marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contravenciones de juego, medidas cautelares, secuestro de bienes, devolución de objetos secuestrados, oportunidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, M. M. s/ Incidente de secuestro
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El artículo 7 de la Ley Nro. 255, determina el comiso de los instrumentos con los que se comete la infracción, incluyendo en tal concepto el dinero apostado o en juego, que se aplica en todos los casos de condena; en este sentido, es dable afirmar que la ley de juego sentó una excepción al principio del artículo 26 del Código Contravencional.

Nos encontramos ante una norma específica, no correspondiendo devolver los objetos secuestrados sino hasta la conclusión del proceso; pues es preciso recordar, que en caso de culminar la controversia en una sentencia condenatoria, se proceder inexorablemente a comisar los instrumentos con los que se cometa la infracción (art. 7, Ley Nro. 255). (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recusación, ministros de la Corte Suprema, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Estado Nacional  s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

Las recusaciones contra los integrantes del Tribunal que resultan manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que carecen de todo sustento por no encuadrar en las causales previstas en el artículo 17 del CPCCN
Cuestiones de competencia, contenido de la demanda, exposición de los hechos, pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodriguez Ruiz, Alberto c/ Clarín y otros s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de su pretensión.
Prueba confesional, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERRERA MIGUEL A. c/ A.E.S.Y.A. s/ COBRO DE PESOS Terrera, Miguel A. c/ A.E.S.Y.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-25|1994-11-25

La prueba confesional judicial es un verdadero medio para comprobar los hecho, sea que se produzca en el proceso o que se hubiera producido en otro, pues en definitiva se está frente a una declaración de ciencia, una representación de un hecho perjudicial pasado, realizada ante un órgano de justicia.-
Contratos, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO FINANCIERO ARGENTINO c/ RICARDO NASAZZI s/ Ordinario (LIBRO: S061 - 459)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-26

No basta negar en forma genérica en el juicio la deuda, intereses por financiación, punitorios, o el límite de compra. Ello así porque estos hechos se encuentran probados en el convenio, debiendo impugnar en término la cuenta que se le envió.
Accidentes de trabajo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: CEBALLOS CESAR MARCIO c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-28

La prescripción de la acción tendiente a la reparación de los daños provocados por un accidente de trabajo, debe computarse a partir del día en que la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó el porcentaje de incapacidad oportunamente fijado por la Comisión Médica Central, y no desde el día en que aconteció el accidente, puesto que el actor desconocía en ese momento las secuelas y minusvalía concreta derivadas del evento dañoso.
Remuneraciones accesorias, adicional por zona
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., C. D. E. y otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros y Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

En cuanto a la pretensión de inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley I N° 469, tal como expusiera esta Sala -en anterior integración- en las SI N° 55 y 56/SCA/14, que el Estado Provincial, en su calidad de emisor de la norma cuestionada, puede ser demandado a fin de ejercer su defensa.
Accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Vera, Flavia c/ Sucesión Eloy Pulgar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-27

En el supuesto de que durante un transporte benévolo el pasajero haya sufrido daños a causa de la imprudencia del conductor, éste no puede pretender morigerar su responsabilidad basándose en la participación culposa de la víctima, por el hecho de que había aceptado ser transportada; por cuanto, el pasajero pudo haber aceptado los riesgos propios de todo transporte, pero nunca los riesgos excepcionales de una conducta culpable, o negligente lo que ocurrió en el sub-exámine.
Medicamentos, gobierno provincial, facultades del gobierno provincial, poder de policía, control sanitario, ley provincial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abbott Laboratories  S.A.  y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

La legislación de policía provincial que somete a su imperio el registro, fabricación, fraccionamiento, evaluación de calidad, almacenamiento, abastecimiento, distribución, comercialización, prescripción, dispensación, información y propaganda de medicamentos y de todo otro producto de uso y aplicación de la medicina humana "llevadas a cabo en jurisdicción provincial", no conculca el art. 31 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, aclaratoria (procesal), costas
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMON, PEDRO NOLASCO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-09-29

Si el pronunciamiento de la administración fue tardío, y en él fueron reconocidas las pretensiones del actor cabe la imposición de las costas.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INGUI, HUMBERTO s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-13

Sólo pueden considerarse actos interruptivos de la prescripción de la acción penal, por tal concepto, la citación a prestar declaración indagatoria, la prisión preventiva y la clausura del sumario.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González de Velázquez M.E. c/ Pallet Héctor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Los transportistas contraen con el pasajero una obligación de seguridad que es al mismo tiempo de resultado, cuyo fundamento radica en el riesgo que aquellos crean con su actividad mediante la cual lucran y reciben beneficios, por lo que se establece en favor del pasajero, víctima de un accidente una doble presunción, en cuanto queda inferido prima facie que el daño sufrido tuvo conexión adecuada con el transporte y la empresa es la productora del perjuicio, no siendo necesario para el damnificado la prueba de la culpa del transportista o sus dependientes. El chofer del microomnibus ha incurrido en un defectuoso cumplimiento de las obligaciones a su cargo al poner en marcha la unidad cuando todos los pasajeros no habían completado aún la maniobra de ascenso y al no cerrar la portezuela al reanudar el viaje, entendiendo que la noción de transporte no sólo comprende el viaje en sí, sino también el período previo al traslado, que comienza cuando el pasajero se dispone a ascender al vehículo y hasta el descenso del mismo en la parada final.
Cláusula penal, locación de inmuebles, modificación de la cláusula penal, moral y buenas costumbres, buena fe contractual
Materia: CIVIL
Carátula: Gaitán, Margarita Nélida c/ Guerra, Héctor Hugo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-27

La cláusula penal estipulada en un contrato de locación por la mora en la devolución del inmueble debe ser morigerada, pues al ascender su valor a tres veces el valor diario del alquiler resulta abusiva, violatoria de la moral y las buenas costumbres, contraviniendo el principio de buena fe con que deben interpretarse y ejecutarse los contratos.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios, cultivos y construcciones
Materia: CIVIL
Carátula: A.R.S.A. Antonio Romano Inmobiliaria, Comercial, Financiera, Industrial y Agropecuaria, Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de s/ usucapión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Las obras de forestación, construcción de un camino de acceso a la playa, instalación de dos molinos con sus respectivas cañerías -entre otros- realizadas por la actora en el inmueble objeto del pleito podrían ser considerados prima facie como actos posesorios (art. 2384 del Código Civil).
Suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B.L.E. y Otro s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP) y su acumulada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-09

La anuencia del fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos contemplados en la norma del artículo 76 bis del Código Penal.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, inscripción de nacimientos
Materia: CIVIL
Carátula: ARMELLA Marta del Valle s/Inscripción de nacimiento y reconocimiento de hijo en favor de Armella Jonathan Axel Gabriel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-10

El Juez competente para ordenar una inscripción de nacimiento fuera de término, no es necesariamente el del lugar del nacimiento que fuera a registrarse, pudiendo serlo el del domicilio del peticionante, conforme lo establecen las reglas locales sobre competencia de los jueces (art. 5 inc. 12 del Código Procesal para los procesos voluntarios como el presente).

Y ello sin perjuicio de la comunicación, en caso de resultar eventualmente procedente la petición, a la Delegación del Registro que corresponda al lugar del nacimiento.-
Asociaciones sindicales, exclusión de asociados, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Asociación Docente Pellegrini s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-19

Si bien la Federación de Educadores Bonaerenses interpuso recurso contra la resolución del Ministerio de Trabajo por la cual se rechazó su recurso jerárquico interpuesto contra la resolución que declaró la ineficacia jurídica del Congreso General Extraordinario convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses que dejó sin efecto la expulsión de la Asociación Docentes de Pellegrini y ordenó que se reestablezca la totalidad de los servicios que le corresponden a los afiliados de la misma, se debe destacar que la autoridad administrativa no actuó de oficio sino a raíz de la impugnación llevada a cabo por la delegada normalizadora y que fuera ratificada por el Secretario General de la entidad sindical. Por ende, toda vez que la Asociación Docentes de Pellegrini intentó ejercer su derecho de defensa en un marco disciplinario, sin que se le diera oportunidad de participar, no obstante que el procedimiento implicaba su expulsión, corresponde confirmar lo decidido. Ello, sin dejar de resaltar que, si bien no se desconocen las potestades disciplinarias del ente de segundo grado, nada obstaría a que se inste un procedimiento en la medida en que se resguarde el derecho al debido proceso. (conf. Dictamen FG N° 47.469 del 9/12/08, Dr. Álvarez).
Ministerio de Trabajo, resolución ministerial, facultades discrecionales, interpretación de la ley, división de poderes, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO, MARCIAL c/ LINEA 22 SA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

El funcionario a cargo, que suscribe una resolución (en este caso la Nro. 59) de la Subsecretaría de Relaciones Laborales, no tiene facultad para decidir controversias jurídicas, ni para formular interpretaciones obligatorias, ya que ello es potestad exclusiva de los jueces (art. 95 de la Constitución Nacional).
Actualización monetaria, cómputo de la actualización, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pinilla Ruiz Conrado c/ Añaños Carlos Florencio y otra s/ Cobro de gestión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-10

En la medida que los pagos han sido efectuados útilmente, corresponde que su actualización -cuando procediere- sea calculada desde cada acto, toda vez que la actualización no representa más que la recomposición de los importes pagados conforme a valores estables. A su vez, ha de computarse que la mora se ha producido desde el día en que se efectuó cada pago (conf. art. 2298 del C.

Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Amarilla, Gladys y Benítez, María Celeste c/  s/ homicidio-apelación sentencia absolutoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

El recurso de inconstitucionalidad deducido debe ser declarado procedente, por cuanto de la lectura del fallo impugnado a la luz de las tachas esgrimidas y las constancias de autos, surge que aquella resolución no satisface debidamente el derecho a la jurisdicción consagrado en el artículo 95 de nuestra Constitución provincial, al surgir clara la extemporaneidad no sólo de la aclaratoria presentada por la defensa técnica de la imputada, sino también del proveído mencionado en último término que impuso las costas a la parte vencida (Ministerio Público de la Acusación); descalificando asimismo al acto jurisdiccional impugnado la circunstancia de haber sido emitido únicamente por el Presidente del tribunal de segunda instancia que pronunció la sentencia cuestionada pues, tratándose de una aclaración de aquélla, debió haber sido suscripta por todos los miembros del tribunal y no sólo por su Presidente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Accidente ferroviario, Estado Nacional, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Vivacqua, Graciela Cristina c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emerge y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

Resulta solidariamente responsable el Estado Nacional por el accidente padecido por una pasajera que cayó al piso al abordar una formación del tren, pues entre los accidentes ferroviarios producidos en ramales dados en concesión de aquellos en los que éstas fueron revocadas, y se convocó a una "unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia", aunque tal unidad se constituyera como sociedad anónima, en el acuerdo de operación de emergencia consta que la operación integral, administración y explotación del servicio ferroviario que se encomienda a dicha sociedad lo es por cuenta y orden del Estado Nacional. (Del voto del Dr. Galmarini)
Non bis in ídem, robo, tenencia de armas de guerra
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Granero, Carlos Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Lo que interesa a estos efectos no son los títulos delictivos en los cuales se puede subsumir el hecho imputado sino que se trate del mismo suceso, sin importar la adecuación típica que se le adjudique. La materialidad imputada puede o no ser un delito en su concepto dogmático o encuadrar en una figura penal determinada; esto es indiferente para resolver sobre su identidad o falta de identidad con el objeto de comparación. Es que lo que la ley argentina pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuida, toda vez que la garantía -en este caso la del non bis in idem- sólo juega en favor y no en disfavor de quien sufre el poder penal del Estado. (Voto del Dr. Tragant).
Tributos, impuesto a los automotores, radicación de automotores
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Sinner José Guillermo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-20

Las deudas por impuestos constituyen obligaciones propter rem o ambulatorias que el titular de los bienes debe atender y por ende oblar, y, en tanto el impuesto automotor grava la propiedad de los vehículos radicados en la provincia, el vendedor tiene el deber formal de comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los quince días el cambio de situación que pudiera dar lugar a la extinción del hecho imponible y su omisión no lo exonera de la obligación fiscal sobre gravámenes anteriores a la transferencia del automotor.

En el Capítulo I del Título Sexto de la Ley Tributaria, referido al pago del impuesto a la Radicación de Automotores, se establece precisamente, que dicho pago será realizado cuando se trate de vehículos inscriptos en la Provincia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, aplicación supletoria de la ley, juicio, demandado, declaración de rebeldía, actos y diligencias procesales, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

En el derecho laboral se contempla la rebeldía del accionado en el art. 45 como así también en el art. 54 contempla la situación del rebelde que no ha contestado la demanda compareciendo posteriormente a la audiencia de trámite. Pero la ley ritual no prevé su representación ni tampoco incorpora el legislador el instituto del recurso de rescisión toda vez que se contrapone con normas específicas del proceso laboral, como son el carácter alimentario de las acreencias del trabajador y el instituto de pronto pago que prevé el art. 121 y concordantes de nuestra ley adjetiva, que se contraponen con lo dispuesto en el art. 82 del Cód. de Proc. C. y C.. Es que los medios impugnativos contra las decisiones en materia laboral se encuentran legislados en detalle y se limitan a los mencionados en los arts. 105 a 116, pertenecientes al Título VII, por lo que la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil y Comercial no procede por no compatibilizar el instituto en examen con las características específicas del derecho procesal.

(Del Voto del Dr. Villar) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Empleados públicos, reincorporación, cesantía, sanciones disciplinarias, aceptación, acto administrativo, violencia como vicio de la voluntad, jubilaciones, prueba testimonial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OTADUY, OVIDIO ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 219-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-09

La ley 6968 (del 21-08-1973) determina que "Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Banco Provincial de Santa Fe, entes descentralizados y autárquicos de la Provincia, dispondrán las reincorporaciones de sus agentes administrativos o docentes, que hubieren sido sancionados en virtud de hechos realizados por motivos políticos, sociales, gremiales y-o estudiantiles..." y declara "el derecho a computar a los fines jubilatorios a las personas que por causas establecidas en el artículo 2 -antes redactado- hayan sido dejadas cesantes, los períodos de inactividad forzoso, hasta el 24 de mayo del corriente año". A tales fines, la ley estipula que "Para la acreditación de los extremos establecidos para la computación a que refiere el párrafo precedente, será insuficiente la prueba testimonial".

En el caso, es evidente que no basta como elemento de convicción la prueba testimonial acompañada a fin de probar la existencia de renuncia forzada, ante el expreso texto de la ley. De tal forma que de las pruebas aportadas no surge que se configurara en el sub judice las características requeridas en doctrina para que las amenazas se constituyeran en un elemento de violentación de la voluntad que viciaran así un consentimiento válido. En otras palabras, en autos no existen acreditados suficientes elementos de juicio, como para tener por encuadrada la situación planteada por el recurrente de existencia de violencia moral y que obró en los hechos como una sanción y una cesantía encubierta.
Acciones de clase, compraventa, derechos del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

Si las distintas estrategias de venta de un producto que puede haber asumido cada uno de los intermediarios impiden afirmar que la conducta imputada a las empresas demandadas -cementeras- haya tenido idénticas consecuencias respecto de todos los consumidores que se intenta representar, no es posible corroborar una afectación uniforme que habilite la posibilidad de resolver el planteo de autos mediante un único pronunciamiento.
Relación de dependencia, personal de casas particulares, prestación de servicios, tareas domésticas
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS, JULIA ANTONIA - EXPTE. Nro. 35748 - c/ ROSELLI, LILIANA NOEMÍ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-15

Las tareas o servicios consistentes en tareas de servicio doméstico están regidas por un estatuto especial, dec. Ley 326/ 56 y se encuentran excluidas del régimen de Contrato de Trabajo regulado por la Ley 20.744 (t.o. 1936) y sus modificatorias, siendo el Tribunal incompetente para resolver conforme a ese régimen.

Las tareas que pudo desempeñar la actora en el negocio del demandado, como las de servir o tomar mate, o limpiar la vereda no son ajenas a las de servicio doméstico que cumplía la actora.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, principios procesales, principio dispositivo, demanda, rectificación de la demanda, conflictos interadministrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución fiscal Gobierno de la Ciudad de Bs. As. c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución fiscal Gobierno de la Ciudad de Bs. As. c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05|2001-09-05

En materia procedimental rige el denominado principio dispositivo, en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez. Una de las manifestaciones del mencionado principio es la regla según la cual el actor puede retirar o modificar su demanda, restringiendo o ampliando sus pretensiones, siempre que aquélla no haya sido notificada.

La aplicación de estos principios al caso de autos debe llevar a acoger la pretensión recursiva toda vez que, si bien se dirigió la demanda exclusivamente contra el propietario del inmueble citado, que luego se individualizó como la Comisión Municipal de la Vivienda -cuya citación a juicio traería aparejado un conflicto interadministrativo que escaparía a la competencia del Poder Judicial-, lo cierto es que el accionante, aún así, se encontraba facultado para desistir del demandado original y enderezar su acción contra otro sujeto mientras la demanda no hubiera sido notificada.