Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-08-11


2º Instancia.- Paraná, agosto 11 de 2008.

¿Qué corresponde decidir con respecto al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 244/248? La doctora Medina de Rizzo dijo:

I. Contra la sentencia dictada por la Sala del Trabajo de la Excma. Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay (obrante a fs. 231/234), interpone la parte actora recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 244/248).

II. El pronunciamiento combatido revocó parcialmente el punto VII de la sentencia de fs. 188/194 vto., dejando sin efecto la condena que allí fuera impuesta al demandado por los conceptos derivados de la extinción del contrato de trabajo (preaviso, despido e indemnización del art. 16, L. 25.561), confirmándola en lo demás que fuera materia de agravios por la accionada.

Para así decidir, el tribunal ad quem consideró que si bien cabía coincidir con el análisis efectuado por el a quo en torno a la extinción del contrato de trabajo y a las consecuencias resarcitorias que de tal acto resultarían, en el caso, asistía razón al demandado -apelante- en torno a la extemporaneidad de los planteos de la actora. En efecto, el tribunal entendió que no quedaba duda alguna de que en el caso no se había cumplimentado con el recaudo referido a la existencia de una causa objetiva que justificase la modalidad particular de contratación a plazo fijo y que ante tal circunstancia omisiva, el contrato se convertía en uno por tiempo indeterminado. También consideró correcta la conclusión del a quo en orden al momento de la extinción del contrato de trabajo que vinculara a las partes, el que -según se expresa- se produjo por la conducta unilateral de la patronal cuando preavisó al actor sobre la finalización del contrato, ya que tratándose de uno por tiempo indeterminado, la causa invocada (fin del término contractual) resultaba falsa y, por lo tanto, legitimaba un debate sobre la naturaleza injuriante de la misma. Empero -agregó el tribunal- habiéndose extinguido el contrato en fecha 30 de junio de 2003, "... sin que la actora acredite en modo alguno haber reclamado los rubros que pretende en demanda y, que, recién, en la misma -21 de mayo del año 2004- hace referencia a los mismos, es decir, once meses después de extinguido el vínculo laboral contractual", concluye que en el caso, "... ha existido aceptación de la trabajadora de la extinción de la relación de trabajo por un tiempo prolongado, sin cuestionamientos, por lo cual es de aplicación la norma del art. 58 de la LCT" (sic de fs. 232 y vta.). Con tales argumentos, el tribunal resuelve -en definitiva- que no resultaba viable cualquier pretensión resarcitoria relacionada con la extinción unilateral del vínculo, sin causa.

III. Al fundamentar su queja, el recurrente alega que el fallo que combate parte de un razonamiento ilógico de las cuestiones planteadas en el juicio y efectúa una interpretación diametralmente opuesta a la que emerge con absoluta claridad del texto legal, incurriendo en una grosera violación de la normativa aplicable y de los principios básicos que rigen la materia. En este sentido y concretando sus motivos de casación, sostiene que la sentencia recurrida omite aplicar o aplica erróneamente los arts. 12 y 58 de la LCT, viola el art. 161 del CPCC aplicable por remisión expresa del art. 53 del CPL, e incurre en arbitrariedad, absurdo y violación del principio de congruencia.

En lo esencial, puntualiza que de las manifestaciones de la accionada expuestas al contestar la demanda y al expresar sus agravios, no es posible inferir que la misma haya esgrimido como defensa la renuncia del actor a su empleo o a sus indemnizaciones, sino que y por el contrario, aquélla consistió en la extinción del contrato por expiración del plazo convenido para su duración, de modo que al enfocarse la litis desde el punto de vista de una supuesta aceptación por el actor de la extinción de la relación laboral, el tribunal ad quem incurre en el vicio de incongruencia, violando con ello la manda del art. 161 del CPCC aplicable al proceso laboral por remisión del art. 53 del CPL.

Sostiene también que el art. 58 del CPL consagra la inexistencia de presunción en contra del trabajador respecto de la renuncia al empleo y que, teniendo en cuenta las bases fácticas del proceso, lo agravia el hecho de que el tribunal de alzada recurra a la aplicación de dicha norma para rechazar las indemnizaciones que según afirma le corresponden. En suma, sostiene que el art. 58 de la LCT resulta inaplicable al caso, desde que en el mismo -tal como se comprobó y fue reconocido por el propio tribunal ad quem, dice-, se obligó al trabajador a suscribir numerosos y sucesivos contratos de trabajo a plazo de manera improcedente e ilegal y que, precisamente, fue amparada en esos ilegales contratos que la accionada procedió a preavisar al actor para después extinguir la relación laboral. Frente a ello, alega que el simple hecho de no haber reclamado las indemnizaciones que legalmente le correspondían de manera inmediata sino luego de unos meses, de ninguna manera puede interpretarse como una renuncia a las mismas en los términos del art. 58 de la LCT, el que -según alega- no resulta de aplicación al caso. A ello agrega, la violación del art. 12 de la LCT argumentando que al fallar del modo en que se hizo, el tribunal ha soslayado que el actor habría renunciado a sus derechos por el paso del tiempo y pese a que los reclamó antes de que los mismos prescribieran, situación que a la luz de dicha norma y de cualquier normativa del Derecho Laboral, deviene insostenible.

IV. Reseñados del modo expuesto los fundamentos del pronunciamiento en crisis como las impugnaciones del quejoso, corresponde dar respuesta al recurso articulado. Y en tal cometido, siendo que la ratio decidendi del fallo recurrido se cimenta en la subsunción normativa del caso en el art. 58 de la LCT, corresponde analizar la exégesis de dicha norma a los fines de resolver sobre su correcta aplicación a los hechos comprobados de la causa.

IV.1. Liminarmente, debe señalarse que el art. 58 de la LCT en cuanto declara inadmisibles las presunciones de "renuncia al empleo o a cualquier otro derecho", sea que las mismas "deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido", constituye una clara manifestación del principio protectorio que da origen y sentido al Derecho Laboral (art. 14 bis, CN) y debe ser interpretado en forma coherente y compatible con la regla más general de la irrenunciabilidad consagrada en el art. 12 de la LCT.

Señalo esto último, toda vez que si bien el art. 58, LCT proscribe la admisión del silencio como modo de renuncia (inscribiéndose así en la línea de los arts. 873 y 874 del C. Civil), en su parte final admite -como excepción a dicha regla- un comportamiento inequívoco de la voluntad en tal sentido, lo que implica la necesidad de integrarlo con la exégesis que se asuma respecto del citado principio general de la irrenunciabilidad (art. 12, LCT).

Así, los autores enrolados en la tesis restrictiva, sostienen que la renuncia por medio de un comportamiento inequívoco sólo puede referirse a la renuncia al empleo, descartando de plano que ello pueda extenderse a la renuncia de cualquier otro derecho del trabajador, por ser ello incompatible con el principio de irrenunciabilidad consagrado por el art. 12, LCT. A este último respecto, tales autores no efectúan distingo alguno entre derechos afectados por el orden público laboral y otros que fueran disponibles para el trabajador por encontrarse por encima de los mínimos inderogables (López- Centeno- Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo", T. I, p. 457; Fernández Madrid-Caubet, "Leyes fundamentales de trabajo", p. 42). Por su parte, quienes asumen una postura ecléctica, señalan que contrariamente a quienes sostienen que la renuncia por medio de un comportamiento inequívoco sólo puede referirse a la renuncia al empleo, deben distinguirse los derechos irrenunciables de los que sí lo son. En tal sentido, se afirma que sólo son irrenunciables "los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas" (art. 12, LCT, en su interpretación literal) que integran el orden público laboral, pero no aquellos que emergen del contrato de trabajo y que superan los mínimos inderogables o irrenunciables. Estos derechos -se sostiene- no integran el orden público laboral y pueden renunciarse por el trabajador en tanto su voluntad exteriorizada de manera expresa o por comportamiento inequívoco (y no por su mero silencio) no esté afectada por vicio alguno, en especial el vicio de lesión previsto en el art. 954 de la LCT (Etala, Carlos A., "Contrato de trabajo", Astrea, p. 206).

Sintetizando las posturas existentes, señala Tosto que sobre lo que existe consenso es que la regla indica que son irrenunciables los derechos conferidos por las leyes a los trabajadores, tanto en forma expresa o tácita, con mayor razón si pretende derivarse ello por guardar silencio durante un tiempo dado y también lo es el status mismo de trabajador dependiente que está formado por el conjunto de derechos y obligaciones que esa condición implica. Luego -destaca el autor citado- se bifurcan las posturas respecto al contenido mínimo o íntegro del mentado conjunto de derechos tutelados de modo especial y, conforme a la tesitura asumida al respecto, a partir de ello se predica la viabilidad -o no- del silencio como acto de renuncia implícita o consentimiento tácito del trabajador por fuera de los casos expresamente previstos por la ley. Para este autor, la sintaxis del texto legal, especialmente al armonizar la parte final que se erige como puntual excepción a la directriz enfatizada de modo general y abstracto por la norma, no permite colegir que se estuviera consagrando un salvoconducto al principio de irrenunciabilidad que se extienda a cualquier derecho, sino sólo a la pérdida del empleo del sujeto de preferente tutela legal. Refuerza la exégesis precedente -continúa el autor- el que, amén del principio receptado en el art. 12 LCT, consistentemente existen tres normas que representan tres hipótesis distintas de extinción del vínculo -pero de ningún otro derecho- pivoteando en la cautelada "autonomía de la voluntad", manifestada de disímiles formas; a saber: abandono de trabajo, configurado ante su silencio mantenido luego de ser intimado a reincorporarse (art. 244, LCT); la renuncia presentada por el trabajador en la forma sacramental exigida (art. 240 íb.); la extinción por mutuo acuerdo, ya sea celebrado de modo expreso y solemne (art. 241 íb., primer supuesto), ya sea determinado por el comportamiento concluyente y recíproco de los sujetos laborales que hace presumir la extinción del vínculo por mutuo consentimiento tácito en abandonar la relación (art. 241, 2do. supuesto). Dentro de cuyo sistema parece claro se inserta la previsión final del art. 58, es decir, a modo de concordancia o ratificación de la hipótesis prescripta por el art. 241, 2º supuesto, en una técnica legisferante que en todo caso podrá adolecer del vicio de la redundancia. De esta manera, concluye este autor, que el intérprete es guiado por la normativa a comprender la asignación de significado efectual a las conductas del trabajador a través de los conceptos jurídicos definidos legalmente; no pudiendo incurrirse en creaciones pretorianas de otros supuestos de silencio calificado respecto del trabajador, carentes de todo respaldo jurídico. De allí es harto polémico dotar su comportamiento (léase: resignación, falta de oposición, conformidad tácita viciada o indisponible) de efectos equivalentes a su consentimiento libre y válido, merced a una interpretación contra legem que implique ampliar el catálogo de supuestos abregando en el instituto de la caducidad judicial, que debe ser restrictivamente aplicado en el ámbito de un derecho protectorio de alguien que se señala como hiposuficiente (Tosto, Gabriel, en "Ley de contrato de trabajo, comentada, anotada y concordada", Jorge Rodríguez Mancini (dir.), Ed. La Ley, T. II, p. 657/8).

De lo expuesto hasta aquí emerge claro que, cualquiera sea la postura que se adopte, en cualquier caso, la norma debe integrarse con el principio de irrenunciabilidad consagrado en el art. 12 de la LCT y, por lo tanto, su aplicación e interpretación debe ser restrictiva, y en todo caso, guiada por la directriz axiológica que emana del principio de protección del trabajador (art. 14 bis, CN).

IV.2. Aplicando tales conceptos al presente, encuentro claro que el tribunal ad quem ha efectuado una incorrecta exégesis de la norma que da apoyatura legal a la sentencia (art. 58, LCT), lo que conduce a una errónea aplicación de la misma a los hechos comprobados de la causa.

En efecto y ateniéndome estrictamente a la plataforma fáctica que emerge del fallo recurrido -el que, a su vez, remite en esa materia a la sentencia del a quo-, llega irrevisable a esta casación que al no haberse comprobado la existencia de una causa que objetivamente justificase la contratación del actor a plazo fijo (a través de contrataciones sucesivas bajo esa modalidad), el contrato entre las partes debía juzgarse como de tiempo indeterminado. También llega firme la conclusión sentencial en orden al momento de la extinción del contrato de trabajo que así vinculara a las partes, el que -según se expresa- se produjo por la conducta unilateral de la patronal cuando preavisó al actor sobre la finalización del contrato, ya que tratándose de uno por tiempo indeterminado, la causa invocada (fin del término contractual) resultaba falsa.

Frente a dicho contexto fáctico, aparece claro que la extinción del vínculo por el empleador fundado en una causa que, a la postre, resultó falsa, generó a favor del trabajador el derecho a las indemnizaciones que la ley establece para el supuesto del despido incausado, derecho que se incorporó a su patrimonio por haberse cumplido a su respecto los presupuestos de hecho a los cuales el ordenamiento condiciona su adquisición.

Tratándose entonces de derechos adquiridos, máxime si los mismos integran -como en el caso- el orden público laboral, no es posible inferir del mero silencio o inercia del trabajador durante un lapso de tiempo prolongado (en el caso, once meses), la existencia de un comportamiento inequívoco que, en los términos del art. 58, LCT, permita inferir una renuncia a los mismos o como se expresa en el fallo, una aceptación del trabajador a la extinción del vínculo en aquellos términos, lo que de todos modos, resultaría inválido por tratarse de derechos irrenunciables o indisponibles, conforme la regla del art. 12, LCT. Y ello, pues sabido es que la renuncia a derechos incorporados al patrimonio del trabajador nunca será válida a través de un acto unilateral de éste (ni expreso, ni tácito), pues sólo mediante la excepción a la regla de irrenunciabilidad de derechos que constituyen los negocios liberatorios admitidos -los acuerdos transaccionales o conciliatorios a que refiere el art. 15 de la LCT- es posible abdicar, en cierto modo, de un derecho adquirido. Y tales actos se plasman, por definición, mediante un acto bilateral, sometido a formas y controles externos a las partes (Ackerman-Tosca-Maza, Los Principios en el Derecho del Trabajo, en "Tratado de Derecho del Trabajo", Ackerman (dir.), T. I, p. 356).

En tales términos, el silencio del actor manifestado por su mera inercia al no haber efectuado reclamo alguno por un lapso de once meses, de ningún modo puede considerarse como una aceptación tácita a la extinción del vínculo por la causa invocada por el empleador, ni como una renuncia a reclamar los derechos que la ley le confiere -con carácter indisponible- ante su despido incausado. A lo sumo, su inercia sólo producirá efectos liberatorios para el empleador en caso de operarse el plazo de prescripción, pero más allá del límite temporal que éste impone, ningún otro efecto será posible atribuir a su silencio y/o conducta inerte.

IV. 3. A todo evento y dado que de los términos empleados en el fallo podría inferirse que la extinción del vínculo se produjo por la voluntad concurrente de ambas partes en los términos del art. 241, 2º supuesto, LCT, se impone señalar que tal forma de extinción (que debe ser concordada con la norma del art. 58, LCT), exige un comportamiento concluyente y recíproco de ambas partes de la relación, que traduzcan inequívocamente el abandono de la misma. Se exige efectivamente que el comportamiento disolutorio constituya una manifestación tácita contundente de ambas partes, que en el caso no es posible considerar configurada, desde que el empleador manifestó de modo expreso (no tácito) que el contrato de trabajo se extinguía por una causa distinta de la contemplada en la norma en cuestión: la expiración del plazo de duración del contrato. A ello se suma, la circunstancia de que este modo particular de extinción del vínculo laboral (por la voluntad concurrente de ambas partes, manifestada de modo tácito e inequívoco), tiene naturaleza excepcional frente a la regla de la rigidez formal establecida en el primer párrafo del mismo art. 241, LCT y por tanto, su interpretación debe se restrictiva pues y en definitiva, importa una excepción al principio de continuidad o subsistencia del contrato de trabajo (art. 10, LCT).

IV. 4. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 284 del CPCC, aplicable por reenvío del art. 140 del CPL, concluyo propiciando hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y en consecuencia, casar la sentencia recurrida, restableciéndose la vigencia del pronunciamiento de primera instancia en cuanto condena al demandado al pago de los rubros devengados por el despido injustificado del actor y por el monto que se liquida en el mismo.

La imposición de las costas debe serlo en todas las instancias a la demandada vencida, aun cuando en esta instancia la misma no haya respondido el memorial recursivo de su contraria, pues de no haber impugnado el accionante ante esta Sala el decisorio de Cámara, no se hubiere alcanzado el resultado exitoso al que aquí se arriba. Así voto.

El doctor Salduna dijo:

El presente caso guarda similitud con el precedente "Morales, Hugo Osvaldo c. Super S.A. s/Indemnización y Otros- recurso de inaplicabilidad de ley", L.A.S. 22/04/08, en el cual, refiriéndome a la interpretación del art. 58 LCT, sostuve en mi voto: "... entiendo que más allá de errores de redacción el art. 58 citado es lo suficientemente claro y contundente como para no dejar lugar a dudas: en ningún caso la norma admite contra el trabajador una presunción de renuncia a su empleo o a cualquier otro derecho. "Excluye de forma absoluta la posibilidad de que, por cualquier tipo de presunción (iures et de iure, iuris tantum, o aun hominis) se llegue a sostener la renuncia a cualquier derecho" (Grisolía, Julio Armando "Derecho del Trabajo", Ed. Lexis-Nexis, T. I, p. 148).

La única excepción eventual a dicha regla, contemplada en la última parte del artículo citado, lo constituye la circunstancia de que, del comportamiento del trabajador surgiera "inequívocamente" tal voluntad, es decir "que no admita dudas y que lleve a interpretar que efectivamente prestó su libre conformidad" (Ib. p. 148) ...".

La verificación de tal circunstancia especialísima es una cuestión que debe apreciarse en cada caso concreto, siendo evidente que no se da en el presente.

Por lo expuesto, y los fundamentos del voto que antecede me pronuncio acompañando la solución propuesta por la Sra. Vocal preopinante.

El doctor Carlomagno expresa que, en razón de existir coincidencia en los votos precedentes, hace uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 33 in fine de la LOPJ 6902.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia.

Paraná, agosto 11 de 2008.

Y Vistos: Por los fundamentos del acuerdo que antecede; seresuelve:1. Casar parcialmente la sentencia de fs. 231/234 en cuanto deja sin efecto la condena impuesta a la demandada por los rubros derivados de la extinción del contrato de trabajo y, en consecuencia, tener como definitivo lo resuelto a ese respecto en primera instancia. Costas en todas las instancias a la accionada.2. Dejar sin efecto la estimación de honorarios de fs. 233 vta./234 puntos III y IV, debiéndose proceder a practicar una nueva regulación y diferir para su oportunidad la correspondiente a esta instancia.Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.- Susana E. Medina de Rizzo.- Germán R. F. Carlomagno.- Bernardo I. R. Salduna.