Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-01


Expte. nº 7622/10 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Bandasur SRL c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)" Buenos Aires, 1 de junio de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

resulta:

1. El GCBA dedujo una queja (fs. 36/55vuelta) contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario que confirmó la decisión de primera instancia -dictada durante la etapa de ejecución- en la que se dispuso lo siguiente: '".toda vez que el objeto de la presente acción declarativa no se limita a la declaración de la exención tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos por el período fiscal 1994/1997, hágase saber a la demandada que el acto administrativo a dictar para dar efectivo cumplimiento a la sentencia recaída en autos [.], no podrá circunscribirse únicamente al período antes indicado (1994/1997) debiendo otorgar la exención desde el momento en que quedó firme la sentencia y en forma retroactiva a períodos pasados hasta el año 1994' (ver fs. 573)" (fs. 610vuelta, la cursiva corresponde al original).

2. Para así decidir, la Cámara empezó por relatar que de las constancias de la causa surgía que la jueza de grado había hecho lugar a la demanda y ordenó al GCBA ".dictar un acto administrativo que reconociese, en los términos del pronunciamiento definitivo y con carácter retroactivo hasta el período fiscal 1994, la exención solicitada por la [parte] actora respecto del impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB)" (fs. 610).

Luego de que esa decisión quedara firme, manifiesta, ".se presentó la parte demandada y acreditó el dictado de la resolución Nº 448/AGIP/08, a través de la cual se reconoció la exención en el ISIB a la firma actora por el período fiscal 1994/1997. [Y,] [s]eñaló que [esa.] limitación temporal obedecía a que la contribuyente no había formulado, por los períodos 1998/2000 y 2001/2003, las correspondientes solicitudes de exención y que, por tal motivo, no había dado cumplimiento con las condiciones que la sentencia había establecido para que se continuara otorgando la exención: dar cumplimiento con los distintos recaudos de tipo formal que estableciera la reglamentación vigente (ver fs. 566/vta.)" (fs. 610). Frente a ello, afirma el a quo, la parte actora denunció el incumplimiento de la sentencia y solicitó a la jueza de grado que ordene al GCBA que dicte un nuevo acto administrativo en el que se incluyan esos años, los que, a juicio de la parte actora, se hallaban alcanzados por la sentencia.

Ante a esta última petición, la magistrada de grado arribó a la decisión reseñada en el punto que antecede.

El a quo, tal como quedó señalado más arriba, confirmó esa última decisión.

Sostuvo para ello que ".el rechazo de la exención respecto de los períodos 1998/2000 y 2001/2003 con sustento en la inobservancia de la formalidad consistente en la interposición de las solicitudes de exención ante la autoridad administrativa no importa más que supeditar el reconocimiento de un derecho ya acordado por sentencia firme al cumplimiento de una(SIC) mero ritualismo que, como tal, sólo comporta consagrar un excesivo rigor formal en perjuicio de la actora; en suma, ello no puede obstar, en modo alguno, al dictado del acto respectivo por parte de la Administración" (fs. 611).

A ello agregó lo siguiente: ".adviértase que la resolución Nº 3361/DGR/99 había resuelto rechazar la exención solicitada por la firma actora y ese acto, aún a la fecha de promoción de la demanda (esto es, el 30/5/03), seguía pendiendo del resultado de la vía recursiva intentada por el demandante.

Siendo ello así, no cabe sino concluir en la innecesariedad(SIC), por exceso ritual manifiesto, de que la actora formulase, respecto de los períodos 1998/2000 y 2001/2003, pedido expreso de exención cuando la Administración había expresado su parecer negativo al respecto y, más aún, ya se encontraba debatido judicialmente el criterio expuesto en esa oportunidad" (fs. 611).

Finalmente, concluyó su razonamiento afirmando que ".corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Asociación Civil Hospital Alemán c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires', señaló:

'No resulta razonable que respecto de los años 1987, 1988 y 1990 se niegue la exención del tributo por la sola circunstancia de que la demandada no haya realizado un trámite administrativo tendiente al reconocimiento de su calidad de institución de beneficencia o solidaridad social, cuando [.] por reiteradas disposiciones de la municipalidad, anteriores y posteriores a ese período se asignó a aquella un tratamiento fiscal que sólo pudo tener fundamento en la consideración de las tareas asistenciales desarrolladas por la entidad, sin que se haya invocado por ese entonces se hubiese producido una modificación en las circunstancias justificantes de la exención' [.].// Es decir que, de acuerdo con esa doctrina, el reconocimiento sustancial del derecho a la exención no puede, en el caso y de acuerdo a las particulares circunstancias que rodean el presente, ser menoscabada por el invocado incumplimiento de recaudos meramente formales cuya innecesariedad [SIC], por otra parte, puede considerarse acreditada" (fs. 611).

3. El GCBA tacha de arbitraria a esa decisión. Sostiene que importó un apartamiento palmario de lo resuelto en la sentencia definitiva.

En ese orden de ideas, manifiesta que en la sentencia definitiva se resolvió que correspondía otorgársele a la parte actora la exención solicitada, '".sin perjuicio de que la empresa actora deb[ía] seguir cumpliendo con los distintos recaudos de tipo formal (presentación de solicitudes, declaraciones juradas, etc.) que establezca la reglamentación para acceder a la exención.'" (fs. 630, en el original destacado con negrita), por lo que, afirma, se estableció un límite claro a la procedencia del beneficio solicitado: el cumplimiento de los recaudos formales para su procedencia.

Pero, sostiene que la sentencia aquí recurrida desbordó esos límites al ordenar que se le otorgue a Bandasur S.A. (en adelante, Bandasur) una exención para períodos por los que ese beneficio no fue solicitado administrativamente (es decir, no se cumplió con los recaudos formales para su procedencia): los años 1998/2000 y 2001/2003, y; por otros en que, directamente, esa exención no se hallaba legislada: del año 2004 en adelante.

Manifiesta que la Cámara también obró en forma arbitraria al omitir tratar los argumentos dirigidos a demostrar que la obligación impuesta en la sentencia definitiva no podía alcanzar períodos posteriores al año 2003.

En particular, el GCBA señala que del año 2004 en adelante la actividad industrial dejó de estar exenta del pago del ISIB, para pasar a estar gravada a tasa 0%; razón por la cual, ".la exención ordenada no podía ni puede alcanzar los años 2004 en adelante, pues por dicho período la norma aplicable no contempla exención alguna para la actividad industrial" (fs. 634).

Sostiene, asimismo, que la sentencia del a quo resulta contradictoria. Aduce que la Sala II, al momento de expedirse acerca de la procedencia de la medida cautelar que fue solicitada, señaló que las actuaciones se iniciaron con el objeto de que se declarase la ilegalidad e invalidez de la resolución mediante la cual se le negó a la sociedad actora la exención que solicitó para los años 1994/1997 y, luego, dos meses más tarde, esa misma Sala sostuvo que la sentencia definitiva impuso una obligación que excedía ese período.

Finalmente, aduce que el fallo que viene recurriendo resulta violatorio de la división de poderes.

Manifiesta que "[e]l tribunal al soslayar lo normado por los Códigos Fiscales, e interpretar que la exención declarada abarca también aquellos períodos por los cuales no fue solicitada (1998/2003) y aquellos períodos por los cuales no encontraba contemplada en norma alguna (período 2004/2008), vulnera el principio republicano de gobierno, desconociendo las potestades del poder legislativo para disponer las exenciones" (fs. 642vuelta).

4. La Cámara, luego de que la parte actora contestase el traslado que le fue conferido (fs. 648/651), denegó el recurso de inconstitucionalidad mencionado en el punto 1 (fs. 653/655 vuelta). Para ello, sostuvo que si bien la decisión recurrida era la definitiva, el GCBA no había logrado acreditar ni la existencia de un caso constitucional, ni la arbitrariedad invocada.

5. El Fiscal General opina que el Tribunal debe hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara en cuanto sostuvo, al confirmar la sentencia de primera instancia, que la exención acordada en la sentencia definitiva alcanzaba a años posteriores al 2003 (en particular, del 2004 al 2008).

Por un lado, sostiene que del texto de la sentencia surge que la decisión no abarcó sólo los años 1994 a 1997, sino que ".al dictarse la sentencia que se encuentra firme, se dispuso que el acto administrativo a dictar por el GCBA debía tener carácter retroactivo hasta el período fiscal de 1994 (fs. 63 vuelta, la negrita corresponde al original).

A su vez, señaló que ".tanto la decisión de la Cámara de Apelaciones, como en el auto de primera instancia de fs. 573, se brindaron razones suficientes para sostener por qué el objeto del proceso y la sentencia recaída no se encontraban acotados a una discusión estrictamente limitada a los años 1994/1997 (fs. 64).

Por el otro, manifiesta que "[d]istinta es la situación con el segundo aspecto que presenta la cuestión, referido a que lo dispuesto a fs. 573 y su confirmación por la alzada, abarca períodos posteriores al año 2003 -2004/2008-, en los cuales la exención directamente no se encontraba".

Afirma que la Cámara omitió arbitrariamente expedirse acerca de los agravios que formuló el GCBA con relación a esa cuestión; máxime, cuando la normativa no preveía exención alguna para esos períodos; motivo por el cual, concluye, la decisión de Cámara en ese punto debería ser revocada.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Como bien indica el Fiscal General, la cuestión planteada por el GCBA -omisión de tratamiento de los agravios dirigidos a demostrar que la sentencia definitiva, hoy firme, no contenía la orden de que se le confiriese a la parte actora una exención al pago del ISIB que abarcase los períodos que van del año 2004 al 2008, inclusive- es de aquellas que suscitan la jurisdicción de este Tribunal en la vía escogida.

La respuesta a esa cuestión conlleva a que la decisión que se viene recurriendo (una dictada durante la etapa de ejecución de sentencia) sea equiparada a una definitiva si fuera que importa un palmario apartamiento de lo resuelto en la sentencia definitiva (cf., mutatis mutandi, la doctrina sentada por la CSJN en los fallos publicados en Fallos: 240:275; 308:122, entre muchos otros) o, por no serlo, tenida por irrevisable en esta vía.

2. Empero, con carácter previo a ingresar al análisis de ese planteo, cabe destacar algunas de las perplejidades que generan tanto el trámite que se le ha dado a este proceso, como lo resuelto en él.

2.1. Conforme lo ha señalado el Procurador General de la Nación en su dictamen en la causa publicada en Fallos: 307:1387, la acción declarativa de certeza se inicia ".sobre la base de un interés sustancial concreto y definido.", tiene un ".efecto limitado a una declaración válida únicamente 'inter partes'." y ".constituye [una] causa."; ella puede referirse ".tanto a relaciones jurídicas de derecho privado como a las de derecho público." -doctrina que resulta aplicable, mutatis mutandi, a la acción regulada en el art. 277 del CCAyT, cf. mi voto in re "Federación de Cámaras de Lavaderos de Ropa c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT), expte. nº 3937/05, sentencia de este Tribunal del 15 de junio de 2005-.

2.2. Más allá del acierto o error de la decisión de los jueces de mérito que tuvo por configurado el referido "interés sustancial concreto y definido" con el acto mediante el cual se le denegó a Bandasur la exención en el ISIB solicitada en el año 1994: la Resolución 3361/DGR/99, lo cierto es que la sentencia definitiva que ha quedado firme en el sub lite no es una de aquellas susceptibles de ser adoptada en procesos de la especie del que acá ocupa.

En esa decisión, los jueces de mérito, por un lado, se pronunciaron acerca de si correspondía caracterizar la actividad desplegada por Bandasur durante un período determinado como "industrial manufacturera"; decisión que, como quedó señalado más arriba, es propia de una acción de certeza.

Pero, por el otro, condenaron al GCBA a otorgarle a Bandasur la exención que había sido materia de declaración. De hecho, lo que ahora se viene debatiendo, en la etapa de ejecución, es qué períodos abarcó esa condena.

Esa última decisión, esto es, aquella que ordenó a la Administración el dictado de un acto Administrativo que reconociera a la parte actora un beneficio tributario en el ISIB, ni es propia de los procesos de certeza, ni es, por regla, susceptible de ser decretada por órgano judicial alguno.

2.3. En efecto, la emisión de actos administrativos -carácter que reviste el acto mediante el cual se le otorga a un contribuyente una exención al pago de determinado tributo, en el caso, al del ISIB- es una facultad de la que los jueces carecen, por tratarse de una función Administrativa, que, por mandato constitucional y atendiendo a dicha naturaleza, incumbe crear al Poder Legislativo que sólo puede atribuirla a la rama ejecutiva.

Excepcionalmente, el legislador puede investir a los jueces con la facultad de emitir decisiones que reconozcan derechos que podrían también ser reconocidos por la Administración en ejercicio de la función administrativa.

Ahora bien, para que ello ocurra esa facultad debe: (i) provenir de la ley; (ii) ser una facultad suficientemente reglada como para eliminar cualquier discrecionalidad que pudiera ser propia de la Administración y no del juez; y, (iii) ser una cuestión que soporte gozar de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial -cf. mi voto in re "Polakis, Anastasio c/ GCBA s/ amparo (art.

14 CABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. nº 7086/10, sentencia de este Tribunal de fecha 20 de mayo de 2010-.

2.4. En el caso, los jueces para arribar a la condena reseñada en el punto 2.2. de este voto no indicaron ejercer una competencia como la descrita supra, ni habrían podido hacerlo atento su inexistencia para el supuesto que aquí importa.

Las razones que llevan a que sea el legislador quien, excepcionalmente, y en las condiciones reseñadas, invista al juez con la facultad de dictar decisiones de contenido administrativo, tiene por objeto evitar que se den situaciones como la que aquí, por ejemplo, podría darse.

En el sub lite, los jueces de mérito condenaron al GCBA a que emita un acto administrativo que le confiera a Bandasur una exención al pago del ISIB. Ese acto, entre otras cuestiones, no es uno que, en modo alguno, soporte gozar de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial.

De hecho, al día siguiente de emitida la exención en esta causa ordenada, la Administración podría iniciar una acción de lesividad con el objeto de solicitar que se decrete su nulidad, y los jueces que tuvieran que resolver esa pretensión se hallarían en el dilema de tener que revisar una decisión judicial firme: la que ordenó el dictado del acto en cuestión; decisión que, por regla, no sería pasible de revisión alguna.

Esa circunstancia, entre muchas otras, da cuenta del por qué el constituyente ha decidido poner en manos del Poder Ejecutivo el ejercicio de la función administrativa, y no en el Judicial.

2.5. En suma, la decisión que ha quedado firme en el sub lite importó desvirtuar no sólo los procesos declarativos, sino, también, el sistema concebido por el constituyente local, al otorgarle a un acto administrativo una estabilidad, la de la cosa juzgada judicial, de la que ese tipo de actos, como principio, carece.

En este orden de ideas, en mi voto en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Datco SA y otros c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos'", expte. n° 5831/08, sentencia de este Tribunal del 3 de septiembre de 2008, sostuve que:

". es indispensable tener en consideración que la potestad con que cuenta la Administración para revocar sus propios actos es una consecuencia del modo en que están concebidas las respectivas constituciones. Sin entrar en detalle, la atribución de emitir un acto unilateral no va unida, como principio, a la imposibilidad de eliminarlo.

Ello resulta, naturalmente, del hecho de que, si así fuere, cada emisión de un acto supondría la derogación de la atribución de dictar otros que supusieran dejarlo sin efecto, expresa o implícitamente, lo cual implica modificar la norma, de rango constitucional o legal, que habilita a dictarlo.

Sin embargo, ello no supone, según tuvo oportunidad de establecer la Corte Suprema in re "Carman de Cantón, Elena c/ Nación Argentina" (Fallos 175:368), que la eliminación del acto no está sujeta a límites cuando genera derechos adquiridos por un administrado.

Los arts. 14 a 18 de la ley 19.549, al igual que los identificados con la misma numeración en el decreto 1.510/97, suponen, precisamente, una reglamentación de la facultad de extinguir actos emanados unilateralmente de la Administración.

La potestad empleada para emitir un acto unilateral involucra únicamente la voluntad de la Administración, aunque pueda proyectar efectos jurídicos en particulares.

Actos de esta especie son dictados en ejercicio de una competencia propia del órgano administrativo del que emanan, y que, a la postre, aún queda reservada en su cabeza, razón por la cual, bajo ciertas condiciones, puede aniquilarlo.

Desde otro ángulo, el esquema delineado por el legislador, principalmente en cuanto al supuesto de revocación como modo de extinción de los actos administrativos, organiza la llamada "cosa juzgada administrativa" dotándola de notas distintivas que la separan en aspectos relevantes de la cosa juzgada judicial, y que se traducen en limitaciones a la inmutabilidad que caracteriza a esta última (V. mi voto in re "Lamartine S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lamartine S.A. c/ GCBA -Dirección General de Rentas s/ impugnación de actos administrativos'", Expte. 4347/05, sentencia del 23 de mayo de 2006 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Frávega S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", Expte. 5549/07, sentencia del 2 de mayo del 2008).

Así, la cosa juzgada administrativa puede ser revertida frente a supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos, y, aún frente a actos anulables si se demuestra que el interesado conocía el vicio, o cuando ello lo favorece sin causar perjuicio a terceros, así como también en aquellos casos en que el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.

Asimismo, estos últimos también pueden ser revocados, modificados o sustituidos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia (aunque, en este último caso, indemnizando los perjuicios que causare al administrado).

En el mismo sentido, la CSJN ha dicho que "[e]l principio de la 'cosa juzgada administrativa' no es, en modo alguno, absoluto, ni tiene el carácter de irrevocabilidad definitiva [...] no posee en términos generales el mismo extremo alcance que la cosa juzgada judicial, porque se trata de dos actuaciones de distinta naturaleza.

Mientras los jueces no pueden volver sobre lo que está juzgado sino cuando la ley autoriza excepcionalmente el recurso de revisión, sí lo puede el poder administrador cuando, sin perjuicio de los derechos de los particulares, se trata de corregir sus propios errores" (Fallos, 289:185)." 2.6. Empero, ello no ha merecido agravio alguno por parte del GCBA; razón por la cual, no cabe a este Tribunal emitir pronunciamiento alguno al respecto.

En efecto, la parte recurrente únicamente ha controvertido, en esta etapa de ejecución, el alcance que los jueces de mérito entendieron debía dársele a la condena reseñada, esto es, aquella que ordenó al GCBA emitir a favor de Bandasur una exención al pago del ISIB.

En particular, discute si la exención ordenada abarcó los períodos que van del año 1998 al 2008.

Por lo demás, en el caso, se suma a esas circunstancias, el hecho de que el efecto de la condena impuesta no es otro que la obtención de la declaración perseguida mediante la presente acción.

3. Señalado lo que antecede, corresponde ingresar a analizar la cuestión constitucional identificada en el punto 1 de este voto.

3.1. El GCBA sostuvo ante la Cámara y reiteró en su recurso de inconstitucionalidad, que la sentencia definitiva no dispuso que se le confiera a la parte actora una exención al pago del ISIB por los períodos 2004 a 2008, ni habría podido haberlo.

Ello último, porque, según recuerda el GCBA, a partir del año 2004, y hasta el 2009, la actividad en la que entendieron los jueces de mérito debía ser enmarcada la de la sociedad actora, industrial manufacturera, dejó de estar exenta del pago del ISIB, para pasar a estar gravada a tasa 0%; razón por la cual, ".la exención ordenada no podía ni puede alcanzar los años 2004 en adelante, pues por dicho período la norma aplicable no contempla exención alguna para la actividad industrial" (fs. 634).

Ese planteo, aun cuando resultaba conducente para la resolución de la cuestión aquí debatida, no fue abordado por el a quo. En lo que acá importa, la Cámara se limitó a confirmar la decisión de primera instancia en cuanto había entendido que esos años se hallaban alcanzados por la decisión definitiva adoptada en el sub lite, sin dar para ello fundamento alguno.

3.2. En ese marco, asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene que la Cámara, aun cuando fue puesta en la obligación de tener que expedirse acerca de la cuestión reseñada omitió hacerlo.

3.3. Así las cosas, corresponde revocar la sentencia de fs. 610/611vuelta en cuanto resolvió que la exención ordenada alcanzaba los años 2004 a 2008; y, devolver la causa a la Cámara para que trate el planteo que con relación a esa cuestión formuló el GCBA. Ello así, toda vez que desentrañar los alcances que cabe asignarle a la decisión cuyo contenido aquí se viene debatiendo es, como principio, una facultad privativa de los jueces de mérito, y ajena a la de esta instancia de excepción.

4. Distinta suerte, en cambio, deben correr los agravios del GCBA encaminados a demostrar que la condena impuesta en la sentencia definitiva no contenía la orden de conferirle a Bandasur una exención que abarcase los períodos 1998/2000 y 2001/2003.

4.1. Son los jueces que han dictado una resolución quienes, por regla, cuentan con la facultad para establecer sus alcances-cf. la doctrina recordada en mi voto in re "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Lavia, Edmundo Mario c/ Consejo de la Magistratura s/ revisión de cesantías o exoneraciones de emp. publ.'", expte. nº 6924/09, sentencia de este Tribunal del 14 de julio de 2010-.

4.2. Consecuentemente, corresponde estar a la interpretación que el a quo realizó de su sentencia del 25 de julio de 2008, esto es, la sentencia definitiva, según la cual esa decisión comprendió la orden de que se le entregase a Bandasur una exención al pago del ISIB para los períodos 1998/2000 y 2001/2003.

Ello así, toda vez que, más allá del acierto o error de esa resolución, lo cierto es que el GCBA no ha demostrado que corresponda en el sub lite hacer excepción a la regla enunciada en el punto que antecede; razón por la cual, la queja debe ser rechazada en este punto.

En este orden de ideas, y tal como indica el Fiscal General, los jueces de mérito han brindado razones suficientes para sostener por qué el objeto del proceso, y, por ende, la sentencia recaída en el sub lite, no se encontraron acotadas a los años 1994/1997, sino que incluyó los períodos 1998/2000 y 2001/2003.

Esa circunstancia impide tener por arbitraria la decisión que se viene recurriendo en ese punto. Máxime, cuando, tal como señalé en el punto 2.6 de este voto, el GCBA no se ha agraviado de la condena que le ha sido impuesta en el sub lite.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General, voto por: i) hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; ii) revocar la sentencia de fs. 610/611vuelta en cuanto resolvió, sin atender los planteos del GCBA, que en la sentencia definitiva se condenó a la parte recurrente a que confiera a Bandasur una exención al pago del ISIB por los períodos que van del año 2004 al 2008; y, iii) devolver los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de los mismos jueces que dictaron la sentencia aquí parcialmente revocada, se dicte nueva sentencia en la que se valoren los agravios del GCBA según los cuales la sentencia definitiva no habría podido ordenar que se le acordase una exención al pago del ISIB por los período indicados, puesto que dicha beneficio carecería de todo respaldo legal para eso períodos. Costas por su orden, atento la existencia de vencimientos recíprocos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja:

El recurso directo del Gobierno fue presentado en tiempo y forma y contiene una crítica adecuada de la resolución de fs. 653/655 vuelta, vistos los términos en que la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad.

La Sala II señaló que no se había planteado un caso constitucional ni se estaba frente a una sentencia arbitraria.

Entonces, para rebatir el auto denegatorio el quejoso sólo podía volver -como lo hace- sobre los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, lo que es suficiente para admitir la queja (conf. mis votos en "Banco Macro Bansud S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Banco Bansud Grupo Macro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones'", expte. nº 4512/05, resolución del 19 de julio de 2006; "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ GCBA s/ recurso Apel. Jud. c/ Decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.)´", expte.

n° 4723/06, resolución del 15 de noviembre de 2006; "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5335/07) y su acumulado "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'" (expediente nº 5331/07), resolución del 6 de noviembre de 2007, entre otros(.

Recurso de inconstitucionalidad:

1. El recurso de inconstitucionalidad del GCBA satisface las condiciones de admisibilidad. Ha sido interpuesto en tiempo y forma, y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal.

Por lo demás, coincido con el Sr. juez de trámite en que el pronunciamiento atacado debe equipararse a uno definitivo.

2. Bandasur S.R.L. (en adelante, "Bandasur") inició una acción meramente declarativa (fs.

1/18 vuelta) a fin que se decretara "(.) la inconstitucionalidad, ilegalidad e invalidez de la Resolución 3361 DGR-99 y de todo otro acto administrativo concordante, emitido por la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante los cuales dicho organismo rechazó el pedido de exención fiscal oportunamente formulado." (fs. 1).

La empresa sostuvo que se dedica a la "vulcanización de neumáticos, más conocida como recauchutado" (fs.

2) y que como esa actividad era industrial, estaba exenta del pago del impuesto sobre los ingresos brutos (desde aquí, "ISIB").

En primera instancia (fs. 429/432 vuelta) se hizo lugar a la demanda y se ordenó al Gobierno que dictara un acto administrativo reconociendo la exención requerida con "efecto retroactivo hasta el período fiscal de 1994" (fs. 432 vuelta).

Apelado el fallo de grado por la Ciudad, la Cámara lo confirmó (fs. 504/507, fallo del 25/07/2008).

Firme esa decisión, se presentó el demandado y acompañó copia de la resolución nº 448/AGIP/2008 (fs. 564 y vuelta) mediante la cual reconoció a Bandasur la exención en el ISIB "por el período fiscal 1994/1997".

Expresó que sólo otorgó la exención por los años 1994/1997 en virtud de dos circunstancias: (i) la accionante no había presentado solicitudes de exención por los períodos 1998/2000 y 2001/2003, y (ii) a partir del 01/01/2004 las exenciones en el impuesto por el desarrollo de actividad industrial habían sido reemplazadas por el régimen de alícuota 0%.

Al corrérsele traslado a la actora de la presentación del GCBA, aquélla denunció el incumplimiento de la sentencia (fs. 571/572).

A fs. 573 la jueza de primera instancia proveyó lo siguiente: "[t]oda vez que el objeto de la presente acción declarativa no se limita a la declaración de la exención tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos por el período fiscal 1994/1997, hágase saber a la demanda[da] que el acto administrativo a dictar para dar efectivo cumplimiento a la sentencia recaída en autos a fs.

429/462 (confirmada por la Cámara a fs. 504/507), no podrá circunscribirse únicamente al período antes indicado (1994/1997), debiendo otorgar la exención desde el momento en que quedo (sic) firme la sentencia y en forma retroactiva a períodos pasados hasta el año 1994.".

La Procuración apeló la resolución de fs. 573 y la Sala II la confirmó (fs. 610/611 vuelta).

Contra el pronunciamiento de la Cámara el Gobierno dedujo el recurso de inconstitucionalidad en tratamiento.

3. El recurrente afirma que el decisorio impugnado es arbitrario y que lo resuelto afecta los principios de división de poderes, legalidad, e igualdad así como los derechos de propiedad y defensa en juicio y la cosa juzgada.

3.1. El accionado manifiesta que como a partir de 2004 la actividad industrial no estuvo más exenta sino sujeta a la alícuota del 0 %, la decisión sobre el fondo nunca podría entenderse comprensiva de los períodos 2004/2008. Y destaca que la Sala II no trató sus agravios respecto de esta cuestión, lesionando de ese modo la garantía del debido proceso.

En efecto, la Cámara no se expidió sobre los planteos llevados a su conocimiento en el recurso de apelación del Gobierno vinculados con el cambio legislativo operado a partir de 2004 y la consiguiente imposibilidad de interpretar el fallo definitivo como abarcativo de los períodos 2004/2008.

Los camaristas se limitaron a evaluar la situación relativa a los períodos 1998/2000 y 2001/2003, pero nada dijeron en relación con los períodos posteriores.

Los magistrados no podían dejar de examinar ese tema sometido a su consideración, sin perjuicio de la solución a la que pudieran arribar al efectuar dicho análisis.

Así, pues, el GCBA logra exponer un caso constitucional vinculado con la afectación de su derecho de defensa.

Por lo tanto, la Sala II deberá dictar un nuevo pronunciamiento en el que trate aquello cuanto se omitiera en la resolución recurrida.

3.2 Por otra parte, la Ciudad aduce que el a quo, en la etapa de ejecución de sentencia, se apartó del fallo definitivo ya que éste había condicionado el reconocimiento de la exención al cumplimiento de los requisitos formales correspondientes y Bandasur no había observado esos extremos en relación con los períodos 1998/2000 y 2001/2003.

Este agravio no puede ser acogido.

Los camaristas explicaron (fs. 611) que "(.) el rechazo de la exención respecto de los períodos 1998/2000 y 2001/2003 con sustento en la inobservancia de la formalidad consistente en la interposición de las solicitudes de exención ante la autoridad administrativa no importa más que supeditar el reconocimiento de un derecho ya acordado por sentencia firme al cumplimiento de un mero ritualismo que, como tal, sólo comporta consagrar un excesivo rigor formal en perjuicio de la actora.".

Como lo advierte mi colega Luis Francisco Lozano en el apartado 4.2 de su voto, los vocales expresaron los motivos en virtud de los cuales concluyeron que la decisión definitiva comprendía los períodos 1998/2000 y 2001/2003, los que no se presentan como irrazonables ni arbitrarios.

En consecuencia, el demandado no demostró en este punto la violación de ningún precepto constitucional.

4. Por lo expuesto, corresponde: (i) admitir la queja de fs. 36/55 vuelta, (ii) hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad de fs. 617/644; (iii) revocar parcialmente el pronunciamiento de fs. 610/611 vuelta; y (iv) remitir las actuaciones a la Cámara del fuero CAyT para que los mismos jueces intervinientes emitan una nueva sentencia con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.1. Las costas se imponen en el orden causado por existir vencimientos recíprocos. Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Comparto la solución que propician para el caso el Sr. Fiscal General en su dictamen (fs. 61/64 vuelta) y el Sr. juez de trámite, Luis F. Lozano, en su voto.

2. En primer lugar, respecto de los agravios que se intentan mantener ante este Estrado referidos a la alegada arbitrariedad del decisorio de la Cámara CAyT de fecha 24 de noviembre de 2009 con fundamento en que la alzada habría desvirtuado los términos de la sentencia firme dictada en autos, al exigir que el estado local reconozca en favor de la actora las exenciones correspondientes a los años 1998/2000 y 2001/2003 sin que la contribuyente haya acreditado el cumplimientos de los recaudos formales exigidos por la reglamentación para obtener la exención del pago del tributo en cuestión, coincido en que la queja no logra acreditar que en el caso se haya configurado una cuestión constitucional que habilite esta instancia recursiva de excepción.

Tal como se resaltara, más allá del acierto o error del pronunciamiento que resolvió la controversia ventilada en autos, lo cierto es que los jueces de la causa han expresado diversos fundamentos para sostener la decisión resistida; los que no han sido cabalmente rebatidos por el GCBA en la medida en que no se ha logrado evidenciar que la resolución adoptada por los jueces de la causa en este punto, a partir de la interpretación que efectuaran respecto de la sentencia definitiva, exceda palmariamente los límites de su ejecución.

3. Por su parte, en lo que concierne a los agravios vinculados a la omisión de tratamiento del planteo efectuado por la demandada en relación a la imposibilidad de reconocer la exención impositiva a favor de la actora a partir del año 2004 en virtud del cambio normativo que modificó el beneficio exentivo de la actividad industrial por gravabilidad por alícuota 0%, del cual podrían derivarse consecuencias al momento de la determinación del gravamen, coincido en que en el caso corresponde admitir parcialmente la queja deducida por el GCBA a fs. 36/55 vuelta pues la demandada ha logrado acreditar mínimamente una cuestión constitucional vinculada a afectación de su derecho de defensa en juicio.

En este punto, la lectura de las actuaciones permite advertir que el tribunal a quo, al momento de abordar los agravios esgrimidos por el GCBA contra el auto interlocutorio de fecha 19 de diciembre de 2008, prescindió de la consideración de los planteos desarrollados, sin brindar razones para ello.

Esta omisión de tratamiento de las objeciones oportunamente introducidas por la demandada en lo que concierne a los alcances con los que corresponde ejecutar la sentencia dictada en autos resiente su derecho de defensa en juicio y descalifica parcialmente la sentencia resistida.

Por ello, más allá de lo que en su hora corresponda valorar respecto de la modificación del beneficio exentivo por gravabilidad a alícuota 0% en términos de resultados concretos frente al impuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada, dejar sin efecto con alcance parcial el pronunciamiento resistido y devolver la causa a la Cámara de Apelaciones en lo CAyT para que, por los mismos jueces que intervinieron en autos, se complete el pronunciamiento en punto a las cuestiones omitidas, expidiéndose expresa y fundadamente sobre planteo esgrimido oportunamente por el Gobierno local.

Las costas se imponen en el orden causado por existir vencimientos recíprocos.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido con los fundamentos desarrollados en los apartados 1 y 3 del voto del el Sr. Juez de trámite, Dr. Luis F. Lozano.

Los jueces de la causa omitieron pronunciarse acerca del agravio formulado por el GCBA respecto de la nueva situación normativa en relación con la actividad, la cual se halla gravada a tasa 0% desde el año 2004 y, por ende, no exenta del tributo.

Por tal motivo, corresponde equiparar la resolución de la Cámara, en este aspecto, a una sentencia definitiva, a los efectos de la admisibilidad de la queja, y del recurso de inconstitucionalidad.

2. En cuanto a los restantes agravios, el recurso redunda en cuestiones atinentes al alcance de la sentencia de fondo, cuestiones, en principio, ajenas a la competencia de este TSJ mediante la impugnación constitucional intentada por el recurrente.

Por ello, y lo concordantemente expuesto en los considerandos 1 y 3 del voto del Dr. Lozano, voto por: i) hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; ii) revocar la sentencia de fs. 610/611vuelta en cuanto resolvió, sin atender los planteos del GCBA, que en la sentencia definitiva se condenó a la parte recurrente a que confiera a Bandasur una exención al pago del ISIB por los períodos que van del año 2004 al 2008; y, iii) devolver los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de los mismos jueces que dictaron la sentencia aquí parcialmente revocada, se dicte nueva sentencia en la que se valoren los agravios del GCBA según los cuales la sentencia definitiva no habría podido ordenar que se le acordase una exención al pago del ISIB por los período indicados, puesto que dicha beneficio carecería de todo respaldo legal para eso períodos.

Las costas se imponen en el orden causado por existir vencimientos recíprocos.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 610/611 vuelta en cuanto resolvió que en la sentencia definitiva se condenó a la parte recurrente a que confiera a Bandasur una exención al pago del ISIB por los períodos que van del año 2004 al 2008 y devolver los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de los mismos jueces, se dicte nueva sentencia en la que se valoren los agravios del GCBA según los cuales la sentencia definitiva no habría podido ordenar que se acordase una exención al pago del ISIB por los períodos indicados.

3. Imponer las costas en el orden causado.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara como está dispuesto en el punto 2.