Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-13


Nro. de Sentencia: 008 COMODORO RIVADAVIA, trece de febrero de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "F., S. E. s/Excarcelación", Expediente Nro. 15506 año 2006, venidos del Juzgado de Instrucción Nro. 3 (Expediente Nro. 239 año 2006).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 5/9, por la defensa particular de S E F, contra la resolución de fojas 4, que no hizo lugar a la solicitud de excarcelación presentada a fs. 1.

Sostiene la recurrente que le genera agravio la mencionada resolución porque se ha vulnerado el derecho a la libertad ambulatoria consagrado por el art. 14 de la C.N.. Expresa que, la privación temporaria de la libertad del imputado no tiene más objeto que asegurar la aplicación de la pena atribuida por la ley por la supuesta comisión de un delito. Agrega que si esa seguridad puede obtenerse por otro medio, compatible con la libertad y con las exigencias del proceso, corresponde conceder la excarcelación, ya que, además el imputado tiene a su favor la presunción de inocencia (art. 18 C.N.). Manifiesta, genéricamente, que con el mantenimiento de la restricción a la libertad ambulatoria, se evita que el comportamiento del imputado entorpezca la normal continuidad del proceso penal y la negativa a otorgar la soltura del mismo se orienta a aventar el peligro referente a que éste dificulte la investigación o se fugue. Luego, en referencia a la causa, indica que tanto el Ministerio Fiscal como el a-quo han sustentado la denegación de la excarcelación en el peligro de obstaculización de la investigación. Precisa que, en la resolución impugnada, se dice que de recuperar el imputado de la libertad intentará "influir, modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba". En orden a tal afirmación, arguye que su defendido nunca ha entorpecido ninguna inspección policial o municipal o ha obstaculizado control alguno; que la actividad que desarrolla es absolutamente lícita y que no existen siquiera indicios de que se pudiere entorpecer el curso de la instrucción y de la investigación de los hechos. Alega que, incluso, en los distintos allanamientos efectuados tanto en esta ciudad como en Caleta Olivia y Las Heras se han efectuado secuestros de diversa índole, extremo que lo lleva a concluir que no se entiende "qué elementos de prueba puede llegar a modificar, ocultar o suprimir S E F". Aduce, luego, que más allá del secreto del sumario, sabido es que al presente la investigación del Ministerio Público Fiscal es de varios meses y se han recolectado diversos elementos de prueba, de modo que el argumento esgrimido para fundar la decisión es aparente.

Señala, por último que no se ha tenido en cuenta que de acuerdo a los antecedentes de la causa es viable la posibilidad de condena de ejecución condicional y que desechar tal posibilidad implicaría preguzgamiento y anticipo de culpabilidad y agravaría aun más la situación del imputado. Finalmente se propugna la revocación de la resolución recurrida y el otorgamiento de la excarcelación S E F. Se hace reseva del caso federal.

Estos fundamentos son ampliados por el recurrente en la oportunidad prevista por el artículo 413 del Código Procesal Penal, fs. 17/21, oportunidad en la que se mantiene la reserva del caso federal.

Previo a considerar las particula-ridades propias de la causa, teniendo presente las genéricas consideraciones efectuadas por la defensa en orden a la garantía de la libertad ambulatoria consagrada en la Constitución Nacional y los pactos internacionales, es pertinente efectuar una breve reseña de las normas constitucionales y supra nacionales que regulan el delicado instituto de la prisión preventiva. No hay dudas que el derecho de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso emana de los artículos 14,18,y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que, también, lo consagran los artículos 18 inciso 4 y 49 de la Constitución Provincial. Siendo pertinente agregar la previsión del artículo 22 de ésta que ordena la interpretación de los derechos fundamentales y libertades de conformidad con las Declaración Universal de Derechos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por la Nación argentina.

Partiendo de estas normas preeminentes del ordenamiento supranacional, nacional y provincial es dable afirmar el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo, tal como con absoluta claridad lo establece la Constitución de la Provincia del Chubut -art. 49- y, en virtud de ello, la privación de la libertad solo podrá autorizarse cuando sea imprescindible. En esta misma línea argumental ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe nº 12/96, que la privación de la libertad durante el proceso penal es una medida excepcional en vista al derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta en orden al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal incluyendo el derecho de defensa. Y solo puede tener como objetivo "asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera en la investigación judicial".

Ahora bien, en autos concurren extremos que determinan la procedencia de la medida restrictiva de excepción, tal como se verá.

El juez de grado, con sustento en el dictamen fiscal de fs. 3, ha invocado como sustento de la denegación el peligro de entorpecimiento de la investigación, es decir la última de las pautas ut supra señaladas. En efecto, se lee en la resolución "Compartiendo los fundamentos del Ministerio Fiscal y entendiendo que en virtud del delito investigado en la hipótesis de recuperar su libertad, el imputado tratará de modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba, corresponde denegar el beneficio peticionado".

El recurrente objeta tal conclusión en base a argumentos genéricos relativos a la conducta de su defendido que califica como respetuosa de las norma jurídicas que rigen su actividad comercial y agrega que no existen indicios siquiera que autoricen la conclusión referida.

Desde ya tal impugnación no puede prosperar; no obstante señalar que la alegación de existencia de peligro procesal, en el caso entorpecimiento de la investigación -dirigida a restringir la libertad-, debe ser siempre fundada en las circunstancias de la causa y jamás en meras afirmaciones dogmáticas, como resulta de la resolución impugnada.

Tiene dicho la Cámara Nacional de Casación Penal que "La posibilidad de que el acusado coarte a los testigos u otros sospechosos, o los induzca a falsear su declaración o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial, debe necesariamente ser analizada a la luz de su real capacidad para obrar en tal sentido" (Cfr. CNCP, Sala III, fallo del 24/11/2005, causa nº 59996, el dial AA2FD7).

A su vez, en consonancia con este criterio rector, nuestro Superior Tribunal de Justicia, ha sostenido el deber de fundar las medidas restrictivas de la libertad con sustento en las específicas circunstancias fácticas del caso (Cfr."S, L E s/ excarcelación", Expte nº 19.693 -S- 2004,"A, F O s/ excarcelación ", Expte. nº 19.605 -A- 2004 Recurso de queja en autos: "A, J S/Estafa-expte. Nº 19951-año 2005- Nº 14989/04, entre otros); nulificando los pronunciamientos que así no lo hicieren por falta de fundamentación suficiente.- En función de ello, corresponde explicitar los motivos que avalan, en el caso concreto bajo examen, la existencia del peligro procesal al que se hace referencia en el pronunciamiento. Así el máximo tribunal nacional citado ha sostenido que: " son factores que permiten suponer ese extremo, que los testigos habiten la misma zona que el imputado, los antecedentes violentos del imputado, el acceso de éste a estructuras formales o informales de poder -especialmente, cuando se sospeche de la posible connivencia entre el encartado y agentes de esas estructuras o del Estado, que pudieren tener interés en encubrir el delito-, entre otros."(CNCPenal, causa ya individualizada).

Estos factores concurren en la especie, desde que se encuentra acreditado que el imputado proveía de la vivienda a la casi totalidad de las mujeres que trabajaban en los locales nocturnos que expresamente reconoce, en el escrito de apelación, como de su propiedad. Luego, resulta del informe obrante a fs. 323/342 antecedentes de sometimiento y/o violencia como así también la fundada sospecha de connivencia con funcionarios públicos, la que incluso resulta de la calificación legal del hecho que se imputa (cohecho activo) Los extremos reseñados conducen a la fundada presunción que F podría entorpecer la averiguación de la verdad conforme lo prevé el artículo 286 del ritual.

No puede soslayarse, además, que si bien se ha avanzado en la investigación, está no ha concluido de modo tal que la posibilidad de interferencia está latente, máxime considerando la naturaleza de los hechos denunciados.

Por último ha de decirse que la invocación del apelante relativa a la posibilidad de ejecución condicional, con sustento en la escala penal del delito que se enrostra, tampoco puede prosperar. El apelante estructura su argumentación partiendo de una premisa errónea. En efecto, sostiene que la escala penal prevista para el artículo 126 del Código Penal es de uno a seis años cuando en realidad es de cuatro a diez años (texto según ley 25.087, fecha de publicación en el Boletín Oficial 14-5-1999). En base, a ello corresponde el rechazo del agravio. Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios y, en consecuencia, la confirmación -por los fundamentos dados- de la denegación de la excarcelación.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto, a fs. 5/9, por la defensa particular del imputado S E F.

2º) Confirmar, por los fundamentos dados, la resolución de fs. 4.

3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 8 vta./9 y mantenida a fs. 21 vta.

4º).-Regístrese, notifíquese y devuélvase.- SILVIA ALONSO DE ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL NRO. 8 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS