Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18


2º Instancia.- Mar del Plata, setiembre 18 de 1997.

1º¿Es justa la resolución? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Dalmasso dijo:

I. A fs. 5321/5324vta. el magistrado de 1º instancia decide efectuar un pago a cuenta -de $100 a cada uno de los acreedores laborales incorporados al pasivo falencial, estableciendo la mecánica a utilizar para llevar a cabo dicha operación. Asimismo, rechaza la homologación de los pactos de cuota litis celebrados por el doctor Lapadula y los acreedores laborales que representa, sin perjuicio de ordenar reservar el 20 % de la cifra correspondiente a cada giro hasta tanto su decisorio adquiera firmeza.

A fs. 5388 el juez de grado manda ratificar por todos y cada uno de sus presentantes la identidad que, considera, debe existir entre el escrito que provee y las planillas que se acompañan.

El primer decisorio es apelado a fs. 5390 y el segundo a fs. 5412, y habiendo sido ambos recursos denegados a fs. 5391, el doctor Lapadula articuló a fs. 5504/12 recurso de queja, el que fue parcialmente admitido por esta Alzada a fs. 5514/15, haciéndose lugar al primero de los remedios y manteniendo la desestimación del restante, lo que lleva ahora a tratar aquél.

Su fundamentación luce a fs. 5520/27. En la misma el interesado critica las partes del fallo que impugna, reseñando el origen de su pretensión y, apoyándose en diferentes argumentos, solicita su revocación.

Expresa en principio que tres de sus créditos son producto de una sentencia laboral -las carátulas de cuyas respectivas causas informa, extremo que hace perder trascendencia a la afirmación genérica que en sentido opuesto formula el a quo, razón por la cual los pactos de cuota litis habidos con los actores de cada uno de esos pleitos debieron ser homologados.

Señala luego que el resto de los pactos se encuentran indefectible e ineludiblemente ligados al cumplimiento de los trabajos y gestiones que se le encomendaran como profesional -v. gr. iniciar y proseguir hasta su terminación las acciones que competan por cobro de remuneraciones..., y destacando que la verificación de la totalidad de créditos de sus mandantes fue el resultado de su intervención en el proceso, infiere que aquellos poderes llevan implícita la facultad para verificar o intervenir en esta quiebra, lo que desnaturaliza la deducción en contra llevada a cabo por el Magistrado preopinante.

Brinda luego un análisis del camino seguido por los titulares de créditos de naturaleza laboral -tanto desde la óptica de la ley 19.551 como de los artículos de la ley 24.522 aplicables al caso y entendiendo haber dado cumplimiento a las requisitorias impuestas por el art. 4º de la ley 8904 y 277 de la ley de contrato de trabajo, deduce que los poderes adjuntados son válidos y suficientes para actuar en el proceso falencial y los pactos celebrados conforme a derecho.

Expresa que el pacto de cuota litis es un acto de disposición mediante el cual el trabajador reconoce que abonará a su letrado un porcentaje de un capital eventual que tiene a percibir; un acuerdo suscripto entre las partes aludidas -mandantes y profesional en virtud del cual se establece como honorario una cuota parte determinada del objeto del litigio; y citando doctrina y jurisprudencia que, entiende, apoya su teoría, concluye que no corresponde más que ordenar su homologación, máxime cuando los mismos han sido ratificados por los mandantes, quienes han prestado conformidad con la retención del porcentaje estipulado y consentido expresamente la extracción de las sumas retenidas en autos por parte de su apoderada.

Con sustento en la circunstancia de que, a los fines de elaborar su dictamen, el juez preopinante informa que consultó a los doctores Garagusso y Moriondo -como representantes del instituto de Derecho Comercial y Concursal, y al doctor Games, quienes son y fue respectivamente apoderados de la fallida, entiende que tal actitud constituye un vicio de juzgamiento solo susceptible de corregirse por el decreto de nulidad del auto atacado, lo que así deja solicitado.

Por razones de mejor orden procesal estimo adecuado tratar primero el último de los agravios articulados por el memorialista.

II. Nulidad. Mas allá de las condiciones intelectuales que sobre cuestiones relacionadas con la materia en tratamiento, puedan ostentar los doctores Garagusso, Moriondo y Games, su carácter de letrados profesionalmente vinculados a la fallida constituía un obstáculo que impedía la posibilidad de su consulta para decidir un tema respecto del cual poseían interés.

Estoy persuadido -por las calidades morales y éticas que adornan a los mencionados doctrinarios que la evacuación de las inquietudes que el Magistrado de la otra instancia pueda haberles inconvenientemente planteado, debió llevarse a cabo con prescindencia de todo beneficio personal y en el exclusivo marco de la teoría jurídica aplicable al punto propuesto, pero la circunstancia "supra" apuntada descalifica, en este especial supuesto, sus opiniones como elementos fundantes de lo aquí resuelto.

Ello no obstante debo dejar sentado que, no siendo lo expuesto el único argumento en el que el primer juzgador sustenta su criterio, haciendo abstracción del mismo permanecen enhiestos los restantes, que vertebran suficientemente el pronunciamiento en crisis, y es tomando en consideración solo estos últimos que deberá resolverse la apelación articulada, lo que lleva a desechar la nulidad reclamada (argto y doctr. art. 34, inc. 4º, inc. 5º, apart. "e", 36, incs. 1º, 253 y concs., Cód. Procesal Civil).

III. La resolución en revisión expresa, entre otros párrafos "... que en ningún caso el letrado que celebra un pacto de cuota litis con un acreedor laboral es acreedor del concurso o de la quiebra y por ende nada debe el juez retener para que éste lo perciba allí" (sic, fs. 5323, párr. 2º); y que los honorarios de un letrado por el ejercicio del apoderamiento de un acreedor -cuando son a su cargo, no son exigibles en el concurso y menos en etapa de pronto pago o equivalente (fs. 5323vta., párr. 1º), y estimo que dichos conceptos atraviesan enhiestos esta instancia y permiten mantener en su esencia el pronunciamiento impugnado.

En cuestión similar a la traída, esta Excma. Cámara, por intermedio de su sala I, tiene dicho que cualquiera sea la naturaleza jurídica que se asigne a los procesos concursales, siempre es imprescindible citar a quienes se consideren acreedores para que, una vez demostrado que lo son, participen de los pagos o distribuciones que se efectivicen en relación al concurso (Cf. Maffía, Osvaldo J., "Verificación de créditos", p. 62/3).

"En el marco descripto -afirmó la petición del apelante, que hace a su relación particular con uno de los acreedores concursales (es acreedor de un acreedor), es ajena a este proceso, sin perjuicio que intente canalizar sus pretensiones por la vía jurídica correspondiente (argto. y doctr. arts. 503, 1195, 1199, Cód. Civil; 129 y concs., ley 19.551)" (causa 82075, Marinelli, Ricardo y otros s/ solicitud de pronto pago en "Tomar S.A. s/ quiebra", RSI-837, del 8/10/91).

Y no advirtiendo que la ley 24.522 haya modificado los aspectos centrales que nutren dicho pronunciamiento, entiendo que no existen méritos para alterar el criterio que porta.

Como principio general la nueva ley señala y ratifica el concepto de universalidad al establecer que declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a la disposición de la ley 24.522 y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en sus normas, previo sometimiento al proceso de verificación de sus créditos salvo disposición expresa (Daniel Roque Vitolo, "Comentarios a la ley de concursos y quiebra 24.522").

El instituto de la quiebra implica la liquidación del patrimonio de la empresa para distribuir el producido entre los acreedores que obtuvieron la verificación de sus créditos (Osvaldo J. Maffía, "Manual de Concursos", t. I, ps. 27/8); y las peculiaridades y principios que conforman esta clase de procesos obstaculiza la posibilidad de asimilarlos a otros donde la pretensión del recurrente podría resultar viable.

No cuestiono el acierto de algunos aspectos que contiene la memoria en análisis, tales como la utilidad de las gestiones realizadas por el profesional en función de los poderes otorgados -verificación de la totalidad de los créditos de sus mandantes, y comparto también las reflexiones que allí se efectúan respecto a los "pactos de cuota litis", pero discrepo con su firmante en cuanto entiende que, con la decisión atacada, se está negando su pago.

Tengo para mí que si la relación entre mandantes y mandatarios resulta tan fluida como la que en el caso de autos aparenta ser la del doctor Lapadula con sus poderdantes, no tendrá inconvenientes serios para lograr percibir lo que éstos le habían prometido como retribución de su tarea. Pero no puedo descartar la posibilidad de que con alguno de ellos esto no suceda, situación que plantearía un conflicto que indudablemente no puede ventilarse aquí, lo que constituye un nuevo obstáculo a la pretensión en estudio.

En resumen, no revistiendo el peticionante calidad de acreedor del fallido, ni contando con un crédito verificado que le autorice a cobrar suma alguna de bienes de su patrimonio, y resultando la solicitud de ejercicio de un derecho que le es inherente ajena a estos actuados, estimo que, mas allá de las acciones que por la vía pertinente pueda -en caso de ser necesario articular, su petición no merece andamiento y debe desecharse (argto. arts. cits. y 125 y concs., ley 24.522). Voto por la afirmativa.

El doctor Oteriño votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

2º cuestión.- El doctor Dalmasso dijo:

Corresponde confirmar la resolución de fs. 5321/ 5324 vta., sin costas (arts. 68, Cód. Procesal Civil y 12 "a contr.", ley 8904). Así lo voto.

El doctor Oteriño votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, se confirma la resolución de fs. 5321/5324vta., sin costas (arts. 68, Cód. Procesal Civil y 12 "a contr." ley 8904).- Raúl O. Dalmasso.- Rafael F. Oteriño.