marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, vista de las actuaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Mastrángelo, Miriam Raquel c/ Lucanera Ariel y otros s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Son inatendibles las argumentaciones relativas a la evaluación y ponderación de la prueba testimonial realizada por el tribunal del trabajo cuyo contenido no consta en el acta de audiencia de la vista de causa por no haberse ejercido oportunamente la facultad que confiere el art. 466 del dec. ley 7718/71.
Incapacidad laboral, cambio de tareas, negativa del trabajador, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, TEODORO J. c/ ERNESTO CASTELLANO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Si al trabajador le asignan a funciones que, por su naturaleza, no resultan injuriosas para su estado de salud y éste se niega a realizarlas pese a la intimación que se le curse en tal sentido, tal actitud significa un grave incumplimiento contractual que justifica el despido directo (art. 242 de la LCT).
Prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dot  S.A. s/ Cobro de Asutrales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-02

Aunque es cierto que no cabe exigir la utilización de fórmulas sacramentales para impugnar un peritaje, no lo es menos que si la parte duda de la veracidad de lo informado tiene a su alcance la prerrogativa de pedir explicaciones. Y si no lo hace, ni requiere en término que el perito realice la compulsa de precios en otras firmas, no puede, por la vía de un informe unilateral de su consultor - que no realizó una gestión de control en la forma prevista en los arts. 471 y 472 del Cód. Procesal - presentado fuera de plazo, poner en tela de juicio la sinceridad del dictamen pericial. Pero ello, no cabe prescindir de los guarismos que se vuelvan en el peritaje judicial.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Automóviles Saavedra  S.A.C.I.F. c/ Fiat Argentina  S.A.C.I.F. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

Por regla, sólo pueden ser sometidas a consideración de la Corte por vía del recurso ordinario de apelación, las cuestiones que fueron oportunamente debatidas en las instancias anteriores.
Juicio ejecutivo, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ TUPELI S.R.L. Y OTRO s/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA-HOY EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-02

La jurisprudencia reciente ha aceptado la posibilidad de discutir en juicio ejecutivo la validez de las cláusulas que constituyen un mutuo hipotecario, en base a la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones a cargo del ejecutado. Razones de justicia conmutativa llevan al juez a ponderar la licitud del contrato, cuyo cumplimiento se reclama, antes de dictar la sentencia.
Contrabando, consumación del delito
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: CINEPA  S.A. s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

En el delito de contrabando consistente en la sustracción de mercaderías al control aduanero, la consumación se verifica desde la realización del primer acto tendiente a impedir el control, computado desde el momento en que la aduana -según las circunstancias- hubiera estado habilitada para ejercerlo, porque en esos términos el acto ya se consumó al poner en peligro las facultades de control aduanero.
Mala praxis, hospitales públicos, responsabilidad contractual, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: San Martín, Alicia Carolina y Otro c/ Provincia del Neuquén s/ Daños y perjuicios derivados de la responsabilidad por el ejercicio profesional (mala praxis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-21

Aún cuando sea el Estado el que preste asistencia médica, ello no varía la naturaleza contractual del deber jurídico a su cargo. Así, sin perjuicio de la gratuidad de la atención, la aceptación del servicio de salud prestado por un hospital público por parte del paciente genera sin dudas un vínculo contractual del cual éste es parte, ya que entre el hospital y los médicos que en él prestan servicios se establece un contrato a favor de un tercero, es decir, de la persona hospitalizada. De allí que, la responsabilidad civil que contrae el hospital y los profesionales que allí prestan el servicio, tiene su razón de ser precisamente en la obligación creada por el propio convenio celebrado entre las partes. Por tanto, es aplicable el plazo genérico de prescripción decenal a la acción de daños y perjuicios entablada contra un hospital público por mala praxis médica (art. 4023 Código Civil).
Falta de notificación, prueba pericial, nulidad procesal, agravio concreto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ABDIAN, Víctor Joaquín s/ Auto de procesamiento, Causa nro. 29.021
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-07

Invocándose la falta de notificación de las pericias ordenadas y sus conclusiones, debe señalarse que la nulidad prevista por el artículo 258 del Código Procesal Penal es de carácter relativo y en consecuencia, quien la alegue deberá invocar el interés en el cumplimiento de la norma violada y el perjuicio que ella conlleve.
Divorcio por presentación conjunta, matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Zapata Timberlake, Marta María Guadalupe c/ Stehlin, Carlos José Federico. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

Desde la incorporación del divorcio en los términos del art. 67 bis a la Ley de Matrimonio Civil por la ley 17.711, mantenido por la ley de reformas al régimen del matrimonio en ciertos aspectos, se ha atenuado el ámbito de la prohibición que contenía dicha ley en sus orígenes en su art. 70.
Transacción, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. s/ Regulación por diferencia de valor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Los emolumentos arancelarios tienen que ser regulados -en principio- tomando como "monto del proceso" el que surge de la transacción, cuando en ella intervino el profesional interesado en la regulación (art. 25 del dec. ley 8904), pero dicho modo de terminación anormal del litigio, no obliga al abogado en la medida que no tuvo participación en el sinalagma. Ello así sin perjuicio de remarcar que si bien es cierto que el valor del pleito no constituye la única pauta computable para la paga por los trabajos realizados, la que debe ajustare asimismo al mérito, naturaleza e importancia de esa labor -y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de tales factores- este examen no puede derivar en la aplicación de un criterio o porcentaje que se aparte de los extremos dados por la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal militar, capitalización de intereses, aumento salarial, deuda no consolidada
Materia: ECONOMIA
Carátula: Cardozo, Roque Ariel y otros c/ EN M° Interior - dto. 1246/05 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

La sentencia que declaró el derecho de los coactores (integrantes del personal en actividad de la Gendarmería Nacional) a que se incluyeran las sumas correspondientes a los incrementos salariales otorgados por los decretos 1104/05 y 1246/06 al haber mensual determinado por el art. 54 de la ley 19.101, como así también al pago de las retroactividades devengadas desde su entrada en vigencia, diferencias a las que -por tratarse de una deuda no consolidada- se les aplicaría la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente, realiza una errónea interpretación del art. 10 del decreto 941/91 en concordancia con las normas expresas de orden público que vedan la capitalización de los intereses (art. 623 del Código Civil), sin que concurran los supuestos legales de excepción. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, excepción de pago, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PARRETTE E HIJOS S.R.L c/ CURTELO GUILLERMO s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Para que la excepción de pago resulte viable, debe ser probada por instrumento que emane del acreedor, debiendo referirse en forma clara y concreta a la deuda cuya ejecución se pretende detener, de tal suerte que, resultan insuficientes para sustentar la excepción de pago en el juicio ejecutivo, recibos que no se vinculan a la obligación reclamada.-
Delito de peligro abstracto, acción, leyes, portación de armas, tenencia de armas
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de prisión preventiva en: 'CN 8891/11 Cabanillas, Jorge Alberto s/ infr. art. 189 bis CP'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

El legislador no puede tipificar cualquier conducta como una de peligro abstracto, pues el artículo 19 de la CN constituye, a esos fines, una clara limitación, como lo es para reprimir penalmente cualquier conducta aun la que genere riesgos concretos o resultados y en general para todo ejercicio del poder público, de modo que la conducta prohibida debe ser, en cualquier supuesto, una susceptible de afectar los derechos de terceros, o de generar un riesgo de que ello ocurra. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, ampliación de la declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Urquia, María del C. s/ Prescripción de la Acción Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

La indagatoria y su ampliación, son actos de defensa y por lo tanto no pueden servir de impulso a la persecución penal, por lo que no cabe acordarles el carácter de secuela de juicio interruptiva del curso de la prescripción penal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, homicidio, muerte de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: J., R. E. c/  s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

La impugnante centra su planteo en una pretendida afectación de la presunción de inocencia, acusando que la sentencia atacada se apoyaría sólo en prueba indiciaria ante la ausencia de testigos directos del hecho juzgado; sin embargo, de la lectura de la resolución puesta en crisis se desprende que la Cámara realizó un análisis cabal de las pruebas que concurrían a acreditar con certeza la responsabilidad penal del imputado, otorgando particular relevancia a las narraciones obtenidas de los menores, en especial al testimonio de una de las hijas de la víctima, quien con inmediación con el hecho motivante de autos trasmitió a su hermana y a sus primas que el imputado había matado a su madre, precisando que éste le había arrojado con una botellita un líquido, y esa versión aparecía corroborada por las constancias de tinte objetivo, en tanto los expertos habían concluido que la forma en que se disponían las lesiones en la víctima permitía descartar la hipótesis de que éstas fueran autoinflingidas, y que la probable mecánica del hecho daba cuenta que el agresor utilizó la mano izquierda para arrojar el combustible y la derecha para iniciar el fuego, evaluando razonadamente el A quo los elementos de prueba aportados a la causa y brindando las razones por las cuales, en base a ellos, entendía que cabía convalidar la decisión de grado en cuanto había llegado al juicio de certeza de la responsabilidad del imputado, desechando la aplicación del beneficio de la duda en el caso.
Contrato de trabajo, fraude laboral, simulación, teoría de la penetración, responsabilidad del administrador de la sociedad
Materia: LABORAL
Carátula: "Costa Nuñez, Analía c/ G & C Salud SA y otros s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

Cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad al presidente de su directorio por vía de los dispuesto por el art. 274 de la LS (arg. Arts. 1072, 1073 y 1074 del C. Civil). La condena los alcanzará por los créditos reconocidos a favor de la actora, sin perjuicio de remitir copia del decisorio a la justicia Nacional en lo Penal Económico a fín de que investigue la posible comisión de hechos de naturaleza delictual cuyo juzgamiento debe efectuarse en ese ámbito. (Del voto del Dr. Pirolo, em mayoría).
Prevaricato, dolo
Materia: PENAL
Carátula: VIVAR LUIS ELADIO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-15

Corresponde decretar la nulidad del resolutorio en crisis, sin que sea necesario ir más allá de esta sanción procesal, desde que no se advierte que el magistrado haya obrado con el dolo que exige la figura del art. 270 del Código Penal, y si bien el resolutorio es ilegal, no sitúa la conducta del "a-quo" dentro del campo delictual, pues en nuestro sistema penal los delitos culposos se constituyen en los que se ha denominado "régimen cerrado" según el cual todos los delitos enunciados por la ley, sin especificaciones, son dolosos;

culposos sólo lo son aquellos que están expresamente designados como tales, y sabido es que la ley argentina utiliza fórmulas particulares para hacerlo (referencias a la negligencia, imprudencia, impericia, etc.), lo cual en este caso (art. 270 del Código Penal) no ocurre.
Abogados, deberes procesales, lealtad procesal, devolución del expediente, vencimiento del plazo, sanciones procesales, multa, recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CASTELLANI, ELISEO c/ MARTINEZ GREGORIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 630 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el letrado contra la resolución de la Cámara que modificó reduciendo la multa que le había impuesto el juez inferior por indebida retención del expediente, desde que lo decidido no ha sido derivación razonada del derecho vigente, habiéndose apoyado en una fundamentación tan sólo aparente que no satisface el derecho a la jurisdicción del recurrente. En efecto, asiste razón al recurrente al sostener que se ha vulnerado su derecho de defensa, toda vez que fue sancionado por una falta que no cometió (la infracción a los deberes éticos exige dolo, la falta de devolución del expediente, culpa), en base a una imputación de la que no pudo defenderse y, además, aplicada por quien carecía en absoluto de competencia para ello en razón de que, de haber incurrido en alguna desviación de conducta, debió ser juzgado por el Colegio de Abogados (art. 24, in fine), lo cual configuró una violación del principio del "Juez Natural". Surge claro, pues, el sorpresivo desvío en que incurrió la Sala, en tanto aun sin haberlo citado, es evidente que juzgó la conducta del curial a la luz de lo normado por el artículo 24 del Código de rito, sin hacerse cargo de la última parte de ese precepto que expresamente indica: "Si fueren los defensores los que faltaren a esos deberes, el juzgador lo comunicará a los colegios profesionales que ejerzan sobre ellos la jurisdicción disciplinaria".
Derechos de exportación, nomenclatura común del Mercosur, resolución ministerial, delegación de facultades a la Administración, interpretación de la ley
Materia: ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

La resolución ministerial n° 11/02-que estableció derechos de exportación del 10% y el 5% sobre las mercaderías que indica comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur-, es inválida ya que ninguna de las leyes enunciadas podría ser invocada como una ratificación o aprobación retroactiva , puesto que aquélla es inválida desde sus orígenes y frente a un universo heterogéneo de normas que ni siquiera son identificadas en forma alguna, la mención del legislador en el sentido de aprobar la totalidad de la legislación delegada aparece poco propicia para derivar de ella que se ha querido avalar el contenido de dicha resolución, máxime cuando se trata de una materia ajena a las mencionadas en el art. 76 de la Constitución Nacional, y la propia ley 26.519 puso en evidencia que, pese a haber transcurrido más de diez años desde el vencimiento del plazo de cinco años que el convencional le concedió al Congreso para expedirse, éste ni siquiera ha logrado establecer cuáles son las leyes que delegan facultades, cuáles se encuentran vigentes, modificadas, derogadas o son de objeto cumplido, ni si las materias se corresponden con lo regulado en aquéllas cláusula constitucional, razón por la que se decidió crear en el seno del Poder Legislativo una comisión bicameral especial con el fin de revisar, estudiar, compilar y analizar la totalidad de la legislación delegante preexistente. -Disidencia de los jueces Petracchi y Argibay-
Recurso de casación, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: B.B. SA s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-09

"En lo relativo a la procedencia formal del recurso de casación, cabe señalar reiteradamente que corresponde un análisis en abstracto, con referencia a las categorías generales que dan perfil a cada causal y donde las cuestiones invocadas guarden una elemental conexión con la realidad del caso concreto. Es decir, una especie de examen de verosimilitud como en las medidas cautelares y donde el enfoque "debe hacerse desde el punto de vista del recurrente: no se trata de colocar al Tribunal superior de la causa ante la agria posibilidad de defender -o atacar- su propio decisorio".
Sanciones procesales, cesantía, funcionarios judiciales, expediente, sustracción de expediente, retiro del expediente
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. 1380 s/ Sanciones Disciplinarias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

Corresponde aplicar la sanción de cesantía (art. 16 del decreto - ley 1.285/58) a la empleada que infringiendo expresas disposiciones en contrario de sus superiores, por ella conocidas, retiró sin autorización un expediente judicial, posibilitando así la sustracción de la causa en definitiva ocurrida, perdiendo de este modo la confianza de su superior jerárquico.

La relación de confianza con los subordinados debe mantenerse incólume para desarrollar armónicamente la difícil tarea de administrar justicia, y es requisito esencial para el cumplimiento de la labor judicial; por lo que si la conducta del empleado es susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de los superiores, la separación del cargo no es arbitraria.
Responsabilidad internacional del Estado, crímenes de lesa humanidad, arresto domiciliario, derechos y garantías constitucionales, adultos mayores
Materia: PENAL
Carátula: Domato, Horacio Rafael c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

El otro voto concurrente señaló que, en pleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores, lo cual no significa desconocer la gravedad de los hechos que se han ventilado en autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta (en el supuesto de autos se discute justamente si la misma puede ser cumplida en su modalidad de arresto domiciliario) sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor. En efecto, dicha obligación internacionalmente asumida por la Argentina no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho. Sino, por el contrario, aquélla requiere -a lo que a la cuestión traída a revisión concierne- un análisis racional de los derechos y garantías en juego, principalmente, los derechos humanos que asisten a las personas adultas mayores, no obstante se encuentren sometidos a proceso penal o ya habiendo sido declarados responsables por algún delito, incluso, si fueran condenados por hechos calificados como de lesa humanidad, atendiendo no sólo a la normativa constitucional sino, además, a los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la vejez.
Obligación alimentaria, responsabilidad parental, parentesco
Materia: CIVIL
Carátula: R.E. y S.R.A.M. s/ Divorcio vincular por presentación conjunta -Incidente de alimentos- conjunta -Incidente de alimentos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-08-01

El deber de asistencia material por parte de los alimentantes a los alimentados -pese a ser éstos últimos mayores de edad- no deviene solamente en rigor de la patria potestad sino que se asienta en el vínculo de parentesco existente entre los padres e hijos. Ello justifica este deber a pesar de las vicisitudes a que pueda encontrarse sometida la patria potestad.
Médicos, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Horacio Guillermo c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La formación universitaria y la condición de jefe de guardia de un hospital público impone correlativamente al agente máxima cautela y responsabilidad en la adopción de determinadas conductas y, por ende, una estimación más estricta -si cabe- de sus responsabilidades disciplinarias por la autoridad administrativa al juzgarlas (doct.

art. 902, C.C.).
Facultades de la administración, facultades discrecionales, motivación del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Blasetti, Ernesto Edgardo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La motivación de los actos de la autoridad se impone con mayor razón en materia de facultades discrecionales para evitar que se desvirtúen los principios republicanos que imponen a la Administración dar cuenta de sus actos, los derechos de impugnación de los particulares afectados y la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ FRANCISCO c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO(REAJUSTE Y COBRO DE HABER  JUBILATORIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-19

La inercia del demandante tiene un efecto benéfico para la administración.Ello debe ser así por cuanto la caducidad implica una sanción a la inoperancia del actor.