marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

Es llamativo que en el proceso ni las partes ni los tribunales de las anteriores instancias hayan advertido que para resolver el pedido de reencasillamiento, además del art. 14 bis, CN, se debe tener en cuenta, el art. 43 de la Constitución de la Ciudad y hasta, acaso, el art. 16 (idoneidad) de la C.N.

La omisión de las partes en acudir a esta norma no veda el recurso a ella por parte del Tribunal, una aplicación del principio iura curia novit.
Derecho al nombre, personería jurídica, derecho a la identidad, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-24/17. 24/11/2017. Serie A No. 24. Solicitante: República de Costa Rica c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-24

La fijación del nombre, como atributo de la personalidad, es determinante para el libre desarrollo de las opciones que le dan sentido a la existencia de cada persona, así como a la realización del derecho a la identidad, tratándose de un auténtico factor de distinción, debiendo los Estados no sólo permitir sino abstenerse de obstaculizar la posibilidad de que cada persona elija libremente cambiar su nombre como mejor le parezca y acorde a la identidad auto-percibida, caso contrario incurriría en responsabilidad internacional por menoscabar la existencia misma de la persona que no es jurídicamente reconocida, en afectación directa al reconocimiento de la personalidad jurídica y la identidad de género.
Sociedad de familia, aportes previsionales, socio empleado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PONT, ANTONIO TEOBALDO Y PONT, FRANCISCO ENRIQUE s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

Es improcedente la formulación de cargos por aportes con relación a las personas mayores de edad que formalizan con su padre una sociedad de responsabilidad limitada, pues la situación resulta alcanzada por la excepción del segundo párrafo del artículo 27 de la LCT. (to.), no solo en lo que hace a la relación entre las partes, sino también respecto de terceros, entre los que están comprendidos los organismos de seguridad social. (Del dictamen de la SGT. al que adhiere la Sala).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, sanciones penitenciarias carcelarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEZCANO, NICOLAS FERNANDO c/  s/ EJECUCION DE PENA-APELACION MULTIPROPOSITO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

No corresponde que esta Corte analice en esta oportunidad los restantes planteos de la compareciente -criticando la imposición de la sanción disciplinaria en el caso-, ya que tales postulaciones deberán ser analizadas por el tribunal de segunda instancia que se designe para que, previa celebración de nueva audiencia de apelación, falle de conformidad con los lineamientos expuestos; ello sin perjuicio de que tales cuestionamientos, u otros que surjan a partir de la nueva resolución, puedan ser traídos a esta instancia oportunamente por cualquiera de las partes. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, contenido de la demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Uriburu  de  Ureta  Saénz Peña, Sara Elena c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

A fin de resolver cuestiones de competencia, se ha de atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor efectúa en la demanda -art. 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contratos comerciales, plan de ahorro previo, pago, aplicación de la ley, Inspección General de Justicia, resolución administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: FERREIRO, PEDRO c/ ASORTE  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

Es procedente la aplicación de la resolución 8/82 de la I.G.J. a los contratos celebrados antes de su vigencia, pero respecto de actos cumplidos o cuotas pagadas con posterioridad a su entrega en vigencia y durante la misma.

Por ello, procede el reintegro al suscriptor del importe cobrado por la administradora en concepto de reajuste o complemento de cuota antes pagada, también identificado como "ajuste retroactivo de cuota", contra las previsiones de la resolución antes citada. La suma a restituir corresponde a la de los ajustes efectuados por el período posterior al pago de cada cuota, no por los realizados por el lapso habiendo entre la liquidación y el pago de cada cuota.
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, facilidades de pago, cuestión abstracta
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CASADO MARÍN, JUAN CARLOS c/ A.F.I.P. - D.G.I.". s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-07

La voluntaria inclusión del recurrente en el régimen del Dec. 1384/00 -cuyo art. 3 dispone que el acogimiento al régimen por él establecido incluye las obligaciones en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial a la fecha de su publicación, "en tanto el contribuyente se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos"-, importa para aquél el efecto antes apuntado. En consecuencia, debe concluirse que el objeto del recurso interpuesto contra la resolución que desestimó la impugnación de deuda planteada, se ha tornado abstracto. (Del voto del Dr. Fasciolo, al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Competencia de paz, medidas cautelares, menores, menores en situación de desamparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Directora de Escuela nro. 6 s/ denuncia abandono de menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-07

La competencia específica de los Juzgados de Paz Letrados para intervenir en actuaciones sobre abandono de menores viene dada por el art. 61, párrafo I, punto 3) de la ley 5827, teniendo una competencia genérica, ya que están habilitados para entender en todo tipo de medidas cautelares, como es la adopción de alguna de las medidas dispuestas en los arts. 234 y ss. del Cód. Procedimientos
Quiebra, extensión de la quiebra, obligaciones solidarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Florcan S.A. c/ Florentino Cámara s/ Inc. de extensión de quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

La asunción de deudas en forma solidaria con la fallida, si bien constituye un cierto grado de confusión en los pasivos de los codeudores, resulta insuficiente para configurar la situación prevista por la lc: 165, inc. 3; aún de considerarse bastante la sola confusión de pasivos, con independencia de la situación en que se encontraría el activo, sería menester acreditar que la promiscuidad alcanza la totalidad, o bien su mayor parte.
Procedimiento aduanero, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Neumáticos   Good   Years   S.A. s/ Resol.  Apel.  Tribunal  Fiscal  de  la Nación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Por los arts. 1071 y 1074 del C.A., se dispone que una vez presentado el escrito por el cual se reclama la repetición, la oficina aduanera interviniente, de inmediato, deberá elevar las actuaciones al administrador, con el informe pertinente y que, no existiendo mérito para abrir la causa a prueba, como ocurre en el caso bajo examen, y agregado el dictamen jurídico, si correspondiere, el administrador deberá resolver sin más trámite acerca de la procedencia del reclamo.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pacchini, Elidio Esteban c/ Pcia de Bs.As.(Instituto de Previsión Social) s/ Demanda Contencioso Administrativa Guarino Dardo Ramón c/ Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa Freidenberg, Lázaro y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Lauría, Mario Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires (P. EJEC.) Coadyuvante: Rico Roca, Omar Raúl s/ Demanda contencioso administrativa Daniell, Jorge Osvaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa Fernández, Noel Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de  Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13|1987-11-26|1990-10-30|1993-10-05|1997-10-21|1999-03-16|2000-04-05

El ejercicio de la potestad anulatoria de oficio por la Administración pública, se encuentra necesariamente vinculado a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo objeto de la misma (art 5 C.C.A. 113, 114, 117, dec ley 7647/70), cuya tipificación se concentra en el carácter y particularidades del vicio en que se sustenta la invalidez invocada al efecto.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Walter A. y otra c/ Franco, Rubén M. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Cuando un profesional se desempeña en el carácter de patrocinante de la apoderada de los co-demandados absueltos y de la citada en garantía de éstos, resulta de aplicación la normativa del artº 23 2º párrafo de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, oficios, extraña jurisdicción, convenios con las provincias, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Couceiro S.A. c/ Municipalidad de la Matanza s/ exhorto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30

Comparte el Tribunal el carácter contencioso administrativo que el juez a cargo del juzgado en lo civil nº 2 atribuye a la causa en que se efectuó la comunicación que generó el conflicto, por lo cual, siendo que de conformidad con lo establecido en el art. 1º del Convenio aprobado por la ley 22.172, lo que interesa al caso es que tanto el tribunal oficiante como el oficiado tengan la misma competencia en razón de la materia, careciendo de relevancia la distinta competencia que pudieran tener en razón de la persona, corresponde asignar este expediente al señor juez en lo contencioso administrativo federal.
Reforma del Estado, emergencia económica, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Glanzmann, Elvio W. y Otra c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-21

La transitoriedad, razonabilidad y demás limitaciones que deben rodear las medidas de emergencia para que aprueben el test de constitucionalidad, vienen a quedar desvirtuadas y sobrepasan lo que el sentido común tolera. Y la sociedad descree entonces de las instituciones, los poderes del Estado y sobre todo, de los jueces. El juez tiene la ineludible obligación de conciliar los intereses en disputa y atender a la realidad económica. La situación de crisis generalizada, nacional y provincial, debidamente regulada, y la legitimidad de esas normas dictadas para preservar el Estado, han sido admitidas por este cuerpo en su generalidad. Mas las consideraciones extralegales relativas a la forma de administrarse en la emergencia no pueden ser oídas.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Baya, Adriana Marcela contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar la queja toda vez que la parte recurrente no muestra venir cuestionando la denegatoria de alguno de los recursos que, en las condiciones en que las vías recursivas se encuentran reguladas, normas cuya validez el recurrente no disputa (referido a los arts. 113.4 in fine de la CCBA y 32 de la ley n° 402), hubiese habilitado la competencia de este Tribunal. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Responsabilidad de los establecimientos asistenciales, asistencia médica, obligaciones de medio
Materia: CIVIL
Carátula: A., N. A. c/ B., A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-25

Dado que la relación jurídica referida a la atención médica entre entre el paciente y la entidad médica genera un deber de medios, para comprometer la responsabilidad de la clínica alcanza con acreditar la culpa del facultativo que aquella haya puesto a ejecutar materialmente las obligaciones que asumió frente al paciente.
Responsabilidad solidaria, ley de contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CUEVAS, JUAN JAVIER c/ RAPOL S.A. Y OTROS s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-12

El Art. 30 de la LCT comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento; los supuestos en los que se contraten prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, o unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones (art. 6° LCT), según criterio consolidado por el mismo Máximo Tribunal en autos "Ajis de Caamaño, María Rosa y otros c. Lubeko SRL y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A." (cf. CSJN, 26/02/08; Fallos: 331:266), donde se apuntó que es improcedente responsabilizar a un sujeto de acuerdo con el art. 30 LCT, por las deudas laborales que tengan las empresas que contrate, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes para la actividad que desempeñe, pues en tal caso habría de responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicios educativos, alimentación, vigilancia, gerenciamiento y muchos otros (voto en disidencia de los doctores Lorenzetti y Fayt, frente a la mayoría que declaró inadmisible el recurso por aplicación del art. 280 del Cód. Procesal; cfr. Mario S. Fera, Ibíd,; págs. 437/447). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bozzi, Daniel Bartolomé c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad-Recurso  Contencioso administrativo (Expte.: C.S.J. Nro. 103 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

No se advierten razones que autoricen a apartarse del criterio según el cual en los casos en que está en juego la competencia para entender en el recurso contencioso administrativo previsto en el artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial y en su ley reglamentaria Nro. 11.330, el recaudo formal de sentencia definitiva debe considerarse cumplimentado. No obsta a dicha conclusión el hecho de que, por ley 11329, se hayan creado las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales con competencia específica en dicha materia. Es que no podrían soslayarse las especiales características que posee la competencia a ellas asignada, cuya raigambre constitucional es preciso destacar. Esto último se desprende, sin lugar a dudas, del artículo 1ro. de la ley 11.330, en cuanto prescribe que "el recurso contencioso administrativo previsto en el artículo 93, inciso 2, de la Constitución de la Provincia se ejerce de conformidad con las disposiciones de esta ley"; de su exposición de motivos, al afirmar que "en nuestra Provincia, un código o ley de lo Contencioso Administrativo, no es sino una ley reglamentaria del recurso contencioso administrativo instituido como atribución de la Corte Suprema de Justicia, en el artículo 93, inciso 2, de la Constitución local; y del artículo 59 de la ley 10.160, el que al referir a la competencia material de las Cámaras, claramente señala que "se les atribuye competencia en la materia contencioso administrativa a la que alude el Artículo 93, inciso 2, de la Constitución provincial...".Asimismo, no puede dejar de considerarse que estamos en presencia de una materia impregnada de "interés público"; y que el artículo 2 de la ley 11.330 prescribe que la competencia de las Cámaras es improrrogable aun entre ellas, otorgando en su última parte a la Corte Suprema la facultad de decidir en forma definitiva cuál es el órgano judicial competente para entender en causas en donde está en juego la competencia contencioso administrativa, a efectos de evitar desplazamientos de ésta por la sola voluntad de las partes.
Interés superior del niño, competencia de la Corte Suprema, restitución a los padres de sangre, Constitución Nacional, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor, por sí y en representación de sus hijos menores F.P.B., M.P.B. y F.P.B. en la causa P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Corresponde a la Corte -en su carácter de garante de los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental- decidir si en el particular caso sometido a su conocimiento la decisión de la corte local, en cuanto dejó firme el fallo que dispuso el reintegro de los niños a su progenitora, la previa revinculación maternofilial a llevarse a cabo en sede provincial, y la realización de los tratamientos pertinentes en dicha sede, se presenta como respetuosa de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y Convención sobre los Derechos del Niño y como aquella que mejor responde a los intereses de los sujetos involucrados.
Leyes, control de constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-10

Como principio, bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, por su gravedad y delicadeza, constituye la "última ratio" del orden jurídico; y debe ser practicada con restrictividad en atención a la presunción de validez que asiste a las leyes emanadas del poder estatal encargado de legislar. La doctrina ha sostenido que: "...como no puede suponerse actos contrarios a la ley suprema de la Nación (id. Prov.) los tribunales deben presumir la constitucionalidad de aquellas mientras no se compruebe lo contrario". (En disidencia: Dr. Balladini).
Abogados, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: COMERCIAL - -PROCESAL
Carátula: PEROTTI WALTER s/ QUIEBRA  PEDIDA  -  PLANILLA  DE  LIQUIDACION  -  APORTE  JUBILATORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-16

La interpretación más adecuada del art. 289 de la L.C. a los fines de calcular el aporte del art. 17 inc. "a" de la Ley 6468, conduce a la conclusión de que la base regulatoria sólo puede determinarse haciendo jugar coetáneamente dos datos insoslayables:

activo y pasivo.

Es verdad que en algunos casos el monto del juicio estará dado derechamente por el activo, lo que acontecerá cuando este sea inferior o igual al pasivo. Pero siendo el activo superior al pasivo, este pasa a constituir un punto de referencia fundamental, y mientras mayor sea la diferencia, más se reduce el punto máximo de la escala instituida por la norma de la ley concursal en su primer apartado. Finalmente, hay supuestos en que la base económica estará dada exclusivamente por el valor del pasivo, con prescindencia absoluta del monto del activo, cosa que sucede cuando aquel es inferior al 25 % de éste.

Cuando el activo supera el pasivo, entra a regir el segundo tope instituido por la ley 22917, según el cual las regulaciones no pueden exceder el 8 % del pasivo verificado, con lo que este pasa a ser el punto de referencia esencial en orden a la determinación del monto del juicio.

Si el aporte jubilatorio debiera computarse siempre sobre el activo, prescindiendo del pasivo, perfectamente podría ocurrir que su importe fuere mayor que el de la totalidad de las regulaciones, lo que constituiría una verdadera novedad frente a los principios generales que gobiernan el derecho de la Seguridad Social, ya que lo frecuente es que las cargas jubilatorias sólo representen un porcentaje bastante inferior al cien por ciento de las remuneraciones u honorarios que las devengan. Semejante extravagancia podría darse en un concurso en el que el pasivo representara el diez por ciento del activo, o menos, es evidente el sentido de proporcionalidad que anida en el art. 17 inc. "a" de la Ley 6468 entre aporte y honorario, relación que se patentiza muy especialmente en la remisión a las disposiciones arancelarias concernientes a la determinación del monto del juicio.

Nada tiene que ver que en los concursos no rija el límite de la jubilación ordinaria, que se refiere al valor del aporte y no al monto del juicio.-
Superior Tribunal de Justicia, acordadas, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avocamiento del Superior Tribunal de Justicia en Recurso de Amparo s/ Avocamiento del Superior Tribunal de Justicia en Recurso de Amparo  (L.A. Nº 45, Fº 212/219, Nº 123) Recurso de Amparo s/ Avocamiento del Superior Tribunal de Justicia en Recurso de Amparo  (L.A. Nº 45, Fº 212/219, Nº 123)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-07-18

El art. 3 inc. "c" de la ley 4442 determina que el amparo no será procedente cuando: "la demanda signifique o se dirija a impugnar actos del Poder Legislativo o de un Organismo del Poder Judicial dictados regularmente, en ejercicio de sus respectivas competencias". Por su parte los arts. 164, 165 y 167 de la Constitución Provincial establecen las atribuciones de esta Corte, entre las que se cuentan unas de naturaleza jurisdiccional y otras de índole administrativa o institucional. De acuerdo con la redacción dada por el Legislador el mencionado artículo, ningún acto que implique el ejercicio de tales atribuciones puede ser materia de la acción de amparo. Y siendo que las Acordadas impugnadas participan de esta naturaleza, claro está que por haber sido dictadas conforme a la competencia establecida constitucionalmente, no son impugnables por vía del proceso de amparo.

Téngase presente que cuando la ley alude a "acto del Poder Judicial dictados regularmente en ejercicio de sus respectivas competencias" se está refiriendo a la actividad administrativa del Poder Judicial pues aparece obvia la imposibilidad de una acción de amparo contra actos jurisdiccionales ya que contra tales actos se encuentran acordados los remedios procesales legislados en las distintas leyes rituales. Por ello, sería absurdo entender que contra una sentencia judicial resulta posible intentar una acción de amparo.-