marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso de apelación (procesal), juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTRO SERGIO c/ CIPRIANO  GONZALEZ Y OT. s/ Desalojo (LIBRO: A072 - 025)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-12

Es inapelable la resolución definitiva del incidente de nulidad articulado dentro del proceso de desalojo.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, sociedades comerciales, nulidad del acto jurídico, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Don Manolo S.A. c/ Santa Rosa S.C.A. s/ Queja por denegación del recurso de Inconstitucionalidad - Acción de  nulidad -Nulidad de asambleas -disolución social (Expte. C.S.J.   Nro. 174 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

No puede prosperar el agravio que la recurrente le imputa a la Alzada de haber eludido el nudo central de la cuestión a resolver -nulidad absoluta e insanable de una resolución asamblearia- ya que un detenido examen de la sentencia impugnada evidencia que al aplicar el plazo del artículo 4030 del Código Civil, el tribunal no hizo más que ceñirse a los planteos del apelante y resolver en el marco de sus propias articulaciones. En otras palabras, la respuesta jurisdiccional brindada se insertó en el régimen jurídico que la propia perdidosa invocó, de lo que se desprende que la alzada examinó y resolvió la pretensión en los términos en que lo propuso la actora, la que no cuestionó la operatividad del régimen de prescripción en el caso, sino su modo de computarlo, más concretamente su comienzo (desde que el dolo se conoció), con lo cual mal puede endilgarle a la Cámara no haber considerado que debía aplicarse la prescripción decenal o de cuatro años (la Cámara aplicó el plazo bianual correspondiente a la acción por dolo). En el caso, el eje del razonamiento de la impugnante se centra en que el A quo no valoró que se trataba de un supuesto de nulidad absoluta, con lo cual la acción tenía un régimen prescriptivo decenal o si, por hipótesis, se consideraba que se trataba de un supuesto de nulidad relativa, debía acudirse al plazo de 4 años previsto en Código de Comercio.
Costas, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-18

Si bien lo atinente a la imposición de costas es materia ajena al recurso de casación, el impugnante ha demostrado que se encuentra comprometida una cuestión de índole federal (la posible infracción al principio constitucional de igualdad) y cabe concluir que el tribunal de juicio se apartó infundadamente de las previsiones del art. 531 CPPN -en cuanto determina el principio general de la imposición de costas a la parte vencida- y estableció, de ese modo, una distinción arbitraria entre las distintas partes litigantes y sus representantes.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juárez de Grad Juana c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

No procede otorgar carácter interruptivo de la prescripción a un reclamo que no guarda identidad con lo que luego se solicita. El reclamo del reconocimiento del derecho a jubilación del causante y pago de haberes que son debidos como integrantes de un acervo sucesorio, no puede ser asimilado al reclamo de un beneficio pensionario.
Abuso sexual, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S. E. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Corresponde revocar la resolución que confirmó el sobreseimiento del imputado, toda vez que las actuales condiciones de la causa tornan razonable oir en declaración testimonial a la médica con el objeto de profundizar el informe -presentado con posterioridad a la interposición del recurso- del cual surge que el niño ha sido abusado sexualmente por su padre y probablemente por su abuelo. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani).
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines c/ Comisión Arbitral de la CGT s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Para la resolución de los conflictos intersindicales se debe tener en cuenta no sólo el alcance de la resolución que confiere personería a las entidades de conformidad con sus estatutos, sino también la actividad específica a la que se encuentran afectados los trabajadores. Por ende, ante la hipótesis de aparente superposición de órbitas de representatividad, el conflicto debe resolverse a favor del prevalecimiento de la especificidad por sobre la genérica para evitar que ésta presente un alcance omnicomprensivo de toda actividad lucrativa.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, daños y perjuicios, responsabilidad médica, negligencia, historia clínica, obligación de seguridad, extensión de la responsabilidad, establecimientos asistenciales
Materia: SALUD PUBLICA-PROCESAL
Carátula: E. E. N. y otra por sí y en representación del menor E. D. E.  c/ Olivera Sandra H. y otro  s/ juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-29

Cabe hacer lugar a los recursos de apelación incoados por la parte actora y por la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, y en consecuencia, revocar la sentencia haciendo lugar a la demanda y condenando a los demandados -pediatras y clínica- a abonar a los actores la suma correspondiente más los intereses calculados hasta la fecha del efectivo pago de acuerdo a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, en concepto de indemnización por daños y perjuicios -a cuyo efecto se omite la aplicación del art. 1078 del Código Civil, por ser inconstitucional-. Para decidir así, se señala que los pediatras a cargo de la atención del menor fueron negligentes al omitir el control debido sobre el accionar de los enfermeros que se desempeñaban en la terapia intensiva neonatal, con las consecuencias que ello significó para el niño. Ninguno de los datos relevantes sobre la salud del menor figura en la historia clínica, por lo que la responsabilidad recae indudablemente en los pediatras que lo atendieron durante su internación, ya que son quienes debieron adoptar las medidas conducentes al tratamiento y a documentarlas en la historia clínica, dado que es un documento jurídico creado por ellos y la misma debe ser completa pues las irregularidades juzgan en contra del profesional. Ello conlleva a un análisis de la conducta de los demandados, tornándose procedente la presunción desfavorable por cuanto los datos faltantes guardan relación de causalidad con los daños sufridos por el paciente. Asimismo, se extiende la responsabilidad a la clínica, puesto que la obligación de seguridad pesa sobre ésta.
Partidos políticos, caducidad de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Comunista s/ actuación -distrito Corrientes- Expte. N° 29.355/87 Legajo de apelación en autos: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) s/ reconocimiento de personería jurídico política como partido de distrito Expte. N( 60.301/02 Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Frente Grande distrito Corrientes s/ personería jurídico-política como partido de distrito Expte. N( 42.822/94 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298) Incidente de apelación en autos caratulados Partido Socialista Auténtico s/ pedido de reorganización (caducidad art. 50 inc. e Ley 23.298) Concertación Política para el Cambio Social s/ solicita reconocimiento de personería jurídico-política Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Conservador Popular - dto. Corrientes s/ reconocimiento personería jurídico-política como partido de dto. Expte. N° 53.973/99 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19|2010-11-09|2010-11-09|2010-12-23|2010-12-23|2010-12-21

Con relación al mantenimiento del mínimo de afiliaciones como condición para la conservación de la personalidad política, debe señalarse que la ley 26.571 incorporó expresamente este requisito y la causal de caducidad aplicable para el caso de incumplimiento (arts. 7º ter y 50, inc. "e", de la ley 23.298 modif. por ley 26.571). En este régimen, el legislador estableció una etapa previa al trámite de caducidad, en la que los partidos que no cumplen con la mencionada exigencia tienen la oportunidad de acreditarla, en un plazo de noventa (90) días (art. 7º ter, 2º párrafo, ley cit.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consoli, Próspero Víctor s/ estafa -Causa nx 1.150-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, pues sólo comprende desaciertos u omisiones de gravedad extrema.
Revocación de sentencia, Municipalidad, remuneración, diferencias salariales, derecho de propiedad, defensa en juicio, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Concencioca, Juan M. y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a la Municipalidad a abonar las sumas de dinero que los actores dejaron de percibir por diferencias de sueldos, si resolvió una cuestión no propuesta en el correspondiente memorial de agravios, lo que importa un menoscabo a las garantías consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Proceso penal, acción civil, desistimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORENO, JUAN ASENCIO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-09-01

La ley no admite el simple desistimiento de la instancia o de la acción procesal, el actor civil no puede hacer abandono de la instancia, pero reservarse el derecho sustancial para hacerlo valer ante la jurisdicción civil.-
Contratos, inmueble hipotecado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arenas de Squiziato, Eulalia y otro c/ Cabrera, Pedro Tomás s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

Pueden ser objeto de los contratos las cosas embargadas (art. 1174 Cód.Civil), entendiéndose por éste último término, cualquier medida de tipo cautelar no solamente el embargo.-
Recurso de casación, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS H. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

Este recurso carece de fundamentación si el impugnante omite formular enunciaciones tales como la relación correcta de los hechos relevantes de la causa, de los términos de la resolución impugnada y un adecuado desarrollo de los argumentos que posibiliten sustentar la vía casatoria intentada.
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CORTINA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-12

El fundamento que se ha dado de la reclamación administrativa previa ha sido el de sustraer a la Administración Pública de la instancia judicial en una medida compatible con la integridad de los derechos, evitando juicios innecesarios y es una facultad que, por no afectar el orden público, puede ser renunciada y de la que cabe prescindir si se advierte la ineficacia cierta del procedimiento que es lo que ocurre, v.g., cuando de acuerdo con los términos de la contestación de la demanda, es evidente que tal recaudo se convierte en un inoperante ritualismo (Fallos 297:37). (Del voto del Dr. Fernández)
Proceso judicial, declaración de puro derecho, presupuesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FEDIAC Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

En lo que respecta a la declaración de la causa como de puro derecho dispuesta, no debe perderse de vista que aquélla -como principio- procede cuando no existen hechos controvertidos, y/o cuando no se hubieran alegado hechos conducentes (arg. art. 360 del Código Procesal; esta Sala, causa 7521/07 del 21.10.10; Sala 3, causas 4532/99 del 8.3.01, 9691/01 del 10.2.05, 9736/01 del 3.5.05; C. N. Cont. Adm. Fed., Sala 1, causa 17.337/99 del 22.2.01). La mera negativa o desconocimiento de un hecho, no impone necesariamente la apertura a prueba de la causa si el juez se encuentra en condiciones de resolver las cuestiones propuestas sin necesidad de recurrir a ese medio (conf. Sala 3, causa 5816/96 del 11.08.98.; C N. Civ, Sala H, 8.6.97, "Paz de Paz, María M., Suc. c/ Kreutzer, Rodolfo C.", del 8.6.97, LL, diario del 20.2.98).
Cuestiones prejudiciales, responsabilidad del Estado, vacío legal, responsabilidad civil, responsabilidad penal, acción contencioso administrativa, acción civil, acción penal, aplicación de la ley, código civil, principios generales del Derecho, acceso a la justicia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

En el derecho público local no existe una norma que regule la forma de integral, por un lado, el ejercicio de la acción procesal administrativa y, por el otro, la acción penal. Ante esta situación de indeterminación podría plantearse como solución la integración del ordenamiento con los preceptos contenidos en el Código Civil. Pero lo cierto es que el artículo 1101 del Código Civil -ubicado en el Capítulo IV, 'Del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos', del Título VIII, 'De los actos ilícitos'- trata una cuestión específica -responsabilidad civil derivada de los actos ilícitos-.

Ante esta carencia regulatoria expresa es necesario recurrir a los métodos de integración normativa que, al constituir principios generales del derecho, permiten brindar una respuesta a una situación no prevista expresamente en el ordenamiento legal. En cumplimiento de tal cometido es posible recurrir, en primer lugar, a los principios generales del derecho.

En este sentido cabe destacar la garantía de acceso a la justicia (art. 12, inc. 6, CCBA) y el postulado de la tutela judicial efectiva sin restricciones, salvo que surjan de la propia ley y de modo expreso.
Sentencia, nulidad de oficio, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Asociación ilícita - Homicidio - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

Corresponde anular de oficio la sentencia de la Cámara que respecto al cuerpo del delito se remite al fallo de primera instancia, si debido a esa omisión la Corte no puede resolver los recursos de inaplicabilidad de ley deducidos, pues los planteos -calificación del hecho- estan íntimamente ligados con el contenido fáctico de la imputación dirigida a los procesados.
Inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Ercilia del Carmen c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

El voto concurrente señaló que correspondía declarar inamisible el recurso toda vez que el tribunal a quo ha dado una solución adecuada al caso, mientras que el recurrente cuestionó la constitucionalidad de la normativa a partir de una enunciación genérica de principios constitucionales y meros juicios discrepantes que, por lo demás, no se ciñen a la resolución concreta que cuestiona. Por otra parte, del estudio de la resolución impugnada se advierte que el magistrado de la instancia anterior efectuó una revisión judicial suficiente de la sanción disciplinaria impuesta por la Unidad del Servicio Penitenciario a la encausada. En efecto, del auto venido a estudio surge que el tribunal a quo realizó un examen de legalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria impuesta sin que la parte recurrente haya logrado demostrar la arbitrariedad que alega, por lo que no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Sin perjuicio de lo expuesto, habiendo conocido el resultado favorable adoptado por mis distinguidos colegas en torno a la admisibilidad formal del recurso en estudio, en el marco de la deliberación realizada (cfr. 469, en función del art. 398 del CPPN), a los fines de conformar mayoría, en el particular caso de autos, habré de compartir en lo sustancial las consideraciones expuestas en el voto del Dr. Javier Carbajo y por ello adhiero a la solución allí propuesta. Dres. Borinsky -voto concurrente-,
Poderes del Estado, división de poderes, jueces, deberes y facultades del juez, declaración de oficio, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Nestle Argentina SA   (TF15197-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-07

En el pronunciamiento "Mill de Pereyra", del 27 de septiembre de 2001, la Corte Suprema afirmó que los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad, sin que ello atente contra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en si mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. En el fallo "Banco Comercial Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina", del 19 de agosto de 2004, recogiendo lo que fue una disidencia de los jueces Fayt y Belluscio en Fallos: 306:303 sostuvo que si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntando en el antiguo adagio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior.

De ese modo, el Alto Tribunal acogió la jurisprudencia sostenida por esta Sala con diferente composición al resolver las causas "Farías, Isaías Ricardo s/ recurso de apelación -Adm.Nac. de Aduanas", 18/9/84 y "Peyrú Osvaldo Jorge s/ Recurso de apelación", 15/4/86.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda Becerra, Ana c/ Expreso City Bell (Línea 273) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La propia versión expresada al fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la valoración de la prueba de peritos, sin evidenciar que la del juzgador contravenga las leyes de la lógica resultando absurda es insuficiente para demostrar el quebranto del art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que no media el error grave y grosero que supone tal vicio.
Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Santa Rosa c/ Bertolucci, Daniel Enrique s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-15

Resulta incompetente este Tribunal con jurisdicción en lo contencioso administrativo para entender en la acción de amparo deducida por un municipio del interior provincial en contra de un particular, pretendiendo que se suspenda la deforestación en un paraje ubicado en su ámbito departamental. En efecto, la competencia de esta Corte de Justicia se encuentra asignada por expreso mandato constitucional contenido en el Art.204 de la Constitución Provincial, y por el Art.4 de la Ley de Amparo 4642.

Por lo tanto, la cuestión traída a conocimiento y decisión no implica materia contencioso administrativa que justifique la apertura de esta jurisdicción, correspondiendo remitir la causa con carácter urgente a Mesa de Entradas Única para su sorteo y resolución por los jueces de las inferiores instancias.
Filiación, filiación extramatrimonial, costas, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: B., P. G. c/ D. C., M. Á. s/ filiación y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-03-05

La pretensión del demandado respecto a la imposición de costas a su parte por ambos reclamos filiación y daño moral, carece de toda consistencia. En primer lugar, porque en la demanda (mero acto de iniciación procesal, enseña Palacio) se produjo una acumulación originaria de pretensiones (art. 79, C. Pr.), lo que determinó la necesidad de que el juez se pronunciara sobre cada una de ellas (art. 155 inc. 6, C.Pr.), pues de otro modo violaría el principio de congruencia. Esto implicaba la posibilidad de que la sentencia acogiera una pretensión y desestimara la otra (que es lo que pretende en esta instancia el apelante) y que, en cualquier caso, impusiera las costas en forma diferente (por ejemplo, eximiendo total o parcialmente al vencido de su pago). En consecuencia, no hubiera sido objetable que la sentencia impusiera por separado las costas correspondientes a cada pretensión.

En segundo lugar, el juez no impuso las costas por separado para cada pretensión, sino que directamente cargó con las de todo el juicio al demandado, con lo que el reclamo se revela aún más inconsistente.-
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, código civil y comercial, obligaciones de dar cantidades de cosas, tipo de cambio, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: Darex SA c/  s/ quiebra s/incidente de Revisión de Crédito de Leto, Daniel Francisco
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

Las disposiciones del CCCN 765 y 766 modificaron la regulación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera prevista en el CCIV 617 (texto según la ley 23928), según el cual las obligaciones de dar moneda extranjera se regían por las obligaciones de dar sumas de dinero. Según el régimen del CCCN 765 vigente las obligaciones en moneda extranjera son consideradas como de dar cantidades de cosas. La norma estipula expresamente la posibilidad del deudor de cumplir su obligación dando el equivalente en moneda de curso legal.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Lovacono, Jorge Alberto s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Es procedente el recurso de nulidad extraordinario si el fallo de Cámara al tratar cuestiones como la de retractación de la confesión y la calificación legal efectúa una remisión a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a lo resuelto en otra causa con adhesión a un dictamen del Fiscal de Cámaras, pues ello priva a la sentencia de su independencia formal y material, despojándola de su carácter resolutorio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.,N.B. c/ B.,O.R. s/ Incidente fijación cuota alimentaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El pronunciamiento de la Cámara que en la etapa de ejecución de alimentos declara mal concedido el recurso de apelación deducido contra el auto que decreta la subasta de un bien del ejecutado, no reviste carácter de definitivo en los términos del art.278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)