marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, cónyuge supérstite, trabajo en el exterior
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OLSZEVICKI DE BENDERESKY, JUANA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-17

A efectos de la concesión del beneficio de pensión al cónyuge supérstite debe tenerse por acreditada la actividad del causante en el país hasta el momento de su deceso, (artículo 25 ley 14397) cuando su desempeño en el exterior lo fue a fin de realizar negocios vinculados con el objeto de la sociedad que integraba en nuestro país.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, objeto del proceso, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOMINSA S.A. c/ AGUA Y ENERGIA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Es ajeno a la jurisdicción extraordinaria, como principio, lo referente a la oportunidad en que las cuestiones sujetas a juicio pueden ser introducidas en autos a fin de habilitar a los jueces de la causa para el conocimiento y decisión de ellas (Fallos 256:540;

in re: "Dirección Nacional de Vialidad c/Jabalera de Bongiovanni, Encarnación", del 5.6.68, LL 133_553).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, regulación de honorarios, síndico del concurso, concurso preventivo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CALLEGARI, JAVIER Y OTRO s/ CONCURSO CIVIL.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 262-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-30

Adolece de absoluta falta de fundamentación el recurso en relación a la regulación de honorarios cuestionada, si ni siquiera mínimamente la recurrente esgrime al respecto causales de descalificación del fallo, surgiendo del memorial introductorio que toda la crítica del impugnante sólo traduce su disconformidad con el criterio con que el a quo valoró la labor profesional.

En el caso, se aplicó el máximo legal a la regulación de honorarios de la Sindicatura, merituándose la labor eficaz y extensa desarrollada, que además de la reflejada en el expediente, versó sobre la vigilancia de la administración del concursado, investigación y esclarecimiento de la situación patrimonial del deudor y colaboración permanente con el Juez.
Recursos administrativos, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A., A. L. s/ Recurso de inconstitucionalidad (Expte. CSJ N.  666-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La concesión del recurso de apelación con efecto devolutivo no conculca garantías constitucionales de ninguna especie. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco a la que adhiere el Dr.

Alvarez)
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: Bravo, Victor Raul c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A.I.C. y/o resp. s/ Diferencia de haberes, etc. Recurso Extraordinario interpuesto por  el Dr. Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-29

No es suficiente para configurar la tacha de arbitrariedad la mera discrepancia entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por la parte.
Sentencia, jueces
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Godoy, Raúl c/ U.C.A.L. (Unión Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitada) s/ Despido Injustificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-19

El Juez, de acuerdo al art. 128 de la Ley 2383 de facto, no está obligado en la sentencia a analizar todos los argumentos de los litigantes, por lo que ese hecho de no haber analizado especialmente un argumento determinado, no causa la invalidez de la sentencia, aún cuando si hubiere razón, pueda obtenerse por esa vía de apelación que el argumento sea considerado en la Alzada.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nakandakare, Masafumi c/ Mariscotti, Carlos Alberto y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

La acción de desalojo no sólo se da en favor del dueño o poseedor "ánimus domini", sino también en beneficio de toda persona a cuyo respecto el demandado tenga la obligación de desocupar o devolver la cosa y, por tanto, la restitución del inmueble a través de la vía del desalojo, es exigible por quien otorgó la tenencia, sin que importe que sea o no propietario o poseedor a título de dueño.
Excarcelación, resolución denegatoria, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho
Materia: PENAL
Carátula: MURIEL DE FLORES, AMELIA A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-07

Si la denegatoria de la excarcelación se fundamenta en la gravedad y repercusión social del hecho, no basta para ello la sola circunstancia de que la entidad damnificada por los cuatro hechos ilícitos imputados sea una asociación de ayuda mutua, -máxime si se tiene en cuenta su limitada esfera de influencia dentro de la sociedad-, ni el "modus operandi" desarrollado, si éste no pasa de ser el común para la ejecución de hechos de tal naturaleza.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: Procesal
Carátula: Villanueva, María Susana c/ Bonvissuto, Blas s/ Consignación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-21

Partiendo del principio de que los recursos extraordinarios no abren una tercera instancia ordinaria en la que quepa someter al Tribunal cualquier perjuicio o gravamen en sentido genérico, debiendo contraerse aquella a las causales que contempla la ley y rechazarse los agravios que no encuadren en estos casos de excepción -más allá de la doctrinaria distinción entre juicio de admisibilidad y de procedencia- es deber del sentenciante, cuando del memorial surge evidente la impertinencia de la vía a la luz de las reglas aplicables, exponerlo y proceder a la desestimación del recurso al resolver sobre la admisibilidad formal.
Declaración de insania, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sunbland de Beresiarte, Esther s/ Incidente autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-08

La referencia al 10 por ciento del monto de los bienes que contiene el artº 628 del CPC es un tope y no un criterio para fijar siempre las regulaciones de honorarios en ese porcentaje. A los fines de determinar el monto de la décima se deben de tomar en cuenta las pautas establecidas en los arts. 451 y 475 del CCI. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Depósito, efecto extintivo del pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Judchak de Katz, Celia c/ Ricardo Orlando Perossio s/ Ejecución de Honorarios. Judchak de Katz, Celia c/ Ricardo Orlando Perossio s/ Ejecución de Honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-12-23|1992-12-23

Al no ser observado el depósito realizado, y obrando en autos el pedido de libramiento de cheque, se deduce que la accionante ha aceptado el pago efectuado, correspondiéndole por lo tanto arbitrar los medios necesarios para lograr percibir la suma depositada.

Mediante aceptación del depósito con pedido de cheque y habiendo dispuesto el a-quo el libramiento de orden de pago, por existir fondos y, ante el pedido expreso de la actora, es ésta quien debe implementar las diligencias necesarias para recepcionar su importe, pues su inactividad no puede traducirse en perjuicio para el deudor.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, temeridad o malicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires c/ Iglesias Martines S.A. s/ Ejecución fiscal Martines S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

Incurre en temeridad aquél que litiga -sea como actor o demandado- sin razón válida y con conocimiento de ello. En consecuencia, el concepto se integra con dos presupuestos, uno objetivo y otro subjetivo. Mientras el primero consiste en la ausencia de razón para obrar en juicio en defensa de una postura, el segundo apunta al positivo conocimiento de lo infundado de ésta última.

La malicia, en cambio, consiste en la inconducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución.
Cobro de expensas comunes, juicio ejecutivo, recursos, costas, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios de Lomalinda Country Club S.C. c/ Civallero Natalia s/ cobro ejecutivo de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-03-29

Se hace lugar a la Excepción de Inhabilidad de Título interpuesta por la demandada ejecutada dado que de las constancias de autos resulta que ninguno de los integrantes de la sociedad civil que es la actora reclamante demostró ser propietario de unidad funcional alguna en el conjunto inmobiliario de que se trata y no surge de ningún instrumento ni prueba presentada que tenga autoridad representativa el administrador consorcial siendo dicha responsabilidad del desarrollador fiduciario del emprendimiento que es el titular dominial de los espacios comunes el responsable de administrar los recursos obtenidos en concepto de expensas, no habiendo otorgado ningún apoderamiento para tal función a la actora reclamante, y en consecuencia se desestima la demanda ejecutiva promovida y se imponen las costas del proceso a la vencida (art. 550 C.P.C. Y C.).
Reducción de contribuciones patronales, Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, deuda previsional, deberes de la administración, concurso preventivo, acreedores del concurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: EL HALCON S.A.T. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

Es indudable que la intención del acuerdo que tuvo origen en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento -suscripto el 12.08.93- fue favorecer al empresario que cumple sus obligaciones, y no al remiso o evasor. De allí que se fijó como condición no registrar deuda firme por recursos de la seguridad social y por el impuesto al valor agregado (ver Decs. 292/95, 492/95, Res. 4061/95, Res. DGI 4158/96). Es decir, la acreditación de las obligaciones previsionales se supeditó a la presentación de declaración jurada y a la inexistencia de deuda firme, entendiendo por tal, la deuda exigible. Por tanto, una deuda verificada concursalmente, por mandato legal, era inexigible en tanto, si bien determinada y reconocida, no podía sino aguardar para su cancelación a la liquidación y pago en el momento procesal oportuno; debiendo el organismo para lograr el cobro de su crédito, someterse al procedimiento concursal y acatar los tiempos que legal y judicialmente se le imponen para su percepción. Es decir, todo su actuar debe estar dentro del proceso y no fuera de él, a riesgo de romper la regla de oro que vincula a todos los acreedores en este tipo de proceso. Los privilegios derivan de la ley y no de la particular decisión de alguno de ellos, aunque represente al interés público.
Dirigente gremial, despido, estabilidad del delegado gremial, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Antonucci y Bardi S.R.L. c/ Medina, Raúl y ot. s/ Procedimiento sumarísimo art. 52, ley 23551 Metalúrgica V.G.S.A. c/ Avalos Hugo s/ Exclusión Garantía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06|1991-12-03

La sentencia judicial que dispone la exclusión de la tutela sindical de los trabajadores amparados por los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23551 -que se traduce en una autorización al principal para despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo del dirigente- debe ser equiparada, por sus efectos, a la sentencia definitiva y es, en consecuencia, susceptible de ser recurrida por vía extraordinaria -arts. 278 y 296, C.P.C.C.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, interpretación de la constitución, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Quinteros, Ramón Reyes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-03

La sistematización de nuestro ordenamiento de normas provinciales ha estatuido un ámbito de competencia originaria y exclusiva para el T.S.J. que adquiere la calidad de indelegable, tal es el alcance de aquella expresión, pero ello no representa la erección de un impedimento que excluya a este Cuerpo del conocimiento, por la misma vía, de otros casos no contemplados expresamente. La taxatividad que otra interpretación otorgaría al art. 141 de la Constitución Provincial es una excepcionalidad cuyo sustento debe estar expresado en la propia norma y convenientemente justificado, circunstancia que no operan en el particular.

El restrictivo entendimiento de los alcances del art. 141 de la Const. Prov. impediría por completo la revisión, por la modalidad referida, de un acto emanado verbigracia, de las Funciones Ejecutivas o Legislativas (como en el presente, juicio político). En tales supuestos, emergería un impedimento legal que derivaría necesariamente el tratamiento de la cuestión a instancias inferiores, lo que es inadmisible. En consecuencia, no ha sido el espíritu del constituyente limitar, con un "numerus clausus" el ámbito de competencia originaria del T.S.J.; si así lo hubiera querido podría (más bien debía) haberlo señalado con precisión, hecho no ocurrido. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, mayoría.)
Designación de jueces, audiencia pública
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

El Constituyente fijó una regla temporal clara para que la Legislatura se expida sobre los pliegos de los postulantes a desempeñarse como magistrados, remitidos por el Consejo de la Magistratura: 60 días hábiles, excluyendo el período de receso legislativo. Con ello, el Constituyente ha agotado la regulación de este aspecto del tema, toda vez que fijó inclusive los detalles, de modo tal que el legislador no puede modificar el criterio establecido por el Constituyente mediante la reglamentación de la cláusula constitucional.
Proceso penal, acción civil, daño moral, indemnización, determinación judicial
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: S., E. s/ Homicidio culposo (Expte Nº 207-90, Resolución Nº 34, Tomo 3, Folio  162)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-17

Al tratarse de daño moral, no puede utilizarse como criterio orientativo el de restitución de las cosas al estado anterior al del daño, el de justipreciación de lo que se pierde de ganar, el de evaluar lo que será necesario para la subsistencia de los accionantes, ni el de adecuación de las indemnizaciones a valores actuales, sino que debe atenderse al dolor o padecimiento espiritual derivados del hecho, aspecto este que no guarda una relación de directa y necesaria relación con la capacidad para producir riquezas que tuviera el causante.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Trenque Lauquen c/ Carnicerías Integrales S.A.I.C.I.A.P. s/ Expropiación e imposición de servidumbre administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Corresponde actualizar los montos correspondientes a las indemnizaciones respectivas a partir de la fecha de la disposición y hasta el efectivo pago, de acuerdo a la variación porcentual experimentada en ese período por el índice de precios al consumidor, nivel general, que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.-
Peritos, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA JOSEFINA PALMIRA c/ RUBALCABA GARCIA DE FERNANDEZ FLORA BEATRIZ Y OTRO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-02

Esta Cámara se ve impedida para entrar a valorar la labor propiamente realizada por el perito ingeniero, el monto de juicio y los rubros que debieron computarse a los efectos de la regulación, por haberse considerado, todos esos conceptos, en etapas procesales anteriores totalmente consentidas y precluídas conforme surge de las constancias de autos.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerra, Mónica Elena c/ Faes, Marcelo Gustavo s/ Simulación y en subsidio. Cobro de pesos Bolatti, Miriam E. c/ Zaccaro, Carlos s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1998-11-03

En todos los casos, es posible que sea necesario tramitar por separado incidentes sobre fijación del carácter de los bienes, determinación de créditos entre la sociedad conyugal y los cónyuges, rendición de cuentas, etc.
Aplicación errónea de la ley, estupro calificado, menores, fundamentación de sentencias, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

No se verifica una errónea interpretación de la ley sustantiva si se encuadra la conducta atribuida al imputado como estupro agravado por la condición de ascendiente y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, puesto que en la sentencia recurrida se han brindado suficientes y adecuados fundamentos para la aplicación de tal figura legal. Al respecto, el tribunal consideró el testimonio de la víctima; que el simple hecho de que la menor hubiera mantenido algunas relaciones sexuales anteriores, no bastaba para descartar la presencia en el caso de inexperiencia sexual de la víctima; las pericias psicológica y psiquiátrica que se le realizaron. También advirtió que surge claro que el imputado llevó adelante una serie de maniobras concretas para seducir a la menor y que la naturaleza propia de los hechos probados exigieron ineludiblemente un rol activo de su parte por lo que no puede negarse que el imputado estuvo muy lejos de ser un mero espectador de los sentimientos experimentados por la menor sino que hizo todo lo necesario de su parte para persuadirla de aceptar tales emociones y obrar en consecuencia. Asimismo, entendió que resultaba evidente la situación de preeminencia en la que se encontraba el imputado respecto de la damnificada, ya que además de ser su padre, la niña se encontraba viviendo en su domicilio y dependiendo económicamente de aquél resultando totalmente irrelevante el lapso de tiempo que llevaba la relación padre-hija al momento de los hechos (voto del juez Huarte Petite al que adhirieron los jueces Magariños y Jantus).
Juicio ejecutivo, intimación de pago, notificación en el domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: De Petris de Truchero Oni c/ Santana Ferreyro, Manuel s/ Art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

En el juicio ejecutivo, cuando en oportunidad de la intimación de pago (art. 531 del Cód. Proc.), el deudor no se encuentra en el domicilio, se practicará igualmente la diligencia en ese momento, en la forma prevista en el art. 141 del Código Procesal, esto es dejando la intimación a persona distinta, dejándose constancia de la ausencia del deudor.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades del juez, interpretación de la ley, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

No es equiparable el acto culminante con los actos previos que pueden ser tenidos como presupuestos para el juzgamiento de actos concretos. Es que, además de lo que aparece como diferencia manifiesta entre uno y otros -el criterio interpretativo no dirime oficiosamente un conflicto entre partes-, el acto que tiende a evitar fallos contradictorios fijando criterios interpretativos de derecho, puede surgir como actividad previa y lógicamente ligada a la propia del Poder Judicial de dirimir conflictos que son llevados a sus estrados, y con ello, destinada a afianzar la justicia, llevar a la paz social, como postulado constitucional. Pero, si esto es así, la cuestión sobre si constituye un acto legislativo, invasor de otra esfera del poder, es muy difícil considerarla distinta, separada y no dos caras de una misma moneda. (Del Voto del Dr.

Bernardini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Pagaré, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luján c/ Dachaguer s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

Las exigencias ante supuestos como el de autos, asumen ribetes especiales; pues cuando se trata de letras de cambio y pagaré, respecto de los cuales el medio normal de probar el pago consiste en la entrega del documento al deudor con la constancia del pago realizado (art.42 Dto.ley 5965/63), pues la permanencia del título en poder del acreedor, hace presumir que el pago no se ha cumplido.
Asociaciones profesionales de trabajadores, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA, ALICIA AMELIA c/ ISA SRL s/ ENCUADRAMIENTO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-14

El hecho aducido por la demandada de que aplicó el Convenio Colectivo 130-75 desde el comienzo de su actividad comercial sin que ninguna asociación o inspección haya objetado dicho encuadramiento y que la actora, vigente la relación laboral, nunca cuestionó su encuadramiento por lo cual sostiene que el juez ha desconocido el principio de la buena fe en las relaciones laborales, es una argumentación inconducente, ya que la empresa demandada surge como comprendida en el ámbito de aplicación el Convenio Colectivo 114-75, no pudiendo soslayarse la obligatoriedad de la normativa convencional específica, lo cual marca el principio de la buena fe al cual deben ajustar su obrar las partes del negocio jurídico laboral, el que se ve alterado sustancialmente cuando la dadora de trabajo ignora aquel dispositivo y lo reemplaza por otro, configurando así una conducta incumplidora, que no alcanza justificación con el mero hecho de la falta de reclamo anterior por parte del trabajador. La irrenunciabilidad y consecuente indemnidad de sus derechos no admite el desplazamiento de los mismos puesto que los convenios colectivos de trabajo son cuerpos con pretensión de plenitud, esto es de abarcar toda la problemática que genera la regulación laboral que contempla.
Acción de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad, actos de los poderes públicos, presunción de legitimidad, medidas cautelares, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Supercanal S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-30

La interposición de la acción de inconstitucionalidad carece de efectos suspensivos de la norma cuestionada. Excepcionalmente, cuando la ejecución de la ley, decreto o reglamento pudiera causar un perjuicio irreparable o tornar ilusorio el pronunciamiento del tribunal, puede analizarse la suspensión de la aplicación de tales normas. Ello, en virtud de la presunción de legitimidad propia de los actos del Poder Público. Ante el carácter restrictivo y excepcional que revisten las medidas cautelares en la acción de inconstitucionalidad no cabe ordenarlas si no se advierte de modo manifiesto la irreparabilidad del perjuicio.