marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, locación de máquinas, seguro de caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Del Dictamen Fiscal 109710:

Cabe hacer lugar al pedido de la cooperativa formada por los trabajadores a fin de obtener la locación de las maquinarias del fallido, con el objeto de reanudar la explotación, en atención a las constancias de la causa y al fin social que conlleva la explotación por los trabajadores; ello así, conforme a lo previsto en la LC art. 186, no existe óbice para autorizar el contrato de locación por el termino solicitado, designando a los miembros de la cooperativa y a su letrado patrocinante depositarios judiciales de dichos bienes, previa acreditación de la inscripción de la cooperativa ante el instituto nacional de cooperativas (ley 24522 art. 190-2 parr.) y la contratación de un seguro de caución por el valor de las maquinarias, en una entidad aseguradora o bancaria de reconocida solvencia. (En el caso, esas maquinarias no son el único activo realizable; no existen otros acreedores con garantía especial sobre ellas, por lo que los trabajadores tienen un privilegio especial; y si bien la marca fue transferida por el fallido, esa enajenación fue hecha a sus hijos en período de sospecha, por lo que se decretó su indisponibilidad con carácter cautelar; la cooperativa denunció que el fallido estaría explotando la marca, lo que según constancias de la causa parece parcialmente admitido por aquel; la cooperativa modificó el período de locación solicitado por un tiempo menor; si bien una de las objeciones al progreso del pedido de la cooperativa de trabajadores, fue que el síndico rechazó los pedidos de pronto pago por falta de documentación, luego aconsejo su verificación sobre la base de los listados de la AFIP; la cooperativa formulo una oferta de compra de la maquinaria depositando el 10% del precio ofrecido, suma no considerada exigua por el síndico quien además opinó que el resultado de una subasta es aleatorio; todo ello sumado a lo que significaría para los trabajadores ver esfumada una vida de trabajo y capacitación, el sustento para sus familias y la atención de sus necesidades básicas, que comprometen la posibilidad de llevar una vida digna).
Deuda pública, deuda externa, títulos públicos, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El decreto 772/86 y los actos administrativos dictados en su consecuencia, implementaron un aceptable aplazamiento temporal de los vencimientos, con equiparación de la situación de los acreedores externos o similares condiciones, que no comportaron actos confiscatorios o que condujesen a una privación de la propiedad o degradación sustancial del crédito.
Enfermedad accidente, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Sabadini José Gaspar c/ Organización coordinadora Argentina S.A. Ocasa y/o quien resulte respensable s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-08

Se denomina enfermedad accidente, aquella dolencia que no proviene de un hecho violento y súbito externo al trabajador, como lo es el accidente, ni tampoco constituye una enfermedad profesional; la enfermedad accidente no estuvo legislada en la ley 9688, sino que fue una creación pretoriana de nuestros tribunales, para permitir canalizar, una serie de dolencias que no podían ser llamadas accidente y que tampoco llegaban a ser enfermedades profesionales, pero que, merecían el amparo de la citada ley y de la consiguiente protección indemnizatoria tarifaria para la víctima.
Síndico del concurso, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Acuerdo s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Los honorarios del síndico "ad-hoc", según surge del art.54 de la Ley 21526, por su inmarginable inherencia al concurso y por ser una "consecuencia del desempeño de las funciones de síndico " del Banco Central, deben ser abonados con preferencia a la percepción del crédito por dicho Banco.
Competencia, competencia por el turno, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: C. DWILANSKY DE WARMAN c/ MIRIAM SCILINGO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

El nuevo pleito que se inicie por la caducidad del anterior es independiente de aquél en cuanto a su asignación, pues no existe norma que disponga su radicación en el juzgado donde tramitó el primero.
Impuestos, impuesto a la ganancia mínima presunta, período fiscal de liquidación, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Kayne S.A. (TF) 24.897-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-09

El impuesto a la ganancia mínima presunta no alcanza a los períodos fiscales reclamados -1999, 2000,2001- pues estos se encuentran comprendidos en la exención otorgada por la ley promocional 22.021, sin que ello obste lo dispuesto por los decretos provinciales en sus artículos 6° (Cons. X).
Recurso de apelación (procesal), resoluciones irrecurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cristos, María Elena s/ Solicita Transferencia de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-28

La indicación del Juez sobre la vía a seguir por el promotor constituye una clase de pronunciamiento reservado a la esfera de facultades reconocidas al órgano jjurisdiccional según unánime criterio analógico emergente del artículo 309 inciso 2, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. en similar sentido:  artículos 159,  274, 278, 280 y sgtes. Ley de Concursos) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación de abogados, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monod Nuñez, Héctor Armando c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

El desempeño de la abogacía ante órganos con competencia en materia rural -aunque creados por legislación nacional- ubicados en jurisdicción provincial (Cámaras Regionales de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, hoy inexistentes), constituye una actividad profesional desarrollada en la Provincia, que es el requisito o presupuesto previsto por la ley 6716 para la incorporación al régimen -sin perjuicio de la matriculación- (v. arts.2, 29 y 23), razón por la cual no cabe entender que dicha legislación provincial excluya a la mentada actividad como susceptible de generar el beneficio jubilatorio.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, prórroga de la medida cautelar, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Cabe confirmar la decisión de Cámara respecto a la forma de computar el plazo que contempla el art. 161 de la ley 26.522 -Servicios de Comunicación Audiovisual, en cuanto fijó el plazo de un año para desinvertir-, pues por el modo en que se resuelve el punto atinente a la resolución precautoria -prórroga de su vigencia-, no es preciso que la Corte se expida sobre el acierto de las consideraciones contenidas en el fallo en torno al modo en que debe computarse el plazo establecido en el articulo 161 de la ley 26.522 -que otorga el plazo de un año para que los titulares de licencias de servicios audiovisuales las adecuaran a las disposiciones de la ley-, lo cual solo se tornará relevante al decidirse el levantamiento de la protección cautelar. -Disidencia parcial de la jueza Carmen M. Argibay-.
Seguros, emergencia económica, renta vitalicia, moneda extranjera, pesificación, improcedencia del recurso, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Jimenez, Norma Beatriz c/ Orígenes Seguros de Retiro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

3 - El carácter alimentario de todo beneficio previsional -que tiende a cubrir necesidades primarias y que hace a la subsistencia- obliga a mantener el principio de favorabilidad y a rechazar toda interpretación restrictiva.
Seguro de responsabilidad civil, accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Ramón c/ La Jirafa Azul s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Cuando se ejerce la opción por el derecho común (art. 17 ley 9688) la responsabilidad del asegurador en cuanto a la indemnización que debe percibir el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo tendrá la extensión y alcances previstos en las cláusulas estipuladas en el contrato de seguro celebrado por el empleador con la compañía aseguradora, debiendo entonces recurrir necesariamente el mismo por constituir la causa fuente de la obligación.
Daños y perjuicios, daño futuro, apertura de cuenta corriente, uso de documento falso, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL
Carátula: TULA, Alberto José c/ BBVA BANCO FRANCES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

1- Configuran "sentencias abiertas" los pronunciamientos que establecen un procedimiento de revisión respecto al daño futuro que se generará para el actor por las consecuencias del daño producido o la aparición de nuevos daños, lo que puede resumirse como la prolongación del daño originario y el surgimiento de un daño distinto por de la actividad negligente de la demandada. 2- De ahí que, es adecuado condenar mediante una "sentencia abierta" a la entidad bancaria demandada a fin de que ésta responda por los montos que deberá satisfacer el actor en los juicios iniciados o que se promueven en su contra en el futuro para evitar la prolongación del daño causado por la conducta negligente de aquélla al permitir que un tercero abriera con un documento falso una cuenta corriente a su nombre y utilizara la chequera que le fuera entregada, ello al no verificar la exactitud de los datos proporcionados por el solicitante.
Jurisprudencia, unanimidad
Materia: PENAL
Carátula: KOBE FRANCISCO ANTONIO s/ S.D. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO Y LESIONES LEVES  CULPOSAS E.P. DE MIGUEL TESTA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-21

No constituye jurisprudencia un fallo aislado de un juez de primera instancia, ya que debe entenderse por tal a la interpretación judicial unánime hecha por los tribunales de última instancia del fuero y la jurisprudencia respectiva.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, muerte del paciente, mala praxis, responsabilidad de la provincia
Materia: CIVIL
Carátula: Peñalva, Mirta Fabiana c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad - Ordinario por daños y perjuicios de inconstitucionalidad - Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-29

El Estado Provincial no resulta responsable por la muerte de un menor, en tanto el niño no fue desatendido durante el período de casi tres días en que permaneció enfermo en la escuela albergue, la patología que motivó el deceso -edema agudo de pulmón- no es la misma que observaba en aquél momento, y los síntomas que el niño presentó mientras estuvo bajo el cuidado y supervisión, primero del agente sanitario y luego del médico, no hacían prever el resultado final obtenido (del voto en disidencia de los Dres. Bernal y González).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, concursos, verificación de créditos, prueba
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De  Maio,  Alberto s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por la fallida al crédito de Forrajera Canals S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

Es arbitrario el pronunciamiento que se apartó sin justificación alguna de la disposición normativa que regula el valor probatorio de los libros de comercio de quien pretende acreditar la existencia de una obligación -art. 63 del Código de Comercio- sin haber alegado razón alguna que la descalifique como prueba suficiente, ni haber invocado la existencia de otras medidas supletorias que permitan apreciarla de modo diverso al previsto por la ley.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, DAÑOS Y PERJUICIOS, multa, daño punitivo, procedencia del recurso, tarjeta de crédito, anticipos financieros, desconocimiento de firma, contrato de descuento bancario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: David, Jimena Alejandra c/ Industrial and Commercial Bank of China SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Por su parte, la administradora del sistema es igualmente responsable porque ante un contrato sui generis, en el cual ambas demandadas forman parte de la relación contractual con el usuario de la tarjeta, siendo imposible que el sistema se desarrolle sin la participación de ambas entidades, quienes naturalmente se benefician económicamente con ello. La marca de la tarjeta surge de los resúmenes de cuenta, y está incluida en el plástico mediante el que se presta el servicio. Además la accionada era la encargada de recibir los reclamos por consumos erróneos. De allí que resulta indudable que la defendida asumió responsabilidades en la operatoria de tarjeta de crédito que aquí se cuestiona.
Proceso penal, defensor, facultades del defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez,  Sara  del Pilar s/ su solicitud de avocación - privación de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

El Tribunal debe analizar la totalidad de las circunstancias del proceso, pues no existe un catálogo exhaustivo de reglas que permita determinar a través de su confrontación si la conducta del defensor ha sido satisfactoria o no; por el contrario, un sistema de este tipo significaría restringir la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones tácticas pues el acto u omisión de un defensor que es impropio en un caso puede ser legítimo e incluso inteligente en otro. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cannabis medicinal, cultivo de estupefacientes, ley vigente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gago, Esteban Daniel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-09

Si bien en este caso la norma complementaria que completa la ley penal en blanco es el Decreto 560/19 (que incluye al aceite de cannabis en el listado de sustancias que se consideran estupefacientes), lo cierto es que no puede perderse de vista que el mismo órgano al que le corresponde emitir ese listado (es decir, el Poder Ejecutivo Nacional), ha emitido una autorización para que los particulares -bajo ciertas circunstancias- cultiven dicha sustancia. En efecto, el artículo 8 del decreto de mención autoriza a los pacientes -que cuenten con indicación médica y que hayan suscripto el consentimiento informado- a registrarse para obtener una autorización para sí o para terceros a los fines de acceder a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

Por lo tanto, si bien las acciones de sembrar y/o cultivar cannabis no han sido desincriminadas, toda vez que siguen encontrándose tipificadas por el inciso "a" del artículo 5 de la ley 23.737 (complementado por el Decreto 560/19), lo cierto es que, mediante la sanción del Decreto 883/20, el Poder Ejecutivo nacional (que es el mismo órgano encargado de emitir el listado de sustancias consideradas estupefacientes) ha emitido una autorización para que dichas conductas puedan ser realizadas por ciertas personas, en determinadas circunstancias, a los fines de obtener aceite de cannabis para uso medicinal. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto en la presente, y el modo en que los hechos fueron delimitados por la acusación al momento del debate, los mismos deben ser encuadrados en las previsiones del Decreto Reglamentario N° 883/2020, por lo que ya no resultan merecedores de reproche penal. Teniendo en cuenta que dichas normas no se encontraban vigentes al momento en que los imputados llevaron a cabo las conductas aquí juzgadas, - sin perjuicio de que corresponda su aplicación retroactiva, en tanto resulta más beneficiosa para los imputados-, el pedido de autorización previsto por el Decreto 883/20 no resulta exigible a los encartados en esta oportunidad.
Fianza, fiador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GRANEROS DEL NORTE c/ AVONTO s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 259-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-28

Al titular del dominio le basta acreditar la existencia del mismo, lo cual supone subsistencia y disponibilidad (Código Civil artículos 2506, 2508, 2510). Quien pretende que se ha operado una mutación de tales cualidades debe destruir aquella presunción mediante prueba contraria. Por lo tanto, al fiador le basta para acreditar solvencia, la prueba del dominio no siéndole exigible la de la subsistencia ni la de la disponibilidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez Victor M. y ot. c/ D'agostino José E. y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Admitido que el daño sufrido es el que pone en movimiento el sistema de responsabilidad, el "protagonismo del daño" se refleja en una objetivización que afina el papel de la culpa y la sanción como únicos parámetros para adjudicar responsabilidad. La idea de imputar solo al que lo produjo por su culpa es insuficiente para aprehender la complejidad causal que plantea la tecnificación y la masividad en el servicio de salud. La objetivación hace responsable a la entidad médica por violación de la garantía de seguridad.
Concursos, principios procesales, jueces, competencia, persona humana
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Suarez, Eduardo Leonidas c/  s/ pedido de propia quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Procede confirmar la resolución por medio de la cual, el magistrado de grado se declaró incompetente para conocer en estas actuaciones, en la inteligencia de que, en el caso, no se acreditó la existencia de una "sede de la administración de los negocios del deudor" en esta jurisdicción, por lo que debía estarse a su domicilio real, el cual se encuentra ubicado en la Provincia de Buenos Aires. En este marco, el domicilio fiscal inscripto en esta Ciudad no resultará dirimente en el caso para corroborar la postura del recurrente, a poco que se repare en que la ley concursal no menciona al domicilio fiscal como parámetro determinante de la fijación de la competencia (esta CNCom, esta Sala A, 02/03/10, "Lucione Patricia Inés s/ concurso preventivo"; íd., íd., 05/06/08, "Piovano Jorge Emilio s/ quiebra"; íd., Sala C, 10/08/04, "Stagnoli Miguel s/ concurso preventivo" ).- El CCCN 73 establece que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual y, también que, si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad más, si esa actividad ha cesado, tal principio, cede. En este contexto y ante las particulares circunstancias del caso pedido de propia quiebra, no se encuentra debidamente acreditado que este proceso se vincule a una actividad comercial actual en esta jurisdicción, por lo que cabe estar entonces a los fines de atribuir competencia territorial al juez del foro del deudor, conforme lo establece la LCQ 31°, como foro subsidiario.
Daños y perjuicios, pérdida de la chance, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERALTA DE MALLORCA, VICTORINA Y EDUARDO NELZON MALLORCA c/ VLADIMIRTIERLING Y/U OSCAR E.KONIG Y/O LA EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL KONIG Y/O PROPIETARIO DEL AUTOMOTOR MARCA MERCEDES BENZ 1114 s/ ORDINARIO"EXPTE. N13630
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-11-11

El monto de la indemnización por pérdida de chance es materia que queda librada al prudente arbitrio judicial. A tal fin no caben razonamientos estrictamente matemáticos o actuariales, ya que lo resarcible es la pérdida de una probabilidad u oportunidad futura, que el curso de los acontecimientos al troncharla, hace imposible saber si la esperanza se habría tornado en realidad. Lo expuesto es sin perjuicio de utilizar, a título aproximativo, algún cálculo como si se tratara de un lucro cesante.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dorado, Luis Francisco c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Cuando la sentencia impone el pago de capital e intereses el monto a tener en cuenta para las regulaciones de honorarios pertinentes estará dado por lo que resulte de la liquidación a practicarse puesto que dichos rubros integran la condena como beneficio pecuniario logrado por el vencedor, merced a la actividad del profesional.
Despido, indemnización, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Pucheta, Elda Rosa c/ Doval, Omar Alberto s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-29

El contrato de trabajo que ligó a las partes se extinguió por decisión del principal que remitió una carta documento por la que comunicó su decisión y ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 50/02 que retrotrajo la vigencia al día de la sanción de la Ley 25561, razón por la cual si tenemos en cuenta lo dispuesto en el Código Civil sobre la materia, fácil es concluir que la misma no resulta aplicable al caso por no encontrarse vigente.

Se ha dicho con arreglo a ello, que el artículo 16 es parcialmente inválido, en cuanto el Decreto pretendió otorgarle una vigencia retroactiva vedada por el Código Civil y en contraposición con normas constitucionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campo, Miguel y otro c/ Acton, Roberto y otra s/ Daños y perjuicios Aranda, Elida y otro c/ Martino, Miguel Angel y otro s/ Daños y perjuicios Fernández Rivas de Di Nucci, María Inés c/ Yanuzzo, José s/ Disolución de sociedad Martín, Liliana c/ Da Bove, Miguel s/ Resolución de contrato. Cobro de pesos. Daños y perjuicios Fisco nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) s/ Incidente de revisión en autos: 'Distribuidora 3 Arroyos S.R.L.  Concurso preventivo'
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-01|1995-08-08|1996-10-08|2001-11-21|2004-02-18

La mera denuncia de violación de determinadas normas, sin hacer referencia a su aplicación concreta, y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es idónea para fundamentar el agravio.