Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 370/374. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diesciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "SANCHEZ, GLADYS ANGÉLICA contra ASOCIART A.R.T. S.A. -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO (CUIJ NRO. 21-04663096-0) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-04663096-0). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 275, págs. 87/89 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el fallo de fecha 26 de octubre de 2016, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 181/184 vto.). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Falistocco expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Surge de las constancias de autos -en lo que es de estricto interés al caso- que la señora Gladys Angélica Sanchez inició demanda laboral contra ASOCIART SA ART tendente al cobro de diferencias indemnizatorias, de conformidad a lo previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo 24557/26773. Afirmó padecer incapacidad a raíz de un accidente de trabajo -in itinere-, con primera manifestación invalidante en fecha 10.08.2013, la que solicitó se determine mediante pericial médica a rendirse en autos. El Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Cuarta Nominación de la ciudad de Santa Fe, en fecha 17 de noviembre de 2015, hizo lugar a la demanda y resolvió que "todas las prestaciones impagas a cargo de la ART condenada, se liquidarán al momento del pago, conforme a las modificaciones previstas por los arts. 8 y 17.6 de la ley 26773. Devengando por lo mismo, desde la mora,...sobre una incapacidad no reconocida oportunamente del 4,91% y hasta el efectivo pago, un interés puro anual del 12%; declarando la inconstitucionalidad del artículo 17 del DR 472/14". La accionada impugnó dicho pronunciamiento. Luego de contestados los agravios, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe corrió traslado a las partes, teniendo en cuenta la doctrina del fallo "Espósito", para que se pronuncien sobre la inconstitucionalidad del artículo 12 de la LRT, y sobre el criterio de intereses definido en el precedente "Ibarra". En fecha 26 de octubre de 2016 la Sala dictó sentencia. Resolvió modificar el decisorio de grado, ordenando liquidar la indemnización sin aplicación del RIPTE. Declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, disponiendo que la indemnización por incapacidad laboral permanente impaga del 4,91% se liquide tomando como base para su 'cálculo, liquidación y ajuste' la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediatamente anterior al que se practique la liquidación administrativa o judicial de su acreencia (art. 208 LCT). Agregó que una vez establecido el capital de la prestación conforme al procedimiento preindicado, la suma resultante devengaría intereses retrospectivos desde la mora y el momento de la liquidación, como así también intereses prospectivos (desde la liquidación del capital con más los moratorios hasta entonces) hasta el cumplimiento. Para los primeros fijó una tasa del 12% anual, ya que indemnizan la pura indisponibilidad del capital en tiempo oportuno; para los segundos dispuso estar a la doctrina de esa Sala en el precedente "Ibarra" del 28.08.2015. Impuso las costas a la demandada. 2. Contra dicho pronunciamiento interpone la accionada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055. La compareciente invoca en el memorial recursivo arbitrariedad por entender que el decisorio atacado vulnera el principio de congruencia al resolver ultra petita, excediendo los parámetros en relación a lo pretendido; cita jurisprudencia que avala su posición. En ese sentido, destaca que sus agravios se limitaron a cuestionar el yerro en que incurrió la Alzada al ponderar el material de confirmación reconociendo una incapacidad diferencial del 4,91% y por sostener que el piso indemnizatorio a los fines de calcular la misma era el que se encontraba vigente al realizarse el efectivo pago. Así, resalta que ninguna de las partes se agravió sobre lo resuelto en el decisorio recurrido y discrepa con el Tribunal por declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 de oficio, evidenciando su parcialidad y prejuzgamiento. Tras destacar el criterio restrictivo que impera en materia de declaración de inconstitucionalidad de una norma, afirma la vigencia y constitucionalidad del mentado artículo, entendiendo que es "perfectamente aplicable al caso". Al respecto, dice que en autos no se acreditó que la aplicación de las pautas establecidas por el mismo, implique la supresión del derecho que se pretende asegurar, ni que el valor del salario mínimo se hubiera fijado en forma absurda o arbitraria, permitiendo concluir que resultaba injusto e irracional. Expone que el objetivo del legislador al sancionar la ley 24557 no fue proveer a la reparación integral, sino tarifada, a los fines de posibilitar el aseguramiento de los riesgos del trabajo. Así, puntualiza que a pesar de haber cumplido con sus obligaciones legales, se lo condenó al pago de rubros que no fueron reclamados, por lo que deberá ejercer su derecho de repetición al efecto de restablecer el equilibrio económico -contrariando las conclusiones del precedente Aquino del más Alto Tribunal-, incrementándose la litigiosidad. En ese orden, afirma que lo resuelto afecta "las bases técnicas del contrato suscripto" y soslaya los principios de proporcionalidad y mutualidad del seguro. Arguye que, atento el objeto y límite de cobertura que se imponen a cargo de las ART, toda reparación fijada en exceso de las previsiones contenidas en el marco legal en que se fundamentan, solo debe ser soportada por el empleador. Por otra parte, critica el modo en que se han impuesto los intereses, calificando la tasa aplicada de arbitraria, confiscatoria y lesiva del derecho de propiedad al efectuar una capitalización desmedida y agraviante, resultando ajena a la comúnmente utilizada por los tribunales del país. Destaca la improcedencia del interés que se ha impuesto al caso, toda vez que los valores se encontrarían determinados al momento de la sentencia, representando un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y vulnerando el principio de la realidad económica al computarse "dos veces la misma cosa". Pone de relieve que se daría una "doble actualización" desde que, si la suma se establece al practicarse la planilla, "ya contendría componentes del interés meramente retributivo que manda pagar la normativa de fondo". Cuestiona también la fecha desde la cual se han de devengar los intereses, pues al actualizarse el monto al momento de la liquidación, "solo pueden ser computados una vez que esté firme la misma". 3. La Sala, en fecha 28 de diciembre de 2016, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, lo que motivó la presentación directa del impugnante ante este Cuerpo, logrando por esa vía el acceso a esta instancia excepcional. 4. Ante todo corresponde puntualizar que al presente caso resulta aplicable la ley 26773, teniendo en cuenta la fecha del accidente laboral in itinere -10.08.2013-. Sin embargo la Sala en oportunidad de resolver la apelación deducida por la demandada -y previo traslado a las partes para que expresen lo que estimen conveniente a su derecho teniendo en cuenta los fallos "Espósito", "Antuña" e "Ibarra"- emitió un pronunciamiento que a la postre culminó por desmerecer y marginar el derecho aplicable, con argumentos que resultan insuficientes para sustentar lo decidido desde una óptica constitucional, tal como lo expusiera el Dr. Gutiérrez en su voto en autos "Cassiet c/ Provincia ART SA - Accidente de Trabajo- s/ Recurso de Inconstitucionalidad", a cuyos fundamentos me remito y doy aquí por reproducidos en razón de la analogía existente entre el presente y lo que fue materia de análisis y pronunciamiento en dicho caso. Por otra parte, la Sala al adicionar al capital intereses de acuerdo a lo decidido en el precedente "Ibarra", incurre nuevamente en arbitrariedad conforme a lo expuesto por esta Corte in re "Olivera" de fecha 31.10.2017, por lo que habré de remitirme a tales consideraciones. Por último, en cuanto a las costas, tal como se sostuvo in re "Ojeda" (Expte. C.S.J. CUIJ 21-0766941-7) atento a que -si bien la accionante resistió el planteo de la contraria- la jurisprudencia en que fundó el A quo su decisión, pudo generar razonablemente en la actora la creencia de que existía razón bastante para litigar. Por todo lo expuesto, voto pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Así voto. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala II, Santa Fe. Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Cuarta Nominación de Santa Fe.