Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-09


NEUQUEN, 9 de mayo de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "DELLA CHA CARLOS ALBERTO C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCIÓN DE AMPARO", (Expte. Nº 471457/12), venidos en apelación del Juzgado Laboral N° 2 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- La Señora juez de grado mediante sentencia de fs. 44/48 y vta., rechaza la acción de amparo incoada, al considerar el acotado margen procesal de esta vía y que no se dan los presupuestos del art. 1 de la Ley 1981.

Dicha resolución resulta cuestionada por el demandante en los términos expresados mediante escrito de fs. 51/53.

En tal sentido el recurrente manifiesta que en la sentencia se admite la existencia de los extremos fácticos, tanto en relación a la inexistencia de autorización judicial como a los montos descontados y a su incidencia en el haber.

Considera que, hubo una inadecuada valoración del accionar de hecho de la administración, puesto que la sentenciante al sostener que no concurren los requisitos del art. 1 de la ley 1.981, se equivoca porque en las actuaciones se encuentra probado que la administración procedió al descuento de haberes sin que exista una orden judicial, sin que medie consentimiento y sin que se hubiera dictado un acto administrativo que así lo autorice.

Destaca, que hubo una afectación al derecho constitucional de propiedad de manera palmaria que se cristaliza a través de un accionar de hecho de la administración. Dice entonces, que existe ilegalidad por el medio utilizado -vía de hecho- y que hubo afectación a dicho derecho sin que medie una sentencia judicial firme fundada en ley.

Sostiene que, los extremos de arbitrariedad e irrazonabilidad palmaria se encuentran nítidamente acreditados por el contraste entre lo establecido en la Constitución provincial y el funcionar de la administración, y por los montos ilegalmente retenidos en comparación con la cuantía del ingreso, pues se ha retenido una suma que viola incluso el tope del 20% establecido para la embargabilidad.

En segundo término, se refiere a la inoponibilidad de la vía administrativa como causal de inadmisión de la acción. Afirma que, el requisito establecido en el art. 59 de la Constitución Provincial es que no exista otra vía judicial más idónea a los efectos de obtener tutela judicial efectiva.

Agrega que, la jueza se limita a sostener la existencia de vía administrativa pero nada explica respecto de su idoneidad o aptitud para garantizar la tutela de derechos. Considera que en el caso de autos esa falta es notoria puesto que las actuaciones se iniciaron en agosto de 2012 y a la fecha no ha logrado ni el cese de los descuentos ni el pronunciamiento expreso de la administración y por ello debió soportar retenciones ilegales y arbitrarias sobre sus haberes hasta el mes de diciembre inclusive.

A fs. 64/66 la demandada contesta los agravios, y solicita en primer lugar el rechazo del recurso por incumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 265 del CPCC, luego hace hincapié en la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y en el consentimiento de la existencia de otra vía.

Interpreta que, resultan incuestionables la motivación y los fundamentos de la Resolución N° 045/11.

Menciona que, la propia conducta del amparista demuestra que existen otras vías para solucionar el conflicto, y que si bien no es requisito el agotamiento de la vía administrativa para interponer la acción no puede permitirse que el administrado mantenga vivos dos procedimientos en forma paralela en busca del resultado más conveniente.

II.- De las constancias de la causa, se observa que el actor inicia una acción de amparo para lograr el cese de los descuentos salariales dispuestos por la administración, según sus dichos, en violación al tope del veinte por ciento establecido legalmente y sin que medie consentimiento de su parte ni autorización Judicial para proceder a las detracciones salariales.

Por una cuestión metodológica me referiré, en primer termino, a la admisibilidad de la vía elegida por la amparista, para luego, si corresponde, analizar el fondo de la pretensión esgrimida por el señor Carlos A. Della Cha.

Advierto entonces que el medio elegido "acción de amparo" no puede suplantar los procedimientos específicos establecidos por el legislador a los fines de tutelar el derecho de raigambre constitucional en juego. El presente caso se circunscribe al cese de los descuentos de haberes a la parte actora, como consecuencia de una Disposición Zonal que determinó la baja del cargo de jefe de enfermería.

Ahora bien, considero que más allá de la razón o sinrazón de lo aquí peticionado por la parte actora, el amparo no es la vía idónea para canalizar dicho reclamo. Ello así, en virtud de la existencia de otra vía legal para la tutela del derecho que se dice vulnerado y que excluye el remedio excepcional del amparo.

La pretensión cuenta con una vía idónea de respuesta jurisdiccional: la acción procesal administrativa y, siempre, podrá solicitar y el Tribunal evaluará acerca de la procedencia de anticipar cautelarmente la protección jurisdiccional que se pretenda.

El alcance de la pretensión y las cuestiones que en este marco se plantean acerca de la regularidad de ese ejercicio, exceden la materia propia del amparo en tanto, la decisión cuestionada no se presenta con un carácter manifiesto.

Que en este contexto la referencia a los eventuales perjuicios ciertamente resulta abarcada por la materia administrativa controvertida, y de igual forma constituye un elemento que requiere de un mayor ámbito de debate y prueba dentro de canales procesales adecuados para alcanzar la conclusión que el pretensor infiere se han generado por sí solo.

Que cabe aclarar de todas formas que para admitir la vía de la amparo no basta que la decisión no resulte ajustada a derecho o sea resultado de un razonamiento equivocado, sino que debe reunir los citados requisitos que señala la ley tutelar, pues de lo contrario cualquier decisión no ajustada podrá ser cuestionada por aquella con lo cual los restantes procesos, previstos legalmente, dejarían de tener vigencia y todo se dilucidaría por la vía del amparo.

Que la solución que se propicia para el presente se asienta en considerar que la acción está reservada a los supuestos especiales que la misma ley señala, esto es frente a la ineficacia de los medios legales existentes para atender el derecho vulnerado por un acto de autoridad o la inminencia de que ello acaezca, con lo que por esta vía el juez no se encuentra legitimado para alterar el principio de división de poderes y de ello el juego de las instituciones vigentes, extendiendo su autoridad más allá de lo que la Constitución y las leyes han establecido. De otra forma, desde que todo derecho posee fundamento constitucional (art. 31, Constitución Nacional), cualquier discusión a su respecto se debería tramitar por este medio, por la simple razón que siempre el objeto de discusión tendría raigambre en la Ley Fundamental.

Que la hipotética demora que pueda atribuirse al trámite ordinario no constituye por sí argumento que de razón a recurrir a este procedimiento, porque cualquier perturbación que pueda en su caso derivarse de la dilación de los procedimientos administrativos, no importa otra cosa que la situación común de toda persona que reclama por el reconocimiento de sus derechos.

Por otra parte, si se admitiera la posibilidad que por medio de esta acción se pudieran introducir cuestiones de índole administrativa, sin agotar las vías idóneas y pertinentes creadas a tal fin, se desnaturalizaría la finalidad del amparo como medida excepcional, permitiendo que cualquier particular afectado acuda directamente a esta vía con el fin de efectuar el reclamo que considere pertinente.

La existencia de procedimientos para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado es motivo valedero para el rechazo de la presente acción, no siendo suficiente, a mi entender, alegar como fundamento de la vía elegida el perjuicio que irrogaría o que podría ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, máxime que, reitero, el amparo es un remedio excepcional para el tratamiento de las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos fundamentales.

En tal sentido, la Jurisprudencia que comparto ha expresado que: "La viabilidad del amparo requiere no sólo la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías. Si bien el derecho al cobro de los salarios en su totalidad reviste un carácter eminentemente alimentario, ese rasgo no le otorga la particularidad de aparecer como un derecho absoluto, pues sabido es que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra se encuentra sometido a las leyes que los reglamentan, dependiendo su razonabilidad de que se adecuen al fin perseguido por la reglamentación, que no ha de adolecer de una iniquidad manifiesta. No es el sumarísimo procedimiento del amparo el marco adecuado para dilucidar si la demandada ha emitido un acto válido o no, o si ha excedido el límite de sus facultades administrativas al disponer el descuento de los haberes fundado en la desafectación del señor Della Cha como jefe en enfermería del hospital de Villa La Angostura, con base en los distintos elementos que obran en el expediente administrativo N° 4420-102156/2012. La pretensión esgrimida en autos es propia de una sentencia de condena, que necesariamente debe encarrilarse por la vía de un juicio contencioso administrativo. La molestia que puede eventualmente ocasionar la dilación de los procedimientos ordinarios, no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona, mediante ellos, el reconocimiento de sus derechos. Obsta a la procedencia del amparo la utilización en forma paralela de la vía judicial, ya que aquel no puede ser empleado como accesorio de una demanda iniciada o que corresponda iniciar, además de la grave consecuencia de sustraer la cuestión de la jurisdicción que por ley tienen conferida alterando el normal juego de las instituciones vigentes. (LD. Trib. Dres.: Garros Martínez, Posadas, Puig, Silisque, Vicente. - Doctrina: Dra. Von Fischer. - Causa: GALVAN GARCIA, ATILIO; JOVANOVICS, TEODORO VS. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA. AMPARO. RECURSO DE APELACION. Expte. Nº 24.562/02 de Corte FECHA: 04/06/03. L. 85: 311/318. CORTE DE JUSTICIA).

Ello así toda vez que, además de ser el amparo de carácter restrictivo, el mismo no puede ser utilizado para dejar sin efecto resoluciones de índole administrativa cuando todavía no se ha resuelto el fondo de la cuestión, pues ello implicaría suplantar las medidas cautelares y/o pertinentes recursos administrativos echando mano directamente a este remedio excepcional.

En ese sentido sostengo que la acción de amparo no esta concebida para procurar, de alguna forma, la pronta resolución de los perjuicios que se dicen padecer como consecuencia de las medidas adoptadas por el órgano administrativo, cuando las mismas han sido consecuencia del tramite estatuido a tal fin, salteando sin más los procedimientos y preceptos legales que resultan ser aplicables al caso concreto, pues de otra manera éste remedio, en vez de ser excepcional, se constituiría en una regla a la que acudiría cualquier administrado ante el pronunciamiento de una resolución que le fuera desfavorable.

Al respecto la Jurisprudencia ha dicho:

"El progreso de la acción de amparo, substancialmente excepcional, está reservado a aquellos supuestos en los que medien circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, y en las que se demuestre, además, que el daño concreto y grave que se invoca sólo puede eventualmente ser reparado mediante la acción urgente y expeditiva del amparo. (LDT: Santaella, Felipe c/ Nación Argentina. T. 308, p. 2068.).

Ello así, y sin que ello implique un pronunciamiento en sentido positivo o negativo de la cuestión de fondo articulada, estimo que la vía de amparo elegida no es la adecuada para el tratamiento del reclamo efectuado.

III.- Por las razones expuestas propondré a este Acuerdo la confirmación del fallo apelado, con costas de Alzada a la parte recurrente vencida regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia de conformidad a lo previsto por el art. 15 de la ley 1594.

Así lo voto.

El Dr. Marcelo Medori dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 44/48 y vta. en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a la parte recurrente perdidosa.

3.- Regular los honorarios de Alzada, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los presentes al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.