Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-06


--- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., M. E. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Amparo" (Expte. 394 - Año 2012 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 198. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expuso:- I.- Promovida demanda de amparo contra la Municipalidad de Trelew, a fin de que fuera dejada sin efecto la autorización para construir un depósito concedida por el Municipio a la empresa F. S.R.L., que levantaba la edificación en terreno de su propiedad, y se dispusiera la paralización de las obras, la demandada evacuó el traslado solicitando el rechazo de la acción.- Tras los trámites de rigor la Señora Jueza de Primera Instancia dictó sentencia rechazando la demanda, la que ha sido apelada por los actores, quienes fundaron su recurso con la extensa pieza de agravios de fs. 176/186 vta., sin que la demandada haya hecho uso de la facultad que le confería el art. 11 párr. 1° de la Ley V n° 84.- II.- Detéctase en la especie la existencia de una cuestión liminar que esta alzada está en el deber insoslayable de tratar antes de ingresar siquiera en la consideración de los agravios expresados por los recurrentes.- En esta causa fue promovida demanda por la vía del amparo para que sea dejada sin efecto la autorización de construcción concedida por el Municipio a la F. S.R.L., a requerimiento de esta última, y sea paralizada la obra de edificación que la misma empresa levanta en inmueble propio. Palmario resulta así que la acción conmueve intereses de esa tercera, pues afecta una obra de su dominio y una autorización para levantarla otorgada a petición suya. Sin embargo, esa sociedad gravemente interesada en el conflicto no fue demandada ni citada como tercera al proceso.- Se conformaba en el caso un litisconsorcio necesario en sentido propio entre la Municipalidad de Trelew -autoridad que autorizó la obra- y F. S.R.L. -autorizada a construir y propietaria de la edificación-, pues los sujetos pasivos se hallarían legitimados sustancialmente de forma inescindible, de manera que la sentencia de mérito habría de pronunciarse indefectiblemente frente a todos ellos (art. 90 C.P.C.C.; confr.: Podetti, "Tratado de las tercerías", 2da. ed., págs. 381/382, nº 71). Puesta en tela de juicio una relación jurídica común e indivisible para una pluralidad de sujetos, su modificación o extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y solamente puede logrársela a través de un pronunciamiento judicial único para todos los interesados (confr.: Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1970, III-208).- Cual he puesto de resalto en anteriores casos traídos a conocimiento de este cuerpo ( c. 14.640 S.D.C. 28/99, c. 16.519 S.D.C. 35/00, c. 16.522 S.D.C. 34/00, c. 17.346 S.D.C. 6/05, c. 19.718 S.D.C. 40/07, c. 328/12 S.D.L. 23/12), la demanda tendiente a impugnar una relación jurídica con pluralidad de partes imponía la unidad de la relación procesal mediante la inicial acumulación subjetiva de las pretensiones, omitida en el caso al demandar incompletamente sólo la autoridad y no a la empresa beneficiada por la autorización concedida, pues por tratarse de un complejo indivisible, el reclamo debía ineludiblemente intentarse con la participación procesal de todos los sujetos involucrados, a fin de que la decisión surtiera los efectos de la cosa juzgada respecto de todos. De lo contrario, el pronunciamiento devendría inútil -"inutiliter datur"- por inoponible a quienes no fueron sujetos procesales (confr. Podetti, opus y loc cit.).- Hace ya siete décadas enseñaba Acuña Anzorena, trayendo a colación el pensamiento de Chiovenda, que cuando una acción tiende al cambio de un estado jurídico en el que participan más de uno, no puede ella proponerse sino frente a todos los participantes, porque lo que ha existido como unidad de varios, no puede dejar de existir como unidad sino respecto de todos ("La acción de simulación y el litisconsorcio...", J.A. 1942-I-833), concluyendo que una sentencia que hiciese lugar a una demanda en inobservancia de la citación de todas las partes carecería de validez, puesto que una relación jurídica compleja no puede ser dejada sin efecto ni modificarse sin la intervención de todos los que participaron en la misma (ob. ind., pág. 834).- Esa falta de integración al proceso de un litisconsorte pasivo necesario constituye un supuesto de falta de legitimación (confr.: Areal y Fenochietto, "Manual...", La Ley 1970, II-178; Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., IV-B-220, "c", n° 4; Micheli, "Curso de derecho procesal civil", trad. Sentís Melendo, EJEA 1970, pág. 24) y ante tal falencia la jurisdicción debe abstenerse de emitir decisión sobre el mérito (confr.: Arazi, "La legitimación como elemento de la acción", en "La legitimación - Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio", Abeledo-Perrot 1996, pág. 24,n° III), no puede ingresar siquiera en la "pura sustancia del asunto" al decir de Fairén Guillén ( "Estudios de derecho procesal", Reus 1955, pág. 229).- Es deber insoslayable del juez, antes de aplicar el derecho sustancial, examinar si concurre el requisito de la legitimación de las partes de la pretensión procesal, en tanto ésta debe ser deducida por y frente a persona procesalmente legitimada. La falta de legitimación autoriza desde luego a oponer la defensa o excepción pertinente, pero el juzgador en el fallo definitivo debe declarar la inexistencia de ella cuando la advierte, aun en el caso que no haya sido opuesta (este cuerpo, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 19.073 S.D.C. 17/04, c. 19.678 S.D.C. 34/04, c. 21.435 S.D.C. 46/06, c. 19.718 S.D.C. 40/07c. 328/12 S.D.L. 23/12). Es que la titularidad de la relación sustancial es indefectible requisito, de modo que su ausencia no precisa de denuncia expresa para ser declarada, porque "los presupuestos procesales no necesitan excepción y pueden hacerse valer de oficio por el juez" (Couture, "Fundamentos...", 3era. ed., 18va. reimpresión, pág. 112, n° 74; confr.: Chiovenda, "Instituciones...", trad. Gómez Orbaneja, Rev. De. Priv., Madrid 1936, to. I, págs. 82, 196 n· 39 y 281 n· 41; Morello y otros, opus cit., IV-B-221, "f"; Arazi, ob. ind., pág. 33, n° VI).- En el caso debió el juez ordenar la integración de la litis, fuere a solicitud de cualquiera de las partes, fuere de oficio, antes de la providencia de apertura a prueba o de declaración de puro derecho (aquí, a fs. 165) y al no hacerlo así la situación se ha tornado ya insalvable para esta alzada. Cierto es que alguna corriente doctrinaria y jurisprudencial ha sostenido que la norma contenida en el art. 90 parte 2da. C.P.C.C. representa sólo una directiva de orden y es franqueable, admitiendo entonces la citación de los litisconsortes necesarios omitidos con posterioridad al dictado de dichos autos, pero aun quienes sustentan tal posición reconocen como valla temporal insalvable para ello el llamamiento de autos para sentencia en primera instancia (confr.: Palacio, ob. ind., III-212; C.N. Civ., Sala "F", E.D. 98-709).- Es decir que si, como en el subexamen, la causa se tramitó y llegó a estado de sentencia sin que el magistrado ni las partes acudieran al remedio previsto en el art. 90 párr. 2° de nuestro ordenamiento adjetivo, no cabe sino el rechazo de la pretensión por carecer ella de un requisito intrínseco de admisibilidad, como es la legitimación (confr.: C.N. Civ., Sala "F", J.A. 1982-III-116).

La defectuosa constitución de la litis, imposible de enmendar a esta altura del trámite, debe pesar sobre la demandante. Al respecto indicaba Redenti que "corresponde como sabemos al actor (casi como 'condictio iuris' procesal de éxito de su función introductiva) constituir bien (legítimamente) el proceso si es que quiere llegar a una decisión de fondo...De lo contrario, aunque dé igualmente vida al proceso, corre el riesgo de ir (en daño suyo) hacia una sentencia procesal declinatoria" ("Derecho procesal civil", EJEA 1957, trad. de Sentís Melendo, I-267, n° 38).- Reitero a esta altura que, desde luego, este decisorio carecerá de efectos de cosa juzgada material sobre el fondo de la cuestión planteada. Con él nos expediremos acerca de la ausencia de un insoslayable requisito para que el tribunal juzgue, se pronuncie sobre la pretensión actuándola o desestimándola. Mas incorrectamente integrada la litis, hemos de limitarnos a declararlo así, sin ingresar siquiera a la procedencia o fundabilidad de dicha pretensión de nulidad. Con ello tórnanse abstractos los agravios volcados por los apelantes,.- III.- Tales son las razones por las que propondré al acuerdo la declaración de falta de integración de la litis.- Las costas de ambas instancias habrán de ser impuestas a los actores vencidos en ellas (art. 17 de la Ley V n° 84).- Por sus tareas de alzada corresponderá en mi concepto, atendiendo a la extensión, importancia, calidad y resultado de ellas, regular los honorarios del Dr. F. A. P. en la suma de $ 2.970 (arts. 5, 6 bis, 7 párr. 4°, 8, 13, 35 de la Ley XIII n° 4, modificada por Ley XIII n° 15).- ASÍ LO VOTO.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes involucrados en la cuestión traída a revisión de esta Sala.---- --- En primer lugar, y sin ingresar a las cuestiones traídas por el apelante, cabe advertir liminarmente que existe un serio déficit en la integración de la litis en este proceso, el que arrastrará a la pretensión actora al naufragio.

--- Es que, no puede obviarse que una parte esencial de la contienda, F. SRL, no ha sido traída a la litis, por lo que resolver alguna cuestión que afecte a ésta sin haberla oido, condiciona el resultado del litigio, pues al no haberse citado a juicio a una parte esencial, la sentencia de grado debe caer, ya que se ha pronunciado en una liza en la que no habrían intervenido todas las partes que debieron haber sido citadas y oídas.

--- En autos se ha perseguido obtener que se deje sin efecto una autorización de construcción otorgada por la Municipalidad a F. SRL., la que por ser afectada por la eventual condena a dictarse en el proceso debía necesariamente ser citada a él y oída, pues lo contrario implicaría su indefensión.

--- Es así que, sin la participación de F. SRL en la litis, no estaría debidamente integrada ella y se estaría pronunciando un decisorio en un proceso en que no se ha traído a juicio a todos los involucrados directamente en la problemática a dilucidar.

--- Incluso en anterior intervención de esta Sala, ya se podía advertir que la litis estaba indebidamente integrada (cfr. fs. 104/105), sensata e implícita aseveración que fue omitida, tanto por los litigantes como por la a quo, lo que llevó a la actual situación.

--- Si ello es así, es indudable que tal pretensión debía sustanciarse en forma conjunta con todos aquellos cuyos derechos podía afectar la condena.

--- La cuestión sub lite conforma así un trípode necesario, formado por la actora, el Municipio y el beneficiario de la autorización que se pretende revocar, los que debieron ser integrados necesariamente a la litis, ya que forman un litisconsorcio necesario entre ellos.

--- Bien se ha dicho que cuando la pretensión deducida implica un supuesto de litisconsorcio necesario, se debió haber ordenado de oficio la correcta integración de la litis (art. 89 del CPCCN) ya que no se puede dictar sentencia estimatoria útil sin la participación de los sujetos integrantes del litisconsorcio (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 12/03/1996 -El Expreso Ciudad de Posadas v. Estado Nacional /Ministerio de Economía y de O. y Serv. Públicos s/ juicio de conocimiento /causa: 3440/91, AbeledoPerrot online, con cita de ídem, Sala I "Transporte Automotores La Estrella S.A. v. Ministerio de Obras y Serv.Públicos s/ varios"; esta Sala in re "De L. J. R. L. v. Gobierno Nac. (Ministerio del Interior -Policía Federal) s/ nulidad de resolución" del 1/3/88; "Pfortner Cornealent" del 28/2/85; "Schvarzberg" del 17/2/87).

--- En esta senda, bien se ha dicho que la falta de legitimación tanto activa como pasiva debe introducirse en los escritos mediante los cuales se traba la litis, aunque como defensa de fondo deba resolverse con motivo de la sentencia; pero no obstante, y como en definitiva la legitimación sustancial tanto activa como pasiva es un requisito de admisión de la acción en la sentencia, se admite que el juez pueda hacer mérito de una alegación tardía y aún de oficio cuando advierta claramente que el actor no es el titular de la acción o cuando el demandado de ninguna manera puede resultar obligado por un pronunciamiento condenatorio (C. Civ. Com. y Min. San Juan, sala 2ª, 30/11/1982, Muñoz de Carrillo, Encarnación, suc., JA 1983-IV-96). --- Como dijera en mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009), en sentencia de esta Sala del 24/02/2009, siempre he pensado que los jueces tienen el deber de verificar de oficio en cada caso la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de las acciones que se someten a su juzgamiento. La realidad demuestra que muchas veces no lo hacen, pero es un deber inexcusable de los magistrados, que no pueden permitir que las litis se desenvuelvan cual si fueran juegos de rango, en que las partes pudieran alegremente saltar sobre valladares trascendentes sin consecuencia alguna. -- --- En esta línea expresa MONTERO AROCA y colaboradores que "la primera actuación del juzgado, aparte de la meramente administrativa de registro, va a consistir en decidir sobre la admisibilidad de la demanda... El control de oficio por el tribunal puede recaer sobre requisitos y presupuestos procesales, y hay que distinguir entre defectos insubsanables y defectos subsanables: . Insubsanables: Existen supuestos que han de llevar a la inadmisión de la demanda sin posibilidad de subsanación, como es el caso de la falta de capacidad de las partes" (MONTERO AROCA, Juan - GÓMEZ COLOMER, Juan Luis - MONTÓN REDONDO, Alberto - BARONA VILAR, Silvia, "Derecho jurisdiccional II, Proceso Civil", 10ª edición, Edit. Tirant lo blanch, Valencia, 2001, pp. 190/192).- --- Es así que los jueces tienen -tenemos- el deber de indagar, previo a expedirnos sobre la materialidad de lo reclamado en una causa, el derecho-deber de analizar si en ella se encuentran reunidos los presupuestos de habilitación de esta instancia o presupuestos procesales (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ---La teoría de los presupuestos procesales nació en el año 1868 y fue expuesta por Von Bülow en su libro "Die Lehre von Prozesseinreden und Prozessvoraussetzungen" (cfr. VON BULOW, Oscar, "La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales", Buenos Aires, EJEA, 1,964, traducción castellana). En este libro se enseña que los presupuestos procesales son los supuestos de hecho o de derecho sin los cuales el proceso no tiene existencia jurídica ni validez formal.-- --- El maestro FAIRÉN GUILLÉN expresa que "Son "presupuestos procesales", los necesarios que deben concurrir en cada proceso -a través de su concurrencia en cada acto procesal- para que éste pueda terminar con una resolución que ponga fin al litigio de fondo; esto es, sin que, por alguna falta o defecto que se produzca o aparezca en el proceso en el procedimiento, como es natural, corno "forma" que es del proceso- el juez deba detenerse a subsanarla y mientras ello no ocurra, no pueda entrar a examinar y resolver sobre el litigio de fondo" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", Edic. de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1992, p. 339).

--- Y agrega luego FAIRÉN GUILLÉN que ".los "presupuestos procesales", se refieren a la "admisibilidad" del proceso, fijándose, naturalmente, en la expresión de la misma a través de sus actos. En general, se considera que son presupuestos procesales, con respecto al juez o tribunal, que lo sea que tenga jurisdicción, que tenga competencia; con respecto a las partes, que tengan capacidad para ser tales; capacidad procesal; si su comparecencia en juicio se produce por legitimación "derivativa", no originaria sino adquirida de otro, que la tengan; que en sus casos, comparezcan por medio de procurador y con defensa de letrado; con respecto a las mismas actuaciones procesales, que se produzcan según "la forma" que prevén las leyes" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", cit, p. 340).

--- Tengo para mí que los presupuestos procesales son, esencialmente, presupuestos de validez: los requisitos indispensables para que pueda constituirse o nacer una relación procesal válida. No son presupuestos de existencia: el proceso puede nacer igual sin ellos, claro que adolecería de un vicio de invalidez. De tal suerte, los presupuestos procesales son los requisitos o condiciones que deben concurrir a fin de que en una litis pueda dictarse un pronunciamiento válido, sea favorable o desfavorable. Los presupuestos procesales son, así, elementos condicionantes del ejercicio que el juez pueda hacer de su poder-deber de proveer sobre el mérito de la pretensión (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). --- Atinadamente MONTERO AROCA admite que los presupuestos procesales atienden a condiciones que, si bien referidas al proceso como conjunto y no a actos procesales determinados, lo que condicionan es que en el proceso pueda llegar a dictarse una resolución sobre el fondo del asunto. El órgano judicial puede haber tramitado todo el proceso para advertir, en el momento de dictar sentencia, que en ésta no puede decidir sobre la pretensión planteada ante la falta de alguna de esas condiciones (MONTERO AROCA, Juan, "La Legitimación en el Proceso Civil: Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él", Editorial Civitas, S.A., 1ª edición, Madrid, 1,994, pp. 23 y ss.).

--- Este último es el caso que se presenta aquí: se ha tramitado todo un proceso para advertir, en el momento de dictar sentencia, que en ésta no puede decidirse sobre la pretensión planteada ante la falta de un presupuesto procesal esencial e insubsanable: la legitimación pasiva. El frenet colegitimado pasivamente se encuentra indebidamente integrado, con lo que la litis no puede resolverse válidamente en este plano, así integrada. --- Es que, lo relativo a la legitimación -tanto activa como pasiva- no es una cuestión que pueda quedar en manos de las partes ni deferido exclusivamente a las alegaciones que ellas puedan hacer o no hacer, sino que es el juez quien tiene el deber insoslayable de velar, antes de pronunciarse sobre el fondo del reclamo, porque la legitimación tanto activa como pasiva se encuentre debidamente determinada y presente en la litis (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). ----- --- FAIRÉN GUILLÉN, en un gran libro suyo ha sostenido que "Es problema fundamental aquí, el del tratamiento de los presupuestos procesales; esto es, si su concurrencia debe examinarse de oficio por el juez o tribunal, o puede dejarse que sean las partes las que, en su actividad descubran, en su caso, su falta... En materia civil, la tendencia moderna es la de entender que corresponde a los jueces y tribunales el velar por la existencia de los presupuestos procesales, no solamente en beneficio de las partes, sino en el de la economía procesal, que interesa en todo caso a toda la comunidad social (a la que no interesa un desperdicio de energías, llevando hasta su final procesos en que falten presupuestos procesales, para, tras tales esfuerzos.., llegar a la conclusión de que por tal efecto, no se puede poner fin al litigio); lo cual no tiene nada que ver con ideologías políticas autoritarias (Alcalá-Zamora Castillo); es el "modelo procesal asimétrico" (Giuliani)" (FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Teoría general del derecho procesal", cit, p. 141).

--- El juez debe entonces, en general -con o sin norma que lo establezca a mérito del principio de economía procesal-, indagar acerca de los presupuestos procesales de admisibilidad de la acción, antes de pronunciarse sobre el mérito de la causa (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). -- --- El antedicho análisis involucra -antes que nada- la determinación de si existe legitimación activa y pasiva en la causa, pues sin la concurrencia de ambas el juez no puede fallar válidamente una litis. La carencia de legitimación, sea activa o pasiva, lleva necesariamente al rechazo de la acción, pues así como no se puede acoger la pretensión de quien no está legitimado activamente, menos aún se puede condenar a quien no lo está pasivamente (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). --- Para decirlo en palabras llanas, la legitimación es como una moneda, que debe mostrar dos caras claras y perfectas, no siendo una moneda en caso contrario. Una litis que no muestre perfectamente establecida la legitimación activa y pasiva -esto es, las dos caras de la moneda- no es una litis es una confusión o algo peor, un dispendio. Y resulta inadmisible admitir que las litis se conviertan en confusiones o diálogos de sordos. De tal modo, la carencia de legitimación en cualquiera de sus facetas configura técnicamente un caso de improponibilidad subjetiva de la demanda que, no sólo autoriza sino que obliga al juez al rechazo de la pretensión (cfr. mi voto de la causa "U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo" (Expte. 63 - Año 2009). -- --- En el caso que nos ocupa el deber de integración oficiosa de la litis no fue cumplido por la a quo, motivo por el cual nos vemos ahora ante una sentencia que se ha pronunciado sobre el tema de fondo, sin la concurrencia de todos los sujetos procesales esenciales de la litis, lo que configura un decisorio nulo.

--- Permitir que se mantenga en vigor una sentencia así dictada, implicaría un grave atentado contra el derecho de defensa del litisconsorte que no fue citado, lo que no cabe admitir. --- Desafortunadamente, la integración defectuosa de la litis, achacable a la juez de grado que debía controlarla de oficio, pesará sobre el accionante, quien se verá privado de obtener a partir de este decisorio los efectos de cosa juzgada material sobre el fondo de la cuestión planteada.

--- En la situación en que se encuentra esta litis, solo cabe pronunciarse sobre la falta de un presupuesto procesal inexcusable para el dictado de una sentencia válida, la integración correcta de la litis, al falta un legitimado pasivo necesario en ella. La insuficiente o indebida integrada la litis, arrastra el pronunciamiento dictado al terreno de la nulidad, la que debe declararse a su respecto, sin que quepa pronunciarse sobre el tema de fondo de la litis.

--- De tal manera, se vuelven abstractos los restantes agravios del recurrente, pues al haberse derribado el pronunciamiento que lo agraviaba, carece de sentido pronunciarse sobre los restantes agravios, amén de que ello es inconveniente, ya que los jueces no deben pronunciarse sobre aspectos abstractos.- --- Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Velázquez de declarar la indebida integración de esta litis, lo que impide un pronunciamiento de mérito de esta causa.---- Las costas de alzada deberán imponerse a la apelante vencida en esta instancia (cfr. art. 17, Ley V, Nro. 84).-- --- En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes al Dr. F. P., letrado de la apelante, en la suma de pesos dos mil novecientos setenta ($ 2970); tal cuantía se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de sus labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).

--- Así lo voto.---- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:--- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:

A) Declarar la ausencia de legitimación por falta de debida integración de la litis y sin pronunciamiento sobre la procedencia de la pretensión incoada.- B) Imponer las costas de segunda instancia a los actores.- C) Regular los honorarios del Dr. F. A. P., por sus labores de alzada, en la suma de $ 2.970.- ASÍ LO VOTO.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión.

--- Tal mi voto.---- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 7 Ley V - Nº 17).----- Trelew, de noviembre de 2012.-- ---- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: -- DECLARAR la ausencia de legitimación por falta de debida integración de la litis y sin pronunciamiento sobre la procedencia de la pretensión incoada.- IMPONER las costas de segunda instancia a los actores.- REGULAR los honorarios del Dr. F. A. P., por sus labores de alzada, en la suma de $ 2.970.- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS A. VELAZQUEZ MARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE --- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDC.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.