marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prenotación, reserva de prioridad, bloqueo registral, tercería de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Capria Francisca c/ Rodríguez Alicia Y Otros s/ Tercería De Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

La inscripción provisional de la escritura del inmueble, habiendo caducado de pleno derecho al transcurrir el plazo de su vigencia, perdió el natural efecto del bloqueo registral y la reserva de prioridad ganada por la tercerista -compradora del bien inmueble en cuestión-, exponiéndose a sufrir una variación en la situación registral del bien, por lo que tal pérdida de prioridad habilita a las acreedores del anterior propietario a trabar legalmente el embargo sobre un bien que se mantiene inscripto a nombre de su deudor y, con ello, a que aquél quede sujeto al resultado de la ejecución de honorarios en marcha. (del voto en disidencia del Dr. Gerez).
Amparo por mora, pronto despacho, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escobar, Miguel Demetrio s/ Amparo por mora administrativa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-06

La omisión o el retraso en la toma de decisiones o realización de diligencias por parte de la Administración constituye un claro supuesto de su mal funcionamiento, y como tal genera responsabilidad estatal directa y objetiva. Que consecuentemente, si por causa de renuncia de la administración, el particular debe recurrir a los estrados judiciales a efectos de obtener un orden de pronto despacho para que la autoridad administrativa se expida, es justo que la parte que con su conducta negligente ha obligado al actor a demandar, cargue con las costas generadas en el proceso.
Acto administrativo, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Korn, Enrique A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-06

La arbitrariedad, como proceder ilícito de la Administración, es incompatible con la puesta en ejercicio de una prerrogativa legal. Trátase en definitiva de la aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo del principio sentado por el artículo 1071, primer párrafo del Código Civil, al establecer que "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto".
Sistema interamericano de Derechos Humanos, fondo de asistencia legal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Furlan y familiares c/ Argentina s/ Fondo de asistencia legal de víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-23

La creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos - Organización de los Estados Americanos-, tiene como objeto facilitar la petición de justicia de quienes no cuentan con los recursos necesarios para llevar su caso ante dicho Sistema, contando, para tal fin, con dos cuentas separadas, una correspondiente a la Comisión y la otra a la Corte Interamericana.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, reenvío, proceso penal, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Abraham, Gustavo Gabriel c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (quejas admitidas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-27

Teniendo presente la postulación defensiva vinculada con la afectación de la garantía del plazo razonable, corresponde al Tribunal del reenvío juzgar si en los presentes -teniendo en cuenta los términos transcurridos hasta el momento y los efectos de la declaración de procedencia de este recurso- se ha satisfecho el mencionado estándar constitucional, como así también evaluar si en el caso pudo haber operado la prescripción de la acción penal de los delitos enrostrados a los justiciables. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 67
Inconstitucionalidad, acordadas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Corresponde rechazar el pedido de inconstitucionalidad de las acordadas n. 77/90 y 28/91 si no pondera adecuadamente la circunstancia de que el art. 8., de la ley 23.853, confirió a la Corte la facultad de establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones, disponer de su patrimonio y determinar el régimen de percepción, administración y control de sus recursos y su ejecución y dentro de esa amplia delegación de atribuciones - propias orginariamente del Congreso de la Nación - se encuentra indudablemente la posibilidad de adecuar el monto - proporcional o fijo de la queja establecido en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Abogados, derecho fijo, Colegio Público de Abogados
Materia: CIVIL
Carátula: ELVIRA, Nalba M. c/ DIKGOZ, Oscar Antonio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-02

Si un profesional actúa en el doble carácter de síndico y abogado, es por éste último que debe cumplir personalmente con el pago del "derecho fijo" previsto por el art. 51, inc. d) de la ley 23.187, como contribución al Colegio Público de Abogados con independencia de las normas referidas al proceso liquidatorio (art. 182 de la ley 24.522) en el que ha sido designado.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROS Hugo c/ Oscar BERNASCONI y ot. s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A074 - 323)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-02

No procede el pedido de acrecentamiento de honorarios concomitante con el pedido de honorarios complementarios, toda vez que la actualización es incompatible con la regulación complementaria sobre diferencia de capital por actualización referida a un mismo lapso. Y a la inversa, porque el honorario es en sío un crédito líquido y exigible pero no abstracto, ya que no puede desvincularse de su causa. Siempre es proporcional a un trabajo determinado y con mucha más precisión a un valor económico en litigio. La aplicación textual y simultánea de las dos normas en cuestión llevaría a una indebida duplicación del emolumento.-
Recurso de casación, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MIR ARNOLDO. c/ EMILIO MALDONADO HERNANDEZ. s/ EJECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-06-11

La casación se circunscribe en principio, al análisis del derecho sustantivo que define la relación de fondo entre las partes. Las normas procesales escapan por vía de principios de la casación pues su índole formal ellas se relacionan con el derecho constitucional de la defensa en juicio, al que tiende a hacer efectivo por lo que su presunta violación o apartamiento debe canalizarse a traves del recurso de inconstitucionalidad, destinado a preservarlo.
Excepción de prescripción, trámites judiciales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdebenito, Ermilda y otros c/ SIPROSALUD s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-22

En cuanto a la excepción de prescripción, debió plantearla en la primera oportunidad procesal para que fuera tratada con carácter previo; por lo que procede diferir su tratamiento para el momento de dictar sentencia definitiva.- Así lo ha sostenido la jurisprudencia: "La interposición de la prescripción como excepción previa -aún cuando pudiera resolverse como de puro derecho- es una facultad y no una imposición; por lo tanto el demandado puede oponerla también en el juicio ordinario junto con la contestación de la demanda, siempre que no se haya presentado antes en el juicio y en estos casos el juez debe considerar la prescripción como una defensa de fondo -aún cuando como en el caso, haya sido mal calificada de previa por quien la opuso- y decidir sobre ella en la sentencia definitiva, sin rechazarla...".
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, daños y perjuicios, indemnización, daño estético, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., M. V. c/ V., O. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Los argumentos expuestos por los Sentenciantes evidencian que la reducción sustancial de los montos indemnizatorios por daño estético y daño moral se efectuó sobre la base de fundamentos dogmáticos, contradictorios y que desconocen los principios que rigen el resarcimiento del daño civil, utilizando además expresiones inconducentes e impregnadas de prejuicios que revictimizan a la persona que sufrió el daño y resultan ajenas a la jurisdicción del Tribunal para decidir la responsabilidad civil, advirtiéndose que si bien para cuantificar el daño patrimonial podrían valorarse la falta de pruebas y la transitoriedad de la incapacidad, lo cierto es que en el caso la determinación del monto indemnizatorio por el rubro denominado "Daño - daño estético" se efectuó de manera dogmática, sin precisar de qué modo los factores señalados en forma genérica se plasman en el monto final del resarcimiento, de lo que resulta un fallo con fundamentación meramente aparente que corresponde descalificar como acto jurisdiccional válido, limitándose los sentenciantes a enunciar las pautas cualitativas que tuvieron en cuenta para concluir en la suma otorgada, mas sin explicitar cuál fue el razonamiento empleado para llegar al importe final; no habiendo especificado de qué forma arribaron a la conclusión de que la suma representaría los estándares mínimos de indemnización por el rubro -a los que aludieron ante la ausencia de elementos probatorios-, o cómo la transitoriedad de la lesión tuvo repercusión en el monto concedido. - CITAS: CSJN: Fallos: 319:681.
Gravedad institucional, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista Santiago del Estero s/ incompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

La configuración de gravedad institucional sólo autoriza a prescindir de algún recaudo formal mas no a revisar una sentencia de cámara en una suerte de tercera instancia ordinaria extraña a la competencia constitucional de la Corte.
Incapacidad absoluta, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GUANCA, Demetrio Néstor c/ CERAMICA DEL NORTE S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-01

La incapacidad absoluta prevista por el art. 212 párrafo 4º de la Ley de Contrato de Trabajo es aquella que imposibilita al trabajador a realizar las tareas que anteriormente cumplía u otras adecuadas a su disminución laborativa, resultando que quien la padece no puede realizar ningún tipo de labor, correspondiendo al actor la prueba de estas circunstancias. No habiéndolo hecho, no está demostrado que tuviera una incapacidad absoluta en los términos del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. No corresponde recurrir a los parámetros del Decreto Reglamentario de la Ley 9688 a los fines de la determinación de la incapacidad absoluta en la Ley de Contrato de Trabajo.
Excarcelación, condena condicional, caución real
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DE DIVICO, MARCOS LIDIA E. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-04-15

Si a los acusados se les atribuye el delito de abuso de autoridad reiterado -tres hechos-,la escala de la pena privativa de la libertad, según las imputaciones, va de un mes a seis meses de prisión, carecen de antecedentes penales y los hechos incriminados tienen su origen en una sola y concreta circunstancia, el llamado a licitación pública internacional y el examen de los hechos revela matices que exceden aquellas acciones que la ley toma en cuenta al definir los hechos delictivos imputados aún cuando en los sucesos se señalare que su comisión habría consistido en el ejercicio de facultades en condiciones ordinariamente falsas, pues esta es una de las modalidades comisivas, la naturaleza de los hechos y sus modalidades, en cuanto pautas objetivas para apreciar el aspecto moral de la personalidad de los prevenidos, no autorizan el reproche de que su conducta torne razonable pensar en un futura recaída en el delito. Consecuentemente, se presume, que en caso de ser condenados, la pena a imponer no será superior al término que, según el art. 26 del C.P. (ley 21.338), hace procedente su imposición en forma de ejecución condicional (C.P.P., art. 315, ley 6221). Pero, en atención a que se trata de una investigación recién en sus comienzos que será compleja y exigirá una permanente disponibilidad de los sujetos involucrados, frente a razonables y previsibles exigencias del tribunal, se hace necesario exigir una caución real, cuyo monto de ser determinado por el juez atendiendo, especialmente, a la naturaleza de los hechos y condiciones económicas de los imputados (C.P.P., arts. 318 y 322), de modo que asegure el objeto del proceso
Contratos, prenda, prenda con registro, ejecución prendaria, bancos, acreedor prendario, ley de defensa del consumidor, ejecuciones especiales
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: HSBC Bank Argentina SA c/ Lema, Sonia Mabel s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

La ejecución extrajudicial es un sistema contractualmente aceptado que no está en contradicción con legítimas políticas públicas. Por lo tanto, si las partes han estipulado por convenio la aplicación de la legislación, realizando actos de sujeción a ella, el resultado es que cualquier objeción de inconstitucionalidad debe ser desestimada (conf CNCom, Sala A, 3/11/15, "HSBC Bank Argentina SA c/ Juárez Enrique L. s/ secuestro prendario"; CNCiv, Sala J, "Citibank NA c/ Carnevale G. s/ ejecución hipotecaria"). En esta línea de ideas, también debe destacarse de modo particular que el Decreto-Ley 15348/46, ratificado por la ley 12962 y modificado por el Decreto-Ley N° 6810/63, es una ley especial, dado que regula específica y exclusivamente a la prenda con registro, mientras que, por su parte, la ley 24240 (B.O. 15/10/93), conocida como "Ley de Defensa del Consumidor", en cambio es una ley general, toda vez que regula a aquellas convenciones que configuren un contrato de consumo. En ese contexto, cabe recordar que es clara, la recta e inveterada regla de interpretación que consagra el viejo principio romano "legi speciali per generalem non derogantur" que indica que la ley general posterior nunca deroga a la ley especial anterior (conf. CSJN, in re: "Taccari Alejandro V. c/ F.C.O", 1/1/37, LL 7-1122; véase también: Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, T° I, N° 61 págs. 55/63, Aubry et Rau "Cours de Droit Civil Français" 4ta. Edición, T. I, párr. 29, pág. 537). Es por ello que si bien ambas normativas tienen idéntica jerarquía, la primera regula la prenda con registro en forma específica, por lo que, en todo caso, prevalece sobre la otra norma de carácter general, la que se aplica en cuanto no se contrapone a la especial y salvo que aparezca clara la voluntad derogatoria, extremo que en el caso no ocurre. Tal idea se ve reforzada por el CCCN 2220, en cuanto establece expresamente que la prenda con registro se rige por la legislación especial.- De este modo, al contener la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) reglas protectoras y correctoras que vienen a completar -no a sustituir- disposiciones en el ámbito del derecho privado con una protección del consumidor de carácter general, no desplaza normas contempladas en la ley especial aplicable, como lo es, el art. 39 de la Ley de Prenda, del que no se desprende el resultado lesivo que se pretende, a poco que se reflexione sobre los supuestos de hecho alcanzados con un análisis comprensivo del necesario equilibrio entre los intereses en juego.
Excepciones procesales, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: O., L.N.T. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-08-06

"Es causal susceptible de condicionar la admisibilidad de la excepción de falta de personería, la falta, el defecto o insuficiencia de la representación de quienes comparecen al proceso en nombre de alguna de las partes. La representación se tiene por defectuosa, en términos generales, cuando quien le otorga lo hace en una calidad inadecuada a la finalidad de aquélla, el mandatario carece de poderes suficientes para actuar en el carácter que invoca o el documento acompañado para acreditar la personería aparece desprovisto de los correspondientes requisitos legales".
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, auto de prisión preventiva, libertad de circulación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez de Hoz, José Alfredo A. s/ infracción art. 265 del Código Penal -causa N. 22.372-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

El auto de prisión preventiva no constituye sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48 en los casos en que no se encuentra comprometida la libertad ambulatoria del procesado.
Comisión Nacional de Valores, agente de bolsa
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Soto, José Julián s/ sumario de la Comisión Nacional de Valores.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Las facultades verificatorias que la ley 17.811 (art. 11) otorga a la Comisión Nacional de Valores con respecto a la actividad de los agentes de bolsa, no se encuentran procesalmente limitadas por dicha norma.
Robo de automotor, tentativa, taxistas
Materia: PENAL
Carátula: SIMONE, Daniel s/ ROBO. AUTOMOTOR. CONCURSO IDEAL. TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Disiento en cambio con la calificación jurídica que el Dr. Loumagne atribuye al suceso que, a mi entender, es una única conducta de apoderamiento ilegítimo que, dirigida a un mismo tiempo al vehículo y a la recaudación del taxista, no puede consumarse en lo que brinda especificidad al delito único y por ello, tal como lo propone el Sr.

Fiscal de Cámara constituye robo de automotor en grado de tentativa.
Nulidad del acto jurídico, incidentes, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión Cívica Radical s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-15

La nulidad por vía de incidente sólo procede contra actos procesales que no son decisorios, o que importan una resolución. Fundamenta esta apreciación en que dictada una sentencia y notificada, fenece la jurisdicción del juez respecto del pleito. No puede volver a examinar o anular su propio pronunciamiento. Ello determina su rechazo "in limine".
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, contratos administrativos, contratos en curso de ejecución, incumplimiento del contrato, concurso preventivo, pago de tributos, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EFICAST SA. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17

En el caso, debe examinarse el derecho de la empresa de exigir el cumplimiento de prestaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad en un contrato en curso de ejecución posterior a su presentación en concurso preventivo, cuando, por su parte, ella no ha demostrado cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, ya que le resulta imposible presentar sus comprobantes de pago del impuesto sobre los ingresos brutos y cargas sociales con sustento en lo dispuesto en los artículos 16 y 32 de la Ley de Concursos.

En consecuencia, distintas órbitas se oponen casi inevitablemente, y ambas llevan la carga del interés público -aún de diverso tipo- y convergen sobre la plataforma común del patrimonio del deudor contribuyente. La confrontación de los distintos intereses en juego y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las fuerzas en tensión exceden las posibilidades del proceso abreviado de la acción de amparo.

La gestión tributaria eficiente, el resguardo a los derechos de los acreedores y el debido cumplimiento de los contratos en curso de ejecución como fundamento necesario a la exigencia de las contraprestaciones pactadas requiere un examen complejo y profundo, en el que la vía intentada no se presenta como la mas apta.
Recurso contencioso administrativo, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CALABRESE, ISABEL BEATRIZ CULICCHIA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD (CSJ Expte N. 41-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

El recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción presupone la titularidad de un derecho subjetivo de carácter administrativo (artículo 10 de la ley 4106) lesionado por el acto que se impugna, extremo éste que no resulta prima facie demostrado en el caso, en que la actora solicita que se deje sin efecto la resolución del Jurado de Concurso de Ingreso a la Docencia, que desestimó su inscripción al concurso para el cargo de Maestro de Grado de Escuelas comunes diurnas de jornada simple.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: CIRIELLO, HECTOR c/ LEVY, LEON Y OTROS s/ EJECUTIVO (CONTRATO DE LOCACION)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

Si el ejecutado ha reconocido la autenticidad del contrato de locación con el que se promovió la acción ejecutiva, el título aparece suficiente y hábil en punto al recaudo de su firma, por lo que debe desestimarse el planteo efectuado invocando la omisión del cumplimiento de la vía prevista en el art. 525 del Código Procesal, para la configuración del título ejecutivo. Recorrer nuevamente el itinerario procesal de la preparación de la vía ejecutiva cuando ha sido el mismo ejecutado quien ha reconocido la autenticidad, importa un dispendio de actividad jurisdiccional innecesario sin necesidad de requerimiento alguno cuando no se ha alegado un real agravio al derecho constitucional de defensa en juicio.