Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-10


Buenos Aires, 10	de junio de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Fiscal de Cámara (Sur) interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 74/82) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que confirmó la decisión de la jueza de primera instancia que suspendió el proceso a prueba respecto del imputado, a pesar de la oposición fiscal (fs. 69/71 y 37/41, respectivamente).

2. La Cámara, por mayoría, admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 94/96).

3. El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención en el caso, sostuvo el recurso de inconstitucionalidad, solicitó que se hiciera lugar al mismo, se declarara la nulidad de la resolución judicial cuestionada y se continuara con la tramitación del caso (fs. 105/109).

Fundamentos	La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido por la mayoría de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF.

2. En primer lugar, cabe señalar que la cuestión que se discute en las presentes actuaciones se muestra sustancialmente análoga a la que ha sido resuelta -entre muchísimos otros- in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio de Pascual Aguilera, Miguel Ángel s/ inf. art(s). 189 bis CP'", expte. nº 9145/12, resolución del 20/11/13.

Al respecto, en el mencionado precedente la mayoría de este Tribunal -con su actual integración- ha sentado doctrina acerca de la controversia aquí propuesta y ha fijado su posición sobre el punto de una forma que torna descalificable sin más lo resuelto, a contrario sensu, por el tribunal a quo. En efecto, aun dejando a un lado mi postura sobre la entidad de los motivos que pueden tener trascendencia para que la fiscalía se niegue a la aplicación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, el flagrante desconocimiento de la negativa del fiscal que habría tenido lugar en el caso -que además se encontraba justificada concreta y razonablemente en las circunstancias de la causa, con arreglo a los matices que he remarcado en esta clase de asuntos (según mi voto, in re "Benavidez", expte. nº 6454/09, resolución del 8/09/10); y paralelamente con arreglo a los presupuestos de procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba (según mi voto in re "Álvarez", expte. nº 8981/12, resolución del 21/11/13)- llevaría, per se y por razones de estricta economía procesal, a hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad.

A su turno, resulta forzoso concluir que la solución contraria adoptada por el tribunal a quo en autos, que al margen de haber tomado conocimiento de la opinión de la mayoría de este Tribunal parece persistir con una postura que ya ha sido descalificada de manera reiterada, se muestra desprovista de apoyatura en nuevos argumentos que pretendan justificar adecuadamente el deliberado apartamiento de la jurisprudencia consolidada por esta instancia. En tales condiciones, esa resolución aparece infundada (Fallos 307:1094) y, por lo tanto, no se sostiene como acto jurisdiccional válido.

3. En segundo lugar, el Ministerio Público Fiscal ha reafirmado que en autos tiene un interés razonable en que se sustancie el juicio y ha justificado suficientemente que la particular inteligencia efectuada de los arts. 76 bis del CP y 205 del CPPCABA, que permitió a la Cámara otorgar la suspensión del juicio a prueba, sin contar con el consentimiento del acusador, igualmente se muestra descalificable, con arreglo a los diferentes matices que he tenido en consideración al resolver esta clase de asuntos.

En síntesis, del acta de la audiencia que resume la discusión referida a la solicitud de suspensión de juicio a prueba, formulada por la defensa, se desprende que la fiscalía se opuso al otorgamiento del beneficio, porque en función de "los antecedentes condenatorios del imputado (.) la pena ser[í]a de cumplimiento efectivo (.) lo que constituye un [primer] óbice [legal]". Por otra parte, el fiscal interviniente también manifestó que la imputación dirigida "debe ventilarse en juicio (.) [porque el sub examine se trata de] un caso de violencia doméstica, no fue un hecho aislado (.) [y considera que existe] un contexto de violencia". Asimismo, el fiscal continuó argumentado su negativa en que, sin perjuicio de que un "Juzgado Civil (.) de Familia (.) mantiene vigente una prohibición de acercamiento respecto de la víctima y los hijos en común (.) [y de la] gravedad de los [dos] hechos [de amenazas] imputados, (.) [e]n instantes previos a la [celebración de dicha] audiencia estando en el pasillo, (.) el imputado [supuestamente se habría acercado a la menor que había sido convocada para testimoniar en el juicio] (.) y a la víctima", con la aparente finalidad de intimidarla (fs. 37 vuelta y 38). A su vez, en su recurso de apelación, el fiscal interviniente volvió a remarcar que aquí "no se daban los requisitos de procedencia establecidos por la norma, dado que Violante registra un antecedente condenatorio del año 2010 (.)[; y asimismo] que la gravedad de las circunstancias que rodea[ro]n al hecho aún se encontraban latentes (.) [en tanto] en la ante sala del juicio (.), habiendo sido advertido por el suscripto y por la Sra. Asesora Tutelar que la disposición del Juzgado Civil estaba vigente (.) [él] hizo caso omiso de ello tomando contacto con la denunciante y [con] la hija menor de ambos, quienes (.) intentaron evitar el encuentro con el imputado (.) [y] estaban convocadas para declarar como (.) víctimas de sus acciones, lo que podría [implicar que éste] (.) buscaba apabullar a los testigos de la fiscalía" (fs. 43 vuelta y 44). Sin embargo, los distinguidos integrantes de la Cámara confirmaron la suspensión requerida por el imputado y otorgada por la jueza de grado. Para fundar su solución afirmaron que la "problemática a decidir gira en torno a la adecuada interpretación del art. 76 bis CP y se centra en la cuestión de si en supuestos en que los hechos imputados permiten subsumir el caso en las previsiones del párrafo segundo de la citada norma, devienen aplicables las exigencias previstas en el párrafo cuarto relativas a la posibilidad de afirmar que en caso de recaer condena (.) ésta sea de ejecución condicional y a la necesidad de contar con consentimiento del fiscal"; y concluyeron -con cita de varios precedentes de esa Sala II- "que la norma ha prescindido aquí de exigir los requisitos atinentes a la procedencia de la ejecución condicional de la pena y al consentimiento fiscal" (fs. 70 vuelta). 3.1. Ahora bien, las consideraciones hechas en extenso en los puntos 4 y 5 del precedente "Álvarez" (expte. nº 8981/12, resolución del 21/11/13), 2 y 3 de "Bisgarra" (expte. nº 10365/13, resolución del 13/08/14) y también 2 y 3 de "Yurquina" (expte. nº 10699/14, resolución del 03/09/14), a los cuales remito en homenaje a la brevedad, resultan suficientes para descalificar lo resuelto, a contrario sensu, por los integrantes del tribunal a quo. Ello es así, pues las circunstancias limitativas o presupuestos de procedencia que los integrantes del MPF denunciaron ausentes, para fundar su oposición a la suspensión en trato y para justificar el juicio de valor negativo a su viabilidad, eran motivos, de carácter legal y objetivo, más que razonables a los fines de dar apropiado sustento a su oposición. En esas condiciones, la probation que fue otorgada al imputado debe ser dejada sin efecto, porque el recurrente ha evidenciado que se ha soslayado su expresa, puntual y fundada falta de "consentimiento" (arts. 76 bis, CP, y 205, CPPCABA).

A propósito de esa discusión, insisto en dejar concretamente aclarado que en las oportunidades en las que debí expedirme en orden al alcance del beneficio de la suspensión del juicio a prueba previsto para la materia penal jamás efectué una distinción como aquella que se propone en la decisión del a quo, según la cual la postura del titular de la acción tendría importancia en algunos supuestos y no la tendría en otros. Por el contrario, invariablemente, he considerado que la opinión fiscal es sumamente relevante en el marco de un proceso estructurado sobre la base del sistema acusatorio y ella debe ser conocida por todos -para no soslayar la función esencial que le incumbe en esta materia-. Como lo he dicho en múltiples ocasiones el único parámetro para dar virtualidad o no a su oposición a una probation "es que existan y se den 'razones' relacionadas con el caso concreto (.) que permitan conocer, o, al menos, deducir, en qué consiste o se funda la conveniencia de que se sustancie el juicio -conveniencia que (.) algo habrá de explicar acerca de la situación puntual de un determinado sujeto, sobre las particularidades (.) en las que tuvo lugar un determinado suceso o acerca de la impertinencia de resolver el conflicto mediante una salida alternativa al juicio oral y público-. La eventualidad de que el fiscal promueva la realización de un juicio cuando lo crea ventajoso para los intereses generales que encarna, o su suspensión a 'prueba', no implica reconocerle facultades discrecionales que de cualquier manera excedan a las que ya tiene otorgadas (.) dentro de los procesos de naturaleza penal que tramitan en la jurisdicción local. En ese sentido, (.) [el MPF posee] cierto margen de discrecionalidad -(.) que se vincula con (.) los principios de oportunidad, objetividad y razonabilidad (..)- para definir el curso de acción que debe seguir (.) [el] proceso" (conforme mi voto in re "Estigarribia", expte. nº 6821/09, resolución del 13/10/10; entre otros).

3.2. A su turno, sin perjuicio del acierto o error de la convicción que ha guiado la actuación del Ministerio Público Fiscal, lo trascendente es que sus razones pueden ser calificadas como "opinables" según criterios personales, pero no pueden ser reputadas como insuficientes o desvinculadas con este caso concreto. En autos, el tribunal a quo ha reemplazado al acusador en su función, constituyendo aquella subrogación un desconocimiento del sistema acusatorio, del principio de imparcialidad y del debido proceso, que también lo ampara a aquél en el cumplimiento de las misiones que la ley y la CCABA le acuerdan. Las facultades que la Cámara niega a la fiscalía para oponerse a ese beneficio, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, han sido lisa y llanamente reivindicadas como propias por parte de sus integrantes sin dar una explicación sólida para ello y, en definitiva, han soslayado la función del titular de la acción priorizando la postura personal o estandarizada que la alzada sostiene sobre la viabilidad de ese beneficio a pesar de no contar con la necesaria conformidad de la fiscalía. Los fundamentos expuestos por los Fiscales intervinientes, por tanto, "sin más aditamentos, constituyen 'un obstáculo serio, razonado y suficiente' (.) para (.) otorgar el beneficio que se solicita, toda vez que importan una valoración procesal (.) de las características del delito (concreto) que aquí se le atribuye, valoración surgida a partir de un minucioso estudio del caso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal" ("Toledo", expte. nº 6534/09, resolución del 28/10/09); minucioso estudio que aun en el supuesto de que finalmente resulte exagerado encuentra justificación en razones de oportunidad o conveniencia político-criminal que le concierne a la acusación evaluar y que -a esta altura- tendrá que ser validado (o no) por los jueces de la causa, al momento de dictar la decisión que se expida sobre su mérito.

A mayor abundamiento, refuerza aún más mi convicción para resolver la cuestión de la manera propuesta, lo resuelto por la CSJN in re "Góngora". En efecto, en tal precedente el alto Tribunal se ha pronunciado en un sentido compatible con el propuesto. Las características de los hechos que se busca dilucidar en un debate oral ponen al descubierto que el conflicto ventilado en principio podría estar abarcado en la problemática de la violencia de género, doméstica o familiar; o, por lo menos, que ésa es la hipótesis que ha guiado la actuación de la Fiscalía. En tales condiciones, parece evidente, frente a la inexistencia de una explicación consistente, sobre el motivo por el cual en el caso concreto resultaba más apropiado eludir la sustanciación del juicio, que la probation avalada por el tribunal a quo resultaba inviable y así debió haber sido fallado, puesto que el entramado contexto fáctico que la Fiscalía intenta esclarecer mediante un juicio, en el marco del cual se recuerda intervendrán distintos involucrados merecedores de una especial protección jurisdiccional, tornaba materialmente inadmisible o por lo menos desaconsejable cualquier vía alternativa de resolución del conflicto.

4. Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la resolución en crisis y ordenar la continuación del trámite.	Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la analizada por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis, CP", expte n° 6454/09, resolución del 08/09/2010. Consecuentemente, por las razones allí dadas y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7909/11, resolución del 07/12/2011 -decisiones a las que me remito-, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

A su turno, ante la mención del fallo dictado por la CSJN in re "Acosta", que a fs. 71 el a quo invoca, corresponde señalar que la CSJN, al describir la interpretación que allí descartó por arbitraria, dijo que la sentencia impugnada había sostenido ".que la conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era vinculante y que '...al prever dicha figura en abstracto y en su máximo una pena de seis años de prisión, el beneficio se torna improcedente, pues supera el límite de tres años de prisión que impone el art. 76 bis, 1° y 2° párrafos del Código Penal'". En ese contexto, las referencias del máximo tribunal federal a un derecho a obtener una suspensión del proceso a prueba no pueden ser leídas con independencia de la circunstancia de que en el caso existía una voluntad fiscal favorable a la concesión del beneficio y que era el juez quien se había negado a otorgarlo con base en una interpretación de la ley que la Corte Suprema desechó por errada. Así las cosas, del precedente mencionado no puede extraerse una conclusión contraria a la aquí postulada (v. entre otros, el punto 8 de mi voto en "Porro Rey" ya citado).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Tal como sostuve en mi voto en el expte. n° 8981/12, "Álvarez, Diego Ariel s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas y art. 183, daños -CP (p/L 2303)- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 21/11/13, y en línea con lo que señala el Fiscal de Cámara en el recurso de inconstitucionalidad, a fs. 79/80, considero que en autos corresponde aplicar la lectura del art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que estableciera la CSJN en el caso "Góngora" según la cual: "entiende que siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados con la necesidad de establecer un 'procedimiento legal justo y eficaz para la mujer?, que incluya un ?juicio oportuno' (cf. el inciso 'f', del artículo citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente".

2. Voto en consecuencia por admitir el recurso de inconstitucionalidad y revocar lo resuelto por el tribunal a quo.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. El recurso articulado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 74/82) satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por la ley nº 402.

La decisión recurrida resulta equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que la suspensión del curso del proceso -pese a la oposición del acusador- contraría la continuación del trámite del expediente y conduce a la extinción de la acción penal, impidiendo al Ministerio Público Fiscal ejercer la pretensión sancionatoria. De este modo, no habrá otra oportunidad eficaz para que la recurrente haga valer sus razones constitucionales en torno a la invalidez de la suspensión del proceso a prueba decidida en el caso y pueda, de esta manera, llegar a disipar los agravios invocados de modo oportuno.

Por otra parte la recurrente logra plantear un legítimo caso constitucional al cuestionar la interpretación realizada por los jueces de la causa respecto de la normativa aplicada al caso -arts. 76 bis del CP y 205 del CPPCABA-, al hallar lesionadas en el sub examine aquellas reglas constitucionales que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (arts. 13.3, 124 y 125, CCABA).

2. El progreso de la pretensión esgrimida por la recurrente exige determinar la correcta inteligencia atribuible a diversas reglas constitucionales (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA) a fin de establecer si la interpretación formulada por la Cámara de la legislación infraconstitucional cuestionada las respeta.

Conforme aquellas previsiones, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3, CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. arts. 124 y 125, CCABA).

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPPCABA).

La titularidad de la acción penal lleva implícita su discrecionalidad, toda vez que no podrá concebirse dicha potestad si el fiscal careciera de facultades para tomar decisiones sobre su ejercicio.

3. El instituto debatido en autos y reglamentado por el código procesal penal local debe ser interpretado y aplicado a la luz de los lineamientos enunciados como rectores del sistema jurisdiccional local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA).

En lo que aquí importa, el artículo 76 bis del CP, cuarto párrafo, establece que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio" (el destacado me pertenece).

Por su parte el artículo 205 del CPPCABA complementa el artículo mencionado en lo relativo a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el ámbito local, estableciendo que "la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. Contra la decisión no habrá recurso alguno".

A la luz de lo expuesto, si bien compete al juez la facultad para otorgar la suspensión del proceso a prueba, el juicio de oportunidad acerca de la conveniencia de continuar o no con la persecución penal recae sobre el Ministerio Público Fiscal, representando su conformidad una condición necesaria para que pueda proceder dicho instituto.

En virtud de ello, el modo en que ha quedado resuelta la cuestión por el a quo configura un manifiesto exceso jurisdiccional. En un proceso organizado bajo el esquema acusatorio -en el cual los fiscales tienen la potestad acusatoria y los jueces la función jurisdiccional-, la interpretación formulada por los magistrados no se acomoda a las previsiones constitucionales que deben regir la materia debatida en autos.

Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relación con el instituto aplicado, exceden aquellas que la ley procesal y la CCABA establecen. Los magistrados reemplazan con su actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso.

La norma de fondo puntualmente exige el consentimiento expreso por parte del Ministerio Público Fiscal para otorgar la suspensión del juicio a prueba (cf. art. 76 bis del CP), sin que pueda suplir dicho requisito la falta de fundamentación de la oposición efectuada por el agente fiscal.

En definitiva, la pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto, implica su reemplazo, provocando la alteración de roles de los actores del proceso y lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas.

4. Por último corresponde hacer notar que la sentencia de la Sala II desconoce abiertamente la jurisprudencia de este Tribunal en "Incidente de apelación en autos Meta, José s/ infr. ley 13.944 (incumplimiento a los deberes de asistencia familiar) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9429/12, resolución del 20/11/2013; "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. n° 6454/09, resolución del 08/09/2010, entre muchas otras. El principio de economía procesal debe guiar la actuación de los tribunales y, tal como es doctrina de nuestra Corte, los tribunales inferiores tienen el deber moral de seguir los lineamientos fijados por los tribunales máximos, con excepción del supuesto en que los primeros aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por estos últimos ("Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", sentencia de fecha 4 de julio de 1985), lo que no ocurrió en el sub judice. En efecto, los fundamentos aportados por la Sala II no son adecuados ni suficientes para apartarse de la doctrina del TSJ.

5. Por lo dicho, corresponde: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la sentencia recurrida y c) dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba dispuesta en autos y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las precedentes consideraciones.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido y corresponde revocar la sentencia recurrida y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba dispuesta en autos, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable.

Sin perjuicio que la interpretación de las leyes es una atribución propia de los jueces, entiendo que la misma debe ajustarse a los criterios que, con relación al instituto bajo consideración, ha sentado el Tribunal, salvo en caso de que se aporten nuevos argumentos que puedan conducir a la revisión del criterio expresado por este Estrado. En atención a la consideraciones expuestas en mi voto, in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos Estigarribia, Federico Milcíades y otro s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6821/09, resolución del 13/10/2010, entiendo que las postulaciones efectuadas por los jueces de mérito no son suficientes para neutralizar el planteo del Ministerio Público Fiscal en su pretensión de proseguir la tramitación de la causa.

Así lo voto.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 74/82), revocar la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF del 11/08/14 y dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.