Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-10


SENT Nº 889	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el síndico de la quiebra actora, CPN Adolfo A. Jerez y por el letrado apoderado de la parte demandada en autos: "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. s/ Quiebra vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal los recursos de casación deducidos por el síndico de la quiebra actora, CPN Adolfo A. Jerez (fs. 1321/1330) y por el letrado apoderado de la parte demandada (fs. 1312/1318) en contra de la sentencia del 17/3/11 (fs. 1289/1303) dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

Los recursos son concedidos por auto del 30/11/11 (fs. 1364).

II.- Recurso de la parte actora:

Como primer agravio se queja el recurrente de la sentencia impugnada en cuanto rechaza su pedido de deserción del recurso, invocando en orden a lo que califica como agravios mínimos un fallo que pertenece a la Cámara cuando corresponde a otro Tribunal, al que identifica; que este último no se vincula con el caso de autos (ni en su objeto ni en su trámite) y difiere la resolución; que es contradictorio en cuanto afirma que participa del agravio mínimo para luego sostener que el memorial reúne los requisitos del art. 717 procesal; que nada refiere del dictamen fiscal al respecto; que quedaron firmes los puntos de la sentencia que afectaban el derecho del recurrente; que esto tiene vinculación con las facultades del Tribunal de alzada conforme al art. 717 procesal; que viola el derecho de igualdad y de defensa; que es arbitraria y viola los arts. 33, 34, 265, 272, 717, 718 y cc del CPCyC.

Refiere que a pesar de no haber agravios, la Cámara realiza la crítica del decisorio recurrido colocándose en lugar de la parte en violación del principio de igualdad y derechos de defensa en juicio y propiedad; que frente a la ausencia de agravio la sentencia quedó firme en sus fundamentos e incorporada al patrimonio de su parte; que con el argumento del agravio mínimo se infringe la ley formal contenida en el art. 717 del CPCyC.

Como segundo agravio expone que la Cámara incurre en infracción a la norma sustancial; que no solo suple aquella imposición legal (Art. 717 procesal) y procede a efectuar la propia Cámara la critica del fallo de primera instancia sino que en ese menester refiere a cuestiones inexactas, no justificadas con las constancias de autos; que luego de considerar que hay agravio en relación al porcentaje del 40% (que no es tal) a pesar de que el mismo no surge del texto del escrito así titulado, invoca jurisprudencia de la CSJN ("José Cartellone Construcciones Civiles..."), que refiere a un criterio de verdad objetiva con vinculación a mecanismos de actualización basado en el empleo del método bancario de capitalización de intereses y cómputo acumulativo de intereses, no relacionado con el presente; que lo discutido es la tasa de interés y que respecto de la fijada en la sentencia por el A quo el recurrente estima que es excesiva "por no corresponderse a las variaciones de las condiciones económicas y al mercado financiero conforme las pautas establecidas en las circulares dictadas por el BCRA", cumpliendo el banco con estas últimas (circulares).

Refiere que tales conceptos no surgen de los agravios como tampoco tienen que ver con el fundamento de la sentencia de primera instancia y sin embargo el tribunal analiza la cuestión en lo que incurre en error de derecho al considerar que no existe convenio ni pacto respecto de la tasa de interés a pagarse; que le resta efectos jurídicos a los actos cumplidos por las partes a los fines de fijar la tasa (por ejemplo: se requiere el 100%, el banco ofrece el 94%, fijándose en este último porcentaje), expresando la sentencia que "no existe en autos contrato escrito que diga que el banco demandado se obligaba a pagar una tasa del 94% anual sostenida en el tiempo", olvidándose groseramente que nos encontramos en el marco del contrato bancario de depósito a plazo fijo y es en ese marco donde se negocia la tasa, todo lo cual además se encuentra documentado en el expediente.

Expresa que a tal punto existe "convenio, pacto, contrato" que la propia gerente del Banco demandado reconoce que el "banco pacta la tasa de interés (con el cliente), que el plazo fijo es una imposición pactada a tiempo determinado" (posición 6), dejando sin ningún sustento la afirmación de la sentencia en cuanto dice: "... estimo que no es correcto afirmar que en la especie haya habido convenio, pacto, entre las partes por una tasa de interés, sea del 94%, ni por ninguna otra...", lo que queda descalificado con el propio reconocimiento de la accionada; que por lo tanto resulta correcto afirmar que entre las partes hubo pacto con relación a la tasa de interés, demostrando además el errado criterio de la Cámara a los fines del enfoque y resolución del recurso.

Refiere que no se trata tampoco de que se exige solo una tasa única e invariable y sostenida en el tiempo (esa es una lectura errada) sino que, fijada en un porcentaje, su modificación por el banco debe cumplir con la notificación a la otra parte (deber de información), atento la expectativa creada y los efectos en el patrimonio del cliente; que no se debe perder de vista (como lo hace la sentencia) que nos encontramos en un marco contractual y en este sentido adquiere relevancia lo dispuesto por el art. 1.197 y cc. del Código Civil; que la modificación de la tasa realizada unilateralmente por el Banco viola la regla impuesta por dicha norma e igual efecto produce la interpretación efectuada por la sentencia sin considerar los derechos del cliente.

Sostiene que lo jurídicamente contradictorio es que la sentencia presume la operatoria (implícita para algunas cuestiones) y considera que no existe contrato para otras, que tienen que ver con los derechos de la parte actora-cliente; que invoca las presunciones jurídicas únicamente cuando son favorables al banco demandado y en los demás no hay contrato, no hay presunciones, no hay derechos.

Alude a lo afirmado por la Cámara que en las tasas de interés cabe estar a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones sin advertir que el reclamo de autos surge como consecuencia del incumplimiento concreto del banco en cuanto modifica unilateralmente la tasa acordada sin notificación al cliente (quiebra) violentando el deber de información impuesto por el art. 4 de la Ley N° 22.240, debiendo contener dicha notificación (por escrito) datos que debe satisfacer el obligado en cuanto la información debe ser: cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz, suficiente, sobre las características esenciales del servicio y a fin de que no le queden dudas al cliente (o usuario), evitando de frustrar la expectativa generada con la tasa acordada (Art. 1.197); que nada de esto cumple el Banco y tampoco analiza la sentencia, la que resulta vacua, al no descalificar el fundamento de la sentencia de primera instancia que resuelve conforme a una armónica interpretación de las constancias de autos y el derecho aplicable.

Refiere que la norma (Art. 4 LDC) consagra un derecho subjetivo del consumidor, cliente o usuario (quiebra) a ser debidamente informado sobre las características de los bienes y servicios que adquiere y constituye un derecho esencial en tanto se encuentra en situación de desventaja frente al banco; que la finalidad de la información se relaciona directamente con el consentimiento y que este se haya formado reflexivamente, ya que el incumpliendo de dicha información acarrea la responsabilidad del proveedor (banco); que este derecho además tiene debida protección constitucional conforme Art. 42 de la C.N., lo que se interpreta armónicamente con las disposiciones de los Arts. 1.197, 1.198 y cc del C.C. y en este sentido resuelve la Juez A quo.

Expresa que no se trata como pretende sostener la sentencia de Cámara que el banco demandado "ha acreditado" que las tasas de interés que aplicaba se ajustaban a un promedio justificado mediante la interpretación de lo manifestado por el Sr. Perito, sino que, el fundamento de la condena está en la verdadera interpretación de la vinculación jurídica existente entre las partes que no pasa por como se maneja el banco en general sino si cumple o ha cumplido en el caso particular; que carece de asidero y efecto jurídico la afirmación sentencial que las variaciones de las tasas de interés aplicadas por el Banco demandado se han ajustado a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina en una doble perspectiva: 1°) en lo externo, por cuanto pagaba de acuerdo al promedio de las tasas reconocidas por otras entidades bancarias; y 2°) en lo interno, pues no se demostró que para otros depósitos judiciales el Banco pagara tasas diferentes para idénticos períodos; que tal manifestación revela el desajuste del fallo en lograr la correcta interpretación del vínculo existente entre la actora y la demandada; que en el presente juicio no se trata de si el Banco pagaba de acuerdo al promedio de las tasas reconocidas ni tampoco su parte debía demostrar nada respecto de otros depósitos; que la Cámara viola expresamente las disposiciones del Art. 302 del CPCCT, pretendiendo imponer a su parte una carga probatoria absurda que, y a todo evento, correspondía al Banco en cuanto lo invocó y además estaba en mejor situación (carga dinámica de la prueba).

Afirma que la sentencia es parcial en cuanto afirma el cumplimiento de la norma por el Banco en cuanto "en lo externo" el Banco demandado pagaba de acuerdo al promedio de las tasas reconocidas por otras entidades bancarias, preguntándose de que prueba surge tal afirmación, cual es la foja y la documentación que lo acredite y cuales son las otras entidades bancarias.

Se queja de la sentencia en cuanto se refiere a "lo interno" a la falta de demostración de su parte que para otros depósitos judiciales el Banco pagara tasa diferentes para idénticos periodos en cuanto no correspondía demostrar cuestiones ajenas a la litis y en última instancia tal demostración estaba a cargo del Banco.

Se agravia de la sentencia en cuanto afirma que no se puede sostener que haya una alteración de las condiciones pactadas por la sencilla razón de que no existe pacto, a la vez que el Banco demandado ha respetado las tasas vigentes en el mercado financiero.

Sostiene contrariamente a lo afirmado por la Cámara que no solo existe pacto sino que existe real y efectivo contrato bancario de plazo fijo y ninguna incidencia tiene en autos que el Banco demandado haya respetado las tasas vigente en el mercado financiero (en general) cuando en relación con la cliente actora se demanda otra.

Se queja de la liviandad con que la sentencia analiza el incumplimiento del Banco al deber de información y la expresa violación de la ley (Arts. 4, 40 y cc de la LDC y Art. 42 y cc de la C.N.) al afirmar que si bien cabe reconocer que el Banco demandado no informó al Juzgado con la regularidad que se le había requerido sobre los depósitos y las tasa de intereses aplicada, lo cierto es que hubo algunos informes y aunque no hubiera informado no alteraría dicha circunstancia el resultado arribado en cuanto quedó demostrado el cumplimiento por el Banco demandado con la normativa que rigen la materia.

Sostiene que la sentencia es arbitraria porque primero, el Banco incumplió con el deber de información impuesto por la ley y, segundo, lo que tenía que demostrar es que cumplió con su cliente (quiebra) en los términos de la relación que los unía, al margen de lo demás.

Refiere que en la afanosa tarea de justificar al Banco la sentencia cuestiona incluso la vía elegida por esta parte, lo que tampoco fue mencionado por la demandada ni, obviamente, materia de agravio, lo que pone en evidencia la postura de la sentencia con relación al reclamo, tiñiendo de parcialidad el fallo, sin considerar siquiera que el incumplimiento del Banco en relación con el contrato de depósito bancario de plazo fijo y al consiguiente deber de información justamente se produce en forma notable, constante y reiterada en el propio tramite falencial que en definitiva y frente a la postura asumida por el Banco (de renuencia) obliga a esta parte a efectuar un reclamo concreto que materializa en el presente juicio.

Afirma que la jurisprudencia citada por la sentencia resulta tan inoficiosa, innecesaria e inútil como los supuestos contemplados en dicha cita, remarcándose que no solo se trata de supuestos distintos sino que tal cuestión (la de la vía elegida) se encuentra vedada para la Cámara en su tratamiento por no constituir materia de agravio y también por imposición de lo dispuesto por el Art. 713 del CPCCT, al tratarse de una cuestión no sometida ni propuesta a decisión del inferior; que ello es una muestra más de la arbitrariedad en que incurre la Cámara en el presente en cuanto no solo suple los agravios de la recurrente sino que también introduce en esta instancia cuestiones ajenas al recurso en evidente avasallamiento de los derechos de defensa en juicio e igualdad de las partes en el proceso.

Expresa que ni antes con los supuestos agravios de la demandada ni ahora con la sentencia de Cámara se logra descalificar los argumentos de la sentencia de primera instancia, los que indudablemente surgen lo suficientemente sólidos en la construcción no solo del marco de los hechos (apreciación y valoración de los mismos) sino principalmente en el marco jurídico que el A quo somete a estudio la pretensión de la actora para que, en armónica interpretación con sus propias facultades, siguiendo el principio de la equidad, alcance una sentencia que en todo se muestra ajustada derecho.

Refiere que conforme lo manifestado queda también configurado además el supuesto de gravedad institucional contemplado por el Art. 748, Inc. 2) del CPCCT, siendo que la sentencia dictada por la Excma. Cámara trasciende el interés particular de las partes para convertirse en antecedente de afectación del orden jurídico y constitucional existente en relación a la competencia derivada del contenido de los agravios evidenciando déficit de razonabilidad al tiempo de la construcción intelectual de la sentencia en cuanto a lo que el tribunal tiene vedado, todo lo cual compromete principios fundamentales de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho que afecta de modo generalizado a la administración de justicia al suplir la carga de la parte impuesta por el Art. 717 del CPCCT, en cuanto al contenido de los agravios, actuando fuera del marco de la competencia impuesta a la Cámara por el Art. 713 procesal, las que constituyen manifestaciones expresas de voluntarismo que deviene en gravedad institucional en los términos que la jurisprudencia tiene dicho en numerosos fallos.

Propone doctrina legal y formula reserva de caso federal.

III.- Recurso de la parte demandada:

El recurrente sostiene que la sentencia impugnada condena a su parte a abonar menos del uno por ciento del reclamo del actor o por lo menos una suma ínfima para lo que significó la exorbitante demanda promovida por lo que no es justo la imposición de costas por su orden dispuesta; que debió imponer al actor las costas derivadas de su derrota y al demandado por la suya; que el éxito obtenido por la actora fue insignificante en comparación a su derrota, por lo que las se le debió imponer la totalidad de las costas o bien por el rubro que no progresa la demanda.

Alude a la conducta de la actora merituada en la sentencia impugnada en cuanto a que el incumplimiento de la demandada a su deber de informar podría haberse removido por otras vías en el proceso de quiebra antes o en lugar de deducir el presente juicio; que considera abusiva la conducta de la demandante y cuanto menos su reclamo fue inútil, inoficioso e innecesario, por lo que debió tener un castigo, cual es la imposición de costas; que no se está en presencia de un reclamo de daños y perjuicios sino que era cierto, material y preciso; que se debe imponer las costas a la actora por ser perdidosa en forma casi total y por haber actuado con abuso de derecho.

Refiere que la Cámara falló en contra de sus propios considerandos al imponer las costas.

Transcribe doctrina que se refiere a demandas por daños y perjuicios en especial lo atinente a daño material; que el fallo violenta el art. 106 del CPCyC. Propone doctrina legal. Formula reserva del caso federal.

IV.- Respecto al recurso de la actora, sostiene la sentencia impugnada -en cuanto al primer agravio que el recurso debe ser declarado desierto-, que dicho pedido debe ser desestimado, pues como ya se ha resuelto en diversos fallos por ese Tribunal, está a favor de la doctrina del agravio mínimo, en virtud de la cual, y a los fines de no recaer en un excesivo rigor formal, se aplica un criterio restrictivo en cuanto a la declaración de la insuficiencia en la fundamentación, todo ello teniendo en consideración la consecuencia fatídica que atraería aparejada la adopción de un criterio más abarcativo; que por ello y reuniendo el escrito de expresión de agravios de la demandada los requisitos del art. 717 procesal es que cabe desestimar la deserción invocada por la accionante.

Respecto al segundo agravio, la sentencia recurrida, luego de analizar los términos de la demanda y contestación en cuanto a la cuestión por la cual la parte actora reclama los intereses de los plazos fijos de la Quiebra, los que van desde el 09/08/02 en adelante, con una tasa del 40%, estima procedentes los agravios de la demandada, invocando el precedente de la Corte de la Nación "José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/ Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A. s/ proceso de conocimiento" del 01/6/04; que en la especie no está discutido que corresponde el pago de intereses, sino la tasa de interés, fijada de manera judicial en el 40% (el reclamo originario era del 94% anual); que de las probanzas de autos, se desprende que la tasa de interés reconocida por el Banco en favor de la Quiebra por los plazos fijos emitidos a su nombre, nunca fue una tasa única e invariable, por lo contrario, según informe de evolución de tasas del Banco de fs. 697, ésta oscilaba a través del tiempo (8,25% al 17/01/02, 60% al 10/07/02, 94% al 09/08/02, 90% al 09/09/02, 60% al 09/10/02), y se ajustaban a las condiciones del mercado financiero vigentes a la fecha de la renovación (Comunicación "A" 3.043 del B.C.R.A.), resultando de un promedio entre la tasa sugerida por el B.C.R.A. (aunque siempre se concedió una superior a la sugerida por éste) y las que otorgaban los Bancos privados (informe bancario de fecha 08/07/02); que todo ello, sin que antes del actual reclamo, la actora hubiera manifestado algún cuestionamiento u oposición al respecto, en cada oportunidad que el Banco le informaba sobre la renovación de los plazos fijos y la tasa que aplicaba en cada caso; que tampoco se advierte que se haya seguido ningún procedimiento a los fines de lograr la aprobación, por parte del B.C.R.A., de una tasa invariable, mientras duraba la imposición (Resolución A 4331 del B.C.R.A. - cit. en informe pericial de fs. 431), por lo que ello crea la presunción de la aceptación implícita de la operatoria antes descripta (tasa variable según las condiciones de mercado vigentes a la fecha de cada renovación), por ambas partes intervinientes (art. 1197 Cód. Civil).

Sostiene que sin embargo, no es correcto afirmar que en la especie haya habido convenio, "pacto", entre las partes por una tasa de interés, sea del 94%, ni por ninguna otra, respecto de los plazos fijos pertenecientes a la actora, toda vez que las tasas de interés se regían por las normas financieras vigentes al momento de cada renovación; que tampoco comparte la conclusión arribada por la Sra. Juez a-quo en el sentido de que la entidad bancaria mantuviera una tasa de interés atrayente para la parte actora, ni que ello generó en el cliente la expectativa de que la misma se mantendría durante un tiempo más o menos prolongado y con cierta estabilidad, afirmación que según su criterio, no parece fundada en las constancias de autos, a la vez que resulta contradictoria con lo afirmado con anterioridad por la sentenciante.

Refiere que la circunstancia de que se haya librado el oficio Nº 681 (fs. 28.871) al Banco, solicitándole una tasa de interés del 100% anual para los depósitos a plazo fijo de la Quiebra de U.C.A.Ñ. Ltda., cuyo vencimiento operaba el 10/07/02, establecida anteriormente en un 60% anual y que éste contestara a fs. 28.873 informando que "...se procedió a renovar los depósitos a Plazo Fijo...aplicando una tasa de interés del 94% anual", y aclarando que "La tasa de interés establecida corresponde al promedio fijado por el Banco Central de la República Argentina y pagadas por Bancos Privados al día 08/07/2002 de conformidad al Comunicado 43.854..." no puede ser interpretado como que existe pacto alguno, sino como cumplimiento de una orden judicial, adecuada a las normativas del sistema financiero.

Afirma que no existe en autos contrato escrito que diga que el Banco demandado se obligaba a pagar una tasa del 94% anual sostenida en el tiempo; que como lo reconoce la propia sentencia de primera instancia no se trataba de una tasa única e invariable, sino que las tasas se ajustaban a las condiciones del mercado financiero vigentes a la fecha de la renovación, sin que antes del actual reclamo la actora hubiera manifestado algún cuestionamiento u oposición al respecto, y sin que se haya seguido ningún procedimiento a los fines de lograr la aprobación, por parte del B.C.R.A., de una tasa invariable, mientras duraba la imposición, lo que lleva a presumir la aceptación implícita de la operatoria antes descripta (tasa variable según las condiciones de mercado vigentes a la fecha de cada renovación), por ambas partes intervinientes (art. 1197 Cód. Civil).

Sostiene que en el tema de las tasas de interés que corresponde aplicar, cabe estar a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina que regulan el sistema financiero, o en previsiones particulares, conforme se ha resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 02/12/2004, in re "Yacuiba S.A. s/quiebra s/incidente de extensión de quiebra"; que el Banco demandado ha acreditado que las tasas de interés que aplicaba en los distintas renovaciones de los plazos fijos se ajustaban al promedio entre la tasa sugerida por el B.C.R.A. (aunque siempre se concedió una superior a la sugerida por éste) y la que otorgan los Bancos privados con el informe del perito de parte (demandada) de fs. 943/965 realizado por el C.P.N. Rodolfo Bunader Valperga, quien a fs. 955 y vta. destaca el promedio de las tasas de algunos Bancos, que señala se reflejan en las tasas de interés por depósito -Subgerencia de Estadística Monetaria y Financiera - Banco Central de la República Argentina, exponiéndolas en un cuadro comparativo con las pagadas por el Banco demandado, las establecidas para depósitos de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos en los Bancos Privados y cuando el B.C.R.A. no la informa, para algún día, establece la tasa para Bancos Públicos, cuadro del que surge que el Banco demandado ha respetado la normativa del B.C.R.A. y del mercado financiero existente en esos momentos.

Expresa que esta información vertida por el perito de parte (demandada) C.P.N. Rodolfo Bunader Valperga, a fs. 955 y vta., no aparece desvirtuada en la especie; que a fs. 981, el perito desinsaculado en autos se limita a manifestar que "De acuerdo a la información solicitada la concursada no poseía depósitos a plazo fijo en otras instituciones financieras motivo por el cual no es posible informar sobre tasas de intereses para plazos fijos de la actora por igual período y plazos a lo acordado por el Banco del Tucumán S.A."; en igual sentido se pronuncia a fs. 1.040 la perito contador de parte (actora); que estos dos últimos omiten pronunciarse al respecto y por lo tanto, conforme lo antes señalado, no desvirtúan la información vertida por el C.P.N. Rodolfo Bunader Valperga.

Afirma que ello le permite concluir que las variaciones de las tasas de interés aplicadas por el Banco demandado se han ajustado a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina en una doble perspectiva: 1º) en lo externo, por cuanto pagaba de acuerdo al promedio de las tasas reconocidas por otras entidades bancarias; y 2º) en lo interno, pues no se demostró que para otros depósitos judiciales el Banco pagara tasas diferentes para idénticos períodos.

Refiere que no puede sostenerse que haya una alteración de las condiciones pactadas por la sencilla razón de que no existe pacto, a la vez que surge acreditado que el Banco demandado ha respetado las tasas vigentes en el mercado financiero; que el cambio de las tasas de interés afectó a todos los depósitos y no sólo a los de la fallida, pero estando acreditado que el cambio obedeció a las fluctuaciones del sistema financiero, no corresponde se dejen de lado las mismas.

Expresa que si bien cabe reconocer que el Banco demandado no informó al Juzgado con la regularidad que se le había requerido sobre los depósitos y las tasas de intereses aplicadas, lo cierto es que hubo algunos informes, y aunque no hubiera informado no alteraría dicha circunstancia el resultado arribado en cuanto quedó demostrado el cumplimiento por el Banco demandado con las normativas que rigen la materia; que la omisión de informar por parte del Banco podría haberse removido por otras vías en el mismo proceso falencial en el que se ordenaron los depósitos, en el que las facultades del Juez y del síndico se encuentran potenciadas en virtud del principio de oficiosidad, de inquisitoriedad, tales como la aplicación de multas, astreintes, etc., antes de recurrir al presente juicio para formular tal reclamo; que lo reclamado en el presente juicio podía igualmente haberse reclamado en el proceso falencial, con cita de jurisprudencia que considera aplicable al caso.

VI.- El recurso de la parte actora ha sido concedido por auto del 30/11/11 (fs. 1364), correspondiendo en esta instancia el reexamen de admisibilidad y -en su caso-, de procedencia.

Ha sido interpuesto en término; se ha dado cumplimiento con el depósito de ley requerido por el artículo 752 del CPCy C; está dirigido contra sentencia definitiva (art. 748 inc. 1 procesal); el escrito recursivo se basta a sí mismo, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 de la ley ritual; la impugnación se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho y se ha propuesto doctrina legal. En consecuencia, el recurso deviene admisible.

V.- De la confrontación de los términos sentenciales puestos en relación con los motivos de casación se concluye en que el recurso no puede prosperar.

V.a.- En su primer agravio la parte actora se queja sustancialmente del rechazo de su planteo de deserción del recurso de la demandada que justifica la alzada con el argumento de los agravios mínimos; que al no haber recurso, quedó firme la sentencia de primera instancia; que la Cámara suple la omisión de la parte y transgrede las facultades de la alzada.

Al respecto, la sentencia impugnada sostiene que está a favor de la doctrina del agravio mínimo en virtud de lo cual, y a los fines de no recaer en un excesivo rigor formal, se aplica un criterio restrictivo en cuanto a la declaración de la insuficiencia en la fundamentación; que por ello y reuniendo el escrito de expresión de agravios de la demandada los requisitos del art. 717 procesal es que cabe desestimar la deserción invocada por la accionante.

Sobre la cuestión, esta Corte tiene dicho que como principio, el planteo vinculado a la suficiencia del memorial de apelación presentado por el recurrente no autoriza la apertura de la instancia casatoria, pues su tratamiento exige un procedimiento valorativo del escrito de expresión de agravios, reservado a la alzada y que únicamente puede ser revisado en la instancia casatoria si se invocare y demostrare el supuesto de absurdo o arbitrariedad (cfr. CSJTuc., autos "Cánepa, Antonio E. vs. Antonio V. Carranza s/Cobro sumario de australes", sentencia del 1/8/97). La Cámara ad quem es la encargada de valorar si la postulación recursiva cumple con los requisitos mínimos, de tal suerte que, como regla, dicho contralor es privativo de la alzada, no correspondiendo que este Tribunal conozca de aquella temática por vía de los recursos extraordinarios, salvo el caso de absurdo o arbitrariedad, ya que se trata de una típica cuestión de hecho (cfr. Hitters, J.C., "Técnica de los recursos ordinarios", pág. 448; CSJTuc., sentencia N° 160, 21/03/07, "Raiden Lazcano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios"); que "para determinar si un memorial satisface o no esas exigencias, debe aplicarse un criterio de apreciación teleológico. Si el escrito recursivo lleva esa finalidad, aunque lo haga con estrechez o lindando los límites técnicos tolerables, habrá alcanzado su objetivo y por ende no corresponde declarar su insuficiencia. La cuestión debe administrarse con un criterio amplio favorable al apelante, de modo de preservar el derecho de defensa" (CSJTuc., autos "Gómez, Carlos A. vs. Antonio F. Caruso s/Cumplimiento de contrato", del 14/6/94; "DIPOS vs. Comisión Arquidiocesana s/Apremio" del 3/11/94; "Figueroa, Jorge O. vs. Raúl A Cantero y otros s/Cobro de pesos y daños y perjuicios" del 19/10/95; "Figueroa, Guillermo Ramón vs. José Armando Murillo y otro s/Cobro de pesos y medida preparatoria", del 25/3/98; sentencia N° 941, 24/11/03, "Aguirre, Rafael Agustín Gaspar s/Sucesión").

Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo (cfr. CSJT, sent. n° 438, "Silva, Walter Fabián vs. Arzobispado de Tucumán s/Daños y perjuicios"; sent. N° 752, "Suc. Díaz, Carlos Celestino vs. Georgieff, Basilio Luis s/Desalojo", del 28/8/2002; entre otras), pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJTuc., sentencia N° 160, 21/03/07, "Raiden Lazcano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios").

Del análisis del escrito recursivo de la demandada surge que se encuentran planteados por el apelante los agravios examinados por la Cámara a los que considera que se centran fundamentalmente: 1º) En la condena a la demandada por la falta de pago de los intereses por el período que va desde el 17/01/02 - 04/02/02 (fechas de vencimiento de los certificados a plazo fijo existentes a nombre de la quiebra) hasta el 28/02/02; 2º) Por la condena a pagar los intereses correspondientes al período comprendido a partir del 09/08/02 en adelante, con una tasa del 40% y 3) Por la condena en costas, por lo que no se configura el vicio de arbitrariedad que habilitaría el examen del memorial recursivo tendiente a determinar si el mismo es suficiente, por lo que se desestima el agravio.

V.b.- Plantea como segundo agravio sustancialmente que la sentencia impugnada resuelve que no existe convenio o pacto respecto de la tasa de interés olvidándose que se encuentra en el marco del contrato bancario de depósito a plazo fijo donde se negocia la tasa; que entre las partes hubo pacto, convenio con relación a la tasa de interés; que la modificación unilateral de la tasa sin comunicar al cliente (Quiebra) viola el art. 1197 del Código Civil y el deber de información previsto por el art. 4 LDC, lo que no analiza la sentencia; que libera al demandado con fundamento en que las tasas aplicadas se han ajustado a leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central, las que aparecen cumplidas en lo interno y externo, lo que no surge de probanza alguna; que la sentencia es infundada y arbitraria porque el Banco incumplió con el deber de información.

Se queja de lo resuelto en cuanto a la vía elegida porque tal cuestión no fue planteada por el recurrente.

La sentencia recurrida, luego de analizar los términos de la demanda y contestación en cuanto a la cuestión por la cual la parte actora reclama los intereses de los plazos fijos de la Quiebra, los que van desde el 09/08/02 en adelante, con una tasa del 40%, estima procedentes los agravios de la demandada; que en la especie no está discutido que corresponde el pago de intereses, sino la tasa de interés; que de las probanzas de autos, se desprende que la tasa de interés reconocida por el Banco en favor de la Quiebra por los plazos fijos emitidos a su nombre, nunca fue una tasa única e invariable y se ajustaban a las condiciones del mercado financiero vigentes a la fecha de la renovación (Comunicación "A" 3.043 del B.C.R.A.), resultando de un promedio entre la tasa sugerida por el B.C.R.A. (aunque siempre se concedió una superior a la sugerida por éste) y las que otorgaban los bancos privados (informe bancario de fecha 08/07/02); que todo ello, sin que antes del actual reclamo, la actora hubiera manifestado algún cuestionamiento u oposición al respecto, por lo que ello crea la presunción de la aceptación implícita de la operatoria antes descripta (tasa variable según las condiciones de mercado vigentes a la fecha de cada renovación), por ambas partes intervinientes (art. 1197 Cód. Civil).

Sostiene que no es correcto afirmar que en la especie haya habido convenio, "pacto", entre las partes por una tasa de interés, sea del 94%, ni por ninguna otra, respecto de los plazos fijos pertenecientes a la actora; que la circunstancia de que se haya librado el oficio Nº 681 (fs. 28.871) al Banco, solicitándole una tasa de interés del 100% anual para los depósitos a plazo fijo de la Quiebra de U.C.A.Ñ. Ltda., cuyo vencimiento operaba el 10/07/02, establecida anteriormente en un 60% anual y que éste contestara a fs. 28.873 informando que "... se procedió a renovar los depósitos a Plazo Fijo ... aplicando una tasa de interés del 94% anual", y aclarando que "La tasa de interés establecida corresponde al promedio fijado por el Banco Central de la República Argentina y pagadas por Bancos Privados al día 08/07/2002 de conformidad al Comunicado 43.854..." no puede ser interpretado como que existe pacto alguno, sino como cumplimiento de una orden judicial, adecuada a las normativas del sistema financiero.

Refiere que en el tema de las tasas de interés que corresponde aplicar, cabe estar a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina que regulan el sistema financiero, o en previsiones particulares, conforme se ha resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 02/12/2004, in re "Yacuiba S.A. s/quiebra s/incidente de extensión de quiebra"; que el Banco demandado ha acreditado que las tasas de interés que aplicaba en los distintas renovaciones de los plazos fijos se ajustaban al promedio entre la tasa sugerida por el B.C.R.A. (aunque siempre se concedió una superior a la sugerida por éste) y la que otorgan los bancos privados con el informe del perito de parte (demandada) de fs. 943/965 realizado por el C.P.N. Rodolfo Bunader Valperga, quien a fs. 955 y vta. destaca el promedio de las tasas de algunos Bancos, que señala se reflejan en las tasas de interés por depósito -Subgerencia de Estadística Monetaria y Financiera - Banco Central de la República Argentina, exponiéndolas en un cuadro comparativo con las pagadas por el Banco demandado, las establecidas para depósitos de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón de pesos en los Bancos Privados y cuando el B.C.R.A. no la informa, para algún día, establece la tasa para Bancos Públicos, cuadro del que surge que el Banco demandado ha respetado la normativa del B.C.R.A. y del mercado financiero existente en esos momentos.

Afirma que ello le permite concluir que las variaciones de las tasas de interés aplicadas por el Banco demandado se han ajustado a lo previsto por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina en una doble perspectiva: 1º) en lo externo, por cuanto pagaba de acuerdo al promedio de las tasas reconocidas por otras entidades bancarias; y 2º) en lo interno, pues no se demostró que para otros depósitos judiciales el Banco pagara tasas diferentes para idénticos períodos.

Expresa que aunque el Banco no hubiera informado de los depósitos y las tasas no alteraría dicha circunstancia el resultado arribado en cuanto quedó demostrado el cumplimiento por el Banco demandado con las normativas que rigen la materia; que la omisión de informar por parte del Banco podría haberse removido por otras vías en el mismo proceso falencial en el que se ordenaron los depósitos, en el que las facultades del juez y del síndico se encuentran potenciadas en virtud del principio de oficiosidad, de inquisitoriedad, tales como la aplicación de multas, astreintes, etc., antes de recurrir al presente juicio para formular tal reclamo; que lo reclamado en el presente juicio podía igualmente haberse reclamado en el proceso falencial, con cita de jurisprudencia que considera aplicable al caso.

Según se considerara al tratar el agravio precedente el demandado se agravia de la condena a pagar los intereses correspondientes al período comprendido a partir del 09/8/02 en adelante, con una tasa del 40%, en cuanto afirma en el memorial respectivo a fs. 1185 que no es cierto la existencia de tasa pactada o contratada; que el Banco jamás se obligó a mantener una tasa del 94 % anual, que eso fue en julio del 2007 (léase 2002), obligando a pagar intereses que jamás fueron los de plaza; que el hecho que hubiere pagado tasas superiores a las vigentes sugeridas por el Banco Central no quiere decir que pueda presumirse que ésta fue la tasa tácitamente aceptada por las partes (fs. 1191/1192); que su parte abonó tasas de interés superiores a las sugeridas por el BCRA.

De las constancias de autos surge que la parte actora (fs. 08/12) promovió juicio por cobro de pesos en contra del Banco del Tucumán S.A., derivado del incumplimiento contractual de este último con fundamento en que existen dineros depositados a plazo fijo en el Banco demandado, sucursal Concepción, a nombre de la accionante; que esos depósitos a plazo fijo, debían renovarse automáticamente cada treinta días, con capitalización de intereses; que el Banco ha ido manteniendo la tasa que se obligaba a pagar, lo que comunicaba a la quiebra, pero últimamente vino actuando de forma unilateral; que el incumplimiento se refiere a la falta de pago de la tasa de interés pactada, a partir de enero de 2002; que hay plazos fijos respecto a los que no pagó intereses (17/01/02 al 28/02/02 y a partir del 09/08/02 no pagó la tasa pactada del 94 % notificada al Juzgado el 08/07/02.

A fs. 93/107 el Banco demandado, contesta la demanda y expresa que por instrucciones impartidas oportunamente por el Juzgado de la quiebra, procedió a constituir depósitos a plazo fijo a nombre de la actora en pesos, con renovación automática cada treinta días y capitalización de intereses por cada período; que como consecuencia de la emergencia económica imperante a fines del año 2001 y normas dictadas se procedió a la reprogramación del pago de los depósitos a plazo fijo a nombre de la Quiebra; que con motivo de la norma que menciona que exceptúa los depósitos judiciales, precedió a reintegrar los fondos en cuentas a la vista, lo que fue comunicado al Juzgado a mediante notas del 12/03/02 y del 13/05/02; que posteriormente y a pedido de la actora, procede a la constitución de nuevos plazos fijos, reconociendo la suma de $ 344.509,10, en concepto de intereses devengados con anterioridad a la nueva constitución; que siempre cumplió con lo ordenado por el Juzgado dentro de los lineamientos vigentes y dispuestos por el BCRA; que la tasa de interés varía conforme a los cambios económicos respectivos, adjuntando tabla de tasas de interés proporcionada por el Banco Central.

De lo expuesto surge que el Banco demandado al contestar demanda se opuso a la existencia de obligación de su parte de abonar otras tasas de intereses superiores a las pagadas y al expresar agravios en contra de la sentencia de primera instancia se agravió de la condena a abonar intereses a la tasa del 40 % a partir del 09/08/02 y hasta la fecha de interposición de la demanda.

En consecuencia la sentencia impugnada no excedió los límites de decisión de la alzada en cuanto resolvió que no existe pacto, contrato ni convenio entre la Quiebra y el Banco demandado sobre las tasas de interés que debía abonar el Banco demandado por los depósitos a plazo fijo existentes a nombre de la actora.

En cuanto a la naturaleza de la relación existente en el depósito de fondos judiciales a plazo fijo, se ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia con motivo del corralito financiero, reprogramación de depósitos y pesificación y en su mayoría decidieron que no existe pacto, contrato o convenio en el depósito de fondos judiciales en plazo fijo.

Así, tiene dicho la Suprema Corte de Mendoza, 19/11/03, in ré: Banco de la Nación Argentina en j 28.463/27.114 Banco de la Nación Argentina en j 15.434 Industrias Alimenticias Copisi p/ Quiebra s/ Rec. Directo s/ Inc. Cas., , La Ley Gran Cuyo 2003 (diciembre), 827; DJ, 2004-1, 337, que las imposiciones judiciales difieren de las cuentas que vinculan a los bancos con sus clientes, entre otras, por las siguientes circunstancias: responden al cumplimiento de cargas y obligaciones enmarcadas en la actividad jurisdiccional; generalmente, están destinados a la satisfacción inmediata de una sentencia; los fondos están siempre disponibles a la orden del tribunal; no existe una cuenta corriente en el sentido reglado por el código de comercio; no existen cheques librados contra esa cuenta inexistente sino órdenes de pago; el banco actúa como un simple custodio, una "longa manu" del órgano judicial; A su vez, el juez no es el propietario de los fondos que se depositan a su nombre y la única razón por la que van a los bancos autorizados es porque no existe otra forma de custodiar y disponer de ese dinero. El magistrado no obra en interés propio sino en cumplimiento del deber de custodia de otros; que la consecuencia lógica de estas diferencias es que no se apliquen a la colocación de fondos judiciales en las instituciones oficiales las mismas disposiciones que gobiernan las relaciones voluntarias entre los bancos y sus clientes, desde que los fondos ingresan a la banca oficial a la orden del juzgado actuante sólo como una forma de custodiarlos mientras se sustancia la causa judicial.

En relación a los depósitos judiciales tiene dicho esta Corte (sentencia N° 340, 21/05/02, Viaña Servando s/Sucesión), que la doctrina señala que no constituyen contratos bancarios típicos, sino que tienen una naturaleza diferente determinada por su finalidad, cual es la de dotar de seguridad a las sumas de dinero retenidas en juicios, sobre las cuales los jueces tienen el deber de custodia, y de disposición conforme el resultado de los litigios (cfr. Villegas, Carlos G., "Compendio Jurídico, Técnico y Práctico de la actividad bancaria", Depalma 1985 p. 490); que con la finalidad de resguardar con la máxima seguridad posible esos dineros, los magistrados entregan tales fondos en depósito irregular (arts. 2185 inc. 2, y 2189 del Código Civil) al Banco del Tucumán S.A., el cual asume la obligación de custodiarlos en ejercicio del servicio público que cumple por su carácter de agente financiero exclusivo de la Provincia (ley 6763 B.O. 22-5-96); que en la cláusula segunda punto b del contrato de prestación de servicios de la Provincia con el Banco del Tucumán S.A., esta entidad asume la obligación de recibir los depósitos judiciales, por lo que la Provincia le abona una contraprestación por su carácter de agente financiero exclusivo (art. 10 de la ley 6763, B.O. 22-5-96); que por tales motivos los depósitos judiciales, no provienen de típicos contratos bancarios.

Conforme a la jurisprudencia antes mencionada, los depósitos judiciales a plazo fijo no constituyen un contrato típico, por lo que no resulta arbitraria la sentencia impugnada en cuanto afirma que en el presente caso no hubo pacto, convenio ni contrato, lo que asimismo acuerda fundamento suficiente a la afirmación sentencial que la falta de información suficiente carece de incidencia en la resolución arribada, de lo que se deriva que los agravios formulados por el recurrente sobre la falta de información con sustento en la Ley de Defensa del Consumidor deben igualmente ser desestimados.

Asimismo ha dicho la Corte de la Nación in ré, Ismael Olivares y Timbo S.A.C. s/inc. de extensión de quiebra en: Yacuiba S.A. s/quiebra, 02/12/2004, LA LEY 2005-A, 281, que la forma de imposición de los fondos, la moneda en que podrá ser efectuada, el tipo de inversión a realizar, o que tasas de interés se habrán de aplicar, son cuestiones previstas por leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina que regulan el sistema financiero. En consecuencia tampoco luce arbitraria la sentencia en cuanto revoca parcialmente la sentencia apelada por considerar que el Banco no resulta obligado a pagar otras tasas que las abonadas a partir del 09/08/02 en adelante en razón que según surge del informe proporcionado a fs. 943/965 -no cuestionado por el recurrente-, el Banco demandado ha respetado la normativa del B.C.R.A. y del mercado financiero existente en esos momentos.

Igualmente, la decisión sentencial acerca de la vía elegida por la actora carece de incidencia alguna en el resultado arribado, constituyendo una manifestación del Tribunal que resulta inocua en la sentencia impugnada, que en nada afecta los intereses del recurrente De otro lado, tampoco se encuentra razón al impugnante cuando menciona que le causa gravamen el hecho de que la Cámara habría utilizado fundamentos no expuestos en el memorial de agravios contra la sentencia del juez a quo, en una extensión indebida de sus facultades que conlleva la violación del principio de congruencia. Ello así por cuanto el tribunal de alzada no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a quo. Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho. No afecta al principio de congruencia el hecho de que el tribunal decida el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes o por el Juez. Y es que, en definitiva, corresponde distinguir los agravios del recurrente -verdadero límite al conocimiento y decisión del tribunal que debe restringirse a la cuestión planteada en ellos- de los fundamentos o razones vertidos por aquél para sostenerlos: de estos últimos puede apartarse válidamente el tribunal si de su análisis fáctico y jurídico concluye en que existen otras razones válidas para sustentarlos (CSJTuc., Sentencia N° 880, 18/10/01, "Rodrigo Francisco y otro s/Usura - Estafa en grado de tentativa y defraudacion").

Es preciso señalar que el tribunal de mérito es libre en la selección de las pruebas en las que habrá de determinar los hechos y su convicción judicial. La valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga. Y por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado. La jurisprudencia es conteste en señalar que queda fuera de este ámbito recursivo, el revisar la valoración de las pruebas aportadas, ni el juzgamiento de los motivos que forman la convicción del tribunal a quo.

Esta Corte tiene dicho que la decisión al respecto sólo puede ser revisada cuando se invoca una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria (cfr. CSJT, sent. n° 869, "Herrera Ramón Alberto s/Prescripción adquisitiva" del 01/11/2004; sent. n° 861, "Aranda Patricia Cecilia vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/Cobros" del 27/10/2004; sent. n° 852, "Gómez, Osvaldo vs. Hoffman, Gaspar Francisco s/Acción posesoria de recobrar la posesión" del 25/10/2004; entre otras), lo que en el caso aparece indemostrado.

La lectura del fallo impugnado revela la inexistencia de un déficit en la motivación del acto sentencial, que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido. El recurso interpuesto exhibe un mero desacuerdo con las apreciaciones del tribunal de mérito, insuficiente per se para justificar la procedencia del mismo. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo (cfr. CSJT, sent. n° 438, "Silva, Walter Fabián vs. Arzobispado de Tucumán s/Daños y perjuicios"; sent. n° 752, "Suc. Díaz, Carlos Celestino vs. Georgieff, Basilio Luis s/Desalojo", del 28/8/2002; entre otras), pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJTuc., sentencia N° 160, 21/03/07, "Raiden Lazcano Guillermo César y otro vs. Givogri Raúl y otro s/ Daños y perjuicios").

Las razones dadas por el tribunal lucen suficientes para justificar la conclusión a la que arriba, sin que de las constancias de la causa emerjan elementos que respalden la tacha de arbitrariedad que se formula al pronunciamiento.

Estando dirigido el remedio extraordinario local al control de legalidad del fallo impugnado, la falta de fundamentación adecuada del planteo define negativamente la suerte del recurso intentado. Esta Corte ha reiterado en numerosos pronunciamientos que al interponer un recurso casatorio es menester que exponer una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio impugnado (cfr. CSJT sent. n° 140 del 18/3/2003, sent. n° 82 del 27/02/2001; sent. n° 476 del 10/6/2002; sent. n° 778 del 25/9/2001, entre otros), lo que no acontece en la especie.

Por las razones dadas, cabe rechazar el recurso deducido por la parte actora.

VI.- Al recurso del demandado.

Se agravia el recurrente de la imposición de costas por su orden por considerar que el éxito obtenido por la actora es insignificante en comparación a su derrota; que se le debió imponer la totalidad de las costas o bien por el rubro que no progresa la demanda.

La sentencia impugnada sostiene que, atento el resultado parcial obtenido y naturaleza de la cuestión, estima que las costas en ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

El recurso ha sido concedido por auto del 30/11/11 (fs. 1364), correspondiendo el rexamen de admisibilidad -y en su caso-, de procedencia. Ha sido deducido en término, acompaña depósito judicial y propone doctrina legal.

Sin embargo, los recursos de casación interpuestos sólo contra la distribución de las costas, no constituyen sentencia definitiva en los términos del inc. 1 del art. 748 procesal, señalándose además que el requisito de definitividad es un recaudo propio y autónomo del recurso extraordinario local que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (sentencia n° 488 del 12/6/2007).

Tampoco ha sido alegado ni acreditado en el caso, ni concurre a él, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad de la sentencia impugnada pues la temática lejos está de consistir en una violación a la estructura esencial del procedimiento, a las garantías y derechos constitucionales o de involucrar el interés de la comunidad toda (cfr. CSJT, sentencias 181/2002; 272/2003 relativas asimismo al tópico de la caducidad y sentencia 1020 del 30/10/2006, "Díaz, Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz S.A.I.C.F. s/ Despido"; sentencia 863 del 25/9/2006; sentencia 172 del 24/3/2000; sent. 1073 del 20/12/2001; entre otras).

Pero además, y a mayor abundamiento, en pronunciamientos reiterados esta Corte ha dicho que la imposición de las costas en el proceso configura una cuestión de hecho, librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de ser revisada en esta instancia extraordinaria. Y si bien tal principio no es absoluto, pues cede en supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (cfr. CSJT, sentencia 1120 del 10/12/2002; sentencia 1121 del 10/12/2002; sent. 1132 del 11/12/2002; sentencia 193 del 23/3/2001; Sentencia N° 894, 29/09/09, "Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera (O.S.P.A.A.T.) s/ Concurso preventivo s/ Incidente de revisión (promovido por la A.F.I.P. - D.G.I.)" entre varias otras); lo cierto es que tales supuestos no se encuentran configurados en el caso de autos, en razón que efectivamente hubo vencimiento recíproco y que la actora tuvo razón probable para litigar, teniendo en cuenta que cuestionó la suficiencia del recurso de la demandada y que la Cámara recepcionó el recurso calificando al memorial como de agravios mínimos, por lo que la sentencia en tal sentido no resulta arbitraria. En consecuencia, el recurso de la demandada deviene inadmisible. VI.- En cuanto las costas de esta instancia en relación a ambos recursos, corresponde se impongan por su orden en mérito al vencimiento recíproco de las partes y a lo previsto por los arts. 105 inc. 1 y 108 del CPCyC	El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo	Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito, al recurso de casación deducido por el síndico de la quiebra actora, CPN Adolfo A. Jerez (fs. 1321/1330) en contra de la sentencia del 17/3/11 (fs. 1289/1303) dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

II.- DECLARAR INADMISIBLE, con pérdida del depósito, al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte demandada (fs. 1312/1318) en contra de la sentencia del 17/3/11 (fs. 1289/1303) dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

III.- COSTAS de la instancia, conforme a lo considerado.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032340-01