Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-08


Buenos Aires, 8 de octubre de 2008 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe resulta:

1. Félix Gustavo Nicastro, Nicolás Esteban Soiffer, Gabriela Judith López, Alejandra Fabiana Sartini, María Elena García Ott, Gonzalo Alejo Rey, Adriana Mónica Niro, Ricardo Daniel Ares, Claudio Omar Chaparro Pascual, Vanesa Beatriz Vrdoljak, Pablo Leonardo Ferrari y Jorge Augusto Domínguez, en su carácter de preceptores transferidos de la Administración Nacional a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la ley nº 24.049, plantearon una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) por cobro por diferencias salariales (fs. 1/6). Reclamaron la aplicación del "... haber municipal de Preceptor - índice 904- (Dcto. 858/94), más sus adicionales y demás características individuales para cada agente en el cargo de preceptor desde la fecha de vigencia de la ley que así lo dispone, toda vez que desde su vigor se han devengado las cifras impagas independientemente de las fechas instrumentadas en el Convenio y Actas de Transferencia atento a que la mora en efectivizar la disposición de cuño legal no puede beneficiar la situación deudora del empleador" (fs. 4).

La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y, en lo que aquí importa, condenó, al GCBA "... a pagar las diferencias de índice salarial existentes entre el servicio educativo local y el fijado para el personal transferido desde la órbita nacional por la ley 2.049 (...) con más los intereses reclamados que deberán liquidarse conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, salvo los intereses correspondientes al período enero/septiembre de 2002 en que se aplicará la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina" (fs. 16/17 vuelta).

2. En lo que interesa a los fines de esta queja, el GCBA apeló la condena al pago de intereses por no haber sido ellos pedidos en la demanda (fs. 18/19).

La Sala ll de la CCAyT, por mayoría, confirmó el fallo de primera instancia (fs. 20/25). En su voto, el juez Eduardo Ángel Russo, al que adhirió la jueza Mabel Daniele, expresó: "el objeto de mi discrepancia [con el voto del juez Esteban Centanaro] es que entiendo que del escrito inicial presentado por la actora, no puede aseverarse que omitiera la pretensión relativa al pago de los intereses (...) si bien no peticionó expresamente 'más intereses', sí hizo referencia a los 'adicionales'; a mi entender, se trata eventualmente, de un caso dudoso. (...) Puesta entonces, de manifiesto, la necesidad de determinar el sentido de las imprecisas expresiones de una de las partes, una razonable hermenéutica obliga a recurrir a los principios que rigen en materia de interpretación. En tal sentido, resulta aplicable la regla según la cual, en caso de duda ha de optarse por la interpretación más favorable al administrado y la que veda la exigencia de excesivo rigor formal. (...) En este punto cobra relevancia la naturaleza de la obligación impuesta, ya que, tratándose de una deuda dineraria declarada con efecto retroactivo, la decisión judicial de su procedencia implica el reconocimiento de la causa que la origina, otorgándole así, efectos jurídicos para el futuro, y también respecto del pasado. De ese modo, es inherente a la condena, el reconocimiento de la mora por las obligaciones incumplidas con anterioridad al pronunciamiento judicial (que se extiende hasta tanto sean satisfechas). Ello es, por su parte, coherente con las prescripciones del código civil al respecto, en tanto dispone que en las obligaciones a plazo, la mora se produce automáticamente (conf. art. 509), y se vincula directamente con la segunda de las afirmaciones de la actora que ha sido destacada, en cuanto alude al momento desde el cual le era exigible a la demandada el cumplimiento que pretende. Por lo expuesto, el resultado de integrar los principios hermenéuticos rectores al análisis del contexto de los términos en cuestión, no puede ser otro que interpretar que la actora ha reclamado el capital emergente de las causas que invoca, como así también, todos los rubros propios de las causales aludidas, entre los cuales se hallan los intereses, consecuencia legal del pago extemporáneo." 3. Disconforme el GCBA, interpuso contra dicha decisión recurso de inconstitucionalidad por considerar que la sentencia: a) vulnera el principio de congruencia al condenar a la aplicación de intereses no pedidos por la parte interesada y que en consecuencia no integraron la litis, b) carece de fundamentación suficiente y c) prescinde de la normativa directamente aplicable. Sostuvo que la decisión afectó su derecho de defensa y la garantía del debido proceso. Por las mismas razones tachó la sentencia de arbitraria (fs. 27/32 vuelta). Afirmó que "no se verifica en el supuesto duda alguna en cuanto a las reglas que disciplinan el caso o determinan prioridades" en su aplicación, razón por la cual no resulta aplicable el principio invocado en la sentencia. También advirtió que la misma Sala, en la misma fecha, ante una demanda idéntica referida a otros actores, dictó una sentencia en sentido opuesto al que estableció en la sentencia recurrida, ya que en aquel caso (in re: "Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA") hizo lugar al recurso de apelación deducido por la representación del GCBA y revocó la sentencia de primera instancia que condenó al pago de intereses ya que "ninguna petición en ese sentido contiene el escrito de inicio" (fs. 30 vta./31).

Contestado el traslado por la parte actora (fs. 33/36), el recurso fue denegado por la Cámara, por mayoría (fs. 37 y vuelta). El rechazo se sustentó principalmente en que el recurrente se limitaba a discrepar con la interpretación efectuada en la sentencia de los términos de la demanda y de las normas infraconstitucionales aplicadas, razón por la cual no se planteaba un caso constitucional ni la sentencia podía considerarse arbitraria 4. Contra la denegatoria, el GCBA interpuso la presente queja (fs. 40/50). Requerido su dictamen, el señor Fiscal General Adjunto sostuvo: "... la sentencia de primera instancia como la de la Cámara, que la confirma, al no haber limitado los pronunciamientos tan sólo a lo que ha sido pedido por las partes, han incurrido en incongruencia por apartamiento de las cuestiones incluidas en la pretensión de los actores y en la oposición del demandado, afectando seriamente el derecho de defensa de esa parte. De esa manera, terminan reconociendo supuestos derechos no debatidos en violación a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, lo que las hace pasibles de la tacha de arbitrariedad". Por ello, propició que el Tribunal "admita la queja, haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad y revoque la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario" (fs. 55/58).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En primer lugar, debe recordarse que, en principio, es facultad privativa de los jueces de la causa establecer el sentido y alcance de las pretensiones acerca de cuya procedencia les incumbe expedirse (cfr. Fallos: 270:162; 284:109: 291:268; 295:548; 300:468, 689; 301:449, 712; 302:175, 1044; 303:774; 304:635; 315:1645, entre muchos otros, y este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "La Royal Sociedad Anónima de Servicios c/ GCBA s/ cobro de pesos", expte. n° 5353/07, sentencia del 21 de diciembre de 2007, entre otros), ya que se trata de una materia regulada por las leyes procesales cuya interpretación y aplicación es, en principio, atribución propia de tales magistrados. Sólo cuando esos jueces exceden toda interpretación posible del derecho aplicable o de las constancias de la causa incurren en violación a la regla del art. 106 de la CCBA.

En el caso que nos ocupa, se encuentra en discusión la interpretación que corresponde asignar a la demanda interpuesta cuando requiere al GCBA el pago de diferencias salariales "(...) más sus adicionales y demás características individuales para cada agente en el cargo de preceptor desde la fecha de vigencia de la ley que así lo dispone, toda vez que desde su vigor se han devengado las cifras impagas independientemente de las fechas instrumentadas en el Convenio y Actas de Transferencia atento a que la mora en efectivizar la disposición de cuño legal no puede beneficiar la situación deudora del empleador" (fs. 6). Como ha sido señalado en un caso análogo en el voto del juez Luis Francisco Lozano -al que adherí en lo pertinente-, "(l)a sola enunciación de la cuestión pone de resalto que el Tribunal, para decidir el punto, no debería elucidar ninguna de las cuestiones para las que tiene asignada jurisdicción, sino sólo adentrarse en establecer cuál fue el alcance de la pretensión de la actora y, a ese fin, en el sentido que en el lenguaje jurídico, coloquial o en los usos forales se asigna a la expresión "adicionales" para determinar si esas acepciones incluyen o no los intereses de un capital reclamado, asunto que es privativo de los jueces de mérito y ajeno, en cambio, a esta instancia" [in re: "Fungueiro, Nancy Fabiana y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. n° 5800/08, sentencia del 20 de agosto de 2008].

Por lo tanto, la cuestión interpretativa propuesta por el GCBA por intermedio del recurso de queja deducido, al remitir al plano infraconstitucional, no puede ser abordada por exceder el ámbito propio del recurso previsto en el art. 113, inc. 3º, de la CCABA y en el art. 27 de la ley nº 402.

2. Sin embargo, entiendo que, en este caso, la afirmación precedente no conlleva el rechazo del recurso de hecho, pues existe además una crítica del recurrente a un aspecto puntual de la decisión de la Cámara que suscita un caso constitucional por encontrarse comprometido el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18, CN y art. 13.3, CCABA).

En efecto, con motivo de la intervención del Tribunal en la queja deducida por la parte actora en la causa "Fungueiro, Nancy Fabiana y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en : Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte, nº 5800/08, resuelta como se dijo el pasado 20 de agosto de 2008 y solicitada por el suscripto ad effectum vivendi a raíz de los agravios planteados por el GCBA -tanto en su queja como en su recurso de inconstitucionalidad-, tengo a la vista copia de la sentencia de fecha 7/05/2007 dictada por la Sala II CAyT en ese juicio -"Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. nº 6637/0 -registro de la Cámara de Apelaciones-. Allí, otro grupo de Preceptores, Jefes de Preceptores y Ayudantes de Clases Prácticas promovieron contra el GCBA una demanda semejante a la deducida en autos.

Pues bien, en el aludido caso "Fungueiro", la Sala II -por unanimidad en lo que aquí interesa- revocó la sentencia de primera instancia y estimó que no corresponde condenar al GCBA al pago de los intereses de la deuda reconocida a favor de los actores, por considerar que ellos no fueron solicitados en el escrito de inicio, al no encontrarse abarcados en el reclamo de "adicionales". Por el contrario, aquí en "Nicastro", ante una demanda idéntica, dos de los jueces de la Sala II que hicieron lugar al recurso de apelación del GCBA en "Fungueiro", consideraron que sí procede condenar al Estado al pago de los intereses de la deuda que se reconoce, según los fundamentos que se transcriben en el punto 2 del "resulta" sin hacerse cargo de la prevención que brindara a sus colegas el juez preopinante Esteban Centanaro en su disidencia (v. punto 7), al alertar del criterio sustentado en otros precedentes y particularmente en la causa "Fungueiro", fallada en el mismo acuerdo, el día 7 de agosto de 2007. A estos fines, resulta insuficiente para justificar el apartamiento a la doctrina de la causa fallada en el mismo acuerdo la afirmación genérica que, como todo fundamento, se ciñó a expresar que se difería "en cuanto a la apreciación que hiciera el primer voto de las circunstancias del caso, específicamente respecto a los alcances que otorgó a la demanda y a la solución que de tal interpretación derivó".

Desde mi punto de vista, la situación brevemente descripta resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia por el que todos los jueces debemos velar y entiendo que la decisión dictada por la Sala II de la Cámara CAyT en estas actuaciones califica derechamente como una sentencia arbitraria en el sentido técnico del término, tal como lo afirma el GCBA en sus recursos. Creo que dos posturas contrapuestas pueden estar correctamente fundadas -como puede ocurrir por ejemplo con una demanda y su contestación-, pero también estimo que los jueces, si bien pueden modificar fundadamente el temperamento adoptado en decisiones anteriores, no pueden obrar sin explicación alguna de modo contradictorio, haciendo lugar y rechazando, en simultáneo, pretensiones idénticas, generando entonces un menoscabo palmario a la seguridad jurídica. Así las cosas, considero que en la sentencia objetada se ha hecho caso omiso de una cuestión conducente para decidir el pleito, como es la valoración de lo decidido en igual fecha en una causa sustancialmente análoga por el mismo tribunal interviniente.

No desconozco que a fin de evitar la cristalización de la jurisprudencia los magistrados podemos, fundadamente, revisar nuestros propios precedentes, pues como lo señalara con justeza el Juez Virgilio M. Tedin, aludiendo, incluso, al alto estrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "ningún Tribunal es infalible y no faltan precedentes de que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos" (Fallos: 25:364, remisión al considerando 9º de la sentencia del referido magistrado).

En cambio, lo que no se compadece con la seguridad jurídica es que un mismo tribunal en un mismo acuerdo adopte posiciones diametralmente opuestas, en cuyo caso el derecho judicial contraviene un valor esencial del Derecho, ya que como bien lo señalara Luis Recasens Siches: "Sin seguridad no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase. Es verdad que, además, el Derecho debe ser justo, servir al bien común, etc. Si no lo hace, sería injusto, estaría injustificado, representará un malogro. Pero, en cambio, si no representa un orden de seguridad, entonces no hay Derecho de ninguna clase. La injusticia se opone a la justicia; el yerro en determinados fines se opone a la utilidad común; pero, en cambio, la ausencia de seguridad niega la esencia misma de lo jurídico" (v. Tratado General de Filosofía del Derecho, capítulo VIII: "Las funciones del Derecho en la vida social", parágrafo 1: "La función de certeza y seguridad y la función de cambio progresivo", ps. 220 y ss., en particular p. 224, Porrúa, México, 1959).

En tal sentido la Corte Suprema en forma explícita ha reafirmado que el principio de seguridad jurídica goza de jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 242:501; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218; 319:3208, entre muchos otros).

Vista la cuestión desde otro ángulo, más allá de que la afectación al principio de igualdad debe provenir de la propia ley y no de la aplicación que de ella se haga, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido -v. in re: "Juan Da Silva v. S.R.L. F. Piccaluga y Cía." (Fallos: 244:468), sentencia del 16 de septiembre de 1959- que se comprueba una quiebra al principio de igualdad en distintas sentencias en las cuales la contradicción se había operado entre pronunciamientos provenientes de distintas Salas del mismo Tribunal. Así, nos refieren Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley encomienda la solución de los supuestos de jurisprudencia contradictoria al Tribunal en pleno, la Corte, puede intervenir en situaciones de este tipo, por la vía del art. 14 de la ley nº 48 y con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, cuando existe una decisión inmediata anterior recaída en un juicio estrictamente similar, seguido contra la misma demandada por otros dependientes y en que el juzgador que resuelve el nuevo litigio lo hace en forma distinta y omite toda consideración del caso anterior debidamente invocado por la parte (cfr. El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema, tomo I: "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en su etapa formativa", tercera edición actualizada, segunda parte, sección I: "Causales concernientes al objeto de la decisión", capítulo IV: "Primera causal: no decidir cuestiones planteadas", parágrafo 3: "Consolidación de la causal: los casos posteriores", apartado B: "Omisión de considerar ciertas decisiones de otras salas del mismo tribunal", ps. 80 y ss., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995).

De más está decir que el precedente que marca la contradicción en el sub examine no pudo ser invocado por la parte, por ser su intervención anterior a la sentencia y en razón de que el tiempo es unidireccional, los fallos involucrados fueron contemporáneos, resultaron emitidos por la misma Sala y, por lo demás -y esto es lo trascendente en cuanto se convierte en un extremo conducente para resolver la contienda-, la prevención expresa se produjo a través de la referencia formulada por el magistrado preopinante.

La circunstancia anteriormente referida demuestra que no pudo hacerse valer en la especie el recurso de inaplicabilidad de ley (art. 252 CCAyT), dicho esto en el sentido de que en un supuesto diferente bien pudo haberse sostenido la inexistencia de gravamen por la no utilización de una vía potencialmente apta para reparar el agravio. Es que, conforme lo señala Alberto F. Garay, comentando la antedicha línea jurisprudencial, "toda sentencia proveniente de un tribunal de apelación, que omite considerar un antecedente sustancialmente análogo, proveniente de otra Sala del mismo cuerpo colegiado, y de sentido contradictorio, deja de lado la consideración de una de las cuestiones conducentes para la decisión del pleito"; a pesar de que "(e)llo no implica que la decisión a adoptar deba ser coincidente con la arribada en el precedente omitido. Puede, válidamente, resolver en sentido diverso y hasta contradictorio. Lo que la doctrina de la arbitrariedad veda es la no merituación del antecedente de la otra Sala del mismo tribunal" (v. "La igualdad ante la ley. Decisiones administrativas contradictorias. Decisiones judiciales contradictorias. Desigualdad procesal", capítulo III: "Decisiones judiciales contradictorias e igualdad ante la ley", parágrafo 3: "Casos de contradicción jurisprudencial resueltos por la Corte", punto C) "Contradicción entre sentencias de diferentes salas de un mismo tribunal de apelación. Arbitrariedad de la sentencia recurrida", ps. 103 y ss., en particular p. 105, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989).

En el mismo sentido, la doctrina conforme a la cual la Corte ha descalificado pronunciamientos de las instancias anteriores por no hacerse cargo de precedentes inmediatos citados por las partes, claro está que emitidos por otras Salas, al entender que ello destruye los fundamentos de las sentencias y las resiente como actos jurisdiccionales válidos, recayó, entre otras, en las siguientes causas: "Simeon Zaracho y Otra v. S.A. Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía. Ltda." (Fallos: 252:216), sentencia del 30 de abril de 1962; "Asociación de Oficiales Peluqueros y Peinadores v. Ángel Juan de Palma" (Fallos: 254:292), sentencia del 19 de noviembre de 1962; "María Teresa Calvo de Bione v. Pacífico Rinaldi" (Fallos: 255:123), sentencia del 20 de marzo de 1963; "Edelmiro Bernabé Castro v. S.A. Wilson y Cía" (Fallos: 259:277), sentencia del 19 de agosto de 1964.

3. La conclusión a que arribo también se ve abonada, al advertirse que los juzgadores, como sujetos del proceso que somos, también debemos dar cumplimiento al principio de lealtad procesal y, en consecuencia, hacernos cargo de los propios precedentes, pues, de lo contrario, ello representaría un comportamiento que se desentiende de la doctrina de los propios actos -venire contra factum proprium non valet-. En suma, los jueces debemos ser consecuentes y no incurrir en un obrar contradictorio en aras de la confianza y de la seguridad jurídica (cfr. Isidoro Eisner: "La doctrina de los propios actos compete también al obrar del tribunal", Revista Jurídica Argentina La Ley, tomo 1997-C, p. 820).

4. Por lo expresado en los puntos precedentes, corresponde: a) hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el GCBA; b) revocar la sentencia atacada y c) devolver el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo CAyT para que, por intermedio de jueces distintos a los que han intervenido, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aquí decidido.

Atento a las especiales particularidades de la causa y a que las contingencias procesales que se han reseñado no son directamente imputables a las partes, las costas del recurso de inconstitucionalidad se imponen en el orden causado (art. 62, segunda parte, CCAyT).

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja fue interpuesto por el GCBA en legal tiempo y forma (art. 33, LPTSJ), y plantea una crítica concreta y razonada de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad presenta los defectos que le atribuye el recurrente, toda vez que sólo trasunta términos rituales que evidencian la escasa atención puesta al recurso rechazado, que lejos de plantear una discrepancia con el razonamiento efectuado por la Cámara, plantea serios agravios de naturaleza constitucional: por un lado, la vulneración del principio de congruencia y los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, y por el otro, denuncia arbitrariedad en el análisis efectuado por la Cámara para resolver la cuestión objeto del pleito.

Por lo expuesto, y habida cuenta la existencia de un genuino caso constitucional centrado en la violación al principio de congruencia, el debido proceso y el derecho de defensa (art. 18 CN), corresponde admitir la queja y proceder al tratamiento del recurso de inconstitucionalidad subyacente.

2. Previo a todo, cabe destacar que la circunstancia que la ley 402 no contemple a la arbitrariedad de sentencia como fundamento autónomo expreso para la articulación de un recurso de inconstitucionalidad no constituye, en principio, óbice para la procedencia de éste; pues la existencia de una sentencia válida es requisito inexcusable para la adecuada vigencia de la garantía del debido proceso, cuya afectación efectiva y trascendente habilita la evaluación del caso en instancia de control constitucional.

La de la arbitrariedad es una vía idónea para que este tribunal pueda ejercer control de constitucionalidad en aquellos casos en los que se verifica un conflicto entre la propia sentencia sometida a su revisión y las normas, derechos, garantías y principios que integran el bloque de constitucionalidad que rige nuestra vida social.

3. El GCBA, en su recurso de inconstitucionalidad, considera que la sentencia definitiva de la Cámara incurre en un supuesto de arbitrariedad, por los siguientes motivos: "... a) Vulnera el principio de congruencia al condenar a la aplicación de intereses no pedidos oportunamente por parte interesada y que en consecuencia no integraron la litis. // b) Carece de fundamentación suficiente, siendo solo aparente la que pretende sustentar la decisión final con sustento en consideraciones manifiestamente irrazonables.. // c) Prescinde de la normativa directamente aplicable al caso ..." (fs. 29).

En efecto, de la lectura de la demanda no surge en punto alguno la pretensión de cobro de intereses. En esas condiciones, el decisorio se revela falto de congruencia con los términos de la demanda, de tal forma que viene a modificar la acción originariamente deducida.

La Cámara, aún reconociendo "la vaguedad en el texto" que lo transforma en un "caso dudoso", y aplicando la regla según la cual "en caso de duda ha de optarse por la interpretación más favorable al administrado", interpretó que "la actora ha reclamado el capital emergente de las causas que invoca, como así también, todos los rubros propios de las causales aludidas, entre los cuales se hallan los intereses, consecuencia legal del pago extemporáneo" (fs. 24/24 vta.) Como bien lo señala el Fiscal General Adjunto en su dictamen (fs. 57 vta.), de la expresión "adicionales" no puede extraerse que la parte esté reclamando intereses, sino, como también lo señalara el Dr. Centanaro en su voto en disidencia, los adicionales "son los plus que pueden percibir los trabajadores en virtud de determinadas circunstancias, que pueden ser referidas a su persona, al puesto de trabajo, a la forma de cumplimiento de la tarea, a la residencia del trabajador o al rendimiento individual o colectivo o a las ganancias de la empresa en un lapso determinado de tiempo" (fs. 23 vta.).

Así, la concesión de los intereses importa la violación del principio procesal de congruencia, pues la sentencia cuestionada se ha apartado de los términos de la litis al conceder más de lo pretendido, y se ha excedido de los límites de las facultades decisorias, aspectos estos que tienen entidad suficiente para descalificar el fallo con arreglo a la doctrina de la Corte sobre arbitrariedad (conf. Fallos: 301:1149; 307:519, 2445, entre otros) Si bien es cierto que la determinación del alcance de las peticiones de las partes y de las cuestiones comprendidas en la litis remite al análisis de extremos de índole fáctica y procesal, extraños a la vía intentada, ello no resulta óbice para que esta Tribunal pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la decisión de los tribunales de la causa traduce un apartamiento de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.

El criterio adoptado por los magistrados que integraran la mayoría en la anterior instancia ha generado la afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso. En tal sentido, una constante jurisprudencia de la CSJN vincula el principio de congruencia con la garantía de la defensa en juicio y señala como regla que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria. (Fallos: 310:2709).

4. Por último, cabe agregar que, atento la forma que se decide, resulta innecesario pronunciarme sobre la compatibilidad o contradicción de lo resuelto por la Sala II -por mayoría- en esta causa, y lo decidido por los mismos camaristas en el caso "Fungueiro".

5. Por las consideraciones expuestas precedentemente, considero que corresponde:

a) admitir el recurso de queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, ambos planteados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

b) revocar el pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fs. 20/25 en cuanto condena al pago de intereses;

c) imponer las cosas del presente recurso por el orden causado, habida cuenta que la parte actora podía considerarse con derecho a resistir la pretensión recursiva del GCBA (art. 62, segundo párrafo, CCAyT).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto en tiempo y forma y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio que habilita el análisis del recurso de inconstitucionalidad.

2. Los agravios constitucionales del recurrente pueden desdoblarse en dos. El primero se dirige a cuestionar la decisión del tribunal superior de la causa por violentar el principio de congruencia al haber confirmado la concesión de intereses cuando, según el impugnante, aquellos no fueron peticionados. El segundo agravio reposa en la afirmación de la existencia de contradicción al decidir el tribunal en forma diferente a otra causa que posee la misma base fáctica y jurídica que el presente proceso y, ello, en el curso de un mismo acuerdo judicial.

Con relación al primer agravio debo remitirme a mi voto en el Expte. n° 5800/08 "Fungueiro, Nancy Fabiana y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", sentencia del día 20 de agosto de 2008, en donde expresé que: "2. El eje del recurso consiste en resolver si la tutela efectiva del salario, en atención a su carácter alimentario, involucra o no una cuestión constitucional. Anticipo que en mi opinión, la respuesta es afirmativa.

La presentación muestra que la cuestión constitucional reside en la lesión de un derecho social: el derecho del trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias (cfr. art. 7, PIDESC), derecho que goza de la protección de las leyes en todos sus formas (art. 14, bis CN y art. 43 CCBA) y cuya efectividad se encuentra garantizada por el propio Estado, demandado aquí como empleador (cfr. art. 2 PIDESC y art. 28 -cláusula federal- CADH).

Tal como refieren los recurrentes, la Cámara violentó el principio de indemnidad, a partir del alcance que asigna a la expresión "adicionales" y dictó una sentencia arbitraria que viola la tutela constitucionalmente consagrada del salario. En efecto, resulta insostenible que bajo aquella voz -"adicionales"-, no se consideren incluidos y reclamados los intereses derivados de la deuda reconocida a favor de los actores y que llega firme a esta instancia extraordinaria.

La interpretación de la Cámara respecto de lo qué se dijo en la demanda con la expresión "adicionales" restringe inconstitucionalmente la tutela de un crédito laboral, en tanto afirma que los intereses moratorios correspondientes a la deuda, ahora reconocida judicialmente, no estaban incluidos en la pretensión deducida.

Ahora bien, se deriva del principio de intangibilidad de la remuneración laboral y de su carácter alimentario (art. 43 de la CCBA y art. 14 bis de la CN ya citados) que, en materia de reclamos salariales está legalmente admitida la flexibilización del principio de congruencia. La protección del salario y de los créditos laborales, a su vez, está consagrada en la Ley de Contrato de Trabajo a través de numerosas disposiciones, de las que menciono apenas el art. 137 ó el art. 260, las normas sobre inembargabilidad del salario, su forma de pago y las que regulan el salario mínimo, vital y móvil.

Asimismo y con igual fundamento, la flexibilización del principio de congruencia y la consagración del principio protectorio se extiende al ámbito del proceso. Un ejemplo de ello es el art. 56 de la ley 18.345 de procedimiento laboral que autoriza a los jueces a fallar ultra petita.

De lo dicho se sigue que, los intereses que derivan de ese reclamo salarial reconocido judicialmente, aún si no fueron expresamente solicitados deben ser otorgados por los jueces, en ejercicio justamente del principio de iura novit curiae Cuando en un proceso se discute acerca de derechos laborales, una recta aplicación de la Constitución (en el caso del principio protectorio) exige tomar en cuenta los fines del derecho procesal y su conexión con el derecho material evitando caer en un puro formalismo hermenéutico que acaba en el desconocimiento de preceptos constitucionales.

Agrego, en apoyo de la posición que sustento que también otros sujetos protegidos de modo particular a nivel constitucional, gozan de tutelas jurisdiccionales especiales que habilitan a los jueces ir más allá de lo pedido. Así, el artículo 37 de la ley 24.240 (cfr., mod. ley 26.361) establece que "[c]uando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario". Por fin, me remito al fallo que hace más de cuarenta años dictara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual sostuvo que no resultaba inconstitucional el uso razonable del ejercicio de la facultad de los jueces laborales de fallar ultra-petita (Fallos, 291:416).

Desde esta perspectiva de análisis, se evidencia la arbitrariedad de la sentencia de Cámara, que con una visión formalista y estrecha exigió a los actores una carga a la que no estaban obligados, y provocó con ello la lesión al principio constitucional de tutela efectiva e integral del salario. La sentencia de Cámara, por vía de una interpretación en contra del trabajador, conduce a que el Estado se quede con una porción del salario (los intereses) que debe garantizar. Por otra parte, carece de toda razonabilidad imponerle a los trabajadores el inicio de un nuevo proceso para reclamar los intereses que supuestamente no solicitaron, alternativa que conspira contra el principio de economía procesal, incrementa los costos de la litigiosidad al desdoblar el reclamo y su percepción e impone una espera innecesaria a los accionantes. ///La cuestión bajo análisis difiere sustancialmente de la que fue motivo de decisión en el expte. nº 3138/04 "Pereyra Loizaga, Nidia Angélica c/ GCBA s/ amparo (Art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (sentencia del 24/11/2004) lo que explica la diferencia de mis votos en ambas causas. En el referido expte. nº 3138/04 la existencia de cosa juzgada impedía modificar los efectos de la ejecución de sentencia e integrar a esa ejecución los correspondientes intereses, mientras que ahora la decisión recurrida carece de firmeza y se trata de definir qué rubros integran la condena, es decir, si sólo el capital o también sus accesorios." Del texto transcripto surge, entonces, que la condena por intereses no afecta ningún derecho constitucional, sino que en todo caso, lo resguarda.

La supuesta arbitrariedad de la que se agravia el recurrente carece de sustento.

El GCBA afirma que la sentencia es arbitraria porque en un mismo acuerdo, el caso en análisis fue decidido en sentido contrario a otra causas (expte. 5800/08 "Fungeiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" pese a que, según afirma, en ambos procesos los hechos eran semejantes.

Cualquier duda que pudiera generarse en relación con la situación referida queda despejada por el voto del juez Russo quién alude con claridad, y funda su decisión en las múltiples posibilidades hermenéuticas de las que dispone un magistrado al tiempo de dictar sentencia. Tampoco se sostiene la impugnación de la demandada toda vez que, en este punto, su presentación no aporta ningún argumento que configure una "cuestión constitucional". Es más, se limita a enunciar lo sucedido en el acuerdo, y de esa descripción no se sigue cual es la afectación que podría padecer.

No corresponde, entonces, que en mi carácter de jueza supla oficiosamente la carga de una de las partes.

Por fin el pretendido agravio solo menciona aspectos interpretativos en torno a hechos y prueba, lo que, en principio, es ajeno a esta instancia extraordinaria.

3. Con apoyo en las razones que anteceden, voto por admitir la queja y declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad. Con costas.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Los agravios del recurrente resultan del voto del Sr. juez Russo (fs. 24/24 vta.), al que se adhiere en el punto su colega, la Sra. jueza Daniele. Se trata de la confirmación de la condena de primera instancia a pagar intereses compensatorios de la deuda reconocida. Tal determinación constituye, efectivamente, un agravio para el Gobierno, demandado en el caso, presuntamente de tipo constitucional, puesto que, según lo expone en el recurso de inconstitucionalidad, la sentencia vulnera el principio de congruencia al condenar a la aplicación de intereses no pedidos por la parte interesada, razón por la cual la decisión sobre ellos no integró el litigio; además, se expone que la decisión carece de fundamentación suficiente y prescinde de la normativa directamente aplicable (fs. 28 vta./32 vuelta). El recurrente advierte que la misma Sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en idéntica fecha al pronunciamiento recurrido, dictó una sentencia en sentido opuesto al cuestionado en el sub examine, sobre la misma materia objeto de debate ("Fungueiro, Nancy Fabiana y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fungueiro, Nancy Fabiana y otros c/ GCBA s/ empleo público no cesantía ni exoneración "). "Tal actitud sostiene la demandada contraría a (sic) las reglas del sentido común, conforme el cual dos problemas idénticos deben ser resueltos en el mismo momento con la misma solución. Lo contrario significa que una de las soluciones es lógicamente incorrecta y, por ello, arbitraria en el sentido de que no responde a la razón sino a la subjetividad del judicante" (fs. 31).

2. Me referiré al problema planteado por el sentido contradictorio de los votos de la Cámara más adelante. En lo que respecta a la cuestión de fondo planteada en la litis, y como lo sostuve in re "Fungueiro", ya citada, el problema reside, para la Cámara que rechazó el recurso, en que quien pretende sostener la queja no invoca ni pide la declaración de inconstitucionalidad de alguna regla o acto, sino que, por lo contrario, revela su discrepancia con la interpretación de la demanda ¿contiene o no contiene la petición de intereses compensatorios? o de sus términos ¿integra el concepto de intereses el más vasto de adicionales, o no resulta ser un concepto concéntrico respecto de aquel conjunto mayor? . Ésta es la razón sustantiva, precisamente, por la cual se configura el agravio del recurrente.

3. Planteado en estos términos, resulta claro, a mi juicio, que lo que se pretende con el recurso es una ampliación de aquella labor que, por su competencia, le corresponde al Tribunal. Él no debe ocuparse, como una tercera instancia, de examinar la sentencia para arribar a una solución justa según todas las reglas del orden jurídico, sino que, a diferencia de los tribunales de mérito, la labor del TSJ está constreñida a examinar el caso para advertir si a su solución se ha arribado mediante una regla que no se adapta a las condiciones de validez que fijan reglas de rango superior (constitucionales) o, de manera contraria, cuando se ha excluido una regla de la solución del caso por entenderla repugnante a otra constitucional, caso en el cual el TSJ verifica la solvencia de esa conclusión, esto es, verifica si el juicio es correcto o erróneo y, en este último supuesto, incluye o manda incluir la regla en la solución del caso (control difuso). Una extensión de esta tarea, para casos excepcionales, consiste en verificar los graves errores de principios fundamentales (constitucionales) que el procedimiento adoptado para arribar a la solución pudiera contener.

4. La sentencia recurrida ha concluido, por interpretación de los términos de la demanda, que ella contenía la petición de intereses compensatorios y, por ende, favorecía la necesidad de defensa (contradicción) del demandado. Si bien en purismo el definir el alcance de los conceptos no constituye un hecho, sino, tan sólo, un juicio acerca de su referencia semántica que, en este caso, se proyecta sobre el contenido de la demanda , el problema se comporta, para el recurso interpuesto, de la misma manera. Sólo a través de una decisión absurda aquí llamada, con una ampliación casi indefinida, sentencia arbitraria- puede arribarse a la descalificación de la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido, desde el estrecho punto de vista que rige al recurso interpuesto. En cambio, no se llega a ese resultado a través de la simple proposición de una interpretación diferente de los términos de la demanda, o del alcance de esos términos. Si la sentencia está fundada, y su fundamento no reside en una discriminación prohibida equivalente: no permitida , lo que se opone a ella es una mera interpretación diferente.

Cualquiera que sea mi opinión sobre la inclusión o exclusión de los intereses en la demanda bajo la voz adicionales y en este sentido tendría mucho para decir que no quiero expresar por mi falta de competencia , no estoy autorizado a examinar tal hecho desde el punto de vista de la legislación común (infraconstitucional), o de las reglas que rigen la interpretación de los actos jurídicos. Ésta es una tarea propia de los tribunales de mérito.

5. Sólo menciono aquí mi posición sobre el motivo 'arbitrariedad', mucho más estricta que la comprensión genérica de mis colegas del Tribunal y que la doctrina de la CSJN, creadora del instituto (cf. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29/06/05), para que se advierta mi imposibilidad, en el caso, de concluir por revocar la sentencia de un tribunal de mérito (Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II).

6. En razón de lo expuesto hasta aquí, voto por rechazar el recurso de queja planteado a fs. 40/50 vuelta.

7. Con referencia a la calificación de 'absurda' que el recurrente utiliza por el hecho, afirmado por él, de la vigencia de dos sentencias de distinto sentido en casos idénticos que ha provocado cierto escándalo, según el Sr. juez de trámite , debo incluir, sintéticamente, algunas aclaraciones.

En primer lugar, tal contradicción es siempre posible y, abstractamente, ella no depende del tiempo en el cual han sido dictadas las sentencias: un día, al día siguiente, después de un lapso prolongado. Lo importante es el hecho de la intervención de los mismos jueces y, además, la falta de explicación del fenómeno: una variación del criterio sostenido en primer lugar por estimarlo ahora erróneo explica por sí mismo el fenómeno. En efecto, es propio de las decisiones judiciales que, debido a la independencia de los jueces que deciden, puedan existir tales contradicciones. Más aún, el ordenamiento positivo convoca un recurso específico para intentar mal o bien- subsanar este considerado- defecto, recurso que, según mi interpretación, pudo interponer el aquí recurrente, al menos por analogía permitida, recurso que, en todo caso, se acomoda más a la finalidad de corregir el problema suscitado que el recurso de inconstitucionalidad efectivamente interpuesto.

En segundo lugar, el Sr. juez Russo, quien pronuncia el voto de mayoría, explica las razones por las cuales él interpreta mal o bien que, en este caso, la demanda contiene el reclamo de intereses correspondientes a la deuda reclamada por la actora según los diversos criterios que expone en extenso (ver fs. 24 y vta.) y razón por la cual la decisión no puede tenerse por infundada: "...el resultado de integrar los principios hermenéuticos rectores al análisis del contexto de los términos en cuestión, no puede ser otro que interpretar que la actora ha reclamado el capital emergente de las causas que invoca, como así también, todos los rubros propios de las causales aludidas, entre los cuales se hallan los intereses, consecuencia legal del pago extemporáneo" (fs. 24 vuelta).

Finalmente, cabe señalar que, ante la sospecha de prevaricato, único motivo posible de escándalo, corresponde que el recurrente efectúe la correspondiente denuncia, en lugar del planteo recursivo a cuya resolución está aplicado el TSJ, planteo que según mi punto de vista resulta infructuoso. Por lo demás, yo no estimo que el pronunciamiento tachado por contradictorio, aunque dictado por los jueces de la misma Sala que resolvió el caso análogo varias veces mencionado, habilite la representación de una sospecha de prevaricato; no corresponde, a mi criterio, extenderme en ulteriores reflexiones sobre esta cuestión.

El juez Luis F. Lozano:

1. El recurso de queja interpuesto por el GCBA, aunque lo fue en tiempo y forma, no puede prosperar, pues no somete a consideración de este Tribunal cuestión constitucional alguna que habilite su competencia.

2. Establecer el alcance de las pretensiones de las partes así como el carácter oportuno con que son articuladas, es materia regulada por las leyes procesales y su determinación, en principio, es privativa de los jueces de la causa. Sólo cuando esos jueces exceden toda interpretación posible del derecho aplicable o de las constancias de la causa incurren en violación a la regla del art. 106 de la CCBA.

Los agravios desarrollados por la recurrente giran en derredor del alcance asignado por la resolución cuestionada a la pretensión de la actora, formulada en su demanda en los siguientes términos: "... se reclama de V.S. que haga aplicar el haber municipal de Preceptor -índice 904- (Dcto. 858/94), más sus adicionales y demás características individuales para cada agente en el cargo de preceptor desde la fecha de vigencia de la ley que así lo dispone, toda vez que desde su vigor se han devengado las cifras impalas independientemente de las fechas instrumentadas en el Convenio y Actas de Transferencia atento a que la mora en efectivizar la disposición de cuño legal no puede beneficiar la situación deudora del empleador" (fs. 6).

En tales condiciones, aunque la recurrente pretende vincular la cuestión propuesta con diversos preceptos constitucionales, no consigue eludir que ésta, en tanto versa acerca del contenido y alcance que es posible otorgar a la expresión "adicionales", y, con mayor precisión, si incluye o no los intereses de un capital reclamado, es de aquellas incluidas bajo la órbita de competencia propia de los jueces de la causa. Solución que tampoco se ve conmovida frente a la tacha de arbitrariedad planteada, pues más allá del acierto o error de la resolución cuestionada, no alcanza con la simple discrepancia con la interpretación elaborada por los magistrados intervinientes, si la recurrente no logra demostrar que ésta no era una de aquellas posibles.

3. Tampoco resulta atendible el agravio relativo al apartamiento de precedentes del mismo tribunal, incluso, tratándose de resoluciones adoptadas en el curso del acuerdo en que fue resuelto este expediente. En efecto, aunque el GCBA sostiene que "[t]al actitud contraría a las reglas del sentido común, conforme el cual dos problemas idénticos deben ser resueltos en el mismo momento con la misma solución" y que "[l]o contrario significa que una de las soluciones es lógicamente incorrecta y, por ello, arbitraria en el sentido de que no responde a la razón sino a la subjetividad del judicante" (fs. 47 vta.), no introduce argumentos consistentes de los que se desprenda que la solución opuesta a la adoptada en el marco de esta causa sería la correcta, y que ésta deba ser descartada.

En cambio, la Cámara brindó fundamentos suficientes en apoyo de su decisión. En este sentido, al confirmar la sentencia recaída en primera instancia, en cuanto incluyó en la condena al GCBA el pago de los mentados intereses, consideró que "... en el escrito inicial presentado por la actora, no puede aseverarse que omitiera la pretensión relativa al pago de los intereses...", lo que la llevó a sostener que se trata de un caso dudoso y por ello invocó, para abordar la cuestión, los principios que imponen optar por la interpretación más favorable al administrado y la que veda la exigencia de excesivo rigor formal (fs. 24/ 24 vta.), apreciación que cobra, a la luz de lo dispuesto en el art. 43 CCABA y en el marco de un proceso relativo a la percepción de haberes devengados en la relación de empleo público, una especial dimensión a los fines de establecer el margen interpretativo detrás del cual pudo desenvolverse el a quo.

Por lo dicho, aunque en la queja se pretende una decisión del Tribunal sobre el alcance de las expresiones utilizadas en el escrito de demanda, no logra demostrar la recurrente que la interpretación efectuada por la Cámara resulte absurda o arbitraria. Lo resuelto encuentra sustento en una interpretación posible de los actos del proceso y de las normas locales que los rigen, cuya aplicación priva a lo decidido de relación directa con las cláusulas constitucionales que se dicen violadas.

Por tanto, corresponde declarar inadmisible el recurso de queja planteado a fs. 40/50, por no configurarse los supuestos que habilitan esta instancia y, en tales condiciones, no cabe hacer lugar a la impugnación constitucional.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. No hacer lugar a la impugnación constitucional planteada por el GCBA contra la sentencia dictada por la Sala II el día 7/08/2007 en los autos principales, cuya copia obra a fs. 20/25 de la queja.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.