Proceso penal, robo, recurso extraordinario
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo -  Murúa s/ Recurso Extraordinario interpuesto por la Dra. Mariana Vera en Expte. Corte Nº 46/12 - Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Mariana Vera (...) - Carrizo - Murúa p.ss.aa. Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-25

La Cámara Penal, tribunal unipersonal, mediante Auto Interlocutorio, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la Defensora Penal a favor de sus defendidos, imputados por robo.

Contra de esa resolución había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, la nombrada defensora interpone el presente remedio federal.

A título de agravio la recurrente invoca la arbitrariedad de la sentencia por estimar que lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente y deniega en forma infundada un beneficio que la ley acuerda (arts. 76 bis del Código Penal y 208 de la Constitución de Catamarca).

La discrepancia expuesta con relación a las razones dadas para rechazar idénticas objeciones presentadas en la instancia anterior no basta para tener la atención del Máximo Tribunal si, como acontece en el caso, no es puesta en evidencia la palmaria irrazonabilidad de lo resuelto.

En la casación, luego de efectuar el control requerido, el tribunal estimó acertada la denegatoria de la suspensión del juicio prueba en tanto la resolución se encontraba sustentada en la oposición fiscal y ésta en motivos razonables.

En esta oportunidad, la recurrente reitera que el juez de Cámara no analizó los motivos de la oposición fiscal y que, por ello, su rechazo a la solicitud de suspensión del juicio sustentada en esa oposición carece de fundamento suficiente; y no se conforma con la respuesta que recibió en la instancia anterior, según la cual, dado que en esa resolución el magistrado interviniente no había sido desestimado ninguno de los argumentos invocados en el dictamen fiscal, su valoración de la oposición fiscal como debidamente fundada expresaba de manera suficiente el mérito a su cargo, afirmativo en el caso de la legalidad y procedencia de las objeciones expuestas, vinculadas con razones de política criminal. Según la recurrente, la posibilidad de condena condicional debe determinarse sobre la base exclusiva de constatar que el delito se encuentre reprimido con pena de prisión, que el monto mínimo no supere los tres años y que el imputado carezca de antecedentes.

Sin embargo, en tanto no cabe razonablemente aceptar que, con relación al instituto de la probation, el rol asignado en la ley penal al representante fiscal sea sólo el informar la especie y el monto mínimo de la pena prevista para cada delito y los antecedentes del imputado, equiparando de tal modo el dictamen fiscal a una simple constancia actuarial, la hermenéutica que en ese sentido propone la recurrente, de la norma prevista en el art. 76 bis 4º párrafo del Código Penal, carece de fundamento.

Además, con la cita que realiza, de conceptos de un fallo de la Cámara Nacional de Casación, la recurrente admite que el representante del Ministerio Público Fiscal debe analizar la posibilidad de condena condicional en el caso concreto.

Por ello, las objeciones al examen fiscal efectuado en este caso, por haber alcanzado las circunstancias que rodearon al hecho concreto de esta causa enunciadas en el relato de cargo, traducen una contradicción que priva a su argumento de fundamento suficiente.

Por otra parte, aunque es después del juicio y en la sentencia final donde las circunstancias del caso quedarán establecidas con carácter definitivo, como en toda oportunidad anterior a ese momento, también en el marco de la consulta prevista en el 4º párrafo del art. 26 bis del Código Penal, la opinión fiscal, con base en las circunstancias enunciadas en el relato del hecho sobre la gravedad de la imputación como fundamento de un eventual pedido de condena de cumplimiento efectivo, es provisional y, por ello, contrariamente a lo que postula la recurrente, no compromete a su emisor al tiempo de los alegatos; por lo que la crítica en esa dirección también carece de fundamento.

Así, los argumentos recursivos resultan insuficientes a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria puesto que no demuestran la indispensable relación de lo resuelto con norma o garantía constitucional alguna (art. 3º e de la Acordada Nº 04/2007), ni afectación a la vigencia y supremacía constitucional que la Corte Suprema deba reparar (Fallos 326:107), y sólo revelan una discrepancia con lo resuelto que por la vía intentada el Máximo Tribunal no está destinado a superar (Fallos 326:613, 621, 1458).

Por lo expuesto, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.