Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-17


Buenos Aires,17de junio de 2010.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La empresa Valot S.A. promovió a fs. 37/47 acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCBA y 17 y siguientes de la ley 402, a fin de que se declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia del art. 1, puntos 23), 24) y 25) de la ley nº 2997 "en cuanto el primero deroga el art. 140 del Código Fiscal que establecía la tasa del 0% para las actividades industriales (...), y el segundo reemplaza al art. 141 del Código Fiscal en cuanto limita la exención a la industrias cuyos ingresos no superen los $20.000.000" (fs. 37 vta.).

2. A fs. 88 se ordenó integrar el Tribunal en la forma prevista por el art. 24 de la ley nº 7.

3. En sorteo realizado por ante la Secretaría de Asuntos Generales del Tribunal resultó desinsaculado el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Jorge Atilio Franza (acta de fs. 91) 4. A fs. 97/98 el Dr. Franza se excusó de integrar el Tribunal e invocó para ello las causales de los incisos 3 y 4 del CCAyT. Expresó que tiene pleito pendiente con el accionado en estas actuaciones, "por cuanto el 17 de octubre de 2006 inició una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios, que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario n° 6 de la Ciudad, Secretaría n° 11, bajo el n° 22367/0, sobre la cual no ha recaido sentencia".

Agregó asimismo que, en los autos "Morando de Franza, Lucía Rosa c/ M.C.B.A. s/ amparo", expediente n° 270578/87, tramitados ante la Justicia Nacional en lo Civil, e iniciados "por quien fuera en vida la cónyuge del suscripto [...] por el cobro de salarios adeudados, result[a] ser acreedor en [su] condición de administrador definitivo de la sucesión. Habiendo recaido sentencia firme, donde se ordena pagar el monto reclamado y encontrándose actualmente en período de ejecución del cobro [...]". Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La consideración de las circunstancias previstas en los incs. 3 y 4 del art. 11 del CCAyT para admitir la recusación o en su caso la excusación, -conforme al art. 23, cód. cit.-, no puede efectuarse a partir de una aplicación automática, formal o mecánica de la literalidad de la ley, pues ello podría conducir a excesos que podrían desnaturalizar la finalidad del instituto y, por ende, afectar otras de las garantías estrechamente relacionadas con la imparcialidad del juzgador, tales como la del juez natural, el debido proceso, y la recta administración de justicia.

A partir de esa premisa, considero que la excusación formulada por el juez Jorge Atilio Franza no puede ser admitida por las razones que seguidamente expongo.

2. En relación a lo establecido en el inc. 3 del art. 11 del CCAyT, -en sustancia, tener el juez pleito pendiente con alguna de las partes-, ya he expresado al votar en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Dorelle, Daniel Héctor y otros c/ GCBA s/ recusación (art. 16 CCAyT)", expte. 6190, resol. del 3/5/2009, que no basta la sola concurrencia formal de la causal.

Ahora agrego que ello es especialmente así, en este caso, por cuanto la parte con la que el juez Franza tiene pleito pendiente es el Estado porteño, Estado cuyo Gobierno, en definitiva, también integra el nombrado, en tanto forma parte de uno de sus tres departamentos: el Poder Judicial.

Pero además, como también quedó sentado en el precedente aludido, para que se verifique la causal en análisis, el objeto del proceso en el que el magistrado es recusado o en el que se excusa, debe ser semejante al objeto del pleito que dicho magistrado tiene pendiente, extremo que no se ha acreditado en el escrito de fs. 97/98, y que no se advierte en el caso, dado que las presentes actuaciones conciernen al -eventual, si se admite la acción- control concentrado y abstracto de constitucionalidad de preceptos contenidos en una ley modificatoria del Código Fiscal, relativos a la tributación de las actividades industriales, en tanto que del pleito pendiente del Dr. Franza con el GCBA sólo consta que se trata de una demanda por daños y perjuicios en el que el Gobierno de la Ciudad es el accionado.

Tal es la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 322:701, 325:3431 y 329:5900, entre otros. En particular, en el primero de dichos precedentes, al rechazar la recusación interpuesta por el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, referida al juez Carlos S. Fayt, por la misma causal invocada en estas actuaciones -tener el magistrado un pleito pendiente con el Estado, en ese caso, nacional- (in re: "Compañía Swift de La Plata S.A. Frigorífica v. Poder Ejecutivo Nacional", sentencia del 4 de mayo de 1999, Fallos: 322:701). En el citado precedente, el Alto Tribunal federal hizo hincapié en que el Estado, "en los pleitos que interviene, no defiende un interés desvinculado de los intereses generales de la comunidad" y, como lógica derivación de lo expuesto, afirmó que no era posible, por lo tanto, "sostener la existencia de una confrontación subjetiva que permita presumir sin más -como surge del art. 17, inc. 3º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- que el criterio imparcial de un juez (.) pueda verse afectado para pronunciarse en el presente caso, que no tiene relación alguna con la cuestión controvertida por dicho juez en el pleito pendiente que se invoca".

3. A conclusión similar se llega en relación a la causal del art. 11, inc. 4, CCAyT. cuando el magistrado que es recusado o se excusa en un proceso es -como manifiesta el Dr. Franza a fs. 97/98- acreedor del Estado que es parte en tal proceso.

En tal sentido cabe concordar con lo expresado por el juez Lozano en su voto en la causa "Dorelle" aludida supra, en cuanto a que la calidad de acreedor del juez a la que se refiere la norma en examen, "debe leerse con cuidado, pues, de no ser así, todos los jueces contenciosos serían recusables en los pleitos que son propios de su competencia, ya que son permanentemente acreedores de la Administración por la remuneración de sus servicios y es ella parte en los litigios en los que intervienen".

Si eso es así en relación a los jueces del fuero CAyT, por igual razón ha de serlo para cualquier otro juez del Estado local que, amén de compartir con aquéllos el ser su acreedor -del Estado- por la remuneración correspondiente a su función de magistrado, se halla también en la situación aludida en el punto precedente de integrar el Gobierno del Estado porteño.

Sentado lo anterior, ninguna diferencia hace para el caso que el Dr. Franza sea acreedor de la Ciudad de Buenos Aires en razón de su "condición de administrador definitivo" de la sucesión de su cónyuge, con motivo de un crédito por salarios adeudados, pues bien podría serlo también por, v.g., diferencias salariales derivadas de su propia condición de magistrado de la Ciudad, situación que, objetivamente, podría considerarse más gravosa que la que denuncia para pedir su apartamiento del proceso, y no por ello debería considerárselo alcanzado por la causal del artículo 11, inc. 4, CCAyT a tenor de las consideraciones expuestas.

4. En síntesis, tales disposiciones no pueden entenderse de manera de atribuirle un alcance tan radical y absoluto, que haga poco menos que imposible, para un magistrado, el ejercicio de su función como tal y el de los derechos en juicio cuando en éste sea parte el Estado, y no surja de manera clara la existencia de un interés del juez derivado de la semejanza del asunto en debate. Por ello, sin perjuicio de destacar la actitud -sin duda ponderable- del señor juez Dr. Jorge Atilio Franza, que obviamente apunta a evitar cualquier sospecha acerca de su imparcialidad solicitando su apartamiento del juzgamiento que le compete, voto por no admitir su excusación. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Comparto el criterio que en el apartado 4 primer párrafo de su voto expone mi colega Ana María Conde, respecto de las normas que rigen en materia de excusación y /o recusación. En consecuencia adhiero a la solución que propone. Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Comparto el enfoque de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal que realiza en su voto la Sra. jueza de trámite, Dra. Ana María Conde, así como la solución que propicia.

2. Tal como lo destaca mi colega, la comprobación de las circunstancias invocadas para admitir una excusación con arreglo a lo dispuesto por el art. 23, CCAyT, mediante la invocación de la causal prevista en el art. 11, inc. 3º, del citado código de rito -esto es, tener el juez pleito pendiente con una de las partes del juicio-, a la luz del conjunto de principios que disciplinan el debido proceso en sede judicial -que hacen cumbre en la propia Constitución nacional-, no puede efectuarse a partir de una aplicación automática, formal o mecánica de la literalidad de la ley [cf. voto que suscribiéramos de manera conjunta con la Sra. jueza Ana María Conde in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Dorelle, Daniel Héctor y otros c/ GCBA s/ recusación (art. 16 CCAyT)", expte. nº 6190/08, sentencia del 3 de mayo de 2009].

Es por ello que, en este caso, la existencia de un pleito pendiente -según se denuncia una acción de daños y perjuicios- entre el Sr. juez Jorge A. Franza y el GCBA no permite, por sí sola, presumir nítidas razones que hagan dudar acerca de su imparcialidad, a partir de la prudente evaluación de los elementos constitutivos del impedimento denunciado, conjugados con las particularidades de la causa y la concreta finalidad que inspira al instituto, de modo que su razón de ser no quede tergiversada, en tanto su aplicación debe reservarse para casos excepcionales.

3. El razonamiento expuesto de manera sintética en el punto precedente resulta enteramente trasladable para abordar la segunda causal de excusación invocada en su presentación por el Sr. juez Jorge A. Franza con apoyo en el art. 11, inc. 4º del CCAyT -al ser acreedor del Estado local por su condición de "administrador definitivo" de la sucesión de su cónyuge-.

Por las consideraciones que anteceden, entiendo que no corresponde admitir la excusación presentada por el Sr. juez Jorge A. Franza, sin perjuicio de destacar -tal como lo hace la Sra. jueza de trámite- que la actitud previsora y prudente del presentante resulta encomiable, es propia de un magistrado imparcial e independiente y lo enaltece.

Así lo voto.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. No admitir la excusación del juez Jorge Atilio Franza formulada a fs. 97/98.

2. Mandar que se registre y se le notifique mediante oficio de estilo.

El juez Luis F. Lozano no interviene por estar con licencia.

Fdo: Conde. Casás. Ruiz.