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Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, exceso ritual manifiesto, recurso extraordinario, sentencia, matrimonio, nulidad de matrimonio, juicio, integración de la litis, prueba, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., D. A. c/ G., D. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Nulidad de matrimonio (Expte.:  C.S.J. Nro. 578 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Es inválida desde la óptica constitucional la respuesta brindada por los Jueces de Cámara que aparece imbuida de un excesivo apego a las formas habida cuenta que, lejos de adentrarse a la temática propuesta por la recurrente, se escuda en el esquema inicial, demasiado genérico y comprensivo de múltiples situaciones de hecho (nulidad de matrimonio vs. rechazo), que conlleva a proponer una visión acotada y mezquina de la materia sujeta a revisión. En el caso, el Tribunal Colegiado fue enervando la fuerza probatoria de las misivas comprometedoras por el conducto de la confesión calificada, alejándose, así, de brindar una respuesta jurisdiccional que sea el producto de una derivación razonada del derecho vigente respecto del tema a decidir: si de acuerdo a la traba de la litis y a las circunstancias comprobadas de la causa podía estimarse la nulidad del matrimonio pretendida por la actora. Ese déficit no fue subsanado por la Cámara a través del recurso de apelación extraordinaria, apoyándose en un esquema insuficiente a los fines de analizar la configuración la "litiscontestatio", concretamente la pretensión de la actora: nulidad de matrimonio, y la del demandado: su rechazo. Más sin penetrar en la sustancia misma del agravio vertido por la actora en su apelación extraordinaria, que no era otra cosa que analizar si el A quo había incurrido en incongruencia al no adecuar el fallo a la concreta situación de hecho invocada por ambas en la tarea de delimitar los términos de la pretensión y oposición; es decir, si el hecho de la "broma" integraba -o no- la traba de la litis. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., V. H. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LESIONES  CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 58 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la defensa técnica del imputado, desde que las genéricas alegaciones de la defensa no logran conmover los fundamentos del fallo impugnado, ya que no fueron seguidas del desarrollo argumental indispensable para acreditar que de las pruebas de la causa se desprendía la pretendida desincriminación del imputado, reiterando -casi simétricamente- los agravios formulados en otras instancias del proceso, que por sí solos, no alcanzan para demostrar que el razonamiento de la Alzada en ese aspecto no constituya una derivación razonada del derecho vigente a los hechos probados del caso. Vale decir, las objeciones planteadas por la defensa -respecto de la ausencia de prueba objetiva de cargo, como así los relativos a la irrazonable apreciación que se efectuara de los diversos testimonios, otorgando una arbitraria preeminencia a los incriminantes por sobre los que resultaran favorables al imputado- frente a lo argumentado por la Sala, no encuentran suficiente asidero, y no logran superar el nivel de la mera discrepancia con la valoración que de todos ellos realizaran los sentenciantes, para llegar a poner en cuestión la propia aceptabilidad constitucional del fallo impugnado.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, medidas cautelares, sorteo de peritos y síndicos, suspensión del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARIAS HUGO ALFREDO Y OTROS c/ EXCMA CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA PROVINCIA DE s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-24

En autos se promovió acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 3 inc. a), 6 y 10 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", dictado por Resolución Nro. 3/2003 del 10 de Julio de 2003 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital de la Provincia de Tucumán.

Las normas mencionadas establecen la exigencia de que los estudios contables estén constituidos por tres o más integrantes (art. 3, inc. a), modificando la reglamentación preexistente que sólo exigía dos; determinan los puntajes y los criterios para la asignación de los mismos (art. 10); y prevén la remisión de la nómina de inscriptos a los Colegios Profesionales que mencionan para la formulación de observaciones (art. 6).

En el caso no se advierte el requisito esencial para la viabilidad del amparo consistente en que el acto, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, produzca lesión, restricción, alteración o amenaza a los derechos de los peticionantes.

De lo considerado precedentemente se intelige que las normas cuestionadas están fundadas con suficiente razonabilidad, y que, por ende, no se configura la exigencia del carácter de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo (art. 50 Ley 6944), la que se refiere no a la lesión en sí o al daño que la misma provoca, sino que apunta al carácter ilegal o arbitrario del acto u omisión que genera la lesión, restricción, alteración o amenaza de cualquiera de ellas; y ciñe la vía del amparo a aquellos casos en que la lesión es ostensible, pues la restricción del debate resulta de la esencia de esta clase de proceso.

Y en el caso la irrazonabilidad e ilegitimidad que derivaría de la aplicación de las normas citadas, y que hacen a la esencia misma del recurso de amparo, no resulta manifiesta.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., M. A. c/ H., J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-16

La alteración -aumento o disminución- o la cesación de la cuota de alimentos ya fijada por sentencia o convenio, solo procederá si ha habido posteriormente una variación de los presupuestos fácticos que se tuvieron en cuenta para establecerla, pues por mas que la sentencia no causa estado, la provisionalidad opera en tanto el marco referencial analizado por el juez haya sufrido cambios, pues de lo contrario se volvería a juzgar la misma situación ya resuelta con la perspectiva de dictarse sucesivamente sentencias contradictorias.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, ley de emergencia, depósito bancario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: García, Rómulo Horacio c/ PEN  y  BCRA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Proceden los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia que consideró que resultaba aplicable el régimen de excepción al decreto 36/90, establecido en el decreto 591/90, por hallarse controvertido el alcance de normas de naturaleza federal y ser la sentencia de la causa contraria a las pretensiones que la recurrente sustenta en ellas.
Competencia, fuero de atracción, quiebra, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO EXTERIRO S.A. URUGUAY c/ CHIAYAH HAKIM, BLANEA FARIDA Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

La jurisdicción que se funda en el fuero de atracción es de orden público, por lo que no puede ser contrariado ni siquiera por el acuerdo de todos los interesados. No obsta a ello, la circunstancia de que el fallido no sea el titular del dominio del bien inmueble afectado a la ejecución, pues, por lo demás, el art. 133 del Código Procesal extiende el mismo régimen a los supuestos en que mediara litisconsorcio pasivo, en tanto y en cuanto no se hubiera desistido contra el deudor, cuyo patrimonio se encuentra afectado al proceso de quiebra en trámite.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Gustavo R. c/ Municipalidad de Pehuajó s/ Incidente de determinación de monto de indemnización sustitutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Resultaría injusto colocar al actor -se trata del contador de una Municipalidad que fue dejado cesante, la Corte ordenó su reincorporación y la comuna se rehusó a reincorporarlo, aceptando abonar una indemnización sustitutiva- en el mismo estado patrimonial en el que se habría hallado si la Municipalidad lo hubiese reincorporado en su cargo y función sin ponderar que, como consecuencia del incumplimiento de ésta, dejó de prestar servicios, quedando a su entera disposición el valor económico de su actividad.
Daño moral, ejecución fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: Olivera Aguirre, María c/ AFIP s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-05-08

Es improcedente la indemnización en concepto de daño moral, pretendida por una contribuyente a quien la AFIP le inició ilegítimamente una ejecución fiscal, pues el alegado requerimiento de la presidencia del banco donde la actora laboraba como apoderada, para que arbitrase los medios a fin de levantar el embargo trabado por la administración en sus cuentas bancarias, no es suficiente para probar el daño moral denunciado.
Interrupción de la prescripción, integración de la litis
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caja de Crédito Flores Del Sud Sociedad Ltda. s/ quiebra c/ Amoroso Horacio y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

La incorporación de nuevos sujetos a la relación procesal o la modificación de la situación jurídica de los que actúan como partes, origina un cambio en la demanda que, como tal, sólo es admisible cuando ella no hubiese sido notificada (Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", t. VII, Santa Fe, 1997, pág. 255/256). Consecuentemente, "...el cambio de demanda anula los efectos de la anterior; en el supuesto de incorporación de nuevos sujetos, la interrupción de la prescripción opera con relación a los anteriores y no perjudica a los incorporados posteriormente; es a partir de esa incorporación cuando se interrumpe el curso de la prescripción respecto de eso nuevos sujetos" (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., "Código Civil y Procesal de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. II, Santa Fe, 2007, pág. 181/182; Carli, Carlo, "La demanda civil", Buenos Aires, 1973, pág. 111). - Sin embargo, la regla anterior no se aplica en los dos casos siguientes: (i) cuando se produce la integración de la litis en caso de litisconsorcio necesario (CPR 89). Es que se trata de una única pretensión con pluralidad de sujetos. De allí que la interrupción de la prescripción contra alguno de ellos perjudica a los demás; y (ii) frente a obligaciones indivisibles y solidarias: en mérito al carácter de estas obligaciones, cualquier acto que interrumpa la prescripción contra uno de los deudores perjudica a los demás (CCIV 688 y 713), (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A., op. cit.).
Debido proceso, acceso a la justicia, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: REUS, José Luis y Otro c/ Peña José y Otro s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-07-07

Es inherente al derecho a la jurisdicción un 'debido' proceso, y una sentencia imparcial, oportuna, justa y fundada... El acceso al Tribunal constituye tan sólo la primera fase del derecho a la jurisdicción de la que nada se logra si luego no se llega a la última. Porque en definitiva, el justiciable acude al Tribunal para que administre justicia resolviendo su pretensión jurídica. Y si tal administración de justicia se inhibe o se estanca o no llega a término con la sentencia debida, el derecho a la jurisdicción se frustra pese a que se haya accedido originariamente al Tribunal... De ahí que la duración del proceso deba ser razonable, variable según la índole de la pretensión y del proceso, pero siempre, circunstanciadamente rápido. Las demoras, dilaciones, las suspensiones, etc., que conspiran sin razón suficiente contra la celeridad procesal son inconstitucionales.
Concurso real, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: GALUZO, José s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

El concurso real de delitos que configuran tales hechos, hace que en tal supuesto la acción prescriba según el monto de la pretensión punitiva total (el que podrá exceder de doce años conforme el límite establecido en el art. 62 inc. 2do. del C.P.).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: COCCHIA, JORGE DANIEL c/ E.N.  (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL) s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Los arts. 19 y 20 de la ley 18.345, que atribuye la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo en las causas contenciosas "cualquiera fuesen las partes, incluso la nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. y cualquier ente público fundadas en contratos de trabajo, convenciones colectivas o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.
Recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Marcelo s/ recurso de queja". Causa n. : 2221.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Aquellos proveídos cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento sino que por el contrario hacen posible su continuación, y tampoco ocacionan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Reparación integral, daños y perjuicios, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral, incapacidad laboral, grupos vulnerables
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris  c/ Prevención ART S. A. y otros s/ accidente - inc. y cas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

Para la correcta cuantificación de la indemnización del daño a la persona sin consecuencias estrictamente económicas debe tenerse en cuenta las circunstancias particulares del caso, la incidencia de la seria afección de la víctima, tanto sobre la disminución de su seguridad económica, como sobre la afectación de su potencial productivo genérico ante una eventual y legítima decisión de postularse para un ascenso, ampliar su actividad con tarea compatibles o, en definitiva, reemplazarla por otra (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROJAS, HECTOR NORMANDO c/ JUAREZ, RAMON E. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CARRIZO, JUAN ANGEL c/ JUAREZ, VICTOR HUGO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-08|2002-07-31

La legitimación sustancial del demandado, al igual que la del actor, atañe al derecho en que se funda la acción, que debe enunciarse en la demanda. La calidad de sujeto pasivo de la acción se traduce en la de obligado en la pertinente relación jurídica de fondo y, por lo tanto, en el juicio de daños, trasunta la condición de responsable.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley sobre riesgos del trabajo, renta periódica, leyes, inconstitucionalidad, indemnización por muerte del trabajador, accidente in itinere
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SAN JUAN, STELLA MARIS c/ NACION A.F.J.P s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS-DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 174 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Milone" se pronunció en 26.10.2004, por mayoría, sobre que la norma contenida en el artículo 14 [...] 2. de la ley sobre riesgos del trabajo "...debe ser interpretada en el sentido de que el régimen indemnizatorio de renta periódica, dentro del ámbito en que rige, no hace acepción de personas ni de circunstancias, vale decir, ha sido impuesto de manera absoluta, impidiendo que la reparación pueda ser satisfecha mediante un pago único".

Agregó que "el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los 'objetivos' legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las 'efectivas necesidades que experimentan los damnificados'"; y concluyó expresando que la renta periódica es merecedora de reproche constitucional por no establecer excepción alguna para supuestos en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura.

Tal criterio de la Corte nacional resulta aplicable, "mutatis mutandis", al caso donde tanto la pretensión del actor y la resistencia del demandado, como lo resuelto por los juzgadores, se circunscribió a la opción entre la renta periódica o el pago único del resarcimiento derivado del fallecimiento del causante en accidente "in itinere".

Y bueno es en este aspecto tener en especial consideración la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que, no obstante que ella "...sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos...", toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cuenta corriente bancaria, cierre de cuenta corriente, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL BUEN AYRE S.A. c/ DICHIERA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

La certificación del saldo de la cuenta corriente bancaria es título ejecutivo suficiente por sí, para admitir la ejecución, bastando justificar el cierre de la cuenta, que va ínsito en la expedición del certificado, sin que sea menester demostrar que ha sido comunicado al cliente o conformado expresa o tácitamente por éste, toda vez que implicaría desnaturalizar el carácter del documento y privarlo prácticamente de eficacia frente a deudores desaprensivos, puesto que ello supondría la prueba de que el banco remitió oportunamente los extractos de la cuenta y de que fueron recibidos por el destinatario, desvirtuándose categóricamente el juicio ejecutivo.-
Intereses, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA c/ ALBERTO BORGIANI S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-05

Yerra el juzgador al condenar dos tasas de interés (Banco Central o Banco Nación), en una suerte de obligación alternativa, en la que al no determinar quién debe elegir, la decisión corresponde al deudor.

Con este proceder, se aparta de la pretensión deducida al demandar y se excede en sus facultades, al transformar una obligación simple o de prestación única en otra de objeto plural, dejando de lado la necesaria adecuación que debe mediar entre lo reclamado y lo acordado por la sentencia.
Prisión domiciliaria, edad avanzada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

Si el imputado, mayor de 70 años, venía gozando del arresto domiciliario, transitoriamente modificado durante la celebración del debate, corresponde anular la sentencia que dispuso revocar el beneficio y ordenar la inmediata detención, pues mientras no adquiera firmeza la sentencia condenatoria no procede disponer el encarcelamiento del imputado, variando el status quo del que venía gozando con anterioridad a su dictado. (Dres. Tragant, Riggi, Ledesma).
Audiencia de debate, imputado, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales, sentencia, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, sentencia condenatoria, pena, cómputo de la pena, concurrencia de agravantes
Materia: PENAL
Carátula: FREDY GERARDO PEÑA c/ ORTUÑO, JUAN EDUARDO;  CRUZ, GISELA DAIANA s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-11

Para la regulación de la pena además del mínimo solicitado por el Fiscal, se tiene en cuenta el monto máximo de la pena contemplado en abstracto y las pautas mensuradoras establecidas en los artículos 40 y 41 del C.P., como así también la edad, educación, costumbre de los acusados, la forma de comisión del hecho, el daño causado, el arrepentimiento demostrado, la condición de primarios por lo que nos parece justa la pena de cinco años de prisión efectiva para los mismos.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAJA DE PREVICION SOCIAL DE LA PROVINCIA c/ MOSQUERA, Jose Alejandro s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-02-03

A los fines de la nulidad del acto administrativo resulta de aplicación la ley de Procedimientos Administrativos y no la normativa del Código Civil.-
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, extinción de la acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAP c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos FAC sobre 1 - LN 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) P/L 2303
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar la queja porque carece de crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (art. 26 de la ley n° 402). La decisión de los jueces de mérito había rechazado in limine, por extemporáneo, el recurso de apelación deducido por la querella contra la resolución de primera instancia. Y, en lo que aquí importa, había declarado extinguida la acción penal por cumplimento de las reglas de conducta que se impusieron al suspenderse el proceso a prueba y al haber sobreseído al imputado. Sin embargo, corresponde rechazar la queja interpuesta por la querella dado que no rebatió los argumentos por los cuales la Cámara declaró inadmisible su recurso. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, responsabilidad del Estado por actos lícitos, banco central, decretos, emergencia económica, entidades financieras, depósito bancario, depósito a plazo fijo, cancelación de deudas, bonos externos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Manzi, Carlos A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Corresponde revocar la sentencia que admitió la demanda del titular de un certificado de depósito a plazo fijo alcanzado por las previsiones del decreto 36/90 fundada en la responsabilidad del Estado por su obrar lícito, si la cámara privó de toda virtualidad al régimen legal de dicho decreto y no tuvo en cuenta el contexto en el que habían sido dictadas las normas de emergencia sin dar ningún motivo para ello.