Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-06


Buenos Aires,	6	de febrero de 2013	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Hugo Carlos Poblet, asistido por la Defensoría Oficial, interpuso acción de amparo a fin de requerir protección y salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la vivienda y a la dignidad frente a la grave y manifiestamente arbitraria conducta del GCBA consistente en negarle una asistencia habitacional adecuada y suficiente pese a su estado de máxima vulnerabilidad (fs. 1, expte. n° 38784/1).

2. El amparista, de 52 años de edad, afirma tener discapacidad mental, con deficiencia afectiva y de integración social (cfr. certificado de discapacidad, Ley 22.431; fs. 25 del expte. principal). Expresa que habitualmente recibe tratamiento en el Servicio de Psicopatología y Salud Mental en el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna"; que al momento de interponer amparo reside en una pieza de casa de familia ubicada en Glew, provincia de Bs. As., pues al finalizar el subsidio no logró encontrar un lugar en la Ciudad que pudiera abonar con el monto de su pensión. Refiere que fue beneficiario del subsidio habitacional previsto por el decreto 690/06 desde el 02/07 hasta el 09/09; y que su renovación fue rechazada por la autoridad administrativa, aun cuando persistía el estado de pobreza en el que se encontraba. Agrega que percibe una pensión por invalidez que apenas cubre sus necesidades alimentarias, que completa sus ingresos con algunas "changas" cuando puede hacerlas, y que hasta agosto de 2010 recibía el programa Ticket Social, pero que todo ello es insuficiente para solventar un alojamiento digno en la Ciudad.

3. El actor solicitó con la demanda una medida cautelar que garantizara el acceso a una vivienda digna (fs. 19/20, del expte. n° 34784). La jueza Schafrik, en primera instancia, la denegó entendiendo que la pensión que percibe es suficiente para el alquiler de una habitación de hotel. Destacó también que, conforme se denuncia en el escrito de demanda, el actor se encontraría alojado en la provincia de Buenos Aires lo que contraría el requisito domiciliario establecido por la normativa vigente en materia de otorgamiento de subsidios. Contra tal decisión Poblet apeló y expuso los siguientes agravios: (i) la resolución desconoce el bloque de constitucionalidad vigente en materia de derecho a la vivienda y releva al gobierno local de su obligación de proveer algún tipo de asistencia habitacional que asegure el ejercicio de ese derecho; (ii) afecta el contenido básico del derecho a una vivienda digna; y (iii) lesiona el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

4. La Sala II de la CCAyT revocó la decisión de primera instancia y dispuso cautelarmente que, en forma provisoria, el GCBA debía adoptar los recaudos necesarios para asignar al amparista un lugar en el programa de emergencia habitacional previsto en la normativa vigente. Para así decidir, consideró que concurrían los requisitos de peligro en la demora y verosimilitud en el derecho. Contra tal resolución la demandada interpuso recuso de inconstitucionalidad.

5. El GCBA fundó su impugnación en "lo abstracto de la resolución en sí, atento que al no fijarse cifras exactas en el monto del subsidio que le impone abonar al actor, el G.C.B.A. se encuentra imposibilitado de realizar previsiones presupuestarias para el tema habitacional de acuerdo con la norma vigente, convirtiéndose ello en un verdadero caos jurídico y en contra de todo orden institucional, en perjuicio de los derechos de los demás habitantes". Procuró justificar la existencia de sentencia definitiva diciendo que la "resolución recurrida se asimila a sentencia definitiva pues no sólo garantiza los efectos del proceso [sic], sino que al ser una medida cautelar de contenido positivo coincide en lo sustancial con el objeto de la acción promovida" y, por lo tanto, la sentencia impugnada "importa un adelanto de jurisdicción y convierte a la resolución recurrida en sentencia de fondo o con los alcances de una sentencia de fondo". Sostuvo que la decisión conculcaba en forma "directa derechos y garantías" del GCBA pues lesiona su derecho de propiedad al desconocer los montos establecidos en la normativa vigente en materia de subsidios habitacionales y asistencia alimentaria y al no establecer un tope con respecto al monto de los subsidios que ordena otorgar al actor, con lo que las sumas que deba abonar serán de muy difícil recupero. En el acápite destinado a establecer la cuestión constitucional señala la existencia de gravedad institucional. A su turno, detalla como agravios (i) que el fallo impugnado "viola el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia dictado el 12/05/2010 en 'Alba Quintana, Pablo c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCBA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido'"; (ii) "la interpretación elusiva de la ley"; (iii) la aplicación equivocada de normas constitucionales; (iv) la invasión de la zona de reserva de los poderes legislativo y ejecutivo y, por fin, (v) en que el lugar de residencia del amparista no es la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal superior de la causa denegó la impugnación extraordinaria por considerar que la resolución cuestionada no es sentencia definitiva, ni se ha demostrado que resulte equiparable. La parte demandada dedujo recurso directo ante el Tribunal.

6. A fs. 169/175 en su dictamen el Fiscal General propicia la admisión de la queja y del recurso de inconstitucionalidad, la revocación de la decisión impugnada y el reenvío a la Cámara para que se dicte un nuevo fallo con los alcances precisados y esbozados por este Tribunal Superior de Justicia en el precedente "Alba Quintana".

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja interpuesto en tiempo y forma, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por tanto no es admisible.

2. Los esfuerzos argumentativos desplegados por el GCBA destinados a sostener la existencia de una sentencia equiparable a definitiva para habilitar la vía extraordinaria ameritan un análisis detenido en el marco del recurso directo.

Como mostraré en los apartados que siguen, la posición del impugnante no es sólida, y lo mismo ocurre con el dictamen del Sr. Fiscal General.

Sin embargo, las cuestiones traídas por el GCBA -y enfatizadas por el Sr. Fiscal General- hacen necesario detenerse en los planteos impugnativos, más allá y a pesar de su inconsistencia, evitando una respuesta meramente formal, la repetición de párrafos de decisiones anteriores o la remisión escueta a precedentes. Y ello porque la inconsistencia aludida se agrava y adquiere mayor dimensión en el contexto de una situación de vulnerabilidad extrema como la que afecta al amparista.

3. He sentado posición respecto de los conceptos de sentencia definitiva y sentencia equiparable a definitiva para habilitar la competencia recursiva de este Tribunal Superior de Justicia en mi voto en el expte. n° 5872/08 "Perez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Perez Molet, Julio César c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", sentencia del 27/8/2008).

Ahora bien, en el caso de autos es el GCBA -afectado por la medida cautelar-, quien introduce la cuestión, mientras que en la causa "Perez Molet", el amparista era quien recurría frente a la revocación que dispusiera la Cámara de la cautelar dictada en primera instancia.

4. El primer agravio de la queja alude a que el "fallo en crisis perjudica a la Administración teniendo en cuenta lo abstracto de la resolución en sí, atento que al no fijarse cifras exactas en el monto del subsidio que le impone abonar al actor, el G.C.B.A. se encuentra imposibilitado de realizar las previsiones presupuestas [sic] para el tema habitacional de acuerdo a la norma vigente, convirtiéndose ello en un verdadero caos jurídico y en contra de todo orden institucional, en perjuicio de los derechos de los demás habitantes de la ciudad".

Es notoria la debilidad del supuesto gravamen. En primer lugar, porque la cuestión pudo ser subsanada con una aclaratoria ante el tribunal que dictó la resolución y, subsidiariamente, bajo la regla del art. 409 del CCAyT. En segundo lugar, expresiones como "imprevisibilidad presupuestaria", "caos jurídico", perjuicios para los derechos de los demás habitantes, etc., resultan desmesuradas toda vez que no se ofrecen elementos concretos que permitan constatar que el subsidio que se otorga cautelarmente al Sr. Poblet genere las graves consecuencias introducidas por el GCBA. Siempre llama la atención que la Procuración frente a la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales denuncia catástrofes irreparables e incontenibles.

5. En su segundo agravio dice el GCBA: "al ser una medida cautelar de contenido positivo coincide en los sustancial con el objeto de la acción promovida" lo que importaría "un adelanto de jurisdicción y convierte a la resolución recurrida en sentencia de fondo o con los alcances de una de fondo". Agrega el impugnante que "mi parte [está] en un verdadero estado de indefensión, atento a que deviene imposible para un Tribunal de Alzada pronunciarse en forma diferente ante una futura apelación de la Ciudad sobre la sentencia de fondo. De hecho la cautelar dictada tiene los efectos de una sentencia de tal carácter".

La afirmación exhibe un desconocimiento manifiesto del sistema cautelar vigente. La cautelar no coincide con el objeto del proceso, que -desde la pretensión del amparista- es doble: a) una declaración de certeza jurídica que reconozca el derecho autoafirmado en su demanda; b) la efectivización material y concreta de los derechos reconocidos en la declaración jurisdiccional de certeza jurídica que, sucintamente, refiere al acceso a una vivienda digna.

La medida cautelar -que sí es positiva, que sí es innovativa y que sí es material- nunca coincide con el objeto del pleito porque el bien jurídico anticipado jurisdiccionalmente objeto mediato de la pretensión- lo es de manera provisoria, se lo anticipa a partir de un juicio de verosimilitud del derecho y no de certeza. De lo contrario habría prejuzgamiento, y es por eso que siempre sobre la medida cautelar pesa una condición resolutoria. La sentencia impugnada no resuelve el fondo, sino la verosimilitud del derecho como condición necesaria para admitir una medida cautelar. De aquí se sigue que siempre estaría habilitado el tribunal superior de la causa para rechazar o admitir el amparo cuando deba resolver sobre el mérito del asunto.

De lo dicho se sigue que la provisoriedad de la medida cautelar es una característica propia de esa herramienta procesal y hace que, en principio y en casos como el de este expediente, la sentencia impugnada no sea equiparable a definitiva. El punto referido a cómo podría recuperarse un subsidio entregado cautelarmente cuando se rechaza la demanda no es una objeción relevante sino un problema fáctico que no constituye agravio y resulta puramente conjetural. En materia de derechos fundamentales siempre es preferible anticipar el objeto material de la pretensión cuando hay verosimilitud del derecho, a posponer su otorgamiento. Como decía Calamandrei no es bueno que el proceso se transforme en una medicina largamente elaborada para un enfermo que ya está muerto.

6. Los precedentes de la CSJN, que se mencionan en el recurso en análisis ("Olivencia", "Llerena"), no guardan relación alguna con estos autos, son por tanto irrelevantes y solo cabría atribuir su inclusión a un "error de pluma". Ello es más que obvio en el caso "Llerena" que trata un tema propio del derecho penal y los alcances del sistema acusatorio en la etapa instructoria.

7. El GCBA entiende que el tribunal superior de la causa se arroga indebidamente facultades propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo locales para legislar y administrar políticas y programas de asistencia habitacional. El supuesto agravio no tiene entidad alguna. Los jueces deben otorgar tutela efectiva a la parte legitimada en las causas en las que son llamados a intervenir y cuando lo hacen no se apropian de competencias de otros órganos sino que cumplen mandatos legales, constitucionales y convencionales (art. 10 CCBA, arts. 8 y 25 CADH). Tales mandatos incluyen la aplicación de medidas cautelares para asegurar la tutela jurisdiccional efectiva.

8. El orden jurídico argentino nacional y también el local no reconocen a las sentencias judiciales carácter erga omnes ni fuerza vinculante a los precedentes jurisprudenciales, como sucede en el sistema del common law bajo la regla del stare decisis et non quieta movere. Así pues la impugnación que intenta el gobierno cuando denuncia una supuesta violación del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia en "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo", no constituye agravio alguno.

La sentencia mencionada dictada en otro expediente no pone en crisis la decisión de la Cámara que en estas actuaciones calificó su resolución respecto de la cautelar como no equiparable a definitiva.

9. La alusión a "la inteligencia de las normas constitucionales" expresa discrepancia del quejoso con la hermenéutica escogida por la Cámara, pero esa discrepancia no introduce ninguna cuestión constitucional y por tanto no es agravio.

Sostiene la Procuración que las personas concretas deben aguardar a que los "organismos adecuados puedan encargarse de distribuir los esfuerzos adecuadamente" para gozar de sus derechos, porque ".nunca estuvo en mira de ningún constituyente establecer que las personas individualmente consideradas tengan un derecho de exigencia individual". Esta lectura de la CCBA deja afuera sin más las garantías consagradas (entre ellas la acción de amparo) que carecerían de toda virtualidad. Y también al Poder Judicial en tanto órgano destinado a asegurar esas garantías frente a reclamos puntuales (art. 106, CCBA).

En síntesis, "la inteligencia" con que el Gobierno lee la constitución desconoce que cada vez que una acción u omisión estatal priva, limita, deniega o pospone el ejercicio de un derecho, el o los afectados están habilitados a reclamar, a hacerse oír, a pedir justicia. La lectura del GCBA es claramente inconstitucional porque presupone una ciudadanía pasiva "a la espera de que la Administración advierta su carencia" que no se corresponde con el modelo de democracia participativa e inclusiva que establece la CCBA.

Por fin, tampoco se trata de discutir aquí si el cese del subsidio vulnera el principio de progresividad, ni introducirse en la tensa y compleja relación entre política pública y caso concreto, porque ninguno de los aspectos indicados son procedentes para resolver lo que se debate en esta etapa. Aunque ya fue aclarado vale la pena volver a destacar que ahora la cuestión es asegurar al amparista, a través de una medida cautelar innovativa, el resguardo suficiente de su derecho constitucional a un proceso efectivo y con las debidas garantías.

En la misma línea, son irrelevantes, carecen de atinencia y resultan descontextualizadas las citas de las decisiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para decidir si hay o no hay sentencia definitiva que habilite el recurso de inconstitucionalidad que intenta el GCBA. El estrecho marco cognitivo se ciñe a la revisión de una incidencia cautelar y en consecuencia no cabe avanzar en definiciones acerca de si "determinadas medidas generales" pueden ser regresivas, las que deben postergarse para la sentencia de fondo.

10. El GCBA entiende que el tribunal superior de la causa "ha subvertido la esencia del principio republicano de división de los poderes (art. 1° CCBA)". Sostiene que lo decidido por la Sala tiene por objeto la crítica de una política social y que ello resulta una intromisión en la zona de reserva de la Administración. Se trata de una afirmación genérica y vaga. La expresión "zona de reserva de la Administración", tiene muchos y diferentes sentidos y es usada con fines bien distintos. Su referencia en este punto solo apunta a limitar sin fundamento legítimo las facultades que la CN y la CCBA reconocen al Poder Judicial y que en modo alguno lesionan la división de poderes.

No observo por lo tanto ninguna invasión de la zona de reserva por parte del tribunal superior de la causa en el dictado de la medida cautelar y menos que ésto otorgue calidad de sentencia definitiva a la decisión cuestionada.

11. El lugar de residencia del amparista es traído como último agravio. Anticipo que el razonamiento del gobierno es tan efectista como falso y no configura cuestión constitucional para sustentar la postura de que la resolución de la Cámara que se impugna es sentencia definitiva. Sostiene el GCBA que el lugar de residencia del amparista no es la Ciudad de Buenos Aires y que ello, por lo tanto, no permite aplicar la norma vigente en la materia habitacional: el art. 5° del Decreto n° 960/08 entre otros requisitos requiere que el peticionante se encuentre en situación de calle y que sea residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años. Como el Sr. Poblet está alojado en una pieza de casa de familia en la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires no está en situación de calle, ni vive en la Ciudad.

a) Ahora bien, Poblet no pide la aplicación del decreto 960/08 sino protección a su derecho a la vivienda, a la salud, a la dignidad y, a la vida. Su pretensión busca poner en acto la Constitución. El argumento administrativista de la Procuración se diluye frente al art. 10 de la CCBA: "[l]os derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación ni ésta puede cercenarlos". Es más, el actor aclara en su demanda que no intenta acceder a un programa habitacional determinado sino que se ordene a la autoridad administrativa que garantice su acceso a una vivienda adecuada según estándares que emanan de los derechos humanos. La verosimilitud de su derecho -tutelado provisoriamente por vía cautelar- encuentra sustento en las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Q.C., S. Y. c/GCBA" del 24/04/2012. El voto del juez Petracchi destaca la presunción de la falta de implementación de políticas públicas razonables en materia de vivienda y la prueba de que el segmento más vulnerable de la población de la Ciudad no tiene garantizadas soluciones mínimas y esenciales en materia habitacional (considerando n° 16 del voto del Dr. Petracchi). Esas apreciaciones del máximo tribunal y contemporáneas con lo que aquí se decide, confirman la verosimilitud del derecho del Sr. Poblet tutelado por vía cautelar y diluyen la equiparabilidad de la decisión criticada a la de una sentencia definitiva.

b) El gobierno silencia la circunstancia de que Poblet no vive en Glew por su voluntad, sino como consecuencia de que la falta de políticas públicas adecuadas en materia de vivienda lo obligaron a salir de la ciudad. Es un hombre de más de cincuenta años, discapacitado con deficiencias afectiva y de integración social, bajo tratamiento en el servicio de psicopatología y salud mental (ver a fs. 85/87 informe requerido por la Defensoría General que menciona que está en situación de calle).

Esta discapacidad ha de ser ponderada no solo para resolver la causa, sino también para justificar la cautelar. Poblet es un ejemplo de exclusión social, que padece concretamente la ausencia de medidas generales adecuadas en materia de vivienda, contención y desarrollo humano.

Ese padecimiento (denunciado en la demanda y que no fue desconocido) se inscribe en "lo verosímil" como situación de vida y como derecho a reclamar la cautelar que intenta.

12. Dice el quejoso a fs. 89/89vta: "los múltiples requerimientos judiciales que llegan a la ciudad como el presente importan para el GCBA una gravedad institucional". A partir de esta observación tacha la sentencia de la Cámara de arbitraria, insiste con la falta de tope de los subsidios pero no explica ni detalla cuantos son los requerimientos, ni el tiempo en que han sido deducidos, ni la incidencia que tienen en los recursos del estado local. Así planteado el tema solo podría entenderse como un indicio significativo de que la existencia de muchos reclamos similares en materia de vivienda advierten de la ineficiencia estatal en la materia y del consecuente ejercicio del derecho fundamental al acceso a la tutela judicial efectiva por aquellos que quedan colocados en el campo de la vulnerabilidad.

Invocar "gravedad institucional" en tan deficitario contexto argumentativo no configura agravio que equipare la sentencia cuestionada a definitiva ni habilite el recurso de inconstitucionalidad.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de queja por improcedente. Así voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como destaca la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. E. Ruiz, la presente queja debe ser rechazada.

2. Si bien ya he tenido oportunidad de expresar que, en mi opinión, la sentencia que decide sobre una medida cautelar en el marco de una acción de amparo regida por la ley local nº 2.145 resulta definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad por decisión expresa del legislador de la Ciudad [v. mi voto en minoría in re: "Pérez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pérez Molet, Julio César c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)'", expte. nº 5872/08, resolución del 27/08/2008], el recurso de hecho no puede tener favorable acogida en tanto la demandada no ha logrado delinear un genuino caso constitucional en los términos del artículo 27 de la ley nº 402.

3. En efecto, los genéricos argumentos esgrimidos por el GCBA con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia no se hacen cargo de mostrar fundadamente que la decisión resistida que ordenó al GCBA adoptar "los recaudos necesarios a fin de que se le asigne al amparista un lugar en el programa de emergencia habitacional previsto por la normativa en vigencia" (.) "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente o, en su caso, cesen las circunstancias fácticas que justifican acceder provisoriamente a la tutela solicitada" resulte palmariamente insostenible, en virtud de la especial situación del accionante que se tuvo en cuenta al momento de resolver.

En consecuencia, más allá del acierto o error de lo decidido, no se ha logrado demostrar que el pronunciamiento resistido constituya un desacierto de gravedad extrema a causa del cual no pueda adquirir validez jurisdiccional. Antes bien, el recurrente pretende que este Estrado sustituya a los jueces de la causa en la valoración de las distintas constancias obrantes en el expediente vinculadas al cuadro de salud del actor (en particular, a la discapacidad permanente invocada en el escrito de inicio) como a su estado de vulnerabilidad social, a partir de su discrepancia con los fundamentos que dan andamiento a la medida precautoria requerida.

Resulta oportuno recordar, entonces, que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues sólo tiende a cubrir casos de carácter excepcional. No tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideran tales, sino tiende a cubrir supuestos en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento cuestionado como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 294:376; 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 389, 608 y 323:2196, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandi al recurso de inconstitucionalidad local). Asimismo, este Tribunal ya ha sostenido en numerosas ocasiones que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que su sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria [cf. este Tribunal, in re: "Federación de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. I, ps. 282 y ss., entre otros].

4. Por su parte, si bien el GCBA alega que el apuntado decisorio conculca su derecho de propiedad, como así también el principio de división de poderes, luego no logra demostrar concretamente por qué motivo la medida provisional ordenada -en los especiales términos fijados por la Cámara CAyT- efectivamente ocasiona una lesión a tales derechos y principios.

5. Finalmente, la invocación de la doctrina del tribunal cimero sobre "gravedad institucional", consolidada a partir de la causa "Jorge Antonio" (Fallos: 248:189), sentencia del 28 de octubre de 1960, tampoco puede prosperar, toda vez que no se ha demostrado -tan siquiera desarrollado- de qué manera la decisión recaída en este caso puntual incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240).

6. Sin perjuicio de la solución a la que se arriba en esta instancia procesal y a raíz de las peculiaridades del presente caso, no resulta ocioso recordar que las consecuencias de un apartamiento de los topes y plazos previstos para los subsidios habitacionales objeto de autos han sido examinadas por este Tribunal in re: "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, resolución del 12 de mayo de 2010; consideraciones que deberán ser ponderadas al momento del dictado del pronunciamiento definitivo.

Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar la queja articulada por el GCBA.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con la Sra. jueza de trámite Dra. Alicia E. Ruiz y el Sr. juez Dr. Casás en que corresponde rechazar la queja, pues el recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA no se dirige contra una sentencia definitiva -cfr. la doctrina de mi voto in re "Pérez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pérez Molet, Julio Cesar c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)'", expte. nº 5872/08, sentencia del 27 de agosto de 2008- ni la parte recurrente muestra que, más allá de su mérito, ponga en crisis una garantía constitucional o federal sólo susceptible de tutela inmediata.

2. A criterio del GCBA, la resolución controvertida que, por mayoría, resolvió "[h]acer lugar a la medida cautelar peticionada [por el Sr. Poblet] y, en consecuencia, ordenar al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en ejercicio de sus facultades y competencias, adopte los recaudos necesarios a fin de que se le asigne al amparista un lugar en el programa de emergencia habitacional prevista por la normativa vigente. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente o, en su caso, cesen las circunstancias fácticas que justifican provisoriamente acceder a la tutela solicitada" (cf. fs. 131 vta.) menoscaba su derecho de propiedad, su garantía al debido proceso, defensa en juicio, y el principio de división de poderes al tiempo que deviene arbitraria.

3. Sin embargo, los argumentos sobre cuya base el GCBA intenta sustentar la equiparación de la resolución cautelar a definitiva no devienen suficientes para habilitar la intervención de este Estrado. Así, la parte recurrente no logra conectar las garantías genéricamente invocadas como requeridas de tutela inmediata con la resolución atacada ni muestra una lesión no conjetural que a ellas les ocasionaría la decisión impugnada. En efecto, no basta con sostener, tal como lo hace, que "las sumas que deba abonar el GCBA por (.) motivo [de la sentencia en crisis] serán de muy difícil recupero en el futuro, afectando tal circunstancia el derecho de propiedad de la CABA" (fs. 88), especialmente cuando no se lo vincula con el interés que se va a atender ni con el volumen del sacrificio eventualmente injustificado que se le impone al estado. 4. Sin perjuicio de lo expuesto, no deviene ocioso recordar que las consecuencias de un apartamiento de los topes y plazos previstos para los subsidios habitacionales objeto de autos han sido examinadas por este Tribunal in re: "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, resolución del 12 de mayo de 2010; consideraciones que deberán ser ponderadas al momento del dictado del pronunciamiento definitivo.

Por ello, voto por rechazar la queja deducida por el GCBA.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto por el GCBA en legal tiempo y forma (art. 33, LPTSJ), y plantea una crítica concreta y razonada de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, contrariamente a lo manifestado por la Cámara al rechazar el recurso de inconstitucionalidad, el GCBA demuestra la existencia de un genuino caso constitucional centrado en la violación al debido proceso y la defensa en juicio -motivado por la arbitrariedad de la sentencia de Cámara-, y un gravamen irreparable que torna equiparable a definitiva a la sentencia recurrida.

En virtud de lo expuesto, corresponde admitir la queja y proceder al tratamiento del recurso de inconstitucionalidad subyacente.

2. Este Tribunal ha señalado anteriormente que "... Es regla general que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no constituyen sentencia definitiva, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza..." (in re: "Agencia Marítima Silversea S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Agencia Marítima Silversea s/ acción declarativa -incidente s/ medida de no innovar-'", expte. nº 1516/02, resolución del 10/07/02, con cita de Fallos: 313:279, y de este Tribunal in re: "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en 'Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente de clausura- apelación'", expte. nº 1215/01, resolución del 19/12/01; entre muchos otros). Ello es así, aún en los casos en que la cautelar haya sido dispuesta durante el trámite de una acción de amparo, como sucede en esta causa [al respecto, ver la interpretación del TSJ del artículo 22 de la ley n° 2145 en "Perez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Perez Molet, Julio César c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 5872/08, sentencia del 27/08/008 y "Pouilleux, Alberto Marcelo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pouilleux, Alberto Marcelo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 6015/08, sentencia del 1/10/2008; entre muchos otros].

Por esa razón, corresponde a quien recurre una decisión como la objetada en autos, la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a una definitiva, pues de lo contrario no es viable la intervención del Tribunal en este estado del proceso.

3. En este supuesto, la resolución de Cámara que decretó la medida cautelar presenta una falencia insalvable, toda vez que no ha tomado en cuenta la doctrina establecida por este Tribunal en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", en cuanto ésta señala las pautas a seguir para determinar en qué casos el subsidio reclamado debe ser atendido por el GCBA y que resultan igualmente aplicables para fundamentar el otorgamiento de la medida cautelar en este tipo de juicios.

Ello implica una grave omisión que genera un gravamen de dificultosa reparación ulterior en los derechos de la demandada, en tanto se ha establecido la medida cautelar sin referenciarla a los parámetros de valoración que fija la constitución de la CABA y la normativa vigente, conforme lo interpretara este Tribunal en la causa mencionada anteriormente. El desapego de la Cámara a los mencionados instrumentos, necesarios para resolver la medida cautelar, genera incertidumbre jurídica y resulta suficiente causa de agravio para quien se encuentra compelido al cumplimiento de la obligación que establece la medida cautelar.

Por este motivo, a los efectos del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, la sentencia de Cámara resulta equiparable a definitiva.

4. Por otra parte, el recurrente logra delinear un caso constitucional centrado en la arbitrariedad de la sentencia recurrida.

La circunstancia que la ley 402 no contemple a la arbitrariedad de sentencia como fundamento autónomo expreso para la articulación de un recurso de inconstitucionalidad no constituye, en principio, óbice para la procedencia de éste; pues la existencia de una sentencia válida es requisito inexcusable para la adecuada vigencia de la garantía del debido proceso, cuya afectación efectiva y trascendente habilita la evaluación del caso en instancia de control constitucional.

La de la arbitrariedad es una vía idónea para que este tribunal pueda ejercer el control de constitucionalidad en aquellos casos en los que se verifica un conflicto entre la propia sentencia sometida a su revisión y las normas, derechos, garantías y principios que integran el bloque de constitucionalidad que rige nuestra vida social.

En el caso de autos, la decisión de la Cámara, basada únicamente en la denunciada situación de calle del accionante, no resulta suficiente para determinar su inclusión dentro del sistema de prioridades legales y constitucionales susceptibles de tornarla operativa. En efecto, la falta de elementos configurativos, en su caso, de la situación fáctica económica en que se encuentra quien reclama, impide arribar a una solución fundada que demuestre una aplicación razonada del derecho vigente -particularmente, lo referido al alcance y exigibilidad del derecho a la vivienda- con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

5. Como fue dicho, con fecha 12/05/10 este Tribunal ha dictado sentencia en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, en la cual, por mayoría, ha fijado doctrina en materia de subsidios habitacionales. Las cuestiones allí tratadas no han sido debidamente consideradas en la medida cautelar impugnada en autos, por lo tanto las pautas establecidas en dicho precedente deberán ser tenidas en cuenta, en lo que sea pertinente, al dictarse el nuevo pronunciamiento que aquí se dispone.

En este sentido, resultan acertadas las medidas que propicia el juez de cámara que vota en minoría, toda vez que ellas se encaminan a determinar con certeza la situación económica y familiar del actor, su lugar de residencia, el tenor de la incapacidad que sufre y demás circunstancias de hecho y prueba que permitan establecer si se encuentra entre los grupos que el ordenamiento legal prioriza atender con los subsidios habitacionales, de acuerdo con la interpretación del art. 31 CCBA efectuada en la causa de referencia.

6. Por último, de acuerdo con lo resuelto en casos análogos con relación a la temporalidad de las medidas cautelares, considero pertinente establecer un plazo de seis meses de vigencia de la medida precautoria controvertida, lapso máximo en el cual deberá ser resuelta de acuerdo a lo indicado en el considerando 5 de este voto.

En virtud de lo expuesto, voto por a) hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad deducidos por el GCBA, e imponer las costas por su orden (art. 14 CCABA), b) revocar la sentencia impugnada, c) devolver el expediente a la Cámara para que se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas establecidas en la causa mencionada en el punto 5, y d) mantener la vigencia de la medida precautoria impugnada por el plazo de seis meses o -de ser menor el plazo transcurrido- hasta que la Cámara resuelva la cuestión cautelar o de fondo.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelvan las actuaciones principales con la queja.