Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-15


L. DE S. T° 106, F° 97/111 En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y el señor Vocal DR. GILBERTO A. RIVEROS, con ausencia por licencia del Dr. PASCUAL E. ALFERILLO (art. 40 Ley 5854) a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.220 (31.041 JÁCHAL) caratulados "SOSA DE FERREYRA REBECA C/ MARIO ALEJANDRO PÉREZ Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha 18 del mes de febrero del año 2009, obrante a fs. 90-93, de estos autos originarios del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y Lab. de Jáchal, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. La Sra. Rebeca Etelvina Sosa de Ferreyra promovió demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Mario Alejandro Pérez y el titular registral del automóvil marca Volkswagen Gacel, Dominio UDE-171, mod. 1986, en forma mancomunada y solidaria, por las responsabilidades que le competen por la muerte de su esposo, el Sr. Oscar Obdulio Ferreyra, acontecida en el accidente de tránsito ocurrido el día 27 de abril de 1997, quien transitaba a pié por la banquina sur de calle Vicuña Larrín, en sentido Oeste a Este, aproximadamente a las 20,30 hs., cuando inexplicablemente fue arrollado por el referido automóvil conducido por el demandado Mario Alejandro Pérez, de Este a Oeste, a excesiva velocidad. Al intentar sobrepasar a otro vehículo, cambia de carril y sin ningún control del rodado atropella de frente a su esposo produciéndole la muerte instantánea. Agrava el hecho al abandonar a la persona y omitir el pedido de auxilio para socorrerlo. Peticionó el resarcimiento del daño patrimonial, daño emergente, valor vida y daño moral.

2. En primera instancia se resolvió: 1°) Hacer lugar a la demanda en los términos vertidos en los considerandos, condenando los demandados Mario Alejandro Pérez y Tránsito Gregorio Ahumada (actor y titular registral) a abonar en forma mancomunada y solidaria la suma que surja de la aplicación de los montos indemnizatorios determinados en los considerandos, intereses, tasa activa que emite el Banco Nación para sus operaciones de descuentos, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago. 2°) Costas a cargo de la vencida.

3. José Oscar Torres, abogado, por la representación que tiene asumida en autos de del codemandado Tránsito Gregorio Ahumada, interpone recurso de apelación y nulidad.

a) Dice de nulidad el apelante por considerar arbitraria e injusta la sentencia. El juez a quo falta al principio de congruencia, ya que no guarda coincidencia su fallo con la pretensión y la oposición que delimitan el objeto de decisión. Puntualiza: En el sistema dispositivo que informa el proceso, predomina el señorío de la voluntad de las partes, pues son éstas quienes fijan y determinan el objeto litigioso y aportan el material de conocimiento. Que la sentencia no tiene ningún fundamento para condenarlo.

b) Se agravia por no haber tratado adecuadamente la falta de legitimación activa. Afirma que la actora, al absolver posiciones confesó que estaba separada de hecho de su marido premuerto, de modo que conforme al art. 3575 del Cód. Civil cesó la vocación hereditaria.

c) Se agravia por "el desconocimiento o ignorancia del método o procedimiento que siguió" para llegar al quantum del "valor vida". Aunque depende del arbitrio judicial, el análisis debe ser sensato, prudente.

d) El daño moral corre la misma suerte en la crítica, porque se ha asignado un valor mediante un " procedimiento ininteligible e indescifrable".

4. El recurso de apelación (art. 247, CPC) y el de nulidad de la sentencia (art. 258, CPC), merecen el siguiente tratamiento:

4.1. La nulidad no procede, pues no se dan los presupuestos para declararla. Equivoca el apelante cuando expresa que nada se ha dicho respecto a la responsabilidad que le toca como titular de dominio del automóvil marca Volkswagen Gacel Senda, Dominio UDE-171, mod. 1986, con el que se ocasionó la muerte del Sr. Oscar Obdulio Ferreyra. El juez lo menciona expresamente y lo signa como titular del citado rodado a Tránsito Gregorio Ahumada. Además, fundó la sentencia en lo dispuesto en el art. 1113, 2da. parte del Código Civil.

La norma dispone: "En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder..." 4.2. El caso encuadra en la responsabilidad objetiva. La muerte de la víctima, la probada titularidad del dominio, con los informes del Registro Nacional del Automotor (fs. 68/72) y la participación de rodado en el accidente, configuran suficientes elementos para determinar la relación de causalidad, pues no está en discusión que el conductor de dicho automotor produjo el hecho dañino. Eduardo Zannoni, incursionando en el concepto de causalidad, y comenta: "La causa de un hecho dañoso es la condición que se reputa adecuada entre todas las que pueden haber concurrido, para producir objetivamente el daño como resultado. Por ello se alude a la causa adecuada, que nuestro codificador ha vinculado estrechamente a la previsión del autor (arts. 902 y 904, Cód. Civ.), maguer las críticas que se formulan a la teoría, por cuanto determinar lo que acostumbra a suceder regular o normalmente acerca la cuestión de la causalidad al dolo y a la culpa como factores de atribución. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los criterios de previsibilidad se juzgan en abstracto, tomando como parámetro de conducta exigible, lo que un hombre medio haya debido o podido prever actuando con prudencia o diligencia. No hay contradicción entre el artículo 909 del Código Civil y el artículo 512 del mismo Código al definir la culpa. La primera de las normas responde al tema de la causalidad (qué daños se imputan), en tanto que la segunda responde al problema de la culpabilidad (en razón de qué estado subjetivo del agente se le imputa") (Revista de Daños-Relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2003-2; ed. Rubinzal-Culzoni).

El apelante no ha demostrado a lo largo del proceso que su situación estuviera contemplada en alguna de las causales de eximición.

4.3. El tribunal viene sosteniendo desde el fallo dictado con fecha 02/08/2000, en Autos N° 15.915, caratulados: Romero de Almazán, Ignacia y otros c/Chavez, Pedro y Rebollo de Montes, Nélida daños y Perjuicios Sumario" (L. de S. T° 78, F° 63/72), esta doctrina:

"En este orden de pensamiento, el ordenamiento jurídico recepta y consolida inequívocamente en el art. 27 de la ley 22.977, la responsabilidad objetiva del dueño de la cosa con la cual se ha causado el daño resarcible, entendiendo por tal al titular de dominio registrado, resultando de ello un complemento normativo respecto del artículo 1113 del Cód. Civil. Mientras se mantenga vigente el nuevo precepto legal, incorporado al Decreto-Ley 6582/58, las interpretaciones que la jurisprudencia hacía flexibilizando la responsabilidad del titular registral, verbigracia en valiosos antecedentes como el Plenario "Morrazo", ya no será posible sostenerlas. La responsabilidad del dueño o guardián por los daños que ocasionare el riesgo o vicio una cosa consagrados en el art. 1113 del Cód. Civil, establece las eximentes en el último párrafo diciendo: "Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable". Muchos fallos en la jurisprudencia escucharon con verdadero beneplácito la prestigiosa opinión de BORDA, quien sin dejar de sostener que la transmisión "sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de inscripción en el Registro de Propiedad del Automotor (art. 1º, Decreto-ley 6582/1958)", admitía que en materia de responsabilidad respecto de terceros en caso de accidentes, "la aplicación rigurosa de los textos legales conduciría a responsabilizar al vendedor, que todavía tiene inscripto el dominio a su nombre, en su calidad de propietario de la cosa con la que se ha hecho el daño (art. 1113). Pero esta solución resulta dura para la conciencia jurídica media. La verdad es que al hacerse la tradición, el vendedor entiende desprenderse del dominio y el comprador, adquirirlo". Esta interpretación fue sometida a severas críticas, dividiéndose las aguas de la doctrina y la jurisprudencia que dieron lugar a una considerable cantidad de estudios y trabajos de los más encumbrados estudiosos del Derecho, presentados en distintas Jornadas Científicas donde se debatió arduamente el tema.

El Dr. LUIS MOISSET de ESPANÉS, en un minucioso estudio muy a propósito de esta reflexión, señala enfáticamente el carácter constitutivo de la inscripción en materia de automotores, que en la actualidad ha colocado a los bienes registrables fuera del régimen del art. 2412 del Cód. Civ. y marca la necesidad de comprender los alcances que tienen los cambios operados en la legislación. Recuerda que en la Primeras Jornadas Australes de Derecho, llevadas a cabo en Comodoro Rivadavia en el año 1980, se había reconocido por unanimidad que el dueño del automotor "es la persona a cuyo nombre se encuentra inscripto el vehículo en el Registro de la Propiedad del Automotor". Y después, dice el autor citado ya vigente la nueva ley, en el Séptimo Encuentro de Abogados Civilistas, realizado en Rosario en Junio de 1993, se puso de relieve que el actual artículo 27 destaca que "el dueño del automotor es el titular registral" y en ese sentido debe entenderse el término con referencia al art. 1113 del Cód. Civil. En igual sentido se había expedido el Despacho de la Comisión Nº 5 en la Segundas Jornadas Sanjuaninas, en el año 1984. Sin embargo, cuando hubo que determinar en las Jornadas Australes de Derecho, si el dueño o guardián eran responsables por los daños ocasionados con el vehículo, se dividieron las opiniones. "Por una parte Borda, Jorge Horacio Alterini, Brebbia, Ramella, Trigo Represas y Compagnucci de Caso, sostuvieron que "la persona a cuyo nombre figura inscripto el automotor en el registro, puede eximirse de responsabilidad frente a la víctima si ha comprometido la transferencia del automotor, y ha hecho entrega del vehículo al adquirente", mientras Salas, Garrido, Kemelmajer de Carlucci, Mosset Iturraspe y el autor de esta líneas, afirmamos que "el titular registral no se libera por la sola circunstancia de haber entregado el automotor al comprador". Las discrepancias doctrinarias no han cesado luego de la sanción de la nueva ley, pero las causas por accidentes de automotores siguen conmoviendo las anteriores posturas, que de alguna manera debieron modificarse a la luz del nuevo texto legal. Esto es lo que puede apreciarse en el nuevo Plenario de la Cámara Civil de la Capital en el caso: "Morris de Sotham, Nora c/Besuzzo, Osvaldo P.", donde también aparecen opiniones discordantes, pero por mayoría resolvió que la doctrina del fallo plenario en la causa "Morrazo", no mantenía su vigencia luego de la sanción de la ley 22.977, modificatoria del Decreto-ley 6582/58. La preocupación constante sobre el tema y la significativa reforma introducida por la mas reciente norma legal, impulsaron una profundización en el estudio de esta compleja cuestión. Como muestra de esta inquietud fue incluida en el Temario de las Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil celebradas en nuestra Ciudad en Agosto de 1984. Recuerda MOISSET de ESPANÉS que la Comisión fue presidida por el Dr. ROQUE GARRIDO y elaboró un extenso despacho, muchos de cuyos puntos fueron aprobados por unanimidad. La jerarquía de los especialistas y juristas que en ella participaron, y además por ser la única oportunidad que ha permitido abrir el debate luego de la sanción de la ley 22.977, le otorga a este certamen una notoria trascendencia. En dichas Jornadas se confirmaba sin reparos la caracterización del automotor como una cosa riesgosa, criterio que ya predominaba en la doctrina nacional; también fue sostenido por unanimidad que, "la responsabilidad del dueño de un automotor no está supeditada a su eventual condición de guardián", y que la controversia planteada sobre este punto había quedado superada por la insistencia del nuevo texto del artículo 27 al responsabilizar al propietario registral, aunque haya entregado el vehículo, mientras la transferencia del dominio no se hubiera concretado por vía de la inscripción.

Entonces, como conclusión, no queda sino aceptar que la única forma de eximir la responsabilidad del dueño, titular del dominio inscripto, en función de la eximente de "tercero por quien no debe responder", será invocando y acreditando mediante la comunicación al Registro haber hecho la venta y tradición del automotor al adquirente, o quienes de este último hubieren recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél. Recién entonces, y siempre que esta opción de denuncia de venta se cumpla con anterioridad a la producción de los daños con el automotor que motivan el reclamo quedará libre de responsabilidad".

5. Acerca de la falta de legitimación activa que supone el apelante no fue bien tratada en la sentencia, porque habría confesado la actora, al absolver posiciones, haber estado separada de hecho de su marido premuerto, de modo que conforme al art. 3575 del Cód. Civil cesó la vocación hereditaria. Está tergiversando la declaración que prestó la actora en la audiencia.

A la primera posición: Para que jure como es cierto que estaba separada de hecho de su esposo premuerto. Contestó: "Que no es cierto". El apelante saca de contexto las respuestas de la absolvente con la intención de hacerle confesar hechos no reconocidos por ella.

Este medio de prueba (la confesión) exige un análisis certero, cuidadoso, sobre la unidad sistemática de la declaración, por lo que no es permisible interpretar aisladamente las posiciones. De acuerdo a las reglas de la lógica, el juzgador no ha hurgar hasta encontrar el contradicho que pudiera evidenciar una conducta o un relato distintos a las postulaciones primarias de demanda o su contestación. En principio, la confesión es indivisible, de suerte que debe ser examinada con toda estrictez, y en caso de duda, la interpretación estará a favor de quien la hace, pues sus efectos, desde el punto de vista procesal, son altamente significativos al constituir plena prueba (art. 407, CPC) por las características e incidencia atribuida en la norma legal (art. 408, CPC). Es aceptado en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia que sustenta: Cuando el absolvente se limita a decir: "No es cierto", no hay confesión alguna. De suerte que está equivocado el apelante. El hecho que por razones de trabajo su esposo tuviera que trasladarse del lugar donde tenían establecido el hogar, y ella permaneciera en él con el cargo de portera (personal administrativo del Ministerio de Educación), y en la necesidad del causante de estar permanentemente viajando (una semana en Jáchal y otra en San Juan), no significa que estuvieran separados de hecho, menos que la separación personal haya sido por alguna de las causales del art. 202 del C.C., con el efecto jurídico de perder la vocación hereditaria (art. 3575, C.C.).

6. Se queja el apelante porque respecto a los rubros indemnizatorios de valor vida y daño moral no se han aplicado métodos ni procedimientos para llegar a los montos concedidos.

El agravio no procede, desde el momento que, una vez verificado el daño, la fijación de los montos de los daños extrapatrimoniales, dependen del prudente arbitrio del juez. No aparecen irrazonables o groseramente abultadas las sumas fijadas en el fallo apelado. Al contrario, para el caso de muerte de la víctima, de acuerdo a la jurisprudencia dominante y similares casos resueltos por este tribunal de Alzada, los montos fijados son bastante más bajos que lo acostumbrado. En una palabra, no existen pautas definitivas o concluyentes para determinar el monto del daño moral o apreciar el valor de la vida humana. Cada caso merece ser ponderado según las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.

Sin perjuicio de ello, y en la inteligencia que el tribunal de apelación tiene competencia y facultades para suplir alguna omisión del fallo de primera instancia aunque no se haya pedido aclaratoria, de darán alguno de los fundamentos que sirvieron a esos antecedentes para apreciar el daño moral y valor vida como indemnización del daño extrapatrimonial por la muerte de la víctima.

Verbigracia, en AUTOS Nº 14.777 (Nº 8.477 5º CIVIL) caratulados: "MORALES, ALBERTO OSVALDO Y OTRO C/ GARCIA, MARCELO FABIAN Y OTROS DAÑOS Y PERJUICIOS SUMARIO", aludí a las aristas más sobresalientes que a mi juicio deben tenerse como pautas válidas de valoración de este tipo de daño ilícito. Dije entonces: "Es la dignidad de la persona humana, en plenitud de sus dimensiones, el objeto y valor supremo de la tutela jurídica del derecho de daños.

Esta magnitud me convence cada vez mas sobre la urgencia de acudir a conceptos que siendo estrictamente metajurídicos, se convirtieron en jurídicos a través de la tutela que asumió el conjunto normativo y constitucional, enriquecida ahora por las fuentes internacionales receptadas en el derecho interno con la reforma a la Constitución de 1994, al incorporar un amplio espectro de derechos humanos tal como nos lo hace notar BIDART CAMPOS (Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tº IV La Reforma Constitucional de 1994, Ed. Ediar 1995).

Para mí resulta evidente que cuando la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS -ordenamiento de jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) declara en su Artículo 4: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", lo hace con una proyección muchísimo más amplia que la faceta economicista. Igual enfoque y predisposición hermenéutica ha de tenerse frente al Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha proclamado: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".

A nadie le está permitido dudar que estos principios de raigambre constitucional sirven para hacer una interpretación más valiosa en la aplicación de las normas del derecho común. Por tal motivo, cuando se reclama el "valor de la vida humana", ha de acudir presuroso el juzgado en auxilio ineludible hacia una escala jerárquica de valores superiores que, por su esencia, son subordinantes de todos los demás en función del señorío que posee la persona humana, concebida como lo más excelso en el orden inmanente del universo.

Esta verdad antropológica que dimana en la concepción del hombre hecho a imagen y semejanza del Ser supremo, nos anima a afirmar que una cosa es hablar de las consecuencias patrimoniales o espirituales que pudieran tener relación con la desaparición física de la persona, ateniendo a las situaciones y circunstancias particulares de cada caso en función de la relación social y afectiva que tuvo la víctima con los sujetos de derecho legitimados para pedir la indemnización, y otra muy distinta es asignarle un "valor económico en sí a la vida humana".

"Nos comenta MOSSET ITURRASPE (Valor de la Vida Humana, 3 ed. actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, 1996) que entre los negadores del valor económico por sí misma de la vida humana, cuya doctrina autoral es mayoritaria -no así la doctrina judicial se encuentra el maestro AGUIAR, quien sostuvo en su obra fundamental titulada Hechos y Actos Jurídicos, "que es preciso no caer en la divagación insustancial o en las frase hechas de que ?la vida es un bien jurídico susceptible de avaluación, no sólo por lo que produce actualmente, sino también, por lo que puede producir en el futuro? de que tanto se ha usado y abusado por la jurisprudencia".

Y transcribe luego el pensamiento del gran jurista: "La vida humana, tomada no como la mera actividad funcional y orgánica del hombre, sino como el desenvolvimiento pleno y armónico de esas actividades y de las del espíritu en una equilibrada conjunción, necesaria para su desarrollo y cumplimiento de su alto destino, constituye en sí un bien en el amplio sentido que le hemos atribuido a este vocablo, o sea, como ?el de todo aquello que nos puede servir de algo?; como el ?de todo aquello que nos reporta algún beneficio o utilidad, y que contribuye al bienestar del hombre sea cual fuere su naturaleza material o moral?.

Todos esos bienes reciben el calificativo de jurídicos, en virtud de la protección que el derecho les dispensa; pero ello no basta por sí para que entren a figurar entre los ?bienes económicos?, ya que, para que merecieren tal calificativo, fuera preciso que adquirieren un valor en cambio, que fueren apreciables pecuniariamente, que entraren a figurar en el mercado de los valores y la vida, por sí sola está fuera de él".

"Dicho en otras palabras, los "valores económicos" que aparecen jugando en toda indemnización pecuniaria (Conf. arts. 1068 y 1083 del Código Civil), están al servicio -por decirlo de alguna manera de aquellos referidos a la personalidad humana en su unidad física y espiritual y sólo pueden servir para lograr algunas comparaciones emergentes de las circunstancias y relaciones de ese yo con las actividades lucrativas o de bienes económicos que el extinto producía en beneficio de quienes han sufrido su pérdida, pero sería impropio, desproporcionado y absolutamente inadecuado utilizar los mismos valores económicos con que se miden los objetos materiales de uso y cambio y sustentar en ellos la indemnización del daño totalizante que produce la muerte en la realidad físico-espiritual subyacente del ser humano.

"Verdad es que hay diversas apreciaciones doctrinarias y jurisprudenciales en torno a tan delicado tema. Sin embargo advierto que muchas veces se pretende la solución jurídica de estos problemas aplicando criterios puramente pragmáticos a partir de los cuales se encuentra un camino fácil para justificar el valor económico "per se" de la vida humana.

Prefiero sentar las motivaciones de mi voto en la doctrina y jurisprudencia que aprehende de otra manera la realidad óntica de la persona humana y ve la necesidad de buscar la indemnización justa siguiendo una interpretación más acorde con la finalidad y respeto de los valores en juego.

"El daño moral reclamado debe tener acogida (Conf. art. 1078 del Código Civil) en la acción que promueven los padres. El inconmensurable dolor que causa la pérdida de un hijo, está íntimamente relacionado al sufrimiento psicológico por la amarga experiencia de padecer la privación injusta de un bien espiritual que no tiene parangón. Sin embargo, esta íntima relación no convierte al dolor en la esencia del daño moral, sino en su consecuencia.

El propio dolor, no es susceptible de valoración económica porque es una experiencia individual, única, irrepetible, insondable e intransferible, imposible de definir o dimensionar concretamente (REGIS JOLIVERT, Introducción a la Filosofía), pero que puede explicarse porque "el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa".

"La alteridad del derecho está definitivamente inserta en las esferas de la libertad e igualdad, valores que comenzaron a cobrar inestimable significado al culturizarse la idea de que todo germen del derecho reconoce por causa final el señorío de la dignidad de la persona humana, sensible y permeable a las realidades cotidianas de la convivencia.

Este ímpetu se refleja cada día más acentuado a través de las remozadas y refrescantes interpretaciones jurídicas y en las nuevas normas que ponen su acento en la raíz axiológica de los bienes tutelados.

"Paréceme muy importante que en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en juego se atienda con suma delicadeza a la naturaleza del bien que se pretende tutelar, especialmente cuando está de por medio la valoración totalizante de la vida humana. Con gran convicción lo destaca MATILDE ZAVALA DE GONZALEZ: "La vida es un bien fundante, el soporte necesario para el goce actual o potencial de los restantes bienes".

Atendiendo al bien jurídico lesionado, compartimos con ella, que "lo relevante es el derecho al goce (material o espiritual) de la vida ajena, así como las consecuencias (materiales o espirituales) que del menoscabo de aquel derecho resultan para personas distintas del muerto".

Conceptos éstos que siguen una línea de pensamiento que ya entendíamos desde tiempo atrás como verdadera (Ferreira Bustos, Reflexión sobre el Valor de la Persona Humana, en Revista Notarial, Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 1985-2, Nro. 50). Sin embargo debemos aceptar que, a pesar del gran avance en nuestros días en el "derecho de daños" donde se acentúan y dan prioridad a los valores esenciales de la personalidad por vehículo de un renovado ímpetu doctrinario, resulta difícil operar la norma jurídica cuando nos encontramos frente a este tipo de reclamos.

Sabemos que la exacta y estricta justicia la imparte solamente Dios, pero esta verdad, en vez de impedirnos nos ha de iluminar para descubrir los caminos que nos lleven con honestidad y esfuerzo intelectual a las soluciones más justas al escuchar los reclamos de los damnificados.

En este esfuerzo, ante la pérdida de una vida, no ha de olvidarse que "el hombre es por su esencia una realidad de orden espiritual" (Conf. ISMAEL QUILES, "La persona humana", Ed. Depalma, 4 ed., p. 18), razón por la cual debemos alejarnos de la tentación de conceder una indemnización simbólica, divorciada de la entidad del daño. Desde esta óptica, es preponderante considerar las manifestaciones vitales de la "no-indiferencia" de la existencia del ser, dentro de la "vida de otro".

Esto nos permitirá ver cómo el daño moral ocasionado por la muerte de una persona, sea el hijo el padre o la madre, puede incluso negarse si faltara ese vínculo de amor, de respeto, de atención, de consideración y genuino interés por el otro, en una palabra la "no-indiferencia" que substancialmente justifica el derecho a la reparación.

"En el caso particular que tratamos, se produjo un "daño total e irreversible". Los polos de un razonamiento válido están situados en la implicancia del vacío que deja el compañero de toda la vida, con todas las consecuencias y proyecciones actuales y futuras que se pueden imaginar según el curso ordinario y natural de las cosas, ya truncadas para siempre aunque queda quizá el consuelo de los hijos, pero que ciertamente ocasionó el cambio abrupto de una situación en la que se encontraban antes del hecho dañoso, cuando estaban gozando libremente de esos bienes espirituales.

La relación sana y duradera de afectos e intimidades es necesaria en la conceptualización jurídica del daño moral porque es el nudo gordiano donde puede apreciarse la pérdida sufrida, aunque para quien la padece es inconmensurable.

El recuerdo del ausente, el vacío, las esperanzas frustradas en la proyección familiar del esposo fallecido, son un desgarro íntimo y penetrante que nos ponen en la sintonía de entender la vida no como una simple cosa real, ni objeto ideal, ni como un puro valor.

No hay porqué negar que la importancia de la existencia humana individual cobra naturalmente un significado especial frente a sí mismo, en la apertura hacia lo que el eminente filósofo KIERKEGAARD llamó "opciones vitales", aquéllas que se renuevan día a día en autodeterminación consciente de cada proyecto individual, conforme a nuestra "creencia" de las "ideas que somos", en léxico de ORTEGA Y GASSET.

Y aunque sean imposibles de comparar en sus individualidades, por el hecho de "estar cada uno en su creencia", razonablemente podemos vincularlos con cierta objetividad por ser relativos a la existencia del hombre y por tanto reclaman un juicio de valor, eso sí, lo más certeramente posible dentro del ámbito jurídico del "derecho de daños".

En el sub iudice, la pretensión abarca en forma separada el daño moral del valor vida. El juez, siguiendo el principio de congruencia los ha tratado de la misma manera. Sea que el valor vida se considere como integrante del daño moral o se adopte la doctrina que lo considera un daño autónomo, siempre es indemnizable en caso de muerte.

Sin perjuicio de ello, en aquel fallo referenciado, continuábamos diciendo: "La vida humana debe indemnizarse entonces por otros motivos, pero no porque constituya en sí misma un valor económico, enseña JULIO DASSEN al detenerse en los "daños causados por la muerte de una persona", sentenciando desde la perspectiva de unidad familiar: "La vida de un hijo no constituye por sí misma un valor económico.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la muerte de un hijo no produzca un daño que deba indemnizarse. La familia constituye un todo orgánico en que las diversas partes mantienen una estrecha relación de interdependencia. Cuando se lesiona a un miembro de ella sufre el todo no sólo moralmente sino también materialmente.

Dentro del orden natural y normal en que ocurren las cosas, llegada la familia a una cierta altura de su vida, a los hijos incumbe el deber de sostener a sus progenitores. Lo anormal, lo que no es común, es que las cosas ocurran de otro modo. Luego pues, cuando se mata un miembro de la familia se ha producido la lesión de un derecho..."(La Ley, Tro., p. 687).

"Por su parte, AUGUSTO MORELLO, no duda en calificar de "cerrada y axiológicamente reprochable" a la visión economicista en el tratamiento de daños a la persona, en una aguda crítica de las concepciones que reafirma el más Alto Tribunal de país, para decirnos, con apoyo en el pensamiento filosófico: "Precisamente es ésta -la persona el centro solar en el que se espejan los radios y registros del derecho civil.

Ello responde a un enclave personalista (Monnier) reacio a traducir el plexo unitario en que arraiga como tal (como persona) el conjunto de atributos, facultamiento, posibilidades y trayectorias (Ortega y Gasset), con una identificación excluyentemente ganancioso, con la egoísta fórmula cara al mercado pero refractaria a los valores (Octavio Paz).

Es imprescindible rescatar del cúmulo de calidades, energías y funciones que se aposentan en la persona, el dibujo de una ecuación muy lejos de ser sólo apreciable como presente o dinámica fuente de ingresos, de logros redituables. Una visión del ser humano ·nica e inescindible depositaria de una especial dignidad (Espinoza)" (La Ley, 1994-C, p. 1067). "Tratándose de la pérdida de la vida de una persona no existe forma de establecer el equilibrio perdido por el ilícito en la medida en que no puede utilizarse un parámetro al no haberse desquiciado una situación patrimonial, sino que han resultado afectados los más íntimos sentimientos; de allí que la determinación de la cuantía queda reservada al prudente arbitrio judicial, en la medida en que no puede hablarse de valor económico del perjuicio sufrido, ni sostenerse la eventualidad de un enriquecimiento sin causa" (CN.Civ. Sala J, diciembre 5-91 Diez Maramontes, Ricardo c/ Scordamaglia, Diego y otro, L.L. 1992-D,655, J. Agrup. caso 8266 . También se ha dicho: "El valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores, materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia.

No se trata pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellos o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo.

Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres" (CN.Com. sala C. agosto 8-991 Teixidor, Roberto E. c/ López Gramajo, Roberto y otro: L.L. 1992-D-292).

"Concordante con estos criterios, y por su propio prestigio la Suprema Corte de Buenos Aires ha tenido oportunidad de expresar: "No es lógicamente correcto derivar la presunción legal de daño por muerte de una persona que la vida tiene por sí misma un valor económico" (S.C. Bs. As., mayo 14-991 Barce de Carretoni, Zunilda E. c/ Maciel, Mario A.: DJBA, 142-1517. Jurisprudencia escogida por ROBERTO VAZQUEZ FERREYRA, "Daños a la Persona", en Revista de Daños Rubinzal-Culzoni, ed. 1994).

En el mismo fallo afirmaba la Corte: "La muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar, lo que hay es un daño moral y eso sí es indemnizable".

"Una cosa es admitir que la vida humana y las aptitudes personales tengan un valor económico, en consideración precisamente a lo que producen o pueden producir en el orden patrimonial para el propio sujeto u otros y otra muy distinta es afirmar que la vida humana constituye de por sí un valor económico ya que no tiene valor alguno en sí misma, sino por su aptitud o posibilidad de producir beneficios económicos".

"Las citas jurisprudenciales, que además se encuentran respaldadas por conceptualizaciones doctrinarias recientes, con notables aportes como las declaraciones emanadas del II CONGRESO INTERNACIONAL DE DAÑOS, celebrado en Buenos Aires año 1991, con despacho favorable de la Comisión Nro. 1, dando las siguientes "recomendaciones", a las cuales adhiero y participo de sus criterios: I. "La inviolabilidad de la persona humana, como fin en sí mismo, supone su primacía jurídica como valor absoluto (unánime)".

II. La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y pueda obtener, sino por lo que es y en la integridad de su proyección (unánime). III. "Debe jerarquizarse la esfera espiritual, biológica y social del hombre, sin dejar de tener en cuenta que los bienes materiales son necesarios para preservar su dignidad (unánime)".

IV. El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales (unánime).

VI. Corresponde ampliar el contenido del daño moral y patrimonial a fin de salvaguardar eficazmente la intangibilidad de la persona (unánime).

VIII. "El menoscabo a la persona causa en general un daño patrimonial indirecto" (unánime). (XI) "La reparación del daño a la persona debe ser plenamente adecuada a la magnitud de lo que ésta representa, descartando indemnizaciones simbólicas" (unánime). (XII) "El enfoque meramente patrimonialista del daño se encuentra en trance de quedar divorciado de las pautas axiológicas que informan el Derecho en nuestros días" (unánime)".

7. Si mis pares aceptan estas motivaciones, estimo que el recurso de apelación interpuesto debe ser desestimado, con costas.

Así voto.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIËN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Desestimar el recurso de apelación, con costas.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo: Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación, con costas.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. PASCUAL E. ALFERILLO en uso de licencia (art. 40 Ley 5854). Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.