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Recurso de inconstitucionalidad, ley vigente, apreciación de la prueba, liquidación judicial, liquidación extrajudicial, desindexación, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Vignatti, José N. c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda ordinaria (Expte.: C.S.J.  Nro. 13 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

No resulta derivación razonada del derecho vigente el pronunciamiento impugnado desde que el a quo termina por negar el derecho que concede la ley 24.283 bajo el soporte de excusas rigoristas. Ello es así, puesto que, si bien es cierto que -como regla- el progreso de una pretensión desindexatoria presupone que el obligado al pago aporte prueba tendente a demostrar, por un lado, cómo y por qué el mecanismo de ajuste del caso se ha tornado numerariamente irrazonable, y por el otro, acreditar el valor real y actual de la cosa o bien, es decir, una noción aproximada del monto que considera justo pagar, también lo es que en el sub examine no se corresponde con las constancias de la causa la conclusión de los sentenciantes acerca de la ausencia de dicho recaudo. En el caso, el a quo juzgó que la falta de actualidad de la información acompañada oportunamente por el ente público impedía el sometimiento del caso a la ley 24.283, soslayando la actividad probatoria desplegada en tal faena por la obligada al pago -producción de diversos tipos de informes y recortes de periódicos- encaminada a acreditar el valor real y actual de la hacienda vacuna según el precio de mercado vigente. Independientemente del mayor o menor grado de convencimiento que pudieran generar esas probanzas, la respuesta de la Alzada es fruto de un estéril rigorismo formal incompatible con un adecuado servicio de justicia, pues exigir la actualización -casi día a día- del desfasaje económico de la pretensión importa poner en cabeza del deudor una carga de imposible cumplimiento, que sólo tiene en miras la frustración del planteo con la consecuente negativa a conocer la materia llevada a su conocimiento.
Daño resarcible, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Di Tullio, Juan c/ HSBC Bank Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

Toda vez que ha quedado demostrado el trato desigual dispensado por la entidad bancaria en perjuicio del demandante durante el desarrollo de la relación, pues éste no sólo se vio damnificado económicamente sino que también fue moralmente agredido porque pese a que le fueron asignadas distintas funciones de supervisión en diversas áreas de trascendencia en la estructura empresaria, el incremento de la responsabilidad no fue nivelado con un cargo acorde a sus funciones. Tal conducta empresarial ha provocado un daño moral en la persona del dependiente y constituye un ilícito extracontractual cuyas consecuencias deben ser resarcidas (art. 522 CC) al margen del pago de las diferencias salariales procedentes. (En el caso se fijó un monto equivalente al 10% de las diferencias salariales e indemnizatorias diferidas a condena).
Prescripción adquisitiva, falta de integración de la litis
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LEAL Gabriela Alejandra c/  s/ Prescripci¢n Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-28

Si no está debidamente integrada la litis no puede dictarse válidamente sentencia por cuanto la misma sería inejecutable porque no podría ser opuesta a los herederos que no han formado parte del proceso litigioso.

Va de suyo que no basta con notificaciones ficticias o supuestas a los herederos sino que es menester cumplir con el ritual de identificar a los herederos y notificar a cada uno de ellos, para no vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa.
Procesos especiales, procesos de conocimiento, ejecuciones especiales, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Servicio Electrónico De Pago c/ Malosetti Susana Graciela y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-03

Procede revocar la resolución que dispuso la reformulación de la liquidación contemplando para ello que el cómputo de los intereses se efectúe desde la mora, suspendiéndose su curso en la época en la que no existió actividad procesal útil. Ello por cuanto, en el caso, no se desprende, de la causa, que se hayan configurado ninguno de los supuestos que, eventualmente, podrían habilitar la suspensión del curso de los intereses durante el período indicado por el juez a quo. En efecto, no obra en el expediente constancia alguna que dé cuenta de que los deudores llevaron a cabo alguna actividad dirigida a satisfacer la obligación a su cargo, ni tampoco surge un obrar evasivo por parte del ejecutante en percibir la acreencia debida pues, peticionó embargo de haberes. Es cierto que en el lapso comprendido entre la traba del embargo y la liquidación se acumularon retenciones por embargo y no se efectuaron retiros parciales que hubieren disminuido la carga de intereses, pero no es menos cierto que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto obligación legal o convencional en contrario (CCCN 869, antes CCIV 742), más allá de que resulte moralizador que el Tribunal, pueda conminarlo aquí a ello, para evitar agravar la situación del deudor.
Declaración de inconstitucionalidad, carácter excepcional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: COCERES, Alfredo Gabriel y otros s/ inf. art. 116 CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

El remedio de la inconstitucionalidad de una disposición legal constituye una solución de carácter excepcional para supuestos de incompatibilidad de una norma con el régimen constitucional, pero no una manera apta para articular discrepancias interpretativas o desacuerdos con el contenido o alcance de las leyes vigentes.-
Concurso real, estafa, tentativa, apropiación de cosa perdida, tarjeta de crédito, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: Chader, Doris M. s/ Apropiación de cosa perdida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Constituye delito de estafa en grado de tentativa en concurso real con apropiación de cosa perdida la acción de la procesada que se adueñó de una tarjeta de crédito perdida e intentó comprar con ella varios productos, no pudiendo consumar el hecho al ser descubierta por uno de los vendedores. Dicha acción no puede considerarse viciada de inidoneidad, toda vez que la procesada, utilizando los mismos medios, logró consumar idénticos ilícitos en casos anteriores.

El hecho de no haber podido la procesada efectivizar la compra con una tarjeta de crédito ajena, no importa tentativa de delito imposible, toda vez que dicha maniobra ya había sido desplegada por aquélla con éxito en otros comercios.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, continuación de la empresa, despido
Materia: LABORAL
Carátula: RIOS DE LOPEZ, MARTA JULIA Y OTROS c/ COMPAÑIA FINANCIERA FLORES SA. SU QUIEBRA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

El personal que continúa trabajando después de la declaración de quiebra en tareas propias de la liquidación tiene derecho a las indemnizaciones por antigüuedad y falta de preaviso. Las remuneraciones e indemnizaciones por el período posterior a la declaración de quiebra son créditos contra el concurso, con los privilegios del artículo 264, inciso 2, LC., que deben ser pagados dentro de los plazos de la LCT. sin necesidad de verificación (conforme artículos 267, LCT. (to. y 188, LC.); las indemnizaciones correspondientes al período anterior a la quiebra deben ser verificadas y abonadas con la moneda concursal con los privilegios de la LCT. y LC.
Responsabilidad de la Municipalidad, accidentes en el deporte, culpa de la víctima, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Eujenio, Marcelo Fernando c/ Automóvil Club Río Gallegos y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-03-19

La municipalidad de Río Gallegos no puede ser responsabilizada por los daños que sufrió un banderillero al ser embestido por un automóvil que se despistó durante una competencia automovilística, es que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Provincial en su art. 150 y por la ley 55, su competencia se limita a la anuencia del espectáculo y control de las condiciones de aseo, conservación e higiénico-sanitarias del predio, sin tenerla en cuanto al control de las condiciones de seguridad.
Socio oculto, quiebra, confusión patrimonial
Materia: COMERCIAL
Carátula: SINDICATURA LE RONDINI S.R.L. c/ BRANCATELLI, CLAUDIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-06

La Cámara argumentó que, si bien la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio no autoriza a sostener la existencia de socios ocultos, el asignado carácter de acto preparatorio o preliminar al Acuerdo de Entendimiento, revela la pretensión del mencionado ocultamiento, ya que en los hechos aquéllos asumieron la administración de la empresa y contrajeron obligaciones de la misma; asimismo, destaca el Tribunal que no sólo se extendió la quiebra en virtud de lo dispuesto por los artículos 34 y 125 de la Ley de Sociedades, sino también por existir confusión patrimonial no escindible del patrimonio de los diversos integrantes de la sociedad, causal que -dice el A quo, con cita doctrinal y jurisprudencial- se aplica objetivamente, puesto que se apoya en el hecho material de la confusión patrimonial activa y pasiva de dos o más sujetos aparentemente independientes entre sí, con independencia de la estructura jurídica de los sujetos involucrados o de si su conducta fue culposa o dolosa, y cuyo presupuesto revelador por excelencia suele ser la acentuada promiscuidad de administración de los bienes de los presuntamente diferenciados titulares. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículos 34 y 125.
Ley sobre riesgos del trabajo, obligaciones de dar sumas de dinero, sucesores
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte Barrios, Rosa c/ Prevención ART SA y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

En el caso "Milone", la Corte no descalificó el sistema de pago de la prestación del art. 14, inc.2 b) de la ley 24557 con carácter general, sino en cuanto impuesto con carácter obligatorio, rigidez que, en casos concretos, podría dar lugar -como en ese caso específico, conforme a las circunstancias personales de la víctima- a la desprotección del sujeto portador de una grave incapacidad. Enfatizó que en el sistema anterior al dictado del decreto 1278/00, el trabajador portador de una incapacidad importante tenía vedada la percepción de una suma de pago único, destinada a "dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador", lo cual podría conducir a resultados opuestos a los objetivos legales. Pero cuando, como en el caso concreto, la viuda del causante, sin hijos, no sólo percibió la prestación de pago único ($50.000) introducida por el decreto 1278/00 sino también una suma equivalente al capital de la renta vitalicia ($180.000) contratada conforme al art. 19 de la ley 24557, por parte de la empleadora, no se advierte la imposibilidad de hacer frente a las conjeturales necesidades o que se haya configurado una situación de desprotección actual derivada del sistema de pago de la prestación sobre la que versa la controversia.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Carlos Enrique s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

El ámbito del art. 29 del C.P. no resulta restringido a los damnificados directos sino que incluye también a terceros, por lo que cabe tener por beneficiario de sus previsiones al presidente de la sociedad perjudicada por el hecho que accionó civilmente en el proceso penal por haber recibido perjuicio patrimonial y personal, aun cuando fuese indirecto.
Dolo, error excusable
Materia: PENAL
Carátula: López Burgos, Casiano s/ Homicidio simple en concurso ideal con lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Producir un daño que "es exactamente igual al buscado" no implica producir el daño buscado. La situación jurídica es decisivamente distinta de aquélla denominada de error in personam, en que con independencia del error sobre la identidad -irrelevante en los términos del art. 34 inc. 1 del C.P. en tanto de todos modos se mata o se hiere a sabiendas a una persona- aparecen todos los elementos del "dolo" en relación al sujeto pasivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, sanción de la ley, publicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez, Delfor Ariel c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Es justo y razonable que no pueda imputarse el incumplimiento de deberes legales a quienes ignoran la existencia de las normas que los imponen, las que sólo se reputan conocidas cuando se hacen públicas oficialmente.
Partidos políticos, intervención partidaria, nulidad absoluta
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista Santiago del Estero s/ incompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Es nula de nulidad absoluta la resolución que dispone la intervención de un distrito partidario, emanada de un órgano que carece manifiestamente de competencia.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Molina, Marcelo Miguel s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La circunstancia de abandonar el automóvil libre de toda persecución, a muy poca distancia del hecho no implica que el delito de robo de automotor no se haya consumado.
Concursos, fuero de atracción, juicio de desalojo
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, EDUARDO P. B. Y PODESTA, JORGE L. SOC. DE HECHO s/ CONCURSO S/ INC. DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Las acciones de desalojo no son alcanzadas por el fuero de atracción del concurso.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pena, sentencia condenatoria, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SELLWOOD, STELLA MARIS TERESITA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

La Corte nacional ha dicho que "la ley exige muy sabiamente para justificar la imposición de pena en las causas criminales que el proceso muestre una prueba tan clara como la luz del mediodía, de manera que 'non venga duda alguna' en el ánimo del Juez acerca de la perpetración del delito y de la persona del delincuente; no concurriendo contra el acusado sino presunciones tan leves como la que queda refutada, no se le puede imponer pena alguna, por lo prescripto en la Ley octava, Título catorce, Partida tercera, que dando la razón de su disposición dice 'Ca las sospechas muchas vegadas non aciertan con la verdad' y además porque es también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno mientras no se le pruebe lo contrario" (se respeta la redacción original).
Donación, prueba, prueba documental, bienes muebles, donación manual
Materia: CIVIL
Carátula: Kominsky, Annie c/ Loza Semprum, Enrique s/ Sucesión testamentaria, s/ fijación de plazo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-07

Fuera de los casos establecidos en el art. 1810 del ordenamiento civil, la norma genérica que regula la prueba de las donaciones es el art. 1813, que establece que tal contrato no se juzgará probado, sino por instrumento público o privado o por confesión judicial del donante, porque el legislador no ha querido que la donación quedase librada a los peligros e inconvenientes de la prueba testimonial.

En el art. 1815 el Código Civil establece una excepción a ese principio general, referida a las cosas muebles o de títulos al portador, cuya donación puede ser hecha sin un acto escrito, por la sola entrega de la cosa o del título el donatario. Respecto de tales derechos y bienes muebles, no es de aplicación el régimen de las donaciones manuales que consagra el art. 1815 y, por el contrario, debe regir el principio general del art. 1813, que impone la prueba instrumental como requisito ineludible para demostrar la existencia de la donación.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Francano de Campana, María A. y otro s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

En la expropiación, a fin de dar primacía al interes público sobre el privado, el legislador estableció un régimen de excepción en materia expropiatoria sobre costas -art. 37 de la ley 5708- con el objeto de evitar reclamos desproporcionados para el resarcimiento de sus intereses; sin embargo la interpretación de esta norma no puede ser mecánica, sino razonada. En este sentido, proyectar sus efectos en segunda instancia, cuando no existe controversia sobre el monto indemnizatorio, podría conducir a un pronunciamiento que se apartara de la teleología del precepto y, a la postre, permitiría la interposición de recursos sin ningún riesgo económico para los recurrentes -en el supuesto de ser rechazados-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, arraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: HOFMAN, Jorge Guillermo c/ GONZALEZ, Luisa s/ CONSIGNACION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Resulta improcedente la excepción de arraigo si, no obstante que la acción se deduce ante un órgano judicial ajeno al domicilio, ésta no es autónoma, sino subordinada a otra, que hace que se mantenga sin alteraciones la relación procesal entre el accionante y el accionado, lo que sucede cuando la demanda es consecuencia de otra anterior.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Márquez, Héctor Fabián s/ Robo Contreras Santibañez, José L. s/ Robo calificado Ojeda, Angel Horacio s/ Robo agravado cometido en poblado y en banda Pisani, Martín Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-18|2000-03-22|2001-02-07|2001-02-07

Habiéndose modificado la calificación legal del hecho no corresponde que la Corte ejerciendo competencia positiva, imponga la pena desde que la decisión sobre el monto de la pena ha de ser consecuencia de la valoración de diversas circunstancias del hecho y características de la personalidad del procesado a cuyo análisis este Tribunal no puede entrar por no haber sido materia del recurso ni ser ello posible desde un punto de vista fáctico, al no haber conducido ni intervenido de ningún otro modo en el proceso. Todo ello está legalmente impuesto por los arts. 40 y 41 -especialmente en el inc.

2 in fine- del Código Penal, y analógicamente por lo normado por el art. 8 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.).
Derecho laboral, accidentes de trabajo, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad extracontractual, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: CORIA, WALTER CARLOS c/ OBRING SA s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA - DEMANDA RESARCITORIA LEY 11025  (CSJ EXPTE N 161-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-11

El establecimiento de tribunales especializados en materia laboral, con tratamiento rápido, establecido en el artículo 20 de la Constitución de la Provincia, está orientado, sin duda, a la protección del trabajador. Esa particular protección no resulta soslayada por las leyes 24028 y la provincial 11025, porque ambas mantienen la posibilidad que la víctima de un accidente de trabajo ocurra ante el juez laboral solicitando se le reconozca su derecho a la indemnización especial que ellas mismas establecen. Ahora bien, si ejercitando la opción que las normas le confieren, el trabajador o sus causahabientes reclaman la indemnización que les corresponde según el derecho civil, ocurre que éstos, voluntariamente, han decidido declinar la mencionada protección para ingresar en el ámbito de la responsabilidad común que prescinde de la condición de trabajador, con la consiguiente substracción del régimen especial.

Este acto voluntario -la opción- está instituido por la ley como una facultad otorgada a la víctima de un accidente laboral o sus causahabientes quienes, por su parte, pueden no ejercerla y someter su pretensión al fuero especial. La opción es producto de la propia conducta discrecional del interesado, lo que impide que se configure el requisito del "agravio", vedando la declaración de inconstitucionalidad.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, recurso de casación, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bellegia, Enrique José y otros s/ causa Nº 85.831.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

El recurso extraordinario interpuesto contra la resolúción que denegó el recurso de casación deducido, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacíón). Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay
Presentación extemporánea, improcedencia del recurso, queja por recurso denegado, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Boudou, Amado c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-07

Sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo, no corresponde hacer lugar a la queja por denegación del recurso de casación contra el rechazo de reposición interpuesta oportunamente contra el auto de admisibilidad de prueba dictado por el presidente del tribunal oral, pues la decisión impugnada no es de aquellas contempladas en el art. 457 CPPN ni la parte logró acreditar cuestión federal alguna. (Dres. Hornos, Borinsky, Gemignani).
Arresto domiciliario, hostigamiento o maltrato, delitos contra la humanidad, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Milani, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

Se encuentra razonablemente sustentada la denegatoria de arresto domiciliario si, con apoyo en los informes periciales obrantes en el expediente, los magistrados evaluaron y dieron las razones para entender que la hipótesis -el alegado deterioro de salud que afectaría al encartado a raíz del invocado hostigamiento sufrido en el ámbito carcelario- no se adecúa a ninguno de los supuestos previstos en el art. 32 de la ley 24.660 -puntalmente incs. a) y c)-, a la luz de los parámetros definidos por la Corte Suprema en la materia y, teniendo en cuenta que los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. A la luz de las recomendaciones esgrimidas por los profesionales de la salud y las consideraciones delineadas por la defensa y el imputado en la audiencia, se impone ordenar que el encartado sea alojado en otro Módulo o Complejo Carcelario a fin de hacer cesar -de forma inmediata- cualquier posible episodio de hostigamiento sobre su persona, debiéndose impedir que comparta espacios comunes con otros detenidos imputados por crímenes de lesa humanidad y teniendo en consideración también, las patologías que padece y la proximidad con su grupo familiar, de modo de resguardar su integridad física y psíquica. Pesa sobre el juez que tiene a su disposición al detenido, garantizar el resguardo de sus derechos y adoptar las medidas actuales y futuras que la hipótesis exige (art. 18 CN, art. 12 PIDESyC, arts. 22.2, 25, 45.2 y 62 de las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas", principio 1 de los "Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"). Dres. Ledesma, Slokar, Hornos.