Representación procesal, deberes del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moya, María del Valle Contreras de s/ Testamentario (Reconstrucción) s/ Acción Autónoma de Nulidad - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-01

La representante legal de la actora en autos principales interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara Civil de 3ª Nominación, que, rechazando recurso de reposición confirma el decreto que declarara desierta la apelación interpuesta contra la sentencia de 1ª instancia, al no tener por acreditada la representación invocada al momento de articular la apelación.

Con respecto al vicio de arbitrariedad que atribuye la recurrente a la sentencia cuestionada, a su criterio la Cámara hizo caso omiso a la convalidación de la contraria en primera instancia de la omisión de acreditación de la personería, y que el juez de esa instancia tampoco se expidiera sobre la cuestión, dictando sentencia definitiva y concediendo la apelación, incurriendo la Cámara, al desconocer ambas circunstancias, en el vicio de cita.

En relación al tema, cabe señalar que la prueba de la personería reviste el carácter de orden público porque hace a la regularidad del proceso e implica requisito esencial en la conformación de la traba de la litis, a punto tal que, es facultad-deber de los jueces, que pueden ejercer de oficio, controlar los documentos que acreditan la personería para preservar el normal desarrollo de los procedimientos.

En tal sentido la jurisprudencia tiene dicho que: "El juez actuó dentro de sus facultades, pues puede exigir de oficio el cumplimiento del deber procesal de justificación de la personería invocada, desde que tiene el deber de señalar los defectos u omisiones de que adolezcan los actos procesales de parte, y por ende, el poder-deber de controlar la personería" (Cam. Civ. y Com. de Pergamino, 24/11/98 - "Meira c/ Morales", LLBA 1999 - 387 en Elena Y Highton - Beatriz A. Areán - Cod. Proc. Civ. comentado, pag. 828 - Edit. Hammurabi - 2006).

Con igual criterio al reseñado, la doctrina ha expresado que: "Corresponde al juez, oficiosamente, verificar la presentación de los documentos así como la suficiencia de ellos, sin necesidad de esperar el planteamiento de la excepción de falta de personería del contradictor...

La aceptación de la personería por la otra parte no basta, pues concierne a su capacidad procesal (legitimatio ad processum) necesaria para entablar un proceso regular, sobre el cual se debatirán las cuestiones litigiosas y recaerá sentencia sobre el fondo de ellas.

Caso contrario, se podría llegar al absurdo de sustanciar todo un proceso sin real intervención de una de las partes, amén del desarrollo de un procedimiento viciado y naturalmente atacable de nulidad..." (Finochietto - Arazi - Cod. Proc. Civ. comentado - T I, pag. 212 - Edit. Astrea 1993).

De ese contexto interpretativo y de las constancias de autos, surge que la Cámara ejerció con respecto a la apelación intentada y no en relación a los actos procesales de primera instancia, su facultad-deber de controlar la legitimación de la personería, otorgando un plazo razonable para que así lo hagan las partes, y luego sancionando el incumplimiento de la ahora casacionista con la aplicación del apercibimiento que en su momento estableciera; sin que esta facultad de oficio pueda ser afectada por convalidaciones de parte u omisiones a sus deberes por el juez de la anterior instancia.

Por lo que no se configura en autos una actuación arbitraria del tribunal de grado en segunda instancia, y la sentencia en recurso aparece como una derivación razonable del derecho vigente que regula y resuelve la controversia de autos.

Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.