Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26


SENT. DEF. Nº: 19.967	EXPTE Nº: 12.757/2010 (29250) JUZGADO Nº: 11 SALA X AUTOS: "SAHONERO SIMON PEDRO C/ MAPFRE ARGENTINA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL"	Buenos Aires, 26/06/2012.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante de grado tuvo por acreditada la existencia, en cabeza del reclamante, de una minusvalía física definitiva y permanente del 56% de la t.o. resarcible en el marco de la ley 24.557 y, consecuentemente, condenó a Mapfre Argentina ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11.4.b y 15, ap. 2 del cuerpo legal citado en un único pago y sin aplicación del tope fijado por la última norma citada.

Tal proceder mereció los agravios de ambas partes, quienes recurren la misma a tenor de los memoriales obrantes a fs. 175/78vta (actora) -con réplica de su contraria- y fs. 189/93 (demandada). También hay apelación del perito contador, de la representación letrada del actor y de la demandada en orden a los estipendios fijados en origen (ver fs. 173, 178vta y 192, pto. IV).

La parte actora cuestiona que no se hubiera declarado la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09, porque considera reducido el porcentaje de incapacidad fijado, con exclusión de la daño psicológico constatado y por la fecha desde la cual se estableció la aplicación de intereses.

A su turno, la accionada se alza porque entiende que el magistrado "a quo" al establecer el monto de condena en concepto de prestaciones a su cargo omitió aplicar el art. 14.2.b) de la LRT, pues yerra al declarar aplicable el art. 15 ap. 2 inc. b) de dicho orden normativo y decretar la inconstitucionalidad del tope allí establecido.

Impuesto del contendido de los recursos interpuestos, trataré en primer término el agravio de la parte actora relativo al porcentaje de incapacidad padecido por el Sr. Sahonero, adelantando mi posición en sentido adverso al pretendido.

Así lo sostengo porque pese a las consideraciones formuladas en el segmento recursivo, la parte actora no alcanza a controvertir de modo concreto y razonado cada uno de los argumentos expuestos por el Dr. Gómez para resolver como lo hizo. Obsérvese que centra su discenso en las consecuencias psíquicas que el accidente en sí pudo provocar en el actor, más no rebate que, entre otras cosas, el daño psíquico fue desestimado con basamento en que la perito médico puntualizó que el examinado revela una personalidad dentro de los límites normales y que no existen rasgos depresivos ni otros factores que puedan llevar a la existencia de un cuadro de neurosis transcurrido más de tres años del episodio de autos y tales fundamentos, al no haber sido objeto de una crítica concreta y razonada, arriban incólumes a esta alzada.

Por lo expuesto, estimo que debe confirmarse tal aspecto del decisorio de grado.	En lo que hace a la aplicación del decreto 1694/09 a las consecuencias del infortunio de autos, acaecido el 3 de octubre de 2008, estimo ajustado a derecho el temperamento adoptado en la instancia anterior porque dicha postura ésta apuntalada por la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aunque referida a la aplicación de las modificaciones introducidas por el decreto 1278/2000 (de similares aristas al presente) estableció que "corresponde rechazar el planteo referido a la aplicación del decreto 1278/2000 respecto del trabajador fallecido, en cuanto incrementó el tope indemnizatorio establecido en el art. 15 y 18 de la LRT y fijó un pago directo a los derechohabientes, pues la norma no estaba vigente al momento de la muerte del trabajador" (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo).	Desde tal enfoque, los argumentos expuestos por el procurador general y a los que adhiere el máximo tribunal en la causa citada, resultan, mutatis mutandi, aplicables al caso de autos en cuanto refiere a la vigencia del decreto 1694/09, lo que así se decide.

A su turno, le asiste razón a la Mapfre Argentina ART S.A. en señalar que, de conformidad con el porcentaje de incapacidad fijado (56% de la t.o.), resulta de aplicación lo normado por el art. 14 ap. 2 inc. b) de la ley 24.557, porque la regla del art. 15 del mismo cuerpo legal regula el supuesto de incapacidad permanente total, es decir, aquella superior al 66% de la t.o..

Sin embargo, los fundamentos expuestos por el magistrado de grado relativos a la forma de pago fijada por el art. 15 de la L.R.T. son plenamente trasladables al caso sub examine porque son pasibles de los mismos reparos constitucionales y, en lo que aquí interesa, han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes citados por el "a quo".

En efecto, a tales fines basta con recordar que nuestro más Alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del régimen de pago mediante una renta periódica de las prestaciones fijadas por la ley 24.557 en la causa "Milone, Juan A. c/ Asociart SA ART" del 26-10-04, con consideraciones referidas a un caso de aristas similares al presente. En dicho precedente el máximo tribunal señaló que "aún cuando la L.R.T. no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche [.] por no establecer excepción alguna para supuestos como el "sub examine", en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura" (considerando 9º del voto de la mayoría).

En ese marco señaló que "el sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b de la ley 24557, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esta vía la finalidad protectora de la ley (Constitución Nacional arts. 16 y 75, inc. 23)", concluyendo en resumidas cuentas que "la norma contenida en el art. 14.2.b de la ley 24557 consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis de la CN) al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio".

Ahora bien, distinta podría ser la solución a la que se arribara en relación al tope legal fijado por la norma que resulta aplicable al sub lite, me refiero al art. 14.2.b de la L.R.T., pero consideró que el agravio en cuestión no llega a concretar la medida del interés recursivo.

Y digo esto porque en trance de resolver la cuestión no puede soslayarse que el parámetro (en cuanto al monto y la extensión de su pago) fijado por aquella normativa difiere en lo sustancial al previsto por el art. 15 apartado 2do del mismo cuerpo legal, pues el primero de ellos establece, en lo que aquí interesa, que: "cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%) una renta periódica -contratada en los términos de está ley -cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso mensual base multiplicado por el porcentaje de incapacidad", prestación que "está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor esperado de la renta periódica en ningún caso será superior a pesos ciento ochenta mil ($180.000)", lo que implica realizar una ecuación económica destinada a establecer, en definitiva, cuál sería aquel importe que permitiera obtener una renta como la prevista en la norma.

Es decir que, a diferencia de lo que ocurre con el art. 15 ap. 2do. de la L.R.T. que establece a través de su cálculo (53 x I.B.M. x coeficiente que resulte de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la 1ra. manifestación invalidante) el monto por el cual debe efectuarse la renta; la aplicación del art. 14.2.b) no acarrea la misma solución, salvo que se entienda que, declarado inconstitucional el pago en forma de renta, debería abonarse una prestación única igual al I.B.M x el % de incapacidad multiplicado por los años que le restan al accionante para acceder al beneficio de la jubilación que prima facie debería fijarse en los 65 años, obteniendo así el siguiente resultado (una renta periódica cuya cuantía será igual al valor del I.M.B. -en el caso $2.751,80- x el % de incapacidad -56%- hasta que el damnificado esté en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa [a la fecha del siniestro el actor tenía 20 años y a la fecha del pronunciamiento 24 años, o sea que le restan 41 años para jubilarse -492 meses-; Total: $758.175,93), lo que además de resultar irrazonable (pues basta con colocar dicho importe a una tasa de interés anual del 5% para obtener el rédito fijado por la norma), implicaría además una modificación in pejus en contra del propio recurrente.

A su turno y toda vez que la accionada tampoco indica cual sería el monto del capital que podría arrojar el resultado esperado por el precepto legal, podría ser válido obtener el mismo, recurriendo y que esto quede claro, sólo a los efectos del cálculo matemático o si se quiere financiero, a la conocida formula "Vuotto" fijada por la Sala III de esta Excma. Cámara en autos "Vuoto, Dalmero Santiago c/ Telefunken Argentina SAIC s/ Accidente de Trabajo" del 16/6/78 pues en el caso se trataría de determinar el importe que, colocado a un interés puro, se amortice en el período de vida que le resta a la víctima para acceder a la jubilación por cualquier causa, mediante el retiro de sumas periódicas equivalentes al I.B.M. multiplicado por el porcentaje de incapacidad (según términos del art. 14.2.b).

Sin embargo, en el caso concreto tales cuestiones no dejan de ser meras conjeturas, pues lo cierto es que no se advierte visible algún perjuicio económico para la accionada, por lo que habré de confirmar la condena al pago de la suma establecida en grado, pues comparto cierta jurisprudencia reciente que ha señalado que "cuando se deja de lado el modo de pago mediante rentas periódicas -sea mediante la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo adoptado por la LRT o por aplicación del Convenio 17 de la OIT- no corresponde entregar al damnificado una suma equivalente a las rentas que eventual y condicionalmente debería percibir si se aplica ese método de cobertura de la contingencia", pues "como es obvio, ese mecanismo de protección fue diseñado para enfrentar la contingencia a largo plazo y en el contexto de esa forma periódica de pago pero no parece lógico utilizar sus parámetros de liquidación cuando se opta por la cancelación de la obligación resarcitoria tarifada mediante un pago único", resolviendo que para tales supuestos parece "razonable utilizar la metodología de cálculo prevista en el art. 14 apartado 2 inciso a) de la misma ley, sistema también previsto en el art. 15 apartado 2, párrafo 2" (CNAT, Sala II, del 15/7/2011 en autos "Montecucco, Jorge Alberto c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ Acción de amparo").

Por todo ello y, atendiendo a los parámetros fijados en grado, no caben dudas en cuanto a que la aplicación al caso del tope que establece la norma cuya inconstitucionalidad ha sido peticionada fs. 9vta. (pto. XII), resulta confiscatorio y pulveriza de manera diáfana el crédito que, según la propia ley, correspondería percibir al actor sin la limitación que dispone el art. 14 de la Ley 24.557.

Sin embargo, en lo que le asiste razón a la recurrente en cuanto cuestiona el monto diferido a condena en concepto de pago de prestación de pago único fijado por el art. 11.4 de la L.R.T. pues al estar al porcentaje incapacitante en cabeza del reclamante, resulta aplicable lo que surge del apartado b) de la norma citada que fija para el supuesto previsto por el art. 14 apartado 2, inciso b) una prestación adicional de pago único de $30.000 y no de $40.000 con estableció el sentenciante "a quo".

Por ello, el monto diferido a condena habrá de reducirse a la suma de pesos doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta ($295.440).

Resta analizar el agravio de la parte actora, dirigido a cuestionar el punto de partida de los intereses aplicables a las sumas diferidas a condena y, en tal sentido, pretende que los mismos corran desde la fecha del siniestro (3/10/2008) y no desde la fecha del dictado de la sentencia de grado, como fuera establecido por el sub júdice.

Sin embargo tal pretensión, por mi intermedio, no tendrá el alcance pretendido en el recurso y ello así, pues tal como lo mencionó el "a quo" el derecho a percibir las prestaciones diferidas a condena (conf. arts. 14 ap. 2do inc. b) y art. 11.4.b de la L.R.T.) nació en el momento en que se estableció el carácter permanente de las secuelas padecidas por el actor (conf. arts. citados y art. 19 del mismo cuerpo legal), circunstancia que en modo alguno nos conduce a la fecha de ocurrencia del infortunio, sino a la fecha en la que se determina la existencia de un daño resarcible o indemnizable que afecta la capacidad laborativa del trabajador.

Sin embargo, el juego armónico de las disposiciones de los arts. 7.2, 9.2 y 19.1 del marco regulatorio especial, es posible admitir parcialmente la queja incoada, porque al transcurrir un año desde la primera manifestación invalidante ocurrida a la fecha del infortunio la secuela física trastocó en una ILPPD, fecha a partir de la cual el reclamante, atendiendo al carácter declarativo de las sentencias, adquirió el derecho a percibir las prestaciones diferidas a condena, en este caso y de conformidad con lo resuelto, en un único pago.

Siendo ello así, opinó entonces que corresponde admitir parcialmente la queja del reclamante y establecer que el curso de los intereses principie desde el 3/10/2009 y hasta su efectivo pago a la tasa fijada en la instancia anterior.

Sin perjuicio de la modificación propuesta y de lo normado por el art. 279 del CPCCN, sugiero confirmar la imposición de costas establecida en origen, toda vez que se mantiene la condición de vencida de la parte demandada (art. 68 CPCCN).

Propongo confirmar también los honorarios regulados en la instancia anterior a la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y los correspondientes al perito médico y contador, toda vez que los mismos resultan razonables y suficientemente remunerativos respecto del nuevo monto de condena con más intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir el monto de condena a la suma de $295.440 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA) con más los intereses fijados en grado desde la fecha establecida en el presente; 2) Mantener la imposición de costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y los correspondientes al perito médico y contador; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado, atento la manera de resolver y el éxito obtenido de los recursos (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Doctor GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Doctor DANIEL E. STORTINI, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y reducir el monto de condena a la suma de $295.440 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA) con más los intereses fijados en grado desde la fecha establecida en el presente; 2) Mantener la imposición de costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y los correspondientes al perito médico y contador; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado, atento la manera de resolver y el éxito obtenido de los recursos (art. 68, 2do. párrafo del CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

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