marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PENAL
Carátula: QUERRELLA P/ CALUMNIAS E INJURIAS E INDEMNIZACION PROMOVIDA POR DE BONIS JOSE C/ BRUNELLI GERARDO s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTA OR EL DR. JOSE  FELIX OLIVARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-20

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos, no es contraria a la garantía constitucional de la igualdad y de la defensa en juicio.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Daniel c/ Ocupantes Inmueble Diag. 73 N2267 s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

Si en aras de no lastimar la garantía de la defensa en juicio, ni sacrificar la eficacia de un proceso justo en tiempo razonable -por el cual nos manda velar el art. 15 de la Constitución Provincial-, clavamos nuestra lente en el exacto tema que nos dejan planteados el ejercicio del derecho de acción del actor y el ejercicio del derecho de contradicción el demandado (desalojo con causa en la condición de intruso del accionado; oposición negando tal condición con un alegado contrato locativo de dos años de duración) y ponderamos la modificación que el solo transcurso del tiempo impuso a dicho tema, no podemos negar que la perpetuación de la tenencia del inmueble en manos del demandado y su privanza para el actor durante todo el tiempo que aún insumiría el proceso y el arribo de la sentencia definitiva, derivarían en un grave perjuicio para éste y en un intolerable descrédito del servicio de justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio culposo, lesiones, accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, ley de tránsito, exceso de velocidad, dolo, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CREVOVICH, Alejandro Javier y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25

La violación a los reglamentos no implica "per se" automática y objetivamente la responsabilidad penal culposa al infractor.

Si el imputado, quien conducía a una velocidad que excedía la permitida por la ley 24.449, refirió haber visto al colectivo que circulaba por la otra calle con prioridad de paso, pese a lo cual no frenó, sino que intentó adelantarse, omitió la diligencia que le era exigible y realizó una maniobra imprudente, con la consecuente infracción al deber de cuidado.

No obstante, no puede trasladarse su conducta al tipo doloso, si se encuentra comprobado que el vehículo, luego del impacto salió despedido hacia la vereda en forma incontrolable para su conductor, el cual en ningún momento "asumió el riesgo" de poder embestir a los ocasionales transeúntes.

Ello en tanto, no se desprende de las circunstancias del caso, que la representación del peligro generado por el imputado, tenga entidad suficiente como para inferir que, al momento de querer pasar primero que el colectivo, haya previsto la posibilidad de provocar el resultado que finalmente se produjo.

Si bien es cierto que la imprudencia del procesado produjo consecuencias jurídicas graves, también lo es que su conducta tenía un objetivo distinto al resultado producido, ya que se equivocó en la elección del medio y materializó un hecho que no quiso; caso contrario, a aquellos supuestos en los cuales se obra dolosamente, persiguiendo la finalidad típica y antijurídica con la acción.

Por ello, corresponde confirmar el procesamiento del imputado en el orden al delito de homicidio culposo, en concurso ideal con el delito de lesiones graves y leves (artículos 54, 84 y 94 del Código Penal de la Nación).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Cotta, Jorge J. s/ Inf. art. 96 inc. f, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo procede si se ha cuestionado la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales frente a la Constitución local (arts. 349 inc. 2, C.P.P. - según ley 3589 y sus modif.- y 161 inc. 1, Const.

provincial).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B R D S.A.C.I.F.I. c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

Del artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario surge claramente que en nuestro ordenamiento procesal la suspensión de la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo está supeditada a las exigencias genéricas de toda medida cautelar, que son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Asimismo, deberá verificarse al menos uno de los requisitos incluidos en los incisos 1 y 2 del artículo mencionado.
Competencia federal, almirantazgo y jurisdicción marítima, peaje
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: Estado Nacional (Sec. de Marina Mercante) c/ Astramar   S.A.  y/o Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Hunter Bow" y otros s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La jurisdicción marítima no se desnaturaliza porque la causa pueda exigir la eventual aplicación de disposiciones de derecho público, como las normas reglamentarias del derecho de peaje establecidas por la ley 22.424.
Banco central, liquidación de entidades financieras, aumento salarial, convenios colectivos de trabajo, personal excluido del convenio colectivo
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CAINZOZ, JORGE c/ BANCO ALAS COOP. LTDO. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Aún admitiendo que fue una conducta persistente del Banco la de extender al personal no comprendido en la convención colectiva de la actividad los aumentos remuneratorios obtenidos por los empleados administrativos, en la misma proporción, es del todo obvio que ello constituía una manera de hacerles participar de los buenos negocios de la institución. Intervenida ésta por el Banco Central de la República Argentina, y luego liquidada, conforme a las prescripciones de la ley de entidades financieras, en virtud de la regla "rebus sic stantibus", implícita en todo contrato, no resultan oponibles al liquidador, a quien se ha confiado la tutela del interés público comprometido por la liquidación misma de una institución financiera, del de ella misma y del de los acreedores, las políticas remuneratorias establecidas por los órganos de aquélla en épocas de bonanza. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Antonio c/ Viguera, Juan Domingo s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-22

El principio dispositivo ritual que emana del artículo 377 del Código Procesal pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado sino de la situación en que cada litigante se coloca dentro del proceso; por tanto, al actor corresponderá acreditar los hechos constitutivos de la pretensión, en tanto que al contrario, los extintivos, impeditivos o modificatorios que oponga a aquellos.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración de Parques Nacionales c/ Neuquén Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

El peligro en la demora debe resultar en forma objetiva de los diversos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitación económica.
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: El Rápido S.R.L. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa Ferraro, Oscar Eduardo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Empresa Marta A. Gustossi c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa Menoyo, Susana E. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Gral.de Escuelas s/ Demanda contencioso administrativa Cisterna M. c/ Caja de Retiros. Jub. y Pensiones de la Policía de la prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Freschi de Hours, Catalina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05|1992-10-20|1994-08-30|1994-07-26|1997-02-11|1998-12-22

La interposición de recursos improcedentes no interrumpe el plazo de caducidad establecido en el art. 13 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
Revocación de sentencia, nulidad de sentencia, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: JUAN CARLOS TERRAF Y OTRO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTROS s/ ACCION DE EXCLUSION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-12-22

El plazo de prescripción de la acción dirigida a obtener la nulidad o la revocación de una decisión jurisdiccional, cualquiera fuese el contenido de éste, sea el establecido por el artículo 4023 y no el instituído por el artículo 4030 del Código Civil, ya que la naturaleza de las acciones que el ordenamiento jurídico otorga para hacer valer derechos sustantivos no se implantan sólo ni principalmente en el ámbito de lo privado, sino que constituyen también institutos de derecho público, caracterizados por otorgar a las personas facultades subjetivas para exigir del Estado la puesta en marcha del mecaninsmo jurisdiccional, a traves del cual aquel cumple una de sus funciones esenciales. Mal se podría, entonces, resolver correctamente el problema considerando a las decisiones judiciales como los actos susceptibles de agotarse en el espacio jurídico que tradicionalmente han sido denominados como de autonomía de la voluntad, dentro del cual se encuentran comprendidos los actos definidos por el artículo 944 del Código Civil.
Contrato de trabajo, ley de contrato de trabajo, libros de registro
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, JAIME RAUL c/ O.C.A S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-03

Además si el libro de Registro que lleva el empleador de conformidad con lo que prescribe el art. 52 de L.C.T., fuera de hojas móviles, la autoridad administrativa debe iniciar al comienzo de cada conjunto de hojas, el número y fecha de habilitación (art. 52 inc. h sub-inc. 4 L.C.T.) Las disposiciones del art. 52 L.C.T.,están dirigidas sustancialmente a la fiscalización de las normas laborales por la autoridad administrativa.
Trabajadores metalúrgicos, industria automotriz, fabricación de carrocerías, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: U.O.M.R.A. s/ ENCUADRAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-25

Si bien es cierto que en el ámbito de la industria automotriz, la carrocería es un elemento accesorio del automotor, ello no implica que toda empresa que se dedique a la fabricación de carrocerías pertenezca necesariamente a la industria automotriz, ya que ello podría considerarse de tal manera cuando quien fabrica el vehículo con propulsión propia, haga también la carrocería, pero no cuando ésta sea el resultado de una actividad específica, independiente de aquélla y caiga, en consecuencia bajo el ámbito de representación de una asociación gremial a quien la autoridad administrativa le confirió expresamente dicha representatividad, UOMRA.
Recurso de queja (procesal), efecto suspensivo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Kammerath,   Germán   Luis  -  Córdoba  Departamento  Capital s/ interpone recurso directo expte. C2/02.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Corresponde declarar la suspensión de los efectos de la sentencia recurrida si las circunstancias puestas en conocimiento de la Corte durante el trámite de la presentación directa pueden traducir agravios de imposible reparación ulterior, que exigen la necesidad de preservar la jurisdicción de la Corte mediante el dictado de una sentencia útil.
Delitos contra la humanidad, privación ilegal de la libertad, funcionarios públicos, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

Es impensable que crímenes como los aquí ventilados -que incluyeron detenciones ilegales coactivas y actos de despojo llevadas a cabo directamente por funcionarios públicos llamados a velar por la seguridad y el bienestar de los habitantes- pudieran haber tenido lugar de no ser, precisamente, por el poder casi omnímodo que detentaba el régimen dictatorial y la impunidad que ello garantizaba a sus integrantes. Debe considerarse prescripta la acción civil si la actora no la interpuso luego de recuperada la democracia ni después del "Juicio a la Juntas", ni siquiera durante todo el tiempo transcurrido hasta que se diera inicio a los presentes actuados, sino que recién lo hizo cuando la instrucción estaba por ser clausurada, sin que intentara justificar su inacción en concretos impedimentos de índole personal, político, jurídico, etc., ni se advierte que el caso bajo estudio se encontrara rodeado de especiales circunstancias que impidieran a la actora conocer el alcance del daño, la identificación de responsables, etc. El reclamo civil de resarcimiento patrimonial responde a un interés personalísimo y, por lo tanto, disponible y renunciable -naturaleza jurídica de la acción civil-, ubicándose por fuera del ámbito de actuación y responsabilidad del Estado. Su sola obligación al respecto es garantizar su pleno ejercicio en el tiempo y condiciones establecidas normativamente. Es por ello que corresponde siempre tener presente, en causas como la de autos, el especial contexto en el que tuvieron lugar los hechos y, por ende, realizar una correcta y ecuánime interpretación y aplicación de la normativa vigente acerca del ejercicio de la acción civil.
Tribunal oral, jueces, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia s/ reglamento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Es facultad privativa de cada tribunal oral, al momento de resolver una excusación de sus miembros, valorar si corresponde aceptarla o no (art. 57, segundo párrafo, Código Procesal Penal de la Nación).
Accidente de tránsito, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galli, Gustavo c/ Amigo, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Si es cierta la existencia del daño, pero incierta la acreditación del quantum, corresponde que el mismo sea establecido prudentemente por el Juzgador (art. 165 del C.P.C.).
Bancos, banco corresponsal, responsabilidad del banco emisor, crédito documentado, tipo de cambio oficial, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ARGENTARIA SA c/ NOBLEX ARGENTINA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La importadora de ciertas mercaderías, por cuya cuenta y orden una entidad bancaria abrió créditos documentarios a través de su corresponsal en el extranjero, no puede reclamar de la referida entidad, indemnización por los daños y perjuicios, que le causó la negativa de ésta para transferir el pago ofrecido al banco corresponsal antes del vencimiento de la obligación asumida, al tener que cancelar el crédito de conformidad al cambio libre y no al oficial como estaba previsto; pues, si bien dicho banco -aún cuando se encuentre en liquidación- es responsable por ese incumplimiento, no corresponde hacer lugar a la indemnización perdida, al no haber probado la importadora el daño alegado.
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: "San  Martín,  María  del  Carmen c/ M°  de  Defensa  -Pre. NavalArgentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

El instituto de la cosa juzgada tiene como características esenciales que la sentencia recaída en la causa -una vez que adquiere firmeza por no haber sido impugnada o por haberse agotado a su respecto las instancias recursivas previstas en el ordenamiento procesal- resulta inimpugnable y, en principio, inmutable. Tiene como fundamento una razón de orden práctico y político en la necesidad de que los conflictos encuentren un final con la decisión jurisdiccional que concluya el debate alcanzado ésta la firmeza que la haga ejecutable (Sala IV, "Leanval SA", 28/08/2007) (Del voto del juez Lópéz Castiñeira, Cons. V).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo, juicios contra el Estado, juicios en que es parte una provincia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30

Corresponde a la competencia originaria de la Corte, la acción de amparo promovida por una provincia contra el Estado Nacional, por sí y en representación de los derechos de incidencia colectiva de sus ciudadanos, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/09-mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional toma de las reservas federales un monto similar al autorizado por la ley de presupuesto 26.546 para el ejercicio financiero 2010, destinándolo al pago de las obligaciones del Tesoro, sin previa autorización y sin reintegrarlo a la masa coparticipable de las provincias- , de la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 419/09 que lo aplica, como así también la ley 26.563 que prorroga la emergencia pública hasta el 31/12/2001, atento la naturaleza de las partes intervinientes y al ser la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cuestiones de competencia, competencia federal, acción de amparo, Obra Social del Poder Judicial, derecho a la salud, interpretación de leyes federales, tratamiento de las adicciones, improrrogabilidad de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa M., M. A. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-19

La justicia federal es competente para entender en la acción de amparo iniciada por un afiliado contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a fin de que se ordene la cobertura de los gastos de tratamiento y traslado para rehabilitación de adicciones, toda vez que se encuentra demandado el Estado Nacional -quien alegó la prerrogativa desde el comienzo de las actuaciones- y la materia debatida atañe a esa jurisdicción, improrrogable por su propia naturaleza, privativa y excluyente de los tribunales provinciales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Competencia, competencia federal, competencia por la materia, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Profesor Salvador Mazza c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es competente la justicia federal, si lo medular de la disputa remite a desentra!ar la inteligencia de normas constitucionales que regulan las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de los estados locales.
Plan para la vivienda, defectos de estructura, contratos, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: ALMONACID, JOSE RAUL Y OTROS. c/ I.P.V.U. Y OTRO. s/ REAJUSTE DE PRESTACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-27

En el supuesto de fallas estructurales, en el caso sub examine de una vivienda construida y entregada en el marco de un plan provincial, el comprador-adjudicatario puede en principio a los fines de resarcirse por las deficiencias detectadas, optar entre dos acciones como lo son por una parte la redhibitoria, y por la otra la estimatoria o quanti minoris. Ahora bien, sin perjuicio de ello, también puede exigir el exacto cumplimiento de la obligación pactada, lo que no se traduce ya en la resolución contractual o en la disminución del precio de la venta, sino en exigir el cumplimiento exacto de la obligación asumida por el vendedor, es decir con la entrega de dicha propiedad respetando las modalidades convenidas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, juicio de desalojo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAEZ, PAOLA MARISA c/  s/ USURPACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

Si bien la defensa refiere que el pronunciamiento impugnado -que confirmó la resolución de primera instancia, que dispuso el desalojo de la propiedad presuntamente usurpada por la imputada- causa un perjuicio irreparable -por violación al debido proceso legal y al derecho a la vivienda y propiedad y por no concurrir en el caso los elementos de cualquier conducta delictual que merezca su cese-, tales alegaciones resultan insuficientes en orden a demostrar la existencia en la especie de un supuesto de excepción que permita tener por superada la ausencia de un requisito ineludible a los fines de la apertura de esta vía extraordinaria, cual es la definitividad de la sentencia que se recurre por inconstitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Huerta, Jorge Omar c/ Periga, Claudio Hugo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Aún tratándose de daño emergente o lucro cesante y sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio, para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que los reclame y debe hacerlo fehacientemente, aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de existencia de un perjuicio. Pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas.-
Desplazamiento de la competencia, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tula Raúl y Ot. c/ Provincia de Mendoza y Ot. s/ Ordinario (LIBRO: A136 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-29

En este orden de ideas, si bien en esa conceptualización teórica en ambas acciones el objeto y la causa podrían diferir, pues Tula demanda por mayores aportes (objeto) fundado en que su obligación nace del contrato de la Sociedad...y sus estatutos (causa) y "Carnevalini" persigue con su demanda la nulidad del contrato social...y sus estatutos (objeto) fundado en vicios que lo invalidan (causa), sin embargo se aprecia que ambas pretensiones reconocen una situación fáctica común y elementos afines que las vinculan, además de tener los mismos demandados.

Lo cierto es que la causa en que se funda el reclamo de "Tula" (contrato y estatuto social)...constituye, en cierta medida el objeto de la demanda de "Carnevalini" (nulidad de la sociedad)..., resultando así que mientras uno presupone la validez del contrato social, el otro persigue precisamente su invalidez.

Así entonces se considera, que en casos como el presente, el juez debe apreciar ampliamente los requisitos que consagran el desplazamiento de competencia, recordando una vez más que no es menester que para que ello acontezca se den las tres identidades clásicas (sujeto, objeto y causa) (ED 26-539), sino que hay que acordarle a la triple identidad un carácter de simple norma de razonamiento lógico....Se evita por último el "estrepitus foris" que se produciría ante la posibilidad de intentar la ejecución de una sentencia (mayores aportes por parte del Gobierno de la Provincia) de cumplimiento imposible (nulidad de la constitución de "Banco Mendoza S.A.") por resoluciones encontradas