Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-16


Salta, 16 de Mayo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PEDRANA S.A.; PEDRANA, EDUARDO ANTONIO POR QUIEBRA" - Expediente Nº 10.509/97 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación del Distrito Judicial Del Sur - Metán (CAM 450333/13 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

1º) Vienen estos autos a los fines de la revisión dispuesta por el art. 272 de la ley 24.522 respecto de los honorarios regulados a fs. 2881/2883 vta. a los profesionales que han intervenido en el proceso falencial.

En dicha oportunidad se determinaron los honorarios profesionales del Estudio Erdman-Soraire y asociados SH que ejercieron la sindicatura en el proceso concursal y falencial en la suma de $ 554.484,40, de los Dres. Roberto García Lobo y Carlos Dos Santos, apoderados del concursado, en la suma de $ 42.246,47, de la Dra. Maeba Espin Marty, letrada patrocinante del concursado en la suma de $ 42.246,40 y del Dr. Santiago García Lobo, letrado patrocinante del fallido por su actuación en la quiebra, en la suma de $ 47.527.Para obtener tales importes se tomó como base la suma de $ 5.280.808, constitutiva del activo realizado de conformidad con el informe final y proyecto de distribución y sus rectificaciones (fs. 2779/2785, 2834/2837, 2849/2856 y 2872). La sentenciante estimó que para la etapa del concurso correspondía el máximo previsto en el art. 266 de la LQC, es decir, el 4%, por lo que practicó las regulaciones por esa etapa sobre la base de $ 211.232, distribuyendo el resultado en un 60% a favor de la sindicatura, un 20% a favor de los Dres. Roberto García Lobo y Carlos Dos Santos y en un 20% a favor de la Dra. Maeba Espin Marty. Respecto de la etapa de la quiebra, la señora Juez aplicó el porcentaje del 9% del activo realizado, es decir la suma de $ 475.273, distribuyéndolo en un 90% a favor de la sindicatura (compuesto del 60% por su actuación en el trámite de la quiebra más un 30% por el reconocimiento efectuado por el "a quo" respecto de la administración de la empresa) y en un 10% a favor del letrado del fallido.

A fs. 2918 obra dictamen de la señora Fiscal a cargo de la Fiscalía de Cámara, quien se expide por la confirmación de las retribuciones fijadas.

2º) La ley 24.522 prevé expresamente la revisión oficiosa por la alzada de los honorarios regulados (art. 272) en cuyo caso puede reducirlos o confirmarlos pero no elevarlos, si no ha mediado agravio del interesado (cf. Rouillón, Adolfo A.N., "Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24522", ed. Astrea, 2004, p. 361), pues corresponde a la alzada determinar si los honorarios regulados en primera instancia son correctos, y si se ajustan a las normas arancelarias vigentes, lo que equivale a interpretar que no se encuentren regulados por encima de los máximos legales ni que sean exorbitantes con relación a la labor cumplida y la cuantía del juicio (CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 171).Al respecto, la Corte de Justicia de Salta sostuvo que la norma bajo análisis contempla una verdadera "consulta" ya que el juez del concurso eleva las actuaciones al tribunal de alzada con el objeto de que éste revise lo resuelto en materia de honorarios, para evitar que resulten excesivos. El concepto de orden público opera con relación al mecanismo de control previsto para los honorarios en la ley de concursos (Tomo 110:559).

De la compulsa de autos surge que se trata de una quiebra indirecta por falta de presentación de propuesta de acuerdo en tiempo oportuno (v. fs. 1806/1807 vta.), por lo que corresponde -conforme lo definido por nuestra Corte de Justicia de Salta- practicar una sola regulación y en la oportunidad prevista en el art. 265 inc. 4 de la LCQ.

En efecto, el Alto Tribunal local sostuvo que cuando se trata del supuesto de quiebra indirecta, corresponde practicar una sola regulación, conforme surge del art. 265 inc. 4 de la LCQ, que resulta comprensiva de las actividades que se desplegaron en el trámite del concurso preventivo que fracasó y de la quiebra indirecta que fue su consecuencia, por cuanto ésta es la continuación del concurso preventivo frustrado. Puntualizó -además- que para ello corresponde tener en cuenta en ambas etapas el activo realizado, en tanto resulta ser la pauta que mejor preserva el interés común de los acreedores y la unidad del proceso concursal, estimado según lo establecido en el art. 267 de la LCQ (Tomo 99:737; 110:559).

Este Tribunal sostuvo -además- que el mecanismo retributivo de la Ley de Concursos y Quiebras incluye la totalidad de los trabajos realizados durante el juicio, no correspondiendo fragmentar la remuneración por vía de regulaciones parciales (CApel.CC. Salta, Sala III - tomo 2007 - fl. 969).

En consecuencia, debe tomarse como base regulatoria única para los trámites del concurso preventivo y de la quiebra, el importe informado por la sindicatura de $ 5.280.808 (fs. 2779/2785, 2834/2837, 2849/2856 y 2872), resultando aplicable las disposiciones del art. 267 de la LCQ.

Dicha norma establece que la regulación de los honorarios de los funcionarios y profesionales debe efectuarse sobre el activo realizado, no pudiendo en su totalidad ser inferior al 4 %, ni a tres sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso, el que sea mayor, ni superior al 12 % del activo realizado. O sea, en principio, las sumas de todas las retribuciones no pueden superar el porcentaje "máximo" aplicable. También se expresó que una vez estimado o realizado el activo, el juez tiene amplias facultades para fijar los honorarios, dentro de los máximos y de los mínimos legales, a cuyo efecto deberá tener en cuenta la calidad, eficacia y extensión de los trabajos (CNCom. sala A, 06-05-86 en L.L. 1986-D-661; sum. 37.410).

Superando en autos la suma total regulada el monto máximo establecido en el art. 267 de la LCQ, corresponde reducirla.

Teniendo entonces en cuenta que, en la especie, el activo neto resultante asciende a $ 5.280.808, aplicando sobre el mismo el 4%, se obtiene la suma de $ 211.232; a su vez, el 12% equivale a $ 633.696. En la fijación del porcentual, debe el juez tener en cuenta los trabajos cumplidos, el tiempo de desempeño del cargo, la eficiencia de la labor, la complejidad de las cuestiones planteadas y las modalidades propias del asunto, teniendo presente por un lado que no se puede agobiar con erogaciones excesivas al patrimonio concursal y, por el otro, que corresponde compensar adecuadamente a los funcionarios que han intervenido en el trámite del proceso.

Tomando en consideración las pautas antes descriptas, se estima razonable adoptar el máximo previsto en el art. 267 de la LCQ para la regulación de los honorarios de estos autos, es decir la suma total de $ 633.696, respetando la proporcionalidad asignada por el "a quo" en su distribución entre los profesionales intervinientes, toda vez que fue consentida por los beneficiarios quienes no han formulado a su respecto impugnación alguna. En consecuencia, corresponde regular los honorarios de los profesionales del Estudio Erdman-Soraire y asociados SH que ejercieron la sindicatura en el proceso concursal y falencial en la suma de $ 511.836, de los Dres. Roberto García Lobo y Carlos Dos Santos, apoderados del concursado, en la suma de $ 38.972, de la Dra. Maeba Espin Marty, letrada patrocinante del concursado en la suma de $ 38.972 y del Dr. Santiago García Lobo, letrado patrocinante del fallido por su actuación en la quiebra, en la suma de $ 43.851, lo que así se resuelve.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- OBSERVA la resolución de fs. 2881/2883 vta., MODIFICA los honorarios allí determinados y REGULA los honorarios de los profesionales intervinientes en autos en la suma total de $ 633.696 (pesos seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y seis), de la cual corresponde la suma de $ 511.836 (pesos quinientos once mil ochocientos treinta y seis) para los profesionales del Estudio Erdman-Soraire y asociados SH; $ 38.972 (pesos treinta y ocho mil novecientos setenta y dos) para los Dres. Roberto García Lobo y Carlos Dos Santos; $ 38.972 (pesos treinta y ocho mil novecientos setenta y dos) para la Dra. Maeba Espin Marty; y $ 43.851 (pesos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y uno) para el Dr. Santiago García Lobo.

II. ORDENA se registre, practíquense las notificaciones en el Juzgado de origen y baje.