Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29


"Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ Sumario" Expte. Nro.: 76.224/97 Buenos Aires, 29 de octubre de 1998 Autos y Vistos: 1. El establecimiento por Ley de la Nación de un régimen de mediación previa en el orden de la justicia nacional, no es constitucional de por sí; pero la modalidad adoptada en el caso es pasible de observación, desde el punto de vista que resulta insoslayable tener en cuenta dado el carácter de orden público que reviste la cuestión. Nos referimos a su obligatoriedad y a la pertenencia del órgano mediador a la órbita del Poder Ejecutivo, a través del Poder Ejecutivo Nacional. 2. Distinto sería el tema si el enclave de quienes ofician de mediadores tuviera su función en la jurisdicción del propio Poder Judicial. Pero es el caso que al estar el cuerpo de mediadores imbricado en la esfera organizacional del Poder administrador, esto crea una situación de tensión entre tal dimensión y el aspecto no menos importante de su función específica, que está insoslayablemente unida a la "función" judicial (que no es mero "servicio" ni simple "administración", como se suele confundir en el lenguaje lego, o que no debiera -quizá- ser empleado por los operadores de la materia). 3. La Constitución Nacional en su artículo 109 -que reitera los términos del artículo 95 de la versión histórica de 1853-1860- prohíbe al Poder Ejecutivo toda incursión en la actividad judicial; lo cual es coherente con su congénere el artículo 116 (ex artículo 100) que atribuye al Poder propiamente dicho el "conocimiento" y "decisión" de todas las causas que resisten esa naturaleza. 4. En consecuencia, la mediación -que no es ni puede ser un tribunal de los denominados "administrativos"- solamente sería una etapa constitucional del juicio o del proceso si sus órganos competenciales formaran parte del Poder Judicial o fueran designados por el Juez competente. 5. Al depender su nominación del Ministerio de Justicia, ellos incursionan en terreno ajeno a su incumbencia e invaden por pertenencia jerárquica y dependiente el ámbito específico de la justicia sustrayendo al juez competente con carácter privativo y excluyente. En conclusión, únicamente el Juez del Poder Judicial podría acudir a tal auxiliar, pero por decisión de su órbita de competencial y no por imperio de una injerencia de otro Poder, aunque ésta sea previa a la sustanciación de la causa. 6. En otros términos, la mediación en cuanto obligatoria y ubicada en la órbita del Poder Ejecutivo, es inconstitucional. 7. En efecto; concebido el Poder Judicial en el régimen republicano de gobierno, como tal -es decir, como Poder- se encuentra investido de la función que le compete, que es a la vez poder y deber, ello por mandato directo de la Constitución Nacional, artículo 116. Así las cosas, no parece que una norma derivada pueda transgredir el orden superlegal (C.N. artículo 31) que manda impartir justicia judicial sin cortapisas -es decir, de no otra manera inmediata- disponiendo con carácter previo un mecanismo objetivamente dilatorio, cual es la previa sujeción a mediación obligatoria, ubicada en el ámbito del poder administrador. Lo dicho no importa abrir juicio sobre las eventuales bondades de la mediación libremente asumida, o la que ejerzan los jueces en ejercicio de sus facultades muy antes de ahora reconocidas por la ley (Código Procesal, artículo 36, inciso 2, a); ni sobre rectas intenciones de alivianar el recargo de tareas que pesa sobre los tribunales de algunas jurisdicciones, que podría canalizarse acaso - lo cual es ajeno a la potestad inmediata del Tribunal- en la conducente atribución de recursos destinados a ampliar y bonificar la estructura judicial. 8. El sistema judicial de control de constitucionalidad difuso de las leyes está vigente en el sistema argentino. En tal sentido, nuestro Supremo Tribunal Federal en autos "Municipalidad de la Capital v. R. A. de Elortondo (Fallo 33:194) ha expresado que "es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con aquella; constituyendo esta atribución... uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial", ídem, "Loza, I. F. y otro c/ Makianich R. y otros" del 26-12-989, D.J. 26-09-90. Y seguido esta evolución sostuvo más adelante, en autos "Haydeé María del Carmen Alberti" (Fallos 260- 154) que la "declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y es sólo, en consecuencia, practicable como razón ineludible que la causa requiere". 9. Se trata, pues, de un derecho y de un deber para la judicatura; esto es, de control respecto de los demás poderes del Estado, circunstancias que confieren tal quehacer matices político- institucionales de índole gubernativa (conf.; Sagües, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", t. 1, p. 104, Nro. 45) argumental; pero el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho y la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan erradamente incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. Lo anterior en nada afecta a la división de poderes, pues los jueces al declarar la inconstitucionalidad de una ley no la derogan, sino que se limitan a no aplicarla, a pesar de que ésta sigue plenamente vigente. 10. La tacha de inconstitucionalidad invocada debe ser acogida y así se decide. Declárase la inconstitucionalidad de la Ley 24.573. Devuélvase, encomendándole al "a quo" las notificaciones... Fdo. Enrique Butty, Ana Isabel Piaggi.