Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


2a Instancia.áBuenos Aires, 26 DE NOVIEMBRE DE 2009.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 838/851, se alzan el codemandado Abad Verdú a fs. 852/855, la demandada Armavir S.A. a fs. 857/859, y la parte actora a fs. 861/865, todos ellos con réplica de su contraria a fs. 880/881, 878/879, 883/884 y 891/892, respectivamente.

Por una cuestión de método expositivo, estimo conveniente analizar los agravios en el orden que se expondrá a continuación.

II. La demandada Armavir S.A. se agravia en primer término porque la Sra. Jueza a quo consideró acreditado en autos las tareas de venta y cobranza alegadas por el actor al inicio, y por ende, la percepción de los conceptos salariales allí esgrimidos; ello con sustento en la prueba testifical rendida en otros pleitos ajenos al presente litigio, que se agregó a la causa mediante copia certificada expedida por el respectivo actuario interviniente.

Adelanto mi opinión parcialmente favorable a la queja de la recurrente.

1. Ante todo, y para lograr una mejor comprensión de la cuestión en debate, cabe señalar que en la demanda se sostuvo escuetamente que el establecimiento sito en la Avda. Ader 3620 de la localidad de Munro, Pcia. de Bs. As., en el que la accionada desarrollaba su actividad textil, era "compartido por dos empresas más, vinculadas con el Presidente de la demandada la ya mencionada Nylotex S.A. y Productos Textiles S.A...."(v. fs. 5 último párrafo), pero en modo alguno se esgrimió siquiera la existencia de una prestación de servicios del actor a favor de éstas, o que más allá de compartir el predio comercial, existiera una unidad de intereses que se evidenciara en la confusión patrimonial y/o de medios materiales y personales de tales empresas ni menos aún de su actividad, es decir, no se indicó la existencia de elemento objetivo alguno que permitiera colegir la existencia de un sujeto pluriempleador (art. 26 LCT), y/o de un grupo económico integrado por aquéllas, y/o de una situación de pluriempleo del trabajador.

Las oportunas y respectivas contestaciones de demanda de Abad Verdú (fs. 41/46) y de Armavir S.A. (fs. 101/113), no obstante adecuarse formalmente a lo prescripto por el art. 71 de la LO, nada aportaron respecto a la circunstancia apuntada en el párrafo anterior con relación a las otras dos empresas mencionadas.

De esta manera, cabe analizar el agravio en estudio de acuerdo a los términos específicos de la traba de litis, que se circunscriben al contrato de trabajo que se anudó entre el actor y la coaccionada Armavir S.A., sin perjuicio de la pretensión del demandante de extender solidariamente la condena por los créditos objeto de reclamo al coaccionado Abad Verdú con sustento en los arts. 54, 59, y 274 de la LSC. Así, observo que no existe controversia en torno a las tareas de ventas que efectuó el demandante a órdenes de aquélla, aunque sí respecto al porcentaje de comisión al que resultaba acreedor.

2. Sentado ello, la Dra. González Burbridge tuvo por acreditada las tareas de venta y cobranza alegadas por el demandante con relación a Armavir S.A., en virtud de "...los testimonios acompañados en autos (v. copias certificadas por el Actuario del Juzgado Laboral 24, expte. 26729/05, en autos "Tegli Juan Carlos c/ Productos Textiles S.A. s/ despido", a fs. 346/674, y por la actuaria del Juzgado Laboral 52 en sobre reservado Nº 3890 del expediente 24004/05 en autos "Tegli Juan Carlos c/ Nylotex s/ despido")...".

Merece puntualizarse que cuando existe un medio de prueba adecuado para acreditar los presupuestos fácticos necesarios para la viabilidad de la acción impetrada (testigos), no es procedente sustituirlo por otro indirecto (prueba informativa por la cual se requiere un expediente judicial aparentemente relacionado con el juicio), de modo tal de suplir la negligencia de la parte en la posterior omisión de la producción de aquél, tal como pareciera acontece en el caso de autos, en que sólo se recibió la declaración del testigo Liberman (fs. 292/293) propuesto por la parte actora, ineficaz en orden a la demostración de las modalidades en que se desarrolló la prestación de servicios del actor a órdenes de la demandada. Para más, sin perjuicio de las amplias facultades que le asisten al juzgador para evaluar la pertinencia y admisibilidad de la prueba ofrecida respectivamente por las partes (conf. args. arts. 364 y 378 del CPCCN y 79 de la LO), no puede válidamente soslayar lo dispuesto por el art. 83 de la LO en cuanto exige que se expresen las causas que justifiquen el ofrecimiento de expedientes judiciales o de las piezas o constancias en ellos que les interesen; lo cual advierto resultó plenamente omitido.

3. Ahora bien, toda vez que la prueba informativa referida se produjo y se agregó a la causa, debo entonces señalar que no coincido con la valoración que efectuó la judicante en la sentencia recurrida, sobre los testimonios brindados oportunamente en las causas iniciadas por el actor contra las empresas Productos Textiles S.A. y Nylotex S.A., a tenor de las respectivas copias certificadas glosadas en la causa.

a) En primer lugar, observo que la magistrada de grado anterior no indica en modo alguno cuáles serían los dichos que, a su entender, "...acreditan que las empresas Nylotex S.A., Armavir S.A. y Productos Textiles S.A. operaban en conjunto respecto a la comercialización de los productos textiles..." (el subrayado no pertenece al original), toda vez que, no obstante no mediar controversia en cuanto a que dichas empresas compartían el predio comercial en el que ejercían su actividad textil, las declaraciones de los testigos reseñadas por ella, las respectivas pericias contables (v. fs. 429/442 y 759/766 en las presentes actuaciones, y 574/576 del sobre anexo nro. 3890), y la prueba informativa emitida por el Banco Credicoop (v. fs. 286 y 447 de esta causa, y 612 del sobre anexo citado), dan cuenta de la existencia de una organización empresarial ajena e independiente respecto a cada una de ellas. Para más, conforme lo expuesto en el acápite 1 del presente considerando, y tal como se desprende de las contestaciones de demandada que en copia certificada fueron remitidas por los juzgados oficiados (v. fs. 412/426 y sobre anexo mencionado), el actor celebró diversos contratos laborales con cada una de ellas, de modo independiente y sujeto a distintas condiciones, respectivamente.

b) De igual modo, la conclusión de la Sra. Jueza a quo atinente a que "...la propia demandada al adjuntar las planillas de los clientes - v. fs. 199/204- reconoció que los clientes eran comunes a todas las empresas señaladas...", deviene errónea a la luz de los términos de las presentaciones glosadas a fs. 194 y 205 en que los coaccionados expresaron que el actor no tenía listado de clientes específicos en la firma Armavir S.A., no obstante lo cual se adjuntaba el listado correspondiente a la empresa Nylotex S.A., porque eran los mismos clientes. De esta manera, la conclusión antedicha debe circunscribirse a esta última empresa, no así a Productos Textiles S.A.

c) Las genéricas expresiones que vierte el testigo Urruchua en la escueta declaración glosada a fs. 452, resultan insuficientes -a mi criterio- para sostener que el dicente "era cliente de las tres empresas -entre ellas la demandada-...", máxime si se ponderan sus dichos en la causa seguida contra Nylotex S.A., obrantes en el sobre anexo nro. 3890. En efecto, en esta declaración (v. anexo citado, audiencia celebrada el 16.8.2006), el testigo sostuvo conocer al actor "desde hace 12 o 13 años" porque le ofrecía mercadería de la marca "Alcoyana", luego de lo cual precisó que las empresas que fabricaban esta marca eran Nylotex S.A. y Productos Textiles S.A., sin mencionar a la aquí demandada. En el segundo testimonio rendido el 16.4.2007 (v. fs. 452), aquél refirió conocer al actor "a través de la fábrica Alcoyana, que fue la persona que le abrió la cuenta al testigo en Alcoyana, que conoce a la demandada (Productos Textiles S.A.) porque le compra, trabaja con ellos...", y luego sostuvo "...que la empresa que fabrica Alcoyana es Productos Textiles, Naidatex, y Armabil (sic). Que el actor representaba a las tres cuando le vendía al testigo, que todo terminaba en Alcoyana. Que el actor le vendía, le levantaba el pedido y le cobraba. Que el actor le vendía desde hace mucho tiempo, desde que el testigo empezó a trabajar con Alcoyana, como hace 20 años más o menos, que durante ese tiempo no recuerda para qué empresa vendía el actor, sí que era Alcoyana..." (el subrayado me pertenece). Aún soslayando la discordancia que se aprecia en cuanto a la antigüedad de la relación comercial habida con el actor según los años a los que alude el dicente en cada testimonio, estimo llamativo que desempeñándose aquél para la demandada desde el año 2000, el testigo no hiciera alusión alguna en su primera declaración con relación a ésta, y sí en la segunda, no obstante lo cual aclaró que no recordaba en representación de qué empresa el actor le vendía mercadería de la marca "Alcoyana". Nótese que tampoco indicó qué productos compraba, a tenor de la discriminación que formuló el testigo Aguglia respecto a cada una de las empresas citadas (v. fs. 461). La vaguedad que se advierte de la simple lectura de sus dichos, no arroja convicción sobre la cuestión en debate, e impide colegir válidamente que Tegli efectivamente vendiera y cobrara la mercadería en representación de las tres empresas, menos aún puntualmente de Armavir S.A., en virtud de lo expuesto en el acápite 1 del presente considerando, al que me remito por razones de brevedad.

d) En cuanto al testigo Oroza (fs. 458/459), cabe precisar que dijo ser ayudante de tesorería a órdenes de Productos Textiles S.A. (no de "Nylotex" como afirma la judicante), y si bien alegó la existencia de una fusión entre ambas empresas, ello no surge corroborado por ningún otro elemento objetivo de la presente causa, ni tampoco se advierte de los respondes obrantes en los pleitos iniciados por el demandante contra aquéllas, según las copias certificadas remitidas por los respectivos juzgados oficiados.

De esta manera, los dichos del testigo atinentes a la tarea de cobranza que efectuaba el actor, y el posterior reconocimiento que formuló de los recibos provisorios reservados en la Secretaría del respectivo Juzgado Laboral nro. 24, sólo podrían generar convicción en cuanto a la modalidad de prestación de servicios de aquél con relación a la empresa Productos Textiles S.A., en el marco de la facultad que le compete al juez pertinente en orden a la totalidad de las probanzas arrimadas en la causa particular aludida. Sin embargo, tal conclusión no podría extenderse analógicamente a la demandada de autos, cuando ni siquiera fue mencionada en su relato por el testigo, quien -reitero- se desempeñó a órdenes de otra empresa.

e) Por otra parte, no escapa a mi análisis la ausencia de contemporaneidad entre los hechos que relata Aguglia (fs. 460/461 y sobre anexo nro. 3890), y el reclamo de autos que se limita al período que inicia el 9.2.2004 hasta el despido acaecido el 23.5.2005, conforme resolución de fs. 175/176, que arriba firme a esta Alzada, pues aquél se desvinculó de la empresa en el año 2001.

También advierto otros motivos que impiden otorgarle la eficacia probatoria que la judicante le atribuye a su testimonio con relación a los aspectos en debate en la presente causa.

En efecto, de modo similar a Urruchua, en la primera declaración rendida por el testigo el 21.6.2006 en los autos iniciados por el actor contra la firma Nylotex S.A. (v. sobre anexo nro. 3890), Aguglia manifestó que "el actor cumplía tareas como vendedor de la línea de Blanco fabricado por la demandada Nylotex y Productos Textiles; que el dicente... se desempeñó como Jefe de Ventas e ingresó el 1/4/96...aclara que Productos Textiles SA es otra empresa que está en el mismo lugar que la codemandada Nylotex. Que le consta que el actor vendía para Nylotex y para Productos Textiles S.A. porque... trabajaban juntos..."; sin mencionar a Armavir S.A., no obstante la contratación de ésta habida con el actor a partir del 13.11.2000. En cambio, en el segundo testimonio brindado el 16.8.2007 (v. fs. 460/461), el dicente sostuvo "que conoce al actor porque fueron compañeros de trabajo en nylotex y productos textiles que eran la misma empresa, y armavil, que eran tres nombres distintos pero eran lo mismo, que fueron compañeros desde el 1/4/96 que ingresó el testigo hasta junio de año 2001. Que conoce a la codemandada Productos Textiles S.A. porque era una de las tres empresas que pertenecía al mismo grupo y el testigo vendía telas, sábanas de esas empresas...", extremo sobre el cual cabe aplicar idéntica conclusión que la vertida previamente respecto a la vaguedad de los dichos de Urruchua (v. capítulo c). Ello demuestra una cierta intención de ambos deponentes de responsabilizar ambiguamente a las tres empresas por los reclamos de autos, no obstante la postura asumida por el propio accionante en la demanda, y las constancias de la causa aludidas en los capítulos anteriores en sentido contrario a lo afirmado por ellos.

De igual modo, respecto a la remuneración del actor, en el primer testimonio Aguglia sostuvo que "...estaba compuesta por comisión sobre las ventas y que oscilaban entre el 1 y medio % y el 2%; no recuerda si el actor percibía viáticos..."; y si bien posteriormente afirmó que el demandante efectuaba cobranzas, "porque más de una vez entraba a la oficina con pagos en la mano, se refiere a la oficina del testigo, para ser entregado a tesorería...", aclaró que "el porcentaje referido por el testigo era el total...". Ello implica que, sin perjuicio de las diversas tareas que le atribuyó al actor, según el dicente éste sólo percibía como retribución exclusivamente un porcentaje de las ventas que efectuaba. En la segunda declaración, dijo que "se pagaba de comisión entre el 1.5 y 3%, pero no sabe exactamente cuanto era la comisión que se le pagaba al actor...", aunque también señaló que el actor efectuaba cobranzas "...porque cobraba con cheques y en efectivo, que el testigo lo ha visto traer ambas cosas...que cuando los clientes pagaban al actor éste le entregaba recibos. Que conoce los recibos y que había de Productos Textiles y Nylotex, no recuerda haber visto de Armavil..." (el subrayado no pertenece al original). Aún soslayando el aumento en el porcentaje de comisión que se advierte al cotejar ambos testimonios, no escapa a mi análisis que dicho extremo no se condice con lo afirmado en la demanda, en la que se discriminó los porcentajes de comisión a percibir según se tratara de ventas (2% mensual, del cual sólo el 1,5% se abonaba conforme recibo de haberes) o cobranzas (1% mensual). Asimismo, cabe aplicar análoga conclusión que la expuesta en el capítulo d) del presente considerando, atinente a los efectos del reconocimiento oportuno del testigo de los recibos provisorios emitidos respectivamente por Productos Textiles S.A. y Nylotex S.A., reservados en las Secretarías de los respectivos juzgados oficiados, pues ello en modo alguno genera convicción sobre la hipotética tarea de cobranza que el actor habría efectuado para Armavir S.A., máxime cuando el dicente no recordó haber visto los supuestos instrumentos emitidos por ésta.

Por otra parte, encuentro llamativo que, en virtud del carácter de jefe de ventas del actor que revestía Aguglia, y el lapso de tiempo en que laboraron juntos para las empresas de referencia (desde el 1.4.1996 a junio de 2001), éste desconozca los conceptos que percibían los vendedores que se encontraban a su cargo, tal como surge respecto al rubro "viáticos"; en tanto de su declaración no se desprende si él percibía sus haberes de modo discriminado en función de la prestación de servicios a órdenes de cada una de aquéllas, tal como dan cuenta las respectivas pericias contables producidas en los litigios de referencia con relación al actor (v. capítulo a) del presente considerando).

Finalmente, la versión del pago clandestino a la que alude el dicente tampoco coincide con lo expuesto al inicio. El testigo sostuvo en su primera versión (v. anexo nro. 3890) que el actor percibía parcialmente sus haberes "por recibo y otra parte en efectivo en otra oficina, que al actor le pagaba TESORERIA una parte y la otra parte lo hacía la contadora de nombre CRISTINA cuyo apellido no lo recuerda y que le consta porque todos hacíamos lo mismo...desconoce si el actor firmaba un documento por la parte que le era abonada por la contadora. En este acto el testigo manifiesta que él por su jerarquía percibía de otra manera, que no sabe cuál era el porcentaje que era abonado al actor por la contadora...". En la segunda (fs. 460/461) refirió que "respecto de cómo se instrumentaba el pago de las remuneraciones contestó que las comisiones se liquidaban en tesorería o la contadora, que no sabe si les hacían firmar algo porque cobraban de a uno. Respecto de en qué difería el pago por parte de tesorería o pagaba la contadora contestó que era indistinto, que la mayoría de las veces lo hacía la contadora...que el testigo cobraba una parte con recibo y otra no le hacían firmar nada. Lo que comúnmente se llama en negro. Que todo el personal sin excepción cobraban de la misma manera Que lo sabe porque todos pasaban por la misma ventanilla. ...que el testigo a veces le avisaba que tenía que ir a cobrar y el actor iba a tesorería y después iba a la contadora, y después normalmente los comentarios eran cuanto cobraba cada uno y lo que le liquidaban...". Así, la transcripción aquí efectuada permite apreciar que en la primera declaración según la modalidad legal o clandestina del pago, éste se abonaba en tesorería o lo hacía la contadora; mientras que en la segunda se aludió indistintamente a ambas; sin que resulte suficiente la oportuna razón del dicho, pues el relato no revela que el dicente haya presenciado el pago de sumas indocumentadas al actor, en su caso por qué concepto y en representación de cuál de las empresas aludidas ambiguamente por aquél, ni menos aún con qué frecuencia; a la vez que tampoco coincide con lo expuesto por el actor en cuanto sostuvo que él firmaba un recibo común por el pago clandestino (v. fs. 8, capítulo "Remuneraciones").

f) Estimo que resulta improcedente el análisis del testimonio de Cotsifis citado por la Sra. Jueza a quo, pues sólo se adjuntaron copias parciales de su declaración (v. sobre anexo nro. 3890, en la que sólo se certificaron dos fojas, cuyo último renglón reza: "...condición y que no sabe la cantidad pero que los había y no recuerda os..."), lo que impide apreciar cabalmente el testimonio. Sólo a mayor abundamiento, agregaré que dicho testimonio alude exclusivamente a la relación habida con la empresa Nylotex S.A., por lo que no resultaría relevante en torno a la modalidad en que se desarrolló la prestación de servicios del demandante a órdenes de Armavir S.A.

g) Aún soslayando que la testigo Donato (v. fs. 453/456 y sobre anexo nro. 3890), admitió tener juicio pendiente contra Productos Textiles S.A. y el coaccionado Abad Verdú, circunstancia que impone mayor rigor en el análisis de su testimonio, el hecho de que a ella le abonaran parcialmente sus haberes de modo clandestino no permite concluir como lo hace la sentenciante, y tener por acreditado tal hecho con relación al actor, máxime cuando aquélla admitió ser Encargada de Ventas de Productos Textiles S.A., es decir, se desempeñaba a órdenes de una empresa ajena a la demandada de autos, y expresamente declaró que nunca vio cobrar a aquél. Nótese que tampoco coincide su versión con la de Aguglia, pues la dicente señaló que el pago "en negro" lo hacía "la Sra. Cristina Garget en un momento, el Sr. Pineda por otros momentos también, y fueron varias personas, el Sr. Conca Joaquín, el Sr. Abad Verdú en alguna oportunidad...".

De igual modo, cabe reiterar aquí las conclusiones vertidas previamente en cuanto a que los hechos que supuestamente resultarían acreditados con relación a una de las empresas referidas, no pueden extenderse analógicamente a las restantes, en el marco de la presente traba de litis. Pero además, y respecto a la tarea de cobranza, estimo que la declaración en estudio no resulta eficaz, pues el conocimiento de Donato sobre el hecho proviene de manifestaciones que al efecto le hizo en su momento el propio actor y/o terceros a los que puntualmente no identifica (otros vendedores de la empresa Productos Textiles S.A.), por lo que su relato se basa en los propios dichos que el interesado le ha referido.

h) En síntesis, sin perjuicio del oportuno análisis y valoración que efectúen los jueces pertinentes respecto a la prueba testifical rendida respectivamente en las causas iniciadas por el actor contra las empresas Nylotex S.A. y Productos Textiles S.A., lo cierto es que aquélla no genera convicción sobre los aspectos puntuales en debate en el sub exámine, cual es que el demandante haya efectuado la tarea de cobranza a órdenes de la demandada Armavil S.A., y que percibiera por este servicio el porcentaje de comisión en la cuantía alegada en la demanda.

Además, encuentro atendible el argumento de la recurrente en cuanto al cercenamiento de su derecho de defensa, pues la prueba aludida se produjo en litigios en los que no intervino a título alguno, y por ende, ello implicó la imposibilidad de sugerir y efectuar las preguntas que estimaba pertinente en cada oportunidad de celebrarse la audiencia; y menos aún de impugnar los testimonios de acuerdo a lo previsto por el art. 90 de la LO; por lo que no comparto la conclusión de la Sra. Jueza a quo en cuanto les otorgó plena fe convictiva por no haber sido impugnadas ni desvirtuadas por prueba en contrario. Téngase en cuenta que la parte actora sólo requirió la certificación de aquéllas, pero no -en su caso- de las impugnaciones respectivas.

En nada perjudica a la conclusión vertida, las manifestaciones que ensaya la parte actora en su contestación de agravios glosada a fs. 878/879.

En primer lugar, la declaración de Catopodis (219/220) a tenor de la cual la magistrada de grado anterior desestimó la validez de las causales esgrimidas en sustento de la decisión resolutoria adoptada por la demandada, y por ello admitió favorablemente el reclamo indemnizatorio incoado al inicio; no permite tener por acreditado los extremos controvertidos citados previamente. El mero reconocimiento efectuado por la testigo atinente al talonario de recibos provisorios emitidos por la firma Armavir S.A., no resulta suficiente para demostrar la efectiva prestación de la tarea de cobranza que se atribuye el actor, máxime cuando se aprecia a simple vista la diversidad de las firmas consignadas en tales instrumentos en el espacio "por Armavir SA".

En segundo lugar, sin perjuicio de lo expuesto en el capítulo b) de la presente, aún cuando no se cuestione la validez de la documental aportada a la causa en su carácter de instrumento público, toda vez que se trata de declaraciones testimoniales certificadas por el actuario, ello no exime al juez de analizar la validez de dicha prueba atinente a las cuestiones controvertidas en el presente pleito (conf. art. 386 CPCCN). Desde esta perspectiva, y de acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, dicho análisis arroja precisamente la conclusión contraria a la pretendida por la recurrente, pues las declaraciones en estudio no aluden puntualmente "a los hechos sucedidos con Armavir S.A. que sustentan la demanda", sino a los acontecidos con otras dos empresas diferentes: Nylotex S.A. y Productos Textiles S.A. Resulta improcedente y por ende reprochable a aquélla, que recién en esta instancia intente extemporáneamente introducir el argumento de una supuesta confusión de patrimonios y de personal entre las empresas citadas por los testigos, extremo que se advierte omitido al momento de iniciar la acción (conf. lo expuesto en el capítulo a) del presente). Ello torna inviable su tratamiento en esta etapa procesal, toda vez que tal circunstancia no fue expresamente invocada en la demanda, ni objeto de contestación, y por ende no integró los términos de la litis, de manera que el fallo recurrido no podría resolver cuestiones que no fueron planteadas en tiempo y forma.

Tampoco resulta óbice a lo expuesto la ausencia de oposición oportuna de la demandada respecto a la producción de la prueba en cuestión. Observo que ésta fue ofrecida por la parte actora en la oportunidad prevista por el art. 71 de la LO (v. fs. 118vta. y 149vta., capítulo "Prueba. Documental", y su reiteración a fs. 158/160 y 161/163, respectivamente), por lo que no se corrió traslado del escrito respectivo a la contraria y ésta, por ende, no tuvo oportunidad de oponerse.

De esta manera, corresponde admitir la queja en estudio, toda vez que los testimonios aquí analizados producidos en causas ajenas a la presente, no generan convicción sobre el aspecto en debate, cuál es que el demandante haya efectuado tareas de cobranza.

4. En consecuencia, corresponde reducir el importe salarial devengado por el actor a la suma de $1.193,- ($1.644 - $451, equivalente al 1% correspondiente a la comisión por cobranza), y reajustar la liquidación de los rubros que resulten en definitiva favorablemente admitidos a dicha base de cálculo.

Ello es así, en tanto no existe controversia sobre las tareas de venta que efectuaba el actor a órdenes de la demandada, a la vez que el agravio de la apelante no rebate la conclusión de la magistrada de grado anterior en orden a la aplicación al sub exámine de la presunción que emana del art. 11 de la ley 14.546, y el uso de las facultades que le conceden los arts. 56 y 114 de la L.C.T., a tenor de lo cual tuvo por cierto que el actor percibía la suma fija de $ 500.- más comisiones de un 2% sobre ventas realizadas equivalentes a $ 693.- mensuales; además de que la suma de tales importes arrojaba una remuneración mensual que lucía "equitativa y proporcionada considerando la extensión y el tipo de tareas que realizaba el actor, la zona de actuación comprendida y el esfuerzo requerido".

III. En su primer agravio, el actor se queja porque la Sra. Jueza a quo desestimó su reclamo en procura del pago de los rubros "comisión por cobranzas adeudadas" y "remuneraciones pendientes".

La solución propuesta en el considerando anterior para resolver el agravio vertido por la coaccionada Armavir S.A. en cuanto a la falta de acreditación de las tareas de cobranza alegadas por el actor, al que me remito por razones de brevedad, impone el rechazo de la queja en estudio con relación al primer concepto aludido, toda vez que no se demostró en autos el presupuesto fáctico necesario para admitir la pretensión al respecto.

En cuanto al rubro "remuneraciones pendientes", el argumento atinente a la "ausencia de rigidez en los pagos" que esgrime la apelante, no logra modificar lo resuelto en el decisorio de grado. En efecto, el demandante manifestó al inicio que "...en el año 2003 comenzaron a retrasarse en los pagos y dejaron de abonarme las comisiones por cobranzas, los adicionales no remunerativos determinados por los decrs. 1273/02 y 1371/02 y siguientes tampoco fueron pagados, y así, las restantes obligaciones de la empleadora..." -las que no individualizó-; luego de lo cual refirió que, pese a sus reclamos, "...el pago por comisiones por cobranzas continuaba dilatándose al igual que los adicionales no remuneratorios antes indicados..." (v. fs. 5 párr. que inicia "En la crisis..."). Esto permite colegir válidamente que el retraso en el pago correspondía a estos últimos dos rubros citados, no obstante lo cual, en la liquidación practicada a fs. 8/vta., se incluyó además de éstos, el rubro (m) "remuneraciones pendientes" por la suma global de $ 12.700.- De esta manera, y de acuerdo a los fundamentos de la resolución de fs. 175/176 atinentes a la defensa de prescripción opuesta por la contraria que permanecen firmes en esta Alzada, cabe ponderar que la lectura de la demanda impide apreciar cuáles serían los conceptos que se reclaman en esta cifra, y su pertinente discriminación acorde al período en que supuestamente se devengó el derecho a percibir su pago, toda vez que no puede soslayarse la importancia que reviste este dato, pues el juzgador carece de facultades para establecer de oficio cuál era la extensión temporal que puede alcanzar el reclamo. Dicho extremo constituye una carga procesal del accionante que no puede ser suplida por el juez, pues ello implicaría afectar la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio de la contraria (art. 18 CN), vulnerándose de manera flagrante el principio de igualdad procesal de las partes, y la imparcialidad que debe guardar el sentenciante frente a ellas.

El incumplimiento de la exigencia que dimana del art. 65 inc. 4 de la LO en la oportunidad procesal respectiva de acuerdo a las pautas aquí reseñadas, no puede ser suplida por la actividad probatoria que se desarrolle posteriormente en el litigio, como pretende improcedentemente la apelante; dado que ello, reitero, implicaría abiertamente la franca violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio de la contraria, al permitir la variación de los términos de la litis a las resultas de las probanzas de la causa, lo cual se encuentra vedado (art. 18 CN). Para más, tampoco resulta atendible el cálculo que formula la recurrente en el agravio en estudio en el que computa un período de 24 meses, pues soslaya abiertamente lo resuelto a fs. 175/176 en cuanto allí se limitó el reclamo a un lapso inferior que el aplicado por ella; no obstante lo cual, ni siquiera de admitir su postura se arriba a los montos incluidos en la liquidación practicada en la demanda.

Por ello, sugiero desestimar este agravio.

IV. El demandante también se agravia en torno al rechazo del rubro "salarios por enfermedad". Sostiene que la judicante: a) no ponderó debidamente la entidad de la patología padecida (trombosis venosa profunda), b) sujetó la prueba pericial médica ofrecida por su parte a las restantes probanzas de la causa, y en orden a ello soslayó el informe del Hospital Francés y el testimonio del Dr. Liberman, que a su entender revelan la imposibilidad de retomar tareas al menos durante un año, y c) no tuvo en cuenta la prueba pericial médica producida en los autos "Tegli Juan Carlos c/ Nylotex S.A. y otro s/ despido", cuya copia certificada se adjuntó en autos (anexo 3890).

Empero, no se hace cargo del fundamento de la judicante para desestimar la pretensión en estudio, atinente a la omisión de prueba que acredite en autos la existencia de incapacidad laboral en el demandante que le impidiera trabajar con posterioridad al 28.6.2005, según el alta médica otorgada por la Clínica Acceso Norte, "...la cual no surge cuestionada en autos..." (v. fs. 847 de la sentencia apelada, cuarto párrafo que inicia "Toda vez que...."), lo que sella la suerte de la queja en sentido adverso al pretendido.

Al respecto, no encuentro atendible el argumento de la recurrente en orden a que aquélla no ponderó correctamente la entidad de la dolencia padecida -trombosis venosa profunda- la que, a su entender, "se arrastra a lo largo de décadas y lo invalida por no menos de un año...mas ello nunca podrá limitarse a una cuestión de diez o quince días...", pues tal como admite a continuación, ello obedece a las circunstancias particulares de evolución de cada paciente, circunstancia que evidentemente constituye un hecho sujeto a prueba del pretensor, observándose en la causa una absoluta orfandad probatoria que desvirtúe el alta médica aludida por la Sra. Jueza a quo.

En este sentido, aún soslayando los escuetos términos del capítulo "Salarios por enfermedad" (v. fs. 8), del intercambio telegráfico habido entre las partes transcripto en la demanda, se desprende que el actor denunció la existencia de la dolencia aludida de acuerdo al certificado médico expedido por el Dr. Liberman, que otorgaba licencia por 72 hs. el 30.5.2005 (v. TCL 62991961 transcripto a fs.7). Empero, no se esgrimió siquiera la continuación del tratamiento con posterioridad al plazo consignado, ni la existencia de una nueva licencia médica a su vencimiento con la oportuna comunicación de tal circunstancia a la empleadora, de modo tal de generar el derecho a percibir los salarios por enfermedad (conf. args. arts. 62, 63, 209, y 213 de la LCT). Ello es así, pues el propio accionante desconoció el telegrama adjuntado por la demandada a fs. 86, emitido por la Sra. María Eugenia Barturan supuestamente en su representación, en el que comunicaba la extensión de la licencia médica hasta el 3.6.2005 inclusive (v. fs. 118 y 158).

No obstante lo expuesto, ante el alta médica que otorgó el servicio médico de la empresa el 28.6.2005 en virtud de lo cual la empleadora cesó de abonarle el salario por enfermedad a partir de esta fecha -tal como se reconoció al inicio-, el demandante no formuló ningún reclamo al respecto. Ello deviene relevante en la inteligencia de que, sin perjuicio del tratamiento al que deba someterse un trabajador como consecuencia de una patología inculpable, tal como pareciera sucedió en el caso particular, el alta médica aludida por la judicante lo declaraba apto para laborar. La protección que emana del juego armónico de los arts. 208 y sgtes. de la LCT, capítulo que regula la suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo con motivo de la enfermedad inculpable que pueda llegar a padecer cualquier trabajador, se fundamenta, precisamente, en la imposibilidad del trabajador de prestar tareas como consecuencia de la existencia de aquélla. Así, en nada obsta a lo expuesto la prueba informativa glosada a fs. 308/324 que da cuenta de la historia clínica del actor emitida por el Hospital Francés, ni la declaración del testigo Liberman (fs. 292/293), que en su carácter de médico especialista en Flebología confirma la atención particular de aquél en la institución citada por la sintomatología que presentaba como consecuencia de una trombosis venosa profunda en evolución y el tratamiento que indicó en su consecuencia; dado que tales elementos probatorios no evidencian siquiera la existencia de un certificado médico que controvierta el alta médica aludida otorgada el 28.6.2005, ni menos aún la pertinente comunicación a la empleadora de tal circunstancia. No se cuestiona aquí la gravedad de la dolencia padecida, ni las secuelas que podría haber generado en el trabajador, o el tratamiento al que debió someterse éste en su consecuencia, según testimonio del Dr. Liberman; sino la ausencia del certificado médico pertinente que permita colegir que a la fecha citada previamente, el demandante no se hallaba todavía en condiciones de laborar, y obviamente, la respectiva comunicación de tal circunstancia a la empleadora a tenor de la cual ésta resultaría obligada al pago de salarios en los términos del art. 213 de la LCT, con posterioridad al 28.6.2006 hasta el vencimiento de la licencia que le correspondía de acuerdo a los plazos previstos en el art. 208 del cuerpo legal citado.

Por otra parte, la apelante soslaya abiertamente que en el anexo nro. 3890 sólo obra certificada la primera foja de la pericia médica producida en los autos caratulados "Tegli, Juan Carlos c/ Nylotex S.A. s/ despido" (v. fs. 695/vta.), que da cuenta parcialmente del relato de los hechos que el trabajador le efectuó al galeno en la oportunidad de efectuar la consulta médica pertinente, circunstancia que impide apreciar la existencia de las supuestas conclusiones que aquélla refiere y transcribe en el agravio en estudio; no obstante lo cual cabe reiterar aquí análogas conclusiones que las vertidas en el párrafo anterior en cuanto a la ineficacia de dicha prueba en orden a la pretensión con sustento en el art. 213 de la LCT.

En síntesis, también estimo que, por las consideraciones aquí vertidas, corresponde desestimar esta queja.

V. En cambio, asiste razón a la parte actora en su tercer agravio con sustento en el art. 1 de la ley 25.323.

Si bien la magistrada de grado anterior admitió favorablemente el reclamo de dicho incremento indemnizatorio, toda vez que "...resultó acreditado que la demandada no registró correctamente la relación laboral..." (v. fs. 846); extremo que permanece firme en esta Alzada a la luz de la solución propuesta en el considerando II de la presente, al que me remito por razones de brevedad; omitió incluir el concepto aludido en la liquidación oportunamente practicada. Por ello, sugiero hacer lugar a la queja e incluir el rubro en estudio en la liquidación que se practique a continuación.

VI. En cuanto al alcance del incremento indemnizatorio contemplado por el art. 16 de la ley 25.561 a partir de la sanción de la ley 25.972 (17.12.2004), aplicable en la especie, considero que no corresponde acoger el agravio de la parte actora en cuanto pretende que se incluya en su base de cálculo, además de los conceptos ponderados por la Sra. Jueza a quo (arts. 245, 232, y 233 LCT), la indemnización por clientela prevista en el art. 14 del estatuto particular del viajante de comercio.

En efecto, sin perjuicio de que el tema en debate se encuentra sujeto a la convocatoria a Tribunal Plenario en los autos "Oliva, Jessica Romina c/ Yanine S.A. s/ despido" (conf. Res. CNAT nro. 16 del 3.7.2009), cabe señalar que, aún de adoptarse la postura más amplia al respecto en los términos originarios del art. 4 del decreto 264/02 reglamentario de esa disposición legal (en cuanto aclaró que la duplicación comprendía "todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo"), tal como lo hizo la judicante y permanece firme en esta Alzada (art. 116 L.O.); no debería incluirse en la base de cálculo del incremento indemnizatorio reclamado la aludida indemnización por clientela. Ello es así, en la inteligencia de que la finalidad de la duplicación consagrada en el art. 16 de la ley 25561 es precisamente evitar la desaparición de puestos de trabajo en el marco de una situación gravísima de emergencia social comprensiva del empleo (v. art. 1 de dicho cuerpo legal), para lo cual establece un resarcimiento específico que deriva del acto extintivo exclusivo del despido. Así, sólo cabe considerar para el cálculo del incremento indemnizatorio en estudio aquellos rubros que sólo se generan con motivo del despido, lo que excluye la duplicación de otras indemnizaciones, como la que consagra el art. 14 de la ley 14546, toda vez que ésta es de distinta naturaleza y responde a causas y objetivos distintos de los que se producen con motivo de la extinción laboral.

Por ello, sugiero confirmar la sentencia apelada en lo que resuelve sobre el aspecto en debate.

VII. De acuerdo a lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde reajustar la liquidación de los rubros favorablemente admitidos conforme a la base de cálculo establecida en el considerando II ($ 1.193.-), por lo que la presente acción prospera por los siguientes conceptos y monto: 1) indemnización por antigüedad (5 años): $ 5.965.-; 2) preaviso: $ 1.193.-; 3) SAC s/ preaviso: $ 99,41.-; 4) integración mes despido (8 días): $ 307,87.-; 5) Indemnización por clientela: $ 1.891,32.- (25% s/ la suma de los rubros anteriores, conf. art. 14 ley 14.546); 6) Vacaciones Proporcionales año 2005 (6 días): $ 286,32.- (1193/25 x6); 7) SAC prop. Año 2005: $ 596,50.-; 8) art. 1 ley 25.323: $ 5.965.- (conf. Considerando V de la presente); 9) art. 2 ley 25.323: $ 3.782,64.-; y 10) art. 16 ley 25.561: $ 6.052,22.- (80% s/ indemnizaciones arts. 245, 232 c/ SAC y 233 de la L.C.T.); todo lo cual arroja el total de $26.139,28.-, más los intereses fijados en la instancia de grado anterior que permanecen firmes en esta Alzada.

VIII. El coaccionado Abad Verdú se agravia en torno a la extensión de la condena de los rubros favorablemente admitidos en forma solidaria a su parte con sustento en las disposiciones de los arts. 54, 59, y 274 de la LSC.

Empero, las escuetas manifestaciones que ensaya atinente al alcance de lo normado por el art. 54 de la ley 19550, y la mera transcripción de los argumentos vertidos oportunamente al contestar demanda (v. fs. 43 vta., párr. que inicia "La más reciente jurisprudencia..."), no satisfacen en modo alguno la exigencia que dimana del art. 116 de la LO. Al respecto, cabe recordar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que resulte idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de los elementos de autos. Crítica concreta y razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los razonamientos del juzgador, que demuestre como equivocadas sus deducciones, inducciones o conjeturas sobre las cuestiones resueltas (art. 116 L.O.).

En orden a ello, el apelante no rebate el principal argumento vertido por la judicante atinente a que, sin perjuicio de la constitución formal de la sociedad en la que aquél revestía el carácter de presidente, se acreditó en autos el obrar deficiente de aquélla respecto al registro del contrato de trabajo del demandante, "...circunstancia que no podía ser ignorada por el mencionado, quien pudo haber corregido tal irregularidad en atención a la función y cargo que tenía dentro de la persona jurídica empleadora...". Desde esta perspectiva, aquélla agregó que, a su entender, la transgresión que el incumplimiento registral de la sociedad empleadora importaba para la ley, el orden público laboral, y la fuena fe, habilitaba la extensión de la condena en la forma pretendida, a la luz del juego armónico de los artículos citados de la LSC, que regulan la responsabilidad ante terceros por el "...mal desempeño de sus cargos, por violar la ley, el estatuto o el reglamento, no haber actuado con la lealtad de un buen hombre de negocios y por cualquier otro daño causado por haber actuado con dolo, abuso de facultades o culpa grave...", de los directores, representantes, socios y controlantes de la sociedad (arts. 59 y 274 LSC). Vale decir que, en orden a la inscripción defectuosa del contrato de trabajo, la Dra. González Burbridge consideró que tal conducta no podía calificarse como "diligente" ni se compadecía con el obrar de "un buen hombre de negocios" en los términos del art. 59 de la ley 19550, y que ello configuraba un obrar contrario a la ley, que generaba perjuicios económicos no sólo al trabajador afectado, sino también al sistema previsional y a la comunidad empresarial en conjunto, permitiendo de tal modo el uso de la sociedad para fines ajenos a los previstos en el cuerpo legal citado; extremos que no lucen puntualmente cuestionados en el agravio en estudio.

Asimismo, sin desmedro del criterio que sustenta la cita jurisprudencial transcripta por el recurrente a fs. 845/vta., no surge de su parcial reproducción que se trate de situaciones fácticas análogas a la de autos, pues claramente allí se alude a una "asociación civil", entidad que obviamente no resulta comprendida por las disposiciones de la LSC; por lo que aquélla no resulta idónea para enervar lo resuelto en el fallo recurrido.

Por todo lo expuesto, considero que corresponde confirmar la condena solidaria que le ha sido impuesta al apelante. Aclaro que, si bien en otros casos he sugerido que esa responsabilidad se limite a ciertos rubros (los que guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral), el criterio mayoritario de esta Sala (en su actual composición, integrada con los Dres. Ferreirós y Zas) es que esa responsabilidad se extiende a la totalidad de la condena. Por razones de economía procesal, adhiero entonces en este voto a dicho criterio mayoritario, dejando a salvo mi opinión personal en contrario.

IX. Sin perjuicio del nuevo resultado del pleito que se propone en este voto, los codemandados conservan la calidad de vencidos en los aspectos sustanciales de la controversia, por lo que propongo mantener a su cargo las costas de primera instancia (art. 68 CPCCN), con la aclaración de que los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena -capital e intereses- (art. 279 CPCCN). Asimismo, y por análogos fundamentos, también corresponde imponer de igual modo las costas de Alzada.

Debo aclarar al respecto, que no comparto el criterio que exponen los coaccionados en idénticos términos en sus respectivas expresiones de agravios (atinente a que el monto de condena resulta ser inferior al 30% del monto reclamado, por lo que correspondería aplicar el art. 71 del CPCCN, y distribuir las costas 50% a cargo del actor y el 50% restante a cargo de ellas); toda vez que la demanda prosperó por la casi totalidad de los rubros reclamados. En este sentido, y tal como ellos admiten, en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, "Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido"), de manera que si la actora resultó vencedora en el pleito, deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, "Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido"; esta Sala, 16/12/06, S.D.91.956, "Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido").

X. Por otra parte, teniendo en cuenta el resultado del pleito, los trabajos realizados, y las normas arancelarias vigentes (art. 38 de la L.O., ley 21.839, ley 24.432, y decreto ley 16.638/57), estimo que los porcentajes de honorarios establecidos en primera instancia para la representación y patrocinio letrado de los codemandados Armavir S.A. y Abad Verdú, y del perito contador, no lucen elevados, y por ello propicio su confirmación. En cambio, asiste razón al letrado apoderado del demandante (fs. 302), en cuanto a que sus honorarios resultan reducidos, por lo que, conforme a las pautas citadas previamente, sugiero elevarlos al 16% sobre el monto total de condena (capital más intereses). Cabe aclarar que en todos los casos, los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses).

Asimismo, corresponde fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que perciban por su actuación en la anterior instancia.

En cuanto a la expresa solicitud de la coaccionada Armavir S.A. de aplicar las disposiciones de la ley 24432, cabe señalar que ello resulta improcedente en esta etapa del proceso, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 277 de la LCT (modificado por el art. 8 de la ley 24.432) en relación al prorrateo que deberá decidirse en la etapa correspondiente (art. 132 de la L.O.).

XI. Por lo expuesto en este voto, sugiero: 1) Modificar la sentencia apelada, y reducir el monto de condena a la suma total de $26.139,28.-, más los intereses fijados en la instancia de grado anterior desde la exigibilidad de cada crédito hasta su efectivo pago, que permanecen firmes en esta Alzada. 2) Confirmar la imposición de costas a cargo de los codemandados vencidos en lo sustancial (arts. 68 y 279 CPCCN). 3) Confirmar la regulación de honorarios dispuesta en la instancia de grado anterior correspondiente a la representación y patrocinio letrado de los coaccionados y del perito contador, excepto los correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora que se elevan al 16%; con la aclaración de que todos los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses). 4) Imponer las costas de Alzada a los coaccionados vencidos en lo sustancial (art. 68 CPCCN), y fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, y reducir el monto de condena a la suma total de $26.139,28.-, más los intereses fijados en la instancia de grado anterior desde la exigibilidad de cada crédito hasta su efectivo pago, que permanecen firmes en esta Alzada. 2) Confirmar la imposición de costas a cargo de los codemandados vencidos en lo sustancial (arts. 68 y 279 CPCCN). 3) Confirmar la regulación de honorarios dispuesta en la instancia de grado anterior correspondiente a la representación y patrocinio letrado de los coaccionados y del perito contador, excepto los correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora que se elevan al 16%; con la aclaración de que todos los porcentajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses). 4) Imponer las costas de Alzada a los coaccionados vencidos en lo sustancial (art. 68 CPCCN), y fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. ESTELA M. FERREIRÓS. HÉCTOR C. GUISADO á