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Excarcelación, presunción juris tantum
Materia: PENAL
Carátula: Carlos Mauricio Barragán s/ INCIDENTE de Excarcelación a favor de Carlos Mauricio Barragán en Sumario n 45639 s/ recurso de apelación - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-04

La circunstancia objetiva y limitativa prevista por el artículo 375 inciso 1 del C.P.P. reviste el carácter de una presunción juris tantum - criterio adoptado por la Cámara Nacional de Casación Penal en Plenario N 13 de fecha 30/10/08 en Expte "Díaz Bessone, Ramón Genaro", en tanto corresponde sea evaluada en concomitancia con el peligro de fuga a través de una real y suficiente fundamentación, alejada del uso de fórmulas genéricas y basada en el mérito de aquellas circunstancias referidas por el a quo que resultaren decisivas en el caso para acreditar que existen motivos para que el imputado frustre los fines del proceso, corresponde evaluar aquellas pautas determinantes o no de la existencia de la peligrosidad o riesgo procesal de que el imputado - en libertad - obstruya el curso regular de la justicia o eluda su accionar, para lo cual resulta indispensable analizar todos aquellos factores que permitan verificar si la presunción legal contemplada en el artículo 375 inciso 1° del C.P.P. puede ser desvirtuada . debiendo tenerse en cuenta a este respecto las condiciones personales del imputado, los valores morales demostrados, su ocupación, bienes que posee y los vínculos familiares que lo mantendrían en el país. Consecuentemente, si los magistrados no cuentan en la causa con prueba que, valorada conjuntamente con alguna de las circunstancias referidas precedentemente, les autoricen a concluir que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve injustificada .".
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Rogelio c/ Varela, Hector s/ Daños y perjuicios Llamarini de Sicialiano c/ Franco, Argentino s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28|1990-11-15

Debe merituarse el shock del accidente en sí, el padecimiento vinculado al tratamiento, la incidencia de esas limitaciones en el desarrollo de su personalidad y en todo aquello que constituye sus afecciones legítimas, además de la índole especial del hecho generador de la responsabilidad.
Peritos, honorarios, regulación de honorarios
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: POGGIO, Marta c/ Entel s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-26

La ley arancelaria aplicable a los peritos contadores no contempla el caso de regulación de honorarios de dichos profesionales por los trabajos realizados en la etapa de ejecución de sentencia. No obstante es necesario tener en cuenta a los fines de calcular los emolumentos, el monto involucrado en la ejecución y la labor desarrollada por el experto, de conformidad con lo normado en el art 38 de la L.O.
Regulación de honorarios, base regulatoria, legitimación activa, patrocinio letrado, abogado apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ente Único Regulador de los Servicios públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohabitat SA Emepa SA UTE (Res 219/15) c/ Ente Único Regulador de los Servicios públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Cuando la aplicación del porcentaje máximo previsto en al art. 30 de la ley n° 5134 para retribuir la actuación procesal en esta instancia arrojara una suma inferior al mínimo de UMA establecido en el art. 31 de la mencionada ley, deberá aplicarse este último para regular los honorarios de los letrados peticionantes. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Alicia E. C. Ruiz).
Seguros, seguro colectivo, indemnización, incapacidad, prueba
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MOSCARDO, MARCELO c/ DI PAOLA, GUSTAVO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Procede revocar la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio efectuado contra una aseguradora por el beneficiario de un seguro de vida colectivo por incapacidad total, contratado por su empleadora, con fundamento en un informe emitido por un hospital privado referido a un estudio médico realizado al accionante en fecha próxima al distracto que estableció su incapacidad en un 40% de la total obrera, toda vez que, ese informe no fue realizado con la profundidad necesaria para definir si la incapacidad era total y lo imposibilitaba para realizar tareas remunerativas, pues, probablemente, nunca estuvo dirigido a dirimir tales extremos; sin embargo, si bien del dictamen médico de la aseguradora surge que su incapacidad es permanente, conforme a su encabezamiento debe inferirse que al decir permanente se refiere a que es total, pues no existen observaciones, en el espacio reservado a tal fin, que demuestren lo contrario; asimismo, el perito designado de oficio, aclara que el estima que no cumpliría con un examen preocupacional; lo que se ve corroborado por el informe del anses que acredita que el accionante es beneficiario de una jubilación otorgada antes de haber cumplido 60 años, lo que demuestra que su incapacidad era total y permanente, pues le impedía realizar cualquier tarea remunerativa, razón por la cual tramitó la jubilación; por tales razones, cabe concluir que la incapacidad del accionante era total y permanente y procede hacer lugar a su reclamo.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: PEREA HECTOR ANDRES c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL INTERPUESTO POR EL  DR. GONZALEZ AVALOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-23

La mera interposición del recurso extraordinario, así se lo base en la doctrina de la arbitrariedad, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado acerca de su admisibilidad, y dicho análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los principios interpretativos establecidos por la destinataria final del recurso que es la propia Corte Suprema.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Hortensia y otro c/ Intruvini, Oscar Luis y otro s/ Daños y perjuicios Luzi, Mario c/ Italcomo S.C.A. y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|1993-06-08

No es tarea propia de esta Suprema Corte demostrar o poner en evidencia por qué no existe el absurdo que se denuncia.
Obligaciones, depreciación monetaria, renuncia tácita
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION  PROPIETARIOS  DE  FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-03

Si el acreedor exige, como fue el caso, el pago de una suma determinada puntualizando las causas de la obligación, para cancelar la misma sin hacer siquiera mención de pretensión de actualización monetaria y ello es aceptado por el deudor, constituye un hecho categórico que prueba la renuncia tácita a este último supuesto derecho que omitió reclamar para tal cancelación.
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria, derecho a la privacidad, ley tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Giorno SA c/ AFIP - DGI s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Dado que las normas cuya validez se debate -art. 39 de la ley 24.073, 4º de la ley 25.561 y 5º del decreto 214/02, como toda otra norma, legal o reglamentaria, que impida aplicar en la declaración del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002 el denominado "ajuste por inflación impositivo", previsto en el título VI de la ley 20.628-, han sido dictadas por el órgano al que el texto constitucional atribuye el ejercicio del poder tributario respetándose, incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema- no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario. -Del precedente "Candy" (Fallos: 332:1571) al que la Corte remite-
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Pagano, Héctor Daniel c/ Banco Hipotecario Nacional. s/ Demanda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Disidencia de los Dres. Abelardo F. Rossi y César Black).
Derecho administrativo, acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burgos de Skanata, Lidia Nelly. s/ Demanda Declaración de Inconstitucionalidad - Ley de Emergencia Previsional Nº 2791.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-23

Cuando los por actos administrativos se violaran, a criterio del quejoso, derechos que habían ingresado a su patrimonio, obviamente el ataque debe centrarse en dicho acto administrativo, y para ello, contaba con la vía regulada por la ley 568, que establece en su artículo 65 un sistema impugnatorio especial, que permite al justiciable el derecho a la jurisdicción asegurada constitucionalmente para la revisión de actos administrativos. (Dra. Catela: Según su voto).
Sociedades comerciales, intervención judicial, prueba innecesaria, aplicación de la ley, código procesal civil y comercial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Peres Vieyra, Ana Inés c/ Peres Vieyra, Mariano Ricardo y otros s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

Cuando, como en el caso, no se ha promovido formalmente la acción de remoción contra los directores de la sociedad, ello, sin duda, importa un incumplimiento del recaudo previsto por la LSC 114 in-fine que torna inviable la intervención judicial pretendida en los términos establecidos en la LSC, dado que está instituida en la legislación societaria como una medida cautelar específica en el marco del juicio por remoción de los administradores. Es que el ya aludido art. 114 es claro en punto a que esa acción de fondo ha de revestir carácter actual, en el sentido de que debe ser promovida con carácter previo o simultáneo a la solicitud de intervención, pero no después. No obstante ello, no puede obviarse que en materia de medidas cautelares, además de poder recurrir a lo regulado en la LSC, también puede invocarse las reglas que emanan del Código Procesal. Tales consideraciones han llevado a este Tribunal a prescindir de la promoción de la acción de remoción de los administradores y del peligro grave para la sociedad derivados de actos u omisiones de aquéllos, recaudos que no se estimaron determinantes cuando lo que se perseguía era controlar la marcha de la sociedad a fin de preservar los derechos sociales del afectado, restringidos por la negativa a permitirle su ejercicio (cfr. "Ochat Nuñez, Hernán c/ Banchio, Santiago Nicolás s/ ordinario s/ incidente de apelación art. 250", del 7/04/16; íd., "Paz Menéndez, Alejandro José c/ Grupo JAC SA s/ ordinario s/ incidente de apelación" del 9/08/06; íd., "Vila, Norberto Damián c/ Instituto de Nefrología Bs. As. SA y otro s/ sumario s/ inc. art. 250", del 13/06/91; íd., "Lobbosco, Héctor Francisco c/ Masino SRL s/ medida precautoria", del 29/11/89).
Principios procesales, reclusión, prueba, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: TELLO , CARLO A. c/ CARLOS H. PRADO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-29

Conforme el principio de preclusión que se dirige a garantizar el buen orden de los juicios y su impulso hacia la sentencia -impidiendo retornar a etapas ya transitadas-, la prueba no pedida o practicada en su oportunidad (salvo las prescripciones especiales que rigen en la segunda instancia), no puede practicarse y puede ser desestimada la pretensión de su consideración.
Recurso de casación, prisión domiciliaria, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: ARAUJO, Ricardo César s/ solicita detención domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

Cabe denegar el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Federal contra la resolución que confirmó el beneficio de detención domiciliaria del imputado, ya que no se trata de sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia, no pone fin a la acción o a la pena, no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de pena. Tampoco se trata de la existencia de cuestión federal, ni de una resolución equiparable a definitiva por sus efectos, pues de las consecuencias de la solución adoptada no puede inferirse ningún perjuicio irreparable.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Código de Ética, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro Pizzurno Juan A. c/ C.P.A.C.F. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

El Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed. es el órgano fiscalizador de la conducta de los matriculados a la luz de los distintos principios jurídicos y éticos que está llamado a proteger en el ejercicio de la profesión. Dichos fines llevan ínsitos la necesidad de contar con los medios idóneos para llevarlos a cabo, esto es, el poder sancionatorio previsto en el art. 25 del Código de Etica, el cual determina que la violación de los derechos y obligaciones contenidas en la ley 23.187 y en el Código de Etica, serán sancionados disciplinariamente conforme a las previsiones del art. 45 de dicha ley y las normas contenidas en el capítulo 8 del referido código, a lo que cabe agregar que el Tribunal de Disciplina es competente para iniciar las causas de oficio contra alguno de sus matriculados, cuando considere, como en el sub lite, que existe mérito para ello, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 inc. c) del Reglamento de Procedimientos para el Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F.
Recurso de casación, ejecución de la pena, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., S.M. s/ Ejecución de la Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-31

El derecho de acceso al régimen de salidas transitorias descansa en el grado de confianza, tal como se advierte en la modalidad de su cumplimiento. O sea, que para poner en efecto o denegar adecuadamente este instituto, es preciso enlazar la gravedad de las eventuales transgresiones disciplinarias cometidas por el interno, con un concreto menoscabo al grado de confianza en el que se basa el sistema paulatino de ejecución penal.
Contrato de trabajo, condiciones de trabajo, cambio de horario, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: F., J.A. c/ G., J. y/u Otro s/ Demanda Laboral -Haberes Adeudados e Indemnización-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-04

"El horario se incorpora como condición del contrato de trabajo cuando se lo fija en él, o cuando por su duración, a pesar de haberse establecido en forma temporaria o transitoria, se ha convertido en estable o permanente. Y al quedar incorporado en cualquiera de las dos situaciones, como condición del contrato, integra el patrimonio jurídico del trabajador, que acomoda, como es lógico, sus obligaciones, a la modalidad horaria impuesta por el principal, de manera que cualquier modificación sustancial de ella se torna lesiva a sus legítimos intereses".
Sentencia condenatoria, prisión, condena condicional, multa, costas, lavado de activos, narcotráfico, participación criminal, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Guillermo Armando Capo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Cabe condenar a Eduardo Salomon Polite a la pena de dos años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y multa la que deberá ser oblada dentro de los diez días de quedar firme la presente, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de legitimación de activos provenientes del narcotráfico, con costas -arts. 5, 21, 26, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45 del CP, art. 25 de la Ley 23.737 y arts. 398, 399 y concordantes del CPPN-. Se haya acreditado que el encartado permitió con su accionar legitimar las ganancias que el imputado.
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo
Materia: CIVIL
Carátula: LEIRO, RODOLFO. c/ COMISION DEPORTIVA AUTOMOVILISTICA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-10

El actual art. 51 de la ley 23.184 (con la modificación introducida por ley 24.192) establece que "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen.". Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la responsabilidad señalada en el dispositivo legal transcripto no se ciñe al organizador strictu sensu, sino a toda entidad que tenga "participación" en el espectáculo deportivo; y siendo que, conforme lo reconoce el propio impugnante, tenía a su cargo la fiscalización del evento (como se encuentra acreditado a fs. 41 y surge del art. 23 del Reglamento Deportivo Automovilístico de la República Argentina del año 2000 -ver fs. 108 vta.-), ergo resulta indubitable que el A.C.A. se encuentra incluido en el supuesto de hecho contemplado en el mentado art. 51. Ciertamente Pizarro, en comentario a la norma recién citada, explica que la noción legal de "participante" merece una interpretación amplia y comprende en su seno a una pluralidad de sujetos responsables, emplazados solidaria o concurrentemente frente al damnificado (Pizarro, Ramón Daniel, "El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco", en Resp. Civil y Seguros, 2007, n° 5, p. 28).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Ley de tránsito, velocidad máxima, razones de seguridad, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: Chachero, María Jesús c/ Ortiz, Gustavo Daniel y/u Ortiz, Tulio Sergio y/o QuienResulte Propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-28

Cuando la ley impone velocidades máximas, tanto cuando manda conservar el pleno dominio de los rodados en toda circunstancia o cuando califica de excesiva precisamente aquella velocidad que lo impide, no hace sino establecer reglas de prudencia con vista a la seguridad de los propios conductores, sus pasajeros y los terceros. Y también, resultan hechos indicativos de una velocidad inadecuada para acceder a una encrucijada la imposibilidad de detener el vehículo y el desplazamiento ulterior sufrido por éste.
Liquidación, impugnación de la liquidación, confirmación de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sikora Zbigniew, Tadeo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable, el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error (cfr. C.N.A.Com., Sala C, sent. del 31.08.89, "Acrílicos Salerno S.A. s/incidente de verificación por Roberto Fiocchi"). En consecuencia, habiéndose omitido tal recaudo, corresponde desestimar los agravios formulados y confirmar la sentencia apelada.
Deuda previsional, inspección previsional, multa tributaria, pago extemporáneo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASA JARSE S.A. c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

Si al momento del inicio de la inspección no se encontraba vigente el plan de facilidades de pago establecido por el Dec. 1053/96, corresponde confirmar la resolución que aplicó multas por el ingreso fuera de término de los cargos formulados.
Estabilidad del empleado público, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capeika, Marcos c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Si al agente se lo designó en un cargo comprendido entre los 'funcionales' (art 8 inc 1 ap a)Ord. Gen 41) y luego se le asignó uno de los denominados 'no funcionales' al solo efecto de que retuviera una categoría presupuestaria, no puede invocar sobre esa base derecho a la estabilidad y respecto de la carrera administrativa cuando resulta evidente la irregularidad de la designación y la inexistencia de un ejercicio efectivo del cargo inferior.
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, citación a juicio, notificación, domicilio constituido, falta de notificación, ley supletoria, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Sánchez Hinostroza, Alex y otros s/ s/ infr. art. 81, Ley 1472.-Incidente de apelación en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

Es necesario conciliar lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley Nro. 12), en cuanto dispone que serán consideradas válidas todas las citaciones y notificaciones cursadas al domicilio que hubiere constituido el imputado en su primera presentación ante el Fiscal o el Juez de la causa, con lo regulado por los artículos 359 y 154 Código Procesal Penal de la Nación (de aplicación supletoria), en la medida en que establecen que su citación al juicio será efectuada bajo apercibimiento y por medios que aseguren una notificación cierta (diligenciamiento policial, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado).

La correcta interpretación de tales disposiciones conduce a considerar la norma nacional como una regulación específica del supuesto particular al que refiere y, en consecuencia, como regla de aplicación prevalente frente al precepto local general.
Pensiones, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ventavoli, Josefa Angélica c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Se entiende que el derecho - habiente estuvo a cargo del causante cuando concurren en aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.
Régimen de consolidación de deudas, pago parcial, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Panza Rodolfo A s/ Ejecución  de  Honorarios  en autos: Expte Nº 169/86 Hegelin c/Asoc.  Coop. Hogar de Menores y otros s/Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-23

El pago parcial implica el reconocimiento de la obligación. En autos el hecho del pago surge que por ser acto administrativo goza de presunción de legitimidad, porque "ningún gesto podrá disponerse sin mediar disposición de autoridad competente, disponiendo de crédito presupuestario suficiente, siendo todas estas condiciones de legitimidad del acto (artículo 43 in fine, Ley 2303). Mediando reconocimiento y asignación presupuestaria para atender el pago, la obligación no resulta subsumible en la ley de consolidación. Así se ha dicho que "...cuando medie un reconocimiento expreso del crédito del administrativo por parte del Estado deudor... la exclusión del régimen de moratoria es expresa..."