marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, indemnización, decretos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ares,  Miguel  A.  y  Otros c/ E.N.  -Mº  de  Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-29

El decreto 1770/91 generó derechos subjetivos para los magistrados y funcionarios específicamente, y cualquier reconocimiento que amplíe la nómina taxativa establecida en dicha normativa constituiría una liberalidad no autorizada. (Del voto del Juez Otero, cons. IV). (Ver en igual sentido, esta Sala, causa nº 6060/92, Banchero , del 29/12/95).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luciani, Juan J. c/ Millet, Miriam L. y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Las decisiones recaídas en una ejecución hipotecaria no revisten, en principio, carácter definitivo en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose motivos que permitan apartarse de dicho criterio, cuando la resolución recurrida se ha limitado a pronunciarse sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso, sin abrir juicio sobre las que hacen a la obligación sustancial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, interrupción de la prescripción, medidas cautelares, inhibición general de bienes, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco del Buen Ayre SA c/ López, Juan Domingo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

A los efectos de resolver si corresponde proceder a la reinscripción de la medida cautelar solicitada, debe dilucidarse si, tras la sentencia favorable, el acreedor beneficiario de ella ha procurado gestionar un interés genuino o solo procuró mantener indefinidamente inhibido al deudor por la vía de utilizar el sistema judicial, sabiendo lo infructuoso que ha de resultar su pedido. En consecuencia admitir lo peticionado importaría limitar la facultad del deudor de disponer de sus bienes frente a la inercia del actor. Por ello, la inhibición general de bienes al único efecto de interrumpir la prescripción no puede ser admitida. (En el caso, el actor solo requirió la anotación de aquella medida precautoria, sin evidenciar actividad alguna dirigida a obtener la ejecución de la sentencia recaída hace casi veinte años).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: S., A. c/ A.D.O.S.T. s/ Cobro de Pesos -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-28

Si falta la crítica, carece el tribunal "ad quem" del material lógico indispensable para confrontar los argumentos del "a quo" con los que de contrario aduzca la parte disconforme con el fallo, de modo que la función revisora no puede cumplirse.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Arriola, Facundo Nahuel s/ infr. art. 128, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La confirmación por la Cámara de la decisión de la jueza de grado que declaró la atipicidad de la conducta atribuida al imputado con relación delito de facilitación de pornografía infantil y dispuso su sobreseimiento, se apoya en un plexo de normas legales y constitucionales aplicables al caso y está justificada en sus alcances por los aspectos particulares del hecho objeto del proceso. La Cámara funda en argumentos precisos y referencias a la situación particular del imputado, los motivos por los cuales éste debe ser excluido del campo de aplicación del art. 128 primer párrafo del CP; pero en ningún momento extiende esta exclusión al conjunto de los menores de 18 años de edad. Ese criterio hermenéutico no excede el marco normativo invocado por los jueces, es una interpretación posible del art. 128, 1er párrafo del Código Penal, por lo cual no hay violación del principio de legalidad. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Admisibilidad formal, recurso de casación, querellante, sobreseimiento, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rebori, Nélida Julia - Read, Gustavo - Read, Horacio Enrique - Rebori, Arnaldo José - Cosenza, Horacio José - Aguirre, Flavio Amado - Rodríguez, Ricardo - Hernández, María Del Carmen - Di Biase, Héctor Donato - Roglan, Marcos Moisés - Tarantini, Osvaldo Alberto c/  s/ falsedad ideológica de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-04

Cabe declarar formalmente admisible el recurso de casación presentado por la parte querellante contra la sentencia que confirmó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados, por los dos inc. del art. 422º del CPP de la Provincia de Formosa en función a los arts. 70º quinques y 424º inc. 1 del mismo cuerpo procesal, pues el Superior Tribunal de Justicia tiene la autoridad para resolver en última instancia respecto de las admisiones de recursos como el presente, tal como expresamente lo prevé el art. 410º 2da. parte del mencionado cuerpo legal; máxime cuando como en el caso, el doble confronte y la garantía de la doble instancia ya se encuentran cumplidos con la confirmación de la resolución absolutoria. Teniendo en cuenta entonces, que las distintas alternativas del proceso penal se desarrollan y cumplen antes de que la sentencia sea firme, no se encuentra una razón válida para afirmar que exista una duplicación del riesgo. Justamente, una persona que es absuelta, no ha perdido por sí mismo el riesgo a ser condenada, ya que dicho pronunciamiento no está -todavía- firme, mientras no transcurra el plazo para que adquiera esa sentencia carácter de cosa juzgada o se rechacen los recursos procesales tendientes a modificarla.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por tareas peligrosas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GARRIDO CALVO, LUISA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 398 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-02

Cabe rechazar la queja por cuanto las recurrentes no logran demostrar que lo resuelto por la Cámara resulte descalificable desde una óptica constitucional al considerar que el suplemento por riesgo y tareas peligrosas previsto por el artículo 55 anexo II, de la ley 9286 resulta incompatible con el suplemento asistencial y hospitalario establecido en el artículo 63 anexo II, de dicha norma legal, y que aún suponiendo que no lo sean, la disposición invocada exige que las tareas riesgosas o peligrosas sean previamente calificadas por la autoridad municipal con participación del organismo gremial, impidiendo el reconocimiento de dicho suplemento el que no se haya demostrado en autos el cumplimiento de este requisito, ni la realización de una reclamación formal ante la autoridad municipal para que determine las tareas que debían ser consideradas riesgosa o peligrosas, a los fines del artículo 55 de la ley 9286; y en igual sentido que hubieran enderezado actividad alguna ante la entidad gremial que los representa, para que tal situación se concrete.
Locación de inmuebles, ejecución de alquileres, alquileres posteriores al vencimiento, restitución del inmueble, consignación de llave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOTTARDI  RICARDO c/ ALBERTO MARTINA Y OT. s/ p - v - e (LIBRO: S071 - 186)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-31

Si vencido el contrato el inquilino continúa en el inmueble, el locador está facultado para requerir el cobro de los alquileres posteriores al vencimiento y hasta la efectiva recuperación.

Si el inquilino considera que el locador debe reconocer daños y perjuicios a su cargo en la cosa, no basta su ofrecimieto condicionado de entrega, sino que ante la negativa del dueño a recibirla en esas condiciones (como ante cualquier otro motivo de negativa), debe poner las llaves del inmueble (luego de haberlo desocupado) en depósito judicial por consignación, para hacer cesar su responsabilidad, salvo el derecho del locador de impugnar el depósito. Existiendo juicio de desalojo en trámite, tanto ofrecimiento como consignación deben producirse en aquél juicio.

Pero si la consignación no se produce, el inquilino continúa en la tenencia y responsabilidad. Lo mismo si la consignación se produce y es declarada improcedente. En cambio si es aprobada, la responsabilidad del locatario por los alquileres cesará desde la fecha del depósito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), protección del medio ambiente, MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, acuerdo de partes
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Zabaleta, Indiana del Valle c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

Para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto y anular el acto administrativo impugnado, la Cámara señaló además que no podía dejar de señalarse que, pese a la sanción aplicada y a lo dispuesto en orden a la recomposición del bosque nativo, la propia provincia por intermedio del Ministerio de la Producción celebró con el arrendatario del lote un convenio para la multiplicación y comercialización de semillas de arroz, informando dicho Ministerio que el lote, se limpia y acondiciona, para ponerlo a su disposición, de donde puede presumirse que la intervención en el sector imputado no habría provocado un daño al ecosistema, o que no era necesaria su recomposición aprobándose tácitamente su uso agrícola, ello previo al dictado de la resolución sancionatoria; por lo que los planteos de la recurrente vinculados a la necesaria protección del ambiente ordenada por la propia Constitución se desvanecen y pierden el pretendido impacto al confrontarse con los fundamentos de hecho y de derecho que el Tribunal expuso con la señalada suficiencia y que constituyen las premisas en que se basó la conclusión que además cuenta con el respaldo en los hechos probados en la causa. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatierra, Hugo y otra c/ Lazarte, Hector Edgardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Cuando quien fallece es un niño que, obviamente, no desarrolla tareas remunerativas, lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para una familia modesta la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito; esa indemnización cabe sino a título de lucro cesante, por lo menos como la pérdida de una "chance" u oportunidad de que en lo futuro, de vivir el menor se hubiese concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres.
Sana crítica racional, apreciación de la prueba, declaración de la víctima, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/C D., J. C. por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de M.M. (M) - G., M. (DEN) - recurso de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-05

La Corte ha precisado en numerosos precedentes que en nuestro sistema procesal rige el sistema de libertad probatoria y de la sana crítica racional. Ello implica, por un lado, que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos por la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme a las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación alguna. (Del voto de los Dres. Samsón y Vittar)
Régimen de consolidación de deudas, juicios contra el Estado, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, orden público
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: Baino, Jorge y otros c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

La sentencia que dispone la inmediata ejecución del crédito por las vías comunes no encuentra sustento alguno en las normas que rigen el cumplimiento de las sentencias que condenan al Estado Nacional e importa prescindir de ellas, que resultan de inexcusable aplicación habida cuenta del carácter de orden público de la ley de consolidación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
División de condominio, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Rosas Arjona, Diómedes Edilberto y Otros c/ Nores Martínez, Agustín Ichiro s/ División de Condominios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

"Corresponde aplicar las costas del juicio de división de condominio al demandado -a pesar de su allanamiento total, expreso o incondicionado-, si no había dado respuesta positiva al anterior requerimiento extrajudicial, obligando así a la otra parte a accionar".
Prescripción, suspensión de la prescripción, responsabilidad médica, mala praxis, acción penal, personas jurídicas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CAMERLINCKY, Olga Haydée c/ LOPEZ, Eloy y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-13

Cuando se reclaman los daños y perjuicios derivados de una supuesta mala praxis médica contra la persona jurídica dueña del sanatorio, no resulta factible que la querella promovida en sede penal, aún sin individualización de responsable, encuadre en el supuesto legal de suspensión de la prescripción que consagra el art. 3982 bis del Código Civil. Es que la acción penal, si bien puede comprometer al representante o dependiente de la empresa que explota el sanatorio, nunca puede involucrar en el proceso a una persona jurídica, que no puede ser penalmente condenada o absuelta en condición de tal.
Insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, tipo penal, suministro de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Billiris, Gerardo Ismael y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-13

Corresponde rechazar el cuestionamientos de las defensas respecto a las figuras penales establecidas en la ley de estupefacientes (arts. 5 inc. "e" y 10 de la ley 23.737) imputadas a los nombrados, toda vez que, el modo en que los impugnantes han deducido sus agravios sólo pone de manifiesto su mera discrepancia con la forma en que correctamente los jueces a quo han analizado las concretas circunstancias fácticas imputadas a los encausados, máxime teniendo en cuenta el contexto en que los hechos tuvieron lugar y las reiteradas ocasiones en las que ambos se dispusieron a suministrar sustancia estupefaciente, todo lo cual aleja su conducta de un accionar ocasional y de simple convite entre consumidores, como alegan las esforzadas defensas.

Por ello, es a todas luces evidente que el pronunciamiento atacado no presenta fisuras lógicas en su fundamentación -tampoco en lo que hace al agravio de prescripción de la acción penal expuesto por la defensa de uno de los encausados- que permitan su descalificación como acto jurisdiccional válido (confr. arts. 123 y 404 del C.P.P.N.).
Mora del deudor, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: ANDREANI, Adolfo y otra c/ CARDAL  S.C.A. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

La mora del deudor no impide la procedencia de la consignación, mientras éste no haya perdido el derecho de pagar.-
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, accidentes de trabajo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Experta ART S.A. en la causa Romano, Valeria del Carmen c/ Prima S.A. s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Corresponde rechazar el recurso deducido contra la sentencia que ratificó la aplicación temporal del decreto 1278/2000, pero descartó el tope allí previsto por estimarlo inconstitucional con fundamento en el precedente "Ascua", pues el argumento central no fue rebatido por la aseguradora que basó sus agravios en la doctrina sentada en el caso "Espósito" y en los límites de cobertura del seguro, que no guardan relación con lo decidido en la causa, no existiendo en consecuencia una crítica concreta y razonada a los fundamentos desarrollados por el a quo. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Ejecución hipotecaria, tercer poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nall c/ Menacho s/ Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

El adquirente de un inmueble por boleto de compraventa no puede ser equiparado al tercer poseedor del inmueble hipotecado (DJBA 117 -409), dado que es tal quien es propietario de un inmueble hipotecado por su vendedor (art.3164 del Cód.Civil). Para que la adquisición de dominio surta efectos respecto de terceros son necesarias la escritura pública, la tradición y la inscripción en el registro de la propiedad (arts.577, 1184 inc.1 y 2505 del Cód.Civil y art.2 ley 17.801). Habida cuenta de ello, el adquirente por boleto, al no poder ampararse en las previsiones de los arts.3162 y siguientes del Cód.Civil, no esta autorizado para intervenir en el juicio por cobro hipotecario seguido por el acreedor contra el deudor y, por consiguiente, no puede oponer excepciones (art.597 del CPCC), debiendo buscar la protección de sus derechos por otra vía apropiada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, rechazo in límine
Materia: PENAL
Carátula: Bonello, Juan Antonio Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-21

Cuando una solicitud del beneficio de suspensión del juicio a prueba no satisface de modo palmario alguno de los requisitos exigidos por el art. 76 bis del C.P. para su procedencia, no existe óbice alguno para que el tribunal interviniente rechace tal requerimiento, fundadamente, in limine; esto es, con prescindencia de la celebración de la audiencia prevista por el art. 293 del C.P.P.N. (Dres. Hornos, González Palazzo, Diez Ojeda).
Alimentos provisionales, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: B., V. c/ G.,J.G. s/ Art. 250 C.P.C. - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-13

La cuota provisoria a fijar debe tener el alcance que, a la luz de los elementos prima facie colectados, resulte suficiente para atender a los requerimientos de los hijos sin que éstos se vean perjudicados por las demoras que acontezcan con la tramitación de estos pleitos, dado que la previsión procesal que supone un rápido proceso alimentario -artículo 375 del Código Civil- no se compadece con la realidad tribunalicia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa V., D. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-16

Si bien las objeciones a las sentencias relativas a la apreciación de cuestiones de hecho y prueba son ajenas por principio a la vía del recurso extraordinario, cabe admitir su procedencia en supuestos en los que el a quo ha dado un tratamiento inadecuado a la controversia suscitada, al omitir pronunciarse respecto a cuestiones relevantes para su decisión o apartarse de constancias comprobadas de la causa.
Acción de amparo, concejo deliberante, competencia por el grado, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, José Luis s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-09-05

El presente Amparo contra la Sala de Sentencia del Concejo Deliberante del Dpto. Angel Vicente Peñaloza en la persona de su Presidente, a fin de que haga cesar restricciones que se imponen al derecho de defensa en el juicio político que se sustancia en contra del actor de autos; es de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia, conforme a la letra y al espíritu del art. 141 de la Constitución Provincial.

El Concejo Deliberante, genuino integrante de la Función Municipal toma para sí el ejercicio de sus atribuciones, las que, como corresponde a la organización republicana, están sujetas a formas de cumplimiento obligatorio, y como tales no están exentas del control de los jueces, revisión judicial que, sin embargo, no podrá alcanzar, por imperio del art. 131 última parte de la Constitución Provincial, la materia propia de la causa que motiva el enjuiciamiento en sí, de modo que ni por subrogación ni apelación ni por vía directa puede sustanciar, conocer y resolver el Poder Judicial en materia de Juicio Político. Este aspecto es vedado por el constituyente para la sede judicial, para no convertirla en instancia legitimada que importe extraer el proceso de su ámbito natural, que es estrictamente el político.

Atento a la entidad institucional del Organo en cuyo seno se formaron las actos atacados, es ineludible la opción por esta vía procesal (Amparo contra la Sala de sentencia del Concejo Deliberante del Dpto. Angel Vicente Peñaloza en la persona de su Presidente, a fin de que haga cesar restricciones que se imponen al derecho de defensa en el juicio político que se sustancia contra el actor de autos), a los efectos de la habilitación de la competencia del Tribunal Superior de Justicia.
Recurso de casación, revisiones contra el tribunal de juicio, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M. I. s/ Facilitación y promoción de la prostitución y sostenimiento de casas de tolerancia en concurso real s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-03-13

Cualquier debate o discusión sobre la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de mérito resulta ajeno al ámbito casatorio, ya se trate de hechos objetivos o subjetivos. Ello así, toda vez que este remedio procesal sólo tiene cabida cuando concurra en el fallo atacado un error de entidad tal que fulmine la decisión como acto jurisdiccional válido. En cambio, sí es de resorte de la casación controlar que la motivación de la sentencia del juez o tribunal de mérito corresponda o constituya una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias reales y comprobadas de la causa; la validez de las pruebas de que se sirve el sentenciante; la omisión en la consideración de alguna prueba decisiva que hubiera sido legalmente incorporada a la causa y cuya apreciación conduzca a variar el sentido de la decisión final; que sus conclusiones respondan a las reglas del recto entendimiento humano; y que esa motivación resulte bien emitida, con ajuste a las formas prescriptas.
Independencia del Poder Judicial, intangibilidad de la remuneración, sistema republicano, gobierno provincial, Poder Judicial Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Scarpati, María Cristina y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-06

La intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de la independencia del Poder Judicial y un requisito indispensable del régimen republicano, que no puede ser desconocida en el ámbito provincial.