marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia firme, notificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Riveras Menares, Manuel E. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-25

En los casos en los que el fallo no es recurrido, éste adquiere firmeza a partir del día en que fue notificado. (Voto de los Dres. Catucci y Bisordi -en mayoría).
Intereses, tasas de interés, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: F., N. E. y otros c/ S., E. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-03

En razón de las circunstancias económicas puestas de relieve y dado que la modificación introducida por la ley 25.561 mantuvo la redacción del art. 7 de la ley 23.928, prohibiendo toda actualización monetaria, indexación de costos y repotenciación de deudas cualquiera fuera su causa, se hace necesario que la tasa de interés moratorio guarde relación con los cambios operados. De tal manera, al encontrarse la tasa actualmente obligatoria por debajo de los parámetros inflacionarios no es retributiva y se aleja de la finalidad resarcitoria de este tipo de interés.
Procedimiento laboral, demanda defectuosa, interrupción de la prescripción, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: "Vanglabeke,   Jacobina c/ Héctor  Villagra  SRL s/ ind.  porfallecimiento".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-15

La situación derivada de la no satisfacción del requerimiento del art. 67 de la L.O. cae bajo las previsiones del art. 3986 del C. Civil, que en forma expresa atribuye virtualidad interruptiva de la prescripción a la demanda defectuosa, tal como lo resolviera la CSJN en "Gacia de Morales, Ofelia c/ Cavasso, Carlos" del 10/03/92.
Reducción de la jubilación, excepción de prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vega, Juan Raquel c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-28

El actor, a través de la acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción, impugna la Resolución Ministerial H y F Nº 613/09 que rechazó el recurso de jerárquico interpuesto en contra de la Disposición OPAP Nº17/08, y denegó en consecuencia el pago de la suma de $13.798,24 con más los intereses que le pudieran corresponder, suma solicitada en concepto de retenciones realizadas en su haber jubilatorio y por el período comprendido entre marzo de 1993 hasta abril de 1995.

El actor adujo que la retención practicada fue injustificada, toda vez que habiendo obtenido el beneficio jubilatorio en el mes de septiembre de 1992 y, sorpresivamente, en el mes de marzo de 1993 comienzan a practicársele retenciones, lo que determina que su haber jubilatorio quede reducido.

A su turno el Estado Provincial interpone excepción de incompetencia, de falta de legitimación activa y de prescripción.

La prescripción de la acción no puede haberse producido, si de las constancias de la causa surge la diligencia puesta por el recurrente en el trámite de este largo proceso administrativo que tuvo su inicio en el mes de agosto de 1993, es decir a los cinco meses de haberse practicado por primera vez el descuento en su haber jubilatorio. Luego y como he señalado, en el mes de junio de 1995 y 1997 presenta pedidos de pronto despachos a fin de que se resuelva su reclamo original respecto al reintegro de lo indebidamente descontados desde el mes de marzo de 1993 hasta abril de 1995.

En ese contexto, se advierte un claro interés del recurrente en el reconocimiento de la acreencia, el que se mantiene durante todo el trámite administrativo que culmina con el dictado de las Resoluciones Nº015/08, Nº017/08 y Nº 613/09 por las que la Administración rechaza el reclamo formulado.

En consecuencia y teniendo en cuenta que el previo agotamiento de la instancia administrativa es un requisito legalmente requerido para habilitar la instancia, lo allí actuado debe ser considerado con eficacia interruptiva del curso de la prescripción, máxime en nuestro ordenamiento en el que la instancia no está librada a la sola voluntad del acreedor.

Es importante tener en cuenta que el instituto de la prescripción, en tanto limita el acceso a la justicia, es una regulación del derecho de defensa en juicio (Art. 18, Constitución Nacional), por lo que debe ser interpretado de forma restrictiva.

De allí que, examinando la fecha del primer reclamo, debe rechazarse la excepción opuesta
Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de sobreseimiento, terminación del proceso, revocación del sobreseimiento, prescripción, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.P. c/ RUDA, Luis Urbano s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-29

Confirmando el auto de Sobreseimiento no se hace más que aplicar correctamente la ley y en particular respectar los tratados con jerarquía constitucional (art. 7, punto 5 del Pacto de S. José de Costa Rica y art. 9, punto 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), puesto que los mismos exigen que toda persona sometida a proceso sea juzgada en plazo razonable.

Teniendo presente que el delito origen de estos autos es sencillo y con pena prevista como máxima de dos años de prisión, el transcurso de más de tres años desde el inicio de las actuaciones, y teniendo como premisa que la última noticia criminis resulta necesario estar a favor de la prescripción de acción penal por haber transcurrido el plazo previsto por el Código Penal.

Finalmente y de acuerdo al fallo que se arriba sólo queda por decir que el mismo no solo se ajusta a derecho sino que además preserva al Estado Nacional de eventuales reproches y sanciones internacionales.
Costas al vencido, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Becker, Lilia Andrea c/ Fuentes, Marcelino Oscar
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-28

Si bien la regla del art. 132 CPC de la Provincia de Córdoba opera en concreto, siendo posible que en determinados casos el juez se aparte de ella y la morigere mediante una valoración no sólo matemática sino prudencial del asunto, decidiendo, por ejemplo, no imponerle las costas al actor pese al rechazo total o parcial de un rubro resarcitorio reclamado, esta situación no se presenta cuando el rechazo parcial del rubro -en el caso, privación de uso del vehículo- es imputable al actor por su omisión de probar que la demora del chapista en iniciar los trabajos comenzó en la fecha indicada, correspondiendo, entonces, aplicar el referido criterio proporcional.
Habeas corpus, prueba, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Augusto Fabián s/ Interpone recurso de Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Siendo privativo del juzgador e inapelable la decisión que ordena o deniega diligencias de prueba (art. 230 C.P.P.), no puede introducirse por vía del habeas corpus la queja dirigida a la denegatoria de las testimoniales ofrecidas cuando no incidirían en la recuperación de la libertad solicitada. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Chinelli, Rúben Jorge s/ Robos reiterados calificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra que el art. 166 inc. 2 del C.P. fue indebidamente aplicado, pues que una conducta coincida con la descripción de un tipo penal no implica necesariamente que no pueda estar también descripta en otra figura (art. 54 C.P.).
Enfermedad accidente, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO IVAN TOMAS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-05

Las conclusiones del perito oficial, a las que se adhiere el perito de control, adjudicándole una incapacidad parcial y pemanente, no obligan al tribunal, porque se parte de circunstancias fácticas que no formaron parte de la traba de la litis y el porcentaje de la incapacidad de la total obrera se formaliza omitiendo toda otra explicación al respecto. Esta falta de fundamentación torna ineficaz el informe pericial en análisis, porque obsta a su indispensable exámen crítico. Si la sentencia se fundara en él, también carecería de fundamentación y se apartaría de los términos de la litis porque, en definitiva, se apoyaría en hechos no traídos por las partes sino por el arbitrio del perito, quien se convertiría en árbitro y parte del asunto, sin estar siquiera obligado a fundar su decisión, lo que es un absurdo total.-
Emergencia económica, remuneración, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Andresik, Ricardo c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-28

Si bien el salario goza de la protección del derecho de propiedad, sufre del mismo modo las limitaciones que en supuestos de emergencia se han reconocido como válidas (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
AFJP, multa, pensiones, trámite jubilatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE AFJP c/ NACION AFJP s/ APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

Cabe imponer una multa de 100 Mopres a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (Afjp) por incumplimiento a lo establecido en la Instrucción SAFJP 6/05: 38, toda vez que la sancionada incurrió en demoras en el trámite de pensión por fallecimiento de un afiliado.
Expropiación, indemnización, tasas de interés, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: OCHOA VICTOR HUGO C c/ PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE SAN LUIS Y/O GOB. DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS s/ COBRO DE PESOS- PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-18

El art. 25 de la Ley de Expropiaciones establece que la tasa de interés fijada en la sentencia, no puede superar la fijada por el Banco que actúe como agente financiero de la Provincia para sus descuentos ordinarios, teniendo en cuenta cuando correspondiere la reactualización del valor de la moneda, lo que a su vez reitera, en el Art. 28 la tasa activa de interés utilizada por el Banco de la Nación Argentina, es adecuada para asegurar el principio de reparación integral e impedir que como consecuencia del proceso infraccionario el resarcimiento de la sentencia se vea disminuido.
Abandono de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ, Francisco c/ MATASSI, Jorge Luis s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-10-26

El abandono de trabajo como acto de incumplimiento que valida el despido se configura cuando el trabajador guarda silencio a la interpelación del empleador y no pretende justificar su ausencia.-
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clua, José c/ Chagaray, Miguel Angel y/u "Organización Chagaray S.A." s/ Cobro de pesos Vila, Oscar A. y otra s/ Tercería de dominio y/o mejor derecho en autos: `Banco Cooperativo  de La Plata Ltdo. c/ Nizza de Torales, Lydia y otros. Ejecución  hipotecaria`
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10|1997-05-20

El requerimiento de una invocación expresa del beneficio establecido en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, lejos de constituir una "sacralización" de la forma, constituye la única posibilidad de dar legitimidad a una gestión (en el caso, apelación) realizada por el letrado que no ostentaba la representación de los demandados (arts. 46, 47, 48 y concs.; 242 y concs., C.P.C.C.).
Beneficio de litigar sin gastos, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ M., J.  y otros s/ Daños y perjuicios s/Incidente de apelación s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-19

En sub-lite -contrariamente a lo sostenido por las instancias inferiores- no resulta aplicable el criterio y/o principio de irretroactividad del beneficio de litigar sin gastos. En el caso, si bien el último beneficio iniciado -el cual fue concedido-, fue promovido con posterioridad a la interposición de la demanda principal, no puede soslayarse la inequívoca conducta de la parte actora exteriorizada con anterioridad, al deducirse el primer beneficio, y la situación existente. Analizadas las pruebas en conjunto, se acredita que la situación de la actora, es idéntica (de pobreza) tanto al iniciar el primer beneficio como en las incidencias subsiguientes. A ello se suma, que dicho primer beneficio de litigar sin gastos no fue resuelto en sentido alguno (acordando o denegando el beneficio), por lo que no corresponde a dicha circunstancia, esto es que dicho beneficio de litigar sin gastos haya terminado de una manera singular no prevista por el Código de rito (no concluyó por ninguno de los modos normales ni anormales de terminación del proceso), la virtualidad de negar la situación de pobreza real, que conforme a las constancias de la causa ya existía al momento de promovida la demanda principal. La parte demandada no usó o dejó de usar las facultades procesales para poner fin al proceso y de este accionar no puede inferirse perjuicio alguno a la contraparte; mientras que la actora mantuvo viva su pretensión de lo que conforme al art. 163, inc. 5, párr. 2 del CPCC., o puede tomarse como elemento de convicción que se suma a la prueba incorporada.
Excarcelación, escala penal, pena máxima eventual, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BARRIOS, Fernando A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

Si bien la escala penal prevista para el delito de robo en poblado y en banda en grado de tentativa permitiría encuadrar la situación del imputado en el inc. 1° del art. 317 del C.P.P.N., no corresponde hacer lugar a su excarcelación, ya que la suspensión del proceso a prueba que registra permite sostener que, en caso de recaer condena, la pena no podría ser dejada en suspenso (art. 76 ter del C.P.).

Ello, sumado al breve lapso en el que nuevamente se ve involucrado en otro proceso penal, constituye una pauta objetiva suficiente para considerar que, de concederse su soltura, ante la magnitud de la pena en expectativa -evaluada a tenor del principio de proporcionalidad- y, especialmente, su efectivo cumplimiento para el caso de ser hallado culpable, el imputado intentará eludir la acción de la justicia.

Por ello, dándose las pautas obstativas que prevé el art. 319 del C.P.P.N., sin que la imposición de alguna medida cautelar resulte suficiente para neutralizar los peligros procesales, corresponde confirmar el auto que no hace lugar a la excarcelación del imputado.
Subasta, inmueble hipotecado, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ QUIROGA, G.R. c/ CHAPAZIAN, A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

Dado que todo derecho sustancial alegado debe tener su remedio procesal, debe admitirse que la cónyuge está legitimada a oponerse a la subasta del bien hipotecado invocando su falta del asentimiento que prevé el art. 1277 del Código Civil. Debe concedérsele la oportunidad de probar su calidad de cónyuge y ofrecer la prueba que considere que haga a su derecho. De lo contrario se desnaturalizaría el fin del instituto, ya que de impedirse el ejercicio del derecho el remate afectaría el bien jurídico que la ley protege.

Su tramitación no puede detener el avance del proceso ejecutivo al dictado de la sentencia de remate. Esta decide sobre la exigibilidad del crédito y la oposición se refiere al remate.

Esta debe ser limitada a ese efecto, dado que aún de admitirse que la defensa de la cónyuge es procedente, la falta de asentimiento no permite oponerse al progreso de la ejecución hipotecaria. La ejecución debe prosperar, en cuanto a lo adeudado, si se resuelve que no se han opuesto excepciones que la puedan detener.-
Jubilaciones, pensiones, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALESTRA JUAN ANIBAL c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LAPROVINCIA DE CORRIENTES Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO"Expte. N8878/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-03

En el 4to. párrafo del decreto 9316/46 aplicable a la Provincia por el art. 44 de la Ley 3295, se estableció ya al definir el objetivo de la reciprocidad, que dentro de las finalidades que persigue el Instituto de Previsión Nacional, se impone como una de las tareas preliminares, la de materializar en normas generales, un régimen de reconocimiento y reciprocidad en la computación de los servicios nacionales, provinciales y municipales lo que constituir sin duda alguna un paso decisivo hacia la unificación de todos los regímenes de previsión del país.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Si partimos de aceptar que el concepto de banda no puede ser otro que la agrupación de tres o más personas, (su nota característica es la pluralidad de autores), que de común acuerdo participan en la comisión de un hecho delictuoso; sin duda esta definición trasciende a la del artículo 210, para la cual aquella asociación o banda deben estar "destinadas a..." (dice la norma) y por ello tiene que reunir, como elementos esenciales y además del número, una cierta permanencia y, por fin como razón última, destinada a perpetrar delitos y que éstos sean indeterminados, aquí es donde se clarifica la distinción. En otras palabras, sosteniendo lo contrario, solamente se daría la calificante en el robo cuando todos estos elementos de tipo del artículo 210 se conjuguen como un ingrediente único constitutivo del artículo 167 inciso 2 y además de que se presentaría entonces la imposibilidad legal de concurrir materialmente ambas figuras, la falta o carencia tan solo de uno de aquellos extremos, conduciría necesariamente a concluir que un robo cometido por tres o más individuos, y aun cuando exista una previa convergencia intencional, se agotaría en su forma simple, esto es el tipo del artículo 164, y no creo que sea esa la pretensión normativa. (De los Fundamentos del Dr. Perotti -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es el alcance de la expresión "banda " comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal (como en definitiva en la votación final se produce un empate, se hizo necesario integrar la Cámara)
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, fiador, extinción del contrato, obligaciones del fiador
Materia: CIVIL
Carátula: Salama, Roberto I. c/ Barbuto, Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

Si no surge que el fiador hubiese afianzado los alquileres y obligaciones emergentes del contrato de locación hasta que la cosa fuese restituida, en modo alguno puede hacerse extensiva la fianza a los períodos posteriores al vencimiento del término, menos aún cuando recién se interpone la acción de desalojo por esa causal, casi un año después del vencimiento. Poco importa que la locación se haya continuado para locador y locatario en los términos del contrato originario (art. 1.622, Cód. Civ.) pues aún cuando el fiador se haya comprometido en forma solidaria, lisa y llana, y como principal pagador por las obligaciones del contrato que afianzó y no hasta que la cosa fuera restituida debe entenderse que lo ha hecho hasta que finalizara el término allí pactado, tanto en lo que atañe a la deuda por alquileres como el resarcimiento de daños y perjuicios sobrevinientes a la expiración de ese plazo.
Evasión fiscal, pago de tributos, período fiscal de liquidación
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fenoglio S.A.C.I.F.I.A. s/ Recurso de casación - Causa:1668
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

La ley 23.771 no establece diferencias en el monto base de la punibilidad para los diferentes impuestos, sistema expresamente aclarado por la ley 24.769, que estipula que el monto -ahora de cien mil pesos- debe considerarse por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año. La interpretación contraria resultaría incompatible con nuestro sistema tributario, basado en el período fiscal anual.
Viajantes de comercio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: VANELLI, VIVIANA ESTER c/ ORIFLAMA  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-26

Las disposiciones del salario mínimo, vital y móvil resultan aplicables a los casos de los trabajadores a comisión toda vez que se acredite una actividad normal de ventas o de promoción de ventas, de modo que pueda considerarse cumplida una jornada legal de trabajo. (conforme 'Ley de Contrato Comentada' Fernández Madrid, López Centeno)'.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Mario Alberto c/ Molinos Río de la Plata s/ Cobro de indemnización daños y perjuicios por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

Las decisiones sobre la procedencia o no del reajuste por desvalorización monetaria recaídas en etapa de ejecución de sentencia son definitivas a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, este criterio tiene carácter excepcional reservado a los casos en que la procedencia de la actualización no había sido motivo de decisión en la sentencia al poner fin a la cuestión litigiosa o cuando en la etapa de ejecución, la resolución o las contingencias procesales alteraban las previsiones del fallo respecto de dicho tema. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos comerciales, contrato de comisión, facultades del comitente, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROFIN CIA. FIN. S.A. EN LIQUID. c/ EL SOLAR DE LOS ABUELOS S.A. s/ Ejecutivo (LIBRO: A080 - 142)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-05

El comitente no puede, si no ha invocado y probado la existencia de una cesión de créditos, inmiscuirse en el proceso tratando de sustituir a su comisinista, ya que en tal supuesto, de conformidad al art. 233 del Cod. Comercio, carece de acción contra las personas con quienes el comisionista ha contratado a nombre propio.-
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida, muerte del padre, legitimación activa, hijo menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ DE BUERA, RICARDO c/ E.F.A. EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Tratándose de los titulares del reclamo por valor vida de los hijos menores del fallecido, la indemnización deberá apuntar a proporcionar a los reclamantes una renta mensual equivalente a lo que hubiera podido aportar el causante, de tal forma que el capital disminuya paulatinamente para extinguirse al llegar estos a la mayoría de edad, ya que más allá de ese momento, cesa la obligación alimentaria del progenitor a su respecto.
Honorarios, prestación de servicios, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, desindexación, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Sidesa S.A. s/ quiebra s/ incidente de revisión por Banco Central de la República  Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

La obligación de pagar honorarios profesionales se halla, en principio, incluída en el ámbito de aplicación de la ley 24.283, por cuanto ésta abarca la actualización del valor de "cualquier otra prestación" y, por tanto, debe inferirse que la voluntad legislativa ha sido comprender las prestaciones dinerarias.