Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20


Buenos Aires,	20	de febrero de 2008 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. La Sra. Nora Figueroa, quien junto con su familia resultó beneficiaria del subsidio implementado a través del decreto nº 895/02, dedujo acción de amparo (fs. 21/31) por derecho propio y en representación de su hija menor de edad contra el GCBA a fin de que se las reincorporara a los programas de emergencia habitacional que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. Fundó su demanda en los derechos que acuerdan los artículos 10, 17, 20 y 31 de la CCBA y 14 bis de la CN así como en los tratados internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN) y contienen prescripciones normativas en sentido concordante.

La amparista sostuvo, centralmente, que la demandada "...ha decidido no otorgar subsidios de carácter habitacional sino por única vez, por un monto máximo por familia (confr. art. 6º dec. 895/02), y sin ofrecer ninguna otra alternativa válida que permita hacer frente a la emergencia habitacional..." (fs. 28), lo cual "...se torna manifiestamente irrazonable y se traduce como un condicionamiento regresivo de la prestaciones sociales" (fs. 28). Señaló, además, que su situación es particularmente grave pues padece de hepatitis B, esofagitis grado C, artrosis e insuficiencia cardíaca, razón por la cual le es negada la inclusión en el sistema de hogares del Programa integrador para personas sin techo atento que el Reglamento de dicho Programa prevé como causal de egreso, entre otras, poseer enfermedades infecto-contagiosas de riesgo masivo.

Planteó la inconstitucionalidad del artículo 6 del decreto nº 895/02 "...y de toda otra norma que implique restringir el derecho a acceder a los planes de emergencia habitacional..." (fs. 29 vuelta) y requirió el dictado de una medida cautelar tendiente a que, mientras dure la tramitación de las presentes actuaciones, se la incluya junto al grupo familiar conviviente en los programas de emergencia habitacional (fs. 29).

2. La medida precautoria, concedida por la jueza de primera instancia (fs. 42/44 vuelta), fue cumplida por la accionada según surge de las constancias de fs. 50 y 52.

3. El GCBA produjo el informe que prescribe el artículo 8 de la ley nº 16.986 (fs. 61/74).

4. El amparo fue admitido por la jueza de grado (fs. 110/115) quien ordenó a la Administración que "...incluya a la actora y su hija en alguno de los planes de emergencia habitacional vigentes..." (fs. 115). Las costas fueron impuestas a la vencida.

Dicha decisión fue apelada por el GCBA (fs. 118/124 vuelta).

5. La Sala II de la CCAyT -con fundamento en normas protectorias en materia de derechos humanos- rechazó el recuso de apelación y confirmó la decisión cuestionada, con costas a la vencida (fs. 153/161).

6. El GCBA dedujo el recurso de inconstitucionalidad que luce a fs. 164/173 (que no fue contestado por la contraria) pues consideró que la Cámara: a) formuló una interpretación inadecuada de los artículos 14 bis de la CN, 31 de la CCBA y de la expresión "políticas especiales" del artículo 17 de la CCBA así como de la exigibilidad de los derechos sociales y del principio que prohíbe la regresividad en dicho ámbito (conf. artículo 75 inc. 22 de la CN) y, b) se extralimitó en el ejercicio de la función jurisdiccional. 7. Luego de que fuera interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, entró en vigencia el decreto nº 690/06 (BOCABA nº 2.463 del 21 de junio de 2.006) por el cual se derogó el decreto nº 895/02 -a cuyos beneficios se acogieran la actora y su familia- y se implementó el programa "Atención para Familias en Situación de Calle" previéndose, a favor de quienes acrediten encontrarse en ciertas condiciones, un subsidio que "..consiste en la entrega, de un monto de hasta pesos dos mil setecientos ($ 2.700), el que puede ser otorgado en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de hasta pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450) cada una, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar el presente subsidio inclusive en una suma adicional de pesos mil ochocientos ($ 1.800), pagadera en hasta cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450) cada una, en los casos particulares que, a criterio de aquélla, ameriten la mencionada extensión, en orden a la persistencia de la situación que en su momento, motivara la entrega del beneficio" (artículo 5 del decreto citado).

8. El recurso de fs. 164/173 fue admitido por la Sala II (fs. 194/195) al considerar que "...en tanto hubo interpretación [constitucional] (...) media cuestión constitucional..." (fs. 195, las cursivas son del original).

9. En el transcurso del proceso, la Srta. Gladys Elizabeth Trucido Figueroa adquirió la mayoría de edad, razón por la cual fue citada (fs. 206) a fin de que compareciera a tomar intervención por sí misma en el juicio. La notificación respectiva resultó infructuosa tal como surge de fs. 210.

Las actuaciones fueron remitidas a la Defensoría General en atención a lo prescripto por el artículo 24 inciso 1 de la ley n° 21 (fs. 211). La Defensora General Sustituta manifestó (fs. 212) que "...si bien de las constancias de la causa surge que tanto la señorita Trucido Figueroa como su madre no residen ya en el domicilio oportunamente denunciado (cf. diligencias de fs. 207vta. y 210vta.), no existe a su cargo, en esta instancia y en el estado procesal en que se encuentran los autos, trámite alguno pendiente de producción en los términos previstos en la ley nº 402.// De allí que (...) solo corresponde que el Tribunal Superior disponga el pase de los autos al acuerdo y se dicte el pertinente fallo" (sic).

La jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz, dispuso que los autos pasaran al acuerdo para dictar sentencia (fs. 213).

Luego del llamado de autos, el Defensor General informó que intentó contactar a las actoras con resultado negativo. Por ello, y con la finalidad de establecer su paradero, solicitó al Tribunal que ordene -como medidas para mejor proveer- librar oficios al Hospital Ramos Mejía, al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y al GCBA (fs. 220/224) pues, de otro modo, la sentencia que emitiera el Tribunal "...carecería [a su criterio] de un sujeto respecto del cual declarar la existencia de un derecho..." (fs. 218 y vuelta).

En atención a lo manifestado por el Defensor General fue suspendido el plazo para dictar sentencia y las actuaciones pasaron a consideración del Tribunal que -por mayoría- hizo lugar al pedido formulado a fs. 220/224.

Los diligencias fueron practicadas sin que, como resultado de ellas, pudiese precisarse el paradero actual de las amparistas (conf. fs. 262, 240, 246 y 247).

El Defensor General requirió que los autos continúen según su estado (fs. 264).

10. El Fiscal General Adjunto propició declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad articulado por el GCBA (fs. 203/205). Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad deducido en tiempo oportuno por el GCBA debe ser rechazado por las razones que expongo a continuación.

2. El GCBA introduce en su recurso los siguientes agravios:

a) La interpretación y aplicación de normas contenidas en la CN y en la CCBA. Centralmente, el GCBA discute acerca de los alcances que corresponde asignar a los artículos 14 bis de la CN (en cuanto prescribe que el Estado establecerá por ley el acceso a una vivienda digna), 31 de la CCBA (en tanto expresa que la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna) y 17 de la CCBA (en la medida en que hace alusión a "políticas especiales" que debieran implementarse a fin de satisfacer los derechos constitucionales en juego). Asimismo, el recurrente refiere a la exigibilidad de los derechos sociales cuyo rango constitucional es innegable (conf. art. 75, inc. 22 de la CN).

b) Los límites de la función jurisdiccional, asunto que remite -en definitiva- a la división de poderes y al concepto de tutela efectiva garantizada por el artículo 25 de la CADH.

c) La inteligencia que corresponde atribuir al concepto de "no regresividad" que rige en materia de derechos humanos.

3. Las cuestiones mencionadas en el punto precedente fueron objeto de tratamiento y decisión en la causa "Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 4.568, resolución del 09 de agosto de 2.006, donde consideré que los argumentos que entonces planteaba el recurrente, GCBA, (y que resultan coincidentes con los que ahora propone) "...no logra[ban] conmover una sentencia inobjetable y constitucionalmente plausible".

Debido a la similitud de fundamentos que expusiera el GCBA en aquella y en esta oportunidad, habré de transcribir, a continuación, las razones que dieran apoyo a mi postura en el precedente citado y que considero enteramente aplicables a la situación de autos.

"El recurrente afirma 'que, ni del artículo 31 de la CCBA ni del artículo 14 bis de la CN nace un derecho individual exigible a continuar siendo asistido por el Estado cuando se agotan las prestaciones fijadas en la normativa vigente, en el sentido interpretado por el Tribunal'. Entiende que las disposiciones mencionadas 'establecen principios y programas y reconocen expresamente que esos principios y programas han de ser implementadas progresivamente'. Esta interpretación de los textos constitucionales es desacertada".

"La CCBA en su artículo 31 'reconoce el derecho a una vivienda digna' y prioriza -sin excluir otros supuestos- 'a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos'".

"Los actores (madre e hijo) encuadran en el presupuesto de hecho de las disposiciones citadas, gozan de la protección integral a la familia que consagra el artículo 14 bis de la CN, y el niño (...) dispone además de una especial tutela constitucional (conf. arts. 17; 20; 31.1; 39; CABA; arts. 14 bis; 75 incisos 22 y 23; CN; art. 11 PIDESC; arts. 3.1; 3.2; 4; 6.2; 19.2; 26.1; 27.1; 27.2 y 27. 3; Convención sobre los Derechos del Niño)".

"Está probado que los accionantes obtuvieron, mediante la actividad del Estado consistente en la asistencia prevista en el decreto nº 895/02 una mejoría temporal de sus condiciones habitacionales. Agotada esa asistencia, se ven colocados en una nítida situación de regresividad, que la Cámara define con acierto como 'situación de calle'. Y esta es la cuestión a resolver en el marco de las reglas constitucionales ya mencionadas".

"El Estado no puede adoptar por acción u omisión conductas regresivas en materia de derechos humanos. Si lo hace debe justificar -lo que no ha ocurrido en estos autos- por qué sus recursos no le permiten seguir atendiendo las necesidades de quienes reclaman judicialmente por la afectación de un derecho constitucional básico, como es el de la vivienda digna".

"En el caso, la regresividad que no es tolerada ni por el orden jurídico nacional ni por el local, se configura respecto del derecho a la vivienda digna".

"El recurrente entiende el derecho a la vivienda digna de modo tal que éste no implica que 'los individuos tienen derecho sine die a disfrutar de subsidios otorgados con carácter excepcional'. La expresión 'disfrutar' es poco afortunada ante personas carenciadas, que cabe imaginar preferirían ser autosuficientes y no requerir la ayuda del Estado. Tampoco se trata, como continúa la Procuración, de que el subsidio 'tenga carácter excepcional'. En un caso como el de autos y en la medida en que el Estado no pueda proporcionar soluciones permanentes, el subsidio debe ser regla. Y ello porque la pobreza crítica es la situación de excepción que el constituyente ha optado por resolver progresivamente (conf. art. 31.1, CCBA). Cuando esa pobreza se instala en la sociedad, es razonable que las autoridades recurran a diversos sistemas de atención, siempre que su aplicación sucesiva no implique la disminución y/ o la privación de las prestaciones ya reconocidas. Entonces si la vigencia del decreto ha cesado, es ajustado al bloque constitucional imponer al Estado el deber de preservar lo ya otorgado".

"El derecho a una vivienda integra el plexo de los llamados 'derechos sociales' que sólo pueden ser entendidos en un horizonte de sentido orientado hacia la igualdad, lo que está muy lejos de significar que los 'derechos sociales' sean promesas o programas, que no puedan ser exigidos al Estado por individuos o grupos. Muy por el contrario, se trata de un mandato del poder constituyente al poder constituido para que haga y cumpla".

"El Gobierno parece no entender esta cuestión y profundiza el desconocimiento de principios constitucionales cuando añade que 'nunca estuvo en mira de ningún constituyente establecer que las personas individualmente consideradas tengan derecho a una exigencia individual'".

"Esta posición conduce al absurdo consistente en que nunca nadie -sea una persona o un grupo de personas- podría reclamar judicialmente por la lesión que padece. La postura de la Procuración no resiste ningún test de constitucionalidad (...) Dicho de otro modo, la Procuración pretende desconocer que los derechos sociales son exigibles en el marco de un proceso y en la órbita jurisdiccional".

"El amparo no impugna qué hizo el Gobierno mientras cumplió con el decreto nº 895/02, ni la Cámara imputa regresividad a ese decreto".

"El conflicto nace al momento en que los actores dejan de percibir el subsidio otorgado".

"Cuando el artículo 2.1 del PIDESC, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas especialmente económicas y técnicas para lograr el desarrollo progresivo de los derechos sociales, se refiere a las medidas legislativas como una de las formas privilegiadas para lograr ese objetivo, pero ello no descarta, ni la existencia de otras ni la exigibilidad inmediata de los derechos sociales aún sin medidas legislativas en vigor. De otra forma no podría comprenderse que todas las personas tengan derecho a un recurso sencillo y rápido -como por ejemplo este amparo- o a cualquier otro medio efectivo para que jurisdiccionalmente se las proteja contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como lo son el derecho a la vivienda digna, la protección integral a la familia y el interés superior del niño (conf. art. 25, CADH), que se discuten en este expediente".

"Para el recurrente serían excepcionales los casos en los que el poder judicial podría suplir la inactividad de los otros poderes públicos en la implementación de derechos económicos, sociales y culturales, pues estos dependen de la planificación, la previsión presupuestaria y su puesta en marcha. Agrega la Procuración que 'los jueces deben interpretar la ley siendo neutrales al gasto público' (...) y que 'bajo la concepción individualista de los derechos sociales que sostiene la Cámara este importantísimo y fundamental mandato constitucional no se cumple: el juez reemplaza a la Legislatura en la creación de dinero público y, obviamente, en la necesidad de establecer tributos. Sin embargo, no es función del juez impactar en el nivel de tributación. El juez no está para crear impuestos indirectamente, el juez está para interpretar la ley'".

"A través de expresiones como las mencionadas en el párrafo anterior, el GCBA trae en su apoyo a la doctrina de la no justiciabilidad del Estado. Más allá de subrayar el anacronismo de esta concepción, es oportuno formular algunas observaciones".

"Los jueces son un poder del Estado y dentro de sus competencias pueden interpretar, no sólo las leyes sino primordialmente la Constitución que es el lugar por antonomasia de la regulación de la actividad y de la función política".

"El escrutinio judicial del gasto público es viable y no invade la competencia de otros poderes, cuando en un proceso en el que se impugna la lesión de derechos, la consideración de ese gasto resulta dirimente. Es decir, el gasto público no es una cuestión no justiciable en tanto está incluido en el marco constitucional (conf. art. 106, CCBA). El uso de los recursos por parte del Estado ha pasado a ser un espacio sujeto al control jurisdiccional. Y tanto es así que el Estado debe justificar -lo que no ha sucedido en el caso de la actora- que ha utilizado el máximo sus recursos para solucionar el problema sometido a decisión de un juez (conf. art. 2.1. PIDESC)".

Por todo ello, ninguno de los agravios introducidos por el GCBA logra conmover la solidez del fallo recurrido. 4. Con apoyo en las consideraciones que anteceden, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a fs.164/173, por del GCBA y, en consecuencia, por dejar firme la sentencia de la Sala II de la CCAyT que rechazó el recurso de apelación de la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que admitió el amparo, con costas a la vencida.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El asunto traído a decisión del Tribunal es sustancialmente análogo al resuelto, entre otros casos, in re "Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4568/06, y en la causa "G.C.B.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Navalle, Pedro Ignacio c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 4351/05, ambas sentencias del 09/08/06. En razón de esta analogía, me limitaré a reiterar, apretadamente, los argumentos esenciales que he ofrecido para resolver asuntos de esta índole.

2. Se trata aquí de un recurso de inconstitucionalidad, concedido por la Cámara al recurrente -el GCBA, demandado-, en el que se plantea, centralmente, la cuestión constitucional acerca del concepto y los alcances del derecho a una vivienda digna (CCBA, 31) y su comparación con la normas locales tendientes a alcanzar ese ideal. La cuestión constitucional referida, debatida desde un principio por los protagonistas del litigio, se suscita respecto de la Sra. Nora Figueroa, su familia y su situación.

No se presenta punto alguno de controversia respecto de la obligación ya cumplida, conforme a la legislación vigente, cumplimiento que reconocen ambas partes del litigio -la actora desde el escrito del comienzo- sino, antes bien, aquélla constituye un marco para la discusión de los diversos puntos de vista acerca de cuál debería ser la solución una vez cumplido ese programa, en caso de que subsista la situación de origen a la cual él atendía -esta situación se haría extensiva a la aplicación de las reglas dispuestas por el decreto nº 690/06?.

Sobre este particular, el recurso del GCBA ataca a la sentencia por insuficiencia o falta de fundamentos y por el carácter alegadamente contradictorio de aquellos que, efectivamente, brindan los camaristas. Tal tacha, sin embargo, sólo representa la discrepancia de la demandada con los fundamentos esgrimidos por la sentencia para arribar a la solución que impone, con base en la interpretación del Derecho aplicable (decreto nº 895/02). Como se aprecia, el recurrente se limita a impugnar el decisorio en razón de que éste propicia una solución distinta de la pretendida, en correspondencia con una interpretación disímil de la normativa aplicable.

Ahora bien: desde este punto de vista, la sentencia definitiva de la Cámara resulta intachable. Ella utiliza fluidamente sus mecanismos epistemológicos para averiguar, o determinar, según se la interprete, aquello que considera derecho a la vivienda digna en nuestra Constitución y en los pactos internacionales, los principios que rigen esa interpretación y que desembocan en la confirmación de la obligación impuesta al GCBA con relación a la actora. Va de suyo que ni la Cámara, ni el recurso de la demandada, ni tampoco ahora la actora pretenden impugnar la constitucionalidad del programa ya vencido -el establecido por el decreto del Poder Ejecutivo nº 895/02? programa que, también según todos los protagonistas del litigio, se ha cumplido y ha fenecido para los amparistas. No se trata así -o, al menos, no se trata ya- de la interpretación de una regla infraconstitucional ni del cuestionamiento fáctico sobre su cumplimiento.

3. Empero, al poner en crisis, al menos parcialmente, la interpretación de una regla constitucional, básicamente la del art. 31, CCBA, y la imposición por ella de ciertos deberes de acción al Estado local, estimo que, en general, se justifica ingresar al recurso y tratar sus presupuestos. Aunque yo no sea partidario de la vía elegida, el amparo, para tratar determinados problemas, lo cierto es que aquí no corresponde cuestionar el caso desde ese punto de vista por varias razones: en primer lugar, la utilización de este procedimiento fue, como realidad, incontrastable y una vía por todos aceptada. Así ya se ha consolidado la causa. En segundo lugar, nuestra Constitución local, para bien o para mal, concibe al amparo como un modo extendido de litigio (ilegitimidad común). Finalmente, se trata aquí del desarrollo concreto de un derecho constitucional concedido directamente por la ley fundamental, que no opera actualmente y existe urgencia en lograr que opere, todos aspectos que ya la demanda pone en juego, por fracaso, incluso, de otras instancias u opciones.

El núcleo fuerte de la desavenencia epistemológica respecto de la cláusula constitucional citada está claramente constituido por la concepción del principio de progresividad de los derechos sociales, fijado, incluso, por obligaciones internacionales, y su derivado, en tanto prohíbe la regresividad -como lo advierte la Cámara, esta vuelta atrás del estado de cosas se traduciría, derechamente, como 'situación de calle' en el sub examine. La sentencia interpreta que estos derechos son oponibles al Estado, producto del deber de aquél de efectivizarlos y garantizar su goce, más allá de cumplimientos parciales y mientras se mantenga la situación de necesidad, y que, una vez atendidos, no puede retrogradar su satisfacción o cumplimiento a menos que medie una razón absolutamente justificada (por ej.: conflagración armada, guerra civil, etc.). Por su parte, la demandada y recurrente estima que estos derechos (sociales) sólo significan directrices o líneas de políticas sociales sugeridas por la Constitución -de allí su cumplimiento por el decreto nº 895/02-, condicionadas a la voluntad de los órganos que establecen esas políticas y, por tanto, variables temporalmente, en el sentido de su cumplimiento o incumplimiento por desplazamiento de otros fines ponderados más relevantemente por el gobierno. Al menos debería coincidirse en que el programa, en tanto se propone velar por una vivienda digna para los habitantes, no resulta optativo o discrecional para el gobierno. Por lo contrario, se trata de un proyecto ordenado y de un plan de acción mediante el cual se establecen prioridades frente a otros programas y necesidades. Se trata, y en definitiva éste es el punto decisivo, de que la Constitución fija ya un orden de prioridades para los gobernantes. De este modo, el fracaso de toda la argumentación epistemológica del recurrente respecto de este punto central y de la imposibilidad de regreso finca, precisamente, en que él no identifica o individualiza los fines políticos prioritarios que encara el gobierno y cuya atención le impide la consideración del involucrado en el caso.

4. Como invariablemente sucede, el recurrente se queja, accesoriamente, porque la elección de políticas sociales y su ponderación para privilegiar unas y relegar otras no le corresponde al Poder Judicial, sino a los órganos respectivamente competentes. De otra manera, los jueces traspasarían toda frontera entre los poderes del Estado, con la consiguiente judicialización de la política y el desequilibrio del sistema republicano.

Frente a este argumento nada debería decir, pues, como ya lo he expresado, el recurrente no ha señalado cuál interés o política es preponderante para el gobierno frente al derecho de obtener una vivienda digna, aquí invocado por el amparista y fijado por la Constitución. Mucho menos ha verificado que el cumplimiento de uno desplace o cancele la posibilidad de cumplir con el otro. Sin embargo, estimo que unas pocas líneas defienden correctamente la sentencia de la Cámara -sin alegar sobre su corrección o incorrección respecto del caso particular (de hecho)-. En efecto, no ha pretendido la Cámara fijarle al gobierno políticas a seguir mediante su sentencia, mucho menos discrecionalmente; sólo le ha recordado la necesidad de cumplir, en el caso, con un deber constitucional frente a una persona a la que juzga necesitada de obtener ese derecho. Por lo demás, la interpretación de las leyes frente a un caso y, en especial, de la Constitución del Estado, es, desde hace ya algunos años, tarea que corresponde a los jueces. Si se quiere un ejemplo sencillo: la Cámara no ha hecho otra cosa que la misma acción que desarrolla cuando, por corrección de un acto administrativo, obliga a una repartición pública a entregar a una persona una licencia (para conducir, por ejemplo) que le fue negada previamente por ese oficio. Seguramente ellos, los jueces, cometen errores al desarrollar su tarea, como los comete el gobierno al desarrollar la suya: lo único que puede esperarse, para bienestar de los ciudadanos, es que esos errores no sean demasiados o demasiado comunes.

5. Por los fundamentos que anteceden, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 164/173. Costas a la vencida.

Los jueces Ana María Conde, José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. El Sr. Defensor General, que a fs. 212 había pedido que se dictase sentencia, hace saber al Tribunal el resultado infructuoso de las medidas ordenadas a fin de ubicar a la Sra. Figueroa y/o a su hija Trucido Figueroa, accionantes en esta causa. Informa asimismo, que la nombrada no se ha comunicado con ninguna de las defensorías que dependen de la Defensoría General y, que se han agotado las diligencias previstas en el CCAyT. Finalmente, señala que "las facultades que la Ley Orgánica de este Ministerio Público atribuye a la Defensa Oficial, no alcanzan a la disposición de la acción ni del derecho que el ordenamiento constitucional reconoce a la parte actora en estas actuaciones" y pide que se tenga por contestada la vista conferida a fs. 263 (fs. 264).

En efecto, los oficios librados cuyas respuestas obran a fs. 240, 246/247 y 262 dan cuenta de que la actora ha sido dada de alta del Hospital Ramos Mejía y de que no es beneficiaria de los programas de asistencia que lleva adelante la Sub Secretaría de Gestión Social y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, según surge del informe de fs. 182, la actora percibió por última vez la cuota del plan habitacional el día 06/09/05, luego de lo cual no se presentó ni a las entrevistas programadas para seguimiento ni a entregar el recibo correspondiente al pago del alquiler, desconociéndose todo paradero posterior de la amparista. Tampoco surgen datos de interés del "Archivo General y por Defunciones" del registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, según indica la constancia obrante a fs. 240.

2. Conforme las constancias de la causa, a la fecha, las titulares de los derechos debatidos que dieron origen a estas actuaciones, abandonaron el ejercicio de las potestades hasta ahora reconocidas (vgr. medida cautelar de fs. 42/44) sin que exista certeza en relación con la subsistencia o no de la situación de vulnerabilidad social denunciada por la actora al momento de promover el amparo y valorada por las instancias de mérito.

En tal contexto, resulta de aplicación la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual las decisiones en materia de amparo deben atender a la situación fáctica existente al momento de resolver (Fallos 300:844), teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas (Fallos 304: 1020).

Las circunstancias indicadas, determinan la inexistencia de presupuestos procesales inherentes a toda causa judicial (arts. 34/38 CCAyT) y, en particular, de los requisitos propios de la acción de amparo (art. 14 CCABA).

Por todo ello, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal, corresponde rechazar el amparo articulado a fs. 21/31. Las costas del proceso se imponen en el orden causado (art. 14, CCBA).

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el amparo interpuesto por la Sra. Nora Figueroa a fs. 21/31.

2. Imponer las costas del proceso en el orden causado.

3. Mandar que se registre, se notifique y se devuelva al tribunal remitente.