marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, indemnización, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero, formalidades procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Gerdau, Mariano José c/ Bozzi Combustibles y Lubricantes y otros s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-14

Las formalidades establecidas por el art. 243 de la LCT, son de cumplimiento imprescindible en el momento cuando se invoca extinción del contrato con justa causa y, por lo tanto, la comunicación que impone la norma no puede suplirse con la interposición del escrito de demanda; lo que se explica en el carácter recepticio del acto jurídico unilateral rescisorio. La causa del despido queda determinada en las comunicaciones rescisorias. En el presente, las injurias invocadas por el trabajador han sido suficientemente descriptas y eran fáciles de entender para la contraparte que no vio afectado su derecho de defensa (Voto Welp. Adhesión Romero sobre el particular)
Despido con causa, comunicación del despido, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: F. J. S. c/ Consorcio de Prop. del Edif Las Heras 1693/99 esq. Rodríguez Peña 1511/2 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde determinar que el despido dispuesto por el empleador no puede ser considerado por justa causa, dado que la comunicación del mismo careció de los requisitos impuestos por el art. 243 LCT, porque el deber de buena fe, que debe regir en las relaciones laborales (art. 63 LCT) impone a las partes la indicación concreta de los motivos objetivos de la ruptura contractual a efectos de viabilizar la garantía genérica de defensa en juicio. Si bien el acto unilateral del empleador es eficaz para extinguir el vínculo, carece de validez como invocación de justa causa al no haberse acreditado un hecho objetivo del trabajador que demuestre un incumplimiento a los deberes de prestación o de conducta que traduzcan la imposibilidad de la prosecución del vínculo y que justifique el desplazamiento del principio de conservación previsto por el art. 10 de la LCT
Derechos políticos, sufragio, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

El sufragio es un derecho público de naturaleza política que tiene por función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado en la medida en que su actividad se realiza dentro del ordenamiento jurídico, ya que los que mandan lo hacen en tanto obedecen al orden legal en que fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en tanto mandan a través de ese mismo orden legal en cuya formación participaron (CSJN, fallos 338:628). En este sentido, la CSJN ha sostenido que la boleta electoral exterioriza la voluntad del elector y resulta en consecuencia indispensable para ejercer el derecho al sufragio en el marco de un proceso eleccionario que establece a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (CSJN, fallos 338:628). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Beneficios tributarios, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FLEISCHMANN ARG. INC. S.A. s/ APEL. -internos-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-16

El Estado debe prescribir claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos 253:332).
Prescripción, plazo, contrato de transporte, concesión comercial, tarifa de transporte
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Termas Villavicencio s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

En este tipo de situaciones, en las cuales no se está ante la simple y única obligación del pago normal de una tarifa, no es de aplicación el art. 855, inc. 1 del Código de Comercio que determina la prescripción anual para el pago de la misma, sino que corresponde la de cuatro años del art. 847 del mismo cuerpo legal. Ello es así porque ésta llamada "concesión" es un contrato atípico. Es un convenio de transporte complejo (con elemento de contrato de transporte y en tarifa; concesión, arrendamiento, uso, cuenta corriente) donde se pone como condición para la subsistencia de esa "concesión" el traslado de un tonelaje - Km. periódico mínimo de mercadería. Como tal transporte presupone el pago de las tarifas de la carga, si alguna de las condiciones de tal contrato atípico no se diera (transporte de X tonelada - Km.; su pago, etc.) el contrato caería y con ello la llamada "concesión". Ante la permanencia actual y total del contrato, y dada su inescindibilidad, no puede la demandada pretender una prescripción sobre el pago y el mantenimiento del derecho que tal obligación impaga haría caer.
Amenazas, competencia federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CIRIANI, María B. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

Por cuanto el art. 33, inc. e), C.P.P. no ha establecido distinciones para su aplicación ante la comisión del delito previsto por el art. 149 ter, C.P., debe seguir entendiendo en las actuaciones el Juez Federal.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Cientotres S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

Es apelable el pronunciamiento que dispone, como sanción, el desistimiento del proceso concursal en los términos del art. 30 de la ley 24.522. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, derrame de la carga
Materia: NAVEGACION
Carátula: INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO c/ E.L.M.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-18

Aunque en los partes de salida de la mercadería se consignó que el peso bruto era de 20.400 kgs. -igual al denunciado en la factura comercial y en el conocimiento-, este dato no puede prevalecer sobre la atestación del tally de que 30 bolsas estaban rotas. Es por consiguiente enteramente admisible que en ellas se hubiera producido algún derrame, ya que ésta es la consecuencia natural -lo que sucede según el curso ordinario de las cosas- de la rotura de los envases tratándose, como se trata, de una mercadería en polvo seco.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Sala de Noro, Amalia Ángela s/ p.s.a. amenazas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Resulta un claro déficit de fundamentación del recurso que el agravio se haya presentado a partir de premisas abstractas y genéricas que no encuentran suficiente apoyo en la breve referencia al precedente "Casal" (Fallos: 328:3399), sin una razonada explicación de cómo este resultaría aplicable frente a las diferencias sustanciales que presenta respecto de aquel.
Personas jurídicas, entidades deportivas, facultades disciplinarias, sanciones civiles
Materia: CIVIL
Carátula: WHITE PUEYRREDON, Marcelo Carlos c/ JOCKEY CLUB ARGENTINO s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

Es procedente el recurso ante la Asamblea General de socios de un club, contra la sanción impuesta a un socio por la Comisión Directiva, aunque los estatutos no lo contemplen de manera expresa, en tanto aquélla no deja el carácter de órgano supremo porque no se lo haya dicho expresamente en el estatuto, cuando surge simplemente que el origen de las autoridades constituidas y órganos estatutarios proviene de la asamblea, que es quien los inviste de los poderes "delegados" que ejercen en su nombre; con lo cual, para tener por suficientemente garantizado el derecho de defensa, es condición básica "que se haya convocado a asamblea", pues no corresponde cerrar ningún proceso punitivo sino en esta superior instancia.
Usurpación, Derecho penal, turbaciones de hecho, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Abendaño, Catalina Tomás y otros s/ infr. art. 181, inc. 3, usurpación (turbación de la posesión), CP (p/L 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde rechazar la queja intentada si la Ciudad, en calidad de querellante, no se hizo cargo de la interpretación del art. 181, inc.1 del Código Penal en que se fundó la sentencia cuya validez discute -que el despojo tiene lugar cuando la persona decide mantenerse en el inmueble por una razón distinta en la que encontró causa su ingreso o estadía hasta ese momento y luego de ello lo que subsiste son los efectos del delito-, interpretación posible del texto legal y extendida en la doctrina especializada en materia penal. La ausencia de una argumentación sólida que la controvierta al punto de mostrar su inviabilidad lleva a rechazar la queja. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Ejecución de honorarios, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ROMERO MARTÍNEZ, Justo s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-18

El art. 55 de la ley 21.839 sólo concede a los profesionales un medio para garantizar el cobro de sus emolumentos, brindándoles la posibilidad de ser oídos a efectos de que puedan proteger sus derechos frente a las medidas que pudieren disminuir su garantía. Pero la oposición que en tal sentido pueden deducir debe ser razonable y no constituir un medio para trabar innecesariamente los derechos de los demás interesados. En consecuencia, si existen otras alternativas válidas y eficaces para proteger los derechos del letrado, como ser el embargo sobre los derechos hereditarios, debe desestimarse la oposición intentada. (Sumario N°21168 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZURITA SIXTO ANTONIO. c/ ESTADO NACIONAL (POLICIA FEDERAL). s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-07

A partir de su incorporación a la policía federal su personal queda sometido a sus reglamentos y, en consecuencia a lo que ellos disponen acerca de los accidentes ocurridos en y por actos de servicio; por consiguiente, sucedido un accidente de tal naturaleza, el afectado debe sujetarse a lo establecido en las normas pertinentes, que contemplan una forma especial de resarcimiento, excluyente de la aplicación del régimen de responsabilidad consagrado por el derecho común. (Sala 1,2141,071083)
Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, movilidad del haber jubilatorio, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, realidad económica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El sistema de la ley 18.037 - el nivel general de las remuneraciones -es el que ha de regular la movilidad entre el 1° de abril de 1991 y el dictado de la ley 24.241, pues es evidente la incoherencia entre la realidad económica ponderada y los alcances de la movilidad de haberes reconocidos por la autoridad de aplicación (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: VILLALVA, LILIANA Y OTROS c/ HERRERA, JUAN ALFREDO Y VILLAVA, JOSE RODOLFO s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-22

No existen elementos de convicción, que permitan -objetivamente- estructurar el dolo del homicidio (directo o eventual), al no existir dato alguno que permita integrar la acción mentada como posible (golpear con el lomo del machete, en el hombro y en el codo), con una conciencia y voluntad de matar. La intención de matar, es decir, el dolo directo de quitar la vida requerido por la tentativa de homicidio, no puede ni debe inferirse ni de las heridas infligidas, ni de la ubicación de las mismas, ni de la idoneidad genÚrica del arma empleada, pues siendo los delitos de sangre delitos de resultado, solo deberá responderse en relación al mismo y hallándose el elemento intencional no determinado con la exactitud necesaria por ausencia de prueba categórica del propósito inequívoco de provocar la muerte, encuadra el hecho en el delito menor de lesiones leves (art. 89 C.P.), al interpretarse que hubo dolo de lesionar, tal y como en realidad supuestamente se hizo, pues si bien no se puede, presumir el propósito del sujeto enderezado a cegar la vida del ofendido, sí existen elementos de convicción suficientes para suponÚrselo autor de las lesiones infligidas a la víctima.
Deudas impositivas, ejecución fiscal, tasa de justicia, medidas preparatorias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Perassi, Juan c/ Michelini, Diego s/ Medidas preparatorias (Expte. Nro.52-00, Resolución Nro.155, tomo 1,   folio 325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-06-23

No basta incumplir el pago de una deuda fiscal para consumar la infracción. Para ejecutar la pena fiscal no es suficiente el simple proveído de "repóngase", es necesario la intimación y más aún, recién cumplidas todas las etapas que el Código dispone ( Art.241) podría paralizarse el trámite judicial por falta del cumplimiento de las obligaciones fiscales determinadas (Art. 244 ). El actor ha cumplido con los sellados de actuación y proporcional de justicia -arts. 223 y 227 CF-, no siendo óbice la vista ordenada al API, para que se provea de conformidad las medidas preparatorias solicitadas, todo ello sin perjuicio de que cumplida dicha vista y la determinación del sellado, si correspondiere, fueran de aplicación los arts. 244 , C.F., y 242 , CPCC, ya sea en las medidas preparatorias como en el posterior juicio que se iniciare.
Docentes, jubilación ordinaria parcial, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORREGO, MARIA SUSANA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

Acreditado que al cesar definitivamente en un establecimiento la titular reunía las condiciones mínimas para obtener la jubilación ordinaria parcial docente en los términos referidos por el art. 29 de la ley 18.037 (cincuenta y dos años de edad con treinta de servicios para el personal femenino), no existe inconveniente práctico alguno para receptar la petición de concesión del beneficio aunque haya continuado en actividad en otro u otros cargos docentes, circunstancia ésta que se encuentra expresamente prevista en la ley sustantiva (cfr. art. 63, 1er. párrafo, del régimen jubilatorio para trabajadores dependientes).
Domicilio legal, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GRASSELLI, ARCANGEL c/ COCCHIS, MIGUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 156-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Para el litigante, la exigencia de constituir domicilio no es un deber, sino una carga procesal. De allí que quien omite cumplir con ese requisito tan sólo asume el riesgo de no ser oída hasta tanto lo cumpla. La consecuencia de la actividad negligente se traduce, pues, solamente en el "desaprovechamiento" de una oportunidad procesal y en el consiguiente perjuicio o expectativa desfavorable que tal "desaprovechamiento" apareja a la parte remisa. En opinión de Palacio "...cuando la norma exige la constitución de domicilio legal, lleva el propósito de fijar, en forma inequívoca definitiva, en principio, una determinada sede espacial a la que sea posible acceder lo más sencilla y económicamente posible, evitando así que por la posible actitud exclusivista o desintegrante del proceso, el otro u otros litigantes y el órgano jurisdiccional se hallen precisamente en un desgaste de dispendiosa cuando no superflua actividad. Bien pudo, pues, la norma conjurar esa posible "fragmentación" de las conductas individuales y restaurar la necesaria reciprocidad, imponiendo aquella carga de cooperación.
Acciones posesorias, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zucconi, Mariano Eduardo c/ Ocupantes s/ Inc. de Desalojo en autos García c/Suarez s/Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

El adquirente, como sucesor singular del vendedor forzado, puede ejercer todas las acciones personales o reales que a éste le competían con respecto a la cosa, y siendo dudoso el último estado de la posesión del bien en cuestión, júzgase que asiste derecho al que tuviese título para poseer (arts. 3267, 3268, 2471 del Cód.

Civil).
Proceso contravencional, medidas cautelares, facultades del juez, control de legalidad, control de razonabilidad, autoridad de prevención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos: MARTINEZ, Osvaldo c/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación s/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación inf. Art. 83 ley 1472-Apelación s/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Si bien el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contravencional no aclara la función específica del juez al recibir del fiscal la medida precautoria tomada por la autoridad de prevención, es importante destacar que, por razones constitucionales, su poder decisorio no puede estar restringido al mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través de un test de legalidad y razonabilidad -control jurisdiccional -.

Al volver sobre el desempeño de los preventores, puede, en caso de no verificar los presupuestos que legalmente los habilitan a practicar medidas de este tipo, declarar su nulidad. En caso contrario, tras expresar fundadamente las razones por las cuales considera que dicha actividad es legal y razonable, recién podrá expedirse acerca de si corresponde mantenerla o no.
Divorcio, medidas cautelares, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L F. O.  c/  s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

El pronunciamiento en cuanto fija como medida cautelar y, por el término de 6 meses, una cuota provisoria a favor de la ex cónyuge, del 15% de los haberes del accionado, debe ser confirmada, pues los agravios expuestos no contienen una crítica concreta y razonada, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C. y C., y no resultan suficientes para arribar a una conclusión distinta de la expuesta por la magistrada, en punto a la procedencia de la medida. (del voto del Dr. Jorge Pascuarelli, en minoría).
Concursos, privilegios (comercial), crédito privilegiado, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASINOS  DE  RIO  NEGRO  SA s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE REVISIONPOR PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-15

No cabe reconocer privilegio general ley 24522 art. 246 al crédito de una aseguradora de riesgos del trabajo, toda vez que los privilegios son una excepción a la pars conditio creditorum y solo gozan de ellos los acreedores enumerados en la ley 24522 -cfr. art. 239-, por lo que no pueden interpretarse extensivamente; además, al ser la ART un ente privado no encuadra en la aludida norma.
Cesión de derechos, perfeccionamiento del contrato, terceros, efectos del acto jurídico, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: B., R. O. en autos: ASOCIACION MUTUAL DEL VALLE INFERIOR (AMVI) s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE REVISION ART. 37 LCQ s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-17

En la cesión se verifican dos momentos de perfeccionamiento: un primer momento, en que la cesión produce efectos entre las partes, que se da cuando el contrato se celebra, y otro, de efectividad con relación a los terceros, que tiene lugar "por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte de este".

Al respecto, el art. 1459 del Código Civil establece que: "Respecto de terceros que tengan un interés legítimos en contestar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, la propiedad del crédito no es transmisible al cesionario, sino por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte de éste". Así, se ha dicho que se consideran terceros todos aquellos que no sean partes del contrato de cesión, inclusive el deudor cedido.

Partes son exclusivamente el cedente, el cesionario y, obviamente, sus sucesores. El deudor cedido es tercero respecto del negocio de cesión pero es parte en el derecho objeto de la cesión. Por ello podría decirse que es el principal tercero, pues es quien debe cumplir la obligación cedida o sea efectivizar el pago objeto de la cesión. Todos estos terceros que hemos mencionado pueden, en mayor o menor medida, tener un interés legítimo en contestar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella. En síntesis, tercero con interés legítimo serían todos aquellos a quienes la cesión pudiese afectar dicho interés.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, daños y perjuicios, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, personal policial, muerte
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Furnier, Patricia María c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Procede la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a la demanda que persigue la reparación de los daños y perjuicios causados por la muerte de un agente policial, si no es de aplicación el art. 118 de la ley 17 418, pues la eventual condena que recaiga en la causa no puede hacerse extensiva a dicha entidad.
Sentencia, presunciones, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Luques, Alfredo Atilio c/ S.A.  Cía. de Seguros "La Tandilense" s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-16

Existen en el caso presunciones precisas, graves y concordantes, admitidas como elemento de convicción por la ley ritual, es decir, las presunciones deben ser graves y precisas, deben reunir tal grado de probabilidad que en el ánimo del magistrado se traduzcan en certeza moral y ser inequívocas, de tal modo que no pueda deducir más que determinadas consecuencias.
Instrucción, facultades del juez, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TIRABOSCHI, MARCELA ALEJANDRA s/ QUERELLA INFR. LEY 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Si bien es cierto que el segundo párrafo del art. 180 del Código de Forma prevé que las partes pueden sugerir pruebas durante el sumario y que su realización se halla sometida al exclusivo arbitrio del magistrado, quien evaluará su pertinencia y oportunidad, prerrogativa del todo coincidente con el carácter inquisitivo de nuestro sistema procesal, más allá de que las partes tengan positivo acogimiento en sus peticiones, éstas deben ser receptadas e incorporadas al expediente, sin que tal temperamento menoscabe el gobierno de la encuesta que ejerce de modo incuestionable.
Recurso de revisión (procesal), caducidad de instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PLECITY PABLO LUIS - REVISION EN CASA CONTI s/ CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-11-27

Contra la resolución que declara la caducidad de la primera instancia, el recurso de revisión esta excluido por la ley (CPC.

Art. 1275), pues la resolución que admite la perención no perjudica la acción que puede ser propuesta nuevamente en otro proceso.