Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


SINDICATURA EX BID C.L. contra PERAZZO, Gerardo y ot. Reg.: A y S t 197 p 436-438. Santa Fe, 9 de junio de 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución 32 del 04.02.2002 dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de Villa Constitución en autos "SINDICATURA EX BID C.L. -Quiebra- contra PERAZZO, Gerardo y ot. - Ejecutivo- (Expte. 497/00)" (Expte. C.S.J. n 131, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio 32 dictado por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de Villa Constitución mediante el cual se resuelve -en lo que es de interés-: "1) Revocar por contrario imperio y en forma parcial el auto nro. 589 de fecha 09/10/01... y en su lugar rechazar la oposición planteada por la actora respecto de la prueba informativa al Correo Argentino (punto A2)", deduce la parte demandada el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055 (fs. 21/27 vto.).

En su escrito introductor, luego de referir al cumplimiento de los recaudos formales, puntualiza que el Sentenciante incurre en "arbitrariedad normativa" por cuanto privilegió la plena aplicación del artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial que, en síntesis, establece la dirección judicial del debate por el Juez en busca de celeridad y economía procesal.

Pero señala que en aras de ese principio se vulneraron garantías constitucionales como son las de defensa en juicio y de debido proceso.

Enuncia que se produjo en autos una "reforma arbitraria de la ley" que si bien establece que el juicio ejecutivo es un juicio de conocimiento acotado, admite la posibilidad de ofrecer y producir pruebas conforme lo regulado en el código de rito.

En consecuencia, entiende que se ha cometido un error de apreciación por cuanto se valoró el referido artículo del digesto procesal por sobre normas específicas y concretas que regulan el proceso, en particular los medios de prueba.

Agrega, con cita de la causa "Zárate" -fallada por esta Corte- que si bien las cuestiones referidas a aspectos procesales están exentas de revisión por vía del recurso de inconstitucionalidad, cabe hacer excepción a dicha regla cuando lo decidido puede vulnerar el derecho de defensa garantizado constitucionalmente, lo que también fue admitido -dice- por esta Corte cuando el decisorio causa un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior.

En otro orden, discrepa con la valoración del Sentenciante al no considerarlo al Síndico como parte procesal y por lo tanto negando la procedencia de la confesional, disponiendo en contra de lo normado por los artículos 142, 182 y 275 inc. 8 de la ley 24522.

Concluye, sosteniendo que desde el punto de vista fáctico, el Sentenciante enfocó el tema con un apriorismo conceptual, subjetivo, anulando de plano sus posibilidades de probar los planteos excepcionantes que, afirma, eran ciertos y reales.

2. El recurso de inconstitucionalidad fue desestimado mediante decreto de fecha 25 de marzo de 2002, emanado del Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de Villa Constitución, por entender que lo peticionado no encuadraba "dentro de las previsiones del art. 1ero. de la ley 7055" (f. 28); tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 34/35vto.).

3. Se impone señalar, que varios óbices formales concurren en el caso que impiden dar favorable acogida a los agravios esgrimidos por el impugnante en su recurso de inconstitucionalidad.

Es que si bien el recurrente se esfuerza en tratar de demostrar la definitividad de la resolución recurrida, alegando que "al referir sobre cuestiones de prueba en juicio ejecutivo -estrictamente- sobre producción, denegación y substanciación, las mismas son inapelables (arts. 346 y 156 C.P.C. y C.)", no logra con sus argumentos acreditar la configuración en la especie de alguno de los supuestos de excepción que permita superar la ausencia del aludido requisito formal (crit. de A. y S., T. 75, pág. 312; T. 95, pág. 132; T. 110, pág. 231).

En efecto, la lectura del escrito introductor del recurso de inconstitucionalidad permite avizorar que -como el mismo recurrente parece admitirlo en el devenir procesal al haber efectuado la "reserva del recurso de nulidad contra la sentencia definitiva" (f. 9)- los agravios se dirigen a cuestionar la consecuencia que se desprende de una decisión judicial relativa a asuntos de procedimiento en las etapas del proceso, o a circunstancias de índole procesal previas al fallo definitivo, cuestiones que, en principio y según consolidado criterio de esta Corte, no son impugnables por la vía del recurso extraordinario (A. y S., T. 76, pág. 200; T. 89, pág. 273), salvo que lo resuelto importe agravio constitucional, por mediar manifiesta arbitrariedad, o que pueda generarse una restricción indebida del derecho de defensa, que de ese modo frustre el derecho constitucional del interesado, lo que no acontece en la especie.

Por último, cabe señalar que si esta Corte en reiteradas oportunidades ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad por ausencia de definitividad "...cuando se dirige contra resoluciones dictadas en procesos de ejecución, toda vez que éste se cierra con un sentencia contra la cual el código de rito abre la vía ordinaria prevista en el artículo 483" (por todos, A. y S. T. 110, pág. 231), con mayor razón hará lo propio cuando, como en el caso, aún no se ha dictado siquiera, dicha sentencia.

En consecuencia, el recurso no puede prosperar.

Por lo demás, cabe señalar que la notoria inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, torna inconducente ingresar al análisis del adecuado cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución del remedio intentado.

Por ello la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta, y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)