Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


MAN, Eduardo Luis contra CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO Reg.: A y S t 197 p 258-260. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el amparista Eduardo Luis Man contra la sentencia 14 del 4 de marzo de 2003, dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "MAN, Eduardo Luis contra CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO -Amparo- (Expte. 4/03)" (Expte. C.S.J. nro. 173, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia 14 de fecha 04.03.2003 que acogió el recurso de apelación articulado por la accionada y en su consecuencia desestimó la demanda de amparo interpuesta por Eduardo Luis Man contra el Círculo Odontológico Santafesino -frente a la decisión de este último de rechazar su solicitud de ser reinscripto como socio activo de dicha asociación-, dedujeron los apoderados del amparista Man el recurso de inconstitucionalidad reglado por la ley 7055.

En la pieza de interposición del recurso (fs. 7/29), sostuvo el impugnante que se encuentran configuradas las causales previstas en los incisos 1 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Afirmó que la Sala ha acotado el agravio del actor a lo asociacional, omitiéndose toda consideración a otras garantías constitucionales afectadas, tales la de igualdad ante la ley, y favoreciendo el inciso estatutario esgrimido por la accionada, basándose -a su juicio- en doctrina anacrónica y superada, y reclamando al órgano jurisdiccional que juzgue la causa en base al principio de la especificidad del caso y no en base a un dogmatismo genérico y abstracto que esgrime, olvidando que la demandada ejerce una posición dominante respecto de quienes deben contratar en forma individual, que le impide ampararse exclusivamente en la "discrecionalidad" para limitar el ingreso de sus "colegas profesionales", cuando -en los hechos- es el único interlocutor reconocido por la mayoría de las Obras Sociales y/o Mutuales.

Adujo que el Tribunal debió haber admitido que la decisión de la accionada le causaba a su parte un gravamen irreparable en el contexto de una arbitrariedad manifiesta que merece tutela jurisdiccional pues están en juego derechos de raigambre constitucional, y no lo hizo.

Asimismo, sostuvo que el decisorio resultaba arbitrario por omitir valorar prueba esencial, por autocontradicción, por defecto de razonabilidad jurídica, por incongruencia objetiva y por omisión de considerar los actos propios de la demandada y la ausencia de buena fe procesal.

Aseveró el impugnante que no existe razonabilidad para impedir, no ya el ingreso, sino el reingreso del actor al Círculo donde ya fue socio.

La Sala a quo denegó la concesión del remedio extraordinario deducido (fs. 37/38), lo que motivó la presentación directa del perdidoso ante esta sede (fs. 42/57).

2. Si bien en la pieza introductora del recurso extraordinario el quejoso invoca causales de arbitrariedad -tales, omisión de valorar prueba esencial, autocontradicción, ausencia de razonabilidad jurídica, incongruencia objetiva y prescindencia de considerar los actos propios de la demandada y la falta de buena fe procesal-, de la confrontación de dichos agravios con el decisorio atacado surge que toda la argumentación recursiva -pese al matiz constitucional que aquélla pretende otorgarle- se vincula con el criterio con que el Judicante interpretó el caso bajo examen y traduce, desde diversas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento del impugnante a la labor cumplida por el Tribunal en el tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin llegar a persuadir de que en esa faena éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

Por cierto, el recurrente no demuestra irrazonabilidad en lo afirmado por el A quo, quien sostuviera, liminarmente, que la cuestión a resolver consistía en establecer si la denegatoria recibida por Man de reingresar como afiliado al Círculo Odontológico Santafesino lesionaba o restringía con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

En dicha labor, consideró el Tribunal que la entidad puede reglamentar los requisitos necesarios para formar parte de la misma -en el caso, los Estatutos del Círculo Odontológico Santafesino en su artículo 11 establecieron seis requisitos para ser socio activo-, afirmando que "los grupos asociacionales están siempre en aptitud de elegir sus componentes" (f. 3), no admitiendo "la posibilidad de una obligación a cargo de la entidad para recibir en su seno a cuantos quieran afiliarse, aunque estén en condiciones de habilidad para hacerlo" (f. 3), y reconociendo a la asociación "una autonomía y una facultad de autogobierno, sin la cual le sería difícil realizar los fines que son su razón de ser" (f. 3).

Siguiendo esa línea de razonamiento, y apoyándose para ello en doctrina, destacó la Sala que no hallaba razones como para que jurisdiccionalmente se pudiera suplir la voluntad de la asociación en la que Man no había logrado reunir la cantidad mínima de votos favorables a su afiliación, por estar ello de acuerdo con las facultades propias de la institución.

Por otra parte, dejó debidamente sentado el Tribunal que "el Círculo no es un colegio profesional encargado de la matrícula, de afiliación obligatoria como requisito para el ejercicio de la odontología" (f. 3vto.).

En esa tesitura, y en tren de dar respuesta al planteo del amparista acerca de la eventual violación del derecho a trabajar y de asociarse con fines lícitos con otros odontólogos socios de la accionada concluyó, tras el examen de lo establecido en el artículo 5 bis del "Reglamento del Departamento Contractual" -en una inteligencia de la norma diversa a la propiciada por el impugnante-, que el derecho esgrimido por el accionante -alegando que se encontraba impedido de integrar la clínica familiar junto a sus hijas y sus cónyuges, todos odontólogos e integrantes del Círculo-, no le era propio sino que residía, en su caso, en sus familiares afectados, quienes sí podrían acudir, si correspondiera, a los órganos pertinentes de la institución que pertenecen, a similares fines.

De todo ello, coligió la Alzada que "no resulta legitimado el actor para reclamar jurisdiccionalmente que el Círculo desatienda la exigencia reglamentaria que pesa sobre sus afiliados" (fs. 4/4vto.).

Frente a tales afirmaciones, el quejoso invoca, entre otras razones, que fue claro al demandar sobre la imposibilidad o restricción a su derecho a trabajar y asociarse con odontólogos familiares o no, como así que "la competencia desigual del odontólogo no afiliado frente al afiliado es grosera y no sólo limita la posibilidad de asociarse sino hasta de compartir consultorio entre afiliados y no afiliados al C.O.S. LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE EL DERECHO AL TRABAJO" (f. 24vto.), mas lo cierto es que, si bien impactante, con ello no rebate suficientemente los fundamentos de la Sala, y -por ende- sin llegar a persuadir acerca de la arbitrariedad postulada.

En suma, la presente impugnación debe desestimarse, pues se funda en la sola discrepancia con la solución a la que llegó la Alzada -en el sentido de que correspondía el rechazo liso y llano del amparo promovido por Man-, en un marco de razonabilidad que el impugnante no logra desvirtuar.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)