marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámaras de casación, reglas de la sana crítica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

El Tribunal de Casación debe efectuar el completo control de la sentencia impugnada, verificando que todas las cuestiones allí asentadas, sean de hecho o de derecho, se encuentren debidamente fundadas a la luz de las reglas del sistema de libre convicción, analizando cómo el sentenciante ha valorado el material probatorio y encontrando como único límite aquellas cuestiones relacionadas directa y únicamente con la inmediación del juicio oral, materia vedada por su propia naturaleza irrepetible en esa instancia.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, conocimiento de embarque, formulario preimpreso, reservas en el conocimiento de embarque, Convención de Bruselas
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA AUSTRAL CIA. SEG.  S.A. c/ CAP.  Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "ANNA JO" Y/O "NAVEGACAO MANGUAR"  LTDA. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

Las cláusulas impresas quedan descartadas de plano en el régimen de la Convención de Bruselas de 1924, las que constituyen cláusulas de estilo y sólo han sido admitidas en casos aislados, pero con referencia al régimen del art. 1040 del Código de Comercio. La anticipada e impresa manifestación de "desconocimiento" que aparece tanto cuando se amparan mercaderías cargadas a granel o sólo un bulto, no satisface la exigencia de la Convención, pues constituye una estipulación tipo, mecánicamente incluida, que no permite referirla al cargamento al cual debe estar particularmente destinada. Y es razonable que esas cláusulas impresas carezcan de eficacia pues sólo mediante una referencia específica puede expresarse validamente esa manifestación de duda con respecto a los datos que le proporciona el cargador.
Recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEQUARRE, GUY FERNANDO c/ BANKBOSTON NA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Cuestionada por la entidad bancaria accionada una medida cautelar decretada por el juez de grado, sin perjuicio de compartir esta sala el criterio expuesto por la Sra.

representante del Ministerio Público ante esta cámara respecto de la incompetencia del fuero para entender en este proceso Ley 25587), cabe expedirse sobre la materia recursiva en la inteligencia de que es el tribunal de alzada del juez que dicto la resolución que motiva el alzamiento el que debe entender en la apelación pendiente -Ley 25587 art. 4 y 5 -.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aloise, Vicente c/ Rica y Lawrie S.R.L. y oros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

No procede la excepción de inhabilidad de título cuando ha reconocido el excepcionante que es inquilino del actor y no ha exhibido otros recibos de los que resulte otra cantidad distinta a la reclamada. De tal modo, no negada la calidad de locatarios, ni tampoco el importe de los arriendos adeudados, se torna impropio cuestionar la habilidad del título sosteniendo, sin ningún respaldo objetivo y de manera inconsistente y antojadiza, que el alquiler ha sido fijado unilateralmente y que no es líquido y exigible (art. 542, inc. 4°, Código Procesal).
Inconstitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUEVARA  LUIS  HUMBERTO (EX ADMINISTRADOR) Y AGENTES HOSPITAL "FELIPE HERAS" CONCORDIA c/ TRIBUNAL DE CUENTAS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-08-19

No resulta factible interpretar el preindicado artículo 146 como creador de una nueva instancia en la que el Superior Tribunal de Justicia pueda establecer - compulsando las pruebas obrantes - una distinta situación de hecho que la tenida presente por el Tribunal de Cuentas. Se trata de un recurso que debe considerarse con el "factum" establecido por el sentenciante, que es definitivo para el ad - quem. Y, el recurso procedería si fuese el obrar preestablecido mal subsumido en la norma o si ésta se la hubiera reducido o ampliado en su alcance, o dejado de lado, o se hubiera aplicado una norma que no correspondía. Es decir, que el recurso tiende - aparte de otros objetivos - a corregir un error in iudicando, hace un control de constitucionalidad y de legalidad.

Aquí, a poco que se mire, el problema radica fundamentalmente en una diferencia entre lo que se considera o no probado.
Hurto simple, hurto con llave o ganzúa, llave falsa, automotores
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, Julia s/ Causa 20.397
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-22

a) La agravante de ganzúa o instrumento semejante no alcanza a los automotores, porque en ellos no se daría la nota de habitabilidad que califica el lugar donde ha de perpetrarse el ilícito.

b) Aun demostrado el empleo de la llave falsa o ganzúa, si a tal elemento no se lo utilizó de modo corriente, es decir como procedimiento para sustituir la llave propia en el intento de remover los cerrojos y sí como instrumento para forzar su mecanismo, la figura se desplaza hacia el robo simple.
Recurso de queja (procesal), sentencia absolutoria, prescripción
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Andretta, Carlos Hugo Andretta, Carlos Hugo s/ art. 41 -causa nro. 48-CC/2000-s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad. s/ Art. 41 -Causa Nro. 648- CC2000- s/Queja por denagación de Recurso de  Inconstitucionalidad -causa nro. 48-CC/2000-s/queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad. s/ Art. 41 -Causa Nro. 648- CC2000- s/Queja por denagación de Recurso de  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

El art. 31 del Código Contravencional establece el plazo genérico de 1 año y un plazo especial para las contravenciones de tránsito de 2 años. Conforme ese artículo, el plazo de prescripción comienza a correr desde la fecha de la comisión de la contravención o desde el momento en que cesó, si fuera continua. Por otro lado, el mismo artículo prescribe que el curso de la prescripción se suspende por la incomparecencia injustificada del presunto contraventor/a a las citaciones legalmente previstas y que la audiencia prevista por el art. 46 de la ley 12 interrumpe la prescripción de la acción. No hay duda alguna, en consecuencia, de que en relación con el tema de la prescripción en materia contravencional, es innecesario recurrir a normas del orden federal en materia penal que son de aplicación subsidiaria. (Del voto de la Dra. Ruíz).
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, socios, prueba, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonquim SA c/  s/ quiebra c/pausic marcos y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Procede revocar la resolución que extendió la quiebra a los accionados, con base en que estaba probado que habían tenido amplias facultades de administración del patrimonio de la fallida, compatibles con la calidad de administradores de hecho y de socios ocultos que les había sido endilgada por la sindicatura actora. Ello por cuanto, en el caso, no se ha probado que efectivamente el apelante hubiera sido un socio oculto de la fallida; y segundo, porque, aun cuando hubiera ocurrido lo contrario, es bien dudoso que la LCQ 160 incluya, dentro de los legitimados pasivos que contempla, a quien habría revestido esa calidad respecto de un accionista. Lo menos que hubiera debido hacer quien pretendía obtener tan grave resultado -como lo es la extensión de una quiebra-, era proporcionar los datos del negocio simulado, no solo a efectos de comprobarlo -presupuesto sin el cual la acción no podía prosperar-, sino también para poder conocer sus motivaciones y, en su caso, sus consecuencias. En el caso, no se sabe absolutamente nada, pues todo fue ignorado: no solo no se sabe cuál habría sido el móvil que habría llevado al demandado a producir ese ocultamiento, sino que se ignora también sobre qué bases la sindicatura llegó a la conclusión de que la cónyuge del nombrado -que es bioquímica, lo cual permite conjeturar su interés en participar en el negocio del laboratorio- no había sido la verdadera adquirente de las acciones. Ese acto de adquisición de acciones -en el que se habría producido la simulación- no se mencionó, sino que solo se apuntó a que el demandado había estado al mando de la compañía, atribuyéndole un poder que indudablemente tuvo, pero sin reprocharle ninguna actuación ilícita destinada a producir algún daño a la sociedad o a algún acreedor suyo en particular. Ese problema de base que presenta la demanda alcanzaría para rechazarla, pues, como es claro, para que puedan producirse las consecuencias de una simulación, es necesario previamente declararla, lo cual aquí no se podría hacer, no solo por los defectos en la integración de la litis, sino porque el acto respectivo ni siquiera fue invocado.
Proceso penal, principio de progresividad, preclusión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OCHOA RAMON s/ CASACION PENAL - JUICIO DE REENVIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-24

El principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas; su desconocimiento resulta violatorio del principio constitucional del debido proceso legal y por lo tanto la nulidad que produce es declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso (art. 172 CPP). En este aspecto tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad, entre otros.
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villa Abrille, Juan Carlos s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

En los supuestos del art. 288 inc. 4to. de la ley 19551 sin perjuicio de la apelación por los titulares de las respectivas regulaciones, la alzada está facultada para reducirlas aún cuando el síndico no hubiera apelado las mismas por 'altas' (doctr. art. 295 de la ley 19551). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parque Automotor S.R.L. s/ Quiebra-Incidente de extensión de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-18

Salvo los supuestos en que el desistimiento se deba a cambios de legislación o jurisprudencia exclusivamente, las costas serán a cargo de quien desiste si las partes nada acordaron respecto de las mismas.-
Medidas cautelares, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata c/ Municipalidad de General Pueyrredón y otro s/ amparo (INFOREC 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-27

Corresponde rechazar la acción de amparo interpuesta por el Colegio de Abogados tendiente a lograr que se exceptué del aislamiento a la actividad letrada, toda vez que el servicio de justicia nunca se ha dejado de brindar ni se ha visto interrumpido, sólo se ha regulado de modo razonable, de manera que mediante la implementación de los medios electrónicos, los profesionales del derecho no han visto vulnerado su derecho al trabajo, pues pueden desplegar su labor a distancia, con lo que no hay peligro en la demora.
Competencia, ejecución de sentencia, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LAVARDA, LUIS RAMON c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Corresponde apartarse del criterio que sostuvo la competencia de la C.F.S.S. para entender como tribunal del alzada respecto de la ejecuciones de sentencia en trámite por ante la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo cuando la C.N.A.T. ya ha intervenido como tribunal de grado, y el recurso en estudio guarda estrecha relación con aquélla intervención, lo cual impide que sea la Cámara Federal de la Seguridad Social quien entienda en la nueva apelación. Ello es así pues si debe estarse a la competencia del órgano que previno cuando un proceso es consecuencia o derivación de otro (cfr. C.N.A.Civ., Sala C. sent. del 24.08.95, Capón, Pablo c/ Albrizio Quirno), con mayor razón cobra vigencia dicho principio cuando el recurso articulado se halla en relación de interdependencia, subordinación o accesoriedad con respecto a la sentencia. Al respecto, la propia C.N.A.T., se ha expedido en el sentido de que, en casos referidos al cobro de honorarios profesionales, es decir, una temática residual en el expediente y, por su naturaleza, ajena a lo que constituye la materia concreta de la Seguridad Social, corresponde considerar que la Justicia Nacional del Trabajo sea la competente para asumir el conocimiento de ese tipo de procesos (cfr. C.N.A.T., Sala II, sent. del 11.07.95, Plaza, Alcibíades c/ A.N.Se.S.). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Agropecuaria La Providencia S.A. s/ Concurso Preventivo (Hoy Quiebra) - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-22

A pesar de la alegada errónea aplicación o interpretación de la ley, analizando el discurso recursivo, se ha de inferir entonces, que todos los argumentos en los que se ampara la queja giran sobre la valoración de las pruebas que realizaron los jueces de grado, cuestión que solo excepcionalmente puede este Cuerpo analizar cuando se acredite el error grave y manifiesto, el desvío en el razonamiento que lleve al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o arbitrariamente contradictorias entre sí.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, juicio de apremio, honorarios, ejecución de honorarios, falta de legitimación para obrar, concurso preventivo, síndico del concurso, regulación de honorarios, patrocinio letrado, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALBERTO, CARLOS L c/ AFIP -DGI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 275   AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-25

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad atento la ausencia de consideración de la defensa de falta de legitimación interpuesta por la accionada concerniente a que no estaba obligada al pago de los honorarios del letrado de la sindicatura conforme a la interpretación asignada por un fallo pleno y a lo dispuesto por el artículo 257 de la ley 24522 -en tanto establece que los honorarios de los letrados del síndico recaen sobre este último-, circunstancia que imponía de manera inexorable el juzgamiento sobre la ausencia de legitimación pasiva de la ejecutada.

Respecto de esta defensa se ha considerado que comprende también las hipótesis en las que falta alguno de los presupuestos del título, la legitimación sustancial (activa y pasiva), causa lícita; objeto cierto y determinado; plazo vencido; y obligación pura o condición cumplida.

No cabe duda entonces que la cuestionada legitimación sustancial pasiva podía determinar -en caso de prosperar- la ineficacia del título, evidenciando, así, la necesariedad de su tratamiento; su omisión implica sin más falta de motivación.
Bosques, declaración de inconstitucionalidad, legitimación procesal, universidades
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Universidad Nacional de Río Cuarto c/ Córdoba, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

Cabe rechazar in limine la demanda promovida en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por la Universidad Nacional de Río Cuarto contra la Provincia de Córdoba, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley local 9814 -que aprueba el ordenamiento territorial de bosques nativos en la jurisdicción de la demandada-, pues no puede considerarse que la demandante revista la condición de "afectado" en los términos de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 30 de la Ley General del Ambiente, en la medida en que no ha justificado un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes.
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Simón de Strasser, Electra Susana c/ Hosp. Manuel Belgrano (Urdinarrain) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-02

El accionante cuenta con la vía administrativa y contencioso administrativa para plantear su reclamo, no ocasionándole la demora gravámen irreparable atento a que, de obtener sentencia favorable en dichas instancias, será restituido a sus funciones y deberán reintegrársele los haberes que -en su caso- hubieren disminuido.

Conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 8369, siendo rechazada la demanda de Amparo por cuestiones formales, renace el plazo para la interposición de los recursos administrativos que correspondieren, los que en tal supuesto se reputarán suspendidos por la interposición de la demanda de Amparo, no cumpliendo, en consecuencia, la presente acción con lo normado por el artículo 3 inciso a) de la citada norma relativo a la existencia de otros procedimientos que permitan obtener la protección del derecho invocado. En virtud de lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vitale, Josefina Marta c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La naturaleza jurídica del sueldo del agente público guarda íntima afinidad con la naturaleza de la función efectivamente desarrollada y, en el caso que se abone una diferencia de haberes para lograr una retribución similar a un cargo superior ello no implica una equiparación escalafonaria ni una similitud de funciones.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Menvielle Sánchez, Marta Estela c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

No corresponde a la Corte pronunciarse sobre la tacha de arbitrariedad alegada por la apelante si, ante la denegatoria del recurso en ese aspecto, no dedujo queja alguna.
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por acceso carnal, delito penal, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso sexual con acceso carnal (Expte Nº  98-02, Resolución Nº  52,  Tomo 8, Folio 410)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-27

Una acepción literal de lo que es acceso carnal, como conducta humana cumplida sobre otra persona, nos llevaría a conclusiones claramente inaceptables por la desmesurada extensión que se daría al tipo penal, puesto que la introducción de cualquier parte del cuerpo de una persona en el de otra (vgr. un dedo en la boca), sería tal. Habida cuenta de lo expuesto, es que se ha intentado elaborar un concepto que haga razonable político criminalmente la punición del acceso carnal, pensándose que ello se lograría equiparándolo a la idea de coito o cópula sexual. La propuesta, aunque acertada, no resulta plenamente satisfactoria, porque, si bien semejante perspectiva resulta idónea para excluir los accesos que no fueran con el cuerpo sino con objetos (los que podrían en todo caso configurar alguno de los otros dos abusos sexuales típicos), en definitiva nos deja ante el nuevo problema de dar precisión a tales expresiones, que aunque acotan más el campo de posibilidades que la de "acceso carnal", no solucionan todos los problemas, como que, si bien puede aceptarse como concepto de coito o cópula a la unión sexual de dos personas, no queda categóricamente en claro cómo ha de ser tal unión.
Indemnización, índices de actualización, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADO BORDA DE ALVAREZ MARIA ELIDA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-11-06

Los intereses que deben aplicarse a la indemnización debida en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral al damnificado y la correspondiente a los progenitores en concepto de gastos realizados y pérdidas sufridas que se devengarán, desde la fecha de la sentencia de primera instancia y hasta su efectivo pago, deberán calcularse aplicando la tasa pasiva que publica el BCRA.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Pierotti, Práxedes c/ Celulosa San Pedro S.A. s/ Indemnización, despido, etc. Pollola, Juan Bautista c/ Primatex s/ Indemnización por enfermedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25|1991-07-23

En casación sólo es revisable la sentencia y no el proceso que la antecede. Así si el tribunal del trabajo no se expidió oportunamente respecto a la caducidad de instancia peticionada en la contestación de demanda, consintiendo la accionada la prosecución de las actuaciones, la cuestión conforma una eventual irregularidad procesal anterior al fallo que, por encontrarse preclusa, no puede analizarse por la Suprema Corte.
Empleados públicos, policía, incapacidad, acumulación de beneficios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 83657 - NIEVAS, FABIAN OSVALDO c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-11-13

La ley 6722 prevé entre otras compensaciones: los subsidios ( por fallecimiento y gastos de sepelio) y las indemnizaciones, que no estaban establecidas en el régimen de la ley 4747. Cabe destacar, que el régimen de subsidio por fallecimiento y la indemnización no son acumulables. La nueva ley permite que el personal afectado por una incapacidad por la activad policial acceda también a un resarcimiento, ampliando el marco de cobertura del régimen anterior donde sólo quienes quedaren total y permanentemente incapacitados para todo tipo de actividad ( policial y civil) gozaba de un beneficio, la ley beneficia a todo el personal policial, ya que se acuerda un beneficio por incapacidad policial ( sin exigírsele la civil) valorando y alentando a los sectores vinculados a la seguridad quienes asumen cotidianamente mayores riesgos personales que el resto de la Administración.