marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, permiso administrativo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guindi, Aldo y otros c/ Municipalidad de Morón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Si el concepto constitucional de propiedad está integrado por todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, resulta que los permisos de uso no constituyen una propiedad del permisionario ya que puede ser revocado en cualquier momento por la Administración sin recurso alguno.-
Contrato de obra pública, órdenes de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez y Paradell S.A.C.I.A. e I. c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Las sumas liquidadas por concepto de trabajos adicionales ordenados por orden de servicio deben comprender el importe actualizado del crédito a la fecha del efectivo pago.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TOLA, ENRIQUE SILVIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-28

Se advierte sin mayor esfuerzo que lo que se pretende es un nuevo examen y ponderación de las mismas pruebas tendiente a que prevalezcan algunos aspectos sobre los que fueron recogidos por el tribunal, tanto en los votos de la mayoría como de la minoría, atinentes a un hecho psíquico, en el marco de las facultades propias de aquél, no revisables por vía de casación salvo supuestos de excepción que no se observan de la lectura del fallo. Idénticos argumentos son aplicables en lo relativo a las circunstancias extraordinarias de atenuación dado que fueron sustentadas en el mismo hecho psíquico.
Ofrecimiento de la prueba, prueba documental
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez Rojas, Hilario c/ Ortíz, Célida s/ Tenencia Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1989-10-12

Consistiendo la prueba a ofrecerse sólo en la instrumental ya agregada a la causa, deviene innecesario decretar la apertura a prueba a los efectos previstos en el artículo 260 y siguientes del Código Procesal, por lo que corresponde tener por incorporada al proceso la documentación ofrecida por el actor, a los efectos de acreditar el hecho nuevo que invoca.
Recurso de apelación (administrativo), recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, incidentes, sanciones conminatorias, astreintes, tierras fiscales, adjudicación de tierras, responsabilidad del Estado, allanamiento, acto administrativo, preclusión, ejecución de sentencia, sentencia firme
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B, R. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO-DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y COLONIAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-04

Ha de coincidirse con la demandada respecto de la inapelabilidad que resuelve una cuestión incidental, tal como el levantamiento de las sanciones conminatorias. Así corresponde, porque aún con las objeciones que me merece el desprolijo trámite por el cual se llega a la fijación y firmeza de la multa diaria, la circunstancia determinante del consentimiento de las notificaciones - al Gobernador y Fiscalía de Estado -, hicieron precluir cualquier alternativa de ataque formal, ante la señalada negligencia de quienes representaron a la Provincia. De igual manera que el consentimiento de la accionante a la sentencia - que hace lugar a la demanda, teniendo por allanada a la Provincia, a quien se condena en costas a adjudicar en venta a favor de la accionante, sin fijar plazo de cumplimiento y remitiendo a la ley 279 -, hizo precluir cualquier intento de revisión ulterior del tenor, contenido y alcances del decisorio de tal fallo en atención a las peculiaridades fácticas previas, contemporáneas y ulteriores a la causa. Pero también si bien he señalado "obiter dictum" que no es este expediente, ni el estadio en que se encuentra, donde deba continuar ningún debate entre las partes y menos aún, exteriorizarse otras exorbitantes pretensiones de la actora que aquí resultan ajenas, las sentencias de los tribunales deben ser leal y completamente cumplidas, conforme la voluntad, la letra y el espíritu del juzgador.
Confirmación de sentencia, preclusión, declaración de la víctima menor, delitos contra la integridad sexual, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F.R.D.E.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-23

Cabe confirmar la decisión apelada en cuanto rechazó el planteo de nulidad promovido por la Defensa, dado que ello aparece como una vía oblicua para cuestionar el rechazo del recurso de apelación deducido contra la decisión que denegó la solicitud de presenciar la declaración de la menor -cuestión que estaba precluida-. Para decidir así, se señala que aquélla alcanzó la mayoría de edad y al respecto el código adjetivo expresamente dispone que la decisión del juez sobre la eventual asistencia de los defensores a esa clase de actos "será irrecurrible" -art. 202, primer párr., in fine del CPP-. A mayor abundamiento, vale aclarar que al momento de declarar tenía 17 años, se investigaba la posible comisión de delitos contra su integridad sexual y se había ordenado la prohibición de contacto del imputado hacia la menor y su núcleo familiar. Tales singularidades, lejos de configurar una arbitrariedad en los términos alegados por la recurrente, constituyen razones suficientes para verificar la excepción que prevé el artículo mencionado respecto de la asistencia de la Defensa en actos reproducibles, sin que se advierta conculcado el derecho constitucional de defensa en juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, jueces, superintendencia, cuestión justiciable, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SITUACION PLANTEADA ANTE EL CIERRE TRANSITORIO DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA NOMINACION DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 451-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

Si bien en principio, la Corte Nacional sostuvo que las resoluciones judiciales nacionales o provinciales dictadas en procedimientos de superintendencia, no pueden ser objeto de la apelación del artículo 14 de la ley 48 por no ser técnicamente "juicios" a los fines del recurso extraordinario, y ser sólo decisiones vertidas en esos trámites administrativos en ejercicio de facultades privativas del Poder Judicial no revisables por esa vía;

ha abierto el mencionado remedio contra tales decisiones cuando en ellas se origina un desconocimiento irreparable de títulos o derechos amparados por normas de orden federal.
Obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, cumplimiento de la obligación
Materia: COMERCIAL
Carátula: RESMACON  SRL c/ BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO SA s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

Sin entrar aquí a discutir el carácter de una obligación de entregar moneda extranjera (art 617 del Código Civil -ley 23.928-), quien se obliga a entregar una cosa, cancela su obligación dando la especie designada o entregando la cantidad de pesos suficientes para adquirirla en plaza, el día de su vencimiento (arg. art. 619, Código Civil).
Despido con causa, derechos del empleador, facultades de control, requisa personal, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: ROGGERO DE MELADO, CELIA c/ INDUSTRIAS PIRELLI s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-29

Es justa causa de despido eludir con violencia los controles personales en ocasión de encontrarse el dependiente adquiriendo mercaderías en una cooperativa de consumo del personal de la demandada pues, pese a que no se trata de establecimientos que conformen un mismo conjunto empresario, la existencia de la cooperativa tiene por objeto mejorar la situación económica de los empleados, encontrándose en estrecha relación con la empresa. El hecho repercute directamente en la patronal, especialmente teniendo en cuenta que la infractora se desempeñaba en tareas de vigilancia, por lo que no se explica cómo, en tales circunstancias, puede mantenerse la confianza que debe existir en toda relación contractual laboral.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Podestá,  Arturo J. y López de Belva, Carlos A. c/ Suprema Cortede Justicia de la Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

La acción de amparo puede, de manera general, tramitar en la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, pero ello es así en la medida en que se verifiquen los presupuestos que la habilitan -entre otros-, que sea parte un Estado provincial, que se trate de una causa civil que vincule a un distinto vecino de la provincia, o que corresponda asignarle a la cuestión un carácter exclusivamente federal.
Amenazas, testigo único
Materia: PENAL
Carátula: Silva Antúnez, Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-05

La condena se sustenta correctamente en que las amenazas estuvieron revestidas de la suficiente dosis de seriedad y verosimilitud como para que la voluntad del amenazado pudiera verse turbada, ya que tanto la víctima como el testigo dijeron que consideraban posible que el imputado cumpliera lo que decía, a lo que se suma que la verosimilitud de las amenazas y su gravedad han sido suficientes para infundir temor en la víctima y, de ese modo, suscitar una turbación coartadora de la libertad. La demostrada existencia de un alto grado de conflictividad, no autoriza a que el imputado intente, mediante amenazas, imponer su voluntad. La singularidad del testigo no es obstáculo para sustentar convicción suficiente en el juzgador si su sinceridad emana del relato y de las respuestas lógicas y coherentes ante un exhaustivo interrogatorio. La disidencia sostuvo que no surge de la causa que las expresiones supuestamente vertidas por el denunciado hayan logrado amedrentar efectivamente al denunciante). (Dres. Madueño -disidencia-, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Concursos, honorarios, proyecto de distribución, gastos del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: E.M.E. SRL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Cabe rechazar el pedido de regulación de honorarios solicitado por el letrado de la fallida al momento de la presentación del proyecto de distribución, por no revestir la condición de gasto del concurso. Es que, los gastos del concurso son los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso que hayan sido de beneficio común. Si bien la ley vigente eliminó la enumeración que hacia la ley 19551: 264, sobre la cual existía coincidencia en que era puramente ejemplificativa, ella sigue siendo útil como referencia doctrinaria para identificar los créditos comprendidos en esta categoría: honorarios del sindico, del abogado del deudor en el concurso preventivo o en la petición de propia quiebra y la hizo declarar, entre otros (cfr. Roitman, Vitolo, "Ley de concursos y quiebras", tomo III, pags. 462 y 464). Siguese de lo expuesto, que la sola solicitud de declaración de propia quiebra en el marco del concurso preventivo tramitado con anterioridad, no constituye tarea que pueda reputarse realizada en beneficio de la masa de acreedores. En tales condiciones, los honorarios que debe percibir el apoderado de la fallida no deben ser afrontados como gastos del concurso.
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado, honorarios del perito
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cía. Limitada Pesquera Nan An c/ Estado  Nacional (Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina) s/ Cobro daños y perjuicios - Beneficio litigar sin gastos -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-17

Si bien es cierto que el beneficio no causa estado y, por lo tanto, puede nuevamente plantearse, ello no significa que, en virtud de la interpretación armónica que cabe efectuar de lo dispuesto por los artículos 69 del ordenamiento de rito, el peticionario de la carta de pobreza que ha sido desestimada no deba abonar los honorarios de los profesionales y peritos intervinientes.
Embargo preventivo, sustitución del bien
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Groshaus, Chil c/ Meffa Passarini, Jorge s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-09-24

La actual legislación del Código formal tiende a lograr una mayor protección al deudor frente a las medidas precautorias que contra él se intente. De cualquier manera, considero que, es de la esencia del régimen instituido por dicha legislación formal el que los bienes dados en sustitución sean bienes disponibles a la fecha de su oferta, de un valor semejante a los anteriores y que cubran suficientemente la deuda requerida sin crear en el acreedor el riesgo de ver desaparecer o disminuir substancialmente la cautela que ha obtenido.

Tal así, toca a quien solicita la sustitución el acreditar que los bienes ofrecidos reúnen tales recaudos, probando que éstos se encuentran libres de gravámenes, representan un valor económico suficiente a los fines de la medida trabada y en substancia no disminuyen la garantía ya obtenida por el acreedor.
Competencia federal, incompetencia, entes autárquicos provinciales
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. P. c/ IOMA s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-21

No corresponde la intervención de la justicia federal cuando se trata de un litigio entablado por un vecino de un Estado provincial contra uno de sus entes autárquicos en el que la pretensión se funda sustancialmente en normas de derecho local, desde que no se advierte habilitada, ni en razón de la persona ni de la materia, la jurisdicción de excepción, de naturaleza restringida.
Obligaciones del Estado miembro, derecho a la vida, derecho a la integridad física, condiciones de detención, derecho a la integridad psíquica y moral, detenido, establecimientos penitenciarios, derecho a la dignidad, medidas de seguridad y protección
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina Corte Interamericana c/  s/ solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Argentina la Republica de Argentina s/ Proteccion de la vida e integridad personal "de las personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza"
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

En virtud de la íntima relación existente entre las condiciones de detención y los derechos a la vida e integridad personal, y considerando que una de las obligaciones que los Estados deben asumir en su posición de garante para proteger y garantizar tales derechos a las personas privadas de libertad, es la de procurarles condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención, resulta necesario resolver acerca de su mejor protección mediante una orden de adopción de medidas provisionales dictada por la Corte Interamericana.
Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal, facultades del fiscal, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

La reforma constitucional de 1994 no ha dotado al Ministerio Público Fiscal de una legitimación extraordinaria que le permita litigar en defensa de intereses ajenos, como sí ha sucedido con el Defensor del Pueblo de la Nación o con las asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de incidencia colectiva (artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional) (Voto del juez Rosenkrantz).
Concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alegre, Angel Catalino; Rosso, Aurora Elena y Alegre, Miguel Angel Catalino c/ Andrada, Alberto; Veraye Omnibus S.A. y/o Empresa de Transporte de Pasajeros "Vosa" y/o Quien resulte Propietario, Guardador o Tenedor del Colectivo Dominio DBE-258, Marca Scania Modelo K124IB8X2NB Mod-1999 y/o Quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15

Resulta mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, dado que no se advierte la demostración de un supuesto que permita excepcionarla, pues contra los argumentos del pronunciamiento de la Alzada, el impugnante extraordinario no logra demostrar la arbitrariedad del fallo cuestionado, sólo se limita a sostener una postura diferente y personal.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guillermo Walter KLEIN s/ FACULTADES  DEL PODER JUDICIAL - PODER LEGISLATIVO - PODER EJECUTIVO    CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -  ACCION  DE  AMPARO  - REQUISITOS -  ACTOS   U  OMISIONES  DE  AUTORIDADES  PUBLICAS  -  ACCION MERAMENTE  DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

El fin y las consecuencias del "control" encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, requieren que este requisito de la existencia de un "caso" o "controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de los poderes.
Acción de amparo, elecciones gremiales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez César y otros c/ Asociación Bancaria y Comisión Gremial interna del Banco s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-30

Si bien el carácter sumarísimo y rápido del amparo, puede justificar de acuerdo a las instancias concretas de la acción una menor rigurosidad en cuanto a los recaudos que habitualmente exige el art. 265 C.P.C. Una cosa es considerar la memoria con benignidad y otra admitir un recurso infundado o deficientemente fundado.

El objeto de la acción de amparo intentada fue la nulidad de la convocatoria a elecciones gremiales y/o delegados generales de banco, por no haberse implementado con los pliegos estatutarios previstos y por lo tal la suspensión del acto eleccionario previsto. El juez interviniente recepta la medida cautelar solicitada suspendiendo el mismo.

Al haber elegido el requiriente de la acción prevista en la Ley 4642, más allá que el objeto de acuerdo o los hechos plasmados en la misma tiene una regulación específica en la Ley 23.551, arts. 56, 59, 60, 61, 62 y 63 y concordantes de la referida ley que establece una mixtura jurisdiccional procedimental y de fondo, cuando está en debate la convocatoria a elecciones de los cuerpos en que las asociaciones sindicales de trabajadores tienen a su cargo el gobierno y administración, ha optado por encauzar su reclamo conforme las disposiciones de la Ley de Amparo.

Sin esa inteligencia, los quejosos ni siquiera someramente aluden a la violación de un derecho de carácter constitucional que les cause una lesión, un perjuicio real, efectivo y actual insistiendo solamente en una cuestión formal.

En consecuencia, al haberse suspendido el acto eleccionario por orden judicial, la supuesta lesión a los derechos ha cesado y por lo tanto no corresponde emitir pronunciamiento alguno porque a la postre devendría abstracto y la instancia judicial en estos casos de excepción que contempla la ley específica no se abre para emitir consideraciones genéricas o hacer docencia, sino solamente para suspender la ejecutoriedad de un acto que detente los requisitos contemplados por la ley. El presente recurso debe declararse sin materia y firme la conclusión sentencial del A-quo, la cautelar ordenada cesa de pleno derecho, y por lo tal se debe reanudar el acto suspendido.
Querella, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JOSE RICARDO NEMECIO JIMENEZ c/ ATILIO LUIS GUIDO ZANNY s/ QUERELLA S.D.CALUMNIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-10

La reforma a la ley de querellas,al establecer que el juez de instrucción es juez de sentencia,elimina el plenario y arriba al dictado de la sentencia a traves de un procedimiento escencialmente escrito.Asimismo,al prescribir que la sentencia puede ser apelada ante la Cámara, trastoca el procedimiento penal, que es de instancia única,transformándolo en uno de doble instancia.Surge palmariamente que esta ley 5585 colisiona con el precepto constitucional de la oralidad en materia penal y descompagina la coherencia del codigo procesal penal.-
Derechos de incidencia colectiva, derechos patrimoniales
Materia: CIVIL
Carátula: Tolosa, Jorge Ignacio c/ Club Tiro Federal Gualeguaychu y otro s-ordinario s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-08-02

En las acciones colectivas, la decisión de la parte respecto al tipo de proceso elegido -sumarísimo u ordinario- debe considerarse soberana por tratarse de derechos patrimoniales disponibles. El resultado que obtenga, bueno o malo, como consecuencia de su elección será fruto de su exclusiva voluntad e impasible de trasladarse a terceros. Al elegir el tipo de proceso no se podrá luego acudir ni valerse de imponderables que surjan durante el trámite para justificar algún perjuicio.
Sociedad anónima, accionistas, derechos del socio, caducidad, acciones societarias, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUISA TKACH c/ DROGUERIA FUCHS  S.A. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-30

No hay norma jurídica que declare la caducidad del derecho del accionista que ha omitido canjear sus acciones por los nuevos títulos expresados en la moneda ley 18.188, por lo que el no canje no implica la pérdida de los derechos de aquel. Por lo demás, el valor nominal de cada acción expresado en pesos moneda nacional quedó convertido en "pesos" (ley 18.188) "ministerio legis" según lo dispuesto por el art. 2 de la Ley cit. y en la proporción fijada en el art. 1.