marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montes, Edgardo R. c/ Eseba s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

No constituye una excepción al principio de irrecurribilidad en materia de honorarios, el caso en que si bien se invoca confiscatoriedad no se advierte que la regulación efectuada excede los límites establecidos por las normas arancelarias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Migraciones, expulsión de extranjeros, menores, modificación de la ley, devolución del expediente, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kowashiro Inga, Teodolina Kelopana y otro c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ contencioso administrativo - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-27

Toda vez que el cambio normativo operado introduce una profunda modificación en el fundamento principal de la decisión impugnada -dispensa al migrante por razones de reunificación familiar (decreto 138/2021)- y que se trata de un aspecto que fue objeto de cuestionamiento en el recurso extraordinario, corresponde devolver las actuaciones al juez de la causa para que -adecuando el proceso, en resguardo de la garantía de defensa en juicio, a fin de que las partes puedan ejercer los derechos que les asisten- examine el asunto a la luz de las nuevas disposiciones vigentes.
Impuestos, confiscatoriedad, prueba, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Navarro Viola de Herrera Vegas, Marta c/ Estado Nacional  DGI s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

La confiscatoriedad es una cuestión de hecho, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte, y que debe ser, por ello, objeto de concreta y circunstanciada prueba por quien la alega, lo que en autos no se ha producido.
Acción de amparo, medidas cautelares, personas con discapacidad auditiva
Materia: CIVIL
Carátula: CHIOMA   VIRGINIA c/ OBRA  SOCIAL  UNION  PERSONAL  Y  OTRO s/ incidente de apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

La ley 25.415 de "Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia", en su art. 3° señala que las obras sociales ".deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como rehabilitación fonoaudiológica". Expuesto el marco normativo en el que se encuadra el caso, resulta conveniente destacar los específicos términos de la prescripción del médico tratante de la amparista (el Dr. Vicente Diamante, especialista en otorrinolaringología) quien señala que la actora padece una hipoacusia profunda, por lo que los audífonos no le otorgan beneficios y que la indicación de un Implante Coclear Nucleus Freedom es de "urgencia porque la paciente tiene altos riesgos, inclusive de vida, al vivir sola y con profunda depresión por estar totalmente desconectada al ambiente sonoro". Asimismo el Cuerpo Médico Forense, además de coincidir en el diagnóstico y en la prescripción del implante, señala que "es importante resolver el implante sin demasiada demora, de acuerdo a edad y diagnóstico para tener las mejores posibilidades en la rehabilitación social auditiva de la actora".
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Galpesca S.R.L. c/ Villagra, Rubén s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Si bien el viejo canon del derecho civil "nemo propria manu sibi debitorem adscribit" establece la prohibición de procurarse un medio de prueba unilateralmente, tratándose de actos de comercio el Código de Comercio confiere a los comerciantes inscriptos que llevan los libros regularmente, hagan prueba en favor de dicho accionante (arts. 43, 4463, 208 inc. 5 y concds del Cód. Com.).
Crédito hipotecario, cómputo de intereses, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lioce, Roberto Donato c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-11-07

Si bien asiste razón a la entidad financiera demandada en cuanto a que la tasa que debe aplicarse a partir de la suma recalculada hasta que el deudor y el Banco acuerden la forma de cancelación, es la del doce coma treinta y ocho por ciento (12,38%), no es correcto interpretar que deban aplicarse intereses por el período legalmente establecido para el recálculo, es decir, para el período que corre entre el recálculo y la fecha "de aplicación" - aquella en la cual el saldo recalculado le fue informado al actor -, pues en virtud de las pautas interpretativas que establece el art. 6 de la ley 26.313 "en caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente se decidirá en el sentido más favorable al prestatario.", por lo que debe entenderse que los intereses así incluidos por la entidad financiera accionada deben excluirse del saldo recalculado en la liquidación, máxime cuando esta conclusión es la que mejor comulga con el criterio tuitivo del consumidor que contempla la normativa que la a quo entendió aplicable por encuadrar la contratación en una relación del consumo.
Sentencia arbitraria, regulación de honorarios, pautas, escala arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Farías, Juan A. y otro s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1990-10-18

El Tribunal se ha ajustado a las pautas legales para la regulación de honorarios que determinan un 15% como mínimo para la actividad de los profesionales actuales. Lo ha hecho tras analizar la causa y teniendo en cuenta las pautas orientadoras del art. 5º del Decreto Ley 4170/82, por lo que no puede tildarse de "arbitrariedad" a la decisión, si ella se ha ajustado a la normativa vigente y se han dado los fundamentos en que la misma reposa.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Altube, Héctor Abel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

A diferencia de lo establecido en el régimen previsional general para el personal de la Administración Pública fijado en el dec. ley 9650/80, - de cuyo art. 36 (numeración originaria) surge un concepto amplio de remuneración, el Régimen Especial Previsional dado por la ley 8320 limita los alcances del contenido de los haberes que deben determinarse exclusivamente sobre los importes que se abonen en concepto de "dieta y gastos de representación", interpretación que confirma el texto modificado por la ley 10.861.
Uso indebido del espacio público, tipo penal, deberes del juez, prejuzgamiento, convalidación de la medida cautelar
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Infante, Jorge Victor s/ infracción art. 83 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

En el caso y sin perjuicio de que se declare la nulidad de la a resolución recurrida por ser autocontradictoria. ya que por un lado afirma la inexistencia de contravención (prevista en el artículo 83 de la Ley Nro. 1472) y por otro confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es el hecho con relevancia jurídico-penal, el Ministerio Público Fiscal no ha prestado su conformidad a la desincriminación efectuada por el juez de grado por falta de tipicidad.

El juez a quo fundamenta su decisión en"...que de la cantidad de los elementos secuestrados se desprende su insignificante afectación del bien jurídico tutelado en el artículo 83 del Código Contravencional, esto es el uso del espacio público" Pero cabe resaltar que la consideración de la mercancía incautada como "de bagatela", que surge de la resolución impugnada no ha estado precedida mínimamente de un informe respecto de su valor.

El diccionario de la Real Academia Española define al término bagatela como "cosa de poca sustancia y valor", de allí la necesidad de la previa determinación cierta de esta cualidad respecto de los efectos incautados, para poder afirmar sin hesitación su carácter bagatelar.

Conforme lo sostenido en los autos "Blanco" causa nº 15692-00/CC/2006, rta. 10/08/06 "...El juez de garantías al convalidar o no una medida cautelar debe hacerlo desde el punto de vista jurídico y no probatorio, ya que resulta prematuro en esta etapa del proceso efectuar una declaración de atipicidad toda vez que no puede descartarse que la conducta endilgada sea relevante desde un punto de vista jurídico...".

Ello así, el magistrado de grado ha emitido opinión sobre la cuestión de fondo y por lo tanto debe ser apartado de la presente causa, conforme fuera solicitado por el titular de la acción.

El juicio emitido no ha sido indispensable en el momento en que se ha expresado -convalidación de una medida cautelar-, habiéndose adelantado opinión prematuramente, que permite concluir respecto del concreto destino de la causa. Es evidente entonces que se ha afectado la necesaria equidistancia del juzgador respecto de las partes, de allí entonces que corresponde ordenar el apartamiento del Magistrado interviniente.
Incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Capellacci, Nilda Elisa c/ La Emilia su quiebra y ot. s/ Art. 212, ap.4, L.C.T. Corvalán, Juan Manuel c/ Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Limitada s/ Indemnización art. 212, Ley de Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02|1995-12-05

Acaecida la situación de hecho a que se refiere el art. 212 párrafo cuarto de la Ley de Contrato de Trabajo -ésto es, incapacidad absoluta del trabajador- el contrato de trabajo se extingue por imposibilidad de su subsistencia, porque teniendo por objeto el vínculo laboral la prestación de servicios en relación de dependencia, es obvio que disminuido laboralmente en forma total el trabajador se produce la disolución del vínculo; y, en tales condiciones, extinguido definitivamente el contrato de trabajo el empleado resulta acreedor a la reparación a que se refiere la norma legal.
Principios laborales, principio protectorio, indemnización por despido, despido indirecto, equidad
Materia: LABORAL
Carátula: LOMBARDI, NELIDA c/ COLEGIO CRISTO REY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA LABORAL (EXPTE: C.S.J. NRO. 124 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

El principio de que a cada relación de trabajo corresponde una indemnización en caso de despido incausado, no puede ser excepcionado con el recurso a la equidad.

Es cierto que doctrina y jurisprudencia distinguen el particular caso del trabajo docente, reconociendo esa fragmentabilidad en particular atención a la modalidad de trabajo de "horas cátedra" permite al trabajador poseer - dentro de ciertos límites de compatibilidad- con un mismo o diferentes empleadores, más de un cargo o un cargo y a la vez horas cátedras, permitiéndose dentro de este contexto la renuncia de una parte de horas que poseen; pero aún teniendo en cuenta esa postura, no se advierte su aplicación al caso en razón de que las tareas desarrolladas por la actora no eran de docencia, por lo que el principio de indisolubilidad del vínculo se oponía.

En el caso, las razones dadas por la Sala para apartarse de esa premisa, atendiendo a la existencia de doble recibo y aportes a organismos de seguridad social diferenciados, no puede primar encima de la realidad, donde claramente se demuestra que el vínculo era uno sólo.
Delito culposo, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: I., M. de C; Ch., D. s/ Abandono de Persona Seguido de Muerte Agravado por el Vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-09

En los tipos penales culposos, por razones de orden práctico, la conducta prohibida o mandada se encuentra generalmente descripta de un modo sumamente genérico, de modo tal que quien termina cerrando los contornos de la prohibición o del mandato, es el órgano judicial al aplicar la ley, es decir, luego de la comisión del hecho del proceso). Es el órgano judicial, entonces, quien (después del hecho) debe precisar cuál era el deber concreto de cuidado que se le exigía al autor antes de su comisión.
Intereses, gravamen actual, tasa pasiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación, banco central
Materia: BANCARIO
Carátula: Banco Comafi S.A. c/ Cardinale, Miguel Angel y otro. s/ cálculo de intereses
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Si no se advierte que hayan variado las circunstancias que llevaron a la Corte a establecer en punto a la aplicación, a partir del 1° de abril de 1991, de la tasa de interés pasiva promedio mensual que publica el Banco Central, no se justifica modificarla (Disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de casación, competencia, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. s/ Apelación de Resolución Dirección Defensa del Consumidor - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-07-05

Todo cuanto tenga que ver con la competencia del órgano estatal (Dirección de Defensa del Consumidor) para conocer en determinada cuestión resulta ser una cuestión procesal, que -en tanto vinculada al derecho de defensa- no puede proponerse como fundamento del recurso de casación. Por su parte, la naturaleza procesal o sustancial de la norma no está vinculada al tipo de cuerpo normativo en la cual está inserta (no es necesario que se trate de un código de procedimiento), pues es sabido que existen normas procesales incorporadas a plexos normativos de derecho sustancial.

La naturaleza sustantiva de una norma no le es conferida por el hecho de que se encuentre integrando determinada ley o cuerpo normativo, sino en tanto constituya en sí misma una directiva conforme a la cual debe resolverse la cuestión litigiosa".

Dicho ello, teniendo en cuenta que los errores de interpretación y de aplicación de la ley procesal pueden conculcar el derecho de defensa, y en su caso, motivar un recurso de inconstitucionalidad, pero no el recurso de casación, que se encuentra instituido para verificar la correcta aplicación e interpretación de las normas que definen la relación sustantiva, el recurso traído adolece de un déficit de fundamentación que obsta a su admisión en esta instancia.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NORTELEX c/ Rolhaiser, Santiago s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

El pago documentado que prevé el art. 542 del Código Procesal en su inc. 6, debe acreditarse mediante instrumento emanado del acreedor o de quien legítimamente lo represente, y ello no puede suplirse con el documento emanado de un tercero, máxime cuando en él ni siquiera se menciona que tal pago se haya realizado (art. 731, inc. 1° del CPCC.).
Prueba confesional, absolución de posiciones, pliego de posiciones
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROZ, Ruben c/ LAVALLE, Oscar s/ MATERIA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

Las posiciones prueban no sólo contra quien las absuelve sino contra quien las pone, toda vez que cada posición constituye la apreciación de un hecho.-
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roberto Genoud y Cía. S. A. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Tratándose de una obligación impositiva, enclavada por ende dentro del régimen tributario, no rige el art. 623 C.C., modif. por ley 23.928, pues tal normativa regula situaciones y relaciones jurídicas propias del derecho privado, cabiendo al intérprete solamente acudir supletoriamente a tales principios "siempre que se trate de una relación jurídica encuadrable dentro de este último".
Juicio ejecutivo, endoso en blanco
Materia: CIVIL
Carátula: Bruera, Elvio Eladio c/ Feito, Alfredo Omar s/ Juicio Ejecutivo y Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-07-25

Admitido por la ley el "Endoso en blanco" éste trasmite todos los derechos emergentes de los pagarés y su tenedor es considerado "portador legítimo" (arts. 14, 15, 17 y 103 Dto.Ley 5965/63), de modo que la legitimación del ejecutante es evidente:"la función legitimante del endoso significa atribuir al endosatario la calidad de acreedor cambiario".
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cesantía, empleo público, astreintes, multa administrativa
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Grinberg, Esther Mirta c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

La multa contemplada en el art. 327 del CCAyT difiere del supuesto de las astreintes previstas en el artículo 30 del mismo Código. La primera tiene por objeto sancionar a quien, sin justificación suficiente, incumple el deber genérico de colaboración con la administración de justicia al no satisfacer en tiempo las requisitorias de producción de informes. La procedencia de la multa no exige el definitivo incumplimiento de la obligación de producir el informe solicitado -ya que la lesión al deber de colaboración se produce con el mero retardo injustificado- y, verificada la mora, el cumplimiento tardío de la obligación no elimina automáticamente la procedencia de la sanción fijada con anterioridad. La imposición de la multa, al castigar la violación al deber de colaboración con el tribunal, tampoco requiere que se acredite la producción de un perjuicio a alguna de las partes. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Facultades reglamentarias, delegación de facultades a la Administración, Comisión Nacional de Valores, poder de policía, policía bancaria y financiera, oferta pública de títulos valores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Las normas que rigen las relaciones jurídicas entre la Comisión Nacional de Valores y las personas físicas y jurídicas sujetas a su fiscalización se desenvuelven en el marco del derecho administrativo puesto que reglan el ejercicio del poder de policía del Estado sobre la actividad bursátil, y las personas físicas y jurídicas que intervienen en la oferta pública se encuentran sometidas a un régimen de sujeción particular (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Acreedor, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marín y Cía. SRL s/ Quiebra solicitada por Teresa Reyna
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-07

En un pedido de quiebra rechazado, el vencido es el acreedor, quién debe cargar con las costas. Este principio general admite excepciones, pero con carácter restrictivo, como es el demostrar que el pedido de quiebra fue realizado con algún fundamento y sin el uso abusivo del derecho. Para ello el acreedor deba probar: a) que agotó infructuosamente la vía individual, b) que a mas del mero incumplimiento hay hechos reveladores de la cesación de pago y c)que al momento de pedirla estaba insolvente.
Viajantes de comercio, remuneración, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: BERMUDEZ GUTIERREZ, MARCELINO c/ MODECRAFT  S.A.C.I.F. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-15

El viajante de comercio remunerado exclusivamente mediante una comisión sobre el precio de los productos vendidos y cobrados, tiene derecho al aumento establecido por el decreto 226/83, consistente en una suma fija sobre la remuneración 'normal y efectiva' con prescindencia de la modalidad retributiva y del monto que alcanzare aquella, como todo trabajador comprendido en convenciones colectivas de trabajo.
Daños y perjuicios, daño moral, reducción de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Acosta, Ricardo Abel y Marastoni, Ana Nelly por sí y en representación de su hijo menor Enzo Javier Acosta c/ Rodríguez Alicio y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-08-24

La fijación de la suma reparadora en concepto de daño moral, no está sujeta a una satisfacción compensatoria en dinero del dolor sufrido a raíz del evento dañoso, tal indemnización es entendida subjetivamente como eficaz para sustituir el detrimento impuesto.
Acto administrativo, elementos del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LINEA 20  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

No cabe equiparar sin más "requisitos esenciales" con "elementos esenciales" dentro de la concepción y la terminología de la ley de la materia 19.549. En especial, ante el alcance más limitado que dentro de una interpretación razonable e integrativa, cabe derivar de su art. 15 en concordancia con el 14 y para la última de dichas categorías, frente al más amplio que, en contraposición, surge del art. 7 por manera tal de establecer una relación de género a especie entre ésta y aquella otra categoría en análisis.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, nulidad del acto administrativo, servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE HERNANDEZ Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-10

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó el amparo por entender que el acto administrativo cuya nulidad se persigue se encuentra directamente vinculado con la prestación de un servicio público y que la cuestión requiere mayor debate, si el apelante no demostró que la interpretación del a quo configure un claro apartamiento de las normas que rigen el caso y que los trámites ordinarios sean ineptos para tutelar los derechos que estima desconocidos.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, exacciones ilegales, inhabilitación especial, pena, tentativa, concusión, sentencia arbitraria, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Alfredo s/ tentativa de exacciones ilegales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

Es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional la sentencia que aplicó al caso de tentativa de concusión el monto máximo de inhabilitación especial que establece el art. 266 del Código Penal para el delito consumado.
Excusación, excusación por parentesco, excusación por razones de decoro y delicadeza, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Alucin, Alejandra Graciela c/  s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-23

Corresponde hacer lugar a las inhibiciones de los magistrados en virtud del art. 17 incs. 1 y 7, y art. 30 segundo párr. del CPCC de la Provincia de Formosa, del art. 24 inc. "c" del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, del art. 3 apartado "b" del Código de Ética para los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa.
Contrato de trabajo, grupo económico, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ DE DE BARI, CELESTE ARACELI c/ INEGRAL SA. s/ EMBARGO PREVENTIVO - DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-19

Si bien el fraude laboral es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad empresaria solidaria del artículo 31 de la LCT. (to.), ello no significa que deba acreditarse el dolo del empleador o un propósito fraudulento del mismo, bastando que la conducta empresarial en concreto se traduzca en una sustracción a las normas laborales tuitivas del trabajador, con intención o sin ella.