Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-08-09


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Expt.Nº 3935/C "ESQUIVEL MAXIMILIANO JESUS Y OTROS C/ SUCES. Y/O HEREDEROS DE CAMPOSTRINI LABOUR CLAUDIO S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS (INCIDENTE DE LIQUIDACION)" Juzgado Civil y Comercial Nº 3.-Gualeguaychú.

GULEGUAYCHU, 9 de agosto de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DEL DR. GUSTAVO A. BRITOS:

I.-Apeló a fs. 49 el Dr. Vega, quien interviene en representación de la incidentante, la resolución de fs. 47 y vta. en la cual el a quo aprobó parcialmente la planilla practicada a fs. 11/12 reduciendo la suma adeudada en concepto de astreintes a las devengadas sólo en días hábiles, dado que las impuestas accedían al supuesto previsto en el art. 384 del CPCC.

II.-Expresa el recurrente al fundar su apelación que los plazos de las astreintes emanan del Código Civil y deben ser computados en días corridos.

III.-Sabido es que como principio los plazos se computan teniendo en cuenta tanto los días hábiles como los feriados, pues así lo disponen los arts. 27 y 28 del Código Civil "todos los plazos serán continuos" y, en el caso particular de los plazos que "señalasen...los tribunales, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así".

Y no deben confundirse los plazos procesales con los judiciales -aquéllos que fijan los tribunales-, pues mientras los primeros están dispuestos por leyes de forma, los segundos son los plazos fijados -como en el caso de las astreintes- por resolución de los jueces, que se consideran plazos civiles y a los que se aplica, en consecuencia, la regla del art. 27 del Código Civil; con la salvedad -que en la resolución del "a quo" no se efectuó- de que el plazo se computaría teniendo en cuenta solamente los días útiles si así se expresara (cfr. C.N.A.Cont. Adm. Fed., Sala IV, sent. del 13.03.97, "Guiral Vda. de Gómez, Elma c/ E.N. -E.M.G.E.").

Mas, la multa prevista en el segundo párrafo del art. 384 del CPCC, que tiene por objeto sancionar la desidia en brindar información al órgano judicial, es una sanción prevista específicamente para ese caso particular, conteniendo inclusive la norma un plazo determinado que atiende a la naturaleza de la obligación incumplida y que se computa desde que venció el plazo para llevar a cabo el informe solicitado, por lo cual deben tenerse en cuenta sólo aquéllos días en los cuales el requerido puede efectivamente cumplir con la medida; teniendo por objeto sancionar la desidia en brindar información al órgano judicial, independientemente de las posibilidades de concretar los informes pedidos. Con relación al monto de la multa, es el mismo artículo del Cód. Procesal, el que determina debe ser fijada al incumplirse con el informe requerido y ser aplicada desde que venció el plazo para llevar a cabo el informe solicitado. Por lo tanto, la cuantía de la sanción, dependerá, en gran medida, del tiempo de demora en el que se incurra, debiéndose tener en cuenta, ciertamente sólo aquéllos días en los cuales el requerido puede efectivamente cumplir con la medida (Conf. Cámara Nacional Civil, Sala "E", autos "LLOYDS TSB BANK PLC c/ CARRY, Lionel Ives s/ EJECUCIÓN ESPECIAL LEY 24.441 - EJECUTIVO" del 11/05/2011 -Base de Datos del Poder Judicial de la Nación).

Esto indica que no es acertado el recurso del apelante.

Por otra parte, a la hora de evaluar el interés de quien recurre, cabe distinguir que no es lo mismo fijar astreintes bajo el amparo del art. 34 primer párrafo del C.P.C.C., reservada a las partes, que hacerlo aplicando el segundo párrafo del citado art.34 por el cual se autoriza la aplicación de sanciones a "terceros" - en el caso por el art. 384 del ritual por retardo en el cumplimiento de una entidad privada de la medida oportunamente dispuesta en autos -, ya que las primeras son a favor de la parte perjudicada, mientras que la segunda lo son en beneficio del proceso quedando su destino fijado en el art. 32 inc. 3 del C.P.C.C., por lo que "debe aplicarse al determinado por la Corte Suprema (art. 35, inc. 3º) o, en su caso, por los Superiores Tribunales provinciales" (PALACIO "Código Procesal Civil y Comercial", t. VII p. 667, ed. Abeledo-Perrot 1972; entre otros Cámara Nacional de Comercio Sala "A" autos "BENITEZ, HECTOR C/ VELAZQUEZ, JOSE S/ EJECUTIVO" del 29/02/2008 -Citar ABELEDO PERROT Nº: 11/45748 -, Sala "C" "BANCO CREDICOOP LTDO. C/ LEDESMA, IGNACIO PABLO S/ EJECUTIVO", 17/02/2009 -Citar ABELEDO PERROT Nº: 8/21492-), lo que pone en evidencia la falta de agravio del apelante.Dicho ello el recurso será rechazado y confirmada la decisión de la instancia de grado venida en apelación.

FUNDAMENTOS DE LA DRA. ANA CLARA PAULETTI:	Aun cuando comparto la opinión vertida en relación al cómputo del plazo comprendido en el retardo (que es la cuestión en la que se centró el recurso en estudio) y por eso el recurso no es procedente, debo aclarar respetuosamente que no comparto lo dicho por el vocal preopinante, en relación al interés del incidentante.

Digo ello pues a mi entender, conforme a la actual redacción del código de rito, las sanciones conminatorias que debe pedir el interesado, y que autoriza al juez a imponer el art. 384, no tienen naturaleza distinta que las previstas en el art.34 del mismo cuerpo legal, las cuales están destinadas al litigante perjudicado por el incumplimiento.

Otra es la finalidad de las multas contempladas para correcciones disciplinarias por el art. 32 CPCC, pues allí se ha verificado una violación a los deberes de las partes de orden y decoro que los jueces deben censurar aplicando las medidas allí enunciadas. A diferencia de ellas, y en especial de las multas previstas en el inc.3), las sanciones conminatorias -en principio- solo proceden a pedido de parte, son compulsivas, provisionales, y buscan vencer una resistencia que perjudica a una de las partes de la contienda, que es quien las peticiona, como acontece en el supuesto de las astreintes.

Más aún, si se pretendiera equiparar la sanción conminatoria en estudio a otras multas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, debo señalar que el aludido inc.3 del art.32, delimitando su ámbito de aplicación, precisa que el importe será establecido por el Superior Tribunal de Justicia, "salvo" en aquellos casos donde las multas tuvieran un destino especial dado por el mismo código. Y ese es el supuesto en el que se encuentra la sanción por "retardo injustificado en las contestaciones de informes" al tercero oficiado, conforme a la armónica interpretación de los art.34 y 384 mencionados.

Aclarado ello, adhiero a la solución propiciada de rechazar el recurso tratado con costas, y por ser oportuno corresponde regular honorarios profesionales.

FUNDAMENTOS DEL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX:

Atento la discrepancia observada por quienes me preceden en torno al "interés" (agravio) y consecuente legitimación para apelar de quien ha impugnado la providencia venida en revisión, adelanto que he de compartir la postura de la Señora Vocal preopinante.- Al respecto, es dable señalar que el ordenamiento ritual, al regular la prueba de informes, en el párrafo segundo del art. 384 prevé que, a pedido de parte, el juez "...deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes"; y si bien no se especifica cual ha de ser su destino, entiendo que dicha disposición debe ser analizada de consuno con lo prescripto por el art. 34 del CPCyC, que en lo pertinente dispone que el importe de las sanciones "...será fijado a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento".- Es que dicha sanción constituye un instituto procesal de coerción para lograr el cumplimiento de una medida (en este caso de prueba) dispuesta por el órgano jurisdiccional, generando un derecho de reparación impropia a favor de la parte que se ha visto perjudicada por la dilación, y que expresamente ha reclamado su aplicación.- Por consiguiente, y sin que ello implique desconocer la respetable opinión de aquellos que sostienen que no es "...equitativo que la inacción de una entidad requerida de contestar un informe solicitado por la demandante, favorezca o beneficie la situación patrimonial de una de las partes, máxime si el pedido que motivó el apercibimiento se muestra inspirado en allegar elementos de juicio en el interés del proceso, aún cuando una de las partes haya instado la intimación" (CNCom., Sala C, "Banco Credicoop Ltdo. c/ Ledesma Ignacio Pablo S/ Ejecutivo", 17/2/2009; en igual sentido, CNCom., Sala A, "Benítez Héctor c/ Velázquez José S/ Ejecutivo", 29/2/2008), considero que la sanción analizada, al constituir una herramienta adecuada para el ejercicio jurisdiccional y que ha sido prevista con la intención de beneficiar al titular del derecho afectado por la reticencia, es susceptible de generar agravio, legitimando de esa manera al aquí apelante para impugnar sus alcances.- Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando;

SE RESUELVE:

I.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs.49 por el Dr. Jorge A. Vega en representación del Sr. Maximiliano Jesús Esquivel contra el auto de fs.47 y vta., el que se confirma en lo que ha sido materia de apelación, con costas a cargo del apelante.

II.-REGULAR honorarios por la labor desempeñada por ante esta instancia al Dr. Jorge A. Vega, en la suma de .., arts. 3, 5, 7, 31 y 64 LA.

III.-REGISTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.	GUSTAVO A. BRITOS-ANA CLARA PAULETTI-GUILLERMO O. DELRIEUX ante mi: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria En .../.../... se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-DANIELA A. BADARACCO Secretaria