Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-04


000447/2010 --- Trelew, de octubre de 2.010.- --- Y VISTOS: La resolución de fs. 169/170vta, el recurso de apelación de fs. 172, su concesión a fs. 173 en relación y con efecto suspensivo, el memorial de agravios de fs. 174/179vta; y CONSIDERANDO: .

I.- La resolución de fs. 169/170vta. decidió rechazar la solicitud de levantamiento de la inhibición general de bienes decretada en autos (fs. 22), impuso las costas al incidentista y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para ello consideró, sucintamente, que: a) es errónea la afirmación del incidentista respecto de que el plazo de la inhibición general excedió el establecido al momento de su dictado, debido a que se mantiene hasta que quede cumplido el objeto de su traba, consistente en el resguardo del patrimonio del cónyuge que las peticionó; b) la sentencia de divorcio es la única variación producida en las circunstancias de hecho y derecho consideradas al momento de su dictado; c) ello no habilita el levantamiento de la medida cautelar, dice el magistrado, sino que refuerza su mantenimiento, pues por la disolución de la sociedad conyugal, cualquiera de los ex cónyuges, que antes tenía un derecho eventual a participar de los gananciales adquiridos por el otro, ahora puede requerir que se concrete esa expectativa por la partición de los bienes comunes existentes al tiempo de la disolución.

Agrega el magistrado de grado que: d) si bien el vehículo en cuestión ha sido adquirido con posterioridad a la disolución de la comunidad de bienes, operada de pleno derecho con el dictado de la sentencia de divorcio, firme, ello no implica que el rodado revista calidad de bien propio; e) no puede descartarse, con el grado de apariencia necesario para resolver en este estadio, que el vehículo haya sido adquirido -dice el juez "a quo"- con los frutos y productos de bienes gananciales que deban ser partidos; f) correspondía al afectado aportar los elementos de juicio tendientes a justificar la improcedencia del mantenimiento de la medida, acreditando sumariamente los bienes sujetos a partición para analizar la sustitución de la inhibición general de bienes por otra medida.

Indica también el sentenciante que: g) tampoco son atendibles los argumentos del incidentista, en el sentido de que la sustanciación del pedido de levantamiento de la medida no fue objetado por la contraria; h) siendo una medida cautelar que es mantenida luego de dictada la sentencia de divorcio, no corresponde fijar un plazo de caducidad para que se promueva la liquidación de la sociedad conyugal, en función de que ambas partes están habilitadas para hacerlo.

Contra esta decisión se alza el incidentista y a fs. 174/179 expresa agravios respecto del rechazo del pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes y la imposición de costas. En lo fundamental, indica que se agravia por no haberse hecho lugar al levantamiento de la inhibición general de bienes en relación al bien propio adquirido luego de la sentencia de divorcio y la imposición de costas.

La recurrente invoca la opinión de diversos autores, expresadas en términos generales; indica los párrafos de la sentencia que considera equivocados pero sólo esboza un razonamiento de crítica a la subrogación real del bien.

Expresa, en lo que podría considerarse pertinente, que: a) la virtual existencia de la subrogación real de derecho o de bienes gananciales en otros bienes debe ser probada por quien pretende que dichos bienes sean gananciales; b) los bienes adquiridos antes de la existencia de la sociedad conyugal, o con posterioridad a la disolución, deben ser considerados como propios; c) la presunción de ganancialidad es temporal y siempre correlacionada a la existencia de la sociedad conyugal; d) los bienes adquiridos luego de disuelta la sociedad conyugal se presumen propios y será la parte que trabó la medida cautelar a quien le compete probar que dicho bien es ganancial; e) se solicitó el levantamiento de la inhibición general sobre el bien propio demostrando su carácter con la fecha de inscripción y porque al correrse traslado la parte que trabó la medida nada dijo al respecto; f) pesa sobre la parte que obtuvo la medida cautelar el inicio de la liquidación de la sociedad conyugal; g) no puede pretenderse mantener la cautelar en forma indefinida, sino entraríamos -dice- en un período de sospecha pos-comunitario durante el cual no regirían caducidades y se invertirían las presunciones extendiendo ganancialidad luego de la disolución de la sociedad conyugal.

--- II.- Así planteada la cuestión, corresponde rechazar el recurso.

1. La decisión del magistrado de grado que se cuestiona, a mas de hacer referencia al rol que la inhibición general de bienes cumple respecto de la disolución de la sociedad conyugal, se asienta en cuatro ejes centrales.

Uno está referido a la posible subrogación real del bien en cuestión y la dilucidación del origen de los fondos empleados para su adquisición. Otro, se refiere a la carga que tenía el afectado por la medida cautelar, de justificar la improcedencia de su mantenimiento en las circunstancias de autos.

El tercer argumento del juez "a quo" es la improcedente pretensión del incidentista, de que la sustanciación del levantamiento de la cautelar no fue objetada por la contraria. El último eje argumental tiene que ver con el plazo de vigencia de esta medida de seguridad y la posibilidad de que cualquiera de las partes promueva el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal.

2. El recurso que se examina, por el contrario, no aporta elementos que permitan dejar de lado las razones del tribunal de grado. La recurrente se ha limitado a exponer la opinión general de distintos autores, parafraseando, sin efectuar una crítica concreta y razonada del caso particular (art. 268 y 269, ley XIII nº 5).

Sólo indica respecto de la subrogación real del bien automotor en cuestión, que su virtual existencia debe ser probada por quien pretende que dicho bien sea ganancial.

Pero este argumento, analizando de manera integral los arts. 1266, 1271, 1273 y 1295 del Código Civil (conf. LOPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2008, T. II, p. 1106) con el funcionamiento concreto de las medidas cautelares, fundamentalmente respecto a la "provisoriedad" de las mismas según el art. 204 de la ley XIII nº 5, no puede ser atendido en las circunstancias actuales de autos.

Es que, estando promovido y resuelto el divorcio (expte. nº 495 de 2008 del Juzgado de Familia nº 3 de la Ciudad de Rawson, sentencia registra bajo el nº 588 de 2007, por cuerda), aún debe considerarse verosímil el derecho del cónyuge accionante para pedir medidas precautorias tendientes a asegurar sus derechos hasta tanto se decida y efectivice la disolución de la sociedad conyugal (conf. BOSSERT, Gustavo A. - ZANNONI, Eduardo A., "Manual de derecho de familia", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, § 211, § 217 y sig., § 323,§ 338-339); disolución que hasta la fecha, según lo indica el juez de la instancia inferior, no se ha concretado. Y cabe tener presente que estas razones no han sido objeto de embate idóneo.

3. La jurisprudencia es clara en relación a la caracterización de los bienes adquiridos con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal y la admisibilidad y procedencia de medidas cautelares consecuentes. Así, la Cámara de Apelaciones Civil de Mar del Plata, Sala I, en la causa " C., M. del C. y, , A. R. s/ Divorcio mutuo consentimiento" (sentencia del 06/03/1989, en JUBA, sum. B1350800), indicó que "de la misma manera que los bienes adquiridos durante la comunidad, pero por un título anterior al matrimonio, son propios del cónyuge que los adquirió, los adquiridos después de disuelta, pero por un título que data del matrimonio, pertenecen a la comunidad". - También se ha dicho que "el carácter de propio o ganancial de los bienes, no proviene de lo que las partes acuerden o el Juez determine, sino de las disposiciones de la ley que establece el régimen de la sociedad conyugal y determina su carácter, siendo ello un régimen de orden público" (Cám. Apelaciones Civil de Dolores, 03/04/1993, "B. de F., A. c/ F., A. s/ Separación de bienes", en JUBA. sum. B950144).

Y por ello se justifica que "en todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor (...) podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o gravar sus bienes" (Cám. Apelaciones Civil de Trenque Lauquen, 16/10/1986, "Rusansky de Slavobik, Ana c/ Slavobik, Isaac s/ Medidas cautelares", en JUBA, sum. B2200342), pues "si bien de acuerdo con la ley, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo o por cualquier otro título legítimo, habría una prevalencia en favor del marido cuando no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuera dudosa (art.1276 C.C.), y aún no tratándose de este último caso, la experiencia indica que es el marido quien se encarga de la administración de todos los bienes.

Por ello, las medidas preventivas en favor de la esposa deben analizarse con un criterio más amplio, tratándose de evitar que sea despojada de lo que legítimamente le pertenece" (in re "Rusansky de Slavobik", JUBA sum. B2200343).

4. Frente a las constancias de autos, entonces, sólo cabe concluir que los cuatro ejes del fallo dictado por el juez "a quo" están, pues, incólumes. La recurrente no se ha hecho cargo en absoluto de las conclusiones sentenciales.

Por lo demás, tampoco se advierte ni se demuestra que la decisión recurrida sea arbitraria, ni contraria a derecho; mucho menos que el trámite del proceso deje en evidencia una afectación al derecho de defensa, en tanto que el incidentista ha podido invocar, acreditar o justificar lo que consideró que, por derecho, le correspondía.

En relación a las costas, la recurrente nada ha expresado y no corresponde por lo tanto expedirse al respecto.

III.- En suma, el recurso no satisface la carga técnica del art. 268 de la ley XIII nº5, en tanto el incidentista recurrente no ha desarrollado una crítica concreta y razonada de las argumentos fundantes de la sentencia del magistrado de grado, no hubo un embate idóneo y corresponde, consecuentemente, que se declare desierto el recurso (art. 269, ley XII nº 5; conf. FENOCHIETTO, Carlos E., "Código procesal civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, 7ª ed., comentario al arts. 260 y 261).

En forma reiterada esta Sala tiene dicho que la expresión de agravios debe consistir en una articulación que patentice de manera concreta, objetiva y fundadamente los pretensos errores del fallo recurrido, demostrándolos punto por punto (esta Sala SDC. Nº 18 de 1999; SIC. Nº 09 de 2000; entre muchas otras). Dicho de otra manera, la expresión de agravios debe ser razonada, y para ello se debió enunciar de manera concreta y precisa los pretensos errores de la sentencia en cuestión y demostrarlos (conf. AZPELICUETA, Juan J. - TESSONE, Alberto, "La alzada. Poderes y deberes", Ed. Platense, La Plata, 1994, p. 23 y sig.).

La pieza en examen, en lo que se lleva dicho, no sólo no satisface esos recaudos sino que dirige contra la sentencia alegaciones generales que sólo patentizan una interpretación subjetiva del incidente. - III.- En consecuencia, por la forma en que se resuelve las costas se impondrán al incidentista perdidoso (art. 70, ley XIII nº 5).

En relación con las tareas de la Dra. H. T., atento la inoficiosidad de sus tareas, no corresponde regular honorarios (arts. 3 y 6 Ley XIII nº 4; STJ. SI. Nº 89; esta Cámara SDC. Nº 17 de 1995; SDL. Nº114 de 1995 y nº 35 de 1997; esta Sala SIC. Nº 143 de 1999 y nº 275 de 2009, entre muchas otras).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew; RESUELVE:

Declarar desierto el recurso de fs. 174/179vta.

Imponer las costas al incidentista perdidoso.

No regular honorarios en atención a la inoficiosidad de la tarea recursiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL Nº ___________ DE 2010. SIF. CONSTE.

JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO