Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13


NEUQUEN, 13 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CASTILLO CRISTIAN EDUARDO C/ GARCIA RENNER NELSON Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES", (Expte. Nº 368462/2008), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala III integrada por el Dr. Fernando M. GHISINI, y el Dr. Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- Vienen estos autos a la Alzada en virtud de la apelación que, contra la sentencia del 24 de mayo de 2013 (fs. 568/576 vta.), formula la parte demandada a 579/583 vta., cuyo traslado no fue contestado por la contraria.

II.- Agravios:

El primer agravio se circunscribe a la atribución de responsabilidad que le otorga la sentencia al Sr. García Renner Nelson, en calidad de propietario del fondo de comercio, pues sostiene que si bien el a-quo ha justificado la responsabilidad del Sr. García, cónyuge de la Sra. Olga Gualda al momento de la existencia del fondo de comercio, al aplicar para ello el principio de primacía de la realidad, advierte que el mentado bien es ganancial de la esposa, teniendo ella su administración y disposición en los términos de los arts. 1276 y 1277 del Código Civil.

Por lo que concluye que el Sr. Renner era un dependiente de la empresa, que tenía funciones de dirección.

En segundo lugar, le causa agravio que se haya tenido por acreditado el pago en negro de la suma de $1200 y en tal sentido, cuestiona la valoración que el a-quo efectúa sobre los testimonios brindados en autos por los Sres. Álvarez (fs. 417); Avendaño (fs. 415); Laitano (fs. 417) y Olmos (fs. 429); debido a que la generalidad de ellos también habían demandado a la Sra. Olga Gualda por despido incausado.

Afirma, que el testigo Avendaño, por un lado decía que se pagaban sumas en negro y por el otro en ningún momento presenció los pagos de dicha suma.

En tercer lugar, expone que no resulta de aplicación la multa por falta de registración contemplada en la Ley Nacional de Empleo, ello en función del incumplimiento de los requisitos de los arts. 10 y 11 de la mentada ley. Así menciona que se transgredió el procedimiento establecido en dicha ley, toda vez que el actor intimó a los demandados a que en el exiguo plazo de 24 horas procedan a su registración, cuando legalmente correspondía otorgar un plazo de 30 días.

Finalmente dice que la comunicación a la AFIP no fue concomitante al emplazamiento realizado al empleador para hacer operativa las multas supra citadas.

III.- Ingresando al tratamiento del primero de los agravios, circunscripto a la falta de legitimación pasiva del Sr. Renne Nelson García, diré que, independientemente de las consideraciones que efectúa el apelante sobre la aplicación del principio de primacía de la realidad, como bien se analiza en la sentencia de grado, en autos los testimonios de los Sres. Álvarez (fs. 414); Avendaño (fs. 415) y Olmos (fs. 429), son suficientes para acreditar la calidad de empresario - empleador, en los términos del art. 52° párrafo y 26 de la LCT, que detenta el demandado García.

Así el Sr. Néstor Omar Álvarez, pliego de fs. 414 vta., señalo que el Sr. García Renner y la Sra. Gualda, eran propietarios de la empresa; y que cuando él ingreso a trabajar para la firma arreglo sus condiciones laborales con el Sr. García.

Dicho testimonio es coincidente con lo declarado por el Sr. Oscar Fernando Avendaño (fs. 415 y vta.), quién también señalo como propietarios de la empresa a los aquí demandados.

Concordantes con los anteriores, el Sr. Jorge Gastón Ivan Olmos (fs. 429 y vta.), afirmó que los demandados eran dueños de la empresa.

A fs. 430 y vta, el Sr. Oscar Marcelo Guerra, testigo ofrecido por los accionados, hizo referencia a que desde hace dos años y medio que trabaja para los demandados; a fs. 431, el Sr. Rubén Horacio Lopez, acta de fs. 431 vta., menciona a los empleadores.

Teniendo en cuenta los testimonios analizados en su conjunto, se puede concluir que el Sr. Renner García, junto a su esposa, Sra. Gualda Olga Mabel, revestían el carácter de empleadores del actor, por lo que corresponde rechazar el presente agravio y confirmar el fallo apelado en este punto.

En segundo lugar los apelantes se agravian porque el a-quo con los testimonios de los Sres. Alvarez, Avedaño, Laitano, Olmos, tuvo por acreditado que el actor percibía la suma de $1200 en negro.

Las consideraciones volcadas por los recurrentes de manera general y sin indicar clara y concretamente con que prueba se controvierten dichos testimonios analizados por el a-quo, resultan insuficientes para revocar lo decidido al respecto en la instancia de grado.

Considero que el pago en negro de la suma de $1200, se encuentra debidamente probado en autos.

Así el Sr. Álvarez - fs. 414 y vta.- dijo textualmente: "todos recibíamos sumas en negro, yo recibí sumas en negro. Cuando se cobraba el sueldo se firmaba recibos de haberes y además por las sumas en negro se firmaba unos talonarios.. por lo que recuerda era alrededor de $1000..".

El Sr. Avendaño- fs. 415 y vta.- al respecto afirmó: "sé que le pagaban una diferencia en negro.".

La Sra. María Silvia Laitano, sostuvo que: "No conozco cuanto dinero percibía por su trabajo, yo sé que le pagaban en negro también. A mi también me pagaban en negro. Todos los meses recibía pagos en negro, yo guardaba los recibos de los empleados. No recuerdo el importe de los recibos que recibía Castillo pero era alrededor de $1500 o $1800. Yo estaba presente, ella le daba la plata y los recibos.".

A fs. 429 y vta., el Sr. Jorge Gastón Ivan Olmos, con respecto a los pagos en negro, relató que: "Nos pagaban a todos juntos se que pagaban una parte en negro, a mi no. Casi todos tienen un acuerdo de pago declarado y otra plata aparte..".

Los testimonios transcriptos son contundentes al afirmar que parte del salario del actor y de los demás dependientes se percibían en negro; por su parte los testigos de los demandados no controvierten las afirmaciones de los testigos mencionados, sino que se limitan a decir que desconocían si los demandados pagaban en negro.

Por lo tanto, considero que ha sido debidamente acreditado que el actor recibía parte de su sueldo ($1200) en negro, como afirma en su demanda y como acoge la sentencia, por lo que ante falta de prueba en contrario, la misma será confirmada.

En relación al último de los agravios expuestos, referido a la aplicación de las multas por falta de registración, consagradas en la Ley Nacional de Empleo, diré que la normativa aplicable al caso bajo estudio, el art. 11 de la Ley 24.013, en su parte pertinente establece que:

". Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de treinta días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas." (El subrayado me pertenece).

Por su parte, el decreto N° 2725/91 que reglamenta la norma antes citada, en su art. 3° dispone que el plazo de 30 días es de corrido.

Por lo tanto, no se trata de un plazo caprichoso, sino de un término determinado legalmente a fin de procurar que, ante la intimación cursada por el empleado solicitando la correspondiente registración, el empleador cumpla con dicho requerimiento en un tiempo máximo de 30 días corridos, desde que los trabajador hiciere de manera fehaciente tal requerimiento.

De las constancias de la causa, surge que el día 6 de noviembre de 2007 (TL. fs. 100) el actor intimó al empleador a fin de que proceda a la regularización laboral, dentro del plazo de 72 horas, considerándose despedido por su incumplimiento el 17 de diciembre del año 2007 (conforme Telegrama de fs. 94).

Es decir que a pesar de haber intimado a la empleadora para que regularice su situación en un plazo irrisorio de 72 horas, se consideró despedido con posterioridad al vencimiento del plazo que tanto la ley, como su decreto reglamentario, (30 días corridos desde que intimo la regularización), otorgan para el cumplimiento de la regularización correspondiente.

Por lo tanto, al tener la LNE como principal objetivo promover la regularización de las relaciones laborales, para lo cual establece un plazo para que el empleador cumplimente la intimación de regularizar la situación de falta de registración, o de registración defectuosa o parcial, procede el rechazo de la apelación por haber extinguido el vínculo el empleado con posterioridad al vencimiento del plazo de 30 días, sin que el empleador haya regularizado su situación.

Finalmente, observo que la comunicación dirigida a la AFIP el 6 de noviembre de 2007, (ver telegrama de fs. 101) es concomitante con la intimación cursada a fs. 100.

Por todo lo expuesto dicho agravio habrá de ser rechazado.

IV.- Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo el rechazo del recurso incoado por los demandados y en consecuencia, la confirmación de la sentencia en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios. En función del resultado obtenido, las costas de esta instancia se impondrán a los demandados (art. 17 ley 921), a cuyo efecto deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. MEDORI dijo:

I.- Que si bien habré de adherir al voto que antecede, estimo oportuno introducir al análisis la consideración que merece en el caso la circunstancia por la que los demandados están unidos en matrimonio, y uno de ellos está inscripto como empleador y registró la relación con el trabajador, y formalizó el intercambio epistolar que terminó en el despido; luego resulta acreditado que en forma conjunta llevan adelante las actividades del giro principal de la empresa, fundamentalmente impartiendo órdenes acerca de la organización y distribución de las tareas de todo el personal, incluso su contratación, con comprobación de fraude laboral derivada del regular pago de sumas que no figuraban en el recibo de haber oficial.

Frente al especial supuesto, coincidiendo con la valoración del marco fáctico exteriorizado por el juez de grado y en el voto que antecede, interpreto que su abordaje corresponde realizarlo conforme las previsiones de los arts. 5, 7, 11, 14 y 29 de la LCT.

II.- Que el recurrente cuestiona la legitimación pasiva que se le endilga, conforme no ser él, sino su esposa, la titular del fondo de comercio, que es bien ganancial de su administración y disposición exclusiva, en los términos de los arts. 1276 y 1277, y por otra parte su intervención era como dependiente, siendo sus funciones las de dirección (fs. 581), no configurándose controversia respecto a los hechos acerca de su rol.

En consecuencia lo que se pone en crisis es la entidad y calificación jurídica de la actividad que desempeñaba el sujeto para atribuirle responsabilidad por las consecuencias del contrato de trabajo.

En el análisis no se puede desatender que el principio de la primacía de la realidad impregna todo el dispositivo laboral, bastando la demostración del rol de verdadero empleador para atribuir responsabilidad al gerente, administrador, controlante o director, conforme la regulación que hacen los arts. 5º (Empresa-Empresario), 7º (Condiciones menos favorables. Nulidad), 11º (Principio de interpretación y aplicación de la ley) y 14 de la LCT, este último describiendo y sancionando el "fraude laboral".

En caso de fraude por interposición de persona lo nulo es la interposición y la relación de trabajo se convierte en una relación (también de trabajo) válida pero con otra persona (o si se prefiere, también con otra persona), la que intentó evadir su responsabilidad laboral mediante interposición. Eso.sin perjuicio de la responsabilidad del sujeto interpuesto, que se responsabiliza al contratar en nombre propio. No conocemos ninguna norma ni principio que excluya la responsabilidad (respecto del trabajador) de dos sujetos en razón de una misma relación de trabajo (Lopez, Justo- Ley de Contrato de Trabajo, Lopez-Centeno-Fernández Madrid, Ed. Contabilidad Moderna, Bs.As. 1987, T°I, p. 207/208).

Coincidiendo con los principios y reglas transcriptas que imperan en materia laboral que resultan aplicables al caso, por un lado, el recurrente tenía a su cargo aportar la prueba que evidenciara la autonomía de su participación en la organización empresarial, de tal forma de evitar que fuera interpretada como un supuesto de interposición de persona y en fraude a la ley.

Así, aún siguiendo a parte de la doctrina que acepta la posibilidad que los esposos celebren contrato de trabajo, no se incorporan datos de su registro laboral ni provisional.

Luego, probada la atribución de tareas de dirección, ingerencia y manejo en los negocios que hacían a la principal explotación del emprendimiento unipersonal que era titular la cónyuge, debió acreditar aquellos elementos que permitieran delimitar la confusión que se presenta en materia de los bienes gananciales dentro del régimen matrimonial.

Por aplicación del principio de primacía de la realidad puede decirse que los demandados actuaban como una sociedad de hecho familiar en el local de un negocio, independientemente que éste estuviese habilitado a nombre de uno solo.

Esa apariencia de copropiedad o de explotación común de negocios por los cónyuges ha inclinado a la jurisprudencia a decidir la responsabilidad de ambos cónyuges respecto de terceros (Cam. Concordia (E.R.) Sala 2° Laboral 21/2/91 "Sandros, Elba Beatriz c/ Encina o Ensina, Oscar y otra s/ Dfl. Salariales. Indemnizaciones, citado por Adriana Beatriz Rejón, en Sociedades Civiles y Comerciales. Cooperativas, Asociaciones y Fundaciones, Edit. Juris).

III.- Finalmente, el Art. 29 L.C.T., contempla explícitamente la relación de solidaridad que se genera en los casos de intermediación fraudulenta.

Los contratos de trabajo admiten diversas modalidades siguiendo el principio general de la LCT por la que se entienden celebrados entre los trabajadores y quien utiliza su prestación (Art. 14 y primer párrafo art. 29 LCT), y por plazo indeterminado. Es decir, la LCT se inclina claramente por la relación directa entre quien se sirve de la prestación del trabajador y el trabajado, y por la continuidad de la relación de trabajo, y como excepción admite la intermediación en caso de contratación eventual.

El art. 29 de la L.C.T. tiene explícito el fin de prevenir el fraude consistente en la interposición entre el empleador y el trabajador de un sujeto que formalmente contrata a este último y el obligado a registrar el vínculo laboral, pagar la remuneración, hacer los aportes correspondientes, entre otros, es el que recibe los servicios del trabajador, empleador real y no el tercero intermediario y, puesto a los fines de burlar la ley laboral y previsional.

Así no configurada la intermediación permitida -a través de la empresa de servicios eventuales- toda otra debe considerarse como fraudulenta, por tratarse de que sanciona el art. 14 de la LCT, con las consecuencias de los dos primeros párrafos del art. 29 de la LCT: "Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.

En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social." IV.- Conforme las consideraciones expuestas, y tal como anticipara, habré de adherir a los fundamentos del voto que antecede.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar el fallo de fecha 24 de mayo de 2013 (fs. 568/576 vta.), en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a los demandados vencidos (art. 17 Ley 921).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el equivalente al 30% de los fijados a los mismos en la sentencia de grado (art. 15 LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.