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Acción de amparo, cuerpo médico forense, tratamiento médico, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., I. E. c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

El Cuerpo Médico Forense estableció que el tratamiento de rehabilitación se encuentra justificado y que el propuesto en la Universidad Maimónides es adecuado. Si bien es cierto que el Cuerpo Auxiliar sostuvo que el progreso experimentado no es diferente al que podría ocurrir con un prestador de la demandada también lo es que la perito médico neuróloga designada de oficio, doctora Silvia Beatriz Menendez, señaló que la propuesta en la que se encuentra inmerso el accionante es "interesante, parece responsable y contenedora.". Este Tribunal entiende que las circunstancias de la causa configuran el supuesto particular que admite dejar de lado el principio general en el que se asienta el régimen (confr. esta Sala, causas 5450/06 del 20/7/06 y 2179/07 del 17/5/07). En consecuencia, se dispone que el INSSJP deberá cubrir las prestaciones indicadas por el médico tratante en la Universidad Maimónides mediante el sistema de reintegro a valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, para el Módulo "Rehabilitación módulo integral intensivo" (Resolución n° 2001/16 del 11/11/2016 del Ministerio de Salud y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones).
Modificación de la cosa juzgada, despido, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Petrino, Adrián Eduardo c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/despido c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-23

El actor prestó servicios para la demandada como chofer de ambulancias y percibía su remuneración contra la emisión de las facturas respectivas. Fue citado junto a otros trabajadores para firmar un acuerdo en el cual renunciaba a su antigüedad al tiempo que lo reconocía como dependiente. Cabe memorar que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, por lo cual, quedaba en cabeza de la demandada, desvirtuar dicha presunción que surge del art 23 de la LCT. Las constancias agregadas dan cuenta que el actor prestó servicios para el Instituto demandado con carácter dependiente durante el lapso objeto de discusión, a lo cual se agrega la presunción establecida por el art. 23 LCT, pues la accionada no ha acreditado que dichos servicios tuviesen otro carácter que el propio de un contrato de trabajo. En consecuencia, se modifica la sentencia de la anterior instancia.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, sujetos del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: LLANES, SERGIO ORLANDO c/ XIU HUA HE y/o SUPERMERCADO PUMA s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-06

Que al ser el despido verbal un hecho, se puede acreditar por cualquier medio de prueba. No obstante, Fernández Madrid, establece una diferencia según sea el sujeto que lo invoque: "Invocación por el empleador: el despido verbal debe ser descartado cuando es desconocido por el trabajador, pues puede dar lugar a situaciones de fraude. Invocación por el trabajador: Nada impide que el trabajador reconozca en juicio o fuera de él, que ha sido despedido verbalmente.

En este caso, no es menester que el empleador curse una nueva comunicación disolviendo el contrato, ni que el trabajador pida explicaciones (CNAT, Sala VIII, febrero 29-996, Galeano, Marcelo E. c. Consorcio Juncal 2463 y otros) D.T., 1996-B-1896 ... El despido una vez notificado a la otra parte, produce el efecto de un acto jurídico consumado por lo que no es admisible su retracción o revocación unilateral" (Ley de Contrato de Trabajo - comentada y anotada, Juan Carlos Fernández Madrid, Tomo III, página 2038, Ed. La Ley - 2011).
Derechos del consumidor, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tomez, Roque Miguel c/ I.A.P.V. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-09-21

"Sin duda que la gratuidad que consagra la preceptiva de los arts. 53 y 55 de la ley 24.240, en armonía con la finalidad tuitiva de la misma, está destinada a garantizarle al consumidor la posibilidad de acceder y tramitar el proceso en el que pretende hacer valer los derechos que le asisten por su calidad de tal, que estima conculcados, sin condicionamientos ni cortapisas de índole económico.

"Ahora bien, tal beneficio, cuyos alcances -a diferencia de lo que sucede con el previsto en el Código Procesal- no se encuentran precisados ni explicitados por las normas referidas, no puede extenderse indefinida e indiscriminadamente ya que se agota con la finalización del proceso en el que la franquicia es esgrimida en el que cumple la finalidad para la que fue prevista, de modo que las consecuencias patrimoniales que proyecta el proceso terminado son ajenas a la exención que la ley consagra para promover y tramitarlo, no estando alcanzadas por la dispensa, por lo tanto la condena en costas impuesta al actor, por aplicación de las disposiciones que rigen la materia, no configura un gasto ni se erige en un obstáculo para articular judicialmente sus pretensiones, sino la consecuencia de haber resultado vencido en la contienda judicial que promovió con tal finalidad, debiendo afrontarla con los recursos patrimoniales que cuente" (Del voto del Dr. Mansilla al que adhiere el Dr. de Urquiza).
Estupefacientes, Constitución Nacional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Colavini, Ariel Omar s/ infracción Ley 20.771 estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-03-28

Resultaría una irresponsabilidad inaceptable que los gobiernos de los estados civilizados no instrumentaran todos los medios idóneos, conducentes a erradicar el mal provocado por el tráfico de drogas, o por lo menos, si ello no fuera posible, circunscribirlo a sus expresiones mínimas. El interés económico en ese tráfico no se daría si no existieran usuarios o consumidores, lo cual conduce a que si no hubiera interesados en drogarse no habría tráfico ilegítimo de drogas; el tenedor de la droga prohibida constituye un elemento indispensable para el tráfico; no puede sostenerse con razonabilidad que el hecho de tener drogas en su poder, por los antecedentes y efectos que supone tal conducta, no trasciende de los límites del derecho a la intimidad, protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional; ni es asimilable a las hipótesis de tentativa de suicidio o de autolesión, que carecen en principio de trascendencia social ­e incluso la autolesión puede resultar reprimida cuando excede los límites de la individualidad y ataca otros derechos, Cód. de Justicia Militar, art. 820­.
Recurso de apelación (procesal), excepción de incompetencia, procedimiento administrativo, recursos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FLORES RAMON NICOLAS c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-05

Desde que lo que constituye la pretensión sustancial del accionante (impugnación baja) fue materia de cuestionamiento y decisión (en cuanto al fondo de la cuestión) en sede gubernativa, no pueden oponerse en ésta pretendidos defectos recursivos (Mairal "Control Judicial..." T. I, Pág. 239; Tawil "Un Debate Interesante en Materia de Habilitación de Instancia" L.L. 25/06/91, citando a Tomás Ramón Fernández).-
Acción de inconstitucionalidad, procurador general, supresión del cargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-29

Si la Constitución exige un acuerdo legislativo para determinados cargos judiciales "...debe interpretarse que ese acuerdo no puede ser pura laxitud afirmativa que permita al candidato ocupar cualquier cargo judicial...". Con lo cual, ante los nuevos cargos creados legalmente en reemplazo de la anterior Procuración General, no podría este Tribunal suplir la omisión de la falta de consideración de la presente situación, o interpretar que en forma extensiva subsiste el acuerdo, designación y juramento consolidado para otro cargo concreto, o transformarse por la presente vía el acceso tanto a la Fiscalía o la Defensoría del Tribunal, en violación a lo dispuesto en el art. 7º, último párrafo del modificado art. 70 de la Ley 2.404. Ello por cuanto la inamovilidad consagrada constitucionalmente, resguarda no sólo la remoción indebida sino que cubre a su vez la estabilidad en el cargo concreto en el que fue designado. Preserva la "sede" y el "grado", "cargo ocupado" y el lugar donde se desempeña. Y el "cargo" en el presente caso ha sido "suprimido", y cubierto tanto la Fiscalía como la Defensoría ante el Tribunal Superior de Justicia, sin reconocimiento del "emplazamiento" que como Procurador detentaba el actor. VOTO MINORIA: DRA. BALLESTER
Honorarios, actualización monetaria, competencia, juez del concurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA SWIFT DE LA PLATA  SAF c/ INTA s/ REPETICION  -  ACTUALIZACION  MONETARIA  HONORARIOS - QUIEBRAS - JUEZ  COMPETENTE-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-05

: Respecto a la actualización de honorarios por desvalorización monetaria solicitada por el letrado de la demandada en juicio, debe conocer y decidir el juez de la causa.
Procedencia del recurso, pagaré, inhabilidad de título, relación de consumo, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cetrogar S.A. c/ Palomino Augusto Eduardo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-09-02

Cabe hacer lugar al recurso de apelación incoado por el demandado, revocando la sentencia atacada, por lo que se hace lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte y se rechaza la demanda promovida por la parte actora -cobro de pagarés de consumo-, puesto que si bien no existe una ley ni normativa especial que regule de modo completo el problema del crédito para el consumo, ni de la práctica del "pagaré de consumo", y sus consecuencias; sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor contiene el art. 36 que enuncia una serie de recaudos que han de incluirse en el contrato de crédito para consumo, y que deben observarse al tiempo de la celebración del negocio. La constatación acerca del cumplimiento de aquella norma legal -y la observancia de los demás requisitos previstos a tal efecto- determina la viabilidad del reclamo articulado en el proceso, por lo tanto, si el título valor, autónomamente o integrado, reúne las exigencias del citado artículo, será pertinente la ejecución en los límites que resulten del negocio base de la relación jurídica. Al respecto, la actora niega que exista una relación de consumo entre las partes y elude brindar información referida a la causa del libramiento de los pagarés -escudándose en las características de abstracción propias de los títulos de créditos-, sin embargo, ningún elemento aporta para demostrar la causa específica que tuvo la operación instrumentada. A mayor abundamiento, pesaba sobre ella la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la verdad material; entre otros deberes, aportando todos los elementos que tenía en su poder para desestimar que nos encontramos en presencia de una relación de consumo, nada de lo cual se verifica en este juicio.
Acción de amparo, importaciones, importación de automotores, importación para consumo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Inter Sur S.A. c/ E.N. -Sec. de Ind. y Com.- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, que decretó la inconstitucionalidad de la resolución 300/94 (S.I.), en cuanto por ella se exigió "que los vehículos importados no producidos localmente debían estar en zona primaria aduanera al 31/12/94 y con el respectivo pedido de despacho de importación para consumo", ordenándosele en consecuencia a la Administración Nacional de Aduanas que admita la solicitud de importación para consumo de los automotores adquiridos por la sociedad actora.
Acusación, facultades del juez, cambio de calificación legal, defensa en juicio, robo de automotor, encubrimiento real, automotor sustraído
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Marcelo A. y otro s/ Cambio de calificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

Siendo deber de los magistrados, cualesquiera que fueran las peticiones de la acusación y la defensa o las calificaciones que ellos mismos hayan formulado con carácter provisional, precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin más limitación que la de restringir el pronunciamiento a los hechos que constituyeron materia de juicio, no es violatoria de la defensa en juicio por no haber cambiado los elementos fácticos del objeto procesal, si la acusación fue por el delito de robo de automotor, ya que el hecho sobre el que se sustanció el proceso fue el de tener en su poder dueño, y esta tenencia es el sustento fáctico del encuadre de encubrimiento, al no poderse demostrar o existir una seria duda acerca de que se tenía el automóvil en cuestión por haber sido autor del apoderamiento.
Excarcelación, estupefacientes, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Yepe, Lucinda Beatriz s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-18

Está debidamente fundada la denegatoria de excarcelación si se valoró, no sólo la gravedad del delito -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización-, sino también la implicancia económica, la severidad de la pena y la actividad de la que dan cuenta los vecinos de la imputada cuyos comentarios obran en los informes ambientales, sin que pueda soslayarse la asunción por el Estado Argentino de compromisos internacionales en la materia.

La disidencia consideró que la existencia de otras causas no es óbice para emitir un pronunciamiento en favor de la libertad del imputado, a fin de no violentar el principio ne bis in idem, que las manifestaciones de los vecinos no bastan para construir la idea de que la encausada intentará eludir la acción de la justicia y que existen elementos suficientes para tener por acreditado el arraigo. (Dres. Catucci, Ledesma - en disidencia- y Slokar).
Adopción plena, cambio de sexo
Materia: CIVIL
Carátula: O.,M.B. s/ Adopción plena - Expte. N° 499744
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-18

Resuelve otorgar la adopción plena de dos menores a una persona transexual que detentaba su guarda, quien solicitó la rectificación registral de su sexo, y el cambio de su nombre de pila, por lo que podrá vivir de acuerdo a la categoría género de conformidad a su vivencia interna e individual, lo que de ningún modo puede resultar perturbador para los niños, sino que, por el contrario, reconocerán en la adoptante los atributos que se corresponde con el género por ella vivenciado.
Actividades molestas, abuso del derecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pinto Martha c/ Molinos Balcarce s/ Cesación de molestias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-18

A efectos de precisarse cuáles son las molestias que exceden la "normal tolerancia" entre vecinos y que no deben aceptarse como precio de la civilización moderna, es necesario hacer un juicio de valor, y como tal, su determinación puede ser fruto de disquisiciones y críticas, en tanto es una cuestión de hecho librada exclusivamente a la apreciación judicial. Sin embargo, el art. 2618 del C.Civ. sienta las bases a partir de las cuales los magistrados han de pronunciarse: molestias de diverso orden que exceden lo que sería aceptable de acuerdo a las condiciones del lugar, circunstancias del caso, exigencia de la producción, respeto al uso regular de la propiedad y prioridad en el uso de los inmuebles.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Boscaro, Roberto s/ Inf. ley 23737. Causa 25549
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-02

Son circunstancias que valoradas en su conjunto permiten calificar una tenencia como para consumo personal, las conclusiones del estudio médico en cuanto da cuenta de signos evidentes de consumo de cocaína, aun cuando ésta sea negada. El secuestro de 6,64 grs. de sustancia en estado puro, fraccionada en doce envoltorios y las demás relativas al tiempo, modo y lugar de la incautación, entre sus efectos personales y cuando se encontraba solo.
Mediación, mediación obligatoria, inconstitucionalidad, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La exigencia de una mediación obligatoria y previa a todo juicio, carece de razonabilidad ni bien se pondera que nada impide que las personas que efectivamente tengan voluntad de ser asistidas en una negociación tendiente a evitar un litigio, recurran a uno o más mediadores a su elección, y si, por el contrario, esa voluntad no existe, prefiriéndose acudir a la directa actuación de los tribunales judiciales, tampoco parece razonable que el legislador imponga a los interesados transitar el camino de una obligatoria mediación no querida, privándolos del ejercicio de toda cuota de libertad decisoria (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Hidrocarburos, juicios contra el Estado, daños y perjuicios, indemnización, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingenio La Esperanza S.A. c/ Estado Nacional -Sec. de Energía- s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-04

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a abonar a la firma actora una indemnización de daños y perjuicios generados por el incumplimiento de una serie de actos administrativos, o en su defecto, por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º, inc. c, de la ley 23.287 -Emisión de bonos de inversión pública- pues no asiste razón a la apelante en cuanto afirma que la cámara omitió tener en cuenta la prueba pericial contable producida en el expediente, sino que de la causa se desprende que el a quo la consideró y concluyó que las diferencias alli expresadas no resultaban suficientes para tener por acreditado el perjuicio invocado por la demandante.
Declaración de insania, dementes, prueba, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A., C.R. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-28

"Por exigencia del Código Civil, en el proceso de declaración de incapacidad por demencia la pericia médica constituye una prueba de inexcusable producción y si bien no es la única admisible, reviste carácter esencial, sin perjuicio, naturalmente, de la facultad que incumbe al Juez respecto de su valoración".
Concursos, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cambios y Turismo Lancaster S.A. c/ González, Carlos Hugo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-26

La pérdida de legitimación consagrada en la normativa concursal, en lo que hace a los juicios vinculados con bienes desapoderados, conlleva la irrecurribilidad por parte suya de todas las resoluciones o providencias que se dicten con relación a dichos bienes.
Obligaciones de dar sumas de dinero, mora del deudor, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: LA AMISTAD  S.R.L. c/ IRIARTE, ROBERTO C. s/ COBRO DE PESOS - DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-09

Corresponde revalorizar una deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria en el caso de que el deudor hubiere incurrido en mora.
Prueba pericial, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, consulta técnica, dictamen pericial, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BENITEZ, Julio C. s/ PERICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Debe notificarse al fiscal y a las restantes partes de las pericias dispuestas, pues así se preservan los principios de legalidad y debido proceso. Omitir notificar acarrea la nulidad absoluta de la pericia.

En cuanto a los informes técnicos, éstos no revisten el carácter de trabajos periciales, por lo tanto, no le son aplicables las reglas previstas por el art. 258, C.P.P.
Derecho procesal, Derecho penal, recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., M. N.  c/ R., D. B. s/ Violencia Familiar, Expte. N° 709/23
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-14

Corresponde al Tribunal que dictó la resolución impugnada denegar el recurso cuando sea interpuesto por quien no tenga derecho, o fuera de término, o sin observar las formas prescriptas, o cuando aquella sea irrecurrible.
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena, escala penal, pluralidad de imputados, efecto extensivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Hereñu, Fernando y Giaccaglia, Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-08

El carácter parco de la sentencia del caso "Acosta" no impide vislumbrar que cualquier decisión que interpretase que la escala penal en abstracto prevista para el delito objeto del proceso obsta a la suspensión del trámite si su máximo excede de tres años de reclusión o prisión sería nuevamente desautorizada por la C.S., entonces corresponde interpretar que la C.S. ha entendido que, aunque lo exceda, es plausible la suspensión del proceso a prueba cuando, no obstante ello, el mínimo de la escala penal y la inexistencia de condenas anteriores según el art. 26 C.P. no obstarían a la posibilidad de una eventual condena de ejecución condicional. El hecho de que hubiera quedado firme lo decidido respecto del co imputado no puede obstar los efectos extensivos regulados por el art. 441 primer párrafo C.P.P.N. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Regulación de honorarios, rechazo de la demanda, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: PAULINO, NORBERTO c/ DISTRIBUIDORA PANAMERICANA SA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-25

En caso de rechazo de la demanda, total o parcial, el monto del proceso contemplado en el artículo 19 de la ley 21839 para regular los honorarios de quien intervino en defensa del demandado debe partir de una evaluación razonable del monto de la demanda en sus posibilidades cuantitativas, pues ese es el monto que el profesional ha defendido consiguiendo eximir a su parte de las consecuencias de una condena.
Concurso preventivo, intereses, cómputo de intereses, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lumicot  SAICAFI s/ Concurso  preventivo  -  incidente  de verificación de crédito por la  Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La regla del art. 20 de la ley 19.551, que suspende el curso de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a la presentación del concurso no se refiere a la actualización monetaria de los capitales.