Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08


Expte. N° 6087 caratulado "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Transportes 20 de Junio S.A. - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Angel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Cámara de Paz Letrada, en fecha veintinueve de abril de dos mil trece, en autos Nº 4.400 (719/07) caratulados: "Provincia de San Juan c/ Transportes 20 de Junio S.A.".------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSE ABEL SORIA VEGA, DIJO:--- --- La parte actora plantea recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación, contra la sentencia dictada por la Cámara de Paz Letrada, cuya copia obra a fojas 41/44 de estos autos, en la que el a quo rechazó la apelación planteada por la misma parte, confirmando -de ese modo- la resolución de primera instancia que había hecho lugar al incidente de perención, con costas a la vencida.------------------------------------------- --- El Tribunal a quo partió de la base de considerar que desde la providencia que dio curso a la demanda (16/03/2007), hasta la suscripción del mandamiento de intimación de pago (31/05/2010), habían transcurrido dos años, más el plazo de las ferias judiciales, fijados por la ley para que se tenga por operada la caducidad en el sub examine (art. 102, Cód. Tributario y 294, inc. 1°, del CPC, ley 3738). Respecto de los actos impulsorios efectuados con posterioridad al cumplimiento del plazo mencionado, el a quo consideró que no alcanzaban a enervar la perención operada; ello así, por cuanto para que aquella quedara purgada, resultaba necesario el consentimiento de la contraria, lo que no había ocurrido en el caso. Por el mismo motivo, la Alzada descartó la incidencia de las acordadas de la Sala III de esta Corte, que extendieron el plazo de treinta días previsto en el artículo 798 del CPC (ley 8037).------------------ --- La actora encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11, ley 2275. Imputa arbitrariedad a la sentencia por considerarla violatoria de su derecho de defensa, propiedad, endilgándole contradicción y falta de razonabilidad.------------------ --- En primer lugar, la recurrente se agravia de que el Tribunal haya aplicado el Código de Procedimiento Civil, según ley 3738, y no las nuevas normas de la ley ritual impuesta por ley 8037 (arts. 798 y 274). Sostiene que, siendo que su parte impulsó el proceso dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 798 del CPC, prorrogado sucesivamente por acordadas, debió tenerse por tempestiva su actuación -cuando presentó el mandamiento a la firma- obstando ello al progreso de la perención. La quejosa sostiene que la demandada debió acusar la caducidad con anterioridad a ese acto de impulso. Por último, se agravia de que el Tribunal le haya impuesto las costas a su parte.-------------------- --- En lo que al recurso de casación respecta, la recurrente lo encuadra en el artículo 15, inciso 1°, de la ley 2275. En este marco, reproduce los mismos argumentos invocados para fundar el recurso de inconstitucionalidad.

--- Expuestos sucintamente los antecedentes de los planteos, me aboco a examinar su admisibilidad formal.-- --- Adelanto que dicho examen conducirá a desestimar ambas impugnaciones, por cuanto la quejosa no rebate el principal argumento del a quo para sustentar el fallo; por ende, los agravios carecen de virtualidad para revertir el sentido del decisorio (art. 13, inc. 4° y 16, inc. 4°, ley 2275). Además, en esta instancia de análisis, corresponde validar la resolución impugnada por cuanto los argumentos en ella expuestos, resultan coincidentes con la doctrina fijada por esta Corte, en relación a la eficacia condicionada de los actos impulsorios efectuados con posterioridad al cumplimiento del plazo de perención. Todo así, por razones de economía procesal, tal como habilita el artículo 5 de la ley 2275.------------------- --- De la reseña del caso surge que el Tribunal inferior, luego de identificar el acto procesal a partir del cual iba a computar el curso de la perención, coincidente con la providencia que dio trámite a la demanda (16/03/2007), señaló que la actora no había realizado actividad útil alguna para impulsar el proceso, hasta la suscripción del mandamiento de embargo por parte del Juez (31/05/2010). Dijo que, a esa fecha, el plazo de perención aplicable al caso ya había operado: dos años más las ferias judiciales (art. 102, Cód. Trib.; art. 274, CPC, ley 3738).--------- --- La Alzada explicó que una vez cumplido el plazo de la perención, no correspondía tener en cuenta acto interruptivo alguno -reitero, cuando se trata de un supuesto en que el plazo ya ha expirado- salvo la concurrencia de la voluntad de las partes para purgar la caducidad ya cumplida, lo que en la práctica acontece cuando la contraria no plantea el incidente respectivo. Pues bien, esa premisa fundamental, según la cual la perención ya producida sólo queda neutralizada cuando la contraria consiente el impulso de la parte interesada, no ha sido refutada en forma alguna por la impugnante.-- --- En su lugar, la recurrente dedica todo su esfuerzo argumental insistiendo genéricamente en la aplicación de las nuevas normas emanadas del CPC (ley 8037), apoyándose en que el acto instado por su parte -esto es suscripción del mandamiento- se produjo dentro del plazo del artículo 798 del CPC (ley 8037), prorrogado por acordadas de la Sala III de esta Corte. Sin embargo, la quejosa no demuestra con sus críticas, cómo esa circunstancia podría modificar el hecho de que la perención ya había operado. En otras palabras: la quejosa no explica el modo en que la vigencia de la nueva ley procesal podría revertir la razón fundamental esgrimida para rechazar el recurso de apelación, y que consiste en que transcurrido el plazo legal, la perención sólo puede purgarse mediante el consentimiento de los actos procesales posteriores por parte de la contraria, lo que se infiere cuando esta última no acusa -en debido tiempo- el incidente de caducidad.------ --- Sin perjuicio del déficit formal supra señalado, y por resultar de interés para la suerte que han de seguir las impugnaciones que aquí se tratan, cabe señalar que la posición adoptada por el a quo, coincide con la doctrina fijada en numerosos precedentes de esta Corte, en función de la interpretación otrora asignada al artículo 299 del CPC (ley 3738), cuando establecía: ".la declaración de caducidad . debe formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal." (PRE S.1ª 2003-I-186, 2002-II-329 y 2002-II-207; PRE 1987-I-81; PRE 1985-139).--------- --- Tal como se dijo en expte. 2922 (PRE 1987-I-81): ". el acto unilateral de la parte tendiente a instar el proceso, efectuado antes de transcurridos los plazos mencionados por el art. 294 del CPC, constituye un acto interruptivo de la caducidad, pero una vez que ellos transcurrieron, no cabe acto interruptivo alguno de un plazo que ya expiró, y sólo es factible la concurrencia de la voluntad de las partes para que se opere la purga de la caducidad ya cumplida."--------------------------- --- "El hecho de que en el segundo apartado del art. 299 no se haga referencia a los actos de impulso de la parte, en mi criterio no autoriza a concluir, que luego de cumplido el requisito temporal previsto por el art. 294, los actos procesales de la parte que debe impulsar el proceso, puedan seguir teniendo efecto interruptivo de los plazos de la caducidad ya vencidos."------------ --- "En otros precedentes ésta Corte se expidió en el mismo sentido en que lo propicio, cuando sostuvo que; 'Vencido el plazo de caducidad, si el actor insta el procedimiento no por esa circunstancia queda ésta neutralizada mientras quien tiene la facultad de solicitar su declaración no haya consentido alguna actuación del Tribunal o el acto impulsorio producido por la contraria posterior al vencimiento. Esta es la conclusión que cabe extraer del art. 299 del Cód. de Proces. Civil.' (P.R.E. 1985-Fº139/142)."-------------- --- Pues bien, esa exégesis relacionado con el anterior Código Procesal debe reputarse vigente a la luz de las nuevas disposiciones de la ley procesal, teniendo en cuenta que el inciso 2°, del artículo 279, CPC (ley 8037), con la misma inteligencia que el anterior articulo 299 (ley 3738), dispone: "La petición deberá formularse en el plazo de tres días de haber conocido el solicitante cualquier actuación del Tribunal o de parte que impulse el procedimiento después de los plazos del artículo 274." (lo destacado, me pertenece).----------- --- Por último, advierto que la queja vinculada a la imposición de costas, tampoco puede ser admitida, desde que carece de una fundamentación autónoma; por lo que ha de seguir la misma suerte que los agravios principales.- --- En suma: siendo que el déficit de fundamentación aludido repercute tanto respecto del recurso de inconstitucionalidad, como del de casación y teniendo en cuenta la actualidad de la doctrina de esta Corte, en relación a la eficacia condicionada de los actos procesales efectuados con posterioridad al plazo de perención (art. 299 CPC, ley 3738, hoy art. 279 CPC Ley 8037), voto por desestimar formalmente ambos recursos.-- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:---------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Desestimar por las razones formales y sustanciales esgrimidas, los recursos de inconstitucionalidad y casación.----------------------- --- II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada.--------------------------------------------- --- III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Angel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Dr. Hugo Alberto Fornés - Secretario Letrado.

Df-6087 S.E.

PRE S.1ª 2013-III-462