Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-19


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los días del mes de abril del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia del Dr. Julio Antonio Alexandre y asistencia de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C. SRL c/ M., M. J. s/ ORDINARIO", expte. nro. 290/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 844/01), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 1118), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 682/693vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 682/693vta., por la que se desestima la demanda en todas sus partes porque el a quo, de oficio, constata falta de legitimación activa de la accionante y pasiva en la accionada; careciendo de virtualidad jurídica expedirse sobre la excepción de prescripción de la acción, oportunamente opuesta por la demandada e impone las costas a la vencida y estableciendo en monto de los honorarios de los profesionales actuantes, es apelada por ésta última a fs. 696, tanto en la cuestión de fondo como por los honorarios que considera altos, todo a tenor del informe de fs. 1100/1105.

Una detenida lectura de la presentación mencionada en el párrafo anterior permite apreciar que, mediante técnica poco usual, se van transcribiendo párrafos aislados de los considerandos del fallo y formulando la crítica del mismo.

En tal sentido, reiteradamente hemos señalado, siguiendo pautas pacíficas y genéricas tanto de doctrina como de jurisprudencia, que para que la expresión de agravios sea procedente el litigante debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de decisión, y señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica (ver, v. gr., CNConten. Adm. Fed. Sala II, diciembre 13-994, LL 1995-E, 500).

Así, en el primer bloque, refiere a circunstancias justificantes de errores asumidos y circunstancias que pudieron ser y no fueron pero en definitiva, para nada incide en la solución de ésta cuestión, ya que al confrontar la prueba se aprecia que no existe incongruencia ni error alguno, la accionante nunca fue parte, tal como bien surge en la causa ofrecida como prueba en la misma, de tal modo, no existe posibilidad de especular con actitudes o voluntades, vale recordar la doctrina de los actos propios y de la autorresponsabilidad. En principio, se observa que la accionada ha sido congruente en todo su accionar a través de sus diversas presentaciones judiciales y es que de toda la prueba documental acompañada no existe constancia alguna de su vínculo obligacional con la reclamante.	En el segundo bloque se plantean dos cuestiones; por la primera se insiste en que la accionada reconoció que C. S.R.L, construyó parte del inmueble y de allí el fundamento del reclamo y en segundo lugar, la extemporaneidad del planteo de las excepciones.

Además, en cuanto al primer punto, peca de reiterativo, ya que tal argumentación se repite en los alegatos 656/663, más allá de lo dicho en la demanda, siendo cuestión que en lo más mínimo puede modificar el decisorio, ya que resultan suficientemente claras las vinculaciones contractuales que motivaron esta causa, esto es, un contrato de gestión y administración entre la demandada y la C. D. P. de Y. Ltda. y una locación de obras entre ésta y la reclamante. Así, el hecho de que M. J. M. haya sido adjudicataria de una de esas viviendas y haya cumplido sus obligaciones para con su gestor, le resulta totalmente ajena toda obligación que haya sido motivada por aquella otra convención que le es ajena.

La demandada nunca negó que C. S.R.L construyó el 35% de la vivienda, lo que niega en forma contundente y con toda razón es que se encuentre vinculada de algún modo por el convenio celebrado entre aquellas partes, tal como surge de la lectura de tales actos y de su propia naturaleza.

Ahora bien, en cuanto al segundo punto, en lugar de formular un ataque fundado a la facultades del a quo en cuanto a sus deberes respecto de la integración de la litis, más allá de la temporaneidad del planteo por parte de quien pretende beneficiarse con tales defensas, se insinúa el presunto error, rozando la deslealtad.

Olvida la recurrente que de modo reiterado se ha dicho que tanto el juez como el Tribunal de Alzada pueden declarar de oficio la falta de legitimación para obrar -aunque no fuere planteado por la parte-, por cuanto más que una facultad constituye un deber del magistrado examinar antes de analizar la fundabilidad de la pretensión incoada, en cualquier momento, y aún cuando se dicte sentencia.

Que la falta de legitimación debe declararse de oficio en la sentencia, en virtud de que constituye un impedimento sustancial para que el juez pueda emitir sentencia de fondo o de mérito, ya que resulta ser un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda y de la oposición que a aquélla formula el accionado, para que sea posible la sentencia de fondo que resuelva sobre ellas.

Esto es, la legitimación en la causa (como el llamado por algunos "interés sustancial para obrar"), no es un presupuesto procesal, porque lejos de referirse al procedimiento, al válido ejercicio de la acción, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo. Su falta debe declararse de oficio en la sentencia, ya que la debida legitimación en la causa constituye un impedimento sustancial para que el juez pueda proferir sentencia de fondo y mérito, y no una excepción ni un impedimento procesal (ver además "Acerca de la legitimación ad causam" (comentario a un fallo de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta) 21-nov-2007 - Doctrina - MJ - Rodríguez, Robinson - Rodríguez Virgili, María Isabel - MJ-DOC-3310-AR - MJD3310).

Si en el momento de decidir la litis, el juez encuentra que falta legitimación para accionar -condición indispensable para la sentencia de fondo o mérito-, debe declararlo así oficiosamente y limitarse a proferir una sentencia inhibitoria. Es decir, está impedido de resolver sobre la existencia del derecho material pretendido, por lo cual no niega ni afirma que ese derecho exista, es imposible entonces, que se produzca cosa juzgada sobre un punto que no ha sido objeto de la decisión.

Es más, el juez puede declarar en la sentencia definitiva la inexistencia de legitimidad para obrar aun en el caso que el demandado no haya opuesto al contestar demanda, la defensa de "sine actione agit". De no aceptarse este temperamento, podría llegarse a la absurda situación de que el magistrado aún advirtiendo la falta de legitimación "ad causam" de las partes, dictara de todos modos, so pretexto de una suerte de preclusión, una sentencia inútil (ver, v.gr., CNCom., sala A, 27/06/2007 - "Castro Alejandro Gabriel y otros c/ Xerox Arg. S.A. s/ ordinario" - cita: MJ-JU-M-9909-AR - MJJ9909, en Microjuris.com).	Con lo dicho, la presunta configuración de una resolución ultra petita ha quedado absolutamente desvirtuada, lo que evita volver sobre tal cuestión intentada en el primer bloque del segundo agravio.

A partir del tercer agravio se vuelve sobre lo argumentado con matices que de ningún modo pueden alterar el resultado de la contienda, ya que se insiste en la participación frustrada en la causa antecedente, en la relación de convenios de distinta naturaleza y que a no dudar, en atención a su contendido y la confrontación de toda la prueba, si bien contemplan un mismo objetivo, son absolutamente autónomos y el de locación no generó vínculo u obligación alguna en contra de la accionada. Así, la insuficiencia recursiva es notoria.

Finalmente, a la luz de los fundamentos brindados en cuanto a la falta de legitimación "ad causam" de las partes, qué sentido tendría referir a la falta de legitimación de una acción inoponible.

Veamos, se trata de una defensa opuesta por la contraria y que no mereció tratamiento en función de la lógica del decisorio. Si el actor carece de legitimación al igual que la demandada toda otra cuestión pierde relevancia.

Bien se ha dicho que es un principio incontrovertido dentro de la realización del derecho procesal que siempre el interés es lo que justifica la actuación ante la justicia, por lo tanto, debe existir interés que justifique el ejercicio del derecho de acción en un caso concreto, debe haberlo igualmente para realizar cualquier acto procesal y para impugnar una decisión mediante el recurso de apelación. El interés, cuando del recurso de apelación se trata, integra parte de un requisito subjetivo de admisibilidad, pues debe la resolución impugnada ocasionar a quien se agravia un agravio o perjuicio personal (cf. Podetti, R., "Tratado de los recursos", p. 123, ed. Ediar, Buenos Aires, 1953, Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", t. IV, p. 31, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992).

Y es que todo agravio para que justifique el recurso de apelación debe ser personal del recurrente (cf. Loutayf Ranea, R., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. I, p. 201, ed. Astrea, Buenos Aires, 1989). No se han alegado razones que permitan o sugieran otra solución.

Tampoco ha quedado en claro cuáles son las razones por las que deberían distribuirse las costas a la luz de lo resuelto, ya que el a quo ha sido respetuoso de las pautas legales ordenadas en la ley procesal que refieren a la materia. Además no se advierte tampoco apartamiento a las pautas arancelarias de la ley XIII-N°4. En tales puntos también la insuficiencia recursiva impone su deserción.

Por todo lo dicho propongo al acuerdo el rechazo en todas sus partes del recurso de apelación intentado por la accionante, quien deberá soportar, también, las costas de la alzada, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo en la que se tendrán presente las pautas arancelarias antes señaladas y correspondientes a esta etapa procesal.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Desestimar el recurso de apelación articulado por la accionante y, en consecuencia, se mantiene firme la sentencia impugnada en todo cuanto fue materia de agravios. Costas a la vencida, difiriéndose la regulación de honorarios al momento procesal oportuno de conformidad con los considerandos pertinentes.	A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

El alcance de la sentencia de primera instancia, los datos de interposición y concesión del recurso y el contenido de los agravios han sido reseñados por el primer votante; por tal motivo y con el fin de evitar repeticiones estériles, a tales consideraciones me remito.

2. Tratamiento del recurso.

La parte demandada ha planteado expresamente la insuficiencia técnica de los fundamentos del recurso, de modo que tal cuestión debe ser tratada en primer término.

La debilidad de la expresión de agravios es incontrovertible. No obstante ello, teniendo presente el criterio amplio de valoración de los fundamentos al que invariablemente hemos adherido y que el Superior Tribunal ha consagrado en distintos pronunciamientos (cf. autos "G. vda. de F., E." del 31-05-99; idéntico sentido autos "T.R.J., S.N. s/ Divorcio Vincular" del 22-03-00, Nro. SAIJ00150014 y "P., R. c/ M. s/ diferencias salariales" del 23-03-01 SAIJ01150056), hemos de tener por superada la admisibilidad del recurso.

Ahora bien, esta debilidad estructural conspira contra la solución que pretende el recurrente. Es que la lógica argumental del decisorio impugnado ha quedado sin refutación concreta.

En efecto, no se hace cargo la parte actora de la cuestión nuclear que ha dado sustento a la decisión: la equívoca citación de la demandada no en este proceso sino en autos: "C. SRL c/ C. del P. de Y. Ltda." s/ ordinario", expte. N° 962/87". Es en dicho proceso en el que se citó a G. E. M. en vez de a M. J. M.; C. SRL asumió el error, desistió de la citación contra la persona mencionada en primer lugar y pidió la citación de la persona aquí demandada que fue denegada por extemporánea. Todo ello como surge de las copias certificadas de lo actuado en ese proceso y que obran a fs. 74/78.

Justamente, es con base en esta peculiar circunstancia que se ha construido la lógica del fallo y el recurrente intenta subvertir este extremo pretendiendo otorgarle la calidad de error meramente material. Por supuesto, no es ésta la calidad que el juez le ha otorgado y ello no ha sido refutado en forma concreta por el recurrente.

Estos extremos sellan la resolución de la pretensión revisora, es que justamente con base en la situación fáctica procesal descripta -distinta a los precedentes invocados por el recurrente- es que el juez de grado ha arribado a la decisión impugnada.

Huelga señalar, además, que no existe impedimento alguno para que el que el órgano jurisdiccional examine la concurrencia de los requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida. Ello aun cuando no haya sido controvertida la legitimación de las partes, o sea, que no se ha hecho valer la defensa prevista en el inc. 3º del art. 347 del Código Procesal.

Por estas razones corresponde el rechazo sustancial de la pretensión de revisión de la sentencia de primera instancia.

El agravio sobre las costas tampoco prosperará desde que no se invocan ni se verifican circunstancias especiales que ameriten el apartamiento del principio general de vencimiento que impera en orden a la imposición de las costas (art. 69 del CPCCCh).

Con base en estas consideraciones adhiero a la solución propuesta por el Dr. Alexandre.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al actor vencido. Los honorarios se regulan de conformidad con las pautas generales contenidas en el art. 5 de la ley arancelaria y por aplicación de la escala específica prevista por el artículo 13 del mismo ordenamiento. En función de lo expuesto se regulan a favor del letrado de la parte demandada en la suma de pesos nueve mil y los correspondientes a los letrados de la parte actora en la suma de pesos seis mil; en ambos supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Adhiero al fallo propuesto por el Dr. Alexandre.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Desestimar el recurso de apelación articulado por la accionante y, en consecuencia, se mantiene firme la sentencia impugnada de fs. 682/693vta. en todo cuanto fue materia de agravios.	2) Costas a la vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. M. A. O. y M. C. M. C., conjuntamente, en la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) y del Dr. R. J. V. D. en la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000), con más el Impuesto al Valor Agregado si correspondiere.	3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse excusado de actuar el Sr. Juez de Cámara Dr. Fernando Na-huelanca y concordar en la solución del caso (Ley V-17-DJ, antes Ley 1130 y art. 274 CPCCCh, Ley XIII-5-DJ, Anexo A).

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC"