Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23


Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de Agosto de dos mil uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: "Fiori María Fernanda c/ Trans Bank S.R.L. s/ Daños y Perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 353/356, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: FELIX R. DE IGARZABAL - GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU.

A la cuestión planteada el Dr. de Igarzabal, dijo:

I.- María Fernanda Fiori demanda por daños y perjuicios a Trans Bank S.R.L y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según los hechos que relata y derecho que invoca.Dice que con motivo de haberse inscripto como aspirante a un cargo docente en una dependencia de la M.C.B.A. le fue remitida una comunicación instándola a presentarse en el Hospital de Rehabilitaciones "Manuel Rocca" (Pedagogía Asistencial), por motivo del ofrecimiento del cargo de Maestra de Atípicos Motrices.A tal fin se la citaba para el 8 de noviembre de 1993 a las 9.30 hs., advirtiéndole que la no presentación implicaría renuncia.El trámite postal estaba a cargo de la codemandada Trans Bank S.R.L, y la comunicación de referencia no llegó a tiempo porque fué dejada en una casa lindera deshabitada.Así, desinformada no acudió a la cita por lo que el cargo fue cubierto por otra postulante.En el concepto de resarcimiento de daños reclama $150.000.

II.- Al contestar la demanda Trans Bank S.R.L opone la excepción de falta de acción para obrar "en virtud de no existir ni haber existido relación alguna - jurídica sustancial ni formal - ni directa, ni indirecta entre ella y la actora".Asimismo opone la defensa de prescripción en los términos establecidos por la ley de Correos 20.216 y su decreto reglamentario 151 del 16/11/1974.Subsidiariamente contesta la demanda negando los hechos y atribuyéndole plus petitio inexcusable - temeridad y malicia.- III.- A su vez la M.C.B.A., a fs. 64, tambien contesta la demanda negando algunos de los hechos en los que se funda y reconociendo otros.Niega que le corresponda responsabilidad por motivo del incumplimiento de una gestión encomendada a un tercero y consecuentemente el derecho invocado.Asimismo, que el ofrecimiento formulado, tuviera la entidad que se pretende.

IV.- La sentencia en revisión rechaza la demanda respecto de la M.C.B.A. (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), no así respecto de la codemandada Trans Bank S.R.L, a quien condena al pago de $ 21.000 en concepto de resarcimiento por parte de los daños que en parte reconoce.Ello, importó rechazar las excepciones opuestas por la vencida.Ambas partes, comprendidas en el pronunciamiento de primera instancia se agravian.La actora porque el Sentenciante descalifica la categoría del ofrecimiento de cargo docente concretado por la M.C.B.A, lo cual termina por incidir en lo referente a la determinación del monto resarcitorio.También porque excluye a la M.C.B.A. de la condena, siendo que debe considerársela responsable por no haber actuado con la diligencia que las circunstancias requirieran.Asimismo porque el Señor Juez no tuvo en cuenta la ilicitud con la que procedió la condenada en ocasión de incumplir el servicio que se le requería.El escrito de fs. 409, concretamente recaba que "se revoque parcialmente la Sentencia de fs. 353 a fs. 355 y en su mérito hacer lugar a la demanda en todas sus partes".-La carga procesal de expresar agravios puede considerarse cumplida cuando la crítica del apelante a la sentencia cuestionada es razonada y refuta seriamente los puntos en los cuales el aquo basa su pronunciamiento, indicando concretamente aquellos con los que el apelante está disconforme.A tal fin, el interesado debe poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho del Juez, o la equivocación en el proceso mental y lógico de su pensamiento, sostenida en argumentaciones que remitan circunstanciadamente a los elementos comprobados de la causa.Porque los comparto, hago míos los precedentes recaudos determinados en fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción del Uruguay, sala Civil y Comercial, publicado en L.L.Litoral 1999-713.Tales recaudos a los fines de fundamentar el recurso interpuesto, no aparecen adecuadamente expuestos en la expresión de agravios en análisis.Así, es insuficiente la subjetiva interpretación que formula la agraviada respecto del encasillamiento de función y cargo ofrecido o su carácter de interino o definitivo, como para enervar lo decidido por el Sentenciante al respecto.Corresponde por ello y lo previsto por los arts. 265 y 266 del Cód. Procesal, declarar desierto el primer agravio opuesto.Parecidamente en lo que se refiere a la imposición del comunicado dirigido a la actora, no constituye agravio fundado y concreto la sola referencia a la fecha de cumplimiento del servicio según planilla agregada a los autos. Si bien de ella, resulta que la entrega se realizó vencido el plazo de citación, ello no implica atribuir responsabilidad a la codemandada M.C.B.A, por no haber tomado recaudos suficientes para que así, no ocurriera.La fecha de requerimiento, no resulta de autos y es para mi insuficiente tomar como referencia las manifestaciones del empleado que habría cumplido el servicio o la circunstancia de que el sello agregado calificara como urgente el hacerlo.Más aún, si de acuerdo con sus declaraciones y constancias de autos, dejó la correspondencia en lugar distinto al que precisamente se indicaba, registrando una firma que no se correspondía con la auténtica del destinatario y reconociendo que las planillas de recorridas, no las confeccionaba él sino que "me lo pasaban en casa, yo distribuía y algún familiar o mi novia me llenaba la planilla".Creo por ello que no habiéndose acreditado negligencia u omisión alguna en el despacho del comunicado de que se ha hecho referencia tampoco corresponde acoger este agravio.Por lo que hace al tercero y último agravio, contrariamente a lo que se expresa, el Sentenciante tuvo en cuenta la responsabilidad de la codemandada Trans Bank S.R.L al rechazar sus excepciones y puntualmente admite su responsabilidad al condenarla al pago del resarcimiento por daños.Al respecto es del caso señalar que el Señor Juez solamente ha tenido en cuenta el daño moral causado a la recurrente, no asi el correspondiente a la pérdida de chance -honorarios de posible percepción que tambien se reclamara en la demanda. La agraviada nada reclama por ello circunstancia que impide su tratamiento.Por otra parte la suma fijada para atender tal rubro casi se corresponde con la requerida por la peticionante ($ 21.300), por lo que sólo cabe así confirmarla.

V.- La codemandada condenada a su vez se agravia porque el Señor Juez desestima la defensa de falta de acción impetrada. Asimismo la de prescripción opuesta.Creo con el Sentenciante que para el caso no son de aplicación las normas legales invocadas por la agraviada sustancialmente la ley 21.216 y su Decreto Reglamentario Nro. 151/74.Atendiendo a lo que expresamente manifiesta el agraviado dichas normas establecen cual ha de ser la indemnización debida por incumplimiento en el servicio, para lo cual únicamente sería legitimado el remitente o el destinatario, cesión de derechos mediante, efectuada por aquél.Debo entender que la ley invocada durante todo el trámite por el Sr. Juez y las partes, bajo número 21.216 ha querido serlo respecto de la Nro. 20.216/73, ADLAXXXIII-B, pag. 1326, llamada ley de Correos, dictada en sustitución de la ley 816 y que fuera sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1973.Dicha ley según lo establece el respectivo proyecto fue sancionada a los fines de regular el funcionamiento del servicio de correos por lo que su aplicación aparece expresamente acotada a tal efecto siendo sus disposiciones de carácter estrictamente administrativo o en su relación.En autos, lo que concita el requerimiento a la condenada es la relación de dependencia a su respecto por parte de quien realiza el acto dañoso.Su tratamiento en consecuencia debe serlo según el amplio espectro que ofrecen distintas normas legales sustanciales para atender el reclamo por daño.Asi cuando se lo define (art. 1068 Cód. Civil) o la necesidad de su existencia (art. 1067 id) o su extensión (art. 1069 y 1078) o se determinan los actos que los originan (art. 1109) y quienes pueden pedir la reparación (art. 1110) o quienes están compelidos a afrontar las consecuencias (art. 1113), aún como transportadores terrestres (art. 1119), enumeración esta, que no lo es taxativa.En el caso de autos, está fuera de discusión que la naturaleza jurídica del reclamo se sustenta en la necesidad de reparar los daños sobrevinientes como consecuencia de un acto ilícito.Sería ocioso puntualizarlo habida cuenta que ha quedado acreditado el accionar de un dependiente de la codemandada condenada, quien por negligencia, acción u omisión realizó un acto que ha perjudicado los intereses del afectado.Más aún cuando su proceder torpe o negligente, aparece enfatizado por la circunstancia de haberse hecho aparecer como recipendaria de la comunicación a la actora mediante firma que no le pertenece (informe perito calígrafo de fs. 288).-Dado que el daño generado por el dependiente genera dos obligaciones distintas pero conexas o concurrentes, la del causante del daño que responde a título de riesgo o culpa y la del principal que lo hace por el deber de garantía que resulta de la dependencia, el acreedor puede demandar a uno o a ambos habiendo optado en el caso hacerlo respecto de este último.Ello en cuenta, desde que la falta de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica en que se sustentó la pretensión, no siendo el caso, corresponde su rechazo (Conf. C.S. de la Nación 16/12/1999, J.A., 1999-IV-780).En cuanto a la excepción de prescripción opuesta corresponde de acuerdo al ya acotado ámbito atribuido a la ley 20.216, rechazarla según los fundamentos de la propia sentencia recurrida y cita legal correspondiente.Por otra parte, atento la naturaleza de la cuestión debatida respecto de la codemandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la agraviada por aplicación de lo normado en los arts. 4023 y 4037 del Cód. Civil no transcurrieron los plazos que la ley señala.Es de tener presente, asimismo que en caso de duda sobre la prescripción de la acción debe estarse a una interpretación restrictiva y aceptarse la solución más favorable a la subsistencia de aquélla (C. Nac. Civ., Sala K, D.J. 1998-2-697 entre otras).

Por los fundamentos esgrimidos se confirma la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios. Costas a la demandada vencida.

Los Dres. Sansó y López Aramburu, por análogas razones a las aducidas por el Dr. de Igarzabal, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

FDO.: FELIX R. DE IGARZABAL - GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU Buenos Aires, 23 de Agosto de 2001.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios. Costas a la demandada vencida.Notifíquese y devuélvase.- FDO.: FELIX R. DE IGARZABAL - GERONIMO SANSO - LUIS LOPEZ ARAMBURU