marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, régimen de consolidación de deudas, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Bardone  Celina  Patricia  y otros c/ E.N. -M de Defensa- ArmadaArgentina- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

Las obligaciones que comprenden las sumas consolidadas continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes y en todo los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley 23.982, en el 1 de enero de 2000 para las comprendidas en la ley 25.344 y en el 1 de enero de 2002 o el 1 de septiembre de 2002 para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley 25.565 y la ley 25.725 (art. 45 ley 26.078). Dichas normas revisten el carácter de orden público en los términos y con los alcances previstos en el art. 16 de la ley 23.982 -art. 13, párrafo 3° de la ley 25.344- (esta Sala "Fernández Sergio", 26/10/2006 y "Virarelli", del 8/5/2007) (Cons. 5°).
Recurso de reposición (procesal), rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: CHILO, ALEJANDRO BERNABE, MAMANI, JULIO MARCELINO - BARBOZA, HECTOR SATURNINO - GUANCA TESEYRA, EDUARDO ALFREDO - YAPURA, JUAN c/ COLQUE, LUIS MARCELO - OYARZU, OSCAR ROLANDO - FIGUEROA, VICTOR HUGO Y OSORES, JOSÉ SIMON (MENOR) - OSORES, ARMANDO DANIEL s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-29

De conformidad a lo establecido en el art. 281 del C.P.P., corresponde revocar la rebeldía del encartado dejando sin efecto el pedido de detención que pesa sobre su persona y que fuera requerido mediante OO.DD. de Jefatura de Policía, ordenando en consecuencia la inmediata libertad, sin perjuicio de lo dispuesto por otro Tribunal.-
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videlpo S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La falta de reserva implica atribuir al pago del capital efecto cancelatorio.
Astreintes, telecomunicaciones, impacto ambiental
Materia: CIVIL
Carátula: Procurador General de la Provincia c/ AMX Argentina S.A. s/ Amparo- Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-04-30

Resuelve condenar a una empresa de telecomunicaciones al pago de sanciones conminatorias, en tanto se advierte que la multa se calcula desde el día siguiente al de la notificación de la sentencia definitiva que ordenó a la demandada a presentar un informe de auditoría ambiental y social, e informe de emisión de radiaciones no ionizantes relacionados con el emplazamiento de una antena, hasta la fecha de su efectivo cumplimiento, y su disminución o suspensión corresponde solamente si el deudor cumple, desistiendo de su resistencia, por lo que el cese de su devengamiento en modo alguno implica que puedan dejarse sin efecto o reducirse las ya devengadas.
Presunción de contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Rolon Torres de Florenciañez Salustriana c/ PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-25

Desconocida la existencia de un contrato de trabajo, incumbe a quien lo invoca la carga de probarlo, lo cual no se satisface con el suministro de elementos meramente no excluyentes de esa noción, sino con la producción de aquellos que resultan constitutivos de la relación alegada, a saber: a) un servicio personal que califica al trabajo como un hacer infungible, b) el pago de una retribución por el trabajo recibido, c) la puesta a disposición de la fuerza de trabajo a favor de un tercero que la organiza y aprovecha en beneficio propio, asumiendo los riesgos del negocio. En este contexto, va de suyo que la calificación contractual pretendida reviste una tipicidad fuerte y lo cierto es que no existen elementos que puedan extraerse de lo actuado que permitan siquiera inferir la prestación de servicios a favor de la demandada, tornando operativa la presunción que emana del art. 23 de la L.C.T., con el consecuente desplazamiento de la actividad probatoria
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: BERAZATEGUI, César Gastón Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Mas allá del contenido formal de las palabras, la policía es "delegada funcional". Unicamente eso y solamente en las actuaciones sumariales, (a nadie se le ocurriría sostener que invisten ese carácter en la represión delictual, ni en la prevención delictual, funciones ambas que la jurisdicción ejerce en forma indirecta y a través de sus sentencias). Con la extensión y alcance que la doctrina asigna a la prueba testimonial, es entonces no solo posible sino altamente ponderable que se reciba declaración testimonial a los policías, que intervienen en una actividad que les resulta propia como la represión delictual.-
Excepciones procesales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CATTORINI S.A. c/ SANTA RITA S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-06

La excepción de compromiso, importa el acto en virtud del cual el acreedor, con aceptación del deudor, se obliga a sujetar el crédito a una formalidad o a un hecho determinado que le quita fuerza ejecutiva. Dicho de otro modo, el convenio que obsta a la ejecución, debe referirse al crédito en litigio y descansar en un pacto cuyas modalidades le quitan fuerza ejecutiva. El mismo debe acreditarse en la forma establecida para la excepción de pago, es decir, debe resultar de un documento emanado del ejecutante.(J.A.

1948, V. Iii, p. 75, La ley, v. 54, P. 379) Sin embargo, y de conformidad a un criterio menos restringido se ha entendido que la excepción de compromiso se refiere al sometimiento de la controversia a árbitros o amigables componedores.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertrand, Zulema c/ Quaglia, Omar y otros s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Si la cuestión vinculada con la ley 21309 no fue planteada al juez de primera instancia, la Cámara no puede pronunciarse sobre la misma. No obsta a ello, el invocado carácter de orden público de dicha ley, lo que determinaría su aplicación de oficio o permitiría su invocación en cualquier estado del proceso, pues si se procediera de tal forma se conculcaría el derecho de defensa de la parte contraria, afectándose así el principio esencial del debido proceso que es necesaria derivación de aquél y que por reconocer añeja raigambre constitucional, también es de orden público.
Honorarios, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Betancud, María Ester c/ Policlínico del Atlántico Sur S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-16

La pericia se meritúa de acuerdo a la labor en ella realizada a través de las respuestas claras y completas dadas a los puntos de pericia propuestos y los honorarios deben regularse no sólo de acuerdo al monto del juicio sino teniendo en cuenta la proporcionalidad de las tareas cumplidas por ésta en directa vinculación con las desarrolladas por los letrados actuantes en la causa y el monto de sus honorarios como así también lo prescripto por el art. 1627 del Código Civil.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, procesos de conocimiento, acto administrativo, policía federal, escalafón
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Villalba, Norberto Agustín y otros c/ EN - M Seguridad - PFA y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-13

En los términos y con el alcance que se indica en el pronunciamiento de la Sala, se desestima el recurso interpuesto por la parte actora y se confirma la sentencia de la anterior instancia que había rechazado la demanda interpuesta con el objeto de que se declarase, por una parte, la nulidad de Resolución 210/16 del Ministerio de Seguridad de la Nación (posteriormente ratificada por la Ley 27.606) y, por el otro lado, la inconstitucionalidad de numerosos artículos de la Ley 5688 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se señala que estas normas hicieron efectivo lo dispuesto por el Convenio 1/16 -celebrado entre ambas jurisdicciones- y el art. 11 de la Ley 24.588 (reformado por la Ley 26.288), norma que, a su vez, reglamenta el art. 129 de nuestra Constitución, en razón de lo cual su validez no puede ser evaluada, únicamente, con fundamento en su supuesto apartamiento respecto a lo dispuesto por la Ley 21.965. Se puntualiza que según el Convenio 1/16 y la Ley 5688 la Ciudad asumió el compromiso de mantener, a favor de los agentes transferidos desde la Policía Federal Argentina, el nivel escalafonario, remuneración, antigüedad, derechos previsionales y de cobertura social y los derechos y obligaciones previsionales, en virtud de lo cual, cualquier incumplimiento de dicha obligación habilita a los interesados a impugnar los actos que transgredan estas disposiciones, pero no otorga fundamento para cuestionar la validez del proceso de traspaso en su totalidad.
Cuestión constitucional, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juncos, María Eva c/ GCBA s/ amparo - aplicaciones móviles - internet s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

La imposibilidad de utilizar la aplicación móvil propiedad de la amparista -que vincula a conductoras mujeres habilitadas con pasajeras/os y fomenta el trabajo de las mujeres taxistas- ante la falta de reglamentación de la ley n° 6098, importa la vulneración del principio de igualdad (art. 16 CN). Tanto la Constitución de la Ciudad (art. 36), como la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23), consagran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, y el deber del Estado de garantizar tal igualdad a través del establecimiento de acciones positivas que permitan su efectivo goce. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia provincial, competencia federal, daños y perjuicios, accidente ferroviario, Estado Provincial, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Raymundo, Leonardo Matías c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

La pretendida actuación de la justicia ordinaria de la Provincia de Buenos Aires invocada por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial - demandada en la causa - es improcedente, pues atendiendo a la especial condición jurídica de la referida unidad ejecutora, que rigió oportunamente su actuación funcional, al tratarse de un ente autárquico con personalidad jurídica propia para estar en juicio, no se verifica identidad subjetiva entre esa repartición y el Estado local, el que no puede ser tenido entonces como parte sustancial en el pleito.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: O.M.M. c/ F.P.C.A. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Los alimentos que surgen de un contrato entre las partes -divorciados por la causal prevista por el inc. 2° del art. 214 del Código Civil- y no de una obligación legal directa (art. 207, 208 y 209 del mismo cuerpo normativo)poseen carácter de inmutables, no tienen las notas propias del orden público familiar, pues son ajenos tanto a las necesidades del alimentado como a las mutaciones que experimente la fortuna del obligado. Es que nacen de la voluntad privada de las partes para exclusiva utilidad de su beneficiario, generando puramente un derecho patrimonial. En consecuencia, solo procede modificar el monto de la cuota acordada si en las cláusulas contractuales pactadas fue prevista una posible modificación y no ante la alegada variación del costo de vida o la mejora salarial del alimentante, máxime cuando la beneficiaria que contó con patrocinio letrado al momento de pactarlas ni siquiera concertó aumentos escalonados en tanto estaban vigentes los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 que vedaban su actualización. (Sumario N°20237 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Propiedad intelectual, solicitud de patente, medicamentos, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, sentencia definitiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

Si al tiempo del pronunciamiento de la Corte Suprema ha concluido el período de transición para la aplicación del Acuerdo ADPIC en la República Argentina (art. 65, aps. 1 y 2, del acuerdo; art. 100 de la ley 24.481, t.o. decreto 260/96, anexo I), la sentencia que rechazó el planteo de nulidad de la resolución denegatoria de una solicitud de patente divisional para proteger productos farmacéuticos reviste carácter definitivo pues, en la contestación de la apelación federal, el instituto demandado ha adelantado el sentido de una futura decisión al manifestar que la actora no tiene derecho a la protección solicitada.
Caducidad de instancia, segunda instancia, elevación en apelación, demora en la elevación de los autos, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: CESTO, GLORIA MABEL c/ BCO. DE GALICIA Y BS. AS. Y OTRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

Si el oficial primero (prosecretario administrativo) no pudo cumplir con la actividad que le impone el art. 251 del Código Procesal de elevar los autos a la Cámara en el plazo de cinco días de ser contestado el traslado del memorial, en virtud de la realización de otros actos procesales con posterioridad a la interposición y sustanciación del recurso, es el apelante a quien compete mantener viva la instancia con la formulación de actos impulsorios que demuestren su interés en el tratamiento de la apelación.
Personas con discapacidad, obras sociales, impulso procesal, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Rollan, Pedro y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-12

El otro voto concurrente expresó que en el presente caso se encuentra en juego la responsabilidad asumida por el Estado Nacional al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que actualmente goza de jerarquía constitucional por ley 27.044- toda vez que la parte querellante denuncia que, debido al incumplimiento de la obra social, la persona con discapacidad vio dificultado y entorpecido el acceso a la salud, que se encuentra contemplado en el artículo 25 de la referida Convención; y que, sin perjuicio de que en el presente caso se encuentra cuestionada la voluntad del acusador público respecto al impulso de la acción penal -cuestión que también debe ser materia de análisis-, cabe recordar que la parte querellante puede impulsar el proceso por un delito de acción pública, de manera autónoma, aún en la etapa inicial del proceso. Dres. Carbajo, Borinsky y Hornos -votos concurrentes-.
Competencia, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quintana, Tomás y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-07-07

Son independientes de ella, los jueces de provincia, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, no son demandables ante la misma, para responder de las faltas que comentan en el procedimiento de las causas de que conocen.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., A. G. y otro s/ Divorcio (artículo 67 bis) Incidente sobre Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Frente a la recepción jurisdiccional de lo convenido por los justiciables y afirmación de la madre de la menor, es obligación imperativa del demandado de probar, debidamente, los presuntos hechos extintivos que invoca, esto es, aportar las pruebas de sus afirmaciones. La idónea acreditación liberatoria recala, de modo exclusivo, en los recibos pertinentes, habida cuenta que es la constancia que, en el ordinario acontecer de las conductas humanas exterioriza el eficaz cumplimiento de lo debido.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa de la víctima, recurso de casación
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMORANO, MARIO DANIEL. c/ FERNANDEZ, VICTOR HUGO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-12

La construcción lógica de la sentencia impugnada y las premisas alcanzadas en ella, exhiben una adecuada fundamentación, en tanto que la interpretación de que el accidente se produjo en la intersección de calles Rivadavia y Moreno de la localidad de Juan Bautista Alberdi de esta Provincia; que fue provocado por la conducta imprudente de la víctima, que transitaba por calle Moreno de Norte a Sur, por la izquierda y sin prioridad de paso, en tanto conforme al art. 41 de la Ley Nacional de Tránsito 24449 y 26363 y la norma de adhesión provincial, Ley Nº 6.836 y sus modificatorias consagran la prioridad de paso del móvil que circula por la derecha; que reviste el carácter de embistente conforme a daños y lugar de ubicación de los mismos tanto en el vehículo de la víctima (solo su frente aparece dañado "rotura del manubrio lado izquierdo y faro delantero") como en el del demandado (se localizan en la "parte trasera" hundimiento en la parte baja de la puerta trasera izquierda y un raspón en la parte superior); encuentran suficiente respaldo en los elementos de prueba rendidos en la causa.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Procedimiento administrativo, objeto del proceso, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Puerto Tirol S.R.L. c/ Municipalidad de la Ciudad de Formosa s/ Acción Administrativa Ciudad de Formosa s/ Acción Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-04-07

La anulación de un acto administrativo, por parte del órgano que lo dictó y en su caso, el reconocimiento de la situación jurídica, producen el agotamiento del proceso, aunque no exista norma expresa en tal sentido. Admitidas extrajudicialmente las pretensiones del demandante, desaparece el objeto litigioso y por lo tanto el proceso no tiene razón de ser. Es cierto que este Tribunal rechazó considerar tal actitud como un allanamiento, como lo pedía la actora, pero fundándose en la ausencia de un requisito procedimental (art. 40 del C.P.A.). La circunstancia debe tenerse en cuenta, porque si bien no existe formalmente un allanamiento, tampoco puede desconocerse que la propia administración es la que decide dejar sin efecto la Ordenanza cuya nulidad se solicita en esta causa. La principal pretensión procesal desaparece, por propia actividad de la demandada, lo cual tiene vital importancia al momento de determinarse la imposición de costas. Esta ausencia de objeto litigioso, en cuanto la Ordenanza en cuestión ya no forma parte del derecho positivo municipal, torna abstracto todo pronunciamiento concreto al respecto. (Fundamento del Dr. Ariel G. Coll)
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: GAUNA MARTA DELIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/O DIRECCION DE NIVEL-PRIMARIO s/ RECURSO DE AMPARO.APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-13

Un acto es eficaz para interrumpir la caducidad de instancia, cuando pasa a formar parte de la trabazón del proceso, dinamizándolo y uniéndose a otros actos procesales, de tal manera que le permite salir del estancamiento haciéndolo avanzar hasta el dictado de la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, propiedad intelectual, registro de la propiedad intelectual, registro de modelos y diseños industriales, depósito legal de la obra
Materia: PENAL
Carátula: GARMENDIA, OSCAR ANTONIO s/ INFR. LEY 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-02

Las infracciones a los derechos amparados por la Ley de Propiedad Intelectual - N. 11.723 - son de competencia de la justicia común.

El art. 28 del D.L. 6.673/63 contempla la posibilidad de que cuando los objetos que ampara hallan podido ser también objeto de depósito conforme a la legislación que protege la propiedad del intelecto, el interesado no podrá invocarlas simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos. Ello así no empece que de darse tal circunstancia, su titular las ejerciera con carácter sucesivo, si correspondiera en la debida forma en que ha quedado expuesta.
Excepción de pago, pago parcial, recibo, prueba del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALIAGA, MARIO c/ RAMON ROSA NIEVA s/ COBRO DE DOLARES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-21

Cuando no surge de los recibos conferidos la relación del pago con la deuda reclamada, es inadmisible la excepción de pago parcial.
Acción de amparo, derecho a la salud, prestaciones de la obra social, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: CALVELO ROBERTO JOSE c/ MEDICUS S.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

En el Considerando de la Resolución 201/2002 -que aprobó el PMO de emergencia en una situación de crisis económica y social, y que incluye las prestaciones obligatorias que actualmente se deben prestar en los términos de las leyes 23.660 y 23.661- se tuvo como objetivo garantizar, en especial, el acceso a la salud y la protección de los grupos más vulnerables, como ser, entre otros, los mayores de 65 años, manteniéndose la cobertura del 100%, con financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución, los Programas Especiales de la Administración de Programas Especiales APE) y los programas comprendidos en las leyes de protección de grupos vulnerables (art.7.5). Con posterioridad, mediante la Resol. 1747/05, el Ministerio de Salud incorporó el Anexo III de la Resol. 201/02 (formulario terapéutico), la medicación efalizumab (ver art.1º).
Alimentos, compensación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burda Jaroslav y Sainz de B. Delia Elvira s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

Si bien puede admitirse, no ya como compensación sino como "pago a cuenta", lo abonado excediendo la pensión fijada, ello es a condición de que en el recibo pertinente se le dé esa imputación. Esto así, no habiéndose adjuntado constancias que acrediten la admisión del mentado pago a cuenta y no pudiendo compensarse los alimentos, debe considerarse que las sumas que se agregaron a las cuotas tuvieron por objeto satisfacer mayores gastos del alimentado (doct. art. 825 del C. Civil). (Minoría u opinión personal)
Ejercicio profesional, abogados, tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, revocación de la sanción, apercibimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lavalle Cobo, Juan Pío s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Corresponde revocar la sanción de apercibimiento impuesta por el Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F. (Artículo 6, inciso e), Ley 23.187), cuando si bien el obrar del abogado podría calificarse como descuidado,no derivó en ningún perjuicio para la demandada en juicio toda vez que la misma no ha denunciado el hecho como reprochable.