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Régimen penal tributario, declaración jurada impositiva, declaración impositiva falsa, ardid, evasión fiscal, período fiscal de liquidación, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: KOZIRA PEDRO-DKL HUECO OFFSET S.A. s/ Régimen penal tributario, incidente de falta de acción por extinción de la acción penal respecto de Pedro, Kosira.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

Siendo la fecha de cierre de los ejercicios fiscales, en el caso de autos, el 31 de diciembre, debe considerarse, como fecha de comisión de los hechos, aquéllas en las cuales se produjo el vencimiento del plazo para las presentaciones de las declaraciones juradas y el ingreso de los montos correspondientes al último mes del ejercicio anual en cuestión, por lo que el plazo de la prescripción de la acción penal con relación al hecho de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 1997 imputado en autos, habría comenzado a transcurrir el 19 de enero de 1998; el hecho de evasión tributaria del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 1997, habría comenzado a transcurrir el 7 de mayo de 1998; el hecho de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 1998, habría comenzado a transcurrir el 22 de enero de 1999, y el hecho de evasión tributaria del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 1998, habría comenzado a transcurrir el 13 de mayo de 1999, puesto que con posterioridad a las fechas mencionadas, la obligación se habría tomado exigible.
Tasa de justicia, terminación del proceso, desistimiento, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: PORTO DE JORGE, Zulema Angélica c/ AUTOMACION ARGENTINA S.A. y otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-04

Si concedido el beneficio de litigar sin gastos al actor, las actuaciones finalizan en virtud del desistimiento efectuado por éste, quien denuncia la existencia de un acuerdo, a él le corresponde abonar el tributo cuya integración se difirió, al haber mejorado de fortuna por la percepción de las sumas que denuncia;

máxime si manifestó haber pactado las costas en el orden causado, no surgiendo de la causa que la demandada se haya hecho cargo de oblar la tasa.-
Certificado de servicios, indemnización, prueba insuficiente
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Expte. Nº 271-STJ-2009 - Kowalczyk, Estanislado Carlos S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. Nº 1.272/03 Bis 6/06 - Colman, Jorge Eduardo S/ Incidente de Revisión en Autos: "Expte. Nº 1.272/03 - Kowalczyk S/ Conc. Preventivo." c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2015-02-02

Resulta excesivo y contrario a la equidad imponer las indemnizaciones que prevé el art. 80 de la LCT -desde la ruptura por cualquier causa del vínculo laboral-, dado que el demandado asumió expresamente la postura de facilitar y poner a disposición del trabajador la certificación aludida, sin que se haya probado y ni siquiera invocado, que así no fuera.
Certificados de obra, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.F. Contrucciones de Carlos Abel Ricciardi c/ Madardjian y Llamano, Lidia y ots. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

En orden a la tasa de punitorios pedida por todo el período que va desde la mora y hasta el efectivo pago (2 por ciento mensual); ella fue prevista para capitales no indexados, dado que en el año 1973 en que la norma fue dictada no era procedente la actualización de los créditos dinerarios". Por lo expuesto y habiéndose dispuesto el ajuste por inflación hasta el 31/3/91, dicho rédito resultaría abusivo. (Cód. Civ. arts. 21, 953 y 1071)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, principio de congruencia, consentimiento informado, responsabilidad médica, control post operatorio
Materia: CIVIL
Carátula: CUGINI, MARIA ALEJANDRA c/ AQUINO, RICARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

Más allá de que pudieran considerarse desafortunadas las apreciaciones de la Alzada en sus referencias al consentimiento informado, y aun si no se compartiera lo aseverado cuando, al respecto y disintiendo, aquélla censuró las expresiones del Tribunal de baja instancia -que había entendido que el mentado extremo resultaba ajeno a la litis-, lo cierto es que los reproches de incongruencia y reformatio in peius, fundados en tales cuestiones, no lucen decisivos -en las circunstancias del caso- para revertir la suerte del litigio, toda vez que, después de hacer aquellas alusiones al consentimiento informado, lo cierto es que la Sala se avocó lisa y llanamente a la consideración in totum del núcleo de la discusión, y -habiendo anulado la sentencia anterior, y accedido al pedido del propio apelante que sugirió evitar el reenvío- dictó sentencia sobre el fondo; y en ese cometido, ciertamente desestimó los agravios al colegir que los estándares de observancia de las reglas de la lex artis y de cumplimiento de la debida diligencia médica aparecían puestos en cuestión por los datos que surgían del expediente entre los que adquiría especial relevancia la injustificada conducta del cirujano con posterioridad a la cirugía, que dejó de visitar a su paciente para efectuar el obligado seguimiento de su postoperatorio, a pesar de la especial atención que resultaba exigible, ya que es indudable que la intervención del médico cirujano no se debe limitar a la tarea que cumple en el quirófano en el acto operatorio, sino que debe proseguir hasta el momento en que termina la atención del caso mediante el alta. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta)
Gobierno de facto, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANSO, GERONIMO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ NULIDAD DE DECRETOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Lo atinente a determinar la justicia, el acierto o la eficacia de las medidas de remoción de magistrados, como la que motiva este litigio, está al margen de las facultades de la justicia, por tratarse de actos eminentemente políticos de un gobierno de facto;

razón por la cual deben desestimarse las argumentaciones que sólo ponen de manifiesto el desacuerdo del apelante con la doctrina que limita la órbita de la jurisdicción sobre la base de la defensa del equilibrio de los poderes del gobierno, y exponen la tesis que acepta la plena judiciabilidad de los actos políticos, sin conmover los fundamentos de la decisión.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, pago parcial
Materia: LABORAL
Carátula: GLABY, FRANCISCO NESTOR c/ LA BUENOS AIRES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

En materia laboral no es aplicable el artículo 742 del Código Civil, norma superada por el artículo 260 Ley de Contrato de Trabajo, que con mejor realidad permite pagos parciales, desde que su percepción no origina perjuicio alguno al crédito del trabajador.
Derecho al recurso, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

El derecho de recurrir la sentencia condenatoria dictada por la Cámara de Casación debe ser ejercido de modo de salvaguardar el debido equilibrio entre el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima y el derecho al recurso, ambos con jerarquía constitucional. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en disidencia parcial)
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrari,   Vicente  Benito  A. c/ Gendarmería  Nac. s/ Retiro  Militar  y Fuerzas de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-11

La impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen (este fuero, Sala IV, in re Dequino, Tomás , del 24/11/94).
Abogados, legitimación activa, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Cardoso, Evar Marcelino s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-12

Este Tribunal tiene dicho que el letrado carece de legitimación para solicitar por derecho propio que el juzgador se pronuncie acerca de la imposición de costas.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Luis Alberto. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-27

Si el imputado registra dos procesos en trámite -por delitos contra la propiedad- y los tres sumarios se han iniciado en el corto lapso de un año y medio, la marcada tendencia a verse envuelto en problemas judiciales pese a haber gozado de anteriores excarcelaciones, conducen, por aplicación del art.

319 del C.P.P.N., a considerar correcta la resolución que no hizo lugar a su soltura.
Asociaciones sindicales, Asociación de Trabajadores del Estado, Unión del Personal Civil de la Nación, SINAPA, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Tanto ATE como UPCN deben estar representados en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) porque la actividad de éste ha de incidir sobre el universo de trabajadores de la esfera estatal y la negativa a la participación de uno de ellos no vulnera sólo los derechos del gremio marginado sino los de todos sus miembros, cuya importancia numérica es de público y notorio conocimiento. Además, como la personería gremial implica la representatividad de los no afiliados, en virtud de la doble representación mencionada.
Prueba, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., O. L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-03

"Se habla de presentación de la prueba cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo, sin que deba adelantarse actividad alguna de práctica. en esta fase es más importante la actividad de las partes, para la suerte del proceso y el contenido de la sentencia. la proposición o presentación de la prueba está sujeta a condiciones extrínsecas de tiempo, modo y lugar, esto es, oportunidad y consecuente preclusión, idioma y forma oral o escrita, concentración en audiencia o en un período de tiempo o término para la presentación de los memoriales petitorios. Estos requisitos son indispensables para que tengan efectiva aplicación los principios fundamentales de publicidad, la contradicción, la lealtad, la unidad, la igualdad de oportunidades, la formalidad y legitimidad, la preclusión, la inmediación y la inmaculación de la prueba".
Divorcio contradictorio, apertura a prueba, audiencia de conciliación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: H., S. y B., E. s/ DIVORCIO ART. 214, INC. 2º, DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

Si bien el Defensor Oficial, en virtud de la representación que inviste, no tiene facultades para allanarse a la demanda, proponer fórmulas conciliatorias o arribar a transacción alguna, lo cierto es que cualquier planteo acerca de la procedencia o pertinencia de algún medio de prueba o de la prescindencia de producir la ofrecida, debe ser efectuado y resuelto por el juez en la audiencia prevista en el art. 360 del Código Procesal y previo traslado a la contraria. Por lo tanto y aún cuando su presencia pudiera ser meramente formal, hasta que la audiencia no se celebre, no está en condiciones de aseverar que ése será el resultado final, a lo que cabe sumar que la manifestación debe hacerse en la audiencia que se señala a ese fin.-
Supervisión de cumplimiento de sentencia, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, pago total, pedido excesivo
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Mémoli Vs Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-02-10

Si bien quienes accionaron contra la República Argentina por violación a la Convención Americana, motivando la declaración de responsabilidad internacional de dicho Estado -Caso Mémoli, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 22 de agosto de 2013, Serie C No. 265-, solicitaron una "compensación económica adicional" en forma posterior a prestar conformidad y recibir el pago total de las cantidades ordenadas por la Corte Interamericana en concepto de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos, no corresponde hacer lugar a lo pretendido pues, además de haberse empleado el criterio que usualmente se aplica en la materia, el reclamo aparece dos meses después de la expresión de conformidad sobre la reparación recibida, lo que impone considerar que la Argentina ha cumplido en forma íntegra con ese aspecto de la condena.
Revisión judicial de actos administrativos, cuestión política, facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres de Torre, Nilda del Valle y otro s/ Amparo- acción de no innovar innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-03-12

Respecto de la competencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en el caso, no obstante que el acto impugnado sea de carácter político, cabe advertir que aún los actos librados a la discrecionalidad de los Poderes del Estado, a efectos de disponerlos según convenga a los intereses públicos y en el momento en que se juzguen oportunos, si y siempre que la Constitución les impone una forma en la que han de llevarse a cabo, hace surgir para los Jueces el deber que les impone los arts. 128 y 132 de la Const. Prov.

En efecto, es principio republicano firme que el Poder Judicial tiene como función eminente juzgar no sobre la oportunidad y conveniencia de tales actos sino, una vez decididos, sobre la observancia de las formas en que han de llevarse a cabo según les ha sido establecido por el orden institucional. (Del voto del Dr.

Domingo Carlos Tulián, minoría.)
Caducidad de instancia, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  ISRAELITA  DE  CORDOBA EN: ADALBERTO DUARTE E HIJOS - SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS - QUIEBRA PROPIA - s/ INCIDENTE DE NULIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-01

La caducidad no debe declararse de oficio, sino a petición de partes en virtud de que existe una ley nacional de forma y fondo que rige el juicio concursal y como en ella no hay ninguna norma sobre la forma en que se operara la caducidad, son aplicables las reglas del orden local, debiendo estarse a lo dispuesto por el art. 1125 C P.C., en el sentido que prohibe que aquella se opera de oficio.
Revocación de sentencia, jubilación por invalidez, incapacidad laboral, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alfonzo Martínez, Indalecio c/ Instituto Nacional de Previsión Social. s/ Recurso de Hecho Previsión Social. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que denegó la jubilación por invalidez, pues el a quo, al resolver como lo hizo, se ciÑó estrictamente al dictamen emitido por la gerencia de medicina social que atribuyó al peticionante un reducido porcentaje de incapacidad y no ponderó otras pruebas, ni las demás condiciones económico - sociales y laborales del caso, ni tampoco el informe del Cuerpo Médico Forense que señaló la imposibilidad del recurrente para desempeñar las tareas declaradas, por lo que lo decidido condujo a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: González, Gabino Ismael c/ Estancia María Luisa s/ Diferencias salariales, Preaviso, Antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-23

Conforme a la norma contenida en el artículo 3987 del Código Civil, debe tenerse por no sucedida la interrupción del término prescriptivo, cuando se ha desistido de la demanda, entendiéndose que el desistimiento se refiere al proceso y no al derecho o a la acción, en cuyo caso los efectos serían similares o inherentes a la renuncia del derecho, por lo que resultaría inútil el problema de la subsistencia o no de la interrupción.
Régimen jubilatorio, ley vigente, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Camino de Velázquez, Zoila Leonor c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-02

Al haber quedado demostrado que durante la vigencia del régimen local se cumplieron todas las condiciones legales para obtener una prestación proporcional a los diferentes cargos desempeñados, debe concluirse que existe un derecho adquirido al reajuste según las reglas previstas por esa legislación, con independencia del momento en que se haya presentado la solicitud, toda vez que los beneficios previsionales no se extinguen por el mero transcurso del tiempo, ni pueden ser alterados o suprimidos por una norma posterior sin menoscabo de las garantías consagradas en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. - Del precedente "Mazzina, Blanca Lidia c/ ANSES" (Fallos:331:232), criterio reiterado por la Procuradora Fiscal a cuyo dictamen la Corte remite.
Competencia laboral, integración del tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: Woronko, María Catalina c/ Swift Armour S.A. Arg. s/ Despido, etc. Lassalle, Luis Alberto c/ Casa Lasalle SRL s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26|1985-11-12

Cuando las partes consienten la integración del Tribunal del Trabajo con sólo dos de sus miembros, lo que en realidad están aceptando es su 'desintegración' con transgresión de las normas de orden público que regulan la constitución de tales órganos jurisdiccionales.
Principio de legalidad, ley formal, imprescriptibilidad, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

La ausencia de ley escrita emanada del Congreso Nacional -ley formal- al momento de comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidios calificados durante la última dictadura militar no resulta impedimento para declarar la punibilidad de tales actos y aplicar la regla de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad pues ese instituto de la prescripción ya formaba parte de nuestro sistema normativo, entendiendo además que no es posible trasladar el fundamento republicano que da sustento al establecimiento de una ley formal en el ámbito interno al régimen internacional, carente por su esencia de un órgano parlamentario central. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., J. c/ F., P. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

No probadas las causales invocadas por la demandada-reconviniente, como justificativas de su actitud de dejar el seno del hogar conyugal, cabe calificarlo como voluntario y malicioso en los términos requeridos por el inciso 5° del art. 202 del cód. civil, texto ley 23.515.-
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ravaglia y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

El Poder Judicial de la Nación conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 108, 121 y 122 de la Constitución se define como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2. de la ley 27. Tales causas son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación de derechos debatidos entre partes adversas, cuya titularidad alegan quienes los demandan.
Intereses, tasas de interés, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: FIGUEROA WAYAR, Claudia Andrea c/  s/ Quiebra (pequeña)" Provincia de Salta c/ Aquatica S.A. s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-09-21|2020-05-19

En el contrato de promoción que suscribieron las partes quedó establecido el mecanismo para determinar la tasa de interés aplicable para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la beneficiaria (tasa fijada por la Dirección General de Rentas en los términos del art. 36 Código Fiscal); consecuentemente, se debe revocar el decisorio de la sentenciante que sostuvo la ausencia de pacto o norma que la establezca, y que por ello se debía aplicar la tasa que fije la reglamentación del Banco Central, de conformidad con lo establecido en el art. 768 del C.C.C. (tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina)
Empleados públicos, prescripción, personal suplente, docentes titulares, cambio de lugar de trabajo, interrupción de la prescripción, recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Peramos, Angel Francisco c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

No puede prosperar la excepción de prescripción de la acción invocada por la Provincia demandada -por considerar que han transcurrido más de diez años entre la fecha a partir de la cual el actor, Director interino de Escuela Común, pudo pedir la titularización en el cargo y la del efectivo reclamo-, por cuanto en el caso la acción no se encuentra prescripta, aun en el supuesto de considerarse que no fuera necesaria la declaración de ilegitimidad del acto de cesantía para que comience a correr el término de prescripción de los haberes caídos. Ello así, por cuanto el demandante funda su derecho, básicamente, en lo dispuesto por el artículo 5, inciso c), de la ley 21809 que -bajo ciertos recaudos- otorga la titularización, y dedujo demanda en un juicio anterior, en el que pretendió expresamente la titularización. En esa contienda recayó sentencia de la Corte provincial, en la que se señaló que el pretendido derecho a que se lo titularice no podía ser objeto de pronunciamiento porque faltó el reclamo administrativo previo; por lo que, luego, en su reclamo ante el Poder Ejecutivo pidió expresamente la titularización. De lo precedente se desprende que la primer demanda interrumpió la prescripción, con lo que quedó inutilizado, a los efectos del cómputo, el período posterior, en que la ley le dejaba expedita la acción para postular la titularización. Durante la sustanciación del juicio anterior, habido entre las mismas partes, el término no corrió.
Trabajadores rurales, categoría laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Héctor Bernabé c/ La Rufina S.A. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

La prueba producida nada aporta, pues no se verificó que el actor se hallare al frente de una explotación con o sin personal a sus órdenes, y que ejerciere sus funciones con relativa autonomía, es decir sin intervención inmediata y continuada de sus superiores -resol. 155/52 CNTA- para ser catalogado como encargado (Voto Romero. Adhesión Welp)