marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Allanamiento, nulidad absoluta, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pereyra, Celso Justo y otros s/ Hurto simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-19

En nuestro sistema jurídico constitucional el domicilio es inviolable, conforme lo consagra como garantía el art. 45 de la Const. Pcial. y sólo puede ser allanado con orden motivada, escrita y determinada de juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Por otra parte el C.P.P. vigente al tiempo de la realización del acto que se cuestiona (Ley 5154) en su art. 226 reglamenta la facultad de allanamiento estableciendo que el juez ordenará por decreto fundado, el registro del lugar.

Si se carece de decreto y por lo tanto de fundamento para ordenar el allanamiento nos encontramos frente a una flagrante violación de una garantía constitucional, tan esencial para la República y el Estado de Derecho, que no puede dejarse pasar por inadvertida y sancionada con nulidad absoluta, no sólo de la medida practicada ilegalmente, sino de lo obtenido, es decir el acto de secuestro y de los demás actos posteriores que de él dependan. Esto es así, en razón del dispositivo del art. 186 del C.P.P., por el que sólo deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en los incisos 1 al 3 del art. 185 del C.P.P.; es justamente el inc. 3ro. de ese mismo dispositivo el que determina que se entenderá siempre prescripta, bajo pena de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes a la "intervención del imputado en el proceso".

Valorar la prueba obtenida ilegalmente, dando base a la acusación y eventualmente a una sentencia condenatoria es desterrar en la práctica el derecho de defensa en juicio (art. 18 Const. Nac. y art. 40 Const. Pcial.), acarreando inexorablemente la nulidad absoluta de lo resuelto máxime cuando en la actual Constitución de la Provincia, expresamente, el art. 41 así lo establece al determinar que los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria, agregando que tal ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.

No basta con la sola orden de allanamiento, pues la vulneración de la privacidad del domicilio constituye un acto ilícito a excepción del que resulta justificable, la autorización no juega libremente.

Lejos de ello, los arts. 203 parte primera y 204 del C.P.P. dan buena cuenta de la necesidad de la existencia de un decreto que explícitamente de las razones legitimadoras de la medida.
Tributos aduaneros, nomenclatura arancelaria aduanera, facultades del Poder Ejecutivo, delegación legislativa
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: CAFES LA VIRGINIA  S.A. c/ A.N.A. s/ RECURSO DE APELACION CON DENEGATORIA DE REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

Cuando el Poder Ejecutivo -por sí o por medio del Ministro autorizado- modifica, por delegación, las nomenclaturas arancelarias está ejerciendo legítimamente una facultad delegada. No otra cosa ha entendido el Alto Tribunal al sostener que en supuestos como el de autos el Congreso Nacional ha autorizado al Poder Ejecutivo a "reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la ley".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, sustracción de tarjeta de crédito, denuncia, carga probatoria dinámica, juicio, partes, lealtad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA c/ MENNA, HECTOR RODOLFO Y CHIVILO, ANTONIA DOMINGA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  4 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Constituye un axioma no discutido que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. En el caso, la Sala juzgó que, a fin de dilucidar el entuerto, revestía suma importancia valorar el formulario de denuncia de pérdida de la tarjeta de crédito que fue acompañado por la accionada y por el perito contador, pero no por el Banco, que había traído uno similar, con otro número y del cual surgían datos contradictorios con los contenidos en el primero.

Esta divergencia hizo que el Tribunal juzgara de trascendental importancia la actitud de "ocultamiento" del primero de los formularios por parte del Banco accionante, a quien adjudicó el deber moral y jurídico de haber allegado a la causa los elementos que permitieran definir la contienda, valorando en forma negativa su conducta omisiva a la luz de la regla de las cargas probatorias dinámicas por considerar que era la entidad bancaria quien en mejores condiciones -técnicas, profesionales y fácticas- estaba de aportar probanzas al respecto.

En síntesis, la respuesta de los Juzgadores se sustenta en el análisis de las particulares circunstancias del caso, ponderadas a luz de los principios generales en materia probatoria y, fundamentalmente, del principio de colaboración de las partes en el proceso, traducido en una particular forma de distribución de las cargas probatorias; todo ello robustecido con los conceptos protectorios del consumidor en los cuales enmarcaron el presente debate.
Concursos, homologación del acuerdo, rechazo del acuerdo preventivo, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA SA Y OTROS s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

La posibilidad de la "tercera vía", frente a la imposibilidad de homologar un acuerdo, se funda en que el proceso del concurso preventivo no sólo se halla orientado hacia los intereses privados de los acreedores, sino que repercute dentro del ámbito de la actividad económica donde esta situación se exterioriza, causando mayor o menor perturbación y, en esa inteligencia, no es un dato menor tener en cuenta las posibilidades de éxito de una actividad comercial cuando ella sigue siendo ejercida por aquél que la concibió o que la ha venido ejerciendo hasta ese momento; es connatural a los modernos regímenes concursales, tanto la defensa del orden público cuanto la conservación del interés general, es decir, que el área de protección excede el marco de la simple tutela del crédito, ya que no sólo ampara a éste, en la medida en que salvaguarda el interés común de todos los acreedores mediante un proceso universal típico, en el cual confluyen todas las expectativas singulares; sino que, ahondando la relación, la enmarca en el ámbito de la "empresa", deslindando las consecuencias falimentarias, de manera tal que al escindir a éstas de sus titulares, permite la permanencia de aquéllas que por su interés económico y los intereses afectados así lo imponen, finalidad que se logra ya sea bajo la figura del "cramdown" donde esa escisión entre empresa y empresario se plasma cabalmente -ya que pueden aparecer terceros que se hagan cargo de esa empresa-, o incluso, a través de la "tercera vía", ya que por medio de ésta puede el mismo empresario que fracasó y a quien no le fue homologada su primigenia propuesta de acuerdo, sugerir otra que pueda alcanzar ese objetivo; todo esto, en el marco de las facultades que actualmente la ley falimentaria confiere al juez concursal, quien -en definitiva- debe escoger, entre todas las alternativas posibles, aquella que mejor se compadezca con las finalidades de los concursos y el interés general.
Estado Provincial, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: López Rega, José c/ MARTINEZ DE PERON, M.E. Y OTROS s/ incidente de excarcelación -causa N. 20.580 MALVERSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

La existencia de distintas regulaciones procesales dentro de las respectivas jurisdicciones de la Nación y las provincias es consecuencia directa del sistema federal adoptado por la Constitución Nacional (arts. 1, 67, inc. 11 y 104) de modo que cada una de ellas es libre de dictarlas.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable del imputado por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años, alteración de su estado civil y falsedad ideológica de instrumento público perpetrados no se encuentra vulnerado, dado que se trata de delitos de lesa humanidad cuya investigación resulta compleja, pues son cometidos en muchos casos en concurso real de múltiples hechos, sumado a que esta garantía debe ser conjugada con el deber internacional del Estado de juzgar y sancionar este tipo de crímenes.
Competencia ordinaria, competencia penal, incumplimiento de los deberes del funcionario público, actividades subversivas
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: EUGENIO ARCADIO SALVAI s/ COMPETENCIA  ORDINARIA-  TENENCIA  DE  ARMAS  Y  MUNICION  DE GUERRA-  DELITO  DE    INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Es competente la justicia local, y no la federal, para conocer de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción y-u ocultamiento de documentos confiados a su custodia. Ello es así, pues la conducta del imputado no aparecía, de acuerdo con las probanzas arrimadas al proceso, como vinculada con una actividad destinada a combatir la subversión.
Constitución Nacional, partidos políticos, subsidio estatal
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

El art. 38 de la Constitución Nacional no excluye como punto de financiamiento la cuota de los afiliados ni como contribución estatal, la concesión de franquicias o exenciones impositivas.
Nulidad del acto jurídico, pautas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TREJO JUANA IRENE s/ DENUNCIA HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-02-06

Las nulidades no se declaran en el solo beneficio de la ley, es decir, no es procedente declarar la nulidad por la nulidad misma; y además, la parte no sólo debe reclamar la violación de las garantías constituciones, sino que tiene la obligación de demostrar el verdadero perjuicio que la supuesta irregularidad le ocasiona.
Obligaciones, mora, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: YACIRETA, ENTIDAD BINACIONAL c/ ENCOMINERA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-04

Con arreglo a la Jurisprudencia de la Corte, producida la mora del deudor nace para el acreedor el derecho de percibir su crédito actualizado en función de la depreciación monetaria ocurrida desde que tuvo lugar el nacimiento de la obligación.
Accidente de tránsito, inoponibilidad a terceros, franquicia de transporte, ley de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Conde, Carlos Alberto c/ Línea 41 Azul SATA y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

No puede una simple resolución de la S.S.N, derogar la obligatoriedad de asegurarse conforme lo estatuyen, por ejemplo, el art. 68 de la ley 24.449 y el 48 de la anteriormente vigente ley bonaerense 11.430, puesto que carece de razonabilidad un ejercicio de poder supuestamente delegado por la ley, mas aún cuando tan elevada franquicia desnaturaliza una norma de alto contenido social, confronta hasta el absurdo cuando es claro que la siniestralidad en el autotransporte público de pasajeros es elevadísima y que la mayor parte de los reclamos encuadran en dicho descubierto obligatorio. (Del voto del Dr. Liberman)
Asociaciones civiles, sanciones civiles
Materia: CIVIL
Carátula: MALOSSABI DE ORGUEIRA c/ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-26

Existe arbitrariedad cuando los procesos sancionatorios de las asociaciones civiles son conducidos por vías formales que desvirtúan el derecho constitucional de debida defensa, cuando a lo largo de su tramitación surge un ánimo tendencioso en el juzgamiento, cuando las pruebas ofrecidas por los sancionados son declaradas inadmisibles sin justificación alguna y cuando, en definitiva, bajo el ropaje de ciertos recursos sólo se puede arribar a la confirmación del propio acto recurrido.
AFJP, inconstitucionalidad, aplicación de la ley, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, sanciones administrativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA   DE  AFJP c/ CONSOLIDAR  AFJP s/ ORGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Del Dictamen Fiscal 116414:

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24241: 152  con fundamento en que dicha norma no establece la gravedad de las infracciones, ni regla las pautas que ha de utilizar la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) para imponer las sanciones que aquella prevé. Ello así pues en la norma mencionada se ha establecido que sanciones pueden ser aplicadas y ha determinado ciertos criterios que deben regir su aplicación; además, su finalidad es permitir a la Superintendencia de AFJP disuadir a las administradoras del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, a través de medios efectivos. Ello a fin de evitar que por la vía de la interposición del recurso, se impida la adopción de las providencias que -a juicio de la entidad facultada para ejercer el control de la actividad- fuere necesario concretar con celeridad para lograr el resguardo del sistema. A más, cabe resaltar que la afjp es una organización, con un elevado nivel de profesionalidad, que se ha sometido voluntariamente a una relación de sujeción especial con la Superintendencia y a un régimen intensamente regulado por el estado, como es el establecido por la ley 24241, en atención a la relevancia del interes público comprometido.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, acción de nulidad, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz, Néstor Hugo c/ Kahale, Zulma Inés s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

Procede anular la sentencia dictada, en tanto se desprende de ella que el magistrado de grado se expidió sobre la eficacia del segundo informe pericial rendido en autos y desestimó la defensa de falsedad de título opuesta por la accionada con sustento, precisamente, en el resultado de aquél, desatendiendo que, con anterioridad se había producido otra pericia, respecto de la cual se encuentra pendiente de dilucidación un planteo de nulidad articulado por la parte actora. Además, se advierte que en el pronunciamiento apelado se obvió toda consideración respecto de las demás defensas opuestas por la aquí apelante (falta de personería e inhabilidad de título). Por otra parte, si bien resulta coincidente el DNI de la persona demandada con el de la aquí apelante, frente a la divergencia en el nombre de ambas, debió haberse establecido cuál es el sujeto demandado, procediendo, en su caso, a la modificación de la carátula, si así fuera de menester. En este marco, cabe señalar que el acto jurisdiccional llevado a cabo por el juez debe ser el resultado de la adecuada compulsa y ponderación de las actuaciones cumplidas en el expediente, lo cual se impone, tanto como una garantía del derecho de las partes y como una consolidación del poder judicial a través de sus resoluciones, cuya firmeza no está dada solamente por la autoridad que despliega el órgano jurisdiccional, sino por la convicción que debe emanar de los actos que toma.
Recurso de casación penal, excarcelación, resoluciones equiparables a definitiva, falta de agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: BAUTISTA, Claudia Magdalena
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-02

Las resoluciones que deniegan la excarcelación o la exención de prisión, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros). Dicho aspecto, por sí sólo, resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes "Di Nunzio", "Durán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente), en razón de que además debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y ante esta instancia, aquel límite, en casos como el ventilado en autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.
Robo con armas, prueba, pericia balística, falta de prueba, robo simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: CAPASSO, R. s/ ROBO  -  ARMAS - EXCLUSION - OMISION PERITAJE PROYECTILES ARMA - ROBO  SIMPLE - TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La omisión de peritaje sobre los proyectiles del arma, impide determinar si se trataba de un arma apta para disparar, es decir, cargada con proyectiles capaces de detonarse, o sea, con "proyectiles" en el sentido estricto, pues si no hay detonación, no hay nada que impulse la bala y por ende, no hay "proyectiles" cargando el arma; por cuya razón la calificación de la conducta atribuida a los procesados en la de tentativa de robo simple, excluyéndose la de robo calificado por su comisión con armas.
Contrato de trabajo, salario mínimo, vital y móvil, facultades del Poder Legislativo, inconstitucionalidad, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MOYENTAL, JOSE c/ BAGLEY  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Si bien al salario mínimo vital y móvil constituye un problema de política legislativa, debiendo determinarse su monto por acto estatal de órganos no judiciales, en determinados supuestos de excepción, planteada la inconstitucionalidad del tope del art. 8 de la ley 23643, se justifica apartarse de esa regla. esto es, cuando la aplicación de tal criterio lleva a la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asergurar, en que por aplicación del tope máximo de la ley 9688, se reduce sustancialmente el crédito laboral del actor, motivado por la inercia de los poderes estatales, que a partir de julio de 1989 no adecuaron los salarios mínimos vitales y móviles durante más de un año, a pesar de regir un período de notoria inflación y desvalorización monetaria.
Recurso de casación, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, procedencia del recurso, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ULLOA LIDIA MERCEDES s/ LESIONES CULPOSAS DE CARÁCTER LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-23

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal, y en consecuencia revocar el sobreseimiento dispuesto sobre un imputado en orden al delito de delito de lesiones culposas de carácter leves (art. 94 en relación al 89 del C.P.), por aplicación de la doctrina de la insubsistencia. En este sentido, para que se configure la doctrina mencionada debe configurarse dilaciones groseras en el procedimiento y que violen el plazo razonable en el juzgamiento, lo cual es de aplicación restrictiva; también requiere que exista restricción a la libertad personal prolongada y que la demora se deba a la invalidez declarada en virtud de nulidades procesales, lo que no ocurre en el presente caso.
Medidas cautelares, medida de no innovar, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BRAMUGLIA, Guillermo s/ medida de no innovar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-29

No se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial para el dictado de una medida cautelar, dirigido al Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional para que se abstenga de suscribir cualquier instrumento que altere los términos de un contrato de concesión hasta tanto finalice la investigación de un caso penal. Ello, pues en relación con las decisiones de la administración pública -habida cuenta su presunción de legitimidad- son requisitos o notas específicas de carácter excepcional que el peligro en la demora sea grave o irreparable y que se resguarde cuidadosamente la prevalencia del interés público al decretarla. Además, y desde una estricta óptica penal, la medida debe ser relevante para el objeto procesal y con consecuencias positivas o negativas para la investigación.

La medida precautoria además, se presenta como la presunción de un futuro hecho ilícito incompatible con el estado de derecho.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ, MARTA BEATRIZ c/ OSCAR FEDERICO ELIAS Y OTROS s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-12

Para que proceda el pago de horas extras, el obrero debe probar el número, modalidades, frecuencia y lapsos de las mismas.
Indemnización, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, DOLORES DEL CARMEN c/ LOGISTICA LA SERENISIMA S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-12

El art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, dispone que la indemnización equivaldría a "un año de remuneraciones" y es bien sabido que el sueldo anual complementario integra la remuneración anual de los trabajadores, pues está regulado en el Capítulo III, del Título IV, que se refiere a dicha contraprestación establecida a favor de los dependientes por la ejecución de los servicios para los cuales fueron contratados.

Además, dicha retribución que percibe el trabajador, encuadra en el concepto o definición de la ley, en su art. 103
Accidentes de trabajo, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: RENIERO, LEONIDES MANUEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS-ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-15

Debe tenerse presente que las "tablas de incapacidades", a las que acuden generalmente los peritos, tienen un valor meramente orientador, desde que son de carácter teórico, en las que se tiene en cuenta un "hombre promedio abstracto", mientras que lo que debe indemnizarse es la incapacidad que ha sufrido una persona concreta y determinada.
Accidente de tránsito, exceso de velocidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRALLES c/ NIGITO s/ Ordinario (LIBRO: S109 - 066)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-03-24

Si bien la jurisprudencia tiende a no adoptar criterios rígidos en cuanto a lo que se debe considerar velocidad excesiva, sino ajustarlo de acuerdo a las circunstancias, es coincidente en aceptar que es la que no permite al conductor controlar su vehículo ante la presencia de un obstáculo, aunque este resulte impreviso.-