marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, José Luis c/ Biggi, Hugo Alberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-12

El beneficio de la inversión de la carga probatoria consagrado por el art. 39 de la ley 11.653  no puede sustituir la obligación esencial que incumbe al actor de demostrar la existencia de la relación laboral invocada
Concurso preventivo, verificación de créditos, obligaciones de hacer, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAMOS DE LOPERFIDO OFELIA c/ INHOUSE KLEIN SOCIEDAD ANONIMA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

El acreedor de una obligación de hacer (otorgamiento de escritura pública )debe concurrir a verificar su crédito (19551 :130).La demanda procurará obtener el cumplimiento en especie,y su promoción constituye una carga de la que el citado acreedor no está liberado por ninguna disposición legal. Este criterio es el que mejor se compadece con el principio de universalidad.
Derecho civil, interpretación de la ley, compraventa, objeto de la compraventa, bienes litigiosos, acervo sucesorio, capacidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Freile, Alfredo c/ Costa, Mario César y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-19

El art. 1361 inc. 6 del Código Civil, establece la prohibición de compra a los abogados de los bienes que estuviesen en litigio, concluido el litigio, cesa la incapacidad jurídica, máxime si ha transcurrido un tiempo prudencial desde la finalización del litigio, en el caso de autos el bien litigioso transcurrió un plazo cuatro años y ocho meses desde la finalización del sucesorio hasta la venta, plazo más que razonable para que no opere la incapacidad jurídica de dicho artículo.
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Dascon, Pedro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

Las manifestaciones "orbiter dicta", por más que eventualmente puedan ser tenidas en cuenta por el inferior, no constituyen quebrantamiento de la prohibición de la "reformatio in pejus", toda vez que no constituyen fundamento de la sentencia y si mera opinión que puede ser cambiada en cualquier ocasión ulterior en que el Tribunal conozca de la causa.
Ruidos molestos, paseos públicos, permiso administrativo, permiso de uso, promoción cultural, deberes de la administración
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, D. s/ articulo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-10

En el marco legal, está vigente desde 1997 la Ordenanza Nro. 53.039 que declara a las agrupaciones de Carnaval Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y también contiene otras importantes disposiciones, entre ellas, que el gobierno facilite a las murgas permisos para ensayar y actuar en espacios públicos; incluirlas en programaciones culturales; apoyar su trabajo social, promover la realización de corsos barriales organizados por entidades vecinales; etc.

Por sus características, se trata no sólo de un fenómeno típico de la expresión social, sino también de un arte integral que ha sobrevivido a las adversidades y que debe tener un espacio quizás propio en nuestra ciudad, dadas las necesidades permanentes de diversión y de esparcimiento de sus habitantes.

Si el gobierno de la ciudad ejerce su poder administrador tiene la obligación de hacerlo armonizando la legítima demanda artística con la tolerancia vecinal y en este caso el conflicto es muy evidente ya que se trata de una expresión artística que por su propia naturaleza se exterioriza; por ello, es clave para el buen administrador encontrar el punto límite que evite al vecino -no participante-el sometimiento al ruido a veces tumultuoso, que el artista provoca en su expansión.

En consecuencia, no se debe condenar al imputado de provocar ruidos molestos, toda vez que las probanzas arrimadas a esta causa demuestran una responsabilidad difusa en la producción de los hechos más notorios y ha quedado demostrado la ligereza existente en el otorgamiento de permisos para el uso del espacio público, cuestión improbable de imputar a quien resultó acusado. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira).
Sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, dictamen fiscal, lesiones leves, concurso real, amenazas, violación de domicilio, homicidio simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Sforcini, Javier Leandro c/  s/ p.s.a. homicidio calificado por el modo - tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-08-21

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, cabe absolver al encartado del delito amenazas -art. 45 y 149 bis primer párr. primer supuesto del C.P.,- por el segundo hecho que se le atribuye, declararlo autor responsable de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves calificadas y homicidio simple en grado de tentativa en concurso real -primer hecho- y amenazas -tercer hecho-, todo en concurso real -arts. 45, 150, 92 en relación a los art. 89 y 80 inc. 1, 42, 79, 55, 149 bis primer párr., primer supuesto y 55 del C.P.-; e imponerle la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, dado que de acuerdo a las circunstancias tácticas en las cuales habrían acaecido los hechos -al contrario de lo sostenido en la acusación-, se encuentra acreditado con certeza (negativa), que no habría actuado movido por la intención de obrar sobre seguro, esto es, no se verifica la concurrencia en el aspecto subjetivo del rasgo típico esencial de la alevosía, que requiere una acción preordenada para matar sin peligro para la persona del autor, proveniente de la reacción de la víctima o de un tercero; lo que resulta incompatible en este caso, con la verificada concreta presencia e intervención de terceros a lo largo del iter criminis; es decir que la víctima tampoco se hallaba en un estado objetivo de indefensión, no se trató de un obrar sin riesgo para el prevenido.

Fuente del sumario: SAIJ
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: HILANDERIAS OLMOS S.A. s/ RECURSO ORDINARIO DE APELACION- TERCERA INSTANCIA    JUICIOS EN QUE LA NACION ES PARTE.    REGULACION DE HONORARIOS DE VEEDORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

La Corte Suprema de Justicia es, por imperio constitucional, el tribunal de última instancia para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción; sus decisiones son finales, por lo que ningún tribunal las puede revocar.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, crédito laboral, sentencia condenatoria, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, Osvaldo c/ NORPEN SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Corresponde la condena en sede laboral a pagar los créditos resultantes con más la depreciación monetaria e intereses, ya que el fallo se limita a reconocer la plenitud del derecho del trabajador, sin perjuicio de que el juez del concurso y en el términos de las normas específicas, lo verifique en la medida pertinente.
Violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad, prueba, allanamiento domiciliario, secuestro de bienes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

La sentencia que confirmó el allanamiento de domicilio en donde se procedió al secuestro de efectos personales con el objeto de obtener muestras para la realización del análisis genético, no se muestra como violatoria de derechos y garantías constitucionales, por cuanto su producción no ocasiona una restricción de los derechos de quien aparecería como una de las víctimas del hecho y porque, además, encuentra adecuado fundamento en la necesidad de salvaguardar el deber del Estado de investigar y sancionar los hechos reputados como delitos, máxime cuando el objeto procesal aparecería en principio vinculado con un delito de lesa humanidad cual es la desaparición forzada de personas (Votos de la Dra. Highton de Nolasco y del Dr. Maqueda).
Concursos, fuero de atracción, demanda de verificación, crédito laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJAL,  LUIS  ALBERTO c/ TERM. PORTUARIA INTEFEMA DE BUENOS AIRESY OTROS S/ s/ COBRO DE SALARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

Del dictamen fiscal 89416:

Resulta improcedente disponer con relación a un proceso laboral, que debía estarse a lo normado por la L.C. art. 21-5°, es decir, que la causa debía acumularse al pedido de verificación de crédito cuando, -como en el caso-, se verifica que el accionante esgrimió la existencia de una obligación solidaria, entre la hoy fallida y el resto de las codefendidas in bonis, toda vez que la pretensión constituiría un supuesto de litis consorcio necesario impropio o cuasi necesario. De modo pues, dado que uno de los sujetos es la fallida, el expediente debe quedar radicado en el tribunal concursal, mas sin embargo, como las otras accionadas se hallan in bonis, debe admitirse que el proceso prosiga su trámite. En tal sentido cabe precisar, que dicha situación se encuentra prevista por la L.C. art. 21-1°, y contempla la sustanciación de causas con todos los reclamados en el tribunal del proceso falencial (art. 133).

(En igual sentido: sala A, 31.10.02, "Garniero Villar, Gerardo c/ Obra Social del Personal de la Industria del Vestido s/ despido", dictamen 91936).
In dubio pro reo, delito continuo, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Causa 76 s/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Cabe descartar el principio de la duda invocado, para tener por acreditada la comisión de un delito continuado. Ello así, porque si bien es cierto que el procesado sostuvo al admitir su responsabilidad criminal que lo hizo para cancelar una deuda por el importe indicado, no surge de ningún elemento probatorio de la causa, ni siquiera a título de indicio de que la deuda alguna vez existió, ni quien era su acreedor, ni por qué motivos la había contraído. Por lo tanto, no puede aplicarse la duda en beneficio del procesado para considerar que la acción respondía a una unidad de pensamiento y como tal a un sólo hecho, pues como se ha dicho no está probada la deuda, por lo que no puede haber duda sobre estas circunstancias no acreditadas.
Deudor, obligaciones del deudor, defraudación
Materia: PENAL
Carátula: Hormaeche, Manuel Otoniel s/ defraudación por desbaratamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La omisión del deudor de poner el bien gravado a disposición del juez interviniente, encuadra, en principio, en el delito de defraudación, no así en el de desobediencia ya que, a pesar de mediar una orden concreta y escrita, no incurre en él quien incumple órdenes relativas a intereses personales de índole patrimonial.
Recurso de inconstitucionalidad, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lloret, Luciano en j: Hector Venancio Pablo Mosca tutor menor Mosca s/ Remoción de tutor - Inconstitucionalidad (Libro: S050-001)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-05-04

Si bien las providencias para mejor proveer no suspenden los términos fijados por la ley 1547 para dictar sentencia; en cambio sí procede la suspensión de ellos cuando se trata de expedientes ofrecidos como prueba por alguna de las partes y que no se encuentren en el Tribunal sentenciador; ya que de no tenerse a la vista, el fallo que dictaran sería nulo.
Accidente de tránsito, homicidio, lesiones, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: GAVIÑA, MATIAS s/ HOMICIDIO  ARTICULO  84 DEL CODIGO PENAL EN PERJUICIO DE JUAN CARLOS  TOLEDO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-04

No todo accidente de tránsito que provoca la muerte o lesiones a un tercero constituye necesariamente delito. Para que ello ocurra hace falta que la transgresión a las ordenanzas de tránsito, como el deber de atención y cuidado generen responsabilidad penal, ya sea por culpa o por imprudencia; debiendo existir una inequívoca relación causal entre el evento y el resultado, es decir que la conducta del agente sea la condición generadora, inmediata, principal y directa del perjuicio.
Constitución Nacional, presidente de la Nación, reelección
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ortiz Almonacid, Juan Carlos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La inhabilidad para acceder a un tercer período consecutivo por parte del presidente en ejercicio es de índole funcional, establecida para armonizar con el sistema de renovación en la Presidencia que dispone la Constitución (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Embargo, mandamientos, deudor, domicilio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de Corrientes S.A. c/ Molina Enrique, Aguilar Lidia Felipa y Aguilar Ramón Oscar s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-13

En el presente caso se ha interpuesto la acción contra personas que se domicilian fuera de la jurisdicción del tribunal interviniente, lo que se desprende de la denuncia del domicilio efectuada por la ejecutante en autos, resulta de aplicación la ley 22172, ley provincial de adhesión 2493/80, en el caso particular el art. 6 del aludido régimen legal.

En tales condiciones conforme lo tiene dicho la dictrina, el requerimiento de pago debe encargarse al juez que ejerza competencia en dicho lugar. Si el ejecutante opta por no embargar bienes, resulta aplicable el art.6 de la ley 22172 y la comunicación al tribunal local puede obviarse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Carou, Marcelo Arturo y otros c/ Sucesores de Maderna y otros s/ Prescripción adquisitiva c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-06-26

La doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local. En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad.
Contrabando, devolución de objetos secuestrados, competencia, aduanas
Materia: PENAL
Carátula: STAROSTA, HUGO ANGEL s/ Contrabando Causa 26006-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

La cuestión referente a la entrega de parte de la mercadería resulta ajena a la competencia de la Cámara por cuanto el expediente administrativo en el que se dictó la resolución apelada fue instruido en virtud de las facultades que los Art. 1090 inc. c) y 1094 del Código Aduanero le reconoce a la Administración Nacional de Aduanas por tratarse de la infracción prevista en el Art.987 de dicho código.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llaneza, Roberto Alfredo c/ Merino, Eladio y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

Aunque la velocidad del vehículo del actor haya podido ser algo superior a la autorizada no cabe computar tal exceso como causa determinante del choque si el otro vehículo se erigió en obstáculo imprevisto ante la línea de avance del demandante.-
Facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: L., E. H. y Otra c/ T. C. S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-17

Desde mi voto dictado in re "L. D. C. c/ A." en que quedó sentado que en la interpretación de la ley no cabe atenerse a una consideración meramente teórica de las fórmulas e intenciones legislativas, sino que además debe analizarse los resultados que el criterio sustentado por el intérprete provocan en el caso concreto. "Los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión"
Acción meramente declarativa, concejales, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: RUBEN CEBALLOS, CONCEJAL DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RECREO c/ MINISTERIO DE GOBIERNO, MINISTERIO DE HACIENDA Y PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-30

Esta Corte de Justicia, en reiterados pronunciamientos dictados con motivo de conflicto de poderes, ha otorgado legitimación a los concejales para cuestionar las elecciones de autoridades de los concejos y/o cuestiones que hacen a su condición de tal, pero tal legitimación se encuentra acotada a las circunstancias de su accionar dentro de los Concejos Deliberantes.

En efecto, el hecho de ser concejal, no le otorga legitimación para accionar en una acción declarativa de certeza-como la de autos-, ya que su calidad de concejal solo lo habilita para actuar como tal en el ámbito del órgano que integra, y con el alcance otorgado a esa función por la Carta Orgánica Municipal, siendo además, el propio Consejo deliberante en su conjunto quien ejerce la representación del pueblo y no sus integrantes en forma individual.
Sentencia, confirmación de sentencia, defensa del consumidor, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Disco S.A. (City Bell) s/ infr. ley 22.802.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Corresponde confirmar la sentencia que convalidó la multa impuesta por infracción al art. 1° y concordantes de la resolución 7/02 de la Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, reglamentaria del art. 12, inc. i de la ley 22.802, si no es posible sostener que el plexo normativo invocado en la resolución no haya sido aplicable al hecho imputado, cuya clara descripción consta en el acta inicial. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Violación de domicilio, depósito de la carga
Materia: PENAL
Carátula: ALIMANDI, ROBERTO ROMAN P.S.A. ROBO s/ VIOLACION DE DOMICILIO - ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-07-05

No se configura el delito de violación de domicilio (cp. art.

150) si el agente, con fines furtivos, ingresó a un galpón destinado al almacenamiento de mercaderías lejos del local que constituía la casa de negocio, porque no existe intimidad para proteger.
Resistencia a la autoridad, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: OVIEDO, CARLOS s/ RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

La resistencia opuesta por quien creyó ser víctima de un injustificado discrecionalismo policial no configura resistencia a la autoridad.
Facultades del juez, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nuevo Banco de Entre Rios S.A. c/ Bruzzoni, Mario Armando s/ monitorio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

La facultad del juez para proceder de oficio a morigerar intereses pactados entre partes requiere de un análisis de las constancias del proceso que permitan arribar a una conclusión sustentada en elementos objetivos, sin que la decisión pueda basarse exclusivamente en la postura subjetiva del Magistrado. Sólo luego de ese análisis podrá determinarse si ha habido un exceso desproporcionado y, a posteriori, estimar si el mismo cuenta o no con alguna justificación; en su caso, y a modo complementario en el supuesto de deudas originadas en contratos bancarios, será necesario aplicar las normas propias referidas a los intereses, no debiendo desatender la implementación dada por el legislador en el art. 1381 CCyC para el supuesto de inexistencia de pacto respecto de tasa de interés en contratos bancarios.
Improcedencia del recurso, responsabilidad solidaria, ejecución prendaria, ley de defensa del consumidor, acción de repetición
Materia: PROCESAL
Carátula: Agnelli Enrique Angel  y otro c/ Circulo de Inversores S.A. y otros s/ ordinario - repetición - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-12-29

Si bien se encuentra acreditado que una de las partes codemandada fue quien incumplió las reglamentaciones establecidas por la IGJ e inició un proceso de ejecución prendaria -con secuestro del vehículo- y cobró un monto indebido, el carácter solidario que establece la ley 24.240 le permite al consumidor accionar en contra de todos los intervinientes en el cadena de comercialización, o en contra de algunos o uno sólo de ellos, existiendo entre los demandados condenados las acciones de regreso que podrán ejercerse en función de los elementos de prueba que ostenten las partes, de tal modo, la codemandada resulta responsable en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que sólo podría liberarse demostrando que la "causa le ha sido ajena", es decir, acreditando la ruptura del nexo de causalidad.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Valle Galiano de Barcia, Elba y otros c/ Transportes Automotores La Plata S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La presunción de daño debida a la muerte de los padres establecida legalmente a favor de los hijos incapaces (arts. 1084 y 1085, C. Civil), es extensible a la viuda. Tratándose de hijos mayores de edad (capaces) el daño, en cambio, no se presume, siendo menester su acreditación (arts. 1067 y 1068, C. Civil) fundamentándose su resarcimiento en función de la norma general del art. 1079 del Código Civil.
Accidente de tránsito, culpa, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD de SALTA c/ VELEZ de CECHI, Lucrecia y CECHI, Guillermo Jorge- CIA.SEGUROS ANTA y FRIAS, Raúl Ernesto s/ Sumario: Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-05-09

No puede atribuirse culpa exclusiva a uno de los intervinientes en el sinietro cuando no hay pruebas en el expediente para determinar eficiente y convincentemente la culpabilidad de uno y otro pues las únicas declaraciones que pueden decir algo del accidente son la de los intervinientes, pera ellas se contraponen.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, inconstitucionalidad, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Aulet Juan Ignacio c/ Asociart ART S.A. s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

La decisión de la mentada ley de establecer que un conflicto de índole privada, que involucra a un sujeto doblemente hiposuficiente (un trabajador siniestrado, o que alega serlo), sea abordado por profesionales de la medicina, a quienes se les requiere que se expidan (que digan el "Derecho") sobre cuestiones jurídicas, no resiste la mínima crítica ni el cedazo de la más liviana criba constitucional. Resulta inconstitucional, sustraer de la competencia de los jueces naturales para atribuirlas a un tribunal médico, el determinar la existencia y características de un hecho para calificarlo como accidente de trabajo (lo cual implica ponderar nexos de causalidad, entre otros extremos); catalogarlo como in itinere o ocurrido en ocasión del trabajo; y advertir si existió dolo en el trabajador o un casus extraño al trabajo a fin de eximir de responsabilidad a la aseguradora. O, respecto de las enfermedades profesionales, verificar las particularidades del empleo, las tareas o el establecimiento para determinar la calificación del agente nocivo en los términos del Dec. 658/96; por poner solo algunos ejemplos. Toda esta actividad es de exclusivo resorte del Poder Judicial (Voto Ronconi)