Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-26


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73538 SALA V. AUTOS: "TORRES, TERESA LILIANA C/ ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA Y OTROS S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 5).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 26 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) La sentencia de primera instancia (fs. 280/286) ha sido apelada por la parte actora y por la codemandada Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. a tenor de los memoriales que lucen anejados a fs. 290/293 y fs. 294/295. Las codemandadas Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina, Hospital Aeronáutico Central, y Cardiovascular Aeronáutico Central SRL y la accionante contestaron agravios (v. fs. 303/vta., fs. 307/309 y fs. 310/vta.).

2) Se siente agraviada la actora porque la señora jueza a quo consideró que no estaba probada la fecha de ingreso denunciada ni la efectiva realización de horas extras. Afirma que la prueba testimonial rendida acredita dichos extremos. Señala que está probada la continuidad de la relación laboral entre Coinsal S.R.L. y Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. pues continuó laborando para la segunda sin que hubiera renunciado ni hubiera habido despido con respecto a la primera. Sostiene que hubo irregularidad registral y que, por lo tanto, debe hacerse lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013. Cuestiona, además, el rechazo de la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345 porque, según sostiene, cumplió con el requisito formal impuesto por la norma conforme documental de fs. 55. Crítica que no se hubiera extendido la condena al codemandado Fischetti a pesar de haber utilizado la figura societaria para ejecutar actos ilícitos. Apela, también, que no se hubiera extendido la condena en forma solidaria al Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina - Hospital Aeronáutico Central de conformidad con lo normado en el art. 30 L.C.T. Por último, apela la imposición de costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada por considerarlos elevados.

Por su parte, la codemandada Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. se considera agraviada porque la magistrada de grado concluyó que le asistió razón a la actora para considerarse despedida. Afirma que, de todas las causales invocadas por la trabajado-ra, solo podría ser valedera la falta de pago de salarios pero, a su entender, dado que se le efectuaban pagos parciales debió mantener la fuente de trabajo y recurrir a la vía judicial para cobrar lo adeudado. Finalmente, apela la imposición de costas y los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por entenderlos elevados.

3) En el escrito de inicio la actora invocó que comenzó a laborar bajo relación de dependencia del Dr. Miguel Ángel José Fischetti -cuando este era socio gerente de la firma Coinsal S.R.L.- el 1/6/2003 desempeñándose como enfermera hasta el 30/10/2004 y que el 1/11/04 el Dr. Fischetti -en carácter de socio gente de Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L.- la llevó a trabajar bajo relación de dependencia de esa sociedad para prestar tareas de enfermera en el edificio sito en Ventura de la Vega Nro. 3697 perteneciente al Hospital Aeronáutico Central pero sin reconocerle la antigüedad (v. fs. 60 vta./61).

La magistrada consideró que el hecho de que la accionante hubiera trabajado para Coinsal S.R.L. desde el 2003 y luego para Cardiovascular S.R.L. desde noviembre de 2.004, y que el codemandado Fischetti hubiera integrado esta última sociedad no revelaba de por sí que hubiera existido una continuidad en la relación ni determinaba que debiera reconocerse la fecha de ingreso para la primera. Afirmó que se trataba de firmas distintas con responsabilidades diferentes, y que no se había demostrado algún tipo de conexión societaria entre ambas. Agregó que no había sido un fundamento al demandar, la existencia de una cesión del contrato de trabajo, y que para demostrar el concurso de voluntad de Cardiovascular en el sentido de que la incorporación de la demandante fue consecuencia de que admitió esa supuesta cesión, era indispensable un instrumento que lo acredite salvo el caso de fraude laboral que no se verifica en el caso.

Más allá del acierto o no de la decisión adoptada en la instancia de grado, considero que la actora no rebatió en forma pormenorizada como exige el art. 116 L.O. cada uno de los fundamentos brindados, pues se limitó a decir que estaba probado que la actora laboró para Coinsal S.R.L. y Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L., pero ese hecho fue tenido especialmente en cuenta por la sentenciante al fundar su decisorio.

Luego, la recurrente alegó que estaba demostrada la continuidad de la relación laboral de una empresa a otra con sustento en el recibo de fs. 23 y la prueba informativa de fs. 241/250 pero nada dijo con relación a la conclusión de la instancia de grado en el sentido de que se trataba de sociedades distintas, que no estaba probada la conexión entre ambas, que no se invocó la existencia de cesión del contrato de trabajo y que tampoco se probó la existencia de fraude laboral.

En este contexto, el recurso luce desierto en este punto (cfr. art. 116 cit.) porque no se controvirtieron en forma concreta, crítica y pormenorizada, cada uno de los argumentos esgrimidos en la sentencia de grado y que por sí solos dan sustento a la decisión.

Al respecto, es sabido que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 L.O.) debiéndose demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en el escrito de demanda la aquí reclamante no explicó dónde se habría desempeñado con anterioridad a comenzar a trabajar en el Hospital Aeronáutico Central, ni tampoco brindó fundamento alguno que explique por qué -si trabajó en otro establecimiento y para otra sociedad- Cardiovascular debía reconocerle una antigüedad anterior. Además, dijo que había comenzado a trabajar para el Dr. Fischetti pero de los recibos de sueldo por ella acompañados se desprende que el empleador era Coinsal S.R.L. (v. fs. 23/25). No está siquiera invocado ni acreditado el desempeño en forma continua en el mismo establecimiento.

En concreto, tal como señaló la sentenciante anterior, no se invocó al demandar el presupuesto de hecho por el cual Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. -en el mejor de los casos- debería reconocer la antigüedad cumplida para otro empleador en otro establecimiento, ni tampoco se rebatieron los fundamentos dados en la sentencia de grado al respecto, por lo que el fallo debería confirmarse en este punto.

Más aun, los testigos que declararon en autos son imprecisos en cuanto a la fecha de ingreso de la Sra. Torres y tampoco dan cuenta de una vinculación entre ambas sociedades.

El testigo Reque Roccha (fs 180/181) -quien dijo ser compañero de trabajo de la actora en el Hospital Aeronáutico- no sabe cuándo comenzó a trabajar. Señaló que a la accionante la contrató el Instituto Cardiovascular y si bien dijo que venía de otro lugar, declaró que "cree el testigo que era el hospital de Hacienda" sin dar mayores precisiones.	Rodríguez (fs. 182/183) dijo no saber quién empleó a la demandante. Agregó que esta "comenzó a trabajar en el aeronáutico en el año 2005 y año 2006" y si bien señaló que "ellos venían de Coinsal" no dio mayores precisiones acerca de la vinculación entre ambas sociedades.

El testigo Olima (fs. 196/197) no sabe cuándo comenzó a trabajar la aquí reclamante y, además, sostuvo que él ingreso en febrero del año 2.006 por lo que no puede tener un conocimiento directo sobre lo acontecido con anterioridad a esa fecha (tiene juicio pendiente con "el Cardiovascular").

Finalmente, el testimonio de Núñez (fs. 206/207), proveniente de quien se declaró expresamente acreedor del codemandado Fischetti, es contradictorio con lo afirmado en el inicio pues sostuvo que la Sra. Torres comenzó a trabajar en cardiovascular en el año 2002, lo que le resta valor probatorio (cfr. art. 90 L.O.).

En cuanto al horario, la actora sostuvo al demandar que debía cumplir sus labores de lunes a viernes de 6 a 13 o 14 y que en la práctica debía quedarse 8 horas más en su lugar de trabajo "dado que al culminar su guardia nadie venía a reemplazarla, llegando a permanecer dentro del nosocomio hasta tres guardias seguidas". Agregó que "a la actora se le abonaban en negro las horas extras que realizaba (alrededor de 120 mensuales), sin el recargo del 50% o 100% según correspondiere." (v. fs. 61 vta.).

Considero que tampoco logró probar que efectivamente cumplía trabajo en tiempo suplementario y, menos aún, que se le abonaran esas supuestas horas extras fuera de registración y sin los recargos correspondientes.

El testimonio de Reque Roccha es confuso en este punto porque solo afirmó en forma dogmática que las horas extras no las pagaban cómo correspondía, pero no explicó cuál era el horario de la accionante ni tampoco en que consistía esa supuesta irregularidad. La testigo Rodríguez (fs. 182/183) no sabe a cuánto ascendía el sueldo de la demandante ni quién se lo pagaba. Aclaró que en el Hospital Aeronáutico aquella estaba de mañana y que salía a las 14, lo que revela en principio la no realización de trabajo en tiempo suplementario. El testigo Olima (fs. 196/197; reitero, con pleito pendiente) dijo saber que la reclamante no cobraba horas extras porque lo hablaban en el momento del café o del almuerzo lo que le resta valor probatorio (cfr. art. 90 L.O.) y además también resulta contradictorio con el relato del inicio pues afirmó que la Sra. Torres trabajaba los fines de semana con la esperanza de cobrar horas extras pero no dijo que debiera quedarse más allá de su turno porque no concurriera el reemplazante. Por último, Núñez (fs. 206/207) declaró que la actora trabajaba en cardiovascular en el turno de la mañana, con treinta y cinco horas semanales y ocho francos al mes y que no sabe cuál era su sueldo.

En base a lo dicho considero que no está probada la efectiva realización de horas extras ni el pago fuera de registración, por lo que propicio se confirme lo decidido en origen en este punto.

Dada la forma de resolver esos tópicos, resulta claro que no está probada irregularidad registral alguna por lo que también debe confirmarse la sentencia de grado en cuanto rechaza las indemnizaciones previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013.

Asimismo, debe confirmarse el rechazo de la pretensión respecto del codemandado Fischetti pues -como dije- no está acreditada la existencia de irregularidades registrales ni el pago de sumas "en negro", tal como se invoca en el memorial recursivo (v. fs. 292 vta.).

En cuanto al despido, coincido con la señora jueza a quo en que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir la pertinencia de la decisión adoptada y, en el caso, considero que la falta de pago de los salarios correspondientes a abril y mayo de 2.006 constituye injuria suficiente por lo que la decisión rupturista se ajustó a derecho.

Así lo entiendo porque la falta de pago de salarios de dos meses, constituye un incumplimiento de gravedad tal que legitima al dependiente a considerarse en situación de despido indirecto, al tratarse de una de las obligaciones principales del empleador (cfr. art. 74 de la L.C.T.).

Por ello, resulta ineficaz para revertir el decisorio de grado, la circunstan-cia planteada en el memorial recursivo de que la accionante debería haber seguido trabajando, porque no es exigible a un empleado que continúe laborando si se le deben dos meses de salarios, y lo cierto es que el incumplimiento de la empleadora frente a su obligación principal, fue de una gravedad que no consiente la prosecución del vínculo laboral (cfr. art. 242 y 246 L.C.T.).

Propongo, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado también en este aspecto.	En lo que respecta a la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345, asiste razón a la recurrente. Del intercambio telegráfico habido entre las partes surge que con fecha 29/10/2007, es decir transcurrido el plazo previsto en el art. 3 del decreto 146/2001, la demandante intimó a la empleadora para que en el plazo de 48 horas procediera a hacer entrega de las certificaciones de servicios y remuneraciones según art. 80 L.C.T., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 45 de la ley 25.345 (v. TC., fs. 55 reconocido expresamente por la empleadora a fs. 101 vta.). Sin embargo, no se encuentra probado en autos que la accionada hubiera cumplida con la obligación impuesta por esta norma.

En consecuencia, corresponde adicionar al monto de condena dispuesto en origen la suma de $ 4.229,49 ($ 1.409,83 x 3) por lo que el monto total de condena arroja la suma de $ 17.717,62 con más los intereses fijados en la instancia de grado.	4) Resta por analizar la situación del Estado Nacional- Fuerza Aérea Argentina- Hospital Aeronáutico Central.

Aclaro que -pese a lo que en definitiva propondré- reiteradamente, desde mi actuación en 1ª instancia, me he expedido en contra de la procedencia de solidaridad fundada en el art. 30 de la L.C.T. en relación con el Estado y entes públicos (entre otros casos en "Pavoni, Néstor David c/ Gavial S.A. y otro s/ Despido", sentencia definitiva del Juzgado nº 43 de fecha 31-5-2001). Asimismo, en la sentencia de esta Sala del caso "Alonzo Noguera, Teodosia Ramona y otros c/ Guillermo V. Cassano S.A. y otro s/ Despido" (sentencia definitiva nº 71.524 del 17-4-2009) voté en similar sentido, con la adhesión del Dr. Juan Carlos Fernández Madrid.

Se trata en la especie de una vinculación laboral entre la accionante -como enfermera- y una persona de derecho privado -Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L.-. La contratación estaba regida por la L.C.T., no tratándose en el caso de un empleo público. La reclamante no fue empleada del Hospital Aeronáutico Central -ni pretendió serlo- sino que accionó en su contra con fundamento en el artículo 30 de la L.C.T. por haber dicho nosocomio delegado actividades que le eran propias, normales y específicas (v. fs. 68 vta.).

Así las cosas, sin perjuicio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el particular ("Mónaco, Nicolás y otros c/ Cañogal S.R.L.", "Cometta, Alberto Fernando y otros c/ Cañogal S.R.L. y otro", Corte Suprema, sentencia del 2-9-1986; otros fallos que siguieron el mismo criterio pueden consultarse en Derecho del Trabajo 1986-B pág. 1277 y 1987-B pág. 1074; en el caso "Godoy" Fallos 314:1679, se dejó sin efecto la sentencia que, al condenar en forma solidaria a una municipalidad a pagar indemnizaciones y salarios, omitió considerar el carácter administrativo del contrato que ligó a las codemandadas cuya finalidad era la prestación de un servicio público -limpieza y barrido de calles-, agregándose que la actividad básica de la administración local supone la legitimidad de sus actos y la actuaión de aquella se rige por principios jurídicos propios), es mi opinión que no puede pasarse por alto en modo alguno que el art. 30 L.C.T. integra el Capítulo II del Título II de aquel cuerpo legal. Ese título II se denomina "Del contrato de trabajo en general" y el capítulo II del mismo se intitula "De los sujetos del contrato de trabajo". He remarcado esto porque es indudable que todo lo que allí se regula está referido al contrato de trabajo (una persona física que se obligue a realizar actos o prestar servicios para otra bajo dependencia de ésta, mediante el pago de una remuneración, art. 21), el cual se configura entre un "trabajador" (art. 25) y un "empleador" (art. 26), y resultando que -incuestionablemente a mi juicio- tales normas no abarcan a los dependientes de la administración pública (art. 2 igual ley) que por cierto se rigen por otras normativas.

Véase que en ese capítulo II el art. 30 en cuestión se halla inmediatamente a continuación de otros dos (uno que lleva el nº 29 y que se refiere a trabajadores contratados por terceros para proporcionarlos a empresas, y otro que prevé el caso específico de las empresas de servicios eventuales) e inmediatamente antes que otro (el que lleva el nº 31 que ciertamente se refiere a "empresas" bajo la dirección o control de las mismas personas o conjuntos económicos que incurren en prácticas fraudulentas); y si se interpretan en forma integral y coherente todos esos artículos se llega a la conclu-sión de que se van previendo distintos supuestos (intermediación, fraude, eventualidad, etc.) dentro de la gama de posibilidades que puede presentar el mismo tipo de contrato, el contrato de trabajo celebrado entre quienes se prevén en los arts. 25 y 26 ya citados, y asignándose las consecuencias que allí se indican. No vislumbro que se prevea allí la situación del Estado nacional, provincial, municipal -actualmente local de esta ciudad autónoma, en cuanto esté involucrada la ciudad de Bs.As.- ni que tales artículos -incluído el 30- los contemplen, sino que por el contrario se examinan las distintas formas en que los sujetos empresarios -o a cargo del emprendimiento de que se trate- del contrato de trabajo y a los que se le aplica la L.C.T., quedan responsabilizados en caso de registrarse alguno de los supuestos así previstos.

No obstante, la mayoría de esta Sala en su actual composición, en un pronunciamiento reciente -con mi voto en minoría- ha resuelto en sentido diverso (sentencia definitiva nº 73.240 del 23/6/2011, in re: "MIÑO NORA RUTH C/ INFAN-TES SRL Y OTRO S/ DESPIDO"). Allí, el Dr. Zas -con adhesión del Dr. Arias Gibert- sostuvo que: "No soslayo que parte de la jurisprudencia sostiene que no es posible aplicar la norma precitada a la Administración Pública cuando se haya vinculado con una empresa privada a través de un contrato administrativo, con el argumento de que la presunción de legitimidad de los actos administrativos entraría en pugna con lo dispuesto en el art. 30 de la L.C.T., norma cuya operatividad presupondría una actividad en fraude a la ley respecto de los trabajadores. Tal criterio se apoya en el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 'Mónaco, Nicolás y otro c/Cañogal S.R.L. y otro', sentencia del 2/9/86".

"Sin embargo, a mi entender el art. 30 de la L.C.T. no presupone la comisión de un fraude en perjuicio del trabajador: por el contrario, a fin de evitar juzgar acerca de una patología jurídica de difícil acreditación, impone al empresario principal o, en su caso, al contratista el control del cumplimiento, por parte del contratista, o en su caso, del subcontratista, de las normas laborales y de la seguridad social respecto de sus propios trabajadores y, para garantizar mejor este control y asegurar que su incumpli-miento no redunde en perjuicio de los trabajadores privados empleados por un contratis-ta o subcontratista eventualmente insolvente, extiende al principal la responsabilidad solidaria por las deudas de este último".

"Por otra parte, conviene señalar que la obligación de responder del empresario principal o del contratista que prevé la norma precitada no está condicionada a que se trate de un 'empresario' o que tenga en miras el 'fin de lucro', pues el texto legal utiliza el pronombre 'quienes' y no excluye a las personas públicas de tal órbita específica de responsabilidad, por lo que se trata de una situación jurídica que no está comprendida en el ámbito de aplicación del art. 2º, inc. a) de la L.C.T.".

En el caso de estos autos, la coaccionada reconoció en el responde que tenía con "Cardiovascular Aeronáutico Central SRL" un contrato de "préstamo de uso" por un espacio en el Hospital Aeronáutico Central, sito en la calle Ventura de la Vega 3697 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (v. fs. 110) y de la prueba testimonial rendida surge que la Sra. Torres se desempeñó como enfermera en dicho nosocomio.

Por lo tanto, solo por razones de economía procesal y sin que ello implique alterar mi personal opinión ni abdicar de ella, he decidido adherirme a la postura asumida por los colegas de esta Sala por lo que cabe concluir que el Hospital Aeronáutico Central subcontrató una parte inescindible de su actividad normal y específica y que Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. es una subcontratista de esta última, de modo que el Estado Nacional- Fuerza Aérea Argentina-Hospital Aeronáutico Central debe responde solidariamente en los términos del art. 30 de la L.C.T. (t.o.) por las obligaciones de Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. respecto de la actora.

Por las razones expuestas, sugiero modificar la sentencia cuestionada y extender al Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina- Hospital Aeronáutico Central la responsabilidad solidaria prevista en el art. 30 L.C.T. (t.o.) por la condena impuesta en primera instancia.

5) De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.C.N., correspondería entonces dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

En cuanto a las costas, la acción progresaría por el 22,74% de lo pretendido, con lo cual ambas partes (salvo el codemandado Fischetti) resultarían vencidas y vencedoras mutuamente; pero por otro lado conforme criterio predominante en esta Cámara al que he adherido por razones de economía procesal, no corresponde atenerse a un parámetro exclusivamente aritmético en cuanto a costas; por ende, dado que han progresado las reparaciones por despido y lo relativo al art. 80 L.C.T., propicio que se impongan las costas (en cuanto a las acciones que progresan) en un 80% a cargo (solidariamente) de las codemandadas Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. y Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina- Hospital Aeronáutico Central, y en un 20% a cargo de la parte actora (art. 71 C.P.C.C.N.); la solidaridad debería abarcar los honora-rios de los letrados de la parte actora, perito y tasa judicial; cada una de aquellas accionadas carga con los emolumentos de sus propios abogados en la porción a su cargo. En cuanto a la acción que se desestima (codemandado Miguel Ángel José Fischetti) deberían mantenerse a cargo de la parte actora; en efecto, rige el principio general contenido en el art. 68 C.P.C.C.N. según el cual quien resulte vencido debe cargar con los gastos causídicos en que incurrió la contraria para el reconocimiento de su derecho.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, correspondería regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la codemandada Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L., de la codemandada Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina - Hospital Aeronáutico Central (en forma conjunta), y al perito contador, por su actuación en primera instancia, en el 15%, 11%, 11%, y 6%, respectivamente, porcentuales a calcular sobre el nuevo monto de condena más intereses; en cuanto a los estipendios por la actuación profesional en defensa del codemandado Fischetti, estimo que deberían fijarse en la suma de $ 3.000; aclaro que además del art. 38 L.O., y arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 decreto-ley 16.638/57, he tenido en cuenta el art. 11 de la ley arancelaria referido específicamente al caso de distintos profesionales en litisconsorcio.

6) Postulo imponer ante el resultado de los recursos, las costas de alzada a cargo de las codemandadas Cardiovascular Aeronáutico Central S.R.L. y Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina- Hospital Aeronáutico Central en forma solidaria (conf. arts. 68 C.P.C.C.N.) en lo que respecta a los estipendios de la Dra. María Inés Bellofatto; cada una carga con los emolumentos de sus representaciones letradas con las aclaraciones que se efectuarán. Las costas de 2ª instancia por el recurso que involucra al demandado Fischetti deberían correr a cargo de la accionante (art. 68 cit.). A su vez, correspondería regular los honorarios de los Dres. María Inés Bellofatto (a excepción de lo relativo al recurso sobre la acción contra el codemandado Fischetti), Josefa Celia La Greca (a excepción y sin perjuicio de lo que se indicará más abajo) y José C. Talarico, en el 3,75%, 3% y 3% respectivamente, sobre la misma base que la fijada en el punto anterior; y los de la Dra. Bellofatto por fs. 292/vta. cuarto agravio, y de la Dra. La Greca por fs. 308/vta. quinto agravio, en las sumas de $ 700 y $ 900 respectivamente. Se ha tenido en cuenta el art. 14 y conc. L.A.

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-SUELVE: 1º) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.717,62), con más los intereses dispuestos en origen; 2º) Modifi-car la sentencia de grado en el sentido de extender la condena dispuesta en autos, solida-riamente al Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina- Hospital Aeronáutico Central; 3º) Dejar sin efecto lo decidido en primera instancia en materia de costas y honorarios, a excepción de las costas correspondientes a los honorarios de letrados de la parte demanda-da en la acción seguida contra MIGUEL ÁNGEL JOSÉ FISCHETTI que se ratifican a cargo de la parte actora; 4º) Costas y honorarios de primera instancia conforme lo propuesto en el apartado 5 del primer voto de este acuerdo; 5º) Costas y honorarios de alzada de acuerdo a lo sugerido en el apartado 6 del primer voto citado; 6º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara