Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-31


SENT Nro. 546 San Miguel de Tucumán, 31 DE JULIO de 2003.- Y VISTO: Los planteos de "per saltum" efectuados por el Colegio de Abogados de Tucumán en los días 16 y 28 de julio de 2003 (cfr.: fs. 71/76 y 93/99); y C O N S I D E R A N D O :

I. En razón de que la parte actora reiteró el 28 de julio, con un contenido prácticamente equiparable, el planteamiento de "per saltum" que había efectuado el 16 de julio, motivos de economía procesal justifican acumular y resolver en forma conjunta ambas articulaciones, por recaer sobre un objeto análogo y poder ser enjuiciadas en virtud de su conexidad por este mismo Tribunal "ad hoc".

II. El objeto de ambas articulaciones es que se revoque la sentencia nro. 253/2003 que declaró la falta de legitimación activa del Colegio de Abogados de Tucumán y desestimó con costas la acción de amparo promovida contra la acordada nro. 272/02.

En orden a la admisibilidad de la vía directa del "per saltum", sostiene la parte actora que el presente comporta un caso excepcional a la luz del artículo 107 del Código Procesal Constitucional porque la cuestión debatida reúne la doble condición de revestir interés constitucional y gravedad institucional.

Según sus alegaciones, el interés constitucional estaría dado porque la acordada nro. 272 violentaría el artículo 14 de la Constitución de Tucumán y la sentencia nro. 253 transgrediría el principio de legitimación amplia que consagrarían en favor del Colegio de Abogados de Tucumán el artículo 43 de la Constitución de la Nación, el artículo 7 del Código Procesal Constitucional y el artículo 17 de la ley 5233. Y la gravedad institucional estaría dada porque la acordada nro. 272 afectaría no sólo a las partes en juicio sino a toda la comunidad que podría ingresar o solicitar los servicios de la justicia para peticionar por sus derechos.

III. Ahora bien, importa aquí poner de relieve que el "per saltum" es un remedio de carácter excepcional.

Así lo aclara en forma expresa el artículo 107 del CPC cuando establece que sólo procede "excepcionalmente" en un caso pendiente, en el que la resolución recaída revista interés constitucional o gravedad institucional. Y así lo viene diciendo también la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia (cfr.: sentencias nro. 297 del 30/04/03, y nro. 433 del 03/06/02).

La gravedad institucional ha sido concebida a grandes rasgos como un estándar procesal para casos excepcionales en que "lo decidido excede del interés de las partes y atañe también al de la colectividad toda" (C.S.J.N., "Fallos": 247-601, 255:41, 290-266, 292-229). La alegación de estos extremos de excepción crea una carga procesal de fundamentación específica en cabeza del recurrente. Conforme a este principio general la jurisprudencia se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la gravedad institucional cuando la invocación del extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones no demostradas (C.S.J.N., "Fallos", 303-1624, 306-1074, 307-973, 303-1988, 305-2067). También, cuando el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable que la intervención del tribunal no tuviera otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte (C.S.J.N., "Fallos", 303-221, 306-538, 312-575 y 1484).

Para echar mano -por lo tanto- a esta vía directa que persigue "saltear" u obviar el recorrido de una instancia impugnativa extraordinaria, es menester hacerse cargo de una alegación fundada de la existencia de gravedad institucional o interés constitucional y de que esta vía excepcional constituye el remedio idóneo en las circunstancias del caso.

Se ha dicho en este sentido que "solamente las causas en las que con claridad incontestable, surjan aquellos problemas de extrema gravedad institucional (en el más riguroso sentido de la expresión),..., facultan a que esta Corte entre a entender directamente en el caso" (in re: "Matus Arnut del Carmen s/Acción de amparo").

En base a todo ello, consideramos que las afirmaciones de la parte actora no alcanzan a demostrar la reunión de las condiciones de admisibilidad en el contexto circunstancial de este caso.

Al día de la fecha no resulta aquí convincente la idoneidad circunstancial de este remedio excepcional, habida cuenta que el avance del programa de unificación monetaria obsta a mantener que pudieran proyectarse sobre la comunidad los efectos de la acordada nro. 272 y de la sentencia nro. 253.

Por ello, de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y encontrándose de licencia el Dr. Horacio R. Castellanos, se R E S U E L V E :

I.- DISPONER la acumulación de los pedidos de "per saltum" formulados por el Colegio de Abogados de Tucumán en los días 16 y 28 de julio de 2003, por lo considerado.

II.- DESESTIMAR el pedido de "per saltum" formulado por el Colegio de Abogados de Tucumán en los días 16 y 28 de julio de 2003, por lo considerado.

HAGASE SABER.- RODOLFO N. NOVILLO EBE M. LOPEZ PIOSSEK ENRIQUE JOSE GUIBERT AUGUSTO F. AVILA