marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Municipalidad de Concepción de la Sierra s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-02-15

Cuando las cuestiones propuestas suscitan interrogantes de derecho que resultan necesario despejar a través de un análisis exhaustivo que desborda el estrecho cauce de esta etapa de conocimiento preliminar, sin que ello implique adelanto alguno de opinión, debe procederse la apertura de la vía extraordinaria intentada, con la vista pertinente al Señor Procurador.(Dr. Dionisi: en disidencia)
Superintendencia, asignación de causa, cámara contencioso administrativa, privación de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Keselman, Pedro Jaime c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-11

Cierto es que el Reglamento Provisorio de Iniciación y Asignación de Expedientes del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario no ha contemplado específicamente desacuerdos en la asignación de causas a las Salas de la Cámara. Empero, ha puesto genéricamente la misión de distribuir los expedientes dentro de las competencias de la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes dependiente de su Secretaría General y ésta, a su vez, bajo la conducción de la Cámara. Esta es entonces la autoridad a la que compete, en ausencia de regla más específica emitida por el Consejo de la Magistratura, decidir la cuestión de superintendencia.
Despido con causa, abandono de trabajo, prueba, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: W., L.C. c/ S., N.R.O. s/ Demanda Laboral (Haberes e Indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-28

El abandonode trabajo siempre requiere la prueba de una posición subjetiva del trabajador que sirvan para justificar las ausencias, respondiendo, contestando a esa intimación, tal como lo es el silencio.
Recurso de revisión (procesal), quiebra, boleto de compraventa, escrituración, acreedor quirografario
Materia: CIVIL
Carátula: IMPUG.  AL  INFORME  PART.  DE  LA  SINDICATURA  (CREDITO  DEL DR. I. KUPFERSCFMIDT) EN: ESTRADA A.O CONC. CIV. s/ REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-07-26

Si el acreedor con boleto de compraventa que re une los requisitos del art. 1185 bis del C.C., hubiera optado por demandar la escrituración , de fracasar esta por los motivos que fueran, resultan de aplicación los principios generales y el adquirente queda convertido en mero acreedor quirografario por el precio pagado. La existencia de obstáculos fácticos o jurídicos que impiden el otorgamiento de la escritura de dominio excluye a la relación contractual preexistente a la quiebra -siendo indiferente que ella esté reconocida o no por sentencia judicial en proceso individual - de lo dispuesto por el art. 1185 bis C.C.y 150 in fine, y el problema queda regido exclusivamente por el art. 150 en su primera parte.

No resultan exigibles al concurso y por lo tanto se resolverán (art. 147 y s.s) ya que no resulta factible la continuación que prevé el art. 150, pues ha quedado excluido el art. 1185 bis C.C.

por no estar destinado el inmueble a vivienda, situación que excede las valoraciones a efectuar en esta instancia superior.
Temeridad o malicia, proceso judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galparsoro de Moyano, Susana Beatriz c/ Costenaro, Norma A. y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Las normas que posibilitan sanciones por inconducta procesal deben ser aplicadas cautelosamente, vigilando la normalidad del proceso y salvaguardando su correcto orden, pero no convirtiendo al juzgador en un aplicador mecánico de penalidades por todo aquello que no concuerde con la estrictez de lo que una de las partes pueda entender por buena fe y lealtad procesales.
Impuestos, tasas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Prevención  Aseguradora  de Riesgos del Trabajo S.A. c/ EN - AFIP-       Dto       863/98 s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La ley 25.345 creó la tasa y al ratificar el decreto Nº 863/98 autorizó para el futuro las disposiciones de éste y las de la resolución dictada en su consecuencia (resolución conjunta N° 1491/98 y 628/98), las que adquirieron de esta forma validez a partir de la vigencia de la ley. Es ésta la inteligencia que posteriormente quedó incorporada en el art. 45 de la ley 25.401 que directamente sustituyó el texto de aquella norma reglamentaria, unificando en uno solo el del decreto y las resoluciones, reiterando que los fondos provenientes de la recaudación por los conceptos que describe, netos de las comisiones que cobren las entidades bancarias recaudatorias, serán transferidos previa deducción del porcentaje de 0,50% -con excepción de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25.345-que se determina para la atención del gasto que demanden las funciones asignadas a la A.F.I.P.
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.S.B. c/ Clínica General Obstetricia Cirugía Nuestra Señora de Fátima S.A. y Ot. s/ Daños y perjuicios - Confl. de competencia art. 7° inc. 1° ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-28

La competencia para intervenir en las actuaciones corresponde al fuero especializado, si más allá de la responsabilidad que la actora le pudiese atribuir a cada uno de los accionados en el relato de la demanda (una clínica privada, un particular y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires) -cuestión que debe ser meritada al momento de resolver- resulta clara e inequívoca la decisión de la demandante de dirigir su pretensión contra un órgano de la Provincia (conf. art. 1 inc. 1° C.P.C.A.).
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: B. O. D. S. A. S.D C. A. C. E.P A.R.A c/  s/ casación criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-05-04

La falta de fundamentación, se refiere a las aserciones o negaciones dogmáticas que no han sido vinculadas con las circunstancias concretas de la causa (fundamentación aparente), o bien aquella que se caracteriza por su falta de especificidad (fundamentación global).
Proceso contravencional, rebeldía, declaración de rebeldía, domicilio del imputado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Lallana, Juan Carlos s/ inf. Art.79 C.C. s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

No corresponde declarar la rebeldía del imputado si se desconoce su domicilio, sino, antes bien, se debe agotar los medios tendientes a ubicar su paradero.

Se ha señalado que "Ante el desconocimiento del domicilio del imputado, debe publicarse la citación en el Boletín Oficial (art. 150 CPPN.) y oficiar a la Secretaría Electoral a fin de conocer el domicilio real del imputado, luego de lo cual, de no presentarse a las citaciones, debe procederse conforme los arts. 288 y 289 CPPN., decretando la rebeldía..." (C. Nac. Crim. y Corr., sala 1ª, 06/03/2003- FERNÁNDEZ, Gustavo).
Despido sin causa, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Alex Ramos c/ Empresa IECSA S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-02-14

Dada la posición asumida por las partes y la forma en que quedó trabada la litis (en que la demandada afirma que existió una falsificación o alteración de un certificado médico para justificar el distrato, hecho que negaba la contraparte), por imperio del art.

355 del C.P.C.C. (aplicable en materia laboral por el art. 121 de la Ley 1.444) la demandada tiene a su cargo la carga de la prueba.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ CARROZ, LEONEL RAUL Y OTRA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-25

Es improcedente la variación de los honorarios regulados en función de la nueva liquidación practicada, lo que no está previsto en la ley 7046, sin perjuicio de las regulaciones que pudieren corresponder por el cumplimiento de etapas con autonomía arancelaria, si las hubiere. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), queja por recurso denegado, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Giannini, Julio Alberto c/ Caja nacional de ahorro y seguro y ot s/ Cobro de pesos - Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Debe rechazarse el recurso de queja interpuesto dado que es requisito para la procedencia del mismo que la apelación haya sido denegada, lo que no ocurre en el caso de autos.
Partidos políticos de distrito, partidos políticos nacionales, partidos políticos provinciales
Materia: ELECTORAL
Carátula: Marcelo Eduardo Chain s/ promueve acción declarativa de certeza y medida cautelar innovativa (Partido Autonomista)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-18

Existe similitud entre la situación en que se encuentran los partidos de distrito en relación con el nacional y la de las provincias con respecto a la Nación pues estas últimas, no obstante gozar de autonomía y ser muchas de ellas anteriores a la constitución del Estado Nacional, no pueden ejercer el derecho de secesión.
Insuficiencia del agravio, robo simple, menores
Materia: PENAL
Carátula: S., A. G. c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-12

Resulta meramente conjetural el agravio formulado por la defensa mediante el cual pretende diferir la solución del caso respecto del menor a quien el tribunal de menores le impuso una sanción -tras haberlo declarado responsable del delito de robo simple, reiterado en tres oportunidades, en calidad de autor-, con fundamento en el perjuicio que le aparejaría esa decisión ante la existencia de otro proceso penal en trámite ante el fuero de menores en el que el menor también se encuentra imputado, puesto que tal pretensión -en orden a que debía existir un único pronunciamiento judicial que contemple y meritúe todos los hechos delictivos cometidos por una persona durante su minoría de edad para evaluar integralmente la necesidad de pena-, no tiene base normativa alguna en el estado actual de los procesos que registra (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus).
Fuerzas de seguridad, régimen de retiros, indemnización, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saucedo, Daniel c/ Lázaro, Víctor H. -E.N. (Mº del Interior-Policía Fed.) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

A partir de la sentencia de la C.S.J.N. del 19/10/95, recaída en la causa M.41 XXVII y M.29 XXVII "Mengual Juan y Otra c/ E.N. (Mº de Defensa EMGE.) s/ cobro de australes", el Alto tribunal -por el voto de cuatro de sus jueces y el concurrente de tres- varió en principio el criterio que había sentado en las causas de Fallos: 315:1731 y 2207 ("Valenzuela" y "Bertinotti") y volvió a la establecida en el precedente "Gunther". En tal sentido, sostuvo que "no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad -ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional" (consid. 10).
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cía.Financiera SIC. S.A. s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-28

La condición de presidente del directorio desplazado resulta suficientemente legitimante, en función de lo prescripto por el art.50 inc.d) de la ley 21526 (texto según ley 22529) que confiere a "los representantes estatutarios de la entidad liquidada", la participación que según la ley 19551 corresponde al fallido, y conforme lo dispone el art.268 L.S que asigna al presidente del directorio la representación de la sociedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dominio, ganado, marcas y señales
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Martín Diano c/ Cecconi María Rosa y/o Pértile Mario Abel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-31

La Ley Nacional de Propiedad del Ganado Nro.22939/83, establece que existen dos obligaciones que debe cumplir el propietario de un animal: 1) Marcar su ganado mayor (art.6); 2) Tener registrado a su nombre, en el Registro de Marcas y Señales, el diseño que se empleare para marcar o señalar los animales (art.5).

Por ello el art.9 de la citada ley -en el caso del ganado- presume iuris tantun la propiedad del mismo para quien tenga registrada la marca o señal que tenga el animal.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Raña,  Luis  Angel c/ Tierra  del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

Para que proceda la competencia originaria de la Corte por razón de la materia se requiere que la pretensión deducida se base directa y exclusivamente en normas constitucionales de carácter nacional, leyes del congreso o tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa.
Extorsión, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: DONNEWALD, NESTOR H. s/ EXTORSION  -  PRIVACION  ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

No existe extorsión desde que entre las partes medie una deuda legítima, que el querellante debió pagar en virtud de una sentencia dictada en el fuero común.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTILLAN DORA ALICIA c/ OREFICE BLANCA s/ SUCESORIO-FIJACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-01

El principio de que las cuestiones de hecho y prueba están exentas a priori del control de la casación, cede y habilita su procedencia cuando, la resolución impugnada se funda en constancias del expediente incorrectas y obvia otras que de haber sido apreciadas hubieran dado un resultado distinto.

En efecto, la resolución atacada, concentra su atención en la devolución de los autos principales, ignorando los informes de secretaria y mesa de entradas, que indicaban no solo que el expediente había sido devuelto en tiempo y forma sino que con el mismo se acompaño memorial de agravios de cuyo cargo surge que también fueron presentados en tiempo y forma.

Si por error la diligencia de consignar la devolución del expediente no se realizo y lo que es mas grave aun sirvió de base para resolver tener por desierto el recurso articulado, corresponde considerar que la resolución incurrió en arbitrariedad manifiesta, al adoptar una decisión que se aparta palmariamente de los hechos y constancias de la causa, correspondiendo por ello casar la sentencia de grado con reenvío, para que el ad-quem de el trámite de ley al recurso por ante ella oportunamente interpuesto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

Existen hoy grandes diferencias entre el Tribunal Pleno del artículo 28 de la Ley 10160 y el Plenario previsto por el art. 29 del mismo ordenamiento, justificadas por la mayor jerarquía de este último al representar la opinión de toda la judicatura provincial correspondiente. Por ello es que -aunque con reparos- puede de algún modo legitimarse que el fallo plenario posea una vigencia "sine die " hasta tanto otro Plenario lo deje sin efecto. No obstante ello, dicha vigencia 'sine die' lo acerca, peligrosamente para la división republicana de poderes, al valor de una verdadera ley.

Pero el tribunal pleno es otra cosa. Se trata de un criterio sectorial de la jurisprudencia del ramo, y nada más. Precisamente hasta hoy una de las principales diferencias entre el Tribunal Plenario y el Pleno finca en que éste carece de la referida vigencia "sine die" que sí posee el primero.

Precisamente, también, la aludida vigencia "sine die" del Tribunal Plenario es uno de los principales flancos débiles del sistema y objeto de fundados reproches constitucionales.

En una época donde todo cambia -también la materia jurídica- de manera tan rápida y en la cual todo resulta fluido, propiciar soluciones tendientes a "cristalizaciones jurisprudenciales" más allá de lo que legalmente de modo indudable corresponde, no aparece adecuado, y está fuera de toda duda que la letra del Art. 28 de la ley 10.160 no convalida la nueva "cristalización jurisprudencial" propugnada.

Pertinazmente hemos defendido interpretaciones evolutivas de disposiciones legales, pero en tanto y cuanto no se apartaran palmaria y violentamente del texto intergiversable del legislador". (De los Fundamentos del Dr. Peyrano).
Acción de inconstitucionalidad, fundamentación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Merlo Norte SA de Transporte c/ Municipalidad de Merlo s/ Inconstitucionalidad. Ordenanza 3449/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La distinta regulación a nivel legislativo provincial -en el caso en materia de depósito de garantía del contrato de concesión- no resulta suficiente sustento para objetar por inconstitucional una Ordenanza municipal.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, juicios en que la Nación es parte, impuestos, impuestos municipales, procesos de ejecución, ejecuciones especiales, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: G.C.B.A. c/ Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos s/ ej. fisc. - abl.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

La ejecución fiscal iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, corresponde a la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, puesto que, por un lado resultan aplicables los arts. 116 de la Constitución Nacional, 2° inc. 6° y 12 de la ley 48, que establecen que corresponde a la justicia federal conocer de las causas en que la Nación o una entidad nacional sea parte y, por el otro, que para resolver la pretensión del actor deberán aplicarse normas y principios propios del derecho público. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ejecuciones especiales, libertad condicional, admisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, improcedencia del recurso, límite temporal, pandemia, coronavirus, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Paniagua Duarte, Miguel Angel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

Corresponde declarar inadmisible el recurso incoado, la parte recurrente no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que resulte idóneo para lograr la admisión del recurso intentado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el juez a quo consideró relevantes para rechazar la libertad condicional solicitada. A efectos de rechazar la pretensión de la defensa, el tribunal consideró que, si bien el encartado cumple con el requisito temporal contenido en el art. 13 del Código Penal y, además, el informe remitido por las autoridades de la Unidad n° 15 -Río Gallegos- del S.P.F. concluye de manera favorable a la concesión del beneficio, lo cierto es que el segundo de los hechos por los cuales fue condenado Paniagua fue cometido con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.375. De este modo, concluyó que, de acuerdo con las previsiones del artículo 14 inc. 10° del Código Penal, conforme ley 27.375, Paniagua Duarte se encuentra incurso dentro de las prohibiciones legales para acceder al instituto que se pretende. En definitiva, no se desprende que la parte recurrente haya controvertido los fundamentos de la resolución aquí cuestionada a través de una crítica concreta y razonada, ni haya demostrado que exista un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso o se vislumbren deficiencias de razonamiento o fundamentación que impidan considerar que se está en presencia de una decisión jurisdiccional válida. Aunado a ello, tampoco puede soslayarse que la mera alusión a la pandemia del COVID-19 y al mayor riesgo de contagio en el ámbito carcelario no habilita automáticamente a modificar la situación de encierro del encartado; más aún cuando tampoco la parte invoca una situación de riesgo concreta y actual que aqueje a Paniagua Duarte y que justifique acceder -eventualmente- a una modalidad morigerada de detención, sin perjuicio de no resultar la presente la vía idónea a tal efecto. Dres. Figueroa y Barroetaveña.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villarreal, Josefina del Huerto c/ De Pascuale, Pablo Antonio s/ Ejecución de honorarios Ceralsud S.A. c/ Lopez, Oscar s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23|1997-03-13

Aún cuando la regulación de honorarios practicada por la Cámara no sea susceptible de recurso alguno, no constituye título ejecutivo hábil mientras el obligado al pago no haya tomado conocimiento de la misma. Si la regulación de honorarios efectuada en la Alzada no fue notificada personalmente o por cédula, atento su inapelabilidad, la condición de "firme" atribuida al auto deviene una vez notificado personalmente o por cédula el "por devueltos" con que se recibe el expediente en primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, tribunal oral, recurso de apelación (procesal), primera instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Leiva, Norberto s/ Tribunal Oral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-04

No es revisable por un Tribunal Oral lo resuelto, respecto de actuaciones en primera instancia, por una Sala de Cámara, pues no puede aquél convertirse en un tercer estadio de conocimiento, excediendo las facultades que le concede el ordenamiento jurídico vigente.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Helvetia Argentina Sociedad Anónima de Seguros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 883-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

Debe declararse inadmisible el recurso interpuesto solicitando la anulación de los decretos por los que se resolvió una licitación pública en la que el recurrente era oferente, ya que la vía intentada -contencioso administrativo de plena jurisdicción- presupone la titularidad de un "derecho subjetivo de carácter administrativo" (artículo 10, ley 4106 -aplicable a esta causa en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, segundo párrafo, de la le y 11330-) que se afirme lesionado por el acto que se impugna, y dicha situación jurídica subjetiva no concurre en el caso de autos, en que la actora titulariza un interés legítimo.