Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-16


000239/2008 --- En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "H. C. y otros c/ Municipalidad de Gaiman y otra s/ acción de amparo" (Expte. 293 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 200.---------- --- A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Marcelo López Mesa dijo: ------------------ --- Que a fs. 167/172vta. la Sra. Juez de grado dictó sentencia definitiva de primera instancia, rechazando la acción de amparo promovida por C. H. por sí y en representación de sus hijos menores de edad L. E., N. F. y J. P. H. contra la MUNICIPALIDAD DE GAIMAN; y eximiendo de costas al actor. Y resolvió asimismo hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por C. H. por sí y en representación de sus hijos menores de edad -ya referenciados- contra la C. GAIMAN y, en consecuencia, condenando a esta última a que dentro del plazo de Treinta (30) días dicte, cumpla con las disposiciones técnicas pertinentes y finalice las obras necesarias que se encuentran en ejecución para que el amparista y su grupo familiar cuenten con la conexión de energía eléctrica en su domicilio sito en X. Norte No. *** del Barrio Municipal de Gaiman, asumiendo éste último a su cargo el costo de conexión del servicio a dicho domicilio, bajo apercibimiento de fijar astreintes en caso de incumplimiento (art. 666 bis). Las costas en este caso fueron impuestas a la Cooperativa vencida, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes de la siguiente manera: 1) para los Dres. R, N, y N. R. -Defensores Públicos por el actor- la suma de pesos Mil ochocientos ($ 1.800), en conjunto; 2) para el Dr. L. L. S. -letrado apoderado de la Cooperativa co-demandada- la suma de pesos Mil cuatrocientos ($ 1.400); y 3) para el perito ingeniero Sr. J. C. P., la suma de pesos Mil ($ 1.000), con más el IVA si correspondiere, excepto para los Defensores Públicos.------------------ --- Que a fs. 184/192vta. la sentencia de grado es apelada por la codemandada Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Pùblicos y Vivienda Ltda.. de Gaiman, siendo concedido el recurso a fs. 193 en relación y con efecto devolutivo.------------------------------------- --- Se agravia el apelante en primer término de que la sentencia no es conforme a derecho ni a los hechos que fueran expuestos tanto en la demanda como en su contestación. Afirma luego el apelante que existe una errónea interpretación del derecho por parte de la a quo, que impone a su mandante obligaciones que no se encuentran enmarcadas en la ley societaria ni en la normativa que regula el suministro de energía. Aduce luego que la sentencia es arbitraria. Aduce después que no ha tenido en cuenta el plazo de caducidad de treinta días establecido por la ley de amparo. Tilda la fundamentación dada por la juzgadora de instancia a favor del rechazo de la pretensión de la parte apelante de caducidad del amparo de arbitraria, nula en cuanto a sus efectos, agraviante, etc. Dice después que el plazo de caducidad ha sido contado arbitrariamente, según la buena voluntad del juez de grado. Menta la ley provincial 1425 y hace una serie de consideraciones a su respecto. Aduce luego que no se ha tenido en cuenta que la suscripción de acciones de la Cooperativa por parte del actor importa poder usufructuar de otros servicios, como el servicio de sepelio. Asigna luego a la Municipalidad de Gaiman una actuación mendaz en autos, afirmando luego que ha inducido a error al juez. Aduce que el haber suscripto acciones por parte de la Cooperativa no implicaba la obligación de instalar un medidor en cualquier domicilio. Dice luego que el inferior se ha excedido en el conocimiento de esta cuestión y que no ha habido arbitrariedad en la actuación de su parte, en relación al actor. Dice que no se ha cumplido con la normativa aplicable al caso, la que no menciona en el recurso y dice no tener obligación de acompañar. Dice luego que surge fantasiosa la conclusión de la a quo de que la Cooperativa debió averiguar previamente a venderle las acciones al actor si realmente podía conectarle el medidor y no aceptar el pago de la suscripción de acciones en caso contrario. Dice que no resulta aplicable al caso la Convención Internacional de los Derecho del Niño. Solicita se revoque la sentencia apelada en todas sus partes y subsidiariamente cuestiona la imposición de costas a su parte solicitando que, dadas las circunstancias del caso, se impongan por su orden. También cuestiona los honorarios profesionales regulados, por considerarlos altos, solicitando su reducción.------------------------------------- --- Ingresando al análisis del recurso traído a consideración de esta Sala, creo menester en primer término manifestar que, fríamente apreciada la problemática traída, el cuestionamiento introducido mediante el recurso de fs. 183/192vta. contra la sentencia de grado debiera juzgarse abstracto, a la luz de la propia conducta de la parte recurrente, que ha suministrado ya el fluido eléctrico al actor, lo que ha puesto de resalto éste a fs. 182. Es más, en un informe presentado a la juez inferior a fs. 161, el mismo letrado de la apelante, manifiesta que su parte se encuentra realizando las trabajos necesarios para dotar de electricidad al accionante, poniendo luego en claro que "los trabajos que realiza la Cooperativa de Gaiman son con cargo a la Cooperativa de Gaiman, todo ello en base a lo normado en la Ordenanza Municipal Nro. 301/91".-------- Si ello es como manifiesta la aquí recurrente, esta litis ha quedado huérfana de sustancia, pues aquí se debatía si su parte le debía dar -y si estaba en condiciones técnicas de hacerlo- suministro eléctrico al actor y ya se lo ha suministrado, aceptando que éste suscriba el resto de las acciones que le restaba suscribir y aceptándolo como asociado. Nunca fue el objeto de esta litis el de determinar quién debe pagar por los gastos realizados para dotar de luz al actor, si la Municipalidad o la Cooperativa aspecto que, en todo caso, deberá debatirse entre ambas en un proceso aparte de éste y con diferente objeto.------------------------------ --- Podría pensarse sin inconvenientes que la litis se han visto privada de sustancia y materialidad y declararse abstracta la cuestión. Resultaría en tal caso aplicable el criterio de que en la acción de amparo el deber de dictar sentencia sólo existe ante una litis concreta, y no en las llamadas "cuestiones abstractas"; no hay sentencia si cesó la lesión (conf. Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional - Acción de Amparo", t. 3, ps. 429/430, Ed. Astrea, 1988). (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 23/5/02, "ERFP Y OTROS v. Estado Nacional s/ amparo"; ídem, 12/5/98, "S. R. O. v. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD S/ AMPARO. CAUSA Nº 687/97.)", ambas en AbeledoPerrot online).---------- Pero, a los efectos de disipar cualquier duda, se seguirá adelante con el análisis de lo planteado en el recurso, pese a la apuntada eventual abstracción.----------------------------- Ingresando al abordaje de los agravios traídos por el apelante, en primer lugar, trataré el cuestionamiento relativo a la nulidad introducida en el recurso, bajo el título "Dice de nulidad". Entre multitud de afirmaciones, el apelante utiliza la palabra "nula" para cuestionar la sentencia a fs. 185vta. surgiendo de sus expresiones que la nulidad que esgrime el recurrente estaría vinculada al acogimiento del amparo luego de vencidos los treinta días del plazo de caducidad para su interposición.------------------------ --- El planteo que hace el nulidicente carece de sustancialidad y es procesalmente inacogible. Ello, por cuanto ha omitido considerar el impugnante que "la declaración de nulidad del fallo sólo procede cuando adolece de vicios o defectos de forma que lo descalifican como acto jurisdiccional válido. Es decir cuando se ha pronunciado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar o forma prescriptos por la ley adjetiva. Los errores "in iudicando", en cambio, pueden ser reparados por medio de los recursos de apelación, hipótesis en que el tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción" (esta Sala, según mi voto, 18/9/08, "S., L. M. c/ L., E. G. s/ Solicita autorización" (Expte. Nº 22.828 - año 2008, sentencia registrada bajo el Nº 22 de 2.008 - SDC; ídem, esta Sala, según mi voto, in re "W., S. M. y otros c/ M. LI. Seguros de Vida S.A. s/ Cobro de Pesos", sentencia de fecha 15/12/08, registrada bajo el Nº de 2008); ídem, 14/6/05, "S., E. c/ L. B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", registrada bajo el Nº 17 DE 2.005 - SDC.-, voto del Dr. Manino). Lo alegado por el apelante no encaja en ese molde, resultando ajeno, por tanto, al ámbito del recurso de nulidad la tacha volcada a fs 183/192vta. contra el decisorio de fs. 167/172vta.------------ --- Si no se imputan a la sentencia de grado vicios o defectos de forma o construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, sino que se ataca el fondo de la decisión, sosteniendo que se ha dictado un fallo arbitrario, que interpreta erróneamente la ley, se está imputando al decisorio cuestionado un verdadero error "in iudicando" que encuentra solución dentro del ámbito del recurso de apelación, en el que el Tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción, deviniendo improcedente la nulidad pretendida (cfr. Cám. CC 2ª La Plata, Sala 1ª, 17/3/92, "G., M. A. s/ Fuga de Hogar s/ Guarda", en Juba sum. B250582; esta Sala, según mi voto, 18/9/08, "S., L. M. c/ L., E. G. s/ Solicita autorización" (Expte. Nº 22.828 - año: 2008, sentencia registrada bajo el Nº 22 de 2.008 - SDC; ídem, esta Sala, según mi voto, in re "W., S. M. y otros c/ M. L. S. de Vida S.A. s/ Cobro de Pesos", sentencia de fecha 15/12/08, registrada bajo el Nº 41 SDC de 2008).------------ --- Partiendo de la premisa que señala que el recurso de apelación comprende al de nulidad, es dable advertir que su ámbito queda limitado a los defectos de forma del pronunciamiento o en cuanto a las solemnidades prescriptas para dictarlo. El mismo, por tanto se circunscribe a las impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, tiempo o formales que pudieren afectar la sentencia, mas no cabe declarar la nulidad si los agravios en que se funda se hallan dentro del andarivel propio del recurso de apelación (Cám. CC Quilmes, Sala 1ª, 21/2/06, "R. C., M. R. c/ Municipalidad de Florencio Varela", en Juba sum. B2903267; esta Sala, según mi voto, in re "W., S. M. y otros c/ M. L. S. de Vida S.A. s/ Cobro de Pesos", sentencia de fecha 15/12/08, registrada bajo el Nº 41 SDC de 2008).--- --- Surge claro de tal modo que, si la sentencia cuestionada hubiera extralimitado el ámbito de conocimiento de que disponía el juez o devenido arbitraria, no sería la vía del recurso de nulidad la pertinente para canalizar tal cuestionamiento.------------------------------- Pero, un paso más allá, resulta manifiesto que la alegación del nulidicente es también sustancialmente inaudible, porque la decisión de grado no se ha dictado luego de vencido el plazo de caducidad de treinta días, establecido para interponer la acción de amparo, contrariamente a lo alegado por el recurrente.- --- Se queja el apelante de que se ha acogido el amparo luego de vencido con creces el plazo de treinta días desde la producción del agravio o la toma de conocimiento efectivo de él. Dice luego el apelante que "de la propia documentación anejada por el actor el mismo admite que esta situación se remonta al mes de Julio del año 2007, quiere decir que estamos prácticamente al año de los hechos que supuestamente le han producido la vulneración de sus derechos y garantías reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución Nacional...Admitir como pretende el actor la flexibilidad del plazo para extender sine die las condiciones de admisibilidad del amparo resultaría a todas luces un despropósito con la propia naturaleza y propósito político de la ley .".------------------- --- Luego hace el apelante una serie de manifestaciones sobre supuestos ánimos discriminatorios de la a quo hacia su parte y a favor de los funcionarios judiciales que patrocinan al actor, lo que nada suma al debate, sobre todo porque se trata de conjeturas o especulaciones, carentes de apoyatura en elementos objetivos que las respalden.------------------------------------- --- Ergo, huérfano el recurso de argumentos de peso en este aspecto, deberé analizar por mi cuenta si estaba o no vencido, al momento de interponerlo, el plazo de treinta días para que prospere un amparo en este caso.------------- --- Comenzaré por el principio y seguiré un orden lógico. El art. 4 de la ley 4572 dispone que "La acción debe instaurarse dentro del plazo de treinta (30) días de producido el agravio o de la fecha en la cual toma efectivo conocimiento el amparista del mismo.".-- --- Como primera medida para interpretar correctamente este artículo, debe explicitarse que en autos lo cuestionado es una omisión: la omisión del suministro de luz eléctrica a un asociado a la Cooperativa demandada.--- --- Cabe dejar sentado además que no ha existido en autos una negativa expresa y recepticia de la Cooperativa a dar el suministro en ningún momento, lo que llevó a que el Sr. Defensor Oficial que asiste al demandante cursara a la Cooperativa con fecha 28 de Mayo de 2008 (la que se encuentra glosada a fs. 17/18 de autos) una intimación por medio de la cual se solicitó a la aquí apelante que en el plazo de diez días se expida sobre la solicitud de suministro eléctrico efectuada por el actor, bajo apercibimiento de interponer un amparo en su contra.---- --- Y a tal punto no hubo ante el actor una negativa expresa y recepticia de la Cooperativa a brindarle suministro eléctrico, que a fs. 64 obra una nota dirigida por el Presidente de la Cooperativa al Intendente Municipal de Gaiman, donde se le envía un listado de materiales para realizar la obra necesaria para dotar al actor del fluido, haciéndose mención a una reunión mantenida entre representantes de ambas entidades el 13 de Mayo de 2008. Finaliza la nota expresando "A la espera de lograr cumplir con nuestras expectativas de solución,,," (cfr. Fs. 64 in fine).--------------------------- --- Recapitulando: no se cuestiona en autos un acto sino una omisión. Y no se ha comunicado al actor una negativa expresa, frontal y recepticia, sino que se lo ha entretenido, pasándole el problema a la Municipalidad, aduciendo verbalmente problemas técnicos, pero manteniendo siempre -al menos in verba- la intención de solucionar el problema. Los hechos comprobados de la causa muestran que, al no existir una negativa expresa y recepticia, no existe un momento o hito temporal preciso en el cual con anterioridad a la remisión de la intimación de fs. 17/18 se hubiera puesto en conocimiento del actor que se le negaba su derecho al suministro eléctrico.------------- --- Ello así, resulta una aseveración insustentable que el amparo de autos se hubiera interpuesto luego del vencimiento del plazo de caducidad, por cuanto éste se cuenta -en este caso, y a falta de dicho hito temporal preciso- a partir de la fecha en la cual toma efectivo conocimiento el amparista del mismo. Y ello ocurrió recién con el vencimiento del plazo de diez días que se diera a la Cooperativa en la intimación de fs. 17/18, siendo esa fecha la del 9 de Junio de 2008, si se cuentan días corridos, a falta de mención sobre el particular. Ello, dado que la intimación fue recibida con fecha 29 de Mayo de 2008 por la Cooperativa, conforme atesta el sello, firma y fecha puesta al final de la copia adjuntada a autos, por personal de la misma que la recibiera (cfr. fs. 18 al final).----- --- Si se piensa que el amparo fue promovido con fecha 17 de Junio de 2008 (cfr. cargo de fs. 27), es dable concluir que de ningún modo puede haberse interpuesto cuando ya estaba caduco.------------------------------- --- Y ¿por qué entonces el apelante cuestiona con tanto énfasis este aspecto de la sentencia? Verdaderamente resulta difícil de comprender.

--- Dice el atacante que el actor sabía de la negativa desde el año anterior (2007), pretendiendo que desde allí se cuente el plazo de treinta días. ---------------------------------- --- El recurrente evidentemente pretende soslayar en su beneficio tanto los hechos probados en la causa como la legislación aplicable al caso.-------------------------------------- --- La ley 4572 así como el art. 54 de la Constitución Provincial establecen el procedimiento especial del amparo como instrumento para evitar o hacer cesar amenazas o lesiones que, "con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas", afecten o menoscaben derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional o provincial.-------------------------------------- --- El art. 4 de la ley provincial de amparo (Ley 4572) establece un plazo de caducidad, que no puede ir más allá de la norma constitucional citada; por tanto, los treinta días del plazo de caducidad establecido por la norma citada en último término, se cuentan recién a partir de que el agravio al derecho del afectado tiene carácter arbitrario o ilegal y dicha ilegalidad o arbitrariedad es manifiesta. Ello, dado que antes no estaría en condiciones de accionar según la norma constitucional.--------------------- --- Yuxtaponiendo estas normas a los hechos del caso sub discussio, surge evidente que al no haber habido negativa expresa y recepticia a la solicitud de suministro eléctrico del actor por parte de la Cooperativa, la negativa implícita o verbal de ésta, solo se tornó manifiestamente arbitraria o ilegal, ante el silencio que ésta mantuviera a la intimación cursada por el representante del actor, que obra a fs. 17/18 de autos, y en la que se pusiera de resalto que la accionada ha atendido pretensiones similares de otros usuarios, con lo que se ha puesto en cuestión la igualdad de trato tenida para con el aquí accionante.-------------------------- --- Recién ante el silencio mantenido a esa intimación, dados los precisos y expresos términos de ésta, adquirió la negativa de la Cooperativa codemandada un carácter manifiestamente arbitrario o ilegal, con lo que recién en ese preciso instante el actor se vio por primera vez en condiciones de impulsar un amparo en tutela de sus derechos. Cualquier otra visión del caso de autos es incompatible con las constancias de la causa y la normativa aplicable y debe juzgarse interesada.--------- --- Estas consideraciones dan por tierra con el razonamiento del apelante respecto de la flexibilización del plazo de treinta días, etc. La verdad es simple: no puede flexibilizarse el cómputo de un plazo que no había comenzado a correr con anterioridad al silencio ante una intimación fehaciente.---------- --- Por lo anteriormente expuesto, propongo al acuerdo el rechazo de la defensa de la apelante relativa al vencimiento del plazo de caducidad para promover el amparo base de autos.

--- El apelante pretende luego rebatir la aplicación de la doctrina de los actos propios a este caso, cuestionando también un párrafo de la sentencia de grado: "Que en cuanto a la imposibilidad de otorgarle la conexión, debo decir que cuando el accionante concurrió a la Cooperativa y suscribió la compra de las acciones, allí denunció que su domicilio era el Barrio Municipal (fs. 6 y 57) con el que había problemas para conectar la luz y nada se le dijo que no podía acceder a ese servicio por no poder conectarse al centro de transformación más cercano. En tal caso, la Cooperativa debió averiguar previamente si realmente podía conectarle el medidor y no aceptar el pago de la suscripción de acciones".----------------- --- También afirma el apelante que su parte no ha incumplido la ley y que la sentencia de grado carece de motivación y ha desinterpretado el derecho, al imponer a su parte una obligación que no surge de la ley vigente. Trataré estos agravios en conjunto, dado que ellos reunidos atañen al fundamento de la obligación del accionado.--------------------- --- En primer lugar diré que no es cierta la afirmación del apelante de que su parte no estaba obligada a actuar de otro modo, ni que ella se ha conducido correctamente y de acuerdo al derecho vigente. Parece no conocer el apelante -ni la juez inferior- que esta materia está regida por la ley de protección del consumo (Ley 24240 que, además de sus normas generales, tiene un capítulo entero directamente aplicable a este tema: su CAPITULO VI, denominado precisamente "USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS".--------------------------- --- El art. 2 de la ley 24240 establece que "Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios.". Esta norma es complementada en su aplicabilidad a este caso por el último párrafo del art. 25 de la ley 24240, que estatuye: "Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente". Única conclusión posible a esta altura es que la ley 24240 es plenamente aplicable a este caso, de una u otra forma.------------------------------------- --- Sentado ello, cabe recordar que los arts. 25 a 31 de la misma norma conforman el Capítulo VI, ya referido, que regla la prestación de servicios públicos domiciliarios. Para poner la necesaria precisión en esta causa, recordaré en primer término que el art. 25 primer párrafo de la Ley 24240 dispone que "Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público".--------- --- A su vez el art. 27 de la misma ley edicta que "Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos, en donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley".---- --- Y el art. 30 de la ley 24240 estatuye que "Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura".- --- De las normas transcriptas surgen diversos deberes de la Cooperativa demandada para con el usuario, actor de autos: --- --- 1) Deber precontractual de información: Antes de hacerle adquirir las acciones de la Cooperativa se le debió informar por escrito las condiciones de la prestación del servicios solicitado por éste, así como los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes (art. 25 primera parte, Ley 24240). No ha probado la apelante el cumplimiento de este deber.------------- --- 2) Deber contractual de información: Si al momento de suscribir las acciones, que implicaba la aceptación del actor como asociado y cocontratante por la Cooperativa, no se había advertido el problema que obstaculizaba o dificultaba la satisfacción de las necesidades del cocontratante profano, y surgió luego el problema, la codemandada apelante debió, no bien detectado el problema, poner en conocimiento del actor por escrito los mismos datos cuya información precontractual se exigía (art. 25 primera parte, Ley 24240).--------------------------- --- 3) Deber contractual de atender los reclamos de los usuarios en un término perentorio (art. 27 ley 24240).---------- --- 4) Deber contractual de no interrumpir o alterar el servicio público domiciliario comprometido, presumiéndose que tales deficiencias del servicio son por causa imputable a la empresa prestadora (art. 30 de la ley 24240).------------------------------------- --- Todas estas obligaciones -que se hallaban legalmente en cabeza de la prestadora del servicio- son importantes y la violación de cualquiera de ellas -sobre todo de la primera y la cuarta- comprometían la responsabilidad de la cooperativa apelante. Más aún cuando incumplió las cuatro, como se verá seguidamente.---------------------------------- --- Analizando la conducta de la codemandada apelante a la luz de la ley 24240 surge claro que la Cooperativa ha infringido en perjuicio del aquí actor los cuatro deberes jurídicos que el sistema legal de protección del consumidor le imponía. No ha informado ni debida ni suficientemente a éste ni precontractualmente ni en la etapa contractual, acerca de sus derechos y deberes, así como sobre los alcances y limitaciones del servicio contratado, etc.---------------------- Tampoco ha satisfecho sus reclamos, no ya en el plazo legal de treinta días, sino que la misma cooperativa reconoce que el problema lleva un año de demora en solucionarse. Y finalmente, ya no ha interrumpido el servicio, sino que ni siquiera ha comenzado a prestarlo nunca. Ello hace presumir su responsabilidad objetiva, a la luz de lo dispuesto por el art. 30 de la ley 24240. No se requieren muchas más explicaciones legales para demostrar que el apelante solamente sin seriedad o animus iocandi puede decir que no había normas vigentes que le obligasen a actuar de otra manera de la que lo hizo.----------------- --- De las cuatro obligaciones reseñadas las más importantes son la primera y la cuarta. La primera, porque atañe al cumplimiento del deber precontractual de información. Un contratante profesional, máxime cuando administra un monopolio de hecho y está en una situación absoluta de prevalencia frente a su cocontratante profano debe informar a éste de todo lo relevante que ataña a la contratación que éste desea realizar. El art. 4 de la ley 24240 establece que "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos".--------- --- Se diga lo que se diga, lo probado en autos es que la Cooperativa codemandada no suministró al actor información ni cierta, ni suficiente, ni objetiva, ni eficaz, ni detallada. Se le vendieron acciones cooperativas (de un medidor monofásico, además) sin explicársele nada relevante sobre el negocio celebrado. No se le indicaron qué imposibilidades u obstáculos podía haber, qué demoras podrían existir, menos aún se le detallaron condiciones para acceder a su solicitud. Ello así, se le obligó a celebrar un contrato en absoluto desequilibrio de información y posibilidades. Ergo, no cumplió la cooperativa con las obligaciones de información hacia los cocontratantes que la ley 24240 le asigna a los prestadores de un servicio. Y en tal situación, con ello bastaría para responsabilizarla de no haber atendido los requerimientos de servicio del actor, máxime ante la incontestación por parte de la codemandada de la intimación efectuada por éste por escrito, con anterioridad a promover el amparo. Quien no da razones a sus actos u omisiones y no contesta una intimación precisa y concreta, no puede pretender que su silencio no sea entendido como confirmación de su carencia de razón. En especial, cuando se trata de un prestador de servicios públicos domiciliarios al que la ley 24240 le asigna una férrea obligación informativa.------- --- En los últimos años, a la par de los supuestos clásicos de responsabilidad, se han ido configurando otros supuestos de cuño legal, en los que la responsabilidad surge de la carencia de información previa al contrato o durante éste, antes que de una causal clásica. No debe extrañar el fenómeno, como dice GALLOUX, "la información ha devenido, después de diez años, el objeto de preocupaciones jurídicas. El derecho traduce así un hecho de la sociedad: nosotros estamos inmersos en la era postindustrial, la era de la información" (GALLOUX, Jean-Christophe, "Ebauche dune définition juridique de linformation ", en Recueil Dalloz, 1994, sec. Chroniques, p. 229).- --- Pero además, el prestador del servicio ha incumplido la obligación listada supra como cuarta, al no prestar el servicio al que, al no suministrar la información previa debidamente, se comprometiera. Y en este caso, se presume su responsabilidad y ella es de naturaleza objetiva.----------------- --- Creo que el régimen legal aplicable a este caso es tan claro, tan patente, tan explícito, que no se requiere de mayores desarrollos para demostrar al recurrente que su postura carece de asidero y andamiento.-------------------- --- Por otra parte, y si bien ello sería ya superabundante, solamente quiero dejar sentada la contradicción de diversos dichos del apelante vertidos en su recurso con constancias obrantes en la causa. Al solo efecto ejemplificativo explicitaré las más claras contradicciones suyas: 1) A fs. 187vta. el recurrente aduce que no se ha tenido en cuenta que la suscripción de acciones de la Cooperativa por parte del actor "no necesariamente corresponde a la instalación de un servicio eléctrico, habida cuenta que las actividades de mi mandante no son solamente las de suministro de energía. El ser socio de la cooperativa, para lo cual es necesaria la adquisición de acciones, importa poder usufructuar de otros servicios, como el servicio de sepelio.". La propia documental acompañada por su parte desmiente esta alegación. A fs. 60, en el Convenio de suscripción de acciones firmado entre el actor y la Cooperativa, se lee claramente que se trata de un convenio para el pago en tres cuotas de un MEDIDOR MONOFASICO.----------------------------- --- Más claramente aún la contradicción entre dichos y hechos probados surge clara de fs. 61, donde un informe presentado por la Sra. G. H. al abogado apoderado de la apelante atesta que "se dejó pendiente la conexión por no acreditar domicilio definitivo para la instalación del medidor el día de la solicitud". La propia Cooperativa reconoce a través de esta documental que sus dichos en el recurso no se corresponden con la verdad, en cuanto a que el accionista buscaba satisfacer otros intereses o servicios, que podían no ser los de suministro eléctrico.---- --- Una segunda contradicción es la que existe en la alegación de imposibilidades técnicas de satisfacer el pedido del actor, cuando luego la propia Cooperativa informa que está realizando las tareas y el actor que se le ha brindado el servicio. Lo propio respecto de las condiciones de seguridad. Imagino que una Cooperativa que se muestra tan preocupada por estos aspectos técnicos y de seguridad no habrá luego conectado el servicio obviando tales detalles. Ello así, su conducta deviene claramente incompatible con las manifestaciones anteriores, incluso con las volcadas en este juicio.----- --- De tal suerte, si bien es cierto que la codemandada apelante ha infringido con su conducta la doctrina de los actos propios, también lo es que ha infringido primero que ello la normativa específica aplicable al tema, la Ley 24240 -específicamente su Capítulo VI-, lo que hace que la doctrina de los actos propios, dado su carácter subsidiario o residual, deba cederle el paso a esta norma en su aplicabilidad al caso que nos ocupa (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos, "La doctrina de los actos propios", Editorial Reus-B. De F., Madrid - Montevideo, 2005, p. 180).---------------- --- Numerosos tribunales han dejado sentada en su doctrina legal la residualidad de la doctrina de los actos propios (en este sentido, entre otros, Cám. 1ª CC La Plata, Sala 2ª, 5/7/94, "C., J. A. y otro c/ Cámara de Comercio e Industria de B.. s/ Juicio sumarísimo", en Juba7, sum. B151136, la Cám. CC de Azul, 7/1190, "A. A. S. S.C.A. s/ Concurso preventivo", Juba7 sum. B1050069 y la Cám. Fed. Córdoba, Sala A, 31/7/87, "G., C. A. c. Agua y Energía", LLC 987-846).--------- --- Pudo apreciarse de lo expuesto que, siendo la doctrina de los actos propios una herramienta subsidiaria, ella no se aplica cuando el ordenamiento jurídico tiene normas expresas destinadas a regir la temática, como ocurre en este caso. --------------------------- --- Otra alegación inatendible del apelante es que la Convención de los derechos del Niño no sería aplicable en autos, por no haber denunciado el actor, al momento de suscribir las acciones de la Cooperativa, que su grupo familiar se hallaba compuesto por niños (cfr. Recurso de apelación, a fs. 191).--------------- --- Evidentemente el apelante no ha reparado en el texto del art. 2 de la ley 26061, que recepta y enmarca en concreto dicha Convención en nuestro país. Dicha norma establece que "Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.------------------------------ Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles".---------------------------------- --- Resulta descartable el argumento introducido por el apelante, que además de su insustancialidad -a la luz de la norma transcripta- es procesalmente inadmisible a tenor de lo dispuesto por el art. 277 CPCyC, ya que no fue introducido ante el juez de grado (cfr. responde de fs. 78/86), siendo entonces inaudible en esta instancia.------------------- --- Por otra parte, las manifestaciones del apelante respecto de las imposibilidades técnicas y los problemas de seguridad que obstaculizaban la colocación del medidor al actor, han quedado completamente desvirtuados tanto por la colocación efectiva del medidor y el suministro eléctrico que denuncia el actor a fs. 182, como por la presentación del informe incorporado a autos por la Cooperativa coaccionada a fs. 161, que da cuenta de la realización de los trabajos conducentes al suministro del fluido, con cargo a la Municipalidad de Gaiman.-- --- Las conductas de las partes de un litigio suelen ser la mejor explicación de los hechos de la causa. A la luz del informe de fs. 161 cabe colegir que, entonces, no existió nunca en autos una imposibilidad técnica o una cuestión de seguridad, sino que lo aquí debatido era una manifestación elaborada técnicamente por un hábil abogado de algo sustancialmente inferior: el debate concreto de quién debía pagar por tales obras.--- --- Bien se ha juzgado que las sentencias judiciales deben atender a las "circunstancias actuales", esto es, a la situación de hecho vigente al momento de resolver" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 29/6/07, "Otero, Luis César v. Estado Nacional", en AbeledoPerrot online, voto del conjuez Bianchi).-------------- --- Ello así, a la luz de la situación actual de los hechos de la causa, resultan inaudibles en esta instancia las manifestaciones respecto de la imposibilidad técnica del suministro, los problemas de seguridad, etc., los que la propia actuación de la Cooperativa se han encargado de disipar en esta causa.--- --- Por último, cualquier duda que pudiese existir -que no aprecio en este acto- debería resolverse por aplicación de la norma del art. 3 de la ley 24240: "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor".--------------------------------- --- En tal situación y a tenor de los argumentos vertidos supra soy de la opinión de que la postura de la Cooperativa codemandada carece de atendibilidad, debiendo ser rechazado su recurso en lo tocante a sus agravios sustanciales, lo que propongo al Acuerdo.

--- El agravio relativo a la imposición de costas a la cooperativa codemandada, carece de todo andamiento, no sólo porque no se ha dado un solo argumento de peso a favor de su postura, sino porque no existen en autos motivos para apartarse del principio general en materia de costas, que no es otro que el de imposición de costas al vencido, contemplado tanto por el art. 68 del CPCC como la norma específica del amparo (art. 17 de la ley 4572).-------------------------- --- En materia de costas el criterio dominante, seguido por esta Cámara sostiene que la llamada "razón probable para litigar" no constituye motivo suficiente para eximir del pago de las costas al litigante vencido, sino sólo en casos verdaderamente excepcionales, debiendo existir elementos objetivos en la causa, apoyados en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito (cfr. sentencia de esta Sala in re "W., S. M. y otros c/ M. L. S. de V. S.A. s/ Cobro de Pesos", sentencia de fecha 15/12/08, registrada bajo el Nº 41 SDC de 2008----------- A la luz de esta tesitura, no se advierten en la especie motivos de excepción a la regla general, más aún teniendo en vista del derecho aplicado para la solución del caso, esto es, la ley 24240, que establece una responsabilidad objetiva en cabeza del prestador de servicios públicos domiciliarios. Ello así, el agravio no puede prosperar.----- --- En cuanto a las apelaciones de honorarios correspondientes a la instancia inferior, las regulaciones practicadas en el grado se corresponden con las pautas que utiliza esta Cámara en asuntos equiparables, no excediendo tampoco las pautas arancelarias vigentes, motivo por el cual el cuestionamiento de tales honorarios deviene inaudible aquí, debiendo mantenerse las regulaciones efectuadas en la instancia de grado (art. 6, 7 y cctes., ley 2.200).-------------------------- Lo anteriormente expuesto, permite apreciar la procedencia manifiesta en autos del rechazo del recurso de fs. 183/192vta. y, por ende, la pertinencia de confirmar en cuanto fuera materia de recursos y agravios la sentencia de fs. 167/172vta. -aunque por fundamentos diversos a los explicitados en ella-, imponiendo las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCyC).-- --- Procede también regular los honorarios de Alzada del Dr. L. L. S. en el 25% de sus honorarios de grado. Ello así, al interpretar que ta regulación se corresponde con la extensión, eficacia, mérito y resultados de las labores que aquí realizara (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47, Ley 2.200).------------------ --- Por las consideraciones vertidas y argumentos dados supra, a la PRIMERA CUESTIÓN, VOTO POR LA AFIRMATIVA.--------------------- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------------- I. El colega preopinante ha efectuado ya una adecuada síntesis de los antecedentes fácticos que informan el caso y de los fundamentos sustanciales del decisorio apelado, como así también de los motivos de agravio expuestos por la recurrente. En consecuencia, hallándose satisfechas las exigencias rituales en esta materia (arts. 163, inc. 3° y 164, C.P.C.C.) abordaré directamente el tratamiento de los planteos traídos a conocimiento y decisión del tribunal.------ II. En este cometido puedo adelantar desde ya que, tras un detenido examen de los hechos y de los elementos probatorios obrantes en la causa, comparto en un todo la postura del apreciado colega de sala al pronunciarse sobre las críticas de la apelante, a cuyo respecto nada novedoso podré agregar, por cierto, con mi voto. Sin embargo, por exigencia del art. 169 de la Constitución Provincial, brindaré a continuación las razones jurídicas que me llevan a coincidir en la solución propuesta para el caso, aunque para ello habré de incurrir en una inevitable reiteración de conceptos.----------------------------------- III. Considero que las argumentaciones contenidas en la pieza recursiva no llegan a conmover las bases del pronunciamiento apelado, según las exigencias del art. 265, C.P.C.C. Sin embargo, ante la duda, debe estarse en favor de la consideración de la expresión de agravios, por cuanto la sanción establecida por el art. 266 del código ritual debe aplicarse con criterio restrictivo, por encontrarse en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. mi voto en Expte. 36/2008; entre otros), de modo que me pronunciaré sobre las objeciones vertidas, desarrollando este anticipo de opinión en los apartados siguientes.------ IV. En primer lugar, coincido en que debe rechazarse de raíz el planteo formulado acerca de la extemporaneidad de la vía articulada, así como la nulidad del fallo pretendida sobre dicha base argumental, visiblemente improcedente conforme a la jurisprudencia de esta sala cuando se alegan supuestos errores o vicios "in iudicando" reparables por vía apelativa(art. 253, C.P.C.C.; su doctrina).- Al efecto, debe partirse del principio sentado en el art. 4 de la ley 4572 en cuanto determina que "La acción debe instaurarse dentro del plazo de treinta (30) días de producido el agravio o de la fecha en la cual toma efectivo conocimiento el amparista del mismo, y puede interponerse ante cualquier Juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto, el que será plenamente competente para conocer de la acción. Cuando un mismo hecho, acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las acciones el Juez o Tribunal que hubiere prevenido." Con esta pauta normativa, puede advertirse sin mayor esfuerzo que frente a los reiterados pedidos y gestiones efectuados por el amparista a fin de que se le proveyera del servicio de provisión eléctrica, lo único que fue recibiendo como respuesta a lo largo de meses fueron simples explicaciones, excusas y postergaciones, sin una decisión concreta en sentido positivo o negativo. Ante esta circunstancia, la comunicación N° 565/08 cursada por intermedio de la Oficina de la Defensa Pública Civil en junio del corriente año (fs. 17/18), conforme a la cual se intimaba a la Cooperativa Eléctrica de Gaiman al otorgamiento de las prestaciones referidas, constituyó un formal requerimiento para obtener el servicio al que tenía derecho, en su carácter de accionista de dicha Cooperativa.- En este contexto, el agravio que motiva esta acción en los términos del art. 4° ya citado se configuró con el silencio de la Cooperativa requerida sin dar satisfacción al legítimo reclamo del usuario en el término fijado en dicha intimación, por lo que, computando ese extremo fáctico omisivo, la promoción del amparo se encuentra nítidamente articulada dentro del plazo legal.--------------------- Por otra parte, siendo que el amparo está legislado en las Constituciones de la Nación y de la Provincia, en mi opinión personal, el plazo de caducidad para la interposición establecido en el art. 4° de la ley 4572 debe aplicarse con criterio restrictivo, en tanto esta cortapisa no se encuentra prevista en el art. 54 de la Constitución Provincial, debiendo tenerse en consideración, por encima de cualquier rigorismo formal, que la reforma constitucional de 1994 ha consagrado un mecanismo para garantizar de un modo expedito y eficaz la plena vigencia y protección de los derechos constitucionales, por lo que se impone interpretar dicha norma con carácter amplio y no riguroso, a fin de no tornar ilusoria su aplicación. Con este mismo espíritu interpretativo, la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que el art. 2°, inc. e) de la ley 16.986 (Adla, XXVI-C, 1491), en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o ilegalidad continuada sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente (Del voto de los doctores Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez Corte Suprema de Justicia de la Nación o 25/09/2001 o Imbrogno, Ricardo c. I.O.S. o La Ley Online).-------------------- A mérito de estas razones, opino que el agravio debe ser desestimado.---------------------- V. En segundo lugar, la lectura del fallo permite comprobar que el núcleo motivador del fallo ha sido contundente, pues está edificado, en síntesis, sobre las siguientes bases: a) la provincia adhirió por ley 3771 a los objetivos nacionales en materia de abastecimiento, transporte y distribución contenidos en la ley 24.065, cuyo artículo 2 fija, entre otros objetivos, proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad, propósitos reiterados en la ley provincial 4312; b) la Cooperativa le reconoció al amparista la calidad de ocupante de la finca, máxime al evacuar el informe agregado a fs. 161; c) cuando el actor concurrió a la Cooperativa y suscribió la compra de acciones denunció que su domicilio era el Barrio Municipal, y nada se le dijo entonces acerca de la imposibilidad de conectarle el servicio; d) en tal caso, la Cooperativa debió averiguar en forma previa si realmente podía conectarle el medidor y no aceptarle el pago de suscripción de las acciones; e) que la defensa opuesta en este proceso está en contradicción con aquella conducta anterior y no puede merecer tutela, por hallarse en pugna con el principio fundamental de la buena fe (art. 1198, Cód. Civil) y la doctrina de los actos propios; f) que en el contexto actual, el modo de vida digno requiere del consumo de energía eléctrica y la denegación de ese servicio conforme a las circunstancias del caso vulnera derechos y garantías tutelados por la Constitución y los Pactos Internacionales.----------------------- VI. A la vez, la lectura de la pieza recursiva revela que la solidez de este razonamiento no ha merecido una refutación adecuada ni un razonamiento que supere el juicio lógico elaborado por el sentenciante.--------------------- Así, la objeción referida a que el decisorio le impone a la Cooperativa "obligaciones que no se encuentran enmarcadas tanto en la ley que la sostiene como sociedad cooperativa ni en la normativa que regula el suministro de energía", constituye una queja sin fundamento legal ni jurídico, ya que -como fue reproducido en el apartado anterior- la sentenciante apoyó su decisión en concretas citas normativas acerca de tales obligaciones por parte de los proveedores del servicio eléctrico (art.2, ley 24065 y art. 6, Ley 4312), las que no han sido objeto de una condigna crítica por parte del recurrente, quien se ha limitado a reproducir en cambio las dificultades de carácter técnico alegadas al contestar la demanda que, a su decir, imposibilitarían la conexión solicitada.-- VII. Menos aún puede atenderse al argumento basado en que, de sustentarse la solución propiciada en el fallo, cualquier particular que edificara u ocupara una vivienda fuera de los lugares previamente determinados y planificados, donde no se provee el servicio eléctrico, se violaría la regla establecida en el art. 1° de la ley 1425, que prohíbe el fraccionamiento de tierras que no poseen obras de infraestructura básica. En el caso está claramente demostrado que el amparista recibió el inmueble en comodato otorgado por el Municipio, consistente en una vivienda para exclusivo destino familiar ubicada en J.B. A. N° **** de Gaiman, por lo que no cabe sino inferir que anterioridad a su ocupación por el actor, dicho lote ya se encontraba fraccionado e incorporado al ejido urbano (Ver contest. Municipio, fs. 90). En consecuencia, mal podría imputarse al comodatario haber cometido infracción alguna a la citada ley 1425.----- VIII. Luego, la argumentación acerca de que el amparista conocía la imposibilidad técnica de provisión del servicio como factor de excusación de esta obligación tropieza con toda la normativa referida a la protección del consumidor.-------------------------------------- En este sentido es oportuno recordar que la Ley 24240 (a la que nuestra Provincia adhirió mediante Ley Provincial N° 4219, que declara sus normas de orden público - art.16), sienta algunas reglas concretas referidas a la provisión e servicios como el que aquí nos ocupa, así como al deber de información al consumidor. Así, por ejemplo, el art. 7º establece que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. Luego, el art. 19 determina que quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. Resulta de interés citar asimismo el art. 25 en cuanto expresa: "Constancia escrita. Información al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente." Finalmente recordaré el art. 37, alusivo a la interpretación de los contratos: "Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa."------------- Al decidirse acerca de conflictos análogos, se ha sostenido, en postura que comparto, que la supletoriedad a la que alude el citado art. 25 de la Ley 24.240 no implica inaplicabilidad o desprotección. En este sentido, ha dicho la doctrina que "Estos servicios públicos a los cuales la ley califica de domiciliarios son los de mayor interés para los usuarios: electricidad, gas, agua corriente, cloacas, teléfonos; y todos ellos cuentan con legislación específica y su actuación es controlada por los organismos administrativos previstos en los respectivos cuerpos legales; con lo cual, en principio, pareciera que este cap. VI estaría de más, pues no hay servicio público domiciliario sin regulación propia, con lo que bastaría con remitirse a dichas regulaciones. Sin embargo, otorgar el carácter de normas supletorias para estos servicios a las disposiciones de la ley 24.240 no implica su inaplicabilidad, sino que primero se deben aplicar las normas contenidas en dichas regulaciones especificas, en cuanto tutelen a los usuarios; y esta ley cada vez que no existan -en las regulaciones específicas- normas expresas tutelares de los derechos de los usuarios o se trate de disposiciones que entren en colisión con los derechos otorgados por esta ley. De otro modo se los dejaría sin la tutela básica que brinda la ley y que tiene su fundamento constitucional en el art. 42 de la Constitución Nacional (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, sala II - 21/03/2006 - "D. T. A. M. c. E. S.A." - La Ley On Line).------ En comunión con este criterio, diré que si la Cooperativa le recibió al amparista la solicitud para la suscripción de acciones y percibió las cuotas destinadas a este fin en base a la solicitud y documental presentada (ver fs. 4/6 - fs. 57/62), sin formular al propio tiempo objeciones ni aclaraciones referidas a supuestas dificultades técnicas o demoras para la provisión del fluido eléctrico en el domicilio por él denunciado, ello significa que aquélla asumió ante el solicitante la consiguiente obligación contractual de otorgarle el servicio solicitado. Cualquier otra interpretación sería en único perjuicio del consumidor, quien para asociarse se vio precisado a aceptar de buena fe un típico contrato de adhesión, cuyos términos y condiciones habían sido preestablecidos por la prestadora del servicio.----------------------- IX. En este sentido, los legítimos reclamos del actor y su grupo familiar en relación al consumo del servicio eléctrico encuentran expresa protección constitucional, en cuanto la Carta Magna les asegura el derecho a "la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno", señalando asimismo que "las autoridades proveerán a la protección de esos derechos" (conf. art. 42 de la Constitución Nacional). Del mismo modo, nuestra Constitución Provincial, en su art. 33, primer parte, establece que: "El Estado desarrolla políticas tendientes a la protección de los usuarios y consumidores, reconociéndoles el derecho de acceder, en la relación de consumo, a una información eficaz y veraz y de agruparse en defensa de sus intereses."------------------- Nuestra legislación provincial, al reglamentar el marco referido al servicio público de provisión eléctrica, ha establecido expresamente en el artículo 6° de la Ley 4312: "Fíjanse los siguientes objetivos para la política provincial en materia de generación, transporte y distribución de electricidad: a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios." A partir de esta directiva legal, opino que la protección señalada en la normativa citada encuentra una justa y adecuada respuesta a los legítimos reclamos del amparista en el fallo sub examine, por lo que en mi opinión merece ser confirmado.------ --- X. En cuanto a la crítica al fallo acerca de contradicción con actos anteriores de la propia demandada, como lo ha señalado con acierto el Dr. López Mesa, está claro que este principio debe aplicarse en forma residual, en tanto existan otras vías de reparación en la legislación positiva. Así lo sostiene hoy la doctrina y la jurisprudencia al considerar que el "venire contra factum non valet" es un modelo objetivo de conducta constitutivo de un principio general del derecho autónomo y residual y también es uno de los medios a través del cual controlan los llamados "poderes privados", constituyendo un límite de los derechos subjetivos que obliga a un deber jurídico de tipo positivo: coherencia con la propia conducta (conf. CNCom., Sala B - 12/10/2007 - "J. A. S.A. c/ B. B. N.A. s/ ordinario" - elDial - AA435E; id. C.Ap. Civ. y Com.de Azul (Buenos Aires) - "R., J.A. C/ T. E.. U. s/ Resoluc. de contrato - Daños y perjuicios" - SALA II - 03/04/2002; elDial - AA1020; id. C.Civ. y Com. La Plata, Sala, Segunda, "G., H. R. y otros s/ Incidente de tercería de dominio" - 29/12/1997 - elDial - W10928; entre muchos otros).--------------------------------- Sin embargo, aun de modo subsidiario, no es menos cierto que la actitud asumida por la Cooperativa no podría merecer tutela jurisdiccional a tenor de esta doctrina, por cuanto de obrar así, se configuraría una grave lesión al estándar jurídico de la buena fe, en tanto está claro que ella contradice ostensiblemente la conducta anteriormente asumida por ella frente al actor. En el mismo sentido, esta sala ya ha tenido ocasión de sostener reiteradamente que es inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, ya que esa conducta del litigante gravita en la solución justa del caso concreto. La doctrina de los propios actos, que se abastece en el principio de la buena fe (Cód. Civil, art. 1198, 1ª parte) y en la seguridad jurídica del tráfico negocial, imprime en la decisión un sello particular, de manera que cuando el justiciable ha asumido una conducta consciente que despliega determinadas consecuencias , luego no puede desconocer o impugnar esa circunstancia. Corresponde en estos supuestos excluir la conducta antifuncional, desde que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. mis votos en Exptes. 11378; 11610; 15672; 15763; 19441; 19646; 19802; 20318 C.A.N.E.; entre otros).---------------------- XI. Apelación sobre costas y honorarios: ------------------ Ninguna razón existe para apartarse en la especie del principio objetivo del vencimiento sentado en el art. 68 del C.P.C.C. y el art. 17 de la Ley 4572.--------------- Tampoco ha de prosperar el agravio relativo a los honorarios regulados en la anterior instancia. A la vista de la trascendencia jurídica, moral y económica que reviste el fallo para la posible solución de otros casos similares en el futuro (conf. Art. 6, inc. f) - Dec. Ley 2.200; su doctrina) y teniendo en cuenta la calidad y relativa extensión de las tareas cumplidas en la causa, opino que los montos regulados se ajustan a dichos parámetros de valoración, según las escalas arancelarias vigentes, teniendo en cuenta asimismo las retribuciones fijadas para este género de actuaciones en precedentes análogos, por lo que, en concordancia con lo opinado por el colega de primer voto, propiciaré la confirmación de los estipendios fijados en la anterior instancia.------------------------------------- XII. Conclusiones: ------------------------ Como síntesis de todo lo expresado, coincido en que debe confirmarse el decisorio en todo cuanto resultó materia de apelación, con costas en la alzada a la parte recurrente (art. 68,C.P.C.C.) fijándose los honorarios profesionales del Dr. L. L. S. en base a la calidad de sus tareas y al resultado obtenido, en el 25% de los que le correspondieron por su actuación en la instancia de origen (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).------------------------ Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--------- A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: ------------ --- De ser acogidas mis propuestas por los colegas de Sala, el pronunciamiento que deberá dictarse consiste en el rechazo del recurso de fs. 183/192 vta. y la correlativa confirmación de la sentencia de fs. 167/172 vta.-por fundamentos diversos a los explicitados en ella- en cuanto fuera materia de recursos y agravios imponiendo las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCyC).------ También procederá en ese caso la regulación de los honorarios de Alzada del Dr. L. L. S. en el 25% de sus honorarios de grado (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47, Ley 2.200).------------------------------------ --- Tal mi voto.------------------------------- --- A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: -- Conforme ya lo adelanté, comparto la solución propiciada por el Dr. López Mesa, así como su propuesta en materia de honorarios, ya que la regulación propiciada se ajusta a la extensión, calidad y eficacia de las tareas realizadas, así como al resultado obtenido, conforme a las normas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).------ Por lo tanto, emito mi voto en sentido idéntico.------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).-------------------------- Trelew, de diciembre de 2008. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:------ S E N T E N C I A: ------------------------------------- I) RECHAZAR el recurso de fs. 183/192 vta..------------------ II) CONFIRMAR la sentencia de fs. 167/172 vta. -por fundamentos diversos a los explicitados en ella- en cuanto fuera materia de recursos y agravios.----------------------------- III) IMPONER las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 CPCyC).------------------ IV) REGULAR los honorarios de Alzada del Dr. L. L. S. en el 25% de sus honorarios de grado (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47, Ley 2.200).------------------------------------ --- V) Regístrese y notifíquese y devuélvase. ------------------ --- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.008 - SDC.- Conste.------------- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA.