Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-13


Salta, 13 de Mayo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "FIGUEROA, JORGE ROBERTO -vs.- FIGUEROA QUINTANA, NICOLAS ROBERTO POR MODIFICACION DE CUOTA ALIMENTARIA" - Expediente Nº 33.245/11 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur - Metán (CAM 445011/13 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

1°) Contra la sentencia de fs. 162/164 vta. que rechazó el pedido de modificación de cuota alimentaria, interpuso recurso de apelación el actor a fs. 166.

Para así decidir, la señora Juez en grado inferior entendió que la modificación de la vivienda proporcionada por el requirente a su hijo, Nicolás Roberto Figueroa Quintana, no resultaba procedente, en tanto no se acreditaron ni la alteración de las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron el convenio de alimentos, ni los beneficios que le hubiese producido al demandado. Remarcó -además- que las viviendas propuestas como sustitutitas no revisten las características reconocidas a la otorgada y refirió al alcance de la obligación alimentaria respecto de los hijos de entre 18 y 21 años de edad de conformidad con el régimen de la ley 26.579. Por último, ponderó las conclusiones plasmadas en el informe psicológico efectuado al alimentado.

Al expresar agravios, el recurrente sostiene que al haber alcanzado su hijo la mayoría de edad, cesó el ejercicio de la patria potestad. Destaca además que, en esas condiciones, puede aquél ejercer oficio, profesión o industria que le permita procurarse sus propios ingresos. Describe las características de la morada a fin de enfatizar que éstas superan las necesidades normales e individuales del alimentado. Se agravia -por lo demás- de la referencia efectuada en el fallo sobre la identidad de condiciones de las viviendas. Cuestiona los puntos de pericia y resalta que -ante su pedido de aclaratoria- el profesional actuante se expidió en el sentido que un cambio de residencia no tendría que provocarle afectación al joven. Por último, sostiene que existen interesados en la adquisición del inmueble y su venta le permitiría concretar inversiones y ganancias (fs. 179/183 vta.).

A fs. 189/192 vta. contesta el traslado del memorial la contraria, quien solicita el rechazo del recurso en tanto considera que los agravios expresados sólo evidencian una disconformidad con la sentencia, siendo meras reiteraciones de planteos ya efectuados y debidamente rechazados por el "a quo". Manifiesta que el recurrente pretende incorporar cuestiones no tratadas en la instancia anterior. Pone de resalto la ausencia de variación de las circunstancias que determinaron el convenio alimentario y los términos del informe psicológico, enfatizando la preclusión de la oportunidad para cuestionar los puntos de pericia._ A fs. 210 y vta. dictamina la señora Fiscal de Cámara, expidiéndose por el rechazo del recurso interpuesto.

2°) En primer término, cabe destacar que sobre los alimentos debidos por los padres a los hijos nuestra Corte de Justicia señaló que son una obligación legal, con fundamento moral y finalidad asistencial que comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia, formación y recuperación en la medida de los recursos y necesidades de los sujetos indicados por la ley. Por ello, el monto de la prestación debe guardar relación entre la capacidad del alimentante y la necesidad de recibir del alimentado (Tomo 135: 275).

En especial sobre los convenios de alimentos se dijo que éstos poseen una naturaleza esencialmente provisional, por lo que para modificar la cuota pactada es necesario que se aporten elementos que demuestren que han variado los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla (CNCiv., sala E, "E., A. c. W., S. V.", 15/12/2004, La Ley Online AR/JUR/7929/2004).

En otros términos, cuando el monto de la cuota alimentaria ha sido fijado por las partes, de común acuerdo, la pretensión posterior de modificación unilateral de la misma ha de interpretarse en forma más rigurosa, en virtud de que si el alimentante voluntariamente ha aceptado un monto determinado es porque está en condiciones de hacer frente a ella (Solari, Néstor E., "Reducción de la cuota alimentaria a los hijos menores de edad", La Ley, 2010-B, 174).

La obligación alimentaria que emerge de un convenio, deviene de un gen consensual que reposa en la yuxtaposición de voluntades de las partes, ello vigoriza su firmeza y estabilidad, porque el deber jurídico impuesto deriva del acto volitivo de quien lo asume, entonces su modificación debe ser analizada con criterio restrictivo (Jalil, Julián Emil, Principios jurisprudenciales para la procedencia del aumento o disminución de la cuota alimentaria, DFyP 2010 noviembre, 3)._ En definitiva, el aumento, disminución y cesación de la cuota alimentaria requiere una modificación en los presupuestos de hecho sobre cuya base se estableció la pensión y su monto, quedando a cargo de quien la pretende la prueba fehaciente de aquellos extremos (CNCiv., sala G, 03/12/1985, "P., E. F. c. C. de P., A. M.", La Ley, 1986-B, 68).

En cuanto a la modificación pretendida por el recurrente en autos -tal como lo puntualizó el "a quo"- no se advierte la concreción de extremos que demuestren la variación de la situación patrimonial que motivó el acuerdo por el cual se determinó que entre las prestaciones continuaba la referida a la casa habitación "en igual estado y forma, tal como vino ocurriendo" (fs. 5). En efecto, los agravios trasuntan una línea de mera disconformidad con el fallo apelado, sin lograr quebrantar sus argumentos._ Así, respecto a la mayoría de edad del alimentado, cabe destacar la errante actitud procesal asumida por el recurrente, quien utiliza esta cuestión como un extremo demostrativo de la variación justificante de su pretensión, cuando en su escrito de inicio afirmó -sin hesitación- la subsistencia de la obligación a su cargo en virtud de lo dispuesto por la modificación incorporada al art. 265 del Código Civil por la ley 26.579 (fs. 9, apartado II).1, tercer párrafo).

Si bien lo anterior basta para descartar el agravio, la cuestión merece el análisis siguiente. En virtud de la reforma dispuesta por la ley 26.579, al cumplir 18 años cesa la patria potestad y se da inicio a la mayoría de edad; sin embargo, la norma dispuso la continuación del deber de prestar alimentos hasta los 21 años de edad.

En efecto, el segundo párrafo agregado al art. 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil dispone que la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

Sobre el particular, se dijo que una de las particularidades de la reforma introducida por la ley 26.579 se vincula con la obligación alimentaria pues, si bien la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, la ley mantiene, en principio, la obligación alimentaria derivada de la patria potestad hasta los veintiún años. No se trata, en rigor, de una obligación que derive del parentesco, sino que su fuente es la patria potestad. Es cierto que con la mayoría de edad cesa la patria potestad de los padres respecto de sus hijos; sin embargo se mantiene uno de los deberes emergentes de ella: los alimentos, permitiendo que el hijo mayor de edad los siga percibiendo como si continuare sujeto a la patria potestad (CNCiv, sala M, 16/02/2012, DFyP 2012 (junio), cita online: AR/JUR/3950/2012).

También se sostuvo que por una ficción jurídica, la nueva legislación permite que el hijo que arribó a la mayoría de edad (en la actualidad, 18 años) tenga derecho a seguir percibiendo hasta los 21 años la misma cuota alimentaria que cuando era menor (sin tener que invocar ninguna situación fáctica para ello: v. gr., incapacidad física o psíquica), salvo que se acredite el supuesto de cese de la cuota que la propia reforma prevé (Belluscio, Claudio A., "La vivienda como parte integrante de los alimentos debidos a los hijos de entre 18 y 21 años de edad", La Ley 2012-D, 435).

Por ello, más allá de las diferentes posiciones que se fueron perfilando desde la sanción de la ley 26.579 sobre la naturaleza jurídica y causa de la obligación, lo cierto es que la norma expresamente la dejó establecida, salvo que el hijo pueda proveerse por sí mismo los recursos suficientes.

En el caso, el progenitor no acreditó ese extremo previsto por la norma, por lo que el deber de prestar el componente vivienda de conformidad a lo pactado continúa vigente por imposición legal. Si bien la mayoría de edad implica la posibilidad de ejercer industria u oficio para el joven mayor a 18 años de edad, lo cierto es que la obligación de prestar alimentos subsiste y, en el caso, no se advierte prueba alguna que demuestre la configuración de aquel supuesto de excepción previsto en la norma. Por el contrario, de los informes -psicológico y social- obrantes a fs. 89 y vta. y 123/125 se desprende que el demandado se encuentre cursando estudios terciarios.

Por otra parte, no bastan las referencias efectuadas por el recurrente respecto a la suficiencia de las viviendas por él propuestas para la habitación de su hijo. Más allá de las consideraciones efectuadas por el señor Juez "a quo" al examinar el resultado de los reconocimientos de los inmuebles (fs. 97, 98 y 101), lo cierto es que la cuestión no configura el extremo que justifique la variación pretendida.

Igual apreciación merecen las manifestaciones relativas a las posibilidades de efectuar inversiones con el resultado de la venta del inmueble que ocupa el alimentado, toda vez que no guardan relación con una necesidad del alimentante o un cambio en su situación económica que sustente la modificación pretendida._ Por último, cabe rechazar los agravios esgrimidos sobre la evaluación de la pericia psicológica por parte del sentenciante, en tanto no fueron rebatidos sus claros fundamentos. En efecto, el señor Juez "a quo" no sólo tuvo en cuenta el informe técnico de fs. 89 y vta. sino también las explicaciones dadas por el profesional a fs. 127 y 136. Por ello, aún cuando de aquéllos se desprende que el cambio habitacional de la casa a otra de similares características "no produce objetivamente situaciones de afectación psicológica" (fs. 136), en la resolución en crisis se ponderó -además- las estimaciones del profesional informante respecto a la importancia para el joven de continuar en su residencia donde habita hace más de seis años, conforme a lo informado por el asistente social actuante (fs. 123/125). A todo evento se destaca más allá de las precisiones efectuadas por el psicólogo a fs. 127 y 136, el informe de fs. 89 y vta. fue ratificado a fs. 136, por lo que su ponderación por el juez de grado no torna arbitraria la sentencia.

La libre voluntad al momento de gestación del acuerdo homologado y su consecuente obligación prestacional genera una presunción en torno a la convicción que llevó al alimentante a suscribirla, por ello, los elementos que permitan inferir una modificación de lo pactado en el convenio deben ser convincentes, categóricos y precisos, es decir, que den cabal cuenta de un estado patrimonial desfavorable (op.cit. Jalil).

La prueba en autos dista de ser contundente para acreditar la imposibilidad fáctica de mantener la prestación acordada.

En definitiva, las circunstancias expresadas por recurrente no son por sí mismas determinantes para admitir la modificación de la cuota alimentaria. Por ello, el recurso interpuesto a fs. 166 no puede prosperar, debiendo confirmarse la sentencia dictada en autos.

Las costas cabe imponerlas al vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC)._ Por ello, _ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL:

I.- RECHAZA el recurso de apelación de fs. 166 y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fs. 162/164 vta., con costas.

II.- ORDENA se registre, notifique y baje.