Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19


FIMACO S.A.

Reg.: A y S t 213 p 32-38.

Santa Fe, 19 de abril del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia del 5 de marzo de 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "FIMACO S.A. -Concurso Preventivo-Incidente de revisión promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos-(Expte. 176/01)" (Expte. C.S.J. nro. 525, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, desestimó la apelación deducida por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la resolución del 17 de mayo de 2001 dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había rechazado el recurso de revisión promovido por la entidad recaudadora contra el decisorio que declarara inadmisible su crédito-, confirmando la sentencia impugnada con costas a cargo de la recurrente (fs. 1/3).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3 , ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 4/30).

Postula que en el caso se ha prescindido de la consideración de fallos del más Alto Tribunal de Justicia, sin que la Sala se haya sentido limitada por el ordenamiento jurídico al confirmar la sentencia de baja instancia, que había rechazado la totalidad del crédito oportunamente insinuado, apartándose para ello de la norma expresamente aplicable -al basarse en pautas de la ley sustantiva y de la normativa concursal-.

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así: a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable al caso.

Señala que el decisorio recurrido prescindió de la normativa federal que se encuentra expresamente establecida respecto de las deudas para con el Fisco nacional -sin declarar previamente su inconstitucionalidad-, so pretexto de que el Juzgador puede dejar sin efecto tales normas con fundamento en que se vulneran con las mismas principios de derecho privado consagrados en el Código Civil, a la vez que la "pars conditio creditorum".

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico.

Expresa que el Sentenciante reconoce que a la fecha de iniciación del incidente de marras ya existía resolución del Tribunal Fiscal de la Nación confirmatoria de la determinación de oficio. Aclara que dicho instrumento -que no mereció objeción alguna en cuanto a su autenticidad- fue presentado como medio probatorio al interponerse la demanda de revisión, habiendo integrado la gama de elementos con que contaba el Juzgador al momento de expedirse.

Entiende que del análisis del referido decisorio surgen de manera más que evidente los hechos y actos en virtud de los cuales se llegó a la determinación del tributo, circunstancia que -a su criterio- explica suficientemente el origen de la acreencia. Considera que la finalidad que tuvo el legislador concursal para exigir el recaudo de la "causa del crédito" ha sido evitar la posible conciliación fraudulenta entre el concursado y sus acreedores, y que tal connivencia no puede suponerse cuando quien reviste el papel de acreedor es el Estado.

Menciona que la Alzada, al confirmar el fallo de primera instancia que había rechazado los créditos fiscales, se apartó del criterio jurisprudencial aplicable, prescindiendo de considerar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Fisco Nacional Argentino (DGI) s. Incidente de Verificación de Créditos en autos Cosimatti Gregorio s/ Concurso Mercantil Preventivo" (Fallos: 310:785) y en autos "Casa Marroquin S.R.L." (Fallos: 310:719).

En este sentido, afirma que el Máximo Tribunal nacional sostuvo: "...que para el cuestionamiento de una determinación impositiva la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y órgano de decisión (arts. 78, 147, 151, 154, 155, 166 y concordantes de la ley 11.683 - t.o. en 1978 y sus modificaciones) y la posibilidad de apelar ante tribunales del poder judicial nacional (arts. 174 y 177 de la citada ley y art. 4 de la ley 21.628) (considerando 3 del fallo dictado con fecha 30 de septiembre de 1986 en la Competencia nro. 649.XX. "Hilandería Luján S.A. s/ apelación")..."; habiendo añadido que "...al ser ello así, lo resuelto por el tribunal a quo, al atribuir al fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito, importó prescindir inmotivadamente de esa regulación procesal específica, reemplazando el procedimiento de impugnación referido con el consecuente detrimento de la competencia de la justicia nacional, a la que se ha acordado el conocimiento exclusivo de los litigios en torno a la procedencia de tributos como el que es objeto de esta causa..." (ver fs. 23/24).

Pone de relieve que la línea jurisprudencial indicada fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca -Sala Primera- "in re" "Dirección General Impositiva s. Incidente de Revisión art. 37 L.C.

en Compañía de Ómnibus S.R.L. s. Concurso Preventivo" (sentencia del 13.06.2000).

Luego de citar abundante doctrina y jurisprudencia relativa a la autoridad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluye que sus sentencias son proyectables a los demás tribunales del país, debido a una interpretación constitucional mutativa realizada por el Alto Tribunal, salvo que en los distintos litigios bajo examen aparezcan motivos que justifiquen, en cada uno de ellos, que los respectivos magistrados se aparten de la directriz brindada por dicho Órgano, lo que -según dice- no acontece en la especie. Por ello, así como por las anomalías que endilga al fallo de la Sala, reputa que en el caso es arbitrario el apartamiento en que ha incurrido el Judicante.

En virtud de lo expuesto, aduce que el "A quo" -al fallar como lo hizo-, creó derecho nuevo -es decir, legisló-, y por ende invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado -el Legislativo-, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

Finalmente, la impugnante asegura que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional.

A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conciencia más laxa de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones para con el Fisco, ante la posibilidad latente y clara de utilizar posteriormente el instrumento concursal a sabiendas de que una parte importante del crédito del organismo recaudador puede ser excluida del pasivo concursal.

2. El referido recurso fue denegado por la Sala mediante auto del 5 de noviembre de 2003, por entender que no hubo cabal cumplimiento del requisito de admisibilidad impuesto por el artículo 1 de la ley 7055 -vinculado al planteo de la cuestión constitucional-, y que -por tratarse de un tema de naturaleza fáctica probatoria- no se habían proporcionado elementos capaces de establecer la analogía sustancial requerida para hacer exigible el deber moral de los jueces inferiores de conformar sus propias decisiones a las de la Corte nacional (fs. 58/61), motivo por el cual la interesada acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 64/103).

3. Liminarmente, cabe considerar satisfecho el recaudo formal relativo a la oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional. Ello así, pues del relato de los antecedentes de la causa, y de las correspondientes transcripciones, surge que la entidad recaudadora sostuvo a lo largo del proceso su postulación acerca de la operatividad en el caso de la ley 11683 y de cierta jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional -que individualizó- (Fallos: 310:719 y 785).

De tal manera lo hizo ante el Juez de baja instancia al deducir el recurso de revisión reglado por el artículo 37 de la ley 24522 (ver fs. 10 -último párrafo-, 12 y siguientes), y de modo similar al expresar agravios ante la Alzada (ver fs. 14, 15 y siguientes). No obstante, la presente impugnación no puede, de todos modos, prosperar.

Es que, si bien la quejosa articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A.

y S., T. 35, pág. 410). En este sentido, la compareciente no acredita que se haya omitido -como dice- la aplicación de la normativa federal que rige las acreencias tributarias del Fisco nacional.

Al respecto, basta la simple lectura del pronunciamiento cuestionado para advertir que la Sala reconoció a la Administración Federal de Ingresos Públicos su facultad -emergente de las aludidas disposiciones federales- para efectuar determinaciones de oficio. Sin perjuicio de ello, el Tribunal sostuvo -con cita de jurisprudencia- que tal atribución no relevaba a la insinuante de expresar en el concurso una adecuada justificación de aquéllas, exponiendo sus fundamentos y detallando las pautas utilizadas para su determinación (cfr. f. 2).

Por otra parte, la simple disconformidad de la recurrente con el análisis que el Juzgador efectuó del documento acompañado al incidente de revisión -resolución dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación- no tiene entidad constitucional, ni puede franquear la instancia de excepción, desde que la quejosa no demuestra la existencia de arbitrariedad en dicha ponderación. En orden a lo sustentado en precedencia, corresponde puntualizar que el Judicante señaló que "... se concluye que el a quo no incurre en error cuando determina que no se han aportado elementos nuevos que resulten idóneos para comprobar la real existencia de la deuda invocada por el incidentista.

Ello es así porque la situación no cambia, no obstante existir, a la fecha de iniciación de éstos (24.08.00, cargo f. 30), resolución del Tribunal Fiscal de la Nación (resol. del 10.09.99, v. copia fs. 6-8) confirmatoria de la determinación fiscal de oficio porque la postura asumida con respecto a ésta y los fundamentos que la sustentan (v. consid. n 2), valen, igualmente, para la decisión de la apelación por el Tribunal fiscal.

Y como no surgen de las afirmaciones contenidas en la demanda incidental hechos explicativos que permitan al juez la indagación de la causa ni hay agravios demostrativos del desacierto de sus conclusiones, corresponde confirmar la resolución impugnada, con costas a la incidentista..." (fs. 2/3). Frente a dicha motivación la quejosa alega, como ya lo había hecho en su expresión de agravios ante la Alzada, que de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación surgen con claridad los elementos que dieron origen a las determinaciones de oficio (cfr. fs. 13, 14 y 23), mas sus reproches resultan insuficientes para desvirtuar -en el restringido ámbito analítico propio del remedio extraordinario- las afirmaciones del Sentenciante, pues bajo el ropaje constitucional de aquéllos, subyacen cuestionamientos que derechamente intentan introducir una evidente cuestión de valoración probatoria.

Y sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (cfr., entre muchos otros, A. y S., T. 99, pág. 102; T. 101, pág. 408; Fallos C.S.J.N. 297:29; 307:716); ni puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en cuestiones que les son privativas (A. y S., T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251, etc.). Con respecto al argumento relativo a que no puede imponerse al Fisco la prueba de la causa del crédito, pues la connivencia no ha de presumirse cuando el acreedor es el Estado, cabe subrayar que la Alzada en ningún momento basó en el supuesto "consilium fraudis" la exigencia probatoria de la real existencia y alcance del reclamo.

Antes bien, se aprecia que la postura del Tribunal se sustentó en la naturaleza del procedimiento verificatorio, especialmente en su fase eventual del incidente de revisión, al que concibió como "...un proceso de conocimiento en el que se procura posibilitar la amplitud de debate y la aportación de elementos de juicio que no pudieron allegarse en el procedimiento sumario de la instancia inicial de la verificación (v. Rivera-Roitman-Vítolo ´Ley de concursos y quiebras´ t. I, p. 294, n 36)..." (f. 2).

Y más allá del mayor o menor grado de acierto de tales conceptos, no se advierte ni la interesada acredita que el "A quo" haya brindado sobre el tópico una solución grosera, absurda o irracional (cfr. A. y S., T. 196, pág. 113).

Asimismo, no se configura en autos el invocado apartamiento de los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casa Marroquin" del 31.03.1987 (Fallos: 310:719) y "Gregorio G. Cosimatti" del 07.04.1987 (Fallos: 310:785), toda vez que la impugnante no alcanza a acreditar la analogía invocada con respecto a la causa de marras, por las siguientes razones: a) en aquellos precedentes ni los deudores ni tampoco los síndicos actuantes habían deducido impugnación alguna contra los actos administrativos emanados del ente recaudador, y a raíz de ello, la Corte concluyó que los Tribunales intervinientes suplieron la inactividad de los responsables.

Pero esta situación no acontece en la especie, dado que la concursada interpuso, en su oportunidad, los recursos pertinentes, tanto en sede administrativa como judicial -impugnación del acto administrativo de determinación de deuda, apelación al Tribunal Fiscal de la Nación y apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal- (cfr. fs. 1, 15, 42, 46 y 47); y b) en fallo más reciente, el Alto Tribunal sostuvo -adhiriendo al dictamen del Procurador Fiscal- que "si bien es cierto que el legislador ha establecido en la ley 11.683, un trámite específico y los órganos competentes para entender en el procedimiento tributario en sus diversas fases, también lo es que en la ley de concursos...ha dispuesto mecanismos e institutos de carácter excepcional, que atienden a asegurar el orden público e interés general y a principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato, como es el de desplazar la competencia judicial originaria o exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas..." (ver "Supercanal S.A. s/ apelación - IVA", fallo del 02.06.2003).

Por último, puede aseverarse que la invocada gravedad institucional, no constituye una hipótesis susceptible de habilitar "per se" la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S., T. 143, pág. 111).

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable precisar que ella requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, circunstancia que la impugnante debe demostrar configurada en la especie (A. y S., T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 276, entre otros). Y en autos, si bien puede entenderse que existiría gravedad institucional en forma genérica -vinculada con el sistema legal tendente a la percepción de la renta pública-, no ocurre lo propio si se la traslada a la litis concreta, en donde no se consigue persuadir que la solución brindada por el "A quo" dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación de aquel sistema, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos (cfr.

"MIGRA S.A. -Concurso Preventivo-Recurso de Revisión- sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad", A. y S., T. 149, pág. 278).

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI En primer término, cabe considerar satisfecho el recaudo formal relativo a la oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional.

Ello así, pues del relato de los antecedentes de la causa, y de las correspondientes transcripciones, surge que la entidad recaudadora sostuvo a lo largo del proceso su postulación acerca de la operatividad en el caso de la ley 11683 y de jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional -que individualizó- (Fallos: 310:719 y 785). De tal manera lo hizo ante el Juez de baja instancia al deducir el recurso de revisión reglado por el artículo 37 de la ley 24522 (ver fs. 10 -último párrafo-, 12 y siguientes), y de modo similar al expresar agravios ante la Alzada (ver fs. 14, 15 y siguientes).

Asimismo, la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, desde que invoca las siguientes causales: "desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable al caso", "resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores" y "apartamiento de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En punto a esto último, a estarse a las alegaciones de la concursada de fojas 44 y 47, cuando particularmente señala que la causa se encuentra apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, autos "GAUCHAT, ENRIQUE PEDRO (T.F. 11648-I) c/ DGI" (Expte 7312/00), y en orden a la admisibilidad que más adelante propicio, cabe poner de resalto una circunstancia de particular incidencia, cual es la consideración del fuero de atracción, que se advierte en relación al "sub lite" en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 4.07.2003 ("G. 642.

XXXVII. GAUCHAT, Enrique Pedro (TF 11648-I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario"), obrante en el Registro de Publicaciones del Alto Tribunal nacional (Fallos: 326:2146), con suficiente trascendencia en orden a la idoneidad de los planteos constitucionales, y a efectos de lograr la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por lo expuesto, entiendo que debe admitirse la queja y, en consecuencia, concederse el recurso de inconstitucionalidad.

FDO.: GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)