Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-02


Expte. Nº 5879/12 "NARVAEZ, Roberto Néstor c/ Olguín Orlando Balderramo y otros - Simulación - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a dos ( 02 ) días del mes de octubre del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, en autos Nº 10800 - 92357/2 caratulados: "Narvaez, Roberto Nestor c/ Olguín, Orlando Balderramo y otros - Simulación - Act. p/ elevar a Cámara (art. 255 inc. 2º C.P.C.)"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- La parte actora plantea recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería. En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 58/63 de estos autos, el a quo admite el recurso de apelación deducido por la demandada y revoca la sentencia de primera instancia que rechazó el incidente de caducidad de instancia incoado por ésta.--- --- El Tribunal llega a tales conclusiones, tras considerar que las disposiciones del artículo 151 del CPC, no son equiparables a las del 275 inc. 6º del mismo código; que la última norma refiere a procesos pendientes de resolución cuando existe la providencia de "autos para resolver", en cuyo caso se suspende el plazo de perención, lo que no acaeció en el caso en análisis. Sostiene asimismo, que la conducta de la parte actora y la del propio tribunal de primera instancia, avalan tal razonamiento. Por último, el a quo afirma que constituye un absurdo jurídico concluir que a raíz de la sustanciación de una oposición a la citación de tercero, se produjera la suspensión del plazo de perención "sine die"; que en tal caso el actor debió urgir el pronunciamiento.------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. La recurrente imputa arbitrariedad a la sentencia, argumentando que viola su derecho de defensa, igualdad, legalidad y propiedad, al no guardar las formas indispensables para constituir un acto jurisdiccional válido.--------------- --- En primer lugar, se agravia del fallo porque entiende que omite valorar en forma caprichosa y grosera, las circunstancias y hechos existentes en la causa. Argumenta que en autos existe un decreto dictado en calidad de autos y que el incidente de oposición a citación de tercero que lo motivara no ha sido resuelto, por lo que el tribunal debió aplicar los artículos 151 y 275 del CPC y no soslayarlos arbitrariamente como lo hizo.	------------ --- En segundo lugar, le agravia que el tribunal a quo omita pronunciarse acerca de la suspensión de plazos operada como consecuencia del primer planteo de caducidad, que inviabilizaría la procedencia del segundo por extemporáneo (prematuro). Manifiesta que la demandada recién quedó habilitada para formular un nuevo planteo de perención, una vez que fue resuelto el primero, en fecha 02 de agosto de 2010; que por ello, el incoado el 07 de mayo de 2010 deviene improcedente.----- --- Por último, tilda de arbitraria la sentencia en cuanto impone las costas correspondientes a la alzada a su parte. Afirma que por tratarse de una cuestión compleja, el a quo debió eximirla de su pago.----------- --- El recurso fue admitido formalmente mediante interlocutoria de fojas 89. Se corrió traslado a la parte demandada y al Fiscal General de la Corte, contestando la primera a fojas 97/107 y emitiendo dictamen el segundo a fojas 109/111.-------------------- --- Tras la precedente reseña de los antecedentes del caso traído a esta instancia extraordinaria, y previo a examinar su procedencia, he de referirme seguidamente a la objeción que formula la parte recurrida a la admisión formal del recurso extraordinario.---------------------- --- Plantea la accionada que el auto de admisión formal debe ser revisado y desestimado el recurso extraordinario deducido. Para ello argumenta: a) que la recurrente incurre en graves contradicciones en los agravios formulados; que el planteo se asemeja a que la sentencia es arbitraria, más que inconstitucional; b) yerra el nombre de la demandada que es Baldomero y no Balderramo, como si fuera un apellido; c) se excede en la cantidad de páginas, que son como máximo cuarenta, mientras que la quejosa presenta cuarenta y dos; d) omite partes imprescindibles, como es el escrito de demanda, que es lo que da origen al proceso judicial en cuestión; e) efectúa reiteraciones innecesarias e invoca los artículos de una ley derogada como es el artículo 297 del CPC, ley 3738; y f) incumple con la exigencia contenida en el artículo 12 de la ley 2275, al no especificar los derechos vulnerados y su relación con el caso concreto.--------------- --- Las objeciones fundadas en los acápites a, b y e resultan palmariamente improcedentes, desde que no integran los requisitos establecidos por la ley 2275. Las pretensas contradicciones, yerros e invocación de normas supuestamente derogadas, son cuestiones que deberán abordarse al tratar el fondo del recurso en análisis.--- --- La oposición relativa a que la impugnante se habría excedido en la cantidad de páginas (punto c), no encuentra sustento legal o reglamentario alguno. Aparentemente la demandada ha confundido los recaudos de admisibilidad establecidos por la ley 2275, con los fijados por la Corte Suprema de Justicia mediante Acordada Nº 4/2007 para el recurso federal (apartado primero, por el que se establece que el escrito deberá tener una extensión no mayor a las cuarenta páginas).--- --- En lo que hace al presunto incumplimiento del requisito de autosuficiencia (art. 4 de la ley 2275) por no haber adjuntado el escrito de demanda (punto d), cabe señalar que la referida exigencia tiene por finalidad facilitar el examen de admisibilidad por el Tribunal. Obviamente, si el recurso ha sido admitido formalmente es porque le ha sido factible juzgar su admisibilidad "sin necesidad de requerir otros antecedentes o actuaciones" (art. 4º tercer párrafo, agregado por ley 6846). De otra parte, tiene dicho esta Corte, que del texto de aquella disposición y la finalidad que persigue, resulta evidente que el juzgamiento acerca de la suficiencia de los recursos, es facultad privativa y discrecional del Tribunal Extraordinario, y tal meritación, implícita en el mismo dictado del auto de admisión formal, resulta insusceptible de contestación por las partes (PRE S.1ª 2012-IV-661).------------------ --- Por último, la objeción que se enanca en una pretensa falta de introducción de la cuestión constitucional (art. 12, ley 2275) no es tal, ya que consta en autos que el tema traído a esta instancia fue introducido por la actora en oportunidad de contestar el traslado del incidente de perención (en particular a partir de fojas 190 vta. a 194 de los autos principales) y mantenido al contestar la expresión de agravios de la accionada.----- --- Dicho esto, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la recepción del recurso de inconstitucionalidad y consecuente anulación de la sentencia impugnada, por las razones que abordaré a continuación.-------------------- --- Mas allá del orden propuesto para los agravios, comenzaré por analizar el segundo, desde que su eventual viabilidad tornaría abstractos los restantes. En efecto, la primer queja constituye -en definitiva- una discrepancia con el criterio interpretativo signado por el a quo a las normas procesales involucradas (artículos 151 y 275 inciso 6º del CPC, ley 8037). Tal temática, si bien debe ser abordada por la vía del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 -al cuestionarse la interpretación de normas procesales, ajenas por esencia a la casación-, presupone la existencia de una sentencia válida, en la medida que el a quo fundamenta su decisión. Por el contrario, de prosperar el segundo agravio, la resolución sería nula, inválida, con lo que el análisis restante devendría abstracto.--------------- --- Efectuada tal aclaración, resulta de las constancias de autos que el juez de primera instancia, no obstante rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 798 del CPC, ley 8037, denegó el acuse de caducidad de instancia, en el entendimiento que se encontraba pendiente de resolución una oposición a la citación de tercero, por aplicación de los artículos 151 y 275 inciso 6º ibid.----------------------------------------- --- La alzada, por su parte, considera inviable la interpretación signada por el juez de primer grado a los artículos supra aludidos y, fijando la propia, recepta el incidente de perención. En este razonamiento, el a quo soslaya considerar planteos defensivos relevantes introducidos por el actor, que retomaron vigencia al revocar el fallo de primera instancia. En particular: la inconstitucionalidad del artículo 798 del CPC y consecuente inaplicación de la ley 8037 al caso y la extemporaneidad del segundo planteo de caducidad de instancia, por la introducción de uno anterior. Esta Corte tiene dicho que quedan sometidas al tribunal de apelación, las cuestiones propuestas por la parte que no recurre, en razón de haber resultado vencedora en primera instancia (PRE S.2ª 1996-II-375).--------------- --- Así, la cámara de apelaciones debió definir -en primer término- si el segundo planteo de perención resultaba viable, por haber sido introducido antes de ser resuelto el primero -rechazado in limine por providencia de fecha 02 de agosto de 2010-. Sin emitir juicio sobre la cuestión, es innegable que el tema propuesto tiene relevancia para la decisión: lo que la actora plantea, en definitiva, es la improponibilidad de un segundo incidente de caducidad, por la existencia de uno anterior no resuelto o desistido a su fecha. En la eventualidad que se salvara tal escollo, el a quo debió analizar -en segundo lugar- la ley aplicable al caso (ley 3738 o bien 8037) definiendo, para ello, la constitucionalidad o no del artículo 798 del CPC, cuestión expresamente planteada por la actora.---------- --- Esta Corte tiene dicho que la garantía de la defensa en juicio no sólo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos en las formas y con las solemnidades establecidas por las normas pertinentes, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición, esto es, cuando no se atiende en la resolución, las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas son de entidad suficiente para influir en el decisorio (PRE S.1ª 1990-I-163; 1990-I-39).---------------------------- --- Si bien los argumentos precedentes resultan -a mi juicio- suficientes para sellar la suerte del pronunciamiento, no puedo dejar de advertir la palmaria inconsistencia e imprecisión en el razonamiento elaborado por la alzada, en orden al adecuado ejercicio del derecho de defensa de la recurrente, lo que reafirma mi convicción en el sentido de su arbitrariedad.-------- --- Así, a fojas sub 45 del recurso, el a quo determina que "el art. 151 del CPC, no tiene el alcance del art. 275 inc. 6º del CPC y, por el contrario la suspensión del plazo de la perención recién se produjo a partir del llamamiento de autos efectuado por la Juez A-quo, es decir a partir del 08 de julio de 2010, siendo que el planteo de caducidad es de fecha 07 de mayo de 2010, y no existiendo suspensión alguna del plazo, conforme lo hemos dicho, el plazo de caducidad a esa fecha ya había operado". Cabe entonces preguntarse: ¿medió o no suspensión del plazo de caducidad? Quizá lo que la alzada quiso decir es que el llamamiento de autos ulterior al planteo de perención, no tiene carácter suspensivo ni impulsorio por ser posterior al acuse. Pero tal razonamiento no se desprende del texto del fallo, por demás contradictorio.------------------------ --- Por otra parte, la sentencia impugnada omite establecer con precisión el hito inicial de cómputo del plazo (último acto impulsorio). Pierde de vista también el dies termini, esto es la fecha de corte para el cómputo de los plazos establecidos en los artículos 274 o bien 294 de los códigos del rito, que no es otra que aquella en la que fue introducido el planteo de perención: la viabilidad del acuse depende de que a su fecha, los plazos fijados por las normas aludidas se encuentren cumplidos. El a quo, por el contrario, refiere a actos impulsorios posteriores al acuse de caducidad, agregando más confusión a su análisis.------- --- En efecto, siguiendo con el razonamiento del tribunal de mérito, éste determina textualmente que: "en efecto, el actor ha reconocido que desde la fecha que la demandada denuncia como último acto impulsorio, es decir desde el 03/06/2009, el actor no impulsó el proceso. Acaso es posible lo que afirma el actor? Que después de la providencia que tiene por contestado el traslado de la oposición a la citación (19/02/2008) él no podía impulsar el proceso por lo que dispone el art. 151 del CPC? Sin dudas tal afirmación es un despropósito. En febrero pasado se han cumplido cuatro (años) de la providencia referida. Si el actor quien debe impulsar el proceso, tenía interés en no abandonarlo y, tenía interés en la citación del tercero, debió urgir el pronunciamiento de la Juez A-quo". Para luego concluir que: "el primer acto impulsorio por parte del actor, fue la petición de fojas 240 de los autos principales. Ahora bien, dicho acto efectuado después de vencido el plazo de perención, en cualquier normativa que se aplique (ley 3738 u 8037), ya no es interruptivo sino que tiende a purgar la perención producida pero para dicha purga necesita el consentimiento de la contraria, lo que no ha ocurrido en estos autos".------------------------------- --- De donde, si bien la alzada deja trasuntar que las partes reconocen como último acto impulsorio el de fecha 03/06/2009, no lo considera. Y ello se confirma por cuanto desde esa fecha hasta la del segundo planteo de caducidad (07/05/2010), el plazo de un año previsto en el artículo 294 de la ley 3738 no había transcurrido, con lo que la conclusión del tribunal de que los plazos estaban cumplidos aplicando cualquiera de las dos leyes, no encontraría sustento.-------------------------------- --- Eventualmente, el a quo pudo tomar como último acto de impulso el decreto que tuvo por contestado el traslado de oposición a la citación del tercero (de fecha 19/02/2008). En tal caso, la desvinculación del razonamiento con las constancias de la causa, resulta aun más evidente porque omite considerar -sin entrar en un análisis detallado de las actuaciones posteriores- que el trámite estuvo suspendido desde que se concedieron sendos recursos de apelación -directo y subsidiario- con efecto suspensivo (decretos de fecha 05/02/2008 -fs. 141 de los autos principales- y del 03/04/2008 -fs.151-, respectivamente) y hasta -por lo menos- que los recursos fueron decididos y notificados a las partes.------------ --- Por último y como anticipara, la cámara de apelaciones trae a colación una actuación posterior a los planteos de caducidad (tal la de fojas 240, fechada el 17/02/2012), consignando que eventualmente hubiera purgado la perención cumplida, de haber mediado consentimiento de la demandada. La alzada soslaya así considerar, que la purga de la caducidad es un instituto que opera una vez cumplido el plazo previsto por ley (art. 294 o 274 de los códigos rituales), pero realizado antes de que el legitimado activo oponga el acuse. Nunca después de éste (art. 299 o 279 de los códigos rituales).- --- En el mismo yerro incurre cuando, para resaltar el tiempo transcurrido desde que culminara la sustanciación del incidente de citación de tercero, computa el lapso transcurrido hasta una fecha próxima a la del decisorio: "En febrero pasado se han cumplido cuatro (años) de la providencia referida". Obvia considerar, que los planteos de caducidad se efectuaron en el año 2010, con lo que el cómputo al año 2012 excede lo que constituye materia del recurso sometido a su decisión.------------- --- En las condiciones supra descriptas, la sentencia del a quo no sólo omite considerar las alegaciones formuladas por la actora, sino que elabora sus conclusiones soslayando la base fáctica que debería darle sustento, lo que afecta la garantía de la defensa en juicio y destituye de fundamento al fallo.----------- --- De conformidad a las conclusiones precedentes, el análisis del primer y tercer agravio deviene en abstracto.---------------------------------------------- --- Por las razones expuestas, he de propiciar con mi voto se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, se anule en consecuencia la sentencia recurrida y se disponga reenviar la causa para que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo al presente.---- --- Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrida vencida (artículo 66 del CPC).--- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:-------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin de que dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.------ --- II) Imponer las costas correspondientes a esta instancia a la recurrida vencida (art. 66 del CPC).----- --- III) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales.- Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.

Ef-5879 E.B.T.

PRE S.1ª 2013-III-564