Bancos, operaciones bancarias, restitución de sumas de dinero, legitimación activa
Materia: BANCARIO
Carátula: UNION  DE  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES c/ BANCO DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES S/ s/ UMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-11

1 - Corresponde admitir la acción entablada por una asociación de defensa de derechos del consumidor contra una entidad bancaria, cuyo objeto es obtener el cese de los débitos de sumas de dinero en concepto de comisión por deposito en efectivo, transferencias u otras operaciones, así como el reintegro a los titulares de cuentas y cajas de cualquier tipo, de todas las sumas debitadas en tal concepto, durante el periodo de vigencia del Decreto 1570/01. Ello así, en tanto el citado decreto establece la gratuidad de las transferencias mencionadas en su texto. 2 - En relación a los debitos concernientes a ex-clientes del banco, cabe referir que el cierre de las cuentas si bien extinguió el vínculo contractual entre usuario y banco, no impide el posterior reclamo de aquellas sumas percibidas indebidamente por él (CCOM: 790). 3 - Cabe reconocer legitimación activa a la asociación de defensa del consumidor para deducir reclamos como el de autos, de conformidad con lo prescripto por los arts. 52 y 55 de la Ley 24240; en tanto dichos textos legales reglamentan los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional (ver "Los intereses difusos y su protección jurisdiccional", ed. Ad Hoc, Bs. As., 2005, pag. 21/22). 4 - No resulta procedente hacer una distinción entre la acción dirigida al cese de debitos erróneos y la pretensión enderezada a obtener la restitución de las sumas ya debitadas. Ello así ya que se perdería de vista el factor de afectación inescindible que se proyecta sobre el conjunto de los sujetos alcanzados por los débitos en cuestión. En ambos supuestos la pretensión tiene un contenido patrimonial y no hay base para una distinción relevante, ya que la cesación del daño es parte de los remedios que la ley confiere al damnificado y que se completan con la reparación del daño ya causado (ver CCIV: 1083, conc. art. 1071 bis  ídem). Menos aún se comprende que se procure hacer depender de esa distinción el juicio acerca de la legitimación de la actora. Disidencia del Dr. Kolliker Frers:. 1 - Corresponde rechazar la acción entablada por la asociación defensora de los derechos del consumidor, en tanto no inviste legitimación activa para sustentar un reclamo como el pretendido. Ello así, en tanto no se extrae que la intención de la actora sea restringir o detener un hecho que esté provocando actualmente lesión a derechos individuales homogéneos. No se observa la existencia o subsistencia de un aspecto colectivo de los efectos del hecho por el cual se reclama (véase en igual sentido esta CNCom, Sala A, 13.11.09, "Unión de Consumidores de Argentina c. CTI PCS SA s. Sumarísimo", íd., 16.09.10, "Proconsumer c. Banco de la Provincia de Buenos Aires" ; y a contrario sensu, íd., 02.09.10, "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c. Banco de San Juan SA s. Ordinario"). 2 - Agotada la faz colectiva del reclamo, la acción tiende indefectiblemente al reconocimiento de un interés individual perfectamente divisible, que debe ser reclamado por cada usuario, pues solamente se busca la devolución de sumas con base en que éstas importarían un enriquecimiento sin causa por parte del accionado. 3 - No puede soslayarse que una acción que persiga proteger derechos de incidencia colectiva, aunque referente a intereses individuales homogéneos, se encuentra emparentada con la acción de amparo contemplada en el art. 43 CN, que requiere como requisito de procedencia la existencia de un accionar que produzca un efecto colectivo de lesión a intereses individuales, aspecto que no se da en la especie, por lo cual, se reitera, no se advierte configurado en el objeto de este reclamo -restitución de sumas-. La ausencia de tal requisito obsta a concederle legitimación a la actora para accionar como lo hizo. 4 - Una asociación como la actora carece de legitimación para peticionar genéricamente la reparación del daño patrimonial directo causado por la aplicación de cargos improcedentes, porque no puede sustituir en esto el interés particular de los eventuales damnificados (J.Com N° 16, 28.3.05, "Padec (Prevención Asesoramiento y Defensa del consumidor) y otro c. BBVA Banco Francés S.A.", entre otros).