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Acción de amparo, resoluciones judiciales, decretos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Municipalidad de Bell Ville c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Cordoba s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-07

Por su propia naturaleza, las medidas cautelares al solicitarse, se proveen o se deniegan, y la característica del proceso cautelar, en este estadio, es el de la unilateralidad y el no contradictorio, ya que estos se proveen "inaudita parte" (art. 458, primera parte, Ley 8565) y que caen dentro del ámbito del art. 117, inc. 2do., puesto que se dictan sin sustanciación. El fundamento de esta característica está dado por la propia naturaleza de las medidas cautelares.

De acuerdo a la reforma procesal (Ley 8465), las resoluciones judiciales se dividen en : decretos de mero trámite, decretos propiamente dichos, autos que resuelven cuestiones sometidas a sustanciación y la sentencia definitiva (art. 117).

La providencia de una medida cautelar, aun cuando fuere denegatoria si bien ha de proveerse con un decreto propiamente dicho (inc. 2do. art. 117) merece fundamentación, ya que según reza el precepto de la denegatoria de una petición, deberá fundarse. Bajo esta óptica la providencia denegatoria de una medida cautelar, debe fundarse.

La resolución adolece de defecto de fundamentación toda vez que no se han expuesto las razones de lo que configura una verdadera denegatoria de la providencia cautelar. Decir que se espera escuchar a la contraparte, para bilateralizar la decisión en el punto, configura en definitiva una denegatoria.
Actos ilícitos, indemnización por muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Morales, Alberto Osvaldo y otro c/ García, Marcelo Fabián y otros s/ Daños y perjuicios-sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-11-13

La interrupción de una vida a consecuencia de una conducta ilícita afecta a todos los terceros relacionados con la víctima en su respectiva medida. Que va desde una presunción de daño en favor de los herederos forzosos prevista en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, hasta los terceros sin vínculo familiar, pero interesados, que deberán demostrar acabadamente el perjuicio sufrido, de acuerdo a los artículos 1079 del Código Civil.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Elvina Pugh de c/ Armada Argentina s/ quien resulte responsable.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Para la determinación cuantitativa del daño por la muerte de una persona, no son de aplicación los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia.
Jueces, recusación, prejuzgamiento, Comunicaciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Q., J. H. s/ Recusación (Expte Nº  148-93, Resolucion Nº  84, Tomo 1, Folio 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-19

Dentro de la norma del art. cit. la "opinión" tendrá potencialidad para afectar el valor de imparcialidad cuando avance sobre una materia controvertida y sometida actualmente o sometible en el futuro a la decisión jurisdiccional. Los fallos de los tribunales superiores pueden ser objeto de críticas por los inferiores sin que sea esto un alzamiento irreverente o sancionable, pero el disenso o la exposición de razones en el momento de emitir opinión pública en medios periodísticos, nunca podrán comprometer su juicio hacia el futuro, puesto que de ser así estaríamos ante una advertencia sobre lo que probablemente hará, con detrimento de la imparcialidad exigible (o aparición del "temor de parcialidad" según Maier, DPPA 1,b,ps.485), lo que aquí ocurrió al reactualizar el magistrado ante la prensa su convicción acerca de los hechos aportando nuevos razonamientos no explicitados en la resolución que se le revocara y estando aún pendiente de resolución la situación procesal de los imputados ante su juzgado.
Indemnización por accidente de trabajo, edad del trabajador, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ RODRIGUEZ, ARMANDO c/ TEDE CONSTRUCCIONES  S.A.. s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-08

La edad del trabajador afectado es un factor, art. 56 inc. 2 y 3 del dec.reglamentario de la ley 9688. Asimismo, corresponde tener en cuenta la actividad específica del trabajador pues si realiza, tareas de gran esfuerzo físico y requiere un ejercicio pleno de la capacidad motora y dinámica de sus miembros.
Defectos del procedimiento, defectos en la fundamentación normativa, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Camporeale, Esteban s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La sentencia del juez de primera instancia que, frente a la imposibilidad de notificar al ejecutado, rechazó sin más trámite la ejecución fiscal, debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido a la luz de la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias toda vez que ni el artículo 29 ni los artículos contenidos en el capítulo II del título XIII del CCAyT (referidos al juicio de ejecución fiscal) o en el resto de dicho Código (aplicable supletoriamente conforme lo establecido en el artículo 449) facultan al juez a rechazar la demanda ex officio en circunstancias como las de este caso en que, centralmente, el GCBA intimó de pago al demandado y dicho auto no ha podido serle notificado aún, transcurrida -cabe reconocerlo- una cantidad significativa de años. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Contrato de trabajo, socio empleado, sociedad cooperativa
Materia: LABORAL
Carátula: Frías Angela c/ Coop.Trabajo Ltda. y O. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-28

Cabe tener en cuenta la relación entre los socios y la cooperativa, ya que en ellas, todas las tareas desde las más importantes hasta las menores deben ser llevadas a cabo por los asociados. Es que los asociados son tales, por trabajar en esas entidades y entonces resulta prácticamente imposible distinguir entre empleadores y empleados cuando de ello se trata: por tal motivo, cuando se sostiene que un asociado está en su seno sujeto a ciertas normas internas (horarios, etc.) no se está hablando como ocurre frecuentemente de un dependiente subordinado sino de uno de sus integrantes.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Sinski, Marcelo Julio c/ Transportes Pampeano S.A.C.I.I.F.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-21

En distintos votos, he reconocido en principio la naturaleza extrapatrimonial del daño moral, pero que frente a los daños materiales de importancia como los de autos, los morales guardan cierta proporción como complemento de la reparación integral. La regla jurisprudencial corriente conforma un corrivalente del 20%, salvo casos excepcionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Rubén Segundo y otros s/ Asociación ilícita - Robo calificado - Tentativa de robo calificado   - Encubrimiento - Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que afirma la discordancia de los elementos de la prueba compuesta utilizada para acreditar la autoría responsable y no intenta demostrarlo.
Acción de amparo, resoluciones apelables, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: LLUGDAR WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO - CUADERNILLO DE APELACION LLUGDAR, WALTER MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO-CUADERNILLO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-27|2007-07-27

La limitación impuesta por la ley respecto de la apelabilidad de las resoluciones en los juicios de amparo, ha sido establecida de la manera más compatible con el derecho de defensa, y su fundamento reside principalmente en la celeridad impresa a este particular procedimiento, para impedir el planteo de cuestiones que obstaculicen el trámite respectivo.

El art. 14 de la Ley de Amparo, como asimismo las demás legislaciones provinciales que determinan las resoluciones apelables en este proceso, contienen una indicación taxativa al respecto y, como tal, debe ser interpretada y aplicada con un criterio restrictivo.

Dentro de la regulación procedimental, se prohíben las cuestiones incidentales, las demandas reconvencionales y la apelabilidad de las resoluciones procesales, con la sola excepción de la sentencia y el auto que acoja la medida de no innovar. Con esto se tiende a la celeridad y simplicidad del trámite.
Recurso de casación, corrupción, delito formal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, RUBEN EDUARDO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-03

Lo que hace corrupta a la acción es la simple dirección del acto que muestra que su autor materialmente propende o coadyuva a aumentar o mantener el infame mundo de la corrupción. No se trata, por consiguiente, de un delito de resultado material, sino de un delito formal, porque su criminalidad reside ya en el peligro de que la conducta del autor corrompa, o prostituya o mantenga en la corrupción o prostitución a la víctima o aumente su depravación sexual. Por lo expuesto, considero que no tiene relación alguna con el ilícito que ahora trato, la información que sobre las prácticas sexuales naturales o no, puedan tener los menores al momento de juzgamiento de este delito, para amenguar la entidad corruptora de actos de lujuria -como lo pretende la defensa-, que siendo prematuros por la edad de las víctimas, que poseen una sexualidad aún no desarrollada, pueden producir sobre su espíritu una deformación psíquica que las altere moralmente para el resto de sus vidas provocándoles un vicio en su instinto sexual.
Entidades financieras, bancos, responsabilidad penal, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: BANCO COMERCIAL DEL NORTE S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REP ARGENTINA. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Deben rechazarse las objeciones que motivan la aplicación del art. 45 del Código Penal, toda vez que la decisión del a quo de responsabilizar a los integrantes de la entidad financiera sancionada es susceptible de ser captada por la participación que se contempla en la referida regla, y con relación a la entidad, el art.

41 de la ley 21.526 lo considera expresamente, con prescindencia de la antedicha norma penal, dado que ella puede fundarse teóricamente, entre otras cosas, en una responsabilidad de garantía de la entidad financiera en cuanto a la actividad ilícita de sus representantes.
Denuncia, juez de instrucción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MICHALAKAKIS CONSTANTINO Y OTRO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-14

El art. 205 del C.P.P. preve que el Juez rechazar a el requerimiento fiscal de instrucción y ordenar a el archivo del sumario de prevención por auto, cuando sea manifiesto que el hecho imputado no encuadra en una figura penal o que no se puede proceder.

Se trata del caso en que el hecho no estuviere castigado por el código penal o por una ley complementaria. El precepto hace referencia clara solamente a la tipicidad, de tal modo que la denuncia no se podrá desestimar cuando ese encuadramiento sea solo dudoso (no se tiene en cuenta los otros elementos del delito) y menor, naturalmente, cuando se considere que es muy difícil probar el hecho, o que el imputado (si se lo individualiza) no parece culpable (velez mariconde, proyecto 1968 pg. 30).-
Marcas, registro de marca, solicitud de marca, orden de prelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: HUSS, TERESA c/ HARD ROCK LTD. s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina, el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud (art. 8). y aunque este principio puede ceder, en circunstancias particulares, fija un primer punto de partida para el análisis.
Caducidad de instancia, vencimiento del plazo, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerrero, Jacinta O. c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tinogasta s/ Recurso de ilegitimidad o anulación-Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-08-20

Corresponde declarar de oficio la perención de la instancia, en el incidente del recurso extraordinario, atento a la facultad que corresponde a este Tribunal, quién sin otro trámite más que la comprobación del vencimiento del plazo previsto en la ley ritual debe proceder en tal sentido. En efecto si de autos surge que el plazo por el cuál ha estado paralizada la causa, sin el correspondiente impulso procesal de la parte, excede de los tres meses, en este caso dicha circunstancia hace que se torne impostergable tal decisión.
Medidas cautelares, medicina prepaga, prestadores médicos, planes de cobertura médica
Materia: PROCESAL
Carátula: CLIFFE JUAN c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

No se encuentra discutido que el menor es afiliado a OSDE, como así tampoco que padece de TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo). De las constancias arrimadas a la causa, no surge expresamente que la necesidad de contratar profesionales ajenos a OSDE obedeciera a que la obra social no se encontraba en condiciones de atender a la patología del niño. Ninguno de los certificados y/o informes que lucen agregados dan cuenta de que los prestadores que pone a disposición la demandada no sean idóneos para tratar la patología que aqueja al menor. La realización del tratamiento del menor por los especialistas contratados por sus padres -ajenos a la cartilla de prestadores que ofrece la obra social- constituye sólo un acto voluntario de los accionantes cuyas consecuencias deben asumir personalmente.

De otra manera, cualquier afiliado podría por sí y ante sí recurrir a cualquier institución asistencial y reclamar luego el reintegro de los gastos a su obra social, sin limitaciones, premisa cuyo solo enunciado convence sobre su desacierto, pues se desbarataría así el sistema sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales (conf. esta Cámara, Sala II, doctrina de las causas 1101/2000 del 06.06.2002 y 7700/2002 del 16.12.2003). Lo expuesto se compadece con lo dispuesto por el art. 6º de la ley 24.901 que dispone que los entes obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados.
Delitos contra la humanidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad, excarcelación
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Vallejos, Claudio c/  s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-09

El art. 1 de la Ley 27.156, de Prohibición de Indultos, Amnistías y Conmutación de Penas en Delitos de Lesa Humanidad resulta ineludible a la hora de tomar postura en relación al modo de interpretar y aplicar cualquier dispositivo legal que pueda impactar en el mecanismo dirigido a computar el tiempo, de cara a limitar temporalmente los encierros preventivos para contenerlos dentro de los plazos razonables tal como lo exige el art. 7.5 CADH como así también en cualquier interpretación normativa, de fondo o de forma, que pueda conducir a una violación del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional de los derechos humanos.
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores Cesar Facundo c/ Rudo SA y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-15

En la causa "Aquino", el Alto Tribunal concluyó que "el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la LRT origine la excepción de responsabilidad civil del empleador (art.39, inc. 1), no obsta a que las aseguradoras de riesgos de trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley". A su vez en el citado precedente "Milano", entendió que "los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos con ajuste al derecho aplicable, valorando autónomamente la realidad fáctica y encuadrándola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. Es así que, en el caso, la responsabilidad de Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo -en los términos de Ley de Riesgos del Trabajo- corresponde de acuerdo con lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal en las mencionadas causas ("Aquino", "Cura" y "Milano"), en las que -a propósito del particular contexto normativo que quedó configurado con la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T.- se dio cabida a la asunción por parte de las aseguradores de riegos de trabajo de las obligaciones que habían contraído en el marco de la citada ley. (Del voto de la Dra Craig al cual adhiere Brunengo).
Sentencia, fundamentación de sentencias, defensa en juicio, principio de congruencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Javier Omar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Es violatoria del principio de congruencia la sentencia que condenó por homicidio simple, reiterado en dos oportunidades, si no coinciden los hechos descriptos en la indagatoria con los tenidos en cuenta para la condena. Y, asimismo, es arbitraria en tanto omitió describir las acciones propias del ataque sufrido por el encausado -expresadas por el fiscal, los testigos del hecho y el informe del médico forense-, y que constituyen circunstancias que explican el motivo por el cual el imputado reaccionó accionando su arma contra los atacantes. (Voto de los Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, fraude
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Arbuz, Pedro Bruno y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

El Banco Central tiene la carga -atribuible también a los órganos judiciales -de velar por la legitimidad del reclamo de los ahorristas y sólo se encuentra obligado a garantizar las relaciones genuinas de depósito y no aquellas cuya causa u origen se demuestre que es fraudulento.
Asignaciones familiares, inspectores del trabajo, acta de inspección, impugnación del acta de inspección
Materia: LABORAL
Carátula: SUCESION DOMINGO A. YAVICOLI s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-28

El procedimiento para la impugnación de las actas de inspección labradas por CASFEC. se rigen por la resolución numero 7194 de la misma caja, siendo inaplicables las normas de la ley 19549 (to. Ley 21686) y del decreto numero 9101/72.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, honorarios, pago indebido, error de hecho (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: López Pablos, Ernesto M c/ Edwin E. Tissenmbaum s/ repetición de pago.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

Es descalificable la sentencia que omitió ponderar adecuadamente, por aplicación de principios generales, la alegación de la actora de haber pagado por error los honorarios, por haberlo hecho antes de que la sentencia que los fijó se encontrara firme, pero sin desistir del recurso de apelación por ella interpuesto y después activado.
Daños y perjuicios, prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jung c/ Lobo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

La prueba del daño y la relación de causalidad pueden acreditarse por cualquier medio incluida la prueba de presunciones, puesto que no existe al respecto limitación probatoria alguna.

Para adquirir eficacia de convicción, las presunciones deben reunir los recaudos de número, gravedad, precisión y concordancia (art. 163 inc.5 del C.P.C.).
Derecho procesal, nulidad procesal, acción meramente declarativa, cosa juzgada írrita, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: PARODI  COMBUSTIBLES  SA c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SAS/ s/ CCION DE NULIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-05

La falta de un procedimiento ritual expresamente previsto en la ley procesal no es óbice para el reconocimiento de la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan (Corte Suprema, Fallos 319:2527, 330: 3537).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Segura, Julio Alberto y otros s/ Falsedad ideológica de instrumento público Rodríguez, María Rosaura y otros s/ Infracción art. 139 inc. 2º del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|2000-08-30

El sentido del art. 357 del Código de Procedimiento Penal es abrir la posibilidad de incoar recursos extraordinarios contra las decisiones que enumera, que son, por ello, "sentencias susceptibles de casación". (Minoría u opinión personal)
Intervención de línea telefónica, derecho a la intimidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Della Busca, Enrique Fidel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-27

Resulta nula la sentencia que sustentó exclusivamente al pronunciamiento condenatorio en las grabaciones telefónicas ilícitamente obtenidas, si en la especie no se ha dado la existencia de un canal probatorio independiente, ni se evidencia que la sentencia en crisis se sustente en otros elementos de prueba que habiliten un pronunciamiento condenatorio. De modo que en el caso no se advierten los motivos que justifiquen la metodología escogida para investigar el delito, ni la consecuente violación a los arts. 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional, como del art. 11, inc. 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como derivación del derecho a la intimidad y a la libre comunicación, y en cuanto aquí interesa, al secreto de las telecomunicaciones. (Voto del Dr. David).
Superior Tribunal de Justicia, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Recurso de Ampáro. Recusación (EXPTE CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-08

El incidente de recusación, dirigido al apartamiento de todos los miembros del Tribunal, "no se trata de un trámite del proceso sino de una derivación de carácter administrativo-judicial, tendiente a regularizar la composición del órgano jurisdiccional" (JA 1958-II-31), la intervención del Presidente del Cuerpo en tal tramitación no puede constituirse en causal de apartamiento en la medida en que provea disposiciones de carácter transitorio de evidente practicidad. Más aún cuando, como en el caso, la providencia estuvo motivada por la rogatoria dirigida por el Inferior al Presidente de esta Corte a instancia de la propia parte que hoy la cuestiona.