Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-07-28


Salta, 28 de julio de 2016.	(Tomo 206:643/662)Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C CARABAJAL, GUSTAVO GABRIEL; FERNÁNDEZ, KEVIN ANTONIO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 38.054/15), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Guillermo Alberto Posadas y Ernesto R. Samsón, dijeron:	1º) Que a fs. 88/108 vta. los Dres. Pedro Oscar García Castiella y Pablo del Pino, ejerciendo la asistencia técnica de Kevin A. Fernández y Gustavo Gabriel Carabajal, interponen recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Sala II del Tribunal de Impugnación, de fs. 78/82 vta., que resuelve tener por interpuesto como recurso apelativo la presentación de fs. 1/20, y no hacer lugar a éste ni al recurso de inconstitucionalidad presentado y confirmar los puntos I y III del auto resolutivo de fs. 39/40.	2º) Que los recurrentes se agravian, en primer lugar, por entender que la reconducción del recurso de casación en recurso de apelación hecha por el tribunal quebranta el art. 39, inc. a) del C.P.P., que exige la actuación de un tribunal colegiado para la resolución del recurso de casación. En consecuencia, entienden que el magistrado que resolvió incurrió en el vicio de la incompetencia. Aducen que el hecho de que se haya modificado con el Código Procesal Penal el tribunal competente no implica que se haya modificado también el contenido del recurso de casación y sus procedimientos específicos.	Señalan que la sentencia que ponen en crisis consolida el criterio de que el pedido del beneficio de suspensión de juicio a prueba fue presentado extemporáneamente y sostienen que el "a quo" cayó en un error aritmético cuando computó el plazo toda vez que, a su entender, la defensa hizo la propuesta ante el fiscal en tiempo hábil, dentro de los veinte días utilizados como prórroga y el fallo consigna que el plazo venció el 14 de octubre de 2014 cuando en realidad entienden que vencía el 21 de octubre de ese año.	Agregan que en el caso está ausente la bilateralidad y dicen que el fiscal pulverizó la posibilidad de acuerdo, provocando su extemporaneidad al requerir el juicio. Resaltan que la legislación manda buscar un acuerdo en un plazo extremadamente acotado e imprevisible -hasta que el fiscal disponga solicitar el juicio-. En consecuencia, estiman que se quebranta el principio de igualdad de armas ya que los términos que corren para la fiscalía resultan ordenatorios mientras que los de la defensa son perentorios.	Aducen que como consecuencia del rechazo por extemporaneidad se ha omitido toda consideración a la cuestión de fondo y procedencia del beneficio. Entienden que la aplicación analógica del plazo contemplado para el procedimiento ordinario de la I.P.P. se hace con un excesivo formalismo y desmedido rigor, olvidando cuál es la finalidad del instituto de la "probation".	Sostienen que los arts. 425 y 278 del C.P.P. son inconstitucionales, tanto por la modalidad del trámite que establecen, cuanto por la indeterminación del plazo y que el "a quo" no se pronunció respecto de este planteo, adoleciendo la sentencia de falta de motivación. Afirman que por un lado, se impone la inconstitucionalidad en orden a la modalidad de condicionamiento al acuerdo previo con el fiscal y que por otro lado, la inconstitucionalidad se materializa respecto del término con el que pretende limitarse temporalmente la solicitud del beneficio -el que consideran indeterminado- ya que se condiciona al requerimiento de juicio, acto que está en manos del fiscal y que puede producirse en diferentes momentos.	Afirman que la modificación introducida por la Ley 7799 ha apuntado solamente al art. 425 y nada dijo respecto del Procedimiento Sumarísimo, que interpretar lo contrario constituye un exceso y una desmesura constitucional y convencional, toda vez que el instituto en cuestión se rige por el art. 76 bis del Código Penal, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales que aún conservan su vigencia.	En consecuencia, afirman que la sentencia resulta arbitraria por su falta de motivación y razonabilidad en la formación de la convicción.	3º) Que en su dictamen de fs. 152/154, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1, por las razones allí expuestas, se pronuncia por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido por la defensa técnica de los acusados.	4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, previo a expedirse sobre los motivos invocados por los recurrentes, incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (arts. 554 y 544 del C.P.P.).__________________________________________________________	A ese respecto, se observa que ha sido presentado en término (art. 217 del C.P.P.) y por parte legitimada (v. fs. 83 y vta. y 108 vta.) y además, la resolución resulta objetivamente impugnable. Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.	5º) Que el tribunal "a quo" compartió el dictamen fiscal de fs. 68/69 y en consecuencia entendió a fs. 78/82 vta., que la vía impugnativa intentada por la defensa -casación- y concedida por la Sra. Juez de Garantías no resultaba la adecuada y ello en razón de que la resolución jurisdiccional que rechaza por extemporáneo el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por los acusados Gustavo Gabriel Carabajal y Kevin Antonio Fernández se produce estando aún en trámite el proceso sumarísimo llevado a cabo con intervención de la Sra. Juez de Garantías de Séptima Nominación, en un estadio procesal no superado hacia la instancia plenaria.	En efecto, el recurso de apelación procede -conforme lo dispuesto por el art. 534 del C.P.P.- contra las decisiones del Juez de Garantías y del Juez de Ejecución que expresamente se declaren apelables o que causen un gravamen irreparable; este último, principal agravio de la defensa en su planteo casatorio.	Por su parte, el art. 39, primer párrafo del C.P.P. expresamente dispone que los miembros del Tribunal de Impugnación actuarán unipersonalmente en el conocimiento y decisión de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Garantías, de Detenidos y de Ejecución, por lo que, la reconvención del recurso dispuesta en autos y su resolución lo fue conforme a derecho.	6º) Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4º inc. c) de la Ley 7797, en función del art. 554 del C.P.P. (Ley 7690 y modificatorias), contra las resoluciones del Tribunal de Impugnación que deciden un recurso de apelación sólo corresponde el recurso de inconstitucionalidad (cfr. esta Corte, Tomo 194:407).	En virtud de la competencia recursiva de esta Corte (art. 153 ap. III inc. b) en materia penal, le compete conocer y decidir del recurso de inconstitucionalidad, regulado por los arts. 555 y cc. del C.P.P. (Ley 7690 y modificatorias), así como la queja por su denegación, siempre que concurran los requisitos exigidos para ello, esto es, que se interponga el recurso de inconstitucionalidad contra las resoluciones del Tribunal de Impugnación, si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones de los recurrentes o cuando la sentencia fuere arbitraria, siendo este último el supuesto invocado por los recurrentes.	En materia penal, el recurso de inconstitucionalidad local es el medio para impugnar sentencias u otros pronunciamientos jurisdiccionales con carácter de definitivos dictados por el tribunal de juicio, invocando un motivo especialísimo de derecho consistente en una cuestión de inconstitucionalidad (cfr. Clariá Olmedo, "Tratado de derecho procesal penal", Ed. Ediar, Bs. As., 1966, Tomo V, pág. 529; cfr. esta Corte, Tomo 162:1061, entre o-tros).	7º) Que habiéndose dispuesto la sujeción del presente a las normas que rigen el procedimiento sumarísimo y encontrándose debidamente notificada la defensa, corresponde la aplicación del art. 276 del C.P.P. en cuanto dispone que la investigación sumaria deberá completarse en un término no mayor de veinte (20) días desde la aprehensión o comparecencia. En consecuencia, cumplido el mismo, el fiscal actuante deberá formular el requerimiento de remisión a juicio.	Por su parte, el art. 164 del C.P.P. establece que "los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de la investigación penal preparatoria.", lo que, conjugado con el art. 276 citado en el párrafo precedente, lleva a concluir que el plazo de la I.P.P. en el proceso sumarísimo es de veinte (20) días corridos.	De las constancias de autos surge que la audiencia de imputación se encuentra fechada el 23 de septiembre de 2014, en consecuencia y conforme a las normas citadas precedentemente, el plazo legal dispuesto para la I.P.P. venció en fecha 14 de octubre de 2014 y la solicitud de aplicación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba fue presentada, conforme cargo que obra a fs. 114 vta. del Expte. GAR Nº 117.990/14, el 20 de octubre del mismo año, vale decir, vencido ya el plazo para ello.	8º) Que en relación a la inconstitucionalidad de los arts. 425 y 278 planteada por la defensa, esta Corte ha declarado por voto mayoritario la inconstitucionalidad del art. 425 del C.P.P., basada sólo en el entendimiento que condicionar el inicio del trámite de la suspensión del juicio a prueba o su formulación a un acuerdo previo con el fiscal, formalizado en un acta, quebranta el derecho de acceder a la justicia y de solicitar el beneficio aludido conforme lo regula el art. 76 bis del Código Penal, en tanto, de no prestar el fiscal su consentimiento la petición nunca podrá llegar al juez, quien debe resolver en definitiva su procedencia o no (Tomo 199:863).	Por su parte, el art. 278 del C.P.P., modificado por Ley 7799, remite en cuanto al juicio abreviado y suspensión del juicio a prueba a los arts. 425 y 513 del mismo cuerpo legal. El art. 425, que fija el acuerdo de partes y el plazo para la presentación de la solicitud de aplicación del beneficio, fue declarado inconstitucional por la invalidez del acuerdo imputado-fiscal, y sólo con el alcance fijado en el Tomo 199:863, por lo que lo relativo al plazo se encuentra en plena vigencia y en un todo conforme a derecho.	Dicho esto, corresponde precisar que el plazo para la solicitud del beneficio de la suspensión del juicio a prueba está plenamente definido, se extiende desde la audiencia de imputación hasta la formalización del requerimiento de juicio, vale decir, hasta tanto el Juez de Garantías que interviene en el proceso se notifica de este acto (art. 276 C.P.P.).	En consecuencia, el requerimiento debe formalizarse tras la investigación que, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal en la citada norma debe realizarse en el término de 20 días con la posibilidad de extenderse durante 10 días más, cuando el Fiscal así lo solicite. En consecuencia, existe un plazo marcado por la ley que se agota una vez transcurridos los días establecidos sin considerar, a los fines del plazo, la anticipación fiscal al solicitar el requerimiento de juicio.	9º) Que conforme lo dicho en párrafos precedentes, el plazo establecido legalmente para concretar el pedido de suspensión del juicio a prueba no quebranta garantía constitucional alguna, toda vez que el plazo se encuentra perfectamente definido y el imputado conoce desde que es llamado a declarar que cuenta con esa posibilidad, conforme lo normado por el art. 88 del C.P.P.	10) Que la doctrina de la arbitrariedad requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.	Por sentencia arbitraria se entiende aquella que es insostenible, o irregular, o anómala, o carente de fundamentos suficientes para sostenerla, o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan solo en la voluntad de los jueces que la suscriben (cfr. Carrió, Genaro - Carrió, Alejandro, "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1983, pág. 25).

En ese orden de ideas, esta Corte ha señalado que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 116:441; 120:157, entre otros).	Lo expresado conduce a sostener que la sentencia que se controvierte por inconstitucionalidad no conlleva en sí alguna causal de arbitrariedad que permita proveer a su descalificación como acto jurisdiccional válido, pues no existe en ella, dentro de las constancias de la causa, vulneración al derecho de defensa o al debido proceso.	11) Que en definitiva, considerando que la sentencia satisface las exigencias de todo fallo válido producido dentro del marco de la legalidad y razonabilidad de sus fundamentos, lo que excluye la causal de arbitrariedad que pudiera descalificarlo, y habiéndose verificado que no aparecen indicios de que se hubieran vulnerado garantías o derechos que merezcan tutela constitucional, debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad deducido.	El Dr. Abel Cornejo, dijo:	Toda vez que las actuaciones hoy traídas a examen se originan como consecuencia de que en el Expte. Nº CJS 37.797/15 por mayoría de votos se hiciere lugar a la queja interpuesta oportunamente por la defensa técnica (ver fs. 115/122), cuya copia obra agregada a fs. 130/137 de los presentes autos y de conformidad al criterio allí expuesto por el suscripto en el sentido de que esta Corte resulta incompetente para entender en esta causa y con el fin de mantener dicho criterio y no incurrir en futuras nulidades, me remito por razones de brevedad a los argumentos allí señalados.

Los Dres. Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman, dijeron:	1º) Que esta Corte por mayoría de votos, conforme copia de la resolución del expediente de queja que rola a fs. 130/137, declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad presentado a fs. 88/108 vta. por los defensores de Gustavo Gabriel Carabajal y Kevin Antonio Fernández, contra el fallo de la Sala II de la Cámara de Acusación de fs. 78/82 vta., que decidiera tener como recurso apelativo la vía interpuesta y no hacer lugar a los recursos de apelación e inconstitucionalidad deducidos.	Los Dres. Pedro Oscar García Castiela y Pablo Del Pino se agravian en primer término de la reconducción dispuesta, entendiendo que en los términos del art. 39 inc a del C.P.P. correspondía tramitar como casación la vía impetrada, y en consecuencia debía actuar la cámara como tribunal colegiado, resultando incompetente el juez que resolvió el recurso de manera unipersonal. Explican que el hecho de haber modificado el tribunal competente con el nuevo código no implica la variación del contenido del recurso de casación.	Señalan a continuación, que se consolidó el error aritmético en que incurrió la Sra. juez de garantías al declarar extemporáneo el pedido de suspensión del juicio a prueba, dado que esa parte lo concretó dentro de los 20 días hábiles utilizados por el fiscal como prórroga, cuando en realidad ese plazo vencía el 21 de octubre de 2014. Critican la interpretación por analogía con el art. 425 previsto para la I.P.P., que se hace respecto del momento hasta el cual puede solicitarse el beneficio, es decir hasta que el fiscal formaliza el requerimiento de juicio, porque ello se desentiende del hecho de que la reforma a tal artículo solo modificaba el referido a la I.P.P. y no al proceso sumarísimo, y porque ello quebranta la igualdad de armas y la bilateralidad, desde que manda buscar un acuerdo en un plazo extremadamente acotado e imprevisible. Asimismo destacan el excesivo rigor que inapropiadamente se utiliza para aplicar el instituto de la "probation", incompatible con sus fines.	Finalmente mantienen la postura de que los arts. 425 y 278 del C.P.P. resultan inconstitucionales por la modalidad de su trámite como por la indeterminación de los plazos, que quedan en manos del fiscal, respecto de lo cual estiman que el Tribunal de Impugnación no se pronunció.	Por todo ello, ponderan que la sentencia impugnada deviene arbitraria por falta de motivación y razonabilidad en la formación de convicción.	2º) Que al declararse formalmente admisible el recurso se otorgó a los impugnantes y al representante del Ministerio Público Fiscal, la intervención que prescribe la normativa procesal, por lo que los autos se encuentran en estado de resolver.	3º) Que en su dictamen de fs. 152/154, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1, por las razones allí expresadas, se pronuncia por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa técnica de los acusados.	4º) Que de manera sintética los cuestionamientos que la defensa propone, consisten en sostener, en primer lugar, la inconstitucionalidad por arbitrariedad de la sentencia impugnada, reiterando los argumentos relativos a la indebida reconducción del recurso como apelación, al error aritmético en el cómputo de los plazos para solicitar la suspensión del juicio a prueba y al excesivo rigor consistente en aplicar el término ordinario para pedir el beneficio durante la I.P.P. al proceso sumarísimo. En segundo lugar, continúan postulando la inconstitucionalidad de los arts. 425 y 278 del C.P.P., por contemplar la norma la necesidad de un acuerdo previo con el fiscal, cuando resulta ser un derecho del imputado el solicitarlo ante el juez, conforme el art. 76 bis del Código de fondo; y por la indeterminación del plazo, desde que la norma procesal lo hace depender únicamente de la actuación discrecional del fiscal con la formalización del requerimiento de remisión a juicio.	5º) Que constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN Fallos, 295:335; 318:63, entre otros), extremo que no se satisface con la simple alegación de que en el fallo cuestionado existe arbitrariedad, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia, con lo que los agravios expuestos por el recurrente no han logrado delinear claramente y con precisión la existencia de arbitrariedad ni han demostrado que el fallo impugnado hubiera incurrido en quebranto alguno en contra de las garantías del imputado (esta Corte, Tomo 181:783, entre otros).

La correcta deducción de un recurso extraordinario exige que el impugnante demuestre la inconsistencia de las razones expuestas en el fallo que pretende objetar (cfr. CSJN, Fallos, 305:853), lo que en el caso no se ha cumplido ya que se trata de la mera reiteración de lo ya debatido y resuelto con adecuados fundamentos de derecho.	En autos no se advierte que el tribunal "a quo" haya dado razones vacías de contenido o fuera de los límites de las garantías que brindan la Constitución y los tratados internacionales, que permitan suponer un déficit argumentativo en su decisión y con ello una resolución arbitraria, conforme se expone a continuación. En rigor, se observa que los argumentos del recurrente sólo consisten en una mera discrepancia con la interpretación de normas procesales aplicables realizadas por el Tribunal de Impugnación y no rebatidas adecuadamente.	Así, en lo atinente al cuestionamiento sobre la reconversión del recurso articulado, cabe recordar que el Código Procesal Penal y su correspondiente Ley Orgánica -7716- han definido la segunda instancia que consagran normas de jerarquía constitucional (arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), mediante dos vías impugnativas ordinarias -que versan sobre cuestiones de hecho y derecho- a cargo de un nuevo órgano jurisdiccional -Tribunal de Impugnación- que, sin afectar la naturaleza de los recursos, resuelve en forma unipersonal o colegiada. Así, la apelación y la casación se establecen de modo imperativo y de manera progresiva en el proceso; la primera puede interponerse contra resoluciones de la etapa preparatoria, reservando la segunda a la sentencia y los autos dictados en etapa de juicio que causen gravamen irreparable (arts. 534, 539 y cc. del C.P.P.). A su vez, contra las resoluciones de aquel órgano de segunda instancia -tanto las de competencia apelativa como casatoria- sólo procede el recurso de inconstitucionalidad, es decir, ahora existe otra instancia en el orden local que, como tal, es de carácter extraordinario y de competencia de esta Corte (cfr. Tomo 198:1093).	Descrito el panorama recursivo, y habiendo modificado la reforma de la Ley 7799 el plazo para solicitar la suspensión del juicio a prueba (art. 425 del C.P.P.), el trámite se cumple ahora ante el Juez de Garantías, que entiende como juez de control en la etapa de la I.P.P. y en la investigación sumaria en el proceso sumarísimo (toda etapas preparatorias), y por ende la decisión al respecto es susceptible del recurso de apelación (art. 534 del C.P.P.). Independientemente de que el tribunal "ad quem" actúe ahora de manera unipersonal en la resolución de estos casos, ese cambio de clase de vía impugnativa lejos está de implicar una disminución para las partes de sus facultades recursivas y de posibilidades defensivas, sobre todo si se tiene en cuenta la amplitud del recurso apelativo, que comprende tanto la revisión de cuestiones de hecho como de derecho.	6º) Que igual rechazo corresponde en relación a un posible error en el cómputo de los plazos, en virtud de tratarse la investigación sumaria que prevé el art. 276 de actos instructorios, donde los términos de la actividad del fiscal a cargo de esa investigación se cuentan en días corridos, conforme el art. 174 del C.P.P., que determina que todos los días son hábiles respecto del trámite de la investigación penal preparatoria. Tampoco es adecuado a derecho sostener que la reforma sobre el procedimiento del instituto de la suspensión del juicio a prueba que contemplara la Ley 7799, modificatoria del C.P.P., sólo afectó a la I.P.P. común y por ende que devenga de un excesivo rigor aplicar sus normas (art. 425) al procedimiento sumarísimo. Sucede que la propia ley ratifica la vigencia de ese sistema para este último proceso, ya que el art. 278 expresamente dispone que "Cuando el Fiscal y el imputado y su Defensor hubieran acordado la aplicación de la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado, la Fiscalía remitirá los antecedentes al Juzgado de Garantías o al Tribunal de Juicio para que fije audiencia en la que dictará pronunciamiento con arreglo a lo establecido por los artículos 425 y 513".	7º) Que habiéndose recibido audiencia de imputación el día 23 de setiembre de 2014, el plazo legal venció cuando el fiscal presentó ante el Juez de Garantías de Séptima Nominación el requerimiento de juicio (ver fs. 76 vta. del Expte. GAR 117.990/14). Ello además ocurrió dentro del plazo previsto para la investigación sumaria (art. 278), que vencía el 14 de octubre de ese año, por lo que mal puede hablarse de que se concretó en un plazo de prórroga (tácita) de esa investigación. Es decir que a todas luces la presentación del pedido de suspensión del juicio a prueba ante el Fiscal de fecha 20 de octubre (fs. 114 vta. del mismo expediente), devino manifiestamente extemporánea, tal como lo acertadamente lo sostuvieron en sus decisiones la Sra. Juez de Garantías y el Magistrado de la Sala II del Tribunal de Impugnación.	Es decir que no se avizora que las réplicas de la defensa fueran lo suficientemente serias para sostener que en su resolución el juez "a quo" omitiera evaluar constancias de la causa o que efectuara una interpretación irrazonable de la normativa aplicable, que impliquen calificar a aquélla como una sentencia arbitraria en los términos del art. 554 del C.P.P. por contener defectos graves que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido.	8º) Que el segundo aspecto de los planteos consiste en postular la inconstitucionalidad de las propias normas procesales que regulan la materia. Sostiene el recurrente que la reforma de la Ley 7799 sobre los arts. 425 y 278 del C.P.P., por un lado, impone la necesidad de formular el imputado de forma previa un acuerdo previo con el fiscal cuando solicita el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, privándolo del derecho que tiene de hacerlo ante la autoridad jurisdiccional conforme el art. 76 bis del C.P.; y por el otro, fija un plazo para pedirla - hasta la formalización del requerimiento de juicio- que resulta ser indeterminado porque depende exclusivamente de la discrecionalidad del Fiscal.	9º) Que en lo que atañe a la necesidad de un acuerdo previo con el fiscal, esta Corte, en el precedente registrado en Tomo 199:863 y por voto mayoritario, ha declarado la inconstitucionalidad del art. 28 de la Ley 7799, que modificara el art. 425 del C.P.P., pero, en los términos de dicho fallo, continúa vigente la norma respecto de otros aspectos de la regulación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, entre ellos del plazo para solicitar el beneficio.	10) Que cabe recordar que el más alto Tribunal Nacional, ha señalado que: "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable" (CSJN, Fallos: 226:688; 242:73; 300:241, entre otros). Por otra parte, esa misma Corte ha sostenido que debe demostrarse "de qué manera la disposición contraría la Constitución Nacional" (Fallos, 253:362; 257:127; 308:1631; entre otros).	La defensa aduce que existe una indefinición del plazo para solicitar el acogimiento al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, lo que afecta el efectivo ejercicio de los derechos que la ley acuerda al imputado. Cabe señalar que la delimitación temporal para el ejercicio de ciertas facultades y derechos fijando como límite la formalización o concreción del requerimiento de juicio por parte del titular de la acción penal, resulta un tope o mojón temporal común en el actual Código de Procedimientos, por el efecto que tiene este acto de producir el cierre de una etapa en el proceso, de impulsar el mismo y por tratarse de la tarea central de la actividad instructoria a cargo del fiscal en el sistema acusatorio. Ejemplo de ello resultan ser los arts. 108, 118, 234, 236 y 279 del C.P.P., y por lo demás, también está prevista en el ámbito del derecho penal material como una causal de suspensión de la prescripción de la acción (art. 67 inc. "c" del C.P.).	Las leyes sólo resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a la finalidad que se proponen, o cuando consagran una manifiesta iniquidad (CSJN, Fallos 299:428). En esa inteligencia, es evidente que la existencia de plazos para el ejercicio válido de ciertos derechos dispuesta por el legislador con el objetivo de poner orden y otorgar progresividad al proceso, no puede por sí misma significar una exclusión de esos mismos derechos, sobre todo si se ha fijado un término inicial a partir del cual la parte tiene pleno conocimiento de la posibilidad de llevar a la práctica esas facultades o salidas alternativas, siendo razonable que el ejercicio de las mismas pase a depender de su propio interés, iniciativa y diligencia, sin necesidad de esperar a que el fiscal tome alguna decisión sobre la tarea investigativa a su cargo y que así ponga fin a la etapa procesal.	Tampoco encuentra justificación la restricción de derechos constitucionales aducida en la abreviación de tiempos prevista para el proceso sumarísimo regulado en los arts. 271 a 279 del C.P.P., conllevando ello únicamente la necesidad de extremar la celeridad y diligencia de las partes. Téngase en cuenta que, a pesar de esa circunstancia de plazos muy cortos, la normativa contempla que el imputado pueda acceder en el proceso sumarísimo a la suspensión del juicio a prueba o al juicio abreviado, y los demás interesados pedir constituirse en actor civil y/o querellante (art. 278 y 279).	11) Que por lo expuesto y los fundamentos desarrollados en las demás instancias, es que deben rechazarse los pretendidos argumentos constitucionales contra la normativa cuestionada, tratándose de una oposición forzada, motivada en un criterio personal y abstracto del que recurre.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	_______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	______________________________RESUELVE:	I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 88/108 vta.	II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.	(Fdo.: Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano-Presidente-, Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).