Proceso penal, homicidio en ocasión de robo, participación necesaria, oposición del imputado, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Quevedo, Flavia Fernanda s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl, Defensor de Flavia Fernanda Quevedo c/ Auto Interlocutorio Nº 88/11 de fecha 1307/11 en Expte. "M" Nº 30/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-19

Se interpuso recurso de casación contra el Auto Interlocutorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Mediante dicho pronunciamiento el a quo no hizo lugar (Punto I) a la apelación deducida por el defensor de la causante y confirmó la resolución del Juzgado de Control de Garantías Nº 1 por la que había sido rechazada su oposición a la solicitud fiscal de prisión preventiva de la nombrada y dictada dicha medida; y (Punto II) modificó la calificación legal de los hechos atribuidos a la misma, encuadrándolos en la figura del Homicidio en ocasión de robo, en calidad de partícipe necesario (art. 165 y 45 del Código Penal).

El recurrente reitera las críticas que formuló en la instancia anterior, vinculadas con la inexistencia de peligro procesal concreto que justifique la medida que impugna: la prisión preventiva de la imputada. Dice que, para confirmar la prisión preventiva, los jueces del tribunal a quo que conformaron la mayoría en la decisión invocaron lo dispuesto en el inc. 1º del art. 292 del rito, limitándose a considerar la calificación legal de los hechos y el pronóstico punitivo hipotético.

Señala que no existen delitos excarcelables o no excarcelables y que tanto la confirmación como el rechazo de la medida cautelar deben estar fundados en la existencia o no de concretos riesgos procesales; y alude a que, en ese sentido se había manifestado el uno de los vocales en otros precedentes (causa "Ocampo", Expte. "O" Nº 61/09 y "Martínez", Expte. "M" Nº 50/09), al interpretar que del art. 292 del rito surge que el riesgo procesal debe precisarse en cada caso y que no alcanza con fórmulas genéricas, como "monto de la pena" o "causas anteriores".

Recuerda que el peligro de obstaculización de la justicia disminuye cuando existe una investigación casi concluida y transcribe parte de las consideraciones efectuadas por la Dra. Ángela Ledesma en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa "Díaz Bessone", referidas a la necesidad de que exista un mínimo de prueba, tanto de la imputación como del riesgo de elusión, en tanto el tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que en concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genere la necesidad de la medida de coerción. Después de estudiar el planteo efectuado y lo dispuesto sobre el punto en la resolución impugnada, observo que, como indica el recurrente, con arreglo a la calificación legal que le dio a los hechos de la causa -Homicidio en ocasión de Robo (art. 165 del Código Penal)-, el a quo justificó el encarcelamiento preventivo de la causante en lo dispuesto en el art. 292 inc. 1° del ritual, que consagra la presunción del legislador según la cual existe el peligro para los fines del proceso si la amenaza penal excede el límite que permite suspender el cumplimiento de la eventual condena.

Asimismo, que la referida norma invocada por el a quo es ciertamente compatible con la doctrina según la cual la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores de indispensable consideración a los fines de evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia, sostenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 2/97) cuyas directivas, como reiteradamente ha declarado la Corte Suprema de la Nación, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada a la Carta Magna.

Como también que, de las presentes actuaciones surge que en esas mismas razones fue sustentado el pronunciamiento mediante el cual el Juez de Control de Garantías dispuso la prisión preventiva de la causante (Auto Nº 49, fs. 981/1009 vta.).

Sin embargo, como en la instancia anterior, en ésta el recurrente se limita a expresar su discrepancia con lo resuelto, sin refutar esos argumentos, que por su conformidad con la referida doctrina de la Comisión, constituyen, al menos en las fases iniciales del proceso y por un tiempo razonable, suficiente fundamento de la restricción cuestionada, no obstante la falta de antecedentes penales y el informe socio ambiental favorable de la imputada.

Por ende, dado que a los fines de la pretendida modificación de la resolución impugnada no basta con la mera manifestación de un criterio distinto del sostenido en ella, ni con citas de doctrina o de jurisprudencia, estimo que el recurso no puede prosperar; debido a que con la omisión del recurrente de demostrar la irrazonabilidad de los argumentos suministrados en sustento de la resolución que lo agravia, éstos permanecen incólumes como fundamento válido de lo decidido.

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que se encuentran personas detenidas, es preciso recomendar al Sr. Fiscal interviniente que arbitre las medidas indispensables a fin de agilizar el trámite de la causa.