marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, cancelación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goldberg, Oscar Zelig s/ Inconstitucionalidad art. 47, ley 10.765. Tercero: Caja de Seguridad  Social para Profesionales de Ciencias Económicas Lavolpe, Antonio c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Scápolla, Pedro Enrique c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14|1995-12-28|1996-03-05

La exigencia impuesta por el art. 47 de la ley 10.765 (cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país) como condición para la percepción de la jubilación ya otorgada no constituye una violación al derecho constitucional de trabajar, en tanto el ejercicio de la profesión no depende de las normas impugnadas, sino de la propia voluntad del interesado en cuanto decida o no ingresar en situación de pasividad.
Nulidad procesal, requisa personal, testigos
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Marco Sebastián c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

Cabe rechazar el agravio defensista que sostuvo que no se dio tratamiento al planteo de nulidad del procedimiento de detención, y la posterior requisa y secuestro llevado a cabo en las actuaciones puesto que el reclamo fue efectivamente abordado por el tribunal de mérito que al resolver, entendió que la defensa realizó una selección fragmentada y arbitraria de los dichos del testigo -mecánica reñida con el correcto análisis de las probanzas, que deben ser valoradas de modo integral-, mediante la cual soslayó las aclaraciones efectuadas en la declaración testifical prestada en la audiencia ante la lectura de sus dichos durante la instrucción. También explicó que el procedimiento se realizó con la finalidad de hallar la existencia de cosas provenientes o constitutivas de un delito de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo, puesto que se buscaba la existencia de estupefacientes y fortuitamente se hallaron elementos relativos a la comisión de otro delito, que por las circunstancias de tiempo y lugar en que fue cometido permitía vincular al requisado con esa conducta delictiva. Valoró igualmente, que se cumplió con la exigencia de realización del procedimiento en la vía pública y de la indicación en el acta de los motivos por los cuales el requisado no la firmaba y que las actas de detención y secuestro fueron confeccionadas conforme lo disponen los arts. 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese contexto, aclaró que la falta de recuerdo de los testigos de detalles del procedimiento, a más de un año y medio de su intervención, no afectaba la validez de las actas, ya que ambos recordaron haber intervenido en esa ocasión y reconocieron sus firmas en aquellas al ser exhibidas en la audiencia (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, demanda, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, NELIDA c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-03

Habida cuenta la naturaleza de la pretensión deducida (en el caso, se recurre contra una denegatoria de jubilación por invalidez) puede prescindirse válidamente del nomen juris utilizado por el peticionante (en el caso, invocó el Acta 129/95 estando ya vigente la ley 24.463);

y en atención a la real sustancia de la pretensión, intimarla para que adecue la prestación a los requisitos de la demanda en un proceso sumario en los términos del art. 15 de la referida ley 24.463. Ello así porque, en cuanto las prestaciones previsionales revisten carácter alimentario para el peticionante, el juez al resolver debe obrar con especial cautela a fin de evitar que por una estricta interpretación de una norma de carácter adjetivo pudiera llegarse al desconocimiento de derechos de raigambre constitucional.
Pensión por invalidez, extranjeros, residencia de extranjeros, vicio de irrazonabilidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

A la luz de los derechos y principios constitucionales involucrados en la reglamentación dispuesta por decreto 432/97, cuya constitucionalidad se ha impugnado, corresponde concluir que el plazo de 20 años exigido a los extranjeros para poder gozar de los beneficios de la pensión luce manifiestamente irrazonable en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional, pues la exorbitancia del plazo convierte en ilusorio el derecho a la pensión en un tiempo oportuno y adecuado y no reúne los requisitos mínimos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad ni ofrece una justificación plausible para sustentar la diferencia entre naturalizados y extranjeros, conforme criterios democráticamente aceptados (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Acumulación de acciones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Conti, Daniel c/ Loiseau, Cristina s/ Escrit.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Atendiendo al carácter público que reviste la norma del art. 26 de la ley 8904, en cuanto impone la obligación de regular por separado los honorarios que correspondan a cada acción interpuesta, procede la declaración de nulidad del auto retributivo que omite su cumplimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delgado, Abel Oscar c/ Estancias Argentinas El Hornero S.A. y otro s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

El comitente moroso debe intereses sobre el precio (o la parte impaga de él) desde el momento en que quedó en mora. La doctrina es unánime. Se trata de los intereses moratorios.-
Inhabilitación especial, condena condicional, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LEVIT, JORGE s/ DELITO CULPOSO - MEDICO - PENA: INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

1) No conculca el principio de igualdad contemplado en el art. 16 de la C.N., la prohibición del art. 26 del C.P. de suspender la pena de inhabilitación, toda vez que los medios coercitivos previstos por el legislador para ésta y las de encierro resultan diferentes, siendo distintas también sus consecuencias.

2) Cuando el legislador decidió suspender las penas de encierro lo hizo en el entendimiento que resultan criminógenas las penas cortas privativas de libertad. Distinto criterio ha seguido en relación a la inhabilitación, pues ha tenido como finalidad proteger a la sociedad frente a aquellas personas que en el ejercicio de su actividad profesional cometen actos antijurídicos que representan un abuso de su profesión u oficio o una grave infracción a sus deberes profesionales.
Acción de amparo, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: De La Rúa, Fernando c/ E.N. (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

Para el rechazo sin más trámite de la acción de amparo, calificada doctrina recomienda que este especial y contundente control de admisibilidad se efectúe con mucha cautela y prudencia (Bidart Campos, en "Régimen Legal y Jurisprudencia del Amparo", Bs.

As. Ediar, pág. 404). Por su parte Colombo, en su Código Procesal, t. III, pág. 50 sostiene que la facultad contenida en el art. 3º de la ley 16.986 resulta ejercitable únicamente cuando no existiere "ninguna duda de interpretación de la ley, ni del hecho o acto en si mismo".
Autonomía municipal, soberanía, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., H. R. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-16

Por aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado Federal deben ser garantizadas, rechazándose actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el quebranto de las instituciones locales.
Intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COSECHA COOPERATIVA DE SEGUROS Ltda. c/ Ostric, Juan y otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-06

No puede equipararse la situación de tercero citado a quien no se demanda, con la del litis consorte accionado. La intervención coactiva tiene por objeto evitar que en un futuro proceso el que allí sea demandado pueda argüir la excepción de negligente defensa -"exceptio mali processus"-. Aunque el art. 96 del Código Procesal en redacción defectuosa señala que la sentencia afecta al tercero como a los litigantes principales, de ello no debe extraerse como conclusión la condena. Sólo constituye un antecedente favorable a la pretensión regresiva, pero en carácter de tercero citado no puede recaer condena ni ejecutarlo si no ha sido demandado.
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Muccigrosso de Delgado Liliana E. c/ Orfei Orlando Arturo e hijos s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Para que tenga efecto la notificación del despido del trabajador es suficiente que llegue a la esfera jurídica del destinatario (art.

243, L.C.T.).
Letra de cambio, autonomía cambiaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YORBANDI RUBEN c/ MARTA J. HARON Y/OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-27

La normativa sobre letra de cambio, aplicable al pagaré, consagra el principio de autonomía de los derechos y obligaciones cambiarias que importa que los distintos suscriptores del documento exteriorizan su voluntad de obligarse cambiariamente por medio de su firma, con absoluta independencia de las obligaciones que puedan asumir otros suscriptores de la letra. Por ello, aunque uno de los demandados haya resultado triunfante en la excepción de falsedad de firma planteada, debe mandarse llevar adelante la ejecución contra el codemandado que no opuso excepción alguna.-
Declaración de insania, curador, designación de curador
Materia: CIVIL
Carátula: H., F.P. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-26

1- Si bien el tribunal participa admite que pueda declararse de oficio la inconstitucionalidad de una norma, ello no supone las declaraciones en abstracto es decir fuera de una causa concretan puede verse en su adopción la creación de un desequilibrio de poderes a favor del judicial y en mengua de los otros dos. En tanto carece de consistencia sostener que el avance sobre aquéllos no se produce cuando media petición de parte y sí cuando la hay. 2- Desde este enfoque y por el límite que impone el art. 277 del Código Procesal, ante la ausencia de un planteo oportuno concreto no corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas de los arts.386 y 475 del Código Civil, si ni al tiempo de presentarse la denuncia ni en la audiencia en la que se entrevistaron las postulantes a la curatela se suscitó tal cuestionamiento.
Títulos públicos, régimen de consolidación de deudas, pagaré
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Premoldeadora Patagónica S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-24

Quien "guardó" los "pagarés ajustables" por créditos que entraron en la consolidación no por ese hecho, ha enervado los efectos de orden público de la misma. Estos títulos son inejecutables porque así lo dispuso la Ley 3609, y sólo son útiles a sus tenedores eventualmente como principio de prueba de que son acreedores del Estado Provincial cuando -por no acudir al sistema, en todo o en parte- de la ley, no contaran con otros hábiles. La deuda emergente de los mismos está "recalculada" por efecto de la Ley 3609, y dispuesta su refinanciación, se haya suscripto o no el "acta" del artículo 22.
Jubilación por invalidez, cuerpo médico forense, interpretación de la ley, porcentaje de incapacidad, Constitución Nacional, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: YACUZZI, JOSE JESUS c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

Tratándose de un peticionante domiciliado en el interior del país, ha de darse intervención al Centro Nacional de Reconocimientos Médicos toda vez que, en caso contrario, los facultativos intervinientes no podrían revisar al interesado, con lo cual el dictamen que elaborasen carecería de un requisito imprescindible, en muchas ocasiones, para dar una opinión médica fundada. Por ello, debe entenderse que cuando el art. 49 de la ley 24.241 señala que la C.F.S.S. dará vista al "cuerpo médico forense" para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado, dicha prescripción ha de entenderse referida a los casos en que éste se domicilie en la Capital Federal o en sus inmediaciones, pues de otro modo se estaría lesionando tanto el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la C.N. como el derecho a la seguridad social contemplado por el art. 14 bis de nuestra Carta Magna. En consecuencia, si del dictamen elaborado por el Centro Nacional de Reconocimiento Médicos (en la presente causa, de la ciudad de Mercedes) se desprende que el peticionante presenta un incapacidad equivalente, en el caso, al 70% de la su total laborativa, corresponde declarar que reúne los requisitos establecidos por el art. 48, inc. a) de la ley 24.241, y remitir los actuados al A.N.Se.S. a fin de que se expida acerca de la procedencia del beneficio. (Disidencia del Dr. Laclau).
Facultades de la administración, declaración de inconstitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ABEL c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Corresponde revocar el decisorio de primera instancia de no habilitar la instancia judicial cuando los actores plantean la inconstitucionalidad de un decreto del P.E.N., cuestión que no puede ser dirimida en sede administrativa, ya que es el Poder Judicial el único habilitado para juzgar la invalidez de las normas dictadas por el órgano legislativo (Fallos 306:911; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 16.08.94, "Mansilla, Felisa D. y otras c/ E.N.").
Derechos del trabajador, suspensión de la prescripción, cartas misivas
Materia: LABORAL
Carátula: Manuel Antonio Lazarte c/ Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nro. B-65953/00 Demanda Laboral por Cobro de Diferencias de Indemnización por despido y otros rubros.L.A. N 45 F 23/26 N 10. Palpalá Ltda. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. nro. B-65953/00 Demanda Laboral por Cobro de Diferencias de Indemnización por despido y otros rubros.L.A. N 45 F 23/26 N 10.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-02-08

La nota mediante la que el actor entabló reclamo ante su empleadora, si bien no tiene el mismo carácter que el reclamo ante la autoridad administrativa del trabajo, vale como interpretación formal y auténtica que tiene efecto suspensivo por un año de las prescripciones en curso o que hubieren comenzando a correr a partir de esa presentación y hasta un año de ésta.
Tutela sindical, reinstalación en el puesto de trabajo, personal no permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Sarasibar, Jorge Héctor c/ Municipalidad de Guaminí s/ Pretensión de restablecimiento o reconoc. de derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-12

La acción de reinstalación interpuesta en los términos del art. 23.551 por un trabajador temporario a quien la Municipalidad de Guaminí no le renovó el contrato mientras ejercía funciones como secretario general del sindicato de trabajadores municipales, es improcedente, pues no puede llevar a desconocerse las características propias del vínculo jurídico temporario receptado en la ley local 11.757 (Estatuto para el Personal de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires) y que constituyen el basamento de las directrices jurisprudenciales actuadas por el juzgador de la instancia, es que, es sabido que el personal municipal de planta temporaria se halla incorporado a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación. (Del voto en disidencia del Dr. Soria)
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caraballo, Cirilo Nelso c/ Concejo Deliberante de Ensenada s/ Conflicto art. 187 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

La expresión "que no hará ejecutoria" contenida en el art. 263 bis de la ley 11.024 que prevé la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada ante la promoción de un conflicto municipal debe aplicarse al ámbito de un procedimiento administrativo en el cual precisamente la suspensión preventiva se adopta, de dónde se concluye que la resolución no producirá efectos hasta el pronunciamiento judicial definitivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, sujeto pasivo, contribuyentes, establecimientos minoristas, supermercado, hipermercado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Cámara Argentina de Supermercados s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA) de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

Tampoco parece dudoso que la conformación de la categoría a la cual se aplica como alícuota el 3,7%, cuente con respaldo solvente desde el ángulo de la política tributaria al combinar dos elementos relevantes indiciarios de aptitud económica: uno, general, que es la actividad comercial de venta minorista por debajo o encima de una cota de ingresos brutos anuales; el otro, particular, consistente en la infraestructura edilicia dedicada a la actividad. Por lo demás, la diferencia en el tipo impositivo del tres por ciento (3%) al tres coma siete por ciento (3,7%), con que se grava a los sujetos que aquí importa, no se muestra prima facie como una alícuota abusiva, desproporcionada o exorbitante, en tanto representa un incremento del 23,33 % sobre la tasa general del gravamen, en contribuyentes que compensan, probablemente, tal presión fiscal por la supresión de etapas intermedias en el proceso de comercialización en un tributo en polifase acumulativa. (Del voto de los Dres. Casás, Conde y Muñoz).
Incapacidad laboral, ley sobre riesgos del trabajo, prestaciones sistémicas
Materia: LABORAL
Carátula: Soria Javier Román  c/ Mapal S.A.- Ordinario - (Acum. c/autos Soria Javier C/La Segunda ART-Ord.) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-24

Uno de los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo es la reparación de la secuelas de una contingencia, debiendo entenderse que reparar es intentar poner a la víctima en idéntica situación a la que se encontraba antes del hecho y de no ser posible la reparación in natura, se deberá dar en forma pecuniaria (en este sentido art. 1740 CCC).
Acceso a la justicia, queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Scarpello, Claudio Esteban.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

No corresponde intimar a la parte recurrente a efectuar el depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto su falta de integración no debe obstar al tratamiento del recurso intentado, ya que de lo contrario conduciría a una inadmisible denegación del derecho constitucional de acceso a la jurisdicción (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sly, Guillermo c/ Cuenca, Claudio s/ Daños y perjuicios Da Rui, Carlos Angel c/ Diz, Jorge y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26|1993-08-10

No viola el art.34 inc.4 del Código Procesal Civil y Comercial ni quebranta el principio de congruencia el fallo que considera legitimado para demandar la reparación del perjuicio a quien invocó la calidad de propietario del automotor dañado al entender que, pese a no haber probado la calidad invocada, se encuentra en situación asimilable a la de propietario al haber demostrado su carácter de poseedor animus domini y de usuario.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Barcesat, Eduardo Salvador s/ interpone  acción  de  hábeas  corpus en favor de Delia Romero; Mirta   Gladys  Plaza;  Daniel  Gutiérrez;    María   E.  Sandoval  y  otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Faltas, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Castelli, Néstor E. c/ Resolución Ing. 33.810/89 s/ Procesal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Procede la incompetencia del Tribunal toda vez que el juez competente para conocer los recursos contra resoluciones administrativas que penan infracciones probadas, es el del lugar donde ellas han sido cometidas (Fallos 245:59; 249:577; 301:479).
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Andrés Nahuel Ezequiel c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

Una vez determinada en los registros la existencia de una diferencia en la categoría del trabajador, la aplicación de la multa resulta adecuada. Si bien la diferencia de categoría, en el caso, no constituye ninguna de las hipótesis de aplicación de las multas de los arts. 8, 9, 10 o 15 L.N.E., la obligación de registro y sus contenidos (presupuesto de aplicación de la multa del artículo 1 de la ley 25.323) son determinados por las normas de los artículos 7 L.N.E. y 52 R.C.T.. La categoría falsa (art. 52 inc. g L.C.T.) o la asignación de una remuneración devengada inferior a la real (art. 52 inc. e L.C.T.) constituyen supuestos de registro irregular que habilitan la multa del art. 1 de la ley 25.323. (En el caso, se encuentra acreditado que la registración del actor era defectuosa en cuanto a su categoría, ya que estaba categorizado como promotor, a pesar de haberse probado que efectuaba tareas de viajante de comercio).