Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-16


Salta, 16 de abril de 2.013 Y VISTOS: estos autos caratulados: "ORTEGA, FRANCISCA - MANQUI, IRMA DEL MILAGRO - MANQUI, GILDO ROGER CONTRA CESPEDES, MANUEL - ORDINARIO", CAM - 25.577/10; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 2 de San Ramón de la Nueva Orán, para resolver la apelación interpuesta a fs. 376/379 vta. y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo: La sentencia de primera instancia, por la cual se rechaza en su integridad la demanda, es objeto de esa vía recursiva por la mandataria de la señora Francisca Ortega. I. El memorial carece en general de sistematización de los agravios que lo integran y se concentra principalmente en la crítica que formula el recurrente respecto de la manera en que el Señor Juez apreció la prueba colectada en autos, que conjuga, al concluir el memorial, con el aserto de que se aplicó equivocadamente el art. 23 de la ley de contrato de trabajo.

En ese orden destaca la omisión de aquél de haber valorado las constancias del expediente de información sumaria -por el cual la actora acreditó, según ella misma, su condición de concubina del señor Juan Carlos Manqui al momento de su muerte- y las del proceso penal nº 91.058/06, los cuales habían sido ofrecidos como prueba por su parte, sin haber sido impugnado u observado por el demandado. Tras afirmar que el Sentenciante fundamentó su pronunciamiento en las declaraciones testimoniales y en las presunciones que a partir de las mismas actualiza, critica que aquél haya considerado contundentes las declaraciones de quienes refirieron que nunca escucharon al demandado dar órdenes a Manqui, ni vieron pagándole un sueldo; afirma que en autos se acreditó que el deceso de éste se produjo en la finca de Céspedes -lo que le hace presumir la existencia de una relación de dependencia, elemento éste que reitera a lo largo de toda la expresión de agravios- y que esto no ha sido considerado en la sentencia, como tampoco lo fue el hecho de que éste negara que esa finca fuera de su propiedad, lo cual no pudo sostener luego.

Califica de evidente la tendencia de la declarante Antonia Gareca a favorecer al demandado y cuestiona la entidad de sus dichos, insuficientes desde su óptica para llegar a la convicción que le otorga el Juzgador, más aún si se acreditó que el señor Manqui convivió con la actora desde el año 1.972 y hasta el momento de su muerte y que la declarante no tuvo hijos con él: por ello, no puede otorgársele mayor credibilidad a sus dichos. Tampoco puede resultar decisiva -agrega- la declaración de que ella arrendaba la finca a Céspedes, de que allí vivió en concubinato con Manqui, de que obtenía el dinero de los animales que vendían y de que cuando ella se fue, le pidió al demandado que aquél se quedara allí, puesto que no tenía dónde ir.

Advierte el apelante que la conclusión de que no pudo acreditarse que Manqui hubiera prestado servicios en relación de dependencia es desacertada, arbitraria y agraviante: de la lectura de las mismas testimoniales (destaca que la prestada por Olivera no puede ser dejada de lado tan sólo porque no haya podido precisar cuáles tareas realizaba, ni cuántos días, ni qué horario a la semana trabajaba, y que los señores Ramírez y Yonovich refieren los trabajos que lo veían cumplir y los años durante los cuales lo conocieron Manqui prestando tareas para el demandado) surge que residía en la finca y manejaba el tractor de propiedad de Céspedes, circunstancia ésta última que jamás fue desconocida.

Manifiesta que el hecho de que los testigos no vieran que el demandado hubiera pagado el sueldo a Manqui no resulta suficiente para desvirtuar la existencia de una relación de trabajo, pues los pagos se llevan a cabo siempre en forma privada y que lo declarado por ellos ilustra en forma coincidente sobre que trabajaba para Céspedes, habiendo descripto tareas que resultan similares a las expuestas en la demanda.

Como consecuencia de lo argumentado, concluye que corresponde aplicar el art. 23 de la ley de contrato de trabajo, cuyo criterio estricto debe ceder en este caso, pues la prestación del servicio se cumplió desde unos veintidós años atrás en el ámbito físico del accionado y a favor de él.

Finalmente: tras citar un antecedente jurisprudencial relacionado con el recurso extraordinario, del que no precisa su origen, reitera que no se ha tenido una visión de conjunto de la prueba reunida, frustrando con ello su derecho a obtener una sentencia que sea el resultado de una derivación razonada del derecho vigente. Cita nuevamente antecedentes y formula reserva del caso federal. El traslado de fs. 381 y vta. es contestado a fs. 383/385 vta. en una presentación en que los mandatarios de Manuel Céspedes afirman que la recurrente no explica cuáles son las circunstancias obrantes en autos que podrían haber hecho prosperar la demanda; que en la sentencia se valora correctamente el testimonio de Gareca, en cuyas declaraciones no se sustentó exclusivamente, sino también en la falta de acreditación de la prestación de servicios por parte del difunto Maqui; que el hecho de que la actora haya tenido hijos con él no desvirtúa los dichos de aquella; que lo actuado en el expediente nº 17.146/05 lo ha sido sin intervención ni control; que igualmente en el mismo no existe dato alguno sobre que Ortega vivió en concubinato con Manqui, ni sobre la duración del mismo; que lo declarado por Gareca en cuanto a que arrendó una fracción de tierra a Céspedes y que con Manqui cultivó allí hortalizas y crió animales es correspondiente con lo manifestado por García y Toledo Peña, testimonios éstos que permiten concluir en su condición de autónomo; que su parte nunca desconoció la propiedad de la finca; que el hecho de que aquél muriera en ella no permite presumir una relación de dependencia; que nada afirma la recurrente sobre qué podría haberse rescatado del testimonio de Olivera, el que fue objeto de un profundo análisis por la Juzgadora; que el hecho de que la actora se limite a reflexionar sobre la sentencia, pretendiendo extraer conclusiones no vinculadas con la lógica, se advierte también en la apreciación que aporta de los dichos de Ramírez y Yonovich, respecto de los cuales omite la apelante señalar cuáles son los errores en la valoración de ellos; que ellos declararon haber visto a Manqui cultivar zapallos, pero que no sabía si eran de él o de Céspedes; que ninguno de los testigos acreditó que la prestación de servicios fuera para éste en relación de subordinación y que el Sentenciante tuvo por no acreditadas no sólo la existencia de vínculo laboral alguno, sino también la del servicio mismo. II. Lo que resulta menester determinar en esta instancia es si la prueba producida por la demandada resultó idónea en orden a desvirtuar la presunción del art. 23 de la ley de contrato de trabajo, lo que implica ab initio que no comparto el criterio aplicando por el Sentenciante, quien desactiva la inversión del onus probandi impuesta por esa norma, orientando hacia los derechohabientes de Juan Carlos Maqui la carga de acreditar la existencia de la subordinación como característica de la relación que tuvo vigencia entre él y Manuel Céspedes.

Y menciono esta norma, a pesar de que a la relación que describe la actora debería ser aplicable el régimen de trabajador agrario -y, en consecuencia, inaplicable la ley de contrato de trabajo- porque considero que la ley 22.248 no es una norma de excepción respecto de aquella: al contrario, ambas participan de un mismo criterio organizador general y contienen institutos similares del derecho de trabajo, como la remuneración, las licencias, la jornada de trabajo y las formas de extinguir el vínculo.

Siendo posterior la general (fue publicada el 27 de septiembre de 1.974), su promulgación no implicó la derogación de la especial, sino la posibilidad de aplicar aquella a todo cuanto no resulte incompatible u opuesto a la naturaleza y modalidades del servicio rural (art. 2 de la ley 20.744) y, sobre todo, ante hipótesis de hecho que no encuentren una específica previsión o que ésta fuera insuficiente.

"Un claro ejemplo de esta situación se presenta cuando el contrato de trabajo agrario no se encuentra registrado. En tal supuesto, si el trabajador acredita la prestación de tareas a favor del empleador, se torna de aplicación la presunción del art. 23 LCT respecto a la existencia de la relación laboral. Es decir que si bien la LCT, en principio, excluye de su ámbito personal de aplicación a los trabajadores rurales, la presunción contenida en su art. 23, al configurar un corolario del principio protectorio que se encuentra recogido en la CN (art. 14 bis), debe ser aplicado a los mismos, siendo suficiente a tales efectos, la prueba de la prestación de servicios sin que sea necesario probar que fueron prestados en relación de dependencia1." (transcripción de Carlos Saccani en "Aspectos prácticos del contrato de trabajo", publicado en Diario Judicial de La Ley del 28 de octubre de 2.010).

Precisado lo que antecede y como punto inicial de mi análisis, paréceme oportuno aclarar que no tiene razón el demandado cuando afirma que el Señor Juez tuvo por no probada la existencia de las tareas cumplidas: conforme manifiesta éste a fs. 371 in fine, lo que no quedó acreditado en autos fue "...que se haya prestado servicios en favor del demandado...". Esa expresión permite concluir no que se omitiera acreditar la existencia de aquellos, sino que hayan sido cumplidos bajo la dependencia del señor Manuel Céspedes. Por otra parte, la ausencia o negación de la prestación es una hipótesis que no fue opuesta en la contestación de la demanda, donde se expresó que el causante ".cultivaba y tenía sus propios animales, realizando tareas durante el día en su propio provecho.." (fs. 16). Destaco lo anterior porque considero que la actora dio acabado cumplimiento a su carga probatoria con el hecho de haber acreditado la mera prestación. Ello por lo que seguidamente refiero. A la par del sistema de adquisición de pruebas directas (común en todos los sistemas procesales), tenemos las presunciones, cuya estructura permite que, constatada la existencia de un hecho cierto, se tenga como real la de otro incierto, pero no por la exposición de premisas y la consecuente derivación de conclusiones, sino simplemente por la voluntad del legislador, que así lo dispone en orden a facilitar la colección de pruebas ante coyunturas en las que ésta resulta ardua o imposible. Es justamente para suplir la dificultad ante la cual se halla quien carece de formas de acceder a elementos de prueba directa (por ejemplo, una mujer que tras sufrir la muerte de su concubino, titular del vínculo laboral que sustenta su pretensión, y tras reclamar los rubros a los que se considera acreedora, recibe como respuesta de quien señala como empleador la negación de la relación misma) que desde la ley de fondo laboral se precisan pautas procesales, haciéndose derivar de la comprobación de la existencia de la prestación de un servicio, la actualidad de una relación de trabajo, cuyo concepto contiene en sí la noción de dependencia. Ambos sistemas de adquisición de prueba (directo e indirecto) tienen un solo objetivo que resulta causa fin del proceso laboral: la superación de una verdad formal y la búsqueda de una real. Rodolfo Capón Filas quien describe con notable solvencia intelectual la diferencia entre ambos sistemas en el artículo de su autoría, publicado en el nº 56 de la revista académica del Equipo Federa de Trabajo, del 4 de enero de. 2.010). Y lo hace en estos términos de lógica formal: ".La prueba directa procesa el siguiente silogismo: 1) quien realiza tareas para otro (o se compromete a ellas) (a) mediante subordinación laboral (b), se halla vinculado al segundo a través de un contrato de trabajo (c) (premisa mayor); 2) en este caso, se han probado las tareas y la subordinación laboral (premisa menor); 3) por ello, entre los sujetos existe un contrato de trabajo (conclusión). Puede formularse: a + b = c. La prueba indirecta presume el contrato de trabajo a partir de la realidad de las tareas realizadas para un tercero a quien le corresponde demostrar que han sido prestadas en el marco de una relación jurídica diferente al contrato de trabajo.. El peso de la prueba se reparte ya que quien se describe como trabajador debe demostrar las tareas cumplidas para quien califica de empleador, debiendo éste demostrar la causa jurídica por la que las ha recibido, distinta al contrato de trabajo. La prueba indirecta procesa el siguiente silogismo: 1) si quien pretende haber sido trabajador demuestra las tareas realizadas (a) y quien las recibe no demuestra que hubieran sido prestadas por una causa jurídica distinta (d) al contrato de trabajo, éste (c) ha existido en la realidad (premisa mayor); 2) en este caso el actor ha demostrado las tareas prestadas y el demandado no ha demostrado que fueron realizadas por una causa jurídica distinta al contrato de trabajo (premisa menor); 3) entonces, entre las partes ha existido un contrato de trabajo (conclusión). Puede formularse: a + d = c.".

Es sólo después de expuesto lo anterior que me encuentro en condiciones de advertir que la forma en que el Sentenciante resolvió lo sometido a debate implica, desde mi punto de vista, el desconocimiento de la implicancia final de la presunción contenida en el art. 23 de la ley de contrato de trabajo, puesto que excede lo previsto positivamente como antecedente de la aplicación de ella, que es "...el hecho de la prestación de servicios....", exigiendo algo que no lo está, como lo es la comprobación de que esos servicios fueron prestados bajo subordinación.

Si bien asumo que esa interpretación del Señor Juez es compartida y propiciada por conocidos doctrinarios del derecho del trabajo (ver a Justo López en "La presunción del contrato de trabajo", L.T. XXIX-A-486, y a Antonio Vázquez Vialard en "La presunción del art. 23 de la LCT", T. y S.S.-1.980-506) y de gran parte de los juzgados y tribunales del fuero, no puedo dejar de advertir que la consecuencia de su reiterada aplicación implica lo contrario al contenido filosófico de los principios del derecho laboral, generados por la misma doctrina, de los cuales menciono al principio protectorio que, partiendo del reconocimiento de que la relación social que este sector del universo jurídico pretende regular traduce una marcada desigualdad socio-económica de carácter estructural entre el empleador, dueño de los medios de producción, y el trabajador, aportante de la fuerza de trabajo, procura atenuarla, introduciendo desigualdades jurídicas compensatorias en favor del trabajador. Lo señalado se potencia si tenemos en cuenta que dentro de la noción de trabajador surge con importante predominancia el sector de los no registrados, quienes que se encuentran en mayor desprotección aún que la verificada entre registrado y empresario, desprotección ésta que se extiende, por cierto, a lo procesal, donde el reclamante debe reunir prueba con eficacia para acreditar hechos tan disímiles como lo son, por ejemplo, la prestación del servicio, el cumplimiento de un horario y una función y la ausencia de causa justa de despido.

En coherencia con la referida doctrina, el Juzgador propone en autos que para aplicar la presunción del art. 23 de la ley de contrato de trabajo es necesario probar la existencia de la prestación y además la existencia de subordinación, lo que, importa al fin una derogatio in peius de esa norma.

Siguiendo con la exposición de Capón Filas en el artículo señalado: ".Otra corriente doctrinaria y jurisprudencial..del art. 23. exige tanto la prueba de los servicios prestados como la de las notas típicas de la relación laboral (subordinación jurídica, económica y técnica). Esta tesis procesa el siguiente silogismo: 1) si quien pretende haber sido trabajador demuestra las tareas realizadas (a) y la subordinación laboral (b) [(en otras palabras si demuestra el contrato de trabajo) (c)] y quien las recibe no demuestra que hubieran sido prestadas por una causa jurídica distinta (d), el contrato de trabajo (c) ha existido en la realidad (premisa mayor), 2) en este caso, quien pretende haber sido trabajador ha demostrado las tareas realizadas y la subordinación laboral [(en otras palabras ha demostrado el contrato de trabajo) (c)] y quien las recibe no demostró que hubieran sido prestadas por una causa jurídica distinta al contrato de trabajo (c) (premisa menor), 3) entonces, ha existido contrato de trabajo (c) (conclusión). Puede graficarse: a + b + d = c. Dicha tesis confunde prueba directa con prueba indirecta ya que exige a la segunda demostrar los mismos elementos requeridos a la primera: tareas y subordinación, con lo cual la diferencia entre ambas se esfuma. Por otra parte, complica el cuadro equiparando, sin sentido lógico, ambas fórmulas: (a+b=c) = (a+b+d=c). Es tautológica porque coloca en la consecuencia (hay contrato de trabajo) lo mismo que en las premisas (hay contrato de trabajo)..".Y considero que, por una parte, la actora logró acreditar el cumplimiento de tareas por parte su concubino en la finca del demandado: esto no sólo ha sido reconocido en la contestación de la demanda (como ya lo mencioné ut supra), sino que además ha sido ratificado por René Alberto Olivera en la extensa respuesta 2 de fs. 362 vta., por Raúl Adolfo Ramírez cuando afirma a fs. 363 que "...en ese tiempo para el Sr. Céspedes y lo sé porque el me decía (el extinto Manqui), que en ese tiempo que estamos hablando del 96, 98, 99...sería mantención de finca, que es lo que yo lo veía hacer, manejar los vehículos, las maquinarias...movimiento de tierra, cultivo, eso sería mas o menos lo general..." y con las respuestas a las preguntas 7) y 8) in fine de esa foja. También Pedro Tomás Yonovich sostiene que el causante "...estaba en una finca, trabajaba, que decía que era del Sr. Céspedes, todos decían que era de Céspedes...que manejaba un tractor Masey, yo lo vi manejando en el pueblo, cuando iba a casa de la señora..." y que lo vio trabajando "...desde el 86, 87 hasta el día que pasó el accidente ese..." (fs. 363 vta./364). Antonia Gareca expresa que el ".Sr. Manqui ha quedado en la finca cuidando los chanchos que teníamos, que es lo único que hacía el hasta que murió." (fs. 267 in fine y vta.); Juan Alberto García, que "..lo que lo veía hacer es que sembraba maíz, zapallos, verduras de todo un poco." y Pedro Toledo Peña que: ".el tenía un predio que le había dado don Céspedes, que es donde sembraba ." (fs. 268 vta.).

Tenemos, por otra parte, la hipótesis que sostiene el demandado, vinculada con que el señor Manqui era un comodatario de él y que allí éste cultivaba y tenía sus propios animales: considero que el único medio probatorio al que recurrió el señor Céspedes en orden a acreditar este extremo (las testimoniales producidas a fs. 266/269) carece de eficacia. Vinculado a esto y atendiendo a los agravios de la recurrente: al analizar la declaración de Antonia Gareca, encuentro que describió el acto jurídico por el cual ella y su entonces concubino ingresaron a la finca del demandado: un arrendamiento, contrato bilateral oneroso. Describió también la circunstancia de que lo convenido con Céspedes era absolutamente ajeno al señor Manqui, pero paréceme que nada de ello tiene implicancia alguna respecto de lo ocurrido luego de que ella se fue de ese lugar y al tiempo de la muerte de aquél. Por otra parte, desestimo el valor probatorio de la afirmación de que le pidió a Céspedes que permitiera a Manqui seguir residiendo allí porque no tenía otro lugar donde ir a vivir, no sólo por considerar que no referido no implicó necesariamente una aceptación por parte del señor Céspedes (quien, por lo demás, en la contestación de la demanda no refiere esa circunstancia) sino también porque no me parece creíble que, producida la separación de una pareja, haya sido la mujer quien tuvo que dejar la residencia común ubicada en un lugar por ella misma procurado ni que sea ella quien, por añadidura, formule ante quien fue su arrendador un pedido solidario tendiente a beneficiar a su ex concubino. En cuanto a la declaración de Juan Alberto García, arrendatario del demandado, según sus propios dichos, hago notar que así como el Señor Juez de grado encontró determinante en orden a excluir la posibilidad de que existiera una relación de trabajo, el hecho de que personas ajenas a la cotidianeidad de las partes no hubieran escuchado nunca a Céspedes dar instrucciones a Juan Carlos Manqui ni hubieran visto que le pagara una remuneración, pudo también haber tenido en cuenta que este declarante ignoraba si entre aquél y Céspedes hubo un convenio que permita desdibujar la fisonomía de una relación de trabajo. Luego de ser preguntado acerca de quién era el propietario de los cerdos y gallinas que el causante criaba y de las verduras que cultivaba, él respondió que "pareciera que era de Manqui, porque yo lo he visto salir a vender negociar animales, pero yo no le puedo decir, si es que Manqui estaba autorizado por ejemplo a vender o si eran de el." (fs. 268). En este sentido la apreciación de sus dichos no fue total, como lo afirma correctamente la recurrente.

Por su parte, Pedro Toledo Peña manifestó ser amigo de Céspedes y haber comenzado a concurrir a su finca tres años después de la muerte de Manqui. Hallo que la primera circunstancia condiciona su imparcialidad, de lo cual resulta elocuente el hecho de que, ante preguntas precisas, se adelantó a responder aspectos que no habían sido aún requeridos y cuya presencia ratifican justamente lo expuesto por el demandado. Así, luego de sostener que Manqui sembraba, agregó -espontáneamente- que lo hacía "para el" (fs. 268 vta . in fine) y, ante la pregunta de si sabe si el demandado tenía maquinaria en su finca, hizo conocer que sí, añadiendo primero -también sin que le haya sido formulada pregunta en ese sentido- que no la cuidaba nadie y luego que Manqui ".se lo sabría cuidar.".

Un elemento aportado a fs. 268 por el testigo García al responder a la pregunta 6) ilustra sobre la imposibilidad de que el señor Manqui fuera un trabajador autónomo y lo es el hecho de que carecía de herramientas propias, es por este motivo que el declarante recurrió con las propias a ayudarlo, lo que hacía como una "atención".

Paréceme que estos testigos no aportan certeza en orden a ratificar lo sostenido por el demandado, sino, como una característica común de ellos, datos imprecisos de que Manqui habría tenido en la finca gallinas y cerdos en la finca de Céspedes y de que habría vendido las verduras que sembraba allí, nada de lo cual es suficiente en orden a acreditar el postulado de éste. Pero aún asumiendo que los mismos pueden corresponderse con la realidad, paréceme importante destacar que su presencia no resulta incompatible con la vigencia simultánea de una relación de dependencia si tenemos en cuenta que el señor Manqui tenía su residencia en la finca, hecho reconocido por el demandado a fs. 16 bajo el título LOS HECHOS. Así, no hallo contrario a la experiencia común ni a la razonabilidad postular que aquél llevó consigo al lugar donde instaló su residencia los bienes que constituían parte de su patrimonio ni tampoco que el señor Céspedes permitiera que su ganado permaneciera allí y que cultivara algo de verduras para sí mismo y para su venta posterior, a cambio de que el actor realizara tareas de movimiento de tierra y cultivo a favor del dueño de la finca (como lo refiere el testigo Ramírez a fs. 363) o que estuviera en la finca, realizando tareas de "mantención de la finca" (idéntica foja), máxime considerando que el propietario de la misma "iba muy poco, semanalmente o los fines de semana..." (testimonial de fs. 268), todo lo cual permite encuadrar sus funciones dentro de la propia de un peón general.

No resulta verosímil, por lo demás, que el propietario de una finca de unas sesenta hectáreas en la que se puede sembrar soja (lo que se concluye con la lectura de la misma foja), haya consentido en beneficiar al señor Juan Carlos Manqui con un acto de liberalidad, cualquiera fuera el período de vigencia del mismo: en otros términos, resulta difícil de creer que Céspedes haya otorgado en préstamo parte de su inmueble rural productivo y haya permitido que Manqui mantuviera allí su ganado y sembrara sus verduras sin recibir retribución alguna por ello.

Por su parte: al definir su estrategia defensiva, el demandado optó por formular una prolija negativa de los hechos, sin aplicar idéntica prolijidad en el relato de los mismos, que es breve, genérico y vago. Esa misma conducta -no muy leal- se reiteró en su actividad probatoria: pudo haber presentado la instrumentación del mentado contrato gratuito y solicitar informe, al menos, al ente recaudador provincial para verificar la condición de autónomo de Juan Carlos Manqui, pero nada de ello ocurrió. Sugiero tener en cuenta también la omisión de Céspedes de contestar el requerimiento formulado por la actora mediante el telegrama cuya copia certificada obra a fs. 103, el que fue recibido por él mismo el día 25 de noviembre del 2.005 (conforme surge del informe emitido por el Correo Oficial de la República Argentina a fs. 105); el mentado hecho negativo torna plenamente aplicable en esta instancia judicial la presunción del art. 57 de la ley de contrato de trabajo. Por añadidura: tampoco se presentó a retirar el telegrama nº 706871340, detallado a fs. 8 de autos como parte de la documentación presentada por ella, el que debió ser devuelto a la actora.

Pero existe además un elemento que actualiza la noción de ajenidad como propia del contrato de trabajo y que es insistentemente reiterado por la recurrente: la unánimemente declarada permanencia de Juan Carlos Manqui en la finca del demandado, permanencia ésta que se verificó aún cuando decidió dar fin a su vida (ver el croquis de fs. 16 del expediente penal). "De lege ferenda, para que exista una verdadera presunción, respetuosa del principio protectorio y que, a la par, despeje los temores de cualquier exceso, consideramos que el equilibrio podría buscarse exigiendo, para la operatividad de la presunción, que exista coincidencia entre el tipo de servicios personales prestados y la actividad que desarrolle el beneficiario de éstos o que el prestador se encuentre inserto en una empresa ajena.." (cita de José Manuel Salgado en "Presunción del art. 23", publicado en Diario Judicial de La Ley del 7 de mayo de 2.008).

Por lo expuesto e invocando el art. 23 de la ley de contrato de trabajo, aplicable al caso de autos, concluyo que entre Juan Carlos Maqui y Manuel Céspedes existió una relación propia del derecho del trabajo, que aquél cumplía funciones de peón general, permaneciendo de lunes a sábados en su lugar de trabajo, pues allí residía.

Determinado ello, resulta menester precisar la fecha en la que ingresó a trabajar bajo las órdenes del demandado. No existen elementos que permitan determinarla de manera exacta, pues mientras la actora afirma que fue en marzo de 1.986, la demandada no aporta dato alguno al respecto, el testigo Ramírez la sitúa entre 1.996 y 1.999 (fs. 363) y Yonovich entre 1.986 y 1.987 (fs. 364). Aparte, dos hijos de Manqui declararon en el expediente penal nº 91.0587: Gildo Roger manifiesta a fs. 26 que trabajaba desde aproximadamente veintidós años atrás (es decir, considerando la fecha de la declaración -año 2.006-, desde 1.984), mientras que Fabián Héctor advierte que lo hizo durante dieciocho años (esto es, teniendo presente la fecha de su deceso -año 2.005-, desde 1.987). Dada esta imprecisión, que genera una duda persistente, e invocando el principio contenido en el art. 9 de la ley de contrato de trabajo, aplicable, luego de la reforma introducida por la ley 26.428, también a la apreciación de la prueba, propongo que se tenga como fecha de ingreso aquella en la que coinciden dos de los testigos: 1.987, con lo cual, al momento del deceso, el trabajador contaba con dieciocho años de antigüedad.Hago notar que lo referido no supone la aplicación de la norma más beneficiosa, puesto que considero -como ya lo manifesté- que la ley de contrato de trabajo puede invocarse sólo en aquellos institutos no regulados por el estatuto especial, no aconteciendo lo mismo con aquéllos que sí se encuentran contenidos en este último, respecto a los cuales no puede aplicarse la norma más favorable, en tanto la ley 20.744 no es fuente de regulación específica de la actividad: no existe en autos un caso de duda sobre la aplicación de la norma más favorable, sino sobre la valoración y alcance de la prueba producida, la que debe ser definida a favor del trabajador.

"La norma del art. 9 LCT en su actual redacción impone la aplicación del principio in dubio pro operario a los supuestos de prueba. Pero esto en modo alguno implica alterar la carga probatoria sino que, establecidas las cargas respectivas, en caso de resultar dudoso el cumplimiento de éstas, ha de estarse a la interpretación más favorable al trabajador." (transcripción de la doctrina del fallo dictado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el 15 de abril de 2.011 en "Diarte Silvio Orlando c. Deheza S.A. - despido").

Habiendo revertido lo resuelto en primera instancia, debo atender a las excepciones opuestas con la contestación de la demanda, destacando que la manera en que propongo que se resuelva esta vía apelativa comprende el rechazo de la denominada como de "falta de acción", no obstante ello, toda vez que la misma no se encuentra enumerada en el art. 42 del C.P.L. y que su sustento representa en realidad una defensa esencialmente de fondo, considero que su análisis queda subsumido en el anteriormente formulado y en el que sigue.

Algo similar ocurre con la excepción de falta de legitimación activa, la que considero que debe tratarse como parte de la argumentación sustancial del demandado. Ella se sustenta en que la actora formuló el reclamo por derecho propio y no "iure sucesiones" (fs 15 vta. in fine) y que solamente la indemnización prevista en el art. 73 de la ley 22.278 corresponde a las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037; advierto que no resulta clara su argumentación, toda vez que respecto de un crédito es ella la única legitimada para reclamarla y respecto del resto de ellos, su habilidad para requerirlos judicialmente deviene de su condición de representante de Gildo Roger Manqui.

En efecto: la concubina (condición reconocida en la sentencia declarativa dictada a fs. 40 de la información sumaria que tramitó por expte. nº 17.146/05 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda Nominación de Orán, agregado como prueba) no es heredera forzosa, conforme el texto del art. 3.545 del Código Civil, por lo que carece de vocación sucesoria y, en consecuencia, de legitimación para formular el reclamo de créditos exigibles por quienes detentan la referida condición y a causa de la misma, entre los que se encuentran, como seguidamente lo explicaré, las vacaciones, aguinaldos y las diferencias de haberes.

Francisca Ortega es, en cambio, la única titular iure propio de la acción tendiente al cobro coactivo de la indemnización prevista en el art. 73 de la ley 22.248, prestación en dinero que se hizo exigible sólo después de la muerte del trabajador. El texto de esa norma remite al art. 38 de la ley 18.037. Al haber sido ésta derogado por la ley 24.241, propongo que se concrete la remisión con el art. 53 de esa norma, cuyo inc. c) contempla como beneficiarios posibles a la concubina y cuyo inc. d), a hijos menores de dieciocho años que reúnan, además, otras condiciones.

Digo que es la única porque, de acuerdo a los datos que surgen de las partidas de nacimiento que en copia certificada se encuentran reservadas como documentación, al momento de la promoción de la demanda todos los hijos tenían más de esa edad: Nelsa Blanca Manqui nació en 1.973 (ver también la partida de fs. 304 de autos), Claudia Sonia Manqui en 1.978 (fs. 305), Juan Ramón Manqui en 1.976 (fs. 306), Héctor Fabián Manqui en 1.981 (fs. 63), Santos Carlos Manqui en 1.983 (fs, 64), Irma Milagro Manqui en 1.985 (fs. 61) y Gildo Roger Manqui en 1.986 (fs. 62).

Siguiendo con el tratamiento de este aspecto de la contestación de la demanda, tengo presente que tanto en el texto de la demanda como en el del poder especial de fs. 2 se invoca el derecho propio y el derivado de la representación necesaria de sus hijos menores (inc. 1 del art. 57 del C.C.). Por los motivos que seguidamente desarrollo considero que debe tenerse a la actora como representante legal sólo del segundo de los nombrados, quien reviste, a su vez, la condición de heredero legitimario del causante (como surge de la partida señalada) con una incapacidad relativa para obrar (derivada de su edad). El detentar esa condición (no cuestionada por la demandada) la torna hábil para formular el presente reclamo en nombre de él respecto, en primer lugar, de la parte proporcional del sueldo anual complementario: el art. 42 de la ley 22.248 prevé categóricamente esa facultad para los causahabientes.

Pero considero que la legitimación de la actora se extiende también al reclamo por su hijo de las vacaciones correspondientes al año 2.005: si bien el art. 23 de esa norma no acuerda en forma expresa esa facultad, resulta aplicable, por analogía con la anterior, a los derechohabientes, toda vez que el nacimiento de la obligación del empleador de pagar ambos créditos (el S.A.C. y vacaciones proporcionales) se encuentra sometida a la condición suspensiva de que se extinga el contrato, siendo uno de los motivos posibles de ello, la muerte del trabajador.

Por su condición de heredero forzoso, cuenta, por otra parte, con legitimación para reclamar las diferencias de diciembre de 2.004 y de enero a septiembre de 2.005. Atendiendo a lo que plantea Manuel Céspedes: desde mi análisis, le bastaba a Gildo R. Manqui acreditar mediante documentación el vínculo que lo unía al causante a fin de gozar de todos los derechos que le hubieran correspondido a él (solución similar a la propuesta en el dictamen fiscal del 7 de julio de 2.011 en "Matassa, Claudia Elvira y otros c. Sueldo Víctor Ramón - ejecución de créditos laborales", expediente resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo). En efecto: es continuador jurídico del causante y resulta acreedor o deudor de todo lo que su padre era acreedor o deudor (art. 3.417 del C.C.), para lo cual no resulta necesario iniciar un proceso sucesorio, no sólo porque se entra en posesión de la herencia con el mero hecho de la muerte (art. 3.410 del C.C.), sino principalmente porque la promoción de un juicio universal generaría para los derechohabientes del trabajador gastos que atentarían contra el principio de gratuidad del procedimiento laboral receptado en el art. 21 del C.P.L..

Pero la legitimación del hijo de Manqui comprende también el reclamo del crédito derivado de la omisión por parte de Manuel Céspedes de contratar el seguro de vida obligatorio previsto por la ley 16.600 (conforme el inc. a del art. 11 de esa norma). El art. 6 impone el orden de prelación para la percepción del seguro ante la hipótesis de que el asegurado no hubiera designado beneficiario, remitiendo al orden de los herederos forzosos del Código Civil, es decir al ya mentado art. 3.545. Siendo el mismo excluyente (conforme art. 3.546 del C.C.) y encontrándose los descendientes en primer lugar, es Gildo Roger Manqui el hijo reclamante que puede percibir el monto derivado de no haber el empleador contratado el seguro. Vinculado a esto, no quiero dejar de destacar que este crédito -al igual que la indemnización del art. 73 de la ley 22.248- no integra la universalidad del causante y no se adquiere por la sucesión, sino que se genera directamente en cabeza del beneficiario.

Por lo expuesto concluyo que Gildo R. Manqui (representado por su madre) es titular de la acción tendiente al cobro de todos los créditos que integran la planilla de la demanda, excepción hecha de la indemnización por muerte, cuya percepción corresponde a aquella. Es distinta la situación de Irma del Milagro Manqui, toda vez que al momento en que se promovió este proceso -20 de marzo de 2.007, según constancia de fs. 8- ya era mayor de edad, pues nació, como ya lo expresé, el 20 de junio de 1.985, según la copia certificada del acta de nacimiento de fs. 61 de autos: por ello, su madre ya no tenía respecto de ella la condición de representante legal. En consecuencia, no habiendo promovido esta hija de Manqui la demanda por derecho propio, considero que la misma debe ser desestimada respecto de ella, con costas por su orden, toda vez que el argumento expuesto recientemente no fue advertido en la defensa tratada. Habiendo concluido en la existencia de la relación de trabajo, concluyo igualmente que el empleador debió pagar la remuneración correspondiente a la categoría de peón general, la que, de acuerdo a los términos del art. 28 de la ley 22.248, es determinada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. No habiendo presentado recibos que acrediten lo referido, considero procedentes todos los créditos consignados en la planilla de fs. 4, excepto los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2.005 completo, puesto que Juan Carlos Manqui trabajó solamente hasta el 20, día de su muerte, como surge de la copia certificada del acta de defunción que se reservó y de fs. 1, 9 y 22 del expediente penal ya señalado. Para cuantificar las diferencias de haberes comprendidas entre diciembre de 2.004 y julio de 2.005, se deben tener presente los montos que surgen de la resolución 4/2.004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (fs. 245/246 de autos): $550, más la bonificación por antigüedad prevista en el art. 33, que -considerando que contaba con dieciocho años de antigüedad- asciende a la suma de $99. Por ello la remuneración que debió haber percibido durante esos períodos era de $649, a lo se procede a imputar (en la planilla que sigue) los $200 que la actora refiere que percibió Manqui. En cuanto al cálculo de la segunda cuota del aguinaldo de 2.004 y de la primera de 2.005: el art. 41 de la ley 22.248 prevé que se tendrán en cuenta como base las remuneraciones devengadas en cada uno de aquéllos, por ello y -tras haber determinado en $649 la remuneración básica del causante- propongo cuantificar cada una de ellas en $324,50.

Para la determinación del monto de las diferencias de agosto de 2.005, debe considerarse la escala salarial de la resolución 29/2.005 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (glosada a fs. 247/244): $630 por mes, a lo que deberá agregársele la bonificación por antigüedad ($113,40), arrojando la suma de $743,40. En cuanto a los días trabajados durante el mes de septiembre, sugiero que se divida el monto consignado por treinta y se multiplique por veinte, lo que arrojaría el resultado de $495,20. En lo atinente a la parte proporcional de la segunda cuota del sueldo anual complementario 2.005, considerando que Manqui trabajó durante julio, agosto y veinte días de septiembre, hallo justo tomar el monto correspondiente a la remuneración básica ($743,40) dividirlo por doce ($61,95) y multiplicarlo por 2,66, lo que da el resultado de $164,78.Las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado durante el año 2.005 deben liquidarse considerando que tenía -por su antigüedad- derecho a treinta días de descanso anual (inc. d del art. 19 de la ley 22.248) y que no trabajó todo el año, sino solamente 8,66 meses: por ello le correspondían 21,65 días de licencia. Aplicando el método de cálculo previsto en el art. 23 de esa norma, debemos dividir $743,40 por 25, lo que da el monto de $29,73, el que debe ser multiplicado por 8,66, dando por resultado para este rubro $643,65.Respecto al crédito derivado de la omisión de contratar el seguro de vida para el trabajador rural, previsto por la ley 16.600 ya señalada: considero que su aplicación debe conjugarse con lo dispuesto por el art. 16 de la resolución general nº 26.497/99 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que prevé que, en caso de que el trabajador se suicide, sólo deberá abonarse el capital básico obligatorio. Ese crédito, al tiempo de la muerte del empleado, era de $3.800, de acuerdo a lo previsto en el art. 5 del decr. del Poder Ejecutivo Nacional nº 1.158/98, el que tuvo vigencia hasta que fue dictado el 117/07.En cuanto a la indemnización por muerte del trabajador, la base que debe tomarse es la de $743,40, monto que debe ser multiplicado por dieciocho (años de antigüedad) y dividido por dos (conforme la fórmula que impone el art. 73 de la ley 22.248) lo que arroja el resultado de $6.690,60. A todos estos créditos se le aplicará, desde que cada uno fue exigible, la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de documentos comerciales al 31 de enero de 2.013, de acuerdo al detalle de la planilla que seguidamente formulo. "La tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos, cuya aplicación sugirió esta Cámara por Acta Nº 2357, resulta adecuada para preservar el valor del crédito que hubiera debido afrontar en caso de tener que suplir mediante un préstamo el capital del que no pudo disponer en el momento oportuno, teniendo en cuenta que se trata de un crédito alimentario." (pronunciamiento del 14 de octubre de 2.011 de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Colobig, Lucas Leonardo c. Fe.Me S.A. - despido").

C o n c e p t o ImporteTasa Activa al 31/01/2013 Total al 31/01/2013 Dif. haberes Diciembre/04 449,oo 676,24 1.125,24 S.A.C. 2º/2004 324,50 488,73 813,23 Dif. haberes enero/05 449,oo 669,19 1.118,19 Dif. haberes febrero/05 449,oo 662,14 1.111,14 Dif. haberes marzo/05 449,oo 655,09 1.104,09 Dif. haberes abril/05 449,oo 648,04 1.097,04 Dif. haberes mayo/05 449,oo 640,99 1.089,99 Dif. haberes junio/05 449,oo 633,94 1.082,94 S.A.C. 1º/2005 324,50 458,16 782,66 Dif. haberes julio/05 449,oo 626,89 1.075,89 Dif. haberes agosto/05 543,40 750,16 1.293,56 Dif. días setiembre/05 495,20 675,85 1.171,05 S.A.C. prop. 2º/05 164,78 224,89 389,67 Vacac. Proporcionales/05 643,65 878,45 1.522,10 Crédito del inc. a) art.11 ley 16.600 3.800,oo 5.186,24 8.986,24 Indem. art.73 Ley 22.248 6.690,60 9.131,33 15.821,93 TOTAL GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013..................$ 39.584,96 En fin: de prosperar mi voto se rechazará la demanda respecto de Irma del Milagro Manqui y se condenará a Miguel Céspedes a pagar a favor de Francisca Ortega por sí y en representación de Gildo R. Manqui, la suma de suma de $39.584,96, al 31 de enero de 2.013, la deberá hacer efectiva en el plazo de seis días de la notificación personal o por cédula de este pronunciamiento. Con costas por su orden, por cuanto la interpretación del art. 23 de la L.C.T. que expuse en párrafos precedentes es una cuestión jurídica dificultosa que permitió a la demandada considerar la validez de su planteo defensivo (ver al respecto las notas 191 y 198 de la obra de Loutayf ya citada).

Y tener presente la reserva constitucional formulada.

La Dra. Ana María Guadalupe Varela dijo:Que debo disentir con el voto de la señora vocal que me precede, en virtud de los fundamentos que a continuación paso a desarrollar.- El agravio que esgrime la apelante, referido al pedido de aplicación de la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual cede, sostiene, en el sub lite probados los trabajos, y la persona a favor de quien se realizaron, no resulta desacertada a su entender la presuncional que efectúa y pide se acoja. En el libelo de inicio relata la actora que quien en vida se llamara Juan Carlos Manqui, prestó servicios para el demandado en la categoría de peón rural, describiendo una serie de tareas propias de tal categoría como rastrillar, sembrar, machetear y al fundar el derecho que le asiste invoca a fs. 7, punto IV), consignó la ley 22.248.- Dicha ley, cuya vigencia data del año 1980, en el artículo 3 - previo al título preliminar - establece: "Sustitúyase el texto del artículo 2 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744, modificado por ley 21.297, por el siguiente : "Art. 2 - .Las disposiciones de ésta ley no serán aplicables: .c) a los trabajadores agrarios". Al respecto de esta norma comenta Grisolía: "Los restantes (servicio doméstico y trabajo agrario) si bien ciertamente se trata de trabajo dirigido, se ha justificado la aplicación de regímenes específicos independientes en razón de las particularidades del ámbito donde se prestan las tareas (dentro del ámbito familiar o fuera de una organización de tipo empresarial típica respectivamente) ("Ley de Contrato de Trabajo Comentada " Julio a Grisolía - pág. 30 - Ed. 2011). En consecuencia no resulta aplicable en autos, el artículo 23 de la L.C.T., ni ningún otro artículo contenido el tal cuerpo normativo.

La cuestión central a resolver, es si existió o no la relación de dependencia del señor Juan Carlos Manqui como peón en la finca de propiedad del señor Manuel Céspedes, a quien en demanda le atribuye el carácter de empleador. A tal fin resulta necesario recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 22.248, existe contrato de trabajo agrario cuando una persona física realice, fuera del ámbito urbano, en relación de dependencia de otra persona, tareas relacionadas con la actividad agraria, ergo la nota característica de la relación de dependencia es esencial para la existencia del vínculo.

En autos, ésta cuestión solo fue objeto de prueba testimonial; por lo que entiendo que corresponde volver merituar en esta instancia los testimonios producidos.- La señora Antonia Gareca - fs. 266 -, quien declaró haber sido concubina del extinto, que convivió con el catorce años hasta dos años antes de su muerte, que ambos vivieron en la finca del demandado, que con Manqui sembraban juntos, han criado chanchos, gallinas, que ella le arrendaba a Céspedes más o menos tres hectáreas, manifestó que el causante no era empleado de aquel, que no tenía nada que ver con Céspedes, que el arreglo era con ella, que cuando se fue de ahí - antes de empezar a declarar a tenor del pliego dijo que se fue porque siempre ha tenido problemas con la señora Ortega - le pidió a Céspedes que Manqui se quedara ahí porque no tenía donde ir. Expresó también que con aquel vendían animales y de ahí sacaban plata; que cuando ella se fue el había quedado en la finca cuidando los chanchos. Afirmó que también plantaban todo tipo de verduras, la vendían y con eso pagaban el arriendo.

Juan Alberto García - fs. 267 vta. /278 - declaró que conoce la finca, la describió ubicada en la ruta 15, es un camino de ripio que sale para la finca "Las Varas", que la arrienda desde el año 2000 más o menos. Dijo que a Manqui lo vía sembrar maíz, zapallo, verduras de todo un poco, que en un principio vivía con la señora Antonia Gareca, luego ella se retiro de la finca; que el occiso vivía ahí en la finca en una piecita que era de material y una cocinita, que Manqui tenía chanchos y gallinas, que salía a vender animales, pero no sabe si estaba autorizado a vender o eran de el. Que el declarante cultivaba soja pero a Céspedes no lo vió cultivar nada, que cuando estaba Manqui sembraba tres hectáreas y al resto las sembraba él, que no lo vio hacer trabajos de sereno, ni vio que recibiera órdenes del demandado, que tampoco lo vio rastrillar, ni machetear, es más, manifestó que él le rastrillo el pedazo que tenía Manqui.

El señor Pedro Toledo Peña- fs. 268 vta/269- expresó ser amigo de Céspedes, y comparto en este sentido el análisis de la imparcialidad del testigo efectuada por la Dra. Domecq, aun cuando aclaró que aquél dijo que comenzó a ir a la finca tres años antes de la muerte del señor Juan Carlos Manqui, no tres años después. De todas formas cuando respondió la pregunta 2 a fs. 265 vta. expresando: " pero sembraba para él, a renglón seguido aclaro que lo sabe por dichos de Céspedes, ergo este testimonio carece de eficacia probatoria.- La declaración del señor Jorge Cesario Rivas - fs 362 -al igual que la del señor Alberto Romero- fs 363 -, nada aportan a la causa, ya que el primero no sabe donde trabajaba Manqui, y el segundo sabe que trabajaba en una finca, pero no quien era el patrón.

René Alberto Olivera - ver acta fs. 362 vta. - declaró que ha conocido de vista a Manqui donde el trabajaba, en la finca del señor Céspedes, porque él vive para ahí. Narró este testigo que el extinto manejaba un camión Masey Ferguson que se paró en medio del campo. A la pregunta si sabe para quien trabajaba Manqui, respondió: " "yo pienso que si él estaba manejando el tractor, tiene que ser que trabajaba para él, es decir que no sabe sobre tal hecho, se limitó contestar lo que piensa, después a las preguntas 3 y 4 del pliego de fs. 361, contestó que no sabe que tipo de trabajo realizaba, ni cuanto tiempo permanecía en la finca, ni cuantos días a la semana trabajaba, tampoco recuerda en qué fecha comenzó a trabajar para el demandado. A continuación, cuando se le preguntó, cómo sabe que hacía con el tractor en la finca de Céspedes, respondió "porque lo ha ido a buscar para que lo tire y él ha subido al tractor y lo ha manejado mientras él lo estaba tirando". Si bien dijo éste testigo que solía verlo a Manqui y conversaban, con ello no se acredita la relación laboral. En resumen este testigo tampoco aporta a la causa elemento alguno tendiente a acreditar la vinculación laboral.

El testigo Raúl Adolfo Ramírez - fs. 362 vta/363 vta declaró que fue vecino de finca con el señor Manqui , ya que su viejo tiene una finca en Paso Las Varas, al lado de la del señor Céspedes.- Que Manqui trabajó para el demandado en aquél tiempo, que está hablando del año 96, 98 o 99 y lo sabe porque el extinto se lo decía.- A la respuesta de la pregunta 3 del pliego respondió que sería mantención de la finca, que es lo que lo veía hacer, manejar los vehículos, la maquinarias, que lo veía a él, era un tractor y una rastra; que no sabe el horario de trabajo pero sí que vivía en la finca porque él estaba mañana y noche ahí .- A la pregunta 2 referida a que lo vio hacer, que tipo de trabajo, contestó movimiento de tierra, cultivo eso sería más o menos lo general .- No vio a Céspedes darle órdenes a Manqui.- A la pregunta 7 en relación a si recuerda o sabe qué se sembraba en la finca de don Céspedes, dijo que ahí por lo general era zapallo, choclo, mandioca , que quien hacía esas tareas era el señor Manqui , que en el año 99 el testigo se fue de la finca y no volvió más, que a partir de ahí no supo nada del occiso .- También se le preguntó si aquél tenía en la finca de Céspedes unos chanchos, gallinas que vendía en la finca, a lo cual el testigo respondió en forma afirmativa que sí tenía animales, eran chanchos y gallinas pero no sabe si eran propios ni qué hacía con ellos, idéntica respuesta efectúa respecto de la pregunta referida a si los zapallos que voy cultivar eran propios, eran de Céspedes o mediero.- A fs. 363 vta 364 consta en el acta lo declarado por el señor Pedro Tomás Yonovich quien atestiguó que lo conocía al señor Manqui porque era vecino, que vivía a la vuelta de su casa, que él estaba en una finca, trabajaba, que decía que era del señor Céspedes, que no fue a la finca, fue la única que lo veía a él cuando venía de su trabajo a su casa, el testigo andaba en un camioncito y a veces cuando Manqui iba en bicicleta cargando con mercadería para que no vaya así, lo llevaba hasta la ruta, no entraba a la finca , lo dejaba en la ruta y el portón estaba sobre ella.- A la pregunta 3 referida para que el testigo si sabe como lo sabe qué tareas realizaba el señor Manqui, respondió que manejaba un tractor Masey , que lo vio manejando en el pueblo cuando iba a la casa de la señora Pancha, que aquél vivía en la finca e iba a la casa de la señora.- A la respuesta 4 referida a si el testigo sabe, como sabe, y cuantas horas trabajaba el señor Manqui, dijo que no sabe.- También dijo éste testigo que Manqui trabajaba en la finca desde el año 86, 87 hasta que pasó ése accidente en el año 2005 y lo sabe porque en esa época se perdió del barrio, se fue a la finca él no lo veía más, se lo veía esporádicamente que iba y venía.- Párrafo aparte, me merece la incorrecta critica de la recurrente respecto del la omisión del juez de grado de considerar los testimonios de la causa penal, particularmente la del hijo del señor Juan Carlos Manqui, Gildo Roger Manqui, al respecto basta verificar que en la causa penal que obra reservada en secretaria, que tengo a la vista, de su compulsa surge que el demandado no intervino en dicha causa, por tal fundamento aquella no fue sujeta al contradictorio, de ponderarse la misma, se afectaría el derecho de defensa en juicio y el debido proceso de neto raigambre constitucional.- Por otra parte, cabe aquí recordarle a la quejosa que el menor Gildo Roger Manqui, por ella representado conforme surge del escrito de fs. 5, es parte en esta causa, ergo no puede ser testigo.- Resulta también carente de asidero jurídico el razonamiento efectuado por la impugnante a fs. 306 vta., al sostener que al haberse producido la muerte del señor Juan Carlos Manqui en la finca del señor Manuel Céspedes, esta sola situación hace presumir la existencia de la relación de dependencia denunciada en la demanda, no existe norma alguna en apoyo de tal afirmación.- Por otra parte, los argumentos vertidos en el memorial para restar eficacia probatoria a la testimonial de la señora Antonia Gareca, resultan totalmente inconsistentes, el testigo Juan Alberto García - al cual omite hace referencia la quejosa - ha relatado que aquella convivía con Manqui en la finca arrendando tres hectáreas a Cépedes, mientras él arrendaba el resto del campo.- Pretende la apelante, que con la declaraciones los señores Raúl Adolfo Ramírez y Pedro Tomás Yonovich, se debe tener por acreditada la relación de dependencia, sin embargo como analice supra la primera, lo da cuenta de que en los años 96, 98 99 lo veía a Manqui manejar vehículos, maquinarias, que vivía en la finca pero no vio que el demandado le diera órdenes, y el segundo sabe que trabajaba en una finca que todos decían que era de Céspedes, no declaró nada en relación a las tareas que hacía en la finca, solo lo vio manejando un tractor en el pueblo.

En conclusión ante la negativa de la relación laboral realizada en la contestación de demanda, en la cual el accionado manifestó que le otorgó a Manqui en comodato un predio dentro de su finca, que éste utilizaba en provecho, la parte actora tenía la carga de probar los hechos narrados en demanda, lo cual no ha logrado en el curso del proceso, ya que al limitarse a la prueba testimonial, las declaraciones deben ser precisas y categóricas, sin dejar dudas al respecto, siendo que las producidas en autos son insuficientes e imprecisas.- Por los fundamentos expuestos, normas legales, voto porque se rechace el recurso de apelación y se confirme el fallo, imponiendo las costas a la parte actora de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del C.P.C. y C. y se tenga presente las reservas efectuadas.- El Dr. Jorge Daniel Cabrera dijo que adhiere al voto de la Dra. Varela.

Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO: F A L L A I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas.II. Tener presente la reserva formulada a fs. 379 y vta..

III. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.IV. Mandar se copie, registre, notifique y que sean remitidos oportunamente estos autos al Juzgado de origen.