Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22


Buenos Aires, septiembre 22áde 2009.

EL DOCTORá LUIS A. CATARDO DIJO:ááááááááááááááááááááááááá I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo sustancial a la demanda por indemnizaciones derivadas del despido y otros créditos salariales, viene apelada por ambas partes y por el perito contador.

II.- Primeramente, trataré el recurso de la parte demandada por una cuestión de orden metodológico.

En lo que atañe a la responsabilidad que se les imputa a las personas físicas, Chirou y Stock, éstos no se hacen cargo de los fundamentos de la sentencia.á Al respecto, no resulta ocioso recordar que la expresión de agravios es una suerte de demanda dirigida al superior, en la que la parte disconforme con la sentencia se explaya, mediante un discurso jurídico autosuficiente, concreta y razonadamente acerca de los errores u omisiones de que, a su juicio, habría incurrido aquél y expresa cuál debe ser el pronunciamiento sustitutivo que debe emitir la Alzada. En la especie, no es posible inferir con razonable certeza,á los motivos por los que las apelantes estiman que lo resuelto por la a quo es erróneo, antijurídico o arbitrario, y cuál es el pronunciamiento sustitutivo concreto que debe emitir la Cámara, defectos que diseñan, paradigmáticamente, la deserción recursiva (artículos 265 C.P.C.C.N; 116á del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18348, t.o. según Ley 24635).á En efecto, los hechos en que se funda la responsabilidad de los apelantes tanto en la demanda al igual que se lo expresó en la sentencia de grado, se refierená a la actuación de ambos en el rol de dueños de la explotación de la empresa en la cual trabajaba la actora. La defensa de ellos en su contestación de demanda de que fueron en realidad empleados de la sociedad no fue acreditada por ningún medio probatorio. Por el contrario, de la valoración de la prueba surge que sus comportamientos fueron típicos de un empresario. Las consideraciones sobre una supuesta responsabilidad fundada en la Ley de Sociedades resultan irrelevantes ya que ello, como dije, no fue el motivo deá imputación. El agravio en este aspecto se deberá declarar improcedente.

En cuanto a la fecha de ingreso, cabe aclarar que, dado que la actora fue inscripta en forma sucesiva e ininterrumpida por Bowen S.A. y luego por Ritail S.R.L., no hubo ausencia de registración, ni registración defectuosa, ená cuanto a la fecha de ingreso, ya que ninguno de los testigos pudo precisar cuándo la actora comenzó a trabajar para la primera, dato imprescindible atento los pocos meses de diferencia que habría entre la fecha denunciada y la registrada. Asimismo, el reconocimiento de la antigüedad a todos los efectos para los cuales es relevante, no incluye la anotación en los asientos del registro del art. 52 L.C.T. respecto de las circunstancias anteriores a laá transferencia, que no pudieron ser objeto de asiento en sus registros. Por ello, noá existen deficiencias en su registración susceptibles de aplicación en el artículo 9ºá Ley de Empleo ya que, reitero, la finalidad de la normativa nunca estuvo comprometida desde el inicio de la relación. Por lo tanto, deberá detraerse la suma de $ 3.334,64.- del monto nominal de condena.

Sobre la remuneración admitida, la liquidación en que se fundó la demandante a fs. 4 y en la que se basó el sentenciante no fue objeto de análisis en su memorial de agravios. No hubo crítica sobre el módulo de las comisiones por lo que queda firme la estructura remuneratoria escogida. Dicho esto, corresponde confirmar la sentencia apelada y, en consecuencia, la de laá multa del artículo 10 de la citada ley.

Su cuestionamiento sobre la falta de aplicación del tope que establece el artículo 245 L.C.T. también es improcedente. Del informe del Ministerio de Trabajo resulta a fs. 783 que el tope a la fecha del despido es superior a la base de cálculo admitida.

Mejor acogida tendrá el agravio por la multa del artículo 132 bis L.C.T. ya que de los informes de fs. 1006/1064 resulta que los aportes han sido cumplidos, lo que torna en improcedente la operatividad de la sanción.

III.- La actora se centra en cuestionar la remuneración escogida para el cálculo de todos los rubros liquidados en la sentencia.

El recurso es parcialmente admisible. Lo es, en cuanto al cálculo de la indemnización del artículo 245 L.C.T. ya que, al admitirse en grado las diferencias por comisiones fundadas en un porcentaje del 1% de la facturación total del local, cuestión que llega firme, y haber tomado comoá mejor remuneración la correspondiente a diciembre de 2006, ésta debería haber estado integradaá por la suma de $ 2.383,47.-, en concepto de comisiones. Por lo tanto, deberán recalcularse la indemnización por antigüedad y los rubros en que ésta tenga incidencia (multa artículo 16 Ley 25.561, artículo 15 Ley 24.013 e incremento artículo 2º Ley 25.323) en base al salario deá $ 4051,59-. Sin embargo, como ésta excede el tope aplicable, que a la fecha del despido es de $ 3.583,66.-, corresponderá reliquidará tales rubros en función de esta base.

Sobre los restantes créditos, el cálculo de los mismos se mantiene dado que para su cómputo no corresponde acoger al mejor salario, requisito sólo exigible para el cálculo de la indemnización del artículo 245 L.C.T., por lo que el agravio resulta improcedente.

En cuanto al salario proporcional, éste efectivamente no ha sido calculado en la liquidación de la sentencia de grado, por lo que corresponde hacerle lugar según se lo ha reclamado en la demanda y conforme a la base salarial admitida en grado, por lo que arroja un monto de $ 1.667,32.- Atento la solución propiciada, los restantes agravios se tornan abstractos.

IV.- Por los fundamentos expuestos, propongo a) se confirme la sentencia apelada con el alcance indicado; se fije el capital nominal de condena en $ 173.566,98.- suma a la que accederán los intereses fijados en grado; se deje sin efecto la multa del artículo 132 bis L.C.T. y; seá confirmen los pronunciamientos sobre costas y honorarios conforme al monto reajustado de condena en tanto los considero razonables según las pautas legales arancelarias (artículos 6º, 7º y 19 de la Ley 21.839 yá 3º Decreto-Ley 16.638/57); b)á Por aplicación del artículo 71 C.P.C.C.N., las costas de alzadaá serán impuestas el orden causado dado que han mediado vencimientos parciales y mutuos; c) Estimo que se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados por su actuación en primera instancia (artículo 14 de la Ley 21.839).á EL DOCTOR JUAN CARLOS E.MORANDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.ááááááááááááááááááááááááááááááááá LA DRA. GABRIELA A. VAZQUEZ no vota ( artículo 125 L. 18345) Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

Confirmar la sentencia apelada con el alcance indicado; fijar el capital nominal de condena en $ 173.566,98.- suma a la que accederán los intereses fijados en grado; yá confirmar los pronunciamientos sobre costas y honorarios;

Imponer las costas de alzada por el orden causado;

Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron reguladosá por su actuación en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- LUIS A. CATARDO.- JUAN CARLOS E. MORANDO.