Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-15


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 15 de 2010.

1. Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A. apeló la resolución administrativa S.R.T. nº 1075/09 (fs. 47/50) en cuanto le impuso una sanción equivalente a 900 MOPRES (fs. 55/62).

2. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sancionó a la recurrente, por incumplimiento a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 3 y en el Anexo II de la Resolución S.R.T. nº 43/97, en tanto no respetó el cronograma de realización de exámenes médicos con la frecuencia semestral o anual de acuerdo al agente de riesgo denunciado, con relación a los trabajadores enunciados en la resolución recurrida (ver cuadro de fs. 49/50) que prestaban servicio en los establecimientos del empleador INDELMEC S.A..

3. A su vez en fs. 55 vta./56 pto. III la aseguradora introdujo un planteo de prescripción, alegando que desde la fecha del Dictamen Acusatorio, 18/10/07, hasta la fecha en la cual se le notificó la sanción, 11/02/10, transcurrieron los dos años de prescripción previstos en el art. 62 del Código Penal.

Liminarmente es preciso destacar que las sanciones administrativas integran el derecho penal especial (Fallos 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202), lo que motiva la supletoria aplicación de los principios generales y normas de derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202).

Por esa razón, el vacío legal que existe en lo atinente a la prescripción en materia disciplinaria -carácter que ostenta la sanción aplicada a Compañía Argentina de Seguros Victoria S.A. por el organismo de contralor- debe ser suplido por la remisión a disposiciones análogas, resultando así aplicable al caso los plazos establecidos en los arts. 62 y 63 del Código Penal y el sistema de interrupción que contiene el art. 67 de dicho plexo legal (conf. arg. C.S.J.N., 1/1/71, "Vázquez del Valle, Evaristo y otros", Fallos 281:211; esta Sala, 8/3/06, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Consolidar A.R.T. S.A. s/denuncia", Expte. nº 58.968/05).

Sentado lo expuesto, no puede dejar de observarse que surge con claridad que las faltas que se reputan cometidas por la sumariada no son instantáneas, ni se acaban en si mismo por el incumplimiento, muy por el contrario la aseguradora en los períodos referidos (31/12/04) ingresó en un estado de infracción el cual no cesó hasta que se modificaron aquellas conductas reprochables.

Cabe destacar -en lo que aquí interesa referir- que la Superintendencia imputa en este caso a la recurrente, no respetar el cronograma de realización de exámenes médicos con la frecuencia semestral o anual de acuerdo al agente de riesgo denunciado.

Véase al respecto que el incumplimiento imputado que tuvo origen el día 31/12/04 no ha cesado ya que no fluye de las actuaciones o no se ha probado de manera fehaciente que la aseguradora haya cumplido con el cronograma de exámenes médicos previstos.

Los exámenes médicos requieren de la continuidad en su realización, pues solo de esa manera cumplen su principal objetivo cual es la prevención, dado que si la aludida continuidad faltase, la salud de los trabajadores carecerá del seguimiento preventivo y, en consecuencia, la conducta omisiva de la aseguradora a la realización periódica hace conservar su carácter de infracción permanente.

En efecto recuérdese que la realización periódica de los chequeos médicos encuentra su justificación en la detección temprana de enfermedades relacionadas con los agentes de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el ámbito laboral, de ahí que se destaca la particular importancia de la frecuencia y periodicidad con las cuales deben realizarse, es que recién a partir de allí es que se permite lograr un permanente control de la salud de aquellos trabajadores.

Aclarado este aspecto señálase, que del análisis del instituto en examen y en tal sentido el art. 63 del CP, se deriva inequívocamente, que la prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, o si este fuera continuo -como quedó demostrado que en este caso ocurre- en el momento en que éste cesó de cometerse (conf. arg. CNCrim. y Correc. Sala VII, 19.11.02, "Olmos Alejandro"; esta Sala, 21.12.05, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/CNA A.R.T. S.A. s/denuncia").

Como corolario de lo expuesto, y teniendo en cuenta que desde los períodos límite para la realización de los exámenes médicos (31/12/04), y hasta la fecha de la notificación de la Resolución S.A.L. nº 1266/07 de apertura del respectivo sumario (ver fs. 32 vta.), la aseguradora no ha acreditado el cumplimiento en la realización de los exámenes aludidos respetando el cronograma de realización de los mismos, tampoco puede considerarse que haya transcurrido el plazo previsto por el art. 62 del Código Penal.

Finalmente es del caso recordar que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva y debe ser aplicado con suma prudencia, sumándose a ello la relevante función social que cumplen las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y el contexto de interés público donde desarrollan su actividad.

En función de todo lo expuesto la defensa en cuestión será rechazada.

4. En lo referente a la acumulación solicitada en fs. 56/58 pto. IV mediante la que se pretende reunir todos los sumarios labrados en uno solo, resulta a esta altura inviable a partir de los propios dichos de la sumariada; dado que los expedientes en su totalidad fueron resueltos por el organismo de contralor, y a su turno apelados por la A.R.T., encontrándose juzgados varios de ellos por las diversas Salas de esta Cámara.

Por último cabe resaltar que la solicitud, sólo se enderezó en esta instancia de apelación, sin haber sido materia debatida y resuelta por y ante la S.R.T., lo cual también releva al tribunal de su tratamiento (CPr. 277).

5. Respecto de la determinación de la cuantía en pesos de la unidad de referencia "MOPRE" (Decreto 833/97), y por cuanto no se aprecia agravio actual para la aseguradora, en tanto la cuestión introducida es eventual, pues recién podría suscitarse al cumplir con la obligación impuesta y no ser aceptada como pago total la equivalencia que juzga adecuada a derecho, no corresponde expedirse a ese respecto en esta instancia.

6. En lo que respecta a los restantes agravios, el deber-facultad de imponer sanciones que aquí se cuestiona, se prevé como derivación del cumplimiento de la fiscalización a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 36º, ap. 1, de la ley 24.557 y art. 15º: 1 del decreto nº 334/96, reglamentario del art. 27 de la ley citada).

La denunciada no arguyó hábilmente la inexistencia de los incumplimientos que dieron lugar a la sanción.

Adviértese, en tal sentido, que el dictamen jurídico de fs. 35/37 y demás constancias de autos allí referidas, dan cuenta de la existencia de elementos de convicción que configuran la conducta punible, en función de la infracción a las normas que regulan la actividad de los sujetos del sistema de Riesgos del Trabajo.

La aseguradora no ha disipado la convicción arribada por la autoridad de control en cuanto a las mentadas infracciones.

Por ello, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (esta Sala, 28.2.07, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/La Caja A.R.T. S.A. s/denuncia", Expte. S.R.T. nº 1475/03, registro de Cámara nº 66371/2005), corresponde confirmar la sanción impuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

7. Por último y en referencia al quantum de la sanción aplicada, corresponde señalar que la multa impuesta de 900 MOPRES dentro de una escala que contempla multas de 20 a 2000 MOPRES (Resolución S.R.T nº 10/70 art. 1 Anexo I y Decreto nº 833/97:3), aparece excesiva a tenor de las circunstancias específicas del caso.

En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad de graduación de la sanción entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no debe escapar al control de razonabilidad el cual corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública (conf. arg. C.S.J.N. 24.11.98, "Demchenko, Iván c/Prefectura Naval Argentina -DPSL 3/96- s/proceso de conocimiento"), todo lo cual resulta de aplicación al caso aquí examinado.

Frente a estas razones, ponderando la entidad e importancia de los incumplimientos comprobados, estima la Sala que una multa de 600 MOPRES guarda mejor proporción con la entidad de la falta cometida.

8. Por lo expuesto, se resuelve: Confirmar la resolución impugnada salvo en lo que se refiere a la cuantía de la sanción, la cual se reduce a 600 MOPRES. Notifíquese a las partes. Devuélvase sin más trámite el presente expediente. El señor Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 30 RLRJN). Es copia fiel de fs. 75/77.- Pablo D. Heredia.- Gerardo G. Vassallo.