marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento, remuneración, diferencias salariales, actualización monetaria, costo de vida, Estado Provincial, emergencia económica, Administración Pública, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Precerutti, Susana Lidia Jorrat de y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 965-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

El planteo de la Administración accionada relativo a que el decreto 877-90, reglamentario de la ley 10472, suspendió -en razón del estado de emergencia vigente- las convenciones homologadas, alcanzando al Acta 32-89 y a la forma de actualización allí convenida, no puede prosperar desde que ella misma, al dictar el decreto mediante el cual se reencasilló a los actores, invocó expresamente la normativa que entiende suspendida, evidenciando una clara contradicción en su accionar. En verdad, si entendía vigente el Acta Paritaria a fin de efectuar reencasillamientos del personal, no podía válidamente negar la aplicabilidad de su punto 1 en cuanto a la fecha desde la cual procedían aquéllos, ni la de su punto 18 a las consecuencias económicas derivadas de ese encasillamiento. En este sentido, no puede soslayarse que el derecho reconocido por el Acta Paritaria se extendía no sólo al encasillamiento mismo "a partir del 1 de enero de 1990", sino también al régimen de repotenciación de las diferencias que pudieran resultar, régimen éste que, "sin necesidad de reclamo alguno", expresamente se preveía.

Por lo tanto, el reconocimiento por la Administración -a pesar de la emergencia- de ese derecho, no podía sino efectuarse con el alcance con que había sido consagrado.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recusación y excusación
Materia: PENAL
Carátula: Marín, Juan Carlos y otros s/ Robo calificado. Inc. compet. en causa 7344 Podestá, A. y López de Belva, C. s/ Inc. de recusación c.21623. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24|1994-02-15

No le corresponde a la Suprema Corte examinar el mérito intrínseco de las resoluciones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones desde que, contra ellas, no está autorizada la deducción de recurso o cuestión alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HIDALGO PILAR Y OTRO c/ GONZALEZ PIMENTEL GABRIEL MARCIAL s/ SUMARIO  POR  INSCRIPCION  DE  ESCRITURA  E  INDEMNIZACION DE DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-27

Las resoluciones que deciden medidas precautorias no son definitivas, ya que no deciden la suerte del juicio y son por lo tanto insusceptibles de ser recurridas por inaplicabilidad de ley.
Impuesto sobre los ingresos brutos, agencia de turismo
Materia: CIVIL
Carátula: HOLDITUR  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-29

Corresponde que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires grave con el impuesto a los Ingresos Brutos las comisiones que perciben los intermediarios dedicados a la venta de pasajes y actos similares en el orden internacional o interjurisdiccional, en virtud de lo dispuesto por el art. 67, inc. 12 de la Constitución Nacional.
Libertad de comercio e industria, libertad de circulación, impuestos provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Sociedad    Anónima  Agrícola,  Ganadera,  Inmobiliaria "El  Bagual" c/ Entre Ríos, Provincia de s/ devolución de tributos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Las provincias no pueden afectar el comercio o la libre circulación de mercaderías (arts. 9 a 11 de la Constitución Nacional) eventualidad invalidante que se produce cuando el gravamen establecido por las autoridades locales funciona de hecho como un derecho aduanero, afectando la entrada, tránsito y salida de un producto o cuando las mercaderías son gravadas en forma diferencial en razón de su destino.
Personería jurídica, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: AGRUPACION METALURGICA PERONISTA CAP. VANDOR s/ RESOLUCION  INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA  -  RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

La afirmación de la recurrente acerca de que la entidad formada no posee fines gremiales que choca con el objetivo perseguido al creársela, pues según surge del acto fundacional agregado en el cual se indica que se ha destinado a reunir a todos los trabajadores que desempeñen actividades en la industria metalúrgica o que estén al servicio de la Unión Obrera Metalúrgica, para formar parte de dicha unión, para referir luego, entre las funciones a cumplir, la de ejercer la celosa custodia del gremio, sumadas a las exigencias estatutarias para poder ser integrante de la agrupación y las que se requieren para formar parte de la comisión directiva de la misma ser trabajador de la industria metalúrgica o prestar servicios a la U.O.M. , destacan con claridad el fin gremial que caracteriza a la entidad recurrente, enervando de esa forma el agravio en el que se asienta la apelación deducida con relación a la denegatoria de personería proveniente de la Inspección General de Justicia.
Expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., M. E. c/ B., D. E. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-18

La expresión de agravios debe ser una exposición jurídica en la que mediante el análisis crítico y razonado del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria y fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

Son presupuestos básicos de procedencia de una acción por responsabilidad extracontractual por actividad ilícita: i) la existencia de un daño, ii) la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a la persona jurídica estatal a la cual pertenece el órgano que los ocasionó, iii) la relación de causalidad, y vi) el factor de atribución denominado "falta de servicio", que se genera por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública, ya sea por acción o por omisión cuando pesaba sobre aquélla la obligación de actuar (cfr. Perrino, Pablo E., "Los factores de atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita", en la obra colectiva, Contratos administrativos, ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, p. 169). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. Corti).
Sociedades comerciales, sociedades vinculadas, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHAUSOVSKY, R. c/ CATYC. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-08

Las vinculaciones, agrupamiento, unidad de decisiones o unidad económica entre varios sujetos de derecho no son suficientes para desconocer la autonomía de cada uno de ellos, en tanto no se alegue y pruebe que se hayan instrumentado las formas jurídicas para perjudicar al demandante en sus derechos.
Medidas cautelares, cobertura médica, obras sociales
Materia: PENAL
Carátula: M. P. c/ Obra Social del Personal Gráfico s/ incidente de Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

La ley 25.649 tiene por finalidad específica permitir al consumidor optar por diversas marcas y elegir la del precio que mejor se acomode a su situación económica. Dicha ley y su reglamentación se inscriben en el marco general de la política sanitaria del país, cuya finalidad -que sería desacertado obviar- es contribuir a la mejora de la salud de la población y a la atención especial de los enfermos, particularmente si sus dolencias revisten indudable gravedad -que ponen en peligro la vida misma del paciente- o se trata de personas con capacidades disminuidas. Así, todo un plexo normativo y tratados internacionales de rango constitucional están enderezados a la protección de la salud y de la vida. Corresponde mantener la solución del a quo, pues se trata, en la especie, de una persona con antecedentes de enfermedad de Wegener (por lo que recibió corticoides, ciclofosfamida, rituximab y myfortic), que en el 2013 recibió un transplante renal con donante vivo relacionado (hermana) y que la medicación está prescripta por un especialista en nefrología. En esta línea de ideas, el Tribunal considera que si se está frente a un paciente enfermo que tiene receta médica especializada, la obra social no puede válidamente poner trabas burocráticas alegando la posibilidad de que haya otros genéricos iguales de marcas distintas (cfr. Sala 2, doctrina de la causa 12.211/06 del 4.5.2007).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, obediencia debida
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Los dos primeros párrafos de la ley 23.521, en cuanto definen categorías abstractas, fundadas en circunstancias objetivas inherentes al grado y a la situación de revista en la que se desempeñaban los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad al tiempo de los hechos, no suscitan reparos desde el punto de vista del principio de igualdad que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional.
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, responsabilidad del comerciante
Materia: PENAL
Carátula: ELECTRO TUCUMAN S.A. s/ Lealtad comercial Causa 29076-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

El art. 6 de la ley 22802 responsabiliza a los comerciantes por la veracidad de las indicaciones contenidas en los rótulos sólo en el caso de que no individualicen fehacientemente a los responsables que cabe a quienes se limiten a comerciar productos que no fabrican en lo atinente a especificaciones y recaudos técnicos establecidos por reglamentación de la autoridad de aplicación de la ley (Del voto del Dr. Hendler).
Daños y perjuicios, delitos contra la Administración Pública, falsa denuncia
Materia: PROCESAL
Carátula: VERDAGUER,  Alejandro c/ SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA INMOBILIARIAPORTEÑA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

1- La decisión judicial que absuelve o sobresee al procesado o imputado de un delito es insuficiente para que, por el hecho mismo de existir tales resoluciones, se confiera derechamente al querellado o denunciado la posibilidad de reclamar por los daños y perjuicios que se invocan haber sufrido. Para ello se exige además, un particular factor subjetivo de atribución, el obrar con dolo o al menos con una grosera culpa grave al promoverse la querella o denuncia. En consecuencia, corresponde hacer lugar al reclamo por daños y perjuicios sufridos por un magistrado a raíz de una denuncia penal realizada con suma liviandad e imprudencia. 2- Si bien resulta legítimo el derecho que asiste al justiciable de requerir al órgano encargado de controlar la labor de los magistrados que examine el desempeño de éstos en las causas que tienen, ello no conlleva a que los jueces tengan la carga de soportar denuncias penales infundadas y carentes de toda seriedad. Es que, no puede legitimarse una protección desmesurada de los magistrados, pero tampoco avalar un mecanismo extorsivo o de imprudencia de los litigantes. El nombre, la investidura y la reputación de un juez no puede verse menoscabado por la ligereza y la imprudencia injustificada en realizar una acusación de un delito penal sin asidero alguno.
Adopción simple, citación de los padres de sangre
Materia: CIVIL
Carátula: P.N. s/ Adopción.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

El artículo 11 de la ley 19.134 contempla la posibilidad de que los progenitores de sangre del menor a cuya adopción se aspira no intervengan en la causa e, incluso, que drásticamente se impida su participación.

Pero es presupuesto esencial de este último temperamento, cuya aplicación ha de ser rigurosamente restrictiva en atención a los derechos y afectos involucrados, que se dé un verdadero abandono afectivo y familiar, que, además de injustificado, el inciso d) del precepto citado exige sea judicialmente comprobado (conf. C.N.Civ.

Sala D, R. 282.852 del 16-8-82).

Si el instrumento de firmas notarialmente certificadas adjuntado, surge que la madre entregó a la adoptante "la custodia, guarda y cuidado" del menor, antes de denotar el abandono del niño, bien puede traducir una legítima preocupación, fundante de un recurso extremo que lleva implícito el tremendo sacrificio del instinto materno, por el bienestar de dicha prole, por lo que corresponde citar a la misma.
Auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: IBAÑEZ VICENTE c/ CANARIO ROQUE, NORIEGA MARIO ULISES, MIRANDA JULIO RICARDO s/ ROBO CALIFICADO Y ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-07

Si el hecho descripto en el auto de procesamiento es congruente con el informado en la indagatoria, la disconformidad con la calificación provisional no acarrea la nulidad del auto.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, autonomía municipal, autonomía provincial, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa González, Domingo Avelino  c/ Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2022-09-06

La responsabilidad de los estados provinciales y los municipios como consecuencia del ejercicio de sus competencias constitucionales es una materia ajena a los principios del derecho privado, cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 121 de la Constitución Nacional, sin que obsta a tal conclusión la eventual invocación de disposiciones del Código Civil, vigente al momento de los hechos, pues ante la ausencia de normas propias del derecho público local, el camino seguido por la Corte ha sido la aplicación de disposiciones de derecho común -o de derecho público insertas en ese código- que se integran al plexo de principios de derecho administrativo (Voto del juez Rosatti).
Juicio por delitos de acción privada, desistimiento de la querella, desistimiento tácito
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ de QUINTELA, Marta E. s/ Causa 3.501
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Deviene innecesaria la petición de parte para habilitar al organismo jurisdiccional, a declarar desistida la acción por inactividad de la querella, en los términos del art. 422, inc. 1º del C.P.P.; puesto que de la propia letra de la ley se desprende el sentido imperativo de la norma al vencimiento del plazo establecido, que no requiere ni pedido ni intimación alguna, sin perjuicio del arbitrio del magistrado para valorar, en cada caso concreto, los motivos de la inactividad del accionante.
Abordaje aéreo, Derecho de la navegación, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: NAVEGACION
Carátula: Entre Ríos, Provincia de c/ Vilas y Cía. S A F s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Resulta insuficiente la alegación de malos tiempos para acreditar la eximente de fuerza mayor si se advierte que la propia actitud de la demandada obró como causa eficiente del daño y que los hechos denunciados no revestían el carácter de imprevisibles o inevitables (art. 358 de la ley 20.094).
Nulidad de sentencia, defectos del procedimiento, denegatoria del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Pazos, Edgardo Luis y otro c/ Andahi SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

La revisión por nulidad es improponible cuando la sentencia que pretende atacarse en tales términos fue dictada por un tribunal de última instancia; salvo supuestos de excepción de errores manifiestos -que no se verifican en la especie- y, sin perjuicio de los remedios de carácter extraordinario a los que pudiere haber lugar (CNCom, Sala B in re "Adrocar SA c/ Sevel Argentina SA y otro s/ ordinario", del 7/9/07 y sus citas).
Incidentes, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hidalgo, Angel M. y ot. c/ Bianchi, Carlos César y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El art. 69 del C.P.C., de aplicación en materia incidental, establece que únicamente procede la eximición de costas al vencido, cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. Aún cuando un amplio criterio de interpretación permitiera entender que, en casos como el presente, el órgano jurisdiccional cuenta con facultades para exonerar de tal imposición a la parte perdidosa en el incidente, si hallara mérito para ello y así lo expresara, sabido es que la prerrogativa a que me refiero, concedida en la segunda parte del art. 68 del Código Procesal Civil, debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio objetivo de la derrota.
Simple damnificado, costas
Materia: PENAL
Carátula: LOMBARDI, Daniel Horacio y otro s/ Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-13

Ante un sobreseimiento definitivo, corresponde al particular damnificado el pago de las costas del proceso (art. 67 inc. 1ro del C.P.P.) sin que existan motivos para que esta Sala haga aplicación de la facultad de exonerar al "vencido" de dicho pago.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal tributario, sanciones tributarias, extinción de la acción penal, regímenes de presentación espontánea
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: COLEGIO PAIDEIA S.A. s/ Régimen penal tributario,  Incidente de apelación, de la resolución de no hacer lugar a lo solicitado  en virtud del Art. 73 de la ley 25401
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

1 - Para que corresponda el desistimiento fiscal de la pretensión punitiva (Art. 73, 3 er.párr. de la Ley de Presupuesto 25401) debe verificarse el cumplimiento de los requisitos legales previstos, es decir, que el contribuyente o responsable se haya presentado espontáneamente para regularizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o previsionales omitidas y que se haya regularizado la totalidad de tales obligaciones (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 2 - La regularización de la totalidad de las obligaciones omitidas es un requisito que se impone mediante una interpretación armoniosa e integradora del texto del Art. 73 citado, teniendo en cuenta que la incongruencia o falta de previsión no pueden suponerse en el legislador, pues resultaría incongruente que para que la AFIP esté dispensada de formular una denuncia penal por estos delitos se exija que el responsable haya regularizado las obligaciones tributarias y, por el contrario, cuando se haya formulado una denuncia penal el Fiscal deba desistir de la pretensión punitiva por la sola presentación del obligado con la supuesta finalidad de regularizar las obligaciones omitidas, sin que aquella regularización hubiera tenido lugar (Del voto de los Dres.

Pizzatelli y Grabivker).-
Etapas del proceso, regulación de honorarios, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PÉREZ, Pedro Ernesto c/  s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-09-16

Para regular los honorarios profesionales en el proceso sucesorio se tienen en cuenta tres etapas: Primera, abarca las actuaciones hasta la declaratoria de herederos; segunda, abarca las actuaciones hasta las operaciones de inventario y avalúo; tercera, abarca las diligencias y trámites hasta la terminación del juicio en primera instancia.
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO CAROLINA ROCIO c/ FRUTIC. UNIDOS CENTENARIO S.R.L. s/ PEDIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

Si los certificados entregados no consignaban los datos verídicos de la relación laboral, requerida la debida corrección, la empresa se niega injustificadamente, llevando a la promoción de la vía judicial; procede la sanción legal y la carga de los costos contenciosos, inclusive los intereses que devenga la multa, más allá de la fecha en que se pusiera a disposición el certificado.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEDOMENICI JUAN ALERTO c/ SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GRALES. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

No puede ser tenida como tercera en la relación contractual formalizada entre el actor y la aseguradora quién en vida fuera la esposa de ese mismo tomador y beneficiario del seguro, y, por ende, en tanto socia conyugal, propietaria y beneficiaria del mismo, cuyo objeto lo era, según resulta de la documentación agregada, un bien perteneciente a la sociedad conyugal que integraba y como ganancial.
Constitución Nacional, leyes, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., A. K. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ASESORA DE MENORE  S -APELACION RESOLUCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 338 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

La Constitución es una estructura coherente y, por lo tanto, ha de cuidarse la inteligencia de sus cláusulas, por lo que su interpretación no debe, pues, efectuarse de modo tal que queden frente a frente los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida. (De los fundamentos del Dr. Falistocco)
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, apertura de la instrucción
Materia: PENAL
Carátula: BANCO SHAW S.A.BASO DE GATO, E.LOPEZ HERMIDA, A. s/ Régimen penal cambiario Causa 28465-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

1- El llamado a prestar declaración indagatoria no lo puede ser al sólo efecto de interrumpir la prescripción. La apertura del sumario en materia cambiaria es equivalente al llamado a indagatoria, y no puede ser utilizado únicamente con ese fin, pues se torna inoperante y carente de validez.- 2- En materia cambiaria, el auto de apertura del sumario debe responder a la convicción de que existen elementos suficientes para responsabilizar a determinada persona y/o firma, luego de practicarse un suficiente relevamiento encaminado a ello, y no un mero acto mecánico dirigido a evitar que se prescriba la acción, intempestivamente dictado fuera de la progresividad normal de las actuaciones cumplidas. En tal caso la invalidez de ese acto es evidente.