marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, coautoría, sentencia condenatoria, inexistencia de cuestión federal suficiente, homicidio calificado con el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Quispildor, Sebastián Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-11

Es inadmisible el RE interpuesto contra la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa pues la sustancia del planteo en que se funda no implica el debate de una cuestión federal, los planteos formulados por la defensa consisten en una reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta en la instancia de casación y en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca, sin que se haya demostrado la existencia de arbitrariedad.
Daño moral, falsa denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ Geronimo A. c/ DELGADO, Franco O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-04

Para que se configure acusación calumniosa, es necesario que el imputado por la denuncia haya sido absuelto en la causa que se le formó a raíz de aquélla. Se trata de un presupuesto ínsito en la configuración del ilícito civil, pues sólo a través de la sentencia penal absolutoria puede aprehenderse el carácter calumnioso de la denuncia o de la acusación, que origina la responsabilidad en el denunciante. Si a la absolución puede asimilarse el sobreseimiento definitivo de quien no llegó a ser procesado, no merece igual consideración el mero sobreseimiento provisional. Si una persona fue sobreseída provisionalmente teniendo en cuenta que no se obtuvieron ni reunieron suficientes elementos de convicción demostrativos de los delitos que se le atribuyeron, señalando el juez penal atendiendo a una eventual y futura colectación de pruebas- que era prudente arribar a un temperamento provisorio permisivo de una ulterior dilucidación definitiva de la investigación suscitada la acusación calumniosa no se ha configurado, por lo que corresponde rechazar la demanda por reparación del daño moral, iniciada en sede civil por quien fuera objeto de tal acusación.
Sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, incidente de impugnación, inconstitucionalidad, requerimiento de sobreseimiento, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Bustamante Loader, Pablo Ruy s/ 3 - organización / propaganda discriminatoria - LN 23592 (penalización de actos discriminatorios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

En el sistema normativo que regula el proceso penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el debate oral o juicio el ámbito natural en el que, por regla, se ventilarán las pruebas y se expondrán las teorías del caso de las distintas partes en base a las cuales el juez (o los jueces) fundarán su convicción respecto de la concurrencia o no de los elementos del tipo penal que se trate. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Notificación por edictos, publicación de edictos, citación por edictos, reducción del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARRIZABALAGA,  RUBEN  NOE c/ TORRES,  CARLOS  DANTE  Y  OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-18

Resulta improcedente reducir oficiosamente la publicidad edictal a un día, toda vez que el C.P.C.C. art. 343-1° parte establece que la citación por edictos debe publicarse durante dos días. Máxime si, -como en el caso-, el pretensor no había solicitado el acotamiento de ese término.
Daño, actos ilícitos, responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Salazar, Hector Roberto c/ Pasten Angel Rodolfo y Ot. s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-06-08

Quién ha causado un daño con su acto ilícito debe resarcirlo. Pero esa responsabilidad tiene las limitaciones previstas por el art. 905 y 906 del Código Civil. Para que la misma exista debe haber conexidad causal entre el acto y su resultado.

Es decir que el acto ha contribuido a producir un resultado, condición sine qua non de él y además debía normalmente producirlo conforme al orden natural y ordinario de las cosas.

Si por el contrario no hay conexidad causal, es decir cuando el acto aunque factor esencial del resultado, solamente lo ha producido por la intervención de circunstancias extraordinarias o imprevisibles, no puede hacerse responsable del mismo al actor.

Sólo cuando hay conexidad causal adecuada entre el acto y sus efectos o sea las consecuencias normales y por tanto previsibles de su acto, el resarcimiento cabe (arts. 901, 903 y 904 del Código Civil). Las demás no se imputan al responsable en razón de su anormalidad y falta de previsión, se las considera causales (art. 905) o remotas (art. 906).

La ley establece así límites a la responsabilidad y la medida de la misma se regla por la relación de causalidad. Para el Código Civil ésta se establece por la normalidad del efecto con relación al acto, ésto es la previsibilidad de las consecuencias.

Estas serán imputables al agente en tanto se trate de un hecho que acostumbra suceder según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, 903, consecuencias inmediatas) o cuando son previsibles, es decir que las haya previsto o podido preverlas (art. 904 consecuencias inmediatas).

El autor del hecho ilícito responde de todas las consecuencias normales y previsibles, pero no de las casuales y remotas (art. 905 y 906 C.C.)
Homicidio criminis causa, concurso real, concurso ideal, robo calificado, coautoría, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Carlos Emanuel Burgos, Juan Manuel Calvimonte, Augusto Alejandro Claramonte, Carlos Jordán Juarez, Luciano Leonel Mario Lopez, Carlos Fabian Moreno y Miguel Angel Silva s/ Asociación ilícita, robo-agravado, tentativa de homicidio calificado en concurso ideal con homicidio agravado delito de Robo calificado, delito de Robo calificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-13

La falta de arrepentimiento de los imputados no puede considerarse como agravante de la pena, pues dicha conducta no puede serles exigida; sin perjuicio de que la contracara pueda jugar en su favor.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, iura novit curia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ugolini, Julio c/ Santana, Roberto Arístides y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

Por aplicación del principio "iura curia novit", el juzgador puede y debe darle la calificación que les corresponda a las defensas ensayadas por el ejecutado y examinar la sustancia de las mismas de acuerdo con su verdadera significación jurídica. Es que si bien la excepción de inhabilidad de título se refiere, en principio, sólo a las formas extrínsecas del mismo, cabe también su consideración cuando está en tela de juicio alguno de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva -vgr.: la legitimación sustancial- sin cuya concurrencia no existe título ejecutivo o no es tal en relación a determinada persona
Contrato de transporte, transporte aéreo, aplicación de la ley, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Helbardt, Ana Karina y otros  c/ Despegar.Com.Ar SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-01

Resultan aplicables las disposiciones del Convenio de Montreal de 1999 al contrato de transporte aéreo con conexión en distintos países, que en el caso fue celebrado con la intermediación de un agente de viajes. Este Convenio es la fuente internacional que, por aplicación del principio de prelación de fuentes, se aplica por sobre las normas de fuente interna que regulan la materia -como el Código Aeronáutico y demás leyes nacionales- (cfr. art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, en vigor en nuestro país desde 1980 -ley 19865-, CN 75-22° y CCCN 2594)-; y, por ende, ley especial en relación a la materia de que se trata.

1- Por otro lado, la ley 24240, es una ley general de fuente interna, que regula todas las relaciones contractuales que configuren relaciones de consumo (cfr. CNCom, Sala A in re "Espinosa, Marta Roxana c/ HSBC La Buenos Aires Seguros SA s/ ordinario", del 18/10/13). En ese orden de ideas, de las normas protectrices en materia de defensa del consumidor y de las leyes de defensa de la competencia (ley 22262, ley 25156, ley 22802 y ley 24240), pueden inferirse los principios generales de orden público que integrarían el orden aplicable al caso (v. Uzal, María Elsa, "Derecho Internacional Privado", La Ley, 2016, pág. 562).
Denuncia, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: E., G. E. s/ falsa denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-11

La solución contraria llevaría a concluir en el absurdo de que si dos personas de común acuerdo deciden imputar falsamente la comisión de un delito a un tercero, la acción, más temeraria por cierto, de quien concreta la denuncia, lo colocaría en una situación altamente favorecida (amenaza penal de dos meses a un año) respecto de aquél cómplice que luego sea llamado a narrar lo mismo que aquél denunció (en el caso concreto de uno a diez años por tratarse de una figura agravada, o aún en el tipo básico de un mes a cuatro años).

Para concluir, señalan que se puede ser denunciante y no testigo, testigo y no denunciante y ambas cosas a la vez y que la cuestión radica, como se explicó, en que si además de poner en conocimiento el hecho ante la autoridad se aporta prueba en algún sentido y sobre esto se presta juramento, se incurrirá entonces en el delito de falso testimonio.-
Contratos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVEZ OSCAR MANUEL c/ MEDINA RENE ALBINO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-14

Los presupuestos de obra confeccionados de puño y letra no constituyen "principio de prueba por escrito" del contrato en el sentido previsto por el art. 1192 C. Civil, sino la prueba escrita del contrato (art. 1193), debiendo tenerse en cuenta que el art.

1190 admite que la prueba de los contratos se efectúe inclusive por instrumentos particulares no firmados. Si del contenido del documento se infiere el detalle del trabajo a realizar, y consta allí su evaluación económica, siendo su autoría manuscrita de quien "presupuesta" ambos aspectos (trabajo y costo), nos encontramos ante la definición escrita de ambas prestaciones y por ende, quedan acreditados los elementos básicos del contrato y no solamente la "verosimilitud" (art. 1192) de haberse celebrado.
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: INSTITUCION MEDICA DR. LEIBOWICH s/ Régimen penal tributario, Recurso de queja por apelación denegada  Causa 33271
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

La Dirección General Impositiva (D.G.I.) tiene intervención obligada en esta clase de procesos, conforme surge de las facultades atribuidas por el Art. 16 de la ley 23771, y por lo tanto su rol no es equiparable al de mero denunciante; esta posición procesal, si bien no puede considerarse equivalente a la del querellante, incluye la facultad de examinar las actuaciones que no se encuentran en la etapa secreta.
Hábeas data, derecho al honor, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: Copetti Raúl Horacio c/ Google Inc. y otro s/ Incidente de apelación de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-18

Debe rechazarse la acción de habeas data contra la firma propietaria de un buscador y un portal de internet, interpuesta por quien formó parte del directorio de un banco provincial y tendiente a que se abstengan de difundir información relativa a su persona que considera difamante, pues la documental acompañada consiste únicamente en las impresiones de listas de resultados de búsqueda - integran un acta notarial- que resultan insuficientes a los fines de acreditar la afectación los derechos a la intimidad y "a la veracidad de su imagen" alegados, es que, los textos de los resultados se referirían a derivaciones de su desempeño como tesorero de un partido político y como funcionario, de manera tal que es dable concluir se trata de cuestiones de interés público. Máxime si tampoco se advierte de qué forma podrían lesionar su honor o su intimidad las imágenes reproducidas en la documental, en las que ni siquiera se ha identificado con precisión cuáles corresponden al actor. Por lo que, en las circunstancias expuestas, admitir la acción importaría restringir la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032
Quiebra, subasta, indivisibilidad de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: Retamoza, Marcelino s/ Incidente Concurso/Quiebra (Excepto Verificación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Debe rechazarse el recurso de apelación deducido por la cónyuge co-propietaria del inmueble hipotecado por cuanto, en razón del carácter de indivisibilidad de la hipoteca (art. 3112 cód. Civil), el gravamen debe extenderse a todo el inmueble afectado y a cada una de las partes, por lo que mientras subsista un saldo impago, la hipoteca permanece íntegra sobre la totalidad del inmueble, no correspondiendo restringir la garantía hipotecaria sólo a una porción indivisa del cónyuge fallido.
Derecho de los beneficios de la seguridad social, beneficios previsionales, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ROMERO, DONATA c/ A.N.Se.S. s/ Restituci3/4n de beneficio".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

Debe concluirse que se dan las condiciones que habilitan al órgano administrador a ejercer las facultades conferidas por el art. 15 de la ley 24.241 (en el caso, dio de baja el beneficio de jubilación ordinaria al comprobarse la inexistencia del pago de la deuda por aportes y contribuciones ya que, de acuerdo con lo informado por el banco, el sello de la boleta de depósito sería apócrifo), si la A.N.Se.S. dio debida participación a la interesada haciéndole saber el hecho nuevo denunciado por la entidad bancaria, y aquella, pese a encontrarse debidamente notificada, no concurrió ante el órgano administrador a fin de hacer valer sus derechos, actitud que denota -al menos desinterés por lo informado por el banco, suficiente para calificar el temperamento que se propicia (art. 919 Código Civil) (Disidencia del Dr. Fernández).
Responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

"La cocausación, en cambio, deriva de la actuación concurrente, y causalmente relevante, de dos o más agentes que coadyuvan con su conducta a la producción del daño. Se trata de pluralidad de agentes causales. La cocausación puede derivar de: I] Una causalidad conjunta o común (dos o más personas, con su acción, han provocado el daño); 2] causalidad acumulativa (el daño es provocado por el actuar independiente entre sí de dos o más agentes, con la particularidad de que cada uno de ellos, aun cuando hubiese actuado aisladamente, habría provocado igualmente el daño ), y 3] causalidad alternativa (frente a dos o más hechos idóneos para provocar el daño, éste acaece por la acción de sólo uno de ellos aunque no resulta posible precisar cuál de esos hechos elimina causalmente a los demás)".
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, sobreseimiento definitivo, revocación del sobreseimiento, juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Goijman, Mario D. s/ Injurias - art. 110 del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la resolución que revocó el sobreseimiento definitivo y dispuso que se practique la audiencia señalada por el art. 591 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Ello es así, pues las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley 48.
Recurso de apelación (procesal), defensa en juicio, segunda instancia, expresión de agravios, procedimiento laboral, interés legítimo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: CABRERA, JUAN CARLOS c/ CAMETAL SAIC s/ COBRO DE PESOS    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 655-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

Carece de consistencia el agravio relativo a la violación del derecho de defensa por denegación de la posibilidad de adherir al recurso de la parte contraria, ya que la indefensión del quejoso no es tal, pues si bien es cierto que carecía de interés jurídico para deducir una apelación autónoma al haberle sido favorable la sentencia de primera instancia, no lo es menos que la defensa del ganador queda garantizada con la posibilidad de mantener en segundo grado, al contestar la expresión de agravios de la contraparte, los planteos opuestos ante el Inferior.
Materia: CIVIL
Carátula: Zalazar, José y otros c/ Sociedad Mutual, Cultural y Deportiva de Catamarca s/ Reajuste, Morigeración y Fijación de Intereses - Casación - Recurso de Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-07-07

Se deduce recurso de reposición en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por este Tribunal que declaró la inadmisibilidad formal del recurso de casación intentado, en virtud de que el recurrente no contestó el traslado del recurso de apelación precedente, por lo que no tiene habilitada la vía recursiva conforme a las prescripciones del Art. 150 in fine del CPC.

Corresponde señalar que esta Corte de Justicia ha expresado en numerosos precedentes, "que las resoluciones dictadas por este Tribunal no son susceptibles de recurso de reposición, excepto que se hubiere incurrido en un error de hecho evidente en orden a preservar las garantías del debido proceso y defensa en juicio" (Sent. Int. Nro. 25/08 en lo Cont. Ad.); también ha señalado que: "...en relación a dicho recurso cabe afirmar que la reposición solo procede respecto de las providencias simples y no contra las sentencias interlocutorias y sentencias definitivas" (Empresa Ottorino D`Agostini c/ Provincia de Catamarca -s/ Acción contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, 06 de Agosto de 1.997).- En consecuencia, el recurso de reposición deducido es manifiestamente improcedente, toda vez que en el caso no se da ningún supuesto de carácter excepcional que permita apartarse de tal principio; por el contrario, lo acontecido en autos es el resultado de la aplicación de las normas procesales que rigen la materia recursiva, la cual reviste carácter público por lo que no es factible apartarse de ellas por un criterio diferente al contenido de las mismas como pretende el recurrente.
Quiebra, verificación de créditos, incidente de revisión, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  SOCIAL  DE CORDOBA - INCIDENTE DE REVISION EN: "RIGAZIO S.A. - QUIEBRA PEDIDA" s/ QUIEBRA PEDIDA - VERIFICACION DE CREDITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-20

El objeto del juicio está delimitado por la originaria demanda de insinuación y circunscripto, incluso subjetivamente al tema de la verificación de crédito. Por consiguiente, la oposición -revisión- tiene por objeto provocar un juicio en contradictorio bajo forma de impugnación sobre aquella demanda. Así las cosas y conforme surge de la exposición de motivos de la ley 19.551 el recurso de revisión regulado en el art. 38 sigue las pautas de la ley 11.719. Bajo estas características la revisión constituía un verdadero recurso de reposición que se incoada ante el mismo Juez que dictaba la sentencia verificatoria a fin de que, por contrario imperio, repare o enmiende los agravios que aquella ha inferido al acreedor revisionista.

En consecuencia queda abierta la instancia de revisión que legisla el art. 38 de la ley 19.551 a todo aquel que resulte interesado, es decir aquel que tiene un interés directo -por si o por una representación que inviste-en una controversia, pleito o disputa a que está llamado, le atañe y puede perjudicarlo. Lo importante es destacar que el interés en juego debe afectar al sujeto en sus bienes, sus derechos, su libertad, sus afecciones, etc.. Debe ser un interés jurídico, es decir tutelado por la ley. Indudablemente, todos aquellos acreedores que pidieron verificación y fueron declarados inadmisibles, son típicos interesados en recurrir contra la decisión del Juez para demandar la revisión de la sentencia que declaró inadmisible el crédito.

Así Richard y Romero en su obra "Sistema de Recursos Concursales", afirman que, "el recurso en estudio está conferido contra la resolución que pone fin al proceso declarando admisible o inadmisible el crédito y está en cabeza de cualquier acreedor y del deudor con interés legítimo para actuar.

Esta amplitud del recurso permite el nuevo juzgamiento con miras de posibilitar al interesado una más adecuada defensa, teniendo en cuentas las restricciones del proceso informativo. Así pues, se llame oposición, o impugnación o como la Ley Castillo decía "reposición de las resoluciones del juez declarando admisibles o inadmisibles los créditos observados", se trata de una especie de reposición ya que se tramita ante el mismo juez que dictó la sentencia cuya revocación total o parcial se pretende. Sentadas estas premisas que muestran inadecuada la conceptualización que del instituto de la revisión realizara la sentenciante, corresponde la valoración de la prueba aportada por el revisionista que deberá ser valorada en su totalidad a la luz de la crítica racional.-
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cubilla, Carlos Oscar c/ MAFISA S.A. s/ Daños y Perjuicios y Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Aún cuando la amoladora eléctrica sea de uso normal en un taller de calderería, en vista a que requiere que se sujete con firmeza y se opere con atención, pues puede desarrollar 8.000 revoluciones por minuto, y exige el uso indispensable de elementos de protección, la misma queda incluida en el concepto de cosa riesgosa del art. 1113, 2do. párrafo, del C.C. Ello en razón que el juzgador debe preguntarse sobre el origen del riesgo causante del daño, si éste se originó por el uso normal de la cosa, no debiendo sancionarse el mero riesgo creado (Ac. y Sent. 1986-IV-564; 1987-I-171; 1987-I-387, etc.).
Delitos comunes cometidos en actos de servicio, obediencia debida, delitos militares, denuncia militar obligatoria, encubrimiento
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

El art. 514 del Código de Justicia Militar tiene en tiempo de paz una aplicación limitada al campo de la jurisdicción militar en el marco de las órdenes del servicio, con excepciones que justifican la desobediencia o la atenuación de la insubordinación, cuando ellas impliquen la reacción ante un abuso de los permitidos al superior, pero no frente al abuso arbitrario, atento a lo dispuesto por el art. 187 que establece la obligación de denunciar la perpetración de delitos sujetos a la jurisdicción de los tribunales castrenses, bajo la sanción de cometer el delito de encubrimiento.