Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-30


Buenos Aires, 30 de abril de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Defensor General, Mario Jaime Kestelboim, interpuso recurso de queja (fs. 30/48) contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad (fs. 17/25) mediante el que la defensa intentaba cuestionar la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 13/15), que había dispuesto revocar la decisión de primera instancia -en tanto no aceptó la atribución de competencia que le formulara el Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11- y, en consecuencia, declaraba la competencia del fuero local para intervenir en las actuaciones principales, en las que se investiga un hecho calificado como delito de daño (art. 183 del Código Penal).

2. El recurso de inconstitucionalidad (fs. 17/25) postula que el a quo, al considerar vigente al segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin la ratificación del Congreso Nacional, vulnera "el principio de legalidad y de Juez Natural (art. 18 CN), sumado a la clara violación de la división de poderes (...)".

3. Los jueces de la Sala II de la Cámara denegaron el recurso de inconstitucionalidad, básicamente, pues rechazaron la posibilidad de que la defensa participara en un "conflicto de competencia" en el que, "por regla, intervienen órganos judiciales". Además, señalaron que el pronunciamiento cuestionado, por un lado, no era una sentencia definitiva o una equiparable a tal, y por otro, que esa decisión tampoco comprometía las garantías constitucionales invocadas (fs. 26/28).

4. El Fiscal General, en su dictamen, propició el rechazo de la queja interpuesta en autos (fs. 52/56). En cuanto al recurso de hecho, señaló que el Defensor General no cumplió con la carga de "rebatir los argumentos del a quo por los que se denegó la vía extraordinaria intentada". Por otra parte, el representante fiscal consideró que el recurso de inconstitucionalidad era improcedente por no estar cuestionada una sentencia definitiva o una equiparable a tal; porque no se verificaban los requisitos de impugnabilidad subjetiva dado que la defensa no acreditó representación alguna ni explicó, en su caso, los motivos por los que podría recurrir por derecho propio y, finalmente, por ausencia de perjuicio por cuanto, según explicó, "el sistema procesal penal instaurado a la luz de las premisas del art. 13 de la Constitución CBA resulta mucho más beneficioso a los intereses de los justiciables, que el que rige actualmente en el ámbito nacional".

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Los pronunciamientos recaídos en este incidente dan cuenta de las diversas posturas asumidas en torno al alcance que correspondería atribuir al segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Convenio nº 14/04), así como a los efectos que a su respecto tendría la ratificación del primer convenio formulada mediante la ley nacional 25.752.

A esta altura, sin embargo, las divergencias registradas han quedado zanjadas por un reciente pronunciamiento de la CSJN en el que, por remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, se sostuvo que el Convenio 14/04, a la fecha en que se emitía el pronunciamiento, no estaba vigente y que, además, conforme surge de su cláusula primera in fine, "las causas que se encuentran en trámite ante la justicia nacional cuando comience su vigencia, deberán ser terminadas y fenecidas ante los mismos órganos" (S.C. Comp. 522 L. XLIII, sentencia del 12 de febrero de 2008). Esta doctrina cobra especial relevancia frente a un supuesto como el que nos ocupa, en el que la Corte Federal se erige como tribunal encargado de dirimir las contiendas de competencia trabadas entre magistrados que carecen de superior jerárquico común (art. 24, inc. 7, del decreto 1285/58). Ello conduce, en definitiva, a observar con especial cuidado el deber de conformar esta decisión con aquélla como expresión particular de la regla general que contiene la doctrina de Fallos 25:364 y 307:1094.

Aunque el modo en que quedaron planteadas las cuestiones ventiladas pudo requerir mayores precisiones -vinculadas, entre otras, con la forma de trabar la contienda de competencia y los requisitos de impugnabilidad subjetiva exigibles (v. dictamen de fs. 52/56)-, la solución a la que aquí se arriba torna innecesario expedirse a su respecto por razones básicas de economía procesal, que justifican dar por concluida la incidencia en lo que a esta jurisdicción atañe.

Por las razones dadas, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad denegado, revocar la sentencia de fs. 13/15 que declaró la competencia de la justicia local para intervenir en las actuaciones principales y remitir estos autos y, en su caso, el incidente original, por intermedio de la Cámara CyF, al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11, a sus efectos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto del juez de trámite, Dr. Luis Francisco Lozano.

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

Adherimos a la solución propuesta por el señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano.

En un muy reciente pronunciamiento, por remisión al dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en el rol de superior jerárquico común que le otorga el art. 24.7 del decreto-ley n° 1285/58 para resolver cuestiones de competencia entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción- afirmó la competencia de la denominada justicia "nacional" para entender en un caso de similares características al que nos ocupa, pues consideró, básicamente, que el segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de esta Ciudad no había entrado en vigencia, en atención a que resultaba necesario a esos efectos que el Congreso de la Nación dictara una ley (S.C. comp. 522 L XLIII "González Molino, Javier Horacio s/ inf. art. 149 bis del CP").

Así las cosas, sin intención de desconocer los razonados argumentos desarrollados por la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad con anterioridad al dictado del fallo de la CSJN mencionado, reflexiones que estimamos claramente enmarcadas en un loable compromiso con las previsiones del art. 6 de la Constitución de esta Ciudad Autónoma y orientadas a poner de manifiesto la vigencia de sus facultades propias de legislación y jurisdicción consagradas en el art. 129 de la Constitución Nacional, razones de estricta economía procesal nos llevan a concluir que el caso en estudio debe continuar su tramitación ante la justicia nacional en lo criminal y correccional.	A ello se añade, de un lado, la Resolución FG N° 54/08 del señor Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 7 de abril de 2008 en la que se enfatiza que el Convenio de Transferencia de Competencias Penales involucrado en el sub lite entraría en vigencia a las cero horas del día 9 de junio de 2008; y, de otro, la Resolución PGN N° 32/08 del señor Procurador General de la Nación, en términos coincidentes, dirigida a los fiscales en materia penal de la órbita nacional con asiento en esta Ciudad, en la que se arriba a idéntica conclusión.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad denegado, revocar la sentencia de fs. 13/15 que declaró la competencia de la justicia local para intervenir en las actuaciones principales y remitir estos autos, y, en su caso, el incidente original, por intermedio de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, al Juzgado Nacional en lo Correccional n° 11, a sus efectos.

Así lo votamos.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Más allá de los distintos argumentos expuestos por el defensor, el fiscal ante el Tribunal e, incluso, por mis colegas respecto al punto debatido -razones que remiten a lo decidido por la CSJN-, entiendo que corresponde rechazar la queja interpuesta, sencillamente, porque la decisión atacada por recurso de inconstitucionalidad no es la sentencia definitiva a la que alude la ley procesal (art. 27, ley n° 402). Esta constatación, por sí misma, alcanza para fundar el rechazo.

2. Según lo expuse en reiteradas ocasiones (ver, inter alia, mi resolución como juez de trámite en "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ábalos, Oscar Adrián s/ art. 71 CC -apelación-'", expte. n° 1509/02: interpretación sistemática del art. 34, II, ley local n° 402 y art. 3, inc. a, ley local n° 327), no corresponde intimar a la defensa oficial -órgano del ministerio público según la propia CCBA- para que acredite el pago del depósito previsto como requisito de admisibilidad de un recurso de queja relativo a un recurso de inconstitucionalidad denegado.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad denegado. 2. Revocar la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, de fecha 31/08/2007, cuya copia obra a fs. 13/15, que declaró la competencia de la justicia local para intervenir en las actuaciones principales.

3. Remitir esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para que, por su intermedio, se remitan estos autos y, en su caso, el incidente original, al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 11, a sus efectos.

4. Mandar que se registre y se notifique.