Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-05


Comodoro Rivadavia, Cinco de mayo de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "BANCO DEL C. S.A. C/ A. U. S.R.L. s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" LEGAJO 15 y 16, Expte. Nro. 11.130/99, venidos del Juzgado Unico Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural, de Minería y de Instrucción (Expte. Nro.198/98).- I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por cuanto a fs.217, el sindico interpone, recurso de apelación contra la resolución de fs.213.

A fs. 218 y vta. expresa agravios por cuanto la resolución establece el mejor derecho del letrado apoderado de la parte actora, a percibir su crédito del producido de la subasta realizada en la causa.

Manifiesta que la resolución ha prescindido del marco en el que se llevó adelante el presente proceso, en virtud del cual la ejecución de la sentencia dictada se cumplió cuando ya estaba decretada la quiebra de la demandada.

Que el Juez de grado ha consagrado la aplicación de los arts.3879 y 590 del CPr. por encima del marco normativo que establece la ley especial, o sea la ley 24.522.

Agrega que no cabe dudas que si el Banco del C. S.A. puede percibir su acreencia con preferencia a los demás acreedores es porque, dentro del proceso universal, su caso encuentra amparo a tenor del Art.241 inc.4) de la LC y Q, por lo que concluye que el modo en que este acreedor y los apoderados de este acreedor acceden al cobro de su crédito debe ajustarse al Art.244 de la ley 24.522.

Que esta norma consagra el principio de reserva de gastos que obliga a que antes de pagar los créditos que tiene privilegios especiales, se debe reservar del precio del bien sobre el que recaen, los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuados en el concurso. Que también se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso, que correspondan exclusivamente a diligencias sobre tales bienes.

Finalmente expresa que estos gastos son preferidos al privilegio especial, debiendo contribuir a ellos los acreedores hipotecarios que no habrían podido percibir su crédito sin intervención de los funcionarios de la quiebra. Que no se trata aquí del privilegio de los profesionales de la parte actora, sino de una categoría superior que determina no perjudicar a los demás acreedores poniendo a su cargo gastos y honorarios de los que se benefició al acreedor privilegiado especial, por lo que requiere se deje sin efecto la resolución apelada, estableciendo en primer lugar la prelación de la reserva de gastos que consagra el art.244 de la ley 24.522 y no permitiendo el retiro de fondos hasta que los mismos sean satisfechos.

II.- Que el agravio del recurrente se basa en estimar que los honorarios regulados al Dr. O. J. R. en la presente causa, no tiene preferencia o privilegio especial por sobre los gastos a que hace referencia el art.244 de la ley 24.522.- Cabe anticipar que ha de rechazarse la apelación interpuesta por el Sr. Síndico.

Que se observa del desarrollo de la causa, que a fs. 97, el mismo toma intervención, existiendo otras presentaciones, así a fs. 99, requiere al martillero la aceptación del cargo, sin advertir que éste ya se encontraba actuando en expediente por quiebra de A. U.; a fs. 153, pide se ordene nueva subasta, a fs.184 solicita la aprobación de la subasta.

Que se efectúa el detalle de la actuación del síndico, pues más allá, de lo que dispone el art. 244 LCQ, su actuación ha sido de escasa, de allí que deberá determinarse oportunamente si su tarea resulta oficiosa y merece regulación.

La preferencia instituida por el art. 244 parte de la realidad inconstrastable de que para hacer efectivo el asiento del privilegio es necesario haber realizado gastos de custodia, conservación y liquidación, y ello implica gestiones y diligencias tendientes a la percepción del crédito cumplidos en beneficio del acreedor, por ello dicho artículo constituye la consagración legislativa de los gastos de justicia reglados en el artículo 3879 del Código Civil.

Cabe afirmar, agrega Mosso, en obra "Ley de Concursos y Quiebras, comentada. Yunyent Bas y Molina Sandoval, Lexis Nexis.Depalma,tomo II; desde el punto de vista conceptual, que el derecho a cobrar anticipadamente, debe realizarse sobre el producido del bien asiento del privilegio, constituye una preferencia que se antepone al privilegio especial, y el fundamento es el beneficio recibido por el acreedor por el mismo bien asiento del privilegio y ello es así, ya que se trata de la determinación de la contribución del acreedor con privilegio especial en "PROPORCION AL BENEFICIO RECIBIDO EN ORDEN A LA RECUPERACION DEL CREDITO": Y sostienen que la ley mantiene la distinción entre reserva de gastos (art. 244) y gastos de conservación y justicia (art.240), diferencia fundamental pués la primera prevalece sobre los privilegios especiales.

En suma, el art.244 otorga a la reserva de gastos la máxima jerarquía concursal en el régimen de privilegio, o sea es la primera entre sus pares de gastos de justicia. Obra citada, pág.527/528.

Igual alcance surge de "Régimen de Concursos y Quiebras" Ley 24522, revisado y comentado por Adolfo Rouillon, "Los créditos con privilegio especial son aquellos cuyo rango preferencial se ejerce (sólo) sobre el producido de la liquidación del bien o bienes que constituyen asiento del privilegio, tienen el "máximo rango", sólo postergado por los gastos.

Es preciso remitirse al código civil, toda vez que la primera dispone un orden de privilegio que no debe ser alterado y la LCQ establecer que "en el caso de los incisos 4 y 6 del art. 241, en que rigen los respectivos ordenamientos" (art.243 LCQ).

Sostiene la Dra. Elena I Higthon, en "Aportes" "Código Civil, Alberto J. Bueres y Elena I.Higthon, T.6 B, pág 442, "Las costas devengadas en un concurso especial son costas necesarias para hacer efectiva la garantía dentro de un sistema de ejecución "particular" reconocido como facultad a los acreedores privilegiados de esta clase sin que ello importe que por elegir este camino de cobro, deban soportar costas de su peculio; la propia -y vieja- regla citada del Código Civil señala que primeramente se pagarán las costas judiciales que se causaren en el concurso. Las costas del concurso especial deben ser impuestas al concurso, más allá de la actitud procesal que pudiera haber adoptado el síndico en orden a la opinión que debe expresar al respecto... el concurso especial no constituye en sentido estricto un "incidente", ni tampoco verificación de crédito, sino una facultad otorgada a determinados acreedores para la realización de los bienes donde se asientan los respectivos privilegios". Costas devengadas en un concurso especial ha de entenderse, en principio, los gastos y honorarios del ejecutante. Excepcionalmente, cuando correspondiera reconocer honorarios a los funcionarios del concurso, y gastos ("exclusivamente por diligencia sobre tales bienes"; arts. 268 ley 19.551; 244, ley 24.522), ellos "se reservan" detrayéndolos del producto de la venta del bien gravado con privilegio especial. Lo cual en modo alguno significa cargar "costas al ejecutante", por la eventual suma que se reconociere a gastos y honorarios de la sindicatura, si correspondiera y con los límites de los artículos citados.

Acá se ve el funcionamiento de estos gastos de justicia (y de conservación) que se realizan en el concurso general o especial que benefician en general a todos los acreedores -puesto que estos bienes particulares forman parte de la prenda común-, pero también y muy especialmente a los acreedores con privilegio especial sobre el precio del bien preservado, vendido o administrado por los funcionarios del concurso. Antes de cobrar su crédito estos acreedores deben contribuir al pago de los gastos del concurso general en la medida en que se han vistos favorecidos por él; si es posible conocer el gasto en forma precisa, el acreedor del concurso lo percibirá con anterioridad al acreedor con privilegio especial y entonces el término reserva resulta confuso; como en la mayor parte de los casos puede ignorarse cuál es el monto, se hace una "reserva para gastos", es decir, un cálculo aproximado de los que corresponderá soportar a este acreedor. La suma no es la que en definitiva deberá soportar, sino una estimación provisional.

La reserva de gastos prevista en el art. 244 de la ley 24.522 no es ineludible, sino que juega cuando el remanente de la subasta, excluido del crédito, no alcanza para cubrir dichas erogaciones y sólo en la medida del beneficio recibido en orden a la recuperación del crédito por ello, no corresponde obligar al acreedor hipotecario a efectuar un depósito previo a la subasta, del importe que arrojen los gastos contemplados en el art. 244 de la ley concursal. La regla del art. 244 es clara cuando determina que la reserva de gastos se hará efectiva sobre el precio obtenido en la liquidación del bien y no antes. Por ello, sólo después de la subasta y en la medida que se verifique el supuesto de insuficiencia del producto para cancelar el crédito hipotecario, corresponde requerir el depósito del importe necesario para atender a los gastos previstos en la norma mencionada.

En suma, el actual art. 244 de la Ley de Concursos es una mera reiteración legislativa de la correcta doctrina sobre los gastos de justicia que explica Vélez Sársfield en su extensa nota la art. 2879 del Cód. Civil. Siempre que el campo de la insuficiencia del bien, deberá el acreedor soportar la parte proporcional de los honorarios de los funcionarios del concurso".

Como se observa, estos gastos que deben reservarse tiene como finalidad pagar siempre que el acreedor prendario o hipotecario, se haya favorecido, cuando se verifique insuficiencia en el producido de la subasta y sobre el privilegio del acreedor privilegiado.

Los gastos de justicia comprenden todos los gastos judiciales hechos por el acreedor, es decir, los gastos propiamente dichos y los honorarios de los profesionales que lo han patrocinado y representado. Pero quedan incluidos, como gastos indispensable para que el acreedor pueda satisfacer su crédito, y por aplicación de lo preceptuado por el art. 3937, C.Civ., con respecto a la hipoteca, los honorarios del síndico del concurso o quiebra, por su intervención necesaria en la ejecución, en actuaciones que hayan beneficiado al hipotecario, así como los honorarios de su abogado y procurador si son pertinentes (art. 281 Ver Texto, ley 19551), y en general todos los gastos y honorarios originados en la ejecución que lo hayan beneficiado, lo cual excluye los gastos y honorarios por actuaciones contrarias al acreedor pignoraticio", pero se reitera que tales reservas del art. 244 LCyQ, tienen privilegio sobre el acreedor hipotecario o prendario, no así sobre los honorarios de quien lo haya patrocinado. Razones todas por los que corresponde confirmar la sentencia.

III.- Que, atento como se resuelve y las facultades de dirección del proceso (art.274, 1er. Párr. L.C.Q.) las costas se imponen por su orden y porque los litigantes con la permisión del Juzgado, pudieron considerarse con derecho a reclamar como lo hicieron, y toda vez que las cuestiones reconocen diverso contenido, susceptibles de constituir sustento de una posición jurídica razonable, cuyo tratamiento no conlleva necesariamente la imposición de costas en base el precepto general imperante en la materia.- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E :

1).-Rechazar el recurso de apelación invocado y en consecuencia confirmar lo dispuesto a fs. 213.

2).- Las costas se imponen en el orden causado, regulando los honorarios correspondientes al Dr. O. R. en la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($1.300) y a la Dra. L. J. d. M. letrada patrocinante del Sindico E. M. en la suma de PESOS SEISCIEINTOS ($600) (Art. Conf. Art.6, 7, 8, 9, 14, 33 y cc. del dec-Ley 2200, modificado por la ley 4335).

3).-Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la doctora Graciela Mercedes García Blanco y haber concordado en la solución del caso (arts. 1,2,3 y 5 Ley 4550 -modif. Ley 1130-).- Fdo: Marta Susana Reynoso -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL NRO. 082 AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS