marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, expediente, competencia por conexidad, sentencia firme, prórroga del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramondelli y Compañía Soc. en Comandita por acciones c/ Astineri, Hector A.; Lemos, Carlos A. y Astineri de Lemos, María Antonia M. s/ Cuestión de competencia. Ordinario (Expte CSJ Nº 197-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Si el proceso de cumplimiento de contrato iniciado en la ciudad de Rafaela reconoce como causa conexa más antigua al iniciado en la ciudad de San Jorge con la pretensión de su declaración de nulidad, debe acumularse a él. Ahora bien, valorando que se encuentra firme lo resuelto por el Juzgado de San Jorge, en pronunciamiento confirmado por la Cámara, donde se descartó, con acierto, el carácter de "juicio declarativo posterior" que se le adjudicaba a la pretensión nulificante, desestimando también el argumento de la improrrogabilidad y haciendo prevalecer la voluntad expresada por las partes en la prórroga de competencia pactada, una vez acumulados los procesos, deben radicarse de conformidad al pacto de foro prorrogado en la ciudad de Rafaela, en el correcto entendimiento de la necesidad del fenómeno acumulativo y el consecuente desplazamiento de la competencia que éste implica.
Accidente de tránsito, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: VERDEJO DANIEL ROBERTO c/ LOPEZ JOSE N. s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

En el denominado transporte "benévolo" o "amistoso" o "de cortesía" o "de favor", no media una relación contractual entre transportista y transportado, sino extracontractual lo que no hace aplicable el art. 184 del Cód. de Comercio, sino las pautas de los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil.
Sentencia, nulidad de sentencia, allanamiento ilegal
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRERA CARLOS DANTE s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-14

Se deben nulidificar las requisas domiciliarias realizadas por la autoridad policial sin la respectiva orden judicial, cuando no concurren los extremos excepcionales contemplados en el art. 189 del Código de rito. Encuentra con tal procedimiento anómalo, atacados el orden público y la garantía del debido proceso, el que no puede ser reparado por el consentimiento del particular. Por tanto, nulo es el ingreso de las res furtiva al sub-lite (art. 590 del CPC) y nulos son los actos procesales esenciales que tuvieron como presupuesto el secuestro del elemento (art. 512 del CPC). Resultando de esta forma, la necesidad de absolver al encartado en orden al delito por el cual fuera condenado.
Derecho civil, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: ZAVALA RUBIO EDGAR c/ VAZQUEZ RICARDO JAVIER s/ D. Y P. X RESP. EXTRACONT. DE PART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-07

[...] no es posible dar una respuesta única en cuanto al valor probatorio en sede civil de las actuaciones penales, ya que varias son las situaciones que pueden presentarse. [...] la causa penal de la que surgen los testimonios valorados por la magistrada, fue ofrecida como prueba por el recurrente, desde lo cual mal podría agraviarse de que se tomara en cuenta lo allí actuado. [...] En dicha causa se le dio debida intervención. Consiguientemente, es claro el valor probatorio que tienen esas constancias, no sólo porque fueron ofrecidas por la parte, sino que, además, la conclusión se refuerza a partir de que el demandado ha quedado confeso.
Relación de dependencia, prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Herrera, Esther c/ La Federal II y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-11-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del a-quo que hace lugar a la extensión de la jornada laboral, invocada por el actor, agraviándose por el valor que da a la testimonial ofrecida por aquél. Ello así, ya que las reglas de la sana crítica aconsejan apoyarse en la evidencia común de que el testigo generalmente no miente, tanto por existir una punición legal y moral para la mentira, cuanto por el método de la interrogación judicial cumplido por el Juez y por las partes, quienes tienen la facultad de formular sucesivamente diversas cuestiones para poner de resalto la mendacidad
Extradición, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fundamentación del recurso, fundamentación errónea, traductores públicos, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Fabbrocino, Mario s/ pedido de extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Resultan infundadas las objeciones formuladas en relación al incumplimiento de las normas procesales -ausencia de requerimiento de elevación a juicio- y a la actuación como perito traductora de una dependiente del Estado requirente en nuestro país, si el apelante no ha rebatido los argumentos del tribunal de grado.
Costas al demandante, pluspetición inexcusable
Materia: PROCESAL
Carátula: COLOMBO, RAUL A. c/ CEPRIMED SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

Corresponde imponerle las costas al actor cuando resulta irritante la desproporción habida entre el monto por el cual progresa la acción y lo reclamado en la demanda, máxime cuando no han sido acogidos la mayoría de los rubros reclamados (conforme Sala IV, 24 de octubre de 1984, 'Aquino, Oscar M. c/ CompaÑía Burroughs de Máquinas Limitada', DT. 1981-A-583).
Jubilación por invalidez, cuerpo médico forense, domicilio, Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RAMIREZ, JULIO CESAR c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Tratándose de un peticionante domiciliado en el interior del país, ha de darse intervención al Centro Nacional de Reconocimientos Médicos toda vez que, en caso contrario, los facultativos intervinientes no podrían revisar al interesado, con lo cual el dictamen que elaborasen carecería de un requisito imprescindible, en muchas ocasiones, para dar una opinión médica fundada. Por ello, debe entenderse que cuando el art. 49 de la ley 24.241 señala que la C.F.S.S. dará vista al "cuerpo médico forense" para que dé su opinión sobre el grado de invalidez del afiliado, dicha prescripción ha de entenderse referida a los casos en que éste se domicilie en la Capital Federal o en sus inmediaciones, pues de otro modo se estaría lesionando tanto el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la C.N. como el derecho a la seguridad social contemplado por el art. 14 bis de nuestra Carta Magna. En consecuencia, si del dictamen elaborado por el Centro Nacional de Reconocimiento Médicos (en la presente causa, de la ciudad de Mercedes) se desprende que el peticionante presenta un incapacidad equivalente, en el caso, al 70% de la su total laborativa, corresponde declarar que reúne los requisitos establecidos por el art. 48, inc. a) de la ley 24.241, y remitir los actuados al A.N.Se.S. a fin de que se expida acerca de la procedencia del beneficio. (Disidencia del Dr. Laclau).
Personas jurídicas de carácter público, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Koser, Guillermo Horacio c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-21

El Banco del Chubut S.A., como continuador de la entidad autárquica, está obligado a aportar los datos y documentos que en sus archivos obren acerca de los actos anteriores, pero esa obligación la tiene frente al Estado que se la exigirá para cumplir a su vez con los deberes que le atañen, entre ellos el dar la información a quien legalmente corresponda. Existen aquí dos vinculaciones jurídicas: de un lado, la del habitante provincial con el Estado, obligado a suministrarle al primero la información que le requiera; del otro, la de ese mismo Estado con el Banco en poder del cual se encuentran materialmente los documentos fuente de la información.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, bonos de consolidación, Banco Nacional de Desarrollo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ UZAL SA s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Es inadmisible la pretensión del BANADE de abonar la tasa de justicia mediante la entrega de bonos de consolidación, invocando la Resolución N° 1507/95 de la CSJN, en razón de que la Ley 24.307, en su artículo 11, faculta para ofrecerlos en función de lo establecido por la Ley 23.982, por manera que sólo intenta ser una modalidad de pago, cuya obligatoriedad no puede serle impuesta al acreedor.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corsiglia, María E. c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El ordenamiento procesal específico autoriza a efectuar una interpretación amplia en materia de acceso a la jurisdicción, incluyendo la posibilidad de entablar la acción contencioso administrativa a quien alega la afectación de un interés legítimo (art. 1, 2 y conc. del C.P.C.A.), apreciación que es coherente con la esencia revisora de la jurisdicción contencioso administrativa y concuerda con las normas de procedimiento respectivas (arts. 10, 66 y conc. dec. ley 7647/70 y Ord. Gral. 207/80), así como con la tendencia mayoritaria de los Códigos provinciales en la materia, que expresamente contemplan la protección judicial del interés legítimo y la solución adoptada en el orden nacional a partir de la sanción del dec. ley 19.549/72
Administración Pública, relación de dependencia, razones de servicio, empleados públicos, personal adscripto, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSINI, REYNALDO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 238 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

Está fuera de toda duda que la Administración tiene la facultad de adscribir empleados públicos a distintas reparticiones. Es que el análisis de la ley 8.525 permite encontrar otros institutos que reflejan incluso, más amplias potestades de la Administración sobre los empleados, afectando la situación de éstos de modo radical, bien que siempre condicionadas a razones de mejor servicio y abonando la correspondiente indemnización cuando el desarraigo es permanente (vbg. art. 39, ley 8.525). Consecuentemente, si la Administración puede válidamente disponer por razones de servicio el traslado del agente a otra sede con carácter definitivo, no sería razonable negarle la facultad de disponer que aquél cumpla funciones temporariamente dentro de la misma sede pero en distinta repartición como sucede con la adscripción.
Tercería de dominio, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Local Cooperativa Limitada c/ Oliver, N. H. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

El boleto de compraventa con tradición y pago del precio, en condiciones de escriturar, con fecha cierta anterior al embargo del ejecutante, es título suficiente para la tercería de dominio, exteriorizando la preferencia que asiste al comprador sobre el inmueble. Por lo tanto cuando se trata de un adquirente de buena fe, que ha pagado más del 25 por ciento del precio y que ha dado el destino de vivienda al inmueble es oponible al acreedor embargante en un proceso ejecutivo, sin mengua de lo prescripto por el artº 2505 del Código Civil, atendiendo a las particulares circunstancias del caso.
Intervención de terceros, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: S.E.C.N.E.R. y otros  c/ Casino Magic Neuquen S.A. s/ incidente de apelación e/a: 536553/2022
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

La resolución por la cual se rechazó el pedido de citación de tercero realizado por la actora debes ser confirmada, ya que, de los términos de la pretensión no surge que el tercero, según las normas del derecho sustancial, hubiera estado legitimado para ser demandado por esta vía, repárese que ni siquiera se dice en qué carácter se pretende esa citación, como tampoco se individualiza ni se indica concretamente qué acción de regreso eventualmente plantearía. Así, no se señala ni funda ninguno de los supuestos comprendidos en la norma -Art. 94 del CPCyC- en que se sustenta el pedido de citación.
Falta de prueba, rechazo de la demanda, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pedrosa, Lidia Olga c/ Consejo Provincial de Educación s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-23

[...] no se ha logrado acreditar que en el accionar de la demandada se presenten los denunciados vicios de arbitrariedad o irrazonabilidad y, frente a ello, los argumentos de la demanda tendientes a descalificar -por ilegitimidad- la actuación de la Junta de Clasificación Ad hoc (ratificada por las instancias jerárquicas que han intervenido en los reclamos) deben ser desestimados. Por lo tanto, fuerza concluir que los actos atacados carecen de los vicios nulificantes denunciados por la actora, sellando por ende la suerte adversa de la pretensión resarcitoria de "daño moral".
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, EMANUEL RAUL JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-10

Teniendo presente que el Fiscal de Cámaras impugnante pretendía a través de la presente vía extraordinaria se le revoque al condenado el beneficio de salidas transitorias otorgado por considerar arbitraria la interpretación del artículo 56 bis de la ley 24660 que había efectuado el Tribunal; y que luego de que este régimen fuera acordado, el Juzgado de Ejecución lo revocó, librando orden de captura respecto del interno que no regresó oportunamente al Instituto de Detención, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa, toda vez que la cuestión debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, indemnización, indemnización insuficiente, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Maldonado, Jorge Roberto c/ Valle, Héctor y otro s/ accidente - acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Si bien los criterios para fijar el resarcimiento de daños remiten al examen de una cuestión de hecho y de derecho común, ajena al recurso extraordinario, ello no constituye óbice para que la Corte habilite la instancia cuando la solución alcanzada desvirtúa y torna inoperante la finalidad de las normas que regulan la reparación, al establecer por ese concepto una cantidad de dinero que, con total evidencia, no cubre el desmedro del damnificado.
Acción subrogatoria, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MASSIERO LEMA NELLY c/ JORGE A.LEMA s/ Divorcio Mutuo Consentimiento (LIBRO: A064 - 494)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-10-16

Los derechos del autor se encuentran al resguardo, desde que se contempla en su favor la oportunidad de plantear la oposición a la sustitución, mediante incidente que se sustanciara por separado sin paralizar el desarrollo del principal.
Admisibilidad del recurso, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FOGLIA, GIOVANNI SALVATORE c/ MUNICIPALIDAD DE PCIA. R. S. PEÑA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-03-27

La Alzada, de conformidad a lo previsto en el art. 26 de la ley 6997, en su carácter de tribunal apelado, tiene el deber-facultad de examinar los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto (incisos a, b, c y d), debiendo en caso de rechazo in límine, indicar en forma precisa los motivos de la denegatoria, extremos que se verifican en la especie. Frente a estos fundamentos que remarcó la Cámara, el quejoso no alcanza a desarrollar una crítica suficiente que permita visualizar un error y menos aún acreditar que observó acabadamente el cumplimiento de los recaudos transgredidos, circunstancia que justifica lo resuelto y visualiza un ejercicio razonado y razonable de los deberes que le son propios.
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS, ALEJANDRO RUBEN Y VARELA, FERNANDO HERNAN c/  s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR SER FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-03-21

A fin de procurar evitar fallos contradictorios -que pudieran eventualmente surgir ante dos impugnaciones simultáneas, una ordinaria y otra extraordinaria-, se debe concluir que cuando se dicta una resolución de Cámara que habilita a la defensa a interponer en relación a algún aspecto del pronunciamiento apelación horizontal -en los términos de la doctrina de esta Corte emanada de "Scalcione" y su jurisprudencia consecuencial-, si la defensa pretende interponer recurso de inconstitucionalidad contra algún punto de la misma -incluso respecto del cual no sea necesario satisfacer la garantía de doble conforme- debe abstenerse de hacerlo, teniendo derecho a expresar sus agravios recién cuando todos los aspectos de la sentencia hayan sido revisados ordinariamente. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239.
Intervención federal, facultades del gobierno nacional, ley provincial, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Faubre, Emma del Valle c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-12-21

Las modernas constituciones provinciales han introducido normas tendientes a menguar el avance del poder central sobre las provincias que utiliza en forma indiscriminada y política el remedio federal. Pese a ello, las normativas preceptuadas en las constituciones provinciales tendientes a restringir los efectos de la Intervención Federal son de escasa validez e inaplicables en el caso concreto para evitarla. En efecto, si la facultad del poder central de intervenir los distintos estados o provincias que integran el Estado Federal está delegada expresamente (arts. 5 y 6 de la C.N.), no se puede, con posterioridad y por vía de legislación local, condicionar o restringir ese poder delegado.

Porque así como se dice que las personas que revisten cargos inamovibles, de acuerdo a las constituciones provinciales, una vez cesada la intervención deben ser restituidas a sus cargos,salvo que se les inicie el procedimiento previsto en las leyes locales para su destitución, así también podría decirse -y a nivel de ejemplo- que una vez cesada la intervención al Poder Ejecutivo, el antiguo gobernador debe nuevamente asumir salvo destitución por juicio político. En la práctica, estaría derogando el instituto por vía elíptica, asumiendo una facultad que ha delegado la provincia y que hace a la esencia del sistema federativo de gobierno. De ahí que no corresponde la aplicación de estas normas que pretende la recurrente.
Declaración de la víctima, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima
Materia: PENAL
Carátula: D. de M., R. F. c/  s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Corresponde descartar el agravio dirigido a criticar los testimonios brindados por las víctimas sobre los que, en opinión de la defensa, resultaron la única base sobre la que se dictó una condena en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por un ascendiente en concurso real con abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente, si el contexto en el que se originó la denuncia le otorga un marco de entidad a los dichos de aquéllas que contribuye a fortalecer la veracidad de sus relatos, dentro del cual el tribunal no negó una problemática vincular y sin que la defensa haya logrado enarbolar una crítica tendiente a demostrar la contradicción o mentira de las declaraciones (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Garrigós de Rébori).
Accidente de tránsito, acta de choque, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: SABELLI, Carlos Alberto c/ BOSMAN, Andrés s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Si bien el valor probatorio de la denuncia de choque es sólo una manifestación unilateral de una de las partes que pone en conocimiento de la autoridad policial el hecho ocurrido, tampoco debe dejársela de lado, sobre todo cuando coincide con las constancias de autos.
Amparo colectivo, representación sindical
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA y su acumulado s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

Corresponde rechazar parcialmente el amparo interpuesto por una asociación sindical en cuanto impugna la Resolución 45/09 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se declare inaplicable en designaciones futuras, pues siendo que la "clase" que el sindicato representa está compuesta por los agentes de la Administración, y no por los aspirantes a ingresar a sus cuadros, los efectos de la sentencia no pueden alcanzar las condiciones a las que quedarían sujetas todas las futuras propuestas de designaciones.
Procesos especiales, juicio sumarísimo, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, expresión de agravios, plazos procesales, celeridad procesal, recurso de inaplicabilidad de ley, aplicación errónea de la ley, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: SMG Life Seguros de Vida S.A. c/  s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-29

El plazo -lapso o período fijado para una determinada actividad- es perentorio cuando la actividad procesal se agota con el vencimiento, al término del plazo de modo fatal, en tanto fija un momento final para el ejercicio de ciertos derechos. Precluye de tal modo la facultad procesal concedida y caduca el derecho a realizarla en lo sucesivo. El fundamento de tal disposición radica en que, sostener una solución contraria habilitaría la reapertura de asuntos definitivamente consolidados en el proceso, generándose así una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos. Esto atiende a conducir el pleito en términos de estricta igualdad, en salvaguarda de la garantía constitucional respectiva.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Pensavalle  SA. c/ Estado  Nacional (Mrio. de Obras y Servicios Públicos - Servicio Nac. de Arquitectura) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

Es improcedente el recurso extraordinario cuando no se dirige contra una sentencia definitiva ni asimilable a tal -vg. una resolución del Servicio Nacional de Arquitectura-, puesto que no veda en forma definitiva el acceso de la demandante a la jurisdicción.
Seguros, responsabilidad del asegurador, eximentes de responsabilidad, cobertura, licencia de conducir, vencimiento de la licencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORATELLO JUAN c/ LUIS AREBALO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 393)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-02

Si la póliza en virtud de la cual se aseguró el rodado incluye en su redacción una cláusula, por la cual no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por vehículos mientras fueren conducidos por personas que no estuviesen habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas, si ha quedado comprobado que el conductor del automotor carecía de carnet habilitante, situación a la que debe asimilarse a quién conducía con carnet vencido.