Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-29


AUTOS N°4363 (C.C. SALA IV Nº988) del Juzgado Comercial Especial, CARATULADOS: "CONSTRUCCIONES ALBOX S.A. - (Quiebra s/ por Gustavo Alejandro Katsuda)".- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F°43/46 - AÑO 2017.- San Juan, 29 de marzo de 2017.	VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 71/72 vta. por el Dr. CARLOS TORIONI GODOY, contra la sentencia obrante a fs. 68/70 dictada en fecha 02 de agosto del año 2016 por el Sr. Juez del Juzgado Comercial Especial en Autos N° 4363 (C.C. Sala IV Nº 988) caratulados: "CONSTRUCCIONES ALBOX SA-QUIEBRA S/ por GUSTAVO ALEJANDRO KATSUDA". El recurso fue concedido a fs. 73 en los términos del artículo 53 de la Ley N°56-O.

Y CONSIDERANDO: Por el decisorio cuestionado, en lo que constituye materia de apelación, el magistrado sentenciante reguló los honorarios profesionales del asesor peticionante de la quiebra, Dr. Carlos Torioni Godoy en la suma de Pesos Diez Mil ($10.000). Para ello consideró que la demanda de quiebra se encontraba fundada, resultando paralizada por el concurso del deudor, encontrándose acreditada la legitimidad de su reclamo por la admisión de su crédito en el proceso concursal; y que al no estar el supuesto contemplado en la LC por aplicación del art. 278 ibid, corresponde remitir a la Ley Arancelaria Local. Respecto de la base económica entendió que corresponde regular los honorarios sin monto, aplicando las pautas que brinda el art. 13 Ley 56-O, considerando "que el pedido de quiebra no persigue el cobro del crédito individual en que basa la acción, sino la declaración de la quiebra del demandado, entendido éste como proceso de ejecución colectiva y en base al principio de universalidad que rige la materia".

Contra esa decisión se alza el letrado beneficiario de la regulación quien considera que siempre se debe tener en cuenta el contenido económico subyacente y la representación ejercida, la que no fue estimada, en tanto el fallo regula sus honorarios en carácter de asesor del peticionante y no como apoderado de asuntos judiciales como ejerció en la causa. Transcribe jurisprudencia de la Corte de la Provincia que entiende aplicable al caso.

Considera errónea la apreciación que la Ley 56-O carezca de normativa suficiente sobre quiebra, atento lo establecido por el art. 19 inciso f), entendiendo que la demanda de declaración de quiebra, notificación de la misma y cualquier otra gestión previa a la verificación, debe tenerse incluida en la norma con prescindencia de la suerte de tal demanda. Que la norma referida en su parte final remunera los trabajos designados como una tercera parte del juicio pertinente, con lo que estima debiera vincularse con la escala del art. 14 Ley 56-O, lo que así solicita.

Concluye que cualquiera sea el fundamento, debe incrementarse la suma regulada en tanto le agravia lo baja o exigua de la misma, en relación con la base regulatoria propuesta constituida por la cantidad finalmente verificada a su poderdante contra la accionada de $ 900.838,35, conforme consta a fs. 63 del concurso preventivo, resultando la regulación de $10.000 notoriamente desproporcionada por ínfima. Deja planteada la cuestión constitucional.	Tratamiento del recurso planteado: De los antecedentes de la causa surge que el apelante planteó, en su carácter de apoderado del Sr. Gustavo Alejandro Katsuda, la quiebra de Construcciones Albox SA (fs.36/38). Ordenada la citación del deudor (fs. 44) a fs. 49/51 se presenta su apoderado, Dr. Sebastián Medina Guardia, rechazando el pedido de quiebra del pretenso acreedor y denuncia la presentación en concurso preventivo de su representado. Ante ello, el apoderado del peticionante de la quiebra, solicita regulación de honorarios e imposición de costas (fs. 55). Previa sustanciación con la contraria , en fecha 02 de agosto de 2016, el Sr Juez del Juzgado Comercial Especial dicta la resolución de fs. 68/70 dando por finalizado el presente proceso conforme lo dispuesto por el art. 10 LCQ (punto I); imponiendo las costas al demandado (punto II); y regulando los honorarios del asesor del peticionante de la quiebra", Dr. Carlos Torioni Godoy en la suma de $10.0000 (punto III).	Como punto inicial de nuestro análisis debemos señalar que atendiendo la labor desarrollada por el apelante, que se circunscribió a la presentación del escrito solicitando la quiebra del deudor, resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el inc. b del artículo 19 de la Ley 56-0, no el inciso f) como alega el apelante. Expresamente el precepto prevé en el inc. b) que a los fines regulatorios se considerará el "Escrito iniciando....concurso, convocatoria, quiebra...", siendo considerado y remunerado el trabajo profesional como "una tercera parte del juicio pertinente", conforme el inc. h) de la norma en análisis.

Respecto de los parámetros a considerar para valorizar la actividad desplegada por el letrado, circunscripta como dijimos a la petición inicial de la quiebra de Construcciones Albox S.A. (fs. 36/38) y su notificación al deudor, compartimos el criterio seguido por el a quo respecto a que en el caso resulta de aplicación el artículo 13 de la Ley 56-0, atendiendo los principios de universalidad que rigen en este tipo de procesos, y que la sentencia a pronunciarse en el supuesto de prosperar el pedido de quiebra, tiene efectos declarativos no de condena.

Por tal razón se rechaza el argumento del apelante quien pretende que en el caso se regulen sus honorarios considerando el monto del crédito denunciado. En tal sentido dice la jurisprudencia que: ".no procede la pretensión de los abogados de identificar cuantía del crédito de quien reclamó la quiebra con cuantía del asunto a los fines arancelarios. El proceso declarativo de quiebra iniciado a instancia de un acreedor es un estadio que tiene por objeto la declaración de la quiebra y no el cobro del crédito base del pedido; persigue un sentencia declarativa y -de acogerse la pretensión del acreedor- constitutiva, y no de condena. Y así, la doctrina jurisprudencial ha declarado, concordantemente, que cualquiera sea la causa que obstara a la declaración de quiebra a instancias del acreedor, en el proceso de pedido de quiebra concluido no existe monto a los fines arancelarios." STJ 18663/04 SENTENCIA 45 23/04/2007". Carátula: BALESTRA RICARDO RAMÓN C/ PERAZZO RAFAEL FEDERICO C/ PERAZZO RAFAEL FEDERICO S/ SOLICITUD DE QUIEBRA Magistrados Votantes: - FARIZANO, EDUARDO ANTONIO - NIZ, FERNANDO AUGUSTO - SEMHAN, GUILLERMO HORACIO Primer Votante: SEMHAN, GUILLERMO HORACIO - Resultado: UNANIMIDAD-Lex.

Adviértase que en el caso el pedido de quiebra fue enervado por la presentación en concurso del deudor, y si bien el crédito insinuado en la presentación -luego verificado en el concurso- tiene efecto económico mediato, no por ello convierte al proceso "con contenido económico" como sostiene el apelante, en tanto el pedido de quiebra, como se dijo, no se encuentra encaminado al cobro de un crédito individual, más allá que el interés del acreedor esté representado por la cuantía de su crédito. Tal es la pauta contenida en el inciso c) del artículo 13 antes mencionado que indica que debe tenerse presente al momento de valorar la actuación "la trascendencia moral y económica que para el interesado revista la cuestión en debate".	Asimismo debe tenerse en cuenta que los precedentes jurisprudenciales citados por el apelante refieren a casos de solicitudes de quiebra pedidas por el acreedor que fueron rechazadas, cuestión que no se aplica al presente caso, en el que la solicitud se suspendió por la apertura del proceso concursal, verificándose luego el crédito en aquél proceso concursal.

En esa directriz se ha dicho que: "En el caso concreto las sumas indicadas en la solicitud de pedido de la falencia, no es el monto del juicio, ya que quien pide la quiebra de otra persona solamente debe acreditar sumariamente que el deudor está entre las personas enumeradas en el art. 2do. de la L.C.Q. que el mismo está en cesación de pagos y solamente una mera verosimilitud (análoga a lo que sucede en las medidas cautelares) de la existencia de su crédito (art. 83 L.C.Q.). De entender lo contrario la quiebra significaría un proceso individual para lograr el cobro de un crédito en particular, cuando en realidad es un proceso universal. Por otro lado este recién será el "monto del juicio" a los efectos de ser tomado con base regulatoria, en el supuesto de que se incidente la verificación del mencionado crédito a tenor de lo prescripto en el art. 287 de la L.C.Q.

Cabe destacar asimismo que normativamente (dentro de la ley específica, o sea la de Concursos y Quiebras, que es de fondo y forma), no está previsto que en los casos de quiebra la base regulatoria sea el monto del crédito que tiene contra el fallido el acreedor solicitante de la falencia. Este monto forma parte del pasivo y por el contrario el art. 267 L.C.Q. establece como base exactamente lo contrario, a saber: "el activo realizado" Unicamente por vía jurisprudencial se ha establecido que será tomada como base regulatoria el monto del crédito descripto en la solicitud, en los supuestos de pedidos de quiebra rechazada, lo cual no coincide en su contingencia y especificidad con el presente caso, en donde la quiebra fue receptada. DRES.: FRIAS DE SASSI COLOMBRES - AVILA. ISASMENDI HNOS. Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA s/ QUIEBRA, Fecha: 31/08/2000, Sentencia N°: 331, Cámara Civil y Comercial Común - Sala 1.

Sentado que en el sub lite resulta correcto el criterio seguido y la normativa aplicada por el Sr. Juez de grado para efectuar el cálculo de los honorarios, resta considerar si resultan ajustados a los parámetros que marca el art. 13 de la Ley 56-O. En tal sentido debe estimarse la labor jurídica del profesional, la eficacia y extensión del trabajo realizado, la complejidad o novedad de la cuestión planteada, como así también el resultado final obtenido y la trascendencia moral y económica que para el interesado revista la cuestión en debate.

Teniendo en consideración las pautas precedentemente señaladas y las previsiones del art. 13, c.c y s.s. de la ley arancelaria local, el Tribunal considera que los honorarios fijados por el sentenciante a favor del Dr. Carlos Torioni Godoy se ajustan a la normativa arancelaria vigente, advirtiendo que los mismos se regulan a su favor por la labor desarrollada como apoderado del peticionante de la quiebra.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el letrado confirmando los honorarios fijados mediante el punto III de la resolución obrante a fs. 68/70. Hacemos la salvedad que no corresponde regular honorarios en esta instancia en virtud de lo establecido por el art. 53 de la Ley n° 56-O-.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C..

Por todo ello y normas legales citadas el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos Torioni Godoy contra el punto III de la resolución de fs. 68/70. II) No regular honorarios en esta instancia en virtud de lo establecido por la última parte del artículo 800 inc. 11 del C.P.C. -que sustituye al artículo 228 de la Ley nº 2150- hoy art. 53 de la Ley n° 56-O-.	Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.

FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO.- PRESIDENTE.- DRA. MARIA JOSEFINA NACIF.- VOCAL.- ANTE MI: DRA. CLAUDIA BERESVIL DE VARAS.- SECRETARIA.-