Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-16


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de marzo del año dos mil doce, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Claudio Alejandro Petris y la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Jorge Luis Früchtenicht, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "D. J. R. y Otros c/ D. C. B. y otro s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N ° 245/11 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.--- Practicado a fs. 728 el sorteo establecido por el Art. 271 de la Ley XIII N ° 5 del Digesto Jurídico provincial, antes Ley 2203, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. FLASS - PETRIS - FRÜCHTENICHT.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 689/696.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:----- ----A fs. 126/130 vta. los Srs. J. R., D. en su propio derecho y en representación de su hijo menor; L. M. N., A.; los Srs. A. A., A.; C. E., A.; S. J., A.; S. E., A.; M. M., A. y P. E., A., mediante sus apoderados los Drs. F. B. y M. B. inician acción de daños y perjuicios contra C. B. D. y V. B. S. R. L. para que se los indemnice con $780.000 por la muerte de P. A. A., ocurrida a consecuencia de una colisión de tránsito y conforme a los distintos rubros que allí se detallan.--- -----A fs. 144/147 vta. se presenta el codemandado, C. B. D. por intermedio del Dr. J. J., R. quien invoca carácter de gestor, contesta demanda y se opone al progreso de la acción.- -----A fs. 149/vta. se presenta "V. B. S. R. L". con igual representación y adhiere a la contestación del Sr. C. B. D..----- -----A fs. 165/167 se presenta la citada en garantía "Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros", mediante su apoderado el Dr. J. J. R. M., formula adhesión a la contestación de la demanda, limita cobertura y ofrece pruebas.

A fs. 689/696 se dicta sentencia n ° 85/2011 conforme a la cual se hace lugar a la acción de daños; se condena a una indemnización de daño moral de $255.000 para todos los actores; se condena a una indemnización de daño patrimonial de $60.000, exclusivamente en beneficio de J. R. D. y L. M. N. A.; se imponen costas a la demandada y a la citada en garantía.---- A fs. 701, apela el representante de la demandada y de la citada en garantía y concedido que le fuera el recurso, expresa agravios a fs.712/715, siendo sus quejas las siguientes: 1) se agravia de que no se hubiera tenido en cuenta el testimonio del Sr. R. P. al que considera crucial; 2) entiende que la absolución del Sr. D. en sede penal hace cosa juzgada respecto a la culpabilidad y por lo mismo, deviene aplicable el texto del Art. 1103 del Cod. Civ. 3) se queja de que no se hubieran tenido en cuenta los vicios de los que adolecía la pericia accidentológica y que fueron oportunamente señalados por su parte.- A fs. 702, apela el actor L. M. N. A., con el patrocinio letrado del Dr. F. B. y a fs. 703, hacen lo propio los demás actores. Concedido que les fuera el recurso, se presenta a fs. 716/718 vta. el Sr. L. M. N. A., en su propio derecho e invocando representación de los demás actores y expresa los siguientes agravios: 1)entiende que el cálculo del daño moral es demasiado exiguo pues, aduce, en otras causas se concedió una suma mayor; 2) se queja en cuanto al cálculo del daño patrimonial concedido a los actores M. N. A. y J. R. D., propone suma mayor.- -----Dicho lo precedente, voy a analizar los distintos agravios expresados aunque sin seguir el orden propuesto por los recurrentes.

-----1) Efectos de la cosa juzgada en sede penal:-- -----Sostiene el recurrente que la absolución en sede penal hizo cosa juzgada respecto a la inexistencia del hecho dañoso y que, por lo mismo, resulta de aplicación el Art. 1103 del Código Civil.- Se equivoca el recurrente. La absolución del Sr. D. en sede penal (adjuntada a fs. 101/105 vta. de los presentes autos), no fue por inexistencia del hecho dañoso sino por ausencia de culpa. El Juez Penal reconoce expresamente que el hecho existió, así dijo que ". debe tenerse por cierto que el día 5 de agosto de 2006, aproximadamente a las 15 hs, en el tramo de la ruta nacional Nro 40 entre la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro y la localidad de Lago Puelo, Provincia de Chubut a la altura del Complejo A., en el carril izquierdo- de acuerdo a la dirección Suroeste- se produjo una colisión entre el ómnibus interno ***, de la empresa de transportes "E. V. V. B. S.R.L." marca Mercedes Benz modelo 0400 RSE dominio colocado xxx ***, conducido por el Sr. C. B. D. y el vehículo Renault 12 xxx ***, tras lo cual su conductor P. A. A. perdió la vida como consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente". ¿Cual fue la causa de la absolución?. La respuesta surge palmaria del último párrafo de fs. 105 y primer párrafo de fs. 105 vta. en cuanto dice "El principio de presunción de inocencia, tal y como se desprende del Art. 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. De modo tal, resulta imposible afirmar que conforme lo requiere el Principio de Evitabilidad, que de no haber realizado el conductor las conductas que se le imputan el accidente no se hubiera producido. Demás está señalar que conforme lo expuesto las conductas no han sido debidamente probadas". Concretamente, no se absolvió al Sr. D. por inexistencia del hecho lesivo sino por que no se probó su culpa, con la suficiente certeza que la acusación penal necesita para prosperar.

-----El Art. 1103 que invoca el recurrente solo prohíbe analizar en sede civil la incidencia de un hecho, cuando su inexistencia fue motivo de la absolución penal, mas no cuando esta última se fundara en la falta de prueba de culpa, pues el factor de atribución, en la causa que nos ocupa, es de naturaleza objetiva y como tal prescinde de la idea de culpa. Con culpa o sin ella, el demando debe responder por haber introducido en la vida social una cosa potencialmente lesiva y siempre que se registren los demás elementos del resarcimiento. Un viejo plenario de la Cámara Nacional Civil dijo que "la sentencia absolutoria recaída en juicio criminal no hace cosa juzgada en el juicio civil respecto a la culpa del autor del hecho en cuanto a su responsabilidad por los perjuicios ocasionados" (CN Civ. En pleno, Amoruso v. Casella" J.A. 1946 - I - 803). A partir de allí, la doctrina mayoritaria siempre se expidió en igual sentido. Ello resulta razonable pues el factor de atribución de responsabilidad civil, es esencialmente distinto a la imputabilidad penal, de modo tal que la falta de culpabilidad penal no implica necesariamente exoneración de responsabilidad civil. Propongo al Pleno el rechazo del agravio bajo análisis.- 2) Omisión testimonio del Sr. R. P.:-- Se queja el recurrente de que no se hubiera tenido en cuenta el testimonio del Sr. R. P. al cual lo considera dirimente.

-----Este Tribunal dijo en repetidas ocasiones que el Juez de grado no necesita analizar en su sentencia todas y cada una de las pruebas producidas. Es libre para elegir aquellas que hubieran incidido en mayor medida para formar convicción, con el único límite de no incurrir en arbitrariedad ni en notoria injusticia. En igual sentido la doctrina sostuvo que "La evaluación compete privativamente a los tribunales ordinarios, los cuales tiene atribuciones exclusivas para, por ejemplo, preferir el testimonio que le merezca mas fe, de entre varios dispares y valorar las tachas o inhabilidades que pudieran padecer; es decir, pesar una constelación de circunstancias físicas, morales, intelectuales y afectivas, sin atenerse rigurosamente a la exigencia de una absoluta precisión que, en algunos casos, puede resultar sospechosa. Es que los testigos no se cuentan sino que se pesan, es decir que la fuerza probatoria está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con las explicaciones que puedan dar acerca del conocimiento de los hechos a través de lo que sus sentidos percibieron" (Giangrasso, Antonio José. "Código procesal civil y comercial de la nación anotado" Depalma. Buenos Aires 1989 Pág. 536/537) Frente a la versión del Sr. R. P. invocada por el recurrente, se alza la de los Srs. D. D. y A. B. D. L.. Ambos testigos presénciales del hecho. El primero de ellos, sostiene que el autobús nunca frenó para evitar el choque, que había suficiente lugar para el sobrepaso y que no venía ningún vehículo de frente. La Sra. D. L. coincide en todo con la versión de su marido agregando "que le vio la cara al conductor, que iba bien, bien despierto y atento y que lo único que advirtió es que pasó mirando el paisaje".- Según el relato del demandado recurrente, el Sr. R. P., empleado de la empresa demandada y compañero de trabajo del Sr. D., habría sostenido que el vehículo siniestrado ingresó sorpresivamente al carril haciendo imposible evitar la colisión.

-----Se ha dicho que ". si bien es cierto que la máxima testis unus, testis nullus carece de vigencia en nuestro derecho positivo, también lo es que una declaración de ese carácter debe tener corroboración en otros elementos de juicio incorporados a la litis y ser evaluados en su unidad conforme a las reglas de la sana crítica" Incom. C 7/5/80 ED 88-475 Conf. cit de Giangrasso, Antonio José. "Código procesal civil y comercial de la nación anotado" Depalma. Buenos Aires 1989 pág. 527) También que "La circunstancia de estar el testigo unido a quien lo propone por una relación de dependencia laboral, no es una razón suficiente para descartar su declaración, sino para examinarla con mayor rigor (CN Civ. D 10/4/70 ED 37-113 Conf. cit de Giangrasso, Antonio José. "Código procesal civil y comercial de la nación anotado" Depalma. Buenos Aires 1989 Pág. 524).--- Si existen tres testigos presénciales, no hay arbitrariedad ni injusticia en dar prioridad a la hipótesis sostenida por dos de ellos y contradicha solo por uno. Máxime cuando el testigo disidente es empleado de la demandada y compañero de trabajo del codemandado, mientras que los otros dos no tienen ninguna relación con las partes. Propongo al Pleno el rechazo del agravio bajo análisis.--- 3) La pericia accidentológica:- El recurrente impugna la pericia mecánica accidentológica realizada en la causa civil. Sostiene que el experto utilizó como base de su dictamen la realizada en sede penal y que fuera rechazada por adolecer de serios errores. Impugna nuevamente que no se hayan tenido en cuenta las declaraciones del Sr. P.. Objeta el juicio de valor realizado por el perito.- Antes de analizar puntualmente las objeciones que el recurrente hace de la pericia, es necesario indagar sobre el interés recursivo de su impugnación.----- Analizando las estrategias procésales de ambas partes, surge que el demandado, a quien se le atribuye responsabilidad objetiva del Art. 1113 Cód. Civil, invoca culpa de la víctima. Quien invoca un factor de exoneración total o parcial, carga con el imperativo de probarlo, de forma tal que la ausencia, insuficiencia, o vicio de un medio probatorio solo puede gravitar en su contra.

Aun cuando hiciéramos lugar a la pretensión impugnaticia que, contra la pericia, plantea el recurrente, ninguna modificación provocaría ello al decisorio de la anterior instancia, pues ya me referí a la única testimonial en que el demandado funda su hipótesis y ya dije que ella resulta insuficiente frente a otros testimonios contrarios y coincidentes.-- El interés recursivo es requisito esencial de todo agravio. Reiteradamente hemos dicho que si la impugnación a uno de los fundamentos en que se basa la sentencia, dejara incólume los otros, resulta abstracto su análisis pues el acto jurisdiccional seguiría igualmente vigente.- En el caso que nos ocupa, aun cuando las impugnaciones a la pericia fueran ciertas y procedentes, ello no alcanzaría para tener por acreditada la culpa de la víctima, careciendo de interés recursivo el análisis.

Es por lo expuesto que propongo al Pleno el rechazo del agravio en cuestión.- -4) La apelación de los actores J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A.:- Los Srs. J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A. apelan a fs. 703 por intermedio de su apoderado el Dr. F. C. B.. A fs.702 apela el actor L. M. N. A. en su propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. F. C. B..- Al momento de expresar agravios se presenta el Sr. L. M. N. A., invoca poder de los otros actores y expresa agravios en nombre propio y de los poderdantes. Textualmente dice "L. M. N. A., por mi derecho, manteniendo el procesal constituido conjuntamente con mi patrocinante, Dr. F. C. B. (E37-I-38) en mi carácter de apoderado de los demás actores.". No obstante el Sr. L. M. N. A. nunca acreditó tener el mencionado poder, ni invocó representación procesal de urgencia, razón por la cual solo se pueden tener por expresados los agravios que hacen al propio derecho del Sr. M. N. A., mas no los de los otros actores cuya representación invoca pero no acredita.- Propongo al Pleno declarar desierto el recurso respecto a los actores J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A.. Así lo voto.

-----5) El daño moral irrogado al Sr. L. M. N. A..- El recurrente impugna por bajo el cálculo del daño moral que sufriera y para ello invoca otros fallos de esta Cámara con distinta composición, así como también el de distintas alzadas provinciales.---- -----El argumento deviene insuficiente. Tengo dicho que "Tampoco resulta procedente el agravio de la actora que impugna por bajo el cálculo en atención a lo decidido en otras causas". El daño moral es el dolor, molestia o demérito espiritual que sufre una persona a causa del hecho o acto lesivo, a diferencia del daño patrimonial, el resarcimiento no tiene una función de equivalencia sino de satisfacción pues procura "Permitir al dañado la adquisición de sensaciones placenteras tendientes a eliminar o atenuar aquellas dolorosas que el ilícito ha causado" (BUSTO LAGO, José Manuel "la antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual" Tecno. Madrid 1998, pág. 90), su estimación dependerá de las circunstancias fácticas y cualquier pretensión de uniformidad resulta arbitraria ya que desconoce la naturaleza propia de este tipo de resarcimiento. Si el recurrente entendió que el cálculo era bajo debió explicar cuales parámetros fueron inadvertidos por el juzgador y no limitarse a lo que "frecuentemente se condena". En concreto el recurrente debió haber expresado porqué entiende que el demérito sufrido es mayor al tenido en cuenta por el juzgador, no cabe acá tomar como ejemplo decisiones procedentes de España donde, en lo atinente al valor de las sentencias, se siguen criterios netamente racionalistas con una aspiración uniformadora de los fallos ejercida por el Tribunal Constitucional del Reino. Nuestro sistema, por el contrario, está imbuido de los principios empiristas (máxime en aquellas provincias que no admiten los fallos plenarios) y las decisiones agotan su influencia en el caso pues se nutren exclusivamente de sus circunstancias sin perjuicio de la adhesión a la norma positiva, única de carácter general."R., C. A. y otros c/ B., Marcelo s/ Daños y Perjuicios". Expte. N ° 20/07 CANO).-- La sola referencia a lo resuelto en otras oportunidades, no cumple con el requisito de criticar razonada y concretamente la sentencia de grado, sino una mera discrepancia con lo resuelto que no alcanza para ser una verdadera expresión de agravio. El recurrente debió explicar a este Tribunal por que, en el caso de marras, la suma asignada resultaba exigua para resarcir el padecimiento espiritual irrogado y no lo hizo.- Obiter dicta voy a decir que la muerte de un padre nunca puede equipararse a la de un hijo. La desaparición física de los progenitores es un hecho luctuoso, sin dudas, pero algo que esta insito en la naturaleza de las cosas. Desde que nacemos sabemos que lo mas probable es que sobrevivamos a nuestros padres, mas no a la inversa. Solo un profundo desconocimiento del alma humana o una repudiable pereza intelectual puede llevarnos a igualar una pérdida con otra.-- Por lo expuesto, entiendo que el recurrente no ha fundado suficientemente su queja y propongo al Pleno se declare desierto el agravio en cuestión.- -----6) El daño patrimonial irrogado al Sr. L. M. N. A..

Habiendo propuesto al Pleno la deserción del recurso de la Sra. J. R. D., de seguirse este criterio, quedaría firme la suma de $38.400 reconocida en la anterior instancia, restando solo analizar la de $21.600 que la sentencia reconoce al Sr. L. M. N. A. y que este tacha de exigua.--- Sostiene el recurrente que el daño patrimonial irrogado por la muerte de su padre es insuficiente.----- Propone como método de cálculo, tomar el ingreso mensual de $2.000, reducirlo en un 20% estimado para sufragar los gastos de mantenimiento del occiso y a dicho resultado multiplicarlo por 60 que serían los períodos mensuales entre la muerte del Sr. A. y el cese de la obligación alimentaría a favor de su hijo.- -En líneas generales coincido con el método de cálculo propuesto, aunque es necesario hacer algunas salvedades:-- -1) Tratándose de la indemnización de daño patrimonial irrogado al hijo menor por la muerte del padre "..serán siempre presupuestos válidos de la indemnización. b) Las relativas a los ingresos, o la mensuración de la actividad económica del causante, sea indirectamente considerada, sea a través de su costo de sustitución en el mercado" (Iribarne , Héctor Pedro "De los daños a las personas". Ediar. Buenos Aires 1995 Pág. 266). Según la sentencia el ingreso aproximado mensual del occiso era de $2.000 proveniente tanto de un empleo en relación de dependencia como de la explotación de un pequeño bar. El recurrente no impugna este dato sino que lo acepta. Normalmente, cuando el occiso trabajaba en relación de dependencia, se suele adicionar lo que habría cobrado en concepto de aguinaldo, mas ello no procede en el sub iudice pues el ingreso determinado en la demanda - y aceptado por el recurrente- es "promedio" y deriva tanto de la relación de dependencia como de la explotación de un pequeño bar. En concreto, debe tomarse a los efectos del cálculo indemnizatorio un ingreso mensual de $2.000 mensuales sin ningún otro aditamento.---- En segundo lugar habrá que descontar lo que el occiso presuntamente destinaba a su propio mantenimiento. El Art. 1083 del Cod. Civ. postiviza lo que en doctrina se denomina integralidad de la reparación y que significa que, al menos hipotéticamente, la víctima debe ser puesta en la misma situación en que se encontraba antes de padecer el daño. No debe recibir menos . pero tampoco mas. Todas las cuestiones que implica este razonamiento son estudiadas en el derecho continental bajo la denominación de "compensatio lucri cum damni" (compensación entre el daño y el lucro) y en el sistema anglosajón como "collateral source rule" (regla de fuente colateral). La integralidad del resarcimiento a la que me referí, exige entonces que a los ingresos mensuales del occiso se le reste lo que este destinaba a su propio mantenimiento por ser una erogación familiar que se interrumpe a causa del daño.

Queda por cuantificar cual sería el monto de lo que el Sr. A. destinaba a su propio mantenimiento. A falta de prueba certera en autos encuentro razonable suponer que si el occiso proveía a la manutención tanto de su mujer como de su hijo menor, empleaba un tercio de sus ingresos ($666,6), para solventar los propios gastos. - En concreto, los ingresos mensuales de $2.000 deben ser disminuidos en un 33,33%, restando entonces $1.333,33 para solventar los gastos del los familiares a su cargo.

En tercer lugar habremos de analizar el destino que el occiso habrá dado a los ingresos líquidos que le quedaran después de proveer a su propio mantenimiento, es decir los $1333,33 a los que me referí ut supra.

En este sentido hay que considerar especialmente cuantas personas tenía a su cargo el Sr. A. y cuales eran los requerimientos económicos de cada uno de ellos, pues bien puede suceder que encontremos diferencias. Así, a modo de ejemplo, un hijo enfermo demandará mas dinero que un uno sano. El recurrente no señala diferencia de requerimientos económicos entre el hijo menor y la cónyuge, razón por la cual habré de considerar que eran iguales y que el padre prorrateaba en forma paritaria sus ingresos para solventar tanto a la Sra. J. R. D., como al hijo menor de ambos, el Sr. L. M. N. A..- En concreto, he de tener por cierto que el aporte mensual del Sr. A. a su hijo L. M. N. era de $666,66.--- -Por último, ha de estimarse también el tiempo relevante para la medida del daño. La naturaleza indica que, frecuentemente, el padre solventa los gastos del hijo hasta en que este puede subsistir por sus propios medios y no mas allá. Incluso, a partir de cierta edad, lo habitual es que los hijos ayuden económicamente al padre. No resulta correcto, a mi entender, que la medida temporal del daño se extienda conforme a la expectativa del vida del occiso, sino solo hasta la época en que el hijo, por alcanzar la mayoría de edad, adquiere plena capacidad laboral y económica. En el sub iudice, es el propio recurrente el que considera adecuado este límite y excederlo implicaría fallar ultra petita.-- -Conforme a lo expuesto y habiendo el recurrente establecido un límite de 60 meses (fs. 718 Párr. 6), será esa la medida adecuada.----- -En concreto, estimo que la ayuda que el Sr. L. M. N., A. habría recibido de su padre en caso de no haber fallecido es de $ 666,66 durante 60 meses o lo que es lo mismo $40.000.

Propongo al Pleno elevar el resarcimiento por daño patrimonial a favor del hijo L. M. N. Alegría a la suma de $40.000.

Resta referirme a las costas de la presente instancia. Siendo que el recurso del demandado fue rechazado y el de los actores solo prosperó en un muy exiguo porcentaje respecto a lo pretendido, no hay en puridad ni vencedor ni vencido, debiendo distribuirse las costas en el orden causado.--- A la MISMA CUESTION el Dr. PETRIS, dijo:- Habiendo el vocal preopinante detallado los antecedentes de la causa que arriba en grado de apelación así como los agravios de las partes apelantes, en cumplimiento del mandato constitucional (Art. 169 de la Constitución del Chubut), procedo a emitir mi voto.--- En apretada síntesis se agravia la demandada sosteniendo que el juez "a quo" yerra en la sentencia al sostener que no probó esta parte la culpa del actor en la maniobra del evento dañoso quien de manera imprevista se introdujera en la ruta y que no pudiera ser esquivado por el accionado en atención que de la declaración del único testigo presencial del hecho surge lo afirmado a lo que se agrega la absolución en sede penal del demandado y que el sentenciante considerara que no es de aplicación la manda del Art. 1103 del Código Civil en la especie, sosteniendo por último que la pericial accidentológica tampoco debió ser tenida en cuenta por adolecer de vicios y ser impugnada.--- El magistrado de la anterior instancia argumentó de manera suficiente que la absolución del demandado en sede penal en modo alguno impide la condena y que se lo considere culpable en causa civil, ya que ésta no se basó en la inexistencia del hecho, sino en la falta de acreditación de culpabilidad en términos penales del acusado aquí demandado, citando luego jurisprudencia al respecto (fs. 692 vta. apartado tercero). Pasando por alto tales razones jurídicas como sino hubiesen sido dichos o al menos no leídos, se insiste en esta instancia mediante la pieza recursiva que luce a fs. 712 y ss. en que D. fue absuelto en sede penal dado que no fue probado su responsabilidad en el hecho principal acaecido y que el Art. 1103 del Código Civil no deja duda al determinar la existencia de cosa juzgada cuando la absolución se fundamenta en la inexistencia del hecho dañoso o en la ausencia de autoría del demandado, sin hacerse cargo del argumento esgrimido que llevó al juez "a quo" a decidir, que de ninguna manera significa expresar agravios al no haber demostrado el desacierto sentencial exigido (Art. 268 del C. P. C. C ).No basta no estar de acuerdo con lo resuelto en primera instancia, sino que se deben dar las razones jurídicas para la disconformidad, efectuándose la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (Conf.: Morello y otros, "Códigos Procésales .", T. III, pág. 351).

A lo que se agrega que de ninguna manera se puede concluir en que la absolución dictada en sede penal por ausencia de acreditación de culpabilidad tipifique alguno de los supuestos de inexistencia del hecho y falta de autoría. No se puede coincidir en que ello es suficiente para activar el principio contenido en la manda del Art. 1103 del Código Civil, en virtud que la eximisión de responsabilidad del imputado que fluye del decisorio penal no quita que el mismo haya participado en el hecho, y, en consecuencia, no se da el supuesto del Art. 1103 del citado cuerpo de normas.-- Es que para poder hacer valer los efectos de la cosa juzgada penal en la esfera civil, el primero debe fundarse en la falta de autoría, esto es que si el juez penal dice que el absuelto no participó, luego el juez civil no puede decir lo contrario, que sí actuó. Pero si como en el "sub-case", el demandado Díaz intervino en el hecho y de la sentencia penal surge que no se probó la culpa del conductor de allí la absolución, no puede cercenarse la acción civil de daños y perjuicios, máxime ante la invocación de la responsabilidad objetiva contenida en la demanda de reclamo. El fallo penal no impide al juez civil el análisis de la conducta de los protagonistas del evento dañoso traído a su conocimiento, por lo que los agravios en este tópico deben ser rechazados. ASI LO VOTO.----- Tocante a la falta de valoración de la prueba testifical, puntualmente del testigo Puentes, único presencial, según la apelante y que no fuera valorado por el juzgador, amén de que no fue acompañado el audio de esa declaración y que en papel no obra luego de revisado el expediente penal en su totalidad, por lo que cabe advertir que no fue un testimonio inmediato prestado en la etapa prevencional, sino a posteriori, en la instancia del debate, es sabido y conforme lo puntualizara el vocal anterior, que por un lado los jueces no están obligados a ponderar exhaustivamente toda la prueba agregada, sino solo aquella que se estimen pertinentes o apropiadas para resolver el caso (Conf.: CSJN, Fallos 274:113, 280:320, doctrina art. 390 del rito).

Por otro lado no fue el único testigo presencial y aún cuando se tenga por válida su afirmación contenida en la pieza recursiva a fs. 713, su fuerza se desvanece ante lo que declararan a fs. 95 y 96 en la etapa prevencional D. D. y A. B., habiendo visto el primero de los nombrados el accidente siendo categórico al sostener que el microómnibus embistió sin frenar al rodado en su parte trasera, aunado al carácter de dependiente del Sr. P. de la empresa codemandada, nada más queda por decir.-- Y para cerrar este análisis diré que la impugnación de la pericia con la que se insiste, se echa por tierra, en concomitancia con lo anterior. En efecto, ya he tenido oportunidad de sostener que la localización de los daños en el proceso de daños es fundamental para determinar el carácter de embistente y embestido, el testimonio analizado fue elocuente y el perito también. D. D. fue categórico "Diez segundos después que pasara este auto -en referencia al del causante- siente el autobús que lo sobrepasa muy rápido, como a más de 100 km/h. Que como a unos 50 mts. Veo como el autobús impacta de atrás al renault 12 sin frenar. Que en el mismo momento que se produce el choque el auto empieza a rodar como si hubieran pateado un fútbol". (fs. 96). Las fotografías que da cuenta la pericia accidentológica corroboran lo expuesto. (fs. 399/401) quien embiste no tiene el dominio del automotor, iba distraído, no pudo frenar, por más que el rodado embestido fuese a una velocidad reducida o entorpezca el tránsito, no autoriza a llevarse por delante lo que viera, el mismo accionado reconoció no haberlo podido esquivar.-- Por otra parte intentar impugnar una pericia accidentológica con fundamento en lo ocurrido en el fuero penal no reviste el mayor análisis cuando la experticia como en el caso, se encuentra apoyada en los conocimientos técnicos científicos propios de la ciencia del experto, se llevó a cabo en otro ámbito y no puede otorgársele un valor absoluto a una causa penal, que solo tiene conforme se viera y a la luz de los antecedentes y ámbitos vistos una eficacia probatoria relativa en la especie (doctrina Art. 481, 482, 390 y concs. del CPCC, 1103 y concs. del CC) ASI LO VOTO.- En relación a la apelación de los actores J. R. D.. A. A. A., C. E. A., S. J. A., S. E. A., M. M. A. y P. E. A., no habiendo los nombrados expresado agravios de conformidad con lo dispuesto por el Art. 262 del CPCC en virtud que la pieza recursiva que luce a fs. 716/718 se lo hizo por parte del coactor L. M. N. A. por su derecho más no se acreditó la representación invocada la que por otra parte, al no ser letrado, tampoco hubiese sido válida, debe seguirse el criterio del vocal preopinante sobre la cuestión y declararse desierto el recurso de apelación respecto de los coactores invocados -Art. 34 inc. 4º del CPCC-. ASI LO VOTO.---- Respecto al agravio mantenido por el único apelante que expresara agravios a poco que se analice la pieza recursiva, se advierte que la discrepancia se centró en torno a la cónyuge damnificada por el evento dañoso y la reducida cantidad otorgada en concepto de daño moral. Nada se dijo respecto al hijo L. M. N. A. más allá de la referencia que hizo en otros casos jurisprudenciales de esta Cámara haya otorgado al cónyuge e hijos. La mera discrepancia no es expresar agravios en los términos del Art. 268 del CPCC. Conforme lo llevo dicho en otras oportunidades, el apelante efectivamente debe demostrar en el caso puntual que agravia el desacierto sentencial, que contiene el fallo objeto de apelación y que en el caso no logró hacerlo. Coincido con el vocal anterior y debe seguir igual suerte que el anterior recurso, su deserción. ASI LO VOTO.--- Finalmente y con respecto al daño patrimonial y su monto objeto de agravio siempre utilicé para justipreciar este ítem indemnizatorio la fórmula matemático financiera por resultar la más acorde para ello y no echar mano a la libre discrecionalidad. Es que, tal metodología conduce a la objetivización del daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al resguardo de la mera discrecionalidad judicial sin dejar de tener en cuenta que si bien los magistrados cuentan con amplias atribuciones para encuadrar la fijación del monto, no resultando imperativo acudir a estrictos y precisos criterios matemáticos para evaluar y graduar el monto de los perjuicios sufridos por quien reclama la reparación pecuniaria con fundamento en el derecho común, no lo es menos que tal fijación tiene como objetivo actualizar el estado patrimonial anterior a los daños sufridos o reparar el daño sufrido al estado patrimonial futuro del damnificado, y en este sentido entiendo que se tienen que individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto, todo ello con arreglo a elementos objetivos que resulten de la causa y a datos necesarios para que puedan reconstruirse las operaciones aritméticas que deban efectuarse. (Doctrina arts. 1073, 1074 del C.C., 167 y concs. del CPCC).Explicitando la misma, "C" es el capital a determinar, "a" el valor de la renta a percibir, que en el caso se expresará sobre bases anuales, "i" la tasa de interés puro que establezco en un 6% y "n" el número de períodos computables que en la especie serán años.

El esquema de la fórmula es el siguiente:

C = a. (1 - 1 ) . 1 (1 + i) n i El ingreso del causante arribó firme a esta Sede de apelación en la suma de $ 2.000 mensuales (ver. fs. 694 vta. apartado segundo). De la cual resulta razonable descontar un 30% a los fines de la propia manutención del occiso. (Conf. Zavala de González, "Resarcimiento de daños" T. 2b, pág. 175, editorial Hammurabi). Lo que arroja un valor final de $ 1.400. En consecuencia el ingreso anual a considerar incluido el aguinaldo asciende a la suma de $ 18.200. En cuanto al ítem "n" importa el número de años de vida laboral útil hasta los 65 años, tomándose esa edad en virtud de que el hijo al tiempo del infortunio contaba con 15 años de edad, regirá la anterior ley para fijar el cómputo de la minoridad, contando el progenitor con 57 años de edad a esa fecha (ver partidas de fs. 17 y 27). Es así que dando contenido numérico a la fórmula tenemos que por el mismo es el siguiente:

C= 18.200 . (1 - 1 ) . 1 = 113.018,24 (1 + 0,06)8 0,06 Por lo que deberá modificarse el rubro daño patrimonial a favor del apelante L. M. N. A. en la suma de $ 113.018,24.---- En cuanto a las costas de Alzada teniendo en cuenta que ha prosperado en parte la apelación de uno de los coactores y el criterio que debe regir en cuanto a que la indemnización debe ser integral, las mismas se imponen a la demandada vencida (Art. 69 del CPCC y 1083 del CC).

A IGUAL CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:

1. Llamado finalmente para decidir acerca de la disidencia habida entre los vocales que me precedieron en el voto en orden al resarcimiento que por daño patrimonial corresponde otorgar al apelante L. M. N. A. por el fallecimiento de su padre, se impone anticipar que, sin perjuicio de estimar valiosos la totalidad de conceptos vertidos previo al presente, adhiero al voto del Dr. Petris, toda vez que tengo para mí que un criterio objetivo de valoración del daño constituye a mi juicio la directiva básica para proceder a aquella determinación, en tanto y cuanto no exista acreditación de circunstancias subjetivas que en concreto aumenten o disminuyan la entidad del perjuicio irrogado.Así las cosas, de los elementos de juicio arrimados a estos autos no advierto la existencia de pruebas que me lleven a subjetivizar la cuantificación del daño.--- La vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.En función de lo dicho, la utilización de las variables que nos proveen las constancias de autos, en una fórmula matemático financiera que permita luego reconstruir el proceso de determinación del resarcimiento, entiendo opera en beneficio del debido proceso y del derecho de defensa que asiste al apelante, tornando previsible la actuación jurisdiccional.--Por ello, estimo que la fórmula expuesta por el vocal Dr. Petris, a la que me remito en homenaje a la brevedad procesal, aparece más ajustada a los fines de una efectiva realización de los derechos sustanciales del quejoso. Así lo voto.----Tal y como quedarán resueltas las cuestiones traídas al conocimiento de esta Alzada, atendiendo lo expuesto al punto 1.- del presente voto, estimo que las costas deben imponerse a los demandados, por imperio del criterio objetivo de la derrota que se aloja en el Art. 69 CPCC. Así lo voto también.-- A la SEGUNDA cuestión el Dr. Flass dijo:

Conforme lo expuesto al analizar la primer cuestión, propongo al Pleno: 1) DECLARAR desiertos los recursos de los Srs. J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A. así como también el del Sr. L. M. N. A. ; referido al daño moral, 2) CONFIRMAR parcialmente la sentencia apelada modificándola solo respecto al daño patrimonial irrogado al Sr. L. M. N. A. que se calcula en $40.000. 3) IMPONER las costas de la presente instancia en el orden causado. 4) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. F. B. en el 6,3% y los del Dr. J. J. R. M. en un 3,25%, ambos porcentajes con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).

A la MISMA CUESTIÓN, el Dr. PETRIS dijo:- Atento a lo manifestado al votar a la cuestión anterior, propongo al Pleno: 1) DECLARAR desiertos los recursos de los Sres. J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A. así como también el del Sr. L. M. N., Alegría referido al daño moral, 2) CONFIRMAR parcialmente la sentencia apelada modificándola solo respecto al daño patrimonial irrogado al Sr. L. M. N. A. que se calcula en $113.018,24. 3) IMPONER las costas de Alzada teniendo en cuenta que ha prosperado en una parte sustancial la apelación de uno de los coactores y el criterio que debe regir en cuanto a que la indemnización debe ser integral, las mismas se imponen a la demandada vencida (Art. 69 del CPCC y 1083 del CC). 4) REGULAR los emolumentos profesionales del Dr. F. B, en el 6,3% y los del Dr. J, J, R, M, en un 3,25%, ambos porcentajes con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).

A IGUAL CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo:---- Conforme a lo expuesto voy a votar por: Atento a lo manifestado al votar a la cuestión anterior, propongo al Pleno: I) CONFIRMAR parcialmente la sentencia apelada modificándola solo respecto al daño patrimonial irrogado al Sr. L. M. N. A. que se calcula en $113.018,24. II) IMPONER las costas de Alzada a la demandada vencida (Art. 69 del CPCC y 1083 del CC).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

---S E N T E N C I A----- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:----- 1) DECLARAR desiertos los recursos de los Sres. J. R. D., A. A. A.; C. E. A., S. J. A.; S. E. A., M. M. A. y P. E. A. así como también el del Sr. Leonardo Matías Nazareno, Alegría referido al daño moral.

2) CONFIRMAR parcialmente la sentencia apelada, modificándola solo respecto al daño patrimonial irrogado al Sr. L. M. N. A. que se calcula en $113.018,24.--- 3) IMPONER las costas de Alzada a la demandada vencida (Art. 69 del CPCC y 1083 del CC).-- 4) REGULAR los emolumentos profesionales del Dr. F. B. en el 6,3% y los del Dr. J. J. R. M. en un 3,25%, ambos porcentajes con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).-- 4) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.---- CLAUDIO A. PETRIS GÜNTHER ENRIQUE FLASS JORGE LUIS FRÜCHTENICHT (En Disidencia) REGISTRADA BAJO EL N ° 20 CANO DEL LIBRO DE SENTENCIA DEFINITIVAS DEL AÑO 2012. CONSTE.