marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de apremio, tasa de justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: La Segunda Coop. Seg. Grales. Ltda. c/ Lovera, Victor L. Y otra s/ Apremio (Expte. Nro.045-00, Resolución Nro.203, tomo 2, folio 405/407)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-24

El juicio de apremio que persigue el cumplimiento de una sentencia declarativa, no debe considerarse, a los fines fiscales, como un juicio autónomo y, en consecuencia, inaplicable la disposición contenida en el art. 226 del Código Fiscal respecto de la "tasa de actuación" o "sellado único".
Sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-16

Incurre en un exceso ritual violatorio del derecho de defensa en juicio, la sentencia que rechaza el agravio referido a la falta de integración de la litis con fundamento en que el demandado no interpuso excepción o defensa de falta de ligitimación, importando ello, además, una efectiva privación de justicia al violar el derecho a la jurisdicción regulado en el Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, consagrado constitucionalmente a partir de la reforma de 1.994.-
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Del'Olio,  Edgardo  Luis,  Del'Olio,  Juan Carlos s/ defraudación por administración fraudulenta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Resulta procedente el recurso extraordinario si se puso en tela de juicio el alcance del art. 18 de la Constitución Nacional -por inobservancia de las formas sustanciales del juicio- y la decisión fue contraria a la pretensión que la recurrente sustentó en él.
Juicio sumarísimo, entidades deportivas
Materia: CIVIL
Carátula: Mendoza, Jorge Daniel c/ Club Atlético Ferrocarril Oeste s/ Sumarísimo (Art. 299 CPC y C). 299 CPC y C).
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-04-09

Si bien en la práctica las distintas entidades "reconocen" económicamente las transferencias de los deportistas, es incuestionable que esa modalidad no tiene previsión reglamentaria, de modo que no puede ser impuesta a los jugadores para limitar sus derechos; en consecuencia aparece como arbitrario y antirreglamentario (ilegal) negar un pase por falta de un aporte dinerario.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y OTROS- COMPETENCIA POR INHIBITORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 78 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30

Las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación.

Ello es así, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda, a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable o que medie denegatoria del fuero federal -hipótesis exactamente inversa a la suscitada en autos- o una efectiva privación de justicia.

Asimismo, se ha dicho que la ausencia de sentencia definitiva que inspira dicho principio no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de las garantías constitucionales.

En el caso, el recurrente manifiesta que se afectó la garantía del juez natural (artículo 18 C.N.) al rechazarse el planteo de inhibitoria deducido alegando la competencia provincial en la causa en trámite ante el Juzgado Federal por sucesos delictivos vinculados a la represión del terrorismo durante los años 1976/1983 considerando que al momento de comisión de los hechos, los supuestos ilícitos endilgados debían ser juzgados por la justicia ordinaria, sin estar contemplada su situación en leyes especiales que atribuyeran competencia a la justicia federal.
Docentes, falta de acción
Materia: CIVIL
Carátula: BENVENUTO, MARIA c/ BRITZ, SERGIO OSCAR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

Por otra parte, ante los dichos de sus hijos, no resulta correcto que los padres deban guardar silencio o que antes de anoticiar de tales circunstancias a la autoridad escolar, efectúen de manera previa tareas de investigación a fin de no correr el riesgo de indemnizar a la docente cuando en función de una nota presentada por ellos la autoridad escolar decide realizar una investigación para corroborar la existencia y gravedad de los hechos denunciados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Caruso, Pablo C c/ Eland SA y otros s/ Daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-27

Es ineficaz para demostrar el exceso en el límite de la cobertura el cálculo que incluye los honorarios de los propios letrados de la recurrente, no involucrados en la obligación de indemnidad contraída entre aquellas (arts. 109, 110, 118, ley 17.418
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: J., C.A. s/ infracción art. 77 inc. 2 ley 11.430 Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22|2002-08-07

Un tribunal provincial puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma local, si la Carta Fundamental de dicha Provincia impone a los jueces la obligación de pronunciarse a requerimiento de parte o de oficio sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y disposiciones contrarias a ella.
Ejecución de la pena, pena privativa de la libertad, cosa juzgada, orden de captura
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Speziale, Daniel M. s/ recurso de queja Causa: 544
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La ejecución de la pena privativa de la libertad sólo puede efectivizarse a partir del momento en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y no sea susceptible de recurso alguno. Ello no sucede mientras se mantenga abierta la vía impugnativa o no se declare su inadmisibilidad. En tales condiciones debe revocarse la orden de captura decretada contra el acusado.
Rebeldía, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA, MARIO EDUARDO c/ LUND, JUAN Y/O PROPIETARIO s/ COBRO DE MEDIANERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

El auto declarativo de rebeldía debe notificarse regularmente al rebelde bajo pena de nulidad.
Participación criminal, autoría, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, LUIS HUMBERTO s/ HOMICIDIO-COMPLICE-AUTORIA-HOMICIDIO EN RIÑA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-11-02

Para considerar a alguien autor de un delito (en este caso de homicidio) debemos tener por cierto que realizó la acción ejecutiva del tipo, o sea, que haya practicado, por sí solo, la totalidad de la acción indicada en el verbo de homicidio. En otros términos, que haya matado. No está la autoría acreditada cuando no se ha podido establecer que el disparo por el (imputado) ejecutado haya sido el que impacto en el cuerpo de la víctima.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ASCHKAR NORMA GRACIELA c/ LEIVA MIGUEL ADRIÁN Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-31

La cédula destinada al perito, cuyo objetivo fue notificarlo de que debía cumplir en forma con la norma del art. 460 CPCC, tiene carácter impulsorio si se considera que el estado de autos requería la conclusión de la etapa probatoria y se encontraba pendiente dar trámite a la pericia presentada.
Pensiones, ley vigente, conviviente, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: WIGGENHAUSER, CELIA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-09

Corresponde remitirse a la fecha de fallecimiento del causante para dilucidar si asiste a la peticionante derecho a la prestación reclamada, habida cuenta de lo establecido por el art. 27 de la ley 18.037. En consecuencia, si a esa fecha la legislación vigente no reconocía a la concubina el derecho de pensión, corresponde confirmar la resolución que denegó el mismo; careciendo de relevancia la reserva formulada a la luz de la eventual legislación que pudiera dictarse en el futuro. (Del voto de la mayoría. El Dr. Wassner votó en disidencia.).
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pasqua, María Cristina s/ Concurso preventivo (hoy s/quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

La norma del art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 -por regla limitada a actos regulares del proceso que son consecuencia de su tramitación ordinaria y normal- obedece a la necesidad de evitar dilaciones en el trámite falencial generadas por la articulación de recursos que sólo persiguen una demora. Mas aquella regla procesal debe ceder cuando resultan afectados el derecho de defensa en juicio, la propia regulación legal concursal o, de modo más amplio, cuando la decisión recurrida causa un gravamen de imposible reparación ulterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, falta de pago, Consejo Federal de Educación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castro, Aníbal c/ Consejo General de Educación s/ Acción de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-12

El actor aduce que no se le abonó el mes de diciembre de 2009 y el doble salario; siendo así, se advierte en autos la misma conducta ilegítima por parte de la demandada ya que de la propia contestación de demanda, que invoca como sustento el Informe de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones CGE, que al amparista no se le efectuó el pago de 21 horas en el Colegio Sarmiento, ya que figura con licencia sin sueldo. Si bien obran otros informes de la misma autoridad que dan cuenta de inasistencias injustificadas y de reconocimiento de licencias por enfermedad de largo tratamiento, lo cierto es que no se acompañó ni se invocó la existencia de acto alguno que justifique la conducta omisiva del Consejo de Educación respecto del período reclamado, por lo que debe rechazarse el recurso articulado.
Confirmación de sentencia, rendición de cuentas, prórroga del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOMINGUEZ, CLAUDIO MARIA C/ STILLE SRL S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Corresponde confirmar la decisión por medio de la cual el a quo rechazó el pedido de prórroga solicitado por el demandado y lo intimó a que en el plazo de diez días de notificada acompañe la documentación respaldatoria para la rendición de cuentas, bajo apercibimiento de tener por aprobadas las que presente el demandante. Ello por cuanto, en el caso, este Tribunal confirmó lo decidido en el grado en punto a la admisión de la demanda de rendición de cuentas entablada por la parte actora. A partir de allí y teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde el dictado de la sentencia definitiva la que debe ser cumplida de forma rápida y expedita al estar avalada por un proceso de conocimiento pleno que formalizó el derecho creado a favor de una de las partes, ningún reproche merece lo decidido por el magistrado de grado.
Prueba, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: BORQUEZ OLIVA DEL CARMEN c/ SANATORIO SAN JUAN BOSCO  S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-05

Resulta descalificable la valoración efectuada por Sr. Juez de grado al tener por confesa a la parte, en contradicción con lo establecido en nuestro ordenamiento procesal laboral que noo contempla la figura de la "confesión ficta", de acuerdo a lo establecido en los arts. 64 y 121 de la Ley 1.444, a lo que se suma el valor relativo de dicha circunstancia procesal condicionada a los demás elementos de la causa, lo que abre un amplio margen de discrecionalidad.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS, RICARDO F. c/ TAVECCHIA, CARLOS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

Si en el procedimiento incidental mediante el que se persigue el beneficio de litigar sin gastos, existe contradictor con el alcance limitado dispuesto por los arts. 81 y 82 del Código Procesal, ello resulta suficiente para incluirlo en el ámbito del art. 313 inc. 2 del Cód. Procesal, que somete al instituto de la caducidad a todo proceso en el que se suscite controversia.

Siendo así y teniendo en cuenta que, hasta tanto recaiga resolución en el incidente donde se ventila el beneficio de litigar sin gastos, el peticionario lo goza provisoriamente (art. 83 del Cód. Procesal), frente a la desidia o lentitud en el trámite el juzgado puede declarar la caducidad de oficio o a petición de parte.
Prescripción de la acción contravencional, secuela de juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., S. s/ incidente de prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

La cuestión aquí se centra en definir qué actos son considerados como interruptivos de la prescripción de la acción, de acuerdo a la existencia de "secuela de juicio", teniendo en cuenta que el análisis debe ser realizado en los términos de la antigua redacción del artículo 31 del Código Contravencional, el cual rezaba que "la acción prescribe transcurridos seis meses de la fecha de comisión de la contravención, o de la cesación de la misma, si fuera permanente", debiéndose integrar su interpretación, según la reglas establecidas en el artículo 67 del Código Penal.

Esta supletoriedad (que se encuentra expresamente ordenada en el art. 10 del Cód. Contr.), es un imperativo cuyo fundamento encuentra asilo en el silencio de nuestra ley de fondo con respecto a este instituto, aclarando que dicha aplicación es viable en tanto y en cuanto no medie incompatibilidad fundada en los diferentes sistemas de enjuiciamiento penal previstos para el proceso penal nacional y el contravencional local, y en la necesariedad de dotar a la voluntad punitiva del estado (puesta en manos del Ministerio Público Fiscal) de mecanismos que la exterioricen.

En la presente causa, el requerimiento de elevación a juicio efectuado por la Fiscalía Interviniente en Primera Instancia fue interpuesto antes de la expiración del plazo previsto por la antigua redacción del artículo 31 del Código Contravencional, dicho acto procesal (requerimiento fiscal) interrumpe el curso de la prescripción de la acción persecutoria.
Emergencia habitacional, acción de amparo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/ GCBA s/ amparo habitacionales y otros subsidios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Los planteos formulados por el actor contra la sentencia de Cámara que consideró que no se encontraba acreditada la pertenencia del actor a un grupo que pueda ser calificado como prioritario, remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia y no logran evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Derecho laboral, trabajador, estabilidad propia, despido, constitucionalidad
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ZAMBONI, ROBERTO c/ SADAIC s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

El sistema de estabilidad propia desconoce el derecho que asiste a las empresas particulares para dirigir su actividad con un margen razonable de autonomía que sin duda consagra la libertad de comerciar y ejercer toda industria lícita. Las empresas afectadas por esas normas que podríamos calificar de exorbitantes, se encuentran impedidas de prescindir de los servicios de dependientes, que, aunque no hayan cometido faltas graves, no merecen más la confianza de la institución. Justamente esta consideración explica que el artículo 14 de la Constitución Nacional que consagra la estabilidad de los empleados públicos, se limite a garantizar a los trabajadores en general la protección contra el despido arbitrario.
Competencia federal, competencia penal, Instituto Nacional de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines, retención indebida
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto  de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afine s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Compete al fuero federal conocer en el delito del imputado a un audiólogo que habría retenido un audífono adquirido por el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales, para ser utilizado por uno de sus afiliados, pues perjudica a un organismo federal encuadrado dentro de las prescripciones de la ley 22.269.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, delito de peligro
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Comaltex Comercial Algodonera y Textiles  S.A. c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ ORDINARIO - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-01

La falsa declaración contemplada por el artículo 954 del Código Aduanero está sujeta a sanción no sólo cuando produce daño, sino también cuando puede producirlo, exista o no exista control aduanero, sea éste obligatorio o no obligatorio, sea eficiente o ineficiente.
Daños y perjuicios, daño causado con la cosa, responsabilidad del contratista
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ EMPRESA EQUIMAC S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Debe responder ante Obras Sanitarias de la Nación, una empresa, que con motivo de las obras de pavimentación que realizaba, produjo daños en instalaciones de aquélla, pues tratándose de un contrato de obra, el contratista es quien debe responder por los daños causados a terceros por las cosas de que se sirve, con fundamento en lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, "Código Civil..." t. 5, pág.474, letra c), en tanto no produjo la correspondiente prueba a fin de dejar sin efecto dicha presunción legal (art. 377 del Código Procesal).-
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: H.Barale y Cía.S.A. s/ Concurso preventivo de acreedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

El artículo 988 del Código Aduanero -ley 22415- establece que las mercaderías que se encontraren en zona primaria aduanera no entrarán en la quiebra o concurso del deudor, garante o responsable del crédito aduanero sino después que éste haya sido satisfecho, este precepto conforma un sistema excepcional de realización de bienes ajeno al régimen de la ley concursal, y en tanto en la zona primaria aduanera existan mercaderías, al Aduana puede ejercer sobre éstas su derecho de retención y ejecución para satisfacer ese crédito y no resulta abarcada por las previsiones de la ley de concursos por lo que no rige a su respecto el deber de requerir la verificación judicial de su crédito.
Protección de la vivienda, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Automotores San Juan S.A. c/ Revoredo Héctor s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-21

La ley 14.394 exige como acto esencial la inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente, para que produzca efectos la constitución del "bien de familia". Ello así, de las constancias obrantes en autos, no surge la pertinentes inscrispción en el respectivo Registro, motivo por el cual la resolución atacada se ajusta a derecho y debe confirmarse. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, estafa, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: B. E. C. c/ M. D. A. s/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

La demanda interpuesta por el titular de una financiera contra la persona a quien ejecuto un pagaré, por los daños y perjuicios derivados de la denuncia que éste hiciera en su contra por estafas reiteradas, es improcedente, puesto que, por un lado se acreditó que el denunciante no firmó el documento por el cual se lo ejecuta y, porque por otro lado, fue el accionante quien con su manera de operar la financiera dio lugar a la situación generada, ya que, no cumplió con lo dispuesto por la ley de defensa del consumidor en lo que respecta a operaciones de venta de créditos, en tanto dicho título ninguna referencia hace a compraventa ni préstamo alguno, y como título abstracto deja muy indefenso al consumidor, que habiendo hecho pagos parciales, con poco éxito podría oponer excepciones si no pudiera probar la causa de la obligación y es este tipo de abusos lo que precisamente la ley procura evitar.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo ilegítimo, empleados públicos, personal adscripto, transferencia del personal, motivación del acto administrativo, Administración Pública, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BAÑEZ, JEANNET BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 498 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Corresponde declarar la ilegitimidad de los decretos administrativos por los cuales se dispuso adscribir y luego trasladar a la agente al Ministerio de Salud y Medio Ambiente desde que no concurren en el caso las razones de servicio esgrimidas por la Administración. En efecto, el Gobernador, al dictar estos actos, definió ante todo una concreta y precisa necesidad del servicio administrativo: reforzar la planta de personal permanente del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y consolidar la situación del personal afectado en tales destinos, disponiendo su traslado definitivo a las áreas en que actualmente se desempeña. Sin embargo, conforme surge del Certificado de Prestación de Servicios , la Dirección General de Personal no atina a precisar qué cargo en concreto le fue asignado a la agente y en el organigrama respectivo de la estructura funcional vigente de dicho organismo, aparece mencionada la recurrente, en el cuadro que lleva la identificación de "coordinación", más con la aclaración "sin funciones", surgiendo de la prueba de autos que "los titulares de las jurisdicciones de destino de los agentes trasladados" no le asignaron a la actora "las funciones y tareas compatibles con sus categorías de revista y situación escalafonaria". Dichos elementos constituyen suficiente base para fundar la conclusión de que, respecto de dicha agente, no se verificó la necesidad de "reforzar la planta de personal permanente" expuesta por la Administración en los "vistos" del decreto de adscripción; ni tampoco, desde luego, que aquella hubiera surgido posteriormente o persistido en el tiempo como para justificar el traslado definitivo de la actora con base en las "necesidades propias del servicio". En tales condiciones, tampoco puede pensarse que las medidas impugnadas constituyan una concreción de "una adecuada racionalización de los recursos humanos con que cuenta el Gobierno de la Provincia", por lo que corresponde declarar la ilegitimidad de los decretos impugnados y disponerse la restitución de la actora al cargo que revistaba en el IAPOS.