Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64281 SALA VI Expediente Nro.: 18.966/10 (Juzg. N° 66) AUTOS: "BELTRAN ONORATO GUSTAVO HUMBERTO DIEGO C/VIRAMONTE Y NICORA S.A. Y OTROS S/DESPIDO" Buenos Aires, 31 de	AGOSTO	de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

I. La sentencia de grado, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la parte actora, por Viramonte y Nicora S.A. y por el Banco Santander Río S.A., a tenor de sus memoriales de fs. 396/vta., 401/405vta. y 408/412, que recibió réplica de fs. 422, 423/428 y 436/439.

Por su parte, la perito contadora (fs. 400) y la representación letrada de la demandada (fs. 405), apelan los honorarios regulados a su favor, por bajos y las demandadas apelan los honorarios regulados al letrado de la actora, por altos y objetan la forma en que se impusieron las costas (fs. 405).

II. Lo sostenido por la demandada Viramonte y Nicora S.A. respecto de la presunción del Art. 55 de la LCT, no resulta suficiente para generar una revisión de lo resuelto.

En ese sentido, llega firme a la alzada que la pericial contable no pudo ser realizada por su negligencia, a lo que se añade que nada se dice en el recurso respecto de lo informado por el perito contador a fs. 262 en cuanto a que de las constancias exhibidas se desprende que el actor no se encontraba registrado.

A ello agrego que tampoco produjo prueba tendiente a acreditar la existencia de la pasantía denunciada, por lo que entiendo que en este aspecto debe confirmarse la sentencia de grado.

Asimismo cabe desestimar lo manifestado respecto de la fecha de ingreso y egreso, remuneración y jornada, porque la inversión de la carga de la prueba le imponía al apelante el deber procesal de acreditar que no se trataba de una relación de dependencia en los términos formulados en el escrito de inicio. En esa inteligencia, de las constancias de autos se verifica que la prueba producida por la demandada resulta insuficiente para formar convicción en ese sentido.

Corresponde señalar que, no basta con formular un mero reproche en forma genérica de la aptitud probatoria de las declaraciones de quienes comparecieron en calidad de testigos a instancias del actor. Más aún si tomamos en cuenta, que la demandada debía producir prueba directa que contradijese los hechos expuestos por el actor, y la misma resultó escasa e insuficiente. En cuanto a la jornada, correspondía a la demandada acreditar la labor de media jornada, mediante la exhibición de las planillas horarias cuya existencia fue reconocida por los testigos que declararon en autos, y sin embargo omitió ponerlas a disposición del perito contador, lo que sella la suerte del recurso en este aspecto (conf. fs. 262).

Respecto a la categoría, agrego que el recurrente hace un análisis en abstracto de la caracterización que se hace en el CCT 130/75 de las categorías Administrativo A y C, pero no se hace cargo de que sus testigos no dieron ninguna precisión respecto de las labores cumplidas por el actor, que justifiquen su encuadramiento en la categoría de Administrativo A.

Asimismo, respecto de la remuneración, destaco que la accionada se limitó a negar la invocada por el actor en su escrito de inicio, pero omitió denunciar en forma expresa cual era la remuneración percibida, a lo que se añade que Stancanelli (fs. 198), Vilches (fs. 214), Valdez (fs. 210/213) y Otero (fs. 318) dieron cuenta de que el Sr. Beltrán percibía la suma de $ 450.- en forma irregular, lo que no fue refutado por Paschan (fs. 193/194) ni Samokke (fs. 221/223). Por último, lo sostenido respecto del lugar de trabajo deviene inoficioso, en los términos del reclamo articulado contra las demandadas con fundamento en el Art. 30 de la LCT.

III. La queja articulada por el Banco Santander Río S.A. respecto de su condena solidaria, no cuenta con la entidad suficiente para generar una revisión de lo decidido, dado que el recurrente insiste en su planteo inicial pero no refuta debidamente los argumentos del Sentenciante sobre los que se funda el decisorio.

En ese sentido, se ha acreditado que la recurrente contrató los servicios de la codemandada Viramonte y Asociados S.A. con el fin de que llevará adelante la cobranza de créditos impagos, lo que sin lugar a dudas constituye una labor que no puede escindirse de su giro normal y especifico, y como tal debe ser encuadrada en los términos del Art. 30 de la LCT.

En ese marco, habiéndose acreditado que el actor se encontraba indebidamente registrado y que se pagaba parte de la remuneración en forma irregular, cabe confirmar la condena solidaria de la recurrente con fundamento en el Art. 30 4° párrafo de la LCT.

Con relación a la aplicación de intereses punitorios para el supuesto de incumplimiento de la obligación de hacer que recae sobre la accionada, considero que, teniendo en cuenta que se trata de una sanción prevista únicamente para el supuesto de incumplimiento del decisorio de grado, y en tanto la incidencia de la multa debe tener entidad como para propiciar que la deudora cumpla con el mismo, corresponde confirmar lo decidido en origen.

Por último, la queja articulada en referencia a la tasa de interés aplicada debe ser desestimada, en tanto y en cuanto la sentencia de primera instancia sigue correctamente lo que es la doctrina general de esta Cámara a partir del Acta 2357.

IV. La parte actora se queja porque el Juez a quo desestimó las multas previstas en los arts. 80 y 132bis de la LCT.

Lo sostenido respecto de la indemnización prevista en el art. 43 de la ley 25.345 debe ser desestimado, dado que no encuentro acreditado mediante el oficio de AFIP (fs. 230) ni por la pericial contable de fs. 261/264, que la accionada hubiera retenido aportes correspondientes al periodo denunciado por el actor en su misiva obrante a fs. 7.

En cambio, considero que corresponde hacer lugar a la multa previsto en el art. 80 de la LCT, dado que observo que el certificado acompañado y que obra en el sobre de fs. 59 -reservado por Secretaria- no se corresponde con los datos reales de la relación por lo que no puede tenerse en cuenta la puesta disposición de una certificación irregular.

Por ello, dado que se ha reconocido que la remuneración del actor ascendía a la suma de $ 1.812- y considerando el incumplimiento de la demandada, propicio diferir a condena la suma de $5.436.-- ($1.812.- x 3) en concepto de indemnización art. 80 de la LCT. V. Las costas de origen han sido correctamente impuestas a cargo de las demandadas vencidas.

Las costas de alzada se imponen a cargo de Viramonte y Nicora S.A. y del Banco Santander Río S.A., por resultar vencidas (conf. art. 68 CPCCN), a cuyo fin propongo fijar los honorarios en el 25% de los regulados en la instancia anterior.

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación estimo que corresponde mantener los porcentajes de honorarios fijados en origen, calculados sobre la base del nuevo monto de condena (Art.38 L.O., 279 CPCCN y normas concordantes).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada, fijando el monto de condena en la suma de $ 32.406.-; II) Imponer las costas de alzada a cargo de Viramonte y Nicora S.A. y Banco Santander Río S.A. (conf. Art. 68 CPCCN) III) Regular los honorarios de los letrados actuantes en el 25% de lo fijado para la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA