Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28


"YBAÑEZ MARTA SELVA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA" , EXPTE: EXP 13323 / 0 Buenos Aires, 28 de marzo de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 315/319, concedido a fs. 322, contra la resolución de fs. 312/313 mediante la cual el señor juez de grado hizo lugar al amparo por mora incoado. I.- La señora Ana Beatriz Martinez Richard en representación de la Marta Selva Ibáñez, inició acción de amparo por mora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la demora en que incurrió en el trámite iniciado ante la Subsecretaría de Tránsito y Transporte bajo el nº de expediente 48110/02.. II.- El magistrado anterior en grado hizo lugar a la acción incoada ordenando al GCBA (Dirección General de Habilitación y Permisos) para que dentro del término de quince días dicte el acto administrativo correspondiente, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada en la suma de $500.- I II.- Contra dicha decisión la demandada interpuso recurso de apelación. Sostuvo en su expresión de agravios que no existió mora en la actuación de la Administración. Asimismo se agravió en relación al plazo dispuesto por el sentenciante anterior en grado para el cumplimiento de la sentencia. Por otro lado, sostuvo la improcedencia de la imposición de costas dispuesta en el decisorio que recurre y apeló la aplicación de la ley 1.181.. IV.- A fs. 113 y vta. dictaminó la señora Fiscal de Cámara. V.- Este Tribunal ha puesto de relieve -en concordancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que el agravio no solamente debe existir al momento de apelar, sino que ha de resultar subsistente al tiempo de resolver. Ello pues, desaparecido el agravio y, consecuentemente, el interés del apelante que es el sustento del recurso, la cuestión se torna abstracta; y según lo señalado reiteradamente por el más Alto Tribunal es función de los jueces decidir litigios en los que se configuran colisiones efec tivas de derechos, estándoles vedado efectuar declaraciones meramente generales o abstractas (esta Sala, in re "Febbo, Juan Emilio c/GCBA s/ Amparo", expte. nº 35; CSJN, Fallos, 211:1056; 221:215; 303:2022) o resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas por el transcurso del tiempo (id., Fallos, 193:524). Al respecto corresponde señalar que, el 31/05/2005 (cfr. cargo de fs. 326) -con posterioridad al dictado de la resolución apelada-, la demandada presenta informe mediante el cual da cuenta del dictado de la Disposición Nº 442-DGEVyL-03 emitida el 2/05/2005 y notificada en estos autos por la cual decidió no hacer lugar a la solicitud efectuada por la señora Martinez Richard, acompañando copia de la citada disposición (vid fs.325/327 y 332. Así las cosas, los argumentos vertidos por la recurrente sobre la cuestión de fondo carecen de actualidad al momento de resolver la cuestión traída a debate ante esta instancia. En consecuencia, corresponde que la misma se declare abstracta. VI.- Cabe ahora da r tratamiento al agravio referido a la forma de imposición de las costas Al respecto, es menester señalar que las consideraciones efectuadas por la mayoría de los miembros del Tribunal -con disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro- en supuestos análogos al suscitado en esta causa (in re "Fiorruccio, José Luis c/GCBA s/Amparo", Expte. nº 9077/0; "Potente, María Ester y Otros c/GCBA s/Amparo", Expte. nº 5286/0, entre otros precedentes, que cabe dar por reproducidos a fin de evitar reiteraciones innecesarias), dan adecuada respuesta al thema decidendum sometido a decisión de esta Alzada y permite rechazar los agravios vertidos por la recurrente y, en consecuencia confirmar el pronunciamiento apelado en ese aspecto. VII.- En relación a apelación deducida por la regulación de honorarios dispuesta por el a-quo, corresponde confirmar el monto de los mismos por resultar la misma ajustada a derecho, en atención a la índole de la materia del sub examine y de la tarea desarrollada por la profesional a ctuante y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, Ley 21839 y su modificatoria Ley 24.432. VIII.- Finalmente y en referencia a la apelación incoada respecto de la aplicación de la ley 1.181, cabe señalar que el agravio no constituye una crítica concreta y razonada del punto 5 del decisorio recurrido, toda vez que los argumentos vertidos se refieren a la inaplicabilidad de la ley respecto de los abogados apoderados del Gobierno de la Ciudad y falta de percepción de honorarios por estar en relación de dependencia, que en nada se relacionan con la obligación impuesta por el juez a quo en cumplimiento del inc. 2º del art. 62 de la ley 1.181, que establece, entre los recursos con que cuenta CASSABA, "Una contribución, a cargo del obligado al pago de los honorarios regulados judicialmente, equivalente al medio por ciento (0,5%) de los mismos, en juicios voluntarios y del uno por ciento (1 %) en juicios contradictorios". La citada norma impone, pues, una contribución del 0,5 o del 1%, según el caso, que recae sobre el vencido en costas, en este caso, el Gobierno de la Ciudad (poderdante) -y no sobre el apoderado, como se infiere de los fundamentos vertidos para sustentar la queja-. Pareciera -entonces- que el recurrente confundió el citado inc. 2º del artículo 62 con el inc. 1º del mismo artículo que expresamente regula entre los recursos de CASSABA, "Un aporte del cinco por ciento (5%) de todo honorario de origen profesional que perciban los afiliados", cuestión que no fue objeto de apelación por parte del letrado apoderado de la actora en su carácter de beneficiario de los honorarios regulados por el magistrado de primera instancia. Por lo expuesto, sólo cabe declarar desierto el presente agravio. En mérito a las consideraciones que anteceden y oída que fuera la señora Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: I.- Declarar que el objeto procesal de la causa devino abstracto -con posterioridad al dictado de la sentencia apelada- por haberse cumplido la condena. II.- Rechazar el recurso de apelación interpuest o en relación a la suma fijada para los honorarios correspondientes al patrocinio letrado de la actora, confirmando la regulación practicada en la sentencia de Primera Instancia. III.- Declarar desierto el agravio referido a la aplicación de la ley 1.181, dispuesta en Primera Instancia. IV.- Imponer las costas a la demandada vencida (art. 62 CCAyT). Regístrese, notifíquese al Ministerio Público Fiscal y devuélvase, encomendándose al Tribunal de grado el cumplimiento de las notificaciones pertinentes conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.