marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos civiles, mora, pago por consignación, locación
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, María Luisa Alegría de c/ Regincós, Martín s/ Juicio Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-06-21

Es un deber del deudor -no una facultad- el de hacer el pago por consignación si pretende liberarse de su obligación; y que la circunstancia de que -por la aceptación del pago de tres períodos de alquiler- el acreedor tácitamente hubiera reconocido su propia mora en cuanto a esos períodos, no exime en absoluto al locatario de su mora posterior, es decir, de la que surge de no haber pagado en forma alguna, ni ofrecido hacerlo, las mensualidades posteriores.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, derecho a la sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Urbina  SA. c/ Municipalidad de General Pueyrredón. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

La Ley Suprema exige, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie de una adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle sino mediante un proceso conducido en legal forma que concluya en el dictado de una sentencia fundada
Acción de amparo, AFIP, declaración jurada impositiva, inexistencia de otras vías
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: PETROMARVA S.A c/ AFIP - DGI s/ AMPARO (Reg. 12.967)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

La Ley 11.683 contempla un régimen propio de declaración jurada de posible determinación de oficio, que cuenta con una vía recursiva.

Por su parte el art. 2 de la Ley 25.345 remite al procedimiento establecido por el art. 14 de la Ley 11.683, que establece que cuando en la declaración jurada se computen, contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele, o se difiera impropiamente, no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los arts. 16 y siguientes de esta ley. En tal caso bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada.

La norma en cuestión impide utilizar el mecanismo establecido en los arts. 16 y siguientes del mismo cuerpo legal para impugnar la declaración jurada.

En consecuencia, asiste razón al apelante cuando manifiesta que no existe otra vía más idónea que el amparo para atender a su derecho. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Conflicto interno municipal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Intendente Municipal de Villa Gesell c/ Concejo Deliberante de Villa Gesell s/ Conflicto arts. 196, Constitución provincial y 261, L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-26

Adentrándome al examen de los extremos que posibilitan el dictado de la medida cautelar peticionada en la demanda dentro del marco restringido de conocimiento que ella impone y sin perjuicio de la decisión sustancial del pleito, en atención a que se encuentran configurados liminarmente los extremos de procedencia de la medida tuitiva requerida, corresponde suspender los efectos de la ordenanza 2556/17 de la Municipalidad de Villa Gesell, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este pleito (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).(del voto del doctor de Lázzari)
Juicio ejecutivo, renuncia de derechos, excepciones procesales, excepción de pago, pago parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: GAL MOBILIARIA  S.A. c/ LADINO, ELIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

La renuncia del deudor a oponer cualquier otra excepción que no fuera la de pago total, prevista en un contrato de prenda, no debe entenderse también excluyente de la de pago parcial, pues de otro modo importaría un claro abuso de derecho por parte de la acreedora, siendo que la esencia de ambas defensas es básicamente la misma: que aquel que ha pagado total o parcialmente la deuda no se vea compelido a sufragar una obligación satisfecha.
Póliza, trabajador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Zoccaro, Julio Francisco c/ Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-13

Corresponde admitir el requerimiento de las pólizas del seguro contratado por la empleadora, solicitadas por el trabajador, en virtud del art. 323 CPCC, ello a modo de asegurar el mandato constitucional que otorga a los particulares el derecho a obtener una respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional, conf. 14 y 43 C.N.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Enciso, Marciana c/ Corradini, Eugenio Francisco y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

El mes de feria no debe ser computado a los fines del cálculo del plazo de perención que establece el art. 310 del C.P.C.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Sonia Verónica c/ Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-10-03

Considerando la doble posibilidad no formalista de traer a la aseguradora al juicio en la misma demanda o mediante su inclusión como directamente demandado conjuntamente con su asegurado o mediante la citación en garantía, en virtud del carácter preventivo del seguro (protección al asegurado) y su creciente carácter social (protección a la víctima), nos enrolamos en la posición de admitir ambas formas de establecer la relación jurídica procesal entre quien pretende ser declarado acreedor en virtud de haber sufrido daños indemnizables cubiertos por el contrato de seguro y la aseguradora.
Prueba, resolución del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Transportes Rodríguez Cozar y Cía. Sociedad Anónima c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fino, lucas ezequiel
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Desde esa perspectiva, debe desestimarse la pretensión de aplicar esta norma si no media acreditación fehaciente de aquellas circunstancias excepcionales que la justifiquen: un supuesto de fuerza mayor no imputable al empleador (cfr. esta Sala F, 15/12/22, "Incidente N° 10 - Incidentista: Calabrese, Carlos Enrique s/ inc. de revisión de crédito", Expte. COM N° 10423/2020/10).
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: BANCARIO
Carátula: "Barletta,  Roberto  Antonio c/ B.C.R.A.  y  otro s/ proceso deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-26

La garantía de los depósitos prevista en el art. 56 de ley 21.526 debe considerarse con criterio restrictivo toda vez que el ordenamiento jurídico argentino se basa en la libertad de comercio y, por ello, toda regulación que se aparte de dicho principio y torne más onerosa la responsabilidad de la comunidad al establecer algún tipo de garantía, exención o subvención, debe interpretarse restrictivamente (Sala IV: "Silva, Ricardo E. y otro c/ B.C.R.A.", 23/4/92) (Del voto del juez Márquez, cons. V).
Incidente de revisión, crédito hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marnila SA c/  s/ incidente de revisión de crédito por la conc. al cred. del banco patagonia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-30

Corresponde rechazar la revisión promovida por la fallida contra el crédito hipotecario declarado admisible en favor del acreedor bancario, toda vez que el recurrente cuestiona la ausencia de especialidad en relación al crédito garantizado, en la medida que el banco no habría desembolsado la totalidad del crédito comprometido y tampoco demostró los importes que debió haber percibido como saldo de precio de los lotes oportunamente prendados.
Sentencia, nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de cita legal
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, V. R. s/ NULIDAD DE SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

Puede subsanarse en la alzada la causa de nulidad de sentencia que en la parte resolutiva no se indica la disposición legal en la cual se encuadra el hecho.

De la lectura del dictamen fiscal puede deducirse que se trata del art. 278 CP versión de la ley 21338, que no es de aplicación al caso, sino el actual inc. 3 del art. 277 CP -ley 23077 y art. 2 cód.

cit.-; correspondiendo modificarse la calificación por cuanto de conformidad con el último dispositivo la pena es menor y no contempla la multa.
Policía, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MIÑO, SANTOS ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 148-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-24

De acuerdo al sistema de la ley 6769, para que el empleado policial perciba el suplemento por tiempo mínimo cumplido en el grado se requiere -además de cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia y no estar inhabilitado- haber sido agrupado "apto para ascender no propuesto por falta de vacantes" o lo que es lo mismo, no haber sido agrupado "apto para permanecer en el grado".
Prueba pericial, instrucción, jueces
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALVAREZ JORGE HECTOR s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-27

En la etapa sumarial es el Juez quien ejerce el Señorío, es decir, es quien tiene la facultad de fijar a los peritos los puntos sobre los cuales realizará el trabajo técnico encomendado, tomando en consideración las necesidades y requerimientos de la investigación.
Contrato de trabajo, privatizaciones, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva,  Roberto Ismael c/ Y.P.F. S.A. s/ art. 134 ley 24.145. (Enel  mismo  sentido "Sosa, Francisco Eristo c/ Y.P.F. S.A. s/ art.13 ley 24.145 del 28/04/2006, de la misma Sala).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-21

Si habiéndose efectuado el cálculo de la suma que el trabajador debía percibir de conformidad al art. 13 de la ley 24.145, ésta arroja un resultado de $ 47.500, la aplicación al caso del art. 8 del decreto 546/93 que impone como límite al beneficio por la venta la suma de $ 10.000, resulta inconstitucional. La reducción operada se traduce en un agravio patrimonial de tal magnitud que implica una violación al derecho de propiedad que goza de protección constitucional (art. 17 C.N.). Conforme el art. 28 C.N. "los principios, garantias y derechos" por ella reconocidos "no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio". En el caso, el decreto del Poder Ejecutivo causa un evidente perjuicio al trabajador, resultando aplicable en la especie la jurisprudencia del alto Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el 33% (Fallos 209:114, 125:126 y 210:310). Por ello corresponde reducir la condena pero aplicando la limitación del 33%.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas, facultades concurrentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

Las alegaciones recursivas -sosteniendo que la sentencia de esta Corte (voto mayoritario) se habría dictado en contradicción con lo dispuesto por los artículos 121 y 125 de la Constitución Nacional y que por vía de lo resuelto se habría negado el ejercicio de un poder concurrente entre la Nación y las Provincias, habida cuenta de la existencia de jurisdicciones compartidas- ostentan idoneidad en orden a la demostración de un supuesto de admisibilidad conforme el criterio del Máximo Tribunal nacional en el caso "Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo", en el cual la Corte nacional señaló de manera expresa que no se configuraban en ese caso -análogo al sub lite- las circunstancias del precedente "Fábrica Argentina de Calderas S.R.L. c/ Prov. de Santa Fe", en el que se había declarado la inconstitucionalidad de una ley provincial santafesina que avanzaba sobre una cuestión laboral de fondo; y, en tal sentido, guardan relación con el precedente de mención las afirmaciones de las impugnantes relativas a que la legislación local no habría invadido nítidamente competencia del legislador nacional, al no haberse alterado la jornada de trabajo y coincidir en el día de descanso previsto por las leyes de fondo. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: "Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo", del 26/4/2016, Fallos:339:525; "Fábrica Argentina de Calderas S.R.L. c/ Prov. de Santa Fe", Fallos:308:2569. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículos 121 y 125. - Jurisprudencia concordante con Coto, AyS T 285, p 76/91, sumario J0044422
Despido, antecedentes disciplinarios, injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, Ramón c/ ATAHUALPA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-06-21

La apreciación de la injuria dependerá de las circunstancias y modalidades que rodeen el caso particular, toda vez que la ley sólo da directivas genéricas, remitiendo a la prudencia de los jueces la valoración de su existencia. Corresponde merituar por su importancia, los antecedentes del trabajador invocados en la comunicación del distracto que, en el contexto expuesto, adquieren relevancia, puesto que la falta actual, aún considerada leve, en la perspectiva y a la luz de sus antecedentes, surge como un comportamiento injurioso a los intereses del empleador.
Nulidad del acto administrativo, reconvención, apoderado, universidades, resolución ministerial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WAINSTEIN, MARIO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

No puede el apoderado de la Universidad reconvenir por nulidad del acto administrativo en que el actor funda su demanda si la decisión del Consejo Superior que lo dejó sin efecto por ilegítimo fue invalidada por resolución del Ministro de Educación que hizo lugar al recurso de alzada que contra la revocación dedujo el demandante.
Costas, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAUL HNOS. SRL s/ CONCURSO  PREVENTIVO^SHOY  QUIEBRA^SINCIDENTE  DE REVISION DE CREDITO  VERIFICADO POR BCO. E.RIOS PROM. POR PAUL HNOS. SRL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-15

La proporcionalidad en las costas determina con criterio jurídico y no simplemtne aritmético.
Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: YPF S.A. c/ DGR s/ s/ recurso apelación judicial c/ decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Debe rechazarse la pretensión de la apelante de que se altere el modo de computar el inicio del curso de la prescripción, ya que tampoco esgrime agravio válido alguno sobre el punto, más allá de su errónea y genérica intención de que, al respecto, se apliquen las normas del Código Civil y no las de la ley nro. 19.489.
Aportes a obras sociales, irregularidad de aportes, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: O.S.E.C.A.C. c/ Klichuk Basilio s/ Cobro de Aportes y Contribuciones Contribuciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-12

El empleador es agente de retención de los aportes de los trabajadores y debe depositarlos, junto con las contribuciones a su cargo, en la cuenta bancaria a nombre de la correspondiente obra social y la falta de esos depósitos hace incurrir en mora automática al deudor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

La facultad de establecer interpretaciones judiciales obligatorias a los miembros de la propia Cámara y a los Jueces de primera instancia constituye una manifestación excepcional de la función jurisdiccional.

Por ello, aún considerando válidas las elocuentes razones que se dan en sustento de mecanismos judiciales que tiendan a evitar jurisprudencia contradictoria, no se logra modificar ni atenuar el hecho de que la jurisprudencia obligatoria importa una verdadera categoría híbrida de las sentencias judiciales sobre todo a partir de un dato relevante: su obligatoriedad trasciende el caso concreto y se proyecta con generalidad hacia el futuro. Esta excepcional manifestación de la potestad jurisdiccional tiene su principal basamento en el reconocimiento legal que la origina y enmarca.

Adviértase que, dejando inclusive a un lado las discusiones sobre su constitucionalidad, el legislador ha llegado a admitir en la Provincia de Santa Fe que tales fallos plenos se emitan en "defecto de caso concreto", es decir, aun en ausencia de causa, lo que evidencia el marco de competencia atípico en que se ejercen estas facultades interpretativas. (De los Fundamentos del Dr.Ariza).
Robo con armas, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Scinocca, Carlos Ernesto y otro c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-28

La comprobada utilización durante el hecho de un palo de escoba posibilita, a su vez, la subsunción del suceso en la calificante prevista en el art. 166, inc. 2, C.P., toda vez que aquel puede ser considerado sin hesitación como "arma". Es qie si bien este último término ha sido definido por el Diccionario de la Real Academia como un "instrumento, medio o máquina destinados a ofender o defenderse" (conf. Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo Primera Edición, Madrid, 1992, pág. 133), considerándose de ordinario por la jurisprudencia a ello como "arma propia", el elemento típico que aquí nos ocupa incluye también las denominadas habitualmente "armas impropias", esto es, aquéllas que si bien no han sido creadas específicamente para la ofensa o la defensa de las personas, sí pueden ser utilizadas, en lo que aquí interesa, para dotar a quien las usa de un mayor poder ofensivo en base a la aptitud que tienen dichos objetos, "ex ante", para atacar y eventualmente lesionar a otras personas. La ley no excluye así del tipo agravado a los elementos con clara aptitud ofensiva que puede ser destinado también por el usuario para atacar o amenazar a un tercero, por cuanto es irrazonable que se valore únicamente la voluntad del fabricante, la que por otra parte puede no ser unívoca ni es un dato demostrable con absoluta certeza. Así, un palo de escoba, normalmente destinado a tareas de limpieza, puede transformarse en un arma apta a poco que sea blandido por alguien, de la forma con la que se lo hizo en el caso, para amenazar a un tercero (voto del juez Huarte Petite)
Medidas cautelares, permiso de importación, medicamentos, cannabis medicinal, tratamiento médico, interés público, facultades jurisdiccionales, derecho a la salud, deberes del juez, Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., P. D. c/ E.N. - M. de Salud de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

El tribunal debe ponderar tanto el gravamen que produciría al interés público la autorización de la importación del medicamento pretendido, si la sentencia definitiva fuera desestimatoria, como aquél que resultaría de la ejecutoriedad del acto denegatorio en el supuesto de arribarse a una decisión final estimatoria de la demanda. Este balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de la tutela, ya que su denegatoria tiene un alto impacto personal en cabeza de la actora, mientras que la concesión de la cautelar no tiene igual repercusión en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (decreto 738/17).
Procedimiento laboral, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: ROBLES RAUL HUMBERTO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES "SAN JOSE" Y OTRO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-25

Ante la discrepancia de los certificados médicos, uno de la parte obrera y el otro del empleador, la patronal debió someter el conflicto a una junta médica oficial que dirimiera la cuestión, en lugar de provocar el distracto fundado en la supuesta mala fe del operario.
Recurso de casación laboral, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VIEYRA LEDESMA AVELINO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ SUELDOS IMPAGOS; ANTIGUEDAD; ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-16

En materia de prueba la fundamentación se complica más para el recurrente, ya que en relación con la pretendida revisión de su apreciación, las dificultades del impugnante se ven multiplicadas, habida cuenta de que los cuestionamientos de esa índole, por vincularse con un tema como es el de la amplitud de las facultades de los jueces de instancia para seleccionar y valorar las pruebas rendidas ante ellos, atañen a aspectos que resultan gobernables por aquellos y -por vía de principio- ajenos al carril extraordinario de la casación.-
Venta de diarios y revistas, distribuidor de diarios y revistas, derecho de trabajar, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VICOLI, ALFREDO c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ INSCRIPCION AMPLIACION DE RUBRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

El Ministerio de Trabajo, en su calidad de autoridad de aplicación del régimen del dec. 24095/45 resolvió la petición de inscripción de ampliación de rubro solicitada con apego a la normativa reglamentaria de dicho régimen, que asegura a ciertas personas, derechos exclusivos para vender y distribuir diarios y revistas en determinados lugares -generalmente de dominio público local- y respecto de un elenco predeterminado de publicaciones, regulando y limitando la competencia. Tal resolución podrá merecer objeciones, que eventualmente podrían determinar la adopción de un mejor régimen, pero en este caso concreto el actor no estaría habilitado para cuestionar dicho sistema como violatorio de libertades de trabajo y comercio, toda vez que él mismo es uno de los beneficiarios del sistema (pues ya posee un recorrido que desea ampliar), y es sabido que el acogimiento voluntario al ordenamiento jurídico determinado excluye la posibilidad de impugnarlo con base constitucional. (Del voto del Dr. Morando, integrante de la mayoría)