Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27


Reg.: A y S t 281 p 69/72. Santa Fe, 27 de febrero del año 2.018 VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por M. D. S. con patrocinio letrado, contra la resolución 270, del 9 de agosto de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en autos caratulados "S., M. D. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'S., N. E. C.; C., J. M.; C., M. A.; V., M. M.; C., J. J.; B., C. D.; S., D. H.; P., J. R. E.; S., M. D. S/ PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCIÓN DE MENORES, ETC.- APELACIÓN- SENTENCIA CONDENA PRISIÓN PREVENTIVA'- (CUIJ 21-07007060-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N° 21-00511588-1); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión 270, del 9 de agosto de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en lo que aquí es de interés, rechazaron los planteos de invalidez efectuados por la defensa y confirmaron la sentencia recurrida, por medio de la cual, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó, habían condenado a M. D. S. a la pena de 6 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores de dieciocho años de edad y de menores de trece años de edad (art. 125, párrafos 1 y 2, C.P.) (fs. 71/92). 2. Contra dicho pronunciamiento, el imputado con patrocinio letrado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 96/103). Refiere como causales de descalificación del fallo en crisis, arbitrariedad, apartamiento de las reglas de la sana crítica racional y afectación de garantías constitucionales como el derecho de defensa y, en especial, el de controlar pruebas. Invoca la doctrina de la gravedad institucional. Cuestiona el razonamiento del A quo para descartar sus reproches vinculados con la violación del derecho de defensa por la denegación de acceso a las constancias de autos. Entiende que esta limitación generó indefensión a su asistido y, por tanto, solicita la nulidad del proceso. Postula también la nulidad de las testimoniales de las menores víctimas y del reconocimiento por fotografías que éstas hicieran de los imputados. Señala como vicios de las declaraciones no sólo el no haberse notificado previamente a las defensas de su realización, sino también la "...violación al deber de veracidad del testimonio y (...) la inducción de los relatos obtenidos" (f. 99). Agrega que los profesionales intervinientes refirieron contradicciones, fabulaciones y exageraciones en las niñas. Se agravia del tratamiento que sus cuestionamientos tuvieran en la Alzada, poniendo de resalto que se interpretaron las normas en juego en perjuicio de los encartados y que se contrariaron los principios del derecho penal. En otro orden de consideraciones, invoca violación de la garantía de imparcialidad, por cuanto los integrantes del Tribunal habían resuelto previamente cuestiones probatorias en autos, para lo cual -dice- debieron tener acceso a la causa y estudiarla. Postula la invalidez de la sentencia por animosidad de los Camaristas, al haber emitido un fallo -entiende- sin analizar el material convictivo a la luz de la sana crítica racional. Critica la valoración probatoria efectuada por los Magistrados y el razonamiento asumido por éstos para condenar al justiciable, argumentando que incurrieron en un error al pretender dar entidad corruptora a una reunión sin "actos de contenido corruptor o depravador" (f. 101v.). Por último, plantea la inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 7055. 3. El A quo, por auto 367, del 5 de octubre de 2017, deniega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 104/107v.); lo que motiva la presentación directa de la defensa ante esta Corte (fs. 110/113v.). 4. Cabe anticipar que la impugnación no puede tener favorable acogida, toda vez que el análisis de los agravios contenidos en el memorial introductor del remedio en confrontación con los fundamentos de la resolución atacada revela la insuficiencia de los reparos formulados por la representación técnica de M. D. S. para habilitar la instancia excepcional pretendida. En efecto, las críticas esgrimidas quedan reducidas a la mera disconformidad con los criterios valorativos e interpretativos sustentados por la Alzada en su decisorio, en una postura adversa a sus pretensiones, pero de los cuales no se infiere causal alguna de arbitrariedad, ni afectación a garantías constitucionales. 4.1. En primer lugar, en relación a la lesión al derecho de defensa por las restricciones que su parte sufriera para acceder al expediente y controlar las pruebas, debe señalarse que tal planteo es la reiteración del efectuado en las instancias ordinarias y que éste fue abordado y rechazado por los Jueces de la causa con motivación suficiente, la que, más allá de que no sea compartida por la compareciente, no logra ser descalificada desde la óptica constitucional. Es que, la quejosa, por un lado, no demuestra la decisividad de su agravio, ni se hace cargo de refutar lo dicho por la Cámara en cuanto a que pudo desplegar acabadamente su tarea defensiva. Y, por el otro, nada dice de las razones brindadas por los Judicantes para rechazar los cuestionamientos vinculados con las declaraciones de las víctimas, omitiendo criticar la argumentación referida a su innecesariedad, teniendo en cuenta que ya habían declarado varias veces en la causa y que se quería evitar su "revictimización" y no acredita la decisividad que la "Cámara Gesell" hubiera revestido en la especie. La misma suerte han de correr las alegaciones vinculadas con el reconocimiento por fotografías de los encartados, toda vez que la interesada no se hace cargo de refutar los motivos expuestos por el A quo respecto a que pese a que se había inobservado en el caso la normativa procesal correspondiente, ello no imponía su declaración de nulidad, en tanto tal medida no había resultado relevante en el caso para la individualización de los imputados, a quienes se había identificado a partir de otras pruebas independientes. Tampoco resulta idóneo para habilitar la presente vía, el planteo de afectación de la garantía de imparcialidad del Tribunal. Es que, éste se desvanece a poco que se confronte con la motivación ensayada por la Cámara para descartarlo, oportunidad en la que se expresó que la intervención se había limitado a declarar desierto un recurso de apelación y, en consecuencia, al no haber implicado valoración alguna de las pruebas, no habilitaba su apartamiento. En definitiva, se advierte que el A quo evaluó pormenorizadamente las postulaciones vinculadas con presuntas violaciones de garantías constitucionales y las desechó, brindando motivación, sin que la impugnante alcance a demostrar su irrazonabilidad o insuficiencia. 4.2. La misma suerte ha de correr la invocada arbitrariedad en la ponderación del material probatorio y en la interpretación de las normas de derecho común que realizaron los Judicantes. Ello es así, por cuanto de la lectura del fallo atacado surge que los Magistrados evaluaron acabadamente la prueba reunida en la causa y los fundamentos brindados -por los otros Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal al revocar la absolución que había tenido lugar en primera instancia- para concluir que los elementos de convicción resultaban claros, precisos y contundentes y, por tanto, debía confirmarse la condena de S. Al respecto, los Sentenciantes expusieron las razones a partir de las cuales juzgaban que las objeciones defensivas en relación a las declaraciones de las víctimas menores de edad debían ser rechazadas, toda vez que, por un lado, en su producción se habían observado los recaudos legales y, por el otro, resultaban veraces sus relatos en torno a lo ocurrido y a las acciones desplegadas por cada uno de los imputados en el lugar de los hechos. Asimismo, abordó también el Tribunal la adecuación típica de tales comportamientos y fundó su encuadre en la figura prevista en el artículo 125 del Código Penal. Y frente a este razonamiento, la impugnante no alcanza a acreditar que las cuestiones planteadas excedan el marco de la mera discrepancia con la ponderación del material probatorio reunido y con la exégesis de las normas de derecho común en juego que efectuaran los Jueces de la causa en el ejercicio de funciones propias, que no le corresponde a esta Corte revisar, salvo supuestos de arbitrariedad que -como se dijo- no se avizoran en la especie. 5. Por último, respecto a la invocación de la excepcional doctrina de la gravedad institucional, también habrá de desestimarse, desde que, además de no configurarse -ni haberse demostrado en el caso- ninguno de sus presupuestos, ella sólo faculta a la Corte a prescindir de ciertos recaudos formales, pero no a suplir la inexistencia de cuestión constitucional (Fallos:318:2611, disidencia del señor Ministro doctor Fayt; 325:2534; 326:183, entre otros) y de las circunstancias relacionadas surge que tal requisito se encuentra ausente en el presente. 6. En conclusión, desde que la quejosa no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.	Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.:GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).	Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó.