marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, derecho a la libertad, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, HECTOR Y OTRO c/ CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 153-84 MESA, OSCAR c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 235-84 MATTANA, CARLOS A c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 232-84 MORELLO, FANI OÑATE DE c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 225-84 SUTTER SCHNEIDER, EDUARDO E c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 230-84 GIAVEDONI, HECTOR RAMON c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 228-84 GERBASI, FRANCISCO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXTE NRO 229-84 RUIZ DE GALARRETA, HECTOR J Y OTRO c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES s/ RECURSO DE AMPARO S RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 153-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-15|1985-04-24|1985-04-24|1985-05-02|1985-05-02|1985-05-16|1985-05-16|1986-02-12

El amparo protege el ejercicio de los derechos de libertad directamente reconocidos por la Constitución, por lo que la lesión invocada debe recaer, directamente, sobre alguno de tales derechos y no indirectamente a consecuencia de afectar derechos de otra índole;

y estando en cuestión la existencia misma del derecho, no puede entenderse que constituye un "derecho adquirido" que integre la propiedad protegida por vía del amparo, que la presupone "prima facie" existente.
Citación en garantía, recurso de apelación (procesal), seguros
Materia: CIVIL
Carátula: CARBONARI ABEL JOSE c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD DE RIO IV Y OTRO s/ DEMANDA  ORDINARIA  -  COMPAÑIA  ASEGURADORA  -  CONTRATO  DE  SEGURO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-17

La apelación autónoma de la empresa aseguradora que no fue llamada a juicio por el demandante, no puede tener ningún andamiento por cuanto su obligación nace del contrato de seguro y de la citación en garantía por su propio asegurado, conforme a lo normado por los arts. 109, 116, Párrafo primero y tercero, y 118 de la ley 17.418. La apelación del asegurador no puede beneficiar al asegurado que consintió la sentencia condenatoria, y por el otro, resulta imposible eximir de responsabilidad al asegurador que ha reconocido la vigencia del contrato de seguro si se lo condena al asegurado a indemnizar.
Deberes de la administración, concesión comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. R. E. T. c/  s/ Régimen de comunicación A., M. A. O. & G. I. I. S.A. y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-12|2018-12-11

En los contrato de concesión la incidencia de la actuación estatal revela una cierta complejidad (..) pues, por razones de interés público o bien común , (...) delimita el contenido normal de los derechos (v. gr., mediante la concesión) que es cosa distinta de la mera limitación que hace al ejercicio de los derechos y, por último, hasta que se imponen deberes y se ejerce el poder sancionatorio.
Licencia de conducir, sanciones administrativas, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Martínez Valea, Gonzalo Daniel s/infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, -CC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

De conformidad con la letra de la norma y con el sistema de scoring, el momento en que debe realizarse la notificación prevista en el art. 45 del CC, debe ser aquel en que es concedida la suspensión de juicio a prueba. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Fallos de la Corte Suprema, libertad de expresión, Constitución Nacional, control de razonabilidad, derecho a la privacidad, confirmación de sentencia, código procesal civil y comercial, redes sociales, derecho al honor
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL-INFORMATICO
Carátula: Cattaneo, Paula Gimena  c/ Ríos, Evelio Marcelo  s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-02-15

La Corte Suprema en tal sentido también ha dicho que "No se puede hablar aquí de mutilación de un proceso de formación del pensamiento de la comunidad, pues no se ve de qué manera enriquece a la opinión pública el uso de expresiones insultantes, procaces" (Fallo 315:1943) pues la relevante posición en que se encuentra la libertad de prensa dentro del sistema constitucional argentino no se traduce en una garantía absoluta, por sobre las que resguardan todos los otros derechos tutelados, y exenta de todo control jurisdiccional (Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, Provincia de y otro s/acción de amparo, 5 de septiembre de 2007, Fallos: 330:3908), en tanto ningún derecho es absoluto y el ejercicio de un derecho tiene como límite los derechos de otras personas, por lo que es necesario reconocer tal premisa cuando de libertad de expresión nos referimos a los fines de proteger otros derechos de igual jerarquía normativa, como son el derecho a la intimidad; a la imagen; el honor y buen nombre, los que pueden verse afectados por publicaciones o comentarios excesivos, insultantes e innecesarios para expresar la opinión del emisor a través de las redes sociales, amparado en el derecho de libertad de expresión, que de ninguna manera puede ejercerse de manera abusiva conforme fundamentos acordados; y sin dudas, el contenido de las publicaciones que han originado la medida interpuesta por la actora hacen referencia al ámbito de su intimidad con clara intención difamatoria, todo lo cual excede el límite legítimo y regular del derecho a la libre expresión e información, configurándose de este modo, un abuso. Es que, si bien en la República Argentina está plenamente garantizada la libertad de expresión y la libertad de prensa, esto no autoriza a los usuarios y administradores de sitios de Internet a incluir o permitir contenidos de tal naturaleza; por todo lo cual corresponde desestimar el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el accionado y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la sentencia dictada en la instancia de origen. Con costas por su orden por no haber mediado oposición (art. 68 del C.P.C.C.).
Pérdida de confianza, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Carlos Angel c/ Transportadora de Caudales Juncadella S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-28

El empleador debe indemnizar por daño moral al trabajador, ya que la confianza es un componente esencial en los servicios de traslado de valores, por ello la "absoluta pérdida de confianza" invocada con relación al trabajador importa una severa descalificación y su imputación infundada representa una actitud desdorosa y lesiva para el implicado, que permite analizarla fuera de la órbita meramente contractual.
Costas, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DAGA DE MANZANELLI STELLA MARIS c/ FRANCISCO A. MANZANELLI s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-01

Las costas devengadas por los procedimientos de determinación de cuota alimentaria deben imponerse en su totalidad, en todos los casos, al alimentante. Lo contrario importaría una injusticia que no puede consentirse, en cuanto el indigente tendría que distraer en honorarios parte de la pensión que los jueces le acuerdan justamente para mitigar su penuria.-
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poratti, Juana y otros c/ Boullión, Juan Adolfo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

El hecho principal de la sentencia absolutoria o condenatoria, en el proceso penal, que tiene efectos en lo civil, se refiere exclusivamente a la existencia o inexistencia de los elementos que tipifican el delito que se imputa al procesado. Y a ello deberá atenerse el juez en lo civil, no pudiendo dar otro tipo de entendimiento ni cambiar las circunstancias de hecho como fueron analizadas en la instancia penal.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Juan Carlos c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo, art. 1113 Cód. Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que guarda silencio respecto de las motivaciones decisivas del pronunciamiento judicial objetado.
Accidente de tránsito, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergamino Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Muñoz, Alfredo A. y/u otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

No sería justo exigir a la víctima que indague cuales son las relaciones que unen al dueño con el guardián, ni que averigue si existe o no una promesa de venta. Esos problemas son ajenos a la víctima y deberán ser dilucidados, en su oportunidad, por las personas que la ley considera responsables del daño, cuando procuren determinar entre ellos la proporción en que deben contribuir al resarcimiento; pero, frente a la víctima, el poseedor (guardián), y el titular inscripto, son solidariamente responsables.-
Concursos, fuero de atracción
Materia: LABORAL
Carátula: Soria, Angela M. c/ Clínica San Ramón S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

Sustentada la demanda por daños y perjuicios derivados de enfermedad accidente de trabajo en normativa de linaje civil, queda enmarcada en el ámbito del derecho común y en virtud del contenido patrimonial del reclamo, deviene atrapada por el fuero de atracción que ejerce la apertura del concurso de la demandada en los términos del art. 25 inc. 1 de la ley 24.522.
Daños y perjuicios, legitimación activa, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: PALOZZI, JOSE c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Resulta procedente la excepción de falta de legitimación activa para reclamar por daños y perjuicios, cuando el actor, no es titular, de la relación jurídica sustancial, por no ser el propietario de la publicación secuestrada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, audiencia preliminar, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal-apelacion sobreseimiento-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

La recurrente invoca que su temor de parcialidad habría surgido por el trámite dado por la Magistrada al pedido defensivo de que se celebre una audiencia para tratar su solicitud de sobreseimiento; sin embargo, tal como surge del propio relato de la presentante, aquélla tan sólo dispuso que los planteos de ambas partes sean ventilados en la audiencia preliminar de acuerdo a lo estipulado en los artículos 297 y 303 del Código Procesal Penal e incluso luego, ante la queja de la defensa, revocó su propia decisión para hacer lugar a lo requerido ordenando se celebre una audiencia específica para abordar la cuestión del sobreseimiento, por lo que no se vislumbra la existencia del trato dispar invocado, ni que se hubiera ignorado el pedido defensivo, dejándose entrever por el contrario tan solo su mera discrepancia con la manera en que finalmente fue resuelta la cuestión de fondo, no advirtiéndose en modo alguno la afectación constitucional postulada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 297 y 303.
Competencia civil, actos y diligencias procesales, diligencias preliminares, amparo colectivo
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur - Proconsumer c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ diligencias preliminares
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

Las diligencias preliminares, cuya aplicación ha sido ampliada en el actual CP de Buenos Aires en función de las actuales exigencias del derecho y los sistemas jurídicos y la variedad de conflictos, es un tipo de medida que propicia acuerdos conciliatorios y depura el marco del debate en pro de una administración de justicia eficiente, ello porque se considera que un acuerdo no es justo para alguna de las partes cuando carece de datos necesarios para tomar una decisión informada y cuando se presenta una situación de desigualdad.
Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

El principio de igualdad ante la ley previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el que se sustentó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, goza de una tutela correlativa en la ley fundamental santafesina, conforme lo enuncia su artículo 8.

De ahí que no se ve resentido el precepto de nuestra Constitución Provincial que atribuye la competencia de la Corte Suprema de Justicia (artículo 93) y que en su inciso 1 refiere a "los recursos de inconstitucionalidad sobre materias regidas por esta Constitución".
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, causas civiles, daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ETHEL SUSANA PALOSHI DE PIS DIEZ c/ MARSANS  INTERNATIONAL  VIAJES  MARSANS  ARG.  S.A.C.F.  Y  M Y OTROS s/ JURISDICCION Y COMPETENCIA - COMPETENCIA INTERNACIONAL -   INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

Todas las causas iniciadas en la Capital Federal que versen sobre acciones civiles y comerciales, concernientes a responsabilidad contractual o extracontractual, y aunque la Nación o sus empresas y entidades autárquicas sean parte, siempre que deriven de accidentes de tránsito, inclusive el ferroviario, caen en la competencia asignada al fuero especial en lo civil y comercial por el art. 46, inc. d), del decreto-ley 1285-58 según el texto establecido por la ley 22.093. Ello es aplicable al caso en que se demanda por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento -al volcar un ómnibus - de quien participaba de una excursión, por cuanto -con independencia de la naturaleza contractual o extracontractual de la acción deducida por los actores y, en su caso, del tipo de contrato de que se trate- la pretensión resarcitoria de éstos deriva de un accidente de tránsito, en los amplios términos del precedente mencionado, lo que lleva a considerar competente al fuero especial en lo civil y comercial.
Divorcio contradictorio, prueba, cartas misivas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: T.P. c/ P.R. DE T.E. s/ DIVORCIO - INJURIAS GRAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

La prohibición del art. 1036 del Código Civil sólo es aplicable en conflictos de índole patrimonial, pues es una norma propia del derecho de las obligaciones, de manera que no es aplicable en juicios de divorcio.
Prescripción, Derecho comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO  YAGUANE  SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE VERIF.POR LUCERO, ELMUTES MARTIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-22

Lo dispuesto por el CCIV art.3986 resulta aplicable a la materia mercantil, malgrado la opinión de esta sala relativa a la improcedencia de la aplicación de dicha disposición en sede comercial; pues, la corte suprema ha emitido opinión contraria a la de los suscriptos in re "Cornes, Guillermo J. c/ Massuh S.A." del 3.12.91 y, en consecuencia, resultaría ocioso mantener una discrepancia de índole interpretativa cuando el afianzamiento de la justicia aconseja seguir la solución adoptada por el más alto tribunal del país, en orden al establecimiento de un criterio unánime en la materia.
Abogados, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, facultades reglamentarias
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ SANDRA GABRIELA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CABA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-11

La Caja de Seguridad Social para Abogados de Buenos Aires (CASSABA), según su ley de creación, es una persona jurídica de derecho público no estatal con autonomía económica y financiera (confr. art. 2 de la ley 1181).

Este tipo de entes tiene facultades reglamentarias inherentes a la delegación de cometidos públicos que las mismas leyes de creación les encomiendan, por lo que pueden dictarse sus propias normas dentro de un marco normativo superior.

Y si bien es cierto que la facultad de dictar reglamentos de ejecución está otorgada en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Poder Ejecutivo, excepcionalmente debe admitirse esa facultad en este tipo de entes cuando tiendan al efectivo cumplimiento del cometido público delegado.

En consecuencia, dado que CASSABA ha sido instituida (por ley) con el fin de satisfacer los intereses comunes de los afiliados a un sistema previsional cuya ejecución y administración válidamente puede postularse a cargo de la Administración, resulta razonable reconocerle ciertas potestades públicas tendientes a lograr el efectivo cumplimiento del mandato legal.

Una de esas facultades es la de reglamentar los pormenores y detalles de la Ley 1181. Ello, claro está, siempre dentro de los límites de razonabilidad de toda actividad reglamentaria. En esa inteligencia, no podrá, mediante esta vía, desnaturalizar la voluntad legislativa, modificando, sustituyendo o transformando las expresiones del Legislador.

Por lo demás, del plexo normativo conformado por los artículos 3, 4, 120 y 131 de la propia Ley 1181 y de una interpretación integral de sus objetivos, se desprende una suerte de delegación normativa que justifica la solución propiciada.
Procedencia del recurso, interés superior del niño, situación de vulnerabilidad, debido proceso, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Abila, David Osvaldo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Corresponde el análisis constitucional y convencional en la presente causa sometida a jurisdicción, afirmando que las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos convencionales y constitucionales existente en nuestro sistema jurídico correspondiente a cualquier sujeto de derecho y que además disponen de un plus por su situación de vulnerabilidad en razón de la edad, por lo que deben ser sometidos a jurisdicción y trato especial. Siempre se debe respetar el debido proceso ya sea en el momento de la detención en el desarrollo del proceso, en el cumplimiento de las medidas educativas o en internación debiendo ser oído , tomándose en cuenta su opinión en el momento de tomar decisiones ya sean de índole judicial o administrativa, cuando les afecten a sus derechos y que siempre se debe resolver a favor del superior interés del niño.
Honorarios del perito, perito contador, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTANA, EVANGELISTA c/ CLINICA BURZACO  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-15

Ante la ausencia de previsión expresa en el decisorio, los honorarios quedan sujetos al sistema de reajuste e intereses moratorios previstos por el art. 61 de la ley 21839 también aplicable a los profesionales en ciencias económicas, art. 12 del dec. 16638/57. Aún existiendo disposición expresa en la sentencia que mandara a reajustar los honorarios en idéntica proporción que el capital de condena, tal situación queda comprendida en el principio general en cuanto a los intereses por lo que éstos, solo serían exigibles a partir de la mora en el pago, según la tasa anual del 6% por el período comprendido hasta el 1.4.91, rigiendo a posteriori la tasa mencionada equitativa respecto de los créditos judicialmente reconocidos.
Producción de la prueba, audiencia de debate, testigos
Materia: PENAL
Carátula: Samid, José Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Para tener por acreditados los hechos y la participación que en ellos le cupo a los nombrados, los jueces se valieron de diversas pruebas producidas en la audiencia de debate que fueron debidamente ponderadas en la sentencia impugnada, dentro de las cuales se destacaron los testimonios brindados durante el debate.

Asimismo, el a quo destacó que durante el transcurso de la investigación se pudo comprobar que el imputado era quien controlaba las distintas sociedades en cuestión, pues, según manifestaron los testigos, se presentaba personalmente en los establecimientos y en determinadas cuestiones impartía órdenes. Las conductas desplegadas por la imputada trascendieron las esferas de su estudio contable y se extendieron hacia la participación en el control, administración y disposición de los frigoríficos y la actividad concreta de aquéllos.
Funcionarios públicos, competencia penal, competencia contencioso administrativa, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: C, O.E. s/ Malversación de caudales públicos. Recurso de inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 380-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Más allá de la posible no coincidencia entre los conceptos de "funcionario público" que emplea la dogmática penal y los que maneja el Derecho Administrativo, no resulta extraña a éste último la figura del particular en ejercicio de funciones públicas (encuadrable, como tal, en la definición legal del artículo 77 del Código Penal), de la que se ocupara Paolo Biscaretti di Ruffia "(...) no es raro que los particulares se presenten como sujetos auxiliares del Estado, desarrollando, en nombre propio, actividades que pueden revestir carácter de funciones públicas (...), como desarrollo de un derecho (sobre todo, con fines explícitos de lucro) ; (...) generalmente los particulares que ejercen, con tal propósito , funciones públicas son equiparados, especialmente a los efectos penales, a los funcionarios del Estado (...). El ejercicio aludido de funciones públicas puede surgir basándose en diferentes títulos de investidura: (...) 2) por relación con un ejercicio profesional, por ejemplo, para los agentes de cambio, los notarios, especialmente en todo lo que concierne a la autenticación de actos (...)". (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre).