marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia penal, competencia criminal y correccional, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Pastor, José Guillermo c/  s/ Infr. art. 149 bis, CP - amenazas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

Los hechos investigados que motivaron el incidente de competencia -que fueron encuadrados prima facie en las figuras de lesiones leves agravadas por el género, aborto en grado de tentativa y amenazas agravadas por el uso de arma- se enmarcan dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar. Así, razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones. Con apoyo en lo establecido en el artículo 3 de la ley n° 26702 y el artículo 42, inciso 1, CPPN, corresponde que continúe interviniendo la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por ser competente en el delito más grave (aborto en grado de tentativa). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz),
Contratos civiles, locación, responsabilidad del locador, vicios, cosas
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, Ricardo Rodolfo c/ Urcullu de Benavídez, E. s/ Daños y Perjuicios - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-21

El locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido, o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación, y el locatario puede pedir la disminución del precio, o la rescisión del contrato, salvo si hubiese conocido los vicios o defectos de la cosa.

La fórmula responde a la impecable lógica del codificador. Vélez Sársfield lo define con precisión en la nota correspondiente, valiéndose de la comparación de los vicios o defectos de la cosa arrendada o vendida, donde marca entre ellas una notable diferencia: En la venta el vendedor no está obligado sino por los vicios existentes al tiempo del contrato, mientras en el arrendamiento, el locador es garante de los que sobrevienen después, porque en la venta, siendo transferida la propiedad, los peligros son del comprador; por el contrario, en el arrendamiento el objeto esencial, es el goce de la cosa"; de ahí que el locador "debe hacer cesar todas las causas anteriores o posteriores que impidan este goce.

Nótese que la tutela del derecho de uso y goce de la cosa arrendada por el locatario llega más lejos aún, cuando se da la situación del art. 1526: "El locador responde igualmente de los impedimentos que se opongan al locatario para el uso o goce de la cosa arrendada, aunque sean por fuerza mayor, o por acciones de terceros, en los límites de sus derechos.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Priu Stella Maris c/ Pagliaricci Jose C. s/ Nulidad de acto Juridico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Las posiciones requieren una respuesta terminante, sea en sentido afirmativo o negativo (art.411 CPCC) y si como lo ha hecho la absolvente responde de una manera evasiva, como ha sido citada con el apercibimiento dispuesto por el artículo 415 del mismo ordenamiento legal antes referido, cabe tenerle por reconocida las firmas que le atribuyó la contraparte.
Juicio abreviado, libertad condicional, revocación de la libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Ross, Stella Maris s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-21

Si bien coincidimos con la vocal preopinante en cuanto a las limitaciones que la ley establece para el juez al momento de resolver en el procedimiento de "juicio abreviado" previsto en el artículo 431 bis del C.P.P.N., y que las mismas conforman para el imputado la garantía de que no se altere en su perjuicio lo acordado; ello es así siempre que se respete el marco de la legalidad, tanto en el acuerdo como en la sentencia que le precede. A los fines del presente pronunciamiento, estimamos prudente recordar que el artículo 15 de la ley penal sustantiva, establece con carácter inequívocamente imperativo que "La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito..."; y habiendo sido precisamente eso lo acontecido en el caso sub examine, el magistrado interviniente en la anterior instancia debió revocar la libertad condicional con que se había beneficiado a la imputada, tal como lo acordaron el Fiscal, la acusada y su defensa, pues no corresponde distinguir donde la ley no distingue. (Voto del Dr.

Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia).
Concursos, honorarios
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: TOOL RESEARCH ARGENTINA SAIC s/ CONCURSO PREVENTIVO     EXPTE NRO 37-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-28

El incidente de verificación tardía de crédito es un instituto no sometido a procedimiento especial, por tratarse de una cuestión que tiene relación con el objeto principal del concurso. Debe efectuarse por pieza separada, conforme las disposiciones de la ley 19551. Se trata de un proceso de cognición autónomo, el cual constituye un medio propio del procedimiento concursal, al cual sólo supletoriamente se le aplican las reglas procesales comunes. Los honorarios que se regulen en estos incidentes deberán estimarse conforme las pautas del artículo 6 de la legislación específica, teniendo en cuenta el resultado obtenido y el mérito y extinción de la labor profesional.
Adopción, adopción simple, adopción por el cónyuge, diferencia de edad entre adoptante y adoptado
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. y G., A. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-08

La necesidad de una diferencia de 18 años de edad entre adoptante y adoptado, reviste singular importancia cuando la relación entre ellos comenzaría a efectivizarse a partir de la adopción o del comienzo de la guarda (art. 6 , ley 19.134), pero, sin dudas, ofrece otro ángulo de visión cuando esa relación viene precedida por un trato familiar de muchos años, como consecuencia del casamiento entre la adoptante y el padre del adoptado y que fructificara en un trato de respeto y cariño que se pretende consolidar con la adopción.
Amparo por mora, Administración Pública, deber de juzgar, silencio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COLLADO José Antonio c/ Provincia de San Juan s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-20

"La administración está obligada a resolver, tiene el deber jurídico de resolver expresamente las cuestiones que frente a ella se susciten y debe hacerlo conforme a ciertas pautas que le son legalmente impuestas. Tiene a su cargo la impulsión e instrucción de las causas de oficio (art. 1 de la ley 3784), debe actuar con celeridad, economía, sencillez y eficacia, mediante decisiones fundadas.

Además no tiene que resolver en cualquier momento, sino dentro de los plazos y límites temporales que en cada caso se le fijen para hacerlo, pues los plazos son obligatorios tanto para los interesados como para la Administración. Su silencio es la típica violación de un deber de acción; es que el silencio de la Administración consiste en la duración de una situación que debe cambiar.

La demora en resolver se convierte en silencio cuando vencen los plazos que la administración tiene para pronunciarse; a partir de ese momento queda configurado el incumplimiento.".

La Corte de Justicia de la Provincia establece: "los plazos son obligatorios para la Administración (art. 1 inc. "e" n 1 de la Ley 3.784); que el administrado tiene derecho a una decisión expresa y fundada (art. 1 inc. "f" n 3); que considerar el silencio como denegatoria tácita es una opción prevista a favor del particular y no una prerrogativa a favor de la Administración; la vigencia del principio pro actione y por último -y principalmente - que desde que el instituto del amparo por mora fue incorporado a la Constitución de la Provincia (art. 41) con carácter de cláusula operativa y sin sujeción a condicionamiento alguno - como los que aquí la parte recurrida pretende - debe prevalecer en función del principio de supremacía constitucional".
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, límites del pronunciamiento, sentencia arbitraria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Banco Europeo para América Latina. c/ Cruz Hnos I.M.S.A. s/ quiebra - Incidente de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-08

En el caso en que fue denegado el recurso extraordinario en cuanto se funda en la arbitrariedad de la sentencia, pero concedido por una causal que se identifica con ella, debe considerárselo concedido si limitaciones -aún no habíendose interpuesto recurso de queja- para dar debido resguardo al derecho de la parte de acuerdo con la garantía de la defensa en juicio.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

La legitimación de la parte actora en el caso no puede ser asentada, per se, en la condición de Asociación gremial compuesta por trabajadores de la salud que desempeñan sus tareas en el Hospital Moyano. Si bien se menciona la presencia de uno de los derechos de incidencia colectiva a que se refiere el art. 14 de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires cuando acuerda legitimación expandida en supuestos que versen acerca de "...la protección [...] del trabajo...", no explica cómo impactaría la construcción de la Casa de Medio Camino en su derecho a trabajar, ni, por otro lado, que ellos representen a la totalidad de los trabajadores del Hospital Moyano o que todos estos trabajadores tienen idéntica o suficientemente similar visión acerca de sus intereses. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio ejecutivo, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: ALLUZ, RENE GUILLERMO c/ CREMASCHI, JUAN CARLOS s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-04-26

Si el librador ha reconocido expresamente la suscripción de los títulos, con conocimiento del testado del signo monetario -donde estaba el signo pesos, se consignó dólares- y su aceptación, prestando consentimiento a que los pagarés se completarán al momento de su reclamo por vía judicial, resulta inadmisible la ulterior declinación de su responsabilidad, pues ello importaría una retractación del reconocimiento ya formulado, lo que determina que aquél comportamiento debe reputarse incoherente con este reconocimiento, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Grupo económico, impuesto a las ganancias, actualización monetaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fiat Concord S.A. TF (16.778 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Cabe confirmar la sentencia que ratificó el ajuste practicado por el organismo recaudador a las sociedades actoras, en el impuesto a las ganancias -por disposición de fondos a favor de terceros, con sustento en el art. 73 de la ley del gravamen, y 100 de su decreto reglamentario-, pues el hecho de que la disposición de fondos se efectúe entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos de aquélla norma, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria.
Derechos y garantías constitucionales, Derecho constitucional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VAZQUEZ, ELENA MABEL c/ CAJA  NACIONAL  DE  PREVISION  PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIO PUBLICO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

Si bien en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que la informan, no cabe admitir un criterio de valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que conduzca a un comprensión de la ley que equivalga a prescindir de sus términos.
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Complejo Habitacional SOIP s/ Concurso preventivo - Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

El pronunciamiento judicial referido a la apertura del concurso sólo es apelable cuando la petición es rechazada por incumplimiento de lo normado en el artº 11 de la ley de Concursos o por incompetencia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, indemnización, daño punitivo, daño moral, privación del uso del automotor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Martínez Manuel Rodolfo c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ sumarísimo (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-26

El actor demandó el pago del capital abonado por su parte conforme fue convenido en la instancia de la mediación prejudicial, más daños y perjuicios (daño moral, punitivo y privación de uso). El reclamo de las sumas abonadas resulta consecuencia del incumplimiento de la parte demandada. De esta forma, en su demanda expresa que inicialmente su intención fue la entrega del automóvil. Es por ello que no puede negarse que, entre la fecha de pago de la última cuota a abonar del plan de ahorro (11/11/2016) y la fecha del convenio (11/12/2017), la privación del automotor objeto del contrato pudo ocasionar un daño en el actor que debe ser resarcido, y así ha solicitado la parte actora en su demanda. La sola privación del bien, produce un perjuicio que debe ser resarcido.
Derecho procesal, acreedor prendario, enajenación del bien prendado, titular del automotor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: CIRCULO  DE  INVERSORES  SA  DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ GHIORZO MARTIN GREGORIO Y OTROS S/ s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Procede confirmar la resolución en la que se dispuso la citación de la titular de un rodado prendado, bajo apercibimiento de designarle Defensor Oficial; ello por cuanto, en el caso, se da una particularidad consistente en que la acción fue promovida contra los deudores del préstamo de dinero con garantía prendaria, habiéndose rechazado la preparación de la vía ejecutiva pretendida con relación dicha persona, quien habría adquirido el automotor prendado, haciéndose cargo de la "deuda garantizada", conforme surge del informe remitido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en donde se deja constancia que el vehículo en cuestión se encuentra inscripto debido a una "transferencia con enajenación de prenda". Es que en los casos en que se enajena un vehículo prendado haciéndose cargo el adquirente de la deuda garantizada, se produce una delegación imperfecta mediante la cual el acreedor tiene dos deudores, el originario y el adquirente. Ello así, habiéndose habilitado la ejecución prendaria, no existe óbice para subastar el rodado gravado, pero por razones de mejor orden procesal debe citarse previamente al titular actual del rodado. Ello pues, si bien los artículos 343 Cpr y artículo 60, inciso a) de la Ley 24946, refieren a la representación del demandado, y en el caso la citada no es parte en las actuaciones, lo cierto es que no puede soslayarse que la subasta decretada involucra intereses de ésta, en la medida en que se involucra en la responsabilidad por la condena siendo de menester resguardar su derecho de defensa en juicio, razón por la cual frente a un supuesto excepcional como el presente, este Tribunal considera prudente la designación formulada en la anterior instancia de la Defensora Oficial.
Derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Los instrumentos de derecho internacional, en especial los que refieren a Derechos Humanos, otorgan una especial relevancia a la protección del derecho a la vida por sobre los demás derechos, surgiendo del espíritu de sus normas que aquél constituye la condición para el goce de los mismos. Incluso, en el caso del Pacto de San José de Costa Rica -ratificado por nuestro país mediante ley 23054-, específicamente se refiere que la protección del aludido derecho comienza desde el momento de la concepción, lo que ratifica el grado de jerarquía que ostenta en el ordenamiento jurídico el derecho a la vida. (Del Voto del Dr. Alvarez)
Poder Judicial, jurisdicción, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Pindapoy S.A s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-02-27

La homologación judicial, será procedente si previamente la o las partes se ha sometido a un proceso que solo puede ser finiquitado normalmente por la sentencia definitiva, y anormalmente por alguno de los medios señalados en los códigos procesales entre los que se encuentra el desistimiento, el allanamiento, la conciliación y la transacción. Sin proceso de desarrollo - lo que ocurre al notificarse la demanda - es inoportuna, inoficiosa e ilegítima la intervención del poder judicial.
Daños y perjuicios, desvalorización del automotor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Irineo Flores c/ Marcelo Juan
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-07-07

Es improcedente el reclamo por daños y perjuicios ya que éstos deben ser ciertos y no eventuales, y al tratarse de una cuestión de resposabilidad contractual le cabe la disposición del art. 520 del Código Civil. Asi también se rechaza la solicitud de pérdida del valor venal del vehículo, puesto que la desvalorizacion de un automotor debe probarse en forma eficiente. (Sumario Confeccionado por el SAIJ)
Despido indirecto, despido discriminatorio, embarazada, daño moral, indemnización, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Basualdo, Claudia Isabel  c/ Australis Emprendimientos Turísticos SRL. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Se agravia la actora por la desestimación de la reparación por daño moral que se realizó en la instancia anterior. El despido indirecto se produjo dentro del plazo contemplado en el art. 178 de la LCT, pues la norma consagra la presunción "iuris tantum" acerca de que el despido obedece a causa de embarazo si no se prueban otras causas por parte del empleador. No cabe duda que ha mediado un despido discriminatorio que contraría disposiciones infraconstitucionales, constitucionales e internacionales. Cabe citar a la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" aprobada por ley 24.632 la cual se encuentra robustecida con la reciente ley 27.580, que aprobara el Convenio 190 de la OIT. Deviene indudable que la disolución del vínculo a la que se encontró conminada la actora frente a los descuentos permanente de su remuneración, no obstante haber comunicado no solo su estado de gravidez sino la situación de riesgo en que se encontraba el hijo que llevaba en su vientre, atentó contra la dignidad de la trabajadora. La accionante estaba gestando a su hijo cuando debió extinguir el vínculo por falta de reconocimiento de la orden de reposo que prescribía su médico tratante y la actitud desaprensiva por parte de la demandada de mantener durante meses el incumplimiento del pago de la remuneración único sustento de la persona que trabaja, no solo justifica el despido indirecto en que se colocó sino la reparación que prescribe el art. 1 de la ley 23.592 (daño moral).
Caducidad, acción de amparo, oportunidad procesal, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: I. ,M. M. c/  s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

El plazo de caducidad para interponer la acción de amparo previsto en el art. 6 de la ley 7.166, cuya redacción se mantiene en el art. 5 de la ley 13.928 (texto según ley 14.192), importa una reglamentación razonable del derecho de defensa, pues no suprime ni desnaturaliza su práctica. Dicho término procesal no debe quedar librado al criterio de los jueces mientras exista una norma legislativa que lo regule. El art. 43 de la Constitución nacional es de carácter operativo, lo que no prohíbe que las normas infraconstitucionales fijen un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, salvo que su exigüidad limite el acceso a la justicia.(del voto del doctor de Lázzari) Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de queja (procesal), recurso de casación penal, improcedencia del recurso, secuestro extorsivo, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TABORDA, Guillermo Hugo s/ Rec. de queja Pérez, Lucas Maximiliano Nicolás; Jiménez García, Leandro Javier y Mega, Lucas Hernán s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24|2011-09-30

Corresponde rechazar el recurso de queja por denegación del recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado y en consecuencia denegar la excarcelación solicitada por el defensor. En este sentido, no solo al encartado se le imputa un delito grave (secuestro extorsivo agravado), al cual le correspondería una escala penal en abstracto que supera el tope de 8 años (inviabilidad de la excarcelación); sino que también de las constancias de autos, se presume que el imputado en el caso de recuperar la libertad efectuaría una acción elusiva de la justicia.
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES FRANCISCO ALBINO c/ MARIA T. MOUKARZEL DE REY s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-18

El cesionario de derechos hereditarios sobre un inmueble, cuya cesión no se presentó en el sucesorio, y por ende no es oponible a terceros, no se encuentra habilitado a reclamar a terceros la reivindicación del inmueble, por carecer de legitimación para obrar.

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Violación al deber de cuidado, médicos, culpa penal, responsabilidad médica, anestesia general
Materia: PENAL
Carátula: FERRANDO, Gustavo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

La violación al deber de cuidado por parte del médico consistió en no haber canalizado ni entubado al niño una vez que se lo tranquilizó como consecuencia del suministro inicial de anestesia. Esta conducta cuidadosa era necesaria ya que, por un lado, el procedimiento anestésico se realizaba en un consultorio que no sólo no tenía los recursos humanos y materiales de los que dispone un hospital o sanatorio frente a una emergencia, sino que además no contaba con la aparatología necesaria para realizar una anestesia general ni con la ayuda de ninguna persona idónea ante la posibilidad -previsible- de que se presentara una dificultad, como efectivamente ocurrió.