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Ley de empleo, aportes previsionales, prueba del pago, registros laborales, constancia de aportes previsionales, intimación al empleador, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO, Rodolfo y otros c/ OHANNESSIAN,Carlos y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-17

Los recibos y los instrumentos que prueban el pago de los aportes previsionales integran la documentación laboral (arts. 9 y 10 de la LNE) y deben ser respaldados por los registros llevados por el empleador (art. 142 LCT) pudiendo ser perseguidos mediante la intimación del trabajador quien puede afirmar tanto que no existen como que le han sido entregados documentos deficientes. Tal intimación reclamando la entrega de los recibos debidamente configurados o la constancia de aportes previsionales también funciona como antecedente de la indemnización, siempre que sea correcta y funcional, ya que la interpelación desnuda o parcialmente vestida podrá demostrar, por el silencio del empleador luego de un tiempo razonable (art 57 LCT) la clandestinidad, pero no es antecedente o supuesto de la indemnización.
Indemnización por accidente de trabajo, responsabilidad civil, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Hassanie, Rolando c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-18

"...si bien la inclusión en un sólo rubro indemnizatorio de las lesiones físicas, psíquicas, incapacidad sobreviniente y lucro cesante, puede merecer, como metodología, algún cuestionamiento, no es menos cierto que la jurisprudencia también ha establecido que resulta adecuado englobar en una única indemnización el resarcimiento por tales rubros, pues esa solución tiene su razón de ser en que la medida del daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa, como alteración y afectación ...y menoscabo de la salud en su aspecto integral, computándose asimismo la incidencia que todo ello pudo aparejar sobre las posibilidades futuras de trabajo del damnificado".
Compraventa inmobiliaria, bienes gananciales, asentimiento del cónyuge, autorización judicial
Materia: CIVIL
Carátula: M DE C.M. s/ AUTORIZACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Al referirse al artículo 1277 del Código Civil a que la autorización es "para otorgar el acto" constituye requisito para obtener la misma judicialmente precisar los elementos básicos de la operación, vgr. precio, forma de pago, garantía, etc. y no limitarse a requerir que se autorice a la disposición a cualquier título del bien, incluso venta (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 147.242, E.D. 31-539;

íd. Sala A, E.D. 57-579; íd. Sala E, L.L. 1980-D-99; íd. Sala D, E D. 94-591; íd. Sala C, L.L. 1985-B-164). Al no haber proporcionado la cónyuge los elementos mínimos indispensables a efectos de ponderar la razonabilidad de la eventual operación a efectuar, valoración ineludible por ser el único medio adecuado para la defensa del interés familiar comprometido, corresponde dejar sin efecto la autorización de venta concedida por el juez máxime cuando no se ha concedido plazo de validez de aquélla.
Ley de orden público, carácter irrenunciable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gomez de Olivera Jorge Ruben c/ Federacion Patronal Seguros S.A. s/ Daños y Perj. Autom. S/lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Las leyes de orden público son irrenunciables, resultan aplicables de oficio por los jueces y acarrean la nulidad de las convenciones particulares que pretendan dejar sin efecto lo establecido por una norma de tal naturaleza.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANDOVAL, SERGIO FABIAN c/ EXPERTA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

En cuanto a la no aplicación de la Fórmula Balthazard (método de la capacidad restante) por parte de los magistrados para el cálculo de la incapacidad indemnizable, en el nuevo examen de admisibilidad efectuado con los principales a la vista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055 y oído lo dictaminado por el señor Procurador General, no se encuentran razones para apartarme de lo resuelto por esta Corte en oportunidad de admitir el recurso directo primigenio. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, peritos, designación de perito, empleados públicos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Código de Ética
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Alberto c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Recurso de Apelación Judicial s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

En el caso, la conducta del actor (inscribirse como perito contador en el fuero Contencioso Administrativo Federal siendo dependiente de la Fuerza Aérea) causa demora en la administración de justicia, configurando la causal que da fundamento a la sanción de "advertencia" prevista en el artículo 4 del Código de Etica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El apelante, como profesional inscripto, está sujeto a la aplicación del mencionado Código de Etica (conf. art. 1 del Código de Etica). También, como surge de los artículos 72 de la Ley Nro. 466 y del artículo 25 del Código de Etica, el apelante al ser dependiente de la Administración Pública no puede emitir dictámenes en los casos en los cuales una de las partes es el Estado Nacional por encontrarse en relación de dependencia con el mismo. Asimismo, al ser el recurrente dependiente de la Administración Pública tiene prohibido representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la Nación sea parte; tampoco podrá actuar como perito ya sea por nombramiento de oficio o a propuesta de parte en iguales circunstancias (conf. art. 7 del Decreto Nro. 8566/61). En los juicios en que la Nación sea parte se requiere, cuando corresponda, la presentación de una declaración jurada de los profesionales y peritos intervinientes en la que debe contar que el firmante no es empleado a sueldo de la Nación (conf. Decreto Nro. 21653/45).

Por ende, la parte actora, al haberse inscripto como perito contador en el fuero Contencioso Administrativo Federal, podría ejercer su labor como tal sólo en las causas en donde el Estado Nacional no fuera parte, o sea, solamente en casos excepcionales, causando demoras en la administración de justicia en todas las causas restantes; ya que en los casos en donde fuera designado, con todo lo que eso implica (fijación de audiencia para sorteo, notificación a perito y partes), y el Estado Nacional fuera una de las partes, debería renunciar por incompatibilidad de funciones, debiendo el respectivo tribunal fijar nueva audiencia a fin de designar un nuevo perito contador.

En suma, el profesional sabía de la existencia de esta incompatibilidad, máxime si la misma existía al momento de su inscripción como perito contador. Situación que lo obligaría a plantear su renuncia al cargo la mayoría de las veces, con el consiguiente retardo en la actividad judicial.
Prueba, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONTINENTE MIGUEL c/ EMA BENEDETTE s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A118 - 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-10-25

Estando demostrado en forma existente el incumplimiento inexcusable de urgir ("instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio", según la Real Academia) la producción de una prueba para la que estaba emplazada, justifica por tanto su caducidad, o efecto consistente en tener a la parte oferente por desistida de la misma en virtud de su inactividad imputable, causante de una demora irrazonable en la práctica de la prueba.-
Recurso de revisión (procesal), juicio de apremio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ c/ OBRA  SOCIAL  PARA EL  PERSONAL  DE  OBRAS  SANITARIAS DE LA NACION s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-01-01

El recurso de revisión no puede concederse por la expresa disposición del art. 1275 del C. de P. C., en tanto que por tratarse de una acción ejecutiva por vía de apremio, la sentencia recaída no obsta a la promoción de otro sobre el mismo objeto por la vía ordinaria de repetición, en conformidad con lo preceptuado por los arts. 867 y 927 del mismo ritual, la que estuvo expedita desde que se dictó el primer proveído de mandamiento de ejecución y embargo de acuerdo por lo previsto por el art. 832 del preindicado código.-
Accidente de tránsito, costas, asegurador, intereses, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: PINO GERMAN c/ TRANSPORTE CASTELLI S.R.L. s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (SIN LESION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-14

Al no alcanzar la condena el limite acordado -a diferencia de lo expresado por el judicante- que tampoco le corresponde a la aseguradora hacerse cargo de los intereses y costas, pues como claramente expresa la cláusula aludida, el descubierto obligatorio a cargo del asegurado se computa sobre el capital de sentencia.
Proceso penal, instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SUAR FELIPE OSVALDO Y OTROS s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-30

En el caso de autos el Ministerio Fiscal se expidió por el cierre de la causa, tanto en primera como en segunda instancia, y en consecuencia no correspondía el tratamiento de la apelación incoada, al no existir acusación.

El requerimiento de elevación a juicio ejecutoriado es técnicamente una acusación, ya que sin ella no puede abrirse la etapa del plenario, que fija la base de la competencia del tribunal de juicio, al establecer la base fáctica y de las personas sometidas al proceso.

Y en el presente caso, en el que la instancia se desenvuelve en la etapa de la investigación penal preparatoria, el requerimiento de sobreseimiento formulado en forma coincidente por el Ministerio Público -en esta fase-, comporta el desistimiento de la acción penal.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, vista a las partes, medidas preparatorias, celeridad procesal, economía procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvear Palace Hotel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

Tanto las vistas como los traslados son actos procesales de comunicación o transmisión, mediante los cuales el órgano judicial dispone que las partes tomen conocimiento de lo peticionado por la contraria. De este modo se posibilita el contradictorio y el respectivo ejercicio de la defensa en juicio.

En el caso, el dictamen cuestionado constituye una "medida preparatoria" requerida para el válido dictado de la sentencia, pero que carece de efectos vinculantes para el Tribunal, y por lo tanto, por más que adoleciera de algún vicio no puede ser objeto de impugnación atento a que no genera efectos jurídicos directos en la esfera del litigante.

Atento a la falta de virtualidad para afectar el derecho de la parte actora no se justifica en el caso la concesión de una vista carente de sustento normativo, que sólo prolongaría injustificadamente el dictado del pronunciamiento por el Tribunal, contrariando el más elemental principio de celeridad y economía procesal, por el cual este Tribunal debe velar.
Embargo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POMPEI JORGE LUIS c/ SANCOCHIA JOSE PLACIDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La traba del embargo por un monto determinado, no implica que el embargante "a posteriori" pueda ser desinteresado en su cautela abonándose tal suma histórica, sin contemplarse sus adiciones entre las que se comprende la repotenciación monetaria.-
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cencosud S.A. c/ Lanzavecchia, Daniel y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

Corresponde desestimar la acción por desalojo intentada si los demandados han acreditado "prima facie" el carácter de poseedores que invocaron, lo que impide que pueda considerárselos como deudores de una obligación exigible de restituir, como lo exige el art. 676 del Código Procesal Civil y Comercial
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Fernando Roberto c/ Establecimiento Metalúrgico Santa Teresita s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Para el progreso de la acción de derecho común con fundamento en el art. 1113 parte segunda in fine del Código Civil es necesario demostrar que el daño sufrido por el dependiente reconoce como causa la actuación de una cosa productora de riesgo y luego que el empleador es el dueño o guardián de la misma y éste no acredita que el daño padecido por la víctima tuviera una causa de perjuicio diferente a la del riesgo creado por la cosa, ésto es, un comportamiento hábil para desplazar la responsabilidad objetiva que le incumbe.
Recursos naturales, pesca, Actividades económicas
Materia: ADMINISTRATIVO-RECURSOS NATURALES
Carátula: "Periópontis  S.A. c/ E.N. -M° Economía- SAGIP y A Resol. N° 2/99 s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

En cada oportunidad, la autoridad de aplicación dispuso las medidas restrictivas a la actividad pesquera con ajuste a la situación del recurso natural involucrado, adoptando criterios de selección (por la característica de las unidades, y luego -al agudizarse la crisis-, en función de la existencia de plantas en tierra, con la finalidad tuitiva de las fuentes de trabajo locales), que lejos de resultar arbitrarios, aparecen sustentados en factores económicos objetivos claramente verificables, que a la vez justificaron el distinto tratamiento dispensado, que se ajustó a las distintas modalidades bajo las cuales se desenvuelve la actividad en cuestión (Del voto del juez Márquez, cons. VII).
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, trabajo penoso
Materia: LABORAL
Carátula: YBAÑEZ, RAFAEL c/ M.C.B.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

El hecho de que el trabajador haya realizado tareas de esfuerzo durante un lapso prolongado, no enerva que esa condición laboral pueda haber actuado como concausa de sus afecciones cardíacas. Esto es así, pues al contrario de lo que ocurre en el entrenamiento deportivo, en los trabajos de esfuerzo físico, en el caso manejar un martillo neumático, no existe un control inicial, un seguimiento, ni un ritmo impuesto por un entrenador, sujeto a la condición de aminorar el esfuerzo, cuando se evidencian problemas físicos derivados de tal actividad.
Catastro, carga pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ussher de Romero Zapiola, Sara Cecilia y otros c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

Las facultades legalmente atribuídas al organismo catastral reconocen como fundamento el principio de que cada contribuyente tribute de acuerdo con la realidad de la riqueza gravada a fin de lograr una equitativa distribución de las cargas públicas.(doctor de Lázzari, sin disidencia
Actos ilícitos, acción civil, sobreseimiento, cosa juzgada, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL CIVIL -PROCESAL PENAL
Carátula: TINERI CAMILO Y OTROS c/ GALLARETTO JOSE s/ APELACION  -  NULIDAD  -  REMATE:  PUBLICIDAD  -  DOMINIO: PUBLICIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-19

Ninguna de las dos resoluciones -sentencia de sobreseimiento respecto de las imputaciones de robo y desobediencia a la autoridad hacen cosa juzgada en sede civil,a diferencia de lo que erróneamente ha entendido el señor juez a-quo. Respecto de la sentencia absolutoria por prescripción, ya media pleno consenso de que deja abierto para que en el juicio civil puedan debatirse todas las cuestiones que hacen a la culpabilidad o responsabilidad del demandado. Esto a un admitiendo que el sobreseimiento se equiparara a la sentencia absolutoria del art. 1103 del C.C.. Y sin entrar al debate sobre este último tema y , aún cuando el sobreseimiento se equiparara a la absolución dictada en el plenario, en este caso en que se sobresee por falta de elementos probatorios o por falta de tipificación de la conducta punible en lo referido al robo, tal resolución no hace cosa juzgada en sede penal, la que se circunscribe pura y exclusivamente a la inexistencia del hecho y a la participación del imputado. En este orden, a pesar de la invocación del inc. 1 del art. 337 del C.P. Penal, queda claro que se ha convertido en sobreseimiento la falta de mérito y que tal resolución de falta de mérito, a un admitiendo la participación del imputado, juzga que la conducta no es punible y que en este orden no hay elementos probatorios como para incriminar delito de robo. En estos casos, la calificación que del mismo le cuadra al pronunciamiento penal absolutorio no hace cosa juzgada, pudiendo libremente el juez civil modificar esa calificación y admitir, sobre la base de la nueva calificación la acción civil deducida ante su tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LA UNION GANADERA HUMBERTO PRIMERO c/ FERNANDO Y JOSE CASCO SRL s/ ORDINARIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14

La exigencia del artículo 95 de la Constitución Provincial referente a la motivación suficiente de las resoluciones, no impone al juzgador seguir todas y cada una de las manifestaciones vertidas por las partes, bastando a tal fin que la sentencia se sostenga por sí misma, como un pronunciamiento que no adolezca de una irracionalidad palmaria, ilogicidad o antijuridicidad, lo cual no se verifica en la resolución recurrida, por lo que no puede descalificarse el fallo como acto jurisdiccional, en tanto no se ha demostrado una consumada arbitrariedad sino una fuerte discrepancia del recurrente en sus planteos, pretendiendo reabrir el debate de cuestiones de hecho y prueba sin que ello depare un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuyo cometido es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional, analizando el grado de acierto o error que tienen sus fallos.
Juicio oral, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Guerrero, Norma Sara s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es improcedente el agravio en el que se denuncia que se ha hecho una lectura parcial de las diligencias de prueba infringiéndose los arts. 276 y 277 del Código de Procedimiento Penal si el acta de la audiencia menciona como leídas -con conformidad de las partes- las diligencias de prueba cuya lectura prescribe el art. 276 del Código de Procedimiento Penal sin que se hiciera constar disconformidad alguna.
Tributos, declaración jurada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SALAZAR, HUGO BENI c/ BARRAZA, SEGUNDO ROLANDO Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-19

La función de la declaración jurada, constituye la obligación de exteriorizar hacia la administración el cumplimiento de la obligación, más no su extinción. Como tal, es un acto de conocimiento y voluntad. Las normas legales imponen el deber formal de exteriorizar hacia la administración el proceso de conocimiento y voluntad que acompaña la extinción de la obligación. La declaración jurada hace responsable al declarante por el impuesto que de ella resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. En conclusión, es un acto que manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una obligación, sin eficacia definitoria de la obligación sustancial. Su finalidad consiste en colaborar con la administración, haciéndole saber el conocimiento y la voluntad del obligado de extinguir una determinada obligación.
Habeas corpus colectivo, pueblos originarios, derecho de protesta
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Presentantes -Área de pueblos indígenas de ANDHES y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-16

No es procedente la acción de habeas corpus colectivo si la libertad de las personas en cuyo nombre se presenta no está amenazada de manera cierta concreta e inminente.
Pena, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: GUISAMBURU, ROBERTO s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-23

No cabe objetar la validez del pronunciamiento sobre la base de que uno de los jueces del tribunal de grado hubiera dictado uno de los fallos que se unifican en virtud de lo dispuesto por el art. 58 del C.P., dado que, además de estar esto virtualmente admitido por el dispositivo legal de mención, le está vedado al órgano jurisdiccional interviniente alterar las declaraciones de hecho, como así también cambiar en perjuicio del condenado la entidad de la calificación legal, quedando restringida su labor a la tarea de encontrar sanción adecuada a las conductas de que se trate.
Delitos contra el honor, injurias, calumnias, juicio por delitos de acción privada, jueces, prueba documental, expediente, escritos judiciales, fotocopia
Materia: PENAL
Carátula: MANCUSI, Alberto D. s/ Causa 2.081
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-02

Aun cuando para entablar la acción por calumnias e injurias los magistrados imputados han incorporado fotocopias del expediente en el que oportunamente intervinieran, dicha conducta además de constituir el legítimo ejercicio de un derecho como resulta la defensa del honor, de manera alguna importa la utilización de información reservada pues sus constancias habían ya adquirido estado público al haber constituido el objeto del artículo editado en una revista por el que se consideraron agraviados.
Recurso de revisión (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FILIPPINI, CRISTIAN FABIAN c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-07

Corresponde declarar inadmisible el recurso de revisión interpuesto desde que no nos encontramos ante una sentencia firme que habilite la vía escogida por cuanto se ha interpuesto recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia por denegatoria del recurso federal (artículo 409 del C.P.P.).
Excepción de pago, trámites judiciales, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Teuco,  S.A. c/ Roig, Edelmiro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-03-31

Para hacer procedente la excepción de pago parcial; debe constar en el recibo cuanto menos la naturaleza, fecha y monto del documento al que debe imputarse el pago del que da fe dicho instrumento. De otro modo no puede determinarse la vinculación con la obligación caratular. Por eso, para que dicha vinculación sea indiscutida, la imputación a la deuda reclamada debe ser expresa, a fin de que no sea necesario probar la relación entre el documento acompañado y la obligación exigida por otros medios de prueba, procedimiento vedado en el juicio ejecutivo.