Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16


Buenos Aires, 16 de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Sr. Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpone recurso de queja (fs. 62/75) contra el auto de fs. 55/58 que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 44/51. Este último remedio procesal estaba dirigido contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que, en lo que aquí interesa, revocó la resolución de primera instancia que había hecho lugar a la solicitud de mediación formulada por la defensa. Para así decidir, los jueces consideraron que esa vía alternativa de solución del conflicto procedía a propuesta del fiscal durante la investigación penal preparatoria, etapa que ya había sido superada en este proceso (fs. 33/42).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial invocó la vulneración del principio de legalidad y el desconocimiento de la autonomía legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 47vta./51 vuelta).

3. La Sala I declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por entender, en primer lugar, que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402 y, además, que no se había planteado un caso constitucional, sino tan sólo una discrepancia en torno al alcance de las normas que regulan la procedencia del instituto de la mediación (arts. 204 y 206 del CPPCABA).

4. Al tomar intervención en este proceso, el Fiscal General se expidió por el rechazo de la queja en atención a que, en su opinión, pese a que la resolución cuestionada debía ser equiparada a una sentencia definitiva, el recurrente no había logrado presentar un caso constitucional (fs. 78/81).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), sin embargo, no puede prosperar.

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada -que revocó el auto por el que se que había fijado audiencia de mediación por considerar que ésta sólo podría tener lugar a propuesta Fiscal y durante la etapa de la investigación- pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectarla con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre otros, mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007).

3. Por lo demás, la defensa centra los motivos de agravio en una discrepancia respecto de la interpretación de los arts. 204 y 206 del CPP realizada por la Cámara. Sus argumentaciones -sin mayor desarrollo- resultan insuficientes para demostrar la existencia de una lesión a los principios constitucionales invocados, toda vez que se indicó -con base en la literalidad del art. 204, CPP- que del juego armónico de las reglas aplicadas surge cuál es la oportunidad procesal para que tenga lugar esta vía alternativa, "circunscribiendo dicha posibilidad a la propuesta fiscal durante la etapa investigativa, como así también el momento en que concluye, a saber, con la formulación de la requisitoria de juicio" (foja 35 vuelta, el resaltado me pertenece).

De la formulación de una construcción jurídica posible que favorezca en mayor medida los intereses de la persona acusada en este caso no puede derivarse una lesión a los principios constitucionales que rigen la interpretación de la ley penal.

Cabe recordar que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes). 4. Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el recurso de queja obrante a fs. 62/75.

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), corresponde diferir su consideración a las resultas del trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado según constancias de fs. 60/61 (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. nº 2212, resolución del 11/06/2003, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 376 y siguientes).

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero a los puntos 1, 2 y 4 del voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás. En efecto, tal como lo expone mi distinguido colega, el recurso de inconstitucionalidad -que el recurso directo viene a defender- no se dedujo contra una "sentencia definitiva", ni contra un auto equiparable a ella, toda vez que mediante la decisión de la Sala I solamente se dispuso la continuación del proceso hacia la decisión de mérito acerca de la condena o la absolución de los imputados, e incluso deja abierta la posibilidad de que la causa, eventualmente, se resuelva mediante la utilización de las restantes vías alternativas legalmente previstas por el ordenamiento (ver fs. 12/13).

La defensa, a su turno, no ha fundamentado de manera suficiente que la resolución de la Cámara, que, frente al recurso de apelación de la fiscalía, revocó la resolución de la jueza de grado mediante la cual esta última había fijado una audiencia de mediación, pueda ser equiparada a una "sentencia definitiva", en razón de los efectos que produce, y tampoco ha argumentado que lo resuelto se vincule de manera directa con una garantía que sólo sea susceptible de tutela inmediata a los fines de habilitar la intervención de esta instancia de excepción.

Por lo demás, aun dejando a un lado la cuestión relativa a si en autos se recurrió una resolución equiparable a "definitiva", pareciera que, más allá del ropaje bajo el cual la recurrente buscó cubrir los motivos de impugnación mencionados en el recurso que fue denegado por el a quo, los planteos tal y como habían sido propuestos no alcanzaban para suscitar una controversia constitucional. Dicho en otras palabras, la simple invocación de afectaciones constitucionales que la defensa expuso en el recurso de inconstitucionalidad no guardaba una conexión estrecha con lo ocurrido en autos, en tanto no se advierte una explicación seria que permita dilucidar que dichas afectaciones se encuentren presentes, ni que la controversia planteada sea apta para ser revisada por este estrado.

Al respecto, conviene recordar que este Tribunal también tiene dicho -en numerosas ocasiones- que la referencia ritual a derechos y principios constitucionales, si no se acredita fundadamente su cercenamiento, es en sí misma insuficiente para provocar nuestra intervención y para dar sustento a una impugnación de esta especie.

Sólo a mayor abundamiento, corresponde explicar que el modo como se resuelve en esta oportunidad, esto es, mediante el rechazo de un recurso de queja por incumplimiento de los recaudos formales que le son inherentes, en mi opinión obsta cualquier evaluación acerca de la eventual coincidencia o discordancia de los fundamentos en los que se sustentó la resolución de la Sala I de la Cámara en lo PCyF; máxime, en un supuesto, como el presente, en el cual ninguna denuncia o señalamiento de esta naturaleza fue expuesto concreta o mínimamente por quien ha recurrido ese pronunciamiento. Por lo dicho hasta aquí, voto por rechazar la queja deducida y diferir la consideración de la cuestión referida al depósito de ley a las resultas de lo que se decida con respecto al beneficio de litigar sin gastos iniciado.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja debe ser rechazada por cuanto el recurrente no logró demostrar que -acorde con las circunstancias de hecho que fueron valoradas por el a quo- las garantías constitucionales invocadas requieran tutela inmediata.

Al margen del acierto o error de los argumentos brindados, la solución adoptada por la Cámara, en rigor, sólo implica sostener que ante la decisión del fiscal de requerir la elevación de la causa a juicio, extremo no controvertido en autos (ver fs. 35vuelta y 47), la defensa no está en condiciones de lograr la modificación de tal temperamento para convertirlo, por imposición de los jueces, en un supuesto de mediación obligatoria, en desmedro de la potestad que asiste al fiscal de solicitar la emisión de una sentencia definitiva que se expida en relación con la pretensión del pleito.

2. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos iniciado, por las razones que di en mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, a las que remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

En consecuencia, voto por rechazar el recurso de queja interpuesto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Recurso de queja.

La presentación directa que interpusiera el Ministerio Público de la Defensa (fs. 62/75) satisface el recaudo de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402 toda vez que critica, acertadamente, las razones que dieron sustento al auto denegatorio.

En efecto, el quejoso defendió adecuadamente que -en el caso- la resolución de fs. 33/42 es equiparable a un pronunciamiento definitivo, en virtud de la irreparabilidad del gravamen.

En consecuencia, la queja es admisible y habilita el análisis del recurso de inconstitucionalidad. 2. Recurso de inconstitucionalidad.

El tratamiento de los agravios articulados supone el examen de la resolución recurrida.

Ahora bien, los magistrados que conformaron la mayoría en la sentencia objetada -los jueces Marum y Vázquez- expusieron posturas discordantes en sus respectivos votos.

La jueza Marum se limitó a señalar que la posibilidad de efectuar una mediación ".ya había concluido desde el momento en que el fiscal consideró agotada la investigación y requirió la causa de juicio respecto de los imputados." (fs. 35).

El juez Vázquez, en cambio, manifestó que ".no es posible decidir sobre los agravios esgrimidos en el remedido procesal intentado sin efectuar (.) [un] análisis precedente [del artículo 204 inciso 2° del CPPCABA]" (fs. 36). Su voto giró entonces únicamente en torno a la inconstitucionalidad de la disposición aludida, y concluyó considerándola inválida.

En suma, mientras que la jueza Marum abordó los agravios expuestos en el recurso de apelación de la defensa, el juez Vázquez insistió con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 204 inciso 2° del CPPCABA, a la cual circunscribió su voto.

La situación descripta evidencia la ausencia de fundamentos concordantes sobre la cuestión que se decide y descalifica al fallo recurrido como acto jurisdiccional válido al no reunir la mayoría legalmente requerida.

La CSJN señaló, en diversos expedientes, que ".no es sólo el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que esa parte dispositiva debe ser la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos" (Fallos: 313:475 y 329:1661, entre otros).

Las circunstancias referidas y los argumentos indicados más arriba definen la nulidad de la resolución dictada por la Sala I y requieren que el TSJ remita la causa a la Cámara de Apelaciones del fuero para que jueces distintos de los que intervinieron en autos se expidan sobre el recurso de la apelación que interpusiera, contra la sentencia de grado, el Defensor Oficial.

3. Por ello, voto por: a) admitir formalmente los recursos de queja y de inconstitucionalidad que dedujera el Ministerio Público de la Defensa, b) declarar la nulidad de la resolución que emitiera la Sala I a fs. 33/42 y c) remitir la causa a la Cámara de Apelaciones del fuero para que jueces distintos de los que intervinieron en autos se expidan sobre el recurso de la apelación que interpusiera, contra la sentencia de grado, el Defensor Oficial.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.