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Recurso de casación, administración fraudulenta
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, ADOLFO; MADARIAGA, MARGARITA; GUEDILLA, CÉSAR s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-18

Hay un correcto empleo de la figura de administración fraudulenta si la sentencia ha tomado, como fundamento central, el convencimiento edificado sobre una apreciación integral de la prueba, de que en un determinado período se produjo un vaciamiento del patrimonio de la entidad gestionada por los acusados.

El elemento subjetivo del delito de administración fraudulenta es válidamente determinado si se tuvieron en cuenta todas las circunstancias que rodearon al vaciamiento, de las que se desprende que los acusados, siendo concientes del deterioro que con su conducta producían en el patrimonio que administraban, continuaron autorizando la realización de los actos que, como la contratación de préstamos y la autorización del sobregiro de ciertos asociados, eran evidentemente ruinosos para la entidad.

La causa de justificación descripta en el art. 34 inc. 4 del C.P., referida a quienes ejecutan una conducta típica en el cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, no resulta aplicable a quienes incurren en el flagrante incumplimiento de los deberes de administración impuesto por previsiones estatutarias.

No es nula la sentencia que acoge la acción civil si contiene una clara argumentación donde se establece una relación causal entre la conducta de los acusados y el daño moral que los demandantes sufrieran.

Exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento, sería desconocer la naturaleza del daño moral, ignorar la especial situación en la que se encuentra el juez cuando debe liquidar esa clase de indemnización y, en un último análisis, habilitar una causa de impugnación abierta hasta el infinito, frente a la cual ninguna sentencia estaría libre de censuras, debido a que la evaluación del dolor humano es una operación insusceptible de asentarse, en términos cuantitativamente exactos, en conceptos de validez general o explicitada racionalmente.
Responsabilidad del arquitecto, director de obra, honorarios, responsabilidad del empresario, mano de obra
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDEZ, SOLIDIA DE LOS ANGELES. c/ RECCHIONI, MARIO ALBERTO Y OTRO. s/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

Con respecto a la cuestión terminológica que subyace en autos, atinente a la función específica que cumplía o debe cumplir un "Director Técnico" en una obra en construcción, cabe señalar que el informe acompañado por la perito arquitecta, elaborado por el Colegio de Arquitectura de la provincia, indica la existencia de honorarios diferenciados para un Director de Obra y para la realización de mediciones de avance de obra, todo lo cual abona la hipótesis planteada por el co-accionado en punto a una labor mucho más acotada que la que se le endilga.
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Benseny José A. (sus sucesores) c/ Levin, Héctor José s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

El depósito del importe omitido correspondiente a gastos y honorarios de la subasta, efectivizado coetáneamente a la articulación de la apelación, habilita el mantenimiento de la validez de aquel acto y posibilita el resguardo del principio de conservación, que impone considerar con criterio restrictivo todo lo atinente a la nulidad de los remates judiciales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

Nuestra CSJN, juzgando que los conceptos de riesgo y vicio no son asimilables, pues el primero presupone la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar daño y el segundo un defecto de fabricación o funcionamiento que la hace impropia para su destino normal.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Gallego, Héctor Ismael c/ S.A. Organización Coordinadora Argentina s/ Indemnización por despido y otros Corbalán Rivera, José c/ Ozores S.A. s/ Despido, enfermedad, daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29|2004-04-01

No se quebranta el art. 171  de la Carta local si el fallo se encuentra fundado en ley.
Indemnización por muerte del trabajador, inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Nouche,   Nora   Mabel c/ LAPA   S.A.  Líneas  Aéreas  PrivadasArgentinas S.A. y Otro s/ Accidente-ley 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

La inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 sólo puede ser declarada en los casos que el daño se haya producido a causa de la culpa grave o dolo (contractual o delictual) del empleador ("Un nuevo enfoque acerca de la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos del Trabajo", T.S.S. 1992-29). En el caso, la parte actora funda la acción en el art. 1113 C.C., alegando que la muerte de su concubino se habría producido por riesgo, vicio de la cosa que estaba bajo la guarda, propiedad y provecho económico de la accionada L.A.P.A. (el trabajador era copiloto del Boeing 737 que se estrelló el 31.8.99), y no se invocó ni probó que hubiera existido dolo o culpa grave del empleador (responsabilidad objetiva). (Del voto en minoría del Dr. de la Fuente).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, personería jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-FILOSOFIA-POLITICO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

La actualidad histórica nos marca profundos y vertiginosos cambios impulsándonos a encuadrar nuestro comportamiento en consonancia con esa nueva realidad y los desafíos de la hora, que requieren hombres nuevos y sistemas nuevos. Esta nueva realidad y sus desafíos nos llevan a encarar problemas de añeja raigambre pero ensanchando sus fronteras. La cuestión que hoy nos convoca se involucra con los nuevos tiempos y las nuevas ideas sobre el estado empresario y la incursión de éste en actividades "reservadas" a la iniciativa privada. El Estado ha sido y es comerciante e industrial en tanto acaparó para sí actividades de tal índole provocando profundas discusiones sobre sus bondades y procedencia, como así también sobre el marco jurídico regulatorio de tales actividades en su competencia con la empresa privada y en el contexto de las reglas impuestas por el mercado. No han resultado menores las discusiones en torno a cuándo ha de considerarse que el Estado actúa en cumplimiento de las funciones que corresponden a su propia naturaleza, como poder administrador, como persona de derecho público, y cuando lo hace por su misma imposición como persona del derecho privado. Las dudas subsisten, y hacer cesar este estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de este tipo de relación jurídica no resulta nada sencillo. (De los Fundamentos del Dr. Marin -En Disidencia-). En el caso la cuestión a resolver es : ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Empleados públicos, sanciones disciplinarias, Administración Pública, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGNI, VICENTE JUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 177-82 FALTONI, HECTOR DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 302-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-03|1988-11-23

Surgiendo de las constancias de autos que no se puede tachar de irrazonable la imputación de negligencia que motiva la sanción disciplinaria, debe descartarse la existencia de desviación en el acto, ya que su finalidad se ajusta a los antecedentes; y demostrado el incumplimiento por parte del dependiente, de alguno de los deberes a su cargo, la medida expulsiva aparece procurando restituir al servicio la eficacia comprometida por la conducta del agente.
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, empleados públicos, sumario administrativo, régimen disciplinario administrativo, interpretación de la ley, procedimiento administrativo, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUTAL, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 75 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

El Reglamento Disciplinario de la Empresa Provincial de la Energía (resolución 174/88) contiene expresas disposiciones en torno a la oportunidad y formalidades de la -así denominada- declaración no jurada. Concretamente, el artículo 29 establece que el imputado tiene derecho a "conocer los hechos y faltas que se le atribuyen", "redactar y leer por sí su declaración y firmar cada una de las hojas", "expresar lo que estime oportuno para su descargo", "designar un abogado defensor" y "constituir domicilio especial"; y que el instructor, luego de establecida la identidad del imputado, "le hará conocer los derechos que establece este artículo y que puede negarse a declarar, dejando constancia de ello". El artículo 67 del Estatuto General del Personal de la Administración Pública (ley 8525) contiene disposiciones idénticas. El artículo 44 del reglamento, por su parte, remite únicamente "en todo lo no previsto" a los códigos penal y procesal penal, y en todo caso "adaptándolos a la naturaleza específica de un procedimiento sumarial laboral y administrativo inserto en una organización empresaria cuya finalidad primordial es el mantenimiento de la disciplina, el cumplimiento del reglamento y demás prescripciones ...".
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martín & Cía. Ltda. SA c/ Nación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-09-06

Lo atinente a la jerarquía y prelación de los tratados internacionales y de las leyes de la Nación que integran el ordenamiento normativo interno de la República, es materia propia de los jueces nacionales, con la salvedad del artículo 67, inc. 11, de la Constitución Nacional.
Costas, absurdo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Centurión, Miguel del Santo c/ Arce, Zulema s/ Cobro de créditos laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-04

La imposición y distribución de las costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución. (doctora KOGAN, sin disidencia).
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, indefensión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORCEL VICENTE c/ ARRABAL M. DEL C. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A069 - 228)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-12

La sola formulación de la privación del derecho de defensa, no puede justificar la nulidad ejercitada contra una sentencia, toda vez que el incidentante no ha aducido la falta de legitimación pasiva, ni negado su participación en el hecho cuya responsabilidad se le imputa, ni tampoco ha indicado las defensas de que se vió privado, por lo que la nulidad no puede prosperar.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

Tribunal superior de provincia no es otro, a los efectos del recurso extraordinario y de la competencia apelada de la corte suprema, que aquel que, en la jurisdicción local, tiene el poder de juzgar en ultima instancia la cuestión vinculada con el ejercicio de un derecho o garantía reconocido por la constitución nacional.

En la Pcia. de Córdoba, la competencia del Tribunal Superior de Justicia está establecida en la Constitución local, cuyo art. 165 inc. 2 le atribuye el poder de conocer "en los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad". Complemento necesario de esta norma es el inc. 1 del mismo art. el cual, para la acción originaria de inconstitucionalidad, dispone que la competencia del Tribunal Superior debe ejercerse sobre "materia regida por esta Constitución", precepto que reproduce el texto del art. 132 inc. 1 de la carta derogada. Tanto el art. 18 del texto vigente, como el 5 del derogado, son normas de remisión, cuyo objeto no es otro que reproducir, como normas constitucionales locales, los preceptos relativos a los derechos y garantías del texto nacional. La competencia del Tribunal Superior para conocer, por vía de acción originaria o de recursos extraordinarios, en materia regida por la Constitución Pcial. habilita el juzgamiento en esa sede de las cuestiones vinculadas con el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución federal, pues estos están incorporados a la Carta local por una norma expresa, con la finalidad de elevarlos al rango de derechos y garantías constitucionales en el orden provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, inventario y avalúo, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SELTZAMAN, AMALIA EPELBAUM DE s/ SUCESORIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14

Obstaculizan la admisibilidad de la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad los fundamentos de la sentencia atacada y del recurso impetrado, que tienen su punto de partida en la interpretación y aplicación de normas procesales, desde que la Sala entendió que el medio procesal idóneo para formular oposición a las operaciones de inventario y avalúo practicadas por el perito inventariador, era el previsto en los artículos 606, y eventualmente, 607 y-o 608 del Código Procesal Civil y Comercial, mientras que el recurrente estimó aplicable lo dispuesto en el artículo 128 y concordantes del citado cuerpo legal.
Delito continuo, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., C.A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en causa Nº 32/08 caratulada: C., C.A. - Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía en forma continuada
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-13

La Cámara en lo Criminal, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió declarar culpable a C.A.C. como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con acceso carnal por cualquier vía en forma continuada, condenándolo a sufrir la pena de catorce años de prisión, ordenándose, en consecuencia, su inmediata detención.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente continúa sus críticas manifestando que, cuando el tribunal refiere al torcimiento del sano y natural sentido sexual se estaría frente a otra conducta (promoción a la corrupción de menores), reprimida por el art. 125 del C.P.

Esta apreciación en modo alguno puede tener incidencia positiva, puesto que las expresiones referidas han sido sacadas de contexto.

Asimismo, considero que, si bien el imputado se ha beneficiado al no haberse calificado oportunamente el hecho como "promoción a la corrupción de menores" (es decir, dicha circunstancia no ha sido advertida por el órgano acusador y, en atención a los límites impuestos por el titular de la acción penal, el tribunal no tuvo más opción que respetar el principio de congruencia), nada obsta a que el sentenciante haya agravado la pena al ponderar justamente la extensión del daño causado, en donde puntualmente refirió que los actos sufridos por el menor víctima por parte del encartado -del mismo sexo- tienden potencialmente en forma indudable (fundamentalmente por la repetición en un lapso prolongado e inmadurez de la víctima al sufrirlos) al torcimiento del sano y natural sentido sexual, o al menos trae aparejado consecuencias dañosas e incalculables en la persona del ofendido. En relación a esto último, destáquese que lo expresado por el tribunal encuentra pleno sustento en el informe psicológico debidamente incorporado a debate.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Entre Ríos c/ Noel y Cia.  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-05

La competencia es atribuible originariamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se trata de los supuestos a que aluden los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional, así como el art. 24, apartado 1) del decreto-ley 1.285/58; y no lo es si la demandante es una institución centralizada, descentralizada o autárquica de una provincia porque es clara la norma legal, en cuanto otorga esas facultades, en la medida que es parte expresamente la Provincia.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Picagli María Cristina c/ Ruiz Esteban y Ministerio de Salud s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-24

La casación bonaerense ha sostenido que no corresponde en principio la suspensión de los actos del poder público, ya que los mismos llevan la presunción de su legitimidad, debiendo tenerse en cuenta el carácter retrictivo de las medidas cautelares cuando están dirigidas contra actos del mencionado poder. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rico, Pedro Sixto c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Acción de amparo - Medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

Cuando se plantea la incompetencia de la justicia ordinaria por considerarse la cuestión contencioso-administrativa y de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, los jueces ordinarios deben abstenerse de pronunciarse al respecto y limitarse a elevar los autos para que aquella resuelva la cuestión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortiz, Lucía c/ Martínez, A. s/ Resolución boleto de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

Constituye principio recibido que la operatividad del fuero de atracción de un proceso sucesorio sólo fenece con la partición hereditaria y su consiguiente inscripción registral (arts.3284, Cód.Civ.; 34 inc.5, 188, 730 y concds. C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, incapacidad, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Saucedo Roberto c/ Servicio Energético del Chaco , Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.) y/o responsable s/ Indemnización por invalidez.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-27

La controvertida incapacidad absoluta reconocida al actor en virtud de lo cual se le otorga la jubilación por invalidez (por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos) que motiva la renuncia del trabajador, es perfectamente válida por haber sido ratificada posteriormente por pericia médica judicial, por lo que los argumentos recursivos del apelante se tornan inatendibles por no ajustados a las constancias de la causa a la par que, demostrativos de un excesivo rigorismo formal por parte de la empleadora, no adecuado al espíritu y la letra del 4to. párrafo del art.212 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, que perfectamente atrapa la situación.
Improrrogabilidad de la competencia, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: VELAZQUEZ, ANIBAL RAUL c/ PREVENCION ART S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

En razón de que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la norma procesal establecen la improrrogabilidad de la competencia para supuestos como el del sublite en el cual la relación laboral se celebró y ejecutó en una localidad absolutamente extraña a aquélla en la cual se pretende demandar, no corresponde prorrogar la competencia pues si bien es cierto que el domicilio del demandado es un criterio válido de elección para el trabajador demandante, en el caso importaría una irrazonable limitación al derecho a la jurisdicción. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi).
Cosa juzgada, violación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: BATISTELLA HECTOR OMAR c/ IPRA S.R.L. s/ DEMANDA  - RECURSO DIRECTO - CASACION LABORAL COSA JUZGADA: VIOLACION  - CONCEPTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-04

Corresponde cesar la resolución del tribunal a quo en virtud de la cual se rectificó la regulación de honorarios practicada al letrado del actor por los trámites de ejecución de sentencia con fundamento en los arts. 39 Y 40 LPT, en razón de que resulta violatoria de la cosa juzgada (art. 95, Inc. 3° LPT) establecida en un pronunciamiento anterior en el que se había fijado dicho arancel, no cuestionado por los interesados oportunamente.
Despido, trabajadores marítimos, indemnización, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre  César  Federico c/ Pesquera  Santa Cruz S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

El art. 2 de la ley 25.323 es una norma que establece un criterio para la generalidad de los casos y no excluye los regímenes especiales, como el de los trabajadores marítimos -en el caso- de manera expresa. Dicha norma tiene como télesis sancionar al empleador que a pesar de ser intimado al pago de las indemnizaciones que adeuda por despido no lo hace, y morigerar el daño producido por el incumplimiento. Por eso cuando el legislador se refiere a las indemnizaciones correspondientes al despido incausado de la LCT y de la ley 25.013, está ejemplificando con el régimen general de la LCT, el espectro general de incumplimientos obligacionales por despidos con indemnizaciones impagas y en mora. Y, resulta indistinto que algunos regímenes especiales arbitren reparaciones diferentes para el despido arbitrario, porque en este caso no está en juego la sanción por el ilícito extintivo para el cual se prevén diferentes sistemas más allá del establecido en el régimen general. Toq. 1236.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, notificación, recurso de apelación (procesal), calumnias, injurias, Constitución Nacional, defensa en juicio, plazo, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Sallaberry, Silverio Pedro y otros c/ Sosa, José María y Márquez de Gigante, María M. s/ querella por injurias y calumnias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Habiéndose notificado por cédula al domicilio constituído el fallo condenatorio de acuerdo con lo dispuesto por el código de procedimientos local respecto de los procesos por calumnias e injurias, y posteriormente ordenado una nueva notificación personal al procesado a su domicilio real, la resolución que dispuso que la notificación válida fue la primera y que el término para interponer el recurso debía computarse a partir de ella, ha afectado la garantía de la defensa en juicio del procesado, toda vez que excluyó la posibilidad de acceder ante el superior tribunal provincial sobre la base de un argumento que denota rigor injustificado.