Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-12


En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el juez doctor Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los jueces doctores Luis M. García y Liliana E. Catucci como Vocales, asistidos por el Prosecretario Letrado, doctor Gustavo J. Alterini, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 1/6 vta. de la causa n° 13.060 del registro de esta Sala, caratulada "ACEVEDO, Albertina Andrea s/ recurso de casación". Interviene representado el Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Ricardo G. Wechsler, y por la defensa el Defensor Público Oficial doctor Guillermo Lozano.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez doctor Luis M.

García y en segundo y tercer lugar los jueces doctores Guillermo J. Yacobucci y Liliana E. Catucci, respectivamente.

El señor juez doctor Luis M. García dijo:

-I- 1°) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, en ocasión del dictado de la sentencia condena de fecha 8 de junio de 2010, dictada en la causa n° 1769 de su registro, resolvió en lo que al presente recurso concierne "NO HACER LUGAR A LA ENTREGA del dinero secuestrado a Albertina Andrea ACEVEDO en las presentes actuaciones. Oportunamente, líbrese oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que convierta dichos valores a pesos de la República Argentina y los transfiera a la cuenta caja de ahorro en pesos nro.

25.033.232/08 abierta en el Banco de la Nación Argentina a nombre de «PJN- 0500/335 CSJN Fondos ley 23.737», por mayoría previo descuento del importe REGISTRO N° 19313 correspondiente a la tasa de justicia" (confr. fs. 1/6 vta., punto dispositivo VI).

Contra ese dispositivo la defensa de Albertina Andrea Acevedo interpuso recurso de casación (fs. 7/13 vta.), el que fue concedido (fs. 14/15).

2°) La recurrente alegó que la resolución recurrida es arbitraria porque ordenó "desapoderar a [su] defendida de la suma de dinero que le fuera secuestrada al momento de su detención [sin] fundamentación, por lo que adolece de vicios esenciales que la descalifican como acto jurisdiccional válido".

Sostuvo que el a quo no demostró el origen ilícito del dinero secuestrado, y se quejó de que ha sustentado su decisión en presunciones derivadas de "la información aportada por [su] asistida con relación a su situación laboral y sus ingresos al momento de prestar declaración indagatoria", descartando que "este dinero correspondiera a algún tipo de ahorro o préstamo".

Por último consideró que la resolución en crisis posee "vicios de fundamentación por falta de descripción clara de los hechos y de las normas que dan justificación al decomiso resuelto".

Subsidiariamente alegó que se "han excedido los límites jurisdiccionales a los efectos de imponer una pena, ya que esta viola directamente lo establecido en el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación puesto que el tribunal al dictar sentencia se ha extralimitado al imponer una condena más gravosa que la convenida por las partes".

3°) Que en el plazo previsto por los arts. 465, primer párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó la Defensa Oficial (fs. 24/25).

4º) Que se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 465 bis C.P.P.N., por lo que el recurso quedó en condiciones de ser resuelto.

-IIEl recurso de casación interpuesto con invocación del art. 456, inc. 2º del C.P.P.N. es admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente ha invocado inobservancia de la ley procesal; además el pronunciamiento es recurrible en virtud del art. 457 del C.P.P.N. en tanto se impugna una consecuencia accesoria de la pena, y satisface Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 13.060 -Sala II - "Acevedo, Albertina Andrea s/ recurso de casación " de modo suficiente las exigencias de fundamentación e interposición (de los arts.

444 y 463 C.P.P.N.

-IIIPor razones de orden lógico he de tratar en primer lugar la impugnación subsidiaria de la defensa, en cuanto sostiene que el decomiso impuesto en el dispositivo VI de la sentencia excede la pretensión de la Fiscalía formulada a fs. 331, en la cual había promovido, con acuerdo de la imputada, que se procediese por la vía abreviada del art. 431 bis del C.P.P.N.

El agravio del recurrente traduce una infracción a la regla general que impone la existencia de congruencia entre el hecho de la acusación y el hecho probado en la sentencia de condena, principio que se infiere de los arts. 398 y 401 C.P.P.N. y, en última instancia, de la inviolabilidad de la defensa en juicio asegurada en el art. 18 C.N. y de los límites de la jurisdicción fijados en el art 116 C.N., en cuanto los jueces no tienen poderes de definición del objeto del proceso.

En un caso como el presente, rige además el art. 431 bis, inc. 2, C.P.P.N. que requiere que el imputado preste su conformidad a la descripción del hecho del requerimiento de elevación a juicio, requisito que es condición para que la solicitud del fiscal sea admisible y que, por lo tanto, constituye la base del acuerdo que celebran las partes al prescindir del debate.

Se queja la defensa de que se le ha impuesto a la acusada una consecuencia accesoria -comiso de dinero- no requerida por la fiscalía.

Si la fiscalía ha descrito suficientemente el objeto o el instrumento del delito y fundado por qué un bien debe ser considerado instrumento del delito, la falta de petición expresa por parte del Ministerio Público de que se decomise el bien no impediría la aplicación de una consecuencia penal que es accesoria de la condena porque la consecuencia accesoria no es disponible por las partes.

En este sentido, he señalado en mi voto disidente en la causa n° 8294, "Mingrone, Gustavo Pascual y otro s/ recurso de casación" (sent. de 26/06/2008, Reg. nº 12.027) que antes de examinar si el decomiso fue decidido de manera infundada corresponde examinar si el tribunal oral tenía jurisdicción habilitada para imponer la pena accesoria aunque ésta no hubiese estado contenida en el acto del acuerdo de las partes. A este efecto es dirimente determinar si los hechos fijados en el requerimiento de elevación a juicio, que en el caso constituye la base del juicio abreviado tramitado, permitían al tribunal identificar, sin afectar la congruencia debida, que las sumas de dinero secuestradas eran utilizadas como instrumento para cometer el contrabando de estupefacientes, calificable como "instrumento del delito" en los términos del art. 23 C.P., y, en virtud de ello, disponer su decomiso.

La respuesta a la cuestión propuesta como de primer orden es en el presente caso negativa. En el requerimiento de remisión a juicio, el señor Fiscal no sólo no ha hecho referencia o sugerencia en punto a que el dinero secuestrado a Albertina Andrea Acevedo hubiese sido utilizado para la ejecución del delito de contrabando de exportación de estupefacientes atribuido; en rigor, no ha hecho en absoluto referencia alguna al dinero secuestrado (cfr. copia certificada a fs. 29/32 vta.). En efecto, la base fáctica que venía formulada en la acusación impedía al Tribunal Oral examinar cualquier cuestión acerca del dinero secuestrado en relación con el art. 23 C.P.

Sin embargo, observo que en la sentencia recurrida el a quo ha incursionado en el punto relevando que "a la imputada Albertina Andrea Acevedo durante el procedimiento que diera origen en estas actuaciones, se le secuestró entre otras cosas la suma de cuatrocientos cincuenta euros (Eu 450), y ha concluido que "teniendo en cuenta dichos datos, las circunstancias del presente caso, y el monto del dinero secuestrado, puede aseverarse razonablemente que dicho dinero no es de propiedad de ACEVEDO, y que configura un producto o instrumento del delito, sujeto a decomiso (art. 23 del C.P.)" (fs. 4/4 vta.).

De esta forma ha incurrido en defecto de congruencia y en infracción al deber de fundamentación del art. 404, C.P.P.N.

En el primer sentido, ha modificado la plataforma fáctica fijada en el requerimiento de elevación a juicio que sirvió de base al acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes, en tanto aquella afirmación implicó, a la vez, aseverar que el dinero que poseía la imputada fue utilizado como un instrumento para la ejecución del contrabando por el cual ha sido condenada, extremo que, como quedó expuesto, no había sido incluido en las descripciones fácticas del Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 13.060 -Sala II - "Acevedo, Albertina Andrea s/ recurso de casación " requerimiento del Ministerio Público.

En todo caso, si el tribunal oral entendía que los hechos atribuidos a Albertina Andrea Acevedo contenían circunstancias fácticas diferentes a las descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, debería haber rechazado el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre las partes invocando la necesidad de mejor conocimiento de los hechos -confr. art. 431, incs. 3 y 4 del C.P.P.N.-, en vez de aceptarlo e incluir aquéllas en la sentencia, pues ello implica, una afectación al principio de congruencia que afecta el art. 18 C.N.

En el otro sentido, el a quo ha incurrido en defecto de fundamentación que constituye una infracción al art. 3 C.P.P.N. porque mediante un circunloquio sugiere que la tenencia del dinero secuestrado a la imputada no puede considerarse como de su propiedad según sus condiciones personales y las circunstancias de la causa, pero sin embargo no ofrece ninguna argumentación fáctica y jurídica que explique cómo concluye que ese dinero es instrumento del delito de contrabando no consumado. Al decidir de este modo ha invertido la carga de la prueba: puesto que la condenada no ha justificado su tenencia, entonces el dinero es instrumento del delito. Esta argumentación no satisface la exigencia del art. 404, inc. 2, C.P.P.N., e infringe el principio de inocencia.

Los dos defectos señalados conducen a la anulación del punto dispositivo VI de la sentencia recurrida.

La anulación impone el reenvío para el dictado de nuevo pronunciamiento, y no prejuzga acerca de si el dinero debe ser llanamente devuelto o cae bajo las necesidades de cautela a tenor del art. 523, in fine, C.P.P.N. para satisfacer costas, gastos y eventuales honorarios (arts. 533 C.P.P.N., y art. 63 de la ley 24.946).

-IVEn virtud de lo expuesto propongo que se haga lugar al recurso de casación de la Defensa Pública Oficial (fs. 7/15) y, en consecuencia, anular el punto dispositivo VI de la sentencia recurrida (cuya copia certificada obra a fs. 1/6 vta. del presente incidente) en cuanto dispuso no hacer lugar a la entrega de dinero secuestrado de Albertina Andrea Acevedo, y reenviar la causa al Tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que se expone en la presente. Sin costas (arts. 471, 530 y 532, C.P.P.N.).

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

Que adhiere al voto del señor juez Luis García.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci, dijo:

En orden al tema bajo inspección, de la lectura de la sentencia aquí impugnada se desprende que contiene fundamentos suficientes, por lo que cumple con los requisitos previstos en los artículos 123 y 404, inc. 2° de nuestro ordenamiento ritual, que obstan a su descalificación como acto judicial válido (cfr.

Sala I, causa n° 6.112 "Soria, Rubén Eduardo s/recurso de casación" Reg. n° 7.630, rta. el 3/5/05 y sus citas).

En ese sentido se ha sostenido que "debe distinguirse [...] la falta de motivación, de la 'simple insuficiencia de motivación', que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo imperfecta, o defectuosa..." sin que la afecte tampoco el hecho de que sea breve y aún brevísima [Fallos: 240:160] o escueta, siempre que sea eficaz (cfr. De la Rúa, Fernando "El recurso de casación", Ed.

Zavalía, Bs. As, 1968)" (cfr. Sala I, causa "Soria" ya citada).

Ahora bien, al ordenar el decomiso del dinero, el tribunal valoró las circunstancias del caso, las condiciones personales de la imputada, la cantidad de moneda secuestrada, su situación económica, lo manifestado por ésta al prestar declaración indagatoria en cuanto a la renta mensual de 800 pesos como chofer de taxi y lo que surge del informe social de que es divorciada y madre de cinco hijos.

Cabe agregar que Acevedo reconoció su responsabilidad penal respecto del hecho delictivo de las presentes actuaciones y que fue condenada, tras un juicio abreviado a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo, como autora del delito de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización, en grado de tentativa (arts. 45 del C.P.; 863, 866 segundo párrafo y 871 del Código Cámara Nacional de Casación Penal Causa N° 13.060 -Sala II - "Acevedo, Albertina Andrea s/ recurso de casación " Aduanero).

Precisamente por la situación económica señalada no puede lógicamente suponerse que el dinero hallado en su poder proviniera de sus ahorros -o de otros medios lícitos- sino más bien que estaba dispuesta para ser usada en la comercialización de estupefacientes cuyo contrabando intentó. Esto encuentra aval en el hecho de que la condenada no cuenta con suficientes medios de vida, que la naturaleza del delito por el cual fue condenada es esencialmente económica, que se le decomisó moneda extranjera (euros) y que la salida del dinero tenía como destino un país donde ese tipo de moneda tiene curso legal, lo que conduce sin esfuerzo a la conclusión anticipada en el fallo recurrido.

Sentado cuanto antecede, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido, con costas.

Tal es mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría, RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación de la Defensa Pública Oficial (fs. 7/15) y, en consecuencia, anular el punto dispositivo VI de la sentencia recurrida (cuya copia certificada obra a fs. 1/6 vta. del presente incidente) en cuanto dispuso no hacer lugar a la entrega de dinero secuestrado de Albertina Andrea Acevedo, y reenviar la causa al Tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que se expone en la presente. Sin costas (arts. 471, 530 y 532, C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo.: Dres. Luis M. García, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci.

Ante mí: Gustavo Alterini.