marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PREMOD SA Y OTRO c/ MAR CLIMA SRL Y OTROS s/ ORDINARIO S/ INCIDENTE ART. 250 DE CODARO ARIEL ALEJANDRO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-12

1. Resulta audible el recurso de apelación incoado contra la resolución que le impuso una multa de $ 4.000 a la actora por no cumplir con una intimación, mediante la cual se requirió el ingreso de la tasa de justicia y la multa prevista por la ley 23898: 11, 2° párrafo. 2. Ello así, pues aun cuando el importe de la multa sea inferior al monto mínimo de apelabilidad previsto en el CPR 242 -texto según Acordada N° 45/16 de la CSJN, publicada en el B.O. 30/12/16, que asciende a $90.000- será tratado el agravio, en tanto la cuestión se encuentra expresamente excluida de la regla de apelabilidad, según lo dispuesto en el artículo citado, in fine.
Violencia de género, restricción de acercamiento, competencia, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. I. c/ G., A. A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Atento a que de las constancias de la causa -iniciada a fin de obtener una medida de prohibición de acercamiento del denunciado a la presunta víctima- no se encuentra acreditada la existencia o inexistencia del requerimiento pertinente por parte del Ministerio Público de la Acusación y a lo resuelto por esta Corte en autos "A" (AyS T 312, p 333), corresponde reenviar las actuaciones al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia para que, impuesto de dicho extremo, en el primer caso radique la causa por ante sus estrados o, en el segundo, la remita al tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo, de la ley 26485. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículo 22, primer párrafo. - Jurisprudencia vinculada: A., G. J., AyS T 312, p 333, sumario J0048981. - Jurisprudencia concordante: G., C. I., AyS T 313, p 273/275, sumario J0049161.
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerdá, José c/ Covello, Daniel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-28

El art. 78 del CPCC, dispone que "los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda en cualquier estado del proceso la concesión del beneficio de litigar sin gastos...". Si bien es cierto que el apelante inició y prosiguió estas actuaciones hasta el llamamiento de autos para sentencia sin acudir a la franquicia que actualmente reclama, habiéndose hecho cargo de las erogaciones que ello le ha demandado, no lo es menos que le asiste el derecho que la norma citada consagra a fin de solicitarla en este estado del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, despido, trabajador, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO JULIO c/ IMAI S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-07-20

El despido dispuesto por el empleador alegando no poseer tareas acordes que otorgar debe considerarse como un acto alcanzado por la prohibición legal (artículo 48, Ley de Asociaciones Sindicales) de forma que si el empleador procede de modo directo, el trabajador puede -a su opción- ejercer las acciones de reinstalación o reclamar indemnización especial;

no pudiendo debatirse en dicho pleito si había o no tareas acordes.

Si el empleador entendió que no las había, debió demostrarlo mediante la acción de exclusión previa y, en el caso, el despido se transforma en uno sin causa; máxime cuando tal como se desprende de las constancias de autos existe controversia en punto a si el vínculo puede o no continuar en función al grado de capacidad residual y la entidad de las tareas que realizaba para la emple dora.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Barrionuevo, Néstor Daniel c/ Marcolli, Clemente s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-31

Se agravia el apelante actor por la escasa suma que en concepto de daño moral estableció el Inferior. La tarea de cuantificar el daño moral es ardua y responde a una valoración necesariamente subjetiva por tratarse de un daño insusceptible de ser valorado cabalmente en dinero. Este Tribunal y en criterio mayoritario, estableció que en el caso de muerte es justo fijar en concepto de daño moral la suma de $70.000, que puede variar dadas las circunstancias del caso, pero que en el que ahora nos ocupa sirve como parangón, razón por la cual es que la suma fijada en esta ocasión es por demás justa y equitativa $32.537- si se tiene en cuenta la magnitud del padecimiento en una y otra situación.(Del voto de la mayoría Dr.

Crook-Dra. Chayep)
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES FABIANA ALEJANDRA c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-14

Las críticas del recurrente expuestas a lo largo de su libelo postulatorio, que sólo implican meras discrepancias subjetivas con la valoración efectuada en la resolución recurrida, resultan insuficientes para tornar en irrazonable el silogismo utilizado por los sentenciantes para sustentar su decisión.
Fallos de la Corte Suprema, resoluciones irrecurribles, recurso de nulidad, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Chrzaszczwski Gustavo Ariel c/ Volkswagen Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-13

Las sentencias de la Corte no son susceptibles de ser revocadas por vía de recursos de reconsideración, revocatoria o nulidad, máxime cuando el planteo articulado se contradice con el contenido de las piezas incorporadas a las actuaciones por el propio recurrente de las que surge nítidamente que, contrariamente a lo argüido, el recurso extraordinario fue oportunamente replicado por la parte actora.
Contrato de trabajo, parada de diarios y revistas, fondo de comercio, embargo preventivo
Materia: LABORAL
Carátula: Tercería.  FAMEA  PABLO  ESTEBAN c/ ORELLANA  FIGUEROA  EDUARDOADRIAN     Y     OTRO s/ EJECUCION    DE    CREDITOS    LA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

La llamada "parada" de diarios y revistas posee, por lo menos, dos de los elementos consitutivos de un fondo de comercio en los términos del art. 1º de la ley 11867: uno material, consistente en la estructura de apoyo de los diarios y revistas que el titular recibe en consignación de las casas editoras, y otro, inmaterial, representado por el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, que permite el ejercicio de esa actividad por el titular en situación de cuasimonopolio, lo que haría aplicable ese régimen, pero, en la especie, ha sido embargado un porcentaje de la recaudación, que no es un elemento preexistente a la transmición, sino el producto del trabajo personal posterior a ella cumplido por el tercerista;... así, se ha admitido que podria ser objeto de transferencia la "caja" del día en que se produce la del fondo. Pero en ningún caso, los ingresos futuros, provenientes de la explotación del negocio por el nuevo titular.
Denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias, extradición, ejecución de la pena, pandemia, coronavirus
Materia: PROCESAL
Carátula: Parpale, Gabriel Constantin. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-28

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa en tanto el pronunciamiento impugnado constituye un acto jurisdiccional válido que no merece la descalificación pretendida por el recurrente. El tribunal fundó la denegatoria en la ausencia de cumplimiento del requisito temporal para acceder al pedido de extrañamiento previsto en el art. el art. 64, inc. "a" de la ley 25.871, en función de los arts. 15 inciso 2° apartado "a" y 17 de la ley 24.660, en tanto no ha cumplido aun con la mitad de la condena impuesta (que se encontraría cumplido el día 24 de julio del año 2021). En este punto, el rechazo del tribunal a quo debe entenderse fundado en el cumplimiento efectivo de las normas citadas -cuya aplicación al caso no ha sido objetada por la parte recurrente- y en el concreto interés del Estado Argentino en asegurar la ejecución de la mitad de la pena impuesta; ello en amparo de los principios de legalidad e igualdad ante la ley. Además, en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia ante esta instancia, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que "en el supuesto de autos no existen razones válidas para apartarse del requisito temporal estipulado en art. 64 inc. a de la ley 25.871 y la posición contraria implica arrogarse indebidamente funciones legisferantes". A su vez, con respecto a lo alegado por la defensa en cuanto sostuvo que en el acuerdo de juicio abreviado se había acordado la expulsión anticipada de su asistido, el Fiscal destacó que "'tener presente una petición' no implica conceder un derecho y menos ordenar su realización". Por último, la invocación de circunstancias vinculadas con la situación de la pandemia de Covid 19, por sí solas, no alcanzan para justificar la concesión de la petición deducida. Sin embargo, corresponde encomendar al tribunal a quo que disponga a la Unidad Carcelaria donde Gabriel Constantin Parpale se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. Dres. Borinsky y Carbajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Inspección General de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: LA MONUMENTAL  S.A.  DE CAPITALIZACION s/ SOCIEDADES  DE  CAPITALIZACION  Y  AHORRO  - RECURSO EXTRAORDINARIO -  PROCEDENCIA  -  CAPITAL  SOCIAL - INSPECCION GENERAL  DE  JUSTICIA  -  CAPITAL MINIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Los agravios dirigidos contra la sentencia que confirmó la resolución de la Inspección General de Justicia en cuanto le exigió demostrar que posee el capital mínimo previsto por las normas vigentes, representado por acciones integradas en efectivo, remiten a la interpretación de normas de derecho común, y no son aptos para suscitar la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48.

Máxime, cuando la decisión impugnada cuenta con fundamentos de la misma índole que bastan para descartar la tacha de arbitrariedad cuya formulación en la especie, por lo demás, únicamente traduce la discrepancia de quien la invoca con lo expresado por los jueces intervinientes.
Jubilaciones, reajuste jubilatorio, adicional por dedicación exclusiva, incompatibilidades de los funcionarios judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Miozzo, Victorino Alberto c/ INPS  -  Caja Nacional de Previsiónpara el Personal  del  Estado  y Servicios  Públicos s/ reajustesvarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Corresponde confirmar el pronunciamiento que rechazó el reajuste de la prestación previsional por incorporación del adicional otorgado en concepto de "compensación funcional", ya que su reconocimiento redundaría en el otorgamiento de un mejor derecho en pasividad, desde que el titular - favorecido en actividad con la compatibilidad profesional - gozaría en pasividad de la compensación por el bloqueo de título que nunca tuvo.
Contrato de trabajo, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, MARTA JOSEFA c/ CITROEN ARGENTINA  S.A.  Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-01

Las personas integrantes de un grupo económico son jurídicamente independientes. Ello significa que si son dos o más sociedades comerciales, cada una de ellas, desde el punto de vista jurídico formal, aparece como persona jurídica autónoma en el sentido de que cada una tiene su estatuto, su patrimonio propio, directorio, sindicatura, asamblea y todos los atributos que caracterizan a una persona de existencia ideal (conforme Juan M. Farina, 'Los grupos económicos y la extensión de la quiebra', ED, 19 de febrero de 1985).
Acción reivindicatoria, derecho de retención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORIA, NORMA OFELIA c/ HECTOR SILVA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-07

Reconociéndose a la apelante el derecho de retención sobre la cosa reivindicada, cabe modificar asimismo la sentencia en cuanto dispone la obligación de restituirla en el plazo que se fija para hacerlo, bajo apercibimiento de lanzamiento, pues si no fuera así, la obligada obediencia a la orden judicial estaría mutando el ejercicio material de la retención en un ejercicio solo animus, sin garantía suficiente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pucheta, José Aníbal; Godoy, Rodolfo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que no se trató de demostrar que la Cámara negara efectos sobre la pena a las circunstancias atenuantes que el propio Tribunal invocó.
Amenazas, elemento subjetivo, elemento objetivo, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: Spinosa Melo, Oscar F. s/ Amenazas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

Sin perjuicio de la impresión que el querellante pudo haber tenido de la personalidad del enjuiciado, que al momento del hecho se encontraba con un proceso por tenencia de arma de guerra y lesiones, debe absolverse por el principio establecido en el art. 3, C.P.P., al prevalecer un razonable margen de duda, tanto con relación al elemento subjetivo del delito como respecto de una de las características exigidas por su tipo objetivo; esto es la gravedad de las amenazas evaluadas, no sobre la base de las actitudes que asumió el querellante con posterioridad a los incidentes, - que sólo pueden constituir indicios equívocos -, sino en razón del contemporáneo estado de ira que pudo embargar al encausado en el momento de los hechos, siendo que, en el caso, tal situación anímica fue percibida incluso por los testigos de cargo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, responsabilidad del Estado por actos ilícitos, personal policial
Materia: CIVIL
Carátula: BARRIA, Juan Antonio c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-02-25

Se ha dicho, que "la responsabilidad del Estado por el hecho de sus agentes no debe ser tomado en forma absoluta", dado que cada caso, cada hecho, adquiere y está rodeado de características distintas, extremo éste que puede llevar, como resultado, a la exclusión de esa responsabilidad. En otras palabras, diremos que "la responsabilidad de Estado por los hechos ilícitos de sus agentes, no puede tener un alcance ilimitado".
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonutti, Guillermo c/ Microomnibus Primera Junta s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02

Corresponde admitir el pedido de reajuste de la indemnización por consecuencia de la inflación, efectuado recién al expresarse agravios, porque se ha respetado el derecho de defensa de la parte contraria (arts. 18 C.N. y 9 de la Provincial).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bresky, Armando s/ EXCEPCION - FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-01

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva aunque se invoquen garantías constitucionales o la tacha de arbitrariedad.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual, trabajadores temporarios
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN CARLOS ALBERTO c/ LAS PIRGUAS S.R.L. Y O. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-18

No cabe perder de vista que en el contrato de trabajo de temporada "el trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo" (art. 97, 2º párrafo LCT). Señala Carlos Alberto Etala que el contrato de trabajo de temporada "es un contrato por tiempo indeterminado aún cuando las prestaciones sean discontinuas y no continuas como en el contrato de trabajo más común. Existen, por consiguiente, en el desarrollo de la relación contractual, 'períodos de actividad' y 'períodos de receso' que están sujetos a repetirse en cada ciclo en razón de 'la naturaleza de la actividad' y no por la voluntad de las partes. El carácter permanente del contrato excluye que éste se extinga al finalizar cada temporada, manteniéndose latente y presto a iniciarse al comienzo de la nueva temporada" (Contrato de Trabajo, T. 1, Astrea, Bs. As., 2010, pág. 320 y ss.). Sostiene Miguel Ángel Sardegna que "a partir de la primera temporada, es decir, desde su primera contratación, el trabajador adquiere los derechos que la ley reconoce a todo trabajador dependiente" (Ley de Contrato de Trabajo, Editorial Universidad, Bs. As., 2007, pág. 264).
Recurso de casación, inconstitucionalidad, declaración indagatoria, defensa, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DR. PEDRO CAYETANO PARADELO s/ INTERPONE  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: BARRIONUEVO JOSE  OMAR, MORA JOSE  LUIS  Y ANDRADE JULIO RAFAEL S/HURTO DE GANADO MENOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-22

La pretensa nulidad invocada por el recurrente en el agravio referido a la supuesta "indefensión" por falta de asistencia técnica en el acto de prestarse las respectivas declaraciones indagatorias, como asimismo, de una "entrevista previa" de los encartados, con su defensa, en cuanto el recurrente invoca la aplicación de la Conveción Americana sobre Derechos Humanos (comúnmente denominada "Pacto de San José de Costa Rica", receptada en la legislación de orden nacional, por ley 23.054, y actualmente incorporada en el art.

75, inc. 22, segundo de la recientemente vigente Constitución Nacional), que entiende ser violada, -en cuanto principio constitucional- no puede prosperar En efecto de la norma del art.

8, inc. 2, punto d de la citada Convención, no surge imperiosa o necesariamente la pretendida "entrevista previa" que en el recurso reclama como garantía constitucional conculcada en tanto tal presunta violación afecta el derecho de defensa y el debido proceso.
Proceso penal, requerimiento de elevación a juicio, fundamentación de la resolución, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. L. s/ Incidente de nulidad en expediente (Expte Nº  76-02, Resolución Nº  9,  Tomo 7, Folio 408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-10

Si bien nuestra legislación adjetiva no lo exige en el texto mismo del articulado, no existe duda alguna que la norma del artículo 373 del Código Procesal Penal se completa con el artículo 67 del mismo cuerpo legal que requiere que todos los actos del Fiscal sean fundados.
Dictamen pericial, fundamentación insuficiente, apreciación de la prueba, incapacidad sobreviniente, suspensión del proceso judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ de LANGELLA, Rosa y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-11

En sus dictámenes, los peritos deben enunciar necesariamente los fundamentos de sus conclusiones o los basamentos fácticos experimentales que permitieron obtenerlas, apreciaciones éstas que serán indispensables para el juez al momento de meritar el valor de la prueba producida.

En consecuencia, carece de eficacia probatoria el dictamen en el que las conclusiones son breves y categóricas, sin explicaciones ni sustento científico alguno.

Por ello, y dado que el juez instructor apreció la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica, la que determinó una causal de incapacidad sobreviniente, corresponde la suspensión del trámite del proceso (art. 77 del C.P.P.N.), toda vez que su actual incapacidad resulta determinante para diversos actos para los cuales es indispensable su aptitud.
Delitos informáticos, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BADARACCO, ELENA SUSANA C/ NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ SUMARÍSIMO (CIVIL)" - Expt. N° 7102/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-22

La diligencia exigible a la entidad financiera es la de un profesional experto en su actividad, con el consiguiente efecto de que mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos, debiéndose apreciar su conducta no con los parámetros propios de un neófito, sino que debe ajustarse a un estándar de responsabilidad agravada, en particular cuando el proveedor de bienes o servicios no puede alegar desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa, ya que su condición la responsabiliza de una manera especial y le exige una organización acorde con su objeto social para poder desarrollar idóneamente su finalidad.
Simulación, contradocumento
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Jorge Benedo c/ Peña, Francisco Justino y Otros. s/ Simulación-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-04-24

Para que haya simulación necesariamente debe contarse con la participación de los sujetos que quieren dar apariencia de verdadero al acto que conciertan para ocultar el acto real. Ante la ausencia de constancia escrita o contradocumento debe presumirse la sinceridad del acto, presunción que sólo puede ser destruida mediante una prueba cierta, completa, inequívoca e incontrovertible.
Muerte del concubino, legitimación procesal, daño material, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO  BLANCA  ESTELA  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEINTERIOR  POLICIA  FEDERAL ARG. s/ accidente en el ambito military fzas. de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

La unión de hecho no genera obligaciones jurídicas durante su existencia, pero ello no le priva de legitimación al conviviente para reclamar los perjuicios que la muerte de su compañero le causa, ya que ésta no se origina en la relación de pareja, sino que surge de la certeza del perjuicio, el cual se debe acreditar de una manera fehaciente. Para establecer la procedencia y cuantía del daño material es condición "sine qua non" que el reclamante acredite el daño patrimonial causado por la muerte de su pareja en los términos del art. 1079 del Código Civil.

La prueba del perjuicio es una cuestión que debe tenerse muy en cuenta para determinar el quantum indemnizatorio. Advierto que en éste, como en muchos pleitos, el esfuerzo probatorio se ha dirigido a demostrar la existencia de la relación concubinaria, olvidando que la demostración del concubinato, es insuficiente para que exista obligación de indemnizar.