Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07


Expte. n° 2612/03 "Rodo Hogar SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos admi-nistrativos'" Buenos Aires, 7 de abril de 2004 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La Dirección General de Rentas impugnó las liquidaciones practicadas por la empresa Rodó Hogar S.A. en relación con los años 1987/88/89 (1° a 12° anticipos mensuales) y 1990 (anticipos mensuales 1° a 6°, adicional de emergencia y actualización financiera decreto n° 1184/90). En consecuencia, determinó de oficio, sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto a los ingresos brutos resultante, por los períodos 1987 (anticipos mensuales 1° a 12°) y 1988 (anticipos mensuales 1° a 3°), y, sobre base cierta, respecto de los períodos 1988 (anticipos mensuales 4° a 12°), 1989 (anticipos mensuales 1° a 12°) y 1990 (anticipos mensuales 1° a 6°, adicional de emergencia y actualización financiera, decreto n° 1184/90) y aplicó una multa a la empresa de $ 950.159,84 por considerarla incursa en la figura de evasión fiscal (fs. 7/8, autos principales).

La contribuyente recurrió en sede administrativa el acto determinativo. La resolución SHyF n° 3465 (del 15/4/96) desestimó los recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones n° 1066, del 30/12/92, y n° 3177, del 23/6/93, y confirmó la resolución DGR n° 1066/92. En sus considerandos, la Secretaría de Hacienda y Finanzas sostuvo que el acogimiento al Plan de Facilidades de Pago (decreto n° 91/93) implicó un allanamiento a las pretensiones del fisco por los períodos incluidos y que subsistía la obligación de pago de los anticipos 1° a 11° del año 1987 y de la multa oportunamente aplicada (fs. 5, autos principales).

Ante este rechazo, Rodó Hogar S.A. inició demanda ante el fuero nacional en lo civil, para que se deje sin efecto la resolución n° 3465 del 15/4/96 de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del GCBA (fs. 67/74, autos principales). La justicia nacional en lo civil se declaró incompetente para entender en el caso y dispuso remitir las actuaciones a la justicia local, fuero contencioso administrativo y tributario, el 6/7/01 (fs.631).

2. Radicadas las actuaciones en la justicia contencioso-administrativo y tributario de la Ciudad, la actora manifestó su acogimiento a los beneficios del régimen de regularización establecido en la ley n° 671, en relación con los anticipos 1° a 11° de 1987, y con la consiguiente condonación de la multa relativa a dichos anticipos. Respecto de los restantes anticipos sostuvo que, por haber regularizado la deuda al amparo del decreto n° 91/93, la multa referida a ellos también había sido condonada, en virtud de lo dispuesto por el art. 6° del decreto n° 2076, reglamentario de la ley n° 671. En consecuencia, la actora desistió del derecho y de las acciones judiciales iniciadas (fs. 645/6, autos principales).

3. La jueza de primera instancia tuvo a la parte actora por desistida del derecho y de la acción y resolvió que no le correspondía expedirse sobre los efectos de la ley n° 671 con relación a las sanciones impuestas. Ella consideró que esa cuestión excedía el marco de la presente acción y del desistimiento del derecho expresado. Además, la jueza impuso las costas del proceso en el orden causado, en virtud de lo dispuesto en el art. 6° de la ley n° 671 (fs. 686, autos principales).

4. La sentencia fue apelada por ambas partes. La actora se agravió porque la jueza no se expidió sobre la condonación de la multa (fs. 690, autos principales). La demandada impugnó la imposición de las costas en el orden causado (fs. 697/700, autos principales).

5. La Sala I de la Cámara revocó el pronunciamiento apelado en cuanto dispuso que la condonación de la sanción impuesta al contribuyente constituye una cuestión ajena a la presente causa. En consecuencia, estableció que la multa por evasión fiscal referida a los anticipos 1° a 11° de 1987 está provisoriamente condonada -sujeta a la condición del efectivo cumplimiento de la moratoria-, y que la sanción, por los restantes períodos, está excluida de la remisión.

La alzada también revocó la sentencia apelada en cuanto distribuyó las costas en el orden causado y las impuso íntegramente sobre la parte actora (fs. 715/717, aclarada a fs. 738, autos principales).

6. La actora interpuso recurso de inconstitucionalidad por el rechazo de la condonación de la multa impuesta respecto de los períodos fiscales 12/87 a 6/90 y adicional de emergencia, y por declarar las costas del proceso íntegramente a su cargo (fs. 727/729, autos principales). El recurso fue denegado por la Cámara (fs. 751, autos principales).

7. Contra esa decisión, la actora acude en queja ante el Tribunal (fs. 18/21) 8. El Fiscal General Adjunto, en su dictamen, opinó que el recurso de queja debe ser desestimado (fs. 30/33).

Fundamentos El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja fue deducido en tiempo y forma (art. 33, LPT). Sin embargo, él no puede ser admitido.

2. Tanto en el recurso de inconstitucionalidad, como en la queja, la actora pretende fundar un caso constitucional en la arbitrariedad de la sentencia de Cámara en tanto ella "omitió inmotivadamente considerar una circunstancia medular de la causa: la inexigibilidad de la multa discutida" (fs. 18 vuelta). La recurrente afirma que la multa no era exigible -y, por ende, debía ser condonada- por dos razones: a) la vigencia de una medida cautelar suspensiva de su exigencia, y b) el criterio expuesto por este Tribunal en la causa "Buenos Aires Container Services SA", y reiterado en la causa "Club Méditerranée Argentina SRL" (fs. 20 vuelta).

En la queja se sostiene que la sentencia que resolvió la apelación se aparta de los precisos e inequívocos términos de la norma aplicable (ley n° 671 y decreto n° 2076/01) y que ello afecta el principio de razonabilidad (art. 28, CN) (fs. 20 vta.), la garantía de la defensa en juicio y el principio de tutela judicial efectiva (art. 18, CN) (fs. 18 vuelta).

3. En este simple relato de la actora se observa claramente que su discrepancia se centra en la interpretación que la Cámara efectuó del art. 6° del decreto n° 2076/01, reglamentario de la ley n° 671. La norma, en lo que interesa, establece: "(q)uedan condonadas de oficio, con excepción de las que hubieran pasado en estado de cosa juzgada administrativa, entendiendo por tal a las firmes, es decir, líquidas y exigibles al 31 de octubre de 2001, todas las multas impuestas o que correspondiera aplicar...". La recurrente se centra en discutir la interpretación del término "exigible" utilizado en la norma, pero no rebate que la disposición exceptúa en forma expresa de la condonación a las sanciones que "hubieran pasado en estado de cosa juzgada administrativa entendiendo por tal a las firmes".

En suma: la actora pretende que el Tribunal resuelva que la interpretación del artículo debe afirmarse en la nota de "exigibilidad" -como ella lo postula-, y que, en consecuencia, descalifique la sentencia que puso énfasis en el carácter "firme" de la sanción.

Con independencia de su acierto o error en la interpretación del derecho infraconstitucional (cuestión sobre lo que no cabe pronunciarse), la sentencia impugnada trató las cuestiones sometidas a su consideración y las resolvió con fundamentos suficientes. Además, la solución a la que arriba no se aparta del texto expreso de la norma.

Adviértase que la recurrente no ha cuestionado la constitucionalidad o validez de la regla local que condiciona la condonación de las multas al cumplimiento de ciertos requisitos. Tampoco ha demostrado por qué razón la sentencia adversa a su pretensión vulnera el principio de razonabilidad, afecta el derecho de defensa o le priva del derecho a la protección judicial efectiva. Adviértase, por lo demás, que la actora parte de su propio desistimiento a impugnar la pretensión administrativa, provocada por las facilidades concedidas para la regularización de sus obligaciones tributarias, razón por la cual debe soportar las consecuencias implícitas de su propio acto.

La cuestión, como ha sido planteada, es, por tanto, ajena al recurso de inconstitucionalidad.

4. Las referencias de la recurrente a la omisión de la sentencia de Cámara de tratar los alcances de la medida cautelar decretada en autos no constituye un agravio actual, pues la cuestión fue analizada por la Cámara al resolver el recurso de aclaratoria (fs. 14).

La supuesta omisión de la alzada en considerar lo dispuesto por este Tribunal en la causa "Buenos Aires Container Services SA", no fue un agravio planteado por la recurrente en el recurso de inconstitucionalidad. Se trata de una argumento tardíamente incorporado al proceso, al deducir la queja.

Además, respecto de ambas cuestiones, la actora pasa por alto que ellas no se refieren a las circunstancias planteadas en esta etapa de la causa. En efecto, tanto las consecuencias de la medida cautelar decretada en primera instancia, como el fallo del Tribunal que se cita, se vinculan con la posibilidad o imposibilidad del Fisco de iniciar un juicio ejecutivo para cobrar la multa, supuesto absolutamente distinto al discutido en este recurso, que trata sobre los requisitos exigidos por la ley y su decreto reglamentario a los contribuyentes que pretenden acceder al régimen de regularización de las deudas que dichas normas instrumentaron.

En igual orden de ideas, debe señalarse que el cumplimiento de las obligaciones tributarias también se rige por las regulaciones del derecho material, más allá de la posible aplicación de institutos de orden procesal a la relación entre el fisco y el contribuyente. De lo dicho se sigue que la exigibilidad de las obligaciones fiscales, en sentido material, depende de normas que disciplinan el cumplimiento de las obligaciones en sentido lato (cf. arts. 750 y concs. y 619 y concs. del Código Civil). Más allá de toda especulación relativa al término exigible, utilizado por la norma fiscal discutida, y de la propiedad o impropiedad de su uso en el sentido técnico-jurídico, lo cierto es que la regla es clara al establecer como momento último de condonación de multas la finalización del trámite administrativo de determinación del impuesto, bien porque esa determinación no haya sido recurrida por el contribuyente, o bien porque recurrida administrativamente se llegó a la más alta competencia administrativa posible y se estableció de ese modo la voluntad final de la administración, razón por la que se libra el título ejecutivo.

Empero, como dijimos, no se trata aquí de enfrascarnos en esta discusión sobre derecho tributario común, reservada sólo al juicio de mérito -que, por lo demás, ya ha culminado-, y ajena tanto al recurso interpuesto, como a la competencia del tribunal, sino, tan sólo, de verificar como razonable la interpretación que la sentencia de la Cámara dio al dispositivo de la norma común aplicada, incluso sin reparar en la circunstancia de que el recurrente no demostró el extremo inverso, en el cual funda su recurso.

5. La profusa cita de sentencias de la CSJN, formulada en el voto disidente y anticipada en la deliberación, me condujo a compulsar, mediante muestreo, esos pronunciamientos. Algunos de los fallos citados -pues no todos-, tenderían a verificar a lo sumo que la multa representa una sanción de orden punitorio y no resarcitorio -incluso en materia aduanera- (la cita de Fallos: 18:350; 162:224; 196:179; 239:501; 297:215; 66:322; 170:149; 228:375; 192:229; 195:56; 259:195; 247:225 y 270:381), carácter ampliamente aceptado en cualquier ámbito, pero ajeno al conflicto que se resuelve. Él se reduce -como lo explica el encabezamiento de esta sentencia- a estimar el exacto valor de un desistimiento judicial, según disposiciones generales comunes, nunca tachadas por contrarias a la Constitución federal o local, e interpretadas -según corresponde por reglas de competencia específicas- por la instancia de mérito.

6. Con respecto a la imposición de las costas, la actora vuelve a discrepar con la Cámara en la interpretación de normas infraconstitucionales. La recurrente sostiene que la sentencia recurrida efectuó una aplicación mecánica e indeliberada del art. 6° de la ley n° 671. Sin embargo, ella no efectúa una crítica precisa, fundada y razonada de los argumentos en los que se sustentó el fallo apelado. En efecto, la Cámara, para decidir, tuvo en cuenta que: a) la distribución de costas en el orden causado, prevista por los arts. 6 de la ley n° 671 y 26 de su decreto reglamentario, no tiene por finalidad, sin más, liberar a quien desiste del pago de las costas. La previsión normativa tiende a evitar que el contribuyente deba soportar el peso económico de las costas de dos juicios (el de conocimiento y la ejecución fiscal), b) la distribución de costas prevista en las normas examinadas constituye una excepción al principio general del art. 67, CCAyT, y c) al no haberse promovido ejecución fiscal contra la demandante, el caso se encuentra excluido de los supuestos comprendidos por la solución excepcional.

La quejosa se limita, entonces, a disentir con lo resuelto por la Alzada sobre la base de una regla infraconstitucional, sin hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos en los que la Cámara sustentó las conclusiones impugnadas. Por ello, los agravios carecen del carácter y del desarrollo necesario para demostrar las razones que avalan la pretensión de inconstitucionalidad articulada.

7. Sobre agravios semejantes a los expuestos, el Tribunal ya ha indicado que la circunstancia de que el recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su decisión, más allá de su acierto o error, devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. el Tribunal in re "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas: Constitución y Justicia [Fallos de TSJ], t. I, ps. 282 y siguientes).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad y la queja que lo defiende deben ser admitidos con la extensión que a lo largo de este voto se indica.

Las circunstancias de la causa demuestran que, si bien las cuestiones que se deben ponderar se relacionan principalmente con la interpretación de una norma infraconstitucional realizada por los jueces de la causa -aspecto que, por regla general, resulta ajeno al remedio intentado-, el agravio del recurrente se muestra apto para habilitar este estrado por encontrarse en juego el derecho de defensa en juicio (tutela judicial efectiva), protegido por la Constitución local, nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

En este caso, se ha logrado demostrar de manera consistente que la sentencia del a quo presenta una fundamentación sólo aparente que se aparta de la solución prevista para resolver el planteo, a partir de un defecto en la consideración de extremos conducentes para definir la cuestión debatida.

2. La recurrente califica de arbitraria a la sentencia que ataca e invoca una lesión a los principios de razonabilidad, de tutela judicial efectiva y a la garantía de la defensa en juicio (arts. 18 y 28, CN). Respalda su afirmación al señalar que la Cámara, a raíz de su particular interpretación del art. 6° del decreto n° 2.076/01, consideró que la vigencia de la medida cautelar dispuesta en la causa, mediante la cual se habían suspendido los efectos del acto administrativo que le había impuesto una multa, no modificaba el carácter exigible de la sanción.

3. El artículo 6° del decreto n° 2.076/01, reglamentario del régimen de presentación espontánea para el pago de las obligaciones tributarias previstas en la ley n° 671, estableció con respecto a la condonación de sanciones que las mismas: "[q]uedan condonadas de oficio, con excepción de las que hubieran pasado en estado de cosa juzgada administrativa, entendiendo por tal a las firmes, es decir, líquidas y exigibles al 31 de octubre de 2001, todas las multas impuestas o que correspondiera aplicar, tanto de naturaleza formal como material, siempre que, con respecto de las mencionadas en último término, esto es, multas de naturaleza material, las obligaciones tributarias a las que están vinculadas se hubieran cancelado o incorporado a un plan de facilidades vigente, en ambos casos al 31 de octubre de 2001, o regularizadas de conformidad con el presente régimen. La condonación de las multas formales impuestas o que correspondiera aplicar, queda supeditada al cumplimiento del deber formal omitido hasta el 31 de marzo de 2002 salvo que a esa fecha tal deber resulte de imposible cumplimiento. En los casos de obligaciones en gestión judicial, si su regularización de conformidad con el presente régimen es total, la condonación de sanciones incluye a las firmes".

4. Más allá de la reseña jurisprudencial -a partir del leading case: "Carman de Cantón Elena c. La Nación, s. pensión" (Fallos: 175:369), sentencia del 14 de agosto de 1936-, y doctrinaria que se podría consignar para aproximarse a la definición de la denominada "cosa juzgada administrativa" (término impropio para calificar la situación de estabilidad del acto administrativo que surgiría cuando su contenido ya no puede ser revisado por la Administración, en contra del administrado), lo cierto es que de los términos del art. 6° del decreto n° 2.076/01 se desprende que la posibilidad del Fisco para mantener subsistentes las sanciones impuestas, en el caso atento al acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, dependía de una condición concreta: que la multa fuese "líquida y exigible al 31 de octubre de 2001".

5. La medida cautelar decretada por la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil, de fecha 8 de abril de 1997, se dispuso en los siguientes términos: "[a]tento las razones expresadas precedentemente y previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante, decrétase la prohibición de innovar respecto de la resolución n° 3465 dictada el 15-4-96 por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto la demandada deberá abstenerse de ejecutar actos derivados de la precitada resolución" (fs. 89 vta., autos principales - el énfasis ha sido añadido).

6. El acto administrativo suspendido en sus efectos por la medida precautoria, había rechazado los recursos jerárquicos y confirmado la resolución n° 1.066 de la Dirección General de Rentas mediante la cual: a) se impugnaban las liquidaciones practicadas por la parte recurrente en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos; b) se determinaba de oficio el tributo; c) se disponía actualizar las diferencias resultantes de conformidad con las pautas referenciadas en los "considerandos" del acto; y d) se imponía una sanción de multa.

Sin perjuicio de que en el curso del proceso se sustituyó la caución juratoria fijada originalmente por una real (fs. 547, autos principales), la resolución judicial mencionada, como se viera, suspendió todos los efectos del acto administrativo en crisis. En consecuencia, utilizando las palabras del juez de grado, la DGR debía abstenerse de ejecutar actos derivados de la precitada resolución.

Uno de los contenidos del acto, como se dijo, era el que imponía la multa. Entonces, si la suspensión cautelar decretada privó de ejecutoriedad con fecha 8/4/97 a todas las disposiciones de la resolución emitida por la DGR en ese acto, el pago de la multa no resultaba exigible al contribuyente al 31 de octubre de 2001 y la sanción debió ser condonada por ministerio de la ley -primer párrafo del artículo 6º ya transcripto: [q]uedan condonadas de oficio...- al verificarse que el contribuyente había regularizado su situación frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cancelándolo o incorporándose a un plan de facilidades.

7. La Cámara, por su parte, consideró que: "el hecho de que la obligación se haya tornado exigible (...) excluye la condonación conforme la expresa previsión normativa, sin perjuicio de que esa exigibilidad haya quedado suspendida posteriormente por la medida cautelar dictada en autos" (fs. 14 de la queja - el destacado en bastardilla ha sido agregado).

Para la Cámara, la suspensión cautelar de la exigibilidad del acto administrativo no lo privó de su carácter exigible. O, dicho en otras palabras, el acto administrativo resultaría exigible aunque la exigibilidad se encuentre suspendida. Así, esta postura lo que ha consagrado, en realidad, es la privación de los efectos propios de una medida cautelar sin brindar, por lo demás, algún argumento atendible y mínimamente lógico que, sin incurrir en autocontradicción, permita sustentar lo decidido (fs. 14 de la queja).

No se desconoce que las medidas cautelares son esencialmente provisionales y siguen la suerte del principal que garantizan, pero está claro que ellas subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron (art. 182, CCAyT y art. 202, CPCCN). En suma, el acto administrativo, suspendido en sus efectos en este caso -aunque sea cautelarmente-, se encontraba privado de manera temporaria de su ejecutoriedad y, en consecuencia, no resultaba exigible al contribuyente al 31 de octubre de 2001.

8. Por lo expuesto, el decisorio debe ser revocado en este punto, pues contiene una fundamentación tan sólo aparente, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que lesiona, concretamente, el derecho de defensa.

9. A mayor abundamiento, cabe añadir que el régimen de regularización instituido por el decreto nº 2.076/01, extendió el beneficio en lo relativo a la condonación de sanciones para el caso de acogimiento total a su régimen respecto de penalidades que hubieren devenido firmes, lo que disipa cualquier duda en el sub examine (art. 6°, in fine).

10. A las particularidades fácticas de la causa de que se ha hecho mérito, corresponde añadir, como respaldo argumental, que el art. 450 del CCAyT establece que, en materia tributaria, sólo las "multas ejecutoriadas", en tanto exigibles, son susceptibles de ejecución fiscal conforme lo ha decidido este Tribunal in re: "Buenos Aires Container Services S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Buenos Aires Container Services S.A. c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' ", expediente nº 1686/02, sentencia del 13 de noviembre de 2002. A este respecto, la calidad de inexigible de una multa tributaria enerva la posibilidad de ejecución y se proyecta, incluso, generando todas las demás consecuencias que de tal situación caben derivarse, en tanto la ley no efectúa distinciones que permitan adscribir a otro criterio. Más aún, en términos generales, las multas tributarias recurridas carecen de exigibilidad por la naturaleza penal que les ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una vasta jurisprudencia, cuando ha señalado que éstas funcionan esencialmente como penas y no como indemnización ya que se trata de sanciones ejemplificadoras e intimidatorias enderezadas a lograr el acatamiento a los preceptos legales.

En tal sentido pueden consultarse los siguientes precedentes: a) multas aduaneras -causas: "El Fisco Nacional contra D. Saturnino Soage y Cª sobre contrabando" (Fallos: 18:350), sentencia del 5 de diciembre de 1876; "Compañía Swift contra el Gobierno Nacional, por devolución de una suma de dinero" (Fallos: 156:100), sentencia del 15 de noviembre de 1929; "Chadwick, Weir y Compañía Limitada en autos con la Aduana de la Capital, sobre defraudación. Recurso de hecho" (Fallos: 162:224), sentencia del 21 de septiembre de 1931; "Cía. Swift de La Plata v. Nación Argentina" (Fallos: 184:162), sentencia del 7 de julio de 1939; "Ángel García y Aurelio García" (Fallos: 184:417), sentencia del 1º de septiembre de 1939; "Aduana v. N. Neuman, Sociedad en Comandita" (Fallos: 196:179), sentencia del 14 de julio de 1943; "Pedro Jajan y Otra" (Fallos: 237:704), sentencia del 22 de mayo de 1957; "Aduana de Mendoza v. Ventura Heriberto Fernández" (Fallos: 239:449), sentencia del 27 de diciembre de 1957; "Nación Argentina v. José Aguirre Cámara y Otros" (Fallos: 239:501), sentencia del 30 de diciembre de 1957; "Hersch Wolczanski" (Fallos: 267:457), sentencia del 15 de mayo de 1967; "S.A. Guillermo Miras C.I.F. v. Administración Nacional de Aduanas" (Fallos: 287:76), sentencia del 18 de octubre de 1973; "S.A.I. y C. Papelera Hurlingham v. Administración Nacional de Aduanas" (Fallos: 288:356), sentencia del 6 de mayo de 1974; "Alberto Bigio v. Dirección Nacional de Aduanas" (Fallos: 289:336), sentencia del 29 de agosto de 1974; "Hercyk Leon Frydman y Otra" (Fallos: 297:215), sentencia del 24 de marzo de 1977; "Cimac S.C.A. v. Nación Argentina" (Fallos: 304:892), sentencia del 22 de junio de 1982; "Industria Automotriz 'Santa Fe'" (Fallos: 304:1692), sentencia del 25 de noviembre de 1982; "Jaime Bahar y Otros" (Fallos: 305:373), sentencia del 22 de marzo de 1983; "Citrex S.A.I.C." (Fallos: 308:1224), sentencia del 14 de agosto de 1986; y "Citrex S.A.I.C." (Fallos: 308:2043), sentencia del 28 de octubre de 1986-; b) multas en los impuestos internos o a los consumos específicos -causas: "El Fisco Nacional, contra don José Crespo Bru, por cobro de una multa; sobre competencia" (Fallos: 66:332), sentencia de 9 de febrero de 1897; "Don Daniel J. y Vicente Espoueys, entablan recurso contencioso contra una resolución de la Administración General de Impuestos Internos que le impuso una multa" (Fallos: 151:293), sentencia del 30 de mayo de 1928; "Gobierno Nacional contra la Compañía de Seguros Independencia, sobre cobro de pesos" (Fallos: 160:13), sentencia del 24 de diciembre de 1930; "Administración de Impuestos Internos contra don Martiniano Malmonge Nebreda, por defraudación de impuesto interno al tabaco" (Fallos: 169:309), sentencia del 15 de noviembre de 1933; "Banco Italo Español Argentino, síndico de la quiebra de la Sociedad 'Sucesores de Ángel Rossi', en los autos 'Sucesores de Ángel Rossi', apelando de una resolución de Impuestos Internos. Recurso de hecho" (Fallos: 170:149), sentencia del 21 de febrero de 1934; "Riscossa Hermanos v. Impuestos Internos" (Fallos: 182:364), sentencia del 5 de diciembre de 1938; "Procurador fiscal v. Isaac Sosa Paez y otros" (Fallos: 183:216), sentencia del 22 de marzo de 1939; "General Motors Argentina S.A. v. Impuestos Internos, recurso de hecho" (Fallos: 183:383), sentencia del 8 de mayo de 1939; "Impuestos Internos v. Antonio Pérez y Santos" (Fallos: 187:569), sentencia del 6 de septiembre de 1940; "Lumeras y Menéndez v. Impuestos Internos" (Fallos: 187:683), sentencia del 25 de septiembre de 1940; "Marcos, Alfonso y Pedro Nicolodi v. Impuestos Internos" (Fallos: 204:243), sentencia del 15 de marzo de 1946; "Jose Santamarina v. Nación Argentina" (Fallos: 210:65), sentencia del 20 de febrero de 1948, pronunciamiento donde se señaló que la ley establecía un sistema diferenciado para la percepción de los impuestos internos liquidados por la Administración y la de las multas aplicadas a los contribuyentes. Así entonces, los primeros eran ejecutables de inmediato, sobre la base de la boleta de deuda expedida por la oficina recaudadora respectiva, sin más defensas que las de pago y prescripción y sin perjuicio de la acción ordinaria de repetición ulterior en que su legitimidad pudiera discutirse; mientras que las segundas sólo podían cobrarse compulsivamente cuando se encontraran ejecutoriadas [los fundamentos de tal decisión se anticiparon en el precedente: "Santiago Vallebella e hijos v. Impuestos Internos" (Fallos: 190:444), sentencia del 27 de agosto de 1941, donde se argumentara: "Que este régimen... contempla a la vez la necesidad fiscal de la inmediata y regular percepción de la renta pública, y el respeto de los derechos de los individuos, a quienes no se sujeta así a penalidades a menudo pesadas, sin la garantía del previo conocimiento y decisión de la justicia"]; "Jose Paviolo S. A. Ltda." (Fallos: 211:1380), sentencia del 25 de agosto de 1948 y "Antonio Díaz y José Quirino Martins" (Fallos: 212:240), sentencia del 3 de noviembre de 1948; "S.A. Industrial y Comercial 'Ragor'" (Fallos: 228:375), sentencia del 22 de abril de 1954-; c) multas tipificadas en la ley nº 11.683 -causas: "Ignacio García v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" (Fallos: 192:229), sentencia del 13 de abril de 1942; "Eugenio Robba v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" (Fallos: 195:56), sentencia del 24 de febrero de 1943; "Jorge Fares v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" (Fallos: 200:495), sentencia del 29 de diciembre de 1944; "Ernani Luis Castellini v. Dirección General del Impuesto a los Réditos" (Fallos: 205:173), sentencia del 3 de julio de 1946; "S.A. Tricerri" (Fallos: 270:29), sentencia del 9 de febrero de 1968; "Roque Humberto Belli v. Dirección General Impositiva" (Fallos: 298:57), sentencia del 14 de junio de 1977; y "Usandizaga, Perrone y Juliarena S.R.L. v. Dirección General Impositiva" (Fallos: 303:1548), sentencia del 15 de octubre de 1981-; d) recargos de la ley nº 11.683 -causa: "Eduardo Francisco Zielli" (Fallos: 271:338), sentencia del 13 de septiembre de 1968;-; e) multas en los impuestos de sellos -causas: "Don Antonio Urraco contra don Francisco Troanes, por cobro de pesos; sobre multa por infracción de la ley de sellos" (Fallos: 34:167), sentencia del 7 de agosto de 1888; y "Leonor Blanco v. Necha Esterkes" (Fallos: 259:195), sentencia del 29 de julio de 1964-; f) multas en los impuestos a la transmisión gratuita de bienes -causa: "Federico O. Bemberg y Otro v. Provincia de Buenos Aires" (Fallos: 247:225), sentencia del 1º de julio de 1960-; g) multas en los impuestos de patentes -causa: "Provincia de San Juan v. Pablo Posleman" (Fallos: 185:188), sentencia del 17 de noviembre de 1939-; y h) multas en contribuciones especiales -causa:"Nación Argentina v. Cangiani Hnos. y Cía." (Fallos: 270:381), sentencia del 10 de mayo de 1968-.

Así, en las multas tributarias de naturaleza penal no cabe hablar de "juicio", y en particular de aquel que el art. 18 de la CN exige como requisito que legitime una condena, si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de "juicio previo" si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma.

11. Con respecto a los agravios de la quejosa relacionados con la imposición de costas, ante el desistimiento de su acción en el proceso principal, coincido con lo expresado por mi colega el doctor Julio B. J. Maier, en que tal planteo carece del desarrollo necesario para demostrar las razones que avalan la pretensión de inconstitucionalidad articulada.

En lo pertinente a las costas de esta incidencia, atento a los vencimientos recíprocos, las mismas deben ser impuestas en el orden causado.

12. Por las consideraciones expuestas, corresponde: a) hacer lugar parcialmente a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos; b) revocar la sentencia de la Cámara en el punto relacionado con la exigibilidad de la multa impuesta mediante el art. 4° de la resolución n° 1.066-DGR-92 por los períodos que se discuten; c) considerar que la multa en cuestión se deberá tener por condonada si se acreditan ante la instancia de mérito los restantes extremos contemplados en el decreto n° 2.076/01, y d) desestimar la queja respecto al agravio vinculado con la imposición de costas de la causa principal y distribuir las de la incidencia en el orden causado.

Así lo voto. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto del juez Julio B. J. Maier.

La jueza Ana María Conde dijo:

La recurrente no expone fundadamente un caso constitucional, conforme lo requiere el art. 27 LPT, pues su escrito se reduce a cuestionar la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas al caso por la Cámara.

La queja se limita a esbozar, sin argumentación que rebata lo afirmado en la sentencia del a quo ni en su aclaratoria, como único agravio, la arbitrariedad de la interpretación efectuada acerca del carácter de exigible de la multa impuesta por la DGR, en función de la existencia de una medida cautelar suspensiva de la ejecución, tema sobre el cual no considero necesario expedirme. En efecto, la decisión de la Cámara trató los puntos propuestos y arribó a una solución sustentada en las normas legales aplicables, por lo que, más allá de su acierto u error, resulta razonable y suficiente para fundar la resolución impugnada.

No es cierto, por otra parte, que se haya omitido resolver lo referente a la medida cautelar existente, pues tal cuestión ha sido tratada en la aclaratoria de la sentencia, con fundamentos que tampoco han sido rebatidos ni descalificados en el escrito de queja.

En su mérito, corresponde aplicar el criterio, ya establecido por el Tribunal, conforme el cual "Cuando la queja se funda en la arbitrariedad de la decisión recurrida, no resultan pertinentes, para admitir el recurso, las meras discrepancias con el contenido de la resolución " (TSJBA, causa 209/00, "Martínez, María del Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", resolución del 9-3-2000).

Por ello, oído el Fiscal General Adjunto, como resultado de la votación que antecede y por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por Rodó Hogar S.A. a fs. 18/21.

2. Dar por perdido el depósito de fs. 24.

3. Mandar que se registre, se notifique y se devuelva el principal con la queja.