Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-02


Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La "Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios - Mutual" promueve demanda de inconstitucionalidad (fs. 11/17) en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCBA y 17 y siguientes de la ley n° 402, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley nº 2.340, en cuanto autoriza a quienes se dedicaron en forma habitual al corretaje inmobiliario "durante dos (2) años antes" de su entrada en vigencia, a solicitar por única vez su matriculación en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios pese a no reunir los requisitos previstos en la legislación nacional aplicable en la materia.

Sostiene que la norma impugnada vulnera los principios constitucionales de igualdad (cf. art. 11, CCABA y 16, CN) y de trabajar (cf. art. 43, CCABA y 14, CN), y la competencia otorgada al Congreso Nacional por el artículo 75, inc. 12, CN, para dictar el Código de Comercio. Sobre este último punto, sostiene que los arts. 32 y 33 de la ley nacional nº 25.028, que regula la actividad, imponen el título habilitante como requisito para ejercer el corretaje inmobiliario, lo que se vería vulnerado por la ley local mencionada en el párrafo anterior.

2. A fs. 51/54 emite dictamen el señor Fiscal General y, por los fundamentos que expone, propicia que se declare la inadmisibilidad de la acción en examen.

3. Por resolución del 5 de marzo de 2008, el Tribunal declaró, en forma parcial, formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad planteada y ordenó correr traslado de la demanda al Sr. Jefe de Gobierno (fs. 57/60). En la resolución mencionada, por mayoría, se dispuso la admisibilidad de la acción con relación a la invocación de los arts. 75, inc. 12 CN, con el principio de igualdad consagrado en las constituciones local y nacional, pero no con relación a la invocación del derecho a trabajar (art. 14, CN y 43, CCBA).

4. A fs. 66/78 la representación del Gobierno de la Ciudad propició el rechazo íntegro de la acción interpuesta, por entender que: 1) la ley nº 2.340 reglamenta el ejercicio de una actividad que, en los hechos, no se encontraba bajo ningún tipo de regulación ni control; 2) la igualdad consagrada en los textos constitucionales (art. 11, CCBA y 16, CN) no debe ser entendida en forma absoluta y puede requerir, como en el caso, un trato diferente para circunstancias diferentes; 3) la diferencias de trato de la ley tiende a lograr una igualdad real entre distintas personas (fs. 71); 4) en virtud del principio pro homine la ley busca garantizar el derecho a trabajar de quienes ya ejercían la actividad (fs 72 vuelta); 5) la norma cuestionada sólo tienen carácter transitorio (fs. 73); 6) para que se configure legislativamente una vulneración de la garantía de igualdad, ello debe surgir directamente de la letra de la ley y no de su aplicación, conforme lo ha entendido la CSJN (fs. 73 vuelta/74); 7) la acción declarativa de inconstitucionalidad no puede ser procedente cuando no se ataca la norma sino su aplicación; 8) no incluir dentro del registro a quienes han desarrollado la actividad durante un plazo de tiempo considerable vulneraría el art. 14, CN; 9) la norma debe entenderse razonable debido a que posee una adecuada relación entre medios y fines; y 10) la petición realizada por la parte actora vulnera la doctrina sentada por el TSJ en su precedente "Gigacable S.A. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 4627/06, sentencia del 11 dediciembre de 2007, con relación a la razonabilidad de las normas.

5. El 2 de mayo de 2008 se dio intervención a la Fiscalía para que se expidiese sobre el fondo de la cuestión traída a debate (fs. 79).

A fs. 80/85 vta. dictaminó el Fiscal General y opinó que la acción de inconstitucionalidad debía ser rechazada en todos sus términos. En su escrito, el Fiscal General repasa las actuaciones y luego desarrolla los argumentos en base a los cuales propicia el rechazo de la acción. Para sustentar su postura argumenta que: 1) conforme es doctrina de la CSJN las leyes deben evaluarse teniendo en cuenta su contexto y sin prescindir de las consecuencias que se derive de la interpretación (fs .82 vuelta); 2) las propias normas nacionales reconocen la competencia local para reglamentar la actividad y que, por ello, el análisis debe centrarse en la razonabilidad de la norma y no en la hipotética vulneración del art. 31, CN (fs. 83); 3) la norma cuestionada tiene por objeto la protección del derecho a trabajar, amparado por el art. 14, CN, de lo que resulta la razonablidad y por ende la no afectación del principio de jerarquía constitucional; 4) tampoco puede sostenerse que la posesión de un título universitario garantice condiciones éticas que no pueda reunir quien no haya alcanzado tal grado de educación, como sugieren los accionantes; 5) la ley nacional no impide a quienes no cumplan los requisitos estipulados en el art. 33 ejercer el corretaje inmobiliario, sino que, en virtud del último párrafo de ese artículo, los priva de la posibilidad de acción para cobrar la remuneración del art. 37 o cualquier otra; 6) la solución que brinda la norma impugnada resulta adecuada y razonable, toda vez que reglamenta el ejercicio de una actividad que no se encontraba regulada en el ámbito de la Ciudad; y 7) la ley resulta también desde una perspectiva del análisis económico del derecho.

6. El 16 de julio de 2008 se celebró la audiencia pública que prevé el art. 6 de la ley nº 402. Durante la audiencia, las partes reiteraron los planteos, ya formulados en los escritos de demanda y contestación. Por su parte, el Fiscal General mantuvo la posición sustentada en su dictamen y subrayó que en la mayoría de las jurisdicciones provinciales la regulación de la actividad contiene similares disposiciones.

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La acción declarativa de inconstitucionalidad instaurada contra el art. 55 de la ley nº 2.340 debe ser rechazada, ya que con ninguno de los planteos por los que ha sido declarada admisible logra demostrar la incompatibilidad de la norma impugnada con las que estima vulneradas. Los accionantes no demuestran que la norma en cuestión vulnere (i) el art. 75, inc. 12 de la CN -por invadir el ámbito del derecho común- ni (ii) la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

2. El tratamiento del primero de los referidos agravios requiere alguna reseña previa acerca de la relación entre los ámbitos propios del gobierno federal y de los gobiernos provinciales. Con arreglo al art. 31 de la CN, las leyes locales deben acomodarse a las que "en su consecuencia se dicten por el Congreso". Ello no implica que no puedan coexistir dos leyes, una nacional y otra local, referidas a un mismo asunto. Esa posibilidad jurídica aparece cuando existen potestades concurrentes entre Nación y provincias. Pueden, por ejemplo, coexistir dos leyes de distinto orden ambas protectoras del ambiente si las consecuencias de una y otra son compatibles. En cambio, cuando una potestad es exclusiva esto es imposible.

La potestad del art. 75 inc. 12 de la CN es exclusiva de la Nación, al menos una vez que ella la ejerce. Es decir, que una vez que la Nación dicta un código, las provincias pierden la potestad de hacerlo.

El caso que nos ocupa es un ejercicio válido, en verdad no cuestionado, de la atribución de dictar normas por el Congreso en materia comercial. Sin embargo, aunque la ley nº 2.340 apunta también a la actividad de los corredores, lo hace desde un ángulo propio del poder de policía de las profesiones liberales, materia reconocidamente local. Más aún, en la medida en que regula la actividad de intermediarios en transacciones inmobiliarias, aborda un asunto de indudable interés local en una ciudad de las características de la nuestra en que hay un mercado inmobiliario muy activo y dedicado en buena proporción a la vivienda u otros destinos en que quienes transan son particulares con escasos conocimientos acerca de las normas jurídicas que ciñen la operación. En realidad, la propia ley nacional remite a la registración local de los corredores en general, no solamente los del mercado inmobiliario, solución que apunta indudablemente a armonizar la regulación nacional con los poderes locales.

Ahora bien, mientras que el Código de Comercio aborda lo relativo a los derechos subjetivos que nacen entre el corredor y las personas acercadas por él, la registración que instituye coadyuva al ejercicio de los poderes de policía que cada jurisdicción local decida asumir. En ese marco, no muestra la accionante que exista una auténtica colisión entre la norma local y la nacional. Del cumplimiento de esta última depende centralmente el derecho a percibir emolumentos por el servicio. Pero, los jueces encargados de aplicar las reglas nacionales han entendido reiteradamente que ese derecho puede reconocer otra fuente, el contrato entre las partes -art. 1197 del Código Civil-, para aquellos no registrados conforme el Código de Comercio (así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, en "Rebecca, Armando M. A. y otro c/ Mallo, Oscar S. Y otros" del 01/03/1996 publicado en La Ley 1196-D, 355), temperamento que implica asumir que dicho contrato no tiene un objeto prohibido. De la local depende la pertenencia obligatoria a lo que la ley nº 2.340 define como un ente público no estatal. Una de sus consecuencias es el derecho a percibir remuneración, pero, no es éste el aspecto de la ley local puesto en tela de juicio sino la pertenencia al ente. Por ello, la relación entre el mismo contenido de un derecho reconocido por una y otra ley no aparece como materia de esta sentencia.

Desde otro punto de vista, la ley nacional nº 25.028 no excluyó inmediatamente después de su sanción la inscripción de los no profesionales sino que, al igual que la ley nº 2.340, vino a admitir algún período de transición durante el cual podían acceder a ella quienes no tenían título universitario sino que cumplían con los arts. 88 del Código de Comercio y art. 1 de la ley nacional nº 20.266, de manera tal que era más que inválido obligatorio hacer lugar a los miembros de este grupo como de hecho lo hace el segundo párrafo del art. 55 de la ley local. A este respecto, la actora no ha intentado acreditar que la oportunidad de incluir personas sin título universitario que brindaba la ley nacional nº 25.028 esté perimida por la aparición de las carreras universitarias que ella prevé ni es cuestión que, por su índole, pueda venir consentida por el GCBA demandado.

A su turno, la voluntad de perseguir una incorporación al sistema registral de un grupo, el de los del primer párrafo de la ley nº 2.340, que estaría suministrando el servicio de corretaje inmobiliario en el territorio de nuestra Ciudad, más allá de que no sea apto para hacerles adquirir derechos no previstos en la legislación nacional pero que dependan de ella, constituye una legítima finalidad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En este orden de ideas, el párrafo primero no abre la puerta del registro a quienes decidan iniciar la actividad sino a quienes acrediten venir llevándola a cabo con una antelación suficiente como para tener por inmerso en ella al individuo de que se trate. Considérese que puede haber quienes vienen en la actividad desde muchos años atrás sin haberse inscripto. A ese respecto, la Legislatura se encontró en la alternativa de excluir a ese grupo sin que ello significara impedirles ejercer una actividad que, por hipótesis, habrían venido desarrollando al margen de las disposiciones del Código de Comercio. Pero, ni son claros los medios que habría podido disponer para lograrlo ni, lo que puede haber sido más grave, resulta evidente cuál sería el impacto de eliminar repentinamente, en esa gama de servicios, una porción de sus prestadores.

En definitiva, la demanda no se hace cargo de rebatir una interpretación posible de las normas nacionales que las tornarían compatibles con la norma local. Esto fue resaltado por el Fiscal General al sostener que la normativa nacional no impide el ejercicio de la actividad por parte de quienes no cumplan los requisitos estipulados en sus arts. 32 y 33 (el que ahora nos ocupa es el del "título habilitante"), sino que con esa base restringe la aplicación de otros preceptos contenidos en la misma norma.

El último párrafo del art. 33 mencionado dice que "[l]os que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie". De la sola lectura de ese precepto puede deducirse que la norma nacional no imposibilita el ejercicio de la actividad a quienes no cumplan con sus disposiciones, sino que simplemente les retacea ciertos beneficios que surgen de este régimen.

No corresponde aquí determinar cuál es la correcta interpretación de la ley nacional citada si basta con destacar que existe una interpretación admisible que hace desaparecer el conflicto normativo que plantea el accionante. Esto se hace más patente cuando esa interpretación alternativa surge claramente de la norma -y fue destacada por el Sr. Fiscal General- y el actor no buscó rebatir esa posibilidad en ninguna de las oportunidades procesales que tuvo. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que adoptar una interpretación distinta a la sugerida por la demandante podría llevar a la aplicación las cargas impuestas por la ley local a todos los que ejerzan la actividad, pero sin extenderles algunos de sus beneficios (ni los otorgados por la ley nacional) a quienes no se ajustan a las prescripciones del régimen nacional.

La norma nacional puede otorgar un derecho distinto a la local. La imposición por parte del Estado Nacional de determinada regulación de poder de policía no limita las competencias locales. En todo caso, debe probarse que la norma nacional se ve afectada por la local y siempre y cuando la Nación no se encuentre avasallando competencias locales. En este último caso, la acción declarativa de inconstitucionalidad no será un marco adecuado para determinarlo, debido a que no pueden cuestionarse mediante ese cause normas emanadas de autoridades del Gobierno Nacional.

3.a. En cuanto a la vulneración de la garantía de igualdad consagrada por las constituciones Nacional y de la Ciudad, los actores no demuestran de qué manera esa garantía se ve afectada por el art. 55 de la ley 2.340.

Los actores se agravian de que la norma brinde un trato idéntico a situaciones que, desde su punto de vista, no resultan equiparables, a saber, la de quienes tienen título universitario y la de quienes carecen de él. Sin embargo, no atacan el segundo párrafo de la ley nº 2.340, por medio del cual, en virtud de lo que permitió el régimen de las leyes nacionales durante algún tiempo, quedarían incorporados corredores sin título universitario. Esto priva de coherencia al planteo, puesto que eliminar la porción de la ley nº 2.340 que aspiran a ver retirada no restablecería el equilibrio que dicen defender sino que lo mantendría, cierto es que reducido a un sector más limitado de personas, pero mostrando que la variable que separa a los que mantendrían la condición de miembros de la Corporación y los excluidos no sería la que se dice discriminatoria sino otra distinta no identificada con claridad por los accionantes.

Ello sentado, vale agregar que el sistema provisorio del primer párrafo de la ley nº 2.340 constituye un modo de restringir progresivamente la actividad a los universitarios, temperamento legislativo que encuentra apoyo en múltiples razones no consideradas por la parte actora. Por una parte, evita privar de la posibilidad de participar de una actividad, la de la Corporación, que busca institucionalizar la de corredor a la cual se encontrarían abocadas las personas contempladas en el impugnado párrafo primero. Por otro lado, bien pudo suponer el legislador que la brusca expulsión de la actividad de un número quizás elevado de personas que prestan el servicio de corretaje importaría una alteración significativa del mercado en el cual prefirieron no interferir por esa vía.

En definitiva, la norma no realiza distinciones, sino que lo que hace es no imponer una barrera de acceso -que los actores estiman conveniente- al ejercicio de una determinada actividad. Ello no vulnera la igualdad.

3.b. Por lo demás, la norma resulta razonable toda vez que -mediante la regulación de la actividad- busca garantizar cierto nivel de profesionalismo en la actividad, sin afectar a quienes ya la ejercen ni a quienes consumen esos servicios.

Para ello eligió, en esta primera etapa, distintos caminos: exigir el título habilitante, dos años acreditados de ejercicio de la actividad o certificado de inscripción en la matricula de corredor de la Inspección General de Justicia. Ello parece, a priori, una forma razonable de garantizar cierto nivel de aptitud de quienes realizan esta actividad. Además, la regulación tiende a que, con el paso del tiempo, la actividad sólo sea ejercida por quienes poseen el título habilitante.

Con la medida impugnada, al permitir que se mantenga una relación similar a la actual entre oferta y demanda, también se logra evitar un encarecimiento abrupto del servicio. Una reducción drástica e intempestiva del numero de oferentes -como la que podría presumirse si se aplicara la prohibición del art. 15 de la ley local a todos los que no poseen título habilitante- implicaría un sensible aumento del costo para los consumidores.

Corresponde a la Ciudad regular la actividad de acuerdo a las circunstancias del mercado local y a los requerimientos de su población. Del mismo modo lo pueden hacer las provincias con requerimientos que pueden presumirse diferentes en los casos de aquellas jurisdicciones que posean grandes extensiones de territorio rural. En este marco, no resulta ocioso destacar que, en su art. 57, la ley local, entendió que en virtud de la crisis habitacional, correspondía establecer mayores límites a los honorarios de los que pueden percibir los corredores por intermediar en el alquiler de viviendas únicas de bajo costo.	La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el Sr. juez de trámite Luis F. Lozano.

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

1. Adherimos a los fundamentos y a la solución que propicia en su voto el Sr. juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano.

2. La parte actora considera que el art. 55 de la ley local nº 2.340 -que reglamenta el "ejercicio del corretaje inmobiliario o la intermediación en la negociación inmobiliaria" en la jurisdicción local (conf. art. 1º del plexo citado)- es inconstitucional, debido a que autoriza a quienes demuestren de manera fehaciente que se han dedicado en forma habitual al corretaje durante dos (2) años antes de su entrada en vigencia, por 180 días y por única vez, a solicitar su matriculación pese a no poseer título universitario, terciario o equivalente de corredor. Se respalda tal aserto en dos argumentos básicos: a) la norma local invade la esfera de reglamentación exclusiva que posee el Congreso de la Nación para dictar el Código de Comercio, por imperio de lo dispuesto en el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional (Cláusula de los Códigos), y b) la norma local vulnera el derecho a la igualdad de trato, tutelado a nivel constitucional (arts. 16, CN y 11, CCABA).

3. La accionante remarca que los corredores son considerados auxiliares del comercio por el art. 87 del Código de fondo respectivo y sostiene que la norma local resistida resulta incompatible con el "Régimen Legal de Martilleros y Corredores" (decreto-ley nº 20.266 con las modificaciones de la ley nº 25.028, incorporadas el Código de Comercio), dado que allí se contempla, en forma expresa, el requisito del título universitario para acceder a la matrícula -cf. art. 32, b), Anexo I, ley nº 25.028-.

Tal como lo sostiene la actora, la Constitución Nacional establece que la atribución de dictar los códigos sustantivos constituye una competencia delegada en el Congreso de la Nación y es exclusiva de éste -una vez que tal atribución ha sido efectivamente ejercida- (arts. 75, inc. 12 y 126, CN). No es menos cierto que las jurisdicciones locales no han conferido a la Nación la competencia para legislar respecto del denominado poder de policía de las profesiones liberales, aunque ello sea bajo la condición de no impedir o dificultar con tales regulaciones el cumplimiento de los propósitos receptados en la normativa federal, ni alterar el derecho común que rige para toda la República (arts. 121 y 126, CN).

Al mismo tiempo, cabe recordar que el diseño del sistema federal de gobierno delineado en la Constitución Nacional tampoco permite a las autoridades nacionales asumir aquellos poderes de regulación puestos en cabeza del plano local de modo privativo, ni siquiera bajo el pretexto de reglamentar el derecho común. Por último, tampoco puede pasarse por alto que existen diversos supuestos en los que la Carta Magna ha establecido que el Gobierno federal y las jurisdicciones locales deben ejercer sus atribuciones reglamentarias de manera concurrente.

Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invariablemente, ha sostenido que los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución Nacional concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (Fallos: 3:131; 302:1181 y 320:619, entre muchos otros).

4. Desde esta perspectiva, entonces, cabe destacar que no viene discutido en el caso que el denominado poder de policía de las profesiones reside en el ámbito local (cf. fs. 14 vta.), en tanto las objeciones de la parte actora se encuentran orientadas a demostrar que el art. 55 de la ley nº 2.340 resulta incompatible con determinadas disposiciones incorporadas al Código de Comercio.

Reconocida la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reglamentar cuestiones relativas al "gobierno de la matrícula" de corredores y martilleros en el ámbito de su jurisdicción [arts. 129, CN; 80, inc. 2º, ap. d), CCABA y 4º del decreto-ley nº 20.266)] debe advertirse, en primer término, que no existe en el caso una cuestión que ponga en colisión potestades locales y federales.

La ley local n° 2.340 y la ley n° 25.028 constituyen ordenamientos que regulan materias claramente diferenciadas: mientras la ley nacional, que integra el Código de Comercio, dispone sobre la actividad del corretaje en general -con especial incidencia sobre la contraprestación del servicio, concepto cuyo tratamiento se evidenciaba necesario en atención a los conflictos que generaba el derecho a la "comisión inmobiliaria", su medida, exigibilidad, forma y modo de percepción-, la ley local constituye una norma típicamente reguladora de la actividad desde el ángulo de la matriculación y registración de quienes ejercen como corredores inmobiliarios.

No cabe soslayar, para completar este análisis de la cuestión, que la misma ley nacional, nº 25.028, remite en su articulado a disposiciones locales en materia de matriculación, así como al cumplimiento de la "reglamentación local" (art. 33, Anexo I); es decir que desde el mismo plano normativo nacional, se ha contemplado la necesidad de conjugar las respectivas competencias de la Nación y de los estados provinciales para armonizar un régimen aplicable a la materia. Es decir que, sin dejar de respetar parámetros establecidos en relación al contrato de intermediación o corretaje en sí mismo, cada jurisdicción debe establecer -de acuerdo con pautas que valorarán los cuerpos legislativos locales- las normas o disposiciones exigibles para la registración de quienes ejerzan la actividad.

Por último, cabe señalar que, de la misma manera que lo hace ahora con los corredores inmobiliarios, la Legislatura de la Ciudad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia de ".ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo" (art. 80, inc. 2°, punto "d" ya citado), ha dictado otras normas reglamentarias de actividades profesionales, por caso la ley reguladora de la función notarial (Ley n° 404), más allá de que las escrituras públicas encuentren regulación específica en el Código Civil (Libro II, Sección Segunda, Título IV, arts. 997 y ss.), o la ley de registro público de administradores de consorcios de propiedad horizontal (Ley nº 941), sin perjuicio de que dicho derecho real se perfile en la ley n° 13.512 complementaria del Código de fondo aludido en este párrafo.

5. La ley local es cuestionada sólo en cuanto autoriza a las personas que acrediten fehacientemente haberse dedicado habitualmente al corretaje inmobiliario durante los 2 años anteriores a su entrada en vigencia, a solicitar, por única vez, su matriculación en el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (art. 55, 1° párrafo, ley nº 2.340) y, en verdad, tal disposición no es contradictoria u opuesta a las disposiciones de la ley nacional si se repara en la distinta finalidad de ambas normas.

En efecto, el art. 55 de la ley local cuestionada no ha impuesto un requisito para el ejercicio de la actividad que haga a la sustancia misma de la actividad profesional, ya que se trata meramente de admitir una ampliación transitoria de potenciales aspirantes a la matrícula.

Con este alcance, la decisión del legislador local se enmarca dentro del ámbito competencial inherente a las autoridades a cargo del referido "gobierno de la matrícula", sin contradecir aspectos sustantivos del régimen de la ley nacional antes indicada, ni imponer una limitación al ejercicio de la profesión de corredor que se traduzca en alteración o injerencia respecto de aquellos aspectos privativos que hacen a la regulación incorporada al Código de Comercio, ampliando la posibilidad de desempeño, con carácter excepcional a quienes venían desplegando la actividad durante los dos años anteriores a la entrada en vigencia de la nueva reglamentación.

En suma, no se ha demostrado que la ley local tenga un fin distinto al de ejercer el ordenamiento y control, por vía de la matriculación, del ejercicio del corretaje inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Con este objetivo -privativo de cada estado federal- y dentro del alcance que le otorga la existencia de facultades complementarias de las que posee el Estado Nacional, la Legislatura local ha dictado una disposición que estimó valiosa para una primera etapa de normalización de la actividad en esta Ciudad, que implica tomar conocimiento y otorgar una matrícula habilitante a quienes, por primera vez, conformarán un nuevo ente, el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios, encargado de la superintendencia del corretaje inmobiliario. Por ello, debe destacarse que las leyes citadas no sólo no se contradicen sino que, en lo sustancial y proyectadas en un lapso de tiempo razonable, unifican la disposición de que la actividad del corredor inmobiliario resulte ejercida sólo por quienes poseen el título habilitante.

Dentro de este contexto, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la presunción de constitucionalidad de las leyes se extiende también a las dictadas por las provincias cuando no se trata de un conflicto de atribuciones federales y locales, sino de la manera con que ha sido ejercitada una facultad indudablemente provincial (Fallos: 210:128), doctrina que es también aplicable a la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la disposición cuestionada, desde nuestro punto de vista, no vulnera la Cláusula de los Códigos del art. 75, inc. 12, CN y, por lo tanto, no resulta contraria al principio de jerarquía normativa contenido en el art. 31, CN.

6. La parte actora, además, cuestiona la razonabilidad del art. 55 de la ley nº 2.340, dado que posibilita -a su entender- una injusta equiparación de situaciones diferentes en tanto corredores sin título podrían gozar del beneficio de la matriculación que se otorga a los corredores con título.

Sin embargo, las diferencias de regulación con relación al requisito del título habilitante, más allá de señalar que la finalidad, alcance y objeto de esta exigencia difiere en la ley nacional y en la ley local, no resultan suficientes para fundamentar el planteo de los actores, pues, precisamente, las facultades que la propia ley nacional reconoce hacia las jurisdicciones locales en cuanto a la registración de la materia, lleva implícita la posibilidad de admitir ciertas diferencias entre ellas, sin que ello permita aseverar violación alguna a la garantía que se considera en crisis.

Como se sostuvo precedentemente, el art. 55 de la ley nº 2.340 amplía la esfera de potenciales aspirantes a la matrícula de corredor con carácter excepcional y transitorio. Así, se ha intentado encauzar por vía legal una situación de hecho caracterizada por: a) la ausencia de control en el ejercicio de la profesión de corredor en una jurisdicción con un importante mercado inmobiliario, y b) el prolongado desempeño del corretaje inmobiliario en la Ciudad por parte de personas que no contaban con título. Por estos motivos, el legislador local ha considerado disvalioso ocluir -al menos en el período inmediato posterior a la entrada en vigencia de la nueva reglamentación- la matriculación de aquellas personas que no cuenten con titulo, a pesar de encontrarse en condiciones de acreditar cierta antigüedad en el ejercicio de la actividad, ya que, de lo contrario, se generaría un abrupto cambio para los protagonistas del sector.

7. Así las cosas, no resulta posible afirmar que la sola vigencia de la norma objetada, en abstracto, resienta el derecho a la igualdad de trato en la ley que protege la Constitución, por cuanto no se afecta necesariamente la razonabilidad en la selección al conformar diversos universos de aspirantes a la matriculación, al sopesar las distintas circunstancias en los casos ocurrentes y la transitoriedad y excepcionalidad de la posibilidad de habilitación de operadores sin título profesional (v. Juan Francisco Linares, Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía innominada en la Constitución Argentina, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989, 2ª edición actualizada, 1ª reimpresión, Segunda parte, Capítulo X, parágrafo 47, ps. 116 y ss.).

Debe tenerse en especial consideración que la declaración de inconstitucionalidad constituye la ultima ratio del ordenamiento jurídico; de allí la generalización de la regla hermenéutica que prefiere la interpretación que compatibiliza normas frente a aquella que las contrapone en colisión. La carga de quien propicia la declaración de inconstitucionalidad en estos casos es alta: el mero desacuerdo con el contenido de una norma o la preferencia por otra regulación posible están fuera del marco del control de constitucionalidad.

En este proceso, aun cuando se ha admitido llevar adelante la audiencia pública que garantiza el amplio debate de las posiciones, la parte actora no ha demostrado que la transitoria y excepcional equiparación en el tratamiento jurídico establecida por el legislador local para obtener la matriculación -mediante la ampliación del universo de potenciales aspirantes a obtenerla- pueda calificarse como arbitraria o infundada, aunque su fundamento pueda resultar opinable desde algún punto de vista particular.

En definitiva, los planteos construidos alrededor del derecho a la igualdad de trato no pueden prosperar, ya que no se ha explicitado eficazmente de qué manera la ley local puede comprometer el ámbito de tutela del mencionado derecho abarcado por la Constitución.

Por las consideraciones expuestas y las concordantes contenidas en el voto del Sr. juez de trámite, corresponde rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad deducida.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero al voto del señor juez de trámite.

Por ello, oído el señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por la "Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios - Mutual" a fs. 11/17.

2. Imponer las costas por el orden causado (art. 25, ley n° 402).

3. Mandar que se registre, notifique y, oportunamente, se archive.