Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 7 de 2008.

Considerando: I. Tal como se señalara en la resolución dictada a fs. 122, el art. 242 del Código Procesal dispone que serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualesquiera fuere su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el "valor cuestionado" no exceda la suma de $ 2.000 debiendo determinarse dicho valor atendiendo exclusivamente al capital reclamado en la demanda, actualizado si correspondiere a la fecha de la resolución, de acuerdo con los índices oficiales de la variación de precios mayoristas no agropecuarios.

Por otra parte, este Tribunal en pleno con fecha 3/9/2003 in re "Pérez, Aldo Nicolás c/ Cisneros, Miguel Angel y otros s/ daños y perjuicios", estableció como doctrina obligatoria (cfr. art. 303 del Código Procesal) que no corresponde con posterioridad al 31 de marzo de 1991 actualizar el monto de apelación previsto en el artículo 242 del Código Procesal.

Allí también fijó dicho monto en la suma de $ 4369,67.

Ahora bien, ello no significa que siempre deba computarse la totalidad del capital reclamado en la demanda para considerar a la decisión como recurrible. Naturalmente, será así cuando ese capital sea, a su vez, íntegramente materia de apelación, confundiéndose con el "valor cuestionado" en la demanda, mas no en el caso inverso, en el que en la segunda instancia se controvierte aspectos parciales que, como tales, fueron objeto de demanda y con relación a los cuales se pretendió el cobro de montos determinados y determinables, supuestos estos en los que el "valor cuestionado" consistirá en estos montos (conf. C.N.Civil, Sala "I", c. 82.350 del 21-2-91).

Esta interpretación -que es la que la Sala adoptó a partir de la causa nº 110.461 "Di Tella María E c/Fassina Eliseo s/daños" de fecha 27-5-92 en lo sucesivo- es la que mejor se compadece con la "ratio legis" de la modificación hecha a la norma antes citada -ley 23.850- que, a estar al mensaje con el que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto correspondiente, hizo hincapié en la sobrecarga que pesaba sobre las cámaras de apelaciones de limitar en la medida de lo posible los remedios impugnatorios que, en ocasiones, son empleados simplemente como una manera de retrasar la acción de la Justicia. Esta limitación releva al Tribunal de Alzada de prestar atención a las controversias de menor cuantía, finalidad que quedaría desvirtuada si se atendiese sin remedio en todos los casos al monto reclamado y no al discutido en la instancia.

En el "sub-examine" el monto debatido está constituido por la diferencia que surge de la liquidación practicada por la ejecutante a fs. 145 (que asciende a la suma de $ 8.589,51) y la que realizara la deudora en la presentación de fs. 147/148 que arroja un total de $ 6.488,48.

Y, como dicho monto no supera el límite de apelación antes señalado, cabe concluir que el recurso fue mal concedido.

Por ello, se resuelve: I) declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 165/167 y firme la resolución de fs. 158 en cuanto fue materia de agravio; II) Atento a la forma en que se resuelve, las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 69 del Código Procesal). -Fernando M. Racimo.- Mario P. Calatayud.- Juan C. G. Dupuis (en disidencia) Disidencia doctor Dupuis:

El suscripto debe reiterar la disidencia ya expuesta en la resolución de fs. 122 y en las causas allí citadas, en el sentido de que la suma a considerar para juzgar la admisibilidad del recurso, debe ser la reclamada en la demanda. Solución que se ve reforzada por los antecedentes de que se valió el legislador al sancionar la ley 23.850.-Juan C. G. Dupuis.