Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-09-20


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Once.- San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de septiembre de 2007.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 95/04 - "BARRIONUEVO, Mara Elizabeth y otros c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción", en los que a fs. 76 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley Nº 2403, obrando a fs. 76 vta. el llamado de autos para sentencia.

En este estado, el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción deducida?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 77 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, JULIO EDUARDO BASTOS y MARÍA CRISTINA CASAS NOBLEGA.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. José Ricardo Cáceres dijo:

A fs. 14/18 vta. la Sra. Mara Elizabeth Barrionuevo y otros interponen acción contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, solicitando se deje sin efecto la Resolución Nº 592/04 por la cual se les deniega el reclamo de recategorización formulado.

A continuación justifican la procedencia formal de la acción interpuesta, expresando que el día 11/03/04 promovieron reclamación administrativa persiguiendo el reconocimiento de la categoría escalafonaria correspondiente a su condición de funcionarios del Poder Judicial, ya que como psicólogos prestaron juramento de ley -en el año 2000- en tal categoría. Que tal reclamo fue denegado el día 17/03/04 mediante Acuerdo Nº 592/04.

Así luego de plantear la recusación de los miembros de la Corte de Justicia, aducen que por un error se los incluyó en el presupuesto con el cargo de oficiales superiores de segunda, lo que configura una situación inequitativa ya que dicho cargo se encuentra dentro del escalafón administrativo a nivel de empleados del Poder Judicial.

Invocan a su vez la existencia de antecedentes que respaldan su pedido, ya que los oficiales de justicia revistiendo la categoría de funcionarios y de oficiales superiores de segunda, fueron recategorizados y promovidos a cargos de ujier con remuneraciones acordes a su carácter de funcionarios.

Destacan asimismo las funciones y requerimientos que deben cumplir a fin de poder desempeñar sus tareas como integrantes del CIF, y por último resaltan la situación de personal de este Poder que se encuentra en un nivel escalafonario superior al por ellos descripto como ser el caso del sub jefe técnico de informática que ostenta un título terciario y tiene cargo de delegado judicial - secretario de fiscalía- como también el caso de las bibliotecarias y sub jefe del archivo.

Concluyen así su presentación invocando las normas de raigambre constitucional que se encuentran violadas en el sub-examine ya que las funciones y las tareas desempeñadas no resultan acordes al sueldo que perciben como empleados del Poder Judicial. Ofrecen prueba documental, pericial e informativa, formulan reserva del caso federal, y peticionan en definitiva el acogimiento de la presente demanda, con costas.

A fs. 25/26 dos de los integrantes de la Corte de Justicia resuelven su apartamiento de la presente causa.

A fs. 32/34 se rechaza la recusación con causa interpuesta por los accionantes en contra del Dr. Cáceres.

A fs. 38 el Tribunal resuelve declarar "prima facie" su jurisdicción y competencia para entender en la presente causa.

A fs. 44/46 vta. los apoderados del Estado Provincial plantean la excepción de incompetencia, aduciendo en relación a ello que ante la negativa expresada por Acuerdo Nº 592/04 debieron los accionantes plantear recurso de reconsideración a efectos de obtener el reconocimiento o denegación del derecho reclamado. Que por ello no hay acto administrativo definitivo que cause estado.

Subsidiariamente contestan demanda en la cual señalan las facultades discrecionales que ejerce la Corte de Justicia al momento de determinar la categoría escalafonaria de los miembros del Cuerpo Interdisciplinario Forense, por lo que lo relativo a la política administrativa de ese Poder del Estado no puede ser discutida en la presente causa. En razón de ello solicitan el rechazo de la demanda, con costas.

A fs. 53 se abre la causa a prueba, producida la misma, a fs. 64 se tiene por clausurada dicha etapa procesal; presentando a fs. 70/75 vta. ambas partes los alegatos. A fs. 76 vta. obra el llamamiento de autos.

Luego a fs. 78 se dispone como medida para mejor proveer oficio a la Secretaría de Superintendencia a fin de que remita copia del Acuerdo Plenario Nº 695/06. A fs. 80/90 se adjunta copia certificada del mencionado acuerdo.

Siendo ello así y estando la causa en condiciones de ser resuelta, he de recordar que los actores invocando su condición de funcionarios del Poder Judicial solicitan a través de la presente demanda su recategorización como oficiales superiores de primera.

En tal sentido aducen que como psicólogos integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense han prestado juramento e ingresado al Poder Judicial como funcionarios, que ello obliga a reconocerles su verdadera ubicación escalafonaria, pues el cargo de oficiales superiores de segunda que actualmente revisten no se adecua en los hechos a su verdadera función.

Expresan además que dicha pretensión procura hacer respetar el principio de igualdad, dado que no resulta justo que a los oficiales de justicia, al personal del departamento de informática, y al personal del departamento contable se les reconozcan los cargos acordes a las funciones desempeñadas; y a ellos se les niegue el planteo cuando las condiciones según lo manifiestan son las mismas.

En tal sentido y en función de constatar los requisitos de habilitación de instancia observo que los recurrentes formularon ante la Corte de Justicia reclamo administrativo en el mes de Julio 2003, en el mes de agosto por Acuerdo Plenario se instruye a la Secretaría Contable para que cree nuevos cargos de oficial superior de primera, luego en el mes de marzo de 2004 reiteran su pedido el que es resuelto mediante Acordada Nº 592/04 en sentido negativo.

Notificados de ello, el día 31/05/2004 deducen demanda contencioso administrativa.

El Estado Provincial al contestar demanda aduce en primer lugar excepción de incompetencia en razón de no haberse agotado debidamente la vía administrativa, expresan sus apoderados que contra la acordada denegatoria debieron los recurrentes deducir recurso de reconsideración para así obtener el acto definitivo que cause estado.

Expuestas las cuestiones de esta manera, liminarmente recordaré la diferencia que existe entre la vía reclamativa y la impugnativa, diferencia que a esta altura no es ocioso formular, ya que como es sabido los presupuestos condicionantes de la habilitación de instancias no son los mismos, según se trate de una u otra vía.

En efecto, en el supuesto analizado, no es dable exigir el presupuesto del agotamiento de la vía a través de la interposición de los recursos administrativos puesto que lo que se formula por los recurrentes es un reclamo administrativo de supuestos derechos sustentados en una relación jurídica preexistente.

Partiendo de dicha premisa, he de señalar que en el supuesto analizado existe la decisión administrativa que constituye como es sabido la plataforma del contencioso administrativo, que dicha decisión se emite en respuesta a un pedido concreto formulado por los recurrentes, que a través de la misma el Poder Judicial en ejercicio de la función administrativa define su posición con pleno conocimiento del asunto, y que el Órgano que la emite es la máxima autoridad para resolver este tipo de planteos.

Siendo ello así, entiendo no es necesario una nueva presentación de los recurrentes, por lo que habiéndose deducido la presente demanda dentro del plazo de caducidad establecido en el Art. 7 de la ley Nº 2403, encuentro cumplidos los presupuestos de habilitación de instancia.

Aclarado ello, y ya adentrándome en la cuestión de fondo a resolver, advierto que el caso importa un claro cuestionamiento de las atribuciones de superintendencia que este Alto Cuerpo, en su condición de máxima autoridad en el gobierno, administración y prestación del servicio de justicia tiene a su cargo.

Pues, través del Acuerdo Plenario Nº 592 la Corte de Justicia rechaza la solicitud de recategorización escalafonaria formulado por los recurrentes en base a la falta de creación en el presupuesto e los cargos requeridos.

Así las cosas y ya en la tarea de controlar el cumplimiento de los presupuestos esenciales que el acto debe reunir para ser válido, encuentro tratándose de un acto administrativo dictado en ejercicio de la actividad discrecional, que el mismo se ajusta a pautas objetivas aceptables, pues la decisión se funda en la falta de creación de los cargos en el presupuesto.

Así la causa jurídica que toda decisión estatal debe tener, se encuentra expresada en forma precisa y clara, infiriéndose sin dificultad alguna cual es el motivo presupuesto y determinante del acto cuestionando. (Roberto Enrique Luqui - Revisión Judicial de la actividad administrativa - T. 1; pág. 197).

Sobre ello, sería bueno recordar que los actos administrativos son arbitrarios cuando prescinden de los presupuestos de hecho acreditados en las actuaciones administrativas, dando como erdaderos hechos falsos, o cuando se apartan abiertamente de las prescripciones legales aplicables al caso, o bien carecen de motivación.

Por otra parte y tratándose del ejercicio de facultades discrecionales, debo señalar que el control judicial que en el caso se requiere encuentra su límite precisamente en el poder exclusivo de valoración que el ordenamiento jurídico otorga en este caso a la Corte cuando resuelve en materia de superintendencia el pedido de los recurrentes.

En ese marco y habilitado el Tribunal por la Ley Nº 4892 de creación del Cuerpo Interdisciplinario -a reglamentar mediante resolución la organización y funcionamiento del Cuerpo, y a determinar la categoría escalafonaria de los profesionales que lo integren-, decide en consideración a los presupuestos de hechos denunciados; y en materia de su exclusiva competencia, que la solicitud de recategorización no resultaba procedente.

Así las cosas la cuestión se resume en el análisis de la oportunidad y la conveniencia de la decisión administrativa, aspectos que se refieren a una cuestión valorativa, de estimativa jurídica, respecto de la cual no corresponde formular en principio ningún reproche jurídico.

Ello porque en esta materia el ordenamiento jurídico no determina el contenido de la actuación administrativa, dejando así librado al criterio y prudencia del Poder Judicial la adopción de la solución que mejor satisfaga la uena administración.

En dicho sentido, y a fin de cumplir la función básica y esencial que el Poder Judicial tiene como cometido, los Tribunales Superiores o Cortes de Justicia ejercen el gobierno de su organización, lo que supone por cierto orden en la aplicación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.

Así el Poder Judicial debe formular el presupuesto de gastos e inversiones, poner en funcionamiento el régimen de contrataciones, someterse a los controles internos y externos -relacionados a la inversión de los fondos públicos-, organizar la carrera judicial, mantener los archivos, etc..

Siendo ello así, no cabe entonces el cuestionamiento del ejercicio de facultades de orden administrativo propias del órgano de aplicación, pues se sabe esta administración debe ser eficiente, transparente y debe desarrollarse en el marco del principio de legalidad que rige toda actuación administrativa.

Por último y sin perjuicio de lo xpresado, he de aclarar, que la violación del principio de igualdad supone tratar cuestiones iguales en forma desigual, importa establecer excepciones o privilegios que excluyen a unos de los que se conceden a otros en idénticas circunstancias. - Bajo tales premisas, no resulta comparable la situación de los actores como psicólogos integrantes del CIF con la de los oficiales de justicia, quienes se inician en el escalafón de empleados con la categoría de escribientes y previo ascender un sinnúmero de categorías culminan algunos su carrera con el cargo de oficiales superiores de primera obteniendo así la calidad de funcionario.

Situación diferente a la de los recurrentes, quienes como profesionales ingresaron al Poder Judicial con la ategoría de oficiales superiores de segunda, siendo algunos de ellos ascendidos a los cargos de oficiales superiores profesionales, ello conforme al Acuerdo Plenario Nº 695/06 que obra a fs. 80/90 resolución que crea una categoría intermedia entre el cargo de oficial superior de segunda y el de primera.

Seguidamente y como corolario de su presentación judicial, los recurrentes enumeran y califican las diferentes tareas que desempeñan, olvidándose quizás que su ingreso al Poder Judicial se produce aceptando el cargo y las condiciones del desempeño de las tareas para las que han sido designados, y que el cumplimiento de las mismas no les impide el libre ejercicio de su profesión.

En relación a ello me veo obligado a recordarles que los jueces de paz como los magistrados, son designados a propuesta el Poder Ejecutivo, prestan juramento ante este Tribunal como funcionarios para desempeñar el cargo referido, - revisten el cargo de oficiales superiores de segunda-, cumplen funciones de vital importancia reconocida en el ordenamiento jurídico y son destituidos a través de juicio político.

En fin, se podría decir que toda la critica discursiva gira en torno de una simple discrepancia respecto a la medida de no recategorizar dispuesta por la Corte de Justicia en ejercicio de las facultades de superintendencia.

Por ello no configurándose en autos los supuestos de absurdo, grave desacierto, o manifiesta arbitrariedad, el acto administrativo cuestionado deberá ser confirmado.

En relación a las costas, estimo que en autos se dan circunstancias particulares que podrían hacer pensar a los recurrentes de la razón de su pretensión.

Asimismo, advierto respecto de alguno de ellos un cambio en su situación de revista, lo que justifica en mi opinión el desplazamiento del principio general en la materia y la imposición de las costas por el orden causado, pues dicha modificación se produce estando en marcha el proceso. o expuesto me induce a votar por el rechazo de la acción contencioso administrativa interpuesta.

Así voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Julio Eduardo Bastos dijo:

Adhiero a la relación de causa del voto que me antecede y aunque la solución a la que arribo se revela similar en su resultado, disiento del fundamento brindado por el colega preopinante.

Mi posición radica en que, desde mi óptica en la presente acción la vía no ha sido correctamente agotada al haber obviado los actores interponer recurso de reconsideración a efectos de que el acto cuya impugnación se pretende adquiera el carácter de definitivo.

Que siendo inevitable por parte del administrado el cumplimiento de este paso previo a esta instancia conforme a la naturaleza propia de la acción intentada y que a su vez de ello surja y se constituya el acto administrativo definitivo y que cause estado al no existir otro medio o posibilidad que en sede administrativa se revea la decisión plasmada en dicho acto, recién entiendo queda habilitada la jurisdicción y competencia de la instancia judicial.

Cabe recordar que la razón de que nuestro derecho justifica la exigencia de un acto administrativo previo que causa estado o sea cerrar la instancia administrativa por haber sido dictado una vez agotado todos los medios de impugnación, por la más alta autoridad competente, es la conveniencia política de filtrar las contiendas que lleguen a pleitos, sean provocando una especie de conciliación con el Estado en sede administrativa, sea dando al Estado la oportunidad de repensar el asunto y revocar el error y, además la conveniencia de que lo que se lleve a los jueces sea una situación contenciosa.

Que sin embargo ser igualmente cierto que la doctrina se encuentra dividida con relación a la obligatoriedad o no de la articulación de recursos, hay casos como en la especie que ello se torna ineludible a efecto de procurar la definitividad del acto administrativo que se pretende impugnar de otro modo la instancia contenciosa no se encuentra habilitada y este Tribunal no puede en esta instancia de excepción ejercer su facultad revisora.

Que ante tales condiciones entiendo se torna inoficioso pronunciarse sobre los restantes argumentos ensayados por los actores concretamente sobre la cuestión de fondo, puesto que por la circunstancias narradas la competencia de este tribunal no ha quedado habilitada, reservándome sobre ello mi juicio al respecto.

Que conforme a ello corresponde declarar la incompetencia del tribunal para intervenir en la presente causa.

Las costas deberán ser impuestas por su orden atento la forma que propongo se resuelva la causa.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. María Cristina Casas Nóblega dijo:

Aunque por distintos andariveles los colegas que me preceden en el Acuerdo propician el rechazo de la acción contencioso administrativa interpuesta, luego de atender los fundamentos expuestos, coincido con la solución propiciada por el Dr. Bastos que vota en segundo término, habida cuenta que considero a consuno con sus explicitaciones que en la especie no se encuentra expedita la acción contencioso administrativa en los términos del Art. 5º CPA, al no haberse agotado la vía administrativa, como lo establece el Art. 117º CA, por no haberse interpuesto el pertinente recurso de reconsideración a fin de que se emita pronunciamiento hábil de la autoridad de ultima instancia, reparo en este sentido, que en autos solo obra Acuerdo Nº 592 de fecha 17-03-2004, en el que analizando las actuaciones del Expte. Corte 054, caratulado "Asistentes Sociales: Elsa Gredy Moreta y otros - s/ reconocer categoría escalafonaria correspondiente a su condición de funcionario del Poder Judicial", se acordó que no habiéndose creado los cargos en el presupuesto, no ha lugar a lo solicitado, contra tal decisión no se interpuso recurso alguno, toda vez que la nota de fs. 13 es de fecha anterior, ergo, no se agoto la vía que requiere el rito para la proponibilidad de la acción, lo que así voto.

En lo referente a las costas, coincido con la solución propiciada en los votos que antecede, toda vez que considero justo apartarme del principio objetivo de la derrota, ya que los actores se pudieron creer legítimamente habilitados a plantear la acción interpuesta, que a la postre se desestima por requisitos formales, por lo tal me pronuncio de que sean impuestas por el orden causado.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

(según su voto) San Fernando del Valle de Catamarca, de septiembre de 2007.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar la incompetencia de este Tribunal para intervenir en la presente causa.

2) Costas en el orden causado.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto haya base suficiente.

4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada, archívense.

(según su voto)