Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


Buenos Aires, 26/11/2009 El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan estos autos a conocimiento de la alzada con motivo de los agravios que contra la sentencia dictada en primera instancia interpuso la actora a tenor del memorial de fs. 1313/1320, mereciendo réplica adversa de la contraria a fs. 1329/1337. Asimismo, a fs. 1323 la experta contable critica sus emolumentos por entenderlos reducidos.

Se agravia la actora por cuanto el señor juez de la instancia anterior rechazó la pretensión resarcitoria articulada en el inicio al considerar acreditadas las causas que motivaron el despido directo dispuesto por la demandada. Sostiene que el "a quo" basó su decisión en una valoración inapropiada de los elementos de prueba aportados. También apela el rechazo de la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T., la imposición de costas y los honorarios que se le regularon en origen por estimarlos reducidos.

2º) En primer lugar daré tratamiento a los agravios vinculados con el despido directo dispuesto por la institución demandada y al respecto señalo que el análisis y valoración de las pruebas colectadas a la causa me llevan a la convicción que la medida rescisoria dispuesta tuvo "justa causa" como lo exige la ley laboral (art. 242 L.C.T.).

De comienzo advierto que la parte en su memorial recursivo no rebate de modo eficaz los argumentos de hecho y de derecho dados por el juez que me antecede en sustento de su pronunciamiento. Obsérvese que en su escrito de apelación la parte se limita a reiterar el relato de los hechos descriptos en el inicio y a esgrimir en apoyo de su postura una inadecuada valoración de la prueba efectuada por el juez "a quo", sin reparar que las manifestaciones expuestas solo trasuntan ciertas consideraciones genéricas con ausencia de crítica pormenorizada de los fundamentos de la sentencia Por lo demás se advierte que conforme se desprende del escrito de inicio, conteste y sumario administrativo que obra por cuerda, la demandada procedió a despedir a la demandante mediante resolución de fecha 1º de agosto de 2005 por los hechos allí señalados los que configuraban injuria grave por pérdida de confianza y tornaban procedente la aplicación del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Quedó probado en la causa que a la fecha del cese, la Sra. Farola era subjefa de contaduría a cargo de la plataforma comercial del Banco de la Nación Argentina con sede en Luján. Y de las actuaciones sumariales acompañadas al pleito surge el proceder de la actora en forma irregular obteniendo un beneficio personal incompatible con la índole de su función y jerarquía, atribuyéndose la autoría de dicho hecho indebido.

En orden a la cuestión suscitada memoro que la relación entre la responsabilidad del cargo y la falta cometida constituye un parámetro válido para apreciar la legitimidad o no del acto de despido y puede sostenerse que cuanto mayor es la jerarquía de la función desempeñada es mayor también la obligación de obrar eficientemente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo (conf. art. 902 Cód. Civil). Por eso, la falta cometida por un empleado jerarquizado debe apreciarse con mayor estrictez pues el poder disciplinario del empleador no tiene el grado de flexibilidad que podría tener respecto de un trabajador de menor responsabilidad.

Desde esa óptica, destaco que arriba firme a esta instancia que la actora reconoció ante el gerente de la sucursal, como así también a través de la carta que dirigió a sus compañeros de trabajo y en la declaración espontánea que realizó en presencia del sumariante (Sr. Raimondi), la realización de una conducta indebida. En efecto, de allí surge que ella confesó haber realizado las extracciones por una suma total de $ 1.630 de una caja de ahorro de un cliente y ex empleado del banco demandado, mediante la utilización de una tarjeta de débito (y su correspondiente PIN) que no había sido solicitada por su titular.

Aun ubicándose en la postura de no haber ocasionado un perjuicio de índole patrimonial de gran magnitud, cabe convenir que su actuar fue impropio de un empleado contrariando los deberes y obligaciones que tenía a su cargo (arts. 62 y 63 de la LCT).

La actora insiste y cuestiona la regularidad del sumario respectivo labrado y plantea la nulidad del mismo pues asevera que se encontraba transitoriamente privada de discernimiento como consecuencia de un grave trastorno psiquiátrico.

Pero contrariamente a lo sostenido por ella, de las constancias de la historia clínica obrante en la causa no surge que ese fuera el estado de la quejosa - ni en ese momento ni con posterioridad- pues lo que de allí emana es que a la demandante se le habían recetado medicamentos idóneos para el tratamiento de afecciones psiquiátricas y que su médico particular recién le indicó reposo laboral el 30/04/05. Nótese que no se ha probado que la trabajadora efectivamente haya seguido ese tratamiento psicoterapéutico indicado, máxime si tenemos en consideración que a fs.1025/1029 desistió de la prueba pericial médica. Tampoco acreditó que en el momento en que se sucedieron los hechos haya sido víctima de extorsión y amenazas contra la vida de su hija ni que haya actuado con voluntad viciada por intimidación -otro de los tantos argumentos invocados a fin de justificar su proceder- ya que no adujo que la supuesta amedrentación hubiera estado encaminada a lograr que admitiese haber efectuado las extracciones indebidas.

Tampoco reafirman la postura de la apelante los dichos del instructor del sumario de la trabajadora - Sr. Raimondi (fs. 1011/1014)- por cuanto refieren que la actora se presentó en forma espontánea y voluntaria en la sucursal Morón de la institución demandada. Allí el citado testigo le leyó sus derechos y le preguntó si estaba en condiciones de declarar, a lo cual la actora respondió que sí, aceptando su culpabilidad, y agregando que había devuelto el dinero por intermedio de su marido, a más de presentar una nota a sus compañeros de trabajo donde indicaba los motivos de su proceder. Dicho testimonio cuenta con valor convictivo y eficacia probatoria al encontrarse debidamente circunstanciado y no haber merecido impugnación alguna de las partes (conf. art. 90 L.O. y art. 386 del C.P.C.C.N.).

Por todo lo expuesto, no puede inferirse tal como pretende la quejosa, que su estado de salud mental le impidiera cabalmente comprender las consecuencias de sus actos al momento de realizar las conductas indebidas precedentemente indicadas.

Con la única finalidad de abundar, cabe señalar que más allá del resultado de la causa penal iniciada a la trabajadora a raíz de la auto-adjudicación de los hechos irregulares, lo cierto es que la demandada despidió a la actora ante la confesión de ésta de haber efectuado las extracciones en cuestión, conducta que fue determinante de la pérdida de confianza invocada.

Asimismo considero menester destacar que de los propios agravios surge que la parte reconoce "moverse sobre supuestos" toda vez que la quejosa asevera no tener el registro completo de los hechos cómo acontecieron, advirtiéndose además que si bien en un momento indicó que la medicación que dan cuenta los recetarios obrantes en la causa influyó en su discernimiento en forma negativa, luego aseveró que logró la mejora sucesiva por efecto de la misma (ver fs. 1317, pto. VIII, segundo párrafo).

De acuerdo con lo dicho y pese a su trayectoria o a la falta de antecedentes desfavorables y no obstante la antigüedad en el empleo, considero que las irregularidades cometidas constituyeron injuria suficiente configurativa de pérdida de confianza que tornaron imposible la prosecución de la relación laboral por lo que el despido dispuesto fue legítimo (arts. 62, 63 y 242 de la L.C.T.).

Por todo lo expuesto propicio confirmar el fallo en el aspecto analizado.

3º) En cuanto al rechazo de la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T. (texto según art. 45, Ley 25.345), lo manifestado por la quejosa no constituye "agravio" en los términos del art. 116 de la L.O. ya que no ofrece el más mínimo argumento que rebata el fundamento en que se apoyó la decisión de grado, constituido por la falta de intimación a la demandada a hacerle entrega de los certificados que se establecen en la norma mencionada. Al respecto obsérvese que la quejosa sólo se limita a remitirse a las supuestas cartas documentos acompañadas, sin individualizar de cuál de ellas surgiría la intimación en cuestión. Lo cierto es que no obra en autos intercambio postal alguno, como así tampoco surge del relato inicial haber intimado a la demandada al respecto.

4º) También será desestimado el cuestionamiento de la parte relativo a la fecha a partir de la cual operó el despido del caso. Cabe recordar que se encuentra fuera de discusión en autos que la actora fue notificada del cese con justa causa el día 6 de agosto de 2005, por tanto esa es la fecha en la cual la notificación ingresó en la esfera de conocimiento de la quejosa y por tanto es la que debe tenerse por cierta como de extinción contractual. En consecuencia, la comunicación del despido indirecto que la actora pretende efectuar el 13/10/05 no introduce efecto sobre el vínculo que ya se encontraba extinguido.

5º) Además será desestimado el planteo articulado por la quejosa acerca que los extractos bancarios correspondientes a la cuenta de titularidad de la actora -obrantes a fs. 892/923- no acreditan que el banco demandado abonó la liquidación final correspondiente a la extinción, ya que en virtud de lo establecido en los arts. 124 y 125 de la LCT, los mismos constituyen prueba suficiente de pago.

6º) Respecto de la forma en que fueron impuestas las costas sugiero mantener lo decidido en grado pues no encuentro mérito para apartarse del principio general de la derrota que consagra el art. 68 del CPCCN.

7º) Tampoco progresarán los agravios vinculados con la regulación de honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, como así tampoco los de la perito contadora pues teniendo en cuenta el mérito e importancia de la labor desarrollada estimo razonables las sumas asignadas (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria; art. 3º y 12 decreto ley 16.638).

8º) En función de lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: l) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la actora vencida (art. 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 1313/1320 y 1329/1337 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la etapa anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: l) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a la actora vencida (art. 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 1313/1320 y 1329/1337 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la etapa anterior.

Se deja constancia que la tercer vocalía se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI:

G.R.P.