marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, regla de proporcionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: VILLALBA, Ramón Alberto c/ MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-20

No corresponde regular honorarios por montos no admitidos, porque hay que tener presente lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 24.028 y el criterio fijado por el S.T.J.E.R. en la interpretación y aplicación de esta última norma. Ver autos "Mario c/Citrícola Ayuí", de fecha 11 de marzo de 1993.
Poder Judicial, Poder Legislativo, leyes, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En principio las facultades del Poder Judicial en general, no permiten examinar el procedimiento legislativo de formación y sanción de las leyes; por lo que dicho examen destinado a revisar cómo el Poder Legislativo cumplió las prescripciones constitucionales respectivas, no constituye cuestión justiciable.

Pero esta doctrina no es aplicable cuando se demuestra la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables establecidos por las normas constitucionales que condicionan la creación de la ley (control extrínseco o formal) y siempre que una de las partes haga valer un derecho subjetivo contra obligaciones impuestas por una ley que no llega a ser tal por su invalidez. Pero este control de órganos externos (Poder Ejecutivo y Poder Judicial) no puede llegar al ámbito regulado por el Reglamento interno de las Cámaras.
Recurso de casación, nulidad absoluta
Materia: PENAL
Carátula: CHANETON, JUAN C c/ ACHA, MARIO A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-03-07

No obstante no integrar el capítulo de agravios que suscitó la admisibilidad formal del recurso de casación, la Corte, en su calidad de Tribunal de garantías constitucionales, puede, al expedirse sobre el fondo del recurso declarar nulidades absolutas que comprometan la vigencia del fallo impugnado como pronunciamiento judicial válido. La sentencia debe contener, en relación al hecho sojetido a conocimiento del tribunal, un pronunciamiento unívoco de carácter absolutorio o condenatorio, sin que quepa tolerar la vigencia íntegra de un fallo que, al absolver, señale al hecho como comprometido dentro de la órbita de la licitud y, al mismo tiempo, al condenar incluya al hecho en la esfera de las conductas punibles. Dada la indivisibilidad dle objeto del proceso, un mismo factum no puede ser materia de más de un pronunciamiento jurisdiccional, por lo cual es absolutamente improcedente asolver por una calificación y condenar por otra. Cuando la sentencia absuelve y condena respecto de un mismo hecho y no media recurso respecto del pronunciamiento liberatorio, debe dejarse sin efecto la conden apor resultar constitutiva de un doble juzgamiento conculcatorio de la garantía establecida en el artículo 20, párrafo 4º de la Constitución Provincial y, en consecuencia, nula de carácter absoluto.
Empleo público, diferencias salariales, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTEVEZ ILIANA LUISA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-23

La actora no puede esgrimir a su favor un derecho subjetivo al pago de diferencias de haberes entre la remuneración asignada a un cargo de mayor jerarquía y la correspondiente a su cargo de revista, cuando el cargo de mayor nivel escalafonario carece de la indispensable previsión orgánica y presupuestaria. No entenderlo así, significaría desconocer la incidencia que producen las ordenanzas de contabilidad y de presupuesto, las que deben interpretarse a la luz que proyecta esta normativa básica del régimen jurídico del gasto público municipal (arts. 67, 64 inciso 14 y 86 inciso 9 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba y Ordenanza Nro. 5727).
Daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: MICETICH, Pablo c/ ECHANAUSSI, Jorge s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-02

No existe una directa dependencia entre el daño patrimonial y el daño moral pudiendo en ocasiones ser factible una significativa satisfacción de la lesión sentimental aunque sea reducido el detrimento patrimonial.
Títulos de crédito, pagaré
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: ESTORNELL, HECTOR c/ CERRATI, OSCAR s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Si el instrumento mercantil carece de lugar de emisión puede servir como título en vía ejecutiva, y opera la apertura de tal procedimiento cuando es invocado como instrumento privado contiene de una promesa de dar dinero, o es hábil para fundar la sentencia ejecutiva, cuando después de despachada la ejecución quien le imputa la omisión de esa mención no acompaña su argumento defensivo con una explicación sobre el motivo por el cual, esa ausencia debiera obstar, al cobro de tal quirógrafo. La excepción de inhabilidad de título no será admisible "cuando no se ha negado la existencia de la deuda."
Leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREYRA JUAN ALBERTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-19

Una ley general posterior, no deroga a la ley especial, salvo que aparezca claro la voluntad derogatoria por el espíritu o el objeto de la ley nueva. En tal sentido, debe declararse la prevalencia de la Ley de Policía que establece un especial régimen recursivo, sobre el decreto ley que rige los procedimientos administrativos en general, debiendo en consecuencia reglarse por los plazos y procedimientos de la primera, las distintas alternativas que se pretenden en el Sumario sustanciado por la Policía de la Provincia.
Recurso de apelación (procesal), seguro de responsabilidad civil, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Binci de Fernández, Ofelia M. y otros c/ Aude, Juan C. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

El asegurador, a través de la citación en garantía (art. 118 L.S.), es llamado a juicio para que cumpla la prestación debida a su único "acreedor": mantenerlo indemne (art.109) y no se constituye en deudor del acreedor de su acreedor. Estas obligaciones no son, como se deduce de lo expuesto ni concurrentes, ni solidarias, ni accesorias... Y éste paralelismo que ofrecen ambas obligaciones conduce a descartar de plano la existencia en cabeza del tercero de una acción directa respecto a la aseguradora.-
Regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Decavial S.A.I.C.A.C. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ revocatoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Corresponde la aplicación de la ley 24.432 a las regulaciones de honorarios pendientes al momento de su entrada en vigencia (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Falsificación de documentos, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: SANGIOVANNI, JOSE s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

El elemento que caracteriza el documento público es el de corporizar y acreditar la existencia de un hecho "erga omnes" y en todo el país artículos 7 Constitución Nacional y 955 del Código Civil.

El documento no adquiere el carácter de público, por proceder de un ente o institución oficial y originarse en una repartición de la Administración Pública.
Expresión de agravios, confirmación de sentencia, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Benencio, Ramón Jesus  c/ Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-16

La expresión de agravios requiere la formulación de una crítica frontal razonada, concreta y puntual del fallo atacado, y el memorial incoado por la demandante carece de este contenido, pues no muestra un análisis que revele la existencia de una demostración razonable de los motivos que sustentan el alzamiento, por lo que en mérito a tales consideraciones, se impone declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, pues en definitiva, el recurrente se ha limitado a expresar una mera opinión discordante con el fallo, pero no formula en concreto argumentación alguna que procure demostrar las supuestas equivocaciones o la interpretación errónea en que pudo incurrir el a-quo, no alcanzando dichas expresiones la jerarquía de agravios en el sentido del articulo 125 inciso c) del Código Procesal Laboral (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Recurso contencioso administrativo, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Se puede invocar un interés legítimo si se actúa persiguiendo un interés general a la legalidad en el desenvolvimiento de la acción de la Administración como medio para lograr, indirecta y eventualmente la satisfacción de un interés personal.
Notificación de la sentencia, notificación electrónica, nulidad de la notificación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Quintana Teresa de Jesús c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-12

Si queda demostrado en autos que la sentencia definitiva de primera instancia no fue notificada en el domicilio electrónico de la letrada interviniente, sino en un domicilio erróneo, procede declarar la nulidad de dicha notificación.
Contratos administrativos, excepción de incumplimiento contractual, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 74283 OBREDOR, ROBERTO ENRIQUE c/ PROVINCIA DE MENDOZA (PODER JUDICIAL) s/ ACCIÓN PROCESAL ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-21

La presencia del contrato administrativo, provoca un mayor rigor en la ponderación de los requisitos necesarios para el ejercicio de la "exceptio non adimpleti contractus" por su carácter público, cuales son: buena fe y proporcionalidad. Este es el efecto preciso que tiene el principio de "continuidad" como prerrogativa estatal en los contratos públicos.
Competencia, Ente Nacional Regulador del Gas
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportadora  de  Gas  del  Norte c/ YPF SA s/ cumplimiento decontrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-14

El ENARGAS no es un tribunal y por ende mal podría esta Sala declinar a su favor la competencia material para decidir una causa regida por el art. 116 de la Constitución Nacional, según la clásica definición del art. 2 de la ley 27. Se trata de un ente administrativo que tiene limitadas facultades para la resolución de ciertos conflictos y las atribuciones que en ese sentido le confiere la ley 24.076 deben ser interpretadas en forma restrictiva (conf. doctrina de la Corte Suprema, en las causas "Litoral Gas" y "Ángel Estrada", registradas en Fallos 321:776 y 328:651, en ese orden; esta Sala, in re "Petrobrás c. Camuzzi", n° 4.421708, del 27.2.09).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Club Social Ramallo Asociación Mutual c/ Calibazzi Teresa Haydee s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Es facultad del juzgador la elección de las pruebas con la que se forma su convicción (art. 384 CC) debiendo demostrar quién ataca la sentencia que los elementos considerados son insuficientes para constituirla. En el caso, que las diferencias caligráficas señaladas por el magistrado no eran tales o carecían de trascendencia, no siendo suficiente una disconformidad genérica con el dictamen.-
Recurso de inconstitucionalidad, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Evans, Carlos Horacio y Roberto Castro Villalba s/ Malversación de caudales públicos y violación deberes funcionarios  - Casación - Inconstitucionalidad (Libro: A028A-353) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-09-30

En la ley procesal penal de Mendoza el recurso de inconstitucionalidad se concede para impugnar la ley misma y no la interpretación o aplicación que de la misma se hace en la sentencia.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. - O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

A los fines de adquirir por prescripción el dominio de un inmueble, resulta necesario que la parte acredite fehacientemente haber entrado en la posesión de la cosa, realizando actos de naturaleza de los señalados por el art. 2373 del Código Civil y que se mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por el medio previsto en el art. 2524 inc. 7° de aquel (art. 4015 código cit.), y que el pretenso poseedor no sólo tenga la cosa bajo su poder, sino que sus actos posesorios se manifiesten de forma tal que indiquen su intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, elemento subjetivo que importa no reconocer la titularidad del dominio en otro.
Juicio ejecutivo, nulidad procesal, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMARGO, ROBERTO c/ DOMINGO. SANTIAGO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

Para que la nulidad de la ejecución resulte procedente, es menester el cabal cumplimiento del CPR 545- 1, lo que importa no solo la mera oposición de excepciones sino su formulación en términos que demuestren la seriedad de la petición.
Código Procesal Penal de la Nación, audiencia de debate, responsabilidad penal, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: M., J. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

La estructuración que presenta el Código Procesal Penal de la Nación encuentra una fundamentación en los principios que gobiernan la realización de las audiencias de debate: la oralidad, la publicidad, la inmediación, la continuidad, la concentración y la identidad física del juzgador. En este conjunto de pautas se advierte la necesidad de asegurar cierta clase de condiciones al momento de llevar adelante una audiencia para determinar la responsabilidad penal del acusado que no pueden ser obviadas y que deben necesariamente culminar con la respectiva sentencia que dilucide esa cuestión. Por lo tanto, la condena o absolución -que se determina a través del acto procesal autónomo, denominado sentencia (síntesis)- está atada a la previa observancia de tales condiciones; siendo que, una vez cumplimentados los actos del debate de manera ajustada a los citado principios, gozarán entonces de legitimidad procesal y, por ende, no podrán ser nuevamente reeditados. A partir de lo dispuesto por el art. 166 del C.P.P.N. no será posible dictar una nueva sentencia, atento a la imposibilidad material de concretar este acto procesal en cabeza de un juzgador distinto al que ya intervino y que, al mismo tiempo, observe las referidas reglas que deben regir en todo debate; las cuales, por lo demás, a la luz de la correlación existente entre la fase interna del debate y la de la sentencia, también nutren como tales a esta última (voto del juez Días).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, objeto social, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Graciela y Otros c/ Empresa J.G.F. S.R.L. y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-21

No se aplica el art. 30 LCT si no hay suministro de un aspecto o faceta de la misma actividad que constituye el objeto social del establecimiento; no debe prescindirse de las consecuencias de los fallos; la vinculación debe reconocerse cuando la contratación es tan solo una apariencia para evadir la responsabilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Miranda, Ricardo Eduardo c/ Haquim, María Inés; Ferraro, Carlos Alfonso y Ferraro Producciones s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 55247/00 Indemnización por antigüedad o despido. L.A. N 47 F 1481/1483 N 645 Ferraro, Carlos Alfonso y Ferraro Producciones s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 55247/00 Indemnización por antigüedad o despido. L.A. N 47 F 1481/1483 N 645
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-29

Cabe hacer excepción a la regla sentada por el Superior Tribunal de Justicia que establece que el tribunal de mérito es soberano en la apreciación y valoración de la prueba, no pudiéndose por vía de los recursos extraordinarios hacer un nuevo examen para establecer una plataforma fáctica distinta en virtud de que, efectuado el análisis de lo que es materia de agravio en esta instancia, se advierte que el tribunal a-quo realizó una antojadiza valoración de los hechos y de las pruebas acumuladas en la causa.
Contratos administrativos, licitación pública, presentación de las ofertas, oferta más conveniente, oferta más baja
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización de Protección Industrial  S.A. c/ Gas del Estado s/ Nulidad del acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

Si el único factor a considerar fuese el precio más bajo, la administración se vería compelida a adjudicar la licitación a aquella empresa que lo propusiere aunque se supiera que no cuenta con la capacidad administrativa o financiera suficiente para realizar la obra, prestar el servicio o cumplir con el suministro en forma eficiente. Al referirse a la oferta más conveniente se está al examen de todos los aspectos de la propuesta en su conjunto, no exclusivamente el precio estimado sino también la capacidad empresaria, sus antecedentes, la solvencia económica, los trabajos realizados con anterioridad, la calidad del servicio prestado, el cumplimiento de sus compromisos, su equipamiento, etc.
Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, pago de la multa, concurso real
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Delmagro, Juan Carlos s/ inf. Art. 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-05

Admitida la suspensión del juicio a prueba en base al artículo 76 bis cuarto párrafo del Código Penal, cabe referirnos a otra de las condiciones previstas para su procedencia. El quinto párrafo del mismo artículo exige que si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.

La norma es clara en este sentido y sólo permite entender que el pago mínimo de la multa es una "condición" para la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba.

Al respecto, Vitale sostiene que la ley contempla en forma expresa la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, supeditándola al pago, por parte del imputado, del mínimo de la multa prevista en el tipo penal que se le atribuye y que la exigencia del pago del mínimo de la multa es una condición de la suspensión a prueba ("Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. del Puerto, 2004, pág. 225).

Ello no podría ser de otro modo pues, si se pretendiera adoptar una postura inversa y considerar que la suspensión podría ser otorgada antes de que el pago se hiciera efectivo, en caso de incumplimiento de la multa, aquella no podría ser revocada por cuanto -no tratándose de una regla de conducta- dicha circunstancia no se encuentra prevista como causal de revocación en el art. 76 ter, párrafo cuarto, del Código Penal. En este sentido, Bovino refiere que "el incumplimiento del pago no podría ser motivo de revocación de la suspensión, pues éste no se halla contenido en el art. 76 ter, párrafo cuarto, Código Penal, como una de las condiciones cuyo incumplimiento acarrea la revocación" ("La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino", Editorial. del Puerto, 2005, pág. 177).

Ello sin perjuicio de que en el caso de que el imputado carezca medios suficientes para enfrentar la obligación de pagar el mínimo de la multa, el Juez pueda determinar, teniendo en cuenta la situación económica del imputado, que ésta sea abonada en cuotas a los fines de asegurar el derecho del imputado a acceder a este beneficio en condiciones de plena igualdad.
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, compra directa, resoluciones judiciales, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Grintek SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-27

Procede revocar por prematura la resolución que rechazó la oferta de compra de cierta porción del inmueble de la fallida y sus bienes muebles. Ello por cuanto, en el caso, aún no se sabe, siquiera, si la procedencia de la compensación, propuesta por la cooperativa entre el valor de los créditos laborales y el valor de los bienes, es factible. A más, y siendo que el acreedor hipotecario, que tiene sobre esos bienes un privilegio de rango superior al laboral, se opuso a tal compensación, se impone intentar conciliar esos diversos intereses que se han enfrentado. Cabe señalar que dicho acreedor se opuso a esa solución, alegando, entre otras cosas, que la separación de tres lotes unidos por construcciones que habrían sido edificadas sobre ellos como si se tratara de un único predio, importaría disminuir el valor de su garantía, no obstante, aplicando al caso la idea que subyace en la noción según la cual "el interés -ergo, también la legitimación- es la medida de las acciones", forzoso es concluir que esa oposición no puede impedir que salga primero a la venta el de mayor valor y que sólo se continúe con la subasta de los restantes bienes en caso de que compruebe la insuficiencia del producido del primero; ello siempre que se pueda remontar el obstáculo que importa la separación física de los inmuebles. En conclusión se estima pertinente exigirle al acreedor que, sin resignar su preferencia pero poniéndose a tono con el esfuerzo que el Estado está haciendo para asistir a quienes han vistos reducidos sus ingresos a causa de la pandemia, se abstenga de entorpecer la posibilidad de que tal solución se concrete. Asimismo la cooperativa -principal interesada- junto con la colaboración del síndico, deberá proponer a la señora juez la realización de la obra que, en su caso, permita, en tiempo breve, esa división sin disminuir el valor del bien que habrá de continuar siendo afectado a la atención de esos otros créditos, por lo que superado ese obstáculo debe rechazarse la oposición del banco.
Régimen jubilatorio, cobro de retroactivo, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: BERON, CARLOS ADALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

Toda vez que la resolución que acordó el beneficio estableció el importe del haber inicial y aludió a una retroactividad adeudada, todo ello a ser abonado en la fecha del primer pago que se fija, sin aclarar diferimiento alguno, corresponde revocar la sentencia del a quo que no hizo lugar a la acción de amparo promovida tendiente a obtener el pago inmediato del referido retroactivo, el que fuera suspendido por aplicación de lo dispuesto en el Dec. 332/97. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).