Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-22


Buenos Aires,	22	de abril de 2015	Vistos: los autos indicados en el epígrafe;	resulta:

1. El señor Julio Enrique Jaure promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con el objeto de hacer cesar la ilegítima omisión de garantizar su derecho de acceso a una vivienda adecuada en condiciones dignas de habitabilidad, que atribuyó al demandado (fs. 1/55 vuelta de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa). La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó al GCBA ". que, mientras subsista la situación actual [del amparista le] preste asistencia habitacional adecuada a su situación, y hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que ha cesado su estado de necesidad" (fs. 247).

2. La autoridad demandada apeló la sentencia (fs. 284/297). La Sala I hizo lugar al recurso y revocó el fallo impugnado. Las juezas que integraron la mayoría explicaron que ". analizada la falta de acreditación de la pertenencia [del accionante] a un grupo que pueda ser calificado como prioritario, no resulta posible acordar una renovación automática e indefinida del subsidio como la solicitada pues, de ese modo, se vendría a afectar el esquema de prelación entre el universo de los beneficiarios." (fs. 416).

3. Contra el fallo de la Cámara, el actor interpuso un recurso de inconstitucionalidad (fs. 436/459), cuya denegatoria dio lugar a la queja que tramita ante el Tribunal (fs. 1/16 de la queja).

4. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General propició el rechazo del recurso directo de la parte actora (fs. 23/26 vuelta de la queja).

Fundamentos:

El jueces José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

1. Desde nuestro punto de vista, la parte actora ha logrado acreditar la configuración de un caso constitucional que habilita esta instancia extraordinaria en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA.

En particular, el Sr. Jaure ha demostrado que la conclusión a la que arribó la Cámara CAyT respecto de su situación personal no constituye una derivación de los hechos comprobados de la causa y que, por tal motivo, debe ser dejada sin efecto.

2. Interesa señalar que en el decisorio del 14 de abril de 2014 la Cámara CAyT expresó que el recurrente no había puesto fundadamente en evidencia que el ordenamiento jurídico vigente tutelara de manera específica su situación, para obtener el reconocimiento judicial del mantenimiento de la tutela habitacional pretendida. Así, destacó que el actor era un hombre de 55 años y que no ha logrado acreditar "la pertenencia . a un grupo que pueda ser calificado como prioritario, no resulta posible acordar una renovación automática e indefinida del subsidio." (fs. 416, autos principales).

Ahora bien, el interesado ha logrado evidenciar que, al momento del dictado de la apuntada sentencia, contaba con más de 60 años de edad. A tal fin, acompañó copia de su nuevo DNI -obrante a fs. 435 de los autos principales- de donde surge que el año de su nacimiento fue 1954 y manifestó que "en la demanda de inicio se indicó erróneamente que nací el 19 de febrero de 1959, ya que en realidad nací en el año 1954, tal como surge de la copia de mi Documento Nacional de Identidad acompañado como prueba documental. Tal yerro involuntario en el relato de los hecho no fue óbice para que la jueza de primera instancia advirtiera mi edad" (fs. 437, autos principales).

En este contexto, y a la luz de la constancia obrante a fs. 435 -de donde surge sin margen de hesitación que el año de nacimiento del actor fue en 1954- se pone en evidencia el desacierto de la conclusión sustentada en el decisorio resistido.

Es que, aun cuando el yerro en que incurrió a quo podría entenderse excusable -pues en el escrito de inicio la propia Defensoría General consignó que el accionante había nacido "el 19 de febrero de 1959" e inicialmente se acompañó una fotocopia del DNI que contribuye a la confusión en tanto la anotación del año de nacimiento del actor luce poco clara-, lo cierto es que ello no impide la consideración de la edad real del actor para dar solución al caso, ahora indubitablemente acreditada en autos. Es que, como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata" (Fallos: 238:550), sentencia del 18 de septiembre de 1957: "(E)l proceso... no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte", agregando, frente a la facultad que las reglas adjetivas brindan a los magistrados para esclarecer los hechos debatidos, que: "(T)al facultad no debe ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho".

3. En suma, asiste razón al recurrente cuando postula la inconsistencia de la conclusión a la que se arribó en el decisorio del 14 de abril de 2014 respecto de su edad; motivo por el cual el decisorio debe ser descalificado.

Ahora bien, aun teniendo en consideración la edad acreditada del accionante, resta que los jueces de mérito evalúen fundadamente las constancias de autos para determinar si el accionante se encuentra en situación de vulnerabilidad social en los términos de la ley nº 4036 y eventualmente arribar a un decisorio en línea con el precedente de este Tribunal dictado in re: "Valdez, Mario Enrique c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 9903/13, sentencia del 4 de junio de 2014.

Por ello, y en atención a que tal examen no fue efectuado por el a quo en el pronunciamiento en crisis, corresponde reenviar las actuaciones a la Sala I de la Cámara CAyT para que dicte un nuevo fallo de acuerdo a lo aquí indicado.

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El Sr. Jaure cuestiona la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario en cuanto ella resolvió ".hacer lugar al recurso interpuesto por [.el GCBA] y revocar la sentencia impugnada" (cf. fs. 430 vta.

2. Para resolver del modo relatado, la Cámara se apoyó en la afirmación según la cual el actor es ".un hombre de 55 años (.) padece de manchas en los pulmones, pero en las distintas presentaciones ha[bía] manifestado que goza[ba] de buena salud. Por su parte, [.señaló que el actor] desarrolla[ba] actividades laborales precarias.". (cf. fs. 416)	3. En ese orden de ideas, cabe señalar que las razones que brindé, al votar conjuntamente con la jueza Ana María Conde, en "Valdez, Mario Enrique c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. n° 9903/13, sentencia del 4 de junio de 2014, aplicadas a la situación de autos, conducen a hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad de la actora y, como se verá, revocar la sentencia de Cámara.

En efecto, asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la conclusión del a quo de que ella no se encontraría en situación de vulnerabilidad social (cf. el art. 6 de la ley 4036) no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa.

3.1. Primeramente, las razones que desarrollamos con la jueza Ana María Conde en el mencionado caso "Valdez", a las que me remito, conducen a señalar que los alcances del derecho a la vivienda surgen todos de la ley y pueden ser resumidos del siguiente modo:

La ley n° 3706 define qué personas están en "emergencia habitacional", empero no reglamenta las prestaciones que satisfacen el derecho a una vivienda digna (cf. el punto 5 de aquel voto).

La ley n° 4036, en materia habitacional, acuerda dos derechos distintos: (a) prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA; y (b) a recibir "un alojamiento" (cf. el punto 6 de dicho voto conjunto).

Los dos requisitos "comunes o generales" que deben cumplir quienes pretendan acceder a esos derechos son: (1) ser ciudadano/a de la Ciudad o en el caso de los extranjeros cumplir con los requisitos para estar empadronado en la Ciudad (cf. los puntos 7.1 a 7.3 de dicho voto); y (2) estar en la situación de calle, o en la de riesgo de estarlo, a que se refiere el art. 2 de la ley 3706 (cf. los puntos 8 a 8.2).

Si la prestación es de índole económica además se deben cumplir con los requisitos del art. 7 de la ley (cf. los puntos 9 y 9.1 del voto a que me vengo refiriendo).

Ahora bien, para acceder al derecho a "un alojamiento", la ley agrega que la persona debe ser discapacitada (cf. la definición del art. 23 de la ley 4036, V. puntos 11 y 11.1 de aquel voto) o mayor de 60 años (cf. el art. 18 de la ley, V. el punto 12 de aquel voto).

Las personas que no cumplen con alguno de esos dos requisitos, pero sí con los "comunes o generales", tienen derecho a un acceso prioritario a las políticas sociales que instrumente el GCBA; dentro de este segundo grupo la ley n° 4042 pone en una situación privilegiada a los grupos familiares con niños/as (cf. los puntos 13 a 13.1 del voto en comentario).

Finalmente, como las políticas actuales del GCBA en materia habitacional no establecen reglas para la distribución de los beneficios que se ajusten a los parámetros en la distribución que establece la ley n° 4036, los jueces pueden presumir que el GCBA aplica los recursos para subsidiar a personas que están en una situación preferente frente a quien le es denegado el beneficio y, por ende, ordenar que se le mantenga el beneficio a las personas que las leyes 4036 y 4042 ponen en situación de prioridad frente a las restantes (cf. los puntos 13 a 13.5 del voto conjunto en "Valdez").

2.2. El art. 6 de la ley n° 4036, sobre cuya base la Cámara afirmó resolver, define a la vulnerabilidad social en los siguientes términos:

Artículo 6°.- Vulnerabilidad Social: Entiéndase por vulnerabilidad social, a la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.

Se considera "personas en situación de vulnerabilidad social" a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos.

2.3. En ese orden de ideas, el a quo señaló, para resolver del modo mencionado en el punto 1 de este voto, que el amparista tenía 55 años lo cual, según las constancias de la causa (cf. fs. 58 y 435), no es correcto. Ello así, toda vez que, al momento en que la Cámara resolvió, el Sr. Jaure ya había cumplido 60 años. Además, manifestó que el actor ".desarrolla[ba] actividades laborales precarias.", pero omitió explicar qué monto percibía por esas tareas.

2.4. En tales condiciones, la construcción argumental de los jueces de mérito, basada exclusivamente en la incorrecta edad del actor, la ausencia de impedimentos físicos y/o psíquicos del Sr. Jaure y el hecho de que realizara tareas informales (V. punto 2 de este voto) ni se hace cargo de los extremos a que la ley n° 4036 da relevancia para fijar qué sujetos quedan denotados por la expresión "personas en situación de vulnerabilidad social", ni, por ello, explica cómo la parte actora, quedaría excluida de la asistencia que impone la ley. 2.5. En el marco descripto, corresponde hacer lugar al recurso de queja y al recurso de inconstitucionalidad que ella vino a defender, revocar la sentencia de fs. 415/431 de los autos principales, y reenviar las actuaciones a la Sala I de la Cámara CAyT para que dicte un nuevo fallo de acuerdo a lo aquí indicado.

Las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg dijeron:

1. El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma por parte legitimada, y contiene una crítica suficiente de la decisión que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que viene a sostener, lo que autoriza el tratamiento de los agravios allí vertidos.

2. En su recurso de inconstitucionalidad, el Sr. Jaure denuncia, con acierto, que la Cámara falló apartándose de constancias relevantes de la causa. En rigor, que las juezas a quo no tuvieron en cuenta la copia del documento nacional de identidad del amparista (agregada a fs. 58), que era capaz de variar la solución del pleito.

Corresponde precisar que en la resolución impugnada, la mayoría de la Sala I consideró que el actor era un hombre de 55 años, de buena salud, y que por ello no pertenecía a ". un grupo que pueda ser calificado como prioritario" (fs. 416). Sin embargo, como lo acredita la pieza de fs. 58, al momento del dictado de ese fallo el Sr. Jaure tenía 60 años.

La edad del amparista al momento del pronunciamiento que impugna lo coloca en el ámbito de protección del art. 18 de la ley n° 4036, que dispone: "en caso de los adultos mayores a 60 años de edad en situación de vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación deberá asegurarles el acceso a un alojamiento y a la seguridad alimentaria a tal fin podrá destinar entregas dinerarias o disponer de otro mecanismo".

Lo expuesto priva de adecuada fundamentación al fallo impugnado, impone que sea revocado, y justifica la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Con apoyo en los fundamentos que anteceden, votamos por hacer lugar a la queja y el recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Sr. Julio Enrique Jaure, revocar la resolución que impugna y confirmar el fallo dictado en primera instancia a su favor. Las costas se imponen en el orden causado porque todos los letrados intervinientes son funcionarios y agentes del Estado local (artículo 62, segundo párrafo del CCAYT).

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Julio Enrique Jaure.

2. Revocar la sentencia de fs. 415/431 de los autos principales y devolver las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto.

3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.