Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-16


Buenos Aires, Noviembre 16 de 2006.

Considerando:

A fs. 39/45 la actora interpone recurso de apelación contra una resolución de fecha 15/10/2004 de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva, por lo que se impone la obligación de ingresar la suma de pesos ciento trece mil setecientos cincuenta ($113.750,00), en concepto de impuesto a las Ganancias, ejercicio fiscal 1999 y de ingresar en concepto de intereses resarcitorios pesos doscientos tres mil ochocientos veintiuno con cinco centavos ($203.821,05).- A fs. 54/63 contesta traslado el Fisco nacional, pidiendo el rechazo por las razones que expone con costas y presenta la reserva del Caso Federal.- A fs. 73 se abre la causa a prueba ordenándose la testimonial que luce a fs. 88/90.- A fs. 92 se elevan los autos a sala B, donde alega la demandada a fs. 93/95 y la actora a fs. 96/97.- A fs. 98 pasen los autos a sentencia.- I. Que la actora acreditó ante la inspección, contrato de mutuo celebrado entre la empresa Bioimplant S.A. y Decorviel S.A. y la quiebra de Decorviel S.A.- Que con respecto a la deducibilidad de los malos créditos, la actora toma como fundamento que, como regla general, la ley de Impuesto a las Ganancias admite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las fuentes productoras de crédito. Que dicho tema está previsto en el art. 87 de la ley del tributo. Que el art. 87 inc. b) de la misma ley permite deducir los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo a los usos y costumbres del ramo. Que asimismo el art. 133 del decreto reglamentario de la ley del gravamen dispone la procedencia de la deducción por castigos sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales. Que el art. 136 del mismo decreto reglamentario establece cuales son los índices de incobrabilidad necesarios para la viabilidad de la deducción.

Que en efecto el mencionado artículo estipula que cualquiera que sea el método que se adopte para el castigo de malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan.

Que de lo expuesto se observa que, en sentido opuesto, la ley habilita la deducción de aquellos créditos originados en operaciones como es el supuesto de autos.

Que la ley exige para que prospere la deducción del crédito, la iniciación del cobro compulsivo, ya que el solo hecho de tener que acudir a ellas es considerado suficiente para la imputación a pérdidas del deudor.

Que la actora afirma, que Bioimplant S.A., justificó el carácter de incobrable del crédito y agotó los medios legales necesarios para su recupero desde el momento que se presentó a verificar su crédito en el concurso de la empresa deudora.- Que la actora arguye que este Tribunal en la causa "Salto 96 S.A." de fecha 11/02/00, consentiría la deducción del crédito en ciertos supuestos en que no se inició el cobro compulsivo, que aquí, en este caso se inició el cobro compulsivo al presentarse a verificar su crédito en el concurso.

Que con respecto a la limitación por el objeto social, la actora, manifiesta que cabe resaltar que dentro de las facultades conferidas al Fisco Nacional en la ley 11.683 es dable observar la de interpretación de las leyes tributarias, pero no existe facultad ni competencia para interpretar otras leyes, en especial aquellas que regulan situaciones generales y establecen organismo de contralor como es el de sociedades y la inspección General de Justicia.

Que es necesario que cada empresa establezca su objeto social, de acuerdo a normas de la Inspección General de Justicia, el que conforme al art. 3 de la ley 19.550 y modificaciones debe ser "preciso y determinado", pero dada la infinita variedad de los actos que las sociedades celebran en el desarrollo de su giro, no siempre es fácil establecer si un acto excedió o no el objeto social y cuáles son las consecuencias. Que sin embargo cabe resaltar una diferencia: no es lo mismo objeto que actividad pues no son sinónimos. Que las actividades conexas o accesorias en ningún momento violarán o actuarán en exceso del objeto social, ello claramente está expuesto en los arts. 18 y 19 de la ley 19.550 y en el último párrafo del Estatuto societario y su modificación agregado en autos.

Que la rigidez formal y la intención de obtener elementos, cualquiera sean, para justificar el criterio fiscal llevan a consagrar como cuestiones fundamentales lo que en realidad es nada mas que un absurdo rigorismo formal.

Que la actora concluye haciendo hincapié en que se debió tomar al mutuo impugnado como una actividad conexa o accesoria del objeto societario.

Que en apoyo a su postura cita jurisprudencia.

II. Que la demandada comienza negando todo y cada uno de los hechos alegados por el recurrente, que también niega la interpretación que hace la actora del derecho aplicable.

Que como primera medida la demandada hace referencia a la argumentación esgrimida por el juez administrativo, que da las razones del ajuste con un doble fundamento: a) respecto del crédito proveniente de préstamos otorgados a la firma "Decorviel S.A."; se constata que la operación no se relaciona con la actividad comercial desempeñada por la verificada; b) el mutuo invocado no obedece a las actividades que la verificada tiene incluidas en su objeto social, como tampoco está revestida del carácter de habitualidad que demanda la normativa específica.- Que desde otra óptica, el acto en recurso ha analizado la procedencia de la deducción acorde a lo establecido en el art. 133 del Decreto Reglamentario en función de su origen, concluyendo que lo referidos prestamos no integraron los beneficios imponibles en tanto que la apelante no asentó el resultado positivo de la operación realizada con Decorviel S.A., ergo, no se corresponde con una operación comercial cuya incobrabilidad pueda ser deducida del balance impositivo.- Que agrega la demandada, que el juez administrativo con muy buen tino consideró oportuno confrontar las previsiones contenidas en los arts. 64 y 66 de la ley de sociedades comerciales y el análisis de los estados contables de la fiscalizada al 30/06/1999 a fin de establecer cuáles son las actividades desarrolladas por la empresa y que según el citado plexo normativo debió identificar en los resultados o cuentas de ganancias y pérdidas del ejercicio. Que se pudo comprobar que la sociedad no informa que realiza actividades conexas o accesorias alguna en clara contradicción a la aseveración dogmática que realiza la actora.- Que merece destacar la ausencia de probanzas que acrediten el extremo invocado, ya que la conclusión que arriba el juez administrativo halla respaldo en los cuerpos documentales aportados por la propia actora.- Que se por último la demandada manifiesta que no debe soslayarse que, la recepción de las alegaciones impugnatorias, implicaría una magra vulneración a las garantías legales en las que descansa la actividad recaudatoria. Que debe añadirse la inexistencia de nuevos elementos de juicio hábiles de conmover el temperamento plasmado en la resolución criticada, por lo que solicita se rechace el recurso impetrado, con costas.- Que se destaca que la actora, nada expresa sobre los intereses resarcitorios.

Que en apoyo a su fundamento cita jurisprudencia.- III. Que en cuanto al fondo de la cuestión, es necesario confrontar a grandes rasgos las distintas posiciones, por un lado la de la actora que haciendo una interpretación amplia del art. 133 del Decreto Reglamentario, ve habilitada la deducción de los créditos originados en operaciones comerciales y por otro lado la que muestra la Administración que ve en los contratos de mutuo una actividad ajena a la actividad productora de la renta de Bioimplant S.A., que no era actividad en el objeto de la sociedad y que no se detectó otra relación entre las dos empresas que estos contratos de mutuo.

Que como claramente resulta en autos, se ve que no hay conexión entre las distintas empresas, salvo estos contratos de mutuo y que sus objetos sociales son marcadamente diferentes.

Que con respecto a "operaciones comerciales" que menciona el art. 133, cabe hacer referencia a lo expuesto por el Dr. Enrique Jorge Reig en su libro "Impuesto a las Ganancias" 7º edición agosto de 1979, página 436, origen de operaciones comerciales: "Para que el crédito sea deducible cuando asume el carácter de incobrable, es preciso que con anterioridad haya integrado los beneficios imponibles el concepto que dio lugar a su nacimiento o haya estado originado en operaciones propias del giro del contribuyente. Así lo requiere el art. 129 al señalar la condición de que el origen del crédito responda a operaciones comerciales. Si el crédito tuvo como origen operaciones ajenas a la actividad productora de la renta por ejemplo, préstamos familiares, ventas de bienes que no generan renta alcanzada por el impuesto sino ganancia eventual, créditos correspondientes a operaciones exentas o de fuente extranjera, etc., la deducibilidad por malos créditos no se permite". Frente a ello, son inocuas las testimoniales aportadas a autos.

Que no habiendo otra observación que realizar corresponde confirmar la resolución apelada, que impone a Bioimplant S.A., la obligación de ingresar la suma de $113.750,00 (pesos ciento trece mil setecientos cincuenta) en concepto de impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 1999 e ingresar en contenido de intereses resarcitorios la suma de $203.821,05 (pesos doscientos tres mil ochocientos veintiuno con cinco centavos).

Por ello se resuelve: 1) Confirmar el acto apelado, con costas, por su orden. 2) Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $3.175,71 (pesos tres mil ciento setenta y cinco con setenta y un centavos), en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, (conf.: arts. 3º y 4 de la ley 22.610, con las modif. introducidas por la 23.871). 3) Regular honorarios, a cargo de la actora, a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, Dras. Silvia J. Pepe, Evangelina N. Urondo y Analía V. Micciullo en el carácter de patrocinante, coapoderada y coapoderada, respectivamente, en las sumas de $34.000 (pesos treinta y cuatro mil), $6.800 (pesos seis mil ochocientos) y $3.400 (pesos tres mil cuatrocientos), también respectivamente, de conf. con los art. 6º, 7, 22 y concordantes de la ley 21.839 y 7 de la ley 23.928. Se deja constancia que la presente regulación no incluye el I.V.A. 4) Pasen los autos a Secretaría General de Asuntos Impositivos a los efectos ordenados a fs. 51. - Carlos A. Porta. - Juan P. Castro. - Agustín Torres.