marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, remuneración del juez, indemnización, carácter remuneratorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez de Guerra Silvia María Mercedes y otros c/ Estado Nacional (Mº de Justicia) s/ Empleo Público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-01

Si el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1770/91 reconoció un ingreso en dinero a los magistrados en actividad con motivo del: "... desajuste de las remuneraciones judiciales..." (confrontar segundo párrafo de los considerandos del decreto), aquel resultó eminentemente remunerativo, en tanto la finalidad perseguida fue compensar la prestación del servicio personal que significa la actividad desempeñada por aquéllos en su empleo de Juez (art. 110 de la Constitución Nacional). A lo expuesto cabe agregar que la llamada indemnización se otorgó con carácter general a los jueces y funcionarios en actividad sin indicar un destino específico (para gastos de representación, movilidad u otro), beneficio que no distingue entre magistrado que hubiera promovido juicio, y más aún se extiende a funcionarios no magistrados. En consecuencia, a los fines de la determinación de los haberes y conforme la ley 22.969, se deberá considerar la suma genérica reconocida en el decreto 1770/91 y aplicar sobre ella la escala que reconoce la ley citada de acuerdo al cargo ocupado por los actores. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. VII).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Oberti, Roberto C s/ Hurto simple y robo calificado en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-12

La aparente insuficiencia de la impugnación que se haya desprovista de sustento normativo en el terreno probatorio no resulta ser una carencia imputable al recurrente, sino más bien, una consecuencia originada en las características deficitarias del pronunciamiento, en tanto la lectura del acto sentencial no se advierte -ni aun en apariencia- cuál ha sido el sistema legal de prueba que aprehende las conclusiones fácticas en torno de la plena imputabilidad del incuso. Ante situaciones semejantes a la presente ha resuelto esta Corte en el sentido anulatorio, en el entendimiento de que la propia sentencia ha generado al recurrente un obstáculo sustancial para la suficiencia del recurso. La deficiente argumentación del fallo privó al recurrente de la posibilidad de dirigir sus impugnaciones sobre concretos textos legales.
Instrumentos públicos, acta notarial
Materia: CIVIL
Carátula: CANELA, Gladys Nubi c/ MENDOZA, Nilbia Ema s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

En nuestro derecho, la afirmación del carácter de instrumento público del documento extraprotocolar, reposa en lo dispuesto por el artículo 979, inciso 2º, del Código Civil, inspirado en el artículo 688, inciso 2º del Esboço de Freitas, que reputa instrumentos públicos a cualquier acto "foras das notas" que hicieren los funcionarios, en los casos y por la forma que las leyes determinen.-
Acción de amparo, empleo público, cesantía, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lobo, Héctor Anselmo c/ Municipalidad de Pomán s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-06-21

Si bien la acción de amparo tiene un carácter de vía excepcional o subsidiaria, en este supuesto particular en el que el actor ha quedado sin su fuente laboral en forma "sorpresiva", la vía elegida es la más eficaz para la tutela de los derechos afectados.- (Del voto del Dr. Cáceres).
Compraventa inmobiliaria, obligación de escriturar, obligaciones indivisibles impropias
Materia: CIVIL
Carátula: QUARANTA ARCANGEL c/ GARABATOS Y TAVANO MANUEL s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-07

La obligación de escriturar es indivisible impropia, porque no se autoriza a demandarla exclusivamente contra alguno de los deudores, sino que todos deben integrar la litis como litisconsortes necesarios. La especial naturaleza de esa obligación de hacer, determina la necesidad de contar con la colaboración de la totalidad de los obligados, cuya participación resulta imprescindible para el dictado de un pronunciamiento válido respecto de dicho vínculo y que sea de factible ejecución (conf. arts. 667, 679, 1185, 1197, 1198, 2601, 2602, 2603 y 2673 del Cód. Civil).
Indemnización por despido, indemnización agravada, categoría laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Brunello Luis Eduardo Nicodemo c/ Telecom Argentina SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

Más allá de tener en cuenta que la categoría laboral no es un dato exigido por el art. 52 L.C.T., la omisión de consignarla, o su asiento erróneo, no generan la sanción del art. 1 de la ley 25.323. Y en el caso, si bien la adjudicación al actor de condiciones de trabajo diferentes a las reales conllevaba la percepción de una remuneración inferior, este incumplimiento contractual válido para analizar la existencia de injuria es insuficiente para generar el incremento del referido art. 1. La razón de la norma, que es una proyección de la ley 24013 aunque referida a los supuestos en los que no se cursó la intimación del art. 11, es evitar y combatir la evasión de aportes. La descripción del presupuesto de la sanción en discusión es clara y sólo comprende la omisión de registro o el registro legalmente deficiente, sin prever una derivación desde cualquier asiento cuestionable a una aplicación extensiva de la sanción, excéntrica respecto de la definición legal, aunque, paralelamente, hubiera mediado un perjuicio. Por lo tanto, la incorrecta registración de la categoría laboral no da lugar a la aplicación de la sanción prevista en el art. 1 de la ley 25323. (Del voto del Dr. Pesino, en mayoría).
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Leiva, Alfredo Héctor y otros c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

La ley nacional 23982, so pretexto de poderes deberes concurrentes entre la Nación y la Provincia, aún cuando haya establecido el eufemismo de que las Provincias podrían "consolidar" las obligaciones a su cargo, si reúne las condiciones establecidas en el art. 1 de dicha ley, está en pugna con los principios que informan a los arts. 5 y 17 de la Constitución Nacional, que en la grada jerárquica normativa constitucional tienen primacía sobre la mencionada ley nacional, según así lo determina el art. 31 de la Ley Fundamental.
Juicio de desalojo, intruso, competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villa Gesell Golf Club c/ Quintana, Jorge y otros s/ desalojo por tenencia precaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-04

El desalojo motivado en causal de tenencia precaria no es competencia de la justicia de paz letrada. El tenedor precario es quien ha contraído la obligación de restituir el inmueble mientras que el intruso ha penetrado al inmueble sin derechos, por la fuerza, o por la vía de los hechos, contra la voluntad del poseedor.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuota alimentaria, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL
Carátula: Ongaro María Verónica  c/ Giovarruscio Omar Claudio  s/ Ejecución p/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-11

Si existe un convenio homologado por cuota alimentaria, que establece una suma fija o porcentaje de los ingresos del alimentante, debe ser cumplido en la forma pactada y cualquier erogación que se efectuara con otra modalidad, se entiende como una liberalidad que carece del efecto cancelatorio de los alimentos pactados y/o establecidos en sede judicial, por ausencia del requisito de identidad en el pago.
Derecho constitucional, cargos electivos, derecho electoral, carta orgánica municipal, candidatos, regla de proporcionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Oberto, Pedro Osvaldo c/ Municipalidad de la ciudad de Ushuaia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-10-07

El fin perseguido de hacer a la política eficiente y eficaz se asegura, en la palabra del constituyente, a través del nivel de enseñanza básica obligatoria que se exige a los candidatos para ser concejal, pero no existe proporción entre el fin propuesto y el medio elegido, produciéndose el quiebre de la proporcionalidad entre fines y medios; pues la enseñanza básica obligatoria no habilita a diferenciar entre una ordenanza, una resolución o un decreto. Tampoco lleva necesariamente a legislar bien o a controlar bien.

Lo que es sin duda necesario en un cargo destinado a regir intereses públicos es poseer equilibrio, sensatez, firmeza y, también, mesura; que debe ser perfectamente compatible con la necesaria audacia para compromterse con los cambios, cuando éstos sean necesarios.

No garantiza la posesión de estas cualidades la instrucción que, para ser verdaderamente relevante, precisaría de niveles sin duda mucho más exigentes pero que, para el ejercicio de funciones políticas, no resulta indudablemente necesaria.

Por otra parte será el pueblo el que seleccione con su ojo sagaz a quienes deben representarlo en la función de que se trate. Porque, más allá del éxito de la gestión futura, el mismo pueblo tiene derecho a elegirlo.

Cabe concluir, en consecuencia, que el distingo entre los que poseen cierto nivel de instrucción y los que no lo poseen deriva en una solución arbitraria, que no respeta la necesaria proporción que debe existir entre el medio elegido y el fin propuesto a la hora de reglamentar los derechos y garantías de que se trata. La cláusula 119, inciso 41 de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia, por discriminar de manera irrazonable, es contraria a los principios constitucionales que he comentado.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO SA c/ ZARZA, OMAR s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

En un seguro de responsabilidad civil la obligación que tiene la aseguradora como el víctimario respecto del damnificado es distinta.

La del que incurrió en comportamiento ilícito se funda en la responsabilidad extracontractual de la cual surge su obligación de indemnizar, mientras que la del asegurador resulta del contrato de seguro que tiene celebrado con el causante del daño y obligado a reparar -claro está que en los límites que fija la ley de seguros-.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, competencia provincial, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juan Luis Strada c/ Ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Dean Funes, Saavedra, Barra y Cullen s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

La ley 48 sustituyó el régimen optativo de instancias locales y federales de la ley 27 por el de radicación y fenecimiento obligado de las causas en el fuero provincial, principio que importa al respeto cabal del federalismo instituido por la Constitución, asumiendo en materia de organización judicial importancia las cláusulas de los arts. 5, 31, 67, inc. 11, 100, 104 y 105 y conforme a la ley 48. En consecuencia, el agraviado debe recorrer las instancias existentes en la respectiva jurisdicción local, sean ordinarias o extraordinarias. La exigencia legal y su razón de ser las incluye a todas por su aptitud para reparar el gravamen eliminando el interés jurídico del recurrente que es un requisito común de toda apelación y por ende del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48
Interés del menor, hijo menor de edad, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Calisaya Landriana Silvana s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Actúa como norma rectora en la materia bajo análisis el principio de prioridad del interés superior del niño que es una garantía constitucionalmente tutelada que establece un ámbito de protección de los derechos del menor por representar un interés mucho más elevado que el derecho del propio imputado. Esta consideración rectora constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias. En el caso ha quedado en evidencia que los hijos menores de la condenada se encuentran en situación de riesgo por lo que corresponde hacer prevalecer por sobre las razones de cautela de su progenitora los derechos fundamentales de los niños y conceder la prisión domiciliaria solicitada.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colihueque, María Amelia c/ Hospital Regional de Comodoro Rivadavia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-10

El art. 43 de la Constitución Nacional ni el art. 54 de la Constitución Provincial, no contienen una derogación en bloque de las disposiciones que reglaban el amparo, por lo cual solo deben entenderse derogadas aquellas condiciones de admisibilidad de la acción que lo hayan sido de modo expreso.
Sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Couste de Peña, Mabel Beatriz s/ Incidente determinación y cobro canon locativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Como todos los herederos tienen el mismo derecho de ocupación, uso y goce, cuando uno sólo de ellos está ejercitando esos derechos sobre un bien o determinados bienes, se considera que basta con que formalmente se exteriorice la exigencia de cobrar el pertinente precio, para así determinarlo desde la fecha en que lo exige.
Contratos civiles, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AHUMADA DE CASTELLANOS SUSANA CARLOTA c/ ORLY S.A. Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-27

La sociedad moderna ha introducido distintas formas contractuales atípicas, para la comercialización de bienes y de servicios. Es que la dinámica mercantil evoluciona rápidamente y los métodos de comercialización, requieren "aggiornamento" permanente, que estimula la creatividad humana. La necesidad de incorporar y adecuarse a las técnicas modernas de comercialización unidas a requerimientos de volúmenes de facturación para poder competir, hacen de la distribución una relación asociada a la supervivencia de los distribuidos y requieren de los distribuidores una profesionalización cada vez más exigente, acorde con los mercados y consumidores a satisfacer. En ese entorno de extraordinaria trascendencia económica, encontramos dos empresas autónomas e independientes entre sí, vinculadas contractualmente por contratos no tipificados (art. 1197 Código Civil) para cuya celebración regirá la autonomía de la voluntad en la medida que no lesione el orden público, la moral y las buenas costumbres (art. 953 y 1071 Código Civil). Se establecerá una relación de colaboración no asociativa con el interés común de lograr el máximo de facturación o ventas de los productos o servicios encomendados, tarea en la que pueden surgir inconvenientes, por intereses discordantes o encontrados.

Nuestros códigos no sistematizan la interpretación contractual, pero la doctrina y jurisprudencia lo han hecho pretorianamente. A partir del principio axial de la buena fe en todas las etapas del iter contractual (art. 1198 Código Civil), aplicará la autonomía de la voluntad y el principio de la convención-ley (art. 1197 Código Civil) con la máxima "pacta sunt servanda" cuyos límites son precisamente las normas imperativas que involucran el orden público (art. 21 Código Civil) la moral y las buenas costumbres (art. 953 Código Civil).
Homicidio, inimputabilidad, arma blanca
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, Maria Elena. s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-20

Si se ha utilizado un arma blanca, primer elemento del que podía valerse la imputada, ante la agresión ilegítima que estaba sufriendo, sin que existiera provocación suficiente de su parte, la acción debe encuadrarse en la figura de homicidio culposo por aplicación del art. 35 , C.P. (*).
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

La normativa cuestionada y su aplicación señalada no sólo no logra satisfacer los principios de razonabilidad y de legitimidad, sino que conculca los dispositivos constitucionales. El bono se ha impuesto en Entre Ríos no como un complemento excepcional de la moneda en la emergencia, sino reemplazándola como medio cancelatorio de la obligación estatal de pagar en dinero, el único en la República (arts. 75 inciso 6, 11 y 12 y 126 de la Constitución Nacional). El constituyente no ha querido crear un esquema constitucional injusto en materia de moneda, conculcando libertades fundamentales, haciendo tabla rasa el derecho de propiedad -en su amplia acepción constitucional- de la población. Ninguna interpretación forzando la inteligencia actualizada del precepto puede convencer que la Carta de 1933 haya dado cabida a la realidad señalada contra la norma prohibitiva del art. 81 inciso 26 de la Constitución Provincial. Todo ello permite concluir, en concordancia con la antigua doctrina acuñada desde antaño por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in rebus, "Doldati", Fallos 52:431; "Viñuales", Fallos 149:195), que la inconstitucionalidad reclamada debe prosperar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, horas extra
Materia: Administrativo
Carátula: Gremoliche, Hector Mario c/ Consejo Provincial de Educación s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-10-24

Si bien es cierto que el actor no se encontraba autorizado por sus superiores, o por lo menos no se ha acreditado en autos, a la realización de horas extras, estaríamos ante una prestación contra legem -al decir de Mario Deveali- pero como bien señala el Procurador General en su dictamen, el Decreto Nº 1330-81 deja a salvo tal circunstancia, pues la contraprestación pecuniaria es obligatoria de toda labor extraordinaria o suplementaria, pues a ella se debe agregar que en materia de función pública el principio general es que, salvo disposición expresa en contrario, la gratuidad del servicio no se presume, por aplicación de la doctrina del enriquecimiento sin causa, subrayándose que el carácter de "retribuído" de los servicios del agente público se presume, no existiendo razón que obste a que el principio de derecho privado que establece la presunción de la onerosidad de los servicios prestados se apliquen al Derecho Público.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WINKELMANN, RUBEN c/ SULFACID SA s/ DEMANDA LABORAL     RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION (CSJ EXPTE N. 594-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-17

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de la Nación, si el perdidoso en su articulación, no logra demostrar que carecen de validez los fundamentos de la decisión de la Corte Provincial relativos a que la articulación de la queja no posee la consistencia necesaria para operar su apertura, como asimismo que no cabe invocar la doctrina de la gravedad institucional a fin de habilitar la instancia extraordinaria por tratarse en autos de una cuestión de derecho común y hallarse la sentencia fundada en los hechos de la causa y el derecho que el Tribunal estimó aplicable.
Daños y perjuicios, muerte de la madre, homicidio, autoría, indemnización, indemnización por muerte, beneficiarios de la indemnización civil, pérdida del expediente, prueba, facultades instructorias, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, aplicación analógica de la ley, apreciación de la prueba, reconstrucción del expediente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Buiatti, Sandra y Otros c/ Dionelli, Sergio y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-10

Si en la causa por daños y perjuicios en la que las actoras demandan a los herederos de quien fue condenado por causar la muerte de su madre, se produjo el extravío del expediente, y el juez se valió para su reconstrucción de los elementos tramitados ante la Unidad Fiscal de Instrucción N°6, del Sistema Informático del Ministerio Público y de las constancias remitidas por la Policía Científica, reuniendo las copias de los actos y diligencias que formaban parte del instrumento público extraviado, ha obrado ajustado a derecho al conjugar armónicamente todos los elementos reunidos otorgándoles validez, lo que lo condujo a determinar que la prueba colectada recreó cabalmente el modo en que los hechos sucedieron a los fines de fijar las indemnizaciones.
Seguros, accidente de tránsito, citación en garantía, in dubio pro consumidor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Fideicomiso Risk I c/ Soto, José y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Procede hacer lugar al pedido de indemnización pretendida en el marco de un contrato de seguro en el cual la actora demandó por incumplimiento al banco y citó en garantía a la aseguradora. Ello, ya que, si bien hubo un error de derecho, ello no ha impedido dilucidar qué era lo reclamado y cuál era su sustento. La aseguradora pudo detectar cuál era la póliza en función de la cual se le había efectuado el reclamo y también se pudo determinar en autos que el siniestro base de la acción se había efectivamente producido. A más, nos hallamos en el marco del derecho del consumidor, lo cual obliga a los jueces a proceder, incluso de oficio, a reconocer los derechos que tal consumidor tenga. Desde esta perspectiva, comprobado el derecho de la actora, y asegurado en toda su extensión el derecho de defensa de la aseguradora, no se encuentra razonable rechazar la acción con sustento en razones formales. Es verdad que la quejosa fue citada en garantía, pero no lo es que tal citación no conlleve una pretensión de condena en su contra. Esa citación en garantía es, en cambio, el instituto creado por el legislador para que la víctima de un siniestro traiga al juicio no sólo al autor del daño, sino también a la compañía que lo ha asegurado. No parece que el error formal de haber demandado al banco y citado en garantía a la quejosa haya colocado a ésta en ninguna situación de indefensión, a lo que se agrega que, aun cuando pudiere presentarse dudoso si, así trabada la litis, correspondía o no hacer lugar a la acción, la solución no habría de variar. En caso de duda, la solución debe ser la que se presente más favorable al consumidor (LDC 3 y 37 y CCCN 1095).
Aplicación errónea de la ley, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GARIBALDI ITALO c/ MUNICIPALIDAD DE P. DESEADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-10-02

Corresponde hacer lugar a los recursos de casación articulados revocando el decisorio en crisis en tanto no contempló lo dispuesto en el art. 1854 del Código Civil, en cuya virtud el donatario responde sólo del cumplimiento de los cargos con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes. Es inadmisible asumir la pretensión de la responsabilidad por daños y perjuicios contra el codemandado, cuando la propia ley sustantiva no admite esa reclamación con relación al donatario.-