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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, daños y perjuicios, prueba, Ferrocarriles Argentinos, transporte de pasajeros
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Manen de Olmos, Pilar Beatriz y otros c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la acción por indemnización de da$os y perjuicios contra la empresa de ferrocarriles, derivados de la muerte de un pasajero, omitiendo examinar constancias de la causa penal, de las que resultaría que la víctima habría manifestado que se había tirado del tren, sin exponer argumentos suficientes para desestimarlas.
SIDA, discriminación
Materia: LABORAL
Carátula: R., F.D. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario -Contencioso Administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-18

Resulta a esta altura palmario que ninguna persona afectada por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida podrá ser privada de derechos que le serían reconocidos en el caso de no encontrarse enferma del citado mal. Si esta distinción opera, entonces la misma debe ser considerada discriminatoria e inaceptable por contraproducente en referencia a la doctrina básica de los derechos humanos.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido  Justicialista  y  otros c/ Gobierno  de  la Ciudad deBuenos Aires. s/ nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

Las sentencias de la Corte Suprema deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Costas, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Bernardo E. c/ Juan Carlos Romero y otros s/ Disolución de Sociedad de Hecho - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-10-31

Al no ser tratada la prescripción como excepción, sino como defensa cuya dilucidación se difirió para el momento de la sentencia definitiva, donde efectivamente fue considerada y resuelta la defensa no generó un incidente autónomo con costas propias y diferentes de las del proceso tramitado en el expediente.

Si la excepción de prescripción es opuesta como defensa de fondo en la contestación de la demanda, no justifica una decisión separada sobre costas, sino que queda subsumida en las costas de la cuestión principal. El rechazo de esta defensa no cambia la calidad de vencida de la actora, si en definitiva su demandada es rechazada por otros motivos.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito, Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ CAVA.  S.C.  y/o  Faustino Nieto y/o quien resulte propietario. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Corresponde desestimar la exención de pago del depósito previo solicitada por Ferrocarriles Argentinos con sustento en lo dispuesto en el art. 8 del decreto 2394/92, ya que implicaría admitir la interpretación extensiva de dicha norma, por la única circunstancia de hacerse referencia a la liberación de los gravámenes percibidos por la Dirección General Impositiva y por la Administración General de Aduanas, a pesar de no mencionarse expresamente exención alguna en relación al pago de las tasas judiciales.
Consumidores, defensa del consumidor, bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARQUEZ  JIMENEZ CONCEPCION ARMANDO c/ DAIMLER CHRYSLER ARGENTINASA Y OTROS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Como destinatario final La ley 24240 aprecia la posición del consumidor o usuario como aquella persona que agota, en sentido material o económico, el bien o servicio contratado (la consunción final, material, económica o jurídica). Ello significa que ese bien o servicio no integrará posteriormente otro proceso productivo por haber sido extraído de circulación:

ya no se encuentra en el mercado por lo que no podrá, en principio, ser objeto de contratación ulterior. A ello refiere, sin dudas, en beneficio propio o el de su grupo familiar o social. El beneficio propio permite distinguir -como fue hecho bajo la vigencia de la LDC en su redacción originaria- la figura del consumidor con la del usuario. El consumidor, en esta apreciación, es aquella persona que celebra el negocio jurídico -a título oneroso o no- para consumir o beneficiarse. Es, entonces, quien se vincula directamente con el proveedor de los bienes o servicios objeto de la contratación. No obstante, puede considerarse vigente la limitación que contenía el artículo 2, apartado segundo, LDC, que excluye a quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros porque tales actividades se oponen a la noción de consumo o destino final. El usuario, es el integrante del grupo familiar o social del consumidor. En esta interpretación el usuario no celebra el contrato y, por consiguiente, no se vincula directamente con el proveedor de bienes o servicios pero, ciertamente, se halla amparado por la LDC (Anaya, Jaime Luis, Meditaciones sobre los derechos del consumidor, El Derecho, Tº 177, p. 222.-). Esta distinción justifica la legitimación del usuario para reclamar frente a quien no lo unió un vínculo jurídico directo. No obstante, debe reconocerse que la LDC y su reforma parecen haber reservado la denominación de usuario a quien requirió a título oneroso la prestación de servicios y consumidor a quien adquirió bienes.
Empleados públicos, inembargabilidad del salario, leyes, interpretación de la ley, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: COINAUTO S.A. c/ MARTINS, OSCAR A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION PRENDARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 503 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

El decreto 6754/43 no consagra una inembargabilidad absoluta, universal y permanente de las remuneraciones de los empleados estatales, sino que simplemente impone limitaciones para ciertos supuestos -obligaciones derivadas de determinadas fuentes (artículo 11, decr. cit.)- en cuanto al tipo de proceso a seguir (ordinario) y en los órdenes temporal y cuantitativo, participando entonces de una categoría de normas cuya constitucionalidad ha sido avalada por la jurisprudencia de la Corte Federal, y cuya vigencia no puede ser desconocida por los acreedores respectivos, como lo pretende la actora cuando sostiene que "al ser su profesión la de comerciante en el rubro de los automotores no tiene por qué conocer la normativa que regula la relación laboral ni muchos menos la que comprende a los empleados públicos", aserto inconciliable con la debida diligencia del buen hombre de negocios y con el elemental principio de que nadie puede aducir ignorancia de las leyes, recibido en los artículos 20 y 921 del Código Civil.
Filiación, filiación extramatrimonial, prescripción, daño moral, daños y perjuicios, plazo, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: P., I. A. (menor) representada por su madre: P., M. A. c/ C., R. W. s/ filiación y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-09-07

No es que el efecto interruptivo de la demanda "se mantenga" o sea "permanente", sino que el curso de la prescripción "es constantemente interrumpida por cada acto del proceso", lo que no es lo mismo. En un proceso que tramite normalmente, se crea así la apariencia de que la interrupción causada por la demanda tiene efectos permanentes, hasta el dictado de la sentencia, la declaración de caducidad de la instancia o el desistimiento, pero en realidad son los sucesivos actos interruptivos, encadenados entre sí, los que impiden la prescripción. Es por ello que el tribunal, con cita de Spota, ha declarado en casos anteriores que la prescripción puede operarse aunque no se declare la caducidad de la instancia, siempre que desde que el proceso fue abandonado haya corrido el plazo de prescripción (exptes. 106/94 y 3609/07, r. C. A.). La inactividad del acreedor por el plazo legal es lo que provoca la extinción de la acción por vía de prescripción, y esto sucede también cuando la inactividad tiene lugar en el curso de un proceso, con prescindencia con lo que suceda con la caducidad.-
Derecho a la libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A, R.J. s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados.   Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 310-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Tampoco se admite, por sectores caracterizados de la doctrina, que la restricción de la libertad pueda o deba tener la función de tranquilizar los ánimos de la comunidad, o bien, el de satisfacer a la opinión pública puesto que, en tal caso, podrían presentarse aspectos bastante riesgosos en la medida en que se haría depender la privación de la libertad personal del imputado de factores irracionales y fácilmente manipulables externamente, como el grado de "impresión" o de "excitación" de la colectividad frente al delito (Grevi, cit., quien a su vez menciona a Manzini que, en Trattato di diritto processuale penale, 6a. ed., T III, p 674, afirma que resulta erróneo que la detención preventiva "tenga la finalidad de dar al público sentido de justicia, para el cual es suficiente que se proceda contra el imputado". Admitida la importancia de estos factores y similares, señala el autor indicado, puede suceder que en ocasión de cometerse determinados delitos de particular trascendencia el juez o la autoridad judicial que debe decidir sobre la libertad personal del imputado podría encontrarse prácticamente sin defensa frente a la oleada de la emotividad popular con el resultado de verse peligrosamente expuesto a secundarla, acaso "contra conscientiam".
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVE, JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-17

Es procedente la medida cautelar peticionada por el amparista solicitando se deje sin efecto la clausura del hotel en virtud de que por una parte, el acto administrativo fue suscripto por un funcionario incompetente, ya que se trata de un funcionario que solo emite opiniones en la formación del acto administrativo y por otra adolece de falta de causa, ya que el hotel está habilitado para funcionar conforme la legislación vigente.-
Daños y perjuicios, competencia civil, prueba anticipada, desvalorización del inmueble, ENTEL
Materia: PROCESAL
Carátula: ESQUIVEL,  Miguel Ángel c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. s/ PRUEBAANTICIPADA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-07

Si el actor solicita la producción de prueba anticipada con carácter previo a la promoción de una acción indemnizatoria por los perjuicios que dice sufrir como consecuencia de la instalación de una columna en su vivienda, donde se encuentran tensores de una antena colocada en un terreno lindero por parte de la empresa Telefónica de Argentina S.A., por el uso indebido del espacio aéreo y la disminución del valor del inmueble, así como el pago de los arriendos por ocupación del espacio terrestre, resulta competente la Justicia Civil en atención a que no se halla en juego la prestación del servicio de telecomunicación.
Juicio abreviado, pena, fundamentación de sentencias, deberes del juez, apreciación de la prueba, calificación legal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: López Ortiz, César Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Si la función de quien decide en un juicio abreviado no se limita a homologar lo pactado, sino que resuelve un caso limitado por lo pactado por las partes, no se encuentra liberado de la obligación de valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, calificar jurídicamente el hecho probado de manera correcta y fundamentar la medida de la pena. (Del voto del Dr. Sarrabayrouse)
Iura novit curia, cosa juzgada, límites del pronunciamiento, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa G., S. M. y otro c/ K., M. E. A.  s/ alimentos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Si bien es exacto que la facultad de suplir el derecho autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos del caso y a subsumirlos en las normas jurídicas que lo rijan (iura novit curia), esa facultad reconoce excepción respecto de los tribunales de alzada, en el ámbito de los puntos resueltos con carácter firme en primera instancia (Voto del juez Rosenkrantz)
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosso Osvaldo c/ La República Cía. de Seguros y Otros s/ Daños y Perjuicios Casalmorto, Diego c/ Renna, Ana Victoria s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20|2001-05-21

Si la reparación del vehículo del actor excede el precio del mismo coche en el mercado de automóviles usados, eso significa que este habría experimentado un beneficio económico representado por la diferencia entre el valor de otro rodado y la mayor cantidad que pretende recibir para realizar las reparaciones del suyo, por lo tanto, lejos de restablecer el equilibrio patrimonial sufrido por el siniestro se produciría un enriquecimiento injustificado y abusivo de la víctima (Artículos 1068, 1071, 1083 del Código Civil, art.163 inc.5º del C.P.C.B.).
Servicios de vigilancia, deber de vigilancia, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GERMAN, Tito c/ ODIPA SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Las tareas de vigilancia activa, se diferencian de las intermitentes o de mera vigilancia subalterna, en que exigen una atención sostenida, generalmente necesitan la portación de armas e incluso se pone en riesgo la vida del vigilador, quien realiza dicha tarea en beneficio de terceros. Por ello puede asemejarse tal actividad a la función de custodia que ejercen las fuerzas de seguridad y en consecuencia no pueden estar excluidos sin más de las limitaciones de la jornada. Ello fue plasmado en la CCT 15/75 retribuyéndose las horas suplementarias.
Ley de contrato de trabajo, grupo económico, empresas relacionadas, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: P., A.E. c/ T.P. SA s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-05

"Si bien incumbe a los magistrados de la causa la función de apreciar la configuración de la hipótesis contemplada en la hipótesis del artículo 31 de la ley de contrato de trabajo según su prudente juicio, es evidente que ello exige una muy cuidadosa ponderación de los presupuestos fácticos establecidos en la norma".
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, jornada de trabajo, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Cardone, Lorena de los Ángeles c/ Be Enterprises S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-01

Si bien los agravios que cuestionan el límite de jornada diaria remiten al estudio de extremos fácticos y de derecho común ajenos, como regla y por su naturaleza, al remedio del artículo 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a ese principio cuando la sentencia no ha dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con los planteos de las partes y se apartó de la solución legal prevista para el caso, con serio menoscabo de las garantías constitucionales que se esgrimen vulneradas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ejecución previsional, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: ZULETA, OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

Por Acordada nº 75/96, la C.S.J.N. consideró que se encontraba cumplida la condición prevista en el art. 2 de su anterior Acordada nº 45/96, esto es, que los juzgados federales de primera instancia de la seguridad social ya se hallaban instalados y en funcionamiento. Ello implica que la ley 24.655 ha entrado en vigencia, razón por la cual la ejecución de sentencia ha de tramitarse de acuerdo a las pautas procesales fijadas en ese cuerpo normativo.

En vista de ello, corresponde remitir las actuaciones al juzgado federal de primera instancia de la seguridad social, cuya intervención originaria compete. (Disidencia del Dr. Laclau).
Derecho laboral, despido indirecto, prueba, injurias, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: R. E. E. c/ Y. M. D. C. s/ COBRO DE PESOS Y ENTREGA DE CERTIFICACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-15

Sobre la denuncia puntual de discriminación en la que asentó la injuria la trabajadora no hay prueba asertiva suficiente. La mutación constante de las situaciones angustiantes para la actora, que ella asocia al trabajo, impiden su recepción en la sentencia. Han afectado el derecho de defensa de la contraria y demuestran una confusión inadmisible y cierta incoherencia. Hemos hecho hincapié en la valoración probatoria negativa de la conducta de quien incurre en conductas intercadentes o autocontradictorias, generadora -a partir de resultar violatoria de los deberes de obrar con probidad, lealtad y buena fe- de una fuerte presunción que debe computarse en contra del incurso en ella y a favor de la parte contraria.

No se deslinda claramente la causalidad del cuadro psicológico de la actora con el trabajo, se advierte un cuadro de angustia o depresión que puede mostrar distintos factores explicativos -también fuera del trabajo-, los datos que relacionan el cuadro con las labores surgen en exclusivo del propio relato de la actora. Nadie duda del diagnóstico clínico de la experta en psicología (depresión reactiva), ese es un campo propio del saber científico. Pero la causalidad de ese cuadro con el trabajo está abonada por el solo relato de la demandante y los hechos en los que funda esas situaciones no han sido probados. El nexo de causalidad es un concepto perteneciente a la órbita de la ciencia jurídica y no de la médica; los médicos son llamados a establecer diagnósticos, el alcance del daño y claro está pueden y deben opinar sobre la relación de causalidad; pero es atribución exclusiva de los jueces la determinación y el alcance del nexo de causalidad (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Constitucionalidad, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boico, Roberto José c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-19

El Protocolo de Procedimiento del Sistema de Atención Telefónica habilitado por el Gobierno de la Ciudad reconoce la posibilidad de instar el procedimiento administrativo sancionador a través de denuncias anónimas, lo que se encuentra reñido con disposiciones normativas tales como el Reglamento de Investigaciones Administrativas -decreto 467/99- en el ámbito federal, el Reglamento de Sumarios Administrativos -decreto 3360/68- en el plano local y el art. 42 del Estatuto Docente -ordenanza 40.593 y sus modificatorias- (de la disidencia del Dr. Balbín).
Suspensión del trabajador, plazo máximo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: CAJAL, RAUL ALFREDO c/ SOCIEDAD   ITALIANA  DE  BENEFICENCIA  EN  BUENOS  AIRES  -  HOSPITAL ITALIANO s/ COBRO DE PESOS ZAPATA, JULIO ALBERTO c/ SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30|1987-06-15

El tiempo transcurrido entre la notificación de la sentencia absolutoria en sede penal y el telegrama con el que se solicita la reincorporación, cae bajo la exclusiva responsabilidad del trabajador y por ello no corresponde hacer lugar a que se abonen los salarios por suspensión porque se consagraría un abuso de derecho (artículo 1071 Código Civil).
Transporte benévolo, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Enrique Víctor y Otra c/ Eguaburo Diego José y Otros s/ Daños y Perjuicios - Sumario y Acumulado Nº 52558 (4º Juz. Civil) (8634 Sala III) "Gómez Dolores Beatriz C/Eguaburo Diego José y Otros Cesar José Eguaburo-Daños y Perjuicios (Sumario)"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-09-26

El mero aprovechamiento de un transporte benévolo no puede en modo alguno asimilarse a una "culpa" de la víctima, a los efectos de constituir causa o concausa adecuada en la producción del daño.
Asociaciones sindicales, estabilidad del empleado público, dirigente gremial, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ ANA ROSA c/ COSQUIN AVICOLA S.A. s/ DEMANDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-05-10

El art. 52 de la ley 22.105, establece que para que surta efecto la garantía sindical se deberán observar los siguientes requisitos:

"...inc. c) que el nombramiento haya sido comunicado al empleador por la asociación gremial pertinente, en forma fehaciente, indicando el período de actuación y cumpliendo los demás recaudos que fije la reglamentación..." (nombre y apellido, número de documento de identidad del representante, cargo para el que ha sido elegido y fecha de iniciación y terminación del mandato) (art. 30, dec.

640/80). La sola lectura de la norma permite afirmar que el sentido en el que cobra vigencia es otorgar "estabilidad" a partir de la notificación fechaciente a la principal. No es que le niegue la calidad de integrante del cuerpo sindical antes de aquella comunicación, sino que regula a partir del momento en que la estabilidad se hace operativa.De tal modo, la ley restringe la forma de probar la designación a mérito de que ésta es fuente de derechos y obligaciones recíprocas. Dicha limitación está dirigida a la prueba testimonial y el principio es común cuando se exige ese medio como forma "ad probationen". Ahora bien, la restricción no es incompatible con un sistema de libre valoración de prueba (como podría aparecer en la posterior ley 23.551, art. 49 inc. b), que exige definitivamente la forma escrita), porque aún cuando el testimonio no resulte útil en abstracto como medio apto para acreditar este conocimiento de la empleadora, el grado de convicción podría surgir del análisis del resto del material probatorio.
Compraventa, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roda Fish Marketing Ltda. y otra c/ Salerno Hnos. SACI s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Más allá de que la operación que origina la demanda puede encuadrarse dentro del concepto de compraventa internacional, y que sean de aplicación tratados internacionales que se encuentran ratificados por el Estado Nacional, es pacífica doctrina judicial que en los juicios entre particulares cuando las cuestiones a decidir dependan de la aplicación de disposiciones de derecho común de los tratados, la competencia corresponderá a los tribunales locales y no al fuero federal, máxime considerándose que el mismo es de excepción y de interpretación restrictiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)