Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-13


(Registro: Tomo 175:825/834) Salta, 13 de mayo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C LABARI, OCTAVIO JAVIER - RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. Nº CJS 35.820/12) y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 198/206, el Dr. Francisco Roberto Ortega, en ejercicio de la asistencia técnica del Sr. Octavio Javier Labari, interpone recurso de casación contra la sentencia del Juzgado Correccional y de Garantías de Primera Nominación, de fs. 183 y vta., cuyos fundamentos obran a fs. 185/191 vta., que condena por mayoría al nombrado a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por resultar coautor material y penalmete responsable del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma (arts. 166 inc. 2º 1er. sup. en función del 42, 45, 12, 19, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P.).

2º) Que el recurrente sustenta sus motivos en el supuesto de inobservancia de las pautas de razonabilidad en la formación de convicción, y expone que dada la falta de fundamentación del fallo, cabe concluir que la arbitrariedad de la decisión es manifiesta y que tanto la razonabilidad como la sana crítica no han sido resguardadas en el caso concreto.

Arguye que la sentencia le causa gravamen irreparable en virtud de no ajustarse al principio "in dubio pro reo" ya que se limita únicamente a realizar una narrativa de los hechos vertidos por las supuestas víctimas y testigo, tratándose de una forma o manera distinta de contar los hechos, no siendo una fundamentación de la sentencia, ya que la Cámara no cita ningún elemento probatorio y menos el plexo probatorio en razón de que no existe ninguna prueba que incrimine a su defendido, ni existe la famosa gorra de la que se habla en este proceso.

Argumenta que el personal policial actuante inexplicablemente no tuvo la precaución de cuidar el cuerpo del delito -la mencionada gorra-, y manifestaron que devolvían a su supuesto dueño el bien recuperado -sin aclarar si en carácter de definitivo o de depositario judicial-, por lo que no se labró acta de requisa, de secuestro ni de entrega, arrogándose así funciones judiciales; pero sí llevaron detenida a una persona sin existir prueba que lo incrimine, ya que tampoco existe el cuchillo con el que supuestamente se llevó a cabo el hecho y que se utiliza como agravante del delito.

Considera que lo único que existe son las declaraciones de las dos supuestas víctimas, los Sres. Raúl Mauricio Villagrán y Claudia Silvana del Huerto Villagrán, que manifiestan en forma contradictoria la manera en que los autores del hecho atacaron para sustraer; además que una declaración en instrucción fue incorporada por no haber asistido el declarante al debate.

Entiende que el caso está lleno de dudas y señala que tampoco la policía tomó el número de patente del presunto automóvil que se colocó adelante y cuya conductora llamó al 911; sino que tuvo una deplorable actuación pretendiendo enrostrar una responsabilidad al primer joven que vio con tatuajes en una zona y hora de gran concurrencia de jóvenes y turistas, pretendiendo demostrar una eficacia que no existe en el actuar policial.

Suma como motivo de agravio que nadie llegó al lugar para verificar "in situ" la situación real del teatro del hecho. Aduce que la única supuesta víctima que se presentó en el debate no pudo precisar con certeza la forma del supuesto arrebato y el tipo de arma utilizada; además que resulta dudoso que la testigo del automóvil no se detuviera a ayudar a las supuestas víctimas. Cita jurisprudencia en abono de su pretensión.

Pide por todo ello, que se revoque la sentencia condenatoria impuesta y se dicte la absolución de su pupilo por el principio de la duda, y se ordene su inmediata libertad.

3º) Que en su dictamen de fs. 224/225, el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 sostiene que la sentencia posee una adecuada y suficiente merituación con apego a las reglas de la sana crítica racional y al principio de libertad probatoria; por lo que se pronuncia por el rechazo del recurso de casación interpuesto.

4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 214/215), previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente, incumbe a esta Corte en la presente instancia efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (art. 36 de la ley 7716).

A ese respecto, se observa que ha sido presentado en término y por parte legitimada (v. fs. 196 y 206); además, la resolución impugnada resulta objetivamente impugnable y los motivos expuestos encuentran adecuación legal (arts. 466 incs. 3º y 2º, 467 y 469 inc. 1º del C.P.P., texto según Ley 6345 y modificatorias). Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.

5º) Que por mayoría, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que el día 26/10/2011, a hs. 16:30 aproximadamente, en la intersección de calle Juramento y Pje. Benjamín Zorrilla de esta ciudad de Salta, el imputado sustrajo una gorra -acompañado de otro individuo que no fue habido- al Sr. Raúl Mauricio Villagrán, quien caminaba junto a su hermana, Srta. Claudia Silvana del Huerto Villagrán, a quienes amedrentó con un arma blanca, requiriéndoles además la entrega de un bolso y un teléfono celular, lo que no se concretó al detener las víctimas a un vehículo que interfirió con sus atacantes, alejándose estos del lugar, siendo posteriormente detenido el Sr. Labari en inmediaciones del Parque San Martín y la gorra recuperada por su dueño.

6º) Que ante este panorama, debe determinarse si se ajusta a derecho la sentencia en cuanto al imputado. En ese orden de cosas, el recurso propugnado no debe proceder, ya que la decisión recaída en autos y puesta en crisis mantiene una congruente relación entre las premisas que establece y las conclusiones a las que arriba, la prueba producida y el derecho aplicado, todo lo cual aventa la acusación de trasgresión de las pautas de razonabilidad en la formación del juicio e impide su descalificación como acto jurisdiccional válido por el razonamiento del tribunal de mérito, en tanto ha ponderado los elementos de convicción esenciales, confrontando los elementos de prueba colectados en la causa.

En ese orden, el discurso argumental del recurrente sólo revela su mera discrepancia con el fallo -del que no resulta suficiente un cuestionamiento genérico y dogmático que no fulmina la coherencia de la motivación- sin consideraciones que alcancen a sustentar la viabilidad de la impugnación efectuada, en razón de que no logra rebatir las conclusiones que formaron la convicción del tribunal "a quo", y no ha demostrado que el pronunciamiento impugnado contenga, en estos aspectos, defectos de fundamentación o de razonamiento como para invalidar una sentencia que cuenta con una motivación suficiente acorde a los antecedentes del caso, de acuerdo a lo previsto por los arts. 115, 404 y 409 inc. 3º del C.P.P. (texto según Ley 6345 y modificatorias).

El Cbo. Patricio Francisco Ortíz, ante el anoticiamiento del hecho delictivo, y la descripción de la vestimenta dada por los denunciantes (fs. 177) -el mismo imputado dijo estar vestido el día del hecho con camiseta celeste y pantalón azul (fs. 175 vta.), lo que coincide con el informe policial de fs. 5, ratificado por el mismo cabo de policía a fs. 43-, inició la persecución y posterior apresamiento del acusado, encontrándosele la gorra negra en su poder -hecho también reconocido por el imputado, quien dijo habérsela encontrado (fs. 175 vta.)-. Asimismo declaró que los denunciantes no dudaron al descender del móvil policial y reconocer al imputado (fs. 177 vta.).

Claudia Silvana del Huerto Villagrán declaró en audiencia de debate que el imputado tenía ropa deportiva y pantalón oscuro (fs. 176), y en la denuncia lo describió más exactamente como vestido con remera deportiva celeste y un pantalón (fs. 1, ratificada a fs. 25).

Las víctimas además describieron el tatuaje que el imputado posee en el cuello, y que luego fue verificado por el tribunal sentenciante (fs. 175 vta.), característica que también llamó la atención del Cbo. Patricio Francisco Ortíz (fs. 177 vta.).

Asimismo, del informe policial de fs. 2 surge que el imputado fue detenido a escasos doce minutos del hecho (16:42' hs.), y a cinco cuadras de distancia, circunstancias destacadas por el tribunal en sus fundamentos (fs. 188 y 189).

Por tanto, se advierte fácilmente que las declaraciones testimoniales son coherentes y concordantes entre sí y se integran en un plexo probatorio que cuenta con los suficientes elementos incriminantes como para formar certeza condenatoria, tornando inefectivos los agravios de la defensa técnica: a tal punto es así, que se ha acreditado que en relación a un elemento -la mencionada gorra- no era correcto ampliar el radio de imputación del art. 166 del C.P. pues ello encuentra como límite para este Tribunal las disposiciones del art. 455 del citado C.P.P.

7º) Que respecto de la falta de secuestro del arma, ello no constituye una circunstancia esencial que pueda absolutamente alterar la convicción adquirida a través del aporte efectuado por la víctima (cfr. esta Corte, Tomo 116:855; 168:1057, entre otros). El empleo de un arma como elemento agravante del robo no sólo puede demostrarse mediante su secuestro (cfr. esta Corte, Tomo 119:843, entre otros). Es claro que este procedimiento permite adquirir la evidencia de más alto valor sobre esa circunstancia calificante, pero el principio de libertad probatoria imperante en el proceso penal, salvo en supuestos taxativamente aludidos por la ley, da un margen amplio para que la convicción se alcance a través del análisis de cualquier elemento razonablemente apto para establecer la verdad (CSJN, Fallos, 311:2548, LL 1989-C-535, DJ 1989-1-506; esta Corte, Tomo 98:508, entre otros) toda vez que el objeto sometido a valoración puede ser probado por cualquier medio (esta Corte, Tomo 154:201; 167:989, entre otros).

8º) Que el razonamiento lógico del tribunal y su correspondiente conclusión condenatoria, no presentan los defectos apuntados en el recurso y resultan ajustados a las reglas que gobiernan la formación de convicción. La sentencia recurrida cuenta con debida motivación, tanto en lo relativo a la reconstrucción fáctica del hecho como al derecho aplicable, y es fruto de una valoración acorde con las reglas que rigen la sana crítica racional; por lo que no puede sostenerse seriamente que el fallo cuestionado adolezca de falta de motivación, ni que se halle sustentado en conjeturas, suposiciones o inferencias, que en todo caso, de haber existido, resultarían innecesarias frente al caudal probatorio rendido en la causa.

Por ende, la sentencia es plenamente válida porque en sus fundamentos se ha cumplido con una ponderación completa de los hechos, estableciéndose, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo, modo y lugar, el accionar del imputado. Cuenta con un análisis razonado de las constancias de la causa por el que arriba a la existencia de esa certeza, y es así que de la motivación relativa a la determinación de su responsabilidad, no caben dudas de que la sentencia delimita con precisión la significación que cabe asignar a los hechos, sus circunstancias, y su autoría.

9º) Que esta Corte ha dejado establecido que son sentencias arbitrarias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado de la causa y que la motivación no se halla completa si sólo se enuncian, aun describiéndolas, todas las pruebas arrimadas al debate, pues la operación lógica exigida al juez comprende, también, la evaluación pormenorizada de los elementos mencionados y de la incidencia que razonablemente tiene en el contexto de las restantes evidencias, agregándose que únicamente si se satisfacen tales recaudos, la sentencia se torna explícita y sus fundamentos adquieren una autoridad suficiente (Tomo 92:575; 167:373, entre otros).

En un afín orden de ideas, esta Corte ha señalado que sólo una evidente arbitrariedad, que de un modo integral descalifique los fundamentos contenidos en la sentencia, puede provocar la nulidad del decisorio, ya que a ese fin no son idóneos los planteos consistentes en la simple discrepancia con el modo de apreciación de las cuestiones procesales y de hecho empleado por el juzgador (Tomo 73:331; 167:373, entre otros).

Por todo lo expuesto, cumplida la revisión integral de la sentencia, cabe desestimar el recurso de casación deducido por la defensa técnica, y confirmar la condena impuesta.

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 198/206.

II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).