Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-21


NEUQUEN, 21 de Octubre del año 2014.

Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ VIALE LAURA VANESA S/ APREMIO", (Expte. Nº 499260/2013), venidos en apelación del JUZGADO JUICIOS EJECUTIVOS 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 38/41, que rechaza la excepción de pago total opuesta por la ejecutada y manda llevar adelante la ejecución, con costas al vencido.

a) 1.- La parte recurrente sostiene que la sentencia de grado viola el principio de congruencia, ya que el magistrado de primera instancia se aparta de las exposiciones fácticas y jurídicas de las partes al trabarse la litis; extralimitación que, a criterio del apelante, es reconocida por el propio juez a quo cuando señala que resolverá el litigo sin perjuicio de la normativa citada por los litigantes.

Destaca que los argumentos explicitados por el ejecutante para rechazar la excepción opuesta no se compatibilizan con los desarrollados por el a quo.

Sigue diciendo que en ningún momento la actora hace referencia a los argumentos expuestos por el magistrado de grado.

Entiende que ni siquiera acudiendo al principio iura novit curia puede aceptarse lo actuado por el juez de primera instancia. Cita jurisprudencia de esta Sala II respecto del principio referido y su vinculación con el de congruencia.

Manifiesta que esta violación al principio de congruencia no es consecuencia solamente de la introducción de argumentos no expuestos por la actora, sino también de la introducción de hechos o circunstancias que harían procedente la excepción de pago y que no se encontraban cumplidos en el caso, los que tampoco fueron invocados por el ejecutante. Señala que el fallo cuestionado afirma que la falta de presentación de DDJJ impide darle fuerza cancelatoria a los documentos acompañados por la demandada, cuando esa cuestión en ningún momento fue introducida por las partes en el litigio.

Dice que los extremos fácticos introducidos por el juez de grado como condiciones para la procedencia de la excepción (presentación de DDJJ, situación del contribuyente que no las presenta, eventuales determinaciones de oficio) son -como regla- improponibles en el estrecho marco que ofrece el juicio ejecutivo.

2.- Denuncia como otro vicio del resolutorio apelado, el de autocontradicción.En tal sentido entiende que mal puede el juez de grado sostener que los pagos no se encuentran acreditados para luego ordenar a la accionada que los tenga presentes como pagos a cuenta. Agrega que si los pagos fueron hechos y el fallo los tiene por acreditados corresponde admitir la defensa, ya que razonablemente no se puede rechazar la defensa y luego admitir los pagos.

Reitera que el a quo reconoce la existencia de los pagos y su vinculación con los períodos reclamados en autos, rechazando de esta manera -en opinión de la apelante- los cuestionamientos formulados por la actora.

3.- Subsidiariamente, para el supuesto que se entendiera que el rechazo de la excepción es correcto, considera que debe revocarse la imposición de costas dispuesta en la sentencia recurrida, difiriéndose el análisis del tema para cuando se cuente con planilla aprobada, y sobre dicha base se impongan las costas de acuerdo con la procedencia de la defensa. Cita jurisprudencia de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones.

b) A fs. 44 la parte demandada apela la totalidad de los honorarios regulados por altos.

c) La contestación del traslado de la expresión de agravios fue desglosada por extemporánea (fs. 60).

II.- Ingresando al estudio del recurso de apelación planteado por la parte demandada creo conveniente recordar que nos encontramos en el marco de un proceso de apremio, donde se ejecuta la boleta de deuda de fs. 2, en la que consta una deuda de la ejecutada en concepto de ingresos brutos directos por las cuotas 2 a 7 -ambas inclusive- y 9, todas del año 2011. Al comparecer a estar a derecho la parte demandada opone excepción de pago parcial -y no total como consta en la sentencia de grado-, acompañando comprobantes sellados por el Banco Provincia del Neuquén -Casa Matriz- (fs. 31/37). Seis de estos comprobantes tienen el encabezado de "nota de crédito para la cuenta n° 510-001-9" y uno de ellos reza "impuesto sobre los ingresos brutos - comprobante de pago". En todos los comprobantes se encuentra la atestación "Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Subsecretaría de Ingresos Públicos - Dirección Provincial de Rentas".

Asimismo de los comprobantes referidos surge que se trata de depósitos realizados a nombre de la ejecutada, constando el número de inscripción que figura en la boleta de deuda, el número de CUIT que figura en la boleta de deuda, los períodos o cuotas reclamados en la boleta de deuda, resultando coincidentes los importes depositados en la entidad bancaria con los que constan en la boleta de deuda, aunque la imputación es diferentes ya que en la boleta de fs. 2 se discrimina deuda histórica e intereses, en tanto que en los comprobantes adjuntados por la ejecutada la totalidad del importe se imputa a intereses, excepto en el de fs. 37.

La ejecutante se opone al progreso de la excepción acompañando un informe de la Dirección Provincial de Rentas del que surge que la deuda reclamada no ha sido ni cancelada ni regularizada (fs. 20) y por desconocer los comprobantes acompañados por la demandada por no ser documentación emanada de su parte, de acuerdo con el art. 105 del Código Fiscal (fs. 22/vta.).

El magistrado de grado, por su parte, rechaza la excepción de pago documentado por no haber cumplido, la ejecutada con la presentación de las declaraciones juradas, circunstancia que impidió que el organismo recaudador tomara razón de los importes depositados, y porque todos los comprobantes, excepto uno, se corresponden con el formulario "IB08" asignados a emisión de pagos a cuenta.

Sin perjuicio de ello, reconociendo que en todos los comprobantes de depósitos consta el número de inscripción ante el Impuesto a los Ingresos Brutos Directos, como así también los períodos reclamados en autos, el fallo recurrido dispone que las sumas depositadas deben ser consideradas como pagos a cuenta al momento de practicarse la planilla de liquidación.

III.- Varias son las cuestiones que deben ser analizadas para resolver la apelación planteada por la ejecutada.

En primer lugar, el alcance de la afirmación que hace el magistrado de grado respecto a que ha de apartarse de la normativa invocada por los litigantes está precisado dentro del mismo texto de la sentencia. En efecto, no es que deja de lado completamente el derecho invocado por las partes, sino que las normas citadas por éstas refieren al Código Fiscal derogado, por lo que la sentencia aplica, correctamente, la Ley provincial n° 2680.

Luego, asiste razón a la accionante respecto a que el juez de grado introduce, para fallar la causa, cuestiones que no fueron planteadas por las partes. El incumplimiento de las obligaciones formales por parte de la demandada no fue un hecho alegado por la ejecutante para quitar validez al pago, por lo que mal podía ser considerado por el juez de grado para desestimar la excepción opuesta. Desde esta perspectiva se encuentra afectado el principio de congruencia.

Adviértase que no se trata del encuadramiento legal que el magistrado considera correcto, sino de acudir a un hecho -no presentación de las declaraciones juradas- que no sólo no fue denunciado por ninguno de los litigantes, sino que tampoco se encuentra acreditado en autos, respondiendo a una suposición del a quo.

IV.- Sin perjuicio de ello, y si entendiéramos que las constancias de presentación de las declaraciones juradas hacen a la documentación del pago, conforme afirma el magistrado de grado, tampoco encuentro que ello resulte ajustado a derecho.

No resulta ocioso señalar que en materia tributaria existen, a cargo del contribuyente, obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Las obligaciones sustanciales refieren, fundamentalmente, al pago de los tributos y sus accesorios y al ingreso de los importes retenidos por los agentes de retención a las arcas fiscales.

Por su parte, las obligaciones formales, conforme lo pone de manifiesto el mismo Código Fiscal (art. 32) se relacionan con la finalidad de facilitar la percepción, determinación, verificación y fiscalización tributarias.

La obligación de presentar declaraciones juradas constituye un deber de tipo formal (cfr. Cám. ContAdmn. 1° Nom. Córdoba, "Sudamérica Cereal S.A. c/ Provincia de Córdoba", 12/4/2006, LL on line 70036520).

Es por ello que el incumplimiento de la presentación de declaraciones juradas habilita la aplicación de multa por parte de la autoridad tributaria, y la determinación de oficio del impuesto (arts. 42 y 58, Código Fiscal).

Por su parte, el trámite del apremio está reservado al reclamo de obligaciones sustanciales. Claramente señala el art. 106 del Código Fiscal que esta vía judicial se aplica al cobro de impuestos, tasas, contribuciones, actualizaciones, intereses y multas.

A tal fin, resulta título ejecutivo la boleta de deuda expedida por la Dirección Provincial de Rentas (art. 107 inc. 1, Código Fiscal).

Esta distinción entre obligaciones tributarias formales y sustanciales me parece útil de recordar en autos, porque al expedir la Dirección Provincial de Rentas la boleta de deuda, como todo título ejecutivo, se abstrae de las circunstancias que lo originaron. Consecuentemente no importa aquí si la suma que se reclama en concepto de impuesto a los ingresos brutos responde a una determinación de oficio por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, a la falta de pago de las sumas autodeterminadas por el contribuyente, o al proceso de verificación de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente. El art. 117 del Código Fiscal es claro al respecto: "en ningún caso los jueces admitirán en juicio controversias sobre el origen del crédito ejecutado".

Lo importante a los fines del apremio es la deuda constatada en la boleta de deuda.

Del mismo modo, a efectos de establecer si la deuda que se ejecuta se encuentra cancelada mediante pago, total o parcial, lo esencial es la existencia de constancias de pago autorizadas por la autoridad de aplicación (art. 124, Código Fiscal).

No entiendo necesario que se acredite que el pago fue precedido por el cumplimiento de la obligación formal de presentar declaraciones juradas, ya que para su validez, al igual que sucede con el título habilitante del apremio, no importa si lo abonado lo fue como consecuencia de la autodeterminación del contribuyente, o de la determinación fiscal de oficio. Lo esencial para la validez del pago y para que opere el efecto cancelatorio es el importe abonado y su imputación.

V.- Sentado lo anterior, advierto que la demandada ha acompañado comprobantes obtenidos a través del sistema informático (página web) de la Dirección Provincial de Rentas, los que se encuentran sellados por el banco oficial (Banco de la Provincia del Neuquén), circunstancia que da cuenta de que los importes que constan en los comprobantes han sido depositados a la orden de la Dirección Provincial de Rentas.

Recuerdo que estos comprobantes de pago se corresponden con la deuda que plasma la boleta de deuda que se ejecuta.

Luego, la afirmación de la entidad recaudadora referida a que la deuda reclamada no ha sido regularizada ni cancelada conforme surge de la base de datos SIAT no resulta suficiente para desvirtuar la eficacia de los comprobantes de pago. Las deficiencias o inconvenientes que pudiera presentar el sistema informático para registrar los pagos que realiza el contribuyente no pueden perjudicar a éste.

No resulta ilógica la explicación dada por el juez de grado respecto a porque el sistema no ha registrado los pagos realizados (a los que el magistrado de primera instancia otorga validez como pagos a cuenta), pero no es un argumento jurídicamente válido para rechazar la excepción de pago parcial. El incumplimiento de deberes formales no resta validez al pago, en todo caso su sanción, como ya lo señalé, transita por otros carriles.

Los pasos detallados en el instructivo al que el juez ha acudido pueden ser útiles para facilitar el pago de los tributos por parte de los contribuyentes, pero no pueden ser opuestos a éste para desconocer la eficacia cancelatoria de los pagos realizados.

Menos aún puedo aceptar el desconocimiento que realiza la ejecutante respecto de los comprobantes presentados en juicio. Si la entidad recaudadora permite la impresión on line de las boletas de pago, y éstas cuentan con el sello del banco oficial que acredita el depósito del dinero, tales comprobantes resultan válidos para considerar al pago como documentado, presumiéndose -salvo prueba en contrario, aquí inexistente- que se encuentran autorizados por la Dirección Provincial de Rentas.

En cuanto a la errónea utilización de los comprobantes, tampoco resulta un extremo que pueda quitar fuerza cancelatoria al pago acreditado.

El mismo Código Fiscal (art. 82) dispone que los pagos realizados por los deudores serán considerados como pago del período fiscal al cual fueron imputados por el contribuyente, de lo que se sigue que lo importante para a legislación fiscal es la imputación del tributo y del período, extremos que en autos resultan correctos.

V.- En definitiva, entiendo que la ejecutada ha demostrado la cancelación, antes de la notificación de la demanda, de los períodos 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 7/11 y 9/11, y que ha pagado parcialmente el período 6/11.

VI.- La apelación arancelaria no puede tener acogida favorable desde el momento que los emolumentos de los profesionales han sido fijados en base al mínimo legal (art. 9, Ley 1.594), no habiéndose cuestionado la validez de esta última norma.

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación planteado por la parte demandada y modificar parcialmente el resolutorio apelado, haciendo lugar a la excepción de pago parcial por los conceptos señalados en el Considerando V.- y mandar llevar adelante la ejecución por la suma de $ 215,82 con más los intereses determinados en el fallo de grado.

Las costas por la actuación en primera instancia se imponen en un 80% a la parte actora y en un 20% a la parte demandada (art. 558, CPCyC), manteniéndose las regulaciones de honorarios de la sentencia de grado por responder al mínimo legal.

Las costas por la actuación en la presente instancia son a cargo de la ejecutante (art. 68, CPCyC), regulándose los honorarios profesionales en la suma de $ 177,00 para el Dr. ..., y $ ... para el Dr. ..., de acuerdo con lo prescripto en el art. 15 de la Ley 1.594.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II, RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación planteado por la parte demandada y modificar parcialmente el resolutorio apelado, haciendo lugar a la excepción de pago parcial por los conceptos señalados en el Considerando V.-, y mandar llevar adelante la ejecución por la suma de $ 215,82 con más los intereses determinados en el fallo de grado.

II.- Imponer las costas por la actuación en primera instancia en un 80% a la parte actora y en un 20% a la parte demandada (art. 558, CPCyC), manteniéndose las regulaciones de honorarios de la sentencia de grado por responder al mínimo legal.

III.- Imponer las costas por la actuación en la presente instancia a cargo de la ejecutante (art. 68, CPCyC), regulándose los honorarios profesionales en la suma de $ ... para el Dr. ..., y $ ... para el Dr. ..., de acuerdo con lo prescripto en el art. 15 de la Ley 1.594.

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.