Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02


SENT Nro. 392 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 02 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. AVC Cable Visión S.R.L. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 31 de julio de 2002 (fs. 69 y vta.), la parte actora interpone recurso de casación, el que es concedido mediante auto del 23 de octubre de 2002 (fs. 75). Consta en el informe actuarial de fs. 80 que ninguna de las partes ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado revoca la resolución del Juez de Conciliación y Trámite del 27 de noviembre de 2001 (54/55), disponiendo la remisión de las actuaciones al Juez del Concurso de la ejecutada, imponiendo las costas por su orden.

Considera que el rechazo de la inhabilidad de título, ordenando llevar adelante la ejecución se funda en que el concurso se abrió con fecha 19 de abril de 2001, pues antes de la Resolución 020 de la Secretaría de Trabajo de fecha 30/4/2001, no existía monto ni exigibilidad de la deuda.

Luego de explicar que se ha incursionado en materia de competencia concursal, explica que el art. 21 de la ley 24.522 refiere la prohibición de iniciar acciones por causa o título anterior a la presentación, comprendiendo la disposición alternativamente las dos situaciones, correspondiendo al Juez del concurso la determinación de ellas, en función de la universalidad de dicho juicio.

3.- La expresión de agravios hace una breve referencia a los requisitos formales de admisibilidad y los antecedentes de la causa, planteando que hay violación, inobservancia y errónea aplicación de la norma de derecho en cuanto se refiere a los arts. 21 y 32 de la ley 24.522.

Plantea que el acta de inspección donde se constata la infracción no es causa o título que sirva de base a la reclamación , postulando que la distinción que hace el fallo en crisis en cuanto al antes y después de la presentación concursal, determina precisamente que "antes" no estaba sometida a la aplicación de la sanción.

Explica que su mandante adquiere la calidad de acreedor del concursado a partir del momento en que se emite el instrumento que habilita la ejecución de la multa que se materializa en la resolución condenatoria.

Cita jurisprudencia de este Tribunal acerca de que el desplazamiento de la competencia que produce el fuero de atracción no alcanza a aquellos créditos cuyo origen sea posterior a la apertura del concurso de la accionada, proponiendo doctrina legal sobre el punto.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia que resulta equiparable a definitiva en virtud de los argumentos que da el señor Ministro Fiscal a fs. 82/84, cumplimiento de los restantes requisitos del art. 132, y motivo casatorio encuadrado en el art. 131 inc. "a", resultado innecesario el afianzamiento, en razón de que no se trata de una sentencia condenatoria, por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- El Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán inicia demanda de cobro ejecutivo por la suma de $ 4.000, en virtud de una multa impuesta mediante Resolución nro. 020/14 de la Secretaría de Estado de Trabajo de fecha 30 de abril de 2001.

Tal decisión emergía de un sumario administrativo, dispuesto en razón de haberse cometido infracciones a la LCT en sus arts. 122 y 155 por pago fuera de término del SAC del primer trimestre de 1999 y haberse concedido extemporáneamente las vacaciones correspondientes al año 1998, incumplimiento constatado en las actuaciones administrativas de autos (fs. 73), donde refiere además que se trata de actas labradas con fecha 14 de diciembre de 1999, por deudas que da cuenta el reporte agregado a fs. 71 y 72, detalla las obligaciones vencidas entre el 01/01/1999 y 15 de diciembre del mismo año.

Comentando el art. 32 de la ley de la LC, Adolfo Rouillón dice que sólo los acreedores del concursado " debe concurrir a verificar sus créditos, y siempre que la causa de la deuda fuera anterior a la presentación del deudor en concurso preventivo (aunque el título de la obligación exprese una fecha posterior). (Régimen de Concursos y Quiebras -Astrea-1998-, pág. 92).

No se encuentra en modo alguno discutido que la fecha de apertura del proceso universal, es el 19 de abril de 2000, y aunque la resolución de un año después (30/4/2001), las actas labradas que dieron origen al sumario que finalmente impone la sanción son anteriores al auto de apertura.

En una situación similar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, con fecha 08/02/1990 tiene dicho que "si la multa fiscal impuesta al concursado tuvo lugar por evasión de impuestos que, una vez determinados fueron verificados en el concurso, también la sanción reviste carácter concursal porque aún siendo la imposición de la pena posterior a la presentación, su causa es anterior y por ende, cae en la previsión del art. 33 de la ley 19.551" (LA LEY, 1991-C, 553).

De lo hasta aquí dicho surge que los fundamentos de la Sala se ajustan a lo dispuesto por los arts. 21 inc. 3° y 32 de la ley 24.522, en cuanto a que las actuaciones deben remitirse al Juez del Concurso, circunstancia similar a la tratada por la Cámara Ia. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala I, en fecha 20 de abril de 1999, cuando dijo que "verificable en la quiebra la multa impuesta al fallido por la Dirección General de Aduanas en un proceso sumario administrativo con posterioridad al decreto de falencia, si reconoce su causa en un hecho anterior que le sirve de fundamento" (Cámara Ia. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala I-20/4/1999- LLBA, 2000-1331).

6.- En razón de ello la casación interpuesta es improcedente, debiendo imponerse las costas a la vencida, por ser de ley expresa (arts. 49 CPTT y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 82/84, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 31 de julio de 2002 (fs. 69 y vta.).

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO