Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 30 de 2009.

La doctora González dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por los codemandados Claudio Tkach y Juan Carlos Rotarov, a tenor del memorial anejado a fs. 349/350.

A fs. 310 deduce recurso de apelación el experto contable, por reputar reducidos los emolumentos que le fueran fijados por su intervención profesional. Asimismo cuestionan las co-accionadas a fs. 350 vta. los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador, por considerarlos elevados.

En torno a la cuestión de fondo dilucidada en las actuaciones cabe poner de resalto que la judicante de anterior grado con fundamento en la disposición normativa regulada por el art. 29 de la L.C.T. dispuso la condena de ambas codemandadas, por considerar que el actor había prestado servicios para los referidos coaccionados, quienes organizaban, dirigían y se beneficiaban con su actividad.

En efecto, con posterioridad al análisis de las pruebas colectadas en la causa, arribó a la conclusión que pese a que el actor fue contratado por Jet Group 2000 S.R.L. dicha empresa actuó como intermediaria, y concluyó que el accionante debe ser reputado empleado directo de quienes utilizaron su prestación, estos es los codemandados Tkach y Rotarov. Asimismo analizó la causa desde la perspectiva jurídica que impone el art. 30 de la L.C.T. y arribó a la conclusión que los recurrentes resultarían en todo supuesto también responsables, en dicho marco normativo, pues su actividad no se limitaba exclusivamente a la elaboración de empanadas, sino que brindaban también un servicio de delivery a sus clientes, es decir venta y entrega del alimento en el domicilio, faceta que calificó como parte esencial de su actividad.

Contra tal decisión se alzan los co-accionados, cuestionando que se analizara la presente causa desde la perspectiva que brinda el art. 29 de la L.C.T. por reputar que Jet Group 2000 S.R.L. era el efectivo empleador, y quien debe responder por la condena recaída en la causa.

Los aspectos fácticos cuestionados por el quejoso se centran en la aplicación a la causa de las previsiones contenidas en el art. 29 de la L.C.T. pero nada se objeta respecto de los fundamentos de la judicante para concluir como lo hiciera en el decisorio, en orden a que también puede encuadrarse la controversia en las disposiciones contenidas en el art. 30 de la citada disposición legal, aspecto que llega firme a ésta instancia.

No obstante en el marco en que fueron deducidos los agravios, cabe poner de resalto que el actor denuncia haber sido contratado por Diego Daniel Tamaro, para laborar a los órdenes de Juan Carlos Rotarov y Claudio Enrique Tkach (ver fs. 7).

En el conteste las accionadas sostuvieron haber contratado el servicio de delivery para el local de venta de empanadas que explotaban con la codemandada Jet Group 2000 S.R.L. a quién sindican como la efectiva empleadora del demandante.

Critica la recurrente la decisión de anterior grado, por considerar que las probanzas aportadas, en especial la prueba testimonial producida no han sido adecuadamente ponderadas por la judicante de grado. Cuestiona en consecuencia que no se conceda eficacia probatoria a la prueba aportada por su parte y con tal fundamento impetra la modificación del decisorio, pretendiendo que se rechace la solidaridad pretendida por el accionante.

Afirma que surge de las constancias probatorias aportadas a las actuaciones, en especial del testimonio de Molina que el actor fue contratado por la codemandada Jet Group S.R.L.para quien prestó servicios a la sazón.

Sostiene en apoyo de su tesitura que la actividad de la codemandada reputada empleadora, no es la de intermediación en la provisión de personal, sino en la prestación de servicios de delivery que brindaba a distintas empresas.

Critica en consecuencia que se repute a su parte responsable por el depósito de los aportes y la falta de registración laboral, y que se le imponga la obligación referida a la entrega del certificado de trabajo.

Reputa asimismo injustificado que se confiera eficacia probatoria a los testimonios de Serrano y Chumba, pese a las contradicciones en que incurren, para concluir del modo expuesto en el decisorio de anterior grado.

Cabe poner de resalto que con posterioridad a un detenido análisis de los planteos formulados por los recurrentes, en el marco de las medidas probatorias aportadas, evaluadas de conformidad con los principios de la sana crítica, cabe concluir que no corresponde modificar el decisorio de anterior grado.

En efecto, tal como alegara el accionante en el escrito inicial, el mismo si bien fue contratado para prestar servicios para Jet Group S.R.L. lo cierto es que la tarea fue cumplida en beneficio de los co-accionados recurrentes.

Lo precedentemente expuesto surge acreditado mediante la prueba testimonial aportada por la parte accionante, en tanto los testigos Serrano ( fs. 167/ 169) y Chumba ( fs. 172/173) dan cuenta del cumplimiento de tareas por parte del actor, diariamente, en el horario que señalan y en beneficio de los recurrentes.

Asimismo la judicante de grado ha ponderado en el decisorio aspectos que no merecieron crítica concreta de los quejosos y que se refieren a que ninguna prueba se ha aportado en autos tendiente a demostrar que el actor era empleado de Jet Group 2000 S.R.L., ni la autenticidad de la documental desconocida a fs. 105. Amén de evaluarse la situación en que ha incurrido la reputada empleadora por su incomparecencia a estar a derecho, por no haber exhibido su documentación laboral al perito contador ni haber efectuado aportes previsionales, y por que no existen en autos recibos de haberes por ella emitidos ni se ha demostrado la autenticidad de la copia de constancia de alta temprana.

Todos estos elementos aunados a la acreditación de prestación de servicios por parte del dependiente, en beneficio de los coaccionados que recurren el fallo analizado, conducen a concluir, que fueron ellos quienes se beneficiaron en definitiva con las tareas cumplimentadas por el actor, y en el marco de las previsiones contenidas en el art. 29 de la L.C.T. deben ser declarados como sus efectivos empleadores.

Adviértase que en las actuaciones no se han alegado la prestación de tareas extraordinarias, que justificaren la contratación del demandante, que por otro lado configurarían labores de pretación permanente, en un negocio de las características que explotaban los recurrentes.

Sobre el punto cabe señalar que reiteradamente se ha sostenido que "la empresa usuaria debe concretar primero en la contestación de la demanda y después en la prueba, que la contratación se realizó para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista para ella, en relación a servicios extraordinarios, determinados de antemano o exigencias extraordinarias o transitorias de la empresa, explotación o establecimiento o, en su caso, cuando se da una prestación que, de por si indica que el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador" (conf. esta Sala Sentencia Nº 90107 del 15/2/02 recaída in re "Sánchez Porfirio c/Workman S.R.L. y otros s/despido") extremos que como se expresara ut supra, no se advierten configurados en la especie.

En lo que concierne a la entrega del certificado de trabajo y aportes previsionales respecto de lo cual se agravian los codemandados, tal como se expuso precedentemente la relación laboral mantenida con la actora ha quedado enmarcada en las previsiones del art. 29 de la L.C.T., lo que supone que ambos recurrentes han sido sus verdaderos empleadores. Tal encuadre normativo conlleva a que la responsabilidad de la empresa usuaria se extienda a aspectos, que hacen a las obligaciones registrales e impositivas o de seguridad social, que diversas normas le imponen. En tal sentido debe estarse a lo normado por el art. 29 bis de la LC.T. según el cual, en el supuesto que contempla, el empleador que ocupe trabajadores a través de otra empresa, deberá retener de todos los pagos que efectúe a ésta los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de seguridad social y depositarlos en término. Asimismo el art. 7 del dec. 342/92 dispone que serán agentes de retención los empleadores que ocupen trabajadores a través de empresas de servicios eventuales y al art. 13 de dicho cuerpo normativo ordena a las empresas usuarias llevar una sección particular del libro especial del art. 52 de la L.C.T., todo lo cual pone de manifiesto que necesariamente y contrariamente a lo sostenido en la crítica formulada, las quejosas deben disponer de los elementos contables para la confección de los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento de grado, también en este aspecto.

Desde esa perspectiva, los agravios vertidos por la recurrente no alcanzan a desvirtuar las conclusiones a las que arribó la sentenciante de grado, por lo que propicio confirmar la sentencia de grado, en todas sus partes.

Las costas de la alzada deberán declararse a cargo de los recurrentes vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.).

A fs. 309 y 310 el perito contador apela sus honorarios por estimarlos reducidos. Asimismo, a fs. 350vta., la parte demandada recurre los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del perito contador, por considerarlos elevados.

Tomando en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, el mérito y extensión de la labor realizada y lo normado en el art. 38 de la LO., arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39, y concs. de la ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57, los honorarios apelados no resultan elevados respecto de la represenación letrada de la parte actora, mientras que son adecuados los fijados al perito contador.

En lo que atañe a la labor desplegada en segunda instancia, por la representación letrada de la parte actora y de la demandada en esta Alzada, se fijan sus honorarios en el 25%, porcentaje que debe proyectarse sobre la suma que les corresponda percibir por la actuación efectuada en la instancia anterior (art. 38 L.O. y art. 14 de la ley 21.839) El doctor Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345), el Tribunal resuelve: I) Confirmar el decisorio de anterior grado en todo lo que fue materia de recurso y agravios. II) Imponer las costas de la alzada a cargo de los recurrentes vencidos. III) Confirmar los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y perito contador. IV) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte de la parte actora y de la demandada por su intervención en la Alzada en el 25%, porcentaje que debe proyectarse sobre la suma que les corresponda percibir por la actuación efectuada en la instancia anterior.- Miguel A. Pirolo.- Graciela A. González.