Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 12 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez dijo:

I.- Los hechos del caso.

1) Los accionantes Carlos Eduardo Soete y Manuel Raúl Brito promovieron demanda contra Nora Silvina Roger a fin de que se condene a esta última a recibir la suma consignada de pesos ocho mil cuarenta y uno con 42/100 ($ 8.041,42) en concepto de capital actualizado e intereses y, además, al pago de las costas del juicio.

Manifestaron que en fecha 19 de enero de 2002 celebraron con la demandada un convenio con garantía hipotecaria, constituyéndose una hipoteca en primer grado a favor de aquella sobre inmuebles de propiedad de Playful S.A., cuyo antecedente era el contrato de compra de las acciones societarias de la citada empresa, el cual databa del 29 de septiembre de 1997.

Indicaron que el precio por la compraventa de acciones se estableció en la suma de u$s 468.660, pagaderos en 60 cuotas mensuales y consecutivas de u$s 7.900,54 cada una, con el interés incluido en cada cuota y calculado en base a una tasa mensual del 0,5%, sosteniendo que a la fecha de la celebración del convenio con garantía hipotecaria, -19 de enero de 2002- restaban abonarse treinta y tres cuotas, por un total de u$s 260.717,82.

Afirmaron que los pagos de las cuotas se efectuaron y percibieron normalmente hasta la cuota Nº 32, pago que la acreedora se negó a percibir.

Refirieron que faltando nueve cuotas para la cancelación total de la deuda, las sumas debidas se pesificaron como consecuencia del dictado de las leyes de emergencia económica, siendo, por ende, canceladas a partir de la cuota Nº 25, mediante el pago de $ 7.900,54 con más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), fijado por dicha normativa.

Destacaron que en fecha 21 de agosto de 2002, cuando sólo restaba abonar dos cuotas, la acreedora les hizo saber que no continuaría percibiendo los importes adeudados en la forma en la que invariablemente venía efectuándose hasta dicho momento.

Señalaron que frente a esta injustificada aptitud de su acreedora, le remitieron la carta documento Nº 464080974, en la cual practicaron liquidación de la cuota Nº 32, con más el CER e intereses de dicha cuota y de las cuotas Nº 30 y 31, colocándose la suma resultante a su disposición, descontando de ella, importes correspondientes a deudas que la sociedad Playful S.A. tenía con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las que, sostuvieron, se encontraban a cargo de la demandada, como consecuencia de obligaciones emergentes del contrato de cesión de acciones.

Adujeron que pusieron a disposición de la demandada la suma de $ 8.041,42 negándose ésta a percibirla, razón por la cual se promovieron las presentes actuaciones.

En el mismo escrito, la sociedad Playful S.A. se presentó en los términos del CPCC: 94, adhiriendo a lo sostenido en la demanda deducida por los accionantes.

(2) Efectuado el pertinente traslado del escrito de inicio, Nora Silvina Roger, contestó la demanda incoada mediante las presentaciones obrantes a fs. 214/27 y a fs. 232/3 requiriendo el rechazo de la acción intentada, con expresa imposición de costas.

En primer término, opuso al progreso de la presente acción, excepción de incompetencia, para ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento.

Efectuó una pormenorizada negativa de los extremos señalados por los accionantes, sin perjuicio de lo cual, reconoció la celebración del convenio de mutuo con garantía hipotecaria, así como la compraventa de acciones de Playful S.A.

Relató que hasta fines del año 2001, las cuotas debidas por los actores fueron abonadas normalmente, indicando que a partir de enero de 2002, los deudores dejaron de cumplir con el monto y la moneda de cuenta pactada, violando, por ende, sus obligaciones.

Aseveró que, contrariamente a lo afirmado por sus contrarios en relación a que había aceptado el pago de las cuotas sin reserva, en los recibos otorgados por las sumas entregadas a partir de la fecha señalada, siempre se expresó que dichos importes se recibían en concepto de "pago parcial" o de "pago a cuenta", indicando que los mismos no incluyeron el CER.

Afirmó que la consignación intentada no cumplía con el principio de identidad, ya que se pretendía cancelar la obligación mediante la entrega de una moneda diferente a la establecida en el mutuo, así como tampoco, con el principio de integridad, toda vez que el pago intentado resultaba parcial.

Destacó, asimismo, la morosidad de los accionantes, toda vez que no actualizaron los importes correspondientes a la cuota Nº 32, ni tampoco depositaron el monto perteneciente a la cuota Nº 33 que se encontraba también vencida al momento de iniciar las presentes actuaciones.

Detalló el intercambio epistolar habido entre las partes, del cual surgía claramente que no había consentido el pago de las sumas pesificadas.

Indicó que no correspondía retención alguna respecto de supuestas deudas de la sociedad Playful S.A. con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los importes de las cuotas, señalando que no se encontraba acreditada siquiera mínimamente la existencia de dichas deudas.

Por otro lado, planteó la inconstitucionalidad de las Leyes 25.561, 25.563 y 25.642, los Decretos 71/02, 214/02, 320/02, 410/02, 704/02, 762/02, 992/02, 1242/02 y 1267/02, así como las Resoluciones del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina, dictadas en su consecuencia.

Enfatizó el carácter "esencial" del cumplimiento de la prestación en la moneda pactada -dólares estadounidenses-, indicando que los accionantes al momento de firmar el convenio de marras manifestaron que habían previsto las bruscas variaciones que se pudiesen producir en el mercado cambiario, renunciando además a la teoría de la imprevisión.

Afirmó que la pretensión de abonar obligaciones "pesificadas" en virtud de la normativa en cuestión, resultaba confiscatoria de su patrimonio y violatoria de lo expresamente acordado por las partes en los convenios suscriptos, razón por la cual, solicitó se declare la inconstitucionalidad de las normas referidas.

Asimismo, destacó que las normas de emergencia sólo admitían una pesificación provisoria, computándose los pagos realizados de esa forma "a cuenta", debiendo las partes consensuar sus posiciones en los seis meses siguientes, reestructurando sus obligaciones a la nueva realidad económica financiera.

3) A fs. 239/40, los accionantes ampliaron el importe consignado, depositando la suma de $ 11.721,96, imputando la misma a la última cuota del convenio en cuestión, con más su actualización de CER e intereses.

Mediante el escrito obrante a fs. 246/8 la accionada contestó la ampliación de la demanda, solicitando su rechazo por improcedente y extemporánea, remitiéndose a los fundamentos expuestos en su contestación de demanda.

Agregó que el presente caso, no encuadraba en ninguno de los supuestos de ampliación de demanda previstos por el Código Procesal, ya que el artículo 331 del referido cuerpo normativo requería expresamente que la modificación se hubiese efectivizado antes de que la demanda sea notificada a la contraria, lo cual en la especie no había acontecido.

II.- La sentencia recurrida El fallo de primera instancia, dictado a fs. 535/42, rechazó la consignación intentada por los accionantes, imponiendo las costas a su cargo.

Para así decidir, el a quo juzgó que no se encontraba acreditado que los demandantes hubiesen efectuado un ofrecimiento serio y completo de las sumas debidas.

Entendió que no se consignaron los intereses correspondientes a las cuotas del convenio de marras y, además, que el monto de la última de aquellas, fue depositado a más de un año de encontrarse en mora, señalando, por otro lado, que no se había probado la procedencia de las obligaciones que supuestamente estarían a cargo de la demandada, cuyo importe había sido descontado de la suma depositada en consignación.

Por otra parte, sostuvo que la normativa de emergencia no resultaba aplicable al presente caso, toda vez que las partes habían pactado libremente que las obligaciones emergentes del contrato en cuestión sólo podían ser saldadas en la moneda en que éstas fueron contraídas -dólares estadounidenses-, agregando a ello, que la pericial en arquitectura había demostrado que no resultaba necesario compartir de modo equitativo los efectos de la derogación del régimen de convertibilidad, toda vez que, las propiedades entregadas en garantía tenían a la fecha de la pericia casi idéntico valor en dólares que al momento de la venta de las acciones.

III.- Los agravios.

Contra el pronunciamiento de primera instancia se alzaron los accionantes Manuel Brito y Carlos Eduardo Soete a fs. 551 y la tercera citada Playful S.A. a fs. 553, quienes fundaron los recursos deducidos mediante el memorial que luce agregado a fs. 571/3. El cual no fue contestado por su contraria.

Se agraviaron en punto a la fundamentación utilizada por el a quo para postular el rechazo de la consignación intentada, sosteniendo que hizo caso omiso de leyes de orden público, utilizando una cláusula del contrato que había quedado fuera de contexto.

Indicó que el sentenciante, a fin de evaluar el perjuicio derivado de la derogación del régimen de convertibilidad no debió únicamente considerar el valor de los inmuebles, sin incorporar a dicha consideración el pasivo societario de Playful S.A., toda vez que el negocio en cuestión no se trató de una compraventa de inmuebles, sino de una transferencia de acciones.

Con relación a la consignación de la última cuota del convenio, que el juez de grado juzgó tardía, sostuvo que debido al planteo de incompetencia suscitado en estas actuaciones, el cual recién fue resuelto el 11 de abril de 2005, se generó incertidumbre respecto a donde debía efectuarse el pertinente depósito, razón por la cual, la consignación se efectuó en fecha 16 de diciembre de 2003.

Manifestó que la injustificada negativa faltando sólo dos cuotas para la cancelación del contrato, condicionando la recepción a una determinada especie para el pago, hizo que la consignación fuese procedente, tornando aplicable la normativa de emergencia que el fallo atacado no contempló.

IV.- La solución propuesta.

(1) Thema decidendi.

Delineado del modo expuesto el cuadro de situación de la controversia a la luz de los agravios vertidos por los apelantes en esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada queda centrado, en definitiva, en determinar si fue acertada o no, la decisión del Sr. Juez de grado de rechazar la consignación intentada.

(2) El instituto de la consignación.

En primer término, es menester recordar que existe pago por consignación cuando el deudor, o quien está legitimado para sustituirlo, satisface una obligación dineraria con intervención judicial y ésta, es la característica fundamental de esta forma de pago (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Tº II, pág. 874). Es presupuesto de tal procedimiento que el acreedor no quiera recibir el pago, tal vez por considerar que no es completo o apropiado en cuanto al objeto, modo y tiempo de satisfacerlo; o bien, -aunque no es éste el caso- porque él no pueda recibirlo. En cualquiera de esos supuestos, el deudor o quien tenga derecho de pagar, no puede quedar bloqueado en el ejercicio de ese derecho. De ahí que la ley, haya establecido este mecanismo, al cual puede recurrir el deudor para lograr su liberación judicial (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado..." obra citada supra, pág. 874).

Sentado ello, señálase que para que proceda la consignación deben concurrir determinados requisitos, cuya ausencia determinan el rechazo de la acción. A este respecto dispone el artículo 758 del Código Civil que "la consignación no tendrá la fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento de pago".

Ahora bien, el primero de los requisitos es el relativo a las personas y se relaciona con los sujetos legitimados para asumir la calidad de demandante o demandado, es decir, que las partes deben revestir la calidad de deudor y acreedor respectivamente.

De otro lado, el modo, es la manera de cumplir, ajustada a la exigencia de conducta que la obligación imponía al deudor. Asimismo, el requisito relativo al tiempo importa que el pago debe ser cumplido en tiempo apropiado, es decir, que la consignación no puede ser prematura ni tardía.

En cuanto al objeto, deben concurrir para considerar cumplido este requisito los principios de identidad e integridad del pago. Es decir, que el demandado no puede ser obligado a recibir el pago de algo distinto a lo debido, ni de algo incompleto.

(3) La consignación intentada por los accionantes.

(i) Sentado lo anterior, cuadra señalar que los actores mediante la promoción de estas actuaciones pretendieron consignar las sumas correspondientes a las dos últimas cuotas del convenio que vinculara a las partes, esto es, las cuotas Nº 32 y 33.

Los importes imputados por los actores a las referidas cuotas en cuestión, fueron depositados en las presentes actuaciones en fecha 1 de octubre de 2002, respecto de la cuota Nº 32 (véase fs. 48/52) y el día 16 de diciembre de 2003, con relación a la cuota Nº 33 (véase fs. 237/40).

Ahora bien, el pago de las cuotas de marras tenía como fecha de vencimiento los días 30 de agosto de 2002 y 30 de septiembre de 2002 respectivamente (véase anexo 1 del convenio de cesión de acciones, obrante a fs. 140).

Es decir, que a la fecha del primero de los depósitos ya se encontraba vencido el plazo para abonar el importe correspondiente a ambas cuotas.

(ii) Sentado ello, es del caso dejar aclarado que conforme fuera supra expuesto, la consignación para ser válida debe ser efectuada en tiempo oportuno, sin perjuicio de ello, no siempre puede ser catalogada como tardía la consignación intentada aún después de encontrarse en mora el deudor.

Ello así, toda vez que el hecho de la mora no hace caducar el "jus solvendi" del deudor, por tanto, si éste tiene derecho a pagar, se sigue que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. En suma, la mora del deudor no es un hecho que obste a la admisión del pago por consignación en sí (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado..." obra citada supra, pág. 892/3). En todo caso modificará el importe que deba efectuarse de esa consignación.

En esa línea de ideas, ha sido sostenido que no puede reputarse tardía la consignación por el solo hecho de encontrarse el depositante en mora, en la medida que se complete el deposito con las sumas correspondientes, tendientes a satisfacer las accesorias derivadas de tal estado. Ello es así pues el hecho de la mora no hace caducar el jus solvendi del deudor, por tanto, si este tiene derecho de pagar se sigue de ahí que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si este no tiene motivo legítimo para rechazar el pago, la consignación tendrá que ser aceptada, obviamente subordinado ello a que el consignante satisfaga con su depósito todos los efectos derivados de la mora (conf. esta CNCom. Sala B, 18.11.1987, in re: "Martín Santiago C/ Omega Cooperativa de Seguros Limitada").

Sentado ello, señálase que sin perjuicio de la falta de adicción de los respectivos intereses a la suma consignada, cuestión que será abordada infra, lo cierto es que únicamente no puede considerarse tardía la consignación de la cuota Nº 32, que fue depositada un mes después del vencimiento del plazo para su pago, pero puede adoptarse igual aptitud en torno al depósito de la cuota Nº 33, la cual fue consignada más de un año después del vencimiento de aquella.

Lo anterior por cuanto, al momento de efectuar el segundo de los depósitos, pretendiendo de esa forma ampliar la consignación, la litis ya se encontraba trabada, habiendo, por ende, operado la preclusión de la instancia procesal para tornar efectiva la ampliación de la demanda, toda vez que, si bien el artículo 331 del Código Procesal, permite ampliar la cuantía de lo reclamado - o en el caso, de lo consignado- si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas de la misma obligación, lo cierto es que no aconteció ningún nuevo vencimiento una vez iniciadas las actuaciones, ya que el plazo fijado para el pago de la cuota Nº 33 se encontraba consumido aún antes de promover la demanda.

No obsta a ello, los argumentos esgrimidos por los apelantes en su memorial, en punto a que se había generado la incertidumbre respecto de donde debía efectuarse la consignación, en razón del conflicto de competencia suscitado, ello así, toda vez que, conforme fuera supra expuesto, al momento de promover demanda -cuando no existía aún conflicto de competencia alguno- debió haber depositado los importes de ambas cuotas.

Agréguese a lo anterior, que en julio de 2003, cuando ya se había decidido que las actuaciones tramitarían ante este fuero, los accionantes en lugar de consignar la suma en cuestión, corrieron el traslado de la demanda a su contraria y recién efectuaron el depósito de la cuota de marras, después de que la demandada ya había esgrimido en su defensa la falta de consignación de la cuota Nº 33 ya vencida (véase contestación de demanda, fs. 218 y boleta de depósito de fs. 237).

(iii) Si bien lo hasta aquí expuesto, resulta suficiente para decidir la suerte adversa de la consignación intentada, lo cierto es que, aún soslayando que el depósito de las sumas no fue efectuado en tiempo oportuno, tampoco se encuentra cumplido otro requisito fundamental para la procedencia de esta acción, esto es, el objeto.

Conforme fuera expuesto en los considerandos precedentes, en el pago por consignación, para que el requisito del objeto se encuentre cumplido deben concurrir a su respecto, los principios de identidad e integridad.

Ahora bien, el principio de identidad referido no se advierte vulnerado en la especie, pues más allá de la discusión acerca del tipo de moneda con que corresponde cancelar la obligación, se trata en la especie de una obligación de dar sumas de dinero.

En efecto, si bien por el art. 3º de la ley 25.561 han sido derogados, los arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 12º y 13º de la llamada ley de convertibilidad -Ley 23.928-, el art. 5º de la ley 25.561 ha mantenido las modificaciones introducidas en el artículo 617 del Código Civil por el artículo 11 de la ley de convertibilidad, con lo cual, las obligaciones constituidas en moneda extranjera continúan siendo consideradas deudas de dinero como lo fueron durante todo el período de la llamada "convertibilidad". Sigue establecido y no ha cambiado, que la obligación por la que se ha constituido una obligación de dar moneda que no sea de curso legal en la República, debe considerarse como de dar sumas de dinero.

En esta línea, no cabe predicar, respecto de las obligaciones en moneda extranjera, que son obligaciones de dar cantidades de cosas, en cuanto objetos corporales susceptibles de tener un valor como lo disponía el código de Vélez Sarsfield (art. 617 -versión original- y 2311 CCiv.), con su consecuencia de admitir, en su caso, un daño resarcible consistente en el "valor" de la moneda extranjera en moneda nacional, como deuda de valor que debe ser actualizada en función del poder adquisitivo de la moneda nacional con que se la manda pagar, si no se cumple en especie.

Así, en su caso, el crédito resulta cancelable en ambas monedas (dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al momento del efectivo pago), sin perjuicio de la aplicación de las paridades o de las fórmulas monetarias, que correspondiesen.

No obstante lo anterior, lo cierto es que el principio de integridad no se encuentra cumplido.

En efecto, dicho principio supone que el pago debe ser completo, es decir, abarcar toda la cuantía del objeto debido. Ni el deudor puede desobligarse por partes, ni el acreedor puede preferir unilateralmente la recepción de una parte de la deuda, postergando el cobro del resto para un momento ulterior.

Esa exigencia de integridad en el pago está contemplada en el artículo 742 CCiv. al establecer que "cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación". Por tanto, aunque la prestación debida sea fraccionable por su naturaleza, el pago ha de ser íntegro. Es que, aún en esa hipótesis "el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor a hacerlos" (art. 673 CCiv., última parte).

Como consecuencia del principio de integridad, determina el artículo 744 del citado cuerpo normativo que: "si se debiese suma de dinero con intereses, el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos los intereses con el capital", ello así, toda vez que los intereses son accesorios del capital y en ese carácter constituyen una parte de la deuda (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Codigo Civil Anotado. Doctrina y jurisprudencia" Tº II-A, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1979, pág. 631).

Asimismo, mediando consignación en pago -tal como ocurre en la especie-, los intereses corren, hasta la notificación del depósito de los fondos al acreedor.

Sentado ello, señálase que más allá de la controversia respecto de si resulta aplicable al contrato en cuestión la pesificación con más el CER, tal como sostienen los accionantes o la cancelación al valor dólar tal como postula la demandada, lo cierto es que en el presente caso, bajo ninguna de las hipótesis citadas, puede reputarse integra la consignación efectuada.

Lo anterior por cuanto, aún de tomarse la hipótesis más favorable al deudor, esto es la pesificación a la paridad 1 u$s = 1 $ más CER, los pagos pretendidos resultan insuficientes, véase que respecto de la cuota Nº 32, los accionantes no consignaron siquiera el total del capital adeudado, aduciendo que habían descontado del monto consignado ciertas deudas de la sociedad Playful S.A. que los actores sostenían se encontraban a cargo de la defendida, deudas que no fueron acreditadas en forma alguna.

Asimismo, en punto a la cuota Nº 33, más allá de lo expuesto supra en torno a lo tardío del depósito, dicha consignación intentada no incluyó los intereses convenidos para el caso de mora, razón por la cual, conforme fuera señalado tampoco puede reputarse integró este depósito.

En efecto, nótese que los accionantes al efectuar la liquidación de esta última cuota manifestaron que adicionaron a ésta un 2% de interés (véase fs. 239 vta.), siendo que dicho porcentaje no se condecía con los intereses debidos por los actores.

En ese sentido, véase que tanto la cesión de acciones, como el convenio con garantía hipotecaria suscriptos por las partes, estipularon sobre el capital un interés compensatorio del 0,5% mensual (véase fs. 134), asimismo, para el caso de mora se fijó un interés punitorio del 0.07% por día calendario (véase fs. 135 cláusula sexta y fs. 103, cláusula décima punto "III").

Ahora bien, toda vez que el depósito de la suma en cuestión fue realizado en fecha 16 de diciembre de 2003, es decir 14 meses después de vencido el plazo para la cancelación de la obligación, para poder considerar integró el pago, debió adicionar al capital depositado el 7% de interés compensatorio y el 30,94% de interés punitorio, lo cual, como puede verse, no hizo.

De todo lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que resultó acertado el rechazo efectuado por el Sr. Juez de grado respecto de la consignación intentada, razón por la cual corresponderá, aunque con diferentes fundamentos, confirmar el pronunciamiento apelado.

4) Aclaración final.

Toda vez que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los planteos y argumentos de las partes, pues basta con que lo hagan respecto de aquellos que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa; ello me exime de considerar los restantes argumentos inidóneos para incidir en la decisión final del pleito (conf. CSJN, 13.11.1986, in re: "Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ ordinario"; ídem, 12.02.1987, in re: "Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas"; bis idem, 06.10.1987, in re: "Pons, María y otro"; ter idem, 15.09.1989, in re: "Stancato, Carmelo", entre muchos otros).

En efecto, resulta abstracto pronunciarme respecto de la viabilidad de los restantes agravios deducidos, toda vez que su eventual procedencia no modifica en forma alguna la suerte de la consignación intentada.

V.- Conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:

(a) Rechazar los recursos de apelación interpuesto por los accionantes Carlos Eduardo Soete y Manuel Raul Brito y por el tercero citado Playful S.A.;

(b) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide.

(c) Imponer las costas de Alzada a los apelantes en atención a su condición de vencidos en esta instancia (art. 68 CPCCN).

Así expido mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal adhiere al voto precedente.

Y Vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

(a) Rechazar los recursos de apelación interpuesto por los accionantes Carlos Eduardo Soete y Manuel Raul Brito y por el tercero citado Playful S.A.;

(b) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide.

(c) Imponer las costas de Alzada a los apelantes en atención a su condición de vencidos en esta instancia (art. 68 CPCCN).

(d) Conforme el monto comprometido en la presente litis, que incluye intereses, atento las etapas efectivamente cumplidas y merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, estando apelados sólo por bajos, se confirman en un mil doscientos pesos los honorarios regulados a fs. 542 a favor de la perito arquitecta M. B. S..

El Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo por haberse excusado (art. 109 RJN). -Isabel Míguez. -María Elsa Uzal. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.