marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Falsificación de documentos, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: Schillaci, Roberto y otros s/ Falsedad ideológica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-17

En relación con los elementos que conforman el tipo previsto en el artículo 293 del código sustantivo y específicamente en punto al destino del documento, debe tenerse presente que ".La ley no pretende punir como falsedad ideológica la mentira sobre cualquier factor de composición del documento, aún cuando fuesen formalmente requeridos, sino la mentira sobre las circunstancias que son sustancialmente imprescindibles para su destino como especifica figura jurídica, es decir, sobre el destino que se informa en el sentido jurídico del documento. Sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios del documento público puede considerarse la falsedad ideológica punible según el art. 293" (conf. Carlos Creus "Falsificación de documento en general", pág. 135, Ed. Astrea, Bs. As., 1993)".
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Oliva, Bruno Salvador c/ Prost S.R.L. s/ despido por otras causales
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-26

El hecho que el actor desempeñara igual tarea en otros lugares no empaña la existencia de un contrato de trabajo, ya que éste no presupone la exclusividad del trabajador, no habiéndose acreditado que existiera una incompatibilidad horaria entre uno y otro trabajo.
Declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Giampaoli, Facundo Martin c/ Provincia ART S.A. s/ cobro de honorarios profesionales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-29

Corresponde que en el marco de un proceso por cobro de honorarios profesionales incoado por un letrado, declara la inconstitucionalidad del art. 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 157/2018, toda vez que considera que es evidente que la contradicción entre el art. 1 de la ley 27423 que establece la regulación de honorarios por la actividad judicial, extrajudicial y administrativa; y el art. 2 del decreto 157/18 que se encarga de declarar la inaplicabilidad de la ley a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales.
Derecho internacional humanitario, obligaciones internacionales, derechos y garantías internacionales, conflicto armado internacional, CONVENCIÓN DE GINEBRA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 121/18, Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros. Estados Unidos de América - Invasión militar a Panamá - Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Interpretación y alcance c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-05

Los principios que rigen al derecho internacional humanitario son el mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia, siendo principalmente empleados para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados, resultando de plena vigencia incluso para los Estados que no son parte en el Convenio de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales en tanto son directrices universales reconocidas por las naciones civilizadas como obligatorias para los Estados más allá de todo vínculo convencional, limitando y encauzando el comportamiento de quienes intervienen en un conflicto armado.
Animus injuriandi, prueba, calumnias
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ DE FLORES, MONICA ESTELA c/ CLAVIJO, ERNESTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-01

Sin necesidad de probar el animus injuriandi, la falsa atribución de un delito es conducta reprochable en si misma (art.109 del C.P.). La existencia del elemento subjetivo se induce de la prueba misma del hecho, sin que normalmente sea preciso probar positivamente, el animus injuriandi, de prueba imposible para el actor.

En cambio, precisamente salvando el principio de la libertad de denunciar y accionar en juicio, las leyes no declaran calumniador a todo querellante que pierde el juicio, sino solo aquellos que se querellaron, "con conocimiento de la inocencia del imputador, a sabiendas de su temeridad, con el propósito claro de inducir en error a la administración de justicia, o con el móvil enfermizo de consumar una venganza, echando sombras sobre quien sabían inocente. Tesis que con mayor razón encaja en la responsabilidad civil donde basta la culpa y valen las presunciones.
Importaciones, derechos de importación, autoridad de aplicación, Dirección General de Fabricaciones Militares, Ministerio de Industria y Minería
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Giol  EEI y C. c/ Dirección General de Fabricaciones Militares. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Si las autorizaciones para introducir hojalata del extranjero debían ser dispuestas mediante la voluntad conjugada de dos autoridades - Fabricaciones Militares y el entonces Ministerio de Industria y Minería - no cabe considerar que la decisión previa del ente militar - manifiestamente nula - pueda condicionar ineluctablemente el otorgamiento posterior de la licencia de importación, por un órgano distinto que había sido ajeno al procedimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), planteo en segunda instancia, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., W. S. c/  s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR LA RELACION PREEXISTENTE Y MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

La Alzada justificó el rechazo al planteo de la defensa vinculado con la fundamentación dada en la valoración probatoria, en el entendimiento de lo llamativo que resultaba que tanto la hipótesis de suicidio como del disparo accidental a manos del hijo de la víctima, recién habría sido introducida por dicha parte en el alegato de clausura y ante la inexistencia de elementos de convicción con aval científico que permitieran sostener tal conclusión, debía sin mas confirmarse la sentencia apelada. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, pena, prisión domiciliaria, reglas de la sana crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PACHECO, JUAN JOSE c/  s/ LESIONES LEVES Y AMENAZAS COACTIVAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-19

Los cuestionamientos del recurrente, pese al matiz constitucional que pretende otorgarles, se reducen a la mera discrepancia con la solución a la que ha arribado el Juez de Cámara para confirmar el rechazo del pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa, desde que expuso los motivos por los cuales consideraba que en autos no se habían brindado razones que permitieran excepcionar la normativa nacional e internacional aplicable, al ponderar que los hechos por los que el justiciable resultó condenado tuvieron proyección directa sobre sus hijos -quienes residían en el domicilio en el cual el imputado pretendía ahora cumplir su prisión domiciliaria-, a la par de señalar que el nieto del encartado se encontraba al cuidado de su madre y de otros familiares, por lo que el Judicante concluyó que no resultaba dirimente la presencia del condenado en la vivienda como única manera factible y posible de velar por la salud del menor; razonamiento que no logra descalificar el impugnante, al no demostrar que las razones esgrimidas sean insuficientes o conculcatorias de normas superiores o que desborden las posibilidades hermenéuticas que brindan la disposiciones legales aplicables.
Recurso de apelación (procesal), recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: TEJERINA, Tránsito Rodolfo; PARADA HERRERA, Sergio Rozabel c/ BLIGAARD, Martín Andrew; VIDIZZONI, Javier Alberto; RIVERO, Pablo Alejandro y TOLEDO, César Hugo s/ ORDINARIO: Redargución de Falsedad de Instrumento Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-07

Si los expedientes ofrecidos como prueba se encuentran reservados en la secretaría de la sala y el examen que de ellos efectúe oportunamente el Tribunal, analizando su pertenencia para resolver, encuadra dentro de las facultades que le son propias, no se configura agravio alguno para los recurrentes.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, poder de policía, servicios de vigilancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

El daño que se atribuye a la actuación de una provincia en el ámbito del derecho público, como consecuencia del ejercicio imperativo del "poder de policía de seguridad" entendido como una "potestad pública" propia del Estado, es una materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo de los gobiernos locales (art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional), y encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado.
Autonomía provincial, competencia de la Corte Suprema, elecciones provinciales, interpretación de la constitución, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Frente para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Cualquier intromisión de la Corte en los procesos electorales provinciales que no fuera estrictamente necesaria para preservar el principio republicano que las provincias deben garantizar ubicaría a la Corte como el último intérprete de las constituciones y leyes locales, en cuanto ellas reglamentan el principio republicano, lo que implicaría sin duda la anulación del sistema federal de gobierno que nuestra Constitución ha adoptado, en general, en el artículo 1° de la Constitución (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Conciliación, homologación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corzo, Ana María c/ Luján, Hugo Alberto s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

No existiendo juicio principal, ni pleito donde intentar conciliar posiciones que fueran contradictorias, no puede fijarse audiencia a ésos fines en un beneficio de litigar sin gastos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, María Lourdes s/ Inf. art. 1 de la ley 11825
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

El juicio contravencional en el sistema de la ley 8031 -aplicable a las infracciones a la ley 11825 por imposición del art. 15 de la misma- tiene sus propias reglas (arts. 126 y sig.) que no se confunden con las del proceso penal del Código de Procedimiento (que solamente son operativas supletoriamente, para los casos no previstos en el mismo código, art. 3).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asignaciones familiares, asignación por matrimonio, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: REPETTO, DANIEL HORACIO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS EMPRESA DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

La acción por cobro del subsidio por matrimonio prescribe a los 2 años conforme al artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Robo, delito instantáneo, consumación del delito, apoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: Cersósimo, Santiago Nicolás s/ Recurso de casación. Causa: 1779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

El robo es un delito instantáneo, cuya consumación se ubica en el momento en que se completa el apoderamiento de la cosa. (Voto Dr.

Madueño)
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, responsabilidad del organizador
Materia: PROCESAL
Carátula: LEIRO, RODOLFO. c/ COMISION DEPORTIVA AUTOMOVILISTICA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10

El pago o no de la entrada, por parte del actor no resulta trascendente en la determinación de la responsabilidad asignada. Jurisprudencialmente se ha declarado que el carácter de meros organizadores de las instituciones que se dedican a la práctica y fomento del deporte los torna responsable, en principio y al margen del fin de lucro o no que persigan, de los daños que pueden sufrir los espectadores, pues con la organización de la reunión deportiva se generan riesgos que, concretados en daños, deben resarcirse, sin que interese si se abono o no entrada, incluso si el evento era gratuito (SCBA, sentencia del 11/5/1993, en "Re, María I vs Jockey Club de Mar del Plata", en LL 1994-D, 11). En éste sentido, la obligación de seguridad no queda limitada a la materia contractual, sino que se sitúa entre los principios generales que gobiernan todas las relaciones jurídicas y que obliga a un comportamiento de colaboración en la preservación de la seguridad en general, sean o no contratantes.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Derecho laboral, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: TEJADA, NICOLAS c/ FUTURA S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-09

La ultima parte del segundo párrafo del art. 2º de la ley 24028, expresa que "no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo".
Enfermedad profesional, comisiones médicas, facultades del juez, Constitución Provincial, Constitución Nacional
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Martínez. Rodrigo Damián  c/ Prevención ART  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-06

Con la adhesión en cuestión -materializada reitero a través de la ley provincial n° 10.532-, no se ha trasladado a la Nación la potestad de los jueces provinciales de conocer y decidir en relación a situaciones cuya competencia les corresponde conforme a la constitución provincial, pues no se delegaron facultades jurisdiccionales propias en violación a la Constitución Nacional como se argumenta, sino que por el contrario, no solo que no existió delegación alguna en tal sentido -de hecho los jueces laborales reitero que estamos llamados conocer al respecto-, sino que además, a través de la ley de adhesión el estado provincial pasó a tener cierta injerencia que no poseía en el andamiaje administrativo de las propias Comisiones Médicas, -convenios de colaboración, mecanismos de supervisIón conjunta, designación de miembros en la oficina de homologaciones- -art. 3 y cc. de la ley 10532-, todo lo cual no resulta un dato menor frente a aquellas voces que declaman su carácter de "órganos nacionales", aun cuando en el contexto fáctico existente, es verdad que no han dejado de serlo (Voto Romero)
Condiciones de detención, habeas corpus
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Torti, Gabriel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-02

El voto concurrente señaló que independientemente de las razones o justificaciones que pudieran esgrimirse desde la administración sobre el origen de tales déficits, lo cierto es que en el marco del deber de garantía del Estado respecto de las personas privadas de la libertad, tales falencias importan una afectación a las condiciones de detención de los internos inscriptos al Programa UBA XXII alojados en el CPF II de Marcos Paz en violación del derecho a la educación (art. 75 inc. 22, CN, 5.6, CADH, 10.3, PIDCyP, CN, arts. 133 a 142 de la ley 24.660), por lo que corresponde admitir la vía intentada y ordenar el inmediato cese del acto lesivo. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la divergencia entre sus colegas, a los fines de arribar a la mayoría, adhirió a la solución propuesta por el doctor Borinsky. Dr. Ledesma -voto concurrente-.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: TOLOSA NESTOR RAFAEL c/ DIVI EDUARDO Y/U OTROS S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-14

Siendo que el juez al dictar sentencia debe hacerlo de conformidad con lo alegado y probado por las partes, resulta ser imperativo del propio interés de los litigantes la alegación y posterior acreditación en el curso del proceso de los hechos controvertidos que resulten trascendentes al mismo, es decir de los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos del derecho en los que los contendientes sustenten sus pretensiones encontradas. Condicionando de tal manera, el interés de la parte por la asunción de la carga, el litigante puede optar entre realizarla (obteniendo el resultado útil que la misma se derive) o no cumplirla, aceptando el riesgo de que por dicha conducta omisiva se le pueda llegar a generar un perjuicio.
Compraventa, compra en comisión, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montania, Rosalina c/ Raymundo, Raúl Alberto s/ Modif. de contrato (art. 954 Código Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

La individualización definitiva del verdadero adquirente queda reservada -porque se trata de una facultad lícita y válida- para un segundo momento: cuando se otorga la escritura traslativa de dominio, cuando el que compra en comisión notifica fehacientemente al vendedor cuál es la persona para la que compró, o bien, si se trata de una venta por orden judicial, cuando se intima al comprador el depósito del saldo de precio.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acito, Luis Enrique c/ Rey, Pedro Juan y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-01

Quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, pueden presentarse de manera más o menos imprevista; en particular, la aparición de la figura del peatón distraído es un hecho que se presenta, si no normalmente, al menos ocasionalmente, y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esas emergencias, salvo, por supuesto, situaciones excepcionales.
Conflicto de poderes, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asseff, Julio A. c/ Concej. Delib. de Moreno s/ Conflicto art. 196 Const. Prov. arts. 261 y sgtes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

El art. 69 de la L.O.M. no prescribe ninguna formalidad en punto a la idoneidad de un decreto para conferir sanción definitiva a una ordenanza y el art. 77 inc. b) de ese cuerpo normativo establece que las disposiciones que adopte el Concejo se denominarán "decretos" cuando tengan carácter imperativo y no requieran promulgación del Departamento Ejecutivo (art. 77 inc. b in fine, dec. ley 6769/58).

Sin perjuicio del alcance que pueda atribuirse a la "promulgación" a la que allí se alude, es claro que esas previsiones se avienen a las circunstancias de casos en los que la promulgación de una ordenanza ya aprobada por la insistencia de la mayoría calificada es una obligación del Departamento Ejecutivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Convenios colectivos de trabajo, Estado Provincial
Materia: LABORAL
Carátula: Miguel Angel Vera y Otros c/ Administración General de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-17

La Ley N. 820 no es una Convención Colectiva de Trabajo en los términos de la Ley N. 14.250, sino una Ley dictada en ejercicio de las facultades propias del Estado Provincial, de acuerdo al sistema de Estado Federal (Art. 1 de la Constitucional Nacional). Fue reimplantada su vigencia por una norma posterior de igual jerarquía, la Ley N. 1.709 (Art. 1), con las modificaciones que allí se introdujeron y destinada a regir las relaciones de empleo público entre el Ente Autárquico Empleador (Ley N. 1.673) y sus agentes, conforme las atribuciones que al Poder Legislativo le competen en virtud del Art. 103, Incs. 1, 7 de la Constitución Provincial.
Recusación, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ regalías.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

No cabe interpretar las expresiones de la propuesta de una fórmula conciliatoria de un Ministro de la Corte más allá del marco en que fueron pronunciadas, es decir, en el contexto de una audiencia conciliatoria en las que se procuraba arribar a una solución negociada dentro de los límites que las propias partes fijaron en un acta, en la cual expresamente establecieron que los acuerdos a que pudieran llegar en el proceso de negociación no importaba un reconocimiento de derechos.
Inconstitucionalidad, alquileres
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil y otros c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 5859 que fija el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del contrato de alquiler, a cargo del locador, toda vez que la ley local priva de efectos a los contratos de corretaje voluntariamente concluidos entre el corredor y los inquilinos, avanzando sobre una competencia del Congreso Nacional y configurando una afectación de los derechos consagrados en el artículo 14 y las competencias asignadas en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, entrando en conflicto directo con lo dispuesto en los artículos 28 y 31 de la ley fundamental, circunstancia que determina la invalidez del artículo 2º de la ley objetada, pues el legislador local no puede, aún en pos de abaratar los costos de locación de inmuebles destinados a viviendas de personas físicas, invadir competencias que le son ajenas.
Acción de amparo, licitación pública, competencia contencioso administrativa, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LOPEZ GONZALEZ, JORGE JAVIER (PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE HUILLAPIMA) c/ PROVINCIA DE CATAMARCA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-22

La acción de amparo que tiene por objeto la suspensión de un proceso licitatorio en trámite para la realización de una obra pública, no habilita la competencia exclusiva, excluyente y originaria que este Tribunal tiene asignada en materia contencioso administrativa, en la medida que no existen acto o actos administrativos sujetos a impugnación y revisión por esta Corte de Justicia, configurándose tal medida de gobierno como un acto institucional en ciernes, por lo que en orden a lo normado por el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 4 de la Ley Nro. 4642 (reformado por Ley Nro. 4998/00), corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, la que deber remitirse al Inferior para su tramitación. Del voto de la Mayoría-Dr. Oviedo- Dr. Cáceres
Acción de amparo, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Río Grande c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ Acción de Amparo, Expte. nro. 378/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-02-26

La atribución de competencias que efectúa el art. 157 de la Constitución no abarca el juicio de amparo, que se rige por principios propios que atienden principalmente a la celeridad del proceso e inmediatez en el acceso a la tutela judicial de los derechos comprometidos. La reglamentación de competencias efectuada por la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece la que corresponde en materia de amparo. Atento a las razones expuestas precedentemente, el tribunal tiene dicho que resultan indistintamente competentes los jueces en primera instancia en turno (expte. n° 244/96 SDO, del 11.03.96), con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere efectos, a opción del actor (cf. art. 4° Ley 16.986).