marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sufragio, tribunal colegiado, voto de adhesión, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ZANARDI, EDUARDO MANUEL c/ MAS BAEZA SA s/ COBRO DE PESOS RUBROS LABORALES.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 681-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-01

La emisión de voto por cada miembro de un Tribunal Colegiado, sea con argumentos propios o compartiendo los que expone el vocal a cuyo voto adhiere, es una forma sustancial cuya omisión desnaturaliza la sentencia y apareja su nulidad por ausencia de motivación suficiente.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, pensiones, hija soltera
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Serrano, Zulema Basilia c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Corresponde reconocer el derecho de la actora a percibir la pensión derivada del beneficio de jubilación de su progenitor (art. 38, inc. 1º, ap. b, de la ley 18.037) pues las impugnaciones de la demandada en cuanto sostiene que la interesada no probó en forma fehaciente que se encontraba a cargo de su padre a la fecha del deceso carecen de fundamentación pues el organismo previsional omitió dar tratamiento a la información sumaria presentada por la actora respecto de los hechos que consigna.
Despido con causa, despido por imputación de delito, hurto, robo, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: ROBLES CORTES, ALDO c/ CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES - ASOCIACION CIVIL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

El intento de apropiarse de bienes del empleador configura, por lo general, justa causa de ruptura del contrato de trabajo ya que no sólose lesionan materialmente los intereses empresarios sino que también se afectan los intereses materiales y se introduce un factor de inseguridad en la relación de trabajo que puede conducir al robo hormiga y a la emulación de conductas ilícitas.
Cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, REGINO c/ EXPLOTACION SJ, EN QUIEBRA s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Si se modifica la persona del empleador, el adquirente es responsable por todas las obligaciones de los trabajadores que continúan, y es responsable solidario con el anterior propietario por todas las obligaciones anteriores contraidas por el personal que continúa y con el que cesó.
Nulidad procesal, domicilio especial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valero, Beatriz Julieta y otr. c/ Páez de Aliotti, Lucía María del s/ Ejecución hipotecaria Lucía María del s/ Ejecución hipotecaria Lucía María del s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

No cabe admitir la nulidad argüida, basada en el hecho de no haberse practicado la intimación de pago y citación de remate en el domicilio real de la ejecutada, careciendo de trascendencia lo que se alega en torno a la temporaneidad del planteo nulitivo, ya que es una cuestión que queda marginada del análisis, ante el dato concreto de un acuerdo de voluntades de los justiciables formalizado en la escritura hipotecaria respecto al domicilio especial o de elección, que tiene como característica la fijeza e invariabilidad para el cumplimiento de los trámites que motiva la ejecución del crédito allí instrumentado, aunque no coincida con el domicilio real de la parte (arts. 101, 102, 1195, y 1197, Código Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: Montañez, Marta Noemí c/ Fundación médica de Mar del Plata - Hospital privado de comunidad s/ Indemnización por antiguedad Pizzo, Jorge Raúl y ot. c/ Castelar S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19|1989-11-21

La interpretación de los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (arts.47 dec.ley 7718/71 Y 163 inc. 6 C.P.C.C.).
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, obligaciones ex lege
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Manes, Alberto Blas y otra c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

La obligación que como garante asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito, sino de la ley, ya que aquella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular.
Monto de la pena, sentencia condenatoria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: G. O., J. J. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

Si bien las cuestiones que hacen a la elección del monto de la pena involucran una actividad propia de los magistrados de juicio y ajena al control casacional, cabe hacer excepción cuando podrían verse vulneradas garantías de orden constitucional. Es arbitraria la imposición de una pena que se limitó a enunciar los patrones de individualización, sin atender a la totalidad de las circunstancias que rodearon el caso ni las condiciones personales del encartado. Si en el debate previo a la sentencia invalidada quedó agotada la prueba posible, la Cámara de Casación se halla habilitada a dictar la nueva sentencia, incluso en lo relativo a la pena a imponer. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).
Procedimiento administrativo, acción contencioso administrativa, prescripción del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Noemí Beatriz c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-08

En el caso, contando la actora con un derecho subjetivo originado en una relación preexistente, como lo es la relación de empleo público, debió canalizar su pretensión de cobro de los salarios por los meses en que estuvo suspendida a través del reclamo administrativo previo, permitiendo así a la Administración que defina su posición frente al requerimiento efectuado.

Dicha actividad previa a la instancia judicial revisora no es optativa ni alternativa para el administrado, pues tal como se encuentra estructurado nuestro sistema, el régimen del reclamo administrativo previo conforma la plataforma del proceso contencioso de plena jurisdicción.

En consecuencia, y dado el carácter revisor de actos de la jurisdicción contencioso administrativa, no otra conclusión que el rechazo formal de la demanda se deberá auspiciar, dejando a salvo el derecho del recurrente de formular el pertinente reclamo administrativo en cualquier momento, pues no otro que el término de prescripción de los derechos materiales controvertidos es el que se deberá tener en cuenta.

Ello es así porque la demanda persigue solo el reconocimiento de un derecho; de allí que, al tratarse de una pretensión no impugnativa, ningún plazo de caducidad pueda aplicarse, pues la deficiencia procesal apuntada no importa el rechazo de la pretensión formulada.
Competencia contencioso administrativa, fundaciones, personas jurídicas de carácter privado
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Banco Tierra del Fuego c/ Poder Ejecutivo Provincial - Ministerio de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Cultura s/ Contencioso Administrativo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-02-05

En lo concerniente a las fundaciones, la autoridad de aplicación se rige por la ley 19.836 (conf. art. 7 de la ley 369), que reglamenta a esta persona jurídica de carácter privado (art. 33, segundo párrafo, inc. 1 del Cód. Civil). Ello revela que los temas planteados en autos, estatuto e intervención de la fundación, quedan sometidos al derecho común y no al derecho administrativo.
Seguros, Superintendencia de Seguros de la Nación, procedimiento administrativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL ACUERDO COMPAÑIA  ARG.  DE SEGUROS  S.A. s/ RECURSO DE APELACION -  EXPTE  DE LA  S.S.N.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Puesto que la ley 20091: 71 señala que las observaciones de la superintendencia de seguros de la nación serán formuladas cuando "de lugar" a ello el informe de los inspectores, no puede pretenderse que el traslado de las observaciones a los afectados a que alude la ley 20091: 82 al regular el procedimiento administrativo previo al dictado de una resolución de carácter particular, hubiese sido complementado con la notificación de inspección, ya que los elementos allegados en tal oportunidad por la aseguradora fueron previamente merituados en el informe de los inspectores a partir del cual debían realizarse las observaciones e imputaciones previas para la apertura del procedimiento, corresponde nulificar las resoluciones dictadas en consideración a tal inobservancia.
Constitución Provincial, sistema republicano, división de poderes, Poder Judicial, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., A. s/ MANDAMUS. (Expte. N° 26211/12-STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-03-17

Un Poder del Estado, como lo es el Judicial, tiene como obligación propia el publicitar irrestrictamente que destino da a los fondos que le son asignados presupuestariamente y provenientes de la renta del Estado Provincial, precisamente en cumplimiento de la letra y el espíritu del Artículo 4 de la Constitución provincial.

Las sumas que se han pagado en concepto de MIG a personas que trabajan en este Poder Judicial, en sus diferentes estamentos y funciones, ha provenido de la renta pública y en consecuencia corresponderá entender que no rige, en la especie, la necesidad del consentimiento. (Del voto del Dr. Apcarian, de la Dra. Zaratiegui y del Dr. Barotto sin disidencia)
Colegio Público de Abogados, procedimiento administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Locasio, Rosana c/ C.P.A.C.F. s/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Corresponde declarar la nulidad de la sanción que el C.P.A.C.F , impuso a la abogada cuando se violó su derecho de la defensa por haber sido notificada de la iniciación de la causa, y ante su incomparecencia para asumir su defensa, no se le designó defensor de oficio.
Corrupción de menores, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, non bis in ídem, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: Rocca Clement, Marcelo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

No ha sido conculcado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable si se atiende a la complejidad del hecho, cuya investigación comenzó a raíz de una información recibida de Interpol que deba cuenta de una posible red internacional vinculada a la pornografía infantil, en el proceso se produjeron numerosas medidas de prueba, la defensa realizó diversos planteos de nulidad y el imputado fue excarcelado durante el trámite de la causa. Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 125 C.P., que protege la intangibilidad o indemnidad sexual de los menores de 18 años, preservándolos de no ser sometidos a tratos sexuales anormales en sus modos, cuya práctica puede en el futuro impedirles tomar decisiones de índole sexual carentes de deformaciones, ya que satisface el principio de legalidad en materia penal. Corresponde rechazar el agravio fundado en al inobservancia del art. 72 C.P. dispuesta sólo en beneficio del damnificado y su familia. No existe razón para dudar de la legalidad de la apertura de correos electrónicos que tuvo lugar en el marco de una investigación penal sobre intercambio de material pornográfico infantil y corresponde a quien la invoca la carga de la prueba de la ilegalidad, asimismo, las tareas investigativas y las actuaciones preexistentes a las decisiones que dispusieron las medidas intrusivas acuerdan el necesario sustento para motivar la orden de intervención telefónica. Si el delito de corrupción de menores que se atribuye a los imputados es ontológica y jurídicamente diferente al que motivara los sobreseimiento dictados en orden a los delitos previstos por los arts. 210 y 128 C.P., no ha mediado violación al non bis in idem. No existe afectación del principio de congruencia si los sucesos descriptos en la sentencia se correlacionan con el que fuera delimitado durante el proceso: indagatorias, procesamiento, elevación a juicio, debate y alegatos. Corresponde rechazar los planteos de nulidad, si el a quo hizo mérito de todas las cuestiones que la defensa sostiene se vio impedida de realizar. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma).
Sentencia, obligaciones
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

Una sentencia es motivada cuando en ella se exteriorizan los juicios y forma en que el juez o tribunal arriba a la resolución tomada. El sentenciante debe justificar la motivación que efectúa en base a la demostración del procedimiento lógico en que se sustenta, como así, en la invocación de las reglas de la experiencia, a los efectos de corroborar la aplicación de los principios de la sana crítica con el solo fin de que no sólo las partes involucradas en el proceso, sino toda la sociedad esté en condiciones de conocer el por qué de la resolución asumida, puesto que el carácter de Orden Público del que se impregna el proceso penal va más allá del interés particular de los involucrados en la causa.
Pena privativa de la libertad, prisión, fundamentación de sentencias, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: C. Z., M. A. y Otros s/ Homicidio en agresión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-28

"Que esta Corte ha sostenido en Fallos 327: 3816, que «... la condenación condicional procura evitar la pena corta de prisión para quién pueda ser un autor ocasional...» y que «... la razón por la cual la condena condicional se limita a la pena corta de prisión es porque el hecho no reviste mayor gravedad, lo que sucede cuando la pena no excede de cierto límite, o cuando no provoca mayor peligro de alarma social, es decir cuando el sujeto no es reincidente».

Que si bien surge del citado art. 26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga - con el fin de asegurar una debida defensa en juicio - a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa para resolver sobre una pena a cumplir en prisión"
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, lavado de activos, grupos de riesgo, coronavirus, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Goff Dávila y otros s/ encubrimiento y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-04

Debe rechazarse el pedido de morigeración de las condiciones de detención del procesado por el delito de lavado de activos agravado, habida cuenta que la mera invocación de que el detenido se encuentra dentro de la población de riesgo respecto a la pandemia del Coronavirus, no constituye un argumento suficiente para modificar el estado de encierro en el que se encuentra el imputado. Asimismo, no se verifican en el caso las circunstancias tenidas en cuenta en la instancia anterior que establezcan la necesidad de pasar por alto los riesgos procesales constatados en la causa para la protección de la salud del encausado, dado que su estado se encuentra debidamente controlado y que el complejo penitenciario donde se encuentra alojado se encuentra realizando las medidas correspondientes para combatir el contagio del Covid-19.
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Basso, Alejandro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Siendo que la obligación emergente del certificado de cuenta corriente bancaria es pura y simple, exige interpelación al deudor para tenerlo como moroso, pues solo de esta forma resultaría colocado en situación de imputabilidad, por lo que deben liquidarse los intereses moratorios a partir de la intimación de pago. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. Quiebra s/ Inc. de restitución de bienes promov. por Telefónica de Argentina.  Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

En el caso el pronunciamiento de la Cámara que rechaza un incidente de restitución de sumas de dinero promovido por la vía del art. 138 de la ley 24.522, no reviste carácter de definitivo en los términos del artículo 296 del Código Procesal Civil y Comercial, máxime que el recurrente ha acudido al proceso verificatorio previsto en el art. 32 de la ley citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de apremio, depreciación monetaria, honorarios, recurso contencioso administrativo, costas, embargo ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, ENRIQUE MELCHOR c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 362-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

Constatándose que el demandado no opuso excepción legítima alguna pese a estar debidamente notificado en el domicilio legal, corresponde hacer lugar al apremio por la cantidad reclamada, actualizada desde la notificación de dicha demanda hasta el efectivo pago, con más intereses a la tasa del 6% anual, sobre los montos de los honorarios, aportes y las costas, deduciendo en su caso el importe que pueda llegar a embargarse.
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Olmedo, Britez, Damián s/ Recurso de queja por recurso de casación denegado de casación denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-28

El sistema casatorio no apunta al tratamiento de cualquier anormalidad procesal, sino a aquellas inobservancia normativas de singular trascendencia y que por ello mismo se relacionan indefectiblemente con el sistema de nulidades del código vigente.

Así, si el recurso planteado se funda en el art. 422 Inc 2º del C.P.P. Por considerar nulas las actas de secuestro y de indagatoria, tal remedio no puede validamente prosperar si las infracciones que se mencionan en sustento del mismo, no traen consigo la sanción de nulidad que dicha norma exige como presupuesto.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Interguglielmo, Vicente, Carlos María y Luis María c/ BCRA. s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Si el presidente de la entidad liquidada comunicó al Banco Central su renuncia al apoyo financiero regulado por la resolución 42/90 de la Secretaría de Hacienda, ninguna responsabilidad puede atribuirse al organismo oficial, más allá de la resultante del régimen de la garantía legal de los depósitos, máxime si su representante reconoció el importe de los depósitos efectuados por los actores en la entidad liquidada hasta el tope garantizado por la reglamentación vigente al momento de su constitución, los que serían reintegrados mediante los Bonos de Consolidación previstos en la ley 23.982.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

La arbitrariedad como vicio invalidante de las sentencias judiciales, puede cuestionarse a través del recurso de casación, pues su impugnabilidad surge del propio orden público constitucional al que debe constreñirse todo acto de la autoridad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, representación procesal, juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20

Las cuestiones de representación planteadas constituyen una materia que excede la litis, mas el argumento de que aún la autoridad de aplicación no ha dirimido el conflicto por oposición a la representación de la entidad actora por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, no impide la ejecución, más allá de que pueda ser planteado por el Municipio en la vía ordinaria posterior, pues el juez de la causa no analizó ni expuso razones en ese orden, sin que surja de autos la demostración de que el título carece de elementos formales exigidos por la ley para que quede habilitado como título ejecutivo, por cuanto el cuestionamiento que realiza la demandada en cuanto a la legitimación de la actora no se refiere a esa deficiencia formal.
Concursos, quiebra, liquidación y distribución, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELCONET (SH) s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-27

Del Dictamen Fiscal 99154:

Procede la solicitud de quien adquirió en subasta ciertos equipos de telefonía celular, para que se oficie a cierta empresa explotadora del servicio, a fin de que le suministre de inmediato y gratuitamente el código de programación. Ello así, toda vez que si el solicitante no obtiene la información técnica relativa a la programación de los mentados equipos, los mismos carecerían de utilidad y, por ende, de contenido económico, lo que atentaría contra la seriedad de la que deben estar revestidos los remates judiciales. En efecto, si se configurase esa situación, resultaría que el comprador en subasta habría pagado un determinado precio por objetos sin valor económico ni utilidad, lo que implicaría enriquecimiento sin causa para la masa y correlativo perjuicio patrimonial para el adquirente, que habría de originar, precisamente, en una adquisición en remate judicial. En tal sentido cabe precisar, que la interpretación de las condiciones de venta en subasta, relativas al estado en que se encuentran los bienes a subastar, no puede llevarse al extremo de inferir que la voluntad del comprador haya sido la de comprar un objeto inservible, toda vez que tal seria la calidad de un equipo de telefonía celular que no pudiera ser utilizado para comunicarse.
Defensa en juicio, ley reglamentaria, interpretación de la ley, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Danna, Salvador A. y otros c/ Municipio Urbano de Pinamar. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

Si bien la garantía constitucional de la defensa en juicio no se opone a su reglamentación en beneficio de la correcta sustanciación de las causas, y dicho poder incluye la facultad de efectuar distinciones razonables entre quienes no se encuentran en la misma condición, en la interpretación de las normas legislativas y reglamentarias debe evitarse que los particulares queden fuera de protección jurisdiccional, en situación de indefensión; la falta de recaudos formales no puede utilizarse hasta aniquilar los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados.