Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-11


Causa Nº 3524-00-CC/2006 caratulada: "GONZALEZ, María Ester s/ Infr. Art. 65 Ley 1472 - Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

La imputada María Ester González de Migliorelli, junto a su defensor particular, Tasso, apeló, según parece colegirse de su presentación, la sentencia de fs. 73/76vta. por medio de la cual el Otamendi condenó a la nombrada a la pena de cuatrocientos pesos ($400) de multa, cuyo cumplimiento dejó en suspenso a la vez que le impuso reglas de conducta, y las costas del proceso, por considerarla autora responsable de la contravención prevista y reprimida por el art. 65 de la Ley 1472 (vid. fs 86).

El "a quo" concedió la impugnación a fs. 87, mientras que el Fiscal de Cámara propició se declare mal concedido el recurso interpuesto (vid. fs. 92/93).

Por último, al ser notificada en los términos del art. 51 LPC, la defensa reiteró lo peticionado en cuanto a que se "...decrete la nulidad de la causa, y en caso de no considerarse procedente, se decrete sobreseimiento con costas..." (fs. 98/99).

CONSIDERANDO:

I.

El recurso se dirige contra una sentencia definitiva, fue interpuesto en tiempo oportuno por quien tiene derecho a hacerlo, por escrito, ante el órgano que emitió la decisión y se encuentra, siquiera muy someramente, fundado. Por consiguiente, es admisible formalmente (art. 50 LPC).

No se comparte, por ende, la opinión del Sr. Fiscal ante este Tribunal en cuanto sostuvo que debía declararse mal concedido por haber sido presentado "a nombre de una persona en la que no coincide el apellido con el de la imputada..." (fs. 92). Ello así puesto que, más allá de haber utilizado la encartada indistintamente su apellido de soltera y de casada (González y Migliorelli), lo cierto es que ha sido identificada de ambas formas a lo largo del proceso (ver fs. 48/49; fs. 73, entre otras) lo cual no da lugar a dudas en cuanto a que se trata de la misma persona.

II.

Los apelantes expresan, en primer término, que: "Según luce en presentación del escrito de fs. , se pidió la nulidad de lo actuado, basado en la falta de pruebas para la prosecución de la causa, el que no hubiere sido tomado en cuenta oportunamente por 1a instancia, pese a ser realizado conforme a derecho" (SIC).

Subsidiariamente, cuestionan la valoración probatoria que practicó el "a quo" para conformar su certeza acerca de la materialidad del hecho y la autoría de María Ester González. Para los recurrentes "...una serie de contradicciones entre las declaraciones vertidas por la denunciante con la única testigo del juicio (...) ponen de manifiesto que no vio ni escuchó absolutamente nada que pueda dar sustento a las que manifestara la acusadora..." (fs. 86/vta.).

De este modo, dos son las cuestiones a decidir en punto a la solución de la controversia. La primera atañe a la pretensión invalidante esgrimida por la asistencia letrada. La segunda, referida a los límites de la revisión que se pretende por parte de esta Alzada.

II.1.

En lo que hace a la primera, resulta falaz la afirmación de la defensa en cuanto a que hubiera oportunamente requerido la nulidad de lo actuado. Más allá de que en la pieza impugnaticia no identifica la foja ni el escrito en que lo habría hecho, lo cierto es que existe una sola presentación de la asistencia técnica anterior a la apelación y es la que produce como consecuencia de la vista corrida respecto del requerimiento de juicio formulado por el Fiscal. En ese libelo (fs. 60), y en confusos términos, solicita se desestime in limine la denuncia por falta de pruebas y en caso de no hacerse así, se eleven los actuados al Superior. Sin perjuicio de que tal propuesta se aprecia extraña al sistema procesal aplicable, en ningún momento requiere la nulidad de algún acto procesal.

Sentado ello, deviene evidente que, ante la extemporaneidad del planteo invalidante ahora esgrimido y la falta de fundamentación del mismo en punto a la existencia de alguna irregularidad susceptible de viciar el proceso en los términos de los arts. 166 y 167 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en la materia, el cual tampoco es pasible de advertir por este Tribunal, el requerimiento en tal dirección resulta improcedente.

A mayor abundamiento, obsérvese que la razón que sustenta la invalidez, a juicio de la defensa, es que con las declaraciones recibidas -se refiere a las producidas antes de la realización del juicio-, no habría manera de probar el hecho Causa Nº 3524-00-CC/2006. Sala II.

imputado (ver fs. 60). Tal situación no guarda ninguna relación con los presupuestos que habilitan una fulminación invalidante. Cabe recordar una vez más, en tal sentido, que como condición para que opere una nulidad de este tipo -genérica- deben surgir elementos que acrediten la conculcación de alguna garantía constitucional, extremo ausente en el caso, no habiendo logrado demostrar ni precisar los recurrentes en qué medida y de qué forma los actos cuestionados afectaron el debido ejercicio del derecho de defensa de la imputada.

Como conclusión, toda vez que la articulación de una nulidad debe necesariamente sustentarse en un "vicio"; esto es, en la inobservancia de formas procesales que llevan, justamente, a una suerte de 'sanción' por no haberlas respetado ('vitium in procedendo'), y no advirtiéndose en la presente la concurrencia de dicha circunstancia, ni tampoco la existencia de un agravio concreto, se torna inviable el planteo.

II.2.

En lo que atañe a los límites de la revisión a practicar por este Tribunal de Alzada, hemos sostenido en diversos precedentes que: "...si bien el remedio del art. 50 LPC, por su amplitud, satisface en mayor medida el derecho a la doble instancia que el recurso casatorio del orden nacional, debe ser compatibilizado con los principios que rigen el juicio oral (arts. 18 y 118 CN). Por ello, quedarán fuera de la revisión aquellas circunstancias en las que la alzada no se encuentre en una situación de "par conditio" con el juez de mérito...En este sentido, sólo deberían quedar excluidas de la órbita del recurso del art. 50 LPC aquellas cuestiones que resultan materialmente imposibles de revisar: la percepción directa del sentenciante de lo que presenció en el debate pero no así las razones de por qué dichas impresiones lo condujeron a la decisión cuestionada. No es otro el sentido de la necesidad de valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la motivación de las sentencias..." .

Fijada esta pauta, corresponde abocarnos al examen del razonamiento que siguió el Otamendi al evaluar el material de convicción.

Sostuvo el Magistrado de Grado que quedó probado que el día 2 de septiembre de 2005, a través del portero eléctrico del edificio sito en la calle República Árabe de Siria 3243 de la ciudad de Buenos Aires, se suscitó "un entredicho verbal que culminó en un encuentro entre las Sras. Román Duarte y González en el hall del edificio, oportunidad en la que en presencia de la testigo Centurión Denis, la imputada se refirió a ambas, diciéndoles 'animales'..." (ver punto I. Materialidad de los hechos., fs. 74).

Para ello tomó en cuenta los dichos de la denunciante Román Duarte y también los de la testigo Centurión Denis producidos en el debate. Según surge del acta correspondiente, esta última refirió respecto de la conducta en reproche, que "...luego en el hall del edificio se encontraron con la imputada, a quien identifica como presente en este acto, quien se refirió a ambas, diciéndoles 'animales`.", siendo esa la única referencia que formula sobre las expresiones de la acusada.

Es, seguramente, en virtud de ello que el Magistrado, al aludir al evento que tuvo por probado en el juicio, lo circunscribió exclusivamente al tratamiento de "animales" que María Ester González les espetó, y no a las restantes expresiones que denunciara Román Duarte, ya que si bien la testigo Centurión Denis en la etapa preparatoria había declarado haber escuchado las demás manifestaciones de la imputada ("...que es una prostituta que trae gente, que es una indocumentada de paraguay...paraguaya de mierda"), al prestar declaración en el debate, no lo refirió o, al menos, no se observa constancia de ello en el acta, quedando así solamente en versión de la accionante la existencia de tales improperios.

En el mismo acápite referido (fs. 74) el juez, inmediatamente después de consignar el hecho que consideró acreditado, sostuvo que "animales" es un "...calificativo que, entiendo, resulta alcanzado por el tipo contravencional previsto por el art. 65, en cuanto implica un menoscabo de la dignidad humana, en tanto derecho personalísimo tutelado por la norma en cuestión", explayándose luego sobre las características del principio de igualdad -que da sustento a la norma del art. 65 del CC-, consagrado en el art. 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto establece que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, a la vez que reconoce dicho Estatuto el derecho a ser diferente.

Es en este punto, relativo al alcance de la figura contravencional ya citada donde se advierte que la decisión del juez, escuetamente fundada, ha configurado una errónea interpretación del tipo en cuestión constitutiva de un vicio in iudicando que recae sobre la consideración del contenido y significado de la norma jurídica en lo que hace a su aplicación individual al caso concreto, es decir, por incorrecta subsunción del precepto a los hechos comprobados. Ello impone la necesidad de formular una revaloración jurídica del material fáctico propuesto en la sentencia -revisión del juicio de Causa Nº 3524-00-CC/2006. Sala II.

derecho- evaluando los hechos y poniéndolos en relación con la norma que rige el caso, pero sin variar para ello un ápice la plataforma factual ya definida en la pieza atacada como reconstrucción histórica del evento en juzgamiento.

Desde esta óptica, no resulta posible sostener que la referencia "animales" por sí sola, en el marco de la constelación fáctica que se tuvo por cierta en la sentencia, es decir, desprovista de los demás elementos que menciona la denunciante pero que no fue posible corroborar en el debate por otros medios probatorios, satisfaga los requerimientos típicos de la figura contravencional que prevé el art. 65 de la Ley 10.

Es que en tales condiciones no se advierte que la solitaria expresión antedicha, -más allá del reproche moral que pueda suscitar en punto al sostenimiento de una normal y pacífica convivencia entre vecinos que habitan una misma propiedad horizontal-, posea contenido discriminatorio como para violentar el bien jurídico tutelado por la norma que, en definitiva, remite al respeto a la dignidad humana y a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, sin distinción "...de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, ideología, opinión, nacionalidad..." (conf. art. 65 CC).

Adviértase que una exégesis como la que trasunta la decisión aquí en estudio amplía sin dudas el tipo contravencional, y consiguientemente el espectro de conductas susceptibles de ser subsumidas en él y eventualmente punidas, en contra de lo que ha sido la voluntad del legislador en tal aspecto y forzando los principios de legalidad y de máxima taxatividad interpretativa.

Sentado lo anterior, cuadra señalar que en el auto en crisis, maguer la errónea interpretación normativa que se ha puesto de relieve, no se verifica la presencia de alguna de las causales de arbitrariedad que, en la inteligencia que le ha otorgado la C.S.J.N. al instituto, provocarían su descalificación como acto jurisdiccional válido, pues ha sido congruente con los hechos que se juzgó de acuerdo con la acusación formulada y tuvo siquiera una mínima motivación fáctico-normativa, de modo que la invalidación de la pieza luce en el caso puntual como sanción desproporcionada, sin perjuicio de que se imponga la revocación del fallo atacado.

Por otro lado, el Código Procesal Penal, que regula supletoriamente en virtud de lo estatuídoo en el art. 6 de la Ley12, dispone que en los supuestos en que no se hubiere observado o se hubiere aplicado erróneamente la ley sustantiva, el tribunal la casará y resolverá con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare (art. 470). La norma rige en la emergencia en virtud de que ha quedado sentado que la controversia aquí planteada es de estricto corte normativo, lo que descarta un eventual reenvío -vacío de todo contenido cuando se trata de errores de derecho- y, por el contrario, impone que sea este Tribunal el que decida el caso.

En consecuencia, por las razones antes expuestas y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de fs. 73/76 en cuanto condena a María Ester González a la pena de multa de cuatrocientos pesos ($400) con las costas del proceso, por considerarla autora responsable de la contravención prevista y reprimida por el art. 65 de la Ley 1472, dejando en suspenso el cumplimiento de aquella por el término de seis meses e imponiendo a la condenada las reglas de conducta establecidas en la pieza indicada y ABSOLVER a la nombrada González por dicho ilícito contravencional, sin costas (arts. 48, 50, 51 y 14 "contrario sensu" de la Ley 12).

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones a primera instancia, donde se deberán practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.