Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-03


Salta, 03 de Diciembre de 2010.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "RUIZ, Rosana Leonor, por Lesiones en perjuicio de TEJADA, Marta", Expte. Nº 32.039/98 del Juzgado de Instrucción Formal de 1º Nominación, del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, causa Nº CAM 22905/7, de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que se excita la competencia de esta Sala como consecuencia del recurso de apelación deducido por el señor Fiscal Penal y Correccional Nº 1, del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, Dr. Julio Mendía Campos (fs. 32 y vta.), contra el auto resolutivo dictado por el señor Juez de Instrucción Formal de 1º Nominación, del señalado Distrito Judicial, Dr. Nelso Aramayo ( fs. 31), mediante el cual se decide el Sobreseimiento por Prescripción de la acción penal, a favor de Rosana Leonor RUIZ, en orden al delito de Lesiones (art. 89 del Código Penal), en virtud de lo establecido por el art. 326, inc. 1º del código ritual; arts. 59 inc. 3º; 62 inc 2º; 63 y 67 del Código Penal y a lo dispuesto por Ley 25.990, de idéntico cuerpo normativo.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión que se debate en autos.

Para así decidir el A quo argumentó que, dada la fecha de comisión del delito que se trata (22/09/97), habiendo transcurrido los plazos legales de los arts. 59 inc. 3ª, 62 inc. 2º y 63, como así también con encuadre en el art. 67 del Código Penal, modificado por Ley 25.990 del mismo cuerpo legal, conforme a Planilla Prontuarial de fs. 29, se tiene que la imputada no registra sentencia definitiva que pueda interrumpir el curso de prescripción en su contra, ni tampoco se produjeron actos que la alteren por la secuela del juicio.

Por lo que haciendo uso de lo prescripto en la normativa aplicable al caso y que fuera citada -añade el Proveyente se estima viable beneficiar a la encartada con el Auto de Sobreseimiento dispuesto, todo ello en línea con la jurisprudencia sentada por esta Cámara en la Causa Nº 239/86 s/c Robert y Víctor Donat por Amenazas, en cuanto que "para que la comisión de otro delito tenga efecto interruptivo debe haber sentencia condenatoria".

Del análisis de los fundamentos expuestos en el decisorio que se ataca y de los agravios vertidos por el recurrente, surge que le asiste razón al Tribunal de grado en la solución desincriminante propiciada, respecto de la cual a los argumentos sostenidos por esta Cámara en el precedente citado y tantos otros pronunciados en idéntico sentido, cabe hacer mención a la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta registrada en Tomo 116:1005, que resulta aplicable en la especie, conforme al razonamiento que seguidamente se formula .

En efecto, el Tribunal Superior tiene sentado que, la aplicación de las disposiciones legales sobre prescripción contenidas en el Código Penal, no pueden llevarse a cabo de manera irracional, conculcando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que consagran los tratados internacionales de jerarquía constitucional. En el caso, es la sola observación de la enorme desproporción existente entre el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa -por un lado el límite de la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la acción por el otro, lo que da la pauta que en el proceso la persecución penal no puede continuar.

De la compulsa de los criterios orientadores que proporciona la Corte con el supuesto de autos, se tiene que la denuncia del hecho investigado data del día 22/09/97, previéndose para el delito de Lesiones la pena máxima de 1 año de prisión (art. 89 del Código Penal), por lo que el transcurso de prácticamente 13 años de tramitación de la causa permiten interpretar a la luz de la reforma del art. 67 del citado texto legal y operada por imperio de lo estatuido en la Ley 25.990, la clausura de la pretensión punitiva del Estado contra la acusada, en tanto ello constituye una reglamentación de la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (Sup. Trib. Just. Tierra del Fuego, 2/8/2005 - M.R., S.H.).

En ese orden, la Corte local, con invocación del criterio pontificado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en sintonía con la doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos, ha exhumado el concepto que da cuenta que la idea de plazo razonable no resulta de sencilla definición y que para establecer un lapso preciso que constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un proceso, es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso, para lo cual se debe tener en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aspectos que deben inscribirse en lo que se ha dado en llamar análisis global del procedimiento (T 124:151).

En el asunto de marras, no hay duda que la duración de 13 años del proceso, sin correspondencia alguna con particularidades que justifiquen tamaña demora y sin que se verifiquen en autos maniobras dilatorias por parte de la defensa, y siguiendo la directriz jurisprudencial de los Supremos Tribunales traídos en cita, cabe decir que se encuentran acreditados en la Instrucción suficientes elementos de juicio para respaldar la decisión de desestimar el planteo del recurrente y, de ese modo, confirmar el Sobreseimiento de la imputada por extinción de la acción penal. Así voto. El Dr. Adolfo A Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 32 y vta., y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo dictado a fs. 31.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y, bajen los oportunamente autos al Juzgado de origen .