Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100189	SALA II Expediente Nº 28.687/2010	(Juzg. Nº 32) AUTOS: "VILLAREAL, HUGO RAMON C/ ASOCIART ART S.A. S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	29-02-2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en au-tos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo perti-nente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamen-tos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia (fs. 234/240) que hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Villareal, se alza la parte deman-dada a mérito del memorial que luce a fs. 244/246, replicado por su contraria a fs. 248.

La Sra. Jueza a quo, Dra. Graciela L. Dubal de Lozano, admitió las objeciones constitucionales a la ley 24.557 sobre la base de la doctrina sentada por la CSJN en la causa "Castillo", declarando la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa.

Sentado ello, y quedando fuera de discusión que, en el presente caso, se trataba de un accidente de trabajo que derivó en la minoración de la capacidad laboral del actor en el 25,1% de la T.O. (cfrme. inobservado informe pe-ricial médico de fs. 215/221), la magistrada aplicó las previsiones del dto. 1694/09 al caso de autos -no vigente a la fecha del infortunio- y difirió a condena el pago de la suma de $56.546 en concepto de prestaciones de la LRT (art. 14 inc. 2º ap. a) de la LRT), fijando el inicio del cómputo de los intereses sobre el capital desde la fecha del accidente acaecido el 8-07-09, y hasta el momento de su efectivo pago.

II.	Se queja la accionada por la declaración de inconsti-tucionalidad del tope indemnizatorio articulado por el actor, señalando que la magis-trada de grado habría aplicado retroactivamente el dto. 1694/09 (B.O. 6/11/09), nor-ma que no se encontraba vigente al momento del accidente, por lo que solicita de esta Alzada se determine la aplicación del dto. 1278/00.

Además, cuestiona el quantum indemnizatorio y la fecha de inicio del cómputo de los intereses.

En primer lugar habré de señalar que, con prescin-dencia de la fecha del infortunio, la situación de incapacidad permanente fue decla-rada cuando la justa reforma introducida por el P.E.N. -al régimen de prestaciones económicas de la LRT- ya estaba en vigencia, de manera que la nueva situación de incapacidad debe ser atendida con la norma ya vigente al momento en que ésta se configuró (cfr. art. 3, Código Civil).

En efecto, si bien el accidente de trabajo (que data del 08-07-2009) se produjo durante la vigencia del régimen anterior (1278/00), las consecuencias reparatorias del infortunio se establecieron y consolidaron con poste-rioridad y cuando ya regía el nuevo régimen de prestaciones económicas, es decir, el 14-07-2010 fecha en la cual la Comisión Médica se expidió sobre la incapacidad so-breviniente del actor (v. reconocimiento efectuado por la demandada a fs. 36vta.).

Por lo tanto, la aplicación de las mejoras a las presta-ciones dinerarias previstas en el nuevo régimen a los efectos nuevos de una contin-gencia anterior no constituye un supuesto de retroactividad legal sino de aplicación inmediata de la nueva norma, en los términos del art. 3 del Código Civil.

He sostenido esta tesis ya con relación a la aplicación del decreto 1278/00 afirmando que, sobre la base de motivaciones de equidad y justi-cia, el régimen de prestaciones económicas establecido por dicho decreto se podía aplicar, a la luz del art. 3º del Código Civil, a los efectos pendientes nacidos de situa-ciones jurídicas, es decir, contingencias cubiertas, anteriores a la fecha de activación de la mentada reforma (ver, al respecto, La aplicación inmediata de la nueva ley y el caso del régimen de prestaciones económicas de la LRT, en Revista de Derecho del Trabajo, año LXIII, Nº V, mayo de 2003, pág. 628 y sig.), tesis que mantuve en opor-tunidad de votar en la causa "Graziano, Antonio y otro c/ Trillenium S.A. y otro s/ Accidente - Ley 9688" (SD 96935 del 31/7/09, del registro de esta Sala).

Pero es necesario remarcar que, en el presente caso, el estado de incapacidad a indemnizar se estableció o consolidó jurídicamente cuando el decreto 1694/09 (B.O. 6/11/09) ya regía, es decir, el 14-07-2010 (v. fs. 168/171). Es claro entonces, a mi ver, que aunque el accidente fue anterior, la "situación jurídica" que da lugar a las prestaciones económicas del art. 14 de la LRT se verificó bajo la vigencia del decreto 1694/09, circunstancia que diferencia el subjúdice del caso "Graziano" ya aludido.

Por lo expuesto, resulta ajustada a derecho la decisión de grado en la medida en que aplicó correctamente la norma al caso de autos habida cuenta de que la incapacidad de la víctima del infortunio laboral fue declarada como permanente durante la vigencia del cuestionado decreto, por lo que esta etapa de la contingencia debe ser cubierta con el nuevo régimen de prestaciones económicas (cfrme. art. 3 del Código Civil).

Por ello, propicio la desestimación del primer tramo del recurso deducido.

III.	En lo que respecta al cuestionamiento sobre el quantum indemnizatorio, considero que deberá receptarse parcialmente. En efecto, mediante la queja en análisis el recurrente destaca la existencia de una presunta dife-rencia entre el ingreso base mensual considerado en grado y el que surgiría del SUSS, tesis que resulta inatendible en la medida en que se basa en informes que no han sido rendidos en la causa. Ello por cuanto el detalle de "valores de cotizaciones - IBM" inserto en el recurso no fue introducido en la etapa procesal oportuna por lo que no corresponde considerarlo en esta instancia, además de señalar que se trata de una manifestación de parte sin respaldo documental alguno.

Por ello, y dado que el apelante no controvierte de manera fundada y circunstanciada que el IBM considerado por la Sra. Jueza a quo, con arreglo a las sumas que surgen de los recibos de haberes obrantes a fs. 92/108, resulta incorrecto o deficientemente calculado en base a las pruebas colectadas en la causa, corresponderá confirmar el decisorio de grado en lo que respecta al monto del IBM.

Sin embargo advierto que, sin perjuicio de lo ante-dicho, existe un error aritmético en el cálculo de la fórmula del art. 14 L.R.T. (53*2717,67 x 25,1% * 2,096), toda vez que el resultado de aquella ecuación arroja la suma de $75.589,03 (en vez de $75.806), monto del que deberá deducirse la suma oportunamente abonada $19.260 (que llega firme a esta alzada), correspondiendo re-ajustar el monto diferido a condena a la suma de $56.329,03.

IV.	Con relación al argumento referido a la fecha de inicio del cómputo de los intereses diré que la doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en cuanto a que, si no media alta médica antes de que transcurra el lapso de un año previsto para el pago de las prestaciones por incapacidad temporal, con arreglo a lo que establecía el art. 8, inc. d) de la ley 9.688 e igual norma de la ley 24.028, cabía considerar que la configuración jurídica del daño que deja como secuela un infortunio laboral se produjo invariablemente al cumplirse el año desde la fecha en la que ocurrió el accidente (ver Vázquez Vialard, Antonio "Accidentes de Trabajo", Ed. Hammurabi, pág. 259 sstes.). A su vez, el art. 9, ap. 2, de la ley 24.557, en concor-dancia con las normas antecedentes y con la elaboración doctrinaria y jurisprudencial efectuada en torno a ellas, estableció que la incapacidad laboral permanente adquiere carácter permanente a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria. Asi-mismo, el art. 7 de la ley 24.557 establece que la incapacidad temporaria cesa -entre otras razones- por alta médica, por la declaración de incapacidad laboral permanente o bien por haber transcurrido un año desde la primer manifestación invalidante.

En otras palabras, como puede apreciarse, en el sis-tema actual la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo (o de una "enfermedad-accidente") también se produce al otorgarse el alta médica, o al efectuarse la declaración de incapacidad laboral permanente (si esto ocurre antes del año subsiguiente al infortunio) o, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el infortunio -plazo máximo establecido por la norma como de consolidación del daño-.

De todos modos, el art.2 de la Res.SRT Nº 414/99 otorga un plazo de gracia de 30 días corridos a partir del momento en el que la pres-tación debió ser abonada y difiere la configuración de la mora al vencimiento de di-cho plazo.

Estas reglas, aplicables al caso de autos, importan reconocer en la especie el inicio del cómputo de los intereses desde el 09-08-2010, en tanto el accidente que diera origen a la incapacidad que padece el accionante ocurrió el 08-07-2009 y la declaración de permanente de la incapacidad fue declarada trans-currido más de un año de esa fecha (el 14-07-2010 v. fs. 168/171), al tiempo que ob-servo que el alta médica otorgada el 03-09-09 lo fue sin incapacidad.

Por ello cabe concluir -entonces- que la demandada comenzó a estar en mora, respecto a la obligación resarcitoria que le impone la LRT, a partir del 09-08-2010 (un año desde el infortunio, más el plazo de la Res.SRT Nº 414/99), dado que obligación de la demandada de abonar las reparaciones reclamadas nació una vez cumplido el año desde esa fecha (más el plazo de gracia), porque es el momento en el que se produjo la consolidación jurídica del daño respectivo que deri-va del infortunio y, por ello, corresponde modificar la sentencia de grado anterior en cuanto al inicio del cómputo de la tasa aplicable, en el sentido expuesto.

V. El resultado que dejo propuesta implica reducir el monto de condena de la suma de $56.546,00 a la de $56.329,03, así como establecer el cómputo de intereses desde el 09-08-2010 y no desde la fecha del accidente.

VI.	Si bien el resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dis-puesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas, entiendo que en el caso no se justifica la modificación de lo decidido por la senten-ciante de grado en relación a los honorarios regulados, razón por la cual impulso su ratificación, quedando aquí subsumida la apelación de honorarios efectuada por la demandada respecto de la totalidad de los honorarios regulados en grado, cuya ratifi-cación propicio toda vez que en atención al mérito y extensión de la labor desarrolla-da por cada uno de ellos, así como los mínimos arancelarios vigentes, los honorarios regulados no lucen, a mi juicio, elevados (cfrme. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

En cuanto a las costas de esta instancia, teniendo en cuenta el resultado que dejo propuesto, así como el progreso del recurso deducido por los accionantes, propicio imponerlas en un 20% a cargo de la parte actora y un 80% a cargo de la parte demandada (art. 68 párr. 2 y 71 CPCCN), regulando los ho-norarios de la defensa letrada de la parte actora, y de la demandada en atención a la extensión y calidad de los trabajos realizados en el 25% de la suma que les corres-ponda percibir respectivamente por sus labores en primera instancia (art. 14 ley 21. 839).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto precedente aunque considero menester efectuar algunas consideraciones al respecto.

En oportunidad de votar en la causa "Graziano, Antonio y otro c/ Trillenium S.A. y otro s/ accidente- ley 9688" (S.D. 96.935 del 31/7/09 del registro de esta Sala) sostuve que no correspondía la aplicación de la re-forma del decreto 1278/00 a una situación jurídica cumplida (en el caso, una muerte) con anterioridad a su dictado. Señalé en aquella oportunidad, citando al Dr. Ricardo Foglia en su artículo publicado en Revista de Derecho Laboral 2002-I, Ley de Ries-gos del Trabajo II, "Cuestiones sobre la aplicación en el tiempo del decreto 1278/2000", Editorial Rubinzal-Culzoni, que a la hora de analizar a qué situaciones resultaba aplicable la norma en cuestión, podían darse tres supuestos distintos, a sa-ber: a) derechos extinguidos o agotados antes de la vigencia del decreto; b) derechos nacidos luego de la vigencia del citado decreto; y c) derechos nacidos bajo el imperio de la LRT pero cuyas consecuencias se prolongan luego de la vigencia del decreto.

En aquel caso, se reclamaba la reparación de un accidente fatal en el marco de la ley 24.557, ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto, por lo que entendí que, tratándose de una hipótesis de consumo jurídico instantáneo -que fija la ley aplicable-, no correspondía su apli-cación.

Sin embargo, como sostuvo el Dr. Miguel Ángel Maza en su voto, en el supuesto de autos se advierte una circunstancia que distingue ambos supuestos, pues si bien el accidente padecido por el trabajador se produjo du-rante la vigencia del régimen anterior (decreto 1278/00), la situación de incapacidad permanente fue declarada cuando la reforma al régimen de prestaciones económicas de la LRT ya estaba en vigencia, por lo que la nueva situación de incapacidad debe ser reparada mediante el decreto 1694/09 que, a esa fecha, ya se encontraba vigente.

En definitiva, y con las aclaraciones vertidas, adhiero al voto que precede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tri-bunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia de grado reduciendo el monto de condena a la suma de pesos cincuenta y seis mil trescientos veinti-nueve con 03/100 ($56.329,03) y fijar la fecha de inicio de cómputo de los intere-ses sobre el capital de condena desde el 09-08-2010; 2) Confirmar la distribución de constas y honorarios regulados a la totalidad de los profesionales inter-vinientes por los trabajos realizados en la instancia anterior; 2) Imponer las costas de Alzada en un veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora y un ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte demandada; 3) Regular los hono-rarios de la representación y patrocinio letrado del accionante y de la deman-dada, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en ori-gen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara