marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, prueba de informes, diligenciamiento de oficios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. Nro. 74913 - INSTITUTO SUPERIOR ADORACIÓN c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-30

Tratándose de un informe solicitado a un organismo del Estado, el modo de diligenciar los mismos ingresa en procedimientos de cierta dificultad y hasta onerosos, con el extenso trabajo burocrático que conlleva la elaboración de un dictamen.

En consecuencia se compromete gravemente la certeza que debe ostentar el iter procesal para decretar la caducidad de instancia por abandono, conforme el criterio rector.

Estas circunstancias enmarcan la situación en la causal de fuerza mayor prevista por el art. 79 inc. II C.P.C., o por lo menos, generan una grave y razonable duda sobre la posibilidad que tuvo el accionante de cumplir con la producción de la prueba faltante con el solo aporte de su actuación personal, ya que, la Universidad Nacional de Cuyo manifiesta que para producir el informe en cuestión, debe constituir una Comisión Especial no prevista estatutariamente, integrada por profesionales de dentro y fuera de la facultad y prever retribución para los especialistas.

En consecuencia, corresponde el rechazo del incidente de caducidad . ( Voto en Disidencia Dra. Kemelmajer de Carlucci)
Sistema federal, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades concurrentes, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Las obligaciones que atañen a la Nación en materia de fomento, promoción de la industria, prosperidad, paz social, defensa, salud, moralidad, orden público y en general de bien común, no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en ese ámbito, ya que de lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad. (De la disidencia del Dr. Falis occo)
Denegatoria del recurso, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina SA y otro c/ EN y otro s/ inc de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-11

Se desestima los recursos extraordinarios deducidos por el Estado Nacional y por el ENACOM contra el pronunciamiento que otorgó la medida cautelar solicitada. Falta de sentencia definitiva. Inexistencia de arbitrariedad de sentencia. Ausencia de gravedad institucional.
Daño moral, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: Gavagnin, Omar y Otros. c/ Ministerio de Educación y Justicia. s/ Sumario -y acumulados 9076-I y 9076-II.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Resulta tarea ardua fijar en dinero una reparación que no se vincula con un detrimento patrimonial y que difícilmente puede ser independizado de la concreta sensibilidad de cada artista. Mas, en hipótesis como la de autos, no queda otra vía que resarcir el daño moral mediante el pago de una cantidad de moneda, ya que se trata de un medio que autoriza el ordenamiento jurídico positivo y que no merece reproche ético. Partiendo de la base de que no se ha rendido prueba específica sobre las proyecciones mortificantes que el hecho ha tenido en cada uno de los autores, no parece irrazonable presumir que el sufrimiento de cada uno de ellos es equivalentes -todos han perdido una obra, creación de su espíritu-; cabiendo recordar dos aspectos: a) que el Tribunal no se encuentra obligado porque el a quo mantuviera una cierta proporción entre el valor de cada obra y cada indemnización del daño moral; y b) que, según jurisprudencia corriente de este Tribunal, no existe ninguna razón lógica ni jurídica que aconseje proporcionar la entidad de la indemnización del agravio extrapatrimonial a la magnitud del daño económico, desde que se trata de rubros que descansan sobre presupuestos completamente distintos.
Prueba, carga de la prueba, principio de congruencia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AIDOS, RICARDO ALEJANDRO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

La demandada no formuló objeción alguna respecto a las perfectas condiciones del camión antes del accidente, de modo que aparece como tardía la pretensión que formula en esta instancia por cuanto importa poner a cargo de la parte actora la prueba de un hecho que no fue cuestionado oportunamente. Esto adquiere mayor relevancia en el caso por cuanto la demandada ha sido reconviniente, de modo que en esa condición le incumbía la carga de la prueba.
Recurso contencioso administrativo, tribunal de cuentas, interpelación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LIGA SANTAFESINA DE FUTBOL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Corresponde rechazar lo expuesto por la recurrente con respecto a que la rendición de cuentas se ha llevado a cabo correctamente, con la presentación de todos los comprobantes en forma, ya que tal postulación -desprovista de toda referencia al incumplimiento de la concreta intimación a presentar los originales de los comprobantes respectivos- no cuenta con un desarrollo argumental suficiente, pues ni al demandar, ni al alegar, ni en las distintas presentaciones en sede administrativa la actora ha explicado de manera circunstanciada de qué modo habría cumplido con la rendición de cuentas.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Schroder Alberto Santiago c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde rechazar la queja toda vez que la decisión objetada se limitó a declarar desierto el recurso de apelación articulado por la demandada contra una resolución emitida por el juez de primera instancia en etapa de ejecución de sentencia. En estas condiciones, la cuestionada -cf. mutatis mutandis, Fallos 35:302, doctrina receptada en mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ocharan Márquez, Olimpia Zoila c/ GCBA s/ amparo (art.14 CCABA)", expte. n° 6024/08, sentencia del 17-12-2008; y "GNC SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GNC SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 6039/08, sentencia del 11-03-2009, entre otros- no es la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402. Tampoco la recurrente muestra que concurra alguna razón para equipararla a una de esa especie. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Donnamaría, María Cristina c/ Línea de Transporte 518 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-28

El art. 184 del Código de Comercio en cuanto a la responsabilidad del transportista de pasajeros se basa en la idea de forzar al prestatario a extremar, entre otras, las precauciones atinentes a la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material rodante, la capacitación y buen desempeño del personal, así como el estricto cumplimiento de leyes y reglamentos. Para más, el hecho que la obligación genérica de los transportistas sea de tipo objetivo, impone un análisis restrictivo de las causales exculpatorias previstas en tal norma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, costas al vencido
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero, Raúl Oscar c/ Colombo, Héctor Francisco y/u otros s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-28

Si el actor y su letrada apoderada conocían con anterioridad al dictado de la sentencia, la improcedencia de su reclamo por los argumentos que ahora invoca, lo cual descalifica la pretensión, no existe motivo alguno que legitime apartarse del principio general en la materia, esto es que deben soportarse por el vencido.
Sentencia, fundamentación de sentencias, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 950
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

El requisito estructural impuesto por el artículo 399 del C.P.P.N. constituye una previsión que responde a la conveniencia de que el tribunal de juicio delimite con toda claridad la base fáctica en la cual asentará el juicio de derecho. Sirve, al mismo tiempo, para suministrar la prueba de que, en la deliberación, el tribunal ha examinado la imputación y da la base para la motivación del dispositivo. Funciona, además, como elemento determinante del principio "non bis in idem" en su identidad de objeto; y, finalmente, permite al tribunal de casación ejercer el control jurisdiccional de la debida correlación entre acusación y sentencia, regla fundamental del juicio oral derivada del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio del imputado.
Recurso extraordinario de nulidad, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Mario Oscar c/ Hierrosid S.A.C.I. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

La oportunidad procesal en que se analiza un tema litigioso es, en principio, facultad privativa del tribunal del trabajo y ajena al recurso de nulidad extraordinario.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Municipal de La Plata c/ Portilla, Juan Manuel y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

La aplicación de intereses con capitalización diaria resulta a todas luces abusiva, contraria a la moral y a los fines del derecho, resultando lesiva a los artículos 953 y 1071 del Código Civil, aún teniendo en cuenta que aquélla corresponde a un interés punitorio por mora. La misión del juez es morigerar situaciones y ajustar pretensiones a una lógica y adecuada proporción a fin de que el mutuo o préstamo de dinero constituya fuente de recursos del Banco acreedor, pero no signifique deterioro o destrucción patrimonial del deudor. Por consiguiente, resulta posible intervenir en el contrato para morigerar un pacto abusivo, disponiéndose, por ende, que la capitalización de intereses se practique mensualmente (arts.

21, 623, 953, 1071 y concds. Código Civil).
Concurso preventivo, juez del concurso, verificación de créditos, convocatoria judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Baez Lazaro y otros c/ Austral Construcciones SA s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Procede rechazar la asignación directa de la a causa a una Sala por conexidad. Ello por cuanto, en el caso, la materia involucrada en la litis -convocatoria judicial de asamblea en los términos de la LGS 236, claramente, se trata de una cuestión ajena a la universalidad patrimonial del quebrado y por lo tanto, se encuentra como regla excluida del fuero de atracción que ejerce la quiebra (LCQ 132). En vista a ello y a la naturaleza de la acción promovida, corresponde estar a lo dispuesto en la última parte del art. 60 del Reglamento del Fuero, en cuanto dice en su último párrafo que las actuaciones de índole societaria concernientes a aspectos de funcionamiento interno de sociedades en situación de concurso preventivo o quiebra estarán sujetas al régimen general de asignación, sin perjuicio de lo que corresponda decidir en circunstancias particulares, que no se advierte configuradas en el caso.
Régimen penal tributario, responsabilidad penal, presunciones, medios de prueba
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Cerealera Argentina S.R.L. (T.F. 15.454-I) c/ D.G.I.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28

Cuando se trata de infracciones que requieren de una actividad dolosa, la utilización de las presunciones impide acreditar la existencia de esa conducta, debiendo hacerse por otros medios de prueba (C.S.J.N. "Montenegro", del 24/8/00, consid. 7°).

(Consid. 4°).
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benini de Baquela Angélica R. c/ Nieva de Ahumada Haydée s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El vendedor debe satisfacer los gastos de entrega de la cosa-salvo disposición en contrario- entre los que se hallan los impuestos y tasas adeudados, a fin de posibilitar la escrituración (Cód.Civil, arts.1415 y 1424) máxime cuando se trata de créditos privilegiados cuya percepción las disposiciones locales tienden a asegurar previamente al acto notarial, por razones superiores de interés y servicio público (Cód. Civil, art.3879, inc.2).
Derecho procesal, apreciación de la prueba, sana crítica racional
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Herrera, Carlos Manuel Valentín s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-12-02

En nuestro sistema procesal el mecanismo legal para la apreciación probatoria es el denominado de la libre convicción o sana crítica racional (C.P.P., arts. 432, 276, 420, 218) que impone al juzgador su valoración conforme las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.

Lo que está sujeto a control es la corrección del proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento con los elementos de hecho y de derecho que él ha elegido para llegar a una conclusión determinada, y esto, siempre y cuando con esta incorrección lesione el orden normativo específico de la prueba.
Deuda líquida, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS -SUCURSAL FEDERAL c/ GUICHON JORGE MANUEL Y OTRA s/ ORDINARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-20

Sostener que la Ley 24.283 no alcanza a las deudas dinerarias, sería realizar un injusto distingo -no establecido en la ley- y poner a los deudores y acreedores en situación de manifiesta desigualdad;

donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Es aplicable al caso la ley desindexatoria en tanto la relación crediticia que vinculare a los enfrentados intervinientes se consumó antes del 01 -04-91, conteniendo la convención sistema de reajuste por inflación, siendo que no nos encontramos frente al supuesto de consolidación que prevee el último párrafo del único artículo de la ley. El pretenso incidentante debe ofrecer la prueba tendiente a demostrar que el resultado al que se llega de indexar la deuda no guarda relación con el "valor real y actual de la prestación". Ello precisamente debe serle demostrado con suficiente grado de certeza y convicción al Tribunal para eventualmente tornar aplicable el régimen desindexatorio estatuido por Ley 24.283.
Sentencia arbitraria, despido, profesor universitario, universidades privadas, estatutos universitarios
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Marini, Pablo Augusto c/ Asociación Civil Universidad del Salvador s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Es arbitraria la sentencia que para declarar la ilegitimidad del despido, sostuvo que la universidad demandada violó las normas internas fijadas en su estatuto para proceder a la remoción de los docentes, pues si bien el artículo 13 del estatuto atribuye al Rector la competencia para ejercer la jurisdicción superior disciplinaria, el hecho de que el telegrama de despido haya sido enviado por el Jefe de Departamento de Personal no muestra que la decisión no haya sido adoptada por aquél ni, por lo demás, se ha mostrado que esta modalidad en la instrumentación del despido acarree su nulidad. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Pucheta, Eustaquia en rep. de sus nietos Alejo, Alejandro, Miguel y Reynaldo González c/ Arbolares S.A. y otra s/ Lucro cesante Guzmán, Héctor c/ Barrera, Agustín s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19|1990-09-11

El depósito de la indemnización efectuado por la compañía aseguradora en la Caja de Accidentes no constituye un reconocimiento de la deuda del principal hábil para interrumpir la prescripción de la acción indemnizatoria del trabajador contra su patrón porque no media relación obligacional entre aquélla y el tercero damnificado.
Orden público, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: SEQUEIRA RUBEN DELICIO Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

Es común en el ámbito del derecho, especialmente del privado, plantear la contraposición entre "autonomía de la voluntad" y "orden público". Dentro de las acepciones del concepto "libertad", suele referir a una libertad social o política, y a una libertad personal.

Esta última es la que, en particular, refiere a la autonomía o independencia con relación a las coacciones procedentes de la comunidad, en cuanto sociedad o Estado. La libertad es un atributo natural y esencial de la persona humana. Tiene su forma de manifestación a través de la voluntad, por la cual el hombre decide y expresa su conducta.

En su origen, con la expresión "autonomía" se quiere referir el hecho que una determinada realidad se rige por una ley propia. Por su parte, las normas de orden público operan como límite de la libre expresión de la voluntad y, por ende, ésta debe quedar sujeta a las previsiones contenidas en aquéllas.
Sucesiones, regulación de honorarios, base regulatoria, sociedades comerciales, acciones societarias, transmisión de acciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HERMIDA, Raúl Nelson s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-21

A los fines de regular honorarios en un proceso sucesorio el valor de la participación del causante en una sociedad comercial debe ser determinado a la fecha de su fallecimiento y luego, actualizado, pues la evolución posterior de la firma no tiene porque beneficiar o perjudicar a los profesionales intervinientes.

En el caso de transmisión de acciones de una sociedad comercial, si el fallecimiento del causante se produjo durante la vigencia de la ley 23.928 de convertibilidad del austral, resulta factible tomar como base regulatoria la determinada por el valor de las acciones que pertenecían al causante a la fecha de su deceso.
Municipalidad, regalías hidrocarburíferas
Materia: CIVIL
Carátula: Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro c/ Municipalidad de Contralmirante Cordero y Campo Grande s/ Consignación s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-10

La ley 1946, con su fuerza de ley, delega en el Poder Ejecutivo la facultad reestructoria de los índices de coparticipación. No sujeta esa delegación a otro recaudo que el "referendum legislativo" (en que la Presidencia del cuerpo legislativo lo somete "ad referendum", con lectura íntegra del texto y el cuerpo Legislativo lo aprueba por unanimidad). Que no entraña sin más, que deba expedirse este último mediante el dictado de una nueva ley. Es que racionalmente analizado, si así debiera interpretarse carecería de sentido dicha delegación si, para que ella sea válida, requiera el dictado de un nuevo ordenamiento de similar naturaleza. Lo que se ha procurado es un mecanismo operativo con dicha delegación, que perdería dicha operatividad -y hasta el propio sentido de la delegación de facultades- si lo sometiera a un trámite de igual factura al del ordenamiento que incluye la delegación. (En disidencia: Dra. Flores).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, movilidad del haber jubilatorio, remisión a otro fallo, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SABIO, CATALINA EVA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12

Corresponde rechazar la queja interpuesta, toda vez que constituye suficiente motivación la remisión a un precedente jurisprudencial que guarda analogía con el que se examina; y en cuanto al alcance del caso "Lagger", este Tribunal se pronunció analizando -en relación a la cláusula de movilidad contenida en el artículo 12 de la ley 6915 con la modificación de la ley 12464- los diferentes supuestos que podían presentarse por la aplicación de políticas salariales uniformes o en el caso de que se otorguen aumentos en las remuneraciones diferenciados en un determinado sector de la Administración pública provincial (como ocurre en el sub examine), y además se consideró la evolución legislativa de la reglamentación constitucional de la garantía antes mencionada consagrada en los artículos 14 bis de la Constitución nacional y 21 de la Carta Magna provincial, y particularmente de la norma anterior a la vigente, la ley 11696 mencionada por la recurrente en el memorial recursivo; encontrándose habilitado por esta Corte el control de la verificación de la observancia del régimen legal en la etapa de ejecución de sentencia, sin que se advierta ni demuestre la recurrente que ello le pueda producir la lesión de garantías constitucionales que invoca. - CITAS: CSJN: Fallos 300:916; 308:1206; 310:195; CSJStaFe: Elizondo, AyS T 270, p 257/266; Gioielli, T 270, p 367/377.
Verificación de créditos, incidente de revisión, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calia s.a. s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-18

Tratándose de títulos suscriptos por la concursada que fueron otorgados a favor de terceros, quienes a su vez los cedieron a la pretendiente, debe denegarse su pedido de verificación en la circunstancia de que dichos terceros se han presentado al concurso a verificar dichas obligaciones y han acordado la verificación, ya que de accederse a ésta que fuera solicitada se duplicaría la deuda en forma ilegítima debiendo el incidentista perseguir su crédito contra el deudor originario.
Sentencia, nulidad de oficio, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial
Materia: PENAL
Carátula: Alberengo, Juan y otro s/ Robo calificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Debe declararse nula de oficio la sentencia si el defensor oficial representó intereses contrapuestos, porque ello obsta a la legalidad del fallo por ser incompatible con el debido proceso.