marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abordaje aéreo, Derecho de la navegación, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: NAVEGACION
Carátula: Entre Ríos, Provincia de c/ Vilas y Cía. S A F s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

La circunstancia de que la situación imperante en la zona del puerto fuera "inusual", pues el agua superaba el nivel del muelle e inundaba sectores del puerto como consecuencia de la creciente y de las lluvias, no basta para acreditar la existencia de un supuesto de fuerza mayor eximente de responsabilidad por el abordaje, si la demandada no adoptó las medidas de prevención que estaban a su alcance para evitar el accidente.
Recurso de apelación (procesal), crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., N. E. y otros c/ S., E. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-03

Como el recurso de apelación no es una competencia artificiosa de saberes abstractos, pareceres subjetivos o sagacidades vanas, entre un juez recurrido y un apelante, el embate no puede prosperar en este aspecto. El recurso de apelación tiene por objeto la revisión de legalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de suficiencia argumental de un pronunciamiento. No se trata de analizar por su conducto si había mejores argumentos a la mano en la temática abordada o si algunos de los utilizados eran deficientes -incluso equivocados- o si el juez cometió un deficit argumental en alguna de sus vigas maestras.
Despido indirecto, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez Ramona Buenaventura c/ Ayastuy de Alberto Eloisa s/ Laboral por cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-04-27

Así como cuando el empleador alega la existencia de una causa que justifica el despido pesa sobre él la carga probatoria al respecto, en el despido indirecto es el trabajador quien debe acreditar el hecho que invoca para darse por despedido.
Funcionarios públicos, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
Materia: PENAL
Carátula: Molinas, Fernando s/ Prisión Preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-24

El Código Penal, en lo atinente al concepto "funcionario público", no atiende a que se invista a la persona de una calidad jurídica determinada, sino que atribuye el mencionado "status" al sujeto que de algún modo participa ya sea con competencia originaria o por delegación, compartida o exclusivamente, del ejercicio de la función pública. De hecho, se le aplica tal calificativo a quien por cargo no lo tiene - mero empleado - cuando participa del ejercicio de las funciones aludidas. Por ello, un funcionario categoría 24 del Ministerio de Educación adscripto a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, no participaba del ejercicio de la función pública en el sentido jurídico penal, ya que la supuesta influencia que se dice efectuaba en la toma de decisiones no lo convierte a los fines de los ilícitos enrostrados en una persona con capacidad de autor, es decir, que no satisfacen en autos los requisitos para ser considerado tal.
Suspensión del juicio a prueba, nulidad de sentencia, oposición del fiscal, pena de inhabilitación, lesiones leves
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz Brizuela, Juan Ramón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

Corresponde dejar sin efecto la decisión que concedió la suspensión de juicio a prueba al aceptar, pese a la oposición fiscal, la auto-inhabilitación propuesta por un tiempo inferior al mínimo legal previsto en el delito de lesiones culposas leves que se imputa, puesto que tal propuesta resulta incompatible con dos previsiones legales que impiden su concesión: a) la figura legal que se encuentra comprometida en el juicio que se busca suspender prevé la pena de inhabilitación de uno (1) a cuatro (4) años y b) el art. 76 bis CP que prevé la concesión del instituto, estipula que el plazo de su otorgamiento oscila entre uno (1) y (3) años (voto del juez Bruzzone).
Automotores, prioridad de paso, violación, presunción de culpa, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN RODOLFO DANIEL c/ TOLCHINSKY DE AZERRAD OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-30

Conforme a lo preceptuado por el art. 49 Inc. B de la ley 13893, el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada, debe en todos los casos disminuir sensiblemente la velocidad, y ceder espontáneamente el paso a los vehículos que se presenten por una vía situada a su derecha. Su violación, constituye una presunción grave contra la seguridad en el tránsito y crea para su autor, en caso de accidentes, la responsabilidad inherente a los daños que ocasionare.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, nulidad de asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERVIA, ALFONSO c/ MEDYSCART  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

La nulidad judicial de las decisiones de la asamblea general de una sociedad anónima, debe encararse restrictivamente, con miras al principio de la convivencia social, pero subordinando el criterio de defensa de los derechos individuales de los accionistas en forma tal que ellos no puedan ser discrecionalmente menoscabados, ni aniquilados por los órganos directivos o las asambleas generales. Si es perjudicial dejar a la sociedad anónima sometida al poder omnímodo de quienes representan en una asamblea la mayoría del capital, igualmente peligroso es el ejercicio caprichoso, abusivo y temerario de las acciones de impugnación. Por otro lado, una decisión asamblearia para ser válida debe estar dirigida a satisfacer el interés social y el principio mayoritario debe ser el instrumento de expresión de esa voluntad; el funcionamiento de la sociedad anónima y, en particular, sus resoluciones sociales, no pueden quedar supeditadas, condicionadas o limitadas por las vicisitudes que afecten a sus accionistas.
Hurto, falsificación de documentos
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, PABLO R. s/ HURTO - DEFRAUDACION - FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

El arreglo que el incuso efectuara de los papeles que devolvía en las oficinas, debe entenderse como parte de la conducta que le permitió consumar las apropiaciones disimulando su verdadero comportamiento. Ello descarta, el delito de falsificación.
Propiedad horizontal, partes comunes, obras nuevas y modificaciones, construcción en partes comunes, azoteas
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, Benito c/ RENAUD, Ricardo s/ ACCIONES ART. 15, LEY 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-04

En un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, la transformación de un espacio abierto -azotea- en uno cubierto -gimnasio- destruye el equilibrio de la totalidad del inmueble, cuya división en unidades se estructuró y organizó en función de una armonía de conjunto y de una proporcionalidad de situaciones, que no deben modificarse arbitraria y unilateralmente. De lo contrario el régimen correría el riesgo de desnaturalizarse y convertirse en un semillero de conflictos y litigios.
Delito continuo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

El cese de la consumación de un delito permanente debe establecerse atendiendo al momento de cesación de la acción continuada, que consuma en cada acto el delito y de este modo mantiene sus efectos.
Verificación de créditos, costas en el orden causado, beneficio de litigar sin gastos
Materia: COMERCIAL
Carátula: O'DARLUZ SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE APELACION POR FURLAN DAMIAN DARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-21

Cuando, como en el caso, si bien se tuvo acreditada la causa, existencia y legitimidad del crédito insinuado por el acreedor, lo cierto es que la pretensión verificatoria fue admitida solo parcialmente, por lo que la distribución de las costas en el orden causado se muestra adecuada en atención al resultado de la contienda. En ese marco, el alcance de la gratuidad en el derecho laboral refiere al pago de la tasa de justicia, pero no al de las costas judiciales cuando el trabajador es vencido en el pleito, eximición esta última que queda diferida, en su caso, a la concesión del beneficio de litigar sin gastos, en el caso de corresponder (cfr. Enrique J. Perriaux, La Justicia Gratuita en la Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, La Ley, 24/09/08). Sobre este último aspecto, en el orden provincial, la casi totalidad de los ordenamientos que regulan el procedimiento laboral en las distintas provincias distinguen el concepto de justicia gratuita -limitándolo a la exención del pago de todo impuesto o tasa- (vrg. Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, etc.), mientras que la Provincia de Bs. As., conforma una excepción a los regímenes provinciales, pues con la sanción de la ley 12200 se prescribió que los acreedores tienen acordado el beneficio de litigar sin gastos, con todos sus alcances. Ahora bien, sobre el particular, tiene dicho esta Sala que el carácter de acreedor laboral en nada modifica la aplicación del principio general expuesto. Es que, una cosa es el régimen de costas aplicable al proceso y otra muy distinta si quien tiene a su cargo los gastos en cuestión debe, o no, efectivizarlos, en la especie, por aplicación del principio de gratuidad que contempla la LCT 20, cuestión que, por otra parte, requeriría de un debate previo por ante el Juez que conoce en la causa, extremo que no ha acontecido en el sub lite (conf. esta CNCom, esta Sala A, 09/02/10, "Sol de Brasa SA s/ Incidente de verificación y pronto pago por Dosantos Secundino y otros").
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: R., L.M. s/ Hurto y Robo en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-26

El imputado registra una condena anterior de dos años de prisión condicional por los delitos de Tentativa de hurto, sentencia que es anterior a la comisión de los sucesos que nos ocupan. Ello hace que deba unificarse aquella sanción con la que surja de la presente, sin dejar de advertir que estamos ante una reiteración de hechos y no reincidencia y que, en consecuencia, la pena a dictarse puede resultar de ejecución suspensiva. Todo, conforme con lo dispuesto sobre acumulación en el artículo 58 del Código Penal, estimando como justo sancionar al imputado con la pena de DOS AÑOS DE PRISION de ejecución condicional en razón de no presentar peligrosidad alguna, lo que evidentemente surge de la modalidad del hecho y las circunstancias posteriores al mismo -artículo 26 del Código Penal-.
Control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, división de poderes, jueces, facultades del juez, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: BONFILS, GUSTAVO c/ ELMA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

No es posible renunciar al control de inconstitucionalidad de las normas mediante la aplicación dogmática de principio de la división de poderes. Por el contrario es deber ineludible de los jueces someter al análisis crítico todo acto administrativo o político en cuanto se proyecta a situaciones concretas, si existe la posibilidad de que afecte las garantías constitucionales que son uno de los fundamentos de nuestra organización jurídica.
Hábeas corpus, juez de faltas, pena privativa de la libertad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MIERES, Mario L. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-23

No hay cuestión constitucional que deba resolverse favorablemente en el ámbito del proceso de hábeas corpus, aunque la sanción privativa de la libertad que se pretende hacer cesar por la vía del interdicto haya sido impuesta por un juez administrativo, mediando como ha mediado la posibilidad cierta de acudir en alzada a un órgano judicial ante cuyos estrados deberán tener remedio los defectos que puedan atribuirse al procedimiento cumplido ante el juez de faltas (en el caso se trataba de una sanción impuesta por el jefe de la Policía Federal).

NOTA: Se citaron: 'Fallos C. S.' 79:142 y 310; 171:366; 193:404 y 408.
Legitimación procesal, amparo colectivo, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

La legitimación amplia que la Constitución de la Ciudad confiere a todo habitante en determinados supuestos no debe entenderse como sinónimo de una tutela abstracta, ni genérica. La aptitud para promover acciones judiciales en defensa de derechos o intereses colectivos que, generosamente, prevé el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad es para ejercer una tutela concreta que tenga por objeto exclusivo y directo la protección de los bienes amparados, sin que quepa en ella la posibilidad de sobrepasar ese fin, propiciando el indebido control de la actividad de otro de los poderes de la Ciudad. Esta demarcación es rigurosa y requiere de extrema prudencia judicial para resguardar las competencias establecidas en el diseño constitucional de los poderes. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, duración del proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MENDOZA, JORGE OMAR s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

El mero transcurso del período contemplado en el art. 701 del C.P M.P. no resulta determinante por sí solo para la concesión del beneficio excarcelatorio.

Las disposiciones del art. 380 del C.P.M.P., no pueden ser obviadas pues no vulneran principio constitucional alguno en la medida que conforme criterio propuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos- no se incurra en una falta de razonabilidad en el tiempo para el juzgamiento.
Recurso de casación, concursos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.Ch. SA c/ E.O. SA s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-26

La procedimentalidad del remedio casatorio en materia concursal es por demás estricta. Sin embargo como lo señala Augusto Morello el alcance de la cosa juzgada, ámbito de las defensas propuestas, exceso ritual, inteligencia o apreciación incorrecta de la norma aplicable de la que al fin y al cabo se prescinde, afirmación dogmática o autocontradictoria o desprovista de toda relación con las circunstancias del caso, suministrar sólo fundamentación aparente, etc., la apertura del carril no deja de ganar espacios sucesivos.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Coop. Seg. Ltda. c/ Transportes Automotores La Plata s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

El art. 200 de la Ley 10620 resulta inconstitucional en la medida que está supeditando la decisión del pleito o de actos procesales, al pago de los honorarios del perito, limitando las facultades que tiene el Juzgador (arts. 34 inc. 2º y 34 inc. 5º del CPCC), éste cuya función es decidir y juzgar se ve compelido por la norma a ser trabado en sus decisiones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, martillero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farini, José M. s/ Inc. de suspensión de subasta y remoción de martillero en autos:  "Banco de Galicia c/ Farini, José M. s/ Ejecución hipotecaria. Rec.  de queja"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

No resulta definitiva en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial la decisión de la Cámara confirmatoria de la de primera instancia- que removió al martillero interviniente en la subasta sin designar uno nuevo y ordenó el levantamiento de la suspensión de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, trabajos en la vía pública
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Severino, Pedro Oscar y Jorge Enrique c/ Hormigonera Testa Hermanos  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, si el tribunal ha prescindido de tratar elementos conducentes para decidir la cuestión relativa a la responsabilidad de la empresa constructora.
Dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa Retamal, Alberto Antonio c/ Goetz, Alfredo Enrique y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios Enrique y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-04-06

Si la pericia versa sobre una cuestión fundamentalmente científica que los jueces no pueden conocer por sí mismos, si estos comparten las conclusiones de su dictamen basta que así lo expresen sin necesidad de rebatir en el fallo las impugnaciones de las partes;

contrariamente, si se apartan de la pericia están obligados a expresar los motivos por los cuales lo hacen y dejan de lado las opiniones técnicas. Fundamento de la Dra. Arminda Colman..
Daños y perjuicios, daño moral, injurias, programa de televisión, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PEREZ DEMARCHI, Horacio c/ TELEARTE S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

1- Cuando el dueño, canal de televisión, se ha desprendido de la cosa, el espacio u onda televisiva, cediendo su uso y transfiriendo la guarda al productor del programa, ambos son responsables frente a la víctima del daño de que se trate, no siéndole oponibles a ésta las relaciones contractuales que los hubieran vinculado, en la medida en que no esté a su alcance conocerlas.- 2- La productora de un programa de televisión, a fin de exonerarse frente a los terceros, deberá probar haber tomado providencias adecuadas para que no se produzcan daños, impartiendo las necesarias instrucciones a tal efecto.-
Competencia criminal y correccional, atentado y resistencia a la autoridad, deber de asistencia familiar
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Rgje Sobre 1 - Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar y Otros  c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para investigar los hechos que encuadrarían en los delitos de desobediencia a la autoridad (art. 239 del CP) e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1° de la ley n° 13944). En el caso, ha sido el propio juez nacional quien solicitó la inhibitoria del juez local para lograr una investigación conjunta de los diversos hechos que componen el presente caso, a lo que oportunamente se hizo lugar, de modo tal que la investigación correspondiente la llevó adelante la justicia nacional. En este contexto, no parece razonable que luego del avance de la pesquisa con intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional, se pretenda ahora revertir la sede a cargo de la sustanciación de la investigación. Ello atentaría contra los principios de buena administración de justicia.

(Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Ejecución del contrato, seña
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.B. c/ H., J.L. y Otra s/ Cumplimiento de Contrato -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-07

La "seña" como figura de arrepentimiento y su normativa, art. 1202 CC, debe distinguirse de aquella que se abona como confirmación del negocio ("a cuenta de precio"), pues en tal supuesto no se trató de una seña con la facultad de arrepentimiento que prevé el artículo citado, sino como principio de ejecución del contrato. Con lo que la parte que entregó una seña pero "a cuenta de precio", tiene derecho en caso de un acuerdo tácito entre las partes de anular la operación, a que se le reintegre la misma por cuanto no se está en presencia de la aplicación del artículo 1202 del C.C..
Sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O. de G., L. c/ G., U. O. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

La presunción "iuris tantum" que contiene el art. 1271 del código civil se refiere a los bienes existentes al disolverse la sociedad conyugal, excluidos los de carácter propio.
Tasa de justicia, costas, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: PINTOS, TEODORA ISABEL c/ BLANCO, MIGUEL ANGEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-21

Si la parte demandada, asume en el convenio arribado con el accionante, el pago de las costas del juicio, la obligación de tributar la tasa de justicia está necesariamente vinculada con el importe de la transacción, de lo contrario implicaría extender el concepto de costas a rubros no comprendidos en las mismas, puesto que si las costas son a rubros no comprendidos en las mismas, las erogaciones necesarias para que el actor pueda obtener el reconocimiento de su derecho, no pueden abarcar más que aquello que le fue reconocido. Tal solución que guarda analogía con el criterio adoptado en el art. 4 inc. i) de la ley 23898.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAZ MANUEL ANTONIO c/ RIAL JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

Si bien el giro a la izquierda no estaba prohibido, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un cruce de ferrocarril y que en ese lugar hay semáforos, lo que sí hubiera impedido el giro, debió hacerlo con precaución, cerciorándose que ningún rodado avanzara por la mano derecha de aquélla -arts. 72 y 75 inc.c) de la Ley 5.800-.

Estas infracciones, han repotenciado el riesgo creado por el vehículo, lo que permite adjudicarle una buena cuota de causalidad en el resultado dañoso.-
Competencia, pueblos originarios, bosques
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Indigena Diaguita Calchaquí Animana - CIDCA c/ Ministerio de Medio Ambiente de La Provincia de Salta s/ amparo - incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2012-12-21

La justicia federal es incompetente para entender en la acción de amparo interpuesta por una comunidad aborigen contra el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Salta a fin de que suspenda la tala de un bosque salteño y aclare la autorización concedida para tal fin a un ciudadano de nacionalidad chilena, pues la genérica referencia de que los derechos del grupo étnico demandante resultan amparados por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional no basta para sustraer el asunto del conocimiento de los jueces locales, quienes naturalmente deben intervenir si lo que se encuentra en discusión son actos, hechos o procedimientos ocurridos en Salta y emanados de autoridades salteñas en aplicación de normas de presupuestos mínimos de protección ambiental también de esa provincia, como son las Leyes 7070 y 7543.