Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-08


SENT Nº 520 San Miguel de Tucumán, 08 de Junio de 2006.- Y VISTO: Los autos caratulados: "Cirnigliaro, Francisco Pablo y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo"; y C O N S I D E R A N D O:

1.- Con fecha 28/10/2005 (fs. 9/27) Francisco Pablo Cirnigliaro, invocando la condición de presidente y apoderado del partido Laborista de Tucumán y Víctor Hugo Arias, Carlos Humberto Posse y Oscar A.

López, todos con el patrocinio de los dos últimos, promueven ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto n° 3.555/14 (MGyJ) y acción de amparo del derecho que les asiste como partidos a regirse conforme lo establece el art. 37 de la CN.

Fundan el planteo en el art. 29 de la Ley orgánica provincial de partidos políticos n° 5.454, señalando que les asiste el constitucional derecho a elegir sus candidatos a Convencionales Constituyentes según el sistema dispuesto en la Carta Orgánica, derecho jurídico político que solo puede ser modificado conforme a un procedimiento legítimo, según lo dispone nuestro estado de derecho dentro del sistema democrático diseñado por el art. 1° de la CN y la jerarquía de las normas (art. 31 CN), el que -agregan- ha sido violentado por el Decreto n° 3.555/14 (MGyJ), por el que el Poder Ejecutivo instaura un sistema electoral interno para los partidos políticos, no contemplado en la legislación vigente, arrogándose facultades imputadas exclusiva e indelegablemente por la CP, en sus arts. 28 y ss, al Poder Legislativo y modificando una ley por el considerando de un decreto, afectando los derechos consagrados en los arts. 8, 16, 22, 38, 43, 49, 51, 54, 62, 75, 23, 94, 98 y 122 disposición transitoria "Segunda" de la CN; art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); art. 25 del Pacto Internacional de Derchos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 23y el derecho a elegir y ser elegido conforme a la forma de gobierno representativa, republicana y federal, instituidos por la CN en sus arts. 1, 5, 6, 22, 33, 37, 38, 76, 99.3 y los tratados internacionales (art. 1 del PIDCP y art. 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), receptados por la CP en los arts. 1, 6, 22, 29 y 38.

Solicitan medida cautelar de no innovar, sostienen su calidad de afectados y exponen los fundamentos de la pretensión esgrimida.

Por resolución del 04/11/2005 (fs. 33/34), la Sala IIIa. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se declara incompetente para entender en la presente causa y la eleva a este Tribunal, el que por sentencia del 18/11/2005 (fs.47/49) declara su competencia y rechaza la medida cautelar solicitada.

Por proveído del 13/02/2006 (fs. 51) se dispuso requerir a la demandada el informe previsto por el art. 21 de la ley n° 6.944 y correr traslado de la demanda. A fs. 57/58 vta. se presenta el letrado Rodolfo Augusto Baza, apoderado del Superior Gobierno de la Provincia y plantea la nulidad del mencionado decreto en razón de que el mismo dio al proceso trámite del amparo cuando el actor dedujo simultáneamente la acción de inconstitucionalidad y la acción de amparo. Explica que no se dan en el caso los extremos de los incs. 1° y 3° del art. 172 del CPCC, acumulación originaria objetiva de acciones, por lo que se ha alterado la estructura esencial del proceso y añade que se ve profundamente afectado su derecho de defensa al obligarlo a responder en tres días y a realizar informes sobre una acción de inconstitucionalidad que debe tramitar por el proceso sumario. Supletoriamente plantea recurso de revocatoria del mismo proveído, interpretando que el trámite que debe imprimirse no es el de la vía de amparo (art. 59 ley n° 6.944) sino el de la acción de inconstitucionalidad (arts. 89 y 90 del CPC) y que ello surge del propio escrito de demanda y de los fallos citados por el fiscal de Cámara, el Ministro Fiscal de esta Corte, al dictaminar sobre la competencia y por este Tribunal en oportunidad de pronunciarse sobre la misma cuestión.

A fs. 62/63 dictamina el Ministro Fiscal de este Tribunal en el sentido de que resulta inoficioso pronunciamiento alguno sobre la pretensión de la parte actora como respecto de los planteos de la demandada.

2.- Con motivo de la nulidad y revocatoria en subsidio, deducidas por la demandada contra el proveído del 13/02/2006 (fs. 51), se advierte que en el caso habrían sobrevenido circunstancias relevantes que, no solo determinan la inviabilidad del pedido de informe y traslado de demanda dispuesto en los términos del art. 59 del CPC, sino de cualquier otro trámite, incluso del pronunciamiento del fondo de las acciones de inconstitucionalidad y amparo que originaron la presente causa.

Ambas acciones están basadas en idéntica fundamentación, esto es, en la denunciada inconstitucionalidad y nulidad del decreto n° 3555/14 (MGyJ), esencialmente en cuanto dispuso que los partidos políticos elegirían sus candidatos a convencionales constituyentes por el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias y, también, porque no habría concedido los 90 días de plazo previstos en la ley 7.536 para que los partidos adecuen sus cartas orgánicas.

Examinadas las constancias del expediente se observa que la única actividad intentada a fin de impedir o evitar que se realice el acto comicial de candidatos a Convencionales Constituyentes por el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, objetado de inconstitucional en la demanda, fue el pedido de una medida cautelar de suspensión del cronograma electoral del día 28 de Octubre del 2005 (escrito de interposición de la demanda) y que, desestimado el mismo por prematuro, la solicitud de cautelar no fue reiterada por los presuntamente afectados en una fecha posterior y próxima a la prevista para el mencionado comicio, el que tuvo lugar el 18 de diciembre último.

La suspensión peticionada fue desestimada el 18/11/2005 en razón de que no se encontraba cumplido el presupuesto concerniente al peligro de frustración del derecho invocado o la razón de urgencia de la medida, teniendo en cuenta las reglas previstas para el caso por el CPCT y la fecha del acto comicial fijada por el decreto n° 3.555/14 (MGyJ); sin embargo, desde esa fecha no se realizó acto alguno. No se intentó detener o impedir la elección de candidatos de Convencionales Constituyentes por el sistema de internas abiertas, simultáneo y obligatorio, cuya inconstitucionalidad motiva las acciones promovidas por los actores. Consecuentemente, dicho acto comicial se celebró en la fecha prevista y tampoco existen constancias que se hubieren efectuado presentaciones dirigidas a suspender o evitar la elección de Convencionales Constituyentes prevista en el mismo decreto 3.555/14 (MGyJ) para el día 19 de febrero pasado y realizada en esa fecha.

Esta situación no puede ser soslayada por el tribunal. La declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional que sólo tiene lugar cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, por lo que debe ser considerado como "última ratio" del orden jurídico (CS, "Rallín Hugo F. y otros", 07/5/1991, La Ley, 1991-D,474; "Iachemet, María L. c. Armada Argentina", 29/4/1993, La Ley 1993-D,118; " Lavandera de Rizzi Silvia c. Instituto Provincial de la Vivienda", 17703/1998, La Ley, 1999-D, 149). Si bien, los jueces están facultados a declarar la inconstitucionalidad de oficio, no pueden efectuarla fuera de un caso o causa concreta, en los términos de los arts 116 de la CN y 2 de la Ley 27. Consecuentemente el presuntamente afectado por el acto denunciado como inconstitucional debe conservar su interés al momento de la sentencia; de otro modo, la pretendida declaración de inconstitucionalidad habría perdido su objeto actual y devendría de inoficioso pronunciamiento.

Tal lo que acontece en el presente expediente, en el que las pretensiones de amparo y declarativa de inconstitucionalidad, esgrimidas en base a la alegada inconstitucionalidad del decreto 3.555/14 (MGyJ), en la actualidad han perdido su objeto. Los actores no mantuvieron interés en la pretendida declaración de inconstitucionalidad desde que ni intentaron que el acto comicial de candidatos a Convencionales Constituyentes ni el de los propios Convencionales no tuviera lugar ni, tampoco, formularon algún cuestionamiento a los actos comiciales celebrados.

Dicha situación existente, derivada de la falta de interés demostrada, debe ser atendida por el tribunal, toda vez que un pronunciamiento en abstracto sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas vulneraría el principio que reclama para el ejercicio de la jurisdicción, la existencia de una controversia actual.

Consecuentemente corresponde declarar la nulidad del proveído del 13/02/2006 (fs. 51) que ordenó el pedido de informe y traslado de demanda en los términos del art. 59 del CPC, y que es inoficioso, por las razones expuestas, conferir cualquier otro trámite, incluso el pronunciamiento del fondo de las acciones de inconstitucionalidad y amparo que originaron la presente causa.

Las costas se imponen en el orden causado (art. 106, inc. 1° del CPCCT).

Por ello, y oído el Sr. Ministro Fiscal a fs. 62/63, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR nulo el proveído del 13/02/2006 (fs. 51) y que devino inoficioso conferir cualquier otro trámite, incluso el pronunciamiento del fondo de las acciones de inconstitucionalidad y amparo que originaron la presente causa.

II.- COSTAS como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.