marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

El derecho de daños encuentra un andarivel para su ingreso en las relaciones de familia cuando exista un hecho concreto o una suma de ellos que directamente impliquen un ataque material o moral a la persona del cónyuge o del hijo, en tanto revistan intrínsecamente entidad suficiente como para inferir un daño grave a la víctima (vg. una lesión física, una injuria, un abuso de armas, un abuso deshonesto, una violación, corrupción, instigación a cometer delitos, o un cúmulo de estos hechos). (Minoría u opinión personal)
Divorcio, vocación hereditaria, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Camarasa Jaime y otros c/ Binci Amadeo Decio s/ Peticion de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Se compadece con el sentido del art 3574 del C.C. entender que la "inconducta moral" son los actos contrarios a las normas morales y éticas fijadas por la sociedad, con potencialidad ofensiva para el otro cónyuge según la apreciación judicial, considerando la educación, posición social y demás circunstancias de hecho (incluso el divorcio previo) y con abstracción de que el divorciado culpable lo hiciera valer en vida.
Recurso contencioso administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ubet, Jorge Antonio c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 246-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

Si el actor, luego de la tramitación de un solo procedimiento administrativo, inició sucesivamente -y a partir de la misma "vía administrativa"- dos recursos jurisdiccionales con idénticos fundamentos y finalidad respecto del mismo acto administrativo, ello determina que, indefectiblemente, lo decidido en el primero de los juicios contencioso-administrativos iniciados tenga directa incidencia sobre el segundo de ellos; máxime si se considera que el último no surgió de una nueva pretensión administrativa esgrimida ante la Municipalidad demandada sino que aparece en el mismo procedimiento que dio origen al proceso perimido.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Hilda c/ Aragón, Alberto Tomás s/ Ejecutivo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-19

La excepción opuesta -inhabilidad de título- por el ejecutado, contenida en el art. 544 inc. 4 del C.P.C.C. resulta sólo admisible cuando se ha negado la deuda y cuando no se trate a través de ella de cuestionar la legitimidad de la causa.
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, proceso arbitral
Materia: PROCESAL
Carátula: Energy Traders SA c/ Olca SAIC s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

La autoridad de los árbitros está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos: surgir del consentimiento válido de las partes; que se refiera a cuestiones transables y por ende a materias disponibles (CPR 753); que sea ejercida con respeto a las garantías del proceso y finalmente que no vulnere el orden público (Cfr. CNCom, Sala A, "Otto Garde y Cía. SA c/ Multiespacios San Isidro s/ Arbitraje del 11/11/08). No obstante, así como los particulares pueden renunciar a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y someterse a la jurisdicción arbitral, también pueden restringir el control judicial del laudo, renunciando a ciertos recursos ordinarios como el de apelación, lo que no obsta a la deducción de los recursos de aclaratoria y de nulidad previsto en el CPR 760. en tanto el código no admite la renuncias de estos últimos. De ahí que independientemente que el laudo emanado de árbitros de derecho sea apelable o no, lo cierto es que en todos los casos es susceptible de ser atacado por nulidad, conforme las causales que a ese fin contempla el ordenamiento procesal vigente en la materia (CPR 760 y 761).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, coparticipación federal, Municipalidad, doble imposición
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELECOM PERSONAL S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-23

Respecto a la supuesta violación de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la Cámara recordó que la obligación de no gravar establecida por la ley deja a salvo las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados; que en la especie ya se había explicado que no se requirió habilitación correspondiente y que no podía afirmarse que no se han prestado servicios, para concluir que no se había demostrado acabadamente que la Municipalidad haya gravado con un tributo local la materia gravada por un tributo nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA, SILVIA M. c/ INSTITUTO SECUNDARIO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES AUTORIZADO NRO. 9252 s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-22

La revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado evidencia que el pronunciamiento impugnado carece de definitividad para franquear el acceso a la Corte, pues las decisiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación, a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable o medie denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia. La ausencia de sentencia definitiva que inspira ese principio no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales. (Citas: CSJN Fallos 302:417; 306:2101; 256:474; 302;555; 304:479. CSJStaFe AyS T 144 p 450; T 175 p 183; T 63 p 111)
Interdicto de obra nueva, propiedad horizontal, partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: Barraeco Ada c/ Consorcio de prop. T. Garcia 1935/43 s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Si bien la prolongación de ventanas implica realizar obras en el muro "de cerramiento lateral" que constituye parte común, si solo se hicieron "modificaciones visuales" que por estar ubicadas en un piso alto resultan imperceptibles para un observador común que circula normalmente por la zona, a pesar de que se trate de una obra efectuada en violación al art. 7 de la ley 13.512, y sin consentimiento de los copropietarios, debe hacerse lugar a la acción normalmente declarativa prevista por el art. 322 del Cód.

Proc. a los efectos de declarar el derecho a mantener la obra realizada.
Derechos y garantías constitucionales, periodistas, proceso penal, libertad de prensa, partes del proceso, legitimación procesal, amicus curiae
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Thomas Catan. s/ Queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-28

Este Tribunal ha aceptado anteriormente colaboraciones a título de "amicus curiae" de organizaciones no gubernamentales que persigan un interés válido y genuino en el tema, y que además, acrediten una especialización en él y la necesidad de que la materia a opinar resulte un caso de ampio interés público.

Tales exigencias se encuentran satisfechas en el caso donde organizaciones tales como "Periodistas- Asociación para la defensa del Periodismo Independiente" o la "Federación de Trabajadores de Prensa" que poseen interés y especialización como la trascendencia institucional del tema con implicancias en el ejercicio de la libertad de prensa en caso de que, eventualmente, entre en conflicto con la actuación de la justicia al haberse dispuesto por la decisión judicial cuestionada la confección de un listado de la totalidad de las llamadas telefónicas de un periodista.

Asimismo, y en otras ocasiones el tribunal rechazó solicitudes de admisión en tal carácter, efectuados por distintos organismos, destacando que la existencia de partes debidamente legitimadas constituyen un escollo para una aceptación libre de la colaboración en cuestión, más aún en procesos de naturaleza penal en los que debe extremarse el respeto a las garantías constitucionales que corresponden al individuo sometido a proceso. Entre ellos, el derecho de defensa, con particular referencia en esta situación a las condiciones de plena igualdad en la posibilidad de influir, en las mismas condiciones teóricas y prácticas que el acusador, en la decisión de los jueces sobre el caso.

Se advierte entonces, que la preocupación evidenciada en estos últimos precedentes de armonizar la colaboración del "amicus curiae" con el derecho de defensa del imputado resulta relativizada Primero, por el incipiente estado del proceso y la inexistencia de momento, de imputaciones concretas y determinadas sobre algún sujeto en particular. Además, de que el tema escapa a cuestiones vinculadas a la atribución de responsabilidad de alguna persona.
Costas, divorcio, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: F., C. c/ B.M., C. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

Si bien en nuestro derecho el matrimonio civil es un trámite administrativo, la intervención del juez en el caso de divorcio o separación personal es una carga común necesaria, pues debe ser declarado judicialmente. En consecuencia, las costas en los casos de declaración de divorcio o separación personal por causal objetiva deben ser asignadas en el orden causado, pues salvo supuestos de excepción, no hay vencedores ni vencidos. (Sumario N°20823 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TURINETTO PABLO MIGUEL Y OTRA c/ PONTORIERO ADRIAN RAFAEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-08-06

La tasa de interés (moratorio) a aplicar desde el primero de abril de 1991, referida a un capital que no se actualiza. El artículo 10 del decreto 941-91, faculta al juez a indicar la tasa de interés que regirá a partir de la fecha referida. Dicha norma limita la preceptiva del artículo 7 de la ley 23928, con innegable acierto y salvando, en parte, la objeción constitucional que pudiera merecer el texto legal, no impone la tasa pasiva, sino que simplemente la indica o sugiere, dejando a los jueces la facultad de apreciar si es con ella, u otra diversa, que habrá de mantenerse incólume el contenido económico de la sentencia. Parece razonable revisar el criterio de este Tribunal, para adecuarlo a los presupuestos de la realidad económico-financiera del presente con proyección de futuro, evitándose que la tasa de interés pueda producir en definitiva, un enriquecimiento incausado del acreedor. Estímase adecuado limitar la aplicación de la tasa activa del Banco de Entre Ríos, a lo que resulte de adicionar a la variación de los índices de precios al consumidor el 6 por ciento de interés anual El criterio postulado supone subsumir la solución de la problemática de las deudas con mora, en el encuadre nominalista mitigado que definen la ley 23928 y el decreto 941-91, equilibrando con razonabilidad los requerimientos propios de una normativa antiinflacionaria, frente al imperativo insoslayable de incolumidad de legítimos derechos individuales. Toda programática antiinflacionaria, tanto en el ámbito del derecho positivo, como muy especialmente en sede jurisdiccional, no puede desconocer las limitaciones impuestas por la propia realidad económica en conjunción cobn los derechos y garantías amparados por la ley fundamental de la Nación. Si bien es inadmisible que por vía de intereses desmedidos se produzca al acreedor un enriquecimiento incausado, no lo es menos que con fundamento en un supuesto muy difuso y eventual efecto inflacionario de ciertas tasas de interés, se cause un gravámen económico a aquél, con el correlativo beneficio injustificado del deudor, amparando y más aún promoviendo, decididamente una disvaliosa y antisocial conducta morosa de éste.
Leyes, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villanueva, Hector c/ Vial Atlántica S.A. y otros s/ Reivindicación y nulidad de acto jurídico Mastrosimone de Anzalone, Lucía s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16|1995-03-21

En caso de colisión de una norma de orden público con otra que no lo es (en el caso la ley 8904 y el art. 272 CPC corresponde dar preeminencia al primero, máxime teniendo en cuenta que el orden público es irrenunciable y que se aplica aún de oficio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, jueces, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: CIVIL
Carátula: S.A. La Razón E.E.F.I.C.A. s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO S/QUIEBRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

La pretensión de daños y perjuicios deducida contra el juez por presuntos actos ilícitos cometidos durante el desempeño de su función, se halla condicionada a la circunstancia de que aquél haya cesado en el cargo, sea por renuncia, por haberse acogido al beneficio jubilatorio o en virtud de destitución dispuesta en un proceso de responsabilidad política.
Honorarios del perito, pago
Materia: LABORAL
Carátula: LACUADRA, HUGO DANIEL Y OTROS c/ COOP. ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LTDA. s/ COBRO DE DIFERENCIAS DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-11

La Sala C. y C. del S.T.J.E.R. en fallo del 27/02/01, ha dejado sentado que en los casos de ejecución de honorarios del perito contra quien no fue condenado en costas, requiere previamente la interpelación del ejecutado a los efectos de constituirlo en mora, no bastando la notificación de la regulación para tener por cumplido el emplazamiento concreto requerido por el art. 509 C.C. y a contrario sensu, se puede inferir que para quien sí fue condenado en costas, no es necesaria la interpelación.
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS DE VARGAS, ANA MARIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO CHAZARRETA, MARTA OFELIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y COMISION DE TITULARIZACION Y JUNTA DE CLASIFICACIONES s/ ACCION DE AMPARO PALOMO GRACIELA LILIANA Y OTROS c/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA-SALA DE SUPERINTENDENCIA s/ RECURSO DE AMPARO GOMEZ DE ORIETA, FARIDES EUGENIA c/ CONSEJO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ AMPARO ORIETA, VIRGINIO DE JESUS c/ CONSEJO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO CALABRESE ANTONIO y SALOMON OSVALDO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO SORIA ARNALDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTEO s/ ACCION DE AMPARO MANSILLA ALDO AUGUSTO c/ EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL CACERES, JOSE LUIS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-30|2006-12-05|2006-07-13|2006-08-25|2006-09-04|2006-04-07|2006-07-10|2006-07-10|2007-06-27

La competencia originaria de los tribunales superiores, tanto provinciales como nacionales, es determinada por la Constitución respectiva, por cuanto constituye una expresión de la soberanía que radica en el poder constituyente, cuya fuente primigenia es el poder originario del pueblo soberano. Así, la facultad de determinar la jurisdicción resulta un atributo de esa soberanía que el pueblo delega en la convención constituyente. He aquí el fundamento filosófico- político de la jurisdicción originaria del Alto Tribunal, y el motivo último por el cual esa competencia no es susceptible de ser ampliada ni restringida.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Botticelli, Roque R. c/ Campagnoli, Fernando A. y ot. s/ Cobro de alquileres. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

En principio los pronunciamientos recaídos en un juicio de ejecución de alquileres no revisten carácter de definitivos en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime cuando -como en el caso de autos- la decisión recurrida -que dispone la apertura a prueba a fin de discriminar los valores locativos y fijar el monto y lapso de los adeudados si los hubiere- no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, obras sociales, rescisión unilateral, enfermedad preexistente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: E. M. y otros c/ OMINT SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La decisión unilateral de la OMINT S.A. de rescindir el contrato de afiliación de todo el grupo familiar, por haberse omitido consignar en la declaración jurada la afección de nacimiento que padecía la menor afiliada, debe considerarse arbitraria, y ocasiona un grave perjuicio contra los derechos que le asisten a los actores y en particular a la menor, al no poder recibir con cobertura integral el tratamiento específico que necesita acorde con sus padecimientos.
Proceso penal, imputado, peligrosidad del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., C. R. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 17-04, Resolución Nro. 35,  Tomo 1, Folio 494)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-29

Humanamente es absolutamente comprensible que cualquier persona ante la posibilidad de verse privado de su libertad, intente huir. Se trataría entonces, en una especie de juego de impulsos y contra impulsos, de imaginar la oposición a todos los factores que puedan incidir en una hipotética intención de huida, de otros que operen en sentido contrario. Sin embargo, existen algunos que, naturalmente, pueden operar en uno u otro sentido. Es fácilmente entendible la existencia de algunos que pueden actuar arraigando más o menos fuertemente a una persona, tornando dificultosa la decisión de huir pese a la inminencia de una pena; así, por ejemplo, un núcleo familiar que no es sencillo trasladar y al que se está adherido afectivamente, un trabajo más o menos estable y/o bien remunerado, bienes económicamente apreciables que no pueden trasladarse o liquidarse, el estado de salud propio o de personas con que se mantienen lazos de afecto, etc. Para una persona de marcado arraigo familiar y social, no será fácil tomar la decisión de alejarse, que en cambio podrá serle más sencilla a quien no lo tenga. Por supuesto que en la decisión las capacidades económicas tendrán mucho que ver.
Recurso de apelación (procesal), ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Carnaghi, María Adelma c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

Corresponde rechazar los agravios vinculados con la ley aplicable, ya que para que el derecho al beneficio estuviese regido por la ley 18.038 sería menester que se hubieran cumplido todos los recaudos exigidos por esa legislación con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 24.241 (art. 161), condición que no se perfeccionó al no haberse abonado la deuda por aportes que la titular mantenía con el sistema previsional antes de la vigencia del nuevo sistema en la materia.
Falsificación de cheque, falsificación de instrumento privado, endoso, transmisión del cheque, reforma legislativa
Materia: PENAL
Carátula: VINAGRE, EDGARDO s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

Después de la sanción de la ley 23.549, los cheques no son asimilables a los demás títulos de crédito transmisibles por endosos y por ende a los instrumentos públicos, según el alcance conferido por el art. 297 del código de fondo. Dada la virtual desaparición del endoso como medio de transmisión y el fundamental cambio del régimen jurídico que altera su naturaleza, al eliminar sus condiciones de literalidad y autonomía se priva al cheque de su calidad de título de crédito.

La simple entrega, ahora limitada a los títulos extendidos al portador, es irrelevante frente a la derogación del endoso y ante el escaso monto por el cual puedan librarse los cheques (art. 56 ley citada).

Los cheques son meros instrumentos particulares de modo tal que su falsificación encuentra encuadre jurídico en el art. 292 C.P.
Prueba, resoluciones recurribles, competencia contencioso administrativa, debido proceso, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASTILLO SANTIAGO JOSE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-31

La norma sobre irecurribilidad de las resoluciones judiciales sobre poducción,denegación y sustanciación de las pruebas debe interpretarse con la amplitud suficiente como para evadir su aplicabilidad ante situaciones no contempladas expresamente. Y aparecen actuantes las cuotas de excepcionalidad que habilitan a apartarse de aquel citado principio de inapelabilidad, cuando lo discutido no cuenta con la posibilidad de plantearse en una instancia ulterior. Es así que, una interpretación razonable nos conduce a restringir el carácter irrecurrible de tales resoluciones cuando el proceso transcurre en jurisdicción única y exclusiva. Tal elucidación deriva del imperio de la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional y del adecuado derecho de defensa del quejoso. - (MINORIA U OPINION PERSONAL)