Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12


Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006. AUSTOS: estos autos incidentales para resolver el recurso de apelación de fs. 42/49 vta. contra la medida cautelar de fs. 34/36, y CONSIDERANDO: 1. El Sr. Julio Antonio Santillán inició acción de amparo contra la Procuración y contra el Gobierno de la Ciudad, alegando la vulneración de su derecho a trabajar, ejercer industria lícita y de propiedad. Manifestó que desde el año 1984 ha solicitado autorización a fin de instalar un despacho de comidas para servicio del personal de la Procuración General del GCBA, sin perjuicio de realizar anteriormente la actividad con un carrito ambulante. Señaló que reiteró dicha petición, hasta que a principios del año 1994, le fue concedido un permiso. En abril de 1997 reiteró el pedido de ingreso y de mantenimiento del local ubicado en el quinto piso, oficina 157, del Edificio de la calle Uruguay 440 (Procuración General). Alegó contar con un "permiso de hecho". Indicó que realizó obras con el objeto de acondicionar el espacio concedido. Manifestó que repentinamente y sin motivación, el 26 de enero del corriente año, el Sr. Gustavo Protti, dependiente de la Sra. Rita Tanus, le manifestó verbalmente que debía dejar de prestar el servicio intimándolo para que retire sus pertenencias. En esa oportunidad le indicaron que a partir del día 30 de enero no le permitirán el ingreso con el fin de realizar su actividad. Agregó que pese a lo expuesto fue recién el 15 de febrero de 2006 que se le prohibió el ingreso. Indicó que mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial 2403, se lo intimaba a desocupar es espacio que utilizaba en el edificio de la Procuración. En ese contexto solicitó como medida cautelar la suspensión del acto administrativo impugnado, en tanto su aplicación inmediata le genera graves e irreparables daños. 2. Que el juez de grado, hizo lugar a la medida cautelar solicitada, previa caució n juratoria, y ordenó al GCBA que suspenda la prohibición de ingreso ordenada el 15 de febrero de 2006 respecto del actor y de las personas que se desempeñen en el Buffet ubicado en la Procuración del Gobierno, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. En ese mismo contexto hizo saber a la actora y al GCBA que la medida cautelar no implicaba suspensión de la normativa vigente vinculada con seguridad, higiene y salubridad. Para fundar su decisión se limitó a señalar que el actor desempeñaría su trabajo en la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ello habría sido reconocido por la propia administración, y que a partir del 15 de febrero de 2006 se le habría prohibido el ingreso al citado organismo, sin causa alguna. Indicó que la citada prohibición (glosada a fs.13) deja en cabeza del área de Seguridad y Control de Edificios la posibilidad de prohibir el ingreso a toda "persona que en el pasado estuviera vinculada con el Buffet", lo que, en su criterio, daría un margen de discrecion alidad demasiado amplio a los encargados del control y seguridad. Indicó que el planteo no admite demoras en virtud de la necesidad alimentaria del actor y su entorno, quien se vería privado del trabajo con motivo de la decisión. 3. Que el GCBA apeló la decisión reseñada. Señaló que la ocupación que realizaba el Señor Santillán dentro del edificio de la Procuración General carecía de concesión o permiso que la respaldara. Indicó que tratándose de una ocupación ilegítima de un espacio público de la Ciudad, que resultaba necesario para destinarlo a oficinas para el personal del organismo, por medio de dictamen del 20 de diciembre de 2005 se aconsejó la notificación a Santillán de la necesidad de recuperar las dependencias, ya que cuestiones de servicio así lo requerían. Indicó que el 29 de diciembre de 2005 se dictó la disposición 57-DGTAPG-05 por la que se intimó a Julio Santillán a la desocupación y restitución del espacio ocupado en el décimo piso de la Procuración, bajo apercibimiento de procederse a la des ocupación administrativa. Manifestó que al carecer de un domicilio constituido la notificación formal de dicha disposición fue objeto de infructuosos intentos, habiéndose finalmente notificado a través de la publicación de edictos. Relató que el actor interpuso recurso de reconsideración, que fue rechazado mediante disposición 15/DGTAPG-06. Señaló que toda vez que en abril de corriente año el actor aún no había dado cumplimiento a la intimación de desocupar el espacio público, el 25 de abril de 2006 se hizo efectiva la desocupación administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto por la disposición 57-PG-05, a los efectos de comenzar a acondicionar el lugar. El apelante sostuvo que el comportamiento del a quo pone en evidencia la extrema ligereza con la cual se dictó la medida atacada. En su criterio, en síntesis, no se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de las medidas cautelares. 4. Que arribadas las actuaciones a la Sala, se presentó la demandada con el objeto de solicitar pronto despacho. Pus o de resalto la demora del a quo en elevar las actuaciones y solicitó que el tribunal se abocase en forma inmediata a resolver. Al respecto, cabe señalar que la medida cautelar fue dictada el 6 de abril de 2006, y el recurso de apelación de la demandada se interpuso el 27 de abril de 2006 (ver copia del cargo de fs. 115 vta.). Las actuaciones arribaron a la Sala el 4 de septiembre del corriente. 5. Que a efectos de resolver basta con señalar que el permiso de ocupación del dominio público lleva implícita la condición de ser en todo momento compatible con el interés público y, por consiguiente, revocable por la administración pública sin recurso alguno por parte del beneficiario. Es, en principio, una tolerancia que la administración pública admite en interés del usuario, en ejercicio de sus potestades sobre el dominio público (Confr. Villegas Basavilbaso, R. "Tratado de Derecho Administrativo", T. IV, p. 218, Buenos Aires, 1952). Frente a lo expuesto, la medida cautelar atacada resulta infundada en tanto pare cería reconocer un derecho subjetivo al espacio cuestionado, derivado de la mera ocupación de hecho del lugar. Tal conclusión no se compadecería con principio legal alguno. En tal sentido ni siquiera los principios generales del derecho administrativo permitirían considerar prima facie que la situación de hecho que detentaba el actor antes de la orden administrativa de desalojo hubiera podido generar un derecho subjetivo al uso del espacio en cuestión. Es que, en este estado de la causa, el permiso de hecho que el actor afirma poseer aparentaba configurar tan solo un acto de tolerancia, de carácter precario que, en principio, no se presenta como suficiente para evidenciar la manifiesta arbitrariedad del acto atacado. De acuerdo a las alegaciones de ambas partes, la situación del actor era aún más precaria que la de un "permisionario", y siendo así, solo corresponde revocar la sentencia apelada. Ampliación de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro: Coincido con lo expuesto y deseo agregar que, como ya he tenido ocasión de poner de resalto, es muy común que el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, dé algunos de sus bienes en comodato a particulares o funcionarios públicos, las más de las veces en forma bastante poco republicana, con lo que se afecta, por la discrecionalidad, el principio básico o constitucional de la igualdad. En general, cuando un funcionario público otorga en comodato una cosa del estado, prefiere denominar la figura como concesión gratuita de uso, pero para otorgarlo, debe contar con poder especial, por así disponerlo el artículo 2262 del Código Civil, en el cual se prohíbe prestar cosas a todos los administradores de bienes ajenos, públicos o particulares, que estén confiados a su administración, a menos que sean autorizados a hacerlo por poderes especiales (ver, Esteban Centanaro, Qué es el comodato, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, especialmente p. 126) . De las constancias de la causa no se desprende que algún funcionario facultado al efecto, en los términos del artículo 2262 del CC, hubiera procedido a prestar bienes públicos, razones que, sumadas a las ya expuestas, persuaden de revocar la sentencia apelada. Por las razones expuestas el tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.