marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, daño moral, conviviente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guerineau Raquel Lía c/ Aranda Gustavo Enrique y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-30

Se declara la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil Ley 380, modificado por art. 1 de la Ley 17711 -vigente en su aplicación al caso-, pues en el presente caso en donde la conviviente no cónyuge de la víctima ejerce acción de resarcimiento por daño moral en nombre propio, a más de la representación de sus hijos menores, estar a la letra de dicha norma vedaría tal posibilidad de ejercer el derecho a la acción de daños y perjuicios, contrariando la manda constitucional del art. 16 de la CN, como al sistema protectorio de la familia consagrado en su art. 14 bis, considerada ésta como una realidad social que abarca no solamente a la familia matrimonial. Más aún, una solución de tamaña naturaleza aún ofende y desprecia al principio general de no dañar contenido en el art. 19, a más que irrita y violenta al art. 31 de la misma Carta Magna Federal en cuanto cuestiona el bloque convencional en materia de derechos humanos, especialmente en lo que hace a la protección de la familia y en especial vulnera la dignidad humana de la actora en su dignidad de mujer y madre, como si la misma por no tener un vínculo matrimonial -pero en cambio ser madre de los hijos de la víctima y haber conformado una comunidad de vida como conviviente-, no merecieran sus padecimientos y sufrimientos a raíz de la muerte de éste protección jurídica alguna. Lo cierto es que la reparación del daño moral ha tenido una evolución legislativa desde su consagración en el Código Civil de Vélez hasta la actualidad; y es que la norma debió ayornarse al contexto espacio temporal de su aplicación.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla, Waldemar Severo c/ Colegio de Escribanos de la Prov.de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

La impugnación de una notificación sustentada en que a la fecha de efectuarse había expirado el plazo para satisfacer la liquidación comunicada, pierde entidad si luego dicho plazo fue prorrogado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CEDERLOF INGRID MARIA Y OTRO c/ BRUNI HUMBERTO FAUSTINO s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-14

La ley de arancel de abogados N. 21.839, no contempla expresamente qué monto debe tenerse en cuenta para regular los honorarios cuando se persigue, dentro de un pleito donde la cuestión principal es una rendición de cuentas, la nulidad de un contrato.

Empero una interpretación armónica de las normas arancelarias permite concluir que la importancia económica del asunto, es semejante a la del supuesto en que se pide el cumplimiento o resolución. De ahí que, si en estos casos el monto coincide con el valor del bien objeto del contrato (art. 32 ley cit.), o monto del contrato, debe procederse también de la misma manera cuando se persigue la nulidad.
Recurso extraordinario, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Sleive, Moisés c/ Elías Miguel Figueroa. s/ ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó el recurso de casación local interpuesto por el ejecutado (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Onetto, Daniel c/ Barbero, Antonio s/ Resolución de contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

Con motivo de la relación contractual y el incumplimiento parcial de lo convenido por parte de la demandada, el actor se vio con derecho a reclamar una indemnización por daño moral, el que está probado, pues con la conducta dolosa de la accionada al no entregarle la documentación requerida, e inclusive, poniendo a la venta un automotor que sabía no podía ser habilitado para transporte escolar.

Así vio la actora frustadas sus expectativas de contar con un rodado para realizar su trabajo, con la desavenencias anímcas que ello hoy en día implica; además, ante el tiempo perdido por el incumplimiento contractual de la demandada, la actora debió reanudar la búsqueda de otro automotor similar. La intranquilidad, angustias, falsas expectativas del actor lo hacen pasible de una indemnización por este concepto.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, HERMENEGILDO c/ IGAR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

El art. 13 inc. 2 de la ley 24028, en igual sentido que el art.

13 de la ley 9688, consagra expresamente la protección de la indemnización acordada por esta normativa, resultando, según sus términos, insusceptible de embargo, cesión o renuncia, y con las franquicias y privilegios del crédito alimentario. La norma es categórica y traduce claramente la necesidad de preservar la integridad de derechos que, cabe destacar, emergen de una incapacidad de ganancia por parte del trabajador.
Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, sana crítica racional, prueba directa, presunciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Luque, Guillermo Daniel; Tula, Luis Raul s/ HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-02-27

El sistema de la libre convicción o sana crítica racional se caracteriza por la inexistencia de disposiciones legales que predeterminen el valor conviccional de los elementos probatorios. La valoración de éstos queda exclusivamente en manos del juzgador, quien podrá extraer libremente sus conclusiones, a condición de que, para llegar a ellas, respete las reglas que gobiernan el razonamiento humano: lógica, psicología y experiencia común.

A partir del concepto de que todos los hechos y circunstancias relativos al objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio, salvo las excepciones previstas por las leyes y que las pruebas obtenidas durante el proceso deben ser valoradas conforme a las reglas del sistema mencionado, el Tribunal puede declarar la certeza sobre la participación de los imputados no sólo en base a pruebas directas sino también en base a elementos de convicción indirectos.
Municipalidad, comuna, planeamiento urbano, área industrial, poder de policía, control ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMPAÑIA CONTINENTAL SACIMF Y A c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 314-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

La decisión de crear en el éjido urbano áreas determinadas para el establecimiento de industrias, atañe a las atribuciones que la ley reconoce como propias de la Comuna y aparece, en definitiva, como manifestación y ejercicio por parte de la misma de potestades policiales en materia urbanística y ambiental, y al solicitar la actora la "reclasificación" del inmueble, ella misma reconoce que el ente territorial contaba con atribuciones para efectuar la división del territorio en zonas, asignándoles diversos usos, considerando como requisito indispensable una nueva calificación para poder proceder a instalar una industria en un ámbito geográfico excluido.
Empleo útil, gastos de última enfermedad, gastos de sepelio, actualización monetaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: ARANDO Juan Carlos c/ ARANDO DE ZABALETA J.V. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

Los gastos de última enfermedad y sepelio gravitan sobre el haber del difunto (arts. 2306, 2307, y nota a este último, del Cód. Civil) y deben sufragarse con bienes del mismo y en su defecto por las personas obligadas a alimentar al causante (art. 2308 del citado código).

Con dichos gastos se beneficia un patrimonio ajeno al que se lo libera del "aes alienum" extinguiéndose las obligaciones a su cargo.

Las sumas sufragadas por gastos de última enfermedad y sepelio deben ser actualizadas desde la fecha de cada pago, según el índice de precios al consumidor, devengando intereses a una tasa del 6% anual no cabiendo fijarla al interés de plaza atento a que se hace el reajuste por deterioro de la moneda.-
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duarte, María Isabel c/ Cochería Duarte S.R.L. y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

La excepción de falta de legitimación para obrar puede ser resuelta como cuestión previa cuando es manifiesta, es decir, cuando puede declararse sin otro trámite que el traslado de la excepción a la actora, y sobre la base de elementos de juicio inicialmente incorporados a la causa, no siendo necesario esperar la sentencia para su tratamiento. Pero si la misma no es manifiesta (art. 345 inc. 3, C.P.C.), toda vez que al respecto debe producirse la prueba que las partes entienden relacionada con su derecho, no puede resolverse como artículo previo, sino que debe ser decidida al dictarse la sentencia definitiva.
Prueba documental, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

Resulta inadmisible quitar todo valor probatorio a documentos coincidentes entre sí en lo sustancial y concordantes con otros indicadores, pues ello se traduce en una valoración sesgada y por tanto arbitraria de las constancias probatorias -art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación-.
Quiebra, fuero de atracción, ejecución forzada, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA MADERERA S.R.L. s/ QUIEBRA PROPIA - NULIDAD DE SUBASTA - FUERO DE ATRACCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-18

La ejecución forzada de un bien después de decretada la quiebra del deudor, viola el principio de unidad y universalidad del proceso concursal, siendo nulo el remate de un bien del deudor posterior a la declaración de su quiebra.
Pensiones, conviviente, retroactividad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, LIDIA UVELIA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

La ley 23226 debe aplicarse en forma retroactiva conforme lo sugerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Vilases, Emilio s/ Pensión', aunque no lo diga terminantemente ni tampoco lo disponga concretamente la normativa referida.
Impuestos, principio de legalidad, delegación legislativa
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

La prohibición que establece el principio de legalidad tributaria rige también para en el caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto en el art. 76 de la Constitución Nacional, pues ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo, ya que no caben dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. -Voto del juez Zaffaroni-.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, control de constitucionalidad, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, jueces, proceso penal, instrucción, fallo plenario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B, R. A. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Infracción  artículo 301 Código Penal. Incidente de recusación (Expte. CSJ Nº   694-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sin dejar de reconocer "la libertad de juicio de los jueces" y la legitimidad de controvertir los juicios en materia que sólo caben certezas morales, tiene como criterio que "si bien es cierto que la autoridad de los precedentes judiciales no es siempre decisiva, también lo es que si las circunstancias del caso no revelan claramente el error o la inconveniencia de las decisiones anteriores, haciendo ineludible un cambio de criterio respecto de la cuestión jurídica decidida, corresponde aplicar la doctrina de los mencionados precedentes" -llamada doctrina del "sometimiento condicionado" basado en un deber institucional en tanto que la alteración infundada de pautas ya consagradas, importa una alteración al orden institucional definido en la Constitución y a la interpretación de la misma que ha efectuado su intérprete supremo y final. Enérgicamente, Bidart Campos pone énfasis en que "cuando la Corte interpreta la constitución y cuando ejerce control de constitucionalidad, los demás tribunales federales y judiciales deben acatar las normas generales que surgen de su jurisprudencia (como derecho judicial vigente por su ejemplaridad) cuando fallan casos similares". A la luz de estas premisas, ha de tenerse presente que cuestión semejante a la suscitada en autos fue objeto de tratamiento por parte del Máximo Tribunal en la causa "Zenzerovich, Ariel F.", donde, si bien la mayoría de los integrantes del Tribunal rechazó el recurso por no revestir el carácter de sentencia definitiva, los Ministros doctores Fayt y Boggiano que consideraron superado el óbice formal aludido y se abocaron al tratamiento de la cuestión debatida, concluyeron que "la mera circunstancia de que un juez cumpla la función de instruir y de juzgar no significa per se una violación a la garantía del juez imparcial...".
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: TELL COLOMBO CARLOS ALBERTO c/ GOMEZ COLOMBO EDUARDO AUGUSTO s/ REIVINDICACION, ETC. - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-07

Dado el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por el medio previsto por el art. 2524 inc. 7 y 4015 del C. C., la realización de los actos comprendidos en el art. 2353, y el constante ejercicio de la posesión, debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente.-
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DELUCA, GUIDO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 759-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-28

El Código Contencioso Administrativo (ley 4106) de la Provincia, limita el control judicial de los actos a "las resoluciones del Poder Ejecutivo de la Provincia" o de los entes públicos menores (artículo 10); esto es, limita el control que por esta vía se institucionaliza las decisiones de la Administración Pública -centralizada o descentralizada-. Si bien este límite legal fue aventado parcialmente al establecer la ley 10028 la vía contenciosa administrativa para impugnar los actos del Poder Legislativo que dispongan la cesantía o exoneración de los empleados de ese Poder, o lesionare algunos derechos de éstos, que enumera, no efectuó tal extensión, en cambio, la posterior Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 10160, que no previó dicho recurso.
Enfermedad accidente, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Schreiner, Gloria Yolanda c/ Refinerías de Maiz SAICI s/ Enfermedad accidente Martínez, Alberto c/ Polimec Argentina S.A. s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15|1989-06-27

En los casos de enfermedad accidente, la fecha en que el obrero toma conocimiento de minusvalía laborativa derivada de la dolencia que lo aqueja, marca la exigibilidad del crédito, o bien desde la perspectiva del deudor de la obligación indemnizatoria, la fecha a partir de la cual ésta es debida.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., L. c/ O., P. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Ante el carácter excepcional de este tipo de beneficio, sólo a falta de parientes a quién reclamar el cónyuge se encuentra en la situación prevista por el art. 209 del C.C. Por ello, en la valoración del estado de necesidad a que alude la norma deben computarse las obligaciones alimentarias de otros parientes (art.

367 y 368 del C.C.) las que por razones de consanguinidad devienen primigenias respecto de la figura del ex-cónyuge.
Recurso de casación penal, facultades del juez, nulidad procesal, declaración de oficio, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SCACCIA, OSCAR ALBERTO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 569
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

La apertura del recurso ante esta instancia autoriza a esta sala a realizar el control de todo lo actuado a fin de verificar si el proceso se ha cumplido con arreglo a derecho, o si, por el contrario, se ha violado en su tramitación alguna norma cuya observancia, por su esencialidad, torna írritos los actos sin acatamiento a formas rituales sustanciales, toda vez que es función primordial de esta cámara preservar, en el estado de derecho, el respeto de las garantías individuales contenidas en la constitución nacional, cuya abrogación resulta inexcusable.

En el ejercicio de esta actividad de control he podido advertir que el esencial acto acusatorio arriba individualizado no satisface siquiera mínimamente las exigencias previstas bajo pena de nulidad por el art. 347, Ultimo párrafo, del código adjetivo;

quedando de esta manera a la deriva, fundamentales garantías de índole constitucional que amparan al imputado y sus derechos.

(Voto de la Dra. Berraz de Vidal en mayoría).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANICCIA, ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 16-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario planteado por cuanto al circunscribirse la solución del litigio a la inteligencia de normas de derecho público local, esto es, preceptos no federales, no se verifica en la especie el nexo directo que exige el artículo 14 de la Ley 48. Tanto más, cuando el fallo impugnado se encuentra suficientemente fundado en la normativa cuestionada, lo que excluye la arbitrariedad alegada. En tal sentido, resulta de aplicación el criterio que postula que la interpretación referida al derecho aplicable al caso que efectúa la Corte, en ejercicio de funciones propias, es atinente a una materia de derecho público local, que escapa a la órbita del remedio extraordinario intentado.
Reapertura del procedimiento administrativo, jubilación por invalidez, certificado médico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OROSCO, CARLOS ANGEL c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Habida cuenta del carácter excepcional que cabe asignar a la reapertura de instancia tendiente a obtener la revisión de una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada y por la cual se denegó el beneficio de jubilación por invalidez, deviene lógico que para su procedencia se exija la presentación de certificados médicos que reúnan los requisitos previstos por el art. 4 del Dec.

1377/74, máxime si la decisión aludida fue adoptada en base al correspondiente dictamen de los facultativos oficiales.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V., A. M. s/ internación R., M. C. s/ internación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05|1996-04-11

Ante la urgencia del caso, surgente de la carencia de medios, peligrosidad e informes médicos y asistenciales, y sin perjuicio de la competencia del suscripto en autos, surgente del art. 61, II, f) Ley 5827, siendo evidente la inmediata necesidad de hallarle un paliativo a la situación de la causante, ya que ningún deber es mas primario y sustancial para el Estado que el de cuidar la vida y la seguridad de los gobernados, corresponde ordenar la internación de la misma, haciendo saber la resolución al Sr. Juez de Primera Instancia dentro del plazo de ley.
Agencia de turismo, venta de pasajes, falta de prueba, daño emergente, daño material
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTARINO, LORENA LILIANA Y OTROS C/ATRAPALO SRL S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Sin embargo, la circunstancia de que los actores no hubieran alcanzado a desembolsar dinero alguno destinado a la adquisición, sino solamente haber puesto a disposición sus respectivas tarjetas de crédito para hacer pagos diferidos (fs. 88 y vta.; Chomer, H. y Sícoli, J., "Legislación Usual Comentada - Derecho Comercial", Buenos Aires, 2015, t. III, p. 26, n° 4.1) que, en los hechos no alcanzaron siquiera a concretarse (conf. peritaje contable), impide tener por configurado el daño emergente patrimonial o material reclamado, el cual, como es sabido, se produce cuando hay una lesión a un interés del damnificado susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, una pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (CCCN 1738; Picasso, S. y Sáenz, L., "Tratado de Derecho de Daños", Buenos Aires, 2019, t. I, p. 436, n° 5.1). En concreto, el daño no es indemnizable porque los actores no han acreditado ningún demérito en su patrimonio, menos equivalente al valor reclamado.
Calificación legal, robo simple, robo de automotor, robo con el concurso de personas, robo con armas, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLANOS, HECTOR. s/ LEY PENAL. ROBO AUTOMOTOR. BANDA. ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

La sucesión de diversas leyes aplicables, vista a la luz del art.

2 C.PE lleva a considerar que la figura genérica -robo- desplaza al tipo especial -robo de automotor- y la agravante de la pluralidad de autores también debe desecharse por aplicación de la misma norma beneficiante.

La agravante por el uso de armas tampoco puede aplicarse, pues existe solamente la confesión de uno de los procesados, dado que ni los asaltados pueden asegurar que fueron armas lo que vieron, ni el secuestro de algunas de ellas en el domicilio del otro encausado puede ser valorada en contra de los nombrados, ni fueron usadas de modo tal que se demostrase su naturaleza; por cuyo motivo la figura que corresponde aplicar es la de robo (art. 164 C.P.).
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: LOCOCO, FRANCISCO c/ MAZZEO, NORBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-28

Si de un convenio suscripto por dos personas -por una de las partes , surge que las obligaciones a que se sometieron los co-contratantes son divisibles por tener por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, consistente en la entrega de sumas de dinero, en tal situación cabe concluir que la deuda debe dividirse entre ellos por partes iguales, si no se convino de otra manera.

No se trata de una obligación solidaria, ya que en nuestro derecho no existe solidaridad tácita, o inducida por analogía, sino que para admitirla se requiere una voluntad explícita de las partes o una decisión inequívoca de la ley, sin que pueda presumirse su existencia.