marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARECO, GERMAN JESUS c/  s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR SER FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-03-21

A fin de procurar evitar fallos contradictorios -que pudieran eventualmente surgir ante dos impugnaciones simultáneas, una ordinaria y otra extraordinaria-, se debe concluir que cuando se dicta una resolución de Cámara que habilita a la defensa a interponer en relación a algún aspecto del pronunciamiento apelación horizontal -en los términos de la doctrina de esta Corte emanada de "Scalcione" y su jurisprudencia consecuencial-, si la defensa pretende interponer recurso de inconstitucionalidad contra algún punto de la misma -incluso respecto del cual no sea necesario satisfacer la garantía de doble conforme- debe abstenerse de hacerlo, teniendo derecho a expresar sus agravios recién cuando todos los aspectos de la sentencia hayan sido revisados ordinariamente. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239. - Jurisprudencia concordante con Bustos, AyS T 325, p 15/21, sumario J0051318.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concursos, ley procesal, interpretación de la ley, plazos procesales, plazo de gracia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Es aplicable el plazo de gracia previsto en el artículo 70 del   Código Procesal Civil a los procesos que versan sobre materia  concursal y prendaria? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-10-01

Si bien es verdad que la Ley Concursal no veda expresamente aplicar el plazo de gracia, ni que "la rapidez y economía del trámite concursal" se vería afectada en lo más mínimo porque un juicio de este tipo se alargue diez o quince días más del término que normalmente demora en concluirse, no resulta viable dentro de la Ley Concursal, aplicar el término de gracia del art. 70, 2a. parte del Código Procesal Civil y Comercial, por conspirar verdaderamente, si así se hiciere, contra el trámite regular previsto por el legislador. (Del Voto del Dr. Badano -En Disidencia Parcial-).
Jubilación por invalidez, jubilaciones, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, DOLORES OTILIA LUQUE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

La norma del artículo 16 de la ley 6915 que consagra el beneficio de jubilación por invalidez para quien se incapacita en actividad sin exigir tiempo mínimo de servicio, no queda excluida cuando se han prestado servicios en el orden nacional en tiempo que supera a los provinciales, pero que no son traídos a cómputo para su acogimiento al régimen local. Ello, porque el carácter irrenunciable de la totalidad de los servicios prestados por el afiliado, no puede tornarse en su contra cuando es él quien expresamente decide prescindirlos para acogerse a un beneficio que, como la jubilación por invalidez, no los exige.
Proceso contravencional, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, oportunidad procesal, debate
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: De Luca, Luis s/ infracción art. 116 ley 1472 - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

Tanto para dar inicio a un proceso contravencional cuanto más para adoptar, en su marco, una medida cautelar resulta necesario la existencia de una hipótesis contravencional con visos de verosimilitud, sin que resulte necesaria la exigencia de una certeza absoluta acerca del modo en que sucedieron los hechos investigados, pues esta última circunstancia sólo podrá producirse, o no, con posterioridad a llevarse adelante el debate oral, ocasión en la cual el Juez podrá analizar acabadamente la producción de las pruebas que brindan sustento a las posiciones de las partes.
Despido por matrimonio, trabajador varón, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: CHIAVETTA, CARLOS PEDRO c/ MONOBRA SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

Los artículos 181 y 182 son aplicables a las trabajadoras mujeres y no a los varones, pues estas normas están ubicadas en el Título 7, referido al trabajo de mujeres y sólo tienen aplicación en ese contexto en la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación del artículo 299 de la ley 20744 por la ley 21297, no puede tener otro sentido que el de excluir a los varones, aún en este terreno de excepción, de aquella normativa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMORETTO, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Respecto al agravio que le ocasionaría al quejoso el criterio seguido por el A quo para calcular los haberes a pagar, se advierte que con las argumentaciones vertidas en el escrito recursivo el compareciente no alcanza a demostrar que la sentencia presente un vicio de la entidad requerida para habilitar la presente queja; máxime si se tiene en cuenta que la interpretación efectuada por el Tribunal tanto de los hechos (siendo notorio que fueron considerados igualmente por los votos mayoritario y minoritario) como del derecho aplicable (en especial, del artículo 77 de la ley 8525) lo llevó a emplear un método de cálculo siguiendo un criterio que ya había sido utilizado por el Tribunal en causas anteriores y que, aunque no conforme al actor, no puede tildarse de irrazonable ni falto de suficiente fundamentación, ni que -mas allá de su margen de acierto o error- hubiera desbordado parámetros de razonabilidad o brindado una respuesta violatoria del derecho a la jurisdicción. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez, Spuler y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8525, artículo 77. - Jurisprudencia concordante con Pinés, AyS T 304, p 362/373, sumario J0047431.
Convenio de divorcio, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: R. ,M. A. c/ R. ,G. M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

En tanto las actuaciones judiciales fueron promovidas mientras estaba vigente el Código Civil y éste no exigía el recaudo de acompañar de un convenio regulador de los efectos del divorcio para viabilizar el trámite, para no producir mayores dilaciones susceptibles de prolongar los conflictos familiares, corresponde el dictado inmediato del divorcio aun cuando no se cuente en el expediente con el mencionado acuerdo, sin perjuicio de que en la instancia de origen se les requiera a las partes el debido cumplimiento de este recaudo que imponen los arts. 438 y 439 del Código Civil y Comercial.(doctor Soria, minoría) Fuente del sumario: OFICIAL
Honorarios, regulación de honorarios, ejecución de honorarios, prescripción, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Un rápido repaso de la jurisprudencia de esta Corte Provincial revela que en las causas resueltas en "Savic"; "Gardebled" y "Genaro García" se insistió en que "resulta inaplicable en el caso la norma en que se basa la defensa de prescripción (art. 4032), pues no se trata del crédito que nace entre el profesional y su cliente en razón de una relación jurídica de derecho privado o público, sino de l crédito procesal originado en la condena en costas para el cual, en ausencia de norma expresa y en razón del carácter restrictivo con que debe interpretarse la prescripción breve del artículo 4032, debe regirse por el común, o sea, el decenal previsto en el artículo 4023 del Código Civil", plazo de prescripción éste que comienza a correr desde el momento en que la pretensión de cobro de los honorarios puede ser ejercida, esto es, a partir de la condena en costas (no antes, por el principio de que actioni non natae non praescribitur, ni tampoco después -como sería el supuesto de que se vincule el dies a quo con la fecha del auto regulatorio. (del voto en disidencia del Dr. Vigo).
Locación, abuso del derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kumrich, María Isabel c/ Lanco, Francisco Ramiro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-13

Admitir que el locador "estire" las obligaciones del inquilino y del fiador hasta la fecha del mandamiento con la excusa formal de no haber otorgado su conformidad, bajo recibo (cuando probado está que su mandataria recibió las llaves y a partir de entonces tuvo la libre disposición de la cosa y la oportunidad de revisar el inmueble y hacer constar su estado por acta notarial), importaría amparar un ejercicio abusivo del derecho que es, precisamente, lo que la ley no puede amparar (art. 1071 del Cód. Civil).
Apostador, negligencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALEGRE, NICOLAS c/ MORELLINI, ABEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-30

El apostador al no controlar debidamente la boleta, con la apuesta que efectúa, actúa con negligencia culposa; en consecuencia, no puede pretender responsabilizar al agenciero de su propio error. La falta de diligencia de los deberes a su cargo, al no comprobar la correcta anotación de las jugadas y de su importe en el cuadruplicado, lo que le es impuesto por las disposiciones complementarias, importa su propia incuria.
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Galeano, Isabelino c/ Rodríguez, Miguel s/ Daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Las situaciones de emergencia que permiten actuar las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo, en materias que son de estricta competencia del Poder Legislativo (arts. 76, 99 inc. 3 , Constitución Nacional), exigen -además de los requisitos formales y circunstanciales- no sólo la señalada razonabilidad de la restricción a derechos que forman parte del patrimonio de los habitantes de la República, sino que la decisión legislativa (provenga de uno u otro poder del Estado) tenga la finalidad legítima de proteger los intereses generales de la sociedad y no los que pertenecen a determinados individuos o grupos; caso contrario no se provee al cuidado y satisfacción del bien común, sino que se lo conculca (Constitución Nacional), Preámbulo).
Juicio ejecutivo, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banca Nacionale del Laboro c/ Agüero, Francisco Mario y otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-07

Si la relación entre el documento que se ejecuta y los recibos se debe establecer por un medio de prueba distinto de los recibos mismos, tal prueba es improponible en el proceso de ejecución.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iñiguez, Ismael L. y otros c/ Rebol, Lorenzo s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Es el litigante quien debe demostrar la existencia del absurdo.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ranchilio, Juan Carlos c/ Bianchi, Horacio Antonio y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Si el perito no pudo comprobar el precio de las piezas del rodado siniestrado que debieron ser cambiadas, y el actor no se ocupó de establecer dicho precio, debe aplicarse lo dispuesto por el art.

165, 3er. párrafo del Código Procesal, cuyo sentido último es el de permitir al juez hacer justicia cuando la prueba del monto -no de la magnitud del daño-, puede ser suplida por su propio conocimiento ordinario de las cosas o por su experiencia personal. Resulta justo por tanto reducir el importe reclamado por este rubro -daño emergente- en un treinta (30) por ciento (art. 1068, C. Civil).
Cláusulas leoninas, equilibrio contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martello Guillermo c/ Gire S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-28

La cláusula de un convenio relativo a la instalación y explotación de un sistema de cobranzas extra bancario, que endilga al actor la responsabilidad por el manejo de los valores percibidos por las facturas y servicios cobrados en el marco de dicho sistema, no altera el equilibrio negocial, ni impone a cargo del accionante un riesgo desproporcionado, pues no se demostró que resultara imposible o sumamente oneroso adquirir un seguro que ampare al actor mientras transportaba los valores percibidos hasta las entidades financieras en donde debían ser depositados, máxime cuando tampoco se le imponía la obligatoriedad de adquirir dicho seguro, sino tan sólo su posibilidad.
Absolución de posiciones, representante legal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Argentino c/ Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles -OSECAC - s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-17

...si recibida la citación, no se ejercitó la facultad que le confiere el art. 406 del CPCC, concordando que ello es facultad de la parte y no obligación, va de suyo que quedó perfectamente establecido que a la audiencia de prueba debía concurrir el "representante legal" y solamente éste, para absolver posiciones.
Impuestos, principio de legalidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "ESSO  Petrolera  Argentina  SRL c/ AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

La Constitución Nacional recepta el principio de legalidad tributaria en el art. 17 que establece como garantía fundamental el derecho de propiedad y que es el Congreso el único que puede establecer las contribuciones a las que se refiere el art. 4 de C.N. (Del voto del juez Argento, cons. 4°).
Ejecución fiscal, juicio de apremio, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas P.Chubut c/ S. SA s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-20

La defensa de inconstitucionalidad es admisible en el juicio de apremio únicamente cuando la violación de la Constitución Nacional surge del contenido mismo de la norma atacada y no cuando refiere a la aplicación de una norma a un caso concreto, pues en este último supuesto se requiere de un juicio de cognición amplio en el que puedan discutirse y probarse todas las cuestiones de hecho y derecho que revelen el conflicto de las normas.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: CORIA, AZUCENA Y INDELICATO, ANDRES s/ s.d. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO e.p. de MARINA VILLABA DE  INDELICATO - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-23

Es cuestión de hecho determinar si el reo se encontraba en estado de emoción violenta, por lo que al ad-quem le esta vedado revisar lo que ha establecido la cámara juzgadora. Si esta descarto el estado de emoción violenta por considerar que no existieron las circunstancias que hicieran excusables su accionar, es improcedente que este tribunal la determine.
Competencia comercial, quiebra, fuero de atracción, daños y perjuicios, recurso de apelación (procesal), ejecución fiscal, subasta de inmuebles
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: O.S.N. c/ LINEA 720 SOC. COOP. DE OBREROS DEL TTE. LA RECONQUISTA LTDA. y otro DAVIDSON, Carlos y MANZANO, Eduardo A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOSEJECUCION FISCAL - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

Si la acción por daños y perjuicios se encuentra con apelación en el fuero Civil, no procede la remisión de las actuaciones al Juez donde tramita la quiebra de la accionada hasta tanto exista sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Alzada respectivo, pues éste no puede pronunciarse sino sobre cuestiones resueltas por el inferior del mismo fuero. Firme la resolución por la cual el juez de la quiebra resolvió que las deudas de los servicios registrados por un inmueble subastado, devengadas con anterioridad al decreto de quiebra, deberán ser verificadas en dicho proceso y que las devengadas entre tal sentencia y la toma de posesión por el adquirente son a cargo de la masa, es ante dicho juzgado comercial que debe tramitar la ejecución respectiva, pues existe prevención acerca de la cuestión que se debate.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, libertad de cultos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

La igualdad de los individuos, en lo atinente a sus creencias, significa que se es igual por merecer el mismo respeto y consideración cualesquiera fuesen las ideas religiosas que se sostengan, y aún cuando ninguna se sostenga.
Delegado gremial, personal contratado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguirre, Julio Tomás y otros c/ Sup. Gob. de la Provincia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-24

El no cumplimiento de la empleadora -Estado Provincial- del procedimiento impuesto por la norma (artículo 52 de la Ley 23551) en forma previa a la ruptura del vínculo contractual, torna a la rescisión dispuesta por la Provincia en ilegal, arbitraria y manifiestamente ilegítima, ya que caprichosamente no cabe admitir la sustracción al cumplimiento de un trámite impuesto para asegurar la libertad constitucional -artículo 14 bis, Constitución Nacional-.

El artículo 47 de la citada norma no hace distingos respecto de la situación de revista del empleado. La condición de contratado no fue impedimento para los agentes que revistan ese carácter fueran elegidos en cargos directivos para la asociación profesional, la administración fue notificada sin oponer reparo.

No hay diferencia entre los dirigentes sindicales con titularidad escalafonaria y los contratados; ello importaría negarle a estos últimos protección sindical creando una segregación no prevista por la ley. La protección gremial de esta última es abstracta a todos los representantes sindicales y la ruptura del vínculo de los accionantes con la administración contratante exigía previamente la satisfacción del trámite del artículo 32 de la Ley 23551.

Ha mediado un manifiesto apartamiento de lo normado en la citada norma reglamentaria del artículo 14 bis de la Carta Magna por parte de la accionada al disponer ilegítimamente la resolución del vínculo que la unía con los accionantes, omitiendo el procedimiento de exclusión de la garantía sindical, con los alcances de los artículos 1 y 2 de la ley 8369, haciendo viable la acción de Amparo intentada por los actores.
Justicia municipal de faltas, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dragui, Oscar Ricardo c/ Municipalidad de General San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La relativa independencia funcional con que se ha dotado a los órganos de la justicia de faltas municipal conlleva, en el marco legal respectivo, un fundamento sólido para considerarla, salvo expresa inclusión, una estructura ajena a potestades ejecutivas amplias de supresión.
Emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acebedo Venerando c/ Borzillo V. y O. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

El convenio en pesos fue practicado en miras de la ejecución de una sentencia dictada en dólares, con fecha 30-5-1997 (art. 501 y cc. del C.P.C.C.).

Así, pues, la moneda en que dicho acuerdo se pactara, sea por su vinculación con la sentencia, sea por el tiempo en que fue suscripta, asimilable al pronunciamiento que le diera origen, y ha de correr igual suerte. Es de aplicación, entonces, la pesificación forzosa derivada de normas que la regulan (ley 25.561, decreto 214/02, ley 25.820) que comprende a toda obligación cualquiera fuese su causa u origen, incluyendo las judiciales.

Y es que es tan amplia la previsión normativa que incluye hasta la sentencia condenatoria en divisas, en virtud del efecto retroactivo que tales normas contienen, justificado por razones de emergencia económicas, que alcanza también a las sentencias firmes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, eximentes de responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pozo de Martinuzzi, Nelly Angélica c/ Indal S.A. y otros s/ Danos y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Considerar acreditada la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1113, segundo apartado in fine del Código Civil y dimensionarla, constituye una cuestión de hecho; vale decir, que la decisión recaída a su respecto en la instancia de grado, sólo puede ser vulnerada mediante la demostración del absurdo.
Contratos, resoluciones, transacción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Millán, Antonio y otra c/ Alonso, Ester Amalia s/ Escrituración y cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si bien la facultad resolutoria tácita o implícita hace a la naturaleza de los contratos bilaterales, no es de su esencia y no puede aplicarse cuando su régimen legal está estructurado de tal manera que el ejercicio de aquélla resulta incompatible con las características de la figura, como ocurre con la transacción.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero, Francisco Ismael c/ Brambilla, Rolando Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

Surgiendo de las constancias de autos que el automotor conducido por el actor circulaba por la derecha, gozando de prioridad para el paso, el conductor del camión debió ceñir estrictamente su conducta a las normas reguladoras del tránsito, reduciendo sensiblemente la velocidad en la bocacalle e incluso deteniendo por completo su vehículo a fin de ceder espontáneamente el paso de quien circulaba por su derecha, lo que evidencia que la conducta distinta obrada por el mismo no ha sido acorde con la circunstancias de tiempo, modo y lugar, poniéndose de relieve que fue el culpable en la producción del hecho (arts. 71 inc. 2, 64, 85 y 86, ley 5800; 512 y 902, Código Civil).
Niños, niñas y adolescentes, derecho a ser oído, proceso judicial, procedimiento administrativo, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L. H.,M. A. C/ F., A. E. S/ CUIDADO PERSONAL(f) (S / CASACION) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-10-21

El art. 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes, en los procesos en que se determinen sus derechos y ello debe ser interpretado a la luz del art. 12 de la Convención en cuanto señala que "1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, además de contener adecuadas previsiones con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino". (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)