marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mediación, acuerdo de mediación, incumplimiento del convenio, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS RINCON 1102 c/ BRIGNARDELLO, Sergio s/ EJECUCION DE ACUERDO LEY 24573
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Cuando se ejecuta un convenio celebrado ante el mediador, la aplicación de la multa prevista por el art. 12 de la ley 24.573 no es automática, sino que debe compaginarse el mandato contenido en dicha norma y la facultad del art. 45 del Código Procesal, para lo cual habrá de valorarse la conducta asumida durante el procedimiento de ejecución del acuerdo.
Contratos, compraventa de automotores, precio, seña, devolución del automotor, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Arias, Matias Ignacio  c/ Car Group SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde imponer una sanción de multa punitiva (LDC 52 bis) a una concesionaria con motivo de la negativa a devolver la seña entregada por el actor para la adquisición de un vehículo, toda vez que el accionante optó por ejercer la facultad contractual de arrepentirse ante el aumento del precio del bien por parte de la defendida. Ello así, pues la defendida no dio respuesta al reclamo de la accionante cuando la documentación aportada surge que a pesar de no concretarse la compraventa del vehículo retuvo la suma dada en concepto de seña sin ningún justificativo, evidenciando así un comportamiento desaprensivo a los derechos que como usuario debían ser reconocidos.

Dicho comportamiento controvierte el deber de los proveedores establecido en la LDC 8 bis de garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. La inconducta de la demandada también se vislumbra ante la falta de atención en la obligación de informar detalladamente sobre los aumentos de precios y la negativa de dicha parte de reintegrar en su debido tiempo la suma que había sido dada en concepto de seña.

Además de ello, la falta de pago, en el contexto económico imperante, conlleva sin dudas a la obligada a obtener un beneficio injustificado dada la postergación en el tiempo del efectivo pago. Por lo tanto, se ha de considerar que el incumplimiento grave de la concesionaria en el aprovechamiento de su situación frente al usuario, justifica la fijación de la multa civil.
Aclaratoria (procesal), recurso de apelación (procesal), subsidiaridad
Materia: PROCESAL
Carátula: CERRA NIEVES OLGA c/ HESSY JULIO DOMINGO s/ ALIMENTOS-RECURSO  CONCEDIDO  EN  RELACION  Y  CON EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-09

El recurso de apelación no se puede entablar como subsidiario del de aclaratoria, atento que el recurso de aclaratoria es autónomo y el de apelación, por principio general también lo es, salvo cuando se lo interpone como subsidiario del de revocatoria.
Impuestos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hijos de Juan Carlos Pérez S.A. c/ Dirección de Rentas s/ Acción meramente declarativa-Cuestión de competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La cuestión sometida a juzgamiento es propia de la competencia contencioso administrativa de la Suprema Corte (art. 149 inc. 3 Const. Prov.) si se trata de un caso indudablemente comprendido en el ámbito de la materia tributaria cuyo conocimiento y decisión le es atribuído por el artículo 89 y conc. del Código Fiscal. (En el caso: por la vía del artículo 322 del CPCC la actora pretende que la base imponible del tributo se determine de conformidad con el criterio que sostiene, cuestionando la modalidad utilizada a tal fin por el órgano administrativo, propia del art. 69 del Cód. Fiscal).

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, tareas de vigilancia, consorcio de propietarios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: LODI, BERNARDO c/ PHOEBUS SRL Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

Si bien no puede negarse que la seguridad resulta hoy día un elemento de importancia para un consorcio de propietarios, ello no implica calificar tal tarea como normal y específica de dicho consorcio. Por el contrario, se trata de una típica actividad accesoria y conceptualmente escindible, porque no conforma una unidad técnica de ejecución y porque en nada afectaría el funcionamiento esencial del edificio el hecho de carecer de tales servicios. Por ello no corresponde extender la responsabilidad consagrada en el art. 30 de la LCT al consorcio de propietarios demandado.
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera Duarte, Elvio Efren. c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones. s/ Acción Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-05-09

El vencimiento del plazo, extinguió la posibilidad de justificar su personería, operando la nulidad de pleno derecho como surge del análisis de los hechos efectuado ut supra. Esta interpretación es ajustada a los propios términos de la norma contenida en el artículo 48 del C.P.C., que establece que el cómputo de cuarenta días se efectuará desde la primera presentación bajo sanción de nulidad de lo actuado.
Plazos procesales, plazo perentorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUJAN, JORGE ALFREDO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ ORDINARIO - PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

La perentoriedad de los plazos judiciales es principio que establece la pérdida automática de la facultad procesal para cuyo ejercicio aquellos se concedieron, pero nada determina sobre el modo en que haya de resolverse la pretensión en trámite.

Para que el incumplimiento del plazo incida en el contenido de dicha decisión, es menester que la cuestión esté así regulada por las normas (p. ej.: art. 388 C.P.Civ.) ó que se disponga que el término corra bajo tal apercibimiento.
Excarcelación, robo calificado, tentativa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., O. J. D. c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

Excarcelación rechazada. Robo agravado con un arma impropia en tentativa. Agravio de la defensa: Calificación adoptada sólo con la declaración prestada por el damnificado en la seccional. Rechazo. Defensa que debió pedir las diligencias probatorias que consideraba oportunas durante la audiencia de clausura. Escala punitiva y registro de antecedentes que no permiten hacer lugar al beneficio solicitado. Medida de coerción que resulta indispensable para asegurar el normal desarrollo del proceso, teniendo en cuenta el escaso tiempo que lleva detenido y que se encuentra clausurada la instrucción. Confirmación.
Despido sin causa aparente, despido discriminatorio, reinstalación en el puesto de trabajo, daño moral, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, JOSE LUIS c/ PETROPACK S.A. s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-03

Debe considerarse nulo el despido comunicado al trabajador, disponiéndose la reincorporación a su lugar de trabajo en idénticas condiciones a las que precedieron a la ruptura, toda vez que el aparente despido sin expresión de causa obedeció en realidad a una motivación verdadera y oculta, cual fue la demanda instaurada por el padre del trabajador que fue notificada a la demandada dos días antes del distracto de marras. La conducta imputable a la empresa demandada, evidencia un acto discriminatorio tipificado en el Art. 1 de la Ley Nº 23.592. Debe también condenarse a la demandada a indemnizar el daño moral ocasionado y a abonar los salarios caídos.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-30

No es suficiente la impugnación que se basa en la mera discrepancia del recurrente con el alcance que el juzgador ha dado a la declaración de determinados testigos.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, escrituración
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Domínguez, Teresa Emilia c/ Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

Se entiende que la extinción de la relación laboral en los términos del art. 241 de la L.C.T. mediante escritura pública, es un modo válido de extinguir el contrato de trabajo en la medida que no hayan existido vicios en la voluntad del trabajador. Pero la validez del acto rescisorio está subordinado a la presencia personal del dependiente, o sea que éste no puede otorgar mandato a un tercero para que instrumente su voluntad rupturista. Los recaudos formales son exigibles bajo pena nulidad puesto que desde el punto de vista práctico el acto jurídico liberatorio se compone de dos elementos sustantivos: a) uno material, que es manifestación de voluntad extintiva en la forma prevista por el legislador y b) uno inmaterial, esto es que la expresión de voluntad se realice con discernimiento, intención y libertad (art. 260 CCCN) pudiendo el escribano actuante dar fe de los hechos ocurridos en su presencia, pero no respecto del estado de ánimo del trabajador, ni de las presiones a las que, eventualmente, pudo habérselo sometido. En el caso a estudio, lo único que puede decirse en beneficio de la entidad apelante es que la actora solicitó adherirse a un retiro voluntario que le fue propuesto, aunque nunca se formalizó el procedimiento de extinción reglamentado y, por otra parte, el monto percibido resulta exiguo frente a lo que la trabajadora podría haber percibido sólo por imperio del art. 245 L.C.T.
Accidentes de trabajo, incapacidad, capacidad residual, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, OSCAR LUIS c/ RENAULT ARGENTINA  S.A. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-11

La indemnización de incapacidades sucesivas no puede sobrepasar el 100% de la total obrera, las incapacidades que se vayan detectando en el trabajador no sólo pueden, sino que deben, ir sumándose para evitar cometer una injusticia con el trabajador minusválido. Las tesis que sostiene que el porcentaje de las nuevas incapacidades deben calcularse sobre la capacidad residual y no sobre el 100% de la total obrera llegan a conclusiones absurdas, que desconocen elementales principios y garantías del derecho del trabajo. La ley 9.688 se refiere a la incapacidad para el trabajo es decir incapacidad de competencia en el mercado de empleo y no incapacidad de ganancia.
Procedencia del recurso, defensa en juicio, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Marcolongo, Reynaldo Oreste y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

Corresponde casar la sentencia en cuanto impuso un pena superior a la solicitada por el Fiscal respecto de uno de los encausados toda vez que el tribunal de juicio no puede rebasar el quantum de la pena solicitada por la acusación, doctrina acorde con el reparto de roles entre acusación, defensa y juez y, en concreto, en sintonía con la evidente separación de la función acusadora y juzgadora; de lo contrario se verificaría un exceso en el ejercicio de la función jurisdiccional en la medida que el sentenciante ha superado la pretensión punitiva del órgano acusador e impedido con ello el pleno ejercicio de la garantía constitucional de la defensa en juicio en lo que respecta a la individualización de la pena impuesta. Dres. Carbajo, Hornos y Borinsky.
Intereses, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: U., E. L. c/ F., E. s/ Inc. cump. cuota alim. Gevaudan, Liliana María c/ Nicora, Héctor Mario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28|1991-07-24

El justiciable que demanda debe cumplimentar la carga procesal de peticionar los intereses en esa etapa introductoria (arts. 34 inc.

4º, 163 inc. 6º y 330 Código Procesal). Si así no lo hace, no corresponde incluirlos oficiosamente en la condena pues el juez sólo debe pronunciarse sobre lo pedido y nada más que sobre ello y aún cuando en materia de ilícitos se persigue una reparación integral, ya que ella depende de que el interesado ejercite idóneamente sus derechos.
Concursos, verificación de créditos, recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SEBASTIAN  MARONESE  E HIJOS SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DEREVISION POR EL FISCO NACIONAL - AFIP - DGI.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Del Dictamen Del Procurador:

Es procedente la queja interpuesta ante la Corte Suprema por desestimación del recurso extraordinario decidida por la Cámara Comercial, pues mas allá de que se haga lugar o no a la pretensión del recurrente, en el sentido de que se rechace la compensación admitida en la resolución de verificación de su crédito con los que a su vez invocó la fallida tenía respecto del fisco nacional, lo cierto es que el tribunal a quo omitió toda consideración acerca de los agravios traídos por el organismo citado sobre el punto en cuestión en orden a la aplicación o no al caso de normas de procedimientos establecidos en la ley 11683. Ello así, en tales condiciones, el fallo apelado incurre en evidente omisión de tratamiento y decisión respecto de cuestiones conducentes a la solución ajustada del litigio.
Recurso de inconstitucionalidad, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERNARDINI, RAUL c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-07-25

En lo que respecta al agravio que achaca a la Cámara la aplicación errónea y retroactiva de la ley 26773, el nuevo examen de admisibilidad efectuado con los principales a la vista confirman la decisión de esta Corte en oportunidad de admitir el recurso directo primigenio, por lo que corresponde admitir parcialmente el recurso deducido. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773.
Recurso de casación penal, robo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERNANDEZ, OSCAR R. s/ ROBO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-20

Procede parcialmente al recurso de casación penal interpuesto por el defensor del imputado contra la sentencia que lo condena por robo con efracción correspondiendo declararlo culpable de robo simple, cuando como en el caso, no se ha acreditado la ruptura de la defensa predispuesta sino tan sólo su hundimiento; ello en tanto el art. 167 inc. 3 CP exige que, cuando la fuerza recaiga sobre las defensas predispuestas, ésta constituya perforación o fractura, atendiendo con ello al efecto producido. No se trata, por lo tanto, de simple uso de fuerza, sino de una forma particular y calificada de fuerza que produzca el efecto de perforar o fracturar.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lattucca, Norma Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El reclamo de la actora (conviviente en aparente matrimonio) consistente en el pago de los haberes retroactivos devengados desde el fallecimiento del causante debe ser analizada atendiendo a las circunstancias particulares del caso (los importes reclamados han sido abonados a la coadyuvante, constituyendo por ende efectos ya consumados del derecho a pensión de aquella, por lo que deben considerarse legítimamente abonados a la coadyuvante los haberes que haya percibido hasta la fecha en que se de cumplimiento a la sentencia). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, imputado no procesado, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ZELLNER, Juan E. s/ prescripción de la acción penal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

En los casos de extinción de la acción penal respecto del imputado no procesado, no corresponde el dictado de su sobreseimiento.
Ejecución fiscal, domicilio fiscal, domicilio denunciado, domicilio constituido, CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: G.C.B.A. c/ Arévalo s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-10

El artículo 24 del Código Fiscal (texto según Ley Nro. 541), implica reconocer el domicilio fiscal como el lugar donde resultan válidas las notificaciones.

Si bien por imperio del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, el domicilio debe haberse constituido en el propio juicio, tal argumento debe ceder cuando se trata del domicilio fiscal denunciado ante las autoridades administrativas, pues éste goza, con arreglo a una expresa disposición legal, de los efectos propios del domicilio constituido, incluso en el ámbito judicial.
Procesos de ejecución, ejecución de sentencia, regulación de honorarios, aplicación errónea de la ley, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Franco de Madina c/ Locchi, Luciano S. s/ Desalojo - Ejecución de Sentencia s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23

Admitido que el art. 41 de la ley 3956 resulta aplicable para determinar los honorarios profesionales en el proceso de ejecución de sentencia, cabe considerar que su interpretación, en orden a las etapas que conforman a este último, ha dado lugar a mas de una teoría, entre ellas aquélla a la que adhiero y que considera que: "La estimación (de los honorarios profesionales) debe comprender las dos etapas previstas para las ejecuciones (Art. 40, ley 21839), porque el trámite de la ejecución se redondea con la resolución que allí se dicta (que resuelve las excepciones opuestas y en su caso manda a continuar la ejecución) (Art. 508 del C.P.C.C.) que tiene el alcance de una verdadera sentencia, pues satisface los requisitos de cualquier otro pronunciamiento., por haber existido una sustanciación previa de carácter procesal, y con la cual termina la primera de las etapas.

El resto de los trámites hasta el cumplimiento, integran la segunda de las etapas que prevé el arancel". ".una interpretación contraria importaría, sencillamente, contravenir el propio texto de la norma arancelaria". (Passaron J.F.- Pasaresi G.M. - Honorarios Judiciales - T1, Pág. 454/455, Edit. Astrea - 2008). De acuerdo, entonces, con la doctrina reseñada, asiste razón a la recurrente, en tanto el fallo de Cámara, por mayoría, considerando que el proceso de ejecución de sentencia consta de una sola etapa procesal, redujo en un 50% la regulación practicada en primera instancia, incurriendo, a mi criterio, en una incorrecta interpretación de la norma arancelaria de que se trata, por lo que corresponde hacer lugar al recurso intentado, con costas al vencido. Es mi voto.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia.
Estupefacientes, tenencia simple, tenencia de estupefacientes para consumo personal, comercialización legal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: " NOVELLO, Carlos ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-09

Debe considerarse como tipo básico a la figura de tenencia simple y las restantes como calificantes. La figura que reprime el consumo en su modalidad atenuada y el tipo que pena el comercio como una agravante. (VILCHEZ, Rutty J." del 9.10.2003. Asimismo, se ha sostenido que "al encontrarnos con una tenencia en la cual no puede acreditarse que era para comercializar, ni tampoco se pruebe que estaba destinada para el consumo personal, deberá ser encuadrada en la de tenencia simple de estupefacientes. ( NACHT, Cristian" del 6.2.97, "GONZALEZ Javier" del 3.10.96 y "FRANCO" del 5.0.2005. entre otros).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prisión perpetua, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOTIER, OMAR DARIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA Y AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

Sin perjuicio de que no puede soslayarse que la pena privativa de libertad si fuera realmente perpetua lesionaría la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad-, y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional, lo cierto es que en el caso, la sanción impuesta no es tal, pues el condenado cuenta con la posibilidad de acceder a la libertad condicional y antes al régimen de semilibertad y de salidas transitorias previstos en la ley 24660; de modo que la prisión perpetua del código vigente no sería inconstitucional en sí, dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminada, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la libertad condicional. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 329:2440; disidencia del Dr. Zaffaroni en Fallos 333:866 y 334:1659. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 18; Ley 24660. - DOCTRINA: Zaffaroni, Eugenio Raúl: "Derecho penal. Parte general", Buenos Aires, Ediar, 2000, pág. 946. - Jurisprudencia vinculada: Lázaro, AyS T 274, p 54/60, sumario
Propiedad horizontal, partes comunes, derechos de los propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: V., A.E. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS URUGUAY 520
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29

Cada propietario tiene derecho sobre las partes comunes atendiendo al criterio rector de su destino, que está dado por la naturaleza de las cosas. Así, un ascensor resulta común por su destino, y el límite en su uso es el adecuado a su finalidad -el transporte de personas y cosas-, pues para ese empleo fue fabricado, exigiendo las normas propias de convivencia y buena vecindad que cada uno use los bienes comunes sin causar perjuicio ni restringir el legítimo derecho de los demás.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concursos, ley procesal, interpretación de la ley, ley nacional, ley provincial, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Es aplicable el plazo de gracia previsto en el artículo 70 del   Código Procesal Civil a los procesos que versan sobre materia  concursal y prendaria? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-10-01

Aún aceptando que la Ley de Concursos (tanto la actual como sus antecedentes) contempla la previsión de normas procesales que hacen a su unidad, en modo alguno se ha intentado regular - siquiera mínimamente- una acabada y correcta serie procedimental que la haga eficaz. En efecto: en una ley que sólo consagra nueve incisos de un solo artículo para establecer las "reglas procedimentales" que el legislador nacional estima que deben respetarse igualitariamente en todas las provincias, parece obvio señalar que "todo lo que allí no se contiene" (en otras palabras, toda su carencia) debe ser regulado por la ley procesal provincial. Y ello no sólo porque responde a una correcta interpretación del sistema, sino porque hace a la esencia del principio federalista que aunque desvirtuado en la praxis continúa rigiendo a nivel constitucional, porque nadie más que el legislador local -dentro de la modestia de su terruño- conoce a cabalidad las contingentes particularidades de sus gentes y de su entorno, imposible de regular en cuanto a formas procesales desde la Capital Federal, sino también -y fundamentalmente- porque la rica, variada y extensa gama de posibles situaciones procedimentales escapan por completo a la imaginación del legislador nacional en tanto se encuentran perfecta y extensamente reguladas en las esferas locales. (Del Voto del Dr. Alvarado Velloso).