Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15


KOPP, Eldo contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 411-414.

Santa Fe, 15 de diciembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29.8.2002 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, en autos "KOPP, Eldo contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Ordinario- (Expte. 236/98)" (Expte. C.S.J. nro. 199, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia pronunciada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, confirmatoria del fallo inferior -el que a su turno, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa o irregular, condenando a la demandada al pago de la indemnización fijada- deduce el ente territorial recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055.

Le imputa al decisorio incurrir en contradicción con los fundamentos normativos aplicables y prescindir del texto legal.

Bajo dicha tacha cuestiona la doctrina de los actos propios aplicada por el Tribunal a quo, en tanto consideró que al no haber planteado su parte la excepción de falta de legitimación activa del reclamante al formular el reclamo administrativo, negando la indemnización fundada en otras consideraciones, no puede ampararse ahora en dicha argumentación a fin de negarle tal derecho, pues ello vulnera el principio de buena fe. Al respecto, manifiesta que la doctrina y jurisprudencia vigentes son contestes en sostener que la teoría de los actos propios, en el ámbito de la administración pública, no puede aplicarse estrictamente.

Expresa que rechazó el reclamo de Kopp con sustento en que la valuación del inmueble correspondía ser realizada por un tribunal ordin También le imputa al fallo incurrir en fundamentación aparente, falta de razonabilidad e incongruencia. Reprocha así que la Sala fijara la procedencia de los intereses a partir del momento de la desposesión o desocupación, operada en el año 1983, cuando en realidad Kopp no fue privado del uso y goce desde tal fecha, pues recién adquirió el dominio del inmueble expropiado en el año 1991. Añade que los intereses que eventualmente devengaría la desposesión no integró la transmisión del bien.

Afirma que mal puede sostenerse que el precio de venta incluyó el resarcimiento por desposesión (intereses), pues dada su especial naturaleza, en su caso debió ser consignado de modo expreso. Aún cuando hipotéticamente se admitiera su inclusión en el precio de venta, los mismos deberían computarse a partir de la enajenación y no de la desposesión. Si el interés -dice- no formó parte del contrato, la conclusión de la Sala permite advertir la admisibilidad de un beneficio desmedido encuadrado en la órbita del enriquecimiento incausado.

Finalmente sostiene que el decisorio incurre en incongruencia normativa al considerar al actor como cesionario de un derecho que se le ha transferido, entendiendo que los intereses de la desposesión le fueron transmitidos, razón por la que resulta aplicable las normas atinentes a la cesión de créditos, cuando enel acto de disposición no consta la expresa transmisión del derecho. En tal sentido, señala que el objeto del contrato de cesión de crédito no está constituido por el instrumento en que consta el crédito cedido, sino por el crédito mismo cuya titularidad se transfiere (vid. artículo 1434, Código Civil). Al no materializarse la cesión, evidentemente, quienes pretenden ejecutar el crédito no resultan legitimado.

La Sala a quo denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede.

2.Aún cuando se juzgara cumplido el recaudo de oportuno planteo y posterior mantenimiento de la cuestión constitucional (artículo 1 in fine, ley 7055), cabe sostener que el presente recurso igualmente no ha de prosperar, pues de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó el derecho pertinente, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

Así, la primer tacha invocada es insusceptible de impugnación constitucional, pues bajo dicho reproche el ente municipal disiente con lo decidido por la Cámara al juzgar que su parte incurrió en contradicción con sus propios actos y ejerció una conducta incompatible con la asumida anteriormente, en sede administrativa, en relación a la legitimación de Kopp.

En efecto, el Tribunal a quo sostiene que el órgano territorial no objetó la legitimación al tiempo del reclamo administrativo, señalando que una de las consecuencias del obrar de buena fe es tener un comportamiento coherente, por lo que mal puede afirmar ahora que no conoció cesión alguna cuando, al aparecer en sede administrativa otro reclamante no le cuestionó el título invocado, según surge de las diversas resoluciones dictadas por l Tampoco puede sostenerse que el Tribunal a quo al concluir en la innecesariedad de la cesión por entender que no obsta a la procedencia de la acción de expropiación inversa que el actor comprara el inmueble teniendo pleno conocimiento de la situación del bien porque debe considerarse que, con la transmisión del dominio, se ha cedido la acción de expropiación por la porción correspondiente pues, si se transfiere la propiedad o la posesión de una cosa, el adquirente puede ejercer sobre ella todas las atribuciones del propietario o poseedor, o En efecto, el Tribunal a quo sostuvo que el titular del bien tiene derecho a la percepción de los intereses a partir del momento de la desposesión o desapoderamiento, dada la privación del uso y goce del bien, privación que representa el daño sufrido, es decir, a partir de allí debieron comenzar a correr los accesorios. Y en autos, la apropiación de la fracción en cuestión, según el propio reconocimiento de la demandada efectuado en base a resoluciones e informes de la Dirección de Vialidad, data de junio de 1983; no como pretende la recurrente a partir de la fecha de compra o enajenación del inmueble (30.12.1991).

Por consiguiente, la fijación de los intereses a partir de la fecha de desposesión o desapoderamiento del inmueble resulta coherente con el criterio sentado precedentemente por el Tribunal de la causa, no advirtiéndose que en dicha tarea el órgano jurisdicente incurriera en falta de razonabilidad, incongruencia normativa o en fundamentación aparente, por lo que no cabe la descalificación del pronunciamiento por sentencia arbitraria. Y con ello se aventa la posibilidad de un enriquecimiento sin causa en razón que ha operado la efectiva transmisión del bien, pues el actor es titular de la acción.

Por lo demás, el memorial en nada difiere de una simple expresión de agravios de una apelación común -a poco que se lea la reseña de ellos efectuada por la Cámara- con insistentes y continuas referencias a la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal a quo al confirmar la sentencia inferior, evidenciando tan sólo su disconformidad con la valoración de los hechos, pruebas y derecho aplicable, materia que excede los límites de admisibilidad de la apelación extraordinaria.

En consecuencia, los fundamentos expuestos, más allá de su grado de acierto o error, atañen a la esfera de atribuciones propias de los jueces de la causa, siendo ajenos, por ende, a esta instancia extraordinaria, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ninguna manera sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)