Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-12


AUTOS Nº 8310: "SPADANO, Salvador Angel C/ Círculo Oficiales Policía San Juan S/ Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los doce días del mes de mayo del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Miguel Ernesto Novoa, Hermes Francisco Carrera y José Dionisio Castro, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver los recursos de apelación deducidos por las partes actora y demandada, en autos Nº 8310, caratulados "SPADANO, SALVADOR ANGEL C/ CÍRCULO OFICIALES POLICÍA SAN JUAN S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

I) Que por sentencia de fs. 298/306 de autos, el Sr. Juez del Segundo Juzgado del Trabajo, resolvió: 1) Hacer lugar parcialmente la demanda con más intereses; 2) Imponer las costas en el 80% a la actora y en el 20% a la demandada, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

II) Que contra dicho fallo se alzan las partes mediante los pertinentes recursos de apelación, expresando agravios la actora a fs. 343/350 y la demandada a fs. 354/356, los que fueron respondidos a fs. 354/365 y 375/377, respectivamente.

III) Que a fs. 382/383 consta la opinión del Fiscal de Cámara, a fs. 386 el llamamiento de autos para sentencia, y a fs. 387 el sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Carrera, 2) Dr. Castro y 3) Dr. Novoa.

A CONTINUACIÓN El TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora?.

Segunda cuestión: ¿Debe progresar la impugnación procesal articulada por la demandada?.

Tercera cuestión: ¿Costas?.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

I) En la sentencia mencionada, el aquo rechazó la fecha de ingreso (04/3/03) y categoría profesional o funciones (intendente) pretendida por el actor al demandar, admitiendo la denunciada por la demandada del 01/7/04 como maestranza (CCT 160/75), tal como se registró y figuran en los libros de sueldos y jornales y recibos de ley.

Asimismo, rechaza la indemnización del art. 1 ley 25.323, asignación no remunerativa (Dto. 2641/02), art. 132 bis LCT, diferencias salariales, arts. 2 ley 25323 y 80 LCT; imponiendo las costas en el 80% a la actora y en el 20% restante a la demandada, con fundamento en la prueba documental, confesional y testimonial que valora y normativas que aplica.

II) Esta solución agravia a la presentante, quien deja fundado el recurso de apelación en los términos del escrito de fs. 343/350 de autos.

Allí el recurrente se queja en el primer agravio, respecto a la fecha en que el aquo da por iniciada la relación laboral y califica profesionalmente al actor; y en los sucesivos, en tanto rechaza los rubros mencionados precedentemente.

III) Que expuestos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y de los agravios, se impone que el Tribunal se avoque al tratamiento de estos y se dicte la resolución que corresponda.

Advirtiendo que planteados los hechos tal cual resultan como quedó trabada la litis en primera instancia, respecto de los agravios 1, 2, 5 y 6 para la decisión de la causa, se hace necesario saber si la actora probó la fecha de ingreso y categoría profesional del obrero denunciados al accionar.

Que a los fines de dar respuesta a lo dicho, cabe adelantar que las quejas mencionadas por el impugnante, han de ser tratadas en forma global, teniendo en cuenta la interrelación que existe entre ellas, pero indudablemente respetando el razonamiento lógico que debe tener toda resolución emanada de un órgano jurisdiccional, pues, de las conclusiones a que arribe respecto a la primera, va a depender en su gran parte la suerte de los restantes precedentemente mencionados.

a) Que entrando a la impugnación planteada y en lo que respecta al primer agravio, referido a la fecha de ingreso y categoría profesional, adelanto opinión en sentido contrario al presentante.

Para ello tengo en cuenta los recibos de ley acompañados como prueba en la causa, que si bien fueron impugnados por el apelante al demandar, como también cuando le fue corrido el traslado previsto en el CPL.

son suficientes, a mi entender, para acreditar la fecha de ingreso y las funciones que realizara el actor.

Repárese que dichos recibos al estar conformados en legal forma por la empleadora, no sólo constituyen un medio de comprobación de pago, sino de la relación laboral y de las características que la informan, además de coincidir con los libros de sueldos y jornales acompañados.

Que no debe perderse de vista, como lo sostuve, que los recibos son suficientes para acreditar los extremos allí consignados, mientras no se demuestre la falsedad intelectual de los mismos, mediante prueba incontrovertible, cierta e inequívoca; debiendo en caso de duda, estarse por la validez del acto impugnado (art. 995 C. Civil; Borda, Parte Gral., T.II, págs. 343/350).

En el proceso no se ha producido, a mi criterio, prueba con las características mencionadas o, en todo caso, acreditado hechos reales que por su número, precisión, gravedad y concordancia, producen en el juzgador la convicción de la veracidad de las afirmaciones del trabajador, conforme a las reglas de la sana crítica (art. 19 CPL).

El actor menciona en su escrito recursivo que los testimonios de Alcayaga y Reinoso carecen de eficacia probatoria, los que a mi entender, han sido valorados correctamente por el inferior y, además, no surge de la apelación una crítica concreta y razonada de esta parte del fallo, ya que tan sólo se infiere un disentimiento con la interpretación del sentenciante.

Asimismo, se ocupa de la instrumental de fs. 13 para desconocer el valor de los recibos y libros aludidos, documental que además de ser impugnada por la accionada a fs. 30 al contestar la demanda, no está firmada por ningún integrante de la Comisión Directiva de la accionada que lo obligue y, por lo tanto, carece de una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada (art. 1012 Código Civil).

El hecho o la circunstancia de que la opinión del litigante no coincida con el criterio del juzgador, no es suficiente para fundar con pretendido éxito un recurso de apelación, toda vez que es necesario que en forma categórica el recurrente puntualice cuál es el error in iudicando cometido por el inferior, y que constituye un apartamiento de las normas de la sana crítica (art. 19 CPL), con que debe efectuar la valoración de las pruebas.

Que no está de más recordar que nuestra Corte de Justicia ha sostenido en forma reiterada y coincidente: "que los jueces no están obligados a considerar todos los medios de pruebas aportados por las partes, ni analizar todas sus argumentaciones, sino aquellas que a su juicio, sean decisiones para resolver las cuestiones de que se trate".

(PRE 1979135/39).

Que haciendo aplicación la jurisprudencia citada al caso de autos, la labor del inferior se ha circunscripto a los criterios apuntados al dictar su pronunciamiento, conforme el principio de la sana crítica, regulada por el art. 19 del CPL.en la presente causa, merituando en su gran mayoría los medios de pruebas introducidos al proceso, descalificando unos y admitiendo otros (fundamentalmente el valor que le da a los libros y recibos de ley), en forma correcta para la decisión final del agravio.

Que por todo ello, voto porque se confirme el fallo respecto a la fecha de ingreso y categoría profesional del actor y se rechace, en consecuencia, los agravios segundo, quinto y sexto, conforme a la conexión o interrelación que surge con el primero.

IV) Respecto al tercer agravio dirigido al rechazo por el aquo de la asignación no remunerativa de carácter alimentario, entiendo que le cabe razón parcialmente al recurrente al pago como lo solicita de los meses de agosto del 2004 hasta marzo del 2005, según decreto N° 2641/02, en cuanto su pretensión responde claramente a lo requerido por el art. 67 inc. b CPL.

(ver escrito de demanda), y al haber sido abonados en forma incompleta por la demandada, conforme recibos agregados por esta parte (art. 84 CPL).

No así el reclamo efectuado de julio/04 hasta febrero/05, al no existir relación laboral en dicho período, atento a lo resuelto en el punto anterior.

V) El agravio cuarto está dirigido al rechazo de la indemnización del art. 132 bis LCT.

Allí sostiene el sentenciante que el actor no demuestra que el empleador haya retenido importes con destinos a seguridad social e incumplir con su depósito.

Valora para ello la documental agregada a fs. 240, 197, 198 y 199/200 de autos.

El recurrente se queja del fallo al calificar de arbitraria la conducta del aquo, al exigir al trabajador que acredite tal extremo; por el contrario, si exige que éste intime a la patronal para que dentro del plazo legal de 30 días regularice la situación, pero que sin perjuicio de ello, se demostró que retuvo importes destinados a organismos de seguridad social (fs. 234 de autos).

Que entrando a la impugnación propiamente dicha, adelanto opinión en sentido contrario al recurrente: 1) Porque la sanción conminatoria que tiene como presupuestos de viabilidad una retención indebida de recursos de la seguridad social, previamente descontados al trabajador, importa un ilícito (conf. art. 9 ley 24.769), por lo que el actor debió solicitar un informe al ANSES o producir la pericial contable para demostrar la existencia de la conducta tipificada en el art. 132 bis de la LCT.; pues, decidir lo contrario, sería exigir la prueba de un hecho negativo al demandado y contrario a presupuestos constitucionales.

2) En cuanto se desentiende totalmente de los principales fundamentos del fallo como son: a) que no ha arbitrado los medios para que la AFIP.

evacue el informe respectivo, pues, se trata del organismo recaudador del SUSS, conforme informe de fs. 240 de autos; b) por lo que no se demuestra que no se hayan realizado los aportes; c) tampoco surge de fs. 197, 199 y 200 que no se los hayan efectuado; por el contrario, se advierte pagos de aportes de moratoria, de intereses por pagos atrasados y otros ítems; d) que el informe precedente nada dice en forma concreta y clara sobre uno de los puntos solicitados, como el indicar los meses en que no se realizaron aportes, por lo que la fundamentación dada en la sentencia debe considerarse firme con la inmutabilidad a la cosa juzgada.

Repárese asimismo, que con respecto al informe de fs. 234, bastaría para desestimarlo la sola mención del hecho que el actor fue afiliado a la "Obra Social Osprera", en que funda ahora parte de su defensa, no integra la litis y, por lo tanto, no puede ser objeto de consideración en la sentencia (arts. 67. 75 y 124 ley 5732).

VI) Por último, y en lo referido a la imposición de costas, en la proporción que realiza el juez en su decisorio, a mi criterio, la distribución de las mismas en los porcentajes mencionados (80% a la actora y 20% a la demandada), aparece razonable, al verificarse un vencimiento parcial y mutuo (art. 77 CPC de aplic. sup. art. 161 CPL), adecuándose los porcentajes asignados a cada una de las partes, a las distintas circunstancias derivadas del proceso, por lo que este agravio debe ser rechazado.

Por lo dicho, voto porque se admita parcialmente el recurso de apelación deducido.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

Que el único agravio que introduce la demandada en su escrito recursivo está destinado a cuestionar la sentencia, en tanto se admite la multa establecida en el art. 80 de la LCT., al sostener el aquo, que el trabajador ha formalizado la intimación después de los 30 días de extinguida la relación laboral, sin obtener resultados positivos (ver C.D. de fecha 22/8/05, obrante a fs. 18 P.D.).

La queja del recurrente está destinada a descalificar la intimación realizada por el actor por ser ilegal, al manifestar que el certificado se entregue con la categoría profesional y fecha de ingreso pretendida por el actor al demandar, completamente distinta a la registración laboral sostenida por la apelante.

Bastaría para rechazar el agravio del presentante, leer detenidamente la documental precitada, para concluir que la intimación de marras estaba sólo destinada a que se le entregue las certificaciones de servicios y aportes, bajo los apercibimientos de reclamar la indemnización prevista en la citada norma legal.

Que sin perjuicio de ello, cabe agregar que el demandado se hubiera desobligado del pago de la multa reclamada, con el solo hecho de entregar los certificados, de conformidad con los datos insertos en su registro (art. 80 LCT. mod. por ley 25345 y Dto. 146/2001), dado que la normativa citada exige sólo la entrega de la documentación señalada, sin establecer en que términos debe entregarse.

Por todo lo dicho, voto por el rechazo del recurso deducido por la parte demandada.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

Voto porque las costas sean impuestas a las partes, debiendo cada una de ellas hacerse cargo de las originadas en esta instancia, por sus respectivos recursos.

EL DR. JOSÉ DIONISIO CASTRO, DIJO:

Siguiendo en esta materia de costas el criterio sustentado por nuestro Superior Tribunal, cabe decir que la imposición de las costas no debe ser el resultado de una operación aritmética entre lo que se demandó y el monto por el que progresa la demanda, sino que las mismas deben surgir de una prudente valoración, no sólo de la actuación de los litigantes, sino, fundamentalmente, sobre si el reclamante ocurrió al órgano jurisdiccional fundado en legítimo derecho.

(PRE. 1988III1/3; ED. 35629; 34775; Sala I, 1991: "Domínguez c/ SATA"; DT. 19992294).

En este sentido encontramos similitud de criterio con el pensamiento de la CNAT., Sala X, cuando se afirma que para la aplicación de las costas no debe adoptarse un criterio meramente aritmético derivado sólo del cotejo entre el monto reclamado y el deferido a condena, sino que debe tenerse en cuenta, que es litigante vencido "aquél contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial" (DT. 2001B1700).

Por su lado, Morello (Cód. Proc. Tº IIB, Comentario al art. 68 CPCN.), enseña que la noción de vencido, la cual indica que debe soportar las costas, ha de ser fijada con noción sincrética del juicio y no por el análisis aritmético de las pretensiones y los resultados.

Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues, aunque el pedido fuese exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente máxima al no haber la demandada pagado aquello procedente (LL. 1982I465).

Por lo tanto, el argumento del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro alguno por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospera en su totalidad (ED. 88532).

En el sub lite, aún cuando la demanda fué rechazada en parte de los reclamos, debemos señalar en favor de la actora que la misma debió ocurrir al órgano jurisdiccional para que su crédito fuese reconocido, lo que resulta así declarado.

Por tanto y habida cuenta de que hay un vencimiento parcial y mutuo (art. 77 CPC.), coincido con el Sr. vocal preopinante en que el pago de las costas debe ser distribuido entre los litigantes, entendiendo razonable y por los fundamentos dados, que las costas la soporte la demandada en el 60% y la actora en el restante 40%.

Así lo voto.

EL DR. MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJO:

Por sus fundamentos, me adhiero al voto del Dr. Carrera.

Por todo ello, el Tribunal por mayoría R E S U E L V E :

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, conforme los considerandos precedentes.

II) Rechazar la impugnación procesal de fs. 354/356 articulado por la demandada, atento a lo expuesto en la presente.

III) Imponer las costas de esta instancia en la forma que se decide en la tercera cuestión propuesta.

IV) Tener presente las reservas de derechos formuladas.

V) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.