Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


Buenos Aires, de de LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó en lo principal la demanda, recurren la parte actora según presentación de fs. 800/802, la co demandada Unidelta S.A. según presentación de fs. 803/807 y el co demandado Lucio Augusto Noel según su memorial de fs. 795/798, que merecieron réplicas a fs. 817/818 y fs. 824/825 el de la actora; y a fs. 816 los de las demandadas.

Con relación a las regulaciones de honorarios apelan la co demandada Liberty S.A. por considerar elevadas las de todos los peritos; el co demandado Noel en iguales términos pero además por considerar elevados los honorarios de la representación letrada de la parte actora; y los peritos médico y contadora por considerar los suyos reducidos (fs. 783, fs. 798, fs. 784 y fs. 799).

Teniendo en cuenta la incidencia sobre la procedencia del reclamo de autos, comenzaré por analizar los recursos interpuestos por Unidelta S.A. y por el co demandado Noel.

Ambos co demandados se agravian porque la sentencia de primera instancia consideró probado que el accionante continuó trabajando para la demandada sin registro de ley hasta el año 2004. Sostienen en ese sentido que la sentenciante no ha valorado debidamente los dichos del único testigo Orellana, destacando los recurrentes lo que consideran aspectos que cuestionan la idoneidad del mismo, y que habrían sido ya señalados al impugnar su testimonio, por lo que solicitan la revisión de la conclusión arribada en la instancia de grado. Por otra parte, sostienen que la Señora Juez "a quo" habría incurrido en error al apreciar el informe de AFIP, por cuanto del mismo no surgiría que se hayan efectuado aportes por el accionante en fechas posteriores a las reconocidas como trabajadas por las demandadas. En consecuencia, los dichos de Orellana no estarían corroborados por elemento alguno de prueba en autos.

Por otra parte, la demandada Unidelta sostiene que no se ha valorado debidamente la conducta procesal del actor en tanto habría quedado demostrado que faltó a la verdad al negar que estuviera percibiendo un plan de ayuda social, y por el contrario la demostración de esa percepción estaría demostrando la veracidad de los asertos de la demandada tanto en el intercambio como en la contestación de demanda.

Analizadas las constancias de autos, considero que en estos aspectos asiste razón a los recurrentes.

En ese sentido, creo importante destacar que el actor inició su reclamo afirmando haber trabajado sin solución de continuidad desde el ingreso en el año 2001 hasta el 2004, y sostuvo que si bien durante unos meses se le extendieron recibos de haberes, a partir de enero de 2002 su desempeño careció de registro alguno.

Por su parte, la accionada afirmó que el actor había sido despedido por falta de trabajo el 29 de enero de 2002, habiendo percibido la indemnización correspondiente, y que a fines de 2003 se presentó a solicitar trabajo, pero que no fue incorporado por estar percibiendo una ayuda social que perdería en caso de ser registrado como trabajador dependiente.

Ahora bien, tal como lo ha manifestado la sentenciante, en el punto en análisis el testigo Orellana es el único que afirma haber visto al actor trabajando en la demandada en el año 2003.

La Señora Juez "a quo" considera que eso no es obstáculo para considerar sus afirmaciones porque habrían sido corroboradas por el informe de AFIP de fs. 319/320. Sin embargo, en este punto asiste razón a los recurrentes cuando afirman que dicho informe no fue debidamente valorado.

En efecto, de las constancias de fs. 319/320 se desprende que los aportes que surgen ingresados por la accionada en su carácter de empleadora del actor corresponden todos a periodos del año 2001, por lo que en modo alguno resulta conducente dicho informe para corroborar la prestación de servicios del actor con posterioridad a enero de 2002.

Por el contrario, y frente a ello, la demandada ha probado que el actor efectivamente era beneficiario del Programa Jefes de Hogar, habiendo percibido el beneficio entre agosto de 2002 a noviembre de 2006, según la informativa de fs. 447.

Por otra parte, también ha probado la accionada que el actor recibió efectivamente la comunicación del despido impuesta el 1º de febrero de 2002, en tanto de la pericia caligráfica de fs. 725/734 se desprende que la firma del talón de recepción de dicha notificación corresponde al actor.

Asimismo, de la misma pericia caligráfica surge probado que corresponden al actor las firmas de los recibos de haberes acompañados por la demandada, de lo que se desprende que también se acreditó el pago de la indemnización por el despido dispuesto en su oportunidad.

Sin embargo, el actor no mencionó nada de esto en su demanda, omisión que en mi opinión no contribuye a favorecer su postura. Por el contrario, frente a esas omisiones, y a las pruebas que ha producido la demandada, el actor solamente aporta la declaración de un testigo cuyas afirmaciones considero que incurren en demasiadas inconsistencias como para poder fundar solamente en sus dichos la conclusión que hace a la pretendida continuidad del vínculo con posterioridad a enero de 2002, en especial teniendo en cuenta que el mismo testigo afirma haber ingresado a la demandada en el año 2003.

En ese aspecto, no puedo soslayar que asiste razón a la demandada cuando afirma que la idoneidad del testigo no puede ser valorada de forma distinta en lo que atañe al despido y en lo que se refiere al accidente de trabajo que también formó parte del reclamo del actor.

Por el contrario, a las inconsistencias que ha advertido la sentenciante en el caso del accidente, se agrega que el testigo no ha dado suficiente razón de sus dichos en lo que hace al despido.

Por lo expuesto, en mi opinión corresponde hacer lugar en este aspecto al recurso interpuesto, y revocar la sentencia de grado en tanto condena al pago de haberes de febrero, marzo y abril de 2004, y proporcional mayo de 2004, al pago de Sueldo Anual Complementario por los años 2002 y 2003 y al pago de SAC y vacaciones proporcionales del 2004.

Asimismo, la conclusión a que arribo torna abstracto el recurso de la parte actora relativo a la causal de despido y el tratamiento dado a la misma por la sentenciante.

En lo que hace a la fecha de ingreso y el cuestionamiento intentado por la actora, considero que lo argumentado en la presentación recursiva no constituye agravio en los términos del art. 116 L.O., en tanto no excede de meras afirmaciones dogmáticas sin referencias concretas a la prueba producida y a los fundamentos de la sentenciante.

Atento lo expuesto, en tanto concluyo que no se ha probado en autos la continuidad de la prestación de tareas del actor luego de enero de 2002, ello me exime de tratar el recurso de la parte actora relativo al rechazo de la demanda por accidente.

La demandada Unidelta S.A. se agravia porque se la condenó a abonar la multa impuesta por el art. 80 LCT pero en este punto considero que no le asiste razón.

En efecto, la demandada pretende introducir en esta instancia una defensa basada en la prescripción de tal reclamo. Sin perjuicio de la opinión que he mantenido en casos análogos, lo cierto es que en este caso dicho argumento no fue sometido a consideración de la sentenciante de primera instancia, por lo que su introducción en el recurso de apelación deviene extemporáneo (conf. art. 277 CPCCN).

Atento el nuevo resultado que propongo, también corresponde atender el recurso del co demandado Noel, en tanto no existen en mi opinión elementos objetivos en autos para tornar procedente la demanda en su contra, la que propongo sea rechazada.

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, correspondería revocar parcialmente la sentencia apelada, fijando como nuevo monto nominal de condena la suma de $ 1.937,52 a cuyo pago solamente será condenada Unidelta S.A., y rechazar en todo lo demás la demanda, confirmando la sentencia en tanto rechaza el reclamo por accidente de trabajo.

Mi propuesta implica dejar sin efecto lo resuelto respecto de costas y honorarios (conf. art. 279 CPCCN). En consecuencia, devienen abstractos los recursos interpuestos al respecto.

Atendiendo al nuevo resultado del juicio que propongo, considero que las costas deberán ser soportadas en ambas instancias en el orden causado (conf. arts. 68 y 71 CPCCN). A ese efecto, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de Unidelta S.A., los del co demandado Noel y los de Liberty ART S.A., en las sumas de $5.700; $7.900; $6.500; $6.000, respectivamente, a valores actuales y comprensivos de las tareas cumplidas en ambas instancias (conf. art. 38 L.O. y Ley 21.839).

Por otra parte, propongo regular los honorarios de los peritos contador, médico, ingeniero y calígrafo, en las sumas de $3.100; $3.100; $3.100 y $3.100, respectivamente, también a valores actuales (conf. art. 38 L.O.).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, concretamente propongo: 1) Modificar la sentencia apelada fijando como capital nominal de condena la suma de $1.937,52, sobre la cuAl se adicionarán los intereses establecidos en la sentencia de grado. 2) Revocar la sentencia dejando sin efecto la condena impuesta en forma solidaria respecto del co demandado Noel. 3) Dejar sin efecto lo resuelto respecto de costas y honorarios. 4) Imponer las costas del juicio en ambas instancias en el orden causado. 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de Unidelta S.A., los del co demandado Noel y los de Liberty ART S.A., en las sumas de $5.700; $7.900; $6.500; $6.000, respectivamente, a valores actuales y comprensivos de las tareas cumplidas en ambas instancias (conf. art. 38 L.O. y Ley 21.839). Asimismo, regular los honorarios de los peritos contador, médico, ingeniero y calígrafo, en las sumas de $3.100; $3.100; $3.100 y $3.100, respectivamente, también a valores actuales (conf. art. 38 L.O.).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada fijando como capital nominal de condena la suma de $1.937,52, sobre la cual se adicionarán los intereses establecidos en la sentencia de grado. II) Revocar la sentencia dejando sin efecto la condena impuesta en forma solidaria respecto del co demandado Noel. III) Dejar sin efecto lo resuelto respecto de costas y honorarios. IV) Imponer las costas del juicio en ambas instancias en el orden causado. V) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de Unidelta S.A., los del co demandado Noel y los de Liberty ART S.A., en las sumas de $5.700; $7.900; $6.500; $6.000, respectivamente, a valores actuales y comprensivos de las tareas cumplidas en ambas instancias.Asimismo, regular los honorarios de los peritos contador, médico, ingeniero y calígrafo, en las sumas de $3.100; $3.100; $3.100 y 3.100, respectivamente, también a valores actuales.

Regístrese, notifíquese y vuelvan