Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-10-04


Salta, 04 de octubre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C ÁVALOS, JORGE SEBASTIÁN; LIZONDO, MIGUEL ROGELIO - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.734/11), y	____________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Alberto Posadas y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1°) Que a fs. 44/53 la Sra. Defensora Oficial de Cámara Nº 2, en ejercicio de la asistencia técnica oficial del Sr. Jorge Sebastián Ávalos, interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte de fs. 42/43, que declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 30/32 vta. (y contra la resolución de la Cámara Segunda en lo Criminal de fs. 27/28 vta. que rechaza el planteo de oposición al cómputo de pena impuesta a su defendido).	Cuestiona la presentante la sentencia de esta Corte, al estimar que se han vulnerado los derechos al recurso o doble instancia, de defensa, y la garantía del debido proceso adjetivo; y que existe afectación de los principios de necesidad y suficiencia, resocialización, subsidiariedad, minimización penal o "ultima ratio" y equidad, todos relativos a la pena. Solicita se practique correctamente el cómputo de la pena impuesta, y en consecuencia se la tenga por cumplida.	2º) Que en contestación al traslado conferido, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 emite dictamen a fs. 55/57 vta. en el que señala que si bien los argumentos expuestos revelan un intento de refutación puntual de los fundamentos expuestos en la resolución de esta Corte, empero, tales alegaciones no cumplen con la suficiencia necesaria de los recaudos prescriptos por el art. 3º de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que deviene aplicable su art. 11; y que basada en el art. 474 del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias), esta Corte hizo observancia del debido proceso al actuar en cumplimiento de las disposiciones legales provinciales que rigen la materia; por lo que se pronuncia por el rechazo del recurso extraordinario bajo examen al no existir arbitrariedad.	3º) Que a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del deber de analizar si reúne los requisitos necesarios, ya que sólo su estricto cumplimiento habilita la concesión del recurso extraordinario federal. Este juicio de admisibilidad refiere tanto a las condiciones formales, con arreglo a lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como también los denominados requisitos propios del remedio extraordinario, es decir, si cuenta con fundamentos suficientes para sustentar un caso constitucional que merezca la competencia del más Alto Tribunal.	4º) Que en ese orden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Acordada 4/2007, dictada el 16 de marzo de 2007, reglamentó la presentación de los escritos mediante los cuales se intenta el recurso extraordinario federal, y sistematizó los requisitos formales para la deducción de este remedio excepcional. Así, se aprecia que el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno, de acuerdo a las constancias de fs. 43 vta. y 53 vta., por parte legitimada, no supera las 40 páginas ni excede los 26 renglones en cada una que exige el art. 1º de la reglamentación.	No obstante lo cual cabe efectuar un análisis de la adecuación de los agravios a las exigencias de fundamentación a que se subordina la procedencia de la vía extraordinaria federal, a los fines de garantizar así plenamente el derecho de defensa, y toda vez que se articula contra una decisión judicial emanada del Tribunal Superior de la causa a tenor del art. 14 de la ley 48 y en tanto se encuentra agotada en la instancia local toda oportunidad de reconsiderar lo decidido.	5º) Que el recurso extraordinario, en cuanto vía impugnativa especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: re-parar agravios constitucionales; por eso, la existencia de una cuestión federal o constitucional resulta la base misma del recurso (CSJN, Fallos, 101:70; 307:129, entre otros).	La necesidad que este Tribunal aprecie, además, la entidad de los agravios, es imperativa a partir de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Strada, Juan Luis" (Fallos, 308:490, LL 1986-B-476, DJ 1986-2-211, ED 117-589, JA 1986-II-95) y "Di Mascio, Juan Roque" (Fallos, 311:2478, LL 1989-B-415, DJ 1989-1-451, JA 1990-II-215), correspondiendo verificar si la invocación de circunstancias idóneas para abrir la instancia extraordinaria, encuentra sustento suficiente en las razones con que se fundó el recurso. Este último análisis debe formularse a la luz de la doctrina de la Corte Suprema, Tribunal al que se pretende acceder mediante el recurso deducido (Fallos, 310:1790, LL 1988-A-418, entre otros).	En tal sentido, cabe puntualizar que el órgano ante el que se deduce la impugnación se encuentra en el deber de emitir un juicio fundado, decidiendo de modo concreto si debe conceder o denegar el recurso con base en la doctrina de la arbitrariedad. Lo que no pueden hacer los tribunales de la causa es obrar de un modo mecánico, conceder o denegar sistemáticamente la apelación, dejando de penetrar en los aspectos específicos en que se abastece el escrito impugnatorio.	6º) Que constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (CSJN, Fallos, 295:335; 318:63, entre otros), extremo que no se satisface con la simple alegación que en el fallo cuestionado existe arbitrariedad, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia, con lo que los agravios expuestos por la recurrente no ha logrado delinear claramente y con precisión la existencia de cuestión federal ni ha demostrado que el fallo impugnado hubiera incurrido en quebranto alguno en contra de las garantías del imputado.	7º) Que en la especie se trata de una cuestión procesal ajena a la instancia federal (Fallos, 304:1097; 307:1572, entre otros). Las cuestiones procesales resultan propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, cuando han sido resueltas con fundamentos bastantes para sustentar el pronunciamiento como acto judicial válido (cfr. Fallos, 296:691; 311:48, entre muchos otros), con lo que los agravios expuestos por el recurrente no han logrado delinear claramente y con precisión la existencia de cuestión federal ni han demostrado que el fallo impugnado hubiera incurrido en quebranto alguno en contra de las garantías del imputado, sino que los supuestos de conculcación de garantías constitucionales deben aparecer nítidos y precisos.	En el caso, la impugnación se presenta contra una decisión que deniega un recurso de orden local. Esos puntos no federales, atañen a normas procesales y fueron resueltos con suficiente fundamentación de derecho y sobre la base de las constancias de la causa. El apelante podrá o no compartir los fundamentos dados por el Tribunal para arribar a la solución que se ataca pero, al encontrarse ellos dentro de los adecuados marcos de razonabilidad y coherencia, la disconformidad alegada no aparece con la necesaria consistencia como para viabilizar el remedio federal, máxime cuando su planteo traduce la intención de acceder a una instancia superior con el sólo propósito de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario, lo que desnaturalizaría su función específica.	La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que en principio no procede el recurso extraordinario respecto de decisiones que tienen por objeto la aplicación e interpretación de normas procesales y en particular de aquellas referidas a la no admisibilidad de los recursos deducidos por ante los tribunales locales, por tratarse de cuestiones atinentes a la organización de las instancias locales, salvo que medie demostración de arbitrariedad o de manifiesta afectación de los derechos de raigambre constitucional, que deben ser alegados y concretamente demostrados por la parte interesada (Fallos, 302:785; 320:399, entre otros).	8º) Que la correcta deducción del recurso extraordinario exige que la impugnante demuestre la inconsistencia de las razones expuestas en el fallo que pretende objetar (cfr. CSJN, Fallos, 305:853), lo que en el caso no se ha cumplido. Un principio básico en la teoría de los recursos es el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada.	En ese contexto, la reiteración de los agravios que efectúa la defensa en el marco del recurso extraordinario federal, amén de dar cuenta que la supuesta cuestión constitucional carece de entidad suficiente y no alcanza para dar sustento a la vía intentada, de inequívoco carácter excepcional.	La apelante ha omitido refutar todos y cada uno de los fundamentos que sustentan la decisión apelada, y también demostrar que media una relación directa e inmediata entre las normas federales que invoca y lo debatido y resuelto en el caso, y que la decisión impugnada es contraria al derecho por ella invocado con fundamento en aquéllas, conforme lo dispuesto en el art. 3º incs. d) y e) de la citada Acordada 4/2007.	A tenor de lo dicho, los agravios de la recurrente sólo ponen en evidencia su disconformidad con la interpretación y aplicación de normas de derecho público local (Fallos, 300:200; 324: 2679, entre otros), materia ajena a la instancia extraordinaria federal, dado el debido respeto al derecho de los estados provinciales de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, lo que se encuentra garantizado por los arts. 5º y 122 de la Constitución Nacional (Fallos, 308:670; 311:1855, entre otros). Así, el resguardo de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las cuestiones que versan sobre aspectos propios de las instituciones locales o sobre aspectos propios de su derecho público (Fallos, 308:2057; 329:2485, entre otros).	9º) Que el Alto Tribunal Nacional tiene resuelto que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas, como así tampoco abrir una nueva instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la competencia específica de la Corte (Fallos, 319:695 y sus citas), cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga, en estos aspectos, graves defectos de fundamentación, o de razonamiento, que lo hagan inválido como acto jurisdiccional (Fallos, 313:946; 328:137, entre otros).	La Corte Federal también ha indicado que la arbitrariedad debe caracterizarse por omisiones o desaciertos de gravedad extrema, lo que confiere a la cuestión un carácter excepcional, e impide la apertura de una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Fallos, 295:931; 296:82), no revistiendo esa entidad los motivos señalados por la recurrente. Lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Suprema para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (Fallos, 306:263 y sus citas).	10) Que asimismo conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la determinación de los límites de la competencia de los tribunales de alzada cuando conocen por vía de recursos concedidos para ante ellos, compromete sólo cuestiones de derecho procesal ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos, 311:148, 509). Tal criterio fue reiterado en el caso "Recurso de hecho deducido por la defensora oficial de Carlos Alejandro Realini y Néstor Fabián Gómez en la causa Daragona, Vicente y otros s/ privación ilegal de la libertad y otros - causa Nº 79.919" (Fallos, 321:2243; LL 1999-A, 70; DJ 1999-1, 930; JA 1999-IV-89), donde el Alto Tribunal Federal sostuvo que, como principio general, las disposiciones que declaran la improcedencia de los recursos planteados por ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan.	Por lo precedentemente expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 11 de la Acordada 4/2007 de la Corte Federal, que impone la desestimación de la apelación extraordinaria en los supuestos en que se hallen incumplidos los recaudos allí prescriptos, y al no haberse demostrado la afectación de los derechos de raigambre constitucional, ni demostrada la afectación de garantías constitucionales, y no lograr el recurrente conmover las razones de la sentencia que cuestiona, la que cuenta con fundamentos suficientes que impiden descalificarla como acto judicial válido, corresponde llegar a la conclusión que la impugnación deducida a fs. 44/53 no puede prosperar.	La Dra. Susana Graciela Kauffman de Martinelli, dijo:	1º) Que adhiero a los considerandos 1º y 2º y a la solución jurídica del voto de los señores jueces preopinantes pero por distintos motivos.	2º) Que el art. 14 de la ley 48 establece que: "Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:...".	3º) Que surge de la constancias de las actuaciones que en fecha 24/05/11 la Cámara Segunda en lo Criminal no hace lugar al planteo formulado a fs. 21/22 por la señora Defensora Oficial de Cámara Nº 2, Dra. Irma Jovanovich, según fs. 27/28 vta., en consecuencia interpone recurso de casación, como surge de fs. 30/32 vta.	Llegados los autos a esta Corte, se analizó la admisibilidad del recurso instado de acuerdo a lo ordenado por el art. 546 según texto ordenado ley 7690, y decidió declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 30/32 vta.	En atención a tal resultado la defensa técnica a fs. 44/53 presentó recurso extraordinario federal, el que de acuerdo a la ley 48 no es procedente porque aquel recurso sólo es viable ante sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia, el que de acuerdo al organigrama provincial, resulta ser ante esta Corte, y no contra decisiones que sólo analizan los requisitos formales de admisibilidad de un recurso presentado.	Al respecto Carlos Parma señala: "Constituye atribución imperativa del tribunal "ad quem" analizar la admisibilidad para declarar de oficio, cuando así lo advierte, que ha sido erróneamente concedida la impugnación sin entrar a juzgar el fondo del asunto. Se afirma que con esta posibilidad preventiva es factible evitar maniobras dirigidas a dilatar el curso del proceso y, a veces, a postergar la ejecución de la sentencia" ("Recurso y acciones contra una sentencia penal arbitraria", Ed. Hammurabi, 2011, pág. 146).___	4º) Que en virtud de todo lo expuesto corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 44/53.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 44/53.	II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).