Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-06


AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 112 Córdoba, 06 de 05 de dos mil tres.- VISTO: El recurso de casación deducido por el Dr. Horacio G. Santucho, en representación de la firma demandada, por las causales contempladas en los incs. 1°, 3° y 4° del art. 383, C. de P.C., en autos: "MALBAK S.R.L. c/ SAGEMÜLER S.A. - ORDINARIO - RECURSO DE CASACION" ("M" 64/01), en contra del Auto Interlocutorio N° 353 de fecha 02 de julio de 2001, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de esta ciudad. En Sede de Grado, la impugnación fue debidamente sustanciada, conforme al trámite que prevé el art. 386, C. de P.C., corriéndose traslado a la contraria (fs. 326), el que es evacuado a fs. 328/332 por su apoderada, Dra. Marcela Tinti.- Mediante Auto Interlocutorio N° 582 fechado el 25 de octubre de 2001, el Tribunal a-quo dispuso conceder el recurso sólo por los motivos contemplados en los incs. 3° y 4° del art. 383, C. de P.C., declarándolo formalmente inadmisible en relación al intentado al amparo del inc. 1° de esa misma norma.- Radicadas las actuaciones ante esta Sede extraordinaria, dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de dictar resolución.

Y CONSIDERANDO:- I) Conforme a los límites de la habilitación dispuesta en sede de Grado, las críticas que accedieran al conocimiento de esta Sala admiten el siguiente compendio: Por la vía de los incs. 3° y 4° del art. 383, C. de P.C., el casacionista alega, en primer término, que la decisión adoptada por el Tribunal a-quo se asienta en una interpretación del art. 155 inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.- contraria a la efectuada por la Cámara en lo Civil, Comercial, Contencioso-Administrativo y del Trabajo de la ciudad de Villa Dolores, in re "Barrionuevo, Osvaldo c/ Héctor Enrique del C. Heredia y otro - Ordinario" (Auto Interlocutorio N° 87 de fecha 18 de diciembre de 1996, publicado en Semanario Jurídico N° 1164, tomo 77, págs. 442 y ss.).- Destaca que el fallo atacado contraría la inteligencia que mana del precedente citado, en el cual se explicitara que existe defecto legal en el modo de proponer la demanda "cuando el actor se abstiene de precisar con exactitud la 'cosa demandada' y no media obstáculo para ello... En la demanda, a tenor de la norma acuñada en el art. 155 inc 3° CPC, ley 1419 y modificatorias..., se exigía que conste la cosa demandada designada con exactitud, lo cual requiere la perfecta delimitación cualitativa y cuantitativa del objeto de la pretensión".- Asimismo, asevera que la interpretación que el Mérito propiciara en la especie, también contraviene la sentada por esta Sala, en autos "Villalba, Juana F. c/ Consorcio de Propietarios Edificio 'Gaucho' - Ordinario - Recurso de Revisión" (Auto Interlocutorio N° 329 de fecha 06 de setiembre de 1995), en tanto el Máximo Tribunal Local, haciendo referencia al eventual interés del demandado en allanarse a la demanda, sostuviera: "Ese derecho a desligarse del pleito no puede ser cercenado por la circunstancia de que el actor, pudiendo hacerlo, por razones fiscales o por cualquier otro motivo, no exprese, u omita deliberadamente indicar, cuál es concretamente la suma de dinero pretendida mediante el juicio. Si no existe ningún impedimento para determinarla, esa omisión provoca un injustificado desequilibrio de los litigantes que el demandado no tiene por qué tolerar", agregando: "Es real que la más exacta o aproximada cuantificación del daño puede lograrse recurriendo al dictamen extrajudicial de expertos en la etapa preparatoria de la demanda y también es cierto que las bases materiales u objetivas del daño pueden presentarse engorrosas para su cuantificación. Pero ni aún estas dificultades, cuando no deriven en imposibilidad, relevarán de la carga de estimar el monto...". Aduce que, en sentido inverso al propiciado por esta Sala, la Cámara a-quo consideró que "la falta de precisión de la cuantía de la indemnización pretendida no constituye un alcance tan relevante para ejercitar el derecho de defensa habida cuenta que se cuenta con la permisividad de la ley adjetiva para reservar la discusión sobre el punto en una oportunidad procesal mejor y más amplia (apertura a prueba del principal) y, aún se admite la posibilidad de diferir la cuantificación de los rubros que integran la demanda, para la etapa de ejecución de sentencia", tras lo cual coligió que, a los fines de determinar la procedencia de la excepción de defecto legal, resultaba necesario "que la obscuridad u omisiones de la demanda sean de tal gravedad como para colocar al demandado en estado de indefensión como consecuencia del impedimento o dificultad para refutar o producir pruebas conducentes por lo que se infiere que, lo contrario, implicaría la no admisión de la defensa cuando cuenta con los antecedentes suficientes para contestarla". Finalmente, añade que el criterio interpretativo sustentado por el Tribunal a-quo es igualmente antagónico con el mantenido por esta Sala, en la causa "Briggiler, Eldo Ezio y otros c/ Municipalidad de Córdoba - Demanda - Recurso de Revisión" (Sentencia N° 4 del 10 de marzo de 1987), puesto que en dicha oportunidad, el Alto Cuerpo propuso una interpretación del art. 155 inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.- opuesta a la expuesta en basamento del decisorio bajo anatema, al declarar: "...la excepción es procedente pues la ausencia de toda estimación del valor del reclamo es justificada frente a la exigencia de la ley... y al derecho de la demandada de conocer en términos concretos la magnitud de la pretensión del adversario. Si éste no ha tenido impedimento alguno para hacer esa estimación, cuando menos en forma provisional y sin perjuicio de dejar al Juez en libertad de fijar una suma mayor, no puede colocar a la otra parte en la desventajosa situación que significa estar frente a una demanda de contenido incierto ante la cual resulta virtualmente excluido el derecho del deudor de liberarse mediante el pago".

II) Ingresando al examen de los argumentos críticos que informan el presente planteo casatorio, razones de orden metodológico sugieren la conveniencia de alterar la secuencia en que los mismos fueran expuestos por el articulante, analizando en primer término los intentados al amparo del inc. 4° del art. 383, C. de P.C.- Ello así, por cuanto, de existir la alegada contradicción entre la interpretación legal propiciada por la Cámara a-quo, y la sentada por esta Sala, mediante resoluciones dictadas en ocasión de resolver recursos fundados en el inc. 3° del art. 383, C. de P.C. (arg. inc. 4°, ibíd.), su concreta superación vendría ineludiblemente impuesta por aplicación del criterio sustentado por el Máximo Tribunal Local, dado que su inteligencia prevalece -al menos, en principio- sobre cualquier otro temperamento que, en punto a esa misma cuestión, hubiesen ensayado otros órganos judiciales de inferior jerarquía.

III) Previo a abordar el tratamiento sustancial del segmento impugnativo supra compendiado, corresponde a este Alto Cuerpo verificar si, a su respecto, se hallan cumplidos los recaudos formales que condicionan la apertura de la instancia extraordinaria, desde que, como juez supremo de las formas procesales, "...puede juzgar sobre el cumplimiento adecuado de las mismas y decidir, en cada caso, si son potencialmente aptas para lograr el fin que con ellas se persigue" (cfr.: esta Sala, Sent. N° 14, del 21.2.90, en "Dallaglio, Héctor y Otra c/ Leopoldo Verderone y Ot.- Ordinario - Rec. de Rev."). En ejercicio de tal prerrogativa, estimamos pertinente aclarar que la admisibilidad formal de la casación por sentencias contradictorias, no se halla condicionada al requisito de que el precedente arrimado haya sido dictado "...dentro de los cinco años anteriores a la resolución recurrida", cuando la interpretación legal que se alega divergente ha sido sentada por el Triibunal Superior de Justicia, en ejercicio de la función unificadora que el ordenamiento adjetivo le encomienda.- En tal supuesto, el planteo se sustrae de las exigencias establecidas en el inc. 3° del art. 383, C. de P.C., para subsumirse bajo la hipótesis impugnativa contemplada en el inc. 4°, ibíd., en cuyo ámbito corresponde -iura novit curia- analizar la atendibilidad del ensayo recursivo articulado con invocación de pronunciamientos dictados por esta Sala, en ocasión de unificar jurisprudencia contradictoria. Sentado ello, cabe recordar -también- que la casación por el motivo legal sub-examen se erige en instrumento eficaz para la determinación de reglas uniformes, en presencia de interpretaciones antagónicas de la ley, por lo que su viabilidad se supedita al cumplimiento de las exigencias instituidas como inherentes, entre ellas, que las soluciones jurídicas disímiles hayan sido brindadas en oportunidad de resolver hipótesis fácticas idénticas. En autos, el requisito de paridad entre las cuestiones sometidas a juzgamiento, se aprecia suficientemente satisfecho, puesto que, en todos los casos -y, al menos, en lo que aquí interesa-, se trataba de dilucidar la recta inteligencia atribuible a la previsión contenida en el art. 155, inc. 3°, del C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, con el objeto de decidir, en su mérito, la suerte asignable a la excepción de defecto legal que el demandado opusiera al progreso de la acción, con basamento en la omisión de consignar el "monto" de la pretensión objeto de la demanda. Por lo demás, la divergencia interpretativa emergente de los resolutorios confrontados aparece ostensible, ni bien se advierta que, mientras en los precedentes citados se sostuvo que el incumplimiento de la carga impuesta al actor de precisar en la demanda el valor económico de su reclamo, justificaba el acogimiento de la excepción de libelo oscuro fundada en tal extremo (salvo que el accionante acreditara verse imposibilitado de proceder a la cuantificación o, en su caso, que la omisión resulta inocua para afectar el derecho de defensa de la contraria), en el sublite, el Mérito entendió que aquella defensa sólo resultaba procedente si el silencio guardado por el actor en el tópico, revestía gravedad suficiente para colocar al demandado en estado de indefensión. Más allá de que ambos Tribunales hayan hecho mérito explícito de circunstancias particulares que -prima facie- imprimirían a cada caso un matiz diferencial en relación a los demás, lo cierto es que ello no excluye la procedencia formal del recurso impetrado en la especie, puesto que, conforme al orden lógico seguido en la elaboración de los respectivos razonamientos sentenciales, la diversidad de soluciones arribadas en su torno exhiben como antecedente racional directo y necesario el mantenimiento de posturas hermenéuticas disímiles en torno al sentido y alcance asignables al mismo precepto jurídico (el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-). Siendo ello así, y atento que la diversa interpretación legal propiciada en uno y otros pronunciamientos es lo que ha determinado, con carácter dirimente, la tendencia del desenlace decidido en cada caso, esa disparidad justifica, en su exclusivo mérito, la intervención unificadora de esta Sala, por el carril impugnativo propuesto (inc. 4°, art. 383, C. de P.C.).

IV) Ingresando al examen sobre la procedencia sustancial del remedio intentado, ha menester memorar que, en orden a dilucidar el verdadero sentido que inspira la norma del art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, la Cámara a-quo señaló: "Distintos autores al tratar la excepción de defecto legal han sostenido que resulta procedente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y solemnidades previstas por la ley y que la mencionada defensa tiende a lograr el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de la demanda de modo de permitir el eficaz ejercicio del derecho de defensa, empero, puntualizan su función es tanto oponerse al 'libelo oscuro' como impedir el progreso de una acción que no está fácticamente configurada como corresponde o de una petición que carece de determinación compatible con la exigencia impuesta al juez de resolverla...", coligiendo de ello que, para declarar procedente la excepción de defecto legal, resulta necesario "...que la oscuridad u omisiones de la demanda sean de tal gravedad como para colocar al demandado en estado de indefensión como consecuencia del impedimento o dificultad para refutar o producir pruebas conducentes por lo que se infiere que, lo contrario, implicaría la no admisión de la defensa cuando cuenta con los antecedentes suficientes para contestarla". Como corolario de esas reflexiones, la Cámara interviniente expuso su interpretación de la citada regla de derecho, en los siguientes términos: "Conforme lo dicho podemos afirmar que el justo medio entre admitir o rechazar la excepción estriba en la afectación al legítimo ejercicio del derecho de defensa por lo que, atendiendo a esta premisa consideramos necesario establecer si el actor pudo efectuar, al menos, una estimación provisoria de su pretensión aún cuando la cuantía pretendida pueda sujetarse al resultado de la prueba a rendirse o si, conforme la situación del demandado, bien pudo ejercer su derecho de defensa al contar con elementos ciertos para responder a la demanda" (Consid. II, fs. 309/309 vta.). Por su parte, en el más antiguo de los precedentes citados como antípoda (Sentencia N° 4 de fecha 10 de marzo de 1987, in re: "Briggiler, Eldo Ezio y otros c/ Municipalidad de Córdoba - Demanda - Recurso de Revisión"), esta Sala sostuvo: "Si la 'cosa demandada' es una suma de dinero, parece incuestionable que su designación 'con exactitud' como la ley exige... no puede hacerse de otro modo que mediante la indicación de su valor, al menos como estimación provisional y sin perjuicio de la facultad que en las acciones por daños se reconoce al demandante de remitirse al resultado de la prueba como reclamación definitiva. Pero aún con esta reserva, la indicación de la cantidad de dinero pretendida es indispensable, no sólo para satisfacer la exigencia legal, sino fundamentalmente para no entorpecer la defensa del demandado...", tras lo cual se agregó: "Desde luego, esta regla no es absoluta pues hay casos en que su cumplimiento irrestricto puede significar para el accionante un obstáculo insalvable para proponer la demanda. En supuestos como ese lo razonable es evitar el mal mayor, para lo cual debe admitirse la demanda..., autorizando al actor a omitir la indicación de la suma reclamada cuando, por las circunstancias del caso, no pudiera ser estimada en ese momento, o bien cuando su determinación dependiera de elementos aún no fijados definitivamente" (ap. III, del voto del Dr. Rogelio Ferrer Martínez, al que adhirieran los restantes miembros de la Sala). Los pasajes supra transcriptos ilustran, con meridiana claridad, acerca del sentido claramente disímil en que los distintos órganos interpretaran la prevención contenida en el inc. 3° del art. 155, C.P.C. -ley 1419 y sus modif.-, pues, de acuerdo al temperamento sustentado por esta Sala, en materia de daños, la indicación precisa del "monto" objeto de la pretensión resarcitoria, como especial manifestación de la diligencia genéricamente establecida en dicha norma, constituía, por regla general, una exigencia legal impuesta al actor, cuyo cumplimiento resultaba -al menos, en principio- una carga de inexcusable observancia al tiempo de promover la demanda. Es verdad que, a continuación, el Alto Cuerpo concedió que esa "regla" no ostentaba carácter absoluto, por manera que cabía atemperar, en determinadas condiciones y a título de "excepción", los rigores derivados de su vigencia irrestricta.- Pero no es menos cierto que ello sólo se admitió para aquellos supuestos en que el insoslayable cumplimiento de aquella "exigencia legal" se erigiera en obstáculo insalvable a la formal proposición de la demanda, es decir, cuando, de acuerdo a las particulares circunstancias de la causa, el accionante se viera "impedido" de estimar la entidad económica de su pretensión, ni tan siquiera en forma provisional, extremos éstos cuya acreditación -claro está- pesaba sobre quien alegare encontrarse inmerso en la situación descripta.- Idéntico criterio mantuvo esta Sala, en oportunidad de dictar el otro decisorio arrimado en contradicción (Auto Interlocutorio N° 329 del 06 de setiembre de 1995, in re: "Villalba, Juana F. c/ Consorcio Propietarios Edificio 'Gaucho' - Ordinario - Recurso de Revisión"), pero profundizando aún más la brecha interpretativa detectada en relación al primer antecedente jurisprudencial.- En efecto, adviértase que, en relación al tema que nos convoca, se formularon las siguientes precisiones: "No cabe duda que debe requerírsele al actor el cumplimiento de aquella prescripción legal, dentro de los límites de lo razonable. De allí que..., en los casos en los cuales exista real imposibilidad para el actor de cuantificar su pretensión, la cuestión será resuelta por los jueces con sujeción al espíritu del Código ritual y a los principios que lo informan", a lo cual, luego de referir a algunas hipótesis en que la estimación del monto pudiese revestir mayor grado de complejidad, se añadió: "...Pero ni aún estas dificultades, cuando no deriven en imposibilidad, relevarán de la carga de estimar el monto..." (del voto del Dr. Venancio Luis Petitto).- Por su parte, los restantes miembros de la Sala se expidieron en sentido coincidente, exaltando el carácter imperativo de la exigencia que la norma adjetiva impone a cargo del actor, y previniendo que, si bien tal premisa general "...puede tener excepciones puntuales, vg. en aquellos supuestos en los que su cuantificación exigiera actividades extraordinarias del deudor, en función de las circunstancias del caso...", el supuesto -o, antes bien, su efectiva configuración, en el caso concreto- "...deberá ser expresamente esgrimido por el interesado y resultar congruente con la situación de hecho planteada en la litis" (del voto del Dr. Luis Moisset de Espanés). Resulta fácil advertir, entonces, que en el temperamento que fluye de los decisorios dictados por este Alto Cuerpo, el art. 155 inc. 3° del C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.- colocaba en cabeza del accionante, la ineludible "carga" de especificar el monto exacto de su reclamo resarcitorio o, cuanto menos, de efectuar una estimación provisional, sujeta a lo que, en definitiva, surgiera de la prueba a rendirse en el estadio procesal pertinente.- Así entendido el postulado, el mero incumplimiento del imperativo legal determinaba, en principio y como regla general, la procedencia de la excepción de libelo oscuro opuesta en su mérito, sin que, a tal efecto, fuese menester que el demandado acreditara la concreta "afectación" a su derecho de defensa, que se presumía consecuencia natural derivada de aquel silencio. Por cierto que esa "presunción" podía ser desvirtuada, probando que, no obstante la falta de cuantificación del crédito objeto de la demanda, la omisión devenía inocua para colocar al accionado en un estado de indefensión, por cuanto, en función de las particulares circunstancias del caso, su parte no podía ignorar el valor exacto de la pretensión articulada en su contra, extremo éste cuya prueba -claro está- pesaba sobre la actora, interesada en eludir los efectos derivados de la aplicación de aquella directiva genérica.- En síntesis: si, en contravención a la exigencia establecida en el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, el actor omitía precisar el monto de su reclamo, esa sola circunstancia determinaba, sin más, la procedencia de la excepción de libelo oscuro opuesta por la contraria. No obstante, esa regla no era absoluta, pues la defensa podía ser conjurada por el actor, alegando y probando que, en el caso, mediaba alguno de los supuestos de excepción que justificaban apartarse de aquel postulado general, a saber: a) imposibilidad de formular siquiera una estimación provisional de su pretensión; o b) inocuidad de la omisión, para colocar al demandado en el estado de indefensión que la norma comentada tendía a evitar.- Así compendiado el temperamento propiciado por esta Sala en relación al punto materia de debate, se impone conceder que el expuesto por el Mérito en basamento del decisorio bajo anatema, entraña una visión distorsionada del espíritu que -conforme la tendencia fijada en los supra reseñados- inspirara el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-.- Ello así, desde que, contrariando el razonamiento plasmado en los precedentes, y desdibujando la elemental distinción que allí se trazara entre "regla" y "excepción", el órgano de Alzada consideró que la defensa de libelo oscuro fundada en la omisión incurrida por el actor de consignar la cuantía del reclamo al promover la demanda, sólo resultaba admisible si mediaba "afectación al legítimo ejercicio del derecho de defensa" del accionado, imponiéndose, en cambio, su rechazo si éste contaba "...con los antecedentes suficientes para contestarla" (fs. 309).- El antagonismo se revela evidente, ni bien se repare en que, de estarse por la tesis que propicia el Tribunal de Grado, planteada la excepción de defecto legal fundada en la indeterminación cuantitativa de la demanda, la sola existencia de tal déficit de postulación devendría palmariamente insuficiente para determinar, en su exclusivo mérito, el éxito de la defensa formal, pues su procedencia se hallaría supeditada, además, al cumplimiento, por parte del articulante, de una carga adicional: acreditar, en el caso concreto, que la omisión provoca un menoscabo efectivo al ejercicio de su derecho de defensa, exigencia ésta de suyo incompatible con el criterio que fuera sentado en las antípodas, conforme a lo explicitado más arriba.- De otro costado, cabe agregar que la interpretación sustentada por el órgano de Alzada, a la par de implicar un injustificado agravamiento de la situación procesal del demandado, entrañaría un indebido relajamiento del imperativo establecido en el art. 155, inc. 3°, C.P.C. -ley 1419 y sus modif.-, desde que la constricción de precisar el monto pretendido en la demanda o, cuanto menos, a efectuar su estimación provisional, rige en la generalidad de los casos, y aún cuando el valor del crédito reclamado pudiese resultar aprehensible al deudor por otros medios, sin que quepa relevar al actor del cumplimiento de aquella diligencia, más que en supuestos de real imposibilidad, debidamente invocada y probada por su parte.

V) Por lo demás, adquiere particular relevancia puntualizar que, en el marco del razonamiento seguido por la Cámara a-quo, la divergencia interpretativa aquí detectada, lejos de circunscribir su incidencia al mero compromiso de fórmulas teóricas inconducentes -en cuyo caso, la unificación requerida devendría improcedente, por carecer de todo interés práctico-, se ha erigido en factor determinante de la solución asignada a la presente litis incidental, al punto que el apartamiento del criterio hermenéutico fijado por el Máximo Tribunal Local justifica, en su sola virtud, la anulación del pronunciamiento dictado en tales condiciones. Para justificar la conclusión anticipada, baste con señalar que, entre los argumentos sentenciales enunciados en sustento de la decisión de Grado, el Mérito ha asignado carácter dirimente al relativo a la posibilidad que asistía a la firma accionada, de "estimar" la cuantía de los rubros afectados por la excepción de libelo oscuro ("lucro cesante" y "valor llave - empresa en marcha"), acudiendo a la consulta de sus propios libros y registros de comercio.- En tal sentido, puso de relieve que "...conforme la opinión que se desprende del dictamen pericial, el demandado se encuentra en mejor condición de demostrar el importe exacto de lo reclamado o al menos aproximado de lo que se le reclama, conforme los elementos contables que indudablemente posee en función de su actividad comercial" (fs. 309 vta.).- Dejando de lado la alusión a la "mejor condición" de probar en que -a juicio de los iudicantes- se encontraría el demandado (cuestión ésta que -en puridad- excede largamente la materia debatible en el ámbito de una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda), la interpretación normativa sustentada por el Mérito cobra trascendencia práctica, en cuanto indujera a reconocer aptitud, como obstáculo a la procedencia de la excepción opuesta, a la simple "factibilidad" de que el accionado contara con elementos suficientes para determinar un valor meramente "aproximado" de la pretensión articulada en su contra.- Piénsese que, en tanto el ordenamiento ritual derogado se limitaba a imponer al actor la carga de fijar con "exactitud" la cuantía de su reclamo, parecía razonable que, cuando ello no fuese posible o la cuantificación precisa presentara algún grado de dificultad, se considerase suficientemente cumplida la exigencia a través de una simple estimación "aproximada" del monto demandado, tal como, en definitiva, quedó expresamente fijado en el texto de la ley 8465 (art. 175, inc. 3°).- Pero deviene impostergable asumir que esa flexibilización sólo ostenta razonabilidad en relación a las manifestaciones exigibles al postulante de la pretensión, no así respecto del citado a juicio en carácter de accionado, a quien aquella falta de precisión le impide ejercitar en plenitud su derecho de defensa, desde que bien puede "...tener interés en evitarse el litigio sometiéndose a la demanda, y, para esto, le es indispensable conocer exactamente el monto reclamado" (del voto del Dr. Petitto, en "Villalba"; énfasis agregado).- Dicho de otro modo, mediando indeterminación cuantitativa de la pretensión en el acto mismo de postulación, el solo hecho de que el demandado disponga de elementos propios que le permitían augurar, por sus propios medios y ante la actitud omisiva de la accionante, una "estimación aproximada" del crédito que se le demanda, no configura el supuesto excepcional que habilitaría a desestimar la excepción de libelo oscuro, tal como parece haberlo trasuntado el Tribunal a-quo.- Lejos de ello, el ejercicio del derecho de defensa que asiste al demandado sólo puede considerarse eficazmente tutelado cuando se le otorga el máximo grado de certeza respecto de la entidad económica de la reclamación deducida en su contra, y éste, a su vez, sólo se alcanza cuando el actor cumple con la exigencia legal de designar la suma que demanda -sea con exactitud o por aproximación, sujeta a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse-. El demandado necesita conocer el monto que se le reclama, aunque sea aproximado, a los fines de adoptar la estrategia defensiva más adecuada a sus intereses. Los eventuales cálculos que pudiera efectuar el demandado, conforme la documentación que posea, pueden no ser coincidentes con los del actor, y al no expresarlos éste, su derecho de defensa se encuentra lesionado. En tales condiciones, no puede decidir si allanarse a la pretensión o proseguir el juicio.-VI) En definitiva, conforme al temperamento que ilustran los precedentes confrontados, la condición "imperativa" de la carga establecida en el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, determina el carácter estrictamente excepcional de su dispensa, y, por lógica derivación, el criterio restrictivo con que cabe juzgar, en cada caso particular, la concreta verificación de alguno de los supuestos que la ameritan y el valor convictivo de las pruebas tendientes a acreditarlos.- Atento que la decisión adoptada en el sublite no se ajusta a la interpretación legal sentada por esta Sala, corresponde hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del inc. 4° del art. 383, C de P.C., y, en su mérito, anular el pronunciamiento impugnado, lo que así dejamos decidido.

VII) Las costas generadas en la instancia extraordinaria deben ser impuestas a la firma actora, por haber resultado vencida (arg. art. 130, C. de P.C.), a cuyo fin corresponde fijar, en forma provisoria, los honorarios del Dr. Horacio G. Santucho Saravia, en la suma de Pesos Noventa y ocho ($ 98) -4 Jus-, difiriendo su regulación definitiva para cuando exista base cierta para practicarla (arg. arts. 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 80 inc. 2° -primer supuesto- y conc., ley 8226).

VIII) A fin de evitar el dispendio de una nueva etapa procesal y atento que la inteligencia impuesta en los apartados que preceden contienen ínsita la solución jurídica asignable al recurso de apelación deducido sobre el particular, se estima prudente, en ejercicio de la prerrogativa conferida por el art. 390 in fine, C. de P.C., prescindir del reenvío y decidir el punto con arreglo a la doctrina sentada en el presente pronunciamiento. En cumplimiento del objetivo propuesto, ha menester recordar que el Juez Inferior, mediante la resolución apelada, resolvió acoger la excepción de libelo oscuro opuesta por la demandada, decisión ésta de la cual se agravia la accionante, en los términos que da cuenta el libelo de fs. 291/296, cuyo contenido admite ser sintetizado de la siguiente manera: Primer argumento: Bajo este acápite, la recurrente cuestiona el acierto del primer argumento sentencial aportado por el judex en sustento de la solución propiciada, tal que "...no resulta explicable que la misma accionante omita su propia información sobre el particular", afirmando que su parte no ha omitido ninguna información, sino que ha abundado en ella, indicando minuciosamente las características del contrato, las fechas, el método de pago, lo que se entiende por "ganancias" y la fórmula precisa en base a la cual debía calcularse la indemnización, puntualizando -además- que esos datos estaban en poder de la demandada, desde que ella era quien efectuaba esos pagos mensuales.- Asegura que el dictamen pericial producido en la especie avala su postura, en tanto el experto concluyera que "Sagemüller S.A., con los elementos obrantes en la demanda más los que obran en su poder, ...cuenta con elementos para determinar los conceptos planteados en el incidente" (fs. 104).- Siendo ello así -agrega-, la actora pudo omitir su propia determinación numérica, porque ese era un dato descargado de sus sistemas (tal como consta en el acta de fs. 26/31) y que estaba en manos de la demandada.- Desde otro ángulo, aduce que el requisito exigido por el art. 155 del C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.- vigente al tiempo en que fuera promovida la demanda, restaba suficientemente cumplido, pues dicha norma sólo exigía "Expresar la cosa que se demanda, designada con exactitud". Y, atento que el art. 175 del nuevo ordenamiento procesal (ley 8465) requiere la expresión del "importe pretendido", sostiene que esa reforma demuestra que el legislador entendió que esa nueva exigencia no surgía del texto anterior, aplicable al presente caso.- Afirma, además, que el caso "Briggiler" debió servir para rechazar, y no para acoger la excepción, pues se da en él una situación idéntica, en tanto el valor de lo reclamado era conocido por la demandada, habiéndose decidido, en esa hipótesis, que la excepción de defecto legal resultaba improcedente. Segundo argumento: Reputa igualmente desechable la conclusión arribada por el Juez a-quo en punto a la presunta "complejidad" de los cálculos propuestos en la demanda, que habría sido admitida por la propia actora, en tanto en el mismo libelo introductorio indicara que el monto reclamado "...debería resultar de una percial contable". Expresa que la determinación por peritos sólo fue anunciada con carácter subsidiario, para el caso de que no se compartieran las fórmulas indicadas por su parte, las cuales no revisten complejidad alguna y pueden ser desarrolladas por cualquier persona con educación primaria que maneje las cuatro operaciones.- Al evacuar el traslado ordenado en los términos del art. 372, C. de P.C., la demandada solicita el rechazo del recurso de apelación, en base a las consideraciones que vierte en la presentación de fs. 297/304, cuyo contenido nos abstendremos de reproducir aquí, en honor a la brevedad.- IX) Abordando el tratamiento del recurso, adelantamos que la doctrina fijada más arriba, en relación a la recta hermenéutica asignable al art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, vacía de contenido atendible a los agravios ensayados en sede de Grado, por cuanto su viabilidad reconocía, como presupuesto necesario, el mantenimiento de la tesis interpretativa opuesta a la sentada en los apartados precedentes. En efecto, adviértase que, de acuerdo al temperamento expuesto en el presente pronunciamiento, incumbe al actor, por regla general, la ineludible carga de cumplir las exigencias impuestas por el art. 155, inc. 3° del C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-, salvo que invoque y acredite en debida forma, la existencia de un obstáculo insalvable, que haya vedado a su parte el cumplimiento de tal diligencia, circunstancia ésta que -como se dijo- debe ser juzgada con criterio restrictivo, atento el carácter excepcional de la dispensa. Siendo ello así, devienen absolutamente inatendibles las quejas enderezadas a desvirtuar el examen que el Juez Inferior realizara respecto de la actitud asumida por la actora, calificando de "inexplicable" que ella misma omitiera "...su propia información sobre el particular".- Contrariamente a lo trasuntado por la apelante, tal juicio de valor resultaba dirimente para la dilucidación del punto, pues, conforme a las consideraciones ya expuestas, sólo cabría relevar a la accionante de la carga de cuantificar su pretensión, en supuestos en que su parte demuestre haberse visto imposibilitada de hacerlo. Dado, entonces, que en la especie, Malbak S.R.L. no ha acreditado haberse encontrado en tal situación de imposibilidad, no cabe más que conceder que la conducta procesal exteriorizada por ella, al abstenerse de proporcionar en su demanda datos que competen al desarrollo de su propia gestión comercial (siendo dable suponer que los mismos le son conocidos, y restan documentados y registrados en forma), constituía un elemento de juicio de inexcusable ponderación, para decidir la suerte de la excepción de defecto legal planteada por la contraria.- De otro costado, en tanto no medie la mentada situación de imposibilidad, carece de todo asidero pretender que la demandante pueda verse eximida de precisar el valor económico de su reclamo, con el simple expediente de remitir a registros contables que obran en poder de la demandada. Ello así, en primer lugar, porque -como se dijo- esos elementos sólo permiten al demandado efectuar su propia estimación de los rubros pretendidos, la cual no cabe reputar necesariamente coincidente con lo que, en realidad, se le está reclamando. Ergo, las conclusiones arribadas por los expertos contables en la pericia glosada a fs. 99/105 (con las aclaraciones formuladas a fs. 136/140), en el sentido de que Sagemüler S.A. contaría con información suficiente para calcular, por sí misma, el monto de la demanda, nada aporta a la elucidación de la excepción planteada en autos. Y, en segundo término, porque ese artilugio importaría, lisa y llanamente, una improponible inversión de la carga impuesta en el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.- (hoy art. 175, inc. 3°, ley 8465), a todas luces reñida con la inteligencia que inspira al citado precepto legal.- En el caso que nos convoca, la firma Malbak S.R.L. se ha mantenido reticente a realizar una estimación precisa de los rubros "lucro cesante", "valor llave" y "valor empresa en marcha", integrativos de su demanda, sin individualizar in concreto algún motivo atendible que justificara su imposibilidad de cumplir con esa diligencia. Sobre el particular, cabe advertir que no reviste tal condición el simple retiro, por parte de Sagemüler S.A., de documentos y programas de computación con los que habría operado la actora (vide fs. 11 y Escritura Pública de fs. 26/31), pues el hecho de que aquélla hubiera proveído a ésta de un soporte informático en el que debían cargarse las operaciones vinculadas a los productos fabricados por ella, no eximía a la Distribuidora de llevar, en su carácter de sociedad comercial, su propio sistema de registración contable, independiente y autónomo de cualquier otro registro paralelo. En esa inteligencia, resultaría poco serio insinuar que, en virtud de que los representantes de Sagemüler S.A. retiraran el programa de la sede de Malbak S.R.L., ésta haya quedado despojada de las constancias documentales necesarias para cuantificar, con total precisión, cada uno de los rubros aquí demandados. Y, a más de ello, lo real y cierto es que esa afirmación habría venido a resultar totalmente desvirtuada por la manifestación efectuada por los peritos, en el sentido de que "...la firma Malbak S.R.L. lleva la contabilidad en legal forma y se encuentra al día, habiendo realizado la verificación de todos los balances generales de la sociedad desde su primer ejercicio económico, todos los cuales se encuentran debidamente certificados por C.P.C.E. ..." (fs. 104). Por lo demás, deviene absolutamente inconducente que las fórmulas cuya aplicación se postula sólo involucren operaciones aritméticas simples y elementales, pues, en tanto medie indeterminación respecto del monto asignable a cada uno de los parámetros cuantitativos propuestos por la actora como "bases" para el cálculo (ganancias y utilidades brutas), no cabría, de ningún modo, estimar suficientemente cumplido el requisito legal exigido por el art. 155, inc. 3°, C. de P.C. -ley 1419 y sus modif.-.

X) A mérito de todas las consideraciones efectuadas hasta aquí, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmar el decisorio impugnado en todo cuanto decide; con costas a la vencida (arg. art. 130, C. de P.C.), a cuyo fin se fijan provisoriamente los honorarios del Dr. Horacio G. Santucho Saravia en la suma de Pesos Noventa y ocho ($ 98) -4 Jus-, difiriendo su regulación definitiva para cuando exista base cierta para practicarla (arg. arts. 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 80 inc. 2° -primer supuesto- y conc., ley 8226). Por ello,-SE RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación fundado en la causal del inc. 4° del art. 383, C. de P.C. y, en su mérito, anular el Auto Interlocutorio N° 353 de fecha 02 de julio de 2001, dictado por la Cámara en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de esta ciudad. II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmando la resolución impugnada en todo cuanto decide. III) Imponer las costas de ambas instancias recursivas a la vencida, a cuyo fin se fijan provisoriamente los honorarios del Dr. Horacio G. Santucho Saravia, en la suma de Pesos Noventa y ocho ($ 98), por sus tareas en Sede extraordinaria, y en idéntica suma, por su intervención ante la Alzada, difiriéndose su regulación definitiva para cuando exista base cierta para practicarla. Protocolícese e incorpórese copia.