Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


//n la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, reunidos los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora Gabriela García, con el objeto de resolver en esta causa Nro. 7681 del registro de esta Sala, caratulada: "CONTRERAS, Claudio Sergio y otros s/recurso de casación", estando representado el Ministerio Público por el Fiscal General doctor Juan Martín Romero Victorica, la defensa de Miguel Enrique Roa y Beatriz Angélica Pagliero por el doctor Félix Alberto Santamaría, y Cristián Roberto Muñoz y Claudio Sergio Contreras por el Defensor Público Oficial ante esta Cámara, doctor Juan Carlos Sambucetti (h).

Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor W. Gustavo Mitchell, en segundo lugar el doctor Juan E. Fégoli y, por último el doctor Pedro R. David. (fs.74).

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

I- 1°) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por veredicto obrante a fs. 1/2vta. y cuyos fundamentos se encuentran glosados a fs. 3/18vta., -en lo que aquí interesa- resolvió:

II. Hacer lugar a la nulidad de la acusación fiscal, articulada por la defensa oficial de Cristian Roberto Muñoz, y adherida por la defensa particular de Miguel Enrique Roa y Beatriz Angélica Pagliero, (arts. 166, 167 inc. 2°, 168, 169, 170 inc. 3° C.P.P.N.).

IV. Hacer lugar a la redargudación de falsedad de las transcripciones telefónicas, articulada por la defensa particular de Miguel Enrique Roa y Beatriz Angélica Pagliero (arts. 979, 993 del Código Civil).

VIII. Absolver a Claudio Sergio Contreras del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. inc. "c" de la ley 23.737), sin costas y cesando a su respecto todas las restricciones y cautelares que oportunamente le fueran impuestas (arts. 3 y 402 del C.P.P.N.).

IX. Absolver a Cristian Roberto Muñoz por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. inc. "c" de la ley 23.737), sin costas y cesando a su respecto todas las restricciones y cautelares que oportunamente le fueran impuestas (arts. 3 y 402 del C.P.P.N.).

X. Absolver a Miguel Enrique Roa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. inc. "c" de la ley 23.737), sin costas y cesando a su respecto todas las restricciones y cautelares que oportunamente le fueran impuestas (arts. 3 y 402 del C.P.P.N.).

XI. Absolver a Beatriz Angélica Pagliero por el delito de tenencia para consumo personal en concurso real con el delito de facilitación de un lugar para la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 10 primer párrafo y art. 14 2do. párrafo de la ley 23.737), sin costas y cesando a su respecto todas las restricciones y cautelares que oportunamente le fueran impuestas (arts. 3 y 402 del C.P.P.N.).

2°) Contra esa resolución el doctor Horacio Guillermo Sourrouille, Fiscal General ante el mencionado Tribunal, interpuso a fs. 20/38vta., recurso de casación, el que concedido a fs. 40/41, fue mantenido a fs. 50.

3°) El impugnante dirigió su embate casatorio contra la sentencia emitida por el Tribunal de mérito por cuanto declaró la nulidad de la acusación fiscal, hizo lugar a la declaración de redargución de falsedad de las transcripciones telefónicas, y sin perjuicio de haber declarado nulo el alegato fiscal, absolvió a los imputados invocando el principio "in dubio pro reo".

En relación a la nulidad del alegato acusatorio por violación al principio de congruencia, el recurrente considera que el fallo adolece de "gruesas fallas en la evaluación de los hechos, resulta tan contradictoria, carece de fundamentación y es tan absurda que para concluir con su voluntad nulificante ha debido torcer en forma arbitraria el orden natural de las cosas, lo que resulta de instrumentos públicos, lo que expresaron los testigos, etc., incurriendo en una total falta de motivación para su pronunciamiento..." (cfr. fs. 28).

Indica que el Tribunal expresó que la afectación del principio de congruencia se originó como consecuencia de que el recurrente efectuó valoraciones en extenso de las causas n°1992 y n° 1998 y sus pruebas (del registro del Juzgado Federal de Ushuaia), 'sin permitir que los imputados y sus defensas técnicas pudieran evaluarlas y efectuar sus descargos en indagatoria. No fueron intimados por ese hecho de vinculación ni por la prueba que implica. De este modo violó la legalidad del proceso, y el derecho de defensa de los imputados (art. 18 CN)'.

Respecto de estas afirmaciones, sostiene que "no solamente son falsas porque contradicen constancias de la causa, sino que resultan absolutamente contradictorias, dogmáticas y basadas únicamente en la voluntad del sentenciante".

En tal sentido, expresa que el sumario n° 1998 caratulado "Av. Pta. Inf. Ley 23737" se encuentra agregado al expediente conforme surge de fs. 7, en razón de que uno de los imputados Claudio Sergio Contreras resulta investigado en la causa n°1993.

Asimismo, con respecto al restante legajo, afirma que el mismo fallo hace referencia a que en el sub examine el juez instructor ordenó adjuntar copias certificadas de la causa 1992.

En tales condiciones, agrega "no puede afirmarse como se hace en el fallo, que hay absoluta ajenidad entre la inclusión en el alegato de otras causas donde se investiga al enjuiciado CONTRERAS por infracción a la ley 23.737, y mucho menos que ello haya afectado el derecho de defensa de los imputados" Agrega que en el Tribunal"efectuó una alegación tangencial que de ninguna manera pudo afectar el derecho de defesa, máxime cuando las constancias de las causas paralelas existen en la presente desde el inicio mismo de las actuaciones como se ha demostrado".

Por otra parte crítica a los jueces por no haberle advertido, si así lo entendían, que los hechos y pruebas antes referidos no se correspondían con el objeto de la investigación.

Sin perjuicio de ello, asegura que en la sentencia no se hizo referencia a qué ampliación de hechos y qué pruebas concretamente vulneraron el derecho de defensa, por lo que tal decisión afecta a su entender el debido proceso y constituye un pronunciamiento basado en su sola voluntad. Asimismo expresa que es notable que "la sentencia realice largas elucubraciones de orden general 'sin bajar a la causa', sin referencias concretas a las pruebas salvo para descalificar al Ministerio Público".

Por otra parte, y con respecto a la falta de fundamentación que según los jueces se observa en el alegato acusatorio, el recurrente arguye que de ninguna manera su acusación no se encuentra debidamente motivada "toda vez que los hechos imputados a los enjuiciados han sido correctamente descritos y no han variado desde el inicio, existen pruebas que los sustenta y para llegar a su conclusión y pedido de pena se ha articulado un razonamiento lógico".

Seguidamente cuestionó el modo en que el Tribunal descartó cada uno de los argumentos que arguyó el impugnante al momento de describir la conducta de los imputados, concluyendo que "estas discrepancias en la valoración probatoria, efectuada por el Ministerio Público en su alegato por parte del Tribunal, podrían servir en todo caso para sentenciar en forma distinta a la pretendida por el Fiscal, ya sea absolviendo o subsumiendo el hecho en otra figura típica. No alcanza en cambio para decretar la nulidad del alegato fiscal por falta de fundamentación. (cfr. fs. 33vta.) También se agravia por el hecho de que el a quo haya rechazado la acusación alternativa, en tanto la misma se sustentó para el supuesto que el Tribunal de juicio no hubiere compartido la calificación del tipo legal seleccionado por el Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, señala que "estamos siempre en el mismo delito, respetando la unidad fáctica: tenencia de drogas. Esta tenencia puede ser para consumo personal, para comercialización o subsumida en la figura residual tenencia simple". (34vta.) Otra cuestión que mereció el reproche del recurrente lo constituyó la declaración de redarguación de falsedad de las transcripciones telefónicas, decretada en el punto IV de la sentencia. Ello así, en primer lugar por carecer de razón, habida cuenta que luego de decretada la nulidad de la acusación fiscal, a su entender, el a quo debió absolver a los enjuiciados. Sin perjuicio de ello, se desconocen los motivos por los que los jueces tomaron esa decisión, sin realizar una referencia concreta relativa al cuando, como, en que transcripción a cual le sacaron los párrafos y a cuál palabras, concluyendo que "estos interrogantes han quedado en la elaboración mental interna del Tribunal, sin satisfacer la exigencia del debido proceso legal del art. 18 CN, que también alcanza al Ministerio Público (CS Fallos 268:266 "Otto Wald"), afectando también el procedimiento en los términos del art. 456, inc. 2 del CPPN".

En cuanto a la absolución de los imputados invocando el principio in dubio pro reo, sostiene que "se trata otra vez de una afirmación dogmática que no resiste el análisis, toda vez que no se dice ¿Cuáles son las pruebas dudosas cuya interpretación debe hacerse a favor de los enjuiciados?", agregando que nuevamente, toda ha quedado en el pensamiento íntimo del Tribunal, impidiendo conocer sus fundamentos, quebrantando de este modo el debido proceso legal y las formas del proceso.

Hace reserva del caso federal.

4°) Que en el período procesal previsto por los arts. 465 -primera parte y 466 del Código de forma, el Fiscal General ante esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo Wechsler y el Defensor Público Oficial ente la Cámara, doctor Juan Carlos Sambucetti (h), presentaron sendos escritos en los que por las razones de hecho y derecho, que expresaron, solicitaron se haga lugar al recurso y su rechazo, respectivamente.

Que en la oportunidad prevista en el art. 468 del Código de forma, el doctor Juan Carlos Sambucceti (h) presentó breves notas, en las que reiteró los argumentos por los que a su entender corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y confirmar la resolución absolutoria en beneficio de su asistido Claudio Sergio Contreras.

II- Llegadas las actuaciones a esta Instancia, considero que el recurso de casación interpuesto por el Fiscal General es formalmente admisible, toda vez que del estudio de las cuestiones sometidas a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente el art. 456 del Código de forma; además el pronunciamiento es recurrible en virtud de la doctrina emanada por la C.S.J.N. en el Fallo "Casal".

Asimismo, es apelable en razón de lo dispuesto por el art. 457 del citado código.

III- Ingresando al examen del primer agravio relativo a la declaración de nulidad por violación al principio de congruencia del alegato Fiscal adelanto que mi opinión resulta coincidente en este sentido con los argumentos alegados por el recurrente.

Antes de avocarme a dar respuesta al themma decidendum, cabe recordar que al votar in re: "Vara Gutiérrez, Ciro, s/recurso de casación", de esta Sala, reg. 1982, rta. 22/5/1998, sostuve que "lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación ... ya que de lo contrario se vulneraría la garantía de la defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. En este sentido, no toda diferencia material de los hechos produce la nulidad de la sentencia condenatoria; sólo la produce si esa diferencia hubiera perjudicado la posibilidad del imputado de presentar pruebas defensivas".

Por lo tanto el principio aludido tiene como objeto que haya identidad en la imputación del mismo hecho.

Empero, cabe advertir que la simple variación no es suficiente, sino que para que el axioma produzca su efecto, la modificación debe ser sustancial, condición que aparejaría la lesión al derecho de defensa. Estos conceptos también deben ser aplicados por el Fiscal General al momento de producir su alegato, habida cuenta que cualquier variación sustancial en cuanto a la plataforma fáctica de los hechos imputados provocaría la inmediata afectación al principio de defensa en juicio.

Ahora bien, al examinar los fundamentos de la sentencia, observo que el a quo hizo una errónea aplicación de esta doctrina. Ello así, en primer lugar por cuanto en la oportunidad de formular su alegato, el Fiscal General mantuvo la correlación en cuanto a los hechos y a la calificación legal con la que el Agente Fiscal había requerido la elevación a juicio con respecto a Contreras.

En cuanto a la valoración de los elementos vinculados con la causa n° 1992, observo que su introducción al debate -requerida por el Fiscal General al momento de ofrecer prueba-, no importó la descripción de nuevos hechos o la ampliación de circunstancias fácticas que determinen la violación al principio de congruencia, sino que su referencia estuvo dirigida a fortalecer su acusación en cuanto a que Contreras no sólo había sido investigado por comercializar estupefacientes en el sub judice, sino también en otros procesos.

Es así, que tengo para mi que las escuetas referencias que en este sentido expresó el Fiscal, no poseen la entidad para ampliar la identidad fáctica de la acusación y sustraer a la defensa del control de la prueba, habida cuenta que para que ello opere debería haberse formulado una concreta imputación en contra del causante, o modificar los elementos materiales del delito imputado, o la acción desplegada, circunstancias que de ninguna manera observo que se hubieran producido.

En tal caso, si el a quo entendía que la introducción de dicha prueba excedía el marco de la acusación, debió extraerla de su valoración al momento de dictar sentencia, y avocarse a analizar las restantes pruebas que habían sido ingresadas al debate. En consecuencia , la declaración de nulidad del alegato fiscal se fundamenta en una arbitraria valoración de elementos que de ninguna manera trajeron aparejado la violación al principio de congruencia, y por tanto debe declararse su nulidad.

También asiste razón al recurrente en cuanto a que la declaración de nulidad del alegato fiscal por falta de fundamentación decretada por el Tribunal carece de la correcta razonabilidad.

En tal sentido, considero que los jueces se encuentran obligados a declarar la nulidad de ese acto sólo en aquellos casos en que se verifique un apartamiento del requisito de motivación impuesto por el artículo 69 del Código de forma.

Sin perjuicio de ello, observó que el Tribunal para arribar a la solución impugnada se limitó a cuestionar el valor que el Representante del Ministerio Público le atribuyó a los elementos de juicio que tuvo por acreditados al momento de fundamentar la acusación. En tal sentido, y si bien los jueces son libres en la valoración y selección de las pruebas, la discrepancias de opinión que pudieran suscitarse con relación al modo en que fundamenta el Fiscal General su reproche no puede conllevar a su anulación, máxime cuando de la exposición de los motivos que justificaron su grado de convicción no surgen vicios con entidad de producir su ineficacia. No obstante lo expuesto, tampoco los sentenciantes demostraron de qué modo se afectaron las garantías constitucionales a la defensa, que le permitieran declarar nula la actuación del ministerio Público Fiscal, habida cuenta tal como surge del acta de debate, la defensa ha tenido oportunidad de conocer la imputación dirigida en contra de los causantes, además de controlar y alegar sobre la prueba producida en autos.

En tal sentido, reitero que un diferente enfoque relativo al modo de valorar la prueba de ninguna manera puede traer aparejada la sanción de nulidad del acto acusatorio, y por tanto asiste razón al recurrente en que la declaración de nulidad del alegato carece de la debida fundamentación, y como consecuencia de ello no puede ser aceptado como un acto jurisdiccional válido.

En lo que respecta a la declaración de la redargución de falsedad de las transcripciones telefónicas, tengo para mi que carece de las exigencias mínimas de fundamentación exigidas por el Código de forma, por cuanto el Tribunal sostuvo que luego de reproducir en forma íntegra las cintas magnetofónicas surgieron diferencias en las transcripciones, empero al referirse a éstas en forma general y no realizar un examen en particular, resulta imposible verificar a qué párrafos, diálogos y demás elementos probatorios se están refiriendo los jueces.

Asimismo, el a quo no ofreció ningún argumento que permita conocer las razones por las que se encontraba impedido de valorar el contenido de los casetes cuando estos fueron reproducidos en el curso de la audiencia, y por tanto esta prueba pudo ser controlada por las partes.

En definitiva, la sentencia no cumple con la motivación exigida por el art. 404, inciso 2° del C.P.P.N., habida cuenta que no sólo se desconoce de manera concreta qué deficiencias se materializaron en las transcripciones, aunado a que los jueces no expresaron ninguna referencia respecto a los motivos por los que descartaron cotejar el contenido de la prueba que surgía de las escuchas, con el resto de las probanzas arrimadas al proceso.

Por último, también asiste razón al recurrente en cuanto a que la absolución de los imputados por aplicación del principio "in dubio pro reo" receptado por el art. 3° ibídem, en razón de haberse decretado la nulidad absoluta de la acusación formulada por el Fiscal General durante su alegato por violación al principio de congruencia y poseer fundamentación aparente, deviene irrazonable. Ello así, por cuanto a dicha conclusión únicamente puede arribarse como consecuencia de la carencia de prueba concluyente, es decir la ausencia de certeza apodíctica, indiscutible consecuencia de que el suceso no pudo acaecer de otra manera en cuanto a la existencia del hecho y la participación que les cupo a los imputados.

Estas exigencias determinan que los jueces desempeñen su cometido de motivar las sentencias de manera tal que, a través de sus fundamentos, resulte posible corroborar los extremos ut supra mencionados.

Es que este axioma sólo puede ser aplicado al momento de dictarse sentencia, y su fundamento radica en que luego de haberse valorado todos los elementos probatorios y demás circunstancias obrantes en el expediente, el tribunal se encuentra en condiciones de admitir que se ha alcanzado el convencimiento necesario para condenar al imputado o de inverso aseverar que cuenta con la mera probabilidad y por lo tanto el deber de absolver.

Ahora bien, en el sub examine no se encuentran aplicados estos conceptos, por cuanto como puede reflejarse en la sentencia la absolución no derivó de una correcta valoración de los elementos recolectados en la audiencia de debate, sino que surgió como consecuencia de la anulación del alegato acusatorio pronunciado por el Fiscal General, lo que indica una errónea aplicación de la ley procesal y por lo tanto no puede ser aceptado como un acto jurisdiccional válido.

En conclusión propicio para el acuerdo: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el recurrente a fs. 20/38 y vta., se declare la nulidad del fallo impugnado, se reenvíen las presentes al Tribunal de procedencia para que tome nota de lo aquí resuelto, y a través de una nueva integración, se sustancie un nuevo juicio con arreglo a derecho, sin costas ( arts. 471, 530 y 531 del CPPN).

Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores Juan E. Fégoli y Pedro R. David dijeron:

Que adhieren al voto del doctor Mitchell.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General doctor Horacio Guillermo Sourrouille a fs. 20/38 y vta., declarar la nulidad del fallo impugnado, reenviar las presentes al Tribunal de procedencia para que tome nota de lo aquí resuelto, y para que a través de una nueva integración, se sustancie un nuevo juicio con arreglo a derecho, sin costas ( arts. 471, 530 y 531 del CPPN).

Regístrese, notifíquese en la oportunidad prevista en el último párrafo del art.469,en función del art. 400, ambos del Código Procesal Penal de la Nación y remítase el expediente al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo: Dres. Pedro R. David - W. Gustavo Mitchell - Juan E. Fégoli. Ante mí: Dra. Gabriela García