Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-03


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 3 de 2009.

Considerando: I. Apeló Provincia ART S.A. la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de fs. 62/65, que le impuso una multa de seiscientos cincuenta (650) MOPRES -equivalentes a cincuenta y dos mil pesos ($ 52.000)-, por haber transgredido el art. 3 -apartados 2 y 3- y Anexo II de la Resolución de la SRT 43/97. Su memoria obra a fs. 69/72.

La sanción fue aplicada por no haber respetado la aseguradora el cronograma de realización de exámenes médicos, con la frecuencia semestral, o anual de acuerdo al agente de riesgo denunciado. Ello con relación al empleador que allí se detalla.

Los agravios de la aseguradora discurren por los siguientes carriles: i) no se tuvo en cuenta el carácter meramente formal de las faltas, ii) solicita además la reducción de la multa para el caso de no hacerse lugar a la revocación postulada.

II. Los argumentos de la recurrente no son audibles.

La Resolución SRT nº 43/97, en su art. 3 -ap. 2 y 3- determina que la realización de los exámenes médicos es obligatoria en todos los casos en que exista exposición a agentes de riesgo, debiendo efectuarse los mismos con la frecuencia y contenidos mínimos indicados en el Anexo II de esa Resolución siendo responsabilidad de la Aseguradora o empleador autoasegurado la realización de ese examen periódico.

La recurrente no ha negado la falta que se le imputa limitándose a minimizar su importancia.

Véase que en sus agravios nunca afirmó que tales exámenes se realizaron, lo que de otro modo implica reconocer la existencia de la falta imputada.

Señálase además que la obligación ha sido impuesta por ley en cabeza de la aseguradora.

Desde tal perspectiva, no puede revocarse la sanción.

Recuérdese que, la aseguradora se encuentra inmersa en un sistema asistencial de protección a los trabajadores que debe trascender los inconvenientes que se le presenten para cumplir con la normativa que lo rige.

En ese esquema se recuerda, que el tipo de actividad que realizan las ART se vincula a la existencia de un interés público en juego, que no puede afectarse en manera alguna. Las actitudes omisivas, como las incurridas por la aseguradora demandada, no pueden dejar de calificarse como faltas graves, puesto que afectan al trabajador y no resultan acordes con las finalidades del sistema de riesgos del trabajo, en el que prevalece la necesidad de preservar el interés general. En tal sentido, no debe quedar impune el incumplimiento de las normas a las que debe sujetarse una entidad de la naturaleza de la demandada.

Esta afirmación tiene apoyatura en que es la A.R.T. la persona jurídica legalmente obligada frente al organismo de control. En tal sentido, es quien debe tomar los recaudos necesarios y procurar un mecanismo en el que resulte posible el fiel cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas que conforman el sistema: este es el único modo de garantizar el debido control por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

No debe olvidarse que la relevante función social que cumple una aseguradora de riesgos del trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales.

Teniendo en cuenta que los argumentos vertidos en el memorial no desvirtúan los fundamentos de la pena impuesta, que de las constancias de autos y de los dichos del apelante surgen los incumplimientos imputados, la infracción ha quedado objetivamente evidenciada, por lo que la sanción aplicada es procedente.

III. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (CNCom., esta Sala, "Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes AFJP s/ recurso de apelación", del 2/3/99), corresponde estimar el agravio y modificar el importe de la multa reduciéndola a trescientos cincuenta (350) MOPRES.

IV. Se confirma la sanción impuesta más se reduce la multa hasta la suma indicada supra III. Notifíquese por cédula a las partes y devuélvase. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara.- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.- Miguel F. Bargalló.- Ana I. Piaggi.