marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, menores, hormona de crecimiento, Ministerio de Salud
Materia: CIVIL
Carátula: Valiante Lautaro c/ Medicus S.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Si bien esta norma regula el régimen para la solicitud de hormona de crecimiento en el marco de la "Asistencia con Hormona de Crecimiento" dependiente del Ministerio de Salud -para pacientes que carezcan de cobertura de obra social u otro tercer pagador- (cfr. fs. Anexo I, acápite 2.5 de la copia adjuntada por la demandada), teniendo en cuenta los términos en los que la apelante ha planteado su recurso, resulta razonable acudir al mismo régimen. En consecuencia, no se puede soslayar que la resolución 2091/10 de ese ministerio dictada en el ámbito de dicha "Asistencia" (B.O. 1-12-10) aprueba las "NORMATIVAS DE PROCEDIMIENTOS para la solicitud de Hormona de Crecimiento para los pacientes que padecen Retardo de Crecimiento Intrauterino (RCIU) y/o Nacidos Pequeños para Edad Gestacional (PEG)", en la que se reconoce la necesidad de la administración de esta hormona para la patología que le ha sido diagnosticada al menor.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, requerimiento fiscal, descripción de los hechos, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: QUILODRAN, Gonzalo Raúl s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-22

La Requisitoria de Juicio formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal, no adolece de vicio alguno con entidad tal de provocar su nulidad, sino que por el contrario se encuentra motivada aunque más no sea en su mínima expresión, y reúne los recaudos previstos para dicho acto acusatorio en los arts. 184, 341 último párrafo, 357 y cc. del C.P.P., toda vez que cuando en ella, se señala las generales del imputado quien se encuentra debidamente identificado; se hace una relación circunstanciada del hecho con indicación del lugar, tiempo y modo de su comisión; se califica el hecho encuadrándolo en el delito de Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas por la conducción imprudente de un vehículo automotor en concurso ideal; se hace una exposición suscinta de los motivos en que se funda y se indican las diligencias que se considera de utilidad, encontrando el órgano acusador mérito suficiente para imputarle al acusado los delitos referidos.

Tampoco debe perderse de vista que es una obligación legal del Ministerio Público Fiscal formular el requerimiento de juicio, ante la mera probabilidad de que se esté en presencia de un presunto hecho delictivo.

Así, no puede descartarse prima facie que el evento por el cual se requiriere juicio tenga las características propias de la tipicidad de un hecho catalogado como delito, no debiendo pasarse por alto que la orfandad de elementos de cargos que se invoca, sólo amerita que la cuestión sea dilucidada mediante el debate. Desde otra óptica, tampoco se advierte la existencia de un verdadero interés en la declaración de la nulidad, al no encontrarse vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa, ya que surge cual es la imputación y las circunstancias en que se produjo, siendo en el debate donde se desarrollará la prueba de cargo y de descargo para determinar si existe o no responsabilidad, quedando entonces latente la posibilidad de producir o incorporar nuevas pruebas ya que, las partes conservan intacta la facultad de proponer las que consideren de pertinencia y utilidad en la oportunidad prevista en el art. 360 del C.P.P., a lo que debe añadirse que incluso eventualmente puede hacerse uso de la instrucción suplementaria prevista en el art. 363 del C.P.P..

Firmado Dres.: Adolfo A. Figueroa y Edgardo F. Albarracín .
Daños y perjuicios, publicación periodística, responsabilidad del editor, fuentes de información, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ARAUJO, Adrián Andrés c/ CLARIN AGEA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-07

1- A quien reproduce la noticia expresada por otro, indicando la fuente con transcripción fiel o utiliza un tiempo de verbo potencial, no puede responsabilizárselo por la inexactitud o falsedad, bastando acreditar que las declaraciones del tercero eran veraces, aunque no lo fuera el contenido.- 2- La veracidad que debe acreditar quien reproduce la noticia dada por otro, se refiere al hecho de la declaración, y no a lo declarado, y, en esa medida, ha de ser sinónimo de verdad objetiva
Terceros, ejecutoriedad del acto administrativo, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: RICHEZZE JORGE A. c/ NOGALO DE SERRANO ANA S/ COBRO DE PESOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-12

Diferir -aunque sea parcialmente- los efectos de una sentencia o referirlos al resultado de un ulterior litigio y una nueva decisión, abre expectativas e incertidumbres contrarias al sentido de la actividad judicial que exige que las delimitaciones recíprocas, una vez fijadas, puedan ser objeto de un procedimiento práctico de aplicación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: HANG, CELSO JOAQUIN c/ HEINZEN, LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ACCION POSESORIA DE MANTENCION EN LA POSESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 561 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25

Resulta ser una posición pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir el carácter de definitivas a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Así, teniendo en cuenta el objeto de la acción entablada, esto es, la recuperación de la posesión perdida, la sentencia recaída en tales procesos hace cosa juzgada respecto de la posesión en sí misma, mas no resuelve de manera final el derecho que puede asistir a las partes, materia ésta que podrá ventilarse en instancia ordinaria autónoma.

En el caso, habiendo sido vencido en el posesorio, puede el quejoso promover el correspondiente juicio petitorio -una vez que hubieran sido plenamente satisfechas, claro está, las condenaciones pronunciadas contra él- (art. 2486 y concordantes del Código Civil).

Todo ello permite colegir que se hall a ausente, además, un perjuicio de la índole descripta.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL
Carátula: CIERTO ARGENTINA S.A. c/ MACHICOTTE SILVANA DANIELA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-05

La falsedad de título solo puede fundarse en la adulteración material del documento, la que es absoluta cuando la firma no pertenece a la persona a quien se le atribuye. A su vez, dicho extremo torna controvertible, desde el punto de vista formal, la verdadera existencia y legitimidad del crédito reclamado.

Observaciones: ARAZI-ROJAS: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tercera edición ampliada y actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores, año 2014, T.III, pág.318.
Recurso extraordinario, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Nuevo Milenio c/ Aguas Argentinas S.A. y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que desestimó formalmente el recurso planteado por extemporáneo (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, defensa en juicio, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Presa, María José Teresa c/ Nacional Argentino s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

El recurso extraordinario resulta formalmente admisible en cuanto se ha invocado la arbitrariedad del fallo dictado por el superior tribunal de la causa, en violación a la garantía de defensa en juicio tutelada en el art. 18 de la Constitución Nacional, y la decisión se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento solo aparente.
Declaración indagatoria, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liñero, Nora Beatriz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

En el acta de la declaración indagatoria, se describe más que mínimamente y con claridad suficiente el hecho imputado a la incusada, a lo que cabe agregar el contenido de las pruebas de cargo que con carácter sustancial se computaban, que se les hicieran conocer y entre las que se destacan las declaraciones testimoniales de los preventores y de las personas que se encontraban en el lugar al realizarse el procedimiento, que describen la actividad que se desarrollaba en el mismo así como el rol que desempeñaba la imputada. Por ello, la garantía de defensa en juicio no se vio vulnerada al recibírsele la declaración indagatoria a la imputada; la cual además cumplió con su fin principal, que es la exteriorización del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares de la inviolabilidad de la defensa en juicio, en tanto configura el medio a través del cual el procesado tiene la oportunidad de replicar la imputación y proporcionar los elementos convictivos que hagan a su derecho. (Voto del Dr. Tragant).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, moneda, ley federal, desagio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: EDGARDO E. VIGO OCHOA c/ ENCOTEL,  VALADO  ANTONIO, EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE  S.A.  Y/O RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

No es aplicable la escala de conversión anexa al decreto 1096/85, si más allá del procedimiento empleado para arribar al importe regulado, el valor de las tareas profesionales cumplidas quedó traducido en forma definitiva a su medida dineraria sólo en el momento de emitirse el pronunciamiento recurrido -setiembre de 1985 , y en esa oportunidad se procedió a establecer directamente en australes el monto de los honorarios (art. 1, 2 y 14 del decreto 1096/85).
Materia: PENAL
Carátula: MATOS SILVETI RUBEN EDGARDO RAMON, GOMEZ MARCIA SOLEDAD, DIAZ JOSE MARTIN, BARRET ANA ROSA ELIZABETH S.D HOMICIDIO CULPOSO E.P HERNAN DAVID CISNEROS. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10

Una pileta de natación constituye una fuente de riesgo, particularmente cuando a ella tienen acceso los niños, sepan o no nadar; de allí surge, sin duda, una obligación de vigilancia de ese lugar de riesgo.
Contravenciones de juego, tipo penal, reglamentos, consumación del delito
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A. G. y S, H. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

En el caso, si bien es posible que administrativamente algunas de las conductas del imputado hayan violado alguna disposición reglamentaria referida a las condiciones de legalización de un juego de azar; para ser declarado contraventor, como en tantas oportunidades lo hizo la Justicia Contravencional, debe quedar probado con toda certeza la concreción de las formas y modalidades de conducta tipificadas por la Ley Nro. 255
Locación de cosas, ejecución de alquileres, tasas de interés, tasa del 15% anual, tasa del 6% anual, interés simple (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: DELLE VIGNE ACHILLE c/ CALOGGERO LORENZO s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

Tratándose de un cobro ejecutivo de alquileres este tribunal aplica la tasa máxima del 15% anual, en concepto de interés puro, cuando sin perjuicio de los compensatorios se han pactado punitorios. Pero en cambio, cuando no se han pactado intereses punitorios, este tribunal establece la tasa del 6% anual, pues de lo contrario se violarían normas fundadas en la moral y las buenas costumbres, transgresión que este tribunal no puede respaldar.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros, Horacio David y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Al agravar el legislador el robo cometido mediante efracción, ha querido reflejar la superior tutela que el orden jurídico establece si propiedad y habitación corren simultáneo peligro. Al respecto, cualquier interpretación de la calificante debe hacerse en el sentido que mejor responda a aquellos propósitos legales. En efecto, romper implica separar con mayor o menor violencia las partes de un todo, deshaciendo su unión, al igual que quebrantar significa romper o separar con violencia. A su turno quebrar implica el mismo sentido que quebrantar, pero se le añade el sentido de doblar, y más específicamente el de torcer una cosa encorvándola. (Minoría u opinión personal)
Declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, seguro de transporte, pago en cuotas, indemnización por accidente de tránsito, cosa juzgada, jerarquía de las leyes, ley de orden público, división de poderes, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: FRIAS, ALBERTO c/ MEDAGLIA, SUSANA s/ SUM
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-18

Procede confirmar la resolución que declaró la inconstitucionalidad del dec. 260/97, en atención a que el mentado decreto es objetable desde diferentes ángulos: en primer lugar, porque su aplicación afecta -como en el caso, en el que existe un convenio homologado que tuvo principio de cumplimiento al haberse abonado la primera de las tres cuotas iguales acordadas- la cosa juzgada derivada de un proceso judicial (CN 14 y 17), que tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteraciones ni aun por vía de la invocacion de leyes de orden público, encontrándose en juego aquí, el principio de división de poderes; en segundo término, contraviene el principio constitucional de igualdad ante la ley (CN16), ya que discrimina a las víctimas de accidentes en función de haber sido perjudicados o no por los sujetos comprendidos en la normativa cuestionada, haciéndolos padecer un doble infortunio espera-; y también efectúa distingo entre los victimarios, por sujetarlos a diferente régimen legal a la hora de la reparación del daño; en tercer orden, viola el derecho de propiedad (CN 17), en tanto la víctima de un accidente de tránsito goza de un derecho adquirido a la indemnización de los daños sufridos, desde el momento mismo en que aquel se produjo; y finalmente por cuanto repudia, no ya al derecho, sino al sentido común, que las dificultades del victimario deban ser paliadas mediante el sacrificio de las víctimas.
Bonos de consolidación, compensación, cancelación de deudas, ley vigente
Materia: ECONOMIA
Carátula: Bercun, Eduardo c/ Junta Nacional de Granos y otros s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

No corresponde percibir el pago de ciertas obligaciones con bonos creados por el decreto 1872/02 o en su caso, por la ley 25.827 en cantidad suficiente para compensar el valor que hubiera obtenido en caso de cobrar los bonos, si estos últimos bonos no existían al momento de la consolidación de los créditos discutidos en el expediente, dado que resulta irrelevante que los bonos pretendidos por el recurrente ofrecieran mejores condiciones de pago o que, contingentemente, tengan mayor valor en el mercado que los bonos que le corresponde cobrar según la normativa vigente. -Del precedente L.322.XLVI "Llevara, Walter Abraham c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano" (29/10/13), al que la Corte remite.
Homicidio calificado, femicidio, violencia de género, apreciación de la prueba, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Quispe Lamas, Mario c/  s/ sucesorio P. E., J. por homicidio doblemente calificado (criminis causae y femicidio) en perjuicio de Z., M. G. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-26|2019-12-30

Si de las constancias de autos surge acreditado, con el grado de certeza necesario para condenar que el acusado se aprovechó de la situación de desigualdad en que se encontraba la víctima -físicamente disminuida- demostrando así total desprecio por su vida, permite concluir que la calificación de femicidio impuesta en la instancia casatoria se ajusta a derecho.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Barbera, Carmelo c/ Dirección de Hidráulicas s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

La alternativa prevista en el art. 5x, inc. 4x del Código Procesal halla su lógica limitación en el ámbito constitucional de la competencia originaria de la Corte.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, violencia de género, agravantes de la pena, lesiones leves
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

La interpretación impugnada, según la cual la concurrencia de la agravante de violencia en razón de género es ajena a la regulación del artículo 72, inciso 2 del Código Penal -que sujeta la procedencia de la acción pública a la instancia privada para el caso de lesiones leves dolosas o culposas- despoja a la persona que llega al proceso como víctima, del control de la acción, y es en favor de quienes, en definitiva, se instala la posibilidad de disponer si el avance de un proceso penal constituye una respuesta de su interés concreto. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio de desalojo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Airoldi, Antonio Raúl c/ Menendez, Roberto Angel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Si bien el inmueble cuyo desalojo se persigue, se encuentra fuera de la parte urbana de la ciudad de Benito Juárez y por lo tanto, según la última parte del ap. I del inc. 1 del art. 13 del dec. ley 21204 /77, se trata de un predio rústico, no cabe duda que en la especie la cuestión no versa sobre materia legislada por el Cód. Rural, leyes que lo complementan o que legislan sobre materia rural, puesto que se trata de un comodato regido por el Código Civil, en virtud de cuyas disposiciones se inicia la demanda y, no encontrándose el inmueble afectado a la explotación agrícola, etc., el tema resulta de la competencia civil y no laboral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Redes sociales, correo electrónico, cuestiones de competencia, competencia provincial, tecnología de la información, medios de comunicación electrónica, Comunicaciones, telecomunicaciones, orden público, violación de correspondencia
Materia: INFORMATICO-PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Es competente la justicia local para entender en la investigación respecto del acceso ilegítimo a cuentas personales de redes sociales y correo electrónico de la denunciante, pues la actividad infractora que suscita la competencia federal es la que por sus características puede afectar la prestación regular de los servicios de TIC -tecnologías de la información y las comunicaciones-como puede ocurrir, por ejemplo, con la propagación o implantación de software malicioso u otro medio sofisticado capaz de vulnerar los sistemas predispuestos para garantizar la confidencialidad y el secreto de las comunicaciones, pero con exclusión de los casos de acceso indebido producidos por abuso de confianza, descuido o una configuración de seguridad débil atribuible al usuario, en tanto ello no constituye una afectación de la prestación del servicio de telecomunicaciones de interés nacional Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Contrato de trabajo, Estados extranjeros, embajadas, inmunidad de jurisdicción, principio protectorio, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SONG UN WHA c/ EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-22

El art. 2 inciso d) de la ley 24.488, normativa dictada a influjo de la doctrina de la Corte Federal de autos "Manauta" (Fallos 317:1880), establece que los Estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción. La circunstancia de que la embajada de otra república participe de la personalidad del Estado extranjero, no significa que no debe cooperar en materia probatoria o que se encuentre inmune respecto de las presunciones sustantivas que el derecho laboral de fondo establece como reflejo del principio protectorio (art. 14 bis de la C.N. y art. 3 L.C.T.). Si así fuera, se vaciaría de contenido la ley 24.488 y se vería menguado el derecho de defensa del sujeto que articula una acción de las que esa normativa, en coherencia con los principios de derecho internacional imperantes, releva de inmunidad jurisdiccional, particularmente si a través de su articulación se procura el cobro de créditos de naturaleza alimentaria.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Parravicini, María Beatriz s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

El uso por la mujer de un vaso ocasionando una lesión leve en la cabeza de un hombre físicamente grande que la agredía ilegítimamente constituye un claro ejemplo de lo requerido en el art. 34 inc. 6 letra b) del C.P.P.. El elemento subjetivo de la legítima defensa aparece con nitidez: "fue para defenderse" (enunciado del art.

mencionado).
Responsabilidad civil, cuasidelitos, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural c/ M., C.W. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-31

"La falta de tipicidad del acto no incide en la responsabilidad civil, pues ya se ha dicho que el Código Civil se contenta con una antijuricidad genérica. Por eso puede ocurrir que el juez penal absuelva por no existir delito penal y el civil acoja la demanda porque el hecho es un cuasidelito civil o, aunque no lo sea, ha dado origen a una obligación de restituir o indemnizar".
Accidentes de trabajo, reparación integral
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero Pedro Alberto y Otra c/ Ing. Norberto Alvarez Construcciones s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-06

La llamada tesis "amplia" que fue la que ha prevalecido y admite la aplicabilidad del artículo 1113 del Código Civil reformado por la Ley 17.711 en caso de haberse ejercido la opción por el Derecho común prevista en el artículo 17 de la Ley 9.688 que indudablemente ha marcado rumbo en la jurisprudencia predominante en todo el país.

Y es la que establece la ampliación de los presupuestos de responsabilidad patronal habilitantes del acceso a la reparación integral.