marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, ley de contrato de trabajo, denuncia del embarazo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Díaz Benítez, Edid Noelia  c/ First Clean S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El art. 177 LCT pone en cabeza de la trabajadora embarazada la obligación de comunicar su estado de gravidez así como de acreditarlo y la empresa tomó conocimiento del embarazo de la actora mediante una comunicación, con lo cual la obligación de la notificación estaba cumplida. Si bien no fueron presentadas las certificaciones médicas que así lo acreditaran, ni surge demostrado que la actora le haya hecho entrega del certificado de embarazo, dicho estado entró en la esfera de conocimiento de la empleadora quien si alguna duda hubiere albergado al respecto, pudo intimar a la dependiente a acompañar la certificación correspondiente, o bien fijar fecha y hora para su constatación por un galeno, o requerir que la trabajadora realizara los estudios médico pertinentes para la comprobación del embarazo ante una clínica designada por el propio empleador, en ejercicio de su facultad de control que derive del art. 209 LCT, lo cual no aconteció. Tampoco la demandada al recibir la notificación del estado de gravidez controvirtió el hecho y al haberse producido el distracto durante el periodo de protección de la estabilidad prevista por los arts. 177 y 178, corresponde hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 182 LCT. En cambio no cabe hacer lugar al daño moral reclamado pues la accionante no ha acreditado daños físicos o psíquicos que hayan derivado del despido. (Del voto de la Dra. Garcia Vior, en mayoría).
Expropiación, indemnización, intereses, tasas de interés, tasa activa, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad (DPV) c/ Welham Parker S.A. y/o quien resulte en definitiva propietario s/ expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

Frente al pedido de que los intereses se devenguen conforme la tasa activa del Banco Nación, y en el marco de un nuevo análisis sobre el particular, de conformidad con los fundamentos expuestos por la minoría en las causas "DPV c. Mendizabal"; "DPVU c. Anatro"; "DPVU c. Círculo de Oficiales"; "DPVU c. Albertengo"; "Provincia de Santa Fe c. Banco Unicor"; y "DPV c. Madrid", a las que se remite en lo pertinente, los intereses deben liquidarse a la tasa activa sumada fijada por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. para operaciones de descuento de documentos desde la fecha de la toma de posesión hasta la del efectivo pago, si este se efectúa dentro de los treinta días de aprobada la liquidación respectiva -la que se practicará dentro de los veinte días de quedar firme la presente sentencia-, y en caso de incumplimiento correrán incluso sobre los intereses devengados. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) CSJStaFe: DPV c. Mendizabal, AyS T 244, p 488; DPVU c. Anatro, T 255, p 1; DPVU c. Círculo de Oficiales, T 264, p 167; DPVU c. Albertengo, T 290, p 479; Provincia de Santa Fe c. Banco Unicor, T 295, p 328; DPV c. Madrid, T 304, p 91.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, obligación de seguridad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La Sala consideró que se tuvo debidamente acreditado que el actor circuló cuya concesión pertenece a la demandada y que pasó por el peaje de referencia tal como consta en el correspondiente ticket, por lo tanto, si estaba probada la vinculación entre el concesionario de las rutas y el usuario por el previo pago del peaje, y por ende acreditada la relación de consumo, devendrían aplicables las pautas contempladas por el artículo 42 de la Constitución nacional y por la ley 24240; mas el déficit de la sentencia se vislumbraría además cuando, por vía de hipótesis, la Cámara arguyó que aun si se tuviera por acreditada la dinámica de los hechos relatada por el actor, tampoco el reclamo prosperaría, ya que la demandada demostró el cumplimiento de una serie de medidas tendientes a garantizar el uso adecuado y seguro de la autopista, no pudiéndose afirmar la existencia de una garantía de resultado, razonamiento éste que, cabe señalar, colisionaría con los criterios jurisprudenciales aplicables, puesto que no resultaría decisivo que la empresa demandada sostenga que ha probado -meramente en abstracto se podría decir- su diligencia en el control y mantenimiento de la autopista, ya que no se eximirá de responsabilidad probando su falta de culpa, sino -como se dijo- acreditando la ajenidad de la causa; y, en relación con la prueba de la plataforma fáctica del caso, cabe recordar someramente que la Cámara acogió la apelación de la demandada con fundamento en que el actor no habría probado el hecho dañoso. - (De la disidencia del Dr. Falistocco, del Dr. Erbetta y de la Dra. Gastaldi).
Jubilaciones, haber jubilatorio, aportes previsionales, declaración de inconstitucionalidad, revocación de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Hartmann, Gabriel Leonidio c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Corresponde revocar la sentencia que declara la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24.241, si el afiliado no aportó sobre la totalidad de sus ingresos estando en actividad ni ejerció las opciones que le hubieran permitido alcanzar la tasa de sustitución razonable. (Del precedente Gualtieri, Alberto c/ ANSeS s/ reajustes varios, al que remite la Corte).
Concesión errónea del recurso, facultades del fiscal, interposición del recurso, calidad de parte, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M. N. M. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-02

Corresponde declarar mal concedido el recurso deducido por el fiscal contra la resolución que rechazó otorgar autorización judicial para la destrucción y el desecho de embriones criopreservados que poseen defectos genéticos, porque, de conformidad con el criterio establecido recientemente por la Corte Suprema en la causa "P., A. y otro s/ autorización", del 20/08/2024, el Ministerio Público Fiscal no cuenta con legitimación para interponer el referido recurso. En dicho precedente, cuya pretensión resultó idéntica a la de la causa en cuestión, el máximo tribunal advirtió que el caso no es de aquellos en los que deba reconocerse al Ministerio Público el carácter de parte o, incluso sin alcanzar tal condición, la aptitud suficiente para, con total prescindencia de la actitud procesal de las partes en conflicto, controvertir lo decidido en la sentencia que puso fin al juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Corresponde rectificar la declaración de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, desde que no consigue la impugnante persuadir que la inteligencia asignada por el A quo al resolver -dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción- una cuestión de naturaleza fáctica y probatoria como lo es la que refiere a la prescripción de la acción de daños y perjuicios del caso y la duración de sus efectos, atente contra el principio pro homine y los derechos constitucionales y convencionales de la recurrente; y, más allá de la invocada deficiencia en la fundamentación que le reprocha, no logra acreditar que no se haya aplicado la normativa que regula el caso, o que su interpretación sea gravemente errónea o configure un grave apartamiento de la jurisprudencia de nuestra Corte provincial habilitando algún supuesto de excepción que amerite la apertura de la vía. (De la disidencia del Dr. Falistocco, a la que adhiere la Dra. Gastaldi)
Bien jurídico protegido, revocación de sentencia, defensa, sanciones disciplinarias administrativas, falsa denuncia, código penal, facultades jurisdiccionales, falta de dolo, ética profesional, sanciones del Colegio Profesional, sentencia absolutoria, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Kowaleski, Katya Marina - Falsa denuncia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2024-08-23

Considerando que el bien jurídico protegido en la falsa denuncia es el normal desenvolvimiento de la administración de justicia y requiriendo la existencia del dolo que impone el conocimiento y la conciencia de saber que lo que se está denunciando como acontecido es falso, debe revocarse la imputación por la comisión de aquél delito efectuada por el a quo a quien promovió acción penal contra el padre de su hija atribuyéndole incumplimiento de los deberes de asistencia familiar por falta de pago de la cuota alimentaria, dado que la madre desconocía absolutamente el cumplimiento del progenitor debido a la ineficacia de la defensa técnica de su letrada correspondiendo en consecuencia su inmediata absolución.
Derecho laboral, despido, daño resarcible, daño moral, conducta de las partes, rechazo del reclamo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Denza, Adriano Ernesto c/ Círculo Argentino de Odontología Asoc. Civil s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El accionante a quien se lo despidió por supuesto maltrato y falta de respeto a ciertas empleadas mujeres, objetó que se denegase lo peticionado en concepto de daño moral. En sede penal fue sobreseído respecto a la denuncia por calumnias e injurias que realizaran las empleadas, concluyéndose en sede penal que los hechos imputados al actor pudieran ser calificados como "chistes subidos de tono". Ello ha tenido que ser receptado por la OIT en el marco del Convenio 190, caracterizado por la amplitud de conceptos, a fin de desterrar turbaciones agresivas o desconcertantes (en todas sus variables) en los espacios de trabajo. En definitiva, en eso consiste garantizar un contexto de trabajo saludable (en términos psicosociales). No existen elementos para tener por comprobado el abuso. Así, los "chistes subidos de tono" (decisorio penal) implicaron -al menos- una falta de respeto propiciada por el actor hacia sus compañeras de trabajo, que no lo hacen merecedor de una reparación por daño moral. Toda vez que no existen dudas respecto a que el reclamante incurrió en situaciones visiblemente cuestionables en el marco del paradigma establecido en el Convenio aludido, con independencia de la tipificación legal atribuible a los hechos dispuesta en la causa penal, e incluso de la inviabilidad del despido determinado por la parte demandada, el reclamo en concepto de daño moral será desestimado. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho público local, facultades del juez, ordenanzas municipales, Municipalidad, poder de policía, control ambiental, neumáticos, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Municipalidad de Casilda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El presente recurso no puede prosperar pues de la confrontación del escrito recursivo con las constancias de la causa, se advierte que los argumentos -tal como han sido traídos a esta Corte- tan sólo revelan la mera discrepancia de la recurrente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento y remiten a cuestiones fácticas, probatorias y de interpretación de normas de derecho público local, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, toda vez que -para declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora cuestionando el cobro de la Tasa de Almacenamiento, Traslado y Reciclado de Neumáticos Fuera de Uso a su fabricante y distribuidor- los Sentenciantes entendieron que la norma local colisionaba con las disposiciones de la Constitución nacional al avanzar en la materia extendiendo la responsabilidad a la empresa recurrente productora de neumáticos, sin verificarse la prestación de un servicio, imponiéndole una tasa específica para el financiamiento de un sistema de almacenamiento y disposición final de neumáticos fuera de uso; y, si bien aludieron a la cuestión del domicilio de la actora, hicieron especial referencia a que de las constancias de la causa no se había probado que la demandada le hubiera prestado efectiva y concretamente un servicio estatal individualizado que justifique la legitimidad y validez de la tasa creada por la ordenanza 2915/2018 en cuanto ubica a la empresa como sujeto pasivo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) Ordenanza 2915/18 de la Municipalidad de Casilda. - Jurisprudencia concordante con Bridgestone c. Municipalidad de Casilda, T 2024, sentencia nro. 346, sumario J0052938.
Recurso de inconstitucionalidad, empleador, defensa en juicio, Derecho laboral, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Boidi, Maximiliano Andrés c/ Giorgis, Alejandro y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

La supuesta indefensión, referida genéricamente por la Sala, contrasta con lo efectivamente ocurrido en la litis e, incluso, previo a ésta, desde que la accionada ejerció materialmente el derecho de defensa que la Cámara refiere como vulnerado; tal es así que la empleadora lo materializó en oportunidad de contestar las diversas comunicaciones telegráficas remitidas por el empleado, como también al momento de contestar la demanda, en oposición a cualquier reclamo o pretensión que invocara o pudiere invocar el actor, desconociendo incluso, también de forma incondicional, la base misma de cualquier reclamo, al negar ningún tipo de relación -laboral o no- e incluso la mera prestación de ninguna actividad o servicio a su favor; por lo que lo decidido en el punto no se corresponde con las circunstancias del caso tal como fueron acreditadas.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción, interrupción de la prescripción, beneficio de litigar sin gastos, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

Como regla, la decisión sobre la duración del efecto interruptivo de los actos procesales asimilados a la demanda sobre el curso de la prescripción, bajo el ámbito de aplicación del Código Civil derogado, corresponde a los jueces de la causa y se encuentra excluida del ámbito del recurso extraordinario, justificándose sólo la intervención de la Corte sobre el punto cuando la respuesta jurisdiccional es inconcebible dentro de una racional administración de justicia; y teniendo presente que aún tramitan expedientes que deben resolverse a la luz de la referida normativa y cuyos actores para obtener la declaración de pobreza han transitado por un proceso regido por el anterior artículo 333 del Código Procesal (modificado por ley 13615), no cabe trasladar los fundamentos utilizados en el fallo "Burella" (en cuanto a la duración de los efectos de la interposición del beneficio de litigar sin gastos como interruptivo del plazo de prescripción), sin examinar detenidamente los pormenores de la causa sometida a decisión, en particular, la conducta desplegada por quien peticionó la declaración de pobreza y aquellas situaciones que, ajenas a la voluntad del actor, pudieran haber incidido en la prolongación del trámite, en tanto una sentencia que determinara la prescripción con el solo argumento de que la declaratoria de pobreza duró el mismo período que sucedió en un supuesto resuelto anteriormente por esta Corte, podría estar viciada por contener afirmaciones dogmáticas y no ajustarse a la realidad del caso concreto, motivo por el cual el recurso de inconstitucionalidad presentado debe declararse procedente. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJStaFe: Burella, AyS T 310, p 196.
Control de razonabilidad, deberes del juez, interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PROCESAL
Carátula: F. A. c/  s/ guarda a pariente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-19

El interés superior del niño no puede entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias comprobadas en cada asunto, por lo que su configuración exigirá examinar por un lado las particularidades del caso para privilegiar ante las alternativas posibles de solución la que mejor contemple la situación real del infante, y por el otro cómo se verán afectados sus derechos por la decisión que corresponda adoptar.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, accidentes de trabajo, relación de causalidad, falta de prueba, cuestión no decisiva
Materia: AGRARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brest, Bernardo Rafael c/ Moro, Mabel del Carmen y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

La Sala puso en evidencia que no se había acreditado ningún siniestro en ocasión de una vinculación de trabajo, y en este punto marcó la falta de claridad y precisión en cuanto a las tareas que se decían haber cumplido para las demandadas, carencia que conspiraba contra su pretensión, máxime en tanto se encontraba firme la contratación asociativa con el padre del actor, por lo que juzgó que el apelante no había planteado ningún argumento que pudiera revertir lo decidido en la instancia inferior, al no señalarse yerro alguno en lo decidido ni decisividad en sus planteos apelatorios; y frente a tales argumentos, el recurrente no alcanza a probar un supuesto de falta de fundamentación en lo resuelto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Spretz, Rosa Nieves c/ Sánchez y Sánchez S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad (quejas admitidas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Se advierte que aunque invoca causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada por la impugnante -pese al matiz constitucional que pretendió otorgarse- remite a temas de ponderación de pruebas, materias propias de los jueces de la causa que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción, en tanto los argumentos expuestos por la Sala para convalidar lo resuelto en primera instancia respecto de la falta de acreditación de la fecha de ingreso postulada por la actora, no resultan conmovidos por las afirmaciones de la presentante, las cuales demuestran su clara disconformidad con la decisión adoptada.
Procedencia del recurso, quiebra, cesación de pagos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Arca Distribuciones SA  c/  s/ quiebra s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-02

Cabe hacer lugar a la queja de los acreedores por el recurso denegado, interpuesto contra la resolución que dispuso el levantamiento condicional de la quiebra. Ello por cuanto, si bien el levantamiento sin trámite de la quiebra resulta inapelable (conf. Rouillon Adolfo A. N., "Régimen de Concursos y Quiebras", pág. 211, Graziabile, Darío J. "Instituciones de Derecho Concursa!", T. IV, pág. 449) pues solo sería apelable la sentencia denegatoria del levantamiento sin trámite, por lo que, en principio, la sentencia favorable no sería recurrible (Cámara, Héctor "El concurso preventivo y la quiebra", T. III, pág. 460). No obstante, en el caso particular de autos no puede soslayarse que ya ha comenzado a tramitarse la quiebra decretada lo que derivó en la presentación en los autos principales de varios acreedores pretendiendo el reconocimiento de sus acreencias, como lo son los quejosos, respecto de los cuales no se habría efectuado depósito alguno. Frente a ello, se observa que lo cuestionado por los recurrentes sería el cumplimiento de uno de los requisitos de la LCQ 96 para ordenar el levantamiento de la quiebra, esto es, que el deudor acredite no encontrarse en estado de cesación de pago. Tal circunstancia, a criterio de esta Sala, amerita la apertura del recurso que nos ocupa puesto que el gravamen para los quejosos estaría dado en que, encontrándose ya decretada la quiebra, se los estaría obligando a promover otra acción cuando, según alegan en su recurso, la cesación de pagos no estaría debidamente desvirtuada.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En autos se ha configurado un retardo en la duración de la causa que permite afirmar la lesión a la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, desde que, su duración -han pasado más de veinte años de sucedidos los hechos sin que la causa aún arribe a una sentencia firme- rebasa los límites de razonabilidad tolerados por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al alejarse diametralmente de los tiempos de duración esperables para la tramitación de un proceso penal, máxime cuando se trata de sucesos de trascendencia e importancia por sus consecuencias, como los investigados en el presente (estrago culposo agravado por la muerte de personas, por negligencia de los funcionarios en sus obligaciones de reducir y/o minimizar los efectos de la inundación del río Salado); y si bien no se verifican lapsos temporales específicos en los que se hubieran constatado demoras excesivas, o largos o continuos períodos de inactividad, de todos modos en su consideración conjunta la duración que el trámite del presente proceso penal ha tenido resulta irrazonable; por lo tanto, asiste razón a la defensa al cuestionar la resolución de la Cámara que rechazara su planteo, siendo indiferente -por las razones expuestas- a los fines de determinar la lesión al derecho de todo ciudadano a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, que la acción penal se encuentre vigente -según los parámetros legales que rigen el instituto de la prescripción-, en tanto la violación a la garantía referida ha sido evidente y, en consecuencia, surge la necesidad de poner fin a la persecución penal, por constituir ella misma una lesión a los derechos individuales reconocidos. (De los fundamentos del Dr. Erbetta)