marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Torino S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Ley 11.374
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Si la parte actora no expone razones fundadas que hagan imposible la determinación del monto del juicio, y por consecuencia, justifiquen el pago del tributo -como se hizo en oportunidad de demandar- por "valor indeterminado (conf. arts. 330, C.P.C.C., 27, ley impositiva vigente y normas concs. del Código Fiscal), y por el contrario, la estimación del monto del juicio deriva -de manera evidente- del valor de los bienes inmuebles cuya titularidad se invoca para cuestionar la ley expropiatoria, atento a que en ese valor se traduce concretamente el beneficio patrimonial resultante de la declaración de inconstitucionalidad pretendida y consecuente inaplicabilidad de la norma, corresponde desestimar la solicitud de la actora de que se declare satisfecha la tasa de justicia abonada sobre la base de "valor indeterminado" del juicio (art. 27 inc. "c" ley impositiva vigente) y disponer que deberá dar cumplimiento a la integración de la tasa de justicia correspondiente, sobre la base de la valuación fiscal actual de los inmuebles de su propiedad sujetos a expropiación en los términos de la ley controvertida (pauta de estimación que para el caso, surge por analogía de lo dispuesto por el inc.d del art. 249 del Código fiscal) (art. 330, C.P.C.C.; 249 inc.a), 250 inc. a) y concs. Código fiscal; 27 inc.a).Ley impositiva vigente). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, prueba pericial, apreciación del juez, dictámenes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALMORAL, GUSTAVO ESTEBAN c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO-APELACION SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 20/03/2019-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-06

Los Camaristas, atribuyéndose conocimientos médicos propios, concluyeron que el shock séptico fue el motivo de la muerte del paciente, a partir de la mera lectura de la cantidad de glóbulos blancos, la temperatura corporal y el dolor en el lugar de la fractura, datos que a criterio de ninguno de los profesionales declarantes -incluso el médico forense y la médica anátomo-patóloga ofrecidos por la fiscalía y la querella- eran determinantes para aventurar con certeza alguna hipótesis sobre el punto; en consecuencia, tal afirmación no puede ser convalidada en esta instancia, por no surgir de los medios de confirmación producidos, ni haberse aportado ninguna fundamentación médico científica para justificar el apartamiento por los Judicantes de las opiniones de los expertos que participaron del juicio. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren la Dra. Gastaldi y el Dr. Falistocco)
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lecchi, Patricia c/ Policía de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-26

La demanda a la que se refiere el art. 3.986 del C. Civil, es comprensiva de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando expresa su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial.
Banco central, emergencia económica, entidades financieras, cancelación de deudas, títulos públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOLI SA c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-19

Resulta razonable que el banco central autorizara, mediante comunicación "a" 3339, a las entidades financieras a recalificar a aquellos deudores catalogados como irrecuperables por disposición técnica, evaluando su real situación financiera y capacidad de repago; toda vez que, ese criterio previsto en la referida norma, permitía determinar con parametros reales las condiciones bajo las cuales dichos deudores podrian acogerse al beneficio del decreto 1387/01; ello así pues, el sistema de cancelación de deudas mediante bonos públicos tuvo por finalidad que aquellos deudores con mayor nivel de morosidad pudieran superar los problemas de financiación que enfrentaban producto de la crisis generalizada que atravesaba el pais.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Faraci,Settimio s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-11

"Si se trata de una partición judicial, el nombramiento del perito partidor debe recaer, en principio, en el propuesto por la mayoría de herederos, pero si existen profundas diferencias entre ellos, la designación de partidor debe hacerse de oficio."
Sanciones disciplinarias administrativas, superintendencia, avocación administrativa, funcionarios judiciales, temeridad o malicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabral y Vedia, Carolina s/ calificaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

Corresponde admitir la avocación respecto de la sanción impuesta a una empleada por expresiones vertidas en el escrito en el cual ejerce su derecho de defensa, y en el cual no se advierte temeridad o malicia, si lo decidido constituye un exceso en el ejercicio de las facultades sancionatorias.
Empleo público, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIBAL DE ARGUELLO MARTA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  ACCIDENTES  -  ENFERMEDADES  - EMPLEO  PUBLICO - POLICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-09

Fundándose la pretensión en un derecho subjetivo de carácter administrativo como es el régimen de protección especial con respecto al "personal de policía de bomberos y guardia cárceles" -ley 3757-, corresponde su tratamiento por el tribunal en lo contencioso administrativo, a raíz de la remisión efectuada por el legislador local, ya que debe concordarse con la ley 3897 -C.P.C.A.- sancionada con posterioridad y atento lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 7182. El sistema tuitivo creado por la ley 3757 es un régimen especial que acuerda al personal de seguridad taxativamente enumerado en su artículo 1ro. una indemnización independiente por los accidentes inculpables ocurridos en el ejercicio de sus funciones y por las enfermedades contraídas como consecuencias del ejercicio de sus funciones, enfermedad que debe ser declarada efecto inmediato del ejercicio del cargo. La indemnización se establece en atención al riesgo particular de las funciones, por lo que no es lícito identificar estos supuestos con una situación estatutaria de revista. No habiendo acreditado la actora cuales eran dichas funciones, no puede pretender el beneficio de que se trata.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: TERRENI LUIS MARIA c/ INTEMEC SACIFI Y/U OTRO s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-08-13

El término prescriptivo ha de contarse a partir del momento que el trabajador está en condiciones de efectuar un reclamo indemnizatorio, es decir desde que sabe que su capacidad está disminuida a causa de un hecho por el que debe responder su empleador; no es indispensable que conozca el "cuantum" de su discapacidad, sino solamente que las aptitudes laborales que poseía antes del hecho generador, se encuentran disminuidas.
Contratos administrativos, aplicación de la ley, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTADORES DE CAUDALES s/ ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Esta Sala tuvo oportunidad de decir que: "El Derecho Administrativo es el derecho común de la actividad administrativa estatal, y habrá que convenir que dicho derecho se aplica siempre y por principio, salvo cuando actúa ejerciendo una actividad que sea distinta y sometida a los derechos generales. El problema no es por lo tanto, determinar los límites positivos de la aplicación del Derecho administrativo, sino el inverso, sus límites negativos; cuando y por que se aplican al Estado y sus entes los derechos generales, cesando así la aplicación de su ordenamiento estatutario específico".

Agregando que "el carácter instrumental de la utilización por el Estado de formas y técnicas privadas se pone de manifiesto por el hecho de que siempre se encuentra en el fondo de dicha utilización un núcleo de base pública, una previa decisión de carácter público, aunque más no sea para constituir una sociedad estatal que se fija por el Derecho privado. Por ello es siempre preciso para poder constituirla que se tome una decisión, un acto de carácter administrativo y luego de un procedimiento también administrativo".

El ente demandado decidió seleccionar al contratista y para ello realizó una licitación. Antes de firmar el contrato hubo una fase preparatoria previa que se tradujo en una pluralidad de actos de inequívoco carácter público y rigurosamente reglados por el Derecho Administrativo -llamado a licitación, venta de pliegos, apertura de licitación (aunque no se cumpliere, decisión de contratar, autorización del gasto público. Ello aunque luego el contrato pueda ser regido por el derecho privado en su objeto.
Acción contencioso administrativa, empresas del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAPEZA S.A. c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-06-03

Ante la prevalencia o preponderancia de normas públicas para juzgar la resolución sometida a juzgamiento, corresponde declarar competente para entender en la causa al fuero contencioso administrativo.
Empleo público, docentes, diferencias salariales, igual remuneración por igual tarea, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ GCBA s/ EMPLEO PUBLICO(NO CESANTIA NI EXONERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

En el caso, se promueve una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de obtener el cobro de las diferencias salariales adeudadas por la falta de equiparación de tareas y remuneración entre los docentes que se desempeñaban desde el inicio en el ámbito municipal y los transferidos desde el orden nacional. El conflicto está planteado en punto a la relación de la carga horaria y el puntaje que no se habrían equiparado de modo igualitario entre los docentes municipales históricos y los transferidos.

"La situación de los docentes históricos es que los Maestros jefe de Educación práctica tienen un puntaje 1509 bajo un módulo de 30 horas, Maestro de Enseñanza Práctica, puntaje 705, módulo de 15 horas, Ayudante de Clases prácticas, puntaje 570, módulo de 15 horas; mientras que la de los docentes transferidos es que los Maestros de Enseñanza Práctica jefe de sección tienen un puntaje 800, módulo de 24 horas, Maestro de enseñanza práctica, 753, módulo de 24 horas y Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, puntaje 564, módulo de 24 horas.

De esto puede derivarse que hay una desigualdad evidente en relación al horario con el puntaje de los cargos dado que tienen puntajes similares con una diferencia de 9 horas de cátedra y en relación con el Maestro Jefe de Educación Práctica, si bien este tiene una carga horaria de 30 horas, es decir 6 horas más que el Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección esta diferencia le representa casi el doble del puntaje total que tiene el docente transferido.

Por tanto, lo que resulta claro es la diferencia de proporcionalidad entre el horario y el puntaje que se ha establecido para los docentes transferidos respecto de los de las Escuelas Históricas, que genera diferencias salariales relevantes" (exp. 1774/0, "Alvarez Holmberg, Gustavo Sergio y otros c/ GCBA (Secretaría de Educación) s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)," de fecha 6 de abril de 2005, cons. 6º, el destacado no pertenece al original).

En consecuencia, frente a la clara desigualdad remunerativa en perjuicio de los docentes, que como los actores, se desempeñan bajo el régimen establecido por el Decreto Nro. 1203/93 y sus posteriores reglamentaciones, corresponde que el Gobierno los equipare salarialmente y les abone las diferencias salariales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orlandi, Adriana Amelia c/ Aztarain, Hugo Daniel s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si el ejecutado no opuso excepciones, no resulta recurrible ante la instancia extraordinaria la decisión de alzada que rechazó la queja que aquél dedujera contra el auto que le había desestimado la apelación (art. 552, C.P.C.).
Apropiación de cosa perdida, hurto de automotor, automotor abandonado, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: MONTEAGUDO, DANIEL s/ AUTOMOTOR - APARENTEMENTE ABANDONADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-27

Dado el lapso en que el rodado de que se trata estuvo parado en la vía pública, y su desmantelamiento, no puede negarse sinceridad al dicho de los encargados, en el sentido de que creyeron que se trataba de un coche abandonado; debe admitirse que ha mediado error en los encartados sobre la situación jurídica de la cosa, lo que impidió que tuvieran cabal noción de que su actividad tendía a un apoderamiento en contra de la voluntad del dueño. Debe atribuirse solamente dolo de apropiación de cosa perdida, toda vez que las características de ésta y circunstancias puntualizadas impiden endilgar la equivocada estimación exclusivamente a una actitud desaprensiva o irrazonable.
Daños y perjuicios, personal policial, muerte en acto de servicio, competencia, competencia civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS  ROBERTO  GERARDO c/ ESTADO  NAC. MINIST. DE JUST. SEG. YDDHH. POLICIA FEDERAL s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

El actor -en su carácter de progenitor de quien en vida fuera el Oficial Inspector Juan José Rojas Malgor- promovió demanda contra el Estado Nacional Argentino-Policía Federal Argentina-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a fin de ser resarcido de los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia del deceso de su hijo según los hechos que reseña en su libelo de inicio, y que fuera calificado por la autoridad competente como "en y por acto de servicio". La pretensión esgrimida en el sub examen está regida, en principio, por normas propias del derecho común y no se desenvuelve en la órbita del derecho administrativo, de manera que es propia del fuero civil y comercial federal (conf. esta Sala, causas 3606/02 del 28-8-02; 11.006/95 del 23-6-95; 12.962/94 del 24-2-95; 6451/06 del 10-7-07; 2821/08 del 22-7-08 y 160/08 del 24-7-08, entre muchas otras), lo que torna procedente su competencia.
Policía Provincial, retiro obligatorio, acto administrativo, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: Administrativo
Carátula: Bastida, Juan Alberto y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-10-17

Los actores confunden la figura del Retiro Obligatorio con la prescindibilidad y la cesantía, el retiro obligatorio que está regulado por la Ley, se funda en consideraciones análogas a la jubilación de oficio, no dejándose librado al Poder Ejecutivo la aplicación del principio, y ésta siempre encuentra su motivación en intereses propios de la Administración Pública. ...Estos son ajenos a la jurisdicción del Poder Judicial, no puede éste valorar la conveniencia u otra oportunidad de los actos de los otros poderes, así se ha sostenido: "...el Poder Judicial carece de competencia para inquirir los motivos determinantes de los actos de los otros poderes, como también para juzgar sobre la conveniencia o la prudencia de tales actos no para cuestionar los conocimientos o la buena fe con que han sido ejecutados".
Prueba documental, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: CORRENTI, ITALO RENE Y OTRO c/ ZORZABAL, CARLOS ALBERTO s/ JUICIO ORDINARIO      EXPTE NRO 45-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-09-26

Si los documentos dimanan de personas ajenas al proceso, su reconocimiento sólo puede lograrse por la aportación de la respectiva prueba testimonial, los que tendrán el valor de sus testimonios (artículo 181 CPC), que exige además, la concurrencia de las otras circunstancias: generales de la ley, preguntas, edad, etc.
Régimen de consolidación de deudas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicación de la ley
Materia: ECONOMIA
Carátula: SORRIDI S.A. c/ HOSPITAL ALVEAR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Tratándose de créditos a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como continuador de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, resulta aplicable el art. 22 de la ley 23982, en virtud de los arts. 21 de dicha ley y 51 de la ley 24588, aún cuando no hubiera sido invocado por las partes, pues para las obligaciones posteriores al 11 de abril de 1991, es menester someterse al trámite de previsión presupuestario contemplado en el art. 22 citado, antes de ser ejecutadas, en tanto revisten carácter de orden público las normas contenidas en la ley de consolidación.-
Actuaciones administrativas, sumario disciplinario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LESCANO JUAN FRANCISCO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-20

Tratándose de un trámite sumarial actuado en el interés del orden público, comprometido en el regular acatamiento de las obligaciones estatutarias que la ley pone a cargo de los agentes policiales, en la medida que la legislación no prevea la sanción de caducidad del trámite sumarial a consecuencia del vencimiento de los plazos establecidos por el Legislador para su sustanciación, no puede tener acogimiento favorable una petición formulada en pos de ese objetivo.

Ello, no significa dejar librado a los agentes de la Administración a la sustanciación sine die de actuaciones sumariales en las que se discuta en torno al amplio universo de presuntas faltas administrativas de las que pudieren ser pasibles de imputación, pues tal situación podrá hallar amparo en el instituto de la prescripción de la acción sancionatoria, la que no se configura.
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA DE COMERCIO "ANTENOR FERREYRA" c/ BOGLIONE JOSE s/ "RESOLUCION DE CONTRATO - CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-11

Los documentos o poderes habilitantes, son aquellos documentos en los que consta el título invocado por el compareciente para obrar en nombre de otra persona, o los instrumentos públicos que acreditan la personería del representante o autorizan a celebrar el negocio jurídico de que se trata.-
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo, principio de no contradicción
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ, VICTOR MARCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD TOTAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC -  CASACION IBAÑEZ, VICTOR MARCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD TOTAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-20|1995-10-20

La arbitrariedad o el absurdo que autorizan a revisar la valoración de la prueba aplicada por el tribunal de grado, es el error grave y manifiesto con quebrantamiento de las reglas que lo gobiernan. Tal vicio se configura cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles y abiertamente contradictorias entre sí.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, examen de admisibilidad, error material
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, J C; C, J O s/ LESIONES CULPOSAS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 703-88 D, J C; C, J O s/ LESIONES CULPOSAS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 704-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-08|1989-11-23

Aun cuando la Alzada haya utilizado la expresión "improcedente", resulta claro que se trata de un supuesto de error material, desde que de una liminar lectura de los argumentos de auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, no puede concluirse que tal falencia haya importado exceso de competencia por parte de aquélla.
Derechos reales, tenedor, tenencia simple, usurpación de inmueble, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Diego Martín y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

Para que pueda haber tenencia en sentido típico, es decir en los términos que exige la figura penal, la misma debe encontrarse acompañada por la privación al sujeto pasivo del ejercicio de un derecho real sobre el inmueble. Ello es así, por cuanto el bien jurídico protegido por el delito de usurpación es el derecho de todo propietario a disponer, usar o disfrutar de un bien inmueble o un derecho real sobre el mismo. En el caso en estudio, si bien es posible reconocer la aludida calidad de tenedor del inmueble a la empresa constructora -aquí querellante-, no se vislumbra en cambio que en virtud del contrato celebrado con la querellada -propietaria del inmueble-, aquella hubiera sido investida de la posibilidad de ejercer derecho real alguno. Puntualmente, si bien la querella manifiesta que ha sido despojada del uso y goce del inmueble, a poco que se analiza el contrato que vincula a las partes ahora en litigio se advierte que dicha situación resulta ajena a cuanto allí se convino. Muy por el contrario, la permanencia de personal de la empresa constructora en el predio y su consecuente ocupación sólo respondía a la finalidad de realizar las labores propias de la construcción de un edificio de propiedad horizontal, no habiéndose acordado que en el tiempo que durase la obra, el constructor podría usar y gozar del predio a su libre arbitrio y conveniencia, sino que su permanencia en el mismo era solo al efecto de cumplir con lo asumido contractualmente y, además, bajo la dirección y control de los trabajos a cargo de un ingeniero designado por el propietario del predio. (Voto del Dr. Riggi).
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Videla, Omar Esteban c/ Piermatei, Víctor Ruben s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-02

Las costas deberán adecuarse con sujeción a la norma del art.556 del Cód. procesal en la que la salvedad que contiene importa, en rigor, una consecuencia del criterio objetivo que informa el régimen sobre imposición de costas, el cual resulta aplicable al caso expresamente previsto por el art.71 del Cód. proc.) de que ninguna de las partes obtenga la satisfacción integral de su pretensión o de su oposición, resultando ambas, en forma total o parcial, recíprocamente vencedora y vencidas, como sucede cuando la pretensión ejecutiva resulta parcialmente rechazada y la ejecución por lo tanto se manda llevar adelante por un importe inferior al requerido por el actor. Ante tal resultado del litigio las costas deben fijarse de acuerdo al éxito obtenido por cada una de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, valor vida, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS ELEAZAR RAMON Y OTRO c/ ESTEYBAR ELECTROMECANICA S.A.C.I.G E.I. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-16

La vida humana, además del valor que representa en su aspecto moral y afectivo constituye un bien económico susceptible de valoración cuyo reconocimiento puede reclamarse por las personas indicadas por la ley de fondo (art. 1085 del C. Civ.) Sin prueba del daño sufrido y por el hecho del vínculo familiar, en los términos y dentro de las limitaciones que el código ha establecido, correspondiendo al prudente arbitrio judicial (art. 1084 Bis), fijar el monto de la indemnización, para lo cual se debe tener en cuenta la edad de la víctima, condición social y demás circunstancias propias del caso.