Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-07


AUTOS Nº 74243 (9° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11788) "CABELLO Julio Cesar y Otros C/ Totalgaz Argentina S.A. - Sumario" ///En la ciudad de San Juan, a 7 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Juan Carlos Pérez y Daniel Olivares Yapur, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 905, concedido a fs. 911, contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2015, obrante a fs. 845/875.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

La Sra. Juez del Noveno Juzgado Civil a fs. 845/875 de autos resolvió: I) Hacer lugar a la demanda condenando "in solidum" a Juan Pablo Torres y Avimar Lubcom S.R.L. a pagar a los actores, en el plazo de diez días de consentida o firme la presente, la suma de Pesos Ochenta y tres mil cuatrocientos ($ 83.400), con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (ley 4119). Costas a los vencidos. II) Rechazar la demanda deducida contra Totalgaz S.A. (hoy Total Especialidades Argentina) y contra Nalux S.A. Costas a los actores vencidos. III) Declarar abstracta la declinación de garantía opuesta por Federación Patronal respecto de Totalgaz S.A.(hoy Total Especialidades Argentina). Costas por su orden. Hacer lugar a la declinación de garantía opuesta por Federación Patronal S.A. respecto de Avimar Lubcom S.R.L. Costas a la vencida. IV) Hacer lugar a la declinación de garantía opuesta por H.S.B.C. La Buenos Aires. Costas a la vencida. IV) Regular honorarios al Dr. Oscar Blanco Genest por su actuación en doble carácter en el 11% de la base, por una etapa y media del proceso, como ganador, y a los Dres Carlos Cocco y Gustavo Gastón Noguera Ramos por sus actuaciones en forma conjunta, en doble carácter por una etapa y media del proceso, como ganadores, en el 11% de la base firme. Regúlanse honorarios a los Dres. Silvina E. y Héctor Gerarduzzi, por su actuación en carácter simple como vencidos, en dos etapas, en el 7% de la base firme. Regúlanse honorarios a los Dres. Leonardo Mallea Torrens, Sergio Javier Bustos y Marcela Delgado, por sus actuaciones en doble carácter, como vencidos, por una etapa y media del proceso, en el 5,25% de la base firme. Regúlense los honorarios del Dres. Pablo N. Oritja y Laura Guiraldi por su actuación en doble carácter por una etapa y media del proceso, como vencidos, en el 5,25%. Regúlanse los honorarios al Ing. José Ricardo Godoy y al Dr. Raúl Iturrieta en el 1,5% de la base firme. Regúlanse los honorarios del Dr. Daniel Roberto Riveros por su actuación en doble carácter, como ganador, en tres etapas del proceso, en el 12,5% de la base firme. Regúlanse honorarios profesionales a los Dres. María Laura Rufrano y Francisco Rufrano por su actuación en doble carácter como vencedores, por su actuación en tres etapas del proceso en el 12,5% de la base firme. Regúlanse los honorarios del Dr. Enrique Miodowsky por su actuación en doble carácter, como vencedor, por tres etapas del proceso, en la suma de pesos quince mil ($15.000). Regúlanse los honorarios a los Dres Alberto Bloise y Sergio Bloise, por sus actuaciones en doble carácter, como vencedores, por tres etapas del proceso, en la suma de $ 15.000.

Contra tal resolución se alza en recurso la actora a fs. 905, el que se concede a fs. 911. Expresa agravios a fs. 912/917, los que contesta a fs. 926 la codemandada Avimar Lubcom SRL.

ANTECEDENTES	Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por la Señora Juez del Noveno Juzgado Civil, relato suscintamente los hechos a los fines de dar una razonable autonomía al presente. La acción se origina en el reclamo por daños y perjuicios que deducen los señores Julio César Cabello, Héctor Miguel Cabello y Mavel Sabina Cabello contra el Sr. Juan Pablo Torres empleado de la firma Totalgaz S.A., contra Totalgaz S.A. y la Empresa Avimar Lubcom SRL. Afirman que Totalgaz sería la firma proveedora de gas y Avimar Lubcom, la distribuidora del mismo, formando ambas parte de un mismo grupo económico. Reclaman la suma de $ 121.065,48 con mas intereses legales El hecho que origina el reclamo se produce el día 30 de enero de 2004 a las 10 hs aproximadamente, en Albardón, ocasión en que Cabello se dirigía a la ciudad de San Juan acompañado por su madre conduciendo el automóvil Volkswagen Polo dominio DMH 481 por calle Sarmiento en dirección este oeste. Habiendo pasado el camino que desvía a La Laja, se le aparece imprevistamente desde atrás de un camión que esperaba el paso del accionante para dirigirse al norte, el camión de Totalgaz SA el cual se atraviesa en forma repentina y lo impacta de frente. Aparentemente se quedó sin frenos y para evitar chocar al camión que estaba delante suyo, se abrió de carril atravesándose a Cabello. El impacto provocó la muerte de la Sra Encarnación Segovia Vda de Cabello, sufriendo el actor lesiones en rostro, cabeza y Costillas. El automóvil sufrió daños totales, atribuyendo los accionantes la culpa exclusiva del accidente al conductor del camión, quien violó las elementales normas de tránsito y atribuye responsabilidad total y solidaria por los daños reclamados al conductor, propietario y usufructuario del camión en los términos del art 1113 del C.Civil. Reclama el señor Cabello como daño emergente por privación de uso del vehículo; por arreglo del automóvil; gastos en remedios; gasto futuro de cirugía estética y lucro cesante. En concepto de daño moral reclama $ 12.500 y $ 2.000 por daño estético. Por la muerte de la Sra Encarnación Segovia, reclaman la suma de $ 20.000 y $ 45.000 en concepto de daño moral.

Resiste a fs. 77/78 tal atribución de responsabilidad el demandado Juan Pablo Torres negando en general los hechos invocados. Reconoce haber conducido el camión individualizado en la demanda y la calidad de ex empleado de la codemandada. Afirma que conducía de oeste a este por calle Sarmiento a velocidad moderada y antes del nacimiento de calle La Laja, circulaba un camión delante suyo, anunciando maniobra de giro a la izquierda o sea al norte. Empieza a frenar el camión que conducía pero no tienen respuesta los frenos, aún bombeando el pedal. Para evitar colisionar con el camión precedente, giró a la izquierda, viniendo por el otro carril el señor Cabello a alta velocidad. Asume que hubo falta de mantenimiento y control del camión por parte de la empresa titular del mismo "Totalgaz SA" y Avimar Lubcom SRL, pero sostiene que al estar interrumpida la relación de causalidad, su parte no es responsable del accidente.

A fs. 97/94 comparece la codemandada "Avimar Lubcom S.R.L." por medio de Gestor y niega en general y particular los hechos invocados en la demanda e impugna rubros y montos reclamados. Dando su propia versión de los mismos afirma que el día 30 de enero de 2004, el dependiente de la empresa señor Juan Pablo Torres fue comisionado a entregar el envío diario a la zona de Albardón. Siendo aproximadamente las 10 hs., según declaraciones de sus dependientes y recabadas por su parte, al momento de cruzar la calle Sarmiento con el camión de la empresa de reparto, incluso estando a la par de otro camión que transitaba conjuntamente a fin de cruzar tal arteria, el chofer advirtió una frenada brusca del camión que circulaba al lado y una vez atravesada la calle en cuestión, el vehículo de Cabello impactó en forma violenta y de manera frontal el costado derecho del camión. Afirma que el actor conducía a excesiva velocidad en zona densamente poblada, y no guardó el pleno dominio de su auto. Atribuye la culpabilidad exclusiva en el accidente a Cabello, único responsable del mismo. Solicita el rechazo de la acción.

Avimar Lubcom SRL a través de apoderados ratifica la gestión y solicita la citación en garantía de Federación Patronal Seguros S.A. y H.S.B.C. la Buenos Aires Seguros, ambas aseguradoras del camión Mercedes Benz, dominio WPR 705.

Citada la Titular registral del mismo, Totalgaz S.A., a fs. 127/132 comparece a través de Gestor y deduce excepción de falta de legitimación por no ser propietaria del vehículo desde el 8 de noviembre de 2000 y haber efectuado denuncia de venta. Tal actuación fue declarada nula a fs. 153/154.

La actora afirma como hecho nuevo que la empresa Nalux SA publicita en el mismo domicilio de Totalgaz SA y que Avimar Lubcom ya no publicita. A fs. 158/160 extiende la demanda a la firma Nalux S.A. afirmando que la empresa responsable del producto vendido es Totalgaz S.A y quien lo distribuye es Avimar Lubcom SRL y Nalux SA, todas con igual domicilio en Ruta 40 y 7, Pocito. Comparece la firma Nalux SA e interpone excepción de falta de legitimación pasiva, afirmando que el accidente fue el 30 de enero de 2004 y la firma es una persona jurídica que se constituyó el 24 de mayo de 2004 e inscripta en el registro de Comercio el 21 de octubre de 2004, por lo que no tiene responsabilidad alguna en el hecho denunciado en autos.

A fs. 237/241 se declara la nulidad todo lo actuado en contra de Totalgaz SA quien comparece con nuevos apoderados, contesta demanda a fs. 308/316 y opone excepción de falta de legitimación pasiva. Adhiere a los argumentos de Avimar Lubcom SRL, reiterando que el 8 de noviembre de 2000 vendió a esa empresa el camión que intervino en el accidente, denunciando la venta el 23 de septiembre de 2003 en el registro seccional de Santa fe. Señala que la firma Avimar Lubcom reconoce que Cabello era dependiente suyo a la fecha del accidente.

A fs. 447 comparece la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A, quien impugna la documentación aportada por Avimar Lubcom SA y califica como falsas las copias de recibos fs. 116/119, no corresponden a la aseguradora y no hay póliza. En subsidio contesta demanda e invoca las eximentes de responsabilidad de los arts 1111 y 1113 del c.civil. A fs. 458/465 la Buenos Aires Seguros S.A. declina la citación en garantía y no asume la defensa de Abimar Lubcom SRL ya que a la fecha del accidente el camión Mercedes Benz no estaba asegurado. Hubo una póliza contratada por Totalgaz SA, con vigencia hasta el 13 de febrero de 2004, pero el seguro fue rescindido a partir del 17 de octubre de 2003. Desconoce toda vinculación con Avimar Lubcom SRL. Producida la prueba se dicta sentencia definitiva en fecha 31 de agosto de 2015, la que obra a fs. 845/875 contra la cual se alza en recurso la actora a fs. 905, concedido a fs 911, habiendo expresado agravios a fs. 912/917. Los mismos son respondidos por Avimar Lubcom SRL a fs. 926, dándosele por decaído el derecho a hacerlo al resto de los demandados.

Los agravios expuestos por la actora se sintetizan de la siguiente forma. Primero) Le agravia al apelante el rechazo de la demanda deducida contra Totalgaz SA. a quien le atribuyera responsabilidad objetiva y refleja como titular registral del vehículo dominio WPR 705 y por el hecho del dependiente, señor Juan Pablo Torres, conductor del mismo al momento del accidente. Sostiene que ésta responsabilidad en los términos del art 1113 del C.C. surgía del sumario penal, donde declara el señor Torres su vinculación laboral con Totalgaz SA, confirmada al contestar demanda y absolución de posiciones. Considera errada la postura del sentenciante cuando sostiene que su parte debió probar la vinculación laboral con Totalgaz SA en tanto como terceros ajenos a la relación no tenían elementos para hacerlo. Tanto Avimar Lubcom SRL quien asume la calidad de empleadora de Torres al contestar la demanda como la firma Totalgaz SA quien repele la atribución de dependencia debieron acreditar tales extremos para despejar toda vinculación jurídica. Esta última al contestar demanda adhiere a la contestación de Avimar Lubcom SRL quien al absolver posiciones reconoce que el camión se encontraba al servicio de ambas. No ha considerado la sentenciante que al momento del accidente, la firma Avimar Lubcom SRL distribuía y transportaba insumos (gas envasado) provistos por Totalgaz SA, en camión cuya titularidad registral pertenece a ésta última, lo que demuestra la indudable vinculación entre ambas empresas. El yerro fundamental es reducir el concepto de dependencia al ámbito puramente laboral, siendo que tanto doctrina como jurisprudencia ha ampliado la visión restringida de la relación de dependencia, estableciéndose que el concepto de dependencia no supone necesariamente un vínculo contractual. Que en el caso la responsabilidad de Totalgaz Argentina S.A. debe proceder con fundamento en el primer párrafo del art 1113 del C.Civil aún cuando no se haya probado una estricta subordinación jerárquica como lo pretende el juez de grado. Segundo) Referido a las costas, afirma que el sentenciante le impone a su parte las costas por el rechazo de la demandada iniciada contra Totalgaz Argentina SA y Nalux SA, sin embargo, las connotaciones trágicas del hecho, la autoproclamada dependencia laboral de parte de Torres, la continuación de la actividad por parte de Nalux SA en el predio donde ejercía sus funciones Avimar Lubcom SRL sin constancia de transferencias de fondos de comercio, muestra claramente las legítima aspiraciones de los accionantes para incoar la demanda contra todos los demandados, debiendo imponerse las costas en caso de no prosperar el agravio precedente, con relación a ambas empresas, en el orden causado. Tercero) Respecto del daño moral, entiende que el sentenciante sin fundamento alguno, salvo el mero arbitrio, ha cuantificado el daño moral reclamado en $10.000 para el señor Julio César Cabello y $40.000 para los actores por el fallecimiento de la Sra Encarnación Segovia Vda. de Cabello, montos distintos y menores al reclamado por los accionantes de $12.500 y $45.000 respectivamente. Siendo éstos montos absolutamente razonables conforme entidad y magnitud del daño sufrido por cada uno de ellos, solicitan se admita el agravio y se eleven los montos de condena, a las sumas reclamadas. Los agravios son contestados por la codemandada Avimar Lubcom SRL, a través de apoderada, a fs. 926 y vta.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	Primer Agravio Actora) Cuestiona el apelante el rechazo de la demandada incoada contra Totalgaz S.A.

A fín de dejar definida la posición del Tribunal en materia de atribución de responsabilidad civil, en forma previa al necesario análisis de la prueba producida en el proceso en función del agravio propuesto, traigo a colación reciente fallo de ésta Sala donde se pronuncia al respecto. Allí se dijo que, "en el derecho privado Argentino los presupuestos postulados por la doctrina mayoritaria que comparto son a- daño, b- factor de atribución, c- nexo de causalidad e ilicitud, e- imputabilidad.

Respecto de cada uno de ellos he de dejar sentado muy brevemente lo siguiente; el daño es un menoscabo que, a consecuencia del acaecimiento de un evento determinado, sufre una persona en algunos de sus bienes y que puede tener una estimación económica trascendente, el Código Civil determina claramente en su artículo Art. 1.068. "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

El factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona nuestro corpus civil artículo 1.067 prescribe " No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia" En idéntico sentido se refiere al factor subjetivo de atribución el artículo 1.109 "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil." El factor de atribución puede resultar objetivo y en este sentido resulta de aplicación lo normado por el artículo 1.113 del citado cuerpo legal "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." Es decir, que estaremos ante un factor objetivo de atribución objetiva de responsabilidad toda vez que se encuentren causales tales como el riesgo creado riesgo, abuso del derecho, garantía etc.

Ahora bien, respecto del nexo causal he de seguir la opinión de Pizarro-Vallespinos cuando indican es nexo causal suficiente "la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido, lo cual se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.". Es decir, estos autores entienden que existen las cadenas causales únicamente cuando existe acción humana. Por su parte los autores Trigo Represas y López Mesa señalan que de modo uniforme se admite para que deba responderse por un daño es necesario que el mismo haya sido "causado" mediante acción u omisión, por su autor. Como se puede apreciar, en la conceptualización dada por estos autores, la idea de nexo de causalidad contiene un hecho precedente y un resultado consecuente (daño) unidos, justamente, por la relación de causa-efecto y naturalmente mediante tal significación queda claramente establecido el alcance del presupuesto en estudio.

Finalmente la imputabilidad importa el corolario de la valoración efectuada por el sentenciante de todos los hechos y presunciones acreditados mediante prueba idónea que permita alcanzar la convicción suficiente y que deben quedar perfectamente determinados y plasmados en el pronunciamiento, mediante el cual se le atribuye el grado eficiente de causalidad en el obrar o en la omisión al sujeto determinado imputándosele responsabilidad resarcitoria respecto del daño ocasionado por el mismo, esta Sala III antes que ahora ha dicho que "en términos generales la imputabilidad es la aptitud necesaria para que un determinado hecho o acto jurídico (acción u omisión) pueda ser atribuido a una persona. Vale decir pues que no es otra cosa que la operación intelectiva de atribuir determinada consecuencia jurídica a un hecho antecedente del que aquella deriva (nexo causal)" in re N° 36534 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 9964) "PALOMO BENITO ALFREDO C/MIKETEC JOSE DAVID Y OTROS - AÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO - II CPO."PROT. DE SENT. T° II F° 386/392 AÑO 2010 29-07-10). AUTOS Nº 81051 (8 ° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11406) "RODRIGUEZ ANATILDE MERCEDES C/ GAROTTI CLAUDIA ELISA- DAÑOS Y PERJUICIOS . "PROT.SENT. Tº II Fº327/342 AÑO 2014"	Cabe destacar aún cuando la presente se analiza a la luz del C. Civil, que el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26994- vigente al momento en que expido el presente voto, utiliza en el art. 1721 el término factores de atribución, utilizado desde hace décadas por la doctrina pacífica del País, dando cabida a los factores de atribución subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo por las cosas y por las actividades). Y establece que ante la inexistencia de norma expresa, el factor de atribución es la culpa. Por su parte, el art 1726 prevé que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y que, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Es decir, en cuanto al presupuesto de responsabilidad civil conocido como nexo causal, el nuevo código clasifica las consecuencias de los hechos de manera similar al Código Civil que reemplaza, imponiendo como regla general, a cargo de quien alega, la prueba de la relación causal.

Sentado ello y entrando en análisis, puede observarse que no hay disenso entre las partes respecto al día, hora y lugar del accidente objeto de la presente, como también han sido acreditadas las lesiones sufridas por el accionante señor Julio C. Cabello y el fallecimiento de la Sra. Encarnación Segovia vda de Cabello como consecuencia del daño sufrido.

Aceptada asimismo por el apelante la mecánica del accidente sostenida por la sentenciante, quien atribuye la responsabilidad civil en el mismo al conductor del camión dominio WPR 705 en tanto la causa adecuada del accidente fue la conducta de éste al invadir el carril contrario de circulación por el que avanzaba el accionante, cabe circunscribirse a lo que es materia de éste primer agravio cual es el rechazo de la acción incoadada por los accionantes contra la firma Totalgaz Argentina S.A. (hoy Total Especialidades Argentina S.A.), como responsable en su calidad de titular registral del camión al momento del accidente y por el hecho de su dependiente, señor Juan Pablo Torres, conductor del mismo, en los términos del art 1113 del C. Civil.

Conforme términos de la demanda, el reclamo contra Totalgaz Argentina SA. se funda en la calidad de titular registral del camión Mercedes Benz partícipe en el accidente y en la calidad de empleador del conductor del mismo, sosteniendo los accionantes que Totalgaz Argentina S.A. y Avimar Lubcom SRL constituyen un mismo grupo económico, atribuyendo a aquella la calidad de productor y a Avimar Lubcom la calidad de distribuidor de gas envasado.

De las constancias probatorias de la causa no surgen acreditados tales extremos. Cabe en este momento recordar que la aportación de prueba no constituye una obligación procesal sino una carga, desde que la omisión de probar pese a la regla del "onus probandi", no lleva aparejada sanción alguna y a lo sumo el litigante mismo se expondrá al peligro de no formar la convicción del juez y a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La carga procesal funciona a doble faz, el litigante tiene la facultad de contestar, de no probar y no alegar con el riesgo consistente en que si no lo hace oportunamente, se falla el juicio sin escuchar su defensa, sin recibir sus pruebas, o sin saber sus conclusiones. La carga de la prueba es un imperativo del propio interés del litigante, que pone a cargo de éste último el riesgo de obtener una decisión desfavorable" ( Morello y col.Cod.Proc.Coment. Tº V pág 140 y s.s). En concreto corresponde a la parte actora la prueba de los presupuestos fácticos en los que funda su pretensión. (SALA III PROT.DE SENT.Tº III Fº 560/575 AÑO 2003 5-12-03 ACCID124).

Respecto de la titularidad registral del camión partícipe del evento dañoso conforme lo dispone la ley 22.977, la propiedad de un automotor se adquiere mediante la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, siendo tal inscripción, constitutiva del dominio. Y la responsabilidad civil del titular registral por los daños producidos por el automotor cuya titularidad detenta, subsiste hasta tanto se inscriba su transferencia. (Ley 22977 modif. del Art 27-Dto ley 6582/58). Si se enajena el vehículo y entrega la posesión, el adquirente tiene diez días para registrar la venta (art 15) y si el comprador no anota la adquisición, el vendedor puede efectuar, transcurrido aquel plazo, la "denuncia de venta" conforme lo prevé el art 27 de la ley, actuando esa denuncia de venta como eximente de responsabilidad respecto de los daños que el vehículo produjera con posterioridad. Resulta oportuno destacar que el art 27 de la ley 22.977 no ha modificado el régimen de adquisición y trasmisión del dominio de los automotores, sino que se ha limitado a establecer el alcance que tienen las eximentes del art. 1113 del c.civil, permitiendo que el titular registral, es decir el dueño, sin perder tal calidad se desvincule de responsabilidad si con anterioridad al hecho que la origina hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, en cuya hipótesis se reputará que el adquirente o quienes de éste último hubieren adquirido el uso, tenencia o posesión de aquel, revisten con relación al trasmitente el carácter de terceros por los que él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. (TSJCOrdoba,6-11-98 "Estigarribia Juan Francisco s/ Recurso de casación "Rev. de Derecho de Daños.Accidentes de Tránsito-2002-1 Pág 246).

Es decir la presunción del culpa del titular registral en los términos del art 1113 del C.Civil, solo cede ante la presencia del procedimiento previsto por el art 27, es decir que el titular registral, con anterioridad al hecho dañoso que motive su responsabilidad, comunique al Registro que hizo tradición del mismo. Precisamente ha sido acreditado en la especie que el titular registral del camión Mercedes Benz, Totalgaz Argentina S.A. efectuó denuncia de venta del vehículo a Avimar Lubcom SRL en fecha 23 de septiembre de 2003 (fs. 127/129), por lo que a la fecha del accidente se encontraba eximido de responder como titular registral del vehículo, como lo sostiene la Señora Juez.

Ahora bien, al momento de comparecer a juicio y contestar demanda la coaccionada Avimar Lubcom SRL asume la calidad de empleadora del señor Juan Pablo Torres conductor del camión Mercedes Benz, aún cuando la actora sostiene que era dependiente de Totalgaz Argentina SA, constituyendo ambas empresas un mismo grupo económico. Atribuyendo a ésta última la calidad de productora y a Avimar Lubcom SRL la calidad de distribuidora de gas envasado en garrafas. Sin embargo tal como lo juzga la sentenciante, no ha logrado acreditar tales extremos.

Si bien el señor Juan Pablo Torres al prestar declaración indagatoria en el sumario correccional expresó que era empleado de Totalgaz, denunciando una antigüedad de un mes en el trabajo, tal expresión no ha sido acreditada de manera alguna. Resulta verosímil la declaración de la Srta Romina Archilla (fs. 50) del sumario, cuando expresa que es empleada de Avimar, que viajaba en el momento del accidente como acompañante en el camión de reparto de Avimar, siendo el conductor del vehículo, el señor Juan Pablo Torres, compañero de trabajo. Tal afirmación coincide con la postura de la codemandada Avimar Lubcom S.R.L., quien al contestar demanda reconoce ser empleadora de Torres.

Ha sostenido el accionante la calidad de responsable del producto a Totalgaz Argentina y a Avimar Lubcom SRL la calidad de distribuidora del mismo, para concluir que constituyen ambas un mismo grupo económico, y con ello denuncia la existencia de una vinculación laboral entre Totalgaz SA y el conductor del camión de reparto de la empresa Avimar, extremo éste último que, reitero, no ha sido debidamente acreditado.

El contrato de distribución comercial se trata de una relación contractual entre dos empresas jurídicamente independientes, o sea entre dos organizaciones autónomas, que se distinguen claramente: una produce bienes o servicios y la otra se ocupa de comercializarlos asumiendo los riesgos propios de su actividad, ello sin que medie un vinculo societario o laboral, aunque pueda haber una sujeción técnica o económica (cfr. Argeri, Saul, "Contrato de distribución", ll 1992-b-1042; Robledo - Iribas, "el Contrato de distribución" ll 2000-f-1348).

En razón da tal naturaleza ambas partes cooperan, desde que realizan su actividad en concurrencia a la ajena. Empero, ello no implica existencia de subordinación técnica, económica ni jurídica, sino tan solo operativa. Es como consecuencia de las características de la peculiar relación, por tratarse de empresarios independientes -en principio- tal relación no encuadra dentro del sistema previsto por la LCT 30. Se trata de un caso de actividades perfectamente diferenciables. La de elaboración de productos y la de distribución o venta, en la especie, realizada por dos empresas en forma independiente. Los fabricantes pueden optar por efectuar la distribución por su propia cuenta o concluir su actividad en la etapa de producción y entregar la producción a un tercero para que se ocupe de la colocación en el mercado. Ello por cuanto no existe obligación de que el fabricante cumpla con las dos etapas mencionadas, cuando elige no ocuparse de la distribución no será responsable de los conflictos laborales que se hayan producido en la empresa distribuidora. Para que tal principio no sea respetado deberá ser demostrada la existencia de un supuesto de excepción que así lo justifique y que en el caso no ocurrió. Auto: SEIDEL, GREGORIO OMAR C/ DISTRIBUIDORA JUAREZ SRL Y OTRO S/ DESPIDO. - Ref. Norm: LEY 20744: 30. - CÁMARA COMERCIAL: B. - Mag.:DIAZ CORDERO - BUTTY - PIAGGI. - Fecha: 16/10/2003.

Concluyo entonces, en mérito de tal análisis y contexto probatorio de autos que la firma Totalgaz Argentina SA. (hoy Total Especialidades Argentina S.A.) no resulta civilmente responsable del accidente objeto de la presente causa tal como lo resolvió la Sra. Juez de grado, no habiendo logrado el apelante conmover a través del agravio en estudio tal conclusión.

Por lo que propicio el rechazo de éste primer agravio, manteniendo la resolución que rechaza la sentencia incoada contra Totalgaz Argentina S.A.. Segundo Agravio) De conformidad a la regla general sobre imposición de costas, las mismas deben imponerse en función del criterio objetivo de la derrota previsto por el art. 66 del CPC, es decir al vencido. En efecto, esta sala viene juzgando en materia de imposición de costas en concordancia con la doctrina nacional, por la aplicación que las mismas deben ser soportadas por el vencido más allá que el vencedor no haya logrado satisfacer íntegramente la totalidad de los rubros pretendidos. La regla rige aún cuando como lo pretende el apelante los actores hayan tenido legítimas aspiraciones para incoar este proceso contra varios demandados, extremo que por otra parte no ha sido acreditado. No existiendo causa o motivo legítimo para apartarse en la especie, de la regla general referida.

En tal sentido dijo: "La noción de vencido (la cual indica que debe soportar las costas), ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por los análisis aritméticos de las pretensiones y resultados.... Por lo tanto el fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota no sufre menoscabo por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad (ED 88-532). PROT. DE SENT. Tº II Fº 228/237 AÑO 2003-30-05-03 COSTA14- PROT. DE AUTOS Tº I Fº 167/169 AÑO 2005- 29-04-05-.

"El art. 74 del C.P.C. (art. 68 C.P.N.) consagra el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas.- Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir los gastos del vencedor en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho.- Estas deben ser reembolsadas por el vencido, con prescindencia de su buena o mala fe, o mayor o menor razón para litigar, y de todo concepto de culpa, imprudencia o negligencia de su contrario.- No constituye un castigo, o una pena al perdedor, sino que se aplican a título de reparación patrimonial de las expensas del juicio a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho, o defensa de sus derechos frente a una demanda injusta.- Con tal base es notorio, que las costas deben ser impuestas a quien se opuso negando la procedencia de la pretensión".- (Prot. de Autos, Sala 3º, Tº III Fº 584/585 Año 2001)PROT. DE SENT. Tº I Fº 119/127 AÑO 2006- 18-04-06.

Por tales fundamentos y en función del resultado del recurso deducido, voto por rechazar el agravio en estudio, manteniendo lo resuelto por la Señora Juez de primera instancia respecto a la imposición de costas.

Tercer Agravio) Cuestiona la actora la valoración cuantitativa del daño moral, fijando un monto indemnizatorio menor al reclamado sin fundamento alguno salvo su arbitrio, pretendiendo sea elevado a la suma pretendida de forma tal que signifique una verdadera reparación por el daño sufrido por los accionantes.

Bustamante Alsina, define el daño moral como "la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (Tratado General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208). Pizarro, citado por el Dr. Pascual Eduardo Alferillo en "Daño Moral, Valoración, Cunatificación y Prueba" pag. 7, al procurar la definición del concepto de daño moral afirma que debe ser calibrado por lo que es antes que por lo que no es (Pizarro Daniel Ramón. Daño Moral, Prevención. Reparación .Punición" 2da Edición.Ed. Hammurabi,Buenos Aires ,2004,pag. 33. Diciendo "El daño moral importa pues, una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espítitu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial". (Obra citada Pag.43) .

Desde tal óptica, puedo afirmar que la indemnización por daño moral no constituye una pena, sino una satisfacción civil que cumple una función reparadora que hace a la reparación integral, y su determinación intenta lograr a través de la indemnización, una compensación que en alguna medida morigere los efectos de ese daño sufrido. La naturaleza resarcitoria del daño moral, ha sido consagrada en la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación cuando juzgó que "la reparación del daño tiene carácter resarcitorio" ( (CSJN,24-08-95. P 263 XXVIII "Perez Fredy Fernando c./ Empresa Ferrocarriles Argentinos- Sumario" T. 318. P 1598) precisando posteriormente" a los fines de la fijación del cuantum del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de éste rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste" (CSJN,11-07-06 ,B 853 XXXVI "Bustos RR c./ la Pampa Provincia de y otro-daños y Perjuicios" 29-11-05.T 329 P.).

Ha sido debidamente acreditado a través de prueba instrumental y pericial médica, el padecimiento sufrido por la actora a raíz del accidente de tránsito como así también el fallecimiento de la madre y abuela de todos los accionantes en el desgraciado accidente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Dice Carlos A. Parellada en "El daño Moral. La Evolución del pensamiento en el Derecho Argentino", conforme postulación de la naturaleza satisfactiva o resarcitoria del daño moral, que " los ojos del Juez deben estar puestos sobre la víctima y los padecimientos o alteraciones que ha sufrido como consecuencia del hecho antijurídico. Desde luego, prueba directa no puede rendirse, por lo que solo puede aportarse pruebas indirectas que revelan la alteración espiritual que ha sufrido la víctima o la prueba in re ipsa, la que surge de los hechos mismos que según el curso natural y ordinario de las cosas provoca conmoción". (Responsabilidad Civil-Aída Kemelmajer de Carlucci-pag 366/367).

Conforme lo expresado y aún cuando el daño padecido por el actor señor Julio Cabello como consecuencia del hecho acaecido no haya dejado secuelas físicas de gravedad, ello no obsta a su procedencia en el caso tal como lo ha decidido la Señora Juez de grado respecto del daño moral, el que ha quedado configurado al ocasionarle a la víctima un daño espiritual con las consiguientes angustias y dificultades, aún cuando éstas no sean permanentes. Resultando innecesario además ponderar de manera explícita el dolor y angustia que provoca la pérdida de su madre, máxime en circunstancias tan penosas como un accidente de tránsito.

Resultando materia del agravio en estudio la cuantificación del daño, se ha dicho que por su carácter personal el daño moral es uno de los perjuicios más difíciles de estimar ya que no está sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente valoración del juez sobre la lesión a las afecciones legítimas de los damnificados y a los padecimientos que experimentan, aunque existen factores que coadyuvan a valorar el perjuicio sufrido". ( CNCiv. Sala M- 18-12-2000- "Reclamo de Mina, Norma B. c./ Sanatorio Quintana S.A." J.A. 201-IV-592).

Desde tal punto de vista resulta necesario, ya lo he expresado, mirar y considerar los padecimientos de la víctima, descartando el carácter simbólico de la indemnización, habiendo dejado sentado la Corte de Justicia de la Nación en el caso "Santa Coloma" (fallos 308:1160,L.L; 21987-A-442, J.A.;1986-IV 624 y ED 120-651) que la indemnización del daño moral no podía ser ínfima.

Siguiendo tales premisas entiendo, sin perjuicio de la facultad que le corresponde al juez de mérito conforme su prudente arbitrio de fijar el monto indemnizatorio, que el fijado por el sentenciante en el caso que nos ocupa resulta menor al solicitado por la parte actora a fs. 5 vta. Percibo que en su destacada justificación de la procedencia del daño moral, la Sra. juez no indica motivación alguna por la que hace lugar al daño moral respecto del señor Cabello por $ 10.000 y no por $ 12.500 como lo solicitara. Lo mismo ocurre respecto del rubro daño moral derivado de la muerte de la Sra. Encarnación Segovia Vda de Cabello, donde se fija en la suma de $ 40.000, cuando se solicitó $ 45.000.

Considero pues que corresponde hacer lugar al agravio en estudio y elevar el cuantum indemnizatorio por daño moral, a los montos reclamados por los accionantes en la demanda, por resultar razonablemente justos y criteriosos conforme las circunstancias descriptas en la presente causa. Dichos montos se calculan a la fecha del evento dañoso. Así lo voto.

COSTAS DE LA INSTANCIA	Deben imponerse en su totalidad a los accionantes vencidos, de conformidad al principio objetivo de la derrota- Art. 66 y concordantes del CPC. Corresponde entonces regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, fijando los correspondientes al Dr. Carlos Hernan Cocco por su actuación como apoderado de los accionantes y como patrocinante de los herederos de la Sra. Mavel Sabina Cabello, co actora en autos, en el 35% de la suma regulada por su actuación en Primera instancia y a la Dra Laura Ghilardi, apoderada de la codemandada Avimar Lubcom SRL, por su actuación en Alzada, en el 30% de la suma regulada por su actuación en primera instancia.

EL SEÑOR JUZ DE CÁMARA DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Juan Carlos Pérez.

POR ELLO, normas legales y Jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 905, concedido a fs. 911, solo respecto del monto de condena en el rubro indemnización por daño moral, el que se eleva a la suma de pesos Doce mil quinientos ($12.500) respecto del Señor Cabello Julio Cesar y a la suma de pesos Cuarenta y cinco mil ($45.000) en concepto de daño moral por la muerte de su madre la Sra. Encarnación Segovia Vda. de Cabello.

II) Imponer las costas de la instancia a los accionantes vencidos.

III) Fijar los honorarios profesionales de Alzada regulando los correspondientes al Dr. Carlos Hernan Cocco por su actuación como apoderado de los accionantes y como patrocinante de los herederos de la Sra. Mavel Sabina Cabello, co actora en autos, en el 35% de la suma regulada por su actuación en Primera instancia y a la Dra. Laura Ghilardi, apoderada de la codemandada Avimar Lubcom SRL, por su actuación en Alzada, en el 30% de la suma regulada por su actuación en primera instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 33/45 AÑO 2017.