Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que se inician las presentes actuaciones por los hechos que se le imputan a la encartada conforme las siguientes actas de comprobación:

a) Acta N° 20832167, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 4, "por falta de higiene consistente en no contar con agua caliente en la carnicería y falta de enrejado de madera en piso de carnicería y en la fiambrería".

b) Acta N° 20865585, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 5, "por permitir trabajar sin libreta sanitaria".

c) Acta N° 20865587, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 6, "por no tener permiso ni seguro de responsabilidad civil frente a terceros al momento de la inspección de una marquesina con publicidad".

d) Acta N° 20865588, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 7, "por no tener al momento de la inspección certificado de desinsectación".

e) Acta N° 20832168, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 8, "por falta de luz de emergencia en depósito en planta alta; falta de disyuntor diferencial, poseer cinco matafuegos sin las correspondientes tarjetas de vigencia de carga, no contar con certificado de tratamiento ignífugante en la escalera ubicada entre P.B. y planta alta".

f) Acta N° 20865586, de fecha 09/09/2005, obrante a fs. 9, "por tener funcionando un montacargas sin habilitación, ni libro de mantenimiento ni seguro de responsabilidad frente a terceros".

2.- Que a fs. 32/37, luego de oír el descargo de la Sra. Zhang Xiujuan, el controlador administrativo N° 9, María Fabiana Marengo, resuelve:

a) Declarar la validez de las siguientes actas: N° 20865585; acta N° 20865587; acta N° 20865588; acta N° 20832168; 20865586 y 20832167.

b) Archivar por inexistencia de falta la denuncia de falta de seguro de marquesina contenida en acta N° 20865587 y la denuncia de falta de tarjetas de matafuegos del acta N° 20832168.

c) Hacer efectiva la condena en suspenso de pesos doscientos ($ 200).

d) Determinar la multa total en la suma de pesos dos mil ochocientos cincuenta ($ 2.850), pagadero hasta en seis cuotas mensuales y consecutivas.

3. Que a fs. 39 obra la solicitud de pase a la Justicia Contravencional y de Faltas efectuada por la presunta infractora.

4. Que a fs. 68vta. el Norberto R. Tavosnanska, titular del Juzgado Contravencional y Faltas N° 17, resuelve notificar a la encartada y al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 41 de la ley 1217.

5. Que a fs. 69vta., contesta la vista conferida el Sr. Fiscal de grado.

6. Que a fs. 72/103vta. obra agregado el descargo y el ofrecimiento de prueba efectuado por la Sra. Zhang Xiujuan.

7. Que a fs. 122 se designa al Pojan Yang como perito traductor, quien acepta el cargo a fs. 127.

8. Que a fs. 128 se fija fecha de debate para el día 6 de julio de 2006 a las 10:00 horas.

9. Que a fs. 136/141 obra el acta de la audiencia de juzgamiento. En la cual el a quo resolvió: CONDENAR a Marcos Antonio Chihuailaf Bravo a la pena de multa cuatro mil pesos (44.000), por la falta incorporad en el acta 2-0953599 falta de seguridad por medios de salida cerrados y personal de seguridad ha de imponerle el mínimo previsto por el art. 11.1.7 de la ley 451 es decir cinco mil ($5.000), ACTA 20865585 $ 500 (art. 1.1.6, Ley 451); b) ACTA 20865587 $ 100 y decomiso del cartel, siempre que el mismo no se encuentre actualmente habilitado (art. 3.1.3, Ley 451), c) acta 20865588 $ 700 (art. 1.2.4, Ley 451); d) ACTA 20832168 $ 300 (art. 2.2.14); $ 500 (art. 2.2.14, Ley 451) y $ 500 (art. 2.1.1, Ley 451); e) ACTA 20865586 $ 300 (art. 2.2.14, Ley 451); f) ACTA 20832167 $ 600 (art. 1.1.5, Ley 451) todos ellos de cumplimiento efectivo. Haciendo efectivos además, los $ 200 de multa que se encontraban en suspenso respecto del legajo 804.630-000/05. El monto total de las multas por las faltas cometidas asciende a $ 3.700.

10. Que a fs. 145/146 la encartada interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos.

11. Que a fs. 147 el Magistrado de grado concede el recurso interpuesto.

12. Que a fs. 153/155 luce el dictamen presentado oportunamente por el Sr. Fiscal de Cámara.

Y CONSIDERANDO Primera Cuestión: Admisibilidad del recurso.

13.- El recurso analizado ha sido interpuesto en tiempo y forma (art. 57, ley 1217), cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

14.- La sentencia fue notificada con fecha 7 de julio de 2006, conforme surge de la cédula obrante a fs. 144, Zhang Xiujuan interpuso recurso de apelación con fecha 14 de julio del corriente, es decir dentro del cuarto día de notificado -el día 11 de julio fue declarado inhábil conforme resolución de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Nº 124/2006-.

Vale señalar que el recurso de apelación constituye un remedio ordinario, entendido como aquél "que las leyes otorgan con el objeto de reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in judicando o in procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución que se recurre(...)" (Lino Palacio, "Los Recursos en el Proceso Penal", Segunda edición actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Año 2001, pág. 26), y en el que "...el Tribunal que resuelve tiene todas las facultades de conocimiento..." (Gómez de Liaño González, Fernando "El proceso Penal", Ed. Forum, quinta edición corregida, 1997, pág. 365).

Segunda cuestión: De los agravios 15. El primer agravio sostenido por la recurrente acudiendo a la causal de arbitrariedad, es sostenido a partir de la subsanación de la totalidad de las infracciones imputadas, en la carencia de antecedentes "contravencionales" y en la falta de conocimiento de ciertas normativas por parte de la condenada por no conocer el idioma castellano y por la falta de intención de cometer las infracciones.

16. Adelantaremos que el recurso intentado en relación al agravio delineado en el acápite precedente no prosperará, por lo que deberá ser declarado mal concedido.

En efecto, el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las decisiones de los Magistrados de Grado que hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. En el caso, no se observa la concurrencia de ninguna de las tres hipótesis legales.

Las objeciones del impugnante pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto, sin embargo no logran señalar la posible existencia de un defecto de la magnitud de los requeridos por el art. 56 de la Ley 1217 para que el recurso de apelación resulte procedente, pues, si bien alude a que la imposición de la sanción es "arbitraria", no se advierte, y el recurrente tampoco demuestra, los motivos que sustentan tal afirmación.

17. Es menester señalar que el régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho Administrativo Sancionador y no dentro del Derecho Penal, ya que los intereses protegidos por las normas sancionadoras, se refieren por lo general a intereses colectivos, generales y públicos. Cuando hablamos de intereses y bienes generales, lo más importante no es el resarcimiento del daño, sino evitar que ese daño se produzca, y precisamente lo que las normas sancionadoras fundamentalmente pretenden es que el daño no se produzca, y para evitar ese daño hay que evitar previamente el riesgo que es el verdadero objetivo de la política represiva (conf. Nieto Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, 2a edición ampliada Ed. Tecnos 1994, pág. 36).

En este contexto, la infracción es el incumplimiento de un deber desconectado en principio de sus eventuales consecuencias. Por ello, a la hora de determinar si existe infracción, resultan indiferentes las consecuencias dañosas del riesgo creado.

El riesgo constituye una simple variante de la figura de la responsabilidad, puesto que existe, en términos generales, responsabilidad por actos lícitos, por actos ilícitos y por riesgo. El incumplimiento de las normas de protección de riesgos abre paso a un círculo dialéctico de riesgo e infracción y es claro que el daño es ajeno a tal círculo. Por así decirlo, a diferencia de lo que sucede con el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo Sancionador la regla es la de los "ilícitos de riesgo". Y siguiendo este paralelo, podrá haber daños e ilícitos penales con infracción a reglamentos, pero en el ámbito de Derecho Administrativo sancionador la infracción de la normas constituye cabalmente la esencia de la infracción (conf. Nieto, ob. cit. pág. 36 y siguientes).

Trasladando estos conceptos al presente es dable advertir que los agravios delineados por la recurrente no constituyen la causal de arbitrariedad invocada, vislumbrándose una seria confusión entre los principios que rigen la materia sancionadora analizada y los atinentes al Derecho Penal.

Demás está decir que no logra conmover la correcta decisión del juez a quo en cuanto a la acreditación de las faltas analizadas, la posterior diligencia del infractor para regularizar su situación, ya que las sanciones impuestas están circunscriptas al incumplimiento de normas que protegen riesgos, no siendo aplicable al sub examine análisis alguno a la luz de la teoría del delito, tanto en lo referente a bienes jurídicos tutelados como a un supuesto error de prohibición por parte del infractor -dada su calidad de extranjero-.

En todo caso, la actitud posterior de la infractora tiene estrecha relación con el alejamiento de toda posibilidad de clausura, más no con la efectiva comisión de las infracciones por las que fuera condenado. Esta es precisamente la inteligencia que se le debe dar a la normativa citada por el señor Fiscal de Cámara respecto del Código de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.66, Título 3, Sección 12, Capítulo 12.1, art. 12.1.4), que hace alusión a la intimación para realizar mejoras o cumplir con los requisitos para funcionar reglamentariamente por parte de un local, previa a la sanción de clausura, más no a la efectiva constatación y labrado de actas de diversas violaciones a normas que regulan la actividad, para su consiguiente sanción.

18. Por ello, para tachar de arbitraria la sentencia debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso. Para que proceda la descalificación de una sentencia como acto jurídico válido por la causal de arbitrariedad, tiene que poseer tal magnitud que constituya claramente una derivación irrazonable del derecho vigente.

Así, la Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312: 246; 389, 608, 1839, entre otros).

Conteste con lo anterior la doctrina sostiene que "es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. Es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación". (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, Abeledo Perrot, Ed. 1977, pág. 131).

La sentencia impugnada se encuentra fundada conforme a derecho, por lo que los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con la debida motivación que impide la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.

Por lo expuesto, debe declararse mal concedido el recurso en cuanto al presente agravio.

19. Por otra parte, también de modo escueto se agravia la recurrente por considerar excesiva y desmedida la pena impuesta ya que se aparta sustancialmente del monto impuesto oportunamente en sede administrativa, solicitando la reducción de su cuantía y habilitando su pago en cuotas.

Asiste razón a la recurrente al reclamar la reducción de la multa impuesta ya que el sentenciante no ha expuesto mínimas razones que justifiquen el apartamiento del monto sancionado en sede administrativa (conf. fs. 37), que, por otra parte, tal como sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal, fue considerado suficiente por el Fiscal de Grado (conf. fs. 69). De allí que la suma determinada por el sentenciante resulta excesiva e infundada, máxime si se tiene en cuenta la conducta posterior del infractor, que de manera inmediata regularizó su situación.

Por ello deberá revocarse parcialmente la sentencia recurrida en cuanto al monto total de las multas, fijándolo en la suma de $ 2500.- (pesos dos mil quinientos) que podrá ser abonado en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, dentro de los diez días hábiles de adquirir firmeza el presente fallo. Monto que resulta de la reducción de las siguientes multas: $ 500 (pesos quinientos) a $ 300.- (pesos trescientos) por el acta Nª 20865585; $ 700.- (pesos setecientos) a $ 500.- (pesos quinientos) por el acta Nº 20865588; $ 300.- (pesos trescientos), $ 500.- (pesos quinientos) y $500.- (pesos quinientos) a $ 200.- (pesos doscientos), $ 200.- ( pesos doscientos) y $ 200.- (pesos doscientos) respectivamente por el acta 20832168; $ 600.- (pesos seiscientos) a $ 500.- (pesos quinientos) por el acta 20832167; haciendo efectiva la condena en suspenso de $ 200.- (pesos doscientos) impuesta en el legajo 804.630-000/05. Mantendremos la multa de $ 100.- (pesos cien) por el acta 20865587 y decomiso del cartel siempre que éste no se encuentre actualmente habilitado, y la de $300.- (pesos trescientos), por el acta 20865586, ya que coinciden con las fijadas por el controlador a fs. 37, siendo sus montos razonables.

20. En cuanto a la unificación de la pena impuesta por el a quo a la sanción en suspenso aplicada por un controlador en el legajo 804.630-000/05, no habiéndose agraviado la recurrente en este sentido, no corresponde el tratamiento de este punto introducido por el Sr. Fiscal de Cámara.

21. Por todo lo expuesto, atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por Zhang Xiujuan, obrante a fs. 145/146, en cuanto a la causal de arbitrariedad de la sentencia, con costas (arts. 55 inc. h y 57 de la ley 1217).

II. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto contra el monto de la multa impuesta por las faltas cometidas por Zhang Xiujuan (fs. 145/6), y en consecuencia REVOCAR PARCIALMENTE el punto II de la sentencia obrante a fs. 136/141, y en consecuencia CONDENAR a ZHANG XIUJUAN a las multas de $ 300.- (pesos trescientos) por el acta Nª 20865585; $ 100.- (pesos cien) por el acta 20865587 y decomiso del cartel siempre que éste no se encuentre actualmente habilitado; $ 500.- (pesos quinientos) por el acta Nº 20865588; $ 200.- (pesos doscientos), $ 200.- ( pesos doscientos) y $ 200.- (pesos doscientos) por el acta 20832168; $300.- (pesos trescientos), por el acta 20865586; $ 500.- (pesos quinientos) por el acta 20832167; haciendo efectiva la condena en suspenso de $ 200.- (pesos doscientos) impuesta en el legajo 804.630-000/05, IMPONIENDO EN DEFINITIVA A ZHANG XIUJUAN LA MULTA DE $ 2500 (pesos dos mil quinientos) que podrá ser abonada en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, dentro de los diez días hábiles de adquirir firmeza el presente fallo (arts, 1.1.6, 3.1.3, 1.2.4, 2.2.14, 2.1.1 y 1.1.5 de la ley 451 y 56 y 57 de la ley 1217).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase al Juzgado de primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se libraron 2 (dos) cédulas. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 17. Conste.