Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-01


SENT Nro. 960 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 de DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Martínez, Francisco Alejandro vs. Peralta Romano, José Alberto y otro s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación presentado por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 02/6/2003 (fs. 121 y vta.) dictada por la Sala Iª de la Cámara Civil y Comercial Común, que fue concedido por resolución del 13/8/2003 (fs. 138 y vta.).

2.- En una breve síntesis de los antecedentes del caso, se señala que el apoderado de los demandados opuso perención de instancia por no haberse efectuado actos impulsorios del trámite entre el 10/8/2001 y el 31/5/2002, fecha ésta en la que el actor solicitó que se abra a prueba la causa (fs. 85). La sentencia de primera instancia rechazó el planteo, al considerar que el escrito que el actor había presentado el 07/3/2002 (fs. 84) había interrumpido el transcurso del plazo del art. 210 inc. 1 CPCC (fs. 95). En la alzada se revocó el pronunciamiento y se hizo lugar a la perención, porque el Tribunal evaluó que la actuación cumplida en el período señalado por la parte actora -escrito de fs. 84- no hizo avanzar el proceso hasta la etapa procesal siguiente (cfr. fs. 121 y vta.).

3.- El actor interpuso recurso de casación, en el que expuso que la sentencia es definitiva porque pone fin al proceso, que no podrá iniciarse nuevamente por la prescripción de la acción. Se agravia planteando que conforme al art. 300 CPCC no puede interpretarse que la causa se declare automáticamente de puro derecho. Tacha a la sentencia de arbitraria porque no consideró ni valoró los escritos de fs. 82 y 88, ni el decreto ni la notificación de fs. 88 vta., a los que estima aptos para impulsar el proceso. El recurso de casación fue concedido por resolución del 13/8/2003 (fs. 138 y vta.).

Siendo admisible el recurso por cuanto cumple los requisitos de los arts. 813, 815,816 y 818 CPCC, se procede a analizar su procedencia 4.- El recurso de casación es improcedente por las razones siguientes.

El actor argumenta que su escrito presentado el 07/3/2002 (fs. 84) tuvo el efecto de impulsar el proceso porque interpreta que según el art. 300 CPCC el juez debía evaluar el efecto de la incontestación de la demanda, y que en ese sentido, su actuación estaba dirigida al avance del trámite.

Tales argumentos resultan improcedentes, pues el precepto citado por el recurrente establece los efectos de la falta de contestación de la demanda, que se dejan librados a la apreciación del juez, quien conforme a su evaluación podrá tener al demandado por conforme con los hechos que funden la demanda y podrá prescindir de la apertura a prueba, generándose, en caso de duda, una presunción de verdad de los hechos articulados. Se trata de presunciones simples o judiciales, de modo que incumbe exclusivamente al juez, en oportunidad de dictar sentencia y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de él surjan, establecer si el silencio del demandado es o no susceptible de determinar el acogimiento de la pretensión deducida por el actor (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial, t. VII p. 438). Vale decir, se trata de un precepto que establece los efectos de la incontestación de la demanda, cuya resolución se produce en la sentencia definitiva. En ese contexto, las expresiones de las partes vertidas en sus escritos de fs. 84 y 85 no tuvieron el efecto de impulsar el procedimiento, sino que tuvieron el propósito de efectuar manifestaciones a ser tomada en cuenta por el Juzgador al momento del dictado de la sentencia de fondo.

5.- En el caso, el decreto del 06/9/2001 tuvo por incontestada la demanda (fs. 80), y fue notificado al apoderado del actor el 10/9/2001. Desde entonces hasta el siguiente escrito presentado por el actor 31/5/2002, en el que el accionante solicitó que se abra a prueba la causa (fs. 85), transcurrió el plazo del inciso 1 del art. 210 CPCC. Declarada la incontestación de demanda mediante el decreto del 6/9/2001 (fs. 80), la siguiente etapa procesal podía tener dos caminos: la declaración de cuestión de puro derecho conforme al art. 303 CPCC, o abrir la causa a prueba como solicitó el actor en su escrito del 31/5/2002 agregado a fs. 85.

6.- Por ello, resultan inatendibles los agravios planteados respecto de la infracción al art. 300 CPCC, así como los pretendidos efectos de los escritos de fs. 82 y 84 en relación al avance del proceso, ya que la presentación del actor de fs. 84 no contiene ninguna petición en relación al trámite, y el pedido formulado de que no se otorgue ningún valor al escrito del demandado de fs. 82 debía ser considerado y evaluado en la sentencia de fondo. Tampoco puede interpretarse ese escrito como un reclamo implícito de que se declare la cuestión como de puro derecho, particularmente si se considera que el actor luego pidió expresamente la apertura a prueba (fs. 85). Igualmente debe rechazarse la pretensión de que el escrito de fs. 82 surta los efectos de notificación del decreto del 06/9/2001 (fs. 80), ya que éste quedó notificado en oficina el 10/9/2001 según consta a fs. 80.

Igualmente improcedente es el planteo formulado a fs. 130 y ss., en el sentido de que el escrito de fs. 88 y el decreto y notificación de fs. 88 vta. tengan el efecto de neutralizar la perención, porque carece de todo valor en la litis la notificación del Dr. Terán Nougués, quien no era apoderado de la aseguradora, y estaba con anterioridad desvinculado de la causa por estar en liquidación la aseguradora, a la que se le había notificado la demanda en la persona de los liquidadores (cfr. fs. 61 y 74).

7.- Atento al resultado, tampoco debe hacerse lugar al agravio sobre costas, correspondiendo en esta instancia imponerlas al vencido (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Por sus fundamentos adhiero al voto que antecede del señor vocal presidente doctor Antonio Gandur, y me permito agregar que el escrito y decreto de fs. 88/88 vta. carece de efecto interruptivo de la caducidad, toda vez que no fue consentido por el demandado, quien al día siguiente dedujo el planteo de caducidad (fs. 89 y vta.).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 145, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 02/6/2003 dictada por la Sala Iª de la Cámara en lo Civil y Comercial Común.

II.- COSTAS al recurrente.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (con su voto) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA BEF