Tribunal: CAMARA PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-29


SENT Nª 748 C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 29 de setiembre de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por el querellante, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 26/02/2003(fs. 155/158 vta.), que es denegado por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 07/4/2003 (fs. 165/vta.) y abierto por queja por este Tribunal a través de la resolución de fecha 06/8/2003 (cfr. fs. 190/192 vta.). En esta sede, la defensa de la imputada presenta memoria sobre el recurso casatorio (fs. 199/vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la improcedencia del recurso intentado (cfr. fs. 201/203). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecida la cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

La cuestión propuesta es la siguiente: ¿Es procedente el recurso?.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 160/163 vta. por el querellante Gustavo Horacio Sáez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 26/02/2003, que absolvió a la querellada Argentina del Carmen Sanagua de Domínguez por el delito de injurias en su perjuicio.

La admisibilidad del recurso extraordinario local ha sido ya juzgada por esta Sala Civil y Penal, admitiendo la queja directa intentada por el recurrente contra la decisión denegatoria de la Cámara (cfr. sentencia del 06/8/2003, fs. 190/192 vta. de autos). En su memorial casatorio, el querellante planteó una cuestión de derecho sustancial, relativa a configuración y características del elemento subjetivo del tipo contenido en el art. 110 del Cód. Penal; invocando además la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por déficit de motivación y violación a las reglas de la sana crítica racional. Sostuvo que el pronunciamiento se ha apartado de la doctrina y la jurisprudencia en torno al dolo propio de la injuria, y omitió valorar los hechos según las reglas de la sana crítica racional impuestas por el art. 193 del CPP.

2.- Uno de los hechos que la querella atribuyó a la acusada consiste en haberlo denunciado por amenazas de muerte en su contra, sin ofrecer prueba alguna; por lo que tales denuncias concluyeron con el archivo de las actuaciones. Alega que la acusación por el delito de amenazas de muerte en perjuicio de una mujer mayor, madre de su esposa y abuela de sus hijos, sin acompañar elementos incriminatorios serios y objetivos, importaría un verdadero agravio deshonrante y desacreditante; y que tal ha sido el único objetivo perseguido por la acusada.

En relación a estos hechos, el Tribunal a quo valoró el testimonio de Alicia Lizondo de Rossi, quien dijo haber escuchado palabras obscenas dirigidas por Sáez a la querellada; entre otras "te voy a matar"; relato con el cual coincidieron las testigos Graciela Suárez y Alicia Julia Mena. Agregó que las constancias de llamadas telefónicas referidas por Silvia Domínguez -hija de la acusada-, son un elemento hábil para tener por acreditada la persistente negativa de Sanagua de Domínguez sobre su intención de ofender. Consideró elocuentes las manifestaciones de esta testigo acerca de las discusiones y desencuentros familiares; estimando que este contexto de alta conflictividad interpersonal entre los integrantes de un grupo familiar no puede aislarse de la consideración del ánimus injuriandi (cfr. fs. 157 y vta.).

Concluyó el Tribunal que en este caso el hecho injurioso no existió, por cuanto la querellada tuvo al menos razón suficiente para asentar una denuncia, a la que no puede atribuirse el contenido subjetivo propio de los ilícitos contra el honor (cfr. fs. 157 vta.); destacando que el solo hecho de haber concluido ambos procesos con el archivo, no significa que la denuncia sea falsa y esencialmente injuriosa.

Según puede advertirse, en relación a estos hechos el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes, basados en elementos probatorios no desvirtuados por el impugnante, con el alcance de evidenciar que la cuestión fue resuelta de manera arbitraria. La motivación del fallo en este punto remite a aspectos de hecho del juzgamiento, como principio irrevisables en esta instancia extraordinaria local; y la sola atribución de complacencia a las testigos es insuficiente para revertir lo resuelto. El planteo en examen no excede el disenso del querellante con las conclusiones fácticas a que arribaron los jueces de mérito; y la consideración de sus agravios exigiría emitir un juicio de valor sobre la idoneidad de las testigos cuestionadas, como del plexo probatorio valorado. Esta tarea resulta extraña a la labor casatoria, pues compete excluyentemente al Tribunal; sin que en autos se hubiere evidenciado un déficit de arbitrariedad en el pronunciamiento, que lo descalifique como tal.

Por lo considerado, el recurso en examen es improcedente en relación a este agravio.

3.- El segundo hecho invocado por la querella se sustenta en la presentación efectuada por Sanagua de Domínguez ante la Defensoría de Menores, atribuyendo a Sáez la posible comisión de abuso sexual en perjuicio de una de sus hijas menores.

El recurrente cuestiona la interpretación efectuada por el Tribunal a quo en torno a los alcances del Acta Nº 196 del 27/06/2000, confeccionada por el Ministerio Pupilar. Considera que las apreciaciones de sentenciante en torno a las intenciones de la acusada están reñidas con la razón, la lógica, la experiencia y el sentido común que deben presidir la interpretación de los hechos. Estima evidente el contenido deshonrante y desacreditante de la manifestación por escrito, donde la imputada lo señaló como presunto abusador sexual de su hija menor; alegando que las apreciaciones de la Cámara no pueden constituir motivos exculpatorios, y se apartan de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, en torno a la figura del citado art. 110. Destaca que tal incriminación tuvo lugar varios años después de un comentario de su hija; quien además ya había manifestado a la querellada que tal preocupación fue falsa, pues luego de exhaustivos exámenes tanto el pediatra como la psicóloga que examinaron a la niña desecharon de plano el hecho. Esto no habría sido valorado por el Tribunal a quo; con lo que la sentencia también resultaría inmotivada, en violación al art. 28 de la Constitución de la Provincia.

3.1.- En relación a este hecho, la sentenciante destacó nuevamente la conflictividad de las relaciones familiares entre querellante y querellada, y que esta situación que se extendió al ámbito familiar, según los testimonios recibidos y pruebas instrumentales. Mencionó las actuaciones por régimen de visitas, que la querellada dijo haberse visto obligada a iniciar en razón de que su hija y yerno no le permitían ver a sus nietas.

El Tribunal expresó que se debe tener presente "la situación vivida por la abuela, privada de ver a sus nietas, la subjetividad puesta por ésta interpretando que sus nietas sufrían, la reducción de la comunicación a la vía telefónica, el inicio de acciones judiciales en procura de verlas, el sentimiento puesto de manifiesto en forma reiterativa en el debate sobre la imperiosa necesidad que sentía de proteger a las nietas". A su entender, tales circunstancias demostrarían que la presentación ante la Defensoría de Menores no tuvo carácter difamatorio, ya que "desde el punto de vista objetivo no consistía en una directa imputación, en tanto la pretensión era trasladar las expresiones de la hija de la querellada, aún cuando fueron dichas por aquella con anterioridad". Puntualizó que si bien no se trata de una causa de justificación, desde el punto de vista subjetivo "no puede soslayarse que las circunstancias familiares referenciadas, prolongadas en el tiempo, fueron idóneas para producir un estado de preocupación y una disposición altamente subjetiva en la querellada".

Concluyó la sentenciante que en ese contexto no se advierte la existencia del elemento subjetivo del dolo, sea directo, indirecto o eventual, porque tal presentación "no era indicativa de que se buscaba un resultado directamente querido o representado como necesario". Destacó además que tales expresiones fueron proferidas únicamente en el ámbito judicial, sin animus injuriandi; y que no se probó en el debate la voluntad de la querellada de proferir la expresión desacreditante del honor. Señaló finalmente que el medio elegido fue "ante una dependencia que entendía en el juicio que por régimen de visitas incoaba con el objeto de ver a sus nietas, reproduciendo lo que su hija le había referido tiempo atrás", para luego concluir que la presentación ante la Defensora de Menores no constituyó un hecho injurioso.

3.2.- Liminarmente se advierte que en autos no está controvertida la existencia del hecho ni su objetiva aptitud injuriante. El Tribunal a quo apreció el contexto situacional en miras a constatar el "animus injuriandi", lo cual desde el punto de vista lógico significa aceptar la potencialidad agraviante de la conducta atribuida. Como principio, la conclusión al respecto es irrevisable por la vía extraordinaria de la casación, a menos que se demuestre arbitrariedad en el análisis de los hechos de la causa, o la errónea aplicación de la norma de derecho sustancial aplicable al caso. En autos, el recurrente cuestiona la absolución por ausencia de dolo en el accionar de la acusada, alegando error de derecho en la interpretación del tipo penal descripto por el art. 110 del Cód. Penal; lo cual excede la mera discrepancia con la base fáctica establecida en la instancia de mérito.

Ha señalado esta Corte Suprema de Justicia que la injuria es una ofensa a la honra de la persona (honor subjetivo) o al crédito de ella (honor objetivo). Como ofensa a la honra consiste en una lesión al derecho que tienen las personas a que los terceros respeten las cualidades que, según su propia estimación, le asignan a su personalidad. Como ofensa al crédito, es una lesión al derecho a no ver perjudicada la opinión que sobre su personalidad tengan o puedan tener los terceros. El carácter imputativo de la injuria requiere la atribución de "calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido" (cfr. Creus, ob. cit., pg. 140). Es necesario que el término admita una imputación social ofensiva: la conducta debe reunir la doble calidad de ser objetivamente injuriosa y de que subjetivamente se la realice por su carácter injurioso (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 711 del 06/9/2000 en autos"Y., G. A. s/calumnias e injurias"). Se trata de un delito doloso, y el dolo está ínsito en el carácter injurioso del hecho imputado, debiendo ese carácter ser desentrañado no de la intención del agente, sino de la consistencia intrínseca y objetiva de la imputación.

Igualmente, ha expresado esta Sala Civil y Penal que para deshonrar es suficiente el conocimiento de la imputación por el interesado, en tanto que el desacreditar exige que la injuria llegue a terceros, porque ése es el efecto del descrédito. De ello resulta que mientras la deshonra puede tener lugar, ya en presencia del imputado que se halle solo, ya en presencia de terceros estando el interesado ausente, ya en presencia del ofendido y de terceros, el descrédito sólo puede lograrse llegando la especie a terceros, esté o no presente el ofendido (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 992 del 21/11/2000, autos "M., M. I. s/calumnias e injurias"). En todos los casos, el dolo consiste en el conocimiento de la idoneidad ofensiva de los hechos o actos ejecutados con voluntad.

3.3.- Examinadas las actuaciones, se verifica que en el escrito introductorio de la querella, reseñado en el pronunciamiento recurrido, Sáez sostuvo que Sanagua de Domínguez realizó falsas imputaciones en su contra, proferidas con la sola intención deshonrarlo y desacreditarlo; las cuales cobraron una evidente publicidad por el medio elegido para proferirlas, esto es, la denuncia judicial presentada ante la Defensoría de Menores de la Ia. Nominación el 26/6/2000 (acta Nº 196). Que tuvo que comparecer ante distintos empleados y funcionarios de este Poder a fin de desmentir las gravísimas acusaciones, lo cual le ha ocasionado irreparables perjuicios morales. Afirmó entonces que la imputada no podía ignorar el contenido agraviante o injuriante de tales incriminaciones, y que el medio empleado constituía una verdadera difamación, al atribuirle la comisión de abusos sexuales en perjuicio de su hija, entonces de tres años de edad.

Del acta de debate obrante a fs. 147/154 resulta que conforme a los dichos de la imputada, "a través de su hija supo que la chiquita tenía la vagina irritada, ella dijo que se lo había hecho su papá" (cfr. fs. 149). Que su hija sólo le dijo que lo tenía "en la mira" a Sáez... Que no consultó a su hija antes de venir a la Defensoría, que nunca la vio a la chiquita, hasta la misa de Pascua... Que ningún médico vio a la chica... Que no cree ni deja de creer que el yerno haya cometido un abuso sexual". Según sus propias manifestaciones, aquella presentación "obedecía a su situación de abuela que amaba a sus nietas y le estaba prohibido verlas, lo que le produjo un estado psíquico de desequilibrio, lo que la obligó a iniciar un juicio por régimen de visitas". Dijo además que el comentario de la hija acerca de la menor tuvo lugar " a fines de 1998"; y que su ánimo fue proteger a la nieta.

En oportunidad de reseñar la posición de la defensa material, los jueces de mérito consignaron que a preguntas del Tribunal, la acusada respondió que no tenía a quién acudir, y que el fin era dejar constancia de un hecho conocido a través de su hija; siendo su intención la de tranquilizar a su nieta. Relató un episodio en el cual su nieta no quería ir con el padre, "aclarando que lo relativo a la menor no lo conversó nunca más, "dejando todo en manos de la Defensora" (cfr. fs. 156 vta.). También se expresa que, ante preguntas de la querella sobre la falta de denuncia por parte de la madre de la menor, contestó que ésta le comentó las diligencias efectuadas para aclarar la situación y le dijo "lo tengo en la mira" (cfr. fs. 156 vta./157).

El informe obrante en copia a fs. 91, suscripta por la Jefe de la Sección Violencia Familiar, da cuenta de que Sanagua de Domínguez concurrió a ese Servicio en el mes de julio de 2000; y que de la primer entrevista "surge el temor, por un posible abuso de su yerno para con su nieta".

4.- De la reseña precedente resulta que los hechos de la causa, fijados por el Tribunal de mérito, encuadran en la figura típica del art. 110, C.P.. Las manifestaciones de la acusada y el contexto en que fueron vertidas evidencian una conducta objetivamente idónea para lesionar el honor del querellante; advirtiéndose que la errónea apreciación de aquéllos tiene como premisa una concepción del elemento subjetivo propio de esta figura, que no se ajusta al texto legal.

4.1.- La Cámara no aporta razones suficientemente válidas, que según las reglas de la lógica y la sana crítica racional autoricen a concluir en la ausencia de un obrar doloso. La gravedad de lo manifestado -abuso de una menor de escasa edad por parte de su padre- excede a todas luces el conflicto de relaciones familiares reiteradamente aludido por el Tribunal; quien en su análisis se ha restringido indebidamente a este único enfoque, atendiendo las explicaciones y justificaciones de la acusada en el marco de esa relación conflictiva, que el mismo Tribunal calificó como "subjetividades" de la querellada.

En autos están fuera de debate la existencia y objetiva aptitud deshonrante del hecho. Según lo considerado precedentemente, el dolo se encuentra ínsito en el carácter injurioso del hecho, y su constatación no deriva de la intención del agente, sino de la consistencia intrínseca y objetiva de la imputación. Desde esta perspectiva, las circunstancias mencionadas por el Tribunal a quo -privación de ver a las nietas, reducción de la comunicación a la vía telefónica, inicio de acciones judiciales en procura de verlas, sentimiento de proteger a las nietas- no guardan vinculación justificante con la grave manifestación de la acusada ante un organismo de este Poder Judicial. Las propias palabras de Sanagua de Domínguez han sido elocuentes para excluir una mínima fundamentación a su denuncia, al tiempo en que la misma tuvo lugar. Basta advertir que según sus propios dichos, el presunto suceso motivo de preocupación habría sucedido mucho tiempo atrás -fines de 1998-; expresando además que su hija le había comentado "las diligencias efectuadas para aclarar la situación"(cfr. fs. 156 vta.). No se advierte entonces de qué modo la expresión atribuida a la madre de la menor en aquel entonces ("lo tengo en la mira") bastara para actualizar, a la fecha de su presentación, una sincera preocupación de la querellada por su nieta. Ello resulta cuando menos extemporáneo, dado que no se ha mencionado ningún hecho objetivo posterior que justifique el estado de ánimo invocado; añadiéndose que de acuerdo a lo expuesto por la misma acusada en el curso del debate, no hubo denuncias anteriores de la madre o de la abuela.

En estas condiciones, el conflicto concomitante al que la Cámara alude reiteradamente -reclamo judicial de la acusada por ver a las nietas, contra su hija y yerno-, de ningún modo puede considerarse excluyente del elemento subjetivo. Por lo contrario, la "disposición altamente subjetiva de la querellada" constatada por el Tribunal, carece de idoneidad para excluir la conciencia de la injuria en relación a hechos no vinculados directamente con aquel litigio. Igualmente, carece de asidero la afirmación de la sentenciante en el sentido de que Sanagua sólo quiso "trasladar las expresiones de su hija"; debiendo reiterarse en tal sentido que el factor temporal antes señalado impide la interpretación justificante que sustenta la decisión absolutoria.

4.2.- Igualmente, se advierte error de derecho al sostener que las expresiones vertidas en forma voluntaria no se profirieron con animus injuriandi, por cuanto se efectuaron únicamente en el ámbito judicial (cfr. fs. 158).

A más de limitar indebidamente el elemento subjetivo del tipo legal, el Tribunal soslaya que la deshonra se configura sin necesidad de publicidad hacia terceros. En las concretas circunstancias de esta causa, descriptas por los jueces de mérito, la circunstancia apuntada carece de idoneidad para excluir la ilicitud del hecho; debiendo señalarse que tampoco concurre en autos el supuesto del art. 115 del Cód. Penal invocado en subsidio por la defensa, por el solo hecho de haber realizado la presentación de marras ante el Ministerio Público Pupilar que intervenía en el juicio por régimen de visitas.

El ejercicio del derecho de defensa en juicio no puede verse extendido sin atender al necesario equilibrio de ese derecho con otros de jerarquía constitucional, como el derecho a la integridad moral y el honor de las personas. Las ofensas que exceden el marco descripto por el Código Penal se encuentran fuera del amparo de la exención de pena que la misma consagra (cfr. CSJNac., sentencia del 11/8/88 en autos "S., S. M.", LL 1989-E, 361, con nota de Miguel Ángel Madariaga). En autos, es claro que la grave manifestación de la querellada no concierne a aquella controversia entre las partes, ni importa exceso de lenguaje proferido en el marco del reclamo por frecuentar a las nietas, pues no guarda relación con el objeto de ese juicio.

Por las razones señaladas, tampoco cabe negar la objetiva aptitud injuriante, por haber "reproducido lo que la hija le había referido tiempo atrás" (cfr. fs. 158). Los hechos descriptos en la misma sentencia muestran que Sanagua de Domínguez obró por sí misma y con conciencia de la potencialidad ofensiva; actualizando sin fundamentos serios presuntos hechos pasados, cuando el conflicto familiar estaba agudizado por la falta de contacto con las nietas.

5.- En suma, para la consumación del delito, basta que la injuria pueda ser percibida por terceros -el ofendido u otros, según expresa Creus-; y los hechos descriptos en el pronunciamiento impugnado son ineficaces para desvirtuar la idoneidad ofensiva ínista en lo obrado por Sanagua de Domínguez.

Cabe poner de relieve que la necesidad de valorar el contexto y circunstancias en que tuvieron lugar los hechos, permite indagar los alcances objetivos del suceso atribuido y la eventual conciencia de su carácter injurioso; mas ello no autoriza a los jueces a crear causas de justificación no contempladas por la ley. De acuerdo a lo expuesto, la injuria se aprecia objetivamente, y las razones dadas por la sentenciante se apartan de los elementos del tipo descripto en el art. 110, Cód. Penal, al concluir que no se probó en el debate la voluntad de la querellada de proferir la expresión desacreditante del honor.

Desde este enfoque, se advierte además que el discurso sentencial resulta autocontradictorio; toda vez que si bien se expresa no acoger una causal de justificación, tal es en definitiva el fundamento real de la decisión absolutoria. En el contexto que el mismo pronunciamiento describe, la existencia de un trámite judicial por régimen de visita a las nietas, antes que justificar la conducta de la querellada corrobora la deshonra, pues excede el conflicto familiar. Para que se configure la injuria basta con que la acción tenga idoneidad para poner en peligro la reputación de una persona; y los hechos de la causa descriptos son suficientemente demostrativos del dolo típico de la figura. Más allá de las explicaciones que la imputada pueda brindar sobre su proceder, las mismas constancias de autos y los hechos probados excluyen el móvil inspirador alegado por Sanagua de Domínguez.

Es así que la ausencia del elemento subjetivo no ha sido debidamente fundada por el Tribunal, y ello tampoco resulta de los hechos que el mismo fallo describe; toda vez que las circunstancias descriptas para excluir el "animus injuriandi" no privan al acto de las connotaciones agraviantes inequívocas que el mismo evidencia. Las amenazas y acusaciones mutuas en un marco conflictivo de relaciones; y aún la sincera preocupación por las nietas, en modo alguno constituyen causa de justificación cuando concurre el supuesto del art. 110 C.P.

La absolución de la acusada exigía la explicación adecuada, concreta y puntual de la ausencia de dolo, el cual se integra con la voluntad y conocimiento exhaustivo de los elementos objetivos del tipo penal de la injuria. Para la configuración de este delito no basta con estar ante un hecho injurioso, sino que resulta necesario que subjetivamente se lo realice por su carácter injurioso, sea por el carácter unívoco de tal o porque el medio empleado revele que se realiza con tal entendimiento. En esta clase de delitos, las explicaciones del querellado no bastan para excluir el dolo propio de la injuria; pues su ausencia no puede derivar de la sola manifestación de un "animus" particular, sino que es menester examinar la real entidad de estas explicaciones, en relación a los hechos atribuidos y las circunstancias del caso. Si prevalece la conciencia del ofensor acerca de la idoneidad agraviante de su accionar, las subjetividades sin sustento comprobado resultan insuficientes para excluir el elemento subjetivo. Esto, porque lo relevante es el conocimiento por parte del autor, acerca del valor ultrajante o desacreditante de sus manifestaciones, y la voluntad de proferirlas no obstante el conocimiento de tal idoneidad ofensiva.

6.- En conclusión, asiste razón al impugnante al sostener que en el análisis de la calificación legal, la Sala a quo aplicó erróneamente la norma jurídica que rige los hechos probados de la causa. Si bien la comprobación de la existencia o no de dolo en el sujeto es como principio una cuestión de hecho, en el sublite la conclusión negativa de la Sala sentenciante aparece determinada por el previo error de derecho, consistente en restringir indebidamente el concepto del elemento subjetivo propio del tipo penal. La conducta de la acusada descripta en el pronunciamiento posee entidad suficiente para lesionar al querellante en su honor, toda vez que su contenido y el contexto en que tuvo lugar satisfacen la objetividad típica de la figura invocada por la querella.

A mérito de lo considerado, procede hacer lugar al recurso de casación en examen, de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "Es revocable en casación por inobservancia o errónea aplicación del derecho al caso concreto, la sentencia que absuelve por el delito de injurias del art. 110, C.P., cuando del hecho histórico acreditado en la sentencia surge con claridad que la conducta atribuida al acusado, en el contexto de persona, modo, tiempo y lugar en que fueron vertidos, es objetivamente idóneo para lesionar el honor del querellante. Las explicaciones y justificaciones del querellado, sin sustento comprobado, son insuficientes para excluir el conocimiento del valor ultrajante de sus manifestaciones, y la voluntad de proferirlas no obstante el conocimiento de tal idoneidad ofensiva". Dictando sustitutiva: "CONDENAR a la imputada Argentina del Carmen Domínguez de Sanagua, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas procesales, por ser autora responsable del delito de injurias en perjuicio de Gustavo Horacio Sáez" (arts. 110, C.P., y 551 del CPP)".

La pena impuesta se fija en el mínimo de la escala prevista en el art. 110 del C.P., de acuerdo a las circunstancias de forma, tiempo, lugar y modo de desarrollarse los hechos valorada por los jueces de mérito; como de lo dispuesto por los arts. 40, 41 y 42 del C.P. y art. 479 del C.P.P. No procede emitir pronunciamiento sobre la acción civil, por haberse declarado en autos su caducidad (cfr. resolución del 04/9/2001, fs. 13).

En cuanto a las costas, procede su imposición por el orden causado en todas las instancias, a mérito del progreso parcial de la acción incoada (arg. art .551 y cc. del CPP).

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en igual sentido.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Comparto lo expresado por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana en los ítems 1 y 2 de los considerandos referidos a los antecedentes del caso como a la improcedencia del agravio referido a la denuncia realizado por amenazas de muerte. Por el contrario, considero que también son improcedentes los planteos respecto a las injurias proferidas por la señora Argentina del Carmen Sanagua de Domínguez ante la Defensoría de Menores.

2.- En primer lugar, corresponde puntualizar que en las constancias en autos existe total coincidencia en señalar que los actos injuriantes se suscitaron en el marco de la causa "Sanagua de Domínguez Argentina del C. vs. Sáez Gustavo Horacio s/ Régimen de visitas". Esta situación fue advertida por el tribunal cuando indicó en su fallo: "Las expresiones vertidas voluntariamente fueron efectuadas únicamente en el ámbito judicial, no fueron proferidas con animus injuriandi... El medio elegido lo fue ante una dependencia que entendía en el juicio que por régimen de visitas incoaba con el objeto de ver a sus nietas...". Más allá de los restantes argumentos expuestos por la Cámara como fundamento de su resolución no es posible desatender al momento de analizar la cuestión traída en autos la circunstancia descripta y su necesaria influencia en la resolución de la punibilidad del hecho puesto que se refiere a una norma de derecho y su interpretación. En este sentido, corresponde recordar que el art. 115 del CP establece que "Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes".

El supuesto citado de excusa absolutoria legislado en nuestro código de fondo busca asegurar integralmente la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio para evitar cualquier interferencia de la ley penal cuando la pasión o el interés de las partes ac judicio dan motivo a la injuria. Se debe resaltar que la situación protegida es un exabrupto, un exceso, un actuar injurioso que va más allá de la legítima defensa que ya se encuentra protegida en el art. 34 inc. 6 del Código Penal. Por ello, resulta errado determinar la existencia de la excusa absolutoria a través de la presencia del animus defendi puesto que esta situación ya está amparada en la norma citada y, por otra parte, resultaría contradictorio que se le imponga una medida disciplinaria a quien ejerce un derecho resguardado por la ley. De igual modo, también se cae en error en considerarla como una situación en que la injuria desaparece por falta de dolo. Podemos indicar que, como lo expuso la Corte Suprema en el fallo "Schoklender, Sergio M", esta figura es "una impunidad circunstancialmente dispuesta por la ley; esto es, dispuesta en vista de la particular situación en que el litigio coloca a las personas que contienden en él" (CS, 1988/08/11, LL 1989-E-361); cuya intención, en palabras de Carlos Creus, es preservar "hasta sus extremos más lejanos e indirectos, el ejercicio de la defensa. Por eso, si bien el legislador considera penalmente impune las ofensas, deja subsistente la posibilidad de que se impongan al ofensor las correcciones disciplinarias correspondientes para mantener el buen orden en el proceso, prevista por las leyes procesales o por otros cuerpos legales de carácter administrativo (leyes orgánicas)." (Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 160).

Dentro del marco descripto, la situación traída en autos se encuadra, sin lugar a dudas, en el supuesto de excusa absolutoria establecido en el art. 115 del CP sin que se advierta un exceso en el marco establecido por la norma. En efecto, el acto realizado por la señora Argentina del Carmen Sanagua de Domínguez es, como lo requiere la norma, injurioso, se lo realizó en el ámbito tribunalicio en el marco de una causa en la cual ella era parte, a través de una declaración ante la defensoría de menores y sin que los mismos hechos hayan sido dados en publicidad. La normativa de fondo no establece ningún otro requisito para la configuración de esta excusa absolutoria. Sin embargo, se ha discutido si además de los requisitos exigidos por el texto legal es necesario que las ofensas deben ser concernientes al objeto de juicio. Esta cuestión comenzó a despejarse a partir de la derogación de la ley 21.338 a través de la ley 23.077 en que se suprimió en particular este requisito al volver al texto original de la ley 11.179, además, cuando doctrinarios como Ricardo Núñez o Carlos Creus coinciden en advertir que esta no es una condición exigida por la norma (cfr. Ricardo Núñez, "Derecho Penal Argentino", Ed. Bibliográfica Argentina, Tomo IV, 1964, Buenos Aires, pág. 180; Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 158; Breglia Arias-Gauna, "Código Penal", Ed. Astrea, 1993, Buenos Aires, pág. 369/70).

En este sentido la jurisprudencia expresó que "En efecto, las injurias proferidas son haberle atribuido al querellante la "condición de homosexual manifiesto" por lo que "era chantajeado por un adolescente con el cual había practicado esas inclinaciones perversas", etc. No cabe duda alguna que tales injurias no pueden relacionarse para nada con el ejercicio del derecho de defensa en el escrito de reconvención glosado a una causa de la naturaleza aludida "ut supra". Ello no obstante fueron vertidas en el ámbito de un juicio y no fueron dadas a publicidad, motivo por el cual y con base en los argumentos doctrinarios analizados funciona a su respecto la excusa absolutoria a que se refiere el art. 115 del Cód. Penal..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala III, 11/02/1991;La Ley 1991-C, 242 - DJ 1991-2, 309).

En relación al caso traído en autos, la discusión acerca de la necesidad de que las ofensas sean útiles para la pretensión de la defensa resulta totalmente abstracta puesto que en el marco del juicio de visitas en la que se hallaba enfrascada la señora Sanagua de Domínguez con su yerno, resulta comprensible suponer que la imputada pudo razonablemente estimar que la acusación sobre un posible delito sexual del padre sobre sus hijas sería beneficiosa para su pretensión.

Se puede concluir que en el presente caso se configuró un claro supuesto de excusa absolutoria en donde se resguarda el "ámbito" donde la injuria fue proferida, tal como lo pretende el texto legal al margen de toda consideración acerca del dolo (cfr. Jorge E. Buompadre "Derecho Penal, Ed. Mario A. Viera, Tomo1, Corrientes, 2000, pág. 314).

Por lo expresado y ante una evidente situación de excusa absolutoria, corresponde declarar improcedente la pretensión del recurrente y sostener la absolución dictada por la Cámara. En cuanto a las costas generadas en esta instancia deben imponerse a la vencida.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Miadana, en cuanto a la cuestión propuesta, vota en idéntico sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 160/163 vta. por el querellante Gustavo Horacio Sáez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 26/02/2003, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. Dictando sustitutiva: "CONDENAR con costas a la imputada Argentina del Carmen Domínguez de Sanagua, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de un mes de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas procesales, por ser autora responsable del delito de injurias en perjuicio de Gustavo Horacio Sáez" (arts. 110, C.P., y 551 del CPP). Costas por el orden causado".

II.- COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA RENÉ MARIO GOANE