marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo en poblado y en banda, tentativa, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, Jorge H. y otro s/ Causa 44.487
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

La imposibilidad de consumar el delito de robo en poblado y en banda, por la presencia predispuesta de la policía, no comporta un supuesto de tentativa inidónea, pues los medios asegurativos permanentes o transitorios, puestos para impedir la consumación de delitos o para crear datos probatorios, no excluye jamás la idoneidad de la tentativa y su punibilidad; sino que por el contrario, el delito no fue consumado, debido a que el personal policial detuvo el curso de la acción que, al quedar interrumpida, Ha asumido la figura de tentativa, puesto que tanto desde el plan de los autores como desde el punto de vista objetivo, aquella no estaba determinada a ser puesta en descubierto.
Divorcio, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., A. L. c/ L., A. E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Si la sentencia que consagró jurídicamente el divorcio vincular de las partes, expresamente determinó que lo era con los efectos de los artículos 207, 218 y 3574 del Código Civil, lo que implica -en el aspecto alimentario: arts. 217 y 218-, la subsistencia de dicha prestación entre los cónyuges divorciados vincularmente, la que únicamente cesará si se dan los supuestos que prevé el citado artículo 218. Dicha claridad terminológica descalifica disquisiciones hermenéuticas como las que propone el recurrente, habida cuenta que en la labor jurisdiccional deviene insoslayable atender a la letra de la ley, con prescindencia de los juicios axiológicos que el pudiera merecer.
Aplicación de la ley previsional, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HERMANSSON, GUSTAVO ADOLFO c/ I.M.P.S. s/ LEYES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

La ley 24.241 tiene tres momentos de entrada en vigencia: El Libro I, por aplicación del art. 129 y Dec. 56/94, comenzó a regir desde el 15.07.94; los art. 158 (modificaciones a la ley 18.037), 159 (modificaciones a la ley 18.038) y 165 (derogación de la ley 23.604) comenzaron a regir a los 60 días desde la promulgación (art. 191, inc. d), los que contados como "hábiles administrativos" (Dec.

2433/93), determinan su vigencia a partir del 01.02.94; y el resto de los artículos no comprendidos en esas excepciones expresamente reguladas, a partir de la promulgación de la misma (art. 191, inc.

d).
Enriquecimiento sin causa, accidentes de trabajo, tasa activa
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: REY ANDREA BEATRIZ c/ INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RÍOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-02-28

Cuando se aplica el RIPTE la tasa activa mensual que determina el BNA, importaría un enriquecimiento indebido al damnificado, pues incluye, además de la retribución al capital, la inflación esperada y algún riesgo de que la entidad bancaria no devuelva los fondos"
Condena penal, prueba, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SILVA JOSE ABELINO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. VICTOR PINTO EN CAUSA Nº 195/05 "SILVA JOSE ABELINO - ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL - CAPITAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-05-22

Si el hecho objeto de la pretensión punitiva hecha valer en contra del encartado en el proceso ha permanecido inalterado, despejando cualquier atisbo de sorpresa a sus posibilidades defensivas y la defensa no ha demostrado qué probanzas se ha visto privada de ofrecer o qué derechos no pudo ejercer eficazmente en razón del alegado vicio de imposibilidad de defensa a raíz de que el tribunal de juicio aplicó una pena menor a la pretendida por la parte acusadora, no corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

(Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia)
División de poderes, facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La misión más delicada de la justicia es saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes, reconociéndose el cúmulo de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación, como órgano investido del poder de reglamentar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, con el objeto de lograr la coordinación entre el interés privado y el público (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Demanda, partes del proceso, integración de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACOBINO, ALEJANDRO F. c/ PEREIRA, ALBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DEMANDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Hay transformación o cambio de la demanda cuando el actor manifieste concretamente, mediante un escrito formalmente idóneo, que altera -cambia, modifica o transforma- algunos de los elementos objetivos de la pretensión: sujeto, objeto y causa.

La incorporación de nuevos sujetos a la relación procesal o la modificación de la situación jurídica de los que actúan como partes, origina un cambio en la demanda, que como tal, sólo es admisible cuando ella no hubiese sido notificada por lo que debe desestimarse la incorporación como demandado, a quien no fue incluido inicialmente como sujeto pasivo de ella.
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: TREJO RAMON ORLANDO Y OTRO c/ CIA RURAL S.A. (LACTIBAND) s/ HABERES CAIDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-08

El incumplimiento de la carga probatoria supone soportar el riesgo de dejar indemostrado el hecho que convenga al interés de la parte remisa. La carga de la prueba no es más que una distribución del poder de probar, la repartición del riesgo de la falta de prueba.

Por lo tanto, la carga de la prueba constituye una imposición de la relación jurídica procesal a las partes, para que observen determinadas conductas pero, al mismo tiempo, aparece como regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos.
Daños y perjuicios, indemnización, muerte de la víctima, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

La desaparición de la vida de un familiar puede generar en el damnificado un daño moral compuesto por la lesión a sus afecciones legítimas vistas como padecimiento o sufrimiento, aspecto subjetivo del daño; pero dentro de dicho concepto no es posible excluir por regla, la reparación a la pérdida de beneficios espirituales, ruptura del plan de vida en el matrimonio, situación de desamparo afectivo en que queda el damnificado, aspectos éstos que refieren a la vulneración de la relación de coexistencia y que son ínsitos a los vínculos familiares.
Leyes, inconstitucionalidad, Derecho laboral, descanso semanal, discriminación, igualdad ante la ley, derecho de comerciar
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Las normas cuestionadas, tal como han sido diseñadas, al hacer soportar el peso de la restricción exclusivamente sobre un sector del comercio y desdeñar el cumplimiento de su objetivo respecto de otros sectores de la actividad mercantil, conculcando -mediante una discriminación arbitraria los derechos constitucionales de la demandante de comerciar, de ejercer toda industria lícita y de iniciativa económica- no son razonables y, por ende, no guardan coherencia con la Constitución. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Coto CICSA, AyS T 279, p 237/318.
Sentencia arbitraria, fundamentación del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, tarifa de servicios públicos, ombudsman, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos s/ legajo de apelación - recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Es arbitraria la sentencia que rechazó el recurso interpuesto toda vez que el apelante argumentó de manera fundada que es equiparable la resolución que impugna a una sentencia definitiva, en tanto ella impide que el proceso continúe hasta el dictado del fallo final y definitivo de la causa, pero, no obstante ello el a quo omitió considerar de manera razonada que, en concreto, la decisión cuestionada impide la continuación del proceso, y desestimó la vía recursiva mediante la invocación de una fórmula dogmática, adunando meras citas de pronunciamientos sin demostrar mínimamente que en ellos se haya examinado, como hubiera sido menester hacerlo, ante una pretensión colectiva, la legitimación del Defensor del Pueblo de la Provincia para representar intereses de esa índole, fueran o no homogéneos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, leyes
Materia: PENAL
Carátula: F., O. s/ Robo calificado por el uso de arma (Expte Nº 47-99, Resolución Nº  71, Tomo 6, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-08

Conocida la contienda planteada entre una interpretación, predominantemente jurisdiccional, del artículo 41 del Código Penal, que atendiendo a que el precepto legal citado dice que el conocimiento personal se llevará a cabo "...en la medida requerida para cada caso..." concluye en que podría haber supuestos de innecesariedad y que en ellos no habría por qué conocer directamente al imputado, y otra, predominantemente doctrinaria, que entiende que la alocución antes citada apunta a la profundidad del grado de conocimiento pero suponiendo siempre la existencia del mismo y puesto en el trance de tener que elegir por una de estas dos interpretaciones posibles, considero mucho más razonable la segunda, y a la misma adhiero. Es que no sólo se puede citar en apoyo de ella los antecedentes legislativos que fundamentaron en su momento la inclusión de la norma y que aluden claramente a la necesidad de que siempre exista una entrevista personal con el imputado, sino que además me parece que una lectura puramente gramatical de la misma debe llevar a esta conclusión, puesto que ni parece lógico que se hable de una "medida" de algo que no exista, ni tendría sentido que el codificador de la materia de fondo hubiese regulado una entrevista que de ser simplemente potestativa ya estaría entre las facultades propias de los jueces de la causa. Participo pues de la idea de que el mandato de la última parte del artículo 41 del Código Penal, tiene carácter imperativo y no es disponible por los magistrados, aunque, por la fundamentación que daré a la norma, apartándola de lo que podría significar el establecimiento de una audiencia de conocimiento intuitivo o emocional, pienso que no es menester que la misma se repita en cada instancia del proceso o ante cada uno de los jueces que intervengan.
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

Se puede advertir que lo contenido en la norma procesal del artículo 365 del C.P.C.C, está en abierta contradicción con el sistema acusatorio adversarial, Constitución Nacional, Constitución Provincial, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal (Reglas de Mallorca).
Huelga, permanencia en el lugar de trabajo, legitimidad de la huelga
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Debe admitirse en forma legítima del derecho de huelga (art.14 bis Constitución Nacional) el cese de actividades de los trabajadores, efectuado en defensa de sus intereses profesionales con permanencia en sus lugares de trabajo y durante el horario de sus jornadas, siempre que tal presencia no signifique ocupación indebida del establecimiento.
Despido con causa, despido por riña
Materia: LABORAL
Carátula: C., D.I. c/ J., R.O. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-26

"Para que la riña constituya causal de despido justificado de uno de sus involucrados, debe comprobarse que el afectado por el distracto decidido por tal motivo haya sido efectivamente el que la promovió o llevó a cabo, ya que mientras no se demuestre quién fue el que la promovió, podría disponerse el despido de aquél que por el sólo hecho de su legítima defensa hubiera repelido la agresión".
Monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: SEPULVEDA ALICIA FLOR c/ SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

Dado la variación del capital de condena -la demanda prospera por la suma de $ 300.000-, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios de la primera instancia, y se fijan los emolumentos de los profesionales actuantes en dicha instancia en el 11,2% de la base regulatoria (que incluye capital más intereses, ) para cada uno de los letrados apoderados de la parte actora, (.). y 11,2% de la base regulatoria para el letrado patrocinante de la parte demandada, (.), y 4,48% de la base regulatoria para el apoderado de la misma parte, (.), todo de conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7, 10 y 11 de la ley 1.594.
Inhabilidad de título, título ejecutivo inhábil, juicio ejecutivo, certificado de saldo deudor, cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Santander Río S.A. c/ Venuto, Juan y otra s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29

La vía ejecutiva es improcedente para el cobro de certificados de saldos deudores de cuenta corriente que contengan débitos emergentes del sistema de tarjeta de crédito, aun cuando los saldos referidos hubiesen sido consentidos en los términos del artículo 793 del Código de Comercio, toda vez que existe una norma de orden público que establece la necesidad ineludible de la preparación de la vía ejecutiva.
Seguros, denuncia del siniestro, plazo, interpretación de la ley, presentación extemporánea, prescripción, deber de juzgar
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Román Bogado, Guido Ramón c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

1 - Corresponde admitir la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora, y en consecuencia rechazar la demanda incoada, toda vez que la denuncia del siniestro fue presentada por el asegurado después del plazo de tres días previsto por la LS 46 (plazo no modificado por la póliza). Resulta irrelevante a tal fin, que la aseguradora no haya rechazado la cobertura del siniestro en el acto, aduciendo la extemporaneidad de la denuncia recién trece días más tarde.
Prescripción adquisitiva, expropiación, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Susana S.R.L. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

Si la apropiación posesoria del Fisco que tiene todos los visos de ilegitimidad no fue precedida de una declaración legislativa de utilidad pública, su permanencia pacífica, constante y continuamente exteriorizada durante cuarenta años a los ojos de las gentes y de su anterior poseedor y titular dominial, a través de la construcción, mantenimiento, cuidado y benéficos efectos para las tierras de la región del canal de desagüe que las surca, sin que los hoy actores hayan asumido en todo ese tiempo el rol de contradictores de dicha posesión, la misma (aquella posesión originariamente ilegítima) deviene legítima y da título a la originaria adquisición del dominio de las tierras por el Estado a partir del transcurso del período usucaptivo que prevee el art.4015 del C.Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, sobreseimiento, prueba, denuncia, daños y perjuicios, indemnización, dolo, culpa, carga de la prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., M. F. c/ V., V. S. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-21

No luce arbitraria la exigencia de la sentencia absolutoria a la que refirió el Tribunal de primera instancia, en tanto que dicho requisito cuenta con el respaldo de un importante sector de la doctrina y jurisprudencia, sosteniendo el A quo asimismo que no se advertía tampoco omisión en la valoración de la prueba, ya que los magistrados de baja instancia consideraron que de los antecedentes de autos y de la causa penal, no surgían elementos probatorios suficientes que acrediten la versión de los hechos del demandante en relación al factor de atribución, citando jurisprudencia en el sentido de que en situaciones como la presente, en que la causa termina en sobreseimiento, queda de manifiesto un estado de incertidumbre que debe resolverse a favor del imputado pero cuyos efectos se extienden al denunciante, ya que deviene contradictorio afirmar que a quien se ve agredida en su intimidad le es dificultoso lograr la condena penal -ya que estos hechos no ocurren a la vista de los demás-, y por otro, poner en cabeza de la demandada la justificación de la ausencia de dolo o culpa en su denuncia, quedando a cargo de quien alega aquéllas subjetividades la carga de la prueba. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Proceso contravencional, rebeldía, declaración de rebeldía, imputado, falta de notificación
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Art. 83, ley 1472- Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Si el imputado no fue notificado personalmente de la citación cursada, no corresponde declarar su rebeldía, sino, antes bien, buscar una medida menos gravosa que cumpla con la misma finalidad, como ser, la publicación de edictos o un requerimiento al Consulado del país que corresponda -en caso de ser extranjero- a fin de que informe sobre su paradero. Es que sin el conocimiento de la citación, mal puede adjudicársele a la imputada voluntad de no comparecer.
Dementes, disminuidos en sus facultades mentales, métodos anticonceptivos, derecho a la salud, estado de indigencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: "A. M. I. N* 1 c/ (A., J. V.) s/ INSANIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-16

Que a fin de hacer efectivo el goce de los derechos que la normas supranacionales y locales proclaman, respecto de [...], corresponde analizar con realismo su situación de vida, o sea su incapacidad y efectivas limitaciones provocadas por el "retraso mental moderado a grave (cociente intelectual 0,40/1) congénito y sin posibilidad de mejoría", según se desprende del informe médico de fs. ; lo que determina que "la aptitud para dirigir su persona se encuentra nulificada" (conf. informe del Cuerpo Médico Forense de fs.), a lo que cabe agregar que el informe citado de fs. afirma que ".la insana no se encuentra (ni se encontrará) en condiciones de cuidar a un futuro hijo y considerando su condición de insana se encuentra en riesgo de embarazo no deseado"; que vive en situación de indigencia o cuasi - indigencia y que sus cuidados dependen de su tía y curadora de 65 años de edad, y a la vez, que es hija de madre oligofrénica.

En orden a la situación descripta, se torna indispensable que la decisión a adoptar cumpla con una finalidad de prevención y otra de protección de su persona y de la que pudiera engendrar.

De modo que lo que a priori asoma como una superposición o incompatibilidad de derechos, analizados en forma independiente, y que son claramente válidos e indiscutidos, sean reordenados adecuadamente para encontrar la mejor solución al caso.

Ello a fin de que el derecho a la salud, el derecho a una vida sexual plena, el derecho a la integridad personal, el derecho a la preservación de la salud, el derecho a la calidad de vida, el derecho a formar una familia, a una recreación responsable, los derechos del por nacer, etc. resulten efectivamente protegidos.
Delitos cometidos por medio de la prensa, concurso aparente de leyes, consunción, exceptio veritatis, ofensas cometidas por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, periodistas, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: ITZIGSOHN, M. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-26

1) Como señala Núñez, consumida la injuria por la calumnia, en relación a aquélla y en cuanto se vincula a la calumnia y sea necesaria para apreciarla, desaparece la restricción probatoria del art. 111 C.P. y aunque la querella sea por ambos títulos, no corresponde un pronunciamiento por injuria y otro por calumnia, sino uno solo por ésta, salvo que respecto de la calumnia se absuelva por falta de tipo.

2) Configura el delito de injurias, expresar en una revista que los querellantes "retuvieron a personas, los amenazaron, los insultaron, que se había consumido droga y alcohol..." 3) Los periodistas tienen por una parte el deber de buscar confirmación a la noticia que se sabe ofensiva y por la otra, de evitar dar la misma en forma que agravie el honor de terceros, cuando eso es posible y en el caso de autos la autora de la nota ofensiva hacia SADAIC, pudo haber narrado lo sucedido de manera objetiva, sin nombrar a las personas, de modo que el público supiera lo que pasó, pero sin lesionar la honra de terceros; o sea que existió al menos el dolo eventual de ofender.

4) Respecto al director de la publicación, asumió una conducta negligente, al no controlar el material que se publicaba, pero no tiene responsabilidad penal, ya que el tipo de injurias sólo admite el dolo en el tipo subjetivo.

Para el director de un periódico, no rige una responsabilidad objetiva, sino que debe probarse su dolo, incluso eventual, y no habiéndose probado ello en el caso de autos, corresponde aplicar la norma beneficiante contenida en el art. 13 C.P.
Robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: URUNDE, RAMONA s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-24

Para que el reproche penal de la tentativa resulte viable, debe quedar fehacientemente demostrado el ánimo, la intención de apoderarse de cosas muebles ajenas, al margen de la fuerza o violencia desplegada por el sujeto activo. Ello deviene de la forma como este Instituto está constituído en nuestra legislación material, que al exigir la existencia del comienzo de ejecución de un delito determinado, nos está hablando del dolo directo -artículo 42 del Código Penal- Resulta claro que la existencia de ese elemento intencional volitivo es esencial y si ello no resulta aceptado por la encausada, ni surge de hechos objetivos que lo exterioricen o evidencien, debe ser desechados a lo fines de no entrar en ilegales presunciones.