marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Multa laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Juan Armando  c/ Toro, Julio Máximo  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-10-19

Este Tribunal tiene dicho que las multas arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 no resultan aplicables al régimen de la construcción. De la literalidad de ambos artículos se sigue que sólo resultan aplicables en los supuestos en que se trate de contratos de trabajo regulados por la LCT, por cuanto los rubros a incrementar resultan la indemnización art. 245 LCT en el caso del artículo 1 y las indemnizaciones arts. 232, 233 y 245 LCT en el caso del artículo 2, delimitándose así su ámbito material de aplicación. Por ende, dado que el estatuto de la industria de la construcción establece una indemnización o un mecanismo reparatorio distinto al establecido por el art. 245 LCT, no corresponde su pago (Doctrina ya expuesta en Sentencia de fecha 08/02/2022 (CAp.Trabajo de Salta, SALA I Libro 2022 Tomo I SEN fº 150-155) en autos: "Avalos Julio Cesar c/Deco Desarrollos Constructivos SRL, PRIN SRL s/ordinario" (Expte. N° 44.006/18).-
Donación, escritura pública, inscripción registral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BORRAS, CRISTINA. M. c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE s/ RECURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

El art. 984 del Código Civil dispone que mandado protocolizar por juez competente, es instrumento público desde el día en que el juez ordenó la protocolización. Por lo que, es claro que el efecto propio de esta anexión es la conversión en instrumento público." ".Esta es la diferencia fundamental entre la protocolización judicial y la voluntaria. Por cuanto, la protocolización voluntaria no le otorga a éste calidad de público, lo que es público es la "escritura-acta de protocolización", que garantiza la identidad del documento protocolizado, su conservación y le otorga fecha cierta oponible a sucesores singulares y aun a terceros (conf. Bueres-Highton, op. citada, pág. 112 y sig., t. 4D, ED. Hammurabi).

Lo protegido con la fe pública de acuerdo al art. 993 del Código Civil es la actividad del escribano que se circunscribe al hecho de tener a la vista el instrumento particular, anexarlo al protocolo, transcribirlo si es del caso, pero el contenido del mismo y la veracidad de sus cláusulas quedan fuera de la actividad del fedante (conf. Bueres Highton, op y loc. cits.. pág. 112).
Sentencia arbitraria, Consejo de la Magistratura, honorarios, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Es arbitraria la sentencia que condena al Consejo de la Magistratura al pago de honorarios del perito y le desconoce su calidad de parte para apelarla, pues lo priva del debido proceso legal y del acceso a la justicia. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, asamblea judicial
Materia: CIVIL
Carátula: PORTO PABLO FEDERICO c/ CONVOCATORIA DE ASAMBLEA s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

La renuencia de la administradora de un consorcio de propietarios a convocar a asamblea no configura ningún obstáculo para que la misma sea llevada a cabo, ni justifica la procedencia de la asamblea judicial, pues aunque reglamentariamente tenga asignada esa facultad, no existe impedimento legal como para que cualquiera de los copropietarios la verifique mediando un interés legítimo para ello.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Drlje, Mariano s/ Sucesión Sindicatura Ley 22334 de los autos: "Greco Hnos. S.A. s/Quiebra" c/ Albino Rozzi e Hijos S.A. s/ Restitución de vinos Morhum, Juan Carlos c/ La Vecinal de la Matanza s/ Impugnación de asamblea. Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07|1991-06-11|1993-08-03

Las atribuciones de la Suprema Corte conferidas por la Constitución provincial no pueden modificarse o alterarse por medio de leyes (arts. 149 incs. 1º y 4º, Const. provincial).
Administración Nacional de la Seguridad Social, instancia administrativa, habilitación de instancia, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Segon, Carlos Antonio c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-06

Ante el cuestionamiento a la habilitación de instancia efectuado por el organismo por no haberse agotado la tramitación administrativa previa, corresponde confirmar la argumentación del fallo de la anterior instancia, en tanto sostuvo que su tránsito habría configurado un exceso ritual manifiesto, en vista a su ineficacia. Dan base a dicha afirmación, no sólo la manifiesta voluntad de rechazo a la pretensión de autos exhibida por la A.N.Se.S. -mantenida en toda la tramitación de la causa y reiterada en el recurso en tratamiento- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 23.11.01, "Mimessi, Mario Rene"; id. Sala III, sent. del 13.09.05, "Fernández Muiños, Julio Eduardo", entre otras), sino también la circunstancia de que el organismo haya podido ejercer en plenitud su derecho de defensa en juicio, esgrimiendo las razones que dan sustento a su posición. Así lo sostuvo el suscripto, por otra parte, al emitir su voto en una causa análoga (cfr. sent. del 10.08.10, "Gallo, Martha Elena") que se encuentra firme y consentida. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Ejecución de sentencia, acuerdo de partes, obligaciones en moneda extranjera, novación objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: BRESLER, ENRIQUE c/ CILINDREX S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Las partes habían celebrado un acuerdo en noviembre de 2001 por el cual la demandada se comprometía a abonar en cuotas una suma de dinero en pesos, con la previsión de que si se operaban cambios en la paridad peso-dólar, las sumas debidas se abonarían en dólares. Al producirse el fin de la convertibilidad, con el dictado de diversas normas (entre ellas la ley 25561 y los decretos 320/02 y 214/02) se produjo una novación objetiva pues cambio el objeto debido (el demandado debe dólares). Como consecuencia de ello, al extinguirse la obligación no cumplida, sustituyéndose por otra, también se han extinguido sus intereses moratorios, pero como en la causa han existido depósitos realizados a cuenta y también retiro de fondos, sólo corresponde que el demandado abone la diferencia de la conversión en dólares al valor del mercado libre de cambio según publicación en el diario Ámbito Financiero o publicación similar, correspondiente al día en que se efectuó el depósito, adeudando el saldo en dólares.
Acción contencioso administrativa, solve et repete, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Molinos Río de la Plata S.A. c/ Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-23

Corresponde declarar la jurisdicción y competencia de la Corte para entender en la acción interpuesta por el apoderado de la actora en contra de los decretos dictados por la Administración por el cual se denegaron los recursos deducidos por la parte impugnando la determinación de deuda en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos e imposición de multa realizada por aquella, en función de que la materia que involucra la pretensión trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, por la cual se impugna un acto emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, y fue interpuesta en tiempo hábil.
Competencia federal, competencia por la materia, acción de amparo, medicina prepaga, aumento de cuota, persona de edad avanzada, Superintendencia de Seguros de Salud
Materia: PROCESAL
Carátula: S., S. I. c/ SIMECO s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Es competente el fuero federal para entender en la acción de amparo promovida contra una empresa de medicina prepaga a fin de que cesen los aumentos de la cuota aplicados a la actora en virtud de su edad y que se cumpla con lo resuelto por la Superintendencia de Servicios de Salud en torno al ajuste del importe y a la devolución de lo percibido en exceso (arts. 12 y 17, ley 26.682), pues el objeto del litigio conduce -prima facie- al estudio de obligaciones impuestas a las empresas de la medicina prepaga por la ley 26.682 y por ello, más allá de la relevancia de los aspectos contractuales y de consumo eventualmente involucrados, resulta aplicable la doctrina según la cual los litigios que versan, en último término, sobre situaciones alcanzadas por reglas federales, deben tramitar ante ese fuero por razón de la materia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ BCRA. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces, así como en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales y la suplencia de sus lagunas, no incluye ciertamente la facultad de suplir la ley misma.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: GABALEC, Pablo Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

El examen por el experto de la cosa, persona o lugar a peritar, no es una exigencia de toda pericia; nace de las particularidades ontológicas de la que deba realizar. Y muy bien puede expedirse en función de las constancias de la causa, constancias que, a los fines de su interpretación según las leyes de la física el juez necesita abordar a la luz del conocimiento especializado del experto. Cuenta para ello con la autorización normativa del art. 161 C.P.P. (t.o.) Esto no quiere decir que el examen personal y directo de lo que se va a peritar, en otros casos, no sea una exigencia que comprometa la viabilidad probatoria del dictamen.-
Honorarios del perito, incidentes, monto del juicio, costas
Materia: Procesal
Carátula: DEL BLANCO, Luis c/ Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-07-02

En lo que se refiere a cargo de quien quedará el pago de honorarios de dicho perito, se aplicarán a quien resulte el perdidoso en este incidente. "La calidad del vencido se interpreta comparando las sendas tasaciones, y de su cotejo resultará tal aquél que más lejos estuvo en su estimación referida a la practicada por el perito".
Docentes, falta de acción
Materia: CIVIL
Carátula: BENVENUTO, MARIA c/ BRITZ, SERGIO OSCAR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

No se ha demostrado, más allá de la natural molestia y malestar que genera para una persona el inicio de una investigación de índole preventiva, que la actora haya experimentado daños de índole patrimonial o moral a los fines de la procedencia de la indemnización pretendida.
Contrato de trabajo, despido, período de prueba, discriminación
Materia: LABORAL
Carátula: R., H. M. c/ Adecco Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Corresponde que en el marco de un despido directo durante el período de prueba que el actor consideró como discriminatorio por razones de salud, se confirme la sentencia de primera instancia que calificó como legítima la decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral en los términos del art. 92 bis de la LCT, toda vez que en momento alguno el peticionante delimita la supuesta discriminación por motivos del accidente sufrido o por las secuelas que habría dejado sobre su cuerpo o, incluso, que las secuelas hubieran generado el comienzo de una enfermedad que debía continuar con un tratamiento prolongado y que, en virtud de ello, la demandada hubiera decidido su despido, simplemente se limitó a indicar que la demandada lo despidió mientras estaba cursando una licencia por accidente laboral, obviando que además de ello, se encontraba en período de prueba donde la demandada puede extinguir el vínculo sin expresión de causa y sin indemnización.
Quiebra, informe final y distribución, pago, dividendo concursal, moneda extranjera, conversión de moneda, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Molino Nuevo SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de concurso especial de león audicio, ruben victorio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Cabe revocar la resolución que desestimó la posibilidad de que los dólares depositados en esta quiebra sean convertidos a pesos a través de la operatoria bursátil "MEP" a fin de destin ar su producido al pago del dividendo concursal. Ello por cuanto, la liquidación al tipo de cambio "oficial" produciría una grave pérdida para los acreedores de esta quiebra, generándose así más daño del que ya sufrieron a causa de la insolvencia de su deudora. Y la operatoria denominada "dólar MEP", se ajusta al ordenamiento vigente y resulta efectivamente ventajosa para los intereses de la quiebra. Incluso cuando se admita que la negociación del llamado "dólar bolsa" pueda conllevar algún riesgo y tenga algún costo, ninguna de esas dos variables justifica obviar esa solución, pues implicaría privar a la quiebra de la posibilidad de acudir a una operatoria autorizada y reglamentada a fin de evitar, de ese modo, que sus activos sean liquidados por un monto mucho menor del valor que por ellos se podría obtener (v. CNCom, Sala C, "Agrest SACIFEI s/ quiebra" del 22/12/21).
Abogados, honorarios, acreedor, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO CABILDO  S.A. c/ PASTORINO JOSE LUIS s/ EJECUCION HIPOTECARIA  S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LOS  DRES. DOMINGO V. ORTIZ DE ZARATE Y CRISTINA FERNANDEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-22

La cuestión consiste en el derecho al cobro de honorarios regulados y firmes del letrado del acreedor en una ejecución hipotecaria en que con posterioridad a su inicio se resolvió la liquidación de la entidad actora en la misma -Banco Cabildo-, existiendo fondos depositados en tal juicio ejecutivo como producido de la ejecución.

El deudor del profesional actor no lo es el Banco concursado, sino el ejecutado en cuyo patrimonio se integra el producido de los bienes ejecutados hasta tanto se disponga su transferencia mediante el libramiento del respectivo cheque judicial a favor del acreedor hipotecario y tal transferencia sólo puede efectuarse teniendo en cuenta los privilegios para el cobro de los gastos causídicos de la ejecución hipotecaria. El Código Civil es muy claro al respecto en sus arts. 3111, 3900, 3936 y 3937.

Es elemental que el privilegio que pueda tener el Banco Central, como síndico o liquidador no le otorga la propiedad de los bienes inmuebles hipotecados del deudor concursado ni del producido de su venta, sino que lo es sobre los derechos crediticios que ]]ete tuviere; en el caso sobre el remanente que puediere quedar en la ejecución hipotecaria, pagodos como se ha dicho, los gastos causídicos y hasta el monto del crédito hipotecario.

De ninguna manera, pues, puede considerarse el derecho al cobro de tales montos sobre las sumas afectadas legalmente a tal fin ni en consecuencia a éstas, como integrando el patrimonio del acreedor hipotecario concursado.

Lo contrario sería, además, claramente violatorio del art. 3270 del Código Civil, puesto que se transmitiría al Concurso un derecho mejor y más extenso que el que gozaba el concursado.
Crédito laboral, prescripción bienal, empleados públicos, aplicación de la ley laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mantovani, Angel R. c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Si bien es cierto que de acuerdo con lo establecido por el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, prescriben a los dos años las acciones provenientes de las relaciones individuales de trabajo, de disposiciones legales reglamentarias del derecho de trabajo, no lo es menos que el art. 2 del citado cuerpo legal excluye expresamente del ámbito de aplicación a los empleados públicos (cfr.

esta Sala, in re "Guaragna", del 18/2/99). (Del voto del juez Coviello, consid. III).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, plazo, Administración Pública, leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPBELL, TOMAS SEAN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA (CSJ EXPTE Nº 509-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-04

Aún estimándose correcta y compartiendo los argumentos de la decisión adoptada por la mayoría en el sentido de declarar la competencia contencioso administrativa de la presente medida cautelar innovativa y otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que adecuen sus pretensiones sustanciales y cautelares a los términos de la ley 11330, con las salvedades formuladas en mis votos in re "Vaninetti" y "Bacchetta", cabe destacar que, a diferencia de otros precedentes (como "Vaninetti"), en el presente no se han valido los actores de vías excepcionales como el amparo, resultando el caso también distinto a los resueltos en "Club Edison" y "López" en los que se sumaba a la deficiencia anteriormente referida, la consistente en tratarse de pretensiones tendientes al ejercicio de una actividad disvaliosa. En el caso, ninguna de esas circunstancias concurre; por el contrario, con serios argumentos se invoca en autos el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de una ley, situación que "prima facie" se evidenciaría similar a la que motivó la resolución de esta Corte in re "Salvia". (De la ampliación de fundamentos del Dr. Barraguirre).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giner, Néstor Pedro y otra c/ Deporcenter S.A. s/ Cobro de medianería y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

Al apreciar los dictámenes periciales los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante.
Interdicto de retener, poseedor, prueba de la posesión
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Gustavo Guillermo c/ Gallardo, Isolina s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-11

La prueba del proceso de interdicto de retener versará sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor y los actos de perturbación atribuidos al demandado, pues dicho proceso tiene como objeto principal dar protección judicial a aquél que se titula poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble frente a la existencia de actos materiales que importen una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión o la tenencia.
Mandato, acción de reembolso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerchanick Gregorio c/ Sucesores de Topatigh Remigio s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Los arts.1948 y 1949 del Cód.Civil contemplan situaciones diversas.

Como el mandatario no tiene porqué anticipar el dinero para los gastos requeridos por el cumplimiento de su cometido, el mandante debe anticiparle las cantidades necesarias para ejecutar el mandato si aquel las pidiera (art.1948). Pero, si el mandatario no usara de ese derecho, el mandante debe reembolsarle las erogaciones (art.1949 cit.). Debe presumirse que los gastos que el mandatario haya realizado para cumplir su cometido lo fueron de su propio peculio, mientras el mandante no pruebe que le adelantó los fondos.
Facultades del Poder Ejecutivo, acto administrativo irregular, anulabilidad del acto administrativo, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Irrazabal, Mariano Lucio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-04

En efecto, la Suprema Corte de Buenos Aires tiene declarado en infinidad de oportunidades que el acto administrativo es revocable o anulable de oficio, cuando el mismo no es regular o compatible con la legislación vigente; máxime si se trate de un hecho notorio, certero e indiscutible, confrontado con el orden jurídico positivo.

Además, que dicha anulación puede ser opuesta tanto por vía de acción o por vía de excepción. Rigen sobre el particular los artículos 16 y 1058 del Código Civil, y 144 de la Constitución Provincial.

(Bertolini: Según su voto).
Secreto fiscal, AFIP
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Olivera, Gustavo Eduardo c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

La previsión legal consagrada en el actual art. 101 de la ley 11.683 no sólo alcanza a las declaraciones o manifestaciones que hayan podido formular los contribuyentes ante el órgano administrativo competente sino que comprende asimismo, a los expedientes, actas, resoluciones o documentos en los que consten o puedan constar tales declaraciones o manifestaciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Retención indebida, póliza
Materia: PENAL
Carátula: FALBO, CARLOS s/ DEFRAUDACION  - RETENCION INDEBIDA - OMISION RESTITUIR - CONCURSO REA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

El accionar del procesado, debidamente intimado por ambos damnificados -quienes nunca gozaron de la cobertura que entendieron convenir- a devolver las sumas entregadas para contratar las sendas pólizas de seguros, constituyen el delito de defraudación, reiterada, por omisión de restituir.
Estado de adoptabilidad, violencia familiar, interés superior del niño, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R., M y L., M. S/ Declaración judicial de situación de adoptabilidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-30

Si bien es un deber del Estado procurar la unidad familiar y la continuidad de los niños con sus progenitores o su familia ampliada biológica, esa actividad estatal tiene un límite que está representado por el interés superior del niño, y de no verificarse mejorías sensibles en los plazos razonables que se encuentran trazados legislativamente, la decisión debe inclinarse por declarar el estado de adoptabilidad para garantizar a quienes merecen preferente tutela, el derecho a una familia alternativa que asegure el goce efectivo de todos sus derechos.
Recurso extraordinario, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ejido Inmobiliaria Sociedad Responsabilidad Limitada y Ejido Inmobiliaria SRL c/ Provincia de Santa Fe s/ Expropiación inversa (Expte. CSJ Nº 323-85 y Expte. CSJ Nº 300-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

Por aplicación de la doctrina expuesta en la causa "Geppel y Pinasco SA", resulta menester que con carácter previo a la eventual regulación de honorarios por el recurso extraordinario, se certifique que el Máximo Tribunal nacional ha rechazado la queja interpuesta.
Allanamiento, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Gerardo Daniel Cacace s/ Planteo de nulidad en causa Nro. 8036 Nro. 8036
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-03-16

Resulta procedente la nulidad del allanamiento, en tanto y en cuanto tal acto procesal se verificó sin la orden escrita del Juez competente, y si bien el tenor del acta surgiría la presencia del Magistrado en tal momento, la ausencia de su firma convalidatoria constituye una violación al requisito formal exigido en tal sentido por el art. 122 del Código Procesal Penal. Por lógica consecuencia, y en los términos del art. 156 de la normativa citada, las detenciones de dos personas y requisas de dos automóviles secuestro de un cartucho a través de este procedimiento irregular, también deviene nulo.