Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-23


AUTOS N° 81.970 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III 9359) "YANZÓN DE GRAFFIGNA, Mónica y Otros C/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular - III Cpo.".- ///Juan, a 23 días del mes de Noviembre de dos mil nueve.- - - - - - - - - - - - -VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto a fs. 519 por la actora, contra la providencia dictada por el Tribunal en fecha 16 de abril de 2009, obrante a fs. 515 y vta. de estos autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Y CONSIDERANDO: En la providencia recurrida la Sra.

Presidente del Tribunal decretó: "Por cumplimentado lo ordenado a fs. 506 vta.- En consecuencia, agréguese a estos autos la presentación efectuada por el Sr. Fiscal de Estado, la que se encuentra reservada en Secretaría.- Proveyendo la misma: En mérito a la copia de la Resolución que se acompaña, téngase al Dr. Mario Enrique Díaz por presentado, por parte y ratificado el domicilio constituido.- Désele la debida participación que en estos autos le corresponda.- De la petición de aplicación de las leyes 7965, 7966 y 7967 y peticiones subsiguientes, córrase traslado a la contraria por el término de ley.- Notifíquese por cédula.- Téngase presente las reservas formuladas en el punto VI.- Intertanto suspéndase la adjudicación a estudio de fs. 504 vta.-".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Contra la citada providencia la actora a fs. 519/553 interpuso recurso de reposición y, en subsidio contestó el traslado del resto de los planteos formulados por la demandada en su presentación de fs. 511/513 (aplicación leyes n° 7965,7966 y 7967).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A fs. 557, la Sra. Presidente decretó: "Advertida la suscripta que el Recurso de Reposición planteado por la parte actora a fs. 519/553, es contra el decreto de fs. 515, dictado a solicitud de la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto por el art. 245, primer párrafo del C.P.C., no estando firme el decreto de fs. 554 revócase la última parte del mismo por contrario imperio.- En su lugar rija el siguiente: "Del recurso de reposición interpuesto por la parte actora córrase traslado a la parte demandada por el término de TRES (3) días.- Asimismo y de la inconstitucionalidad planteada, conforme lo dispuesto en el art. 11 de la Constitución de la Provincia, córrase traslado a la contraria por el término de cinco (5) días.- Notifíquese por cédula.-".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Corridos los traslados ordenados, a fs. 563/569 vta. fueron contestados en término por la demandada, por lo que a fs. 570, se llamó nuevamente los autos para resolver el recurso de reposición y cuestiones planteadas en subsidio por la actora a fs. 519/553.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El Tribunal entiende que se debe entrar en la consideración del recurso de reposición contra la providencia de fs. 515, en razón que de prosperar el mismo, el resto de los planteos devendrán en abstracto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La recurrente sustenta el recurso de reposición articulado en los siguientes fundamentos: Afirma la recurrente que, según surge de la presentación realizada por el Fiscal de Estado y abogados de Fiscalía, la misma tiene por objeto solicitar la aplicación al proceso de autos de las leyes 7965, 7966 y 7967, con lo que pretende tramitar nuevamente todo el proceso ante la Alzada, recurriendo a una serie de argumentos cuya improcedencia e inadmisibilidad resulta manifiesta y de los que se desprende la firme intención de la demandada de seguir incumpliendo los mandatos constitucionales referidos a la propiedad y a la expropiación, e incurriendo en conductas procesales cuya calificación deberá ser materia de pronunciamiento.- - - - - -La actora recurrente hace referencia al estado del proceso de autos. Expresa que el llamamiento de autos se encuentra firme desde el día 27 de agosto de 2008 (fecha en que pasaron a despacho para su adjudicación a estudio) y en estado de resolver desde el día 17 de febrero de 2009 (fecha del sorteo del expediente).

Expresa que la demandada, con una llamativa ligereza, intenta desconocer y eludir los principios y efectos de la irretroactividad de las leyes, de la preclusión, de la progresividad y de los derechos adquiridos, pretendiendo lisa y llanamente tramitar todo el proceso y obtener pronunciamiento directamente en la Alzada circunstancia que, como lo señala Chiovenda, "se traduciría en una demanda nueva propuesta en apelación a la que le faltaría el primer grado de jurisdicción.- Afirma la recurrente que la presente reposición obedece a la obligación y a la necesidad de no consentir un inexplicable apartamiento, por parte del Tribunal, del procedimiento legalmente establecido y que, como tal, no está librado y/o depende de interpretación y/o criterio alguno y que determina que, una vez firme el llamamiento de autos, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite, imposibilitando que las partes puedan hacer nuevas alegaciones (como la que motiva la providencia atacada). Expresa que las leyes que se pretende aplicar, además de la flagrante violación de la preclusión, resultan inaplicables a este proceso por cuanto han sido dictadas con fecha posterior a la del llamamiento de autos (17/03/2009 publicadas el 23/03/2009) y no son retroactivas, por que no se estableció expresamente su aplicación retroactiva, lo que debía surgir de su texto. Que se le haya dado el carácter de orden público, no implica que se puedan aplicar retroactivamente, por cuanto se estaría violando las disposiciones del art. 3 del Código Civil. Además expresa que la propia nueva ley de expropiaciones 7966 (art. 67) establece que se aplicará aún de oficio, en forma inmediata, a las situaciones jurídicas existentes y en curso, y a sus consecuencias que no hubieren quedado consolidadas y que será de aplicación a los procesos judiciales en trámite, cualquiera sea su estado y a situaciones y actuaciones procesales que no estuvieren firmes. Cita abundante jurisprudencia en apoyo del presente recurso. Por último afirma que se encuentran firmes y consolidados todos los extremos procesales y sustanciales legalmente establecidos y, en base a los cuales se ha tramitado el juicio y dictado la sentencia objeto de revisión, siendo tales extremos, conjuntamente con los agravios formulados por las partes, el marco y límite de la competencia del Tribunal de Alzada y de la materia sobre la que el mismo debe emitir pronunciamiento. Asimismo, afirma la recurrente, corresponde remarcar que, más allá y cualquiera que fuera el objeto de la presentación realizada por la contraria, el estado procesal de la presente causa impide que se introduzcan nuevos planteos por lo que, ante tal circunstancia, la providencia que se dicte necesariamente debe ajustarse a tal impedimento y, en base a ello rechazar toda pretensión que contradiga las expresas prescripciones en tal sentido y que determinan la necesidad y obligación de avanzar sin obstáculos, trabas ni alteraciones en el estudio, acuerdo y consiguiente dictado de la sentencia de Alzada. Solicita se revoque por contrario imperio la providencia de fecha 16 de abril de 2009, en cuanto ordena correr traslado de lo manifestado por la contraria y manda suspender la adjudicación a estudio y, en su lugar y por las razones apuntadas, rechace in límine dicha presentación y mantenga la adjudicación a estudio. Solicita costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Entrando en el tratamiento del recurso de reposición contra la providencia dictada por el Tribunal en fecha 16 de abril de 2009, obrante a fs. 515 que ordena el traslado de la petición de aplicación de las leyes 7965, 7966 y 7967, corresponde su rechazo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En efecto, la demandada (Fiscal de Estado) a fs. 511/513 solicitó la inmediata aplicación en autos de la Ley General de Expropiaciones N° 7966, de la Ley del Tribunal de Tasaciones N° 7965 y de la Ley N° 7967, publicadas en el Boletín Oficial de fecha 23 de marzo de 2009. Invocó los arts. 67 y 19 que disponen que dichas normas son de "Orden Público" y se aplicarán aún de "oficio", en forma inmediata a las situaciones jurídicas existentes y en curso y, a sus consecuencias jurídicas que no hubieren quedado consolidadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Solicita expresamente se apliquen de oficio las siguientes disposiciones: 1) Prescripción. 2) Adecuación del monto indemnizatorio. Además EL REORDENAMIENTO DEL PROCESO: Se abra la causa a prueba y proponen perito.

Pide se impongan las costas en el orden causado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ante la presentación, en la que la demandada solicitaba la inmediata aplicación de una ley de orden público, la N° 7966, según reza su art. 67, la Presidencia ordenó por decreto correr traslado a la actora sobre las peticiones efectuadas. Atento a la naturaleza de las mismas y, a fin de garantizar el derecho de defensa y de igualdad en el proceso, se decidió dar la oportunidad a la actora de expresarse sobre el tema, ya que al respecto debía emitir pronunciamiento expreso este Tribunal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Además, si consideramos la sanción de estas leyes como un hecho sobreviniente constitutivo o modificativo (art. 168 inc. 6° del C.P.C.), lo mismo se imponía un traslado a la actora en virtud de lo previsto por el art. 33 inc. 5° apartado "c" de nuestro código ritual.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En consecuencia, reiteramos, no corresponde admitir el recurso de reposición articulado por la actora, contra el traslado conferido en el decreto de fs. 515 y vta., el que se rechaza con costas en el orden causado, en razón de la oficiosidad del decreto recurrido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En subsidio del recurso de reposición incoado, la actora formula planteo de inaplicabilidad de las leyes 7965, 7966 y 7967 y, además, subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad de las mismas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Entraremos a considerar en primer lugar, si las citadas leyes son inaplicables al caso de autos, como lo ha planteado la actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Afirma la actora que no resulta posible aplicar las nuevas leyes, porque conforme surge de los propios textos legales invocados (art. 67 de la Ley 7966 y art. 19 de la Ley 7965) el caso de autos no resulta alcanzado por dichas leyes. Expresa la actora que este proceso ha sido tramitado totalmente y dictado sentencia durante la vigencia de la ley 5639. Bajo los términos de dicha ley, se ha tramitado todo el trámite procesal correspondiente a la primera instancia, hasta la sentencia y, también todo el trámite procesal de la segunda instancia, concluido con bastante anterioridad al dictado de las leyes cuya aplicación pretende la demandada.- - - - - - - - -Ahora bien, cómo debe interpretarse el art. 67 de la ley 7966 y el similar de la ley 7965 cuando expresan que la ley se aplicará "a las situaciones jurídicas existentes y en curso, y a sus consecuencias que no hubieran quedado consolidadas... y a los procesos judiciales que estuvieren en trámite, cualquiera sea su estado, y a situaciones y actuaciones procesales que no estuviesen firmes". Estimamos que la ley se va aplicar a los juicios en trámite en todas aquellas actuaciones que no estuvieren firmes al tiempo de su entrada en vigencia y no podrá aplicarse a aquéllas que ya adquirieron firmeza.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En nuestro caso han adquirido firmeza y consolidación, todos aquellos actos cumplidos por las partes conforme a la ley vigente al tiempo que tuvieron lugar: demanda y contestación; pruebas producidas o no, con todas sus alternativas, alegaciones de las partes, cuestiones incidentales resueltas que están firmes, llamamiento de autos de primera instancia como acto procesal. Y después todo el trámite cumplido en la alzada hasta el llamamiento de autos para resolver los recursos. Toda esa actividad procesal ya está adquirida por las partes y no puede modificarse por la ley posterior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A lo dicho debemos agregar, que no sería posible aplicar retroactivamente las leyes citadas, por cuanto en su texto no está prevista su aplicación retroactiva.- - - - - - -Como bien lo afirma la recurrente, el art. 67 que establece que la Ley 7966 es de orden público, no expresa la intención del legislador de darle efecto retroactivo, por lo que aunque sea una ley de orden público, no es aplicable retroactivamente, como lo pretende la demandada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pacíficamente lo han entendido así tribunales del País, luego de la sanción del nuevo art. 3 del Código Civil: JURISPRUDENCIA NACIONAL: "Las disposiciones contenidas en la normativa de emergencia pública y reforma del régimen cambiario (leyes 25.561 y 25.820)no alcanzan a las obligaciones cuya exigibilidad se encontraba expedita con anterioridad a la entrada en vigor de las mismas en razón de haber sido decidida por pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada. Es que, no obstante la calificación de orden público dada por el legislador a esta normativa y de no haberse expresamente establecido su aplicación retroactiva, y si bien no puede juzgarse absoluto el principio de irretroactividad de la ley, conforme al principio contenido por el art. 3° del Código Civil, se excepciona el efecto inmediato de la ley interpretativa a las cuestiones pasadas en autoridad de cosa juzgada. Por ende, el deudor sólo podrá liberarse entregando la especie de moneda a la que se obligó (art. 740 del Código Civil). (Sumario N°16599 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°16/2005).(Autos: LEE WEN WEI c/ PFEIFER Silvia Mónica s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.- Magistrados:BRILLA DE SERRAT, MATTERA, WILDE. - Sala J. - Fecha: 03/05/2005 - Nro. Exp.:

R.90500).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"El nuevo texto del art. 3° del C.C. no deja lugar a dudas acerca del modo de aplicación temporal de la ley. En el mencionado art. se prevé que las leyes "no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario".

De este modo, a la vez que afirma la irretroactividad de la ley, hace la salvedad de que no se aplica si se dispusiere lo contrario, con lo cual aclara que aquel principio no obliga al legislador sino al intérprete, pues siempre puede el Poder Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones, dictar normas retroactivas, mientras haya material social regulable, es decir, en tanto no haya ocurrido el consumo jurídico, luego de lo cual no podría el legislador restablecer derechos ya agotados (confr. Jorge Joaquín LLambías, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, T. I, Ed.

Abeledo Perrot, 1991, pág. 142 y ss.).- (Autos: DUARTE MEIRA Enrique M.N.

c/ D.G.I. s/ juicio de conocimiento Galli, Perez Cortés, y Uslenghi - Fecha: 28/02/1995 C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA IV - Ref. Nor.: DEL C.C.).- - - - - - - - - - -Respecto al pedido de aplicación de la citada nueva legislación, en fallo reciente la Sala Primera de esta Cámara de Apelaciones, ha dicho: "Considero que el art. 67 de la Ley General de Expropiaciones N° 7966, aunque la catalogue de orden público, necesariamente debe ser interpretado en armonía con el contexto normativo vigente en cuya cúspide está la Constitución. No sólo es conveniente, es necesario en la medida que la nueva norma obliga a enfocar el problema de su aplicación en el tiempo con elementos sistemáticos de cara al ordenamiento jurídico, concebido como un todo orgánico. La intención expresada por el legislador es que sea aplicada "en forma inmediata", "a los procesos judiciales que estuvieren en trámite, cualquiera sea su estado, y a situaciones y actuaciones procesales que no estuvieren firmes". Esto no implica declarar que la ley ha de ser aplicada retroactivamente. Así lo juzgo a la luz del art. 3° del Código Civil, pues "a partir de su entrada en vigencia" la nueva ley hará efecto "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". Nos comenta Julio Rivera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en innumerables fallos, en lo tocante a interpretación de la ley, dejó sentada doctrina con referencia a la Constitución -pero perfectamente extensible a las normas infraconstitucionales- sosteniendo que "ella debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo al contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente; en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto"."Por ello mismo la Corte ha dicho que debe computarse la totalidad de los preceptos de la ley, de manera que armonice con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, y en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía, a los fines perseguidos por las reglas" (véase la referencia de los Fallos de la C.S.J.N. en "Instituciones de Derecho Civil", Abeledo-Perrot, 2da. ed. actualizada, T° I, p. 199). "El mismo criterio es el que ha de seguirse en este caso. Poco espacio deja el legislador en la realidad para interpretar con mayor margen la aplicación de la nueva norma más allá de actuaciones procesales que no estuvieran firmes. La intención está claramente expresada y concuerda con los principios procesales relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo. Sólo son susceptibles de ser alcanzadas por la nueva norma, los actos procesales que aun no adquirieron estado de firmeza. Aclaro que descarto de pleno el carácter retroactivo de la ley, en el sistema del Código Civil rige el principio de la irretroactividad, es decir, las leyes disponen para el futuro, a partir de la fecha de su publicación. De modo que cuando el legislador quiere darle carácter retroactivo, éste nunca se presume porque depende de una expresa y declarada voluntad en la letra de la ley (conf.

doct. art. 3° del C.C.)..."Infiero en este orden de cosas que no es admisible aplicar al sub iudice la nueva Ley de Expropiaciones ley N° 7966 y las sancionadas N° 7965 y N° 7967, esta última modificatoria del art.

3° de la ley 7675 que deja fuera de las excepciones a la acción de expropiación irregular o inversa. Así lo juzgo, desde el momento que las nuevas normas no han declarado su retroactividad conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del Código Civil. Simplemente imponen su imperio "a las consecuencias que no hubieren quedado consolidadas".- - - - - - - - - - -Lo dicho por la Sala Primera de esta Cámara, que es compartido por esta Sala Tercera, trae fundamentos irrefutables respecto a la inaplicabilidad de la nueva legislación al proceso de autos, conforme lo venimos diciendo.- - - - - - - - - - - - - - - - -Atento a la solución que se arriba, no corresponde expedirse sobre el planteo subsidiario de inconstitucionalidad de las leyes referidas, por haber quedado sin objeto, debiendo volver los autos a estudio para resolver los recursos pendientes.- - - - -Las costas del recurso de reposición, en razón de la oficiosidad de la providencia recurrida, deben imponerse por su orden, regulando los honorarios del Dr. Santiago Graffigna en la suma de PESOS TRESCIENTOS (art. 188 Ley 2150) a la fecha de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Las costas de la oposición a la aplicación de la nueva legislación, deben imponerse a la demandada (art. 74 del C.P.C.), regulando los honorarios del Dr. Santiago Graffigna en la suma de PESOS SETECIENTOS ($700) a la fecha de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por todo ello, disposiciones y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la actora a fs. 519, contra la providencia dictada por el Tribunal en fecha 16 de abril de 2009, obrante a fs. 515 y vta. de estos autos, la que se confirma. Costas por su orden, regulando los honorarios del Dr. Santiago Graffigna en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) (art. 188 Ley 2150), a la fecha de este pronunciamiento.- II) Admitir la oposición de la actora a la aplicación al caso de las leyes N° 7965, N° 7966 y 7967, solicitada por la demandada a fs. 511/513, debiendo volver los autos a estudio para resolver los recursos pendientes. Imponer las costas en esta cuestión a la demandada, regulando los honorarios del Dr. Santiago Graffigna en la suma de PESOS SETECIENTOS ($700) (art. 188 Ley 2150) a la fecha de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO: DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T° V-F° 836/841 -2009-