Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05


"GONZALEZ LANDOLFI EDUARDO IGNACIO c/ KRAUS HUGO ANSELMO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)" Libre n 590.413.-	En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "GONZALEZ LANDOLFI EDUARDO IGNACIO c/ KRAUS HUGO ANSELMO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE)", respecto de la sentencia de fs. 211/218, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: RICARDO LI ROSI - HUGO MOLTENI - SEBASTIÁN PICASSO A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia de fs. 211/218 desestimó la demanda entablada por Eduardo Ignacio González Landolfi contra Hugo Anselmo Kraus y su aseguradora Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., por considerar que no se acreditó el acaecimiento del hecho invocado por el demandante.- Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de la actora, quien expresó agravios a fs. 337/340, contestados a fs. 345/350 por la citada en garantía.- II.- Previo al tratamiento de los agravios formulados en esta Alzada, creo oportuno efectuar un breve relato de los hechos que motivaron el presente proceso.- Relata el actor que el día 23 de septiembre de 2005, alrededor de las 8:45 hs., se desplazaba a pie por la vereda de la calle Portugal, en dirección a la Av. Juan Manuel de Rosas (Ruta 3). Al llegar a la esquina de la encrucijada de las arterias mencionadas, previo constatar que no existía ningún rodado que se le acercara por la avenida, comienza a bajar el cordón para cruzar, instante en el que el vehículo del demandado marca Ford Falcon, color verde, dominio RBA 308, que circulaba por Juan M. de Rosas, gira imprevistamente con la intención de tomar la calle Portugal, a excesiva velocidad y sin respeto alguno a las normas de tránsito, pisándolo en su pie izquierdo a centímetros del cordón de la vereda.- Sostiene que la aparición del rodado en cuestión fue repentina e imprevista, y que el accionado no sólo omitió asumir la precaución exigible ante la presencia de peatones, sino que ni siquiera aminoró su ritmo de marcha al girar para tomar la calle Portugal.- Agrega que el demandado, en su desprolija e imprudente maniobra, realizó un defectuoso radio de giro que lo llevó a transitar a unos pocos centímetros del cordón.- Señala que, producto del impacto, quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Debido a la importancia de las lesiones que presentaba, el conductor del rodado detuvo su marcha y lo trasladó al Hospital Diego Paroissien, donde fue atendido de urgencia, diagnosticándose fractura en base del quinto metatarsiano del pie izquierdo.- A su turno, se presenta la citada en garantía, desconociendo el acaecimiento del hecho relatado en la demanda.- Por último, el demandado Hugo Anselmo Kraus no contesta la demanda entablada en su contra, habiéndose declarado su rebeldía.- III.- Cabe señalar que el art. 265 del Código Procesal exige que la expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere incurrido en el pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera contrario a derecho (conf. Fenochietto Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial, Anotado, Comentado y Concordado", tº I, pág. 835/7; CNCiv. esta Sala, libres nº 37.127 del 10/8/88, nº 33.911 del 21/9/88, n° 567.329 del 2/3/12, entre muchos otros). En este orden de ideas, vale destacar que la mera disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los errores u omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica que prescribe la norma (conf. CNCiv., esta Sala, 15.11.84, LL1985 B 394; íd. Sala D, 18.5.84, LL 1985 A 352; íd. Sala F 15.2.68 LL 131 1022; íd. Sala G, 29.7.85, LL 1986 A 228,esta sala libre n° 567.329 del 2/3/12, entre muchos otros).

Desde esta perspectiva, debería coincidirse que los pasajes del escrito a través de los cuales la actora pretende fundar su recurso cumplen, aunque mínimamente, con los requisitos referidos. Teniendo ello presente, y a fin de preservar el derecho de defensa en juicio, de indudable raigambre constitucional, no habré de propiciar la deserción del recurso requerida por la citada en garantía, por lo que trataré las quejas vertidas.- Por otro lado, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase CNCiv. esta sala en L. 589.942 del 10/4/12; íd. Sala F en L. 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).- IV.- Desde otra óptica, es menester señalar que en la especie rige la norma contenida en el artículo 1113, párrafo 2do. "in fine" del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el riesgo de las cosas, aplicable a los accidentes en que son víctimas peatones y que consagra la inversión de la carga de la prueba que obliga al conductor a arrimar las que desbaraten la presunción legal en su contra.- Así, por tratarse de un daño ocasionado por el riesgo de la cosa, al damnificado le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual el mismo provino, pues con la reunión de esos extremos se presume la responsabilidad de su dueño o guardián, quien, para eximirse o disminuir tal atribución, debe acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad (conf. art. 1113 segunda parte "in fine" del Código Civil, Llambías, J.J. "Obligaciones", T. IV-A, pág. 598, nº 2626, "Estudio de la reforma del código Civil", pág. 265 y "Código Civil Anotado", T. II-B, pág. 462; Borda, G.A. "Obligaciones", T. II, pág. 254 nº 1342; Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones" T. III, pág. 443; Orgaz A., "La culpa" pág. 176 y "El daño con y por las cosas" en la La Ley 135-1995; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", T. 5, pág. 461, nº 15; Bustamante Alsina, J. "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 265, nº 860).- V.- Bajo este contexto, anticipo que comparto el criterio de la Sra. Magistrada de la instancia de grado en relación a que no se ha probado el contacto del rodado del accionado con el actor, para que entre a funcionar la presunción establecida en el artículo 1113, párrafo 2do. "in fine" del Código Civil.- En este orden de ideas, el demandante se agravia de que no ha sido debidamente merituada la rebeldía del demandado y la falta de contestación de la demanda entablada en su contra, lo que implicaría -según sus dichos- un tácito reconocimiento de los hechos invocados en el escrito de inicio.- Al respecto, sabido es que, ante la falta de contestación de la demanda, el silencio será o no susceptible de obrar sus efectos de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, su legitimidad y los elementos de convicción afectados (conf. González, Atilio Carlos "Silencio y rebeldía en el proceso civil", pág. 194 y sgtes.; Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal...", T III, pág. 375).- Ahora bien, es cierto que aun en los casos en que el silencio adquiere plena fuerza de "admisión", la pretensión sólo tendría andamiento si resulta ajustada a derecho (conf. Palacio, Lino Enrique "Derecho Procesal Civil", T VI, págs. 170/171). Pero sucede también que la búsqueda de la solución adecuada no autoriza a suplir oficiosamente la actividad de las partes, a quienes incumbe el planteo de las defensas pertinentes a sus intereses particulares.- En definitiva, el silencio del emplazado puede constituirse propiamente en la admisión de los hechos, aunque tal presunción desfavorable que engendra la incomparecencia debe ser, en principio, corroborada a través de otros elementos de convicción sobre los hechos en que se funda la pretensión. De ahí, entonces, que tratándose de una presunción simple o judicial, habrá que valorar los elementos de juicio incorporados al proceso para estimar si, en definitiva, la incomparecencia importa o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de la realidad descripta por la otra parte (conf. Palacio, Lino Enrique "Derecho Procesal Civil", T° IV, pag. 202/3 y Falcón, E. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado" T° III, pag. 78).- Como colofón de lo dicho, este Tribunal ha sostenido que la ausencia de efectiva controversia que involucra el proceso en rebeldía no exime al juez de la necesidad de dictar una sentencia justa, criterio éste que mitiga los efectos de la incontestación de la demanda pues los efectos derivados de la rebeldía no pueden proyectarse sobre el o los hechos personales obrados por la aseguradora citada en garantía que sí ha contestado la demanda (conf. CNCiv., esta Sala, L. N° 414.841 del 17/5/05, voto del Dr. Escuti Pizarro).- A partir de lo expuesto, considero que la falta de respuesta a la demanda por parte del accionado no puede tener los efectos pretendidos por el accionante, pues esa circunstancia no empece a que la aseguradora sí se presentó en estas actuaciones al contestar la citación y ha negado el acaecimiento del siniestro invocado por su contraparte.- Es decir, los efectos que se propagan de la rebeldía del accionado no resultan suficientes para liberar al actor de la carga de tener que acreditar el acaecimiento del siniestro, puntualmente el contacto con la cosa riesgosa y el daño para tornar aplicable la presunción de responsabilidad que emana del encuadre jurídico explicitado previamente.- Por otro lado, considera el apelante que con las constancias que emanan del libro de atención en guardia del Hospital Diego Paroissien se acredita que el actor fue atendido por las lesiones que reclama contemporáneamente al hecho denunciado.- Ahora bien, la constancia de atención médica emanada por parte del mencionado nosocomio, agregada a fs. 75, tan sólo da cuenta que el actor fue atendido el día 23 de septiembre de 2005, pero nada dice dicho instrumento respecto al origen de las lesiones y mucho menos a la participación del rodado del accionado.- Dicho de otro modo, mediante la informativa cursada al Hospital Diego Paroissien sólo se prueba que el actor padeció lesiones, pero esta circunstancia no resulta suficiente para acreditar el siniestro por él relatado y el contacto con el vehículo del accionado.- También destaca el apelante que no fue debidamente ponderada la denuncia policial que realizara ni la constancia de la revisión médica que se efectuara en sede policial.- Ahora bien, la documental en cuestión no fue agregada oportunamente al interponerse la demanda, sino que fue incorporada a la causa recién en la etapa probatoria mientras se cursaba la prueba informativa a la Comisaría 1ª de Isidro Casanova (ver fs. 100/101 y fs. 147/148).- Asimismo, no puedo perder de vista que esa documentación fue agregada en copia simple y que de la misma no se dio traslado a las restantes partes.- Súmese a lo expuesto que la Comisaría Distrital Oeste 1ª de Isidro Casanova ha informado en la causa que "habiéndose realizado una amplia compulsa en el libro de sumarios y causas año 2005, se pudo establecer que con fecha 23 de septiembre no se encuentra registrado actuaciones de accidente de tránsito que resultara damnificado el Sr. Eduardo Ignacio González Landolfi e imputado Sr. Hugo Anselmo Kraus" (cfr. informativa de fs. 71/72).- Luego de ello, el demandante desistió de la producción de la prueba informativa dirigida a la comisaría (ver escrito de fs. 163).- Es decir, la comisaría donde se habrían labrado los documentos que se hacen valer en esta instancia jamás ratificó su autenticidad, siendo desistida la prueba informativa ordenada a esos fines.- Sin perjuicio de lo expuesto, considero que la documentación en cuestión tampoco es hábil para acreditar el hecho sobre el cual el accionante funda su pretensión.- En tal sentido, la denuncia policial agregada a la causa fue realizada el día 7 de octubre de 2005 -es decir, dos semanas después de la fecha en que habría acaecido el presunto hecho según los dichos del apelante- y de la misma tan sólo emana la manifestación unilateral del actor respecto a la ocurrencia del siniestro sin que surja ninguna actuación policial que dé cuenta del hecho denunciado.- Por su parte, la revisión médica realizada en sede policial sólo da cuenta de las lesiones padecidas por el actor, pero nada informa respecto a que la producción de las mismas haya tenido como causa el contacto con el rodado del demandado.- En lo referente a las pericias médica y psicológica que sí fueron producidas en la causa, considero que no resultan idóneas para acreditar el acaecimiento del siniestro y la participación del rodado del emplazado en el mismo.- A mayor abundamiento, nótese que la Dra. Eula, experta designada en autos, en su informe pericial -que determina la ausencia de incapacidad física del actor-, expresamente señala que en el informe de ingreso a la guardia médica "no se describen las circunstancias del hecho" (cfr fs. 130).- Tampoco el psicodiagnósico practicado en el demandante arrojó la existencia de secuela alguna (cfr fs. 137/144).- Por otro lado, y tal como fuera expuesto párrafos más arriba, no le correspondía a la citada en garantía producir prueba alguna respecto a un hecho que fue negado por su parte. Eventualmente, y de haberse probado la producción del siniestro, sí le hubiese correspondido a la aseguradora acreditar algún eximente de su responsabilidad. Sin embargo, lo cierto es que al no haberse probado el contacto con la cosa riesgosa, resulta intrascendente analizar la actividad desarrollada por la citada en garantía en la etapa probatoria, ya que la acreditación de ese extremo estaba en cabeza del demandante.- En definitiva, ante la ausencia de testigos presenciales y a las constancias obrantes en la causa, entiendo que no ha quedado probado el hecho invocado por el actor en el cual se funda la presente acción.- En consecuencia, si mi voto fuera compartido, debería confirmarse la sentencia apelada en tanto rechaza la demanda instaurada por Eduardo Ignacio González Landolfi.- VI.- Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.- Las costas de Alzada se imponen al actor vencido (art. 68 del Código Procesal).- El Dr. Hugo Molteni votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.- El Dr. Sebastián Picasso no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- Con lo que terminó el acto.- Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.) Buenos Aires, febrero	5	de 2013 Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios.- Las costas de Alzada se imponen al actor vencido.- Atento a lo resuelto precedentemente corresponde entender en los recursos de apelación interpuestos contra las regulaciones de honorarios de fs. 218/vta. .- En el supuesto de autos nos encontramos ante un proceso que reviste las siguientes características: la acción no prosperó, el actor actuó con beneficio de litigar sin gastos. Ello así, es de aplicación el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Martín, Jorge Alberto c/ Shin Dong Sik" del 20/4/95 (E.D. 163-613) y receptado por este Tribunal entre otras en el decisorio del 20/9/96 caratulado "Carranza c/ Finazzi s/ sumario", H.106.822, id. H.386.513 del 27/2/04.- En efecto, ante la suma pretendida en la demanda confrontada con la que razonablemente pudo haber prosperado la acción según la naturaleza de los daños reclamados, conforme a precedentes análogos de la Sala que corresponde adoptar como parámetros objetivos, llevan a concluir que las partidas pretendidas deben ser sopesadas en base a dichas pautas como una guía indiciaria para fijar sumas justas y razonables en la medida de la labor cumplida.- Tal decisión guarda relación con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 24.432, de aplicación en la especie, tal como lo tiene decidido la Sala en forma reiterada (conf. H.230.174 del 26/9/97 y sus citas) que confiere a los jueces, para casos como el que nos ocupa, un amplio margen de discrecionalidad en los distintos factores que en mayor o menor medida influyen para determinar las retribuciones pertinentes. Se trata, en suma, de valores que representen un justo honorario, como un monto acorde para quien deba sufragarlos (conf. esta Sala, H.199.429 del 5/7/96 y sus citas, entre muchas otras).- En virtud de estas razones, extensión e importancia de los trabajos cumplidos, lo resuelto en forma reiterada con relación a la manera de retribuir las labores de los peritos médicos, quienes carecen de arancel propio (conf. esta Sala, H.324.458 del 31/5/01), como así los limites contemplados por la ley 24.432, se confirman los honorarios regulados por el proceso principal a favor del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Fernando Diaz, y se modifican los regulados a su favor por la incidencia resuelta a fs. 187, y se fijan en PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-); se modifican los honorarios regulados a favor de la letrada apoderada de la citada en garantía, Dra. Claudia Villarino, y se fijan en PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 12.600.-); se confirman los emolumentos regulados a favor de la Dra. Karina Elizabeth Ponte; y los de los peritos Rina Rita Mañay Eula (médica), Mario Hector Ostera (psicólogo); y los de la consultora técnica psicóloga, María Marta Domínguez, atento al alcance del recurso (altos).-	Por su labor en la alzada, se fijan los honorarios del Dr. Fernando Diaz, en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200.-); y los de la Dra. Claudia Villarino, en PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800.-) (arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.-	Notifíquese y devuélvase.-	RICARDO LI ROSI	HUGO MOLTENI