Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-30


SENT Nº 225 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: "Poliche Ramón Augusto vs. Provincia de Tucumán -D.G.R.- s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Daniel Estofán, doctora Claudia Beatriz Sbdar y el doctor Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- La Provincia de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 244/252) contra la sentencia Nº 217 del 23 de mayo del año 2011, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III obrante a fs. 239/240 vta., habiéndose dado cumplimiento con el traslado, previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta, de aplicación, por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Por sentencia Nº 755 del 07-9-2012, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja, incoada por la accionada y declarar provisionalmente, admisible, el recurso de casación por ella deducido (cfr. fs. 302 y vta.). Por consiguiente corresponde, ahora, realizar el examen de admisibilidad definitivo del recurso.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 242 y 252); se dio cumplimiento, con el depósito, exigido por el artículo 755 del CPCC (cfr. fs. 243); el escrito recursivo se basta a sí mismo, en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y propone, expresamente, doctrina legal; la impugnación se motiva en la invocación, de infracción a normas de derecho; finalmente, aunque la sentencia atacada no es definitiva (en cuanto no se pronuncia sobre la pretensión) ni equiparable a tal (porque versando sobre una cuestión incidental, no pone fin al pleito ni impide su continuación) -todo ello de conformidad a las previsiones del artículo 748 inciso 1º del CPCC- juzgo que, en el sub lite, concurre el supuesto excepcional de gravedad institucional en la medida que, lo que está en juego en la especie, es el buen orden y recta administración de justicia lo que incide, directamente, sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones, la sujeción a los criterios legales, sentados por este Superior Tribunal, y la percepción de la renta pública (cfr. CSJT: sentencia Nº 517 del 29-5-2009).

Por tales motivos el recurso en examen es admisible y, en consecuencia, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para examinar su procedencia.

III.- Sostiene, la recurrente, que la sentencia atacada adolece de defectos graves de fundamentación y razonamiento.

En esta dirección alega que carece, de fundamentación adecuada, ya que hacer lugar a la eximición del solve et repete prescindiendo, arbitrariamente, de requisitos necesarios para ello reseñados, expresamente, en el pronunciamiento impugnado con carácter previo, como son los derivados de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: desproporción entre la magnitud del tributo y la capacidad económica del afectado e inexistencia, inculpable, de los medios económicos necesarios para enfrentar la erogación. Se agravia que, el Tribunal, hubiera recurrido a argumentos que nada tienen que ver con aquellos supuestos, al expresar que requerir el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 158 del Código Tributario (en adelante CT) parecería tener aptitud para provocar un desequilibrio perjudicial para el actor que podría calificarse, de irreparable, y que, este último, había cuestionado la constitucionalidad de la norma, en base a la cual, surgiría la obligación de pago impuesta, en el acta de deuda, y resolución atacadas en autos.

Cuestiona la utilización del potencial "parecería" lo que, en su concepto, denotaría la falta de consistencia de la afirmación de la Cámara destacando que, la decisión, se sustenta en un hecho no alegado, ni mucho menos probado, por el actor como es el supuesto perjuicio, irreparable, que le irrogaría cumplir con la obligación tributaria. Añade que, este razonamiento, carece de fundamento fáctico por cuanto, la capacidad económica del demandante y la desproporción con el impuesto determinado, no fueron discutidas en autos.

Asevera que mal pudo, el órgano jurisdiccional, argumentar que la deuda tributaria no estaba determinada cuando, ello, no era así sin perjuicio de lo cual tacha, de incongruente, a la sentencia por haber reconocido, en un pasaje posterior del considerando, la existencia de una determinación tributaria. Aduce que el hecho que el actor haya cuestionado, la constitucionalidad de la norma, en base a la cual surgiría la obligación de pago, de ninguna manera, implica que carezca de capacidad económica y, mucho menos, que se encuentre exenta de cumplir con la exigencia legal, fundada en razones de orden público, previstas en el artículo 158 del CT.

Estima que, el fallo, también traza una relación arbitraria entre la obligación de pago previo con la posibilidad de iniciar o, en su caso, continuar un proceso de ejecución fiscal del tributo por la vía del apremio circunstancia, ésta que, dice, no tiene apoyatura legal. A su modo de ver surge, del artículo 158 del CT, que la obligación del pago previo no establece ninguna condición, para su cumplimiento, la regla es que se debe pagar, el tributo que se quiera cuestionar, salvo que se acredite que, ello, implica un verdadero valladar de acceso a la justicia.

Finalmente, por las razones que desarrolla a fs. 249 vta./251 de su escrito recursivo, considera que el caso de autos asume gravedad institucional.

IV.1- Para la recta resolución de la pretensión recursiva en examen conviene tener presente los fundamentos en que, la Cámara sustentó el pedido de eximición, formulado por la parte actora.

Así comenzó recordando que, lo sostenido por la Sala II de esa Cámara, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que, la regla del solve et repete no oponía, de suyo, ningún impedimento al derecho a la jurisdicción, sino todo lo contrario y que, en las situaciones concretas en que podría traer aparejada la privación del acceso a la justicia, no imperaba tal regla sino la excepción que hace prevalecer la garantía de tutela jurisdiccional. Hizo notar, también, que era doctrina pacífica del Máximo Tribunal Nacional (Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 288:287; 295:314, entre muchos otros) que, la regla del solve et repete, no tenía una absoluta rigurosidad y cedía, ante determinadas situaciones patrimoniales de los particulares, en las que, además, de apreciarse la desproporción que pudiera existir, entre la magnitud del tributo y la capacidad económica del afectado, se comprobara, en concreto, la inexistencia inculpable de los medios económicos necesarios para enfrentar, la erogación, de modo tal de evitar que, el requisito del previo pago, se tradujera en un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa en juicio. A renglón seguido aludió al caso "Microómnibus Barrancas de Belgrano", en su relación con el artículo 8° inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo recordó que, Bidart Campos, había sostenido que, de la norma del Pacto de San José de Costa Rica, no se infería, siempre y en todos los casos, que se produjera su vulneración si se exige pagar, una deuda, para acudir a la justicia. El condicionamiento que implica, el pago previo de sumas de dinero, sólo resultaba lesivo del derecho a la jurisdicción cuando conforme, a las circunstancias de cada caso concreto y singular, la suma sometida al pago fuera por su cuantía desproporcionada a la capacidad del obligado y configurara, un óbice, al acceso a la justicia.

Sobre la base de estas premisas, la Sala A quo, arribó a las siguientes conclusiones:

En primer lugar adujo que "En virtud de lo señalado, en autos requerir la satisfacción previa del depósito exigido por el artículo 144 del Código Tributario Provincial parecería tener aptitud para provocar un grave desequilibrio perjudicial para el actor que podría calificarse de irreparable" (cfr. fs. 240).

A continuación manifestó que, en el caso, traído a examen se desprendía que, el actor, había cuestionado la constitucionalidad de la norma, en base a la cual, surgiría la obligación de pago impuesta, en el acta de deuda y resolución cuestionada en autos, en la medida que el actor afirmaba que, las faltas en su calidad de agente de retención, habrían sido cometidas por el escribano adscrito extendiéndose la responsabilidad, por dicha falta, al titular de registro (señor Poliche) por aplicación de la Resolución General 26/79, tachada por su parte, de inconstitucional. Ello añadió, sin perjuicio del cuestionamiento a la parte sustancial del acta de deuda (determinación de oficio), por considerar que habrían existido deficiencias interpretativas por parte de la D.G.R. respecto de los instrumentos y negocios jurídicos que se pretendía gravar.

Dicho esto terminó expresando que "En virtud de lo expuesto, en el caso que nos ocupa, exigir el pago previo de tributos aún no determinados, podría llegar a afectar el derecho de defensa en juicio provocando un perjuicio patrimonial al actor. Ahora bien, teniendo en cuenta las particularidades del caso, en autos nos inclinamos por habilitar ésta instancia ordinaria con dispensa del 'solve et repete', atento las implicancias que la sustanciación de este proceso puede tener respecto la determinación tributaria cuestionada, conforme a la doctrina de la Corte Federal de que 'el procedimiento declarativo no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a intentar por la vías procésales que considere pertinentes' (cfr. American Express Argentina S. A vs. Dirección Provincial de Rentas de Buenos Aires de fecha 18-10-88)" (cfr. fs. 240).

IV.2.- Respecto del principio procesal específico solve et repete, el más Alto Tribunal de la Nación, tiene dicho "Que la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido, en principio, la validez de las normas que establecen el mencionado requisito para la intervención judicial, y las excepciones que admitió contemplan, fundamentalmente, situaciones patrimoniales concretas, de los particulares, a fin de evitar que, ese previo pago, se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 283:287; 295:314, entre otras). En el caso 'Microómnibus Barracas Belgrano' (Fallos:312:2490) se estableció que el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto por el artículo 8º inciso 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, otorga jerarquía constitucional es equivalente, en relación con el principio solve et repete, al fijado por la jurisprudencia anteriormente citada, con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. causa: B.818.XXVI 'Barraca David Perewozky c/ Provincia de Buenos Aires -Tribunal Fiscal- s/ demanda contenciosa administrativa', fallada el 4 de marzo de 1997)" (Fallos: 322:1284).

Es decir que, la doctrina del más Alto Tribunal de la República, se orienta a conferirle validez a la regla del solve et repete, descartando su oposición, con las garantías de la igualdad y del debido proceso legal y de la defensa en juicio, pero admitiendo básicamente que, aquélla regla, se excepciona cuando concurran situaciones patrimoniales, inculpables, de los particulares (debidamente acreditadas por elementos o constancias que constituyan, índices reveladores, del estado económico del peticionante) que tornen, imposible, el cumplimiento del recaudo del pago previo.

En sentido concordante, con esta doctrina, se ha expedido esta Corte Suprema de Justicia, en numerosos precedentes, haciendo propio dicho criterio (cfr. sentencias Nº 940 del 28-10-2002; N° 67 del 19-02-2003; N° 270 del 14-4-2005; entre otras). Del mismo modo en sentencia Nº 43, del 24-5-2006, expresó también que "...Más recientemente, el Alto Tribunal Nacional ratificó que la exigencia de depósitos previos, como requisito de viabilidad de los recursos de apelación, no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio. La posibilidad de atenuar, el rigorismo, del principio solve et repete es aceptada, en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que, el pago previo, se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (cfr. CS, sentencia del 02-8-2.005, causa 'Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c. Administración Federal de Ingresos Públicos'. LL - DJ del 07-12-2.005, pag. 1058; cc. Fallos: 285:302 y 322:337). Pero subrayó que, en estos casos el apelante debe, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo (cfr. Fallos: 295:314), aportar elementos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial (Fallos: 250:208)".

Ahora bien; de la confrontación de los postulados de la jurisprudencia que antecede, con los fundamentos del fallo en recurso, se sigue que este último debe ser dejado, sin efecto, en mérito a las siguientes consideraciones.

En efecto según quedó expuesto, con anterioridad, el Tribunal de grado, no obstante haber recordado previamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo relativo a los supuestos de excepción al solve et repete (que ha sido adoptada por esta Corte, según se vio) a la hora de afrontar, esta cuestión, se limitó únicamente a expresar que, en virtud de la aludida jurisprudencia, requerir la satisfacción previa del depósito parecería tener aptitud para provocar un grave desequilibrio perjudicial, para el actor, que podría calificarse de irreparable, pero sin hacerse cargo de ninguna circunstancia fáctica relativa a este tópico a que, el mismo actor, le había prestado especial atención en su escrito de demanda en donde enumeró una serie de elementos (por ejemplo, resúmenes de cuentas, constancia de inscripción, informe de la Afip sobre su condición fiscal -monotributista categoría c- véase fs. 183 y vta.) tendientes a evidenciar, su real situación patrimonial, frente al tributo determinado.

En este orden de ideas también se advierte que, el cuestionamiento a la constitucionalidad de la norma (Resolución General 26/79), en base a la cual surgiría la obligación de pago impuesta en el acta de deuda y resolución impugnada en autos (invocada por la Cámara como fundamento para eximir al actor del solve et repete), no se enmarca en ninguna de las excepciones a tal regla, admitidas, por la jurisprudencia de este Tribunal y de la CSJN más allá de que, en la demanda, la pretensión de inconstitucionalidad de aquella Resolución ha sido formulada para el supuesto que, el Tribunal, entendiera que dicho acto, no fue derogado por efecto de la entrada en vigencia de la Ley Nº 5.121, por las razones que expone a fs. 176 vta./177 (cfr. fs. 177).

De otra parte es, por demás evidente e incontrovertible, que la sustanciación de este proceso tiene entidad para influir, en la determinación tributaria, siendo dable reparar también que, el Tribunal de Grado, en la inteligencia de eximir, al actor, del cumplimiento de la regla de marras no incluyó, entre los fundamentos de su sentencia elaborados a tal fin, ninguna circunstancia concreta vinculada al proceso de apremio seguido por la Provincia al ahora recurrente, cuyas constancias la Sala a quo tuvo a la vista.

Finalmente, a mayor abundamiento, y más allá de las expresiones textuales contenidas en el fallo, considero manifiestamente inaceptable entender que la Cámara desconociera que, la deuda, se encontraba determinada o que en caso contrario debiera eximirse al actor de la exigencia en cuestión.

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 217 del 23 de mayo del año 2011 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III obrante a fs. 239/240 vta. de autos. En consecuencia, debe casarse dicha sentencia dejándola, íntegramente, sin efecto conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse, como acto jurisdiccional válido, al pronunciamiento que, con fundamentos dogmáticos y aparentes, resuelve exceptuar al actor del requisito del solve et repete prescindiendo, asimismo del criterio sentado por esta Corte en el tema". Por consiguiente: DISPONER la remisión, de los presentes actuados, a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo debidamente fundado, con arreglo a lo considerado, dejándose expresamente aclarado que, lo aquí resuelto, no significa adelantar ni emitir opinión acerca de si corresponde o no eximirlo al actor de la regla en cuestión, lo que constituirá cometido del nuevo pronunciamiento a emitirse, previa compulsa de las constancias de autos.

V.- Atendiendo a que la nulidad a que se arriba es imputable al órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89, del CPA y 106, inciso primero, del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 313/315, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 217 del 23 de mayo del año 2011 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, glosada a fs. 239/240 vta. de autos. En consecuencia, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente, sin efecto conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. DISPONER la remisión, de los presentes actuados, a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.