marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad del acto jurídico, sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARRIDO E. c/ M. COGLIATI DE RICO Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S077 - 040)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-09-05

"Solo existe sentencia arbitraria, cuando del analisis de los hechos controvertidos surjan aberraciones de tal magnitud que ofendan el sentido comun por su absurdidad, o cuando el fallo se encuentre fundado exclusivamente en la voluntad de los jueces con prescindencia total de las pruebas aportadas. Consecuentemente, la doctrina de la arbitrariedad no se aplica, cuando la sentencia no es producto de la mera voluntad del juzgador, sino que se basa en las propias constancias de los autos y por ende se ajusta a derecho.-
Poder Judicial, cuestión no justiciable, división de poderes, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

No le corresponde a la justicia resolver cuestiones de gobierno que son ajenas al rol asignado por la Constitución, ni propiciar, ni determinar ni menos aún ejecutar esas políticas activas de orden general. A los jueces, nos cabe dirimir conflictos individuales, aún en aquellos casos en que corresponde el control de constitucionalidad.

Se desnaturalizan las instituciones, se infringe la división de poderes y se altera el funcionamiento del Estado cuando se judicializan cuestiones que son propias de otros Poderes, más específicamente de los Poderes políticos del Estado, que están adecuadamente diferenciados en sus atribuciones, responsabilidades y deberes del Poder jurisdiccional.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soria Adolfo Omar (Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima) c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes - Aclaratoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-10

En el marco de un conflicto de poderes suscitado en el seno del concejo deliberante de un municipio del interior provincial, esta Corte de Justicia, ha dictado Sentencia Definitiva mediante la cual, admitiendo la acción, se ordena la restitución del actor en el cargo de presidente del concejo deliberante requerido, decisión para la cual el Tribunal tuvo en cuenta las irregularidades para desplazar al Presidente y elegir nuevas autoridades.

Ante este procedimiento ilegal e inconstitucional , violatorio de las garantías constitucionales, solo cabía declarar la nulidad de la sesión especial - celebrada por tres concejales, sin la presencia del Presidente del Cuerpo, y en la que se designaron nuevas autoridades- y la invalidez de todos los actos que se realizaron durante y posteriormente a aquella, declaración que, como lógica consecuencia alcanza la sesión preparatoria celebrada el día 21/02/08 en la que se ratificaron las autoridades ilegalmente designadas.

El abogado representante del presidente electo irregularmente, se presenta solicitando aclaratoria de la sentencia aludida supra, alegando que en febrero del corriente año fue elegido su representado, y que por lo tanto la sentencia dictada en septiembre se torna de cumplimiento imposible pues dispone la restitución en el cargo de presidente al actor cuando el mandato de éste cesó en el mes de febrero, derivando todo ello en una situación de gravedad institucional pues el Concejo Deliberante quedaría de esa forma acéfalo.

Por lo que corresponde a esta altura de los acontecimientos, hacer lugar a la aclaratoria, y en consecuencia ordenar que se de efectivo cumplimiento a la sentencia definitiva de este Tribunal y se proceda tal como se consigna a restituir en el cargo de Presidente del Concejo Deliberante al actor, para que éste en ejercicio legítimo del mismo convoque en el plazo de cinco días, a una nueva sesión preparatoria a fin de elegir las nuevas autoridades del Cuerpo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Bs. As. c/ Lison S.A. s/ Ejecución hipotecaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

No resulta definitiva la decisión que en la etapa de ejecución de sentencia tiene por reconstruido el pagaré que complementa la escritura hipotecaria, no siéndolo tampoco la resolución de la alzada en la que se declara incompetente para tratar agravios que no fueron sometidos al sentenciante de origen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lesiones en riña, prueba, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Antiñir,  Omar  Manuel  - Antiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez,Miguel  Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y enconc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Por medio del art. 95 del Código Penal el legislador ha pretendido simplificar posibles complicaciones en la producción de la prueba derivadas de las frecuentes dificultades para individualizar la responsabilidad de cada interviniente en hechos de estas características. Pero esto no significa que la norma parta de la premisa inexorable de que la determinación de tales responsabilidades es y seguirá siendo imposible, sino todo lo contrario.
Privilegios (comercial), concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LLAVER SANTIAGO FELIPE Y OTRA c/ BANCO DE LOS ANDES  S.A. s/ QUIEBRA INCIDENTE DE SE ORDENE PAGO - CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

No resulta razonable -en la hipótesis de un acreedor privilegiado que enfrente la pretensión de otro sobre el cual tiene prelación de cobro- condicionar el funcionamiento del privilegio a que su titular demuestre que, de hacerse lugar al pago que el segundo requiere, los fondos no alcanzarían para satisfacer su crédito prioritario; tal carga probatoria desnaturalizaría el régimen de los privilegios y afectaría las razones que llevaran a su implantación.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, concurso de cargos, reglamentación de la ley, leyes, ley derogada, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FAZZINI, VIRGINIA ISABEL Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. s/ AVOCACION ( ART. 2 LEY 11330- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD        (EXPTE.: C.S.J. NRO. 248 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

Corresponde a los órganos con competencia en lo contencioso administrativo, su resolución (art. 3, ley 11330). En el caso, se impugna de inconstitucional la norma que al regular un nuevo procedimiento de selección concurso público para la cobertura de distintos cargos efectuado por ante órganos del estado provincial, consejo consultivo y Poder Ejecutivo, dejó sin efecto una serie de actos que se habían realizado bajo la vigencia de un reglamento que la misma norma deroga, cuestión que evidentemente reviste naturaleza administrativa.
Recusación por prejuzgamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bazán, Damián Alejandro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-26

Corresponde admitir la recusación de los jueces que han intervenido con anterioridad dictando la sentencia condenatoria -que fue parcialmente anulada por esta Cámara- sobre idéntica materia -método de unificación de pena- que la que ahora deben resolver. (Dres. Tragant, Ledesma y Riggi).
Empleados públicos, prestación de servicios, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D´Onofrio, Antonio M. c/ Instituto de Previsión Social. s/ Pretensión anulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

El derecho al sueldo del agente estatal nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que la efectiva prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene asignado no autoriza a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicho cargo superior si no ha mediado el necesario nombramiento o la designación en este último con carácter retroactivo. Es que sólo mediando designación regular, el funcionario puede percibir las diferencias de sueldos correspondientes al cargo superior, ya que al no mediar expreso nombramiento o regular designación no hay norma legal que autorice el pago de aquéllas (doctor HITTERS, minoría).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GABRIEL DARIO ARENZON c/ ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO (MRIO. DE EDUCACION) - DIRECCIONNACIONAL DE SANIDADESCOLAR. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

El art. 2, inc. d) de la ley 16986 no debe ser entendido de manera absoluta, porque ello equivaldría a destruir la esencia misma de la institución que ha sido inspirada con el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales de la persona, cuando no existe otro remedio eficaz al efecto.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, licencia de uso, marcas, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Latin Shoes SA c/ KA Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Procede hacer lugar a la indemnización pretendida por el actor, en tanto se encuentra comprobado que el contrato de "asesoramiento técnico y comercial" que reglaba la producción y distribución de calzado -no deportivo- con cierta marca italiana para el mercado local, fue ilegítimamente suscripto porque la accionada no se encontraba en condiciones de sublicenciar sus derechos a terceros según se desprendía del documento firmado con la titular de la marca. Es que mientras que la cesión implica la transferencia de la propiedad del derecho, en caso de mediar una autorización a un tercero para utilizarla, como aquí ocurrió con la marca comercial, se trata de una licencia de uso (Bensadon, Martín, Derecho de Patentes, Abeledo Perrot, 2012, pág. 601). En ese marco, es evidente, entonces, que para el actor se reunían los componentes propios de una sublicencia. La demandada actuó como sublicenciante, al ser propietario del derecho temporal de uso de la marca en el país por la ligación previa que tenía con la propietaria, y, por otra parte, la accionante era la sublicenciataria por ser la cesionaria de aquel derecho a cambio del pago de una contraprestación dineraria. La finalidad constituía la autorización para que produzca y venda productos con ese distintivo en el territorio especificado con un período de tiempo determinado.
Régimen de consolidación de deudas, intereses, tasas de interés, ELMA
Materia: CIVIL
Carátula: JUPITER COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ FALTANTE - AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-12

Toda vez que la notificación de la demandada tuvo lugar el 8.4 91, no corresponde establecer intereses a la tasa del 6% anual. En el caso de autos, y con relación a ELMA, y respecto de la deuda que se encuentra a su cargo, corresponde la aplicación del art. 6 de la ley 23982, por lo que la tasa de interés debe adecuarse a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central, capitalizable mensualmente, salvo que la acreedora ejerza la opción del art. 10, párrafo segundo de la ley, en cuyo caso regirá el tipo de interés que prevé el art. 14, inc. c del decreto reglamentario 2140/91.
Contrato de trabajo, empleo público, personal civil de las Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Elias,  Zulma  Noemi c/ Estado  Nacional Fuerza Aerea ArgentinaDirección General de Bienestar del Personal s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Habiendo sido la actora contratada por la Dirección General de Obra Social de la Fuerza Aérea Argentina, luego absorbida por la Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea Argentina, no cabe considerar subsumida la relación de empleo que unió a las partes en el ámbito de la ley de trabajo, pues no ha mediado un acto administrativo expreso de inclusión en tal sentido (art. 2 inc. a LCT). Las partes decidieron subsumir la contratación al régimen establecido en el estatuto del Personal Civil de la Fuerzas Armadas (ley 20.239).
Municipalidad, acción de amparo, mandamiento de ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Smart, Tomás L. s/ ACCIóN DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-08-18

Es procedente la acción de amparo interpuesta por un Concejal Municipal tendiente a que el Intendente del Municipio de San Carlos de Bariloche presente el Balance General del ejercicio 1987 conforme lo ordena el art.25 inc.12 de la Carta Orgánica Municipal. Ello así por cuanto: 1ro.) existe un deber concreto; 2do.) éste tiene plazo;

3ro.) el mismo no ha sido ampliado; 4to.) existen requerimientos documentados presentados por el actor, no desconocidos por el demandado en su contestación; 5to.) el actor tiene el derecho a revisar las cuentas públicas y a contar con el cumplimiento de la obligación legal impuesta por la Carta Orgánica.
Homicidio calificado, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: SIERRA MARIO JOSÉ y OTROS s/ HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA y CON EL CONC. PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS - JUICIO ORAL s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2015-04-15

Una mujer y su hijo deben ser absueltos de la condena impuesta por el homicidio con alevosía cometido en perjuicio de un hombre que fue mutilado, pues la sentencia condenatoria comete una acabada y clarísima contraposición con los principios de la lógica que la misma debe contener, ya que no tuvo en cuenta el peso del cadáver para su traslado, por un sendero de vacas, con existencia de arbustos tipo de monte de la zona, entre un hombre y una mujer, además del transporte de la bicicleta, es que es imposible a la luz de un razonamiento lógico, que dicha tarea, por la distancia recorrida a pie por el "monte tupido", por el peso que trasladaban, más el medio de movilidad de la víctima, le haya insumido un total de veinte minutos aproximadamente y que solamente la fuerza de un hombre, con la ayuda de una mujer, puedan haber llevado a cabo tal cometido.
Proceso penal, debate, testimonio, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VIDELA, HECTOR VIRGILIO s/ SENTENCIA - DEBATE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1963-11-06

La sentencia judicial debe basarse, únicamente, en los actos del debate, es decir, nunca en las actuaciones del sumario de prevención (que en principio no pueden introducirse a aquel)aunque el funcionario policial este presente desde el principio hasta el fin mientras se practican los actos.

Con respecto a las testificales, el art. 420, C.P.P., es terminante, en el curso del debate solo pueden leerse esas declaraciones, en determinados casos, siempre que se hayan observado las normas de la instrucción judicial y, claro esta, que la primera de esas normas es que las haya recibido el juez de instrucción.

De este precepto resulta, por tanto, que nunca se pueden leer en el debate declaraciones prestadas ante la autoridad policial, por elevada que sea la jerarquía del funcionario administrativo actuante.

Cuando la sentencia se basa en elementos probatorios que no pudieron ingresar en el debate, se vulnera el principio de la inviolabilidad de la defensa y la motivación del acto jurisdiccional resulta ilegítima vale tanto como falta de motivación , la sentencia es nula en virtud del art. 432 del C.P.P., siempre que se trate de elementos eficaces y decisivos para determinar el pronunciamiento.
Responsabilidad por omisión, contaminación ambiental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nº B-157.005/06 en Castillo, Ariel Normando y otros c/ Municipalidad de Palpalá s/ Ordinario por Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2016-03-07

Corresponde confirmar la sentencia que condena a la Municipalidad de Palpalá a indemnizar a los actores los daños y perjuicios ocasionados por la habilitación en el éjido municipal de industrias que operan con plomo, pues no cabe duda alguna que el municipio ejerce el poder de policía sobre su comuna en materia ambiental, siendo su obligación garantizar a sus habitantes la seguridad y la integridad psicofísica, preservar el medio ambiente a través de políticas pertinentes, de la utilización del instrumental necesario y del estricto cumplimiento de las leyes que garanticen un ambiente sano, de modo que el incumplimiento de este deber expone a los actores a los daños y afecciones de las que da cuenta la pericial médica rendida en autos, incurriendo, el municipio, en la configuración de la responsabilidad por omisión prevista en el art. 1112 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, reparación integral, jurisprudencia vinculante, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MEDINA, LUIS ALBERTO c/ PREVENCION ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

El tema de mayor relevancia traído aquí en cuestionamiento, consistente en el rechazo de la responsabilidad civil de la empleadora demandada por suficiencia de la reparación sistémica otorgada por la aseguradora, guarda analogía con lo resuelto por esta Corte in re "Sánchez, Patrocinio R. c/ La Caja ART S.A. y otros", precedente en el cual se había desestimado la reparación civil reclamada al empleador (restringida en aquel entonces por el artículo 39.1 de la ley 24557) por considerar el juzgador mayor el monto de la reparación sistémica receptada a la prevista en el derecho común-; y este Alto Tribunal provincial expresó que una cosa es el cuestionamiento del monto indemnizatorio cuantificado dentro de la lógica de la reparación tarifada o sistémica o del monto de la condena por reparación integral civil y otra muy distinta son los sujetos obligados a responder, así como la causa y fundamentos que dan origen a la responsabilidad sistémica y a la responsabilidad civil, siendo esta última cuestión, independiente de los montos de condena al que cada uno de los sujetos resulte eventualmente condenado; por lo que cabe remitirse brevitatis causae a las razones allí expuestas. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Erbetta, Spuler y Gutiérez) - CITAS: CSJStaFe: Sánchez, AyS T 274, p 11. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 39.1.
Intereses, deuda previsional, facultades del juez, facultades de saneamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ AVICOLA SAN MIGUEL  S.C.A. s/ D.N.R.P.  INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

La deuda reclamada no tiene por finalidad satisfacer intereses individuales sino allegar fondos para el cumplimiento de los servicios sociales cuya prestación canaliza la actora, por lo que no concurren en el caso las razones de orden moral que la jurisprudencia ha valorado para reprimir la usura.

Los intereses en cuestión tienen un carácter moratorio y punitorio, es decir, sólo son aplicables para el supuesto de incumplimiento del deudor, por manera que el agravio que éste invoca surge de su propia conducta discrecional y, en tales condiciones, aun por aplicación analógica de la ley civil, sólo promediando una evidente desproporcionalidad entre la tasa aplicada y el incumplimiento abusivo, se podría ejercer la facultad morigeradora de los jueces.
Excarcelación, cauciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LEGNANI LUIS Y OTROS s/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-20

La caución no es una retribución en razón del delito imputado, sino un resguardo o seguridad respecto del comportamiento del excarcelado en lo que atañe a sus obligaciones como tal. La elección del tipo de caución y su monto queda librada al prudente arbitrio judicial, el cual deberá moverse dentro de las pautas que proporciona la ley procesal.

Precisamente el art. 318 del C.P.P. (Ley 7904), establece distintas pautas a los fines de la determinación de la caución, ordenando que se tenga en cuenta la naturaleza del delito, el daño que hubiere ocasionado, la condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado. Que fácil resulta advertir que alguna de las mencionadas pautas son, por llamarlas de alguna manera, personalísimas, en el sentido que varían entre distintos imputados que puedan encontrarse involucrados en una misma causa y por los mismos delitos. Así se ha dicho que: "No causa agravio al procesado la elección por parte del juez de la caución real, ya que al solicitar la excarcelación dejó librado al criterio del juzgador la fianza a aplicar...". (C.N.A.C.F., Sala 4, causa: "Goldreer, R.", Res. del 30/7/85).

La ley procesal señala como regla que la excarcelación debe ser concedida bajo caución real o personal, y excepcionalmente juratoria, cuando se estime imposible que el imputado "por su estado de pobreza ofrezca caución real o personal" (art. 319 C.P.P., Ley 7904). En consecuencia, la elección de aquéllas ( real o personal) queda librada al prudente arbitrio judicial, sin perjuicio de las pautas contenidas en el art. 318 C.P.P.. La intensidad en la graduación de la caución se justifica en el mayor o menor peligro que se corra respecto al sometimiento del excarcelado a la autoridad del Tribunal.

Conforme las constancias obrantes en autos, valorando circunstancias tales como la especie de delito y modo de ejecución en el caso particular, la gravedad del daño que aparece como ocasionado, la condición económica del encartado, que surge de "sus condiciones de vida" consignadas en su declaración indagatoria, como así también de la manifestación de bienes y certificación de ingresos, y por último, la circunstancia que la caución fue satisfecha, sin perjuicio que eventualmente corresponda a esta Cámara expedirse sobre su modalidad, habida cuenta de la queja fiscal al respecto, es demostrativo que la disposición jurisdiccional no se encontraba condicionada a una hipótesis de cumplimiento imposible, que la tornaba ilusoria o una mera abstracción; todo ello, decide a concluir que el auto apelado debe ser confirmado, en tanto otorga la excarcelación bajo caución.-
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Modestino Jaime c/ Rojas Rodriguez, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

Pese a la formidable fuerza expansiva de ese factor objetivo de atribución, conocido como teoría del riesgo creado por las cosas, no ha de olvidarse que el mismo, es propio de la responsabilidad aquiliana y ajena al campo de la responsabilidad contractual. En este, y cuando de responsabilidad médica se trate, lo verdaderamente trascendente en el ejercicio de la medicina suele ser el acto médico, científico, en sí, aunque el profesional para su concreción deba ayudarse o servirse de alguna o algunas cosas. Los daños surgentes han de considerarse resultantes del hecho humano del profesional actuante y no de la participación, accesoria y de poca relevancia de la o las cosas de que él se valiese para realizar su acto médico.
Lugar de cumplimiento del contrato, aplicación de la ley, aplicación del derecho extranjero, aplicación supletoria de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, Nestor y otro c/ Altamiranda, Nelson y Asociados S.A. s/ ley 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Salvo estipulación específica, la norma del lugar de ejecución del trabajo es la que rige el negocio jurídico en su desarrollo y extinción, así como en relación a los derechos y obligaciones de las partes y la caracterización del vínculo. Si en el caso concreto el reclamo se sustenta en un estatuto profesional de índole legal (los actores habían ido a construir viviendas en Turkmenistán) no cabe la sustitución por el derecho extranjero si no se invocaron ni siquiera subsidiariamente las normas que se pretende aplicar, lo que desplaza la posibilidad de resolver el conflicto ejerciendo la facultad conferida por el último párrafo del art. 377 del CPCCN.