marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Morán, Eduardo Antonio s/ Hurto calificado Heras, Eduardo Angel s/ Exacciones ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28|1993-12-30

El art. 341 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal sólo concede el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a la defensa cuando la sentencia definitiva revoque una absolutoria o imponga pena superior a tres años de prisión. En este último supuesto dicho precepto se refiere exclusivamente a la pena aflictiva de la libertad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abogados, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Otoizaga, Juan Doroteo. c/ Assed Mansur Surur y/o Sucesores de Carlos Surur. s/ Demanda Laboral. Inaplicabilidad de Ley. Prueba Laboral.   Negligencia. Impulso procesal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-08

Es objetivo de este Superior Tribunal de Justicia, ponderar la exigencia profesional de custodia, vigilancia y control del trámite suprimiendo en todo lo que sea superfluo las notificaciones por cédula, imponiendo de ese modo la participación de las partes mediante el anoticiamiento automático.
Riesgos del trabajo, incapacidad parcial, dictamen pericial, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PAILLAQUEO AGUSTIN DEL CARMEN c/ I.A.P.S.E.R. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

Ninguna evidencia desvirtúa las conclusiones médicas de la pericia judicial realizada en autos y la evaluación de la discapacidad ha sido determinada dentro de los parámetros del baremo oficial.
Recurso de casación, exceso ritual manifiesto, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Noguera, Aníbal Sebastián y Alvarez, Asela Miryan s/ Recurso de queja por casación denegada Recurso de queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-11

Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, en materia penal, el recurso subsume el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, y que, consecuentemente, está sometido a control casatorio el proceso lógico, seguido por los jueces en su razonamiento, con el objeto de asegurar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de los fallos. Sostener que el embate casatorio no puede tener por objeto la razonabilidad de la decisión impugnada porque se ha invocado el inciso primero y no el segundo del art. 422 del C.P.P., constituye a mi juicio un exceso de formalismo ritual, lindante con la denegación de justicia y el desconocimiento de lo establecido en el art. 8 inc. 2 "h" del Pacto de San José de Costa Rica. Si bien en los Recursos Extraordinarios las cargas técnicas son especialmente rigurosas, ello no puede llegar al extremo de desvirtuar la finalidad de la garantía de la doble instancia en materia penal. En el mismo sentido el Tribunal constitucional de España ha sostenido: "Comprende, por tanto la tutela judicial efectiva, como un derecho más de los garantizados por el art. 24 (de la Constitución Española, correspondiente al art. 18 de nuestra Constitución Nacional) el de utilizar los recursos legales precedentes contra las resoluciones judiciales ... (El Tribunal Superior) ha de anular la decisión de inadmisión del recurso si no está debidamente justificada, es arbitraria o responde a un rigor excesivo en los requisitos formales que, contrariando su finalidad de ordenación del proceso, los convierte en meros obstáculos para la prosecución del mismo" (S.

100/88, cit. por González Pérez, Jesús "El derecho a la tutela jurisdiccional" Madrid, 1989, págs. 203/204) (Fundamento del Dr.

Rodolfo R. Roquel)
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, recusación con causa
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Héctor Antonio s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

La discrepancia entre defensor y defendido, no justifica la recusación, pues si se accediera, podría resultar contraproducente dado el exiguo número de Defensores Oficiales existentes. El carácter técnico de la actividad defensista, hace que deba prevalecer el criterio del Defensor, salvo en aquellos casos en que la ley supone la intervención directa del Justiciable. La defensa por sí misma, es excepcional (art. 3 C.P.P.) En todo caso, queda en el imputado la posibilidad de recurrir a un letrado del consultorio gratuito del Colegio de Abogados (artículo 19 inc. 2do.

y 22 ley 5177).-
Facultades de la Cámara de Apelaciones, sentencia de primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS LOPEZ c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  EXPTE. N. L-11719-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-05-29

Si bien el a - quo ha omitido tratar hechos y sus cosecuencias jurídicas cabe a esta Cámara pronunciarse sobre dichas cuestiones, puesto que la concesión del recurdo le somete todo el material litigoso, sin que ello signifique la supresión de una instancia; y de acuerdo al art. 277 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Notificación, notificación por cédula, notificación personal
Materia: PROCESAL
Carátula: JURI DE LOPEZ, Justa c/ VIAJES Y TURISMO ULLUM S.R.L. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-08-10

La expresión "Notifíquese" implica que la providencia debe ser notificada a las partes por cédula o personalmente. La jurisprudencia, en general, se inclina correctamente en el sentido de que cuando una providencia se cierra con la expresión "notifíquese" debe entenderse que la notificación ha de ser personal o por cédula.
Competencia, sucesiones, sociedad de hecho, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: SPERATTI, MARTA NORMA c/ ESPIL, OLGA MARGARITA Y OTROS s/ RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE SOCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

Las cuestiones relativas a los bienes de una sociedad o a la participación que pudiera corresponder al fallecido o a sus herederos, son extraños a la atracción del juicio sucesorio de uno de sus miembros pues aquélla constituye una persona distinta e independiente de la de los socios.

Pero distinto es si se pretende el reconocimiento de una sociedad de hecho. En estas condiciones, la demanda pone en movimiento una acción personal dirigida contra los herederos, cuyo conocimiento corresponde al juez de la sucesión (art. 3284, inc. 4 del Código Civil), en virtud del principio de la universalidad del juicio.
Prueba testimonial, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLI, Néstor Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-16

Ante la verosimilitud de los dichos del testigo, corresponde rechazar la alegada falta de intervención del encartado en el secuestro de la víctima, máxime teniendo en cuenta que el reintegro a la Delegación Neuquén de la PFA por la licencia correspondiente al deceso de su padre, fue anterior al día en que sucedieron los hechos.
Destrucción del expediente, duración del proceso, morosidad del proceso, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BARRIOS, FERNANDO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Transcurrido el término previsto por el art. 701 C.P.M.P., y aunque la mora en la sustanciación de la causa no sea atribuible a la operativa judicial propiamente dicha, sino imputable a un accidente impensado -incendio en la sede del Tribunal- es de aplicación lo normado por el art. 379 inc. 6 del C.P.M.P.

El mantenimiento de la privación de la libertad, provocaría una situación injusta dado que el legislador en el inc. 6 del art. 379 del C.P.M.P. ha entendido que los procesos deben tener un plazo razonable de duración, debiendo guardar esa instancia, correspondencia con la factibilidad de la sustanciación futura.
Facultades legislativas, facultades delegadas, acto administrativo, facultades discrecionales, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo  de  Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Superada la antigua identificación entre discrecionalidad y falta de norma determinante o laguna legal -por considerarse que la libertad frente a la norma colisionaría con el principio de legalidad- se ha admitido que la estimación subjetiva o discrecional por parte de los entes administrativos sólo puede resultar consecuencia de haber sido llamada expresamente por la ley que ha configurado una potestad y la ha atribuido a la administración con ese carácter, presentándola como libertad de apreciación legal, jamás extralegal o autónoma.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, excusación, violencia moral, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: T, A S Y D C, V M s/ EXCUSACION DE LA DRA. ELENA RAMON EN EXPTES. 661/03 "T., A.S. S/ DESOBEDIENCIA Y NRO. 1581/02" D.C., V.M. S/ FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO Y ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA" (EXPTE: N 6 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-11

Las partes tienen derecho a que todo pronunciamiento sea dictado con plenitud anímica del juzgador igual derecho le asiste a éste en su desempeño funcional respecto de aquéllas- por lo que priorizando la suprema garantía de imparcialidad que debe primar en las decisiones judiciales, la separación es viable. La causal de apartamiento por violencia moral tiene un decisivo componente subjetivo del Magistrado que pretende separarse y en tal ámbito, no me cabe duda que los fundamentos expuestos con firmeza y singular emotividad lucen elocuentes, y por tanto debe primar su pretensión de apartarse. Tampoco parece prudente negar viabilidad a la petición por abusos que puedan surgir en el futuro, ya que eventuales excesos se repararían con decisiones dispares a ésta. (De la disidencia dle Dr. Pangia) En el caso la cuestión a resolver es: Extensión de la causal de excusación por violencia moral.
PERÚ, Comité de Derechos Humanos, aborto terapéutico, anencefalia, embarazo de riesgo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Karen Noelia Llantoy Huamán Vs. Perú - Aborto terapéutico no punible  - Derecho a las medidas de protección que la condición de menor requiere c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2005-10-24

Luego de practicados los análisis pertinentes, una adolescente embarazada tomó conocimiento sobre la anencefalia que padecía el feto y los riesgos que su vida corría en caso de continuar con el proceso de gestación, la cual podía ser interrumpida si así lo deseaba. El día de su internación para la intervención, el galeno le informó que debía solicitarla por escrito a la Dirección del Hospital. Mediando una interpretación restrictiva de lo dispuesto en el Código Penal local acerca de los supuestos en los que procede el aborto terapéutico, le fue negado. Obligada a llevar a término su embarazo, demandó al Estado Peruano por violación al Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Extradición, excarcelación, Estados Unidos
Materia: PROCESAL PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: SAVASTANO, Armando José s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

El Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de América (ley 19764), si bien no contiene una norma específica que se refiera a la posibilidad de excarcelación de las personas requeridas, tampoco posee alguna que la vede.

El Código de Procedimientos en Materia Penal (art. 674) autoriza la excarcelación de todo extranjero arrestado como consecuencia de un pedido de extradición, en las mismas condiciones que si el delito hubiere sido ejecutado en la República, de igual modo, dicha regla resulta aplicable a quien reviste la condición de ser ciudadano argentino.
Recurso extraordinario, cuestión federal, oportunidad procesal, reserva de la cuestión federal, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bergés, Jorge Antonio s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

Las cuestiones federales, base del recurso extraordinario, deben ser oportunamente planteadas en la causa, resultando tardía su invocación recién en la expresión de agravios ante la cámara (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-.
Acción civil, damnificado directo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PICATTO ANGEL LUIS Y OTRO s/ OPOSICION A LA INSTANCIA DE CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL Y PLANTEO DE  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-21

Para instar la admisión como actor civil, es necesario aparecer como directamente damnificado a causa del mismo hecho que constituye el objeto del proceso penal. Tal exigencia concurre si el instante aparece como la persona (física o ideal) a la que el hecho le ha causado de manera inmediata -es decir por sí mismo y no en razón de una especial vinculación jurídica con la víctima- un perjuicio en las cosas de su propiedad.

En el caso, la demandante (S.R.L.) que sería damnificada directa de la supuesta maniobra estafatoria desplegada por el imputado (funcionario de una Cooperativa de Seguros Ltda.) en el juicio civil posee legitimación activa para accionar, pues no lo es, del accidente automovilístico que dio origen a este juicio, en donde sí no tendría legitimación activa para accionar.-
Entidades financieras, responsabilidad de los directores, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco    Regional  del  Norte  Argentino    S.A.    (en liquidación) s/ Resol. 287 del  B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Este Tribunal no advierte la pretendida confusión de las funciones de dirección y sindicatura, dado que en el caso, la responsabilidad es atribuida en virtud de normas de derecho público que no hacen distinciones a estos efectos, y resultan suficientes por establecer claramente la conducta reprochable, las sanciones correspondientes, y ser de aplicación prioritaria.
Contrato de trabajo, despido, mobbing, responsabilidad subjetiva
Materia: LABORAL
Carátula: JEREZ, NICOLÁS MARTÍN c/ ICONA S.A. Y OTRO s/ MOBBING
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

Si bien en el caso no quedó probado el componente subjetivo perverso e intencional que permitiría establecer que existió un supuesto de mobbing contra el trabajador, si quedó acreditada la nocividad y hostilidad del ambiente de trabajo, lo que activa de todos modos la responsabilidad del empleador en los términos del art. 1109 del Código Civil. Ello así, toda vez que el empleador no cumplió con su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los arts. 14 bis de la C.N., 75 L.C.T. y 4 apartado 1 de la ley 24.557, es decir que no garantizó la indemnidad psicológica de su dependiente, con lo que, al permitir condiciones y ambiente laboral nocivos, actuó culposamente.
Delegado gremial, representación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Municipalidad de la ciudad de Formosa c/ Solalinde, Nicolás Vidal s/ Exclusión de tutela sindical Nicolás Vidal s/ Exclusión de tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-11-03

La tutela no alcanza a quienes se extralimitan en sus franquicias o prerrogativas, violando las obligaciones fundamentales de su condición de trabajadores dependientes, perturbando injustificadamente con su conducta la marcha normal de la institución o abusando de su investidura, ya que el delegado no es un intocable, ni está totalmente excluido de los poderes de dirección y disciplinario del respectivo empleador.
Escala penal, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Vedia, Carlos Fortunato; Chialva, Georgina Lucrecia; Volpe, Jorge Rodolfo; Hamwee, David c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-03

La equiparación de la escala penal entre el delito de contrabando consumado y tentado no vulnera ninguna de las garantías constitucionales alegadas por la defensa. El legislador, atendiendo a cuestiones de política criminal- ajenas al control jurisdiccional- y en el entendimiento de que, de ese modo y no de otro, se protegería mejor el adecuado control del tráfico internacional, control que enunciado en forma genérica constituye el bien jurídico resguardado por la legislación aduanera, decidió no conceder una escala punitiva menor para los casos de tentativa en el delito de contrabando, con respecto al delito consumado, como sí lo hizo en lo atinente a otros supuestos de hechos delictivos. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Incidentes, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marexport S.R.L. y otros s/ Quiebra s/ Incidente de revisión en Autos: Bco. de la Nación  Argentina s/ Inc. Impugnación inf. sindico en Marexport S.R.L.  Pafundi Mario y otros s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

A los fines de la determinación de honorarios, el proceso de revisión, debe calificarse como incidente. En consecuencia le son aplicables los art. 36 y 47 de la ley 8904, pues la ley de fondo (arts. 7 y 287 de la ley 24522) remite a la de aranceles de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cómputo de servicios, servicios simultáneos, servicio penitenciario, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TARANTINO, HORACIO FERNANDO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Quien trabaja y cumple con las obligaciones previsionales inherentes a su tarea, tiene derecho a que se computen los servicios y remuneraciones pertinentes que, cumplidos los demás recaudos, le permiten el acceso a la prestación. Por ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 17 "in fine" de la ley 18.037 por violatorio de los derechos consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. (En el caso, el Organismo Administrativo desestimó el reconocimiento de los servicios civiles prestados simultáneamente con los desempeñados en la Dirección Nacional de Servicio Penitenciario).
Contrato de obra pública, contratista, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIERO OSCAR A. DIEZ  S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  DE PLENA JURISDICCION Y SUS ACUMULADOS -CON LOS  ALCANCES DEL ARTICULO 342 DEL C.P.C. Y C. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291  AÑO 1995 Y SU ACUMULADO 856/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

A quien contrata con la Administración se impone un comportamiento oportuno, diligente y activo, que obliga a poner de manifiesto las circunstancias susceptibles de modificar las cláusulas contractuales , a los efectos de que el órgano estatal pueda evaluar si conviene al interés público celebrar el contrato o dejar sin efecto la licitación, además de que no resulta viable procurar la modificación del precio con ulterioridad al hecho que se concurrió a consumar.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, estatuto del personal legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BIAGIONI, AMADEO ALCIDES FIDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE y/o HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 555 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-14

Conforme a la jurisprudencia del más Alto Tribunal, es aconsejable reservar el recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma para desaciertos de gravedad extrema que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial y no, precisamente, para abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones que se reputen equivocadas.

En autos, la interpretación y aplicación que efectuó el Tribunal de las normas contenidas en el Estatuto para el Personal del Poder Legislativo y en el Reglamento de la Cámara de Senadores (cuya pertenencia al derecho público local es indiscutible) a la luz de los principios que informan el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo, no aparece manifiestamente irrazonable, ni los argumentos aducidos por la recurrente persuaden de que en esa labor se ha violentado específicamente dicho ordenamiento legal mediante una interpretación arbitraria.
Derecho laboral, asegurador por riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ballesteros Claudio Nicolás c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-01

Aplicando el cartabón de la "razonabilidad" puede deducirse sin esfuerzo que tanto el art. 21 ap. 1, inc. a. de la Ley 24.557, como ahora la parte final del primer párrafo del art. 1º de la Ley 27.348 desnaturalizan la función original que la Ley 24.241 otorgó a las Comisiones Médicas. Estos organismos, compuestos en su integridad por galenos (art. 51 Ley 24.241, y cuyo funcionamiento decisorio no altera la presencia del Secretario Técnico Letrado mencionado por la Resol. 298/17 SRT) tenían como propósito dictaminar en cuestiones médicas relacionadas con el subsistema previsional y no conflictos entre particulares (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, pagaré, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rubali, Juan G. s/ sucesión ab-intestato c/ Otin, Roberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-06

Todo acto jurídico cambiario (vgr. libramiento, endoso, aceptación, aval) puede ser otorgado mediante representante. En tal caso, la relación debe surgir del texto del pagaré, en tanto título de crédito formal y completo que debe bastarse a sí mismo. Ello se concreta en el documento mediante la inserción de la firma auténtica del representante acompañada de la cláusula "por poder", "PP", "por mandato" o cualquiera otra equivalente que denote que el firmante actúa en nombre y por cuenta de su representado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)