Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 4.669/13/CA1 "R.C.E. c/ Sancor Salud s/ incidente de apelación" Buenos Aires, 10 de junio de 2014.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 74/80 (concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 86), contra la resolución de fs. 70/72, cuyo traslado fue contestado a fs. 89 y CONSIDERANDO:

I. El señor Juez tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y en consecuencia, decretó la medida cautelar solicitada y ordenó a la Asociación Mutual Sancor otorgar a la Sra. C.E.R. la cobertura del 100% del medicamento "RITUXIMAB (MABTHERA)" prescripto por su médico tratante en virtud de la enfermedad que padece.

Contra esa decisión se agravia la demandada, quien sostiene -en lo sustancial- que la medicación requerida por la actora no se encuentra aprobada por ANMAT para su patología, y que por ello, al no estar prevista en el PMO no le corresponde su cobertura.

II. Es oportuno destacar que, más allá de sus agravios, la recurrente no desconoció la afiliación de la actora ni su enfermedad. En concreto, no se ha cuestionado que la Sra. C.E.R., de 27 años de edad, afiliada a la demandada (cfr. fs. 2), padece "Neuromielitis Optica" (cfr. certificado médico de fs. 4 y resumen de historia clínica de fs. 5/7) y que requiere tratamiento para curar su enfermedad. Asimismo obra el reclamo extrajudicial efectuado a la demandada y su rechazo a fs. 8 y a fs. 20/22 vta..

Por otra parte, del certificado médico obrante a fs. 4 surge la prescripción del medicamento "RITUXIMAB" (suscripto por la Dra. María Inés Gaitan, médica neuróloga).

Así pues, y a los fines de decidir respecto del recurso de la demandada, cabe recordar que la verosimilitud del derecho, como requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (Corte Suprema Fallos: 306:2060; esta Sala, causa 10.578/05 del 09.12.2005 y sus citas).

En primer lugar, la queja de la apelante en cuanto a que el medicamento prescripto a la actora para el tratamiento de su neuromielitis no es el adecuado, no alcanza para revocar la medida cautelar desde que no ha brindado fundamentos científicos suficientes para demostrar que dicha prescripción resulte equivocada. Por otra parte, el agravio respecto de la falta de aprobación del medicamento por parte de la ANMAT, queda desvirtuado con la Disposición N° 6314 del 16-10-13 dictada por ésta, por la cual se autoriza al Laboratorio ELEA SACIF y A la inscripción del mismo en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales (REM) de la ANMAT, y se advierte que a pesar de las consecuencias indeseables que pueda tener dicho tratamiento, ello no resulta óbice, que pueda ser utilizado para la patología de la paciente según lo prescribe su médico tratante.

Sentado ello, y si bien la recurrente arguye que el medicamento requerido no se encuentra incluido en el listado de medicamentos del Programa Médico Obligatorio, cabe señalar que éste fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, y no resulta aceptable la implantación de un menú que reduzca las prestaciones habituales, como así también que, independientemente de la cobertura prevista en el programa, no existen patologías excluidas (ver considerandos de la Resol. 939/00 del Ministerio de Salud, modificada por Resol. 201/02). En tales condiciones, esa limitación en la cobertura debe ser entendida como un "piso prestacional", por lo que no puede, como principio, derivar en una afectación del derecho a la vida y a la salud de las personas -que tiene jerarquía constitucional (Corte Suprema, Fallos 323:1339)-, máxime cuando la ley 23.661 creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud con el objetivo fundamental de proveer el otorgamiento de prestaciones de salud integrales que tiendan a la protección de la salud con el mejor nivel de calidad disponible (cfr. Sala 1, causas 630/03 del 15-4-2003 y 10.321/02 del 13-4-2004; Sala 3, causa 2216/04 del 15-11-2005 y Sala de Feria, causa 13.572/06 del 19-1-2007), siendo claro que no corresponde aquí detenerse en la consideración de razones puramente económicas pues, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho a la vida -que incluye a la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 323:3229 y 324:3569).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la documental aportada por la actora al inicio de las actuaciones (cfr. fs. 1/8) y el dictamen del Cuerpo Médico Forense (cfr. fs. 46/66) en el que se señala: que "el tratamiento de dicha patología con el medicamento RITUXIMAB se encuentra indicado" (cfr. fs. 53) se concluye que éste resulta ser el adecuado para tratar la dolencia de la afiliada, de conformidad con lo dispuesto por su médico tratante. Sin perjuicio de lo cual y en virtud de las características que presenta el caso, hácese saber a la Sra. C.E.R. que las consecuencias negativas que pudieran derivarse del tratamiento indicado quedan dentro de su exclusiva responsabilidad, deslindándose de tal modo la que eventualmente pudiera corresponder a la accionada en razón de la cobertura integral que debe brindar con motivo de lo decidido en este pronunciamiento (Sala II, causas 11.296/05 del 23.3.07 y 10.533/07 del 4.12.07).

Así pues, el régimen jurídico aplicable al caso, sumado a la enfermedad y al tratamiento prescripto a la afiliada es lo que permite tener por configurada la verosimilitud en el derecho (superficialmente valorada en esta etapa del juicio), a tener acceso a la cobertura del 100% del medicamento prescripto para tratar su enfermedad (cfr. fs. 1/4), más aún si se tiene en cuenta el alto costo del mismo ($ 18.989,60, cfr. fs. 88) y la remuneración que percibe la actora (cfr. recibo de sueldo de fs. 3, $ 7.474,25 a mayo de 2013).En estas particulares condiciones, el mantenimiento de la medida dictada por el señor juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 el 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras).

Finalmente y con relación al peligro en la demora, es importante recordar (a los fines de tener por configurados los requisitos que hacen viable la cautelar) que este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado tal recaudo, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99, 1056/99 del 16-12-99 y 9884/06 del 26-12-06; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13 y Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", pág. 77, n° 19).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas a la vencida (art 68, del CPCCN).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18-11-2013, deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo