Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


SANABRIA, Jorge L. contra BURROTTI, Hernán Reg.: A y S t 211 p 409-415.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de febrero del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SANABRIA, Jorge L. contra BURROTTI, Hernán -Pedido de Quiebra-Hoy Concurso-Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N 358, año 2004). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad confirmó el decisorio de baja instancia -que, a su turno, había rechazado el recurso de revisión deducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos-.

Contra esa resolución interpuso el ente recaudador su recurso de inconstitucionalidad, tachándola de arbitraria por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Básicamente, le imputó al A quo no decidir una cuestión oportunamente planteada como lo era la insinuación de un crédito como deuda de capital y apartamiento de la jurisprudencia del Alto Tribunal nacional al denegar la acreencia por multas.

La Cámara concedió parcialmente el remedio extraordinario exclusivamente con relación a la temática referida al crédito insinuado en concepto de "deuda capital" por $122,06 - según reconocimiento voluntario efectuado por Burrotti al Régimen Nacional de la Seguridad Social-, lo que motivó a la recurrente a ocurrir directamente ante esta Corte por el planteo impugnativo denegado -referente al crédito pretendido en concepto de "multas" e "intereses"- quien, por resolución registrada en A. y S., T. 207, pág. 341, abrió la instancia de excepción en lo concerniente al primero de los rubros enunciados ("multas").

En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, cabe destacar que se encuentran satisfechos los recaudos formales de la impugnación, así como también las postulaciones cuentan con asidero en las constancias de la causa e importan articular planteos con idoneidad suficiente para operar la apertura de la instancia extraordinaria de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 161/163 y 171/172.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. En el "sub júdice" la Administración Federal de Ingresos Públicos promovió el incidente de revisión previsto por el artículo 37 de la ley 24522, en procura de que se admitiera la diferencia entre el monto insinuado al momento de la verificación tempestiva de créditos y el reconocido por el Juzgador.

Sostuvo que dicha diferencia surgía de varios rubros que enumeró, debiendo destacarse -en lo que aquí resulta de interés- los siguientes: a) "desconocimiento del crédito por capital conformado por la caducidad del plan de facilidades de pago instaurado mediante decreto 938/97"; y b) "falta de admisión de la acreencia por multas".

Al desarrollar su pretensión con respecto a la "caducidad del plan de facilidades de pago instaurado por el decreto 938/97", señaló que el Organismo recaudador había insinuado tempestivamente como "deuda capital" la suma de $122,06, que encontraba su génesis en la caducidad que operó del plan de facilidades de pago establecido por el decreto antes mencionado.

Relató que, en su momento, el contribuyente se acogió al beneficio que implicaba un plan de cuotas, ajustándose a las condiciones impuestas en las respectivas normas regulatorias.

Adujo que el concursado había reconocido voluntariamente la deuda correspondiente al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Trabajadores Autónomos en el mentado plan, incumpliendo, luego, las obligaciones asumidas.

Acerca de las "multas", aseveró, con sustento en la ley 18820 y en la Resolución General (A.F.I.P.) 79/98, que se aplicaron al contribuyente concursado como consecuencia de incumplimientos de disposiciones previsionales.

Dijo que, aunque la ley concursal veda la realización de procesos de ejecución fuera del concurso, ello no impedía al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias y/o previsionales anteriores a la fecha de iniciación del concurso y de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas.

Citó, entre otros precedentes jurisprudenciales, el caso "Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) s/ incidente de verificación de crédito en autos 'Cosimatti, Gregorio G. s/ conc. merc. prev.'" (C.S.J.N., Fallos: 310:785).

Al contestar el traslado ordenado, el concursado no se refirió al rubro "deuda capital" y sí lo hizo acerca de las "multas", oponiéndose a su imposición en entendimiento de que no había cumplido por imposibilidad -estado de cesación de pagos-.

Tampoco el Síndico, al contestar la vista respectiva, aludió a la pretensión de "deuda capital", en cambio se explayó en lo atinente a las "multas", aconsejando su no verificación por entender que el plazo de la Sindicatura para emitir opinión sobre ese crédito era el impuesto por la ley concursal (fecha fijada para los informes individuales) y no el solicitado por el Fisco.

La Juez de primer grado de conocimiento rechazó la revisión impetrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para así decidirlo, con respecto a las multas, aseveró: "...en relación a las multas y atento a la naturaleza compulsiva de las mismas corresponde... su rechazo por el estado falencial de la concursada durante su devengamiento, lo que altera la ´pars conditio creditorum´ evidenciado en la notificación practicada de las mismas en el domicilio del órgano concursal..." (f. 47 vto.).

Cabe hacer notar que ninguna reflexión efectuó la Sentenciante en referencia al crédito insinuado por "deuda capital".

Apelada dicha resolución y concedido el respectivo recurso, el Fisco La apelante aclaró que la notificación de la multa se había realizado a la Sindicatura, pues a esa fecha Burrotti se encontraba fallido, habiéndose resguardado, así, su derecho de defensa en tanto dicho órgano tuvo la posibilidad de impugnar la multa en cuestión.

También se reprochó a la Inferior no considerar el crédito insinuado en concepto de "deuda capital".

La Cámara desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos y, en consecuencia, confirmó el decisorio de baja instancia.

Brevemente, en cuanto al quinto agravio relativo al rechazo de las "multas", consideró que "...han sido impuestas con posterioridad -13.09.01 (ver Acta de Infracción de la A.F.I.P., fs. 29-30)- a la fecha en la cual se declarara judicialmente la quiebra -6.8.01- (v. fs. 37-38 de los Autos principales tenidos a la vista para resolver), sin perjuicio de la posterior conversión en concurso preventivo en fecha 24.09.01 (v. fs. 87 de los autos principales), estando el ya por entonces concursado en cesación de pagos. Siendo ello así, aun cuando las supuestas infracciones que las determinan se hubieran podido materializar en períodos fiscales precedentes, el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad (conf. Sala Civil y Comercial 1 Paniccia, Marcelo E. s/ Concurso Preventivo- Inc. rev. prom. por AFIP-expte. n 865/00, en Zeus, 26.02.03, pág. 7-9, v.

también CC y C. Sala 1 A. T.42, fo. 409 y ss.)..." (f. 113vto.).

Con relación al reproche vinculado a la "Caducidad Plan de Facilidades de Pago instaurado por el decreto N 938/97", solo fue abordado por la Sala desde el punto de vista de los "intereses" correspondientes a dicho rubro (ver f. 113 y vto.), sin referencia alguna al capital de $122,06.

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la Administración Federal de Ingresos Públicos, recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.

El Ente fiscal adujo varias causales de arbitrariedad, las cuales -en lo que aquí concierne- pueden sintetizarse así: a) Apartamiento de las constancias de la causa: Indica que respecto del crédito no admitido relativo a la caducidad del Plan de Facilidades de Pago instaurado por decreto 938/97, la Alzada entendió que los agravios solo giraban en torno a la morigeración de los intereses legales, cuando lo que agravia a su parte es que la totalidad de dicho crédito (capital e intereses) no fue admitida, sin poder conocer nunca los motivos que llevaron a tal decisión.

b) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable al caso: Considera que el Tribunal, al sostener que "el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad", se aparta de la norma expresamente aplicable al caso -art. 32, ley 24522- que dispone que todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo deben insinuar sus créditos.

c) Apartamiento de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Con referencia a las multas, luego de citar un precedente de la Suprema Corte de Mendoza "in re" "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L." (L.L., 1998-F-641), en el que se trajo a colación un fallo del Alto Tribunal nacional -"Cosimatti Gregorio s/ Verificación", sentencia del 09/04/87 (Fallos: 310:785)- acusa al Judicante de haberse apartado de dicha doctrina, sentada en materia de multas aplicadas a contribuyentes concursados o quebrados, sin brindar fundamentos que pudieran justificar tal apartamiento.

3. El detenido estudio de la causa me convence de que el recurso intentado merece favorable acogida.

3.1. Sabido es que la preterición de considerar cuestiones sustanciales oportunamente planteadas y conducentes a la solución del pleito, es causal de descalificación de las sentencias porque, en tal caso, el decisorio lesiona las reglas del debido proceso y no es derivación razonada del derecho vigente.

En el caso, la sentencia recurrida verifica un total soslayamiento de la pretensión inicial que había sido esgrimida en la demanda incidental: crédito insinuado en concepto de capital por la suma de $122,06.

Recuérdese, en tal sentido, que frente a la concreta objeción planteada por la incidentista en la instancia revisora de que ese rubro reclamado no había merecido respuesta alguna por parte de la Juez de baja instancia, la Cámara omitió efectivamente toda consideración al respecto, abordando la temática concerniente a la caducidad del plan de pagos instaurado mediante decreto 938/97 solo en punto a los "intereses" y no del "capital".

En consecuencia, la omisión de tratamiento del planteo enunciado, debidamente introducido al debate (vid. fs. 32 y 74, respectivamente) y de importancia esencial para el resultado del pleito destituye al fallo de fundamentos e impone su invalidación como acto jurisdiccional válido.

3.2. La restante postulación esbozada, impone destacar que la desestimación por parte del Tribunal de la admisión en el pasivo concursal de las sanciones pecuniarias se fundamentó exclusivamente en la circunstancia de que las multas fueron impuestas con posterioridad a la declaración judicial de la quiebra.

Concretamente, la Cámara sostuvo que "...aun cuando las supuestas infracciones que las determinan se hubieran podido materializar en períodos fiscales precedentes, el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad" (v. f. 113vto.).

Tal solución se opone derechamente a la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación.

En efecto: La Corte federal en los autos "Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) sobre incidente de verificación de crédito en autos Cosimatti, Gregorio G.

sobre conc. merc. prev.", dijo que ("...) el art. 22 de la ley 19551...en casos como el presente, sólo debe ser entendido con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos: 310:785)(...").

El mencionado precedente ha sido analizado por la Suprema Corte de Mendoza, Sala I, en autos "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L.", en donde expresó que: ("...) En la doctrina nacional, al igual que en la italiana, se encuentran diversas soluciones. a) Tesis que niega la verificación de todo tipo de multas impuestas al concursado...b) Tesis que admite la verificación de multas impuestas aun después de la apertura del concurso si corresponden a infracciones cometidas antes de la apertura.

Esta es la posición sustentada por la Corte federal de nuestro país en la sentencia del 9/4/1987 recaída 'in re' 'Fisco nacional Argentino (DGI) sobre incidente de verificación en autos Cosimatti Gregorio s/ Verificación" (Ver Fallos: 310:787); en ese precedente, el más Alto Tribunal argentino revocó una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata que había rechazado el pedido de verificación de multas aplicadas por la Dirección General Impositiva con fecha posterior a la presentación en concurso preventivo. Más recientemente, la Corte nacional ha ratificado el criterio enunciado in re "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Fisco Nacional c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A.", en tanto consideró procedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia dictada por un Juzgado Federal que había ordenado llevar adelante la ejecución fiscal contra la sociedad concursada por multas referentes a aportes de la seguridad social correspondientes a períodos anteriores a la presentación concursal. El Alto Cuerpo argumentó -haciendo suyo el dictamen del Señor Procurador General- que el fallo impugnado privaba a la deudora y a los restantes acreedores de la intervención procesal que les cabía, a la vez que impedía al juez del concurso determinar en última instancia si se trataba de una deuda pre o post concursal, para en su caso hacer lugar a la prosecución de la causa por la vía obligatoria de la verificación de créditos (cfr. Fallos: 325:3386).

En suma, la Cámara erige como valladar a la admisión de la multa la imposición de ésta con posterioridad a la apertura del concurso; y esa única motivación expuesta en el fallo atacado no se corresponde -como ya se vio- con la jurisprudencia de la Corte nacional, debiéndose recordar que no obstante que ella "...solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos..." (Fallos: 25:364; 212:51 y 160), toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, C.N. hoy 116 y 14,ley 48; Fallos: 212:51). Este deber Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco expreso idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Coincido con lo expuesto en el apartado 3.1. del voto del Señor Ministro doctor Netri.

Con respecto al tema de las "multas", advierto que la solución de la Cámara se opone derechamente a la jurisprudencia de la Corte nacional, concretamente, a lo decidido "in re" "Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) sobre incidente de verificación de crédito en autos "Cosimatti, Gregorio G. sobre conc. merc. prev.", confirmado recientemente mediante lo resuelto en autos "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Fisco Nacional c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A." (Fallos: 325:3386), a cuyas transcripciones arriba efectuadas me remito "brevitatis causae". Es dable mencionar que, en igual sentido que el Alto Tribunal nacional, se ha pronunciado la Suprema Corte de Mendoza, "in re" "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L." (L.L., T. I, 1998-F, págs. 643/944).

Ahora bien, sin perjuicio de la autoridad de los fallos de la Corte federal, no puede perderse de vista que la solución que dicho órgano sustenta y que comparto, se aviene con el carácter declarativo de la determinación tributaria y de los Actos de la Administración -en particular los sancionatorios-, derivado de nuestro sistema constitucional y del principio de legalidad, e inveteradamente reconocido en la doctrina nacional.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Gastaldi y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)