Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-10


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO:17 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 10 días del mes de octubre del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y Dra. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 153/04 "DR. JULIO C. ANDRADA en autos Expte. Nro. 138/98 LINDOW G. y Otro c/ SOCHI, Oscar y Otro s/ Daños y Perjuicios - s/ Ejecución de Sent.- s/ CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 29, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA,.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 1/10 el apoderado de la parte demandada interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Nro. 92/04 emitida por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación, invocando las causales previstas en los incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C..

Luego de enumerar las condiciones de admisibilidad del remedio que intenta, reseña que el arribo al Tribunal de Alzada se produce a raíz de la impugnación que la parte actora interpusiera en contra de la sentencia mediante la cual el A-quo aprueba la planilla de liquidación de intereses presentada por sus representados, y de la que surge que el criterio correcto para determinar el coeficiente a aplicar para liquidar intereses era la división y no la resta. Que en dicha instancia por Sentencia Interlocutoria se rechaza la apelación deducida; que notificados sus representados de la resolución recurrida, a posteriori y merced de un pedido de aclaratoria efectuado por el actor-ejecutante, el mismo Tribunal resuelve cambiar radicalmente la decisión, dándole la razón ahora al apelante actor. Que ello denota nulidad y arbitrariedad pues por vía de una aclaratoria se altera la sustancia de un pronunciamiento, violando de esa manera el debido proceso constitucional y el derecho de defensa.

Agrega que en la hipótesis en que el fallo hubiera estado mal hecho la contraria debió en su caso interponer un recurso contra la sentencia y no pedir aclaratoria, motivo por el cual se solicita se deje sin efecto este último pronunciamiento.

En segundo orden señala que la arbitrariedad de la sentencia se manifiesta en la omisión de tratar la cuestión sometida a decisión, la cual difería de la otrora resuelta por el Tribunal de Alzada a través de la Sentencia Nro. 43 donde se confirmó la operación de "resta" como mecanismo útil para obtener el coeficiente a aplicar para calcular los intereses adeudados. En tal sentido, señala que la diferencia consistía en la incorporación al proceso de una pericia contable que informaba acerca del mecanismo que se debía aplicar y de la que resultaba que lo correcto era la división, prueba que valora el A-quo para cambiar su criterio y decidir en concordancia con la pericia. Siendo ello así, no entiende cómo el Tribunal de segunda instancia se mantiene en la posición anterior propugnando el criterio de la resta, so pretexto de ser una cuestión ya concluida, cuando la naturaleza de la temática propuesta y el aporte de nuevos elementos de juicio requería al menos la revisión de la cuestión. Que dicha forma de resolver lleva aparejada la arbitrariedad de la sentencia. Por lo que haciendo reserva del caso federal, concluye su presentación peticionando el acogimiento del recurso de casación.

A fs. 14/16 obra contestación de la contraria quien solicita en base a las razones que allí se exponen el rechazo del recurso, con costas. - A fs. 24 la Corte de Justicia, resuelve declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. - A fs. 25/27 vta. se agrega el dictamen del Sr. Procurador, y luego a fs. 30 se suspende el llamado de autos para sentencia, ordenándose como medida para mejor proveer la realización de una pericial contable, la que es producida a fs. 44/46 con lo que la causa queda en estado de ser resuelta. - Preliminarmente resulta conveniente recordar, y pese al déficit del escrito postulatorio en lo que hace a un claro relato de los hechos como una carga mínima que debía cumplir el recurrente, que la cuestión se origina en el marco de un proceso de daños y perjuicios donde se condena a la parte demandada a pagar una suma en concepto de indemnización por un monto $ 87.486, más los intereses correspondientes a la tasa pasiva que mensualmente informa el Banco de la Nación Argentina.

Que iniciado el proceso de ejecución de sentencia, y dictada que fuera la sentencia de trance y remate, se presenta la parte demandada depositando el capital reclamado, solicitando la sustitución del embargo trabado e impugnando la planilla de liquidación confeccionada por la parte actora, ello en el entendimiento que la operación a efectos de calcular los intereses adeudados era la división y no la resta como lo afirmaba la actora.

El Juez de primera instancia resuelve rechazar la impugnación considerando, para así resolver, que el mecanismo hábil para obtener el coeficiente de cálculo de los intereses era la resta, aprobando así la planilla presentada por el ejecutante; resolución que luego de ser apelada por los demandados termina siendo confirmada en la Alzada.

Seguidamente los actores actualizan la planilla y corrido el traslado de ley, los accionados deducen nueva impugnación donde ofrecen prueba pericial a efectos de dilucidar el mecanismo a aplicar. El actor contesta señalando que el mecanismo ya había sido establecido primero por el A-quo y luego por el Tribunal de Alzada, quien confirmando la sentencia de aquél, precisó que lo que correspondía era restar la tasa de momento inicial de la tasa del momento final, obteniendo así un porcentaje que se debía aplicar al capital reclamado.

Posteriormente los demandados depositan el importe al que ascendía el monto de los intereses calculados por un perito de parte, reiterando en dicha oportunidad la designación de perito contable a efectos de dirimir el conflicto netamente contable que se había suscitado, pedido al que se opone el ejecutante.

Producida la pericia contable e informadas las partes interesadas del resultado de la misma, el Juez de primera instancia resuelve reexaminar la cuestión, que lo correcto a efectos de obtener el coeficiente era el procedimiento de la división ello en concordancia con el informe pericial.

Notificada de esta resolución, la parte actora que había propugnado en todo el proceso el mecanismo de la resta, interpone recurso de apelación. Radicados nuevamente los autos en la Alzada, el Tribunal al determinar que el A-quo se había apartado de lo resuelto con anterioridad y que en consecuencia correspondía revocar la resolución puesta en crisis dándole así la razón al ejecutante, desliza sin querer un error en la parte dispositiva de la Sentencia, expresando que lo que correspondía "era rechazar el recurso deducido por el ejecutado" cuando debió decir acoger el recurso deducido por el ejecutante.

Contra tal resolución el ejecutante, que fue el único apelante, plantea aclaratoria, pedido que resuelve el Tribunal por Sentencia Interlocutoria, reconociendo el error cometido y corrigiendo la parte pertinente del resuelvo de su anterior Sentencia. Contra tal resolución los ejecutados interponen el presente recurso de casación invocando como motivo fundante el vicio de arbitrariedad de la sentencia. - Como se sabe la télesis del recurso deducido, apunta por un lado a revisar la aplicación de la ley y de la doctrina legal -función nomofiláctica- y por otro a mantener una interpretación uniforme de las normas vigentes -función uniformadora-. Empero no debe olvidarse que por ser un órgano de justicia el que lo resuelve, se deberá también arribar a la solución equitativa del caso -función dikelógica-.

Serán sin dudas estos altos cometidos los que me inducirán a calar en lo hondo del asunto, ello sin dejar de reconocer que la cuestión procesal que se origina tras la corrección de la parte dispositiva de la Sentencia mediante un pedido de aclaratoria deviene a esta altura del discurso sino inoficiosa al menos secundaria.

Que así el cuestionamiento que formula el recurrente y que finca en la improcedencia de la aclaratoria a efectos de corregir el error cometido en la Sentencia donde en la parte dispositiva se rechaza el recurso de apelación deducido por la ejecutante y luego alterándose sustancialmente lo decidido se resuelve acoger el remedio intentado, no suscitará mayor aclaración, pues entiendo no puede impedírsele al Tribunal por rigurosa aplicación de los términos procesales, que subsane una notoria contradicción entre el razonamiento desplegado en los considerandos y la conclusión final que surge de la parte dispositiva, pues de pura lógica es, que la parte resolutiva de una sentencia deba interpretarse con el alcance que le dan sus considerandos, al constituir aquélla una unidad lógico-jurídica cuya parte resolutiva debe derivar razonadamente del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación.

Siendo ello así, estimo en este punto el pronunciamiento recurrido no amerita revisión alguna. - Entrando ahora al segundo y sustancial agravio, debo reconocer, asiste razón al recurrente cuando adjudica naturaleza contable a la cuestión que originada en el trámite de ejecución de sentencia, se circunscribió en torno a cuál era el mecanismo que se debía aplicar a los efectos de liquidar los intereses correspondientes a la tasa pasiva, ello al estar así ordenado en la sentencia condenatoria. Es decir, en aquella oportunidad se debatió si lo que correspondía era aplicar el criterio de la división como propugnaba la parte ejecutada, ahora recurrente, o bien si lo que se debía hacer era imponer la resta como pretendía la actora, cuestión que como podrá advertirse no resultaba intrascendente para quien debía pagarlos, pues de aplicarse uno u otro criterio se arribaba a una diferencia de aproximadamente $ 20.000. Como se sabe esta circunstancia fue reconocida por este Tribunal, cuando a fs. 30, suspendiendo el llamado de autos para sentencia, dispuso como medida para mejor proveer la designación de un perito contable a efectos que dictamine cuál era el mecanismo o fórmula de cálculo que se debía aplicar a la tasa pasiva, ello conforme el comunicado Nro. 14290 del Banco Central de la República Argentina.

Así las cosas y convencido entonces que la finalidad del recurso examinado me impone el tratamiento de la presente cuestión, iniciaré el mismo no sin antes recordar que la misión específica de los magistrados no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto, debiéndose desestimar toda interpretación que conduzca a una denegación de justicia por cuestiones puramente formales.

Que planteada y resuelta la temática propuesta de un modo dispar, ello por cuanto en un primer momento tanto en Primera Instancia como en Cámara se determinó que el procedimiento correcto era la resta. Luego y producida que fuera la pericia contable, resuelve el A-quo cambiar su criterio determinando en base a la misma que el procedimiento acertado era la división, lo que generó el cuestionamiento del Ad- Quem, pues la cuestión resultaba a esa altura concluida motivo por el cual no se debía volver sobre lo mismo. Ante esta situación, luce imperioso que este Alto Cuerpo ejerza su función revisora y unifique la interpretación que debe dársele a la normativa en cuestión, ello con el fin de evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implica el distinto tratamiento dado a la cuestión litigiosa.

Por lo que, adentrándome en el meollo del asunto, deviene necesario recordar, que la ejecución de la sentencia dictada en el proceso de conocimiento se encuentra circunscripta a los límites de la decisión recaída. Que frente a la impronta de orden público y jerarquía constitucional que exhibe la cosa juzgada surgente de la sentencia firme, la liquidación a concretar debe acompasarse a las precisas pautas señaladas en la misma, pues la fase ejecutoria está delimitada por el alcance de la sentencia que dinamiza y legitima la suma líquida a oblar. - Que el valladar infranqueable que conforman los términos de la sentencia dictada y firme, no pueden ser modificados bajo ningún concepto.

Que las resoluciones que aprueban liquidaciones no adquieren autoridad de cosa juzgada, de modo tal que es posible su rectificación por el tribunal si se cometieron errores al practicarlas.

Que en autos se cuestiona la conducta asumida por el Juez de primera instancia, quien advertido del error cometido, modifica el criterio de liquidar los intereses -tasa pasiva- aplicando una fórmula -resta- que no resultaba apropiada para satisfacer el resarcimiento debido.

A dicha conclusión arriba el magistrado cuando al verificar la aplicación del criterio de la división al caso concreto advierte, en base al informe pericial, que el resultado numérico difería notoriamente al de la liquidación cuestionada, alejándose este último, y por la razones que en el informe se exponen, de las pautas aplicables consignadas en el Comunicado Nro. 14.290 del Banco Central de la República Argentina.

En relación a ello, dable es consignar que el criterio sustentado por el A-quo resulta definitivamente confirmado, en esta instancia extraordinaria, por el informe pericial que obra a fs. 44/46 y del cual se desprende, que la forma de cálculo a los fines de determinar la tasa de interés aplicable a un determinado período, es partiendo de las tablas de tasas de interés pasivas que publica el B.C.R.A. Para el cálculo del numerador de la fórmula, se toma el índice final (actual, es decir hasta el día que se quiere actualizar) y se le adiciona el importe de 100 (cien), para el cálculo del denominador de la fórmula, se toma el índice inicial (desde el día en que se quiere comenzar con la actualización) y se le adiciona el importe de 100. Luego se divide el numerador y el denominador antes mencionado, y a ese resultado de la división se le resta 1 y, finalmente, a ese importe se lo multiplica por 100. Este resultado final da la variación en por ciento durante el período que se desea, siendo esta tasa, en por ciento, la que se debe aplicar al capital que se quiere actualizar de modo de llegar finalmente al interés ordenado en la sentencia. Es decir, debe aplicarse exclusivamente la siguiente fórmula:

100 + tasa final ------------------- - 1 x 100 = tasa de interés en por ciento 100 + tasa inicial De lo expuesto puede inferirse, sin mayor dificultad, que la razón le asiste al ejecutado, motivo por el cual deviene, en mi opinión, injustificado cuestionar de alguna manera la conducta observada por el A- quo quien, lejos de apartarse de su misión última y esencial, no se olvidó que la cosa juzgada no busca fijar el texto formal del pronunciamiento sino la solución real adoptada. Por lo que si ésta ordenaba el pago de una determinada suma de dinero en concepto de indemnización más los intereses que correspondían a la tasa pasiva que mensualmente informa el Banco Central de la República Argentina, la liquidación de aquéllos aplicando un criterio inapropiado que sobredimensionaba el alcance de la sentencia condenatoria, no solo importaba el avasallamiento liso y llano del principio de cosa juzgada, sino que conducía a un enriquecimiento sin causa del actor.

Siendo ello así, estimo deberá revocarse en este punto el pronunciamiento recurrido, pues entiendo la jerarquía constitucional que exhibe la cosa juzgada prevalece sobre cualquier norma procesal que pueda invocarse como impedimento para alcanzar la verdad sustancial. Solo así podrá asegurarse un adecuado servicio de justicia.

En síntesis propicio, si mi voto fuera compartido, la revocación del fallo. Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero y hago míos los medulosos fundamentos y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que coincidiendo con el criterio de los Sres. Ministros preopinantes sólo desearía agregar, que aunque en una mirada superficial podría parecer que tanto el Magistrado de Primera Instancia en su resolución de fs. 190/194 y esta Corte, en el presente pronunciamiento, modifican resoluciones que ya habían adquirido firmeza las de fs. 110/111 y fs. 143/148 en relación al cálculo de la tasa de interés aplicable, lo que en buen derecho se hace es preservar la autoridad de cosa juzgada que en sentido material y formal gozaba la Sentencia Definitiva dictada en el proceso principal y que mandaba el pago de intereses según la tasa pasiva del B.C.R.A., pues fue este criterio de estabilidad plena en que fue afectado por las resoluciones que ordenaban un método de cálculo equivocado, modificando por vía de resoluciones meramente operatorias y en proceso ejecutivo, que no cuentan con cosa juzgada material de la decisión originaria y desnaturalizando por un cálculo matemático la irreversibilidad de la Sentencia principal. - Tal circunstancia evaluativa surge clara cuando la doctrina define la cosa juzgada como la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia bajo la condición indispensable que ella se haya emitido en proceso contradictorio y con carácter definitivo, de lo que se colige que lo verdaderamente afectado en el proceso de ejecución fue el mandato de la Sentencia Definitiva (esto es, sus efectos) de la aplicación de determinada tasa de interés de acuerdo a su correcto cálculo. Discusión que, por otra parte, ha sido admitida por la jurisprudencia cuando acepta la observación de la liquidación por exorbitancia de la tasa de interés, fundándose en que no se cuestiona (al contrario, se preserva) la cosa juzgada que produce la Sentencia en cuanto condena al pago de intereses, sino el monto de ellos cuya licitud o inmoralidad solo puede apreciarse al momento de la liquidación (Iván Calderón -Nulidades Procesales y Relatividad de la Cosa Juzgada- Pág. 198).- - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme los lineamientos y conclusiones a los que arribo en la primera de las cuestiones planteadas, entiendo que las costas deben imponerse por el orden causado, pues la cuestión planteada ha resultado sumamente confusa y opinable. Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que coherente con mi adhesión expuesta en el primer voto, vuelvo a sostener lo resuelto por el Sr. Magistrado que me precede en el Acuerdo, por lo que en definitiva las costas deben imponerse en el orden causado. Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez mas adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído al Sr. Procurador General en su Dictamen Nro. 210/04 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar la Sentencia Interlocutoria Nro. 92/04 (Fs. 210/vta., Expte. Cámara Nro. 177/02) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Primera Nominación; consecuentemente revocar el mismo con los alcances dados en la parte pertinente del presente Fallo.

2) Imponer la costas en el orden causado.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de la Primera Nominación que deberá proceder a la devolución al recurrente de los depósitos judiciales, obrantes a fs. 11 y 22 de autos. - 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. -