Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-28


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 28 de 2009.

El doctor Emilio Lisandro Fernández dijo:

I.- Llegan las actuaciones a ésta alzada con motivo del recurso de apelación que deduce la Administración Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia de fs. 66/69 y su aclaratoria de fs. 71.

II.- La recurrente, en la expresión de agravios que luce a fs. 94/95, plantea la nulidad de la sentencia. Sostiene que tanto la parte resolutiva como las consideraciones en que se aquélla se apoya no guardan relación con la materia del litigio. Refiere que la prueba analizada corresponde a la producida en otra causa que tramita ante el mismo juzgado y que el vicio de incongruencia del pronunciamiento apelado -que reconoce el carácter diferencial de supuestos servicios prestados por el actor para el Frigorífico Libertad y la Murciana S.A.- en modo alguno se ve subsanado con el posterior dictado de la aclaratoria de fs. 71, pues éste remedio no resulta idóneo para suplir la falta total de elementos de hecho y fundamento de derecho en la decisión.- III.- El recurso de apelación deducido, que comprende al de nulidad por defectos de la sentencia conforme el art. 253 del código de rito, resulta procedente.

Existe, en efecto, una manifiesta falta de correspondencia entre lo que dispone la sentencia y la pretensión del actor. La primera carece, en los términos del art. 163, incs. 3º y 4º C.P.C.C.N., de la lisa y llana consideración de la cuestión que constituye el objeto del juicio, sobre el cual las partes controvierten el carácter de los servicios prestados bajo relación de dependencia por el actor en las empresas "Agua y Energía Eléctrica S.E." y "E.D.E.M. S.A." desde el 1º de junio de 1974 al 31 de mayo de 1981 y del 1º de agosto de 1998 al 12 de agosto de 2003 (con excepción del mes de abril del 2002), respectivamente.

Por ello, corresponde decretar la nulidad de la sentencia obrante a fs. 66/69 y de la providencia aclaratoria que la complementa, para abocarse al tratamiento del fondo del asunto, pues no se observan vicios en la secuela procesal habida en origen con anterioridad al dictado del pronunciamiento definitivo (cf. art. 253, segundo párrafo).

IV.- El artículo 1º del decreto 937/74 fija requisitos diferenciales para el acceso a la jubilación ordinaria del personal ocupado en empresas prestatarias de servicios eléctricos que trabaje directa y habitualmente en las tareas detalladas en sus seis incisos.

La cuestión controvertida en autos refiere a la naturaleza del desempeño laboral del actor durante dos períodos no consecutivos en empresas de la actividad comprendida en el decreto citado. La resolución de aquélla gravita en torno al material probatorio colectado, al que paso a aludir:

a) Agua y Energía Eléctrica S.E.: De las constancias del expediente administrativo, surge a fs. 9 que la empresa certifica el carácter diferencial de los tareas desarrolladas por el actor desde el 1º de junio de 1974 hasta la fecha de transferencia de los servicios a la Provincia de Mendoza (31/V/1981; cfse. cert. cesación de servicios a fs. 10) y los encuadra en el art. 1º inc. c) del decreto anteriormente citado. Asimismo, a fs. 12 obra el certificado complementario de servicios diferenciales, en el cual se describe que el actor revistaba durante el período controvertido la categoría de medio oficial. Por otra parte, del expediente de verificación nº 024-23-08270978-9-555-1 agregado al administrativo principal, se desprende que el actor a partir del primero de junio de 1974 fue destinado al sector de inspección de medidores de la divisional Mendoza y que permaneció en dicho puesto hasta el 1º de abril de 1980, fecha en la que fue transferido al sector de distribución de redes aéreas (cfse. planillas de movimiento de personal obrante en el legajo personal del actor y adjuntadas al expediente por el verificador de la ANSeS, que lucen a fs. 11/21).

b) E.D.E.M.S.A.: A fs. 17/18 del expediente administrativo corre la certificación de los servicios prestados por el actor durante el período controvertido con carácter privilegiado (Dec. 937/74, Art. 1º). Por su parte, en el expediente anexo de verificación de los servicios lucen varias planillas en las que se efectúa una descripción detallada de las funciones y tareas que involucraban los diversos cargos que ocupara el actor durante la vigencia de la relación laboral. La constancia de fs. 23 apunta que el accionante se desempeñó en el cargo "Guardia Reclamos Especial" desde el 1/VI/1981 al 14/VI/1987, el cual se desarrollaba bajo un "turno rotativo con cambio de frecuencia laboral c/semana, turnos mañana, tarde o noche" con "...alternancia de tareas..." que implicaban "trabajo[s] a más de cuatro metros en altura o profundidad sobre escaleras" consistentes en el "...mantenimiento o reparación de redes aéreas y subterráneas de baja y media tensión...". Con posterioridad, ocupó los cargos de "Oficial de oficio" (del 15/VI/1987 al 31/VIII/1991; fs. 22), "Oficial Especializado Operaciones" (del 1/IX/1991 al 31/VII/1998 bajo la grencia GDV, área distribución [fs. 21] y del 1/VIII/1998 al 12/VIII/2003 bajo la gerencia técnica [fs. 24]), prestando funciones similares a las supra descriptas. Finalmente, al presentar un recurso de reconsideración que hasta la fecha no fue resuelto por el ente previsional, el actor adjunta una serie de recibos en los que se consigna la frase "T. Diferencial Dcto 937/74".

V.- De los elementos obrantes en las actuaciones administrativas, sumados a las declaraciones testimoniales producidas en sede judicial (fs. 46/49), se colige que el actor se ha desempeñado ininterrumpidamente a lo largo de su vida laboral en la empresa prestataria de servicios eléctricos sita en la provincia de Mendoza, la cual sufrió sucesivas variaciones en su denominación: Agua y Energía Eléctrica -Sociedad del Estado, Energía Mendoza Sociedad del Estado y E.D.E.M.S.A.

En función de ello, observo que la resolución administrativa impugnada se sustenta exclusivamente en el escueto dictamen jurídico que luce a fs. 69. Éste considera que los informes de verificación producidos no demuestran en forma clara y determinante la insalubridad pretendida. Empero, la valoración efectuada por el ente previsional no justifica debidamente la adopción de la tesitura contraria con relación a la documentación correspondiente al período de tareas comprendido desde el 1 de junio de 1981 hasta el 31 de julio de 1998, máxime cuando el actor se mantuvo durante el desempeño posterior en similares categorías laborales. En efecto, la certificación de servicios emanada de Energía Mendoza Sociedad del Estado consigna los cargos de oficial de oficio y oficial especializado de operaciones, denominaciones equivalentes a las correspondientes a las tareas prestadas por el actor desde el inicio de su relación laboral con EDEMSA.

Asimismo, la continuidad en la empresa mencionada, más allá del cambio en su denominación, tornaría operativa la regla establecida por la propia administración en materia de prueba de los servicios diferenciales posteriores al 1/7/1994 en el anexo I de la Resolución S.S.S. 46/00, la cual determina que "...si el afiliado acreditó la insalubridad de acuerdo a lo establecido en el punto correspondiente a los períodos anteriores al 01/07/94, y continuando con el mismo empleador acreditó la relación laboral con posterioridad a Julio del año 1994, se considerará acreditada la insalubridad de la totalidad del período en cuestión" (criterio de valoración mantenido por la Resolución ANSeS 524/08, vigente en la actualidad).

Por otra parte, las escuetas denominaciones de las funciones cumplidas por el actor en Agua y Energía S.E. a partir de junio de 1974 (inspección de medidores) y la detallada descripción de la tareas realizadas para EDEMSA (trabajos en altura, mantenimiento y reparación de redes de media y baja tensión) encuadran en el tipo legal descripto en los incisos c) y d) del art. 1º del decreto 937/74, resultando inadmisible la defensa formulada en la contestación de la demanda en torno a la falta de aportes diferenciales, por cuanto el art. 3º del citado decreto determina una alícuota coincidente con la exigida en el régimen común.

VI.- Sentado lo anterior y a tenor del prorrateo efectuado a fs. 57 y del cómputo ilustrativo de fs. 61, realizado por la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a la que se encontraba afiliado el actor, cabe concluir que éste reunía los requisitos legales para acceder a las Prestaciones Básica Universal, Compensatoria, Adicional Por Permanencia y Jubilación Ordinaria, razón por la cual corresponde fijar la fecha inicial de pago de la jubilación al 10 de diciembre de 2003.

Habida cuenta de que el acto administrativo impugnado no emana de la A.F.J.P. codemandada, corresponde rechazar la demanda contra ella enderezada, atento su falta de legitimación pasiva.

Por otra parte, cabe tener en consideración que la ley 26.425 eliminó el régimen de capitalización, disponiendo su absorción y sustitución por el régimen previsional público (art. 1º) y determinó la transferencia de pleno derecho a la ANSeS de los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios (art. 7º), razón por la cual corresponde precisar que el ente previsional deberá considerar la incidencia del componente privado en la determinación del haber jubilatorio y en el pago de las diferencias retroactivas resultantes.

VII.- Por lo expuesto, voto por: 1) Decretar la nulidad de la sentencia de fs. 66/69 y de su aclaratoria de fs. 71; 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Pedro Luis Mallea contra la ANSeS y revocar el acto administrativo impugnado; 3) Reconocer el carácter diferencial de los servicios prestados bajo relación de dependencia por el actor en las empresas "Agua y Energía Eléctrica S.E." y "E.D.E.M.S.A." desde el 1º de junio de 1974 al 31 de mayo de 1981 y del 1º de agosto de 1998 al 12 de agosto de 2003 (con excepción del mes de abril del 2002), respectivamente y condenar a la Administración Nacional de Seguridad Social a otorgar el beneficio previsional solicitado a partir del 10 de diciembre de 2003, debiendo la condenada considerar la incidencia del componente privado en la determinación del haber jubilatorio y en el pago de las diferencias retroactivas resultantes; 4) Rechazar la acción enderezada contra Futura A.F.J.P.; 5) Imponer las costas generadas en ambas instancias en el orden causado (art. 21, ley 24.463); 6) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 12% del monto de las diferencias retroactivas resultantes de la condena, cantidad a la que deberá adicionarse el I.V.A. en caso de corresponder y dejando a salvo el mínimo arancelario (6, 7, 8, 13 y conc. de la ley 21.839, mod. por ley 24.432).

Los doctores Luis René Herrero y Nora Carmen Dorado dijeron:

Por compartir sus fundamentos, adherimos al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1) Decretar la nulidad de la sentencia de fs. 66/69 y de su aclaratoria de fs. 71; 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Pedro Luis Mallea contra la ANSeS y revocar el acto administrativo impugnado; 3) Reconocer el carácter diferencial de los servicios prestados bajo relación de dependencia por el actor en las empresas "Agua y Energía Eléctrica S.E." y "E.D.E.M.S.A." desde el 1º de junio de 1974 al 31 de mayo de 1981 y del 1º de agosto de 1998 al 12 de agosto de 2003 (con excepción del mes de abril del 2002), respectivamente y condenar a la Administración Nacional de Seguridad Social a otorgar el beneficio previsional solicitado a partir del 10 de diciembre de 2003, debiendo la condenada considerar la incidencia del componente privado en la determinación del haber jubilatorio y en el pago de las diferencias retroactivas resultantes; 4) Rechazar la acción enderezada contra Futura A.F.J.P.; 5) Imponer las costas generadas en ambas instancias en el orden causado (art. 21, ley 24.463); 6) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 12% del monto de las diferencias retroactivas resultantes de la condena, cantidad a la que deberá adicionarse el I.V.A. en caso de corresponder y dejando a salvo el mínimo arancelario (6, 7, 8, 13 y conc. de la ley 21.839, mod. por ley 24.432). - Nora Carmen Dorado. - Emilio Lisandro Fernández. - Luis René Herrero.