marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores telefónicos, Telefónica de Argentina, cesión del establecimiento, privatizaciones, indemnización por despido, responsabilidad solidaria, contrato de trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ARZAC, SANDRA M. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

ENTel sólo deberá hacerce cargo de los créditos devengados antes de la transferencia de la empresa adjudicataria, ya que, en el caso, rige el dec. 1803/92, cuya validez no puede ser puesta en tela de juicio, ya que no se trata de un reglamento normativo autónomo, sino de un acto dictado en virtud de delegación legislativa regular, art.

11 de la ley 23696, que excluyó la aplicación de las normas de la ley 11867 y de los arts. 225/229 LCT, en los procesos de privatización de empresas del Estado, desarrollados en cumplimiento de dicha ley. Pero Telefónica de Argentina deberá pagar las indemnizaciones derivadas de los despidos de los accionantes que se produjeron a posteriori de la transferencia, toda vez que no se trata de supuestos previstos en los arts. 225 y 228 LCT, única vía normativa de acceso a la eventual solidaridad de ENTel.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ c/ GRANDA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-29

Los despidos posteriores a los plazos de los arts. 186 y 188 no reconocen como causa la quiebra y por lo tanto es de aplicación el art. 245 de la LCT máxime cuando la resolución del juez de la quiebra no manifiesta que se efectúa con fundamento en la falta de trabajo.
Municipalidad, personal contratado, aplicación de la ley, contrato de servicios, empleo público, contratos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gargatagli, Eduardo José c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 376-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

Si las partes discrepan en cuanto al régimen aplicable a la relación que los unió, en lo que atañe a vinculaciones temporarias con la Administración, el acto que dio comienzo a la relación asume fundamental importancia a efectos de determinar su carácter.

Por ello, la expresa mención consignada en el decreto obrante en las actuaciones administrativas, consistente en que se trataba de un "contrato de servicios", no impiden enmarcar la situación del actor en las normas pertinentes de la ley 9286 -esto es, las referentes al personal contratado (artículo 8)- ante la ausencia de elementos contundentes que avalen la tesis sostenida por la demandada quien, por lo demás, no desecha que el contrato se rija "por las normas del derecho administrativo y los principios que surjan del Estatuto para el personal municipal en su totalidad...".
Acumulación de procesos, pedido de desacumulación
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTILLAN, Juana Inés y Otros c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-20

La desacumulación ordenada por la magistrada interviniente que fijó hasta el n° de 20 la cantidad de actores por demanda, no encuentra fundamento en norma procesal alguna y no se advierte cual sería la mayor celeridad y economía procesal en la división de esta causa, por lo que debe tramitarse la causa como fue iniciada por los demandantes.
Recurso de casación penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., R. y Otros s/ Defraudación a la Administración Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-18

"Son poderes discrecionales, y su ejercicio es incontrolable en casación, los relativos a la determinación de la pena. Por vía del recurso no se puede discutir su mayor o menor rigor, su falta de relación con la conducta que tuvo el imputado en ocasión del hecho y con su sinceridad en el debate o la valoración incorrecta de las circunstancias del artículo 41, C. Penal. Pero el tribunal de casación puede controlar si el poder de aplicar discrecionalmente la pena ha sido ejercido dentro de los límites fijados por la ley. Mientras el tipo de pena y la escala de la norma penal hayan sido respetados, la determinación de su monto es incensurable. El fundamento es claro: todo lo relativo a su medida, según los artículos 40 y 41 C.P., depende de una serie de elementos y apreciaciones de hecho, como la educación, costumbres, antecedentes, medios de vida, etc., del imputado, que sólo pueden ser evaluados por el juez de mérito en el debate.

Además el tribunal de casación no podría establecer respecto a ellos un criterio objetivo y general, derivado de la ley, que le permita ejercer un control del tipo jurídico sobre este aspecto".
Acción meramente declarativa, estado de incertidumbre
Materia: PROCESAL
Carátula: Goncalves, Claudio Javier y otros c/ sumarisimo s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

La "acción declarativa de certeza" se encuentra reservado para obtener un pronunciamiento que arroje luz, a través de la sentencia, cuando se está ante una situación de falta de certeza acerca de la existencia o modalidad de un derecho, en la medida que pudiera producirse un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente (Cfr. Belluscio - Zanoni, "Código Civil Anotado" Ed. Astrea, Bs. As., 1982, T° 4, p. 404 y notas, el resaltado me pertenece). Es de la propia redacción de la norma en análisis, que surge prístino el carácter residual de la acción, o, dicho de otra manera, que no puede recurrirse a ella independientemente de la existencia de otras (cfr. CNCom, Sala B, 12/4/96, "Edal SA c/ Establecimiento Industrial Metalúrgico Pellacani SRL s/ sum"; Sala D, 4/10/02, "Sala, Elio c/ Latinoquímica SA s/ sumarísimo"; íd. 18/8/04, "Acceso Video y Control SA c/ Panasonic Argentina SA s/ ordinario"; citados por esta Sala, 15/10/10, Agroservice SA c/ Banco Finansur SA s/ ordinario", esta Sala F, "Farmitron SA c/ Segovia, Adrian Gustavo s/ amparo", 14/8/18).
Recurso de casación, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, HORACIO DEL VALLE c/ LORENZO DE COSTA, MANUELA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-03

La acreditación de lo absurdo o arbitrario, en su estricta atingencia jurídica, en la instancia de casación, esta a cargo del recurrente y lo debe efectuar perspicuamente, pues si la sentencia tiene fundamentos suficientes y debidamente abonados por prueba obrante, no puede tildarse a tal decisorio de absurdo o arbitrario.
Robo calificado, armas, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Ibañez, Daniel Hernán s/ Robo. Abuso de armas Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19|1997-04-22

No se valora legalmente la deposición de un testigo cuando se le agregan -ostensiblemente- conceptos que no están ni expresa ni implícitamente contenidos en su relato bajo las absurdas argumentaciones de que los declarantes no pueden saber más de lo que saben, o que debe perseguirse cierta "justicia objetiva" que podría llevar fácilmente a la condena por robo con "arma" de quienes hubieran utilizado armas de fuego descargadas, o que -en todo caso- no es necesario probar lo que la ley requiere probar (ver arts. 227, 263 regla 4ta., letra a) y concs., C.P.P.). La dificultad de probar un hecho no autoriza a declararlo acreditado contra la ley.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, indemnización, transporte aéreo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pagano Roberto Eduardo c/ Austral Líneas Aéreas y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Las compañías aéreas accionadas son responsables por los daños sufridos por el accionante mientras era trasladado por un ómnibus contratado por la primera, desde el aeropuerto al que llegara el avión por razones meteorológicas hasta el destino contratado. Es que el accidente que padeció el actor ocurrió cuando viajaba en el transporte terrestre contratado por la aerolínea a fin de cumplir con la obligación de llevar al pasajero al destino pactado. En ese marco, el art. 184 del derogado Código de Comercio prevé que, en caso de muerte o lesión de un viajero, la empresa está obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucesión por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable. Resultan así obligadas y deben responder por los daños producidos por la empresa de ómnibus a cargo del contrato de transporte terrestre, aunque ambos sectores de la operación tienen la misma jerarquía desde el punto de vista contractual. Remarcase que el actor depositó en las aerolíneas -y no en la empresa que efectivamente ejecutó el tramo terrestre- su confianza en relación con la organización de su seguridad.
Revisión judicial de actos administrativos, reclamo administrativo previo, plazos administrativos, caducidad, denuncia de ilegitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Urbina, Héctor Jorge c/ Municipalidad de Humahuaca s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 467/470, Nº 229) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 45, Fº 467/470, Nº 229)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-22

No existe la reclamación administrativa previa como derecho del administrado que le permita, en cualquier momento, habilitar la instancia jurisdiccional, cuando antes ya había caducado, por no haber hecho uso de él dentro de los plazos previstos. Existen de todos modos otros remedios judiciales o administrativos, como el derecho de accionar por los daños que causa al particular la ejecución material del acto administrativo que se dejara de impugnar en tiempo propio, oportunidad en la que no se podrá discutir la validez del acto administrativo firme pero si abstenerse una indemnización de los daños conforme a los principios que rigen la responsabilidad del Estado, o bien, como ocurre con la posibilidad de plantear en sede administrativa una denuncia de ilegalidad.- El administrado siempre puede renovar su petición, a pesar de la caducidad ya cumplida, porque lo ampara el derecho constitucional de hacerlo y si la administración se aviene al nuevo reclamo dándole tratamiento, por propia determinación, sin estar obligada a hacerlo en razón del instituto de la caducidad, debe interpretarse que ha renunciado a sus legítimos derechos y entonces si, de mediar una nueva denegatoria es claro que los plazos se rehabilitaron. Pero esto ocurre no porque el interesado tenga el derecho de replantear el tema, sino porque la administración se aviene a su pretensión, dándole nuevo tratamiento y, con ello renuncia a la caducidad ganada.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, cuestión constitucional, prueba, abuso sexual, víctima menor de edad, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: J., I. J. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL VICTIMA MENOR DE 16 AÑOS (ESTUPRO) ABUSO SEXUAL (ACUMULADO CUIJ 21-07004635-8
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Asiste razón a los representantes del Ministerio Público de la Acusación recurrente cuando consideraran irrazonable el pronunciamiento absolutorio de la Alzada, apartado de las reglas de la lógica inferencial y de la evaluación y conclusión probatoria del Tribunal de Juicio oral, con notorio yerro y conculcación de elementales criterios interpretativos que emanan de las convenciones internacionales que garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de abuso sexual; respondiendo lo decidido a la apreciación subjetiva y desmarcada de las constancias de la causa.
Protección de la flora y fauna silvestre, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos Omar s/ Infracción art. 25, ley 22.421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

No ha existido la pretendida falta de determinación de los animales de la fauna silvestre alcanzados puntual y típicamente por el art. 25 de la ley 22.421 pues vigente al momento del hecho el Código Rural -ley 10.081- sus disposiciones (art. 272 y ccds., Cód. cit.) confieren al Poder Ejecutivo provincial la facultad de delegar en el organismo competente tal especificación. Y el Ministerio de Asuntos Agrarios era en ese momento el "organismo competente" al que alude dicho art. 272 de la ley provincial citada (conf. ley 10.132, art. 24 inc. 28, entonces vigente), el que en ejercicio de dicha competencia ha dictado las resoluciones obrantes en autos referidas a la habilitación de la caza comercial de la nutria, actividad ésta realizada por el procesado fuera del período habilitado.
Contrato de trabajo, indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: HERES, LIDIA ESTER Y OTRO c/ ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INDEMN.POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

El art. 248 incorporó a su texto una lista de parientes beneficiarios, contenida en el art. 38 de la ley 18.037, de modo que su posterior modificación por el art. 53 de la ley 24.241, debe ser interpretada a la luz de la regla más favorable al trabajador (art. 9 y 149 L.C.T.). Más allá de la modificación introducida por la ley previsional que adoptó otro criterio para enumerar las personas con vocación para continuar la del cujus, procede una interpretación del art. 248 L.C.T. que se integra con la enumeración del art. 38 de la ley 18.037 y con la doctrina plenaria emergente de "Kaufman José Luis c/Frigorífico Matadero argentino S.A." del 12/8/92. Esta interpretación permite considerar derechohabientes a los progenitores de la trabajadora fallecida, que cuentan con 78 y 72 años de edad, para los que al margen de la percepción de una mínima jubilación, el deceso de su hija, constituye una contingencia que reclama una respuesta particular dentro del régimen jurídico protectorio como es el derecho del trabajo y el imperativo constitucional de "protección integral de la familia" que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, trámites judiciales, Mercado Central de Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Acohofar y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

De conformidad con lo dispuesto por el art 2x, incs. a) y d) de la ley 16.986 corresponde imprimir el trámite ordinario a la demanda de amparo planteada contra el convenio suscripto por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por el cual se habrían modificado los alcances del perímetro de protección establecido para el Mercado Central de Buenos Aires según el régimen de la ley 19.227 y el convenio previsto en el art. 34 de la citada norma legal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, indemnización por muerte del trabajador, riesgos del trabajo, aplicación temporal de la ley, ley vigente, cobertura, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Cuffaro, Viviana Silvia c/ Comin, Darío Fernando. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda de resarcimiento por muerte en un accidente del trabajo con fundamento en que se basaba en las disposiciones de la derogada ley 24.028 y el infortunio había ocurrido durante la vigencia de la ley 24.557 de riesgos del trabajo pues los hechos, tenidos por ciertos según conclusión firme del fallo de primera instancia, no sólo daban cuenta del accidente fatal sufrido en ocasión de prestar servicios para el demandado, sino, además, de que no mediaba la cobertura de un seguro de riesgos laborales que eximiera a este último de responsabilidad por el pago de las prestaciones previstas en dicha ley (cfr. art. 28.1), la cual también había sido citada por la demandante en el capítulo referente al derecho en el que fundaba su reclamo.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Agroservicios Capdevielle SA c/ Belastegui, Oscar Jose y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

La figura prevista por el CPR 163-6°, se trata de una figura más amplia que la de los "hechos nuevos" en punto a qué acontecimientos pueden constituir su objeto, pues los hechos sobrevinientes pueden comprender acontecimientos encuadrados en los términos de la causa y objeto de la pretensión deducida en el proceso, pero también otros que no se encuentran estrictamente enmarcados en aquella (cfr. CNCom, Sala A, "Noceti Marisa c/ Citibank NA SA s/ ordinario", del 29.5.07). En definitiva, si bien la sentencia debe fundarse evaluando las acciones deducidas y los hechos afirmados en la demanda y en la contestación, ello no obsta a que por razones de economía procesal y sin que se resienta la justicia de la resolución, se tomen en cuenta las circunstancias ocurridas durante la tramitación del proceso, que pudieran tener efecto en el derecho invocado en la demanda.
Empleador, principio de apariencia, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: P. N., B.E. c/ G., C. y/o q. rlte. resp. laboral de la agencia local de la empresa de transportes T. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-30

Quien asumió o aparentó estar en posesión del rol de empleador extrajudicialmente, no puede admitírsele luego en sede judicial que se excepcione por no ser el verdadero legitimado pasivo. La doctrina de la apariencia, además de la de los actos propios, se lo impide.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, jubilaciones, deserción del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Prado, Manuel c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Es admisible el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la resolución administrativa que había denegado el ajuste del haber si el escrito contiene argumentos suficientes sobre el tema que se pretende someter a conocimiento de la alzada en los que se encuentran contenidas las exigencias legales para sustentar la apelación.
Juicio de desalojo, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Espeche, Manuel Reyes c/ Barbosa, Luis Alberto s/ Desalojo y cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-09-26

El cobro de alquileres y servicios que integró el objeto de la acción de desalojo no es de recibo, puesto que la ley de rito establece un procedimiento especial -juicio ejecutivo o, en su defecto, juicio ordinario por cobro de pesos- para intentar su cobro, sin admitir el trámite sumario por no estar contemplado en el art. 320 del CPC.

Es improcedente la acumulación de acciones cuando las peticiones no se sustancian por un mismo trámite, a fin de evitar que se prive a una de ella de su tramitación específica en contra de la prescripción legal que expresa que el encuadramiento procesal de las contiendas corresponde a la ley.

Corresponde el rechazo de la acción planteada por resultar improponible.

(Del voto de la mayoría).
Contratos, licencia de uso, tecnología, cesión de marca, prueba, derechos y garantías internacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Latin Shoes SA c/ KA Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

La facultad de sublicenciar requiere la autorización del licenciante original, ya sea al otorgarse la licencia original, ya sea en un momento posterior a ésta y aún posterior a la sublicencia, si se ratifica la misma (Cabanella de las Cuevas, Guillermo "Contratos de licencia y transferencia de tecnología - en el derecho privado-", Ed Heliasta SRL, Sao Paulo, Brasil, 1994, pág. 610, parag. 10).
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OSBEL c/ Pelaez de Dameno, Lira s/ Daños y perjuicios Otamendi, Otto Harris c/ Demarchi y Giffone, Alicia Dora s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08|1999-05-13

No es necesario que las pruebas evidencien términos sacramentales para indicar una posesión con ánimo de dueño, bastando que de la descripción que realizan los testigos o del cumplimiento de otros actos, se pueda inferir sin dudas el animo de tener la cosa para sí ( art. 4015 del Cód. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MAMANI SILVIA PATRICIA c/ SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-22

Ahora bien, se trate de responsabilidad contractual o extracontractual, en ambos casos, para la procedencia del resarcimiento, es necesario acreditar que la pretendida conducta antijurídica imputada a la Administración, se haya cumplido en forma conjunta y simultáneamente con los siguientes requisitos: imputabilidad o incumplimiento material, ilegitimidad objetiva, daño cierto y relación de causalidad.

En este caso, la prueba de la relación de causalidad entre el daño y la culpa del médico es esencial, de modo que no puede imputarse al médico las consecuencias perjudiciales que sufre la paciente, si no se demuestra la existencia del respectivo nexo causal. Desde esta perspectiva, la carga probatoria corresponde a la actora, descartándose las presunciones. La relación causal se puede demostrar por actos positivos del médico que perjudiquen la salud del paciente provocando daños corporales, o incluso su muerte o bien puede establecerse por omisiones médicas que impiden la curación.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARIBALDI VICTOR HUGO RAMON c/ FERNANDA MESTRE DE MALONE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-03

La regla de la prioridad de paso no funciona si el arribo de los vehículos no es simultáneo pero, bien entendido, no deja de haber simultaneidad por una ventaja de pocos metros que tenga un conductor sobre otro con relación a la esquina. Ceder el paso significa permitir que el otro cruce sin detenerse, es decir, dejarle expedito el paso, y no se cumple esta obligación si el que circula por la izquierda, con el pretexto de llevar unos metros de ventaja, se larga a cruzar obligando a detenerse a quien debería tener el paso libre. Unos pocos metros de ventaja no son suficientes para cruzar sin que el otro frene, de modo que esa diferencia no suprime la prioridad.
Transporte terrestre, responsabilidad del transportador, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA  IBERO PLATENSE CIA. DE SEG. S.A., LA HOLANDO SUDAMERICANACIA. DE SEG.  S.A.,  OCEANO CIA.  DE SEG. S.A. Y PRUDENCIA CIA. DE SEG. S.A. c/ AUGUSTO PISSO TRANSPORTES S.A. Y/U OLIVERA JESUSWALTER. s/ COBRO DE PESOS. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDAD DEL   TRANSPORTADOR. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-03

El artículo 172 del código de comercio responsabiliza al transportador por los daños sufridos por la mercadería, a menos que provengan de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito y pone a su cargo la prueba de estos eximentes, la que debe ser plena y concluyente y no dejar dudas acerca de la forma en que se produjeron los hechos. (S1,1868,030683)