Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14


2º Instancia. - Bahía Blanca, febrero 14 de 2008.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 201/206vta.? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el doctor Salvatori Reviriego, dijo:

La síndico de la quiebra de Emilio Zubiri S.A. peticionó la declaración de inoponibilidad a la masa, en los términos del art. 119 LCQ (actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos), de la cesión que la fallida hizo al Dr. Horacio Ernesto Clark del crédito con garantía hipotecaria que la nombrada tenía contra los Sres. Felipe Fernández y Susana Emilia Rossetti de Fernández. Cesión que había sido otorgada por escritura nro. 178 del 22 de octubre de 1998, pasada por ante el escribano R. E. U., adscripto al Registro Notarial nro ... del Partido de Coronel Dorrego.

Además de la declaración de ineficacia, requirió la sindicatura que se condenara al demandado a la restitución de la suma de $ 52.936,52 que éste percibió de los deudores cedidos en el juicio hipotecario, con más sus intereses desde la referida percepción y las costas del juicio.

Afirmó contar la Síndico con la conformidad de la mayoría simple del capital quirografario, aunque solicitó que no se diera traslado de la demanda, que dijo haberse anticipado a presentar en razón del plazo de caducidad del art. 124 LCQ., hasta tanto se contara con la decisión judicial que tuviera por cumplido este recaudo. Dijo que el período de sospecha se inició el 17 de mayo de 1998 y que por lo tanto el acto impugnado es posterior a esa fecha. Alegó que la cesión fue efectuada en pago de honorarios profesionales que pretendidamente la cedente adeudaba al cesionario. Dijo también que el acto había ocasionado perjuicio a los acreedores concursales, y que el cesionario conocía perfectamente el estado de cesación de pagos en que se encontraba la deudora hoy fallida, dado que la asesoraba profesionalmente y había intervenido como apoderado judicial en diversas negociaciones relativas a su situación económica.

Luego de haberse acreditado que con fecha 2 de junio de 2003 el Juez de la quiebra declaró reunida la mayoría necesaria para habilitar esta acción, se dio traslado de la demanda. En su responde, el demandado formuló oposición a la pretensión de su contraria. Después de señalar que en realidad había percibido una suma menor de la que se le quiere obligar a restituir, alegó la caducidad de la acción por haber sido incoada fuera del plazo previsto por el art. 124 LCQ., por considerar inaplicable en materia concursal el plazo de gracia del art. 124 C. Procesal, y por entender que a la fecha de promoción de la demanda, el juez de la quiebra aun no había declarado reunida la mayoría necesaria para promoverla. Argumentó asimismo que la cesión había sido decidida el 16 de noviembre de 1997, es decir mucho antes de que se otorgara la escritura que la instrumenta, argumentó que el cesionario desconocía el estado de cesación de pagos de su cedente. Alegó, por último, la inexistencia de perjuicio para los acreedores, por tratarse de una negociación anterior a la fecha de cesación de pagos.

Transitada la etapa de prueba, la sentencia de primer grado estimó la pretensión de la síndico concursal. Desechó la argumentación del demandado en orden a la alegada caducidad, considerando aplicable en materia concursal el plazo de gracia del art. 124 C. Procesal, y entendiendo que los recaudos de legitimación de la sindicatura quedaron cubiertos antes de darse traslado de la demanda. Consideró que el acto impugnado se sitúa dentro del período de retroacción falimentaria, restando trascendencia a la decisión anterior al otorgamiento de la escritura, por considera que recién con el acuerdo de voluntades entre cedente y cesionario se concretó el negocio cuestionado. Detectó la existencia de menoscabo a la garantía común de los acreedores, en función de la insuficiencia de los bienes realizados para atender el pasivo. Tuvo por acreditado que el cesionario conocía la situación de la hoy fallida, por su actuación profesional a favor de la nombrada. Y declarando la inoponibilidad a los acreedores del acto impugnado, condenó al Dr. Clark a la restitución de la suma de $ 52.936,52 con más sus intereses a tasa pasiva y las costas del proceso.

Por apelación del demandado, llegan los autos a la alzada. En esta instancia, insiste el apelante en la caducidad de la acción por inaplicabilidad del plazo de gracia para presentación de escritos judiciales, y por la tardía habilitación a la sindicatura para la promoción de este proceso. Objeta además que se haya situado al acto cuestionado en el período de sospecha, quejándose de que se haya considerado que hubo perjuicio a los acreedores y que se haya tenido por cierto el conocimiento del recurrente del estado de cesación de pagos de la cedente.

Procedo a ocuparme de las objeciones contra el pronunciamiento de primer grado, en el orden en que fueron expuestas.

La remisión del art. 278 LCQ a las reglas procesales locales en tanto sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal, permitió a la sindicatura beneficiarse con la franquicia del art. 124 C.Procesal. Este dispositivo legal en manera alguna atenta contra el principio de la perentoriedad de los términos procesales que sienta el art. 273 inc. 1º LCQ, en tanto no deja de lado el decaimiento oficioso de los plazos. Es sólo un remedio que impide que un plazo que de iure vence la última hora del día de que se trata, en los hechos termine venciendo la última hora de funcionamiento del tribunal. Apenas un sustituto de otros recaudos menos seguros y ya dejados de lado, como el cargo domiciliario o de escribano (el llamado cargo "fuera de hora"), que tiende a evitar el inconveniente generado por el hecho de que los tribunales no están abiertos durante las veinticuatro horas, en tanto los plazos que se cuentan por días vencen a la última hora del día respectivo. No hay razón para no tomarlo en cuenta. Desde que sólo impone una demora de horas, no conspira contra la celeridad que debe primar en el trámite concursal. Por lo que se aplica también al concurso preventivo y a la quiebra.

La conformidad de los acreedores no hace a la legitimación en la causa como elemento sustancial de la litis, sino a la legitimación en el proceso como presupuesto procesal o, dicho en otros términos, requisito extrínseco de admisibilidad de la pretensión. Si bien la falta de ese recaudo impide la constitución de un proceso válido, no quita virtualidad a una demanda -concebida como acto de iniciación procesal- que se presentó dentro del plazo del art. 124 LCQ y que no fue desestimada in limine. De modo que la posterior resolución, de naturaleza declarativa, que tiene por reunida la mayoría necesaria para habilitar el ejercicio de la acción revocatoria concursal, viene a completar la personería de la actora, y permite tener por cumplido en tiempo y forma con el recaudo que nos ocupa. Recaudo que por lo demás no tiende a resguardar el interés del demandado sino el de la masa de acreedores, frente a la posibilidad de que se la exponga a erogaciones generadas por una actividad irrazonable de la sindicatura que habría de ser afrontada como gasto del concurso.

El emplazamiento del acto cuestionado dentro del período de sospecha es inobjetable. Porque el contrato de cesión recién se forma cuando se exterioriza el acuerdo de voluntades, lo que ocurre cuando ambas partes se apersonan en la escribanía y una de ellas manifiesta su voluntad de ceder y la otra acepta esa cesión (doctr. art. 1137 C.Civil). En tanto que el acta en la que se decidió la cesión, no hace más que a la formación de la voluntad societaria, sin que sea concebible ver en ella un contrato concluido respecto del que la escritura posterior opere como un acto de mera ejecución o al menos como un "contrato reproductivo", expresión de una renovación contractual sobre la que se refunden sucesivas declaraciones de voluntad sobre las que se presta un nuevo consentimiento.

Es necesario que exista perjuicio para habilitar la revocatoria concursal. Lo que supone que el acto cuestionado, objetivamente nocivo, debe haber concurrido a provocar o agravar un estado de insolvencia. Pero ese perjuicio se presume. Es el tercero que quiere enervar la declaración de inoponibilidad quien debe acreditar que el acto no causó daño por la equivalencia de las prestaciones y porque no significó la ruptura de la igualdad de trato, ni produjo un menoscabo patrimonial que afectara la garantía de los acreedores. Me parece evidente que el apelante no ha abastecido esa carga. Antes bien, ni siquiera ha quedado en claro la equivalencia entre el crédito cedido y lo debido en concepto de honorarios al Dr. Clark. Por lo demás, de la significación de la cesión efectuada, surge que al dar el crédito hipotecario en pago de honorarios profesionales, se otorgó una indebida preferencia al demandado respecto de los restantes acreedores de la sociedad en problemas.

El conocimiento del tercero del estado de impotencia patrimonial del deudor, debe ser acreditado por el accionante. Debe probar, en el caso la sindicatura, que el cesionario sabía, en el momento en el que se formalizó la cesión, de la insolvencia del cedente. De todos modos, y aunque no basta con meros temores, ni con rumores o comentarios imprecisos, no se exige un conocimiento terminante y completo, que de ordinario sólo suelte tenerlo el propio deudor en dificultades, y basta con que el tercero tenga un conocimiento aproximado de la real situación del deudor, y de algunos hechos reveladores del estado de cesación de pagos (v. Ribichini, Guillermo E. "Inoponibilidad concursal por conocimiento del estado de cesación de pagos" p. 58, Bs. As., 1999; Garaguso, Horacio P., "Ineficacia Concursal" p. 156, Bs. As. 1982, Graziabile, Darío J. "El conocimiento del estado de cesación de pagos y la acción de inoponibilidad concursal, ¿la prueba de lo imposible?, LA LEY, 2005-F, 477). A la verificación de este extremo puede llegarse por prueba indirecta, y en tal sentido la acreditación de la intervención que tuvo el Dr. Clark como abogado de la hoy fallida y su participación profesional en varias ejecuciones hipotecarias promovidas por la deudora, suministran base suficiente para concluir que el nombrado estaba en conocimiento de la difícil situación por la que atravesaba su cliente. Conclusión que concurre a cimentar la naturaleza misma del acto impugnado, precisamente una dación en pago. Está probado entonces el conocimiento del demandado de la situación por la que atravesaba su cliente. Conclusión que concurre a cimentar la naturaleza misma del acto impugnado, precisamente una dación en pago. Está probado entonces el conocimiento del demandado de la situación económica de la deudora, y emplazado temporalmente ese conocimiento en la época en que se realizó la cesión. Por lo que este recaudo también está cumplido, y con ello queda descartada la última objeción del apelante a la sentencia en recurso.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la AFIRMATIVA.

El señor Juez Doctor Diez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, doctor Salvatori Reviriego, dijo:

Por lo acordado al votar a la cuestión precedente, propongo se confirme la sentencia de fs. 201/206 vta., con costas en la alzada al apelante vencido (art. 68 C. Procesal).

Así lo voto.

El doctor Diez, por los mismos motivos, votó en igual sentido.

Por lo que se sentencia:

Considerando: Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto que se ajusta a derecho la sentencia de fs. 201/206 vta.

POR ELLO, y oído el Sr. Fiscal General Adjunto, se la confirma, con costas en la alzada al apelante vencido, difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para la oportunidad en que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior. Hágase saber y devuélvase. -Miguel Angel Diez. -Gustavo J. Salvatori Reviriego.