marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, asignación de funciones, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 450-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

El artículo 1ro., 1) del Acta Paritaria 32/89 -homologada por decreto 5609/89- refiere al encasillamiento funcional de los agentes de planta permanente "que posean una asignación de funciones otorgada con anterioridad al 31 de diciembre de 1988", estableciéndose que los mismos "serán reencasillados en la categoría correspondiente a partir del 1.1.1990, siempre que aquéllas hayan sido asignadas por acto administrativo emanado de autoridad no inferior a unidad de organización y se encuentre efectivamente cumpliendo dichas funciones a la fecha". A continuación, la cláusula en estudio contempla como hipótesis que el agente se encuentre subrogando un cargo vacante, o que tenga asignada una función sin indicación de categoría, brindando en cada caso "pautas" para proceder al encasillamiento. El análisis de la disposición revela que es presupuesto de su aplicación que al agente en cuestión se le hubiese asignado -con anterioridad al 31.12.1988- una determinada función, correspondiente -de conformidad con la estructura escalafonaria prevista por el decreto 2695- a una categoría superior a aquella en la que revistaba.
Cohecho pasivo, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: González Lagos, Paola Carolina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

Debe calificarse como constitutivo del delito de cohecho pasivo (art. 256 CP), la conducta de quienes recibieron sumas de dinero de parte de quien lideraba la organización para que estos de acuerdo a sus funciones como empleados de la Municipalidad de Mendoza o agentes de la Policía Federal, retardaran o no ejercieran las funciones que les correspondían a su cargo, o que también lo mantuvieran informado de lo que tomaban conocimiento y que pudiese afectar el funcionamiento del local.
Condena penal, recurso de casación, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: Parma, Roque Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto en causa 175/05 Jiménez Daniel Edgardo y otros ss.as. Robo en Concurso Ideal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-05

Si en el caso, los testimonios nada aportan sobre la participación del imputado en el hecho, solo subsiste como posibilidad su desvinculación procesal por el beneficio de la duda.

En autos, ha quedado comprobado que el imputado se encontraba trabajando como remisero, que tenía su automóvil habilitado para trabajar como taxista o remisero, que se encontraba efectivamente afectado a tal servicio y que había sido contratado por los autores materiales del robo para brindarles un servicio de remís. Asimismo, ha quedado comprobado que no hay elementos serios para sostener que conocía las intenciones antijurídicas de aquellos, lo cual se corrobora con los relatos de dos de los imputados, quienes categóricamente afirmaron que el recurrente desconocía los propósitos ilícitos de ellos, que una vez que recibió el precio del viaje acordado se retiró del lugar y que ello ocurrió antes de que cometieran el hecho en cuestión.

Estas afirmaciones se encuentran avaladas por los dichos de las propias víctimas y porque, además, nada se encontró en el vehículo secuestrado al casacionista que lo pudiera involucrar con el evento delictivo investigado. En consecuencia, corresponde hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto y absolver por el beneficio de la duda al encartado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba confesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VICENTIN, JORGELINO c/ QUEVEDO, RODOLFO s/ COBRO DE PESOS. JUICIO ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 261-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-11

No habilita el recurso de inconstitucionalidad el planteo recursivo que, a pesar de la nominación de "prescindencia de prueba decisiva" utilizada por el recurrente, atañe a cuestiones de hecho que fueron objeto de suficiente valoración por el tribunal, en uso de atribuciones propias y reservadas a los jueces ordinarios.

En el caso, el recurrente alega que no se tuvieron en consideración las cédulas que acreditaban la existencia de un contrato de arrendamiento, la ausencia de título válido del actor respecto del predio rural y su propia confesional.
Competencia por la materia, automotores, daños y perjuicios, indemnización, acto administrativo, registro de la propiedad automotor, responsabilidad del Estado, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL
Carátula: PAZ, MONICA ELSA c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ JUICIO CONTRA LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Los accionantes pretenden, en definitiva, que se les otorgue la plena propiedad del automotor que el Estado aseguró que se transfería sin gravámenes. Y con carácter subsidiario, esto es, en el supuesto de que no sea posible el reconocimiento de tal acto administrativo, se reclaman daños y perjuicios. Siendo ello así la vía para impugnar las decisiones de los encargados de los registros de la propiedad automotor está regulada en los arts. 16 al 22 del dec. 355/88, reglamentario del decreto ley 6682/58, modificado por ley 22977, advirtiéndose que todos los plazos a los fines de impugnar el acto administrativo se encuentran vencidos. Sin embargo, ello no obsta a que esta acción se mantenga vigente por la pretensión subsidiaria de daños y perjuicios que los actos administrativos reseñados en la demanda produjeron, lo que se deberá dilucidar en la oportunidad procesal oportuna. Si los accionantes tenían un derecho nacido a consecuencia de una certificación expedida por el Registro de la Propiedad Automotor, que a la postra habría resultado errónea, tal circunstancia da lugar al reclamo de daños y, en mérito a lo expuesto precedentemente, resulta plenamente competente la justicia en lo Civil y comercial Federal para reclamos de esta naturaleza.
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Acosta Sofía Victoria del Carmen y otros c/ Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-12

En el marco de una acción de amparo deducida por quienes se desempeñan en un área específica del ministerio de salud, cuyo objeto es la restitución de determinados adicionales que percibían por su calidad de docentes, basándose en la ilegalidad de la decisión administrativa de suprimirlos por aplicación del régimen establecido para la carrera sanitaria, del que expresamente se encuentran excluidos, no resulta de recibo el argumento de la demandada -Estado Provincial- de que la cuestión planteada requiere de mayor debate y prueba, si en el informe de rigor del juicio de amparo ha reconocido la calidad invocada por los accionantes, sin explicar en ningún momento los antecedentes y fundamentos para los descuentos practicados a los agentes, tal como lo fuera requerido en la Resolución que declara la admisibilidad formal de la acción. La insuficiencia de la prueba ofrecida y la falta del informe sobre los fundamentos de hecho y de derecho sobre la legalidad del acto o conducta que se cuestiona, violan el principio de bilateralidad, en atención a la contradicción que debe surgir en el amparo para resolver el acto o comportamiento en crisis.

En ese sentido, consistiendo la prueba de los actores únicamente en la documental acompañada, frente a la cual no ha mediado objeción respecto de su autenticidad, dada la actualidad en el perjuicio demostrada y la permanencia del acto lesivo al tiempo de resolver el presente amparo, no corresponde que el mismo sea solucionado por otras vías de menor urgencia y expeditividad, como pretende la demandada.

Del voto del Dr. Cippitelli
Regulación de honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALBANO, SERGIO c/ ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

La queja interpuesta no puede prosperar, toda vez que el pronunciamiento que motivó la presentación del remedio extraordinario -que revocó la regulación de honorarios practicada en baja instancia y ordenó la remisión de la causa al Juzgado de origen para la realización de una nueva regulación de conformidad con las pautas establecidas en los considerandos, a la vez que difirió expresamente para la etapa procesal oportuna el tratamiento del planteo vinculado a la inconstitucionalidad del valor jus- no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es interlocutorio con las características prescriptas en el artículo 1 de la ley 7055; y no se demuestra ni se advierte la existencia de un gravamen irreparable ni que el conflicto pudiera exceder el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad toda.
Tenencia compartida de hijos menores, derecho del menor a ser oído
Materia: CIVIL
Carátula: A, R c/ O, N s/ tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda de tenencia compartida y decidió continuar con el régimen de visitas amplio y voluntario establecido a favor del progenitor, pues la decisión ha respetado las directivas de la Convención de los Derechos del Niño, en tanto se ha escuchado al niño manifestar "que quiere seguir como hasta ahora, un tiempo con cada progenitor", lo cual significa que no se debe cambiar el status fáctico que el propio menor venia desenvolviéndose respecto de sus padres, ya que el correcto sentido de la opinión del menor ha de ajustarse a las categorías jurídicas existentes en las relaciones parentales, sobreponerse a las definiciones jurídicas, a los deseos caprichosos de cada progenitor y garantizarle al niño la permanencia en un estado que le resulta satisfactorio.
Educación, educación presencial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decreto de necesidad y urgencia, facultades no delegadas, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La suspensión de las clases presenciales en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires -dispuesta por el DNU 241/2021- como medio para alcanzar la meta de una menor circulación de personas entre esa jurisdicción y la Provincia de Buenos Aires, que el gobierno nacional cita como fundamento de sus decisiones, no satisface las exigencias de justificación que exige la Constitución (Voto del juez Rosenkrantz).
Entidades financieras, liquidación, aplicación de la ley, poder
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ BANCO MAYORISTA DEL PLATA S.A. s/ QUIEBRA c/ BANCO RIO DE LA PLATA S.A. -ACCION DE INEFICACIA CONCURSAL (ART. 119 LEY 24522) EN BID C.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

De la confrontación de la normativa que regula la extinción de una sociedad comercial por disolución con las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras respecto de los bancos que han sido declarados en liquidación judicial, surge que no pueden tratarse como situaciones análogas, sino más bien particulares y disímiles entre sí, pues en tanto en el primer caso la disolución no se produce espontáneamente en un acto único sino que debe atravesar un iter extintivo que se cumple en varias etapas sucesivas y concatenadas, en el segundo existe una liquidación judicial con designación de un liquidador judicial; con lo cual sostener que las autoridades de la ex entidad financiera declarada en liquidación judicial pueden seguir representando al banco en el proceso importa admitir una injustificada e incompatible superposición de funciones entre ambos -el liquidador judicial y los antiguos representantes de la ex entidad- que no aparece razonable ni guarda coherencia con la finalidad de resguardar el orden público perseguido por las normas aplicables. (De la disidencia del Dr. Netri).
Puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, prescripción, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cinquemani, Conon Severiano c/ E.N.  (P.E.N.) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

La fecha en que el detenido ilegítimamente recuperó su libertad marca el comienzo del plazo de prescripción porque hasta dicho momento acaecieron circunstancias lesivas del derecho constitucional de libertad generadora del daño.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, apertura a prueba, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: RAYA, Fernando Eugenio y otros c/ RAYA, Francisco Osvaldo y otros s/ RESTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

No interrumpen la caducidad las medidas peticionadas que resultan ajenas al momento procesal en que se las solicita y que recién son pertinentes en otro estado procesal, como es la apertura a prueba, cuando aún no se encontraba trabada la litis.
Indemnización, acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto de Previsión Social c/ Campoo Kurtz S.R.L. y Otros s/ Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-29

La justicia civil no podría nunca pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la indemnización reclamada sin juzgar la validez y eficacia del acto administrativo que le diera origen.

Las consecuencias del mismo, sólo pueden ser materia de examen en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, por vía del juicio contencioso respectivo que, por ser un juicio pleno, perteneciente al mismo género común que el civil, penal o laboral, sólo difiere de éstos en la especial naturaleza de las normas que sirven de fundamento a la pretensión en él deducida.
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PARANA  S.A.  DE SEGUROS c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BQ. "LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN" s/ TRANSPORTE POR AGUA: TRASBORDO DE MERCADERIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si el transbordo de la mercadería se efectuó de conformidad, sin observación o reclamo alguno, el transportista marítimo no puede ser tenido por responsable por un eventual faltante constatado con posterioridad, siendo irrelevante que la mercancía fuera de despacho directo a plaza, toda vez que la consignataria no queda por ello eximida de revisarla y hacerle saber al transportista la existencia del faltante.-
Recurso de revisión (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, buena fe
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ARANDA, OSCAR ALBERTO. s/ ROBO CON ARMAS EN GRADO DE REITERACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

La nueva integración del Tribunal, de conformidad con el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, no autoriza a las partes a solicitar, en virtud de esa circunstancia, la revisión de las decisiones dictadas por la Corte en su anterior composición.

La conducta del peticionante -quien no expresó con anterioridad a que se resolviera su recurso ninguna alegación del carácter de la formulada en el escrito que ahora se considera- resulta contraria al principio general que impone la rectitud y la buena fe en el ejercicio de las acciones ante los órganos judiciales, pues dedujo la queja sin prevención alguna, sometiéndose así voluntariamente a la jurisdicción de la Corte, de manera que, lo arguido luego de haberse enterado de su suerte adversa, se torna inatendible.

(disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Condena anterior, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tejerina, Tomás Ricardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La ley 24.390 no hace excepción alguna por darse la particular circunstancia de que el procesado detenido se encuentre simultáneamente sufriendo encierro por condena firme recaída en otra causa. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Alaniz, Carlos Alberto c/ Carindú S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

La invocada transgresión de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y defensa en juicio debe acompañarse con la cita del precepto de la ley procesal presuntamente infringido, no pudiendo salvar tal deficiencia técnica la denuncia de infracción de los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, que sería consecuencia de la violación de preceptos legales no mencionados (art. 279, C.P.C.C.)
Violación, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: N., Z. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-29

Al tratarse de una menor la ley, dada su falta de madurez intelectual, establece una presunción "juris et de juris" en el sentido de que no hubo consentimiento válido por parte de aquella para llegar a la relación carnal. De esta forma el accionar del imputado, que obviamente conoce esa falta de madurez intelectual de la menor y que saca ventajas de tal circunstancia, se dirige a vencer la presunta o posible oposición de la misma, dando lugar a lo que en doctrina se da en llamar una "violencia presunta", también constitutiva del delito de violación.
Mediación, mediación obligatoria, tenencia compartida de hijos menores, alimentos, régimen de visitas
Materia: PROCESAL
Carátula: C., G.R. c/ B. de C., P.M. s/ INCIDENTE - FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

1- La enumeración de excepciones que contempla el art. 2º de la ley 24573, es taxativa y no meramente enunciativa. Tal norma no excluye de la mediación obligatoria, en forma genérica a las cuestiones de familia, sino únicamente a algunas de ellas. Por tanto estarán sujetas a ese trámite los juicios de alimentos, tenencia y régimen de visitas.

2- La resolución de la Presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 25 de junio de 1996, no importó modificación alguna del derecho vigente, sino hacer saber expresamente lo que ya surgía del propio texto de la ley 24573, en cuanto a su aplicación a los procesos de régimen de visitas y tenencia de hijos, cuando se inician en forma separada o conjuntamente, dado que no se encuentran dentro de las excepciones dispuestas por el art. 2º, inc. 2º de la ley.
Transporte aéreo, protesta
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Boston Cía. de Seg. y Gillette de Arg. c/ Varig s/ Daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

La Corte Suprema en la causa "Columbia de Seg. c/ Air France" (C 426,XXIII), fallada el 7 de abril pasado al hacer suyos los fundamentos expuestos por el juez Petracchi en fallos 306:1805, viene a compartir el criterio originariamente compartido por esta Cámara, en el sentido de que el plazo del art. 26 de la Convención de Varsovia La Haya se debe computar desde la entrega al consignatario de la guía aérea, pues a partir de entonces se encuentra en condiciones de verificar la situación de la carga.
Recurso de casación, cámaras de casación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cristaldo, Felix s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-10-19

El recurso de casación no es un recurso de apelación ni se interpone ante, un Tribunal de segundo grado con potestad de examinar "ex - novo" la causa y corregir errores de hecho y de derecho que puedan cometer los jueces de mérito, sino que el Superior Tribunal es una especie de guardián del derecho sustantivo. Al Tribunal de Casación le corresponde el contralor de la incorrecta aplicación de la Ley sustantiva, en tanto que la aplicación de la ley no dependa de los poderes discrecionales de aquéllos Tribunales de mérito.
Sentencia, nulidad de sentencia, honorarios, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNARDINO RIVADAVIA COOP. DE SEGUROS LTDA. c/ HERRERA MOISES s/ COBRO DE PESOS SUCESION DE RENE ANTONIO AURELIO ISAIAS PADILLA c/ BANCO RIO S.A. s/ CANCELACIONES (SUMARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-24|2003-03-28

Es nula la sentencia que declara la inadmisibilidad del recurso de revocatoria (art. 32 ley 5480) contra la sentencia dictada por el Tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación que fue sustanciado, prescindiendo así de la normativa arancelaria local.
Procedimiento administrativo, cosa juzgada administrativa, nulidad del acto administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, JUAN JOSE s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-27

Cuando el organismo previsional pretenda que el acto que otorgó el beneficio es nulo o anulable, debe ocurrir a la justicia para que así lo declare, (artículos 15 y 17 de la ley 19549, to. ley 21686), antes de proceder a la suspensión del beneficio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, prueba, segunda instancia, proceso penal, juicio, principio de contradicción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A., R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL REITERADOS, AGRAVADOS POR EL VINCULO EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCION CALIFICADA DE MENORES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 244 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que no ha sido idóneamente asumido por el quejoso el cumplimiento de la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, en el auto denegatorio, el A quo rechazó el agravio vinculado con la falta de notificación del proveído que ordenaba la citación de la madre y las menores, munidas de los originales de las cartas que se ofrecían como "hecho nuevo" pues dicha medida fue ordenada sólo para determinar la procedencia de la petición de la fiscalía de abrir la causa a prueba y, una vez despejada la cuestión, se cumplimentó con la debida notificación a las partes, que tomaron su correspondiente intervención, con lo que no puede predicarse la vulneración del principio de bilateralidad, ni que la defensa se viera expuesta a un disímil trato procesal en violación al principio de "igualdad de armas" que, como parte del derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, asiste a toda persona inculpada de delito.

Y respecto de la negación de la existencia del hecho nuevo que justificara la apertura a prueba en la segunda instancia, la Cámara especificó -al resolver el recurso de reposición contra el decreto de Presidencia- por qué entendía que el pedido de la Fiscalía encuadraba en lo normado en el artículo 430 inciso 1 del Código Procesal Penal, estimando decisivo que la existencia de las cartas fuera desconocida para la parte, que era el Ministerio Público Fiscal, al momento de la etapa probatoria en la baja instancia; respuesta que no traduce una interpretación irrazonable de la norma procesal en relación con el caso.