Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-21


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 21 de 2007.

1. La presunta fallida apeló la decisión de fs. 153/157 que declaró insuficiente la suma ingresada a embargo por la quejosa a fin de superar esta petición de quiebra.

2. Dilucidar el recurso en estudio requiere de cierta reseña de los hechos que enmarcan este conflicto.

El señor Guillermo Alejandro David pidió la quiebra de Rasgo S.A. esgrimiendo como hecho revelador un pagaré sin protesto librado el 26.09.01 por U$S 10.926,06, con vencimiento el 26.10.01 (fs. 3), que dijo impago.

Como petición accesoria a su reclamo, requirió que fuera declarada la inconstitucionalidad de las normas de emergencia; amén que advirtió que el deudor ya se hallaba en mora cuando se sancionó tal normativa.

Así pretendió que su presunto crédito sea mantenido en la moneda de origen.

La presunta fallida depositó a embargo la suma de $ 33.200 como forma de acreditar su solvencia. Pidió por ello la desestimación de esta petición de quiebra.

3. La sentencia en recurso, glosada en fs. 153/157, rechazó la inconstitucionalidad propiciada por el actor.

Sin embargo estimó aplicable la llamada doctrina del esfuerzo compartido y con base en ella fijó el quantum que estimó necesario para superar la atribución de encontrarse cesante en sus pagos.

A estos efectos fijó tal suma con las pautas que siguen:

a) Convertir los dólares según la paridad $ 1 = U$S 1;

b) Adicionar el 70% de la brecha entre el peso y el valor del dólar estadounidense libre a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación.

c) Agregar a ese capital, los intereses calculados desde la mora a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento en moneda nacional (cfr. Plenario "S.A. La Razón" - (LA LEY, 1994-E, 412-), sin capitalizar.

Por último, difirió la decisión acerca del pedido de quiebra (ley 24.522, art. 84) y la determinación de las costas correspondientes, al resultado "...de la medida que aquí se ordena".

La sentencia fue apelada por la presunta fallida.

4. Ab initio podría desestimarse el recurso pues la decisión recurrida no constituye una sentencia que cause gravamen irreparable.

Ello ocurriría si fuera decretada la quiebra, lo cual permitiría al hoy quejoso articular las impugnaciones que correspondan.

Y sólo habría decisión susceptible de ser apelada cuando se ponga fin a la eventual reposición de la sentencia de quiebra que pueda deducirse (arts. 94 y 95, LCQ).

Sin embargo, aplicar aquí esta solución importaría incurrir en un formalismo con grave perjuicio para la quejosa quien, sufriría eventualmente los perjuicios de la quiebra aun cuando luego pudiera ser revocada.

Máxime en el sub lite donde, como será dicho de seguido, las decisiones adoptadas exorbitaron el trámite acotado de un pedido de quiebra.

Por ello, y en este caso excepcional, resulta justificado ingresar en la queja.

5. La presunta deudora cuestionó la modalidad de cálculo establecida por el señor Juez a quo concluyendo que el esfuerzo sólo recaía en su persona y por tanto no era compartido.

A su vez se quejó de la procedencia de los intereses autorizados.

Sin embargo, como fue adelantado, este debate excede los estrechos límites del pedido de quiebra.

Ha sido dicho reiteradamente por la jurisprudencia que el pedido de quiebra no constituye un juicio de cobro (CNCom A, 29.9.1982, Autotransportes Antártida Ata S.A. p/q por Parmeggiani Ferndinando; esta Sala, 5.7.1976, Naviera Argentina S.A. P/Q por Banco Nacional de Desarrollo; esta Sala, 3.2.1986, Indumenti S.A. P/Q por Pedro N. Freire), y el art. 84 in fine de la ley 24.522 enfáticamente prescribe que "no existe juicio de antequiebra".

Tampoco el pedido de quiebra es la vía para obtener una declaración judicial sobre la existencia y legitimidad del crédito invocado por el pretenso acreedor (CNCom E, 25.6.1999, Fribe S.A. p/q por Mayerhofer Argentina S.A.) Sólo se encamina a establecer sumariamente sin forma de juicio, si concurren los presupuestos necesarios para que la quiebra sea declarada.

De allí que su ámbito de conocimiento sea por demás acotado, sin ingresar no sólo en aspectos que hacen a la causa de la invocada acreencia sino también en otros más complejos como puede ser su cuantía y, dentro de tal estudio, la inconstitucionalidad de la legislación formalmente aplicable al caso.

Lo acotado del trámite no sólo impide el análisis de este ataque, sino tampoco decidir sobre una eventual aplicación de ajustes autorizados por ley.

Es que para obtener el reajuste equitativo previsto por el artículo 8 del decreto 214/02 es menester acreditar si existe una desproporción clara entre el quantum obtenido de aplicar el sistema de ajuste legal y "...el valor resultante de la cosa, bien o prestación..." que dio causa al contrato.

La Sala entiende evidente que tal indagación no es procesalmente admisible en un pedido de quiebra, con un ámbito de conocimiento como el ya descripto.

La labor del Juez se circunscribirá a meritar si el peticionante ha demostrado que, en el caso, son reunidos los recaudos formales para que proceda la quiebra; de su lado, el presunto fallido deberá demostrar no encontrarse en insolvencia.

A tal fin la forma más habitual de repeler tal acusación es demostrar encontrarse "en fondos", depositando en pago o a embargo un importe suficiente a juicio del magistrado.

Pero para así concluir el Juez a quo no debió ingresar en terrenos impropios de este procedimiento, sino limitarse a aplicar las leyes vigentes para calcular una obligación originariamente pactada en moneda extranjera, luego afectada por la legislación de emergencia.

El juicio sobre la constitucionalidad de tal normativa, como la aplicación del reajuste por ella previsto, son cuestiones que merecen un debate mayor al que posibilita un pedido de quiebra.

El mismo se desarrollará en el juicio de cobro que necesariamente deberá incoar quien se dice acreedor, en tanto el acusado como cesante depositó "a embargo" un importe que entendió suficiente para demostrar su solvencia.

Frente a la tácita propuesta del aquí presunto deudor de debatir tanto la existencia como la extensión del crédito que le es opuesto en un juicio posterior, cabrá derivar a él toda cuestión referida a la constitucionalidad de las normas de emergencia como, eventualmente, la aplicación al caso del reajuste previsto por el artículo 8 del decreto 214/02.

En definitiva, cabrá revocar la decisión en estudio y encomendar al señor Juez a quo que evalúe la suficiencia de los fondos depositados a la luz de considerar las pautas de conversión de la ley 25.561, decreto 214/02 y concordantes (U$S 1 = $1 más el C.E.R. o el C.V.S.), con más los intereses que se indican de seguido.

En efecto, en tanto los réditos indicados en el artículo 4 del decreto citado no han sido definidos por norma positiva expresa, cabe su determinación aquí.

La Sala estima útil aplicar, como pauta de referencia, lo dispuesto por la Comunicación A-3507 del Banco Central de la República Argentina que, conforme resulta de su texto, crea o define la tasa que es referida en el decreto 214/02, aunque en su artículo tercero.

Decimos adoptarlo como pauta de referencia, o disposición de aplicación analógica al caso, pues como fuera adelantado, se refiere a otro supuesto cual es las deudas que los sujetos "...correspondientes al sector privado no financiero, mantengan con las entidades financieras y fideicomisos financieros...".

Empero en su texto prevé un rédito del 8% anual sobre el capital reajustado por el C.E.R., para el caso de personas jurídicas como es el caso del presunto deudor.

Debe señalarse, en sustento de esta proposición, que el C.E.R. se traduce en una tabla que se endereza a compensar los efectos de la "pesificación", y cuya composición guarda cierta similitud con un índice de ajuste (Com C, 18.11.2005, Pinturería Profesional Marcos S.R.L., LA LEY, 2006-B, 12).

De allí que proceda fijar una tasa pura como la ya indicada.

Va de suyo que este cálculo deberá aplicar, en los períodos que van desde la fecha de vencimiento del pagaré hasta la de vigencia del decreto 214/02, las pautas generales en la materia, usualmente aplicadas en aquel tiempo.

Todo ello al solo efecto, como fue dicho, de concluir si el importe depositado a embargo por Rasgo S.A. es suficiente para superar la petición de quiebra.

En tanto ha transcurrido un extenso plazo entre el depósito y esta decisión, el Juez a quo podrá intimar a la presunta fallida a ingresar la suma que estime suficiente para solventar el cálculo ordenado a valores actuales.

Congruente con los fundamentos aquí desarrollados, cabrá distribuir las costas de este recurso en el orden causado.

6. Por lo expuesto, la Sala RESUELVE:

Revocar la decisión de fs. 153/157.

Costas de Alzada en el orden causado.

Encomendar al señor Juez a quo que realice una nueva estimación de la suficiencia de los fondos depositados por la acusada de insolvente, de acuerdo a las pautas desarrolladas en el punto anterior.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.