marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, prescripción decenal, responsabilidad contractual del Estado, asistencia médica, responsabilidad de los padres, contrato a favor de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: SOTELO DE VIDELA, AGUSTINA c/ HOSPITAL NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. M. FERRER" s/ DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

Los padres detentan la representación legal de sus hijos, más cuando contratan los servicios de atención médica para aquellos, lo hacen en su propio nombre, configurándose, en ese caso, un supuesto de estipulación en favor de un tercero. Ello así, en orden a la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a la actora con los excepcionantes, la cuestión debe resolverse con arreglo a las normas que rigen la responsabilidad contractual en lo que concierne al Estado Nacional, en cuyo Hospital Nacional de Rehabilitación Respiratoria "Dra. María Ferrer" fue prestada la atención médica que la demandante solicitó para su hijo, desde que en el origen de la relación medió un acuerdo de voluntades, no encontrando óbice en el hecho de que se trate de un establecimiento público y de un servicio gratuito; cabiendo predicar lo propio respecto de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por la intervención de los médicos demandados quienes prestaban servicios en el referido hospital- ya sea que se recurra al instituto de la estipulación en favor de un tercero (siendo el ente asistencial el estipulante y el médico el promitente), o bien porque se admita la existencia de una responsabilidad contractual accesoria-.

En tales condiciones, cabe concluir que el plazo de prescripción es el decenal genéricamente establecido en el art. 4023 del Código Civil, ya que lo relativo a las acciones por daños derivados del incumplimiento contractual carece de un plazo especial o abreviado de prescripción.
Recurso de queja (procesal), condonación de sanciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ queja pr recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07

Con respecto a la imposición de las costas, la actora vuelve a discrepar con la Cámara en la interpretación de normas infraconstitucionales. La recurrente sostiene que la sentencia recurrida efectuó una aplicación mecánica e indeliberada del art. 6 de la ley nro. 671. Sin embargo, ella no efectúa una crítica precisa, fundada y razonada de los argumentos en los que se sustentó el fallo apelado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajersky, Claudio Enrique y otra c/ Tolcach, Pablo Ariel y otros s/ Daños y perjuicios Rocco, Sergio Alberto c/ C.L.Y.F.E.M.A. s/ Cobro de pesos y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-27|2003-09-10

Encasillar la interpretación del alcance de un contrato como una cuestión de hecho es válido cuando lo controvertido son las circunstancias o elementos que rodean al negocio. Pero si lo que se debate, partiendo de una plataforma fáctica indiscutida, es la inteligencia misma del sentido negocial, lo que supone necesariamente subsumir los hechos en la norma jurídica pertinente, la cuestión es de derecho y por ende, sometida al control de esta Suprema Corte.
Facultades tributarias, facultades tributarias municipales
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda Rawson Limitada. c/ Municipalidad de Rawson s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-12

Los municipios en Chubut pueden establecer tributos en la órbita de su competencia y, además, esa potestad no cede frente a leyes fiscales de las otras esferas por el sólo hecho de mediar superposición, pues el constituyente ha señalado la exclusividad sobre las personas, cosas y actividades sujetas a jurisdicción municipal.
Hábeas corpus, control de razonabilidad, detención
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

Se ha imposibilitado el ejercicio del control de razonabilidad admitido por el art. 4, inc. 2do., de la ley 23.098 en el caso en que los informes se reducen a la nota del Ministerio de Defensa, quien se remitió a los elementos agregados a una causa en trámite ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, los cuales no pudieron ser compulsados por el juez de primera instancia actuante en esta causa en razón del secreto sumarial, pero que no han servido para decretar medida concreta alguna en el proceso penal. Ello es así, pues no se ha cumplido la obligación de suministrar el informe conciso de las causas del arresto de Granada a disposición del Poder Ejecutivo.
Expropiación, valuación del bien
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Formosa c/ Ginú S.C.A. s/ Expropiación Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-09-07

La Cámara no estaba obligada a ceñirse, para determinar el valor del inmueble, al sistema consistente en multiplicar el precio unitario de un lote por el asimilador por pasaje de lote a bloque, sistema al que la doctrina imputa la posibilidad de aumentar el asimilador, "inflando" el precio resultante, con el consiguiente perjuicio para el ente expropiante.
Obligaciones, pago, ejecución forzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRADIMEX  S.A.C.I.F. c/ NAZAR Y CIA.  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-04

El pago es sinónimo de cumplimiento espontáneo y, como tal, es uno de los efectos normales de las obligaciones, de tal modo que cuando la satisfacción del crédito se obtiene en la ejecución forzada de la obligación (CCIV: 505 - 1) no nos hallamos frente al pago, sino ante la virtualidad de otro de los efectos de la obligación: el autorizar al acreedor a recurrir a los medios legales para obtener la satisfacción del crédito, de manera que aquel resulta satisfecho por haber obtenido la finalidad que persiguió al constituirse la obligación.
Decretos, Poder Ejecutivo, jerarquía constitucional, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORRALES DE LEIVA, Ebe Emilse c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Dcto. 1776)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-11

La supremacía de la Constitución sobre todas las leyes y demás normas de rango inferior, importa la necesidad de que los decretos del Poder Ejecutivo se subordinen a las leyes, so pena de incurrir en inconstitucionalidad.
Derechos de autor, propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, cobro de aranceles
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ B., F. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

El derecho a retribución de los intérpretes de obras musicales está regulado por el art. 56 de la Ley de Propiedad Intelectual cuando sus interpretaciones son difundidas o retransmitidas mediante la radiotelefonía, televisión o grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora.

En el caso de los productores de fonogramas este derecho resulta del art. 1 del Decreto 1670/74 que sustituyó el texto del art. 35 del Decreto 41233/34; así sólo se exceptúa el pago de los derechos de los intérpretes que establece el citado art. 56 cuando la ejecución pública de obras se realiza con fines educativos o cuando éstas se desarrollen a cargo de instituciones del Estado Nacional, Provincial o Municipal y siempre que la asistencia del público sea gratuita (art. 36 Ley 11723).
Jurisdicción y competencia, prórroga de la competencia, contrato de trabajo, asociaciones profesionales
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: A.P.S.  (ASOCIACION  DE  PRESTACIONES  SOCIALES  PARA  EMPRESARIOS  Y PERSONNAS  DE  DIRECCION  DE  EMPRESAS  DE  LA PRODUCCION, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS). c/ INMOBILIARIA GINAINI. s/ JURISDICCION Y COMPETENCIA. PRORROGA.    ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Es competente la Justicia Nacional, y no la provincial, para conocer de la demanda promovida por una obra social por cobro de aportes. Ello es así, pues el art. 19 de la ley 18.345 prohibe la prórroga de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso la territorial, pero guarda silencio respecto de la prórroga de la competencia de los tribunales laborales de una provincia en favor de dicho fuero, con lo que recobra aplicación supletoria el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que la admite en los asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 155, segundo párrafo, de la ley 18.345). Y, asimismo, el mencionado art.

19 -en cuanto incluye la competencia territorial- contiene una disposición claramente tuitiva de los intereses del trabajador, que impide que el patrono le imponga, en el contrato de trabajo, una competencia más desfavorable para su defensa que las previstas en la misma ley. Por tanto, la RATIOLEGIS no se da en el caso en que la prórroga ha sido pactada sin desmedro de ninguno de los intereses protegidos por la ley laboral.
Declaración testimonial, reticencia, causa propia, obligación de testificar
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aceto, Antonio Pascual s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

Al declarar en causa propia no se pierde la calidad de testigo; sólo obra en su favor la justificación, para el caso de mendacidad o reticencia, que deriva de la garantía constitucional del artículo 18 de la Carta Magna de no estar obligado a declarar contra sí mismo. Como la ley suprema dice "nadie" ello abarca a todos, sin excepción, sean procesados, testigos, querellantes, actores civiles, etc. Las eventuales consecuencias contrarias a su interés no penales, no justifican la mendacidad ni la reticencia del testigo. (Voto del Dr. Mitchell, adhiere el Dr. David, Dr. Fégoli adhiere parcialmente).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Piedrabuena, Matías Ariel c/ Federación Patronal Seguros SA s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-28

Si la ART no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones, ello determina su responsabilidad en base a lo normado por el art. 1074 del Código Civil pues cabe recordar que la aquella está obligada a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos laborales. Es una finalidad prioritaria, tanto de la ley como del sistema en general, la prevención de los accidentes y la reducción de la siniestralidad (art. 1, ítem 2, ap. a) de la ley 24.557). El deber de prevención eficaz implica conductas específicas de asesoramiento (decreto 170/96), de control de las medidas sugeridas, y de denuncia de los incumplimientos en que incurra el empleador por ante el ente de superintendencia. El incumplimiento al referido deber legal tiene consecuencias específicas dentro del aludido microsistema normativo, siendo legítimo que se carguen a la A.R.T. los riesgos derivados de una previsión ineficaz, ya que su obligación está descripta con precisión y es congruente con el límite indemnizatorio, todo lo cual permite el aseguramiento (en este sentido CSJN S XXXIX "Soria, Jorge Luis c/Ra y Ces SA y otro" 10/4/07).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, nulidad procesal, juicio oral, facultades disciplinarias del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Milagro Amalia Ángela Sala en la causa Sala, Milagro Amalia Ángela y otros c/  s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es inadmisible el agravio por el que se cuestiona la convalidación del rechazo del planteo de nulidad del debate oral, basado en la expulsión de la apelante durante un período temporal del recinto donde se desarrolló el juicio, pues la parte falla en demostrar que se haya convalidado un ejercicio arbitrario de las atribuciones disciplinarias que la ley local le otorga al tribunal de juicio, en un supuesto en que la exclusión no fue súbita, sino el resultado de una sucesión de inconductas que obstaculizaron el normal desarrollo del debate; ello, teniendo en cuenta el deber de los jueces de asegurar el buen orden y el decoro en el juicio para todos los intervinientes, así como la posibilidad cierta que se desarrolle normalmente hasta su terminación, en tanto lo contrario implicaría otorgarle a una de las partes la potestad de obstruir el normal desenvolvimiento de las audiencias e impedir la realización del debate, lo que iría en perjuicio del derecho de las restantes a obtener una pronta decisión judicial.
Prenda comercial, círculo cerrado, ejecución prendaria, excepción de pago, pago parcial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO  DE  INVERSORES SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS c/ BELTZER,JOSE FERMIN Y OTROS S/ s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Procede hacer lugar a la excepción de pago parcial opuesta por la deudora en una ejecución prendaria correspondiendo deducir del importe reclamado las cuotas abonadas debiendo procederse a la liquidación de conformidad con el mecanismo pactado, ya que en los contratos para fines determinados bajo la modalidad de "círculos cerrados", el importe de las cuotapartes podrá quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en los contratos (Ley 23898 art. 7, modif.

por  Ley 25561 art. 4; resol. conj. de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Economía: 366/02 y 85/02), por lo que no existe óbice para que, respetando las reglas del CCIV art.1197, el planteo pueda prosperar.
Derecho de propiedad, arrendamiento rural, aumento del alquiler
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Fernández Orquin, José María c/ Ripoll, Francisco s/ fijación precio arrendamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1966-05-31

El art. 8 de la ley 14.451, en cuanto establece que no se autorizarán aumentos en los precios de los arrendamientos cuando el locador es una sociedad anónima, cuando los predios constituyan cuatro o más unidades económicas y se hallen íntegramente arrendados o cedidos en aparcerías a cuatro o más arrendatarios o aparceros y cuando siendo varios los titulares del dominio se mantenga una estructura de colonia de renta, no es violatorio de los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional (Voto de los Doctores Luis María Boffi Boggero y Carlos Juan Zavala Rodríguez).
Despido, regularización del trabajador, evasión fiscal, multa laboral
Materia: PENAL
Carátula: González Carlos Gustavo c/ Unión Personal Civil de la Nación s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-21

La cabal registración de la relación laboral para la Ley Nacional de Empleo sólo se concreta con la inscripción del trabajador en los libros y la documentación laboral pertinente y en los organismos de la seguridad social (conf. arts. 7 y 18 ley 24.013), la remisión exigida por el inc. b) del art. 11 de la ley citada debe llegar a la esfera de conocimiento de la AFIP a fin de que este organismo disponga las medidas pertinentes tendientes a investigar y sancionar la evasión fiscal denunciada. Por ello el organismo fiscal debe tomar conocimiento de la acción desplegada por el trabajador para regularizar la relación laboral parcial o totalmente clandestina. Por lo expuesto resulta improcedente hacer lugar a la multa reclamada con fundamento en el art. 8 de la ley 24.013. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, causas civiles, quiebra, fuero de atracción, concurso preventivo
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I.C.F.S.A. c/ Villegas Zinny, Patricio s/ RESOLUCION DEL CONTRATO. DAÑOS y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

No tratándose de uno de los supuestos contemplados en el art. 22, inc. 2 de la ley 19.551 nada obsta a la remisión de las actuaciones al juez del concurso.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pichinini, Luis María c/ Baldres, Rafael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Mediante la apelación no pueden someterse a conocimiento de la alzada, alegaciones o defensas que no hayan sido articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de ésta la violación de los artículos 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266, 272 y conc. del C.Procesal.-
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuñez de De Luynes, Susana c/ De Luynes, Santiago s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

La extensión de los alimentos debidos entre cónyuges, durante el juicio de divorcio, se encuentra regulada por el artículo 207 del Código Civil, que resulta aplicable al no encontrarse aún discernidas las supuestas culpabilidades en el juicio de divorcio o separación personal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, derechos y garantías constitucionales, jueces, Derechos humanos, deber de imparcialidad, deberes y facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAHORA DE HANNE ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

Nuestra Carta Magna, a partir de la Reforma del 1994, incorporó las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos que prevén la necesidad de un tribunal imparcial, lo cual implica que el juez debe conocer y decidir las cuestiones sometidas a su jurisdicción, sin que su tarea se encuentre condicionada por actuaciones, ideas u opiniones dadas con anterioridad.
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ersinove Duca de Mammone, María de las Mercedes c/ Ariotti, Sandra Ester y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

El fiador principal pagador no puede alegar la falta de aviso de la mora en que habría incurrido el locatario, para liberarse de la obligación, salvo estipulación expresa en contrario. Es que, cuando el fiador se obligó como "principal pagador", queda equiparado al codeudor solidario y no le son aplicables las reglas del contrato de fianza. Es decir, que si bien la solidaridad a que se sometió el fiador no le quita a la fianza el carácter de accesorio que la tipifica (art. 2004 Código Civil), no ocurre lo mismo con la asumida calidad de principales pagadores, puesto que en este caso es codeudor solidario, (art. 2005 Código Civil).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soria de Guerrero, Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1963-09-20

Cuestionada por parte legítimamente interesada la existencia válida de una norma constitucional, compete al Poder Judicial, en virtud del principio de la separación de los poderes, examinar si en la sanción de la misma se ha cumplido con el procedimiento establecido por la Convención Constituyente (Voto del Dr. Luis María Boffi Boggero).
Sentencia, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Guillermo c/ A.L.D.O.S.S. s/ Despido Atucha, Florencio Justo c/ Vera, Luis s/ Daños y perjuicios, incumplimiento de convenio Barón, María Cristina c/ Refrac S.C.A. s/ Indmenización (art. 248 L.C.T.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31|1985-10-15|1994-11-01

No corresponde que la Suprema Corte emita pronunciamientos abstractos.
Causales de divorcio y separación personal, perdón del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: M. V., C.G. c/ T., A.L. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-28

El principio general que rige en materia de reconciliación es que... la misma... obsta a que ulteriormente se decrete la separación personal o el divorcio vincular, por hechos anteriores a ella. Se interpreta que la reconciliación de los esposos en trance de separación personal o divorcio importa el perdón de los agravios por lo que, si quien fue culpable anteriormente, no vuelve a reincidir en hechos capaces de originar la separación o el divorcio el otro cónyuge no puede invocar los que fueron perdonados.
Vivienda familiar, medidas cautelares, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno Jorge Carlos c/ Northwestern Enterprise SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-23

La regla en materia de embargabilidad es que el patrimonio es garantía común de los acreedores (art. 743 CCCN). En ninguno de los incisos del artículo que sigue la vivienda familiar está incluida expresamente, sólo el inc. d), excluye a los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. De la lectura del art. 456 del CCCN surge claramente que la vivienda familiar no puede ser ejecutada en la medida que se cumpla con las condiciones establecidas por la ley. Nada dice sobre su inembargabilidad, pronunciándose sólo sobre la ejecución. Siguiendo esa línea de pensamiento, se corrobora como correcto lo dispuesto en el Código Procesal en el art. 219, dado que no existe impedimento alguno para el dictado de una medida de embargo y además, preservar el derecho de prioridad para el supuesto en que desaparecieran las causales de suspensión de la ejecución del bien (art. 218 Código Procesal).