marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, rescisión del contrato, producción de la prueba, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Beltrán Ramón Andrés c/ Servicios Especiales San Antonio S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

La demandada se agravia porque la sentencia de primera instancia admitió la nulidad del acuerdo de rescisión por voluntad concurrente celebrado con el accionante, y asevera que, no surge evidenciado que el actor hubiese sido presionado ni amenazado para firmarlo. Las pruebas producidas dan cuenta que el acuerdo extintivo no fue producto de una voluntad genuina de parte del trabajador, sino que se trató de un despido encubierto bajo la forma de una extinción por voluntad concurrente de las partes. Asimismo, los testimonios de compañeros del actor dan cuenta que, al momento en que se comentaba que la empresa debía reducir personal y se hacían reuniones al respecto, él mismo manifestó no tener intención de desvincularse de la empresa, pues necesitaba tal fuente de trabajo. Luce evidente que la desvinculación obedeció a una iniciativa de parte de la empleadora, circunstancia que se desprende de las propias cláusulas del acuerdo en el que la accionada se comprometió a abonar al trabajador una suma dineraria -que si bien puede ser calificada como "bonificación extraordinaria por cese"- lo que se convino fue el pago de créditos que resultan exigibles cuando genuinamente se extingue el contrato de trabajo por la libre y espontánea voluntad de la persona trabajadora, en los términos del art. 241 de la LCT. No es posible entonces, adjudicar al acuerdo de desvinculación el efecto jurídico que pretende la accionada, toda vez que se presenta claramente lesivo de la regla de irrenunciabilidad que consagra el art. 12 de la LCT sin que sea necesario analizar si mediaron o no vicios que afectaron la voluntad del trabajador. Cabe memorar que nuestro orden normativo aplica una técnica propia del orden público general, limitando la autonomía de la voluntad e imponiendo al negocio un contenido heterónomo, que no se advierte cumplido. No puede asignarse al "acuerdo" los efectos de una disolución contractual por voluntad concurrente de las partes, por lo que corresponde que tal acto sea reemplazado por la figura que se intentó ocultar -despido arbitrario-, por tratarse de un acto simulado, pero con virtualidad para extinguir el vínculo, vigente a esa fecha. Cabe desestimar el agravio de la accionada y confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Nulidad procesal, ratificación de actos procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Nulidad" registrada con el N° 6.701/1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Tanto en el campo de la jurisprudencia como en el de la política legislativa, las nulidades procesales se encaminan hacia un ámbito más restrictivo en el que se persigue, como regla general, la estabilidad de los actos jurisdiccionales en la medida que su mantención incólume no conlleve la violación de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente. Lo expuesto, por cuanto las nulidades son remedios de excepción que ceden frente al principio de "conservación", fundando axiológicamente en la seguridad y la firmeza, de encumbrada significación en la labor jurisdiccional.
Ejecución de sentencia, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGOMARSINO ANDRES E HIJOS I. C. A. S. A. c/ SUCESORES DE MORALES FRANCISCA Y TEODORO MARCIAL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Si el depósito fue efectuado después de la citación de venta, no existen razones para apartarse del principio de que las costas en la ejecución de sentencia deben imponerse al vencido, por aplicación analógica de las normas del juicio ejecutivo (conforme arts. 539 y 558 del Código Procesal; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales..., tomo VI, página 67).
Poder Judicial, jueces, nombramiento, acuerdo legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Tanto los jueces designados "con acuerdo legislativo" como aquellos nombrados sin ese acuerdo (arts. 85 y 86, Constitución Provincial) gozan de las "garantías de funcionamiento" previstas para tutelar su plena independencia constitucional en obsequio a las delicadas funciones que les son atribuidas y a la particular naturaleza de la función jurisdiccional que, en definitiva, se traduce en una actividad dirigida a la tutela concreta e individualizada de intereses ajenos insatisfechos mediante la comprobación definitiva con la llamada eficacia de la cosa juzgada, aun cuando esté limitada a las partes en causa y la consiguiente actuación de la norma jurídica en el caso concreto. Es por eso que, por un lado, se consagra su inamovilidad, mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones, no pudiendo ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo y, de otro, la irreductibilidad o intangibilidad de sus retribuciones (artículo 88, Constitución Provincial).
Delito penal, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: L. DE LOS S., M. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº146-96, Resolución Nº85, Tomo 3,  Folio 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-19

Estimamos que la realización de actos de recíproca exhibición y tocamiento de genitales, acompañados de mostración de revistas pornográficas, excederían la realización normal del tipo de abuso deshonesto y, al mismo tiempo, indicarían en el sujeto activo un impulso hacia la depravación de las víctimas para lograr con ello mismo él satisfacción.
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: M., M. A. s/Recurso de Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

El derecho del niño a ser oído, el cual debe ser garantizado en todo procedimiento judicial en que un niño se vea afectado -sea como víctima, testigo o imputado- y en cada una de las etapas de dicho proceso, y el cual debe leerse atravesado por el interés superior de ese niño y, en el caso, su derecho a la defensa material, impone al Órgano que a su respecto deba decidir la obligación de una escucha atenta y empática, pero por sobre todo, a una escucha activa y crítica, que no derive en un simple formulismo legal a cumplir, y deviene en el pilar fundamental que erige a ese niño en su calidad de sujeto, y como tal, resulta insoslayable. (Budiño SD)
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera Fleitas, Julio c/ Iarraguirre, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-02

El testimonio se funda en una doble presunción la de conformidad de conocimiento del testigo con la realidad y la de su fundamento moral, es decir que el testigo no se ha engañado ni trata de engañar al Juez (arts. 384, 456 CPCC) y si es dable advertir ciertos errores del declarante, no puede dejar de merituarse si se entiende por el justiciable que ellos afectan la veracidad presumida deben oportunamente promover y culminar exitosamente el incidente de inidoneidad del deponente, remedio útil que la ley ritual le brinda para la investigación intensiva de la autenticidad de los datos aportados por el que prestó el testimonio. De otra forma, si a criterio del Juez tales errores o aparentes contradicciones no son relevantes, puede concluir en la eficacia del dicho, resultante a la que contribuye la parte eventualmente afectada por los datos aportados al no promover y al no obtener la citada inidoneidad .-
Acciones de clase, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

La definición de la clase es crítica para que las acciones colectivas puedan cumplir adecuadamente con su objetivo, y sólo a partir de un certero conocimiento de la clase involucrada el juez podrá evaluar si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se encontrará comprometido de no admitirse la acción colectiva.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez Susana c/ Parisi Jorge Mario s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

En el proceso especial de alimentos previsto por los artículos 635 al 648 del CPC, conforme a lo normado por el art.640 del mismo ordenamiento, se encuentra limitada la intervención de la parte demandada, no estando prevista la posibilidad de contestar la demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión federal, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez Ibáñez, Antonio Fidel s/ libertad condicional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley únicamente sobre la base de lo dispuesto por el ordenamiento normativo provincial, sin considerar la cuestión federal cuyo tratamiento la defensa venía reclamando, relativa a la impugnación constitucional de la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pues ha impedido al recurrente obtener un pronunciamiento acerca del agravio federal en cuestión, echando por tierra toda posibilidad de control constitucional por parte de la Corte Suprema (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Indemnización, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: REYNOSO, CARLOS EDUARDO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

No obstante los diversos vicios de arbitrariedad imputados al pronunciamiento impugnado, los mismos sólo denotan el mero disenso del compareciente con la Cámara por desestimar los rubros indemnizatorios reclamados ante quien fuera su empleadora y declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma que los contempla, pues la Alzada reconoce el control difuso de constitucionalidad que cada juez debe efectuar, puntualizando que el inferior declaró la inconstitucionalidad de la normativa en juego por falta de razonabilidad entre la situación de irregularidad registral y la indemnización correspondiente, a la vez que sostiene que el trabajador aún tendría un derecho constitucional a ser indemnizado por el daño sufrido dada la situación de clandestinidad laboral que existió al comienzo del vínculo, agregando que en autos la jubilación del actor -no discutida en la litis- demuestra la ausencia de daño previsional, por lo que no devenga indemnización.
Trabajadores ferroviarios, remuneración, carácter no remuneratorio, indemnización por despido, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: ALDAMA, Juan c/ EFA EMPRESA  FERROCARRILES ARGENTINOS s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Los ítems comprendidos en los rubros "feriados" y "relevo categoría superior", a los fines del cálculo de la indemnización por despido, no deben promediarse, sino que, tratándose de importes normales y habituales, si el art. 245 LCT exige que se escoja la "mejor" remuneración, debe elegirse lisa y llanamente el mes en que se devengó la retribución más beneficiosa.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, empleador, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral, competencia laboral
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMITI, MAFALDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  56-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

El régimen de los accidentes de trabajo (ley 9688), conforma un capítulo bien definido de la relación de empleo y de aplicación común para agentes públicos y privados; tales particularísimas características, y las ya mencionadas sobre el nacimiento del régimen y el posterior influjo de la doctrina y jurisprudencia laboral, aconsejan que esta materia en particular no se desplace de los tribunales creados especialmente para aplicar normas nacidas y desarrolladas en y desde el Derecho del Trabajo. Es más, debe destacarse que la base fáctica que da andamiaje a pretensiones como la aquí analizada excluye, prima facie, el examen de normas del Derecho Administrativo como fundamento de la demanda, ya que lo que está primordialmente en juego es la inteligencia de la ley de accidentes de trabajo; y que la tarea del juzgador se concentra, una vez superados los presupuestos que exige la ley para que prospere la pretensión, en verificar el porcentaje de incapacidad, establecer el monto indemnizatorio dentro del estricto marco legal y, en su caso, el grado de responsabilidad de la empleadora. VOTO DE LA MAYORIA. EN DISIDENCIA DR. BARRAGUIRRE.
Cuestiones de competencia, delitos militares, tribunal de alzada, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, recurso de casación penal, procedencia del recurso
Materia: MILITAR-PENAL-PROCESAL
Carátula: Corres, Julián Oscar s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

En cuanto a los recaudos de admisibilidad para el acceso a esta sede desde el ángulo de la impugnabilidad objetiva, debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo ya que el objeto de la reforma procesal en el orden nacional, implementada por la ley 24121, fue reservar a un único órgano el conocimiento de las cuestiones atinentes a la revisión en sede judicial de los pronunciamientos enmarcados en el régimen de enjuiciamiento que regula el Código de Justicia Militar, esto es a una de las Salas de esta Cámara. Esta doctrina fue reafirmada por el más alto Tribunal en ocasión de decidir un conflicto negativo de competencia, disponiendo su aplicación aun en el supuesto de que el conocimiento del órgano jurisdiccional emanara de la norma contenida en el art 10 de la ley 23049.
Falsificación de cheque, falsificación de instrumento privado, cheque extranjero
Materia: PENAL
Carátula: FOUSSATS, DANIEL. s/ FALSIFICACION - CHEQUE EXTRANJERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

El cheque extranjero, tanto a la luz del decreto-ley 4776, como de la actualmente vigente ley 23.549 sólo puede asimilarse, en caso de falsificación, al documento privado.
Contrato de obra pública, buena fe, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

Sin perjuicio del alcance que se le pueda otorgar a la "provisoriedad" de los certificados parciales de obra, tal carácter provisorio no exime sin más a la cocontratante del deber de proceder a la oportuna y eficaz comunicación de las circunstancias que puedan alterar sustancialmente el contenido de la relación contractual, como consecuencia de la buena fe con que deben conducirse las partes en la ejecución del contrato, y a fin de evitar que recién en la certificación final la Administración resulte sorprendida por planteos que, postulados oportunamente, habrían podido justificar la adopción de la medida más adecuada a las exigencias del interés público, que, por cierto, puede no coincidir con la solución pretendida por su cocontratante.
Privilegios (civil), crédito fiscal, crédito hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Frieboes de Bencich, E.I. s/ incidente de determinación de crédito de O.S.N. y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Aguas Argentinas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

El crédito hipotecario tiene preferencia sobre el fiscal, no obstante a que en el orden previsto por el art. 241 de la ley 24.522 aparezca primero el fisco, por cuanto en la concurrencia resulta aplicable, en razón de su especialidad, el orden del Código Civil en el que el fisco no posee privilegio especial mientras que, por el contrario, la hipoteca sí lo tiene (arts. 3934, 3937, 3788, 3880 del citado ordenamiento) (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Recurso de inaplicabilidad de ley, tasas de interés, convertibilidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-29

La fijación de intereses y sus tasas se trata de una cuestión de hecho reservada al criterio de los jueces de la causa, siendo ello así por lo siguiente: 1) La ley 23.928, llamada de "Convertibilidad del Austral", nada dice sobre la fijación judicial de los intereses;

2) Los decretos 529 y 941 - año 1991, establecen una opción para los jueces, en cuanto a los intereses que podrían fijar y sus tasas, y de ninguna manera una obligación. La tasa bancaria, o la que publique el Banco Central, es una pauta de certeza y comodidad, pero no es obligatoria, pues los jueces pueden y deben considerar no solo los motivos financieros, sino distintos valores en la fijación de las compensaciones del capital mediante la imposición de intereses, a los efectos de establecer una adecuada retribución al crédito del acreedor . (Dr. Acosta: En disidencia).
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, extradición
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Guzmán, Juan Carlos s/ extradición - causa n° 26.397 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

No refuta los motivos de la denegación del recurso ordinario la queja que no demuestra que la decisión que concedió la extradición excluyendo uno de los delitos comprendidos en el fallo condenatorio del tribunal extranjero, incida en el resultado de la extradición o en el cumplimiento de la condena de modo de ocasionar un gravamen actual.
Extinción del contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Garay, Pedro y otros c/ Frigorífico Norte S.R.L. s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-30

La prueba de la existencia cierta de la disminución o falta de trabajo, como la de haberse respetado el orden de antigüedad, se encuentra a cargo del empleador.
Responsabilidad solidaria, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Luis Alberto c/ Cipriano Esteban García S.A. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-25

Si al tiempo de producirse el distracto del actor no era dependiente de la demandada, dado que la misma había arrendado el establecimiento haciéndose cargo la arrendataria de toda la actividad laboral, carece de responsabilidad la primera por obligaciones que pudieran haber surgido con posterioridad a la aludida transferencia.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boyko María Esther c/ Gasti Omar José s/ Incidente de medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La sola existencia del estado matrimonial y la posterior acción de divorcio importan la verificación objetiva del recaudo de verosimilitud del derecho exigido por toda cautelar, pudiendo la peticionante reclamar ésta a efectos de resguardar sus derechos ante la futura disolución de la sociedad conyugal (arts. 233, 1301, 1315, 1295 y concordantes del Código Civil.).- (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, cuestión federal, libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez Vergara, Jorge Edgardo y otro s/ querella por injurias -causa Nº 8627-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

Existe cuestión federal en los términos del inc. 3° del art. 14 de la ley 48, ya que si bien es cierto que se trata de un supuesto de responsabilidad civil y penal, la corte local decidió en forma contraria a las pretensiones del recurrente el planteo constitucional que ha sido materia de litigio, a saber, el alcance inadecuado que se le asignó a la doctrina sentada por el Tribunal en la causa "Campillay" y la consecuente afectación a la libertad de expresión y de prensa.
Daños y perjuicios, indemnización, menores, autorización judicial, autorización para ejercer actos jurídicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ROMERO,  María  Luisa  y otros c/ AYALA, Jorge y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-16

1- Si bien la madre de los menores acreedores de una indemnización por daños y perjuicios es la administradora de los fondos, se debe disponer de ellos bajo el estricto control del juez de la causa con la conformidad del Ministerio Pupilar. 2- Aun cuando las inversiones inmobiliarias efectuadas hayan revalorizado el capital de los menores, esta circunstancia no invalida la obligación de rendir cuentas y los gastos necesarios para el mantenimiento de los menores debe contar con anuencia del Defensor de Menores, máxime si la madre también recibió indemnización, por lo que cuenta con medios necesarios para cumplir su obligación alimentaria. 3- De tal manera si reiteradamente no se efectúan las correspondientes rendiciones de cuentas de las extracciones realizadas, corresponde que la progenitora restituya el dinero retirado de caja de seguridad a nombre de los hijos y rinda cuentas documentadas bajo apercibimiento de nombrar un tutor especial.
Nulidad procesal, denuncia, requerimiento de instrucción, prevención, facultades de la autoridad de prevención, delito de acción pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Pablo S. s/ Causa 4.722
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Es improcedente el pedido de declaración de nulidad de lo actuado, fundado en que la causa fue iniciada por denuncia de una de las víctimas y no por prevención policial, circunstancia que establecería la obligatoriedad del requerimiento fiscal de promoción de la acción. La prevención actuó advertida por un particular, pero en uso de las facultades que le otorga el art. 184 y cctes. del C.P.P., con fines de recolección de prueba y aprehensión de los supuestos autores, siendo éste el verdadero sentido que debe dársele a los términos denuncia y prevención, ya que someter todo un proceso a un rigorismo formal, resulta ajeno al espíritu de la ley y contrario a una adecuada administración de justicia, tendiente al descubrimiento de la verdad real.