Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31


Expte. nº 10982/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Arancibia, Claudio Fabián c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)" Buenos Aires 31	de marzo de 2015 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Claudio Fabián Arancibia, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad -al momento de interponerse la demanda-, promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) con el objeto de que se ordene a la autoridad administrativa demandada que les garantice el acceso a una vivienda adecuada según los estándares que emanan de los tratados de derechos humanos (fs. 1/17 vuelta de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa).

La sentencia de primera instancia -en lo que aquí corresponde destacar- hizo lugar a la acción entablada y ordenó al GCBA ".[a]rbitrar los mecanismos constitucionales enderezados a proveer a la amparista una ubicación habitacional configuradora del 'derecho a la vivienda adecuada' (.) [agregando que] en el caso de que dicha solución consista en una prestación económica, la misma deberá satisfacer íntegramente los preceptos señalados." (fs. 277/291 vuelta).

2. El GCBA apeló y expresó sus agravios (fs. 297/311), que fueron oportunamente contestados por la actora (315/327).	La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia apelada (fs. 371/390 vuelta). Para así decidir los magistrados ponderaron el marco normativo aplicable y la situación fáctica del actor: hombre solo, sin red de contención social con problemas de salud -injerto de córnea y consecuentes problemas de visión-, con una situación laboral precaria, ". inmerso en un círculo de vulnerabilidad, del que difícilmente logre salir sin la asistencia del Estado".

3. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 402/412 vuelta). Manifestó que el pronunciamiento lesionaba su derecho de defensa, su garantía al debido proceso, su derecho de propiedad y el principio de legalidad. Se agravió -en apretada síntesis y en lo que aquí es dable reseñar- por cuanto la sentencia atacada: (a) importaba una interpretación elusiva de la ley al no contemplar la existencia de limitaciones presupuestarias, (b) invadía la zona de reserva de los restantes poderes, y (c) por sus omisiones -en cuanto a la determinación de límites en el subsidio otorgado- era arbitraria. Alegó que el caso, por la forma en que se había resuelto, revestía gravedad institucional.

La Sala I denegó el recurso intentado (fs. 434/436 vuelta). Los magistrados ponderaron que el recurrente no había logrado configurar un caso constitucional y afirmaron que los agravios remitían exclusivamente a analizar cuestiones de hecho y prueba en la interpretación de normas infraconstitucionales. Asimismo, rechazaron los agravios fundados en la arbitrariedad de sentencia arbitraria y en la gravedad institucional.

4. El GCBA se alzó en queja (fs. 95/102, de esta queja). La demandada manifestó que "(.) en la especie existe cuestión constitucional suficiente, puesto que lo decidido en autos por la sentencia de Cámara resulta contrario a la doctrina sentada por el TSJ en causas análogas." -con cita de las causas "Mantovano", expte. n° 3098/04, "Pons", expte. n° 3236/0- (fs. 95 y vuelta).

Destacó que su parte en modo alguno omitió prestar asistencia habitacional de conformidad con lo establecido por la normativa vigente, que sus recursos eran limitados y que el amparo no resultaba ser la vía para cuestionar la forma en que las autoridades de aplicación ejecutaban los programas bajo análisis.

Afirmó también que la Cámara había dictado una sentencia prescindiendo de la norma constitucional aplicable (art. 14 de la CCABA) y reiteró básicamente lo manifestado en su recurso de inconstitucionalidad.

5. La Fiscalía General sostuvo que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA; revocar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones a fin de que dicte un nuevo fallo conforme a derecho (fs. 137/152 vuelta, de la queja).

Fundamentos:

El jueces Luis Francisco Lozano y Ana María Conde dijeron:

1. Asiste razón al GCBA recurrente en cuanto sostiene que la Cámara, al confirmar la sentencia que le ordenó a ".proveer a la amparista una ubicación habitacional configuradora del 'derecho a la vivienda adecuada' (.) "que en el caso de que dicha solución consista en una prestación económica, la misma deberá satisfacer íntegramente los preceptos indicados." ( fs. 277/291 de los autos principales) le ha dado al derecho a la vivienda digna una extensión que no surge de la ley 4036 en que sostiene haber fundado su decisión, conforme lo hemos señalado in re "Veiga Da Costa, Rocío c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n°10229/13, sentencia del 30 de abril de 2014.

2. En el sub lite, toda vez que no vienen controvertidos los hechos, corresponde a este Tribunal resolver la cuestión planteada.

3. El GCBA no ha cuestionado la conclusión a la que arribó el a quo de que el actor se encuentra en "situación de vulnerabilidad social" (cf. el art. 6 de la ley 4.036) por padecer problemas de salud, con ingresos insuficientes, sin red de contención familiar (cf. fs. 383 vta. y 388/vta.). Es decir, no ha demostrado que, por su situación de vulnerabilidad social, el actor no se encuentre dentro de uno de los grupos que la ley considera prioritarios.

4. Por ello, corresponde revocar la sentencia de Cámara de fs. 371/390 vta. y condenar al GCBA a que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto 690/06 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derechos sobre cuya base se resuelve. Costas por su orden (cf. el art. 14 de la CCBA).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.

2. En el sub examine el GCBA no pone en crisis (i) el razonamiento de la Cámara CAyT que, por mayoría, entendió que la parte actora (al momento del dictado de la sentencia, un hombre de 52 años con problemas de salud en un "contexto de precariedad") se encuentra en situación prioritaria para el mantenimiento de los subsidios de marras; ni tampoco (ii) la conclusión en punto a que el Sr. Arancibia transita una situación de vulnerabilidad social.

En cambio, resiste fundadamente el alcance del derecho reconocido en cabeza de la parte actora mediante la sentencia de la Cámara CAyT que, en lo que aquí importa, confirmó el pronunciamiento de grado que hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, le ordenó proveer al accionante una solución habitacional configuradora del "derecho a la vivienda adecuada" que, en caso de consistir en un subsidio, satisfaga íntegramente su importe.

3. A partir de lo expuesto es posible advertir que la cuestión planteada en autos resulta sustancialmente similar a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014.

Ello así pues, al resolver del modo ya señalado, el a quo se apartó de la solución prevista en el ordenamiento jurídico vigente; decidiendo de manera implícita la inconstitucionalidad de los topes establecidos por el Poder Ejecutivo local en el art. 5 del decreto nº 690/06 y sus modificatorios.

En consecuencia, corresponde remitir, en lo pertinente, a los fundamentos que expusiera en el precedente mencionado -los que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente- para hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar parcialmente la sentencia impugnada y ordenar al GCBA a que mantenga a la parte actora en el programa habitacional vigente, mientras subsistan las condiciones comprobadas en autos por los jueces de la causa. Costas por su orden (art. 14, CCABA).

Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma (art. 33 de la ley 402) no obstante debe ser rechazada por no rebatir en forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acreditar que los planteos vertidos configuren un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Al resolver el recurso de inconstitucionalidad la Sala I de la CCAyT ponderó que ". el recurso (.) deducido por la demandada sólo plantea su disenso con la solución arribada, sin controvertir adecuadamente la situación fáctica descripta en el fallo y el ordenamiento jurídico que sustenta el decisorio." En efecto, los planteos formulados por la demandada supra referidos remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales -relativas a la acreditación en el caso de la potencial o efectiva situación de calle en que se encuentre el afectado, su grado de vulnerabilidad social (leyes 3706 y 4036), la correspondencia, suficiencia o insuficiencia del monto a otorgarse, e incluso eventualmente el grado de amenaza sobre la existencia misma del actor (v. Fallos 335:452 punto 12 y cc)-, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia.

Por otra parte, debe recordarse aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -v. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, debe destacarse que la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada resulta genérica e imprecisa, en la medida que no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

En consecuencia, debe colegirse del examen de la sentencia cuestionada, que el tribunal a quo arribó, más allá de su acierto o error, a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por las consideraciones expuestas, la queja debe ser rechazada.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:

(i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.

Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.

4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 371/390 vuelta de los autos principales; y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto n° 690/06 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derecho sobre cuya base se resuelve.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, suscripta el 14 de agosto de 2014, como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

4. Imponer las costas por su orden.

5. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto 3, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.