Recurso de casación, condena penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Nº 5 en Expte. 512/2011 caratulado 'Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Salidas Transitorias - Capital'
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-27

Por Auto Interlocutorio, el Juzgado de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, resolvió no hacer lugar al pedido de incorporación al Régimen de salidas transitorias incoada por el interno, por la no concurrencia del requisito previsto en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660, y por lo señalado en los considerandos V y VI".

Para decidir como lo hizo, el juez a quo consideró la opinión desfavorable del Servicio Criminológico y del Consejo Correccional del Penal en el que se encuentra alojado el interno, y que, no obstante los importantes avances logrados por éste durante el tratamiento penitenciario -conforme lo señalado en los informes interdisciplinarios-, las reiteradas condenas (3) dictadas en su contra y su persistencia en el ámbito delictual durante los espacios de tiempo en los que gozaba de semilibertad permiten inferir que encuentra dificultades para respetar las normas sociales de convivencia y encontrar otras alternativas de vida, por lo que existe el riesgo de que no acate las obligaciones que le sean impuestas en caso de ser reincorporado al régimen que pretende.

Contra esa decisión es interpuesto este recurso de casación, por los motivos previstos en los incs. 2º y 1º del art. 454 del Código de Procedimientos Penales, por aplicación errónea de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por errónea aplicación de la ley de fondo.

Para denegar la solicitud, el juez a quo expresó su coincidencia con el criterio referido, e invitó al interno a intensificar el tratamiento penitenciario como paso previo a futuras consideraciones de derechos de egresos extramuros.

En los términos reseñados, estimo que el agravio invocado no es de recibo dado que la resolución impugnada no presenta los defectos que le son atribuidos en el recurso.

Así lo considero debido a que, aunque el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad ha sido atemperado reglamentariamente por el legislador mediante la institución de mecanismos que antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre, de conformidad con el Principio de Judicialización de la Ejecución Penal consagrado en esa reglamentación (arts. 3 y 4 Ley 24.660), se encuentra a cargo del Tribunal de Ejecución, no el mero cómputo de los requisitos para las salidas transitorias reguladas en dicha ley y enumerados en el art. 17, en tanto la sola reunión de éstos no determina el acceso automático a las salidas transitorias solicitadas por el interno, y la evolución favorable de su conducta personal y social en el establecimiento penitenciario constituye sólo una pauta que habilita a profundizar el examen de las demás circunstancias útiles para evaluar el resultado probable que fuera del establecimiento tendría su tratamiento penitenciario, dado que la potestad represiva del Estado no se agota con el dictado de la pena justa y requiere asegurar su cumplimiento y con ello su función sancionatoria y de prevención especial y general.

De modo que, si bien los informes mencionados en el referido artículo 17 están previstos para ilustrar al Tribunal de Ejecución sobre el estado, concepto, conducta y evolución del interno en el establecimiento penitenciario, la mencionada ley de aplicación no deja al arbitrio de los funcionarios penitenciarios la ejecución de las sanciones penales por lo que, aunque de consulta obligatoria, la opinión administrativa sobre la solicitud del penado no es vinculante y está sometida al control judicial.

Esa faena, demanda al Tribunal un estricto juicio crítico sobre los informes solicitados, a fin de: establecer la coherencia lógica y la razonabilidad de las conclusiones de cada uno y en su conjunto, y lo autoriza a solicitar las aclaraciones y ampliaciones que juzgue convenientes y a requerir toda la información que estime pertinente para decidir sobre la pretensión del interno.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.