marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad intelectual, software, depósito de la carga
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, Oscar A. s/ INFRACCION LEY 11723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-24

La ley 11.723, art. 1°, incorpora al "software" como fuente y objeto en la enumeración de las obras protegidas; protección que se extiende a "toda producción científica, literaria, artística o didáctica" que constituya una expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, sea cual fuere el método de reproducción (*). El art. 72 bis, inc. d) no está redactado en función de los inc. a) y b), lo que le da autonomía propia, y queda supeditado de esta forma al amplio espectro de previsiones que le otorga la modificación antes mencionada, razón por la cual no solamente sería ilícito el almacenamiento de fonogramas, sino que también se encontrarían comprendidos todos los supuestos protegidos por el art. 1° (**). Por ello su aplicación en este caso no implica analogía alguna (***). La gran cantidad de "software" ilegítimos secuestrados en poder del encartado encuadra en la figura de almacenamiento.
Seguros, seguro de automotores, siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARDUINO,  MARIO c/ MERCANTIL  ANDINA  COMPAÑIA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO. SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Cabe rechazar la demanda por cumplimiento de contrato de seguro y cobro del importe de reposición de un rodado siniestrado, incoada por el titular del mismo contra la aseguradora, toda vez que en la producción del siniestro existió culpa grave del asegurado (ley 17418: 70), en tanto que el incendio se produjo en ocasión de haberlo dejado estacionado por más de dos meses en la vía publica, sin haber reparado los serios daños sufridos en un accidente vial -defectos en el cierre de las puertas, sin luneta- y luego de haber estado en un depósito policial por más de dos años; por lo que independientemente de que el fuego hubiera sido generado de modo intencional por un tercero, surge claro que el siniestro fue propiciado por el estado de abandono y desamparo en que se encontraba el vehículo, lo cual determina que tal conducta del accionante encuadre en las previsiones de la ley 17418: 70, ya que su actuar excedió de la simple negligencia amparada en todo contrato de seguro, para traducirse en una actitud de grave despreocupación ante la eventual ocurrencia del siniestro amparado por la cobertura, aún cuando éste no haya sido buscado deliberadamente por el asegurado, configurándose así la causal de exoneración de responsabilidad de la aseguradora.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, obligaciones del asegurado, renuncia de derechos
Materia: COMERCIAL
Carátula: HELVETIA ARGENTINA  S.A.  DE SEGUROS c/ MANTELPLAST  S.A.C.I. s/ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

La ley 17.418, Art. 115 no prevé explícitamente la sanción que apareja el incumplimiento de la carga de dar aviso a la aseguradora de la demanda del damnificado.

Al no haberse determinado por la ley el efecto del incumplimiento de esa carga, debe estarse a su carácter complementario de las medidas de organización de la defensa en juicio, consideradas como modalidades de salvamento; por lo tanto, su quebrantamiento traerá como consecuencia la pérdida del derecho del asegurado a ser amparado por el seguro. Aunque sólo en la medida del perjuicio sufrido por el asegurador a raíz de la inobservancia.

En el seguro de la responsabilidad civil, el salvamento adquiere características propias, y se concreta en la obligación de confiar la dirección del proceso, y en distintas prohibiciones (ley 19.550, Art. 116). El asegurador debe resarcir cuanto el asegurador debe o pague al tercero damnificado manteniéndolo indemne (ley 19.550, Art.

109); por lo que debe reembolsar los gastos judiciales, pues son desembolsos para la reducción o evitación del daño, es decir, son gastos de salvamento. De ahí que se adeuden íntegramente, aunque la indemnización debida al damnificado exceda de la suma total garantizada, y que la limitación contractual no juegue a su respecto; pero cuando la indemnización debida al tercero exceda del máximo asegurado, los gastos serán soportados en proporción por el asegurado y asegurador (ley 19.550, Art. 111 párrafo 1ro. y 2do.).

La ley 19.550, Art. 71 párrafo 2do. fija la sanción por el incumplimiento de la carga, por lo que el contrato no puede fijar otra (ley 19.550, Art. 36) que sea más grave para el asegurado (ley 19.550, Art. 158).

Si al contestar la citación en garantía la aseguradora acreditó tener conocimiento de las circunstancias fácticas en que el damnificado fundó su pretensión y las defensas opuestas por el asegurado, y no obstante ello, en ningún momento manifestó inequívocamente su decisión de ejercer el derecho de dirigir el proceso, tomando a su cargo el patrocinio y representación del asegurado, tal circunstancia permite presumir su desinterés en esa defensa y su renuncia a ejercerla.

No habiéndose acreditado el perjuicio experimentado a consecuencia de la violación de la carga en análisis, y habiendo demostrado el asegurado su interés en participar en su propia defensa en el proceso incoado por el damnificado, debe rechazarse la pretensión de la aseguradora de reembolso de los honorarios del letrado del asegurado que debió pagar en el mencionado juicio.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: ROLON GONZALEZ, María Ernesta y otro c/ M.C.B.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

Cuando el daño consiste en una pérdida de chance de supervivencia, el límite de responsabilidad del profesional de la salud o del ente asistencial está dado por la pérdida de la chance de curación y no por el desarrollo definitivo de la enfermedad.
AFIP DGI, exenciones impositivas, contestación de la demanda, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

Si bien es cierto lo expuesto por la demandada en sus agravios en cuanto no resulta aplicable el plazo dispuesto en el art. 338 primera parte (15 días) para la contestación de la demanda, no le asiste razón en cuanto pretende que se le otorgue el término de (60 días) dispuesto en la segunda parte del art. 338, ya que en el procedimiento de autos, donde la parte actora pretende la exigencia de la exención del pago de los tributos y la accionada su percepción, rige la norma específica que regula la cuestión planteada estableciendo el plazo de 30 días para la contestación del traslado conferido de la demanda (art. 85 ley 11.683).
Medidas cautelares, gratuidad del procedimiento, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA ANA MARIA c/ PANIFICACION MARTINEZ S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-02

En el caso en análisis, a la parte actora le fue otorgado el beneficio para litigar sin gastos, o sea, el beneficio de la gratuidad durante la tramitación del juicio en los términos del art. 262 y cc del CPCCT y, de la ley 6.314.

Ello así y, siendo esta normativa específica, frente a la norma genérica del art.229 CPCCT, consideramos que debe prevalecer la primera, en el entendimiento que, si a quién carece de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos básicos de sellado fiscal, bonos de movilidad, etc., se le coloca en un plano de igualdad para permitirle el acceso a la justicia, no es razonable exigirle una caución real de difícil o imposible cumplimiento -cuanto menos hasta que no se demuestre lo contrario- para tornar ejecutable un embargo preventivo cuya procedencia no es materia de controversia.
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, descanso semanal, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ CASTRO, FERNANDO c/ CENTRO AUTOMOTORES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-27

La prestación de trabajo durante el descanso hebdomadario, no da derecho a una sobre-asignación salarial, sino que, para tales casos, la ley establece la concesión del descanso en otro momento de la semana, ordinariamente previsto y reglamentado en la norma que establece la excepción. El recargo salarial previsto en el art. 207 L.C.T. se encuentra dirigido claramente a sancionar al empleador que, con su actitud, obligó al trabajador a obrar como lo indica la norma para lograr el goce efectivo del descanso. Lo expuesto no significa soslayar lo dispuesto en el art. 201 L.C.T. puesto que, si ocurre que los servicios prestados durante los días de descanso importan la realización de trabajo en exceso de la jornada legal o convencional, merecen ser remunerados con los recargos correspondientes por aplicación del régimen de jornada, pero no su duplicación por recaer en igual período una doble regulación (por un lado la del art. 207 L.C.T., y por otro, la prevista en el art. 201 L.C.T.).
Acción de amparo, caducidad, plazo
Materia: Procesal
Carátula: Ghio, Marta Alicia y otros c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-05

Este Cuerpo, que desde ya deja expresamente señalado que, la acción intentada por los señores Magistrados en estos Autos es la única que posibilita el ejercicio de los derechos invocados, adhiere a aquella postura doctrinaria y jurisprudencial que remarca que normas como las que estamos analizando o sea que decretan la caducidad de los Recursos de Amparo por su no deducción dentro del término referido, responde al hecho de que se presume de interés del pretendido amparista que deja transcurrir el término sin formular su interposición. Si por el contrario se sostiene, como lo hace el Cuerpo, que ésta acción es la única ejercible por los amparistas el argumento deja de tener efecto y ratifica la plena viabilidad que adjudicamos al Recurso de Amparo que hoy conocemos en grado de apelación.
Régimen de consolidación de deudas, obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: CIVIL
Carátula: IANELLO, MIGUEL c/ E.N.  MINISTERIO DE DEFENSA s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

El art. 1 de la ley 23982 no contiene distinción alguna en relación al carácter principal o accesorio de la obligación, por lo que cabe interpretar que, en ambos supuestos, se encuentran incluidas en su ámbito de aplicación.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Savarro de Caldara, Elsa Inés y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos (Buenos Aires) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

La indemnización del daño moral no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: ELIAS, RICARDO. s/ ESTUPEFACIENTES. TRAFICO. TENTATIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

Configura el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad transporte, en grado de tentativa, la acción del procesado que en ocasión de ser detenido portaba un bolso conteniendo seis kg. de cocaína, habiendo estado vigilado por personal policial avisado de la ilícita operación concretada y que, si bien no pudo concretar su propósito, se debió a que, comenzado el transporte, éste fue interrumpido por su detención, (circunstancias ajenas a su voluntad); excluyéndose la hipótesis de tentativa inidónea, ya que el medio utilizado era perfectamente apto para los fines preestablecidos de transportar la mercadería prohibida a un destinatario, que pagaría por esta entrega.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ, Daniel Marcelo c/ FORGIONE, Uber Eduardo y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Las modalidades laborales del usuario, el emplazamiento del lugar del trabajo y del domicilio, tanto como el resto de las circunstancias que reflejan la intensidad de la utilización que se daba al rodado, tienen relevancia para deteminar la medida exacta del daño resarcible. Cuando tales elementos no se presentan acreditados, la indemnización debe establecerse suponiendo su uso "standart" o medio, es decir, previendo un cierto número de traslados mínimos que no deja de llevar a cavo todo usuario.-
Responsabilidad de entidades deportivas, accidentes en el deporte
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS ELEAZAR RAMON Y OTRO c/ ESTEYBAR ELECTROMECANICA S.A.C.I.G E.I. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-16

Con o sin fines de lucro, las empresas organizadores de competencias deportivas realizan la actividad riesgosa, sobre todo por los lugares en que se desenvuelven y los daños que pueden causar dicha actividad, por lo que surge su responsabilidad objetiva, independiente de la culpa.
Empleados públicos, Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juan Carlos Silvestre c/ art.10 Ley 4352-Lgtra de la Pcia s/ Accion de Inconstitucionalidad Pcia s/ Accion de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-04-06

Salvo aquellos que sean directamente operativos, tanto el ejercicio de los derechos cuanto la implantación de los deberes de rango constitucional están sujetos a reglamentación.La reglamentación será válida en tanto no vulnere precisamente los derechos y garantías que pretenda explicitar y movilizar.

Resulta clara la voluntad del constituyente, que ha dejado librado a la ley establecer las excepciones a la norma del art. 62 de la Constitución de Jujuy.

La evaluación de la conveniencia, eficacia o acierto de los medios arbitrados por el legislador para lograr los fines por él propuestos, es materia ajena al poder judicial.El Poder Judicial solamente juzga la razonabilidad de dichos medios, esto es, si son proporcionados a los fines, y si media o no restricción constitucional a los derechos individuales.

Los actos- y designaciones-de otro Poder del Estado se presumen legítimos y no le es dado a este Poder analizar las subjetividades o motivaciones íntimas que han meritado tales actos o designaciones.Sólo la irrazonabilidad notoria y evidente de la norma, autorizaría su descalificación judicial.Esta es la doctrina legal de esta Corte, reiterada en un reciente fallo
Concurso preventivo, proceso de verificación, incidente de revisión, costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAPELERA PEDOTTI SA c/ ANSES. s/ QUIEBRA. INC. DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Si la deudora formuló una infructuosa oposición a la petición de revisión mientras se hallaba concursada preventivamente y, con posterioridad el verificante logró vencer la posición de la emplazada, después de haber sobrevenido su declaración falencial, procede distribuir las costas devengadas por el trámite del incidente de revisión en el orden causado instado en tiempo de concursamiento preventivo y dirimido en situación de falencia de la defensa. Ello así, pues acoger derechamente la petición de imponer las costas al activo concursal -tal lo postulado en el caso por el pretensor-, importaría disminuirlo -con agravamiento de la situación de los restantes acreedores-, por consecuencia de una resistencia que -aún infructuosa- había sido sustentada por la deudora mientras se hallaba legitimada irrestrictamente para formular cualquier clase de defensa.
Cheque sin fondos, cierre de cuenta corriente, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: MAGGINI CALVO, NESTOR s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

1- Aún admitiendo que el cierre de la cuenta dispuesta por el Banco no hubiera sido conocida por el procesado en el momento de la entrega de los cheques, surge la imposibilidad de pago de la evidente inexistencia de depósito en cuenta o convenio con el Banco por parte del librador, siendo además que en el caso la entidad girada informó que no atendió ninguna libranza contra esa cuenta pues rechazó todas las que le fueron presentadas, lo que originó el mencionado cierre de aquella al incurrir en el tercer rechazo por "sin fondos". (Del voto del Dr.Oyuela).- 2- Interesa que la comunicación haya existido para que se dé la configuración legal. Existe cuando hay un despacho telegráfico entregado en destino, máxime si ese destino es el domicilio del destinatario. No tiene trascendencia quién haya sido la persona que atendió al mensajero portador del despacho cuando no hay ninguna razón para dudar de la información proporcionada por el servicio oficial de telégrafos que afirma haber entregado de conformidad cada una de las comunicaciones impuestas por el tenedor de los cheques.

(Del voto del Dr.Hendler).- 3- Sobre la base meramente objetiva de que solo se requiere una noticia comprobable que ponga al librador en condiciones razonables de enterarse del rechazo bancario, no puede fundarse una condena penal en un tipo delictual (Art. 302 inc.1° del C.P.) que requiere "habérsele comunicado la falta de pago". (Del voto en disidencia del Dr. García Quiroga).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: FARRUT ROBERTO SALOMON S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P.. DE MORENO DIEGO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-06

La agresión ilegítima supone un ataque en curso o inminente contra un bien jurídico, que no esté autorizado o justificado por el derecho.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Espinola Elpidio Lionel y otros c/ B.C.R.A. -Resol. 2/03". s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-07

Por regla, no corresponde suspender los efectos de los actos administrativos que, deciden sanciones en los términos del art. 41 de la ley 21.526. Sólo cabría hacer excepción a ella en supuestos de comprobarse una fuerte verosimilitud del derecho y cuando la gravedad del perjuicio ocasionado así lo aconsejen (cfr. art. 230 del C.P.C.C.N.). (Consid. II).
Acción, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Erlich, Naum c/ Arrieta, Ascencio s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-03

Ante la presentación de dos personas invocando el carácter de parte en base a una cesión onerosa de sus derechos posesorios, efectuada a su favor por el actor usucapiente, -conforme al estado de la causa- no corresponde paralizar el trámite, sino que trámite normalmente, hasta la sentencia definitiva, oportunidad en la cual, precisamente, se deberá analizar la intervención cuestionada y su posible incidencia o no con el progreso de la acción intentada. (Minoría u opinión personal)
Sentencia arbitraria, falta de fundamentación, valor vida, accidente de tránsito, daños y perjuicios, reparación integral, relación de causalidad, código civil y comercial, responsabilidad civil, derechos y garantías constitucionales, cinturón de seguridad, daño resarcible
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

La sentencia que concluyó que la falta de uso de elementos de seguridad no guardaba relación de causalidad con los daños reclamados y que los demandados debían responder en forma exclusiva por ellos, y luego expuso la consideración de la supuesta imprudencia para cuantificar los daños resarcibles -la madre e hija viajaban sin cinturón de seguridad y la menor en los brazos de aquella- es arbitraria, pues se aparta de los principios del Código Civil y de la Constitución Nacional que rigen la responsabilidad civil y la reparación del daño (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Regulación de honorarios, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alvear Palace Hotel S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

La decisión que estableció que la regulación de honorarios que resulte de las pautas fijadas en la sentencia objetada debe retribuir la labor profesional desarrollada en sede administrativa, resulta equiparable a definitiva a los efectos del art. 27 de la ley n° 402, puesto que la cuestión no podría ser planteada nuevamente sin que hubiera pasado en autoridad de cosa juzgada la decisión acerca de cuáles serían los trabajos cuya retribución formó parte de la controversia, lo que torna irreparable el perjuicio que viene invocado. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, autorización para viajar, sociedad cooperativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL HOGAR OBRERO s/ CONCURSO  S/  AUTORIZACION PARA VIAJAR AL EXTERIOR POR CARELLO, LUIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Tratándose de una entidad cooperativa, procede otorgar autorización para salir del país cuando el peticionante ya no ocupa cargos en el consejo de administración de la concursada, y fundamenta su pretensión en razones académicas y profesionales, máxime -como en el caso- cuando el acuerdo preventivo se encuentra homologado.
Dictámenes, silencio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, Jorge Mario c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-17

El dictamen de las Asesorías Legales de los Ministerios constituye un acto técnico de asesoramiento no asimilable a un acto resolutivo y que cause estado, el cual sólo podrá ser dictado por la autoridad competente para ello. (1) Es a partir del dictamen de la Asesoría Legal del Ministerio que el trámite se encuentra en condiciones de ser resuelto, debiendo subsumirse la situación a la norma que lo regula, que es el Inciso a) del artículo 5 del Código Procesal Administrativo. (2) De la obligatoriedad de la Administración de resolver las cuestiones que el particular le plantea, cabe concluir que la naturaleza que el silencio tiene es la de ser una presunción establecida precisamente en favor de los derechos e intereses de los particulares y no un medio de eludir obligaciones y compromisos de los organismos administrativos, lo cual impide darle una interpretación que perjudique a los mismos a quien quiso favorecer.
Personal policial, participación necesaria, privación ilegal de la libertad, delito de omisión
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

El Jefe de la Comisaría de la localidad donde se cometieron los hechos delictivos resulta partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada, pues colaboró en los mismos poniendo a disposición los medios materiales y humanos necesarios sin obstaculizar su utilización para las privaciones de libertad, por lo que existe una omisión de deberes dolosa, que fue su rol en el plan.