marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extinción de la acción penal, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ROMERO, OSCAR JESUS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

Considerando que la decisión que rechaza el pedido de extinción de la acción penal resulta equirable a definitiva por causar un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior, la postulación de la compareciente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: BADARACCO c/ DISTRIBUIDORA EL ESFUERZO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-22

Es aplicable la doctrina emanada de la Sala del STJ en Lucero c /Borré (21/9/94) donde, en lo pertinente, se señala que: "...el memorial del artículo 282 del Código Procesal Civil y Comercial presentado por la actora, firmado por sólo uno de los apoderados a que se atribuye, resulta nulo por tal circunstancia. Repárese que los escritos judiciales, una vez presentados y puesto el cargo, son instrumentos públicos, por lo que resulta esencial para su validez que estén firmados por todos los interesados que aparezcan como partes en ellos".
Defensa del consumidor, bancos, jueces naturales, banco central
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Cetelem Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-25

La intervención de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la Dirección General de Defensa del Consumidor, o del Banco Central, no puede ser causa de la invocada afectación de la garantía del juez natural, ya que no es posible concebir a esas instancias de la actividad administrativa como órganos judiciales. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde, Alicia E. C. Ruiz y José O. Casás. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, sentencia condenatoria, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., A. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-21

La defensa se queja de que se estaría ejecutando una sentencia condenatoria carente de firmeza, pero ello no se corresponde con las constancias de la causa, toda vez que del análisis de la fundamentación ensayada por la Jueza de grado al condenar y ordenar la detención del imputado, así como de lo dicho por el Juez de Cámara para convalidar tal decisión, se advierte que se expresó claramente que la sentencia no se encontraba firme -por existir la posibilidad de impugnación- y que, por tanto, el encarcelamiento del imputado debía evaluarse a la luz de los parámetros de la prisión preventiva, sin perjuicio de la incidencia que a ese fin pudiera tener el dictado de la condena.
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, responsabilidad del socio, interpretación restrictiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Farinela, Myriam Luciana c/ El Marquéz S.R.L. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-10-07

La previsión del art. 54 de la ley 19550 importa la existencia de dolo para que opere la teoría de la penetración, es decir que debe haber habido la constitución de la sociedad con la clara e inequívoca intención de perjudicar derechos de terceros, en este caso la dependiente.

Este Tribunal, clásicamente adhirió a la posición tomada por el inferior en su sentencia, por considerar que en casos como el de falta de inscripción por negativa de la existencia del contrato de trabajo, enmarcaban dentro de la posibilidad normativa vigente.

Pero, luego del pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Nación en los casos Carballo y Palomeque, por razón de la fuente de emanación, cambió de criterio y ha seguido lo que ha sostenido el Alto Tribunal en el sentido de ponderar que para que se de el supuesto de responsabilidad solidaria de los socios administradores o gerentes de la sociedad, debe haber una situación de creación ficticia o fraudulenta tendiente a alterar los derechos previstos por la ley; y en ese sentido, carece de entidad la falta de registración del contrato, para que se de el supuesto de la norma citada.

La Corte adopta una interpretación restrictiva, desestimando la extensión de la responsabilidad a los socios de la sociedad, y limita los actos en ese sentido a supuestos de actividad fraudulenta, en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley, tomando como base además del art. 54 de la ley 19550, al art. 59 ibidem.

En autos no se puede colegir que existiera aquel propósito, ya que no se ha acreditado nada en ese sentido, y la ilegalidad de ciertos actos, como la falta de cumplimiento de deberes impuestos por la legislación vigente, que cuentan a su vez, con las respectivas sanciones, no alcanza, en el marco de la interpretación de la Corte, a justificar la extensión de responsabilidad solidaria del socio recurrente.-
Concurso preventivo, quiebra, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Compañía Productora de Alimentos del Sur S.A. c/  s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

La pauta de considerar el monto insinuado como base regulatoria puede tornarse en algunos casos desproporcionada y generar distorsiones, llevando a situaciones donde los honorarios resulten exorbitantes. Tal prudencia debe mantenerse en un todo conteste con las pautas de interpretación en la materia que en su oportunidad estableciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cantos" Serie C N° 97 sentencia contra el Estado Argentino de fecha 28 de noviembre de 2002. Pautas que por otra parte fueran receptadas en el voto del doctor Maqueda en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación causa "Romero" R.528.XXXVII, de 31-10-2006.(doctor de Lázzari, minoría)
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAGGIAMO, NICOLAS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 581-86 MOLEON ANDREU, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 149-87 BOGGERO, AMERICO E c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 238-87 SERRANO, LUIS EVARISTO HERIBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 106-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20|1989-11-08|1990-03-14|1992-02-26

Si bien el legislador ha establecido la proporción para la determinación originaria del haber jubilatorio en un 82%, no necesariamente debe mantenerse con el tiempo esa relación entre las remuneraciones del activo y del pasivo en el mismo porcentaje. Pero la variación entre una y otra no ha de alterar el equilibrio comentado, es decir que tiene que mantenerse dentro de los límites razonables, sin desnaturalizar el fin de la movilidad, para la efectiva realización de uno de los contenidos fundamentales de la seguridad social: el previsional.
Personal policial, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBLES, ALBERTO s/ ACTO ADMINISTRATIVO - NULIDAD - REGIMEN LEY 19.549.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Si al momento de completarse el acto de aceptación del retiro por un agente policial por medio del acto del Ministro, no existía el presupuesto fáctico del acto por retractación que no llegó a conocimiento del funcionario, ha mediado en dicha aceptación error en la causa.
Apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DRUETTA, NELSON c/ NOVILLO CORVALAN Y OTRO s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS-REHACE  EXPEDIENTE-PRUEBA  EN  SEGUNDA INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-02

La apertura a prueba en segunda instancia, solamente procede en casos de excepción y las causales del art. 1294 C.P.C. deben interpretarse en forma restrictiva, nunca para suplir negligencias, inactividades, llenar vacíos o defectos de la primera instancia.

Pretender probar en esta sede, la mala calidad, vicio o defecto de la cosa arrendada, evidencia una cuestión que se debió acreditar en la instancia pertinente, y pretender hacerlo ahora en la alzada es ni mas ni menos, tratar de llenar un vacío que se dejó en la primera instancia.
Falsificación de instrumento público, prevención del delito, control policial, cédula verde, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Candía, Carlos Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

El voto concurrente recordó que no se presenta como utilización "impropia" del documento falso la exhibición de una tarjeta de identificación de un vehículo por parte de quien no es su titular y ante el requerimiento de la prevención en una operación rutinaria de control, aun cuando haya operado la fecha de vencimiento, de manera que la circunstancia de que el encausado no fuera el titular del vehículo y que la tarjeta de identificación que exhibió estuviere vencida, no resultan en modo alguno óbice para la configuración del tipo penal en cuestión: uso de documento público falso. Figueroa, Hornos -voto concurrente-.
Ejecución fiscal, competencia contencioso administrativa y tributaria, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Metrovías s/ Ejecución fiscal Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

Tal como surge del art. 450, CCAyT, el juicio de ejecución fiscal tiene un alcance mayor que el que su propia designación sugiere, ya que además de la ejecución en materia tributaria (el propio tributo y los pagos a cuenta, los anticipos, los intereses y las actualizaciones) se refiere, de forma genérica, a las multas. El propio art. 450, CCAyT in fine especifica que resulta título suficiente la boleta de deuda expedida, no sólo por la autoridad administrativa tributaria local (Dirección General de Rentas), sino por un "organismo equivalente" o por la "autoridad que aplique la multa".
Derechos personalísimos, derecho a la intimidad, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Arias, Hugo c/ Mayor de Manesi, Norma s/ Denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-01

Son requisitos para la aplicación del art. 1071 bis del Código Civil el entrometimiento en la vida ajena; que la intromisión sea arbitraria; que de acuerdo con las circunstancias de personas, tiempo y lugar la interferencia perturbe la intimidad personal y familiar del perjudicado. El margen de apreciación judicial de tales circunstancias es muy extenso, para ello se deberá tener en cuenta en especial la personalidad del afectado, el ámbito en que se desenvuelve, la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, el medio empleado, la incidencia futura que pueda tener sobre la vida familiar entre otros factores y parámetros.

Si el accionante recién tomó conocimiento de que fue observado, fisgoneado, o seguido o sujeto a averiguaciones merced a la declaración testimonial de la accionada, es evidente que tales actos no configuran una violación al derecho a la intimidad, ya que cuando fueron ejecutados resultaron imperceptibles para quien se manifiesta ofendido, no pudiendo por ello infringir ofensa, ni mortificación, ni alteración, ni privación de intimidad, reserva de su vida, posibilidad de expansión espiritual ni ninguna otra manifestación de su libertad individual como rensiva de este derecho.
Acta de secuestro, nulidad procesal, falta de firma, firma de testigos, ausencia de testigos, firma del procesado, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Sabrina M. s/ Acta de secuestro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

No nulifica el acta se secuestro la falta de firma del procesado pues exigirla sería ir en contra de sus derechos fundamentales, ya que se les estaría exigiendo que firmaran una documentación, que luego es empleada en su contra. Tampoco la nulifica la falta de firma de testigos, si se prueba que no existieron, ya que, de otro modo se pondría a la policía en su accionar de defensora de bienes jurídicos, o de colaboradora de la acción judicial, en la absurda situación de tener que requerir en horas de la noche y en lugares peligrosos la presencia como testigos de personas que puedieran ser francamente hostiles.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, incongruencia, apreciación de la prueba
Materia: Procesal
Carátula: Fernández, Manuel Félix c/ Panificación Trelew s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-29

Incurre en contradicción la sentencia cuando aludiendo al valor probatorio de la Carta Documento admite que constituyó un despacho postal que "acredita que fue interpuesta o despachada por correo", para acto seguido dar primacía a la confesional actora, relativizando la eficacia de aquel medio de prueba.
Daños y perjuicios, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ SILVANO HORACIO c/ SURACI MARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La acción directa contra la aseguradora deviene improcedente y, siendo que el asegurado jamás fue citado a estar a derecho el decisorio en cuanto hace extensiva la condena a la aseguradora debe ser revocado.-
Conservación del empleo, incapacidad temporaria, incapacidad parcial, incapacidad permanente, imposibilidad de reincorporación, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: L. R., M. E. c/ EXPOFRUT S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-27

Si el trabajador no estuviera en condiciones de volver al empleo por "continuar" la evolución de su dolencia, la situación debería encuadrarse en el art. 211 de la LCT (reserva del puesto hasta un año). En ese caso, tendría sentido esperar hasta la recuperación del trabajador en función de la conservación y cumplimiento del contrato de trabajo.

En cambio, si la incapacidad estuviera consolidada e igualmente el trabajador pudiera trabajar, aunque no en sus tareas habituales, debería aplicarse el art. 212 de la LCT en sus tres primeros párrafos. Finalmente, si la incapacidad laboral fuera absoluta, correspondería indemnizarlo en función del art. 212 cuarto párrafo.
Competencia federal, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Juan José s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Corresponde dar intervención previa a la justicia federal para que se expida acerca de su competencia en los casos en que haya actuado la justicia provincial juzgando por delitos en los que la misma le está expresamente reservada a la primera (art. 3 inc. 5 de la ley 48, según leyes 20.661 y 23.817). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, competencia, procedimiento laboral, excepción de incompetencia, excepciones procesales, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRETO, JUAN c/ LAMINFER S.A. s/ Demanda obligación de hacer (Expte.: Nº 559 Año 1998) (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-27

La competencia del Tribunal laboral no inviste carácter de simple cuestión de procedimiento, que amerite la aplicación integrativa del art. 326 del Código Procesal Civil y Comercial y ello es así dado que constituye una cuestión esencial, un presupuesto procesal que hace a la validez funcional del proceso y que exige resolución previa a fin de evitar un inútil dispendio jurisdiccional de quien en definitiva pudiera llegar a ser incompetente. Lo expuesto avala la tesitura de que, en este caso, dicha cuestión debe ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento, antes de la celebración de la audiencia de trámite que prescribe el art. 51 de la ley 7945 cuya primer etapa -referida a la faz conciliatoria- carecería totalmente de virtualidad frente a la coyuntura de que el magistrado actuante no llegase a ser competente para entender en la causa.

(Del Voto de la Dra. Burde). En el caso la cuestión a resolver es: ¿En el procedimiento reglado por el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, Ley 7945, corresponde que la excepción de incompetencia se substancie como de previo y especial pronunciamiento?.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGUERO HERMINIO TOMAS c/ EMBOTELLADORA LOS ANDES S.A. s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A072 - 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-15

El solo hecho de la sentencia favorable torna procedente y sin más recaudo, la medida precautoria impetrada. En consecuencia, no hace falta que aquella esté firme, notificada, etc.
Despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: MARIANI JORGE ALBERTO c/ NESTLE ARGENTINA S.A. s/ DIF.DE INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-10

La suma que percibió el actor no resulta para nada arbitraria ni irrazonable, menos confiscatoria ni lesiva del principio constitucional de "protección contra el despido arbitrario"; en el caso, el actor trabajador de 34 años fue objeto de un intempestivo y arbitrario despido, pero la suma con que se lo indemnizo no afecto garantía constitucional alguna, teniendo en cuenta los criterios rectores de la corte en autos "Villarreal c/ Roemers" solo cuando la suma es absurda o irrisoria se habilita la vía extraordinaria.
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, establecimientos asistenciales
Materia: PROCESAL
Carátula: D. O., E. c/ SANATORIO DEL SOL S.A. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-07-24

En el sublite, del examen de las constancias del caso y la sentencia recurrida, surge que no fueron ponderados diversos elementos probatorios conducentes para establecer, a ciencia cierta, la índole de la relación que unió a los litigantes, circunstancia que torna descalificable el fallo por ausencia de un minucioso estudio de la situación, valorando las particularidades de la contratación del actor, con el fin de discernir si mediaban en el caso elementos susceptibles de ser considerados o bien una expresión del ?poder de dirección patronal? o bien una necesaria adecuación de un prestador autónomo a una organización médico-asistencial (v. C.S.J.N., Fallos: 323: 2314, cons. 4°).

Cabe subrayar que la Cámara consideró en su fallo que el actor había comprometido su fuerza laboral-como médico-a cambio de una contraprestación de sumas de dinero y según pautas del sanatorio, con lo cual tuvo por existente la subordinación-jurídica, económica y técnica-inherente a un contrato de trabajo.

No obstante, a mi modo de ver omitió dar adecuado tratamiento a una serie de cuestiones relevantes para decidir, que surgen de la prueba documental mayormente aportada por la propia parte actora. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, Administración Pública, contratos administrativos, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSCHETTI, HECTOR Y OTROS c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 329-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

Al tratar de caracterizar a los contratos a efectos de determinar la competencia de esta Corte, no puede olvidarse que aún los Códigos que en su época fueron llamados modernos como el de Santa Fe, siguieron la orientación limitada correspondiente a la vieja doctrina española (Fiorini, "Qué es lo contencioso administrativo", p 257). Ello se refleja no sólo en algunas de las exclusiones establecidas en el artículo 12 de la ley 4106, sino también en la enumeración contenida en el mismo artículo 10, pues refiere a los que la doctrina denomina convenios "típicamente" administrativos; si bien no tiene carácter limitativo, surge de los casos indicados una pauta interpretativa que obliga a descartar como contratos o relaciones que den nacimiento a "derechos subjetivos de carácter administrativo" a aquellos en que no aparece el interés público en grado tal como para justificar su regulación e interpretación en base a los principios del derecho administrativo.
Trabajadores de correos, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, LUIS c/ ENCOTEL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-18

La CCT. Numero 32/75 'e' modificada por el decreto 3591/77, establece un sistema de estabilidad impropia donde la exigencia del sumario previo del artículo 27 solo posee virtualidad juridica para los despidos con invocación de justa causa (del dictamen del PGT. Al que adhiere la sala).
Sentencia, voto de los jueces, voto mayoritario, cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL PIANO OSCAR EDUARDO Y AYALA DE DEL PIANO AMANDA c/ RAMON MARIO ROMERO Y JUAN CARLOS ROMERO s/ ORDINARO" EXPTE. N 11176/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1998-02-20

La concurrencia en el acuerdo y respecto de cada cuestión esencial de la mayoría de opiniones concordantes de los jueces que componen un órgano colegiado, es requisito de esencia (institucional en el verbo de Chiovenda) para la validez del pronunciamiento por él expedido. De allí que las resoluciones que infringen tal regla resultan no saneables por el juego de la preclusión ni la eventual conformidad expresa o implícita de las partes, y deba ser declarada, aún de oficio, su nulidad que es absoluta.
Derecho laboral, injuria laboral, despido, mobbing, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Urbani, Jonatan Alan  c/ UPS de Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

El actor se agravia porque el juez de primera instancia resolvió desestimar la demanda incoada al estimar que el actor no aguardo el plazo de respuesta por la demandada (art. 57 LCT) y en la misma misiva de intimación a modificar la conducta de este último se dio por despedido, contrariando lo normado por los arts. 10, 62 y 63 del ordenamiento aplicable. El accionante observa que se ha omitido la consideración de la prueba y la realidad de los hechos, especialmente lo relativo a la pericial informática, de cuyas constancias se desprende la existencia de un acoso laboral infringido a su persona. El material probatorio (prueba informativa y testifical) revela una actitud de trato peyorativo, persecutorio, lesivo para la dignidad personal del actor, que habilitaba su decisión de distracto. No obsta a ello la ausencia de una interpelación previa de su parte, por cuanto en supuestos como el presente, donde se encuentran en juego de manera manifiesta y evidente los derechos fundamentales del accionante, reviste un excesivo rigor formal la persistencia de exigirle a este último que intime a la demandada a modificar una conducta que ya se encontraba en curso directo de afectarlo, por su gravedad. La injuria conecta de forma prevalente con las garantías constitucionales y normas legales que se aprecian vulneradas (arts. 14 bis, 16, 31, 75 y 22 CN; 63, 65, 66 primer párrafo, 81 LCT), justificando la situación de despido en que se colocó el accionante (art. 242 LCT). Cabe revocar el decisorio de grado en este punto.