marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Policía, personal policial, destitución, faltas disciplinarias, negligencia, sanciones disciplinarias, razonabilidad, proceso penal, empleados públicos, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RACCA, EDUARDO HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 277-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-01

La medida expulsiva del agente policial sólo puede disponerse, de acuerdo al artículo 29 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto 426-72), cuando las faltas que sólo hacen pasible al agente de sanciones correctivas previstas en el artículo 13 de ese mismo cuerpo, fueran susceptibles de ser consideradas graves, porque "por su trascendencia o consecuencias, constituyan menoscabo para la disciplina, la investidura o la Repartición" (artículo 14);

pero ese agravante debe responder a criterios objetivos, y respetar las exigencias del artículo 37 que señala que toda sanción disciplinaria debe ser impuesta en relación a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, y en especial, guardar una adecuada, suficiente vinculación entre el hecho constitutivo de la falta y los efectos que prevé el artículo 14 antes mencionado.

En el caso, no se advierte que la negligencia del actor en orden a la custodia de una pequeña cantidad de dinero y la demora en rendir cuentas, hayan tenido una trascendencia tal o producido consecuencias que afectaran "la disciplina, la investidura o la Repartición", efectos que pueden vincularse, con mayor fundamento, a los hechos que dieron lugar al proceso penal y no a las faltas administrativas por la que fue sancionado.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, honorarios fuera de obra social
Materia: CIVIL
Carátula: BONETTI, Roberto Aníbal c/ GIROLA, Hilario s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

Del voto de la mayoría (Dres. Sansó y de Mundo):1- Concluir que, por encontrarse el damnificado afiliado a una Obra Social no corresponde abonar los gastos de atención médica, no es conciliable con el esquema legal de la responsabilidad civil. Obtener derecho a las atenciones sanitarias y accesorias -análisis, radiografías, medicamentos, tratamientos, traslados, etc.-, no impide reconocer que tales prestaciones tienen costo. La forma de satisfacer estos costos, a través de una entidad que reúne los aportes de los asociados, no los hace insusceptibles de reclamarse como indemnización. Los referidos gastos, ajustados a un nomenclador, pueden ser materia de demanda contra quien los ha causado. Lo decisivo en esta materia es la comprobación de los gastos.- 2- Resulta indiferente que los damnificados no hayan hecho frente de su propio peculio a las obligaciones contraídas con motivo de las prestaciones médicas recibidas, para que, en atención a que de una u otra forma queden comprometidos al pago de las mismas, reclamaran, a su vez, de los responsables del daño, soportar aquellas erogaciones, cediendo el crédito derivado de la condena judicial, o subrogando en él al tercero que realmente los pagó. De esa manera, los accionantes quedarían desembarazados de las eventuales acciones que, por repetición, la Obra Social pudiera entablarles.- Fundamentos del Dr. de Mundo:Acerca del reconocimiento de los gastos médicos, lo decisivo es haberlos efectuado. Luego, la posibilidad de que puedan ser reclamados a los actores por la Obra Social que los afrontó, es cierta, y determina el interés jurídico suficiente para incluirlos en la condena, a cuyo efecto razones de economía de tiempo y procedimiento, habilitan a la Obra Social a concurrir a las actuaciones para sostener sus derechos.-
Silencio de la administración, pronto despacho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PAIVA, DELFOR ROMERO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

En caso de requerirse "pronto despacho" (art. 10, ley 19.549) y no obtenerse respuesta del organismo correspondiente, la misma norma autoriza al interesado a interpretar dicho silencio como negativa. En tal caso, podrá impugnar la decisión ante el organismo jurisdiccional competente (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 01.04.92, "Galbusera, Dante Carlos"); pero ello no significa que el administrado no puede insistir en que el organismo se pronuncie expresamente accionando para ello en los términos del art. 28 de la referida ley 19.549. En ese orden de ideas se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener que "el silencio como negativa es, evidentemente, una ficción legal otorgada a favor del administrado y no de la Administración" (Sala II, sent. del 05.04.77, "Goldberg c/ Universidad de Buenos Aires).
Recurso de casación, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Roman de Isgut hoy Worsezek Florencia en j: Correa de Lemos María Hortensia c/ Florencia Román Isgut s/ Desalojo - Inconstitucionalidad - Casación (Libro: S066-278)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-11-27

La indebida valoración o errónea aplicación de las leyes que gobiernan la prueba es defecto que no se puede reparar por medio del recurso de inconstitucionalidad.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, política tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

El control de constitucionalidad no faculta a los jueces a sustituir a la Administración en la determinación de las políticas públicas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, sin que ello obste al ejercicio de ese control respecto del mecanismo empleado y de las bases normativas que deben aplicarse para determinar los gravámenes inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires si las objeciones se encuentran suficientemente fundadas en argumentos de índole constitucional, y no en planteos que se limiten a descalificar, en forma vaga y genérica, una política tributaria que, en principio y hasta tanto no se demuestre lo contrario, goza de presunción de legitimidad. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, docentes, antigüedad, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MINEUR FERREIRA, MARIA LAURA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

La resolución impugnada, en cuanto considera de manera diferencial la antigüedad dependiendo si es pública o privada a efectos de un concurso docente, posee carácter de norma propia del derecho público local dictada en el marco de relaciones de esa índole atinentes a la educación provincial (sector público), aspectos todos de suficiente entidad para que, ante la invocación de afectación de derechos subjetivos, pudiese caracterizarse como de materia contencioso administrativa. Ello no implica necesariamente que las cuestiones debatidas no puedan canalizarse a través del amparo- como lo ha sostenido esta Corte-, pero proporciona al magistrado y al justiciable un valioso elemento orientativo. Y bien, tratándose de un litigio que versa sobre materia administrativa y donde la competencia de los tribunales especiales se supone, el Tribunal incurre en arbitrariedad al dar por superadas las instancias de análisis y sostener que debía considerarse procedente el amparo resultando incuestionable la competencia del fuero laboral para su tratamiento.

(Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirieron los Ministros Dres. Gastaldi, Netri y Román).
Notificación, defensa en juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villate, Herberto c/ Di Tella, Oscar y otro s/ ejecutivo Municipalidad de Tordillo c/ Sucesores de Dagoberto Daguerre s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19|1997-05-12

Si se tiene a una parte por constituido el domicilio en los Estrados del Juzgado, allí le serán notificadas, en la forma del art. 133 C.P.C.C., las resoluciones judiciales sobrevinientes. Por ello, y hasta que quede firme dicho proveído, subsiste el domicilio anterior ( arts. 41, 42, 135 inc. 12 y cdts. C.P.C.C. ) Debe por ello reiterarse la notificación realizada en los Estrados del Juzgado, en la debida forma, ésto es, en el domicilio real del ejecutado.
Liquidación, honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMEJO, CARLOS A. c/ RAM  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

La actuación de los profesionales en la confección de la liquidación, art. 132 LO, devenga honorarios cuya regulación corresponde al juez y deben ser satisfechos en primer término, por la parte contraria como deudora de la obligación que la sentencia manda pagar.
Honorarios, crédito por honorarios, origen temporal del crédito, juicios contra el Estado, monto del juicio, régimen de consolidación de deudas, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: BARREIRO DE KUNSTAS, MARTA BENEDICTA c/ ESTADO NACIONAL. MIN. DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

Ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuando no hay en el juicio condena ejecutable contra el Estado con base en la pretensión deducida -...por haberse rechazado la demanda.., carece de sentido calificar a los honorarios como un "accesorio" de un capital de condena o de un "crédito principal", pues en tales hipótesis el crédito por la retribución constituye, por sí mismo, una condena dineraria contra el ente estatal y, por ende, alcanzado por la consolidación dispuesta en la ley 23.982 en tanto su causa o título sea anterior al 1.4.91 (in re "Moschini, J.M. c/Fisco Nacional", sentencia del 28.7.94. En igual sentido, causas "Lorenzo Barca, E.

c/Comisión Nacional de la Vivienda", del 4.10.94; "Neuquén, Provincia de c/Estado Nacional", del 27.10.94).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Osorio, Quintín c/ Ramos, Dante Atilio de los Milagros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

En las zonas urbanas la regla del art. 71 inc. 2º de la ley 5800 se aplica tanto en las calles como en las avenidas.
Entrega del certificado de trabajo, seguro por accidentes personales, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fuentes, Jorge Luis c/ Cabrera, Darío y otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-20

El seguro contratado por el propio actor es un seguro civil de accidentes personales. Por ello, ateniéndonos estrictamente a los términos del contrato, la tesis de la extensión de responsabilidad a SANCOR por la indemnización por accidente de trabajo adeudada, calculada conforme las pautas de la LRT, es improcedente e implicaría violentar y modificar arbitrariamente los términos del contrato. El carácter de sujeto de preferente tutela constitucional del trabajador o la relevancia de los derechos en juego (reparación de incapacidades sufridas por trabajadores) no autoriza a desechar la concreta normativa que rige cada caso, modificar o desconocer contratos de terceros o alterar la concreta pretensión deducida por quien hoy recurre. No puede ser aplicable al caso una extensión de condena por aplicación del art. 28.2 LRT. Si el actor hubiera demandado a la ART contratada por la empleadora para el resto de sus empleados registrados, que los había (cfr. pericia contable e informe de AFIP), a la ART correspondiente debería caberle la condena en los términos de esa norma (Voto Welp. Adhesión Romero)
Cesión del establecimiento, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CHAUD DIEGO NAZARENO c/ PLATINO TURISMO S.R.L. Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

La conservación de la antigüedad se explica en el principio de unidad de empresa, esto es que no obstante la transferencia, se está ante la misma unidad productiva, un mismo establecimiento, que en el caso, ha adquirido una forma societaria diferente a la de la escindida, y tiene como objetivo la protección del trabajador ante maniobras que pueden encerrar la finalidad de fraude.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno, Carlos Francisco y otros c/ Rodríguez Hnos. S.R.L. y Flores, Julio Oscar s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-12-29

En Casación sólo se revisa la sentencia, no el proceso, por lo que la denuncia de arbitrariedad en la valoración y selección de la prueba resultan en principio excluidas de su control, salvo que en pocas palabras se ponga en evidencia el desacierto de los judicantes por preterición o defectuosa merituación del plexo probatorio, estándole vedado en principio el reexamen de las conclusiones de hecho establecidas en la instancia ordinaria, excepto los supuestos de arbitrariedad o absurdo extremo, los cuales no sólo deben invocarse sino también probarse fehacientemente por el interesado.
Falta de fundamentación, principio de contradicción, acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Liporace, Carlos Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-12

La defensa no ha satisfecho la exigencia de fundamentación de la contradicción alegada, a tenor de lo normado por el art. 11 ley 24.050, pues de la simple lectura de las dos sentencias en juego de la Sala IV revela que la cuestión jurídica examinada en ambos casos no era la misma, pues en uno se consideró la ley aplicable para el examen de la vigencia de la acción penal -art. 67 CP, según redacción anterior o posterior a la ley 25.990-, por eventual infracción a la Ley Penal Tributaria 24.769 y en el otro el voto mayoritario ponderó el carácter público de los fondos involucrados en los hechos investigados, a tenor de lo normado por el art. 261 CP
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por el territorio, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Franchino, Oscar R. s/ Competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Si bien el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de pura omisión y de peligro abstracto, resulta incuestionable que sus defectos se producen en el lugar donde el sujeto pasivo padece el menoscabo alimentario sancionado por la ley penal, o sea, el de su domicilio.
Accidentes de trabajo, intereses, cómputo de intereses
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Areco, Francisco Javier c/ Caminos Protegidos ARTS.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

En el caso, se agravió la actora por la fecha a partir de la cual se ordenó la aplicación de intereses en la sentencia de anterior instancia. Con respecto a la fecha de comienzo de cómputo de los intereses de los créditos derivados de accidentes de trabajo, con el voto mayoritario en su actual integración del Dr. Miguel Angel Pirolo y el Dr. Víctor A. Pesino, la Sala ha sostenido que la actualización del valor de la reparación al consolidarse el daño (por ejemplo, al momento de otorgarse el alta médica o cumplirse el año del infortunio) estaba garantizada por el mínimo imperativo vigente en ese momento y, por eso, recién allí debían comenzar a devengarse los intereses. De conformidad a la doctrina que emerge del fallo "Aiello" (CSJN), cabe abandonar la postura asumida hasta el presente por la mayoría de esta Sala, con relación a los pisos indemnizatorios y, en consecuencia, cobra relevancia la disposición contenida en la ley 26.773, en cuanto establece que "El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso.", por lo que debe adecuarse a ello la solución con respecto al inicio del cómputo de los accesorios. Por todo ello, se propicia fijar un nuevo criterio según el cual los intereses deben calcularse desde la fecha del accidente.
Actualización monetaria, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. c/ A.N.A. s/ rec. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Como lo sostuviera esta Sala, con una composición parcialmente distinta de la actual, en la sentencia recaída en autos "Lix Klett s/ apelación -Tribunal Fiscal-", del 4/11/93, la actualización del monto abonado en demasía solicitada, en tanto no hace la deuda más onerosa en su origen, sino que mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda, (cfme. Fallos 299:146, entre otros), forma parte de un aspecto sustantivo de la pretensión como lo es el referido al "quantum" del capital, al que integra. Siendo ello así y más aún al nacer tal obligación de la ley, aquélla que resulta procedente más allá de la reserva o no que al respecto efectuara la parte. Solución que por otra parte se compadece con la jurisprudencia que surge de Fallos: 304:203; 306:1993; 307:1320 y 312:2373 entre otros, y de la sentencia de esta Sala recaída in re "Bull Arg.

S.A.I.C. c/ Junta Nac. de Granos", del 1/2/85, según la cual no resulta adecuado extender el criterio establecido por el art. 624 del C.C. a un supuesto no contemplado en aquél.
Acción de amparo, sentencia definitiva, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Jofré, Isabel Nancy c/ Municipalidad de Villa Mercedes s/ Acción de amparo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2011-03-22

La Cámara de Apelaciones, en su sentencia de fs. 404/406, sosteniendo que el plazo de diez días fijados en la norma citada deben computarse como días corridos, revoca la de primera instancia y, en consecuencia, rechaza definitivamente la acción de amparo promovida por la actora", dicha sentencia debe considerarse, por sus efectos, como definitiva "... ya que no sólo da fin al proceso de amparo, sino que también produce un daño de tardía, dificultosa o imposible reparación ulterior...".- Los plazos de diez días fijados por el Art. 3 de la ley de amparo (N° IV-0090-2004) deben computarse como días hábiles.
Auto de procesamiento, secuela de juicio, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAVIGNE, Andrés s/ AUTO DE PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-10

El auto de procesamiento constituye secuela de juicio, por poseer entidad suficiente para imprimir real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso sin el cual no podría proseguirse la causa.
Habeas corpus colectivo, establecimientos penitenciarios, fallos del Superior Tribunal, revocación de sentencia, condiciones de detención, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

La sentencia de la Corte bonaerense que entendió que el mandato que le impartió la Corte en la causa "Verbitsky" (Fallos: 328:1146) fue agotado y en consecuencia, remitió la presentación de los defensores departamentales a un juzgado de primera instancia debe ser revocada, pues ella pretende clausurar el proceso de hábeas corpus colectivo como tal, sin haber ponderado suficientemente el impacto que las medidas practicadas por la corte local habrían tenido, en función de la complejidad de los objetivos fijados en el precedente citado, y sin explicitar de qué manera fue evaluada la eficacia de su implementación, en relación con la permanencia de la situación generadora del conflicto que venían denunciando los actores.
Medidas para mejor proveer, trámites judiciales, ratificación de la denuncia
Materia: PENAL
Carátula: JOSE TORRES, ALBERTO CASTRO Y OTRO c/ NESTOR CARLOS ICK Y BCO. SGO. DEL ESTERO s/ S.D. ASOCIACION ILICITA Y DELITOS DE ACCION PUBLICA E.P. ESTADO  PCIAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-18

Las diligencias para mejor proveer tramitadas exponen de modo palmario, la imposibilidad de ratificar la denuncia, no solo porque la persona citada en el domicilio real se ha mudado, sino que "prima facie" ha utilizado supuestamente un número de identificación personal que no corresponde con su persona, por lo que se estima necesario la remisión de copia de las actuaciones al Juez de Crimen en turno, para la instrucción, si correspondiere, de un eventual ilícito penal.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, delito a distancia, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Barreiro, Reinaldo Enrique; Méndez, Jorge Luis s/ robo con armas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Al no existir solución de continuidad entre la privación ilegítima de la libertad comenzada en una jurisdicción, continuada en otra u otras y un delito instantáneo en perjuicio de la víctima cometido en cualquiera, es a los tribunales con competencia respecto de éste último a los que corresponde atribuir la investigación de ambos hechos ilícitos, máxime si en el caso en esta jurisdicción se produjo también un enfrentamiento armado.
Seguro de transporte, indemnización, pago, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLUMBIA  S.A.  DE SEGUROS c/ EXPRESO CINTA AZUL  S.A.C. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

La compaÑía piloto abonó la totalidad de la indemnización y, por consiguiente, se ha subrogado en esa medida en los derechos del damnificado directo, sin perjuicio de tener derecho a dirigirse contra las coaseguradoras a fin de reclamarles su coparticipación en el siniestro. Es que el derecho del asegurador -que ha pagado la indemnización- de reclamar el recupero de las sumas desembolsadas contra el tercero causante del daño reconoce como título el hecho mismo del pago, sin que el referido tercero pueda oponer las cláusulas o condiciones del contrato de seguros -en el que no es parte- para eximirse total o parcialmente de responsabilidad.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moratti, Saturnino. Sucesión c/ Moratti, Héctor s/ Reconocimiento de derechos. Cobro de australes Río Paraná S.A. Quiebra s/ Incidente de verificación de crédito promovido por Jorge V. Gradín
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15|1992-06-23

El proceso actual no se conduce en términos sacramentales en donde cada palabra o gesto tiene un significado particular y donde su omisión podría significar la pérdida del derecho. Por el contrario, es el contexto el que determina el sentido y significado de lo pretendido.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Coloma, María Teresa y otras c/ Aráoz, Jorge Santiago y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Si el incidente de beneficio de litigar sin gastos fue iniciado catorce días después de la promoción de la demanda y antes de que ésta fuera notificada, corresponde declarar la inexigibilidad de la tasa de justicia hasta que el proceso concluya de un modo normal o anormal, momento en el que deberá ser afrontada por quien resulte responsable del pago de las costas (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).