Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 13 de 2007.

El doctor Pirroni dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 255/257 apela la accionada a fs. 258/259. Se queja porque considera que el Sr. Sentenciante no tuvo en cuenta los esfuerzos realizados por la empresa y la crisis económica de la industria y del país en general, que determinaron el despido del actor por motivos de falta de trabajo no imputable a la empresa. Apela la remuneración tenida en cuenta en el pronunciamiento de grado. Asimismo, cuestiona el cálculo de la multa del art. 16 de la ley 25.561, precisando que en virtud de lo establecido por el art. 4º de la ley 25.972 sólo corresponde duplicar la indemnización del art. 245 LCT y, a todo evento, denuncia la inconstitucionalidad de los decretos reglamentarios que han modificado lo dispuesto en la referida ley.

Tales agravios merecieron oportuna réplica de la parte actora, quien presentó su memorial a fs. 264/266.

II. Liminarmente advierto que llega firme a esta etapa que la actora ingresó a las órdenes de la demandada el 5 de julio de 1999, realizando tareas de enfermera y fue despedida el 13 de marzo de 2003 por su empleadora, alegando causas económicas que impedían la prosecución del vínculo laboral.

III. Sentado lo expuesto, y en cuanto al fondo de la cuestión debatida en autos, adelanto que la queja intentada no tendrá, por mi intermedio, favorable acogida. En efecto, el Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar al reclamo interpuesto por el accionante porque consideró que el despido debe quedar encuadrado en el art. 245 LCT, al no probarse los extremos requeridos por el art. 247 LCT. Por su parte, la accionada se queja porque considera que, en virtud de la situación económico financiera sufrida por la empresa, producto de la crisis general ocurrida en el país, resultaría aplicable la normativa del art. 247 LCT.

En primer lugar, destaco que no escapan a mi criterio las dificultades económicas y financieras que pueden afectar a la empleadora ante determinadas circunstancias del mercado, pero estimo que las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir las obligaciones en caso de despidos deben ser cumplimentadas pues, de lo contrario, se obligaría al trabajador a soportar riesgos que le son ajenos.

Desde tal perspectiva, considero que en autos no se ha producido demostración suficiente, como para abonar la postura de la recurrente. Para ello, tengo en cuenta que la aplicación de este supuesto se encuentra subordinado a dos recaudos: uno material, que apunta a la declividad productiva y, otro ideal, que alude a la inimputabilidad empresarial de tal situación.

En tales condiciones, la accionada debió haber demostrado en autos que observó una conducta diligente acorde con las circunstancias y que los problemas económicos que sufrió excedieron el riesgo propio de la organización empresaria, como así también debió acreditar que adoptó las medidas necesarias para paliarlo, hasta desembocar finalmente en la presentación en concurso preventivo. Es decir, debió demostrar las medidas que con buen criterio empresario y debida diligencia implementó, más allá de los despidos de trabajadores dispuestos, sin haber cumplimentado los pasos previos exigidos por la Ley Nacional de Empleo -nro. 24.013- para tales casos, es decir, el procedimiento preventivo de crisis normado por los arts. 98 a 105 del citado cuerpo legal.

Destaco, también que las dificultades económicas a que alude la accionada conforman los riesgos propios de la actividad que desarrollaba, por lo que -en principio- no encuadran dentro del concepto descripto en el artículo 247 LCT que justifique, a mi juicio, el pago de la indemnización reducida. Considero que tampoco el retiro de la financiación de OSDE del Sanatorio "San José" puede entenderse como una maniobra ajena a la responsabilidad empresaria. La accionada -reitero- debió demostrar que tomó medidas con buen criterio empresario, al margen del despido de la accionante. Asimismo, la demandada tampoco acreditó haber comenzado con el despido del personal menos antiguo de la empresa, circunstancia que, en definitiva, sella la suerte del reclamo en sentido adverso a las pretensiones del recurrente.

En consecuencia, frente a estas circunstancias y por todos los motivos expuestos, considero que correspondería rechazar este aspecto de la queja intentada y, en su mérito, confirmar este segmento del fallo apelado.

IV. Con relación a la remuneración tenida en cuenta en la decisión de grado, considero que la queja debería prosperar toda vez que resulta exacto que la base de cálculo tomada en consideración en la sentencia de Primera Instancia de $ 1.216,03 incluye el rubro "asistencia en domicilio" por $ 110 y que fue percibido únicamente en el mes de abril de 2002 (ver detalle de las remuneraciones del último año percibidas por la trabajadora; anexo obrante a fs. 169). En consecuencia, del detalle informado por el experto, se desprende que la mejor remuneración normal, mensual y habitual percibida por la accionante fue la del mes de marzo de 2002 que alcanzó la suma de $ 1.106,03.

Asimismo, considero que para el cálculo del rubro preaviso debe seguirse un criterio diferente toda vez que debe aplicarse el principio de "normalidad próxima", noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que la trabajadora habría percibido durante el lapso del preaviso omitido (cfr. los autos "Fantín Mabel N. c. Instituto Gallup de la Argentina SA s/despido", S. Definitiva nro. 78.195 del 26 de junio de 2001, entre otros). De este modo, propicio que sea tomada en cuenta la cantidad de $ 939,94 a tal fin.

Respecto a la queja intentada por el modo en que se determinó la indemnización del art. 16 de la ley 25.561 debo señalar que el Sr. Juez de grado fijó correctamente en mi opinión, el monto de la aludida indemnización duplicando la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración del mes de despido. Resulta inexacto lo afirmado por el quejoso al pretender la aplicación del art. 4º de la ley 25.972 toda vez que dicha normativa fue publicada en el B.O. el 17 de diciembre de 2004 en tanto que el despido, reitero, tuvo lugar el 13 de marzo de 2003.

Cabe memorar que el art. 16 de la ley 25.561 establece la obligación de los empleadores de abonar a los trabajadores despedidos sin causa justificada el doble de la indemnización que les corresponda de conformidad a la legislación laboral vigente. Por su parte, el art. 4º del dto. 264/02 establece que la duplicación prevista en la norma citada "comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo" (cfr. mi voto en la causa "Ikei Sebastián Javier c. Galdar SA", S. Definitiva nro. 80.479 del 20 de marzo de 2003).

Por los motivos expuestos, corresponde mantener los rubros que han sido diferidos a condena -cuya procedencia no ha sido cuestionada en esta etapa- y reajustar los montos por los cuales prospera cada uno de ellos a las siguientes sumas:

a) indemnización art. 245 LCT ($ 1.106,03 x 4) $ 4.424,12.

b) indemnización art. 232 LCT: $ 939,94.

c) indemnización art. 233 LCT y marzo: $ 939,94.

d) multa art. 16 ley 25.561 ($ 4.424,12 + $ 939,94 + $ 939,94) $ 6.304.

e) multa art. 2º ley 25.323 ($ 4.424,12 + $ 939,94 + $ 939,94 x 50%) $ 3.152.

f) SAC proporcional -primera cuota prop./03- incluye preaviso $ 190,88.

g) vacaciones proporcionales - incluye preaviso ($ 939,94 / 25 x 4) $ 162,91.

Todos ellos alcanzan la cantidad total de $ 16.113,79, suma que llevará los intereses dispuestos en grado que llegan firmes a esta etapa.

V. Más allá de la modificación parcial que se propone, corresponde mantener lo dispuesto en grado en materia de costas, así como también los porcentajes de honorarios establecidos, aunque bien referidos al nuevo monto de condena.

VI. Estimo que las costas de Alzada, atento las cuestiones debatidas y el resultado final del pleito, deberían imponerse en el 85% a cargo de la demandada y el 15% restante a cargo del accionante (arg. arts. 68, 71 y cc. CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 258/259 y fs. 264/266 en el 30% y 25% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

De compartirse mi voto, correspondería: a) Modificar parcialmente el fallo apelado al reducir el monto de condena a la suma de $ 16.113,79, con más los intereses dispuestos en grado; b) Confirmar el fallo apelado en lo demás que decide; c) Fijar las costas de Alzada en el 85% a cargo de la recurrente y el 15% restante a cargo del accionante; d) Regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 258/259 y fs. 264/266 en el 30% y 25% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

El doctor Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Modificar parcialmente el fallo apelado al reducir el monto de condena a la suma de $ 16.113,79, con más los intereses dispuestos en grado; b) Confirmar el fallo apelado en lo demás que decide; c) Fijar las costas de Alzada en el 85% a cargo de la recurrente y el 15% restante a cargo del accionante; d) Regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 258/259 y fs. 264/266 en el 30% y 25% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. -Oscar Norberto Pirroni. -Julio Vilela.