marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Multa administrativa, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), solve et repete, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO c/ CELULOSA MOLDEADA SA s/ RECURSO DIRECTO MULTA ADMINISTRATIVA      EXPTE NRO 100-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-03

Debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Provincial 10468 pues la exigencia del pago previo constituye desde el punto de vista jurídico, el corolario lógico de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, a la vez que en el aspecto práctico satisface la necesida de poner a cubierto la actividad del Estado evitando que el cumplimiento de sus finalidades específicas se vea dificultado por controversias dilatorias que puedan perturbar la recaudación oportuna de las rentas y comprometer la estabilidad de las finanzas públicas, además si constitucionalmente el Estado debe protección plena y adecuada a la vida, libertad y propiedad de los ciudadanos, también debe contar con medios que le permitan ejercer presión sobre los remisos en el cumplimiento de las leyes, evitando de tal forma que se vea frustrado su accionar.

Debe rechazarse el argumento de la infractora en el sentido que el pago de la multa implica una merma de efectivo en su giro que no está en condiciones de soportar, al ser una afirmación sin aval probatorio o demostrativo de la real configuración de una situación excepcional.
Querellante, asamblea de consorcistas, falta de legitimación para obrar, legitimación activa, representación del consorcio, derechos del administrador del consorcio, régimen de mayorías
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VANZINI de VILLANUEVA, María Teresa. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-25

El representante o administrador del consorcio carece de facultades para querellarse en representación de éste; no tiene personería para actuar en representación del consorcio sin decisión de los copropietarios (*).

Si de la copia del acta de asamblea surge que se comenzó en segunda convocatoria y el poder especial otorgado no fue conferido por la mayoría necesaria prevista en el reglamento de copropiedad, corresponde confirmar el auto del juez de primera instancia en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la defensa.
Vista de las actuaciones, denuncia, plazos procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gianinno, Mirna s/ Vistas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-18

No acarrea nulidad el haber cumplido con la vista prevista en el art. 180 del C.P.P. con posterioridad a la declaración indagatoria, pues si bien, por tratarse de un sumario iniciado por denuncia, dicha vista resulta obligatoria, el término para efectivizarla es de carácter ordenatorio y no perentorio, bastando con que se cumpla antes del dictado del procesamiento.
Cuestiones de competencia, competencia excepcional, competencia federal, contraseña, competencia de la Corte Suprema, Instagram, redes sociales, estafa, defraudación, código penal, medios de comunicación electrónica, tipo penal, subsidiaridad, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Calero, Mauro  c/  s/ legajo de investigación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Independientemente de algunos precedentes del Tribunal que indica su intervención para dirimir conflictos suscitados entre jueces nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde a la competencia federal continuar actuando en el caso que se investiga la recepción de mensajes desde la aplicación Instagram pidiendo cambios de contraseña y claves de acceso, por cuanto el delito podría encuadrar en la figura de defraudación o alguna de sus formas especiales que desplaza al tipo penal del artículo 153 bis por la regla de subsidiariedad expresa, en razón de su pena mayor (Disidencia del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Pelloni, Osvaldo Casiano s/ Homicidio culposo y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

No existe omisión de tratamiento de una defensa oportunamente planteada si en realidad el planteo que se efectuara no expresa otra cosa que el disenso de la parte con la Fiscalía respecto del modo en que se desarrollaron los hechos, lo que ha sido resuelto por la Cámara.
Obras sociales, prestación de servicios, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Vives, María c/ Obra Social para la Actividad de Seguros y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

No cabe responsabilizar vicariamente en los términos del art. 30 L.C.T. a una obra social por eventuales obligaciones laborales de un prestador asistencial contratado, en el caso, prestación del servicio de odontología. Se configura una relación entre la obra social como agente del seguro de salud y una empresa dedicada a la prestación del servicio de odontología que en modo alguno constituye la tercerización o cesión del objeto concerniente a la finalidad propia en los términos del art. 30 L.C.T. pues las obras sociales, como agentes del sistema de prestaciones sociales regido por la ley 23.660 no tienen por objeto específico propio otorgar en forma personal ni directa la atención prestacional (ver arts. 6 y concs. ley 23.660). (En el caso, la obra social no tenía un establecimiento propio donde se otorgasen a los afiliados prestaciones odontológicas, de manera que no puede considerarse que la demandada haya cedido parte de una actividad que realizaba por sí y por lo tanto no resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T.)
Despido, indemnización por despido, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Montero Oscar Ernesto c/ Fortunato Bonelli y Cía. S.A. s/ Diferencia indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La razonabilidad del tope indemnizatorio dispuesto por el art. 245 de la ley 20.744 t.o. -art. 155 de la ley 24.013- debería observarse, caso por caso, a la luz de lo dispuesto en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (art. 39 inc. 3 de la Constitución local). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jerarquía de las leyes, resolución ministerial, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Donikian Oscar Luis c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ Despido Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-20

Una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un "incremento de salarios" como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo. El acto homologatorio no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos, hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del art. 7 de la ley 14.250 y 8 L.C.T.. Y si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley. El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales. La calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en sede administrativa al tipo legal.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MACONDO BAR S.R.L. c/ SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-26

Es criterio de esta Sala, no considerar leve la falta de exhibición de los comprobantes de pago previsional, social, sindical y ART, dado que no es una violación de una obligación meramente documental (art. 2 inc. "d" ley 7253) sino que dificulta la protección de los derechos del trabajador y el ejercicio de la policía del trabajo, encuadrándola como falta grave, el inciso "g" del art. 3 de ley comentada" (autos Cerámica Santos SRL c, Sec. de Trabajo, 28/12/10).
Alimentos, segunda instancia, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C.G.Y. Y OTROS c/ G.N.M. s/ RECURSO  DE  APELACION  EN  RELACION  (ART.  28  DECRETO-LEY  20.324)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

En los recursos de apelación deducidos contra la sentencia de alimentos no es pertinente recibir la causa a prueba en segunda instancia, ni se admite la alegación de hechos nuevos, pues tratándose de apelaciones concedidas en relación, lo prohibe expresamente el art. 275 del Código Procesal.
Divorcio, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pascual Andrea y Domingo Faustino Sarmiento s/ Divorcio Vincular (LIBRO: A077 - 118)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-23

No reviste vicio de nulidad el convenio que, aunque suscripto antes de la iniciación de la demanda de divorcio, fue cumplido por la parte, que luego denunciara la mentada nulidad, durante la tramitación del proceso de divorcio por presentación conjunta.

Ese acto reviste el carácter de convenio de liquidación concertado durante la sustanciación del proceso.- No se puede sostener que se trate de un supuesto de nulidad absoluta y como tal inconfirmable, dado que a partir de la reforma introducida por la ley 23515, éstos convenios ya no son de "objeto prohibido" al estar expresamente autorizados en el supuesto de divorcio por presentación conjunta. Tratándose de una nulidad relativa es susceptible de confirmación que puede ser tácita mediante la ejecución del mismo.-
Desacato calificado, jueces, escritos judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Macia, Manuel s/ Desacato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Resultan injuriosas y agraviantes en la persona del magistrado con motivo del desempeño de su cargo, las frases contenidas en un escrito -copia- presentado en una causa en trámite ante su juzgado donde se lo señala como "otorgando facultades para el atropello, la coerción, la inconducta en el cumplimiento de las normas procesales, permitiendo el apriete de estos personeros de la liga de compradores", tildándoselo además de soberbio, mereciendo el firmante de este escrito reproche penal en orden a la conducta de desacato -art. 244, segundo párrafo del C.P. -, ya que el dolo con que actuara resulta palmario por el conocimiento íntegro del contenido del escrito que incluso luego, ratificó en sede judicial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, enfermedad profesional, contrato de trabajo, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: NORBERTO AUGUSTO PAVETTI c/ ENTE DE GARANTIZACION DE JORNALES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que acordó derecho al trabajador a percibir los días por enfermedad, sin atender al tope de garantías establecido en el inc. a) del art. 1 de la convención colectiva Nro. 420/73, invocando el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y los principios generales del derecho del trabajo, pues tal interpretación no ha tenido en cuenta el contexto general de las normas en juego y los fines que la informan, como la manera en que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales forzándose indebidamente la letra o el espíritu de los preceptos que rigen el caso.
Sociedades comerciales, domicilio social, competencia por el territorio, domicilio legal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARANDA, GREGORIO c/ CELULOSA ARGENTINA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-16

El domicilio administrativo de una sociedad no necesariamente es el domicilio legal, y es este último el que debe tenerse en cuenta a los efectos de fijar la competencia territorial, más allá de que la sociedad tenga la administración en un ámbito geográfico distinto.
Recurso extraordinario de nulidad, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Reschini, Omar Raúl c/ Laboratorios Glaseo s/ Reajuste de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

Es improcedente el recurso de nulidad extraordinario si no se advierte ni se demuestra que las cuestiones que se dicen preteridas pudieron gravitar en el sentido de la solución.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Felicetti, Adalberto Gaspar Martín s/ infracción a la ley n 23.737 - Causa n 2538.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Si bien, por vía de principio, la apreciación de la prueba constituye facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, tal circunstancia no es óbice para que la Corte conozca en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ese principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Da Luz, Darío D. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Para eximirse de responder, el director del colegio debe demostrar:

a) la imposibilidad de impedir el hecho dañoso (casus); b) la existencia de dicha imposibilidad pese a las potestades que ejerce para vigilar a los alumnos (ausencia de culpa) y c) que observó todos los cuidados que correspondían a su deber (ausencia de culpa).
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Metrovías S.A. c/ Tiferes, Santiago Mario s/ lanzamiento ley 17.091.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Hasta tanto se instalen los tribuna les en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde mantener transitoriamente la vigencia del art. 97 de la ley 19.987, en cuanto dispone que las causas originadas por la actividad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual el Gobierno de ésta es continuador a todos sus efectos (art. 5°, ley 24.588), se sustanciarán por vía de acción con arreglo a las formas de juicio previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ante dichos juzgados nacionales.
Diligencias preliminares, demanda, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: CEREZO, CARLOS R c/ EL CABILDO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS. s/ CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-10-09

La doctrina y jurisprudencia interpretan el termino demanda del art. 3986 del código civil en sentido amplio comprensivo de toda pretensión deducida judicialmente, tal el caso de las diligencias preliminares. Las mismas son un acto judicial que demuestra en forma indubitable que era propósito del actor no dejar perder su derecho, por lo que tal acto fue interruptivo de la prescripción.
Empresas de servicios eventuales, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARCIONI, VERONICA c/ SPORTSERVICE S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-14

La empresa condenada solidariamente está obligada a verificar que la empresa titular de la relación registre a su personal y efectúe los aportes correspondientes, y cuando la empresa titular desaparece o carece de elementos para otorgar el certificado de trabajo existe la fuerte presunción de que se trate de una intermediación o de un caso de insolvencia. De todos modos, la empresa solidaria puede acudir a los elementos obrantes en la causa para otorgar la certificación correspondiente. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Tenencia de estupefacientes, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gerstein, Myriam Noemí s/ infracción ley 20.771, art. 2, inc. a), c) y d)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Si la imputada reconoció que parte del estupefaciente fue consumido en su departamento por distintas personas, no existe menoscabo al ámbito de privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional, en tanto que la conducta que se le reprocha ha trascendido la esfera protegida por dicha norma.
Cuestiones de competencia, apertura del concurso, empleador fallido, acreedor postconcursal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREYRA, ANA c/ OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PéBLICOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-11

El art. 21, inc. 1º y el art. 32 de la ley 24522 establecen un sistema dual en tanto la oportunidad de la apertura del concurso define la competencia del juez, mientras que la calificación de los créditos en cuanto pre o post concursales se encuentra determinada por la oportunidad de la presentación del concurso de la parte demandada.
Amenazas, incidente callejero, pena
Materia: PENAL
Carátula: LUCCA, C.A. s/ AMENAZAS - INCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-13

Por cuanto las frases "si no te vas de acá te rompo todos los huesos" o "si no se retira va a cobrar a pesar de ser mujer", fueron vertidas a raíz de un incidente de tránsito, ello demuestra que tenían más sentido de desahogo que verdadera entidad intimidante.

Siendo un particular modo de expresión de no pocos habitantes de nuestra ciudad, fuerza es reconocer que no siempre tiene el sentido de un verdadero anuncio que se llevará a cabo lo expresado.

El delito de amenazas tiene una pena en nuestro derecho penal superior a la de las lesiones leves, por lo que resulta necesario ser prudente en su apreciación, ya que lo contrario implicaría penar más severamente el anuncio de que se producirá un mal que, de hacerse efectivo, llevaría menos pena que por su sola noticia.
Titular del automotor, denuncia de venta
Materia: CIVIL
Carátula: Villagra, Rosa Enriqueta y Otros c/ Arroyo, Nazareno Alvaro Ariel y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-12-06

El titular registral de un automotor que no ha cumplido con la carga de efectuar la llamada "denuncia de venta" no puede eximirse de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del accidente que protagonizó el comprador del vehículo, pues del juego armónico del art. 27 del Dec. ley 6582/58 -modificado por la ley 22.977- con el artículo 1113 del Código Civil, surge que el titular registral del automotor no responderá si ha acreditado la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder, y que el único caso en el que el artículo 27 aludido considera tercero al adquirente o a quienes de este último hubieren recibido el uso, la tenencia o posesión del automotor cuando el titular registral anoticie al registro de la tradición.
Cese de oposición al registro de marca, principios generales del Derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Laboratorio Eczane Pharma S.A. c/ Starplay Corporation S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-14

El titular de una "marca de hecho" es digno de amparo legal al menos por aplicación de los principios generales del derecho y, en ciertos casos, específicamente, por el art. 953 del Código Civil (conf., causa 6080/98 "Lionel´s s/medidas cautelares", del 24/11/98). Bien puede oponerse a un registro marcario solicitado cuando estima que suscita confusiones afectando su interés particular y el interés general de los consumidores (art. 4° cit.), comportando un problema distinto lo atinente a si la marca invocada sin registrar reúne en definitiva los recaudos que hacen a su tutela.
Recurso extraordinario, indefensión, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial
Materia: PENAL
Carátula: Argüello Orellana, Víctor H. s/ Evasión, privación ilegítima de la libertad, daños y lesiones Herrera Ferrari, Cristian Luciano s/ Robo cometido con arma en poblado y en banda. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08|2002-03-27

El art. 361 del Código de Procedimiento Penal dispone que el término para la interposición de los recursos extraordinarios será contado desde la notificación de la sentencia a la parte interesada, siendo dicho plazo común para el procesado y su defensor, empezando a correr desde el día siguiente a la última notificación, sin que para el debido ejercicio de sus deberes sea necesario que a los defensores se les notifique la voluntad de interponer recursos extraordinarios por parte de los procesados, sino que deben realizar los actos correspondientes en función de las oportunas comunicaciones con sus asistidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, prueba, menores, prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Debe equipararse a sentencia definitiva la resolución que declara irrecurrible la medida dispuesta por el juez de la causa en cuya virtud se habría de practicar compulsivamente una extracción de sangre a un menor no imputado en el proceso.
Certificado de trabajo, multa laboral, plazo, intimación fehaciente
Materia: LABORAL
Carátula: Rovere, Carla c/ Novarts Argentina SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

El art. 3 del decreto 146/01 dispone que el trabajador recién quedará habilitado para efectuar válidamente el requerimiento que abre las puertas a la multa cuando hayan pasado treinta días desde el distracto. No corresponde dicha sanción en el caso concreto en que la trabajadora disolvió la relación laboral 15/3/02, sin perjuicio de que la trabajadora consignó que lo hacía desde el 2/2/02 (un mes y medio antes del referido despacho) y tampoco efectuó ningún tipo de reclamo referido a los certificados del art. 80 LCT