Juicio por jurados, facultades del Poder Legislativo, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, inconstitucionalidad, excepción de incompetencia, nulidad procesal, paralización del expediente, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: RILOS, ANTONIO s/ JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-19

Si bien la Constitución Nacional ha fijado entre sus objetivos programáticos el establecimiento del juicio por jurados, art. 24, 67 inc. 11 y 102, en ninguna de sus disposiciones lo ha establecido en modo operativo, ni lo ha regulado. Así el art. 24 declara que el parlamento promoverá, entre otras reformas a la legislación, la del establecimiento del juicio por jurados y al enumerar sus atribuciones en el art. 67 se incluye la de dictar las leyes que requieran su establecimiento. De ambos textos surge que los constituyentes han otorgado una atribución, esto es una facultad indelegable, intransferible e irrenunciable, y le han señalado un objetivo. Por lo primero, se advierte que se trata de una facultad del congreso, excluyente de la ingerencia de otros poderes, por lo segundo, si bien expresa una meta, no se la institucionaliza para que opere, sino que su ejecutoriedad presupone una actividad legisferante que la regule, no fijando la constitución nacional plazo para ello, ni establecimiento sanción para su retardo o incumplimiento.

La demora del congreso en convertir lo real en virtual, no es un ilícito sometido a decisión jurisdiccional, escapando las razones políticas que puedan haberla determinado a la consideración y conocimiento de los jueces, teniendo en cuenta que el congreso, si bien no atendió a la meta constitucional, no omitió regular el proceso penal, como lo demuestran entre otras, las leyes 2372,23269, 23183, 23098 y la reciente 23984 que sancionó el nuevo Código de Procedimientos en materia penal, lo que demuestra que el parlamento ha tenido diversas oportunidades de analizar la regulación en esta materia, por lo que debe entenderse que aún no cumpliéndose con el citado objetivo constitucional relativo al juicio por jurados, no desamparó la garantía del debido proceso, a la que consagró una continuada labor legislativa. #Es improcedente que se desmantelen las formas procesales vigentes, por obra de una decisión judicial que haciendo lugar a la excepción de falta de jurisdicción, declaró nulo todo lo actuado por no ajustarse el procedimiento al juicio por jurados previsto en la Constitución Nacional, incurriendo en una indebida alteración de los tiempos jurídicos, toda vez que el art.

102 de la CN ordena terminar los juicios criminales ordinarios, por jurados, luego que se establezca esta institución, siendo obvio, que cuando la norma dice luego supedita el juicio por jurados a una etapa posterior a un acto legislativo. Al no cumplirse tal acto, el jurado es una institución inexistente en el derecho positivo argentino, resultando impracticable, por lo que no está justificado el abandono de las formas procesales vigentes, cotidianamente practicadas por todos los tribunales federales, en función de un futuro e hipotético acto legislativo.

Importa el ejercicio de una arbitrariedad judicial con graves consecuencias institucionales, declarar la nulidad de norma procesal vulnerada, ni declarar la inconstitucionalidad de la que se ha decidido no aplicar, exponiendo al trámite del proceso a sufrir su posible extinción por obra de la prescripción de la acción, y por lo tanto, consagrar la impunidad del delito derechos de éste y de la víctima y creando un precedente que, de ser admitido y generalizado, debería importar la paralización de todos los procesos penales en trámite y la revisión de los ocurridos desde 1853, hasta la fecha.