marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANET DE MONZON, BERTA c/ CIRCULOS INTEGRADOS SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

Suspendido por parte de la adjudicataria el pago de las mensualidades, en virtud de la falta de provisión del bien por parte de la administradora del plan de ahorro, reestablecida la relación contractual, el cumplimiento íntegro de las prestaciones debidas por ambas partes, impone al pago de las cuotas faltantes un plus indexatorio -precios mayoristas, nivel general-, atento el distinto y superior valor del bien a entregar.
Seguros, prescripción, asegurador por riesgos del trabajo, prescripción bienal, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Swiss Medical Art SA c/ Telefónica de Argentina SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Siendo que, en el caso, la aseguradora accionante promovió estas actuaciones con el fin de obtener de dos cocondenadas solidarias en sede laboral el reintegro de las sumas de dinero que abonó al trabajador en concepto de prestaciones dinerarias; a los fines de establecer el plazo de prescripción cabe estar a lo normado por el art. 44 de la ley de Riesgo de Trabajo. Es que, en definitiva, el pago de las prestaciones dinerarias a los trabajadores que sufrieron una incapacidad laboral es una obligación impuesta por esa misma ley.
Recurso de inconstitucionalidad, tribunales de instancia única, sentencia definitiva, abogados, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: NIZZO, ALDO RAUL c/ TROSERO, ANDRES s/ DAÑOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ  EXPTE Nº 284-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-24

A partir de "Juan c- Carozzo" A y S T 53 p 43-45, esta Corte ha venido esbozando la doctrina de que "si procede el recurso de apelación extraordinaria contra las sentencias definitivas o con fuerza de tales pronunciadas por los Tribunales Colegiados, tal impugnación, aun de carácter extraordinario, tiene carácter previo a la vía constitucional (Vicentini c- Vaillard) A y S T 75 p 316-318.

Sin embargo, a esa regla escapan los decisorios que imponen sanciones disciplinarias ya que éstas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 209 de la ley 10160, sólo son susceptibles del recurso de reposición ante el respectivo cuerpo. No existe pues óbice al recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055.
Empleados de banco, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GRAU, EDGARDO c/ BANCO DE CREDITO RURAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-27

La situación de los empleados bancarios frente a las disposiciones de la ley 21476 mereció una solución particular a través del dictado de la ley 22425. Esta última ley estableció la aplicación de las normas contenidas en la LCT a los dependientes de entidades bancarias privadas, art. 1, y encomendó al Poder Ejecutivo Nacional la adecuación de las CCT 11/75 y 18/75 a sus disposiciones.

De manera que ante la inexistencia, hasta el momento, de tal adecuación, las controversias que se susciten deberán resolverse en el marco de la LCT.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

En materia salarial, el libre sometimiento del legislador a las decisiones de órganos distintos a él -incluso al Poder Ejecutivo provincial- no es extraño al ordenamiento municipal; tampoco lo es que para ello no exija proceso homologatorio. En efecto, para la aplicación del Escalafón (Anexo II de la ley 9286), dispuso la creación de una Junta de Reclamos en cada Municipalidad o Comuna, la que tendrá competencia y entenderá en todo reclamo interpuesto por los agentes respecto de actos administrativos que hagan a los derechos de los mismos y no estén comprendidos en el régimen disciplinario (artículo 127, Anexo II, ley 9286). Las decisiones adoptadas de pleno acuerdo por dicha Junta, integrada sólo por tres representantes del ente y tres de la entidad gremial, serán de aplicación obligatoria y surtirán efectos individuales o generales, según el caso planteado (artículo 128). Como se observa, admitió la posibilidad de que se adoptaran decisiones con efectos generales, aunque, en coherencia con el grado de representación, vigentes sólo en el ámbito del ente territorial respectivo.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El recurso de queja ante la Corte Suprema sólo es válido si previamente ha mediado la denegación del recurso extraordinario (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, quiebra, incidente de revisión, verificación de créditos, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BIK, JUANA V. Y HELDNER, ALBERTO L. SOCIEDAD DE HECHO- VIVERO  ZENEGGEN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS- CONCURSO  PREVENTIVO- INCIDENTE DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 305 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Corresponde rechazar la queja desde que no resulta ilógico o irracional el criterio adoptado por el juzgador al considerar que el incidente de revisión es un proceso de conocimiento en el que se debe demostrar la causa del crédito insinuado, pesando la carga probatoria sobre el verificante, lo que torna insuficiente la sola presentación de determinaciones de oficio realizadas por el organismo fiscal, porque la facultad del mismo para efectuarlas no releva al acreedor de expresar, en el concurso, una adecuada justificación de aquéllas exponiendo sus fundamentos y cuáles fueron las pautas utilizadas para la determinación.

Agrega el Tribunal que ello es así, pues conforme al artículo 32 de la L.Q. todos los acreedores de causa o título anterior deben solicitar verificación de sus acreencias con la exigencia de invocar y probar sus montos, causa y privilegio de modo que, no estando acompañadas las determinaciones de oficio de una adecuada explicación, fundada y racional, de las pautas utilizadas para la determinación de los hechos imponibles a los que refieren, no se puede conocer la real existencia y alcance del reclamo, sin que obste a ello la presunción de legitimidad que la ley acuerda a tales certificaciones (art. 12, ley 19549), pues aunque ellas tengan fuerza ejecutiva para la ejecución fiscal, no bastan para acreditar el monto y la causa en el proceso de verificación ni en el de revisión.

En suma, como puede apreciarse, la Sala no está desconociendo normas de naturaleza federal, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que con apoyo en la ley concursal, entiende que la sola determinación de oficio -aunque goce de presunción de legitimidad y tenga fuerza ejecutiva para la ejecución fiscal- resulta insuficiente para acreditar el monto y la causa del crédito ante el Juez del concurso.
Comisión Nacional de Valores, agente de bolsa, responsabilidad del agente de bolsa, orden verbal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUENTE   HNOS.  SOCIEDAD  DE  BOLSA  S.A. c/ CASAL  AGUSTIN s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Cuando, como en el caso, del contrato que une a las partes surge que el comitente no solo permite al agente de bolsa operar conforme instrucciones impartidas a través de medios distintos de "Internet", sino en cualquier forma que se estime conveniente, lo cual incluye -obviamente- las órdenes verbales; y no solo eso, la redacción de una cláusula permite interpretar, incluso, que el contrato autorizaba a la actora a efectuar transacciones sin necesidad de orden alguna de su cliente y bajo su sola responsabilidad; por otro lado, en sintonía con estas previsiones, el "Reglamento Operativo del Mercado de Valores de Buenos Aires" establece, en su artículo 4°, en lo que aquí interesa, que "los agentes de bolsa y las sociedades . c) Podrán aceptar órdenes verbales de sus clientes o comitentes", aclarando más adelante que dichos auxiliares "deben anotar toda orden que se les encomiende, escrita o verbal, de modo tal que surja en forma adecuada del registro que deben llevar la oportunidad, cantidad, calidad, precio y modalidad en que la orden fue impartida y toda otra circunstancia relacionada con la operación que resulte necesaria para evitar la confusión de las negociaciones. Las anotaciones deberán ser volcadas diariamente en dicho registro una vez finalizada la jornada de operaciones" (art. 4, punto "1.a"). En este marco, no obstante que el procedimiento primario previsto en el contrato haya sido el de la emisión de órdenes por "Internet", ello no implicaba que fuera la única opción disponible para llevar a cabo tales operaciones, siendo válidas también otras modalidades, como las previstas en el propio contrato, donde se contempló una autorización genérica a la actora para realizar cualquier tipo de transacciones en la forma que estimase "más conveniente", incluso, sin necesidad de orden alguna, como también aquellas otras contempladas en el "Reglamento Operativo del Mercado de Valores de Buenos Aires, donde se faculta a los operadores a actuar sobre la base de meras órdenes "verbales" de los comitentes. Todo ello, en un marco en el que resulta una costumbre generalizada en el ámbito bursátil la posibilidad de que los comitentes impartan órdenes a los agentes de bolsas para la realización de determinadas operaciones en forma verbal, debido a las ya señaladas características de la actividad bursátil desarrollada en el recinto donde solo están autorizados a ingresar y operar los agentes de bolsa.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal c/  s/ Investigación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-02-21

Corresponde no hacer lugar a la concesión del recurso extraordinario deducido, puesto que el éxito de la instancia depende de que ella haga una crítica prolija de la resolución recurrida, el apelante debe rebatir todos los fundamentos en que apoya el Tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian. Entonces, si no se demuestra que la decisión impugnada confirmó una sentencia producida dentro de un proceso ilegítimo o que las pruebas fueron valoradas con arbitrariedad, o padece algún defecto en las normas sustantivas aplicadas, no se exhiben las razones que justifican la intervención de la Corte Suprema.
Embargo preventivo, bienes de terceros, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBARRACIN, CARLOS M. Y OTROS c/ PEDRO VEGA Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-07

En el caso de que resulten afectados bienes de un tercero, contra quien no se dedujera acción para obtener la declaración de solidaridad basada en las disposiciones del RCT. y en virtud de las cuales se recabara embargo preventivo, corresponde, de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 CPCCN., decretar la caducidad del embargo preventivo dispuesto contra el incidentista y por ende su levantamiento.
Condominio, acción reivindicatoria, derechos reales
Materia: CIVIL
Carátula: Mileo, Olga Juana y otros c/ María De Los Ángeles Faue y otro s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-12

La declaración del derecho de los actores a participar en el condominio es innecesaria, ya que por ser copropietarios de porciones indivisas del bien resulta redundante un pronunciamiento judicial al respecto.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiquisola Jorge Eduardo. s/ Recurso Extraordinario por arbitrariedad de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-05

Cuando el quejoso no establece el monto del litigio habilitante del recurso, y únicamente se limita a afirmar que aquel "...excede con creces la suma mínima fijada como base a fin de acceder a esta vía..", sin determinar el mismo, obsta ello su procedencia.
Daños y perjuicios, muerte del ama de casa, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NAGEL CARLOS JOSE Y OTROS c/ FRASCHINA RODOLFO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-16

En tren de tarifar el daño ocasionado por la muerte de quien fuera esposa y madre, y que al momento de su fallecimiento contaba sólo con treinta y cuatro años de edad (la plenitud de una vida) lo cual y al margen de que en ese momento no ejerciera actividad rentada, le abría un singular abanico de potenciales posibilidades laborales y que, como esposa y compañera, ya como madre y celosa guía, era el vértice de la actividad hogareña, corresponde desechar de plano la idea de que tal estimación puede hacerse en parangón a los salarios mensuales que perciba una empleada doméstica. No sólo sería desconocer el real valor económico de la mujer ama de casa, sino bastardear el importante rol que juega en el equilibrio funcional de los integrantes de la célula familiar.-
Acción de amparo, ordenanzas municipales, inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VALDEZ, LUIS ERNESTO (CONCEJAL MUNICIPALIDAD DE ANDALGALA) c/ CONCEJO DELIBERANTE E INTENDENTE DE ANDALGALÁ s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-13

Resultando el objeto de la pretensión de la acción de amparo la validez, legalidad o anulabilidad de una ordenanza municipal, surge de manera evidente que la Corte de Justicia no resulta competente, ya que las ordenanzas no son actos administrativos que puedan ser revisados por la vía contencioso administrativa y, por lo tanto, no se habilita la instancia originaria, de interpretación restrictiva.

En efecto, siendo condición de la autonomía municipal legislar, dar normas de carácter y alcance general y locales en el sentido territorial, las Ordenanzas deben ser parangonadas a la ley en sentido formal y material y no a actos de naturaleza administrativa; en tal sentido la Constitución Provincial incurre en un error en su art. 259 cuando establece la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar la legalidad de las ordenanzas, cuando el medio impugnaticio de esta especie de ley local debe ser una acción de inconstitucionalidad. Del voto de la mayoría
Impuestos, multa, declaración jurada rectificativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Cabañas del Sur (TF 23.839-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-20

La presentación de una declaración jurada rectificativa, en principio, no constituye confesión alguna de la comisión de infracción, en tanto ella ha sido hecha espontáneamente, pudiendo servir de base a la deducción de un reclamo de repetición.

Sin embargo, éste no es el caso de autos, puesto que la rectificación efectuada por la actora lo ha sido a instancias de la propia administración fiscal, prestando conformidad a la practicada por ésta, lo que constituye un reconocimiento pleno de la errónea liquidación originaria (Cons. VII).
Acceso a la información pública, responsabilidad internacional del Estado, Convención Americana sobre Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana, no solo deben garantizar el derecho de acceso a la información en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público y dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados no solamente a los órganos públicos estatales, en todas sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también a empresas del Estado, hospitales, las instituciones privadas o de otra índole que actúan con capacidad estatal o ejercen funciones públicas. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Competencia, competencia por la persona, organismos del Estado, competencia ordinaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: ECHEZURI, EDMUNDO c/ DICON DIFUSION CONTEMPORANEA SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Si la relación que liga a las partes, y que diera origen al pleito, tiene origen en la actuación de un ente oficial, no como organismo del estado -y por lo tanto regidas por normas de derecho público-, sino en contraprestaciones realizadas dentro de la esfera del derecho privado, resultan competentes para conocer los tribunales ordinarios.
Admisibilidad del recurso, recurso extraordinario federal, asociaciones sindicales, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: NUEVA ORGANIZACION DE TRABAJADORES ESTATALES c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-24

Es formalmente admisible el recurso extraordinario que ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de una ley del Congreso -ley 23.551 - Régimen de la Asociaciones Sindicales- y la decisión recaída ha sido contraria a su validez.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, pena, graduación de la pena, tentativa, leyes, jueces, facultades del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la  Norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal? (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-15

Aplicar la reducción del tercio o de la mitad tanto sobre el máximo como el mínimo de la escala penal, concilia la postura interpretativa que impide formular distinción que la norma no consigna, cuando de aquella se extrae un agravamiento de la sanción o pena, lo que patentiza la aplicación cabal del principio "nullum crimen nulla pena sine lege". Una cosa no es lícita al Juez: no porque se lo prohíbe la lógica, sino el orden público: legislar, de modo que viole la garantía acordada por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional castigar un hecho no prohibido, por su semejanza con un prohibido; admitir una agravación específica no enumerada, por su semejanza con una enumerada; imponer una pena extra legal por su analogía con una legal. Por ello, no existe reparo en el procedimiento indicado, en cuanto legalidad de la pena así escogida, ya que se fija sobre una norma preexistente y con límites debidamente definidos. (De los Fundamentos del Dr. Lara). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Cómo se determina la pena en los delitos tentados, a tenor de la norma del primer párrafo del artículo 44 del Código Penal?
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Román, José Antonio y otros s/ Robo calificado, doble homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona lo resuelto por la Cámara sobre los hechos, pero no se fundan los planteos en las normas correspondientes en materia probatoria.
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., H. E. y otra c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

Al órgano jurisdiccional le está vedado reconocer a ninguna de las partes lo que no ha sido solicitado, así como algo más distinto (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6° del C.P.C.C.).

El principio de congruencia significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta sobre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección el juez debe pronunciarse sobre todo lo que temporánea y formalmente se le pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su exámen y sólo sobre éstas, y debe dictar el fallo basándose en los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos.
Delitos contra la humanidad, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

Los crímenes de los detenidos en la Base Aeronaval perpetrados por personal militar resultan delitos de lesa humanidad, toda vez que los autores fueron funcionarios militares del Estado, con control de facto en el lugar de los hechos y el país, el acto fue contra varios civiles allí cautivos inermes y en el contexto de un plan metódico ante situaciones de conflictos internos, todo ello enmarcado dentro de un plan sistemático y generalizado contra la población civil, elementos exigidos para la configuración de esta categoría de delitos.
Falsificación de instrumento público, principio de legalidad, deberes del juez, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAMBI MONTES, Jacinto s/ DOCUMENTO PUBLICO FALSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Considero que cuando la C.N. establece en su art. 18 el principio de legalidad, consagra un límite que constituye la razón esencial del derecho penal; en consecuencia, los jueces penales tienen la obligación inmodificable de respetar rigurosamente la existencia de tipos penales que definan nítidamente las conductas jurídicamente reprochables;

suponiendo que un texto no fuese claro, es deber del juez penal interpretarlo, pero con la prohibición de apelar a analogías o extensiones que son posibles y usuales en otras ramas del derecho. Por ello, no siendo encuadrable el documento falsificado incautado equiparable a aquellos a los que se emiten por ley, no se encuentra comprendido entre los señalados por los arts. 292 y 296, C.P., resultando atípica la conducta incriminada. (Disidencia del Dr. Elbert)
Accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: González Piris Maria Belen c/ Prevención ART. S.A. s/ Accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-06

[.] de la propia transcripción del baremo oficial surge que las secuelas psiquiátricas/psicológicas son reparadas dentro del sistema impuesto por la Ley 24.557, siempre y cuando deriven de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Lo que ha sido expresamente alegado por la peticionante sin que se haya hecho eco el sentenciante, a pesar del criterio sostenido reiteradamente en tal sentido por esta Alzada. Con lo cual, la pericia psicológica ha sido mal denegada, lo que habilita su realización en esta instancia, siendo la misma necesaria y conducente a los efectos de establecer la incapacidad integral padecida por el trabajador demandante.
Daños y perjuicios, daño moral, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: R.E.N.  y otro. c/ M.H.E. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

Corresponde hacer lugar a la reparación del daño moral provocado a un menor por la actitud reticente de su padre de reconocer su paternidad, máxime si se ha demostrado por pericia psicológica que ya aparecen en el niño señales de tristeza que la situación le provoca.