Elevación en apelación, fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: CHILO, Fernando M. c/ DIAZ PATRON, Mercedes Inés s/ Recurso Apelacón
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-04

Conforme el recibo acompañado como prueba surge que ese pago se efectuó con anterioridad a la firma del boleto, por lo que resulta incongruente imputarlo a un pago posterior, y por cuanto la imputación del mismo lo fue "en concepto de seña por 4 lotes catastro 120933".

No empece a ello, que en la cláusula segunda del boleto, que fija el precio y la forma de pago, se haya consignado que la suma de U$S 5500 se recibe en ese acto, desde que se trata de un contrato preimpreso, por lo que bien pudo referirse ese monto, a la suma abonada con anterioridad por el comprador en concepto de seña y otros pagos efectuados a cuenta del precio pactado.

2) Si bien las partes pueden libremente pactar sus obligaciones y derechos, esta facultad encuentra un límite cual es la razonabilidad. Se trata de una obligación originariamente pactada en dólares estadounidenses, que en acatamiento a lo que disponen el decreto 214/2002 y las leyes 25.561 y su modificatoria, la ley 25.820, debe ser convertida a razón de un dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda, por un peso argentino, con aplicación de las disposiciones sobre el C.E.R. Es decir, no es un dólar igual a un peso, sino un dólar igual a un peso ajustado por el coeficiente de estabilización de referencia atendiendo a que las disposiciones relativas a los coeficientes de Estabilización de Referencia y Variación Salarial -ley 25.642; decretos 214/02, 762/02, 1242/02; comunicaciones BCRA A 3507 y 3762, comprensivas de los créditos en moneda extranjera alcanzados por la "pesificación uno a uno", deben aplicarse de oficio, pues no se trata de normas supletorias sino imperativas -en tanto sustituyen lo pactado-, sin perjuicio de la renuncia expresa o tácita que pueda hacer la parte favorecida por su aplicación, según el ilustrado voto de la Dra. Graciela Medina (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I, 03/12/2002, Salgado, José A. c. Argentini, Silvia y otro, publicado en LLBA 2003, 308, con nota de Carlos E. Ribera, consultado en La Ley online).

Si bien la aplicación del C.E.R. no autoriza, por sí misma, al apartamiento de los intereses pactados, salvo que éstos luzcan, según lo convenido en el contrato, como manifiestamente irrazonables, habida cuenta la repotenciación del capital que desde el mes base del C.E.R.

(febrero de 2002) hasta el último índice conocido (2,4772 del 6/5/2010), resulta prudente para restablecer el equilibrio contractual la tasa del 18% anual desde febrero de 2001 hasta febrero de 2002 (fecha base del CER, en que comienza el ajuste), y del 8% a partir de este momento hasta el efectivo pago, sobre el capital repotenciado.

3) Si bien impera un criterio amplio respecto de la apreciación de la técnica recursiva, armonizador con la garantía de la defensa en juicio, existe un mínimo legal en la misma por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma.

La expresión de agravios cumple en el procedimiento de apelación una función en cierta medida análoga a la de la demanda en primera instancia, ya que su contenido delimita las potestades decisorias del tribunal de alzada. En ella fija el apelante el ámbito de su reclamo.

En ausencia de fundamentos especiales referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravio para atender en la alzada. Lo que se requiere es un razonamiento coherente que demuestre el desacierto del análisis contenido en el fallo que se impugna, máxime cuando este último ha sido adecuadamente expuesto. La crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación pormenorizada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan a la sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones en debate, con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar los que sustentan el pronunciamiento.