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Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, individualización de la pena, facultades del juez, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nuñez, Dante y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Si bien existe acuerdo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en el sentido de que el tribunal de mérito es soberano en la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes a los efectos de la individualización de la pena, ello no empece a que la sentencia sea pasible de recurso de casación, en tanto se invoque la falta o contradictoria fundamentación de la resolución atacada, en cuanto ésta incurriese -en el punto referente a la mensuración de la pena contenido en los arts 40 y 41 del Código Penal- en arbitrariedad. En tal inteligencia, "los agravios vinculados con el tema de la individualización de la pena no admitirían su canalización por la vía de la violación de la ley sustantiva (art 456, inc 1, del CPPN), sino por la de la procesal (inc 2 del mismo artículo) en tanto se atribuya al pronunciamiento recurrido la tacha de arbitrariedad o absurdo, pues en este caso lo controlable en casación es la falta de motivación del fallo o su motivación contradictoria (art 404, inc 2, del CPPN), supuesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ubica como causal definida de arbitrariedad de sentencia, según su conocida elaboración jurisprudencial de la materia" (Voto del Dr David).
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vitale de Castagnola, Myrtha Graciela c/ I.O.M.A. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

En el proceso administrativo es al accionante a quien le incumbe acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión porque no actúa en simple instancia recursiva sino en proceso de conocimiento y, de tal modo, debe cumplir con la carga probatoria que impone el onus probandi.
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, menores, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: MASARO AGUADA c/ EMPRESA SAN VICENTE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-20

Si la hija de la demandante contaba a la fecha de su fallecimiento, producido como consecuencia de un accidente de tránsito, con siete años,no puede suponerse que por su corta edad esta muerte produzca un perjuicio patrimonial para aquélla.

El caso no encuadra en las previsiones del artículo 1084 del Código Civil por cuanto la accionante no tenía con la víctima los vínculos de parentesco que exige la norma, y para la procedencia de la indemnización debió demostrarse la producción del perjuicio material derivado del homicidio de acuerdo con tal amplitud con que el artículo 1079 acuerda este derecho.

El hijo constituye económicamente una carga y no una ayuda, destacando que hasta que se produzca lo que con crudeza, pero con realismo se denomina la etapa productiva, supone el transcurso de largos años, de modo que toda "chance" se diluye para convertirse en una simple conjetura de ayuda económica para su progenitora, lapso durante el cual seguiría pesando sobre ésta la subsistencia, educación y formación de la menor. Tampoco estos gastos justifican el resarcimiento porque estos desembolsos se efectúan respondiendo a un deber moral y espiritual que tiene como beneficiario al hijo y no a los padres. Se trata del cumplimiento de la obligación legal de los padres de alimentar a los hijos y no de una inversión que suponga el logro de una ventaja futura.
Accidente de tránsito, obligaciones del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: GARINEI ENZO c/ TURTULA HNOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-18

Si bien es cierto que es dable exigir a quien conduce un rodado, que lo haga manteniendo sobre el mismo, pleno dominio, a fin de hacer frente a las contingencias propias del tránsito, no puede exigirsele al conductor de un vehículo que prevea las consecuencias del tránsito que van más allá de lo que habitualmente ocurre.
Contrato de trabajo, acoso sexual, despido indirecto, condiciones dignas de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SOLIS, XOANA SOLEDAD c/ LEDEZMA, CARLOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-19

La injuria que motivó la ruptura del vínculo excede el marco del contrato que unió a las partes. Es un acto que sólo puede ser ejecutado por quien, desde su posición dominante, abusa del poder sin parar mientes en la posibilidad de lesionar con su proceder el honor y la intimidad de las personas; agrava esto la circunstancia de que este abuso se realizó sobre una trabajadora menor de edad. (En el caso la demandada llevó a cabo reiterados actos de acoso sexual llegando al intolerable y denigrante episodio en que junto a otras operarias y bajo su mirada, obligó a la actora a desvestirse quedando en paños menores).
Propiedad intelectual, derechos de autor, derecho de reproducción, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso Mario Oscar (T.F. 9341-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La relación que se establezca entre el autor de la obra y quien pretenda su reproducción se regirá por las disposiciones de la ley 11.723, y será distinta de la que pueda producirse con la comercialización en el mercado de dichas reproducciones.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GRASSELLI, ARCANGEL c/ COCCHIS, MIGUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 156-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

El enunciado jurisprudencial que sostiene que la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional no salvaguarda al individuo de las consecuencias de sus propias omisiones o negligencias, parte del principio de que nadie puede invocar a su favor la propia torpeza, y en materia de nulidades procesales es claro el artículo 127 del Código Procesal Civil y Comercial que establece que "la nulidad no podrá ser alegada por quien dé lugar a ella o concurrió a producirla".
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: LABORAL
Carátula: Spreafiche, Marcos Carlos c/ Bodegas y Viñedos Giol y otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Las reglas de la sana crítica están aludidas en los códigos, pero no son jurídicas sino que hacen al razonamiento del hombre y por ende tampoco son normas procesales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, deberes de la administración
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Soria Savio, Walter Humberto c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo por mora de la Administración Medina, José Rodolfo c/ Ministerio de Educación y Cultura s/ Amparo por mora de la administración Ferreyra, Adriana del Carmen c/ Estado Provincial s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-06|2005-09-16|2005-11-07

El CPA en su art. 25 establece: "El silencio de por sí, es tan solo una conducta administrativa inexpresiva, únicamente cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del órgano, transcurrido cierto plazo, se considerará que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo".

De ello se sigue que el silencio de la administración constituye una presunción legal establecida a favor de los particulares, de la que no puede prevalerse la administración para eximirse de su deber de pronunciarse ni puede escudarse en tal dispositivo para no dictar resolución expresa, sino que es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga, ni tal sentido puede oficiosamente serle asignado para tener por configurados actos inexistentes.- Del voto de la Mayoría
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gallicet, Daniel J. c/ Empresa Paccot S.R.L. s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-11

La prueba de un hecho único en que se basa la aplicación de la sanción máxima como lo es el despido, debe reunir entidad tal que lleva a la convicción plena de la existencia del mismo, como así también de todas las circunstancias en que él se produjo, por lo que el relato de una testigo refiriendo haber escuchado una fuerte discusión entre el actor y los esposos demandados, donde el primero se expresaba con palabras groseras, resulta insuficiente para demostrar que el hecho ocurrido y la conducta del actor reúnen una gravedad tal como para constituir la injuria a que se refiere el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso de queja (procesal), intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Corresponde que en el marco de una condena por despido se declare admisible la queja interpuesta por la demandada y parcialmente procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la capitalización periódica de intereses dispuesta por el Acta 2764/22 de la CNAT sobre el monto de condena, toda vez que la actualización del capital prevista por el referido acuerdo de dicha Cámara no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Y que la acumulación de intereses implica multiplicar de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas y exceden sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable.
Cuestiones de competencia, responsabilidad del Estado por actos lícitos, infracciones aduaneras, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: EL AGUJERITO  S.R.L. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

Habida cuenta de los hechos expuestos por la parte actora en su demanda, la naturaleza de la pretensión deducida en ella -reparación por la A.N.A. de los daños derivados del faltante de mercaderías secuestrado por la Policía Federal bajo sospecha de infracción de normas aduaneras y de la ley 11.281, cuya devolución habría sido ordenada por Resolución de la demandada y presuponiendo la dilucidación de la cuestión planteada el necesario examen de un conjunto normativo -integrado por disposiciones legales y reglamentarias- que sin duda excede el marco "iusprivatístico" y por lo tanto la competencia propia de la Justicia Civil y Comercial Federal, se impone, recogiendo los precisos fundamentos vertidos en su dictamen por la Srta. Fiscal Federal y los propios del Señor Procurador Fiscal de Cámara, atribuir jurisdicción para conocer en estas actuaciones a la Justicia Nacional en lo Contencioso administrativo Federal.
Responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN DE SANCHEZ,TERESA Y OTRO c/ CARRERA DE VIGNOLI Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-19

De la lectura de la norma del art. 1113 del C. Civil se infiere sin hesitación que en supuesto de daños causados por el riesgo vicio de la causa, el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad no sólo debe probar que se su parte no hubo culpa, sino que además debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Concursos, privilegios especiales (comercial), gastos de conservación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINEA BLANCA SA c/ PAIS SEGURIDAD SA. s/ QUIEBRA - INC. DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-18

No habiendo sido controvertido que los trabajos de seguridad y custodia fueron realizados por el incidentista y que durante la etapa del concurso preventivo que precedió a la quiebra esa labor hizo posible la conservación de los bienes muebles e inmuebles de la deudora, la acreencia por tal concepto goza de calidad de privilegiada en los términos de la ley 24522, art 241 inc. 1, es decir que se trata del privilegio del conservador de la cosa.
Competencia por conexidad, sucesiones, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ, Carolina y otros c/ LANGE, Jorge O. s/ REIVINDICACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

Pese a que el juicio sobre reivindicación no es atraído por el sucesorio, cuando la cuestión se refiere a jueces de una misma jurisdicción, puede aquél radicarse ante el que entiende en la sucesión, si median razones de conexidad que permitan aplicar la excepción al turno contemplada en el Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil.
Relación de dependencia, prueba, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: GÓMEZ, BENITA c/ INGENIO y REFINERÍA SAN MARTIN del TABACAL S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-10-10

El testimonio producido en el proceso laboral debe ser analizado conforme al principio que dice que "en la prueba de confesión, sólo debe tenerse por válido lo que el deponente diga en su contra, porque se presume que cada cual tratará de beneficiarse con sus dichos" (esta Sala, autos Chávez c. Gaspar, 22/10/96 y Taboada c. El Billar, 22/10/99, siguiendo en ello a Palacio, Derecho procesal Civil, T. IV, p.492).

Es útil recordar, por otro lado, que cuando se dice "mi parte opta por la acción de derecho civil" (41, IV) se somete a las pautas comunes de la carga de la prueba, art. 377 CPCC, no resultándole aplicable presunción alguna emanada de la ley laboral, incluído el art. 23 LCT.

Por otro lado, "cuando se acciona por el art. 1113 CC, es imprescindible probar la existencia del daño, el carácter riesgoso de la cosa, que el daño obedece al riesgo o vicio y que el demandado es el dueño o guardián. El art. 1113 no se refiere a cosa riesgosa sino a riesgo de la cosa" (esta Sala, autos Valdez c. Trasa, 8/3/96).
Pérdida del beneficio, vías de hecho, Administración Pública, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: POLLI, DEOLINDA MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Aunque exista una resolución de la A.N.Se.S. por la que se dispuso la extinción del beneficio, al no haber el organismo respetado el principio de bilateralidad, en virtud del cual debió escuchar al interesado, se estaría frente a una decisión semejante a vías de hecho de la Administración, razón por la cual cabe aceptar la acción de amparo intentada. El hecho que el art. 15 de la ley 24.463 prevea el camino de la acción sumaria para la situación en que haya existido resolución del organismo previsional, no está en contradicción con ello, habida cuenta que los valores en juego tienen jerarquía superior respecto de la forma que establece la norma procesal indicada.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, monto de la indemnización, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BRITEZ, ANTONIA Y OTROS c/ FINEXCOR  S.A. s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

Cuando se acciona por la vía del derecho común, el juez está facultado para determinar el monto de condena, de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia; pero no está obligado de ninguna manera a utilizar fórmulas o cálculos con precisión matemática, con el consiguiente riesgo de arribar a montos que entrarían en franca colisión con la realidad socio-economica actual.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra, Alberto D. c/ Municipalidad de Pellegrini y/o Roberto Etchegaray s/ Daños y perjuicios; cuestión de competencia art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Resultan de la competencia contencioso administrativa de la Suprema Corte los conflictos derivados de la relación laboral de la administración con sus agentes y las pretensiones de resarcimiento de los daños provocados por acto legítimo o ilegítimo a una situación de la naturaleza mencionada, ya sea que tal pretensión pecuniaria se plantee como principal y autónoma o en forma accesoria a la anulación del acto lesivo (arts. 1, 6, 28 inc. 3 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, personal municipal, seguros, ley de defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: SAMANIEGO, OMAR RAUL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-07

Corresponde rechazar la queja interpuesta, por cuanto, pese al esfuerzo de la recurrente por convencer en torno al tinte constitucional de sus agravios, no logra conmover los fundamentos expuestos por la Alzada para interpretar el contrato de seguro y aplicar las normas legales y contractuales pertinentes en función de las cláusulas del mismo. Así, teniendo presente que al tratarse de un contrato de adhesión enteramente redactado por el asegurador, con cláusulas predispuestas, los sentenciantes entendieron que en el supuesto de expresiones equívocas, oscuras y ambiguas se interpretan en contra de quien las redactó, pautas también receptadas por la Ley de Defensa al Consumidor. Aplicando esos criterios, la Cámara evaluó que el monto especificado en las condiciones particulares de la póliza por muerte o por incapacidad por accidente se consignó por cada reclamante, sobre la base de un "grupo", entendiendo que -tratándose de un seguro colectivo- el tope por evento funcionaría ante la existencia de varios eventuales reclamantes; por ende, si en el accidente sólo resultó un damnificado, la suma límite es la de ese tope.
Prescripción, cómputo del plazo, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: H. G., N. D. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13

El plazo de dos años entonces, contado desde la producción del hecho dañoso, puede verse modificado frente a diversas circunstancias, entre ellas, cuando se da el supuesto de perjuicios sobrevinientes o continuados.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Se requiere una crítica puntual de los considerandos de la sentencia que son motivos de agravio, por lo que todas aquellas motivaciones de la sentencia apelada que no son objeto de una crítica concreta y razonada devienen firmes.
Reconocimiento por fotografía, reconocimiento en rueda de personas, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ RODRIGUEZ, J. s/ ALLANAMIENTO - PRUEBA DE IDENTIFICACION FOTOGRAFICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

El reconocimiento por fotografías no está vedado formalmente y otorga mayor fuerza convictiva al reconocimiento.

No existe delegación de facultades instructoras por el hecho de que la policía confeccione indeti-kits o exhiba legajos con fotografías, ya que ello es parte del repertorio de los recursos investigativos lícitos de que pueda valerse la policía en su función pesquisante.

La autoridad policial actúa en esos casos haciendo uso de las atribuciones que le confiere el art. 184, inc. 5 C.P.M.P. .

La jurisprudencia tiene sentado que "el reconocimiento fotográfico del autor no desdice norma procesal alguna, ya que el artículo se refiere al modo de procurar una prueba distinta".

"La previa identificación fotográfica policial no afecta el reconocimiento, si la rueda de personas se ha realizado con los requisitos legales, pues aquélla no está prohibida por el código de forma y da mayor fuerza de convicción al reconocimiento".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Hugo A. s/ Violación calificada reiterada (dos hechos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-04

Es ineficaz el agravio de la defensa referido a que el "espíritu" del art. 120 del Código Penal -cuya aplicación la Cámara, refiriéndose a la interpretación del límite de edades entre la violación y el estupro ante la circunstancia que la menor víctima, pocas horas después del primer hecho, cumplió los 12 años, si la Cámara calificó el hecho como constitutivo del delito de violación, teniendo en cuenta que la menor contaba con menos de 12 años de edad al momento del hecho, rechazando por considerarlo contra legem, el planteo defensista, y el recurrente insiste en su personal interpretación acerca del imaginado "espíritu" otorgado por el legislador a la norma, mas no demuestra con ello quebranto legal alguno.
Proceso contravencional, calificación legal, convalidación de la medida cautelar, facultades del juez, proceso de subsunción, remisión del expediente, unidad administrativa de control de faltas, resoluciones inapelables
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Infante, Jorge Victor s/ infracción art. 83 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

En el caso, el fiscal se agravia al señalar que "el expediente fue remitido a conocimiento del Sr. juez en los términos del artículo 21 de la ley ritual, y el mismo extralimitándose en sus funciones decide -con los escasos elementos arrimados hasta allí por el Suscripto al sólo efecto de la convalidación de la medida precautoria- dar por finalizada la persecución penal-contravencional...". Asimismo impugna lo que reputa declaración de atipicidad de la conducta.

Puesta en ejercicio la acción -lo que sólo corresponde al Ministerio Público Fiscal- es al juez a quien compete, por ser su función esencial, establecer el encuadre jurídico que corresponde a los hechos -la subsunción- y señalar, en su caso, la inexistencia del evento criminoso lo que no sólo ocurrirá al sentenciar, sino, en caso de resultar manifiesta, en la primer oportunidad que tenga de analizar y declarar tal extremo.

El control de legalidad que ejercen los jueces sobre la actuación fiscal impone controlar que su actuación se funde en derecho, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en la causa.

Consecuentemente, corresponde al juez la subsunción legal de los hechos en relación al encuadre contravencional que le confiriera en principio la fiscalía, y decidir en base a ello, estableciendo si se trata de una contravención o una falta o una conducta atípica.

La decisión de remitir las actuaciones a la unidad administrativa de faltas no constituye un agravio de imposible reparación ulterior, como sostiene el apelante, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Lo que el magistrado hizo, en este caso, fue subsumir correctamente los hechos, lo que hace a su función esencial reorientando la investigación a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.