Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-11-11


2º Instancia. - Córdoba, noviembre 11 de 2005.

Resulta: 1. Con fecha 9 de octubre de 2003, reclamó el actor, con el patrocinio del doctor J. A. L., a Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires, los rubros y montos que da cuenta la planilla de fs. 1, con motivo de una relación de dependencia laboral a las órdenes de la demandada, entre el 01/08/70 y el 31/03/2002, en la categoría de Peón General - Práctico en la Colonia de Vacaciones que posee la accionada en Tanti.

Denunció que en diciembre de 1995, la empleadora le hizo hacer suscribir un convenio o acuerdo para disminuir sus remuneraciones en el orden del 16.66% sobre todos los haberes sujetos a aportes invocando razones económicas. Para lo anterior, rebaja de sus haberes -elemento esencial del contrato de trabajo- amenazó, coaccionó con la instrumentación del despido y con la promesa de revisar el criterio y volver a la anterior remuneración una vez superado el trance económico o desfasaje invocado.

Argumentó que tiene entendido, y en algunos casos les consta, que se obligó a casi todo el personal a suscribir convenios semejantes. En particular, se negó a suscribir el acuerdo, no obstante lo cual se le practicó el descuento salarial.

El acuerdo se firmó en la Administración de la Colonia, en forma individual sin intervención de la entidad sindical ni la autoridad administrativa y sin mayores explicaciones al respecto, en un documento sin fecha ni lugar de celebración. La empleadora nunca revisó su decisión ni dio respuestas satisfactorias a los innumerables reclamos verbales que formuló lo que no fue instrumentado formalmente por temor a represalias, sanciones o el despido directamente.

Insistió que tal reducción salarial es sustancialmente nula e inoponible a su reclamo e ineficaz (arts. 12, 15 y concordantes LCT). Denunció coacción, pues firmaba o era despedido (fs. 2 vta.).

Analizó el acuerdo demostrando la coacción denunciada. Planteó la inconstitucionalidad del art. 8º de la ley 24.432 en cuanto limita y dispone sobre los honorarios y costas del proceso, invadiendo terreno de derecho local no delegado y en franca colisión con los arts. 75 inciso 12, 121 y 126 de la CN. Hizo reserva del recurso extraordinario de la ley 48.

Admitida la demanda por ante el Juzgado de Conciliación de Villa Carlos Paz (fs. 5), se procedió a recepcionar audiencia de conformidad da cuenta el acta de fs. 23 y en los términos del art. 47, CPT; no avenidas las partes en la oportunidad, el actor, con idéntico patrocinio letrado que al demandar, se ratificó de la demanda incoada y, a su turno, la accionada, a través de su apoderado y administrador doctor O. R. M., con el patrocinio del doctor A. D. P. contestó a la misma de conformidad da cuenta el contenido del memorial agregado a la audiencia referida (fs. 12-17).

2. La compareciente, negó los hechos y el derecho invocado. Reconoció la relación de dependencia invocada y su extensión informando que el actor se jubiló entre febrero y marzo de 2003.

Negó, puntualmente, que se le hubiera hecho suscribir al actor un acuerdo en diciembre de 1995 para disminuir su nivel salarial. Negó la coacción y la promesa de retomar el nivel salarial; también rechazó amenaza de despido.

Afirmó que en 1995 como consecuencia del efecto Tequila y ante la gravísima situación de la Asociación se invitó a sus trabajadores a suscribir un convenio para que aceptara la reducción salarial del 16,66 % sobre la remuneración habitual, que la mayoría del personal de todo el país y de Córdoba aceptó la disminución. Los acuerdos se celebraron en el Ministerio de Trabajo de la Nación en expediente 349.146/96 homologado el 9 de octubre de 1996.

Como contrapartida de la reducción que afectó a todos los trabajadores sin distinción de categorías la Asociación se comprometió a no producir despidos salvo por causas disciplinarias.

En suma argumentó que el trabajador actor aceptó con plena conformidad la reducción y que medio aceptación durante el tiempo que abarcó desde diciembre de 1995 a marzo de 2003, por lo que negó le correspondan diferencias (fs. 15 vta.).

Planteó prescripción (art. 256, LCT).

3. Emplazadas las partes para que ofrecieran las pruebas que hacían a su derecho la actora hizo lo propio a fs. 43 proponiendo la siguiente a saber: Confesional, testimonial, documental, reconocimiento, exhibición, informativa y pericial contable. La accionada estimó que hacía a sus derechos los siguientes medios: Documental, testimonial, pericial contable y confesional (fs. 41-42).

Admitidas, diligenciadas, producidas e incorporadas las pruebas ante el Juez de Conciliación de conformidad dan cuenta las constancias de fs. 46 a 82. Se elevaron los presentes a los fines de su distribución asignándose este Tribunal para el conocimiento y decisión de la causa.

4. Subsistente la acción e integrado el Tribunal se procedió a recepcionar la audiencia de vista de la causa de conformidad dan cuenta las actas de fs. 96 y 140. Incorporada la totalidad de la prueba a rendirse se clausuró el debate, el Tribunal con ajuste a los términos del art. 63, CPT y a las reglas que le impone el mismo plexo normativo, se encuentra en condiciones de dictar sentencia definitiva en los presentes, planteándose la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente el reclamo del actor? El doctor Tosto dijo:

1. El actor basa su pretensión a partir de una reducción salarial que estima violatoria de los arts. 12 y 15, LCT.

2. La accionada negó, puntualmente, la procedencia de la pretensión, su defensa descansa en torno a la aceptación del actor trabajador a la reducción. Asimismo, opuso excepción de prescripción.

3. Conforme los términos en que ha quedado establecida la relación procesal existe conformidad en torno a la existencia y extensión de la relación de dependencia laboral y categoría laboral. También respecto a la existencia y contenido del acuerdo de reducción salarial.

4. Se discute en torno a la validez que incumbe predicar al convenio suscripto en 1995, homologado por la autoridad de aplicación que tuvo como secuela la rebaja del 16,66% del salario de los trabajadores, incluidos los que no lo suscribieron. Luego, si debe aceptarse que le corresponde a Muñoz la percepción de las diferencias de haberes y por qué término.

5. Cabe recordar que la necesidad de producir elementos de prueba en el proceso se presenta siempre que las circunstancias de hecho alegadas como base de la acción o excepción sean contradichas, pero no cuando no hay contienda sobre aquellas o, como en el caso, se verifique acuerdo en determinadas situaciones de hecho por lo que no integran la relación litigiosa.

6. Procederé a la descripción de los elementos de conocimiento dirimentes que luego serán valorados en correlación con las posiciones procesales asumidas por las partes en la causa para la dilucidación de los tópicos involucrados a la cuestión propuesta.

6. 1. En la audiencia de vista de la causa se recibió los siguientes testimonios:

Julio Américo Figueroa dijo: Que trabajó en la Colonia de Tanti desde 1978 hasta el 2003 en que lo despidieron, tiene reclamación judicial pendiente de pago. Un despido, un reclamo ante la ART y en trámite por el 17%. Afirmó que Muñoz no es su testigo en los reclamos pendientes y no tener interés en el resultado del presente juicio. Que en 1995 los llamaron a firmar la reducción salarial, sí o sí, pues si no los tenían que despedir, se reunieron en el cine de la colonia vino un gerente de Buenos Aires. Les informaron que había alguien del Ministerio de Trabajo, pero no se identificó ni se presentó. No se les explicó cual era la intervención del MTySS. Afirmó que desde aquella época a la actualidad hubo mejoras estructurales, pileta climatizada, pabellones nuevos y habitaciones. También, que se mejoraron otras colonias de vacaciones en Tigre, Salta, Mendoza, Mar del Plata. Informó que Luna no lo firmó y lo despidieron, lo sabe por comentarios de Luna. Firmaron en forma individual. Refirió que le informaron de la presencia del Ministerio y de una escribana. La accionada impugnó el testigo por tener juicio pendiente por el mismo reclamo y el mismo letrado. La actora rechaza la impugnación pues sus manifestaciones son fundadas.

Celia Cesariana Secco dijo: Que trabajó en la Colonia de Tanti por 28 años desde 1975 a 2003 en recepción. Ganó el juicio por el 17% lo tiene pendiente de cobro. Que Muñoz no ha sido su testigo en el juicio pendiente. Indicó que en 1995 se reunieron en el cine de la colonia y luego en la administración. No se encontraba presente el gremio, sí cree que el Ministerio de Trabajo. No le explicaron el alcance de lo que estaba firmando. Le dijeron que el descuento era por la situación de crisis pero que pasada la misma se lo iban a devolver. Tenía miedo que la despidieran. Hubo mejoras en los pabellones, piletas climatizadas, capacidad para 700 personas en los pabellones. Mejoraron Mar del Plata, Mendoza, Bariloche, Salta y Buenos Aires. Hubo reformas en la recepción. La mejora de las colonias lo conoce por las revistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires que es una publicación periódica. Nunca supo de una actuación administrativa del Ministerio de Trabajo ni participó en audiencia alguna al respecto. Los que se jubilaron hicieron juicio. Firmaron uno por uno en la administración. Algunos no firmaron; sin embargo, se les efectuó el descuento. Fue un descuento a cambio de nada. La accionada impugnó el testimonio por las mismas razones que las ya expuestas. El actor remitió a los fundamentos dados.

6. 2. 1. Obra reservado en Secretaría del Tribunal y se tiene a la vista copia certificada del acuerdo suscripto entre el trabajador actor y la asociación demandada adjuntado al expediente 349.146/1996 que obra en los autos "Doitcheff Juana del Rosario y Otros c. Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Pcia. de Buenos Aires. Ordinario. Haberes. Recurso Directo" que tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

6. 2. 2. A fs. 29-40 obra copia convenio suscripto entre la Asociación y un grupo de trabajadores empleados de la Colonia de Tanti y copia de la homologación del MTySS decidida en expediente 349.146/1996 que obra en los autos "Doitcheff Juana del Rosario y Otros c. Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Pcia. de Buenos Aires. Ordinario. Haberes. Recurso Directo" que tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

6. 2. 3. Informe Pericial Contable que evidencia la diferencia salarial pretendida por el trabajadora actor (fs. 72-78).

6. 2. 4. Como hecho nuevo la accionada agregó a fs. 143-150 constancia de la notificación al actor trabajador de la homologación referida a lo que la parte actora se opuso a fs. 153.

7. Los elementos de conocimiento hasta aquí descriptos son bastantes (art. 327, CPCC en función art. 114, CPT) para, sometidos a valoración en correlación con las posiciones procesales asumidas por las partes y las concretas reglas probatorias impuestas por el procedimiento laboral (art. 63, CPT), dilucidar la cuestión en torno a la procedencia de las diferencias salariales.

8. El caso sometido a conocimiento y decisión (art. 160, Constitución Provincial) posee esenciales semejanzas, fácticas y jurídicas, con el decidido por la Sala Segunda de la Cámara Única del Trabajo de la ciudad de Córdoba, constituida como Tribunal unipersonal por el doctor Fernando Farías, en autos: "Doitcheff Juana del Rosario y Otros c. Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Pcia. de Buenos Aires. Ordinario. Haberes. Recurso Directo" que tramita actualmente ante el TSJ, al que se le diera una solución jurídica que se comparte en forma íntegra, por lo que mutatis mutandi se seguirá.

9. En el proceso se verifican dos tipos de convenios: Uno general (fs. 29-36) celebrado entre la Colonia de Vacaciones demandada y todos o casi todos sus trabajadores, quienes suscriben una planilla o anexo independiente (fs. 30 a 34) al acuerdo (fs. 29) y otro, individual, entre cada trabajador con la empleadora (fs. 85 de las copias certificadas que obran reservadas en Secretaría de lo adjuntado al expediente 349.146/1996 que obra en los autos "Doitcheff [...]").

Del general que se integra con el acta de fs. 2 de las copias certificadas que obran reservadas en Secretaría se exhibe la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación, surgiendo que el funcionario actuante se limitó a certificar la firma de cada uno de los dependientes en las planillas. Ninguna otra participación se comprobó del funcionario tal como lo refirieron los testigos quienes aunque tengan un reclamo pendiente de iguales características, se revelan necesarios para la dilucidación de la causa, informando coherente y concordantemente que al tiempo del acuerdo les informaron que había alguien del Ministerio de Trabajo pero no se identificó ni se presentó y no se les explicó cual era la intervención del MTySS (Figueroa); no conociéndose de una actuación administrativa del Ministerio de Trabajo ni audiencia al respecto (Secco).

Los dichos precedentes merecen credibilidad pues, además de necesarios, son coherente con lo documentado, en donde el funcionario de la administración en modo alguno expuso a los trabajadores el alcance de lo suscripto, se ello hubiese acontecido habría quedado constancia en el acta referida (fs. 2); asimismo, tampoco el funcionario explicitó el sentido del acuerdo y los eventuales efectos de su homologación; estas omisiones en la actuación del funcionario actuante exhibe una carencia decisiva en el control de legalidad y legitimidad del acto, contralor que le era exigible pues lo actuado en la oportunidad iba luego a ser base o motivo de la homologación, carencia que se evidencia dirimente para una correcta inteligencia en torno a lo efectivamente sucedido y sus eventuales consecuencias de cara a los trabajadores.

En suma la actuación administrativa no proporcionó tutela efectiva a los trabajadores por lo que el acto de la certificación sólo atribuye fecha cierta y seguridad en relación a las personas de suscribieron las planillas, sin que pueda inferirse de ello, pues excedería de lo acontecido y verificado, un resguardo de la autoridad administrativa de aplicación laboral en cuanto a su contenido, nota que era insoslayable cuando de lo que se trataba era de la reducción de las remuneraciones de los trabajadores, elemento basal del contrato de trabajo. A fs. 31 obra planilla que se agrega al convenio general que formó parte del acto de fs. 2 que fue suscripta por el actor.

Del convenio individual de fs. 84 de la documental-instrumental reservada en Secretaría se evidencia, también, que el MTySS no participó, tampoco la representación gremial y los trabajadores no tuvieron asistencia letrada. Sí fue certificada su firma por ante escribano público y luego presentado por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el que fue homologado enunciando el art. 15, LCT, entendiendo existía una justa composición de los derechos e intereses de las partes (fs. 37).

Respecto del convenio general no puede predicarse sino que se conformó como un acuerdo de intención de los trabajadores con la empleadora, desde que, como exhibieron los testimonios y es coherente con lo actuado, no se verifica seguridad en torno a que los firmantes del anexo o planilla hayan tenido conocimiento cabal de todas y cada una de sus cláusulas. De tal modo recién ratificado posteriormente con el convenio individual, tendrá el carácter de convenio que se predica y, consecuentemente, merecedor de establecerse su validez o invalidez en lo que a su contenido se refiere.

El art. 12, LCT adopta el principio de irrenunciabilidad. Establece que se considerará nula toda convención de partes que reduzca o suprima derechos establecidos por la ley, los convenios colectivos de trabajo o los estatutos. La regla, de orden público laboral, revela el carácter protectorio del derecho del trabajo y desde tal perspectiva se debe establecer la adecuación o no que los convenios de reducción salarial suscriptos por las partes posean.

Es conocido que el derecho positivo y en el marco del Orden Público Laboral se verifican normas. Una imperativas y otras no. Las primeras son la ley, el convenio colectivo y el estatuto profesional que establecen derecho mínimos indisponibles e irrenunciables de los trabajadores que en ningún caso, sea por decisión unilateral, por convenio o con aceptación del trabajador, producido su desmedro, obtendrán validez alguna. Los derechos que la LCT considera renunciables han sido establecidos expresamente, así el art. 58, LCT no hace más que confirmar la excepción al negar valor a las presunciones que "[...] conduzcan a sostener la renuncia ... a cualquier otro derecho [...]" del trabajador. La remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo. El art. 12, LCT determina la imposibilidad de disminuir convencionalmente los derechos establecidos legalmente.

No es materia de controversia que la remuneración de Muñoz recibió una merma de 16,66%. Tampoco que el actor suscribió el convenio general y el individual. Es por ello que cabe analizar la defensa de la accionada cual es que el trabajador prestó consentimiento. Ahora bien, que el trabajador haya prestado su consentimiento a dicha reducción no resulta por sí determinante en el derecho laboral ya que aquí, contrariamente a lo que sucede en el derecho común, el principio de irrenunciabilidad es la regla. La ley y el convenio colectivo (fuente heterónoma - normas imperativas) condicionan la autonomía de la voluntad (fuente autónoma - normas no imperativas).

Entonces, dicha voluntad debe considerarse ineficaz para pactar renuncias a los derechos adquiridos por encima (normas no imperativas) de los legales y de la convención colectiva -modificaciones contractuales en perjuicio del trabajador- salvo que sea compensado adecuadamente el cambio restableciéndose la equivalencia de las respectivas prestaciones, dándole a la regla de irrenunciabilidad un alcance más extenso por aplicación del art. 954, CC (Juan Carlos Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", t. 1, p. 183) o, como considera Eduardo Alvarez: "En nuestro derecho positivo esto surge claramente del art. 7º de la LCT (donde) [...] se disciernen marcadamente dos ámbitos claros con diferencias notorias: el de los mínimos inderogables del orden público laboral, formado por las normas imperativas de 'la ley, los estatutos especiales y los convenios colectivos' y, por el otro, el de los mayores derechos que tengan como fuente el contrato. Nuestra tesis sostiene que la diferencia no se vincula a la posibilidad de abdicar los derechos o sea a renunciar, sino a la viabilidad de la disposición de éstos. En síntesis, sostenemos que los derechos que surgen de las normas imperativas son indisponibles y por lo tanto irrenunciables y los que tiene por fuente el contrato son disponibles pero irrenunciables. Entre el concepto de indisponibilidad y el de irrenunciabilidad hay una relación de género a especie. La disposición de un derecho comprende la renuncia, pero puede limitarse y existir una disponibilidad relativa que excluya a ésta. Tal es, según nuestra opinión, lo que ocurre con el orden público laboral y con los demás derechos que emergen de normas no imperativas: Los primeros no pueden ser negociados ni aún a título oneroso, que existe una imposición de contenido que la bilateralidad no puede afectar. Obviamente entonces, el titular no puede renunciarlos como se desprende expresamente de la norma. (Indisponibilidad Absoluta). En cambio, los mayores derechos emergentes de normas no imperativas pueden disponerse a título oneroso y variarse en su nivel de contenido, pero se mantiene la imposibilidad de abdicarlos gratuitamente, o sea de renunciarlos, los que tiene su teleología en la técnica erigida por el ordenamiento jurídico para paliar la desigualdad del poder de negociación de las partes. (Irrenunciabilidad con Indisponibilidad relativa)" (Alvarez, Eduardo, "Autonomía individual e irrenunciabilidad de derechos", DT, 1988-A, 891. Recientemente, "La irrenunciabilidad del crédito remuneratorio", Revista de Derecho Laboral. Contratación Laboral 2004-2. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2004, ps. 249-259).

La relación laboral resulta ser un conjunto de derechos y obligaciones establecidos por las partes de manera que constituyen un status jurídico, un estadio alcanzado por ellas, un bloque de derechos plenos, perfectos, adquiridos e incorporados legítimamente al patrimonio del trabajador (De la Fuente, Horacio Héctor, "Renuncia de derechos y modificaciones del contrato", LT, XXXIV-3) que no puede ser degradado conforme el valladar que impone el principio de progresividad (art. 75, inciso 19, 22 y 23, CN y art. 27, Pacto de San José de Costa Rica).

El bloque de derechos incorporado al contrato del trabajador (art. 1º, LCT y 17, Constitución Nacional) contribuye a afianzar la justicia y a promover el bienestar general, lo que evidencia la realización del carácter prospectivo destinado a extenderse en el tiempo. Las normas constitucionales referidas ordenan proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, lo que se debe lograr progresivamente para la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas y sociales.

En suma los arts. 7º, 12 y 58, LCT configuran la reglamentación razonable (art. 28, Const. Nacional) y el mecanismo de activación del principio de progresividad (art. 75, inciso 19, 22 y 23, Const. Nacional y art. 27, Pacto de San José de Costa Rica).

No se desconoce que existen posiciones doctrinarias divergentes en el tópico cuyo representante más conspicuo es Antonio Vázquez Vialard (Vázquez Vialard, Antonio, "El principio de irrenunciabilidad: Estado actual de la doctrina judicial y de los autores", DT, 1986-B, 1224. Recientemente, "Algunas características del contrato laboral; situaciones discutidas", Revista de Derecho Laboral. Contratación Laboral 2005-2. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2005, ps. 18-22), compartida con matices no esenciales por Rodríguez Mancini, Etala, Ramírez Bosco y Justo López (conf. Alvarez, op. cit.). La doctrina postula que la irrenunciabilidad se limita a los derechos emergentes de normas imperativas, por lo que serían válidos los acuerdos que alteren en perjuicio del dependiente las condiciones de trabajo, en la medida en que se respeten los límites de los mínimos inderogables del orden público laboral.

Ahora bien, tal posición asienta en una lectura literal de la norma del art. 12, LCT y si bien merece aceptarse que la primera regla que se debe honrar para la aplicabilidad de las normas jurídicas es la de dar pleno efecto a la intención del legislador y la fuente inicial para determinar esa voluntad es la letra de la ley (CS, Fallos: 308:1745 entre otros), también corresponde no desconocerse que dicha operación debe computar la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante para la realización de la justicia sin prescindir de la ratio legis (CS, Fallos: 310:500, entre otros).

En el caso concreto el art. 12, LCT debe evaluarse, en primer lugar, con el principio de progresividad que emerge de los arts. 75, inciso 19, 22 y 23, CN y 27, Pacto de San José de Costa Rica y, en segundo lugar, con la propia sistemática de la LCT y su régimen global de disponibilidad de derechos.

En efecto, el ordenamiento jurídico laboral argentino prohíbe la cesión y todo negocio que -aún a título oneroso- implique afectar a terceros los derechos del trabajador. Condiciona dos negocios jurídicos onerosos: La transacción y la compensación, limitando formalmente su validez. En tales disposiciones (arts. 15, 131, 134, 148, 149 y concordantes LCT) no se diferencia si los derechos en cuestión están por encima o no de los mínimos de llamado orden público laboral. Entonces, no puede aceptarse, razonablemente, como es que se tolera la renuncia, que aparece como el acto dispositivo más gravoso para burlar los derechos del trabajador, en cuanto se realiza en beneficio del empleador, y sin ninguna contraprestación. Si el trabajador ha sido privado por la ley del poder de transigir, compensar o ceder los derechos nacidos de normas no imperativas, a pesar de ser negocios onerosos que garantizan una contraprestación, con mucha razón se deriva de la sistemática comprensión del ordenamiento que carece del poder de disponer de aquellos libremente y sin contraprestación (conf. Alvarez, op. cit.).

De lo precedente se colige que la aplicación literal del art. 12, LCT, lleva a configurar una forma de desvirtuar el sistema de indisponibilidad que la ley ha creado para garantizar al trabajador el efectivo goce de sus derechos, por lo que debe desecharse por una aplicación que compute la sistemática de la LCT y su régimen global de indisponibilidad de derechos.

Conforme las previsiones efectuadas examinando el convenio de reducción salarial que constituye el objeto de decisión del presente proceso se puede desprender que la renuncia al 16,66% de sus salarios por parte de los trabajadores, no mereció de la empleadora ninguna contraprestación que justifique aquella. No puede la empleadora aducir que frente a la disminución salarial del trabajador la contraprestación será no despedirlo, puesto que el garantizar la ocupación del trabajador resulta ser una obligación legal que nace en el mismo momento que el contrato de trabajo y que la ley pone en cabeza del empleador (art. 78, LCT). No existe concesión alguna por parte de la empleadora, no formula ninguna contraprestación a tan importante renuncia formulada por sus dependientes, como podrían ser la reducción de la jornada de trabajo, un mayor período de vacaciones, que pudieran justificar la renuncia de parte de sus haberes por quien resulta la parte mas débil del contrato en el marco de la relación laboral, máxime en momentos como los que atravesaba el país, y que desgraciadamente perduran en el presente, de marcada desocupación. La reducción salarial tiene como única y aparente contraprestación la invocación de la disminución de los ingresos de la entidad demandada y se efectiviza para evitar el despido. Lo que la demandada considera una convención válida no es tal, ya que no puede ser calificado como contrato o convenio el acto por el cual una persona se obliga a dar algo a cambio de nada.

La disminución de ingresos de la accionada no podía trasladarse al actor. En efecto, la actividad del empresario es fuente de riesgos que, por regla, él debe soportar; en consecuencia, no puede tener acogida un mecanismo no previsto que haga compartir la contingencia desde que aquellas vicisitudes contienen una regulación especial y protectora del más débil en el Derecho del Trabajo en tanto configuran excepciones al principio de ajenidad del riesgo de la empresa -característico de la relación de dependencia- (conf. CSJN, 02/12/99 "Baña, Baldomero Luis v. Asociación Mutual del Personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales". Fallos: 322:2914).

Muñoz acepta que sus salarios sean reducidos en más del 16% lo que no se presenta sino como una renuncia sin obtener a cambio contraprestación alguna, privándose así a lo convenido, en sentido objetivo. No está en tela de juicio la libertad de estipulación de sus haberes por el trabajador, en la medida en que no se desconozcan los niveles mínimos de protección que el derecho acuerda al trabajador, pero el referido convenio se inserta en el marco de un contrato de trabajo en curso de ejecución y modifica sus estipulaciones en materia de remuneraciones. En todo convenio debe invariablemente existir un ofrecimiento y un renunciamiento de ambas partes: El trabajador su pretensión y el empleador la aceptación del derecho del trabajador reclamante. En el caso no existió renunciamiento de ambas partes, sólo de los trabajadores. Ello coloca la cuestión en el marco de los arts. 7º, 12 y 58, LCT que no es otra cosa que en la irrenunciabilidad.

Además, la reducción salarial que se desprende del convenio firmado por las partes no ha quedado sujeta a plazo o condición alguna, es decir, no se determinó período por el que aplicarían los descuentos. Más aún, en la práctica sucedieron desde su firma más de siete años y la empleadora jamás restituyó a los trabajadores el salario que venían percibiendo con anterioridad a la suscripción de los convenios y continuó practicándoles los descuentos, a pesar de haber quedado demostrado con los testimonios rendidos que las colonias de vacaciones de la Asociación recibieron ostensibles mejoras estructurales que no tuvieron como correlato la recuperación del nivel salarial renunciado por el actor trabajador. En suma, el acuerdo de rebaja salarial del actor resulta violatorio del principio de irrenunciabilidad de las normas laborales por lo tanto nulo de nulidad absoluta.

La conclusión precedente vacía de contenido a la homologación efectuada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pues desaparece el presupuesto fáctico necesario para ello cual es el convenio celebrado por los trabajadores y su empleadora.

Asimismo, la homologación efectuada de los convenios individuales de reducción salarial carece de intervención y justificación por parte de la autoridad de aplicación, ambos requisitos de validez impuestos por el art. 15, LCT. Como se refirió la autoridad de aplicación en todo el proceso de celebración de los convenios general e individual no tuvo intervención alguna. Aparece cuando son presentados los acuerdos suscriptos por las partes a los fines de su homologación. La intervención que la ley le asigna a la autoridad de aplicación debe exhibir un efectivo ejercicio del control de legalidad y legitimidad para el adecuado resguardo de los derechos de las partes y en especial aquellos que importan a los trabajadores, quienes están en una situación de inferioridad en la relación de trabajo. Ello se exhibe al verificarse si se cumplió el requisito que obliga a que medie resolución fundada (motivada), condición establecida por la ley para que el acto administrativo exteriorice una justa composición de los derechos e intereses de las partes (Etala, Carlos, "Contrato de Trabajo", Editorial Astrea, ps. 60-61).

La autoridad de aplicación homologa el acuerdo manifestando que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (fs. 37); sin embargo, ninguna fundamentación expone para demostrar la existencia real de la justa composición de los derechos e intereses predicada.

El autor citado informa: "La materia objeto de la transacción, conciliación o liberación debe ser litigiosa o dudosa, respecto del trabajador. Si fuera cierta o indiscutible a favor del trabajador, no habría lugar para que éste hiciera concesiones al empleador, lo que implicaría una renuncia prohibida por la ley (art. 12, LCT), que el funcionario administrativo o el juez no podrían convalidar con la homologación. Por el contrario, el empleador puede libremente renunciar a sus derechos en tanto en ellos no esté comprometido el orden público" (p. 60).

El art. 832, CC en cuanto a la transacción que es "[...] un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas". En el "convenio" firmado por el actor trabajador no existe materia litigiosa o dudosa, simplemente Muñoz se obliga a ceder un porcentaje importante de su salario y el empleador no cede absolutamente nada de su parte. Nada pone en juego el empleador que justifique un contenido real a la justa composición predicada.

No puede aceptarse que la composición o la concesión estén representadas en que el empleador se compromete a cumplir con una obligación que le asigna la ley cual es el deber de ocupación de sus dependientes o a no hacer un ilícito (despedir). De tal manera entonces la homologación también por estos argumentos debe ser revisada.

En efecto, "Se ha discutido en doctrina la posibilidad de que la "conservación del puesto" sea un elemento a tener en cuenta para concluir que no se ha renunciado a un derecho sino que se ha convenido una disminución para evitar el inevitable despido. De La Fuente y Goldín admiten legitimidad de un acuerdo de tales características, pero [...] (no se acepta el argumento, pues) nuestro sistema de protección contra el despido arbitrario pertenece a los que Justo López denomina como de "validez e ilicitud", en los cuales el despido es válido para extinguir el vínculo, pero se lo reputa ilícito y se repara sus consecuencias posibles mediante un sistema de indemnización tarifada. Esta última circunstancia no resta anti-juridicidad al despido y no puede hablarse de un "derecho a despedir" o de "libertad de despido", simplemente se trata de un sistema de "estabilidad relativa impropia" en el que la extinción incausada se reputa ilícita. Por ello no puede ser considerada como oferta o como contraprestación que implique un "no hacer". Distinto sería el supuesto si al trabajador se le propusiera abdicar un derecho y a cambio se le reconociera una estabilidad propia de origen contractual. De otro modo estaría "... dando algo a cambio de lo que ya tiene: su trabajo" (Alvarez, op. cit.).

Tampoco se verifica cosa juzgada que es una exigencia política y no propiamente jurídica, que procura dar estabilidad a las relaciones jurídicas y tributa a la seguridad jurídica, más ello no significa que esté excluida del escrutinio de la autoridad judicial que en la Provincia de Córdoba conforme al criterio de unidad de jurisdicción ejerce la función judicial en forma exclusiva (art. 153, Constitución Provincial). La resolución en cuestión homologa reducciones salariales de los trabajadores que resultan nulas, por lo que aún en el caso de invocación de la cosa juzgada administrativa, ésta debe caer frente al daño que el convenio ocasiona.

No se ha verificado en la causa imposibilidades de hecho o dificultades insalvables que le hubieran impedido temporalmente a Muñoz reclamar las diferencias de haberes por las sumas descontadas o que el empleador haya actuado con maniobras dolosas que le impidiesen interponer demanda para interrumpir la prescripción. Declarándose el acuerdo nulo desde su nacimiento no existe plazo alguno que pueda justificarse corriendo desde su celebración, ya que debe tenerse al acuerdo por no celebrado.

En consecuencia procede la acción intentada por la diferencia de haberes existente entre lo que efectivamente percibieron y lo que debieron percibir para lo cual deberá estarse a lo dispuesto por la pericial contable producida en estos autos que no ha resultado impugnada por la demandada.

No es de recibo el argumento de la accionada cuando alega que el actor ha percibido los haberes e incluso las certificaciones de servicios a los fines de gestionar su jubilación sin objeción y sin formular reserva alguna. Lo abonado no resulta sino un pago insuficiente, el que debe ser considerado como pago a cuenta, aunque haya sido recibido sin reserva, pues aceptar el argumento de la asociación accionada conduciría a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12 y 58, LCT (CS, "Padín Capella c. Litho Formas", TySS 1987-790). Además, lo determina el art. 260, LCT, razón por lo que el actor goza del derecho de reclamar las diferencias de haberes resultantes.

Planteada excepción de prescripción al tiempo de contestar la pretensión por entenderse que el actor no puede reclamar las diferencias más allá del plazo de prescripción, esto es dos años, cabe decidir que asiste razón a la accionada, pues ninguna imposibilidad tuvo el actor para reclamar, con lo que debe aceptarse la prescripción en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 256, LCT.

La parte actora al introducir sus pretensiones deja planteada la inconstitucionalidad del Art. 8 de la ley 24.432, sin perjuicio de lo que se disponga en cuanto a los honorarios de los abogados y peritos intervinientes y siendo necesario para el análisis de dicho planteo de inconstitucionalidad que se practique la regulación de los honorarios de todos los profesionales, para conocer si el caso encuadra en la hipótesis del art. 277, LCT, modificado por el art. 8º de la ley 24.432, téngase presente el planteo de inconstitucionalidad para la etapa de ejecución de sentencia.

Se ha valorado la totalidad de las pruebas aportadas al proceso, habiéndose mencionado expresamente la dirimente conforme lo autoriza el art. 327, CPCC en función del art. 114, CPT, sin que ello signifique haber dejado de lado alguna probanza de la totalidad de la ofrecida y colectada en el proceso.

10. Intereses: A capital determinado se le aplicará un interés moratorio que se estimará y se adicionará de la siguiente manera, desde que cada suma es debida la tasa promedio pasiva según encuesta del Banco Central de la República Argentina; a dicho guarismo, se le adicionará desde que cada suma es debida el 2%, todo hasta la fecha de su efectivo pago, en tanto las condiciones económicas se mantengan estables y de conformidad a las pautas y criterios establecido por el TSJ, Sala Laboral, en autos "Hernández c. Matricería Austral - demanda - recurso de casación". Las normas a los fines del cálculo de los estipendios de los letrados intervinientes serán las siguientes: arts. 25, 25 bis, 29, 34, 36 y 94, ley 8226.

Por lo expuesto y normas sustanciales y adjetivas citadas se resuelve: I. Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Horacio Ignacio Muñoz en contra de la Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires por la diferencia de haberes reclamadas entre octubre de 2001 y marzo de 2002. Con costas (art. 28, CPT). II. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta y en consecuencia rechazar la demanda en cuanto pretende la diferencia de haberes correspondiente al mes de setiembre de 2001. Con costas (art. 28, CPT). III. Oportunamente determinar la tasa de justicia. IV. Emplazar a los letrados a los fines de que en el término de cinco días de quedar firme el pronunciamiento determinativo de montos hagan efectivo los aportes a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba de acuerdo al art. 17, inc. c de la ley 6468 (según texto de la ley 8404) y los aportes al Colegio de Abogados de Córdoba, en los términos de la ley 5805, bajo los apercibimientos contenidos en los plexos normativos citados. -Gabriel A. Tosto.