Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


SCHMALENBERGER, Jorge A. contra PORTA, Daniel Horacio y/o MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 296-300. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTOS: los autos "SCHMALENBERGER, Jorge A. contra PORTA, Daniel Horacio y/o MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Indemnización de Daños y Perjuicios- (Expte. 52/94) sobre APELACIÓN Ley 12036" (Expte. C.S.J. nro. 264, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1.

Contra el decisorio que declaró inadmisible el recurso de apelación contemplado en el artículo 10 de la ley 12.036, interpuesto por la Municipalidad de Santa Fe (A. y S., T. 195, págs. 345/346), dedujo ésta recurso de revocatoria in extremis.

Bajo el título "Fundamentos sobre la admisibilidad y procedencia del recurso" y tras comentar jurisprudencia, afirmó que en el presente caso la notoria injusticia se configura por el estado de indefensión en que se la coloca al no admitirse el recurso de apelación interpuesto contra el embargo ordenado por el a quo. Dijo que así se deja expedita la medida cautelar despachada la que, amén de ser violatoria de los artículos 7, 8 y 9 bis de la ley 7234, importa una alteración grave del orden de prioridades de pagos con fondos públicos municipales, a la vez que menoscaba el principio de equilibrio presupuestario afectando sustancialmente diversos cometidos públicos.

Aclaró que la notoria injusticia e indefensión se configuran también por la irreparabilidad del daño que la arbitrariedad normativa provoca al alterar el mencionado orden de prioridades.

En el acápite "Arbitrariedad del pronunciamiento por inaplicabilidad de la ley y contrariar sus principios" transcribió los artículos 9 y 9 bis de la ley 12036 y aseveró que con el pronunciamiento dictado trasunta una inaplicabilidad del dispositivo legal sin mediar una expresa declaración de inconstitucionalidad de la norma.

En igual sentido, expresó que resulta arbitrario el auto recurrido por cuanto contiene una declaración explícita 'contra legem', sin debate y declaración de inconstitucionalidad, lo que provoca su descalificación.

Adujo que en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella.

En el punto "Competencia de la Corte provincial" manifestó que este Tribunal resulta competente para entender en el recurso directo por cuanto el propio ordenamiento así lo ha impuesto y al no merecer declaración de inconstitucionalidad no puede ser desoído.

Sostuvo que el 'per saltum' impuesto por la ley 12036 tiene una vinculación directa y precisa, solamente aplicables a circunstancias de extrema necesidad y de carácter sumamente restringido a lo supuestos de medidas cautelares sobre fondos del Estado.

Afirmó que la improcedencia del recurso interpuesto con sustento en una inadmisibilidad por incompetencia trasluce un excesivo rigorismo formal, con apartamiento de recaudo legal.

Agregó que como consecuencia de la efectividad de las medidas cautelares se torna evidente el perjuicio y entraña en sí una cuestión de gravedad institucional que autoriza a prescindir del recaudo de las instancias previas.

Aclaró que la decisión atacada no se compadece con el dictado de la ley 11229 y destacó que la Corte por naturaleza es competente en el tratamiento del recurso de apelación del artículo 10 de la ley 12036 puesto que el precepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su espíritu y en especial las demás normas que sobre la materia contenga el ordenamiento jurídico.

Expresó que el remedio mencionado no refiere a una nueva competencia jurisdiccional de la Corte sino que configura una excepcional modalidad de la competencia prevista en el inciso 1 del artículo 93 de la Constitución provincial.

Afirmó que, para el caso de que no se comparta lo expuesto, la ley 12036 es de emergencia de las cuentas públicas que consagra el principio de legalidad presupuestaria; en consecuencia, entendió que el precedente "Makianich" no se corresponde con la cuestión debatida en autos al pronunciarse, en dicho fallo, sobre cuestiones de escasa trascendencia institucional y sin vinculación al referido principio.

Dijo que, si aún eso fuera insuficiente, la problemática suscitada por la aplicación de normas de contenido presupuestario es de naturaleza contencioso administrativa, sin importar cual haya sido la cuestión de fondo debatida en autos, siendo en este contexto donde puede solicitarse la intervención de este Tribunal.

Concretó este punto, aseverando que ya dictada la sentencia, el Estado cuenta con una legítima y necesaria prerrogativa que lo distingue de cualquier otro sujeto en razón del fin perseguido.

Por otra parte, expresó que se ha manifestado en situación de emergencia a través de las distintas normas que se dictaron, de allí que pretender sustraerlo de la misma por falta de demostración del desequilibrio presupuestario es contradictorio con aquellos principios.

Resaltó que el perjuicio es real, concreto e inmodificable por otra vía, no tratándose de una manifestación genérica sino que es el fiel reflejo de una realidad que mereció la tutela por parte del legislador.

Bajo el acápite "Gravedad institucional" aclaró que el auto impugnado traería aparejado una situación de gravedad institucional por cuanto de mantenerse lo resuelto conculcaría su derecho de propiedad con directas consecuencias sobre la comunidad, ya que la importante carga patrimonial que ocasionaría la admisión de supuestos similares produciría un considerable quebrantamiento en el sistema económico del ente municipal.

Asimismo, dijo que trascendería del mero interés de esta causa por cuanto se le impone la obligación de cancelar todas las deudas en un sólo momento, repercutiendo sobre los fondos públicos y tornando incierta la existencia del ente territorial pro carencia de disponibilidades económicas.

Resaltó que cumplió en tiempo y forma con los recaudos necesarios exigidos por las normas respectivas que impiden que pueda trabarse embargo sobre sus fondos y/o valores.

Resumiendo este argumento, afirmó que la gravedad institucional se configuraría por cuanto se alteraría sin más el orden de pago dispuesto por las ordenanzas y leyes de emergencia, violándose la garantía constitucional de igualdad ante la ley y privilegiando a un acreedor sobre otro.

En el título "Inexistencia de otras vías alternativas válidas" expresó que la intensidad y actualidad del perjuicio que ocasionaría la imposibilidad de atender las necesidades esenciales a su cargo impiden el tránsito normal de las vías ordinarias aconsejadas en el decisorio, toda vez que ese tiempo tornaría prácticamente vacío de contenido el remedio judicial al verse consumado la esencia de la cautelar.

Dijo que el necesario tránsito de las instancias procesales atentaría con del derecho constitucional de la defensa en juicio.

Tras comentar nuevamente la causa "Malvicino" aseveró que es notoria la injusticia e indefensión ante la inidoneidad de los medios ordinarios para enervar los efectos del pronunciamiento del 24.3.04 atento a que ni el Estado municipal ni la comunidad pueden soportar la demora que provocaría el deslizamiento de la competencia que importaría recurrir al juicio provisorio ante la Corte nacional.

En el acápite "Imposición de costas" afirmó que la gravedad institucional antes delineada se agravaría aún más al imponérsele las costas, máxime cuando existía razón plausible para litigar.

Citó la causa "Camiña" en sustento de este ítem y peticionó que las costas del recurso de apelación se impongan por su orden.

Por último, efectuó reserva de la cuestión federal.

2.

Corrido el pertinente traslado, fue contestado por los doctores Oroño y Traverso a fojas 118/120 solicitando el rechazo de la revocatoria in extremis interpuesta y peticionando que se aplique una multa diaria de $ 200, en forma solidaria, a la demandada y a los firmantes del escrito recursivo por cuanto consideraron que se produce un sistemático e indefinido alongamiento del proceso configurando un claro abuso procesal.

Por su parte, el doctor García Trento lo contestó a foja 122 afirmando que el remedio deducido debe desestimarse y reclamando también la imposición de una multa diaria no inferior a los $ 200, en forma solidaria a la accionada y los firmantes del escrito respectivo al plasmarse un evidente abuso procesal y a tenor de lo dispuesto en los artículos 622 del Código Civil y 565 del Código de Comercio.

3. Hecho saber a la apelante la solicitado en cuanto a la sanción requerida, pidió su rechazo por cuanto aseveró que no se configura un supuesto de abuso procesal.

4. El remedio resulta inadmisible.

Como se considerara en la causa "Malvicino" (A. y S., T. 140, págs. 416/419), corresponde señalar que sobre la base de que resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia que los juzgadores no coloquen una mínima cuota de empeño para aclarar sus pronunciamientos o, incluso, enmendar sus desaciertos, y más allá de que, ante estos estrados, haya sido (ver "Gambetti", A. y S., T. 178, p. 289) o vaya a ser admisible la interposición de un recurso atípico como el que se ha dado en llamar "revocatoria in extremis"; debe precisarse que la admisión de una postulación de tal índole requiere la existencia de un marco fáctico que no se presenta en la especie. Es que el necesario balance entre la justicia y la seguridad jurídica impone el cumplimiento de una serie de requisitos para hacer operativas estas soluciones extremas.

En tal sentido, no Tal como se dijo en el precedente citado, aquí también debe afirmarse que, sin perjuicio del principio de pérdida de la jurisdicción con posterioridad al dictado de la sentencia (exteriorizado, en nuestro sistema, en el art. 248 del C.P.C. y C.), se justifica la admisión de un planteo recursivo -de efecto no devolutivo- por ante el mismo Tribunal por cuanto, en tales situaciones, no cabe lugar a la más mínima duda que, de haber sido oportunamente advertida por el oficio la circunstancia que recién percibe con la interposición del recurso, habría resuelto en sentido contrario a aquél en que, efectivamente, lo hizo.

La flagrancia e incontestabilidad del lapsus impone, en tales casos, la atenuación del rigor formal pues constituiría un absurdo, lesivo de la garantía de defensa en juicio, acordar firmeza a un yerro patente o imponer un engorroso trámite de alzada para su enmienda.

De otra parte, debe también recordarse que, como toda solución exorbitante del marco normativo formal, la admisión del planteo de reposición "in extremis" se encuentra sujeta a la condición de subsidiariedad, es decir, que resulta requisito aunque de signo negativo la inexistencia de otro medio o vía adjetiva idónea para reparar adecuadamente el agravio.

En la especie, en idéntica dirección a lo resuelto in re "Malvicino", la impugnante pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una sobre argumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etcétera), cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible (arg. Fallos 315:406), a la par que demuestra de manera incontrastable que, con el alcance por ella pretendido, luce irrefutablemente idóneo -en caso de ser, a su vez, admisible- el recurso extraordinario que ya se ha interpuesto; sin desconocer, tampoco, otras vías específicas suministradas por el ordenamiento para la materia.

Es decir, el remedio en cuestión juega dentro de un determinado ámbito en donde no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustentan el pronunciamiento; no pudiendo, jamás, erigirse como un 'nuevo juicio', que es, en definitiva, lo pretendido por la recurrente.

5. Asimismo, no puede prosperar la aplicación de sanciones pecuniarias.

Tal como se dijo en la causa "Ortega" (A. y S., T. 184, pág. 249), con cita del precedente "Suárez" (A. y S. T. 99, pág. 228), "ha de tenerse en cuenta que la declaración de inconducta procesal maliciosa debe reservarse para casos de real gravedad, donde exista una verdadera obstrucción al curso de la justicia.

Los jueces deben ser parcos en la aplicación de tales sanciones, pues si bien es necesario arbitrar los medios que permitan salvaguardar los deberes de lealtad, probidad y buena fe, ello no puede significar que el solo hecho de oponer defensas lleve indefectiblemente a merecer las sanciones reclamadas, porque de ser así podría vulnerarse la garantía de la defensa en juicio que reviste jerarquía constitucional".

Efectivamente, la parte actora no lograr persuadir al Tribunal que, en una tarea que le es propia como la ponderación de la conducta de los litigantes, la recurrente utilice articulaciones que excedan el marco del legítimo ejercicio de la defensa de los intereses municipales.

Es que, en rigor de verdad, el planteo esgrimido no presupone otra cosa que la utilización de una prerrogativa de creación pretoriana, si bien de carácter excepcional, y no se advierte, en la especie, que el empleo de ese instituto equivalga a traspasar los cánones de moralidad procesal para convertirse en un abuso o exceso que desvirtúe su finalidad y determine la imposición de la sanción solicitada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.

Desestimar el pedido de aplicación de sanción pecuniaria.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)