Proceso penal, prisión preventiva, arresto domiciliario, inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, crímenes de lesa humanidad, cuestiones procesales, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, José Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-12

La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal de mérito consideró relevantes para rechazar el beneficio solicitado. Benítez se encuentra imputado por sucesos calificados como delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio y delitos de Lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente como delitos de lesa humanidad. Corresponde recordar que la CIDH en su resolución 1/2020 -punto 47- indicó que respecto de las personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión, y respecto de casos de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, debe evaluarse atendiendo al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, y que tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. Si bien Benítez se encuentra en la franja etaria establecida como población de riesgo y presenta antecedentes de salud -tal como lo señaló el tribunal de grado- esas circunstancias por sí solas no habilitan la concesión automática de la detención en la modalidad domiciliaria, en los términos del art. 10 del Código Penal y 32 de la ley 24660 y a la luz de los méritos establecidos en la Acordada 9/20 de la CFCP, por cuanto su salud se encuentra protegida en su actual lugar de alojamiento, sin que ello implique -de momento- un riesgo superior al que podría afrontar en su domicilio, extremo éste que la defensa no ha logrado acreditar. A lo expuesto se agrega que hasta el momento no se han reportado casos positivos ni sospechosos de COVID 19 dentro de la población carcelaria y que la edad del imputado y la situación de aislamiento en un espacio que garantiza la atención médica en tiempo oportuno, resultan elementos suficientes para denegar el beneficio requerido. Así, se concluye que se han evaluado correctamente, en el caso, los presupuestos de viabilidad del arresto domiciliario, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser reeditada teniendo en cuenta la evolución del estado de salud de Benítez y el carácter dinámico de la pandemia declarada. Por último corresponde encomendar al tribunal de mérito a que requiera al Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza donde el nombrado se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de las Acordadas 3/20, 9/20 -punto 4- de esta CFCP y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el SPF". El voto concurrente remarcó que tomando en cuenta la evolución diaria de las medidas y decisiones que se adoptan en función de la progresión del coronavirus (COVID-19), sumado a que la solicitud en trato se encuentra inescindiblemente vinculada a la constatación de un extremo de hecho que refiere a la salud del reclamante, lo que implica una situación dinámica, coincidimos con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 en ordenar a las autoridades del Hospital Penitenciario Central I que continúen brindando la atención médica adecuada al imputado y que informen con urgencia cualquier modificación en su cuadro clínico o en las condiciones de alojamiento. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña -voto concurrente-.