Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-27


SENT Nº 556 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y René Mario Goane -por excusación del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Remetal S.A. vs. Pevisa S.R.L. s/ Cobro (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la letrada apoderada de la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 07/7/2005, corregida por fallo de fecha 29/7/2005, que confirma la sentencia de primera instancia del 03/9/2004.

II.- La recurrente expone que el fallo incurre en una violación de lo preceptuado por el art. 209 Cód. de Comercio, en sus 2do. y 3er.

párrafos. Le agravia que la Cámara considere que las facturas acompañadas por el actor son prueba escrita del contrato de compraventa mercantil -principio de prueba por escrito-, habilitando la prueba testimonial que establece el art. 209 citado. Que ello no es así, porque el principio de prueba por escrito debe emanar del adversario, su autor o parte interesada en la contestación o que tendría interés si viviera (art. 209 C. de Comercio); que las facturas claramente son emitidas por la demandante por lo que no pueden ser consideradas como tales. Que a ello se suma que las pericias contables muestran contradictoria la información que reflejan los libros de comercio de las partes, por lo que se aplica el art. 63 últ. párr. del Cód. de Comercio. Que si los libros no pueden constituir prueba del caso, tampoco las facturas emitidas por la actora con respaldo en asientos contables, ni los remitos acompañados. Que si no hay principio de prueba por escrito, resultan inadmisibles las testimoniales presentadas.

Propone doctrinas legales y solicita se haga lugar al recurso tentado.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 336/337.

III.- Por auto interlocutorio del 06/9/2005 la alzada declara admisible el recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado estima que yerra el apelante cuando sostiene que no existe principio de prueba por escrito de los contratos de compraventa, base de la acción y ello porque se encuentran agregadas facturas referidas a los mismos y sabido es que ellas no son un instrumento del contrato de compraventa sino de las pruebas de él y que no constituyen un título de crédito sino sólo una prueba del contrato de compraventa respectivo. Que existiendo esta prueba escrita del contrato de compraventa mercantil, se habilita la prueba testimonial conforme el art. 209 C. de Comercio, que cita. Que en la especie, el principio de prueba por escrito que menciona este artículo son las facturas agregadas en autos y por lo tanto, la prueba testimonial debe ser admitida. A su turno, desestima la aseveración de la apelación en el sentido de que no se ha acreditado ningún tipo de vinculación jurídica entre los testigos y la demandada, dando razones para ello (que el propio encargado general de la Empresa demandada, Sr. Feliz Paz declara que el arquitecto Ousset dirigió obras para Pevisa y que el Sr. Martín Manzur hizo un pequeño trabajo para ella.

Que esto no es detalle menor ya que siendo Ousset arquitecto y a cargo de la dirección de obras para la demandada y estando encargado el Sr.

Manzur también de tareas de construcción resulta congruente con datos de la experiencia común que sean ellos los que reciban materiales de construcción provistos por la empresa actora. Pondera las testimoniales de los señores Ousset y Martín, las tachas y la declaración del Sr. Félix Paz en relación a los agravios del apelante y concluye en que se trató de acumulación de prueba testimonial sobre hechos con reconocimiento de firmas puestos en remitos; que se reconoció las firmas puestas en ellos y por tanto los tiene por válidos y por entregada la mercadería. Con respecto a las tachas sostiene que no hay probanzas acerca de que tales testigos estén envueltos en circunstancias que los inclinen a declarar a favor del actor; agrega que sus testimonios son congruentes con la realidad tal como se ha relatado. Que no se desprende de autos que el arquitecto Ousset no haya estado autorizado a recibir los materiales de construcción puesto que en el texto de la declaración de Paz no hay referencia alguna al respecto. Que de la declaración del mismo testigo surge que el Sr. Manzur estaba a cargo de un trabajo de construcción de la empresa demandada (no obstante no formar parte de su personal en relación de dependencia) y que incluso acompañaba al Sr. Paz a retirar los materiales proveídos por la actora y si bien el testigo manifiesta que no estaba autorizado a recibirlos, en un prudente criterio no cabe tomar esta afirmación como capaz de disminuir o anular el testimonio de Manzur, ya que resulta definitivo el reconocimiento de que quien realizaba el trabajo de construcción para la demandada era Manzur, que la empresa actora proveía de los materiales de construcción que necesitaba Manzur para ello, por lo que según las reglas de la sana crítica era éste quien, por lo menos en algunas circunstancias, lo recibía.

En relación a la prueba informativa y documental (antecedentes registrales de la propiedad) tampoco evidencia, dice el tribunal, la existencia de circunstancias que disminuyan o anulen el valor de las mencionadas testimoniales. A este efecto, recuerda que lo discutido es el incumplimiento del pago del precio de contratos de compraventa de materiales de construcción y que los testigos han reconocido su firma en los instrumentos de recepción de los mismos (remitos) no interesando el lugar al que estaba destinada la cosa vendida ya que ello nada pone ni quita a la cuestión. Que, por otro lado, razones de hecho que hacen a la experiencia común indican que no necesariamente debe estar con los títulos saneados a nombre de su titular la vivienda en donde se vive o se construye o pasa el fin de semana y se la remodela. Por ello, no hace lugar al recurso de apelación y confirma la sentencia con costas al apelante vencido (art. 108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el recurrente se agravia esencialmente por lo que entiende es una violación de lo preceptuado por el art. 209 Cód. de Comercio, en sus 2do. y 3er. párrafos, cual es la ponderación de la Cámara respecto de las facturas acompañadas por el actor como principio de prueba por escrito del contrato de compraventa mercantil y la consecuencia que deriva de ello, consistente en habilitar la prueba testimonial. Sostiene que las facturas no son principio de prueba por escrito porque son tales los documentos que emanen del adversario, su autor o parte interesada en la contestación o que tendría interés si viviera, mientras que aquéllas son emitidas unilateralmente por el actor. Agrega que existe una información contradictoria según los libros de comercio de las partes por lo que no pueden constituir prueba del caso y, por ende, tampoco lo pueden las facturas con respaldo en asientos contables, ni los remitos acompañados.

La Cámara, de su lado, ha estimado que las facturas constituyen instrumentos que son principio de prueba por escrito y admite la testimonial de donde considera probada la vinculación jurídica entre las partes. Esto último en tanto surge de ella que el propio encargado general de la Empresa demandada declara que el arquitecto Ousset dirigió obras para Pevisa y que el Sr. Martín Manzur hizo un trabajo para ella; que siendo Ousset el arquitecto y a cargo de la dirección de obras para la demandada, y estando encargado el Sr. Manzur también de tareas de construcción, resulta congruente con datos de la experiencia común que sean ellos los que reciban materiales de construcción provistos por la empresa actora. De la ponderación de las testimoniales de los señores Ousset y Martín, las tachas y la declaración del Sr. Félix Paz concluye en que se reconoció las firmas puestas en los remitos y por ende éstos son válidos para probar la entrega de la mercadería. Que no se desprende de autos que el arquitecto Ousset no haya estado autorizado a recibir los materiales de construcción, puesto que en el texto de la declaración de Paz no hay referencia alguna al respecto; que el Sr. Manzur estaba a cargo de un trabajo de construcción de la empresa demandada y que incluso acompañaba al Sr. Paz a retirar los materiales proveídos por la actora y que resulta definitivo el reconocimiento de que quien realizaba el trabajo de construcción para la demandada era Manzur; que la empresa actora proveía de los materiales de construcción que necesitaba Manzur para ello, por lo que según las reglas de la sana crítica era éste quien, por lo menos en algunas circunstancias, lo recibía. Que lo discutido es el incumplimiento del pago del precio de contratos de compraventa de materiales de construcción y que los testigos han reconocido su firma en los instrumentos de recepción de los mismos (remitos) no interesando el lugar al que estaba destinada la cosa vendida ya que ello nada pone ni quita a la cuestión.

De esto modo, el tribunal a quo consideró acreditada la "ejecución" del contrato a través del hecho de haberse reconocido la firma inserta en los remitos por parte de los Sres. Ousset y Manzur que trabajaban en la obra edilicia, para la demandada. Tiene entonces por probado el hecho mismo de la entrega de las mercaderías. A su vez, se hace cargo de lo expresado por el recurrente en el sentido de que tales personas no estarían autorizadas para firmar por Pevisa S.R.L. y sostiene que:

a) estando firmado un remito a nombre de la empresa demandada, se infiere que el actor le entregó la mercadería allí detallada, sin que interese a quién pertenece la firma pues lo que se intenta cobrar no es el remito sino el precio de la mercadería allí entregada e impaga (ver fs.322); b) que las personas firmantes estaban encargadas de la realización y dirección de la obra; c) que del testimonio del encargado general de la empresa demandada surge que el Sr. Ousset -quien firmó la mayoría de los remitos- estaba a cargo de la obra en cuestión, sin que se desprenda de aquél que no estaba autorizado a firmar los remitos; d) que es de experiencia común que quien está encargado de la realización o dirección de una obra reciba la mercadería; e) en base a esta última afirmación -y en el contexto de que el Sr. Manzur estaba encargado de un trabajo de construcción de la empresa demandada y de que a veces acompañaba al encargado de la empresa a retirar los materiales proveídos por la actora- quita virtualidad a la expresión del encargado de la demandada -Sr. Paz- de que Manzur no estaba autorizado a recibirlos.

Ahora bien, de un lado, cabe hacer notar que toda esta argumentación sentencial no fue atacada en nada en el libelo recursivo, el recurrente centra su agravio en el hecho de que las facturas no son principio de prueba por escrito que pueda dar lugar a la ponderación de la testimonial como prueba de la celebración del contrato de compraventa entre las partes litigantes, mas no da embate a las testimoniales en sí mismas. Siendo así, el recurso deviene inadmisible pues no ofrece suficientes razones para lograr el éxito de la casación que se pretende. En efecto, la sentencia se basa en que la factura constituye la instrumentación propia del contrato de compraventa mercantil. A su vez, y para completar este documento y conformar un cuadro probatorio sumario suficiente demostrativo de la existencia del negocio, alude y analiza lo referido a los remitos pertinentes. Sabido es que las facturas y remitos constituyen la prueba por excelencia del contrato de compraventa. Sobre este tema, Fernández-Gómez Leo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", T. III-A pág. 76 vta., dicen lo siguiente: "Es evidente que en esos supuestos los documentos mercantiles no firmados pueden resultar admisibles como prueba de los contratos y obligaciones mercantiles, porque a pesar de que el art. 208 inc. 3° C.Com., no los menciona específicamente, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 1192, párr. 2°, C. Civ., por la remisión que hacen el art. I, del Título Preliminar, y el art.

207, del código mercantil; queda reservado para el juez interviniente determinar la eficacia probatoria de tales instrumentos privados no firmados, según las circunstancias del caso".

A su vez, no se advierte alegada ni demostrada arbitrariedad sentencial en el razonamiento de Cámara que aplica, conforme a las particularidades de este caso, razones de experiencia común (art.33 CPCT) que demuestran la recepción mediante remitos a nombre de la empresa demandada, firmados por quien estaba realizando una obra para la misma. Desde la perspectiva analizada, no son las facturas el único elemento con que cuenta la sentencia recurrida para resolver el caso que se le presenta. Se expresó que el tribunal tuvo por probado el hecho mismo de la ejecución del contrato -entrega de la mercadería, firma de los remitos por personas que presumen razonablemente autorizadas en base a las probanzas de la causa-. El razonamiento efectuado por la Cámara en este sentido no fue objeto de concreto embate casatorio; la recurrente no demostró porqué resultaba arbitrario interpretar que los firmantes de los remitos eran personas autorizadas por la empresa, dónde radicaría la arbitrariedad sentencial en la estimación de las probanzas del caso, cuál el absurdo en que incurrió el tribunal de mérito.

En definitiva, la Cámara estimó que, no obstante haber desconocido la demandada la prueba documental -remitos, facturas, cartas documentos-, como asimismo haber comprado y recibido de la actora los productos que ésta comercializa, lo cierto es que surgía de la prueba testimonial del personal que realizaba obras para la demandada, la autenticidad de los remitos extendidos a nombre de aquélla, al haber reconocido ambos las firmas obrantes al pie de dicha documentación, corroborando sus dichos la recepción de los efectos en ellos detallados.

Consecuentemente, más allá de lo dispuesto en los arts. 1192, 1193 del Cód. Civil y 209 del Cód. de Comercio, que exigen la prueba escrita para todo contrato cuyo monto sea superior a los valores expresados en dichas normas, o bien requieren principio de prueba por escrito para reputar admisible la prueba testimonial para demostrar su existencia, lo cierto es que las excepciones a tal principio están contempladas en el art 1191 del Cód. Civil. En el caso en análisis, de la prueba testimonial referida, se reputó fehacientemente acreditado el cumplimiento de la prestación del vendedor. Mediando el "principio de ejecución" previsto en el art. 1191 del Cód. Civil, se encontró fundada la pretensión esgrimida, tanto más cuando se estimó que el demandado no produjo prueba suficiente que desvirtuara en última instancia la eficacia probatoria de la testimonial rendida por la contraparte. En definitiva, la Cámara estimó que la ejecución del contrato, la entrega de mercaderías, no carecieron en autos de respaldo documental -remitos firmados-, a lo que se suma las facturas y testimoniales del caso, conjunto de probanzas que habilitaba en el caso a efectuar una interpretación amplia de la excepción mentada en el art. 1191 del CC y 209 del C. de Com. Es que cuando se trata de acreditar el cumplimiento de una prestación, cualquier medio de prueba es admisible; una vez justificado que tal prestación se realizó, la existencia del contrato puede acreditarse también por cualquier medio de prueba.

En definitiva, no cumplido los recaudos de los arts. 815 y 816 procesal -al no haberse atacado en la tesis de la sentencia, todos y cada uno de los argumentos que sostienen la solución del litigio, y no haberse logrado acreditar arbitrariedad sentencial en la ponderación de la prueba o aplicación del derecho, el recurso debe ser desestimado.

VI.- Las costas del recurso de casación, atento a su resultado se imponen a la vencida (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la letrada apoderada de la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIa.

de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 07/7/2005, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS en esta instancia, conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.