marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, prisión preventiva, libertad, falta de prestación de servicios, retenciones salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSTAMANTE, OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

La Cámara desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor en cuanto peticionaba la reincorporación a sus tareas y el pago de salarios caídos durante el plazo de su suspensión, reparando inicialmente el Tribunal en que -en el marco del auto de procesamiento que se dictara sobre el agente en 1990 con prisión preventiva- de las constancias de la causa no se encontraba acreditado el reintegro del accionante dentro de los 2 días luego de que recuperara su libertad, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 8525, aludiendo asimismo los jueces a que resultaba extraño a la lógica y al buen sentido jurídico que quien había sido procesado en agosto de 1990 y suspendido de manera preventiva en enero de 1991 hubiera dejado pasar años para recién reclamar en agosto de 1994; y señalando, con apoyo doctrinario sobre la cesación de la relación de empleo y la forma de renunciar, que en el presente caso surgía extinguido el vínculo laboral haciendo notar la ausencia de producción de sus efectos típicos y de sus dos notas más salientes por cuanto el agente había dejado de prestar servicios y de percibir la remuneración correspondiente, puesto que en las actuaciones administrativas ya se había informado la retención de sus haberes desde mayo de 1990. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8525, artículo 78
Acción reivindicatoria, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfio Anzolone c/ Marciso Gaitan s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-11

En su carácter de propietario, el actor dirige su acción contra quien se encuentre en posesión del bien, legitimado así pasivamente como demandado, y es en este último recaudo legal donde se encuentra la dificultad de la pretensión en el marco de la acción posesoria intentada. Toda vez que corresponde la prueba de las condiciones de su acción al actor, debiendo este último demostrar no sólo su condición de propietario o titular del derecho alegado como el carácter del obligado, de acuerdo a lo establecido en el art. 2783 del Código Civil, y al principio procesal que deriva de la carga probatoria: actor incumbit onus probando. Por lo que el actor debe probar la posesión del demandado, en razón de constituir uno de los extremos de la acción de reivindicación... "si esta prueba no se produce, la demanda no puede prosperar...".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto, celeridad procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Establecimiento Delsel SCA s/ Es procedente la constitución de Tribunal plenario en los juicios   De amparo? (Expte. Nro. 292-89) -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-27

El artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial, es el que establece qué tribunal convocar a plenario reunida que sea la simple mayoría -instada a petición de parte litigante o requerida de oficio- que no es otro que la propia Sala de radicación de la causa, cuando se trate de caso concreto. Ello es importante porque no bien así sea entendido se advertir que no es necesario el procedimiento de acudirse a la presidencia de la Cámara solicitando la convocatoria y es excesivo que el resultado de la consulta previa a la que estamos avocados deba vertirse en un acuerdo de Cámaras que no difiere al fin en sus aspectos formales de los requeridos para el propio tribunal plenario. El ritualismo emergente también contrasta con los mejores anhelos de una justicia ágil y diligente.

Lo precedente se señala al solo y único efecto de que, ajustando el procedimiento a la normativa vigente, se logre una mayor celeridad en la producción del resultado que se pretende del instituto, en beneficio del mejor derecho de los justiciables a quienes a la postre están destinados todos nuestros desvelos. (Del Voto del Dr.

Genesio). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia de la constitución de un tribunal plenario en los juicios de amparo.
Excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Crespo, Oscar Julio c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad del Decreto 747-91  Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-13

La excepción de prescripción sólo es pertinente como de previo pronunciamiento cuando puede resolverse de puro derecho; "la defensa de prescripción sólo puede ser opuesta como de previo y especial pronunciamiento cuando sea de puro derecho, lo que implica.....que la naturaleza de la excepción sea tal que no medie ni exija discusión sobre el 'carácter de la acción de fondo que motiva el litigio'".
Recurso contencioso administrativo, Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, leyes, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRERA, ORFILIO EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 44 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Es procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor tendente a que la Provincia le abone la actualización de las sumas adeudadas en concepto de porcentajes de sueldos retenidos en razón de que se encontraba en "situación de pasiva", sin que le asiste razón a la Provincia al sostener que el reconocimiento de esa pretensión refiere a una deuda consolidada en los términos del artículo 14 de la ley 10.798 "y su cancelación se operará a la reglamentación aplicable según la naturaleza de la misma". Ello por cuanto dicha la deuda no puede considerarse incluida en el régimen de consolidación previsto en dicha ley, en tanto la Provincia reglamentó el modo de cancelar las deudas salariales e indemnizaciones derivadas de la relación de empleo público recién en el año 1996, mediante decreto 945; esto es, una vez expirada la vigencia de la ley 10.798, prorrogada por decreto 4.449/92, lo que obsta a la procedencia del planteo.
Facultades administrativas, graduación de la pena, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cablevisión S.A. c/ DNCI Disp 362/10 (Expte S01:0087373/08)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

Como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. Ello no obstante, no hay actividad de la administración ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, es decir, aún tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. Fallos: 304:721, 305:1489, 306:126), esta Sala, otra integración, Ballatore Juan Alberto c/ E.N. -M° de Justicia- s/ empleo público, 15.026/93, 13/06/96).
Derecho procesal, costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLUVIALMAR SA c/ FLUVIOMAR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Procede modificar el pronunciamiento sobre costas decidido por el a quo con base en que al devenir abstracta la cuestión principal, carecía de sentido establecer la procedencia o improcedencia de la pretensión de la actora, cuando la demandada -sea por la razón que fuere- cambió su denominación social y con ello la accionante consiguió ver realizado el objetivo que se propuso al entablar la litis, cual era obtener el cese de uso y cambio de la denominación social y comercial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ello por cuanto, ante la ausencia de un pronunciamiento que haya dirimido la cuestión de fondo y que atribuyera la condición de vencedora o vencida a alguna de las partes y ante la falta de certeza acerca de que la conducta de alguna de ellas haya motivado la promoción de las presentes actuaciones, aparece justo que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado. Es que si bien no se desconoce que, al haber decidido el cambio de su denominación social durante la tramitación del proceso, fue la parte demandada quien con su actuar motivó que la cuestión se declarara abstracta, sin embargo, se ha dicho que, el principio según el cual las costas deben ser impuestas a la parte cuyo comportamiento unilateral transformó en abstracto el diferendo, al hacer desaparecer el perjuicio cuya reparación pretendía la contraria, es aplicable siempre y cuando dicho comportamiento unilateral ulterior signifique o equivalga a una aceptación expresa o tácita, de la ilegitimidad de los actos cuestionados al iniciar el proceso, o cuando ellos hubieran sido declarados ilegítimos por jurisprudencia pacífica o uniforme; de modo tal que el hecho de dejarlos sin efecto implique admitir su invalidez (conf. CSJN, 25.11.2005, in re: "Lapa SA." precedentemente citado), extremos que no se presentan en el caso, donde, según lo manifestado por la accionada y de la documentación acompañada con esa presentación, el cambio de denominación social se produjo por cuestiones ajenas a este pleito, sin prueba de lo contrario, máxime que expresamente se ha manifestado que el planteo no constituía un allanamiento o reconocimiento de las pretensiones de la actora.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, juicio pendiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Piras de Sona, Ana c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro. B-66.272/2000 Amparo.L.A. N 45 F 61/64 N 25. inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro. B-66.272/2000 Amparo.L.A. N 45 F 61/64 N 25.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-02-14

El Superior Tribunal de Justicia se pronunció en la causa nro. 508/01, caratulada: "Recurso de inconstitucionalidad...Amparo: Sánchez Gerardino c/ Estado Provincial" en la que se dijo que el instituto del amparo tiene carácter excepcional, y que su apertura requiere de circunstancias muy particulares, resultando indispensable para su admisión que quien solicita esa protección judicial acredite en debida forma que se impone la inobservancia de las vías procesales ordinarias a fin de evitar un perjuicio grave. Asimismo se dijo que el amparista debió acudir al Tribunal en donde se encontraba radicada la causa principal en lugar de promover injustificadamente una nueva acción ante un órgano jurisdiccional distinto. Ello es así porque los jueces del proceso ya radicado son los que se encuentran en mejores condiciones para resolver el conflicto porque ya conocen todos los elementos de la causa, satisfaciendo de ese modo el principio de inmediación que se corresponde con el de celeridad exigible en todo proceso. Esta doctrina fue reiterada en la causa "Quispe c/ Estado Provincial".
Cosa juzgada, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Aurelio c/ Prezzavento, Antonio R. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

La estabilidad de la sentencia que tras un debido proceso atribuyó parte de la responsabilidad en el hecho a quien en otro juicio posterior demandó diversa decisión sobre el mismo hecho, se vincula con los valores de paz y orden social en la medida que constituye presupuesto ineludible de la seguridad jurídica. Tal decisión constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica y un bien incorporado al patrimonio justiciable que de ser negado por otra sentencia posterior implicaría violar el art. 17 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, acto administrativo, empleados de banco, nulidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAN CARLOS FIGUEROA c/ GOBIERNO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- PROCEDENCIA-    ILEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.    PERSONAL    DEL   INSTITUTO  DE  SERVICIOS  SOCIALES  BANCARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Si la alzada expuso razones suficientes para excluir la tacha de decisión ULTRA PETITA, es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el Pronunciamiento que declaró la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados por la actora y le reconoció el derecho a percibir la indemnización prevista en el estatuto para el personal del Instituto de Servicios Sociales Bancarios -según la modificación introducida por la resolución Nro. 282-71-sin que las objeciones de la recurrente traduzcan otra cosa que sus divergencias con el criterio del órgano jurisdiccional al respecto, inidóneas para tornar procedente la vía intentada; bien entendido que la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes son, en principio, materias propias de los jueces de la causa y extrañas al remedio del art. 14 de la ley 48.
Regímenes jubilatorios especiales, escribanos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Blasetti Eduardo Edgardo c/ Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Tanto los escribanos que realizan actividad genuina, como los enumerados en el art. 2 inc. c) de la ley 6983, son considerados destinatarios de la jubilación ordinaria reglada en ese capítulo, pues la ley no hace distinciones entre categorías o clases de afiliados. por lo tanto pueden realizar mayores aportes y así incrementar su haber por excesos de aportes tal como lo prevé el art. 39 de la citada ley.
Tenencia de armas de guerra, delito de peligro abstracto, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Wasiluk, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

La tenencia se configura por el solo hecho de poner en peligro la seguridad pública, tratándose de un delito de peligro abstracto, que se consuma con la sola acción de tener el objeto prohibido, cualesquiera que hubiesen sido las motivaciones del agente y con independencia de su empleo, y sin interesar si efectivamente se afecta o no el bien jurídico tutelado por la norma (Voto del Dr Tragant -en minoría-).
Empleo público, reincorporación al servicio, recurso de queja (administrativo), cesantía, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ALFONSIN, REYNALDO DANIEL c/ GCBA s/ RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar los agravios de la queja dirigidos, en último término, a cuestionar la sentencia de la Cámara que declaró nula la cesantía del agente con fundamento en que la sanción carecía de motivación suficiente, y resultaba desproporcionada a la luz de los hechos denunciados y la prueba producida en el expediente administrativo. Estas cuestiones resultan, en principio, ajenas al ámbito de revisión del recurso de inconstitucionalidad ya que involucran aspectos fácticos y de derecho infraconstitucional propios de los jueces de mérito y el GCBA recurrente no logra demostrar que la resolución que impugna carezca totalmente de fundamentación y no pueda sostenerse como pronunciamiento jurisdiccional válido, lo cual impone descartar la tacha de arbitrariedad. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Bello, Miguel Angel s/ Homicidio y lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Es improcedente el agravio por el que se denuncia la violación del art. 281 inc. 6º del Código de Procedimiento Penal por no haber valorado el sentenciante los dichos del imputado efectuados ante el Juez instructor, si la Cámara expresó que meritaba el relato ofrecido por el procesado ante el tribunal en la vista de causa y la prueba invocable según el citado art. 281.
Indemnización, admisibilidad de la petición
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kovalskys, Silvio y otra c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

Si el demandante pretende una indemnización reparadora de los efectos lesivos de una decisión cuya legalidad cuestiona, sin avanzar sobre otros espacios de tutela jurídica, ha ceñido así su pedimento, declinando de solicitar el restablecimiento de la situación subjetiva afectada. En suma, de la invalidez que predica del obrar municipal extrajo, meramente, las consecuencias que explicita en su reclamo, y las invocó para obtener la reparación patrimonial que persigue. Por ende, la declaración de ilegitimidad de la actuación u omisión administrativa ha de entenderse como fundamento que enmarca la pretensión indemnizatoria articulada (cfr. arts. 20 inc. 1° y 50 inc. 6°, ley 12.008, t.o. ley 13.101); situación que, sin dudas, respeta los márgenes de la admisibilidad del proceso administrativo.(doctor Genoud, sin disidencia)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montero, Pablo y otro c/ Croattini, Manuel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Cuando para la tarifación del daño se acude a las matemáticas no basta un mero cuenteo aritmético (la simple, mecánica multiplicación de una suma mensual por el número que le restaban de vida útil al muerto) sino la recurrencia a la matemática financiera. Sin embargo, estos cálculos solo brindan una pauta que, aunque importante, es menester conjugar con un ramillete de circunstancias e indicios que permiten esbozar una imagen de las relaciones económico-familiares y del impacto que en ellas produjo la muerte de uno de los integrantes del grupo.
Falsa denuncia, calumnias, concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal), desestimación de la querella, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: MARGALL COSTA, LUIS. s/ DENUNCIA CALUMNIOSA- CALUMNIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-29

1) El delito de denuncia o querella calumniosa desplaza al de calumnia.

2) Debe desestimarse la querella, por no haberse configurado el delito previsto en el art. 276 bis ni ningún otro, ya que las constancias de la causa son más que suficientes para concluir que el hecho denunciado no solo fue REAL, sino que razonablemente, por sus particularísimas características, pudo haberlo inducido la errónea creencia de que se trataba de una estafa.
Accidente de tránsito, cuestiones prejudiciales, indemnización por accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHO DE CAPELLANO ALICIA c/ VAZQUEZ OMAR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

La circunstancia de que en el proceso penal no se haya condenado al conductor del vehículo responsable del accidente de tránsito, no influye en modo alguno en la indemnización que se fije a la víctima en sede civil por el daño moral sufrido.
Resolución administrativa, motivación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: RAMUNI ARMANDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS.AS s/ DERECHO ADMINISTRATIVO-AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-18

Las normas de derecho administrativo vigentes exigen que la decisión administrativa deberá contener -para su validez- los fundamentos de hecho y de derecho que le acuerden sustento normativo idóneo; lo contrario significaría convalidar decisiones administrativas sustentadas sólo en la voluntad del funcionario que las adopte, en violación de garantías constitucionales y en perjuicio de los derechos particulares damnificados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, razonabilidad, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS Y CONSUMIDORES c/ COOPERATIVA LTDA. CONSUMO POPULAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

En punto a las tachas de arbitrariedad normativa articuladas, se aprecia que la argumentación de la quejosa no pasa de su fuerte discrepancia con el criterio expuesto por el A quo mas sin lograr persuadir, siquiera en el grado propio de este estadio, acerca de la decisiva irrazonabilidad achacada a la interpretación efectuada por la Cámara en torno a los alcances y límites de la ordenanza impugnada, en función de lo establecido por el decreto 3209/16, desde que en una mera aproximación a lo sustancial puede advertirse que el resultado al que arribaron los Sentenciantes se exhibe, en autos, como una solución posible y no desprovista de racionalidad, ya sea que se acuda a la directa aplicación del aludido decreto provincial con desplazamiento de la legislación municipal o bien a su integración analógica, careciendo en principio de idoneidad para ser revisada en la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055; máxime cuando dicha exégesis sobre un asunto que, tal como ha sido traído ante estos estrados, no se presentaba diáfano, ha venido a quedar consagrada -cabe acotarlo- en el texto actual de la citada norma municipal, mediante la ulterior modificación introducida por ordenanza 5109/18 y con expresa remisión al artículo 3 inciso b) del régimen aprobado por el decreto provincial 3209/16; derecho nuevo este que eventualmente podría utilizarse como guía hermenéutica del anterior, abonando el carácter posible u opinable del criterio adoptado por la Alzada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 3209/16; Ordenanzas 4859/16 y 5109/18 de la Municipalidad de Venado Tuerto.
Certificado de trabajo, intimación al empleador, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Galeano, Hermes Daniel c/ Transporte Malvinas S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

Si las intimaciones fueron cursadas en el mismo telegrama mediante el cual el trabajador se consideró despedido, resulta evidente que no se respetó lo exigido por el art. 80 LCT y sus decretos reglamentarios en cuanto a producir el emplazamiento con posterioridad a la disolución del vínculo, por lo que debe rechazarse la indemnización prevista en la norma citada.
Juicio sumarísimo, entidades deportivas
Materia: CIVIL
Carátula: Mendoza, Jorge Daniel c/ Club Atlético Ferrocarril Oeste s/ Sumarísimo (Art. 299 CPC y C). 299 CPC y C).
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-09

Podrá decirse que un jugador de fútbol se sometió al Reglamento General de la Liga Pampeana de Fútbol cuando se "fichó" para un club determinado; pero lo que no puede sostenerse es que se someta.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, procesos de ejecución, sentencia de trance y remate, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Deutsche Bank AG c/ Zapater Díaz Industrial y Comercial S.A. s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que desestimó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante el juicio hasta hacer íntegro pago al acreedor del capital reclamado.