Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-18


Autos N° 4.248 (3° J.P.L.G.S.J. N° 7.485/04), caratulados: "Credecon S.A. c/ Salazar, Raúl Orlando - Ejecutivo".

-San Juan, dieciocho de abril de dos mil doce. -- -Y VISTOS:

-Para resolver el recurso de apelación articulado -en subsidio al de reposición- (en copia a fs. sub 9/12) por la actora, quien actúa por apoderada, contra el proveído que en copia obra a fs. sub 8.

-Mediante el decreto glosado en copia a fs. sub 13 el a quo dispuso rechazar la reposición, y por decreto en copia a fs. sub 15 se concedió el recurso de apelación sin efecto suspensivo (cfr. art. 250 del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037).

-Y CONSIDERANDO:

I. Que por medio de la resolución recurrida se rechazó por improcedente la solicitud de aplicación de astreintes por tratarse de una medida excepcional de aplicación restrictiva, debiendo optarse por establecerlas sólo cuando no existe otro medio legal o material para evitar una burla a la autoridad de la justicia o para impedir que el pronunciamiento resulte meramente teórico, situación que no podía ser contemplada en autos dado que el presentante contaba con otros medios legales para obtener el cumplimiento pretendido.

Ello, por cuanto de la redacción literal del art. 36 del C.P.C. emerge que sólo las partes procesales son los sujetos pasibles de sanciones conminatorias y no quienes se vean afectados incidentalmente por un litigio y, además, porque las astreintes resultan improcedentes en materia de obligaciones de dar sumas de dinero, conforme jurisprudencia que allí se cita.

Contra el referido pronunciamiento se alzó la accionante por medio de la citada presentación en copia a fs. sub 9/12, en la que fundó la reposición. Las consideraciones allí vertidas deben tomarse como sustento del recurso de apelación. En tal pieza, sostuvo:

Que la providencia objetada la afecta porque deniega la aplicación de un precepto legal, convirtiéndolo en letra muerta no obstante haber dado cumplimiento a todos los pasos procesales previos para su aplicación.

Que el hecho de que existan otros medios para obtener el cumplimiento de la pretensión no resulta contrapuesto ni menos aún condicionante para la aplicación de una sanción por incumplimiento de una orden judicial, máxime cuando se trata de aplicar una norma procesal que el mismo Tribunal tuvo en cuenta para dictar la providencia que precedió a la que venía a cuestionar.

Que le causa agravio la resolución en cuanto decide que las astreintes sólo pueden imponerse a las partes del proceso porque la norma de fondo que las recepta (art. 666 bis del Código Civil) ofrece un amplio margen para su aplicación y por cuanto el nuevo texto del art. 36 del C.P.C.

[T.O. por Ley Prov. N° 8.037] aplicable, establece que podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros en los casos que la ley establece. Finalmente, transcribe jurisprudencia y doctrina en apoyo de su posición.

Corrido el traslado a la contraria de la fundamentación del recurso (fs. 20), ésta omitió evacuarlo, disponiéndose la elevación del expediente a la Cámara (fs. 29) ámbito en el que se hizo conocer a las partes los jueces que intervendrían en la presente (fs. 30), procediéndose posteriormente al sorteo y la adjudicación a estudio del expediente, aunque a fs. 34 se estableció que la presente causa sería resuelta en acuerdo. - -Así, luego de distintos debates para intercambiar opiniones y en función del acuerdo de 15 de marzo surgieron las pautas que dan origen a la presente resolución.

-II. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio en el sentido del rechazo del recurso articulado. Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación expondremos:

-1. Preliminarmente, importa señalar que la actora peticionó la aplicación de sanciones conminatorias a la empleadora del demandado en el marco de lo dispuesto por los arts. 36, 361 y 362 del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037 (copia de fs. sub 7).

-Por su parte, mediante la resolución hoy objetada el a quo denegó la petición de aquélla en los términos antedichos (ver copia de fs. sub 8).

-2. Ante las particularidades de la causa, el decreto impugnado aparece de dudosa apelabilidad, entre otras razones, porque ha sido dictado en uso de facultades jurisdiccionales que permiten a la jueza interviniente moverse con parámetros de amplitud para ponderar si procede o no aplicar dichas sanciones; decisión que no aparece burda ni irrazonable.

-En ese sentido, debe recordarse que las astreintes o sanciones conminatorias son un medio compulsivo dado a los jueces para que sus mandatos sean acatados, doblegando con ellas la voluntad renuente del constreñido a su cumplimiento.

-Por tanto, esta posibilidad de aplicar multas conminatorias -astreintes- al condenado renuente, tiene su fundamento en la potestad discrecional del órgano jurisdiccional, por lo que son de carácter facultativo, esto es, no obligatorio para el magistrado interviniente.

-En el punto, Fenochietto y Arazi señalan: "Más que un derecho del ejecutante, quien no está autorizado para exigir garantías respecto del bien reconocido en la sentencia, constituyen una facultad de los jueces.

Su aplicación depende de la prudencia del magistrado, quien tiene poderes discrecionales y soberanos para decidir si corresponden o no al caso concreto" [énfasis propio] (cfr. Fenochietto, Carlos E. y Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", Astrea, Buenos Aires, 1987, Tº 1, 1ª ed., 2ª reimpres., p. 157).

-Nótese que el art. 36 del C.P.C. (T.O. por Ley Prov. N° 8.037) es claro cuando establece: "Los Jueces y Tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas (...)" -subrayado añadido- (párrafo 1°); manteniendo el tenor facultativo para su imposición por parte del órgano jurisdiccional a lo largo de toda la redacción de dicha norma.

En lo referente específicamente al último párrafo del art. 362 del C.P.C. (Ley Prov. N° 8.037), si bien es cierto que el deber de informar previsto en dicha normativa se complementa con la posibilidad de aplicar sanciones por la demora injustificada en que la requerida pudo incurrir, su aplicación "no puede tener carácter automático, sino que queda librado al prudente arbitrio judicial, pues al órgano jurisdiccional le incumbe la apreciación de las circunstancias que la hagan procedente en cada caso" (cfr. Cám. 1ª Apel. San Isidro, Jurisprudencia Argentina, 1971, sec. reseñas, p. 192, N° 151; precedente citado por Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Editora Platense - AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1995, Tº V-A, 2ª ed. reelab. y ampl., 1ª reimpres., p. 498).

-En definitiva, no puede soslayarse que la doctrina y la jurisprudencia mantienen un criterio uniforme en cuanto al carácter excepcional con que debe examinarse su admisibilidad, por lo que su utilización debe ser razonablemente dispuesta por los jueces atendiendo a las particularidades del mandato judicial y la existencia o no de otro medio legal o material para mantener el cumplimiento de lo ordenado.

-3. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso intentado, con costas a cargo de la quejosa (arts. 66 y ccds. del C.P.C.), dejándose debida constancia de que en esta instancia no existe actividad computable a los fines regulatorios de honorarios de letrado alguno de la empresa incidentada.

Por lo expuesto, normativa y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

1. Rechazar el recurso de apelación deducido en copia a fs. sub 9/12 contra la resolución obrante en copia a fs. sub 8, con costas a cargo de la apelante vencida, dejándose debida constancia de que en esta instancia no existe actividad computable a los fines de regulación de honorarios de letrado alguno de la parte incidentada. - -2. Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.