Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C.C., J. G. c/ DLS A. L. Sucursal Argentina s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones de ley)", Expte. nro. 15.983/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 2792/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 330), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 283/297? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de esta Alzada el presente pleito, por apelación deducida por las partes y los letrados representantes de la actora por sus derechos, contra la sentencia definitiva nro. 69/2006 del Juzgado Letrado en lo laboral (fs. 283/297, fs. 299, fs. 300).

La parte demandada considera que la Aquo desestimó la excepción de cosa juzgada por una errónea interpretación del derecho. Excedió la libre voluntad de las partes.

A fs. 44, manifiesta el recurrente, obra reclamo ante la autoridad administrativa por el trabajador que había ingresado en el año 1998 hasta el 30 de abril del 2002, demandó la doble indemnización de la ley 25561, se arribó a un acuerdo en virtud que el trabajador tenía embargos, pidiendo el representante la homologación del mismo, lo que ocurrió el 21 de junio del 2002 (fs. 51), se encuentra la homologación, original del expte administrativo a fs. 231/254.

En la demanda el trabajador manifiesta que consintió el despido por falta de trabajo, todos los conceptos fueron conciliados y transados, no resulta veraz lo expresado en el fallo atacado, en el reclamo administrativo solo pretendió la indemnización de la ley 25516.

Su silencio implica que aceptó el pago de las indemnizaciones conforme el Art. 246 de la LCT jamás impugnó las causales del despido. Transcribe la resolución administrativa de homologación; cita jurisprudencia que hace a su posición.

No fueron motivo de controversia las causales de extinción de la relación, no obstante la magistrada de grado evaluó que no se había producido prueba al respecto, también invocó que no se había sustanciado el proceso de crisis previo al despido, olvidando que es de aplicación en la hipótesis prevista en la ley 24013 dando porcentajes, en el caso se trató solo del despido de una persona.

La duplicación de la ley 25561 Art. 16 solo se refiere a la indemnización por antigüedad; cita doctrina y no corresponde tampoco la procedencia de la multa del Art.2 de la ley 25323.

Cuestiona los honorarios de los profesionales por ser excesiva su regulación, hace reserva del caso federal (fs. 305/315 vta.).

Los letrados de la parte actora sostienen en su memorial que los honorarios regulados en la instancia de grado son insuficientes peticionando incluso se determinen porcentualmente por la indeterminación del monto, incluso la adición de los intereses que surgen de aplicación de la ley arancelaria (fs. 300/301 vta.).

La sentencia fue sostenida por la parte actora vencedora y retrucado el memorial de los letrados por la demandada (fs. 316, fs. 317/323).

Análisis de las cuestiones:

Surge de fs. 245/7 que el actor requirió una apertura del expediente administrativo, en su pedido cuestiona la causal del distracto. Sostuvo en dicha presentación y se corrobora de la lectura del expediente administrativo incorporado, que no dijo que había quedado satisfecha cualquier deuda que pudiera devenir de la relación laboral, tampoco que no tenía nada más que reclamar.

El acto administrativo de homologación que me permito observar aun no dicho por las partes, ni atacado específicamente, carece de los elementos previstos en la normativa habida cuenta que no surge del mismo que se haya obtenido una justa composición de derechos e intereses para el trabajador como lo exigen los arts. 12 y 15 de la LCT, afectándose un elemento esencial del acto administrativo como tal, que es su motivación (art. 30 del Dto. 920).

En el acto homologatorio, se dice que las partes arribaron a una conciliación y remite al acta suscripta con anterioridad donde nada se dice ni de la causal del distracto ni que las partes no tengan nada que reclamarse en el futuro, dicha reserva no fue efectuada. Como tampoco, reitero, la verificación por parte del ente de la justa composición.

En cuanto a la causal del despido, ésta debió ser probada en sede administrativa, lo que no ocurrió, no obstante tampoco se hizo referencia en el acto administrativo "homologatorio". Cabe recordar que dicha exigencia, la de acreditar la falta o disminución de trabajo, fue un requerimiento inalterable a través del tiempo, con mayores o menores recaudos legales, tal el caso actualmente de la 24013.

Pero recuerdo que en el Dto. 33302/45 como en el actual Art. 247 de la LCT o su antecesor Art. 268, es motivada por una situación desfavorable para el mantenimiento de la actividad plena de la empresa y a consecuencia de esa situación se produce la falta o disminución del trabajo, debiendo cargar con la prueba quien invoca esa situación (en tal sentido ver Revista de Derecho Laboral 20022, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 125/7).

Surge de la actuación administrativa una homologación de una indemnización que no alcanza a extenderse a rubros o conceptos que no fueron tratados en el acta de la supuesta la conciliación previa (fs. 240).

Los acuerdos transaccionales deben garantizarse no sólo con la intervención de la autoridad judicial o administrativa sino también con un pronunciamiento de las mismas que indique concretamente que estos han alcanzado una justa composición de los derechos e intereses en juego de las partes. El precepto reconoce un fundamento, el principio de irrenunciabilidad de los arts. 12 y 13 de la L.C.T., derivado del carácter de orden público de la mayoría de las normas laborales.

Ello es así porque la sola intervención de la autoridad administrativa o judicial no es suficiente. Se requiere asimismo un pronunciamiento que controle la justa composición de los intereses en juego, y a su vez, responsabilice a la autoridad interviniente de una anuencia incorrecta, atento a la posibilidad útil de impugnar la validez de esa decisión.

En las conciliaciones celebradas en sede administrativa, así como también en jurisdicción judicial, la homologación conlleva la finalidad esencial de verificar que el acuerdo consagre una justa composición de los derechos e intereses de las partes, lo que en atención al carácter irrenunciable del derecho laboral (Art. 12, ley 21.297) no puede involucrar la simple aprobación de una renuncia recíproca a intereses que pueden ser legítimos, sino más bien que, mediando el contralor de la autoridad administrativa o judicial de su caso, ante el reajuste adecuado de un reclamo obrero, la contraparte, el empleador, satisfaga lo que por ley le corresponde (S.C.B.A. 23/5/78, L.L. 1979291).

"Tanto la ley 20.744 como la 21.297 han eliminado en la práctica las diferencias entre la excepción de transacción y la de cosa juzgada porque en el actual texto del art.15 de la ley de contrato de trabajo sólo se admite como válida la transacción que se realice con intervención de la autoridad judicial o administrativa y que culmine en una resolución fundada que acredite que, mediante tales actos, se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes" (C.N. Trab., Sala IV, Julio 26991 "M. A. R. y otros c. T. L. S.A." D.T., 1991B, 2055) (Citar: elDial BB2F9E).

De la lectura de fs. 241, surge que se homologa el acuerdo de fojas anteriores, en ese acuerdo las partes conforman un importe sin reservas ni mucho menos renuncias por parte del trabajador.

Por lo dicho el alcance de la gestión administrativa, no puede sostenerse como una verificación de los extremos opuestos por la patronal para la prosecución del vínculo y mucho menos una transacción de derechos e intereses y/o renuncia a créditos por parte del trabajador ante la omisión expresa de esta situación y la falta de fundamentación del acto que pretenden dar el valor de una homologación y la consecuente cosa juzgada administrativa.

Conforme al Art. 15 L.C.T., "los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes".

Un acuerdo celebrado en tales condiciones, y que cuente con resolución administrativa homologatoria fundada, que afirme que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, hace procedente la excepción de cosa juzgada prevista en la ley.

En el presente caso, la autoridad administrativa en lugar de analizar y merituar si se había alcanzado "justa composición de los derechos e intereses de las partes", resolvió abstenerse de efectuar tal valoración afirmando sin el mínimo análisis.

Por lo cual se resolvió homologar el convenio, absteniéndose de valorar si había justa composición de derechos e intereses sobre la cuestión del despido, con la especial gravedad que se invocaba la disminución de trabajo, en la especie de un solo trabajador que si bien no cuestionó nada tampoco cerró su reclamo afirmando y aceptando lo pagado y sin nada más que reclamar, más aun por conceptos y rubros protegidos por la ley, que además reviste carácter de irrenunciables como son las indemnizaciones que critica en esta alzada con el único fundamento de la gestión administrativa; que como he dicho es insuficiente para cubrir el espectro más amplio de derechos del trabajador amparados por otras normas.

La resolución homologatoria del convenio no puede considerarse cosa juzgada respecto de los rubros no tratados, y a las demás reclamaciones, temas estos en los cuales la autoridad administrativa se abstuvo de efectuar la valoración a que se refiere el Art. 15 L.C.T. y mucho menos homologar.

Estos motivos me llevan a la convicción que debe desestimarse el agravio de la parte demandada y confirmarse la sentencia venida en crisis con las duplicaciones condenadas por la Aquo. Igual suerte corre el agravio respecto de la imposición de las costas en la instancia de grado, toda vez que se aplicó el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh), por lo cual se confirma lo decidido.

Con relación a la determinación de los honorarios en forma porcentual, peticionados por los letrados de la actora en su recurso contra la regulación por bajos; advierto que existen elementos para el cálculo de los mismos sin necesidad de establecerlos en tal forma.

Si bien se invoca la probabilidad de una variación en la tasa de interés al momento del cobro, ello se encuentra en el terreno de las suposiciones, la ley arancelaria habilita al juez a determinar el monto de los honorarios en una franja porcentual, según arts. 6 y 7 de la ley 2200, la decisión es estimativa y discrecional; al incorporar la modificación sobre la base de cálculo, han de considerarse los intereses que graven la suma que se utilice para la determinación; los magistrados evalúan en ese contexto y la posible variación en la tasa, a mi modo de ver, queja absorbida por ese juego que se da entre los porcentajes que el juez considera para determinar el honorario en el momento de la sentencia.

En síntesis, que pudiera existir o no una variación en los índices de la tasa interés de la suma de condena, ello no resulta relevante ni considero que modifique los importes calculados en base a los porcentajes establecidos en la ley y por la cual se regularon los honorarios profesionales, más precisamente en el presente caso exista alguna arbitrariedad que habilite la revisión frente a un planteo de una situación hipotética y abstracta.

Por otra parte verificado en base al monto de condena la regulación de la instancia de grado, observo que se ajustan a los parámetros contenidos en la normativa jurídica, y a las pautas brindadas tanto la labor profesional como al éxito obtenido y la trascendencia para la parte por lo cual confirmo la sentencia en este punto.

Las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh). Varía no el principio sino la parte, respecto de la apelación de honorarios de los letrados del actor, toda vez que actuaron en su propio interés y que fueran retrucados por la demandada, corresponde a los letrados apelantes cargar con las costas de la apelación, conforme la misma norma (Art. 68 del CPCCCh y Art. 12 de la ley arancelaria).

Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en la segunda instancia para el momento del acuerdo, en que se tendrá en consideración lo establecido en la ley 2200 Art. 14.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto, propongo:

1. Desestimar los agravios de la parte demandada y los agravios de los representantes de la actora, confirmando la sentencia venida en crisis, según considerando respectivo.

2. Las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida y a los letrados de la actora según considerando respectivo.

3. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes para el momento de Acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) La demandada plantea agravios a fs. 305/315 en contra de la sentencia de fs. 283/297, habiendo sostenido la sentencia conforme el informe previsto por el art. 62 de la Ley del Fuero la parte actora (fs. 317/323).

I.A1) La demandada expresa agravios a fs. 305/309 en contra de la sentencia de fs. 283/ 297 en cuanto decide el rechazo de la excepción de cosa juzgada planteada por la parte accionante (considerando 1ero. (fs. 286vta./288 vta.). Dicho argumento fue contestado por la parte actora en su escrito de sostenimiento de sentencia (art. 62 Ley nro. 69) a fs. 317/322.

Entrando en el análisis de las actuaciones obrantes en el expediente administrativo efectuado ante la Subsecretaria de Trabajo Provincial bajo el nro. 10918 del 27/05/92 (glosado a fs. 231/254, especialmente la resolución homologatoria nro. 761 del 21/06/02 fs. 241), es entendimiento de la suscripta que los actuaciones ante sede administrativa deben garantizarse no sólo con la intervención de dicha autoridad sino también con un pronunciamiento de la misma que indique concretamente que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses en juego de las partes.

Ello es así, porque la sola intervención de la autoridad administrativa no es suficiente ya que se requiere asimismo un pronunciamiento que controle la justa composición de los intereses en juego, y a su vez, responsabilice a la autoridad interviniente de una anuencia incorrecta, atento la posibilidad útil de impugnar la validez de esa decisión.

En las conciliaciones celebradas en sede administrativa la homologación conlleva la finalidad esencial de verificar que el acuerdo consagre una justa composición de los derechos e intereses de las partes, con lo cual debe mediar el contralor de la autoridad administrativa, ya que en el actual texto del art. 15 de la LCT sólo se admite como válida la actuación que se realice con intervención de la autoridad administrativa y que culmine en una resolución fundada que acredite que, mediante, tales actos, se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

Profundizando el análisis de la presente cuestión considero necesario hacer hincapié en que la homologación del acto conciliatorio no importa una mera protocolización de aquel, sino que representa un juicio de valor, presupone una función dinámica del órgano de contralor interviniente que deberá examinar si los derechos controvertidos son litigiosos o dudosos, emitiendo o no el acto homologatorio mediante resolución fundada atento que la debida homologación ministerial del convenio conciliatorio veda al trabajador la posibilidad de discutir la naturaleza y sería inoponible mediante "redargución de falsedad" (conf. crit: "A., M. A. c/ D., J. C. s/ Sumario" Fallo: 94190654 Primera Cámara Civil Circunscripción: 1 Mendoza 1994/09/09, Expediente: 2461 Ubicación: S013173: elDial MC2D6).

Lo hasta aquí expuesto tiene su sentido ya que los acuerdos transaccionales deben garantizarse no sólo con la intervención de la autoridad judicial o administrativa sino también con un pronunciamiento de las mismas que indique concretamente que estos han alcanzado una justa composición de los derechos e intereses en juego de las partes, atento que dicho precepto reconoce un fundamento, el principio de irrenunciabilidad de los arts. 12 y 13 de la LCT.

Ello es así porque la sola intervención de la autoridad administrativa o judicial no es suficiente. Se requiere asimismo un pronunciamiento que controle la justa composición de los intereses en juego, y a su vez, responsabilice a la autoridad interviniente de una anuencia incorrecta, atento a la posibilidad útil de impugnar la validez de esa decisión.

En las conciliaciones celebradas en sede administrativa, así como también en jurisdicción judicial, la homologación conlleva la finalidad esencial de verificar que el acuerdo consagre una justa composición de los derechos e intereses de las partes, lo que en atención al carácter irrenunciable del derecho laboral (Art.12 ley 21.297) no puede involucrar la simple aprobación de una renuncia recíproca a intereses que pueden ser legítimos, sino más bien que, mediando el contralor de la autoridad administrativa o judicial de su caso, ante el reajuste adecuado de un reclamo obrero, la contraparte, el empleador, satisfaga lo que por ley le corresponde (S.C.B.A. 23/5/78, L.L. 1979291).

En este tópico, la jurisprudencia es uniforme. "El ordenamiento consagra una regla general de irrenunciabilidad de derechos e indisponibilidad de las atribuciones contenidas en los mismos y reglamenta las excepciones, estableciendo que los actos procesales de autocomposición como la conciliación, la transacción o el desistimiento, deben ser homologados mediante resolución fundada que considere que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes" (T.Trab.Zárate, mayo 22984, V. P. A. vs. P. S.A. D.J. 985A, 31).

Es decir que el acto llevado a cabo en sede administrativa no puede ser considerado estrictamente, como cosa juzgada, ya que mediando entre las partes una relación contractual de orden laboral, sus controversias deben ser atendidas a la luz de principios específicos de esta materia, entre los que el del orden público constituye uno de los de mayor arraigo" (S.C.B.A., mayo 23978, "Q. A. M. c. L., Je. M.", Ac.24.251 D.J. 979I 26, sum. 103).

Tanto la ley 20.744 como la 21.297 han eliminado en la práctica las diferencias entre la excepción de transacción y la de cosa juzgada porque en el actual texto del art.15 de la ley de contrato de trabajo sólo se admite como válida la transacción que se realice con intervención de la autoridad judicial o administrativa y que culmine en una resolución fundada que acredite que, mediante tales actos, se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes" (C.N. Trab., Sala IV, Julio 26991 M. A. R. y otros c. T. L. S.A. D.T., 1991B, 2055) Sentencia N° 567 "O. Vda. de O. C. R. c/ F. L. C. y/o Otras s/ art. 212 L.C.T." Corte Suprema de Justicia de Tucumán 30/07/1997: elDial BB2F9E).

En definitiva, el acuerdo analizado (expdte. Admvo. nro. 10918/20002 que obra agregado en autos a fs. 231/254 de fecha 27/05/02 resolución nro 76121/06/02), no puede ser plenamente eficaz, ya que no se ajusta debidamente a los requerimientos de los arts. 15 y 241 de la LCT, ya que si bien cuenta con la correspondiente intervención de la autoridad de aplicación que lo ha homologado, los términos peticionados en la presente demanda no le otorgan la fuerza de cosa juzgada que invoca la accionada como uno de los fundamentos de su oposición a la pretensión del actora atento no haberse expedido expresamente sobre la justa composición de derecho a lo que lo obliga lo prescripto por el art. 15 de la LCT ni expedirse sobre que el actor hubiere renunciado expresamente a todo derecho que al mismo pudiera corresponder por la causal de extinción del vínculo laboral decidido unilateralmente por la empleadora, conforme expresamente lo expone en su ampliación de reclamo presentado ante dicha sede (fs. 245/248) el cual, más allá de la contestación efectuada por la empleadora a fs. 252/253, nada dijo.

Con lo cual se advierte que dicho acuerdo voluntario celebrado entre las partes, instrumentado el pago de los conceptos peticionados por el actor (fs. 223 y 244) solo se ha configurado una parcial renuncia a algunos de los beneficios establecidos por la ley, sin que la concreción de dicho pago implique entender que el trabajador renunciara expresamente a los demás derechos que le correspondían y que dejó expresamente solicitado con el pedido de la reapertura del expediente administrativo donde amplió su reclamo (fs. 245/248, el que fuera contestado por la empleadora a fs. 252/253) y donde, tal como se merituara precedentemente, no obra constancia alguna sobre la adopción de una decisión en cuanto al planteamiento presentado en sede administrativa (fs. 254).

La interpretación precedente marca el alcance que deben darse al acuerdo extintivo, al pago percibido por el actor y a la cláusula liberatoria, en base al acuerdo efectuado en sede administrativa, debidamente homologado por la autoridad de aplicación, el cual no puede oponerse como excepción de cosa juzgada, correspondiendo su rechazo.

En el sentido en que se viene analizando el presente proceso, se ha expedido la jurisprudencia cuando ha determinado que el acuerdo de pago en sede administrativa no es legítimo en tanto no se cumplen los requisitos del art. 15 de la L.C.T.

Sólo es válido en lo que respecta a la suma que el actor reconoce haber recibido.

Es necesario que exista resolución fundada que acredite una justa composición de derechos e intereses para que sea oponible en un proceso judicial (conf. crit. "P. M., B. c/ C. S. s/ Ordinario", Fallo: 95190448 Primera Cámara Civil Circunscripción: 1 Mendoza 1995/11/10, Expediente: 25216 Ubicación: S075046: elDial MC2B33); en sentido similar, Sentencia N° 17 "S. B. N. c/ Centro Ú. de J. y P. Provinciales s/ Cobros" Cám. Del Trabajo del Trabajo Sala 2 17/05/1999: elDial BB436E).

A mayor abundamiento, conforme al art. 15 L.C.T., "los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes".

Un acuerdo celebrado en tales condiciones, y que cuente con resolución administrativa homologatoria fundada, que afirme que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes, hace procedente la excepción de cosa juzgada prevista en el inciso d del art. 65 C.P.L.

En el presente caso, ante las manifestaciones de ambas partes de que ratificaban sus posiciones acerca de las causas del despido, la autoridad administrativa en lugar de analizar y merituar si se había alcanzado "justa composición de los derechos e intereses de las partes", resolvió abstenerse de efectuar tal valoración reservándola para un examen judicial.

No puede interpretarse de otra manera el hecho que la autoridad administrativa no se haya expedido sobre las cuestiones anexadas por las partes posterior a la homologación precedentemente expuesta, ya que no resolvió analizar las cuestiones planteadas y mucho menos expedirse sobre las mismas, absteniéndose de valorar si había justa composición de derechos e intereses sobre la cuestión del despido, lo cual implica que decidió que dicho tema se reservaba a sede judicial.

Por ello, la resolución homologatoria del convenio puede considerarse cosa juzgada respecto de los peticionado por el obrero a fs. 233/vta, contestación de la empleadora a fs. 240 y pago fs. 243/244 vta., pero no en cuanto a la causa del despido y a la media indemnización percibida, temas estos en los cuales la autoridad administrativa se abstuvo de efectuar la valoración a que se refiere el art. 15 L.C.T. (Conf. Crit. sentencia nro. 761 "Cruz Marcos Dionicio c/ S.A. O.C.A. (Organización Coordinadora Argentina) s/ Cobros" Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y Contencioso Administrativo 15/09/2000: elDial BB4612).

En lo atinente a la a línea argumental expuesta por la apelante demandada (fs. 309) respecto a doctrina de la teoría de los actos propios que adjudica al trabajador, tengo en cuenta que el Derecho del Trabajo parte de la premisa que el trabajador se halla en condiciones menos favorables que el empleador al momento tanto de la celebración como en la ejecución y en la extinción de la relación jurídica que los vincula, con lo cual se coloca al trabajador en una situación de disminución civil circunstancia que obsta a la aplicación de la teoría de los actos propios, resultando, absurdo invocar la misma para denegar un derecho al que la Constitución Nacional le confiere el carácter de irrenunciable.

A mayor abundamiento, rige lo dispuesto en el art. 260 de la LCT que considera toda suma percibida aún sin reserva a cuenta del total adeudado, como expresión del principio de irrenunciabilidad de los derechos (art. 11 y 1ero de la L.C.T.).

El referido artículo 260 de la L.C.T. modifica y desplaza el artículo 724 del C. Civil que regula los efectos liberatorios del pago.

En este sentido no hay que olvidar las enseñanzas de nuestros maestros, que siempre han destacado que el derecho civil actúa frente al derecho del trabajo como supletorio, pudiendo llenar posibles lagunas, y siempre que no contraríe los principios del derecho del trabajo, ni que exista norma laboral expresa que lo regule.

No serían aplicables el principio de la autonomía de la voluntad del 1197 del C.C., ni los efectos liberatorios del pago, sin perjuicio de tener en cuenta que si es aceptable que el Derecho Civil ejerza su función de integración y supletoriedad: en el 1201 del C.C.; el abuso de derecho, los daños y perjuicios, los vicios de consentimientos y desde ya la lesión objetivasubjetiva del artículo 954 del Código Civil.

En el marco conceptual expuesto, no debe olvidarse que las instituciones de derecho común están legisladas y estudiadas y para sujetos en paridad negocial, cuando en derecho del trabajo los sujetos a los que se aplicarán están en situación dispar (Ferreiros, Estela, Doctrina Laboral, Nº175, Marzo 00, 187).

De acuerdo a lo evaluado sobre la teoría general del Derecho del Trabajo y el Derecho Civil y aún más la teoría de los actos propios, es indudable que no puede aplicarse en derecho del trabajo en forma indiscriminada dicha doctrina.

Tampoco hay que omitir que incluso en derecho civil dicha temática se aplica con carácter residual, y siempre y cuando no esté en juego el orden público.

En nuestra rama rige el principio de irrenunciabilidad y de protección a favor del trabajador, que sobrepasa la voluntad o los actos de él mismo, protegiéndolo a pesar suyo, imponiendo normas de orden público que no pueden ser desvirtuadas por actos propios.

Por las consideraciones precedentemente expuestas arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios planteados por la apelante demanda a fs. 305/309 y confirmarse la sentencia en este sentido.

I.A2) A fs. 310/312 vta. apela la recurrente demandada en cuanto a la indemnización otorgada por la sentenciante respecto del rubro indemnización por preaviso por entender que la Ley nro. 25.561 (01/01/00) no contempla dicho rubro y haber sido abonado correctamente el equivalente a dos meses de salario.

Dicho agravio fue contestado por la parte accionante a fs. 323 vta.

Siendo que en orden a la aplicación del art. 16 de la ley 25561, es entendimiento de la suscripta compartiendo el criterio mayoritario jurisprudencial que sobre dicho tema se ha expedido que, en virtud de lo reglado por el decreto 264/02, procede en la especie duplicar también la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232 de la LCT), Expte. 16267/2002 S. 31099 "D. P. C. B. c/ D. L. A. M. s/ Despido" CNTrab Sala VIII 07/03/2003: elDial AA263A): ídem. Expte. 28556/2002 S. 31423 "R. A. c/ Cía. G. de C. e I. s/ Despido" CNTrab Sala VIII 29/08/2003 elDial AA263B), son entendimientos por los cuales arribo a la conclusión que deben rechazarse los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 310/312 vta.

I.A3) A fs. 312vta./315 se agravia la apelante demandada por haber condenado la Sra. magistrada a su parte a abonar la indemnización del art. 2 de la Ley 25,323 fijando un monto de pesos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres con setenta y ocho centavos ($36.853,78), omitiendo cualquier consideración para decidir la aplicación de la multa, advirtiendo que conforme resulta del telegrama obrante a fs. 41 y 210 el actor no efectuó intimación alguna requiriendo el pago en los términos establecidos en la Ley. Nro. 25.323.

Surge de las constancias de autos que el actor en fecha 24/01/03 (fs. 41 y 210) remitió CD nro. 435984875Ar donde expresamente intima a la accionada por el término de dos (2) días hábiles a que se le abonen la diferencia del pago no percibido de la indemnizaciones por preaviso, vacaciones no gozadas y antigüedad consistente en lo establecido por el art. 16 de la Ley 25.561, la que fuera contestada negativamente por la demandada mediante CD nro. 383422170 AR del día 06/02/02 (fs. 42 y 211).

En lo atinente a la condena por aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley nro. 25.323, dicha ley se publicó el 11 de octubre de 2000 en el Boletín Oficial y, no establecida su fecha de vigencia, conforme lo dispuesto por el artículo 2º del Código Civil, la misma se tornó obligatoria ocho (08) días después de su publicación, esto es el 19 de octubre de 2000.

La sentenciante de grado aplicó la sanción prevista en el Art. 2° Ley 25323 con fundamento en las prueba arrimadas en autos (conf. considerando IV fs. 295vta./296, análisis probatorio que no fue rebatido en esta instancia por la agraviada) determinando los montos individualizados por la parte actora a fs. 79/vta. atento el incumplimiento de la parte empleadora, siendo una de ellos la indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, con lo cual dicha indemnización se incrementó en un 50%).

En autos ha quedado firme que el despido directo fue injustificado no existiendo prueba alguna que excusara la decisión de no pagar oportunamente la indemnización por despido en forma íntegra, circunstancia por la cual se hace aplicable el criterio jurisprudencial que establece que: "Corresponde hacer lugar al incremento de las indemnizaciones establecido en el art. 2º de la ley 25323 cuando no existen razones que justifiquen la conducta del empleador de no pagar las indemnizaciones oportunamente reclamadas por el actor.

Máxime teniendo en cuenta no sólo que el hecho imputado al trabajador no resulta de entidad suficiente como para justificar la ruptura del vínculo laboral, sino que ni siquiera su ocurrencia fue acreditada en autos (conf. crit. CNTrab. Sala X Expdte. nro 4426/01 Sent. 10649 21/5/02 "D. L. R., C. c/ P.D.V. M. S.A. s/ Despido"; elDial AL76D (S. 30754 "B., M. A. c/ SAB SA s/ despido" CNTrab. Sala VIII 06/09/2002; elDial AA12E9).

Por dichas consideraciones arribo al entendimiento que corresponde desestimar los agravios de la apelante demandada a fs. 312vta./315 y confirmar la sentencia en dicho sentido.

IA4) En lo referente al agravio de la apelante demandada (fs. 315) sobre la imposición de costas impuestas por la aquo a su cargo (conforme considerando VI. fs. 297 vta.), atento la decisión tomada en el presente voto, siendo de aplicación el principio objetivo de la derrota corresponde rechazar dichos agravios y confirmarse la sentencia en este sentido.

I.B) A fs. 300/301 apelan, por derecho propio, los apoderados de la parte actora por considerar insuficiente los fijados por la aquo. A fs. 316/vta. obra la contestación de los mismos por la parte demandada.

Sin perjuicio del criterio establecido por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia el día 20062000, sent. interlocutoria citada por los apelantes a fs. 301: "V., J. A. y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa)", en una resolución más actualizada nuestro más Alto Tribunal de Justicia Provincial se ha expresado en el sentido que: "La modificación que la Ley 4335 introdujera al artículo 6 inc. "a" del DecretoLey 2.2200, conforme a la cual en el monto del asunto o proceso se hallan comprendidos el "capital e intereses y demás accesorios", debe interpretarse armonizándola con el precepto ya recordado del artículo 19 del mismo cuerpo normativo, pues, como desde antiguo ha enfatizado el Más Alto Tribunal de la Nación, es principio de la sana hermenéutica buscar la concordancia, el adecuado ensamble de cánones aparentemente discordantes y no el hacer prevalecer entre ellos la contradicción y la antítesis.

Aquí, del armónico juego de ambas normas, surge con meridiana claridad que los "intereses y demás accesorios" que según el artículo 6 inc. "a" del Dec.Ley 2200 (modificado por Ley Pcial nro. 4335), con el capital, integran el monto del proceso, son los "que resultaren de la sentencia", de acuerdo a la previsión del artículo 19 de dicho ordenamiento, esto es lo que el fallo condena a pagar, pues de lo contrario no resultarían del decisorio (STJCh) 03122002, Sentencia Definitiva, "U., F. F. c/ Sistema Provincial de Salud s/ Demanda Contencioso AdministrativaIndemnización por Daños y Perjuicios").

A ello se suma que la estimación del monto coincide con el valor dinerario de las cuestiones sometidas a juicio, base para la regulación de honorarios, máxime cuando se ha dictado condena que da lugar a un procedimiento liquidatorio y que el artículo 6to. de la ley arancelaria atribuye en definitiva al Tribunal la potestad de determinar el monto del proceso, con lo cual se presupone que el monto así fijado es próximo a la fecha en que se dictó la sentencia, siendo entonces cuando el juez o tribunal hace uso de aquella atribución, más aún cuando, como bien sostiene la parte demandada a fs. 316 la estimación efectuada por el aquo en cuanto al monto de los honorarios asciende a un veintiún por ciento (21%) del capital condenado.

Son razones todas ellas por las cuales corresponde el rechazo a los agravios planteados por los apoderados de la parte actora a fs. 300/301 y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B) En virtud de lo decidido en el presente voto, las costas de esta instancia son impuestas a la apelante demandada vencida (art. 68 del CPCCh).

Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo, donde serán regulados los mismos teniendo en cuenta la temática planteada, la labor desarrollada y el éxito obtenido, conforme lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 47, ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la apelante demandada a fs. 305/315 vta.) y confirmar la sentencia de fs. 283/297 en este sentido.

2) Rechazar los agravios expuestos por los apoderados de la parte actora a fs. 300/301 y confirmar la sentencia en este sentido.

3) Imponer las costas de esta instancia a la apelante demandada vencida.

Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 47 ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

4) Tener presente la reserva del caso federal planteada por la apelante demandada a fs. 315 vta.

A la primera y segunda cuestión la señora Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que se avocará sólo a decidir sobre las costas que se impusieran al abogado que por derecho propio apeló los honorarios por bajos.

Y he de compartir lo decidido por la Dra García Blanco, toda vez que la condena en costas se fundamenta en la aplicación del principio objetivo de la derrota y que ha sido impuesto por el art. 68 del CPCCCh.

Entiendo que los honorarios del abogado tienen autonomía en relación a la causa del proceso en que se generan, de allí que al considerar el apelante por derecho propio que los honorarios no sólo eran insuficientes sino que debían regularse proporcionalmente, oponiéndose la parte demandada a ello, se entabló una contienda.

Mis colegas coincidieron en que dicha apelación debe rechazarse, en consecuencia las costas deben ser soportadas por el vencido, el profesional apelante.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Nélida Susana Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la parte demandada y los agravios de los representantes de la actora, confirmando la sentencia de fs. 283/297 venida en crisis.

2) Costas de la Alzada a la demandada vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. J. M. P. y E. J. M., conjuntamente, en la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) y del Dr. E. V. en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($8.750).

3) Costas de la apelación por honorarios a los letrados de la actora, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. E. V. en la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200).

4) Tener presente la reserva del caso federal.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Nelida Susana Melero Presidente Graciela Mercedes Garcia Blanco Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 72 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS