Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-04


San Martín de los Andes, 04 de Abril del año 2014.

VISTAS:

Las presentes actuaciones caratuladas: "DEL GOBBO VANINA C/ CANALE OMAR ANTONIO S/ INCIDENTE DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL" (Expte. Nro. 11869, Año 2001), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes; reunidos en Acuerdo los señores Vocales de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, Dres. María Julia Barrese y Dardo Walter Troncoso, a efectos de resolver, y;

CONSIDERANDO:

I.- Que cumplida la medida para mejor resolver dispuesta a fs. 959, y encontrándose firme la nueva integración del tribunal, las actuaciones ingresan a conocimiento de esta Sala II en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto regulatorio de honorarios de fs. 925/931.

II.- En el libelo recursivo que obra agregado a fs. 946/949, el condenado en costas menciona los tres agravios que la resolución atacada le generaría.

En primer lugar, impugna la base regulatoria, atribuyéndole dos yerros al magistrado. El primero, un presunto error material al calcular el valor final de los bienes que componían la sociedad conyugal.

El segundo aspecto es mucho más sustancial. El apelante critica que el a-quo haya incluido el valor de los honorarios profesionales percibidos por su parte durante la vigencia de la sociedad conyugal como uno de los bienes computables pues, entiende, aquello que no se gastó en la adquisición de los restantes bienes, se presume consumido durante la vida marital. Cita las expresiones vertidas por el propio judicante al dictar sentencia de disolución, en la cual consideró que dicha presunción no había sido desvirtuada. Rechaza el silencio que le atribuye el magistrado al oportuno requerimiento que se le realizó para que exprese su valoración de los honorarios profesionales (cfr. fs. 905) por considerar no sólo que dio las explicaciones pertinentes (cfr. fs. 904), sino que además tampoco corresponde profundizar sobre cómo gasta su dinero un matrimonio.

En definitiva, solicita se haga lugar al agravio, y se fije como base regulatoria el valor de los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal sin el remanente de honorarios profesionales, es decir, CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($109.527,24).

En segundo lugar se agravia por lo elevado de los montos regulados a la totalidad de los profesionales intervinientes. Cita precedentes de la anterior Cámara Multifueros de la IV Circunscripción, en los cuales se abordó la temática de las regulaciones confiscatorias.

Realiza los cálculos pertinentes y expone que, de haberse tomado la base regulatoria que a su entender era correcta, la regulación escala al 82% del monto del proceso y, aun tomándose la escogida por el a-quo, los estipendios profesionales equivalen al 46,49%.

Por último, se queja por la desproporcionada regulación realizada a favor del perito arquitecto .... Expresa que no hay ninguna relación entre los honorarios regulados a los letrados y los del perito. Cita jurisprudencia (mayoritaria) que pregona por la aplicación de la "teoría de la proporcionalidad" al momento de fijar los estipendios de los profesionales no letrados intervinientes en el proceso.

III.- Resumidas las impugnaciones del condenado en costas, por un criterio de prelación, corresponde abordar en primer lugar la crítica a la base regulatoria, específicamente a la decisión del a-quo de incluir el valor de los honorarios profesionales percibidos por el Sr. Canale durante la vigencia de la sociedad conyugal y que no fueron destinados a la adquisición de los restantes bienes del matrimonio (remanente). Ello en virtud de que, de tener favorable recepción, todas las regulaciones deben ser dejadas sin efecto y ser realizadas nuevamente, deviniendo abstracto tratar los restantes agravios.

Y en este punto, consideramos que no asiste razón al recurrente.

Ello pues, si bien es cierto que en la sentencia de disolución la a-quo consideró que parte de los honorarios se presumen gastados o consumidos durante la vigencia de la sociedad conyugal, y que dicha presunción no había sido desvirtuada (cf. fs. 716), luego, al sentenciar, no sólo omitió esclarecer a qué "parte" hacía referencia, sino que además dispuso que integraban la sociedad conyugal "los honorarios profesionales percibidos por el demandado" (cfr. fs. 718 vta.). Además, esta contradicción (o cuanto menos, oscuridad) entre lo considerado y lo resuelto en primera instancia, no fue objeto de la aclaratoria planteada por el recurrente (cfr. 725/726) ni tampoco de la posterior apelación (cfr. fs. 753/756 vta.), los cuales constituían los momentos procesales oportunos. En su pretérita apelación, el demandado se limitó a peticionar a la Alzada que dispusiera que el valor de los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal se debitara del monto de los honorarios profesionales. Caso contrario, se duplicaría el valor del acervo marital. Nada dijo, en cambio, sobre el remanente, por el que ahora solicita sea alcanzado por la presunción de consumo. Los demás agravios vertidos oportunamente por el demandado no rebaten esta conclusión, la que inclusive se refuerza con el cuarto agravio invocado en su escrito de fs. 753/756, en el cual aquél impugnara la fuerza de convicción de la pericia tenida en cuenta por el magistrado para determinar el valor de los honorarios profesionales. Ello pues ¿qué sentido tenía agraviarse del valor que le asignó el magistrado si todo el dinero no destinado a la compra de los restantes bienes gananciales se habría consumido, por presunción, durante la vida marital? Lo adecuado hubiera sido que el apelante se agraviara de la contradicción entre lo considerado y lo finalmente decidido, y haber solicitado, en consecuencia, la revocación del punto I de la sentencia de disolución, a fin de que no se tengan en cuenta los honorarios como bien computable, por haberse extinguido en alguno de los dos destinos mencionados (siempre según su postura). Recuérdese que la parte imperativa de la sentencia se encuentra en el Resuelvo, no así en los Considerandos.

Por ello, al encontrarse consentida y firme la resolución de primera instancia que incluye el remanente por honorarios como bien ganancial, este aspecto del recurso debe ser desestimado.

IV.- Sí, en cambio, asiste razón al apelante, en que el magistrado ha incurrido en un error al determinar el valor del citado bien, pues efectivamente el cálculo correcto arroja CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($162.898,76), monto en el cual queda determinada la base regulatoria.

V.- Como consecuencia de lo considerado en el acápite anterior, todas las regulaciones deben ser reducidas, por lo que el tratamiento del segundo agravio deviene abstracto, mientras que el del tercero queda incluido en el de éste.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que efectivamente el monto regulado excede el tope a partir del cual la jurisprudencia mayoritaria (a la que adherimos) entiende que la regulación se tiñe con el vicio de la confiscatoriedad (33%), por lo que también asiste razón a la quejosa en este punto.

Sentado lo anterior, de manera previa a la nueva regulación, corresponde abordar de manera separada la regulación al perito ..., pues la crítica supera el mero cálculo matemático, y trasciende hacia una cuestión sustancial, como ser las pautas de regulación a seguir y la aplicación de la teoría de la proporcionalidad al caso en estudio.

Entendemos que asiste razón al condenado en costas, aunque parcialmente. Los honorarios regulados por el a-quo al perito son bastante desproporcionados con los de los restantes profesionales. Fundamentalmente considerando que sólo intervino en una etapa, tal como señala el recurrente. No obstante, aun cuando somos partidarios de la aplicación de la "teoría de la proporcionalidad", advertimos que el magistrado ha fundado extensa y exhaustivamente la razón que lo llevó a apartarse del criterio mayoritario (cfr. considerandos VIII y IX de la resolución impugnada), por lo cual la decisión no adolece de arbitrariedad.

Y hacemos nuestros esos fundamentos, pues como bien recalcó el judicante, el trabajo encomendado al perito era de una extensión y complejidad muy elevadas, y tanto el dictamen como las contestaciones y ampliaciones estuvieron a la altura de las circunstancias, aun cuando, a la postre, la prueba pericial sólo gravitara para acreditar un extremo determinado (lo que, por cierto, resulta ajeno a la voluntad del perito).

Por ello, el a-quo correctamente advirtió que la aplicación de los abstractos e indiferentes parámetros legales desembocaría en una regulación injusta, insuficientemente retributiva de las tareas desplegadas.

En éste punto, es adecuado traer a colación la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal provincial, reafirmada recientemente en autos "SEGOVIA". Sin perjuicio de que lo resuelto en el precedente citado fue, en definitiva, la reducción de la base arancelaria, las consideraciones realizadas por el cimero tribunal tienen un alcance mucho más extenso, resultando encuadrables también a los casos de regulaciones ínfimas: "Una regulación justa y válida no puede prescindir del intrínseco valor de la labor cumplida en la causa, a fin de lograr el discreto y necesario equilibrio que debe existir entre la extensión, calidad y complejidad de la tarea profesional realizada y el monto con que ella debe ser remunerada. La aplicación lisa y llana de la Ley Arancelaria, sin las consideraciones particulares antes apuntadas, implicaría admitir una regulación tarifada, en detrimento de la propia administración de justicia, por cuanto la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de las escalas o pautas arancelarias, sino de la razonabilidad y justicia de ellas (cfr. Acuerdo Nº 23/98 'Banco Nacional de desarrollo (en liquidación)'- del Registro de la Actuaria)". "Es en el ámbito del reconocimiento a una justa retribución profesional, donde deben buscarse las pautas de equilibrio que rehuyan soluciones inequitativas, así como el reconocimiento de estipendios inexpresivos o confiscatorios de los servicios prestados, en menoscabo del respeto por la tarea cumplida (cfr. Acuerdos Nros. 52/88; 284/92; 93/94 y 23/98, ya citado, del Registro de este Tribunal Superior de Justicia). Además del monto del juicio, existe en la Ley Arancelaria un conjunto de pautas generales naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, etc. que constituyen la guía pertinente para lograr una retribución justa y razonable, de modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes (cfr. Acuerdo Nº 24/2000 'Albarracín', del citado Registro) ["SEGOVIA RAUL WENCESLAO C/ FLUODINAMICA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES"; Publicado en: LLPatagonia 2013 (octubre); Cita Online: AR/JUR/43028/2013].

Por ello, siguiendo la línea directriz trazada por el Tribunal Superior, y a fin de lograr un equilibrio entre el derecho del condenado en costas a no ver menoscabado su derecho de propiedad por el pago de honorarios desmedidamente elevados y, por el otro, el derecho del perito a obtener una regulación que se ajuste a las exigencias constitucionales, entendemos que corresponde reducir sus honorarios, pero mantener la desproporción con los restantes profesionales (aunque en menor medida que la determinada por el a-quo). Ello sin perjuicio de la reducción que además corresponde realizar en virtud de lo considerado en el punto IV.

Huelga señalar que este apartamiento de la teoría de la proporcionalidad se realiza con alcances en el caso concreto, atendiendo estrictamente a las particulares circunstancias que lo caracterizan.

VI.- Las actuaciones en esta instancia no generarán costas, por inexistencia de contradicción (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.).

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, modificar la base regulatoria determinada para regular los honorarios de primera instancia, la cual se fija en CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($162.898,76).

II.- En virtud de lo resuelto en el punto anterior, dejar sin efecto la totalidad de las regulaciones realizadas en los puntos II y III del auto apelado, las cuales quedan establecidas en las siguientes sumas: Al perito arquitecto ... SETENTA Y CINCO (75) JUS; a la Dra. ... CINCUENTA Y CINCO (55) JUS; Al Dr. ... NUEVE (9) JUS; y a los Dres. ..., ... y ... TREINTA Y CUATRO (34) JUS. El pago de los honorarios deberá sujetarse a lo dispuesto en el punto VIII de la resolución recurrida.

III.- Sin costas de Alzada, por ausencia de contradicción (art. 68, segunda parte, C.P.C. y C.).

IV.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes que hayan constituido domicilio ante la Alzada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen.

Dra. María Julia Barrese - Dr. Dardo Walter Troncoso Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Civil Subrogante Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 03/2014.