Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-12


Salta, 12 de diciembre de 2016.	(Tomo 209:341/364) Y VISTOS: Estos autos caratulados "M., E. J.; M., A. H. D. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.308/16), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón y Susana Graciela Kauffman, dijeron:	1º) Que contra la sentencia de fs. 243/245 vta. que homologó el acuerdo de fs. 240 y vta. y estableció que los medicamentos de estimulación de la donante y la cobertura de crioconservación se encuentran a cargo del Instituto Provincial de Salud de Salta, como también contra la resolución de fs. 248 y vta. que desestimó el pedido de aclaratoria, la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 251/253.	Para así decidir, la jueza "a quo" consideró que la intención de las partes al celebrar el acuerdo de fs. 240 y vta. era satisfacer en forma integral la materia objeto del amparo, es decir, la cobertura del 100 % del tratamiento de fertilización y el pago de la suma de $ 7.500 en concepto de estudios previos de la donante.	A su turno la magistrada desestimó la aclaratoria de fs. 246 y vta. -destinada a precisar el número de tratamientos que se debe reconocer a la amparista-, al entender que las partes, al acordar conforme los términos de la demanda, aceptaron que la prestadora cubriría los tratamientos que fueran necesarios hasta que la actora "quede embarazada y lleve a término tal embarazo" (fs. 96).	Al expresar agravios a fs. 251/253, la demandada manifiesta que el art. 8 del Decreto Nº 956/13 que reglamenta la Ley 26862 establece que una persona podrá acceder hasta tres tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos. Señala que la señora jueza "a quo" debió establecer en la sentencia el número de tratamientos que se debían brindar, ya que el acta acuerdo de fs. 227 nada dice al respecto.	Se agravia por la desestimación de la aclaratoria de fs. 248 y vta., al considerar que al no constar en el acuerdo el número de tratamientos que deberán reconocerse es obligación del juez tal delimitación, así como lo viene haciendo la jurisprudencia local._	A fs. 261/262 la actora contesta el traslado del memorial y solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto, por los motivos que allí expone.	A fs. 268 y vta. obra dictamen del señor Fiscal ante la Corte Nº 1 en el sentido de que la apelación es procedente y a fs. 270 se llaman autos para resolver.	2º) Que el reconocimiento del derecho a la salud parte de concebir al hombre y a la mujer como unidad biológica, psicológica y cultural, en relación con su medio social y esto implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas, según la Organización Mundial de la Salud. La protección que garantizan las normas y preceptos constitucionales no puede estar condicionada a la inclusión o no de los tratamientos en los programas médicos. Ello es así porque el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos no necesita justificación alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada (esta Corte, Tomo 91:603; 125:1027; 142:771; 204:865).	Es que la salud reproductiva tiene una posición de privilegio en el ámbito del derecho a la salud, al haber sido considerada como "un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos (...). La atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual (Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, F.N.U.A.P., 1995).	La plena operatividad de este derecho ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Artavia Murillo y otros (fecundación 'in vitro') vs. Costa Rica" (sentencia del 28/11/12) y por el Comité de Derechos Humanos (vg. Observación General Nº 19, art. 23, La familia, 39º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, -1990-, 171, párr. 5). Asimismo, tales antecedentes ya han sido valorados por esta Corte con anterioridad (Tomo 179:293; 180:407; 204:865).	En los precedentes citados se afirmó que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el derecho de toda persona a "gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones" (art. 15.b), reconocimiento que también aparece en el art. XIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos, al expresar que "Toda persona tiene el derecho de (.) disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos".	En esa línea, según el citado Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994, párrafo 7.17; ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) "deberían proporcionarse técnicas de fecundación 'in vitro' de conformidad con directrices éticas y normas médicas apropiadas" (esta Corte, Tomo 192:331; 204:865).	Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud y su estrecha vinculación con el derecho a la vida (Fallos, 333:690, entre otros) y del cual forma parte el derecho a la salud reproductiva, establece que no son absolutos sino que deben desplegarse con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo estime conveniente (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional) a fin de asegurar el bienestar general (Preámbulo), con la única condición de no ser alterados en su sustancia (Fallos, 249:252; 257:275; 320:196; 325:11, entre otros).	______En ese razonamiento, la República Argentina ha regulado el derecho a la salud reproductiva al sancionar la Ley 26862, de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción asistida, reglamentada mediante Decreto Nº 956/13, la que establece quiénes se encuentran obligados a brindar la cobertura, la cantidad de tratamientos a los que una persona puede acceder y cuáles son las prácticas que se encuentran incluidas. Por otra parte, se dispuso que los procedimientos y las técnicas de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción médicamente asistida, reguladas en el arts. 8° de dicha ley, quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).	3º) Que bajo estos reconocimientos y parámetros se examinará la cuestión aquí controvertida, la que ha quedado reducida al alcance de la cobertura en cuanto al número de tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad que debe cubrir el Instituto Provincial de Salud de Salta.	______En efecto, mientras la actora sostiene que la prestadora está obligada a brindar los tratamientos que sean necesarios hasta lograr el embarazo (fs. 96) -circunstancia avalada por la sentencia en grado-, la demandada afirma que según la norma su obligación se agota con la cobertura de tres intentos en total.__	Al respecto, el art. 8º del decreto reglamentario establece que "toda persona podrá acceder a un máximo de cuatro tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres tratamientos con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos".	Cabe recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es la búsqueda de la intención del legislador (CSJN, Fallos, 322:2321, entre otros) y la fuente por excelencia para determinar esa voluntad es la letra de la ley (cfr. Fallos, 312:1098, entre otros), la que debe aplicarse directamente si no exige esfuerzo en su hermenéutica.	En tal sentido y desde el análisis gramatical, se observa que el artículo citado efectúa una distinción entre el primer supuesto, referido a las técnicas de baja complejidad, las que deben ser autorizadas en un número de cuatro intentos anuales, del segundo, atinente a las técnicas de alta complejidad, en relación al cual alude al término "hasta" tres intentos, estableciendo un intervalo mínimo de tres meses entre cada uno de ellos (esta Corte, cfr. Tomo 204:865).	La preposición "hasta" denota que se ha puesto un límite a la cantidad de tratamientos de alta complejidad autorizados, de lo que surge que, según la ley, la demandada se desobliga una vez cumplido el tercer intento. Es que si la intención del legislador hubiera sido equiparar las coberturas de baja y alta complejidad, autorizando la cantidad máxima de cada una por año, lo hubiera aclarado expresamente, pues no es posible presumir la falta de previsión ni de consecuencia en la tarea del legislador (CSJN, Fallos, 312:1614).	Cabe indicar que la previsión referente a la limitación de los tratamientos más complejos no es improvisada pues, en resguardo de la dignidad humana, se los ha concebido dentro de un sistema, donde la paciente comienza con tratamientos de menor complejidad para luego, de no haber logrado el embarazo, enfrentar los más exigentes e invasivos.	A su vez, el debate parlamentario de la Ley 26862 da cuenta de que el límite que impone la ley también responde a un fundamento económico social, pues si bien se adoptó un criterio amplio para la cobertura, se insistió en la búsqueda del equilibrio entre la efectiva prestación y el adecuado financiamiento del sistema, para que la obligación generada por la norma pueda llegar a la mayor cantidad de personas que lo necesitan, más aún si se tiene en cuenta los elevados costos de este tipo de tratamientos.	4º) Que en relación al caso examinado, cabe concluir que ante la existencia de una expresa previsión legal que fija en un máximo de tres la cantidad de tratamientos de alta complejidad que debe cumplir el Instituto Provincial de Salud, no corresponde considerar la versión de que las partes acordaron un límite distinto, como el hecho de alcanzar el embarazo, ya que se trata de normas de orden público (art. 10 de la Ley 26862) que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes.	Sin perjuicio de lo expuesto, la reglamentación en análisis debe interpretarse en forma coherente y sistemática con las previsiones que sobre salud reproductiva contienen las normas y tratados internacionales. En ese sentido, la forma más razonable de compatibilizar ambos extremos consiste en brindar la posibilidad de ampliar la cantidad de tratamientos autorizados por el decreto reglamentario, en el supuesto de que no se haya producido el embarazo después del tercer intento, siempre y cuando exista una demostrada justificación médica.	En definitiva y como ya fue antes decidido por esta Corte, corresponde dejar establecido que el Instituto Provincial de Salud de Salta deberá brindar la cobertura de tres tratamientos de fertilización de alta complejidad, con intervalos de tres meses como mínimo entre cada uno de ellos, y en su caso, si se requiriese nuevos tratamientos, quedarán sujetos al informe que brinden los médicos de la actora sobre la necesidad de efectuarlos y la posibilidad de un resultado favorable que los justifique, sin perjuicio de las facultades de control, auditoría o dirección que le corresponde a la obra social (Tomo 204:865).	5º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y dejar establecido que el demandado deberá otorgar la cobertura de la práctica solicitada en los términos acordados a fs. 240 y vta. y de conformidad a lo determinado en el considerando 4º. Costas por su orden atento la forma en que se resuelve el presente recurso.	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1°) Que si bien compartimos los antecedentes de la causa y las ponderaciones formuladas en el voto que abre el presente acuerdo en sus considerandos 1o y 2o, disentimos de la interpretación que cabe dar a la norma del art. 8o del Decreto N° 956/13, reglamentario de la Ley 26862, conforme las siguientes razones.	2o) Que el citado art. 8o párrafo 3o del Decreto N° 956/13, establece que una persona podrá acceder a un máximo de cuatro tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad y hasta tres tratamientos con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos.	Si bien en el precedente "Delgado" registrado en Tomo 204: 865 sostuvimos que el límite para las técnicas de alta complejidad era de tres intentos en total y, en su caso, si se requiriese más tratamientos éstos quedarían sujetos al informe que brinden los médicos sobre la necesidad de efectuarlos y la posibilidad de un resultado favorable, un nuevo examen de la cuestión nos conduce a abandonar tal criterio con sustento en las consideraciones que seguidamente exponemos.	De los términos de la norma se infiere que al permitir cuatro tratamientos anuales de baja complejidad y referir seguidamente a los tres tratamientos de alta complejidad, debe entenderse que éstos también son anuales, resultando evidente que el legislador ha evitado reiteraciones, siguiendo el criterio de la no redundancia. Por el contrario, si se hubiesen querido diferenciar los supuestos, reservando la anualidad exclusivamente para las técnicas de baja complejidad, imponiendo solo tres tratamientos de alta complejidad para toda la relación, la normativa lo habría dicho expresamente, sin dejar margen de duda, pues es de toda lógica que si a continuación de una regla se impone una excepción, ésta se exprese en forma explícita.	En tal sentido, resulta importante destacar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común, sin que quepa a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (CSJN, Fallos, 300:700; 312:1614; esta Corte, Tomo 175:57).	Pero aún cuando se interpretara que se está ante una situación de duda, que no ha podido disiparse a través de la interpretación literal, resulta útil acudir a la voluntad del legislador expresada en el debate parlamentario, donde es posible advertir que los fundamentos y explicaciones que prevalecieron al sancionar la norma se inclinaron hacia el reconocimiento amplio en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, en el entendimiento de que lo que estaba en juego era un derecho humano: el de formar una familia.	En efecto, a lo largo del debate se evidenciaron dos posiciones sobre el objetivo y misión que tenía la ley; la que postulaba un derecho basado en la enfermedad y aquélla que propiciaba entenderlo como un derecho universal. La lectura de las distintas intervenciones de los legisladores revela que la voluntad de los diputados y senadores que votaron por la afirmativa propendió claramente hacia la segunda alternativa, lo que finalmente quedó plasmado al consagrar en el art. 1º la noción de "acceso integral" a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida.	La idea directriz hacia la universalidad del derecho quedó visiblemente expresada por la diputada Chieno -miembro informan-te-, al poner en consideración el dictamen de la mayoría. Allí se señaló "... el objeto de esta norma, que está definido de la siguiente forma: garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida. Esta definición excede ampliamente el concepto economicista de la mera cobertura, o el antiguo concepto reduccionista que lleva a la infertilidad a ser exclusivamente sinónimo de la palabra 'enfermedad'. Este es un acceso a un derecho: el de ser beneficiario de estas técnicas y procedimientos". "De la misma manera, incorpora todos los procedimientos y técnicas desde los de muy baja complejidad hasta los de alta complejidad utilizados para la consecución de un embarazo, sea éste con donación de gametos o embriones, con la conservación que se considere más efectiva y prudente. De manera que no es una ley restrictiva en ningún aspecto y recoge en el derecho prácticas que son ampliamente utilizadas desde hace décadas, previendo que el organismo de aplicación pueda incorporar progresivamente nuevas técnicas que se desarrollen en el futuro, evitando así la necesidad de modificaciones legislativas posteriores" (Antecedentes Parlamentarios, agosto de 2013, N° 7, Ley 26862 "Fertilización Humana Asistida", La Ley, pág. 108).	En igual sentido se pronunció la senadora Monllau al expresar "El proyecto apunta al acceso, a la universalización de las técnicas de fecundación" (pág. 190); el senador Morales al indicar que "Es el acceso a un derecho, el de ser beneficiario de éstas técnicas y procedimientos. Esta definición excede ampliamente el concepto economicista de la mera cobertura" (pág. 195); a su vez el senador Filmus invocó que "... lo fundamental es universalizar este derecho para todos" (pág. 188), entre otros.	Por su parte los considerandos del Decreto N° 956/13 ratifican esta concepción amplia consagrada por el legislador al enunciar "Que el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley 26862, se funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana (conforme la Constitución Nacional y los fundamentos y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos). Que la Ley 26862 se fundamenta en la intención del legislador de ampliar derechos; ello, en tiempos de cambios y de más inclusión en el ámbito social y en el de la salud; en el marco de una sociedad que evoluciona, aceptando la diferencia y la diversidad cultural y, promoviendo de tal modo, una sociedad más democrática y más justa" (considerandos 3º y 4º).	Desde esta perspectiva se advierte que la voluntad del legislador ha sido consagrar un acceso universal a los tratamientos de fertilización asistida, sin diferencias discriminatorias, que permitan a las personas hacer efectivo el derecho humano a pro-crear y formar una familia, cuya vigencia no podría verse amenazada por una limitación impuesta en una disposición reglamentaria.	Además, una interpretación restrictiva resultaría contraria a otro de los objetivos perseguidos por el legislador que fue el de dirimir en forma concreta los conflictos entre prestadores del sistema de salud y los particulares, evitando así su judicialización. Y es que de adoptarse la tesis restrictiva surgirían en forma inmediata nuevos interrogantes que, probablemente, tendrían que ser disipados por la vía judicial. A modo de ejemplo podrían plantearse cuestiones en torno a si los números de intentos se consideran sólo en relación con cada mujer o si lo es respecto de un núcleo familiar; o si una mujer que ha consumido los intentos legales permitidos bajo un determinado tratamiento médico podría acceder a una nueva chance con una técnica basada en tecnología que no se encontraba disponible cuando agotó sus intentos; o si la mujer que ha concebido haciendo uso de los intentos legales permitidos estaría habilitada a buscar un segundo hijo bajo las técnicas de fecundación. Ciertamente de adoptarse la tesis amplia, es decir aquella que indica que los tres tratamientos de alta complejidad son anuales, se disiparía toda incertidumbre, ofreciendo seguridad jurídica al sistema de cobertura.	Con estos objetivos tan amplios, no resulta lógica una interpretación limitativa y exigua desde el punto de vista cuantitativo como la que propone la recurrente, que no surge de los términos de la ley y, además, contraría la finalidad de proporcionar y garantizar las herramientas necesarias para que toda persona en igualdad de condiciones pueda acceder a dichas técnicas, obviamente, con estricto control médico respecto a la frecuencia en cada caso concreto. Ello es así, porque el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de la salud reproductiva, no necesita justificación alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada (Tomo 91:603; 125:1027; 142:771; 192:331).	3o) Que conforme lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y dejar establecido que la obra social demandada deberá otorgar la cobertura de la práctica solicitada en los términos acordados a fs. 240 y vta., con el límite de tres tratamientos de alta complejidad por año.	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	1º) Que adhiero al relato de los antecedentes del caso contenido en el considerando 1º del voto que abre el presente acuerdo.	2º) Que en relación al caso examinado debe señalarse que con arreglo a lo estatuido por el art. 10 de la Ley 26862, sus disposiciones son de orden público; así las cosas y de conformidad con lo ordenado por el art. 12, primer párrafo del C.C. y C.N., no corresponde considerar la versión de que las partes acordaron un límite distinto al fijado por esa norma, tal como el hecho de alcanzar el embarazo.	3º) Que sentado lo anterior se impone analizar la exégesis que cabe realizar en torno al art. 8 del Decreto 956/13, asunto sobre el que me he pronunciado en la causa registrada en Tomo, 204:865, dejando allí establecido que cuando se trata de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, la obligación de cobertura se ciñe a tres intentos en total, con un intervalo mínimo de tres (3) meses entre cada uno de ellos.	4º) Que la Ley 26862, luego de consagrar en el art. 1º que su finalidad es la de "garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida"; definir lo que se entiende por reproducción médicamente asistida, distinguiendo las técnicas de alta y baja complejidad (art. 2º); determinar y delimitar las funciones de su autoridad de aplicación (arts. 3º y 6º), creando en su ámbito un Registro único (arts. 4º y 5º) y, establecer los beneficiarios (art. 7º), se ocupa de regular el marco de la obligación de cobertura a cargo de "el sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23660 y 23661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura que posean" (art. 8º).	Sobre esto último se tiene, que la norma enuncia en detalle las prestaciones que, con carácter obligatorio, deben proveer las entidades de mención a los beneficiarios del sistema y, delega en la autoridad de aplicación la reglamentación de los "criterios y modalidades de cobertura", fijándole como limitación sólo la de no poder en el acometimiento de esa tarea "introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios".	Por su parte, el Decreto 956/13 reglamentario de la ley, delimita el alcance que cabe atribuir a las definiciones legales, fundamentalmente en relación con el concepto de "técnicas de alta complejidad" contenido en la ley (v. art. 2°, segundo párrafo) y únicamente posibilita la inclusión de nuevos procedimientos en la cobertura que explicita la norma "cuando (tales procedimientos) sean autorizados por la autoridad de aplicación" previo cumplimiento de una serie de pasos allí consignados (art. 2º, tercer párrafo).	En el contexto descripto, se advierte que aún ante la vocación amplia de la cobertura prevista en la citada Ley 26862 y su reglamentación, el legislador ha tomado recaudos que, contemplando las distintas circunstancias implicadas en el acceso a las técnicas, resultan necesarios para el ejercicio de los derechos que ese ordenamiento compromete.	En este encuadre se instala el análisis de la norma que suscita agravio, siendo la exégesis del art. 8º del mentado Decreto 956/13 asumida por la jueza de la anterior instancia la que el apelante controvierte.	Al respecto se tiene que el tercer párrafo de la disposición recién invocada establece que "En los términos que marca la Ley 26862, una persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres (3) meses entre cada uno de ellos".	De la lectura del artículo se desprende una distinción entre un supuesto (técnicas de baja complejidad), cuya autorización previó en un número de cuatro intentos y en una frecuencia determinada: anualidad; de otro (técnicas de alta complejidad) en relación con el cual y diverso sentido respecto del caso anteriormente descripto, aludió al término "hasta" para referir al número de tres intentos, estableciendo como pauta de frecuencia la necesidad de un intervalo mínimo de tres meses entre cada uno de esos tres intentos.	Esta lectura compatibiliza y atiende a las enseñanzas de hermenéutica de la Corte Suprema en cuanto a que debe considerarse que el empleo (uso y disposición en el texto) de las palabras no es superfluo, sino que éstas han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos, 304:1820; 314:1849; 328:456, entre otros); a lo que añade que la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador jamás se presumen (Fallos, 312:1614, entre muchos otros).	Bajo tales premisas, resulta lógico sostener que si se hubiera querido equiparar la cobertura de ambos tratamientos (baja y alta complejidad) se habría establecido que se podrá acceder a "un máximo por año de cuatro tratamientos de baja complejidad y de tres de alta complejidad, con la salvedad respecto de estos últimos de que habrán de haber intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos", lo que, evidentemente, no ha sucedido (cfr. Cámara de Apelaciones de Salta, "G., G. A. c/SWISS MEDICAL S.A. s/amparo Ley 16986", sent. del 15/10/15, www.cij.gov.ar).	Por otra parte, se impone destacar que el Supremo Tribunal Federal ha dicho en un reciente pronunciamiento acerca de la exégesis de la ley en examen ("L.E.H. y otros el O.S.E.P. s/amparo", fallo del 01/09/2015, www.csjn.gov.ar) que "es bien conocida la doctrina de esta Corte que ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida (Fallos, 329:2552; 333:690, entre otros) y del cual forma parte el derecho a la salud reproductiva. Empero, no es menos cierto que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico tales derechos de raigambre constitucional, así como los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), con la única condición de no ser alterados en su substancia (Fallos, 249:252; 257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185; 305:831; 310:1045; 311:1132, 1565; 314:225, 1376; 315:952, 1190; 319:1165; 320:196; 321:3542; 322:215; 325:11, entre muchos otros).	En este punto cabe reparar que a diferencia de otras legislaciones, la que se examina no contiene disposiciones que aborden exhaustivamente cuestiones tales como la cantidad de óvulos a fecundar; los aspectos vinculados a la crioconservación de embriones; lo atinente a la donación de gametos; entre otros tantos asuntos que pueden comprometer las técnicas de referencia, no pudiéndose soslayar la complejidad de toda esta materia y las consecuencias que en este sentido se derivan de la interpretación que se le asigna al ordenamiento vigente en ausencia de una completa y acabada reglamentación.	En este sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma" (Fallos, 331:1262, entre muchos otros).	Cabe por último añadir que esta Corte en ocasión de pronunciarse sobre un recurso de apelación interpuesto contra una resolución que condenaba -en el marco de una acción de amparo- a la obra social allí demandada a cubrir los gastos que por todo concepto requiera el tratamiento de fertilización "in vitro" ICSI "hasta tres en caso de que el primero falle", sostuvo, convalidando la compatibilidad de la limitación impuesta con los términos de la reglamentación de la Ley 26862, que "la sentencia apelada no se ha excedido del máximo de tres intentos de alta complejidad dispuesto por el art. 8º del Decreto Nº 956/13" (Tomo 192:331).	El Dr. Abel Cornejo, dijo:	1º) Que por razones de brevedad me remito al relato de los antecedentes de la causa desarrollados en el considerando 1º y comparto la solución jurídica que se propicia en los considerandos 4º y 5º del voto que abre el presente acuerdo, no obstante en cuanto al número de tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad que debe cubrir el Instituto Provincial de Salud de Salta es dable agregar los siguientes fundamentos.	2º) Que en primer lugar, cabe señalar que el reconocimiento internacional como derecho humano del derecho a la salud y a la utilización de técnicas de reproducción médicamente asistida, impulsó la promulgación de la Ley 26862, la cual tuvo por objeto garantizar a todas las personas el "acceso integral" a tales procedimientos.	Así, el legislador plasmó en los considerandos del Decreto Nº 956/13, reglamentario de la ley en cuestión, su intención de efectuar el reconocimiento amplio del derecho de toda persona a la paternidad/maternidad y la condición de derecho humano del acceso integral a técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida ligado a la dignidad, a la libertad y a la igualdad y sin limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan por el derecho regulado (considerandos 3º, 4º y 5º).	No obstante, el art. 8 del decreto en cuestión estableció: "En los términos que marca la Ley Nº 26862 una persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres (3) meses entre cada uno de ellos".	Es dable mencionar que el debate parlamentario de la Ley 26862 dio cuenta de dos tipos de fundamentos que llevaron al establecimiento de tal límite, uno de índole bioético y otro de índole económico-social.	Al respecto, es relevante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su art. 32.2: "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática".	En consonancia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales introdujo este elemento limitativo, cuando dispuso en su art. 1.1: "Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas 'hasta el máximo de los recursos de que disponga', para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".	La Corte Federal, por su parte, en diversos pronunciamientos entendió que "de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico tales derechos de raigambre constitucional, así como los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), con la única condición de no ser alterados en su sustancia" (Fallos, 249:252; 257:275; 262:205; 300:700, entre muchos otros).	En efecto, el establecimiento de ciertas limitaciones en miras al bien común, no podría ser criticado, máxime cuando en lo relativo a la salud las prestaciones requieren de recursos económicos finitos que deben ser distribuidos en forma consciente y responsable, de manera de no afectar el derecho de otras personas a sus propias necesidades de salud.	Empero, la fijación de un número limitado de tratamientos sujeto a cobertura (art. 8), debe ser siempre valorada en conjunto con el objetivo expresamente perseguido al dictado de la norma, que refirió a la "intención del legislador de ampliar derechos" (considerando 4º).	_____En ese sentido, cabe mencionar que en forma casi simultánea al pronunciamiento de la señora jueza del amparo, esta Corte sostuvo en el precedente registrado en el Tomo 204:865 que de la lectura del art. 8, se desprende una distinción entre el primer supuesto, referido a las técnicas de baja complejidad, las que deben ser autorizadas en un número de cuatro intentos anuales, del segundo, atinente a las técnicas de alta complejidad, en relación al cual alude al término "hasta tres intentos", estableciendo un intervalo mínimo de tres meses entre cada uno de ellos, por lo que de una interpretación literal del decreto surge que el límite para las técnicas de alta complejidad es de tres intentos en "total" (ver considerando 3º del voto de la mayoría).	En el precedente citado, esta Corte agregó que la reglamentación en análisis debe interpretarse sistemáticamente con lo que establecen las normas superiores que regulan la materia, en particular, los tratados internacionales que se refieren a los derechos reproductivos y a la protección integral de la familia, de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, los preceptos constitucionales y la Ley 26862, y es obligación de los jueces respetar el principio de supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional), de modo que si el caso exigiese un número mayor de tratamientos que los que literalmente establece el decreto reglamentario, no puede quedar limitado de manera definitiva a lo que allí se dispone.	En suma, y en miras a la optimización del derecho fundamental en cuestión, se sostuvo que no obstante los tres intentos obligatorios previstos en la normativa para los tratamientos de alta complejidad, si se requiriesen nuevos tratamientos, su cobertura dependerá del informe que brinden los médicos del requirente sobre la necesidad de efectuarlos y la posibilidad de un resultado favorable que los justifique, sin perjuicio de las facultades de control, auditoría o dirección que le corresponde al prestado.	Por las razones expuestas, y no existiendo razones en el presente caso que justifiquen un apartamiento del criterio sostenido en el precedente mencionado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y dejar establecido que el Instituto Provincial de Salud de Salta deberá otorgar a la actora la cobertura de la práctica solicitada en los términos acordados a fs. 240 y vta. y conforme al alcance establecido en el considerado precedente. Costas por su orden.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	__________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_______________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto y dejar establecido que el demandado deberá otorgar la cobertura de la práctica médica solicitada en los términos acordados a fs. 240 y vta. y de conformidad a lo determinado en el considerando 4º del voto mayoritario. Costas por su orden.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Susana Graciela Kauffman, Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Abel Cornejo -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).