Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-10


///MA, de septiembre de 2014.

----- Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores Ricardo A. Apcarian, Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto y Daniela Zágari -esta última por subrogancia-, con la presidencia del cuarto de los nombrados y la asistencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, en las presentes actuaciones caratuladas: "CAMACHO, Juan Manuel s/Incidente de libertad condicional s/Casación" (Expte.Nº 26999/14 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I Ó N ----- ¿Es procedente el recurso deducido?- - - - - - - - - - V O T A C I Ó N El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- - - - - - - -----1.- Antecedentes de la causa:- - - - - - - - - - - - - -----1.1.- Mediante Auto Interlocutorio Nº 8, del 29 de enero de 2014, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió -en lo pertinente- declarar la nulidad parcial del auto de fs.25/26 dictado por el Juez de Ejecución Penal de la ciudad de General Roca, en cuanto en el punto I revocó el beneficio de libertad condicional oportunamente otorgado a Juan Manuel Camacho, por haber omitido oírlo previamente tal como dispone el art. 479 del Código Procesal Penal, violando su derecho de defensa (arts. 149 en función del 148 inc. 3 C.P.P., 18 C.Nac. y 22 C.Prov.). Asimismo, decidió revocar el beneficio de la ///2.- libertad condicional otorgado al mencionado Camacho por auto del 11 de noviembre de 2011 (obrante a fs. 11), por haber incumplido con el deber de residencia al que estaba obligado (art. 15 C.P.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.2.- Notificado de lo decidido, el interno manifestó su voluntad de apelar, por lo que se dio intervención a su defensa, la que interpuso recurso de casación, que fue concedido por el a quo y por este Cuerpo, por lo que el expediente se puso por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa (arts. 435 y 436 C.P.P.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.3.- La señora Defensora General sostuvo el recurso mediante escrito que se glosa a fs. 108/111 de estas actuaciones. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la presencia del señor Fiscal General, quien decidió no alegar -ante la ausencia del recurrente- y presentar un escrito de contestación, los autos han quedado en condiciones de ser tratados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----2.- Agravios del recurso de casación:- - - - - - - - - ----- Luego de algunas formulaciones genéricas y de reseñar los antecedentes de la causa, el casacionista sostiene que la Cámara en lo Criminal ha actuado de modo extrapetitio, pues solo debía revocar o confirmar la resolución del señor Juez de Ejecución. En cambio, prosigue, avanzó sobre ello y también revocó la libertad condicional de Juan Manuel Camacho, por lo que actuó en grado de apelación pero también tomó atribuciones de Tribunal de Ejecución que no le correspondían.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ///3.-- En tal sentido, alega que el Juez no puede intervenir salvo que las partes se lo propongan, lo que lo coloca en una posición de tercero neutral, de modo que lo aquí resuelto incumple con dicha garantía.- - - - - - - - - ----- Argumenta que, en virtud de lo dispuesto por el art. 42 de la Ley 3008, hasta "tanto se implemente este cargo, la función del Juez de Ejecución Penal del Sistema Penitenciario Provincial, la deberá desempeñar el Tribunal de Sentencia", y añade que el art. 55 inc. e de la Ley 2430 dispone que el Juzgado Nº 10 de General Roca tendrá competencia en materia de ejecución penal. Sigue citando la normativa vinculada con el control jurisdiccional de dicha ejecución (arts. 40 y 41 Ley 3008).- - - - - - - - - - - - - ----- A continuación señala que el caso de Camacho es singular, pues antes de ser revocada su libertad condicional, la ejecución de la pena estaba a cargo del Juzgado mencionado y luego de su captura se dispuso su alojamiento en el Establecimiento de Ejecución Nº 5 de Cipolletti, de modo tal que la Cámara Primera de dicha ciudad tendría el rol de juez de ejecución, lo que advierte como arbitrario, ya que actuaría entonces en la doble función de tribunal de apelaciones y tribunal de ejecución.- ----- En su criterio, el perjuicio concreto consiste en que, si hubiera actuado como tribunal de apelación, el interno estaría en libertad, pues la resolución que revocó la libertad condicional fue anulada. De hecho -continúa-, en los casos en que esto sucede y se encuentra sometido a apelación, el recurso debe concederse con efecto suspensivo. Agrega que debía verificarse si era cierto que Camacho había ///4.- avisado al patronato de su traslado de modo previo a revocar su libertad condicional, lo que fue la postura del propio Ministerio Público Fiscal, y se pregunta si esta indagación efectivamente se hizo. Menciona prueba indicadora de que el interno dio aviso al Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de su traslado y cambio de domicilio, y de que incluso fueron iniciados los trámites para ello.- - - ----- Expresa que para resolver era necesario considerar la responsabilidad de la autoridad administrativa de control que no eleva los informes correspondientes en tiempo y forma. Luego aduce que si el penado se mantuvo dentro de su rol, observó las pautas prefijadas, dio aviso al Oficial del Instituto, siguió el procedimiento que entendía regular -dentro de sus atendibles limitaciones de ciudadano común-, la revocatoria de su libertad constituye una violación de la ley penal sustantiva -art. 15 C.P.-. - - - - - - - - - - - - ----- Entiende injusto que Camacho haya hecho todo bien y que, por extravío de la documentación a cargo del patronato, se le restrinja su libertad. También argumenta que es contradictoria la resolución de la Cámara, pues, mientras por un lado anuló lo resuelto por el Juez de Ejecución por no escuchar al interno y darle oportunidad de ofrecer prueba, por otro incurrió en el mismo error, de acuerdo con las pruebas de la causa, de las que se colige una decisión contraria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Plantea el incumplimiento del principio pro homine y del art. 478 del rito, e insiste en que si el "IAPL nunca tuvo acceso a la sentencia que concedió su libertad condicional, si nunca se realizó un mínimo informe de ///5.- Camacho, o si se traspapelaron papeles, o cualquiera fuere el motivo que se intente invocar para justificar estas circunstancias, la realidad es (que es) el Estado quien incumplió con su obligación de realizarle un seguimiento al condenado". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- En cuanto a la violación del deber de residencia, alega que la mera ausencia no es incumplimiento, sino que debe representar un riesgo de fuga, y que la sustracción debe ser negligente o maliciosa. Continúa diciendo que el incumplimiento de la obligación de residencia debe ser injustificado y reprochable al obligado, por sustraerse o dificultar el control por parte del patronato, lo que no se acredita en el caso en examen.- - - - - - - - - - - - - - - ----- Para finalizar, sostiene que Camacho compareció a la audiencia fijada por la Cámara y dio explicaciones compatibles con las pruebas de la causa (fs. 43 y 54), por lo que propicia la nulidad del auto interlocutorio cuestionado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----3.- Contestación del Ministerio Público Fiscal:- - - - ----- En relación con el primer agravio, el señor Fiscal General contesta que la Cámara no ha resuelto extrapetita, puesto que la petición de la parte recurrente fue para provocar la revocación de la resolución del Juez de Ejecución Penal, por no haber respetado el derecho de defensa de su pupilo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- En este sentido, agrega que tal argumentación fue admitida por el Tribunal, dado que decretó la nulidad parcial del auto dictado, por la omisión de oír previamente al condenado, tal como dispone el art. 479 del código ///6.- adjetivo. Subsanado tal error, pasó a resolver la cuestión de fondo planteada por la defensa -si correspondía o no mantener el beneficio en función de la concurrencia de alguna de las causales que tiene prevista la norma contenida en el art. 15 C.P.-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- De tal modo, sostiene que la Cámara de Apelaciones resolvió sobre las cuestiones sometidas a su jurisdicción, por lo que el agravio no puede prosperar.- - - - - - - - - - ----- En relación con el segundo cuestionamiento, considera que el planteo deducido por la defensa es insuficiente, porque no desarrolla los argumentos acerca de la denunciada arbitrariedad de sentencia. Cita conceptos generales en cuanto a tal tacha.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Advierte acerca de un hecho concreto que la defensa omite analizar, y es que el condenado fijó un domicilio de residencia al momento de obtener el beneficio, el que no podía ser modificado sin previa autorización del Tribunal. No obstante ello, señala, el interno mudó su domicilio a otra provincia sin la previa venia judicial.- - - - - - - - ----- Estima que tal extremo no puede serle atribuido a los organismos de control o al patronato, y que el hecho generador de la revocación es uno solo, exclusivo y excluyente de la conducta del condenado. Menciona doctrina legal en sustento de su postura.- - - - - - - - - - - - - - ----- Añade que la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti dictó el auto cuestionado y -con fundamento en que el Sr. Juez de Ejecución Penal con asiento en la ciudad de General Roca debió escuchar al interno e incluso otorgarle la posibilidad de ofrecer prueba antes de decidir ///7.- revocarle la libertad condicional otorgada- resolvió nulificar el punto I de la Sentencia Nº 531/13 de dicho magistrado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ahora bien, sigue argumentando, como el incidente de ejecución de pena se había radicado en el propio Tribunal, que debía continuar entendiendo en él, decidió analizar la petición del Ministerio Público Fiscal de revocar el beneficio, y estableció que del expediente no surgía que el interno "pudo haberse entendido autorizado a retirarse del medio con destino a Misiones pues solo expresa (el oficial de prueba) que el condenado le dijo que se iba a vivir a la casa de sus padres y a partir de allí el inició el trámite para continuar el control allí, pero no dice que le informara que estaba autorizado a hacerlo o que se comprometiera a dar aviso al Tribunal" (ver fs. 71).- - - - ----- El Fiscal General observa que el juzgador entendió que el relato de dicho oficial se contraponía con el informe del propio Instituto, cuando expresó que hasta el día 6 de junio de 2013 carecía de toda constancia de que debía controlar al imputado, pues no le había sido formalmente comunicada tal obligación. Asimismo, sigue señalando, la Cámara destacó el deber de residencia en el domicilio ofrecido al solicitar el beneficio, del que Juan Manuel Camacho estaba en pleno conocimiento, a pesar de lo cual decidió mudarse a extraña jurisdicción (a la provincia de Misiones, distante a más de 2000 kilómetros), sin informar debidamente a la autoridad, por lo que consideró que aquel había incurrido en una negligencia grave y que sus explicaciones no eran satisfactorias, por lo que, de acuerdo con el art. 15 del ///8.- Código Penal, le revocó el beneficio.- - - - - - - - -----4.- La competencia de la Cámara en lo Criminal:- - - - ----- Los agravios de la defensa en este punto pueden ser divididos en dos partes. La primera atañe a si un mismo Tribunal puede reunir la competencia en razón de la materia para resolver en grado de apelación lo decidido por el señor Juez de Ejecución y, asimismo, también por el devenir del trámite, ser el propio Juez de Ejecución. La segunda se vincula con determinar si dicho Tribunal resolvió extrapetita el planteo de la parte; esto es, si en el caso debió limitarse a anular lo decidido por el Juez de Ejecución en vez de -además- revocar por sus propios fundamentos la libertad condicional del imputado.- - - - - - ----- Al respecto, advierto que la Ley provincial S 3008 ("Régimen de Ejecución de Penas Privativas de Libertad impuestas a condenados") regula en sus arts. 40/42 la competencia del Juez de Ejecución Penal para el control jurisdiccional de la ejecución de penas privativas de libertad, y que el último establece, como disposición transitoria, que "[h]asta tanto se implemente este cargo, la función del Juez de Ejecución Penal del Sistema Penitenciario Provincial, la deberá desempeñar el Tribunal de Sentencia".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Asimismo, mediante Resolución Nº 16/2010, el Superior Tribunal de Justicia estableció en su art. 4º: "El Juez de Ejecución Penal del Juzgado nro. 10 de General Roca asumirá el trámite de quienes cumplen condena dictadas por los Organismos de la 4ta. Circunscripción en la Unidad de Ejecución Penal nº 2 hasta que se implemente el sistema con ///9.- la puesta en funcionamiento del fuero de ejecución penal en esa jurisdicción con sede en Cipolletti".- - - - - ----- Del expediente surge que, interpuesto y concedido el recurso de apelación contra la revocatoria de la libertad condicional, aquel fue remitido a la Cámara en lo Criminal de Cipolletti que debía intervenir en grado de apelación (ver fs. 29).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ante la declaración de rebeldía del interno y su detención en la provincia de Misiones, el señor Juez de Ejecución declinó su competencia -con cita de la resolución mencionada- y remitió la causa a la misma Cámara que debía entender en grado de apelación, que la aceptó y quedó entonces a cargo de la extradición por ser el Tribunal que dictó sentencia y, por último, esta dispuso el alojamiento de Juan Manuel Camacho en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 5 de la ciudad de Cipolletti.- - - - - - - - - - - ----- De tal modo, es cierto lo sostenido por el recurrente en el sentido de que, según la normativa mencionada, la competencia material de la Cámara la hacía intervenir en grado de apelación de lo resuelto por el Juez de Ejecución, y que, asimismo, producto de la declinatoria reseñada por circunstancias sobrevivientes a la interposición del recurso, había devenido en nuevo Juez de Ejecución.- - - - - ----- Esto lleva a la defensa a definir esta situación como arbitraria, anotando como perjuicio concreto que, si hubiera actuado en grado de apelación, su pupilo hoy estaría en libertad, puesto que la resolución cuestionada sería nula.- ----- Al respecto, digo que el agravio así formulado es improcedente, pues -como fue reseñado- la competencia ///10.- material y territorial de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti para resolver sobre la libertad condicional del imputado, tanto en grado de apelación como en carácter de tribunal de ejecución penal, estaba dada por la normativa mencionada. Y así se hizo saber a las partes el 19 de diciembre de 2013, conforme providencia de fs. 33, a lo cual la defensa no formuló objeción alguna e incluso presentó un escrito ante la Cámara como Juez de Ejecución para solicitar que se mantuviera la libertad del imputado, de lo que cabe colegir que la competencia fue reconocida por la recurrente (ver fs. 34/35).- - - - - - - - - - - - - - - ----- No obstante lo anterior, me interesa destacar que lo relevante para el caso es el resguardo del principio de judicialidad de las decisiones adoptadas en sede administrativa acerca de la ejecución de la pena privativa de la libertad (CSJN, "Romero Cacharane" R. 230. XXXIV), siendo que -en consonancia con ello- las resoluciones sobre la libertad del imputado quedaron a cargo de sendos organismos jurisdiccionales.- - - - - - - - - - - - - - - - ----- También observo en este análisis de la resolución impugnada que lo decidido por la Cámara en lo Criminal se encuentra sometido a control casatorio de este Superior Tribunal, de modo que la garantía del doble conforme a favor del imputado se encuentra resguardada de modo debido y no advierto perjuicio en que el organismo mencionado resolviera asumiendo su competencia como juez de ejecución.- - - - - - -----5.- Los fundamentos para revocar la libertad condicional:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----5.1.- La libertad condicional está sujeta al ///11.- cumplimiento de los recaudos establecidos en los diversos incisos del art. 13 del Código Penal. El primero -residencia en el lugar que determine el auto de soltura-, junto con el segundo -observancia de determinadas reglas de inspección-, ponen de manifiesto el verdadero objeto de la libertad condicional, que radica en el autocontrol y control externo del imputado en su ejecución de pena de prisión en un medio libre.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Asimismo, la "violación de las condiciones a que queda sometida la libertad condicional no tiene siempre el mismo efecto jurídico. Las consecuencias de la violación de las condiciones están previstas en el artículo 15, que las separa en dos párrafos: (a) conforme a la primera hipótesis, la libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. Esta última debe cometerse de modo que no se justifique, que le sea reprochable y que lo sustraiga o dificulte el control por parte del patronato." (Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal. Parte General, pág. 964).- - -----5.2.- En relación con lo anterior, destaco que el 13 de noviembre de 2011 se notificó al interno de la concesión del beneficio de libertad condicional que había solicitado y las condiciones compromisorias que serían supervisadas por el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados con remisión de informes mensuales. El imputado se dio por notificado y fijó domicilio en la Calle Avda. La Plata Nº 664 Bº Los Olmos de la ciudad de General Roca. A fs. 12 se consigna que el 11/11/2011 se libró el oficio Nº 5177 al instituto mencionado y tengo ante mi vista la constancia del ///12.- libramiento de dicho oficio, con copia adjuntada de la resolución y de su recepción por parte del Instituto.- - ----- El 12 de abril de 2012, atento al tiempo transcurrido, el Juez de Ejecución requirió del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados la remisión de un informe de seguimiento del causante, lo que reiteró el 9 de noviembre de ese año y el 4 de junio de 2013, mediante los oficios respectivos, a lo que el 6 de junio de 2013 el instituto respondió que el organismo "carece de la resolución dictada al Sr. Camacho, motivo por el cual no se ha realizado el seguimiento correspondiente. Asimismo le solicito tenga a bien enviar copia de la sentencia para dar curso a lo solicitado por ese Juzgado".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Así se hizo, y el Instituto contestó por nota que, en cumplimiento de la información solicitada, se había realizado una visita domiciliaria en la dirección establecida, la que correspondía al lugar de trabajo del interno, circunstancia en que su patrón informó que este había trabajado hasta aproximadamente el mes de febrero de 2012 y que "creía" que luego se había mudado a la provincia de Misiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Esto motivó que el Juez de Ejecución revocara el beneficio, declarara la rebeldía del imputado y ordenara su captura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Juan Manuel Camacho fue detenido en la provincia de Misiones y, desde la primera audiencia en que fue citado ante la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti, dijo que en febrero de 2012 había dado aviso al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados de que viajaría a ver a sus ///13.- padres a la provincia mencionada, lo que hizo, y que regresó a la ciudad de General Roca y dio nuevo aviso al Instituto; narró que siempre se entrevistó con "Cristian (no recuerda apellido) que era asistente social, que la última vez que se presentó al patronato de General Roca fue en mayo de 2012. no fue su intención eludir la acción de la justicia", e impugnó la revocatoria (fs. 43).- - - - - - - - ----- En el trámite de impugnación, el señor Fiscal de Cámara sostuvo que la apelación debía ser rechazada, pero agregó que, "sin perjuicio de ello y atento lo denunciado por el condenado en autos efectuadas las diligencias de constatación de lo manifestado, y de ser acreditado lo sostenido considero deberá reconsiderarse su situación de restricción de libertad" (fs. 44).- - - - - - - - - - - - - ----- Previo a resolver, y como medida para mejor proveer, el señor Juez de Cámara hizo comparecer al mencionado asistente social, cuyos datos completos y número de teléfono habían sido aportados por el propio Camacho, quien manifestó que efectivamente había tenido ese rol, que se encontraba cumpliendo funciones administrativas en otra área y que, por lo tanto, no tenía "a su alcance las actuaciones que obran en el expediente de Camacho" (fs. 50).- - - - - - - - - - - ----- Luego amplió en otra declaración que "llevaba el control y la supervisación del interno. No tuvo conflictos ni inconvenientes, ya que Camacho cumplía con las reglas de conducta establecidas. Estuvo un tiempo en Roca y luego recuerda que su deseo fue acercarse a su ciudad natal. Esto me lo dijo en una entrevista, y a partir de eso inicié el trámite respectivo para que Camacho pueda presentarse al ///14.- Patronato más cercano a su lugar de residencia. No tiene presente como transcurrió el trámite, pero siguió el protocolo normal para estos casos. Adjunté la documentación correspondiente, y luego otra área siguió el trámite". Luego señaló una serie de circunstancias vinculadas con el funcionamiento del instituto, cambios de autoridades, dilaciones en los trámites, y concluyó: "Para dejar claro, en noviembre de 2012, cambié de trabajo, y antes de esa fecha, ya estaba el trámite y en conocimiento del cambio de residencia de Camacho en la provincia litoraleña".- - - - - ----- Asimismo, antes de la resolución cuestionada, se encuentra agregado un escrito del interno en que hacía saber a la Cámara su situación de salud y que, "como prueba de que avisé que me mudaba, que yo cobraba un subsidio de $ 225 en la Sucursal General Roca del Banco Nación. Como me mudé, entre el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y el municipio de General Roca me gestionaron el pase de ese subsidio a la sucursal Apóstoles de la provincia de Misiones, donde lo cobré durante diez meses hasta que dejé de recibirlo porque se me hizo lugar a una pensión por discapacidad que me otorgó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación" (fs. 66). El juzgador tuvo presente lo manifestado para su oportunidad.- - - - - - - - - - - - - - -----5.3.- Reseñadas así las actuaciones pertinentes, solo una interpretación en extremo restrictiva de lo ocurrido podría concluir en la negligencia del interno de entenderse indebidamente autorizado a modificar su radicación compromisoria -porque nadie así se lo había dicho expresamente-, siendo que -cuanto menos- en rigor las ///15.- autoridades administrativas que debían controlar el cumplimiento de dicha condición no se lo advirtieron en cada una de las ocasiones en las que se manifestó acerca de que haría tal cambio, por las razones que daba.- - - - - - - - - ----- Así, la irregularidad del cambio de radicación encuentra una mejor explicación en el error de la administración -que ni siquiera tuvo el cuidado de asegurar las constancias del seguimiento del interno- que en el que podría haber incurrido Juan Manuel Camacho. A todo evento, no puedo conceptuar, según la interpretación que exige el art. 3º del rito para toda disposición que coarte la libertad personal, que tal equívoco le sea reprochable.- - - -----6.- Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación, anular la decisión atacada por insuficiencia en su fundamentación y reenviar la causa al origen para que, con distinta integración, resuelva la incidencia conforme el derecho que aquí se declara (art. 441 C.P.P.). MI VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla y Sergio M. Barotto dijeron:- - - - - - - - - - ----- Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La señora Jueza subrogante doctora Daniela Zágari dijo:- - - ----- Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que me preceden en orden de votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).- - - - - - - - - - - - - - - ----- Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA ///16.- R E S U E L V E :

Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a ------- fs. 80/88 de las presentes actuaciones por el señor Defensor Penal doctor Juan Pablo Piombo en representación de Juan Manuel Camacho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Segundo: Anular el Auto Interlocutorio Nº 8/14 de la Cámara ------- Primera en lo Criminal y reenviar la causa al origen para que, con distinta integración, resuelva la incidencia conforme el derecho que aquí se declara (art. 441 C.P.P.).- Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los ------- autos.