marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
Materia: PROCESAL - POLITICO
Carátula: Fernández, Mabel Irene c/ E.N.  (P.E.N.) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-22

Qué mejor reconocimiento de la responsabilidad del Estado que la Ley 24.043 (B.O. 2 de enero de 1992) que concede beneficios indemnizatorios a las personas que durante la vigencia del Estado de Sitio hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. por decisión de éste o que, siendo civiles, hubiese sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares?.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio ejecutivo, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA c/ CUENCA, SELVA ARGENTINA Y/O POSEEDOR Y/O CUALQUIER OCUPANTE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-12

El fallo de Cámara, que en un juicio de apremio, que persigue el cobro de impuestos y tasas, decidió imponer las costas en el orden causado, por aplicación de los arts. 68, último párrafo y 71 del ritual, trasluce un apartamiento de los principios específicos del régimen de costas, regulado especialmente con referencia al proceso ejecutivo, en el art. 536 del CPCC.

Importa un notorio apartamiento de la solución normativa prevista para el caso resulta conculcatoria de expresas garantías constitucionales, esencialmente el derecho de la propiedad, circunstancia que determina la admisión del recurso de inconstitucionalidad.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA ENRIQUE ANTONIO c/ PUNTA BUSTAMANTE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Es improcedente el recurso extraordinario por ausencia de debido fundamento de naturaleza federal, toda vez que se destacan cuestiones fácticas y de derecho común, ajenas al conocimiento del remedio federal intentado, además de que carece de un relato claro, preciso y no contiene una crítica concreta y razonada, incumpliendo así con las pautas previstas en el art. 3 inc. B y C de la Acordada 4/2007 CSJN y con los requisitos del art. 14 de la ley 48
Docentes, cesantía, causas políticas y gremiales, reincorporación, cómputo de servicios, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FLICHMAN, EDUARDO HECTOR c/ UBA s/ NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

El art. 10 de la ley 23068 se limitó a establecer que cada universidad debía asegurar la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, dejando librado a la autoridad universitaria la especificación de dicho régimen, esto es, el establecimiento de los requisitos y excepciones para acceder a él por lo que corresponde confirmar el art. 2 de la resolución del Decano Normalizador de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales que aplicó el criterio del art. 6 in fine de la resol. 424 del Consejo sup.

Provisorio de la UBA, dictado sin exceder las potestades reglamentarias.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Plaza Huincul c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Se impone la consideración de los argumentos expuestos por la demandada, si ellos se encuentran vinculados con la propia existencia de la deuda, requisito sin cuya concurrencia no existiría título hábil.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: ZALAZAR, CANDIDO NATALIO c/ BIANCHINI REYNALDO E HIJOS Y/O RESPONSABLE s/ SUELDOS INTEGRATIVOS TEMPORADA 1993/1994, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-14

La crítica concreta y razonada que debe contener el memorial, no se sustituye con la reiteración de los argumentos dados al iniciar la acción.-
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larquin de Maisonnave Elda c/ Sibille Carlos Tulio s/ Desalojo con condena de futuro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-02

La existencia de controversia respecto de los hechos expuestos por las partes no determina por sí sola la necesidad de abrir a prueba, pues si ocurre que con la prueba anejada ya hay suficientes elementos para decidir, no corresponde hacer producir otra que, por superflua o irrelevante, deviene innecesaria (art. 1193, 1622 y cc.

CCI; 1º ley 23091). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Non bis in ídem, identidad de objeto procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Osvaldo Jorge Fano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-07-04

La garantía que prohíbe el doble juzgamiento requiere la confluencia de las tres identidades -en la persona perseguida, en el objeto y en la causa de la persecución-, debiendo tratarse de reproches concretos efectuados en forma individual a cada imputado, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los acontecimientos y su motivo, y siendo indispensable que la decisión anterior emane de jueces independientes.
Denegatoria del recurso, depósito previo, derechos y garantías constitucionales, impugnación de deuda impositiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guacars S.A c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

El requisito de depósito previo (art. 15 de la ley 18.820), que habilita la instancia recursiva, tiene supeditada su procedencia en aquellos casos en que se demuestre un detrimento o pérdida de derechos reconocidos por la CN o cuando el monto del depósito reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente, pues si no se acompaña elemento alguno tendiente a comprobar tales presupuestos, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
Daño moral, Fuerzas Armadas, servicio militar, muerte de un conscripto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASTIAK, Andrés y OTRO c/ E.N. (E.M.G.E) s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

La jurisprudencia citada por el Estado Nac. en defensa de su derecho -C.S.J.N. in re Valenzuela y Bertinotti , falladas el 25 de agosto y 6 de octubre de 1992- no resulta aplicable a la situación del ex conscripto, toda vez que éste no fue afectado por una disminución menor del 66% para el trabajo en la vida civil, como consecuencia de un acto de servicio, sino que la patología que padecía en vida (esquizofrenia catatónica) y que fuera determinante de su deceso, existía al ingresar al Ejército en cumplimiento del servicio militar obligatorio. (Se confirmó la sentencia que condenó al Estado Nac. a resarcir el daño moral de los padres del ex conscripto fallecido, con fundamento en el art. 1113 C.C.)
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, prueba, carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES, OSCAR CIPRIANO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

Cuando se trata de daños provenientes del riesgo o vicio de la cosa, la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardian, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño.
Transporte por agua, contratos de utilización de buques, responsabilidad del transportador, relación de causalidad
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION
Carátula: NATIL SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ STELLA F s/ FALTANTE Y/O AVERIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

La misma interpretación ha seguido la sala 2 de esta cámara en un fallo reciente, poniéndose de manifiesto que el principio del art. 292 L.N. y, por analogía, el del art. 153 del cód. Aeronautico, no impide que "si uno de los transportistas demuestra la inexistencia de relación causal entre el daño y su conducta, el quede exento de responsabilidad, desde que en ese supuesto no funcionarían los requisitos propios de la solidaridad y la solución general, aparte de no ser justa, resultaría naturalmente antifuncional" (del voto del Dr. Vocos Conesa en la causa 4265/94, resuelta el 6.2.97.).
Principio precautorio, protección del medio ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

La aplicación del principio precautorio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable; por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso de la economía regional en el caso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Marcas, uso indebido de marca o designación, nombre, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: JEAN RENE LACOSTE c/ MODART  S.A.C.I.F.E.I. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Parece duro cohibir en la actualidad a la demandada el uso de una marca que viene empleando desde hace años. Pero el gravamen que resulta encuentra su causa en la propia conducta de la demandada, quien adoptó un signo marcario que interfería en la órbita de protección de otros, lo que basta para descartar un interés legítimo tutelable.
Asociaciones sindicales, despido del delegado gremial, opción del trabajador, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: BAREIRO GARCETE, Julio c/ COMERCIAL INTERNACIONAL SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-16

Si la demandada se allanó a la acción promovida por el delegado gremial por nulidad y reinstalación en su puesto de trabajo, no puede éste luego pretender iniciar un nuevo reclamo por cobro de indemnizaciones toda vez que el art.52 de la ley 23551 es claro al expresar que frente al despido directo, el delegado tiene una opción: inicia la acción por nulidad y reinstalación o persigue el cobro de las indemnizaciones correspondientes.Pero la elección de una de ellas cierra definitivamente el catálogo de alternativas posibles toda vez que dichas acciones no son acumulativas sino excluyentes.(Del voto del Dr. Morando).
Trabajador en relación de dependencia, remuneración, remuneraciones accesorias, viáticos, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: B.G.H. S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

El salario social es aquel que, excediendo el esquema contractual, lleva al trabajador a recibir beneficios ajenos al salario prometido, permitiendo con ello realizar el fin social de la empresa, cumpliendo con la responsabilidad que la sociedad le delega en cuanto a las necesidades que puedan afligir a sus dependientes (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 28.08.97, "Fate S.A. c/ D.G.I.").

De allí que la actividad de la empresa que entrega pasajes al personal que cumple tareas en lugares alejados (en el caso, Pcia. de Tierra del Fuego) debe considerarse efectuada a fin de mejorar la calidad de vida de aquéllos, atendiendo los motivos particulares de cada uno de ellos en el marco de la especial situación en que se encuentran (alejados de sus raíces familiares). En consecuencia, debe descartarse que ese tipo de beneficios tengan carácter remunerativo.
Seguros, reaseguro, INDER, deuda exigible, asegurador, obligaciones en moneda extranjera, acreedor en moneda extranjera, bonos externos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEPTUNIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS s/ REASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La finalidad de los decretos 786 y 787 y comunicación C-274 era que los acreedores de obligaciones en moneda extranjera pudieran ver saldadas sus acreencias -de así aceptarlo-mediante la entrega de bonos externos por parte de los deudores. En consecuencia, debían darse dos situaciones: una "deuda impaga" al 30.6.82 y la entrega de tales títulos al acreedor. En las relaciones entre el INDER y el asegurador cedente, regía como se ha dicho un sistema de financiación, que consistía, básicamente, en que el segundo durante un cierto plazo no estaba obligado a cancelar la deuda, sin perjuicio de lo cual el primero abonaba a la aseguradora los créditos que nacían en favor de ella, como por ejemplo a raíz de producirse un siniestro reasegurado.

Vencido el plazo aludido, la deuda de la aseguradora se tornaba "exigible", lo que significaba que debía pagarla en forma inmediata entregando al Instituto la cantidad de moneda extranjera correspondiente, pues de lo contrario el Ente, en caso de surgir en ese momento un crédito en favor de la cedente, no remesaba los fondos para el pago sino que recurría al mecanismo de la compensación en la cuenta de reaseguro. El Banco Central autorizaba a los deudores a suscribir bonex a un precio preferencial sólo para cancelar las obligaciones específicas que dieron lugar a la correspondiente solicitud. Por tanto, es coherente con el régimen legal aludido que el INDER estableciera que sólo con relación a los créditos cuyo pago estaba en condiciones de reclamar o de compensar mediante el procedimiento antes señalado, podían sus deudores obtener bonex a valor reducido, pues de lo contrario -no hallándose constreñidos a abonar al INDER la porción "no exigible" de su deuda-podían llegar a realizar operaciones especulativas con los títulos excedentes, desnaturalizándose de ese modo el propósito de aquélla legislación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, celeridad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la constitución de Tribunal plenario en los juicios   De amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

Basta para la concreción de la compulsa de opiniones que determinar la factibilidad del plenario, la remisión de los elementos que permitan a los distintos jueces expedirse en sus respectivas sedes enviando por oficio a la Sala convocante sus conclusiones la que tendrá a su cargo verificar el sentido de la opinión preponderante y entonces sí, a partir de la simple mayoría afirmativa, convocar al plenario requerido. En suma, si la consulta se concreta simult neamente y por oficio a los diferentes tribunales de apelación de igual fuero de la provincia -con el auxilio de la Presidencia de Cámara respectiva-, y éstos se expiden por la misma vía, se evitar n inútiles alongamientos viabiliz ndose así un más pronto pronunciamiento. (Del Voto del Dr. Genesio). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, martillero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marozzi, Juan César s/ Quiebra. Incidente enajenación de bienes. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El auto que ordena la desinsaculación de un martillero en un incidente de enajenación de bienes no reviste carácter definitivo en los términos del artículo 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Convenciones matrimoniales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Elba c/ Rieb, Héctor R. s/ División conyugal (sumario) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-08

Respecto a las nulidades de que pueden verse afectados los convenios matrimoniales, el código ha estructurado un sistema, inspirado en Freitas y en García Goyena, que consagra la inmutabilidad del régimen del matrimonio y que impone la nulidad de los actos de los cónyuges que pretendan alterarla (arts. 1218, 1219, 1043 y 1044). No resulta válido, entonces, afirmar que previsiones expresas que culminan el acto con la nulidad absoluta, hayan sido derogadas indirectamente mediante una escueta mención subsidiaria que apunta evidentemente a otros fines. (Del Voto en mayoría del Dr. Balladini).
Jubilaciones, pensiones, reciprocidad jubilatoria, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALESTRA JUAN ANIBAL c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LAPROVINCIA DE CORRIENTES Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO"Expte. N8878/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-03

A efectos de establecer si corresponde o no aplicar la extensión que efectuó el régimen Nacional al incorporar a los Magistrados y Funcionarios Judiciales al régimen de la Ley 21.119 y luego a los Ministros y Subsecretarios, o si ello es solo aplicable con respecto a la jubilación Nacional como se sostiene en las resoluciones impugnadas; se ha tenido en cuenta que la Ley Provincial N° 3295 determina en su art. 44 que para computar servicios en otros institutos comprendidos dentro del sistema de Reciprocidad se estar a las normas vigentes en el mencionado sistema, instaurado por el decreto Ley N° 9316 y sus normas modificatorias o complementarias;

por lo que corresponde en consecuencia aplicar el régimen de reciprocidad en nuestra provincia.
Ministerio Público Fiscal, fiscal de Cámara, calumnias, delitos contra el honor
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JULIO VIRGOLINI. s/ CAUSA NRO. 19.846.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Resulta irrazonable admitir el enjuiciamiento de los fiscales por delitos contra el honor que pudieran derivarse del cumplimiento de las funciones que específicamente las leyes les atribuyen porque de lo contrario se menoscabarían los intereses generales que a ellos han sido confiados. La posibilidad de que su actividad pueda conducir a un procesamiento, cuando precisamente ella consiste sustancialmente en promover la averiguación de los delitos y acusar a quienes se estime responsables, llevaría a diluir el rol de su ministerio en perjuicio de la defensa de la comunidad.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA DE SURINAME, Pacto de San José de Costa Rica, pueblos originarios, debido proceso, facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia, deber de esclarecimiento, obligaciones del Estado miembro, Fuerzas Armadas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Suriname s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-15

Atento la deficiente investigación de la República de Suriname respecto del ataque perpetrado por las fuerzas armadas nacionales sobre la aldea habitaba por la Comunidad Moiwana, la obstrucción violenta de justicia padecida y el largo período transcurrido sin que se logre el esclarecimiento de los hechos a los fines de sancionar a los responsables, la Corte Interamericana concluye que el Estado violó las normas de acceso a la justicia y debido proceso establecidas en la Convención Americana -artículos 8.1 y 25- en relación con su par 1.1.
Principio de congruencia, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DUBROWSKY SERGIO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ ABREVIADO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-12

El hecho que la Cámara interviniente dispusiera que los honorarios establecidos se fijaban sin perjuicio de a quién le asista el derecho a la percepción de los mismos, revela una franca y ostensible transgresión al principio de congruencia que rige en su sede, circunstancia ésta que justifica per se la anulación de lo dispuesto sobre el particular.

Ello así, pues en tanto la titularidad de los honorarios objeto de la apelación no fuera puesta en entredicho en momento alguno del proceso, la reserva que la Cámara impusiera al respecto comporta un vicio de actividad, derivado de un yerro ontológico deslizado por el Mérito, al confundir los honorarios devengados en la tramitación del proceso con los estipendios regulados a favor del actor en otro juicio ejecutivo ventilado en su seno, causa ésta en la que, el letrado se retractara de la renuncia que él habría efectuado a cobrar esos honorarios, en el marco de un acuerdo celebrado en un tercer juicio.

De tal guisa, el razonamiento sentencial exhibe un quiebre lógico insalvable que amerita acoger el recurso de casación en este aspecto y, anular parcialmente el pronunciamiento en crisis, sólo en cuanto previene que los estipendios allí cuantificados son sin perjuicio de a quién le asista el derecho a la percepción de los mismos.
Cuestiones prejudiciales, juicio de desalojo, economía procesal, duración del proceso, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., E. H. y D., A. c/ B. de S., M. L. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-13

Las vicisitudes que padeció la investigación penal, que terminaron con su archivo hasta que aparezcan nuevos elementos u opere la prescripción de la acción penal; unido a la circunstancia que el presente proceso de desalojo, fue iniciado el 19 de marzo del año 1991, ingresado en casación en el año 1999 y puesto para definitiva en mayo del año 2006 son elementos más que elocuentes para el desplazamiento del art. 1101 del CC.

No hay motivos que justifiquen una dilación mayor del proceso; de lo contrario y aún cuando la suspensión decretada fue a pedido de una de las partes, se generaría un verdadero agravio al derecho de defensa de los justiciables en cuanto es omnicomprensivo del derecho a una sentencia fundada y oportuna; y está íntimamente entrelazado con los poderes deberes que emergen del art. 34, inc. 5 apartado e) del CPCC.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Raúl del Luján s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 150 y 253 del Código de Procedimiento Penal al valorar el a quo el testimonio de quien manifestó estar comprendido en las "generales de la ley" pues ello no es óbice para que sus declaraciones, a la luz de la sana crítica, sean valoradas.
Fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESMA s/ -  Hechos  que  se  denunciaron  como  ocurridos  en  el ámbito de la  "Escuela de Mecánica de la Armada"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Los fallos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de su dictado aunque ellas fueren sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.