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Concursos, incidentes, derecho de investigación, trámites judiciales, reservas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Angel, David  c/  s/ concurso preventivo s/incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Cabe revocar la resolución que, en el marco de la conversión del proceso de quiebra en concurso preventivo, dispuso el cierre y la incorporación al presente de dos incidentes en los que se encuentran pedidas medidas cautelares que serían reeditas por los apelantes en esos mismos procesos. Es que la posible denuncia de actos por parte del concursado que, en caso de corroborarse, puedan configurar una hipótesis de violación a lo establecido en la LCQ 16, 17 y 25, en especial ocultación de bienes u omisión de brindar las informaciones que el juez o el síndico le requieran, resultaría viable de ser investigadas en el trámite del proceso. En efecto, la LCQ 17 prevé, ante esa eventual situación, la consecuencia drástica de separar al deudor de la administración del negocio. Por ende, su investigación devendría procedente por cuanto podría revelar la configuración de alguno de los supuestos reseñados precedentemente, y la necesidad de aplicar la sanción que el texto de la ley prevé -en resguardo del interés de los acreedores- para ese marco de situación. Por ello, la procedencia de las medidas de prueba que podrían ofrecer los apelantes habrá de ser evaluada -y ordenada la producción de la que se juzgue pertinente- por la magistrada de grado.
Matrimonio, deber de cohabitación
Materia: CIVIL
Carátula: G. de L.J.E. c/ M. de G.D. s/ REINTEGRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

Si con posterioridad a la intimación dispuesta por el juez como consecuencia del pedido del marido para que su cónyuge se reintegre al hogar conyugal, ésta promueve acción de divorcio y tenencia de hijos menores, este hecho la torna carente de virtualidad, por cuanto tal intimación no puede ser acogida judicialmente cuando, frente a la demanda por reintegro, la mujer opone la acción de divorcio. La interposición del divorcio deja ya entrever situaciones que no hacen factible el reintegro de la esposa en esas condiciones (conf. Zannoni, Derecho Civil-Derecho de Familia", T.I p.361; Salas, "Código Civil Comentado", 2 ed. T. I, p. 89 y jurisprudencia allí citada).-
Requisitoria fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Cabrol, Edgardo R. s/ Retención Indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-11

Comparece la Fiscal de Cámara y refiere haber constatado en la causa que se dictó Falta de Méritos en favor del imputado por el filiado como segundo hecho, situación procesal que no ha sido resuelta en definitiva, sea procesando o sobreseyendo. Por tal motivo interesa se disponga la bajada de autos para que se subsane el vicio apuntado. Le asiste plena razón a la representante del Ministerio Fiscal, ya que efectivamente obra tal vicio apuntado, el cual obsta en forma absoluta a que pueda realizarse el plenario y dictarse una sentencia válida, omisión que obviamente tampoco fue advertida por el Agente Fiscal Requirente. Siendo ello así y conforme lo normado en los artículos 170, 351, ss. y concs. del Cód. Procesal Penal, corresponde decretar la nulidad de la Requisitoria Fiscal de Elevación a Juicio y todos los demás actos procesales subsiguientes que de ella dependan, a fin de que la Juez subsane el vicio nulificante.
Estrago culposo, pirotecnia
Materia: PENAL
Carátula: DOPAZO, Pablo F. y otro s/ IMPUTACION OBJETIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El disvalor de la acción, es decir el actuar negligente, no determina por sí solo el reproche. Además, debe conectarse ello con la producción de un resultado dañoso, el cual debe ser previsible, teniendo en cuenta el incremento de la puesta en peligro previamente creada.

Los enjuiciados, al tomar a su cargo la venta de artículos que, por sí solos crean cierto peligro, asumieron una posición de garante, calidad ésta que los obligaba a tener ciertos conocimientos especiales y a utilizarlos de manera que no se incremente el riesgo ya existente más allá de lo social o jurídicamente permitido.

La existencia de esta especial posición obliga a quien la detenta, en caso de tomar conocimiento por cualquier medio de que no se están respetando los estándares de seguridad mínimos, a desplegar una actividad en el seno de su rol; y, en concreto, encargarse de restablecer la situación estandar, pues, su mera desviación, ya de por sí constituye una perturbación que como garante debe suprimir.

No sólo estamos en presencia de una mera infracción administrativa, sino ante un verdadero accionar imprudente, el que, adunado a la tenencia considerable de mercadería de uso prohibido en condiciones no aptas, incrementó en forma notable el riesgo normal que el resultado lesivo se produzca, máxime si toda aquella pirotecnia -o cuanto menos una porción importante- se hallaba en exhibición en la vía pública un día de verano. Por ello resulta reprochable ese accionar, no sólo por haber sido objetivamente previsible ese resultado, sino también por el conocimiento que detentaban acerca de la ilegitimidad de su proceder y, pese a ello, no depuso su actitud.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, secuestro extorsivo, extradición, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Carro Córdoba, Cristian Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el fallo que denegó la excarcelación y el cese de la prisión preventiva del condenado, en orden al delito de secuestro extorsivo agravado por el número de personas intervinientes en el hecho (art. 170, inc. 6, C.P.), en el marco de un proceso de seguido para su extradición a la República del Paraguay, dado que en virtud de las circunstancias de la causa, sumadas al compromiso internacional vigente entre las repúblicas involucradas en el proceso de extradición, el a quo concluyó fundadamente que se encontraban configurados los peligros procesales que justifican un encarcelamiento preventivo. Asimismo, la decisión impugnada está suficientemente motivada en cuanto consideró que las medidas alternativas previstas en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal no resultan viables para neutralizar la presunción de riesgo procesal y, en consecuencia, el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado aparece como la única medida suficiente para asegurar su sometimiento al accionar de la justicia y permitir el normal desarrollo del proceso.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PRIETO, VICTOR ALBERTO c/ ABDO, JOSE LUIS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-30

El estacionamiento o la detención de un automóvil sobre una ruta, crea un riesgo de accidente, lo que implica culpa y crea el deber de reparar el daño, si entre esa detención y el accidente existe un nexo adecuado de causalidad. De donde no juega la presunción en contra del embistente desde atrás, puesto que "hay una precisa obligación de no detener el vehículo sobre el camino, sino junto a él en la banquina".
Queja por apelación denegada, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: M. V. E. c/ C. M. A. s/ CESACION DE PENSION ALIMENTICIA S/ QUEJA POR APELACION DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-04

En el presente caso podemos advertir que la providencia denegatoria de los recursos planteados por la quejosa le causa un gravamen irreparable, ya que avanzó el proceso sin su intervención. En cuanto esta vía directa contemplada en el Digesto tiende a proteger al justiciable cuyos derechos puedan verse afectados a partir de una denegatoria infundada del Magistrado de la instancia anterior de conceder un recurso que por ley le corresponde. Esto aconteció en autos. En pág. 792 del Código Procesal, Civil y Comercial de Tucumán, (Concordado, Comentado y Anotado. Directores: Juan C.

Peral- Juana I. Hael) se establece.." El interés constituye requisito indispensable para la admisibilidad de todo recurso, interés que se determina por el perjuicio o gravamen que la resolución que se pretende recurrir ocasiona al apelante, y la posibilidad de su reparación por la vía del recurso. El gravamen que justifique la apelación debe ser actual, es decir existir al momento de interposición del recurso, y subsistir al momento de la sentencia, ello por cuanto los jueces tienen vedado hacer declaraciones abstractas y resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas por el transcurso del tiempo. Todo recurso tiende a modificar una resolución adversa a quien lo interpone. Así como no hay acción sin interés, tampoco hay recurso sin agravio, y existe gravamen cuando media diferencia perjudicial entre lo pedido por los justiciables y lo concedido por el Juez. La noción de interés reposa sobre dos pautas: "utilidad y necesidad" ; es útil si el impugnante obtiene una situación más ventajosa y es necesario si el remedio resulta indispensable para alcanzar el éxito." En consecuencia, como dijimos antes, es claro que la decisión cuestionada le causa gravamen irreparable y amerita la apertura de la vía recursiva, ya que la quejosa se vio privada, al no asistir a a la audiencia, de ejercer su derecho a la debida defensa en juicio evitando así una lesión en su interés.
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: LABORAL
Carátula: Procopio, Antonio. c/ Sudamericana S.A.I.C. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Cuando la suspensión preventiva del trabajador se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y la misma fuere desestimada o el trabajador imputado sobreseído provisoria o definitivamente, el principal debe satisfacer los salarios caídos durante el tiempo de la suspensión.
Menores, excarcelación, régimen penal de la minoridad, derechos del niño, nulidad procesal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "SANTILLAN LEDESMA, Cesar y otros s/ proc. y P.P.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

Este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la circunstancia de que la Constitución Nacional consagre categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e imponga el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, es el motivo para descartar toda restricción de la libertad des imputado durante el proceso (YON VALENTIN del 24..6.2005 e "IBARRA RAMIREZ" del 24-6-2005 entre otras).En un sentido similar se pronunció la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala IV, causa 5115, "MARIANI, Hipólito R." del 26.4.2005 y Sala III "MACCIERALDO" del 22.12.2004.). Ello así, por cuanto el art. 14 de la C.N. garantiza la libertad ambulatoria y que este derecho sólo puede limitarse, en principio, por una sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad (art. 18). Sin embargo, excepcionalmente, la Carta Magna autoriza esta restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, en los casos en que exista riesgos procesales concretos, a saber: peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Ambas circunstancias ponen en peligro las metas procesales (averiguación de la verdad y aplicación de la ley sustantiva).No obstante ello, la aplicación de esa medida cautelar sólo debe proceder cuando no pueda garantizarse los fines que ella prevé, a través de otros medios menos lesivos de derechos fundamentales del imputado. (cauciones o inhabilitaciones). Pues el carácter excepcional que exige la restricción de la libertad impone la búsqueda de una alternativa menos nociva a fin de conseguir los objetivos procesales aludidos. De lo expuesto derivan los parámetros a tener en cuenta al momento de restringir la libertad de un individuo sometido a proceso, independientemente de su edad, pues si bien el dictado de la prisión preventiva a todo menor de 18 años se encuentra expresamente prohibido por el art. 315 del C.P.P.N. no puede soslayarse que los arts. 280 y 411 exigen el resguardo de las mismas metas procesales, siempre y cuando se protejan los derechos y garantías de todo menor imputado de delito. A su vez, los arts. 19 y 27 de la Ley 26.061 establecen los parámetros a seguir al limitar la libertad de un menor y de los derechos de los que éste goza dentro de un procedimiento en el cual se encuentre involucrado. En consecuencia, es nulo lo resuelto respecto de un menor sino se sujetra alos parámetros establecidos por el art. 411 del C.P.P.N. y de la Ley 26.061.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta, libertad asistida
Materia: PENAL
Carátula: Ferrice, Rubén Osvaldo s/ Incidente de libertad asistida asistida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Resulta abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto que perseguía que el condenado obtuviese su libertad asistida pues según consta en autos posteriormente la misma fue concedida haciéndose efectiva la respectiva soltura (doctr. art. 359, CPP según ley 3589 y sus modif.).
Dirigente gremial, tutela sindical, renuncia al empleo, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Confecat S.A. c/ Barrionuevo, Daniel Nicolás s/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-08-04

Corresponde confirmar la sentencia del inferior que declara sin materia el juicio al haberse tornado abstracta la cuestión sobre exclusión de tutela sindical, ya que si bien el empleador se encuentra impedido de tomar medidas contra el empleado -dirigente gremial- sin la previa autorización judicial el pleito queda en dos oportunidades sin materia: 1) cuando vence el plazo del mandato otorgado por el gremio, y 2) cuando se agrega al expediente el telegrama de renuncia al empleo por parte del trabajador.
Seguro de caución, siniestro, denuncia del siniestro, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ  SALABERRY,  JUDITH  O. Y OTRO c/ SEGURIDAD COOPERATIVADE SEGUROS LTDA. S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-25

La mera inejecución por parte del proponente implica la configuración del siniestro puesto que es concordante con la finalidad del seguro de caución: el pago por parte de la aseguradora en plazo brevisimo ante el mero incumplimiento de la deudora. Consecuentemente no es viable subordinar el cobro de la indemnización a la previa acreditación del incumplimiento del tomador, o -tal como en la especie pretendió la defensa- a la verificación de inexistencia de activo por parte de la tomadora en liquidación, so pena de controvertir la "finalidad" de dicho seguro al impedirse la ejecutabilidad inmediata de la garantía que es su razón de ser (cfr. CNCOM, sala A, 24.10.84, in re:

"Finvercon S.A. Cia. Financiera c/ Excelcior Cia. Arg. de Seguros S.A.").
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, AFIP DGI, procedimiento tributario, impulso de oficio, exenciones impositivas, asociaciones sindicales
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: UTGRA. Unión de Trabajadores Gastronómicos de  la República Argentina c/ DGI. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Es improcedente el recurso extraordinario si la DGI puede ejercer, en el procedimiento de determinación de oficio en trámite y en las instancias recursivas pertinentes, lo referente a las exenciones invocadas.
Querellante, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNASCONI COOPERATIVA LIMITADA s/ QUERELLA. BANCO CENTRAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-05

Si bien es cierto que el art. 41 de la ley 21526 autoriza al Banco Central en ciertos casos para asumir la función de querellante, ese derecho emana específicamente del art. 170 CPC y tiene que adecuarse a lo dispuesto en esa disposición legal, es decir siempre que la institución acredite ser la persona particularmente ofendida por el delito de que se trate y del cual nazca la acción pública. NOTA: Se citaron: JPBA 26 220, Nro. 2227;

G. R. Navarro, 'La Querella', pág. 54; LL t. 139, pág. 224.
Estabilidad del delegado gremial, duración del mandato, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, PABLO R. c/ SOCIEDAD CEMENTOS ARMADOS CENTRIFUGADOS SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-24

Siendo el procedimiento estatuido por la ley 21356 de excepción, al previsto por las asociaciones profesionales para la elección de los delegados gremiales, subsiste a su respecto la necesidad de la notificación fehaciente, prevista por las leyes 20615 y 22105.
Accidente de tránsito, demanda, exposición de los hechos, renuncia de derechos, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Lagunas Aguillón, Marcela Paulina c/ D'Agostino, Alejandro y otros. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La circunstancia de que el actor hubiera dado su versión de los hechos y expresado su creencia acerca de cuál de los automotores había provocado el choque, no implica su renuncia a su derecho a reclamar contra todos los que participaron en la colisión, ya que la víctima no está obligada a investigar, previamente a la demanda, cómo se produjo el hecho (Voto del Dr. Bossert).
Recurso extraordinario, cuestiones de competencia, resoluciones anteriores a la sentencia, gravamen irreparable, tratados internacionales, Comisión Técnica de Salto Grande
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Basgall, Juan C. c/ Delegación Argentina (CTMSG.) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Corresponde hacer excepción a la regla según la cual las decisiones que resuelven cuestiones de competencia no justifican, en principio, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cuando la resolución impugnada afecta, de manera no susceptible de reparación ulterior, un privilegio de carácter federal, como el que halla sustento en el art. 4° del Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Comisión Técnico-Mixta de Salto Grande -aprobado por ley 21.756- y en las posteriores resoluciones de dicho ente.
Infracciones aduaneras, importación temporaria, pedido de prórroga, prórroga del plazo, vencimiento del plazo, caducidad, sanciones aduaneras, reexportación
Materia: ADUANERO
Carátula: Induscuer S.C.A. (T.F. 7397-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

Ha quedado configurada la transgresión al régimen de admisión temporaria, en cuya virtud fue autorizado el ingreso al país de la mercadería, toda vez que la actora debió solicitar, dentro del plazo legal establecido, al organismo aduanero la prórroga para su reexportación o la autorización para que la mercadería admitida temporariamente fuera sometida al régimen de importación para consumo. Sin que pueda tener relevancia alguna para eximirla de su responsabilidad el pedido efectuado una vez vencido el plazo para hacerlo, porque el art. 267 del C.A. es categórico al establecer que una vez "vencido el plazo para solicitar la prórroga prevista en el art. 266 caducará el derecho a solicitarla". Es decir, la petición está sujeta a un limite temporal y la falta de observación de ese límite provoca su caducidad que, como tal, elimina definitivamente el derecho del interesado a solicitar la prórroga. La petición extemporánea no produjo efectos y, por lo tanto, no puede la actora invocar a su favor el plazo de 20 días previsto en el tercer párrafo del art. 266 del C.A. porque ese término solo corre cuando es denegada la prórroga solicitada tempestivamente. (Consid. 2º).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, juicio de apremio, inhabilidad de título, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Kalbermatter, Osvaldo Angelito c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente  de apremio. Excepción de inhabilidad de título (Expte. CSJ Nº 26-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-26

Si bien es cierto que la excepción de inhabilidad de título debe referirse a lo puramente externo, también lo es que doctrina y jurisprudencia han aceptado como admisible su interposición parcial cuando se demanda por más de lo adeudado. En el caso, citada de remate la Municipalidad, opuso dicha excepción por solicitarse la ejecución por una suma mayor a la que correspondía según la liquidación aprobada en autos. Ello no obstante, en la especie, el monto por el que debidamente corresponde llevar adelante la ejecución es cierto, contándose también con los datos necesarios para el mero cálculo matemático de los accesorios, por lo que con base en el principio de celeridad y economía procesal corresponde hacer lugar a la ejecución por dicho monto.
Fraude a la Administración Pública, jubilaciones
Materia: PENAL
Carátula: Lombardo, María Lourdes s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

Debe considerarse autora mediata quien gestionaba beneficios jubilatorios a personas que carecían de los requisitos legales para ello, adulterando la documentación con el objeto de que el ANSeS le diera curso favorable, ya que tales personas actuaban sin dolo y la imputada recibía una contraprestación inicial de los pretensos beneficiarios y la mitad de los primeros seis meses de haberes que percibieran. Resulta incongruente entender que la imputada cesó en "dominar" el hecho cuando concluyó la percepción de su beneficio pues los tipos penales de los arts. 172 y 174 inc. 5 C.P. no exigen que el beneficio obtenido con el comportamiento fraudulento se dirija a favor del agente y, en el caso, la defraudación contra la administración pública, concretada desde el primer mes de percepción de la prestación jubilatoria ilegítima, se extendió durante el tiempo en que el sujeto ejecutor sin dolo percibió los haberes, no porque tuviera dominio del hecho, sino porque ese dominio estaba en cabeza de la encartada. A partir de la última percepción se debe empezar a contar el plazo de prescripción de la acción penal respecto de los sujetos intervinientes en el hecho. La disidencia consideró que el delito ha dejado de cometerse por la autora mediata desde el momento en que perdió el dominio del hecho, esto es desde el otorgamiento de la jubilación, pues aunque la imputada se autoincriminase o hiciera cesar en el error al beneficiario, ello no aparejaría la cancelación de la situación antijurídica y el curso de la prescripción debe correr desde aquel momento. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia-).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Luque, María Alicia c/ Labore, Gregorio s/ Daños y perjuicios (acción civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo que no proporciona adecuadamente los presupuestos fácticos indispensables para la solución integral del juicio, impidiendo de ese modo a la Suprema Corte el ejercicio de su facultad casatoria y la revisión de la legalidad del fallo cuestionado.