Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-01


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los un días del mes de junio del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Señores Ministros Dres. Juan Pedro CORTELEZZI y Alejandro Javier PANIZZI para dictar sentencia en los autos caratulados:

"U., F. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 20.713U2.006), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 101, de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. CANEO, PANIZZI y CORTELEZZI.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. CANEO dijo:

I. ANTECEDENTES:

A fs. 3/6 promovió Acción de Amparo el Señor F. U., por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. D. L. T., contra la Provincia del Chubut, a fin que se ordenara a ésta suministrarle la información pública referente a la compra de medicamentos, materiales descartables y otros insumos para uso hospitalario, que se hayan realizado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2.006, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, a tal fin detalla en seis (6) puntos la información requerida.

Relató que el día 09 de agosto de 2.006 se dirigió por nota al Señor Ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia del Chubut, Señor Norberto YAHUAR, peticionando la información indicada "supra", y que a la fecha de promoción de la Acción no había recibido respuesta alguna, pese a sus insistentes reclamos verbales. Refirió a la procedencia de la vía intentada, se explayó sobre la protección constitucional del derecho de acceso a la información y señaló la importancia del rol de la información pública. Citó las normas y Tratados Internacionales en los que sustentó su derecho. Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y formuló petitorio.

Declarado formalmente admisible el amparo, se corrió traslado del mismo a la Provincia del Chubut (fs. 8 y vta.), la que contestó a fs. 40/43. Luego de negar las afirmaciones de la actora, desarrolló lo que denominó "Realidad de los hechos", y aludió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la Ley N° 5.096, al Dto. Nº 1.400/04 y a Resoluciones Administrativas emanadas de la Secretaría de Salud. Interpretó de tales disposiciones que los llamados a concursos de precios y licitaciones, tanto nacionales como internacionales, en el marco del PNUD no eran efectuados por la Provincia sino por Naciones Unidas, por lo que la accionada no poseía tal información. Aseveró que la información que sí poseía la Provincia, aún cuando no fuera requerida por el actor, pero que podría estar vinculada con aquélla solicitada por éste, se encontraba publicada en los Boletines Oficiales, presumiéndose conocida por todos los habitantes. Añadió que la información requerida por el amparista podía extraerla de la página de Internet de Naciones Unidas. Afirmó que el Dr. U. debió presentar la nota ante la Secretaría de Salud y no como lo hiciera ante el Ministerio de Gabinete, y consideró que el actor efectuó un ejercicio abusivo del derecho, al formular peticiones arbitrarias y caprichosas.

Concluyó que el Estado ha dado cumplimiento a la Ley de Información Pública al encontrarse publicadas la Ley Marco Programa Nº 5.096 y su reglamentación. Ofreció prueba y efectuó petitorio de rigor.

A fs. 49/55 dictó Sentencia el Señor Juez de Primera Instancia, por la que hizo lugar parcialmente a la Acción de Amparo. Tuvo por cumplida la obligación de la demandada con la documentación aportada a fs. 16/36, y le impuso las costas, regulando los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora.

La representación letrada de la Provincia del Chubut recurrió la Sentencia, agraviándose de la imposición en costas a su parte, como así también de los honorarios regulados a favor del Dr. D. L. T., considerándolos elevados (fs. 58/60).

La Excma. Cámara de Apelaciones, Sala "B", a fs. 64/71 dictó la Sentencia Nº 59/2.006, por la que revocó parcialmente la sentencia recurrida, modificó la imposición de costas, distribuyéndolas en un 50% a cargo de cada una de las partes, y disminuyó el monto fijado por honorarios, por la actuación que le cupo en Primera Instancia al Dr. D. L. T..

A fs. 73 el actor interpone Recurso Ordinario de Apelación ante este Superior Tribunal, en contra del decisorio referido. A fs. 74 lo hace el Dr. D. L. T., por derecho propio. A fs. 75 es concedido el remedio intentado por el actor, no haciéndose lugar al interpuesto por el Dr. T., por improcedente, al no encontrarse la vía dentro del marco previsto por el art. 32, inc. 7º de la Ley N° 37, modificado por la Ley N° 1.130, ni por los arts. 254 y 255 del CPCC.

A fs. 82/83 vta. se presenta escrito denominado "Expresa Agravios", suscripto por el Dr. D. L. T., y a fs. 85/86 el apoderado de la demandada contesta el traslado conferido.

II. ANÁLISIS:

Al adentrarme en el examen del recurso interpuesto, se me exhibe que la presentación a que debo dar tratamiento indica ser realizada por el actor, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. D. L. T., mas la misma no se encuentra suscripta por el presentante, Señor F. U.. La única firma que observo en el escrito de fs. 82/83 vta. es la que se halla aclarada con el sello inserto debajo de la misma, perteneciente al abogado patrocinante.

El art. 118 del CPCC indica que para la redacción de los escritos regirán las normas que establezca el reglamento para la Justicia Provincial; y el Acuerdo 1.377/69, punto 4, alude a la firma cuando refiere que en ningún caso podrán estar totalmente comprendidas dentro de las estampillas fiscales y siempre deberán ser aclaradas al pie.

La firma de cualquier escrito procesal, tanto más de aquél por el que se pretende ejercitar el derecho de recurrir, constituye un requisito esencial de validez, ausente el cual, ningún efecto podría acordársele. Claro está que quien actúa por derecho propio debe suscribir personalmente la presentación, con la única excepción que se invoque el supuesto de firma a ruego previsto por el art. 119 del ritual. Es un requisito que deriva de la esencia del acto (art. 1.012 Cód. Civil), ya que sólo desde el momento en que la firma está estampada, debe considerarse que el otorgante ha tenido la intención de hacer suya la declaración (BORDA, Guillermo A., "Tratado de Derecho CivilParte General", Tº II, pág. 166). Su ausencia da lugar a tener por no presentado el escrito, porque lo torna ineficaz (C. Civ., Sala E, JA 1997II, sínt.; id., id., JA 1977III sínt) (FALCON, Enrique M., "Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación", Tº I, pág. 6.710).

Reitero, no es una omisión intrascendente, pues conlleva la ausencia de un requisito sustancial para la presentación de cualquier acto procesal, sin el cual es imposible analizar el contenido de la pieza, que debe ser considerada inexistente. De ello se sigue que su omisión es insubsanable, pues la presentación no constituye un acto jurídico atribuible a la parte, y por ende no resulta susceptible de convalidación, confirmación o saneamiento, circunstancia que puede ser declarada, incluso de oficio y en cualquier tiempo (KIELMANOVICH, Jorge L., "Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación", Tº I, pág. 178).

Al tratarse el presente de la fundamentación de un recurso, el escrito de expresión de agravios no firmado temporáneamente por el presentante, no produce sus efectos propios, y el resultado es la deserción del recurso concedido. (HIGHTONARÉAN, "Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación", Tº II, pág. 785), por lo que propongo al Acuerdo así se declare. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. PANIZZI dijo:

Como lo advierte el colega que me precede en el voto, de la lectura del escrito presentado surge que no se encuentra suscripto por quien dice hacerlo por derecho propio, el Señor F. U., y que la única rúbrica que obra es la atribuida al letrado patrocinante del actor. Destaco además que el profesional no invoca actuar ni en carácter de apoderado ni en calidad de gestor, teniendo en cuenta la habilitación que para ello le otorga, por una vez en el proceso, el art. 48 del Código de Procedimientos, circunstancia que, de haber ocurrido, hubiera cambiado el rumbo de la decisión que se adopta.

La firma es un recaudo esencial que hace a la existencia del acto, y debe ser puesta con la finalidad de expresar voluntad de adhesión al texto. Cumple clásicamente para la obtención de dos objetivos: imputación de autoría o identificación y demostración de la voluntad de su autor (conf. FISSORE, Diego, en Código Civil Comentado, Directores Julio César RIVERA y Graciela MEDINA, Hechos y Actos Jurídicos, págs. 628/629). La jurisprudencia ha aceptado la aplicación del art. 1.012 del CC a los escritos judiciales cuando sostuvo que la falta de firma en el escrito determina que éste no pueda considerarse como pieza idónea, susceptible de producir alguna clase de efectos jurídicos, pues se trata de un mero papel carente de autonomía identificable (conf. Cám. Nac. Comercial, Sala E, in re "G., L. c/ W., M.", del 8/11/88), si no se la ratifica antes del vencimiento del plazo pertinente (conf. Cám. Nac. Comercial, Sala B, causa "T. S.A. s/ quiebra s/ inc. de impugnación por crédito I. S.A.", del 4/9/81). La ratificación posterior resulta extemporánea habida cuenta que la falta de firma torna al acto en inexistente, por lo que el cumplimiento del requisito una vez vencido el plazo legal, es extemporáneo (conf. Fallos: 303:1099; 311:1636; 314:1745; esta Sala, causa 39.456/94 "M. S.A. (T.F. 12740I) c/ D.G.I.", del 1/10/96; Cám. Fed. Civ. y Com., Sala 1, Causa 50.799/95 "H., J. C. c/ CMV s/ pago por consignación", del 30/11/95; Sala 2, Causa 2590 del 12/6/73 y C. 2576/91 "R. C. Ltda. c/ N., H. C. s/ nulidad de marca", del 20/10/98). (Consid. 5) ("G., W. S. c/ Policía Federal Arg. y otro s/ daños y perjuicios" Causa: 19.097/97 CNACAF, Sala I, elDialAH2898). En idéntico sentido, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el escrito de interposición del Recurso de Queja que carece de un requisito esencial como es la firma de su presentante (arts. 1.012 del Código Civil, 118 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 49 del Reglamento para la Justicia Nacional), insusceptible de ser suplido por la del letrado, que no ha invocado poder para representar al recurrente ni razones de urgencia que hagan aplicable lo dispuesto por el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, constituye un acto jurídico inexistente y ajeno, como tal, a cualquier convalidación posterior. ("CORTÉS, Imer Gabriel c/ LA CAJA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.", del 05/04/2005; "TOPA, Antonio Félix y otro c/ SERAFINI y Compañía S.A. y otros", del 26/04/2005).

Por lo expuesto, concuerdo con el Ministro votante en primer término, en declarar desierto el Recurso Ordinario de Apelación.

A la misma cuestión el Juez CORTELEZZI dijo:

El constitucional derecho de acceder a la justicia, demanda de una expresa revelación del interés de quien formula un requerimiento, y ese interés sólo es susceptible de ser advertido a través del acto formalsustancial de la firma del interesado en el escrito en el que peticionan, sin que haya habido, tampoco, un intento de reparar la omisión.

Por lo expuesto, adhiero a la propuesta de los Jueces preopinantes. A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo:

Tal como voté la primera cuestión propongo al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la actora a fs. 73. Pese a que la demandada contestó el traslado conferido, la solución arribada no ha sido propiciada por ésta, que no advirtió la circunstancia obstativa de la procedencia de la vía recursiva. Siendo así, la resolución se dicta "ex officio", y sin costas. Sin regular honorarios al letrado de la parte actora, por resultar su actuación inoficiosa (art. 3 Dto. Ley N° 2.200 T.O. Dto. Nº 138/99, a contrario). Por aplicación del art. 2 del Dto. Ley citado, no corresponde regular honorarios al letrado apoderado de la demandada.

A la misma cuestión el Dr. PANIZZI dijo:

De conformidad con los términos de mi voto a la primera cuestión, acuerdo con la solución que propone el Dr. CANEO.

A la misma cuestión el Dr. CORTELEZZI dijo:

Tal como voté a la primera cuestión, acuerdo con la solución que propone el Dr. CANEO.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) DECLARAR desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la actora a fs. 73. Sin costas.

2°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Dr. Daniel Luis Caneo Dr. Alejandro Javier Panizzi Dr. Juan Pedro Cortelezzi.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 01 DE JUNIO DEL AÑO 2007 REGISTRADA BAJO EL N° 03 S.R.O.E. CONSTE