Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, juicio abreviado, apreciación de la prueba, tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, participación criminal, pena, multa, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Christian Ariel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-09

Corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirma la sentencia dictada en autos. En primer lugar, cabe referir que el imputado firmó un acuerdo de juicio abreviado en el cual reconoció su participación en el hecho calificado como transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes a título de coautor (art. 45, CP y arts. 5 inc. c y 11 inc. c, ley 23.737) y el tribunal de origen modificó la participación endilgada condenando, en definitiva, por la de cómplice necesario del transporte de estupefacientes agravado en grado de tentativa. Con relación a los cuestionamientos sobre la participación del acusado, cabe señalar que, de la prueba recolectada en autos se observa que está debidamente acreditada la participación de Beterette -al menos- a título de partícipe necesario. Ello, en tanto su actuación fue fundamental a los efectos de organizar el transporte de estupefacientes, configurándolo con su intervención tras un fin pre determinado con el que se adecuó y solidarizó a través de actos carentes de neutralidad frente al injusto. Por otro lado, respecto de lo esbozado por el imputado en torno a que correspondía dejar sin efecto la figura agravada del art. 11 inc. c de la ley 23.737, cabe recordar que, además de la condena respecto de Martínez por su intervención como chofer del vehículo encargado del transporte de la mercadería ilícita, el a quo condenó a título de partícipe primario a Achuccaro y cuya figura apareció en función de las escuchas telefónicas y una reunión con Martínez. Así, se observa que hubo un mayor disvalor en la acción en tanto estuvo planificada entre -al menos- los tres condenados en estos actuados. Se afirma lo anterior sobre la base de que actuaron con distintas funciones y, con ello, incurrieron en una mayor puesta en peligro del bien jurídico, que es lo que fundamenta la aplicación de la agravante. Con relación a los agravios de la pena, cabe referir que la importante cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada justifica el apartamiento del mínimo legal aplicable. Esto es, el disvalor de la acción en concreto, expresado en los 1278,6 kg de sustancia estupefaciente secuestrada, dan motivos suficientes para la imposición de 4 años de prisión en función del peligro causado. Por otro lado, con respecto al agravio introducido en el término de oficina por la defensa en torno a que no correspondía el apartamiento del mínimo legal, conforme lo que había sido acordado con el fiscal, debe atenderse que, en el acuerdo de juicio abreviado, se había pactado la pena de 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas a título de coautor. Fue el tribunal de origen el que se apartó de lo estipulado e impuso una calificación legal y una atribución penal más benigna, esto es, el delito en carácter de conato y a título de partícipe necesario. Sentado ello, lo cierto es que el tribunal -dentro del marco de sus facultades- impuso una calificación y una pena más beneficiosa en relación con la pactada y que se desconoce si el fiscal hubiera decidido mantener la imposición del mínimo legal en función del cambio dispuesto por el a quo, de forma tal que no resulta adecuado inferir que, con los cambios introducidos por el tribunal de origen, debía mantenerse la imposición del mínimo de la escala penal aplicable en definitiva al imputado. Por otro lado, observo que el monto de la pena de multa impuesta luce proporcional a la gravedad de la conducta que fuera reprochada en la sentencia impugnada (transporte de 1278,6 kg. de marihuana) y a la afectación del bien jurídico protegido, la salud pública. Ello, más aún teniendo en cuenta que se fijaron 30 unidades fijas como pena de multa cuando el mínimo resultaba ser mayor. Respecto a los cuestionamientos al mecanismo de multa y las alegadas violaciones a principios constitucionales, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de validez (Fallos: 263:309) y que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un acto de suma gravedad institucional y ultima ratio del orden jurídico, ejerciéndose únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 303:625). En referencia a las objeciones formuladas por la defensa en orden a la circunstancia de haber quedado la determinación de cada unidad fija en la órbita del Poder Ejecutivo, se debe reseñar que nuestro más alto Tribunal ha sostenido de manera inalterable la validez de las facultades reglamentarias que el artículo 99, inc. 2° de la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo, sin la cual buena parte de las leyes no podrían tornarse operativas. En otro orden de ideas, respecto del argumento defensista relacionado con la imposibilidad de pago de la multa impuesta y que ello equivaldrá a una prisión por deudas y a una violación al principio de igualdad, cabe señalar que se trata de un planteo meramente conjetural en tanto corresponderá atender la situación económica del encartado al momento de ejecución de la pena de multa, de conformidad a lo normado por el art. 21 CP, en cuanto prevé una serie de posibilidades que tienen por fin reducir al mínimo la sustitución a cualquier forma de cumplimiento que importe privación de libertad, como ser satisfacción de la multa sobre los bienes, sueldos u otros ingresos del condenado, su sustitución por trabajo libre -siempre que se presente ocasión para ello-, como también el pago en cuotas, en los montos y fechas adecuados a la condición económica del condenado. El voto concurrente remarcó que, en las circunstancias de la especie, concordaba en que no se advertían defectos de logicidad de la pieza sentencial ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a las respuestas pretendidas por el encausado sobre los cuestionamientos que formuló en la presentación in pauperis. De otra parte, con relación sobre los extremos de la crítica impugnaticia plasmada en el recurso de casación contra la pena de multa impuesta y la magnitud de la pena de prisión que fuese refrendada en la presentación en término de oficina, se remitía a las consideraciones pertinentes plasmadas con posterioridad en los pronunciamientos recaídos en las causas n° FSA 7065/2017/T01/2/CFC1, caratulada: "Quispe Mamani, Emeliana s/ recurso de casación" (reg. n° 372/19, rta. 19/3/19) y n°FCB 57893/2017/T01/CFC1, caratulada: "Luque, Cesar Augusto s/recurso de casación" (reg. n° 609/19, rta. 15/4/19). Dres. Yacobucci, Slokar -voto concurrente- y Mahiques.