marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Exacciones ilegales, suspensión del juicio a prueba, debido proceso
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Incidente De Recurso De Inconstitucionalidad En Autos Sequeira, Santiago Edgardo c/  s/ 266 - exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

El fiscal de cámara no puede introducir motivos de agravio propios a una vía recursiva iniciada por la otra parte cuando dichos extremos no se hallan sometidos a discusión, ni retractar la conformidad prestada por el fiscal de primera instancia con el acuerdo de suspensión de juicio a prueba. De otro modo,se estarían dejando de lado los principios de unidad y coherencia de actuación que deben regir la actividad del Ministerio Público Fiscal en el marco del debido proceso, confiriendo a la intervención de la fiscalía ante la Cámara un efecto completamente ajeno al que la ley adjetiva le adjudica. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Mastronicola, Teresa c/  s/ Recurso de hecho s/Retención y ocultamiento de un menor de diez años de edad sustraído del poder de sus padres - Causa N° 284
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Para la apelación extraordinaria no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso contestar mediante una crítica concreta y razonada todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella (Votos de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitieron los votos-.
Aplicación de la ley, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: Colantonio, Fernando Gabriel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-18

Debe reconocerse operatividad plena a las causales obstativas de la persecución penal contenidas en el inciso 6° del referido artículo 59, CP, según texto ordenado por la ley 27.147, las que resultan plenamente aplicables, y deben ser reconocidas en juicio cuando se verifiquen sus requisitos, cualquiera que sea la norma procesal que, a la sazón, se encontrase en vigencia, habida cuenta su carácter de normas de derecho material.
Determinación de impuestos, facultades jurisdiccionales, revisión judicial de actos administrativos, debido proceso
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: López Fretes, Gustavo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-09

El art. 115 de Código Fiscal, conforme texto ordenado por ley 150, no viola ninguna de las garantías individualizadas en la demanda ni impide acceder a la revisión judicial. El art. 115 del CF establece a través, de un mal denominado, "recurso de apelación" la materialización del derecho de acción y del principio conocido como control jurisdiccional suficiente. El medio impugnativo tiene efecto suspensivo sobre el acto o decisión atacada, otorga amplitud cognoscitiva al órgano jurisdiccional, permite al particular afectado fundar su presentación, ofrecer y producir prueba, es decir, intervenir útilmente en su defensa y le garantiza el derecho a una decisión fundada y oportuna dictada por un juez imparcial. En síntesis, el artículo 115 asegura el debido proceso adjetivo
Contratos administrativos, preadjudicación, nulidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo, causa del acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luis Carlos Zonis S.A. c/ Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-14

El acto administrativo por el cual se anula la preadjudicación efectuada en la licitación en cuestión es nulo en los términos del art. 14 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, al carecer de causa y motivación. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. IV).
Reclamo administrativo previo, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRIZO, GREGORIO E c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 108-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-02-29

El agotamiento previo de la vía administrativa como requisito ineludible de admisibilidad del recurso contencioso administrativo de ilegitimidad, se implementa mediante la reclamación prevista en el art 16 ley 4106 si se trata de actos administrativos generales de los cuales los interesados se anotician mediante publicación, o "mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo (art 4), si se trata de actos particulares".

Jurisprudencia concordante: A y S T 48, p 183.
Acción de amparo, personas con discapacidad, cobertura médica, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: Rojo Rouviere, Rogelio Enrique c/ Caja de Seguridad y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia s/ amparo - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-04-12

Tal como detallada y sólidamente lo puntualiza el órgano jurisdiccional de Alzada, las disposiciones de las leyes nacionales 22431 y 24901, sólo rigen en el referido ámbito (nacional) y en el de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, aún cuando se prevé proponer a las Provincias que sancionen un régimen análogo en sus respectivas jurisdicciones (art. 27 ley 22.431; art. 8 ley 24.901). Siendo ello así, para su vigencia en las distintas provincias se requiere de un acto de adhesión provincial a la ley 22.431 (art. 27). Y ocurre que, en el caso de la Provincia de Córdoba se produjo una adhesión parcial a la ley 22.431 y a su modificatoria (ley 24.314), ya que sólo lo fue respecto a los artículos 20, 21 y 22 de la ley (ley provincial Nº 8501, art. 1º) que no se refieren a las prestaciones médico asistenciales sino a cuestiones relacionadas con la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte, a barreras arquitectónicas en los edificios de uso público y en los de vivienda, así como barreras en los medios de transporte público. Por lo tanto, asiste razón al Tribunal a quo cuando señala que tan acotada adhesión por parte de la Provincia al régimen de las leyes 22.431 y 24.314, determina que el resto de sus disposiciones no rijan en el ámbito provincial, de donde mal podría pretenderse que la Caja de Abogados esté obligada a cumplirlas. Por lo demás, tampoco se verifica violación de tales normativas desde que la demandada no es el sujeto pasivo de la cobertura de las prestaciones enumeradas en tales leyes. En efecto, tanto la Ley Nº 22.431 (art. 4) como la Ley N° 24.901(arts. 2 a 6) son contundentes al establecer que quienes tienen a su cargo -con carácter obligatorio la cobertura total de los servicios que necesiten las personas con discapacidad son las entidades enunciadas en el art. 1° de la Ley 23.660 (obras sociales o entes adheridos) y el Estado (a través de sus organismos) en la medida en que las obras sociales no puedan afrontarla o la persona discapacitada careciere de cobertura. Y, como ya se ha explicitado precedentemente, la Caja demandada no es una obra social ni puede ser equiparada a las mismas analógicamente. Ergo, no estando la Caja de Abogados obligada a cumplir tales normativas, no puede reprochársele ninguna violación de las mismas. El hecho de que el incapaz no pueda exigir a la Caja de Abogados la prestación médico asistencial básica para atender su discapacidad, no significa que quede desprotegido. Por el contrario, tiene derecho a requerir y obtener del Estado Nacional y/o Provincial las prestaciones médico asistenciales básicas que le aseguren un sistema de protección integral en los términos del art. 4 de la Ley 22.431 y 2 a 6 de la Ley 24901. (Voto delos Dres. Andruet (h) y Blanc de Arabael, por sus fundamentos)
Interpretación de la ley, Constitución Nacional, orden jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán,   Oscar  Simón c/ Estado  Nacional  (Ministerio  del Interior) s/ personal Militar y Civil de las FF.AA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Una adecuada hermenéutica de la ley debe atender al conjunto de sus preceptos en forma tal que armonicen con todas las normas del ordenamiento vigente y de la manera que mejor se adecuen al espíritu y garantías de la Constitución Nacional.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cevasco, José Juan y otro c/ Quintans, Alberto Oscar s/ Daños y Perjuicios Coviello, Pascual c/ Cejas, Venancio y otro s/ Daños y Perjuicios-Beneficio de litigar sin gastos Clínica del Niño de Quilmes c/ Obra Social Personal Martítimo s/ Cobro Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16|1990-08-02|1990-12-11

En el supuesto de incomparecencia del absolvente, debe levantarse acta dejándose constancia de ello y, acto seguido, disponerse la apertura del pliego, para que la parte confesa pueda tomar conocimiento de las posiciones. Recién en oportunidad de dictar sentencia, deberá el juez decidir efectuando la declaración pertinente (art. 415, CPCC.), teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Azzaro, Marcelo José Norberto y ots. s/ Robos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se afirma que la Cámara no se ha pronunciado sobre la intervención de los procesados en el hecho, se el tribunal trató la autoría responsable y la tuvo por acreditada por prueba compuesta.
Poder Ejecutivo Municipal, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RICARTE CESAR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-25

El decreto, como expresión de voluntad del departamento ejecutivo municipal, debe subordinarse a la ordenanza, en cuanto a que es expresión que guarda identidad respecto de la ley en sentido formal, dado su carácter general y reguladora de situaciones impersonales u objetivas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la integridad sexual, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: L., C.A. s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-09-11

"Tanto promueve el que hace nacer la idea o el propósito de realizar actos corruptores, como el que acepta y lleva adelante la idea que al respecto se le ha propuesto".
Juicio de menores, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: A, C. M. s/ MENORES  -  NECESIDAD  APLICACION  SANCION  PENAL  -  CONDENA PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-14

Resulta necesario aplicarle al menor -oportunamente declarado penalmente responsable-, una sanción penal, conforme lo establecido por el art. 4 de la ley 22.278, ya que ningún elemento existe en el legajo de personalidad que permita, a partir de la adopción de un juicio positivo en orden a su desenvolvimiento social, beneficiarlo con la absolución o con la pena menor del delito tentado.
Imposibilidad legal del pago del cheque, cierre de cuenta corriente
Materia: PENAL
Carátula: ZANNOL, FELIX ALEJANDRO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-07

1- "La jurisprudencia ha ubicado, como uno de los casos de "obstáculo para el pago en el momento de la presentación", el hecho de la cuenta cerrada; lo que es considerado delito del art. 302, inc. 2°, cuando el librador tenía conocimiento cabal de que, al momento de dar en pago el cheque, entregarlo o librarlo, su cuenta se hallaba cerrada (...) En oposición a ello, numerosos fallos de este tribunal han entendido que el cierre de cuenta que crea escollo al pago del cheque o bien el rechazo o devolución del cheque por cuenta cerrada-cuando el librador no ha tenido conocimiento de tal circunstancia al emitir su orden de pago-debe interpretarse como "carencia de fondos" (...) si el cheque no se paga en virtud de informar el Banco girado que la cuenta se halla cerrada, tal evento obedece a cualquiera de las circunstancias expuestas en el art. 20 de la circular B-382 del Banco Central- hoy art. 23 de la circular R.F. 666 del Banco Central-que reglamenta la cuenta corriente bancaria. En cualquiera de tales casos (...) el resultado es el mismo; el cheque no se paga. Si no hay fondos, por tal circunstancia. Si llega a haberlos, el caso es similar al anterior, ya que tales fondos estarían indisponibles, salvo para el titular de la cuenta, que podría extraer el saldo de la misma" (Voto del Dr.

Echegaray en causa "BANFI" Sala III Reg. 75/71(Del voto del Dr.

Riggi).
Derecho procesal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Rubén Raúl Cabrera c/ LEAL, FERNANDO HECTOR s/ USURA  AGRAVADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-06-24

La mejor hermenéutica de los elementos de prueba es sin duda la perspectiva sistémica, que lejos de considerar cada uno de los indicios y pruebas de una manera aislada, descontextualizando su significado mediante su apreciación analítica, opta por evaluarlos de un modo interrelacionado, en el cual la valoración de un elemento, -en el mayor rendimiento interpretativo-, se logra atendiendo también de modo simultaneo al resto de los elementos que permiten inteligir al primero.
Medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), jurisdicción y competencia, emergencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Carballo, Luciano Ángel y otro c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

El tribunal de alzada del juez ante cuyo juzgado tramitará la causa -tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de las normas dictadas a raíz del estado de emergencia económica declarado por ley 25.561- es el competente para resolver los recursos, máxime cuando las medidas cautelares, o sus modificatorias, dictadas por jueces incompetentes y apeladas por los interesados, pueden ser revisadas por un tribunal de grado de otro fuero, en el cual ha continuado el juicio su trámite. (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).
Representación procesal, organismos del Estado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Piñeiro Pacheco, Raúl E. s/ Causa 23913
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-02

En los casos en que una repartición del Estado designa a uno de sus agentes para que lo represente en un proceso judicial este no ejerce su actividad en función de un contrato de derecho privado, como los de mandato o locación de servicios, sino en relación de empleo público que lo une con el organismo administrativo.
Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-08


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 30 San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de Septiembre de 2.006.Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 40/06 "FORCAT, Julio César - c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración", y- CONSIDERANDO:

Que con fecha 29/06/06 Julio César Forcat, mediante apoderado, promueve Acción de Amparo por Mora de la Administración a efectos que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología le resuelva lo ateniente a la titularización en el cargo que, como profesor itinerante de Lengua y Comunicación, se encuentra desempeñando en el Departamento Belén.- Afirma que dicho pedido fue realizado mediante nota de fecha 26 de noviembre de 2004, al no haber respuesta, presenta con fecha 12/05/05 Pronto Despacho y al no producirse aún el dictado de resolución, inicia la presente acción solicitando se haga lugar con especial imposición de costas.- Que, previa vista al Sr. Procurador General de la Corte, se declara la competencia y jurisdicción de este Tribunal en la presente causa y se requiere a la accionada presentación de las actuaciones e informes de los antecedentes y motivo de la demora.

Que notificada con fecha 13/07/06, a fs. 14/17 de autos la administración responde que el reclamo referido estuvo en trámite permanente habiéndose emitido dictamen el 03 de junio de 2005 y Resolución Ministerial ECCyT Nro. 16291 con fecha 14 de julio del corriente año, cuya fotocopia adjunta, notificándose al apoderado del interesado con fecha 31/07/06 y que se encuentra diligenciándose la notificación al destinatario.- Quedando los autos en estado de dictarse sentencia, y considerando que en el amparo por mora se debe estar a la situación real existente al momento de resolver, estimamos que la causa ha quedado sin materia y así debe ser declarada.- Que ello así pues, del contenido de lo actuado, sin esfuerzo se advierte que la acción impetrada efectivamente ha quedado sin materia, deviniendo abstracta la sentencia en tanto el dictado de la resolución, que por esta vía se procuraba, se ha producido con fecha 14 de julio de 2006 mediante Resolución 16291, conforme copia del expediente administrativo que en oportunidad de responder el informe se acompaña.- Que habiendo cesado la omisión o el acto en que se fundó el amparo antes del vencimiento del plazo fijado para contestar los motivos de la demora, corresponde concluir la acción, sin costas (Art. 14 ley 4795).- Por todo ello y unanimidad, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar sin materia la presente acción de amparo por mora de la administración. Sin costas.- 2) Protocolícese, hágase saber y oportunamente por Secretaría procédase a la devolución del Expte. Administrativo al organismo correspondiente y archívense.
Impuestos, intereses compensatorios, tasas de interés
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Buccheri Mario (TF 13.123-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

La Corte Suprema ha dicho en el caso "Arcana Orazio" que los intereses resarcitorios a que se refiere al art. 42 de la ley 11.683 (actual art. 37 de la ley 11.683, t.o. vigente) tienen por fin permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, lo cual justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda (Cons. XI).
Amparo por mora, plazo indeterminado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE FRANCO, FRANCISCO c/ CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES AUTONOMOS s/ AMPARO POR MORA - PROCEDENCIA GRATTON, FAUSTO TULIO LINO Y AFFANNI, JORGE c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO POR MORA - PROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-03|1985-06-03

No habiendo plazo fijado, legal o reglamentariamente para decidir una petición -dado que en el caso no resulta aplicable el previsto por el art. 1, inc. e, apart. 4, o el 10 de la ley 19.549- para decidir si ha mediado mora de la administración en los términos del art. 28 de dicha ley es menester determinar si el tiempo transcurrido excede de lo razonable.
Aplicación de la ley, incapacidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Cesar Roberto c/ Prevención Art Sa s/ enfermedad profesional con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-20

En relación con el cálculo de la incapacidad la recurrente únicamente se agravia por la consideración de los factores de ponderación, no por la sumatoria de las incapacidades, y la queja resulta parcialmente procedente considerando que en el punto 2 del capítulo Factores de ponderación del Dec. 659/96, se prevé que: "La ponderación de estos factores es una tarea que ha de abordarse caso por caso, para determinar si corresponde aplicar -según las características del sujeto accidentado y de la lesión, las posibilidades de reubicación, la afectación para el desempeño de su tarea habitual, etc.- estos factores de ponderación y, en su caso, el rango de los mismos. A tal efecto, se podrán aplicar uno o varios de los factores y no necesariamente el valor máximo previsto". En el caso, no comparto la ponderación realizada por el perito porque no consideró correctamente la posibilidad de reubicación laboral dado que encontrándose jubilado no amerita recalificación (cfr. Sala III "GARCIA CLAUDIO ALBERTO C/ LA SEGUNDA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART"", (Expte. N° 447693/2011). En consecuencia, corresponde por los factores de ponderación 5,69% [por tipo de actividad (alta, 20% de 20,28%) 4,06% y edad (mayor a 31 años) 1,63%] por lo que la incapacidad total es del 25,97.Por lo tanto, sobre este porcentaje de incapacidad fijado, el resultado de la fórmula del art. 14.2.a es de $ 201.364,60 (53 x 13.801,60 x 1,06 x 25,97%) que supera el piso mínimo. A lo que corresponde adicionar el monto complementario del art. 3 ley 26.733 de $ 40272,92 (201.364,60 x 20%) por lo que la indemnización asciende a la suma de $ 241.637,5.
Acto administrativo, efecto retroactivo, eficacia del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Jorge Antonio c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad -DiferenciasSalariales-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-29

La retroactividad de un acto administrativo que cause agravio jurídico vicia al acto de ilegitimidad, porque entonces el acto administrativo vulneraría un precepto constitucional, pues la legitimidad es un atributo del elemento objeto o contenido del acto.

Esto es, afectaría su validez. Mas no ocurre lo mismo si afecta la eficacia, pues un acto puede ser válido, pero no ejecutivo o ejecutorio. El acto administrativo es eficaz, por la publicidad o, en su caso, comunicación a los interesados.
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: NIZZO DANIEL A. c/ SCHAFER JUAN T. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-01

Para que el pedido de sustitución de la medida cautelar resulte procedente, es necesario que la propuesta represente igual garantía y seguridad que la trataba, estando a cargo del peticionario demostrar la suficiencia de dicha sustitución.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad de Fomento Villa Las Tunas y Altos Talar. c/ Municipalidad de Tigre. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30

La clausura e intervención de una Sociedad de Fomento anteriormente reconocida por la autoridad municipal para desarrollar su acción en una zona delimitada del partido, resulta carente de causa, si no se documentan en las actuaciones administrativas ninguno de los hechos cuya gravedad se invoca como antecedente para decretarla. Debiendo éstos encontrarse demostrados con anterioridad a su dictado, para fundar la actividad administrativa consecuente, es inconducente la prueba testimonial rendida al efecto en el transcurso del proceso.
Prueba documental, cuerpo de escritura, reconocimiento de firma, audiencia, apercibimiento
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GRASSO DE BOETSCH, A. c/ MOYANO DE VOLANT s/ APELACION - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-06

La pretensión de la incidentista de aplicar el apercibimiento de ley - entendiéndose el previsto por el art. 247 C.P.C. a contrario sensu esto es teniéndose por no auténtica la firma impugnada, resulta improcedente. Viola el contenido de la norma y es contraria a la interpretación restrictiva que la aplicación de toda sanción, por su naturaleza impone. Para lograr ese apercibimiento debió hacerse conocer a su destinatario, en forma expresa, la consecuencia de su inasistencia a la audiencia fijada, para que pudiera adecuar su conducta a aquél.