Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-06


SENT Nro. 866	C A S A C I O N	San Miguel de Tucumán, 06 DE NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 25/02/2003 obrante a fs. 208/211, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 19/3/2003 (cfr. fs. 215). A fs. 319/321 el Sr. Ministro Fiscal mantiene el recurso deducido por el Sr. Fiscal de Cámara. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 213/214 por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 25/02/2003, que rechazó la propuesta de juicio abreviado presentada en autos, y dispuso la absolución del imputado Ramón Nicolás Chapero.

Alega que lo resuelto desnaturaliza la normativa contenida en el art. 442 bis del CPP; destacando que por unanimidad, el Tribunal había declarado procedente el trámite de juicio abreviado. A su entender, existiendo el acuerdo la Cámara debe pronunciar sentencia, respetando la valoración de los elementos de prueba ya incorporados; sin asumir un rol que exceda los términos de aquél, según se expresa en el voto minoritario. En su interpretación, la Cámara sólo está habilitada para disponer la absolución si comprueba una causa de nulidad absoluta, o se violara la conformidad prestada por el imputado. Señala que el acuerdo firmado por las partes, y las pruebas ofrecidas y producidas, como la nulidad del acta de fs. 10, ya fueron resueltas en el incidente de apelación de prisión preventiva, no haciendo lugar a la misma (sentencia del 08/8/2001). En definitiva, requiere se declare la nulidad del fallo en recurso por violación a lo dispuesto en el art. 442 bis del CPP, y se disponga la condena del imputado Chapero como autor del delito de robo en concurso real, (arts. 164, 55, 40 y 41 del CP), imponiéndosele la pena acordada de tres años de prisión.

Corrida vista de ley, el Sr. Ministro Fiscal comparte y sostiene los agravios esgrimidos por el Sr. Fiscal de Cámara.

2.- En autos, el Sr. Fiscal de Cámara y la defensa, al amparo de la normativa contenida en el art. 442 bis del CPP, convinieron resolver en juicio abreviado la situación procesal del imputado Chapero, y solicitaron se aplique la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y costas procesales (cfr. fs. 202). Por resolutiva del 09/9/2002 (fs. 205), y previo hacer lugar al pedido de cese de prisión, la Sala a quo aceptó el acuerdo celebrado y declaró procedente el trámite.

De los términos del pronunciamiento en recurso (fs. 208/211) surge que la mayoría de la Sala a quo rechazó la propuesta de acuerdo, y dispuso además la absolución del acusado, por considerar que en autos no existen elementos incriminatorios en su contra. Para arribar a esta conclusión, valoró la negativa de Chapero en cuanto a su participación en los hechos, corroborada mediante las declaraciones coincidentes de los testigos Boedo y Rueda; cuyos dichos no se verían destruidos por los de Olivares y Amaya, amigo y pariente del coimputado Torres, respectivamente. El Tribunal señaló además las graves acusaciones formuladas por Chapero a fs. 17 vta., y que la requisitoria de elevación a juicio (fs. 171) fue formulada a instancias de la defensora, a un año y diez meses del hecho y de su detención; sin expresar los motivos de acusación en su contra, ni valorar los elementos en base a los cuales se la formula. Entendió que ante lo expuesto, no puede el Tribunal convalidar los términos del acuerdo celebrado, en base a la sola confesión del imputado no respaldada por las restantes constanci as de autos. Según su criterio, pese a haberse admitido el trámite del juicio abreviado, el estudio y merituación de las pruebas en relación al requerimiento fiscal evidenciaría la falta de elementos que acrediten la participación del imputado en el hecho atribuido, pronunciándose por su absolución.

El voto minoritario valoró el acuerdo firmado por las partes, las pruebas ofrecidas y producidas y también lo resuelto en la sentencia del 08/8/2001, dictada por la Sala IIa. de la Cámara Penal, que desestimó la nulidad del acta de fs. 10, en oportunidad de resolver el incidente de apelación de prisión preventiva (cfr. fs. 144). Que por ende, las pruebas a considerar son las obrantes a fs. 202 vta.; y sólo excepcionalmente el juicio abreviado puede ser resuelto de manera diferente a lo acordado por las partes. Consideró que tales causas graves deben ser evidentes, pues de lo contrario se desvirtúa la naturaleza del instituto, que responde a una medida de política criminal. Considera que cualquier otra intervención del Tribunal viola el contradictorio, y convierte al instituto del juicio abreviado en una vuelta al procedimiento escrito. Que una vez aceptado el acuerdo, el Tribunal no se encuentra habilitado a pronunciarse en base a una valoración fáctica diferente de la concertada por las partes; y la absolución sólo procedería cuando se advierte una nulidad absoluta y así se la declara, o si fuera violentada la conformidad prestada por el imputado.

2.- Según resulta de la reseña precedente, la cuestión de derecho propuesta por el Ministerio Público consiste en establecer si, una vez aceptado el acuerdo de juicio abreviado que regula el art. 442 bis del CPP, el mismo Tribunal se encuentra habilitado para disponer la absolución del acusado.

El procedimiento de juicio abreviado instituido en la ley adjetiva, con prescindencia del debate oral, será procedente cuando el imputado reconozca, circunstanciada y llanamente, su culpabilidad en el hecho que se le atribuye, asistido por su defensa técnica (inc. a). La norma exige que la prueba haga evidente la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, conforme a la calificación legal dada en el requerimiento de elevación a juicio ( inc. b). A su vez, el inc. c) regula las exigencias formales del acuerdo; destacándose que, a diferencia de otros ordenamientos procesales, la ley 7108 permite la presentación del acuerdo reglado, hasta el momento de la apertura del debate oral. En caso de que el Tribunal acepte el acuerdo, llamará los autos para dictar sentencia en el plazo máximo de diez días hábiles, debiendo merituar las pruebas producidas.

En el sistema legal, el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado debe ser convalidado por el Tribunal de juicio, a quien corresponde decidir si se cometió o no un delito y si procede la imposición de pena; y ello puede dar lugar a la aceptación o rechazo del acuerdo. No ha sido prevista la alternativa de dictar pronunciamiento absolutorio, en base al análisis de los elementos de prueba reunidos en la etapa instructoria; a diferencia de otros Códigos de Procedimientos que la contemplan en forma expresa (CPP de la Pcia. de Bs. As., art. 399). La norma local refiere a las hipótesis de aceptación o rechazo del acuerdo; esto último, cuando el Tribunal considere necesaria la producción de la prueba en el debate. Tal valoración se vincula a la constatación de los presupuestos de aplicación de la figura; advirtiéndose que la eventual necesidad de transitar el plenario está orientada a un mejor conocimiento de los hechos, o ante el eventual desacuerdo del Tribunal con la calificación otorgada, en tanto fuera más gravosa para el procesado.

Ha señalado la doctrina que además de las razones contempladas en la norma para desestimar la propuesta de acuerdo -que constituyen verdaderos recaudos expresos: mejor conocimiento de los hechos y discordancia con la calificación-, fluye de los restantes requisitos -recaudos implícitos- que podrían determinar su rechazo. Entre otros, se mencionan lo extemporáneo de la petición, o la apariencia condicionada de la conformidad que prestara el imputado, o la existencia de varios imputados, sin que todos ellos prestaren su conformidad; falta de asistencia del defensor, etc. (cfr. D'Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", p. 925 y vta. Bs.As., Lexis Nexis, 2002).

3.- No cabe perder de vista que la incorporación del juicio abreviado al ordenamiento procesal responde a razones de política criminal; y constituye una excepción a la regla de oralidad que impera en el proceso penal, con el objetivo de abreviar el desarrollo de los enjuiciamientos penales. El debate oral continúa siendo la etapa sustancial del proceso; y sólo puede prescindirse de él en los supuestos que la propia ley ha contemplado.

El Tribunal tiene amplias potestades para valorar la "verdad consensuada" que se propone por vía del acuerdo; mas como principio, su potestad para apreciar anticipadamente el cuadro probatorio existente, será ejercitada para resolver sobre su aceptación o rechazo. Una vez admitido el trámite previsto en la ley adjetiva, la evaluación de los elementos reunidos en la causa está orientada a una u otra decisión. En todo caso, la certeza no resultará de la sola confesión del acusado, toda vez que los hechos admitidos deberán encontrar necesario respaldo en la prueba colectada. Es claro que la sola conformidad del acusado no excluye el rechazo del acuerdo, si el Tribunal advierte que la misma no se ajusta a las constancias de la causa. Mas en todo caso, tal rechazo significa que el juzgador ha comprometido de algún modo su opinión; y la misma ley ha previsto su apartamiento, pues no cabe duda de que el órgano jurisdiccional ha evaluado fuera de la etapa procesal que como regla corresponde, opinando sobre el mérito del proceso	Si los elementos reunidos en la etapa instructoria impiden al Tribunal aceptar el acuerdo, sólo cabe el rechazo y la continuación del trámite según lo previsto en el citado art. 442 bis. Tratándose de un supuesto de excepción, la normativa legal no puede ser interpretada extensivamente, con el alcance de entender implícita la alternativa de absolución, por insuficiencia de las pruebas colectadas. Como principio, la absolución sólo puede pronunciarse tras el juicio de conocimiento pleno, en cuyo transcurso las partes concretan sus posiciones y producen la prueba pertinente.

Se trata -reitero- de una excepción al sistema de oralidad vigente. El examen de los hechos y de las pruebas es propio de la etapa plenaria; y en el supuesto del art. 442 bis procesal, la excepción se presenta circunscripta a la decisión de aceptar o rechazar el acuerdo propuesto. El ordenamiento sólo ha contemplado estas hipótesis; y para la segunda, manda proceder según las reglas del procedimiento común, sin que el reconocimiento del imputado y su defensor pueda ser tomado como indicio o elemento en su contra.

4.- Examinados los autos, se advierte que en el sublite la decisión absolutoria se funda exclusivamente en la pretensa insuficiencia del cuadro probatorio para aceptar el acuerdo propuesto. El voto mayoritario discurre sobre su entidad para incriminar al acusado; previa confrontación de las testimoniales rendidas en la etapa instructoria. Valora además la idoneidad de otros actos procesales cumplidos durante la investigación fiscal.

En la resolución cuestionada, subyace la premisa de que la prueba reunida sería clara y suficiente para tomar una decisión respecto al imputado. A mi entender, la alternativa de dictar pronunciamiento absolutorio, resultante de un juicio de mérito sobre las pruebas existentes, sólo procede en la etapa plenaria que deberá transitarse en tal supuesto. Sigue siendo el órgano jurisdiccional quien, en última instancia, deberá decidir si los hechos admitidos en el acuerdo constituyen delito y merecen una pena; mas en caso de rechazo del acuerdo, debe continuar el trámite del juicio común, que transitará por las etapas previstas en la misma ley adjetiva. Al respecto, la disposición legal es clara en el sentido de que, rechazado el acuerdo, será al Tribunal que por turno corresponde quien habrá de continuar interviniendo. No se trata, entonces, de eliminar o retacear las facultades decisorias de los jueces, sino de reconocer su ejercicio en el momento procesal que la ley determina, y por el Tribunal habilitado a tal efecto.

Se concluye que el juicio abreviado responde a razones de economía procesal y celeridad, y persigue evitar el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la prueba producida durante la etapa instructoria. Si el órgano jurisdiccional no comparte esta apreciación, corresponde el rechazo de la propuesta de acuerdo y la continuación del juicio común.

Por último, es oportuno señalar que en el procedimiento instituido por la ley, la merituación de la prueba existente es previa a la admisión del trámite de juicio abreviado. Ello así, su prudente evaluación en esa instancia procesal, permitirá una más rápida decisión de la causa, en beneficio de la celeridad que debe imperar en el proceso penal.

A mérito de lo considerado, el Tribunal a quo ha aplicado erróneamente el art. 442 bis del CPP, al disponer, además del rechazo del acuerdo, la absolución del acusado. En consecuencia, procede hacer lugar al recurso en examen, conforme a la siguiente doctrina legal: "Si luego de aceptar el acuerdo de juicio abreviado previsto por el art. 442 bis del CPP, el Tribunal considera que las pruebas reunidas son insuficientes para condenar al imputado, procede el rechazo de la propuesta y la remisión de la causa al que por tuno corresponda. La alternativa de absolución por ausencia de elementos incriminatorios contra el acusado, no ha sido prevista en el marco del juicio penal abreviado". Se deja sin efecto el punto II de la sentencia impugnada, disponiendo en sustitución: "II.- REMITIR la causa a la Sala de la Excma. Cámara Penal que por turno corresponda, previo desglose del convenio presentado en autos".

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 213/214 por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 25/02/2003, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, se deja sin efecto el punto II de la sentencia impugnada, disponiendo en sustitución: "II.- REMITIR la causa a la Sala de la Excma. Cámara Penal que por turno corresponda, previo desglose del convenio presentado en autos".

II.- REMITIR la causa a la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, a fin de que proceda conforme a lo dispuesto en la presente resolución, previo desglose del convenio presentado en autos.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA