Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-31


Comodoro Rivadavia, 31 de octubre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S, M I y otro s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS". Expte Nro. 16.022/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nº 2, Secretaría Nro. 4 (Expte. Nº 1581/2005).

Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la parte actora a fs. 262, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria Nº 112/2006, de fs. 257/258 y a fs. 269/271vta. recurso de reposición con apelación en subsidio contra el proveído de fecha 04/07/06 (fs. 261), habiéndose rechazado el primero y concedido el segundo según surge del proveído de fs. 272.

En función de lo expuesto, cabe adentrarnos ahora en el examen de los recursos invocados por la parte apelante; a tal fin se expondrán los agravios por separado atendiendo al orden cronológico de las presentaciones.

En el memorial de fs. 275/281 se agravian los recurrentes contra el decisorio de fs. 257/258 en cuanto el magistrado hace lugar a la caducidad de instancia planteada por la codemandada A E de S M. Solicita se revoque dicha resolución y disponga la extensión del beneficio tal como fue solicitada.

Señala que el aquo yerra al considerar que la petición de ampliación prevista en el art. 86 del C.Pr. abre una nueva instancia, toda vez que la misma se abrió con la demanda interpuesta por los actores a fs. 9/13 y no con la solicitud de extensión del beneficio.

Manifiesta que el beneficio de litigar sin gastos al tener un trámite específico no puede entenderse como un incidente ni regirse exclusivamente por sus reglas, razón por la cual, atento la especificidad de su tramitación el plazo de caducidad que lo rige es el previsto en el art. 310 inc. 1 del C.Pr. de 6 meses aplicable a los juicios ordinarios.

Agrega que se descarga todo el peso de la actividad procesal en cabeza de la parte actora como si los otros sujetos tuvieren derecho a permanecer inactivos y luego solicitar la caducidad.

Expresa que al declarar la caducidad de instancia respecto a la A E priva a su parte, de escasos recursos, de acceder en forma efectiva a la justicia desconociendo así la naturaleza de orden público de dicha garantía. Finalmente, manifiesta que debe revocarse la caducidad declarada y adoptarse un criterio restrictivo de este instituto. Formula reserva del caso federal.

En relación al recurso de apelación en subsidio de fs. 269/271 manifiesta que se agravia en cuanto el aquo dispuso la extensión de la caducidad prescindiendo del debido proceso. Omite disponer el traslado de acuse de caducidad. Declara de manera oficiosa la caducidad de instancia, toda vez que no medió articulación expresa en ese sentido por parte del Sr. Cisneros, existiendo una clara violación del derecho de igualdad.

Manifiesta que peticionó dos veces la extensión del beneficio concedido en autos en relación al Sr. C, sin respuesta alguna del aquo. Expresa que la petición realizada por su parte constituye actos impulsorios que impiden cualquier perención. Hace reserva del caso federal.

A su turno (fs. 286/288) la A E procede a contestar los agravios que han sido vertidos, solicitando que sean rechazados los recursos intentados y sea confirmada en todas sus partes la resolución atacada.

II. Adentrándonos en la cuestión a resolver, es dable señalar que más allá de los fundamentos dados por la parte actora al fundar los recursos que le fueran concedidos, de los antecedentes de la causa surge la configuración de uno de los supuestos que torna improcedente la declaración de caducidad de instancia, concretamente el previsto por el artículo 313, inc. 3º.

Que, del análisis de las constancias de autos, precisamente se advierte que la declaración de caducidad de la instancia deviene improcedente por cuanto en razón de la etapa en que se encontraba el trámite de la causa, existía pendiente una actividad del Tribunal, por lo que la situación descripta corresponde al supuesto del art. 313, inc. 3º del C.Pr.

Es que, al realizar el ineludible exámen de los actos anteriores a dicha declaración nos encontramos que el proceso avanzó del siguiente modo: se promovió la demanda el día 11 de junio de 2003 fs. 9/13, con fecha 04/07/05 se dicta sentencia definitiva Nº 04/05 otorgando el beneficio de litigar sin gastos al Sr. M y a la Sra. S por la demanda resarcitoria que entablaran contra el Dr. S, R, D y/o todo aquel que pudiera resultar patrimonialmente responsable fs.169/170.

Con fecha 13/10/05 los recurrentes solicitan extensión del beneficio concedido en autos contra los Dres. R, C y el Sanantorio A E fs. 184 El juez ordena la citación de los mismos a fs. 185.

El día 28/10/06 fs. 201/225 se presenta la A E. A fs. 226 se corre traslado de la citación en garantía a la actora, teniendo el juez por contestando el mismo a fs. 237. A fs. 227/234 obra escrito de presentación del Dr. C. A fs. 238 la actora desiste de la extensión del beneficio de litigar sin gastos contra la Dra. R, teniéndola el juez por desistida a fs. 239.

El 28/04/06 la A E plantea la caducidad de instancia, haciéndo lugar a lo solicitado el día 23 de junio de 2006 mediante sentencia interlocutoria Nº 112/06.

La A E y el tribunal son contestes en señalar que el acto de fs. 239, de fecha 07 de diciembre de 2005, constituye el último acto procesal impulsorio de la actora realizado en el expediente. Ahora bien, en orden a determinar si existe caducidad de instancia constituye un paso necesario e ineludible determinar sus alcances procesales.

La doctrina en caso como el de autos a dicho que: tratándose de la extensión de los efectos de un beneficio que ya ha sido concedido, el beneficiario debe considerarse eximido de ofrecer pruebas destinadas a acreditar la concurrencia de los requisitos legales.

Es, por lo tanto a la otra parte a quien incumbe acreditar que se han modificado o desaparecido las circunstancias fácticas que se tuvieron en consideración para dictar la anterior resolución, en cuyo caso, será el peticionante quien tenga interés en rendir prueba para desvirtuar la del otro sujeto (Cfme. Highton Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial [1º Ed., 2004], t. 2, p. 243).

Ello así, la secuencia procesal descripta demuestra que, en virtud de lo dispuesto en el art. 81, 34 inc. 5 ap. e), 36 inc. 1 del C.Pr., correspondía que el tribunal dictara el pronunciamiento que correspondiere respecto a la extensión del beneficio de litigar sin gastos planteada.

Y esta situación procesal, en orden a la aplicación del instituto de la perención de instancia de aplicación restrictiva, queda subsumida dentro de las previsiones del art. 313 inc. 3º que como se ha dicho regla expresamente supuestos en los que "No se producirá la caducidad".

Y esto debió ser analizado por el a quo, por cuanto "la carga de los litigantes de instar el procedimiento, aunque, en principio, se extiende a todo el curso de éste, desaparece cuando existe un deber del Tribunal, porque la carga del litigante termina donde empieza el deber del juez (Sentis Melendo, "Perención de la Instacia y carga procesal" Rev. Colegio de Abogados La Plata, año IV, Nro. 8, p. 437, íd. esta Camara, Sala A, Sent. Inter. Nro. 291/96 d3el 5/11/96 y Sala B, Sent. Inter. 3/2000 del 3/2/00).

Aún debe agregarse al concepto de pendencia del trámite a cargo del Juzgado, la inadvertencia del sentenciante al proveer de inmediato a fs. 239 el desistimiento de fs.238, cuando previamente el expediente se encontraba concretamente en calidad de autos para resolver, por efecto del auto de fs.237 que tenía "por contestado el traslado conferido a fs.226".

Huelga recordar que toda vista o traslado se considera decretado en calidad de autos, "debiendo el juez o tribunal dictar resolución si más trámite" (art.150 CPCCCh).

Se advierte entonces, que no resulta viable interpretar el abandono de la instancia y debe tenerse en cuenta que la materia de caducidad está regida por un principio restrictivo, porque como lo sostuvo el Superior Tribunal de Justicia "siendo un modo anormal de terminación del proceso, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a este carácter sin llevar ritualmente el criterio que la preside más allá de su ámbito propio" (I, B c/ C del S S.A. A s/ Daños y Perjuicios" Expte. Nº 15.618/96).

La improcedencia de la declaración de caducidad que se propone torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios de la actora.

En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos y revocar las resoluciones recurridas.

Las costas de ambas instancias se impondrán a la codemandada vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.Pr.). Los honorarios se regularan teniendo en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, todo de acuerdo a las previsiones de ley arancelaria (arts. 6, 7, 9, 14, 33, 47 y ccs. de la Ley 2.200, t.o. Ley 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la actora a fs. 262 y a fs. 269/271, en consecuencia, revocar la sentencia definitiva de fs. 257/258 y el proveído de fs. 261.

2) Dejar sin efecto la caducidad de instancia dictada y rechazar la incidencia planteada a fs. 240/241 vta., debiéndose continuar con el trámite según su estado.

3) Costas de ambas instancias a la codemandada vencida. Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al incidente de caducidad de instancia por los trabajos realizados por los Dres. E N y M M N, conjuntamente, en el DIEZ POR CIENTO (10%) de lo que corresponda en el proceso principal y los de la Dra. P C, en el DOCE POR CIENTO (15%) de lo que corresponda en el proceso principal.

4) Regular los honorarios profesionales en la Alzada, para los Dres. E N y M M N, conjuntamente, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo que correspondiere a los honorarios que se regularan precedentemente por los trabajos realizados en el incidente de caducidad y los de la Dra. P C, en el TREINTA POR CIENTO (30%) respecto del monto correspondiere a los honorarios que se regularan precedentemente por los trabajos realizados en el incidente de caducidad.

5) Notifíquese, regístrese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet Presidente; Fernando Nahuelanca Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL nro.214 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS