Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07


Buenos Aires, 7 de febrero de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Narvaez, Claudio Jesús c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y otros", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se confirma el pronunciamiento de primera instancia obrante a fs. 924/926 de los autos principales. Con costas. Hágase saber a la parte que no deberá cumplir con el depósito exigido por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto) - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI (según su voto) - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA N.164.XL. "Narváez, Claudio Jesús c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A y otros".

S u p r e m a C o r t e :

-I- El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el 19 de febrero de 1993 y ordenó a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA, en adelante) a abonar en efectivo dicha indemnización, en virtud de que la situación extremadamente aflictiva de aquél torna aplicable la excepción prevista por el art. 18 de la ley 25.344.

-II- Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala I) resolvió que, al encontrarse vencido el plazo de vigencia de la ley 25.344, la cuestión materia del recurso interpuesto contra el fallo de la instancia anterior ha devenido abstracta y, por ende, ordenó a FEMESA a abonar en efectivo la indemnización (v. fs. 62).

-III- Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario que fue denegado y dio origen a la presente queja.

Sostiene que la inteligencia efectuada por la Cámara en tanto vincula la consolidación de la deuda dispuesta por la ley 25.344 con el plazo de un año asignado al estado de emergencia, es errónea. En este sentido, expresa que dicho plazo fue fijado a los efectos de que el Poder Ejecutivo ejerciera las facultades excepcionales atribuidas por el Legislativo y que la consolidación de pasivos se produce de pleno derecho con la entrada en vigencia de la ley, siempre que se trate de deudas cuya causa u origen se haya producido en las fechas de corte indicadas, motivo por el cual es absurdo interpretar que la consolidación cesa por el mero vencimiento del plazo asignado al estado de emergencia.

Por otra parte, aduce que la ley 25.344 es de orden público y, por lo tanto, su aplicación es obligatoria y no puede ser dejada de lado por las partes ni por las autoridades, máxime cuando los fondos con los cuales funciona FEMESA -empresa en liquidación- pertenecen al Estado Nacional, quien está encargado de atender sus pasivos.

Finalmente, se agravia porque la sentencia apelada, al confirmar el fallo de la instancia anterior, lleva a aplicar en forma automática la excepción contenida en el art. 18 de la ley 25.344, cuando de su simple lectura se desprende que la facultad de excluir un crédito del régimen de consolidación es propia y exclusiva del Poder Ejecutivo, quien podrá disponerlo cuando medien circunstancias excepcionales. Añade que si el actor entendía que le asiste tal derecho, debió reclamar ante el Poder Ejecutivo, a través del organismo deudor, a fin de obtener el acto administrativo que dispusiera la exclusión, pero no puede replantearla en el ámbito judicial, pues los jueces no se encuentran habilitados para acordar tal beneficio.

-IV- A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos: 323:3909 y sus citas). Dicho extremo, en mi concepto, se verifica en autos, toda vez que la consecuencia de declarar abstracto el tema supone excluir el crédito del régimen de consolidación legal (cfr. arg. Fallos: 319:1101; 324:826).

Por otra parte, también debe tenerse presente que en el sub lite se discute la interpretación de normas federales (ley 25.344 y decreto 1116/00) y la decisión recaída, no sólo ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas, sino que, además, al no pronunciarse sobre la aplicación al caso del art. 18 de la ley 25.344, cabe considerar que el fallo es implícitamente contrario al derecho invocado por el recurrente (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). En tales condiciones, el Tribunal no se encuentra constreñido por los argumentos de las partes o de la Cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre los puntos controvertidos según la interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 325:3000, entre otros).

-V- Sentado lo anterior, entiendo que asiste razón al apelante cuando sostiene que el tema no devino abstracto por el vencimiento del plazo del art. 1° de la ley 25.344 y, en consecuencia, que subsistía su interés en obtener un pronunciamiento del tribunal de alzada sobre las cuestiones planteadas en su apelación de fs. 52/57.

Ello es así, por cuanto esa ley declaró el estado de emergencia económico-financiera del Estado Nacional por un año, prorrogable por una sola vez y por igual término y estableció que las disposiciones de carácter común que contiene son permanentes y no caducan en los plazos que menciona (art. 1°).

Por otra parte, dispuso la consolidación -con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982- de las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° de enero de 2000, que consistan o se resuelvan en el pago de sumas de dinero (art. 13), fecha de corte que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2001 por el art. 58 de la ley 25.725.

Asimismo, estableció que las obligaciones alcanzadas por la consolidación quedan sujetas a los recursos que anualmente contenga la ley de presupuesto de la Administración Nacional para hacer frente al pasivo consolidado, en un plazo máximo de dieciséis y diez años para las obligaciones generales y previsionales originadas en el régimen general, respectivamente. En forma alternativa, los acreedores pueden optar por suscribir, por el importe total o parcial de su crédito, bonos de consolidación en las condiciones que determine la reglamentación (arts. 14 y 15 de la ley 25.344 y art. 10 del decreto reglamentario 1116/00, que establece los medios de cancelación).

Por su parte, la ley 25.827 (presupuesto para el ejercicio 2004) detalló en su art. 64 la forma en que deben atenderse las deudas consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344, según se opere su reconocimiento -sea administrativo o judicial- antes o después del 31 de diciembre de 2001.

A mi modo de ver, de la propia letra de las disposiciones reseñadas surge claramente que la ley 25.344 se encuentra en vigencia para aquellas obligaciones comprendidas dentro del período que establece para la consolidación de deudas y, por ende, le son aplicables todas las normas que a ella se refieran (v. dictamen de esta Procuración General del 8 de septiembre ppdo., in re C. 2203, L.XXXIX, "Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de Buenos Aires c/ DAS s/ cobro ordinario de pesos"), circunstancia que se verifica en el sub lite, pues el accidente ferroviario ocurrido el 19 de febrero de 2003 constituye la causa de la deuda. En este sentido, cabe advertir que no parece razonable prever, por un lado, un complejo régimen destinado a cancelar en forma ordenada las deudas del Estado en un plazo máximo de dieciséis años y, por el otro, disponer que perderá su vigencia en el transcurso de un año, prorrogable por otro más. En efecto, admitir esta postura significaría tanto como presumir la inconsecuencia del legislador y soslayar que es principio inconcuso de la exégesis de las leyes, que no corresponde efectuar un examen aislado de sus términos, sino que ha de estarse en todo momento al del contexto que ellos componen (Fallos: 308:1897).

-VI- Despejado ese punto, dado que la forma en que resolvió la Cámara importa una resolución contraria implícita de los agravios dirigidos contra la sentencia de primera instancia, que excluyó al crédito de autos del régimen de la ley 25.344 al ejercer la facultad que confiere su art. 18, corresponde examinarlos, teniendo en cuenta que el argumento de la demandada no se refiere a la falta de configuración de los requisitos exigidos por dicha norma para excluir el crédito de la consolidación, sino que se limita a sostener que esta facultad es propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que, según establece dicho artículo, la reglamentación debe fijar un límite mínimo de edad a los efectos de excluir de la consolidación a titulares de créditos previsionales. Seguidamente, añade que "se podrá disponer la exclusión cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario".

Si bien ambos supuestos están previstos en el mismo párrafo, entiendo que no resulta adecuada la exégesis que propugna el apelante, pues ella desatiende los fines que inspiran la ley y, como es sabido, debe preferirse siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte (v. doctrina de Fallos: 311:2751), sin atenerse rigurosamente a sus palabras cuando una inteligencia razonable y sistemática así lo requiere.

En efecto, sin perjuicio de los reparos que puedan efectuarse en cuanto a la técnica legislativa utilizada, es evidente que la incorporación del art. 18 al régimen de consolidación de deudas responde a la necesidad de atender en efectivo las obligaciones de aquellos acreedores que se encuentran en las especiales condiciones descriptas por la norma, sin tener que recurrir a declarar inconstitucional el régimen, única solución posible antes de sancionarse la ley 25.344, pues la ley 23.982 no contenía tales previsiones (v. Fallos: 316:779; 318:1593 y 321:1984).

En este contexto y teniendo en cuenta que, cuando se trata del reconocimiento de un crédito en sede judicial, la ley 25.344 se invoca y surte sus efectos al momento de dictarse sentencia condenatoria contra alguno de los entes u organismos comprendidos en su art. 2°, no parece apropiado considerar que el juez que intervino en la causa deba abstenerse de aplicar íntegramente dicho régimen, o de resolver las peticiones de las partes vinculadas a aquél, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad discrecional de otorgar este beneficio cuando el acreedor lo solicite ante las autoridades administrativas correspondientes.

Habida cuenta de lo expuesto, estimo que, si bien no se tornó abstracta la cuestión a resolver, pues resulta aplicable al sub lite el régimen dispuesto por el capítulo V de la ley 25.344, el crédito de autos no debe quedar comprendido en él, en virtud de la excepción dispuesta por su art. 18, toda vez que el apelante no se agravió respecto de lo declarado por el juez de primera instancia en torno a que se configuran en autos las condiciones previstas por este último.

-VII- Opino, pues, por los fundamentos expuestos en el presente dictamen, que debe confirmarse la sentencia de fs. 62 en cuanto dispuso que la deuda del sub lite no es consolidable.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004.

RICARDO O. BAUSSET ES COPIA