marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SABELLA ROSA JUSTA; LAHOZ MIGUEL H. POR SU HIJA MARIA LAHOZ c/ FRANCISCO J. CALDERON Y PRIMO MESCHINI S.A.I.C. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 309)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-22

Si bien el daño estético debe ser apreciable visualmente, no es obstáculo para la procedencia de la indemnización que el detrimento se produzca en partes del cuerpo que comúnmente no son exhibidas: "No es requisito de la lesión estética que ella recaiga en zonas del cuerpo por lo habitual expuestas a los ojos ajenos... En otros términos, la noción de extraneidad atañe sólo a que la modificación corporal sea perceptible visualmente, sin ser necesario que lo sea normalmente por otros. En efecto, la percepción física es deseable no sólo en el ámbito de la vida volcada hacia el mundo, sino también en el de la simple existencia solitaria" o íntima.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Peterka, Esteban c/ Frigorífico Rio Platense SAICIF s/ Despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

El ámbito del recurso extraordinario de nulidad está circunscripto a la transgresión de la normas de los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia según lo establecido en el art.149 inc.

'B' de la Carta Local ;es decir que solo es procedente cuando se funda en la omisión de cuestiones esenciales o cuando el fallo no contiene sustento legal debidamente mencionado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Balestra, Ricardo R. s/ incidente de falta de acción y jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Las decisiones sobre recusaciones no son susceptibles de recurso extraordinario por versar, en principio, sobre cuestiones de hecho y de derecho procesal.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Del Río, Oscar Eugenio y otra c/ González, Leandro Rafael y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-29

El artículo 14 inciso 7 del Cód. Procesal Civil y Comercial invocado por el recusante expresa -en la parte cuya consideración se propone- que los Vocales y Jueces podrán ser recusados por haber emitido opinión o dictamen acerca del pleito, antes o después de comenzado.

Al haberse emitido opinión en el momento señalado por la ley para resolver el recurso respectivo, no se configura la causal de prejuzgamiento prevista, por lo que no debe hacerse lugar a la recusación intentada.
Regulación de honorarios, actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: I.C.E.S. S.A.C.I.I.F. c/ Dirección Pcial. de Vialidad de Fsa. s/ Demanda    Contencioso  Administrativa  -Incidente  de  Ejecución  de  Sentencia Regulatoria de Honorarios. de Fsa. s/ Demanda    Contencioso  Administrativa  -Incidente  de  Ejecución de  Sentencia Regulatoria de Honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-08-31

Los honorarios regulados deben actualizarse a partir de su notificación y no desde la fecha del auto que los reguló, cf. art.

49 de la ley 512.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, aplicación errónea de la ley, ausencia de motivación, contrato de trabajo, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA AMERICO JORGE c/ LA VOZ DEL INTERIOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

El impugnante se agravia por la interpretación que del sistema de responsabilidad emanado del art. 75 Ley 20744 t.o. realizó la juzgadora. Sin embargo no logra demostrar el error jurídico, como violación o inobservancia de la norma mencionada, en que había incurrido la juzgadora. Más aún cuando el art. 75 mentado solo hace referencia, dentro de los derechos y deberes legales de las partes del contrato de trabajo, al deber de seguridad, pero en manera alguna contiene previsión expresa acerca del tipo de responsabilidad que de ella puede derivar. En realidad se queja de la desnaturalización de "la doctrina de la responsabilidad contractual emergente del art. 75 Ley 20744 t.o.", y no la de una concreta disposición legal.-
Igualdad ante la ley, principio de proporcionalidad, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El control de razonabilidad en materia de igualdad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en una categoría se les reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas; se trata, en definitiva, de examinar los elementos de clasificación que la componen y observar si se excluye a alguien que debería recibir igual atención jurídica y finalmente, se exige que sus consecuencias no resulten desproporcionadas respecto de la finalidad perseguida, de manera de evitar resultados excesivamente gravosos (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti y voto del juez Lorenzetti).
Acción meramente declarativa, jueces, competencia, competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vivir El Río S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Acción mera declarativa (Expte. CSJ   Nº 884-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

Debe considerarse que la materia debatida es de naturaleza contencioso administrativa si, más allá de la calificación dada por la parte actora, es indudable que mediante su demanda "mere declarativa" de inconstitucionalidad de normas, tiende en definitiva a ejercitar una pretensión típicamente contencioso administrativa (al imputar al decreto vicios de ilegitimidad tales como "arbitrariedad", "ilegalidad", falsa causa y violación de formas sustanciales -por la ausencia de intimación, etc.-) y a impedir que tal acto produzca efectos "mediante la correspondiente medida de no innovar", planteos -ambos- de naturaleza sustancial y cautelar dirigidos a la protección de situaciones jurídicas subjetivas susceptibles de ser tuteladas por la vía prevista actualmente en la ley 11330.
Principio de congruencia, calificación legal, cambio de calificación legal, coautoría, antecedentes penales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Durante, Gisela y Ferreyra, Jonathan David s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-04

Nada empece a que el tribunal de mérito considere y asigne en su fallo a un hecho en concreto una calificación jurídica diferente a la que se venía ventilando en el proceso, en tanto que de no ser así la función jurisdiccional sufriría un menoscabo que no impone el derecho de defensa. Si las piezas probatorias colectadas abonan el concierto de voluntades desde un comienzo, ello acarrea responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Cabe atribuir la coautoría del delito de robo agravado por homicidio a quien prestó su voluntad para el robo, aun cuando no haya ejecutado el acto mortal. Si bien el tribunal no debió haber valorado como agravante la condena impuesta como menor, no corresponde modificar la pena, pues las circunstancias objetivas en las que perpetró los delitos -intimidación sufrida por las víctimas, violencia ejercida, daño causado, desprecio por la vida- justifican la pena impuesta. La disidencia parcial sostuvo que la evaluación de los antecedentes penales no puede ser valorada a ningún efecto, pues ello implica una clara violación al ne bis in idem y que la ligera alusión a la nocturnidad si bien no debe valorarse como pauta atenuante, tampoco puede ir en desmedro de los intereses del imputado, sin justificación que así lo avale. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia parcial- y Riggi).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Causa nº 34.504. "Amirante, Eduardo s/queja" ///nos Aires, 20 de mayo de 2008.

AUTOS y VISTOS:

Corresponde al tribunal resolver el recurso de queja interpuesto por la defensa de Lucio Carmelo Arena a fs. 1/3 contra el auto de fs. 15 del incidente de nulidad que corre por cuerda en cuanto no hace lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 13/14 contra el punto II del auto de fs. 10/11, todas del mencionado incidente de nulidad Y CONSIDERANDO:

El art. 438 del Código Procesal Penal de la Nación, exige que al recuso de apelación acompañen explícitamente los motivos en que se funda, esto es, la expresión de la causa o motivo concreto que llevan a la parte a ejercer la vía recursiva y que delimita el ámbito jurisdiccional de esta instancia. En tal sentido, se ha sostenido que el impugnante debe dejar en claro: "qué error de hecho o derecho, deficiencia, tacha, imperfección, irregularidad, vicio o anomalía presenta la decisión" (C.N.C.P., Sala II, causa 170 "Portolesi" rta: 23/9/94). En idénticos términos, prestigiosa doctrina afirma que: "...el requisito es de cumplimiento insoslayable en el acto de deducir la apelación, no pudiéndoselo concretar ulteriormente, aunque se lo pretenda hacer dentro del término para interponerla..." (Conf. Guillermo Rafael Navarro- Roberto Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1997, tomo II, pág. 171). Ahora bien, tras una lectura detallada del escrito de fs. 13/14 del incidente de nulidad que corre por cuerda, habremos de rechazar el recurso intentado pues, conforme lo señala la juez de instrucción, el impugnante en ningún momento precisó las razones de hecho y de derecho por las cuales debía revocarse el decisorio que declaraba inadmisible el planteo de nulidad y denegaba la apelación interpuesta, limitándose a reiterar las falencias que a su juicio presenta el requerimiento de elevación a juicio efectuado por la querella que motivara el planteo originario, imposibilitando así que esta alzada conozca el contenido de su disconformidad y, al mismo tiempo, el límite de su actuación.

Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta (artículo 477 del C.P.P.N.).

Devuélvase al juzgado de origen, dónde deberán efectuarse las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Se deja constancia que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año y que el Doctor Alberto Seijas no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Carlos Alberto González - Julio Marcelo Lucini Ante mí: Erica M. Uhrlandt
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

La fórmula que clásica define el derecho de privacidad como el "derecho a ser dejado a solas", significa que la persona goza del derecho a ser dejado a solas por el Estado -no por la religión, la moral o la filosofía- para asegurar la determinación autónoma de su conciencia en cuando toma la decisiones requeridas para la formación de su plan de vida en todas las dimensiones fundamentales de ella, plan que le compete personalísimamente y excluye la intromisión externa y más aún si es coactiva. Sólo razones que demostraren, en base a muy rigurosos juicios, que se encuentra en juego la convivencia social pacífica, admitirían por vía excepcional la intromisión estatal en esa dimensión individual.
Ministerio Público Fiscal, violencia familiar, situación de vulnerabilidad, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Lobos Lucero, Ricardo Román s/ infr. art (s) 149 bis, amenazas, CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-26

Los jueces intervinientes no han logrado justificar que el MPF se haya arrogado, con ello, una facultad de revisión de oficio conculcada por la ley. Por lo contrario, los arts. 200 a 202 del CPPCABA establecen la posibilidad de revisión a instancia del damnificado, víctima o denunciante pero ello no autoriza, per se, a interpretar que una revisión como la desarrollada en el sub lite resulte ilegítima (la revisión ha respetado los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica). Los desarrollos dogmáticos sobre los que pretenden respaldarse las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en autos le quitan toda virtualidad a las funciones constitucionales y legales fijadas al MPF. En particular, aquellos pierden de vista el propósito fundamental que llevó al Fiscal General a establecer el mecanismo de revisión o consulta interna en los supuestos de violencia doméstica, en los que se procura visibilizar la especial condición de vulnerabilidad que suele estar presente en las víctimas de esta situación.
Filiación extramatrimonial, reclamación de la filiación, prueba de la filiación, prueba biológica
Materia: CIVIL
Carátula: G., R. A. c/ K., R. J. s/ Filiación artículo 255 del Código Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

En los juicios de filiación extramatrimonial, descontadas las presunciones que contiene la ley, el cometido del demandante debe dirigirse a demostrar la filiación mediante la prueba del nexo biológico. Para este propósito si bien son admitidos todos los medios de prueba aptos para probar los hechos, no puede desconocerse el enorme valor de los informes periciales, que a través de los medios modernos como los sistemas H.L.A. (Human Lymphocyte Antigen), permiten a los expertos en biología asegurar con altísimo porcentaje de probabilidades (muchas veces superiores al 99 por ciento) la paternidad atribuida a cualquiera de las partes.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, convertibilidad, facultades del Poder Legislativo, creación de moneda
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Las disposiciones de la ley 23.928, en tanto establecen el valor de la moneda y prohíben el cómputo de la actualización monetaria, tienen un indudable carácter federal que habilita el recurso extraordinario, desde que han sido dictadas por el Congreso en uso de las atribuciones previstas en el art. 75, inc. 11 de la Constitución Nacional.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Geronetti, Celestino c/ Palencia, María s/ Ejecución Diners Club Argentina c/ Sajnovich, María A. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05|1991-06-06

Considerándose a la heladera eléctrica de uso familiar un bien de uso indispensable, el hecho que tenga incorporado un freezer no la hace un bien embargable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, interés legítimo, empleados públicos, personal subrogante, Administración Pública, facultades discrecionales, interés público
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Nicasio Miguel c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  revocatoria contra el auto de Presidencia (Expte. CSJ Nº 551-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

La anulación del acto por el que se asigna la subrogancia de un cargo a otro agente,no depara para el recurrente el derecho a ser designado en el cargo sino, sólo, el que la designación se efectúe sin el supuesto vicio que se le imputa al acto. Ello indica que la pretensión del impugnante al cargo no recibe del ordenamiento jurídico tutela directa e inmediata, como interés propio y exclusivo, porque el órgano administrativo tiene una facultad discrecional de elección con miras al interés público pero no permite que se generen derechos subjetivos, sino sólo intereses legítimos. De ello se sigue que el actor debió acudir a la Corte por la vía del recurso de ilegitimidad y no por el de plena jurisdicción intentado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares, mobbing
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERNANDEZ DE LUCO, MARISA ANALIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

No corresponde franquear el acceso a esta instancia de excepción, desde que las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen -como principio- sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad, excepto cuando producen un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior; y en el caso los argumentos vertidos en el auto denegatorio -en cuanto que no surgía en ese estadio del trámite si la incidentista se encuentra en su ámbito laboral inmersa en una situación de mobbing o acoso psicológico cuya causa proviene de la conducta abusiva de violencia psicológica, y de los comportamientos de agresión y maltrato continuado y persistente que ejercen sobre su persona la directora y vicedirectora, o si por el contrario, se trata de problemas frecuentes en el trabajo provenientes de superiores jerárquicos con criterios de prestaciones laborales distintos a los propuestos por la recurrente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, que pueden no ser compartidos por la actora pero que no importan el ejercicio de la función de modo abusivo o arbitrario-, no han sido idóneamente desvirtuados en la presentación directa, en la que se insiste con la irreparabilidad de los perjuicios sin dar razones suficientes para perfilar un gravamen de esa naturaleza a los efectos de excepcionar el requisito impuesto por el artículo 1 de la ley 7055. - CITAS: CSJN: Fallos 256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 267:432; 271:319; 310:681; 313:116; 316:2153; 326:25; 251:162; 257:301; 265:326; 308:1107; 312:409, 326:1471; CSJStaFe: AyS T 30, p 150; T 93, p 40; T 191, p 36; T 223, p 389; T 69, p 61; T 108, p 278; T 159, p 40; T 192, p 312; T 196, p 206.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, gravamen irreparable, interés público, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, verosimilitud del derecho invocado, transmisión del dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Celia Beatriz c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Medida Cautelar Aires s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-06

De conformidad con el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, la procedencia de la medida cautelar de suspensión solicitada por la actora, requiere como presupuesto específico que la ejecución o cumplimiento del hecho, acto o contrato administrativo causare o pudiera causar graves daños al administrado -y siempre que de la suspensión no resultare grave perjuicio para el interés público-, o bien que ese hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifiesta o su suspensión o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión.

En el caso, la actora no persigue el dictado de una orden tendiente a impedir su desalojo del inmueble que ocupa, sino a impedir "toda transferencia de dominio que pudiera realizarse hasta tanto recaiga pronunciamiento en la acción causal a entablar dentro de los diez días".

Así las cosas, es claro que la acreditación del fumus bonis iuris necesario para la procedencia de la medida requeriría demostrar -con la provisionalidad propia de este estadio de análisis- la verosimilitud del derecho de la actora a obtener la transferencia del dominio del inmueble a su favor. En otras palabras, se requiere acreditar sumariamente un ius ad rem, no bastando a ese efecto con el mero derecho de usar y gozar del inmueble que ocupa.

Del contrato no resulta la existencia de una obligación exigible por parte de la Ciudad de Buenos Aires de enajenar a la actora el inmueble, sino que el ejercicio de esa opción se encuentra supeditado a la previa declaración de innecesariedad del inmueble, circunstancia que nunca tuvo lugar.

En consecuencia, no se encuentra acreditada prima facie y con las limitaciones propias del reducido ámbito cognoscitivo en que se enmarca la pretensión cautelar, la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles para hacer lugar a la pretensión de la recurrente.
Poder Legislativo Nacional, facultades del Poder Legislativo, Seguridad social, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

El Congreso de la Nación es el órgano donde encuentran su representación natural las diversas opiniones, valores, convicciones y preferencias sostenidas por el pueblo de la Nación (arts. 22, 37, 45 y 54 de la Constitución Nacional) y es en ese carácter que la Constitución atribuye al Congreso la compleja función de articular los muchos derechos y objetivos sociales que deben ser honrados en la regulación del sistema de seguridad social del país (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Villavicencio, Simón Nemecio c/ Guzmán, Dragoberto Baltazar y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-28

El objeto de la cosa juzgada no se determina sólo por la petición del actor y los hechos alegados para su fundamento que permiten reconocer la pretensión planteada, sino sobre todo, por la subsunción que ha otorgado el juez a los hechos, pues lo que quedará firme es la declaración de la consecuencia jurídica que ha extraído el juez de los hechos mediante su subsunción en el derecho objetivo.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica, Comunicaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Si se admitiese que cualquiera pueda exigir el acceso gratuito a los medios de comunicación con el único propósito de refutar los hipotéticos agravios inferidos a las figuras a las que adhiere, es razonable prever que innumerables replicadores, más o menos autorizados, se sentirán llamados a dar su versión sobre un sinfín de aspectos del caudal informativo que en un sentido psicológico, mas no jurídico los afectarán.
Leyes, reglamentación de la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

Sabido es que no existen derechos absolutos que los mismos se ejercen con arreglo a las leyes que los reglamenten. También es aceptado que las restricciones al derecho de que se trate no pueden alcanzar a constituir una privación del mismo, pues cualquier reglamentación debe respetar el límite infranqueable del art. 28 de la Constitución Nacional.