Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 193/199.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "TORRES, ROBERTO CARLOS contra NESAGLO S.A. -RECUPERADORA DE PLOMO- Y OTROS -LABORAL- (EXPTE 191/07) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00511448-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Falistocco, Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. Surge de las constancias de autos que el señor Roberto Carlos Torres inició demanda por infortunio laboral, ocurrido el día 1 de marzo de 2005,contra "NESAGLO S.A. RECUPERADORA DE PLOMO" y contra "BERKLEY INTERNATIONAL ART", pretendiendo la reparación integral de los perjuicios sufridos y solicitando la declaración del inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1 de la ley 24557.

Corrido traslado de la demanda, se presentó "NESAGLO S.A." y contestó la misma; no haciéndolo "BERKLEY INTERNATIONAL ART", por lo que se tuvo por decaído su derecho de contestarla. Posteriormente compareció y se incorporó al proceso.

En fecha 31 de octubre de 2013 el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Cristóbal resolvió hacer lugar a la acción de reparación civil iniciada contra "NESAGLO S.A." y la citada en garantía "BERKLEY INTERNATIONAL ART", condenándolas a abonar al actor los rubros reconocidos -indemnización por daño material, lucro cesante, e indemnización por daño moral-, con más intereses calculados desde el 27.04.2005 a una tasa del 22% anual hasta su efectivo pago. Con costas a la demandada.

Dicha sentencia fue apelada por ambas codemandadas. En fecha 15 de setiembre de 2015 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela resolvió admitir parcialmente el recurso de apelación opuesto por "NESAGLO S.A." y condenarla a abonar al actor la suma de $ 138.282,93. Acoger el recurso deducido por "BERKLEY INTERNATIONAL ART" y liberarla de toda nueva obligación de pago frente a Roberto Carlos Torres y por el accidente objeto del presente litigio. Confirmar en todos sus términos el resto del decisorio.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone "NESAGLO S.A." recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Afirma ante todo que el decisorio impugnado vulnera el principio de congruencia, por resolver ultra petita al conceder más de lo debido en relación a lo pretendido, lesionando así la garantía de la imparcialidad del juzgador y los derechos de propiedad y defensa en juicio. En tal sentido destaca que en la demanda solo se reclamó el daño lucro cesante -lo que fuera admitido por el actor al contestar sus agravios- y daño moral, sin solicitarse "la reparación de la incapacidad, a la salud, psíquico, relacional, sexual o chances perdidas".

Añade que lo argumentado por el Tribunal respecto a que Torres no renunció a una indemnización plena, se contradice con constancias trascendentes de la causa y califica como dogmática la determinación del daño material que efectuara la Alzada, por encontrarse aparentemente motivada en atención a lo acontecido en el caso.

Por otra parte, cuestiona a la Cámara por exonerar a la aseguradora, señalando que el fallo atacado adolece de graves vicios constitucionales al desatender planteos que fueron oportunamente invocados, susceptibles de incidir en la correcta solución del pleito. Conforme a ello, manifiesta que el accionante detalló en el libelo introductorio los factores de atribución de responsabilidad de "BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A." -que reseña- para que la condenaran solidariamente y pone de relieve que los juzgadores soslayaron considerar que ésta omitió contestar tempestivamente la demanda, no asistió a la audiencia de trámite, ni presentó pruebas en contra de la presunción legal.

Atribuye a los sentenciantes ignorar probanzas trascendentes, como la documental que ofreció el actor al demandar -acta de inspección del Ministerio de Seguridad de la Provincia y copia del expediente administrativo- acreditantes de los presupuestos de atribución mencionados y de los incumplimientos en que incurrió la aseguradora en materia de higiene y seguridad, y el informe del Ingeniero Gieco, que a su vez corrobora las omisiones de aquélla en la prevención de los riesgos.

A su vez, afirma que la Alzada dejó de lado la confesional ficta del representate legal de "BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A." -que no fuera controvertida por prueba documental de fecha anterior-, quien no se presentó en la audiencia de trámite ni justificó su incomparencia, por lo que debían efectivizarse los apercibimientos del artículo 66 del Código Procesal Laboral.

Sostiene que la Cámara decidió extra petita en base a un agravio no propuesto al adoptar una solución contraria a lo que surge del expediente, morigerando las presunciones legales derivadas del incumplimiento de las mentadas cargas procesales por parte de la aseguradora, la que no produjo prueba en contrario tendente a desvirtuarlas.

Finalmente, critica al Tribunal por prescindir de lo normado por el artículo 1074 del Código Civil, apartándose sin fundamentación del caso "Torrillo" de la Corte Nacional.

3. Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 275, págs. 357/359 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada "NESAGLO S.A." contra el fallo de fecha 15 de setiembre de 2015, dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente en torno al apartamiento sin fundamentación del criterio sostenido por la Corte de Justicia de la Nación en el leading case "Torrillo" contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. Por ello, concedió el recurso de inconstitucionalidad deducido.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a rectificar parcialmente la concesión efectuada por el Cuerpo en aquella oportunidad, conforme lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 498/501vto.).

Ello así al comprobar que el agravio del compareciente en cuanto le imputa al decisorio incongruencia, por fallar ultra petita pronunciándose más allá de las pretensiones esgrimidas por el actor, incurriendo en afirmaciones dogmáticas, resulta insuficiente en orden a desvirtuar los razonamientos expuestos por la Cámara en torno a la determinación de la suma del daño material.

Al respecto, la Alzada advirtió, tras considerar la alusión que hiciera la Jueza inferior al antecedente "Arostegui" del más Alto Tribunal, que surge de foja 68 que "no es verdad que en la demanda se reclama el lucro cesante" desde que el pedido de Torres abarcó la "reparación integral", agregando que el hecho de haber profundizado su petición en relación al lucro cesante y daño moral, no implica interpretar que renunció a una "indemnización plena". En punto a ello, destacó que el trabajador no puede ser conceptualizado solo como un proveedor, sino que su desempeño también se ve perjudicado en su vida privada y en su ámbito familiar y social, resaltando a continuación que "NESAGLO S.A." no logró enderezar ninguna razón que justifique disminuir el monto de la condena, toda vez que se limitó a calificarlo como "exorbitante" sin brindar un "referente que sirva de parámetro, con la ?órbita? de la cual se sale".

Como se observa, las alegaciones de la ocurrente cuestionando la determinación de la suma estipulada, no alcanzan a demostrar que el Tribunal, al decidir, se hubiese apoyado en argumentos inmotivados, por lo que dichos planteos resultan inadmisibles No ocurre lo mismo con los agravios articulados en torno a la decisión de la Cámara de liberar a "BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A." de toda nueva obligación de pago, apartándose sin fundamentación del fallo "Torrillo" de la Corte nacional, dado que tales cuestionamientos tienen entidad suficiente para lograr la apertura de la instancia excepcional intentada.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

De la confrontación de la sentencia atacada con los agravios esgrimidos en torno a la limitación de la responsabilidad de la aseguradora, cabe concluir que asiste razón a la compareciente en cuanto postula la violación de su derecho a la jurisdicción, pues la Cámara al fallar ha incurrido en arbitrariedad al apartarse, sin justificación alguna, de jurisprudencia relevante elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo "Torrillo" de fecha 31.03.09.

En efecto, en dicho precedente la Corte destacó el rol esencial que cumplen las aseguradoras en la prevención de riesgos laborales, afirmando "que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planteamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia...exigen de las ART, al paso que las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos. Primeramente, la adquisición de un acabado conocimiento de la específica e intransferible realidad del mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la prevención, incluso mediante la denuncia". Concluyendo, en definitiva, que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales".

Sin embargo, a pesar de tales pautas, la Alzada revocó el fallo recurrido en cuanto condenó a la ART a reparar íntegramente el daño padecido por el actor -fundándose para ello la Jueza a quo en el antecedente "Torrillo" citado y en el entendimiento que concurrían en el caso los presupuestos previstos en el derecho común para imponer responsabilidad a la aseguradora, por haberse acreditado el nexo causal adecuado entre el incumplimiento de sus obligaciones reguladas por la ley de riesgos del trabajo y normas reglamentarias, y el daño sufrido por el trabajador-; apoyándose la Cámara en la afirmación de que la aseguradora sólo responde hasta el límite del seguro y según los parámetros de la LRT., como así también en que la solidaridad de la ART con la empleadora no es ilimitada, sino que encuentra su margen en el monto de la póliza contratada.

Es decir, que los sentenciantes basaron su conclusión respecto de liberar a "BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A." de toda nueva obligación de pago frente al actor, limitando su responsabilidad a la indemnización tarifada, en consideraciones que se apartan claramente del precedente del Máximo Tribunal nacional, sin dar razones valederas para ello y sin ningún otro tipo de análisis relevante al respecto. Máxime si tenemos en cuenta que "NESAGLO S.A." también planteó su aplicabilidad al caso al contestar el traslado de los agravios de la aseguradora (fs.384/385). En este punto cabe destacar que el informe del ingeniero electromecánico Greco -obrante a fojas 15/16- en el marco de la investigación del accidente que motivó las presentes actuaciones, puso en evidencia las medidas que debían adoptarse para evitar la repetición del infortunio: "construcción de un carro para transporte de conos, procedimiento seguro de trabajo, capacitación del personal, compra de botines de seguridad para fundición y polainas de caña alta, sacar los conos sobre los carros en las vías, no apoyarlos en el piso, no sacar los conos con escoria con barretas o antes de los veinte minutos...", todas medidas que revelan que, de haberse implementado oportunamente se hubiese prevenido el accidente en cuestión.

Por último, cabe destacar que las pautas expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio conforme el tradicional criterio de dicho Tribunal respecto de que, no obstante que ese Tribunal sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 116, Constitución Nacional y 14, ley 48; Fallos:212:51). Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060).

Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional de Cámara en la temática aquí analizada no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional, debiendo ser anulada.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -¿en consecuencia, qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance indicado en el considerando precedente. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento al respecto, con costas por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance indicado en el considerando precedente. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento al respecto, con costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara Civil, Comercial y Laboral de Rafaela Otro Tribunal interviniente: Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Rafaela