Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-19


Salta, 19 de Abril de 2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "OTAMENDI, MIGUEL ANGEL FRANCISCO VS. SUCESION DE CARATTONI, GUSTAVO ADOLFO Y/O EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS Y/O RESPONSABLE LEGAL DE EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS - ORDINARIO" , S - 5757 / 8; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial del Sur, Metán, para resolver la apelación interpuesta a fs. 248/255, y ___________________C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 248/255, en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 240/244 vta.

Se agravia el recurrente por el rechazo de los rubros SAC 1º y 2º Semestre del año 2006, por el rechazo de la Indemnización del art. 1º de la Ley 25323 y finalmente por el rechazo de lo reclamado en concepto de daño moral.

Sustenta su primera queja por cuanto la sentenciante rechaza el pago del SAC 1º y 2º del año 2006 por entender que habiendo quedado acreditado que quien pagaba los haberes a los empleados era el señor Otamendi como Encargado, le resulta llamativo que no se haya abonado tales ítems. Ello motiva la queja del oponente ya que sostiene que los pagos hechos al actor lo eran por el señor Caratoni, primero y luego por la señorita Pamela Caratoni, razón por la cual no percibió los sueldos de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2007 que la señora Juez ordena su pago, sin entender el motivo que cambió de criterio para el SAC sin perjuicio de expresar que la patronal tiene la obligación de probar haber abonado dichos rubros, por lo que solicita se revoque dicho rubro ordenando el pago del SAC 1º y 2º del año 2006.

El segundo agravio está direccionado a oponerse al rechazo de la indemnización del art. 1º de la Ley 25323, donde la sentenciante expresa de que su parte no dio cumplimiento a los plazos legales que exige dicha norma, lo que el recurrente considera equivocado ya que desde la primera intimación cursada a la demandada, se verifica que la intimación se encuentra efectuada y que sin perjuicio de ello, el actor al cursar la intimación mencionó las dos normas legales, es decir Ley 24013 y 25323, por lo que los requisitos se encuentran perfectamente cumplidos.-________________________________Luego de explicar la vigencia de la Ley 25323 peticiona se revoque la sentencia en tal aspecto ordenando se abone la Indemnización art. 1º Ley 25323.

Por último se agravia por el rechazo del daño moral ya que la juzgadora erró en su apreciación, para lo cual el recurrente hace una serie de afirmaciones como valoraciones personales para sostener que el daño moral causado a su parte resulta evidente ya que la patronal actuó violando la buena fe .__________ Luego de citar y transcribir doctrina y jurisprudencia solicita se haga lugar también a este rubro.

Por todo ello solicita que oportunamente se revoque la sentencia apelada, en la parte pertinente , con costas.

A fs. 256 se corre traslado a la contraria del recurso de apelación interpuesto por el actor, el que es evacuado por la parte demandada a fs. 262/263 vta solicitando sea rechazada la apelación interpuesta por la contraria y ante la eventualidad de un fallo adverso hace reserva del caso federa.l II.- La sentencia de la instancia anterior de fs. 240/244 vta que acoge parcialmente los reclamos formulados al inicio, viene apelada por la parte actora a través del memorial recursivo que luce glosado a fs. 248/255, recibiendo oportuna réplica de la contraria a fs. 262/263 vta.

Tres son los agravios que se proponen contra lo decidido en origen, a mi criterio con parcial razón. Me explico.

La primera queja está direccionado a cuestionar el rechazo del SAC 1º y 2º del año 2006, que la juzgadora lo deniega por encontrar extraño que no se hayan abonado tales ítems, al estar acreditado que el actor era quien pagaba los haberes a los empleados.

Sin embargo entiendo que dicho argumento implica omitir que todo pago en concepto de salario u otra remuneración, solo podrá acreditarse mediante el correspondiente recibo, conforme el expreso texto del art. 138 de la ley de contrato de trabajo, no pudiendo acreditarse pago alguno en una relación laboral por sospechas de quien juzga o por simples presunciones .

De modo que no acreditado por el empleador el pago del rubro reclamado, es que corresponde acoger el mismo SAC 1º y 2º semestre del año 2006, con costas al demandado en ambas instancias.

El segundo agravio procurando se revoque el rechazo del rubro Indemnización art. 1º de la Ley 25323, que fuera denegado por la judicante porque el actor no cumplió con los plazos legales de otorgar 30 días al empleador, a lo que se opone el recurrente, alegando que su parte conforme las piezas postales, cumplió con todos los requisitos exigidos en la norma.

Entiendo le asiste razón al recurrente pero por la razones que a continuación paso a expresar.

Sabido es que la Ley 25323 implementó un mecanismo sancionatorio, que no desplaza sino que agrega a las ya existentes, destinadas a combatir el empleo no registrado o insuficientemente registrado, consistente en la duplicación de la Indemnización por Antigüedad que corresponde al trabajador afectado, sea que la relación laboral este regida por la LCT o por la Ley 25013 (art. 7). En cambio la ley no prevé la duplicación de la indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 de la LCT) y art. 6to de la Ley 25013, como tampoco las indemnizaciones agravadas.

La duplicación de la indemnización por antigüedad que establece el art. 1º de la Ley 25323, se distingue de la determinada por el art. 15 de la Ley 24013, en que ésta que tiene como presupuesto la previa intimación del empleador en los términos del art. 11 de la misma, intimación que debe cursarse estando vigente la relación laboral (art. 3º del Dto. Reglamentario Nº 2725/91). Mientras que el art. 1º de la Ley 25323, puede reclamarse en cualquier momento, pero siempre después de la extinción del vínculo.

La ley otorgó un plazo de gracia para los empleadores que tuvieran relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, constituidas con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley, o sea, 20 de octubre de 2000. Tal plazo de gracia es de 30 días, por lo que venció, al ser plazos corridos a las 24 hs. del 18 de noviembre de 2000 y dentro de él los empleadores debieron regularizar la situación de sus trabajadores para evitar el incremento de las indemnizaciones.

De modo que la ley, procuró una especie de blanqueo que contrasta con el art. 12 de la Ley 24013 , que tiene efectos jurídicos mucho más amplios.

Es obvio entonces, que el trabajador recurrirá al régimen de la Ley 25323 estando en situación laboral clandestina y la relación se extinguió sin que hubiere remitido a su empleador el requerimiento previsto, reitero, sólo en el art. 11 de la Ley de Empleo . Criterio que siguiéramos reiteradamente entre otros en autos: "Cenardo Adrián N. vs. Sidhu Kiranjit y/o quien resulte responsable y otros " Expte Nº 23795/09.

Por ello en autos corresponde revocar el rechazo de la indemnización del art. 1º de la Ley 25323 y condenar a la demandada a pagar al actor por tal concepto.

Finalmente , como último agravio se queja por el rechazo del rubro Daño Moral. En este rubro a mi entender no le asiste razón al quejoso, motivo por el que he de propiciar la confirmatoria en tal aspecto del decisorio.

En tal sentido , el rubro Indemnizatorio por Daño Moral que solicita el actor en el marco de una acción laboral, requería de la suficiente acreditación de la existencia de ofensas o agravios que pudieron herir los sentimientos o la honorabilidad del trabajador , y de que el principal hubiera cometido un acto reprochable en su perjuicio. Nada de lo cual fuera probado en esta causa.

Así advierto que en la memoria recursiva el agraviado se circunscribe a efectuar afirmaciones personales que no encuentran el mínimo sustento en los hechos y pruebas de la causa o de lo contrario sostener que el daño causado es evidente, sin identificar prueba alguna que de sustento a su reclamación. No pudiéndose a esta altura desconocer que la parte demandada no inició acción penal contra el actor , en tanto no surge en la causa que el actor haya sido acusado , sino que, conforme se desprende del Expte Nº 64211/07 del Juzgado de Instrucción Formal 2da Nominación, es el propio actor por Sumario Penal Nº 043/07 quien como encargado del negocio del local comercial "El Palacio de las Golosinas" (Suc. Metán) denuncia el S-Hurto ocurrido entre el 18 al 20 de Agosto de 2007 (fs. 1) , ordenándose el cambio de carátula "Miguel Ángel Otamendi por Defraudación" en perjuicio del Palacio de las Golosinas" , por el Juez de Instrucción conforme consta en el decreto de fs. 53 del citado expediente penal y de conformidad a las actuaciones practicadas por la Brigada de Investigaciones Nº 3, según diligencia que constan de fs. 44 a fs. 52.

Desde otra óptica tampoco corresponde mínimamente inferirse una actitud contraria del empleador quien no despidiera a Otamendi , sino que éste se dio por auto despedido sin habérsele impugnado ningún hecho , sino porque el empleador desconociera el vínculo laboral que los uniera.

Esta Sala II ha sostenido que habrá daño moral cuando se produce la violación de uno o varios de los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho . La mayoría de los supuestos de daño moral, se han de producir en la etapa de ejecución del contrato de trabajo, al someterse el trabajador a un poder jerárquico ajeno, compromete necesariamente su misma persona, inescindible de la actividad que despliega .

En el derecho laboral el daño moral puede clasificarse en dos inconductas patronales típicas: 1) Abuso del derecho, penalizado en los arts. 68 in fine y 11 de la LCT y 2) Actos discriminatorios, que penalizan los arts. 17, 81 y 172 de la LCT , complementado hoy con las leyes 25013 y 23592.

El empleador deberá responder si ha actuado con dolo, culpa, o sea cuando la imputación injuriosa carezca de seriedad y fundamento , sea porque tuvo la intención de agraviar o porque actuó en forma torpe o negligente. Entre otros en autos: "Govetto, Daniela S. vs. Marín, Silvia M. del H. " Expte Nº 22105/09.

También en autos "Soler Luis Horacio vs. Instituto Salesiano San Francisco Solano" Expte Nº 6124/03 dijimos que la indemnización tarifada no comprenden aquellas injurias que van más allá del incumplimiento contractual por afectar la moral del trabajador, concretándose en imputaciones que podrían ser motivo de sanción en el ámbito penal o civil, con independencia del contrato de trabajo .

Habrá daño moral cuando se produce la violación de uno o de varios de los derechos inherente a la personalidad de un sujeto de derecho.

En materia de despido, corresponde distinguir la antijuridicidad de la ilicitud ya que la primera responde a la violación injustificada por parte de la empleadora del deber de conservar el lugar de trabajo y se concreta en la tarifa indemnizatoria, mientras en la segunda responde a la conducta ilícita del empleador, sea de dolo o de culpa , y consiste en dañar voluntariamente al trabajador mediante el despido sin causa a través de comportamiento relacionado con dicho despido . La tarifa indemnizatoria cubre la antijuridicidad de la conducta, mientras que la indemnización por daño moral cubre su ilicitud.

Por lo expuesto normas legales y jurisprudencia citada, soy de opinión y en tal sentido voto porque se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito sea revocado el rechazo de los rubros SAC 1º y 2º Semestre/06 e Indemnización art. 1º Ley 25323, acogiendo los mismos por la suma de $5.970,22, correspondiendo en consecuencia elevar el monto condenado en origen a la suma de $ 33.703,35, donde se siguieron iguales montos, pautas y fechas que en la sentencia de grado y que no fueron cuestionados por las partes, con costas al demandado en ambas instancias, art. 67 del C.P.C. y C. y porque sea rechazado el agravio direccionado a revocar el rubro Daño Moral, confirmando su rechazo con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y porque se tenga presente la reserva formulada por la parte demandada.- El Dr. Jorge Daniel Cabrera dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.- Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

_______________________F A L L A I.- Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito revocando el rechazo de los rubros SAC 1º y 2º Semestre/06 e Indemnización art. 1º Ley 25323, acogiendo los mismos por la suma de $5.970,22, elevando en consecuencia el monto condenado en origen a la suma de $ 33.703,35, donde se siguieron iguales montos, pautas y fechas que en la sentencia de grado y que no fueron cuestionados por las partes, con costas al demandado en ambas instancias, art. 67 del C.P.C. y C. y rechazando el agravio direccionado a revocar el rubro Daño Moral, confirmando su rechazo con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y teniendo presente la reserva formulada por la parte demandada.- II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.-