Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25


1.253/02 "Grimberg Marcelo Pablo c/PEN Dto. 1570101 s/amparo ley 16.986" ///nos Aires, 25 de junio de 2.002.

VISTOS estos autos: "Grimberg Marcelo Pablo c/PEN Dto. 1570/01 s/amparo ley 16.986", y , CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 74 y vta. el juez de la instancia anterior rechazó el 26 de febrero del corriente la medida cautelar solicitada por el actor en el marco de la acción de amparo intentada, por entender que no se hallaban reunidos los requisitos para su procedencia.

Sostuvo que teniendo en cuenta la brevedad de los plazos que consagra la ley de amparo, el presupuesto del peligro en la demora no se encontraba suficientemente acreditado y, que salvo circunstancias excepcionales, no correspondía dictar a titulo precautorio decisiones cuyo objeto coincidiera total o parcialmente con el de la demanda.

II. Que a fs. 38/42 apela el actor. Reclama la transferencia a un establecimiento educativo de u$s 15.430 a efectos de realizar estudios en el exterior cuya fecha de inicio era el 11 de marzo del 2.002 y la entrega en efectivo de u$s 10.000 necesarios para comprar los pasajes y para los gastos de estadía, respecto de los u$s 45.178,29 depositados en una caja de ahorro en dólares de su titularidad en el Bank Boston (confr. fs. 75). Sostiene que según jurisprudencia de la C.S.J.N. cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previsto en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse derecho adquirido ya que la situación creada por la ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que se hace inalterable y no puede ser suprimida. por una, ley posterior sin agravio al derecho de propiedad. Plantea la inconstitucionalidad del art. 12 del decretó 214/02, modificado por el decreto 320/02, por considerarlo un avasallamiento a las facultades del Poder Judicial y al derecho a una tutela judicial efectiva.

A fs. 50/56 vta. plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.587 (B.O. 26/4/2002), cuyo traslado fue contestado por el Estado Nacional a fs. 73 y vta. y por el Bank Boston a fs. 83/89.

El actor manifiesta que a través de la ley citada el Estado Nacional impuso a los amparistas nuevas trabas e imprimió más dilaciones en el trámite procesal, en desmedro de la acción expedita y rápida prevista en el art. 43 de la C.N.. Aduce que el art. 1 de la norma viola el derecho de igualdad contenido en el art. 16 de la Carta Magna, al regular en forma selectiva las medidas cautelares como la peticionada en autos y que el Estado Nacional pretende crear un proceso especial cuando en la Argentina no pueden existir fueros personales. Considera que la aplicación retroactiva prevista en el citado articulo vulnera la garantía consagrada en el art. 18 de la C.N. y dice que la retroactividad de una ley se aplica sólo cuando ésta resulta más benigna.

III. Cabe señalar que durante la sustanciación del proceso, han sido dictadas nuevas normas que afectan la materia objeto de esta litis por lo que, de conformidad con inveterada doctrina de nuestro máximo Tribuna, (a decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos, en tanto configuran circunstancias sobrevivientes de las que no es posible prescindir (confr. Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123, "Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: "Smith, Carlos Antonio cl Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional sl surnarisimo" del 9/2/02) En este sentido, debe indicarse que con fecha 26 de abril de 2002 se publicó en el Boletín Oficial la ley 25.587 que estableció, en su art. 1 que en procesos como el de autos "...sólo será admisible la medida cautelar reglada por el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando existiese el peligro de que si se mantuviere o alterare, en su caso, la situación de hecho de derecho, la modificación pudiere interferir en la sentencia o convirtiere su ejecución en imposible o ineficaz. En ningún caso las medidas cautelares que se dispongan podrán tener idéntico objeto que el perseguido respecto de lo que deba ser materia del fallo final de la causa, ni consistir en la entrega bajo ningún titulo al peticionar o de los bienes objeto de la cautela ...." (párrafos 1 y 2).

En este contexto, la decisión de la cuestión sometida consideración de este Tribunal impone necesariamente detenerse en el examen de la validez constitucional de la ley 25.587 cuestionada por el actor, toda vez que ello supone el presupuesto del progreso de la pretensión cautelar.

IV. Conviene recordar que la división del Gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes Y soberanos en sus esferas, constituye un principio fundamental de nuestro sistema político. De ello se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruir la base de nuestra forma de gobierno (Fallos 310:1162).

Puntualmente, nuestro Más Alto Tribunal señaló que los otros poderes del Estado carecen de atribuciones para modificar, mediante el ejercicio de sus funciones especificas, las previsiones constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial (fallos 324:1177).

Ello así, cualquiera sea la naturaleza y fin específico del centro legislativo de actos jurisdiccionales, éste atenta contra el principio de división de poderes incito en el esquema republicano de gobierno.

Desde esta perspectiva, la norma bajo análisis establece una clara injerencia en el ámbito decisorio propio del Poder Judicial pues resulta competencia exclusiva de los jueces apreciar en cada caso concreto qué medida de las articuladas por el código de rito, resulta ser la más adecuada en su aplicación a la controversia específica a fin de asegurar la eventual ejecución de la sentencia.

Más aún, a fin de evitar perjuicios o gravámenes el Juez puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger (confr. art. 204 del C. P. C. C. N.).

Tal función, que hace a la esencia del Poder Judicial y, como se explicara, a nuestro sistema republicano de Gobierno, no puede ser limitada por el Poder Legislativo para un determinado grupo de casos, según la materia en litigio, con posterioridad a la iniciación de los procesos, sin que ello suponga un avasallamiento a los principios de nuestra Ley Fundamental.

V. Del debate parlamentario de la ley 25.587 surge con claridad que el objetivo de esa norma es dar un respiro a la situación de crisis del sistema financiero. Se admito sólo como medida cautelar la prohibición de innovar para "evitar una sangría continua de los depósitos de los ahorristas argentinos", para "proteger el interés general de la República" y el interés de los depositantes que no demandaron (confrontar exposición miembro informante Senador Jenefes). En palabras del Senador Maestro, por el bloque radical, el proyecto del Poder Ejecutivo una norma de coyuntura que tiende a frenar la prosecución y la ejecución de los amparos que "están causando un serio deterioro al sistema bancario que está a punto de quebrar".

La lectura completa del debate aleja toda duda del propósito del legislador de detraer la potestad de los jueces de controlar, el respeto a la Constitución, se la limita estableciendo como única medida cautelar posible la de no innovar, pero ello en la realidad que se considera, hace estéril la facultad jurisdiccional de asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia.

Tal norma se sustenta en la necesidad de defender el sistema financiero sin advertir que para mantener un sistema basado en la confianza se parte de la destrucción de esa confianza porque se modifican todas las reglas existentes tanto de carácter sustancial como las procesales que regulan las acciones judiciales.

Ninguna protección se hace efectiva con la medida de no innovar comunicada al banco depositario si el mismo legislador reconoce que las entidades carecen de fondos o son insuficientes para responder a los depósitos, si se engloba a todos los bancos sin distinción en la falencia invocada y no se clarifica la situación particular de cada entidad, si ningún banco afronta siquiera parcialmente el compromiso asumido. Y consecuentemente, no genera confianza para que otros depositen nuevos fondos.

VI. Así la efectividad de la tutela judicial se halla muchas veces condicionada por la eficacia de los medios procesales a través de los que se intenta la conservación del derecho o situación jurídica litigiosa durante la sustanciación del proceso.

Es que no puede olvidarse que hay supuestos en que el juez debe pronunciarse urgentemente y antes de la sentencia definitiva, ordenando el cumplimiento inmediato de su mandato a fin de impedir un gravamen irreparable ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" comentado y concordado por Fenochietto-Arazi Tomo 1 pág743, editorial Astrea 1983).

Al respecto, este Tribunal tuvo oportunidad de señalar "...La Constitucionalidad del amparo tuvo por finalidad robustecer la tutela judicial efectiva, también receptada en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud de lo normado en el inc. 22 del art. 75 de la C.N. (confr. art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y art. 2 pto. 3 ap. b, del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Para llegar a este fin, la medida cautelar podrá resultar, en ciertos casos, un elemento imprescindible, ya que su desconocimiento podría llevar a la imposibilidad de dictar una sentencia útil en situaciones de urgencia" (Cám. Nac. de Apel. en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV in re "Rio Negro S.R.L." del 22/09/98).

Las actuales circunstancias económico financieras tornan imperioso un aseguramiento concreto y real de los depósitos constituidos en el sistema financiero, a fin de que no se convierta en ilusoria la posibilidad de su devolución frente a una sentencia definitiva y favorable a la pretensión del actor; tal finalidad resulta no sólo difícil sino de imposible concreción a través del alcance otorgado a la medida cautelar en la ley 25.587.

En efecto, la prohibición de innovar tiene por objeto impedir un cambio en la situación de hecho o de derecho mientras dure el proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse. Es improcedente la prohibición de innovar cuando no tenga ella por finalidad asegurar el pronunciamiento futuro. ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" comentado y concordado por Fenochietto-Arazi Tomo 1 pág743, editorial Astrea 1983) Es decir, que en las circunstancias de público y notorio conocimiento, la medida cautelar prevista por la ley referida no cumple con la finalidad propia del instituto en análisis enunciado en el inc. 2. del art. 230 del C.P.C.C.N.

Ello pues, en las mentadas. circunstancias y frente a la actual situación del sistema financiero, no es idónea para asegurar la conservación del derecho que se pretende tutelar como la eventual ejecución de la sentencia.

VII. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica con jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75 inc. 22 de la C.N., dispone en su art. 8inc. 1) "...el resguardo de las garantías judiciales significa el derecho a ser oido, con la debida garantía y dentro de un plazo razonable por jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales"; por su parte, el art. 25 consagra en términos amplios la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone además que dicha garantía se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.

En tal sentido, en opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC 9/87), sostuvo "...no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado resulten ilusoria." A su vez, el art. 27 de la mentada Convención establece la subsistencia de tales garantías judiciales, aún en supuestos de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte. (confr. Art. 27 inc. 1 y 2) A su respecto, en la referida opinión consultiva, la Corte Interamericana expresó asimismo que "...la implantación del estado de emergencia cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se considere en el de derecho interno la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados partes están obligados a establecer, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia." Por ello, debe concluirse que la limitación impuesta por el Poder Legislativo al Poder Judicial para dictar medidas cautelares resulta contraria las disposiciones de la Constitución Nacional y a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que desnaturaliza la esencia de tal instituto y resulta contraria al principio de tutela judicial efectiva.

VIII. A través de pretendidas normas procesales, como la que aquí se analiza, u otras como la regulación del recurso directo ante la Corte sólo otorgado al Poder Ejecutivo y a las entidades financieras (art. 195 bis del C.P.C.C.N. actualmente derogado) o la paralización de las causas por 180 días (art. 12 del decreto 214/02) o la suspensión por ese mismo plazo de la ejecución de medidas cautelares o sentencias de amparo (decreto 320/02), o la concentración de toda la competencia en la justicia federal, o la denuncia generalizada de "abusos" cometidos por los jueces que han admitido las medidas cautelares, se atenta contra el principio de igualdad procesal que debe regir el tratamiento de los contrarios en las causas judiciales en examen, es decir de aquéllos que integran la relación contractual: la entidad depositaria y el depositante.

Asimismo, tal como señala el recurrente, la mentada normativa resulta atentatoria del principio de igualdad toda vez que coloca en una posición más perjudicial, de cara a la eventual ejecución de la sentencia, a quienes promuevan los procesos judiciales indicados en el art. 1de la ley 25.587, respecto de aquéllos que accionen por cualquier otro objeto, sobre los cuales rige con toda amplitud el instituto de las medidas cautelares.

Consecuentemente se declara inconstitucional el articulo 1 de la ley 25.587 por violatorio de las garantías consagradas en los arts. 1, 16, 18, 31, 43 y 75 inc. 22) de la Constitución Nacional y los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ASI SE RESUELVE.

IX. Ello sentado, cabe analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada en autos.

Al respecto, corresponde señalar que la medida precautoria en la, forma en que ha sido planteada coincide con el fondo del amparo, lo que en principio la tornaría inviable pues es sabido que no corresponde dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincida total o parcialmente con el de la demanda. Si la realización de la cautelar conlleva la concesión del objeto mismo del amparo porque se compromete la propia materia debatida en la causa, se afecta precisamente el objeto del pleito, con menoscabo de garantías constitucionales como la defensa e igualdad entre las partes (conf. doctrina de Fallos C.S. 323: 337; 349; Sala IV in re "Tradimex" del 5 de abril de 1991; Sala I in re "Triulzi" del 13 de diciembre de 1990, Juzgado n11 in re "Araóz de Lamadrid" del 7 de febrero de 2002). No obstante lo cual, corresponde por las particularidades del caso analizar con mayor profundidad la situación de hecho que se plantea en el sub examine a los fines de no dejar desprotegido por la aplicación dogmática de un principio procesal, a quien acude a reivindicar su derecho.

X. Sin que esto implique un pronunciamiento definitivo acerca de la cuestión de fondo planteada, la verosimilitud del derecho invocado aparece en principio como configurada a la luz de lo resuelto por la Corle Suprema de Justicia en la causa "Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo" del 1 de febrero de 2002.

XI. La constatación de un peligro de daño irreparable en la demora, pide una apreciación atenta de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego operado por una posterior sentencia (Fallos 306:2060).

El requisito de la urgencia que en épocas de normalidad no se verificaría por el tiempo en que se debe dictar una sentencia de amparo (conf. ley 16.986), se configura en el presente ante la situación en que se encuentran quienes reclaman el reconocimiento de su derecho en el contexto de un desborde judicial (ya destacado en el plenario "Waitzel, Rodolfo Pedro y otro c/ PEN Dto 1570/01 Resol 23/02 s/ amparo ley 16.986" del 19 de febrero de 2002).

Ante esta coyuntura no cabe más que advertir que se están dilatando los plazos procesales normales y que existen necesidades básicas que deben ser afrontadas por el ahorrista quien no fue preavisado de la situación de indisponibilidad en que se encontrarían sus depósitos bancarios.

XII. Teniendo en cuenta el pedido de cautela solicitado, la situación de colapso provocada por las aproximadamente 111.000 demandas análogas presentadas ante este fuero, lo expresado por la Corte en el caso "Smith", la alteración sorpresiva de la situación patrimonial de los ahorristas con la consiguiente situación de estrés y riesgo de daño psicofísico y las facultades otorgadas por el art. 204 del C.P.C.C.N. es que este Tribunal estima adecuado admitir en forma limitada la pretensión cautelar, lo que evita que se confunda con el fondo a resolver (art. 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

XIII. Esto así, corresponde ordenar que previa caución juratoria, el Bank Boston entregue al actor el cincuenta por ciento (50%) de los importes depositados en la caja de ahorro en dólares de su titularidad, en billete dólar o el equivalente en pesos necesario para adquirir los dólares en el mercado libre.

XIV. Esta medida cautelar se dispone en el marco de las facultades que el último párrafo del art. 3 del dec. 320/02 otorga a los jueces de la causa, toda vez que se advierte que un ahorrista que se enfrenta a una alteración sorpresiva de su situación patrimonial indisponibilidad de sus depósitos en el sistema bancario, que debe hacer frente de modo inmediato a las diversas necesidades cotidianas y que reclama ante un Poder Judicial desbordado, se encuentra en un grave riesgo psicofísico producido por el estrés y la angustia que esta situación le provoca. Tal conclusión es fácil de inferir ante el hécho público y notorio de constantes y ruidosos reclamos, cacerolazos, pintadas y escraches a los bancos, que conmueven la paz social. Esto así, el cumplimiento de la medida cautelar que aquí se dispone, no se encuentra suspendido por aplicación del decreto 214/02 modificado por su similar 320/02, sino que debe llevarse adelante.

Por las razones que anteceden, oído el Sr. Fiscal General (fs. 91/96), se revoca el fallo apelado, se declara inconstitucional el artículo 1 de la ley 25.587 y se hace lugar a la medida cautelar solicitada con los alcances expuestos en el considerando XIII. ASI SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese, ofíciese y devuélvase.