Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-16


CAUSA N°11194-01-CC/2006, Caratulada "Incidente de Apelación en autos caratulados: BETONI, Oscar Alfredo s/inf. art. 82 ley 1472 (Mc Donald´s-Patio Bullrich) art. 29 LPC-Apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de Junio de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto a fs. 305/313 por el letrado apoderado de ARCOS DORADOS S.A., Guillermo Díaz Reynolds, contra la resolución glosada a fs. 279/284 en cuanto decreta la clausura preventiva del local de comidas rápidas "Mc Donald´s" ubicado en el interior del Complejo Patio Bullrich sito en la calle Posadas 1245 de esta ciudad, por el término de treinta (30) días, hasta tanto se subsanen las causas que la originan y sin que eso impida la realización de trabajos necesarios para las reparaciones que correspondan -art. 29 de la LPC- Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara manifiesta que corresponde rechazar los planteos intentados por la defensa y mantener la clausura dispuesta por la juez interviniente, conforme a los argumentos que expone en el dictamen de fs. 318/319 vta.

Cumplidos los plazos procesales pertinentes se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- La apelación fue interpuesta por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado, ante la Magistrada que dictó el auto criticado el cual es de aquellos cuya recurribilidad se encuentra expresamente prevista por la ley (art. 29 LPC).

II.- Primigeniamente corresponde puntualizar que las medidas precautorias -entre las que se encuentra la clausura preventiva-, pueden vulnerar derechos de raigambre constitucional; son esencialmente transitorias, provisionales y de aplicación excepcional. Estas características conllevan la necesidad de que el juzgador obre con extrema prudencia al disponer su aplicación y consecuente duración.

En lo que atañe a la clausura, establece el art. 29 LPC que cuando el Juez "verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o seguridad pública" puede ordenar dicha medida. Respecto de los términos utilizados por el legislador, se impone efectuar ciertas precisiones.

El requisito de la verificación de la contravención debe ser correctamente interpretado, ya que de la redacción literal podría entenderse que la comisión de la contravención debe estar plenamente acreditada al momento del dictado de la medida cautelar. Esta interpretación haría desaparecer toda diferencia entre la clausura como medida precautoria -arts. 18 inc. b y 29 LPC- y como pena accesoria -art. 23 inc. 1º del CC-, lo que evidentemente no se condice con el fin perseguido por el ordenamiento jurídico. Además, y conforme el art. 7 del Código de fondo, aquélla télesis impediría en forma absoluta la adopción de la medida cautelar de clausura.

Cabe precisar que el embate defensista dirigido a cuestionar que no se encuentra fehacientemente determinado que el local de Mc. Donald' provoque los ruidos molestos, queda huérfano de todo sostén a poco que se repare en el informe suscripto por personal perteneciente a la Dirección General de Control Ambiental de la ciudad (ver fs. 142/145) .

Procede ahora direccionar nuestro análisis a la constatación de la existencia de determinados elementos que permitan acreditar la presencia de Causa N° 11194-01-CC/2006. Sala II.

los extremos habilitantes para la viabilidad de la cautelar impuesta, circunstancia que, a nuestro entender, queda cumplida teniendo en cuenta el informe ya reseñado y el que arroja la inspección llevada a cabo con fecha 11/05/06 (fs. 234/235), elementos éstos que se encuentran corroborados con los dichos plasmados en las copiosas denuncias efectuadas por el Sr. Larguía -accionar que fuera apoyado por un grupo de vecinos, conforme se desprende de las constancia de fs. 95/96.

Asimismo, resulta relevante lo especificado por la administración mediante Disposición N° 690/DGCBA/2006 en cuanto intima al local de comidas a que de cumplimiento a la ley de Control de Contaminación Acústica de la ciudad (ver fs. 165), habida cuenta de la inmisión de ruidos al ambiente interior oportunamente detectada.

Respecto de la afirmación defensista en torno a que los ruidos que produciría la actividad que se lleva a cabo en el local en cuestión no excede los parámetros fijados por la Ley N° 1540 de "Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", no habrá de tener favorable acogida; ello es así, pues los baremos referidos no son de aplicación a los ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia. Es en esta inteligencia que el TSJ dijo que: "(...) si el legislador hubiese querido integrar el tipo con las reglas jurídicas que rigen las emanaciones sonoras, le bastaba con efectuar un reenvío a los ruidos prohibidos por la legislación vigente. En tal caso, sólo operarían las limitaciones (y correcciones) relativas al volumen, las notas predominantes y la forma de aparición, pues la sección pertinente del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental se refiere únicamente a esas circunstancias. Sin embargo la ley va más allá pues introduce el volumen, la reiteración y la persistencia como elementos calificantes del ruido, para tornarlo disvalioso y contravencionalmente relevante (..)" (Expte. N° 358/00 "Iwán, Félix Jonás s/art. 72 del Cód. Contravencional s/recurso de inconstitucionalidad").

En este estadío del análisis y luego de la descripción efectuada estamos en condiciones de afirmar, con relación a la exigencia del inminente peligro para la salud o seguridad públicas, que se encuentran comprometidas las condiciones de seguridad y funcionamiento del inmueble en cuestión, siendo preciso señalar que para la adopción de la medida cautelar prevista en el art. 29 LPC no es necesaria la certeza de la materialidad de los hechos y la responsabilidad del comprendido por aquella, sino la verificación de que la conducta que se erige en objeto del proceso contravencional pone en riesgo o inminente peligro la salud o seguridad pública, "(...) Entender lo contrario implicaría desconocer la finalidad de la cautelar receptada en la norma referida. Las consecuencias perjudiciales que la clausura dispuesta irroga al imputado de la conducta, que en principio, la motiva, no puede ser fundamento válido para obstaculizar su materialización si se verifican los extremos exigidos en la disposición legal" (causa 112-00-CC/2004, rta. 30/04/04, del registro de esta Sala II).

El panorama probatorio descripto resulta suficiente para acreditar la subsistencia de la situación fáctica que diera lugar a la contravención motivo de encuesta -ruidos de carácter molesto- sin perder de vista que el bien jurídico tutelado por la norma no debe limitarse, al menos en forma excluyente, a una afectación de la salud o seguridad pública, pudiendo darse incluso respecto de un número reducido de personas y más aún, sin exigir la existencia de lesión concreta. -conf. causa n° 218-00-CC/2004, caratulada "Estevanez, Emiliano s/infracción art. 72 CC (Av. San Martín 5759) clausura preventiva -art. 29 LPC-Apelación", rta. el 08/07/04, del registro de esta Sala- Por lo expuesto, habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 279/284 en todo cuanto ha sido materia de agravio.

Causa N° 11194-01-CC/2006. Sala II.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V del escrito recursivo.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la Primera Instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.