Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-14


La Plata, octubre 14 de 2009.

Antecedentes La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la excepción de prescripción opuesta por la accionada (fs. 114/121).

La demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 126/132.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? La doctora Kogan dijo:

I. La Cámara revocó el fallo de primera instancia que había declarado prescripta la acción.

Basó su decisión, en lo que interesa al recurso, en que:

a) El actor y el demandado estaban unidos por una relación de naturaleza contractual, tal así que el representante de la entidad financiera al absolver posiciones reconoció que el actor había cancelado los créditos y que no existía deuda pendiente (fs. 115).

b) Si el reclamo indemnizatorio se fundaba en el error cometido -que tiene como antecedente inmediato la celebración de un contrato de mutuo entre el banco y el cliente- no puede sostenerse que la responsabilidad endilgada a la entidad financiera revista el carácter de extracontractual, pues el accionar del banco deriva de una relación jurídica convencional (fs. 115).

c) No se concibe que si había un vínculo contractual entre la actora y la demandada, ésta a raíz del supuesto incumplimiento de la convención -falta de pago del préstamo- consumara una conducta reprochable, calificando al actor como deudor moroso cuando no lo era y comunicara indebidamente al Banco Central y a la entidad "Veraz" el monto de la deuda impaga, pretendiendo luego que su responsabilidad es de naturaleza extracontractual para oponer la prescripción (fs. 115 vta.).

d) Tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual, no cabe duda que el plazo de prescripción que debe aplicarse es el establecido en el art. 4023 del Código Civil, por lo que la acción deducida no ha prescripto (fs. 115 vta.).

e) La cuestión procesal relativa al trámite que debe aplicarse no puede prevalecer sobre las disposiciones de derecho sustancial que rigen la institución de la prescripción (fs. 315 vta.).

II. Contra este pronunciamiento se alzó la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la vulneración de los arts. 512, 1109, 4023 del Código Civil, 320, Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.

Expuso que la acción se hallaba prescripta toda vez que la misma era de naturaleza extracontractual, encuadre que deriva tanto de los hechos ocurridos, como de la tipificación legal de los mismos (fs. 126 vta./127).

Adujo que la demanda no se cimentó en la celebración de un contrato, sino en el error negligente y temerario del banco, al insertarlo en el "Veraz" como deudor moroso, sin referencia a mutuo alguno, al punto que la relación convencional que vinculó a las partes, había concluido y no existían obligaciones pendientes de cumplimiento (fs. 127).

Agregó que -como lo admitiera el banco al contestar la acción meramente declarativa- al remitir la información relativa a los deudores morosos, se consignó erróneamente un número de documento de identidad que coincidió fortuitamente con el del actor, y que el monto de la deuda comunicada tampoco coincidiría con la real situación del otrora mutuario, patentizando la inconexión entre el error que comete el banco y la relación que mantuviera oportunamente con ese cliente (fs. 127).

Indicó que en tanto el daño no surja del incumplimiento negocial, la responsabilidad será extracontractual, debiendo para ello existir un contrato válido y vigente, por lo que si el contrato que unía a las partes se agotó por haberse cumplido las prestaciones emergentes, estamos fuera de la órbita de la responsabilidad contractual (fs. 127 vta./128 vta.).

Sostuvo que el banco no infringió una cláusula contractual y, por lo tanto, su responsabilidad surge de la obligación genérica de no dañar (fs. 129 vta.).

Finalmente, dijo que el rechazo del actor al trámite ordinario no era una mera cuestión procesal, sino que evidenciaba una declaración de voluntad orientada a desconocer el carácter contractual del daño que reclama (fs. 130).

II. Entiendo que no le asiste razón al recurrente.

Liminarmente, cabe recordar que no es posible para quien acciona, optar entre los sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual, ya que en cada supuesto debe analizarse cuál es la causa fuente, a fin de determinar el régimen de reparación aplicable al hecho generador del daño el cual es resuelto por la propia ley conforme al supuesto de hecho específicamente delimitado (art. 1107 del Código Civil; conf. Ac. 57.993, sent. del 28/X/1997; Ac. 74.627, sent. del 19/II/2002, D.J.B.A. 163-134).

Así, la responsabilidad por culpa es contractual si entre los interesados existía una obligación preestablecida -cualquiera sea la fuente que dé origen a la obligación-; mientras que será extracontractual cuando se vulnere el deber general de no causar daño a otro, a lo que cabe agregar, que el trámite impuesto a la demanda o bien solicitado por alguna de las partes, es ineficaz para modificar la naturaleza de la responsabilidad, tal como pretende el quejoso.

Más aún, analizados los antecedentes de autos entiendo que la demanda intentada contra una entidad bancaria por los daños causados a un cliente a raíz de haber suministrado información errónea a un banco de datos, tiene estricta relación con el vínculo contractual habido originariamente entre las partes.

Al respecto, tiene capital importancia la obligación de seguridad que emana del principio de la buena fe del art. 1198 del Código Civil que rige las convenciones, y que ha sido caracterizada por la doctrina como "aquélla en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes- sanos y salvos a la expiración del contrato" (conf. Barbier, Eduardo Antonio, "Contratación bancaria", El Derecho, Astrea, Bs. As., 2002, pág. 592), obligación en principio, escindible, por significar una construcción autónoma del deber genérico de no dañar a otra persona.

Así las cosas, la obligación de seguridad puede invocarse cuando se afecta la integridad de la prestación durante la ejecución del contrato, pero también es debida antes y después de la extinción del vínculo negocial; y en este orden de ideas, la responsabilidad contractual excede el incumplimiento de la prestación principal, y se convierte "en la responsabilidad por el daño producido entre quienes están ligados por un vínculo obligatorio, aunque el interés afectado sea un interés distinto del de la prestación". Es el deber de conducta prudente o de seguridad, ligado a la actividad de cumplimiento, pero interés diverso al de la prestación (conf. Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal-Culzoni, 1998, Tº II, pág. 60).

Así, se ha dicho que sea que el dato haya sido mal administrado o mal generado, la acción resarcitoria tendrá fundamento en la responsabilidad extracontractual cuando el agente dañador sea la central de información; o en la violación del deber de indemnidad u obligación de seguridad cuando el daño provenga de su banco (conf. Barbier, Eduardo Antonio, "Contratación bancaria", Ed. Astrea, Bs. As., 2002, pág. 624).

Concluyo, entonces, en que los daños derivados de la inclusión como deudor en el banco de datos se insertan en el ámbito contractual, dado que el banco asumió una obligación de seguridad enderezada a preservar al cliente de eventuales perjuicios emergentes de su calidad de contratante, por lo que no cabe hacer lugar a los agravios expuestos por el recurrente en ese sentido.

Todo lo expuesto me lleva a dar mi voto por la negativa.

El doctor Soria dijo:

1. Disiento con la opinión expuesta por mi colega que me precede en la votación.

a. A fin de determinar el plazo de prescripción aplicable al sub lite, a partir de la brecha existente entre el lapso previsto en el art. 4023 del Código Civil y el más breve contemplado en el art. 4037 del citado ordenamiento, es necesario discernir el régimen de responsabilidad bajo cuya órbita ha de dilucidarse la presente acción.

i] En la especie, el actor articula su pretensión resarcitoria contra el BBVA Banco Francés S.A. en razón de su errónea inclusión como "deudor moroso irrecuperable" en la base de datos del Banco Central de la República Argentina y en el sistema informativo Veraz.

En su escrito inicial, relata el nombrado que "... con motivo de solicitar un préstamo personal en el mes de marzo de 1997... ante el Banco Municipal La Plata, se [l]e notifica por esta entidad bancaria, que el día 21 de marzo de 1997, se recibió el informe Veraz... en donde consta que según información remitida a ese servicio... por el Banco de Crédito Argentino S.A." -hoy Banco Francés S.A.- "[s]e encuentr[a] en carácter de deudor moroso por la suma de $ 4.200, y calificado como Deudor 100% Irrecuperable", información ingresada por la demandada en diciembre de 1996 (v. fs. 9).

Seguidamente, refiere que "... en años anteriores tuv[o] trato comercial con dicho Banco, en donde se [l]e otorgaron dos préstamos personales, los cuales abon[ó] correctamente e inclusive adelant[ó] el pago de los mismos cancelando anticipadamente los saldos", el primero de ellos con fecha 15 de junio de 1993 y el segundo, el 13 de septiembre de igual año, restituyéndosele los títulos cambiarios suscriptos en garantía y otorgándose la correspondiente cancelación de prenda. Agrega que "... [t]ambién tuv[o] una cuenta corriente en tal entidad bancaria, la que por razones de organización personal, cerr[ó] en fecha 27 de enero de 1995, remitiendo nota de tal hecho, al entonces Gerente del mismo Sr. Oscar DÆAmbrossio, la que fue recibida por la Contadora Alicia Barcia" (v. fs. 9/vta.). Finalmente, funda su pretensión en lo normado por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil (v. fs. 15) y solicita que la presente causa tramite bajo las reglas del proceso sumario en orden a lo dispuesto por el art. 320 inc. 2º ap. k del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1 vta., 15 y 29).

De tales circunstancias, sintéticamente expuestas pero representativas del objeto de la causa, cabe deducir que las relaciones contractuales habidas entre las partes en litigio se encontraban extinguidas al momento en que se produjo la errónea comunicación a la base de datos del Banco Central y al Veraz.

Esa indebida calificación como moroso del accionante tampoco se vinculó con aquellos contratos ya finalizados hacía más de un año y medio atrás, sino que obedeció al error en que incurriera la emplazada al consignar el documento de un deudor de la Sucursal Comodoro Rivadavia, cuyo número de libreta de enrolamiento fortuitamente coincidió con el número de documento nacional de identidad del señor Marcos (v. contestación de demanda de fs. 70/vta., informe de fs. 106/107 y absolución de posiciones de fs. 165/166 de los autos acollarados "Marcos, Roberto Julio contra Banco de Crédito Argentino s/Acción Declarativa").

Entonces, contrariamente a lo afirmado por el tribunal a quo, el error en que se gestó el reclamo de autos no tuvo como antecedente inmediato la celebración de un contrato entre el banco y su cliente. Los hechos que motivaron la incoación del proceso fueron ajenos a ese vínculo convencional, excedieron las eventuales vicisitudes de un incumplimiento o un negligente obrar de la entidad bancaria frente a quien, en rigor, el reclamante ya no revestía el carácter de cliente.

ii] En la esfera aplicativa de la responsabilidad contractual, la obligación de reparar el daño surge como consecuencia de la trasgresión de un deber calificado, preexistente, cuyos alcances están definidos o perfilados en la base del negocio jurídico y que vincula a cada una de las partes con la otra. De su lado, en la responsabilidad extracontractual, entra en juego la violación del deber general de no dañar impuesto por la ley a toda persona, y es recién luego de generada dicha conducta lesiva que se concreta el vínculo más específico, relativo a la obligación de reparar (conf. Picasso, Sebastián en Bueres, Alberto J. Highton, Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Edit. Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 3-A, com. art. 1107, p. 346), genérico mandato de no dañar, que se traduce en la imposición a todo sujeto de una conducta negativa, de una abstención -la reflejada en la incolumidad de persona y bienes de cada cual-.

iii] Ahora bien, no hay duda que pesa sobre los bancos frente a sus clientes una obligación de seguridad, cuyo incumplimiento abre las puertas de la responsabilidad contractual. En el marco de las contrataciones que atañen a su giro comercial, los bancos no sólo tienen el deber de no ocasionar un daño -que pesa indeterminada y genéricamente sobre todos- sino que sobre ellos recae una obligación que les impone la carga de realizar todas las acciones que exija la naturaleza del contrato tendientes a evitar perjuicios a sus clientes (art. 1198, su doct. del C.C.).

Frente al cliente afectado por el obrar indebido o negligente del ente financiero, en principio, la consecuente responsabilidad ha de ser enmarcada dentro del ámbito convencional. Pero ello supone que el daño proviene de la inejecución de la obligación de seguridad creada por el contrato, quedando a salvo aquellas hipótesis en que efectivamente el entuerto es extraño al negocio jurídico no obstante su producción en ocasión del mismo.

En sub lite no puede concluirse válidamente que la responsabilidad que se imputa a la demandada sea correlato de un incumplimiento a una estipulación pactada o aplicable al negocio jurídico. Los hechos en que se sustenta la acción acaecieron transcurrido más de un año y medio de extinguida la convención entre las partes, y el accionante no invocó, en su demanda, la subsistencia por aquel entonces de las obligaciones nacidas del vínculo convencional. Además, la razón que motivara su errónea calificación como deudor moroso y determinara su ingreso como tal en las bases de datos del Veraz y del Banco Central de la República Argentina tampoco obedeció ni fue vinculada a los préstamos o cuenta corriente que años antes tuviera el actor en el ente financiero demandado. Antes bien, fue producto de la desacertada individualización del documento de otro deudor de la accionada, circunstancia esta última no rebatida por el demandante.

De todo lo cual se sigue que la sentencia impugnada ha transgredido la norma aplicable en orden a la prescripción de la pretensión resarcitoria instaurada.

2. Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de la sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata que encuadra la presente acción en la órbita de la responsabilidad contractual de la entidad bancaria y aplica, en consecuencia, el plazo de prescripción que -para tales supuestos- determina el art. 4023 del Código Civil. Con costas al actor vencido (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Negri, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.

El doctor Pettigiani dijo:

I. Adhiero al voto del doctor Soria.

II. Asimismo considero que es de aplicación en autos, conforme el criterio propiciado por el citado colega, el instituto de la apelación adhesiva (conf. Ac. 79.135, sent. del 20/IV/2005; entre muchas otras).

Ello fundamentalmente porque tanto al momento de contestar el traslado de la excepción de prescripción como al tiempo de articular la apelación contra el fallo adverso de primera instancia, el actor plantea en contra de la procedencia de la defensa de marras lo siguiente: a) la interrupción del curso de la misma (art. 3986 del C. Civ.) por el proceso de declaración de certeza (ver fs. 76 y 95 vta. del expediente 18.862) en donde expresamente hace reserva de reclamar por daños y perjuicios (fs. 62 vta., expediente 13.244); b) un nuevo hecho interruptivo de agosto de 1999 conforme el acta notarial obrante a fs. 1 y 2 del proceso de daños, alegado en igual oportunidad a la circunstancia anterior no obstante que en fs. 76 vta./77 y 96 y vta. Defensas oportunamente articuladas que, conforme el temperamento propiciado y al que presto mi adhesión, adquieren en esta instancia plena operatividad.

Por ello, corresponde que esta Corte asuma competencia positiva y resuelva el litigio planteado (art. 289 del C.P.C.C.).

III. En tal sentido dable es hacer las siguientes consideraciones.

1) En lo que respecta a la alegada interrupción del curso de la prescripción cabe señalar que, dado que los procesos en cuestión son diametralmente diferentes tanto en el plano procesal como sustancial, tal circunstancia conlleva el rechazo del planteo. Máxime si se considera que la exégesis de lo previsto en el art. 3986 del Código Civil refiere a la propia demanda que porta la pretensión específica -en el caso la indemnizatoria- aun cuando adolezca de los vicios precisados en la norma citada, y no la mera reserva en otro proceso con objeto adjetivo distinto. Ello evidencia que el presupuesto fáctico esgrimido por el excepcionado es ajeno a la norma invocada en su defensa por lo que la misma no prospera.

2) En relación con el nuevo hecho interruptivo acompañado en acta notarial, lo constatado por el funcionario público actuante es extraño a la causa de la pretensión deducida y que motivara el objeto del presente litigio (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.).

IV. Por todo ello, entiendo corresponde, por aplicación del art. 4037 del Código Civil, dar por prescripta la acción articulada en estos actuados (arts. 289 y 352 inc. 2 del C.P.C.C.).

Costas al actor en todas las instancias (art. 68 del C.P.C.C.).

Así lo voto.

El doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.

El doctor Domínguez dijo:

Adhiero al voto de la doctora Kogan por sus mismos fundamentos, a los cuales solo a mayor abundamiento aduno los siguientes.

Soy también de la opinión que los posibles daños causados al accionante tienen una estrecha relación con el vínculo contractual. De no haberse celebrado el contrato la entidad bancaria no tenía posibilidades de suministrar los datos personales del actor, ya que no hubiera contado con ellos en sus registros.

Voto por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto de la doctora Kogan, a cuyos argumentos me remito brevitatis causae, toda vez que entiendo que el daño producido tiene un nexo directo con la relación contractual que hubieron las partes.

Voto por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68, 289, C.P.C.C.).

Los depósitos previos de $ 2.500, efectuado a fs. 125 y $ 12.500, efectuado a fs. 135, quedan perdidos para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6º y 7º de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002). - Hilda Kogan. - Hector Negri. - Eduardo Julio Pettigiani . - Eduardo Néstor d e Lazzari. - Daniel Fernando Soria. - Federico Guillermo Domínguez. - Carlos Angel Natiello.