marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Líneas Aéreas Costarricenses S.A. - LACSA c/ EN - Mº Defensa - FAA - dto. 577/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-18

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la acción de amparo dirigida a declarar la inconstitucionalidad de los decretos 577/02 y 1910/02-que fijaron en dólares algunos servicios y tasas para vuelos internacionales- ,para lo cual el a quo sostuvo que la cuestión requería mayor amplitud de debate y prueba y, por ende, otra vía procesal idónea, pues si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y en la causa no se han reducido las posibilidades de defensa de las partes en cuanto a la extensión de la discusión y de la prueba.
Sanciones procesales, multa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Zurano Martinez, Miguel Antonio c/ Balado, José Augusto s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-13

La simple oposición de excepciones,aunque las mismas resultaren improcedentes, no autoriza a dar por sentado que la única finalidad perseguida es la de dilatar el trámite; y atento a que las sanciones deben ser aplicadas exclusivamente para resguardar el orden y decoro en el proceso sin que sea dable castigar la conducta del litigante que se ha limitado a defenderse, cuando de la misma no puede inferirse que ha obrado teniendo conciencia de su propia razón, corresponde desistimar la imposición de la multa que prevé el art. 549 del código procesal.

La sanción en cuestión no resulta aplicable si no se advierte un propósito dilatorio manifiesto ni una conducta maliciosa del deudor, por mas que las excepciones opuestas sean improcedentes. Así la omisión del acompañamiento de copias, la circunstancia de haber sido declarado negligente en la prueba ofrecida, ni la única apelación contra los honorarios exteriorizan por sí solos una intención dilatoria o maliciosa.
Suspensión del juicio a prueba, revocación de sentencia, incumplimiento de resolución judicial, reglas de conducta
Materia: PENAL
Carátula: Kauffman Baudracco, B. E. c/  s/ Suspensión del juicio a prueba. Hurto tentado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

La normativa vigente no prevé la posibilidad de dar por cumplida la suspensión de juicio a prueba por haberse superado el plazo acordado, sin haberse revocado, en ese lapso, el beneficio, ante la transgresión de las reglas de conducta que le fueran impuestas, ya que el período de control no se corresponde con el límite temporal para revocar el beneficio concedido y el artículo 76 ter, cuarto párrafo, del código sustantivo, no establece un límite a la potestad de disponer la revocación.
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación, facultades delegadas, Poder Legislativo Nacional, Poder Ejecutivo, depósito bancario, moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

En exceso de las facultades delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional, al dictar el decreto 214/02, transformó, compulsiva y unilateralmente, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al disponer su conversión a pesos, con apartamiento de lo dispuesto por la ley 25.561 y con una relación entre la moneda nacional y las divisas que no refleja el valor del capital originariamente depositado.
Cuestión constitucional, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa Hugo Alberto c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Las circunstancias derivadas de los defectos de fundamentación del pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso deben ser interpretadas a favor del justiciable y, en razón de ello, debe mantenerse en el análisis del recurso de inconstitucionalidad la consideración del agravio vinculado con la improcedencia de la aplicación de una sanción de inhabilitación por las autoridades administrativas.

Tal solución es, entre las opciones posibles, la que mejor satisface los requisitos de la tutela judicial efectiva y la vigencia del principio pro homine en el marco del proceso justo (art. 18 de la CN; arts. 8, inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12, inc. 6 de la CCABA, entre otros).
Acto administrativo, notificación, nulidad del acto jurídico, notificación por cédula
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gaido, Yolanda Elena Marchetti c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Revocatoria   (Expte. C.S.J. Nro. 656 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

Corresponde desestimar la causal de nulidad de la notificación efectuada por la recurrente con sustento de que en el caso, ante la ausencia de la destinataria, debió dejarse constancia expresa de ello en la diligencia firmada por el notificador y constancia de quien recibió la cédula (de conformidad con el artículo 25 del decreto-acuerdo 10.204/58). Ello así, cuanto la norma invocada rige el supuesto de notificación por cédula entregada por medio de empleado notificador o de autoridad policial; mientras que la aplicable a los casos de remisión por pieza postal, es el artículo 23 del mismo digesto, que sólo exige -en lo que aquí interesa- que se agregue al expediente la copia auténtica de la cédula en cuestión y la constancia de recepción "en el domicilio del notificado". Y en cuanto a su planteo de que debe tomarse como fecha válida de notificación la que surge de las constancias de las actuaciones administrativas, el mismo debe - asimismo- rechazarse, por cuanto dichas constancias no satisfacen los recaudos establecidos por el artículo 20 inciso "a" y 21 del decreto-acuerdo 10.204, para la notificación en diligencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Minetto, María Eugenia Custodia c/ Pirovano, Carlos s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-03

No podría alegarse mala praxis cuando se haya elegido uno de dos o más médicos igualmente adecuados, aceptando incluso que ambos son correos. No configura mala praxis el tratamiento sin cirugía inicial de la fractura de calcáneo conminita en una paciente de 67 años.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: METALURGICA SERRA SRL c/ SECH SA s/ DEMANDA ORDINARIA. APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 187-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05

Debe considerarse sentencia definitiva a los fines de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el auto que hace lugar al apremio cuando el perdidoso es el demandado, por no resultar susceptible de impugnación por los remedios ordinarios (artículo 509 del procesal civil y comercial), como tampoco es posible renovar la discusión en un nuevo juicio, sobre la cuestión que fue materia de la excepción procesal rechazada (inhabilidad de título).
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 37/08 Banco Nación Argentina c/ Parane Juan C.; René Ariel; Pedro A. Arias y Pedro A. Arias - Ejecutivo Expte. Nº 155/96 - Tercería de Mejor Derecho - Sumario s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-19

El recurrente invoca la reforma introducida por la ley 22.434 al Art. 311 del CPCC que excluye el periodo de la feria judicial a los efectos del cómputo del plazo de caducidad.

Sobre el tema cabe señalar que esta Corte con distinta integración, ha sostenido en numerosas causas, que debían computarse los días de la feria judicial a los efectos de contar los plazos de caducidad, los que por otra parte eran superiores a los contenidos por ejemplo en el orden nacional, quedando claro entonces que cuando la Provincia de Catamarca adopta el Código de Procedimientos Civil de la Nación una de las pocas reformas que introduce ha sido duplicar los plazos previstos en el Art. 310 del CPCC. La doctrina legal que se sentó sobre el particular se elaboró en base a la interpretación literal que se hiciera del Art. 311 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia, resultando ésta concordante con el criterio sustentado por la mayoría de los tribunales del país.

Dicho criterio, sin embargo, no dejó de reconocer la opinión minoritaria, que invocaba como argumento de peso para excluir la feria judicial, la imposibilidad que tienen las partes para impulsar el proceso judicial durante ese lapso. Criterio que luego recoge la reforma introducida al Art. 311 del CPCC por la ley 5213 Decreto Nº 903 y que recién entró en vigencia el 01/02/08.

En este contexto resulta fácil colegir, que el caso de autos se subsume plenamente en el anterior Código Procesal que establecía: "los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.

Correrán durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de partes o por disposición del juez".
Recurso extraordinario, cuestión federal, justicia militar, tribunales militares, tribunal administrativo, Código de Justicia Militar, revisión judicial de actos administrativos, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, recurso militar ante la justicia federal, delitos comunes cometidos en actos de servicio, proceso de reorganización nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: CAPITAN JORGE SANTA ANA Y OTROS s/ COMPETENCIA MILITAR.   DELITOS COMUNES Y MILITARES.    RAZONABILIDAD  EN  LA  INTERPRETACION  Y  APLICACION  DE LA LEY.   ABANDONO DE PERSONAS Y ENCUBRIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-27

Si bien en el caso en que se estableció que los fallos de la justicia castrense por hechos anteriores a la vigencia de la ley 23 049, se trata de delitos comunes o militares, no son recurribles por la vía de artículo 445 bis, salvo en los supuestos del artículo 10 delitos comunes cometidos en las operaciones antisubversivas con anterioridad al 15 de febrero de 1984- se debate la exégesis acordada a normas de naturaleza procesal, cabe atender el planteo del recurrente toda vez que la sentencia apelada impide de manera definitiva la revisión judicial amplia de una condena criminal dictada por tribunales esencialmente administrativos ocasionado de ese modo un agravio directo al derecho constitucional que el apelante invoca en favor de la intervención de la justicia federal en el caso.
Derecho civil, protección de la vivienda, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Razetto, Jorge Andrés  c/ Benedetti, Sara Silvina y otro  s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-03

La Ley Provincial N° 9543 dispone que se considera inscripta de pleno derecho como bien de familia la vivienda única, y aun cuando remite a la terminología de la Ley Nacional N° 14.394, es claro que lo que pretendía era establecer una inscripción de pleno derecho a cualquier régimen adoptado en el mismo sentido. Con la vigencia del CCC, el objeto de la norma provincial se concreta mediante otro sistema, pero con idénticos efectos.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, bancos, directorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Remaggi, Luis Alberto y otros s/ estafa a Oscar Gastón Iriarte y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Es competente la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital para conocer en la causa en la que se investiga la estafa cometida por los directivos de un banco, en tanto allí es donde se halla toda la documentación vinculada con los hechos investigados, y se domicilian los imputados.
Delitos contra el honor, cuestión de interés público
Materia: PENAL
Carátula: Veiga, Rubén s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-16

Corresponde confirmar el sobreseimiento fundado en que las manifestaciones dirigidas al querellante fueron realizadas en virtud de su calidad de funcionario público, pues los dichos vertidos durante la celebración del aniversario de la Federación Argentina de Graduados de Ciencias Económicas versaron sobre una reunión entre directivos del Consejo Profesional, peritos de un grupo económico, peritos de la Corte Suprema y el representante de un estudio, todos denunciados ante la justicia. El voto concurrente agregó que habida cuenta la naturaleza y competencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la puja en el marco de una campaña para la elección de autoridades trasciende el mero interés privado o corporativo de una asociación libre de profesionales y se conecta directamente con los intereses públicos confiados a esa asociación. (Dres. Yacobucci, García y Madueño).
Cámaras de casación, jurisprudencia vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Pic, Diego Hernán s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-12

El recurso de casación, lejos de producir un desgaste mayor de actividad jurisdiccional al añadir una instancia al proceso penal, contribuye a la celeridad y economía procesales al cobijar criterios uniformes que sirven de cartabón de viabilidad para el futuro accionar judicial.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arias, Fernando y Gómez José Antonio s/ Homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-11-04

Si mediante argumentos concernientes al elemento subjetivo del delito el recurrente intenta controvertir la estructura del hecho en su realidad intencional, se traspasan con evidencia los límites del recurso de casación, reservado para cuestiones de derecho, y debe, por ende, declararse la inadmisibilidad formal del planteo. Excede los contornos de la casación, en cuanto recurso de derecho, el desconocimiento de los hechos que integran la versión histórica en que el a quo ha basado la sentencia, a partir de la correlación de diversas pruebas. Cuando la crítica del fallo ha sido abordada desde un costado ajeno al encuadramiento jurídico de los hechos en él descriptos, eligiéndose una vía, la del cuestionamiento de los hechos y la prueba, que, según reiterados precedentes de esta Corte, puede admitirse excepcionalmente, en tanto el impugnante formule una concreta demostración de arbitrariedad o absurdo, deben ponerse de manifiesto las transgresiones a la lógica en que hubiera incurrido el sentenciante.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, legitimación pasiva, obras sociales, asociaciones sindicales
Materia: PROCESAL
Carátula: BRIZUELA, José Antonio c/ CLINICA NEUROPSIQUIATRICA SANTA SILVIA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-26

A partir de la sanción de la ley 22.269, los servicios médicos asistenciales tendientes a conservar o recuperar la salud de los trabajadores, prosiguen a cargo de las obras sociales, aunque desvinculados de las asociaciones gremiales. De sus artículos se desprende que la obra social es sujeto de derecho y administradora de los fondos con que se alimenta el sistema, poseyendo de esta manera individualidad jurídica, administrativa y financiera, totalmente desvinculada de las asociaciones gremiales de trabajadores.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la constitución, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos c/ Dirección General de Escuelas s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-23

El recurso extraordinario resulta admisible toda vez que en el caso se encuentra en tela de juicio la constitucionalidad de normas provinciales (resolución 2616-DGE-2012 y sus sucesoras), bajo la pretensión de ser contrarias a los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la intimidad y a la igualdad, a la honra y a la dignidad; y la decisión apelada ha sido a favor de la validez de las normas locales (artículo 14, inciso 2°, de la ley 48). (Votos de los jueces Rosenkrantz y Maqueda y Lorenzetti).
Interpretación de la constitución, cinematografía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cine Callao
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-06-22

Las altas y plausibles finalidades de la ley 14.226 no pueden cristalizar por medio de normas incompatibles con la vigencia, que es más elevada, de la Constitución Nacional. Tan contraria a ésta es la concepción del ejercicio de un derecho sin restricciones emanadas de leyes que lo reglamenten para permitir la coexistencia de todos los derechos, como una que describa ese ejercicio alterado por la ley so color de su reglamentación (Voto del Doctor Luis María Boffi Boggero).
Prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Luna de Nieva, María Angélica c/ Orensa S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-12-09

La naturaleza del plazo de tres meses al que hace referencia el artículo 3980 del Código Civil, no implica nuevo plazo de prescripción, sino que se trata de un verdadero plazo de caducidad y en consecuencia no es susceptible de interrumpir o suspender del curso de la prescripción.
Concursos, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franza y Moglia E. s/ Concurso Preventivo- Incid.de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Siendo criterio del Tribunal que el domicilio procesal constituido en el expediente principal rige también para los incidentes y ajustándose la verificación tardía de créditos (art.67 Ley 19551) al trámite incidental contemplado por el art. 303 de tal cuerpo normativo, por su vinculación con el objeto principal del concurso, no queda excluido de aquel criterio en la medida en que el proceso concursal no haya concluido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, patrocinio letrado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: LA ANTIGUA POSTA DE BELGRANO c/ MAUDET DE BARBERO POEMA Y OTRO s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Los derechos que la ley reconoce a los letrados que asisten a las partes no permite que se le acepte la alegación de agravios ni los faculta para pretender modificarlo libremente dispuesto por ellas respecto a la forma como habrán de soportarse las costas del juicio.

Si la presencia de agravio y el interés de quien la interpone, constituye uno de los requisitos subjetivos de admisibilidad de la apelación, la decisión de las partes y declaración del "a quo" sobre la forma como serán soportadas las costas del proceso al no vulnerar derecho alguno de los recurrentes torna inadecuado el concedido.
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Algodonera Lomas s/ Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Los honorarios de los abogados, y demás costas procesales son accesorios del capital sobre el que versa la sentencia y tienen la misma condición de él. Si la obligación principal es de hacer y no está consolidada, tampoco lo están los honorarios, dado que la accesoriedad es el elementos dominante. Tratándose de honorarios que son accesorios del "capital" sobre el que versa la sentencia, el que se encuentra excluido de la consolidación, la costas también quedan exceptuadas de dicho régimen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de contrato de trabajo, trabajador autónomo
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Tracci, Graciela Silvana c/ Constanza, Marcelo Abelardo y-o Quien Resulte Responsable deEscuela Privada de Mecánica Dental s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-22

La inscripción como trabajador autónomo no es decisoria para atribuir al accionante el carácter de empresario que exige el artículo 23 de la L.C.T., ya que bien pudo ser una imposición de la parte económicamente más fuerte en la relación laboral.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, responsabilidad solidaria, seguros, alcance de la cobertura
Materia: LABORAL
Carátula: Canil, Ubaldo Alberto. c/ Imepa SA. s/ Accidente de Trabajo. Responsabilidad del Asegurador.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-03-25

La sustitución (facultativa) de las obligaciones del empleador por un seguro privado, conforme artículo 7 Ley 9688, debe ser integral, es decir no puede ser restringida, con efecto contra el trabajador, por arreglos entre el empleador y el asegurador. Las posibles restricciones convencionales, así como las cláusulas de caducidad, son internas y no pueden oponerse al trabajador. Lo dicho vale tanto para el caso del trabajador que accione directamente y en forma exclusiva contra la compaÑía aseguradora que ha tomado a su cargo el riesgo, o haciendo uso de sus facultades legales lo haga solamente contra el empleador y sea éste -como en el caso- quien traiga a juicio a la aseguradora mediante la pertinente citación en garantía.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, intereses, tasas de interés, índices de precios, índices de actualización
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SAIC Y AMBROS-PALMEGIANI SA CONSTRUCTORA,  INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA DEMANDADA - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 98 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Es inadmisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad ya que no han de merecer favorable acogida los reproches que giran en torno a los intereses aplicados, toda vez que si bien lo pedido puede aparecer distinto de lo condenado, ello no obedece sino a cuestiones temporales en relación a los vaivenes y modificaciones sufridas en nuestra economía, sin que, por lo demás, pueda advertirse -al menos no resulta idóneo hablar de capitalización de intereses contrarios a la ley, desde que ello no es lo que se plantea en autos- que disponer que los montos resultantes se actualicen por el índice de precios de la construcción (INDEC) desde que sus importes se erogaron o debieron erogarse hasta el 31 de marzo de 1991, con más el 6% de interés anual no capitalizable; y desde el 1 de abril de 1991 hasta el efectivo pago el promedio entre tasa activa y pasiva del Banco Nación, sin capitalización alguna, deviniera carente de razonabilidad.
Alimentos, cuota alimentaria, retención directa sobre los ingresos del alimentante
Materia: CIVIL
Carátula: B.P., B. c/ P.M., J.H. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

Si bien al ordenar la retención de la cuota directamente de los haberes del alimentante se eliminan futuras incidencias, posibilitando además su inmediata percepción con los ajustes correspondientes, no cabe disponer tal medida a solo requerimiento de la interesada sin que correlativamente quede evidenciada una conducta remisa del alimentante en cumplir con su obligación, o, en su defecto, la retención directa haya sido convenida entre las partes.