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Simulación, prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROGER ALENJANDRO c/ VENTURA EMILIO V. Y OT. S.A.J. s/ Ordinario (LIBRO: S150 - 118)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-28

Cuando la acción de simulación es ejercida por tercero, la prueba comporta casi exclusivamente una actividad presuncional, derivada de numerosos indicios, que deben ser apreciados en base a las reglas de la sana crítica. En este proceso la carga ordinaria de la prueba resulta en alguna medida modificada, produciéndose lo que se califica como redistribución del onus probandi, en virtud de la cual al demandado por simulación le incumbe el deber moral de aportar los elementos tendientes a demostrar su inocencia y los hechos por él invocados, tratando de convencer de la honestidad y seriedad del acto y colaborando con la justicia en el esclarecimiento de la verdad.-
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: "MOLINOS  RIO DE LA PLATA SA c/ EN - M ECONOMIA - AFIP RSL 119/10(GC) - DNI MEMO 799/10 - CHILE S/ s/ mparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

"(...) La existencia de vías ordinarias para la protección del derecho que se reputa conculcado excluye la admisibilidad de la acción de amparo, sin que los jueces estén facultados para evitar las posibles demoras de dichos procedimientos por vía de autorizar otros que consideren más convenientes o expeditivos (conf. esta Cámara, Sala V in re "Labatón, Ester A. c/ Poder Judicial de la Nación", del 25/09/96). Pues, el intento de "amparizar" el acceso a la justicia con atendible inquietud de obtener una respuesta rápida a sus reclamos eludiendo las vías procesales normales que deben seguirse, desvirtúa la honrosa misión de su creación pretoriana hasta alcanzar la consagración legislativa y constitucional en la actualidad, incurriendo en un grave error quienes interpretan que a raíz de la reforma constitucional, el amparo se ha constituido en un medio procedimental ordinario, pues continúa siendo un remedio extraordinario y, por ende, excepcional (conf. esta Cámara, Sala V in re "Aumann, Verónica Susana c/ Est. Mayor Gral. de la Armada Dir. Gral. de Pers. Naval s/ Amparo ley 16.986", 13/11/95)".
Derivación no razonada del derecho vigente, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES INGENIERO EDUARDO C. OLIVA S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

La resolución impugnada debe ser dejada sin efecto, toda vez que el pronunciamiento ha consagrado una solución que no puede verse como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa; por cuanto al resolver el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora decidió hacer lugar parcialmente a la demanda declarando ilegítimo el decreto cuestionado, declarando la legitimidad en lo atinente a la revisión de los actos individuales dictados por aplicación de los decretos 4784/84 y 4091/86 y de los que resultan intereses abusivos, desproporcionados o irrazonables, remitiendo su determinación legal a una instancia administrativa, con fundamento en lo decidido por esta Corte en autos "Malvicino S.A.", mas sin considerar -a diferencia del presente caso- que en el antecedente citado no había ejercido la actora una pretensión económica.
Cobro de sumas de dinero, Municipalidad, competencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Construyendo S.R.L. c/ Municipalidad de Neuquén s/ cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-08

Si el objeto del juicio es el cobro de una factura líquida y exigible a un municipio la Sala Procesal Administrativa no es competente para resolver las presentes actuaciones. Siendo ello así, el caso en análisis encuadra en el supuesto contemplado en el artículo 3° inc. d) de la Ley 1305, que excluye de la materia contencioso administrativa aquellos "que deben resolverse aplicando exclusivamente normas del Derecho privado..."
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, habilitación municipal, permiso municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Existe un vacío normativo que transfiere al poder judicial la responsabilidad de dirimir conflictos no regulados. La cuestión de cómo han de operar nuevas formas de actividad, con el uso de otras tecnologías y de diferentes regímenes que los ya consolidados en el transporte de personas es competencia de otros poderes del estado. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en "Uber y otros s/ art. 83, usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art. 86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'" (expte n° 17480/19), resolución del 22/09/2020.)
Tarjeta de crédito, beneficiario de tarjeta adicional, responsabilidad del beneficiario de tarjeta adicional
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA. c/ MALAR - SALOMON. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-22

Es el solicitante quien se compromete ante el emisor a hacerse cargo de las contraprestaciones tales como la cuota de inscripción y periódicas y el reembolso de las facturas abonadas con la tarjeta de crédito.

Que la cónyuge haya suscripto el instrumento, no puede tener el necesario efecto de convertirla en obligada por los adeudos, pues esa actitud no representa más que la exteriorización del consentimiento para aprovecharse de las ventajas que le han concedido emisor y solicitante.

Tampoco puede deducirse que el uso de la tarjeta por la esposa la convierta en deudora, toda vez que es precisamente ese uso la ventaja que le ha sido atribuída y que ella sólo aceptó.
Responsabilidad extracontractual, responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad objetiva, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: C., N. G. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-16

Adhiriendo a destacada doctrina que se basa en las fuentes tenidas en cuenta por el codificador al redactar el artículo 1112, el mismo consagra la responsabilidad personal del funcionario como consecuencia del ejercicio irregular de su función que, por acción u omisión, causa daño a un tercero, circunstancia que, claro esta, no excluye el encuadramiento de la responsabilidad del Estado, en estos casos, en las previsiones del articulo 1113 del Código Civil. Aún desde una perspectiva organicista, no cabe excluir la imputación a quien, como funcionario, personificó al órgano ni la posibilidad de hacerlo mediante un título subjetivo.

A partir de esa óptica, Gordillo no sólo afirma la existencia de ambas responsabilidades - a del Estado y la del funcionario actuando como órgano de aquel -, destacando el carácter conjunto de las mismas, sino que además indica el modo subsidiario en que el Estado deberá responder, señalando que debe demandarse a ambos en forma mancomunada, citando en abono de su tesis el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos 255 - 321.

Es esta la doctrina que a mi juicio se encuadra en los postulados del artículo 16 de la Constitución Nacional, al dejar de lado cualquier privilegio, inmunidad o impunidad del funcionario público frente al resto de los ciudadanos, y de los arts. 54 y 55 de la Constitución de la Provincia de Río Negro donde, respectivamente y en forma expresa, se establece la responsabilidad personal de los agentes públicos por los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones y la responsabilidad del Estado Provincial y de los Municipios por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, sentencia condenatoria, coautoría, abuso sexual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., C. A. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

Las críticas referidas a la confirmación de la condena a uno de los acusados por el delito de promoción de la corrupción de menores, a los vicios de autocontradicción y falta de fundamentación del pronunciamiento cuestionado en relación a la coautoría atribuida a los justiciables, son la reiteración de las que se esgrimieron en las instancias anteriores y, por tanto, ya han sido ponderadas y descartadas por los Sentenciantes con justificación suficiente, la que no es descalificada desde la óptica constitucional por la recurrente, destacándose que los Judicantes fundaron acabadamente el grado de participación que le correspondía a cada uno de los encartados en la secuencia y características de los hechos ilícitos que tuvieron por probados, brindando suficientes motivos para concluir que la alegada inexistencia de coautoría no encontraba sustento fáctico ni jurídico.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Souto, Susana y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

La descalificación de un régimen horario de trabajo no puede sostenerse en la convalidación de un procedimiento irregular que legitime la percepción de salarios más altos que los correspondientes a las horas de servicio realmente prestadas.
Acción de amparo, exportaciones, acción de reembolso, pago, suspensión del pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CURTIEMBRE PELICCE c/ A.N.A. s/ AMPARO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-18

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta contra la suspensión de pago de reembolsos a exportaciones dispuesta por la Administración Nacional de Aduanas. (En primera instancia se había rechazado la acción fundada en la existencia de otras vías legales al no haberse atacado la validez constitucional de los decretos 1011/91 y 253/93 P.E.N.)
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomerías Rodar c/ Olhagaray, Hugo s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si el allanamiento no fue seguido del cumplimiento de la obligación -en el caso- el pago de la cantidad reclamada, el mismo no puede ser considerado efectivo, y por consiguiente, no surte efectos a los fines de la liberación en el pago de las costas (art. 70 CPCC).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, ley arancelaria, leyes, voluntad del legislador
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

Se ha observado por el lado de la intención armónica del legislador, una política de reducción del llamado "coste judicial". En esa línea se inscribe la ley 11.257, así como las leyes 24.432 y 24.522, y en el ámbito provincial las leyes 10.787 y 11.089. El hecho de que el legislador haya dispuesto la limitación por vía de una modificación de la ley de aranceles en una norma transitoria de regularización, permite inferir que se pudo adoptar un criterio contrario, es decir específico. Esto es, indicar que la limitación arancelaria era válida exclusivamente para dicho régimen temporario.

El no haberlo hecho así, la preferencia por la modificación del régimen general de aranceles, permite inferir que la "ratio legis" ahonda en la generalidad. (Del Voto del Dr. Donati)
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BASONE GASPAR c/ WILDE GIECO O DIEGO R. Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Lo dispuesto por el art. 40 de la Ley 8904 en cuanto a la posible utilización de la prerrogativa brindada por el art. 27, inc. a de tal normativa para estimar el valor locativo -a efectos de lograr una retribución justa- no contradice la prohibición dimanada de los arts. 7mo y 10mo de la Ley 23928 en orden a la indexación de costos y otras variantes. Ello, en tanto ésta se limita solamente a posibilitar que su retribución se ajuste al valor locativo real del inmueble objeto de la locación, que es el que se daría al presente en el mercado locativo, no tratándose, en consecuencia, de actualizar el precio de la locación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acumulación de beneficios, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TEODORO SALVADOR MARCO s/ SEGURIDAD SOCIAL    BENEFICIOS    JUBILACION Y PENSION - INTERPRETACION DE LA LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

La acumulación de beneficios se halla condicionada a la existencia de autorización legal expresa.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lacabe, Enrique Alberto c/ Ministerio de Justicia de la Nación s/ accidente ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

Todas las actuaciones judiciales están sujetas al pago de la tasa de justicia, con excepción de aquellas comprendidas en los supuestos de exención taxativamente enumerados en el art. 13 de la ley 23.898 o en las leyes especiales que rigen la materia (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Divorcio del 67 bis, declaración de culpabilidad posterior a la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: B. DE. L.M.A. y L.J.R. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-02

Toda vez que el art. 67 bis de la ley 2393 determina en forma expresa que el efecto que producirá la sentencia dictada en el proceso que legisla será el mismo que el del divorcio por culpa de ambos, el art. 71 bis es inaplicable a los divorcios decretados a traves de este proceso especial.

Si el cónyuge al que se le imputa la causal prevista por el inc. 1 del art. 67 de la Ley de Matrimonio Civil, ya es culpable del divorcio, la declaración que se pretende sólo conducirá a una eventual graduación de la culpa, no autorizada por el ordenamiento legal vigente sobre la materia.

La índole estrictamente oral y reservada del divorcio decretado por la vía del art. 67 bis de la ley 2393 impide que la sentencia contenga una declaración de los hechos en los que el juez fundó su decisión y, por ende, que puede declarar la culpa de uno de las cónyuges (conf. Palacio "Derecho Procesal Civil", T. VIII-1439 y sus citas), razón por la cual es la propia ley la que fija sus efectos definitivos que no pueden variar por hechos o circunstancias posteriores (conf. C.N.Civ. en pleno del 18/5/77, E.D. 73-263).
Prueba, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PENAL
Carátula: N., L. D. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-04

Explicaron que las pruebas reunidas desvirtuaban la ajenidad proclamada por su defensa y eran suficientes para tener por acreditado, con el grado de probabilidad que exige el artículo 306 del ritual, que el imputado en distintas ocasiones, siempre de noche y en un lapso de aproximadamente cuatro meses, acometió por detrás a las damnificadas, todas ellas empleadas del mismo centro comercial, en momentos en que esperaban el colectivo, para luego huir de la escena. Valoraron que se activaron las antenas de telefonía celular en el lugar al momento de los hechos y que, en todos los casos, empleó la misma modalidad comisiva, siendo reconocido por una de las víctimas, sin que el resultado negativo de la rueda de personas efectuada por las restantes pueda neutralizar las pruebas, máxime si se tiene en cuenta que las atacaba por detrás y de noche.
Acción de amparo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: Fentana, Hugo Ricardo s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-09-08

La acción de amparo debe ser reservada para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, pero su utilización es impropia cuando los argumentos dados para obviar el empleo de la vía administrativa que permitiría alcanzar igual resultado, sólo se sustentan en conjeturas sobre el posible fracaso de ellas.
Accidente de tránsito, transporte de pasajeros, delito penal
Materia: CIVIL
Carátula: Traverso Jorge c/ C.U.S.A. Línea 106 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-29

Si bien es cierto que la víctima de un accidente de tránsito, en calidad de pasajero no puede optar libremente entre dos acciones, la contractual y la extracontractual, ya que a ello se opone el art. 1107 del C.Civil, existe una excepción a esta regla que está dada por la misma norma, para el caso en que la conducta degenere en un delito del derecho criminal. En este aspecto, algunos autores se han pronunciado acerca de que resulta imprescindible que la calificación del hecho como delito penal sea declarada por la justicia represiva, más estableciendo como excepción aquellos casos en que halla imposibilidad de pronunciarse, verbigracia por haber fallecido el imputado o por ausencia de éste, pudiendo el Juez Civil en tal caso apreciar si el acto ha constituido un delito criminal a fin de admitir la responsabilidad extracontractual por la que hubiere optado el demandante (conf. LLambías, Obligaciones T.III nro. 21.777).
Recurso extraordinario local, denegatoria del recurso, competencia de la Corte Suprema, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Valle, Oscar Celestino  c/ Suárez, Pascuala y otros  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

La decisión de la corte local que desestimó el recurso extraordinario provincial deducido habilita la competencia de la Corte si a partir de una fundamentación inadecuada a la luz de las circunstancias particulares de la causa y, so pretexto de un ritualismo excesivo, denegó una vía útil para el examen de agravios constitucionales, lo que importa una efectiva privación de justicia.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Petruccelli, Fidel Primo y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Ante la ausencia de una solución normativa singularizada para la responsabilidad administrativa derivada de una conducta lícita resulta menester recurrir a los principios de leyes análogas.
Sociedad de responsabilidad limitada, quiebra, extensión de la quiebra, responsabilidad del socio, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Supermercado San Martín S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ EXTENSION de la QUIEBRA A LOS SOCIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-20

Si de modo genérico la extensión de la quiebra es prevista por la ley como un sistema sancionador cuya aplicación es de excepción y como presupuesto esencial requiere la prueba indubitable de la actuación fraudulenta en perjuicio de los acreedores, cuanto más exigente debe ser la prueba y su valoración, cuando el sujeto pasivo de la extensión lo constituyen los socios de una S.R.L. No aparece razonable y jurídicamente ajustada la solución de los jueces de grado cuando hacen lugar a la extensión requerida, fundándose en el crecimiento patrimonial de los socios o en el supuesto ocultamiento por éstos de una cuenta particular que habría sido utilizada para desviar fondos, cuando nada impide a los socios de una S.R.L. ser titulares de otros activos independientes de la empresa que integran y en consecuencia no violan precepto legal alguno si omiten denunciar o incluir tales activos particulares en la masa concursal, de otra manera se cohonestaría una extensión universal de la responsabilidad patrimonial en oposición a la naturaleza y configuración jurídica de la S.R.L. sujeta a proceso de liquidación.
Acceso a la justicia, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ing. Bank N.V. -Suc. Argentina- y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Promueve Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-28

El daño -en el que radica el interés- es presupuesto de cualquier demanda, y ante su ausencia, los jueces no están facultados a intervenir, porque acarrean una verdadera falta de jurisdicción: "la existencia o inexistencia de interés en la actividad jurisdiccional, puede y debe ser examinada por los jueces aunque no se haya suscitado cuestión al respecto, porque en el supuesto de inexistencia de interés del reclamante, la admisión de pretensión importaría una declaración abstracta y los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas".
Querellante, rol de querellante, apartamiento del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Oyarzun, Israel Sergio Ivan s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-09

Una vez tenido por parte querellante -y cualquiera que fuese el acierto o error de esa resolución-, queda vedado el apartamiento de ese sujeto del proceso en forma oficiosa, excepto en caso de disponerse su procesamiento. Corresponde anular la resolución que apartó de su rol de querellante a la madre de los menores que habrían sido víctimas de los delitos de abuso sexual por no haber contestado la vista prevista por el art. 346 CPPN, pues de la no presentación del requerimiento de elevación a juicio por parte del querellante deriva únicamente en la imposibilidad de ampliar la acusación y de alegar una vez concluido el debate. La disidencia sostuvo que la presunta víctima no puede válidamente intervenir en el debate en su calidad de parte querellante cuando no haya formulado oportunamente el requerimiento de elevación a juicio. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -disidencia-).