Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-12


Salta, 12 de mayo de 2.010.

Vistos estos autos: "ZALAZAR, Hernan c. MERCADO, Elva - Sumario Daños y Perjuicios por Accidente de Transito" Expte. nº 254.068/09 y "Medida Cautelar" Expte. nº 245.912/08 (unido por cuerda) ambos del Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia 4ª Nominación, Expte. CAM 296.047/10 y CAM 296.070/10 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

CONSIDERANDO: 1) Se encuentran los autos de la referencia a despacho para resolver, el primero (Cam 296.047), respecto de la sentencia interlocutoria que dispuso la caducidad de la medida cautelar ordenada en el segundo unido por cuerda (Cam 296.070) a fs. 13/14 y efectivizada a fs. 15/18; el segundo, respecto de la sentencia interlocutoria que hizo lugar al planteo de la demandada de acto procesal inexistente y en su mérito dispuso la nulidad de todos los actos procesales dictados con posterioridad y ordenó el levantamiento del embargo ordenado mediante el auto interlocutorio de fs. 13/14. Contra ambas sentencias formuló recurso de apelación el actor. Expte. Cam 296.047/10: expresó sus agravios la parte actora a fs. 61/63 los que fueron contestados por el embargado a fs. 76/78. Afirma el recurrente que el agravio consiste en que se consideró una fecha equivocada para el inicio del cómputo del plazo que establece el art. 207 del CPCC en razón que, a su entender, comienza a correr desde que la traba es conocida por el embargante, siendo ello así porque a todo plazo es aplicable el principio general establecido por el art. 156 del CPCC o sea desde el día siguiente al de la notificación. Dice que al menos en relación al embargo de inmuebles, la toma de razón en la Dirección General de Inmuebles se efectúa con posterioridad a la fecha de la presentación del oficio pero con carácter retroactivo, siendo en autos la fecha de comunicación 12/12/08 y la fecha en que el juzgado agregó el oficio para el conocimiento de su parte, 18/12/08 conforme fs. 19 del expediente conexo. De allí que corresponda computarse el plazo desde esa fecha con lo que la presentación de la demanda de fs. 2/3 lo fue a los 28 días hábiles sin que hayan transcurrido los 30 que establece el art. 207. Se refiere, por último, a la supuesta falta de integración de la demanda planteada por la contraria.

Expte. CAM 296.070: Expresó sus agravios la parte actora a fs. 44/45 los que fueron contestados por la parte demandada en presentación agregada a fs. 54/56. Afirma el apelante que el agravio consiste en que no se consideró que su mandante si ratificó lo actuado por el Dr. Sayus, que la contraria consintió todo lo actuado y que efectuó el planteo de manera extemporánea, no procediendo la nulidad por la nulidad misma. Que su parte reconoció que por un error involuntario, el escrito de fs. 10/11 no fue suscripto por el Sr. Zalazar. Que el planteo debió rechazarse porque la contraria consintió la providencia que dio curso al escrito en cuestión y a la resolución que ordenó el embargo preventivo de autos, como también la providencia que tuvo por ratificada la personería, razón por la cual no hay nulidad absoluta ni inexistencia, toda vez que no existe violación alguna a las garantías del debido proceso de la contraria sino, en todo caso, un vicio procesal que se encuentra convalidado por la falta de impugnación temporánea. Dice que en autos la contraria ha interpuesto el incidente fuera de los plazos legales y consentido todo lo actuado según resulta de la cedula de notificación de fs. 20 y que tampoco indicó el perjuicio. Que debe advertirse que no se encontraban en juego plazos perentorios.

2) Por razones de lógica y orden procesal, se dictará una sola sentencia en atención que la cuestión a resolver con la interposición de ambos recursos de apelación, es el levantamiento o no de la medida cautelar de embargo preventivo dispuesta en la sentencia interlocutoria obrante a fs. 13/14 del expte. 245.912/08 (Cam 296.070/10) solicitada por la embargada en los dos incidentes que dedujera y por motivos distintos. El primer incidente lo fue con motivo de la caducidad denunciada y el segundo por la solicitud de inexistencia del acto procesal que diera origen al mismo y pese que el objeto de las pretensiones es el mismo: que se deje sin efecto la medida cautelar dictada en el expediente nº 245.912, la demandada interpone con diferencia de dos días, el primero en el expediente donde tramita la demanda de daños y perjuicios por accidente de tránsito (fs. 32/35) a lo que el juzgado le dio curso cuando debió mandar agregarlo al unido por cuerda porque fue allí donde el juez dispuso el embargo preventivo cuya caducidad se pretende con el incidente. La sentencia de fs. 55/56 en forma íntegra alude a la cautelar dispuesta en el unido. El segundo (fs. 25/27), lo interpone en este último y se dicta la sentencia a fs. 38/39. Ambos fallos dictados el mismo día (4/9/09), como se dijo, disponen se levante el embargo trabado a fs. 13/14. Por ello, la sala dictará un único fallo en el Cam 296.070 en cuyo expediente se trabó la cautelar en crisis y mandará agregar copia en el Cam 296.047. 3) Como en el segundo de los recursos se discute la inexistencia del escrito que diera lugar al dictado de la medida cautelar y ante su declaración se ordenó el levantamiento del embargo oportunamente trabado, se resolverá el mismo y en su caso, se analizará el primero que también ordenó el levantamiento en razón de la caducidad declarada. La parte demandada, en su escrito de fs. 25/27 solicitó, con fecha 18 de junio de 2009, se tenga por no presentado el escrito de fs. 9/10 en el que la parte actora solicitó la medida cautelar dictada a fs. 13/14 y lo hizo con el fundamento que el mismo no está firmado por el solicitante, el Sr. Zalazar, quien se presentó por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Sayus. El juzgador de la instancia anterior hizo lugar al planteo afirmando que de la sola compulsa de las constancias de autos y lo manifestado por la parte actora que no suscribió el escrito en cuestión, se acredita la inexistencia de dicha presentación (fs. 38 vta. del fallo) y ante la falta de ratificación en los debidos tiempo y forma (fs. 39 del fallo), declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó el levantamiento del embargo preventivo sobre el inmueble de propiedad de la demandada.

Las constancias de la causa, a las que hace referencia el juez de la instancia anterior, son las que justamente no permiten tener al planteo de la demandada ni como temporáneo ni como procedente de conformidad a lo establecido por la ley procesal para la declaración de nulidad de los actos procesales (art. 169 y sgtes).

Así, la demandada ha tomado conocimiento del dictado de la medida cautelar en su contra en fecha 22 de diciembre de 2008 conforme surge de la cédula diligenciada y agregada a fs. 20, sin que la misma haya deducido recurso alguno en su contra hasta la presentación de fs. 24/27, el día 18 de junio de 2009 en la que solicita se declaren nulas todas las actuaciones a partir del escrito en que se solicita la medida. Mediante la constancia de fs. 22 y de fecha 31 de marzo de 2009, la parte actora ratifica todo lo actuado por su letrado patrocinante. El proveído de fs. 23 y de fecha 3 de abril de 2008, tiene presente la ratificación manifestada.

Todas estas constancias de la causa, demuestran a las claras no solo la extemporaneidad del pedido sino principalmente que aunque el acto procesal -el escrito mediante el cual solicita la medida- haya sido irregular porque solo estaba firmado por el Dr. Sayus quien, a esa fecha, carecía de poder para representar a la parte actora, el Sr. Zalazar ratificó dicha actuación con anterioridad al planteo y al dictado de la sentencia que la declaró nula, lo que no fue advertido por el sentenciante pues no hace merito de dicha ratificación en el fallo. Y ello era casi determinante para la solución del caso ya que la tardía acreditación de la representación, sanea la nulidad cuando la agregación del poder o la ratificación de lo actuado ha sido admitida en forma expresa o tacita por la parte contraria (cf. esta Sala V, Cam 247.594 año 2009, fs. 591), lo que conforme las constancias de la causa ya reseñadas, es lo que ocurrió en autos.

La norma del art. 169 del código de forma establece que la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, agregando en el párrafo segundo que, si el acto no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado, la nulidad no puede declararse (Sala V, Cam 143.532, año 2006, fs. 1443). Es unánime la doctrina y la jurisprudencia respecto de evitar la declaración de nulidad por la nulidad misma. Esta no debe responder a un mero prurito formal. (C.Apel.C.C., Salta, Sala III, año 1993, fs. 978; Id. año 1997, fs. 820). Además, para su procedencia se debe alegar el daño o perjuicio sufrido, debiendo fundamentar expresamente, el interesado, las defensas que se ha visto privado de oponer o que no ha podido ejercitar con la aptitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. En el caso, como se dijo, la nulidicente no ha manifestado al solicitar la declaración de acto inexistente y la nulidad de los actos que sean su consecuencia -en autos la sentencia que ordenó la traba del embargo en su contra- cual es el perjuicio sufrido y que es lo que busca enmendar con dicha declaración, ello porque al haber conocido el fallo interlocutorio que dispuso la medida cautelar en su contra, no dedujo recurso alguno. Siendo así, corresponde acoger el recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de fs. 38/39 y rechazar la nulidad articulada por la demandada.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser soportadas por el apelado vencido de conformidad al principio procesal general de la derrota (art. 67) al haber resultado vencido en su pretensión de nulidad y debe cargar con las costas que generó el mismo. 4) Al haber prosperado el recurso del actor contra la nulidad declarada en la instancia anterior (fs. 38/39), corresponde atender el recurso sobre la caducidad declarada también en la primera instancia en el expediente conexo (fs. 55/56). El mismo no puede prosperar porque efectivamente, como se verá, a la fecha de presentación de la demanda de daños y perjuicios por el Sr. Zalazar, el planteo de la caducidad de la medida cautelar de embargo preventivo decretada a fs. 13/14, fundado en que el actor dejó transcurrir el plazo del art. 207 del CPCC, sin haber incoado la acción principal se ajusta a derecho y a las constancias de la causa. Teniendo a la vista el expediente principal para cuyo fin el apelante obtuvo la medida cautelar de embargo preventivo que fuera declarada caduca en la sentencia recurrida, debe decirse que como lo indica el fallo, la demanda se deduce con fecha 2 de marzo de 2009 (cargo fs. 5 vta., expte. 254.068) o sea una vez transcurrido el plazo de 30 días previsto en la norma citada ya que la traba del embargo se efectiviza con fecha 5 de diciembre de 2008 (fs. 15/18, expte. 245.912). Concluye el juez que por ello resultan irrelevantes las manifestaciones expresadas por las partes con relación a la integración posterior del escrito de demanda. El agravio del recurrente es que a su entender se consideró una fecha equivocada para el inicio del cómputo que establece el art. 207 del CPCC, el que debe computarse, afirma, desde que dicha traba es conocida por el embargante. A ello debe decirse en primer termino que dicha argumentación no fue esgrimida al contestar el traslado del incidente deducido en su contra por la parte demandada. Allí (fs. 49) solo argumenta sobre la denuncia de la contraria de la falta de integración de la llamada demanda en el escrito presentado a fs. 2/3. No dice, en aquella oportunidad, que ese escrito que el apelante sí considera una verdadera demanda, fue presentado antes que venciera el plazo legal y que el mismo debía contarse a partir de que su parte tomó conocimiento de su efectiva traba como lo dice ahora en su expresión de agravios. Siendo así, nuestro procedimiento de apelación se caracteriza como una revisión dentro de los limites ya fijados en la instancia de origen, por ello no puede en esta instancia el tribunal, expedirse sobre cuestiones que no fueron previamente debatidas y resueltas en la instancia anterior y que no resulte admisible la introducción de argumentos que no fueron objeto de debate en la instancia precedente (cf. Loutay Ranea y Montabetti de Marinario, cód. Proc. Civ. Anotado, Tomo XII, pag.178/181.

Pero aunque se considerase dicha argumentación, tampoco es procedente porque la norma citada y aplicada al caso es clara en su redacción que para la solución del caso es menester transcribir: "Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los treinta días siguientes al de su traba...". Con lo que, por mas esfuerzo que se haga a favor de mantener la medida cautelar oportunamente obtenida, el forzamiento de la letra de ley en su interpretación como pretende el apelante, es improcedente. No puede interpretarse que el legislador ha querido establecer como punto de inicio para el cómputo del plazo de caducidad, el conocimiento por el embargante de la efectivización de la medida obtenida pues de ser así lo hubiese volcado en el texto de la norma en cuestión. En consecuencia, debe mantenerse en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 55/56 del expte. nº 254.068, Cam 296.047.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 42, REVOCA la sentencia de fs. 38/39 y NO HACE LUGAR al planteo deducido por la parte demandada a fs. 25/27, con Costas.

NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 59 del expediente principal (Cam 296.047) en contra de la sentencia dictada a fs. 55/56. Con costas. DISPONE se registre, se agregue copia de la presente en el expediente principal, notifique y baje.