marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Provincial, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Monllau, Antonio Bernabé c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-13

Resulta necesario en esta instancia efectuar algunas consideraciones relacionadas con el tope de los haberes previsionales, ya que ésta parece ser la fuente de las inquietudes que mueven al Organismo Previsional local- OPAP- a modificar los montos de las jubilaciones, enancado en las previsiones del Art.141 de la Constitución Provincial que establece: "la remuneración que perciba el Gobernador constituirá el sueldo máximo en la provincia".

Ateniéndonos a la letra constitucional, es obvio que la intención del constituyente ha sido, como la de todo legislador, establecer un tope si se quiere racional que regule hacia abajo las remuneraciones de la Administración en general, pero, sin duda, despersonalizando el mismo, como corresponde a una normativa de carácter general, en cuyo mérito en nada modifica la caracterización de ese haber, las condiciones, adicionales, jerarquización, título y todo otro concepto del Gobernador de turno, ya que ello tornaría ilusoria toda la certeza que requiere el establecimiento de un régimen salarial para toda una administración, sobre todo teniendo en cuenta la previsión constitucional ya citada supra.

Si consideramos que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) define el salario como la ganancia evaluada en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación, y debida por un empleador a un empleado en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajo que éste último haya efectuado, deba efectuar, o por el servicio que haya prestado o deba prestar, es natural considerar consecuentemente que dicho salario involucra necesariamente a la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena.

Si se coincide con este criterio básico, concluiríamos, como corolario lógico de todo lo expresado, que el haber previsional a percibir por la actora en el caso sub examine, debe resultar de aplicar el 82% sobre la remuneración que percibe actualmente quien se desempeña de manera activa en el cargo en el que se ha jubilado, teniendo como tope del haber el sueldo del Gobernador de la Provincia, como lo establece el Art.141 de la Constitución Provincial, entendiendo por tal el que involucra todos los conceptos que efectivamente son percibidos por el Gobernador.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción, ordenando a la O.P.A.P a que practique las liquidaciones de conformidad al criterio referido.
Reconocimiento en rueda de personas, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOTOMAYOR AMELUNG PABLO RICARDO s/ LESIONES Y AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-14

Debe decretarse nulo el reconocimiento en rueda de personas realizado en conjunto por los testigos, dado que el art. 268 C.P.M P. establece que dicha diligencia debe efectuarse separadamente con cada uno de los testigos.
Cobro de sumas de dinero, honorarios, base regulatoria, rechazo parcial de la demanda
Materia: PENAL
Carátula: Chemez de Arnaiz Marta Graciela y otros c/ Roel y Osvaldo y otra s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-28

Admitida parcialmente la acción por cobro de pesos promovida, resulta de estricta aplicación la previsión del art. 32 de la ley 7046 en el sentido de que debe considerarse a la parte actora ganadora por la parte en que la demanda ha prosperado y perdedora en lo que ha sido rechazada, y en base a las cifras resultantes deberán cuantificarse los honorarios de los letrados intervinientes.
Tasa de justicia, banco central, sanciones administrativas, inhabilitación (régimen de faltas), aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Malik   David   -Incidente   de  Oposición  Pago  Tasa Justicia c/ B.C.R.A-Resol. 265/00 (Expte. 100.511/99 Sum.Fin. 971)". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-05

El pago de la tasa de justicia en una controversia sobre una sanción de inhabilitación aplicada por el Banco Central encuadra en los términos del art. 6 de la ley 23.898.
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: C. M. M. c/ B. de A. M. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

La propia naturaleza del instituto autoriza la actualización de la cuota alimentaria pues en la materia se aplica al artículo 4 del Decreto 529/91 reglamentario de la Ley 23.928, de convertibilidad del austral, (Adla LI-B1752) en el que se incluyen los supuestos de excepción al artículo 9 de esta última. Entre ellos las obligaciones derivadas del derecho alimentario, relación que si nace con anterioridad a la convertibilidad del austral es de ejecución continuada tal como referencia la norma.
Accidente de tránsito, bocacalle
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jaime Hugo César c/ Leon Gustavo Ferrando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Aún poniendo ambos protagonistas ingredientes en la causación del hecho, existe en mayor medida responsabilidad del actor, por la velocidad impresa a su vehículo en la encrucijada -48,5 Km/h- como por su desaprensión al advertir la proximidad del otro, desentendiéndose de lo que podría suceder, máxime cuando el demandado circulaba por la arteria sita a la derecha de aquél, lo cual le exigía extrema prudencia y disposición para ceder el paso a quién arribara de tal modo (art.57,ap.2 Ley 11430).-
Excusación, excusación por interés en el pleito, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Hector y otros s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-06

Media interés en el pleito cuando el juez se encuentra en situación de aprovechar o sufrir las consecuencias del fallo a dictar.

No resulta procedente la recusación -en nuestro caso la excusación- si no se indica o acompaña prueba alguna que abone el interés en el pleito denunciado y el examen de los autos no lo demuestra.
Orden de allanamiento, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de nulidad planteado por los Dres. Jorge A. DONADIO  y Carlos A. LOTURCO s/ Causa nro. 11.762
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La exigencia de fundamentación o justificación en la expedición de la orden de registro descansa en la necesidad de control jurisdiccional de la actividad de la prevención, aportando de esa manera garantías de imparcialidad y objetividad al momento de decidir tales medidas de investigación, garantizándoles así a los ciudadanos la exclusión de decisiones irregulares o arbitrarias, documentando que ellas son producto de la derivación razonada del derecho vigente y no la voluntad individual del juez.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, juicio, partes, legitimación procesal, Municipalidad, poder, suficiencia, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GRENON, ANDRES JAVIER c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la decisión atacada -que consideró mal interpuestos los recursos por entender que el letrado era sólo patrocinante y no apoderado de la Municipalidad- resulta lesiva de los niveles mínimos del derecho a la jurisdicción que asegura la Constitución de nuestra Provincia, por cuanto el Tribunal, en un olvido del sentido servicial del procedimiento, transformó mediante un exceso ritual lo que es instrumental en sustancial extraviando así al proceso de su verdadera razón de ser. Es que anteriores intervenciones del letrado en la causa fueron atendidas por el Oficio, y no merecieron objeción alguna de parte de los actores, circunstancias frente a las cuales la directa nulificación del auto de concesión del recurso de apelación por parte de la Alzada importa ese desmesurado sacrificio de la sustancia al rito que la Corte Suprema nacional ha descalificado reiteradamente por incompatible con el servicio de justicia garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, al par que un ostensible soslayamiento de la generalizada doctrina procesal que predica saludablemente el principio de conservación de los actos procesales.
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, aplicación de la ley, fuerzas de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DENUNCIAS  REMITIDAS  POR  LA  COMISION  BICAMERAL  POR LOS DERECHOS HUMANOS  -  LEY  INTERPUESTA  POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO SANGENIS  Y OTRO s/ PRESUNTOS ILICITOS EN LA CARCEL Y JEFATURA DE POLICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Si existen empleados de las fuerzas de seguridad que se encuentran suficientemente individualizados como presuntos autores de delitos cometidos en ocasión de las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo, son aplicables al citado personal las disposiciones del art. 10 de la ley 23.049.
Concursos, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, acción revocatoria, simulación ilícita, compraventa, fraude procesal, atributos de la personalidad, sociedades comerciales, rebeldía, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Porcel, Nancy Graciela c/ Endial SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

Cuando la acción se ejerce para incrementar el activo liquidable en la quiebra, la simulación puede, en efecto, acreditarse por todos los medios, e incluso por presunciones (conf. CNCom, Sala B, in re "Fernández, Lucia Celestina c/ Pedrosa, Julio Sixto s/ quiebra s/ simulación", del 27/03/01, entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, injurias, tipo penal, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia de Cámara resulta infundada e insuficiente a la luz del artículo 95 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Es que una alegación reiteradamente expuesta por la defensa es la referida a una justificación que, a su entender, tornaba en lícitas las palabras expuestas por el imputado y que motivaron la querella.

Concretamente, que se defendió al ser objeto de una acusación sobre la falsedad de la memoria que había elaborado o expuesto o defendido en esas circunstancias.

Tal defensa, independientemente de la naturaleza jurídica que se le pueda atribuir exigía, por un lado, analizar si la atribución de falsedad constituía una agresión ilegítima o no, si el medio utilizado fue racional o no, en fin, un análisis desde la legalidad del permiso establecido en el artículo 34 inciso 6. del Código Penal.

Nada de eso, en la resolución impugnada sólo se utilizan términos tan generales e imprecisos como que la reacción no se "justificaba", no era "tolerable" que, en definitiva, no pasan de ser una tautología.

Lo que es peor, las mismas circunstancias fácticas merecían ser analizadas a la luz de la excusa prevista en el artículo 116 del Código Penal dado que, si se llegaba a la conclusión que la acusación de falsedad de la memoria significaba una atribución de calidad profesional escasa o falta de ética en ese ámbito, bien podría haberse ingresado en argumentos a favor o no de la eximición de pena como injuria recíproca.

Como se dijo, un análisis en esa profundidad era exigible a la Cámara de Apelación por tratarse de la primera sentencia de condena. (De la Disidencia del Dr. Creus)
Defraudación, falsificación de documentos, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Tadino, Brian José c/  s/ Defraudación (art. 173 inc. 15)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

La descripción que contiene el art. 292 del Código Penal que, respecto de la falsificación de documento sostiene "de modo que pueda resultar perjuicio", alude a un elemento que guarda íntima vinculación con la distinción que la propia norma formula entre instrumentos públicos y privados. Esa diferencia radica en que el ordenamiento positivo les otorga a los primeros un valor probatorio pleno de los actos que documentan, dotándolos para ello de ciertos atributos externos previamente regulados (entre ellos, el común a todos es la firma del funcionario que lo emite). La consecuencia jurídica (conocida como plena fe) es la mera expedición de un instrumento público, total o parcialmente falso, atenta contra el bien jurídico fe pública y, por lo tanto, infringe per se al artículo 292, CP, con prescindencia de su uso ulterior. La imitación de los atributos externos normativamente establecidos y la mera posibilidad de que con ellos se pueda hacer plena prueba sobre un acto inexistente, constituyen una fuente de peligro concreto para el bien jurídico tutelado de una entidad suficiente para concluir que puede "resultar un perjuicio". Por el contrario, los instrumentos privados se rigen por el principio de libertad de formas, carecen de valor probatorio pleno y, en consecuencia, se exige que el documento privado sea utilizado para que "pueda resultar un perjuicio" (voto del juez Rimondi al que adhirió el juez Bruzzone)
Sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, levantamiento del embargo, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesión de Joaquín Sánchez c/ Alonso, Aníbal y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es equiparable a sentencia definitiva la decisión que desestimó el pedido de levantamiento de embargo, si puede producir un agravio que por su magnitud y las circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ATILIO ROBERTO OSCAR c/ CAMPAGNOLI CARLOS ALBERTO Y OTRO s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Es del todo írrita y sin consecuencia alguna el que el instrumento que documenta la adquisición de los derechos emergentes del original boleto por parte de los actores carezca de fecha cierta, pues basta el que sí la posea el que hubiera podido invocar quién figura como adquirente en tal boleto, en tanto aquéllos, por la cesión, han venido a ocupar el lugar del mismo y pueden invocar los mismos derechos y poseen las mismas acciones que correspondían al cedente arts. 326, 3263 y 3267 C. Civil).
Renuncia al empleo, trabajador en condiciones de jubilarse, cómputo de servicios, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DAL SANTO JOSEFINA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

La renuncia condicionada tiene por fin permitir iniciar el trámite jubilatorio y determinar si ya se encuentran reunidos los requisitos para acceder al beneficio pretendido, sin perjuicio que para el cálculo del haber se tengan en cuenta los servicios prestados con posterioridad a aquélla y hasta el cese definitivo. Lo contrario conduciría a un resultado manifiestamente injusto, excluyendo del rubro antigüedad y remuneraciones para el cálculo del haber previsional un período efectivamente trabajado, por el que se hicieron aportes y contribuciones.
Comunicación del despido, obligaciones del trabajador, cambio de domicilio, actualización de domicilio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, ALEJANDRO c/ COPINCO INV.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Si la demandada dirigió las intimaciones al domicilio denunciado por el empleado en su legajo personal, pero no llegaron a destino, pues éste se había mudado sin notificarle el cambio, no es razonable hacer responsable al principal de una omisión de su dependiente que violó el deber de buena fe. En consecuencia, aunque la denuncia del contrato no fue recibida por el trabajador, surte los efectos legales correspondientes.
Recurso de apelación (procesal), clasificación de delitos, estafa, perjuicio patrimonial, ardid
Materia: PENAL
Carátula: QUERIO, GUSTAVO SERGIO c/ ANSELMI, GUSTAVO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-20

Específicamente en el sub-examen, se trata de determinar si el hecho denunciado remite al delito de Estafa, pues el principio es que no cualquier acción u omisión que tenga como efecto un perjuicio patrimonial a un tercero, cae en el ámbito de la justicia criminal. El tema in decidendum está referido al problema de si puede llegar a hablarse de accionar estafatorio en "los negocios jurídicos en los que se promete una prestación futura".

De este modo, cabe señalar que el engaño referirá necesariamente sobre hechos, y en principio no son tales los que pertenecen al futuro. "Lo que está en el futuro, no es como tal, un hecho y por lo tanto, una afirmación sobre lo que está situado en el futuro, no constituye una afirmación de un hecho" (Mezger, Derecho Penal, P.E., 4a Ed., 1954, p. 180, citado por Gladys Romero en su obra "Los Elementos del tipo de Estafa, Ed. Lerner Editores Asociados, pág. 117).

"Sin embargo, una declaración que pertenece al futuro -compromiso de cumplir con la realización de un encargo- puede ser en realidad la afirmación de algo actual, que puede contener una referencia a un hecho -afirmación de cumplir- existente ahora.

Lo que se reprocha es obligarse, sabiendo -en el momento de comprometerse- que no se ha de cumplir con la obligación, con lo cual se afirma un hecho, y por lo tanto hay engaño. Si, por el contrario, la voluntad de incumplir ha surgido posteriormente, entonces no hay Estafa". (Conf. Gladys Romero, ob. cit. pág. 117-121).

Conforme a tales conceptos, se colige en autos la necesidad de desentrañar por parte del investigador, si hubo de parte del causante una primigenia intención de perjudicar económicamente a la contraparte mediante el incumplimiento contractual, o si éste surgió con las vicisitudes y circunstancias sobrevinientes.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, debido proceso, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Pozzi, Angel Luis c/ Municipalidad de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Si el juicio fue sustanciado sin que la demandada opusiera como excepción o como defensa la falta de agotamiento de la vía administrativa, la resolución que consideró formalmente improcedente la demanda contenciosoadministrativa por no haber interpuesto previamente el recurso de reconsideración desbarató una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión, en desmedro del debido proceso de la recurrente, que vio clausurada la posibilidad de obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión.
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral, accidentes de trabajo, dictamen pericial, comisión médica central, impugnación de la pericia, remisión del expediente, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VELIZ, ALBERTO GERVACIO c/ Berkeley Internacional A.R.T
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Atento la cuestión en debate, mediante la cual el actor impugna eldictamen de la C.M.C. -en virtud del cual se consideró que aquél no presentaba accidente de trabajo en los términos de la ley 24.557-, resulta pertinente la remisión del expediente al Cuerpo Médico Forense, a fin de que, previo análisis tanto de las constancias médicas obrantes en autos y luego de tomar todas las medidas que estime pertinentes, informe si el recurrente ha padecido accidente de trabajo en los términos de la referida ley 24.557.

(Del voto del Dr. Laclau)
Excusación
Materia: CIVIL
Carátula: INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA INTRP. POR DR. LINDOW C/JUEZ DE CRIMEN DE 2§ NOM. EN AUTOS: DAMOLI EMILIO Y OTROS S.D. NEG. INCOMP. C/EL EJERCICIO DE FUNC. PUB. ETC. E.P. ARCE MIRIAM Y EST. PROVINCIAL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-20

Si bien es criterio interpretativo considerar que el art. 17 inc. 9 del C.P.C y C, cuando se refiere a "litigantes", cuando alude a las "partes del juicio", ello no resulta óbice para aceptar la causal de amistad con frecuencia de trato del magistrado respecto de uno de los letrados de las partes cuando concurre una real situación de violencia moral entre el magistrado y el profesional y se remitan al art. 30 del C.P.C.y C, que adopta una fórmula flexible, que autoriza al juez a apartarse de la causa cuando medien motivos graves de orden subjetivo, que crean situaciones molestas o difíciles que puesdan pesar sobre su conciencia al momento de decidir.-
Pacto de San José de Costa Rica, Derechos humanos, acceso a la justicia, responsabilidad del Estado, daño resarcible
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

El art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados parte a garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades proclamados en ellos. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Velásquez Rodríguez" del 29-07-88, sostiene que esta obligación "... implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos".
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: L., W.D. y Otros s/ Robo Doblemente Agravado por el Uso de Armas y en Poblado y  enBanda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-16

"Se considera coautores, no sólo a quienes realizan conjuntamente la acción principal o típica consumativa, sino a quienes toman parte en su ejecución, cumpliendo actos que integran la objetividad y subjetividad del suceso delictuoso, con su presencia activa y concomitante y queriendo el hecho como obra propia...".
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanatorio Azul S.A. y ot. s/ Inconstitucionalidad ley 9384/79 y dec. 6732/87
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

Es principio de buena hermenéutica que debe procurarse la armonización de las diversas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y no hacer prevalecer la contradicción y la antítesis.