Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-13


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los trece días del mes de octubre del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger y Alejandro Panizzi, presidida por el primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "G., E. s/ Muerte en accidente de trabajo" (Expediente Nº 21.396 - Folio 87 - Letra "G" - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 840: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Contra la sentencia interlocutoria registrada bajo el número 6 del año 2007 dictada por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que confirmó la resolución de fojas 477/vta., el doctor I. F. A., apoderado de la empresa B. & C. S.A., dedujo un recurso de casación (fojas 679/694).

En su presentación el impugnante alegó que la sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones asumía el carácter de sentencia definitiva a los fines del artículo 416 del Código Procesal Penal (Ley Nº 3155).

En un apartado posterior, efectuó la reseña de la causa.

Sostuvo que la sentencia impugnada, al confirmar la decisión del juez de instrucción, incurría en el supuesto previsto por el artículo 415, inciso 1º del Código Procesal Penal.

Alegó que la decisión recaída carecía de un análisis riguroso de las constancias de la causa, toda vez que los magistrados habían soslayado la existencia de un proceso en trámite, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Comodoro Rivadavia, en el cual se estaba analizando la relación contractual de las empresas S. S.R.L y B. & C. S.A..

Puntualizó que dicha omisión dejaba sin fundamentos a lo decidido.

Manifestó que la disposición era arbitraria toda vez que correspondía a los magistrados civiles decidir acerca de la propiedad de los bienes presuntamente objeto de delito.

Invocó que los pronunciamientos concretaban una intromisión en cuestiones que estaban siendo debatidas ante los jueces competentes en desentrañar la naturaleza de la vinculación contractual existente.

Citó las normas de las Leyes Nº 24.051 (Residuos Peligrosos) y 25.612 (Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios), que consideraba vulneradas por el pronunciamiento emitido por la Cámara de Apelaciones.

A modo de corolario, expresó que esa decisión habilitaba la tacha de inobservancia y errónea aplicación de la ley por receptar omisiones y desaciertos de extrema gravedad.

Por último, ratificó la reserva del Caso Federal.

II. El Procurador General, en su dictamen glosado a fojas 836/838 vuelta, sostuvo que la sentencia carecía de una suficiente motivación y que, consecuentemente, correspondía que se dictara un nuevo fallo conforme a derecho.

III. Realizada esta breve semblanza de la causa, ingresaré al análisis de la sentencia sometida a estudio.

La decisión de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, de confirmar la resolución emitida por el Juez de Instrucción de fojas 477/vuelta no resulta derivación razonada del derecho vigente.

Es que, el pronunciamiento protocolizado bajo el número 323 del año 2005, mediante el cual se dispuso a cargo de cuál de las dos empresas involucradas se hallaba la disposición final de los tambores que contenían residuos peligrosos, excedió las atribuciones que el código de rito le asignaba al magistrado para la investigación del delito.

El artículo 480 del Código Procesal Penal claramente establece, con respecto a la restitución de objetos secuestrados que, "Si se suscitare controversia sobre la restitución o la forma de ella, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil".

Es decir, el marco idóneo para decidir qué empresa debía llevar a cabo la disposición final de los mentados tambores y, en definitiva, soportar los gastos de esa tarea, era el proceso civil en el cual se ventilaba la relación contractual de S. S.R.L. y B. & C. S.A., en trámite por ante fuero civil de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia.

En conclusión, en virtud de que el juez ha sobrepasado el ámbito de discusión del proceso penal, esto es, la investigación de la muerte de don E. G., y que la Cámara la ha convalidado mediante una decisión errónea, corresponde revocar la sentencia interlocutoria Nº 6/2007 de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones y, a la par, el pronunciamiento del juez de instrucción de fojas 477/vuelta.

Por último estimo que deben regularse los honorarios profesionales del Dr. I. F. A. en la suma de quinientos pesos ($500), sin I.V.A. (Ley 2.200 Art. 14).

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. Las circunstancias fácticas y los motivos del recurso han sido detallados en el primer voto, con lo cual, me limitaré a formular algunas consideraciones propias, adelantando que en la solución del caso habré de coincidir con la propuesta del juez Panizzi.

II. Constituye objeto de la presente causa el hecho acaecido el día 8 de octubre de 2003, en circunstancias que personal de la empresa S. S.R.L. se encontraba realizando la tarea de vaciado de tambores de 200 litros de agua contaminada (agua con hidrocarburo), provenientes de la firma B. y C. S.A. Durante la maniobra de " vacío" y empezar a "chupar" desde dichos tambores al tanque del camión, se produjo una explosión la cual determinó la muerte del empleado de la firma citada en primer término, señor E. G..

Se advierte entonces que las medidas dispuestas por el juez de instrucción, y luego confirmadas por la Cámara de Apelaciones, lo han sido dentro del marco penal, a raíz del hecho aquí investigado. La controversia planteada entre las partes, y que determinó el arribo de la causa a esta instancia, es justamente la decisión del juez penal obrante a fs. 477, que ordenó la disposición final de los residuos peligrosos generados por B. & C. S.A., que se encontraban secuestrados en estas actuaciones, determinando que queden a cargo de la empresa generadora..

El artículo 480 del ordenamiento adjetivo, hoy derogado, dispone que "Si se suscitare controversia sobre la restitución o la firma de ella, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil".

La norma es muy clara y facilita la solución del caso.

El legislador ha procurado que el juez, y se hace extensivo a esta Sala Penal, no se aleje del objeto al que fue llamado a investigar, y evita que se inmiscuya en cuestiones de derecho civil, lo cual afecta el principio de especialidad.

Siendo ello así, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 480 del C. P. P. (derogado), voto por revocar el auto dictado por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones y la providencia del juez de instrucción obrante a fs. 477/vta., haciéndoles saber a las partes que deberán acudir para resolver el conflicto ante la sede que corresponda.

III. Adhiero a la regulación de los honorarios propiciada en el primer voto.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C. P. P., Art. 357 -texto según ley 4550, Art. 7.

Así lo voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) Revocar el auto dictado por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones y la providencia del juez de instrucción obrante a fs. 477/vta.

2°) Regular loa honorarios profesionales del Dr. I. F. A. en la suma de quinientos pesos ($500), sin I.V.A. (Ley 2.200 Art. 14).

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger, Panizzi.