Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-10


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "H P T S. de H. c/ P, C A s/ SUMARIO" (Consignación), Expte. 903/05 y su acumulado: "P, C A c/ H P T S. de H.; V, J E y L E, F s/ SUMARIO", expte. nro. 16.496/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 943/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 476), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 432/444vta.? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:	I. Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto a fs. 445 la parte demandada recurso de apelación contra la sentencia definitiva nro. 65 del 25/06/07 de fs. 432/44vta., habiéndose concedido el mismo a fs. 446 libremente y con efecto suspensivo.

El fallo, en la parte cuestionada, resolvió: "1º) Rechazando la demanda de consignación judicial de pago por H P S.H. contra la Sra. C A P, sin perjuicio de considerar la suma depositada a fs. 4 al momento de practicarse la pertinente liquidación de acuerdo a los respectivos considerandos; 2) Rechazando la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva opuesta por los codemandados H P S.H. y Sres. F L E y J E V contra el progreso de la demanda de daños y perjuicios deducida en su contra por la Sra. C A P, de acuerdo al pertinente considerando; 3) Haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por la Sra. C A P y en su mérito condenando a los codemandados H P S. H. y Sres. F L E y J E V al íntegro pago a la actora de la suma de pesos diez mil quinientos sesenta y uno con ochenta y siete centavos ($10.561,87) con más los intereses detallados en el sexto considerando; 4) Imponiendo las costas originadas con motivo del rechazo de la demanda de pago por consignación (expte. Nro. 943/2005) a la actora perdidosa H P S.H. Imponiendo las costas originadas en la acción de daños y perjuicios (expte. Nro. 903/2005) en relación a los vencimientos parciales y mutuos que se produjeron, de acuerdo a la siguiente distribución: partes codemandados H P S.H. y Sres. F L E y J E V, en forma solidaria, en el 90%, parte actora 10%. Regulando los honorarios.".

I.A-1) A fs. 455/463vta. presenta sus agravios la parte codemandada, los que fueran contestados por la parte actora a fs. 465/473.

En cuanto a los agravios expuestos por la apelante codemandada-consignante es entendimiento de la suscripta que en la estructura de la sentencia los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado la apelante.

Concretamente se agravia que en cuanto el a-quo incurrió en:

A) 1. Errónea conceptuación de los hechos que surgen del expediente (fs. 455/458vta.) y 2. Inadecuada aplicación de los principios legales para luego enunciar los correspondientes al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 458vta./460);

B) 1. Equivocada ponderación en cuanto a la aplicación de los tiempos a la situaciones fáctico-jurídicas y finalmente los referentes a la acción de daños y perjuicios (fs. 460/461) y	C) 1. Desatinada atribución de responsabilidad por daños a los demandados (fs. 461/y 462) 2. Incorrecta aplicación el modo de determinar el quantum de los daños (fs. 462/463vta.).

I.B-1) Siendo que por entender el a-quo que existían pretensiones conexas y relacionadas con el mismos hecho, tratándose de una demanda y contrademanda tramitada por expedientes separados, ordena la acumulación (Sentencia Interlocutoria nro. 101 del 13/10/06 de fs. refoliadas 124/vta.) de los expedientes nros. 903/05 -pago por consignación- y nro. 943/05 -demanda de daños y perjuicios- y advertir que ambas partes basan sus argumentos en la relación jurídica que los vinculó por el contrato que firmaron el día 18/02/04, he de principiar el análisis de la cuestión traída a esta Alzada precisando que considero que el contrato, como también la conducta de quienes lo acordaron, debe analizarse a la luz del primordial principio de buena fe establecido por el art. 1198 del Código Civil, por un lado, y por otro, de acuerdo con las reglas del art. 218 del Código de Comercio, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 16 del primero, teniéndose en cuenta la intención de las partes y el contexto general del convenio.

Jurisprudencialmente se ha establecido que las estipulaciones contenidas en los contratos son ley para las partes, conforme al principio estatuido en el artículo 1197 C.C., por lo que los contratantes deben atenerse a lo convenido, debiendo los jueces hacer respetar y cumplir las cláusulas contractuales, interpretar y decidir su alcance (art. 1198 C.C.), pudiendo tan sólo por excepción prescindirse de tales recaudos, cuando ello importa la transgresión de una ley imperativa (conf. crit. Pcia. de Mendoza, "Azzano, Lucas Nicolás c/ Pedro Armando Díaz s/ Cobro de Pesos" - Fallo: 93190621 - Primera Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza - 1993/04/15: Corte en Pleno, Expediente: 161267 - Ubicación: S125-449: elDial - MC2033.

Conforme la documental presentada por ambas partes (fs. 25 y fs. refoliadas 138), las mismas efectuaron un contrato de locación de vehículos de terceros, en esta ciudad, el día 18/02/04, denunciando domicilio comercial y constituido los Sres. F L E y J E V ("La Empresa") en la calle 9 de julio nro. 811, 1er. piso y la Sra. C A P ("El Propietario") constituyendo domicilio especial donde serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales en su domicilio real calle Araucanos nro. 824 de Rada Tilly, acordando las siguientes cláusulas:

1era.) El propietario entrega en locación, con expresa autorización de sublocación a terceros ("El solicitante") el vehículo de su propiedad Ford Ranger XL C/C 4x2 2.8 LD nro. de dominio EIV 286 modelo 2004 en buenas condiciones de uso y funcionamiento, debiendo devolverlo "La Empresa" en similar estado, salvo el desgaste que se produjera por el normal uso del vehículo, a la finalización del contrato principal del cual el presente es subsidiario y atento las condiciones de trabajo y finalidades a que sea sometida la unidad;

2da.) Precio y Pago: El precio mensual/día del automotor locado es establecido de común acuerdo por ambas partes en la suma de pesos dos mil ($2.000); siendo el valor diario de sesenta y seis pesos ($66,00). El propietario facturará a la Empresa el día del vencimiento del contrato principal. Sin perjuicio de lo estipulado, El Propietario podrá facturar cada treinta (30) días en el supuesto que el plazo inicial supere dicho término. La Empresa se compromete al pago de la facturación mencionada a los treinta (30) días de su presentación ;

3era.) Forman parte de la presente las "Condiciones Generales" del contrato principal nro. 166 con excepción para el Propietario de los apartados c) y d) de la cláusula tercera;

4ta.) El propietario no podrá rescindir el presente contrato mientras esté en vigencia el contrato principal y	5ta.) Teniendo presente el contrato carácter de accesorio al principal ya individualizado, el Propietario estará sujeto a cualquier tipo de reclamo por daños en el vehículo locado a los plazos determinados en el contrato principal para que "el Solicitante" abone en tiempo y forma los cargos por la sublocación de la unidad, no pudiendo, en ningún caso, demandar reclamos antes del vencimiento de los mismos ante La empresa...".

De la documental agregada por la parte codemandada consignante (fs. 23/24 - copia coincidente con doc. agregada por la tercera ABB S.A. - fs. refoliadas 367/370) obra contrato de locación de vehículos nro. 000166, celebrado el día 18/02/04 entre La Empresa (H) y ABB S.A. (esto es el contrato principal al que hace referencia el anterior contrato) por el alquiler de la camioneta Ford Ranger XL C/C 4x2 28LD nro. de dominio EIV 286 modelo 2004, acordando una tarifa de dos mil seiscientos ($2.600) más I.V.A por mes, sin fecha de vencimiento, dejando constancia en observaciones que el mismo se entrega con tacógrafo, tasas de ruedas y vigía motor.	Del análisis de las constancias obrantes en autos observo que si bien H P S.H. y Sres. F L E y J E V, arguyeron en su escrito de demanda por pago de consignación que notificaron verbalmente a la Sra. C A P la devolución del automotor de su propiedad por parte del tercero a los mismos y que dicho vehículo sería nuevamente alquilado a otra empresa, no han acreditado dicha argumentación, circunstancia ésta expresamente advertida por el a-quo a fs. 437vta./438 y expresamente reconocida en su escrito de agravios por la apelante (fs. 461 pto. 1.1. 3er. párr., últ. parte).

A través de la informativa prestada por el Correo Argentino (fs. 95/96 y fs. refoliadas nro. 286 y 289) emerge la CD nro. 038376326 AR remitida por Sra. P la que fuera recepcionada por la contraparte el día 26/04/05 (circunstancia expresamente reconocida conforme términos expresados en la contestación a fs. refoliadas 204 y 206 y en su escrito de expresión de agravios - fs. 455vta. y 461), en la misma la Sra. P, mediante apoderado, ponía en conocimiento a la contraparte que por medio de la CD nro. 53654997 7 AR (copia certificada por Secretaría a fs. 140), la firma ABB SA le había informado que el contrato nro. 166 había sido resuelto el 17/01/05, razón por la cual y atento el principio de accesorio al mismo, el contrato que la había unido a los codemandados-consignantes también se había extinguido, reclamando la restitución de su camioneta bajo apercibimiento de promover acciones legales y constituyendo el domicilio de cumplimiento de entrega del vehículo en la calle España nro. 716, domicilio de un estudio jurídico. A dicha misiva los codemandados, si bien la rechazan por improcedente e inexacta mediante CD nro. 6650973 AR, el día 28/04/05 la remiten al domicilio fijado en el contrato por la actora, aceptando la circunstancia del vencimiento del contrato principal argüido.

Atento lo precedentemente transcripto considero que en el caso de autos se aplica plenamente la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal (Título IV - De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias - arts. 523, 525 del C. Civil).

A ello cabe agregar que uno de los caracteres específicos del domicilio especial de elección es el de su inmutabilidad. Sin embargo, el no es absoluto pues, en la medida que no se altere la jurisdicción de los jueces, puede ser cambiado mediante comunicación a la otra parte, siempre que ella sea fehaciente y se cumpla por un medio idóneo (cfr. Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil - Parte General", T. I, n° 930, págs. 613/614, Bs. As. 1967; Salas, A.E. "Código Civil Anotado", Ed. 1975, T. I, págs. 56 y sgtes; Maurino, A.L., "Notificaciones Procesales", pág. 229, texto y notas 65 y 66; CNCiv. Sala A, del 28/2/94, reg. en LL del 28/2/95, con nota de Aisner, I., "Actos Procesales que se pueden notificar o practicar en el domicilio especial de elección"; etc.).

En sentido similar se ha expedido la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones cuando determinó que: "El domicilio de elección subsiste mientras no haya sido enteramente ejecutado el acto para el cual se lo eligió, por cuanto al ser cláusula accesoria de una convención principal, sus efectos duran tanto como ella. En consecuencia, el domicilio pactado en una de las cláusulas del contrato es válido para todos sus efectos y debe considerarse subsistente mientras no se haya elegido otro y comunicado fehacientemente a los demás contratantes, aunque allí no habite ya el interesado" (12-07-1996, Sent. Interlocutoria, Cámara de Apelaciones - Sala A - Comodoro Rivadavia, Magistrados: F Nahuelanca - Daniel Caneo - Julio A, "Pérez, Délfor c/ Saldumbide Viera, Julio Gabino y Otro S/ Prepara vía ejecutiva -cobro de alquileres").

Tal comunicación fehaciente de cambio de domicilio fue dada por la ya analizada CD nro. 038376326 AR remitida por Sra. P y recepcionada por la contraparte el día 26/04/05, razón por la cual las demás CD remitidas por los codemandados debían ser efectuadas en el domicilio constituido por aquella en dicha misiva y no en el domicilio al que fueran enviadas, tal como lo hizo la parte codemandada - consignante con la CD nro. 392805328 AR remitida el día 30/06/05 y recepcionada en el domicilio constituido por el apoderado de la actora el día 13/07/05.

A ello cabe agregar, que no asiste razón al apelante en cuanto a su entendimiento que la Sra. P estaba desaparecida en acción para el día 24/05/05, ya que de la lectura del Acta de Constatación Notarial Extraprotocolar nro. 68 de dicha fecha (fs. refoliadas 142/vta.), si bien la intervención figura como solicitada por el Sr. A F B, en la misma expresamente figura interviniendo, por propio derecho, la Sra. C A P requiriendo los servicios del Escribano Público Adscripto al Registro Notarial nro. 51 del Chubut, A. I. P., para que se constituya en la Concesionaria de automóviles "D S Automotores" a efectos de dejar constancia que le harán entrega a su cónyuge Don A F B, por parte de la firma "H" la camioneta de su propiedad, razón por la cual la constitución de domicilio efectuada por la Sra. P mediante CD nro. 392770867 AR de fecha 30/06/05 no puede ser interpretada como la primera vez que los codemandados consignantes tuvieran conocimiento fehaciente de dicho domicilio.	Asimismo, tengo en cuenta que a la parte codemandada se la ha declarado negligente y se le ha dado por decaído la prueba de reconocimiento de documentación por parte de la actora, mediante providencia (fs. refoliadas 401), a saber: factura "A" nro. 0001-00000130 del 17/02/05, a la factura "A" nro. 0001-00000134 del 17/03/05 (conf. pto. VIII. ap.f) - fs. 207vta. - doc. reservada por Secretaría de Cámara de Apelaciones bajo el nro. 143/07 - fs. 53/54), sin perjuicio que los mismos no han sido peticionadas por la actora consignada a su CD nro. 392770867 AR de fecha 30/06/05.

En cuanto al pago por consignación es entendimiento de la suscripta (en autos caratulados: "F. S. SA c/ Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia s/ Consignación", Expte. Nº 13115/02) que el art. 758 del CC. dispone que la consignación no tendrá fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, de modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. En consecuencia, si los depósitos efectuados no contemplan el sistema previsto en el contrato la suma consignada es inferior a la adeudada, es decir no se paga lo que se debe, y por lo tanto, la consignación debe ser rechazada.	Esto es así, atento a que una de las características del pago por consignación es la excepcionalidad, ya que este medio de pago sólo se torna viable ante el obstáculo efectivo del pago directo o eficaz. Por tanto, la simple posibilidad de que el acreedor obstaculice el pago no habilita al deudor a pagar por consignación (arts. 742, 756, 757, 758 y 1198 del Código Civil; Pcia. Buenos Aires, "Bioli, Luis c/ Paraná SA. de Seguros s/ Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios" - CC0001 - QL 4370 RSD-71-1 S - 9-8-2001: elDial - W15521).

He de hacer hincapié en que para que la consignación sea válida deben cumplirse respecto del objeto del pago los principios de identidad e integridad (art. 740 y ss. del Código Civil). Por aplicación de tales pautas, en el caso en que se adeuda una suma en concepto de capital, debe ser consignada junto con sus intereses, ya que de lo contrario es inadmisible por insuficiente (conf. crit. CNCiv.J, 17/09/92, JA1993-I-sint; CCRos. IV. 26/02/88, J81-407; citados en Salas - Trigo Represas - L Mesa en su obra "Código Civil- Anotado", Tomo 4-A. arts. 1 a 2310 - Actualización - pág. 314- Edición Depalma).

El artículo 758 del C.C. exige para que la consignación tenga fuerza de pago, la concurrencia en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, de todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. Consecuente con el principio general acotado en dicha norma legal, "la consignación efectuada por el deudor moroso es inadmisible, a menos que concurran circunstancias de hecho que justifiquen la demora" (JA 1967-V-14), situación que conforme lo ameritado en los considerandos anteriores de este voto no se han dado.

Ha expuesto nuestro Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que: "Conforme con lo dispuesto por el art. 758 y conc. del Código Civil, la consignación tiene fuerza de pago cuando se hace depósito judicial íntegro de la suma adeudada" (07-07-1987, Sentencia Definitiva, "L., J. A. y otro c/ Corporación de Fomento del Chubut -CORFO Ch. s/ Juicio Sumario").

Dichos criterios han sido correctamente aplicados por el a-quo en los considerandos 2do. y 3ro. (fs. 434/435vta.) de su sentencia, son razones por las cuales corresponde no hacer lugar a los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-2) En cuanto al agravio sobre el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la parte consignante-codemandada, es entendimiento doctrinario y jurisprudencial que comparto que la misma se tipifica cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso (confr. "Fenocchietto-Arazi, "C.P.C.C.N., Comentado y Concordado", edit. Astrea, T.II, pág. 228 y ss.; cfr. Palacio, "La excepción de falta manifiesta, etc.", R.A.D., Proc. 1968. I, pág. 78, citada en Falcón, Enrique M. "C.P.C.C.N., anotado, conc. y com.", T.III, pág. 42, Ed. Abeledo Perrot-1992; ídem."Centro Gallego de Buenos Aires c/ Mº de Economía y Obras y Servicios Públicos y Otro s/ contrato administrativo" Causa: 13153/97, CNACAF, SALA V - Gallegos Fedriani, Otero, Grecco - 16/06/98; Nro Ficha: 8376: elDial - AH2084.

Es decir que dicha excepción importa no un requisito formal sino una cualidad sustancial que en definitiva concierne a la titularidad de los derechos de que emanan las acciones que se ejercitan por el actor o de aquellos sobre que recaen en relación al demandado. Se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico, y la persona contra quien se concede o le hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita de tal manera.

En cuanto a quién tiene la carga de la prueba de dicha excepción, corresponde determinar que le corresponde a quien la planteó (Pcia. Entre Ríos, "Lissa, Marta y Otros Dos c/ Taleb, Antonio Y Otro s/ Cobro de Pesos", 18-10-1999, Sala II de la Cámara Tercera en lo Laboral de Paraná: elDial - AT2375).

Teniendo en cuenta que el argumento expuesto por la excepcionante (fs. refoliadas 206vta./207) se basa en la falta de acción por parte de la actora-consignada ya que nada le adeuda a la misma en virtud del silencio guardado por ésta en cuanto al ofrecimiento de sumas efectuados por CD 392805328 del 08/07/05 y el pago por consignación efectuado por los codemandados-consignantes el día 22/07/05, que dicha línea expositiva carece de entidad jurídica suficiente para enervar la calidad de actor o de demandado que representan las partes, las cuales del análisis efectuado en el pto. B-1) reúnen la conexión sustancial referente a la concreta materia sobre la cual versa la litis, tal es así que dicho entendimiento fue seguido por el a-quo y aceptado por las partes al proceder a la acumulación de ambos procesos, son razones por las cuales corresponde rechazar los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-3-a) En lo atinente a los agravios fundados en la extensión del resarcimiento evaluados por el a-quo en concepto de gastos por reparación de la camioneta, del análisis de la cláusula 1era. del contrato de fecha 18/02/05 surge que la camioneta fue entregada por la Sra. P en locación en buenas condiciones de uso y funcionamiento, debiendo devolvérsela la empresa en similar estado, salvo el desgaste que se produjera por el normal uso del vehículo, a la finalización del contrato principal, del cual era subsidiario y atento las condiciones de trabajo y finalidades a las que fuera sometida y de la cláusula 5ta. emerge que la misma determinaba que teniendo el presente contrato carácter de accesorio al principal ya individualizado, el propietario estaba sujeto, respecto de cualquier tipo de reclamo por daños en el vehículo locado, a los plazos determinados en el contrato principal para que el solicitante abone en tiempo y forma los cargos por la sublocación de la unidad, no pudiendo, en ningún caso, demandar reclamos antes del vencimiento de los mismos ante la empresa.

Conforme lo ameritado en los párrafos anteriores de este voto, el contrato principal firmado entre la empresa y el solicitante finalizó el día 17/01/05 (fs. refoliadas 140), razón por la cual la 5ta. cláusula contractual se tornó operativa para que la actora-consignada efectuara el reclamo por daños a los codemandados consignantes, correspondientes al automotor objeto de los contratos de locación individualizados.

Del Acta de constatación notarial extraprotocolar nro. 68 (fs. refoliadas 142 el día 24/05/05) tanto el cónyuge de la Sra. P como el codemandado F L E entregan la camioneta dominio EIV-286, al Sr. M A A, del sector taller mecánico de la concesionaria "D S Automotores", para su revisión y constatación del estado de conservación y quedando asentado que aproximadamente el día 26/05/05 se tendría el detalle del estado de la camioneta, manifestando ambas partes que el día de entrega del rodado por parte de la concesionaria realizarán la entrega formal del mismo donde se dejará asentado el estado de conservación del vehículo, manifestando el Sr. F L E que los gastos ocasionados para obtener la información relacionada con el estado de conservación y mantenimiento del vehículo serían soportados por la propietaria del mismo.

De lo transcripto anteriormente se evidencia que la parte codemandada-consignante tenía conocimiento de la fecha (26/05/05) en la cual se tendría el detalle del estado de la camioneta razón por la cual carecen de suficiencia la argumentación efectuada por la apelante a fs. 461vta./462 en cuanto no pudo ejercitar control alguno por cuanto la contraparte retiró la camioneta sin avisarle ya que tenía la posibilidad de haberse acercado a la concesionaria (que la misma codemandada había consentido para que se revisara el automotor) para tomar conocimiento personal de la realidad del estado de conservación de la camioneta.

A fs. refoliadas 144 obra agregado copia certificada del presupuesto efectuado por la concesionaria "D S Automotores" fechada el 10/06/05, cuyo presupuesto asciende a la suma de pesos dos mil novecientos cincuenta y tres con once ($2.953,11), detallando como reparaciones y mantenimiento lo siguiente: servicio de los 60.000 km (gasto que -conforme lo expresado por la propia Sra. P en su demanda a fs. refoliadas 151vta.- no es peticionado y que ascendía a la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco con setenta y cuatro centavos - $ 355,74); cambio de rótulas, respiradero de diferencial, guantera; reparación de tapizado y detalle de los elementos a utilizar para tal fin, con lo cual la suma de pesos era de dos mil quinientos noventa y siete con treinta y siete centavos ($2.597,37).

Del reconocimiento expreso efectuado por el socio gerente de dicha concesionaria (fs. refoliadas 319) de la factura 0014-0009220 del 19/07/05 emerge que fue abonada por la actora-consignada una suma de pesos un mil setenta con cincuenta y un centavos ($1.070,51) en forma parcial a la detallada en el párrafo precedente.

En cuanto a la declaración testimonial prestada por L A M (fs. refoliadas 405/406, razón de sus dichos), la misma no puede ser tenida en cuenta, ya que dicho testigo no fue preciso en cuanto a si la revisación que efectuó, era sobre la camioneta objeto de locación entre las partes.

Considero, atento la merituación efectuada anteriormente, que es de aplicación el criterio de la Dra. Zavalía de González señala que: "Si bien el perjuicio debe ser cierto, el juicio sobre su realidad puede apoyarse en un derrotero presuncional. No es ineludible una prueba directa sobre los deterioros... Por consiguiente, a partir de la prueba de las características de hecho, cabe inferir la exactitud de los daños consignados en los presupuestos o facturas, si aquellas características corresponden a éstos. Con mayor razón debe ser así si se aportan elementos corroborantes, como actas notariales" (Daños a los Automotores, Tomo I, pág.43).

Por dichas razones considero que corresponde rechazar los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.	I.B-3-b) Respecto al rubro alquileres impagos de la camioneta alquilada, teniendo presente que conforme emerge de los propios términos del apelante (fs. 462vta.), el mismo refiere idéntica línea argumental que la expuesta a fs.455/457; temática sobre la cual se ha resuelto en el pto. I.B -1) en contrario a la pretensión de la apelante, y que el alquiler pactado es la retribución por el uso y goce de la cosa hasta su efectiva desocupación (art. 1493 y 1494 Código Civil) y la obligación de seguir pagando subsiste cuando a su vencimiento el locatario continúa usando la cosa (art. 1622 y concs. Código Civil), siendo de aplicación el criterio jurisprudencial que expresa que: "Terminado el contrato de locación, el locador puede pedir la devolución de la cosa arrendada en cualquier tiempo, fuera cual fuera el término que el locatario hubiere continuado en el uso de la misma, subsistiendo la obligación de pagar los alquileres por parte del locatario desde el vencimiento contractual hasta el momento de la desocupación, ya que se trata de la simple contraprestación por el uso y goce de la cosa, sin perjuicio del derecho del locador a reclamar los daños e intereses que la demora en la restitución le ocasione u otros derivados del incumplimiento contractual (art. 1609, Código Civil)" (Pcia. de Buenos Aires, "Lauterio, Camilo c/ González, Elena Adela y otra s/ Cobro ejeuctivo de alquileres" - CC0201 - LP - B 87943 RSD-159-98 S - 30-6-1998: elDial - W10B0F), son entendimientos todos ellos por los cuales arribo a la conclusión que deben ser rechazados los agravios, confirmándose la sentencia en este sentido.

I.B-3-c) Respecto de los agravios sobre la condena decidida por el a-quo en concepto de costos del juicio, compartiendo el criterio judicial que determina que: "Los desembolsos efectuados en concepto de fotocopias, fotografías, carta documento y telegrama, son también costas del juicio, porque encuentran en el proceso su motivo determinante... y que los honorarios abonados por el accionante a un escribano público que labró un acta de constatación antes de instaurarse el proceso constituyen costas cuyo pago corresponde afrontar al accionado vencido; no puede desconocerse que estas expensas fueron necesarias y útiles para la defensa judicial del derecho esgrimido, por cuanto significaron la confección de un "acta notarial" por parte de un "escribano público", enderezada a demostrar las circunstancias de hecho fundantes de la voluntad de la ley cuya actuación se pretendería, y tendiente a sí mismo a individualizar el sujeto pasivo de la acción en cierne (Pcia. de Córdoba, "Vergara Julio A. c/ Norma Torres y Otro s/ Interdicto Obra Nueva - Costas; Cám. Apel. Civ. y Com.- 23/09/1993; elDial - CC120B). Advirtiendo, por otra parte, que la cuantía de la erogación se encuentra debidamente acreditada por el recibo (fs. refoliadas 143), son todas ellas razones por los cuales cabe rechazar los agravios y confirmar en dicho sentido la sentencia.

I.C) En virtud del principio objetivo de la derrota las costas de esta instancia son impuestas a la apelante codemandada-consignante vencida (art. 68 del CPCCh). Difiérese la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el caso de coincidir la siguiente:

1) Rechazar los agravios expuestos a fs. 455/463vta. por la parte codemandada-consignante y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 432/444vta. en cuanto fuera materia de apelación.

2) Imponer las costas de esta instancia a la apelante codemandada-consignante vencida (art. 68 del CPCCh). Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335).

3) Téngase presente la reserva del caso federal planteada a fs. 463vta.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 445) de la sentencia de fs 432/444 que rechaza la demanda por consignación judicial de pago deducida por H P S.H. contra la Sra C A P, sin perjuicio de considerar la suma depositada a fs 4 al momento de practicarse la pertinente liquidación, rechaza la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva opuesta por los codemandados H P S.H y Sres F L E y J E V contra la demanda de daños y perjuicios deducida en su contra por la Sra C A P; hace lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por la Sra C A P y en su mérito condena, a los co-demandados H P S.H y Sres F L E y J E V, al íntegro pago a la actora de la suma de diez mil quinientos sesenta y un pesos con ochenta y siete centavos, con más los intereses, impone las costas de la demanda por consignación a H P S.H. y las originadas en la acción de daños y perjuicios a los co-demandados H P S.H y Sres F L E y J E V, en forma solidaria en el 90% y a la parte actora 10%.

Regula los honorarios.

A fs 455 se agrega la expresión de agravios, refiriéndose en primer término a los correspondientes a la acción de consignación.

Entiende que el a-quo sin ningún tipo de diferenciación considera existencia de mora en el cumplimiento de la obligación por su parte. Y transcribe los argumentos del juez en el primer y segundo hecho, considerando que la conceptualización de los hechos es errónea y luego de fijar los mismos, agrega que el 24 de mayo recién se retira el vehículo, que había sido puesto a disposición el 3 de mayo, todo de 2005.

El 30 de junio la Sra P le reclama una suma antojadiza.

Hace referencia a la mora "accipiendi" y agrega que la Sra P no se presentó a cobrar el alquiler, luego del 17 de mayo, siendo muy difícil dar con su paradero.

Hace referencia al domicilio donde fueron enviadas las cartas documentos y cita jurisprudencia.

Indica lo que sostiene el art. 758 CC y los requisitos, entre los que sobresale el objeto; y el objeto del juicio de consignación era el pago de los meses de alquiler del vehículo, depositándose el importe de los meses reclamados más los intereses correspondientes.

Advierte que la contraparte en la C.D., reclama rubros distintos al que fuera objeto del contrato, que podrán o no ser reconocidos en un juicio de daños y perjuicios, pero ajenos al objeto de consignación.

Respecto al segundo hecho, considera que la sentencia se basa en simples conjeturas. Señala que la empresa EDSA no facturó a H el alquiler mensual de la camioneta, sino al revés, siendo distintos la facturación y el pago.

Indica que la mora que el Juez imputa a los actores no le es enteramente imputable, respecto al período locativo, pero no sucede lo mismo con el período que va del 17 de abril de 2005 hasta el 16 de mayo de 2005, período que nunca fue facturado por P, por lo que la mora nunca se produjo, ya que el pago de la facturación estaba condicionado a la presentación por parte de P de la factura, período este último que no debiera ser tomado completo ya que la camioneta fue retirada el 28 de abril.

Se agravia por la inadecuada aplicación de los principios legales con cita de doctrina y jurisprudencia nacional y de esta Sala y por lo que considera una equivocada ponderación en cuanto a la aplicación de los tiempos a las situaciones fáctico-jurídicas, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva.

Se agravia también de la desatinada atribución de responsabilidad por daños a los demandados.

Relata las circunstancias del contrato, advirtiendo que el mismo no tenía otro tiempo que la duración del contrato principal y si P siguió cobrando los ingresos en concepto de locación durante enero-febrero y marzo-abril, aún cuando lo abonara otra empresa, según fs 197/202 no se alcanza a vislumbrar cual puede ser el perjuicio.

Agrega que no es cierto que los co-demandados entregaron la camioneta a un concesionario no cuestionando el presupuesto de su reparación y lo aseverado surge de la constatación del acta notarial y del hecho que la actora retirara el vehículo, sin avisar de tal acto y omitiendo realizar el acta de entrega formal.

La incorrecta aplicación en el modo de determinar el quantum de los daños es motivo de queja.

Analiza las pruebas agregadas y concluye que la suma que determina la sentencia no es correcta, y de fs 152 surge que la actora ha abonado una suma inferior, que consta en la boleta de fs 148, por lo tanto es improcedente que los intereses se apliquen desde el 16-06-05.

Deberá tenerse en cuenta la notable diferencia entre los precios de fecha 10-6-05 y de la factura de fs 148, siendo improcedente que se tenga por abonada para el reclamo la suma total de la factura A, en atención que P figura como responsable inscripta lo que significa que tiene un crédito a su favor.

Respecto del rubro alquileres impagos de la camioneta alquilada se remite a lo dicho respecto de la consignación, agregando que con relación a los intereses el juez los ha aplicado incorrectamente respecto del segundo período, pues al no cumplirse el requisito de la facturación previa por parte de P no hay plazo para considerar el inicio de la mora.

Menciona el plazo tenido en cuenta por el juez para la reparación del vehículo, y se refiere a las constancias de fs 31/32.

Los gastos en concepto de costos del juicio, también merecen su atención.

Hace reserva del caso federal.

A fs 465/473 la Sra P, por medio de su apoderado, contesta demanda y solicita el rechazo del recurso.

Requiere se llame la atención al letrado de la contraria por la desmesura utilizada en los términos utilizados al referirse al a-quo.

No hay controversia entre las partes con relación a la relación contractual entablada entre las mismas y que da cuenta el contrato de fs 25 donde la hoy demandada, en el expediente de consignación, entrega en locación a la actora un vehículo Ford, modelo Ranger identificado como dominio EIV-286, modelo 2004, que a la vez podía ser sublocado a terceros. Agregándose en autos dicho contrato (fs 23/24).

Finalizada la sublocación el actor realizó una nueva, disintiendo las partes si de esta última tenía conocimiento el propietario del vehículo, demandado.

No basó la negativa a recibir la consignación en esta controversia sino en que la suma es parcial.

El quejoso separa las quejas en primer y segundo hecho, con relación a la consignación.

Y a fin de seguir tal orden analizaré en principio, lo relacionado con el domicilio que constituyera el demandado P y la incidencia que las notificaciones tendrán a fin de resolver la controversia suscitada en los expedientes acumulados.

Del contrato agregado surge que la Sra C A P constituyó domicilio en la calla Araucanos Nº 824 de Rada Tilly.

En la primera carta documento enviada por la Sra P, de fecha 25 de abril de 2005, más allá de lo que sostiene ahora el quejoso, sobre la acreditación de representación por parte del Dr A V, nada objetó oportunamente. Y en tal carta documento se constituía domicilio en España Nº 716, donde debería ser entregada la camioneta.

Mal puede ahora el apelante cuestionar este último domicilio. El art. 101 del CC dispone que las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones. Ahora bien, si la elección se formula en un contrato, se sostiene la estructura bilateral del acto; más, estrictamente es unilateral, aunque la jurisprudencia ha considerado que si su régimen constituye una cláusula del contrato, participa de la estabilidad de su régimen y no puede ser unilateralmente modificado, siendo necesario para que su cambio surta efecto que la contraparte sea notificada de ello por un medio idóneo y referido concretamente al contrato que los vincula. Bueres-Higthon, Código Civil. Análisis jurisprudencial y doctrinario, glosa al artículo 101.

Y en autos el medio idóneo ha sido la carta documento de fecha 25 de abril de 2005 y más precisamente la agregada a fs 94; en la que se reclama el pago de las sumas que entiende la Sra P se le adeudan; se le comunica que "A los efectos de fijar el domicilio de cumplimiento, donde deberá ser abonado el monto reclamado y donde deberán ser dirigidas las futuras comunicaciones epistolares, constituyo domicilio en la calle España 716 de la localidad de Comodoro Rivadavia",...que permanece abierto de lunes a viernes de 15,30 a 19. Carta documento que al ser rechazada en cuanto a sus términos fue enviada a tal dirección (fs 89).

Se advierte asimismo, que en la comunicación de fecha 24 de mayo de 2005, reconoce al Dr A V como representante de la Sra. P y en la agregada a fs 90, dirigida al abogado le informa que "en el día de la fecha le fue enviada a su reprensentada Sra. A C P".

En la carta, anteriormente referenciada, el actor pone a disposición de la demandada la suma de $4.743,90, suma que incluye los intereses pertenecientes al pago del valor locativo del vehículo Ford, modelo Ranger XL c/c 4X2 -2.8LD, desde el 17-03-05 al 16-4-05 y desde el 17-4-05 al 16-05-05, agregando que en caso de incomparecer para que se efectivizara el pago dentro de las 48 h, lo consignaría judicialmente.

Apercibimiento que efectiviza ante la incomparecencia de la demandada, lo que es rechazado por esta última por no tratarse de un pago total, ya que lo que se reclamó es la suma de $10.000.

En la comunicación donde la Sra P reclama la suma de $10.000, se detalló que la misma correspondía a $2299 en concepto de período locativo 17-3-2005 a 17-4-2005 a la fecha impago e igual suma por el período 17-04-2005 a 17-5-2005 y el resto por las razones que da.

La suma que ponen los actores a disposición, entiende el sentenciante que se produjo cuando estaban en mora de allí que se desestime la consignación. Arguye que por el primer período locativo el pago debió efectuarse el 17 de mayo de 2005 y por el segundo el 16 de junio de 2005, toda vez que la actora había recibido la factura del primer período que debía pagarse en 30 días; y el segundo con fundamento en la facturación que la empresa EDSA había realizado por el alquiler de la camioneta y que en consecuencia debió pagar dicha suma a P.

Tal conclusión acarrea los agravios que ya relatara.

Evitaré reiterar consideraciones generales respecto en qué consiste la consignación, sus caracteres, en qué casos puede tener lugar, condiciones para que tenga fuerza de pago, reglado en el capítulo IV del Título XVI, del Código Civil, toda vez que las partes y los jueces que me precedieron hicieron acopio de doctrina y jurisprudencia, bastante, sin que ello obste a que me refiera puntualmente a lo que sostiene la ley en caso concreto.

Pero sí diré antes de avanzar que la jurisprudencia traída por el apelante a fs 459/460,de esta sala, registrada bajo el Nº 13 /2006, no es de aplicación en autos, ya que omitió decir que lo que allí se sostuvo, con cita de jurisprudencia, con relación a mi voto, fue a partir del interrogante ¿es admisible la aceptación bajo reserva? Y la respuesta se daba a través de destacados civilistas, pues en ese caso el demandado había aceptado el pago hasta lo que cubría la deuda, y no es el caso de autos.

Reconoce el quejoso que la fecha de cobro por parte de P del primer período reclamado era el 17 de mayo de 2005,no resultando acertado sostener que la Sra P estaba desaparecida en acción, por las consideraciones que efectuara al referirme al domicilio, en consecuencia ninguna responsabilidad tiene la demandada en la falta de pago, no acreditando en consecuencia las dificultades que obstaculizaron su derecho a la liberación, ni haber formulado, en su caso, las ofertas de pago concretas, íntegras y reales.

Asimismo la norma al referirse a la ausencia del acreedor a decir de Parellada en "Código Civil", "Análisis doctrinario y jurisprudencial", 2, "B", Bueres-Higthon, se refiere al simple ausente, a quien no puede ser hallado en el domicilio de pago. Precisamente por ello no es recaudo de procedencia de este supuesto que el deudor haya efectuado oferta real de pago, pues ello implicaría obligarlo a lo imposible. Sin embargo, se ha resuelto que no se aplica a quien no se encontraba en alguna oportunidad aislada, sino a quien ha dejado tal domicilio en donde ya no se lo puede encontrar o no haya dejado representante autorizado para recibir el pago, de cuya existencia estuviera informado el "solvens". Y más allá que ninguna notificación sobre el hecho puntual (ofrecimiento a pagar, interpelación) que estoy tratando, hubiese efectuado el actor al domicilio constituido en el contrato, reitero que la Sra P había modificado el domicilio en España 716.

En síntesis, el actor ya se encontraba en mora al poner a disposición del demandado en su domicilio el importe por este período.

Respecto a lo que el quejoso, denomina segundo hecho, discute lo aseverado por el sentenciante, en punto a la constitución en mora, con fundamento en lo acordado en el contrato.

En el mismo se acordó que el propietario, es decir la Sra P, facturará a "La Empresa", los actores, el día del vencimiento del contrato principal. Sin perjuicio de lo estipulado, el propietario, podrá facturar cada treinta días en el supuesto que el plazo inicial supere dicho término. "La Empresa" se compromete al pago de la facturación mencionada a los treinta días de su presentación. Y en dicha cláusula se basa el quejoso para sostener que coexistió mora, toda vez que la propietaria no presentó la facturación por este período.

Y a fin de resolver lo que se presenta como cierto he de realizar un estudio pormenorizado de los tiempos que fueron sucediéndose en las pruebas aportadas.

De acuerdo a la documentación de fs 140 la Sra P, toma conocimiento que el contrato del actor con el tercero ABB S.A., finalizó el 17 de enero de 2005, comunicación que lleva fecha 21 de abril de 2005, por lo tanto ninguna facturación, debía emitir la demandada, a partir de dicha fecha, atento de no tener conocimiento que los actores habían concretado un nuevo contrato.

Y las facturas de fs 71/72 de fecha febrero y marzo de 2005, no varían lo sostenido. La demandada desconocía a esa fecha que el contrato que había autorizado con ABBSA había sido dado de baja. Y llego a tal aserto, atento que los quejosos sostuvieron que habían comunicado verbalmente a la Sra P el nuevo contrato y que había sido admitido, pero la misma lo niega en el responde y en la absolución de posiciones. No habiéndose acreditado por otros medios. El testigo Barrera no supo dar respuesta certera a lo preguntado al respecto (fs 321).

De allí que no pueda con tal basamento, inexistencia de facturación, pretender que no existía mora en el pago. Lo real es que la relación con EDSA existió, y que los actores tenían obligación de abonar por dicho alquiler a la actora y no lo hicieron.

Ante tal desconocimiento por parte de la actora del nuevo contrato, los plazos que surgen de la cláusula del contrato perdieron operatividad, en consecuencia, al no existir plazo para ejecutar la prestación, en autos el pago del segundo período, la obligación debe cumplirse tan pronto como existe, es decir inmediatamente, lo que la actora no realizó.

Sabía que debía pagar dicho período de alquiler, y a fin de evitar perjuicios, debió hacerlo, con independencia de la voluntad o actitud que alega del acreedor, en tiempo razonable y no lo hizo. Ni probó que hubiese intentado efectuar el pago.

No dejo de advertir que se informó de fs 362, que en los registros solo figura facturado el alquiler de dicho dominio en febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2005, y que el vehículo fue entregado a la demandada el 24-5-05.

Pero ello no tiene ninguna implicancia, atento el período que se reclama y se dio en consignación. Por otra parte el actor reconoció que alquiló el vehículo a otra empresa y que debía pagar a P.

Luego del requerimiento por parte de la actora del pago de lo debido, al tomar conocimiento de la existencia de un nuevo contrato, el quejoso pone a su disposición la suma de 4743,90 que considera corresponde a los dos períodos de alquiler más los intereses, lo que demuestra a las claras, el reconocimiento de la mora.

Asimismo, no demostró que la mora no le fuera imputable.

Pero no sólo se encontraba en mora en el momento de realizar la consignación, lo que podría admitirse siguiendo alguna jurisprudencia, tal la que consignara el quejoso transcribiendo lo manifestado por la suscripta en la sentencia que menciona (fs 459 vta último párrafo), tampoco cumplió con las exigencias legales, respetando el principio de integridad, toda vez que lo que se reclamaba era la suma de diez mil pesos, que incluía los períodos de alquileres de referencia y el resto en concepto de reparaciones de la camioneta, indemnización por indisponibilidad, pago por servicio de correo, abogado, escribano y daño moral por extinción unilateral del contrato.

Principio que no se respetó, ya que la consignación sólo es válida o admisible cuando no sólo comprende la prestación originaria, sino las accesorias derivadas de aquella y a decir de Wayar en "Pago por consignación", pág. 166, debe pagar la prestación específica más los daños e intereses, es decir íntegramente, comprensivo de todos los rubros reclamados.

Razones todas que me llevan a confirmar lo decidido por el sentenciante.

En punto a los daños reclamados por la Sra. P en el expediente que se encordelara, consistieron en la reparación que daba cuenta D S Automotores y que ascendía a la suma de $2597,37, $2000 por falta del tacógrafo, el manual con el código del estéreo, manual de garantía de la Ford Ranger y la cédula verde; más $4.600 en concepto de indemnización por la indisponibilidad del automotor desde el 24 de mayo al 19 de julio de 2005.

El demandado desconoció documentación, presupuesto, factura y cupón electrón, así como la factura extendida por el escribano. Al contestar demanda reconoció el contrato principal y accesorio, se refirió a la conformidad de la Sra. P para el nuevo alquiler, al intercambio epistolar, y al envío de las mismas al domicilio consignado en el contrato y a la consignación.

Señaló que el vehículo fue puesto a disposición de la actora el 28 de abril de 2005, que luego volvió a ser notificada de ello, notificación recibida el 3 de mayo de 2005, retirando la camioneta en fecha 24 de mayo.

Se refiere al acta notarial, a las obligaciones que surgían de la misma, y al incumplimiento por parte de la actora que impidieron controlar el informe de la concesionaria, así como cuales fueron los repuestos y si verdaderamente debían ser cambiados, ya que del contrato surge que pesaba sobre "la Empresa" devolverlo en buenas condiciones de uso y funcionamiento, lo que no pudo ser cotejado.

Posteriormente efectúa un análisis de la inexistencia de causas de reclamo, y de la mora.

Opone excepción de falta de legitimación para obrar y justifica la misma en que la deuda que se reclama ha sido pagada en su totalidad, ante el silencio de la actora, sin perjuicio de la defensa de pago.

La actora rechaza la excepción, considerando que si el pago fue parcial resulta erróneo interpretar que tenía obligación de responder bajo apercibimiento de que su silencio sería interpretado como una aceptación.

Acertadamente se difiere la excepción para el momento de dictar sentencia y en ese momento el juzgador rechaza la excepción.

De lo dicho surge que la excepción se opone porque nada le debe el demandado al actor ante la consignación que realizara.

Y entiendo que no se negó la relación que los unía y de allí la legitimación de ambos, uno para pretender pagar y el otro para lograr lo que cree se le debe. Lo planteado por el demandado, parece dirigirse a un concepto más amplio de lo que se entiende por falta de legitimación para obrar, es decir que mediante esta excepción puede denunciarse no sólo que aquellos no son los titulares de la relación sustancial en la que se funda la pretensión, sino también que se carece de un interés tutelable.

Pero ante lo resuelto sobre la consignación; reiterar los motivos, resulta ocioso; la defensa opuesta se torna irrelevante y así lo decido.

Sólo me permitiré agregar que la Dra Areán en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Elena Highton - Beatriz Areán, pág. 832, enseña que "Hay litispendencia, en sentido propio, cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de las mismas causas y del mismo objeto, es decir frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos". Excepción prevista en el art. 347. inc.4° del CPCCh.

He realizado esta apretada síntesis de la demanda y contestación, para dejar en claro, cuál fue el objeto de la demanda, indemnización por los daños que dice la actora tenía la camioneta al ser entregada, la indisponibilidad de la misma y lo debido por los períodos impagos.

Ninguna incidencia tienen los motivos de la ruptura de la relación contractual, a los que el sentenciante dedicara consideraciones y que el apelante no las rebate en el punto C)1.1 como lo requiere el ordenamiento procesal.

Sin perjuicio de ello diré en respuesta a lo allí sostenido que al tratar los agravios que el quejoso desarrollara a través del punto A) me expedí sobre el desconocimiento que la Sra. P tenía sobre el alquiler a otra empresa, al culminar el realizado con ABB S.A. Respecto del cobro de los períodos enero-febrero y marzo y abril, no fueron los reclamados y también señalé por que tales pagos no incidían en lo requerido.

También me expedí sobre la constitución de domicilio que surge de fs 95, recibida el día 26 de marzo de 2005, donde se consignaba "A los efectos de fijar el domicilio de cumplimiento, donde deberá ser entregada la camioneta, constituyo domicilio en calle España N° 716 de la localidad de Comodoro Rivadavia, estudio jurídico A. & K., que permanece abierto de lunes a viernes en horario de 15.30 a 19 hs", razones a las que me remito.

Con relación de la forma y modo en que se entrega la camioneta, que fue materia de queja, me valdré de los elementos probatorios.

Del acta notarial que no fue desconocida y que el a-quo a fs 333 dio las razones por las que se admitía, surge que en la entrega del vehículo Ford Ranger se encontraba presente el esposo y el apoderado de la actora, así como el dueño de la firma "H", F L E, quienes se dirigieron al taller de la concesionaria "D S Automotores", recibiendo el Sr A el rodado por parte de B. y L E, para su revisación y constatación del estado de conservación y que aproximadamente el día jueves 26 del corriente mes tendría el detalle del estado de la camioneta.

De allí se desprende que el quejoso no objetó que el vehículo fuera entregado a la concesionaria para la revisación, tampoco se advierte que teniendo conocimiento en la fecha estimativa en que se encontraría el presupuesto, se hubiera interesado.

Y más allá de que el retiro de la camioneta se realizó sin dar cumplimiento a lo que se consignó en el acta, es decir que se haría un acta de entrega formal, en donde se dejaría asentado el estado de conservación del vehículo, no es menos cierto que se acompañó documentación que da cuenta de los arreglos que se efectuaron.

Así la factura de fs 18, reconocida por el representante legal de la concesionaria "D S Automotores", da cuenta de los gastos que implicó poner la camioneta en condiciones y es ese el monto que tendré en cuenta, en punto a la reparación, toda vez que el presupuesto de fs 14, no fue reconocido, y el testigo A, asesor de servicio de la concesionaria, quien recibió la misma no recuerda para que la recibió.

De allí que entienda que la suma por este rubro debe prosperar por $884,72, suma a la que se arriba luego de descontar el IVA, correspondiente atento lo que surge de la documentación de fs 333, tal como lo señalara el quejoso.

A dicho monto se le adicionarán los intereses desde la fecha que surge de la documentación de fs 148, 19/07/2005, que es la fecha en que se ha efectuado el desembolso.

Y también coincidiré con el apelante en relación con el tiempo de indisponibilidad del vehículo, que le resulta excesivo, como bien lo señala el quejoso.

Es cierto que el vehículo fue entregado el 24 de mayo de 2005, y es esa fecha la que tendré presente, por las razones dadas acerca de la notificación, pero no lo es menos que no se ha acreditado las razones por las cuales permaneció durante casi dos meses en la concesionaria.

Y tengo dicho y lo mantengo que resulta ajeno a quien está obligado al pago, tanto las circunstancias personales del damnificado como la falta de recursos para afrontar los arreglos, las demoras de los talleres, o la falta de repuestos en la zona que indisponen el uso del automotor, admitiendo por su evidencia que se produjo la indisponibilidad, pero dentro de ciertos parámetros establecidos ya que dicho lapso, debe ser apreciado en forma razonable, no siendo justo hacer soportar al demandado un período excesivamente largo.

Asimismo, los trabajos realizados que constan a fs 148, tampoco justifican el tiempo pretendido, en consecuencia disminuiré el tiempo de indisponibilidad, que lo fijaré en 20 días. En consecuencia de acuerdo a las mismas razones dadas por el sentenciante y que surgen de la cláusula segunda del contrato de fs 138, fijo la suma en $1.333,20.

Con relación al agravio sobre los gastos por costos del juicio, serán desestimados, ya que ellos fueron producto de los incumplimientos del quejoso.

La demanda prospera por la suma de $7015,90 (siete mil quince pesos con noventa centavos) que corresponde a $884,72 por reparación del vehículo, $4598 por alquileres impagos, $1333,20 por indisponibilidad del automotor y $200 por gastos; más los intereses y de la forma y fecha que lo dispusiera el sentenciante, que ha llegado firme a la alzada, con excepción de los correspondientes a la reparación del vehículo que correrán desde el 19 de julio de 2005.

Las costas de esta instancia correspondientes a la consignación estarán a cargo del actor.

Sin perjuicio de haberse modificado los montos indemnizatorios de la demanda de daños, entiendo justo mantener las costas como se impusieron en la instancia de grado y las de la alzada en igual proporción.

A fin de regular los honorarios, que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los artículos 6, 7, 9 y 14 de la ley de aranceles.

Respecto a la sanción solicitada, considero que las expresiones del apoderado de la contraria, no llegan a constituir motivo de reproche.

No obstante ello resulta saludable conservar el estilo forense, máxime cuando al profesional le sobran argumentos y conocimientos, para junto a ellos hacer gala de ese estilo forense que prestigia a los abogados.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Admite parcialmente los agravios de la apelante, modificando la sentencia de fs 432/444 vta en punto a los montos indemnizatorios; reparaciones e indisponibilidad del vehículo.

2) Condena a H P S.A. a abonar la Sra C A P la suma total de $7.015,92 (siete mil quince pesos con noventa y dos centavos) ($884,72 por reparación del vehículo, $4598 por alquileres impagos, $1333,20 por indisponibilidad del automotor y $200 por gastos); en el término y con los intereses que fijara el juez de la instancia anterior, con excepción de los intereses por gastos de reparación ($884,72) que se aplican desde el 19-7.2005, de acuerdo a los considerandos respectivos.

3) Tener presente el considerando respectivo, respecto de la sanción solicitada.

4) Las costas de esta instancia por la demanda de consignación se aplican al actor y las de la demanda de daños corresponde el 90% al demandado y 10% al actor.

5) Difiero la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene el presente pleito a mi conocimiento por apelación de la parte demandada contra la sentencia definitiva nro.65/2007 que rechazó la demanda de pago por consignación deducida por H P contra C. A. P y otros, y la falta de legitimación también interpuesta por la empresa mencionada. Hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por C P y condenó a los demandados H P SH y a los Sres. F L E, J Estaban V al pago de $10.561,87; impuso las costas de la demanda por consignación a H y las correspondientes a los daños y perjuicios demandados mencionados.

Atento que la ley 4550 modifica el art.271 del CPCCCh (art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión; que resultando quien aquí vota precisamente sorteado en tercer orden, haciendo uso de la facultad de no emitir opinión; sobre aquellos temas en que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, se limitará el pronunciamiento a la cuestión relativa al monto indemnizatorio y rubros comprendidos, costas cuestiones debatidas y resueltas sobre las cuales no hubo acuerdo.

Fue acreditado en autos que la camioneta dominio EIV-286 fue entregada en el sector taller mecánico de la concesionaria "D S A." el día 24-5-05 para su revisión y constatación del estado, que el resultado de la valuación sería dos días después, sin que la hoy apelante se ocupara de verificar el cumplimiento de dicho informe, por lo cual no puede receptarse el argumento en punto a que no ejerció el control (fs. 461vta./462). Pero he de tener en cuenta el momento para receptar los agravios en punto a la indemnización resarcitoria por privación de uso del rodado, habida cuenta que "la privación de uso del vehículo importa un daño emergente que se presume -las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado ante la imposibilidad de utilizar su propio medio- y un lucro cesante que debe ser probado, las ganancias frustradas que se hubieran obtenido en caso de haber podido utilizar el automotor" (SCMza., sala I, 2003-11-25 LLGranc Cuyo, 2004-151). En este orden de ideas advierto que ningún fundamento ni constancia emergen de las piezas incorporadas al expediente ni argumento alguno en el escrito de inicio en el sentido de sostener la imposibilidad u otra razón que impidiera el retiro del vehículo de la concesionaria, ni tampoco una estimación del lapso de duración de las reparaciones por lo cual lo reduzco a 20 días, modifico la sentencia en este punto no obstante y conforme la interpretación de la cláusula 2da.del contrato que luce a fs.138, establezco el monto en $1333,20.

En cuanto al resarcimiento por reparaciones del rodado observo que a fs. 18 se encuentra acompañada la factura reconocida por el emisor a fs. 319 por el importe de $884,72., único importe comprobado en autos, monto que se encuentra en discordia con el pretendido al incoar demanda y que escapa también al condenado. El daño patrimonial, para ser resarcido, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente, orientando la reparación en la idea base que no trata de ser sancionatoria, sino resarcitoria.- Así la indemnización que se tiene por objeto, no ha de convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando este se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (ver en este punto a Pizarro, Ramón "Daño Moral. Prevención. Punición", pág.35). Por ello, el demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que como ya se dijo anteriormente debe haber algo que reparar (Belluscio "Cod.Civ..", Ed. Astrea, pág.705).

La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99, "Rosa, Carlos A.c/ Estado Nacional", RED 35-521, p, VIII-A-101).

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1 n.248, pág.281, LL, 130-769).

Con esta sintética exposición doctrinaria cierro la idea en cuanto a la omisión de acreditar el importe de lo demandado y considero que debe prosperar el agravio, reduciéndose la condena impuesta por el Aquo a dicho monto.

Habiéndose efectuado el desembolso con fecha 19 de julio del 2005 de las reparaciones, respecto de este importe, los intereses se computarán a partir de dicho momento.

Con relación al costo del proceso, sin perjuicio de considerar que fue generado por la conducta del apelante que a la postre resultó condenado y coincido en la solución de este tema con quien me precedió en la emisión del voto, me permito recordar algunos conceptos sobre el particular.

Enseña Carnelutti (Inst.I, pág. 349), "que el fundamento de las teorías de las cargas financieras es el costo del proceso. De este costo se puede hablar en sentido más o menos amplio. En sentido estricto se comprende en ella solo los gastos necesarios para el movimiento del mecanismo procesal; en sentido más amplio a tales gastos se agregan las otras partidas que el proceso implica". De estos costos, que se dividen en generales y particulares, los últimos los constituyen "los gastos necesarios para los actos singulares de cada proceso (indemnizaciones a testigos, retribución al consultor técnico, al custodio o etc.); en el entran también los gastos para el cumplimiento de los actos de parte (honorarios a los defensores, gastos de copias o impresión, etc)" en nuestro derecho se incluyen en las costas la tasa judicial. Estos costos, cuando son impuestos a una parte en el proceso se los denomina costas. No siempre la denominación de costos y costas fue uniforme. Aunque ahora, todos los gastos que deben abonarse en el proceso estén a cargo de cualquiera de las partes, se llaman genéricamente costas, con anterioridad se distinguió entre costas y costos, en un sentido diverso al que menciona Carnelutti. Antiguamente nos recuerda Alsina (Trat. IV, pág.531) se distinguía entre costas y costos, comprendiendo las primeras los gastos derivados de la tramitación judicial, (papel, sellado etc.), y los segundos los honorarios de los profesionales que intervenían en el juicio. El concepto del plenario "Barlaro de Crivelli, María c/ Barlaro, José" (C.Civ. pleno agosto 31-925; ED2-571), ha sido reiterado posteriormente, ya que la condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor realizo por haberse visto obligado a promover la acción para el reconocimiento de sus derechos, no importan un gasto para el perdedor sino que importan un reconocimiento de las erogaciones del vencedor (ver: Falcon, Enrique "Cód.Proc...", t1, pág.446/7, Ed. Abeledo Perrot-88).

En virtud de que se ha modificado la sentencia de la instancia de grado por imposición del art. 279 del ritual y la ley arancelaria, las costas y honorarios deben de readecuarse.

En cuanto a las costas he de valorar que la noción de vencido, lo que implica que debe soportar las costas del proceso, ha de ser fijada con una visión global y no análisis aritmético y preciso de las pretensiones y resultados, por lo cual propicio el carácter resarcitorio del principal, del que ha producido el daño con abstención de las pretensiones que no hayan prosperado íntegramente, por lo que han de aplicarse a la parte deudora en la proporción establecida en la sentencia de grado que considero adecuada y confirmo. No obstante la imposición que se mantiene, los honorarios se modifican por haberse mutado el monto base, difiriéndose la regulación de los honorarios al momento del acuerdo en que se tendrá en cuenta lo establecido en los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 22, 39, 47, y conc. de la ley 2200, t.o.4335.

En primer término se resalta que existe el principio general y objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código de Procedimientos, común para ambas instancias (como fuera señalado precedentemente) y que no obstante ello, es la Cámara quien goza de la facultad para imponer las costas al vencido o exonerarlo de ellas (SCBA 5-6-62 rep.LLXXV-381, sum. 192).

Siguiendo este orden de ideas, se señala que para configurar el vencimiento es presupuesto necesario que haya existido contradicción entre las partes, postulados para ambas instancias, "solo puede hablarse de vencimiento de una de las partes frente a la otra si ha existido contradicción mediante el correspondiente traslado de la expresión de agravios o memorial respectivo" (Roberto G. Loutayf Ranea "Condena en costas en el proceso Civil", pág. 354, Ed. Astrea-99). En el caso se encuentra configurada la hipótesis del presupuesto señalado.

Por lo expuesto, mantengo el criterio de imposición respecto de las costas de la Alzada, entendiendo que la instancia se abrió con el recurso de la demandada y que obtuvo un éxito parcial, respecto de los temas atacados por ello, se imponen en un 90% a la recurrente en virtud que alcanzó su queja a motivar una modificación en la sentencia venida en crisis en cuanto al monto de condena, y en un 10% a la actora, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo valorándose lo dispuesto en la ley arancelaria (art.71 del CPr. y art.14 de la ley 2200).

Por coincidir con la Dra. Reynoso doy por reproducida la fórmula postulatoria en lo que fue materia de decisión.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. Melero, la siguiente	SENTENCIA:

1) Admitir parcialmente los agravios de la apelante, modificando la sentencia de fs 432/444 vta. en punto a los montos indemnizatorios; reparaciones e indisponibilidad del vehículo.

2) Condenar a H P S.A. a abonar la Sra C A P la suma total de SIETE MIL QUINCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($7.015,92) ($884,72 por reparación del vehículo, $4598 por alquileres impagos, $1333,20 por indisponibilidad del automotor y $200 por gastos); en el término y con los intereses que fijara el juez de la instancia anterior, con excepción de los intereses por gastos de reparación ($884,72) que se aplican desde el 19.7.2005, de acuerdo a los considerandos respectivos.

3) Las costas de esta instancia por la demanda de consignación se aplican al actor y las de la demanda de daños corresponde el NOVENTA POR CIENTO (90%) al demandado y el DIEZ POR CIENTO (10%) al actor, manteniéndose la imposición dispuesta por las de la instancia de grado, conforme los considerandos respectivos.

4) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia a los Dres. O G A, C S K e Iván A V, conjuntamente por la demanda de pago por consignación, en la suma de PESOS MIL ($1.000) y por la demanda de daños y perjuicios en la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA ($2.050) y al Dr. J R V por la demanda de pago por consignación en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750) y a los Dres. J R V, J L D y D C. S. por la demanda de daños y perjuicios, conjuntamente, en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.750). Por los trabajos realizados en la alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. I. A V por la acción de consignación en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) y por la demanda de daños y perjuicios en la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE ($615) y del Dr. J R V por la acción de consignación en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO ($188) y por la demanda de daños y perjuicios en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450).

5) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 463vta.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Presidente NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 66 DEL AÑO 2007	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS