Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 602 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración de los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y René Mario Goane -por subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Suc. de Quirino Castaldo vs. Salazar Oscar Dante s/Reivindicación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación presentado por la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2001 dictada por la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, que revocó el fallo de primera instancia e hizo lugar a la acción de reivindicación promovida por la Sucesión Quirino Castaldo contra Oscar Dante Salazar. El recurso fue concedido por la misma Sala en resolución de fecha 1 de julio de 2002.

2.- Entre los antecedentes relevantes podemos señalar que la actora demandó la reivindicación de un terreno ubicado en el pasaje 1º de Mayo s/n entre las calles Mendoza y Lola Mora de Villa Lastenia (fs. 1). El accionado no contestó demanda, y se apersonó ofreciendo pruebas, solicitó beneficio para litigar sin gastos y pidió que se haga cesar la rebeldía declarada (fs. 25). La sentencia de primera instancia, luego de analizar los elementos probatorios reunidos resolvió no hacer lugar a la demanda por considerar que no hubo certeza sobre el desprendimiento violento o ilegítimo de la posesión (fs. 328/330). La apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue acogido por la Cámara, que dispuso revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la acción de reivindicación (fs. 347/348). El Tribunal, luego de analizar la validez y efectos de las pruebas, resolvió que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el art. 2758 del Código Civil para reivindicar.

3.- El recurrente, luego de exponer un resumen de los antecedentes del caso, expresó que el fallo violentó la norma de derecho formal, particularmente, los artículos 340 y 346 del CPCC. Señaló que la Cámara le restó validez a la prueba documental adjuntada con el fundamento de que la misma no fue objeto de reconocimiento. Destacó que las firmas insertas en el boleto de compraventa del 13 de octubre de 1964 (fs. 144) no fueron negadas ni impugnadas por falsedad material (ex art. 340 del CPCC). Manifestó que tampoco fue necesario el reconocimiento previsto por el art. 346 del mismo digesto en tanto no se negó la autenticidad de los documentos. Agregó que no puede considerarse a la presentación obrante a fojas 162 como una impugnación de falsedad material ni de negación de firmas, puesto que está referida a consideraciones de índole procesal, pero no hace alusión a la documentación agregada. El recurrente añadió que si la actora hubiera impugnado los instrumentos, su parte habría tenido que recurrir a la comprobación por peritos (art. 340 CPCC) o bien al reconocimiento de documentación de terceros ajenos al proceso (art. 346 CPCC), según el caso. Expresó que la errada valoración de la prueba no impugnada en autos produjo una sentencia arbitraria. Aclaró que de haberse valorado la prueba documental el tribunal habría tenido por existentes los boletos de compraventa que acreditan el derecho a la posesión con justo título de su representado. Se agravió de que la Cámara puso una carga probatoria adicional en cabeza de su mandante consistente en demostrar la autenticidad de la prueba docume ntal adjuntada, en tanto que la misma no fue impugnada por parte de la actora. Señaló que el C.C. en sus artículos 1031 y 1032 faculta a los sucesores del firmante del instrumento a declarar que no saben si la firma es o no del titular, indicando que ello no sucedió en este caso.

4.- Estando cumplidos los recaudos formales establecidos para la admisibilidad del recurso casatorio, se pasa a analizar la procedencia del mismo.

Corresponde aclarar que la acción reivindicatoria persigue como finalidad la restitución de la cosa de la cual se vio privado el propietario a causa de una desposesión. Esa desposesión implica el desplazamiento de la posesión anterior, sin o contra la voluntad de quien la ejercitaba. Pero si el actor entregó voluntariamente la posesión de la cosa, la acción reivindicatoria pierde la aptitud de hacerse efectiva por cuanto hubo una pérdida de la posesión con su voluntad. (cfr. Jorge Horacio Alterini, Acciones Reales, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000).

Expuesto el marco jurídico de acción, se advierte que la cuestión litigiosa, según fue delimitada en la sentencia de alzada (cfr. fs. 347 in fine y 347 vta. supra) está referida a si hubo o no desprendimiento voluntario de la posesión por parte del accionante. Por ello, resulta relevante en el caso la valoración de los instrumentos demostrativos de la venta invocada por el demandado, que habrían efectuado los propietarios originarios, Castaldo y Formoso, a un tercero, José Angel Orellana (fs. 144) y la posterior transferencia de éste al actual poseedor, Oscar Dante Salazar. Sobre esta cuestión la Cámara expresó que "la fotocopia de fs. 144 corresponde a un boleto de compra-venta cuyas firmas no fueron objeto de reconocimiento de manera que aun cuando figure como vendedor Castaldo-Formoso no se ha demostrado que la firma correspondiente sea de alguno de los condóminos. Tampoco aparece reconocida la firma del comprador: José Angel Orellana, de manera tal que la autenticidad de la referida documentación sólo puede referirse a que correspond e a la adjuntada al expediente ofrecido como prueba, pero nada demuestra acerca del contenido. Lo mismo puede afirmarse de las fotocopias agregadas desde fs. 115 a 136, la supuesta transferencia de Orellana al actor tampoco fue objeto de reconocimiento... En una palabra, es correcto que la actual posesión del demandado aparece demostrada pero lo que no surge de la prueba aportada es que tenga título alguno que la legitime..." (fs. 347 vta.).

5.- Asiste razón al recurrente en cuanto se agravia de que la prueba documental atribuida a la parte actora fue valorada infringiendo la normativa procesal, por los motivos que a continuación se exponen.

En el caso, el actor compareció por primera vez en el juicio luego de ser notificado de la apertura a prueba (cfr. fs. 23 y 24). En esa oportunidad ofreció prueba documental (cfr. fs. 74), solicitando que se libre oficio al Juzgado en el que está radicado el juicio "Salazar, Oscar Dante vs. Sucesión Castaldo y Sucesión Formoso y/o sus herederos s. prescripción adquisitiva", para que remita copia autenticada de la documentación que a continuación detalló, entre la que se encontraban los boletos de compraventa de fechas 07/10/64 y 13/10/64. El Juzgado aceptó la prueba ofrecida y ordenó el libramiento del oficio solicitado para la remisión de la documentación (cfr. providencia del 12 de noviembre de 1997, fs. 74 vta.). La parte actora interpuso revocatoria contra esa providencia con el objeto de impugnar la personería de la apoderada (cfr. fs. 76), iniciando así una vía recursiva que culminó con el rechazo de las pretensiones del accionante por sentencia de alzada de fecha 04/8/98 (cfr. fs. 101/102). De ese modo, la prueba documental ofrecida por la parte demandada quedó definitivamente aceptada.

Esa prueba fue producida con la agregación de los documentos solicitados al Juzgado Civil y Comercial de la IIa. Nominación (cfr. fs. 161 vta.), los cuales fueron glosados entre fojas 111 a 160. Cuando los instrumentos referidos fueron agregados al respectivo cuaderno de pruebas y puestos a la oficina (cfr. fs. 161 vta.), la parte actora expresó que "esta producción...carece de validez, pues desconozco la traba de esta litis por no habérseme notificado de la demanda. Por lo que al momento de dictar sentencia pido se tenga en cuenta la observación vertida en el presente escrito sobre una prueba inexistente" (textual de fs. 162).

6.- Entre esos instrumentos, se encuentra uno que la parte demandada atribuye a la parte actora, cual es el boleto de compraventa de fecha 13 de octubre de 1964 (fs. 156), en el que figuran como vendedores Castaldo, - antecesor de los actores - y Formoso.

Corresponde resaltar que en el caso se trató de prueba documental que fue aceptada e incorporada al proceso, por lo que debía ser considerada conforme a los preceptos procesales que rigen para ese tipo de prueba, establecidos en los arts. 333 a 347 del digesto de forma.

Si el litigante quiere impugnar un documento que se le atribuye, debe ser categórico respecto de dos cuestiones: o lo impugna por falsedad material, o niega la firma, como establece el art. 340 CPCC. En el caso de los sucesores del firmante, según prescribe el art. 1032 del Código Civil, pueden limitarse a declarar que no saben si la firma es o no de su autor. Tales preceptos procesales se corresponde como la norma del Código Civil del art. 1031, que establece que "todo aquél contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, está obligado a declarar si la firma es o no suya".

7.- Cuando la parte actora conoció los documentos no los impugnó por falsos ni desconoció la firma. Vale decir, no emitió ninguna de las manifestaciones de voluntad previstas en el art. 340 CPCC o en el art. 1032 del Código Civil. Como se indicó supra transcribiendo textualmente las expresiones de la actora, la misma objetó la validez procesal de la documentación porque no había tenido oportunidad de integrar la litis del juicio de información posesoria del que provino la documentación.

La aceptación de esa prueba ya había quedado firme, como se dijo, y la agregación de los documentos quedó consentida por la parte actora. En tal sentido, la doctrina ha expresado que "el consentimiento de cualquiera de las partes respecto de la agregación extemporánea de documentos por su contrario obliga al órgano judicial a considerarlos como elementos probatorios" (Palacio Lino y Alvarado Velloso, A. "Código Civil y Comercial", tomo 7 p. 272). También jurisprudencialmente se ha receptado tal criterio, al declarar que "no obstante que los documentos se hayan agregado con posterioridad a la demanda, si esa agregación fue decretada y consentida, no cabe ahora prescindir de su consideración" (Cámara Nacional en lo Comercial Sala B, 28-10-60, L.L. 103-769 (6818-S); Cámara Nacional en lo Comercial Sala C, 19-5-60, L.L. 102-906 (6799-S).

Vale decir, que una vez incorporado al juicio un instrumento atribuido a la parte actora, ésta no negó la sustancia del instrumento, porque no lo impugnó por falsedad material ni negó la firma, como así tampoco manifestó que como sucesores desconocían si su antecesor había firmado o no.

8.- Como ya se señaló, se trató de prueba documental que fue declarada admisible e incorporada al proceso, por lo que debía ser considerada conforme a los preceptos procesales previstos para ese tipo de prueba, establecidos en los arts. 333 a 347 del digesto de forma.

La prueba documental atribuida a la parte actora fue valorada en infracción a la norma procesal del art. 340, en cuanto en lo pertinente establece que "cuando un instrumento privado fuera impugnado de falsedad material o se negara la firma que lo suscribe", lo que en el caso no ocurrió, por cuanto no hubo cuestionamiento a la falsedad material, ni impugnación de la firma, ni manifestación conforme art. 1032 del Código Civil. Por ello, y resultando el instrumento en cuestión relevante para la solución del caso, corresponde casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 340 CPCC y resulta por ello descalificable como pronunciamiento válido, la sentencia que negó eficacia probatoria a una prueba documental atribuida a una parte que no negó su firma ni la tachó por falsa, que resulta relevante para la solución del caso".

Por lo expresado, corresponde dejar sin efecto la sentencia, y remitir a la Cámara para que con otra integración falle nuevamente conforme lo resuelto (art. 826 segunda parte CPCC).

9.- En cuanto a las costas, conforme al resultado que se arriba, corresponde imponerlas por su orden en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (art. 106 inc. 1° del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 30/11/2001, que revoca la sentencia de primera instancia y hace lugar a la acción instaurada, con costas en ambas instancias a la accionada.

II.- El recurrente, luego de exponer los precedentes del caso, expresa sus agravios sosteniendo que la sentencia impugnada es arbitraria por errónea valoración de la prueba documental rendida en autos por su parte.

Expresa que el fallo ha infringido los artículos 340 y 346 rituales, al restarle validez, en cuanto a su contenido, a la documental adjunta, toda vez que entiende que no fue objeto de reconocimiento de firmas ni se ha demostrado que las rúbricas insertas en los boletos de compraventa sean de pertenencia de quienes allí se consignan.

Sostiene que la documental adjuntada jamás fue negada por la actora, que ella consintió su ofrecimiento y producción haciendo innecesario el supuesto reconocimiento de firmas y la comprobación por peritos en tanto no fue impugnada de falsedad material o negada la firma de quien lo suscribiera (ex art. 340 procesal). Que tampoco fue necesario el reconocimiento previsto por el art. 346 CPCCT en tanto la documental no fue negada en su autenticidad por la contraria.

Al respecto, menciona que bajo ningún punto de vista podría considerarse a la presentación de la actora que luce a fs. 162 como impugnación de falsedad material o negación de las firmas en tanto sus precisiones son de índole procesal en relación a otro litigio no expidiéndose respecto de la documental adjunta. Señala que el código prevé un procedimiento específico para cada una de las posibles conductas de la contraria y, si por hipótesis se hubiera impugnado de falsedad material o negado las firmas, su parte hubiera tenido que recurrir a la comprobación por peritos o al reconocimiento de documentación de terceros ajenos al proceso (340 y 346 procesal) según el caso. A ello, agrega que la situación procesal del expediente en donde obran los originales de la documental acompañada, en nada empece a estos autos ya que lo que tiene importancia es la mismísima documental ofrecida, agregada por particulares circunstancias a esa causa.

Tacha de arbitrariedad a la sentencia no sólo por irrazonable valoración probatoria sino también por una falta de valoración de pruebas válidas ya que, dice, considerar que la documental no ha sido materia de reconocimiento cuando no existía carga procesal alguna que obligue a su parte a recurrir al reconocimiento o a la prueba pericial es negarle el carácter de prueba válida y no incluirla en la merituación como tal. Igualmente luce arbitrario el fallo pues, al imponer esa carga adicional en cabeza del recurrente -actividad tendiente a demostrar la autenticidad de la documental adjunta cuando no existe negativa de la contraria- violenta los arts. 1031 y 1032 del CC.

Concluye en que, de haberse valorado con arreglo a derecho la documental no impugnada ni desconocida en autos, se hubiera tenido por existentes los boletos de compraventa anexos que acreditan como corresponde el derecho a la posesión con justo título del demandado.

Cita jurisprudencia; propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 386.

III.- Por auto interlocutorio del 01/7/2002 la alzada concede el recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado, luego de desestimar el recurso de nulidad impetrado, da razón al apelante en cuanto a la identificación del inmueble -determinado en la demanda- cuya adecuación con el título presentado por la accionante no ha sido motivo de controversia. Destaca que tampoco hay discusión sobre el dominio por parte del causante del sucesorio actor y la posesión del demandado en el terreno que se reclama. Sostiene que lo que debe determinarse es si dicha ocupación resulta ser consecuencia de un desprendimiento voluntario de la posesión como concluye el fallo de primera instancia o si, por el contrario, no se ha demostrado que ello ocurriera.

Al respecto, entiende que la valoración que efectúa la juez a quo de las fotocopias autenticadas del expediente caratulado "Salazar, Oscar vs. Suc. Quirino Castaldo s/prescripción adquisitiva" no resulta correcta pues de la misma no se desprende que la desposesión haya sido un acto voluntario de los dueños del inmueble. Y ello porque las firmas insertas en el boleto de compraventa de fs. 144 no fueron objeto de reconocimiento, de manera que, aun cuando figure como vendedor Castaldo-Formoso, no se ha demostrado que la firma correspondiente sea de alguno de los condóminos. Agrega que tampoco aparece como reconocida la firma del comprador: José Orellana, de manera tal que la autenticidad de la referida documentación sólo puede referirse a que corresponde a la adjuntada al expediente ofrecido como prueba, pero nada demuestra acerca del contenido.

Idéntica valoración hace el fallo de las fotocopias obrantes desde fs. 115 a 136, pues tampoco fue objeto de reconocimiento la transferencia de Orellana al actor. Advierte, además, que los pagos en cuotas que menciona la sentencia aparecen registrados en una libreta a nombre de un tercero, por lo que ni siquiera aparecen mencionados los condóminos propietarios del inmueble.

De allí que concluya en que la posesión del demandado aparece demostrada pero no así el título que la legitime. Expresa que a tal conclusión no empece los testimonios rendidos en autos, toda vez que ellos, por las razones que expresa, no resultan relevantes para probar la cuestión fundamental del desprendimiento voluntario de la posesión de los propietarios a favor del reivindicado o de algún antecesor en la posesión. Agrega que tampoco legitima la posesión la inscripción en Catastro Parcelario.

En consecuencia, revoca el fallo de primera instancia y hace lugar a la demanda entablada por entender que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por el art. 2758 CC. Impone las costas de ambas instancias al demandado vencido.

V.- De la confrontación de los términos expuestos en el memorial casatorio con los de la sentencia recurrida se concluye en que la misma debe ser mantenida.

En efecto, el recurrente se agravia de la valoración efectuada por el tribunal a quo respecto de la documental ofrecida por su parte. Entiende que no era necesario el reconocimiento de la misma toda vez que su incorporación al juicio fue admitida por la contraria quien no se opuso a ello; no negó las firmas de los documentos ni lo impugnó de falsedad material. Que si así lo hubiera hecho, su parte habría estado en condiciones de probar la autenticidad mediante los mecanismos previstos en los arts. 340 y 346 procesales.

Sin embargo, el impugnante yerra en su razonamiento. En primer lugar, cabe hacer notar que el accionado debe incorporar toda la prueba instrumental que se proponga producir en la contestación de demanda. Es ésta y no otra la etapa procesal en que, impostergable e inexcusablemente, salvo situaciones excepcionalísimas, debe agregar la documentación que estuviere en su poder (art. 299 inc., 4° CPCC).

Ahora bien, en autos no hubo responde y el demandado fue declarado en rebeldía. Con ello, el rebelde perdía la oportunidad procesal para la alegación e incorporación de este tipo de pruebas por aplicación del principio de preclusión procesal. Pese a ello, la actora no se opone a su agregación en autos y la misma queda incorporada en la etapa probatoria, como emerge de la prueba ofrecida a fs. 74, aceptada por el Juzgado "en cuanto por derecho hubiere lugar", decreto que es atacado por la actora por razones ajenas a la oportunidad procesal de agregación de prueba documental.

Sin embargo, esta incorporación por sí misma no puede provocar todos los efectos que le quiere asignar la accionada y que le asigna el fallo de primera instancia. Incorporar una prueba al proceso supone que ella se vuelve susceptible de valoración por parte del juzgador; pero ninguna otra consecuencia puede deducirse de este hecho, en las concretas circunstancias de esta causa. Téngase en cuenta que, al considerar el juez un documento como medio de prueba, no puede tener dudas sobre su autenticidad. En el caso de escritos, ello significa la certeza respecto de quien lo suscribe. La autenticidad puede estar legalmente presumida como sucede con los documentos públicos, o requerir prueba a cargo de la parte interesada en usar a su favor el documento, que incluye el reconocimiento de la parte contraria, cuando se trata de un documento privado de cualquier tipo (cf. De Santo, Víctor, "El proceso civil", T. III, Ed. Universidad, Bs.As., 1983, pág. 140). Este reconocimiento es el acto en virtud del cual el autor jurídico del documento o sus causahabientes le otorgan autenticidad, sea espontáneamente o mediante citación judicial a solicitud de parte interesada (ibídem, pág. 427).

De lo expuesto se deduce que la parte que incorpora un documento privado que atribuye a la contraria, tiene la carga de acreditar su autenticidad y, a la vez, si el reconocimiento de ese instrumento no es espontáneo, debe provocárselo (a través de la citación o el traslado correspondiente). El documento adquiere así, autenticidad en base a una determinada diligencia previa.

De otro lado, si bien puede entenderse que la obligación legal de expedirse -sobre las firmas del documento privado- están dadas por los arts. 1031 y 1032 CC (citados por el recurrente), el reconocimiento mismo de las firmas está sujeto a un régimen procesal propio que emana claramente de nuestro digesto ritual.

Al respecto, el artículo 299 inc. 4° procesal dispone dar traslado al actor por cinco días de los instrumentos que se le atribuyan y que fueron acompañados con la contestación de demanda, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el inc. 2°. Este inciso prevé que ante el silencio, respuestas evasivas o ambiguas o negativa general los documentos se tendrán por auténticos y que, siendo el demandado sucesor universal de quien intervino, puede manifestar que ignora su autenticidad.

Este es el marco normativo que regula la incorporación y reconocimiento de la prueba documental. Este trámite permite el respeto de la defensa en juicio y garantiza la igualdad procesal de las partes. Debido a la rebeldía del accionado, no podía haberse incorporado documentos, ni por ende, seguirse este trámite procesal, con posterioridad a la contestación de demanda. Mas, habiéndose incorporado los mismos en la etapa probatoria, conforme las particulares circunstancias del presente caso, era dable exigir una diligencia semejante a la prevista en aquélla norma tendiente a su autenticación. Entenderlo de otro modo sería violentar el debido proceso con afectación de la defensa en juicio y permitir que, por trámites procedimentales no previstos legalmente, se soslayen aspectos sustanciales del debido proceso .

En efecto, del "procedimiento específico" emanado del art. 299 procesal surge que la carga de acreditar la autenticidad de los documentos privados adjuntados corresponde a quien lo presenta. A ello no resulta óbice que la instrumental haya sido acompañada en momento distinto del responde y que el actor no se haya negado a su agregación; antes bien, ante la excepcionalidad de las circunstancias en que se incorpora la documental, un procedimiento como el que regula esa norma resulta aplicable "a fortiori".

De allí que el traslado de la documentación que estaba meramente incorporada era necesario a efectos idénticos a los previstos en el art. 299 inc. 4° procesal. Y es recién con el cumplimiento de una tal diligencia (el traslado a los fines del reconocimiento) que los efectos que menciona el inc. 2° de la misma disposición (tenerse por auténticos los documentos atribuidos al actor) podrían entenderse aplicables e influir en el sentido que allí se indica, en la valoración de las probanzas.

Queda claro entonces, por lo expuesto hasta aquí, que el recurrente pretende la plena virtualidad de ciertos efectos, cuando el trámite del que ellos derivan no ha sido realizado en autos. A su vez, la carga de acreditar la autenticidad de los documentos incorporados mediante la realización del procedimiento específico a tales efectos pesaba en cabeza del demandado, en virtud del principio dispositivo y porque es éste el que pretende probar y extraer beneficio de tal documental.

No habiéndolo hecho así, sobre él pesan las consecuencias de su omisión; y no sobre la actora la abstención de impugnar de falsedad material o negar la firma o decir que no saben si es o no del autor, por la sencilla razón de que la ausencia de traslado de la documental que se le atribuye obstaculizó el nacimiento de tal obligación.

Por otra parte, el art. 1031 del CC -que se reputa violado- impone la obligación legal de declarar si la firma es o no suya a quien se cita a juicio a reconocer la misma (conf. Bueres-Highton, CC comentado, art. 1031). Pero el artículo no resulta aplicable al caso de autos. En primer lugar, por cuanto el documento privado se presenta contra uno de sus sucesores y no contra los firmantes o supuestos firmantes del boleto de compraventa de inmuebles. En segundo lugar, porque no se han dado sus presupuestos; esto es: que la parte contra quien se opone el instrumento privado haya sido "citada a tales efectos". Tampoco se ha corrido traslado de esta documental a los herederos a fin de expedirse conforme el art. 1032 del CC (el cual supone también el traslado de la documental a los efectos de la norma de fondo citada).

En definitiva, no habiendo habido traslado de la documentación a los efectos del reconocimiento, el silencio u omisión de la actora (no haber impugnado ni negado la firma) no puede ser tenido como prueba de la autenticidad o reconocimiento tácito de la documental pues no están dado sus supuestos. Es que, como se mencionara anteriormente, la carga del traslado de la documental con fines específicos recaía en cabeza del demandado. Por ello, esta omisión -que no puede ser suplida por el decreto de fs. 161 vta. de autos que pone en conocimiento de las partes la documental adjuntada, pues las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio precisan de un trámite semejante al que regula, en la etapa procesal pertinente, el art. 299 del CPCCT- no permite al recurrente hacer valer los efectos de una citación o traslado inexistentes, la aplicación de presunciones derivadas del silencio u omisión de la contraria, la efectiva existencia de la autenticidad de la documental, o los agravios derivados de no haber podido probar tal autenticidad por otros medios (ex art. 340 y 346 procesal) pues, en la especie, no han sido generados sus causas y presupuestos.

No se comparte, por tanto, el criterio del recurrente cuando predica la innecesariedad del reconocimiento de los instrumentos privados adjuntados en prueba de su derecho; razonamiento que explicaría su omisión en provocar el traslado de la documental a la parte contraria a esos efectos. Y es que tal traslado resulta fundamental si se quiere preservar el debido proceso, la igualdad de las partes litigantes y el derecho de defensa.

VI.- Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación impetrado por la parte demandada, con costas a la recurrente vencida por ser ley expresa (art. 106 procesal).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos expresados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, adhiere y vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Por los fundamentos expresados, adhiero al voto del señor vocal doctor Alberto José Brito.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 30/11/2001, conforme a lo analizado.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.- III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO RENE MARIO GOANE (en disidencia) DISIDENCIA DE LOS GANDUR Y DATO: Asiste razón al recurrente en cuanto se agravia de que la prueba documental atribuida a la parte actora fue valorada infringiendo la normativa procesal... Como ya se señaló, se trató de prueba documental que fue declarada admisible e incorporada al proceso, por lo que debía ser considerada conforme a los preceptos procesales previstos para ese tipo de prueba, establecidos en los arts. 333 a 347 del digesto de forma. La prueba documental atribuida a la parte actora fue valorada en infracción a la norma procesal del art. 340, en cuanto en lo pertinente establece que "cuando un instrumento privado fuera impugnado de falsedad material o se negara la firma que lo suscribe", lo que en el caso no ocurrió, por cuanto no hubo cuestionamiento a la falsedad material, ni impugnación de la firma, ni manifestación conforme art. 1032 del Código Civil. Por ello, y resultando el instrumento en cuestión relevante para la solución del caso, corresponde casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 340 CPCC y resulta por ello descalificable como pronunciamiento válido, la sentencia que negó eficacia probatoria a una prueba documental atribuida a una parte que no negó su firma ni la tachó por falsa, que resulta relevante para la solución del caso" HAGASE SABER ANTONIO GANDUR ALFREDO CARLOS DATO