marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrumentos públicos, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: " GRILLO, Guillermo tilio s/ procesamiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-11

" este Tribunal ha sostenido que a los efectos de considerar a un documento como público "basta que el papel tenga el carácter de documento, que por sí mismo traiga los signos de autenticidad oficial, que haya sido expedido de conformidad con preceptos que regulen su otorgamiento y, finalmente, que lo extienda el funcionario competente dentro de la esfera de sus facultades" (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Tea, Buenos Aires, 1992, p. 424, quien explica que es razonable leer el artículo 979 en su segundo inciso de esta manera, aunque el autor no circunscribe su interpretación del concepto de documento público a la ley civil) (conf. causa n° 43.422 "Funes", Reg. n° 1284 del 17/11/09)". "Esto lleva a la conclusión de que los instrumentos públicos, en virtud de esa autenticidad que les da el funcionario y las formas, hacen fe de sí y de su contenido, esto es, gozan de la fe pública o confianza general;

corporizan y acreditan la existencia del hecho, erga omnes y en todo el país" (Baigún y Tozzini, op. cit., p. 72. En un sentido similar ver Carlos Creus, Derecho Penal -Parte Especial-, Tomo 2, 5° edición, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 418] (causa n° 43.422 ya citada)". "Son, entonces, condiciones necesarias y suficientes para denominar a un documento como público el hecho de que: "a) que sea autorizado por funcionario competente; b) que éste obre en el ejercicio de sus funciones; y c) que se otorgue con las formalidades legales" (David Baigún y Carlos A.

Tozzini, op. cit., p. 75-76) (causa n° 43.422 ya citada)". Entre los signos de autenticidad referidos, resulta fundamental el de la firma del funcionario que lo extiende o lo legaliza". "Al respecto, dice Soler que "debe computarse como documento aquello que lleva en sí mismo esa forma autentificadora independiente, de manera que el documento en sí, además de su tenor, encierre autenticidad. Por este motivo, no es documento una copia no firmada, una mera reproducción gráfica de algo que originariamente es un documento" (aut. y op. cit., pág. 419) (ver causa n° 40766 "Frau", Reg. n° 1373 del 15/11/07)".

"Y también, Creus sostiene idéntica solución, al decir que "la copia simple de los documentos públicos, es decir, aquella a la que no se le han agregado los signos de autenticidad legalmente requeridos, no es objeto material del delito" (aut. y op. cit.

pág. 459) (causa 40766 ya citada)". "Así también lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal, al expresar que "...una simple reproducción fotostática sin ninguno de aquellos signos, no carga sobre sí con el bien jurídico tutelado, y por ende no es materia de tutela en el ámbito represivo penal" (voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría- Sala IV, causa n° 2601 "Ruíz, Silvia", Reg. n° 3499.4 del 05/07/01) (causa 40766 ya citada)".
Falta de personería, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL NEUQUINA DE LA UNION DE TRANVIARIOS AUTOMOTOR NEUQUEN c/ TRANSPORTES RINCON S.R.L. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-27

Es improcedente la excepción de falta de personería, fundada en que el apoderado no acompañó con el testimonio de mandato, copia del contrato social de la sociedad que representa y tendiente a acreditar que quien le otorga mandato por ella, estaba autorizado para hacerlo, pues la idoneidad de los títulos que ante el escribano exhibiera el poderdante se presume, dado el carácter de dicho funcionario público.
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias del juez, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: MULTIPUERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Nuestro ordenamiento procesal encomienda al juez, en su carácter de director del proceso, imponer ciertas sanciones con el fin de evitar conductas desleales y contrarias a la probidad y buena fe que ha de regir en el desarrollo normal de un pleito (conf. Kielmanovich, Código Procesal Comentado y Anotado, Lexis Nexis, 2006, t. I, p. 130; Lino E. Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis, 2005, p. 233; y otros). Por eso, en este terreno, cualquier planteo en torno de la virtual legitimación para solicitar que se apliquen esas sanciones resulta, en última instancia, casi insustancial, ya que se trata de una potestad que la ley pone en manos del juez sin necesidad de que su ejercicio se encuentre precedido de una petición de las partes o de otros sujetos vinculados con el proceso o, incluso, de algún órgano del ministerio público.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, señales de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Zoccolillo Bonada Arian Marcos c/ Geraci Emiliano Matías y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales s/ Daños Derivados de Accidentes de Tránsito P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-04

En materia de accidentes de tránsito y señales de tránsito, la señal de PARE es imperativa; cumple una función análoga a la del semáforo en rojo, ya que es obligatorio detenerse totalmente antes de la encrucijada, sin invadir la senda peatonal y aunque nadie circule por la transversal
Incapacidad permanente, indemnización, plazo, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Georgion, José Manuel c/ Transportadora de Gas del Sur S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-07-29

En el subexámine, no se han cumplido los recaudos para saber en que momento el daño se consolidó, pues no se acreditó la primera manifestación invalidante como punto de partida de la indemnización laboral temporaria y debe estarse por lo tanto, al momento en que se determina la producción del daño, para comenzar a contarse el plazo de prescripción de la Ley 24.028. En el caso no pudo saberse con certeza el momento en que se descubre la sordera del actor.
Subasta judicial, publicidad registral, publicación de edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: MORENO, Norberto Venancio c/ IGLESIAS, Julio s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

La publicidad de la subasta no se encuentra limitada a los edictos, sino que es posible por otras vías, supeditadas a la previa autorización del Tribunal, sin que pueda quedar ello librado a la exclusiva voluntad del martillero, una vez puesto en marcha el mecanismo de la subasta judicial y cuando ya podía inferirse, al haber sido denunciado el monto necesario para afrontar los gastos, que no superaría el porcentaje establecido por el art. 567 del Código Procesal, por cuanto, además, tal publicidad debe ajustarse a los requisitos del art. 566 de ese cuerpo legal. Comprobados tales extremos, debe prevalecer la falta de autorización del magistrado por sobre la escasa importancia de esos gastos con relación a la base de subasta, debiendo, por ende, quedar a cargo del martillero.-
Calificación legal, reformatio in pejus, cosa juzgada, tenencia de armas de guerra, municiones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NUÑEZ Alejandro L. s/ tenencia de armas de guerra, explosivos y   robos reiterados Causa  nro. 10.866
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

El cambio de calificación de delito continuado a reiteración delictual no sólo conlleva la tacha ética ínsita en la declaración de que el procesado no es autor de un hecho, sino de varios, sino que podría ocasionarle un perjuicio de naturaleza penal si se descubriera otra acción relacionada con aquellos y contemporánea a los hechos en concurso, sobre lo cual podría oponer excepción de cosa juzgada, circunstancia que no se produciría de mantener la calificación de la anterior instancia. La modificación de la calificación legal conlleva la incorporación de un hecho de tenencia de municiones correspondientes a armas de guerra que podría tener implicancias en el sentido apuntado.
Recibo, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GILARDI, Aída Magdalena c/ JOURDAN, Aldo Roque y TREVISAN, Rubén Aníbal s/ Dif.salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-05

La sola omisión de las constancias del depósito de los aportes y contribuciones previsionales -artículo 12 de la Ley 17.250-, no es suficiente en la especie para descalificar el recibo cuando éste correspondía, según la empleadora, al primer mes de sueldo que se pagaba, lo que hace a la inexistencia de aquél depósito.
Sociedades comerciales, intervención judicial, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Soteras, Oscar Nestor c/ Colonia Oeste S.A. s/ Medidas Cautelares y Diligencias Preliminares Cautelares y Diligencias Preliminares
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-04-07

La intervención judicial de sociedad, como cualquier medida precautoria, se halla vinculada a una acción principal: la solicitud carece de autonomía. Nunca constituye un fin por sí misma, sino que está ineludiblemente preordenada a la emanación de una ulterior providencia definitiva, en previsión de la cual se dicta, es el carácter que más netamente distingue la providencia cautelar de la llamada declaración de certeza. De allí que, no existe juicio de intervención judicial de una sociedad; sino que consiste en un incidente planteado como accesorio dentro del juicio en que se persigue la remoción judicial del administrador. Es del caso señalar que, si bien el artículo 195, primera parte del Código Procesal dispone que las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que debe entablarse previamente; esta norma rige en el caso de las sociedades, donde se advierte una excepción a la regla general, ya que la cautelar no puede reclamarse antes de plantear la acción principal, pues el artículo 114 de la ley de sociedades impone entre los requisitos, que se haya promovido la acción de remoción, lo que implica que puede reclamarse después de iniciada la demanda o juntamente con esta. Ello se justifica por cuanto la intervención judicial constituye una medida grave, por lo que debe proponerse con la acción de remoción de administrador por justa causa o una vez incoada la misma, para que la medida precautoria sea despachada.
Excepción de pago, prueba documental, falta de prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VON FEHLEISEN, CELESTINO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

Respecto a la excepción de pago contemplada por el art. 506, inc. 3) del C.P.C.C., la doctrina ha sostenido que la misma se probará por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlo (doc. art. 507). Es decir, el pago debe ser documentado (cfr. Finochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Concordado", T. II, pág. 625). En consecuencia, no surgiendo del expediente constancia alguna que avale los dichos del accionado, la excepción debe ser desestimada.
Honorarios, juicio de apremio, intereses
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO     CSJ EXPTE NRO 432-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-13

Corresponde reconocer intereses en el apremio, atento a que la Administración se encontraba en mora respecto del pago de honorarios.
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, juicio, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, MARCELO IGNACIO c/  s/ 1. APELACION DECRETO (DEL 16/09/15 QUE CLAUSURA EL PERIODO PROBATORIO Y DECLARA INADMISIBLE LA PRETENSION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y SOBRESEIMIENTO) 2. APELACION DECRETO (DEL  9/10/15 QUE NO HACE LUGAR A LA TRAMITACION DE LA APELACION INTERPUESTA POR LA DEFENSA DEL JUSTICIABLE POR VIA INCIDENTAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

Si bien la defensa interpone el presente recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Alzada que entendió que resultaba inapelable el rechazo de la solicitud de sobreseimiento por prescripción de la acción penal efectuada en primera instancia, y del artículo 11 de la ley 13004 (aplicable a partir del comienzo del período de transición a los recursos de apelación de todas las causas iniciadas con anterioridad y no radicadas en la Cámara para esa fecha) surge que tal resolución resulta apelable, por cuanto no es sentencia definitiva pero causa un gravamen de imposible reparación ulterior; es preciso tener presentes las especiales circunstancias de la presente causa, ya que se trata de un proceso penal donde se procura determinar las eventuales responsabilidades penales por las graves consecuencias personales y materiales derivadas de la inundación que tuviera lugar en la ciudad de Santa Fe en 2003, habiendo transcurrido nueve años sin que haya recaído sentencia de primera instancia, con las consecuencias que tales circunstancias implican no sólo para las víctimas o familiares, sino también para los propios imputados, lo que impone la necesidad de realizar el mayor esfuerzo posible para avanzar hacia la finalización del proceso, poniendo fin a la presente situación de incertidumbre. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13004, artículo 11.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, representación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Ed. Fiorito c/ Leiva de Simo, Adelina s/ Ejecución de expensas. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

No resulta definitiva a los efectos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial la decisión que deja sin efecto la resolución que había declarado la nulidad de lo actuado por el gestor y tiene por cumplida con la manda del art. 48 del mencionado Código, no siéndolo tampoco lo decidido respecto a la imposición de costas, dado su carácter accesorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERRERO, EDGARDO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

El A quo señaló -siguiendo la doctrina de esta Corte- que la determinación de un plazo relativamente breve para que opere la caducidad -3 meses- no puede tildarse de irrazonable o inconstitucional ya que los actos de la administración no pueden quedar expuestos a la eventualidad de su anulación por un tiempo extenso, estableciéndose un término relativamente pequeño a fin de evitar la incertidumbre continua que podría lesionar la seguridad jurídica; afirmaciones que no han sido desacreditadas por los comparecientes, que insisten en planteos ya efectuados tratando de hacer prevalecer un distinto criterio interpretativo tachando de inconstitucional normas cuyas aplicación resultó adversa a sus intereses. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gastaldi y Erbetta)
Contratos, rifas
Materia: CIVIL
Carátula: GRANDIN TERESA DOLORES c/ CLUB ATLETICO SAN LORENZO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-06

Las expresiones ambiguas o dudosas del contrato, deben interpretarse en contra de la parte que las redactó o escribió pues estando en sus manos darles un sentido claro y preciso, debe cargas con las consecuencias de su negligencia y tal es el caso donde el actor no manejaba la variable del incumplimiento de lo establecido por la autoridad administrativa en relación a la individualización del automotor objeto del sorteo, extremo este en el que pretende ampararse la recurrente para eximirse de las obligaciones a su cargo, por aplicación en su entendimiento de lo establecido en el art. 893 del Código Civil. Por lo que pesaba sobre esta última parte la carga de la prueba sobre la que se asienta su postura.
Sucesiones, transmisión del dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Gómez, Víctor A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La sucesión, por ser universal, produce la adquisición del conjunto de titularidades del difunto en forma instantánea, y sin presuponer los modos de adquirir a título singular.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rosenfeld, Ana Mirta s/ Queja por recurso de apelación ord. denegado en: 'GCBA  c/ Rosenfeld, Ana María s/ ej. fisc. - plan de facilidades'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

La ejecución fiscal dispuesta no alcanza al valor mínimo establecido por la ley para habilitar el recurso ordinario de apelación ante el Tribunal.
Acción de amparo, carácter excepcional, Administración Pública, vías de hecho, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Si quedara reducida la protección brindada por el recurso de amparo al supuesto más que excepcional de una Administración actuando en una vía de hecho, como las hipótesis de autoridades actuando en este campo son reducidísimas, ello implicaría la casi segura desaparición del remedio. Por lo demás, en muchos casos, por no decir habitualmente, la Administración puede ocasionar grandes lesiones a derechos esenciales sin necesidad de un comportamiento positivo, de una conducta activa, sino por una omisión por medio de una conducta omisiva. Y tampoco puede ignorarse que la vía de hecho pueda derivarse de la irregularidad que ostentan ciertos actos administrativos (incompetencia absoluta) que derivan no de la actividad material sino del acto administrativo que se ejecuta.

(De la ampliación de fundamentos del Dr. Barraguirre).
Movilidad del haber jubilatorio, congelamiento de haberes, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PONZINO, MARIA E. s/ JUBILACION ALVAREZ PEREYRA, MANUEL A. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-21|1978-10-24

Es inconstitucional el artículo 15 de la ley 17310 toda vez que la congelación de haberes dispuesta por dicha norma legal implica una inmovilidad absoluta por plazo incierto, contrariando las garantías consagradas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. (En igual sentido: CSJN., 11 de diciembre de 1975, "Helguera de Rivarola").
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cardozo, Silvia Beatriz s/ Defraudación   por  administración  fraudulenta  en  grado  de  tent.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Resulta oportuno el recurso extraordinario si tal resolución - que rechazó un planteo previo de la defensa - no constituía - cuando fue emitida - sentencia definitiva que habilitara la vía intentada, pues sólo podría invocarse entonces contra ella un agravio futuro o conjetural que luego se concretó con la condena.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito prendario, inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHCOLNIK s/ CONCURSO  S/  INC.  DE  REVISION  POR  RIO PARANA CIA. FINANCIERA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-13

Procede verificar con graduación privilegiada, el crédito dotado originariamente de garantía prendaria, aún en el supuesto de haberse omitido la inscripción en el registro correspondiente, de la refinanciación del mismo. El art. 22 de la ley 22510 (refinanciación de deudas de empresas del sector privado), faculta al organismo acreedor para inscribir directamente en el registro prendario las modificaciones que hubieren sido hechas al convenio original, más no prevé que la omisión de dicha anotación importe la caducidad de la garantía.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Caferra, Héctor Arnaldo c/ Laboratorios I.Q.P. S.R.L. s/ Indemnización por despido. ley 24013
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Basta, a los fines de identificar la dependencia jurídica con la posibilidad de que el titular de la organización empresaria, ajena al trabajador, determine la prestación de servicios y actúe el poder disciplinario del que se encuentra investido. Extremo que posee especial relevancia de cara a un trabajador especializado -director técnico de un laboratorio- que se desempeñaba con importantes márgenes de autonomía en aspectos técnicos y de organización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, cesantía, daños y perjuicios, recurso contencioso administrativo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, RICARDO GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Teniendo presente que la pretensión del actor está exclusiva y excluyentemente dirigida al resarcimiento de daños y perjuicios derivados del acto administrativo que dispuso su cesantía; y que en su oportunidad la Cámara de lo Contencioso Administrativo ya juzgó dicho acto y declaró su ilegitimidad ordenando la pretendida reincorporación del actor pero respecto de la pretensión de reconocimiento y pago del daño moral, declaró la inadmisibilidad en función de la naturaleza revisora de la instancia (por tratarse de un aspecto no reclamado previamente en sede administrativa); cabe concluir que -aún cuando la pretensión patrimonial pudiera tener derivación de una relación de empleo público- para resolver la cuestión de su procedencia no es menester indagar en el ordenamiento jurídico administrativo, por lo que corresponde remitir la presente causa al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 90, p 443; T 206, p 466; T 131, p 386. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 7 in fine
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Salado Navarro, Isabel Ercilia; Salado Navarro, María Cristina y Salado Navarro, Luis Raúl c/ Edecat S.A. s/ Cumplimiento Contractual y Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-26

El recurso de casación, como vía de excepción, sólo es susceptible de habilitar la instancia extraordinaria en aquellas decisiones que cancelan todas las vías hábiles para cuestionar el derecho que se pretende que sea reconocido judicialmente, por lo que mientras la cuestión pueda renovarse en otro juicio, no puede tenerse un pronunciamiento por definitivo. La definitividad a que alude el Art. 288 se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo.
Divorcio, abandono del hogar conyugal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Moreno Norma Beatriz c/ Pantano Italo Alberto s/ Divorcio - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-07-31

Si bien el abandono se presume "iuris tantum" voluntario y malicioso, incumbe al cónyuge que se aleja acreditar que tiene causas legítimas y valederas para haber adoptado tal actitud.