Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-08


Trelew, 08 de mayo de 2008.-------------- Y VISTOS: La apelación interpuesta en subsidio por los co-demandados a fs. 273 y 277, contra la resolución de fs. 272. ---- Y CONSIDERANDO:------- I.- En la resolución apelada se dispuso el libramiento de un oficio en razón de una supuesta contradicción entre un informe del Registro de la Propiedad Inmueble y las manifestaciones de terceros respecto de la compra-venta de un inmueble y se hizo lugar al embargo solicitado por las actoras contra los socios de la empleadora "C. de O. T. S.R.L.", con base en lo dispuesto por el art. 74 de la ley 69. ----- La co-demandada I. P. se agravió, en lo esencial, sosteniendo que el libramiento del oficio resulta extemporáneo en razón de que precluyó la oportunidad que tenían las actoras para ofrecer la prueba. Afirmó que la admisión de dicho medio de prueba conculca su derecho de defensa, como así también la igualdad de las partes en el proceso. ----- Expuso que como se dijo al contestar la demanda, el inmueble fue vendido por "C. de O. T. S.R.L.", haciendo uso de la facultad de enajenarlo que le asistía como propietario. --------- Se quejó asimismo por el embargo ordenado expresando que quedó perfectamente demostrado en estos actuados que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la ley para extenderle la responsabilidad de la sociedad "C. de O. T. S.R.L.", que fue su empleadora. - Alegó que de procederse a trabar el embargo ordenado contra los dos co-demandados, podría darse el caso que los montos del embargo sean superiores a los del reclamo formulado. ------- Adujo que no se encuentra cumplido el requisito de la verosimilitud del derecho, en virtud de que quien es en verdad única y exclusiva titular de la relación jurídica sustancial que uniera a las partes es la sociedad y que al decretarse el embargo preventivo está haciendo efectiva en forma previa a la resolución de la causa la extensión de la responsabilidad, lo que implica un exceso, con el consiguiente perjuicio que ello le significa. -- Afirmó que tampoco se encuentra acreditado el peligro en la demora, por cuanto las actoras no demostraron que el transcurso del tiempo sea un factor que pueda llegar a influir sobre la efectiva realización de sus derechos. ---- Argumentó que el hecho que la sociedad haya vendido el inmueble en cuestión no significa que esta sea insolvente y no pueda afrontar con otros bienes o fondos las posibles acreencias que pudieran surgir como consecuencia del reclamo de las actoras. Aseveró que la caución juratoria no fue prestada por las actoras, sino por una persona de apellido C. , quien resulta totalmente ajena a la causa. - Además, sostuvo, que teniendo en cuenta la cuantía del monto por el cual se decretó la medida, la contracautela de tipo meramente juratoria resulta insuficiente. A su vez, el co-demandado H. , se quejó con base en que la resolución adolece de fundamento y no explicita las razones fácticas y valorativas tenidas en vista como antecedente para resolver la cuestión. ---------- Indicó que los co-demandados P. y H. hasta el momento de dictarse sentencia definitiva no son deudores de suma alguna. ----- Puso de manifiesto que de los instrumentos glosados no surge que haya intentado enajenar un bien de su propiedad o que esté ocultando o disminuyendo su patrimonio. ---------- Invocó que la resolución impugnada aplicó mecánicamente el art. 74 de la ley 69, sin que el Magistrado haya ejercitado la extrema prudencia que supone el ejercicio de la jurisdicción en materia cautelar. - Sostuvo que las actoras omitieron deliberadamente expresar que la venta que se le endilga fue efectuada por una persona distinta, tal cual es el "C. de O. T. S.R.L." y que fue realizada más de un año antes que la presentación por la cual se ampliara la demanda. ---- Expresó que las actoras inician estas actuaciones fundando su petición en los términos de los arts. 59, 157 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales y dichos artículos no habilitan hasta tanto se dicte sentencia una medida como la ordenada..- Expuso que de la sola lectura de dichos artículos -los que transcribió-, se desprende que la solidaridad de la que los mismos hablan es la del derecho común, la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales, por lo que resulta insoslayable acreditar la concurrencia de los presupuestos generales del deber de reparar, demostrando que medió mal desempeño, violación de la ley, estatuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave, nada de lo que ocurrió en estos actuados. -------- Afirmó que el art. 74 de la ley 69 en ningún momento establece la medida adoptada, pues no se justificó que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que por cualquier causa se hubiere disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del acreedor. --- Señaló que lo que surge en realidad del expediente es que la relación laboral es con el "C. de O. T. S.R.L." y que en cambio no surge la falta de registración ni el incumplimiento de la normativa laboral a cargo de la empleadora. II.- La co-demandada P. se quejó respecto del libramiento del oficio ordenado en la resolución de fs. 272. ---------- Mediante ese oficio se pretende dilucidar la discordancia entre lo informado por el Registro de la Propiedad Inmueble, según el cual se comunicaba que un determinado inmueble había sido vendido por la "C. de O. S.R.L." a los Sres. R. A. I. y L. P. D. (ver fs. 263/263 vta.), en tanto estas personas ante la notificación de un embargo de las sumas de dinero que le debieran a "C. de O. S.R.L.", manifestaron que no adquirieron "el inmueble sito en calle Inmigrantes ** a C. de O. SRL, ni existe crédito o suma de dinero alguna" que deban a esa sociedad. --------- De lo expuesto se desprende que el oficio en cuestión no tiene como finalidad producir una prueba que haga al derecho invocado en la demanda, tal como sostiene el apelante, sino que mediante él se pretende hacer efectivo el embargo ordenado a fs. 129, por lo que se desestimará el agravio. - III.- Según el texto del art. 74 de la ley 69, que regula el procedimiento laboral -norma invocada para ordenar el embargo-, se amplían las causales según las cuales se admite la traba de embargo preventivo de los demandados, inclusive sin fianza, en los casos en los que se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que por cualquier causa se hubiere disminuido notablemente su responsabilidad, en forma que se perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante surja verosímilmente de los extremos probados. ---------- -------- Más allá del análisis sobre si dicho artículo incorpora efectivamente nuevas causales que permitan la traba de embargos preventivos, lo cierto es que exige, al igual que el Código Procesal, la existencia de la verosimilitud del derecho. --------- En el caso, la verosimilitud del derecho respecto de los apelantes consiste no sólo en que el crédito reclamado tenga la apariencia exigida para la traba de las cautelares, el denominado "fumus iuris", sino que también es requisito que ese mismo grado de acreditación se cumpla en relación a que la actuación de los socios justifique la desestimación de la personalidad de la sociedad, que es, en definitiva, la causal por la cual son traídos a juicio los embargados. - Cabe señalar al respecto que este Cuerpo citando a V. V. (T. y S.S. 1973/1974, pág. 620), sostuvo que "la teoría de la desestimación de la forma de la persona jurídica no está en contra de la personería jurídica en sí, sino de su aplicación incorrecta, con lo que cada caso debe analizarse con suma prudencia, reuniendo elementos de conductas de abuso o fraude que admitan el "corrimiento" del velo societario...de no hacérselo de esta manera, limitado a casos concretos y excepcionales, puede llegarse al daño mayor de no respetar instituciones del derecho (personalidad de la sociedad con toda su trascendencia)" (esta Sala, S.D.L. 48/02, ídem 41/04, ídem 08/07 e ídem 09/07). -- Teniendo en cuenta lo expuesto, no es posible en esta etapa del juicio considerar presente con el grado de certeza requerido, la verosimilitud del derecho invocado para admitir la cautelar en cuestión, por lo que se revocará en dicho aspecto la resolución apelada. --- A mayor abundamiento cabe señalar, relacionado con el requisito de que exista peligro en demorar la decisión sobre la cautelar, que tampoco se encuentra acreditado, pues si bien existió la enajenación de un inmueble, ello, en todo caso habilitaría a que se trabe embargo preventivo sobre bienes del vendedor, es decir, en el caso, la "C. de O. S.R.L." y no sobre bienes de los apelantes, respecto de los cuales no se denunció desapoderamiento alguno. --- III.- Las costas de Alzada en relación a la apelación de la co-demandada Alicia I. P. se impondrán a las actoras en un 70 % y a la apelante en un 30 %, ello teniendo en cuenta que de lo resuelto surge un vencimiento parcial y mutuo entre ambas partes (art. 71 C.P.C.C.). - En lo que se refiere a la apelación interpuesta por el co-demandado R. M. H. , las costas serán a cargo de las actoras que fueron resultaron derrotadas (art. 69 C.P.C.C.). ---- En consideración a la importancia y extensión de las labores desarrolladas en este Instancia, carácter con el que actuaran y resultado obtenido, regúlanse los honorarios de los Dres. G. L. y V. A. F. , en la suma de $ 885 y $ 265, respectivamente, y los del Dr. P. A. G. en la cantidad de $ 845, en todos los casos con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 9, 14, 33 y concs. C.P.C.C.). ----------- Por los fundamentos expuestos la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: - Revocar parcialmente la resolución de fs. 272, dejando sin efecto los embargos allí decretados y confirmándola en todo lo demás que fue materia de apelación. ---- Imponer las costas de Alzada en un 70 % a las actoras y en un 30 % a la co-demandada P. en lo que hace a su recurso de apelación. - Imponer las costas de Segunda Instancia a las actoras, en relación a la apelación del co-demandado H. . -- Regular los honorarios de los Dres. G. L. y V. A. F. , en la suma de $ 885 y $ 265, respectivamente, y los del Dr. P. A. G. en la cantidad de $ 845, en todos los casos con más el I.V.A. pertinente.----- La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8, ley 1130, to. ley 4550). - Regístrese, notifíquese y devuélvase. ------ Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 21 DEL AÑO 2008 - SIL.- CONSTE.-------------- PAULO EDUARDO KONIG SECRETARIO DE CAMARA