marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, tecnología de la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRANCHI DE SAENZ, Delia Angela c/ SANATORIO GREYTON S.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

El origen de habeas data se explica en virtud del desarrollo del llamado "poder informático"; quienes "hacen" informática (el productor, el gestor y el distribuidor de datos) tienen generalmente protección constitucional de su actividad, en las reglas que tutelan la libertad de comercio, trabajar, propiedad, inviolabilidad de los papeles privados, etc. La situación no es la misma para los "registrados" en los archivos o bancos de datos, ya que éstos pueden contener información equivocada, antigua, falsa, o con potenciales fines discriminatorios, o lesiva del derecho a la intimidad de las personas; de ahí que el promotor del habeas data tendrá que alegar, para tener buen suceso, que los registros del caso incluyen información que es inexacta, o que puede provocarle discriminación.
Denegatoria del recurso, uso de documento falso, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giudice, Pablo Mario  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en giudice, pablo mario sobre 296 - uso de documento o certificado falso o adulterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

Corresponde rechazar la queja porque la sentencia que la recurrente pretende ver revisada, esto es, aquella que confirmó la resolución del juzgado de primera instancia en cuanto no hizo lugar a la excepción de atipicidad articulada por la defensa y ordenó remitir la causa a la etapa de juicio una vez que dicho auto adquiriera firmeza, no es la definitiva (cfr. art. 27 de la ley n° 402) ni tampoco demuestra que corresponda equipararla a una de esa especie. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Graduación de la pena, torturas, encubrimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Osvaldo Jorge Fano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-07-04

La determinación de la pena correspondiente a los delitos de tormentos agravados y encubrimiento debe atender a la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados, sumado a la gravedad del hecho y el grado de alarma social generado con los comportamientos y la afectación de bienes jurídicos.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, administración de la sociedad, representación de la sociedad, directorio, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Eleta, Francisco Antonio y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Procede confirmar la resolución que consideró que los actores habían sido ilícitamente privados del derecho al voto que en tanto accionistas les asistía, pues, contrariamente a lo que había sido decidido en la asamblea -en la que solicitan la nulidad de algunas decisiones-, ellos no se hallaban incursos en la hipótesis prevista en la LGS 248. El mejor índice para determinar si una norma está siendo o no debidamente interpretada es, como diría la Corte, su ponderación a la luz de los resultados a los que esa interpretación conduce. Desde tal perspectiva, la validez de la interpretación de las accionadas, en cuanto a que la decisión adoptada resulta de que la sociedad fijó el número -1 director- en el mismo que "históricamente" había establecido, contexto en el cual, según aducen, los minoritarios no podían imponerle un número mayor, debe ser desechada, dado que conduce al absurdo de sostener que, si nunca antes el socio había votado acumulativamente, se encontrará condenado a mantenerse en tal situación para siempre. Si estamos -como estamos- ante un derecho del accionista que surge de la ley que no lo condiciona de ese modo, forzoso es descartar que, de su lado, la sociedad haya adquirido el derecho a frustrar el voto acumulativo por la vía de conformar su directorio en un número de directores menor a tres por el solo hecho de que eso hubiera sido lo que venía haciendo. Es verdad que en este caso no estaremos ante una "reducción" de miembros del directorio que haga las veces de maniobra casi burda, pero sí estaremos ante un número que resultará "reducido" por comparación con las posibilidades que brindaba el estatuto, lo cual es relevante porque ese número inferior fue establecido por la asamblea después de que la sociedad hubiera sido notificada de la intención de un accionista de votar en forma acumulativa. El art. 263 establece en términos imperativos el procedimiento a seguir tras la recepción de esa notificación, ordenando que, tras ello, la sociedad "...procederá..." de la forma allí prevista.
Demanda, bonos externos, actualización monetaria, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: LA UNIVERSAL CIA. ARG. DE SEG.  S.A. c/ ELMA s/ INCIDENTE PAGO TASA JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

En autos, en lugar de dólares estadounidenses, se reclama el equivalente en moneda de curso legal a la cantidad de Bonos Externos 1982 indicados en la demanda. Tanto aquéllos como éstos mantienen su valor adquisitivo frente al constante deterioro de nuestro signo monetario, influido por el persistente proceso inflacionario, por consiguiente, la tasa respectiva debe ser liquidada sobre el equivalente en moneda nacional de la divisa aludida, al tipo de cambio vigente al primer día hábil anterior al de aquéllos en los que el tributo sea ingresado.
Recurso extraordinario de nulidad, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante, Sirio y otros c/ Industrias Funsa S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La invocada violación de normas constitucionales de la Nación o de la Provincia, es ajena a la órbita del recurso extraordinario de nulidad.
Superior Tribunal de Justicia, facultades disciplinarias, acción contencioso administrativa, prejuzgamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación s/ Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-25

Se interpone acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción o anulación en contra la Resolución Nº 57, de fecha 27 de diciembre de 2008, dictada por la Corte de Justicia, mediante la cual se resuelve disponer la cesantía del actor, quien plantea la recusación con causa de los Ministros y del Sr. Procurador de la Corte, con fundamento en el Art. 17, inc. 7) del CPCC.

En el informe de rigor, la Sra. Ministro Dra. Amelia del V. Sesto de Leiva se inhibe en la presente causa por razones de decoro y delicadeza -Art. 30 in fine del CPCC-. Asimismo, en su dictamen, el Sr. Procurador manifiesta que se encuentra alcanzado por la causal de inhibición prevista por el Art. 30 in fine del CPCC, por lo que se excusa de entender en la presente causa. En relación a la recusación con causa articulada por la parte actora, se debe tener presente que el prejuzgamiento ha sido definido como la emisión de opinión o dictamen preciso y fundado sobre el o los puntos concretos que deban ser materia de decisión después de comenzado el pleito, ya sea fuera o en el expediente, antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse y que sólo resulta admisible apartar al Juez del conocimiento de la causa cuando haya exteriorizado judicial o extrajudicialmente y con anterioridad a su sentencia, su posición más cercana a la forma de resolver el fondo de las cuestiones debatidas en el proceso.

Por otra parte, la Corte de Justicia tiene dicho: "la declaración del Superior Tribunal Provincial relativa a que las disposiciones sobre recusación contenidas en los Códigos de Procedimientos para el trámite ordinario de las causas no son aplicables cuando se trata de facultades de superintendencia que se han ejercido de conformidad con las normas respectivas".

Por lo expuesto, corresponde rechazar la recusación con causa interpuesta por la parte actora en contra de los Señores Ministros y del Sr. Procurador General de la Corte de Justicia, en tanto el acto administrativo cuestionado ha sido emitido en ejercicio de atribuciones constitucionales propias del ministerio que ejercen -Art. 206 inc. 10 de la C.P.-, las que no se encuentran en colisión con la actividad jurisdiccional que por norma de igual jerarquía -Art. 204 de la C.P.- les compete y aceptar las inhibiciones de la Ministra Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y del Sr. Procurador General.
Pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Stefano, Juan J. c/ La Runa, Pacual s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Siendo el nombre del beneficiario un requisito esencial, no existe en nuestro derecho cambiario pagaré (arts. 101 inc. 6 y 103 decreto ley 5965/63). Ello así, no resultan aplicables en este supuesto los efectos de la solidaridad cambiaria en razón que la obligación que se ejecuta ha quedado -al ser reconocida la firma de los documentos por uno de los ejecutados- subsistente como un instrumento privado y no quedaría comprendido, en consecuencia, en la normativa del art.

51 del decreto ley 5965/63. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba pericial, impugnación de la pericia, oportunidad procesal, preclusión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: López, Patricia Dominga c/ S. CROSS SRL s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-02

Tramitadas las impugnaciones, es extemporáneo pretender someterlas a la Alzada, desde que existe una etapa procesal preclusa sobre la cual no le es dable al juzgador retrotraer bajo el aspecto en cuestión.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Julio P. c/ Frigorífico Junín S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

No configura transgresión al art. 168 de la Constitución de la Provincia la circunstancia que alguna cuestión referida a los hechos sea aprehendida en la sentencia y no en el veredicto.
Daños y perjuicios, indemnización, tasas de interés, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-05

Si el deudor ha causado un daño con el incumplimiento resulta jurídicamente inapropiado analizar si la reparación del daño resulta barata o cara, según el mercado financiero. Cualquiera sea la conclusión del estudio del mercado, el deudor deberá resarcir. Si el acreedor tomó un préstamo para procurarse el dinero que el deudor no le pagó deberá computarse como daño del acreedor la tasa que hubo de pagar al prestamista. Si se parte de la hipótesis de que de haber cumplido el deudor, el acreedor hubiera hecho una inversión rentable, la renta perdida será el daño a computar. (Dr. Diblasi en disidencia parcial).
Sucesiones, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Culin, José s/ Incidente de ejecución de honorarios García, Miguel y ot. c/ Piaggi, Herminio J. A. y ot. s/ Ejecución hipotecaria Grego, Alicia c/ Pluda, Horacio (Sucesión) s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24|1998-11-05|2005-05-24

Si bien es cierto que reiteradamente se ha resuelto que se debe desestimar el pedido de subasta si mediante la documentación acompañada no se encuentra acreditado que el dominio del inmueble figure inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre del ejecutado, dicho principio cede ante algún supuesto excepcional, tal como ocurre con la problemática que plantea la venta forzada de los inmuebles que componen el acervo sucesorio, cuando la ejecución se sigue contra los herederos del causante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia civil, actos ilícitos, defensa del consumidor, alimentos contaminados, supermercado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LARCHE, ISABEL c/ INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS ALCO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-12

Si se demanda el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos -en el caso, violación a la ley de defensa del consumidor, por responsabilidad de un supermercado, en virtud de contaminación alimenticia-, corresponde que sea la justicia nacional en lo civil quien conozca en el caso, con independencia de que resulten o no aplicables las disposiciones de la Ley 24240, o de la relación de éstas con normas del derecho mercantil (DL 1285/58, ref. Por Ley 23637 art 43-b). (En igual sentido: "Ocampo, Juan Carlos c/ Cica S.A. Alimenticia s/ ord.", Sala c, 16.9.98, Dictamen fiscal 79293; "Prassino, Estela c/ Benvenuto S.A.C.I. s/ sumarisimo", sala A, 26.2.99).
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, caducidad de instancia, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Rodolfo y otros c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia del Chaco y/o Provincia del Chaco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la perención de instancia sin tener en cuenta que se encontraba pendiente en autos la producción de una importante prueba en común a las partes (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia, voto de adhesión
Materia: LABORAL
Carátula: Ottone de Ponce de León, Matilde Aída c/ Ribe Hnos. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

La adhesión de los jueces al voto del que lo funda con anterioridad no es motivo de nulidad aunque no se reproduzcan las razones expuestas por el juez preopinante.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias, acción, prescripción, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Barttolotti, Carlos A s/ Lesiones y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el Fiscal de Cámaras denunciando la aplicación errónea de los arts. 62 ap. 2 y 55 del Código Penal se agravia de la decisión de la Cámara de optar por la teoría del paralelismo para computar el plazo de prescripción de la acción penal del concurso real de los delitos de lesiones leves y daño imputado al procesado pues, no obstante asistirle razón en cuanto a la aplicación en tales casos de la doctrina de la acumulación, lo cierto es que en el supuesto en examen el empleo de una u otra tesis en pugna no incide en el cómputo del término de prescripción que en cualquier caso es de dos años atento lo normado en el art. 62 inc. 2 in fine del Código Penal.
Verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: DERECHO COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA EN AUTOS: RAMON DIEGUEZ S.A. s/ CONVOCATORIA DE ACREEDORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-13

Si el incidentista no impugna ni observa el informe del Síndico del concurso, los créditos verificados en el mismo son declarados verificados en la resolución, produciendo efectos de cosa juzgada material.-
Interposición del recurso, presentación extemporánea, acción de amparo, resoluciones inapelables, recurso de queja (procesal), inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Natanson, Waldo Germán c/ GCBA y otros s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde rechazar la queja, toda vez que no logra poner en crisis la decisión del a quo que denegó el recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que no reunía la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional. En efecto, las manifestaciones genéricas sostenidas por el quejoso acerca de los alcances definitivos de la resolución cuestionada -que dispuso declarar mal concedido el recurso de apelación del GCBA contra la decisión de primera instancia que, a su turno, resolvió que el objeto de la pretensión inicial no se encontraba agotado con el acto administrativo que dispuso la cesantía del actor- no resultan hábiles para evidenciar que los agravios que se pretenden traer a conocimiento de este Estrado en esta etapa inicial del proceso, resulten de imposible o insusceptible reparación ulterior. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Depósito aduanero, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Vanyl SA c/ LADE s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-09

Para determinar el daño ocasionado por la depositaria de la mercadería por haber entregado los bienes a un tercero -que presentó documentación falsa a tales efectos-, cuando el peritaje no satisface las exigencias de adecuada tasación, debe aplicarse el método indirecto y, al precio de las mercaderías, corresponde añadir el porcentaje de la ganancia esperada más lo abonado a la Aduana en concepto de gravámenes.
Fe pública, escribanos públicos
Materia: PENAL
Carátula: DELGADO, Edith Carmen c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-23

Dado el carácter esencial del escribano como fedatario del acto que ante él se celebra en participación de la persona cuya identidad debe haber sido debidamente verificada en los términos previstos por la ley -arts. 1002 y cc. del Código Civil-, la posibilidad de perjuicio y el conocimiento sobre ese obrar típico se verifica en el deterioro de la fe pública cuya intervención inviste al instrumento frente al ejercicio irregular de su actividad notarial.Dres. Barroetaveña, Figueroa y Petrone.
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, control de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: " Vergez, Héctor Pedro s/ Rec. de casación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-01

"De acuerdo con el artículo 1 de la ley 24.390, la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. A su vez, y como excepción, se estipula que el encierro podrá extenderse por un año cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años.

Esos plazos no son de aplicación automática sino que deben someterse a un control de razonabilidad que se resume en verificar la subsistencia de riesgos procesales".
Proceso penal, recurso de casación, delitos contra la propiedad, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: NO TIENE ACTOR c/ LABARI, OCTAVIO JAVIER s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-13

La falta de secuestro del arma no constituye una circunstancia esencial que pueda absolutamente alterar la convicción adquirida a través del aporte efectuado por la víctima. El empleo de un arma como elemento agravante del robo no sólo puede demostrarse mediante su secuestro.

Es claro que este procedimiento permite adquirir la evidencia de más alto valor sobre esa circunstancia calificante, pero el principio de libertad probatoria imperante en el proceso penal, salvo en supuestos taxativamente aludidos por la ley, da un margen amplio para que la convicción se alcance a través del análisis de cualquier elemento razonablemente apto para establecer la verdad.
Intereses, intereses convencionales, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. c/ Bravo Julio Cesar y Molina de Bravo Alva Reina s/ Ejecución hipotecaria Molina de Bravo Alva Reina s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-28

Si al promoverse la demanda ejecutiva el banco acreedor denuncia como impagas 21 cuotas de las 60 a que se obligaban a los deudores en reintegro del préstamo, dada la inmediatez del cobro que se persigue ahora del total de la deuda, en función de la cláusula pactada, una tasa del 27% anual (intereses compensatorios y punitorios), resulta exagerada y debe ser morigerada en esta ocasión procesal, en función de lo dispuesto por el art. 656 del C.Civil debe disminuirse la tasa pactada a un 18% anual, lo que se adecua en función de la naturaleza del préstamo y la época en que el mismo se realizó.
Acto administrativo, jubilaciones, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco c/ Resolución Nro.1264/88 del I.P.S. s/ Acción de lesividad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-12

Corresponde desestimar la demanda de lesividad promovida por el InSSSeP, alegando que el acto administrativo ha sido irregularmente emitido por resultar inaplicable al caso la normativa del art.45 de la ley 3100, en razón de que a la fecha del cese en la actividad, dicha norma había sido derogada, dicho cese se produjo en fecha que regía la ley 3359 que estima de aplicación al caso. Ello, ya que no puede desconocerse que el interesado cesó como funcionario en fecha en que estaba vigente el art.45 de la Ley 3100, aunque, con posterioridad y luego de cierto tiempo fuera designado funcionario en otro organismo, contingencia laboral que por sí sola no puede modificar la circunstancia anterior. Debe computarse, entonces esta fecha como la del cese de servicios, y surgiendo también de las actuaciones administrativas que el recurrente acreditó reunir todos los requisitos exigidos por la norma citada, para hacerse acreedor de la jubilación allí prevista, su situación jurídica y su derecho quedó consolidado en esa fecha, bajo la vigencia de la ley imperante en el momento del cese, no obstante no existir ningún acto administrativo que así lo declare, todo ello a la luz de lo normado por el art. 78 de la ley 3100 y de la doctrina reiterada de la Corte Suprema de la Nación sobre el particular.
Bancos, responsabilidad del banco, títulos de crédito, custodia de títulos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONGVIE PARANA SA c/ BANCO FINAMERICA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

No parece excesivo imponer a la entidad bancaria depositaria el cotejo de la firma que autorizaría el movimiento financiero de los títulos puestos bajo su custodia -en el caso títulos valores-. Por el contrario, este examen es de la mayor importancia, más aún si no esta presente el empleado que normalmente trata con la depositante.

Teniendo en cuenta la calidad de depositario del banco, tiene una obligación de custodia cuya violación compromete su responsabilidad.

No estará exento de ella en caso de pérdida debido al ilícito de un tercero, salvo en el caso en que el hecho sea imposible de evitar y, además, imprevisible, pues en este caso tendría carácter de fuerza mayor.
Despido sin causa, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: González, Norma Beatriz c/ Ramón Abraham Hnos. S.A.C.I.M. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-15

El despido es injustificado por no darse cumplimiento al requisito del art.243 de la Ley de Contrato de trabajo Nro.20744 y no empece a dicha conclusión que el testigo refiera que la trabajadora era reacia a obedecer órdenes de un superior, desde aquí no está en discusión si el hecho injurioso existió o no en realidad, sino el aspecto formal de no haber cumplimentado la empleadora la carga de expresar en forma suficientemente clara, el motivo en que se funda la ruptura del contrato, puesto que de ser así, no puede la empleadora denunciante válidamente invocar motivo alguno de justa causa, en tanto que se trata de un típico caso de supresión de la realidad de defecto de forma.