Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-24


AUTOS N° 10777 "SANCHEZ Ignacio Alejandro C/ Transporte de Pasajeros La Marina S.A. S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Germán Parra, Susana Raed de Rago Gallo y Guillermo Baigorrí, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 10777, caratulados "SANCHEZ IGNACIO ALEJANDRO C/ TRANSPORTE DE PASAJEROS LA MARINA S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DRA. SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Contra la sentencia definitiva dictada por el Señor Titular del Primer Juzgado Laboral, que obra a fs. 192/207, que hace lugar parcialmente a la demanda instaurada en autos, impone costas y regula honorarios, interpone recurso de apelación la parte demandada a fs. 264, el que es fundado a fs. 266/271 vta. y su responde a fs. 273/276, y a fs. 262 interpone recurso de apelación la parte actora, obrando el memorial de agravios a fs. 277/284 vta.. y su contestación por parte de la demandada a fs.287/290 vta.-	Elevados los autos a la instancia superior, se radican por ante esta Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, donde se ha hecho conocer su integración, se ha dado la debida intervención a Fiscalía de Cámara (fs. 300 vta.), se ha decretado el llamamiento de autos para resolver y practicado el sorteo para la emisión de los votos, con lo cual el recurso está en condiciones de ser tratado.-	A.- Agravio de la demandada:

La parte demandada se agravia de la sentencia de 1° instancia en cuanto consideró que la demandada había fundado el despido en que el actor habría quebrantado la pena de inhabilitación, cuando en realidad lo fundó en que al ocultar dicha pena a la empleadora ha incurrido en mala fé.-	Ingresando a lectura de la sentencia puesta en crisis se advierte que se resolvió al respecto:" ... respecto de la causal invocada, entiendo que desde un enfoque formal, la demandada no ha despedido sosteniendo la pérdida de confianza respecto de la actora, sino haber tomado conocimiento del procesamiento dispuesto por el Tercer Juzgado Correccional por el delito de quebrantamiento de pena establecido en el art. 281 bis del C.P., por conducir unidades de la empresa encontrándose dicha actividad prohibida por inhabilitación..".-	Ahora bien, de la prueba documental colectada en la causa, se advierte con claridad, leyendo el texto del TCL que obra a fs. 02 que el despido se fundó en: "haber tomado conocimiento de la sentencia dictada por el Tercer Juzgado Correccional del Poder Judicial de San Juan, el que resuelve su procesamiento por el delito de quebrantamiento de pena establecido por el art. 281 bis del CP por conducir unidades de la empresa estando inhabilitado por sentencia de fecha 20/11/2009, dictada en "Sumario 962/07, c/ Sánchez Ignacio Alejandro por lesiones culposas en perjuicio de Carlos Ventura Lloveras", inhabilitación que se le notificó al trabajador, lo que se encuentra acreditado en Sumario 49540/11, caratulado "c/ Sánchez Ignacio Alejandro s/homicidio culposo (art. 84 cp) en perjuicio de Marcelo Ariel Tejada", especificando que la causal de despido es: "quebrantamiento de pena y haber guardado silencio de la inhabilitación, lo que violaría los arts. 62, 63 85 y 87 de la LCT, al ser una actitud de mala fe y desleal, incurriendo en un abuso de confianza, generando riesgos a la empresa, al quedar sin cobertura de seguro por conducir el colectivo siniestrado una persona inhabilitada" (el subrayado me pertenece).-	A.-I. Ingresando al análisis de las causales de despido (dos) consideraré, en primer término, si el actor cometió el delito de quebrantamiento de pena que se le imputa en el telegrama de despido, que se funda precisamente en que éste supuestamente condujo colectivos para la demandada estando inhabilitado para hacerlo.-	En ese contexto, opera la prejudicialidad del art. 1.101 del C.Civil (vigente a la época del despido), que no constituye un instituto que se imponga al empresario impidiéndole proceder al despido por agravio laboral, sino que es justamente al propio Juez a quien la Ley impone tal deber de espera, con el fin de evitar sentencias contradictorias. Digo, también, con razón, que el empresario puede predicar "per se" agravio laboral y despedir, lo que puede hacer ipso facto o luego de una suspensión, durante la cual podrá haber hecho averiguaciones: se trata de una actitud unilateral y extrajudicial de quien, bajo su responsabilidad, pretende ejercer su derecho al distracto, y si, luego, al recaer sentencia criminal el agente despedido resulta absuelto en el delito que motivara su causa de despido, por supuesto, el empleador deberá abonar -en caso de ser reclamadas- las indemnizaciones que por despidos injustificados o sin justa causa, establece la Ley laboral.-	Entonces, cuando por decisión que ha quedado firme en sede penal, se tiene por no acreditado el hecho delictuoso que se hubiere invocado como causal de despido, se abre una particularísima restricción a la facultad de los jueces laborales, por cuanto juega, en punto a la existencia o inexistencia del hecho, la prejudicialidad prevista en los arts. 1102 y 1103 del Código Civil ( vigentes a la fecha del despido de fs. 02) a cuyo respecto la sentencia penal hace cosa juzgada, para los jueces de otro fuero, no pudiéndose valorar por un juez de trabajo un hecho tenido por inexistente.

En efecto, de la prueba colectada en la causa, se desprende que el actor por sentencia dictada con fecha 31 de octubre del 2014 por el Titular del Quinto Juzgado Correccional (ver 169/172 vta. del Sumario J-316/12, caratulado "c/ SANCHEZ IGNACIO ALEJANDRO- por Quebrantamiento de Pena art. 281 del CP, en perjuicio de la Administración Publica"), fue sobreseído total y definitivamente del delito de quebrantamiento de pena por considerar que el supuesto autor de dicho delito, al momento en que protagonizó el accidente de tránsito de fecha 03/04/11, desconocía que la sentencia de inhabilitación para conducir dictada con fecha 25/11/09 había quedado firme por haber sido rechazado por la CJSJ el recurso de casación interpuesto ante la misma, lo que sólo fue notificada su defensa técnica y no al trabajador. Previamente, la Fiscal Correccional, Silvina Gerarduzzi había desistido de la imputación de dicho delito, por considerar que el actor al momento en que protagonizó el accidente de tránsito de fecha 03/04/11, desconocía que acusaba una condena que lo inhabilitaba para conducir.- Ello debido a que había recurrido la sentencia de fecha 25/11/09 del Tercer Juzgado Correccional, que le impuso la pena de inhabilitación para conducir por 18 meses, la que recién quedó firme por resolución de la Corte de Justicia de San Juan de fecha 22/12/2010, en la cual se dispuso solamente la notificación a la defensa técnica, y no al actor.- Por lo que concluye la Fiscal Correccional interviniente que "no hay transgresión si no hay conocimiento cierto y efectivo de la inhabilitación impuesta".- Enfatizo, en línea con el Juzgador que la notificación al apoderado del trabajador de la sentencia penal que lo condena e inhabilita no cumple con su cometido, puesto que el mismo debe ser notificado personalmente de acuerdo con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Laskiewicz, Miguél A. del 11/12/2007, de acuerdo al cual corresponde notificar personalmente al encausado la decisión que acarrea la firmeza de la condena, habida cuenta que la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento judicial constituye una facultad del imputado y no una potestad técnica de su defensor. En el caso de autos, se imponía la necesidad de notificación personal al imputado de la decisión que acarrea la firmeza de la resolución que lo inhabilitaba para conducir.-	Así las cosas, resulta que si a la fecha del supuesto quebrantamiento de pena, el actor desconocía que la sentencia de fecha 25/11/09 había quedado firme, no se configuró, como se ha establecido en sede correccional el supuesto hecho delictivo que se le había imputado .-	Tiene dicho pacífica jurisprudencia"...Cuando el empleador despide invocando como justa causa el hecho delictuoso, es decir articulado expresa o tácitamente su correspondiente calificación penal, si el sobreseimiento definitivo descarta toda responsabilidad criminal, la denuncia pierde su sustento, lo cual determina que el trabajador tenga derecho a percibir las indemnizaciones por despido incausado. Empero, si el sobreseimiento fue de carácter provisional, o fundado en la prescripción de la acción, o en el desistimiento de la querella, o en el beneficio de la duda, no se excluye la posibilidad que se concediere que el hecho sea incompatible con la prosecución del vínculo laboral, más todavía si el empleado cumple funciones de alta jerarquía. Sin embargo si la decisión del fuero penal tiene por no acreditados los hechos delictuosos invocados como causal de despido, se abre una particular restricción a los jueces laborales, relacionada con la "prejudicialidad" referida por los arts. 1.102 y 1.103 del Cod. Civil, en virtud de lo cual no puede valorarse en se de civil el hecho tenido por "inexistente" por sentencia firme penal, que hace "cosa juzgada".(Herrera, E. en Vázquez Vilard:"Tratado de Derecho del Trabajo", t.V°,p.4.420).De allí que en el presente caso, habiéndose determinado la comisión de un delito penal por parte de la actora, como causal supuestamente justificante del despido; y habiéndose establecido en sede penal la inexistencia de prueba suficiente para demostrarlo; el juego combinado de los efectos de la decisión jurisdiccional recaída en sede penal y de la invocación de aquel delito criminal como causal de despido, llevan a concluir que la sentencia recurrida ha incurrido en error de derecho. (Jurisprudencia de la Pcia. de Tucumán, DRES.: PONSATI -GOANE - BRITO. ORQUERA MARA GLADYS c/ PAVELKA Y BINI S.R.L. s/ COBROS (CASACION), Fecha: 17/05/1996, Sentencia N°: 348, Corte Suprema de Justicia).

Lo dicho fulmina de muerte la 1° causal invocada por la demandada de quebrantamiento de pena; por cuanto dicha causal no se demostró.-	Sobre el punto, también resulta desacertado el argumento de la demandada, que introduce recién en el memorial, referido a que en realidad el actor habría trabajado inhabilitado casi un mes, que es el lapso de tiempo que transcurrió entre la notificación de la sentencia de fecha 20/11/09, y el de la interposición del recurso casación ante la CJSJ, de fecha 11/12/09, por cuanto durante dicho lapso la sentencia no se encontraba firme, de lo que se deriva, como bien lo destaca el apelado, que durante dicho lapso el actor se encontraba habilitado para conducir .-	Pongo de resalto que el recurso de casación ante la CJSJ, conforme el art. 420 y 363 del CPP, tiene los mismos efectos que el recurso de apelación, o sea efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Es decir que la regla general en materia de recursos es el efecto suspensivo.

En esa derecera, hago mención de extensa doctrina que adhiere a este criterio y explica que la decisión judicial recurrida "no puede cumplirse". Así también, "quedan suspendidas todas las consecuencias de la misma, sean de orden sustancial o formal". Aclaro que esta es la regla general por lo que las excepciones deben estar expresamente previstas.

A mayor abundamiento, señalo que debe suspenderse la ejecutoriedad de lo resuelto, por el carácter mutable de toda resolución impugnable y para evitar la irreparabilidad del perjuicio, hasta que adquiera firmeza y quede en condiciones de ejecutarse. Además, preciso que tal disposición tiene plena vigencia, en orden al recurso de casación.

A.-II. En cuanto a la 2° causal de despido: ocultamiento de la pena de inhabilitación, tampoco se ha configurado en tanto considero que dicho ocultamiento no existió, puesto que la sentencia que impuso la supuesta pena había sido recurrida, y no se le había notificado al actor el rechazo por parte de la CJSJ del recurso de casación interpuesto contra aquella condena.-	Si bien el a quo no se ha referido a la 2° causal de despido ello no modifica en lo absoluto la solución del entuerto, en tanto juzgo, por las misma razones antes dichas, que el trabajador desconocía que la condena referida había quedado firme.-	Por otro lado, cuadra destacar a todo evento, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ergo, si el delito de quebrantamiento de pena no existió, tampoco se puede considerar injuria en los términos del art. 242 de la LCT el ocultamiento de una pena que había sido recurrida y que, como vengo diciendo, el actor desconocía que había quedado firme.-	No puede dejar de mencionar que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato, quedan sujeto a la prudente apreciación de los jueces en el marco de las pautas ínsitas en el art. 242 de la L.C.T.. Grisolía nos adoctrina en "Manual de Derecho Laboral", pág. 239, sostiene que doctrinalmente se han establecidos distintos requisitos o principios que deben ser cumplimentados, para que el ejercicio del poder disciplinario sea válido. Agregando que hay tres requisitos esenciales: la contemporaneidad, la proporcionalidad y la no duplicación de sanciones.

Pirolo Miguel Angel, en "Legislación del Trabajo Sistematizada", al comentar el art. 242 L.C.T., sostiene que: "El legislador ha omitido enumerar los incumplimientos que encuadrarían en el concepto de injuria, dejando la valoración a la prudencia de los jueces, aunque destaca dos pautas a tener en cuenta: las modalidades de la relación y las circunstancias personales en cada caso. El Juez es un tercero imparcial que, en definitiva, ha de apreciar los hechos o el estado de cosas que se alegan como constitutivos de justa causa."	En virtud de normativa mencionada, hechos relatados y doctrina citada, puedo concluir que no se ha configurado "injuria", que por su entidad, impidiera la prosecusión del vínculo, por lo que voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 264.-	B.- Agravios de la parte actora : Se agravia: 1) por la imposición de costas y 2) por el rechazo de la indemnización prevista por el art. 2° de la Ley 25323.-	B.- I. Primer Agravio: Se duele de que el a quo haya impuesto las costas en el orden causado, pese a que su parte es la vencedora en la causa, rompiendo con ello el principio general del art. 125 del CPL, sin haberse tipificado la condición del tercer párrafo de la citada norma.

Ingresando al estudio de la queja, se advierte que el Juzgador para resolver como lo hizo en el tema que materia del agravio tuvo en cuenta la existencia de elementos objetivos al momento de disponer el despido " que pudieron razonablemente hacer incurrir a la accionada en el error de creer configurada la causal invocada para fundar el despido, esto es, que al momento del segundo accidente de tránsito el actor se encontraba inhabilitado para conducir.... máxime teniendo en cuenta la falta de cobertura del siniestro por parte de la Compañía Aseguradora fundada en la configuración de la exclusión de cobertura por falta de habilitación para conducir el vehículo asegurado por parte del conductor al momento del evento".

Al respecto, este Tribunal, viene sosteniendo que la imposición de las costas debe obedecer a un criterio jurídico más que aritmético, y nada impide la distribución entre las partes, dentro de lo que constituye una facultad inherente del prudente arbitrio del sentenciante, con la lógica que de que se respete lo acontecido dentro del proceso, sin caer en el plano de la arbitrariedad . Debe valorarse no solo la manera de desarrollo del proceso, sino básicamente si se ocurrió al mismo fundado en un legítimo derecho, y por otro lado, valorando la diligencia puesta por las partes en sus distintas etapas, y el éxito obtenido. Conformado a estas pautas, entiendo que la proporción tenida en cuenta para proceder a establecer las costas en la instancia de grado, y objetivamente, atendiendo al progreso de los rubros reclamados, y los declarados procedentes, además de lo que aquí se resuelve, se ajusta a confirmar lo resuelto en la instancia anterior en lo atinente a la distribución de las costas entre las partes (125 del C.P.L. y 70 del C.P.C.).-	Sintetizando, en línea con el Juez de Grado anterior, juzgo que han existido razones de peso que demuestra que la demandada ha litigado con algún derecho y de buena fe, por lo que voto, aplicando el último párrafo del art. 125 del CPL, por la confirmación del de la imposición del 50% de las costas a cada una de las partes y por el rechazo del 1° Agravio de la actora.-	B.-II. Segundo Agravio: El Sentenciante rechaza el rubro indemnización art. 2° ley 25323 en el entendimiento de que de autos surge la existencia de causas que justifican objetivamente su eximición, conforme lo normado por el segundo párrafo del art. 2 de la ley 25323. Se basa en que existieron elementos objetivos al momento de disponer el despido que pudieron razonablemente hacer incurrir a la accionada en el error de creer configurada la causal invocada para fundar el despido, esto es, que al momento del segundo accidente de tránsito el actor se encontraba inhabilitado para conducir.-	Adentrándome en el análisis del tema, considero menester transcribir el texto del art. 2 de la Ley 25.323, el que textualmente dice: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago."	El último párrafo del texto transcripto, la norma faculta a los jueces a reducir o eximir del pago, mediante resolución fundada, cuando existieren causas que justifiquen la conducta del empleador.

Si bien he opinado en sentido contrario en otros casos antes de ahora en el sub-exámine, dadas sus particularidades del presente caso, a las que me he referido al tratar el recurso de la demandada y el Primer Agravio de la actora y teniendo en cuenta el carácter de extraordinario o excepcional de la sanción, que ha sido prevista para aquellos casos que la patronal, conscientemente incurra en una violación de su obligación indemnizatoria frente a despidos sin causa, o con causa injustificada, considero que el planteo recursivo no puede resultar eficaz para modificar lo resuelto.-	De manera tal que, aunque en el sub-discussio se dan los requisitos que hacen operativa la sanción del art. 2 de la ley 25323, las particulares circunstancias que rodean la desvinculación, vuelven compleja la cuestión y dispensan la conducta adoptada por el empleador. Entonces, en coincidencia con el Juez de Grado anterior, considero que si bien las causales invocadas no alcanzaron para justificar el despido causado, de acuerdo a lo que surge del curso del proceso, debe acudirse a la facultad brindada por la última parte del mencionado artículo y, consiguientemente, eliminar la indemnización a que se refiere.- Ello así, dado que la empleadora pudo creerse con derecho a resistir la pretensión, por lo que se configura un supuesto en el que debe hacerse uso de la facultad que otorga la última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización a que se refiere.

Transcribo jurisprudencia al respecto que comparto "Para que resulte viable el incremento indemnizatorio que prevé la sanción del art. 2 de la Ley 25323, es menester que el trabajador haya sido obligado a litigar por sus indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, y que éste haya intimado su pago. La propia norma prevé la posibilidad de la existencia de causas que justifiquen la conducta del empleador, con lo cual el juzgador se encuentra facultado a merituarlas y disponer una reducción del incremento o directamente la eximición de su pago. Si existe una situación que da pie a que legítimamente la empleadora considere que el trabajador ha sido despedido válidamente, no corresponde la sanción de incremento indemnizatorio, independientemente de que el juez disponga no justificar el despido y considerarlo sin justa causa." Jurisprudencia de la Provincia de Córdoba Ciudad de Córdoba, Dependencia: Sala Segunda de la Cámara del Trabajo, Secretaría 3.Autos: "Barrera Tapia, Sebastián Alejandro c/ Transporte Carlos Paz S.R.L. Ordinario -Despido", expediente 3215445.

Resolución: Sentencia n.° 40.Fecha: 9/3/201, Juez: Cristián Requena.

Por lo dicho y jurisprudencia citada voto por el rechazo del 2° agravio de la parte actora.-	B.- III. Tercer Agravio: Se queja del rechazo del rubro días de suspensión indebida.

Comparto lo resuelto sobre el punto por el Juzgador ya que la parte actora no explica en su demanda concretamente cuales días de suspensión son los reclamados antes del distracto que se produjo el día 02 de Junio de 2010, lo que impide resolver sobre dicho item.-	Por ello afirmo, que no se ha dado cumplimiento al respecto con la formalidad prevista por el art. 67 del C.P.L., el que impone la carga procesal para quien presenta la demanda de, entre otras cosas, designar lo que se demanda, discriminando sus rubros y formulando la liquidación en forma clara, expresa y precisa.-	Reitero lo dicho reiteradamente antes de ahora por este Tribunal referido al art. 67 del CPL: "La norma tiene el doble sentido de permitirle a la contraria ejercer adecuadamente su derecho de defensa en juicio, y por otro, darle al juzgador la plena posibilidad de juzgar conforme la pretensión esgrimida, y no otra. En autos, se ha dado cumplimiento con lo exigido por el art. 67 inc. b) y c), bastando ello para rechazar el agravio, ya que debe practicarse la liquidación de los importes de acuerdo a las pautas establecidas en las normas en cuestión".-AUTOS N° 9816 "FLORES DANIELA DEL VALLE C/ CLAVEL, MARIA LAURA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" PROTOCOLIZADO 22/07/2015 - SENTENCIAS TOMO III Fº 527	En definitiva, propongo a mis colegas el rechazo del Tercer Agravio de la actora.-	IV.- En cuanto a la pretensión de la parte actora de que se califique la conducta de la demandada de Temeraria y Maliciosa resulta inaudible tampoco es de recibo, ya que de la tramitación de la causa, no surge acreditada de forma manifiesta y palmaria la conducta exigida por el art. 275 de la LCT que habilite su declaración y consecuente condena pecuniaria por tal conducta, asumiendo la misma, un nivel que no supera el ejercicio regular del derecho de defensa en juicio. -	Conforme: "La conducta temeraria o maliciosa prevista en el art. 275 LCT consiste en litigar con plena conciencia de la sinrazón. Tanto la falta de derecho como la conciencia de ello deben resultar positivamente de las probanzas de la causa, ya que en este punto rige el principio penal según el cual la duda se resuelve a favor del imputado. Encontrándose en juego en estos casos el principio constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, la multa procesal debe aplicarse en aquellos casos en que la sinrazón para litigar aparezca tan evidente y manifiesta que impida un margen mínimo de duda al juez." Toq. 1223. Auto: Lobnik, Helena Eva c/ Hermanas del Niño Jesús y otros s/ despido. - Ref.: Art. 275 LCT. - CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO. - Sala: Sala IV. - Mag.: Guthmann. Guisado. Moroni. - N° Sent.: SD. 92.037/1. - Fecha: 20/02/2007 - Nro. Exp. : 2452/04. -	En el mismo sentido: "Como señala C.A. Etala (Contrato de Trabajo - edición 2005, página 762 y sgtes.), temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a una mínima pauta de razonabilidad; malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones destinadas a obstruir o retardar el desarrollo del procedimiento.-	Es decir, es necesario para que se declare maliciosa y temeraria la conducta del empleador demandado que éste pierda el juicio total o parcialmente, que se advierta una conducta dilatoria u obstruccionista en reclamos por accidentes de trabajo, se niegue la relación de trabajo, se invoquen actos cometidos en fraude al trabajador o se opongan defensas incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho. Ahora bien, el detalle de las causales del artículo analizado, es meramente enunciativo, sirviendo al juzgador para orientar su decisión, tanto para calificar la conducta como para graduar la sanción. De todas maneras, la calificación de maliciosa o temeraria de una conducta, desde que conlleva la posibilidad de una sanción pecuniaria exige una clara configuración que cree en el juzgador una firme y categórica convicción. Así lo ha entendido Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Rizzi, Norberto c/Cámara Industrial Gráfica Argentina" (14/9/2000) cuando adhirió al dictamen del Procurador Fiscal que sostuvo: "...las prescripciones del artículo 275 LCT no pueden traducirse en una fuente injustificada de enriquecimiento para el acreedor laboral, ni su aplicación violentar los principios establecidos en los artículos 953 y 1071 del Código Civil. Realmente, la jurisprudencia es conteste en considerar que para determinar si se ha configurado la conducta maliciosa o temeraria a que alude el artículo 275 LCT, es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones y defensas hayan sido finalmente desestimadas, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio; a nuestro criterio, debe haberse configurado un abuso desaprensivo de la jurisdicción.-	Sintetizando, propongo a mis colegas el rechazo de este tópico y del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 262.-	C.- Costas de la instancia: Se deben imponer en un cincuenta por ciento a cada una de las partes y regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: los del apoderado de la parte actora en el treinta por ciento (30%) y los del apoderado de la parte demandada en el treinta por ciento (30%), en ambos casos en doble carácter y de los regulados en la 1° instancia ( Ley N° 56-O).-	Así voto.-	EL DR. GERMAN PARRA DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhiere al mismo.-	Encontrándose en uso de licencia el Dr. Guillermo Baigorrí y dándose en el caso la concordancia exigida en el art. 37 de la Ley 358-E (40 Ley 5854), la presente resolución será suscripta por los demás integrantes de la Sala.

Por todo ello el Tribunal, por mayoría	RESUELVE:

I)Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 264.-	II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 262.-	III) Imponer las costas de la instancia en un cincuenta por ciento (50%)a cada una de las partes y regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: los del apoderado de la parte actora en el treinta por ciento (30%) y los del apoderado de la parte demandada en el treinta por ciento (30%), en ambos casos en doble carácter y de los regulados en la 1° instancia (Ley N° 56-O).-	IV) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.-	IV) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.-