Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12


AUTOS Nº 38.827 (Quinto Juzgado Civil) (SALA III Nº 8919) "MATUS Carina Lorena C/ Mondaca Juan Antonio y Gil Sergio Raúl - Daños y Perjuicios - Sumario" En la ciudad de San Juan, a 12 días del mes de Agosto de dos mil nueve, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia de la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y, los Dres. Moisés Moya y Humberto Caballero como vocales, para conocer sobre el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 189, contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 obrante a fs. 176/185 de estos autos.-EL DOCTOR MOISES MOYA DIJO: - - El Sr. Juez a-quo resolvió: "Rechazar la demanda en todos sus términos en razón de que el accidente de marras reconoce como único responsable y culpable a la víctima Sr. Daniel A. Guerra, con costas.- Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad".

Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 186, el mismo se le concede a fs. 189. Expresa agravios a fs. 207/213 vta., los que fueron contestados por la contraria a fs. 215/224 vta.. Las partes hacen expresa reserva para interponer los recursos extraordinarios de la Ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley 48. - Sin perjuicio de la relación de la causa llevada a cabo por el Juez a-quo en la sentencia apelada, diré que: El presente proceso tiene origen en la demanda de daños y perjuicios promovida a fs. 06/11 por la Sra. Carina L. Matus -cónyuge supérstite de la víctima, Sr. Daniel Guerra- por sí y, en representación de su hijo menor Jesús A. Guerra Matus, contra el Sr. Juan A. Mondaca -conductor del camión que intervino en el evento dañoso-, Sr. Sergio R. Gil -empleador del conductor- y, contra quien resulte ser titular a la fecha del accidente del camión marca Mercedes Benz, Modelo 1114, Dominio B 1779779.

Expresa que la víctima se desempeñaba como dependiente de la Municipalidad de Santa Lucía, en el sector de recolección de residuos domiciliarios. El grupo que integraba estaba conformado por el Sr. Mondaca -encargado de manejar el camión y de accionar el mecanismo de compactación, revistiendo el carácter de dependiente del co-demandado Sr. Gil- y por el Sr. Gregorio Dominguez -quien junto a la víctima cargaban la basura y la colocaban en el camión, revistiendo la calidad de dependientes del Municipio-.

Continúa el relato la actora expresando que el accidente ocurrió el día 04/08/1997 a las 15 hs. aproximadamente, en circunstancias que el grupo referido se encontraba efectuando el trabajo de recolección de residuos en calle Pueyrredón a unos metros al sur de calle Maipú. Aduce que el Sr. Mondaca efectuó la tarea de compacto sin advertir que la víctima se encontraba cargando basura y como consecuencia de ello, la prensa le atrapó la cabeza destrozándosela y causando su fallecimiento en forma instantánea.

Expresa que el occiso en nada contribuyó a la producción del siniestro, siendo sólo sujeto pasivo del mismo, porque actuó correctamente en el cumplimiento de su trabajo. Alega sobre la responsabilidad de los co-demandados: a) en relación al Sr. Mondaca aduce que actuó negligente e imprudentemente resultando aplicable el art. 1109 del C.C..

Agrega que el demandado no se dio cuenta de lo ocurrido porque se encontraba con los vidrios levantados, que fue la testigo Sra. Tula de Guevara quien le advirtió lo ocurrido.

Expresa la actora que el demandado de ninguna manera podía accionar el mecanismo sin antes observar que adelante suyo estuvieran los operarios; b) con respecto al Sr. Gil le atribuye responsabilidad en los términos del art. 1113 del C.C..- Reclama: a) Daño Material - Valor Vida: $250.000 con más intereses, tiene en cuenta el monto que percibía por su trabajo y la edad que tenía al momento del accidente -22 años-. De dicho monto reclaman 70% para la cónyuge supérstite y el 30% para el hijo; b) Daño Moral: Para cada uno de los accionantes la suma de $120.000 a la fecha de promoción del juicio, con más los intereses.

Reclama en definitiva, la suma de $ 490.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendir y de lo estimado conforme el prudente arbitrio judicial, con más intereses. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda condenando a los accionados al pago de las sumas reclamadas con costas.

Los demandados comparecen a fs. 39/45 y oponen al progreso de la acción excepción de falta de legitimación activa y argumentan al respecto.

Subsidiariamente responden la demanda interpuesta en su contra, negando todos y cada uno de los hechos expresados por la parte actora e impugnan los rubros reclamados. No obstante, reconocen el acaecimiento del evento dañoso y relatan los hechos. Peticionan el rechazo de la acción, con costas.

Se ordena correr traslado a fs. 49 a la parte actora de la excepción opuesta por los demandados, quien lo responde a fs. 50/51 vta., solicitando su rechazo.- -Se abre la causa a prueba a fs. 68, clausurándose el período probatorio a fs. 154.

El informe en derecho de la parte demandada corre agregado a fs. 167/169 vta. y el de la actora a fs. 170/174.

Se corre traslado a la Sra. Asesora Letrada de Menores a fs. 156, emitiendo dictamen a fs. 157.

La sentencia apelada -transcripta en su parte dispositiva- causa agravios a la actora que resumiré del siguiente modo: - -La apelante expresa que el juez a-quo rechazó la demanda luego de hacer una defectuosa y parcial meritación de los hechos, omitiendo aplicar el derecho, o interpretándolo o aplicándolo en forma errónea.

Agrega que se encuentra probada en autos la procedencia de la acción que interpuso, por encontrarse acreditada la responsabilidad de la parte demandada.

Le agravia que el Inferior exprese que no advierte nexo de causalidad alguno entre la conducta de los demandados y el evento dañoso, cuando el nexo quedó acreditado -afirma la recurrente- al producirse el accidente, porque el chofer demandado compactó sin estar habilitado para hacerlo.

Expresa que el propio accionado reconoció que no podía compactar sin tener a la vista los recolectores (fs. 121) con ello queda acreditado que si el Sr. Mondaca hubiera observado dicha norma, el siniestro no hubiese acaecido. Expone que quedó probado que el evento dañoso ocurrió por culpa y negligencia del Sr. Mondaca sin que exista ningún eximente de responsabilidad; el chofer del camión debe responder no sólo en virtud de la culpa objetiva sino en base a lo previsto por el art. 1109 del C.C..

Agrega que el Sr. Gil en su carácter de empleador y titular de la cosa es responsable (su responsabilidad surge de la absolución de posiciones de fs. 129, del Sumario Penal y de la 6° respuesta de la absolución de posiciones rendida por el Sr. Mondaca).- Afirma la apelante que el Inferior ha violado el principio de no contradicción y que ha omitido considerar prueba determinante para resolver la causa conforme a derecho.

Expresa que el Juez a-quo argumenta correctamente -legislativa y jurisprudencialmente- sobre los alcances de la culpa objetiva pero, al apreciar los hechos ocurridos, lo hace en forma distorsionada dictando una resolución errada. Continúa diciendo que el Inferior para eximir de responsabilidad a los demandados, le adjudica a la conducta de la víctima características de imprevisible e irresistible propias del caso fortuito.- Afirma que no ha tenido en cuenta el sentenciante en qué consiste el proceso de recolección -transcribe el testimonio del Sr. Guardia que corre a fs. 112-, resultando indispensable considerar que las bolsas deben ser depositadas y no arrojadas a fin de acomodar la carga a efectos de reducir el número de compactaciones.

Agrega que a fs. 21 vta. del Sumario Penal el perito expresó que en la parte trasera del camión se observa "un paragolpe de unos treinta centímetros de ancho y a una altura de cuarenta centímetros del suelo" ello -expresa la apelante-, es para que los recolectores suban y bajen fácilmente y acomoden las bolsas cómodamente, de allí la prohibición del chofer de compactar sin tener a la vista los obreros.- Manifiesta la apelante que el Inferior tiene por probadas cuestiones que no están acreditadas en autos, como que "el occiso dio la orden de compactar" cuando el testigo Sr. Domínguez -que estaba 100 mts. adelante cuando ocurrió el hecho, sostuvo que no sabía si hubo o no orden (fs. 133).

Continúa diciendo que el único que aduce que los recolectores le dieron la orden de compactar fue el propio demandado, cuando no es real porque el accionado en tal ocasión tenía los vidrios cerrados -declaración de la Sra. Tula a fs. 27 del Sumario Penal-.

Agrega que es imprescindible tener en cuenta que el proceso de compactación demora 3 a 4 segundos -declaración del Sr. Guardia a fs. 112 vta.- resultando imposible que el occiso haya tenido tiempo para dar la orden de compactar e introducirse para acomodar la carga.

La demandada al contestar los agravios solicita se declare desierto el recurso porque el memorial de agravios no reúne los requisitos de crítica concreta y razonada del fallo apelado conforme lo dispuesto por el art. 265 del C.P.C..

En primer lugar debo aclarar, con respecto al pedido de la demandada que solicita se declare desierto el recurso de la contraria, por no reunir los requisitos que exige el Art. 265 del C.P.C. que, al respecto, este Tribunal reiteradamente ha dicho: "Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.), ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del código citado, en caso de duda y, a condición que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación." (Prot. de Sent. T° III, F° 527/529, Año 1999; Prot. de Autos T° I, F° 27/28, Año 2002; Prot. de Autos T° I, F° 41/44, Año 2004 y otros).

Por lo tanto los agravios expresados por la actora serán debidamente considerados.-Entrando entonces en el tratamiento de los agravios expresados por la actora apelante, entiendo que le asiste razón en cuanto a que el A-quo no debió rechazar la demanda, considerando que la víctima fue la única responsable del accidente que le costó la vida y, exonerando al conductor del camión y de la compactadora de toda culpa, así como también al propietario del citado vehículo y co-demandado en estos autos de toda responsabilidad, contradiciendo las disposiciones de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil.

Le asiste razón también a la apelante en cuanto a que el propio accionado reconoció que no podía compactar sin tener a la vista los recolectores (fs. 121), con lo que queda acreditado que si el Sr. Mondaca hubiera observado dicha norma, el siniestro no hubiese acaecido.

Asimismo le asiste razón a la apelante, en que el evento dañoso ocurrió por culpa y negligencia del Sr. Mondaca sin que exista ningún eximente de responsabilidad. Es decir que, al no haber ningún eximente de responsabilidad, debiendo atribuirse la totalidad de la culpa al demandado, por cuanto no cabe duda que su accionar es la causa del accidente que costó la vida a la víctima, esposo y padre de los actores en autos.

En efecto, el A-quo no ha hecho aplicación del art. 1113 en la segunda parte del segundo párrafo del Código Civil, que expresamente dispone que "Si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder".

De haber aplicado la disposición citada, no habría resuelto atribuir culpa exclusiva a la víctima como lo ha hecho.

La culpa de la víctima debe ser de carácter exclusivo, que despeje por completo el nexo de causalidad entre el hecho del accidente y el daño (art. 1113 del Cód. Civil). Para ello dicha culpa debe aparecer como la única causa del daño, y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.

Aquí no se rompió la relación de causalidad entre el hecho de la víctima y la cosa riesgosa y el deber de seguridad impuesto a la Empresa prestadora del servicio. La supuesta imprudencia de la víctima no exime, por sí sola, de responsabilidad al propietario de la cosa riesgosa (Prot. de Sent.-Tº I-Fº 151/171- Año 2000 de esta Sala).- Además este Tribunal tiene dicho, que resulta de aplicación el art. 1113 del Código Civil, por la omisión en el control de seguridad, es la llamada responsabilidad objetiva. (Prot. de Sent. Tº III-Fº 456/480-2001 ). -En el caso en tratamiento, si bien la víctima debió obrar con mayor prudencia, dadas las circunstancias de tiempo y lugar, el hecho pudo haberse evitado si la demandada hubiera adoptado las medidas de seguridad y prevención en forma adecuada.

Analizaré la conducta del demandado y su grado de culpabilidad, conforme a las pruebas obrantes en estos autos: 1) No advirtió el demandado que el Sr. Guerra no se encontraba a su vista, sin embargo activó la compactadora, lo que implica una grave negligencia de su parte.

La obligación de tener a la vista a los operarios, reconocida por el demandado al contestar la posición N° 14 a fs. 121, es una norma de seguridad que no podía ser omitida por el conductor del camión y de la compactadora, porque de ello dependía la seguridad de los operarios ante el grave riesgo que dicha omisión constituía, al punto que le costó la vida al trabajador.- 2) Debido a la omisión referida, nada pudo hacer el demandado ya que, cuando tomó conciencia de lo que había ocurrido, el Sr. Guerra estaba sin vida, lo que por cierto produjo gran consternación en el demandado.

Lo dicho deja claro que, el haber accionado la compactadora sin tener a la vista en todo momento a la víctima, constituye una grave imprudencia por parte del demandado, por lo que de ninguna manera puede eximírselo de, como lo ha hecho el Juez A-quo, debiendo este Tribunal revocar la sentencia y, en su lugar, admitir la demanda, atribuyendo el total de la culpa al demandado por su obrar en el desgraciado hecho que le costó la vida al Sr. Guerra, por cuanto de su exclusivo accionar dependía la seguridad de los que con él trabajaban.

Se dan en este caso los presupuestos de la responsabilidad civil en materia resarcitoria (tanto contractual, como extracontractual), que deben concurrir para el acogimiento de la acción: a) Una acción u omisión antijurídica y culpable, b) La producción de un daño y c) La relación causal entre el hecho u omisión y el daño.- (ver Protocolo de Sentencias Tro. II- Fro.257/271-año l997; Protocolo de Sentencias Tro. II- Fro. 221/237-año 2002, entre otros).

Por lo que concluyo, como dije que el accidente objeto de esta causa tuvo lugar por culpa exclusiva del conductor del camión Sr. Juan Antonio Mondaca, de conformidad con las disposiciones de los arts. 1109, 1113 y cc. del Código Civil.

Corresponde así admitir los agravios de los actores en cuanto al rechazo total de la demanda, la que debe prosperar conforme a la atribución de culpa del demandado. Asimismo resulta responsable del siniestro el co-demandado Sr. Sergio Raúl Gil en su calidad de propietario de la cosa riesgosa, de conformidad con las disposiciones del art. 1113 del Código Civil segunda parte, 2do. párrafo, debiendo responder solidariamente con el demandado, lo que así propicio.

Debo ahora entrar en la consideración del reclamo hecho por los actores en su escrito de demanda.

La actora reclama en concepto de "valor vida" la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) más intereses desde la fecha del accidente. De esa suma reclaman el setenta por ciento (70%) para la cónyuge de la víctima y el treinta por ciento (30%) para el hijo menor. Por "daño moral" reclaman la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) para cada uno de los actores, es decir un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000) a la fecha del accidente.-Cada rubro solicitado, lo consideraré por separado comenzando por el primero.- - VALOR VIDA: El derecho de los actores surge de las disposiciones de los arts. 1084 y 1085 del Código Civil.

La vida humana tiene por sí un valor económico que debe ser resarcido, con independencia de que se pruebe o no el perjuicio que ella pudo haber producido, quedando por tanto librado su monto al prudente arbitrio judicial (ver E.D. Tro. 44-pág 1103-; Protocolo de Sentencias Tro. III-Fro. 420/427-año 1993). En este caso la víctima contaba con 22 años de edad.

Trabajaba como empleado de la Municipalidad de Santa Lucía, con un salario mensual de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($489,43), siendo el único ingreso de su grupo familiar, integrado por su esposa legítima y un (1) hijo a su cargo, todo lo cual surge acreditado de la prueba documental acompañada, la que no ha sido desconocida por la demandada.- Respecto a la procedencia del valor vida por muerte del esposo y padre de los actores, tiene dicho en forma reiterada este Tribunal: "En lo concerniente al tema resarcimiento por muerte de las personas, prevalece la idea de que la vida humana representa por sí un valor apreciable, y que su pérdida obliga a indemnizar todo el daño moral y material que se ocasione por el hecho ilícito a los deudos.

La vida constituye un bien susceptible de valoración, la muerte se levanta como un perjuicio irrefutable en atención a las potencialidades suprimidas, y basta la comprobación de esa realidad, por lo que a falta de otras pruebas no impide reconocer el derecho. En la fijación de la indemnización por pérdida de la vida humana, se debe atender más que a una rentabilidad en la producción de un capital, a las condiciones personales de la víctima, vida útil probable, posición en que quedaron los deudos y situación económica de los responsables (art. 1048 C.Civil) la "subsistencia" es entendida como todo lo que supone que la víctima hubiera representado como sostén y ayuda futura.

Es decir que la vida humana, además del valor que representa en su aspecto moral y afectivo constituye un bien económico susceptible de valoración, cuyo resarcimiento puede reclamarse por las personas indicadas en la ley de fondo (art. 1085 C.Civil) sin prueba del daño sufrido, y por el sólo hecho del vínculo familiar en los términos y dentro de las limitaciones que el Código ha establecido, correspondiendo al prudente arbitrio judicial, fijar el monto de la indemnización, sin que ello deba resultar de cálculos matemáticos, por el contrario para ello se debe tener en cuenta la edad de la víctima, condición social y demás circunstancias propias del caso.

Además para que sea procedente la indemnización por muerte, no es necesario que el daño recaiga sobre un derecho de contenido patrimonial, porque es admitido que aquélla también tiene lugar cuando se lesionan derechos personalísimos, con independencia del daño moral. En cuanto a este último, no necesita ser probado, la existencia del mismo se tiene por acreditado por el sólo hecho de la acción antijurídica.

A falta de elementos indicativos respecto a su monto, el mismo queda librado al prudente arbitrio judicial (Prot. de Sent. Tro. II-Fro. 303/401, 1989 "Dech Ahmed c/Juan Carlos Alvarado y otros-Sumario-Daños y Perjuicios")( Protocolo de Sent. Tro.II-Fro. 293/300-año l990 ; Protocolo de Sent. Tro.II Fro. 387/395-año-l991; Prot. de Sent. T IV, F 618/628, Año 2005 y otros).

En el caso de autos en que, repito, se reclama el valor vida se trata del esposo y padre de los actores, por los fundamentos expuestos el mismo es procedente, por el solo hecho del vínculo.- La prueba del daño sólo corresponde que la rindan quienes no son herederos forzosos.- -Para la fijación de la indemnización por la muerte de la víctima (vida humana) -insisto- debe tenerse en cuenta su edad (22 años), actividades (empleado municipal), habiéndose acreditado sus ingresos.

También se debe tener en cuenta las circunstancias particulares de quienes reclaman, en este caso la viuda Sra. CARINA LORENA MATUS, por sí y por su hijo menor JESUS ALEJANDRO GUERRA MATUS.

También hemos dicho con anterioridad que: "La muerte del esposo o del padre configura un daño que puede tener enorme significación patrimonial, pero lo que se debe por razón de él no es a título de lucro cesante, sino de reparación del daño emergente que el hecho ilícito produce al damnificado, al privarlo del sostén material que proveía al cuidado de su vida y remediaba las necesidades materiales y morales" (E.D. 14-16). "La indemnización por pérdida de vida humana está librada al prudente arbitrio judicial y su determinación no está sujeta a cálculo matemático alguno". (Prot. de Sent. Tro. II-Fro. 387/395-1991).

Teniendo en cuenta las pautas supra indicadas, estimo prudente fijar en concepto de valor vida la suma de pesos: CIEN MIL ($100.000), conforme precedentes de esta Sala. Esa suma se fija a la fecha del accidente, con más los intereses de la tasa activa hasta la fecha del efectivo pago, conforme el criterio fijado por la Excma. Corte de Justicia, en PRE, Sala II, sentencia de fecha 3 de Abril de 2003, en autos "Veragua Sixto c/ SES- Daños y Perjuicios- Inconstitucionalidad" (PRE, Sala II 2003- I- 171), a cuyos fundamentos adherimos respecto al cálculo de los intereses.- La Corte dijo que sobre esta cuestión ya ha tenido oportunidad de pronunciarse (PRE Sala II- 1998-III- 422), donde dejó sentado que los intereses se adeudan desde la fecha del infortunio, atento a que desde esa fecha también se adeuda la indemnización.- De dicha suma, conforme lo solicitado, corresponde el setenta por ciento (70%) para la esposa, es decir la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000) y el treinta por ciento (30%) para el hijo menor, es decir la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) , que los demandados deberán pagar a los actores en forma solidaria, dentro de los quince días de consentida la presente con más los intereses indicados supra. - DAÑO MORAL: Reclaman los actores la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL ($120.000) para cada uno. -Al respecto este Tribunal tiene dicho: "El daño moral es la lesión a los derechos extrapatrimoniales del sujeto que afectan a su honor, paz, dignidad, pudor, seguridad personal, afecciones legítimas o el goce de sus bienes, en suma todos los padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho ilícito.

Su determinación está librado al prudente arbitrio judicial, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso (dolor, tristeza y soledad provocada por la muerte de la víctima esposo y padre de los actores).

Como lo señala Alfredo Orgaz ("El daño resarcible" Nro. 68 pág. 63), no existe ninguna relación forzosa entre el perjuicio moral y material y para su determinación se debe tener en cuenta la gravedad objetiva del daño (Ver Moisset Iturraspe "El valor de la vida humana" p. 206) (Prot. de Sent. Tro. III-Fro. 524/534- Año 1993 "Cabanay Vda. de Aballay Marta I. C/ Duilio Hernández-Sumario").

Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la causa ya indicadas, estimo prudente fijar en concepto de indemnización por daño moral a favor de los actores, la suma de pesos: SESENTA MIL ($60.000) a la fecha del accidente, con más los intereses tasa activa hasta la fecha del efectivo pago conforme lo expresado, respecto al valor vida. De dicho importe corresponde a la esposa el setenta por ciento (70%) y al hijo menor el treinta por ciento (30%).

Dichas sumas los demandados deberán pagarlas a los actores en forma solidaria, dentro de los quince días de consentida la presente con más los intereses indicados supra.- - Voto en consecuencia por la admisión del recurso articulado por los actores, contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 obrante a fs. 176/185 de estos autos, la que se revoca. En su lugar se admite la demanda en la forma expresada y por los montos supra indicados. - Las costas en ambas instancias se deben imponer a los demandados vencidos por el monto que prospera la demanda, en razón del carácter indemnizatorio de la condena ( art. 74 del C.P.C.). - -LOS DOCTORES CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA Y HUMBERTO CABALLERO, por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, disposiciones y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Admitir el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 189, contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 obrante a fs. 176/185 de estos autos, la que se revoca por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes. En su lugar se resuelve que el accidente objeto de esta acción, tuvo lugar por culpa exclusiva del demandado Juan Antonio Mondaca.- En consecuencia condenar a los demandados en forma solidaria a pagar a los actores, dentro de los quince días de consentida la presente, la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) en concepto de valor vida y, por daño moral la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000), ambas sumas a la fecha del siniestro (04/08/1997).

Desde dicha fecha y hasta el efectivo pago se deberá adicionar los intereses de la tasa activa (Ley 4119).- Las costas en ambas instancias se imponen a los demandados vencidos, por el monto que prospera la demanda (art. 74 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- FDO: DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT,. SENT. T III-F 509/516 -2009-