Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-10


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 10 de 2004.

Vistos: Estos autos para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada -a fs. 68/77, cuyo traslado fue contestado a fs. 83/88- contra la sentencia obrante a fs. 61.

I. Conforme las disposiciones contenidas en el Título III, ley 402 (art. 28) corresponde a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso.

Al respecto cabe señalar que, de acuerdo a las previsiones del art. 27, ley 402, el excepcional remedio intentado sólo cabe contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

A su vez, el TSJ ha establecido que la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna (TSJ, exp. 209/00, "Martínez, María del Carmen c. G.C.B.A s/ Recurso de Queja", del 9/3/00).

Y ha señalado que la debida fundamentación del recurso de inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho que rige el caso ("in re": "Carrefour Argentina S.A. s/ Recurso de Queja", expte. Nº 131/99, pronunciamiento del 23/2/00; "Lexco SACIFIA c. GCBA s/ impugnación de actos administrativos", del 23/8/01, entre otros); doctrina que coincide sustancialmente con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal (Fallos 302:890; 305:1929; 306:223; 224:250; 307:1799; 308:1202, entre muchos otros).

II. En el presente caso, al fundar su recurso de inconstitucionalidad, la parte demandada invocó la violación del derecho de defensa y de la propiedad.

No obstante, no ha logrado exponer con la fundamentación, claridad y precisión debidas, un caso constitucional que justifique la intervención del Tribunal Superior en los términos del art. 27 de la ley 402 (TSJ, expte. 605/01, "Skurnik Carlos Marcelo y otros c. GCBA.-Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro s/ Amparo", del 11/10/01), exigencia impostergable para la viabilidad del recurso que -según lo dicho- no se suple con la simple referencia ritual a derechos y/o principios constitucionales.

Es preciso destacar que el cuerpo de la presentación bajo examen sólo consiste en la reproducción de la sentencia de primera instancia (ver fs. 68 vta./70 vta.), de la expresión de agravios (fs. 70 vta./75), de la sentencia de Cámara (fs. 75/76), de forma que los escuetos agravios se reducen a lo dicho a fs. 76/76 vta., dónde sólo se expresa la disconformidad ante la decisión que declaró desierto su recurso de apelación, sin contener un desarrollo crítico de la sentencia (que además concuerda con el dictamen fiscal) y sin argumentar en términos constitucionales.

Además de tales deficiencias formales, corresponde indicar que las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio son insusceptibles, en principio, del presente recurso, pues carecen, para el ejecutado, del carácter definitivo exigido por el art. 27 de la ley 402. A todo ello hay que agregar que el recurrente no ha acreditado que la sentencia le causa un perjuicio irreparable. Es decir: se pretende una excepción a la regla general (existencia de sentencia definitiva), sin justificar de manera idónea por qué, en el caso, dicha excepción sería considerable.

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia y normas citadas; el Tribunal resuelve: No conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas. - Horacio G. A. Corti. - Carlos F. Balbín. - Esteban Centanaro.