Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-10


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 10 de 2010.

1. Nuevo Banco Industrial de Azul SA apeló en fs. 71 la decisión de fs. 51/52, en donde, tras considerar lo dispuesto por el art. 55, segundo párr., de la ley 24.240 (modif. ley 26.361), según el cual, las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de "justicia gratuita", se concedió a la actora el beneficio de litigar sin gastos solicitado.

Los fundamentos del recurso que lucen en fs. 74/76 fueron respondidos en fs. 82/83 por la peticionaria.

La Fiscal General ante la Cámara fue oída en fs. 89.

2. Tal como ha sido expuesto en un caso análogo (4.12.08, "Adecua c/Banco BNP Paribas S.A. y otro s/beneficio de litigar sin gastos"), esta Sala comparte parcialmente los términos y conclusión del referido dictamen, a cuya lectura remite por razones de brevedad.

Es que si bien adhiere a los fundamentos que sostienen la inmediata aplicación de la normativa contenida en la ley 26.361, y que llevan a concluir que la demanda principal encuadra en lo dispuesto por el art. 55 de la ley 24.240, por tratarse de un reclamo en defensa de intereses de incidencia colectiva, no hace lo propio al interpretar el alcance de la gratuidad acordada en la norma.

Ello es así pues, en opinión de la Sala, la frase "beneficio de justicia gratuita" que luce allí contenida no puede ser considerada sinónimo de "beneficio de litigar sin gastos", como sugiere la Representante del Ministerio Público.

No se desconoce que parte de la doctrina parece corroborar esa asimilación al hacer un uso indistinto de ambas expresiones (aunque sin brindar explicación que la sostenga; O. R. Gómez Leo - M. V. Aicega, Las reformas a la ley de defensa del consumidor, publicado en Jurisprudencia Argentina, fascículo 8, 2008-III; v. especialmente pág. 51, apartado XXII, c, y pág. 55, apartado XXIV, b; R. A. Vázquez Ferreyra - D. Avalle, Reformas a la ley de defensa de los consumidores y usuarios, LA LEY, 2008-D, 1063), y que otra se congratula por la gratuidad que impuso la reforma, pero sin proveer un análisis sobre el significado y alcance de esa fórmula (C. Ghersi - C.Weingarten, Visión integral de la nueva ley del consumidor, publicado en el suplemento especial de La ley de defensa del consumidor, LA LEY del mes de abril de 2008; M. A. Coppola - J. A. Lacambra, Análisis de la reforma de la ley de defensa del consumidor, ED 227-853).

Pero lo cierto es que el beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos son dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, tienen características propias que los diferencian.

En un interesante y esclarecedor trabajo de reciente publicación (La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa del consumidor, de Enrique J. Perriaux; ejemplar del diario La Ley del 24.9.08), se destacaron esas diferencias, algunas de las cuales es útil aquí reiterar:

Desde lo semántico, "litigar" sin gastos abarca el período comprendido desde el comienzo de las actuaciones judiciales (pago de tasas y sellados) hasta su finalización (eximición de costas).

Por el contrario, "justicia gratuita" se refiere al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, que no debe verse conculcado con imposiciones económicas, y que constituyó uno de los principales reclamos desde la sanción de la ley 24.240 (v. en ese sentido, G. Lovece - C. Weingarten, Las vías de acceso a la justicia en la ley de defensa del consumidor, en Responsabilidad I. Problemática Moderna, pág. 115 y sig., Mendoza, 1996).

Pero una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia, de carácter alimentario.

La gratuidad como adjetivo califica al sustantivo justicia. La justicia gratuita se perfecciona liberando de toda traba económica el acceso a la misma, representada por gravámenes de tipo fiscal (v. cita doctrinaria contenida en la nota nº 30 del trabajo supra referido).

También se destacó que desde una óptica histórica se puede apreciar que en el derecho argentino cada vez que se legisló sobre la gratuidad del procedimiento se lo hizo procurando no limitar el acceso a la justicia con imposiciones económicas, pero sin avanzar sobre las costas del proceso.

Incluso en el debate parlamentario que precedió a la reforma el tema de la gratuidad de las actuaciones fue relacionado con el pago de la tasa de justicia, no con otros rubros.

3. De lo expuesto se colige que si bien la norma dispone que "las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita", ello no se traduce en la concesión de un bill de indemnidad para las asociaciones de consumidores y usuarios, dado que éstas, una vez que encuentren habilitada gratuitamente la jurisdicción, deberán atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas, de cuyo pago solo podrán eximirse si cuentan con una sentencia firme que les acuerde la franquicia para litigar sin gastos.

Proyectar el sentido de la norma con un alcance mayor al expuesto significaría, en lo concreto, avalar una indebida injerencia del Estado en la esfera patrimonial de los ciudadanos, en claro desmedro al respeto de los derechos de igualdad y de propiedad que consagra nuestra Carta Fundacional (arts. 16 y 17); finalidad que, ciertamente, no puede ser la perseguida por el legislador.

Por ese motivo corresponde admitir el recurso deducido en subsidio, revocar la decisión de grado y disponer la continuación del trámite de la causa a los fines señalados.

4. Por todo lo expuesto, y adhiriendo en forma parcial al dictamen precedente, se resuelve: Revocar la decisión apelada, con el alcance que surge de los considerandos. Notifíquese a la Fiscal de Cámara en su despacho, y oportunamente devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las restantes notificaciones pertinentes.

El señor Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 30 RLRJN).- Pablo D. Heredia.- Gerardo G. Vassallo.