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Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

En el desarrollo de los llamados derechos inviolables del hombre, la Constitución de Santa Fe abre el tema en el artículo 7, cuando afirma que "el Estado reconoce a la persona humana su eminente dignidad" y establece el deber de todos los órganos del poder público de respetarla y protegerla, lo cual refleja con énfasis la repugnancia del constituyente frente a regímenes que degradan la suprema dignidad de la persona humana sometiéndola al vejamen de estructuras políticas en nombre, a veces, de concepciones absurdas.

Este principio de la "eminente dignidad de la persona humana" no es un derecho, como a veces se afirma. Constituye la clave de bóveda de todo el sistema constitucional y como postulado occidental y cristiano que es -caracterizado por algunos como "principio fundamental de derecho natural-" se convierte en el fundamento político de los derechos fundamentales, de los deberes y de sus respectivas regulaciones normativas. (Del Voto del Dr. Ulla).
Procedimiento laboral, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rigoni, Alfredo Armando c/ Transportes Comodoro S.A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-11

"La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio".
Hurto de energía, prueba, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., R. s/ Hurto de energía eléctrica (Expte Nº  25-01, Resolución Nº  78, Tomo  8, Folio 21)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-18

El artículo 43 del "Reglamento general para el suministro y comercialización del servicio eléctrico" (Aprobado por resolución 371 de la E.P.E., y publicado en el Boletín Oficial del 24/11/94) dispone: "Para el caso de conexiones directas y/o alimentación antes del medidor de energía eléctrica, así como para los infractores reincidentes, se confeccionarán las Actas de Fraude de acuerdo a estos casos y al modelo vigente, y se efectuará la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, quedando de esta forma demostrada, fehacientemente, la acción del cliente y/o persona que se beneficia ...".Precisamente de dicha norma surge, aunque en forma bastante confusa por cierto, que la que denomina "Acta de fraude", ni siquiera normativamente es pensada como prueba fehaciente de la comprobación de la infracción, sino que semejante prueba resultaría de la confección del acta en cuestión y de la denuncia correspondiente del hecho ante la autoridad competente, y esto parece colocar las cosas en su correcto sitio.Es que al reclamar la norma en cuestión que con el acta se formalice denuncia, la temática atinente a la prueba definitiva del hecho queda sometida a las reglas del proceso que se inicia con esa denuncia, dentro del cual, el "Acta de fraude" debe ser valorada según sus propias reglas. Resultando de todo lo anterior que el acta de marras no es prueba categórica del hecho que se dice constatado, ha de estudiarse el valor que dentro de este proceso hemos de asignarle. Procediendo en tal sentido, parece razonable otorgar al acta un valor de naturaleza indiciario, puesto que fue elaborada por un funcionario público en ejercicio de funciones propias.
Sucesiones, Impuesto sobre los ingresos brutos, cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: Makowski, Gregorio s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-07-07

El impuesto gravó la actividad profesional del causante y otras que generaron ingresos por la explotación de bienes propios o gananciales por él administrados, colegimos que el hecho imponible lo conformó el ejercicio habitual de la profesión de abogado y las locaciones de bienes inmuebles, siendo éstos los ubicados en esta Provincia del Chaco, puesto que se reconoce el carácter "territorial" del impuesto"...en cuanto recae exclusivamente sobre aquellas actividades ejercidas en todo o en parte dentro del ámbito físico del Estado local que lo impone.

Participando así los frutos de las actividades (alquileres) alcanzadas por el impuesto el carácter de gananciales, va de suyo la naturaleza internamente común que cabe asignar al débito fiscal. De ahí dimana el deber de contribuir que pesa sobre la cónyuge supérstite (externamente no obligado) en función de la justa proporcionalidad que en los gananciales tienen los esposos y la simetría que debe preservarse en punto a los beneficios y cargas que derivan de tales bienes.
Accidente de tránsito, base indemnizatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Tarifeño, Gisel Roxana c/ Ofak, José Luis y otro s/ Daños y perjuicios por uso automotor c/ lesion o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-29

Ambas fórmulas (Vuotto y Méndez) deben ser tomadas como pauta de referencia en un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, debe indefectiblemente tener presentes las variables de cada caso. Por lo tanto, teniendo en cuenta las pautas antedichas, y utilizando las fórmulas [de matemática financiera] como pauta de referencia, la indemnización por este rubro debe ser elevada a la suma de $150.000.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marín, Gustavo Serafín c/ Municipalidad de Berisso s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Establecer el comportamiento seguido por el comitente al efectuar los pagos correspondientes a un contrato de obra pública constituye una cuestión de hecho que el Tribunal debe ponderar con sujeción a los criterios técnicos expuestos por los peritos oficiales actuantes (doct. art. 477, C.P.C.C.).
Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, sana crítica racional, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUZMAN, OSCAR HUGO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. JORGE EDUARDO HELAL EN CAUSA Nº 95/03 "GUZMAN, OSCAR HUGO S/ VIOLACION CALIFICADA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-19

Se agravia el quejoso por la supuesta violación a las reglas de la sana crítica racional, sosteniendo que el razonamiento de la mayoría vulnera tal principio al no acreditar en forma bastante la existencia de los hechos y la autoría del encartado, ya que es insuficiente la desnuda incriminación de la víctima, acompañada de un informe psicológico que descarta indicadores fabuladores para arribar a la condena. Sostiene que la sola incriminación no se encuentra corroborada por prueba independiente, por lo que, como señaló el voto de la minoría, no se trata de dudar de la denunciante, sino de actuar con arreglo a la Constitución y a la Ley.

Este agravio es nada más que una mera disconformidad del recurrente con los fundamentos dados por el sentenciante para resolver en la forma en que lo hizo, ya que no cuenta con una crítica seria que permita inferir una diáfana violación a garantía constitucional alguna. Solamente se limitó a basar su crítica en el voto minoritario que concluyó en la absolución del encartado por aplicación del principio "in dubio pro reo", circunstancia que no es suficiente para descalificar el voto mayoritario, que fundamentó su decisión aplicando correctamente el método histórico en la reconstrucción de los hechos a través de una acertada valoración probatoria, la que se puede compartir o no pero que de ninguna manera sería suficiente para descalificarlo. El pronunciamiento jurisdiccional emitido se basó en prueba admisible y tuvo en cuenta para arribar a su conclusión una valoración de una extensa prueba testimonial, testigos que fueron tomando conocimiento de los hechos a través de los dichos de la propia menor -por ese entonces-, o de otras personas vinculadas con ésta, y que brindan plena credibilidad a las manifestaciones de la misma, toda vez que, como es sabido, estos tipos de delitos se cometen en la clandestinidad, por lo que cobran vital importancia dichas declaraciones, que además se encuentran también avaladas por los informes médicos y psicológicos respectivos.

En consecuencia, corresponde rechazar el punto de impugnación en cuanto al presente tópico se refiere. (Del voto del Dr. Oviedo)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, derecho a la información, responsabilidad civil, indemnización, publicación de la sentencia, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Gesualdi,  Dora  Mariana c/ Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley 23.073.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Si no se configuró un supuesto que satisfaga las exigencias legales propias del resarcimiento civil, la indemnización ordenada - así como la orden de publicar la sentencia - constituye una restricción no prevista por la ley a la libertad de expresión e información y debe dejarse sin efecto por violación a la garantía constitucional de rango eminente que tutela el desenvolvimiento de la prensa libre (art. 14 de la Constitución Nacional, art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (Voto de los Dres.

Jorge Barral y Guillermo A. F. López).
Acción contencioso administrativa, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Borfitz, Arturo y Otros c/ Provincia de Formosa s/ Acción Administrativa Acción Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-03-23

La caducidad de instancia administrativa, cf. art. 38 del C.P.A debe declararse de oficio "sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos" cf. art. 314 Ley Proc. Civil, aplicable por remisión.

Art. 38 del Código Procesal Administrativo Provincial
Compraventa inmobiliaria, daños y perjuicios, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: SANTA ANA AGRIC. GANAD.  S.C.A. c/ GONZALEZ SORIANO ELIDA B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

El hecho de prometer la enajenación de un bien embargado, a pesar de tener conocimiento de la existencia de esa medida, y no intentar remover ese obstáculo durante el tiempo que transcurre desde la firma del boleto de compraventa hasta la prevista escritura, permite apreciar que el factor preponderante que determina el pago de la cláusula penal estipulada con el adquirente, es esa imprudente tesitura, que temerariamente lleva al vendedor a asegurar que el bien se encuentra "libre de todo gravamen", cuando sabe o debe saber, obrando con el debido cuidado y previsión, que esa no es la situación jurídica del inmueble. Frente a tal actitud, que sin duda se muestra como el factor determinante para el logro de aquella derivación dañosa, el embargo trabado por un tercero ajeno a la operación de compraventa celebrada entre las partes no es, por sí solo, el factor apto para producir el menoscabo para fundar una reparación resarcitoria cuando el damnificado, sabiendo la existencia de la medida, actúa decididamente en pro de la consecución de su propio perjuicio.
Recurso extraordinario, excarcelación, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Opatija s/ contrabando de armas arts. 863, 864 inc. a y 867 del  Código de Aduana - causa nº 8830/97 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El recurso extraordinario contra la resolución que denegó la excarcelación no se dirige contra la decisión del tribunal superior de la causa (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, intervención federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rossi Cibils, Miguel Angel y otros s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El poder de intervención reside en el Congreso.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, error judicial, incidente de nulidad, recurso de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: URIARTE CARMEN ROSARIO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA s/ INCIDENTE DE HOMOLOGACION DE CONV. DE HONORAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

En los denominados errores in iudicando, esto es, errores que se vinculan no con aspectos formales de la sentencia (v. gr.: fecha, firma, redacción en lengua extranjera, etc.) sino con el fondo de las cuestiones resueltas; que pueden versar sobre la apreciación de la prueba, la omisión de un elemento de juicio relevante, equivocada interpretación de una norma; prescindencia de aplicar la ley vigente, etc., tanto el recurso de nulidad como el incidente de nulidad son inadmisibles y su remedio debe ser buscado a través de los recursos de apelación, ordinarios o extraordinarios.
Requerimiento de juicio contravencional, nulidad de oficio
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Oroz, Carlos Enrique s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oroz, Carlos Enrique s/ infr. art. 78 CC'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02

La decisión de la Cámara que declaró la nulidad del requerimiento de juicio no reposa en el incumplimiento de alguna de las formas sustanciales del proceso y por ello importa retrotraer el juicio a etapas ya superadas, concluidas válidamente. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURSIDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-29

La garantía de la inamovilidad, concedida a los jueces y extensible a todos los sujetos pasibles de juicio político previo a su remoción, se sustenta en asegurar su autonomía de decisión. La protección que el legislador ha dispensado no se sustenta en bases discriminatorias o de privilegio, sino que, por el contrario, goza de una particularidad que surge de los principios que preservan las instituciones republicanas. Se trata de propósitos últimos de independencia funcional cuyo fundamento justifica la distinción. Los privilegios e inmunidades se acuerdan, no en beneficio de sus titulares sino como un derecho político para el cumplimiento de la función que el constituyente les asigna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, deuda líquida, deuda ilíquida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Filiberti Roberto c/ Sanmartino Roberto y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Cuando existen deudas líquidas e ilíquidas, deben considerarse como distintas o al menos exigibles en distintos momentos, por lo que la existencia de las ilíquidas no libera del pago de las líquidas, máxime cuando éste es exigido (art. 743 Código Civil).-
Regulación de honorarios, costas, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ JOSE GALVANI SA Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

Si las costas se distribuyeren en la medida del progreso de la demanda, es justo que los honorarios que debe soportar el demandado se regulen en función de la suma que se le condena a pagar. En tanto que si se trata de los honorarios por la porción en que la demanda se rechaza, el actor lo deba abonar en función de la suma que el ha reclamado. Ese criterio se debe mantener aun frente a las modificaciones que ha introducido la ley 24.432 al art. 505 del Cód.

Civil, pues el "monto de la sentencia" a que alude el nuevo texto legal no es sinónimo de monto de la condena. Se debe entender que si se ha demandado por 100 y solo se admite la acción por 20, el monto de la sentencia es 100, ya que el progreso parcial equivale a decidir que la acción se acoge por 20 y se la rechaza por 80, significando ambos importes el monto de la sentencia (sala I, causa 329/91 del 29.6.95).
Indemnización, daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez Tenorio de Rodríguez, Margarita del Carmen c/ Municipalidad de Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-26

Es erróneo a mi juicio, sostener la falta de legitimación para reclamar el daño moral fundando ello en la afirmación de que sólo resultó víctima el titular del predio. Fueron tan víctimas como aquél, quienes demostraron que ocuparon el inmueble y vivenciaron el evento dañoso en la medida -claro- de su acreditación.
Denegatoria del recurso, extinción de la acción penal, prescripción, sobreseimiento, abuso sexual, acceso a la justicia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: M., P. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-01

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la querellante contra la decisión adoptada por el a quo en cuanto declaró la extinción de la acción por prescripción respecto del imputado y dispuso su sobreseimiento respecto de la denuncia de abuso sexual de la que habría sido víctima entre los años 1992 y 1995, puesto que la recurrente no ha demostrado la conculcación del derecho de tutela judicial efectiva y del derecho a la verdad. Al respecto, no argumenta que el caso se hubiera tratado de un supuesto de imposibilidad de iniciar la persecución penal debido a un obstáculo en la normativa interna al momento en que acaecieron los hechos, que hubiere recortado las posibilidades de la víctima de acceso a la justicia, o que el Estado hubiera actuado deficientemente frente a una investigación penal iniciada. En esencia, la doctrina de la Corte Suprema que la querella invoca no sólo es útil para reafirmar la debida observancia, en el caso, del instituto de la prescripción de la acción penal, sino que, asimismo, insinúa la existencia de una vía mediante la cual, aún por sobre la imposibilidad de avanzar en la atribución de responsabilidad penal ante el obstáculo de la prescripción de la acción, la víctima puede perseguir la determinación de la verdad (voto del juez Morin al que adhirió el juez Días). Cita de CSJ 294/2011 (47-F) "Funes, Gustavo Javier", resuelta el 14 de octubre de 2014 y "Balsa", CNCCC 12490/2015/2/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 1129/2017, resuelta el 8 de noviembre de 2017
Derecho penal, intimidación pública, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Colegio N° 12 Reconquista c/  s/ Intimidación pública. Damnificado: Colegio N° 12 Reconquista y otro s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

La probabilidad de progreso del encuadre legal en el delito de intimidación pública (art. 211 del CP) determina que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional el competente para continuar interviniendo en estas actuaciones. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg. Voto coincidente de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, instrumentos privados, firma en blanco, cheque, leyes, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: B, R R I s/ Cuestión a resolver: Un cheque librado sin fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ¨Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-03-18

La posible aplicación del artículo 1016 del Código Civil, queda desplazada ante la existencia de un régimen específico al cual resultan sometidos cierta clase de documentos dentro de la generalidad de la especie, como, por ejemplo, los propios títulos cambiarios, y en especial el cheque, que exige una determinada forma "ad solemnitatem" hasta el extremo de requerir la inscripción de la palabra "cheque" en el texto del instrumento y su extensión en formularios impresos previstos por el banco respectivo. En puridad, el argumento del mandato tácito implicaría acoger una forma de "aplicación analógica" de la ley penal, lo que está vedado por la Constitución Nacional. (Del Voto del Dr. Flores -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era si un cheque librado sin fecha, rechazado por falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor denunciante, era o no título apto para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, daño estético, daño material, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARAMENDIA PEDRO FRANCISCO. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS. s/ COBRO DE PESOS - SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-22

La indemnización del daño estético no configura un supuesto autónomo con relación al daño material y al moral, desde que en función de la actividad desarrollada por la víctima puede traducirse tanto en un daño con repercusión patrimonial por la frustración de beneficios económicos esperados, como en un daño moral por los sufrimientos de ese orden que puede engendrar.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gianetti, Gino c/ Pappalardo, Juan s/ Reconocimiento societario y liquidación de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-20

Si el juez se pronunció únicamente sobre la demanda de reconocimiento de la sociedad de hecho, difiriendo lo relativo a la rendición de cuentas para la etapa de ejecución de la sentencia, y tal conclusión quedó firme, resulta lógico afirmar que el demandado reviste la condición de vencido en los términos del art. 68, C.P.C.C., debiendo soportar las costas del juicio.
Juicio ejecutivo, pagaré, acción cambiaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Desde el plano jurisprudencial, el criterio que admite el debate causal en los procesos ejecutivos resulta admitido por una interpretación a contrario de lo resuelto en sede originaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mandataria de Negocios SA c. Pcia. de Santa Fe y otros" (7-5-1998), precedente en el que el Alto Tribunal tuvo especialmente en cuenta -a la hora de afirmar la inadmisibilidad de las defensas causales contra una acción cambiaria- la circunstancia de que en el caso "la demandante no es el primer tomador -puesto que el pagaré circuló-, sino un endosatario", aclarando que "el límite cognoscitivo derivado de su carácter abstracto beneficia al tercero -cuya buena fe se presume- y torna irrelevante la eventual discusión sobre la licitud del negocio subyacente a la obligación cartular del librador, que es inoponible a la actora (artículos 18 y 103 del decreto-ley 5965/63)". En este mismo orden pueden mencionarse los reiterados rechazos decididos por el Alto Tribunal en su instancia originaria respecto de ejecuciones promovidas con sustento en pagarés emitidos con el fin de negociar deudas provinciales emergentes de contratos administrativos (por no constituir "causa civil"), fundándose para ello en la eventual necesidad de examinar el origen como así también la relación de derecho existente entre las partes, precedentes que han dado lugar a una línea jurisprudencial que, en lo que ahora es de interés, ha significado un explícito juicio favorable a la admisión "prima facie" del debate de cuestiones extracartulares en el marco de tales procedimientos. (De los Fundamentos del Dr.

Gutiérrez)