Proceso penal, ejecución de la pena, prisión domiciliaria, recurso de casación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Colombre, Raúl Ramón s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos R. Vera en Expte. Nº 578 - Colombre, Raúl Ramón s/ prisión domiciliaria - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21

La Jueza de Ejecución Penal rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el interno C., ordenando al Servicio Penitenciario que arbitre los medios necesarios a fin de que regularmente el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presenta, en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de C.

Contra dicha resolución, recurre en casación el defensor del penado, agraviándose de la denegatoria del beneficio solicitado.

El peticionante dice que su representado tiene 78 años argumentando que la sola pertenencia a la franja etaria fijada por la norma (art. 32 inc. d) Ley 26.472 modif. Ley 24.660 y art. 10 inc. d) C.P. modif. Ley 26.472) hace beneficiario a su asistido de la prisión domiciliaria.

El yerro en el que incurre la defensa radica en interpretar que es imperativo para el juez conceder la prisión domiciliaria automáticamente, por el sólo hecho de haber alcanzado el condenado el requisito de la edad (mayor de 70 años). Considero acertada la postura sostenida por el juez a quo, en cuanto a que la norma en cuestión de ninguna manera establece que por el sólo hecho de comprobarse alguno de los extremos exigidos, previstos en el artículo (32 inc. d) Ley de Ejecución Penal), deba la ejecución de la pena automáticamente cumplirse bajo la forma domiciliaria, sino que, la viabilidad de la misma queda sujeta a la apreciación judicial. En este orden de ideas, el judicante aclaró -contrariamente a lo sostenido por el recurrente-, que no se trata de una facultad discrecional del juez, argumentando en tal sentido, que toda decisión concediendo o denegando esta forma de ejecución debe estar fundada en las finalidades de ejecución de la pena y de protección, que subyacen a las disposiciones legales citadas y en consideración a las circunstancias particulares de cada caso.

Por ello, aludió a la nueva redacción del art. 10 C.P., en cuanto establece que: "Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo".

En la parte resolutiva de la resolución atacada, ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que arbitre los medios necesarios para que regularmente, el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como, se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presente en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar al Tribunal mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de Colombre.

En función de estos paradigmas, estimo que en el caso la solución propiciada por la Juez de Ejecución es la correcta. El impugnante se restringe únicamente a invocar la circunstancia de que el interno posee la edad fijada por la norma como extremo que por sí solo ameritaría el encierro domiciliario, cuando en verdad la ley autoriza esta excepcional modalidad, facultando al tribunal a evaluar en cada caso particular, la conveniencia o no, de disponer la excepción a la que se alude, siempre teniendo en cuenta que la finalidad del instituto es la de garantizar al condenado un trato humanitario y evitar la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta (según Ley 26472).

En atención a los fundados argumentos brindados por la juez a quo, y teniendo en cuenta que la sola constancia de que el condenado sea mayor de setenta años resulta insuficiente para otorgarle de manera automática la prisión domiciliaria, estimo que la denegatoria de la jueza de ejecución penal resulta ajustada a derecho y debe confirmarse en esta Sede.

Lo dicho es, claro está, en las condiciones operadas al momento de la resolución motivo de la presente y sin perjuicio de un nuevo examen en caso de que éstas muten tornando aplicable el beneficio solicitado.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido.