Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10


Causa Nº 4099-00/CC/2006 "SANCHEZ, Ricardo Damián s/ infr. art. 189 bis C.P. - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los10 días del mes de abril de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

El Jorge A. Franza dijo:

RESULTA:

1) A fs. 168 y vta. obra el requerimiento de juicio abreviado, en donde el fiscal de grado consideró adecuada para el caso la imposición de la PENA ÚNICA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, de efectivo cumplimiento comprensiva de la pena de UN AÑO DE PRISIÓN solicitada en esta causa y de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 26 en la causa nº 2145 (de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento), más el COMISO de 1 (una) pistola calibre 22 L.R. marca "BERSA", modelo 64 nº 22797 con 7 (siete) proyectiles y 2 (dos) vainas servidas, manifestando el imputado y su defensor la conformidad con dicha sanción.

2) El 5 de febrero de 2007 se llevó a cabo la audiencia prevista en el art. 60 párrafo tercero de la ley 1287, en donde el fiscal de grado insistió con el pedido de pena que expresara a fs. 168 y vta. y la defensa oficial reiteró su conformidad con aquella.

3) A fs. 176/182 vta. obra la sentencia dictada por la Natalia M. Molina de Harrington, en donde resolvió: I) CONDENAR a Ricardo Damián Sánchez, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo; II) CONDENAR a Ricardo Damián Sánchez, a la PENA ÚNICA de TRES AÑOS y ONCE MESES DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, más accesorias legales y las costas del proceso, comprensiva de la anterior y de la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral nº 26 en la causa nº 2145, en orden al delito de robo agravado por el uso de armas aptas para el disparo en grado de tentativa; y dejar sin efecto la libertad condicional de la cual el nombrado venía gozando en el marco de éste último expediente; III) EXTRAER TESTIMONIOS...; IV) NO DISPONER EL DECOMISO DEL ARMA DE FUEGO Y LAS MUNICIONES...; V) MANDAR A PRACTICAR por Secretaría el correspondiente cómputo de pena.

4) Contra dicha resolución el Defensor Oficial interpuso recurso de apelación (fs. 183/201 vta.), el que fuera concedido a fs. 202.

5) A fs. 206/208 vta. contestó la vista el Fiscal de Cámara, propugnando que no se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y se confirme la resolución impugnada.

PRIMERA CUESTION:

Admisibilidad del recurso 6) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61, inc. 1º, apartado a) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo, por lo que resulta admisible.

SEGUNDA CUESTION:

De los agravios 7) Corresponde ahora centrarme a resolver la cuestión de fondo traída a estudio por el Defensor Oficial en su escrito de apelación obrante a fs. 183/201vta.; sin olvidar que, como se ha expedido, por unanimidad, el Tribunal Superior de Justicia "los jueces no se encuentran obligados a evaluar todos y cada uno de los argumentos sometidos a su consideración por las partes, sino sólo aquellos que estiman relevantes para la decisión que deben dictar. Por ello, la invocada omisión de tratamientos de determinados aspectos del planteo recursivo no resulta idónea para sustentar la vía extraordinaria intentada" (Expte. n° 142/99 "Aldazabal, José Benito s/ recurso de queja ", rto. el 24 de abril de 2000).

8) Para poder comprender por que voy a votar por revocar el punto II de la sentencia condenatoria impuesta a Ricardo Damián Sánchez, debo en primer lugar sostener que el thema decidendum consiste en determinar si la unificación de condenas es parte del acuerdo abreviado (art. 60 ley 1287) celebrado entre el fiscal y el imputado, conjuntamente con su defensa.

En este sentido debo sostener que, en la unificación de condenas, a diferencia de la unificación de penas, la cosa juzgada cede, quedando en pie de la primer sentencia (en este caso, la dictada por el Tribunal Oral nº 26), sólo la declaración de los hechos probados y su calificación legal, desapareciendo no sólo la pena, sino la condenación misma. El fundamento de ello radica en salvar el principio constitucional de igualdad ante la ley, que impide que la pena se agrave por meras cuestiones procesales que obsten a que un tribunal dicte una única sentencia. Y, así como un tribunal que sentencia un concurso real elabora la pena total sin necesidad de cuantificar previamente las penas para cada uno de los delitos, tampoco el tribunal que unifica las condenas e impone la pena única en el concurso real con pluralidad de sentencias -siendo éste el que juzga el último delito-, tiene por qué establecer previamente la pena del delito del que conoce en esa sentencia (confr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Slokar, Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2000, págs. 973/974).

Entonces, si el tribunal no está obligado a establecer previamente la pena para el delito que conoce en esa sentencia, pues se elabora una sentencia total, como si fuera un concurso real, va de suyo que esa pena única debe ser parte del acuerdo abreviado, pues el imputado consiente la pena solicitada por el fiscal como consecuencia de una negociación que realizan las partes en torno, justamente, a la determinación de la pena y ante la eventualidad que en el juicio, se le imponga una mayor.

Ésta además parece ser la única forma de garantizar el derecho de defensa en juicio, pues el imputado que ejerce el derecho al juicio abreviado, lo hace como un modo de saber anticipadamente la pena que se le va a imponer y que ésa va a ser en todo caso, inferior a la que podría caberle de llevarse a cabo un juicio oral y que no va a ser modificada por el juez sentenciante en su perjuicio (que fue lo que ocurrió en los presentes actuados).

9) Sentada ya mi posición con respecto a que la unificación de condenas es parte de lo disponible por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, es dable poner de resalto que la cuantía de la pena de prisión que como pena única se le aplicaría a Sánchez, resultó uno de los puntos fundamentales que determinaron su conformidad con el acuerdo abreviado, y en todo caso, el Tribunal debió haberle advertido previamente que esa unificación no era parte del acuerdo y que éste podía ser modificado, dándole una nueva oportunidad para dar o no su consentimiento con el resto de lo pactado.

"El fundamento de esta exigencia reposa en garantizar al imputado la libertad para acordar, sabiendo que no se terminará por "empeorar" su situación ante el tribunal sentenciante, omitiéndose, además, la posibilidad que también aparece en el juicio común -al menos en la oportunidad contemplada por el art. 393 del C.P.P.N., como quedara señalado en la mencionada causa "ROJAS"- de esgrimir defensas" (cfr.: causa Nro. 5011: "LOVERA, Roberto Carlos s/ rec. de casación", Reg. Nro. 7276, rta. el 24/2/06); y máxime cuando, como se dijo, el aspecto en cuestión fue incluido por el Ministerio Público Fiscal, aún cuando erróneamente, como parte de la "propuesta" punitiva a la que el imputado condicionó su renuncia a ser juzgado mediante un juicio oral y público, en el acuerdo que fue considerado por el tribunal como formalmente idóneo para habilitar el dictado de la sentencia condenatoria, en el procedimiento abreviado reglado por la disposición en estudio" (del voto del Gustavo Hornos, en la causa nº 5618 "Escobar, Sergio Gastón s/ recurso de casación" - C.N.C.P.- Sala IV, 12/09/06).

10) De ahí que lo pactado en el juicio abreviado se debió haber erigido como un límite insalvable para la cuantía punitiva de Sánchez, sin embargo este límite fue sobrepasado por la Magistrada de grado en franca violación al derecho de defensa en juicio.

El fallo entonces se torna arbitrario parcialmente en cuanto establece en su punto II la imposición de una pena única de tres años y once meses a Ricardo Damián Sánchez. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que "con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" (Fallos 284:119; 311:948 y 2402; 311:1488, 261:209, entre otros).

11) Finalmente, considero que la nulidad descripta en el punto anterior no puede derivar en un perjuicio para el imputado, quien justamente prestó su conformidad para la celebración de un juicio abreviado. Ese ha sido el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir en el caso "Mattei" que "La garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Sólo en los casos en que se omitan o se violen estas formas es posible retrogradar el proceso haciendo excepción a los principios de progresividad y preclusión. Estos principios, que atienden a la seguridad jurídica y a la necesidad de lograr una justicia rápida, se vinculan con el respeto a la dignidad humana, que incluye el derecho a un pronunciamiento definitivo. El justiciable no debe sufrir las consecuencias de actos ajenos a su responsabilidad que importen la vuelta hacia atrás del proceso. La garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado. Deben conciliarse el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito con el del individuo sometido a proceso". Estos conceptos fueron ratificados en el caso "Barra" (CSJN causa nº 2053-W-31, rta. 9/03/04).

12) Por todo lo expuesto considero que el Tribunal debe resolver por:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.183/201 vta. (art. 61 ley 1287).

II) REVOCAR el PUNTO II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 176/182 vta., en cuanto dispone CONDENAR a RICARDO DAMIAN SANCHEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA ÚNICA de TRES AÑOS y ONCE MESES DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, más accesorias legales y las costas del proceso, comprensiva de la anterior y de la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral nº 26 en la causa nº 2145, en orden al delito de robo agravado por el uso de armas aptas para el disparo en grado de tentativa; y dejar sin efecto la libertad condicional de la cual el nombrado venía gozando en el marco de éste último expediente (art. 61 ley 1287).

III) MODIFICAR el monto de la pena única impuesta al nombrado, fijándolo en 3 (TRES) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (arts. 60 y 61 ley 1287).

Así voto.

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial de Ricardo Damián Sánchez contra la resolución del Juzgado de primera instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 8, de fecha 5 de febrero de 2007, que hizo hacer lugar parcialmente al acuerdo de juicio abreviado, que consideraba adecuada para el caso la imposición de pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la pena de un año de prisión solicitada para esta causa (fs. 168 vta.) y condenó a Sánchez a la pena única de tres años y once meses de prisión de cumplimiento efectivo (fs. 176/182 vta.) 1) El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

Atento la constancia obrante a fs. 182 vta., la defensa se notificó de la resolución del 5.02.07 en la misma fecha e interpuso recurso de apelación el 13 de febrero de 2007, a las 9:19 hs. (art. 61 inc. 1º L.P.C.), por lo que es temporáneo.

2) Las partes acordaron efectuar un requerimiento de juicio abreviado, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley de Procedimiento Contravencional "considerando adecuada para el caso: la imposición de PENA UNICA de tres (3) años de prisión, de efectivo cumplimiento, comprensiva de la PENA DE UN AÑO DE PRISION solicitada en esta causa y de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 en la causa nº 2145 (de tres años de prisión de efectivo cumplimiento), más el comiso de 1 (una) pistola...manifestando el imputado y su defensor la conformidad con dicha sanción..." (fs. 168 vta.).

3) La jueza a quo tras considerar que: "la pena que han convenido las partes no se ajustarían a las pautas objetivas y subjetivas de mensuración de la misma" (fs. 179), que no le resultaba posible exceder el límite punitivo establecido por las partes y que: "No pierdo de vista que la condena que pesara sobre el imputado Sánchez es fruto de una declaración de inconstitucionalidad por parte el Tribunal Oral interviniente, por haberse interpretado que el mínimo legal establecido en la escala penal del robo con armas agravado...se aparta de los mandamientos constitucionales....la pena no puede agravarse en esta instancia...más allá de mi opinión acerca de la mentada inconstitucionalidad, dicho tope legal no puede superarse..." (fs. 180) concluye que las partes: "al acordar la pena a imponer en el trámite del juicio abreviado, también se expidieron -a mi entender- innecesariamente- acerca de la pena única a imponer tras la unificación de las condenas...en mi criterio, no resulta procedente que los actores del proceso se pronuncien con relación a tal extremo...sus expresiones y solicitudes en punto a la pena unificada no obligan al Tribunal...." (fs. 181).

4) La defensa se agravia por la arbitrariedad de la sentencia en virtud de lo que señala como un equívoco apartamiento de las constancias de la causa; así como por la violación del sistema acusatorio y del principio de congruencia o de correlación entre la acusación y la sentencia al incorporar y valorar, como circunstancia agravante un hecho no descripto ni intimado al imputado.

En este último sentido señala que la a quo incorporó una circunstancia de hecho que luego valoró negativamente para agravar la pena conciliada por las partes: que al momento del secuestro la pistola se encontraba con el martillo montado, que no tuvo posibilidad de cuestionar. Argumenta que la introducción de un dato extraño a la base fáctica del proceso utilizado en perjuicio del imputado, lesionó el principio de congruencia y con ello el derecho de defensa de Sánchez al no poder ejercitarlo plenamente.

Solicita que se declare la nulidad de la sentencia y se absuelva a su defendido que no tiene porque soportar el error al que es ajeno.

5) El Fiscal de Cámara sostiene que "el Sr. Defensor no ha logrado demostrar un fundamento válido que justifique la supuesta violación al principio acusatorio que él alega... la unificación de condenas es una tarea que se encuentra únicamente en manos de los Sres. Jueces..las partes se encuentran posibilitadas de acordar únicamente la pena para el delito que se trate...Por ello, considera el suscripto que no se ha demostrado de qué forma se ha violentado el derecho vigente..." (fs. 207 y vta.).

6) Como cuestión preliminar cabe consignar que si bien tendiendo a beneficiar al acusado en una disminución, los fiscales al ofrecer pena en los acuerdos deben tener presentes las pautas legales en materia de determinación que surgen de los arts. 40 y 41 del C.P. y si así no fuera, la jueza a quo a quien se sometió en control el acuerdo lo pudo rechazar (si se hubiera acordado por debajo de los mínimos legales), pero no lo rechazó.

7) El fiscal al solicitar la abreviación del juicio requirió que se condenara a Sánchez a la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la condena anterior impuesta por el Tribunal Oral Nro. 26, en la causa Nro. 2145 de su registro y de la requerida y a dictarse en esta causa.

En esas condiciones Sánchez aceptó y firmó el acuerdo respectivo.

La Sra. jueza a quo declaró formalmente admisible el acuerdo, habiendo podido legalmente no hacerlo, dictó sentencia y condenó a Sánchez a la pena única de tres años y once meses de prisión fundándolo en que la disposición que regula el juicio abreviado no abarca el proceso de unificación.

8) Mas allá de considerar que la única pena que pudo válidamente fijar el acuerdo era la correspondiente al hecho de autos, en este caso, debe tenerse presente por la forma en que quedó redactado el mismo que la solicitud de pena única era determinante.

Son dos aspectos que conformaron el pedido de pena al que prestó conformidad el imputado, en tanto el acuerdo no sólo abarcó la conformidad del imputado respecto de la existencia de los hechos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio que motivan la presente causa y su intervención en ellos sino también lo relativo a la pena única a imponerse, que se describe en primer término, revelando así la importancia que le confirieron las partes.

9) En tales condiciones, no puede sino cobrar relevancia la ausencia de información como generadora de vicios del consentimiento.

Cafferata Nores enseña que "sin la existencia de consenso no puede existir juicio abreviado, al menos como lo aceptan las leyes argentinas que autorizan a prescindir del debate oral y público y fundar la sentencia en las pruebas de investigación preliminar...no puede existir esta clase de juicio abreviado solo por imposición de la ley, aunque se limite a ciertos casos excepcionales (v. gr. flagrancia") (en "Juicio abreviado, ponencia presentada al XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, Corrientes, 1997)", citado por D´Albora, Francisco J. Código Procesal Penal de la Nación T.II, pág. 955, Lexis Nexis, Bs. As., 2005.

Al no habérsele hecho saber a Sánchez que su concreto pedido no habría de ser considerado sino parcialmente, la ratificación que hizo de su contenido no permite afirmar que haya podido comprender que la pena a dictarse excedería de tres años, como literalmente indica el acuerdo.

Resulta evidente que el máximo que tuvo en cuenta el imputado como pena única que pudiera recaer en su caso fue decisiva al momento de prestar su conformidad a los fines de renunciar a ser juzgado en un juicio oral y público por los hechos que se le imputaron en el presente proceso, desde que el día posterior al fallo Sánchez obtuvo la excarcelación en los términos del art. 317 inc. 5º del C.P.P.N. por haber cumplido los dos tercios de la condena que le impusiera el T.O.C. nº 26 (3 años de prisión).

A Sánchez le fue ofrecido un concreto monto de pena de prisión en orden a los hechos que se le imputaron en el presente proceso, y una específica pena que, finalmente, se le aplicaría como consecuencia de la unificación de dicha pena con la condena que ya registraba, lo cual resultó sustancial al momento de otorgar su conformidad a los fines de la tramitación del procedimiento de juicio abreviado.

El consentimiento que prestó resultó viciado por la ignorancia al no ser suficientemente informado sobre cuál era el aspecto que válidamente obligaba en su tope a la jueza a quo al momento de fallar.

10) En este sentido se ha expedido la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa nº 5618 - "ESCOBAR, Sergio Gastón s/recurso de casación" - Sala IV - 12/09/2006 al resolver que: "En las particulares circunstancias del caso, cabe concluir que el aspecto en cuestión: la cuantía de la pena de prisión que como pena única finalmente se le aplicaría, resultó uno de los aspectos sustanciales que condicionaron la concreta conformidad prestada por el imputado a los fines de renunciar a ser juzgado en un juicio oral y público por los hechos que se le imputaron en el presente proceso. Por ello, no habiendo sido advertido oportunamente por el tribunal acerca de que dicho aspecto del acuerdo resultaba inválido a la luz del artículo 431 bis del C.P.P.N., dándosele entonces una nueva oportunidad de mantener su aquiescencia en el aspecto restante, no pudo entonces considerarse válido su consentimiento, a los fines de la realización del procedimiento de juicio abreviado y del consecuente dictado de la sentencia condenatoria ahora recurrida." (Del voto del Hornos).

Gustavo Bruzzone dice que se le haría trampa al imputado al concluir con una sentencia obtenida sobre la base de su consentimiento viciado, que la tornaría manifiestamente nula. ("Hacia un juicio abreviado sin "tope" y otras adecuaciones constitucionales" en "El Proceso Abreviado", pág. 191 y ss. Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps.). Ed. Del. Puerto S.R.L., 2005, 1ª reimpresión).

Y D´Albora en la obra citada reseña que "El pacto entre MP, imputado y defensor necesita ser convalidado, ulteriormente, por el tribunal. Además de las razones contempladas en el inc. 3º para desestimarlo -verdaderos recaudos expresos: mejor conocimiento de los hechos y discordancia con la calificación- fluye de los restantes requisitos -recaudos implícitos- que cabe el rechazo si la petición es extemporánea o media conexión de causas y el imputado no admite el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos atribuidos o su conformidad parece condicionada, afectada por algún vicio de la voluntad o no es congruente con el contenido de la prueba ..." (pág. 968, la negrita me pertenece).

11) En síntesis, el acuerdo abarcó más de lo que legalmente podía ser su objeto y la jueza a quo, a su vez, pudiendo rechazar el mismo no lo hizo y lo declaró formalmente admisible, aunque se apartó de su contenido literal.

El viciado consentimiento prestado determinará la nulidad del acuerdo celebrado en tales condiciones y de todos los actos consecuentes incluyendo la sentencia dictada, constituyendo una nulidad absoluta e insanable (art. 167, inc. 3° y 168, in fine, del C.P.P.N.) por la violación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso legal (art. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. ).

12) Ha dicho la Corte que "debe reputarse incluído en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal". ("Mattei, Angel s/ Contrabando de importación en Abasto" - 29/11/1968).

Esta situación no puede perjudicar aún más los derechos de Sánchez -cuya imputación en autos data del 17 de diciembre de 2005- y el derecho de que el mismo goza para que mediante una sentencia se defina de una vez y para siempre su situación frente a la ley penal, sometiéndolo a los perjuicios que le acarrearía ser sometido nuevamente a juicio, asistiéndole derecho a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal. Por lo que, en este último aspecto, postulo que este Tribunal debe adoptar una decisión definitiva sobre la causa.

13) Por lo expuesto, corresponde:

1) DECLARAR LA NULIDAD del acuerdo de juicio abreviado celebrado y de todos los actos que son su consecuencia (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N. y arts. 167 inc. 3º y 168 del C.P.P.N.).

2) ABSOLVER a Ricardo Damián Sánchez del delito por el que fuera imputado en la presente causa (art. 189 bis, inc 2º, 3º párrafo del C.P.).

Así lo voto.

La Silvina Manes dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto de mi colega preopinante Jorge A. Franza.

Así voto.

Por todo lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.183/201 vta.(art. 61 ley 1287).

II) REVOCAR el PUNTO II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 176/182 vta., en cuanto dispone CONDENAR a RICARDO DAMIAN SANCHEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA ÚNICA de TRES AÑOS y ONCE MESES DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, más accesorias legales y las costas del proceso, comprensiva de la anterior y de la pena de tres (3) años de prisión de efectivo cumplimiento, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral nº 26 en la causa nº 2145, en orden al delito de robo agravado por el uso de armas aptas para el disparo en grado de tentativa; y dejar sin efecto la libertad condicional de la cual el nombrado venía gozando en el marco de éste último expediente (art. 61 ley 1287).

III) MODIFICAR el monto de la pena única impuesta al nombrado, fijándolo en 3 (TRES) AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (arts. 60 y 61 ley 1287).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

En de abril de 2007 se notificó al Sr. Fiscal . Conste.

En de abril de 2007 se libró una cédula. Conste.

Ende abril de 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

En de abril de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 8. Conste.