Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-14


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintisiete.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 14 días del mes de Septiembre del año dos mil nueve se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES bajo la Presidencia del Dr. Cippitelli, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 20/08 - "Estado Provincial c/ Olivares Mediterráneos S.A. -s/ Ejecución Fiscal -s/ RECURSO DE CASACION", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 40, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUÍS RAÚL CIPPITELLI; AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

En los presentes autos la parte demandada interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria N° 212/07, dictada por la Cámara de Apelación de Segunda Nominación que revoca lo resuelto por el juez de Primera Instancia, rechaza la excepción de prescripción y ordena seguir adelante con la ejecución. El recurrente anuncia cumplidos los requisitos formales que la ley de rito exige. Del relato de los hechos se extrae que, el Estado Provincial, con fecha 9 de diciembre del 2.003 promueve ejecución fiscal procurando el pago de impuestos adeudados, correspondientes a Ingresos Brutos de los períodos enero a diciembre de 1997, conforme a la liquidación 0111/03 del 3/10/03 e impuestos de Sellos de los años 1995 y 1996, liquidación 00029/2003 de fecha 26/06/03. El ejecutado interpone excepción de prescripción y el a quo hace lugar. La actora apela y la Cámara rechaza la excepción. El recurso se funda en las tres causales. Aplicación e interpretación errónea de la ley por resolver en función del Código Tributario Provincial y no del Código Civil y establecer que las actuaciones administrativas interrumpen la prescripción. Aplicación e Interpretación errónea de la doctrina legal al apartarse de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso "Filcrosa S.A. y arbitrariedad por no pronunciarse sobre los puntos propuestos por su parte, entre ellos la inconstitucionalidad de los arts. 83, 84 y 85 del Código Tributario y prescindir del texto y doctrina aplicable sin dar razones. Hace reserva del caso federal. A fs. 13/17 contesta traslado la contraria y solicita el rechazo del recurso. A fs. 32/38 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte. Firme el proveído de autos para sentencia y practicado el acto de sorteo, inicio el estudio de la causa. Al verificar los presupuestos de admisibilidad del recurso advierto menester detenerse en la exigencia de la definitividad del pronunciamiento bajo examen, ello en tanto, debe descartarse como impugnable, los que no puedan adquirir ese carácter. Como bien lo afirma Hitters ("Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", La Plata, ed. Platense, 1984, n° 156), lo que interesa saber es si al recurrente le queda o no otra vía jurídica para solucionar su agravio sustancial, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado. En ese orden de ideas las decisiones recaídas en juicios ejecutivos, como regla, no constituyen sentencia definitiva. Pero he de aquí que en el particular aprecio teñida la resolución de esta naturaleza al concluirse una controversia acerca de un tema específico vinculada al asunto principal del litigio, el que no puede volver a discutirse, ni en otra etapa del proceso, ni en otro proceso. En efecto, en un proceso ordinario posterior a un juicio ejecutivo, sólo se pueden hacer valer aquellas defensas o excepciones que por ley no hubiesen sido admisible en el procedimiento de ejecución, por ello la sentencia dictada en un juicio de esta especie, que interpreta que no ha operado la prescripción no podría ser replanteada por el recurrente en un proceso de conocimiento posterior en consecuencia el fallo en crisis, reviste carácter de definitivo. En cuanto a los otros recaudos formales considero a los mismos cumplidos, de modo que, corresponde introducirme en el análisis de la cuestión de fondo. En tal sentido, a fin de establecer un orden en el pronunciamiento de las cuestiones a dilucidar, considero conveniente realizar, en breve, una recapitulación de la historia de esta causa en lo que aquí importa.

Se promueve ejecución fiscal con fecha 09 de diciembre del 2003, procurando el cobro de los impuestos de ingresos brutos por el período enero a diciembre del año 1997 e impuestos de sellos por los años 1995 y 1996. El ejecutado opone excepción de prescripción conforme al art. 4027 inc. 3 del C.C y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 82, 83, 84 y 85 del Código Tributario, en lo que se contraponga al C.Civil. El a quo rechaza el planteo de inconstitucionalidad y hace lugar a la excepción de prescripción en razón de haber transcurrido el plazo de cinco años dispuesto por el art. 4027 del C.C. El actor apela y la Alzada previo a referirse a la inadmisibilidad de la inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo, rechaza la excepción de prescripción con fundamento en que el plazo de prescripción se encuentra interrumpido por las actuaciones administrativas conforme a lo dispuesto por el art. 85 inc. c del Código Tributario. Frente a este panorama estimo pertinente referirme en primer término a la excepción de inconstitucionalidad en el marco de un proceso de ejecución fiscal en tanto el ofendido insiste con este planteo y se agravia por no haberse pronunciado la Alzada sobre el tema. Al respecto interesa señalar que tanto la doctrina y la jurisprudencia se hallan divididas en torno a la admisión de la excepción de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo. Por la afirmativa se pronunciaron, entre otros, Jofré, Ibañez Frocham, Podetti y Colombo. En contra Alsina, Palacio, Busto Berrondo, y Fenochietto y Arazi. En general ningún Código Procesal admite expresamente la excepción de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo, por lo cual la doctrina mayoritaria entendía que resultaba improcedente dicho planteo, postura que había obtenido consagración jurisprudencial. Pero a su vez también surge una marcada corriente jurisprudencial superadora de la opinión negativa, que ha acogido esta excepción autónoma, fundada esencialmente en que si bien no figuran en el texto procedimientos tributarios, nada impide admitirla si ella no puede ser discutida eficazmente con posterioridad en el juicio ordinario, o la resolución pudiere frustrar un derecho federal o causare un perjuicio de imposible reparación ulterior. Ello por cuanto, como lo dispone el art. 31 de la CN, ella es la primera ley de la Nación y los derechos y garantías que reconoce no pueden ser alterados por leyes reglamentarias (art. 28). Así, siempre que por la naturaleza del procedimiento impreso a la vía ejecutiva se menoscaben o violen garantías constitucionales, que no pueden ser denunciados mediante las excepciones expresamente autorizadas, la declaración de inconstitucionalidad procede. Por otra parte una línea intermedia de la jurisprudencia afirma: que cuando se impugna una norma legal por ser violatoria a la CN, hay que distinguir según el apartamiento o la violación a la constitución surja del contenido mismo de la norma atacada, o que la inconstitucionalidad invocada se halle referida, no a la norma en si misma, sino a su aplicación al caso concreto, que requiera la producción de prueba fehaciente para acreditar en ese caso la alegada inconstitucionalidad. Solamente en el primer caso puede admitirse la excepción en el juicio ejecutivo, ya que en el segundo es menester un juicio de cognición amplio en el que puedan discutirse y probarse todas las cuestiones de derecho y de hecho que revelan el conflicto de las normas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido excepciones al principio de que los planteos de inconstitucionalidad del sistema de indexación de deudas fiscales no son susceptibles de ser ventilados en los procesos de ejecución fiscal, cuando se produce perjuicio irreparable difícil de conjurar mediante la sustanciación del juicio ordinario posterior, o cuando están en juego normas que hacen a la recaudación de la renta fiscal, o cuando lo resuelto reviste gravedad institucional o cuando existen circunstancias de excepcional gravedad. Sentado ello aprecio que, si bien es cierto que la defensa de inconstitucionalidad es en principio ajena a los procesos ejecutivos al configurar un agravio susceptible de repararse mediante el juicio ordinario posterior, tal afirmación torna imperioso dilucidar su alcance y su aplicación al caso en tratamiento: en el presente se ha deducido excepción de prescripción de las deudas tributarias, de lo resuelto al respecto queda firme y no puede ser discutido en otra etapa y que es lo que le otorga carácter definitivo al pronunciamiento impugnado. El recurrente alega la prescripción por aplicación del código civil y solicita la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el código tributario. Siendo ello así entiendo que, el apartamiento o la violación de la constitución nacional denunciada surge del contenido mismo de la norma impugnada por supuestamente regular la prescripción apartándose de lo dispuesto por las normas civiles al respecto. La pugna entre ambas normas no requiere de pruebas ni es necesario un proceso de mayor conocimiento, en el que a su vez el tema prescripción resuelto, insisto, queda atrapado bajo los efectos de la cosa juzgada material y no podría ser replanteado, por lo que, el gravamen constitucional invocado podría ser de difícil o imposible reparación ulterior de postergar su tratamiento a un proceso ordinario posterior. Por lo que estimo el presente caso, debe ser en este marco analizado. Ahora bien, como los jueces no pueden pronunciarse en abstracto sobre un problema tan delicado como es la invalidez constitucional de las leyes y siendo el motivo del recurso, el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el demandado en una ejecución fiscal corresponde establecer primero el régimen normativo de prescripción aplicable para finalmente poder determinar, si los impuestos de sello e ingresos bruto objeto de ejecución se encuentran o no prescriptos. Es oportuno aclarar, "Que no es un hecho controvertido en autos, que dentro del régimen de competencias asignado por la Constitución Nacional, es facultad no delegada por las provincias al Gobierno Nacional, la de establecer los tributos cuya verificación fue reclamada en autos. La cuestión litigiosa en cambio, consiste en dilucidar si esa facultad incluye, la de fijar la prescripción de los aludidos tributos o, en cambio, esta última corresponde a la Nación en razón de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la CN. La cuestión a dirimir no es simple, el intenso e interesante debate doctrinario y jurisprudencial que originó el tema deja a las claras que estamos ante una cuestión sumamente compleja y discutida y que sigue aun siendo objeto de permanente debate. Es dable aclarar que nuestro Tribunal a la fecha, no ha sentado precedente sobre el tema. Si lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del famoso caso Filcrosa S.A. y, la mayoría de los tribunales superiores de las provincias, verbigracia Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza han resuelto sus casos adoptando el criterio plasmado en Filcrosa , no obstante otros como -Ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco-, han fallado en sentido contrario a lo postulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al examinar las distintas argumentaciones vertidas a favor de una y otra postura puede advertirse que ambas se encuentran sostenidas por importantes fundamentos por lo que sin duda dificulta una toma de posición sobre el tema. Según la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa Filcrosa, "las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a los dispuesto en el Código Civil resultan inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho de público local" (Fallos 175:300: 176:115: 193:157; 203:274; 284:219; 285:209 y320:1344). Siguiendo este criterio la Corte de Justicia de Tucumán ha señalado que "La Corte Suprema de la Nación privilegia la aplicación del Código Civil sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que en la materia (de la prescripción), resulta exclusiva de la legislación nacional, ejecutada aquella mediante el dictado del Código Civil y de Comercio -fondo común del derecho-, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por las leyes sustantivas dictadas por el Congreso (en especial conformen fallo: 176:115, y elenco jurisprudencial en idéntica línea, ver "Fallos: 119:147; 161:397; 168:403; 196:296; 175:300; 178:9; 180:196; 183:143; 188:403; 190:142; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274; 205:200; 215:5; 217:189; 222:587; 232:482; 235:571; 296:379; 282:20; 293:427, entre muchos otros, en doctrina conforme Villega Héctor B., "la legislación impositiva y el derecho privado", LA LEY, L -870 y Enrique G Bulit Goñi, LA LEY, 67-73, enero de 1996 p. 39: "el inciso 12 confiere al Congreso Nacional la atribución para el dictado de la legislación de fondo, lo que determina que los ordenamientos de niveles inferiores no pueden dictar normas en materia tributaria que pudieren contraponerse a tales regulaciones de modo de desarticular la unidad nacional de legislación sustantiva") (conf. CSJT, sentencia Nº 870 del 28/10/97; sent., Nº 643/98., publicado en LLNOA 2005 noviembre, 1333). En ese orden aprecio, que como lo dijo nuestra Corte Federal, "Frente a una cláusula constitucional que resulta parca en lo específico, que ha sido materia de numerosas interpretaciones, teniendo en cuenta la señera directiva de la Corte Suprema en cuanto a que una de las formas mas certera de apreciar el acierto o el error de una interpretación jurídica -en el caso de la cláusula de los códigos, del art. 75 inc. 12 de la CN- es tomar en cuenta los efectos de tal interpretación (Fallos 234-482; 302-1284 entre muchos). En este supuesto, ver si la interpretación que se propicia ayuda o perjudica a la unidad nacional, a la integración entre las jurisdicciones, a la realización de inversiones productivas, a la radicación de capitales, al desarrollo pleno y justo de las fuerzas productivas, si constituye una traba o una ayuda para la operatividad efectiva del régimen federal, si comporta un menoscabo, una traba, un impedimento real y cierto, o solo teórico y abstracto de las autonomías provinciales o, en su caso, de las potestades municipales".

Sin perjuicio del enorme valor de las disquisiciones jurídicas, comparto pues, que no es conducente a la funcionalidad de un Estado federal la existencia de marcadas disparidades sustantivas en el derecho de los fiscos locales. No es necesaria, más aun, es inconveniente, y no hace a la alegada autonomía. En suma, la cuestión pone en juego el desafío de hacer un solo país para un solo pueblo, de hacer una unión indestructible de estados indestructibles, como ha dicho tanta veces la Corte Suprema de Justicia (Fallos: 178-9; 257-159; entre muchos). Y el código civil con el sustento jurídico político de la cláusula constitucional del art. 75 inc 12, más allá de las precisiones jurídicas que quieran hacerse, invalorables todas, tiene el valor esencial de constituir un punto de referencia común para todos los distritos locales -provincias y municipios-, en orden a asegurar al menos una mínima homogeneidad de las normas esenciales. En esa inteligencia aprecio que, sobre todo teniendo en cuenta el accionar de los fiscos locales hoy en día, que es preferible para los intereses generales la orientación que mantiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación ,según la cual, finalmente, por la sujeción debida al Código Civil, la prescripción debe ser en todas las provincias y municipalidades de cinco años (art. 4027 inc. 3); ese plazo debe comenzar a ser computado desde la fecha de la obligación (art 3956); las causales de interrupción son el reconocimiento del deudor (art. 3989) o la demanda judicial (art. 3986, primer párrafo) , y la suspensión, por un año y por una sola vez, es la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica (art 3986 segundo párrafo). Teniendo en cuenta todo ello comparto que, las provincias no pueden entonces reglamentar la interrupción, suspensión o establecer plazos distintos, tal como lo ha declarado la jurisprudencia nacional, es decir no pueden modificar el régimen de la prescripción establecido en el Código Civil. "Que esa doctrina debe ser ratificada, puesto que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que justifica que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75 inc. 12, éste no sólo fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que dentro de ese marco, establecerá también un régimen destinado a comprender las generalidades de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía" -Tratado de la prescripción liberatoria Edgardo López Herrera-, p. 66/67. Y por ultimo, si bien puede decirse, que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no son jurídicamente obligatorias para los tribunales inferiores, también está dicho, que sus fallos bien que poseen suma autoridad institucional, los pronunciamientos que se apartan de ellas adolecen de vicios que el Alto Tribunal definió en fallos: 307-1094, con citas de 250-653, 256- 414 y 292: "esenciales razones de seguridad, de buen ordenamiento y de convivencia social, aconsejan garantizar la aplicación uniforme de la Constitución y la ley, asentándola sobre la jurisprudencia establecida". Quizá una de las más sólidas y fundadas exposiciones de la regla de la autoridad institucional que se invoca es la hecha por el ministro Petracchi en el caso "Ernesto Alfredo Montalvo" (Fallos: 313-1333) donde cita a Cooley, y afirma: "Sería (.) en extremo inconveniente para la comunidad.si los precedente no fueran debidamente considerados y consecuentemente seguidos" (considerando II, pag.1363). Añade, además, esta aserción rectora en el considerando 14, segundo párrafo: ".se hace imperiosa (.) la necesidad de asegurar la permanencia y estabilidad de las decisiones de la Corte Suprema, más allá de los cambios circunstanciales en sus integración, con el objeto de mantener "la fe pública en el poder judicial como fuente de decisiones impersonales y razonadas". [La "cláusula constitucional de los códigos" y la prescripción de tributos locales: dos importantes fallos contrapuestos]- Por Enrique G. Bulit Goñi- Periódico Económico Tributario /2004 pag. 143/146-. Por lo que, al haber dirimido la cuestión la CSJN y en virtud de ello, por esenciales razones de economía procesal y seguridad jurídica, estimo, que más que justificar, obligan a seguir el camino trazado por esta doctrina judicial vigente. Sabido también es, que la Corte Suprema de la Nación, por principio, sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no son obligatorios para casos análogos. No obstante ello, estimo, que los tribunales inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas, a fin de honrar los principios de economía y celeridad procesal, ya que resultan un resguardo para los justiciables. Por eso, el distanciamiento de sus pronunciamientos, en una causa sometida a la decisión de esta Corte, sólo cabe cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados, y que justifiquen su apartamiento. La causa ahora en debate no excede los márgenes de esa realidad y la decisión desde luego no se proyecta solo sobre los plazos de prescripción, sino también sobre el comienzo y la forma de su cómputo, las causales de interrupción y suspensión así como a otros aspectos de suma relevancia. El esquema propuesto en el código tributario local coincide con el plazo de cinco años dispuesto por el art. 4027 del C.Civil para el pago de los atrasos inc. 3:"de todo lo que debe pagarse por año o plazos mas cortos". Por ello conforme a lo dispuesto por la CSJN que las normas provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el C.Civ., resultan inválidas es que en ese orden no presenta inconveniente el plazo quinquenal fijado por el Código Tributario al ser idéntico al dispuesto por la ley de fondo. Sin embargo el problema se traslada al cómputo y al modo de interrupción de la prescripción. En ese orden se advierte que, el Código Tributario prevé en el art. 83 para este caso que el plazo de prescripción comenzará a correr desde el primero de enero del año siguiente, a aquel en que quede firme la resolución que determine la obligación tributaria. Mientras que el Código Civil dispone a partir de que la obligación se torna exigible. Conforme a lo dispuesto por el art. 3956 del C,Civ., la prescripción comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido, es decir desde el instante que el crédito está amparado por una pretensión demandable. En ese sentido, comparto el criterio señalado por la jurisprudencia en cuanto resulta procedente también la declaración de inconstitucionalidad de las normas pertinentes de los Códigos Tributarios cuando los mismos establecen que el inicio del plazo de prescripción se traslada al 1 de enero siguiente al año en que el impuesto es exigible, pues se aparta de lo normado en el Código Civil, el que resulta aplicable, en la medida en que la extinción de las obligaciones es materia de derecho común, cuya creación es competencia exclusiva del Congreso Nacional. Como lo expresara el Sr. Procurador General en su dictamen en la causa, Filcrosa S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda, al sostener que ".la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan (doctrina de Fallos 176:115; 226:727; 235:571; 275:254; 311:1795 y los citados en éste, entre otros) (Fallos 320:1344, in re "Héctor Sandoval v. Provincia del Neuquén"). Estimo que, por las razones expuestas, no resulta admisible la Ordenanza de la Municipalidad de Avellaneda en cuanto ha regulado un aspecto de las obligaciones tributarias que está vedado, también, a la provincia de la cual forma parte. De allí que, a mi entender, resulta aplicable el art. 4027, inc. 3° del Cód. Civil, en cuanto declara que se prescriben por cinco años las obligaciones de pagar los atrasos "de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.". Luego con relación a la interrupción de la prescripción el código tributario en el art. 85 dispone entre otros actos, en el inc. c, otorgar efecto interruptivo de la prescripción a las actuaciones administrativas, considero que de ese modo, también se aparta del texto legal de fondo que provee de esa virtualidad solamente a la demanda judicial. Al respecto la Suprema Corte de la Nación sostuvo en fallos 493:427, ". normas de índole local. no pueden alterar las normas de comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción. ." En esa misma línea, se expresó la Corte de Tucumán diciendo " Los actos administrativos a que alude el art. 57, inc. a de la ley 5121 Adla, XL-A,839) de la Prov. de Tucumán- genéricamente considerados- no tienen idoneidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción para la determinación y/o cobro del tributo. Esta interpretación no hace más que seguir también en este punto, la corriente jurisprudencial tradicional según la cual, a la "demanda" -art. 3986 del C.C.- son equiparados otros actos judiciales, pero las gestiones administrativas no tienen idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción, ello sin perjuicio del efecto que puedan tener conforme al art. 3986 C.C. último párrafo. Ahora bien, respecto del caso que nos ocupa, no obstante lo expresado en referencia a las actuaciones administrativas, vale tener presente que, como obra en la causa medida cautelar -embargo preventivo-la misma debe ser considerada acto judicial, equiparada a la demanda. En efecto, las medidas cautelares, como embargos, inhibiciones, que se promueven antes de la presentación de la demanda, son actos interruptivos de la prescripción por que si bien no contienen la pretensión de condena (por que la demanda se presentará mas tarde) claramente se manifiesta en ella la intensión de asegurar el ejercicio del derecho. Quien traba un embargo antes de la presentación de una demanda de cobro ordinario, lo que busca es asegurar el cobro de la deuda de ahí su asimilación con la demanda. Bajo estas pautas cabe entonces verificar si los tributos ejecutados se encuentran o no prescriptos. Siendo las circunstancias a tener en cuenta para ello conforme la aplicación del plazo de cinco años a computarse a partir desde la exigibilidad de la obligación y teniendo en cuenta la fecha de la medida cautelar esto es, 11 de diciembre 2002, la obligación del pago del impuesto de sellos correspondiente a los años 1995 y 1996 se encuentra prescripta. Luego con relación al impuesto de ingresos brutos, correspondiente al período enero a diciembre de 1997, cuyo cobro es mensual estimo que se encuentra prescripta la obligación hasta el mes de noviembre inclusive, pues este último al 1ro de diciembre la obligación se tornó exigible. No habiendo prescripto el periodo diciembre, al haber sido interrumpido por la medida cautelar. En conclusión por todo lo expuesto estimo que el recurso debe proceder por cuanto el pronunciamiento impugnado ha interpretado y aplicado erróneamente la ley al haber fallado conforme a la ley tributaria local, la que al oponerse a lo dispuesto en el Código Civil en materia de prescripción resulta inconstitucional en los extremos referenciados. Correspondiendo por ello, casar parcialmente la sentencia en crisis. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 83 y 85 del Código Tributario Provincial. Haciendo lugar a la excepción de prescripción, y considerar prescripta la acción del cobro de impuestos de sellos correspondiente a los año 1995 y 1996 y de ingresos brutos, por el período enero a noviembre -inclusive- de 1997, debiendo proceder la ejecución por el mes de diciembre 1997. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cippitelli, para la solución de la causa, votando en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:

Comparto los fundamentos expuestos en el primer voto, en consecuencia emito el mío en idéntico sentido, entendiendo así que la cuestión ventilada introduce al debate la real dimensión que tienen los códigos nacionales sobre el derecho tributario provincial y la consecuente limitación que debe sufrir la potestad tributaria de los gobiernos locales cuando se analiza las previsiones del Código Civil. Ello, sin perjuicio de reconocer las amplias facultades que tienen las provincias para establecer impuestos, elegir objetos imponibles y establecer formalidades de percepción. De ahí, que sea conveniente por las razones expuestas en el primer voto seguir los lineamientos de la doctrina de la Corte Suprema, que cierra esta cuestión tan controversial de la regulación de la prescripción liberatoria por el Código Civil. Cuestión que no se la debe ver como una desmesurada extensión atribuible al Código de fondo, ni tampoco como una pretendida entronización del mismo, pues la misma trasciende en mi opinión la superada discusión de la autonomía del derecho tributario, como de las atribuciones fiscales de los estados provinciales, para centrarse en el dilema de hasta que punto es razonable que los ordenamientos locales regulen aspectos de un instituto propio del derecho sustantivo que ha sido regulado por el Congreso de la Nación. Desde tal perspectiva, he de analizar la razonabilidad de las disposiciones del derecho local, habiéndose planteado en el caso la inconstitucionalidad de las mismas. Para ello, deberemos acudir al plexo civil el que servirá de guía o parámetro por contener principios y reglas generales de derecho sustantivo, a fin de frenar cualquier exceso en que pudiera incurrir la norma tributaria provincial.- Pues se debe buscar siempre aquella interpretación que considere el ordenamiento jurídico integralmente considerado, se debe tender a una interpretación armónica del derecho, lo que no significa transferir o importar normas del derecho civil al derecho tributario local sino hacer respetar la entidad de institutos tal como los estructura el derecho común de vigencia nacional, sin interferir en la esfera autónoma del derecho tributario local. No me parece así que sean los Estados locales los que deban decidir en que plazo y bajo que circunstancia prescribe una obligación tributaria, no parece razonable por los motivos expuestos, que se establezca que las actuaciones administrativas interrumpen la prescripción o que se supedite el comienzo del computo del plazo a un supuesto distinto del previsto en el Código Civil. La prescripción liberatoria ha sostenido nuestro máximo Tribunal, no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, establecerá también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. Al comienzo se afirmó, que es al juicio de razonabilidad al que hay que someter el ordenamiento jurídico provincial al momento de analizar su correspondencia o no con el derecho sustancial. La solución que se propicia respeta las previsiones del art. 31 de nuestra Carta Magna, que impone a las Provincias, en ejercicio de su poder no delegado, adecuarse a las normas dictadas por el Congreso Nacional, en ejecución de aquellas que si lo han sido. Así las cosas, y siguiendo la línea trazada por nuestro máximo Tribunal a partir del caso "Filcrosa" y reiterada recientemente en el mes de Marzo del presente año en la causa "Casa Casmma S.R.L s/concurso preventivo s/incidente de verificación tardía (promovido por la Municipalidad de la Matanza) debe este Tribunal declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas conforme se propicia en el primer voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

En relación a las costas estimo que cuando, como en el presente caso, se ventilan cuestiones dudosas o difíciles de derecho, por tratarse de asuntos suscitados por la interpretación de leyes nuevas, o cuando sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios, o cuando estas cuestiones tienen complejidad jurídica, soy de la opinión que debemos apartarnos del principio general de imposición de las costas a la vencida, y en consecuencia propongo que las mismas sean impuestas por el orden causado. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, votando en el mismo sentido. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que atento se resuelve la primera de las cuestiones planteadas las costas deben ser aplicadas por el orden causado. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 02/09 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar parcialmente la sentencia en crisis. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 83 y 85 del Código Tributario Provincial. Haciendo lugar a la excepción de prescripción, y considerar prescripta la acción del cobro de impuestos de sellos correspondientes a los años 1995 y 1996 y de ingresos brutos, por el período enero a noviembre -inclusive- de 1997, debiendo proceder la ejecución por el mes de diciembre 1997. 2) Costas por el orden causado en esta instancia. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación, que deberá proceder a devolver a la recurrente el Depósito Judicial obrante a fs. 1 de autos. 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Presidente: Dr. Luís Raúl CIPPITELLI.- Decano: Dra. Amelia del Valle SESTO DE LEIVA.- Vice Decano: Dr. José Ricardo CACERES.- Secretaria: Dra. Cristina del Valle SALAS MARTINEZ.