marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Superior Tribunal de Justicia, decretos, depreciación monetaria, liquidación judicial, actualización monetaria, índice de precios al consumidor, sentencia, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Placidi, Mario Andrés y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 7-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Esta Corte, in re "González Bertero" (AyS T 133 p 178/183) y "Morales" (AyS T 136 p 182/189), ya ha valorado la insuficiencia del método del decreto 381-91 para compensar razonablemente los perjuicios que la depreciación de la moneda le ha irrogado al salario. En el sub judice, tampoco se ha controvertido la afirmación de la actora, con base en las actuaciones administrativas reservadas, en cuanto a que la aplicación de dicho criterio reduce a menos del cincuenta por ciento al crédito (en relación, desde luego, al que surgiría por aplicación del índice de costo de vida).

Luego, como el índice de precios al consumidor, nivel general, o costo de vida, resulta ser la pauta objetiva más adecuada para medir y corregir el envilecimiento del signo monetario -ya que las necesidades que los alimentos tienden a satisfacer varían en concordancia con el poder adquisitivo de la moneda-, no puede dejar de operar, jamás, como parámetro comparativo de la razonabilidad en la elección del método de repotenciación, a fin de echar luz sobre el cumplimiento de la exigencia constitucional de inviolabilidad del Derecho de Propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional) apreciado, no obstante, más allá de abstractas fórmulas matemáticas.

Ello, tan es así, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos pronunciamientos, ha adoptado ese índice como criterio de mayor razonabilidad.
Allanamiento, consignación de llave, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Spertino, Gerardo Víctor y otro c/ Albano, Gerardo Daniel s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-08-22

Dado que el demandado se allanó a la pretensión sin reconocer los hechos ni el derecho -tratándose en el caso de un allanamiento tácito, configurado por la consignación de las llaves del inmueble cuyo desalojo se demandó-, debe interpretarse que la sentencia de allanamiento, en cuanto hace lugar a la demanda, no tendrá en otro proceso conexo o afín al presente el efecto de cosa juzgada sobre la "causa petendi" de la pretensión de desalojo objeto de estos autos.
Procedencia del recurso, medidas cautelares, derecho de enseñar y aprender
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ H. C. K. c/ GCBA s/ incidente de apelación - amparo - educación - vacante c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal porque la decisión de este Tribunal impugnada -que revocó la medida cautelar que ordenaba al GCBA garantizar al actor la vacante en el centro educativo elegido como primera opción o, de no ser posible ello, ciertas opciones estipuladas en la sentencia-, si bien no es la definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley n° 48, pues no pone fin al pleito ni impide su continuación, resulta equiparable a una de esa especie en tanto muestra que le causa un perjuicio irreparable. Así ocurre, toda vez que denegó un derecho sólo susceptible de tutela inmediata. El derecho a la educación venía asegurado con la medida cautelar que fuera anulada por este Tribunal, motivo por el cual no requiere mayor demostración el perjuicio que sufre el menor que no recibe escolaridad durante el tiempo que dure el proceso, y ese daño resultará irreparable cuando finalmente se le reconozca ese derecho. En estas condiciones, corresponde encuadrar los agravios en el art. 14, inc. 3 de la ley n° 48. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano. Voto al que adhieren los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cignotti, Daniel; Galván, Silvio A. s/ Lesiones leves Bianco, Héctor Angel s/ Lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09|1996-07-19

Los jueces son soberanos en la apreciación de la prueba pericial, dependiendo la fuerza probatoria de ésta de los dispuesto por el art. 255 del C.P.P..
Dirigente gremial, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Jorge L. y otros c/ Tropini S.A. s/ Cobro de Pesos - Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-26

La determinación de la calidad de dirigente gremial de un trabajador es una cuestión de hecho y prueba ajena, en principio, al recurso de inaplicabilidad de ley. Se rechaza el recurso.
Responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, debido proceso, jueces naturales, violación al debido proceso, justicia militar, competencia ordinaria, competencia penal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-07-05

Resulta internacionalmente responsable el Estado colombiano por contravenir el principio del juez natural que forma parte del derecho a un debido proceso y del derecho de acceso a la justicia -artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana-, toda vez que el juzgamiento de los militares vinculados a los delitos perpetrados contra los 19 comerciantes fue efectuado -aún cuando estaban siendo investigados por la jurisdicción penal ordinaria-, jueces penales militares carentes de competencia, desconociendo la excepcionalidad y el carácter restrictivo propio de la jurisdicción castrense, derivando en la cesación del procedimiento a su favor e impidiendo la investigación y sanción por los tribunales competentes de los miembros de la fuerza pública que intervinieron en los hechos.
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, sentencia arbitraria, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Medardo c/ D.G.A. s/ reclamos varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Toda vez que el actor recién cuestionó la aplicación del tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo - texto según art. 153 de la ley 24.013- al recurrir la sentencia de primera instancia, lo resuelto por la cámara acerca de la inconstitucionalidad del citado art. 153 importó un inequívoco apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis y una violación de las reglas procesales que rigen la jurisdicción revisora de los tribunales de alzada (arts. 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Voto del juez Rosenkrantz).
Restricciones al dominio, ruidos molestos, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PÉREZ, Eduardo Vicente c/ LAVADERO LOS VASCOS S.C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

La restricción a la que alude el art. 2618 del Código Civil es independiente de toda idea de culpa del vecino que las produce.

Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, en tanto el damnificado no tiene necesidad de probar la culpa del industrial, ni éste puede eximirse de responsabilidad acreditando que observó la máxima diligencia requerida por las circunstancias.-
Relación de dependencia, prueba, pago en negro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DUN y BRADSTREET S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

La inexistencia de registros en los libros específicamente laborales no es automáticamente sinónimo de inexistencia de relación laboral, pues de lo contrario, "ipso facto", desaparecería el trabajo en negro. El tema ha sido previsto en forma concordante por la ley 24.013.
Incapacidad laboral, cambio de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE JOSE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-12-06

La incapacidad específica para el trabajo se refiere a las tareas habituales del trabajador. Ello no obsta a que el obrero pueda desempeñar lo que genéricamente se denomina tareas livianas.-
Justicia militar, privación ilegal de la libertad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Código de Justicia Militar, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, procesado, personal militar
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: EMILIO ALBERTO ABDALA s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Si la privación ilegal de la libertad se inició en el despacho de un ministro y se mantuvo en instalaciones militares, de acuerdo con los prescripto por el art. 108, inc. 2 del Código de Justicia Militar (ley 14.029) y la Reglamentación de Justicia Militar (RW 110/10) primera parte, III, Nro. 9) en relación con el art. 1 primer párrafo de la ley 23.049, surte el fuero castrense para conocer en cuanto a los procesados que invisten estado militar.
Mora, constitución en mora, títulos de crédito, pérdida de la posesión, denuncia
Materia: COMERCIAL
Carátula: DUCILO  S.A. c/ ALFREDO SANFILIPPO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-28

Aún admitido que el demandado ha conocido el derecho de la actual poseedora de los títulos, la existencia de ese conocimiento no es suficiente para reputarlo moroso en el levantamiento o retiro de su denuncia de desposesión, para la constitución en mora es necesario que el denunciante sea requerido a levantar o retirar tal denuncia.
Crímenes de lesa humanidad, prisión domiciliaria, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Mulhall, Carlos Alberto y otro c/  s/ privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 5) y privación ilegal libertad pers. (art. 142 bis inc. 3)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

La concesión de la detención domiciliaria a un condenado por delitos de lesa humanidad, aun mediante sentencia no firme, debe estar precedida tanto de la verificación de las circunstancias idóneas para provocar las consecuencias del encarcelamiento, como del análisis del riesgo procesal de fuga. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Contrato de trabajo, cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Lemos, Marcos Daniel c/ Ríos, Jorge Orlando y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-21

En virtud de lo normado por los arts. 225 y 228 L.C.T. debe entenderse que cedente y cesionario son responsables por la totalidad de las obligaciones laborales contraídas por el cedente antes de la cesión. Dicha solidaridad comprende todas las deudas existentes antes de la transmisión del establecimiento en cuestión, y resulta irrelevante si el contrato de trabajo se ha extinguido con anterioridad a la misma, puesto que el dispositivo referido no limita la solidaridad a la continuación del empleo a órdenes del sucesor o adquirente. Asimismo, se ha establecido que una vez reconocido por el codemandado adquirente tal extremo aunque sin aclarar a qué título, resultará igualmente aplicable el art. 228 L.C.T.
Recurso de queja (procesal), suspensión de la prescripción
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional Nro. 1- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ Art. 40 CC - Apelación Contravencional Nro. 1- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ Art. 40 CC - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

La suspensión del curso de la prescripción por imposibilidad de proseguir el procedimiento debida a la conducta procesal del imputado (incomparecencia o rebeldía), es uno de los únicos motivos que justifica racionalmente la interrupción o suspensión de este plazo frente a la cláusula de principio que requiere el juzgamiento dentro de un plazo razonable. Efectivamente, no son aquí los órganos del Estado los que incurren en mora, que impide la tramitación del procedimiento, sino, por lo contrario, la conducta de quien es perseguido penalmente la que funciona como obstáculo para el desarrollo del procedimiento. Ello es así más aún en este caso, pues el acto que genera la incomparecencia sólo tenía por finalidad posibilitarle su defensa desde un comienzo. (Del voto en disidencia de los Dres. Maier y Ruíz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), contrato de publicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LDC ARGENTINA S.A. c/ COMUNA DE TIMBUES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

El agravio que le ocasiona a la recurrente la decisión del Tribunal de rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley 2439 que autoriza otros medios de publicidad de las ordenanzas considerando que la Comuna había procedido con arreglo a la mencionada norma (que establece que la ordenanza deberá publicarse en un diario de la localidad si lo hubiere y en carteles que se fijarán en lugares públicos), no puede tener favorable acogida ya que, habiendo sido suficientemente sustentada en la aplicación al caso de normas de derecho público local del mismo modo en que habían sido resueltas causas anteriores (integradas por ella misma y otras similares), concluyó en que, además, se había cumplido en la especie con una notificación formal a la empresa actora cuya copia es adjuntada por ella misma. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 2439, artículo 53.
Prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial, oportunidad procesal, idoneidad del testigo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARCANTONIO V. c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Quien no hizo uso del derecho que le confiere el Código Procesal:

456 en la instancia correspondiente, no puede en principio, cuestionar la idoneidad del testigo en la alzada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández de Ingrassia Zulema Irma s/ Propia Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

El depósito previo impuesto como recaudo para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no resulta exigible en los supuestos de quiebra declarada en juicio. (Minoría u opinión personal)
Despido, pericia médica, daño psíquico, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Boni, Plaza María Clara  c/ Fernández María Estela y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

La actora, técnica de laboratorio sufrió un proceso de intoxicación aguda por manipulación de formol y el perito médico negó que porte secuelas físicas pero sostuvo la existencia de daño psicológico que la incapacita en un 10%, T.O. Toda vez que ha quedado probada la participación de una cosa riesgosa o viciosa de propiedad de la empleadora accionada -formal- corresponde aplicar lo normado por el art. 1.113 C. Civil. No median dudas de que la demandada resulta responsable por la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de la cosa riesgosa conforme lo normado por los arts. 1109 y 1113 C. Civil, en tanto no surge acreditada la "culpa de la víctima", ni de un tercero por quien no debiese responder la empleadora. Y habiéndose acreditado, la tarea de riesgo desempeñada por la actora y no probado que la aseguradora demandada hubiera efectuado las denuncias pertinentes para evitar o morigerar el daño, resulta solidariamente responsable en los términos del art. 1074 Cód. Civil (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
Suspensión de la prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad, duración del proceso, Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de la ley
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: VIVONE, Alejandro C. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad planteado respecto del art. 67 del C.P., por considerarlo en colisión con el art. 81 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mientras la primera de las normas establece que el cumplimiento de determinados actos procesales en la causa, patentizan la voluntad del Estado de perseguir una determinada conducta que, en principio, se reputa criminosa, la segunda se limita a enunciar una garantía de carácter general que tiende a preservar el derecho de todo encausado de obtener una definición procesal en un "plazo razonable", lapso que deberá examinarse en cada caso concreto. Cabe concluir entonces, -de la interpretación armónica de ambos preceptos-, que el plazo de juzgamiento se tornará irrazonable transcurrido el término establecido en el art. 62, inc. 2º del C.P., sin que se verifiquen actos con virtualidad interruptiva, cuales son aquellos que doctrinaria y jurisprudencialmente se les ha asignado la calidad de secuela de juicio.
Ratificación de la afiliación, afiliación partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mascheroni Santiago y otros c/ Convención Provincial de la U.C.R. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-20

Tales procesos -de ratificación de la afiliación-requieren garantías a fin de que todos los afiliados estén en condiciones reales de manifestar su voluntad.
Muerte del trabajador, servicios de vigilancia, vigiladores, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Naval, Patricia Elisabeth por sí y en representación de sus hijos menores Rocío Elisabeth Noemí San Martín Naval y Marco Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa S.R.L. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

Cabe descalificar por arbitraria la sentencia que eximió de responsabilidad a la aseguradora por el fallecimiento de un trabajador al accionarse un arma de fuego cuando se desempeñaba como vigilador de una empresa de seguridad, pues desconoce que la regla jurídica del régimen especial que se invocó -art. 4º de la LRT- constituye la que enuncia el marco general de las obligaciones legales de prevención y control que pesan sobre la aseguradora y puede válidamente integrar el basamento jurídico de una pretensión fundada en el art. 1074 del Código Civil, tal como se expresó en "Torrillo" (Fallos:332:709).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santonil de Ferreyra María E. c/ García José L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

La vida humana y las aptitudes personales se consideran con valor económico teniendo en cuenta lo que produce o puede producir en el orden patrimonial, y esa productividad puede manifestarse en las formas más variadas, como trabajo que inmediatamente determina beneficios patrimoniales o como actividad que aunque sin producir por sí misma beneficios los ocasiona mediatamente para el propio sujeto o para otros.
Reglamentación de la ley, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pantoja, Elisa Mariana. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-14

La reglamentación de los derechos incumbe al legislador, que debe cumplir tal tarea conforme las prioridades previstas por el constituyente y sin alterar el espíritu del mandato contemplado en el art. 31 de la CCBA.
Pagaré, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Enfin S.R.L. c/ La Vita, Claudio y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

Tratándose de un pagaré con vencimiento convenido a fecha determinada y con cláusula sin protesto, la mora queda configurada por el cumplimiento del plazo fijado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pena, reincidencia, reincidencia real, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: O., D. S. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -PORTACION DE ARMA DE GUERRA SIN AUTORIZACION LEGAL PARA ELLO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 386 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

La Corte nacional tuvo ocasión de expedirse sobre el mismo punto de controversia que constituye el tema a decidir en este pronunciamiento en el fallo "Mannini, Andrés Sebastián s/ causa N 12.678", del 17.10.2007.

En dicha oportunidad y frente a una declaración de reincidencia basada en una condena anterior en la que el justiciable sólo había cumplido prisión preventiva-, se señaló que "al extender el concepto de 'pena' a encierros de diversa ratio a los fines del artículo 50 del Código Penal, los tribunales de la causa han prescindido sin razón valedera de la letra de la ley, consagrando una exégesis irrazonable del texto legal" (dictamen del señor Procurador Fiscal que la mayoría de la Corte hizo suyo). Tras advertirse que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, se reparó que "el artículo 50 del Código Penal no ofrece mayor dificultad hermenéutica, pues establece que habrá reincidencia en tanto quien recaiga en el delito haya cumplido 'pena' anterior, total o parcialmente" (ídem).

Y finalmente se indicó, con cita del diario de Sesiones del Senado de la Nación, que los antecedentes parlamentarios despejan cualquier duda que pudiera caber acerca de cuál es la voluntad de la ley.

En definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en el antecedente de mención- ha declarado arbitraria la exégesis de la norma contenida en el artículo 50 del Código Penal propuesta en la sentencia impugnada. Y sabido es del deber de los tribunales inferiores de conformar sus decisiones, en casos similares, a la doctrina sentada en los fallos del Máximo Tribunal federal; ello en reconocimiento de la autoridad qu e inviste como intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.

Por ello, y más allá de que las finalidades de la pena no se agotan en la denominada prevención especial positiva, lo cierto es que la respuesta jurisdiccional del A quo no satisface las exigencias mínimas de fundamentación derivadas del ordenamiento constitucional, demandando con ello el reenvío del caso a fin de que el tribunal que corresponda dicte una nueva resolución con arreglo a las pautas señaladas en este decisorio.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Dominguez, Sandalio Oscar c/ Acevedo,  Raul;  Empresa  Pujol e Hijos y/o quien resulte propietario s/ Daños y Perjuicios Pujol e Hijos y/o quien resulte propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-03-03

El monto del perjuicio deberá ser repartido entre todos los responsables del evento, de acuerdo con la intervención de cada uno, por aplicación de lo normado por el art. 901 del Código Civil, que consagra como es sabido, que la responsabilidad se regla por la relación de causalidad. Resulta pues lógico y justo que cada uno de los protagonistas cargue con las consecuencias inmediatas y mediatas de su actuación culposa, con prescindencia de las que deriven del accionar negligente.