Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-06


Causa Nº 479-00/CC/2005 caratulada "ARCOS DORADOS SA s/ falta de higiene y residuos fuera de hora - APELACION".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Llega el legajo a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación incoado a fs. 74/79 por el Guillermo Díaz Reynolds -en su carácter de letrado apoderado de la firma "Arcos Dorados S.A."- contra la sentencia de fs. 69/73 suscripta por el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 15, Gustavo Adolfo Letner, en la que se dispuso rechazar los planteos de nulidad introducidos en la audiencia de debate por el representante de la accionada y condenarla a la pena de multa de tres mil pesos, en orden a la infracción prevista en el art. 1.3.9 de la ley 451, con costas.

Luego de evaluar el instrumento imputativo a la luz de lo dispuesto en el art. 3º de la L.P.F., el sentenciante entendió que su valor probatorio no resultó enervado por la prueba producida durante la audiencia de debate. Encuadró la conducta endilgada en las previsiones del art. 1.3.9 del Régimen de Faltas, cerrando la figura allí diseñada -dejar en la vía pública residuos "fuera de los horarios permitidos"- con las disposiciones de la Ley 662, luego de cuya interpretación estimó que el tipo objetivo queda revestido cuando la acción se despliega antes de las 20:00 hs. y con posterioridad a las 21:00 hs. Desechó de este modo la pretensión del defensor que derivaba, a partir de la expresión "el generador deberá colocar sus residuos en la vía pública con una antelación no mayor de una hora antes de iniciada la prestación", la atipicidad de tal depósito verificado, en el particular, a la hora 1:20 del día 16 de julio de 2005.

Tenida entonces por acreditada la acción objeto de juzgamiento, estimó que no concurrían supuestos de antijuridicidad que obsten a la configuración del injusto. A este fin, consideró que la causa de justificación alegada por la imputada -consistente en un acuerdo verbal con la empresa Urbasur, la cual procedería habitualmente a recoger los residuos generados en el local infraccionado luego de la medianoche de cada día para evitar la acumulación de residuos en la acera- no quedó suficientemente acreditada, pues a tal efecto la prueba producida consistió sólo en los dichos de la única testigo de descargo, sin que hayan podido cotejar otros testimonios provenientes de la firma encargada de la aducida recolección.

Asimismo, encontró reprochable la falta a la encartada, por no mediar causas de inimputabilidad enervantes de su capacidad de culpabilidad.

Finalmente, de acuerdo con las pautas delineadas en el art. 28 de la Ley 451, meritó excesiva la pena impuesta en sede administrativa -cuatro mil pesos de multa y clausura por un día del establecimiento- y fijó la sanción en la especie y monto mencionados en el primer párrafo.

En la parte dispositiva de la pieza reiteró el rechazo a los planteos de nulidad propuestos por el defensor de Arcos Dorados S.A. Del acta que documenta la audiencia de juzgamiento surge que el a quo motivó su resolución denegatoria en la consideración de que la decisión atacada por el apoderado de la firma se ajusta a derecho y fue consecuencia de un procedimiento realizado en consonancia con la normativa vigente -esto es: la autoridad administrativa cumplió con la notificación de la existencia del acta de infracción; el beneficio de pago voluntario no alcanza a faltas como la que configura el objeto de estas actuaciones, por estar prevista para ellas otras sanciones además de la de multa; la U.A.C.F. interviniente fue asignada por sorteo automático, por lo que resultaba competente para entender en la causa-.

El primero de los agravios tiene relación con este último tópico. Entiende el presentante que el a quo no ha fundado en la sentencia el rechazo de los planteos de nulidad introducidos en la audiencia de rito. A continuación, reedita los argumentos con los que sostuvo -desde su presentación en sede administrativa- la invalidez del procedimiento seguido contra su representada.

Tales vicios de actuación estarían configurados por las siguientes circunstancias: a) el Controlador de Faltas citó en forma directa a la accionada, en violación a lo dispuesto por el art. 12 de la L.P.F., que impone que el emplazamiento debe ser activado por la "autoridad administrativa" -bajo su óptica, la norma no refiere al Controlador en esta parte, porque de ella surgiría que la "primera intervención" de aquél queda configurada en el momento de la comparecencia del presunto infractor y sólo estaría facultado a ordenar una nueva Causa Nº 479-00/CC/2005. Sala II.

notificación en el caso de que el citado permaneciera remiso-; b) el sorteo a que alude el art. 12 de la L.P.F. debió haberse practicado con posterioridad a la presentación del encartado, de modo que su mandante no pudo haber sido citada por el Controlador Administrativo; entiende al respecto que "así como el administrado que no cumple con las obligaciones y cargas procesales es 'sancionado' por el propio procedimiento por su incumplimiento (v.g. caducidad, consentimiento, negligencia, etc.) del mismo modo la Administración debe soportar las consecuencias cuando incurre en incumplimiento del proceso, que en el caso sería la sanción de nulidad de lo actuado".

El segundo perfil de ataque se relaciona con la interpretación impresa por el sentenciante al art. 1º de la Ley 662. Expresa que la correcta inteligencia de la disposición impone concluir que el artículo no fija un horario de inicio y un horario final para el depósito de residuos, pues, de la misma manera en que delimitó los días de la semana en que se efectuaría la recolección, si hubiera querido demarcar una franja horaria específica durante la cual quedara permitida la colocación de marras, así lo habría expresado en la regulación. De la premisa que habilita la viabilidad del depósito "con una antelación no mayor a una hora antes de iniciada la prestación" (esto es, no antes de las 20:00 hs.), deriva que no existe un "horario final" para esta actividad, por lo que la conducta que se endilga a su poderdante -desplegada a la 1:20 de la madrugada- resultaría atípica y la exégesis practicada por el Juez de grado, incorrecta.

Introduce a continuación un agravio subsidiario, consistente en que el a quo no habría motivado debidamente la determinación del monto de la pena impuesta, habida cuenta de que la mención genérica del art. 28 de la Ley 451 inscripta en la resolución recurrida no llenaría el requisito de fundabilidad propio de toda sentencia. Critica en este aspecto que el Magistrado debió haber tenido en cuenta el hecho notorio consistente en el desparramo de basura producido diariamente por gente "de humilde condición" al abrir las bolsas depositadas en busca de comida -principal componente de desecho según la actividad de la presunta infractora-; en este sentido, alega el quejoso que el depósito de los residuos es realizado habitualmente en horarios próximos a los cuales pasa el camión de la empresa con quien su mandante tiene trato. Por último, manifiesta que los antecedentes que registra su parte no son suficientes a los fines de decidir en la especie el monto de la sanción, pues en tales archivos no se especifica si las faltas cometidas con anterioridad corresponden al mismo tipo de infracción.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, corresponde resolver la apelación planteada.

Y CONSIDERANDO 1.

En cuanto al cumplimiento de las demandas formales y sustanciales en el remedio impugnaticio articulado, conforme a lo establecido en los arts. 56 y 57 de la LPF, se observa que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, por escrito fundado, dentro de los cinco días de notificada la resolución atacada, ante el Tribunal que la dictó y por quien tenía derecho a deducirlo.

En lo que hace al aspecto sustancial de procedibilidad de la vía, la primigenia tacha de ilegitimidad del procedimiento administrativo se relaciona con la causal de inobservancia manifiesta de las formas sustanciales previstas para el trámite de la causa. El resto de las quejas vertidas por el recurrente tiene vinculación con la causal de arbitrariedad, pues estructuran una crítica fundada en una interpretación de las normas aplicables al caso que resultaría, a juicio del impugnante, alejada de las constancias de la causa, de ciertos hechos notorios cuya consideración obraría de justificación de las conductas atribuidas y del verdadero espíritu de la ley sustantiva.

Lo dicho importa reputar superado el análisis de admisibilidad del remedio intentado, por lo que éste debe meritarse bien concedido, (arts. 56 y 57 de la Ley 1.217).

2.

Embiste el quejoso la falta de fundamentación del rechazo de nulidad impetrado. Tal pretensión no tendrá favorable acogida.

En primer lugar, no es cierto que la resolución denegatoria carezca de motivación, pues la cuestión que derivó en ella fue introducida como "excepción previa" durante la audiencia de debate y allí resuelta fundadamente por el Causa Nº 479-00/CC/2005. Sala II.

sentenciante (fs. 67 y vta.), quien sostuvo que la intervención de la Dirección General de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implicó la actuación de la autoridad administrativa exigida por la ley; asimismo, la firma de una gerente del local y un empleado en el acta de constatación elaborada por el funcionario obraron de notificación de la existencia de una infracción. La alegación referida a la supuesta indistinción procedimental entre faltas susceptibles de pago voluntario e infracciones que no lo son fue repelida por el Magistrado haciendo expresa referencia al art. 17 de la Ley 451, que precisamente las diferencia y establece para cada una de ellas un sistema distinto de actuación. Razonó luego que la conducta endilgada encuadraba en un tipo infraccional que no admitía el beneficio, por estar prevista en relación a él otras sanciones -alternativas o conjuntas- además de la de multa. Por ello, y atento a que la Unidad Administrativa de Control de Faltas actuante fue asignada por sorteo automático, no advirtió que la pretendida irreg ularidad derivara en perjuicio alguno a la encartada, y entendió que, en esas condiciones, decretar la nulidad sólo tendría fundamento en la nulidad misma.

Aun frente a la inexistencia del vicio, cabe recordar el criterio restrictivo de esta Sala en relación a la apreciación de las nulidades alegadas por las partes. Respecto de la procedibilidad de la vía, si bien en principio todo planteo nulificante está relacionado en abstracto con la generación de un gravamen al peticionante, "...va de suyo que, inexorablemente, se impone en cada caso en particular la demostración clara y precisa no sólo del perjuicio que genera el vicio, sino, además, de su carácter irreparable" (causa nº 336-01-CC/2004, "Incidente de nulidad en autos: Forastieri, Darío Ezequiel s/ infr. art. 189 bis del C.C. - Apelación). Respecto del concreto estudio del planteo, "...el régimen excepcional establecido para su declaración, cuando sabido es que la nulidad por la nulidad misma no prospera, determina que se imponga su rechazo cuando no se verifica la afectación de los derechos o garantías del imputado (causa nº 239-01-CC/04 "Incidente de nulidad en autos: CARABAJAL, José Luis s/infracc art. 39 C.C."). Estas consideraciones resultan armónicas con la línea doctrinaria emanada de la CSJN, para quien '...en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y que cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la p ronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público...' (conf. C.S.J.N., 'Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación' - T. 325, P. 1404 - rta. 27/06/2002).

Sentado ello, no se advierte en la especie mella de la garantía de defensa en juicio ni de derecho alguno que tornen inválido el procedimiento seguido contra la encausada. El artículo 12 de la L.P.F. dispone que el presunto infractor debe ser notificado de la existencia de actas que se le hubiesen labrado, dentro de los noventa días de constatada la falta. La pieza debe contener una intimación para que dentro del plazo de cuarenta días efectúe el pago voluntario o comparezca a requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Queda entonces claro que la finalidad de la primera notificación cursada por la "autoridad administrativa" es la de brindar al imputado la posibilidad de acogerse al beneficio del pago voluntario en los términos del art. 17 del Régimen de Faltas -Ley 451-; por lo mismo, en casos como el sub examine en los que de inicio se descarta la viabilidad de aquella opción legal, nada obsta a que la U.A.C.F. asignada impulse el procedimiento, pues mal podría concederse al imputado una elección inexistente de vías procesales. La solución contraria tornaría dispendioso y sobreabundante el inicio de la actuación administrativa, además de ajena a toda lógica, pues es de palmaria evidencia que donde sólo se prevé una vía no se prevén dos.

Por estas razones el primer agravio no resulta enervante de la resolución impugnada.

En cuanto al segundo -la interpretación del horario de colocación de residuos en la vía pública a la luz de lo dispuesto por la ley 662-, sólo aporta una exégesis distinta de la efectuada por el a quo, lo que per se no conlleva a la revocación del decisorio en este punto por tratarse de una mera disconformidad con lo resuelto. Por otra parte, y sólo a guisa de acotación adicional, debe decirse que deviene contraria al espíritu de la norma en juego la hipótesis propugnada por el recurrente. No parece que el legislador haya querido imponer al generador un límite horario inferior para depositar los residuos y no uno superior, pues repugna a la idea de profilaxis de la higiene pública la postulación Causa Nº 479-00/CC/2005. Sala II.

de que los desechos puedan quedar a la intemperie durante todas las horas que transcurran entre el momento "posterior" al inicio de la recolección y el comienzo del servicio correspondiente al día siguiente -lo que sucedería si se considerara permitida la conducta de colocar residuos en la vía pública, por ejemplo, a las veintitrés horas -.

Sin perjuicio de ello, la eventual existencia de un acuerdo verbal con la empresa recolectora en modo alguno modificaría la cuestión, pues claro es que ninguna convención entre particulares puede tener andamiento si tiene por fin eludir la observación de las regulaciones positivas de orden público, de nítida naturaleza indisponible.

Por último, la queja consistente en la ausencia de fundamentación del monto de la pena tampoco podrá prosperar, por cuanto la motivación que se reputa omitida surge de lo vertido por el Sr. Juez de grado en el punto 5 de la sentencia en crisis. En efecto, allí consigna que ha tenido en cuenta los principios de racionalidad y proporcionalidad, el peligro creado, la capacidad económica de la infractora y los antecedentes que la firma registra en la materia. Más aun, consideró excesiva, dados estos parámetros, la sanción impuesta en sede administrativa y por ello modificó la condena administrativa -consistente en la pena única de multa y clausura- por la definitiva de multa. De este modo no quedan dudas acerca de la fundabilidad del castigo, máxime cuando las razones que el quejoso aduce debieron ser tenidas en cuenta por el sentenciante -la especial condición de su representada en su carácter de generadora de restos de comida susceptibles de rápida putrefacción y emisora de olores, así como la circunstancia de que tal exposición atrae diariamente la presencia de "gente de humilde condición" que rompe las bolsas de basura y desperdiga los restos (vid. fs. 79)- dejan a las claras el sustento de la infraccionalidad reprochada y su conocimiento por parte del recurrente.

Las consideraciones precedentes conducen sin más al rechazo de la pretensión impugnaticia, lo que así se decidirá.

Por lo expuesto, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR la sentencia de fs. 69/73 en cuanto dispone rechazar el planteo de nulidad interpuesto y condenar a Arcos Dorados S.A. a la pena de multa de tres mil pesos en orden a la infracción prevista en el art. 1.3.9 de la ley 451, con costas (arts. 19 de la ley 451 y 33 y 55 de la ley 1.217).

Tómese razón y devuélvase a la primera instancia interviniente, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas