Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-23


Causa n° 671/2012 JARIMAR SA c/ AFIP s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO Buenos Aires, 23 de junio de 2014.- HE VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 200, fundado a fs. 202/203, contra la resolución de fs. 196; y CONSIDERANDO:

1°) En el referido pronunciamiento, la señora juez de grado rechazó el planteo de falta de habilitación de la instancia efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -en adelante AFIP-, con costas a su cargo.

Para así decidir, la a quo remitió a los fundamentos del dictamen fiscal de fs. 193/194, que había estimado que en el caso comportaba un ritualismo inútil compeler a la actora a cumplir con el reclamo administrativo previo, y que mediaba un reconocimiento expreso de la AFIP respecto de parte de la deuda reclamada.

2°) La demandada cuestiona la decisión por diversos motivos: a) tratándose del reclamo de una suma de dinero en el marco de una relación contractual, resulta obligatoria la actuación prevista en el art. 30 de la ley 19.549 para poder demandar judicialmente a una persona estatal y el principio de ritualismo inútil previsto en el antiguo art. 32, inc. e), de la ley citada, no es aplicable ya que se trata de una norma derogada -en el memorial se menciona al inciso d), que trataba de otro supuesto-; b) la deuda no está reconocida en sede administrativa pues no ha mediado acto administrativo que así lo declarase; y c) la imposición de costas es arbitraria.

3°) A juicio de la Sala resultan inatendibles los argumentos de la demandada respecto a la falta de vigencia de la norma que regulaba al ritualismo inútil como supuesto que permitía obviar el reclamo administrativo previo.

En efecto, si bien es cierto que el inciso e) del art. 32 de la ley 19.549 que contemplaba ese supuesto fue derogado por la ley 25.344, la jurisprudencia federal ha resuelto que el ritualismo inútil traduce un principio jurídico que subsiste como tal (conf. esta Cámara, Sala 1, causa n° 4.512/03, del 6.6.06; esta Sala, causa n° 2218/06, del 15.8.08, entre otros; CNACF en pleno, in re "Córdoba Salvador", del 18.5.11; de ese fuero ver además: Sala I in re "Young, Silvia N. y otros c/ Estado Nacional" del 15.3.01; Sala II in re "Castillo Carlos Abraham y otros c/ DGFM", del 23.10.01, entre muchos otros). Y esta postura es consistente, en suma, con el principio in dubio pro actione por el cual debe estarse a favor de tal habilitación con el fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio de los derechos (conf. doctrina de Fallos: 312:1017, 1306; 313:83; 316:3231, entre otros).

4°) Teniendo en cuenta que el apelante no ha controvertido en la especie la configuración del ritualismo inútil -se ha limitado a sostener su falta de vigencia- lo dicho en el punto anterior es motivo suficiente para confirmar la decisión apelada en cuanto tuvo por habilitada la instancia judicial. No resulta conducente, pues, examinar los restantes agravios que plantea sobre la procedencia de la excepción planteada. Tal conclusión se impone, además, si se advierte que la cuestionada afirmación del señor Fiscal sobre el reconocimiento administrativo de la deuda comporta a lo sumo un obiter del fallo apelado, que como tal no proyecta efectos sobre la sustancia de la controversia.

5°) Dados los términos de esta decisión, no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota y dispensar a la AFIP del pago de las costas generadas en esta incidencia. En este punto, es adecuado recordar que la excepción prevista en la segunda parte del art. 68 del Código Procesal es de interpretación restrictiva, criterio especialmente aplicable en materia de incidentes, donde la distribución de las costas en el orden causado constituye -frente al hecho objetivo de la derrota- una hipótesis de excepción que sólo puede tener lugar ante cuestiones originales o dudosas de derecho, o frente a situaciones de hecho que revisten singular complejidad (conf. Sala 1, causas n° 74/99 del 13.4.99 y 6299/93 del 16.3.2000; Sala 3, causa n° 8.925/04, del 24.5.07, entre otras).

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: confirmar la resolución apelada, sin costas de alzada a favor del vencedor toda vez que no medió réplica. Hágase saber a la representación letrada de la actora que deberá registrar, validar y constituir domicilio electrónico, bajo apercibimiento de notificarle -en su caso- por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones del tribunal (conf. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13).

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, por vía electrónica a la AFIP y en su despacho al señor Fiscal de Cámara, y devuélvase. RICARDO VÍCTOR GUARINONI-GRACIELA MEDINA