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Costas, honorarios del abogado, IVA, sujetos imponibles, responsables inscriptos, reintegros impositivos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Corte Nº 188/04 GIMENEZ c/ DECA (Expte Nº 199/94) s/ Ejecución de Honorarios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-02-08

No existen dudas de que el obligado al pago del IVA es el condenado en costas, que el profesional debe informar previamente a la regulación su situación frente al impuesto, que cuando el profesional es un responsable inscripto el importe debe adicionarse a los honorarios regulados, y que este porcentaje integra las costas, no los honorarios.

Ahora bien, en el caso la controversia se suscita porque el profesional acreditó su situación frente al impuesto después de la regulación, solicitando el reintegro de lo descontado por este concepto y no que se adicione el monto a lo regulado, pues los emolumentos ya han sido cobrados y sobre los mismos se efectuó la quita.

Efectivamente la resolución 689/99 de la AFIP obliga al profesional a acreditar su condición frente al impuesto antes de la regulación, sin embargo no se advierte cuál es la consecuencia de hacerlo después, pues no se establece expresamente que esta omisión haga perder el derecho al reintegro, ni que se exima a la contraria condenada en costas de esta obligación. De manera tal que esta circunstancia no repercute ni modifica a la regulación precluida como tampoco el hecho de que los honorarios ya hayan sido percibidos.

En consecuencia, debe hacerse lugar al recurso de casación, revocar el fallo impugnado, quedando obligado el condenado en costas a reintegrar al recurrente el importe descontado por el agente de retención en concepto de IVA.
Derecho laboral, despido, indemnización, gratificaciones, periodistas, fallo plenario
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Daziano, Nicolás Alejandro c/ Sociedad Anónima La Nación s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-25

En relación al tema de "gratificación trimestral" y la doctrina del Fallo Plenario N° 322 en autos "Tulosai", para el caso, no resulta aplicable, por cuanto se trata de un dependiente alcanzado por el estatuto del periodista profesional, ley 12.908. Ello así porque el Plenario analizó exclusivamente el caso del artículo 245 de la LCT, norma legal que no rige para esta clase de personal. Además, la base cálculo del artículo 43 de la ley 12.908 no puede ser desplazada por una norma evidentemente menos favorable para el trabajador, de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de la LCT. Corresponde confirmar la decisión de determinar el sueldo base de cálculo de los resarcimientos, con la incidencia de las gratificaciones trimestrales y también del SAC.
Administración Pública, facultades discrecionales, apreciación de la prueba, sana crítica racional
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, Elba Rosa, c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-24

Las facultades de las autoridades administrativas para decidir acerca de la eficacia o ineficacia de las pruebas debe ser ejercida razonablemente, sin arbitrariedad, expresando los motivos concretos que fundamentan las respectivas resoluciones, exigencia ésta que deriva da la garantía constitucional consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N., SENTENCIA 2.9.75 in re:"Mansilla, María Miranda de" y C.N.A.T., Sala II, SENTENCIA 44754, 29.9.77 "Anila, María Arcenia s/ jubilación") ***CON C 000000 1853 05 01 0018 000 0000 000
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Energía San Juan c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso  Administrativo  -  Legitimidad de Copias por recurso de  Apelación con Efecto Devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-04-05

La Medida cautelar de no innovar se funda en el principio de la inalterabilidad de la causa litigiosa, cuya finalidad es mantener el status quo inicial o impedir que durante el transcurso del pleito se modifique o altere la situación de hecho existente al tiempo de promoción del litigio, para su procedencia requiere una causa pendiente.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, seguro de desempleo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GIGENA, PEDRO DEMETRIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

Ante la no existencia de un acto administrativo que, con las formalidades previstas por la ley 19.549, se pronuncie sobre el pedido de la prestación de desempleo, debe considerarse no habilitada la instancia judicial de revisión. A ello cabe agregar que la eventual impugnación de la decisión administrativa que recayera sobre el reclamo se rige por las leyes 24.463 y 24.655 a partir de su entrada en vigencia, por lo que debería incoársela mediante demanda de conocimiento pleno que tramitará por las reglas del proceso sumario. (Del voto del Dr.

Fasciolo).
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, sumario administrativo, instrucción, exoneración, configuración de la falta imputada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Resulta procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor desde que de la resolución por la que se dispuso la instrucción del sumario administrativo puede extraerse que la Administración dio por cometidos los hechos y configuradas las faltas que, precisamente, correspondían comprobar mediante el procedimiento que ordenaba. En ese orden, resulta significativo el séptimo considerando, en el cual derechamente se concluye en que se ha "violado intencionadamente, y sin fundamentación ni explicación ninguna, el art. 13 inc. b) y t), y 14 inciso e) del Estatuto Escalafón Municipal (ley 9286)...". Y aun admitiendo que ello no podría aisladamente incidir -sin más- en la legitimidad del acto final, pues en algún caso podría tratarse sólo de una redacción inadecuada pero insuficiente en su confrontación con los restantes elementos de la causa, sin embargo, no puede soslayarse que seis de los ocho considerandos que fundan tal acto administrativo fueron textualmente reproducidos por la instrucción para sustentar el dictamen acusatorio (artículo 111, ley 9286); acto éste sobre el cual, a su vez, se sustenta el acto sancionatorio mismo. Por otra parte, la verdadera proyección del caso no transita sólo por los carriles de la ley 9286, sino especialmente por las normas constitucionales que otorgan una preeminente tutela a las distintas libertades y derechos en juego. En este sentido, es claro que no versa sólo sobre la evidente tensión existente entre la genérica libertad de expresión y los deberes propios de la relación de empleo público (en el caso, especialmente los de decoro y reserva), sino entre éstos y una más cualificada y específica libertad de expresión: la vinculada al ejercicio de los derechos políticos, y al derecho a la información. (De La Ampliación De Fundamentos Del Dr. Lisa)
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Hernández, Juan Carlos s/ Infracción art.168 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La sentencia adolece de nulidad si la remisión que efectúa la Cámara al fallo de primera instancia fue global y, además, así hizo suyas deficiencias tales como no siempre determinar el tipo y medio de prueba de los legalmente autorizados, utilizando para tener por acreditado el cuerpo del delito.
Inhabilitación (civil), oligofrenia
Materia: CIVIL
Carátula: F.M.L. s/ INHABILITACION (ART. 152 bis DEL COD. CIV.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-20

Habiéndose dictado sentencia de inhabilitación en los términos del art. 152 bis del Código Civil, y sí la naturaleza de la enfermedad de la causante excedía tales límites, por padecer de oligofrenia en el grado de debilidad mental, debe modificarse el pronunciamiento limitando las facultades respecto de los actos de administración, los que deberá efectuarse con la conformidad del curador.-
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, escrito recursorio, traslado, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria, nulidad del acto jurídico, costas, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosenthal, Mario E. c/ Cabodevila, Pedro Oscar s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio   (Expte. CSJ Nº 1162-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Atento a que la Corte anuló el auto denegatorio de la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la ejecutada en virtud de que no se corrió traslado de la interposición del recurso a la contraparte -como lo establece el artículo 4 de la ley 7055-, corresponde hacer lugar a la solicitud del recurrente de que las costas sean impuestas al juez que dictó la resolución nula. Ello así, por lo dispuesto en la última parte del artículo 254 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable según artículo 13, ley 7055) y por cuanto la recurrente no consintió la denegación del recurso de inconstitucionalidad "in limine" y sin substanciación, como lo puso de manifiesto al interponer el recurso directo por ante la Corte donde planteó la nulidad de dicho auto denegatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: OLMEDO, ANDRES FIDEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

La presente queja no ha de prosperar, por cuanto del memorial introductorio se deriva sin dificultad que la recurrente discrepa con lo resuelto por la Sala, tratando de hacer prevalecer su propio enfoque en cuanto a que la ausencia de liquidación aprobada inhibía la aplicación del artículo 623 del Código Civil al no existir una deuda líquida y exigible; mas con sus argumentos no logra persuadir a este Cuerpo acerca de que los Sentenciantes al decidir la causa que se ventilaba ante sus estrados -más allá de su grado de acierto o error- se hubiesen apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban.
Responsabilidad extracontractual, teoría de la aceptación del riesgo
Materia: CIVIL
Carátula: Tettamanti, Raúl Orestes  y  otros c/ Baccino,  Orlando Atilio y otros. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Tratándose de un caso de responsabilidad aquiliana, la aceptación de los riesgos normales de un viaje por el menor, o por su padre que coloca a su hijo en una situación de riesgo, no es causal de supresión de disminución de responsabilidad, por aplicación de los principios que emanan de los arts. 1109 y 1111 del Código Civil.
Trabajadores de la construcción, extinción del contrato de trabajo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIENTOS, LINO c/ RICCO, CESAR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-03-24

'Para que sean exigibles las obligaciones impuestas al empleador por el artículo 3 de la ley 17258, las partes deben comunicar fehacientemente la rescisión del contrato, sin que sea necesaria intimación previa por el trabajador para que aquellas se generen'.
Recurso extraordinario, acción de amparo, efecto suspensivo, tarifa telefónica, aumento de tarifas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL-PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO, LEY 19.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Las normas de la ley de amparo que le otorgan efectos suspensivos a la concesión del recurso de apelación interpuesto contra una medida cautelar, sólo se aplican en las instancias ordinarias. Las disposiciones de los arts. 258 y 499 del CPCC sólo se refieren a la ejecución de sentencias definitivas, supuesto totalmente diferente al de la suspensión de las decisiones cautelares. Por lo tanto, la concesión del recurso extraordinario no suspende la ejecución de la medida cautelar oportunamente dispuesta, ni justifica su incumplimiento.
Verificación de créditos, verificación tardía, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco Nacional D.G.I. s/ Incidente de verificación de créditos en autos Piccione, Miguel  Angel s/ Quiebra Banco Bisel S. A. c/ D'Angelo, Salvador Pedro s/ Incidente de verificación de créditos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22|2000-04-18

Sin perjuicio de que el verificante tardío debe soportar las costas del incidente respectivo por no haberse presentado en término no constituyendo una excepción la circunstancia de tratarse de una repartición pública, dicho principio debe ceder cuando se justifica la causa concreta del retraso como ha acontecido en autos con la documentación acompañada y las citas de disposiciones legales específicas aplicables que no fueron impugnadas, de lo que se deriva que al vencimiento del plazo de verificación el crédito carecía de exigibilidad.
Embargo, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PACHECO, EDGARDO M. c/ GOROSTIZA SERVICIOS SOCIALES S.R.L. s/ COBRO DE PESOS-SUSTITUCION MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-05

Cuando en una sustitución de embargo es ofrecido un automotor, es indispensable para su aceptación por el inferior, el aval con el único medio fehaciente para conocer su estado de dominio y gravámenes, ésto es, el informe del Registro de la Propiedad del Automotor.
Despido, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Farfan Luis Ramón c/ Soule S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-16

El art. 4 de la ley 25.972 estableció que la emergencia -que afecta la extinción de los contratos de trabajo- se impone "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)". Sin embargo, no existe una sola tasa de desocupación elaborada por el INDEC, y dichas tasas se evalúan sobre un promedio trimestral. El art. 2 de la ley 25.972 faculta al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación del estado de emergencia pública en forma total o parcial, por lo que, en ese orden de ideas, es razonable concluir que el decreto 1224/07 constituyó el acto administrativo necesario para declarar la finalización de dicha emergencia a los fines del art. 16 de la ley 25.561. Así, la suspensión de los despidos sin causa finalizó el día de la publicación del decreto citado, o sea el 11.09.07.
Contratos administrativos, concesión comercial, obligaciones del concesionario (administrativo), destino del inmueble
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Ante la existencia de una duda cierta acerca de cuál era el efectivo destino de los edificios al concluir la concesión, la concesionaria estaba obligada a pedir que se aclarara el tema, máxime si se advierte la importancia económica que ello tenía sobre la ecuación financiera contractual y con la consecuente determinación del canon.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Tolosa, Pedro Aníbal s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Si la competencia de la Cámara se abrió ante la apelación del defensor que sin estar fundada fue concedida en relación, viola el art. 156 de la Constitución de la Provincia el fallo dictado que omitió dar respuesta a los planteos efectuados por aquel respecto de la prueba del cuerpo del delito efectuados en la oportunidad del art. 223 del Código de Procedimiento Penal.
Sociedad conyugal, condominio, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.L.J. c/ B.de R.M.R. s/ Divorcio vincular. -Incidente de fijacion de precio locativo de  inmueble-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

La compensación por el uso exclusivo de un bien ganancial es un crédito pecuniario, ajeno al deber alimentario, derivado de la frustración de obtener frutos civiles de aquel bien en la etapa de indivisión comunitaria (arts. 1272, 1315, 2327 a 2330 del Cód.Civil). Nada vincula, por ende, la subsistencia del derecho alimentario con la compensación por tal uso exclusivo, ni la primera tiene incidencia sobre la segunda, como tampoco incide en tal sentido la culpabilidad de quién exige la compensación mencionada.
Contraorden indebida para el pago del cheque, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: Fabbri, Roberto Victorio s/ recursos de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

El concepto de autor mediato se relaciona con quien emplea a otro sujeto ordenado voluntariamente como instrumento de su obra para ejecutar la acción típica, de modo tal que el "ejecutor-instrumento" es el que pone en marcha la acción, pero ésta responde a la voluntad del primero. El artículo 302, inc. 3. primera hipótesis del C.P. -libramiento de cheque, contraorden de pago- acuña un delito doloso, en tanto que resulta ontológicamente imposible concebir figuras culposas, sin embargo la norma no excluye la posibilidad de que el delito sea ejecutado por un tercero inculpable del que se vale el autor para inducirlo a cumplir parte de la acción. (Voto del Dr. Madueño, adhiere el Dr. David, Dr. Fégoli en disidencia parcial).
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE R.A.C. c/ R.F. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La separación de hecho consentida por ambos cónyuges, no habilita a ninguno a imputar abandono al otro. La separación de hecho no es, en nuestro derecho vigente, causal de divorcio, objetivamente considerada.-
Facultades de la autoridad de prevención, acta de detención, acta de secuestro, estado de sospecha, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Daniel Fabián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-27

Si la prevención creyó que se encontraba ante un hecho delictivo, debió actuar de conformidad con las prescripciones obrantes de los art. 230 y 230bis del C.P.P.N., circunstancia que no aconteció en estos actuados, razones éstas que descalifican su accionar. Es que de las constancias obrantes en el expediente no surgen cuáles fueron las "circunstancias previas o concomitantes que razonablemente y objetivamente" permitían justificar el proceder de personal policial; tampoco constan cuáles fueron las razones de urgencia que llevaron a proceder sin orden judicial, en otros términos, qué les impidió realizar consulta y pedir autorización al órgano jurisdiccional, único habilitado por la ley para efectuar el control de legalidad correspondiente. Cuando el agente de prevención se encuentra ante el supuesto de procedencia previsto por la ley (art. 280 bis del C.P.P.N.), es necesario que pueda describir y fundamentar cuáles fueron las conductas o actos que le generaron sus sospechas de encontrarse ante un cuadro predelictual. Toda vez que, la autoridad habilitada para disponer la requisa o detención, es el juez y sólo en casos de urgencia y excepcionales se permite delegar la decisión. De tal modo, la prevención tiene que encontrarse en condiciones de justificar la legitimidad de lo actuado ante el órgano jurisdiccional. Por lo que el procedimiento efectuado que culminó con la detención del acusado no se encuentra dentro de los estándares mínimos exigidos por la ley para ser tenido como acto regular válido (Voto de la Dra. Ledesma en disidencia).
Empleados públicos, nombramiento, acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Santis, Gerardo Angel c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

En el caso de que en el acto de designación pueda alegarse una irregularidad que permita su revocación por la misma autoridad que lo dictó, no puede obviarse lo establecido por el art. 4030 del Código Civil, en punto al término de prescripción bienal de la acción de nulidad de los actos jurídicos, norma que guarda íntima correspondencia con el art. 117 de la Ordenanza General 267.
Concursos, pago, quita, remisión de deudas, inflación, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cardozo de Terfín, María Teresa c/ Anzizar  SA s/ concurso s/ incidente de impugnación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La propuesta del concursado que excluye la recomposición del deterioro de la moneda por los efectos de la inflación durante un extenso período, disminuye sensiblemente a valores constantes la suma a percibir por los acreedores, y no constituye un ofrecimiento de pago en los términos del art. 55 de la ley 19.551, sino una quita o remisión parcial de la deuda, que no pudo ser aprobada por la mayoría de capital que se obtuvo en la junta de acreedores, dado que la posición favorable a la aprobación del acuerdo no alcanzó a representar las dos terceras partes ni las tres cuartas partes del capital computable (art. 56, ley 19.551).
Sanciones disciplinarias, prevención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARAU DE PORRAS ANTONIA s/ Quiebra (LIBRO: A073 - 151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-09-04

"La presentación del profesional invocando personería, no ratificada con posterioridad, indujo a la confección de una cédula errada. Esta actitud procesal ha entorpecido la tramitación de la causa, produciendo la dilación en su resolución que no condice con los deberes de probidad y lealtad que el art. 22 impone a litigantes, representantes y abogados."
Materia: PENAL
Carátula: LAZARTE ANGEL JULIAN; RUIZ SERGIO BERNARDINO S.D. HOMICIDIO E.P. SUAREZ MARIO SIMEON, ORTIZ JOSE OSCAR s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-26

El solo hecho de encontrarse el encartado al lado de su tío mientras, éste disparaba el arma, no puede encuadrarlo como participación, habida cuenta que no puede otorgarse a la misma, el carácter de cooperación o ayuda en la ejecución del hecho delictuoso a tenor del artículo 46 del C.P. La norma citada exige, no sólo la exteriorización de una acción, sino además que ésta sea realizada con la intención de hacer un aporte en el iter criminis del delincuente y, que ese aporte, se concrete en el modo en que fue consumado el hecho criminoso. Solamente quien coopera en la producción del hecho ya sea de manera esencial o no indispensable, puede ser considerado partícipe, debiéndose entender por cooperación, toda ayuda o contribución culpable a la producción del delito, sin cumplir el proceso ejecutivo típico.