Despido, personal jerárquico, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: CELLI HECTOR FRANCISCO c/ BCO. PCIA. DE CORDOBA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-16

Por su condición de abogado y habida cuenta del cargo jerárquico que detentaba en el Banco el actor debía sujetarse inexorablemente a patrones éticos y de conducta expresamente preestablecidos por la Institución.

En especial, no podía ignorar el Dr. Celli que le estaba vedado mantener cualquier vinculación que le representara beneficios u obligaciones con entidades privadas que estuvieran directamente relacionadas con el Banco (Arg. art. 59 inc. d) del Reg. Interno), como así tampoco podía desconocer que era su obligación declarar sus actividades de carácter lucrativo, a fin de establecer si eran compatibles con el ejercicio de la función que desempeñaba (art. 58 inc. i), ibídem).

Considero que incurrió el actor en un incumplimiento objetivamente grave, de tal magnitud que motivaron justificadamente la fractura de la vinculación laboral. No logra conmover a estas conclusiones el argumento defensivo que esgrime el actor cuando define que, a pesar de lo probado, no existe nada que se vincule con la gestión de créditos; pues, el reproche que se le formula al accionante se sustenta, precisamente, en no haber obrado con la probidad y buena fe que es inherente a toda relación laboral, toda vez que contravino palmariamente disposiciones a las que se encontraba sujeto.

De modo que la medida adoptada por la Institución, a mi juicio, es totalmente ajustada a derecho y deja sin sustento la desproporcionalidad y la falta de fundamento aducidos como defensa por el accionante.

Respecto, cabe mencionar que no existen reglas de caducidad, simplemente corresponde meritar en cada caso en particular, si transcurrió un plazo razonable entre la ocurrencia del hecho calificado como injurioso y la medida adoptada al respecto.

No se ajusta a la realidad de lo acontecido, pretender sustentar la falta de contemporaneidad, so pretexto de interpretar como lo hace el actor, que transcurrieron 29 meses y nueve días, después de imputarle presuntas conductas laboralmente punibles.

La medida extintiva, cuya notificación fue practicada acta notarial mediante, estuvo precedida de una larga tramitación concerniente al sumario administrativo; la comisión designada al efecto cumplió con todos los recaudos en pos de asignarle las debidas garantías al actor.

Quedó evidenciado, a resultas de las propias constancias obrantes en el sumario labrado por el Banco, que la ocurrencia de los hechos ingresaron en la esfera de conocimiento de la Institución, recién cuando es impuesta ésta del contenido del oficio que le fuera cursado por el Sr. Juez de Instrucción (el 24 Abril de 1.997).

Debiendo considerarse, por consiguiente, a partir de esa fecha, si resultó razonable la demora en adoptar la medida disolutoria, con total prescindencia de que la conducta recriminada a Celli hubiese acontecido durante los años 1993 y 1995.

Siendo ello así, debe repararse que la demandada inició inmediatamente la sustanciación de las actuaciones administrativas correspondientes, que culminaron luego de agotar los estadios procesales de rigor, con el dictado de la resolución desvinculante. Al respecto se ha dicho que el sumario administrativo debe instruirse en un tiempo prudencial, excluyendo una demora no equitativa y culpable, no puede concluirse que el despido fue extemporáneo cuando la importancia de los hechos a dilucidar, el personal y los funcionarios involucrados y la decisión sobre el destino del trabajador gerente justifican el plazo del trámite.

La contemporaneidad no significa en modo alguno inmediatez, sino un término prudente existente entre la causa del hecho y la medida, circunstancias que en el sublite considero no merece objeción alguna, tomando en consideración el periplo que demandó el trámite administrativo.

Además, no debe perderse de vista que la definición de su situación se dilató en el tiempo, debido a la medida recursiva que fuera articulada por el propio sumariado; es decir, con su accionar contribuyó a la demora que ahora pretende atacar.

No puedo soslayar el proceder poco prolijo de quienes detentaban nada menos que la Dirección de la institución demandada. En primer lugar, se le permitió el planteo de un recurso pese a no encontrar amparo en norma jurídica alguna, contra la resolución que había sido tomada en el seno de ese cuerpo colegiado.

Después, lejos de verificar que el trabajador despedido fuera efectivamente desplazado de la institución, se consintió que el actor continuara trabajando durante casi diez meses ininterrumpidos (desde el 14.07.99 al 5.5.00), tiempo que demandó resolver la denegatoria al planteo efectuado por Celli.

Sin embargo, no puedo considerar que, por esta circunstancia, hubo una tácita retractación por parte del Banco, respecto a la pérdida de confianza que abonara el despido del actor; sí afirmo, en cambio, que la voluntad extintiva de la demandada se cristalizó al momento de notificarle a Celli, por acta notarial la decisión tomada; en consecuencia, en esta particular situación se produjo el diferimiento de los efectos devinientes del despido, hasta el momento en que le fue comunicada la desestimación de la reconsideración (hecho ocurrido el 5 de Mayo de 2000).

No caben dudas, entonces, que la prestación de servicios efectivamente existió, por ello le asiste al actor el derecho de percibir como contraprestación las remuneraciones devengadas durante este lapso laborado.