marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, reexamen de la admisibilidad formal
Materia: Procesal Penal
Carátula: K., J.C. s/ Homicidio Culposo B., J. S. s/ Tentativa de Homicidio Calif. en Concurso Ideal con tentativa de  Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-30|1991-11-11

Se debe señalar en un primer orden de ideas que la circunstancia de que el recurso de casación haya sido abierto "prima facie" no impide que este Superior Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la forma del mismo. No obsta a este reexamen la resolución de fojas 168 vta. pues ella no opera cerrando al tribunal toda posibilidad posterior, preclusivamente.
Acción contencioso administrativa, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanchez Granel Ingeniería S.A. c/ Departamento Provincial de Aguas de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-12

No resulta necesaria la exigencia de la reclamación administrativa previa para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el Estado no la opone como defensa en la oportunidad procesal correspondiente, -esto es, en el responde-.
Recursos administrativos, interés actual
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La necesidad de que el interés en el recurso administrativo sea actual excluye no sólo la posibilidad de que éste pueda utilizarse para la tutela de intereses futuros o eventuales, sino para denunciar las lesiones de intereses actuales aún no verificadas. Es decir, la lesión debe ser un efecto directo del acto y no depender de un acto sucesivo, incluso ya anunciado en el acto precedente; por ejemplo, un dictamen que es desfavorable a una persona causaría la temida lesión solamente si la autoridad que decide sigue el parecer, (lo que podría también no suceder). Así, la decisión de un Concejo Municipal que autorice al Intendente a suprimir, cuando lo crea oportuno, determinados empleos, no puede ser impugnada por los titulares de éstos, por cuanto la misma no importa una lesión actual a sus derechos; impugnable sólo será el acto con el que el Intendente, haciendo uso de los poderes conferidos, proceda a la supresión de los empleos.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, estabilidad del empleado público, Administración Pública, reescalafonamiento, retrogradación encubierta
Materia: CIVIL. ADMINISTRATIVO
Carátula: Inzunza, Margarita c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contecioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-27

Dispuesta la reestructuración, el encasillamiento y reubicación del personal de la Administración, y subsanada su aplicación en relación a la actora, con la designación de ésta en el cargo que antes ocupara, la acción planteada queda reducida a la cuestión pretendida, o sea al pago de la diferencia de haberes entre ambas categorías.
Concurso aparente de leyes, tenencia de armas, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: AGUERO MAXIMILIANO s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Existe concurso aparente de delitos entre las figuras de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización y encubrimiento.
Prisión domiciliaria, personas privadas de la libertad, protección de la mujer, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ramírez, Sofía c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-27

Cabe conceder la prisión domiciliaria a una detenida que presenta patologías crónicas por ser insulinodependiente y, además, tiene un hijo menor de edad, dado que, más allá de encontrarse acreditadas las circunstancias que permiten presumir la existencia de un riesgo procesal, el a quo soslayó el análisis de diversas circunstancias que habilitan, en el caso la posibilidad de aplicar una medida alternativa al encierro. Asimismo debe tenerse en cuenta la situación especial derivada de la aparición del coronavirus y las consecuencias que podrían traer aparejada la actual detención que viene cumpliendo la solicitante ya que se trata de una persona que se encontraría dentro de la población que posee un alto riesgo de contagio. Además, teniendo en cuenta la especial situación de encierro y de salud que presenta la detenida, que la ubican en un particular estado de vulnerabilidad, desprotección y peligro frente a los efectos de la pandemia originada por la propagación del virus COVID-19, corresponde adoptar de medidas que se complementen con principios de contenido humanitario y sanitario.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO JOSE s/ VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-13

La defensa articulada referida a la inimputabilidad del encartado por la supuesta ebriedad del mismo, debe ser rechazada de plano, puesto que la ingesta alcohólica "per se" no tiene la virtualidad de conducir a la inimputabilidad del agente activo que actúa en ese estado. Los autos prueban que el estado de alcoholización del imputado no era tal para que llegara a la inimputabilidad. Es cierto que el imputado presentaba signos de alcoholización, pero de allí al estado apuntado hay un gran paso. Sobre todo si se tiene en cuenta que el condenado describió con lujo de detalles lo que hizo, fácil resulta colegir que comprendía la criminalidad de su conducta.
Demanda, identidad del demandado, individualización del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. L. c/ LA COSTA S.R.L. s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-26

"El inc. 2 art. 330 CPCCN, impone al actor la carga de indicar, en el escrito de demanda, "el nombre y domicilio del demandado". La exigencia de tales menciones se justifica por la circunstancia de ser aquél el sujeto pasivo de la pretensión y quien habrá de quedar jurídicamente vinculado por la sentencia que se dicte.
Defensor, notificación
Materia: PENAL
Carátula: LAGRAÑA EDUARDO s/ P/SUPUESTO HOMICIDO SIMPLE. CAPITAL"EXPTE.9634/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-21

..con la cédula enviada al defensor del procesado que da cumplido el requisito de poner a los interesados en conocimiento de las decisiones del Tribunal.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Vidal de Prieta, Manuela c/ García, Osvaldo Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

La seguridad de los participantes en el tránsito exige a quien estando detenido se apresta a reingresar en la circulación, adoptar las precauciones necesarias para evitar un infortunio. Pero se trata de controlar lo regularmente previsible, no la aparición sorprendente.
Posesión, tenencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi de Oneto, Beatriz y otros c/ Misto, Hugo Ulises y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

El tenedor debe restituir la cosa al poseedor a cuyo nombre posee y esta restitución debe ser hecha al poseedor de quien el tenedor la recibió, aunque haya otros que la pretendan, pero con citación de éstos (arts. 2465 y 2467, C.C.).
Interpretación de la ley, finalidad de la ley, interpretación literal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gandaria, Marcelo Omar c/  s/ apelación de resolución denegatoria del Registro de la Propiedad Automotor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley; así como que, cualquiera sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta su finalidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Audiencia de debate, sentencia penal
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Sánchez, José A. (Representación Banco Provincia de Río Negro) s/ Denuncia fraude contra la administración Provincia (Imp. Ricardo A.  Arónica; Rubén D.  Mirando) s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-16

En juicio criminal la sentencia es producto de la deliberación de los jueces, que se debe llevar a cabo inmediatamente después del debate, de conformidad con las normas del art. 369 del CPP. En este acto de deliberación, donde cada uno de los jueces expone su opinión (y eventualmente la modifica convencido por los argumentos de sus colegas) se debe resolver por unanimidad o mayoría cada una de las cuestiones sometidas a discusión. (En mayoría: Dr. García Osella).
Apreciación de la prueba, testigo indirecto
Materia: PROCESAL
Carátula: C., V. A. s/ Abuso Sexual Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-23

Es frecuente descalificar al llamado "testigo de oídas". Esto es incorrecto como principio. Estas personas atestiguan sobre la narración que les hace la víctima después del episodio. Dan la versión "del otro" "después" y claro que ayudan a decodificar la declaración del testigo directo.
Depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Tevez Diego José c/ JBS Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-29

La actualización monetaria del monto indemnizatorio procede, aún de manera oficiosa y en cualquier estado del proceso (inclusive, en etapa de ejecución). Ello, en razón del principio iura novit curia y como consecuencia necesaria de la notoria y pública inflación. Desconocer el proceso inflacionario habido, en el cálculo de la indemnización que debiera resguardar el poder adquisitivo al momento del hecho, sería no hacer "justicia", o hacerlo "a medias". El juez no puede desconocer el proceso inflacionario, y cuenta con herramientas que resultan necesarias para preservar el crédito del trabajador. Para así proceder, debe declararse, según el caso, aún de oficio, la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561. Debe procederse a la actualización monetaria empleando el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación. En caso de que no se encontrara publicado dicho índice, o que éste fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, debe emplearse este último a los fines de realizar el cálculo. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Jubilación por edad avanzada, reducción del beneficio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MACHUCA, Francisco c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

Las circunstancias tenidas en cuenta para el dictado de la última parte del art. 65 de la ley 18.037 impiden efectuar una interpretación amplia del mismo, por cuanto aparece clara la intención del legislador de proteger, en situaciones excepcionales, la contingencia de vejez mediante la acreditación de requisitos mínimos y un beneficio también reducido en relación con la jubilación ordinaria, en cuyo supuesto, aparece razonable la limitación impuesta para su goce.
Empleados de banco, despido, bancos, liquidación de entidades financieras, delegado liquidador, banco central, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: KRAVETZ, HAYDEE c/ BANCO CENTRAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-26

Si la actora se obligó a la ejecución de una obra, la realización de los activos con el objeto de cancelar los pasivos de una entidad financiera, tal relación no se halla sujeta a las disposiciones de la LCT. El hecho de que el Banco Central haya suscripto el CCT 18/75, en nada modifica la situación, toda vez que la vigencia de la LCT se limitaría a aquellas personas que no se incorporan para la realización de una actividad escencial delegada que los analoga a los funcionarios.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: VIDEZ JUAN CARLOS Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO GALLO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL ORSO, CARLOS ALBERTO c/ BARRIONUEVO, ARISTOBULO s/ REIVINDICACION - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-21|2014-02-11

Los embates casatorios esgrimidos en torno a la evaluación de los elementos probatorios realizada por el Tribunal, sin acreditar al menos superficialmente, la configuración del absurdo o la violación de las normas procesales aplicadas a tales fines, solo implican meras discrepancias subjetivas con la valoración efectuada, resultando insuficientes para tornar en irrazonable el silogismo utilizado por los sentenciantes para sustentar su decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, trámites judiciales, resoluciones, resoluciones recurribles, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gómez, Roberto Aníbal c/ Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de australes (Expte. C.S.J.   Nro. 662 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

Merece reproche constitucional la exégesis del artículo 58 de la ley 9816 (texto según modificación artículo 118, ley 10.472) efectuada por la Sala, según la cual entendió que dicho precepto contempla "dos tipos de vías pretensionales": el trámite recursivo (revocatoria con apelación ante la Cámara) y la posibilidad de demandar al ente (último párrafo); siendo obligatorio el primero para las resoluciones "sustanciales" (concesión o denegación de beneficios; resolución de recursos), en tanto que para "todo lo demás" puede optarse entre cualquiera de ellos, toda vez que "el 'podrá' o potencial del recurso se armoniza con el potencial de la demanda conforme la naturaleza de la cuestión, distinta de la concesión o denegación de beneficios". Ello así por cuanto, conforme a la redacción actual del mentado artículo, bien pueden advertirse las dos previsiones observadas por la Sala, más ello no la autorizaba a inferir de su última parte, una vía más amplia, ni mucho menos de carácter opcional (con base en el tiempo verbal usado en el texto). En efecto, la norma sigue contemplando el régimen de impugnación de los actos propiamente institucionales de la Caja, con la variante apuntada "ut supra", y el agregado del cuarto párrafo -en el cual, con defectuosa técnica legislativa, se reitera lo normado en el artículo 60 de la ley 9816- que no hace sino alusión a la capacidad de aquélla para estar en juicio (en supuestos, por ejemplo, de contrataciones, daños y perjuicios por hechos ilícitos de sus funcionarios y empleados, etc.), dado su carácter de persona jurídica, acordado ahora expresamente por la ley 10.472, que la define como "entidad de derecho público, no estatal" (artículo 1ro.).
Empleados públicos, cesantía, recursos administrativos, trámites judiciales, informalismo a favor del administrado, recurso jerárquico, Poder Ejecutivo, gobernador, policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLIS, ANTONIO CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 522-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

Siendo que las actuaciones -con inicio formal errado- finalmente llegaron al Poder Ejecutivo, es inapropiado que éste se haya valido, para desestimar el recurso, del argumento formal -por otra parte, equivocado- consistente en que no se interpuso un pronto despacho, agregando, ya en sede jurisdiccional, que los recursos jerárquicos no son admisibles contra los actos dictados por él. Elementales principios a los que debe someterse el procedimiento administrativo (vgr., "atenuación del rigor formal", "imparcialidad" y "buena administración") tornan razonable que el órgano llamado por la ley a resolver ingresara al examen del pedido de revisión, siendo que estaba en condiciones de hacerlo, incluso con un dictamen jurídico sobre el fondo.
Enfermedad accidente, várices
Materia: LABORAL
Carátula: Lavin, Félix J. M. c/ Dirección provincial de vialidad y otra s/ Indemnización por enfermedad accidente y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-20

Es procedente y viable la indemnización de la patología de autos -várices-, cuyo agravamiento puede inferirse por el tipo y naturaleza de las labores desempeñadas.Encontrándose vigente la ley 24.028 por haber sido promovida la demanda con posterioridad al 26 /12/91, considerando que el actor padece la enfermedad referida, agravada por su postura y tareas laborales, debe indemnizarse la misma en la parte o porcentual atribuible al trabajo. De tal modo, estimando su incapacidad en un treinta por ciento y que de la misma las tareas laborales han incidido en un 50 por ciento de dicho porcentual, debe en definitiva, resarcirse un quince por ciento.
Dominio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrondo, Martha Sarah c/ Cabezas, Antonio y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-18

Ningún obstáculo legal existe para que la tradición pueda justificarse mediante otros medios de prueba que no sea la escritura traslativa del dominio que, incluso, en algunos supuestos, ni siquiera es apta a tal fin -vbg. la sola declaración del tradente de darse por desposeído (art. 2378 del C.C.).
Declaración de inconstitucionalidad, facultades del juez, declaración de oficio, cuestión abstracta, iura novit curia, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces, que se resume en el antiguo adagio romano iura novit curia y que incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, recurso militar ante la justicia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: LAMI DOZO, BASILIO ARTURO. c/  s/ DECRETO 158/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Las decisiones que fijan el trámite que correspondiese imprimir a las causas no constituyen sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48 sobre todo si se tiene en cuenta la nueva instancia creada por la ley 23}049 y además la oportunidad que tendrá eventualmente de articular la apelación federal contra el fallo final de la causa. (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bouza, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas Biondi, Cayetana s/ Lesiones culposas Soria, Oscar Eduardo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13|2002-03-13|2001-04-25

La norma del art. 330 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- señala la oportunidad procesal en que el Fiscal de Cámaras puede decidir no mantener el recurso intentado por el Agente Fiscal: a partir de la notificación allí prevista; lo que descarta el hipotético argumento de que al ser facultativa la expresión de agravios en los recursos concedidos en relación, no habría posibilidad de desistir de la apelación. Tal conclusión sería contraria a la interpretación sistemática de las normas que rigen el tópico, como ajena a la esencia misma del ejercicio de la acción pública en sede penal.
Recurso de apelación (procesal), competencia de menores, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. L., J. P. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

En el fuero minoril la apelabilidad es restringida ya que la ley enumera taxativamente las resoluciones que son apelables, no obstante ello, cuando procede el recurso de apelación comprende el de nulidad el que procederá si se han violado trámites esenciales en el proceso.(art. 54 de la ley 10.067).
Estado de emergencia, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CARO, ANGEL ESTEBAN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO CAMPOS, LILIANA Y OTROS c/ PERALTA, BERNARDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-04|2002-10-07

Para admitir la efectiva existencia del estado de emergencia, es necesaria la prueba de los hechos de público conocimiento, las exposiciones hechas en el debate parlamentario, los datos provenientes del Poder Ejecutivo y de informes tÚcnicos especializados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, reenvío, indemnización, aplicación de la ley, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALBI, JUAN RAMON c/ EXPERTA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

No se demuestra arbitrariedad o falta de fundamentación en lo decidido por la Cámara cuando, en el marco del reenvío dispuesto por esta Corte, revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y desestimó las prestaciones dinerarias del artículo 17.2 de aquella norma, desde que el Sentenciante atendió a las particulares circunstancias del caso (fecha del siniestro, aplicación del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, incapacidad total con gran invalidez, etc.) y así determinó el mecanismo indemnizatorio a aplicar y modificó la tasa de interés, en el marco del carácter indemnizatorio y alimentario que el Sentenciante le atribuyó al reclamo; lo que imponía a la compareciente fundamentar y demostrar -en las concretas circunstancias del caso- la desproporción reparatoria que se alega, lo cual no se acredita ni logra entreverse atento a las carencias que se evidencian en el recurso de inconstitucionalidad local que impiden efectuar una ponderación numérica de la realidad económica que meramente se aduce. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículos 12 y 17.2
Quiebra, honorarios, pago, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: FACA COOPERATIVA ARGENTINA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-01

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que las alegaciones de la recurrente no logran rebatir el núcleo argumental de la Alzada que, para confirmar la resolución dictada por la Jueza de baja instancia que a su turno había desestimado la pretensión de libramiento de órdenes de pago en concepto de honorarios y había ordenado la restitución de las sumas previamente percibidas contra la quiebra, consideró que tales montos fueron cobrados sin derecho alguno, ya que la autorización que legitimaba la intervención de la profesional -hoy quejosa- estaba condicionada a que no generara ningún costo para la quiebra, incluyéndose dentro de dicha expresión los honorarios, siendo la única excepción prevista el derecho de la apelante a cobrar los gastos de tramitación de los procesos.