marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño ambiental, evaluación del impacto ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por Leandro Marisi en la causa Marisi, Leandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - PEN - Ministerio de Transporte de la Nación y otro s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

La ley 25.675 (artículos 11, 12 y 13) establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, este procedimiento, comienza con la presentación de un estudio de impacto ambiental, que debe ser integral, esto es, debe contemplar todas y cada una de las obras y actividades que se van a desarrollar, en todas las etapas proyectadas, que puedan ser susceptibles de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, por lo cual si la obra o actividad va a ser realizada en distintas etapas, el estudio de impacto ambiental debe ser integral, es decir, que comprenda todas y cada una de las etapas.
Deudas impositivas, delitos tributarios, acceso a la justicia, intereses compensatorios
Materia: PENAL
Carátula: Kogan, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Los votos concurrentes agregaron, por un lado, que resulta dirimente considerar respecto de la cuestión planteada, que el delito del que se trata previsto en la ley 24.769, es de orden público de conformidad con lo previsto por el artículo 71 del Código Penal y en tal sentido, no puede denegarse a la Administración Federal de Ingresos Públicos el derecho de acceso a la jurisdicción de rango constitucional en procura de la obtención de un pronunciamiento de fondo respecto del delito imputado, teniendo en cuenta cual es el bien jurídico protegido: la Hacienda Pública, cuyo titular es el Estado; el que, entonces, se encuentra facultado a actuar como querellante (arts. 82 del C.P.P.N. y 23 de la ley 24.769); y por el otro, que el acogimiento del contribuyente a un "plan de facilidades de pago" para hacer frente a la deuda tributaria contraída, difiere de la hipótesis fáctica prevista por el art. 1097, in fine, del C.Civ., mientras que el "plan de facilidades de pago" acordado entre el contribuyente y el ente federal de recaudación únicamente contempla las sumas dinerarias en concepto de obligación tributaria no abonadas en tiempo y forma a la hacienda pública, y el monto total del esquema de pagos parcelado o en cuotas abarca el capital no ingresado oportunamente con más los intereses resarcitorios, el convenio sobre el pago del daño de que habla el última parte del mencionado art. 1097 del digesto civil de fondo, entretanto, entraña la reparación plena e integral (indemnización) al ofendido por el perjuicio que le ha ocasionado la comisión de un delito, supuesto -como dije- extraño al mentado "plan de facilidades de pago". (Dres. Borinsky , Hornos y Gemignani -según sus votos-).
Pensiones, concurrencia de beneficiarios, cónyuge supérstite, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEONE MARCUS DE HOGAN, IRIS YOLANDA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Una previa resolución acordatoria de la totalidad del beneficio de pensión a la cónyuge supérstite no obsta a la posterior inclusión en el goce de la conviviente en aparente matrimonio, por cuanto la afectación del haber que pudiera producirse, o aún el desplazamiento en la calidad de beneficiara, no lo es sino en la medida que la ley lo dispone, y desde el momento mismo en que se generan los derechos. De otra forma el derecho a la prestación quedaría supeditado a la mayor celeridad en la presentación de la solicitud del beneficio y/o diligencia en la tramitación, recaudo éste no previsto por la ley aplicable (23.226) y contrapuesto al principio de imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y pensiones establecido legalmente, cualesquiera fueren su naturaleza y titular (cfr. C.S.S., Sala I, sent. del 29/03/95, "Bober, Inés Teresita").
Locación de inmuebles, legitimación activa, daño moral, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Erazo, Enrique Ramón c/ Lagos, Cecilia Noemí - Telecom Argentina S.A. s/ Ordinario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-09

Resulta improcedente la indemnización reclamada por el locador en concepto de daño moral y lucro cesante ante el incumplimiento del contrato de locación, con fundamento en que el inmueble es el único medio de subsistencia y que se vio privado de volver a alquilar la propiedad, dado que, al no ser propietario del bien locado carece de legitimación activa para ello, máxime si no se acreditó que tuviera autorización del dueño para realizar futuras locaciones y para su propio beneficio.
Curatela, designación de curador, personas privadas de la libertad, capacidad
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Alonso, Jorge.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La curatela del penado, prevista en el art. 12 del Código Penal reviste, en principio, carácter tuitivo, y se trata de una incapacidad restringida de hecho, para los actos a que dicho artículo se refiere, regida por el derecho civil, que tiene por objeto evitar perjuicios en los bienes del condenado por el tiempo que dure su detención, no afectando la capacidad jurídica general del sujeto (art.468 y concordantes del Código Civil).
Competencia contencioso administrativa, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Herrera Molina Emilio Andrés c/ Provincia de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-02-27

El fuero contencioso administrativo resulta competente para entender en la impugnación de una decisión del Poder Ejecutivo en la que se rechaza la renuncia de un magistrado a su cargo de Vocal de una sala de la Cámara en lo Penal, pues si bien el acto que se reputa lesivo guarda vinculación con la organización de uno de los tres departamentos supremos del estado provincial, el hecho cuestionado es propio del derecho público local, y se invoca la violación de los requisitos esenciales de un acto no discrecional, por lo que no se trata de un acto político institucional que habilite la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.
Libertad de expresión, medidas cautelares, buscadores de Internet, contenido de sitios de Internet
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A.G.V. S.A. c/ Google Inc. S.A. s/ Amparo - Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-21

La medida cautelar por la cual se había ordenado a un buscador de contenidos de internet eliminar los enlaces a un blog en el cual se calificaba con términos agraviantes a los miembros de una empresa, debe ser revocada puesto que estarían referidos a la actividad comercial de la actora, razón por la cual los contenidos del blog podrían encuadrarse como opiniones vinculadas con asuntos de relevancia pública. En consecuencia, la medida dispuesta importa una restricción injustificada de la libertad de expresión y no guarda proporcionalidad con la finalidad que persigue.
Jubilaciones, impuesto a las ganancias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cuesta, Jorge Antonio c/ AFIP s/ sobre acción de inconst (sumarísimo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-29

Es inconstitucional el art. 79 inc. c) de la ley 20.628 en cuanto grava a las jubilaciones, pues la misma afecta lo establecido por los arts. 14 bis, 16, 17, 31, 75 inc. 22 y conc. de la Constitución Nacional, art. 26 de la Convención Americana, artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, DIEGO C/ CAMPO DEL ESTE S.A.; MEDINA, MANUEL Y/O SUS SUCESORES s/ ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION- PIEZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-04

El art. 67 del Código Procesal Civil y Comercial consagra como principio general que la parte vencida en el juicio debe pagar las costas respectivas, es que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debe realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (RepED T. 24-pág. 254- n° 5). La norma mantiene como fundamento de la institución, y como principio esencial el hecho objetivo de la derrota.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, Derecho laboral, despido indirecto, violencia laboral, falta de prueba, empleador, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., V. M. c/ R., R. O. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

En la tarea jurisdiccional debe garantizarse la congruencia entre lo que se afirma, lo que se prueba y lo que se decide, por lo que resulta inaceptable, como sucedió, que en el pronunciamiento impugnado, se sustituya la falta de prueba de los hechos que han sido objeto de mención en la demanda y en el intercambio epistolar previo, por la incorporación de incumplimientos diferentes, por censurables que estos últimos sean, y condenar al demandado en base a hechos diferentes; al respecto, el propio Vocal preopinante comenzó su análisis señalando que la causal de despido invocada por la actora consistía en la inacción por parte de su empleador frente a una situación de violencia laboral que imputa al hijo de éste en un día determinado, hecho que consideró no acreditado en autos ni siquiera a modo indiciario, mas luego justificó el despido indirecto en el accionar omisivo del empleador de mostrar una conducta de interés y preocupación en la situación denunciada, sin tener en cuenta lo señalado por el voto minoritario, referido a que nadie puede estar obligado a dar explicaciones -o ser penalizado por no darlas- respecto de hechos que no se ha probado que ocurrieran.
Caducidad de instancia, orden público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MIRANDA CARLOS ALEJANDRO EN J° 78.750/30.154 MIRANDA CARLOS ALEJANDRO (EXPTE. N° 88.149 ) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ D. Y P. S/ APELACIÓN S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-10-11

El fundamento del instituto de la caducidad, del que emerge su carácter de orden público, es el de evitar la indefinida prolongación de los litigios, de lo cual no puede desentenderse el intérprete en la búsqueda del sentido y alcance de la ley.
Sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, cuestión constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Córdoba, Víctor Hugo s/ 149 bis - Amenazas - CP (P/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde rechazar la queja en tanto no logra articular un caso constitucional o federal (arts. 26 y 32, ley n° 402). En tal sentido, las objeciones en ella desarrolladas, atinentes a la arbitraria valoración de la prueba y la vulneración del principio in dubio pro reo, la afectación del principio de legalidad y la arbitraria determinación de la pena fueron analizadas oportunamente por la jueza que dictó la condena y luego revisadas ampliamente por la Cámara de Apelaciones cuyo control de logicidad y razonabilidad no presenta vicios de fundamentación. La insistencia en la impugnación no configura un planteo que ofrezca puntos de crítica constitucional auténticos y concretos contra aquellas razones. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, contratos internacionales, litisconsorcio
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL
Carátula: Equipamientos  Mecánicos  Damcar  Limitada c/ Empresa TransporteNihuil. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

Corresponde desestimar la queja contra la sentencia que desestimó el pedido de citación de litisconsortes necesarios opuesto como excepción de previo y especial pronunciamiento con fundamento en que conforme el art. 3 de las Reglas y Usos Uniformes Relativos a Créditos Documentarios no existe dependencia entre el crédito documentario y la compraventa internacional si el recurrente no niega que hubiese aceptado la aplicación de dichas reglas (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, graduación de la pena, pena mínima, atenuantes de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMAOLO, YAIR JUAN JOSE c/  s/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO SIN APTITUD PARA EL DISPARO ACREDITADA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

Si bien la compareciente en esta oportunidad alega afectación de la doble instancia por ausencia de fundamentación de la Alzada, al mantener una decisión que -dice- no tuvo en cuenta como atenuantes la declaración de testigos de concepto -y que justificarían, a su criterio, la aplicación del mínimo legal-, lo cierto es que no alcanza con tales afirmaciones a demostrar una aplicación indebida o una violación a las pautas legales de mensuración de la respuesta punitiva, al punto que ni siquiera menciona los argumentos que para cuantificar la pena efectuara el Tribunal de primera instancia; en consecuencia, no persuade a esta Corte de la decisividad de su planteo al no evidenciar que en el caso la sanción impuesta no sea acorde con la gravedad de los injustos cometidos y culpabilidad de los condenados o que resulte en algún sentido excesiva o desproporcionada.
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, procedencia del recurso, sentencia, procedimiento laboral, verificación de créditos, crédito privilegiado, acuerdo preventivo, acreedor quirografario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sánchez Anterino, Nelson Alejandro le pide la quiebra Gimenez Ojeda, María Olga c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Ello así por cuanto se trata de una acreedora laboral, cuyo crédito es de carácter alimentario, que obtuvo sentencia condenatoria y las condenadas, intimadas a depositar los montos resultantes de la ejecución no lo hicieron. En tal virtud, no se advierte conducente en el caso de autos imponer a la acreedora la carga de iniciar la ejecución de la sentencia, cuando el aquí peticionario ni siquiera invocó u ofreció bienes a embargo, que permitan vislumbrar un resultado positivo de aquélla.
Homicidio preterintencional, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Knop, Marcelo Alejandro y otro s/ Homicidio - Abandono de persona.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Si por falta de impugnación idónea, ha quedado firme que el medio usado fue harto idóneo para causar la muerte, ese hecho desplaza, por su mera presencia, la figura privilegiada cuya aplicación se reclama (art. 81 inc. 1, letra b, del C.P.), la que requiere que el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
Robo de automotor, apoderamiento, tipo penal, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, M. s/ Robo - Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

Los jueces se encuentran vedados de integrar analógicamente conductas típicas (art. 18 de la C.N.) por más valioso que sea el bien mueble afectado, por lo que no puede convertirse a un automóvil previamente desapoderado, en un bien susceptible de sucesivos desapoderamientos ficticios, diferentes y excepcionales en su relación con los restantes bienes muebles que reciben protección jurídico - penal, circunstancia que no se altera por su condición de bien mueble registrable.
Juicio de apremio, sucesiones, caducidad de la personería jurídica, herederos, domicilio real
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Fernández, Julio César s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-02

Cabe confirmar la parte pertinente de la providencia en donde ordena que se denuncien los domicilios de cada uno de los herederos, a los fines de diligenciar la correspondiente notificación de la ejecución fiscal y por lo tanto rechaza la pretensión de la parte actora acerca de que la notificación se practique en el domicilio fiscal del causante. Ello es así, pues, la actora solicitó el redireccionamiento de las actuaciones legales a "Sucesores de F. J. C.", y denunció como sucesores a J. A. F., S. A. F. y Z. B. F., con ellos deberá integrarse la Litis notificándolos en sus domicilios reales.
Resoluciones judiciales, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Los fallos de los jueces deben ser fundados, es decir, contener una exposición suficiente y clara de las razones que, con arreglo al régimen normativo vigente y a las circunstancias de la causa, den sustento a su decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, jueces, facultades del juez, actuación de oficio, medidas para mejor proveer
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iuorno, Carla y Bressanelli, Mariana Silvia s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Recurso de  Apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. C.S.J. Nro. 522 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No puede tildarse de grosera absurda o arbitraria la motivación dada por el juzgador que, citando reconocida doctrina, manifestó que el magistrado puede utilizar el conocimiento privado que tenga de los hechos relacionados con el proceso civil o penal o de otro orden, para decretar oficiosamente pruebas con el fin de acreditarlos cuando la ley se lo permite, y que esto en nada atenta contra el principio de "necesidad de la prueba" y de "prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos", pues al decretarse y practicarse de oficio esas probanzas lo cumple a cabalidad. Aclaró el A quo que una cosa es que el juez llegue al conocimiento directo de los hechos por su iniciativa probatoria, y otra, que sin necesidad de pruebas declare un hecho porque lo conoce privadamente.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, cuestión no federal, caducidad de instancia, apartamiento de las constancias de la causa, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio, debido proceso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Aguirre, Gabriela Yolanda c/ Quevedo, Eulalia y otro s/ daños y perjuicios (accidente de trabajo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Si bien es cierto que lo atinente a la caducidad de instancia remite al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal ajenas de por sí al remedio federal, también lo es que tal criterio admite excepción cuando media un apartamiento de las constancias de la causa, o cuando el examen de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad, máxime cuando la decisión en curso pone fin al pleito causando un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Declinatoria, competencia federal, prostitución de menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aisemberg, Aaron s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-03

La subjetiva opinión vertida por el fiscal del juicio en el marco de un incidente -no compartida tampoco por el fiscal ante esta Cámara-, no puede fundar una declinatoria de incompetencia que ha venido a mutar de manera sorpresiva y arbitraria la concreta imputación que a lo largo de todo el proceso se le ha dirigido al procesado, ya que se le enrostró el delito de promoción de la prostitución de una menor de edad (arts. 125 y 126 CP) que debe ser juzgado por los tribunales penales ordinarios, en tanto lo atinente a la trata de personas cometido en perjuicio de la menor por parte de la mujer que presuntamente la habría captado y traído de su provincia, debe ser investigado por la justicia federal de Salta.
Excusación, apreciación del juez afectado
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Gerardo c/ Ochoa, Javier E. y/o Otro s/ Daños y perjuicios s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-21

La violencia moral en que obviamente corresponde considerar fundada la excusación, por estar ínsita en las circunstancias alegadas, no es susceptible de ser apreciada sino por quien la invoca.
Diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DELEST, Carlos Horacio c/ BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA  B.C.R.A. s/ INCIDENTE:  DILIGENCIAS  PRELIMINARES.  PRUEBA  ANTICIPADA.  PODER DE  POLICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Las medidas de prueba anticipada constituyen -como principio general- un modo excepcional de producir probanzas de acuerdo con la urgencia para su ejecución, y su finalidad contempla la hipótesis de que el futuro demandado o un tercero alterase las cosas o lugares objeto de aquéllas.

El criterio para su concesión es estricto, pues si se admitiera sin restricciones, podría anticiparse la solución de fondo sin las debidas garantías del proceso legal, desvirtuándose así su finalidad como medidas cautelares. Es deber de los jueces examinar en cada ocasión la procedencia de la medida que se impetra y sólo si se arriba a la conclusión de que la parte que la pide está expuesta a perder la prueba, o ésta resultase imposible o muy dificultosa en el período correspondiente, la medida es procedente; criterio que se hace más riguroso cuando se pretende hacer efectiva la medida conservatoria sobre actos documentales y resoluciones a cargo de la propia Administración Pública, que gozan de presunción de legitimidad.

La admisión de las pruebas solicitadas implicaría para el Tribunal la tácita aceptación de las imputaciones que efectúa la actora sin la suficiente acreditación de las circunstancias que se invocan y, menos aún, de la intención dolosa en la conducta de los funcionarios públicos intervinientes.-
Pagaré no protestado, mora, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyna Carlos Alberto c/ Pascuali Víctor Luis y otros s/ Cobro ejecutivo Reyna Carlos Alberto c/ Candal Juan Carlos y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1995-02-21

Tratándose de documentos con vencimiento a fechas determinadas y lugar de pago signado en ellos, el efecto de la cláusula sin protesto consiste en presumir "juris tantum" que fueron presentados al cobro en el lugar y fecha indicados en ellos (art.50 cuarto párrafo Decreto Ley 5965/63). Como consecuencia, la mora operó al cumplirse los plazos de vencimiento y por ende los intereses devengados deben ser calculados a partir de sus respectivas fechas.