Proceso contravencional, requerimiento de elevación a juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Zenteno, Sonia s/ art. 83 CC (Ley 1472). Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

El artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional describe los requisitos formales que debe contener el requerimiento de elevación a juicio en el que el Fiscal debe describir y tipificar el hecho. Ahora bien, la ley de procedimiento contravencional no contempla la forma de actuación del Representante del Ministerio Público Fiscal, como sí lo establece el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación (de aplicación supletoria, artículo 6 Ley de Procedimiento Contravencional) en el que prescribe que "los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos".

La esencia de dicho acto es la imputación de la conducta ilegítima, de modo que ella debe encontrarse asentada por escrito, sea que el Fiscal presente el requerimiento en una pieza escrita -como se ha exigido en el Plan Piloto llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, según surge del Informe evaluativo del plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata, formulado por el Inecip, ya citado, nota 7-; sea que, formulado oralmente, conste su transcripción en el acta labrada, al menos en sus partes principales, entre las cuales se encuentra sin duda alguna, la descripción del hecho contravencional que se le atribuye.

En el caso se observa que el acta que da cuenta del requerimiento fiscal , si bien deja constancia de la pena solicitada, no describe siquiera mínimamente el hecho imputado, sino que se limita a consignar que "el fiscal efectúa requerimiento de juicio artículo 44 contra la imputada por el hecho ocurrido el 6 de noviembre pasado.

Encuadró la figura en el artículo 83 Código Contravencional...", sin perjuicio de su completa registración en un disco compacto. Esta atípica modalidad asumida ha tenido consecuencias en el debate, en el cual el Juez debió, por un lado, recurrir al audio de la primer audiencia para recordar al imputado el hecho atribuido, y por otro, a la lectura de la pena solicitada que sí constaba en el acta, desdoblando así un acto jurídico único.

Es por ello que, las grabaciones de los juicios deben ser entendidas, como un complemento de las actas, pero no como un sustituto de aquéllas, debiendo contener las partes esenciales de los actos procesales que dan cuenta, máxime cuando se oralizan actos que, conforme el procedimiento vigente, se efectúan por escrito.

Esta pretensión lejos de representar un mero capricho que impida el logro de los objetivos que los modernos y esclarecidos operadores persiguen, es decir: la celeridad, la sencillez y la eficiencia en la solución de conflictos, debe entenderse como un modo de resguardo del debido proceso legal.

En efecto, resulta difícil advertir que es lo que se perdería reconociendo esa exigencia y fácil reconocer lo que se gana. En esta línea de pensamiento, lo que se trata es que los actos más sensibles del proceso, es decir, aquéllos vinculados con los derechos y garantías constitucionales, no puedan dejar duda alguna acerca de su cabal cumplimiento, teniendo en cuenta que la atribución de la conducta en aquel acto fija la plataforma fáctica del debate, permitiendo ampliamente el ejercicio del derecho de defensa en juicio y la verificación del respeto al principio de congruencia.