Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, habeas corpus, emergencia sanitaria, coronavirus, telefonía celular, derecho de comunicación, servicio penitenciario, personas privadas de la libertad
Materia: PROCESAL-SALUD PUBLICA-PENAL
Carátula: Acción de hábeas corpus correctivo colectiva interpuesta por Mario Alberto Juliano, en su carácter de Director Ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-27

Cabe rechazar el recurso de apelación deducido y, en su mérito, confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de hábeas corpus -autorizando a las personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia a utilizar telefonía celular durante ocho (8) horas semanales y ordenó a la Subsecretaría de Políticas Penales que establezca un protocolo para el uso de tales medios de comunicación-, ello así, pues la recurrente reprocha la falta de valoración de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria para posibilitar la comunicación de los internos con sus familiares autorizados, sin que tal afirmación haya sido motivo de una crítica concreta y fundada que demuestre el yerro en el razonamiento seguido por el a quo. Si bien son las autoridades a cargo del servicio penitenciario, en coordinación con las autoridades judiciales respectivas, las que debe adoptar las medidas para organizar el funcionamiento del área estatal en cuestión, no cabe duda que incumbe a los jueces por medio de la acción expedita de hábeas corpus, tomar las decisiones que resulten conducentes para restablecer el ejercicio de derechos derivado de la inacción de aquellos funcionarios. Dicha inacción se hace evidente en circunstancias en las que el contacto con el medio exterior por parte de los reclusos no resulta habilitado por ninguna metodología sustitutiva razonablemente satisfactoria; las restricciones o limitaciones fácticas y normativas al régimen de visitas generado por razones sanitarias a partir de la pandemia de COVID-19, imponen la adaptación del servicio penitenciario a fin de proveer alternativas a ese tipo de contactos que favorezcan, en la medida de lo posible, una vinculación de los internos con sus familiares de características similares a las del acercamiento físico. Es por eso que la problemática ha sido resuelta de manera equilibrada en el fallo impugnado, en tanto la vigencia del derecho de comunicación fue restaurada tomando en consideración los objetivos de la norma prohibitiva, que no son otros que los de impedir que un uso ilimitado y carente de controles de los dispositivos celulares amenace el normal desarrollo de las tareas de custodia y seguridad que el servicio penitenciario tiene a su cargo en orden a cumplimiento de la pena de prisión o del encierro cautelar. A mayor abundamiento, no se observa que la recurrente haya puesto de manifiesto con fundamentos precisos y suficientes, de qué modo se encontraría afectada la seguridad interna de las unidades penitenciarias y la de la población en general, máxime que el suministro limitado de los teléfonos celulares es sometido a ulterior control por parte de una comisión especialmente creada a tal efecto y conforme a un protocolo en cuya conformación ha participado la Secretaría de Seguridad de la Provincia, por lo que es fácil concluir que no ha sido transgredida la prohibición legal -art. 160 de la Ley 24660-.