Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-27


San Miguel de Tucumán, 27 de Abril de 2005.- Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora en autos: "Transporte Gaverante S.A. vs. Municipalidad de Banda del Río Salí s/ Inconstitucionalidad", y C O N S I D E R A N D O 1.- El actor demandó a la Municipalidad de Banda del Río Salí para que se declare la inconstitucionalidad del tributo establecido por los arts. 130 y concordantes del "Nuevo Código Tributario Municipal" aprobado por ordenanza 1.207/99, que imponen la "tasa por servicios de inspección de salud, seguridad e higiene" (TSSISH), por haber sido reiteradamente intimado a su pago, y habérsele comunicado la inminente clausura del establecimiento. La sentencia de fecha 26/12/2002 dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a la caducidad de acción planteada por la demandada según el art. 90 inciso 1 de la ley 6944, y rechazó la demanda (fs. 14/18).

El accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad, en el que se agravió denunciando la contradicción entre la norma en la que se fundó la decisión (art. 90 inc. 1 C.P.C.), y la finalidad de los procesos constitucionales proclamada en los arts. 1 y 2 del Código Procesal Constitucional, y las disposiciones de los arts. 5 y 88 de ese digesto. Destacó que ese cuerpo normativo se contradice con el Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, porque éste no prescribe plazos de caducidad para impugnar la inconstitucionalidad de un acto o norma. Resaltó que su parte invocó al demandar el art. 13 inciso c de ese código, y sostuvo que la interpretación del Tribunal atenta contra la vigencia de la Constitución de la Provincia (fs. 15). La Cámara por resolución del 30/06/2003 desestimó el recurso por no considerarlo suficientemente fundado (fs. 30 y vta.).

Esta Corte hizo lugar a la queja presentada por la parte actora mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2004 (cfr. fs. 123/126), y concedió el recurso de inconstitucionalidad, por lo que a continuación se analiza su procedencia. 2.- El día 6 de febrero de 2002 Transporte Gaverante S.A. presentó demanda contra la Municipalidad de Banda del Río Salí, para que se declare la inconstitucionalidad del tributo establecido por los arts. 130 y cctes. de la Ordenanza N° 1.207, y de toda normativa dictada en relación al mismo (fs. 14 expte. principal). Manifestó que la Municipalidad demandada reiteradamente lo había intimado a pagar ese tributo, y que le enviado un último aviso comunicándole la inminente clausura de su establecimiento. (fs. 14 vta.). Pidió inclusive que como medida cautelar se ordene que la demandada no clausure las oficinas de la empresa actora (cfr. fs. 17 vta.), a lo que la Presidencia del Tribunal hizo lugar (cfr. fs. 20/21).

En la demanda no se expresó cuál era el trámite procesal que se quería dar a la acción, pero sí se señaló que estaban cumplidos los presupuestos de admisibilidad de la demanda porque no debía agotar la instancia administrativa, ya que el caso estaba aprehendido en el supuesto del inciso c) del art. 13 del Código Procesal Administrativo (anulación de un acto administrativo cuando la pretensión se funda en la alegación de inconstitucionalidad del precepto legal que aplica el acto, cfr. escrito de demanda a fs. 15).

Al proveer la demanda, la Presidencia del Tribunal dispuso citar a la accionada por seis días para que conteste demanda (fs. 19 vta. decreto del 11/02/2002).

El demandado opuso falta de acción por haber vencido el plazo de caducidad establecido en el art. 90 inciso 1° del Código Procesal Constitucional (cfr. fs. 24 y vta.).

Al responder ese planteo, el actor sostuvo que era inaplicable el plazo de caducidad del art. 90 inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Expuso que su pretensión no podía caducar porque su caso está aprehendido en el supuesto del artículo 10 inciso e) del Código Procesal Administrativo (art. 10 C.P.A.: "Salvo lo que corresponda en materia de prescripción, no habrá plazo para que el particular accione por demanda o recurso cuando...e) se tratare de algunos de los supuestos previstos en el artículo 13 de este código"; art. 13 C.P.A.: "Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior -art. 12 C.P.A: obligación de agotar la vía administrativa- ...c) La anulación de un acto administrativo si la pretensión se fundare exclusivamente en la alegación de inconstitucionalidad del precepto legal que aplica aquel acto"). Expresó que el Código Procesal Constitucional no derogó esas normas del Código Procesal Administrativo, y que éste continúa vigente y debe aplicarse. Sostuvo que en este último cuerpo normativo no hay plazo de caducidad para pedir la inconstitucionalidad de un acto o norma. Expresó que el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Administrativo son diferentes, y que la acción del art. 89 del Código Procesal Constitucional se promueve ante el dictado o notificación de acto o norma que provoca incertidumbre sobre la constitucionalidad, en cuyo caso el particular goza de 60 días para iniciar la acción meramente declarativa; que finalizado ese plazo, el particular adquiere el derecho imprescriptible y no caducable para iniciar la acción ordinaria de inconstitucionalidad del Código Procesal Administrativo, como es la del presente caso, (cfr. fs. 39). Concluyó que el plazo del inciso 1 del art. 90 CPC es aplicable solamente a los procesos meramente declarativos que tienen por fin hacer cesar una situación de incertidumbre, y advirtió que su parte intenta hacer cesar un estado de certidumbre inconstitucional (cfr. fs. 39 vta.).

Planteó la inconstitucionalidad de la caducidad o de la prescriptibilidad de la acción de inconstitucionalidad cuando no existe una vía procesal alternativa, porque ello implica que se producirá la permanente violación de la ley fundamental, lo cual repugna al Estado de Derecho (cfr. fs. 39 vta. y 40).

La sentencia de fecha 26/12/2002 rechazó por extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad del inciso 1 del art. 90 C.P.C., a la vez que el Tribunal expresó que lo consideraba razonable. Hizo lugar a la caducidad de la acción planteada por la demandada, y rechazó la demanda con costas (fs. 53 vta.).

El actor interpuso recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia, en el que planteó los agravios ut supra mencionados. El recurso fue desestimado por inadmisible por resolución del tribunal a quo de fecha 30/6/2003 (fs. 71 y vta.), la cual fue revocada por sentencia de esta Corte de fecha 26/4/2004 (cfr. fs. 123/126), que concedió el recurso.

3.- Analizando la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, de la lectura de los términos de la demanda se advierte que si bien el actor no mencionó expresamente cuál trámite procesal pretendía darle a la acción declarativa de inconstitucionalidad, no hay duda de que la acción que promovió fue la ordinaria reglada por artículos 28 y siguientes del Código de Procedimientos y lo Contencioso Administrativo.

Al haber manifestado el actor en su escrito de demanda (fs. 15) que estaban cumplidos los presupuestos de admisibilidad porque no debía agotar la instancia administrativa, ya que el caso estaba aprehendido en el supuesto del inciso c) del art. 13 del Código Procesal Administrativo (anulación de un acto administrativo cuando la pretensión se funda en la alegación de inconstitucionalidad del precepto legal que aplica el acto), se hace evidente que la voluntad inequívoca del actor fue promover la acción ordinaria regida por el Código Procesal Administrativo, y no la acción declarativa prevista por los arts. 89 y 90 del Código Procesal Constitucional. La advertencia del actor al demandar de que pretendía impedir la clausura del establecimiento e impedir el pago del impuesto reclamado, y que el caso estaba comprendido en el supuesto del inciso c) del art. 13 C.P.A., el que a su vez se remite al art. 12 en concordancia con el art. 10 inciso e) del Código Procesal Administrativo, indica que la acción estaba canalizada mediante el procedimiento ordinario de ese Código. Se trata de una vía indirecta, en la cual la cuestión constitucional es introducida conforme a la naturaleza del objeto de la acción, y como fundamento de ésta. Las disposiciones procesales mencionadas excluyen de las normas que fulminan con caducidad a la acción (arts. 9 y 10 inciso e) C.P.A.), a los supuestos del art. 13 (acciones en las que se pide la anulación de un acto administrativo con fundamento en la inconstitucionalidad del precepto legal que aplica ese acto). Por lo tanto, si el actor invocó en su demanda el art. 13 inciso c) del Código Procesal Administrativo, la acción iniciada fue la ordinaria regida por ese Código, y no la acción del art. 89 del Código Procesal Constitucional.

4.- No cabe otra interpretación, en tanto la acción regida por el Código Procesal Constitucional constituye un proceso de excepción, que se habilita cuando no se dispone de otro medio legal (art. 89 in fine C.P.A.). La acción declarativa del art. 89 CPC tiene el procedimiento sumario del art. 90 CPC, con plazos más breves que el de los procedimientos comunes, con el objetivo de que se logre una más efectiva y rápida protección judicial de los derechos fundamentales (arts.1 y 2). Es importante señalar que el actor en su demanda no invocó ninguno de los presupuestos excepcionales que exige el artículo 89 CPC para la promoción de la acción declarativa (falta de certidumbre sobre la constitucionalidad de una relación jurídica que pueda producir un perjuicio o lesión al actor, y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente).

Por lo tanto, la parte actora pudo hacer valer su pretensión por la vía procesal ordinaria, como lo hizo al invocar expresamente el artículo 13 inciso c) del Código Contencioso Administrativo (cfr. fs. 15).

6.- Cabe señalar que aun cuando el Juez ejerce la dirección del proceso (art. 3 C.P.A.), debe hacerlo teniendo en cuenta el carácter predominantemente dispositivo que los códigos vigentes imprimen al proceso, razón por la cual le incumbe actuar con prudencia y cuidando, por consiguiente, de no invadir esferas que competen en forma natural y exclusiva a las partes (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, en Código Procesal Civil y Comercial, t. 2 p. 65, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe., 1992). En consecuencia de ello, el litigante tiene el derecho a decidir cuál acción quiere promover según lo autorice el ordenamiento legal. Por ello, si el actor no manifestó expresamente su voluntad de canalizar la acción por el procedimiento de excepción previsto por los arts. 89 y 90 C.P.C., y por el contrario sostuvo que el caso se encontraba aprehendido en el supuesto del inciso c) del art. 13 C.P.A., corresponde interpretar que la acción promovida fue la ordinaria regida por el Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, con independencia de que la pretensión sea o no procedente.

7.- Se advierte que cuando se proveyó la demanda, se ordenó citar y correr traslado de la misma al demandado por seis días (decreto de 11/2/2002, fs. 19 vta.), sin mencionar ninguna norma ni dar razón de ello. En el procedimiento ordinario el plazo por el que se corre traslado de la demanda es de veinte días (art. 33 C.P.A.), mientras que en el procedimiento especial de la acción declarativa prevista por el art. 89 C.P.C. ese plazo es de seis días (inciso 4 del art. 90 C.P.A., que remite al art. 402 CPCC).

Si se ordenó correr traslado de la demanda por un plazo incorrecto (6 días en lugar de 20), ello no significa que la acción promovida haya dejado de ser la ordinaria. La modificación de ese plazo infringiendo la norma legal no puede tener el efecto de mutar la acción intentada, ya que el principio iuria novit curiae encuentra su límite precisamente en la acción promovida. Este antiguo principio, consagrado en el art. 34 CPCC, establece que el juez debe aplicar el derecho que corresponda a la solución del caso, con prescindencia de las normas jurídicas invocadas por las partes o suplir las omisiones en que al respecto éstas hayan incurrido, siempre que ello no implique alterar los elementos de la pretensión del actor o de la oposición del demandado. Esta facultad deber del juez no lo autoriza a modificar la causa o el objeto de la pretensión, o los términos de la oposición o defensa, pues ello vulnera la garantía del debido proceso (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial, t. 2 p. 111).

En consecuencia, no puede atribuirse al decreto de fecha 11/2/2002 el efecto de haber variado la vía procesal promovida, que sigue siendo la ordinaria. La consecuencia jurídica de la errada decisión de ordenar el traslado de la demanda por un plazo incorrecto no puede ser la mutación de la acción promovida, ni deben recaer en el demandado o en el actor derivaciones que lesionen su defensa en juicio.

8.- Si bien se ha producido una alteración del procedimiento que debía darse a este juicio, la solución apropiada al caso de autos debe ser la revocación de la sentencia que hizo lugar a la caducidad de la acción, y la prosecución del trámite, por cuanto la parte demandada ya contestó la demanda en el plazo que se le fijó, sin reclamar que se le negó el mayor plazo establecido por el artículo 33 CPA. No existiendo lesión desde la perspectiva del demandado (arts. 168 y 169 CPCC), en resguardo del derecho de defensa del actor, y del correcto servicio de justicia, corresponde que se revoque la sentencia recurrida, y que el trámite prosiga según su estado, conforme a las normas del procedimiento ordinario previsto por el Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a la siguiente doctrina: "No rige el plazo de caducidad establecido en el inciso 1 del artículo 90 del Código Procesal Constitucional si en la demanda se indicó que la acción que se promueve está aprehendida en el inciso c) del artículo 13 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo, correspondiendo en tal caso imprimir al juicio el trámite previsto en este último digesto procesal, sin que ello implique pronunciamiento a favor o en contra de la procedencia de la acción".

9.- En cuanto a las costas, corresponde que se impongan por su orden (art. 106 inc. 1 CPCC) por haberse originado en la actuación del Tribunal el vicio que dio lugar a la vía recursiva.

Por ello se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 26/12/2002 dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y revocar la sentencia recurrida, sustituyéndola por la siguiente disposición: "Rechazar la excepción de caducidad de la acción planteada por la parte demandada. Costas por su orden". El tribunal a quo deberá reordenar el procedimiento según lo considerado.

II.- COSTAS según se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA Voto de los doctores René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato:

Atento a que existe mayoría en cuanto a la procedencia del recurso extraordinario de inconstitucionalidad y habiendo los suscriptos emitido opinión en la presente causa, mantenemos nuestro criterio sustentado en aquella oportunidad en la sentencia N° 249 dictada el 26/4/2004 en los presentes autos.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA