marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, procedencia del recurso, antecedentes penales, licencia de conducir
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SPINAZZOLA, NESTOR NAHUEL c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE TRANSPORTE-AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL) Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

La Sala decidió hacer lugar al recurso interpuesto por los codemandados contra la sentencia de primera instancia que había admitido la acción de amparo y ordenado "...a la autoridad pública demandada que se expida sobre el pedido de renovación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), categoría pasajeros, formulado por el amparista; sin que sea un impedimento para su obtención el antecedente penal de robo informado por el Registro Nacional de Reincidencia". Se decide rechazar la acción de amparo entablada contra el Estado Nacional -Ministerio de Transporte- y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con el criterio sentado en precedentes de la Sala; como así también en sentencias de otras Salas de la Cámara (Sala I -en mayoría- y Sala IV). Causa 2.772/2021
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, ley laboral, RIPTE
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROLON, ALBERTO c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-10

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la sentencia impugnada en relación a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773, por cuanto las cuestiones planteadas por la recurrente guardan sustancial analogía con las resueltas por este Tribunal en los autos "Britos" y la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito", cuyo acatamiento se impone por considerarse doctrina constitucional consolidada; por lo que -a la luz de sus motivaciones- cabe concluir que la respuesta jurisdiccional brindada por la Sala no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional.
Prueba pericial, apreciación del juez, carácter vinculante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laudani, Andrés c/ AMI-GAS S.A. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La libertad con que cuentan los jueces para apreciar el dictamen pericial y apartarse de sus conclusiones no implica reconocer a aquellos una absoluta discrecionalidad. Cuando los datos del experto no son compartidos por el litigante, queda a cargo de éste la prueba de la inexactitud de lo informado. Son insuficientes las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones, son equivocados.
Sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, declaración de ineficacia
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Aurelio s/ concurso civil - incidente de declaración de ineficacia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la declaración de ineficacia pedida con fundamento en el art. 122 de la Ley de Concursos, si se ha fundado en un inadecuado razonamiento, que desvirtúa el sentido de la norma invocada, al atribuirle un alcance procesal en virtud del cual omite el examen de las cuestiones conducentes para la solución del litigio.
Constitucionalidad, libertad de prensa
Materia: CIVIL
Carátula: ANZOATEGUI IGNACIO B. Y OTRO c/ EDITORIAL PERFIL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DERECHO A LA INTIMIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

Son responsables los medios de difusión por la publicación de hechos no demostrados, a los que se da como ciertos, sobre todo por el inmenso poder de que dispone el periodismo al sembrar maledicencia respecto de particulares que se encuentran inermes ante este medio de comunicación.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, daños y perjuicios, menores, derechos personalísimos, derecho a la intimidad, Comunicaciones, prensa, fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: Perelmuter,   Isaac   Gabriel  y  otro c/ Arte  RadiotelevisivoArgentino S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

Corresponde rechazar el agravio atinente a la supuesta autorización de la directora del establecimiento educativo para efectuar la filmación que derivó en la condena al pago de daños y perjuicios por la difusión de la imagen de un menor, pues el fallo recurrido tuvo en cuenta que la autorización se dio exclusivamente para entrar a la "Dirección" y que la que se debió requerir era la de los padres del niño.
Recusación, sentencia, recursos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ESEVEME SRL c/ BENITEZ, CARLOS A s/ DEMANDA ORDINARIA    QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ESEVEME SRL s/ QUIEBRA     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-28|1992-04-28

La disconformidad del recurrente con resultados desfavorables no autorizan a apartar al Juez de la causa a través de la recusación, desde que si no se conforma con alguna decisión adoptada por éste, puede valerse de los mecanismos recursivos pertinentes para lograr su revisión.
Amparo por mora, acto administrativo, intendente
Materia: PROCESAL
Carátula: Majevski, Isabel y otros c/  s/ amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-05-23

Considerando que el objeto del amparo por mora, es proteger a los particulares contra el incumplimiento del órgano administrativo que tiene la obligación de expedirse, quien si bien realizó alguna actividad como consta en la causa, no cumplió con la finalidad requerida, esto es, emitir el acto administrativo pertinente reclamado por los actores, como tampoco dio las razones que ocasionaron la demora injustificada en resolver tal solicitud. Por ello, se hace lugar al amparo por mora planteado y se requerir al Intendente de la Municipalidad, que en el plazo de veinte (20) días hábiles dicte la resolución que considere corresponda al reclamo planteado en el Expediente Administrativo
Procedimiento laboral, rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: Luna Demetrio Eduardo c/ Park S.R.L. ( Pantagruel ) s/ Ordinario (LIBRO: S076 - 258)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-16

De la prueba aportada al proceso queda acreditada la aplicación de una suspensión al actor, lo que presupone la existencia del Contrato de Trabajo. En virtud de ello la declaración de rebeldía del demandado surte los efectos presuncionales y corresponde tener por contestada en forma afirmativa la demanda.-
Servicios eléctricos, falta de prestación de servicios, defensa del consumidor, multa, nulidad del acto administrativo, competencia administrativa, Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Distribuidora del Sur SA c/ D.N.C.I. s/ defensa del consumidor - ley 24.240 - art. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Corresponde declarar la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que aplicó una multa a una empresa de distribución de energía eléctrica por incumplimiento en la prestación del servicio (art. de la Ley 24.240), y ordenó resarcir al consumidor damnificado debido a que los reiterados cortes de energía y bajas de tensión habrían ocasionado que se le quemara un equipo de aire acondicionado, habida cuenta que cuando la denuncia se refiere exclusivamente a una falta o interrupción del servicio eléctrico a cargo de la concesionaria, el único organismo competente para ello es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad pues, aun cuando se hubiere afectado a un consumidor, las normas aplicables consagran la competencia del ente para el examen de las condiciones de prestación y calidad del servicio y para la imposición de sanciones.
Juicio de apremio, cuestión constitucional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Azul c/ Tilli s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-06

No son admisibles las defensas vinculadas a la ilegalidad o inconstitucionalidad de la contribución fiscal cuyo cobro se persigue. Es que los juicios sumarios en general, y con mayor razón el de apremio limitan el examen de la controversia a la superficie, pues entrar sobre el fondo dilataría un procedimiento cuya naturaleza esencial es la brevedad. La inconstitucionalidad de una ley es un vicio interno, algo así como la inhabilidad intrínseca de un título. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintero Da Col Carmen y Ot. en J: Bonnano Juan c/ Da Col Carmen s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A142 - 172)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-06

Surge diáfano entonces la falta de gravamen o perjuicio para el embargante, si se pondera que su pretensión defensiva fue que no se hiciera lugar a la limitación de la medida precautoria y la resolución dictada en primera instancia, -al margen de su acierto o error- omitió pronunciarse por valorar la cuestión como abstracta; es decir, no acogió el planteo limitativo...si el incidentado se opuso en forma expresa a que no se limitara el embargo y el "dictum" no contiene tal limitación, no se advierte perjuicio que habilite la "appellatio"... "configura un requisito subjetivo de admisibilidad la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés"
Procedimiento judicial de la seguridad social, representación y asistencia, representación legal, mandato, acreditación de la personería, falta de personería
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: O.S.P.E.R. y H.R.A. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio de la Calle San Juan 3625 s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La falta de presentación del poder o de poder suficiente no puede acarrear la pérdida del derecho que se intentó ejercitar, en tanto no medie una intimación del juzgado destinada a subsanar dicha irregularidad. A la misma conclusión se llega por vía de la excepción de falta de personería pues la ley ritual establece la fijación de un plazo dentro del cual el interesado debe ratificar la gestión o acompañar el instrumento respectivo (cfr. C.N.A.Civ., Sala G, sent.

del 21.02.89, "D'A. de G.O. c/ G.R.J.").
Conflicto de poderes, intendente, suspensión del agente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manti, Eduardo Orlando - Intendente de Villa Poman s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-13

No tratándose el presente caso de suplantar al intendente porque ha cometido delito en su función y hay una causa penal abierta o el Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en el manejo de la intendencia, sino que la cuestión a resolver es la investigación sobre un supuesto hecho irregular en la compra de un vehículo automotor, es que corresponde acotar los días de suspensión de 20 que dice la resolución a 10, habida cuenta que la única función que va a tener prácticamente el reemplazante del intendente es comprobar la veracidad del informe, cotejándolo con la documentación existente en el Ejecutivo Municipal que sirve de base a dicho informe.
Productor asesor de seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, disminución de la pena
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA NACION c/ PORTILLA, HORACIORAUL S/ s/ POSIBLE INFRACCION A LA LEY 22400 Y SU REGLAMENTACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-17

Procede reducir la sanción por la que la superintendencia de seguros de la nación dispuso la cancelación de la inscripción en el registro pertinente de un productor asesor de seguros por la de inhabilitación cuando, -como en la especie-, se verifica que el sancionado intermedio en la emisión de una póliza de una aseguradora cuando la entidad se encontraba inhabilitada para celebrar contratos de seguro. En tal sentido cabe precisar, que a fin de imponer una sanción, corresponde tener en cuenta los antecedentes que exhibe el caso y la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción.
Ley sobre riesgos del trabajo, integración de la litis, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BATAGLIA, LUIS ALBERTO c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

La quejosa en su presentación directa incumple la carga de rebatir los motivos expuestos por la Cámara para apoyar su decisión en el sentido de que la aplicación de la Ley 26773 no fue objeto de la litis, ni tampoco acredita la imposibilidad o dificultad de postular la aplicación de la ley en cuestión en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, dentro del plazo que transcurrió entre la sanción de la mencionada norma y el dictado de la sentencia de grado.

Así las cosas, el orden de reflexión solo permite traslucir la mera intención de la compareciente de querer desligarse de la responsabilidad objetiva que los Sentenciantes le han atribuido, con fundamento en el artículo 1113 del Código Civil, en virtud de tratarse de una actividad riesgosa, por ser dueña o guardián de la cosa y por existir en autos "suficientes elementos de prueba que acreditan el nexo causal entre el accidente y el daño" ; y ello es así por cuanto, a todo evento de aplicarse la ley 26773 a la reparación sistémica que debe afrontar la aseguradora de riesgo de trabajo, dicha indemnización se vería incrementada en tal medida que disminuiría en gran parte -o hasta haría desaparecer-el monto de la "exclusiva" condena de reparación que se le imputara a la empleadora aquí recurrente.
REPÚBLICA ARGENTINA, torturas, responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, extranjeros residentes, cónsules, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, debido proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bueno Alves c/ Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-05-11

Resultan violados por la República Argentina los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana -de protección y garantías judiciales-, en perjuicio de quien siendo nacional uruguayo y residente en Argentina, padeció torturas en sede policial, puesto que las autoridades judiciales no investigaron los hechos, recayendo en gran parte la carga procesal sobre la víctima, culminando el proceso penal luego de más de nueve años, máxime si el Estado no ha podido probar que notificó al detenido su derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Traubenik, Oscar c/ Chaud, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

El art. 57 del decreto ley 8.904 no lesiona garantías constitucionales.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ DE LANGONE, María Elena s/ Lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1977-03-17

La obligación que impone el art. 260 inc. 5to. del C.P.P. hace inexcusable, bajo pena de nulidad, la mención expresa, positiva y precisa, en la parte dispositiva del fallo, de la calificación legal -incluido el concurso- de los hechos descriptos en el cuerpo del delito.-
Acción de revisión, cosa juzgada, sentencia, absurdo, sentencia arbitraria, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FILIPPINI, CRISTIAN FABIAN c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20

La res iudicata tiene como fundamento axiológico prioritario el brindar seguridad jurídica en tanto se establece de manera definitiva lo que judicialmente le corresponde a cada una de las partes del litigio en cuestión. Tal valor es una pieza clave del edificio institucional del derecho dado que, suponer la revisión permanente de las sentencias judiciales implicaría una incertidumbre jurídica incompatible con la 'buena vida social' o el bien común. Pero por importante que sea la seguridad jurídica, no caben dudas de que sólo tiene sentido perfeccionar al derecho con esa calidad de definitividad en la medida en que efectivamente estemos frente al derecho, porque si de lo que se trata es de algo evidente y gravemente irracional, irrazonable o injusto, no tiene sentido la preocupación por mantenerlo dogmáticamente como inconmovible, pues en última instancia ello atentaría contra la justicia misma, sin la cual el más íntimo sentido de la autoridad de la cosa juzgada, que es su sentido moral, no es concebible. Desde esa lógica valorativa, cabe comprender al recurso de revisión penal que abre una puerta a las sentencias firmes y a la seguridad que brindan, en tanto mantenerlas implicaría una clara consagración de lo evidentemente irrazonable o irracional, lo cual se equipararía al absurdo violatorio del principio de contradicción de afirmar como derecho lo que no es tal; por cuanto que el sistema procesal penal permite la excepcionalidad de la revisión cuando efectivamente el recurrente ponga de manifiesto la necesidad de reparar una sentencia evidentemente absurda o inválida, pero ello no supone habilitar una vía fácil para poner en crisis sentencias, posibilitando un nuevo juzgamiento que pretenda respaldarse en elementos débiles o no evidentes, que sacrifiquen sin motivos suficientes un valor que, como la cosa juzgada, resulta relevante para la propia funcionalidad del sistema jurídico. - CITAS: CSJN: Fallos 310:1797. - Jurisprudencia Vinculada: "Scattemburlo", AyS T 215, p 191/200.
Investigación del hecho, proceso penal, actos preparatorios, abuso sexual, asistencia a la víctima, deberes del fiscal, plazo legal
Materia: PROCESAL
Carátula: D. F. E. c/ M. G.D. s/ abuso sexual" - impugnación extraordinaria - Art. 242
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-04

El derecho convencional con jerarquía constitucional y supralegal (art. 3° CDN y art. 7° inc. b Convención de Belém do Pará) exige, en casos como el presente, un triple plus protectivo a la hora de investigar delitos que afecten a una víctima, mujer y niña. Esa reforzada obligación de protección estatal recae en el Ministerio Público Fiscal (arts. 215 y 218 C.Prov.; 19 LO del Ministerio Público K 4199; 22 y 27 Carta de Ds de los Ciud. de la Patagonia ante la Justicia; Reglas 1 (3) y 2 (5), 5 (10), (11) y (12), 8 (20), de las 100 Reglas de Brasilia). Entre esas medidas pertinentes y especiales para poner en acto el plus protectivo, se encuentra el riguroso cumplimiento de los plazos procesales, atendiendo a una justicia célere y eficaz, lo que implica, en el contexto de una investigación preparatoria en curso, no dejar que se venza el lapso inicial asignado y, de ser necesario, pedir una prórroga de manera tempestiva, para el supuesto de que no fuera suficiente y aún restaran diligencias que efectuar, para lo que deberá fundamentar adecuadamente tanto su pedido como, en el caso del superior jerárquico, su eventual y temporánea concesión. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Divorcio, conversión de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: P.O.E. Y V. DE P.M. s/ DIVORCIO 67 BIS - CONVERSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

La disposición del art. 8 de la Ley 23.515, de carácter transitorio, otorga a cualquiera de los cónyuges divorciados con anterioridad y bajo el régimen de la Ley 2393, la posibilidad de solicitar judicialmente la conversión de la sentencia, para lo cual exige expresamente que haya transcurrido un año desde que ésta pasó en autoridad de cosa juzgada.

Si no ha transcurrido el lapso que la ley exige para obtener la conversión prevista en el primer párrafo del art. citado ni se da el supuesto del segundo párrafo de la norma ya que, al entrar en vigencia el nuevo sistema legal, el trámite de las actuaciones había llegado a su fin, corresponde no hacer lugar al pedido, sin perjuicio del derecho que tienen las partes para replantear la cuestión una vez transcurrido el plazo que exige el art. 8 de la ley citada.

La actuación del Tribunal encuentra como límite el texto expreso y claro de la norma que revela, sin ambigüedades, la voluntad del legislador.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia, incongruencia, juicio, integración de la litis, mala praxis, daños y perjuicios, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA, JUAN PEDRO c/ MONTORFANO, DUSOLINA GLADYS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

La respuesta jurisdiccional de la Cámara no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente a los hechos comprobados de la causa, por haber incurrido el A quo en arbitrariedad por violación del principio de congruencia, toda vez que de los términos expuestos por el actor en la demanda, considerados incluso con un criterio amplio y no rigorista que no exige la formulación precisa de un determinado rubro indemnizatorio, no surge la referida pretensión de pérdida de chance de curación en base a la posibilidad o probabilidad de curación o de no haber sufrido daños o haber sufrido daños menores de haberse cumplido con un supuesto deber de información o de haberse prescripto antibióticos al alta médica. (Del voto del Dr. Falistocco)
Acto administrativo, suspensión de la ejecución, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fulladoza, Vital José c/ Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-15

En el marco de la Ley 7182, resulta "indiferente" que a los fines de la suspensión de los efectos del acto administrativo se haya o no resuelto lo relativo a la habilitación de la instancia. Ello, independientemente de las consecuencias que pudieran derivarse atento el carácter accesorio de la cautelar de que se trata. (Voto de la mayoría, Dres. Garzón de Bello y Sánchez Gavier).
Instrumentos privados, firma, adulteración de documento
Materia: CIVIL
Carátula: Jacoby, Selika Hebe c/ Cavarra, Francisco Oscar s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La firma es la manera en que la persona manifiesta su voluntad de obligarse, por lo que al estamparla, el sujeto asume la responsabilidad por todo el contenido del instrumento que ha firmado. Al reconocer la firma se reconoce el contenido de todo el instrumento, salvo que se aduzca que el mismo ha sido adulterado. En tal caso deberá probarse la adulteración, pues de lo contrario también lo que se pretende adulterado, será exigible.