Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-05


Causa N° 455-00-CC/2005 "CAPASSO, Carlos Oscar s/ Estacionar en lugar prohibido- Apelación" En nos Aires, 5 de junio de 2006.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa N° 455-00-CC/2005 caratulada "CAPASSO, Carlos Oscar s/ Estacionar en lugar prohibido-Apelación" el recurso de apelación obrante a fs. 70/4 y concedido a fs. 76 Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 17/28 se agrega la resolución de la Controladora Administrativa de Faltas que, con sustento en el informe producido por el oficial de mandamientos a pedido del supuesto infractor (fs. 7, 9 y 10 vta.), declaró la validez de acta de comprobación N° H14025484 que documenta la infracción de estacionar en un lugar prohibido (fs. 11) en cuya virtud impuso la sanción de cincuenta unidades fijas de multa.

II.- La disconformidad con lo decidido en sede administrativa determinó la intervención de esta Justicia en lo CyF.

El proceso judicial bajo estudio estuvo signado por solicitudes de excusación, por parte del ciudadano impugnante hacia la titular del Juzgado CyF N° 14 a quien por turno se asignó el estudio del presente caso.

En efecto, luego del primer descargo por escrito en el que expresaba que a su criterio el Régimen de Penalidades instaurado por la ley 451 no se encontraba vigente y, subsidiariamente, cuestionaba la multa impuesta agraviándose por la falta de precisión del acta de comprobación al referirse al lugar donde se habría cometido la falta (Av. Álvarez Thomas N° 2700), en ocasión de ser citado a la audiencia de juzgamiento del 8/11/2005, efectuó una primer presentación tendiente a apartar a la Juez del entendimiento de la causa como consecuencia de la cual esta Sala, con fecha 29 de diciembre de 2005, resolvió rechazar la recusación formulada por Carlos Capasso (ver incidente de recusación que corre por cuerda, N° 455-01-CC/2005).

Tiempo después, con fecha 6 de abril de 2006, el imputado realiza un nuevo planteo de recusación a la Magistrada. Manifiesta que existen irregularidades en el expediente que darán lugar a las denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y prevaricato (fs. 59/60), a lo cual la Sra. Juez de grado manifiesta que el planteo incoado incluye una cuestión ya resuelta, por lo que decide estar a lo dispuesto por esta Alzada en torno a la recusación de la Sra. Juez (fs. 61).

El 7 de abril de 2006 se produce otro planteo recusatorio tendiente a apartar a la Juez del caso, por entender que ha obrado con interés en las presentes actuaciones al haberla convertido en una cuestión personal y por existir enemistad manifiesta contra el suscripto. Afirma que se han pasado por alto las anteriores recusaciones, pretendiendo convertir al Juzgado en un tribunal de única instancia para resolver la cuestión atinente a la recusación, violentando con ello las garantías constitucionales reglamentadas en la ley 1217.

III.- Que a fs. 66/8 obra la resolución dictada por la Juez de grado en la que manifiesta, en lo que atañe a los planteos recusatorios, que si bien se han planteado nuevos argumentos en el escrito presentado con fecha 06/04/06, éstos deben ser explicados y apoyados en situaciones fácticas y que tal presentación fue hecha el día anterior a la audiencia oral respecto de la cual ya se habían realizado las tareas para su ejecución.

Afirma la Magistrada que desde el dictado de la resolución de la Cámara no existió actividad procesal alguna que diera lugar a la configuración de una de las causales previstas en el art. 35 LPF, por lo que insiste en que se trata de un planteo ya resuelto que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Por otro lado, entiende que la instancia procesal para argüir alguna de las causales de excusación legalmente admitidas esta precluída.

Considera que el encartado ha incomparecido injustificadamente a la audiencia de juzgamiento, por lo que resuelve: tener presentes las reservas formuladas, tener por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada en sede administrativa y declarar firme la resolución administrativa de fs. 17/20, con costas.

IV.- Que a fs. 70/5, el Sr. Capasso apela la resolución mencionada supra y plantea su nulidad por considerar que se ha violentado la ley, por dictarse con arbitrariedad manifiesta y vulnerando garantías constitucionales. Considera que la Juez carecía de competencia para entender en las presentes actuaciones, afectándose con ello la garantía de juez natural, que ha resuelto sus propias recusaciones manifestando su interés en proseguir con estas actuaciones con el objeto de dictar una sentencia condenatoria. Alega que su incomparecencia al debate se encuentra justificada por las cuestiones que pesaban sobre la Magistrada quien, según su criterio, ya no puede mantener la ecuanimidad para proseguir en el pleito debido a la denuncia incoada en su contra.

V.- Que a fs. 76 la Sra. Juez a quo resuelve no aceptar la excusación planteada por no comprobarse ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 35 y 36 LPF y eleva los actuados a esta alzada en los términos del art. 37 de dicha normativa. Por otra parte, concede el recurso de apelación interpuesto contra la resolución supra mencionada.

VI.- Que en el contexto aludido es menester advertir que el escrito obrante a fs. 70/5 contiene en forma simultánea un nuevo planteo recusatorio y un recurso de apelación dirigido contra la decisión que tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por el Sr. Capasso y en consecuencia declaró firme la resolución administrativa obrante a fs. 18/20, que declaró la validez del acta n° 14025484 y condenó a Carlos Oscar Capasso a la sanción de multa cuantificada en cincuenta (50) unidades fijas en virtud de estacionar en un lugar prohibido (Av. Álvarez Thomas al 2700) el día 17/05/2005 a las 18:22 hs.

Cada una de las cuestiones aludidas transita, desde el estricto cauce que imponen las reglas rituales, por caminos diferentes. Mientras que la apelación dirigida contra las sentencias definitivas o asimilables a ellas debe seguir el sendero marcado por el art. 57 LPF, el tratamiento de la recusación puede ser estudiado sin más trámite aunque en el plazo previsto en el art. 37 LPF.

Sin perjuicio de lo expuesto, ambas cuestiones aparecen íntimamente ligadas, toda vez que la decisión criticada por el recurso de apelación solo pudo haber sido válidamente dictada en caso de no haber mediado la presencia de alguna causal de imparcialidad aludida por el art. 35 LPF. Por otra parte el recurrente explica que no concurrió a la audiencia de juzgamiento a causa de los cuestionamientos que formuló contra la Magistrada los que a su criterio justificarían su incomparecencia a la audiencia prevista para el 8/04/2005.

Por este motivo, surge como razonable analizarlas en forma conjunta refriéndose también al escrito de fs. 82/6 mediante el cual con fecha 23/05/2006 solicitó que se libre orden judicial a la titular de la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF) a fin que emita un certificado de libre deuda para ser presentado ante su compañía de seguro por cuanto, tal como acredita con la copia de la denuncia policial que acompaña, el vehículo de su propiedad, con que se habría cometido la infracción bajo estudio, le habría sido sustraído.

El análisis aludido aparece como legalmente posible toda vez que los arts. 37 y 56 LPF conceden competencia legal suficiente a tal efecto; ello así toda vez que si bien no nos encontramos con una decisión que se expide acerca de la inocencia o culpabilidad de Capasso en relación a la infracción investigada, ella cierra definitivamente el trámite de la causa lo que permite equipararla a sentencia definitiva.

Asimismo, el recurrente mediante su crítica denuncia la inobservancia de las formas sustanciales prescriptas para el trámite, en tanto se agravia de que la Juez no asignó el trámite pertinente a los sucesivos planteos recusatorios. Asimismo se agravia por considerar errónea la aplicación de la sanción contenida en el art. 42 LPF, consistente en declarar desistida la solicitud de juzgamiento, al entender que la incomparecencia a la audiencia del 7/04/2006 fue justificada.

VII.- De conformidad con lo expuesto, corresponde señalar que este Tribunal advirtió, con fecha 29/12/2005, que del legajo no se verificaban los supuestos previstos por el art. 35 LPF. De ese modo, los nuevos planteos "recusatorios" solo podrán tener pretensión de seriedad y eficacia en caso de que desde la fecha señalada, hasta el momento en que la Sra. Juez de Grado dictó la decisión de fs. 66/8, haya sobrevenido alguna de las causales previstas como detonantes de la tacha de parcialidad.

Ahora bien, en la tarea aludida se advierte del estudio de la causa que con fecha 6/04/2006 el recusante manifestó que en virtud de "las gravísimas irregularidades detectadas en el expediente en cuestión" efectuó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad acerca del desempeño de la Juez en la causa (fs. 59/60). Por otra parte a fs. 70 añade, como fundamentos de su pretensión de apartar a la Juez de Grado, que las recusaciones formuladas con fecha 6/04/2006 (fs. 59/60) y 7/04/2006 (fs. 62/3) no fueron elevadas por la Juez a quo de conformidad con las previsiones del art. 37 LPF lo que, según su criterio, sería muestra de "su interés en la causa".

VIII.- El Tribunal entiende sin embargo que no asiste razón al peticionante. En efecto, "la inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa" entraña una circunstancia que resulta controlable por esta Alzada en el marco de un recurso apelación (art. 56 LPF) y su ocurrencia puede, en casos de suma gravedad, determinar eventualmente la revocación de una decisión pero, en principio, no resulta suficiente para apartar a un Magistrado.

Por otra parte señala el recurrente que la Juez resolvió la "recusación", en lugar de remitirla a esta Cámara. Al respecto, cabe destacar que el 6/04/2006, fecha en que el impugnante presentó dicho planteo, la Sra. Juez no resolvió por sí el planteo, como afirma el impugnante, sino que se limitó a estar a lo ya resuelto por esta Cámara. Ello resultó ajustado a derecho toda vez que ninguna circunstancia nueva se había incorporado al expediente que amerite una nueva decisión sobre aquella cuestión pues la manifestación del recurrente en relación a una futura denuncia no conforma fundamento idóneo a los fines que pretende. Y si bien el 7/04/2006 (fecha fijada para la audiencia) volvió a efectuar una nueva petición en el mismo sentido, es obvio que nada podía variar lo dispuesto por la a quo el día anterior pues la circunstancia de que el recusante haya denunciado a la Sra. Juez de Grado ante el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, con sustento en extremos que se desconocen por no haber sido aportados al presente legajo, no resu lta suficiente para determinar que un Juez deba apartarse de la causa, pues la presunta denuncia ha sido con fecha posterior al comienzo del proceso.

De este modo lo interpreta la doctrina jurisprudencial al afirmar que la denuncia posterior a la iniciación del proceso en que se plantea la recusación no puede determinar la configuración de un supuesto de apartamiento (CCC Sala V, LL del 30/VI/ 1999, f. 98.946; CS, Fallos, 313:890).

Por ello, tal como señaló la Sra. Jueza, no hubo en la causa ninguna actividad procesal que diera lugar a la configuración de las causales previstas en el art. 35 LPF, por lo que no correspondía elevar las actuaciones nuevamente a esta Cámara a fin de que volviera a expedirse sobre el punto.

En consecuencia, dada la importancia que implica el apartamiento del juez natural del conocimiento de la causa, es dable exigir que las argumentaciones que se brinden a fin de fundamentar su remoción sean serias y sólidas (Causa N° 399-00-CC/2004 "Guerrero, Roberto Dante y otra s/ Ley 255 - Excusación -art. 9 Ley 12-", del 23/11/2004), no resultando suficiente lo expresado por el recusante En razón de lo expresado, corresponde estar a lo decidido a fs. 9 del respectivo incidente en relación la recusación intentada contra la titular del Juzgado CyF N° 14 atento que la circunstancias esgrimidas para sustentarla no resultan fundamentación suficiente.

IX.- En torno al fondo del asunto traído a conocimiento del Tribunal es menester señalar que el temor de parcialidad, entendido como una mera sensación subjetiva o no demostrado cabalmente mediante evidencias objetivas, no resulta fundamento suficiente para no concurrir a una audiencia instada por la propia parte interesada. En todo caso la actitud que mejor se condice con la tutela judicial que el propio actor reclama consiste en presentarse a las citaciones legalmente previstas luego de las cuales, dictada que sea la sentencia definitiva, ejercer el reconocido derecho al recurso poniendo de manifiesto en dicha oportunidad la totalidad de las objeciones que esa eventual e hipotética resolución pudiese generar. Por las razones expuestas advirtiendo que la Juez de Grado hizo efectivo el apercibimiento contenido en el art. 42 LPF corresponde confirmar la resolución en crisis.

X.- Finalmente en lo atinente a la solicitud de que se expida una orden a los efectos de que la autoridad administrativa emita un certificado de libre deuda al actor del presente proceso es menester señalar que ello no tendrá favorable acogida toda vez que la presente decisión confirmará la resolución que declaró firme la sanción de multa de cincuenta unidades fijas dispuesta por la Unidad de Control de Faltas.

En razón de lo expuesto, este Tribunal, RESUELVE:

I.- ESTAR A LO DECIDIDO a fs. 9 del Incidente de recusación con causa deducido en autos "CAPASSO, Carlos Oscar s/ Estacionar en lugar público" (N° 455-01-CC/2005) en relación al apartamiento de la titular del Juzgado CyF N° 14 intentado.

II.- CONFIRMAR la resolución en crisis en cuanto fue materia de recurso y resolvió tener por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por Carlos Oscar Capasso y declaró firme la resolución administrativa de fs. 17/20 y por consiguiente la sanción allí impuesta.

III.- RECHAZAR la solicitud agregada a fs. 82 tendiente a que este Tribunal expida a la UACF la orden de librar un certificado de libre deuda.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y devuélvase en modo inmediato el juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí: