marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enfermedades inculpables, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, RUBEN D. c/ EMPRESA  DE TRANSPORTES MICROOMNIBUS REMOLCADOR GUARANI  S.A.C.I.E.S. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-06

En pro del principio de conservación de la relación de trabajo, art. 10 LCT, el legislador ha privilegiado la situación del trabajador enfermo, obligándolo tan solo a comunicar la existencia de la dolencia y el lugar en que se encuentra, bajo apercibimiento de pérdida de salarios y autorizando a la empleadora a ejercer un control que, en caso de realizarse en forma inoperante, no puede oponerse a los intereses del dependiente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba confesional, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Carlos Alfredo; Farina, Carlos Enrique s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-08

Es insuficiente la denuncia de transgresión del art. 239 del Código de procedimiento penal -según ley 3589 y sus modif.- si no se demuestra de qué manera resultaría conculcado.
Proceso penal, plazo, facultades del fiscal, apertura de la instrucción, detención, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de excepción de falta de acción y nulidad en autos Cristaldo, Juan de la Cruz s/ art. 189 bis C.P.- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06

La investigación penal preparatoria (art. 56 LPC) abarca el período procesal que transcurre desde el inicio de las actuaciones hasta su clausura, sea por archivo, sobreseimiento o mediante el acto procesal de acusación, que se materializa a través del requerimiento de juicio (inc.3), y que se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal (inc. 1). Ahora bien, a fin de determinar cuál es el acto procesal que da comienzo al plazo otorgado para concluir la investigación preparatoria, el artículo 56 inciso 2 de la Ley de Procedimiento Contravencional menciona que ello es desde " desde la declaración o la detención del imputado".

La expresión "desde la declaración ... del imputado", no reviste mayor dificultad en su interpretación, y ello es el acto regulado por el articulo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

Más no ocurre lo mismo al interpretar "detención del imputado", y desde una análisis uniforme con el resto de la normativa vigente se entiende que el legislador ha hecho alusión a las personas que han sido detenidas en algún momento del proceso, independiente de que después hubieran recuperado su libertad.

En efecto, al momento de formalizarse la detención de una persona se le debe hacer saber cual es el hecho que se le imputa y si bien no se le efectúa una descripción circunstanciada del evento (cosa que debería ocurrir y que fue receptada por la nueva normativa en el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal CABA) la persona conoce perfectamente la imputación de un hecho ilícito y la fecha en que ello sucedió.

Es a partir de ese momento que puede hacer valer todos los derechos que el ordenamiento ritual, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Constitución Nacional, le reconocen.
Abogados, incompatibilidades del juez, Poder Judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: LOISI, MIGUEL JOSE MARIA c/ PENNSYLVANIA S.A.C. CONCESIONARIO PEUGEOT Y OTROS s/ LETRADO PATROCINANTE.    IMPARCIALIDAD DE LOS MAGISTRADOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Las potenciales derivaciones en el servicio de justicia que el incumplimiento del artículo 15, inciso c), de la ley 22.192 puede acarrear, encontraría la materia para su realización, principal aunque no exclusivamente, en la suerte que corrieron los derechos de los clientes a quienes asistieron profesionales que se hallaron en dichas condiciones indicadas por las normas. Siendo así, resulta impracticable la escisión de las cuestiones relativas a la parte de las concernientes a quien lo patrocinó, por lo que mal puede ser proseguido el trámite principal hasta tanto no se resuelva este incidente; lo contrario llevaría indudablemente al quebrantamiento del mencionado precepto, pues exigiría una actividad jurisdiccional desarrollada con abstracción de la persona del letrado interviniente, lo que resulta inaceptable.
Remuneración del juez, ley provincial, Ley de desindexación, inconstitucionalidad, derechos adquiridos
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 7125 de la Provincia de Mendoza -que extinguió el sistema de ajuste indexatorio previsto por el art. 1° del decreto provincial 1871/86, sobre el adicional establecido por el decreto 1690/86 y su modificatorio 2181/86, relativo a las remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales- en cuanto admitió la pretensión con posterioridad a la fecha de su sanción, ya que si bien no hay un derecho adquirido al mantenimiento de un determinado régimen salarial, ello es así en tanto y en cuanto las modificaciones que se introduzcan sean para el futuro y cumplan otras condiciones, como que importen alteraciones razonables en la composición del salario, no lo disminuyan ni impliquen la desjerarquización respecto del nivel alcanzado en el escalafón respectivo.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, comercialización ilegal de estupefacientes, delito precedente, coautoría, concurso real, prisión, multa
Materia: PENAL
Carátula: Castro Pizarro, Jonathan y otros c/  s/ av. Inf. Ley 23.737 y al art. 303 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2019-05-03

Se condena a HILDA GRACIELA PIZARRO QUINTERO a la pena de CINCO (5) AÑOS Y ONCE (11) MESES DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A LA SUMA DE CINCUENTA (50) UNIDADES FIJAS Y DE TRES (3) VECES EL VALOR DE LA OPERACIÓN por encontrarla penalmente responsable de la infracción al art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real -art. 55 del CP- con la infracción al art. 303 agravado por el inc. 2, apartado a) del CP en calidad de coautora -art. 45 del CP-. Ha quedado acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad atribuida a la encartadaen torno al delito de comercialización de estupefacientes, ello por el modo en que la droga se encontraba acondicionada, el dinero secuestrado y la presencia de otros elementos usados para su fraccionamiento. Por otra parte, se precisa que los hechos atribuidos se encuentran plenamente probados desde que los encausados se dedicaban con habitualidad al lavado de dinero proveniente del comercio de estupefacientes, adquiriendo a nombre propio o de terceros vinculados a ellos, bienes inmuebles y rodados para introducir de esta manera el dinero de origen ilícito al circuito legal; todo ello haciéndolo de manera coordinada, con funciones asignadas y en base a un acuerdo común.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde rechazar la queja debido a que el recurrente, lejos de exponer un caso constitucional, se limitó a reeditar planteos realizados en instancias anteriores y expresar su desacuerdo genérico con el modo en que los jueces de ambas instancias resolvieron las cuestiones planteadas e interpretaron la normativa aplicable. Lo cierto es que, al margen del acierto o error de lo resuelto en la causa, la argumentación ofrecida por la defensa no alcanza a justificar de manera razonada que se trate de un supuesto de decisión arbitraria y sólo pone de manifiesto su disconformidad con una respuesta jurisdiccional adversa. (Del voto en disidencia del juez Santiago Otamendi).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ordeig, Pedro c/ Herederos y Cónyuge de Carlos Pedro Ordeig s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-05-07

El recurrente sustenta su agravio en el "principio de la garantía de defensa en juicio" lo que equivale a manifestar que el pronunciamiento adolece de irregularidades de magnitud que lo descalifican como tal, por no satisfacer los requisitos del debido proceso adjetivo, lo que no se desprende del análisis de la sentencia atacada, a efectos de centrar su agravio en alguna de las causales de arbitrariedad que los principios de doctrina, en esta materia, han sostenido.

La arbitrariedad esta "Concebida precisamente como un remedio último y excepcional agregado al ordenamiento jurídico vigente a la manera de válvula de escape para evitar la máxima iniquidad de los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho". "Sólo el desvío notorio y palmario de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes, constituye absurdo en la doctrina de esa casación.
Fianza, cumplimiento de la obligación, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PLATENSE S. A. c/ PECE DE RIVERA, FRANCISCA s/ COBRO DE PESOS - JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-30

El fiador por suma determinada se libera con el depósito de la suma afianzada en razón de haber puesto límite expreso a la garantía que otorgó. La pretensión del acreedor de cobrarle interés por periodo posterior a la fecha del depósito no puede tener andamiento ni por la demora en cobrar dicha suma ni hasta el efectivo pago, por cuanto con el depósito efectuado el fiador se libera de su obligación.-
Juicio político, archivo del expediente, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: SEGUNDO, Ruperto s/ Causa 2.202
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-03

No resulta acertado el archivo de los autos con fundamento en que no se puede proceder, pues la previsión de dicha solución solo aparece contemplada para la hipótesis que prevé el art. 191 del C.P.P. en tanto la opinión del Juez de grado sobre la posible existencia de delito, le impone en miras a su investigación, el procedimiento de consulta por aplicación analógica del art. 348 del C.P.P.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castillo, Julio David c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-22

Dejar fuera de la previsión del art. 1103 del Código Civil y restarle fuerza vinculante porque la conclusión derivó de la duda, importaría instalar una revisión por un juez civil de un fallo penal, lo que no es posible.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, juicio ejecutivo, sentencia, subasta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COMUNA DE SAN JERONIMO SUD c/ HARVEY, HORACIO O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ APREMIO LEY 5066. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 570-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

Los argumentos de la quejosa, que impugna la resolución de la Cámara confirmatoria de la de primera instancia que, a su turno, había establecido como condición de la subasta, que los impuestos, tasas y/o contribuciones adeudadas por el inmueble a rematar serían a cargo del adquirente; no persuaden de que la resolución impugnada -más allá de su acierto o error- incurra en dogmatismos o sea la expresión de la caprichosa e irrazonable voluntad del sentenciante, sino que sólo traslucen una crítica de la actora, dirigida a sostener que "hubiera correspondido en justicia" que se fijen otras condiciones para la subasta. Su planteo, que se sustenta en consideraciones acerca de la naturaleza de la subasta judicial y su incidencia sobre la cadena de transmisiones de derechos, postulando el carácter originario del derecho adquirido por medio de aquélla, con la consiguiente inaplicabilidad del artículo 3266 del código civil, en cuanto remite a cuestiones de interpretación y aplicación del derecho común; resulta inidóneo en orden al acceso a esta instancia extraordinaria, que busca asegurar la concreta operatividad de las garantías constitucionales, pero que no tiene por fin permitir la sustitución del criterio de los jueces de la causa por el sustentado por esta Corte.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Vono, Juan c/ Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F. s/ Enf. accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto es manifiestamente inadmisible al no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que los agravios traídos no contienen la cita de la ley o de la doctrina presuntamente violada o aplicada falsa o erróneamente, sin que la Corte pueda suplir por inferencia o interpretación dicha carga procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prisión perpetua, delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

La ausencia de medida coercitiva alguna contra los militares condenados a prisión perpetua por ser responsables de delitos de lesa humanidad, salvo la prohibición de salida del país, resulta arbitraria, dado que no existió análisis del riesgo procesal, desconociendo además la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal, que ha precisado que el Estado Argentino debe, de conformidad con el derecho internacional que lo vincula, garantizar el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.
Notificación por cédula, personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: MALASPINA, HECTOR c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Tratándose de una persona de existencia ideal a la cual se dirige la cédula en forma genérica, se debe considerar satisfactoriamente cumplida la entrega de la notificación, si ella aparece recibida por una persona que aunque no se individualiza, dice ser empleada. Esto así pues como la citación no determina que el oficial público actuante deba investigar la identidad del receptor, existe una base fáctica suficiente para presumir que la cédula entró en la esfera de conocimiento de la emplazada.
Avocación jurisdiccional, pronunciamiento inoficioso, destitución, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIN, MARCELO FABIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

La remoción del actor del cargo desempeñado en el Ministerio Público de la Acusación y su inhabilitación por el lapso de 10 años para desempeñar cargos en dicho órgano, como consecuencia de la decisión emanada de la Legislatura, constituye un hecho de inexorable consideración por esta Corte, atento a que efectivamente torna inoficioso el pronunciamiento que pudiera dictarse en las presentes actuaciones; sin perjuicio de ello, cabe señalar que las cuestiones vinculadas a la extinguida relación funcional entre el actor en esta causa y el MPA se hallan actualmente en debate en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud del recurso contencioso administrativo presentado oportunamente; así, en definitiva, teniendo en consideración las actuales circunstancias relacionadas con esta causa, la intervención de esta Corte en el presente pedido de avocación, como se anticipó, resulta inoficioso y corresponde decidir en consecuencia. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Spuler)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorordo, Eliseo Arnaldo c/ "Fogón Criollo Arroyocortense Asoc. Civ." y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no formula una réplica eficaz de las conclusiones esenciales del fallo, emitiendo una impugnación que no va más allá de meras y escuetas afirmaciones.
Aplicación de la ley, preclusión, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Más allá del juicio de valor que pudiere hacerse sobre la reforma introducida por el art. 24 de la ley 24.463, lo cierto es que constituye una facultad inherente a la soberanía del Estado la de cambiar las leyes procesales y que, de hacerlo, no se afecta de por sí el principio del juez natural, aún en el caso de aplicación inmediata de las modificaciones a las causas pendientes -a las que habrá de procederse a pesar que las ley no lo establezca- pues no existe derecho adquirido a ser juzgado por determinado procedimiento (Fallos 310:2845, entre otros). Empero, ese principio no es absoluto y encuentra su límite en la no afectación de la validez de los actos ya cumplidos o que no contengan disposiciones de las que resulte un criterio distinto (Fallos 233:62; 281:92 y otros), cuanto en el supuesto de radicación del trámite. Dichas salvedades son derivación directa del principio de preclusión, que "impide que en un proceso se retrograden etapas y actos para discutir algo ya superado, o que se reabran plazos procesales transcurridos, o que se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (Fallos 307:966); regla que, si bien en materia ajena al derecho de la Seguridad Social, el Poder Legislativo no ignoró su vigencia cuando dispuso que fueran los procesados o acusados quienes pudieran optar por solicitar la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 o continuar con el trámite de sus causas ante los tribunales o juzgados en que estuvieren radicados, de conformidad con las disposiciones de la ley 2372. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Procedimiento tributario, facultades del juez, impulso de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sommer Mario (T.F. 11.084-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

La atribución que otorga el art. 146 de la ley 11.683 (t.v.) al Tribunal Fiscal de la Nación para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, no tiene el alcance que pretende atribuirle la recurrente, habida cuenta que no opera hasta el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de oficio de parte, porque dicha atribución no permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda ni suplir las negligencias o deficiencias que acusen las partes en sus planteos. Por ello la tesis que expone la actora por la que pretende sostener que le corresponde al Tribunal Fiscal de la Nación producir -de oficio-, prueba que la parte no propuso, es absolutamente inadmisible por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada.
Sociedad anónima, exclusión de socio, plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO  GALVANOTECNICO  AMALFI  SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ VIGLIONE J. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Conforme a lo previsto por la ley de sociedades 91, la acción de exclusión debe ejercerse en el término de noventa días siguientes a la fecha en que se conoció el hecho justificativo de la separación.

No ejercido en ese plazo se extingue el derecho, por contener tal normativa un plazo de caducidad.
Daños y perjuicios, transporte aéreo, responsabilidad del transportador aéreo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASLAVCHIK  FRANCISCO  DANIEL c/ AMERICAN AIRLINES INC s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

La obligación contractual de transporte aéreo de esta causa, está sujeta al límite de responsabilidad contemplado en el art.

22, inciso b) del Convenio de Varsovia-La Haya, modificado por los Protocolos Adicionales de Montreal de 1975, aprobados por ley 23.556. Estas normas fueron invocadas por la demandada desde la contestación de la demanda y constituyen un conjunto que debe ser interpretado integralmente de manera de armonizar sus disposiciones. Es así que el art. 24 -en la redacción que interesa- dispone que cualquier acción por daños, cualquiera fuera su título, solamente podrá ejercitarse dentro de las condiciones y límites señalados en el Convenio. Por su parte, el artículo 25 excluye la posibilidad de invocar la limitación cuando el daño provenga de una acción maliciosa o temeraria del transportista o de sus dependientes, supuesto que no se ha demostrado en el sub-lite. Esta solución es coincidente con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en materia federal en el precedente del 10 de octubre de 2002, in re "Alvarez Hilda N. v. British Airways" (publicado en Jurisprudencia Argentina 2003-I-pág. 445/447; en el mismo sentido, esta Cámara, Sala 3, causa n° 13.632/02 del 1.3.05 "Guitelman Darío c/ Alitalia Líneas Aéreas de Italia S.A.").
Haber jubilatorio, aumento salarial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Montoya, Domingo Osvaldo Montoya, Domingo Osvaldo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-14|2010-06-14

Resulta evidente el carácter general de la suma que, en concepto de "casa habitación", se abona a dis-tintos funcionarios del Servicio Penitenciario conforme lo dispuesto por el Dec. 1058/89. Ello así, dado que conforme el art. 3 de la norma referida lo hace extensivo inclusive a quienes utilizan casa propia. En consecuencia, ha de concluirse que se trata de un aumento en la remuneración de dichos funcionarios, cuyas sumas han de ser incluidas en el cálculo del pertinente haber jubilatorio. (Disidencia del Dr. Laclau).
Competencia federal, distinta vecindad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moliendas del Sur S.A. s/ Inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

La justicia federal resulta competente para entender en las causas que versen entre los vecinos de diferentes provincias, conforme se enumera taxativamente en la Constitución Nacional -art. 116 última parte- siempre que este principio sea invocado por el nativo de otra jurisdicción, puesto se trata de un beneficio a ejercer.
Daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Didier García Asociados c/ Came S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-27

"En los casos de reclamos indemnizatorios, las costas causídicas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido, con abstracción que las reclamaciones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcitorios".