marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento, bloque parlamentario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

El criterio seguido en esta oportunidad por la Legislatura, al computar los votos de los integrantes de los interbloques que avalaron las propuestas de Auditores Generales, no se encuentra palmariamente en pugna con las limitadas precisiones que sobre el artículo 136 de la CCABA ha venido delineando el Tribunal mediante la doctrina resultante de los fundamentos comunes vertidos en los votos de los jueces que con carácter estable lo conforman. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, designación de jueces, audiencia pública
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

El inicio del procedimiento de audiencia pública pautado en el capítulo VI de la ley 6 interrumpe el cómputo del plazo inicial de 60 días establecido en el art. 118 de la CCBA, para que la Legislatura se expida sobre las propuestas de designación de los jueces remitidas por el Consejo de la Magistratura; y otro plazo similar volverá a contarse desde la finalización de los trámites inherentes a aquél. De tal modo, en el diseño de la norma se distinguen tres lapsos.

El de los primeros sesenta días, el que insuma el procedimiento de audiencia pública y el de los segundos sesenta días a los que ella alude. Ante ello, cabe concluir que una hipótesis factible es que, con sujeción a este régimen normativo, la designación de un juez insuma ciento veinte días más el plazo que irrogue el procedimiento de audiencia pública que, de conformidad a las previsiones de la ley específica, nunca será inferior a los cuarenta días; todos ellos hábiles.

A dichos plazos se suman los correspondientes a los recesos legislativos, concluyéndose que el horizonte temporal previsto por el constituyente se ve absolutamente desvirtuado; sin que se cuente con elementos que doten de razonabilidad a tal circunstancia, pues no se advierte cuál es la necesidad de establecer un plazo tan extenso como todo el fijado por la Constitución para el cumplimiento del primer tramo de labor previsto por la legislatura, orientado a dar inicio al procedimiento de convocatoria de audiencia pública, consistente en la remisión del pliego a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, declaración de inconstitucionalidad, interpretación de normas y actos locales, Código Fiscal de la Provincia de Río Negro
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: American  Express Argentina S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

Corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema la demanda tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 63 del Código Fiscal y la resolución 145/2000 del Ministerio de Economía de la Provincia de Rio Negro.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: SCHONWALDER ERNESTO c/ DOPTA PABLO FRANCISCO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-30

En caso de destrucción total del vehículo existe un perjuicio íntegro, un daño absolutamente consumado, que confiere un derecho al reembolso también total del menoscabo patrimonial sufrido, que debe se establecido al momento en que opera la pérdida, y que no admite por esa misma razón, una existencia adicional o extra basada en la privación de uso, ya que la suma a percibir será el perjuicio "in totum" causado por el ilícito.
Costas, allanamiento, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Scania Argentina S.A. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

El desconocimiento del derecho o rechazo del recurso o reclamo en sede administrativa que motiva la promoción de la acción configura un supuesto que no justifica la dispensa legal en caso de posterior allanamiento, toda vez que el origen se remonta a la actitud asumida por la administración demandada (cfr. art.

70, inc. 1°, última parte del C.P.C.C.N.; y Palacio, Lino E.

"Derecho Procesal Civil", T.III, 5a, reimp. Bs.As. 1991, p.

376). (Del voto del Dr. Coviello, consid. 5).
Cheque sin fondos, daño material, indemnización, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: PODESTA, JORGE ENRIQUE s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

1- No procede el reclamo de la indemnización del daño material-por el delito de cheque sin provisión de fondos-si el propio interesado reconoce haber obtenido en sede comercial la satisfacción del importe del capital, intereses y actualización por depreciación de la moneda, por lo que aparece claramente la inexistencia del daño.

Además, la falta de rédito por la posible inversión del dinero por parte de la querellante está compensada por los intereses y la actualización que ha recibido en los juicios ejecutivos.- 2- La indemnización del daño moral ha de otorgársele a la víctima del delito de cheques sin provisión de fondos, pero no ha de convertirse en fuente de beneficio inesperado, ni de enriquecimiento injusto, limitándose a considerar la expectativa fracasada (frustración del cheque), pagándose el disgusto, la indignación y el mal rato, teniéndose en cuenta la importancia y gravedad del delito y las condiciones pecuniarias y sociales de las partes.
Tenencia de armas, armas de uso civil, autoría
Materia: PENAL
Carátula: PRESTA, Diego. s/ EXCUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-30

Para que se configure el delito de tenencia de arma de uso civil, debe existir un poder de disponibilidad material entre el sujeto activo y el arma, de manera tal que su utilización resulte posible, no correspondiendo admitir la participación criminal llevada a cabo por el coautor.
Juicio de desalojo, intruso, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANGUINETTI MARTA INES c/ BENAY ABEL PABLO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-24

Para que sea procedente la demanda por desalojo a intrusos debe probarse la precariedad de la posesión. Quien alega la condición de simple tenedor con obligación de restituir al demandado, debe probarlo por la demostración del título en cuya virtud entró en la ocupación precaria del inmueble; no basta, en su defecto, que éste se encuentre en la imposibilidad de demostrar que es poseedor para que la demanda sea admitida. Resulta impropio decir que la actora debe acreditar la calidad de intruso que le atribuye al demandado.

Ello puede hasta ser admitido por éste, sin que ello habilite por sí sólo el progreso de la acción. Lo determinante, es la demostración de la precariedad de su tenencia, vale decir del reconocimiento de la propiedad o posesión ajena.
Cónyuge separado, absurdo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Duarte, Gladys Belkis
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

Establecer la culpa de los cónyuges en la separación constituye una típica cuestión de hecho ajena a esta instancia extraordinaria, salvo absurdo.(doctor Genoud, sin disidencia)
Acción de amparo, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G., J. F. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

Atento a la inexistencia de normas locales sobre regulación de honorarios por actuación profesional de los abogados en las causas judiciales, la ley Nro. 21.839, modificada por la ley Nro. 24.432, regula en la materia de aranceles profesionales en el ámbito de los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal y provincias, resultando, en tanto no se contraponga con la normativa local, aplicable al presente caso.

El art. 6 de la mentada ley proporciona una serie de pautas para fijar el monto del honorario, sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares del caso; entre las que se encuentran, la naturaleza y complejidad del asunto o proceso; el resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido; y el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo.

Por otro lado, el art. 36 de la ley 21.839, dispone que en los procesos que se tramiten por la vía del amparo, como lo es el caso en análisis, el honorario profesional no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos ($ 500), salvo pacto en contrario, extremo que no se verifica en el presente. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Acción revocatoria, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Córdoba, Elena Laura c/ Espinosa, Daniel Jorge s/ Acción revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La acción revocatoria debe ser dirigida también contra el tercero que contrata con el deudor.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, emergencia previsional, reducción de la jubilación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOBO DE CABRERA PAULÍ, ELENA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA. s/ AMPARO -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05

En las circunstancias de la economía provincial y frente al déficit financiero del sistema previsional local, no puede salvo prueba en contrario no producida en la causa reputarse que las reducciones en los haberes de los pasivos resulten confiscatorias o lesivas de los principios generales reconocidos en la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación.

Ello es así máxime si se tiene en cuenta que tales reducciones representan la cuota de sacrificio solidario del sector pasivo frente a la crisis económica de la Provincia, siendo que el principio de solidaridad que nutre al concepto de "seguridad social", no sólo es la base del sistema previsional, sino antes bien, de la sociedad misma, cuyo bienestar es la finalidad última de la tarea legislativa.

La insuficiencia de prueba que acredite la medida del agravio posible, esto es la confiscatoriedad de las reducciones del quantum del beneficio acordado, por violación de la razonable proporcionalidad que debe mediar entre el haber de pasividad y el que habría percibido el cónyuge de cada accionante de continuar en la actividad, conlleva a la desestimación de la acción intentada, ello por cuanto la declaración de inconstitucionalidad que se persigue por esta vía ante la última instancia jurisdiccional de la Provincia, no puede tener un carácter consultivo, ya que la interesada debe sostener y demostrar a lo largo del proceso que la pretendida vulneración de la Constitución Provincial y Nacional, le ocasiona un gravamen concreto, cuya demostración no surge en autos.

El interés jurídico concreto que debe necesariamente dar sólido cimiento a la pretensión tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos atacados, es además insusceptible de ser invocado por el titular de un beneficio previsional, cuyo haber de pasividad se ve reducido por vía "refleja" a través del mecanismo de cálculo del haber que establece la Constitución Provincial y reglamenta la Ley de Jubilaciones, sobre la base de una relación de "proporcionalidad" entre el haber de actividad y el de pasividad.

Si el titular del derecho previsional ha consentido la determinación del beneficio que se estructura constitucional y reglamentariamente sobre la base del principio de proporcionalidad que media entre el haber de pasividad y la remuneración del agente en actividad, no puede luego pretender desvincular su beneficio de las variaciones que en los componentes integrativos de la remuneración del trabajador en actividad, han sido establecidas por el legislador provincial.

No entenderlo así, además de contradecir las consecuencias de un comportamiento anterior vinculante del propio interesado, significaría desconocer la finalidad sustitutiva de los haberes de pasividad respecto de los de la actividad.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, archivo del expediente, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Enrique Vanzato  SACIFI y A  y otro c/ Municipalidad de Magdalena s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires que declaró que la cuestión sometida a juzgamiento era propia de su competencia originaria y exclusiva respecto de causas contenciosoadministrativas, y decidió anular todo lo actuado y ordenar el archivo del expediente, se muestra absolutamente irrazonable y lesiva de las garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, lo que justifica su descalificación como acto judicial válido.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ojeda, Juan Carlos c/ Barella, Néstor Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Desatiende la doctrina de esta Corte el fallo que ordena liquidar intereses al 6% desde el ilícito hasta la sentencia, cuando de acuerdo a aquélla debió serlo hasta el 1 de abril de 1991.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Saúl; Altamira, Rubén s/ Robo calificado, privación ilegal libertad calificada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna uno de los elementos integrantes de la prueba compuesta, si los restantes son suficientes a los indicados fines legales y en el recurso se los impugna con meras afirmaciones no acompañadas de fundamento normativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, recurso de apelación (procesal), elevación en apelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Pagnoni  de  Bruni,  Susana  Beatriz c/ Estado Nacional y otro s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Cuando una causa se encuentra con apelación consentida ante un tribunal de alzada, es éste quien debe intervenir en los recursos pendientes, sin perjuicio de la ulterior remisión al juez que finalmente corresponde seguir entendiendo en el proceso. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Subterráneos, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social c/ Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro y Otros s/ Ley de Asoc. Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-06

Corresponde ordenar revocar una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que otorgó personería gremial a una asociación de trabajadores de subterráneos y premetro como entidad sindical de primer grado; con zona de actuación en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que en las actuaciones de la resolución impugnada no se ha cotejado con las garantías necesarias que prevé el proceso que específicamente dispone el art. 28 de la ley 23.551, que la peticionaria presenta un número de afiliados cotizantes considerablemente superior a los de la Unión Tranviarios Automotor.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Bagala, Héctor c/ Empresa Transportadora Cuenca S.A.C.I.F.I.A. s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

La decisión del caso debe sujetarse a la estructura del tema litigioso y atendiendo a los medios de prueba incorporados al proceso, descartando que rigorismos formales desplacen la verdad jurídica objetiva, finalidad que debe preservarse para asegurar un adecuado servicio de justicia.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, examen de admisibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: H, E J s/ LESIONES CULPOSAS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 776-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-14

No emite incorrectamente un juicio de procedencia del recurso de inconstitucionalidad la Cámara que efectúa un enfoque acerca de los aspectos "formales", concerniente en un primer paso a los requisitos de formalidad "stricto sensu", o "rituales" y a continuación, estima si el planteo del recurrente, tal como éste lo formula, encuadra en una hipótesis abstracta de arbitrariedad que no resulta manifiestamente ajena a la litis.
Jurisdicción y competencia, prórroga de la competencia, acuerdo de partes, domicilio conyugal, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSENFELD, MIGUEL MAURICIO - WASSIN DE ROSENFELD,IRAIDA. s/ DIVORCIO 67 BIS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

Es competente la justicia nacional para conocer del divorcio consensual planteado por quienes no han tenido, prima facie, domicilio conyugal en la República y han acordado someterse a los tribunales nacionales en lo civil de la Capital Federal. Ello así, pues el fuero del cónyuge con domicilio en territorio provincial puede ser renunciado a favor de la competencia de los tribunales nacionales, ya que el art. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo veda la prórroga de la competencia de aquéllos, pero no la de los tribunales de provincia en los de la Capital Federal.
Contratos civiles, consentimiento, perfeccionamiento del contrato, oferta, aceptación de la oferta
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOCUMENTA EDITORES SRL c/ ILIMEX S.A.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La conclusión de un contrato se produce de modo escalonado; la declaración que precede, -oferta-; la que sigue, -aceptación-;

siendo indiferente cual de las partes toma la iniciativa, pues ello no cierra el vínculo contractual, de modo tal que la oferta puede ser retractada hasta no haber sido aceptada (cciv: 1144; 1145 y 1150), de allí que se la haya definido como declaración de voluntad unilateral, autosuficiente y recepticia que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella un contrato.
Responsabilidad civil, relación de causalidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Martín, Edgardo Derly c/ Municipalidad de Rawson y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-13

Si la conducta de la víctima contribuyó causalmante a la producción del hecho dañoso, corresponde tener por menguada la obligación de los civilmente responsables por interrupción parcial del nexo causal entre el hecho y el daño.
Competencia, cuestiones de competencia, Impuesto de sellos, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARBELECHE, OSCAR s/ COMPETENCIA FEDERAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-06

Debe conocer la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal toda vez que el carácter local que pueda tener el impuesto de sellos no implica que su producido integre patrimonio alguno destinado a la prestación de servicios local en esta ciudad sino que, por el contrario, aquél ingresa a rentas generales de la Nación.
Nulidad de sentencia, excarcelación, derecho a ser oído, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Camarelli, Antonio Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-05

Corresponde anular la resolución que concedió la excarcelación al condenado toda vez que si bien se advierte ajustada a derecho la decisión del a quo de convocar y oír a la víctima del proceso antes de tomar la decisión recurrida, no resulta acorde a le ley el hecho de no valorar su dictamen, en la idea de que era perjudicial para los intereses del imputado, conclusión que importa una arbitraria interpretación de la ley procesal vigente. Es que a partir de la sanción de la ley 27.372 se le ha dado un grado mayor de protagonismo de la víctima del delito, inclinando la legislación hacia un nuevo rol de esa parte, como protagonista del proceso penal con plena atención de sus demandas e intereses. Por ello, la errónea aplicación de la norma que consagra el rol de la víctima como parte del proceso penal, en el trámite de esta incidencia, implica un supuesto de nulidad, que no puede ser subsanado, e invalida a la resolución impugnada como acto jurisdiccional válido.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, motocicleta, cruce de calles, prueba testimonial, falta de uso de casco, conducción riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Gasparini, Verónica c/ Aba, Oscar del Valle s/ Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes de Tránsito - Recurso de Apelación - Expte. N° 509178/36
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-03-31

El motovehículo aún siendo un rodado de menor porte, resulta un vehículo de riesgo y su conductor debe extremar los recaudos velando por su seguridad y la de los terceros -incluso sus transportados que en la especie una de ellos era la actora-, no habiéndose ello demostrado en autos. De la causa se desprende que, al llegar a la bocacalle la motocicleta no detiene su marcha, sino que por el contrario continúa su cruce sin parar hasta que es embestida por el automóvil del demandado. Quien llega sin prioridad a una bocacalle debe necesariamente extremar las precauciones, disminuir al máximo la velocidad y controlar su vehículo de modo que pueda ceder el paso sin dificultad a quien cruce en su línea de marcha; a la inversa, el que goza de prioridad tiene derecho a adelantarse, presuponiendo que quien se le cruce observará aquellos cuidados. No cabe revocar una sentencia por solo un testigo al cual le parece que el vehículo embistente venía con exceso de velocidad, hay carencia de prueba concreta al respecto. La accionante pretende se flexibilice la regla de prioridad de paso por la supuesta velocidad excesiva del demandado al cruzar la calle, pero olvida que fueron sus propios compañeros de viaje quienes contribuyeron a que el hecho ocurriera al no cumplimentar con las normativas de tránsito, no cumplir con la prioridad de paso a la derecha, no llevar cascos protectores, llevar el conductor más de un acompañante, incurriendo por ello en la propia culpa de la víctima (actora), o de un tercero (conductor de la moto), este último al no haber sido demandado, no cabe imputarle responsabilidad alguna. Así, la conducta negligente del conductor de la motocicleta y la asumida deliberadamente por la propia víctima transportada; tuvo incidencia en el accidente y en las secuelas disvaliosas que provocó el siniestro.