Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-27


Salta, 27 de Diciembre de 2010.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 27.696/10 de la Cámara de Acusación, Sala II, s/"ACCION DE AMPARO INTERPUESTO POR LOS SRES. SOTO, HUGO BERNARDO; DURANTE, DIANA MARTA EN REPRESENTACION DE COOPERATIVA AGROPECUARIA ATACOPAMPA EN CARACTER DE PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL MOLDES", y, CONSIDERANDO Que a fs. 3/6 comparecen Hugo Bernardo Soto y Diana Marta Durante en carácter de representantes legales de la Cooperativa Agropecuaria "Atacopampa" conforme documentación acompañada acreditando la personería que invocan (constatar fs. 9/26), con el patrocinio de la Dra. Claudia A. Jiménez y promueven acción de amparo contra la Municipalidad de Coronel Moldes, a fin que se ordene -a esta comuna demandada- la restitución del inmueble ubicado en Dique Puerto de Díaz 1 y 2 con los inmuebles contiguos, Matriculas Nº 2540 y 2553 sobre los que fueran desposeídos por vía de hecho con fecha 28/03/08, en función de la resolución Nº 28/08 que declara la nulidad e inexistencia del contrato de comodato celebrado con fecha 13 de Noviembre de 2007 entre la parte actora y demandada (fs. 68/69).

De los antecedentes surge que por decreto Nº 3308 del 22 de Julio de 1999, se aprueba convenio suscripto entre la Provincia de Salta y la Municipalidad de Coronel Moldes, mediante el cual la primera encomienda en concesión a la segunda el desarrollo turístico y recreativo de los diques 1 y 2 de Coronel Moldes, remodelación, conservación y explotación de la Estación de Piscicultura de esa localidad durante el término de veinte años. Que con fecha 25 de Abril del 2007 la Cooperativa en formación Agroturismo firma convenio con el mencionado Municipio y recibe en préstamo precario para el uso de todo el inmueble que fuera referenciado. Con posterioridad habiendo obtenido personería la Cooperativa ratifican con el intendente saliente Carlos J. Lewis con fecha 13/11/07 un convenio de comodato (incorporado a fs. 7 de estos obrados), cuya nulidad declara después el organismo municipal en función de las consideraciones vertidas que motivan la resolución Nº 28/08.

Otorgada intervención al Ministerio Público, la Sra. Fiscal dictamina a fs. 97 vta./98 según términos textuales que: "...el objeto de la demanda, corresponde, en primer lugar dejar sentado que la actividad del afectado por el acto administrativo dictado por el intendente de la Municipalidad de Coronel Moldes, tiene los mecanismos idóneos propios para lograr su revisión, tal como fuera enunciado por la accionante y así acreditado con las constancias obrantes a fs. 1/2; lo que torna desechable el amparo al ser este un proceso utilizable con carácter excepcional, porque solo procede en situaciones en las que, por carecerse de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Por otra parte, y en los que refiere a las formas de afectación habilitante del amparo que determinan que funcione como reparador o preventivo, lo "actual" o "inminente" no procede asignársele a lo sucedido en el año 2008. Luego la acción constitucional no corresponde situarla como remedio eficaz para resolver la realidad planteada por el accionante, porque éste contó con la vía pertinente. Es así que el recurso de revocatoria se presentó el 14/04/08 por lo que no puede pretender lograr, en el 2.010, por esta vía recobrar la tenencia de un inmueble, que en su momento, lo fue por contrato de comodato y al que la autoridad administrativa le aplicó las sanciones de nulidad e inexistencia. Cuando es conocido que quien afirma tener un derecho subjetivo puede re clamar su reconocimiento tanto ante la propia Administración como por vía ordinaria de acción ante la justicia...".

La procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenace derechos o garantías constitucionales, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, recaudos que deben presentarse como notas palmarias, ostensibles, claras e inequívocas, es decir, visible al examen jurídico de superficialidad inicial. Por consiguiente queda frustrada la procedencia de la acción cuando, como ocurre en el sub-examen, la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca, no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenas a este remedio todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien requiera un mayor ámbito de debate y aporte probatorio, excediendo las posibilidades propias de esta clase de proceso.

A la luz de dicho marco conceptual, conviene concluir liminarmente respecto la inadmisibilidad del planteo, toda vez que se cuestiona en realidad la arbitrariedad que para la cooperativa accionante persiga la revocatoria de la resolución nº 28/08 que declara la nulidad y vigencia del contrato de comodato celebrado con fecha 23/11/07 entre la Municipalidad de Coronel Moldes, representada por el entonces intendente municipal Carlos Lewis con la Cooperativa de Agro Turismo Ataco Pampa Ltda.. Extensivamente también se reclama la restitución de la tenencia sobre el inmueble Dique Puerto de Díaz I y II, ubicado en los inmuebles contiguos Matrículas 2540 y 2553, acordados en posesión y explotación a la comuna demandada por el Gobierno de la Provincia de Salta a los fines del desarrollo turístico y recreativo de los diques de referencia y para la conservación y de la estación de Piciscultura, según términos del Dcto. Provincial nº 3308 (del 22/07/99.

Es que, el amparo no resulta admisible por la exclusiva invocación de derechos lesionados frente a supuestos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en ocasión de no existir acciones o recursos comunes, pues la carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección, debe ser cumplida por quien demanda. Advertimos coincidiendo con el dictamen fiscal que la propia accionante hace dos años recurrió ante la administración municipal promoviendo recurso de revocatoria contra la resolución nº 28/08 con la intención que se mantenga firme el convenio formalizado (23/11/07) entre la comuna y la cooperativa. Es decir que en la hipótesis concreta claramente la impugnante recurrió a una inicial gestión ante el organismo administrativo idóneo y sin dar a conocer cual fue el resultado obtenido, deduce a posteriori dos años mas tarde el presente proceso de amparo, situación suficiente coincidiendo criterio con el Ministerio Público para desechar por inadmisible el reclamo judicial iniciado.

La Corte de Justicia local de manera reiterada ha destacado que el amparo es un proceso excepcional, utilizable solo en delicadas y extremas situaciones, en las que por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares caracterizadas en el art. 87 de la Const. Prov. por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta frente a la ineficacia de procedimientos ordinarios (T.67: 473; T. 77: 459). Precisamente tal presupuesto no tiene aplicación para el caso, ya que las autoridades de la cooperativa agraviada en orden a la resolución nº 28/08 del día 25/03/08 no dudaron de recurrir ante el intendente municipal a través de la presentación operada con fecha 14/04/08 (ver fs. 1/2vta.).

La ausencia de una suficiente acreditación respecto de la existencia de arbitrariedad o irrazonablidad manifiesta en la disposición cuestionada, hace que el fiel cumplimiento del rol asignado al poder judicial en un régimen representativo y republicano de gobierno, sea el de, respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable de las autoridades administrativas, cuando actúan válidamente en las esferas de sus potestades constitucionales.

Pues bien, la pretensión promotora pasa por la invalidez de la resolución 28/08 a efectos de que cobre retroactivamente vigencia el contrato de comodato anulado para entrar nuevamente en la tenencia del predio. La mencionada resolución que se cuestiona fue firmada por un intendente saliente y que la nueva gestión municipal decide declararla nula por no haberse posibilitado el oportuno acto convalidante del Concejo Deliberante, conforme lo dispuesto en art. 20 inc 27) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1349 y explicitado con amplitud en el dictamen glosado a fs. 57/58. Facil es colegir la flagrante violación del orden jurídico y que afecta en su validez el contrato suscripto, contradiciendo de esta manera los argumentos que intenta hacer prevalecer la parte actora y además desestima cualquier planteo por falta de motivación. Va de suyo entonces que la descalificación propiciada carece del mentado recaudo de arbitrariedad manifiesta. La doctrina ha precisado que el concepto de acto o resolución arbitraria es aquel cuyo contenido se basa en la mera voluntad de quien lo dicta con irrazonabilidad, o actúa de manera inmotivada. Parámetros que como ya se anticipara precedentemente no registra la resolución nº 28/08. Por el contrario esa decisión municipal goza de predicamento legal y de la presunción de legitimidad propia de las decisiones administrativas.

Al respecto, resulta imprescindible reiterar que los jueces no están facultados para sustituir trámites legalmente establecidos, pues la acción de amparo no altera las instituciones vigentes, ni justifica la extensión jurisdiccional de los magistrados y menos avanzar sobre competencias que fija el texto constitucional. Ello es así porque aducir genéricamente vulneración a las garantías constitucionales, a los fines de motorizar la acción de amparo, no guarda significación para someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos ni el contralor del acierto con que ellos cumplen sus funciones acordadas dentro de las órbitas que reglamenta el conjunto de los ordenamientos legales. Así la Corte Suprema de la Nación ha dejado sentado: "Ni el control del acierto con que la Administración desempeña las funciones que la ley le encomienda válidamente, ni el razonable ejercicio de las atribuciones propias de la autoridad administrativa son bastantes para motivar la intervención judicial por vía del amparo, en tanto no medie manifiesta arbitrariedad por parte de los organismos correspondientes". (Fallos, 305:2237; 306:788).

Por todo lo expuesto;

RESUELVO:

I) DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo promovida a fs. 3/6. II) DISPONER que la presente resolución sea recurrible por vía de apelación en relación y con efecto suspensivo dentro del plazo de tres días hábiles con más la dispensa prevista en el art. 159 del C.P.P., computable a partir del día subsiguiente de operada la notificación personal o por cédula del presente pronunciamiento.

III) NOTIFICAR a la Sra. Fiscal de Cámara de Acusación y reservar la habilitación de la próxima Feria Judicial de Enero/11 a la previa solicitud de la misma por la parte actora.

IV) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, y oportunamente ARCHIVESE.