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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Derecho laboral, trabajador, remuneración, sueldo anual complementario, licencia por maternidad, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SPERANZA, MARIA ADELA c/ ANDORNI, HECTOR ERNESTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Corresponde rechazar la queja desde que la Sala fundó su decisorio realizando una interpretación de las normas en juego que no presenta matices aptos para su descalificación, sin que la recurrente demuestre que pueda tildarse de inarmónica, ilógica o irrazonable o resultado de la sola arbitraria voluntad de los Juzgadores.

En el caso, tomó en consideración el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley 23041 que establece el régimen de liquidación y cálculo del Sueldo Anual Complementario, el decreto reglamentario 1078/84 y la ley 24714 (arts. 11 y 23) que regula las prestaciones de la seguridad social.

Después de confirmar la protección de la maternidad, refiere al período en que es prohibido el trabajo del personal femenino en esas condiciones y a la proporcionalidad con el tiempo trabajado en el semestre en que se devengue retribución computable cuando la prestación de servicio fuera discontínua.

Así sostuvo que "Mientras la trabajadora no preste servicios -agrego, en goce de licencia por maternidad- percibe la 'asignación por maternidad' ya que no hay salario por cobrar y en el semestre actuante, a instancias de liquidar el sueldo anual complementario correspondiente, se tendrá en cuenta el tiempo efectivamente trabajado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1078/84".

Y no podía ser otro el resultado, a la luz de lo previsto en el artículo 23 de la ley 24714 en cuanto prevé que las prestaciones establecidas en la misma (de la seguridad social) "... no constituyen remuneración ...y tampoco serán tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual complementario...". (De la Disidencia de los Dres. Netri y Spuler)
Devolución de objetos secuestrados, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: ROSALES, Juan s/ DEVOLUCION DE EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-12

La facultad de los jueces del crimen se agota en el estrecho límite de lo dispuesto en el art. 204 CPC y no es la propiedad de las cosas -que compete decidirla a los magistrados de la jurisdicción civil- lo que ha de determinar la entrega a una u otra parte del bien reclamado, sino la situación del objeto en el momento de iniciarse la causa, a cuyo estado deben retrotraerse las cosas como consecuencia natural de la resolución previsional adoptada en el proceso principal.
Responsabilidad médica, médico cirujano, auxiliares de la medicina, servicio de hemoterapia, transfusión de sangre, sangre incompatible
Materia: CIVIL
Carátula: DEL VALLE ALDO R. Y OTRA. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

La sangre para transfundir constituye un elemento vital en la generalidad de las operaciones quirúrgicas, y resulta inobjetable la previsión legal que todo lo relativo a ella (extracción, análisis, conservación, etc.), quede a cargo de un servicio especializado. Los errores u omisiones ocurridos en este ámbito no puede alcanzar al cirujano jefe del equipo, por el sólo hecho de que durante el acto quirúrgico se haya llevado a cabo la transfusión con sangre incompatible. La garantía de seguridad que puede exigírsele no comprende circunstancias ajenas a su esfera de actuación, con mayor razón si para asegurar la indemnidad del paciente existe toda una organización técnico -administrativa de especialidad hematológica cuya actividad puede aquél, en principio, presumir correcta.

La regulación legal impone el deber de controlar el cumplimiento de las indicaciones impartidas al personal auxiliar (art. 19, inc. 9, de la ley 17.132), pero no enlaza la responsabilidad por la falta de contralor de elementos que como la sangre son proporcionados por servicios autónomos; precisamente por ello, el mismo cuerpo legal establece sí la responsabilidad del transfusionista, el director del establecimiento y la entidad asistencial por el incumplimiento de las disposiciones del art. 23. Si la actuación del transfusionista no ha sido mencionada durante el curso del proceso y tampoco resulta su individualización de los distintos elementos de juicio, cabe compartirse la conclusión en el sentido que la infraestructura hospitalaria impone la utilización de ciertos medios por el cirujano, mediante una actividad que el paciente acepta y de la que no puede formularse reproche a aquél (conf. Bueres "La responsabilidad Civil de los médicos", Bs. As. 1979, p. 179).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, ley penal más benigna, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: M., F. O. s/ Estupefacientes - Jurisprudencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

La modificación jurisprudencial, estableciendo la ilicitud de un hecho hasta entonces impune, no puede aplicarse en perjuicio del procesado, por lo que resulta más benigna la anterior ley de estupefacientes - art. 6 de la ley 20.771 - vigente al tiempo de la conducta que se achaca.

Conforme la doctrina sentada por el Tribunal, cuando el material estupefaciente secuestrado es escaso, a punto que por su insignificancia resultaba imposible de cuantificar en su contenido de alcaloide, la acción atribuida (infracción al art. 6 de la ley 20 771) resulta atípica.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, José s/ Privación ilegal de la libertad agravada - Robo agravado por el uso  de armas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Si el juez de primera instancia sólo fundó la accesoria de reclusión en los términos del art. 52 del C.P., pudiendo haberlo hecho también en el 80 del mismo cuerpo legal, incurre en violación del art. 310 núm. ant.) del C.P.P., el fallo de la alzada que la mantiene cambiando su fundamento en el mencionado art. 80 sin mediar apelación fiscal empeorando la situación del procesado que resultaba beneficiado por aplicación de la ley más benigna al reformar el citado art. 52.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, Estado Provincial, código procesal penal, vicio de irrazonabilidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Price, Brian Alan y otros c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut, pues si bien la caducidad ha sido regulada dentro de la competencia reconocida a la provincia, la norma lo hizo de un modo irrazonable, produciendo consecuencias que constituyen una interferencia relevante respecto de la ley nacional (Voto del juez Lorenzetti).
Sistema federal, federalismo de concertación, facultades concurrentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Al ser el federalismo un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento, el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas debe ser ponderado como una interacción articulada.
Acción de amparo, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: C A CENTRAL CORDOBA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 782-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-24

Con respecto a los derechos tutelados por el recurso de amparo, el artículo 17 de la Constitución Provincial, es contundente: "un derecho de libertad directamente reconocido a las personas en la Constitución de la Nación o de la Provincia". Derecho de libertad es la correcta calificación de los conocidos corrientemente como "derechos fundamentales del hombre", o "derechos esenciales", o "derechos humanos", o "derechos de libertades civiles", puesto que tienen por objeto, precisamente, las diversas manifestaciones de la libertad constitucionalmente protegidas. Son, además, una categoría de los "derechos de la personalidad" que tienen por objeto la tutela de la persona humana, sus diversos aspectos, llamados también esenciales o fundamentales, porque son los que el ordenamiento reconoce a todos los sujetos -públicos o privados- como atributos esenciales de la personalidad.
Pacto de San José de Costa Rica, libertad de expresión, Derechos humanos, interpretación sistemática, competencia, tribunales internacionales, derecho a la privacidad, obligaciones del Estado miembro, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29

En su tarea de intérprete de la Convención Americana, la Corte debe encontrar un equilibrio entre la vida privada y la libertad de expresión que, sin ser absolutos, son derechos fundamentales garantizados por el Pacto y de la mayor importancia en una sociedad democrática y, en tanto cada derecho fundamental debe ejercerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales, debe el Estado armonizarlos, buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para tal propósito.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sundblad, Matías y Sundblad, Esther su sucesión s/ Incidente de arrendamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Constituyendo los honorarios provisorios regulados a un profesional una obligación exigible en virtud de lo dispuesto por el artº 17 del la ley 8904 y no habiéndose promovido su ejecución dentro del plazo de diez días de trabada la medida cautelar tendiente a garantizar su cobro, corresponde aplicar lo establecido en el artº 207 del CPC.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Encargados de casas de renta, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: JACOMET, HECTOR R. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO BELGRANO 1485 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-07

La atención de los servicios centrales dentro del descanso de doce horas a que hace referencia el artículo 3 de la ley 12981 no genera derecho a percibir remuneración extraordinaria, en la medida que, con esa actividad, no se exorbite la jornada legal.
Asegurador por riesgos del trabajo, cuestión federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: QUIÑONES, JUAN c/ FRIGORIFICO   FORMOSA  Y/O  PERSONA  FISICA  O  JURIDICA  RESPONSABLE s/ RECLAMO LABORAL FISICA  O  JURIDICA  RESPONSABLE s/ RECLAMO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-04-23

No constituye una auténtica cuestión federal la sola invocación de ciertas cláusulas constitucionales presuntamente violadas por la sentencia apelada, ya que debe existir una relación directa entre las normas federales invocadas y el problema debatido, lo que se configura si la solución de la causa depende necesariamente de la interpretación que se dé a la cláusula constitucional cuestionada o ley especial del Congreso, de tal forma que el pronunciamiento de la Corte tenga eficacia para modificar la sentencia recurrida por medio del Recurso Extraordinario.
Resistencia a la autoridad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Marco Sebastián c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

La configuración del delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal) exige que el sujeto activo resista el cumplimiento de una orden impartida por un funcionario público -o particular que preste su colaboración-, de un modo tal que tenga por efecto comprometer el normal desarrollo de aquel mandato, dirigido puntualmente contra su persona. No se trata de la actitud de mero "forcejeo" que puede tener lugar entre el funcionario y un imputado, inherente a este tipo de escenarios; se trata, en efecto, de una oposición activa al desarrollo del acto funcional, pero que, sin embargo, permite referir los medios de la acción con mayor amplitud que los de fuerza e intimidación en sentido estricto. Allí reside la diferencia sustancial con la desobediencia contemplada en la misma norma, que no exige un despliegue de actividad en oposición a la ejecución de un acto funcional (voto del juez Morin al que adhirió el juez Sarrabayrouse).
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, contienda negativa de competencia
Materia: PENAL
Carátula: Guardia , Adelina c/ B.C.R.A. y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-03

Ante la promoción de una acción de amparo con pedido de medida cautelar contra el P.E.N. y el Banco Central de la República Argentina, para que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las Comunicaciones "A" nº 5236, 5264, 5318 y 5330 y concordantes del BCRA y, Resolución General AFIP nº 3356 del año 2012, corresponde conocer de la cuestión negativa de competencia a la "Cámara Contencioso Administrativo Federal" de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la ley 26.854, según el cual, compete a esa Cámara resolver "todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero.". (cfr. Sala I, expte. 35633/13, sent. 128123 de fecha 30.06.14, en autos "D´Agostino, Ángelo c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Amparos y sumarísimos").
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, recusación, juicio, partes, multa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ DE GAETANO, MAXIMILIANO RODRIGO FABIAN c/  s/ ESTAFA-RECUSACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Con respecto a las postulaciones de los interesados, tildando de arbitraria la resolución recurrida, en cuanto consideró maliciosa la recusación intentada en los términos del artículo 79 del Código Procesal Penal imponiendo, en consecuencia, la multa de cinco unidades jus, debe rechazarse la queja, desde que los impugnantes -con sus genéricas alegaciones invocando diferentes afectaciones constitucionales- no logran demostrar la concurrencia efectiva de un supuesto de arbitrariedad en el criterio de la Alzada, que confirmó el decisorio de grado en razón de la proximidad de la recusación respecto de la fecha de audiencia, lo manifiestamente improcedente y la data del acuerdo abreviado. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Falistoco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 79
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: OJEDA, JOSE c/ DUNLUP s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

Ante el incumplimiento del empleador, una vez vencido el plazo de 48 horas para entregar la libreta de aportes patronales y abonar los correspondientes al fondo de desempleo, es condición formal necesaria para la procedencia de la indemnización especial prevista por el art 18 de la ley 22250, la intimación por dos días hábiles, constituyendo en mora al empleador.
Derecho procesal, medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. R. B. c/ C. Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados s/ medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-15

No obstante estar acreditado un aumento sucesivo de la cuota mensual y significativo en la última acompañada del mes de mayo/22, no demuestra en esta oportunidad el desequilibrio en la ecuación contractual, teniendo en cuenta la totalidad de los ítems que integran la cuota mensual, producto ello de los planes de ahorro. Tales fundamentos obstan a la procedencia de la medida cautelar en los términos requeridos y desvirtúa la alegada verosimilitud del derecho y situación fáctica postulada en autos, no revistiendo, en consecuencia, los agravios vertidos entidad suficiente que fundamente modificar la resolución impugnada.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, actor civil, legitimación procesal, auto de sobreseimiento, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ESTAFA EN  GRADO DE TENTATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 372 AÑO 1998) C., R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - TENTATIVA  DE HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 301 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26|2003-12-26

Si los fundamentos de algunas decisiones como el sobreseimiento del imputado frustran irremediablemente la pretensión resarcitoria en los términos del artículo 1.103 del Código Civil (v.gr., porque se entendió que mediaba una causa de justificación que confería juridicidad al acto, tornando aplicable la regla del artículo 1.071  del Código Civil -), ocasionando así un gravamen concreto, efectivo y actual a derechos del actor civil, que resulta irreparable por otra vía, se pone plenamente en juego "la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, (que) ampara a toda persona a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos (...) ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución", garantía que exige dotar al justiciable de los instrumentos para hacer efectiva la observancia de las formas sustanciales del juicio, entre las cuales se destaca la de obtener una "sentencia fundada", en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Carta Magna nacional y coincidente con el derecho que reconocen los artículos 8, primer párrafo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Beneficio de litigar sin gastos, gratuidad del procedimiento
Materia: CIVIL
Carátula: García, Maria Laura c/ OSTEE s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31

Toda vez que los arts. 83 y 84 del Código Procesal Civil y Comercial permiten promover el beneficio de litigar sin gastos hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, corresponde precisar que, hasta tanto se decida el presente incidente gratuidad, la parte peticionante está exenta del pago de las costas y gastos generados por la tramitación de la acción principal y de los otros expedientes sobre el mismo beneficio, concluyeran por caducidad de la instancia, ello incluida la tasa de justicia cuyo pago se intima anticipadamente.
Declaración de reincidencia, período de prueba del condenado, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Alvez, Leandro Martín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-26

Corresponde dejar sin efecto la declaración de reincidente del imputado si a tal fin, el tribunal de mérito señaló que en la condena valorada para considerar la reincidencia, aquél sólo había alcanzado la fase de socialización, sin considerar al respecto el criterio según el cual el art. 50 del Código Penal no debe leerse en forma automática sino que dependerá, en cada caso concreto, del análisis de la evolución del interno en el sistema de progresividad, qué etapa alcanzó en él, qué regímenes gozó y, en su caso, las razones por las cuales fracasó el tratamiento penitenciario, según la ley vigente al momento en que cumplió esa pena (voto del juez Sarrabayrouse).
Cosa riesgosa, accidentes de trabajo, empleador, daño, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Montenegro, Claudio Marcelo c/ Servicios integrales de televisión S.R.L. s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2011-06-09

Si a raíz de un accidente laboral, se opta por demandar civilmente a la empleadora con fundamento en el art. 1.113, párrafo segundo de la segunda parte del Código Civil, la parte actora debe demostrar que la situación fáctica que plantea encuadra en algunos de los supuestos previstos en dicha norma, esto es en el carácter riesgoso o vicioso de la cosa, lo que supone la correcta individualización de su riesgo o vicio, su incidencia en el daño causado y además que el empleador es el responsable en virtud de revestir la calidad de dueño o guardián de la cosa. La norma mencionada atribuye responsabilidad al dueño o guardián de un cosa cuando el daño es producido por la intervención de la misma. Vale señalar que no debe ser confundido el concepto de cosa riesgosa o viciosa, con la tarea que desarrollaba el trabajador, puesto que el art. 1.113 del Cód. Civil no regula ni contempla los supuestos de "actividades riesgosas" y conforme criterio sostenido por esta Cámara de Apelaciones, no corresponde aplicar por extensión el art. 1.113 del Cód. Civil a las denominadas "actividades riesgosas", opinión que no es unánime ni en la doctrina ni en la jurisprudencia (ver Exptes. N 4224/09, N 4467/10 y N 4580/10 r. C.A.).

Lo dicho no significa que no puedan considerarse comprendidas por extensión en el art.

1113 del Cód. Civil a las actividades o conductas que resulten peligrosas por las cosas de que se valen, y no en un sentido propio y autónomo (ver Trigo Represas - López Mesa:

"Tratado de La Responsabilidad Civil", Tomo III, p. 349; edit. La Ley 2005; Trigo Represas: Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Civil. Responsabilidad Civil", Tomo I, p. 447; edit. La Ley 2009). Si el dependiente se encontraba trabajando en la altura de una torre de televisión porque uno de sus patrones se lo ordenó, tratando de destrabar una antena parabólica, que al destrabarse golpeó en el brazo izquierdo del trabajador actor causándole lesiones físicas, dicho daño puede ser imputado al riesgo o vicio de la cosa. Tanto la torre como la parábola que golpeó y aplastó el brazo del trabajador, eran de propiedad de la accionada, por lo que la ley presume que la demandada es la responsable del hecho dañoso, salvo que demuestre la culpa de la víctima o la de un tercero por el cual no debe responder, extremos que no han sido acreditados de un modo fehaciente en autos.
Muerte del trabajador, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero, Myrian Elizabeth c/ Rol Ingeniería S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

La acción deducida por la concubina del trabajador fallecido, con fundamento en la regla del art. 1079 del Código Civil es independiente de la o las acciones que les corresponda a la viuda e hijo del causante (arts. 1084 y 1085, Código Civil).