Acción penal, delito de acción privada, extinción de la acción, desistimiento, desistimiento tácito, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: " Robledo, Guillermo y otro s/ calumnias ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-08

La cuestión relativa al carácter sustantivo de la norma ha quedado zanjada desde hace tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues, si bien impulsada desde otros ordenamientos rituales como aquellos concebidos para las provincias de Entre Ríos, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Chaco (conf. Fallos 178:31; 219:400; 267:468; 276:376 y 308:2140, respectivamente), sus conclusiones inciden directamente en la materia que aquí se plantea.

Comparto la posición que considera que al sancionar esa norma -si bien de claro carácter sustantivo- el Congreso Nacional ha actuado como legislatura equivalente a la provincial que no puede pretender validez nacional, por lo que admitir su aplicación generaría intolerables desigualdades".

"Al respecto, se ha dicho que "pese a que las modalidades de detalle las instituciones de derecho común pueden no ser iguales en todo el país, sí debe serlo su régimen general, razón por la cual no es posible que el ejercicio de las acciones penales tenga consecuencias disímiles en las distintas localidades en que el país se divide políticamente, según el caso sea de competencia ordinaria o federal; se llega a la conclusión de que los arts. 422, inc. 1° y 423 del C.P.P.N. son inconstitucionales" (C.N.C.P., Sala I, causa nro. 1435, reg.

nro. 1831.1, rta. 15/10/97. En igual sentido, ver de la misma Sala, causa nro. 4397, reg. nro. 5567.1, rta. 13/12/02)".

"En esa misma tesitura, con claridad se ha reconocido que esa discriminación a la que se ha hecho referencia se torna sumamente notoria cuando en una misma provincia los delitos de naturaleza federal sean destinatarios de un tratamiento especial. En esos casos se concedería una ampliación de las causales de extinción de la acción, taxativamente enumeradas en nuestro Código Penal, que no habrá de alcanzar a aquellos sujetos imputados por delitos -incluso los mismos que hoy son sustento de este proceso- que no gocen de esa cualidad excepcional".

"En efecto, esto conduciría a que "en el mismo territorio nacional coexistieran distintas formas de extinción de la acción, y por ende a una reforma parcial de la ley sustantiva, hecho por vía de la reforma procesal, lo que llevaría, sin lugar a dudas, a una desigualdad legal que ataca principios básicos de la Constitución Nacional (arts. 16 y 18 C.N.)es decir, la norma debe ser imperativa y tener el fin de legislar sobre el fondo y para todos los habitantes, como parte integrante del Código Penal. Cuando el Congreso dicta la ley procesal para la Nación y el fuero federal, actúa como legislatura equivalente a la provincial, que no puede pretender validez nacional. De lo contrario, la República Argentina tendría dos códigos penales regulando este punto. Situación ésta que repugna, tanto desde lo legal como desde lo lógico" (C.C.C., Sala I, causa nro.

19.660, "Pizarro, Jorge", rta. 14/02/03, ver asimismo, C.C.C., Sala IV, causa nro. 23.595, rta. 24/06/04)".

Por eso es que sólo puede conservarse inalterable el régimen general que el Código Penal ha estipulado al tratar las causales de extinción de la acción (art. 59 y ss. C.P.), y, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de la disposición se torna ineludible a fin de reforzar en el caso, el único y exclusivo imperio de aquellas regulaciones de alcance en todo el territorio nacional. Así lo voto" (Del voto del Dr.

Ballestero).

La cuestión que centra esta controversia ya ha sido resuelta por los suscriptos en ocasión de intervenir en la causa nro. 40.133, caratulada "Vázquez, Adolfo R. s/extinción de la acción penal" (Reg. nro. 1055, resuelta el 13 de septiembre de 2007)" (Del voto de los Dres. Freiler y Farah).

"En este sentido, corresponde mantener nuestra postura relativa a la regularidad constitucional de la norma contenida en el inciso 1ro. del artículo 422 del Código Procesal Penal de la Nación, pues como sostuviéramos en la oportunidad citada, consideramos que atendiendo la materia que regula y el carácter nacional del órgano que la sancionó, más allá del libro de leyes en el que se encuentra codificada, debía concluirse en su carácter sustantivo y en tanto reglamentaria del inciso 4to. del artículo 59 del Código Penal, extensiva a todo el territorio nacional" (Del voto de los Dres. Freiler y Farah)."En efecto, pues concluimos que el Máximo Tribunal al declarar la inconstitucionalidad de las normas procesales de los códigos de procedimiento penal de las provincias de Entre Ríos (Fallos 178:31), Córdoba (Fallos 219:400), La Rioja (Fallos 267:468), Tucumán (Fallos 276:376), y Chaco (Fallos 308:3140), antes de considerar que las normas procesales del tipo de la enmarcada en el inciso 1ro. del artículo 422 del C.P.P.N. reglamentaban el inciso 4to. del artículo 59 del C.P., entendió que se trata de supuestos en que las legislaturas provinciales se arrogaron facultades conferidas exclusivamente al Congreso Nacional según lo previsto por el artículo 75 inciso 12 de la C.N" (Del voto de los Dres. Freiler y Farah).

Toda vez que el Congreso Nacional es el órgano legislativo al que la Constitución le otorga las más amplias facultades legislativas -en tanto dicta leyes federales, leyes de fondo y leyes locales-, no se vislumbran motivos razonables para suponer que el artículo 422 inciso 1ro. del C.P.P.N. ha sido dictado por el Congreso Nacional en su calidad de legislatura local de la Capital Federal (artículo 75 inciso 30 de la C.N.)".

"Consecuentemente, antes de supeditar al arbitrio del intérprete el carácter de las normas sancionadas por el parlamento nacional y en pos de una interpretación y aplicación in bonam partem de la ley penal, habrá que concluir que la norma cuestionada amplía la normativa que regula -desde el Código Penal- la extinción de la acción penal privada por renuncia del agraviado".

"Es que el único supuesto en que podría plantearse una invasión legislativa por parte de la legislatura nacional, es justamente, el inverso al tratado por la Corte Suprema en los precedentes indicados. Se daría en el caso en que, con pretensiones de vigencia en toda la República, el Congreso Nacional legislara una regla claramente procesal. Aún en tales supuestos, el caso no se resolvería "por la invalidación total de la regla, sino, antes bien, por la reducción de su vigencia al ámbito territorial o de asuntos penales para el cual el Congreso nacional conserva competencia." (Julio B. Maier, "La renuncia de la acción penal privada y el abandono de la querella", Nueva Doctrina Penal, año 1997 "B", Pág. 753/4, nota nro. 16)" (Del voto de los Dres.

Freiler y Farah)."La postura argumentada, por lo demás, se encuentra acorde a la reiterada advertencia efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la gravedad institucional que acarrea la declaración de inconstitucionalidad que se justifica sólo como última ratio del orden jurídico (Fallos 311:1399; 311:394; 312:72; 312:122; 314:407, entre otros), y resulta compatible con el deber del Estado de no dilatar injustificadamente el sometimiento a proceso de las personas (art. 7, punto 5 de la C.A.D.H.), circunstancia, entonces, que también avala la regularidad constitucional de la disposición" (Del voto de los Dres. Freiler y Farah).