Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-22


ACUERDO N° 5. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular Doctor OSCAR E. MASSEI, integrado por los Sres. Vocales Doctores RICARDO TOMAS KOHON, ANTONIO GUILLERMO LABATE, LELIA GRACIELA M. DE CORVALAN y EVALDO DARÍO MOYA, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, LUISA A. BERMUDEZ, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Y.P.F. S.A. C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. N°2863/09, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- A fs. 7/19 se presenta Jorge René Bertín, en su carácter de apoderado de Y.P.F S.A., con patrocinio letrado e interpone acción autónoma de inconstitucionalidad en los términos del artículo 170 de la Constitución Provincial (debió decir art. 241 inc. a), respecto del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1631 (B.O. 08/09/06) y solicita la suspensión de su vigencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º y siguientes de la Ley 2130, con costas a la contraria.

Relata que su representada es concesionaria en jurisdicción de la Provincia del Neuquén, donde desarrolla sus actividades conforme un contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional. Manifiesta que, dentro de las actividades que lleva adelante como explotador de hidrocarburos, se encuentra el procedimiento de "abandono técnico" de pozos hidrocarburíferos.

Afirma que tales obligaciones encuentran sustento en alguna de las prescripciones que contiene la Ley Nacional N° 17.319, entre ellas las relativas a la realización de las inversiones necesarias para el normal desarrollo de la exploración y explotación, como también las relativas al cumplimiento de las medidas de seguridad propias de la actividad.

Menciona que, luego de operada la reforma constitucional del año 1994 -que reconoció el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio- la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación dictó la Resolución N° 5/95, mediante la cual estableció las normas y procedimientos a cumplirse para el abandono de pozos por parte de los permisionarios de exploración y concesionarios de explotación.

Entre otras disposiciones, la resolución contiene la clasificación de abandono de pozos -en temporario y definitivo-, en función de su ubicación, y establece las técnicas recomendables para su abandono, imponiéndose a cargo del concesionario la obligación de presentar en forma anual un cronograma de actividades y un informe final.

Relata que, con posterioridad, se dictó la Ley 26.197, que importó el reconocimiento de las Provincias como titulares del dominio de los hidrocarburos situados en sus territorios, pero que no implicó otorgarles competencia para modificar las condiciones que oportunamente se pactaran con el gobierno Nacional.

Indica que, por su parte, el Gobierno Provincial dictó en el año 2006 el Decreto N° 1631/06, que aquí se ataca, mediante el cual se aprobaron las "Normas y Procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos", siendo la materia regulada idéntica a la ya citada normativa nacional.

Afirma que, mediante Nota N° 154/2009 le fue indicado por parte del Subsecretario de Hidrocarburos y Energía de la provincia, que la norma vigente para el abandono de pozos es el Decreto Provincial 1631/06, y que en caso de incumplimiento se aplicarían las sanciones allí previstas, lo que a su entender configura la afectación de las garantías y derechos constitucionales de YPF.

Bajo el apartado 5) se refiere a la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas: relata que a través de la Ley 26.197 se modificó el artículo 1 de la Ley 17.319 y dispuso, en concordancia con el art. 124 de la Constitución Nacional, que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la Argentina y en su plataforma continental pertenecen al Estado Nacional o a los Estados Provinciales, según el ámbito territorial en el que se encuentren.

Luego de hacer una descripción de la norma, concluye que el cambio normativo no posibilita que la Provincia del Neuquén sea titular de la potestad regulatoria sobre las condiciones que rigen las concesiones oportunamente pactadas con el Estado Nacional.

En consonancia, afirma que la regulación de la Provincia del Neuquén con relación al procedimiento para el abandono de pozos, realizada a través de la norma impugnada, configura un ejercicio de competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

Cita el artículo 1° de la Constitución Provincial, en cuanto declara que la Provincia "organiza su gobierno bajo el sistema republicano representativo, manteniendo para sí todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal en la Constitución Nacional, a la que reconoce como ley suprema", y lo correlaciona con el artículo 121 de la Constitución Nacional en cuanto veda cualquier posibilidad de que los poderes locales aprueben regulaciones que versen sobre materias de clara índole federal.

A continuación alega una violación al derecho de propiedad de YPF, en cuanto se le intenta aplicar el régimen de abandono de pozos establecido en la norma impugnada, lo que implica el desconocimiento de derechos adquiridos nacidos y consolidados al amparo del régimen aprobado por la Resolución N° 5/96 de la Secretaría de Energía.

Afirma que existen derechos incorporados a su patrimonio bajo el régimen anterior, y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del Código Civil, no pueden ser desconocidos.

Sostiene luego, que le fueron agravadas obligaciones en vías de cumplimiento, en tanto el régimen aprobado por el Decreto impugnado es mas gravoso para los concesionarios que el instituido por la Resolución SE 5/96, lo que califica como manifiestamente ilegítimo.

Por otro lado analiza el supuesto de "reversión" de determinados pozos a la Provincia, cuestión que no se encontraba incluida en la norma anterior, y que provoca -nuevamente- la afectación a su derecho de propiedad, en tanto permitiría la participación de un tercero en el área concesionada, lo que resulta según su criterio, a todas luces irrazonable.

Continúa, y sostiene que la norma cuestionada resulta irrazonable, en tanto los plazos que establece resultan exiguos, máxime si se considera la cantidad de pozos que posee YPF en estado de ser abandonados. Hace una descripción de lo que implican las tareas de abandono de un pozo, y recuerda que la Resolución SEN 5/96 prevé distintos plazos de abandono de pozos, dependiendo de la categoría de los mismos, siendo el menor de los plazos de cinco años, extendiéndose hasta 15 años, en el caso de tratarse de pozos de "Categoría A.3".

También califica de irrazonable el plazo previsto para el abandono temporario, en tanto la eventual reutilización de los mismos se encuentra vinculada a factores técnicos y/o económicos, que muchas veces pueden requerir el transcurso de plazos mayores a los 18 meses dispuestos en la norma.

Para finalizar su presentación postula el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de competencias reservadas al Poder Legislativo.

Afirma que la autoridad administrativa, en uso de su competencia reglamentaria, carece de facultades para imponer condiciones, limitaciones y exigencias al ejercicio del derecho, debiendo tan solo limitarse a la mera reglamentación de las leyes en sentido formal.

Bajo el punto 6) solicita el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del decreto impugnado.

Ofrece prueba y formula su petitorio.

II.- A fs. 34 la actora desiste de la medida cautelar peticionada, en tanto en sede administrativa se suspendieron los efectos de la norma atacada, conforme lo oportunamente solicitado.

III.- A fs. 42/43 y previo dictamen Fiscal (fs. 39/40) se dicta la Resolución Interlocutoria Nro. 5/11, que declara la admisibilidad parcial de la acción.

IV.- A fs. 49 se corre traslado de la demanda, que es contestada a fs. 54/62 por la Provincia accionada.

Luego de realizar la negativa de rigor, argumenta cuatro motivos formales por los cuales corresponde, a su entender, el rechazo de la demanda presentada: (i) la errónea invocación de artículos de la Constitución Provincial; (ii) la sustentación de la presente acción en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales; (iii) el hecho de fundamentar la inconstitucionalidad alegada en la violación de normas legales nacionales; (iv) la pretensión de que se analice una situación concreta.

Afirma que la vía judicial intentada por la actora no es la correcta, ya que aquella debería haber iniciado, y en su caso concluido la vía administrativa, antes de acudir al TSJ.

A continuación postula el rechazo in límine de la acción promovida por no encuadrarse la misma dentro de la Ley 2130, ni de la Constitución Provincial, y argumenta en defensa de la constitucionalidad de la normativa atacada.

Destaca que la Provincia del Neuquén tiene el derecho-deber de preservar y defender su medio ambiente y, en ejercicio del poder de policía, dictó la Ley 1875 y el decreto impugnado, entre otras normas atinentes a la cuestión ambiental, de conformidad con la manda constitucional de los artículos 90, 92 y 134 de la Constitución Neuquina y el artículo 124 de la Cimera Nacional.

En esa inteligencia, entiende que el Anexo I del Decreto 1631/06, resulta ajustado a derecho y fue dictado por el Poder Ejecutivo Provincial a fin de reglamentar la Ley Provincial 1875, sin que se excediera en sus competencias legales y constitucionales.

Realiza algunas consideraciones en torno al grave daño que produce el abandono de pozos en la actividad hidrocarburífera, el efecto acumulativo de las emisiones, los efluentes y los residuos que ingresan al suelo, al agua (superficiales y subterráneas) y se elevan a la atmósfera, lo que afecta al medio ambiente y, en definitiva, a la salud de la población de la Provincia.

Cita doctrina y precedentes de este Tribunal sobre la materia, para recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene carácter restrictivo y ante la duda deben ser declarados válidos los actos de los Poderes Legislativos y Ejecutivo.

Finalmente, efectúa la reserva del caso federal y solicita se rechace la acción intentada con costas a cargo de la accionante.

V.- A fs. 121 dictamina el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, quien propicia el rechazo de la acción intentada.

Sostiene que la cuestión constitucional planteada ya ha sido resuelta por este Tribunal en el precedente "APACHE" en el cual, mediante el Acuerdo N° 2/10, se expidió sobre la constitucionalidad del Decreto Provincial N° 1631/06, en la parte vigente en la actualidad.

Por tales motivos, entiende que debe rechazarse la acción de inconstitucionalidad planteada.

VI.- A fs. 123 se dicta la providencia de autos, la que encontrándose a la fecha, firme y consentida, coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

VII.- Cabe en primer término señalar que, el planteo inicial formulado por YPF S.A. resultaba comprensivo de la totalidad del Decreto N° 1631, no obstante lo cual, la presente acción fue sólo admitida en forma parcial, tal como surge de la Resolución Interlocutoria N° 5/2011 (cfr. fs. 42/43).

En tal decisorio se dijo que, habiendo perdido la norma impugnada parcialmente vigencia (en virtud de la declaración de inconstitucionalidad decidida por el Tribunal en la causa "APACHE" -Ac. 2/2010-) la admisibilidad de la presente acción sólo correspondía con relación a la parte del decreto que no se encuentra caduca.

Por lo tanto, corresponde activar el control de constitucionalidad sólo con relación a aquella parte vigente del Decreto N° 1631/06.

VII.1.- Entonces, como se dijo, este Tribunal ya ha tenido la oportunidad de analizar el embate constitucional realizado al Decreto 1631/06 a través del Acuerdo N° 2/2010, dictado en la mencionada causa: "APACHE ENERGÍA ARGENTINA SRL C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD", que tramitara bajo el Expediente N° 1985/7.

Luego, los argumentos utilizados por la actora para sostener la inconstitucionalidad de la norma, como se verá, aparecen como una reedición de los ya analizados, quedando en su totalidad comprendidos en el examen efectuado en el precedente "Apache".

VII.2.- Por cierto, es bueno señalar que en las cuestiones que alcanza el precedente "Apache", también se encuentra la resolución de los cuestionamientos de orden formal que, en esta causa, ha introducido la demandada (vinculados con los recaudos de procedencia de la acción de inconstitucionalidad regida por la Ley 2130).

En efecto, allí, luego de examinar análogos cuestionamientos a los aquí efectuados, todos ellos fueron desestimados en el entendimiento que:"la cuestión planteada es de esencia predominantemente institucional, en tanto se cuestiona una norma de alcance general destinada a regir un número indeterminado de casos (por oposición a las de alcance individual que resultan abarcativas de una singularidad), tendiente a preservar el orden constitucional establecido en el derecho público local (en especial, el principio de división de poderes) y, que no pretende la solución de una situación concreta y particular del accionante resultante de la aplicación del precepto impugnado". Además, en la oportunidad de declararse la admisión de este proceso, se abordó concretamente las tachas efectuadas en el responde en punto al nivel de cumplimiento de los recaudos formales de la acción, con lo cual, se reitera, no se configuran los valladares formales que detecta la demandada.

A mayor abundamiento, me remito a la fundamentación que en torno a los presupuestos del tratamiento de la acción intentada se hizo en el citado precedente "Apache", al cual oportunamente adherí al momento de formular mi voto en esa causa.

VIII.- Sentado lo anterior, corresponde puntualizar, como se ha dicho, que el embate constitucional que restaría analizar, ya ha sido motivo de análisis en el fallo "Apache".

En aquella oportunidad adherí al desarrollo y a la solución propuesta por el Dr. Massei, y efectué, sin que variase el resultado, algunas consideraciones en torno al federalismo de concertación, por lo que me atendré al análisis que allí se efectuara.

Entendí entonces, que la cuestión constitucional planteada se circunscribe a determinar si el Poder Ejecutivo Provincial excedió sus facultades reglamentarias al dictar el Decreto 1631/06, a lo que se agrega otro interrogante en punto a las facultades de la Provincia para dictar la normativa atinente al "Abandono de pozos hidrocarburíferos", existiendo una norma reguladora a nivel nacional (Resolución 5/96).

En punto a ello, se determinó que el conflicto que enfrenta a las partes se circunscribe al examen de dos cuestiones constitucionales: 1) la competencia de la Provincia demandada para dictar una normativa ambiental con directa incidencia en el ejercicio de la actividad hidrocarburífera, pese a la existencia de una resolución nacional y; 2) el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo Provincial en ejercicio de sus facultades reglamentarias, que involucra tanto el análisis de la legalidad del actuar administrativo en materia tributaria como la razonabilidad de las previsiones contenidas en el decreto impugnado. Del análisis de estos argumentos surgirá la compatibilidad o no del decreto impugnado con la Constitución Provincial ya que, como es sabido, "el juicio de constitucionalidad consiste, en definitiva, en un pronunciamiento sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre la Constitución y las normas o actos inconstitucionales" (cfr. Sagués, Néstor Pedro, Recurso Extraordinario, Tomo II, Ed. Astrea, Bs. As., 2002, pg. 137/138) dejando de lado la norma que así lo fuera para aplicar la Constitución.

IX.- Por consiguiente, en el examen del primer interrogante, siguiendo lo expuesto en el precedente citado, se debe abordar el deslinde de competencias que, en materia ambiental, existe entre el Gobierno Federal y las jurisdicciones locales para luego dilucidar, si la Provincia del Neuquén se excedió en sus competencias al regular sobre la materia.

En tal sentido, adherí al siguiente desarrollo, el que resulta plenamente aplicable al caso en examen: "La reforma Constitucional a nivel nacional, producida en 1994, receptó expresamente los "derechos de incidencia colectiva" o también llamados "derechos de la tercera generación", entre los que se incluye el derecho a un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" (art. 41 C.N).

Similares conceptos fueron receptados en la reforma de nuestra Carta Fundamental, acaecida en el año 2006, al introducirse, en el Capítulo III bajo el título "Derechos de incidencia colectiva", el artículo 54 que prescribe el derecho al ambiente y desarrollo sustentable.

Junto con esta cláusula, se incorporaron en la Segunda Parte, Titulo II, las políticas del Estado con relación a la protección y preservación del ambiente (arts. 90 a 94). Estas cláusulas importan, para el Estado, nivel federal y local, la necesidad de asegurar las condiciones ambientales que les permitan a las personas gozar de este derecho, a la vez que confiere a los ciudadanos un espacio mayor en el gobierno de los asuntos comunes, a través de nuevas formas de participación y de un cierto número de garantías que, como la de acceso a la información pública, conllevan una cuota reforzada de participación y de control en la toma de las decisiones públicas (cfr. Sabsay, Daniel Alberto, "La protección del medio ambiente en la Constitución Nacional" Sup. Const. Exp. 2003 (abril), 89 -La Ley 2003-C, 1167).

En esta tarea, deben aunarse los esfuerzos de la Nación y de las provincias a fin de gestionar y asegurar los beneficios de un ambiente sano procurando no comprometer las posibilidades de las generaciones presentes o futuras. Ello importa, entre otras cuestiones, pensar el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos naturales, bajo el concepto de sustentabilidad lo que supone la gestión apropiada del ambiente procurando la mitigación del daño ambiental, sobre todo en el ejercicio de la actividad hidrocarburífera, de alta incidencia en la producción de la región.

Para lograr tales objetivos en miras a la protección del medio ambiente a fin de favorecer el desarrollo humano, el Gobierno federal y el provincial deben proceder a la adopción de políticas públicas de coordinación y armonización a través del ejercicio de facultades concurrentes que se enmarcan en un federalismo de concertación, cuyo ámbito de aplicación se encuentra en expansión a partir de la reforma constitucional de 1994.

La particular dinámica constitucional que introdujo, entre otras, la cláusula ambiental, fue objeto de tratamiento por este Tribunal -aunque en anterior composición- en el Ac. 1441/07 dictado en los autos "Y.P.F. c/ Provincia delNeuquén s/ Acción Procesal Administrativa" del registro de esta Secretaría, donde expresó que: "Del texto constitucional se desprende que cada escala de decisión (Estado Central o Estados Miembros) tiene competencia para regular y controlar un sector o tramo específico del tema o actividad concernido, estableciéndose una jerarquía entre ellos. De suerte tal que existe un nivel básico común (mínimo común denominador jurídico) asignado al Gobierno Federal y otro nivel complementario a cargo de cada Estado Provincial.

La distinción entre una y otra regulación no es de esencia sino de grado. En efecto, no se trata que las provincias regulen detalles o aspectos de aplicación de la normativa federal. Por el contrario, gozan de plena autonomía para regular sustantivamente la materia, con la única limitación de respetar los presupuestos mínimos o nivel básico de protección ambiental (en igual sentido se manifiesta Humberto Quiroga Lavié en "El estado ecológico de derecho en la Constitución Nacional", LL 1996-B, 950)".

Sobre estas bases la Nación dictó la ley General del Ambiente (L. 25.675) fijando los presupuestos mínimos para la protección y preservación del medio ambiente, reconociendo el respeto a las jurisdicciones locales.

Sin embargo, en el derecho público local, ya existía la Ley 1875 -Régimen de Preservación, Conservación y Mejoramiento del Ambiente- (public. 01/02/90), que posteriormente fue modificada por la Ley 2267 (public. 23/12/98) reglamentada, a su vez, por el decreto 2656/99 (public. 10/09/99).

Como se advierte, la cuestión ambiental fue objeto de regulación normativa en la Provincia, con anterioridad a la recepción constitucional nacional que, lejos de invalidarla, ratificó su vigencia y legalidad mediante la inclusión del artículo 41 en la Constitución Nacional. Posteriormente y como se señaló, el derecho al medio ambiente sano fue receptado, a nivel constitucional local, en la reforma acaecida en el año 2006 (arts. 54, 90, 91, 92, 93 y 94).

Cabe agregar que, los debates previos sobre el ejercicio de la jurisdicción en materia ambiental han quedado sellados con el juego armónico de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional que reconocen, por un lado, el respeto a las jurisdicciones locales al prescribir que la normativa federal de presupuestos mínimos no debe alterarlas (art. 41) y, por el otro, el dominio originario de los recursos naturales existentes en el territorio provincial (art. 124).

Esta declaración expresa en favor de la federalización de los recursos naturales y el posterior Pacto Federal de los Hidrocarburos (14/11/1994) firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias productoras, posibilitaron el dictado de la llamada "ley corta" Nro. 26.197 (Adla, 2007-A-94) que, si bien hizo irrupción en el contexto normativo nacional con posterioridad a los hechos que sustentan la demanda, refleja la voluntad de reconocer en cabeza de las provincias argentinas el dominio y la jurisdicción sobre sus recursos naturales.

En efecto, por medio de esta ley se le permitió a las provincias asumir en forma plena "el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas.", ordenando la transferencia de pleno derecho de "todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares", todo ello enmarcado en el federalismo de concertación "inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unan en el objetivo superior de lograr una política uniforme de los intereses del Estado Nacional y de las provincias" (Fallos 327:1051)".

X.- También se dijo que: "Esta prieta síntesis de la evolución que la cuestión ambiental tuvo en nuestro país, deviene necesaria a modo de introducción para comprender el alcance de las facultades provinciales para dictar el plexo normativo ambiental neuquino, constituido por la Ley 1875, su modificatoria 2267 y los decretos reglamentarios Nro. 2656/99 y Nro. 1631/06.

Esto así, debo decir, porque la circunstancia de que el derecho público local haya incorporado la reglamentación de la ex Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, adoptando el procedimiento allí establecido para el abandono de pozos no impide que, posteriormente, se dicte una nueva reglamentación que se estime más adecuada para la preservación del medio ambiente en el ámbito y jurisdicción de la Provincia del Neuquén.

En efecto, la competencia ambiental fue delegada a la órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron sus atribuciones para completar y extender el resguardo ambiental. Y ello así, pues aunque existen necesidades y problemas comunes a todo el país, cada región requiere protección y soluciones específicas y propias. Por ello, dentro de cada provincia, las responsabilidades de los gobiernos locales son primarias y fundamentales para ampliar la protección y aplicar la normativa legal (cfr. Gelli, María Angélica "La competencia de las provincias en materia ambiental", La Ley 1997-E, 805).

Indudablemente, la Disposición Nro. 5/96 de la ex Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, constituye una normativa complementaria, ya que regula lo atinente a la específica práctica de abandono de explotaciones hidrocarburíferas que no puede extenderse a todo el país, no participando del carácter de presupuesto mínimo de protección de la legislación federal.

Y arribo a esta conclusión no solamente por la falta de inclusión del tema en la Ley General del Ambiente, sino también por las razones esgrimidas por el Poder Ejecutivo Provincial para el dictado del Decreto 1631/06, al justificar su regulación en la necesidad de actualizar y uniformar los criterios para el abandono de los pozos, utilizando para ello tecnología moderna de aplicación internacional (cfr. considerando 8º del Decreto 1631/06).

Desde esta perspectiva no se advierte la afrenta constitucional que el actor intenta exponer. Por el contrario, en uso de facultades propias derivadas de la Constitución Nacional (art. 41 y 124), la Cimera Provincial (art. 92) y la Ley 1875, la Provincia del Neuquén, a través de un decreto reglamentario, establece el procedimiento a seguir para el abandono de pozos hidrocarburíferos, en la inteligencia que ésta es una actividad que genera riesgos potenciales al ambiente -en especial a los terrenos superficiarios- y, que debe ser regulada, revisada y actualizada para mitigar los efectos de la contaminación.

El ejercicio de dicha facultad se enmarca dentro de los principios rectores de la Ley 1875, sobre "preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente" (art. 1º), y en especial, dentro de las previsiones del artículo segundo, en cuanto establece como finalidades de la normativa "g) la prevención y control de factores, procesos, actividades o componentes del medio que ocasionan o puedan ocasionar degradación al ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos." (art. 2º inc. g) de la Ley 1875), evidenciando el carácter de legislación secundaria, propio de la actividad reglamentaria." Lo expuesto resulta suficiente a los fines de poder sostener la competencia por parte de la Provincia, para el dictado de la normativa atinente al abandono de pozos.

Los fundamentos transcriptos son suficientes a los fines de sellar -en este punto- la suerte del planteo formulado, en tanto no han sido presentados otros argumentos que viabilicen un análisis distinto al efectuado en el precedente parcialmente trascrito.

Sin perjuicio de ello, y a los fines de lograr una coherencia con la posición que he sostenido en anteriores oportunidades, cabe agregar una precisión en punto al alcance de la jurisdicción en materia de hidrocarburos, la cual, según entiendo, debe concebirse en el marco del "federalismo de concertación" (cfr. en extenso, las consideraciones efectuadas en autos "Etcheverry", Acuerdo TSJN N° 1532/08).

Allí expresé que "el federalismo de concertación (receptado expresamente por la Convención Constituyente de 2006, en el artículo 8), supone una fórmula superadora del clásico reparto de competencias propio del sistema federal; implica acentuar que el estado debe funcionar como un sistema articulado en diferentes niveles, pero que debe actuar mediante un proceso político concertado, flexible, abierto y democrático, posibilitando que se alcance un mismo fin, el bien común.

La existencia de facultades concurrentes y compartidas constituye la gran fuente de competencias de donde se nutre la relación federal.

En el texto constitucional advertimos la existencia de ciertas materias respecto de las cuales se autoriza la cogestión de la Nación y de las provincias, como son los recursos naturales, la salud, la educación, etc., por tal motivo son conocidas como facultades concurrentes, cuyo contenido linda con el desarrollo económico-social. La concurrencia deviene de la materia sobre la que recae, habida cuenta de la identidad de fines entre el gobierno central y los gobiernos locales... Concurrentes no significa "sustituyentes", "excluyentes" o "subrogantes". Significa que ambas entidades estatales (Nación y Provincias) reglamentan en "su orden" respectivo, actividades referidas por la Constitución, pero no que una provincia puede reglamentar lo que es de la Nación o que la Nación puede reglamentar lo que es de la provincia" (cfr. "Etcheverry" Acuerdo N° 1532/08).

Sobre esa base, tal como recientemente lo expresara en la causa "YPF C/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" Expte. N° 2713/09, las directivas que surgen de las consideraciones que plasmara en el precedente "Etcheverry", resultan plenamente aplicables al caso, en la inteligencia que el federalismo de concertación es la fórmula superadora de toda tensión o dicotomía existente entre la Nación, la Provincia y el Municipio.

Y, es en la gestión de las políticas ambientales en donde más se patentiza esta armonización de intereses entre los diversos entes de descentralización política. Como dice Gelli "En materia ambiental, las acciones deben coordinarse, necesariamente" (cfr. Gelli, María Angélica, Competencia nacional, provincial y municipal en materia de poder de policía, en "Servicio Público, Policía y Fomento" Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Bs. As. Ed. Rap. 2003, pág. 652, conforme cita efectuada en Acuerdo N° 2/2014). XI.- Resta determinar si el Poder Ejecutivo Provincial se excedió en el ejercicio de sus competencias o, por el contrario, su accionar se ajustó a los principios constitucionales esbozados.

En este sentido, varios son los argumentos esgrimidos por YPF S.A. para descalificar constitucionalmente la normativa impugnada.

En la exposición habré de examinar cada uno de ellos, aunque por cuestiones de lógica argumentativa comenzaré por la aludida afectación de derechos adquiridos por aplicación retroactiva del Decreto 1631/06, para continuar con el tratamiento sobre irrazonabilidad de los plazos establecidos para el abandono de pozos.

XI.1.- Respecto a la pretendida retroactividad de las normas del Decreto 1631/06 el accionante señala que: "El intento de aplicar a YPF el régimen de abandono de pozos establecido en el Decreto 1631/06 implica el desconocimiento de derechos adquiridos a esta empresa, nacidos y consolidados al amparo del régimen aprobado por la Resolución SE 5/96, de aplicación a las concesiones titularizadas por YPF." "De acuerdo con lo expuesto, sin perjuicio de la competencia exclusiva de las autoridades nacionales en la materia, existen derechos definitivamente incorporados al patrimonio de esta empresa bajo el régimen anterior que no pueden ser desconocidos (artículo 3 del Código Civil) en tanto se ha cumplido a su respecto con los requisitos de información sobre abandono de pozos, de acuerdo con las prescripciones de la Resolución 5/96 de la SEN" (ver fs. 11 vta. primer párrafo y fs. 12 tercer párrafo, respectivamente).

Sin perjuicio de señalar que el agravio concreto, surgido de la situación fáctica denunciada por el accionante como muestra de la ilegalidad, no puede ser objeto de decisión por esta vía, lo cierto es que aún analizada la norma en abstracto; tampoco surge la existencia del vicio constitucional que alega.

En efecto, ya en el precedente "Apache" se hizo referencia a la aplicación de la normativa ambiental a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo el amparo de la Ley 17.319.

Al respecto se dijo que: "La Ley 17.319 se dictó con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994 cuando el dominio de los recursos naturales se le atribuía al Estado Nacional.

Pero ello no implica que la legislación ambiental -aún cuando sea posterior a tal permiso o concesión- no deba aplicarse a la consecuencias de cualquier actividad que sea susceptible de dañar al ambiente, sin que ello determine una aplicación retroactiva de la ley.

En efecto, el artículo 3 del Código Civil, sólo considera retroactivas a aquellas leyes que pretendan regular hechos acaecidos bajo la vigencia de una norma anterior ("facta praeterita"). Con esta significación se dispone que las leyes "no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario".

"Los "facta pendentia", es decir, las "consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" se regulan por la ley nueva, sin que importe retroactividad, salvo que ella expresamente disponga su aplicación diferida (solo a los "facta futurae") o retroactiva. Es decir que habrá efectos inmediatos y no retroactivos cuando la nueva ley toma a la relación o situación jurídica en el estado en que se encuentra al tiempo de su sanción, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos." (cfr. De Stefano, Carlos A. "Retroactividad y Constitucionalidad de la leyes", La Ley 1979-C-784)") (cfr. Acuerdo N° 1321/07 in re "Y.P.F. c/ Provincia del Neuquén s/ Acción Procesal Administrativa"). Entonces, de acuerdo a tales lineamientos, la constitucionalidad del Decreto surge palmaria desde que de sus términos se desprende que sus previsiones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (artículo 2º de la Disposición y art. 3º del Decreto citado).

Por lo tanto: "Esto importa que sus previsiones alcancen a los pozos hidrocarburíferos cuyo abandono sea iniciado con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto señalado o, que se encontraren transitando el proceso de abandono al momento de entrar en vigencia el decreto, no existiendo afectación constitucional ya que ello importa aplicar la nueva normativa a las "consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes" al momento de su entrada en vigencia.

No es lícito alegar afectación patrimonial por un cambio sobreviniente en la reglamentación, ya que "nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentaciones y la derogación de una norma por otra posterior no afecta derecho alguno emanado de la Constitución Nacional" (CSJN 14/08/07, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en la causa "G. 1406. XXXIX; REX Gardebled Hermanos S.A. c/ PEN - dto. 1349/01 s/ amparo ley 16.986. T. 330, P. 3565, entre otras)" (cfr. Acuerdo N° 2/2010).

XI.2.- A igual conclusión cabe arribar respecto a la alegada irrazonabilidad de los plazos previstos en el decreto reglamentario.

En el precedente citado se sostuvo que, si bien es cierto que la normativa nacional preveía plazos más extensos para proceder al abandono de los pozos ello, por si sólo, no acredita la irrazonabilidad de los previstos en el decreto impugnado.

Como allí se advirtiera, "...no se logra vislumbrar en qué perjudica al accionante el acortamiento de los plazos en tanto, por un lado, se encuentran diferenciados considerando el tipo de pozo que se abandone (3 meses para las catergorías A1 y A2 y 6 meses para la categoría A3) y, por el otro, se contempla la posibilidad de solicitar su extensión a la Secretaría de Estado de Energía y Minería, por otro plazo igual al previsto (ver al respecto el Capitulo IV: Plazos para el abandono de pozos)". La discrecionalidad técnica que impera en la materia sumada a la falta de argumentación y de probanzas que acrediten el vicio alegado por la actora, llevan a descartar de plano su existencia.

En consecuencia, propicio al Acuerdo así se declare, rechazar el planteo de inconstitucionalidad intentado, por las razones expuestas en los considerandos que anteceden.

XII.- En cuanto a las costas, las mismas deberán ser soportadas en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C.yC. y art. 11 de la Ley 2130). TAL MI VOTO. El señor Presidente Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: por compartir los fundamentos expresados por el Sr. Vocal Doctor Ricardo Tomás Kohon, adhiero a su solución. TAL MI VOTO.

La señora Vocal Doctora LELIA GRACIELA MARTINEZ de CORVALÁN dijo: por adherir al criterio del Dr. Kohon es que voto del mismo modo. MI VOTO.

El señor Vocal GUILLERMO ANTONIO LABATE dijo: Comparto plenamente los argumentos expresados por el Sr. Vocal que abre el Acuerdo, por lo cual expreso mi voto en idéntico sentido. TAL MI VOTO.

El señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA, dijo: por compartir los fundamentos expresados por el Sr. Vocal Ricardo Tomás Kohon, adhiero a su solución. TAL MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Señor Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por YPF S.A.; 2º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C.y C. y 11 de la Ley 2.130); 3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. ... en la suma de pesos ... ($...), los del Dr. ... en la suma de pesos ... ($...) y los del Dr. ... en la suma de pesos un ... ($...), todos en su carácter de apoderados de la actora, respectivamente. Los del Dr. ... en la suma de pesos quince mil ($...) y los del Dr. ... en la suma de pesos ... ($...), ambos en su carácter de patrocinante de la actora respectivamente (cfr. aplicación de los artículos 6 y 36 de la Ley 1594); 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE - Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALAN - Dr. EVALDO DARIO MOYA Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria.