marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortes, Patricia Alejandra c/ Tomatis, Juan Carlos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Para que el titular registral del automotor se exima de la responsabilidad, por los daños ocasionados por éste es menester haber efectuado la comunicación que determina el párrafo segundo del artículo 27 del dec. 6582/58 ref. por ley 22977.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TERESA ANGELA COCCO DE COCCO s/ DEMANDA  EJECUTIVA - CUENTA CORRIENTE BANCARIA CERTIFICADOS - TITULO   EJECUTIVO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-24

El agregado al art. 793 del Cód. de Comercio ha dado una facultad particular a las entidades bancarias para instrumentar los saldos de cuentas corrientes a su cargo permitiendo que mediante una constancia unilateralmente librada por dos funcionarios responsables (gerente y contador) dan origen y produzcan un título que sirva de base al trámite ejecutivo, no me es posible advertir de que manera esa diferenciación favorable a dichas entidades pueda acarrear una verdadera violación al derecho de defensa, igualdad ante la ley o derecho de propiedad.- El certificado de saldo de una cuenta corriente bancaria suscripto por el gerente contador de la entidad, constituye un título autónomo, vale decir, que se basta a si mismo no es menester de complemento alguno.
Recurso de inconstitucionalidad, principio de oralidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ abuso sexual agravado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

Devienen insustanciales las proyecciones que realiza la presentante sobre el principio de oralidad por haberse pronunciado el A quo siete meses después de la realización de la audiencia de apelación, en tanto las mismas lucen construidas desde un terreno inferencial que no se encuentra acompañado de extremos fácticos serios que así lo sustenten, al tiempo que también debe ser desestimada la pretendida afectación a la adversalidad que de manera abstracta describe, toda vez que tales alegaciones sólo evidencian su desacuerdo con el fallo impugnado que, como se verá seguidamente, refleja -a contrario de lo sostenido por la defensa- un análisis objetivo de los hechos y de las pruebas y en el marco de los planteos de las partes en el proceso. (Del voto del Dr. Gutiérrez. En disidencia: Dres. Erbetta y Netri)
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Andres, Susana Beatriz c/ San Cristóbal Seguro de Retiro S.A. s/ Acción Sumarísima
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

Corresponde imponer las costas a la empresa aseguradora vencida, y revocar la imposición de costas en el orden causado, toda vez que la dispensa del art. 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, procede cuando existe una disposición de la ley, divergencia doctrinaria, cambio de jurisprudencia sobre el tema, cuestiones dudosas de derecho, cuando se trata de un asunto complejo o si hay necesidad de promover o proseguir el proceso, circunstancias estas que no surgen acreditadas puesto que se ha llegado a un pronunciamiento, motivado por decisiones de la demandada que obligaron a litigar al actor.
Supervisión de cumplimiento de sentencia, incumplimiento de resolución judicial, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, honorarios del abogado, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2009-07-06

Debe la República Argentina adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar pronto acatamiento al punto pendiente de cumplimiento, ordenado por la Corte Interamericana en virtud de la Sentencia que declaró la responsabilidad internacional del referido Estado -28 de noviembre del año 2002; Serie C, no. 97-, relativo al pago de los honorarios y costas correspondientes a los abogados estatales, informando asimismo, en el término máximo de tres meses, todas las medidas adoptadas a los fines de cumplir con dicha medida de reparación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIANA, MARIA ESTHER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-04

El Tribunal a quo al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad expresó que no superaba el carácter de mero disenso para con la hermeneusis del derecho aplicable al caso, el planteo relativo a la operatividad del artículo 5 de la ley 7234 -modificada por ley 9040-, al volver sobre el intento de interpretar que los plazos previstos en la referida norma, que son procesales, serían también plazos de prescripción, postura que colisiona con el derecho sustancial analizado en la sentencia hoy en crisis, expidiéndose en tal sentido el auto denegatorio y las comparecientes, en su presentación directa, nada aportan en orden a refutarlo; debiendo señalarse que en su pieza recursiva de queja las recurrentes se empeñan en imponer su propia apreciación de la causa, dedicando gran parte de la misma a insistir en que la Sala habría soslayado las circunstancias particulares del caso, además de reiterar cuál sería la recta inteligencia que cabe asignar a las normas en juego, mas sin conseguir esbozar una crítica concreta a los argumentos de la denegatoria del recurso, en cuanto a que el Tribunal había tenido en consideración las constancias que surgían de la causa, y también la aplicación de principios generales, criterios jurisprudenciales y la legislación vigente, con especial atención a la integración de normas de fondo y de forma y en sus distintos ámbitos temporales de validez, arribando a un pronunciamiento que no puede calificarse como afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7234, artículo 5; Ley 9040.
Legitimación activa, legitimación procesal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FOYEM. c/ Municipalidad de General Conesa. s/ Falta de Personería. FOYEM. c/ Municipalidad de Guardia Mitre. s/ Falta de Personería.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-09-03|1985-09-10

Siempre que se cuestione, no la representación, ni la capacidad genérica y abstracta de estar en juicio, sino la concreta posibilidad de demandar cierta y determinada cosa, lo que está en juego no es la falta de personería o personalidad sino la falta de legitimación activa, la incapacidad sustancial de exigir algo acerca de lo cual el ordenamiento de fondo no confiere la titularidad del derecho o la capacidad concreta de exigir de otro determinada prestación, lo que siempre se conoció como "sine actione agit".
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Miguel A. y otros s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

El Tribunal que incluyó entre las pruebas del cuerpo del delito las indagatorias judiciales de los procesados, pero respecto de ellas no es posible determinar su sentido probatorio, opuso a la defensa un obstáculo ilegítimo para sus posibilidades impugnatorias.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, sentencia arbitraria, honorarios del perito, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Senillosa de Giribone, María C. s/ inhabilitación s/ incidente de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Es admisible el recurso extraordinario contra la decisión que ordenó llevar adelante la ejecución de honorarios promovida por el perito ingeniero contra un letrado, si está insuficientemente fundada en afirmaciones abstractas que no condicen con las constancias de la causa.
Procedimiento laboral, conciliación
Materia: LABORAL
Carátula: BEATRICE c/ BENITEZ s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-27

Los acuerdos conciliatorios realizados ante los tribunales del trabajo requieren de la firma del trabajador como requisito sustancial e ineludible, resultando insuficiente la firma de su letrado apoderado.
Despido con causa, comunicación del despido, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: COLPAS, JUAN MANUEL c/ AUT. T.I.C.S.A. S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-06-18

Las causales esgrimidas por el demandado como falta de colaboración, dedicación, buena fe, etc., No solo son ambiguas y equivocadas, sino que cercenan claramente el derecho de defensa. Ello es así, porque desconociendo el actor concretamente cuales son los hechos injuriantes para la patronal, aquel se ve impedido de controvertirlos en igualdad de condiciones procesales; pues la falta de, expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato, (que el actor conoció luego de contestada la demanda), importan una violación del deber de buena fe de la contraparte e impiden dispensar al principal de la obligación que le impone el art.243 L.C.T.; máxime, cuando el juez valoró las causas mencionadas. art.63 L.C.T.
Divorcio, sociedad conyugal, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: J.M.F.C. c/ L.E.B. s/ DIVORCIO - BIENES GANANCIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-31

Con relación a la teoría de los actos propios, en atención cuando aparecen en la escritura ambos cónyuges adquiriendo un inmueble, no cabe duda de que puede alegarse a favor de la esposa, pero solo como indicio, pero como tal no puede asignársele un significado inequívoco porque, a veces puede tener un sentido afectivo entre esposos prácticamente recién casados, por lo que no puede atenderse únicamente a lo que implicaría desde un punto de vista técnico. Y cuando ha cambiado radicalmente la situación, desembocando en divorcio no puede hablarse de actos contradictorios.

(Voto del Dr. Díaz Reyna)
Recusación, ministros de la Corte Suprema, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Estado Nacional  s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

Resulta manifiestamente inadmisible toda alegación de prejuzgamiento motivada en la opinión que el Tribunal se haya visto en la necesidad de emitir acerca de puntos relacionados con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de medidas cautelares. Cabe destacar que no importa prejuzgamiento ni interés personal aquellas actuaciones de los jueces de la Corte realizadas en un procedimiento anterior propio de sus funciones.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ríos, Norberto c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-30

Semejante generalidad no puede aceptarse. La presunción de legalidad del acto administrativo exige un ataque particularizado y fundado; una impugnación concreta de sus presupuestos de hecho y derecho -causa del acto- y del decisorio que es su objeto. Interpreto que no basta, para tener por habilitada la jurisdicción revisora -cuando así se plantea- referencias genéricas e indeterminadas, sin acotamiento del marco cognoscitivo de la jurisdicción contencioso-administrativa. Puedo coincidir en que la misma no es exclusivamente revisora, que el "acto prelable" no siempre es una exigencia -al menos no en la Provincia en que la ausencia de Código específico que constriña la pretensión, es posible aplicar al respecto criterios más modernos y desarrollados en la materia.- Pero ello no significa una apertura indiscriminada, extensiva y aplicada a "cualquier" acto del Poder Administrador, más aún si es cumplido en función administrativa. Actos -no hechos, ni omisiones- porque de actos derivan los perjuicios que se enuncian, regidos por el Derecho Administrativo y por ello -lo dijo oportunamente la Procuración General- propios de la acción contenciosa, y de competencia originaria de este Tribunal.
Procesos de ejecución, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: M., S.R. c/ S., T. y Otro s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-12

La suspensión de la ejecución, producto de aceptarse la excepción, no comporta una denegación de la ejecución ni un tratamiento desigual ante las partes, ni un desbaratamiento de derechos, sino solo la postergación de la decisión hasta tanto ambas causas estén en estado de ser sentenciadas lo que solo significa un diferimiento temporario en la declaración de los derechos, que afecta a todos los litigantes por igual por cuanto no cabe soslayar el deseo de los aquí demandados de desobligarse abonando lo que consideran adeudar.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico.
Defensa en juicio, declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ EGAÑA, GONZALO F. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1004
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

Luego de una atenta lectura del material colectado hasta el momento en que se recibió la declaración, no apreciamos que el no consignar algunas pruebas -fuera de las que expresamente se le hicieron conocer-, pudiera en el caso conculcar su derecho de defensa en juicio, al punto de provocar la nulidad absoluta del acto y de todo lo obrado en su consecuencia. En efecto, si bien en el acta de la indagatoria no se enumeran taxativamente algunas pruebas, del texto de la misma se evidencia que el inculpado sabia perfectamente todas las circunstancias del hecho y cuáles eran las pruebas de cargo con carácter sustancial, no cambiando o agravando en nada su situación con motivo del contenido de los restantes elementos colectados. Por ello, juzgamos que en el concreto supuesto en análisis la garantía de defensa en juicio del imputado no se vió vulnerada al recibírsele su declaración indagatoria; la cual por lo demás, cumplió con su fin principal, pues importó la exteriorización del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares de la inviolabilidad de la defensa en juicio, en tanto configura el medio a través del cual el procesado tiene la oportunidad de replicar la imputación y proporcionar los elementos convictivos que hagan a su derecho.

Su naturaleza está conformada prioritariamente por esta función sustancial, sin perjuicio de que de manera contingente pueda volverse una fuente de prueba. La eventual nulidad que podría acarrear el hecho de no informar a un imputado "cuáles son las pruebas existentes en su contra" tal como prevé el artículo 298 del c.P.P.N. Sólo sería de carácter relativo, y ello en mérito a que su inobservancia, en primer lugar, no se encuentra "expresamente prescripta bajo pena de nulidad", (art. 166 Del ritual y, en segundo término, no afecta "a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece", (art. 167, Inc. 3Ro. Del idem). (Voto del Dr. Riggi).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, jueces, Poder Judicial, remuneración
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ABEL BONORINO PERO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ SUELDO DE  LOS  MAGISTRADOS- INTANGIBILIDAD- DEPRECIACION MONETARIA-  DERECHOS   Y GARANTIAS-  CONSTITUCIONALES-  INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

So pretexto de resguardar la uniformidad de las remuneraciones de los jueces no se puede declinar el amparo a la incolumidad de los correspondientes a los actores, aunque ello arroje transitoriamente montos distintos entre éstos, y aún respecto de quienes no son parte en la litis, ya que, por un lado, no es de competencia judicial sino legislativa- remediar tal resultado mediante una fijación igualitaria de los sueldos; y otro, la solución objetivamente justa que, en cada caso, sólo puede ser alcanzada por el efecto particular de la sentencia que en él recae, atiende a la situación de quienes, como justiciables, se hallan en circunstancias semejantes. Ello es así, pues en la correlación de cláusulas constitucionales que producen colisión entre intereses y valores diferentes -en el caso arts. 14 bis y 96 de la Ley Fundamental-, debe darse prioridad a la que protege bienes axiológicos superiores.
Violación, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Dell, Pascual Modesto. s/ Recurso de Casación en Materia Penal. Violación. Prueba.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-07-29

El dicho de la presunta víctima no corroborado por prueba de cargo que lo consolide no puede ser aceptado como plena prueba, ni del hecho mismo ni de una circunstancia jurídicamente relevante como lo es la fecha del primer acceso carnal que la menor afirma haber tenido con su padre. De la exactitud de esta fecha depende el encuadramiento del delito de violación en el inciso 1 o 3 del artículo 119 del Código Penal.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tufare, Francisco c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La impugnación de los actos administrativos debe regirse por el régimen normativo aplicable y, sólo en ausencia de previsión específica ha de acudirse a normas de aplicación supletoria.
Intervención de sociedades, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrillo de Quevedo Susana c/ Radio Visión Jujuy y otros s/ Cautelar de aseguramiento de derechos otros s/ Cautelar de aseguramiento de derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-08-21

En punto a la restricción que impera en materia de intervención de sociedades, teniendo en cuenta que el juez aquo ha ordenado dicha medida a través de un veedor judicial con facultades limitadas a la fiscalización legal y contable de la empresa, y que ello importa establecer un control informativo, que asegure la integridad del patrimonio societario y el acceso de los socios a su conocimiento, supervisando la legalidad y regularidad del manejo de fondos, no se encuentra agravio alguno que permita concluir que tal principio ha sido desconocido por el decisorio que se impugna.-
Contrato de trabajo, entes cooperadores, reducción del 13%
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA ALVAREZ, CLAUDIA Y OTROS c/ ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA LEYES 23283 Y 23412 Y OTRO s/ MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El decreto 957/01 de rebaja de salarios es aplicado sólo al ámbito de la Administración Pública, de manera que si la relación entre las partes estaba regida por la Ley de Contrato de Trabajo, ante la indebida aplicación del decreto mencionado se produjo una rebaja unilateral de la remuneración, que no puede dar lugar a una acción de amparo. En tal caso, los dependientes afectados tienen a su disposición el despido indirecto (arts. 242 y 246 LCT) y, aún atribuyendo irrealidad práctica a ese remedio antaña crisis del empleo que es pública y notoria, puede reclamar la diferencia de salarios durante todo el plazo de la prescripción.
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., J. H. c/ B., N. E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

El abandono, aun cuando voluntario, si no es malicioso no tiene entidad para constituir causal de divorcio.
Subasta, Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cattalin, Ricardo Domingo c/ Buzzani, Carlos Osvaldo s/ Responsabilidad civil contra Magistrados judiciales (Expte. CSJ Nro.   693-1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Pretender la responsabilidad contractual del magistrado de manera personal, tal como si éste hubiera sido el vendedor y custodio del bien subastado, sólo encuentra justificativo en la necesidad de encontrar un deudor "in bonis", pues no puede dejar de valorarse que en el esquema de la parte actora, esto es, si resultase aplicables a esta operación, sin hesitación, las reglas de la compraventa, le era factible solicitar antes del perfeccionamiento de la venta, el uso de las facultades que prescribe para el comprador el artículo 1328 del Código Civil o, particularmente, abstenerse de pagar el saldo de precio en los términos del artículo 1426 del mismo digesto (entre otras varias alternativas, ver artículos 1408, 1416, etc.), y no lo hizo. Su manifiesta imposibilidad de hacer operativo lo dispuesto por el artículo 1204 de ese cuerpo legal, no viene más que ratificar su admisión de que no se encontraba ante una venta común, sino ante un particular procedimiento de venta en el que el juez sólo aparece ejecutando una orden coactiva sobre el patrimonio de un sujeto que, si bien sólo con dificultad puede ser considerado -tal como sostiene parte de la doctrina- como vendedor, resulta no obstante el "propietario" de los bienes y es desplazado de la venta sólo por el hecho de resultar ésta, al ser judicial, un procedimiento que se gesta -como queda dicho- por la consecución de una serie de actos ordenados por el juez en ejercicio de su ministerio, pero que de ninguna manera lo pueden convertir en "parte contratante" en los términos de la ley civil.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, trabajo inoficioso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BACIGALUPPE ENRIQUE c/ COOP.ELECT.Y OTROS SERV.DE CONCORDIA LTADA. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-08

El apelado introduce como cuestión liminar la petición que se declare desierto el recurso. Lo que es procedente conforme invariada doctrina sustentada por la Sala desde su creación. Frustrada la apertura idónea de la jurisdicción se impone desierto el recurso traído en revisión ; con costas al quejoso (art.65 C.P.C.C.). Por lo mismo cabe declarar inoficiosa la actuación letrada (art.9 Ley Nº7046) cumplida en esta instancia por la parte demandada; no así la que cupió al actor por haber excitado habilmente la decisión del artículo.-
Tratamiento médico, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: R.C.E. c/ Sancor Salud s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10

Teniendo en cuenta la documental aportada por la actora al inicio de las actuaciones y el dictamen del Cuerpo Médico Forense en el que se señala: que "el tratamiento de dicha patología con el medicamento RITUXIMAB se encuentra indicado" se concluye que éste resulta ser el adecuado para tratar la dolencia de la afiliada, de conformidad con lo dispuesto por su médico tratante. Sin perjuicio de lo cual y en virtud de las características que presenta el caso, hácese saber a la Sra. C.E.R. que las consecuencias negativas que pudieran derivarse del tratamiento indicado quedan dentro de su exclusiva responsabilidad, deslindándose de tal modo la que eventualmente pudiera corresponder a la accionada en razón de la cobertura integral que debe brindar con motivo de lo decidido en este pronunciamiento (Sala II, causas 11.296/05 del 23.3.07 y 10.533/07 del 4.12.07).