marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, relación de dependencia, prescripción, Derecho laboral, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: VOLTA, JUAN ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 31 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

En materia de prescripción de reclamos derivados de la relación de empleo público y ante la ausencia de norma en el derecho público local, ha de preferirse la integración analógica con normas del derecho laboral, concretamente, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, siendo el plazo de prescripción aplicable al caso de dos años previsto en dicha norma, corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción planteada, sin que obste a lo expresado el encuadre normativo que la accionada pretende (art. 4027, inc. 3) C.C.), y la interpretación que otorga a los hechos de la causa en función de aquél, por los que postula la prescripción de ciertos períodos reclamados, por cuanto ello no inhibe al Tribunal de aplicar, en ejercicio de sus facultades y deberes de juzgamiento, la norma pertinente subsumiendo en ella los hechos que considere jurídicamente relevantes.
Obligaciones en moneda extranjera, pesificación, comercio exterior, avalista, entidades financieras, aplicación de la ley, emergencia económica
Materia: ECONOMIA-COMERCIAL
Carátula: Transco S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ amparo contra actos de particulares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Si bien el Banco Central dictó diversas reglamentaciones de las normas de emergencia, que previeron los términos de la pesificación de obligaciones en moneda extranjera, dicha circunstancia no permite excluir del ámbito del Decreto 410/2002 a la obligación pactada entre las partes, siendo que el BCRA resulta ajeno a dicha relación comercial (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la Corte).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, sentencia absolutoria, tenencia de estupefacientes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Croci,  Rubén Alberto y otros s/ infrac. a la ley 23.737 -causa Nro. 32/97-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Es descalificable el pronunciamiento que -al absolver al imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- se apartó de las constancias de la causa con argumentos carentes de razonabilidad y otorgó una prevalencia indebida a los dichos del inculpado, habiendo considerado la prueba de cargo en forma fragmentaria y aislada.
Accidente de tránsito, homicidio culposo, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Nieva, José Luis s/ Recurso de Casación interpuesto por el Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, Dr. Jorge Silva Molina en autos "Nieva, José Luis p.s.a. Homicidio Culposo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-05

Contra el Auto Interlocutorio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos que resolvió declarar la nulidad absoluta de la Pericia Accidentológica y, consecuentemente, de la Sentencia nro. 33/07 y de la solicitud ministerial del Sobreseimiento total y definitivo del imputado por la supuesta comisión del delito de Homicidio Culposo, recurre en casación el Sr. Fiscal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en su condición de representante de los intereses sociales, invocando el motivo formal previsto en el art. 454 inc. 2do. del C.P.P., sosteniendo que la resolución en crisis no ha afectado el derecho de defensa del querellante particular.

Señala que el Fiscal que llevó a cabo la investigación Penal Preparatoria no vulneró el derecho concedido a las partes, ya que en constancias de autos se advierte que el decreto que ordena la realización de la pericia accidentológica y su respectiva notificación a las partes a fin de que hagan uso de las facultades previstas en el art. 247 del C.P.P.,, no es de fecha 21/09/07, sino del 21/09/06, y que en ésta última fecha no se encontraba aún constituido el querellante particular, el cual recién se constituyó 10/04/07. Ante ello, el casacionista aduce que al momento de la pericia cuestionada, mal puede habérsele notificado al querellante pues éste no se encontraba constituido en la causa.

El propio sentenciante, al momento de conceder el recurso de casación interpuesto, ha reconocido que le asiste razón al impugnante en cuanto a la disconformidad con la decisión atacada.

Por lo tanto, cabe revocar el Auto Interlocutorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhorto y, en consecuencia, sobreseer total y definitivamente al imputado por la supuesta comisión del delito de Homicidio Culposo.
Responsabilidad médica, médicos residentes
Materia: CIVIL
Carátula: Carranza Roberto En J° 146.311/12.825 Alarcon Mario Avelino Y Ots. c/ Guillen Ivana Y Ots. s/ Daños y Perjuicios (Con Excep. Contr. Alq.) S/ Inc. Cas
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-11-06

No corresponde eximir de responsabilidad a un médico residente por la sola circunstancia de investir esa categoría, pues habrá que analizar en cada caso cuál ha sido su participación personal en el acto médico y o si actuó dentro de la órbita de sus facultades o realizó una práctica contraria a la impartida por su superior.
Accidente de tránsito, sentencia, principio de congruencia, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Misischia, Héctor Eduardo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Sumario de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

Si al demandar por daños y perjuicios el actor afirmó que era propietario del automotor afectado y que lo explotaba como taxi, obteniendo una ganancia que estimó en una suma dineraria, incurre en absurdo el fallo de la Cámara al rechazar la pretensión sosteniendo que el juez de origen la acogió sobre la base de una titularidad distinta de la invocada, como es la de usuario o poseedor, porque esa titularidad fue invocada en la demanda y se tuvo por probada por los medios que valora adecuadamente la sentencia de primera instancia, violándose así los arts.34 inc.4 del C.P.C.C. y 1110 del Código Civil.
Seguridad social, aplicación de la ley previsional, in dubio pro operario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINELLI, MIGUEL c/ D.N.R.P. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-11

En el campo previsional desaparece "la situación de debilidad obrera frente a la preponderancia patronal cfr. Deveali, "Interpretación y Aplicación del Dcho. del Trabajo", D.T. XLVIII, pág. 161), verdadero soporte ideológico del principio "indubio pro operario". Además, debe tenerse en cuenta que, frente al interés del individuo puede alzarse el interés de la comunidad de afiliados y beneficiarios con tanta o mayor intensidad. Ello sin perjuicio que se siga en términos generales la antiquísima directiva de la C.S.J.N. en el sentido de que las leyes previsionales deben interpretarse con máxima prudencia cuando su aplicación pudiere conducir a la pérdida de algún derecho.
Prueba pericial, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CONTI, MARIO c/ JAIME DE LARA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-05

La caducidad de la prueba pericial, se configura en el supuesto de haber demora imputable a la parte que lo propuso y que ello implique una dilación injustificable en el normal desarrollo del proceso, con la lesión clara del principio de celeridad procesal.
Honorarios, ejecución de honorarios, plazos procesales, pago, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: San Juan Tennis Club  S.A. c/ Prop. Av. San Juan 625 s/ Posesión vicenal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Al fijarse un plazo de diez días para la percepción de los honorarios, se tiene en cuenta la significativa inflación existente, que afectaba la integridad de las remuneraciones profesionales. En las actuales circunstancias, al haber desaparecido, en lo esencial, el factor computado en razón de la vigencia de la ley de convertibilidad del austral Nro. 23.928, es razonable, dadas las modalidades inherentes al mecanismo administrativo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en su función de persona jurídica de carácter público (artículo 33 del Código Civil), otorgarle un plazo de treinta días para el cumplimiento de la obligación a su cargo.
Daño resarcible, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: D' E., L.M. c/ Le Lis SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

La exclusión del trabajador de la tutela consagrada en forma general por la ley 23.592 implicaría una violación de los principios de justicia social y de protección del trabajo humano y del carácter compensatorio del Derecho del Trabajo, que supone el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de preferente tutela constitucional (arts. 14 bis, 75, incs. 19 y 23 CN), llegando a la paradoja de que una norma pensada para prevenir y sancionar actos discriminatorios sería aplicable con un sentido arbitrariamente discriminador a un grupo numeroso de personas -los trabajadores asalariados- que gozan de una protección jurídica más intensa. Por otra parte, cabe agregar que, según jurisprudencia reiterada de nuestro más Alto Tribunal, la ley 23.592 es de naturaleza federal y reglamenta directamente un principio constitucional de tal magnitud que excede el concreto interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad -art. 16 y concs., Ley Fundamental y pactos internacionales incorporados a ella- (Fallos 322:3578, 324:392 y sent.

del 11/07/06, "Triaca, Alberto Jorge c/Southern Winds Líneas Aéreas S.A.", pub.

en E.D. del 25/10/06, p. 6). De todos modos, aun cuando no existieran normas legales como la ley 23.592, la reparación del daño moral por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación igualmente procedería por la operatividad y autoaplicación de las normas de jerarquía constitucional y supralegal mencionadas precedentemente y su interpretación por los tribunales y organismos pertinentes. Igual solución corresponde adoptar desde la perspectiva de la libertad sindical vulnerada.
Responsabilidad del funcionario público, delito doloso, culpabilidad, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

Para que exista la responsabilidad del funcionario es preciso la concurrencia de factores de atribución subjetiva de responsabilidad del agente: su dolo, culpa o negligencia (arg. arts. 1073, 1109 y concs., C.Civ.).
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lucino, Jorge Ramón c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La prueba pericial resulta un medio decisivo -en cuanto a su eficacia- para resolver la cuestión debatida en torno al grado incapacitante del agente a los fines de la obtención del beneficio jubilatorio extraordinario.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, daño moral, monto de la indemnización
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, EDUARDO. s/ ACCION CIVIL. Daño moral.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Si bien la querella solicitó en concepto de daño moral un 20% de la cantidad fijada para el daño material, sin acreditar dicho aserto, lo cierto es que de acuerdo a lo prescripto por el art. 1078 del Cód. Civil se encuentra incluido dentro de la obligación de resarcir el daño causado. Por otra parte el art. 29 C.P. es claro en el sentido de que la sentencia condenatoria puede ordenar la indemnización del daño moral, fijándose prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.
Contratos, autonomía de la voluntad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DEL SUD SA c/ ALBAITERO EDUARDO DANIEL Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-19

Se configura un exceso jurisdiccional cuando el sentenciante se inmiscuye en una relación contractual regida en esencia por el Código de Comercio, modificando discrecionalmente lo que en forma expresa e indubitable pactaran las partes. Al fijar el Juez de Primera Instancia una tasa de interés ajena a la voluntad de éstas-no siendo una cuestión puesta a resolución judicial por causa alguna-asumió un rol para el que no había sido convocado. Pese al planteo apelatorio ante la Cámara, ésta si bien revoca el contenido de los resuelto, rehabilita la función de determinar cuál es la tasa de interés que debe regular la relación entre las partes a partir de la ejecución hipotecaria promovida, concluyendo en una verdadera alquimia de engorroso entendimiento. En este tema de fijar la tasa de interés aplicable, la tarea de los órganos judiciales es supletoria de lo que voluntariamente han pactado los contratantes.

Si lo convenido es claro y no admite confusión, y no está comprometido el plexo ético o moral, no cabe por sí al Juez determinar el interés.
Proceso penal, sentencia no firme, queja por casación denegada
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Navarro, Pedro Armando s/ Recurso de Queja por casación denegada presentado por los Dres. Marcos Denett y Gastón Navarro, abogados defensores de Pedro Armando Navarro, en Expte. Letra "N" Nº 116/09, caratulado: Navarro, Pedro Armando -Dres. José Alberto Furque y Angel Ricardo Granizo formulan oposición al decreto de determinación del hecho delictivo atribuido al imputado Navarro Pedro Armando en causa Expte. "N" Nº 205/09 de la Fiscalía de Instrucción Nº 5 c/ Auto Interlocutorio Nº 41/10, de fecha 13/05/10, emanado de la  Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la querellante particular contra el decreto de determinación del hecho delictivo atribuido al imputado y confirmó la resolución apelada en todo lo que fue materia de agravios.

Contra dicha resolución los abogados defensores del imputado interpusieron recurso de casación, agraviándose de la omisión de condenación en costas a los apelantes vencidos.

Por auto interlocutorio dicha Cámara declaró inadmisible el recurso.

En contra de dicha resolución, es deducida esta queja.

Como fundamento de su queja, los recurrentes alegan que, habida cuenta del defecto que presenta la sentencia de la Cámara, al incumplir el mandato legal que ordena pronunciarse sobre las costas, indebidamente fue denegado el recurso de casación, en tanto procedía su concesión en el marco del inc. 4º, del art. 454 del CPP, por la inobservancia de las normas establecidas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.

Luego de constatar que el a quo omitió resolver sobre las costas de esa instancia, se impone evaluar si esa omisión es susceptible, como pretende el recurrente, de ser enmendada por la intentada vía de la casación, a fin de decidir sobre el acierto o el error del Auto impugnado que se pronuncia por la improcedencia de la vía, por considerar que la sentencia atacada no es definitiva.

En esta dirección, cabe concluir que con la omisión de pronunciamiento expreso sobre las costas de la incidencia, el a quo no resolvió sobre la materia y, desde ese horizonte, que no existe sentencia sobre ésta y, por ende, no existe sentencia definitiva.

Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar correctamente denegado el recurso de casación deducido y, como consecuencia, no hacer lugar a la Queja deducida.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO, MARCELO NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 367 A O 1985)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

Conforme está reglamentado en el decreto 2695/83, el adicional por inspección se otorga por el desempeño de esas funciones y no otras o aquellas en concurrencia con otras. Su pago es integral, no pudiéndose abonar proporcionalmente según las tareas encuadren o no dentro de las que se bonifican. En el caso, entre los antecedentes del actor figura la realización de tareas de "asesoramiento", las que resultan extrañas y no se compadecen con la naturaleza claramente inquisitiva de la inspección a terceros, por lo que cabe rechazar el reconocimiento pretendido
Cheque sin fondos, concurso preventivo, asesoramiento profesional, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: MASTRIACO, GUSTAVO D.MASTRIACO, ALDO R. s/ Cheque sin fondos Causa 31717
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-07

1- Debe confirmarse la absolución fundada en una situación de duda respecto a la existencia de un error no imputable (Art. 34 inc. 1) del Código Penal) si los procesados por el delito de emisión de cheques sin provisión de fondos fueron aconsejados por abogados de abstenerse de pagar los cheques rechazados con el fin de no privilegiar a determinados acreedores en perjuicio de otros, considerándose el ámbito concursal y de derecho penal.- 2- El error no es por sí solo excusante y para ser tal debe recaer sobre determinaciones, que son las que de haber sido conocidas le hubiera permitido comprender la criminalidad del acto (Cf. Sala 3, Reg. 48/90).
Accidente de tránsito, bocacalle, culpa concurrente
Materia: PROCESAL-PENAL.
Carátula: D'ACIERNO, MARCO B. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-08

Tampoco se trata de afirmar que toda colisión en encrucijadas reconoce indefectiblemente conductas culposas de los protagonistas. Es cierto que el damero ciudadano coloca ante un claro reconocimiento de circunstancias de peligros en las encrucijadas que obligan a extremar los recaudos y que, en tal sentido, no se necesita una exagerada exigencia de prudencia para concluir, en la mayoría de los casos, que existen concurrencias de culpas. Sea por indebida confianza en las posibilidades de dominio propias o en la conducta de terceros, las bocacalles en demasiadas oportunidades son encaradas en forma reprochable.
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, crédito laboral, sindicatos, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Unión  del  Personal  Civil  de la Nación UPCN c/ Estado NacionalI.N.T.I.   Instituto   Nacional   de   Tecnología  Industrial s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-10

En el régimen de consolidación de deudas del Estado, tratándose de créditos reconocidos a favor de una entidad sindical derivados de obligaciones emergentes de un convenio colectivo y de la ley 23.551, no rigen los intereses correspondientes al régimen de obras sociales porque es de plena aplicación la directiva del artículo 622 Código Civil. Así, de conformidad con lo resuelto por la C.S.J.N. in re "Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otra", del 17/5/94 y en uso de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil, deben aplicarse los siguientes intereses: a)sobre los créditos correspondientes a los períodos comprendidos en la consolidación de la ley 25.344 (es decir, los de causa o título anterior al 01/01/2000) se aplicarán los accesorios del 12% anual, que correrán desde que cada suma fue debida y se calcularán hasta el 31/12/99 -atento lo normado por el art. 45 de la ley 26.078-. A partir de dicha fecha regirán lo intereses previstos respecto de las deudas consolidadas para el lapso posterior a la fecha de corte (arg. arts. 12 inc. a y 13 del anexo IV del decreto 1116/00); b) sobre los créditos correspondientes a los períodos comprendidos en la consolidación de la ley 25.725 (es decir, los de causa o título posterior al 31/12/1999 y anterior al 01/01/2002) se aplicarán los accesorios del 12% anual, que correrán desde que cada suma fue debida y se calcularán hasta el 31/12/2001 -atento lo normado por el art. 45 de la ley 26.078-. A partir de dicha fecha regirán los intereses previstos respecto a deudas consolidadas para el lapso posterior a la fecha de corte (arg. arts. 12 inc. a y 13 del anexo IV del decreto 1116/00); y c) sobre los créditos correspondientes a los períodos excluídos del régimen de consolidación de deuda pública (es decir, aquéllos cuya causa o título es posterior al 31/12/2001), se aplicarán los accesorios conforme la tasa activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. lo decidiera esta Cámara en el Acta Nº 2357 del 07/02/2002) que correrán desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, sin perjuicio, claro está, de que la cancelación deberá canalizarse por la vía prevista en el art. 22 de la ley 23.982
Pena única, monto de la pena, inhabilitación absoluta
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Esteban Nahuel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

Adhiero a la solución que propone la colega que lidera el acuerdo, con la salvedad que la pena única que entiendo que en definitiva corresponde imponer es la de 4 (cuatro) años y 6 (seis) meses de prisión, con más la inhabilitación absoluta del art. 12 del C.P. y costas (de acuerdo a mi voto in re "Jerez, Carlos Alberto"). (Dra. Berraz de Vidal, en disidencia parcial).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Antonio Gabriel s/ Querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

No se configura violación del art. 156 de la Constitución Provincial si supuestas cuestiones esenciales cuya omisión se denuncia no fueron sometidas oportunamente a decisión judicial.
Flagrancia, monto de la pena, escala penal, revocación de sentencia, recurso de apelación (procesal), concurso real, robo calificado, arma de fuego, código penal, código procesal penal, prueba, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Florentín, P. L. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-22

Cabe hacer lugar a la apelación interpuesta contra la decisión de remitir el legajo a procedimiento ordinario, debiendo continuar bajo el de flagrancia, en el caso en que se atribuye al encausado la comisión del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, en concurso real entre sí -tipificado en el artículo 166 del Código penal-, pues conforme lo establecen los artículos 285, 353 ter y 353 bis del Código procesal penal, relativo a la verificación de la flagrancia y la intervención del Ministerio Público Fiscal, el monto máximo de la pena no supera los veinte años y las pruebas ofrecidas no indican ninguna complejidad que impidan su trámite bajo dicho régimen.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vida, Norma Antonia c/ Noto, Rosario Hugo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

La excepción de inhabilidad de título es inadmisible si no se niega la existencia de la deuda.
Plan austral, decretos, interpretación de la ley, inflación, obligaciones a plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Cía. Swift de La Plata  SA.  y otros s/ quiebra  -  inc.  de Liq. Deltec Arg.  SA . y Deltec Internat. Ltd. -  inc. de ejecución de adjudicación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

La exégesis de las disposiciones del decreto 1096/85 no puede hacerse en forma autónoma, y deberá inspirarse en los fundamentos que motivaron su dictado, tendientes a conjurar las expectativas inflacionarias implícitas al concertarse una obligación a plazo.