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Cesión de créditos, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Demaría Mauricio c/ Asociación Mutual del Personal del Poder Judicial del Chaco s/ Cobro de Pesos. Demaría Mauricio c/ Asociación Mutual del Personal del Poder Judicial del Chaco s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-29|1995-06-29

La cesión tiene por objeto la transferencia de un derecho y se opera, comúnmente, entregándose el mismo título de crédito (art.1434 Cód.Civ.), como también surge del art.1459 del mismo cuerpo legal, que para los terceros, quienes no han intervenido en el acto de la cesión y especialmente el deudor cedido, el traspaso de la propiedad del crédito se produce en el momento de notificación al deudor cedido o en el de su aceptación. Tratándose del deudor cedido, la notificación es eficaz cualquiera sea la norma que revista -comunicación escrita o verbal- pues lo que importa es llevar a su conocimiento la transmisión operada entre las partes, de modo que no suscite dudas sobre la efectividad del traspaso, lo que supone un conocimiento fehaciente, probable por algún medio y por encima de ello, directo y real, no ficticio, como lo sería a través de notificaciones por ministerio de ley. No debe perderse de vista en este tema, al art.1461 del Código Civil, el cual reafirma la importancia que tiene la notificación, al decir: El conocimiento que el deudor cedido hubiere adquirido indirectamente de la cesión, no equivale a la notificación de ella, o a su aceptación y no le impide excepcionar el defecto del cumplimiento de las formalidades prescriptas.
Contratos administrativos, autonomía de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Constructora  Lihue SACC y F. c/ Gas del Estado -SE s/ contrato deobra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-12

El contrato administrativo, a pesar de este carácter, es siempre la "ley de las partes", en el sentido de que él constituye y traduce la "substancia" misma de lo que éstas han querido reglar, y el expresado carácter "administrativo" en modo alguno podrá desnaturalizar el "objeto" o "contenido" del acuerdo, al extremo de transformar tal objeto o contenido en algo distinto a lo previsto y querido por los contratantes. Estos hállanse recíprocamente obligados a respetar lo "esencial" de lo estipulado. (Del voto del Dr. Coviello, consid. VII.5).
Defensa en juicio, procedimiento administrativo, proceso judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pousa, Lorenzo c/  s/ deduce acción de amparo contra el Banco Central de la República Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1969-02-21

No es atendible la pretendida violación de la defensa en juicio resultante de que una misma conducta pueda ser objeto de investigaciones paralelas, en sede administrativa y judicial. Se trata de determinar responsabilidades de diferente naturaleza, ante jurisdicciones también distintas.
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

Corresponde a la Cámara realizar el juicio de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local, en función del art. 28, párrafo 3 de la Ley 402, de modo que está la obliga a expedirse sobre el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del recurso, entre los que se encuentra la configuración de un caso constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Abuso deshonesto calificado por relación de guarda o tutela, guardador
Materia: PENAL
Carátula: Barrionuevo, Jorge del Valle s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-22

La expresión "encargado de la guarda" que utiliza el art. 122 no es jurídica sino que se vincula a + situaciones de hecho, cuya apreciación debe efectuarse en función de las particulares circunstancias de cada caso. En las presentes actuaciones a fin de establecer si el vínculo que existió entre ambos protagonistas queda comprendido en la figura agravada, es menester examinarlo a la luz de su doble condición, desde que la relación de jerarquía propia del estado militar por pertenecer ambos al Ejercito, el sujeto activo como Teniente 1° y la damnificada como aspirante. Es que de conformidad con lo establecido por el tribunal de mérito, la damnificada se hallaba sometida a un régimen de internado en la Escuela de Suboficiales, lo que apareja que durante su permanencia allí estuviera fuera del control y vigilancia de sus padres quienes ejercían su patria potestad pero delegado su guarda en cabeza del Ejercito Argentino. (Dr. Madueño, según su voto).
Derechos de exportación, petróleo, hidrocarburos
Materia: ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: Sinopec Argentina Exploration and Production Inc (TF 32557-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El precio internacional fijado por la Secretaría de Energía y considerado por la DGA para calcular la alícuota para los derechos de exportación aplicable en una determinada fecha puede o no coincidir con el precio de ese día de los hidrocarburos en los mercados a los que hace referencia el art. 3° de la resolución (MEyP) 394/07; ello dependerá de la diligencia de la Secretaría de Energía en fijar el precio internacional y de la DGA en considerar dicha cotización en la fórmula establecida en el art. 4° de la citada resolución (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Maqueda). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-. -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: LA MALFA SALVADOR c/ SEVEL ARGENTINA S.A. s/ DEMANDA  - RECURSO  DIRECTO  -  CREDITOS  LABORALES  - ACTUALIZACION  MONETARIA - DEPOSITO EN TERMINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-06-06

Si el depósito de lo adeudado se realizo en término con el último índice conocido hasta ese momento, dentro del mes en que este fuera publicado, la deudora abono correctamente si bien el pago solo es liberatorio si se efectúa en término y con los adicionales de ley, no puede pretenderse que quien lo realiza formule un cálculo estimatorio de la desvalorización monetaria por los días corrientes del mes siguiente al del último índice publicado, aunque ya hubiera transcurrido la mayor parte de ese mes. Los índices elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos son de publicación mensual y por tanto, su aplicación también debe serlo en su integridad y a partir de la fecha de aquella. Tal solución se compadece con el principio de seguridad jurídica, que impone una solución que permita terminar la contienda en un plazo prudencial.

Calcular la posible actualización por los días transcurridos, además de implicar la aplicación parcial del índice, exigiría el consentimiento del acreedor, pudiendo generar una nueva incidencia.

Distinta seria la solución si el depósito se hubiera producido fuera de término o la liquidación se hubiera elaborado en base a un índice distinto del que debía aplicarse.
Patentes, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, propiedad intelectual, interpretación de tratados internacionales, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

El Acuerdo ADPIC tuvo en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados reconociéndoles una protección especial para que pudieran estar en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable (confr. preámbulo), y sobre tales bases contempló disposiciones transitorias a fin de mitigar el impacto que los nuevos estándares pudiesen tener en las legislaciones nacionales, estableciendo a tal fin una regulación específica en el caso de la patentabilidad de productos farmacéuticos (Voto del Dr. Antonio Boggiano). -Del precedente "Pfizer", al que remitió la Corte Suprema-.
Convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical, trabajadores de la industria del chacinado, camioneros
Materia: LABORAL
Carátula: FRESSER, Ricardo y otros c/ TRES CRUCES Y OTRO S.A. s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Los camioneros que transportan por todo el país lo producido por una fábrica de chacinados quedan comprendidos por el CCT 207/75 que abarca el personal dedicado a tal actividad y no por el 40/89 perteneciente específicamente a los camioneros. Esto es así, pues tal como lo establece el plenario de esta Cámara n° 36 "Rizzo C/ Química Estrella" la circunstancia de que el empleador tenga a su servicio" trabajadores que realicen tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan específicamente la profesión o el oficio de esos trabajadores".
Derecho civil, locación de inmuebles, reparaciones en el inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA, INES ANTONIA c/ ROZO, JORGE s/ PREPARA VIA EJECUTIVA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-12-22

Las reparaciones realizadas en el inmueble en cuestión no fueron autorizadas por el locador. Tampoco existe constancia en los autos de que el locatario haya intimado a aquel a su ejecución, ni se encuentra acreditada la urgencia en su realización; por lo que no es procedente la compensación como tampoco la previsión del art. 1518 del Código Civil.
Sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Costantini, Luciana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Resulta arbitraria la sentencia de la Cámara que, por aplicación de la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea, confirmó la de primera instancia que había equiparado salarialmente a la parte actora con el agrupamiento profesional tramo C, nivel 4, del escalafón del personal de la Procuración General de la CABA, y, a mérito de ello, ordenó abonarle ciertas diferencias salariales resultantes de esa equiparación. Ello así, en tanto la decisión prescinde de aplicar la res. n° 1960/SHYF/05 -cuya validez no había sido materia del recurso-, y este proceder equivale a declararla inconstitucional implícitamente, sin hacerse cargo de los lineamientos que la CSJN dejó sentados in re "Rodríguez Pereyra" {Fallos 335:2333) y "Mansilla" {Fallos 337:179). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Independencia del Poder Judicial, intangibilidad de la remuneración, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montes de Oca, Alberto Horacio y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Si se aplican en forma matemática los índices de costo de vida, deberá efectuarse una quita sobre los montos que resulten de tal procedimiento, la que reflejará de algún modo el deber de solidaridad de los jueces y la necesidad de compartir con el respeto de la comunidad los embates de la inflación, pero sin que ello ponga en peligro la independencia del Poder Judicial.
Beneficio de litigar sin gastos, contenido de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CLEMENCEAU ROSA MARIA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-18

La narración fáctica de la demanda, no satisface la exigencia específica del art. 76 inc. 1. CPCC, ni la genérica del art.318 si al demandar, la recurrente no describió su situación económica, no explicó cuáles eran sus ingresos, ni procuró dejar expuesta su insuficiencia para abonar los diversos gastos que podía irrogar la promoción del juicio en el que el beneficio sería hecho valer; es más, en todo momento, incluso en esta instancia recursiva, omitió detallar los generados por las diferentes actividades profesionales y comerciales surgidas de la prueba.
Interpretación de la ley, obras sociales, juicio de apremio, procedimiento de impugnación de deuda previsional, defensa en juicio, Cámara Federal de la Seguridad Social, recursos
Materia: CIVIL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. c/ Instituto de Servicios Social para el Personal Ferroviario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-02

Lo dispuesto por el art. 21 de la ley 23.660 y 21 del Anexo I del Dec. Reglamentario 576/93, está exclusivamente referido al régimen de fiscalización de las obligaciones emergentes de la nueva ley de obras sociales. Además, la remisión que efectúa el citado Dec. Reglamentario a las normas vigentes para el S.U.S.S. (vgr. ley 18.820, Res. A.N.Se.S. 877/92), se vincula exclusivamente con la implementación de un procedimiento previo a la emisión del título que habilita la vía del apremio establecida por el art. 24 de la citada ley 23.660, que permite al reclamado impugnar la deuda determinada y acordarle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y obtener una decisión fundada por parte del organismo correspondiente -concordante esto con lo establecido en el art. 1 de la ley 19.549-. En consecuencia, y atento que el art. 26 de la ley 24.463 no contempla recurso alguno por ante la C.F.S.S. contra decisiones de organismos vinculados al régimen de obras sociales, corresponde declarar improcedente la apelación interpuesta contra la resolución que rechazó el pedido de nulidad del acta de inspección labrada. (Del voto de la Dra. Maffei).
Mala praxis, obligaciones del médico, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: C., R.P. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios (Resp. Prof. Médicos y Aux.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

El Gobierno de la Ciudad de Buenos resulta responsable por la mala praxis en la incurrió un médico en un hospital público, no sólo por el imprudente actuar de su dependiente, sino porque ello importa falta de servicio adecuado, incumpliendo así con la obligación de seguridad en las prestaciones que también se encontraba a su cargo.
Pensiones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cantos, Olga Elvira c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha propiciado una interpretación amplia del Decreto 460/99, a partir del precedente "Tarditti, Marta Elena", sentencia del 07-03-06 (Fallos: 329:576), en el que ha dicho que la regularidad de los aportes no debe ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por la muerte del causante, sino que debe ser valorada de modo proporcional con los lapsos trabajados y el período de afiliación ("Pinto, Angela Amanda c/ A.N.Se.S. s/ pensiones", Sent. Del 06-04-10, P. 1861 .XL.R.O.).
Prueba, carga de la prueba, hecho del príncipe, deberes procesales, doctrina, jurisprudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Auad, Rolando c/ E.F.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-05

Frente al hecho del príncipe o en situaciones extremas de muy dificultosa prueba, sería diabólico pretender que ella recayera sobre una sola de las partes. Ambos tienen el deber de colaborar lealmente en la consecución de la justicia. Este principio ya de lege lata, por aplicación jurisprudencial ha venido sosteniendo la vigencia de aquellos mecanismos tendientes a morigerar la compleja carga probatoria complementando las tradicionales enseñanzas de Domogue. Así se sostuvo en las IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (1989), que cuando la responsabilidad se funda en la culpa, esta debe ser probada por el actor -en principio sin perjuicio de la incidencia de las presunciones judiciales y del concepto de carga probatoria dinámica que la hace recaer a quien se halla en mejor situación de probar.

En el mismo sentido, la Cámara Civil, con voto en primer término de la Dra. Borda de Radaelli, quien sostuvo que ambas partes deben acreditar sus derechos y desvirtuar sus responsabilidades como forma de colaborar en el logro de una aplicación justa del derecho, aún siendo evidente que la carga pesa sobre quien se encuentra en mejor situación para producir pruebas.
Régimen penal tributario, interpretación de la ley, evasión previsional
Materia: PROCESAL - PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: CAMARGO, C. y otro s/ ley 23.771 Causa nro. 27.658
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-07

El Tribunal ha encuadrado en el artículo 8 de la ley aquéllos supuestos en los que la evasión no fuera consecuencia de ardid o engaño alguno que hubiera llevado a incurrir en error o equivocación a la administración respecto de las obligaciones debidas, destacando que en materia previsional no existe en la ley 23.771 una disposición análoga a la del artículo 1, relativo al régimen impositivo, en el que se instrumenta una figura de peligro concreto para cuya configuración es suficiente que el ardid tenga como objeto dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de los tributos.
Proceso penal, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sammito Antonio en j: Fiscal c/ Semmito Antonio s/ Homicidio - Queja por apelación denegada (Libro: A029A-107)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-12-30

Es indudable que para el acto de la lectura de los fundamentos de la sentencia, debe cumplirse con la obligación de citar al Fiscal y a las partes. Luego no habiendo constancia de que el imputado manifestase no desear comparecer a oír la lectura de los fundamentos, el mismo no ha sido notificado como prescribe la ley, pues no podía comparecer si el Tribunal así no lo ordenaba -se encontraba detenido- razón por la que cabe acoger la queja y declarar interpuesto en término el recurso de casación.
Principios procesales, leyes, interpretación de la ley, LEY DE CONCURSOS, ley procesal, aplicación supletoria de la ley, concurso preventivo, crédito verificado, deserción, traslado, notificación automática, notificación por cédula, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: INGENIERO SPIRANDELLI S.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO PREVENTIVO-RECURSO REVISIO N D.G.I.- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 39 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-25

Cabe distinguir entre los procedimientos mismos y los principios procesales. Acorde a ello, cuando los actos notificatorios resultan exigibles, ellos integran la secuencia procedimental misma -precisando reglas específicas del procedimiento- valga la sinonimia. Y ante su ausencia (art. 278, ley 24522), el principio de seguridad jurídica impone la aplicabilidad de las reglas locales, supletoriamente, y en tanto no interfieran con los propósitos de la ley misma. La supletoria aplicación de la regla local no implica desatender el carácter de fuente legal y la aplicabilidad directa de los distintos principios en la solución de las vaguedades, ambigüedades o posibles antinomias de la ley respecto a la estructura central del proceso, como del sistema concursal en su integridad. Bien que en su caso, la razonabilidad en la ponderación de su aplicación propia a su status normativo, indicará si acreditan suficiente razón justificatoria de las soluciones que se adopten. En tal sentido, en el amplio margen de sus atribuciones concursales, y en cuanto a lo no previsto, es dable a los juzgadores disponer notificaciones en coincidencia con los mencionados principios. Pero en tal caso y en orden a la exigencia de certidumbre de los justiciables y en garantía de tratamientos igualitarios a los litigantes, precedido del elemental deber de decirlo de modo claro. Por lo cual, en casos como el de autos, en ausencia de una preceptiva judicial específica como la señalada, se impone atender a las reglas notificatorias del procedimiento local. Pues, la incrementada exigencia de certeza en orden a la notificación de las etapas fundamentales no admiten la solución del caso por aplicabilidad del principio procesal, sino por la norma de remisión del artículo 278 de la ley 24522. Criterio que se apoya en la exigencia de certeza y previsibilidad en las reglas del procedimiento, por su mayor conducencia en resguardo del derecho de defensa de la norma de remisión. (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Cuestiones de competencia, incapaces de hecho, curatela, tutela, domicilio, cambio de domicilio, competencia por el territorio, juez previniente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Farías, Antonia Susana s/ curatela.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Conforme al ineludible principio interpretativo de atender a lo que resulte más conveniente al insano y dada la diferencia existente entre tutela y curatela, cabe dejar de lado en determinados supuestos excepcionales la regla de la perpetuatio jurisdictionis si ésta se torna notoriamente inconveniente para el insano y obstaculiza el eficaz control que debe ejercer la justicia en cuanto a su situación personal y patrimonial (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Libertad, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: M, H. O. s/ Apelación. Resoluciones (EXPTE. Nº 29-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-18

Es evidente que la interpretación literal de lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 24390 en el sentido que el imputado recuperará la libertad bajo la caución que el tribunal determine, sería una injusticia, pues privaría del beneficio a quienes no pueden prestar una caución personal o real por su estado de pobreza.
Recusación, trámites judiciales, incidentes, Cámara de Apelaciones, proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO     INCIDENTE DE RECUSACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    RECUSACIONES  CON  CAUSA  PLANTEADAS  RESPECTO  DEL  PRESIDENTE Y UN  MIEMBRO DE  LA  CORTE  Y  LAS EXCUSACIONES DE DOS MINISTROS  DE  ESE  TRIBUNAL      CSJ EXPTE NRO 146-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-19

El legislador previó respecto del trámite de la recusación y obviamente por razones de celeridad, que el juez que no admita la recusación forme un incidente con el escrito que contiene la solicitud de apartamiento y la providencia del rechazo que deberá elevar a la Alzada, debiendo ésta resolver previa audiencia y en su caso, recepción de pruebas (artículo 55 del Código Procesal Penal) Del voto de la mayoría. En disidencia Dres Lara y Vigo