marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado s/ Cuestión de competencia, art. 6 del Código de Procedimiento de lo  Contencioso Administrativo en autos: "Puerto de Olivos -U.T.E.-  Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Recurso de queja Fiscal de Estado. Cuestión de competencia art. 6¦, Código de lo Contencioso Administrativo en autos: "García, Roberto Jaime (en representación del Rápido Argentino Compañía Microómnibus S.A)" s/ Acción de amparo Copacabana S.A. y otros c/ Municipalidad de San Isidro s/ Amparo. Cuestión de competencia, art. 6, C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24|2000-02-23|2001-09-19

La reafirmación de la competencia de esta Suprema Corte y la imposibilidad de que la acción de amparo tramite originariamente ante ella no puede llevar al resultado disvalioso de nulificar lo actuado en las instancias ordinarias y eventualmente disponer su archivo. Por el contrario, conocer y resolver esta pretensión teniendo en cuenta los actos incorporados al proceso en las instancias ordinarias, procura respetar los principios de celeridad, concentración y progresividad así como seguir las guías inexcusables de la actividad jurisdiccional, a saber: una clara y terminante facilitación del acceso a la justicia (art. 15 de la Constitución provincial) y un resultado de su quehacer, que resulte eficaz, no retardatario ni frustratorio de las garantías constitucionales (art. 14, 17 y 18 de la Ley Fundamental de la Nación, sus correlativos de la provincia y el verdadero programa que trasunta el Preámbulo, "afianzar la justicia"). En otras palabras, no se advierten obstáculos, según el estado de la causa, para que ésta prosiga en sede originaria, sin retrotraerse ni alterar la estabilidad de los actos incorporados al proceso. El derecho a obtener una rápida y eficaz decisión judicial integra la garantía de la defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, tribunal de disciplina, plazo, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESCOBAR, ROSA DE LOS MILAGROS; ZAFFARONI, ARIEL; MÃoLLER, ALFONSO; BLANGINI, OLGA BEATRIZ; CUAGLINI, JORGE LUIS; BUTTO, MONICA MARIA; KLENZI, PATRICIA NOEMI Y TEJERINA, CRISTIAN RAUL c/  s/ APELACION RESOLUCION COLEGIO DE PROFESIONALES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-29

Si bien es cierto que el impugnante, al momento de interponer el recurso de inconstitucionalidad, manifestó que el decisorio en crisis constituía sentencia definitiva y que importaba un gravamen de imposible reparación ulterior, vulnerándose sus garantías constitucionales en cuanto a la defensa en juicio y protección de su propiedad, no puede soslayarse que tales genéricas alegaciones carecen de la entidad suficiente para demostrar que se encuentra cumplimentado el recaudo de definitividad contemplado en el artículo 1 de la ley 7055, razón por la cual no puede achacarse arbitrariedad a lo decidido por la Alzada, que consideró que en el caso resultaba muy evidente que las cuestiones reservadas a la procedibilidad del recurso en orden a su temporaneidad y agotamiento previo de la vía administrativa podían ser reevaluadas en la sentencia final del recurso, pues a todo tribunal revisor le cabe la facultad de realizar un análisis más profundo de esas cuestiones aun cuando hubiera emitido una primera decisión sobre su admisibilidad formal.
Jubilaciones, pensiones, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hnatiuk, Rolando Oscar c/ Prov. de Bs. As. s/ Amparo -cuestión de comp. art. 6 CCA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Corresponde a la competencia contencioso administrativa que, en forma transitoria, la Constitución provincial confiere originariamente a esta Suprema Corte el cuestionamiento de la falta de relación proporcional del haber jubilatorio de un ex senador provincial con la totalidad de las remuneraciones que perciben esos legisladores en actividad. (Minoría u opinión personal)
Constitución Nacional, constitucionalidad, convenios colectivos de trabajo, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVERIO FLORENCIO SORIA c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ CONVENCIONES    COLECTIVAS    DEL  TRABAJO.  ADMINISTRACION  PUBLICA.  GOBIERNO DE FACTO-CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

La ley 21.418, con prescindencia de su legitimidad de origen, no pudo derogar válidamente el decreto 3258-73 y excluir, por decisión unilateral al personal de Dirección Nacional de Vialidad del régimen de las Convenciones colectivas de trabajo, en contravención de lo pactado y aprobado y en violación del art. 14 nuevo de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a este tipo de contratación e inclusive del art. 17 de la ley 19.549.
Cuestión federal, procedencia del recurso, recurso extraordinario, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

En la tarea de esclarecer la inteligencia de normas federales, la Corte Suprema no se encuentra limitada por las posiciones de la cámara ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente otorga el derecho federal involucrado (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Contratos civiles, interpretación del contrato, conducta de las partes, jurisprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Español de Crédito S.A. c/ Aerolíneas Argentinas S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Es principio de buena doctrina y jurisprudencia que la conducta ulterior de las partes constituye base cierta de interpretación de los términos del acto jurídico bilateral (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Martillero, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO RIO SEGUNDO  S.A.C.I.F.I. s/ QUIEBRA PROPIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-22

La especificación de que la comisión ficta del martillero es omnicomprensiva del concepto general de las costas, es correcto.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, recurso de inaplicabilidad de ley, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Carlos c/ Banco de Avellaneda  S.A. s/ nulidad de decisiones e intervención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-02

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró inadmisibles los recursos interpuestos por insuficiencia del depósito previo , a la luz de las normas legales en vigor a la fecha de presentación de los recursos, haciendo abstracción de las vigentes al momento de resolver, que autorizaban a subsanar el defecto (art. 1 de la ley 10.481 de Buenos Aires) lo que traduce una comprensión inadecuada de las normas que regulan la aplicación inmediata de las leyes nuevas (art. 3 del Código Civil) que las desvirtúa y vuelve inoperantes.
Estupefacientes, destino comercial, control aduanero, asegurador por riesgos del trabajo, constitucionalidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ PEREA, JERONIMO s/ Contrabando Causa Nro. 30120.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

1- La cantidad de sustancia que produce mayor afectación al bien jurídico tutelado depende de las cualidades de las distintas especies de estupefacientes que puedan ser enormemente variadas y no pueden estar fijadas de antemano en valores numéricos. El criterio de circunscribir la tipicidad con un dato susceptible de ponderación, como lo es el inequívoco destino comercial, constituye una modalidad que no contraviene el requisito de la "ley previa" constitucionalmente establecido, aunque resulte criticable desde el punto de vista de la técnica legislativa (Sala 2, Reg. 383/90) (Del voto del Dr. Repetto).- 2- En el caso de autos, la cantidad y concentración del estupefaciente elaborado- clorhidrato de cocaína -que le fuera secuestrada al procesado, que permitiría su fraccionamiento en una gran pluralidad de dosis, autoriza a sostener inequívocamente el destino comercial de dicha sustancia (Del voto del Dr. Repetto).- 3-El acondicionamiento del estupefaciente en el doble fondo de la valija que transportaba el acusado, constituyó el ardid hábil ideado para intentar la burla del control aduanero, obviando su intervención, que es lo que la ley castiga (Del voto del Dr.

Repetto).- 4-Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 866, segundo párrafo, del Código aduanero, texto según ley 23353, pues el "principio de legalidad", que asienta el art. 18 de la Constitución Nacional, establece que la ley es la única fuente de derecho penal y debe ser previa al hecho, quedando las acciones que no encuadran en ninguno de los tipos delictivos contenidos en las leyes, en la zona de libertad establecida por el art. 19 de la Carta Magna. Esto no significa privar a los jueces de efectuar una debida interpretación de los llamados "tipos abiertos" en busca de la verdadera voluntad de la ley (Del voto del Dr. Repetto).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, fundamentación de sentencias, remisión a otro fallo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Genaro García S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Amparo. Recurso directo (Expte. CSJ Nº 342-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Es reiterada la doctrina de la Corte Nacional en el sentido que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y la razón de ella se encuentra en el hecho de que aquellas conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (artículos 121, 122, y 123 de la Ley Fundamental). La competencia de la justicia local, en tales casos, no es sino consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda - como modo de preservar las autonomías de los Estados locales- a los tribunales nacionales juzgar sobre aquellas instituciones salvo los supuestos de excepción que se admiten. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Iribarren)
Expropiación, prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: THOME ELIAS c/ DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ Expropiación Inversa (LIBRO: S149 - 467)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-30

Resulta necesario determinar la oportunidad en que debe deducirse la prescripción, ya que en el trámite administrativo no existe contestación de demanda por el expropiante, sino la sustanciación del proceso para llegar a la decisión de la pretensión del expropiado. La administración puede plantear la prescripción cuando deba expedirse sobre la pretensión de pago de la indemnización, produciendo un acto administrativo, declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata.- El dictamen previo de Asesoría Letrada de la repartición, no implica una manifestación de voluntad de la Administración que le impida hacer valer la prescripción en oportunidad de expedirse -a través del acto administrativo-, sobre la pretensión deducida por el expropiado.-
Prueba pericial, registro de peritos, constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: IRIBARREN, Juan J. s/ Causa 2.672
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

a) La exigencia del art. 254 del C.P.P. que impone para actuar la inscripción previa del perito ante el órgano judicial competente, si perteneciere a profesión reglamentada, extendida a los expertos que propongan las partes por imperio del art. 259, C.P.P., no es inconstitucional, pues no colisiona con el derecho de trabajar consagrado por el art. 14, la garantía de defensa en juicio prevista por el art. 18 ni la igualdad ante la ley que proclama el art. 16 de la C.N.

b) La admisión previa del perito por un órgano jurisdiccional que valore su específica idoneidad para actuar en juicio, no lesiona la garantía de defensa que consagra la ley suprema, pues el debido proceso que asegura el art. 18 importa la sujeción a normas reguladoras que den adecuado cauce a la acusación, defensa, prueba y sentencia que habrán de integrarlo, y en ese marco legal el código de procedimientos permite a las partes ser asistidas por un experto distinto del designado por el juez (art. 259, C.P.P.), cuyo compromiso impuesto por el art. 257 habría de velar por un desempeño imparcial distinto del interés particular del legitimado sujeto procesal que lo propusiere.

c) No afecta el principio de igualdad ante la ley la normativa aludida, pues desde antiguo tiene dicho la Corte Suprema que dicha garantía importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Es evidente que los peritos que se someten a los requisitos exigidos por la puntual normativa procesal, están en idénticas condiciones para desempeñar el cargo que las partes, también desde un mismo plano de igualdad procesal, quisieron conferirle en cada examen concreto.
Verificación de créditos, indemnización, deberes del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUPERVISIÓN GUALEGUAYCHÚ MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES - QUIEBRA S/ INCIDENTE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO (PROMOVIDO POR BIBEL, PONCE, DESPOSITO, VENDITTI)" - Expt. N° 7114/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-17

Según el art. 251 LCT, para que tenga lugar la indemnización atenuada debe haber una calificación de conducta o "determinación de las circunstancias". Esa ausencia u omisión, por el motivo que fuera y pese a que puede hacerse de modo tácito -al referir a otra opinión por ejemplo-, no debe atribuirse a los incidentantes, ya que debe establecerla el juez luego de presentado el informe general.
Recurso de reposición (procesal), segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C  DE S. S. M. c/ HRS s/ Divorcio Vincular (LIBRO: A002 - 364)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-28

El recurso de reposición sólo es admisible en la alzada respecto de resoluciones de mero trámite que, por su naturaleza y efectos, tienen carácter definitivo, poniendo fin al recurso de apelación oportunamente incoado. Los autos definitivos y las sentencias no pueden ser objeto de revocatoria o de reposición.-
Nulidad de sentencia, Ministerio Público Fiscal, interposición del recurso, falta de interposición del recurso, reformatio in pejus, defensa en juicio, pena, condena condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lordi, Eduardo J. s/ Inf. Ley 23737. Causa 9793
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-04

La ausencia de recurso fiscal inhabilita a la Segunda Instancia para conocer en plenitud la sentencia recurrida por el defensor, ciñéndose su estudio, en forma exclusiva, a aquéllos que fueran de interés del encartado. Resultando éste el único que peticiona la revisión del fallo, no puede verse expuesto, bajo pena de vulnerar el derecho de defensa, a una modificación de la situación en su perjuicio, que importaría una violación franca al principio de "reformatio in pejus". Por ello, pese a la naturaleza esencial de la norma vulnerada y en favor del superior interés de defensa, debe rechazarse la nulidad del fallo de primera instancia, en razón de que la pena impuesta al encausado debe ser de cumplimiento efectivo, por no haber transcurrido el plazo establecido en el art. 27 del Código Penal.
Propiedad horizontal, designación del administrador de la herencia, prueba, acta de asamblea protocolizada
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS VIRREY LORETO 3754/56 c/ VICARI S.A. s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Tratándose de un litigio en el que solo se encuentran interesados el consorcio y uno de los copropietarios, las constancias del acta de la asamblea en el que el administrador fue designado, resultan eficientes para acreditar tal carácter. La exigencia de escritura pública o protocolización de las actas, sólo puede ser requeridas por terceros, en tanto, a su respecto, la publicidad se cumple con esa formalidad, mientras que entre los consorcistas, se presume que todos han conocido la asamblea y su decisión.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos c/ Rielmaricano S.A.C.I. y otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Una vez establecidos los datos que se consideren relevantes para el hallazgo del quantum indemnizatorio es preciso interrelacionarlos, proporcionando las secuencias necesarias para reconstruir el cálculo y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estimó más adecuado.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Farias, Karina Fabiana c/ Clínica San Basilio de Servimed S.R.L. y/u otros s/ Reclamo laboral Servimed S.R.L. y/u otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-19

La prueba del trabajo extraordinario debe ser asertiva,categórica y relacionada al quantum de horas que excedan la jornada laboral,fecha y duración.
Abandono de personas, amenazas, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Mariana Buchniv; Yanina Graciela Gogonza; Vanina Gisela Diap; Noemí Elizabeth Nuñez; Noelia Soledad Gallardo c/  s/ abandono de persona agravado por el resultado, lesiones y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-05

Condenan por unanimidad a pena de prisión e inhabilitación especial para desempeñarse en actividades relacionadas con niños a la directora, dos docentes y dos auxiliares de un jardín de infantes acusadas de maltratar a los menores que asistían al establecimiento, encontrándolas penalmente responsables de los delitos de abandono agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas. Los magistrados destacaron la procedencia de la pena de inhabilitación especial, prevista en el artículo 20 bis inciso 3 del Código Penal en su máxima expresión, atento la ineptitud, falta de vocación, desprecio, incultura, groserías y desmesura en su accionar, aunado ello a la indefensión de los niños víctimas, conductas todas ellas llevadas a cabo por las imputadas, al momento de ejercer las funciones impuestas por el cargo que ocupaban.
Proceso penal, acción civil, debate, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GNAVI, HUMBERTO ANIBAL s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-10-05

El paso de una etapa (instrucción) a otra (juicio) no consiente que, habida cuenta de la naturaleza de una calidad invocada, se lleven a la discusión final, abierta cuando ya ha terminado la recepción de pruebas (C.P.P., art. 406), planteos sorpresivos deliberadamente reservados para entonces, o tardíamente advertidos por negligencia- que dejarían a la parte en una postura de indefensión, siendo aquél un argumento esgrimible y contestable en la instrucción, en incidente al que se le da el trámite de excepciones (C.P.P., art. 80, ley 3831; art. 87, ley 5154), lo que permite el contradictorio oportuno, abierto y amplio, en paridad de posibilidades para alegar y probar, en armonía con el derecho de defensa en juicio consagrado por la ley suprema de la República (C.N , art. 18).-
Depósito comercial, obligaciones del depositario, presunción de culpa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miguel, Angel Raúl c/ Corfo Chubut s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-07-16

En el contrato de depósito, la obligación fundamental del depositario consiste en guardar con diligencia, aquí "técnica", la cosa y restituirla en su momento sin disminución, cargando con los daños y deterioros que aquélla hubiera sufrido por su culpa. Como todo deudor de cosa cierta, su culpabilidad se presume con el mero incumplimiento, mientras no demuestre lo contrario. De este modo, resultando en autos la vinculación fruto de un contrato, al actor le basta probar el incumplimiento de éste y el daño sufrido, siendo precisamente al demandado a quien incumbe eximirse de responsabilidad probando que no fue por su culpa.
Daños y perjuicios, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: OTAHAL, Regina c/ VIERA, Pedro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

La obligación impuesta por el art. 1084 del Código Civil de indemnizar los gastos hechos en el funeral del fallecido, no debe hacerse extensiva a reclamos de conservación de su sepultura, visitas al cementerio, flores, etc., porque se trata de gastos que no son necesarios, ni existe verosimilitud de que en el futuro vayan a concretarse, en tanto son erogaciones que están ligadas a variables sentimentales.-
Recurso extraordinario, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: López Rega, José s/ causa N. 19.765.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

El recurso extraordinario tiene por finalidad esencial asegurar la primacía de normas enunciadas en el art. 31 de la Constitución Nacional.
Regulación de honorarios, notificación tácita, doctrina de los actos propios, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMER S.A. c/ Bosio, Luis Enrique y otro s/ Ejecutivo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-08-16

En el caso, no se dan los presupuestos que autoricen a tener por configurada la notificación tácita, pues la presunción del conocimiento de la regulación de honorarios no surge de los presentes actuados sino de un escrito presentado en otra causa judicial.

El tribunal de Alzada en el Fallo que se impugna tiene por expresamente comprobado el conocimiento de la regulación de honorarios, su monto, el trámite impreso etc, por la sola circunstancia de haberse presentado el recurrente -demandado- con posterioridad ante otro tribunal en concurso preventivo, denunciando como acreedor al letrado del actor, beneficiario de tal regulación.

En efecto, la notificación tácita es de interpretación restrictiva, y en todo caso la prueba del conocimiento del acto que debió notificarse debe surgir del expediente, descartándose toda otra medida probatoria, pues de lo que se trata es de salvaguardar la seguridad jurídica y la tranquilidad de los litigantes en cuanto a cómo y cuándo se deben dar por notificados de una providencia.

En conclusión, no se presenta en autos aquella certeza de que el interesado ha tomado efectiva noticia de la regulación practicada y de todas sus implicancias; entonces la preclusión procesal como fenómeno convalidante de lo actuado y la cosa juzgada como expresión última de la jurisdicción, deben ceder y ante ello corresponde casar parcialmente la sentencia de grado y declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que debió corrérsele traslado de la planilla de liquidación, en atención a que en esta causa no precluyó la oportunidad de los ejecutados de ser escuchados, pues ningún efecto convalidante ni notificatorio tuvo aquella presentación extraña a este proceso. Tampoco puede enervarse esta declaración de nulidad por la doctrina de los actos propios- en la que se basó el Ad Quem entre otros argumentos-, pues el conflicto suscitado encuentra solución mediante la aplicación de normas positivas, resultando innecesario recurrir a esta doctrina en situaciones donde es suficiente, como en el caso, la aplicación del principio de preclusión procesal.