Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17


Buenos Aires, 17 de febrero de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que rechazó la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que la parte actora promovió demanda ordinaria contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la ilegitimidad de la Resolución 3727/SHF/2004 y de todos los actos que constituyen sus antecedentes, por la cual se determinó de oficio la materia imponible, en concepto de impuesto a los ingresos brutos, y se reclamó el pago de $ 612.463,10 y se aplicó una multa equivalente al 65% del impuesto evadido. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar que ordene a la demandada se abstenga de emitir boleta de deuda, promover ejecución fiscal o realizar cualquier otro acto administrativo o judicial que tenga por objeto reclamar total o parcialmente el impuesto determinado y la multa aplicada. 2. Que, a fs. 79/81 vta., la señora jueza de primera instancia dictó sentencia, rechazando la pretensión cautelar de la actora. Para así decidir, entendió que la probanzas arrimadas por la accionante no acreditan de manera suficiente la existencia de peligro en la demora. Sostuvo que el daño que la eventual promoción de una ejecución fiscal en su contra podría provocarle se encuentra argumentado pero probado de manera insuficiente, sin aportar elementos que efectivamente den cuenta de las dificultades ciertas que la firma podría experimentar de llevarse adelante un proceso ejecutivo. Agregó que, si bien los montos involucrados en autos poseen cierta magnitud, la envergadura empresarial importa a priori, ante la falta de elementos de prueba precisos, la presunción de la inexistencia de un daño irreparable. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, manifestó que, en la etapa liminar en que se encuent ra el proceso, no advierte prima facie que el criterio de la administración sea ilegítimo. Aclaró que la actora planteó una cuestión de interpretación acerca del encuadre tributario de la actividad que desarrolla, que excede el estrecho marco de conocimiento propio de las medidas cautelares. En cuanto a la multa aplicada, destacó que, de acuerdo a la jurisprudencia acuñada por el Tribunal Superior de Justicia, la demandada no se encuentra habilitada para iniciar su ejecución, pues la sanción no se encuentra firme y ejecutoriada. 3. Que el decisorio reseñado en el punto precedente es apelado por la actora, quien funda el recurso a fs. 229/234 vta., solicitando la concesión de la medida requerida. Señala en sus agravios que, contrariamente a lo sostenido por la a quo, la certificación contable acompañada en autos da cuenta de la seria afectación que el inicio de una ejecución fiscal por la suma que consigna la resolución impugnada produciría en el giro comercial de la empresa. Destaca que el deterioro de la sit uación económico financiera de la firma implicaría, en caso de que la demandada intente ejecutar la deuda determinada de oficio, la necesidad de obtener un préstamo bancario pues sus recursos efectivos no son suficientes para cubrir el monto reclamado por el fisco. Agrega que la sentencia en crisis, al afirmar que las sumas reclamadas por la demandada no son relevantes para su parte, resulta dogmática, cuando la incapacidad de pago surge de la realidad de su giro actual. Manifiesta que la jurisprudencia de la Corte Suprema citada por la jueza de grado no es aplicable a su parte, pues el rechazo de la medida cautelar postulado en ese antecedente tuvo por causa un exceso de competencia y de lo peticionado por la parte, lo que afirma la procedencia de las medidas cautelares como la que aquí se peticiona ante la estricta configuración de los requisitos fijados por la ley ritual. En cuanto al requisito de verosimilitud en el derecho invocado, relata que la actuación administrativa que impugna dispuso la gravabilid ad de ciertas actividades de impresión que la empresa realiza y de los aportes efectuados a una UTE de la cual formaba parte. Al respecto, afirma que la actividad de imprenta se encuentra exenta, siendo contraria al régimen legal vigente su revocación con efectos retroactivos. Por otra parte, indica que la ausencia de gravamen por los aportes realizados a la UTE surge de la propia normativa fiscal, puntualmente el artículo 153, inciso 10 del Código Fiscal, pues se encuentra legalmente reconocida la personalidad impositiva de las uniones transitorias de empresas. A mayor abundamiento, alega que este criterio se encuentra unánimemente reconocido por la doctrina especializada y por sucesivos informes técnicos emanados de la propia demandada. Que resumidas las constancias relevantes de la causa cabe recordar que las medidas cautelares tienden a impedir que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre el inicio de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva. Por ende, la procedencia de dichas medidas se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que la actora aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo, configurándose un daño irreparable al actor cuyo derecho es finalmente reconocido. Allí radica el peligro, que junto a una indispensable y aún mínima apariencia de buen derecho, justifican la anticipación material de tutela judicial que implican los pronunciamientos cautelares. También requiere, en su caso, una contracautela suficiente ante la eventualidad de que la medida perjudique a la contraria, en caso de que se juzgase en la sentencia definitiva la inexistencia del derecho que esgrime el actor, y a efectos de hacer efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (asimismo art. 6, ley 7), procurándose en definitiva, que el proceso para obtener la razón no signifique un daño para quien tiene razón. Que, sentado ello, cabe ingresar en el análisis de la cuestión planteada, aclarando que corresponde discriminar el estudio de la pretensión cautelar de la autora por un lado, en cuanto a la exención que dice beneficia a su actividad y, por el otro, en cuanto a la situación de la unión transitoria de empresas que integraba frente al impuesto sobre los ingresos brutos. La parte actora impugna la determinación impositiva realizada por la demandada, alegando que las actividades de imprenta que realiza se encuentran exentas. Destaca que la exención fue oportunamente otorgada por el fisco local y, tras su revocación, el ente recaudador de la Ciudad pretende el cobro retroactivo del impuesto. Relata que la DGR contestó las defensas esgrimidas en sede administrativa, sosteniendo que la ex ención a la actividad de imprenta posee carácter de industria y que, al contrario, las impresiones que realiza la actora resultan complementarias de la prestación de servicios informáticos y se llevan a cabo con elementos de oficina, no industriales. Contra este criterio, la accionante opone consideraciones de hecho en relación a la actividad que realiza e invoca una exención expresamente otorgada por la autoridad de aplicación a partir del 1º de enero de 1994. Revocada esta exención posteriormente, la actora sostiene poseer un derecho patrimonial adquirido. 6. Que, con pacífico criterio, se reconoce a la exención impositiva un carácter excepcional y una capacidad estricta de interpretación (cf. Corte Suprema, Fallos 320:2669; 322:2890; 324:933, entre otros). Puntualmente, ha dicho el Máximo Tribunal: "Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable mención del legislador, o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y fuera de esos supuestos corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas, la que ha de efectuarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador." (Fallos 321:1660). La exención sostenida por la actora, si bien no carece de sustento legal -situación de suyo imposible- no encuentra apoyo en una declaración puntual de tal carácter por parte del fisco local y desoída por la demandada. Ésta, por el contrario, se basa en la consideración fáctica de la actividad de la empresa demandante y en la oposición a la evaluación que de estos hechos efectuó la DGR en su oportunidad. Cabe aclarar que, constituyendo la exención fiscal un supuesto de excepción, en modo alguno su otorgamiento, en cualquier tiempo que sea, redunda en la obtención de un derecho patrimonial adquirido, pues, por principio, la regla es la contribución impositiva. Teniendo en cuenta que el conocimiento de las cuestiones planteadas se encuentra r estringido en esta etapa del proceso, por imperio del criterio restrictivo y excepcional indicado a través de la mención a la jurisprudencia de la Corte Suprema, corresponde rechazar la pretensión cautelar en lo que aquí respecta. Ello, no en virtud de las dificultades técnicas que se encuentran involucradas en el sub examine, como dijera la jueza de grado y que acertadamente refutara la recurrente al afirmar que tal argumento tendería a anular el instituto de la cautela en este tipo de procesos, sino de las consideraciones de hecho a que ha sido sometida la cuestión por parte de la actora que, cabe insistir, exceden el estrecho análisis propio de las medidas cautelares y, además, resultan por ahora endebles frente a la indudable naturaleza excepcional que posee la exención impositiva dentro del universo de contribuyentes. Conforme el relato de la aquí recurrente, no se trata en el caso de una empresa exenta que, aún en expresa posesión de la liberalidad fiscal que la beneficia es obligada al pago del impuest o por la demandada. Más bien, se trata de la interpretación que requiere la actividad realizada por la actora, cuyo conocimiento precisa de un despliegue probatorio mucho mayor que el observable en esta etapa del proceso. Frente a esta necesidad, el principio restrictivo propio de la dispensa fiscal descalifica la verosimilitud en el derecho invocado. 7. Que, conforme fue referido, la impugnación del acto de determinación de oficio se dirige contra la posición de la actora frente al impuesto sobre los ingresos brutos, en su calidad de integrante de una unión transitoria de empresas. Al respecto, el artículo 174, del Código Fiscal (t.o. 2004), entre los conceptos que no integran la base imponible destaca: "10. El valor de las contribuciones de los aportes de los integrantes de las Uniones Transitorias de Empresas, los Agrupamientos de Colaboración y los demás consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica, en la medida que son necesarios para dar cumplimiento al contrato que le da origen". I nteresa poner de resalto que, en el derecho argentino, la unión transitoria de empresas es un contrato y no un sujeto (cf. Fallos 326:353). Sin embargo, a los fines impositivos se reconoce personalidad a estas entidades. En el caso puntual, nuevamente se trata de la contrastación de los análisis de hecho producidos por la autoridad de aplicación y la contribuyente. En efecto, de acuerdo a los dichos de la recurrente en su escrito inicial -únicos elementos de juicio, pues en esta etapa el juicio tramita inaudita parte- la DGR determinó el impuesto, al considerar que ciertos ingresos de la actora provenían de "operaciones internas entre los participantes del consorcio" que integra la UTE, pero no entre ella y la propia Unión. Nuevamente, sin desconocer la normativa fiscal citada, la medida cautelar solicitada encuentra fundamento en alusiones a cuestiones de hecho que resultan excesivas para el conocimiento restringido y de fuente mayormente unilateral que caracteriza a esta etapa procesal. No hay manera, en el albor de este juicio de conocimiento, de determinar la verosimilitud del derecho invocado. La inteligencia del acto atacado, mencionada por la actora, no se opone a la letra del Código Fiscal; más bien, interpreta que ciertas actividades de la actora no entran en relación con la UTE, sino con las otras entidades que la integran. No media, de este modo, una contradicción evidente con la normativa fiscal, sino un conflictivo interpretativo frente a situaciones de índole fáctica. La posición de la recurrente, si bien plausible en sí misma, no aquilata un humo de buen derecho a su favor. 8. Que, en cuanto al requisito de peligro en la demora, resulta a todas luces evidente que la cuantía de la determinación practicada por la autoridad administrativa, podría afectar el giro comercial habitual de la empresa. Sin embargo, es sabido y visible públicamente a través de numerosas intervenciones, que la política fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no pretende afectar la existencia concreta de los emprendimientos comerci ales e industriales que se desarrollan en el ámbito local. De este modo, las alternativas frente al desembolso de una deuda impositiva de relativa importancia son mayores que la sola posibilidad de un pago único por una suma millonaria. No tener esta realidad en cuenta, implicaría hacer mera abstracción de los guarismos insertos en las determinaciones de oficio emanadas de la DGR, lo que llevaría a la existencia de un peligro que, de manera constante, se verificaría en un sinnúmero de expedientes administrativos. Esta posición resulta insostenible y, así como acertadamente la recurrente imputó a la a quo la utilización de argumentos que vedarían casi cualquier pretensión cautelar como la aquí solicitada, es ella quien ahora expresa agravios que generalizan la cuestión de modo tal que, de ser aceptados, habilitarían a la suspensión permanente de actos que poseen ejecutoriedad. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación intentado y denegar, en consecuencia, la medida cautelar solici tada. El Doctor Esteban Centanaro no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y devuélvase.