marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, confirmación de sentencia, robo en poblado y en banda, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: T., D. c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "T., D. s/excarcelación" (Causa N° 20.266/19) resuelta el 10/4/19 donde Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela, confirmaron (con los alcances que surgen de la resolución) el auto del juez de la instancia de origen que no hizo lugar a la excarcelación bajo ningún tipo de caución de una persona que fue procesada por robo en poblado y en banda reiterado en dos oportunidades (arts.167 inciso 2 y 55 del CP) que integraba un grupo de tres personas que conjuntamente abordaban e intimidaban a víctimas para desapoderarlos de sus pertenencias, con violencia y en la vía pública.
Facultades de la administración, empleo público, remuneración, reducción salarial, ley de emergencia, emergencia económica, criterio de razonabilidad, intangibilidad de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Müller, Miguel Ángel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Contaduría General- Ejército Argentino -decreto 430/00 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-10

El Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución (del dictamen del Procurador General que la CSJN hace suyo).
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Tamayo Daza, Armando s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

El tráfico no es una acción específica sino un proceso constituido de varios eslabones sucesivos y que se describen a lo largo del artículo 2 de la Ley 20.771.

El almacenamiento no resulta de tener simplemente la droga, sino de poseerla como etapa previa a su distribución o venta; si en tal etapa fue descubierto el hecho, así debe calificarse la conducta (artículo 2, inciso c) de la Ley 20.771).
Falso testimonio, elemento subjetivo, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: LASPUCHIN, Marcelo Gabriel y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

El delito de falso testimonio requiere, como elemento subjetivo, el conocimiento por parte del sujeto activo de que sus dichos se apartan de lo sabido, sin perjuicio de la veracidad de aquello que tiene por cierto (*).

Si las contradicciones que se advierten en los testimonios sólo son sobre puntos intrascendentes y no influyeron de modo perjudicial para el recurrente en la resolución emitida por el juzgado, debe confirmarse la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito.
Usurpación de inmueble, juicio de desalojo, posesión, tenencia simple
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arellano, Donato Juan c/ Chamorro, Ramón, ocupantes y/o subinquilinos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

Habiendo el demandado usurpado y desposeído a la titular dominial, la conformidad y anuencia a la facultad de disponer de la segunda por el primero, importa un claro reconocimiento de éste (usurpador) al derecho de propiedad de aquella, y al ejercicio por la misma de tal derecho real, con lo cual, magüer su usurpación, no puede ser, de ahora en más, otra cosa que un tenedor del inmueble objeto de la negociación (arts. 2351, 2352, 2462 inc. 6 y 1198 1ra. parte del CC).
Acción de amparo, parto inducido, aborto no punible, derecho a la salud, derechos de la persona por nacer, derechos y garantías constitucionales, anencefalia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCBA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

Tratándose de una confrontación directa entre la decisión de los padres acerca de la interrupción del embarazo, aconsejada o prevista médicamente, y el cúmulo de reglas constitucionales y reglamentarias comunes que pretenden dilucidar el conflicto entre la vida de una persona por nacer y la salud de su madre -que cumplido el quinto mes del embarazo se detectó que la persona por nacer era anencéfalo, el feto carece de cabeza, ésto es, están ausentes por una malformación, los hemisferios cerebrales y la calota cranenana, teniendo viabilidad nula en la vida extrauterina-, constituye una seria confusión de conceptos, debida quizás a cierta ligereza reflexiva, el pensar del a quo que la autorización que se solicita por el amparo es un "aborto" o, que pueda asemejarse, pues deben cumplirse los tres elementos esenciales objetivos, que deben existir en la realidad, para que un comportamiento pueda ser calificado como un aborto: la existencia de un feto vivo, que la acción signifique una interrupción del embarazo y el resultado de muerte; la muerte debe ser el producto de la expulsión prematura, y la acción en discusión no presupone ni va dirigida a la muerte de feto alguno, sino que, por lo contrario, consiste en anticipar el momento de la vida extrauterina, pensar de otro modo sería prohibir el parto prematuro -incluso una cesárea-, cuando esté indicado médicamente o pedido para facilitar el alumbramiento con vida y, más aún hacer depender del hecho objetivo de la muerte producido por otras causas -morirá rápida y necesariamente en razón de su malformación anencefalia-, la determinación y punición del delito de aborto.
Daños y perjuicios, bancos, responsabilidad del banco, datos del solicitante
Materia: CIVIL
Carátula: LEMOS,  Miguel  Ángel c/ HSBC  BANK ARGENTINA y otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-18

1- Es procedente la demanda por daños y perjuicios contra dos bancos que procedieron a la apertura de cuentas corrientes y cajas de ahorro a nombre de una persona sin comprobar debidamente su identidad y como consecuencia de esta negligencia se le reclamó una deuda que no contrajo. 2- Aun cuando los empleados bancarios fueron inducidos a error por la concordante documentación presentada por el impostor que solicitó la apertura de las cuentas, es evidente que los bancos adoptaron recaudos insuficientes para evitar el fraude realizado. En el caso adquiere relevancia el concepto de "actividad riesgosa", generadora de riesgos a terceros y, no solo media atribución subjetiva de responsabilidad por omisión de controles, sino que la misma circunstancia permite atribuir responsabilidad por riesgo -en los términos del art. 1113, párrafo segundo del Código Civil- por aplicación de la doctrina del "riesgo-provecho" en virtud de la cual quien se beneficia con una actividad riesgosa se encuentra obligado a resarcir los daños derivados del riesgo por la actividad de la que obtienen ganancias. 3- La responsabilidad de cada banco es diferente a cada uno de ellos, en tanto uno pese a conocer la investigación que le requirió información acerca de la titularidad de las cuentas abiertas y recibir una carta documento del damnificado negando haber relación con la entidad continuó con llamados telefónicos reclamando una supuesta deuda, mientras que respecto del otro banco no se probó requerimiento alguno a raíz de las cuentas abiertas ante el conocimiento del fraude. (Sumario N°20890 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Expropiación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPANER, Héctor Atilio c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

En el juicio expropiatorio la vigencia de aquel principio general según el cual se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar en juicio para pedir justicia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t.III, p. 367 y sus citas), como así que sólo en el supuesto excepcional de que el expropiado impugne, sin éxito, la declaración legislativa de utilidad pública se justifica la modificación del régimen de las costas (conf. Maiorano, "La expropiación en la ley 21.499", p. 120 y sus citas; C.N.Civ. Sala G. L.284.893 del 24/11/82; L.270.270 del 22/7/81 y L.289.521 del 10/10/83), la improcedencia de alguno de los rubros indemnizatorios, que la expropiante no individualiza, no impide la calificación a que alude el art. 68 del Código Procesal, por cuanto dada la naturaleza resarcitoria deben ser impuestas a la Comuna, aún cuando la demanda no prospere íntegramente, salvo supuestos de excepción.
Trabajadores de la construcción, subcontratista, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RIVEROS ANTONIO CARLOS Y OTROS c/ HORMIVIAL S.R.L. s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-09-12

La norma del art. 32 del estatuto Especial de la construcción tiene la exigencia de demandar del contratista, el cumplimiento inexcusable de "requerir"(ab initio) la constancia de la inscripción del subcontratista por cuya causa su cumplimiento indebido (denuncia del número de registro, o toma de razón, o constancia allegada a posteriori), no purga la falta, que se ve agravada por la omisión de comunicación sobre el inicio de la obra y su ubicación.
Letra de cambio, avalista, sociedad constituida en el extranjero, pago por consignación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LATINA  DE  GESTION HOTELERA S.A. c/ SCHERZER, FEDERICO VICTOR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-14

Resulta procedente una demanda por consignación, efectuada por cierta suma en pesos correspondientes a capital y CER, a fin de abonar los pagarés que instrumentaron la cancelación de una operación efectuada en dólares, relativa a la transferencia del paquete accionario de una S.A. a favor del actor. En ese marco, cabe desestimar la pretensión del acreedor, en tanto postula que dicho pago no resulta suficiente para liberar al avalista, en tanto se trata de una sociedad extranjera, pues no resulta alcanzada por la normativa de pesificación. Ello así, toda vez que no fue integrada la litis con el avalista; pues se trata de un tercero ajeno al proceso. Por otro lado, del acta notarial adjuntada no resulta que el librador hubiese pretendido que el efecto cancelatorio se extendiese a dicho obligado cambiario.
Daños y perjuicios, daño resarcible, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sarmiento Jorge Ariel y otros c/ Cespedes Carillo Mireya I de las mercedes s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-12

De no haberse producido pruebas específicas que permitan inferir una afectación particular, la turbación que pueda haber existido al proyecto de vida de la víctima "Daño a la vida en relación", como así también el "Daño a la libertad de acción", padecimiento espiritual sufrido, debe entenderse comprendido en la indemnización dispuesta para el "daño moral".
Daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, enfermedad accidente, SIDA, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: T., V.L. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-24

Disidencia de la Dra. Lozano:

1- En el caso de contagio de enfermedades, cuando sea imposible esperar certeza o exactitud en materia de nexo causal, el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia. A la luz de ello, se tendrá por configurada tal relación cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad, como sucede cuando el daño fue precedido por la creación de un riesgo injustificado o por la creación culposa de un estado de peligro.- 2- La ley 24051 de residuos peligrosos se vale de un módulo abstracto para calificar los residuos como peligrosos, en donde quedan incluidos todos aquellos desechos clínicos resultantes de la atención médica y que sean peligrosos por su potencialidad dañosa abstracta y objetiva. De acuerdo a tal dispositivo legal, el responsable no se exime aunque acredite la culpa de un tercero, porque la norma hizo un agregado, exigiendo la demostración de que, a pesar de haber sido diligente en la evitación de la acción del tercero, éste igual causó el daño.-
Acción de amparo, existencia de otras vías, Junta Nacional de Carnes, resoluciones, recursos administrativos, establecimientos faenadores de ganado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Deledda, Francisco y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo-medida cautelar innovativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

La existencia de una vía legal para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad del amparo, por lo que no se han agotado las vías administrativas previstas en la ley de la materia a pesar de que la resolución N° 408/87, dictada por la Junta Nacional de Carnes, no contiene mención alguna de las razones que la llevaron a excluir a determinadas categorías de personas de las actividades de faena de ganado bovino y abastecimiento de la carne resultante y a permitir que otras continuaran con dicha actividad.
Facilitación culposa de contrabando, facilitación culposa de contrabando por funcionario aduanero, prescripción de la acción penal, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: IMPORTADORA Y EXPORTADORA GLOBUS S.R.L. s/ Contrabando Causa 24701- Causa 28386
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Investigándose en autos la presunta conducta culposa de funcionarios aduaneros, que esa actividad culposa haya originado conductas dolosas no puede ser tenido en cuenta para el término de la prescripción o para la calificación de la conducta aquí investigada, pues no existe elemento de juicio alguno que permita conectar ambas conductas como consecuencia de una colusión dolosa. De seguirse tal criterio, se desvirtuaría la esencia del contrabando culposo pues siempre esta figura es la que reprime una conducta que ha posibilitado la configuración de un contrabando doloso. La falta de connivencia entre los sujetos (el culposo y el doloso) es la que origina encuadramientos distintos con plazos de prescripción también discímiles.
Medidas de seguridad curativas, internación, imputado no procesado, declaración indagatoria, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ MARTINEZ, EZEQUIELA s/ IMPUTADO - INIMPUTABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

La internación dispuesta sobre persona no legitimada en el proceso, como lo es quien sólo ha declarado a tenor del art. 236, 2 parte, del C.P.M.P. es ajena a las atribuciones jurisdiccionales del Juez Penal, resultando indiscutible la intervención del Juez Civil.

La inconveniencia de una audiencia indagatoria probablemente ingobernable no exime al magistrado de adoptar las medidas procesales impuestas por la normativa legal, sin perjuicio de su facultad para suspender el acto cuando lo estime pertinente.
Delito de omisión, numerus clausus, principio de legalidad, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

La elaboración de tipos omisivos no escritos a partir de estructuras típicas activas es inconstitucional, por implicar una violación al principio de legalidad estricta (art. 18 C.N.) como consecuencia de la aplicación analógica de la ley penal "in malam partem".

Los delitos omisivos han constituido siempre uno de los problemas más complejos de la teoría del delito, tanto en su perspectiva de fundamentación como desde su consideración sistemática, porque en cualquiera de sus dos modalidades se corren serios riesgos de lesiones a principios constitucionales.

No matar no es lo mismo que cuidar la vida ajena y sólo desde un normativismo extremo puede admitirse una identificación plena entre actuar y omitir. Pero el derecho debe reconocer un límite óntico y reparar que con el puro normativismo se le abren al poder punitivo todas las realidades que el poder puede construir.

Luego, el principio de reserva de ley y de certeza llevan a privilegiar el enunciado prohibitivo y sólo por excepción a admitir el imperativo y dado que no existe equivalencia, ni correspondencia, entre acción y omisión, los delitos omisivos (en especial los impropios de omisión) al igual que los comisivos, los dolosos o los culposos, deben estar expresamente tipificados en la parte especial porque así lo exige el principio de legalidad. (Del Voto del Dr. Erbetta que hace Mayoría)
Franquicias aduaneras, régimen de comprobación de destino
Materia: ADUANERO
Carátula: Pentamar S.A. (T.F. 7951-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La configuración del incumplimiento formal al que se refiere el art. 968 inc. a) del C.A. se vincula, conforme lo pusiera de resalto esta Sala, aunque respecto de una cuestión distinta a la que aquí se juzga, con que el fin perseguido por la ley -en lo que hace a la demostración del cumplimiento del destino de la mercadería- al otorgar franquicias como las que aquí se trata, no es sólo el que se use correctamente lo importado, sino, además, que la autoridad aduanera, encargada de vigilar el correcto destino de la mercadería, pueda comprobarlo (cfme. sentencia recaída in re "Automotive Materiales Corporation s/ apelación", del 28/12/93 y sus citas). Por tal razón aún cuando no se afecte la finalidad que motivara el otorgamiento del beneficio mediante aquél incumplimiento -circunstancia ésta que impide que caiga la procedencia de la exención otorgada en el régimen y que la conducta se encuadre en el art. 965 del C.A.- ello no obsta a la configuración del tipo infraccional previsto en el inc. a) del art. 968 del C.A. (Consid.

6º).
Transacción, firma, falta de firma, inexistencia del acto jurídico, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: KNOP. JULIO ANIBAL Y OTRO c/ SALZMAN ALBERTO Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-02

Sea que se considere la transacción como un contrato bilateral (conf. Llambías, "Tratado de derecho Civil - Obligaciones", t.III p.

78 nro. 1808), o como un acto jurídico bilateral (conf. Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t. 3 p. 707 nro. 4), las que sean celebradas por las partes extrajudicialmente y que estén instrumentadas en un ejemplar único y suscripto por sólo una de ellas, de ser invocada por ésta queda a su cargo la prueba fehaciente de su existencia, toda vez que de conformidad con lo prescripto por el art. 835 del Código Civil, la interpretación acerca del punto es de carácter restrictivo y si ninguna prueba se ha aportado en tal sentido ante la negativa de la otra parte no cabe sino concluir en la inexistencia de transacción.
Pensiones graciables, prescripción, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALES CLEMNT AURELIO ANSELMO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ACCION SOCIAL) s/ COBRO DE PESOS - JUBILACIONES Y PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Aun cuando el art. 88 de la ley 18.037 integra el régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, la amplitud de su acto lleva a reconocerle aplicación a todos los supuestos de jubilaciones y pensiones "cualesquiera fuera su naturaleza", pretendiendo de tal manera uniformar en tal aspecto toda la materia previsional. Las pensiones previstas en las leyes 16 516 y 22.462 otorgadas graciablemente por el estado están sometidas al régimen de prescripción previsto en las disposiciones del art. 88 de la ley 18.037.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, robo con armas, fuerza mayor, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS c/ MARINE S.A. s/ CONTRATOS. CONTRATO DE GARAJE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-11

Por lo general, el robo a mano armada no exime de responsabilidad al garajista, máxime en el supuesto de que este no haya impuesto a su negocio un sistema de cuidado acorde con la magnitud del negocio explotado y con la importancia de los bienes cuya guarda asume. Por tal consecuencia, la invocación de fuerza mayor como causal de exención de responsabilidad resulta improcedente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, agravantes de la pena, robo con armas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

El tipo básico ubica la modalidad con violencia física en las personas, tanto antes del robo para facilitarlo, como en el acto de cometerlo o después de cometerlo para procurar su impunidad. En cambio, el tipo calificado que nos ocupa refiere al robo que "se cometiere con armas", lo que permite apreciar que en este caso la violencia tiene que tener lugar durante la ejecución hasta la consumación mientras que el tipo básico amplía la localización temporal de la violencia. La diferencia apuntada lleva a que fuera del momento de ejecución puede llegar a utilizarse arma de fuego sin que el hecho supere el tipo básico, por lo que puede afirmarse que el legislador no ha valorado especialmente la objetividad del riesgo del uso de arma (pues desde ese punto de vista no cabría diferenciar el momento en que se la utiliza para robar), sino el mayor poder intimidatorio de toda arma sobre la víctima que tiene que ser despojada, en el preciso momento de la ejecución de la depredación en el que puede ejercer sus defensas para impedir el desapoderamiento. (Del voto del Dr. Bernardini). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Caducidad de la inscripción, prenda
Materia: CIVIL
Carátula: Nuevo Banco de Entre Rios S.A. c/ Agropecuaria Sur S.A. s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-10

La caducidad prevista en el art.23 del Decreto ley 15.348/46, opera para y frente a todos los interesados, partes y terceros, aunque deje subyacente el derecho.(Del voto de la mayoría Dres. Pauletti -Delrieux).