Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-15


ACUERDO N° 70. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los quince días del mes de agosto de dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia integrada por los Doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la Secretaria titular de la Secretaría de Demandas Originarias Dra. Cecilia Pamphile para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "KUKENSHONER RICHARD ADRIÁN C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte n° 2480/08, en trámite por ante la mencionada Sala y conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 17/20 se presenta el Sr. Richard Adrián Kukenshoner, por apoderado, y promueve demanda procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén. Solicita se decrete la responsabilidad extracontractual de la demandada por falta de servicio de sus agentes policiales y se indemnicen los daños sufridos a raíz de dicha acción ilegítima.

Relata que el 04 de octubre de 2001 el Banco Galicia y Bs. As. inició acciones legales contra el Sr. Remezzano Emilio Andrés, por el secuestro prendario del automotor dominio AMI 470 marca VW tipo sedan cuatro puertas modelo Pointer GL año 1995.

La causa tramitó ante la Secretaría de Juicios Ejecutivos Nº 1 de esta ciudad (Expte. Nº 269486/01). Ordenado el secuestro del automotor, el día 31 de octubre de 2001, la Policía de Neuquén fue anoticiada de la medida.

Continúa exponiendo que, posteriormente, el actor pide el levantamiento del secuestro, librándose los oficios correspondientes.

Pese a ello, el día 25 de febrero de 2006, a las 0:30 hs., en el puente carretero que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, la Policía Provincial procedió a secuestrar el automotor, cuando éste era conducido por Cristian Kukenshoner, hermano del actor. Evidentemente, agrega, la policía omitió tomar los recaudos necesarios y no se percató de la recepción del oficio de levantamiento de secuestro.

Denuncia que por ese lamentable hecho, el actor se vio obligado a contar con asistencia letrada, presentarse en el expediente judicial, solicitar su desarchivo y efectuar los requerimientos necesarios para no seguir dilatando la indisponibilidad del bien.

Sostiene que existe responsabilidad del Estado debido al incumplimiento por parte de los agentes policiales de una orden judicial debidamente notificada.

En cuanto a los rubros indemnizables, reclama $ 2.054,62.- en concepto de daño emergente, incluyendo en este item los importes que tuvo que desembolsar para recuperar la unidad, como para utilizar otros medios de movilidad.

También reclama por el rubro privación de uso y lucro cesante, la suma de $2.500,00.-. En este punto hace mención al lapso en que se vio privado junto a su familia del uso del automotor y a la imposibilidad de contar con otro vehículo. Agrega que sus hijos viven en Cipolletti con su madre y la visita, que, asiduamente realizaba, se vio muy afectada por no contar con vehículo particular.

II.- A fs. 43 y vta. se declara la admisión del proceso y, habiendo optado el actor por el procedimiento ordinario, se sustancia la acción.

A fs. 58/62 vta. se presenta la Provincia y contesta demanda. Solicita se proceda al rechazo de la pretensión, en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la contraria.

Luego de efectuar la negativa de rigor, indica que los principales antecedentes relatados por el actor se basan en una prueba cuyos originales no están aún en el expediente, razón por la cual no le consta que hubiese existido el juicio ejecutivo al que hace referencia, la orden de secuestro, el levantamiento y que éste hubiese sido informado a la Jefatura de la Policía. En tal sentido, niega que la Policía de la Provincia hubiese recibido correctamente el oficio de levantamiento de secuestro.

Señala que no parece desprenderse de la demanda que se hubiesen demostrado los presupuestos mínimos que deben darse para el nacimiento de un derecho a la indemnización.

En otro acápite postula la improcedencia de los rubros reclamados y la ausencia de prueba de los daños invocados. Agrega que, ante el hipotético supuesto que se considerara configurada la responsabilidad del Estado, la indemnización no podría ir más allá de la restitución de lo abonado en concepto de honorarios y gastos en el expediente, sin intereses por no haber sido reclamados.

III.- A fs. 65 se abre la causa a prueba, período que es clausurado a fs. 149.

A fs. 156/159 dictamina el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, quien propicia se haga lugar a la demanda.

A fs. 160 se dicta la providencia de autos, la que firme y consentida, coloca a las actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

IV.- El caso a resolver se centra en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Situados en ese ámbito, corresponde examinar si la accionada ha incurrido en cumplimiento irregular o defectuoso de sus funciones (falta de servicio), así como los demás requisitos ineludibles para que proceda la pretensión, esto es, la existencia de un daño cierto, la relación de de causalidad entre el accionar estatal y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (FALLOS 324:3699; 326:4003 y sus citas).

De las constancias del expediente "Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Remezzano Emilio Andrés s/ Secuestro" (Nº SNQJE1 269486/01) -agregado por cuerda a los presentes-, surge que en septiembre de 2002 se dispuso, a pedido del actor, el levantamiento del secuestro oportunamente ordenado con respecto al automóvil objeto de autos (dominio AMI 470 marca VW tipo sedan cuatro puertas modelo Pointer GL año 1995). A fs. 52 de dichas actuaciones obra constancia de recepción del oficio de levantamiento de secuestro por parte de la Policía Caminera de esta Provincia (21/10/02).

No obstante que, por dicho intermedio, la Policía Caminera debió haber tomado nota de que la medida había sido levantada, el 25 de febrero de 2006, en un procedimiento realizado en el Destacamento del Puente Carretero Neuquén-Cipolletti, agentes policiales secuestraron el vehículo de referencia. En las actas respectivas se hizo constar que el rodado registraba un pedido de secuestro dispuesto en el expediente en trámite ante la Secretaría de Juicios Ejecutivos Nº 1, individualizado más arriba (vid. fs. 80/81).

El automóvil permaneció secuestrado hasta el 23 de marzo de 2006, fecha en que se le devolvió al actor, luego de que este último se presentara en el expediente citado y solicitara, mediante apoderado, la inmediata entrega del rodado (cfr. fs. 75/79, 85, 86 y 92/93).

En estas condiciones, es claro que la efectivización por parte de la policía de una medida de secuestro que había sido dejada sin efecto (es decir, no vigente), constituye un cumplimiento defectuoso de funciones que le son propias. La falta de servicio se encuentra así configurada.

Al respecto, cabe recordar la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, en punto a que: "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular" (Fallos: 315:2865; 316:2136; 318:845 y 321:2144).

Esta idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (Fallos: 306:2030). En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:193; 321:1124; 330:2748; 331:1690).

Tanto el mal desempeño por parte de las autoridades policiales en el cumplimiento de sus funciones, consistentes en el caso en el secuestro indebido del automóvil del Sr. Kukenshoner (ver informe histórico de dominio agregado a fs. 76/79), como así también el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia de ese accionar, compromete la responsabilidad del Estado Provincial (cfr. Fallos: 317:1592 y sus citas).

No enerva esta conclusión la defensa que invoca la demandada a fs. 59 vta., puesto que ha omitido acreditar que la Policía no hubiese sido informada correctamente del levantamiento del secuestro: la recepción del oficio respectivo surge del expediente agregado por cuerda (fs. 52, ya citada), circunstancia que ha sido corroborada en este proceso mediante el informe emitido por la Dirección de Tránsito sobre la base de los libros labrados al efecto (fs. 133/145, ver especialmente fs. 136).

V.- Demostrada la responsabilidad de la Provincia, corresponde fijar el monto de la indemnización que se pretende.

El actor reclama la suma de $2.054,62.- en concepto de daño emergente sobre la base de los recibos y tickets acompañados como prueba (fs. 161, 172 y 173).

Estos últimos se corresponden con los informes emitidos por la Municipalidad de Cipolletti y Neuquén en punto a la titularidad de las licencias de taxis y remisse que figuran en los distintos comprobantes agregados a autos. Allí se señala que los servicios de transporte público, en la modalidad de taxi o remisse, emiten como comprobante de pago un ticket mediante el uso de reloj tarifario (fs. 90/91 y 123/124).

Con la prueba arrimada ha quedado demostrado que el damnificado debió recurrir a medios de transporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el vehículo propio.

Sin perjuicio de los gastos de movilidad antes señalados, también debe reconocérsele al reclamante aquellos otros que debió necesariamente afrontar para recuperar el automóvil. Tal como se analizara mas arriba, el actor requirió asistencia letrada a fin de presentarse en la causa judicial donde se había dispuesto originariamente el secuestro y solicitar las medidas pertinentes para que cese la indisponibilidad del rodado.

A más de ello, el accionante peticiona que la indemnización que se fije contemple los gastos que irrogaron la utilización de otros medios de transportes de los que no se pudieron obtener recibos o tickets, así como el malestar que genera no contar con su automotor, máxime cuando sus hijos viven junto a su madre en Cipolletti, todo lo cual afectó el contacto asiduo con aquéllos.

La residencia de los hijos del actor y el régimen de visitas imperante surge del plexo probatorio incorporado a la causa. En efecto, conforme se desprende del informe remitido por el Juzgado de Familia Nº 7 de Cipolletti (fs. 100/112) y lo ponen de manifiesto los testigos, el actor no vivía junto con sus hijos, sino que los visitaba periódicamente en la ciudad de Cipolletti, a tenor del régimen de visitas oportunamente fijado en la causa de divorcio (fs. 120/121).

Más allá del nomen iuris utilizado por el reclamante, el enfoque correcto para determinar la existencia de una pérdida efectiva debe examinar cuál era el derecho con que contaba la víctima, y del que fue privada a raíz del suceso.

Como explica Matilde Zavala de González, ese derecho radica en usar el automotor para su destino propio, es decir, como instrumento de satisfacción de las necesidades ordinarias de la vida, de modo que el valor económico del uso constituye la mira del resarcimiento.

Continúa analizando la autora citada: "cuando la necesidad de usar un medio de transporte ha sido cubierta en los hechos por el propio damnificado, no cabe duda de la procedencia de la indemnización atinente a las correlativas erogaciones. Otro tanto, si suspendió o limitó las actividades en que instrumentaba el vehículo, pues igualmente entonces hay un interés menoscabado, de no cuestionable proyección económica: el uso del propio automotor, que forzosamente se compensa con el valor de un uso similar". Es que si bien el perjuicio debe ser real y cierto, la convicción judicial sobre su efectividad no siempre requiere prueba directa y específica. Frecuentemente y por el contrario, dicha certidumbre se obtiene por vía presuncional, sobre la base de juicios de normalidad que atienden al modo en que se presentan las cosas en la realidad ordinaria de la vida (cfr. aut. cit., Resarcimiento de daños. Daños a los automotores, Ed. Hammurabi, p. 116 y ss.).

Aplicando, entonces, dichos parámetros al caso de autos, estimo adecuado fijar el monto total de la indemnización en la suma de $ 3.500,00.- (art. 165 C.P.C.yC. aplicable por reenvío previsto en el art. 78 del C.P.A).

No corresponde adicionar intereses, puesto que no han sido peticionados en el escrito de demanda.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo, acoger la demanda incoada por el Sr. Richard Adrián Kukenshoner, con costas a la demandada (art. 68 del C.P.C. y C.) ASI VOTO.

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: Comparto el criterio y la solución acordada por el Dr. Kohon, por lo que he de emitir mi voto en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, oído el Sr. Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) HACER LUGAR a la demanda incoada por el Sr. Richard Adrián KUKENSHONER contra la PROVINCIA DE NEUQUÉN y, en consecuencia, CONDENAR a esta última a abonar la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00.-), en concepto de daños y perjuicios; 2°) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 1305); 3º) Regular los honorarios profesionales, (arts. 6, 7, 9, 10 y cc. Ley 1594); 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI DRA. CECILIA PAMPHILE - Secretaria