Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11


SENT.DEF.Nº 19172	EXPTE.Nº 43.368/2009 (28.175) JUZGADO Nº 65	SALA X AUTOS: "ALTINIER CRISTIAN DANIEL C/ CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA Y OTRO S/ DESPIDO".

Buenos Aires, 11/11/2011	El Doctor ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante anterior, luego de analizar las pruebas producidas en autos, hizo lugar a la demanda por entender que el actor fue contratado por la Cooperativa demandada y fue proporcionado a la codemandada Coto CICSA a prestar tareas de vigilancia y seguridad y, consecuentemente, condenó a esta última como empleadora directa del trabajador y, a la primera, en forma solidaria en los términos de lo dispuesto por el art. 29, 1er. y 2do. párrafo de la L.C.T. (ver pronunciamiento de fs. 433/455)	Dicha resolución motivó los agravios de las partes actora a tenor del memorial obrante a fs. 484, demandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Ltda. a fs. 468/483 y codemandada Coto CICSA a fs. 456/463, mereciendo éstas últimas réplica de su contraria a fs. 489.

Se agravia la parte actora respecto de los honorarios regulados a su representación, por considerarlos reducidos.

Por su parte, la demandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada se queja, en definitiva y más allá de todas las manifestaciones efectuadas, por la valoración que hiciera el "a quo" de las pruebas rendidas en autos, al considerar que su parte recurrió fraudulentamente a la figura de la cooperativa de trabajo para encubrir una relación laboral. También lo hace, respecto de la decisión del sentenciante por la que desestimó la fijación de la audiencia de conciliación solicitada oportunamente.

Por último, hace lo propio la codemandada Coto CICSA porque el magistrado de grado puso en cabeza de la demandada la carga de probar que no existió una situación de fraude, siendo -según sostiene- un hecho alegado por el actor y, porque consideró a su parte como verdadera empleadora de éste último en los términos de lo dispuesto por el art. 29, 1er. párrafo de la LCT, condenándola a abonar las indemnizaciones de ley. Asimismo, se agravia respecto de la procedencia de los incrementos indemnizatorios previstos por los arts. 2 de la ley 25.323, 45 de la ley 25.345 y por la tasa de interés fijada en origen. Por último, apela los honorarios regulados en la instancia anterior a todos los profesionales intervinientes y peritos, por considerarlos elevados.

Por una cuestión de estricto orden metodológico, trataré en primer término los agravios de la accionada Cazadores Cooperativa de Trabajo Ltda..

Llega firme a esta alzada el hecho que el actor fue destinado por la cooperativa demandada para prestar servicios de seguridad y vigilancia -tareas que constituyen el objeto social de aquélla- en la empresa Coto CICSA, por lo que resta dilucidar si el trabajador lo hizo en su calidad de socio de la misma mediando una relación de tipo asociativo como la contemplada por la ley 20.337, tal como pretende la accionada, o si existió una relación laboral en los términos de lo dispuesto por el art. 29 de la LCT.

Así expuesta la cuestión y luego de evaluar, a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. art. 386 C.P.C.C.N.), las probanzas arrimadas a la causa, me anticipo a señalar que, en lo principal, le asiste razón a la demandada en su planteo.

Me explico. En primer lugar, si bien coincido con el sentenciante de grado en cuanto a que reconocida como está la prestación de servicios del actor a favor de la demanda Cazadores, pesaba sobre ésta -en virtud de la presunción que emana del art. 23 de la LCT- la carga de acreditar que el vínculo que las unía era del tipo asociativo conforme lo dispuesto por la ley 20.337 y que dicha prestación lo fue en condición de socio cooperativo -tal como lo fuera denunciado en el conteste-, lo cierto es que, tal como se desprende de las constancias de autos y a diferencia de lo sostenido en el pronunciamiento de grado, entiendo que la accionada ha logrado probar dicho extremo, desvirtuando la presunción que operaba en su contra (art. 377 CPCCN). Tampoco encuentro acreditado que las labores que cumplió el actor en Coto CICSA hubieran sido ajenas al marco de su condición de asociado a dicha cooperativa (ver solicitud de ingreso de fs. 90 y actas de capacitación de cooperativismo de fs. 91/93, recibos de anticipos de retorno, reconocidas a fs. 264).

Nada avala -y de hecho, ningún elemento arrimó el reclamante-, para mostrar que la mencionada cooperativa, que está legalmente constituida y debidamente autorizada a funcionar desde el año 1992 (ver informativa del Ministerio de Desarrollo Social Nacional de Asociativismo y Economía Social a fs. 245 y pericial contable a fs. 336vta., pto. a), y en la que el accionante figura registrado en el Libro de Registro de Asociados (ver informe contable de fs.336vta., pto.b), en la cual se realizaban las asambleas anuales (fs. 337, pto. d y ver declaraciones de Feola -fs. 340-, Sosa -fs. 348/349-, Tito -fs. 354/355 y Canedi -fs. 355/357-), y prestó servicios de los previstos en el estatuto -a saber: vigilancia- (conf. art. 5 a fs. 226vta.), percibiendo por ello el pago de retornos a cuenta de resultados de balance por montos variables (ver fs.107/118), encubrió una vinculación fraudulenta o la realización de actos no cooperativos en los términos de los arts. 4 y 5 de la ley 20.337; o dicho de otro modo, que hubieran respondido a una causa jurídica laboral.

Nótese, que los testigos que declararon a instancias de la demandada (Feola, Sosa, Tito y Canedi) resultan contestes en cuanto a que el actor revestía condición de socio dentro de la cooperativa, que realizaba tareas de vigilancia conforme su objeto social en Coto CICSA, que le abonaban anticipos de retorno por la cantidad de horas que realizaba y que se depositaba en caja de ahorro, que se efectuaban asambleas todos los años de las cuales tomaban conocimiento los asociados firmando una planilla o memorandum; sin que los testimonios de Lezcano, Muchoff y Vallejo Gomez logren desvirtuar las sólidas y contundentes declaraciones de quienes revisten también la condición de asociados de la cooperativa referida, toda vez que se trata de personas que no pueden dar cuenta de los términos del tipo de relación ya que dos de ellos (Lezcano y Vallejo Gomez) lo que refieren del actor lo saben por comentarios, y el otro, de verlo en Coto CICSA cuando iba a comprar (arts. 90 LO y 396 del CPCCN).

En este sentido, es dable destacar que, en el thema decidendum la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada y otros" de fecha 24/11/2009 (L.15.XLII) dejó sentada su posición en cuanto parte de la premisa de considerar que no todas las cooperativas son constituídas de manera fraudulenta y que, además, cuando las cooperativas se encuentran regularmente constituídas y funcionan conforme la ley 20.337 y las normas del INAES (antes INAC), no se configura relación laboral alguna sino tan solo la de asociado, remitiéndose a distintas resoluciones -a saber: Res.183/92 del INAES, Res. 784/92 del ANSES, decreto 2014/94 y Res.Gral. 4328/97 de la DGI- criterio que resulta aplicable al caso por razones de respeto y envestidura del más Alto Tribunal.

En otras palabras, aún cuando se haga jugar en beneficio del reclamante la presunción del art. 23 L.C.T. (to) -derivada del hecho de la prestación de servicios-, y se aprecien los hechos desde esa óptica, lo cierto es que ello opera en tanto que por las circunstancias o causas que lo motiven no se demostrase lo contrario, como ocurrió en este caso, porque los elementos antes reseñados muestran que la prestación de Altinier obedeció a una causa extralaboral (acto cooperativo).

El hecho que las tareas del actor hayan sido prestadas para un tercero, en nada obsta a su condición de socio como tampoco llevan a considerar que dichos actos no sean de los denominados por el art. 4 de la ley 20.337 (actos cooperativos), toda vez que el art. 5º de la citada normativa expresamente establece que las cooperativas ".pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen en su propósito de servicio.", tal como se dio en el caso de autos.

A mayor abundamiento, es dable destacar que las tareas descriptas en el objeto social de la Cooperativa (ver art. 5, fs. 226vta.) no permiten suponer "per se", que la misma loca los servicios de sus asociados a terceros para realizar tareas propias de los contratistas, en los términos del Decreto 2015/94.

Desde esta perspectiva ninguna disposición de la Ley de Contrato de Trabajo le es aplicable a dicho vínculo, y en esas condiciones, corresponde rechazar la demanda interpuesta en todas sus partes.

En estas condiciones, resulta abstracto el tratamiento de los agravios vertidos por la codemandada COTO CICSA.

De acuerdo a lo resuelto precedentemente y de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios establecidas en origen.

En este sentido, sugiero imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de la cuestión debatida y la manera de resolver (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN).

Tratándose de un rechazo de demanda, encuentro razonable regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada, codemandada Coto CICSA y perito contador -por los tareas desempeñadas en origen-, en el 11%, 16%, 16% y 7% a calcularse sobre el 50% del monto reclamado, excluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57) y, por su actuación en esta alzada, propongo regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y codemandada Coto CICSA, en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Revocar la sentencia recurrida en lo principal que decide y rechazar la demanda interpuesta contra Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y Coto CICSA en todas sus partes; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de la cuestión debatida y la manera de resolver (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada, codemandada Coto CICSA y perito contador -por los tareas desempeñadas en origen-, en el 11%, 16%, 16% y 7% a calcularse sobre el 50% del monto reclamado, excluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Regular los honorarios correspondientes a la labor desarrollada en esta instancia por la representación letrada de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y codemandada Coto CICSA, en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Doctor DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Doctor GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia recurrida en lo principal que decide y rechazar la demanda interpuesta contra Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y Coto CICSA en todas sus partes; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento la índole de la cuestión debatida y la manera de resolver (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada, codemandada Coto CICSA y perito contador -por los tareas desempeñadas en origen-, en el 11%, 16%, 16% y 7% a calcularse sobre el 50% del monto reclamado, excluidos los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57); 4) Regular los honorarios correspondientes a la labor desarrollada en esta instancia por la representación letrada de las partes actora, codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y codemandada Coto CICSA, en el 25%, a cada uno respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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