marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de turismo, partes, responsabilidad del concedente, intermediación de viajes
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ  VERDE  JORGE  HERNAN c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

El "contrato de intermediación de viaje", tiene la característica que alcanza a cualquier contrato por el cual una persona se compromete a procurar a otra, mediante un precio, o bien, un contrato de organización de viaje o una de las prestaciones aisladas que permitan realizar un viaje o una estadía cualquiera (véase en este sentido el art. 1° de la Convención Internacional relativa al Contrato de Viaje; ley 18829, en su art. 1º, inc. b). Ello, en la especie, determina que el "ACA" únicamente se comprometía a poner a disposición las habitaciones solicitadas en el hotel demandado no interviniendo en ninguna otra prestación. En la ejecución de las obligaciones que resultan de este tipo de contratos, el "intermediario de viajes" garantiza los derechos e intereses del viajero según los principios generales del derecho y las buenas costumbres en este dominio. En definitiva, el codemandado, concedente del hotel, en su carácter de "intermediario de viaje" podría ser responsable pues, por toda falta que cometiese en la ejecución de sus obligaciones, debiendo apreciarse dicha culpa en relación con los deberes que incumben a un diligente intermediario de viajes. En esta línea, está obligado a respetar los contratos, las tarifas convenidas y a ser veraces en la propaganda que realicen a fin de promover sus actividades, debiendo el material de dicha propaganda reflejar exactamente, sin dar lugar a confusión, el tipo de servicio ofrecido (artículo 8º Ley 22545). Sin embargo, no fue alegado el incumplimiento de ninguno de estos aspectos, sino que se lo intenta responsabilizar por la defectuosa prestación del servicio de guarda de parte del hotel, prestación que resulta propia de esta última y por la cual no debe responder. Con base en lo precedentemente expuesto, no cabe sino concluir en que no resulta procedente responsabilizar al propietario del inmueble -ACA- donde funcionaba el Hotel, por la sustracción del vehículo, propiedad del actor.
Ejecución prendaria, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ LA INVERNADA SA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La excepción de inhabilidad de título fue expresamente prevista -en la ejecución de prenda con registro-por el art. 600 del Código Procesal, cuando remite a las enumeradas en los incs. 1., 2., 3., 4., 6. y 9.. del art. 544 y sólo es viable cuando se cuestione la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reuna los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva o porque el ejecutante o ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. Su planteo se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, ya que la solución contraria implicaría desvirtuar la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo y supeditar la pretensión que constituye objeto de éste a contingencias probatorias que deben ser materia del proceso de conocimiento posterior (cfr.

Palacio, L. E., "Derecho Procesal Civil", Tomo VII, pág. 429; esta Sala, Causas 3259/93 del 28.3.95 y 4382/93 del 10.4.95).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios entre dos o más provincias, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Las quejas que prevé el art. 109 de la Constitución Nacional tienen un carácter diverso al de otros casos en que participan las provincias y cuyo conocimiento también corresponde de manera originaria a la Corte. No se trata de una "causa civil" en el concepto desarrollado por las leyes reglamentarias de esa competencia y tal como la concibió la jurisprudencia de la Corte.
Costas, exención de costas
Materia: LABORAL
Carátula: COMAS JOSE CARLOS c/ CARDOZO TRANSITO PILAR Y/O FONTANINI HECTOR DOMINGO Y/O RESP. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-18

El sólo hecho de pedir informe al Registro de la Propiedad Inmobiliaria, en forma previa a la iniciación del juicio, informe harto deficiente ya que no establece fecha de celebración del contrato y que el actor no se preocupó en determinar antes de embarcarse en una demanda, no justifica la eximición de costas, ya que al contestar la demanda al codemandado Fontanini y plantear excepciones, la actora persistió en sus reclamaciones contra el mismo. Habiéndose rechazado la demanda, el actor apela la sentencia, por lo que a criterio del suscripto no se dan las razones objetivas como para que se le pueda eximir de la condena en costas.
Fallos de la Corte Suprema, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Ismael Ramón Marcón en la causa Freire Díaz, Manuel Santos y otro s/ defraudación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

Cualquiera que sea la generalidad de los conceptos empleados por el Tribunal en sus fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan.
Poder Judicial, jueces, remuneración, recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Bruno" consideró que la interpretación hecha por el Superior Tribunal de Río Negro del artículo 130 de su Constitución Provincial -en el sentido que el mismo no privilegia a los jueces eximiéndolos de las penurias de la inflación que sufre todo el cuerpo social de la provincia y de la Nación-, no es pasible de ser revisada por ella dada la naturaleza de la norma en juego (artículo 14 de la ley 48) y por no advertirse un supuesto de arbitrariedad. Opina, además, que la intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial y tal independencia es un requisito indispensable del régimen republicano. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Pena, ejecución de la pena, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ ejecución penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

El carácter especial de la sanción de aislamiento como privación de la libertad dentro de una situación de privación de la libertad preexistente implica una modificación en las condiciones de detención de tal entidad que requiere sin lugar a dudas que su aplicación se enmarque en un proceso celosamente respetuoso de los principios del derecho penal con jerarquía constitucional (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Derechos y garantías constitucionales, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Jorge Pablo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.761
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Sin desconocer que el cuestionamiento de una disposición legal o reglamentaria se realiza en abstracto, para acogerlo, es menester que quien lo plantee se halle en una situación claramente objetivable frente a la norma atacada, al conllevar ésta una actual o manifiestamente esperable afectación, limitación o desconocimiento de los derechos y garantías amparadas por el texto constitucional. Y, precisamente, en la verificación de tal situación, juegan un papel preponderante las circunstancias del caso (art. 171 de la Constitución provincial) (doctor SORIA, sin disidencia).
Escritos judiciales, acusación
Materia: PENAL
Carátula: FALCO, OSVALDO C. Y OTRO s/ ACUSACION - AUTOSUFICIENCIA ESCRITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-02

La acusación es pieza que debe bastarse a sí misma, es decir que debe estar presidida por la nota de autosuficiencia; por manera que de ningún modo puede ello conceptuarse satisfecho con una mera paráfrasis de lo decidido en la instrucción preparatoria, o con la genérica crítica al pedido de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público, o, por fin, con la lacónica afirmación de que el imputado es acusado "por los delitos por los cuales se le querella".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Novoa Seoane, Miguel c/ Onaindia de Novoa, Estela Maris s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-22

Los pronunciamientos recaídos en materia de nulidad de actuaciones no tienen carácter definitivo en el concepto del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso, en que se rechaza "in limine" la nulidad articulada, motivos de excepción que permitan apartarse de dicho criterio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés, pesificación, Banco Nación, contrato de descuento bancario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LLOYDS TSB BANK PLC c/ FERNANDEZ, JOSE LUIS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-06

Resulta improcedente ordenar que los intereses devengados por el capital ejecutado sean calculados con arreglo a las tasas que cobra el Banco Nación en sus operaciones de descuento a 30 días en dólares estadounidenses cuando, -como en el caso-, el crédito objeto de ejecución fue pesificado por el Decreto 214/02 y normas concordantes, máxime, si la constitucionalidad de la mentada norma no fue cuestionada. De modo pues, que frente a la pesificación de ese capital, los intereses devengados por el deben calcularse en pesos (arg. CCIV art. 525 y ccdtes.).
Homicidio calificado por el vínculo, femicidio
Materia: PENAL
Carátula: ALMIRON, OSVALDO JESUS s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL VINCULO Y FEMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-05-19

Surge acreditado en todo lo actuado que el vínculo legal estaba vigente aun cuando la víctima intentó salir del ámbito de temor y violencias a la que era sometida por el imputado, y precisamente esta agravante de la relación como cónyuges, toma en consideración para medir la culpabilidad del autor, quien debido a la profunda relación afectiva del lazo que los une, ha menospreciado el respeto que como cónyuges se deben entre sí.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, privación ilegal de la libertad, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, daños y perjuicios, prescripción, prescripción bienal
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garritano, Alberto Carmelo c/ E.N.  (P.E.N.) s/ Daños y perjuicios - Daño moral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-19

Según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cómputo de los dos años previstos en el art. 4037 del C.C. para la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual de la Administración, por privación ilegítima de la libertad - y los daños producidos en la ocasión - se inicia desde el momento en que cesa esa situación.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ZAGARI, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

Reconocido el derecho del peticionante al reajuste de su haber previsional, obtenido en el marco de la ley 24.241, corresponde ordenar a la A.N.Se.S. que, dentro del plazo de 90 días, realice las siguientes operaciones: a) Recalcular la prestación compensatoria en la forma prevista en el art. 24 inc. a) de la ley 24.241, para lo cual las remuneraciones deberán actualizarse hasta la fecha del cese, según la variación experimentada por el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) -elaborado por el MTSS-; b) Así recalculado el haber inicial, la movilidad de la remuneración total resultante deberá efectuarse semestralmente, en cuanto el incremento de salarios, según el ISBIC (Base mayo 2003 - 226.742,3 = 100), en lo que exceda el 15%, y a partir del 1° de enero del año 2004; c) El nuevo haber recalculado deberá mantenerse dentro del limite establecido por la doctrina sentada por la CSJN in re "Villanustre, Raúl Félix" CSJN V.30.XXII, fallado el 17.12.91; d) Pagar al actor las diferencias existentes entre los haberes percibidos y los recalculados según las pautas precedentes, desde los de años anteriores al reclamo administrativo, en lo que exceda el 15% (cfr. C.S.J.N. in re "Cretari, Artemio Luciano y otros", sent. del 21.12.04); e) Las diferencias retroactivas adeudadas, devengarán intereses desde que cada una fue debida y hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. C.S.J.N. in re "Spitale, Josefa Elida" del 14.09.04; Fallos: 325:1185 "Aguilar"; "Prawdiuk, Rosa", sent. del 11.0504, entre muchos otros).
Industria azucarera, intervención estatal
Materia: ECONOMIA
Carátula: S.  A.  Azucarera  Arg. Comercial e Industrial -Ing. Corona- c/ Estado Nacional -Mº de Economía- s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La intervención estatal en el campo de la industria azucarera trae aparejadas tanto importantes ventajas, de las que no gozan quienes se dedican a la producción de otros artículos, como sustanciales restricciones a la comercialización y producción de la materia.
Indemnización, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Maidana, Hugo Damián c/ Ortiz Ramón y/o responsable s/ Daños y Perjuicio. Maidana, Hugo Damián c/ Ortiz Ramón y/o responsable s/ Daños y Perjuicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-10-31|1995-10-31

Son numerosos los fallos que señalan que la sola tenencia del automotor, en el momento del accidente, habilita al actor para accionar por los daños sufridos en un choque de tránsito, en el vehículo de que se valía en ese momento. Si a ello le agregamos que el usuario tiene derecho a reclamar indemnización y no puede ser privado de este derecho aún cuando no haya realizado los arreglos del rodado, porque esta obligación los -arreglos del rodado- hace a su relación con el propietario del mismo y no con el demandado, el cual es independiente y deriva del cuasidelito, con más razón su legitimidad para demandar debe ser vista con mayor amplitud, si lo reclamado proviene de las reparaciones que ya han sido efectuadas y que guardan directa relación con los daños denunciados y probados.
Retención indebida, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Martha Elena Lifshchitz s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-14

Para que exista retención indebida el agente activo debe con perjuicio de otro, negase a restituir dinero que se le haya dado en depósito, comisión o administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver.

El hecho investigado en autos y atribuido a la encartada consistió en la falta de remisión de los haberes de los meses de Diciembre y aguinaldo 1989 y deuda que mantiene el Gobierno con el personal docente, por parte de la procesada y que le correspondían a la denunciante. La no restitución a debido tiempo exige la mora del obligado, esto es su retraso en el cumplimiento de la restitución debida. No estando establecido en el título el momento de la mora, es necesario el oportuno requerimiento judicial o extrajudicial, y producida la negativa a la mora, la omisión queda consumada. La omisión debe ser dolosa, es decir consistir en la conciencia del deber de restituir y su voluntario incumplimiento, y además causar perjuicio para el patrimonio de quien tenía derecho a su restitución No caben dudas que constituyen un plexo inculpatorio suficiente para sustentar la conclusión incriminante las constancias de autos, ya que se halla acreditada la existencia de un mandato entre denunciante y procesada, una intimación para la restitución del dinero percibido como consecuencia del mandato y la consiguiente privación por parte de la denunciante de las sumas que legitimamente le correspondía disponer e ingresar a su patrimonio.
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: Tacchella, Esteban Pedro c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Los conceptos éticos de conducta incorporados a la legislación laboral son imperiosamente exigibles a quien cumple una función jerárquica íntimamente vinculada a la gestión empresaria.
Huelga, remuneración, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: CANAVARY, JORGE W. c/ VILLALONGA FURLONG  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

El hecho de que las huelgas cumplidas por el trabajador no hayan sido declaradas ilegales por la autoridad administrativa, o judicial en su caso, no justifica el pago de los salarios caídos, que, sólo sería procedente en la hipótesis de que la medida de fuerza fuera la respuesta a un acto de incumplimiento del empleador.
Nulidad de sentencia, excarcelación, tenencia de estupefacientes, concurso ideal, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: Arenas, Leandro Damián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-07

Corresponde anular el pronunciamiento que concedió la excarcelación si se endilga al imputado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido por más de tres personas organizadas, por su calidad de funcionario público encargado de la prevención y por haber utilizado los estupefacientes para la comisión de otro delito (arts. 5°, inciso "c", 11 inc. "c" y "d" y 13 de 23.737) y por el delito de privación ilegítima de la libertad con abuso de funciones en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público (arts. 144 bis inc 1 y 293 CP), ya que a las pautas de carácter objetivo significativas de la seriedad de los delitos imputados y la eventual severidad de la pena que en caso de ser condenado le corresponderá, debe evaluarse la especial gravedad de las maniobras desplegadas, en la que se le imputa, como a otros tres policías y dos civiles, haberse apoderado de tres kilos de cocaína en una falsa redada a un traficante, e intentado vender a terceras personas, y que parte de esa sustancia habría sido utilizada por los policías para fraguar un procedimiento policial y detener ilegítimamente a una persona. La participación en el caso de varios agentes de policía, merece una especial atención por parte de la justicia, no solo por el hecho de que sean los funcionarios a cargo de la prevención los involucrados, sino porque dicha circunstancia también permite inferir que el imputado cuente con mayores elementos para intentar entorpecer el correcto desarrollo del proceso, si prosigue el resto del mismo en libertad. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Intimación al empleador, regularización del trabajador, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Piastrellini Hugo Alfredo c/ Diario Perfil S.A. s/ Ley 12908
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-06

El requerimiento de regularización registral no fue defectuoso, ya que enunciar el promedio mensual de las remuneraciones y no el importe percibido mes por mes es insustancial, debido a que el demandado pudo requerir al actor las aclaraciones que juzgue pertinentes o registrar la relación consignando las retribuciones asentadas en sus libros de comercio, toda vez que el trabajador emitía facturas.
Defensa del consumidor, sanciones administrativas, recursos, revisión judicial de actos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determin. c/ Sec.de Comercio e Inversiones DNCI. Nº 2718/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

La ley 24.240 no prevé trámite alguno para la sustanciación del recurso que contempla en su art. 45 para la revisión judicial de las sanciones que la autoridad de aplicación que ella instituye aplica en ejercicio del poder de policía que le compete en la materia de que se trata, tal como -por el contrario- sí lo hace en relación a las acciones judiciales que -entre otros legitimados- prevé por su art. 52 a favor de los consumidores y usuarios "cuando sus intereses resulten afectados o amenazados", para las cuales, por su art. 53, establece que "se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente". (Consid. 3º).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba documental
Materia: LABORAL
Carátula: Della Porta, Tito Alfonso. c/ Suipacha Construcciones S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

El examen del alcance de un documento es materia ajena al recurso de inaplicabilidad de ley, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo en la interpretación efectuada en la instancia ordinaria.
Menores, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: M.MB c/ H.C.F. s/ CUOTA ALIMENTARIA-TENENCIA-REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-13

No se produce la caducidad de instancia cuando los incapaces carecen de representantes legales en el juicio (art. 298º del C.P.C.), disposición que se hace extensiva al caso que el ministerio público de menores no haya tampoco, tomado la intervención que legalmente le corresponde. Caso contrario, el asesor tiene la obligación de urgir el proceso.
Recurso contencioso administrativo, interposición del recurso, plazo, suspensión del plazo, feria judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CADARIO, NILDA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 100 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

El artículo 5 de la ley 4106 establece que los recursos deben interponerse dentro del plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución, y siendo éste un plazo de caducidad, su cómputo debe realizarse en días hábiles judiciales, de los que se excluyen los períodos de suspensión de la actividad tribunalicia establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, siendo que -a los fines de la admisibilidad de la demanda contencioso administrativa- es de aplicación el artículo 5 de la ley 7234 (modificada por la 9040), que establece la duplicidad de términos, debe considerar tempestivo el recurso contencioso administrativo que fue deducido al trigésimo día, después de terminada la feria judicial.