marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, verificación de créditos, causa del acto jurídico, causa fuente, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., R. O. en autos: ASOCIACION MUTUAL DEL VALLE INFERIOR (AMVI) s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE REVISION ART. 37 LCQ s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-17

Concordantemente con los términos de la ley, ha declarado la Corte Suprema que el trámite de verificación no se reduce a la mera comprobación del carácter que reviste la obligada, sino investigar la causa de la obligación que da lugar al crédito pretendido. Y es que con la determinación de la causa del crédito se procura evitar la constitución de acreencias simuladas que alteren la mayoría necesaria para la admisión de la propuesta de concordato, o que perjudiquen la cuantía del dividendo concursal de los restantes acreedores. El deber de indicar y, en su caso probar la causa del crédito subsiste aunque el deudor concursado reconozca el crédito, e incumbe a todo acreedor que pretenda insinuarse en el pasivo, sin exclusiones. Por lo demás, el cumplimiento de tal deber obedece al propósito de que el crédito en cuestión sea real, alejando la posibilidad de abultar ficticiamente el pasivo del deudor en perjuicio de los restantes acreedores. La prueba de la causa del crédito se halla a cargo del acreedor que intenta la correspondiente verificación; sobre él pesa el onus probandi.
Nulidad procesal, nulidad relativa
Materia: PENAL
Carátula: Cayamilla, Oscar L. y Millanahuel, Jorge C. s/ Robo s/Casación Linares, Juan Andrés s/ Hurto ganado mayor s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-05|1995-09-05

Las nulidades procesales, en principio son relativas y quedan subsanadas si no media reclamo oportuno. Este saneamiento se opera precisamente por la inactividad de aquél a quien el instituto está destinado a beneficiar. Esa inacción es la mejor evidencia de que el acto cumplido -aún con defectos- ha producido el resultado esperado y ha sido consentido por quien estaba en aptitud de atacarlo. Dicho de otro modo: el ataque demandando la nulidad es la mejor evidencia del perjuicio sufrido y la necesidad de reparar la lesión consecuente. (En disidencia: Dr. Echarren).
Conciliación laboral, transacción, interpretación de la ley, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: DODERO, Marcelo c/ MAXIMA AFJP s/ despido  MAGISTRADOS: VACCARI - MORELL - LESCANO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-04

El alcance del art. 15 de la LCT sólo está limitado por la franja de los derechos irrenunciables que establece el art. 12 del mismo cuerpo legal - en particular los derechos creditorios que encuentran en el régimen de indisponibilidad un amparo más extenso - por debajo de lo que constituyen los mínimos inderogables previstos en el art. 7 de la norma ya citada. Por otra parte, el art. 15 expresado es una norma instrumental que no exige ni prohíbe la auto composición privada relativa a derechos irrenunciables (Solves, M. C.; La Autonomía individual y la irrenunciabilidad de derechos) que permita al actor reajustar su pretensión a una suma única y total, considerablemente menor de los reclamado en principio pero varias veces más de lo condenado en primera instancia. (Del voto del Dr.

Lescano, que adhiere a la mayoría).
Despido, trabajador en condiciones de jubilarse, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: IREIZO, JOSÉ c/ AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-19

Por más que el art. 252 de la LCT no contenga ningún requisito ad solemnitatem, ni la notificación allí prevista requiera fórmulas sacramentales, resulta evidente que la ley exige que el empleador debe emplazar al trabajador con toda claridad a iniciar el trámite previsional, poner a disposición las certificaciones correspondientes y hacer saber que se mantendrá la vinculación hasta que se le otorgue el beneficio o se cumpla el plazo de un año.
Acción civil en el proceso penal, regulación de honorarios, cheque sin fondos, monto del cheque
Materia: PENAL
Carátula: CAPELUTTO, NORBERTO SAMUEL s/ Cheque sin fondos Causa 28232
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Para la determinación de los honorarios no corresponde incluir el importe del cheque, por cuanto el objeto del juicio está constituido por una pretensión punitiva y no por una de contenido patrimonial.

En los procesos penales en donde se ejerce la acción civil, no puede hablarse de monto del juicio en la acepción económica de dicho término. (Del voto del Dr. Roldán).
Locación, interversión de título, abuso de confianza
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS MENDIETA DE POMBO, R. del Carmen c/ LEGUIZAMON, Gloria del VALLE s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-13

Si el locador (poseedor) procura recuperar la cosa y el locatario (tenedor) realiza actos materiales que le impidan al locador la disponibilidad de la cosa de la cual es exigido, hasta con violencia, el locador habría perdido su posesión y el antiguo locatario será de ahora en más poseedor vicioso por abuso de confianza.
Costas, tasa de justicia, costas al vencido, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Civitelli,  Juan Carlos y Galli, Juan Carlos s/ arts. 116, 117 y 118 C.C.- Apelación" 116, 117 y 118 C.C.- Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

Las costas comprenden todos los gastos causados por la sustanciación del proceso, debiendo recaer sobre la parte vencida. Así en caso de existir varios condenados, el pago debe ser proporcional e incluyen el pago de la tasa de justicia en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas (art. 13 de la Ley Nro. 327).

En el caso, la juez de grado dispuso que uno de los condenados, que no ha cumplimiento con el pago de las costas del proceso, de intimarlo a dar cumplimiento a su pago, bajo apercibimiento de aplicarse una multa de veinte por ciento (20 %) de la tasa omitida (art. 15 de la Ley Nro. 327).

Sin embargo, atento a que el otro condenado ha satisfecho el monto total de la tasa judicial corresponde revocar la resolución dicha resolución. Ello, sin perjuicio de que quien no pago pueda exigir al otro la parte que a éste le hubiera correspondido abonar por ser solidariamente responsable, conforme lo dispone el artículo 705 del Código Civil.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, sociedad anónima, directorio, remuneración del directorio, aportes previsionales, deuda previsional
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Corralón Luján SACIFIA c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que determinó una deuda por aportes previsionales sobre el monto de los honorarios de directores de una sociedad, si ni de las actas de la asamblea ni de los informes contables obrantes en la causa resultan elementos que avalen que las sumas cuestionadas integraban el salario percibido sólo por ellos, que habían denunciado sus tareas ejecutivas y mantenían al día los aportes correspondientes a sendos sistemas jubilatorios.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, concursos, quiebra, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capelluto, Hnos. y Cía.  SCA . s/ concuro  preventivo  s/  Incidente  de  apelación  (CASFPI. - Caja de  Subsidios Familiares para el personal de la Industria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al hacer mérito de las conductas de las partes en desmedro del documento que acreditaba en forma fehaciente la liberación del deudor y del principio interpretativo "favor debitoris" se sustentó en argumentos sólo aparentes, ya que por una parte consideró inaceptable tener que presumir incongruencia en la conducta de la concursada al omitir invocar el pago frente a la segunda intimación de la caja a fin de tener la obligación por extinguida pero por la otra aceptó la incoherencia en el obrar de ésa para considerar subsistente la acreencia.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad extracontractual, pedido de quiebra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRIZO,  MIRTA  CATALINA c/ BBVA  BANCO  FRANCES  SA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Siendo que, en el caso, la actora en su primera presentación sostuvo, no sólo no haber librado los cheques de los que se valió el Banco demandado para alcanzar el dictado de la quiebra, se aprecia, respecto del dicha entidad bancaria, más allá de que recibiera los cartulares dentro del giro normal de sus negocios, que otra debió haber sido la diligencia que debió adoptar al tomar conocimiento en los autos de la quiebra de que los cheques no habían sido librados por la accionante. Sin embargo, recién demostró su cambio de parecer, al prestar su conformidad con el levantamiento de la quiebra por falta de pasivos -desistiendo de su crédito verificado- más de un año después, sin que en ese lapso haya demostrado preocupación en revisar la situación a la que se hallaba sujeta la actora, pese a haber tomado conocimiento de que ésta no había suscripto los cartulares en los que su parte basó el pedido de quiebra, con ello, prolongó una situación jurídica que cercenaba sus derechos, generada en su participación en la indebida circulación de títulos falsos.

Bajo ese encuadre, es indudable que al hecho de tener que defenderse durante casi diez años, en distintos fueros (comercial y penal), viéndose obligada a contratar a tal fin profesionales letrados que, de diverso modo, abogaron por sus intereses, deben sumarse a los múltiples padecimientos y angustias que por necesidad debieron derivar de haber sido investida, injustamente, de la condición de fallida, con todas las consecuencias negativas que esto apareja. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la conducta negligente del peticionante de la quiebra -que indudablemente incidió sobre el estado de ánimo de la accionante, al ser nulos sus esfuerzos por lograr una reacción favorable de éstas con mayor premura- y el tiempo desde el cual la accionante reviste la condición de fallida por una causa no imputable a su persona, se considera adecuado fijar en pesos cincuenta mil ($50.000) la indemnización en concepto de daño moral.
Impuesto a las ganancias, pago en bonos, intereses, títulos públicos, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Montero, Abelardo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Los bonos entregados en pago de los intereses devengados entre las fechas de emisión de los títulos públicos se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias por representar el resarcimiento por la mora en el cumplimiento de la obligación principal a cargo del deudor y constituir ganancias indirectas gravadas en virtud de lo dispuesto en los arts. 1, 2 y 45 -inc. a- de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y sus modif.) y del art. 8 - primer párrafo de su decreto reglamentario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TEMPORELLI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

De la confrontación del planteo recursivo con la resolución cuestionada se desprende que el pronunciamiento no puede ser convalidado, pues adolece de defectos que lo tornan arbitrario y lo descalifican como acto jurisdiccional válido; más para así concluir, es necesario aclarar previamente que en este recurso de inconstitucionalidad no se ha cuestionado la nulidad parcial del decreto 3199/93, declarada por la Cámara interviniente con base en lo resuelto por esta Corte en las causas "Malvicino", por lo cual, además, carecen de decisividad las respectivas posiciones adoptadas en tales precedentes con relación dicho punto en particular; y tampoco se encuentra controvertido que la actora haya podido -como lo hizo- impugnar de manera directa el decreto mencionado en sede administrativa, más allá de lo considerado en torno al acto individual de aplicación, por lo tanto, el análisis del caso debe partir ineludiblemente de la firmeza de las cuestiones indicadas, y ceñirse a la determinación de las derivaciones jurídicas que se producen en función de dicha circunstancia. - CITAS: CSJStaFe: Malvicino, AyS T 221, p 50; AyS T 221, p 94. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto provincial 3199/93, artículos 1 y 2. - Jurisprudencia concordante con Temporelli, AyS T 317, p 468/475, sumario J0049788.
Auto de procesamiento, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: T.J.C. s/ Lesiones leves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-08-02

No resulta suficiente para cumplir con el requisito legal supra enunciado, la sola mención de los elementos probatorios, la mera declaración de haberlos justipreciado, la cita de las disposiciones legales aplicables, y la simple narración de los hechos que se tienen por probados, sino que, resulta preciso y obligatorio concretar en el Resolutorio de que se trate, el análisis que el Instructor manifiesta haber efectuado. Que más allá de los posibles aciertos o errores del fallo de que se trate, las peronsa sobre las que el mismo recae, tienen el derecho básico y primordial de conocer el silogismo fáctico-jurídico que lo sustenta ya que de lo contrario caerían en meras suposiciones e hipótesis sobre su razón de ser y se vería afectada entonces la garantía constitucional de defensa en juicio formulada por el art. 18 de nuestra Carta Magna.
Insuficiencia del agravio, deber de información, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guzmán Fabiana Estela c/ Mercantil Andina  s/ daños y perjuicios - Expte. N° 794/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-07

Vale decir que en el contexto de los acontecimientos sucedidos, el incumplimiento del deber de información de la parte demandada y el peregrinar al que debió someterse la actora para que se le reconozca su derecho, tiene la aptitud suficiente para proyectar una modificación disvaliosa en su espíritu, merecedora de ser indemnizada a título de daño moral -art. 1738 del CCCN-. Así las cosas, los argumentos expuestos por las apelantes no resultan conducentes para modificar el fallo puesto en crisis y en razón de ello, resulta inadmisible el agravio respecto a la procedencia y quantum del daño moral.
Recurso extraordinario federal, competencia provincial
Materia: CIVIL
Carátula: PEREA HECTOR ANDRES c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL INTERPUESTO POR EL  DR. GONZALEZ AVALOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-23

La interpretación y aplicación del derecho común, y de derecho procesal local, resultan de estricta competencia reservada por regla a las provincias, en pos de preservar sus autonomías y el hecho de invocar la causal arbitrariedad fundado en agravios constitucionales no suple la ausencia del requisito de existencia de una cuestión federal a los fines de la procedencia del recurso extraordinario.
Sociedades comerciales, responsabilidad de los directores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barbiero Alejandrina Leonor c/ Viuda de C.Barbiero  e Hijos S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-13

Para que se verifique la imputación a la sociedad -entre otros recaudos -el artículo 58 de la Ley de Sociedades exige que los actos no sean "notoriamente extraños al objeto social.
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, transformación, transferencia del personal, empresas del Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ENTE DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE SANTA FE, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espinosa Pascual, Jorge Arturo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 797-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-06

La ley 10582 (sancionada el 27.12.1990 y promulgada el 17.1.1991) faculta a la sociedad del Estado -posteriormente llamada SEFYR- a efectuar la reubicación del personal del Banco de Santa Fe SA, lo que debía hacerse "sin afectar el nivel de remuneración y la categoría de revista" (artículo 32). De las disposiciones transcriptas puede extraerse que a los agentes que pasaban del Banco Provincial de Santa Fe -entidad autárquica- al Banco de Santa Fe -sociedad anónima con participación estatal mayoritaria-, se les garantizaba que continuarían rigiéndose por las normas y convenciones que refieren al trabajador bancario; que no sufrirían mengua en los derechos que hasta ese momento "detentaban", específicamente "en materia previsional y de obra social"; el "derecho a la estabilidad" -hasta la categoría de Sub Gerente Departamental inclusive-; y, para el caso de ser "reubicados" en la sociedad del Estado, el Banco o alguna de las sociedades controladas o vinculadas que resultaran de la transformación o creación dispuesta, se les aseguraba que no se afectarían el "nivel de remuneración" ni "la categoría de revista". Por su parte, en el artículo 36 de la ley bajo análisis, se faculta a la sociedad del Estado o -en su caso- al Banco a crear una "sociedad de recaudación de tributos provinciales", la que actuaría "por delegación en el control y la inspección de los contribuyentes provinciales", dictándose posteriormente el decreto nº 3265/91 a los fines de constituir el "Ente de Fiscalización y Recaudación de Santa Fe", con la forma de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (artículo 1).
Prueba, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: GUASTAVINO PEDRO GUILLERMO ANGEL s/ TRIBUNAL DE CUENTAS - SU DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-10

Se han violado claras disposiciones tanto procesales como constitucionales al incorporar ilegítimamente a la causa una prueba que -más allá de no habérsele hecho conocer al procesado en oportunidad de serle recepcionada declaración indagatoria a efectos de que éste diera las explicaciones que correspondiere- juego es merituada en su contra por la Jueza apelada, como lo sostiene la defensa. Se ha afectado de tal manera el derecho de defensa de raigambre constitucional, al cercenar a la parte la posibilidad de controlar y en su caso controvertir la producción de aquella.-
Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, existencia de otras vías, procedimiento tributario, inactividad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: EDITORA CARPETAS DE DERECHO S.A. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-10

La acción de amparo intentada por el accionante no es admisible en tanto existía otra que resulta apta y específica para resguardar los derechos que podía estimar que le asistían. En efecto, la ley 16.986 dispone que la acción de amparo no será admisible cuando existan vías legales hábiles para obtener la reparación del agravio (art. 2, inc. "a") y el texto constitucional vigente admite la acción únicamente cuando no existan otros medios judiciales más idóneos (art. 43 de la Constitución Nacional).

La ley de procedimiento tributario contempla los recursos que permiten rever lo resuelto por el órgano administrativo (conf. Arts. 77 y 78 de la ley 11.683 T.O 1998) y hace expresa remisión a la ley procesal penal en la que está previsto, a su vez, un recurso de queja para aquellos casos en que se deniega un recurso que procede ante otro tribunal (conf. Art. 476 del Código Procesal Penal, ley 23.984) siendo ésa, también, la vía apropiada para cuestionar la eventual limitación de un recurso si éste se otorgara sin el necesario efecto suspensivo.

En el caso, el actor no ha empleado en término esa vía recursiva para obtener la protección eficaz de sus derechos y la acción de amparo no se encuentra prevista para suplir la inactividad del afectado durante el lapso en el que se desperdició la oportunidad de atacar el acto u omisión de que se trate, por los medios ordinarios que por la ley se ponen a disposición de aquél. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Resoluciones judiciales, sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: BERMUDEZ CESAR c/ BLAZQUIZ LUIS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Cuando un pronunciamiento judicial ha alcanzado el carácter de cosa juzgada no admite, bajo ninguna circunstancia la posibilidad de una revisión. Lo contrario implica turbar seriamente el orden y la paz social por la cual el órgano judisdiccional debe velar.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de expresión, Constitución Provincial, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Caballero, Adolfo c/ Capello, Mario Osvaldo s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La doctrina de la Corte delineada respecto del artículo 68 de la Constitución Nacional (Fallos: 327:138 "Cossio" y Fallos: 328:1893 "Rivas") establece el alcance de una garantía funcional -la de inmunidad de opinión- que la Constitución Nacional otorga en el artículo mencionado a los miembros del poder legislativo nacional; al ser una jurisprudencia referida a autoridades federales, su alcance no puede ser extendido a la manera en que los tribunales provinciales interpretan las inmunidades legislativas provinciales, que son expresadas en términos similares mas no idénticos en la Constitución Nacional y en la de San Juan (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

El perseguido penalmente, en virtud del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, debe tener la posibilidad de ejercer su defensa en paridad de situación con quien en nombre del Estado intenta destruir la presunción de inocencia que lo ampara, debiendo existir en todo proceso el mayor equilibrio posible entre las partes para la debida defensa de sus intereses y derechos.
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, penas contravencionales, cumplimiento de la pena contravencional, excusas absolutorias, eximición de pena
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ G, L. J y S, A. s/ artículo 59 59
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-18

El cumplimiento de la pena consiste en el agotamiento de las consecuencias impuestas al particular en orden a la comisión de un hecho contravencional; si el condenado en ningún momento ha cumplido con la pena, mal se puede afirmar que la sanción se encuentra consumada.

En el caso, si bien las razones por las cuales le hicieron imposible al condenado llevar a cabo los trabajos de utilidad pública en el hospital no son imputables a su persona, sino al extravío del oficio en dicho nosocomio, eximirlo del cumplimiento de la referida sanción, debido a la pérdida del documento, aunado con la asistencia del encartado, es por lo menos una decisión de difícil excusación. En consecuencia, esta Alzada se ve compelida a revocar el decisorio en crisis y encomendar al Magistrado de la instancia anterior a que de inmediato arbitre las medidas necesarias a los fines de que el condenado cumpla con la pena de trabajos de utilidad pública en el establecimiento sanitario. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)