Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-05


SENT Nro. 416 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 05 de Junio de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida-, bajo la presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el querellante Dr. Manuel López Rougés, por derecho propio, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 24/7/2002 (fs. 18/19); el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 14/11/2002 (cfr. fs. 23 y vta.). En esta sede, no se presentaron memoria sobre el recurso casatorio, según informe obrante a fs. 28. Corrida vista al señor Ministro Fiscal, se expide en el sentido de que la resolución recurrida sea casada (fs. 29/32). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el querellante Manuel López Rougés en contra de la sentencia de fecha 24 de julio de 2002 dictada por la Sala VIa de la Cámara en lo Penal que declaró inadmisible la querella presentada en contra de Exequiel Avila Gallo por el delito de injurias. El recurso fue admitido por la misma Sala en la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2002.

2.- En fecha 18 de diciembre el señor Fiscal de la Cámara en lo Penal Sala VIa. doctor Manuel López Rougés inició formal querella en contra del doctor Exequiel Avila Gallo. En su escrito relata que el acusado al no ser recibido por el querellante en su despacho lo llamó en dos oportunidades "cobarde". Al realizarse el control de admisibilidad normado por el art. 427 del CPP la Cámara señaló que para la valoración de la figura de injurias es necesario considerar las pautas culturales y sociales que rodean al concepto del honor. En este sentido, afirmó que la expresión cobarde evidencia más un momento de mal humor y contrariedad que la intención de adjudicarle falta de valentía o coraje. Por ello concluyó que "la expresión empleada aun cuando resulte ultrajante para sí, al estar absolutamente aislada de alguna situación de la que pudiera deducirse que se efectuó un juicio valorativo sobre su conducta de hombre, su carácter o condiciones no sería posible estructurar un ilícito penal a partir de la frase que se pretende injuriosa" (fs. 8 vta.).

3.- El recurrente afirma que las expresiones realizadas por el doctor Exequiel Avila Gallo, contrariamente a lo conceptualizado por la Cámara, afectan su integridad moral y jerárquica, situación que considera agravada al haber sido realizada en la Secretaría del Ministerio delante de funcionarios y empleados que fueron testigos de sus dichos.

Se agravia de que el Tribunal en su resolución prejuzga sobre el fondo de su planteamiento al considerar que no hay delito de injuria debiendo sólo analizar las formas exigidas para la admisibilidad de proceso. Que en este mismo sentido se expidió el señor vocal Ruiz Vargas al advertir que se encontraban cumplidos los requisitos legales fijados por el art. 427 del CPP. Que el vocal disidente indicó claramente que correspondía dar curso a la querella en los términos del art. 432 del CPP "ya que de no ser así significaría cercenar derecho" y agregó que emitir juicio sobre si el hecho es del previsto en el art. 332 del CPP, sería en este estado del proceso, un prejuzgamiento".

Concluye señalando que la Sala Penal ha prejuzgado en forma evidente el contenido del recurso debiéndose haber limitado su analizar a la evaluación de los requisitos de admisibilidad por lo que pide la nulidad de la sentencia. Cita jurisprudencia.

4.- De la confrontación del recurso interpuesto con la sentencia impugnada surge que aquel no cumple con los requisitos de admisibilidad fijado en el art. 468 del CPPT. En efecto, considero que dicha resolución no se extralimitó al momento de aplicar los preceptos referidos a la admisibilidad de la querella regulados por el art. 427 in fine en concordancia con el art. 332 del CPPT.

Recordamos que el juego de los artículos arriba citados posibilita al tribunal declarar la inadmisibilidad de la querella presentada cuando careciera de algunos de los requisitos formales descriptos. Esta facultad no sólo abarca el contendido formal de la misma sino que, in fine, también permite que la Cámara se expida sobre la relación entre el hecho atribuido y un tipo penal asignado o bien sobre la existencia de obstáculos para proceder. En el caso en autos, los magistrados por mayoría consideraron que el hecho imputado a pesar de ser una expresión ultrajante no configuró un ilícito penal dadas las circunstancias en las que se produjo. En igual sentido, la doctora Alicia B. Freidenberg indicó acertadamente que no toda desconsideración tiene entidad lesiva al honor tutelado penalmente y que para la presente situación existen "medios correccionales de carácter disciplinario" (fs. 9).

Considero que la resolución impugnada no realizó una interpretación errada de las normas del CPPT o que avanzó más allá del marco normativo. Las circunstancias que rodean la realización del hecho que se pretende delictivo y en los términos en que se produjo no le dejaron dudas al tribunal de la ausencia de los requisitos esenciales para la configuración del tipo penal por lo que resolvieron su inadmisibilidad dentro de la facultad que le otorga la norma procesal.

Por otra parte, el recurrente expuso en gran parte del escrito su propia interpretación de los hechos ocurridos en autos en oposición a las conclusiones a las que arriba el tribunal. En este sentido, esta Corte ha dicho que esta situación constituye una cuestión de hecho irrevisable en principio en la instancia extraordinaria de la casación, salvo supuesto de absurdo, el que no se ha configurado en la especie. La lectura integral del fallo demuestra que el tribunal efectuó un examen integral y detallado de las circunstancias en las que se produjo el hecho sin que se advierta violación a las reglas de la sana crítica. Al ser rechazada la pretendida violación de las normas procesales, el resto del recurso no excede de la mera discrepancia de la querella con las conclusiones del tribunal sentenciante.

5.- Desde otra perspectiva y a partir del voto de la doctora Alicia B. Freidenberg, podemos inferir que la vocal ha considerado que la situación presentada en autos configuraría un supuesto de excusa absolutoria. En efecto, el art. 115 del CP establece que "Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes".

La situación descripta por el artículo del CP busca preservar el ejercicio de la defensa "...si bien el legislador considera penalmente impune las ofensas, deja subsistente la posibilidad de que se impongan al ofensor las correcciones disciplinarias correspondientes para mantener el buen orden en el proceso, prevista por las leyes procesales o por otros cuerpos legales de carácter administrativo (leyes orgánicas)." (Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 174).

Sería ajustado suponer, al evaluar la finalidad procesal de los arts 427 y 332 del CPPT, que la figura de la excusa absolutoria también queda encuadrada entre los supuestos en los que tribunal puede declarar la inadmisibilidad de la pretensión del querellante. En este sentido, la doctrina indicó: "Si tenemos presente que lo que se pretende en la querella es la punición del eventual delito -de modo principal- y ésta ab initio resulta imposible, sería pensable que también en dicho supuesto podría rechazarse o desestimarse aquella" (Carlos Creus, Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, pág. 207). "...en verdad lo que se ha querido decir es que no encuadre en figura típica; pero muy excepcionalmente, pueden darse otras hipótesis: verbigracia, la indiscutida verificación de una excusa absolutoria, como sería, bien que respecto de la querella por delito de injuria, su pronunciamiento en juicio según el art. 115 del CP..." (Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, "La Querella", Ed. DIN, Buenos Aires, 1999, pág. 120).

Se puede concluir, a partir de lo declarado por la doctora Alicia B. Freidenberg, que la pretensión del querellante no sería admisible en el caso en autos por configurar una excusa absolutoria que en el futuro tornaría imposible su persecución.

6.- Finalmente, debemos indicar que, en relación a la cita del caso "Rodó, Rubén s/calumnias e injurias" citado por el recurrente, no hay equivalencia con el caso traído en autos puesto que en aquel proceso la decisión sostenida por el tribunal era disímil a la presente causa en razón de que se encontraba fundada en la falta de copia para traslado del artículo del que surgían las calumnias. Asimismo, tampoco se presentaba como manifiesta la ausencia de encuadramiento en alguna figura penal.

7.- Por lo expuesto corresponde declarar inadmisible el recurso de casación en examen al no satisfacer los recaudos de admisibilidad que imponen los arts 468 del CPP, con costas por aplicación del principio general contenido en el art. 551 del CPP.

El señor vocal doctor Alberto José Brito; dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el Dr. Manuel López Rougés, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 24 de julio de 2002 (fs. 18/19), que declara la inadmisibilidad de la querella por injurias promovida contra el Dr. Exequiel Avila Gallo.

2.- Invoca como motivo de casación la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (artículos 427 y conc. CPP), con fundamento en que al declarar inadmisible la querella por entender que la expresión vertida por el querellado no constituye un agravio sino una expresión de fastidio, la sentencia ha prejuzgado sobre el fondo de la cuestión, cuando debió limitarse a analizar la concurrencia de los requisitos de forma previstos en la ley procesal penal. Al respecto hace notar que el voto disidente -Dr. Ruiz Vargas- advierte que se cumplieron los presupuestos legales del artículo 427 CPP, y que corresponde dar curso a la querella, pues de lo contrario se cercenarían los derechos del querellante, a la vez que se incurriría en prejuzgamiento, impidiendo determinar si el hecho encuadra o no en una figura penal.

3.- Por auto interlocutorio del 14 de noviembre de 2002, el Tribunal de Alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

4.- La sentencia impugnada -voto de la mayoría-, luego de reseñar principios generales en la materia, ingresó en el análisis de la presunta ofensa que dio causa a la interposición de la acción, a fin de determinar si reviste o no la gravedad requerida para lesionar valores esenciales protegidos por el orden jurídico penal. En esa dirección sostuvo que la circunstancia de que el querellado haya proferido la expresión "cobarde" por no ser recibido en audiencia, evidencia más un momento de mal humor y contrariedad, que la real intención de adjudicar falta de valentía o de coraje hacia aquel al cual se habría dedicado la expresión. Observó que dado el contexto referido por el querellante, la expresión empleada, aun cuando resulte ultrajante para el mismo, al estar absolutamente aislada de alguna situación de la que pudiera deducirse que se efectuó un juicio valorativo sobre su conducta de hombre, su carácter o condiciones, no sería posible estructurar un ilícito penal a partir de la frase que se pretende injuriosa. Se puso de relieve que el control de admisibilidad de la querella tiene su fundamento en el artículo 427 CPP y por remisión del mismo en el 332 CPP, y que precisamente lo dispuesto en la última parte del precepto citado en primer término brindaba apoyo normativo a la inadmisibilidad de la acción promovida en autos; añadiendo que no cualquier desconsideración o referencia provocadora, como la del caso, puede considerarse con entidad lesiva al honor tutelado penalmente; y que dichas situaciones tienen sus remedios correccionales de carácter disciplinario.

5.- Esta Sala Civil y Penal ya se ha pronunciado en el sentido de que las exigencias legales en torno a la forma y contenido de la querella, enumeradas en los diferentes incisos del artículo 427 CPP, están dirigidas a resguardar el derecho de defensa que asiste al querellado, puesto que la causa inicia directamente el juicio. Pero también se ha destacado, en relación con los alcances del juicio de admisibilidad de la querella por incumplimiento de los recaudos establecidos en la norma procesal penal de cita, que la inadmisibilidad sólo alude a los requisitos estructurales del acto promotor, y al acompañamiento de la prueba documental (cfr. CJSTuc., "Rodó, Rubén s/calumnias e injurias", sentencia del 6 de agosto de 2001).

El artículo 427 CPP establece en su último párrafo que la querella será rechazada en los casos previstos por el artículo 332; el que a su vez establece que se "...dispondrá por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda proceder o cuando sea manifiesto que el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura penal." Con relación a esta última causal -cuando es manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal-, se ha señalado que se trata del caso en que el hecho no estuviere castigado por el Código Penal o por una ley complementaria. El precepto "hace referencia clara solamente a la tipicidad, de tal modo que la denuncia no se podrá desestimar cuando ese encuadramiento sea sólo dudoso (no se tienen en cuenta los otros elementos del delito), y menos, naturalmente, cuando se considere que es muy difícil probar el hecho o que el imputado (si se lo individualiza) no parece culpable" (cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", p. 167, Ed. Córdoba, 1986; CSJTuc., "Rodó, Rubén s/calumnias e injurias", sentencia del 8 de agosto de 2001).

Al respecto se ha observado que el archivo de las actuaciones carece de respaldo normativo cuando se disfraza de sobreseimiento provisional (D'Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación, p. 261, Ed. Abeledo-Perrot). Tanto el que acciona, como el imputado como sujeto pasivo del proceso, tienen derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. El archivo de las actuaciones que autoriza el artículo 332 CPP, exige de los jueces la certeza de que el hecho no esté comprendido en ninguna de las posibilidades abstractas de la ley penal. Se trata "de una causal objetiva de carácter eminentemente jurídico; es el enfoque de derecho como se considera al hecho hipotizado en la imputación. No va más allá del posible encuadramiento de ese hecho en alguna de las figuras previstas en el catálogo descriptivo sancionador que integra toda la segunda parte del Código Penal. Vale decir que el hecho, aún existente, no constituye un homicidio, un robo, una violación, etc. Se advierte, pues, cómo la ley procesal se aparta con relación a esta causal del concepto dogmático de delito para detenerse en uno de los elementos de éste; no va más allá de una noción meramente objetiva, esto es, del objeto procesal mirado desde el punto de vista del derecho penal" (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal penal", vol. IV, p. 316, Ed. Ediar, Bs.As. 1964).

En esa dirección se ha pronunciado esta Corte Suprema de Justicia, al dejar establecido que "Conforme a la exigencia legal, debe ser "manifiesto" que el hecho no encuadre en una figura penal. La norma no autoriza a anticipar un juicio negativo sobre la configuración del ilícito denunciado, con fundamento en consideraciones que, conforme al estado de la causa, se presentan como anticipadas (cfr. CSJTuc., "Miguel, Jorge Víctor s/injurias", sentencia del 17/6/98; "Zerdán, Horacio Augusto s/injurias", sentencia del 10/9/98).

En el caso de autos el Tribunal efectuó un análisis liminar de los hechos denunciados por el querellante, que va más allá de su estricta tipicidad abstracta; con lo que incurrió en una errónea interpretación y aplicación de ley adjetiva, toda vez que no resulta aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 427 última parte, en concordancia con el artículo 332 CPP, por no ser manifiesto que el hecho atribuido al imputado no encuadre en una figura penal.

La sentencia impugnada no contiene fundamentos normativos válidos con aptitud suficiente para sustentar la declaración de inadmisibilidad de la querella promovida en autos, lo que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el artículo 28 de la Constitución de la Provincia, y los artículos 408, inc. 2º, 413, inc. 4º y cc. del CPP.

En consecuencia, corresponde casar el fallo y declararlo nulo, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que declara la inadmisibilidad de una querella por injurias sobre la base de un juicio negativo sobre la configuración del ilícito denunciado, fundado en consideraciones que, conforme al estado de la causa, se presentan como anticipadas".

Los autos serán restituidos al Tribunal de origen para que, con la integración que corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad de la querella. En razón del modo en que se resuelve la cuestión, las costas se imponen en el orden causado (artículo 551 CPP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Dr. Manuel López Rougés, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 24 de julio de 2002 (fs. 18/19), conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos de la presente resolución. En consecuencia, se declara la nulidad del pronunciamiento impugnado, debiendo remitirse los autos a la Cámara para que, con la integración que corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento sobre la admisibilidad de la querella, conforme a lo dispuesto por decreto del 28 de diciembre de 2001.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE