Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-10


En la ciudad de Trelew, a los 10 días de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "O, M R c/ G, O A y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.193 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 391.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 379, que fuera concedido a fs. 380, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 374/376 que hizo lugar a la demanda laboral instaurada por M R O y condenó a O A G y O M G al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $4.997,24.- y sus intereses, por diferencias correspondientes a salarios, asignaciones no remunerativas y sueldo anual complementario, debiendo cumplirse con la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones prevista por el art. 80 de la L.C.T. bajo apercibimiento de aplicar astreintes, y asimismo desestimó la reconvención deducida por los empleadores (considerando II), con imposición de costas a los vencidos.-El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 381/382 y vta., el traslado conferido a fs. 383 no fue evacuado por su contraria, y señala la parte demandada que está probado el incumplimiento de la obligación de hacer, dar preaviso por parte del accionante en la presente causa. La jueza de grado desestima el reclamo siguiendo a un plenario, el N° 206 del año 2005, cuando el mismo ha sido criticado por el maestro Vázquez Vialard con sólidos fundamentos que transcribe. Seguir el criterio de la sentencia en crisis significaría tener por muerta la letra de la norma del art. 231 inc. a) L.C.T., ratificada por la leyes 25.013 y 25.877. Cita un fallo de la sala "A" de esta Cámara y destaca también un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia. La sentencia en crisis no se corresponde con las probanzas de la presente causa, lo que convierte a la misma en arbitraria. Solicita se revoque la misma acogiéndose el reclamo del pago de la indemnización por falta de preaviso omitida por el empleado actor, por ser exigencia clara de la norma vigente, art. 231 ap. a) L.C.T., y que la sentencia conculca al apartarse en el caso concreto de lo que dicta la misma.

--2. En atención a que el fallo en crisis rechazó la reconvención deducida por falta de preaviso en base a un fallo plenario, cabe precisar que dicho pronunciamiento sentó la siguiente doctrina: "El empleador no tiene derecho a reclamar la indemnización por falta de preaviso prevista por el art. 157, inc. 6° del Código de Comercio (ley 11.729) cuando el trabajador se da por despedido, salvo que quede acreditada la mala fe de éste" (CNTrab. (en pleno), mayo 22-1975, (Plenario N° 206), en autos "O P c. Empresa A A de T S.A.", DT. 1975-563) (la cursiva me pertenece).- Como puede observarse en el presente caso se debate una situación distinta ya que el trabajador no se dio por despedido sino que extinguió el vínculo por renuncia (alegación del propio actor, escrito de inicio, p. 3, fs. 31 vta.; telegrama colacionado, TCL 08388631, fs. 102; respuesta del Correo Argentino sobre su autenticidad, fs. 264).--En ese direccionamiento, no participo del criterio según el cual si el trabajador abandona el contrato sin preavisar -en tanto se trate del caso de renuncia- el empleador debe intimar previamente al trabajador el cumplimiento del recaudo legal, pues ello implica que necesita su trabajo durante el lapso del preaviso omitido (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. II, par. 15.5.3., págs. 1841/1842), toda vez que la renuncia es un acto de voluntad unilateral del trabajador (acto jurídico unilateral recepticio) por el cual disuelve el contrato sin necesidad de la aceptación del empleador para su perfeccionamiento (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 15.39.1., pág. 1959). De tal modo, si la renuncia es un acto unilateral recepticio que se perfecciona cuando llega a la esfera de conocimiento del destinatario no comparto aquella postura que considera que "lo mínimo que se puede requerir es que la empleadora le reclame el cumplimiento de la obligación de preavisar y le haga saber que sólo quedará desvinculado a partir del cumplimiento de dicha obligación" (del voto del Dr. Fernández Madrid, por la mayoría, CNTrab., sala VI, junio 30-1988, "M, J F. c. C 2350 S.A.", TySS 1988-745), ya que no puede subsistir un vínculo por reclamo posterior de la patronal cuando éste ya estaba extinguido con anterioridad.

Tampoco omito considerar que esa postura parte por señalar que aunque la obligación de preavisar es bilateral no puede desconocerse que es diferente la posición en que frente a un cese intempestivo se encuentran las partes, pues el trabajador resulta directamente afectado en su salario, cuya percepción la ley le garantiza durante el lapso del preaviso; en cambio la posición del principal es diferente pues lo común y según cuál sea la categoría profesional de que trata ha de poder sustituir de inmediato al trabajador que renuncia, máxime cuando no se ha producido un abandono malicioso de la labor (del fallo citado precedentemente, TySS. 1988-745).Incluso, a favor de esa postura se sostiene en algún fallo que la omisión del trabajador de preavisar la extinción del contrato por renuncia no da derecho al empleador a reclamar indemnización, si no alega un obrar doloso tendiente a causarle un perjuicio, en los términos del art. 931 del cód. civil, máxime cuando aquél pudo tener justificación para demandar un resarcimiento frente a la falta de pago salarios y no lo hizo (CNTrab., sala VII, junio 4-1988, "F, H c. J L S.A. s. cobro de pesos", TySS. 1998-987).

- Y a pesar de tales argumentaciones, lo cierto es que cuando el trabajador renuncia súbitamente a su empleo sin observar la obligación del aviso previo, provoca a su empleador un perjuicio susceptible en principio de resolverse en el pago de los daños a tenor del art. 628 del Cód. Civil. El trabajador no podría eximirse, por tanto, en ningún caso, del mencionado pago, probando que su empleador no habría sufrido perjuicio alguno, ya que la ley lo presume sin admitir prueba en contrario, fijando la indemnización en el importe equivalente a su propia remuneración. Desde este punto de vista, pensamos que el empleador será acreedor solamente a un monto equivalente a los salarios que el trabajador hubiera percibido durante el lapso del preaviso omitido, a título de multa o de cláusula penal. En razón de la "bilateralidad del preaviso", el trabajador renunciante debe preavisar a su empleador en tiempo propio su decisión de hacer abandono del empleo, extinguiendo el contrato en una fecha determinada. La dimisión o renuncia al empleo es un acto de carácter unilateral, y para su perfeccionamiento no hace falta ni el acuerdo ni la aceptación de la otra parte. Si se cumple con la obligación de preavisar, la dimisión resulta un acto jurídico irrevocable, sujeto a plazo suspensivo. Si no se cumple con la obligación, o se lo hace de manera deficiente, el trabajador tendrá la obligación de abonar la indemnización sustitutiva que establece la ley (Vázquez Vialard, Antonio, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1984, T. 5, págs. 164/165 y 210, respectivamente) (el subrayado me pertenece).

- En tanto el poder de denuncia contractual se halla limitado por el deber jurídico de preavisar, impuesto por el ordenamiento a ambas partes titulares de dicho poder, la omisión de darle cumplimiento, o su concesión "de modo insuficiente", imponen al infractor el pago de la llamada indemnización sustitutiva de preaviso (Altamira Gigena (coordinador), "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 2, pág. 371).

Por eso, en atención a que el deber de preavisar es bilateral y la indemnización en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes se encuentra legalmente tarifada no resulta necesario que en el caso de tratarse del empleador tenga que acreditar perjuicio concreto alguno.

Si no se acredita que el empleador hubiera otorgado la conformidad para que el trabajador se retirara de la empresa sin el cumplimiento del preaviso, no es necesario probar perjuicio alguno por la omisión del mismo, ya que la ley lo presume fijando la indemnización en la remuneración que correspondería al trabajador percibir durante el plazo del aviso omitido (CNTrab., sala I, julio 30-1980, "I S.A. c. B, R", DT. 1980-1164).- Y el dato fáctico alegado en demanda en el sentido que la renuncia fue decidida luego de una conversación con los demandados (p. 3, fs. 31 vta., penúltimo párrafo) fue negado por su contraria (última negativa, fs. 103 vta.), por lo que resultó controvertido (art. 377 del C.P.C.C.), sin que el actor acreditara el hecho invocado, deficiencia probatoria que pesa sobre esa parte y que resulta de la compulsa de la prueba confesional y testimonial producida (codemandado G, fs. 278/vta.; testigos A, B, C, D, y M G, fs. 281/282, 283/vta., 285/vta., 321/vta., y 322/vta.). Asimismo, no obsta a la procedencia del reclamo patronal el hecho de que ésta última no haya cuestionado la renuncia de la trabajadora comunicada por telegrama colacionado, desde que no estaba obligada a un comportamiento en tal sentido, toda vez que la dimisión al empleo es un acto de carácter unilateral. De conformidad al artículo 919 del Código Civil, el silencio de la accionada frente a la renuncia de la trabajadora no debe considerarse una manifestación de voluntad de aprobación de la misma, desde que la empleadora por ley no está obligada a explicarse al respecto (Cám. Trab. de Córdoba, sala 3, 20-4-98, "V, G L. c/ P S.R.L. y otro s/Demanda", sent. 12, citado por Revista de Derecho Laboral, 2000-1, Extinción del contrato de trabajo - I, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, págs. 395/396).--3. Por ello, corresponde hacer lugar a la reconvención deducida la que progresará parcialmente pues se reclamó las sumas derivadas "del mes de preaviso no otorgado" (p. II, fs. 103) cuando corresponden 15 días por las razones que a continuación se exponen.

Teniendo en cuenta que el actor ingresó con fecha 01/07/2000 (dato alegado en demanda a fs. 31, expresamente admitido en el escrito de contestación a fs. 103 y vta.) y renunció a partir del 12/11/03 (telegrama de fs. 102), resulta aplicable la ley 25.013 (Publicación B.O. 24/09/1998), conforme lo dispuesto por su art. 5, con la aclaración que dicho ordenamiento se mantuvo vigente hasta su derogación por el art. 41 de la ley 25.877 (Publicación B.O. 19/03/2004).

-- En tales condiciones, desde que ese ordenamiento establece en su art. 6 que el preaviso deberá darse por el trabajador con una anticipación de 15 días, la omisión del mismo obliga a esa parte a abonar una indemnización equivalente a la remuneración que correspondería en función a ese plazo.-Sobre esa base, tomando como pauta la porción firme del fallo de la anterior instancia, la última remuneración correspondiente a noviembre de 2003 alcanzó a $702,78.- que surge de la liquidación de fs. 32 y condena al pago de las diferencias salariales, sin que corresponde incluir el importe indicados a fs. 32 vta. para el citado mes por tratarse de una asignación no remunerativa.-- Con tales pautas, y considerando que la indemnización debe incluir la parte proporcional del sueldo anual complementario por tratarse de un salario diferido (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 511), el monto indemnizatorio correspondiente a 15 días alcanza a $380,68.- ($702,78.- más una doceava parte dividido 2) que por compensación (arts. 818 y 819 del Código Civil) deberá descontarse del crédito reconocido al actor, toda vez que éste último asciende a una suma mayor.

Esa cifra de $380,68.- no llevará intereses desde que no fueron pedidos al reconvenir (p. II, fs. 103; p. VI, fs. 105 vta.), pues no corresponde que el juez los conceda sin petición concreta de parte, criterio sostenido por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto a que la sentencia debe relacionarse con la demanda (o en este caso con la reconvención), bajo pena de nulidad, por lo que no puede concederse intereses no solicitados (D. 10/SCA/98).-De tal modo, aunque el crédito origine intereses moratorios, deben ser pedidos por el acreedor para que incrementen la respectiva condena. El juez no puede concederlos, de oficio, si no hay instancia del acreedor (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Editorial Perrot, 1970, T. II, par. 913, pág. 222).

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación, haciendo lugar parcialmente a la reconvención deducida por los demandados O M G y Ó A G hasta la suma de $380,68.- que deberá compensarse exclusivamente en concepto de capital, por no haberse requerido intereses, de las sumas a percibir por el actor en la medida del progreso de su demanda.-- La revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios establecidas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.), debiendo señalarse que en materia de costas no será necesario distinguir las correspondientes a la reconvención toda vez que en el caso se da el supuesto de vencimiento parcial y mutuo por tratarse de pretensiones recíprocas deducidas por vía de demanda y reconvención (conf. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, pág. 124), máxime si se atiende a que la reconvención tuvo en definitiva alcance compensatorio y se dedujo en el marco de un proceso de naturaleza laboral (art. 1 de la ley 69).De tal modo, debe ponderarse el principio establecido por el art. 59 de la ley 69 en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C L c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C de R c/ C C y otro", S.D. 3/93), como también las posturas asumidas por las partes, rubros pretendidos, y monto definitivo de condena.-- Atendiendo a tales pautas, teniendo en cuenta que se acoge sustancialmente la demanda promovida al rechazarse de la liquidación de fs. 32/vta. únicamente el rubro adicional por caja, y que progresa parcialmente la reconvención deducida, estimo prudente propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de primera instancia en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).

Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos por la demanda y reconvención, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. R J C, P A S y L C B, letrados patrocinante y apoderados del actor, y los de los Dres. V A F, G L y S L F, letrados apoderados de los demandados, en ambos casos en forma conjunta, en las sumas equivalentes al 18,9% y 16,8%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.--En cuanto a las costas de Alzada, el progreso parcial de la reconvención deducida al requerir un monto indemnizatorio en exceso (1 mes en lugar de 15 días) lleva a imponer las mismas en el orden causado, por responder así a la medida del éxito y fracaso obtenido por los reconvinientes apelantes en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).--Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, propicio regular los honorarios de los Dres. V A F, G L y S L F, en conjunto, en la suma equivalente al 4,62% del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación que fs. 379 dedujera la parte demandada, concedido a fs. 380, contra el pronunciamiento del anterior grado que corre a fs. 374/376, por el cual se hizo lugar a la demanda laboral que el Sr. M R O promoviera contra los Sres. O A G y O M G, condenando a estos últimos para que en el plazo que fija abonen al actor la suma de $ 4.997,24, con más los accesorios estipulados, y en concepto de diferencias correspondientes a salarios, asignaciones no remunerativas, como también por sueldo anual complementario, ordenando la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones contenida en el artículo 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de aplicación de astreintes en caso de incumplimiento, y rechazando la reconvención interpuesta por la parte demandada, e imponiendo las costas a los accionados.

A fs. 381/382 se halla agregado el informe que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y corrido a fs. 383 el traslado pertinente, el mismo no es contestado por la contraria.

A fs. 390 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

La descripción de los agravios volcados por la recurrente ya ha sido adecuada y suficientemente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, motivo por el cual, y en aras del principio de economía procesal, omitiré su reiteración, siguiendo en aquellas cuestiones que considere conveniente, el mismo orden de tratamiento ya perfilado en el voto que antecede.

II.- a) En pos del mismo contexto de análisis descripto, la queja esencial de la parte demandada se apoya, básicamente, en la desestimación resuelta por el decisorio en crisis, con respecto al incumplimiento por parte del actor de su obligación de hacer, dando el correspondiente preaviso a su empleadora, lo que acarrea como consecuencia que sea pasible de la sanción legal prevista en el artículo 231 de la Ley 20.744.

Sostiene que el criterio sustentado por la Sra. Juez a-quo, en el sentido que debe ser la demandada quien debía acreditar el perjuicio de la falta de preaviso, no encuentra apoyo legal alguno, tornando en arbitrario el "requisito" invocado por la sentenciante.

Así, pues, y adentrándome al estudio de las cuestiones propuestas, de la lectura del fallo apelado, se desprende que, efectivamente, en el Punto II de los Considerandos (v. fs. 375 in fine/375 vta.), la juzgadora desestima la reconvención deducida por la demandada, fundando su postura de rechazo en la afirmación por la cual expresa que desde antiguo se ha limitado la procedencia del rubro por falta de preaviso, a la existencia de mala fe por parte de trabajador, y en autos no se ha alegado tal circunstancia, ni tampoco se han probado los perjuicios que la renuncia de O hubieran causado a su empleadora. Respalda sus argumentos en un antiguo plenario de la Cámara Nacional del Trabajo, el N° 206 del 22 de Mayo de 1975.

No obstante, y como acertadamente lo ha señalado el Dr. Vergara el antecedente jurisprudencial invocado por la sentenciante como argumento de su rechazo a la reconvención planteada, tiene su sustento en una situación distinta a la que aquí se examina.

Y ello, por cuanto el fallo plenario aludido hace referencia a que no corresponde al empleador el derecho a reclamar la indemnización por falta de preaviso, cuando el trabajador se da por despedido. Pero en el caso de autos el actor extinguió el vínculo que lo relacionaba con el empleador por medio de la renuncia, no habiéndose probado durante el proceso que la misma hubiera sido consensuada, como lo sostuvo el actor.

En este punto, se ha dicho que la finalidad del instituto del preaviso respecto del empleador es la de mantener la continuidad de la producción, dándole tiempo para buscar y contratar un reemplazante del trabajador que se va.

Para evitar el perjuicio que le causaría la ruptura intempestiva del contrato de trabajo dispuesta por el trabajador, el empleador puede exigirle el cumplimiento del preaviso, y ante la negativa a cumplirlo, el pago de la indemnización sustitutiva. (conf. CNTrab., Sala VI, in re "B, N H c/ P B S.A.", DT, 1988-B- 2151).

Debe partirse del hecho cierto que el texto legal del artículo 231 de la L.C.T., en los casos de renuncia, no pone condicionamiento alguno al derecho de la otra parte a ser preavisada de la dimisión.

Así, de las diferentes reglas que el Capítulo I del Título XII de la Ley 20.744 estatuye para regular la situación de las partes durante el preaviso, o a los efectos de su omisión, la única que parece claramente común al preaviso de despido y al preaviso de renuncia es la prevista en el artículo 238, es decir, la subsistencia de todas las obligaciones genéricas derivadas del contrato de trabajo (conf. Ackerman, Mario, "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Rubinzal- Culzoni, T.IV, año 2005, p. 121 y sgts.).

Estas obligaciones incluyen tanto los deberes de prestación como los deberes de conducta (idem, Etala, Carlos A., "Contrato de Trabajo", Ed. Astrea, año 2002, p. 589 y sgts.).

Debe ponderarse que la renuncia al empleo es un acto unilateral del trabajador, incausado, derogatorio, de extinción, de carácter recepticio, toda vez que la decisión debe llegar a conocimiento de su empleador, formal, no sujeta a la aceptación por parte del empleador.

La renuncia no genera el pago de indemnizaciones ni de preaviso del empleador hacia el trabajador, aún cuando da lugar al cobro del preaviso que debe otorgar el trabajador que no lo otorga o no lo cumple y que se transforma en indemnización a favor del empleador, ya que el trabajador debe dar a su empleador un preaviso de treinta días calendario (art. 231, inc. a, de la L.C.T.), (conf. Ackerman, Mario, op. cit.); (lo remarcado en negrita me pertenece).

b) Por las razones precedentemente apuntadas corresponde hacer lugar a la reconvención interpuesta por la demandada, en las que reclamara los montos que se derivan del mes de preaviso no otorgado, con las limitaciones que seguidamente se explicitan.

Es que, el acogimiento favorable a la reconvención aludida, debe tener lugar en forma parcial con respecto a los plazos que deben incluirse para determinar la suma indemnizatoria pretensa, y ello como una consecuencia de las previsiones que emanan del artículo 6° de la Ley 25.013, que se hallaba vigente al momento del distracto, ocurrido el 12 de Noviembre de 2003, por lo que no se encuentra alcanzado por la posterior derogación que dispusiera el artículo 41 de la Ley 25.877.

Por lo tanto, y ateniéndonos a los términos de la norma referenciada, las sumas indemnizatorias pretensas que la regla aludida establece, son las correspondientes a quince días (15), y no los treinta que fija la L.C.T.

A los efectos de concretar el monto indemnizatorio respectivo, tomaré en cuenta la remuneración del último mes de trabajo del actor, correspondiente al mes de Noviembre de 2003, que es de $ 702,78 (v. fs. 32), a los que debe incluirse la parte proporcional del sueldo anual complementario, por lo que practicado el cálculo apropiado, la suma indemnizatoria a favor del empleador, asciende a la cifra de $ 380,68, importe que será deducido del monto de condena, no aplicándose intereses, ya que no fueron solicitados en la reconvención, quedándole vedado a este tribunal, por tanto, el establecerlos, so pena de incurrir en el dictado de una sentencia "extra petita".

c) Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, he de proponer al Acuerdo la revocación parcial de la sentencia venida en apelación, haciendo lugar parcialmente a la reconvención interpuesta por los codemandados O A G y O M G, y hasta la suma de $ 380,68, que serán detraídos del capital de condena, sin aplicar intereses, por cuanto no fueron solicitados en el escrito reconvencional.

La propuesta que se formula conduce a adecuar las costas y honorarios de la primera instancia, por imperio de las pautas dadas por el artículo 279 del código adjetivo, atendiendo a que en el presente caso, y por los lineamientos derivados del artículo 1° de la Ley 69, la reconvención promovida dentro de un proceso laboral, tuvo un alcance compensatorio, por lo que no será necesario hacer diferenciación alguna en materia de costas, aplicándose, en consecuencia, los parámetros trazados por el artículo 59 de la citada Ley 69.

En virtud de ello, tomando en consideración los rubros pretensos de la demanda que se acogen, los que se desestiman, y el progreso parcial de la reconvención, entiendo adecuado que las costas del anterior grado sean fijadas en un 80% a cargo de la parte demandada, y en un 20% a cargo de la actora, de conformidad con lo normado en el mencionado artículo 59 de la Ley 69 y art. 71 del CPCC, por haberse configurado el supuesto de vencimientos parciales y mutuos.

Tal decisión, configura realizar una adecuación de los honorarios que se pautaran en primera instancia con relación a los trabajos profesionales de los letrados intervinientes, los que en mérito a su calidad, eficacia, extensión y resultado obtenido, de acuerdo a lo que rezan los artículos 6, 7, 9, 19, 39 y 47 de la ley arancelaria, estimo prudente fijarlos en un 18,9%, en conjunto, para los Dres. R J C, P A S y L C B, apoderados del actor; y en un 16,8%, en conjunto, para los Dres. V A. F, G L y S L F, apoderados de la demandada. Dichos porcentuales serán tomados de la suma a determinar en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia, a los que se aditará el IVA pertinente.

Con respecto a las costas de segunda instancia, el éxito parcial alcanzado por el recurso apelatorio deducido, y la forma en que se resuelve, me inclinan a proponer que la mismas sean impuestas en el orden causado, con base en el ya invocado artículo 71 del rito.

Conforme con tal tesitura, y según las pautas contenidas en el artículo 14 de la Ley 2.200, considero correcto fijar los honorarios de Alzada de los Dres. V A. F, G L y S L. F, en el 4,62% del monto del proceso ya indicado, con más el IVA correspondiente.

Doy por concluida mi intervención, y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación, haciendo lugar parcialmente a la reconvención deducida por los demandados O M G y Ó A G hasta el importe de $380,68.- que deberá compensarse exclusivamente en concepto de capital, por no haberse requerido intereses, de las sumas a percibir por el actor en la medida del progreso de su demanda; b) imponer las costas de primera instancia en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R J C, P A S y L C B, y los de los Dres. V A F, G L y S L F, en ambos casos en forma conjunta , por sus tareas de primera instancia, en las sumas equivalentes al 18,9% y 16,8%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; d) imponer las costas de Alzada en el orden causado; e) regular los emolumentos de los Dres. V A F, G L y S L F, por los trabajos cumplidos en esta instancia, en conjunto, en la suma equivalente al 4,62% del ya aludido monto del proceso; y f) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente. --Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, en razón de haberse alcanzado el acuerdo del Cuerpo en todas cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

---Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: -- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:

REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación, haciendo lugar parcialmente a la reconvención deducida por los demandados O M G y Ó A G hasta el importe de $380,68.- que deberá compensarse exclusivamente en concepto de capital, por no haberse requerido intereses, de las sumas a percibir por el actor en la medida del progreso de su demanda;

IMPONER las costas de primera instancia en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora;

FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R J C, P A S y L C B, y los de los Dres. V A F, G L. y S L F, en ambos casos en forma conjunta , por sus tareas de primera instancia, en las sumas equivalentes al 18,9% y 16,8%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; IMPONER las costas de Alzada en el orden causado; -REGULAR los emolumentos de los Dres. V A F, G L y S L F, por los trabajos cumplidos en esta instancia, en conjunto, en la suma equivalente al 4,62% del ya aludido monto del proceso; -DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 46 DE 2007 - SDL.- Conste.