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Eximición de prisión, revocación de la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, J.F. s/ EXIMICION PRISION - EXCARCELACION REVOCADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-28

Una vez revocada la excarcelación anteriormente concedida, no corresponde la eximición de prisión que juega únicamente para quien no estuvo detenido en el proceso.
Derecho a la privacidad, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Montalvo, Ernesto Alfredo. s/ INF. LEY 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

No hay "intimidad" ni "privacidad" si hay exteriorización y si esa e teriorización es apta para afectar, de algún modo, el orden o la moral pública, o los derechos de un tercero.
Derechos del empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: ALBORNOZ JORGE EDUARDO Y OTROS c/ MOÑO AZUL S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-29

El "ius variandi" se justifica como el ejercicio de una potestad en el sentido de un poder reconocido al empleador para la realización del interes colectivo de la empresa y exige un examen casuístico del tema cuando se lo invoca y el trabajador esgrime un perjuicio. En definitiva, no hay criterios rígidos, seguros e infalibles que sirvan para todos los casos, sino que deberán compararse valores heterogéneos influidos por diversidad de circunstancias. Ha de tenerse presente que el "ius variandi" esta impuesto por la realidad de los hechos lo que lo lleva a cumplir, incluso, una función favorable a la continuidad de la relación individual de trabajo y, consecuentemente, a la preservación del empleo.
Jueces, funcionarios judiciales, deberes del juez, facultades del juez, responsabilidad del juez, recusación con causa, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ANGELERI, CARLOS ALBERTO c/ BETELLA, MARIA EUGENIA BENOME Y/O QUIEN RES. RESP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-21

Las causales de recusación son de interpretación restrictiva y en orden a la recusación con causa la enumeración de los motivos que la tornan procedente es taxativa.

Por ello es principio jurisprudencial admitido que la recusación con causa de un Juez es un acto grave y trascendente, que por eso requiere una fundamentación seria, precisa y sólida dado el respeto que se le debe a la investidura del magistrado (Conf. CapelCC, Salta, Sala II, año 1998, fs. 159; año 1981, fs. 355/360).	Se ha sostenido, reiteradamente, que las causales de recusación previstas por el art. 17º del C.P.C.C., a excepción de sus incisos 1º y 2º, lo son respecto de las partes del juicio y no de sus letrados o apoderados, es decir, únicamente se extienden a éstos en aquellos casos expresamente contemplados por la norma (CApel.CC. Salta, Sala I, Tomo 1990, fl. 367, Sala II, 1983, fl. 764; Sala III, 1990, fl. 247; 1993, fl. 101; 1996, fl. 626; 1998, fl. 283; 1999, fl. 399; Sala IV, 1988, fl. 328; Sala V fls. 153, 181, 203, entro otros; CNCiv., Sala A, J.A. 1961-V-154; ST La Pampa, en pleno, L.L. 115-505; Farsi: Código Procesal Civil y Comercial, Bs.As., Astrea, Tomo I, pág. 47; Palacio - Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal y Culzoni, Tomo 1, pág. 453).
Administración Pública, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TEJADA, GABRIELA DE LA PAZ c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-30

La administración tiene el deber jurídico de resolver expresamente las cuestiones que frente a ella se susciten y tiene que hacerlo conforme ciertas pautas que le son legalmente impuestas. Debe resolver, dentro de los plazos y límites temporales que en cada caso se le fijen para hacerlo, pues los plazos son obligatorios para los interesados y para la administración y los particulares tienen derecho a una decisión fundada y por escrito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Mallorca, Marcelo Omar c/ Cusin, Hugo s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Establecer el origen de un contrato de trabajo constituye una típica cuestión de hecho y como tal es ajena a la instancia extraordinaria salvo la existencia de absurdo, anomalía que debe ser objeto de invocación eficaz y acabada demostración.
Doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ramos, Julio Alfredo s/ artículo 109 y 110 del Código Penal Causa N. 37.717.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Mongez, Restituto Marcelo c/ C.A.P. (Corporación Argentina de Productores de Carne) s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

La simple mención del art.159 de la Constitución Provincial es insuficiente para fundamentar el recurso extraordinario de nulidad.
Sentencia penal, actos y diligencias procesales, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: ETCHEGARAY JULIA TERESA c/ PESSINA PABLO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

1. El artículo 1103 del Código Civil dispone "después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución". Ahora bien, cabe destacar que "absolver" no es lo mismo que "sobreseer", tanto desde una perspectiva ontológica, etimológica y aún jurídica. Como explican Mosset Iturraspe y Piedecasas, "absolver, que proviene del latín "absolvere", significa dar por libre de algún cargo u obligación, o sea, es la idea de proceso final cuando se llega al convencimiento definitivo de que la persona no es la responsable de la obligación que se le imputaba. En cambio, sobreseer, del latín "supersedere" que significa cesar o desistir, da una clara idea de que se está desistiendo del proceso penal, se está cesando en el proceso penal, por distintas causas, y en una etapa absolutamente diferente" (Mosset Iturraspe-Piedecasas, "Código Civil Comentado, Responsabilidad Civil", Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2007, pág. 265/6). 2. El sobreseimiento no implica absolución, y no procede la aplicación, en tal caso, de la previsión del artículo 1103 del Código Civil.
Nulidad procesal, actos consentidos, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: ASTOVL BONORINO F.J. s/ POSESION VEINTEAÑAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-02

La sospecha de irregularidad del procedimiento que puede originar la circunstancia de haber sido excluido de su trámite el nulidicente, de la situación de indefensión que se padezca, no equivale al conocimiento de la precisa falla procesal de la que derive ese resultado. Es imposible incoar un incidente de nulidad sin saber cual es el vicio o irregularidad que la provoca. De donde se sigue que el plazo de cinco días para promover el incidente no puede correr hasta que se sepa qué defecto hay que denunciar. Por lo tanto, debe estarse a la literalidad del precepto y contar los cinco días desde el conocimiento del acto que padece de irregularidad y no de la probable conjetura genérica de que el proceso está viciado A la parte que sostiene haberse operado el consentimiento tácito le incumbe acreditar que su contraria supo del acto en una fecha más alejada y que por ese medio el vicio quedó subsanado (conf. art. 377 del Cód. Procesal: Fassi, "Código Procesal...", t. I, p. 496 1109) Si bien esa prueba puede surgir de indicios que provoquen presunciones, éstas deben ser varias, graves, precisas y concordantes, con capacidad de llevar a la convicción según las reglas de la sana crítica (art. 163, inc. 5to. del Cód. Procesal)
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, funcionarios judiciales, escalafón, pago espontáneo, pago sin reserva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Consejo de la Magistratura s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-04

Las sentencias aclaratorias no amplían los efectos de las sentencias aclaradas (conf. art. 149 primer párrafo del CCAyT). Ellas no constituyen decisiones autónomas en relación con el objeto del debate; cobran sentido en la medida que precisan alguna información omitida en la sentencia principal o corrigen los errores materiales que ellas posean "sin alterar lo substancial de la decisión" (conf. art. 149 inc. 2 del CCAyT). Por esa razón, resulta incompatible con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad el cumplimiento de la misma sentencia impugnada.
Acción penal, jurisdicción y competencia, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Acumulación causas artículo 10, ley 23.049 s/ área Paraná.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El art. 4 de la ley 23.492 expresamente contempla la hipótesis de una verdadera contienda entre le Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y una cámara federal, o entre dos tribunales de la misma especie y grado, en donde recíprocamente se atribuyan o rechacen la potestad jurisdiccional sobre el asunto en debate, que materialmente no permita la prosecución de los autos.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, nulidad procesal, debido proceso, defensa en juicio, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, recurso in forma pauperis
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Rubén Alejandro y otros s/ p.ss.aa. robo calificado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Corresponde declarar la nulidad del auto denegatorio del recurso extraordinario si el defensor oficial, pese a haber tomado conocimiento de la presentación de su defendido, omitió examinar siquiera mínimamente la procedencia de sus reclamos, razón por la cual la vista conferida no resultó suficiente a los fines de tener por cumplido el traslado que dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., J. J. c/ M., C. A. s/ Homologación de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Son de aplicación inmediata las leyes que tienen por finalidad delimitar las aptitudes personales para la titularidad o el ejercicio de un derecho, establecer la condición jurídica o el régimen que corresponda a determinadas situaciones jurídicas. Así acontece con las normas que versan sobre el estado y capacidad de las personas y con las que gobiernan el régimen del matrimonio y del divorcio, en cuanto a sus condiciones y efectos.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Romano, Carlos Alberto c/ Cruppi Hnos. S.A.C.I.F.I.A. s/ Despido Pinacchio, Marco Antonio c/ Nuevo Sur S.A. s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14|1996-04-16

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo que contiene una grave irregularidad formal que lo descalifica como acto jurisdiccional válido (arts. 44 inc. "d" dec. ley 7718/71 y 156 de la Constitución Provincial).
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Maglietti de Anquín, Elsa c/ Instituto Provincial de la Vivienda s/ Cobro de australes (Inc. levantamiento de embargo) Vivienda s/ Cobro de australes (Inc. levantamiento de embargo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-08-10

A fin de que la deuda por honorarios del letrado de la parte gananciosa constituya título ejecutivo contra el condenado en costas, basta la notificación practicada a aquél en su domicilio procesal, sin que sea menester que notifique a su mandante o patrocinado en el domicilio real, supuesto sólo exigible en el caso de que dicho letrado pretenda prevalerse de la solidaridad instituida por el art. 62 de la ley 512. De allí que, cuando se trata de hacer saber los honorarios regulados a la contraparte condenada en costas, es suficiente la notificación personal o por cédula en el domicilio procesal constituido al efecto, sin otra formalidad.
Juicio, tasa de justicia
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: F, N s/ USURPACION     INCIDENTE DE CONSTITUCION DE ACTOR CIVIL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    REVOCATORIA (CSJ EXPTE Nº 448-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

La carga que impone el Código Fiscal en retribución de un servicio que presta la Administración de Justicia, cede en los casos que el propio Código así lo dispone, exención que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo por tratarse de excepciones a reglas generales.
Juicio ejecutivo, excepción de pago, recibo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serial, Lidia N. c/ Vera, Ignacio y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

El medio por excelencia para acreditar el pago lo constituye el recibo, el que debe guardar relación con la naturaleza del juicio, razón por la cual tendrá que aludir en forma clara y precisa a la obligación que se ejecuta, es decir, indicar cuál es la deuda saldada, sin que sea viable indagar la causa de la obligación (art.

542 inc. 6, C.P.C.C.).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, división de poderes, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ecología y Desarrollo Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Corresponde rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad destinada a cuestionar la validez de la ley n° 5991 (cuyo objeto es la regulación de la Gestión Ambiental de pilas en desuso), por considerar que la misma fue dictada de manera contraria a lo que prescriben los artículos 89 y 90 de la Constitución local, artículos que establecen el procedimiento de doble lectura para el dictado de leyes que versen sobre "determinadas materias y sus modificaciones", dentro de las que se menciona el Código Ambiental. La eventual determinación del contenido y límites normativos del Código Ambiental, así como un eventual pronunciamiento sobre si la ley impugnada debiera o no integrarlo, empujan a este Tribunal a actuar más allá de los taludes establecidos por la división de poderes -cuando el mandato está expresamente conferido a otro órgano superior del Estado-, desplazaría las facultades otorgadas por la Constitución al Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para coadyuvar la delimitación de dicho contenido a través de procedimientos que nutren la democracia participativa adoptada, y claro está, cualquier decisión que este Tribunal pudiera adoptar resultaría del todo conjetural frente a un ámbito legal no definido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Medidas cautelares, personas con discapacidad, menores, terapistas ocupacionales, producción de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: D. M. E. c/ OSDE Binario s/ Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Ateniéndonos a la Resolución 428/99 que aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Fallos: 326:1778), sólo corresponde brindar cobertura de las prestaciones de psicología, terapia ocupacional y apoyo a la integración escolar con los profesionales que actualmente asisten a la niña así como escolaridad en la institución que concurre, hasta el límite fijado en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. En el caso de autos los prestadores elegidos por los padres de la niña fueron indicados por el médico tratante de su hija (ver certificados médicos referidos y actualizados). En lo que respecta a la prestación de escolaridad, corresponde advertir que la demandada se limitó a exponer un listado de oferta educativa estatal pero se desconoce si las escuelas cuentan con vacantes o si resultan adecuadas de acuerdo a la discapacidad que afecta a la niña. En este estado preliminar del trámite, entonces, la posición de OSDE no se encuentra acabadamente fundada, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, una vez producida la prueba.
Concursos, ejecución hipotecaria, honorarios, concurso especial, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: LATAKIA  SA s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL (S/ INC. DE VENTA DELINM. DE SCALABRINI ORTIZ 333/35).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05

Los honorarios por las actuaciones cumplidas en el proceso de ejecución hipotecaria, deben ser regulados por el juez que intervino en esa causa; pues, mas allá de la incidencia que luego puedan tener las costas generadas en la ejecución hipotecaria que precedió al concurso especial en los términos de la ley 24522 art. 244, su cuantificación debe ser meritada por el magistrado que intervino y sigue interviniendo en ella, que es el único que puede ponderar los extremos previstos por la ley arancelaria para retribuir la tarea de los profesionales.
Daños y perjuicios, derecho al honor, personas públicas, derecho a la intimidad, publicación periodística, derecho a la información
Materia: CIVIL
Carátula: VILAS, Guillermo c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

En el caso de personajes célebres, cuya vida tiene carácter público, o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relaciona con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. De allí que, la publicación no consentida de aspectos vinculados a la vida íntima de una persona como es, su comportamiento e iniciación sexual, excede el límite legítimo y regular del derecho a la información y constituye una violación al derecho a la intimidad.-
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mayocchi, Dora c/ Cerrudo, Epifanio Ismael y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-01

Si bien, en principio, la cuestión relativa a los intereses carece de idoneidad para fundar la excepción de inhabilidad de título, es lo cierto que no debe reputarse infundada la defensa del ejecutado, si, tal como acontece en el "sub lite", la deuda ha sido fraccionada en cuotas que incluyen capital e intereses que para mayor facilidad se han calculado anticipadamente y si se hace valer el pacto de caducidad de los plazos, el carácter de compensatorio que reviste el interés incorporado a cada cuota, pierde su vigencia, resultando improcedente su reclamo con relación al tiempo no transcurrido, porque la caducidad de los plazos no implica que los intereses compensatorios, por períodos intransitados, ya están adquiridos o ganados por el acreedor, por lo que no pueden ser reclamados como parte de capital. Su capitalización definitiva implicaría que devengaran nuevos intereses, como se dispuso erróneamente en la sentencia, como también que se percibieran pese a que el cobro en el juicio se anticipe a la propia época para la que se hallaban calculados.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, expresión de agravios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORDOÑEZ DUCCA, RAUL ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-05

Si las consideraciones del amparista para revisar el fallo por ante el tribunal de alzada, se desvanecen en merituaciones ajenas al tema en cuestion, extrañas al conflicto a decidir, no constituyen argumentos sólidos para fundar el recurso de apelación, lo que deviene en su rechazo.-
Fondo de asistencia legal, examen de admisibilidad, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Villamizar Durán y otros c/ Colombia s/ Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de Asistencia Legal de Víctimas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-07-31

Conforme lo dispuesto por el Reglamento de la Corte Interamericana sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal, para que una presunta víctima resulte beneficiada, deben cumplirse tres requisitos, a saber: solicitud oportuna, lo que significa en el escrito de solicitudes y argumentos, demostración mediante prueba idónea de la carencia de recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante el Tribunal e indicación precisa de los aspectos de la defensa que requieren de tales recursos.
Daños y perjuicios, lucro cesante, muerte de un hijo, muerte de un menor
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA, RAMON c/ LA INDEPENDENCIA S.A. DE TRANSPORTES s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-03

Acreditada la realización de tareas remunerativas, procede el otorgamiento de indemnización por lucro cesante a la madre de dos menores víctimas de un hecho ilícito, por el período de internación de los menores más un tiempo prudencial para la rehabilitación de los mismos.
Recurso extraordinario, menores, defensa en juicio, Ministerio Público de la Defensa, defensor general de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Griselda c/ Solá, Federico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

La intervención del defensor general ante la Corte Suprema cubre debidamente la protección de los derechos de la menor interesada en la sustanciación del recurso extraordinario articulado.
Contratos, incumplimiento de resolución judicial, doble instancia, actos extrajudiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUIRRE  OBREDOR FELIX ALBERTO c/ WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINASAIC S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

Hay dos vías para obtener la resolución por incumplimiento: (i) la extrajudicial y (ii) la judicial. El primer procedimiento, también llamado resolución "por autoridad del acreedor" no requiere la intervención de autoridad judicial pero sí que medie un requerimiento dirigido al incumplidor para que cumpla dentro de un plazo y que éste transcurriera sin que el deudor cumpla.

En cambio, en el segundo, aparece innecesaria la previa intimación que prevé el 2do. párrafo de los artículos 1204 del Código Civil y 216 del Comercial, "pues basta para que proceda la resolución con que se reúnan los presupuestos generales, o sea incumplimiento imputable y mora del accionado y que no hubiera incurrido en ello el accionante" (Ramella, "La resolución por incumplimiento", Editorial Astrea, p. 197).