Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09


Expte. nro. 4312/05 Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en 'Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14 CCABA) Buenos Aires, 9de noviembre de 2005.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

A través de su presidente el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita "mediante la presente inhibitoria, la intervención de ese máximo tribunal de la Ciudad en la causa 'Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad s/Amparo' (Expte. nro. 18.245/0) a fin de que declare su exclusiva competencia en la materia debatida en autos, y que, en consecuencia, se deje sin efecto la medida cautelar dictada en fecha 28 de octubre de 2005 por el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario nro. 12, Dr. Juan Lima, por implicar una injerencia inconstitucional en las competencias y funciones privativas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad" (fs. 45) Manifiesta que a raíz de sendas denuncias formuladas por la Procuradora General de la Ciudad en relación a la actuación del Dr. Roberto Andrés Gallardo en dos causas que menciona, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo decidió proponer la apertura de sumario en uno de los casos, y declarar procedente la denuncia y correr traslado al citado magistrado en el otro.

Agrega que antes de hacerse efectiva la notificación de ambas resoluciones, el juez Gallardo recusó a los cinco consejeros "no jueces para entender en cualquier trámite -disciplinario o de remoción- que hubiere en trámite en su contra".

Añade que "frente a esta inusual situación", el plenario del Consejo -a propuesta de la mentada Comisión- dispuso integrar el Jurado de Enjuiciamiento mediante resolución nro. 840/2005, para que ese organismo resolviera las recusaciones planteadas, todo ello con sustento en el art. 33 de la ley 54, y el artículo 71 del Código Procesal Penal de aplicación supletoria de acuerdo a la norma local citada.

Expone que una hora antes de que se efectuara el sorteo pertinente para constituir el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo fue notificado de una medida cautelar que suspendió "los efectos de la resolución 840/2005 ...hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos", dictada por el juez Fernando Juan Lima en la causa "Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad s/ Amparo" (Expte. nro. 18.245/0).

2. Para fundar la competencia del Tribunal el Consejo sostiene que en virtud de la previsión del artículo 29 de la ley nro. 54 , y de las restantes normas constitucionales locales y nacionales que invoca, hay "una única revisión judicial -restringida a la arbitrariedad manifiesta- encomendada al máximo tribunal de la Ciudad ...", lo que excluye "la injerencia indebida de otros magistrados en el ejercicio de una facultad constitucional exclusiva y expresamente prevista a favor del Consejo de la Magistratura".

En el mismo orden expresa que la decisión del juez Lima ha "priv[ado] al Tribunal Superior de Justicia de su competencia en punto al control judicial de la decisión que pudiera adoptar el Jurado de Enjuiciamiento".

Considera a la competencia del Tribunal en la materia en análisis "equivalente a la que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la remoción de los magistrados nacionales" y cita diversos pronunciamientos del Alto Tribunal.

3. A fs. 52 se dispone solicitar la remisión al Tribunal del expediente 'Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad s/Amparo' (Expte. nro. 18.245/0), lo que es cumplido a fs. 53.

A fs. 54 se corre traslado al juez Roberto Andrés Gallardo del escrito de inhibitoria y del recurso de apelación del CM de fs. 24/30 del expediente principal, en el que se pidió el levantamiento de la cautelar. Por el mismo plazo se ordena una simultánea vista al Fiscal General.

El Dr. Gallardo contesta a fs. 59/64. Invoca la incompetencia del Tribunal para conocer en las presentes actuaciones por considerar que:

"la inhibitoria sólo procede respecto de cuestiones de competencia suscitadas entre jueces de `distintas circunscripciones judiciales´ en el marco de la dilucidación de la competencia `territorial´" ante tribunales de distinta jurisdicción; b) no se encuentra prevista en el CCAyT "ni en otro ordenamiento procesal propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (fs. 60) y c) resulta competente la justicia contenciosa administrativa y tributaria de la ciudad porque "la pretensión deducida (...)consiste en una acción de amparo destinada a cuestionar la actividad administrativa (Res. CM. Nro. 840/05) del Consejo de la Magistratura" (fs. 60 vuelta).

En cuanto al fondo de la cuestión sostiene que la Resol. CM Nro. 840/05 "no exhibe ningún fundamento para sostener que el Consejo de la Magistratura ha ejercido una competencia constitucional o legalmente atribuida (...) a fin de resolver válidamente la integración del Jurado de Enjuicimiento para un objeto distinto que el tratamiento de la acusación" (fs. 62) y que "debió como mínimo recurrir a la mayoría especial prevista en el art. 22, inc. b) ap. 2 de la ley 31" (fs. 63).

A fs. 65 se amplia la vista al Ministerio Público Fiscal con la remisión de copia de la contestación de traslado.

A fs. 67/71 contesta la vista el Sr. Fiscal General Adjunto.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1.Estamos frente a la situación típica de la inhibitoria planteada ante el tribunal que, al expedirse acerca de su competencia, dirime con ello el conflicto (conf. doctrina Fallos 297:213; 326:2448, entre otros) Solo cabe destacar que -contrariamente a lo que sostiene el Dr. Gallardo en su escrito de fs. 59/64- las cuestiones de competencia por inhibitoria no están solamente restringidas a tribunales de distinta competencia territorial, como lo pone de manifiesto la atenta lectura de las normas pertinentes del Código Procesal Penal de la Nación -arts. 44 a 51- y antecedentes como el registrado in re "Municipalidad de Corrientes c/ Banco de la Nación Argentina y otro", 19/9/02, Fallos 325:2363, en el que el planteo inhibitorio fue incoado ante la CSJN y respecto de la justicia federal, o el que da cuenta la causa "Nicolaides, Cristino y otro s/ Sustracción de Menores", resuelta por la CSJN el 2/8/2000, donde la cuestión se había suscitado en relación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 (Fallos 323:2035), entre otros similares.

2. Tanto el procedimiento disciplinario como el de remoción de los jueces está previsto en la CCBA y reglamentado por la Legislatura por medio de las leyes 31 y 54. Como es natural, tanto las decisiones del Consejo de la Magistratura como las del Jurado de Enjuiciamiento, cada uno en lo que le incumbe en esta materia, están diseñadas como finales y no revisables.

El art. 123 de la CCBA establece en este sentido que "El fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad ...", excepción que el art. 29 de la ley 54 reglamenta previendo el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión final del Jurado de Enjuiciamiento, sólo con efecto devolutivo.

Este es el único mecanismo de revisión por jueces de la Ciudad contemplado en el derecho positivo, solución natural habida cuenta de que solamente los integrantes de este Tribunal están exentos del sistema de examen de su conducta que operan esos órganos. Sentada, con jerarquía constitucional y complementación legislativa, esta regla de revisión sumamente limitada en cuanto al objeto, al alcance y al tribunal competente para llevarla a cabo, excluye toda posibilidad de fundar la competencia en otras más generales de nivel infraconstitucional.

Por lo demás, ni aun en el marco del control previsto con carácter general para el ejercicio de la función administrativa en los artículos iniciales del Código Contencioso Administrativo y Tributario cabe ejercerlo sobre actos no definitivos, circunstancia que, más que una opción legislativa, constituye el modo natural de preservar la división de poderes sobre la cual están erigidos los que la CCBA organiza.

En suma, no cabe admitir que decisiones interlocutorias puedan ser examinadas por otros jueces cuya actuación no está prevista en norma alguna, sino que, si cupiera en algún supuesto equiparar una de estas providencias no finales a la definitiva, esta determinación incumbe al mismo Tribunal al que la ley asigna el poder de examinar esta última, y solamente a éste.

Ello sentado, la Res. CM 840/05 no es susceptible de impugnación en las condiciones intentadas. La necesidad de que el Tribunal actúe viene provocada, en cambio, por la medida cautelar decretada con fecha 28 de Octubre de 2005 por el juez Juan Lima, medida cuya validez sólo puede ser revisada por juez competente, en este caso este Tribunal, al que, además, como dije, le incumbe establecer privativamente si es equiparable a definitiva una resolución interlocutoria de los órganos que controlan la buena conducta de los magistrados del Poder Judicial en procedimientos de la especie obstruida por la citada providencia del 28 de octubre próximo pasado.

3. Según se desprende de lo anterior, la medida cautelar ha sido dispuesta por juez manifiestamente incompetente obstruyendo el desarrollo de la función de otro órgano del Poder Judicial de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura, en una etapa preparatoria en la cual no corresponde el examen de sus actos por ninguna autoridad judicial.

Ello basta para determinar la inmediata revocación de dicha medida. No otra cosa resulta de los argumentos en que buscó apoyar su decisión el juez de grado. En primer lugar, soslayó toda consideración sistemática acerca de los arts. 121 a 123 de la CCBA y 29 de la ley 54, cuyo examen habría determinado el deber de apartarse de disponer acerca de la cuestión planteada. Por lo demás, ninguno de los argumentos que aduce presta apoyo a su tesis.

Por caso, no presta fundamento a la verosimilitud del derecho del actor la circunstancia de que la ley 54 no prevea expresamente la convocatoria del Jurado de Enjuiciamiento a efectos de resolver las recusaciones planteadas.

Ello así, porque esta disquisición que precede a la medida cautelar no hace sino exhibir al legislador como autor de una aporía, la de haber introducido, mediante el art. 15 de la ley 31, un dispositivo protector de los magistrados sujetos al sistema - la recusación - que sería impracticable; y, unido al cierre cautelar del camino elegido por el Consejo de la Magistratura para dar virtualidad a la norma, se tornaría frustratorio de todo control sobre la conducta de quienes como el actor y quien dictó la medida cautelar están sujetos al proceso de remoción, colocando con ello al orden jurídico en un callejón sin salida.

En efecto, puede sin duda señalar que no hay una expresa asignación legislativa de competencia al Jurado de Enjuiciamiento para resolver las recusaciones formuladas ; pero, han despreciado tanto uno al requerir la medida, como el otro al dictarla, cualquier modo de llenar la laguna que destacan; y, obviamente, no cabe admitir que ese vacío obste al cabal cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Contemplar estas circunstancias era particularmente imperioso para quien asumiera válidamente la misión de decidir la cuestión. En el caso, el Consejo de la Magistratura, cuya competencia para hacerlo está fuera de toda duda, había motivado su decisión acudiendo a ese fin, en virtud de lo dispuesto en el art. 33 de la ley 54, a la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación, cuerpo normativo en el que, a su turno, había fundado el actor su pretensión de que fueran separados los consejeros que no revisten la condición de jueces.

Tampoco cabe afirmar sin más que prima facie, conforme el art. 22 inc. b ap. 2 de la ley 31, se requiere el voto de siete de los miembros del Consejo para convocar al Jurado de enjuiciamiento. La letra de la ley no excede el campo de la acusación, y el juez cuya decisión estamos examinando no ha aportado elemento alguno que justifique extenderla a otras decisiones, especialmente a aquellas cuyas consecuencias sean para cualquier observador objetivo de repercusión mucho más modesta.

Es en esa hipótesis de inexorable aplicación la regla según la cual la autoridad a la que compete ejercer una facultad es, a la vez, la competente para interpretar la norma que se la asigna (Fallos 53:420). Tampoco cabe enmendar al Consejo de la Magistratura en cuanto a su modo de observar lo dispuesto por el art. 11 del reglamento aprobado por su Resolución 260/04, sobre la base de consideraciones que, en el mejor de los casos, podrían justificar una interpretación alternativa.

Desde luego, no constituye base alguna la cita de jurisprudencia de la CSJN que trata de supuestos que no guardan analogía con el presente. Los pronunciamientos recaidos en las causas "Catarini" (sentencia del 2/2/1993, publicado en LL 1993-B, 230) y "Vanney" (sentencia del 3/5/1994, publicada en Fallos 37:483) invalidaron sentencias de cámaras nacionales suscriptas por dos miembros cuyas opiniones coincidían, pero sin establecer, conforme al RJN, que el tercero estuviera eximido de participar en el acuerdo.

A diferencia de lo que ocurre en un órgano colegiado que funciona con el sistema de quórum, las salas de una cámara deben hacerlo siempre con todos sus miembros, de allí la severidad con que la CSJN fulminó la inobservancia estricta del art. 109 del RJN. En cuanto a que esa jurisprudencia admita una hipótesis de "nulidad por la nulidad misma", es ésta afirmación no fácil de apoyar en estos fallos.

Ello así, porque la ausencia injustificada de un miembro de la sala supone, como principio, su no participación en un examen que, realizado conjuntamente, como impone la ley, puede llevar a que alguno de los otros votos resulte modificado. Esto puede ocurrir también cuando varían los presentes en un cuerpo que funciona por el mecanismo del quórum, pero, claro está, es ese mecanismo el que hace que el cuerpo pueda adoptar válidamente la decisión con una u otra composición, mientras lo haga dentro de lo que el quórum posibilita. En el supuesto de la cámara, la ausencia injustificada de un miembro constituye una alteración del juez natural de la causa.

Finalmente, la decisión comentada no muestra examen alguno acerca de la repercusión de la medida trabada, ni uno adecuado del peligro que busca conjurar.

No basta aducir que de no ser paralizado el procedimiento avanzaría de un modo que el juez supone no garantizaría una modalidad "prolija y respetuosa en virtud de los altos intereses en juego", cuando es obvio que la CCBA pone especial énfasis en que tanto la formulación de la acusación como el pronunciamiento acerca de ella arriben en términos breves que establece con toda precisión, y cuyo agotamiento opera la caducidad "... sin que sea posible iniciar un nuevo procedimiento por las mismas causales ...".

Esa fatal extinción es la máxima garantía del sujeto que padece el juicio, y es el riesgo que asumen los órganos que tienen a su cargo desarrollarlo si su obrar fuese estimado como manifiestamente arbitrario en ocasión de examinar el pronunciamiento final, toda vez que, en los hechos, la caducidad llegaría aun en casos que exhibieran defectos graves pero corregibles.

No abro con ello juicio acerca de cómo debe ser computado este plazo ni, particularmente, si es computable el lapso durante el cual la medida cautelar impidió ejercer sus competencias al Consejo de la Magistratura. No cabe hacerlo, por las mismas razones que nos impiden examinar la Res. CM 840/05.

Por todo lo expuesto, voto por apartar de estas actuaciones al Juez a cargo del Juzgado Contencioso-Administrativo y Tributario nro. 12, declarar la competencia de este tribunal a los efectos descriptos, revocar la medida cautelar de fecha 28 de octubre de 2005, y rechazar el amparo promovido por el Dr. Roberto Andrés Gallardo a fs. 1/5 del expediente principal.

La jueza Ana María Conde dijo:

El proceso de remoción de magistrados establecido en la Constitución de la Ciudad es un mecanismo específico establecido para analizar la responsabilidad de los jueces en salvaguarda del principio de idoneidad (art. 16 CN y 10 CABA), esencial para la subsistencia de un sistema democrático.

El fin que persigue su instauración está dado por la verificación de la idoneidad del juez para continuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, en garantía del derecho que tienen todos los ciudadanos a ser juzgados por magistrados que reúnan las condiciones técnicas y éticas que conforman el aludido principio de idoneidad.

En el ámbito local, el procedimiento establecido para la remoción de los jueces se encuentra previsto en los arts. 121 a 123 CABA, la ley 54 y la Resolución 171/ CM., plexo normativo aplicable a este instituto particular, cuya misión resulta esencial para el resguardo de las garantías constitucionales de los habitantes y para el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el mandato constitucional intervienen en el proceso de remoción de los magistrados, dos órganos con competencias exclusivas:

1) el Consejo de la Magistratura, encargado de instar el procedimiento a partir de la recepción de una denuncia y de formular -si corresponde- la acusación, y 2) un Jurado de Enjuiciamiento, encargado de juzgar, cuya integración está supeditada a un sorteo a efectuarse entre representantes de los distintos estamentos: jueces, abogados y legisladores. Es decir, la Constitución local determina en forma expresa la competencia para entender en la sustanciación y decisión del proceso Con respecto a la posibilidad de revisar judicialmente los actos realizados por estos órganos específicos, también le cabe al proceso de remoción, regulación específica. La ley local nro. 54, dispone la posibilidad de impugnar el fallo por manifiesta arbitrariedad, mediante recurso directo ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 29).

Es en dicha oportunidad cuando el magistrado destituido puede cuestionar ante el Tribunal Superior de Justicia todas aquellas decisiones, que, a su consideración, pudieron haber afectado su derecho al debido proceso legal o a la defensa en juicio. (conf. ,además, doctrina de la CSJN, Fallos 308:961 y L.L. 1995-C, 434) En definitiva, el proceso de remoción de magistrados tiene, en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en el orden nacional y provincial, una regulación constitucional y legal propia, acorde con su naturaleza institucional. Ello determina que la competencia establecida y la oportunidad de la potestad recursiva determinadas en el bloque normativo que sustenta la institución no puedan ser alteradas, modificadas o soslayadas en ningún supuesto.

También implica -por definición-, que el curso del procedimiento no pueda detenerse por actos emanados de otro Poder, ni del Poder Judicial y menos aún por un acto del propio interesado.

2. Esta naturaleza especial que ostenta el procedimiento de remoción de magistrados, que no es judicial sino vinculada al equilibrio entre los órganos del Estado, ubica a este trámite constitucional por fuera de cualquier otro tipo de proceso judicial o administrativo.

La circunstancia de que se apliquen supletoriamente las normas de determinados cuerpos normativos no autoriza a confundir su carácter político-institucional que lo califica como insusceptible de ser paralizado o suspendido mediante una medida cautelar, dispuesta por quien no resulta competente para intervenir en el procedimiento y que ostenta, incluso, la calidad de par de quien se encuentra denunciado por mal desempeño.

Admitir que, mediante presentaciones judiciales, incluso la promoción de una acción de amparo, pueda interrumpirse el proceso de remoción de magistrados, llevaría a pulverizar la acción del órgano establecido por la Constitución local para efectuar el control de idoneidad de los jueces, bloqueando el sistema establecido para garantía de los ciudadanos al interferir, ilegítimamente, en la independencia de un órgano cuando hace uso de facultades exclusivas en virtud de un mandato constitucional.

En estas circunstancias, la introducción de la cuestión en el ámbito judicial implica desconocer que la Constitución de la Ciudad atribuye -en forma excluyente- el conocimiento y tramitación del proceso de remoción a un órgano específico, que, en esta etapa preliminar, es el Consejo de la Magistratura local.

La Resolución 840/05 CM que dispone la formación del Jurado de Enjuiciamiento a fin de que resuelva las recusaciones planteadas por el denunciado, precisamente, garantiza su derecho de defensa en tanto no puede pedirse mayor garantía de imparcialidad que la que resulta de la intervención de un cuerpo cuyo integración el Consejo desconoce, pues está supeditada a un sorteo que aun no se efectivizó y que, de todas formas, una vez efectuado, habilitaría al juez peticionante a recusar a los miembros desinsaculados, si tuviera causa para ello (art. 15, ley 54).

En consecuencia, su oposición a la constitución de tal Jurado carece de sentido y evidencia en si una negativa a ejercer su defensa en el ámbito del juicio especial que prevé la Constitución, cuando cuenta con recursos legales pertinentes establecidos para garantizar la tutela de sus intereses, especialmente si se tiene en consideración que -finalizado regularmente el proceso- la ley 54 le reconoce el derecho de plantear ante el Tribunal Superior de Justicia todas aquellas cuestiones que pudieron haber afectado, con manifiesta arbitrariedad, el debido proceso (art. 29, ley 54) Por todo lo expuesto -y de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal General Adjunto- resultando improponible la cuestión sometida a consideración de los estrados judiciales, nada corresponde decidir respecto del fondo de la medida cautelar dispuesta por el juez Juan Lima, sino anular todo lo actuado en sede judicial, ordenando el archivo de las actuaciones y hacerlo saber al Consejo de la Magistratura a fin de que continúe con los trámites tendientes a encauzar legalmente la denuncia interpuesta contra el magistrado Gallardo.

El juez José O. Casás dijo:

1. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el procedimiento de remoción de los jueces (excluidos los magistrados integrantes de este Tribunal Superior de Justicia) y funcionarios del Ministerio Público (excluidos el Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces) debe ser instado por el Consejo de la Magistratura (arts. 111, 123 y 126, CCBA).

Cuando el Consejo de la Magistratura local considera que, a partir de una denuncia, corresponde decidir la apertura del procedimiento, debe formular la acusación pertinente dentro del término de sesenta días, contados desde la recepción de aquella, ante el órgano autorizado por la Constitución de la Ciudad para conducirlo y decidir o no la remoción, esto es, el Jurado de Enjuiciamiento (arts. 121, 122 y 123, CCBA).

Dicho procedimiento debe garantizar el derecho de defensa del acusado (art. 123, primer párrafo, CCBA).

El último párrafo del citado art. 123 de la CCBA establece que el fallo del Jurado de Enjuiciamiento será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad.

2. En el presente caso, un juez local, "habiendo tomado conocimiento extraoficial, sobre la eventual instrucción de algún procedimiento que (lo) tendría como denunciado", recusó con invocación de causa a varios de los integrantes del Consejo de la Magistratura (cf. constancias de fs. 5, 12, 19 y 25).

Así entonces, el Consejo dispuso "la integración del Jurado de Enjuiciamiento, mediante el sorteo previsto en el art. 13 de la ley nro. 54, a fin de resolver las recusaciones planteadas" (res. CM nro. 840/2005, del 25/10/05).

3. En este estado, el apuntado juez de grado inició, ante la primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario local, una acción de amparo, con el objeto de que se decretase la nulidad de la aludida resolución del Consejo de la Magistratura nro. 840/2005.

Adujo que no era admisible que se resolviera la integración del Jurado de Enjuiciamiento si aún no se había efectuado acusación alguna en su contra, y cuestionó la competencia de dicho jurado para resolver una cuestión preliminar, como lo es la recusación de algunos de los señores consejeros. Igualmente, solicitó el dictado de una medida cautelar para que se suspendieran los efectos de la resolución impugnada hasta tanto se dictara sentencia definitiva (v. fs. 24).

4. La medida cautelar tuvo acogida favorable el 28 de octubre próximo pasado, y fue notificada al Consejo de la Magistratura en la misma fecha, el cual suspendió el sorteo de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, a quienes había deferido la decisión sobre las recusaciones articuladas.

5. En este cuadro de situación, el Consejo de la Magistratura, por intermedio de su presidente, interpuso ante estos estrados un planteo de inhibitoria a fin de que el Tribunal declare su "exclusiva competencia en la materia debatida en autos y que, en consecuencia, se deje sin efecto la medida cautelar dictada en fecha 28 de octubre de 2005" (fs. 45).

6. Ante el traslado que el juez de trámite corrió al amparista de las presentaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura ante este Tribunal y del recurso de apelación contra la medida cautelar dispuesta por el juez de grado, éste procedió a evacuarlo, rechazando el pedido de inhibitoria, al tiempo de refutar los argumentos brindados en las actuaciones judiciales radicadas en primera instancia, con motivo del recurso interpuesto contra la decisión cautelar.

7. Finalmente, ante la vista brindada al Ministerio Público Fiscal, el mismo, con la intervención del señor Fiscal General Adjunto, interinamente a cargo de la Fiscalía General, emitió dictamen el 8 de noviembre del corriente año, pronunciándose en el sentido de que este estrado "es competente para entender en estos actuados habida cuenta que, así como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposita en manos del Jurado de Enjuiciamiento la valoración de la conducta de los jueces (arts. 121, 122 y ccdtes.), la Ley nro. 54 -no cuestionada en esta etapa liminar de la causa- pone en las del Tribunal Superior de Justicia, caso mediante, la eventual revisión del fallo por razones de manifiesta arbitrariedad (art. 29), para evitar el grave menoscabo a las reglas del debido proceso y para que se garantice el derecho de defensa del acusado (art. 123 CCABA)".

8. Así las cosas, tengo para mí que el precepto contenido en el art. 123 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, complementado por el art. 29 de la ley nro. 54 -Ley del Jurado de Enjuiciamiento y Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público-, en cuanto ha venido a disponer que el fallo que se dicte en dicho trámite:

será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad; y b) que tal apelación se interpondrá por recurso directo ... por ante el Tribunal Superior de la Ciudad; c) que sólo en oportunidad del dictado del fallo final puede -en circunstancias excepcionales (de manifiesta arbitrariedad), y a fin de preservar la distribución entre los poderes de las competencias constitucionales- requerirse, la revisión judicial insoslayable ante tal anomalía, por lo que cualquier otra que se recabe, previo a tal instancia procedimental, resulta extemporánea por prematura; d) que la intervención de este estrado, legalmente prevista, excluye el conocimiento, por principio, aún en la instancia cautelar, de cualquier otro inferior en grado de la jurisdicción local, y e) que ello no es sino una consecuencia de la distribución y separación de las respectivas competencias, servicios y funciones entre los tres poderes públicos de la Ciudad que, en un diseño republicano, se ha orientado tanto a la preservación del equilibrio entre éstos, como a su más eficaz funcionamiento sin perturbaciones e interferencias, custodiando la idoneidad y la buena conducta de aquellos llamados a gerenciar, desde el Estado, el bien común.

Ello así, no se concilian con tal proyecto el criticado y, para algunos en razón de su origen, antidemocrático gobierno de los jueces (Èdouard Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unís - L'èxperience américaine du controle judiciaire du constitutionnalité des lois, capítulo I: "Gouvernement par les juges et gouvernement parlamentaire.

Les fondements américains du gouvernement judiciaire", págs. 8 y ss., y capítulo VIII: "La consolidation du gouvernement des juges", pág. 109 y ss., Marcel Girad, Paris, 1921), como tampoco la reprochable justicia de los políticos (Jesús González Pérez, La justicia administrativa en España, pág. 158, Civitas, Madrid, 1974).

Es que, desde los momentos más tempranos del alumbramiento del constitucionalismo en América, se sostuvo, a través de la calificada pluma de James Madison, que: "Todo el mundo está de acuerdo en que los poderes propios de uno de los departamentos no deben ser administrados completa ni directamente por cualquiera de los otros. Es también evidente que ninguno de ellos debe poseer, directa o indirectamente, una influencia preponderante sobre los otros en lo que se refiere a la administración de sus respectivos poderes.

No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se le debe refrenar eficazmente para que no pase de los límites que se le asignen. Por tanto, después de diferenciar en teorías las distintas clases de poderes, según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima tarea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse contra las extralimitaciones de los otros" (Alexander Hamilton, James Madison y John Jay: El Federalista o la Nueva Constitución, ensayo XLVIII, atribuido al político y jurista apuntado en este párrafo, ps. 214 y ss. en particular p. 214, Fondo de Cultura Económica, México, 1943).

9. Sobre la base de la interpretación sentada en el punto precedente, nada cabe decir hoy sobre quién deberá atender, si éstas fueren procedentes en derecho, las recusaciones planteadas contra los miembros del Consejo de la Magistratura o sobre la validez de los requisitos de quórum y mayoría que aquí se pretenden cuestionar.

10. Como corolario necesario, y teniendo en cuenta lo dictaminado en sentido concordante por el señor Fiscal General Adjunto, cabe enfatizar que no existe hoy caso proponible en las presentes actuaciones que pueda ser sometido a una decisión judicial actual sobre la base de los agravios agitados, por lo que no corresponde la apertura de la competencia de éste, ni de tribunal judicial alguno (doctrina de: "Equipos Hidráulicos S.R.L." -Fallos: 308:2147-, sentencia del 13 de noviembre de 1986).

Con tal alcance, es menester dejar sin efecto la anómala medida cautelar decretada y todo lo actuado en el sub judice ante la palmaria incompetencia de la justicia para intervenir en la cuestión propuesta (nulidad de la resolución nro. 840/2005 del Consejo de la Magistratura), más allá de lo que eventualmente le pudiera tocar resolver, llegado el caso y en su hora, a este Tribunal, de ser recurrido el fallo final condenatorio del Jurado de Enjuiciamiento.

En las condiciones expuestas, corresponde hacer saber al Consejo de la Magistratura la suerte que ha corrido la pretendida intervención judicial que aquí se conjura, a fin de que pueda continuar, de entenderlo pertinente, con los trámites enderezados a encauzar la denuncia incoada por la señora Procuradora General de la Ciudad o cualquier otra actuación que se vea recomendada atento a la gravedad institucional de la interferencia que aquí se disipa. Notifíquese al magistrado amparista y al Consejo de la Magistratura y hágase saber al juez hasta hoy interviniente en la acción de amparo, luego de lo cual, puesto en conocimiento el señor representante del Ministerio Público Fiscal de cómo ha concluido esta causa improponible, sin otro trámite, archívense todas las actuaciones en esta instancia.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La decisión del Tribunal en este expte. está limitada por las cuestiones introducidas por el Consejo de la Magistratura en su presentación:

a.- la declaración acerca de la competencia exclusiva del Tribunal en materia de procedimiento de enjuiciamiento a magistrados y/o funcionarios del Ministerio Público.

b.- la petición de que se deje sin efecto la medida cautelar ordenada por el señor juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Juan Lima en autos "Gallardo Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA), expediente nro. 18245/0.

2. El art. 123, CCBA establece que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento será "irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad...".

La ley 54 reitera la norma constitucional en el art. 28 cuando dice, en el último párrafo que "La resolución es irrecurrible, salvo los casos de manifiesta arbitrariedad". A su vez, en el art. 29 dispone: "Dentro de los diez (10) días de notificados los fundamentos del fallo dictado, se puede impugnar el mismo por recurso directo, fundando en manifiesta arbitrariedad por ante el Tribunal Superior de la Ciudad".

Una interpretación armónica de la regla constitucional y de los artículos citados de la ley 54 permiten concluir que el Tribunal tiene una competencia exclusiva para entender en los recursos que pudieran plantearse contra la decisión definitiva del Jurado de Enjuiciamiento, y únicamente en esos recursos.

La exclusividad de la competencia otorgada al Tribunal encuentra explicación en la circunstancia de que sus miembros son los únicos jueces locales excluidos de las previsiones del capítulo V de la CCBA, lo que lo vuelve como órgano constitucional, ajeno a la actuación tanto del Consejo de la Magistratura como a la de un Jurado de Enjuiciamiento.

3. El procedimiento de enjuiciamiento previsto en la CCBA requiere la intervención de dos órganos constitucionales, el Consejo de Magistratura por un lado y el Jurado de Enjuiciamiento por otro. Esta regulación justifica, en cierta medida, que se acote la actuación del Poder Judicial como lo prevé la ley 54.

Sin embargo, el mismo art. 123, CCBA impone que aquel procedimiento de enjuiciamiento garantice debidamente el derecho de defensa del acusado. Es condición necesaria para que esta exigencia constitucional quede satisfecha que el recurso por manifiesta arbitrariedad resguarde eficazmente aquella garantía.

Ello supone que, por vía de recurso ante el Tribunal, el afectado podrá requerir el tratamiento de todos aquellos agravios, ya sea que se refieran a errores de procedimiento o a errores de juzgamiento, ocurridos en cualquiera de las etapas del juicio político al que fuera sometido.

"Manifiesta arbitrariedad" significa aquí cualquier forma de afectación al debido proceso y al derecho de defensa, oportunamente denunciada ante el órgano acusador o ante el Jurado, y que el recurrente deberá actualizar en su recurso ante el Tribunal, luego de concluido el procedimiento de juicio político.

La convergencia de los aspectos indicados en los párrafos anteriores, posibilita, por una parte que un procedimiento de enjuiciamiento pueda desplegarse sin interferencias de los órganos judiciales, y al mismo tiempo preserva el sistema de garantías que la CCBA consagra en el Libro I, y al que remite en el Capítulo V Jurado de Enjuiciamiento (artículo 123), como fue dicho.

Desde una hermenéutica como la que sostengo, y en los aspectos involucrados en esta causa, la ley 54 es una reglamentación constitucionalmente adecuada del Jurado de Enjuiciamiento y del procedimiento de remoción de Magistrados e integrantes del Ministerio Público previstos en el artículo 123, CCBA.

El Tribunal, lo reitero, tiene en la materia competencia exclusiva y limitada, por lo que en una etapa preliminar de un eventual procedimiento de enjuiciamiento no debe tomar decisión alguna. Ahora bien, esto significa, además, que tampoco otros jueces o tribunales podrán hacer lo que el Tribunal no puede llevar a cabo.

4. Tal como ha quedado definida su competencia en los apartados precedentes, el Tribunal sólo está autorizado, en este momento, para declarar la incompetencia de la justicia ordinaria en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, dejar sin efecto las resoluciones que impidan el desarrollo del proceso previsto en el art. 123, CCBA y devolver oportunamente el expediente al juzgado de origen.

Así voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero, en general, a los votos de los jueces preopinantes y quiero sólo hacer constar lo que sigue:

Resulta claro que la ley reglamentaria de los arts. 121 a 123 de la CCBA (ley nro. 54 de la Ciudad de Buenos Aires) prevé (art. 28) la irrecurribilidad de toda decisión adoptada por los órganos que operan en el procedimiento institucional establecido en las reglas citadas de la CCBA, salvo, a manera de excepción única, la decisión final, adoptada por el jurado, que destituya al integrante de la magistratura enjuiciado.

Ese único recurso, directo, está previsto "por ante el Tribunal Superior de la Ciudad". Ése, entonces, es el único recuro judicial previsto que la propia ley reglamentaria atribuye, de modo eventual, a quien resulta perjudicado por una decisión del jurado de enjuiciamiento, recurso que, además, es limitado a un único motivo, la manifiesta arbitrariedad de la decisión del jurado.

2. De tal manera, es cierto aquello que expresa el Sr. juez Gallardo en su vista, en el sentido de que el Tribunal no tiene competencia alguna para intervenir antes del fallo del jurado, pero también es absolutamente cierto que ningún otro organismo judicial, por vía alguna que se invente o denomine, tiene competencia para entrometerse en el trámite y decisiones que los organismos institucionales previstos en los arts. 121 y siguientes de la CCBA prevén para desarrollar el enjuiciamiento de los magistrados.

Podría esgrimir una incontable cantidad de razones para demostrarlo, entre las cuales se encuentran desde los plazos a los que está sometido el enjuiciamiento, hasta las decisiones de la CSJN (mencionadas por el Ministerio Público) en casos similares, relativos al enjuiciamiento de magistrados judiciales de la Nación.

Es por ello que tiene razón nuestro Fiscal cuando nos aclara que la intervención del Tribunal no tiene los efectos jurídicos de una inhibitoria en un proceso judicial, sino, antes bien, los efectos de conceder al único tribunal competente para desarrollar eventualmente un recurso contra la decisión, el poder de evitar que, por vías oblicuas, se inhiba el procedimiento previsto constitucionalmente para tratar la denuncia contra un magistrado judicial.

3. Por ello, con remisión a los votos de mis colegas, estimo que la materia sobre la cual versa la vía intentada por el Sr. juez Gallardo es actualmente improponible, como lo es la vía misma que él ha elegido para proponer la cuestión e, incluso, la decisión de su colega, que le admite tanto la vía como la proposición.

No debería tener que decir que la decisión del Consejo de la Magistratura, impugnada por amparo por el Sr. Juez denunciado, no resulta, ni en el mejor de los casos para él, manifiestamente ilegítima (CCBA, 14, I) y, menos aún, conforme a lo expresado anteriormente, que existen medios judiciales idóneos para impugnar eventualmente la decisión que le provoque algún agravio final y real, para lo cual no debe sino denunciarlo durante el procedimiento institucional creado por la Constitución y la ley, y ante los órganos determinados por ellas, con el fin de preservar sus derechos para el caso eventual de un recurso contra la decisión del jurado.

Por esta razón, voto por declarar la incompetencia de todo tribunal en el procedimiento al que da nacimiento una denuncia contra un magistrado, hasta tanto no cobre vida el supuesto previsto en la última oración del art. 28 y en el art. 29 de la ley local nro. 54.

De este modo, deben quedar anuladas tanto la competencia del Sr. juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario que decidió la medida cautelar, como la medida cautelar misma y el procedimiento judicial iniciado.

Por ello, y de conformidad con el dictamen del señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar la incompetencia de la justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario para conocer en el caso (expediente "Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad s/Amparo", nro. 18.245/0 del Registro del Juzgado CAyT nro. 12).

2. Dejar sin efecto la medida cautelar decretada y toda otra resolución adoptada en el expediente de mención que impida el desarrollo del proceso previsto en el art. 123, CCBA.

3. Mandar que se registre, se notifique al amparista, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal y se comunique al Juzgado CAyT nro. 12, todo en forma urgente y con habilitación de día y hora.

Fdo: Luis Francisco Lozano, Ana María Conde, José Osvaldo Casás, Alicia E. C. Ruiz y Julio B. J. Maier.