Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


ZORZON, María del Carmen contra MOREYRA, Blanca Tonelli de y/o Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y/o Promotora RIVERO GAUNA Reg.: A y S t 202 p 361-367. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el codemandado Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe contra la resolución del 11.4.1995, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de Reconquista en autos "ZORZON, María del Carmen contra MOREYRA, Blanca Tonelli de y/o Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y/o Promotora RIVERO GAUNA -Indemnización de daños y perjuicios- (Expte. 33/89)" (Expte. C.S.J. N 1770, año 1996); y, CONSIDERANDO:

1. El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Reconquista hizo lugar a la demanda deducida en el entendimiento de que la actora había resultado adjudicataria del premio correspondiente sorteado en una rifa y condenó al Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe, a la Organización Rivero-Gauna y a Blanca Teresita Tonelli de Moreyra a entregar a la accionante un automóvil Peugeot 504 GSL 0 km., de las características del sorteado y que no se adjudicara oportunamente, o la unidad que según fábrica reemplazara a ese modelo, con la salvedad que en caso que la obligación se tornara de cumplimiento imposible, los demandados deberían abonar el valor del vehículo al momento del sorteo, actualizado hasta su efectivo pago con más un interés anual del 8%. Hizo lugar, asimismo, al resarcimiento por daño moral.

Impugnado que fuera ese decisorio, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de Reconquista resolvió: a) desestimar el recurso de nulidad y acoger parcialmente el de apelación interpuesto por los codemandados Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y Promotora Rivero-Gauna sólo en lo que hacía a la imposición de costas, ordenando se distribuyeran en primera instancia en un 70% a cargo de las demandadas y en un 30% restante a cargo de la actora; b) confirmar la sentencia condenatoria respecto de los mismos recurrentes en todo lo demás, imponiéndoles el 90% de las costas en la Alzada y el 10% restante a la actora; c) acoger el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Blanca Teresita Tonelli de Moreyra, revocar la sentencia condenatoria dictada en su contra y rechazar la demanda, con costas a la actora en ambas instancias (fs. 9/13vto.).

Contra este último pronunciamiento interpone el codemandado Club de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad, tildándolo de arbitrario por contener afirmaciones dogmáticas, violar los derechos a la propiedad, a la jurisdicción, al debido proceso y transgredir la prohibición procesal de "reformatio in peius" (fs. 15/27 vto.).

Califica de nulo y arbitrario el decisorio impugnado por carecer de motivación suficiente y contener defectos inherentes a la manera de juzgar que determinan que aquél no sea una derivación razonada del derecho vigente de conformidad a las circunstancias comprobadas de la causa, invalidándolo como acto jurisdiccional. Invoca los artículos 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 7, 9, 15 y 95 de la Carta Magna provincial; y 1, inciso 3 de la ley 7055.

Considera el quejoso que la sentencia impugnada resulta nula pues habría reformado un aspecto del pronunciamiento de baja instancia que había quedado firme por no haber sido materia de agravios.

Refiere que el Juez inferior estimó acreditado que la actora había terminado de pagar la rifa luego del 12.12.1982, basándose para ello en contradicciones evidentes entre lo expresado por aquélla al promover la presente acción y lo declarado en sede penal. Señala que esta cuestión no fue apelada por los codemandados -y que, no obstante estar limitada la competencia del tribunal por la extensión del recurso- la Alzada modificó lo resuelto por el Juez de baja instancia, aún sabiendo que la fecha de pago era determinante para la dilucidación del pleito y del recurso de apelación articulado, por cuanto los codemandados apelantes habían opuesto como hecho obstativo al progreso de la acción instaurada la falta de pago en término de la cuota correspondiente.

En segundo lugar, achaca al decisorio impugnado los siguientes vicios de arbitrariedad: indebida valoración de la prueba, omisión de pronunciarse sobre cuestiones planteadas y no ser derivación razonada del derecho vigente.

En relación al primer reproche, le agravia la opinión del A quo de que no se demostró que la actora había pagado los cupones después del día 12.12.1982. Dice que sólo un análisis superficial e imperfecto de las constancias de esta causa y del expediente penal pudo llevar a esa conclusión. Manifiesta que si se realiza un examen fundado y profundo de dichas actuaciones se advertirá que las cuotas no fueron abonadas antes del día 12 precitado, pues todas las declaraciones coinciden en que los cupones se cancelaron el día 17.12.1982.

Insiste en que únicamente a través de una desinterpretación manifiesta de dichas pruebas podrían los sentenciantes argüir que los pagos se efectuaron antes del día 12, o afirmar que "al menos parcialmente el pago fue realizado en término".

Alega haber aportado las siguientes pruebas que reputa suficientes para demostrar el pago tardío de la accionante: los cupones, en cuyo dorso figura que el pago se realizó el día 17.12.1982; las declaraciones de la cobradora que corroboran ese hecho; las condiciones generales de la rifa que fijan la fecha de pago; los telegramas y actas notariales elaborados por el club para documentar su oposición a recibir pagos tardíos; y el reconocimiento de la actora de que cuando pagaba cuotas fuera de término, la cobradora consignaba la fecha en el reverso.

Cuestiona la omisión de los juzgadores de evaluar los elementos probatorios que alertaban sobre las contradicciones en que había incurrido la accionante al referirse a la fecha de pago de la cuota 7. Expresa que la valoración de la prueba se ha efectuado asignando mayor valor "a la declaración del deudor que afirma sin respaldo alguno haber abonado su deuda en término... que al recibo extendido por el acreedor que demuestra precisamente lo contrario".

Posteriormente analiza la controversia relativa a los cupones que la accionante entregó a la promotora al solo efecto de fotocopiarlos. Destaca la contradicción entre las declaraciones que efectuara la primera en el sumario penal -donde expresó que ninguna de las dos oportunidades en que le devolvieron los cupones luego de fotocopiarlos los revisó- y la respuesta que diera a la posición 7 del pliego de preguntas -en la que señaló que procedió a revisar los mencionados cupones detenidamente en el momento de su devolución-. Resalta que la Cámara omitió pronunciarse sobre el punto, no evaluando estas pruebas que reputa de especial trascendencia para la dilucidación de la fecha de pago y de la buena o mala fe de las partes.

En otro orden de consideraciones imputa a la Cámara omitir el tratamiento de todos los argumentos planteados al expresar agravios, tales como que: a) las cuotas no fueron percibidas por el club; b) Pone de resalto que las condiciones generales de la rifa eran de estricto cumplimiento y que las rendiciones se efectuarían conforme a las mismas y antes del sorteo. Expresa que nunca se extendió el período de cobro y que sí se prolongó el plazo para rendir cuentas de las cuotas percibidas hasta el día 20. Lo contrario -sostiene- llevaría al absurdo de que las cuotas pudieran abonarse aún después del sorteo.

Imputa a la Cámara forzar el texto de una circular interna para extraer de ella lo que no dice e interpretar su contenido de una manera contraria a su espíritu, pese a que está acreditado -en las respuestas de la actora a las posiciones 3 y 7- que ésta había entendido las condiciones generales de la rifa y que sabía que abonar las cuotas antes del día 12 de cada mes constituía condición ineludible para participar en los sorteos.

Por último, arguye que la sentencia impugnada no es una derivación razonada del derecho vigente.

Expresa que para participar en los sorteos las cuotas debían oblarse antes del día 12 de cada mes y que, ante la aparente contradicción existente al respecto entre la circular, las condiciones generales de la rifa y el contrato de consignación, el A quo debió evaluar dichos instrumentos conforme a las pautas de los artículos 1198, 1200, 1904, 1931 y 1933 del Código Civil.

Señala que como acreedor estaba en todo su derecho para considerar anulado el bono ante la mora de la accionante, sin que obstara a ella la circunstancia de haber aceptado en otras oportunidades que aquél continuara vigente mediante el pago de cuotas atrasadas; y ello, a su criterio, no implica contradicción con los propios actos, sino ejercicio de las opciones contempladas en el artículo 1204 del mencionado cuerpo legal.

Concluye refiriéndose a que, superada la mora, las consecuencias generales durante su vigencia quedan firmes y que por lo tanto, todo suscriptor de la rifa que regularizara su situación después del día 12 no adquiría por efecto del pago el derecho a participar en los sorteos de ese mes. Y, agrega, que es en ese contexto que debieron analizarse las palabras del representante de la Promotora Rivero-Gauna citadas en la resolución.

2. Por auto n 167 del 16.10.1996 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta Sede.

3. La presente queja no ha de tener favorable acogida toda vez que, de la confrontación del memorial recursivo con los argumentos de la resolución impugnada se desprende que las hipótesis de arbitrariedad que el recurrente intenta perfilar carecen de sustento y traducen solo el cuestionamiento a la labor cumplida por el Sentenciante sobre materia propia de su jurisdicción.

En primer lugar, cabe destacar que en torno a la alegada "reformatio in peius", la misma carece de sustento. En efecto, el recurrente -al expresar agravios- había cuestionado la decisión del Juez inferior de que correspondía la entrega del vehículo o su valor equivalente pese admitir que "el pago se realizó luego del día 12 de diciembre de 1982", por lo que no luce irrazonable que la Alzada tratara la cuestión relativa a la fecha de pago de los cupones 7 y 8 para intentar dilucidar si la decisión del Inferior resultaba correcta.

Consecuentemente el quejoso no persuade que la Cámara excediera los límites de su competencia revisora al abordar el tratamiento amplio de los efectos de la eventual mora en que habría incurrido la accionante. En este sentido, soslaya el impugnante un elemento esencial del pronunciamiento atacado, cual es que la Alzada consideró que debía examinarse si fue demostrado que la accionante pagó después del día 12 de diciembre, aunque antes del 20 del mismo mes, pues "ello es determinante en la resolución de esta litis y en el acogimiento o desestimación del recurso de apelación en este aspecto, por cuanto los codemandados apelantes opusieron en su momento como hecho obstativo al progreso de la acción instaurada... la falta de pago en término de la cuota correspondiente, quedando desde ya a su cargo la prueba de tal extremo" (f. 10).

Idéntica suerte adversa corren los reproches referidos a la indebida valoración de pruebas que el perdidoso reputa con entidad para demostrar el pago tardío de la accionante.

Es que el disenso del impugnante no autoriza a fundar un recurso por arbitrariedad cuando de la lectura del fallo atacado se colige que el Tribunal ponderó las pruebas reunidas, no advirtiéndose -al margen de su mayor o menor acierto- anomalías manifiestas en el examen de dicho complejo probatorio, ni fractura lógica o exceso en el ejercicio de funciones propias.

Así, se observa sobre el particular que la Cámara expresó que "en todas sus declaraciones, e incluso al contestar la demanda, Moreyra, no obstante afirmar que el pago fue posteri Es decir, de la lectura de la sentencia se advierte que el Tribunal ha hecho mérito de las pruebas reunidas y apoyado sus conclusiones en el plexo probatorio obrante en el "sub lite".

Frente a ello, el quejoso otorga a esos mismos elementos de juicio un sentido probatorio distinto, pero sin convencer que lo decidido luzca reprobable desde el punto de vista constitucional, puesto que no se hace cargo de la esencial conclusión a la que arriban los Sentenciantes, esto es, que la actora tenía en su poder, al momento del sorteo, los cupones que acreditaban el pago de las cuotas, luciendo insuficiente para probar que se abonaron fuera de término las anotaciones que dice Moreyra había efectuado al dorso, sobre todo cuando de sus declaraciones surgía que "de cualquier modo, no se corresponde con la realidad".

En lo que refiere a la omisión de tratar cuestiones planteadas, como reputa ocurrió con todos los argumentos expuestos por su parte al expresar agravios, es oportuno señalar que el hecho de que los jueces no se pronuncien en forma expresa sobre una cuestión no constituye una anomalía que afecte la validez del pronunciamiento, si del contexto general del mismo resulta claro que aquélla ha sido resuelta en forma implícita.

Así, en torno a los reproches que se reputan omitidos, la Cámara entendió que referían "a la misma cuestión, esto es, al derecho de la actora a ser adjudicataria del premio sorteado en la fecha correspondiente, donde resultara favorecido el número de la rifa que la misma les adquiriera", consignando luego el Sentenciante que debía examinar si la actora había pagado las cuotas después del 12.12.1982, aunque antes del 20 del mismo mes, por considerarlo "determinante en la resolución de esta litis".

En esta línea de razonamiento, se puede señalar que en modo alguno puede entenderse configurado el reproche de arbitrariedad esgrimido.

En efecto, al concluirse en el pronunciamiento que era "incontrovertido" que la actora poseía los cupones de pago de las cuotas al momento del sorteo y que no estaba acreditado el pago fuera de término de las mismas, era irrelevante la mención de las cuestiones que -según criterio del quejoso- soslayó la Alzada, tales como las relativas a que: las cuotas no habían sido percibidas por el club; la cobranza efectuada por la codemandada Moreyra no había purgado la mora; el pago no había dejado sin efecto las consecuencias producidas por la mora; el contrato había quedado resuelto sin que se admitiera su rehabilitación; y, la resolución había sido automática sin exigir el consentimiento de la otra parte, desde que la conclusión adoptada por el Tribunal implicó lógicamente desechar -por los fundamentos que se dieran- la tesis sostenida por el recurrente.

En cambio, el Tribunal abordó expresamente el comportamiento de los demandados, entendiendo que "está acabadamente demostrado que la cobradora había sido autorizada a realizar las rendiciones de cuenta de cobro hasta el día 20 de cada mes, y teniendo en cuenta que tal determinación se tomó en atención a las dificultades de cobro resultantes de la situación general imperante, no puede sino deducirse que fue autorizada a percibir cobros con posterioridad a los días 12 de cada mes", pues "se trataba de flexibilizar las fechas fijadas para el pago de las cuotas" (f. 11).

Por lo demás, resulta oportuno recordar que la "exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática, caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial" (cfr. A. y S., T. 99, pág. 195; T. 102, pág. 236, entre otros).

Finalmente bajo la imputación que el decisorio no es una derivación razonada del derecho vigente, el quejoso despliega un abanico de reproches que, en realidad, refieren -bajo diferente óptica- a las mismas cuestiones ya abordadas al tratar los agravios anteriores (tales como la alegada reformatio in peius, la indebida valoración de la prueba y la omisión de pronunciarse sobre cuestiones planteadas) cuya suerte ha sido sellada al tratarlos oportunamente.

En conclusión, el planteo no resulta idóneo para franquear la vía extraordinaria intentada, atento a que queda comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho, pruebas y derecho común, materia ésta que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso al resolver las causas sometidas a su decisión y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acontece en el sub examine- resultan insusceptibles de ser revisadas por la vía de excepcional intentada, cuestión ésta que no compete a esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)