Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30


SENTENCIA Nº 31711 JUZGADO Nº 41 AUTOS: "PALERMO Eduardo Pascual c/ ACROMETALICA S.A. y Otros s/ Despido"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de MARZO	de 2004, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar en lo sustancial a la demanda por cobro de diversos créditos de naturaleza laboral. En concreto, el sentenciante de grado consideró acreditada la calidad de viajante de comercio que el actor se atribuyó, el pago de una parte de las comisiones que se le liquidaban sin constancia instrumental y la existencia de una deuda salarial, todo lo cuál, a su juicio legitimó la decisión del actor de considerarse despedido. Condenó al pago de una suma de dinero, en concepto de indemnizaciones, haberes no cancelados y demás partidas de la liquidación final, a ACROMETALICA S.A. y a ENAS S.A., que, consideró, integran un grupo económico de carácter permanente, no así a D. EDUARDO A. NASCIMENTO, traído a la litis "como responsable personal por utilización de la sociedad como estructura para perjudicar a terceros". Rechazó las pretensiones de cobro de las multas de las leyes 24013 y 25345, por incumplimiento, en el primer caso, de la carga de denuncia de las deficiencias registrales a la AFIP, y en el segundo, por omisión de la intimación prevista por el Decreto 146/01.

El actor y las sociedades condenadas vienen en apelación.

II.- ACROMETALICA S.A. se queja por la admisión de la categoría de viajante de comercio que el actor consideró le correspondía. Argumenta que su actividad -fabricación y venta de estructuras metálicas- la coloca en el ámbito de aplicación de la C.C.T. 260/75, correspondiente a la industria metalúrgica, que prevé la figura del "vendedor", en la que encuadró al actor, quien, sostiene, carece de razones para pretender ser incluído en el convenio de los viajantes de comercio y en el estatuto especial aprobado por la Ley 14546. Cuestiona la admisibilidad de la prueba informativa y la credibilidad otorgada a los testigos, quienes, dice, tienen juicios contra las aquí demandadas, por las mismas razones y con el mismo patrocinio.

Efectivamente, era aplicable en el ámbito de la empresa el convenio colectivo de la industria metalúrgica, no el de viajantes de comercio. Ello no obsta a la vigencia de la Ley 14546, si las tareas desempeñadas por el "vendedor" eran consistentes con la definición estatutaria del ámbito personal de aplicación. Es verdad que los testigos no lucen extremadamente creíbles y que la informativa no responde exactamente a las previsiones del artículo 396 C.P.C.C.N. Pero también lo es que la propia apelante reconoce las modalidades de la prestación laboral, que el testigo Sebastiao (fs. 413), que dijo haber sido gerente de ventas y cuyos dichos no fueron específicamente analizados, relató esas modalidades, de las que resulta que el actor tenía asignada una cartera de clientes, a quienes visitaba y con quienes concertaba negocios. Por lo demás, este agravio gira en el vacío, por dos razones principales: la primera, que la aplicación de la CCT 260/75 no excluye la del estatuto; la segunda, que admitida dicha aplicación, caería el reclamo desestimado de las multas de la Ley 24013, pero no la condena al pago de las indemnizaciones por despido, porque el señor Juez a quo no la fundó solamente en la incorrecta registración de la categoría -que, en cuanto no fue ocasión de evadir cargas salariales, era, en sí misma, irrelevante-, sino también en el pago de una parte sustancial de las comisiones "en negro", y en una deuda salarial pendiente, incumplimientos que, en los términos del artículo 242 L.C.T. constituyen suficiente justa causa de denuncia, y a cuyo respecto no se registran agravios.

III.- ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A. -denominación actual de la codemandada ENAS S.A.- objeta con razón que se le hayan extendido los efectos de la condena por aplicación del artículo 31 L.C.T. La modificación que la Ley 21297 introdujo al texto del primitivo artículo 33 de la ley de contrato de trabajo, incorporó como presupuesto de la atribución de responsabilidad a todas las empresas componentes de un conjunto económico de carácter permanente por las obligaciones laborales de alguna o algunas de ellas, que hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria, se entiende, por la estructura misma del texto, del conjunto mismo, no de cada una de las empresas que lo integran. No se refiere a cualquier incumplimiento de cualquier contrato, ni a una "maniobra fraudulenta" en particular, sino de la valoración negativa que merece la actuación del grupo. Este requisito no puede ser obviada y resulta de la demanda y de la sentencia que no aparece configurado en el caso. No basta el control único ni la dependencia de un centro común -que en la especie tampoco se dan- para tornar operativa la norma en examen. Este aspecto de la sentencia debe ser revisado y eximirse de responsabilidad a la apelante (artículo 499 del Código Civil).

IV.- El recurso del actor se refiere a la desestimación de las pretensiones arriba enumeradas y a la omisión de pronunciamiento respecto de la declaración de inconstitucionalidad de "la norma que prohibe la indexación del crédito", como ha titulado ese segmento de la memoria de fs 550/560, que no constituye técnicamente agravio, ya que, más allá de no mencionar la norma concreta a la que considera digna de esa tacha, remite a los argumentos del escrito de demanda, contrariando la expresa proscripción de tal procedimiento (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345 y artículo 265 C.P.C.C.N.). Ello determina la insuficiencia del agravio.

El reclamo en la audiencia celebrada ante el representante del S.E.C.L.O. no suple la intimación prevista por el Decreto 146/01. Primero, porque no existe norma que así lo disponga. Segundo, porque, jurídica y lógicamente, la instancia conciliatoria previa supone la preexistencia del perfeccionamiento de los presupuestos, materiales y formales, de las pretensiones que se intenta someter a decisión jurisdiccional. Si una manifestación en la audiencia tuviera el efecto que el apelante sugiere, no se podría tener por cumplida, respecto de esa pretensión, la instancia mencionada, que debería ser completada mediante la celebración de otra.

También el agravio relacionado con las sanciones establecidas en la Ley 24013 adolece de insuficiencia, derivada de su imprecisa formulación. Era carga incumplida del apelante demostrar a este tribunal el cumplimiento de la diligencia que la sentencia tuvo por no cumplida, y, dictado ya el pronunciamiento, la correspondencia de los términos del requerimiento de regularización previsto por el artículo 11 de la ley citada, con el contenido de aquélla.

El agravio vinculado con la absolución del codemandado NASCIMENTO es improcedente. Ante todo, porque se apoya en una interpretación del artículo 54 de la Ley 19550 que esta Sala, reiteradamente, ha considerado equivocado, criterio que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Palomeque, Aldo v. Benemeth S.A.", que el apelante cita, ha venido a confirmar. La norma en cuestión de la Ley de Sociedades Comerciales diseña, como tipo legal, el supuesto de una sociedad ficticia y fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar las leyes, esto es, una situación cuya gravedad extrema justifica hacer excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus integrantes y órganos, sobre la que reposa la estructura misma del sistema institucional de la República, en cuanto instrumental al propósito del Preámbulo de la Constitución Nacional de promover el bienestar general. No parece adecuado afirmar que el codemandado NASCIMENTO participó de, o promovió, la formación de ACROMETALICA S.A. con el propósito de violar la legislación laboral, previsional e impositiva, registrando incorrectamente a sus dependientes. Esas transgresiones, en la medida de su ocurrencia, constituyeron ilícitos sancionados por diversas normas, pero la finalidad última de la sociedad. Mal puede el actor sostenerlo, cuando resulta de la exposición misma de su caso -confirmada en lo esencial al cabo del proceso- que desde 1993 se desempeñó como vendedor -es decir, participando de la efectiva comercialización de los productos que efectivamente se fabricaban, que percibía un importante sueldo fijo y comisiones que conformaban una retribución elevada, y que sólo en la última etapa de la relación explotación entró en crisis y se registraron incumplimientos salariales, que lo impulsaron a actuar como lo hizo. No advierte el apelante que, en el supuesto del artículo 54 L.S., existe una discordancia entre el objeto formal de la sociedad -que, necesariamente, debe ser lícito- y la realidad de sus negocios. Para utilizar un ejemplo extremo, pero suficientemente aclaratorio, se puede pensar en una sociedad anónima constituida para operar en el mercado cambiario, o accionario, cuya actividad real es el lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, o de armas, o de la prostitución internacional. Es absurda la hipótesis de que la sociedad empleadora del actor, bajo la apariencia de la fabricación de estructuras metálicas, tenía por objeto real perjudicarlo mediante la evasión de la legislación laboral. Esa es la hipótesis subyacente al recurso en examen. Sólo vale aclarar que cuando la ley se refiere a "recurso para violar la ley, el orden público o frustrar los derechos de terceros", está aludiendo a la utilización en tal carácter de la forma societaria, no a actos indeterminados que, en cada caso, puedan perseguir esos fines. Ciertamente, la registración fraudulenta de una relación de trabajo puede tener esos efectos respecto de los sujetos que el actor enumera a fs. 557. Pero se trata de una situación del todo ajena al contenido preceptivo del artículo 54 de la Ley 19550.

V.- Por las razones expuestas y, en lo pertinente, argumentos propios de la sentencia apelada, que se dan por reproducidos, propongo: (a) se la confirme en lo principal que decide y fue materia de agravios y se la deje sin efecto en cuanto afecta a ENAS S.A. (hoy, Estructuras y Servicios S.A.), a la que se absuelve de la demanda; (b) se deje sin efecto el pronunciamiento sobre costas y se confirmen las regulaciones de honorarios; (c) la distribución de las costas debe tener en cuenta que el actor obtuvo un éxito parcial en su demanda contra su empleador directo y fue derrotado en las que dedujo contra los codemandados; las correspondientes a la instancia anterior y a la demanda principal, deben ser impuestas a la citada empleadora; las de la demanda contra ENAS S.A., al actor; las de la demanda contra D. EDUARDO A. NASCIMENTO, por el orden causado, ya que éste no objetó, en este aspecto, la demanda; las de alzada, por el orden causado, habida cuenta del resultado de los recursos (d) se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron asignados en origen (artículos 68, 71 y 279 C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839). También en este caso, se tendrán en cuenta las modalidades de la demanda, y asignarse, en cuanto sea necesario discriminar a los efectos de la liquidación, el 50% a la demanda contra el empleador, y el 25%, a cada una de las otras demandas.

EL DOCTOR HORACIO V. BILLOCH DIJO:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de agravios y dejarla sin efecto en cuanto afecta a ENAS S.A. (hoy, Estructuras y Servicios S.A.), a la que se absuelve de la demanda;

2)	Dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas y confirmar las regulaciones de honorarios;

3)	Imponer las costas de primera instancia por la demanda principal a ACROMETALICA S.A.;

4)	Imponer las costas de primera instancia por la demanda contra ENAS S.A., al actor y por la demanda contra D. EDUARDO A. NASCIMENTO, por el orden causado;

5)	Imponer las costas de alzada por el orden causado y regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron asignados en origen y, asignarse, en cuanto sea necesario discriminar a los efectos de la liquidación, el 50% a la demanda contra el empleador, y el 25%, a cada una de las otras demandas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- Ante mí: