Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-25


SENTENCIA Nº 38391 JUZGADO Nº 62.- AUTOS: " FERNANDEZ ARMANDO HECTOR C/ COOPERATIVA DE TRABAJO FAST LTDA Y OTRO/ DESPIDO"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto	de 2011, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de grado acogió la demanda que procuró el cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así resolver, luego de evaluar las circunstancias y pruebas del caso, tuvo por acreditados los presupuestos fácticos jurídicos descriptos en el libelo de inicio.- Contra esta decisión se alzan en apelación las partes conforme a los recursos de fs. 363, fs. 365/371 y fs. 373/377.- II.- Adelanto que, por mi intermedio, el recurso de la Cooperativa de Trabajo Fast Limitada no tendrá recepción.- Se queja en primer lugar por cuanto el juzgado de primera instancia tuvo por no presentado en tiempo y forma el escrito de contestación de demanda acompañado por la apelante. Insiste que se trató de un error excusable, dada la cercanía de los juzgados Nº 61 (donde se presentó el escrito) y Nº 62 (donde debió presentarse), aspectos que debieron ser ponderados para que se tenga correctamente presentado el escrito.- No le asiste razón a la apelante en torno al primer agravio. La contestación de demanda debió ser presentada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 62. La equivocación corre por cuenta de la parte y no es un error excusable en virtud de la inteligencia que cabe dar al artículo 124 del Código Procesal que impone que los escritos deben dejarse en el juzgado y en la secretaría donde tramita la causa.

Con respecto al fondo del asunto sostiene que no existió vínculo laboral del actor con su parte por tratarse de una cooperativa y que en razón de ello la demanda debió ser rechazada.- La misma suerte debe correr este agravio. Pese al esfuerzo argumental del apelante el planteo soslaya por completo que se encuentra incursa en la situación prevista en el artículo 71 de la LO y que no existe prueba en contrario que enerve la presunción legal. No revertidas sus consecuencias el derecho ha sido bien aplicado a las circunstancias comprobadas de la causa. Los informes del INAES (fs. 292 ) y de la AFIP (fs. 268) no alcanzan a desvirtuar el hecho de que el actor deba ser considerado empleado dependiente.- En consecuencia, propongo mantener los aspectos del decisorio cuestionado.- III.- La misma suerte debe correr el recurso de la parte actora.- En efecto, no es procedente el agravio que pretende la condena solidaria del Instituto Sociedad Militar Dr. Damaso y Centeno con fundamento en el artículo 30 de la LCT.

En primer lugar, no es posible extender la responsabilidad del artículo 30 de la LCT al Estado Nacional porque la normativa que lo rige es ajena al ámbito privado. En segundo término, las tareas de vigilancia no hacen a la actividad normal y específica propia de un establecimiento educativo. El hecho de que en el pliego de licitación se previese el cumplimiento de obligaciones similares a la del artículo 30 de la LCT no importa la admisión de una eventual responsabilidad solidaria, sino sólo la exigencia de condiciones mínimas indispensables de adecuación a la legislación vigente, propias de un empresario diligente, y acordes a la Institución donde los servicios deben ser prestados. No es admisible que el Estado a través de cualquiera de sus órganos se desinterese en absoluto del cumplimiento de las obligaciones que pesan en cabeza de sus contratistas, pero no por ello será solidariamente responsable. La circunstancia de que el vigilador debiese cumplir órdenes de las autoridades del Instituto aludido no implica más que el ejercicio de funciones de control previstas en el contrato suscripto entre las demandadas, que tampoco importan el reconocimiento de la responsabilidad solidaria.

No es procedente la queja que cuestiona el rechazo de la multa prevista en el artículo 80 de la LCT. En efecto, el requerimiento formulado en la Carta Documento en la que el actor comunica el despido, no cumple con la formalidad prevista en el artículo 3º del decreto Nº 146/01, que claramente determina que la intimación debe ser efectuada cumplidos los 30 días de extinguida la relación de trabajo.- Por ultimo, tampoco es viable el planteo que insiste con la declaración de los testigos Leiva y Guzmán por cuanto el apelante no ha explicado acabadamente a este Tribunal qué podrían aportar esos testigos si fuesen traídos a declarar, de modo tal que pudiesen hacer variar la suerte del litigio (artículo 116 de la LO).- IV.- Las costas del proceso han sido impuestas razonablemente conforme a la regla prevista en el artículo 68 del Código Procesal.-	V.- Por las razones expuestas, propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas en el orden causado, atento la forma de resolverse. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículo 68 2do. párr del Código Procesal; 14 de la ley 21839).- EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2)	Imponer las costas de alzada en el orden causado.

3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- Ante mí:

SR VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA ALICIA MESERI SECRETARIA