Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22


--- En la ciudad de Trelew, a los 22 días de mayo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. de Q., W. c/ F. H. I. Y E. S.C.C. s/ denuncia ante direccion defensa del consumidor" (Expte. N° 21.128 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la Disposición Nro. 024/06 de la Dirección General de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 47.-------------------------------------------------------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: --------------------------- --- I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación y nulidad, que la firma F. HNOS. IMP. Y EXP. S.C.C. interpusiera a fs. 38/39 contra la Resolución Nro. 024/06 obrante a fs. 31/33, dictada por la Dirección General de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, y conforme las pautas procedimentales previstas en el artículo 7 de la ley provincial Nro. 4219, haciendo lugar a la denuncia incoada por la Sra. W. S. de Q., aplicándole a la apelante una multa de pesos seis mil ($ 6.000,00) por violación a los artículos 10 y 19 de la Ley Nacional Nro. 24.240, en concordancia con el artículo 5 de la citada ley 4219, dando un plazo de diez días desde la fecha de notificación, para hacerla efectiva.----------------------------------------------------------------------- ------- --- A fs. 41, y de acuerdo a los lineamientos dados por el artículo 7 de la Ley 4219, el Sr. Director General de Industria y Comercio, concede con efecto suspensivo el recurso de apelación promovido.------------------------------------------------------------ --- A fs. 44 se ordena se traslado a la denunciante en el domicilio constituido en la Alzada, sin que el mismo haya sido evacuado.-------------------------------------------- --- II.- Al fundamentar su recurso, el quejoso asevera que la resolución atacada ha sido dictada en clara violación al procedimiento previsto en la Ley 24.240 en su artículo 45, como así en la Ley 4219, dado que no se le ha otorgado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.------------------------------------------------------------ --- A continuación transcribe el texto del citado artículo 45 de la ley nacional, el que doy por reproducido, y relata que iniciada la etapa conciliatoria prevista en dicha normativa, su parte acompañó copias de la documentación correspondiente a la operación comercial celebrada con la denunciante a fines de facilitar la controversia.------------------------------------------------------------------- ---------------- --- Ante el requerimiento del letrado de la denunciante. Se realizó una verificación de la documentación original, que se encontraba en el local de la firma.-------------- --- Sigue diciendo que de esa manera se dio por finalizada la instancia conciliatoria, sin haber conciliado las partes, por lo que se comenzó a tramitar el sumario correspondiente procediendo la Autoridad de aplicación a imputar al recurrente la infracción mencionada.------------------------------------------------------- --- Afirma que es evidente que no puede darse al hecho de haber acompañado la documentación señalada el carácter de descargo, pues nunca se corrió traslado a la presunta infractora de la imputación formulada, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.------------------------------------------------------------------------ ---- --- Sostiene que la disposición ha sido dictada por la Autoridad de Aplicación desconociendo, no solo el procedimiento establecido por la ley, por cuyo cumplimiento debe velar, sino además la garantía fundamental del derecho de defensa en juicio, consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 44 de la Constitución Provincial.-------------------------------------------------- --- Concluye aseverando que la nulidad de la disposición y de la sanción, en consecuencia es manifiesta.------------------------------------------------------------------<#L INE> --- Peticiona se declare la nulidad solicitada.---------------------------------------------- --- III.- 1) Como se viene de decir, la quejosa centra su agravio, según lo expresa, en la acción omisiva por parte de la Administración Pública, del cumplimiento debido en las formalidades normativamente reguladas para los supuestos de denuncias de los consumidores, como la que aquí se trata.------------------------------ --- Así, en este contexto, el Capítulo III, art. 5 (párr. terc., in fine) de la Ley Nro. 4219 de la Provincia del Chubut, de adhesión a la Ley nacional Nro. 24.240 de "Defensa del Consumidor", dispone que si las partes no conciliaren, la autoridad de aplicación continuará el trámite, labrando acta de infracción y resolviendo en definitiva sobre la presunta infracción denunciada.--------------------------------------- --- Por su parte, el Decreto Nro. 896/98 de la Provincia del Chubut, reglamentario de la Ley 4219, en su artículo 5, inciso VIII in fine, dice que si no se produjere conciliación, la Autoridad de Aplicación, formulará Acta de Infracción la que contendrá una relación sucinta de los hechos y una determinación de la supuesta norma legal infringida.--------------------------------------------------------------------- -- --- En el inciso IX del artículo 5 del mencionado decreto reglamentario, establece que: "El auto a que se refiere el inciso que antecede, será notificado al infractor a fin de que en el término de (5) cinco días hábiles, presente por escrito su descargo, y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho". Y esto en concordancia con las pautas del artículo 6 de la referida ley 4219.----------------------------------------------- --- 2) Así, pues, de la lectura y análisis del expediente, se advierte que a fs. 20 obra el acta de audiencia de conciliación, por la que se dispone practicar una verificación en la empresa, la que se realiza, y cuyos resultados han quedado plasmados en el Acta de Verificación que luce a fs. 21.--------------------------------- --- Siguiendo la secuencia del trámite incoado, y no habiéndose llegado a una conciliación, a fs. 23/24 se halla el informe que la Dirección de Defensa del Consumidor eleva a la Dirección de Asesoría Legal, relatando las circunstancias de la tramitación, concluyendo en que se ha comercializado un automotor sin la documentación en regla.----------------------------------------------------------------------<#LI NE> --- A fs. 25/28 corre el dictamen de la Asesoría Legal del Ministerio de la Producción, quien luego del desarrollo de los elementos fácticos y jurídicos de la cuestión, entiende que se encuentran reunidos los elementos pertinentes para la imposición a la denunciada de las sanciones correspondientes por su accionar, sin perjuicio de dar solución en la brevedad, respecto a la situación dominial del vehículo, a favor de la denunciante.-------------------------------------------------------- --- De este modo, a fs. 31/33 se arriba a la Disposición 024/06 del Director General de Industria y Comercio, del Ministerio de la Producción, y en esta Alzada recurrida por los motivos descriptos en el Punto II precedente.---------------------------- 3) Sin mayor esfuerzo, pues, se constata que el órgano administrativo interviniente no ha dado cumplimiento a la manda legal de confeccionar una Acta de Infracción, y su posterior notificación al denunciado por el plazo establecido, a fin que presente un escrito de descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.------------------------------------------------------------------------ ----------------- --- Y ello así, por cuanto no puede aceptarse que el Acta de Verificación de fs. 21, cumpla los recaudos exigidos para el aludido Acta de Infracción y cuyo contenido se halla previsto normativamente.-----------------------------------------------------------<#LINE > --- Debe entenderse entonces, que asiste razón al quejoso, y en la especie se han violado elementales principios del procedimiento administrativo, con medular respaldo en expresas garantías constitucionales, entre los que se cuenta el debido proceso adjetivo que tiene por objeto asegurar el derecho de defensa de los administrados.------------------------------------------------------------------ ---------------- --- Este principio, tiende no sólo a la defensa del interés privado del particular, sino que también obra como garantía del interés público, al paso que con el procedimiento también se persigue la satisfacción de este último (conf. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos", Ed. Astrea, año 1998, p. 62 y sgts.).---------------------------------------------------------------------<#LI NE> --- Sus líneas rectoras se hallan constituidas por la posibilidad de ejercer los derechos a ser oído, a producir prueba, y a una decisión fundada. Y si bien puede entenderse que la Disposición 024/06, aquí apelada, ha sido fundada y no carecería de sustento que la avale, resulta evidente que los otros dos elementos no fueron observados durante la tramitación.---------------------------------------------------------- --- En este sentido se ha expresado que, la garantía de defensa constituye un principio cuyo ámbito de aplicación trasciendo el marco del proceso judicial, y el requisito de ser oído previamente, resulta de observancia tan general como lo es el principio de defensa que le sirve de sustento.---------------------------------------------- --- La posibilidad de ser oído en sede administrativa y de aportar pruebas son trámites sustanciales de cumplimiento ineludible para la Administración. Imponer una sanción o desconocer un derecho omitiendo tan fundamental recaudo, imprimiría al acto así dictado un vicio grave que, en principio, lo invalidaría (conf., Comadira, Julio R. "El Acto Administrativo", La Ley, año 2003, p. 96 y sgts.; idem CNCAFed., Sala III, JA, 1988-I-150).----------------------------------------- --- Y en el tratamiento del caso no puede soslayarse que el invocado principio del debido proceso adjetivo, se halla explícitamente contemplado dentro de los principios básicos y esenciales contenidos en el artículo 26 de la Ley 920, que contiene la regulación del procedimiento administrativo en la Provincia del Chubut.------------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Así, por ejemplo, el inciso 1) consagra el principio de legalidad, por el cual en los asuntos de la Administración Pública se debe proceder y decidir conforme a la ley y a las disposiciones fundadas sobre ella. --------------------------------------------- --- Por su parte, el inciso 2 contempla el principio de la igual tutela o de la tutela contemporánea, que postula que en el curso del procedimiento y al adoptar la pertinente resolución , los órganos y agentes de la Administración Provincial, deben tender a facilitar al administrado la tutela y la realización de sus derechos, de la manera más amplia posible, y además cuidar que ello no contraríe el interés público.------------------------------------------------------------------------ ---------------- --- También el inciso 4, incluye el principio de la imprescindible audiencia de la parte, o interesados, pues "... antes de adoptarse una decisión, debe darse a la parte la posibilidad de alegar sobre los hechos y sobre las circunstancias que crea pertinente a su derecho".-------------------------------------------------------------- --- Desde este ángulo se ha dicho que el acto administrativo que impone una sanción de multa es válido en tanto otorgue la garantía del debido proceso al administrado, contemplando la oportunidad de efectuar su debida defensa a través de la sustanciación del sumario administrativo correspondiente (conf. CNFed., ContAdministr., sala III, in re "V. de S., E.", DJ, 1992-1-960).--------------- --- Sentado lo anterior, se concluye entonces que el acto administrativo recurrido adolece de un vicio en uno de sus elementos esenciales, que es la forma, y dentro de su clasificación, según algunos autores, la que podemos llamar la forma amplia (Marienhoff, M., "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo- Perrot, T. II, p. 301 y sgts.) que es aquella que contiene los distintos pasos que conducen al dictado del acto administrativo, y que debe respetar las directivas normativas impuestas para cada etapa del procedimiento.-------------------------------------------- --- 4) En tal direccionamiento, pues, propicio al Acuerdo declarar la anulabilidad el acto administrativo indicado, y constituido por la Disposición 024/06 de la Dirección General de Industria y Comercio, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, por haber incurrido el órgano administrativo competente en una infracción al ordenamiento jurídico vigente, en razón que ha impedido la defensa del interesado, y conforme las pautas del artículo 34 de la Ley 920 de Procedimientos Administrativos provincial.--------------------------------------------------------------------- --------------- --- Asimismo, en la decisión del caso traído a debate deberá ponderarse otro elemento esencial del acto administrativo, que es la finalidad, y cuyo componente principal se asienta en procurar la satisfacción concreta del interés público, del bien común.-------------------------------------------------------------------------- -------- --- Por ello, a fin de salvaguardar los intereses de las partes en los presentes actuados, tanto de la denunciada como de la denunciante, y en virtud de las directrices fijadas por los artículos 36 y 38 de la ya mencionada ley procedimental local, se ha de declarar la nulidad de todas las actuaciones en que tomara intervención la administración pública, a partir de fs. 22 inclusive, devolviéndose el expediente al órgano administrativo competente a fin de que proceda a tramitar y finiquitar estos actuados conforme la pautas legales y reglamentarias que rigen la cuestión en trato.-------------------------------------------------------------------------- ---- --- En cuanto a las costas de esta instancia, por el principio contenido en el artículo 68 del CPCC, de aplicación subsidiaria según lo términos del artículo 7 "in fine" de la Ley 4219, se impondrán al órgano administrativo que dictara el acto cuya nulidad se declara.------------------------------------------------------------------------ --- --- Atendiendo a la calidad, eficacia, extensión e importancia de los trabajos desplegados por el Dr. R. O. C., considero prudente fijar los honorarios de dicho profesional en el mínimo legal establecidos para los procedimientos sumarísimos, al se asimila la cuestión en trato.-------------------------------------------- --- En tal entendimiento, he de tomar la suma de $ 500,00 como base de regulación, y sobre la misma se aplicará el 35%, teniendo en cuenta los parámetros que la ley arancelaria contempla en su artículo 14 para aquellos cuyas pretensiones prosperen en segunda instancia, en concordancia con los artículos 6, 8, 37, 39 y 47 del mismo ordenamiento normativo, por lo que el monto determinado en calidad de honorarios será de $ 175,00, a los que se aditará el IVA correspondiente.--------- --- Finalizo mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.---- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------------------------------- --- Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "F. Hnos. Imp. y Exp. S.C.C." (fs. 38//39), en contra de la disposición Nº 024 de 2006, dictada por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia del Chubut, dependiente de la Dirección General de Industria y Comercio, por la cual se le impusiera una multa de $ 6.000 por violación a los arts. 10º, 19º de la Ley 24.240, en concordancia con el art. 5º de la Ley 4219.--------------------------------La reseña de los fundamentos en los que sustenta la recurrente su apelación han sido suficientemente realizada por el Sr. Vocal de sala que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré para evitar repeticiones estériles.-----------------Básicamente el núcleo del agravio formulado centra en postular la afectación del derecho de defensa en juicio de su parte desde que se omitió darle oportunidad de efectuar su descargo por escrito, puesto que en la audiencia conciliatoria llevada a cabo solo acompañó copia de la documentación de la operación comercial concertada con la denunciante quedando pendiente de realización una verificación de los originales obrantes en su local comercial para inmediatamente y sin dársele oportunidad de ser oída derechamente se le imputó la infracción a las normas que se indican para imponerle la sanción de multa.-----------------------------------------------En el marco delimitado por el agravio sintetizado precedentemente se constata de las actuaciones administrativas glosadas en autos y que tengo a la vista que evidentemente se soslayó nada más y nada menos que de dar la oportunidad de efectuar el respectivo descargo a la empresa vendedora del vehículo en cuestión que fuera denunciada.--------------------------------------------------------------------- -------Nótese en tal sentido que el procedimiento correcto surge de los pasos que se inducen del juego coordinado de los arts. 5º, 3er. Apartado y 6º incs. a y c, ambos de la ley 4219, normas que indican que, luego de la audiencia conciliatoria, no logrado el acuerdo respectivo, recién la autoridad de aplicación labrará el acta de infracción respectiva en la cual precisará el o los hechos denunciados y las normas presuntamente infringidas, iniciándose con ella el sumario. El siguiente paso consiste precisamente en la oportunidad que debe darse al sindicado infractor para que efectúe su descargo en el plazo de cinco días. En dicha sustanciación, entre otras posibilidades, eventualmente, podrá ofrecer la prueba que hagan a la defensa del denunciado, para lo cual se prevé un período de producción en el decreto reglamentario Nº 896/98, art. 5º acápites X a XVI.------------------------------------------Ambos pasos desglosados y que importan esencialmente el ejercicio del derecho de defensa, esto es, oportunidad de ser oído y ofrecer prueba (al que luego cabe añadir la posibilidad de controlar su producción y alegar sobre la producida), se desarrollan en sendas audiencias que deberán ser fijadas a tal fin. Todo ello en el lapso máximo de 75 días hábiles administrativos el que, interpreto, comienza a correr recién con la confección del acta de infracción aludida que constituye el acto de apertura del procedimiento sumarial y por lo tanto a partir del mismo cabe tener por ocurrido el "dies a quo" del cómputo respectivo. Una vez cumplidos tales actos, que importan la satisfacción del debido proceso legal administrativo, la autoridad de contralor podrá emitir su veredicto sancionando al infractor o desestimando la denuncia en el plazo de diez días de culminada la audiencia de prueba que opera de tal manera como una suerte de audiencia de vista de causa.-------Pues bien, fácil es constatar de las actuaciones cumplidas que lejos se estuvo de respetar el procedimiento legalmente normado por la ley 4219 y su decreto reglamentario Nº 896/98 y que se describiera precedentemente.---------------------------Así pues, fijada la audiencia de conciliación a fs. 12, ésta fue realizada según acta de fecha 03-10-05 (fs. 20). Existiendo una verificación de documental pedida por la denunciante, la que según acta obrante a fs. 21 se realizó el mismo día, no se confeccionó acta de infracción alguna y en su reemplazo se remitió lo actuado a la Dirección de Asesoría Legal por nota número 127/05 DDC, de fecha 21-10-05, expidiéndose dicho órgano asesor a fs. 25/28, a través del dictamen Nº 092/05 D.A.L.M.P.. La siguiente actuación fue acompañar la disposición que finalmente fue la emitida bajo Nº 024/06 DGIyC, que motiva la intervención de este cuerpo revisor.------------------------------------------------------------------------ ------ -De la sola reseña efectuada resulta incontrastable para mi la omisión de seguir el debido proceso legal antes descripto, según las normas de aplicación al caso, lo cual configura un vicio del procedimiento que en cuanto afecta el debido resguardo de la defensa en juicio (Arts. 18 de la Constitución Nacional y Art. 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut) imponen declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del acta de verificación de fecha 21 de octubre del año 2005 (fs.21/22), debiéndose confeccionar la respectiva acta de infracción y ordenar el traslado de Ley a la empresa denunciada a efectos de que en el plazo de cinco días produzca su descargo, ofrezca la prueba que haga a su derecho y a partir de ello se continúe con el procedimiento que corresponda. Así lo dejo propuesto al acuerdo.----Añado, solo a mayor abundamiento que la preservación del debido proceso legal, tanto en sentido sustantivo como adjetivo es un imperativo que se aplica a toda la actividad jurídica del Estado.-----------------------------------------------------------En tal inteligencia se precisó en un caso análogo al presente, que "...se utiliza la expresión debido proceso legal sin calificación (due process of law) tanto en sentido sustantivo (de fondo) como adjetivo (de forma). Lo primero, como sinónimo de razonabilidad (ver subprincipio en principio de limitación), da lugar al debido proceso legal "sustantivo"; lo segundo, de carácter instrumental, de ahí su denominación de debido proceso legal "adjetivo", implica un conjunto de reglas, condiciones, mecanismos, recaudos que el Estado debe cumplir en la creación y aplicación de derecho"(Conf. Quiroga Lavié-Benedetti-Cenicacelaya en, "Derecho Constitucional Argentino", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año2001, T. I., págs. 424/425; id. Linares Quintana, Segundo V. en "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", Ed. Alfa, ed. año 1956, T. 5, pág.375, n° 3266).--------------Ello implica, en resumen, utilizando palabras de Bidart Campos, en ambos aspectos del debido proceso, que significa ley razonable, y procedimiento razonable de aplicación de esa ley (Conf. aut. cit. en "Derecho Constitucional", Ed. Ediar, ed. año 1966, T. II, pág.498, n° 19)(Conf., mi voto en: S.D.C., Sala B, N° 49/05, CANE).-------------------------------------------------------------------------- --- ---A su vez, debe entenderse que el debido proceso legal es una garantía que abarca las cuestiones suscitadas en causas de todos los órdenes, como las que se desarrollan en materia civil, comercial, penal, fiscal, aduanera, administrativa o de cualquier otro carácter. Si bien es cierto que, por la naturaleza de los bienes jurídicos en juego y las consecuencias que acarrea, en las normativas básicas el tema se ha desarrollado más enfáticamente en lo que atañe al ámbito de lo penal, su vigencia y exigibilidad, abarca a mi juicio, a todos los procesos que se dan en el campo del derecho. Y por supuesto, en el particular supuesta bajo análisis también es imperativo que se preserve tal imperativo constitucional.------------------------- ----Atento al modo en que se propone resolver la cuestión traía a la jurisdicción, las costas de Alzada corresponde que sean solventadas por quien propició que se devengaran, que en la especie tratase de la autoridad de aplicación, quien con su actuar omisivo provocó la declaración de nulidad de los actos viciados que se propicia (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 7 "in fine" de la Ley 4219).-------------------------------------------------------------------------- ----------------Los honorarios del Dr. R. O. C., por sus tareas de Alzada, apreciándolos por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos tomando como base el mínimo legal previsto para los procedimientos sumarísimos, por ser equiparable al supuesto planteado por ante la jurisdicción, esto es, la suma de $ 500; y, sobre tal base económica de regulación se aplicará el 35% previsto como porcentual máximo para quien resulte ganador en la Alzada según la previsión normativa del art. 14 de la Ley del arancel. De todo ello, entonces, resulta que corresponde fijar los emolumentos del letrado interviniente en esta instancia por la parte demandada, en la suma de $ 175, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 8, 14, 37, 39 y 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).----------------------------------- --- Concluyo mi intervención y a esta cuestión voto por la NEGATIVA.---------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: ---------------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del Acta de Verificación de fecha 03/10/05 obrante a fs. 21, incluida la Disposición 024/06 dictada por la Dirección General de Industria y Comercio, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, devolviendo el presente expediente al órgano interviniente a los efectos de que proceda a tramitar y finiquitar estos actuados conforme las pautas legales y reglamentarias que rigen el procedimiento respectivo. 2) IMPONER las costas de Alzada a la autoridad de aplicación que tramitara estas actuaciones. 3) REGULAR los honorarios del Dr. R. O. C. por sus trabajos en esta instancia, en la suma $ 175,00, con más el IVA correspondiente.---------------------------------------------------------------- - --- ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- -- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Lucero dijo: ------------------------------------------Atento al modo en que me pronuncio en la cuestión anterior, la resolución a emitir es la propuesta por el Dr. De la Fuente por resultar fiel reflejo del acuerdo logrado.------------------------------------------------------------------------ ---------------------ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: --- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del Acta de Verificación de fecha 03/10/05 obrante a fs. 21, incluída la Disposición 024/06 dictada por la Dirección General de Industria y Comercio, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut, devolviendo el presente expediente al órgano interviniente a los efectos de que proceda a tramitar y finiquitar estos actuados conforme las pautas legales y reglamentarias que rigen el procedimiento respectivo.-------------------------------------- IMPONER las costas de Alzada a la autoridad de aplicación que tramitara estas actuaciones.-------------------------------------------------------------------- -------------------- REGULAR los honorarios del Dr. R. O. C. por sus trabajos en esta instancia, en la suma $ 175,00, con más el IVA correspondiente.---------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 29 DE 2.006 - SDC.- Conste.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA