marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos de la apertura, actos de administración, concursado, sociedad anónima, intervención de sociedades, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERWAL SA S/CONCURSO PREVENTIVO S/INC. ART 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde confirmar la resolución de grado que ordenó la intervención -en grado de coadministración- respecto del órgano de administración de la sociedad concursada, en los términos de la LCQ 17. Ello así, en razón de la imposibilidad de contar con los libros de la sociedad referida por el órgano sindical, resultando insuficientes las explicaciones al respecto en tanto resulta inconsistente que frente a un eventual extravío no haya sido radicada la correspondiente denuncia. Tampoco es satisfactoria la explicación referida a pérdidas de documentos y archivos por desalojo, sin la acreditación de una denuncia o, en su caso, algún extremo que evidencie su imposibilidad de llevarse tales pertenencias al dejar el inmueble. Con el agregado que existe un lapso de tiempo en que se carece de toda información respecto de la marcha de la sociedad concursada y respecto de cierto activo existente a dicha fecha del cual se desconoce su composición actual. Todo ello impide la realización de los informes mensuales del órgano sindical necesarios para el control que debe ejercer el Magistrado del concurso.
Programa de urbanismo social, políticas públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, Noemí Gladys. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-02

El GCBA debió probar que no sub-ejecutó las partidas correspondientes a los programas de vivienda, o bien que esas partidas ya habían sido asignadas a otros beneficiarios, o bien acreditar que priorizó la atención de políticas públicas destinadas a la protección de los derechos y dar razones suficientes para habilitar un juicio de ponderación entre las distintas políticas públicas involucradas (voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Leone, Realdo c/ Poncino, Hedsel Oscar s/ Indemnización por daños y perjuicios Federico, Adalberto Pedro c/ Witcel S.A. s/ Ley 9688 art. 212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06|1994-02-22

Determinar la pauta de actualización de los valores depreciados por el envilecimiento del signo monetario constituye cuestión privativa de la instancia ordinaria e irrevisible en casación.
Contratos administrativos, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Visor Consultora S.R.L. c/ Comisión Especial Ley 2312 y/o Provincia de Río Negro s/ Ordinario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-07-11

De las constancias obrantes en la presente causa surge que, en la contratación invocada -Informatización del Registro de la Propiedad Inmueble- no se observaron los procedimientos pertinentes, en tanto el acuerdo en cuestión, fue firmado en representación de la Comisión Ley 2312, sólo por su Presidente, no habiéndose ratificado, o al menos acreditado tal ratificación por la "Comisión Especial Ley 2312". La prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para la conclusión de un determinado contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia.

Esta condición que se impone ante las modalidades propias del derecho administrativo, concuerda con el principio general también vigente en derecho privado en cuanto establece que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no estuvieren en la forma prescripta (arts. 975 y 1191 del Código Civil).
Requisa personal, estado de sospecha, falta de orden del juez, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Carbonero, C. A. s/ Inc. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Es irregular la requisa personal efectuada por personal policial sin orden judicial, cuando de las actuaciones no surja que haya existido acción externa alguna que constituyera motivo de sospecha.
Defensa en juicio, derecho a ser oído, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Provincial de Santa Fe c/ Marconetti, Juan José y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ejecutiva y medida de   aseguramiento de bienes. Incidente de nulidad (Expte CSJ Nº 428- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

La necesaria interrelación entre el derecho de defensa y el debido proceso, reconoce la dificultad que implica intentar una conceptualización de este último. Pero Couture, abordando la cuestión en su desenvolvimiento lógico, asevera que sería inconstitucional una ley que instituyera una forma de proceso que privara al individuo de una razonable oportunidad de hacer valer su derecho; y -en términos muy generales- se ha dicho que esta garantía consiste en: a) que el demandado haya tenido debida noticia; b) que se le haya dado una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus derechos, incluso el de declarar por sí mismo, presentar testigos, presentar documentos relevantes y otras pruebas; c) que el tribunal ante el cual los derechos son cuestionados esté constituido de tal manera que dé una seguridad razonable de su honestidad e imparcialidad; d) que sea un tribunal competente.
Asegurador por riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GANDARA JUAN CARLOS c/ Provincia ART y otro s/ Ley 24557 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-13

La patología -diagnóstico de Lumbociatalgia aguda- denunciada por el actor que declara haber padecido en el entorno laboral atribuido a las actividades desarrolladas- chofer de ambulancia y encargado de levantar la camilla-, no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales y por lo tanto no resulta resarcible. La ley es clara y taxativa al disponer qué contingencias reciben su protección, por lo que en el caso de que el interesado pretenda que la patología invocada sea cubierta por el régimen de la Ley 24.557, deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art.6; Inc. 2 Pto b), Ap. i) y ii) y 2.c) del citado cuerpo legal y decreto N° 1278/2000.
Contratos administrativos, licitación pública, contrato de obra pública, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bun, Luis Felipe c/ Municipalidad de Colonia Santa Rosa s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-09

Si las partes se sujetaron a un régimen jurídico determinado, las cuestiones deben resolverse con apego a las especiales previsiones contempladas en las normas del pliego de bases y condiciones.

El voluntario sometimiento del ofertante a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior en el caso, imposibilita el reclamo de los conceptos que la norma excluye.

Los contratos administrativos, entre los cuales el de obra pública se erige como su mejor exponente, constituyen una muestra acabada de las limitaciones o morigeración a la autonomía del contratista, ya que las reglas fundamentales de la contratación (proceso licitatorio, pliegos generales y particulares, pliego de especificaciones técnicas, tablas de cantidades, memoria descriptiva, planos, etc.) se encuentran programadas sin posibilidad de ofrecer un gran disenso.

La sujeción de la licitación pública al derecho implica no sólo la observancia de la ley formal, sino del ordenamiento jurídico todo.

La inclusión del impuesto al valor agregado en contra de lo establecido por el pliego general de la contratación hace improcedente el recupero que se reclama.

Los antecedentes de la causa no acreditan que las obras complementarias fueron impuestas por la entidad contratante ni definidas por acuerdo de partes; por lo demás, no se cumplió con el aumento de la garantía del contrato (art. 82 de la Ley 6838) ni se observó, en lo atinente a la ejecución, lo establecido por el Título I Capítulo V de la citada ley y su reglamentación (art. 95 del Decreto Nº 1448/96). De esa forma, los montos que se demandan por la extensión de la red de gas y por la relocalización de las cámaras reguladoras más IVA- no cuentan con base normativa o convencional, lo que hace inatendible el reclamo.

La rescisión contractual ha imposibilitado la culminación y recepción de las obras y la emisión del certificado final de cierre, documento en el que se analiza que las cantidades de obras que se liquidan coincidan con las ejecutadas, de acuerdo a las previsiones del contrato. En ese instrumento se asientan también los créditos y débitos a los que las partes consideren que tienen derecho (arts. 87 de la Ley 6838 y 98 del Decreto Nº 1448/96). La inexistencia del certificado y la falta de cuantificación expresa de la diferencia que reclama dificulta la verificación del presunto crédito. (Del voto en minoría del Dr. Posadas)
Fundamentación de sentencias, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La sentencia que pone fin al proceso debe encontrar sustento en acabada prueba producida durante el debate, que debe ser razonablemente analizada y sólo cuando ella acarree una certeza positiva acerca de la existencia del hecho objeto de investigación, podrá arribarse a un temperamento condenatorio. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani en disidencia parcial)
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: MASCIARELLI, Francisco Alejandro c/ RODADOS CAMIONES Y BUSES S.A.; RIVERA PORTAL, Osvaldo E.; PORTAL, Leonor A. y EHLERT, Cristina G. s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-07

Las cuestiones referentes a la admisibilidad del recurso de apelación y, entre ellas, la apelabilidad del auto recurrido, el término de interposición y de fundamentación del recurso, como la forma y efecto de la concesión, son de orden público por lo que puede ser revisado por el tribunal aún de oficio, al margen de la voluntad de las partes y de lo que resolviera el Juez de Primera Instancia.

El Tribunal de Alzada está facultado para examinar de oficio la procedencia del recurso pues sobre este punto no está obligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del Juez de Primera Instancia.

En el proceso sumarísimo sólo son apelables la sentencia definitiva y las providencias que decretan medidas precautorias. Por ello, es irrecurrible la resolución que no se encuentra comprendida en esa enunciación.
Emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Berasategui, Juan B c/ Negri, Carina P. y/o s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

No ha sido el plenario el que zanjara la cuestión relativa a la constitucionalidad de las normas que establecieron la pesificación de la economía, sino sólo -y dada la vigencia de dicha legislación-, su aplicabilidad a las obligaciones aún en mora con anterioridad al 6.1.02. Y si bien al momento de articularse la demanda -estando pactada la jurisdicción de estos Tribunales-, el plenario "Zanoni" ya contaba con un año de aplicación, no puede desconocerse que, tanto respecto de la constitucionalidad de las normas cuestionadas, cuanto en lo relativo a la solución del plenario referido, aún no se han pronunciado ni la Suprema Corte provincial ni la Corte Federal, quienes todavía no se han expedido en lo tocante a la pesificación de obligaciones como la presente, siendo dable añadir que el criterio de este Tribunal, en lo que aquí interesa, tampoco es compartido por otros tribunales.
Pago, depósito judicial, notificación al acreedor, notificación automática
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guzmán, Robustiano Daniel c/ E.N.  (Ministerio de Defensa - Ejército Argentino) s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

Si bien el depósito judicial encuadra, en materia de notificación, en la normativa a que se refieren los artículos 133 y 135 del ritual, pretender, por vía de interpretación, que a partir de dicho depósito el pago ha sido efectuado y libera al deudor, implicaría atribuir a la norma otra finalidad que la que ha tenido el legislador al crearla, por cuanto no es en la institución bancaria - donde se hizo el depósito - el lugar donde jurídicamente opera la notificación automática, sino en la instancia en que se tramita la causa, y a través de la providencia que hacer saber del depósito efectuado, única vía que tiene el actor, en este caso, para notificarse y disponer de los fondos.
Jubilación de abogados, beneficio jubilatorio único, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ECHENIQUE AZURDUY, Milton c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-30

Los servicios no considerados al otorgarse la jubilación no pueden fundar una segunda jubilación, sino sólo el reajuste o transformación de la primera.
Honorarios, ley de orden público, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: SIAM  DITELLA  LTDA.  LIQUIDADORA  EN:  SANCHEZ Y CIA. S.A. - QUIEBRA PEDIDA  C/  CREDIVENTA  ALMAFUERTE  S.C.C.  -    DEMANDA   -  NULIDAD s/ DEMANDA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-25

La petición de regulación de honorarios como patrocinante no obsta a que con posterioridad se solicite regulación en el carácter de procurador teniendo en cuenta el carácter de orden público de que están investidas las disposiciones del arancel (art.

2 ley 7.269) en tanto no se hubiese operado la prescripción del derecho a percibir honorarios como Procurador. No puede entenderse precluido el derecho a obtener la regulación por este último carácter (art. 45 ley 7.269) en tanto no hubiere pronunciamiento expreso sobre el asunto, en cuyo caso la única forma de operar la extinción del derecho lo es por prescripción (art. 4032 inc.1ro.

C.C.) ello es así, atento que toda renuncia a un derecho debe ser formulada en forma expresa, no siendo posible, por tanto, presumirla.
Sociedades comerciales, plazo, cómputo del plazo, jurisprudencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sadia S.A. y B.R.D. S.A. c/ Servicio de Estacionamiento Ordenado S.A. s/ Nulidad de Asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-10-23

A pesar de las distintas posiciones controversiales en la doctrina y jurisprudencia, no hay razón suficiente por la cual deba quitarse una sola hora al plazo de caducidad para ejercer el derecho de impugnación conferido por el art. 251 de la Ley 19550. Sin duda, el plazo señalado en tres meses para promover la acción de impugnación de la decisión asamblearia es un plazo de caducidad y su vigencia perentoria halla fundamento en la necesidad de certidumbre de la fuerza vinculante de este tipo de decisiones en la vida dinámica de la Sociedad...El plazo establecido en el art. 251 de la ley 19.550, no es de naturaleza procesal, se computa según lo prescripto en el art. 27 del Código Civil. La jurisprudencia mayoritaria de los tribunales del país ha sostenido que el plazo determinado por el art. 251 de la ley 19.550, no excluye la posibilidad de presentar el escrito de promoción de la acción de impugnación dentro de las dos primeras horas de despacho del día hábil inmediato a su vencimiento (art. 129 del CPC), ya que asumir un temperamento diferente importaría cercenar la utilización íntegra del tiempo legal tolerado, en virtud de la limitación horaria que corresponde a las oficinas judiciales.
Recurso de apelación (procesal), gravamen irreparable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Peñalber Beatríz Juana s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-25

El interés que justifica la apelación surge del gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente; su existencia y la posibilidad de su reparación es lo que determina el interés del apelante. El agravio debe ser actual, es decir, debe existir al momento de apelar y subsistir al momento de dictar sentencia.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal, medida de no innovar, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Suarez, Pedro René y Otros c/ Municipalidad de Santa Rosa - Pcia. de Catamarca y/o Intendente Sr. Elpidio Guaraz y/o Concejal Aidee Esther Guaraz s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-31

Comparecen los actores invocando el carácter de Concejales del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa de esta provincia y de Secretario General del Concejo, por intermedio de letrado patrocinante, deduciendo acción de conflicto de poderes en contra del Intendente de esa localidad, con la finalidad de que se declare la ilegalidad y nulidad de toda resolución emanada de la Concejal A.E.G. y/o quien corresponda, y de los actos turbatorios y violatorios del normal funcionamiento del CD y que se los restituya a sus cargos.

Solicitan medida cautelar de no innovar tendiente a la reincorporación en sus funciones y pago de salarios adeudados.

La petición cautelar no resulta de recibo conforme a la pacífica jurisprudencia de este Superior Tribunal en el sentido de que las medidas tendientes a suspender los efectos de leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los Poderes Públicos (Conf.: S.I. Nº223/98; Nº168/99; Nº92/99; 95/00, 234/00, entre muchas otras).

Siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos, corresponde señalar que la justificación en la fundamentación de la medida por parte del accionante de los requisitos propios de la tutela impetrada, no alcanzan a justificar las razones de orden público que justificarían su otorgamiento en este fuero contencioso administrativo, y la irreparabilidad del daño, omisión que este Tribunal no se encuentra habilitado para remediarla o inferirla ex officio, por constituir carga del interesado exponerlos en forma clara y precisa, demostrando que no basta para la protección de sus derechos la acción sumarísima de conflicto de poderes. Caracterizada per se de brevísimos plazos impuestos tanto al Tribunal como a las partes, tendientes a lograr un pronunciamiento definitivo que permita el libre juego de las instituciones democráticas, aunado al estrecho marco cognoscitivo asignado por la ley adjetiva a esta etapa procesal, lo que implicaría alongar el procedimiento más allá de las previsiones normativas.

Por ello, normas legales citadas y oído el Ministerio Público, corresponde no hacer lugar a medida cautelar impetrada.
Sentencia, voto de los jueces, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recursos, recurso de queja (administrativo), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GEIGNER ADELA BEATRIZ y otros  c/ GCBA  s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el GCBA, declarar la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, y devolver las actuaciones para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento. La sentencia en último término cuestionada, condenó al GCBA a incorporar el suplemento salarial contemplado en el art. 2° de la ordenanza n° 45421 a los haberes futuros de la actora (siempre y cuando continuara en actividad) y dispuso que no cabía limitar la condena a la fecha de entrada en vigencia de la ley n° 5622. Si bien los magistrados que conformaron la mayoría coinciden en que el suplemento no podría ser inferior al que correspondería en los términos de la ordenanza n° 45241, la ausencia de acuerdo en lo relativo a la norma que regula su cálculo conduce indefectiblemente a resultados inconciliables entre sí, y por lo tanto, a la falta de mayoría en la decisión recurrida. Resulta así aplicable la doctrina según la cual deben dejarse sin efecto las sentencias en los casos en que no existe una mayoría válida discernible que sostenga la decisión recurrida o en aquellos supuestos en que la decisión cuestionada no contaba con fundamentos coincidentes de, al menos, dos de los magistrados intervinientes (cf. TSJ in re "Falduto, Carmelo Ángel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Falduto, Carmelo Ángel y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" expte. SACAyT n° 15034/18; sentencia del 18-12-2018; "Araoz, Silvana Andrea y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Araoz, Silvana Andrea y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)", expte. SACATyRC n° 15951/18-0; sentencia del 25-08-2021 y "Mayer, Nélida Luisa y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Mayer, Nélida Luisa y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expte. SACATyRC n° 16419/19-0; sentencia del 08-09-2021; y CSJN en Fallos: 313:475). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhieren los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Responsabilidad civil, costas, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CASA ABDAJIAN S.E.P.A. c/ JOCKEY CLUB DE VILLA CARLOS PAZ Y OTROS s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  EJECUCION  DE  SENTENCIA RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-12

El régimen de las costas en el juicio de daños esta sujeto a la regla del art. 356 CPC. que consagra el principio del vencimiento.

Pero esta regla debe ser aplicada al proceso en su totalidad sin distinción entre la etapa principal y la de liquidación, porque el juicio es único y no puede haber en el mas que un vencido y un vencedor. El hecho de que la ley autorice en determinados casos a dividirlo en dos etapas, no es motivo para someter el régimen de las costas al resultado parcial de cada uno, porque la suerte final del litigio y la calidad de vencido o vencedor de cada parte solo puede establecerse en función de la combinación de las dos resoluciones parciales dictadas en la causa. El haber obtenido un pronunciamiento de condena con reserva de liquidación no hace al actor ganancioso, pues de nada podría servirle esa decisión si no triunfa en la etapa posterior demostrando en concreto el valor de los daños y la medida en que debe hacerse el resarcimiento consiguientemente, esa sentencia de condena sujeta al resultado del proceso de liquidación, no solo no es título ejecutivo -porque no es susceptible de ejecución forzada-sino que ni siquiera es título para imponer costas, porque estas son atribuidas por la ley al vencido y no hay vencido mientras sea incierto el resultado del proceso sobre el cuantum debeatur. De esto se infiere que la sentencia que condena al pago de daños, en cuanto difiera la liquidación debe diferir también la decisión sobre costas,las que recién podrán imponerse a alguna de las partes en vista del resultado final del litigio, que estará determinado por la suerte del trámite de liquidación. De otro modo no se puede cumplir con la disposición del art. 356 CPC., el que resultaría violado si el demandado, condenado en costas en la sentencia, llegase a triunfar en el proceso de liquidación. En ese supuesto se habrían impuesto costas al vencedor en infracción no solo a aquella norma sino a los principios generales que regulan la materia en el código local.