Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29


Causa Nº 060-00-CC/2006 "Roldán, Mónica Noemí s/Inf. art. Ley 255- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de junio del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular de la encartada, Lagorio, a fs. 541/545 de la presente, de la que;

RESULTA:

I.- Que a fs. 109/123 obra copia del procedimiento llevado a cabo por la prevención el 12/4/2004, a partir de una orden de allanamiento emitida por el titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 1, Alfredo Durante, en el que se secuestraron diversos bienes vinculados con la presunta comisión de las contravenciones previstas en la Ley Nº 255, en el local sito en José Gervasio Artigas 5408 de esta ciudad, a cargo de la Sra. Mónica Noemí Roldán. Todo ello originado por diversas denuncias de representantes de Lotería Nacional SE, que obran en el expediente.

II.- Que a fs. 255/256, el 12/10/2004 se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 41 LPC, donde Mónica Noemí Roldán manifestó que no es la dueña del local, y que entendía que las actividades llevadas a cabo en el mismo estaban en regla, puesto que los inspectores de Lotería Nacional nunca realizaron observación alguna.

III.- A fs. 263/267 vta. de la presente obra el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Sra. Fiscal Grado a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 11, Claudia Barcia, solicitando que se le imponga a la encartada la pena de tres (3) días de arresto y dos mil pesos ($ 2.000) de multa -a razón de diez (10) días multa de doscientos pesos ($ 200) cada uno- con más su interdicción para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos por el término de cinco (5) años y el comiso de los efectos que fueran secuestrados, al considerarla autora responsable de las conductas previstas y reprimidas en los arts. 2, 3 y 4 de la Ley Nº 255.

IV.- Que a fs. 300/305 se agregan declaraciones testimoniales rendidas el 5/4/2005, ante la inasistencia injustificada de la imputada a la audiencia de juicio, circunstancia que motivó que a fs. 306/vta. el Sr. Juez de Grado, la declarara rebelde y ordenara su comparecencia por la fuerza pública.

V.- Que a fs. 333 vta., se deja constancia de la acumulación de la presente causa con la Nº 11498 y se dispone estar a la audiencia de debate designada oportunamente.

VI.- Que el 19/4/2005, según consta en el Expte. 5831-JC/2004 (causa Nº 11498), se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 41 LPC (fs. 154/155), donde Mónica Noemí Roldán hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

VII.- Que a fs. 166/170 vta. del expte. 5831-JC/2004 (Causa Nº 11498) obra el requerimiento de elevación a juicio, formulado por la Genoveva Inés Cardinali, solicitando se le imponga a la encartada la pena de ocho (8) días de arresto y tres mil pesos ($ 3.000) de multa -a razón de diez (10) días multa de trescientos pesos ($ 300) cada uno- y clausura del local por el término de cuarenta y cinco (45) días, con más su interdicción para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos por el término de cinco (5) años y el comiso de los efectos que fueran secuestrados. Todo ello por considerarla coautora responsable de la conducta prevista y reprimida en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Nº 255, desde el 30/4/2004 hasta al menos el 7/12/2004 en forma continua.

VIII.- Que a fs. 190/191 del expte. 5831-JC/2004 (causa Nº 11498) la María Laura Martínez Vega, Juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 9 dispuso declarar la conexidad sujetiva entre los exptes. nº 5831-JC/04 a su cargo y nº 742-JC/04 en trámite ante el Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 1, y declinar su competencia a favor de este último.

IX.- Que a fs. 363/vta., el día 30/11/2005 se declaró formalmente abierto el debate, designando Roldán un nuevo defensor y solicitando, por tanto, la suspensión de la audiencia en razón del abandono efectuado por la defensa anterior; pedido que es concedido, fijándose nueva audiencia para el 22/2/2006.

X.- Que a fs. 474/479 obran las actas de la audiencia de debate, llevadas a cabo los días 22/2/2006 y 9/3/2006 esta última a la que no asistió la encartada, fijándose nueva audiencia para el 23/3/2006 en la que finalmente el Sr. Juez de Grado, Alfredo Durante, resuelve condenar a Mónica Noemí Roldán a la pena de ocho (8) días de arresto domiciliario e interdicción por el término de cinco (5) años para obtener cualquier tipo de autorización, habilitación o licencia para organizar promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos con costas y el comiso de los elementos secuestrados, por ser autora responsable de la contravención prevista en el art. 3º de la ley 255 por los hechos ocurridos el 12/4/2004 y desde el 30/4/2004 al 7/12/2004. Los fundamentos de la sentencia obran a fs. 536/538.

XI.- Que a fs. 541/545 el Sr. Defensor particular, interpone recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia. Así, sostiene que: 1) La resolución resulta nula, por vulnerar lo dispuesto en el art. 47 LPC, puesto que de la causa no se desprende motivo alguno que amerite la extensión del plazo para el dictado de la sentencia, a saber la complejidad del caso (art. 400 CPPN). 2) Se equivoca el Sentenciante al afirmar que la encartada se sustrajo a la acción de la justicia, puesto que Roldán no solo justificó sus inasistencias, sino que asistió cuando debía. Asimismo, refiere que no resultan aplicables al caso las disposiciones de la Ley Nº 1472, respecto a la declaración de rebeldía, sino las establecidas en la Ley Nº 255, en forma global y retroactiva por ser la norma más benigna. 3) Las pruebas rendidas en la audiencia no resultan suficientes para tener por acreditados los hechos endilgados a la encartada, por lo que corresponde su absolución en virtud del principio in dubio pro reo. 4) El Magistrado, al imponer la pena, ha vulnerado el principio de razonabilidad. Ello, en virtud de que la sanción impuesta fue superior a la solicitada por el Fiscal en el requerimiento de juicio, y ha invocado normas no aplicables al caso para el dictado de la sentencia, puesto que al momento de los hechos no se encontraba vigente la Ley Nº 1472 que fundamenta la condena. 5) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

XII.- Que el Sr. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 057-FC2/06, obrante a fs. 550/553 vta., solicita que se rechace el recurso de apelación intentado y se confirme la sentencia impugnada en todo cuanto fuera materia de agravio. Al respecto, afirma que: 1) En cuanto a la violación de las previsiones del art. 47 LPC refiere que el solo hecho que la lectura de los fundamentos no se efectuara luego de la audiencia no conlleva a su nulidad, máxime cuando dicho planteo no fue introducido por la Defensa ante el Juez de Primera Instancia en el momento oportuno. No obstante ello, teniendo en cuenta la tramitación del proceso y las sucesivas e indebidas suspensiones del debate, agrega que en su opinión dichas irregularidades contrarían los principios de inmediatez, oralidad, celeridad y publicidad establecidos constitucionalmente, pero fueron consentidas por las partes quienes no se opusieron a dichas dilaciones. En este punto, expresa que algunas de las diferentes circunstancias hubieran dado lugar a nulidades relativas, las que no fueron opuestas por los interesados oportunamente. 2) En relación a la prescripción de la acción alegada por la Defensa, propugna su rechazo puesto que según menciona en su escrito existieron incomparencias injustificadas de la encartada a citaciones cursadas que suspendieron el plazo de la prescripción. Por tanto, teniendo en cuenta ello y que la audiencia de juicio (que interrumpió el curso de la misma) fue llevada a cabo el 30/11/2005 la acción -a su entender- no se encuentra prescripta. 3) En cuanto a la crítica de los fundamentos de la sentencia, refiere que los argumentos de la Defensa en este punto trasuntan una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por el Judicante. 4) La pena impuesta no resulta irrazonable puesto que el Sr. Juez de Grado no impuso todas las penas solicitadas por el Fiscal, sino que modificó el modo de cumplimiento en forma más beneficiosa para la encartada. Asimismo, y en cuanto a la presunta aplicación de la Ley Nº 1472 afirma que de la lectura de la sentencia se advierte que el sentenciante aplicó la Ley Nº 255 y únicamente la nueva norma en lo que se refiere al principio de ley más benigna contenido en el art. 9.

XIII.- Que a fs. 557/558 la Defensa contesta la vista que le ha sido conferida manteniendo los fundamentos esgrimidos en el recurso de apelación. Asimismo, refiere que de considerarse que el a quo no se pronunció acerca del planteo de nulidad corresponde que el Juez de Primera Instancia resuelva la cuestión. En relación a la suspensión de la audiencia por mas tiempo que el establecido legalmente, refiere que ello conlleva a la nulidad de todo lo actuado.

XIV.- Que a fs. 559 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto En su caso, ¿es ajustada a derecho la sentencia recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo a lo prescripto en el art. 50 de la Ley Nº 12. Es decir, fue incoado contra una sentencia definitiva dentro de los cinco días de notificado, mediante escrito fundado y por quien se encuentra legitimado para hacerlo. Por tanto, corresponde declarar correctamente concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensa.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ahora bien, seguidamente se analizarán los agravios en forma separada para una mayor claridad, aunque en distinto orden al expresado por el recurrente.

I.- Prescripción de la acción En este punto el impugnante solicita se declare la prescripción de la acción seguida en la causa 5831-JC/2004 (causa nº 11498), en la que se endilgó a la encartada la presunta comisión de la contravención consistente en la organización, explotación y comercialización de juego clandestino (arts. 2, 3 y 4, Ley 255) en forma continua desde el 30/4/2004 al 7/12/2004. Ello, por entender que no es posible -como pretende el Judicante- extender los efectos suspensivos de la rebeldía declarada en la causa nº 742-JC/04 a los hechos investigados en el expediente acumulado jurídicamente a la misma.

En primer término, es importante señalar que la finalidad del instituto de la prescripción consiste en evitar una prolongación indefinida del proceso y que se viole la garantía del imputado a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable, derecho que se desprende de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (CSJN, Fallos 302:299; 305:913; 306: 1705, entre otras).

A partir de ello, corresponde verificar en la presente si la acción contravencional seguida contra Roldán en la causa nº 5831-JC/2004 (nº 11498) se encuentra prescripta, de acuerdo a lo normado por el art. 31 de la Ley Nº 10 vigente al momento de los hechos. Así, dicha norma establece el plazo genérico de un año, el que comienza a correr desde la fecha de comisión de la contravención o en el momento en que cesó si fuera continuada; plazo que se suspende por la incomparecencia injustificada del presunto contraventor a las citaciones legales debidamente notificadas y se interrumpe por la celebración de la audiencia prevista en el art. 46 de la Ley Nº 12.

Sentado ello, cabe analizar las constancias obrantes en la causa a la luz de la normativa aplicable, a efectos de dilucidar si, como refiere la Defensa, ha operado la extinción de la acción seguida contra Roldán en el expte. nº 5831-JC/2004 (causa nº 11498).

Así, en el caso surge que en el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 166/170 vta. del expediente mencionado se le ha endilgado a la encartada la organización, explotación y comercialización de juego clandestino en forma continua, periódica y permanente desde el 30/4/2004 hasta el 7/12/2004. Es decir, de acuerdo a lo establecido en la norma antes mencionada el plazo de prescripción de la acción comenzó a correr desde esta última fecha.

Ahora bien, de la causa surge que la audiencia de juicio, única causal de interrupción del curso de la prescripción de acuerdo al art. 31 de la Ley Nº 10, ha sido iniciada el 30/11/2005 (fs. 363/vta.) es decir, antes que hubiera transcurrido el plazo de un año para que opere la extinción de la acción contravencional. Por tanto corresponde afirmar que la acción no se encuentra prescripta.

Si bien dicha audiencia fue suspendida a pedido del defensor, ello no puede incidir en el caso de autos puesto que el 30/11/2005 se dio lectura a ambos requerimientos de elevación a juicio, declarándose luego abierto el debate. Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo defensista.

Finalmente, resta mencionar que carecen de incidencia para resolver el planteo las apreciaciones del impugnante, en cuanto sostiene que los efectos de la declaración de rebeldía no pueden extenderse al expediente acumulado, puesto que de acuerdo a la ley vigente al momento del hecho la rebeldía no es causal de interrupción del curso de la prescripción, por lo que ninguna consideración cabe efectuar al respecto.

II.- Nulidad de la sentencia:

En este punto el impugnante esgrime dos cuestiones fundamentales, las que a su entender conllevarían a la nulidad de la sentencia. En principio, expresa que la sentencia resulta nula, puesto que no fue dictada de inmediato, luego de la celebración de la audiencia -conforme lo dispone el art. 47 LPC- lo que se aparta de las normas y el derecho vigente, no siendo de aplicación en el caso las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, agrega que la lectura de los fundamentos no fue llevada a cabo dentro del plazo establecido por el art. 400 CPPN lo que a su entender importa la pérdida de jurisdicción del Magistrado, y por tanto la nulidad de la sentencia. Por último, refiere que la suspensión de la audiencia por un lapso mayor al previsto legalmente (arts. 112 y 365 CPPN), no reiniciándose desde su origen conlleva necesariamente a su nulidad.

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara, sostiene que si bien en la presente se pueden advertir numerosas dilaciones e irregularidades, dichas cuestiones no fueron introducidas debidamente por las partes, razón por la cual se encontrarían consentidas por importar nulidades de carácter relativo. Asimismo, expresa que las nulidades impetradas no fueron planteadas ante el Magistrado de Grado a los efectos que se pronunciara al respecto.

En primer término, y previo a examinar los agravios esgrimidos por las partes, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resulta procedente de advertirse que el acto viciado produce algún perjuicio real y concreto, puesto que lo contrario implicaría decretar la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal (conf. CNCasación Penal, Sala III, "Palacios, Oscar E. s/rec. de casación", rta. 22/6/2004, entre otras).

A partir del criterio propugnado, cabe analizar la nulidad planteada por la Defensa relativa a la notificación de la sentencia. Así, y en cuanto a la decisión de diferir la lectura de los fundamentos, cabe afirmar que el Lagorio no solo no se opuso a ello cuando el Sentenciante resolvió posponer su lectura (fs. 532), lo que hubiera permitido que el mismo expresara los motivos que lo llevaron a adoptar dicha decisión, sino que tampoco se desprende de los fundamentos esgrimidos en el recurso de apelación cuál es el agravio que ello le provocó a su parte.

En efecto, el Defensor debió especificar en qué forma la decisión de diferir los fundamentos vulneró derechos de su prohijada, y no limitarse -como en el supuesto de autos- a su mera mención. Ello por cuanto la declaración de nulidad "... sólo puede reconocerse cuando existe la posibilidad de que corrigiendo el acto, una nueva resolución, pueda satisfacer las pretensiones primarias oportuna y específicamente invocadas por la parte. De no mediar indefensión, de no explicarse el interés directo en la corrección del acto procesal que la recurrente pretende, de no puntualizarse de qué actos de defensa se vio impedida la parte a resultas de él, el requerimiento no puede prosperar, puesto que en materia de nulidades rige el principio de interés, en cuya virtud una nulidad sólo puede declararse cuando es susceptible de beneficiar a la parte en cuyo favor se dicta ..." (CNCP, Sala IV, causa nº 1111"Hermosid, Eduardo César s/Recurso de Casación"; Sentencia 1773.4, del 29/3/1999).

Finalmente, la misma solución cabe propiciar respecto de la crítica formulada por la defensa en cuanto alega que el Magistrado se excedió en el plazo de cinco días para la lectura de los fundamentos de la sentencia y en consecuencia perdió jurisdicción.

Al respecto, cabe mencionar que tampoco en este punto se advierte cuál sería el perjuicio que le causaría a su parte el incumplimiento de las previsiones del art. 400 CPPN, pues conforme se ha afirmado resulta a todas luces improcedente la declaración de nulidad por la nulidad misma, instituto al que sólo debe acudirse cuando la invalidez resulte trascendente por haberse afectado concretamente un derecho constitucional. Ello, en atención a que las nulidades no deben responder a cuestiones formales, sino a enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir del acto viciado. Lo contrario, importaría una exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

En relación a ello, la jurisprudencia ha expresado que "... siendo que lo acontecido constituye una irregularidad procesal cuya naturaleza obliga a expedirse sobre si tal irregularidad afecta garantías de orden constitucional (art. 168), es que corresponde analizar cuál es el principio que tutela la forma establecida por el art. 400 del C.P.P.N. y si este principio ha sido igualmente resguardado con la entrega de la copia de la sentencia, y en consecuencia, subsanado el vicio. La lectura de los fundamentos del fallo garantiza el conocimiento de las partes de los motivos en que se asienta la decisión y la posibilidad de manifestar desacuerdo con tales fundamentos, computándose a partir del día siguiente de la lectura el plazo para interponer el recurso de casación, es decir para ejercer el derecho a recurrir el fallo condenatorio ... En autos ... conocieron efectivamente los fundamentos del fallo en la fecha establecida y de modo alguno vieron cercenado el derecho a recurrir la sentencia ... no advirtiéndose violación del principio que resguarda la formalidad incumplida ... Decidir lo contrario significaría declarar la nulidad por la misma e incurrir en exceso de ritualismo; toda vez que las formas procesales no pueden configurarse por fuera de las exigencias propias de los principios constitucionales ..." (CNCP, Sala I, causa 5217, "Alper, Jaime Isaac s/rec. de casación", del 30/3/2004).

Asimismo, dicho Tribunal ha expresado que la sanción prevista en el art. 400 CPPN configura una nulidad relativa, puesto que no afecta garantía constitucional alguna, que queda subsanada cuando no se las oponga oportunamente (conf. CNCP, Sala I causas 867 "Sak de Bulacio, Juana s/recurso de casación" del 12/7/1996 y nº 4055 "Iriarte Zulema; Acho Domingo y Monier Oscar E. s/recurso de queja" del 2/7/2002). En el mismo sentido, se ha afirmado que "En cuanto a esta lectura, hay que distinguir entre hacerlo una vez vencido el plazo de cinco días -en principio hábiles, art. 116- y omitirla. En el primer supuesto, la nulidad debe propiciarse inmediatamente después de vencido el plazo (art. 170 inc. 3º), pues de lo contrario queda subsanada (art. 170, inc. 1º) ..." (D'Albora Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2003, pág 876).

En razón de todo lo hasta aquí expresado, corresponde rechazar la invalidez esgrimida por la Defensa.

Ahora bien, la misma solución cabe propiciar respecto al restante planteo, introducido en oportunidad de contestar la vista conferida por esta Sala a su parte, relativo a la suspensión de la audiencia de juicio por mayor tiempo que el previsto en el art. 365 CPPN. En este punto, el art. 365 CPPN establece en principio la regla de continuidad del debate, disponiendo que deben realizarse tantas audiencias consecutivas como fueran necesarias. No obstante ello, autoriza a su suspensión por un plazo máximo de diez (10) días, estableciendo para el caso que la audiencia no se haya reanudado en dicho lapso, la realización completa del debate, bajo pena de nulidad.

Al respecto, y de las constancias de la causa se desprende que el 22/2/2006 el debate fue reiniciado (luego que fuera suspendido el 30/11/2005, a solicitud de la encartada) y que el mismo continuó el 9/3/2006, oportunidad en la que, atento a la incomparencia injustificada de la encartada, se designó nueva audiencia para el 23/3/2006; fecha en la que continuó sin mediar planteo alguno de las partes. En razón de ello cabe mencionar que le asiste razón a la Defensa en cuanto a que al reiniciarse el debate el 23/3/2006, se había excedido el plazo establecido normativamente (art. 365 CPPN), no obstante ello no conlleva necesariamente a su nulidad puesto que dicha sanción importa "... una nulidad relativa y, como tal, se subsana si no se alega antes o inmediatamente de reiniciarse el debate (art. 170, inc. 3º, Clariá Olmedo, Tratado ..., T. VI, pág 253)..." (conf. D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II", Ed. Lexis-Nexis, pág 803).

En este sentido se ha dicho que "La continuación del debate después del lapso establecido en el artículo conlleva nulidad relativa, que queda subsanada si no se alega la invalidez "inmediatamente después" (art. 170 inc. 3) de practicado el anuncio de suspensión por un término mayor al legal o de reanudado el debate si la situación se origina por la prolongación indebida del legalmente establecido por el tribunal ..." (conf. Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, "Código Procesal Penal de la Nación" Tomo II, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1997, págs. 26/27).

Por lo expuesto, y máxime teniendo en cuenta que la Defensa recién efectuó su planteo al contestar la vista conferida por esta Alzada, que no es en forma alguna el momento procesal oportuno de acuerdo a lo dispuesto en el art. 170 inc. 3 CPPN, corresponde rechazar el planteo nulificante a partir de lo establecido en el art. 171, inc. 2, CPPN.

No obstante la solución que se propicia, es importante aconsejar al Sr. Juez de Grado que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, no sólo en materia de los presupuestos y plazos de suspensión de la audiencia de juicio (art. 365 CPPN), sino también en los supuestos de excepción que lo facultan a diferir la lectura de la sentencia (arts. 400 y 409 CPPN) los que sin duda alguna deben encontrarse debidamente justificados.

III.- Fundamentos de la sentencia La defensa refiere que no se encuentra acreditado con el grado de certeza necesario para el dictado de una sentencia condenatoria que la encartada comercializara juego prohibido el día 12/4/2004 y desde el 30/4/2004 hasta el 7/12/2004 en forma continuada.

Ahora bien, en este punto y previo a efectuar el análisis de los agravios invocados por el impugnante, cabe dejar constancia del alcance que posee el recurso de apelación en el ámbito contravencional, a los fines de fijar la perspectiva desde la que será abordada la impugnación interpuesta. En efecto, acorde con lo que esta Sala ha sostenido en anteriores pronunciamientos (causas nº 1592-00-CC/2003 "Ybarra, Claudio Daniel s/art. 39", rta. 8/3/2004; nº 1602-00-CC/2003 "Roldán, Hugo Daniel por infrac. art. 72 CC s/Apelación", rta. el 11/3/2004, nº 339-00-CC/2005 "González Lobo, Ramón s/art. 72 CC- Apelación", rta. el 22/11/2005; entre otras), si bien el art. 50 de la Ley Nº 12 prevé la posibilidad de impugnar la sentencia mediante el recurso de apelación -que por su naturaleza implica un reexamen por parte de un tribunal superior de la situación de hecho y de derecho-, la oralidad y la publicidad propia del procedimiento contravencional impiden una revisión amplia de aquella prueba que requiere de la presencia del juzgador en virtud del principio de inmediación.

En este sentido, cabe mencionar que la postura de este Tribunal es conteste con la que sostiene la Corte Suprema de la Nación que ha afirmado "... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación. Esto es así porque se imponen limitaciones de conocimiento en el plano de las posibilidades reales y -en el nivel jurídico- porque la propia Constitución no puede interpretarse en forma contradictoria ... exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso ..." (CSJN, C. 1757. XL. Causa Nº 1681 "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", rta. el 20/9/2005).

De este modo, cabe adentrarse al análisis de las presentes actuaciones a los efectos de merituar si se encuentra debidamente acreditado que el día 12/4/2004 y en forma continua desde el 30/4/2004 al 7/12/2004 la encartada comercializó juego prohibido en el local sito en la calle Gral. Artigas 5408 de esta ciudad, tal como lo ha estimado el Judicante.

En primer término, y sin perjuicio de la solución que en definitiva se adopte es importante efectuar una aclaración respecto de los hechos endilgados a Roldán, puesto que no resulta adecuado -como lo hace el Sentenciante- considerar al hecho de fecha 12/4/2004 como único, y al presuntamente cometido dieciocho días después (es decir el 30/4/2004) como integrante de una contravención continuada. Ello en razón de que, si el a quo entendió que respecto de la presunta conducta llevada a cabo por la encartada del día 30/4/2004 al 7/12/2004 se daban los recaudos para configurar una contravención continuada, a saber unidad de finalidad, dolo unitario -o total- e identidad de bien jurídico afectado, no se comprende el motivo que lo llevó a sostener que la presunta acción llevada a cabo el 12/4/2004 implicara un hecho distinto.

No obstante ello, teniendo en cuenta los planteos realizados por el impugnante y que "El tribunal que juzga en segunda oportunidad no está vinculado por la sentencia anterior respecto de los actos que él juzga: tanto cuando examina actos anteriores a la sentencia que trató los hechos como una continuidad delictiva, como cuando contempla comportamientos posteriores a ella, puede valorar los hechos que observa como independientes ..." (Maier, Julio B.J., "Derecho Procesal Penal. Tomo I- Funamentos", Ed. Del Puerto, Bs.As. 1999, pág 623), corresponde efectuar un análisis de los hechos en forma separada y no como contravención continuada.

Aclarado ello resta mencionar que la Defensa, en su escrito, efectúa un análisis aislado de las pruebas rendidas en la audiencia, lo que lo lleva a afirmar que las mismas no permiten fundar un juicio convictivo respecto de los hechos endilgados a la encartada. No obstante ello, es importante recordar que la valoración de las pruebas conforme las pautas de la sana crítica racional impone una ponderación conjunta, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no un tratamiento particular de cada una de ellas.

Es a partir de lo expresado que corresponde en esta instancia analizar si las probanzas rendidas en la audiencia de juicio permiten tener por acreditados, con el grado de certeza necesario para fundar una sentencia condenatoria, los hechos endilgados a la encartada. Así, y teniendo en cuenta las críticas efectuadas por el impugnante se analizarán los hechos por los que Roldán ha sido objeto de sanción.

En primer término, y con relación al hecho ocurrido el día 12/4/2004 cabe adelantar que la pretensión defensista no tendrá favorable acogida, puesto que de la lectura de la sentencia recurrida se desprende que el Magistrado efectuó una clara descripción del mismo, así como de los elementos de juicio que permite acreditarlo.

En cuanto al primero de los hechos en cuestión se desprende que el Sentenciante, valoró los dichos de los testigos del procedimiento: Iñiguez, Tassistro, Pardo, Salmun Brunet, Mendez y López, quienes han sido contestes en afirmar que Roldán se encontraba a cargo del comercio sito en la calle Gral. Artigas 5408 de esta ciudad al llevarse a cabo el allanamiento, el 12/4/2004, y que en dicho local se comercializaba juego sin la debida autorización. Asimismo, han reconocido sus firmas tanto en el acta obrante a fs. 114/115 como en el sobre donde se han colocado los efectos secuestrados, a saber: un cuaderno con anotaciones (de nombres y montos), dinero y comprobantes manuscritos.

Todo ello, permite tener por acreditado con el grado de certeza necesaria que Roldán el día 12/4/2004 en el comercio en cuestión comercializaba juego clandestino. La misma solución cabe propiciar respecto del hecho de fecha 1/12/2004, puesto que de la sentencia impugnada se desprende que el Sr. Juez de Grado valoró conjuntamente, el acta Contravencional de fs. 92, el testimonio del apostador Migli, quien expresó haber jugado quiniela en el local en cuestión siendo atendido por "la chica Mónica" (fs. 483) y aportó un ticket computarizado -que obra a fs. 203 del expte. 5831-JC/2004 (causa nº 11498)-; pruebas que le han llevado a afirmar que en la fecha en cuestión la encartada comercializó juego sin la debida autorización.

A partir de lo expuesto, se advierte que el Magistrado ha valorado las pruebas testimoniales y documentales incorporadas a la audiencia de juicio respecto de los hechos de fecha 12/4/2004 y 1/12/2004, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia conforme las pautas de la sana crítica racional que implica libertad de convencimiento, sometido a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología, que permiten tener por acreditado -con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio- que Roldán en su carácter de encargada del local sito en Gral Artigas 5408 de esta ciudad comercializó quiniela clandestina los días 12/4/2004 y 1/12/2004.

Sin embargo, cabe afirmar que asiste razón a la Defensa en cuanto refiere que no se encuentra probado hecho punible alguno que implique comercialización de juego en el local sito en Artigas 5408 de esta ciudad el día 7/12/2004. Ello, en razón de que, tanto el testimonio del preventor Giménez, como lo consignado en el acta de allanamiento (fs. 113) dan cuenta que ese día el local de marras se encontraba clausurado, y que la encartada únicamente concurrió a abrir la puerta -pues era quien poseía la llave-. De este modo, no pudo ser acreditado desde la clausura impuesta el 1/12/2004 al 7/12/2004, Roldán haya comercializado juego sin autorización en el comercio en cuestión, por lo que corresponde hacer lugar al planteo defensista y revocar la sentencia en cuanto tiene por acreditada la comercialización de juego clandestino continuo hasta el día 7/12/2006.

La misma solución cabe propiciar respecto del hecho restante, de fecha 30/4/2004, puesto que en este punto asiste razón a la Defensa en cuanto a que las discordancias entre lo consignado por el Inspector Esteybar en el acta de inspección (fs. 6 del expte. 5831-JC/2004) y la denuncia que ha efectuado y que obra a fs. 7 del mismo -las que fueron reconocidas en la audiencia de juicio- permiten generar una duda razonable respecto a la presunta comercialización de juego clandestino por parte de la encartada el día 30/4/2004. Ello en razón de que, a los fines de comprobar la presunta comercialización de juego sin autorización por parte de la encartada solo se puede advertir el testimonio aislado de Esteybar, quien no dejó constancia alguna en el acta labrada en el local de la presunta comercialización de juego clandestino, surgiendo dicha circunstancia únicamente del informe presentado ante el Jefe del Departamento de Fiscalización Externa de LNSE efectuado tres días después.

Asimismo, y si bien al momento del debate el inspector refirió que "... no están autorizados a buscar testigos ni a pedir a la persona que sale el comprobante ..." (fs. 476 vta.), no resulta suficiente para tener por acreditada la comisión de la contravención mencionada, máxime si como en el caso existe una contradicción entre lo consignado en el acta labrada en el local y el informe posterior. Así, y conforme a lo dispuesto por el art. 9 de la Ley Nº 10, corresponde revocar la sentencia recurrida en este punto.

Es por lo hasta aquí expresado, que únicamente podría considerarse debidamente acreditado que los días 12/4/2004 y 1/12/2004 Roldán comercializó juego clandestino en el local sito en Gral Artigas 5408 de esta ciudad, no correspondiendo asignarle a tales hechos el carácter de contravención continuada que requiere, como se ha expresado anteriormente unidad de finalidad, dolo unitario -o total- e identidad de bien jurídico afectado.

En razón de lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la sentencia impugnada, en relación a los hechos acaecidos los días 12/4/2004 y 1/12/2004.

IV. Pena aplicable:

Sobre el punto, y teniendo en cuenta los agravios defensistas esgrimidos en relación a la falta de proporción de la pena aplicable, es dable afirmar que la Ley Nº 255 solo prevé la aplicación de la pena de arresto en los supuestos del art. 2 (art. 5, Ley Nº 255), y no para la conducta prevista en el art. 3 de dicha ley -aún como en el caso, en su modalidad domiciliaria-.

De ello se colige que el art. 5 de la Ley Nº 255 -coherente con las disposiciones del art. 22 de la Ley Nº 10- prohíbe la aplicación de la pena de arresto en los supuestos no enumerados. Siendo así y toda vez que en el caso de autos la pena de arresto solamente resultará aplicable en caso de incumplimiento (art. 11 CC), corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto impone dicha sanción.

De este modo, para merituar la sanción a imponer deben tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y la medida del reproche, las circunstancias del hecho y demás pautas enunciadas por el art. 24 de la Ley Nº 10 en especial la ausencia de antecedentes contravencionales, resulta adecuado imponer a Mónica Noemí Roldán la pena de quinientos pesos ($ 500) de multa cuantificables en dos días multa de doscientos cincuenta pesos ($ 250), más la interdicción para obtener cualquier tipo de habilitación, autorización o licencia para organizar comercializar o explotar, juegos, apuestas o sorteos, por el plazo de dos (2) años y el comiso de los efectos secuestrados (arts. 3, 6 y 7 Ley Nº 255, arts. 11 inc. 3º, 14 y 23 y 24 de la Ley Nº 10) en orden a la contravención prevista en el art. 3 de la Ley 255 por los hechos de fecha 30/4/2004 y 1/12/2004.

Por todo lo expuesto, este Tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, obrante a fs. 536/538 del presente en cuanto CONDENA a Mónica Noemí Roldán por ser autora de la contravención de promover, comercializar y ofrecer juegos prevista en el art. 3 de la Ley Nº 255, modificando en cuanto a la pena que se fija en quinientos pesos ($ 500) de multa cuantificables en dos días-multa de doscientos cincuenta pesos ($ 250) cada uno, con mas la interdicción para obtener cualquier tipo de habilitación, autorización o licencia para organizar comercializar o explotar, juegos, apuestas o sorteos, por el plazo de dos (2) años y el comiso de los efectos secuestrados en relación a los hechos del 12/4/2004 y 1/12/2004 (el que no se considera continuado desde el 30/4 al 7/12, como consigna la sentencia) (arts. 3, 6 y 7 Ley Nº 255, arts. 11 inc. 3º, 14 y 23 y 24 de la Ley Nº 10).

II. Tener presentes las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el impugnante.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí