/ M Mengual, sumario, Daños y Perjuicios" L de A T 57, F° 84/85, fecha 19/10/82).

También la reposición de sellado realizada en la misma fecha (fs. 59 vta.) 28 de junio de 2013 es acto procesal idóneo para impulsar el procedimiento, teniendo en cuenta, que hubo con anterioridad, un requerimiento del Juzgado, siendo acertada la calificación asignada por la jueza en la sentencia atacada.

También considero acertada la calificación dada por la jueza, al entender que el acompañamiento de las actas protocolares (17 12 13) activan el procedimiento. ya que es una presentación adecuada a la etapa procesal que hace avanzar el proceso.

Este acto tiene entidad suficiente para desvirtuar la presunción de abandono o desinterés.

Observando las circunstancias particulares ocurridas, no puede ignorarse, al tiempo de analizar el planteo de la demandada y respecto a la inactividad del actor, que éste ha dado cumplimiento aunque parcialmente a los actos que tiende a activar la demanda interpuesta.

Efectivamente desde el escrito de fs. 61 de fecha 18 de septiembre de 2013 por el que pretende cumplir con la exigencia del tribunal de fs. 60 y que tuvo efecto impulsorio, hasta el escrito acompañando las copias de las actas protocolares de fecha 17 de diciembre de 2013, no ha transcurrido el plazo de tres meses previstos en la ley.

Adviértase que se considera, a los fines de computar el plazo, el escrito de fs. 61 y hasta el de fs. 73, desde que los de fs. 65/67 no interrumpen el plazo. "Es acto no interruptivo...."el escrito por el cual se presenta un nuevo apoderado al juicio" (CCom Cap. 10 10 50 Mendiburu Martin c Giosioso,Victor. Rev La Ley 61 329).

La casuística jurisprudencial, respecto de los distintos supuestos de actos interruptivos, es muy amplia. Sin duda que es el tribunal, en cada caso particular, el que debe valorar si se dan o no las características de un acto interruptivo, desde que no se pueden establecer en una norma general.

Entiendo que los actos ambos de fs. 61 y 73 configuran peticiones útiles y adecuadas al estado de la causa, guardando directa relación con la marcha normal del proceso. De allí que, entre ambos, no se cumplió el plazo como para resolver la pretendida caducidad tratada.

Por las motivaciones expuestas, voto por el rechazo del recurso de apelación, con costas a la vencida (art. 66 del C.P.C.).

Regular los honorarios a los profesionales intervinientes en el 30% de lo fijado en primera instancia.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, en disidencia, dijo:

Atento el desarrollo de los antecedentes de la causa por el magistrado preopinante en debida forma exime su reiteración, razón por la cual se pasa a marcar la disidencia con la opinión antes vertida por el señor magistrado preopinante.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que a fs. 77 vta. el actuario notifica a la parte que se presentó voluntariamente "de la resolución que antecede" exclusivamente es decir, de la resolución de fecha 14 de febrero de 2014 donde se le exige el abono del sellado previo a proveer. En el mismo acto, de fecha 20 de febrero abona el sellado.

Sobre este punto en los autos Nº 17.138 "Tascheret, César Eduardo y Otro C/ Provincia de San Juan Daños y Perjuicios", 15 abril 2003, L.A. 124, Fº 109/111; N° 18.186 "Bilcher, María Susana Posesión Veinteañal", 14 set. 2005, L. de S. Tº 91, Fº 171/176; Nº 18.352 (9.769 1º FAMILIA) "Bonade de Alvo, Anatilde y Otro C/ Alvo Cristina Cuota Alimentaria", 31 oct 2005, L. de A. Tº 141, Fº 52/55, entre otros, siguiendo la doctrina de la Corte de Justicia local expuesta en expte. Nº 2329 "Calivar, Pedro Julio c/ Caicedo Napoleón R. Daños y Perjuicios Sumario Inc. y Cas. (P.R.E., Sala 1º, 2001 II 250), el cual establece que "para poder aplicar válidamente el art. 147 del C.P.C., debía existir la certificación de que la parte había examinado el expediente y tomado conocimiento de la resolución". .

La providencia que continúa a fs. 78 resulta de difícil lectura dado que se ha corregido la fecha y no se hace salvedad por parte del señor juez, razón por la cual no se puede discernir si es de fecha 20 o 26 de febrero de 2014. Ante esa duda procesal no aclarada, se debe estar a la fecha del 26 que es un día jueves, razón por la cual quedaría notificado el martes 4 de marzo.

Pero es el propio presentante quien expresa que se notificó el día 27 de febrero de 2014, por lo que su presentación de fecha 06 de marzo es realizada en tiempo de ley dado que los días lunes 3 y martes 4 fueron inhábiles.

A partir de ello, se debe analizar el trámite dado a la causa para precisar si se ha producido o no la perención de la instancia, dado que ya se definió que no existe purga de ella por presentación extemporánea.

En ese sentido, concretamente a fs. 60 se dicta providencia, en fecha 8 de julio de 2013, en la cual se le exige que el ejecutante agregue copia protocolizada de las actas de reuniones del consorcio. Esta providencia quedó firme por cuanto no fue cuestionada con recurso alguno.

Frente a ello, se presenta la actora a fs. 61 en fecha 18 de septiembre y cuestiona la decisión adoptada por el Juez a quo, siendo proveída su presentación en fecha 20 de septiembre de 2013 con una providencia que dice "sin perjuicio de lo manifestado por el presentante, cumpla con lo decretado a fs. 60". Esta resolución de igual modo queda firme.

Ahora bien, el problema se focaliza en precisar si esta presentación tiene o no idoneidad para interrumpir el plazo de perención de la instancia. Sobre el tema, estimo que no por cuanto al quedar firme la providencia de fs. 60, el único camino que le quedaba al actor para instar el proceso era cumplir con la orden dada y ello no es formulado en la presentación de fs. 61.

La presentación del nuevo abogado haciéndose parte a fs. 65, de igual modo, no tiene capacidad para instar el proceso.

Por ello, la presentación de fecha 17 de diciembre de 2013, cumpliendo la orden de fs. 60 si tiene virtualidad para interrumpir pero, ello no es operativo por la oposición que formula la contraria planteando en término la perención de la instancia. Es decir, no permite que se purgue la mora.

Ante ello voto por revocar la sentencia puesta en crisis, decretando la caducidad de la instancia y condenando en costa a la actora.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el señor Magistrado Juan J. Victoria, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: LOS DRES. JUAN JOSÉ VICTORIA, GILBERTO RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, DIJERON:

En mérito a la votación de la mayoría y la disidencia efectuada, los señores Jueces de Cámara acordaron resolver: I) Rechazar el recurso de apelación, con costas a la vencida (art. 66 del C.P.C.). II) Regular los honorarios a los profesionales intervinientes en el 30% de lo fijado en primera instancia.

Por ello, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación, con costas a la vencida (art. 66 del C.P.C.).

II) Regular los honorarios a los profesionales intervinientes en el treinta por ciento (30%) de lo fijado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I 2016; F°141/146; FECHA:23 de mayo de 2016 DRES.VICTORIA RIVEROS ALFERILLO