Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.542 CAUSA NRO. 19.250/08 AUTOS: "DIVITTO HECTOR DANIEL C/ DIESEL OLIDEN S.A.I. Y C. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 63 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.182/189, se alzan la parte actora y las demandadas Diesel Oliden S.A.I. y C. (en adelante Diesel) y Electro Diesel Oliden S.A. (en adelante Electro Diesel) a tenor de los memoriales de fs.190/191, 193/194 y 195/196 respectivamente. La primera a su vez mereció réplica de ambas demandadas a fs. 205/206 y las segundas por parte de la actora a fs.202/204.

Las representaciones letradas de ambas demandadas apelan por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes.

II. Trataré en primer lugar el recurso interpuesto por la demandada Diesel.

Se agravia porque la Sra. Jueza de grado admitió el reclamo al considerar que no se encuentran cumplidos los presupuestos para la aplicación del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en definitiva porque la condenó al pago de las indemnizaciones derivadas del despido incausado (conf.art. 245, y conc. LCT). El apelante insiste ante esta Alzada que el despido quedó justificado por la falta de trabajo no imputable al empleador de conformidad con lo dispuesto por el art. 247 LCT. Entiende que la causal invocada quedó debidamente acreditada con la prueba pericial contable y la declaración del testigo Semorile.

Adelanto que el agravio no puede prosperar, pues no se aportan elementos de suficiente envergadura que logren rebatir los argumentos que tuvo en cuenta la Sra . Jueza de grado para fallar como lo hizo.

En efecto, para desestimar la causal invocada por la empleadora tuvo en cuenta que la codemandada no acreditó los aspectos objetivos de la norma -art.247 LCT- para su viabilidad, es decir no aportó prueba idónea que permita evaluar cuál era el trabajador menos antiguo dentro de la especialidad y a su vez sobre las cargas de familia, analizando a esos fines la prueba pericial contable de fs. 169/172 (conf.art. 247 2º y 3º párrafo). En virtud de ello consideró abstracto el análisis de la restante prueba. En consecuencia, determinó que el despido fue incausado y que el actor es acreedor a las indemnizaciones de los arts. 232 y 245 LCT.

Sin embargo, el apelante no argumentó acerca de los elementos que tuvo en cuenta la Sra. Magistrada de grado, pues observo que las alegaciones efectuadas en la presentación recursiva son meras reiteraciones de la contestación de demanda (v. fs. 80 vta.) sin que ello pueda considerarse una crítica concreta y razonada del fallo (conf.art. 116 L.O.). Hago tal afirmación, en especial, porque el apelante nada dijo acerca de la falta de acreditación del personal menos antiguo dentro de la misma especialidad y cargas de familia, sólo se avino a insistir ante esta Alzada que el despido bajo la causal invocada fue justificado atento a que la empresa sufrió una importante caída de ventas lo que entiende acreditado con la prueba pericial contable y declaración del testigo Semorile. Pero la omisión en la que incurrió el apelante no es una cuestión menor, pues aún encontrándose debidamente acreditada la caída de ventas mencionada, tal circunstancia por sí sola no alcanzaría para encuadrar el despido en el art. 247 LCT, con el consiguiente pago de una indemnización reducida. La falta de trabajo o fuerza mayor para que sea considerada como tal, debe cumplir con los recaudos objetivos que imponen el 2º y 3º párrafo de la norma tal como lo consideró la Sra. Jueza de grado que refiere al personal menos antiguo dentro de la misma especialidad y cargas de familia y en consecuencia no realizó una crítica concreta y razonada del fallo de grado de conformidad con lo dispuesto por el art. 116 de la Ley 18.345. Cabe añadir que aún soslayando la omisión en la que incurrió el apelante y si se considerara que de la prueba pericial contable surgiría acreditado que la demandada tuvo una importante caída en las ventas a partir del 2005 (v. fs. 170 vta/171 pto. a) de la pericia contable) tampoco puede tenerse por configurada la falta de trabajo o fuerza mayor prevista por el art. 247 Ley de Contrato de Trabajo.

Hago esta afirmación porque tengo en cuenta que la aplicación de este supuesto se encuentra subordinado a dos recaudos: uno material, que apunta a la declividad productiva y, otro ideal, que alude a la inimputabilidad empresarial de tal situación. En virtud de ello, la accionada debió haber demostrado en autos que observó una conducta diligente acorde a las circunstancias y que los problemas económicos que sufrió excedieron el riesgo propio de la organización empresaria, como así también debió acreditar que adoptó las medidas necesarias para paliarlo. Es decir, debió demostrar las medidas que con buen criterio empresario y debida diligencia implementó y lo cierto es que no existen evidencias en autos de que ello hubiere ocurrido.

Resalto que las dificultades económicas a las que alude la accionada conforman los riesgos propios de la actividad que desarrollaba y que el actor formara parte de dicho riesgo no encuadran dentro del concepto descripto en el artículo 247 LCT que justifique, a mi juicio, el pago de la indemnización reducida. La accionada -reitero- debió demostrar que tomó medidas con buen criterio empresario sin que para ello hubiera aportado pruebas.

En consecuencia, frente a estas circunstancias y por los motivos expuestos, considero que correspondería rechazar la queja y confirmar este segmento del fallo apelado.

III. La parte demandada también se queja porque la Sra. Jueza de grado tuvo por acreditado que el actor era viajante de comercio, amparado por la ley 14.546, admitiendo, entre otros rubros el reclamo de la indemnización por clientela prevista en el art. 14 de la aludida ley. Señala que realizó una incorrecta valoración de la prueba testimonial. Adelanto que el agravio en este aspecto tampoco puede prosperar, coincidiendo con la solución adoptada en origen. En primer lugar cabe señalar que en lo que refiere a la prueba testimonial, invocada pero no analizada por el recurrente, es jurisprudencia de esta Sala que "no basta con la remisión genérica de la prueba testimonial producida en autos, sino que el recurrente debió individualizar a los testigos a que se refiere y examinar con precisión lo que los declarantes dicen. Su omisión hace que la queja en este aspecto no se baste a sí misma" (CNAT, Sala I, Díaz Oscar c/Valeriano Cohen e Hijos S.A., SD 56978 del 10/4/89.

El apelante sólo se avino a poner de resalto que la Sra. Jueza de grado tuvo por acreditado el carácter de viajante de comercio con los testimonios aportados por la parte actora, Perez Héctor (fs. 125/127), Suarez Ricardo (fs. 129/131) y Rapolla Miguel (fs. 134/135) lo que a su entender deviene en arbitrario, pues esos testigos tienen juicio pendiente contra la demandada y en definitiva con interés directo en la solución del litigio pues sus declaraciones incidirían en las causas que ellos siguen contra las demandadas. A ello agregó que no tuvo en cuenta lo declarado por Semorile, testigo propuesto por ambas partes, pues este señaló que el actor era vendedor de ferretería y que no cobraba comisiones que estuvieran fuera de registro en consonancia con lo expuesto por el testigo Junquera de fs. 142/143.

Sin perjuicio de señalar que observo que la demandada Diesel al contestar la demanda reconoció la fecha de ingreso y tareas (v. fs.80 pto. V de la contestación de demanda), coincido con la valoración realizada por la Sra. Jueza de grado en orden a las tareas y que el mismo percibía parte de su remuneración, es decir comisiones por cobranzas (2% de las ventas) fuera de registro. Así, los testigos aludidos, todos vendedores de la demandada, fueron precisos y concordantes al señalar que el actor era vendedor, que primero facturaba para Diesel y luego a partir del 2001 comenzó a hacerlo también para Electro Diesel y percibía por ello una remuneración que incluía comisiones por ventas ( 4% ) y comisiones por cobranzas (2%), estas últimas fuera de registro. Asimismo cabe señalar que el actor tenía una cartera de clientes a quienes visitaba con habitualidad teniendo asignada para ello la zona sur del Gran buenos Aires tal como lo señaló Junquera (v. fs. 142/143), propuesto por la propia demandada. Si bien los testigos declararon tener juicio pendiente contra ambas demandadas, por similares reclamos que el Sr. Divitto -lo que me lleva a valorar su dichos con mayor detenimiento-, lo cierto es que, a mi juicio, sus declaraciones resultan coherentes y concordantes en este punto. Destaco que los relatos rendidos resultan específicos, imparciales, objetivos, provienen de compañeros de trabajo que se desempeñaban en el mismo establecimiento y en los mismos horarios de labor que el actor y revelan un conocimiento personal y directo de los hechos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral. Por ello, considero que sus declaraciones poseen fuerza legal y convictiva, conforme a las reglas de la sana crítica y, en tal sentido, me llevan a concluir que gozan de fuerza probatoria suficiente y acreditan que el actor efectivamente era un vendedor que concertaba operaciones con habitualidad en representación de las demandadas con una cartera de clientes y una zona predeterminada percibiendo por ello una remuneración que tal como lo dije anteriormente, reitero, incluía comisiones por ventas y comisiones por cobranzas, estas últimas abonadas fuera de registro, características, todas estas, propias de un viajante de comercio -conf.art. 1º ,2º y conctes. Ley 14.546- (arg. art.386 CPCC y art.90 LO). En cambio, nada aportan las declaraciones de Semorile (fs. 132/133), testigo propuesto por ambas partes, quien si bien era el contador de la empresa , no tenía un conocimiento directo de las tareas que el actor realizaba y si bien liquidaba las comisiones al actor, no supo dar suficiente razón de sus dichos al señalar que no cobraba comisiones que estuvieran fuera del recibo de sueldo, pues ni siquiera especificó a qué tipo de comisiones se refería y otro tanto cabe señalar respecto de Junquera (fs. 134/135), quien era empleado administrativo, frente a las precisas y concordantes declaraciones de los testigos aportados por la parte actora, que como dije, eran compañeros de trabajo del actor con la misma categoría. Por ello, propicio confirmar también este aspecto del fallo de grado.

IV. La codemandada Electro Diesel se agravia porque fue condenada solidariamente.

Señala que el fallo resulta arbitrario, pues carece de todo fundamento legal y afirma que nunca fue empleador del actor y tampoco recibió requerimiento alguno con anterioridad a la interposición de la demanda. La cuestión bajo análisis debe ser evaluada a la luz del principio de primacía de la realidad y de la regla universal "iura novit curia" (conf.art. 14 LCT).

Así, de la prueba colectada surge que la codemandada Electro Diesel es solidariamente responsable en virtud de lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, de la causa surge que las demandadas Diesel y Electro Diesel se encontraban unidas a través de una relación comercial mediante un contrato de distribución que en copia acompañan ambas demandadas (v. fs. 77 y fs.87). De dicho contrato se desprende que Electro Diesel (el principal) otorga y confiere a Diesel Oliden (el distribuidor) la calidad de distribuidor -que este último acepta- autorizado de los productos, entre otros, de las marcas Bahco , herramientas manuales, amortiguadores, resortes de suspensión,etc debiendo comercializar los mismos en forma exclusiva. Llega firme a esta Alzada que el actor comenzó a trabajar para la demandada Diesel en el año 1993 vendiendo autopartes, piezas de repuestos de automotores, entre otros y luego a partir del 2001/2002 aproximadamente comenzó a vender productos también de Electro Diesel, es decir productos de ferretería, aunque el recibo de sueldo seguía siendo emitido por Diesel y las facturas por Electro Diesel, en su gran mayoría, aunque a esa fecha también se emitían facturas de Diesel (v. declaraciones de Perez -fs. 125/127-, Suarez -fs. 129/131 y Rapolla -fs. 132/133-) fecha que a su vez coincide con la del contrato de distribución formalizado por las demandadas.

Ahora bien, en un caso de aristas análogas tuve oportunidad de expedirme sobre la cuestión que aquí se analiza determinando la solidaridad ante la existencia de un contrato de distribución (v. "Suarez Ricardo Roberto c/Diesel Oliden S.A. y otros s/despido" Expte.Nº36.319/08, SD 86.943 del 29/8/11 del registro de esta Sala) Para determinar la existencia de la solidaridad que preveé el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo es decisivo verificar si la contratación o subcontratación que realiza un empresario consiste en una actividad que integra una de las facetas del giro normal y habitual propio del establecimiento, es decir si ello importa la existencia de una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones (conf.art. 6º LCT). En el caso de las empresas que distribuyen productos fabricados o vendidos por otras, debe determinarse si tal distribución realizada en determinadas zonas forma parte del giro normal y habitual como última faceta del proceso productivo. En otras palabras, si en dichos casos la actividad normal y específica es vender los productos de otra empresa en definitiva si tal circunstancia torna operativa la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo con la consecuente obligación de exigir a los terceros -distribuidoras- el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

Estimo que en el caso de autos se encuentran reunidos los presupuestos aludidos. Así, con los elementos hasta aquí reseñados, alcanza para inferir que el actor, vendedor de Diesel Argentina S,.A., quien comenzó vendiendo exclusivamente productos de esa empresa para luego a partir de fines del 2001 aproximadamente incorporar en su venta productos de Electro Diesel (Bahco, entre otros) emitiendo facturas de una y otra empresa, aunque seguía siendo dependiente de Diesel tal como consta en los recibos de sueldo (ver fs. 48/54 -reconocidos a fs. 79 vta.-).

Como es evidente, el actor intervenía en el logro del objetivo final de Electro Diesel que consistía en la incorporación de los productos Bahco, entre otros, al mercado para su venta final. Tal actividad no puede concebirse separada de la actividad que tenía Diesel quien tenía a cargo la venta de otros productos pero que a su vez operaba como distribuidora de los productos de Electro Diesel, en definitiva de la actividad desarrollada por quienes se encargan de distribuir y vender dichos productos. No se concibe cómo el público consumidor podría conocer y adquirir las herramientas que vende sino a través de empresas distribuidoras. Además, ésta última se beneficiaba en definitiva por los servicios prestados por el actor en tanto vendía dichos productos recibiendo órdenes de los directivos de Electro Diesel que eran los mismos que Diesel, aunque ambas empresas conservaban su independencia (v. reconocimiento de fs. 89 vta. pto.VI), y ello alentaba el cumplimiento de su objeto social. Integra claramente la actividad normal y específica propia del establecimiento de dicha firma y por lo tanto la misma es responsable, junto con la empleadora, en los términos del art. 30 L.C.T..

Desde esta perspectiva, considero que la venta de los productos de Electro Diesel que a su vez encargaba a la codemandada Diesel la venta y distribución a través de un contrato de distribución como el aludido, encuadran en su actividad "normal y específica", determinada según el criterio de unidad técnica o de ejecución -art. 6º LCT- máxime si tenemos en cuenta la exclusividad en los productos tal como se desprende del mismo contrato de fs. 77 (conforme doctrina sentada por el Alto Tribunal en autos "Preiti Pantaleón y otro c/Elemac S.A. y otro", sentencia del 20.08.08, CSJN. P 1897. Lº XL).

A mayor abundamiento, cabe señalar que la falta de requerimiento previo a la interposición de demanda, lo que a entender del apelante es violatorio de lo dispuesto por el art. 243 LCT, no obsta a lo señalado precedentemente, pues aquí se dispuso responsabilidad a Electro Diesel en su carácter de codemandado solidario en los términos del art. 30 LCT más no en su carácter de empleador. En virtud de lo expresado, y con los fundamentos que propicio, debería mantenerse la condena decretada en origen.

V. La parte actora se agravia porque la Sra. Magistrada de grado al realizar la liquidación de fs. 188 no tuvo en cuenta las comisiones por cobranzas del 2% que eran abonadas fuera de registro, circunstancia que tuvo por acreditada.

El apelante señala que a la remuneración de $ 3.409 mensuales que informó el perito contador a fs. 169 vta. perteneciente al mes de mayo del 2007, debe adicionársele la suma de $ 1.083 en concepto de comisiones por cobranza, lo que totaliza la suma de $4.492. Asiste razón al apelante y el agravio debe prosperar .

En efecto, la Sra. Jueza admitió el reclamo por pagos fuera de registro en concepto de comisiones por cobranzas, propiciando su confirmatoria en el considerando III. Por otra parte si bien el perito contador informó que la mejor remuneración percibida por el actor durante el último año de relación corresponde al mes de Mayo del 2007 por la suma de $ 3.409 no es menos cierto, tal como el mismo señaló, que dicha remuneración es la que surge de los recibos de haberes, pues la demandada al exhibir el libro del art. 52 LCT, no se verifica copiado el año 2007 (v. pto. 3 de fs. 169 vta.). Como es evidente el perito contador a los fines de determinar la mejor remuneración percibida durante el último año de relación estimó la que constaba en los recibos de sueldo, más no la percibida fuera de registro , circunstancia esta última que quedó acreditada en autos.

En efecto, la suma de $ 1.083 denunciada en el escrito de demanda y que reitera el apelante ante esta Alzada la encuentro verosímil y razonable teniendo en cuenta la antigüedad, categoría y responsabilidades que se tuvieron por acreditadas en este decisorio como así también los salarios mínimos de la actividad (conf.arts. 55, 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo).

En virtud de ello, debería modificarse la liquidación teniendo en cuenta que la mejor remuneración mensual devengada durante el último año fue de $ 4.492. VI. El apelante también se agravia porque la Sra.Jueza de grado rechazó el reclamo en concepto de diferencias salariales de octubre noviembre y diciembre del 2007 al considerar que no se encuentran acreditadas.

Señala que resultan procedentes las diferencias salariales aludidas porque en el período en que el actor se encontraba gozando de la licencia por enfermedad se le abonó una suma de $ 2.186 que era menor a la devengada, pues debió abonársele la suma de $ 3.108.

El actor denunció en el escrito de demanda que gozó de licencia por enfermedad a partir del mes de octubre del 2007 la que consta en los recibos de haberes obrantes a partir de fs. 48 - reconocidos a fs. 79 vta.- sin que fuera desconocida por la parte demandada al contestar demanda, pues esta última sólo se avino a impugnar la liquidación -v. pto. 10 de fs. 80 de la contest. de demanda-.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el considerando que precede y lo prescripto por el art. 208, 2do. párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde admitir que la suma que debía percibir el actor durante su licencia por enfermedad es la de $ 3.108 y no la de $ 2.186 como lo había liquidado la demandada, suma que por otra parte también la encuentro razonable teniendo en cuenta la categoría y antigüedad del actor de conformidad con lo establecido por los arts. 56 y 114 LCT.

En virtud de lo expuesto, corresponde admitir las diferencias salariales reclamadas pertenecientes a los meses de Octubre, noviembre y diciembre /2007 propiciando se modifique el decisorio en tal segmento de la queja. VII. En consecuencia, conforme lo resuelto en los considerandos V y VI de este decisorio, correspondería modificar la liquidación de origen y diferir a condena los rubros y montos que a continuación se detallan: 1) Indemnización por antigüedad: $ 67.380 ; 2) Indemnización sustitutiva de preaviso + sac: $ 9.732,66 ($ 8.984 + $748,66); 3) Integración del mes de despido: $2.994,66 ; 4) Días trabajados mes de Enero/2008 hasta el día del despido:$1.497,34; 5) Vacaciones/2007: $5.031,04; 6) Sac. 2do. Sem/2007: $2.246; 7) Multa art. 1º ley 25.323: $ 67.380; 8) Multa art. 2º ley 25.323: $ 40.053,66: 9) Indmenización art. 14 ley 14.546: $ 19.278,16; 10) Multa Art. 80 LCT: $ 13.476 y 11) Diferencias salariales meses de Octubre/Noviembre y Diciembre/2007: $ 2.766 ($922 x 3), cuyo total asciende a $ 231.835,52 con más los intereses dispuestos en origen, que llegan firmes a esta Alzada. VIII. En atención a la modificación que se propicia, teniendo en cuenta lo prescripto por el art. 279 CPCCN, corresponde imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas en lo principal (conf.art. 68 CPCCN).

Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, demandada así como el regulado a favor de la perito contadora interviniente resultan adecuados, aunque deberían calcularse sobre el nuevo monto de condena incluidos los intereses (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

En cuanto a su actuación en esta Alzada, sugiero regular los emolumentos de los letrados firmantes de la parte actora y demandadas en el 27% y 25% respectivamente a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839). IX. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 231.835,52 más los intereses dispuestos en origen en los términos dispuestos en el Considerando VII; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando VIII del presente decisorio.

El Doctor Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 231.835,52 más los intereses dispuestos en origen en los términos dispuestos en el Considerando VII; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando VIII del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.