marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, liquidación y distribución, compensación, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUNA ROQUE JACINTO s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-08

Los arts. 203 y 130, Ley 19.551 aplicados conjuntamente indican con absoluta claridad, sobre todo después de la reforma del primero ( ver exposición de motivos de la Ley 22.917, Nro. 31 3er. párrafo) que el acreedor hipotecario puede cobrar en el concurso especial dando fianza, se entiende-sin necesidad de esperar el resultado de la verificación. Y si puede cobrar por esa vía, es claro que también puede compensar por la vía del art. 205, Ley 19.551, puesto que en ambos casos se trata del ejercicio de un mismo derecho.

De todos modos, es cierto que la resolución del 29.5.92 pasó en autoridad de cosa juzgada al declararse la caducidad de la apelación que interpuso contra ella el comprador del bien subastado (fs. 216/7). Pero no porque esté firme se puede dar a esta resolución un alcance que no tiene.Lo que en ella se resolvió es que la compensación del art 205, Ley 19551, no era procedente por el crédito del adquirente contra la masa no estaba reconocido por resolución firme. Parece claro, por consiguiente, que si hoy ese crédito sí está reconocido por resolución firme (Interlocutorio Nro. 128/93 de este Tribunal) la compensación resulta procedente Así viene a decidirlo implícitamente esa misma resolución.

Sostener que esto es contrario a la cosa juzgada es simplificar demasiado las cosas,porque significa no tomar en cuenta la causa en virtud de la cual se formó la cosa juzgada. La decisión pronunciada por un Juez sobre un bien determinado impide reeditar la controversia sobre ese bien por la misma causa, pero de ningún modo es obstáculo para hacerlo con fundamento en una causa distinta.

O también lo es más exacto para este caso, con fundamento en la misma causa jurídica pero derivada de hechos posteriores al fallo.

Si el criterio contrario fuese correcto, la sentencia que rechaza la reivindicación por falta de título debería impedir la nueva demanda intentada sobre la misma cosa en virtud de un título adquirido con posterioridad. Este ejemplo, cuya solución no puede ofrecer dudas, revela la legitimidad del planteo del apelante: la compensación denegada con fundamento en la falta de certeza de su crédito, puede ser pedida nuevamente si con posterioridad ese crédito es reconocido por una decisión firme. No hay cosa juzgada que pueda excluir esta segunda petición.

El único límite que podría oponerse al apelante sería la revocación de la subasta por incumplimiento del adquirente y la realización del nuevo remate. Pero como esto no ha sucedido, ya que la venta todavía no ha quedado sin efecto, no hay motivos legítimos para negar la compensación. No podría haberlo en tanto exista la obligación de pagar el precio del remate. (Voto del Dr. Fontaine).-
Seguros, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: RENFIJES, Carina Rosana c/  s/ excepción de prescripción liberatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-01

En materia de prescripción, la ley 17418 de Seguros (LS), en su art. 58, dispone que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, en tanto que la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC), en su art. 50, prevé que las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años.

Ni la doctrina ni la jurisprudencia son pacíficas frente al conflicto planteado en la materia. Si bien las leyes 17.418 y 24.240 tienen idéntica jerarquía, la primera regula el contrato de seguro en forma específica, por lo que, en todo caso, prevalece sobre la otra norma de carácter general, la que se aplica en cuanto no se contrapone a la especial.

Teniendo en cuenta que la causa del reclamo es el supuesto incumplimiento de la Aseguradora con la indemnización del daño total convenido contractualmente, es decir, obligaciones emergentes del contrato de seguro, la conclusión es que corresponde aplicar la ley especial que rige el caso en virtud de la causa de la obligación; esto es, el art. 58 de la ley 17.418, que establece un caso especial de prescripción teniendo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato de seguro conlleva
Marcas, medicamentos, publicidad comparativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  S.A. c/ BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L.S/ s/ ESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

El producto DIOXAFLEX DICLOFENAC de Laboratorios Bagó S.A. se presenta -en lo que interesa en esta causa- con contenido de 20 comprimidos recubiertos, con 50mg de Diclofenac. Es decir, no existe la presentación utilizada para la comparación por el laboratorio demandado y no es homogéneo comparar precios de un envase de 15 comprimidos con otro de 20 comprimidos, pues es evidente que este último se venderá a un precio más elevado. La demandada sostiene que si se calcula el precio por cada comprimido ($ 1,365) y se lo multiplica por 15 unidades, resultaría un precio de $ 20,47, el que sería igualmente más elevado que el de VESALION. El razonamiento es equivocado y ello simplemente demuestra que no se puede efectuar promoción comparativa sobre productos que no son homogéneos, pues si se toma, por hipótesis de razonamiento, la presentación de DIOXAFLEX de 50mg por envase de 100 unidades, el precio por unidad es de $ 0,636 y las 15 unidades -en este razonamiento que es incorrecto comercialmente- alcanzaría solamente $ 9,55. En todo caso, sea cual fuere la diferencia de precio entre los productos competidores, el dato relevante es que el público tiene derecho a estar bien informado y que la publicidad comparativa es legítima en tanto y cuanto la información que se proporciona del competidor es estrictamente veraz y se presenta en un contexto de comportamiento leal y no descalificatorio.
Competencia federal, banco central
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Raggio Jorge Athos y otra c/ Río Paraná Cía.Financiera SA. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Si bien en razón del estado liquidatorio en que se encuentra una entidad financiera demandada, la respectiva demanda ha de entenderse con el Banco Central en cuanto liquidador, es obvio que tal intervención de éste se concretó por un interés ajeno y como administrador de aquella entidad, lo cual difiere de aquella pretensión deducida contra dicho Banco por la responsabilidad refleja emergente de la actuación de sus funcionarios, con lo que se afectaría un interés propio (arts.902 y 1109 Código Civil). De tal modo es dable se afecten intereses, caudales o bienes del Estado Nacional, lo que determina la incompetencia de esta jurisdicción provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zubillaga, Raúl s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

La sucesión debe cargar íntegramente únicamente con los honorarios por trabajos en beneficio común realizados por profesionales que actúan por quienes gozan de un título que legitime la participación en el proceso.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Argüello, Juana E. c/ Colangelo, Eduardo s/ Disolución de sociedad Vidauguren, Laura c/ Gonzalez, Alfredo s/ Cobro de medianería - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-02|1991-05-02

La apreciación del monto, aunque estimativa, es necesaria, pues se trata de un elemento que el demandado debe tener en cuenta para fijar su posición procesal frente al reclamo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores de la construcción, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LASTRA DE ORELLANA, SEGUNDA c/ EMP. MARINUCCI SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-09-26

Es inaplicable el artículo 269 LCT. (artículo 248 to.) a la indemnización por fallecimiento de un obrero de la construcción, toda vez que dicho instituto se encuentra legislado específicamente por la ley 17258.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, sentencia definitiva, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrientos, René Roberto c/ Gallinatti, Carlos Guillermo y-o Quien Resulte Poseedor y-oPropietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-08

Desde el 24 de diciembre de 1999 rige en la Provincia la ley 4550, que modificó el artículo 9 de la ley 1130 y que establece que "las Sentencias Definitivas de las Cámaras se dictarán con el voto individual y fundado de sus miembros sobre cada una de las cuestiones que se planteen, para formar la mayoría fijada en el artículo precedente bastarán los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primer y segundo término....En ambos casos, el tercero, estará facultado para expresar su opinión".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, beneficio de litigar sin gastos, embargo
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Stoffregen    de  Schreyer,  Friedericke  Caroline  Minna  Margarethe c/ González Dazzori, Edgardo José y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que no accedió a eximir a quien gozaba del beneficio previsional de litigar sin gastos de satisfacer la contracautela ordenada en garantía de un embargo, si constituyó un rigorismo procesal irrazonable.
Ley de defensa del consumidor, Constitución Nacional, orden público, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

La solución que propugno, [.] deviene tributaria del nuevo paradigma protectorio introducido por el art. 42 de la Constitución Nacional, que derrama sus efectos sobre los derechos civil y comercial, y que la LDC operativiza a través de sus disposiciones - de orden público- en pos de equilibrar la situación de desigualdad estructural existente en las relaciones negociales que se entablan entre proveedores de bienes y servicios y consumidores, reforzando la protección de estos últimos, a la sazón, la parte más débil de dicha relación. (Voto de la Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Silencio de la administración, plazo, pronto despacho, amparo por mora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASIMIRO, EUSTAQUIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

No acreditado en autos haberse dictado la resolución pretendida y encontrándose vencido el plazo acordado al organismo de gestión para que informara sobre las causas de la demora, aún computando como suspendido su transcurso por aplicación del Dec. 2301/94 durante su vigencia (28.12.94 al 23.03.95, conforme el segundo párrafo del art.

11 de la ley 24.463), corresponde librar la orden de pronto despacho, dirigida personalmente al Director Ejecutivo de la A.N.Se.S., a fin de que en el plazo de diez días dicte resolución formal respecto de la petición que efectuara el titular, bajo apercibimiento de lo prescripto por el art. 29 de la ley 19.549 y por los arts. 239 y 249 del Código Penal.
Cuestiones de competencia, privación ilegal de la libertad, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

En los supuestos de delitos cometidos según un plan concertado que se extiende a varias jurisdicciones, si bien no se da una estricta indivisibilidad de los hechos, las excepcionales circunstancias de la perpetración de los delitos, aparentemente cometidos de manera que no puede calificarse de independiente, aconseja su investigación unificada. Si, en el caso, se estimase como el a quo que las privaciones ilegitimas de la libertad, cuyo cese anterior a la vigencia de la ley 23.049 no se ha comprobado, quedan excluidas del procedimiento que estatuye el art. 10, se verían en buena medida frustrados los propósitos legislativos tendientes a superar las consecuencias del accionar antisubversivo.

(Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ishihara  Sangyo  Kaisha  Ltd. c/ Compañía Argentina de SemillasS.A. s/ incidente de recusación con causa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

No es posible soslayar que lo relativo al conflicto entre el producto "NOSTOC" y las patentes números 240.321 y 253.412 -invocadas por la actora- ha sido objeto de examen y decisión por parte del señor juez recusado en sendas sentencias que él mismo ha dictado en otros procesos. Por tal razón, lo dicho al respecto en la providencia cuestionada de los autos principales no es susceptible de constituir razón suficiente para apartarlo del conocimiento del juicio, máxime teniendo en cuenta el específico objeto de la acción incoada y el criterio restrictivo con que debe ser apreciada la procedencia del instituto en cuestión (confr. Fassi, S. - Yáñez, C., "Código Procesal", T. 1, p. 226/227, doctrina y jurisprudencia allí citada).
Igualdad ante la ley, impuestos, categorización de contribuyentes, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La cláusula constitucional del art. 16 deriva a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos de la legislación; no obstante, el establecimiento de categorías para la percepción de los impuestos debe ser estrictamente compatible con el principio de igualdad, no solo a condición de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo tratamiento, sino también -y es lo esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es que corresponda razonablemente a distinciones reales.
Acceso a la justicia, acción de amparo, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Todo el sistema de acciones procesales se dirige a efectivizar el derecho de acceder a la justicia y a garantizar la protección judicial efectiva de los derechos e intereses constitucionales, legales o reglamentarios que puedan asistir a las personas. (Voto de los Dres. Julio B. J. Maier, Ana María Conde y José O. Casás).
Notificación por cédula, notificación en el domicilio, identidad del receptor, persona ausente, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: DEGANIS, Guillermo c/ Transportes Automotores Chevallier SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

La referencia efectuada en el reglamento para la Organización y Funcionamiento de la oficina de Notificaciones para la Justicia Nacional y Federal conforme T.O. acordada 9/90 del Superior Tribunal de la Nación (Fallos 313: 10), con respecto a la imposibilidad de que la simple afirmación de "ser de la casa" constituya una individualización válida del sujeto que recibe la cédula, resulta explicable a fin de evitar que cualquier tercero que, circunstancialmente se encuentre en el domicilio pueda recepcionar válidamente notificaciones procesales sin dar razón concreta que motive su presencia en el lugar , más no para afectar la validez del acto notificatorio cuando el sujeto que la recepciona se identifica como dependiente del ente ideal y la diligencia notificatoria es practicada en el domicilio legal, donde la ley presume -sin admitir prueba en contrario- que una persona reside para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo - en consecuencia- potestades suficientes para evitar la presencia de extraños y fiscalizar todos los actos procesales que ocurran en el ámbito físico sometido a su égida.
Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, exoneración, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

En casos de inasistencias injustificadas de agentes municipales, basta el descargo -mediante el cual se ejerce el derecho de defensa- para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en su disculpa. En definitiva, no se exige un procedimiento complejo y de larga duración como el sumario, pero existe, esto es evidente, uno simple y breve. De lo expuesto se desprende que al menos se le debe correr al agente una vista para que alegue lo que estime oportuno respecto de las inasistencias en las que haya incurrió. Y que dicha vista debe ser efectuada con anterioridad a la adopción de la sanción disciplinaria a imponer.
Posesión, tradición
Materia: LABORAL
Carátula: TREVISO, PABLO. c/ REINAO Y OTROS s/ REIVINDICACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-02-14

LA SÓLA EXHIBICIÓN DEL INSTRUMENTO DE DOMINIO, NO PERMITE INVOCAR LA PRESUNCIÓN DE POSESIÓN COEXISTENTE CON EL DOCUMENTO, MÁXIME SI TAL POSESIÓN SE PROCURÓ POR GESTIONES POSTERIORES A TAL TÍTULO Y POR PROCEDIMIENTOS AJENOS A LA INSTRUMENTACIÓN INICIAL DE LA PROPIEDAD.
Homicidio culposo, sobreseimiento, negligencia
Materia: PENAL
Carátula: Feldman, Armando Fabián s/ Homicidio art. 84 C.P. C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-09-23

El mal estado del rodado que conducía el autor, le imponía mayor prudencia, diligencia e incluso la abstención de circular con ese móvil. La inboservancia de tales extremos, el resultado dado y la asunción psíquica de la acción, hacen encuadrable el evento en la esfera de la responsabilidad culposa: resultando, por lo tanto, mal dispuesto el sobreseimiento recurrido y debe ser revocado.
Privación ilegal de la libertad calificada, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El Jefe policial de la Provincia y el militar jefe de Regimiento que ejercieron su cargo durante el gobierno militar son responsables como autores mediatos de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada -artículos 144 bis y 142 inciso 1° del Código Penal-, en tanto integrantes de un aparato organizado de poder a través del personal que se encontraba respectivamente bajo sus órdenes, que secuestraron a las víctimas de manera violenta, arbitraria, utilizando armas de fuego y sin orden judicial que legitime tales procedimientos, y considerando que las órdenes emitidas surgieron del ejercicio de un poder de facto no solo contrario al orden constitucional, sino además sustancialmente ilegítimo, por prescindir del orden procesal y penal vigentes.
Rechazo de la demanda, acción de amparo, nulidad del acto administrativo, cesantía, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pinto Robles, Ángel c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-05-08

La acción de amparo es un proceso excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, que configuren ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva; en el caso no concurren en la especie los presupuestos exigidos por la Ley 4642 de la provincia de Catamarca, para la procedencia de la acción, tampoco se aprecia la concurrencia del requisito de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, desde que el acto administrativo atacado ha sido emitido luego de la instrucción de un sumario administrativo seguido en contra del actor en el que, conforme surge, el accionante ha tenido oportunidad de audiencia, contando con la posibilidad de ocurrir por la vía contencioso administrativa en procura de sus derechos, y no de la acción excepcional que intenta -que se encuentra reservada ante la falta de otros medios-. (del voto por su fundamento de la Dra. Sesto de Leiva)
Denuncia, violación de secreto profesional
Materia: PENAL
Carátula: Iñíguez, Dominga Isabel s/ Aborto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El hecho de que la revelación se haga de un delito de acción pública (arts. 71 y 88, C.P.) no constituye la "justa causa" a que alude el art. 156. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción por mutuo acuerdo, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Cascia, Vicente c/ Jovi Bus S.R.L. s/ Despido - Diferencias salariales - Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

En el sistema del derecho laboral, fuera de la posibilidad de disolución del contrato por acuerdo mutuo -art. 241 de la LCT-, cualquiera de las partes puede resolver el vínculo mediante su denuncia, a través de un acto jurídico unilateral, potestativo, recepticio y extintivo, que -una vez comunicada- no puede unilateralmente dejarse sin efecto, como tampoco variarse el motivo invocado, conforme el principio de invariabilidad de la causa, consagrado por el art. 243 de la LCT.
Violación, actos de fellatio
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Hugo Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

La reforma realizada por la ley 25.087 al Título III del Libro Segundo del C.P., en especial al agregar a la antigua formula "acceso carnal" la frase "por cualquier vía", ha resuelto la cuestión de la fellatio in ore, que ahora constituye el delito de violación, previsto en el art. 119, tercer párrafo de dicho ordenamiento. (Dr. Riggi, según su voto).
Medidas cautelares, cannabis medicinal
Materia: PROCESAL
Carátula: Navarro, Julia Macarena y otro c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-02

Resulta procedente autorizar a cultivar las plantas de cannabis que sean necesarias para tratar la enfermedad de un niño con síndrome de Tourette, toda vez que se ha probado que el suministro del aceite de cannabis brinda una mejora en la salud del menor y en su calidad de vida en general, lo que encuadra con el estándar de protección al que se aspira y pone en evidencia que resulta imperativo salvaguardar sin demora la mejoría experimentada en su salud, resultando inadmisible cualquier retroceso ante estos notables avances, que permiten asumir en este singular caso la urgente necesidad de anticipar favorablemente la protección del derecho a la protección de su salud que en grado verosímil se encuentra acreditado.
In dubio pro operario, duda
Materia: LABORAL
Carátula: Campos, Rubén Atilio y otros c/ Abergoa Teyms Sade V.T.E. s/ Diferencias por francos compensatorios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

El art. 9 de la L.C.T. no resulta de aplicación cuando se trata de plantear cuestiones tendientes a la apreciación de los hechos, ni en los casos donde no se advierte duda alguna con respecto a la aplicación o interpretación de la ley.