marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, licencia por enfermedad, interpretación del convenio colectivo, interpretación de la constitución
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA CRISTINA GRACIELA DEL LUJAN c/ CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-12

Al no existir disidencia respecto de la enfermedad padecida por la actora, debe interpretarse el régimen de licencias previsto en el Convenio Colectivo desde la valoración de las normas constitucionales en materia de salud hacia abajo, es decir interpretar desde la Constitución hacia la ley, para asegurar el beneficio emergente de la recuperación física y psíquica, finalidad primaria en esta instancia, para recién, con posterioridad, dado el caso y por la vía competente, determinar la existencia de incapacidades para la actividad laboral.
Concesión de inmuebles, afectación al servicio público, restitución del inmueble, lanzamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEMESA c/ LIRA, RODOLFO Y OTRO s/ LANZAMIENTO LEY 17091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Para la viabilidad del lanzamiento ley 17091 es necesario que se encuentren reunidos los requisitos exigidos en el art. 1 de la ley citada:

1. que el inmueble en cuestión se encuentre afectado a un servicio público;

2. que haya sido otorgado en concesión;

3. que el plazo del contrato de concesión haya vencido o que éste haya sido rescindido y 4. que el concesionario no haya entregado el inmueble dentro de los diez días corridos desde que se lo intimó.
Recurso de apelación (procesal), traslado, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Scappini de Arzamendia, María Angela; Carlos Alberto Arzamendia; Norma Beatriz Arzamendia y Raúl Horacio Arzamendia en Expte. 51/71 Gaetani Enrique s/Sucesorio s/ Actualización de Honorarios Scappini de Arzamendia, María Ángela; Carlos Alberto Arzamendia; Norma Beatriz Arzamendia y Raúl Horacio Arzamendia en Expte. 51/71 Gaetani Enrique s/Sucesorio s/ Actualización de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-24|1995-02-24

No procede el recurso de apelación ante la circunstancia de que el a -quo tomara la decisión de notificar a las personas a que alude en virtud de las facultades deberes de los jueces de encauzar el procedimiento, conforme lo disponen los arts.34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial. Las medidas ordenatorias del Juez, dictadas en uso de las facultades que resultan privativos del órgano judicial son irrecurribles, salvo que se encubra la negligencia de alguna de las partes o se quebrante su igualdad en el proceso.
Dictamen pericial, principio de congruencia, prueba pericial, puntos de la pericia, perito médico, honorarios del perito, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Enfermedad - Accidente de Trabajo: Cruz Juan Pablo c/ Galeno Art S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-06-10

Corresponde sancionar al perito médico interviniente en la causa en la que se demanda a una aseguradora de riesgos del trabajo, ordenando asimismo la pérdida del derecho a percibir sus honorarios, por cuanto provocó la derivación al Departamento Médico del Poder Judicial al haberse detectado no sólo que reitera el mismo diagnóstico en numerosos expedientes sino que también se repite la diferencia entre ambos dictámenes, ocasionado un grave desgaste jurisdiccional y acumulamiento de causas con mayor demora en la resolución del expediente, violando sus obligaciones como auxiliar de justicia.
Acción de amparo, empleo público, suspensión del agente, régimen disciplinario administrativo, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Giribaldi, Juan Eduardo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

Debe diferenciarse la suspensión de naturaleza sancionatoria de la suspensión provisional. Esta última no constituye, por principio, una sanción sino que es una medida preventiva tendiente a evitar las consecuencias nocivas del mantenimiento en funciones de quien está sometido al procedimiento. En estos términos, la suspensión preventiva del agente no es una sanción sino una medida asegurativa que puede decretarse en los términos de la reglamentación vigente. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele y Eduardo A. Russo).
Pensiones, trabajador en relación de dependencia, beneficios previsionales, solidaridad previsional, acto administrativo, facultades del juez, plazos procesales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Licht, Sara c/ ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Habida cuenta que la obligación impuesta a la ANSeS consiste en dictar un acto administrativo con el propósito de determinar si la peticionaria del beneficio ha reunido o no las condiciones legales para obtenerlo, no son aplicables las disposiciones de los arts. 22 y 23 de la ley 24.463, pues la fijación del plazo para el cumplimiento de las sentencias por esas normas no excluye la facultad de los jueces de establecer tiempos diferentes cuando la condena no compromete recursos presupuestarios en forma directa e inmediata.
Delitos contra el honor, notificación, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Salaberry, Silverio Pedro y otros s/ Querella por injurias y calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-07

Habiéndose notificado la sentencia de la Cámara por cédula al querellado y a su defensor en el domicilio constituido y con posterioridad al querellado en forma personal, no es necesario entrar a debatir la preeminencia de una u otra de las normas procesales que podrían regular tal notificación (arts. 435 inc. 4 o 456 inc. 1 (núm. ant.) del C.P.P.) pues lo que está en juego es el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio culposo, accidente de tránsito, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, RUBEN s/ HOMICIDIO CULPOSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-17

Concuerdo con el juicio evaluativo explicitado por la señora Juez en lo Correccional, del cual surge que la elevada velocidad impresa al rodado a su cargo y la inobservancia de las precauciones que las circunstancias imponían determinaron la violación del deber objetivo de cuidado por parte del acusado.

No sólo los informes periciales agregados acreditan que Fernández se desplazaba a una marcha muy superior a la permitida, puesto que las constancias de la inspección ocular, las referencias de los croquis agregados y las vistas fotográficas son congruentes con aquellos dictámenes. Las normas reglamentarias vigentes imponen la realización de todas las maniobras necesarias para mantener el control de los automotores y evitar accidentes; es obvio que la más eficaz de tales maniobras es la reducción oportuna de la velocidad cuando las características del lugar hacen previsible una contingencia como la aquí analizada, donde la existencia de sendas peatonales y paradas de colectivos hacía factible el cruce de personas. Si la visibilidad era, como lo pretende el inculpado, muy escasa, debío esmerarse aún más en las precauciones, mientras que si no lo era es insólito que no haya advertido el desplazamiento del occiso. Además, admite una distancia de frenado incompatible con la prudencia en la traslación que protesta (conf. arts. 43, 44 de la ley 13893 y 32 del Código de Tránsito para la Ciudad de Buenos Aires).-
Beneficios previsionales, aportes previsionales, apreciación de la prueba, exceso ritual manifiesto, sentencia arbitraria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Nasif, Eduardo Alfredo c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que valoró la prueba con excesivo rigor formal sin considerar la ausencia de responsabilidad del afiliado en el incumplimiento del empleador, lo que da cuenta que el a quo no actuó con la cautela debida cuando est n en juego derechos de naturaleza alimentaria, lo cual cobra relevancia pues el reconocimiento de servicios pretendido, en razón del lapso que comprende, est fuera del alcance de la sanción del art. 25 de la ley 18.037.
Leyes, razonabilidad, Derecho laboral, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

El Tribunal nacional ha establecido que el límite sustancial que la Constitución impone a todo acto estatal, y en particular a las leyes que restringen derechos individuales, es la razonabilidad; y desde esta perspectiva la ley provincial cuestionada es razonable. Ello así porque persigue una finalidad constitucionalmente válida, desde que la Ley Fundamental no sólo permite sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la seguridad, la salud y la moralidad de la población; y los medios elegidos son adecuados y proporcionados, ya que la prohibición de apertura los días domingos y feriados resulta conducente para lograr la modificación de los hábitos de consumo y facilitar el encuentro familiar y para proteger a las pequeñas y medianas empresas y, a su vez, no constituye una restricción excesiva para las libertades económicas de las empresas alcanzadas por la prohibición (los supermercados, autoservicios, hipermercados o megamercados cuyos locales superen cierta superficie mínima). (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos 31:273; 249:252; 257:275; 262:205; 296:372; 300:700; 310:1045; 311:1132; 316:188; 313:1638; 330:855 y 334:516. - Jurisprudencia concordante: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BRANCATTO, ALBERTO HECTOR c/ FAZZOLARI, VICENTE PAZ y OTROS s/ RECURSO DIRECTO- ORDINARIO (EXPTE: Sala I, N  134 Año 2003) (TRIBUNA L PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-28

Resultan inapelables las decisiones que rechazan la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo, con fundamento en la restricción contenida en el artículo 484 del Código Procesal Civil de donde resultan recurribles la sentencia -con la excepción del art. 474 del Código citado-, y los autos y resoluciones que la ley declara tales y los que importan la paralización del juicio, categoría en ninguna de las cuales se encuentra la denegatoria de la caducidad, que no equivale a sentencia definitiva sobre lo principal, tampoco implica la paralización del juicio ni esta incluida entre los que la ley declara recurribles ( arts. 484,446 y 498 2da. Parte del CPCyC), siendo dable señalar que no existe en la resolución mentada el elemento de la irreparabilidad del gravamen que ella pudiera causar ( art. 346 inc. 2 del CPCyC), resultando intrínsecamente inapelables por ausencia de tal elemento en cuanto el presunto agraviado tiene a su alcance el recurso de nulidad de vicios de procedimiento contra la sentencia de mérito fundado en el supuesto de no haberse declarado la caducidad que se pretende operada, no subsanada por consentimiento del nulisdicente. (Del voto de la Dra. Echarte).

En el caso, la cuestión a resolver era la apelabilidad del auto que rechaza la pretension de declaracion de caducidad del proceso.
Comercialización de productos agropecuarios, fijación de precios, ley provincial, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ejesa S.A. c/ Standard Fruit Argentina S.A. s/ cobro de pesos (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-04-30

Debe descartarse la inconstitucionalidad las leyes provinciales 3611 y 3993, y su planteo no es ni siquiera formalmente admisible pues las partes se sujetaron implícitamente a las mismas y en particular al precio mínimo fijado por la Mesa de Contractualización Frutícola y pautas para la determinación de descarte. En su caso, debió la demandada haber consignado claramente en el contrato que no se sujetaba a las leyes y que las reputaba inconstitucionales, además de en cualquier caso fijar un precio final preciso y no uno cuya determinación final es de su exclusivo resorte sin intervención del productor. La aplicación al caso entonces del art. 15 de la ley 3.611 queda fuera de toda discusión y, en consecuencia, al haberse omitido la fijación de un precio mínimo se presume que se pactó el precio que contempla los costos de producción a los que refiere el art. 12 de la misma, más un diez por ciento (10%).
Requisa personal, allanamiento domiciliario, prueba prohibida, regla de exclusión, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tufi, Ismael Andino s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-27

El a quo tras descartar como elementos probatorios aquellos derivados de un acto ilegítimo, de conformidad con la doctrina de la denominada "regla de exclusión", resuelve absolver al acusado. Que el carácter genérico de lo expuesto revela otra cuota de arbitrariedad independiente de lo tratado precedentemente, en cuanto concierne a la aplicación de la regla de exclusión, toda vez que en el caso se contraría el moderno criterio jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina adoptada por esta Sala sobre el particular in re "Kolek", en mérito de la cual el Tribunal de mérito debió fundamentar "...-sobre la base de circunstancias comprobadas en la causa- el nexo directo e inmediato existente entre esa supuesta actuación irregular y las otras diligencias independientes; y además, asumir la demostración de que, suprimido mentalmente el dato obtenido en la diligencia a su juicio inválida, no existía otra fuente independiente de conocimiento que condujera a los hallazgos posteriores". (Voto del Dr. Tragant).
Declaración indagatoria, identificación del imputado, falta de individualización, declaración de rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUEVARA, Miguel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Si la verdadera identidad del imputado no es la que consta en autos, las citaciones y edictos por el judicante carecen de validez en función de lo normado en el art. 152 inc. 1° del C.P.P.N., y ello torna inválida la declaración de rebeldía decretada por incomparecencia a prestar declaración indagatoria.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, agravantes de la pena, sistema acusatorio
Materia: PENAL
Carátula: D. L. S., J. E.; M., G. D. C.;  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-27

Corresponde considerar y evaluar aquellas circunstancias agravantes que hayan sido invocadas y fundamentadas por las partes, de acuerdo al sistema acusatorio adversarial que rige en el proceso penal neuquino; así, una eventual ausencia de fundamentos no puede ser reemplazada por el órgano jurisdiccional, los requerimientos y fundamentos deben ser efectuados por las partes.
Acción de amparo, rechazo in límine
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRIZIO, GUSTAVO CHRISTIAN c/ ANSES s/ AMPARO (Reg. 13.151)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

La calidad de empleado público del accionante implica que su actividad laboral se encuentre regulada por la ley 25.164, por lo que debe ajustar su actuación al marco allí establecido.

Frente a un acto administrativo emanado del empleador, que -a criterio del administrado- le ocasione un eventual perjuicio deberá ocurrir por la vía administrativa prevista normativamente, a fin de efectuar los reclamos a que se crea con derecho. Dicha Institución es la que lleva el poder de dirección y destino de la actividad laboral del accionante.

El amparo no tiene como finalidad obviar o urgir el tramite de los procedimientos administrativos o judiciales, legal o administrativamente previstos para el logro del resultado que con él se procura, ni es apto para autorizar a los jueces a entender en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tiene conferida, alterando la normal acción de las instituciones vigentes.

No basta que haya una vía procesal (de cualquier índole) para desestimar un pedido de amparo: hay que considerar si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.

Resultaría harto fácil rechazar una demanda de amparo por la simple razón de que existan acciones judiciales y administrativas que contemplan el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate.
Discriminación, propaganda discriminatoria
Materia: PENAL
Carátula: Russo, Ricardo José y otros s/ recurso de casación". Causa n. : 1856.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-12

La acción típica en esta figura penal consiste en participar en una organización o realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas de una determinada religión u origen étnico. Se reprime la mera participación en un grupo de esta clase, entendiéndose por tal la circunstancia de formar parte de este tipo de organizaciones;

debe tratarse de una organización, lo cual supone un mínimo de cohesión entre sus miembros para el logro de sus fines, pero sin exigir el tipo penal una especial o determinada estructura para dicha organización.(Voto del Dr. Fégoli).
Acción de amparo, rechazo in límine, resoluciones equiparables a definitiva, notificación, notificación automática, recursos, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ ANDREA c/ O.S.E.C.A.C. s/ ACCION DE AMPARO RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

La resolución que rechaza el amparo resulta asimilable a una sentencia definitiva por cuanto pone fin a la acción intentada al rechazar "in límine" la misma, siendo tal rechazo y sus efectos en último análisis asimilables a la sentencia, a tenor de lo establecido por el art. 135 inciso 13 del CPCCN, debe ser notificada personalmente o por cédula y a partir de tal acto computarse el plazo para apelar establecido por el art. 15 de la ley 16.986 para las resoluciones previstas en el art. 3 de la ley citada y no tener por notificada la misma en forma automática.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Almeida, Juan Paulino c/ Municipalidad de Paraná s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-30

El actor, al sufrir el infortunio se encontraba trabajando en dependencias de su empleadora y realizando tareas, en beneficio de la misma, encomendadas por sus superiores. Nada hace a la cuestión la interpretación que efectúa la accionada de lo manifestado en el informe mencionado sobre que el actor no percibía horas extras ya que indudablemente no lo hacía por su alta categoría escalafonaria y no por estar realizando una tarea que supuestamente no le fuera encomendada.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, recurso extraordinario, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención sobre los derechos del niño, revocación del sobreseimiento, abuso sexual calificado por parentesco, violencia de género, perspectiva de género, apreciación de la prueba, derechos y garantías constitucionales, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., A. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que dictó el sobreseimiento del imputado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y contra una menor de dieciocho años de edad, pues aun cuando los agravios remiten al examen de cuestiones ajenas por regla y naturaleza al remedio del artículo 14 de la ley 48, no resulta óbice para su consideración por dicha vía cuando, con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (Convención de Belém do Pará, ley 26.485 y Convención sobre los Derechos del Niño) el a quo ha omitido considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas que dan fundamento sólo aparente a su resolución.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Despido del delegado gremial, medidas de fuerza, paro de actividades
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, PEDRO c/ INAFOR SA. s/ LEY 14455
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-31

Habiéndose probado la activa participación en la gestación de un paro, sin intervención sindical, por parte de un trabajador "ex delegado" (implicando ésto el necesario conocimiento de la ilegalidad de la medida) interviniendo asimismo en la coacción a compañeros para su adhesión al cese de tareas, y siendo renuente a reintegrarse a las mismas luego de tres intimaciones, hacen justificado el despido dispuesto por su empleador sin derecho a percibir salarios por el período de estabilidad gremial.
Vicios de la voluntad, lesión subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: VERA JOSÉ IRINEO c/ Sindicato de Acc Clase C del PPP de Telefónica de Arg. y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-01

Debe desetimarse el vicio de lesión invocado por ex trabajadores de una empresa privatizada que al desvincularse debieron vender sus acciones al Fondo de Garantía y Recompra, por cuanto, no ha quedado demostrado en autos la notable desproporción de las prestaciones ni la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación a favor del Sindicato de Accionistas Clase "C" que aquéllos esgrimieron como fundamento de su pretensión.
Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, jurisprudencia, leyes, inconstitucionalidad, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TOLEDO, ARIEL ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 54 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-27

Tratándose de la delicada misión de eliminar del ordenamiento jurídico una norma, se erige con todo vigor la jurisprudencia de esta Corte -en consonancia con la Corte nacional- respecto de que tachar de inconstitucional una ley impone una carga de fundamentar detallada y exhaustivamente la impugnación; por lo que la declaración requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio sino también la demostración de éste, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto.

Con relación a la última de las pautas rectoras indicadas, conocida es la exigencia del gravamen o perjuicio actual, real, efectivo, concreto, y su notable desarrollo doctrinario y jurisprudencial que explican suficientemente su necesariedad e importancia.

Una de las primeras reglas elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del control de constitucionalidad es que el interesado -en su pretensión de declarar que una norma resulta incongruente al orden jurídico superior- debe demostrar claramente de qué manera el precepto en cuestión contraría la constitución nacional, causando de ese modo un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil.