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Ley provincial, facultades no delegadas, ley nacional, jerarquía de las leyes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tessei de Naveiro, María Amalia y otros c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ inconstitucionalidad leyes 10.191, 10.446 y dec. 406/87.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Las leyes que se dicten conducentes al bienestar y prosperidad provincial deben serlo en los límites de los poderes no delegados (art. 104 de la Constitución Nacional) y sin desnaturalizar las que rigen en todo el ámbito de la Nación (arts. 7 y 31 de la Constitución Nacional).
Poder Legislativo Nacional, facultades del Poder Legislativo, código de minería, hidrocarburos
Materia: CONSTITUCIONAL-MINERO
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

La Constitución, al conferir al legislador nacional la facultad de dictar el Código de Minería le otorgó la atribución de establecer en su integridad el régimen legal de las minas, entre las cuales se encuentran los yacimientos de hidrocarburos, y decidir sobre tales bases lo atinente al dominio, aspecto innegablemente vinculado al ordenamiento jurídico minero.
Despacho de buques, Prefectura Naval
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Antonio María Delfino S.A. c/ P.N.A. Disp. DPSJ JS1 381/01". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

Se entiende por "despacho de buques" el acto administrativo que ejecuta la Prefectura, tendiente a comprobar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas, para que el buque pueda zarpar de puerto o considerarlo entrado al mismo. A tal efecto, el despacho se clasifica en despacho de entrada o despacho de salida (cfr. art. 205.0101 del Reginave).
Sociedades comerciales, sociedad constituida en el extranjero, Inspección General de Justicia, aplicación de la ley, fiscalización de sociedades
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Vereinigte Textilwerke Gmbh Interprises Textiles Reunies Sarl - United Textil Works s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

No todas las sociedades constituidas en el exterior, por el solo hecho de ser tales, tienen el mismo régimen legal, sino que él depende de su nivel de participación en la actividad local, que, en tanto índice para determinar la consistencia del interés que comprometen, ha servido de criterio para la asignación de esos regímenes diversos. Y, esa diversidad surge de la LGS y se refleja en la también diversa fiscalización que la ley les impone. Así resulta de la ley 22315, que no otorga a la IGJ ninguna facultad sobre las sociedades de la LGS 123 para, en cambio, solo atribuirle la fiscalización de las "...sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asientos o cualquier otra especie de representación permanente..." (arts. 3 y 8 de esa ley). Esa descripción de cuáles son las sociedades sobre las que existe esa fiscalización refleja que, siguiendo a la ley 19550, también la ley 22315 atribuye a uno y otro tipo de sociedades regímenes diversos, que, reiteramos, no hace sino reflejar aquella diversidad de intereses -presentes directa en el mercado local versus mera asunción del estado de socio de otra sociedad que es la que tiene esa presencia directa- que por esas vías se tutelan y que explican que en ambos casos el régimen asignado a las sociedades del art. 118 ter sea más severo. En consecuencia, pretender que, la IGJ tiene facultades de fiscalización sobre las sociedades del art. 123 porque también las tiene sobre las del art. 118 ter, es equiparar lo que no puede ser equiparado sin vulnerar la letra de la ley. No es posible, por ende, superar la carencia expresa de facultades otorgadas por la ley, mediante el sostenimiento de que ella -IGJ- tiene facultades implícitas, pues, esas facultades implícitas sólo podrían tenerse para ejercer un poder que también se posee, no para hacer lo propio con un poder excluido, supuesto en el cual ese poder no existe, ni expreso, ni sobreentendido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba, presunción de contrato de trabajo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SPINOSI CIAN, MARIA EUGENIA c/ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE s/ SENTENCIA COBRO DE PESOS RUBRO LABORALES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Los planteos de la recurrente en relación a la valoración que efectuó el Tribunal y a la hermenéutica que asignó a las normas laborales que rigieron el caso en consonancia con los elementos probatorios, de modo alguno demuestran que las apreciaciones vertidas por la Alzada -por las cuales redujo la jornada laboral de la actora a los días que desarrollaba tareas como instructora y descartó la correspondiente a los días y horarios que realizaba funciones de coordinadora- encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad susceptible de abrir esta instancia excepcional. Ello así por cuanto no resulta desajustado a los precedentes de esta Corte y del Máximo Tribunal nacional la no limitación de la aplicación sin más del sistema de presunciones laborales por considerar otros elementos del juicio, ni tampoco consigue la recurrente persuadir que el fallo atacado carezca de la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 270, p 449/455; T 137, p 268/277. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: G., J. C. c/ G. B., G. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-04

Cuando el incendio se origina en el campo del demandado y sus efectos se propagan al campo del actor, cabe aplicar el art. 1113 2do. párrafo C.C. y el demandado no se exonera probando su falta de culpa, si no la acreditación de la fractura del nexo causal.

Es decir, se requiere que la cosa se haya sujetado a factores que se agregan a la fuerza originaria y propia del hombre y que en alguna manera la independicen del control del guardián.

El art. 1113 se aplica aunque la cosa esté accionada por la mano del hombre sin que sea necesario que tenga un inicio, pero se requiere que haya intervenido activamente en la causación del daño.
Convertibilidad, depreciación monetaria, indemnización, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, Claudia Marisa c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 de la ley 23.928, no cabe admitir actualización alguna cuando la indemnización ha sido establecida a valores del 1 de abril de 1991.
Interpretación de la ley, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Trelew c/ Tarrab, Jack y otros y-o Quien Resulte Propietario y-oPoseedor s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-19

La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, además, la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no puede prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma, todo de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional.
Deserción del recurso, expresión de agravios, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Navarrete Eduardo Raúl c/ Superior Gobierno De La Provincia De Córdoba s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Otras Formas De Respons. Extracontractual - Recurso De Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-06

En cuanto al recurso de apelación de la parte demandada, es declarado desierto atento no haber expresado agravios en tiempo y forma. (Voto del Dr. Díaz Reyna, por sus fundamentos).
Concursos, privilegios (civil)
Materia: LABORAL
Carátula: Iassogna, Rubén Darío c/ Jet Bus S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Tratándose el normado por el art. 268 de la Ley de Contrato de Trabajo de un privilegio especial sobre determinados bienes muebles, su titular podrá hacerlo valer tanto en el supuesto de concurso o quiebra del empleador -conf.art. 265, Ley de Concursos-, como a través de la ejecución individual de aquéllos. En tal supuesto y en el caso de existir concurrencia u oposición de acreedores con créditos privilegiados sobre los mismos bienes, el Código Procesal Civil y Comercial establece como vía idónea para la discusión de la preferencia, la tercería de mejor derecho que regulan los arts. 97 y 100 del mismo cuerpo legal.
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACOSTA, VILDO EUGENIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Para declarar que las deudas no excluídas del régimen de la ley 23928 se encontraban consolidadas en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en sus precedentes "Camiña" y "Amadío", ha tomado como decisiva la circunstancia de que, antes de la expiración del período de vigencia de la ley 10798 (prorrogada por decreto 4449-92), el municipio había reglamentado el régimen de consolidación mediante el decreto 404-93, que lo declaró aplicable en la medida de su adecuación estricta a las disposiciones del art 19 de la ley 23928. En el sub judice, por el contrario, no existe normativa alguna que haya regulado, durante el tiempo de vigencia y dentro del marco del régimen de la consolidación, el modo y forma en que la deuda reclamada debe ser consolidada.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios, patrocinio gratuito, universidades provinciales, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Urquiza Carlos Faustino c/ Cisterna Francisco Jesús s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-03-26

El Instituto de Enseñanza Práctica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia, tiene por objeto brindar asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos que, precisamente, acuden allí ante la imposibilidad de afrontar los gastos que un proceso judicial supone. De manera que, sin perjuicio del derecho a cobrar sus honorarios profesionales a la parte contraria, si le impusieren a ésta las costas, los letrados que prestan servicios en el Instituto de Enseñanza Práctica, no pueden dirigir su pretensión en contra de sus asistidos, más aún si se tiene en cuenta que se trata de docentes que perciben una remuneración por la labor desempeñada. Por otro lado, la parte actora obtuvo el beneficio para litigar sin gastos, de manera que la exigibilidad del pago de las costas se halla subordinada a que mejore su fortuna, circunstancia que no ha sido siquiera invocada por lo que se rechaza la ejecución de honorarios pretendida.
Policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, JOSE ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 425-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-15

La circunstancia señalada por el recurrente, consistente en que ascendió determinado personal policial con menor calificación que la de él, no le otorga derecho al reconocimiento al ascenso, ya que en el sistema de promoción por "antiguedad calificada" se promueven a los agentes por "estricto orden de escalafón"; y, siendo que fue incluido en el "padrón para promociones" con el número de orden 162, el hecho que determinados agentes hayan ascendido con menor puntaje que él, no resulta decisivo si ocupaban un mejor lugar en el escalafón.
Acusación fiscal, requerimiento de pena, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: AMARILLO, NELSON J. s/ ACUSACION. OMISION. PENA DE MULTA. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-19

No es nula la acusación fiscal que omitió requerir la pena de multa correspondiente al delito de usurpación de títulos pues la omisión puede tener remedio en la sentencia, siempre y cuando la figura delictiva surja del contexto acusatorio y se haya omitido solo la petición de la pena.
Accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, prima, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN, LUIS A. c/ CIAMAR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-19

Salvo el caso de caducidad de la póliza por falta de pago de la prima, la aseguradora no puede oponer al derecho indemnizatorio del accidentado, otras excepciones que las consignadas en la ley.
Mandato, extinción del mandato
Materia: CIVIL
Carátula: Weiss, Agron c/ Bringas, Luisa Clementina y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-25

La cesación del mandato no se produce desde el momento de la muerte de la parte, sino cuando ella llega a conocimiento del mandatario o de los terceros interesados. Pero además, para ello es necesario que la ignorancia de éstos no les sea imputable, aunque hallándose a cargo de quien alega la nulidad la prueba del conocimiento o de la culpa.
Contrabando, automotores, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Averiguación de Contrabando, Causa: 36616.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

En la causa (en la que no hay ninguna persona imputada ni a quien se hubiera hecho cargos en su contra) se trata de la importación de una partida de cincuenta y siete automotores de una clase cuya importación se encuentra prohibida, ingresados al país en razón de haber sido supuestamente embarcados cuando no regía dicha prohibición y el hecho consistiría en el engaño al servicio aduanero en cuanto a esa circunstancia. En tanto dichos hechos no están debidamente esclarecidos, el sobreseimiento dictado (disponiendo además la restitución de los vehículos) es prematuro, no ajustándose tampoco a derecho su dictado cuando no existe ninguna persona imputada (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daño punitivo, procedencia del recurso, automotores, conducta de las partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Artes, Manuel Ivan y otro c/ Renault Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

Procede admitir el reclamo de la accionada por el rubro denominado "daño punitivo". Dicho instituto se encuentra condicionado por la existencia de una conducta reprochable y su aplicación es de carácter excepcional y de naturaleza restrictiva, y sólo procede cuando se incumplen obligaciones con dolo, culpa grave, malicia o cuando el comportamiento importe un desprecio inadmisible (López Herrera, los daños punitivos, pág. 17 y ss. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008).

Más allá de su denominación el concepto de "daño punitivo" no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una pena que debe entenderse destinada a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (Lorenzetti, Ricardo, p. 557).

La norma en cuestión concede al juez una potestad que este puede o no utilizar según entienda que la conducta antijurídica previamente demostrada presenta características de excepción que exigen una condena "extra", o sea que persiga no sólo resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, quitarle todo resabio de crédito económico derivado de la inconducta, y que genere un efecto ejemplificador que prevenga su reiteración.

En el caso, la conducta de las codemandadas presenta los caracteres que tornan procedentes la multa en cuestión, no sólo por la demora en la reparación y devolución del rodado adquirido al accionado y cuyo cambio de motor fuera necesario, sino también por la falta de repuestos, lo que resulta inaceptable así como lo es la falta de información y el trato propiciado a los actores, dado que todas las misivas enviados por estos intimándolos a la entrega del vehículo dañado fueron respondidas con evasivas y hasta fueron incontestadas por el fabricante, todo lo cual atenta con el derecho a ser tratado dignamente que tiene todo consumidor (LDC 8 bis).
Valor probatorio, declaración indagatoria
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: C, J C T s/ ENCUBRIMIENTO      EXPTE NRO 372-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01

La confesión extrajudicial tanto puede valer legalmente como grave presunción en si misma, o bien en función de serio indicio, integrante de la prueba compuesta, a la que esa clase de presunción le sirve de base fundamental, siempre que no surja la evidencia de fuerza, intimidación u otro medio similar para lograrla.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEANDRO JOSE QUIROGA. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

El hecho de haber desoído el tribunal a quo la doctrina sostenida por la Corte no constituye de por si una cuestión federal.
Accidente de tránsito, daño material, menores, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Ordinario por daños y perjuicios: Bruno Leonel Lenta, Andrea Josefina Bertolone y Adolfo Gustavo Alberto y Javier Agustín Romano c/ Teodoro Miranda, Sergio Gabriel Miranda y Agrosalta Coop. de Seguros Ltda. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-12-27

El resarcimiento del detrimento patrimonial que sufrieron los hijos menores de la víctima resulta inobjetable, más aún cuando convivían con ella y la pérdida de los ingresos que generaba la misma indefectiblemente ha repercutido en sus vidas, por ser destinatarios de todo o parte de los bienes económicos que producía. Es por eso que deben valorarse todas las manifestaciones de la actividad de la occisa que puedan ser económicamente apreciadas, actuales y futuras, debiéndose calcular el monto en función de la edad y demás características particulares de la víctima -como la edad de los hijos, su ocupación y demás circunstancias socioeconómicas en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 46 del CPC de la Provincia de Jujuy-.
Habilitación del establecimiento, local bailable, interpretación de la ley, tipo penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: PORBAIRES SRL s/ FUNCIONAR COMO LOCAL DE BAILE CLASE C  NO ESTANDO INSCRIPTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Es incorrecto interpretar que la segunda hipótesis prevista en el artículo 4.1.1 del Código de Faltas constituya un "tipo abierto". En efecto, aunque la locución "en infracción a la habilitación o permiso concedido" no parece describir en forma exhaustiva y en todos sus aspectos el objeto de la prohibición, pretender que sea el Magistrado quien lo delimite en el caso, importaría una carta abierta para la construcción de uno de los proscriptos "tipos judiciales", según los cuales los Magistrados estarían habilitados a determinar si el hecho juzgado constituye un quiebre del orden normativo, con sólo fundamento en criterios de antijuridicidad material. Ello así, en virtud de que sólo con referencia exclusiva a la ley -también material- es posible determinar con exactitud la "infracción" que se reprocha.

Así, "la cuestión de cuándo un precepto contiene todos los presupuestos que condicionan la pena puede ser contestada desde dos puntos de vista distintos, según que se piense que se trata de una enumeración expresa de los elementos, o bien que se admita que ésta puede ser implícita. En este último caso estaría cumplida la exigencia del principio de legalidad siempre que la ley brindara los criterios que permitieran deducir el elemento de la infracción de que se trate" -Bacigalupo, Enrique: Derecho penal. Parte general. Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2º edición, 1999; pág. 126-. Y a pesar de que las disquisiciones judiciales demandadas por estos moldes típicos alcanzaran -desde un punto de vista abstracto- a superar el umbral exigido por el mentado principio, no se trata en la especie de dilucidar el tipo a través de "valoraciones sociales que respondan a una moral general" -Bacigalupo, op. cit., pág. 127- ni de efectuar el análisis desde la perspectiva de la antijuridicidad mediante la verificación positiva de "elementos especiales" a ella pertenecientes -conf. Roxin, Claus: Derecho Penal. Parte General. Madrid, Ed. Civitas, 1ª edición, reimpr esión de 2006; Tomo I, pág. 298-.

Por el contrario, si alguna proyección conserva en materia de Faltas el principio contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. -en tanto nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda- ésta se da en relación a que, frente a un universo de prohibición en el que la permisividad es la excepción -característico de esta rama del Derecho-, sólo la norma jurídica tiene la virtualidad de abrir la posibilidad de aplicación de una pena por deficiente ejercicio de tal permiso, habida cuenta del carácter estrictamente formal de la concesión, cuya discusión remite sólo a los tópicos objetivos de su otorgamiento.
Excarcelación, pena máxima eventual, condena condicional, multiplicidad de causas
Materia: PENAL
Carátula: ALBORNOZ, Daniel A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Improcedente resulta otorgar la excarcelación al imputado si la suma de las penas máximas de los delitos atribuidos a éste en las causas certificadas y en la presente supera el tope de ocho años. Unicamente permitiría su soltura anticipada la posibilidad de condenación condicional que, precisamente, por esta pluralidad no resulta posible prever.
Empleados públicos, cesantía, deducciones salariales
Materia: CIVIL
Carátula: ABALOS ROBERTO JOSE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-11

Todos los descuentos por ley, sobre los montos a percibirse por el empleado público cuya cesantía se declaró contraria a derecho, se deben llevar a cabo sobre los haberes sujetos a descuentos, excluyendo de tales aportes al incremento de emergencia, salario familiar, esposa, hijos, familia numerosa y escolaridad.-
Mandato comercial, modificación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTAGADA, PEDRO c/ MONACO, MARTA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-25

Del hecho de que el contrato de mandato sea esencialmente revocable no puede seguirse que sea modificable de manera inconsulta, pues también -por ser una convención- goza de las virtualidades que otorga el CCIV 1197, de suerte tal que la unilateral conducta del mandante-autorizante no puede conculcar gratuitamente, sin consenso ni consecuencias, las legítimas expectativas del mandatario (CCIV 1958).