Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22


000316/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos" (Expte. 316 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 89.-- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 74), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 66/68 vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. Y. A. A., a efectos de que se fije una cuota alimentaria a favor de su hijo menor R. J. J., contra el Sr. C. D. J., fijando en tal concepto el 25% de los ingresos que percibe como dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, excluídos los descuentos de ley.--A fs. 81/83 vta. luce agregado el escrito de expresión de agravios cuyo traslado ordenado a fs. 84, no fue evacuado por la contraria.---A fs.88 vta. se glosa el acta de la audiencia desarrollada con presencia de ambas partes, la que fuera fijada en los términos previstos por el Art. 130 de la ley III. Nro. 21.- En primer lugar resulta materia de agravio el monto de condena por considerarlo excesivo e infundado, toda vez que sin perjuicio de que su determinación depende del arbitrio judicial limitado a una serie de circunstancias propias de cada caso, interpreta que el porcentaje elegido no se encuentra justificado y que se han dejado de valorar la totalidad de las probanzas rendidas. Sostiene que el monto fijado afecta sensiblemente los ingresos que mensualmente le permitirán afrontar a J. una economía de subsistencia, atento que al monto deducido por este trámite se le suma otro descuento por cuota alimentaria de otra hija, consistente en un 20% más sobre esos mismos y únicos ingresos afectándole en definitiva el 45% de su sueldo de confirmarse la sentencia recurrida. Señala que las boletas de servicios básicos acompañadas y el informe del Equipo Técnico interdisciplinario acerca de su situación habitacional no hizo menguar la consideración de la magistrada para fijar la cuota en un 25%.Critica a la jueza de grado cuando -compartiendo la opinión del Asesor de Familia- señala que quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades, y que el hecho de tener otro hijo respecto del que se abona cuota alimentaria exige un esfuerzo mayor del alimentante, realizando otras tareas productivas o reduciendo sus gastos personales; porque sus ingresos totales no logran cubrir el monto de la canasta básica, dada su situación de pobreza, y es costoso realizar otras tareas en tiempos de crisis del mercado laboral.Afirma que no necesariamente el rubro salud debe ser un parámetro que sea reparado por el mayor aporte del alimentante, pues el accionado trabaja en el Estado Provincial y puede a través de este mecanismo otorgar cobertura social y que por último el Estado en su conjunto es garante de estas obligaciones y la atención de la salud es provista de esta manera. Resalta que no se acreditó en autos gastos y necesidades actuales por la condición de la prematuro del niño que se traduzcan en la necesidad de un mayor aporte, y que durante dos años y cuatro meses de vida del menor sin reconocimiento paterno, el niño fue asistido en su salud. Refiere a la buena voluntad del padre que al tener conocimiento de la existencia del niño formuló una propuesta de alimentos que fue rechazada y no se hizo mérito que en esa ocasión la actora contrapusiera la consideración de un porcentaje del 20% para poner fin al litigio, destacando que la propuesta que realiza es la posible sin perjuicio de las restantes obligaciones que desde el crecimiento de un vínculo que recién se inicia pueden desplegarse.-- Añade que se desprende cierta animosidad de las manifestaciones del Asesor de Familia y que sirvieron de fundamento en el fallo, en cuanto se interpreta la existencia de una presunta actitud discriminatoria de su parte que hizo denodados esfuerzos para vincularse con la otra hija, pero que no es el caso de autos, justificando dicha conducta en la existencia de un escaso vínculo paterno filial, teniendo presente que al decidirse la cuota hacía sólo seis meses que tenía conocimiento de la existencia del niño. Refiere al prudente equilibrio que debe primar en la decisión judicial que fija la cuota alimentaria el que se traduce en un punto medio entre las pretensiones de la actora y la propuesta de la demandada, teniendo en cuenta las pretensiones de la primera y las posibilidades del alimentante. Apunta que no existe norma que establezca criterios diferentes para el caso de los alimentos de los hijos, ya sea que éstos convivan con ambos progenitores o estos últimos se encuentren separados o divorciados. Por último menciona que en la práctica en los convenios extrajudiciales, en la etapa de avenimiento, y en los pronunciamientos judiciales del mismo tenor, por un hijo se convalidan cuotas alimentarias equivalentes al 10% o 15% de los haberes del alimentante, habiéndose apartado la jueza de grado de este criterio sin otra ponderación que la enunciación de aspectos generales.-II.- En el marco del agravio deducido tendente a obtener un ajuste en menos de la cuota fijada en concepto de alimentos a favor del hijo menor de las partes, R. J. J., por la sentencia apelada, ingresaré a su tratamiento señalando en primer lugar, que tal como lo edicta el art. 265 del Código Civil ambos padres deben alimentos a sus hijos "...conforme a su condición y fortuna..."(sic), de manera que, en principio, efectivamente cabe verificar los ingresos que tienen ambos padres, para así, sobre tal base establecer la contribución que a cada uno le corresponde afrontar. Así pues, en la especie la madre trabaja por hora tres veces a la semana (vide acta de audiencia de fs. 88) y el padre se desempeña bajo relación de dependencia en el Ministerio de Gobierno y Justicia (vide informe de la Dirección de Despacho del Ministerio de Gobierno y Justicia de fs. 14) --- En tal contexto de análisis, entonces, no puede ser soslayado en la ponderación a efectuar, la contribución que de hecho efectúa el progenitor que tiene la guarda del menor, la que comprende no solo aportes en especie de significación económica, sino esencialmente la atención que presta a las múltiples necesidades y requerimientos diarios que insume tiempo y dedicación que han de ser estimados necesariamente en la evaluación global. En tal sentido se ha dicho que la asistencia moral del hijo, traducida en el imprescindible apoyo que el niño requiere en las distintas etapas evolutivas de su personalidad, reviste trascendencia que los especialistas de diversas disciplinas coinciden en destacarla como uno de los factores con mayor incidencia en el logro de la finalidad de asistencia que es perseguida por la máxima institución protectoria de la minoridad que es la patria potestad. Es así, que la Convención de los Derechos del Niño consagra disposiciones directamente dirigidas a asegurar al menor esta asistencia, procurando evitar precisamente las consecuencias que devienen de la privación de afecto y cuidado. Ahora bien, si la madre del menor que presentara en esta litis la pretensión de fijación de cuota alimentaria en su representación, satisface tal necesidad de afecto y cuidado básico y consustancial a su obligación, ello debe ser ponderado a los efectos de contemplar la contribución equitativa de la porción atribuible a cargo del otro progenitor no conviviente, la que ha de determinarse en un aporte dinerario.- Y en tal dirección, indudablemente habrá que evaluar las posibilidades económicas del padre no conviviente alimentante. Sin dudas que quien tiene un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades, tal como hemos venido señalando precedentemente, por cuanto allende del interés del menor, ello es imposición del interés general, el que ha sido en definitiva receptado en la normativa de cita. De allí el esfuerzo necesario que ha de exigirse al progenitor alimentante, sin que sea por si mismo suficiente el argumento ligado a la denunciada carencia de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades derivadas de un salario magro y del aporte de una cuota alimentaria para otra hija, salvo que tales dificultades se tornaren insalvables, lo cual, advierto desde ahora, no fue ni alegado y, por ende, menos aún acreditado.-No existe norma acerca del modo en que, judicialmente, habrá de fijarse la cuota alimentaria, siendo el criterio que preside los alcances de la obligación que la misma debe estimarse objetivamente en proporción a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerla y a las necesidades del alimentado, es decir, para su cuantificación han de apreciarse las necesidades de los beneficiarios y los ingresos del alimentante y, en tal aspecto debe formularse una ecuación que compatibilice unas y otras. Ello puede derivar en que ante ingresos magros deba fijarse una alícuota mayor que en aquellos supuestos donde los ingresos sean superiores.--- Asimismo pondero, que es también resguardar el interés del hijo menor alimentado, que la fuente productora no se destruya con la fijación -o mantenimiento en el supuesto bajo análisis- de un monto que no pudiere cumplirse o que su cumplimiento pusiese en crisis a dicha fuente de sostenimiento alimentario, por lo que, si la suma que resulte de aplicar el porcentaje respectivo a la cuota alimentaria resultare excesiva, atendiendo a los ingresos reales y posibles del alimentante, habrá que ajustar la medida de su aportación a lo que sea posible de cumplir por él. Esto es, tiene que considerarse lo posible aunque no sea lo deseable (conf. en este sentido CJSalta, Sala II, 28/04/71, L.L. 146-657, 28.648-S) (SDC 35/04 c. 19735/04).--- III.- A la alegada falta de prueba de la actora, respecto de las necesidades en materia de salud del menor con motivo de su nacimiento prematuro es pauta general básica de análisis, que en materia de alimentos de los hijos menores no se requiere probar la necesidad. He dicho antes de ahora, que la prestación alimentaria es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la patria potestad, por lo que no se encuentra sujeta, como ocurre respecto a los otros parientes con derecho alimentario, a la prueba de su necesidad merced que cabe presumir que el hijo menor -que cuenta con tres años y tres meses de edad- no puede proveerse por sí mismo de lo necesario para subvenir a sus necesidades.-- Es decir, no es de aplicación al supuesto de autos lo dispuesto por el Art. 370 del Código Civil, sino el art. 267 del mismo cuerpo legal, en tanto que se ha interpretado con criterio que comparto, que cuando se trata de hijos menores la obligación de los padres no nace del parentesco, sino del deber de crianza y educación que pesa sobre ambos progenitores (Conf. Bueres-Highton, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, ed. año 1995, T. I, pág.1232; id. Méndez Costa-D´Antonio, "Derecho de familia", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2001, T. III, pág. 298/300).- Surge de la historia clínica agregada a fs.26/52 que el menor ha sido asistido por el servicio de salud del Estado, ante la carencia de cobertura de obra social de su madre, sin embargo no puede ser soslayado el reconocimiento que efectuara la apoderada del alimentante al expresar agravios a fs. 82, cuando refiriéndose al punto adujo que, "es dable considerar que por un lado, el accionado trabaja en el Estado Provincial y puede a través de este mecanismo proporcionar cobertura social". En cambio, derechamente he de disentir en su afirmación de que "no necesariamente el rubro salud debe ser un parámetro que sea reparado por el mayor aporte del alimentante". Al respecto corresponde tener presente que el art. 267 del Código Civil establece que la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. Cuando media separación de hecho de los padres, el ejercicio de la patria potestad se concentra en el padre o madre que ejerza legalmente la tenencia (art. 264, inc. 2º, del Código Civil), pero ello no significa ni puede ser entendido como que el otro progenitor no deba responder por las obligaciones que resulten de dicho ejercicio, máxime cuando -repito- se trata de uno de los deberes integrantes de la patria potestad, como es el de dar asistencia a los hijos en las enfermedades y del que no se exime ninguno de los padres aún cuando medie separación (conf. Gustavo Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", Ed. Astrea-2da. Edición actualizada y ampliada págs. 191 y ss.).- En efecto, el cumplimiento del deber de prestar alimentos por parte del progenitor no conviviente, se traduce en el aporte que efectiviza a través de la entrega de una suma de dinero para que el progenitor conviviente (en la especie la madre) pueda solventar los gastos de asistencia por enfermedad que fueren menester; o bien, cuando se hace cargo del costo que devenga la cobertura de una obra social o tramita la afiliación del menor a la obra social que posee, a fin de que ésta cubra las contingencias y necesidades de salud de aquél. En el primer supuesto, obviamente, tratando de lograr un equilibrio entre el monto de la cuota, las necesidades a cubrir y la aptitud de llenar tal finalidad por el obligado, con la prevención de que no es ajustado al derecho, positivo o natural, escatimar esfuerzos o medios conducentes a su pleno cumplimiento como ya se lo señalara.--A todo evento, la incuria del Sr. J. en denunciar a su hijo por ante su empleador no puede derivar en perjuicios para el niño. Dicho de otro modo, no es factible que éste soporte la falta de cobertura de salud por la inactividad de su progenitor quien siendo afiliado directo de S.E.R.O.S., merced a su calidad de agente dependiente del Estado Provincial, puede incorporarlo como afiliado indirecto; y, si no lo hace, debe afrontar los costos que se devenguen con motivo de la atención médica integral que fuere necesaria.- -IV.- En orden al criterio uniforme utilizado en los convenios extramatrimoniales, actas de avenimiento y pronunciamientos judiciales, de fijar la cuota alimentaria respecto de un solo hijo en el 15% de los haberes del alimentante, -criterio que fue adoptado incluso en anteriores pronunciamientos de esta Sala-, en esta ocasión cede para admitir un porcentual mayor, dada la propuesta formulada por el padre en la audiencia prevista por el art. 130 de la Ley III, nro, 21 (vide fs. 88 vta.), oportunidad en la que ofreció abonar en concepto de cuota alimentaria el equivalente al 20%, de sus ingresos, porcentual que con anterioridad a fs. 55 de autos había propuesto la actora al demandado en contrapropuesta al ofrecimiento inicial de éste de un 15% que formuló al contestar demanda.

Ello, magüer de lo expresado antes en relación a la incidencia de los importes que arrojen las alícuotas fijadas en la ponderación y determinación de las mismas.

Es en esta hermenéutica entonces, que estimo apropiado y así lo dejaré propuesto al acuerdo, reajustar el porcentaje a deducir de los haberes que por todo concepto perciba el alimentante, con imputación a cuota alimentaria a favor de su hijo menor R. J. J., a la suma que resulte de aplicar el 20% de los ingresos totales netos del -alimentante.--IV.- Comparto que, como regla general, en los procesos de alimentos corresponde imponer las costas al alimentante como lógico corolario de la especial naturaleza de la materia controvertida, o imponerlas, cuanto menos, en el orden causado de resultar vencedor aquél.

Es bajo tales pautas que, las costas de primera instancia no sufrirán variación alguna en mi voto por cuanto en ella claramente se manifestó un posicionamiento en el cual el demandado resultó vencido al fijarse una cuota alimentaria superior a la pretendida en su planteo defensivo, manteniéndose la regulación de honorarios fijada en dicha instancia.- En cambio, en esta instancia, las costas habrán de imponerse en el orden causado, por cuanto se obtuvo una reducción de la alícuota fijada en la anterior instancia con motivo de su planteo impugnaticio el que resultó finalmente acogido en la Alzada (Arts. 68 y 279 del Anexo "A" Ley XIII, Nro. 5, de aplic. por vía del Art. 205 de la Ley III, Nro. 21).-- --- V. A los fines de la regulación de honorarios por la labor desarrollada en esta alzada, bajo los límites impuestos por el art. 59, 2do. párrafo de la Ley V Nro,. 90, y de conformidad con el art. 13 de la Ley XIII, Nro. 4, estimo prudente regular los honorarios del Dr. R. E. N., en un 25% de aquellos que le fueran fijados en la instancia anterior, y los de la Dra. A. B. de A., en el 28% de los que le fueron regulados en primera instancia, con más el I.V.A. pertinente (Leyes 23.349 y 23.871).- --- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.--A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 74, que fuera concedido libremente a fs. 75, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 66/68 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por la Sra. Y. A. A., en representación de su hijo R. Y. J., en contra del Sr. C. D. J., estableciendo la cuota alimentaria que deberá abonar el nombrado en favor de su hijo en la suma porcentual equivalente al 25% de los ingresos que percibe como dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, excluidos los descuentos de ley, y con imposición de costas al vencido.Los agravios vertidos lucen a fs. 81/83 y vta., el traslado conferido a fs. 84 no fue contestado por su contraria, a fs. 88/vta. luce el acta de la audiencia prevista por el art. 130 de la Ley III Nº 21 (antes ley 4347), y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.2. Formula queja el apelante por considerar que la necesidad del progenitor alimentante de realizar un mayor esfuerzo al existir una cuota alimentaria por hijo de anterior unión es una apreciación simplista y arbitraria.No participo en modo alguno de tales manifestaciones.En efecto, el hecho de ser el alimentante pasible de otra carga de la misma especie no lo exime de su obligación. Al fijar la cuota para uno de los hijos ha de procurarse un equilibrio que permita satisfacer a todos los alimentados, ello lo es sin mengua de exigir al obligado que se esfuerce para asumir todas las responsabilidades emanadas de su paternidad. El progenitor inviste un deber ineludible para con sus hijos y para con la sociedad interesada en la formación de las nuevas generaciones (Méndez Costa, "Visión jurisprudencial de los alimentos", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, par. 8.5., pág. 116).Desde esta perspectiva, los alimentos debidos a otros hijos no importa necesariamente alcanzar un reparto equitativo de los ingresos del alimentante, toda vez que el derecho a percibir alimentos -y la correlativa obligación de prestarlos- deriva de una relación alimentaria legal, de contenido patrimonial (Zannoni, "Derecho de familia", Astrea, 1998, T. 1, par. 82, pág. 128).Desde ya que ello no impide señalar que al fijarse la cuota alimentaria debe procurarse mantener un equilibrio que permita dar satisfacción a todos los alimentados teniendo al mismo tiempo en cuenta las posibilidades económicas del obligado a satisfacer dicha prestación.En ese contexto, al fijarse la cuota alimentaria debe buscarse un prudente equilibrio entre el monto de la misma, las necesidades a cubrir y la aptitud del obligado para llenar tal finalidad (CNCiv., sala B, abril 24-997, L.L. 1998-D, 274; en igual sentido, sala K, junio 22-992, L.L. 1993-D, 535, J. Agrup., caso 9245).Por eso, en el presente caso debe priorizarse las necesidades del alimentado sin omitir en esa ponderación la situación económica del demandado a fin de alcanzar un quantum que presente una razonable proporción entre la necesidad y la posibilidad.Desde esa perspectiva, el monto de la cuota ha de basarse en dos elementos: las posibilidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentista. Respecto de las posibilidades del alimentante, se debe tener en cuenta lo que requiere para la satisfacción de sus propias necesidades, además de considerar los ingresos y bienes con que cuenta (Bossert, "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, 2da. ed. act., 2004, par. 482, pág. 460). Para determinar el importe de la cuota alimentaria debe tenerse en cuenta no sólo la capacidad económica del obligado, sino también las necesidades de los alimentados (CNCiv., sala C, octubre 23-979, L.L. 1979-D, 542; en igual sentido, la misma sala, abril 2-980, L.L. 1981-B, 554, sum. 35.862-S).Pero ello sin omitir considerar que esa obligación pesa sobre ambos progenitores.El art. 265 del Código Civil consagra el deber-derecho de alimentos que emana de la patria potestad. También el deber-derecho alimentario pesa sobre ambos padres, adecuándose la ley a las nuevas directivas en la materia: el deber de asistir a las necesidades del hijo pesa sobre ambos progenitores, con independencia que uno de ellos ejerza la tenencia (Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1995, T. 1, pág. 1228).Quien ha tenido un hijo asume el deber de proveer a sus necesidades, no es sólo el interés individual del hijo el que se halla comprometido en ello, sino que a través de él, aparece el interés de la sociedad, ya que la protección de los menores debe estar, en primer lugar, a cargo de sus progenitores. De manera que los progenitores tienen el deber de proveer la asistencia del hijo menor, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios (Bossert, ob. cit, par. 244, pág. 223) (la cursiva me pertenece). Sin perjuicio de ponderar también que, fijar una cuota que está por encima de las posibilidades del progenitor, conforme a los ingresos que han podido acreditarse, representa una solución meramente abstracta, que en los hechos no conduce a hacer efectiva la satisfacción de las necesidades del hijo (Bossert, ob. cit, par. 224, pág. 225). En lo que hace a la queja vertida por considerar que no se acreditaron gastos y necesidades actuales por tratarse de un niño nacido en forma prematura, ya se señaló que el deber de asistencia pesa sobre los progenitores y emana de la patria potestad por lo que ese deber no puede quedar condicionado a la prueba de su necesidad.

Asimismo, tal como lo señalara el Dr. Lucero de la historia clínica que luce a fs. 26/52 surge que el menor fue asistido por el servicio de salud estatal por carecer de cobertura de obra asocial, por lo que ante la admisión del demandado de fs. 82, primer párrafo ("... el accionado trabaja en el Estado Provincial y puede a través de este mecanismo proporcionar cobertura social ...), cabe precisar que es deber del progenitor no conviviente no sólo proveer una suma de dinero para gastos asistenciales, sino también hacerse cargo del trámite y costo que pueda importar la inclusión del hijo en su obra social. En ese marco, son amplias las facultades que tiene el juez para determinar el monto de la cuota alimentaria, y a pesar de las reservas que puedan formularse al sistema de dejar librado al criterio judicial la determinación de la cuota, tal solución se impone al carecer nuestra regulación legal de un mecanismo tarifado (Lagomarsino y Uriarte, "Juicio de alimentos", Editorial Hammurabi S.R.L., 1997, par. 41 y 42, págs. 162/163 y 164, respectivamente).En cuanto a la referencia a anteriores pronunciamientos y términos porcentuales fijados, lo cierto es que es deber del juez pronunciarse en el caso concreto, a lo que cabe agregar que el propio demandado en la audiencia celebrada conforme lo previsto por el art. 130 de la Ley III Nº 21 (antes ley 4347) propuso en definitiva una cuota alimentaria del 20% (ver fs. 88 vta., penúltimo párrafo).En tales condiciones, conforme a las pautas antes reseñadas, teniendo en consideración las necesidades de alimentado pero también los ingresos del alimentante a fin de alcanzar un prudente equilibrio entre ambos elementos, voluntad expresada por ambas partes a fs. 55 y 88/vta., estimo prudente y adecuado a las circunstancias comprobadas de la causa la fijación de la cuota alimentaria mensual en el 20% de los haberes que percibe el demandado.3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para fijar la cuota alimentaria a cargo del Sr. C. D. J. en la suma porcentual equivalente al 20% de los ingresos que percibe como dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, excluidos los descuentos de ley.Tocante a las costas de la anterior instancia, la disminución que se propicia no impide mantener las mismas a cargo del demandado en atención a la naturaleza del proceso.Dado el carácter asistencial de la prestación alimentaria, las costas aún cuando el monto de la cuota fijada en la sentencia sea inferior a la demandada, deben ser impuestas al demandado; de otro modo, se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación alimentaria (Bossert, Gustavo, ob. cit., par. 433, págs. 410/411 y nota nº 157 con cita de fallos; en el mismo sentido, Lagomarsino y Uriarte, ob. cit., págs. 182/183, jurisprudencia, nros. 41, 42 y 45).

Las costas del juicio de alimentos fueron bien impuestas al alimentante, quien no sólo debe cargar con ellas por el principio general contenido en el art. 68 del Cód. Procesal, sino también por la especial naturaleza de este proceso, ya que de otro modo se reduciría por este camino la significación de la cuota (CNCiv., sala G, octubre 4-982, L.L. 1983-B, 96). En el juicio de alimentos las costas deben ser soportadas por el alimentante, a fin de no disminuir la cuota acordada. Ello, en tanto no medie allanamiento al monto requerido, ni coincidencia entre la cuota que el marido se avino a pagar y la fijada judicialmente, que justifiquen un apartamiento del principio general (CNCiv., sala I, abril 4-989, L.L. 1990-D, 467). Así, salvo casos excepcionales, no corresponde ordenar ninguna disminución a la cuota establecida. Admitir lo contrario, importaría gravar el monto acordado y desvirtuaría la finalidad de esta obligación. .cuando los beneficiarios de la prestación son únicamente los menores, no es prudente apartarse de la regla general, aún cuado media allanamiento o coincidencia entre lo ofrecido y la cuota establecida o las partes hayan arribado a una transacción. En este orden de ideas, la jurisprudencia entiende que las costas deben ser soportadas por la parte alimentante, con prescindencia del resultado del litigio ya que trasciende, en sus efectos, a la circunstancia objetiva de la derrota, que, en otras hipótesis adquiere rango cardinal en la dilucidación del asunto (ver Rev. LA LEY, t. 1982-B, p. 85; Jurisprudencia Agrupada, Rev. LA LEY, t. 1989-D, p. 60; Rev. LA LEY t. 1983-B, p. 96; Rev. LA LEY, t. 1983-D; E.D. t. 106, p. 174; E.D. t. 106, p. 693). (conf. Tanzi y Suarez, "La obligación alimentaria emanada de la patria potestad", L.L. 1990-D, pág. 468).De tal modo, al no alterarse el régimen de costas de primera instancia ello conlleva a mantener los honorarios allí regulados.A su vez, el éxito parcial de los agravios traídos a consideración de esta alzada permite distribuir las costas de segunda instancia en el orden causado (art. 72 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 71 del C.P.C.C.).Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propicia regular el Dr. Lucero a favor de los letrados de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales del 25% y 28%, respectivamente, de la cantidades establecidas para los emolumentos de primera instancia, con la salvedad que en el primer caso la regulación se efectúa con el alcance contemplado por el art. 59, segundo párrafo, de la Ley V Nº 90, antes ley 4920 (arts. 5, 8, 13, y 46 de la Ley XIII Nº 4; arts. 6, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente. Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Lucero dijo:Visto el acuerdo alcanzado al tratar la primera cuestión, corresponde: 1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para disminuir el porcentaje de la cuota alimentaria mensual y fijarlo en el 20% de los haberes que percibe el demandado como dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, detraídos únicamente los descuentos de ley. 2) IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado. 3) REGULAR los honorarios del Dr. R. N. en el 25% de los que se le regularan en la anterior instancia y los de la Dra. A. B. de A. en el 28% de los regulados en primera instancia (Art. 13, Ley XIII, Nro. 4), con más el I.V.A. pertinente.--ASI LO VOTO. A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.Así lo voto.Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17; antes art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-REVOCAR parcialmente la sentencia venida en recurso para disminuir el porcentaje de la cuota alimentaria mensual y fijarlo en el 20% de los haberes que percibe el demandado como dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, detraídos únicamente los descuentos de ley.- IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado.-- REGULAR -en los límites previstos por el art. 59, 2do. párrafo de la V Nro. 90-, los honorarios del Dr. R. N. en el 25% de los que se le regularan en la anterior instancia y los de la Dra. A. B. de A. en el 28% de los regulados en primera instancia (Art. 13, Ley XIII, Nro. 4), con más el I.V.A. pertinente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--- REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDF - CONSTE.- VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA