Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30


AUTOS: "ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E. Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ACCION DE AMPARO" BUENOS AIRES, 30 DE JUNIO DE 2000.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Para resolver los recursos de apelación que han sido interpuestos, la Dra. GRACIELA A. GONZALEZ dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la sentencia recaída en la anterior instancia mediante la cual se declarara la prohibición de innovar sobre las remuneraciones correspondientes al mes de junio del 2000, a favor de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación personal y territorial de la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires ( U.T.P.B.A.), de la Asociación de Personal Aeronáutico (A.P.A.), de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Administración General de Puertos ( A.P.D.F.A) que se desempeñen en el sector público descripto por los incs. a) y b) de la ley 24156, por el art. 1º del Decreto 430/2000 y por el decreto 461/2000 y cuyas relaciones con el Estado Nacional se encuentren regidas por un convenio colectivo, tanto en el marco de la ley 14250 y/o por la L.C.T. a fin de que sus remuneraciones se liquiden de conformidad con las pautas vigentes con anterioridad a la sanción de éste último decreto.

Como punto esencial corresponde dilucidar el planteo efectuado en orden a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones y al respecto considero que, el cuestionamiento debe ser analizado en el marco que otorga el encuadramiento procesal que fuera impreso a la presente causa, a la que se decidió aplicar las disposiciones normativas de la ley de amparo.

En tal contexto, debe ponerse de relieve que el art. 16 de la ley 16986 impone que, en el proceso de amparo, no pueden articularse cuestiones de competencia, postura que ésta Sala ha reiterado en sucesivos pronunciamientos.

En consecuencia, no resulta de aplicación el precedente del registro de éste Tribunal citado por la recurrente en apoyo de su tesis, en tanto se refiere a cuestiones ajenas al procedimiento declarado aplicable a las presentes actuaciones.

Asimismo y tal como pusiera de resalto el Sr. Fiscal General en su dictamen obrante a fs.239/243, cuyos fundamentos comparto en lo esencial, no puede encuadrarse la cuestión planteada dentro de las resoluciones apelables en la sistemática de la ley 16.986, que circunscribe la vía de revisión ordinaria a tres hipótesis, que no se configuran en la especie.

En lo que atañe a la condición de los sujetos demandantes y sus facultades para formular los planteos que efectúan, debe ponderarse que el art. 31 inc. a) de la ley 23551, expresamente reconoce capacidad a las asociaciones sindicales con personería gremial para defender y representar ante el Estado "los intereses individuales y colectivos de los trabajadores", y resulta evidente que esa habilitación autoriza a los presentantes - como lo sostuviera ésta Sala en los autos caratulados "Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina A.T.I.L.R.A. c/ Estado Nacional- Poder Ejecutivo de la Nación s/ Acción de Amparo " sentencia Nº 79.324 del 23 de agosto de l996 -, a adoptar todas las conductas y comportamientos inherentes a la defensa de los derechos de sus representados. En el sub-examen la preservación de los niveles remuneratorios que alcanzan a cada categoría y calificación profesional, especificada al reclamar, lo cual inequívocamente resulta revelador de que su actuación no es el resultado de la sumatoria de cada uno de los intereses afectados, sino que evidencia un elemento cualitativo que abarca a sujetos determinables, sin su individualización, extremo que configuraría el presupuesto para reconocer la invocación de las entidades sindicales promotoras de la acción, ya que ésta no se limitaría a un aspecto singularizado de uno o más trabajadores que tornare operativo el recaudo impuesto por el art.22 del decreto 467/88, que más allá de su discutible legalidad, sólo comprendería aquellas situaciones que únicamente involucran intereses individuales, y de ninguna manera limitaría el rol amplio de tutela que la ley 23.551 les confiere a las asociaciones sindicales con personería gremial.

En consecuencia, y compartiendo lo expuesto al respecto por el Fiscal General, quien cita antecedentes de las distintas Salas del Tribunal en el sentido del reconocimiento de la amplitud de facultades que en tal orden de ideas confiere la norma constitucional que receptara el amparo como derecho inalienable de toda persona a interponer una acción expedita y rápida para obtener la tutela judicial, lo cual desautoriza toda interpretación restrictiva que tienda a esterilizar a aquella actuación en defensa de derechos de los trabajadores, cuando ello ha sido consagrado como función específica de las asociaciones profesionales que los nuclean.

Desestimados los reparos formales, en cuanto a la competencia y a la legitimación de los demandantes, cabe proceder a examinar la medida cautelar decretada en orden a los argumentos que a ese respecto esgrime la apelante y en el marco de las previsiones legales que contemplan su procedencia (art. 230 C.P.C.C.N.).

En lo que hace a la verosimilitud del derecho, cabría puntualizar que la recurrente insiste en que el decreto 430/00 involucra el ejercicio simultáneo de las competencias conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por el inc. 1º y 3º del art. 99 de la Constitución Nacional, pero lo cierto es que del enunciado del art. 1º del decreto analizado, sin ninguna discriminación, se proyecta la reducción de las retribuciones de todos los sectores que allí se enuncian, y por el art. 10º, de manera expresa y también sin salvedades, se da cuenta al Congreso de la Nación de lo dispuesto en la norma a los efectos del inc. 3º del art. 99 de la Constitución Nacional, lo que revelaría que se lo ha considerado como un decreto de necesidad y urgencia en su totalidad.

Con tal premisa, corresponde remarcar que la facultad del dictado de decretos de necesidad y urgencia ha sido receptada por la reforma constitucional del año l994, en el marco del principio general de división de poderes, y en la tesis de que el Poder Ejecutivo no puede ni debe ejercer funciones legislativas, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, salvo de que las circunstancias excepcionales tornaren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, cobrando relevancia la prohibición referida a que dicha metodología se adopte en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos, a lo que debe añadirse que su promulgación se encuentra condicionada a un procedimiento de control que se impusiera en cabeza del Congreso Nacional.( Comisión Bicameral Permanente conf. Art.99 C.N.).

Dicha intervención que se ha interpretado no resulta vinculante, no exime a la metodología prevista de encontrarse la disposición subsumida en las normas constitucionales generales, y que en el caso en análisis presupone la intervención legislativa, en tanto el art. 82 de la C.N. contiene una norma que debe reputarse general y aplicable para todos los casos, conforme a la cual la voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente, agregando el dispositivo para disipar cualquier duda al respecto que " se excluye en todos los casos, la sanción tácita o ficta." ( conf. Bidart Campos, Tratado de Derecho Constitucional Argentino, La Reforma Constitucional de l994, Tomo IV, pag.431 edic. 1995).

No obstante debe ponerse énfasis en que " En la sanción de las leyes, es un caso de excepción absolutamente delimitada, no se trata de una excepción genérica sujeta a interpretaciones libres como ocurre hasta el momento, sino claramente especificadas..." (conf. intervención del convencional constituyente M. A. Ortiz Pellegrini en Obra de la Convención Nacional Constituyente l994, tomo IV pag.3216).

Consecuentemente, la excepcionalidad del ejercicio de esa potestad impropia de la función originaria, sometida a requisitos específicos, de causa y de medio, así como la eventual precariedad incita de su virtualidad condicionada a un acto posterior convalidatorio, crean en los afectados por el acto esa apariencia mínima de derecho, pero objetivable para satisfacer la exigencia legal del humo de buen derecho, con que la doctrina y la jurisprudencia caracterizara el inc. a) del art. 230 del CPCCN.

Tal apreciación de ningún modo abre juicio sobre el requerido control de constitucionalidad involucrado al promover la pretensión, dado que ello importaría adentrarse en el fondo del debate y tal objetivo excede el estado del proceso, ceñido exclusivamente a la revisión de la medida cautelar dictada.

Tampoco mejora la situación de la apelante la innovación de precedentes judiciales acuñados con sustento exclusivo en el derecho administrativo y aplicables al régimen de la función pública, en su enfoque tradicional, en la medida que los demandantes invocan la existencia de convenios colectivos que le son aplicables y en consecuencia el rol de empleador y sus potestades deben ajustarse a las pautas propias del derecho del trabajo.

Respecto de la calificación de la medida adoptada, cuya caracterización y alcances objeta la apelante,importando su reparo la ausencia de valoración del otro requisito exigido en la ley del peligro en la demora y el daño irreparable, soslaya la incidencia de la reducción impuesta a ingresos que invisten carácter alimentario y que en el marco del desarrollo de quienes los perciben, en el contexto socioeconómico en que se desenvuelven, la variación de los mismos en forma sobreviniente y sin aviso, produce un impacto de distinta magnitud según las circunstancias personales, que no podría ser conjurado con la eventual restauración posterior patrimonial, ya que ello no evitaría las penurias y el tránsito de situaciones aflictivas de ninguna manera compensables a través de una reparación económica.

En el ámbito de la medida cautelar dispuesta en el decisorio de anterior grado, debe concluirse, como se adelantara, que prima facie se advierten satisfechos los presupuestos legales para su habilitación, con los alcances y límites que se establecieran, por lo que propiciaré la confirmatoria del fallo de anterior grado, en todo cuanto fuere materia de recurso y agravios por la parte demandada, con costas en el orden causado, atento las particularidades de la cuestión debatida (art. 68 CPCCN).

El Dr. Jorge Guillermo Bermúdez dijo: Adhiero al voto precedente por compartir los fundamentos expuestos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fuera materia de agravios. 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí: