Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-16


Fojas: 40 En Mendoza, a dieciséis días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa Nro. 80.271, caratulada: "A.F.I.P. en j° 39.069/27.763 A.F.I.P. en j° 35.615 Palero Raúl L. p/ Conc. Prev. s/ Rec. Rev. s/ Inc. Cas.".

De conformidad con lo decretado a fs. 39 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: Dr. Fernando Romano; segundo: Dr. Alejandro Pérez Hualde y tercero: Dr. Pedro Llorente.

ANTECEDENTES:

A fs. 4/17 vta., la Administración Federal de Ingresos Públicos "AFIP", por intermedio de apoderado, deduce recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 91/92, dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos Nro. 39.069/27.763 caratulados: "A.F.I.P en J: 35.617 "PALERO RAUL L. p/ Conc. Prev. s/ Rec.Rev.".

Admitido formalmente solo el recurso de Casación, se ordena correr traslado a la contraria, el que no fue contestado.

A fs.36 obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo del recurso deducido.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs.39 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL Dr. FERNANDO ROMANO, dijo:

Los antecedentes de la causa relatan que la concursada promovió con fecha 12/8/02, recurso de revisión contra la sentencia de admisión del juez del concurso, el que fue proveído por decreto de fs. 13 de fecha 15/8/02, imponiéndose como previo, se acompañe en autos copia de la solicitud de verificación, impugnaciones si las hubiere, informe individual de sindicatura y el acompañar copia de la sentencia de verificación.

A fs. 33 con fecha 3/11/2002, la AFIP se presenta y acompaña las copias solicitadas; ante lo cual con fecha 14/11/02, el Tribunal tiene por cumplido el previo y ordena correr el traslado dispuesto a fs. 13, el que fue notificado a la concursada y a la sindicatura el 28/11/02 (fs.38/39).

A fs. 34/35, con fecha 25/11/02, se presenta la concursada y plantea incidente de caducidad de la instancia abierta con el recurso de revisión.

En primera instancia se admitió el incidente, apeló la concursada y la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso, confirmando el decisorio de primera instancia, conforme los siguientes fundamentos.

Que en el caso, el precedente Prince, citado por la recurrente, no resulta de aplicación, desde que existe inactividad por parte de la AFIP, que recién cumple el previo de fs.13, tres meses después tomar conocimiento del mismo.

Que es cierto que el decreto que ordena correr traslado del recurso de revisión a la Sindicatura y a la concursada, es un acto útil e interruptivo del plazo de caducidad "per se", sin necesidad de su posterior notificación.

Que sin embargo, para que un acto sea en rigor útil, es necesario que los efectos de hacer avanzar el proceso se logren realmente, mirando al resultado de la solicitud, lo que no ha ocurrido en la especie, donde se dispuso que, previo a todo, se acompañaran las copias requeridas.

Que en el caso el previo se cumplió a fs. 33, el día 13/11/02, cuando ya el plazo de caducidad había transcurrido.

Que por tal razón debe confirmarse el decisorio, en cuanto entendió que el previo decretado a fs. 13 no interrumpió el plazo de caducidad, correspondiendo confirmar el decisorio.

Contra tal pronunciamiento, el concursado interpuso recurso extraordinario de Casación en esta sede. En sus fundamentos afirma que la Cámara ha interpretado erróneamente el art 78 del CPC y el 277 de la LCQ y ha dejado de aplicar el art. 79 ap. II del CPC.

Sostiene que el aquo considera que la actuación de fs. 13, no es acto útil. Que por un lado se reconoce que el cumplimiento del previo, es un acto útil, al igual que el decreto que ordena correr traslado del recurso de revisión y, por otro lado, se considera caduca la instancia.

Que existe contradicción en la aplicación de la normativa, ya que por un lado se aplica el art. 277 de la LCQ y por otro aplica la tesis objetiva sostenida en la ley local.

Que la Cámara yerra al manifestar que no resulta aplicable el precedente Prinze, desde que tanto la Cámara como el a-quo, admiten expresamente que ha existido actividad por parte de la revisionante.

Que si se considera que no han transcurrido más de tres meses, entre el decreto que ordena correr traslado del recurso, el cumplimiento del previo de fs. 33 y el pedido de caducidad, el proceso no ha perimido.

Que la concursada consintió todas las actuaciones útiles realizadas por su parte y por el Tribunal. Que debe considerarse que la caducidad de instancia es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva.

SOLUCIÓN DEL CASO:

El mérito de los fundamentos esenciales del fallo criticado, me persuade que no asiste razón a la recurrente, lo que conlleva necesariamente a la confirmación de la resolución recurrida.

Como se sostuviera en precedentes anteriores de este Tribunal (L.S 152-218,169-272;225-334, entre otros) en seguimiento del criterio sustentado por destacada doctrina (Podetti, Ramiro J.,, Tratado de los Actos Procesales, pág. 364; Oscar Rillo Canale, Interrupción, suspensión y purga de la caducidad de instancia,págs. 48 y sgtes), los actos procesales, para poder otorgarles la calidad de interruptivos, deben ser idóneos y fundados para el fin perseguido. Dentro de la teoría general de los actos procesales, ellos deben cumplir el requisito de ser admisibles y fundados, en el supuesto que estamos tratando, deben tener además una idoneidad específica, la de servir para que el proceso o instancia avance. En concreto entonces, el acto cumplido para ser considerado útil e interruptivo debe contener una dinámica de progreso en el proceso, debe dar un paso adelante en el desarrollo, urgimiento, instancia o impulso.

Bajo estas premisas entiendo que no asiste razón a la quejosa desde que y partiendo de considerar la utilidad del decreto de fs. 13, por el que, además del traslado del recurso, se dispuso una diligencia previa, se advierte que la misma no fue cumplida íntegramente antes del plazo de caducidad.

En efecto y por decreto de fs. 13 de fecha 15 de agosto de 2002 se dispone que, previo al traslado del recurso, se debían acompañar por la revisionista las copias que se mencionan en dicho decreto, lo que fue cumplido por la recurrente el día 13/11/02, según surge de las constancias de fs. 33. El día 14/11/02, el Tribunal tiene por cumplido el previo y ordena correr el traslado en la forma establecida a fs. 13, es decir mediante su notificación por cédula. El día 25/11, la AFIP, deja sello cédula y el mismo día el concursado, interpone incidente de caducidad.

Resulta evidente entonces, que al decreto de fs. 33 vta., no puede considerárselo acto útil, desde que si bien tuvo por cumplido el previo, el procedimiento quedó en el mismo estado en el que se encontraba, porque necesitaba algo más para salir del letargo, esto es, que el traslado se notificara por cédula y antes del término de 3 meses de caducidad; situación ésta que no acaece en autos, ya que al momento de la interposición del incidente, la concursada todavía no había sido notificada del traslado, acto que dependía de su exclusiva voluntad.

Por tanto si bien el acompañar las copias, era un acto necesario, que en el caso concreto no hizo avanzar el procedimiento, el que permaneció inmovilizado hasta tanto se notificó el traslado del recurso a fs. 38/39, el 28/11/02, cuando el término de caducidad ya había transcurrido y había sido denunciada por la contraria.

Por igual razón resulta improcedente el agravio referido a que no se ha considerado que la intención de su parte de mantener vivo el procedimiento, quedó plasmada con el escrito en el que se acompañó las copias, desde que, conforme con el criterio objetivo seguido por este Cuerpo en materia de caducidades y aplicable también al supuesto de los Concursos, de nada vale la intención de la parte si la misma no se exterioriza en la realización de un acto que objetivamente haga avanzar el proceso.

El cuestionamiento referido a que la Cámara no da razones del porqué resulta inaplicable el caso Prinze, la crítica resulta insostenible desde que el pronunciamiento expresamente expone las razones que diferencian al supuesto contenido en aquél, con el ocurrente en que sí medió inactividad del acreedor. No obstante, corresponde señalar que en tal precedente, nunca se afirmó la procedencia del criterio subjetivo en materia concursal, como parece pretenderlo la recurrente, sino que simplemente se adhirió a un criterio de interpretación más flexible, conforme con los plazos cortos de caducidad que imperan en materia de caducidad concursal. Tal principio resulta inaplicable al caso de autos, en el que la actividad a desarrollar (acompañamiento de copias), para que se efectuara el traslado del recurso, dependía de la exclusiva voluntad de la incidentante.

Igualmente resulta improcedente el agravio que entiende que el Tribunal aplicó al ocurrente un mix entre la ley concursal de fondo y el criterio objetivo sustentado por nuestra ley procesal. Tal improcedencia deviene de advertir que el Tribunal, conforme lo tiene resuelto este Cuerpo en materia de caducidad, sostuvo que en incidentes que se ventilan en procesos concursales, se aplica en principio la ley concursal y supletoriamente las disposiciones de la ley procesal local (L.S 250-172).

Por las razones expuestas, entiendo correcta la decisión de Alzada en cuanto declaró la caducidad de instancia abierta con el recurso de revisión, en razón de que, desde el decreto por el que se dio traslado, de fecha 15 de agosto del 2002, hasta la interposición de la incidencia el día 25/11/02, ya había transcurrido el plazo de 3 meses establecido en el art. 277 de la LCQ.

En tales circunstancias y si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala deberá rechazarse el recurso en examen.

Así voto por la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 16 de septiembre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I.- Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. 11 vta./17 vta. de autos.

II.- Imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C).

III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Notifíquese.

Se deja constancia que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Pedro LLORENTE, por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 ap. III del C.P.C.), Secretaría, 16 de septiembre de 2005.