marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, competencia por la persona, policía federal, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CAMPAGNOLI, José M. y otros s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-21

Nuestro más Alto Tribunal sostuvo que, el carácter excepcional y estricto que se debe reconocer a la justicia federal exige que en el radio de la ciudad de Buenos Aires el funcionario autor o víctima de un delito cumpla funciones específicamente federales (Fallos de la C.S.J.N., 305:1358, 301:113 y 254:106), y que no es competente la Justicia Federal para conocer en los delitos cometidos por o contra funcionarios de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal (Fallos, 243:437). También se dijo que sólo el jefe y subjefe de la Policía Federal son funcionarios de carácter federal, cuya actuación trasciende los límites de lo puramente local de la Capital Federal, por lo que los delitos cometidos por o contra dichos funcionarios son de competencia de la justicia federal (Fallos de la C.S.J.N., 237:346 y 250:317 y de esta Sala, causa n° 14.893 "INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS N.N. S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA", reg. 15.863 del 13/10/1998).Por otro lado, sobre el tema en examen éste Tribunal ha sostenido que para determinar la competencia de este fuero, es necesario establecer si las funciones realizadas por el denunciado tienen carácter federal (Sala II, causa n° 18.703 "Incidente de apelación de M. Iglesias", reg. 20.138 del 3/09/02 y Sala I, causa n° 34.405 "INCIDENTE DE INCOMPETENCIA BANCO CIUDAD", reg. 808 del 15/08/02).
Prueba pericial, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardozo, Jorge Mario c/ Ason, Marta Elena s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-20

La eficacia probatoria del dictamen pericial debe ser estimada de conformidad con las reglas de la sana crítica y demás pautas establecidas en el ordenamiento procesal; puede el Tribunal apartarse del dictamen, pero para hacerlo legítimamente ha de expresar los fundamentos de su convicción contraria.
Actos jurídicos, fraude
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo de Moriones c/ Moriones de Mariñelares s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

A diferencia del negocio "contra legem" en el que la transgresión de la norma imperativa se produce abierta, directa y groseramente, a la luz del día, por así decirlo; llegando, incluso, a un refinamiento mayor que en el actuar simulatorio en el cual se enmascara el negocio "contra legem" y querido por otro aparentemente real pero falso, solo gestado y querido a los fines del enmascaramiento; en los supuestos de fraude a la ley se elige un "camino mas tortuoso, mas difícil de recorrer, por lo general menos satisfactorio, pero más seguro: servirse no del negocio prohibido sino del otro, o de un sistema consistente en un complejo de negocios y actos, unos y otros adaptados y plegados en modo de poder conseguir un resultado análogo al del negocio prohibido.
Nulidad procesal, acción de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarado, Julio s/ averiguación infracción art. 3? ley 23.771. (ANSeS).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Sólo mediante una declaración de nulidad fundada en la inobservancia de alguna de las formas esenciales del proceso es posible retrogradar el juicio por sobre actos ya cumplidos, más sólo en la medida de la nulidad declarada (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Las normas restrictivas de los derechos de las actoras contenidas en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en la medida en que arrastran como consecuencia la extinción forzada del vínculo contractual y voluntario de los usuarios de los servicios de cable que las demandantes prestan, importan una intromisión indebida de la autoridad pública en el ámbito de privacidad que resguarda en plenitud el artículo 19, primera parte, de la Constitución Nacional (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt).
Medidas cautelares, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponse, Carlos Albero c/ Provincia de San Luis s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

La finalidad del instituto cautelar es la conservación durante el juicio del status quo erat ante, a fin de evitar situaciones de muy dificultosa o imposible reparación ulterior.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires c/ Santa María delRecuerdo S.A. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Es arbitraria la sentencia del tribunal de alzada que empeoró la posición del apelante, reconocida en la instancia anterior, excediendo de tal forma los límites de la jurisdicción con agravio de las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Indemnización, homicidio, daños y perjuicios, prueba
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CARRIZO PIO VALENTIN s/ DAÑO MORAL - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-02

El art. 1084 del C. Civil constituye una excepción al principio de que todo aquel que invoca un perjuicio debe probarlo, desde que establece una presunción de daño a favor de la viuda y de los hijos del muerto. Fuera de esos casos, cualquier persona tiene derecho a la indemnización, a condición que pruebe el perjuicio propio por el hecho del homicidio (C. Civil, art. 1079), situación en la que se encuentran los padres (legítimos o extramatrimoniales) del causante o sus hijos mayores de edad.

La presunción de daño que impone el art. 1084 del C. Civil exime de la prueba de la existencia del perjuicio sólo a la viuda y los hijos menores del muerto.-
Remuneración, recibo, pago, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas Rodríguez, Lilian Marisol c/ Fioriti, Carlos s/ Antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La prueba de pago de las prestaciones dinerarias a cargo del empleador debe efectuarse mediante los recibos pertinentes (art.

138, 141 y conc. L.C.T.).
Estafa, taxistas, turista
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ GUILLEN, HUMBERTO s/ ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-27

Constituye el delito de estafa (art. 172 C.P.), la acción del procesado -taxista-, que cobró a unos turistas cuatro veces más de lo que correspondía, habiéndose desechado las alegaciones defensistas relacionadas con anomalías peritadas en el reloj taxímetro.
Excusación, excusación por denuncia o acusación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: GUELMAN, Saúl c/ CALOMITE, Alberto s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-07

La denuncia penal efectuada por una de las partes contra los magistrados que deben entender en una causa, no puede dar motivo a su excusación, pues, actitudes agraviantes como éstas, no deben alterar la imparcialidad y objetividad de los jueces en el ejercicio de su función. Inhibirse de seguir entendiendo en el juicio en tales circunstancias, equivale a renunciar al deber de mantener el buen orden en los pleitos, posibilitando la creación, por este medio, de una causal de excusación a disposición de los litigantes, a quienes les bastaría con promover una denuncia penal, para obtener su separación del expediente, actitud ésta que -de reiterarse- llevaría en definitiva a privar a la contraparte del acceso a la justicia ordinaria.-
Recurso de inconstitucionalidad federal, admisibilidad del recurso, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Battisti, José Osvaldo s/ Querella Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-08-29

En el "sub-exámine" la resolución declara mal concedido el recurso de casación por el motivo "ut-supra" señalado, por lo que la sentencia definitiva que requiere el art. 14 de la Ley 48 la constituye el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones, siendo en este caso en consecuencia, el Superior Tribunal de la causa ante el cual corresponde interponer el remedio federal intentado.
Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

Las atribuciones del Ministerio Público para peticionar en las causas donde esté involucrada la legalidad y los intereses generales de la sociedad e interponer recursos surgen de la letra de la ley 27.148 y no se encuentran, inexorablemente, condicionadas a la previa constitución de los fiscales como partes del proceso, pues la constitución como parte fue motivo de expresa reforma por el legislador, quien sustituyó la expresión hacerse parte por peticionar (artículo 31, inc. b), amplió las competencias de los fiscales no penales y otorgó de forma expresa la facultad de interponer recursos (artículo 31, inc. c) (Disidencia del juez Rosatti).
Licencia por enfermedad, deducciones salariales, empleo público, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Campos, Fabian Gustavo c/ Municipalidad de Plaza Huincul s/ Acción Procesal-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-10-29

En el ejercicio del derecho a usufructuar "licencia" deben observarse ciertos recaudos que tienen como finalidad, entre otras cosas, que la Administración pueda fiscalizar la existencia y entidad de la enfermedad invocada por el agente. Verificado dicho aspecto, autorizará -o no- la licencia solicitada pues, precisamente, se trata de una eximición al deber de prestar servicios y, desde ese vértice, es que ninguna licencia o extensión de ella puede ser tomada por propia y exclusiva decisión del agente.
Relaciones de familia, menores, cuidado personal compartido, vías de hecho, residencia habitual
Materia: CIVIL
Carátula: A. B., E. A. C /R., F. F. S /RESTITUCION S/ CASACION (X/C: C-2RO5700-F16-19) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-06-09

Según ha postulado Mizrahi, "la residencia habitual o el centro de vida del niño -que son ideas equivalentes- es un criterio fáctico (y no jurídico) y se configura por la residencia principal o permanente de ese niño; y suponen los conceptos de estabilidad y permanencia por hallarse allí el centro de gravedad de su vida y el núcleo de sus vínculos parentales y afectivos; sin que para tal determinación se dependa del domicilio real de sus padres o representantes legales (cf. Mizrahi, Mauricio: "Responsabilidad parental", Astrea, Buenos Aires, 2015, p. 214.). (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)
Acción de amparo, derecho a la salud, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-16

Es válido en materia de salud que haya una racionalización de las prestaciones como ocurre con cualquier instituto jurídico. No resulta concebible un derecho absoluto a que el Estado solvente la opción terapéutica que cada individuo solicite de acuerdo a distintos móviles o preferencias. Tampoco parece indicado judicializar la relación entre el médico y el paciente, poniendo en cabeza del juez las decisiones técnicas sobre criterios médicos a tomar ante las distintas opciones de tratamiento existentes. (Del voto en disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Salazar, Irene Alejandra c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

El art. 1113 después de la reforma incorporada por la ley 17.711 contempla la teoría del riesgo creado y no el de la autoridad o profesional de la ley 9688. Por tal razón el interesado debe demostrar que la situación que plantea encuadra en alguno de los supuestos de la segunda parte in fine del art. 1113 citado del Código Civil, es decir concretamente en el carácter riesgoso o vicioso de la cosa, lo que supone la correcta individualización de su riesgo o vicio, su incidencia en el daño causado y además que el empleador es el responsable en virtud de revestir la calidad de dueño o guardián de la cosa.
Asignaciones familiares, falta de documentación, intimación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Rubiano Miguel c/ Rotativos Skorpios de Juan Antonio Cantón y otros s/ Ordinario (LIBRO: S078 - 118)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-23

Si el empleador quiere desobligarse del pago de asignaciones familiares tiene la obligación de intimar al trabajador para que éste le presente la documentación necesaria y solo en caso de incumplimiento de parte del dependiente se libera de tal obligación, en virtud del deber de diligencia que le impone el art. 79 LCT.
Recurso extraordinario, tribunal colegiado, sentencia, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Electricidad, Consumo y Servicios de Antonio Carboni Ltda. c/ Municipalidad de 25 de Mayo Coady.: Cooper. Elec. Ltda. Norberto De la Riestra s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Lo referente a la constitución y composición de los tribunales de la causa, al igual que las cuestiones vinculadas con las formalidades de la sentencia y el modo de emitir el voto en dichos tribunales cuando son colegiados, constituye materia ajena al recurso extraordinario.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL
Carátula: SCHWARTZMAN MIRTHA ALICIA Y OTRO c/ HOJMAN RUBEN EVAR s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-26

Para la admisibilidad de la vía ejecutiva es menester que concurran ciertos extremos que se desprenden del art. 520 del Código Procesal y también es requisito esencial que el título ejecutivo se baste a sí mismo. Para el caso de que el documento en cuestión se remita a otro, deben acompañarse ambos, pues de lo contrario no se cumple dicho recaudo (Conf. Alsina, "Tratado...", p.189, Colombo, "Código Procesal...", p.30).- La ausencia de tales extremos autoriza al juez a rechazar la ejecución por no existir título hábil que la traiga aparejada, declaración que puede hacer aún de oficio hasta el momento de dictar sentencia (conf. Colombo op. cit. p. 31). Con mayor razón si sólo se ha intentado la preparación de la vía ejecutiva mediante la citación para el reconocimiento de un instrumento privado y todavía se tiene oportunidad de "examinar cuidadosamente el instrumento" (art. 531 del Código Procesal) antes de despachar la ejecución.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, juicio, honorarios, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUERRA, EVANGELINA H. PIOMBO c/ SANTA TERESA S.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 171  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que no tiene ningún peso decisorio el argumento de la Cámara respecto de que la cuantía en sí de los honorarios no fueron materia de impugnación por los letrados actuantes, confiriéndole una suerte de firmeza a la regulación efectuada por el Inferior, por cuanto esos valladares invocados importan restarle la facultad que el ordenamiento legal le otorga a la Caja Forense para intervenir en las regulaciones de los honorarios profesionales e interponer recursos contra las mismas (artículo 28 de la ley 4949 y sus modificatorias);

y, a su vez, no puede servir de amparo para el dictado de un pronunciamiento cuyas premisas son irreductiblemente incompatibles entre sí, arribándose a una solución irrazonable de la controversia, en donde la obligación de aportar excede la justipreciación del trabajo profesional cumplido en autos, debiendo ceder la firmeza de la regulación ante la consagración del absurdo.
Demanda, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: LETENENDIA DE CENTENO ELSA A. Y CENTENO GUILLERMO H. s/ DIVORCIO 67 BIS - DEMANDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Las cédulas que se libran de acuerdo a las previsiones de la ley 22.172 se rigen, en cuanto a "su forma", por la ley del tribunal de la causa, y en cuanto a "su diligenciamiento", por las normas del lugar donde deben practicarse.

Al notificarse el traslado de la demanda en la ciudad de Córdoba, no procede que dicha notificación se efectúa con previo aviso de ley, ya que esta formalidad sólo la exigen los Códigos Procesales Civil y Comercial de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos y el Chaco, aunque ello no implica que deba efectuarse el emplazamiento previsto en los arts. 83 y siguientes del Código de Procedimientos Civil y Comercial de Córdoba, pues ellas son normas que rigen el procedimiento en dicha provincia, pero ajenas al diligenciamiento material de la cédula.
Recurso de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mattes, Walter Carlos. s/ Recurso Extraordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-06-23

Encontrándose el fallo atacado suficientemente fundado y ajustado a la ley no se configura lesión constitucional alguna; correspondiendo el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley promovido por la parte demandada. (Dr. Rojas: Seg·n su voto).-
Caso fortuito, fuerza mayor, daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valenzuela, Virgilio Luján y otro c/ Dirección General de Escuelas y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

La circunstancia de que la lesión en el ojo del alumno se produjera con el alambre perimetral de la escuela, que está constituido por tres hilos de alambre de púa, de los cuales dos estaban a dos metros de altura y el tercero, a un metro del piso, descarta que se haya configurado el caso fortuito, pues obviamente un alambrado de púas, cercando el perímetro de una escuela o colegio, constituye un evidente peligro para los menores de edad, que durante el recreo corren por el patio delimitado por ese alambrado, ya que es evidente que si se caían contra el mismo, resultaba previsible que las púas podían lesionar a los escolares, a estar a lo que indican las máximas de la experiencia universal. Ello sólo basta para considerar que no existe el caso fortuito en los términos del art. 514 del Cód.

Civil.
Acción de amparo, asociaciones civiles, autorización para funcionar, derechos de incidencia colectiva, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FUNDACION MUJERES EN IGUALDAD c/ FREDDO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-15

Al no haber sido sancionada una ley que imponga particulares requisitos y formas de organización a las asociaciones que propenden a la protección de los derechos de incidencia colectiva, cabe considerar legitimadas a los fines de la promoción del amparo colectivo que la Ley Fundamental consagra en su art. 43, a aquellas entidades legalmente constituidas y registradas conforme a la normativa vigente. En tanto la "Fundación Mujeres en Igualdad" se halla regularmente constituida e inscripta en el registro respectivo, debe considerársela suficientemente legitimada a los fines de entablar la acción de amparo prevista por el art. 43 de la Constitución Nacional, como titular del derecho de incidencia colectiva consistente en la prevención y eliminación de toda forma de discriminación en los términos y límites de su estatuto.
Representación procesal, interpelación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Establecimientos Iguazú S.C.A. c/ Rodríguez Nora Viviana y otra s/ Sumario por Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-17

Al advertirse la falta de acreditación de representación, debió concederse un plazo para subsanar tal defecto.
Unificación de penas, concurso de delitos, concurso real, sentencia firme, actuación de oficio, pena agotada
Materia: PENAL
Carátula: López, José Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Entre los sucesos juzgados media una relación de concurso material, en tanto todos los hechos se cometieron antes de que quedara firme la primera sentencia. Por lo tanto, tratándose, entonces, de una hipótesis de unificación de condenas, no correspondía que el tribunal de la instancia anterior exigiera el previo pedido de la parte para expedirse, ni resultaba necesario que la segunda condena adquiriese firmeza para proceder a la unificación, y si bien la particularidad radica en que la pena impuesta en una de las condenas a unificar estaba agotada al momento de dictarse la segunda condena, siendo un supuesto de unificación de condenas, ello no constituye un óbice a la unificación solicitada.
Depositario, incautación de bienes, bienes del fallido, compensación, procedencia del recurso, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: KIM SA (HOY AROSA ROSARIO SA) S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE COMPENSACION c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Cuando, como en el caso, no se encuentra discutido que durante el lapso desde que se restituyó el inmueble a la incidentista hasta la fecha, los bienes de la ahora fallida se encontraron ocupando dicho terreno, sin que hubieran sido retirados en su totalidad, frente a ello, es claro que tal circunstancia presumiblemente importó un perjuicio para la locadora, habida cuenta que no pudo usar y gozar el bien, por la ocupación de tales bienes. Tal impedimento, con más los gastos que generó la existencia de ellos en el inmueble, deben ser resarcidos por quien resulta la propietaria de aquéllos. En ese marco, no puede dejar de observarse que el crédito que nos ocupa resulta una compensación por la guarda de los bienes de la fallida, de los mismos bienes que eran la garantía de los acreedores y de cuya realización se beneficiarán éstos. Ante ello, si bien se considera que el depósito fue acordado por la deudora cuando se encontraba tramitando el concurso preventivo dentro de sus facultades de administración de los bienes, siendo que tal situación perduró hasta el posterior decreto de quiebra, lo que importó que la incidentista se hiciera cargo de su conservación durante varios años, no puede válidamente desconocerse que ello importó un beneficio para la masa. En ese entendimiento es que considera esta Sala que, en este caso particular, debe reconocerse al crédito aquí verificado el carácter de gasto del concurso en los términos de la LCQ 240, admitiéndose en este punto también el recurso de la incidentista.