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Concursos, legitimación procesal del fallido, administración y disposición de los bienes, desapoderamiento, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREYRA IRAOLA, PATRICIA c/ FINE ARTS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

De conformidad con el régimen organizado por el legislador concursal y como una derivación lógica del desapoderamiento, el fallido pierde la representación activa y pasiva de su patrimonio, no pudiendo respecto de este estar en juicio desde entonces ni como actor ni como demandado, interviniendo en su lugar el síndico (cfr. Garcia Martinez - Fernández Madrid, "Concursos y quiebras", t. i, p. 764). Es así que a partir del decreto de quiebra el cesante sólo esta autorizado a realizar y requerir medidas conservatorias -tanto judiciales como extrajudiciales- respecto de bienes desapoderados, ya que la legitimación procesal compete privativamente al síndico (cfr. cámara, "El concurso preventivo y la quiebra", Vol.. iii, p. 2081). En suma, la ley desplaza al cesante de la disponibilidad de su patrimonio y de la atribución constitucional de defensa en juicio, sustituyéndolo en esa cualidad por la actuación compulsiva del órgano concursal, la cual es excluyente de la del fallido (ley 24522: 252) y vinculante para este. Siguese de ello que el síndico, en tanto titular de las acciones que competen a los intereses de la quiebra ejerce una actividad procesal autónoma, en tanto no actúa como representante del fallido ni tampoco de los acreedores, sino como "órgano del concurso", y en defensa de los intereses involucrados en aquel, especialmente en resguardo del activo patrimonial (cfr. cámara, Héctor, "El concurso preventivo y la quiebra", t. iii. p. 2073 y ss.; este tribunal, sala d, 25.11.99, "Bco.. Extrader s/ inc. de recusa. con causa").
Confirmación de sentencia, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, zonas militares, personal militar, defensa, tribunal oral, Posadas, prueba, facultades del juez, apreciación de la prueba, prueba testimonial, prueba documental, proceso de reorganización nacional, Universidad Nacional de Misiones, desaparecidos, imputado, agravantes de la pena, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, centro clandestino de detención, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Caggiano Tedesco, Carlos H. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Resulta infundada la tacha de arbitrariedad efectuada por la defensa y sostenida sobre la valoración parcial que del alcance y contenido de la prueba habría efectuado el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas, al condenar a quien -hacia 1978- se desempeñaba en calidad de Jefe del "Área 232" manejando el centro clandestino de detención allí existente, pues dicho rol no fue contradicho ni por la defensa ni por el imputado, quedando acabadamente demostrado mediante cuantiosas testimoniales el poder que ejercía sobre la suerte de las personas allí conducidas, sumado a la documental que, a través de notas entre la Universidad Nacional de Misiones y la referida área militar, corrobora el peligro efectivo en el que se encontraban quienes estaban "en la mira" de las autoridades militares - posteriores víctimas de desaparición forzada-, y la necesaria conformidad que de la jefatura se necesitaba respecto de cualquier nombramiento y/o ascenso que la universidad debiera efectuar.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, servicio público, energía eléctrica, contratos, interpretación del contrato, DEBER DE ACTUAR CON EQUILIBRIO, buena fe, Derecho
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CAPINERI, ELSA FORTUNATA c/ E.P.E. DE PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 581 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Es inadmisible la queja interpuesta por la demandada contra la resolución que -por mayoría- declaró improcedente el cobro de deudas vinculadas a un medidor individualizado en un determinado período desde que el pronunciamiento atacado encuentra suficiente apoyo en una evaluación posible de las circunstancias fácticas que componían el caso, efectuado a la luz de ciertos principios cuya concreta operatividad y eventual decisividad en el caso no han sido desvirtuadas por el impugnante.

En el caso, la Alzada -a la hora de determinar la responsabilidad de la actora por el consumo de energía de los períodos reclamados-, y sobre la base del principio de buena fe que debe inspirar la interpretación y ejecución de las convenciones, indicó que la relación que unió a las partes es lo que destacada doctrina califica como relación de "servicio público domiciliario", que presenta características que lo apartan o distinguen de los demás servicios, en tanto no se puede prescindir de ellos y se deben aceptar cualesquiera sean las condiciones de su prestación.

Siguiendo dicha línea de razonamiento y con fundamento en que el derecho moderno desde el punto de vista axiológico apunta -entre otras finalidades- a restablecer el desequilibrio que estas situaciones generan, consideró que resultaba abusivo que la empresa considerara facultativa la posibilidad de corte del servicio cuando ella misma efectuó denuncia por hurto o defraudación y que exigiera el cobro de una deuda impaga por el término de casi tres años a quien no había consumido el servicio.
Trabajadores marítimos, despido, negativa a embarcar
Materia: LABORAL
Carátula: JACQUET, RUBEN c/ PESQUERA SANTA CRUZ  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-18

Teniendo en cuenta la naturaleza y modalidad del trabajo marítimo y el específico régimen jurídico a que se halla sujeto, la conducta asumida por el trabajador, quien previo enrolamiento desobedeció al capitán negándose a zarpar, constituye un hecho contractualmente ilícito y objetivamente grave, como para no admitir la prosecución de la relación laboral.
Debido proceso, Ministerio Público Fiscal, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Fares, Sergio Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-23

Si bien la facultad impugnaticia del MPF se encuentra, por regla, restringida a los supuestos establecidos por los arts. 457 y 458 CPPN, dicha regla debe ser excepcionada si en el caso el acusador invoca la violación de garantías sustanciales del debido proceso, así ocurre si el MPF alegó una interpretación arbitraria en materia de nulidades y la omisión de valorar la presencia de cursos probatorios independientes al acto cuya nulidad se dispuso.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Gatius, Abelino Carlos c/ El Pulpo  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es sentencia definitiva la decisión que confirmó la caducidad de la primera instancia, si la situación podría encuadrarse, a los efectos de la prescripción, en el art. 3987 del Código Civil.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: FERREYRA, JUAN BAUTISTA ROLANDO c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA (I.S.S.P.) s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08

Se verifica incongruencia en la sentencia, si confrontando la petición introducida en la demanda y la faz dispositiva de la misma, se advierte la falta de correlato entre ambos elementos procesales.
Leyes, régimen de consolidación de deudas, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Castillo  Rene  Raúl y Otros c/ EN -M° Defensa -Armada argentina s/ personal Milñitar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06

Para el caso particular de créditos reconocidos en concepto de diferencias de haberes corresponde la aplicación de las pautas de consolidación relacionadas con los períodos que compongan dicho crédito retroactivo (C.S.J.N "Gargiulo, Jorge L. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", 8/8/2006).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, pensiones
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Castro Feijóo, María Nélida c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó el beneficio de pensión, sustentándose en una normativa que no se hallaba vigente al tiempo de producirse el hecho generador del beneficio y omitiendo pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la adecuada solución del caso.
Corporaciones municipales, quórum, régimen de mayorías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caminoa, Jackeline y Otros, Concejales H.C.D. Lago Puelo s/ Plantean Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

La Ley de Corporaciones Municipales no contemple en su articulado ni quorum, ni mayorías, ni comisiones, no impide que sí lo haga el Reglamento Interno, siempre que no se oponga a lo previsto por aquella norma. La Constitución y la Ley marcan las condiciones formales generales para el funcionamiento de estos órganos de poder, dejándole cierto margen para que dispongan la regulación que sea más conveniente de acuerdo a sus particularidades, respetando los parámetros de aquélla. Facultad ésta ampliamente reconocida por la doctrina que integra los poderes de autodeterminación municipal, en un régimen de autonomía, que no es otro el consagrado por la Constitución de la Provincia.
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, competencia, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Centro de Enfermedades Renales Florencio Varela SRL c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ Cobro de pesos (ordinario) cuestión de comp. art. 6 C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Los convenios celebrados por el Instituto de Obra Médico Asistencial con entidades representativas de los prestadores o con éstos individualmente se formalizan en miras al interés público, pues su finaliddad radica en hacer efectivos los servicios de esa Obra en favor de los beneficiarios, y de ese modo, dar satisfacción a los fines de la Provincia en materia médico asistencial. El carácter del objeto que contienen los citados acuerdos, determina la naturaleza de la competencia que no puede ser otra que la contencioso administrativa (ley 6982, t.o. 1972 y su decreto reglamentario 7881 /84; art. 215; arts. 1, 3, 28 inc. 3 y concds. del CPCA). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, sentencia interlocutoria, competencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: RAVELLI AMALIA MERCEDES C c/ PAYNE S.A. Y/O DIARIO DE LA REPUBLICA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DESPIDO - COBRO DE PESOS - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-19

Si bien el conocimiento y resolución del Recurso de Inconstitucionalidad es competencia del Superior Tribunal (art. 813 del CPC), el mismo procede contra sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones, habida cuenta que entiende en el mismo por vía de ?apelación? (art. 825 del CPC, de idéntica redacción al art. 452 de la Ley 310) en que la parte recurrente funda el medio impugnaticio en estudio).
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Velázquez, Manuel c/ Florenciano, Orlando R. y/o quien resulte responsable u ocupande del mismo s/ Reivindicación resulte responsable u ocupande del mismo s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-02-03

Esta alzada ha sostenido que se inclina por la que reconoce el derecho -de quien tiene el título de propiedad de un inmueble del que no se le hizo la tradición- al intentar la acción reivindicatoria; ello no solo por la seriedad de la fundamentación jurídica que a avala (arts. (1444, 2772, 1196, nota del art. 2109, 2790 del Código Civil), que también se advierte en la otra corriente, sino que, conforme expuso Lafalle, es una solución que puede ser empleada con beneficio social. Fundamento de la Dra. Arminda del C. Colman.
Principio de congruencia, declaración indagatoria, auto de procesamiento, elevación a juicio, falta de mérito, defensa en juicio, iura novit curia
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, Domingo. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-20

Se viola el principio de congruencia cuando falta correlación entre la declaración indagatoria, el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio ya que éste debe abarcar todas las circunstancias, elementos -materiales, normativos físicos y psíquicos- del hecho debido a que todo lo que significa una sorpresa para quien se defiende conculca la garantía de defensa en juicio (*). Lo que debe preservarse es que no concurra la falta de identidad fáctica entre el hecho endilgado y el por el cual se dicta la decisión de mérito. Queda excluida de ésta el aspecto jurídico, toda vez que la congruencia no alcanza al título o calificación legal del hecho imputado, pues el tribunal tiene plena libertad para "elegir la norma" que considera aplicable al caso en virtud del principio "iura novit curia" (**). No existe norma procesal alguna que señale la obligación de que el imputado conozca las nuevas pruebas que se incorporaron con posterioridad a la falta de mérito que se le dictara. Si se interpretan las disposiciones relativas a la cuestión, se deduce que el procesamiento necesita de la indagatoria como su precedente (art. 307) y ésta diligencia requiere que se ponga en conocimiento del imputado las pruebas que obran en su contra (art. 298): esos actos fueron cumplidos oportunamente ya que de no compartirse esta postura, se requeriría la ampliación del acto de defensa en forma indiscriminada ante cualquier prueba que se anexe a la investigación, desatendiéndose así los principios generales que gobiernan la cuestión. Si el letrado tenía a su disposición las actuaciones a los efectos de corroborar la evolución del sumario, en modo alguno se ha cercenado derecho bajo este concepto, por lo cual, de acuerdo a lo preconizado por el fiscal general, el rechazo de la nulidad merece confirmarse.
Derecho procesal, juicio ordinario, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Balli, Silvia Alejandra s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-01

1 - Conforme lo establecido por el CPR 356-1°, la falta de contestación de la demanda puede estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos contenidos en aquélla. Bien entendido que el Juez no "debe" tener por efectuado ese reconocimiento, sino que "puede" hacerlo, lo cual depende de la apreciación que el magistrado realice de la conducta observada por las partes durante el proceso y de los elementos de convicción que se ofrezcan. 2 - Es decir, que la falta de contestación de la demanda no acarrea, en principio, la consecuencia de que la sentencia deba dictarse inexorablemente conforme a la demanda, pero crea una presunción simple o judicial favorable a las pretensiones del demandante (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, t. 7, ps. 438/440, Santa Fe, 1997). 3 - Asimismo, la legislación procesal somete a distinto régimen a los hechos y a la instrumentación de ellos, pues con relación a los documentos dispone que se los "tendrá", según sea el caso, por recibidos o reconocidos en su existencia material y contenido en concordancia con el CCIV 1031 (CPR 356-1°; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., ob. cit., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales - análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 1997, t. 7, p. 435).
Excarcelación, proceso en trámite
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FUENTES, José s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-10

No corresponde conceder la excarcelación al procesado que registra dos causas en trámite, además de la que peticiona ese beneficio, toda vez que la eventual aplicación de lo establecido en el art. 58 del C.P. obsta a la soltura provisoria solicitada.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, responsabilidad médica, mala praxis, culpa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALMORAL, GUSTAVO ESTEBAN c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO-APELACION SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 20/03/2019-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-06

Teniendo en cuenta que el imputado traumatólogo derivó al paciente a los especialistas clínicos e infectólogos y que fueron ellos quienes lo estudiaron y concluyeron que no había signos de infección y que estaba en condiciones de ser operado, la eventual incidencia del principio de confianza debió, al menos, ser meritada previo a arribar a la conclusión de su responsabilidad culposa, constituyendo tal omisión una nueva causal de arbitrariedad que determina la descalificación del fallo en crisis. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren la Dra. Gastaldi y el Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario de nulidad, escritos judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Perojo, Mirta Luján c/ Emeca S.A.C.Y.F.I. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

La alegación de que el tribunal de origen omitió considerar un escrito presentado por el accionante, constituye un tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, violencia de género
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: P., L. L. s/ p.s.a. coacción calificada -recurso de casación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-06

La sentencia que, ante el dictamen desfavorable del Fiscal, denegó la probation a un hombre acusado de golpear y amenazar a su pareja, resulta ajustada a derecho, pues, dicho funcionario realizó un análisis concreto de la causa, basando su negativa en cuestiones de oportunidad y conveniencia político criminales, en tanto señaló que en hechos como el investigado, que se encuentran comprendidos en la problemática denominada violencia familiar o maltrato físico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, deben agotarse todas las medidas tendientes a su esclarecimiento y represión de los responsables.
Renuncia a la herencia, aceptación con beneficio de inventario
Materia: CIVIL
Carátula: B., A. s/ SUCESION AB-INTESTATO s/ CASACION. (Expte. Nº 27165/14-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-11-18

En el sistema de nuestro código, es imprescindible confeccionar el inventario para tener, eventualmente, la posibilidad de revocar su aceptación previa. Lo contrario importaría admitir que el aceptante de una herencia, en cualquier tiempo y circunstancia, renuncie a ella.

Con este parecer, la incertidumbre y la precariedad de la condición de heredero se evidenciaría a lo largo de la tramitación del sucesorio. De modo que todos aquéllos que tuvieren un interés legítimo en la sucesión estarían expuestos injustamente, a las vicisitudes del heredero aceptante. (Voto de la Dra.

Piccinini sin disidencia).
Delitos contra el honor, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Enrique s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

A los efectos de determinar la responsabilidad del acusado de injurias por la prensa no es posible establecer "ab-initio" condiciones generales; deberá tenerse en cuenta entre otros parámetros el ámbito y contexto en que se incluye la frase injuriosa, teniendo en cuenta no sólo su sentido gramatical sino también el propósito del que la denuncia, la ocasión en que lo hace, la forma que emplea; si se trata de la crítica de una conducta o gestión a manera de comentario; si se relata como un hecho de la realidad o si se incluyen datos falsos de connotación injuriosa en un relato de un acontecimiento verdadero; todo ello teniendo en cuenta que la tolerancia de la crítica aún mordaz constituye la mejor ofrenda que pueda darse para el mantenimiento del sistema democrático que se asienta en los presupuesto de participación, control y responsabilidad (voto del Dr. Madueño).
Inscripción registral, publicidad registral, efectos con relación a terceros, alimentos, bienes inmuebles, embargo, herederos forzosos
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. De Las M. c/ S., F. G. s/ ALIMENTOS s/ TERCERIA DE MEJOR DERECHO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-29

La publicidad registral tiene por objeto la "protección de los terceros", posibilitando el conocimiento de la constitución de derechos reales a fin de dar seguridad al comercio sobre inmuebles. Lo dicho precedentemente se enhebra con la disposición del art. 20 de la ley 17801 que claramente sostiene: "Las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, como el funcionario autorizante y los testigos en su caso, no podrán prevalerse de su falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho documentado se considerará registrado.

En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades civil y sanciones penales que pudieran corresponder". La norma es por demás elocuente en relación al caso que nos ocupa, al mismo tiempo que coincide con la postura de Llambías - Alterini quienes al tratar el tema de los terceros agregan: "Así como parece atinado negar la oponibilidad del derecho frente a terceros interesados (y entre ellos el tercero registral) sin la publicidad registral, puesto que ante dos intereses legítimos debe sacrificarse al que incurrió en negligencia, no es convincente que en la confrontación entre quien aduce el interés legítimo de un titular no diligente y quien carece de ese interés se pueda optar por el segundo. Al desecharse la exigencia de la inscripción para la oponibilidad del derecho a los terceros desinteresados, al mero "poenitus extranei", surge la mentada posibilidad de acciones reales articuladas por quienes sólo cuentan con título suficiente y tradición, más no con registración, dirigidas contra intrusos que los desposeyeran, ...".

El artículo 20 de la ley 17801 antes transcripto, ayuda a zanjar la cuestión aquí planteada, puesto que la embargante pretende a través de dicha medida, hacer efectivo el crédito alimentario correspondiente a sus hijos menores, respecto de su padre, quien según la inscripción registral aparece aún como titular del 50 -cincuenta- por ciento del inmueble embargado.

Pero tales menores, en su carácter de hijos del deudor alimentario, encuadran en la calificación de "herederos forzosos" del mismo y con una correcta hermenéutica, pueden considerarse como tales en el concepto de "herederos" contenido en la enumeración del art. 20 referido; respecto de los cuales el derecho documentado se considera registrado, no pudiendo prevalerse de la falta de inscripción. Son esos "hijos - herederos" los acreedores de su padre, deudor y embargado.