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Regulación de honorarios, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: S. P., M.J. c/ P., J. s/ Divorcio  Separación de Bienes Tenencia de Hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-09-29

"El juicio de divorcio se reputa como de monto indeterminado por lo que, no habiéndose efectuado aún la liquidación de la sociedad conyugal, la regulación de honorarios debe realizarse en función del artículo 5º de la ley 12.997 modificada por la ley 14.170, valorándose el importe del acervo ganancial como simple índice para la determinación de la importancia del juicio".
Medidas cautelares, derecho a la salud, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sandalis  Antonio  Miguel c/ Obra  Social  de la Unión PersonalCivil de la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

El especialista solicitó la cobertura de Azacitidine (Vidaza) como medicamento oncológico, que está acreditada, prima facie, la necesidad de su aplicación al caso concreto conforme a la indicación formulada por el facultativo, y que no pueden descartarse -en función de la edad del actor (83 años) y la naturaleza del trastorno físico que lo afecta-, los eventuales riesgos que acarrearía para su salud si no se asegurara la prestación ordenada (confr. esta Sala, doctr. causa 8.104/10 del 8-02-11, entre muchas otras), el Tribunal concluye que, en este marco cautelar, la objeción de la demandada no es suficiente para considerar que no concurre en el sub examen la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. En este último aspecto, además, no puede soslayarse que el afiliado invocó la imposibilidad de asumir el costo de la medicación, extremo que la jueza valoró expresamente al conceder la medida y que la recurrente no rebatió.
Competencia originaria, audiencia pública, Santa Fe, Estado Nacional, presupuesto nacional, acordadas, procurador general de la Nación, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Estado Nacional s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

En el juicio instado por la Provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional tendiente a que se declare inconstitucional el artículo 76 de la ley nacional 26.078 de Presupuesto General de la Administración Nacional y, que se desenvuelve en el marco de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde convocar a una audiencia pública de tipo informativa - punto 2 de la acordada 30/2007- a las partes involucradas, como asimismo solicitar la participación del señor Procurador General de la Nación.
Locación de inmuebles, prórroga legal, fianza
Materia: CIVIL
Carátula: GORRINI, Luisa Juana c/ CORIA, Facunda y otro s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-16

La cláusula según la cual la garantía del fiador dura hasta el momento de la desocupación, debe interpretarse en el sentido de que ésta se extiende hasta el término del contrato originario, con más el tiempo razonable que necesita el locador para obtener el desalojo del inmueble. De otro modo, se admitiría que el fiador es responsable aún en el caso de que el locador y locatario firmen un nuevo contrato con un aumento considerable del alquiler.-
Contratos innominados, células madre, biotecnología moderna, derechos de las partes, obligaciones de las partes, aplicación de la ley, interpretación del contrato, depósito
Materia: CIVIL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

A los fines de definir cuáles son las obligaciones que pesan sobre un biobanco privado en el marco de un conflicto suscitado con los padres de un niño recién nacido, a causa del incumplimiento de un contrato de almacenamiento de células madre, corresponde acudir a las normas de derecho privado atinentes al contrato de depósito regular (cfr. CSJN, 22/05/12, "C., M. E. y otros c/ Estado Nacional - INCUCAI- s/ amparo ley 16986").
Diferencias salariales, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Vito, Marcela Verónica c/ Mariño-Olais Asociados s/ Despido, Diferencia Remuneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

Todo reclamo por diferencias salariales requiere como punto de partida y de modo indispensable pautas mínimas suficientes para que el sentenciante pueda pronunciarse sobre la validez del pedido, exigencia insoslayable aún cuando el trabajador no esté inscripto en los libros y registraciones laborales del empleador, o éste último no exhiba aquellos, porque la presunción "iuris tantum" a favor de sus afirmaciones como la inversión del "onus probandi" sobre el monto y cobro de las remuneraciones no operan cuando dichos montos son objeto de reclamo global.
Superintendencia de riesgos del trabajo, verificación de créditos, asegurador, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA   DE   RIESGOS   DEL  TRABAJO s/ INTIMACION  AASEGURARSE.  DENUNCIADO:  FERRERO,  GASTON  J.  Y  OTRO S DE H DEFERRERO, GASTON JAVIER.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-03

Resulta improcedente que la superintendencia de ART ordene a una aseguradora anular la rescisión del contrato que la vinculaba con un empleador, con base en que no operó conforme a derecho porque la deuda reclamada era de carácter preconcursal. Ello así cuando, como en el caso, surge que intimó al mentado empleador a que regularice su deuda y ante su silencio rescindió el cuestionado contrato. A mas cabe precisar, que si bien es cierto que la existencia del proceso concursal del empleador habilitaba a la compañía de seguros a reclamar la deuda por la vía de la LC art. 32, sin embargo, no lo es menos que la cuestionada deuda le permitía rescindir el contrato en tanto no existe previsión legal expresa que lo impida. Por otra parte, la aseguradora no estaba obligada a intentar la verificación de las acreencias, pudiendo limitarse a desvincularse del empleador.
Sociedades comerciales, intervención judicial, coadministrador, nombramiento, veedor judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARILLARI,  VIVIANA c/ ANTONIO  BARILLARI  SA s/ INCIDENTE DEMEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Resulta procedente la medida de intervención judicial solicitada bajo la forma de "coadministrador", y ordenar, previa caución real que deberá prestar la actora la designación de un coadministrador quien ejercerá conjuntamente con los administradores de la sociedad demandada las funciones que correspondan al órgano de administración; ello así por cuanto, de los informes presentados por el veedor informante, y en especial de su informe final se advierten diversas circunstancias que ameritan tal designación. En efecto, de las constancias agregadas surge que:

a) el auxiliar debió requerir en reiteradas ocasiones la entrega de información necesaria a los fines de cumplir su cometido, la cual, no habría sido otorgada en forma completa;

b) no habría tenido contacto con los directivos ni personas encargadas de llevar adelante la administracion de la sociedad, y que habría sido recibido y atendido por personal no jerárquico; c) el directorio no se habría reunido por largos periodos de tiempo, cuando es de esperarse que una sociedad de la magnitud de la demandada tenga necesidad de que el directorio se reúna con mayor asiduidad;

d) en cuanto a los libros de la sociedad, se le informo al veedor que estos no se hallarían en la sede social, sino en una ciudad del interior y al constituirse allí no se los habrían exhibido;

e) la sociedad habría abonado gastos personales -casamientos- de los socios, los que habrían sido encuadrados como "gastos de publicidad y eventos"; f) no se le habría informado al veedor, que si bien la facturación se incremento sensiblemente en el año 2006, no se le habría informado sobre los costos de la empresa en ese ejercicio;

g) ni tampoco se le habría informado sobre la regularidad de la situación previsional de los empleados de la empresa, ni se le habría efectuado un detalle de la deuda reclamado por AFIP, ni de las circunstancias relativas a la denuncia efectuada por ese organismos en relación a supuestas "facturas apócrifas", ni de las acciones que se hubieran llevada a cabo en relación a ello.
Competencia, mediación obligatoria, ley especial, ley general
Materia: PROCESAL
Carátula: COMITE DE CUENCA CANAL PRINCIPAL SASTRE c/ ALLARIA, SILVIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

No resulta atendible el argumento relativo a que la ley 13178 introdujo la mediación dentro del procedimiento ante la Justicia Comunitaria y que el artículo 4, inciso c) de la ley 13151 dispone que aquélla no será de aplicación en las causas en las que el Estado Provincial, sus municipios, comunas o sus entidades descentralizadas sean parte ya que, por aplicación del principio de que la ley especial deroga la ley general en cuanto fuere incompatible, nada impide llevar adelante el proceso de ejecución prescindiendo de la instancia de mediación previa; de hecho, es lo que sucedería en el supuesto de iniciarse una ejecución de las contempladas en el inciso 11 del artículo 123 de la ley 10160. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13178; Ley 13151, artículo 4, inciso c); Ley 10160, artículo 123, inciso 11
Contratos comerciales, tarjeta de crédito, intereses, cómputo de intereses, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINVERCOM SA COMPAÑIA FINANCIERA c/ CHAVES, MIGUEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-13

Si a pesar de la tasa pactada contractualmente -24% sobre el capital expresado en moneda estable- en las liquidaciones confeccionadas por la acreedora se consignan repetidamente intereses a una tasa del 60,83% y del 83,76% anual, cuya aplicación aparecería aun capitalizada, ello no puede ser tolerado, dado el contexto de estabilidad económica, con momentos inclusive de deflación, como el que rodea el caso en examen. Se trata simplemente de hacer efectivo los límites impuestos por la moral, las buenas costumbres y el orden público, evitando la consagración de un abuso y de un proceder que contraria la buena fe como estandar jurídico esencial en la vida de los contratos (cóod. civil arts. 21, 953, 1071, 1198 y conc.). y la manifiesta invalidez de cualquier estipulación que se invoque para cohonestar exigencias de esta naturaleza, puede ser declarada por el tribunal en los términos del art. 1047 del cóod. civil.
Defensa del consumidor, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Giusti, Juan Enrique c/ Telecom Argentina S.A. s/ Acción de defensa del consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-04-05

Un error en la facturación cometido por una empresa de telecomunicaciones al calificar como internacionales las llamadas efectuadas a las Islas Malvinas, implica una violación a las normas reglamentarias y un desconocimiento de normas territoriales, más no tiene entidad suficiente para afligir el espíritu del accionado al grado tal que pueda llegar a constituir un daño moral.
Cheque sin fondos, fecha del título
Materia: PENAL
Carátula: FUSCA, JORGE FRANCISCO s/ Cheque sin fondos Causa 30667
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-19

Si de las constancias de autos y del informe del banco girado, como así también de los cheques que remitiera dicha entidad, surge que el librador no tendría por costumbre colocar sello fechador en los cheques, resultando que los cartulares librados con anterioridad llevan la fecha manuscrita, es de aplicación la doctrina del fallo plenario "CRIVELLI", en tanto no surja que existiese autorización para proceder a la inserción de la fecha.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crivelli Néstor Luis c/ Reynoso Luis Maria y otros s/ Danos y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

No es útil para interrumpir la prescripción la demanda promovida por quién no acreditó en ese momento la personería y la probó cuando ya se había cumplido el plazo, siendo necesario, además, que la gestión provenga del interesado o de quién puede obrar en su nombre.
Acto administrativo de alcance particular, cesantía, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, CLAUDIO LUIS c/ E.N.  - H. SENADO DE LA NACION s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Como el decreto del Presidente del H. Senado de la Nación que dispuso la baja del agente del H. Senado es un acto de alcance particular, pues produce efectos jurídicos con relación a personas y casos individualmente determinados, no necesita, para permitir su impugnación judicial, el reclamo administrativo previo previsto en el art. 30 de la L.N.P.A. .
Recurso extraordinario, recusación, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Lamas, Pablo s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-20

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo atinente a la recusación de los jueces es materia ajena a la vía del artículo 14 de la ley 48, por la naturaleza procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o asimilable.

(Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Levantamiento del embargo, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: VARGAS Mario Raúl c/ Bacil Jorge Cesar s/ Incidente de Ejecución de Honorarios Deducido por el Dr. N. M.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-03-26

El embargo de un televisor color de 29" y su consecuente privación en caso de que fuera rematado no causa extrema indigencia al deudor, ni lesiona su dignidad personal, toda vez que por no ser indispensable para la vida familiar es un aparato del cual puede prescindirse y ser suplido satisfactoriamente por otros medios de fácil acceso que proporcionen esparcimiento, información cultural, etc.

Puntualmente se ha dicho que: "Procede el embargo trabado sobre el televisor color cuyo uso no se vincula con la subsistencia decorosa del ejecutado, sino con el placer que los mismos proporcionan".

Aun en casos de duda acerca de la embargabilidad o inembargabilidad del televisor corresponde a quien pide el levantamiento de la medida acreditar exhaustivamente las circunstancias que justifiquen su levantamiento "no cabe atribuir al televisor carácter de bien de uso indispensable, máxime cuando no se ha aducido y comprobado la concurrencia de circunstancias de hecho que permitan considerarlo imprescindible", lo que en el caso no ha ocurrido, siendo dicha omisión decisiva para rechazar la pretensión del incidentista.

Se ha predicado también que hasta el ventilador hace más al concepto de confort que a su necesidad, por lo que no procede levantar el embargo.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUIZZARDI, DOMINGO c/ PLAN OVALO  S.A. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

El sistema financiero que organiza a los ahorristas para la adquisición de automóviles se basa en el aporte mancomunado y el ahorro recíproco, para que, uno como otros puedan financiarse sobre la base de sus propias contribuciones. Para ello, cuentan con la intervención de la entidad receptora de las cuotas, quien no debe limitarse a administrar los fondos recibidos. Debe atender al adecuado logro de la finalidad propuesta, cual es la de entregar las unidades adquiridas a aquellos integrantes del plan que estén para ello en las condiciones reglamentarias debidas; en la oportunidad que en cada caso corresponda, velando en consecuencia por el fiel cumplimiento del objetivo propuesto.
Demanda, notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. c/ E., D.J. s/ Incidente de Nulidad de Notificación en autos "E., D.J. c/ M. L. s/Divorcio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

En la corrección de la notificación de la demanda se encuentra involucrada, fundamentalmente, la garantía constitucional de la defensa en juicio, ya que el demandado podrá o no ejercitar adecuadamente ese derecho según que el emplazamiento haya sido o no, bien realizado.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acciones societarias, derechos de transmisión, precio, fuentes de información, factores atributivos de responsabilidad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

1 - El precio de transferencia de acciones de sociedades cerradas es siempre un quantum transaccional subjetivo, en cuya determinación pesa, desde luego, la ponderación de un valor objetivo como es el de la empresa, pero en el que también inciden otros aspectos distintos para finalmente determinarlo. Por ello, cabe distinguir entre el valor de la empresa, y el precio de transferencia de las acciones (CNCom, Sala D in re "Ghinghis, Benjamin Sergio y otro c/ Teckiel, Victor s/ ordinario", del 12/10/10, entre otros).
Corrupción del funcionario público, jueces, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Ferro, Jorge  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-08

Cabe resaltar el fuerte compromiso que debe existir por parte del Estado Nacional a los efectos de enfrentar hechos de corrupción, en los que habría participado un ex juez federal, con el objeto de esclarecer lo realmente acontecido y así brindar una respuesta jurisdiccional a la sociedad toda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso contencioso administrativo, caducidad, jurisprudencia contradictoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: León, Perpétua Angela Castillo de c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso  Contencioso administrativo (Expte.: C.S.J. Nro. 152 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Corresponde admitir la queja y en consecuencia conceder el recurso de inconstitucionalidad desde que el planteo de la compareciente nos enfrenta con una temática -caducidad de instancia regulada por el artículo 30 de la ley 11330- que oportunamente fue considerada por esta Corte en relación al recurso de casación previsto en la citada ley, concediéndose los diversos recursos deducidos por vía de queja. Y si bien en este caso el remedio interpuesto consiste en el regulado por la ley 7055, luego del examen liminar del mismo - propio de este estadio-, se concluye que la postulación de la recurrente podría configurar igualmente -prima facie- una hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. En el caso, la recurrente puntualiza que la contradicción de los pronunciamientos de ambas Cámaras Contencioso Administrativas ( Santa Fe y Rosario) provoca evidente inseguridad jurídica y una irritante desigualdad de trato para beneficiarios de un mismo organismo.
Doble instancia, sentencia condenatoria, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Tommasi, Julio Alberto y otros c/  s/ causa n° 15710
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

La actividad revisora desplegada por el a quo devino en insuficiente si se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia de mérito sin brindar un razonamiento y una respuesta concreta que rebatiera los planteos de los recurrentes que cuestionaban todos y cada uno de los extremos a partir de los que se infirió su conocimiento de la ocupación de la finca y del que, a su vez, se derivó que conocieron el destino que se le dio al inmueble y que quisieron brindarlo a esos efectos.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, licencia de uso, marcas, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Latin Shoes SA c/ KA Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Procede hacer lugar a la indemnización pretendida por el actor, en tanto se encuentra comprobado que el contrato de "asesoramiento técnico y comercial" que reglaba la producción y distribución de calzado -no deportivo- con cierta marca italiana para el mercado local, fue ilegítimamente suscripto porque la accionada no se encontraba en condiciones de sublicenciar sus derechos a terceros según se desprendía del documento firmado con la titular de la marca. Ello así, la culpa en que la accionante pudo haber incurrido al contratar, representada por una presumible negligente omisión de indagar sobre los términos de la licencia que gozaba la demandada que vedaba la posibilidad de ceder los derechos allí otorgados a su favor, fue desplazada por un actuar doloso de la demandada al ocultarle dicha indisponibilidad o aparentar lo contrario. Es decir, la concurrencia culposa de parte de la actora no tendrá efectos para liberar de responsabilidad o aminorar el débito resarcitorio que deberá afrontar la accionada por falsear su capacidad para celebrar el acuerdo de sublicencia de manera legítima. Esto encuentra razón en que es conocida la regla que señala que cuando la víctima de un ilícito (civil) es cómplice en la imprudencia o es negligente con su actuar en la producción del daño, se sostiene que ambas culpas se compensan; sin embargo, claro está, siempre y cuando la ofensa hubiese sido precedida, acompañada o seguida, en sus consecuencias dañosas, por una imprudencia o por un hecho del ofendido y a condición de que se traten de responsabilidades exactamente iguales, en cuyo caso se compensan y aniquilan. Sin perjuicio de ello, a contrario sensu, cuando el hecho dañoso, tal como ocurre en el caso, se conjuga con un accionar doloso de alguno de los intervinientes con la culpa del otro, esta última resulta irrelevante, habida cuenta que el dolo absorbe a la culpa y la situación resultante se regula exclusivamente en función de aquel accionar intencional (CNCom, Sala A, "Banco Austral SA s/ Quiebra S/ Inc. de revisión promovido por Porcelli, Luis A.", del 20/08/09).
Ejecución de sentencia, juicios contra el Estado, elementos de trabajo, bienes inmuebles, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: AYAN JOSE ANTONIO SEGUNDO c/ MUNICIPALIDAD DE PILAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-21

El art. 68 de la ley 7850 excluye de la suspensión los créditos por daños en cosas que constituyen elementos de trabajo del damnificado,sin aludir a su calidad mueble o inmueble ni exigir que sean necesarios o indispensables para el oficio o profesión del acreedor.

No hay motivo para conceptuar como elemento de trabajo únicamente las cosas muebles; también un inmueble puede caracterizarse perfectamente de igual manera, en la medida que sea útil al hombre para canalizar sus energías espirituales y físicas en la producción de bienes y servicios, vale decir, como elemento de trabajo. Al permitir la ejecución de indemnizar daños que sufran los elementos de trabajo, la que jurídicamente ocupa el lugar de éstos, el derecho ampara al propio damnificado asegurándole las fuentes de su subsistencia, y protege asimismo el interés general que pide el mantenimiento de los medios de producción. En definitiva, el crédito cuya actuación forzada se pretende encuadrar, conceptual y axiológicamente, en la norma del inc. 4to. del art. 68 de la ley 7850, por lo cual corresponde en derecho continuar con la ejecución de sentencia en trámite.-