marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores marítimos, Prefectura Naval, suspensión del agente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARCOTE, ESCARIS A.M. s/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Por disposición de la Prefectura Naval Argentina se impuso al marinero de primera, la sanción de suspensión, de acuerdo con el art. 599.0101, inc. b) del REGINAVE.

La conducta del actor, queda encuadrada en el citado artículo por haber incurrido en "... acciones u omisiones en violación de las leyes, reglamentos u ordenanzas en general y en particular de las de navegación y los que configuren una falta de idoneidad profesional, mala conducta, impericia, imprudencia o negligencia".

Más allá de las obligaciones genéricas previstas legalmente que correspondían a su condición de sereno, el recurrente no respetó las indicaciones específicas que acerca de su labor le transmitieron sus superiores, quedando su situación comprometida en la definición referida, por haberse alejado de la planchada durante la guardia, que es presupuesto suficiente de la sanción impuesta.

REGINAVE art. 599.0101 inc. b)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defensa en juicio, Constitución Nacional, Municipalidad, habilitación municipal
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Domini, Dardo Delfor c/ Municipalidad de Bahía Blanca. s/ DEMANDA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó "in limine" la demanda contenciosoadministrativa tendiente a obtener la anulación de la denegatoria de una habilitación municipal, si lo decidido aparece teñido de una insalvable contradicción en sus propios términos toda vez que, cuestionado el alcance de las normas legales que fundaron el rechazo de la petición en sede administrativa, la resolución de vedar "in limine litis" la instancia judicial revisora no halla sustento alguno en los antecedentes invocados y se ha traducido además en un notable cercenamiento de la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Contratos civiles, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grané,Jorge Oscar c/ Agrolabranza S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-18

Los terceros no pueden exigir el cumpliento de las obligaciones nacidas de las convenciones ni quedan sujetos a satisfacerlas. Es la regla que surge del último párrafo del art. 1195 del Código Civil, como asimismo de su art. 1199, "Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 1161 y 1162".- En el caso no puede sostenerse que por la falta de formalización de la escritura cancelatoria ante el escribano accionante, se generase una responsabilidad precontractual en base a tratativas previas a su respecto, ya que no existió ninguna exteriorización de voluntad que tendiera a la finalidad de que aquél fuera quien autorizara la respectiva escritura.-
Pagaré, cancelación del pagaré, testimonio, pagaré en blanco
Materia: COMERCIAL
Carátula: SPERBER, ALBERTO s/ CANCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-07

Resulta improcedente que quien obtuvo la cancelación de un pagaré en los términos del dec. Ley 5965/63: 89 y ss., pretenda incorporar en el testimonio correspondiente, la constancia de notificación al librador, la inexistencia de oposición de su parte y la fijación de plazo de presentación al pago del título. Ello así, por cuanto, en el marco de este proceso cancelatorio no corresponde al a quo incorporar requisitos no contenidos en el título cuya cancelación decreta (en el caso, se trata de un pagaré en blanco, pudiendo el peticionante exigir un duplicado, en los términos prescriptos por el art. 92 Del cuerpo legal citado).
Accidentes de trabajo, policía federal, ley de accidentes de trabajo, aplicación de la ley, empleo público, empleados públicos, gobierno nacional
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, LUIS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

La ley 21965 no prevé la reparación de las consecuencias de siniestros calificables como accidentes de trabajo, conforme la legislación específica. Tampoco excluye al personal policial del ámbito de aplicación de la ley 9688, por lo que rige la regla general inclusiva de los agentes del gobierno federal, ligados a éste mediante una relación de empleo público, art. 1 de la ley 9688, actualmente art. 1 de la ley 24028.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Clérico, Emilio José c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente Cánepa, Bernardo c/ Rhodia Argentina s/ Accidente de trabajo ley 9688 Barrera, Celso Omar c/ De Bernardi Angel. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30|1989-03-28|1989-05-16

Para que una afección sea considerada como enfermedad accidente, basta una relación de concausalidad con las labores desempeñadas por el dependiente sin que importe -cuando se reclama, como en el caso, por la ley 9688- en qué grado ha participado el trabajo.
Delitos tributarios, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estanislao F. y Carlos A. Picado SRL c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

El at 4 del C.P. no establece un principio general de derecho en el sentido del art 6 del Código Fiscal, sino que extiende la aplicación de las disposiciones generales del Código Penal solamente de los delitos (art 67 inc 11 Const. Nac) previstos por leyes especiales que no dispusieran lo contrario, de modo que dicha regla no excede el ámbito del derecho penal y en consecuencia no es aplicable el régimen provincial del Código Fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., A.R. c/ H., A.M. s/ Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El art. 38 del dec.ley 8904/77, expresamente se refiere a las "acciones posesorias, interdictos o de división de bienes"; con lo cual inequívocamente se denota la existencia de un proceso o litis en el que se hayan cumplido etapas procesales como:demanda, contestación,actuaciones de prueba, etc. (arts. 330, 354, 358 y conc. del Cód. Procesal; 28 ap. "a" y "b", del dec.ley 8904/77), y en consecuencia, a tal supuesto no puede asimilarse el convenio presentado, sin que tampoco sea procedente tener por suplidas aquellas etapas propias de toda contienda o juicio, y, por ende, la regulación debe efectuarse conforme la escala prevista en el art. 28 últ. párr. del dec.ley 8904/77: "...hasta una tercera parte de la regulación principal", aún cuando las sumas reguladas en este caso resultan exiguas.-
Prescripción de la acción penal, resolución denegatoria, sentencia definitiva, terminación del proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: TRONCOSO REBOLLEDO, JUAN s/ RECURSO DE CASACION Causa 722
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

La decisión que no hace lugar a la prescripción de la acción penal, impone la obligación de seguir sometido a proceso criminal, por lo cual no reúne el requisito de carácter final, ya que no pone fin al proceso, ni hace imposible su continuación.
Contratos de adhesión, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinelli, José Antonio c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ Morigeración de interes compensatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-20

La cuenta corriente bancaria se encuentra comprendida dentro de los supuestos previstos por el art. 1 de la ley 24240, toda vez que la misma constituye un contrato de prestación de servicios a título oneroso, sin que resulte relevante para tal conclusión del carácter de entidad bancaria de la demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por el territorio, lugar del hecho, administración fraudulenta, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ponce, Oscar Emilio s/ retención indebida.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Cuando el acto infiel perjudicial del deber, constitutivo del delito de administración fraudulenta, consiste en la rendición de una cuenta falsa para provocar el error del administrado y consumar con ello el perjuicio patrimonial, será relevante para determinar la competencia el lugar donde aquélla debía rendirse.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Machado c/ Noguera s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

El artículo 23, 2 párrafo del decreto Ley 8904, no contempla expresamente la hipótesis de demanda parcialmente admitida, por lo que debe asumirse como equivalentes los supuestos de demanda íntegra o parcialmente admitida, aplicándoles a éstas la misma solución legal. (Minoría u opinión personal)
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: CERESA JORGE ALBERTO c/ SANTA REGINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES s/ DAMANDA LABORAL - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-15

El art. 243 L.T.C., con la finalidad de preservar el principio de la buena fé y suministrar información y certeza acerca del motivo en que la empleadora funda su decisión resarcitoria, ha impuesto determinada formalidad a la declaración extintiva por justa causa (injuria).

Así exige la comunicación escrita con "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato". Su incumplimiento enerva el efecto útil del pretendido acto motivado, poniendo el ordenamiento a su cargo las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa (arts. 232, 233 y 245 L.C.T.) Si, en el caso , la accionada se limitó a despedir al actor sin expresión de causa (telegrama 17/5/84) aunque antes le había advertido la comisión de "grave injuria a la patronal" (telegrama del 29/3/84), la reticencia en ambos casos a concretar la injuria no puede ser salvada por el Tribunal para vincularla con causas como la falta de entrega en términos de los libros solicitados o la pérdida de confianza, ni siquiera arguidas en la contestación de demanda.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizuela F. Santiago c/ Telecom Argentina-Stet France Telecom S.A. s/ Casación-Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-07

Corresponde rechazar el Recurso Extraordinario interpuesto por no reunir los requisitos formales para su procedencia; en efecto, de la lectura de su presentación, surge que tanto la resolución dictada por éste tribunal cuya impugnación se persigue, como la sentencia dictada por la cámara de apelaciones que en su consecuencia se confirma, no revisten el carácter de sentencias definitivas por cuanto no dirimen la controversia, ya que se limitan a resolver sobre el aspecto formal de la acción interpuesta; en definitiva, cuando queda otra vía hábil para que puedan hacerse valer los derechos no procede el presente recurso.
Costas al vencido, actualización monetaria, depreciación monetaria, fallos de la Corte Suprema, pago, pago sin reserva, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: PROCESAL
Carátula: Correa, Delio Patricio. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguros. s/ Cobro de Seguros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Con referencia al ajuste por la desvalorización monetaria, aceptada en múltiples precedentes de esta Cámara, no halló motivo suficiente para dejar de lado el criterio objetivo del vencimiento o derrota que consagra el art. 68 del Código de rito como regla general. Me importa agregar, porque en esto discrepo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que no influye en la especie la percepción del pago sin reservas: ello así, por cuanto el reclamo judicial de la diferencia ha sido planteado dentro de un lapso prudencial razonable (menos de cuatro meses) lo que lo torna admisible. La CNAS deberá, en consecuencia, soportar las costas de la acción que prospera.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, resistencia a la autoridad, lesiones leves
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Corresponde hacer lugar al recurso de casación, revocar la sentencia que condenó a la imputada en orden al delito de resistencia a la autoridad y disponer su absolución, puesto que de las constancias resulta claro que el oficial de policía carecía de un presupuesto legal para disponer la limitación de los derechos individuales, de manera tal que la orden, en ese aspecto, se encuentra huérfana de legitimidad y, por lo tanto, la imputada al rechazarla no se resiste en los términos del art. 239 CP, ya que a su respecto la orden policial constituía una agresión ilegítima, y no tenía el deber de soportarla. Es que en el contexto en que ello ocurre y por la forma en que el acto de comunicación estatal fue transmitido -es decir, una orden de detención a causa de haber infringido la prohibición de no fumar en espacios públicos-, ni lo actuado por el preventor puede ser visto como un ejercicio legítimo de la autoridad, ni tampoco la oposición de la destinataria constituye un injusto típico de resistencia a la autoridad en el sentido enunciado por la citada norma, en tanto no se ha resistido en ese contexto a una orden legítima, menos aún ha tenido el dolo de hacerlo (voto del juez Días al que adhirieron los jueces Sarrabayrouse y Morin)
Acción de amparo, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

Frente al claro texto de los Arts. 16 y 17 de la Constitución Provincial, resulta que los Jueces Letrados de Primera Instancia, sin distinción de fueros o circunscripciones son los componentes para entender en la llamada acción de amparo, sea cual fuere la materia sobre la que ella verse; todo ello, sin perjuicio del contralor que por la vía procesal correspondiente, eventualmente pueda ejercer este Superior Tribunal de Justicia.(Dr. Absi:

en disidencia).

***CON N 000000 0000 00 00 0016 000 0017 000
Sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Domínguez, Dorvalina y otros  c/ UGOFE SA y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

La sentencia constituye una unidad lógico-jurídica en que la parte dispositiva no es sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación; por ello, si bien es cierto que para establecer los límites de la cosa juzgada que emana de un fallo ha de atenderse primordialmente a su parte dispositiva, no lo es menos que, a esos fines, no puede prescindirse de sus motivaciones y, muy frecuentemente, es ineludible acudir a ellas.
Voto en disidencia, cuestiones de competencia, competencia por la materia, defraudación, competencia ordinaria, falsificación de instrumento público, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, Verónica G. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-28

Disidencia del Dr. Cicciaro: Si se encuentra comprobado que en orden a concretar las operaciones fraudulentas denunciadas, se utilizó y adulteró un documento nacional de identidad, en la medida en que se sustituyó la fotografía de aquélla y se insertó otro domicilio la figura prevista en el art.

33, inciso "c", de la ley 17.671, según texto de la ley 20.974 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, queda desplazada por la incorporada al art. 292, segundo párrafo, del C.P., en razón de la relación de subsidiariedad existente entre los tipos en juego.

Ello en tanto por un lado la adulteración de un documento de tales características recoge una penalidad mayor, extremo que torna inaplicable la ley 20.974 según esta misma normativa lo dispone ; que se está en presencia de la afectación de la fe pública como bien jurídico protegido y no sólo de un delito de peligro abstracto que vulnera la protección de los medios con que el Estado cuenta para la identificación, registro y clasificación del potencial humano; y, finalmente, que el art. 33, inciso "c" de la ley 17.671, según texto de la ley 20.974, en verdad, alude a una mera tenencia y no al uso o adulteración que se hubiese concretado sobre el documento nacional de identidad .

Por ello, la competencia federal está establecida por vía del dispositivo previsto en el art. 33, inciso "c", del C.P.P.N., competencia que debe ser asumida en su totalidad por la justicia de excepción, sea que se considere que entre la maniobra fraudatoria y la adulteración del documento media una relación concursal del tipo ideal y por tanto se trata de un hecho único, o que aun resultando hechos independientes, en función de que revelan una íntima vinculación, la escisión podría generar la posibildiad de escándalo jurídico, si es que en sede ordinaria y en la órbita de la justicia federal se arribaren a decisiones contradictorias.
Liquidación de entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, depósito bancario, prueba del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO COMERCIAL
Carátula: DURAÑONA, ELENA c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

Atento la naturaleza de la obligación asumida por el Banco Central conforme al art. 56 de la ley 21526 y a su situación en la relación entre entidad liquidada y depositante, aparece como razonable el requerimiento de la declaración de los medios de vida de este último para acreditar, aunque sea sumariamente, sino el efectivo ingreso de las sumas que reclama, al menos la posiblidad, a través de la evolución económica del presunto inversor de que tal imposición fuese viable.
Daño, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: PFISTERER, JORGE W Y OTRO c/ RIVAROSSA, ORESTE Y OTRO s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 5-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-31

El daño es el primer elemento del acto ilícito ya que con relación a la responsabilidad civil, sin daño no hay acto punible.

El problema de la responsabilidad civil del agente comienza a plantearse sólo cuando existe un daño causado, y recién en presencia de él, el juez o el jurista deberán indagar si ha sido causado ilícita y culpablemente, ya que si no hay daño "resulta superfluo indagar la existencia o inexistencia de los otros dos elementos". En otras palabras, la responsabilidad y la culpa son elementos distintos e inconfundibles. Y así como puede existir culpa sin responsabilidad, es posible que se presente el caso inverso, esto es, la existencia de responsabilidad sin culpa, como sucede por ejemplo, en el caso del principal por el hecho del dependiente.
Traslado de la demanda, notificación, validez de los actos procesales, debido proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T., O.M.A.R. SA s/ Incidente de Nulidad de Notificación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-28

Son esenciales el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa procesal que tiendan a asegurar la efectividad de la recepción del traslado de la demanda, puesto que todo lo relativo a la validez de la notificación de la reclamación, por su particular importancia para el desarrollo del proceso, hace al debido proceso tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Derecho procesal, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA, ELIO JOSE c/ FALCON, CARLOS ALEJO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-27

El artículo 33 inc. 4 del C.P.C., establece entre los deberes de los jueces el principio de congruencia que deben respetar al dictar las sentencias definitivas y las interlocutorias. Es decir la necesaria conformidad que debe existir entre las resoluciones que se dicten y las pretensiones deducidas en el proceso, calificadas según correspondiere por la ley.
Estado, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, leyes, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. de Estudios y Construcciones Ingeniero Rodolfo Cornero SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Incidente de apremio. Solicitud de Homologación Judicial de convenio  de pago (EXPTE CSJ Nº 251-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

En el ámbito nacional, la consolidación de las deudas se enmarca decididamente en la emergencia económica y administrativa agudizada en el país en la década del 1980. Sintéticamente, la existencia de una deuda pública interna no cuantificada ni determinada; la imposibilidad científica de programar políticas económicas concretas sin contar con la información que permitiera destinar los recursos a prioridades que el gobierno pretendiera establecer, y la imposibilidad de manejar la "caja" del Estado para otorgar un orden a la cancelación de pasivos, constituyen los problemas que deben tenerse en cuenta a la hora de buscar la ratio legis de la ley 23982. (De los Fundamentos del Dr. Barraguirre).
Resoluciones judiciales, efectos entre partes, recursos, actos y diligencias procesales, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Nuñez María Liliana c/ Mochi César y Bereciartu Silvia s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-31

Si bien, en principio, entiendo que el recurso ha sido mal concedido en cuanto al efecto otorgado, por no ser la cuestionada una de las resoluciones que ponen fin al proceso y, por lo tanto, el abordaje del mismo se debería diferir para considerarse juntamente con el recurso contra la sentencia definitiva; me adaptaré al criterio de la mayoría de esta Sala, asumiendo una postura práctica, pragmática con esa mayoría. Teniendo en cuenta, además, que esa es la tendencia legislativa futura en la provincia. En efecto, el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Laboral de Entre Ríos, presentado por el Superior Tribunal de Justicia, prevé un agregado a lo que es hoy el art. 123 del CPL que permite -mediante decisión fundada- conceder el recurso con efecto suspendido, cuando se trate de resoluciones que pudieran producir nulidades o una alteración sustancial del proceso; ello, sin perjuicio de las facultades inherentes al tribunal de alzada. Y, claro está, los proyectos de ley o la legislación en debate son una fuente interpretativa, la visión de las tendencias en la materia (Voto Welp. Adhesión Romero)