Indemnización por despido, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Olcese, Oscar Agustín  c/ FAMITAX SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-05

El accionante objeta la desestimación de los resarcimientos derivados del cese contractual, ruptura decidida por aquel merced a las diversas inobservancias obligacionales en las que habría incurrido el empleador. En una primera pieza telegráfica el actor intimó a la empleadora, dada la negativa de tareas sin explicación alguna, a que aclare su situación laboral. Dado que la accionada mantuvo una tesitura silente frente a la requisitoria, el demandante procedió a expedir una segunda epístola a través de la cual disolvió el vínculo. La iniciativa rupturista del trabajador demandante no resultó ajustada a derecho. El conflicto inter-partes comienza autocomponerse merced el intercambio telegráfico, donde el contratante disconforme exige el cumplimiento de ciertas conductas, cargas, deberes u obligaciones de su semejante, haciendo saber cuál será su proceder frente a una hipotética actitud silente o refractaria. La necesidad de plasmar este último contenido, como condición esencial para habilitar la materialización de una medida o reflejo ante los posibles escenarios adversos, halla su raíz en el legítimo derecho de defensa que asiste al destinatario de la reclamación, a quien se le debe dar a conocer con suficiente precisión cuáles serán las potenciales consecuencias dañosas que pueda irrogar su tesitura. Privado de tal anunciación, el pretendido requerimiento fehaciente no satisface el propósito de constreñir al contrario a deponer su actitud injuriosa, enmendar su inconducta, ni mucho menos a reencauzar el vínculo por los carriles del sosiego; de allí que un emplazamiento despojado de apercibimientos, o escoltado de advertencias inadecuadas, resulte jurídicamente inocuo a los fines de esclarecer si la iniciativa disolutoria devino justificada, pues no existe un marco conductual precedente en virtud del cual puedan examinarse las posturas adoptadas por cada contratante. La adopción de dicha perspectiva en modo alguno importa desconocer los evidentes perjuicios que la observancia íntegra de las obligaciones retributivas acarrean a la persona trabajadora, ni tampoco controvertir que tal proceder puede resultar merecedor de la máxima sanción contractual en caso de lucir despojado de justificación. Empero, para que esa inconducta efectivamente adquiera el tenor de disparador rescisorio en el caso concreto resulta indispensable que el/la dependiente exteriorice dicho temperamento mediante una interpelación correcta y acabada a la patronal antes de consumar la denuncia, acaso en modo de advertencia, ora con la finalidad de obtener una revisión de la conducta viciosa, ora en tren de posibilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa que ampara a la parte no rupturista. Tal canon constituye una exigencia vigente para ambas partes del vínculo, que abreva derechamente del principio de buena fe pero -ante todo- de la directriz de continuidad del contrato que rige en la materia (art. 10 LCT). Tampoco podría sostenerse válidamente que el apercibimiento de disolver la relación se hallaba ínsito, latente, ante un eventual rechazo de los requerimientos cursados, toda vez que el peticionante gozaba de diversas herramientas jurídicas para compeler sus satisfacción, sin acudir a la denuncia del contrato (vgr. excepción de incumplimiento contractual, reclamación judicial del haber no satisfecho, etc.). Corolario de las consideraciones expuestas, la disolución del nexo propiciada por el accionante resultó apresurada, tal como lo sostuviera la Sentenciante de grado, adhiriendo a su pronunciamiento en cuanto desestimó los resarcimientos fundados en los arts. 232, 233 y 245 LCT, el incremento previsto en el art. 2 ley 25.323 y la duplicación prevista en el DNU 34/19. (Del voto de la Dra. Hockl, en minoría)