marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL
Carátula: ALBERTO, Juan E. s/ procesamiento Causa nro. 26.755
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

A la escasa cantidad, debe adunarse las particulares circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjera su secuestro, que avalen los dichos vertidos en relación con el destino de consumo de estupefacientes. Ello debe valorarse, por otra parte, a la luz del informe médico forense, que señala que el causante presenta las características de aquellas personas afectas al uso indebido de drogas en forma periódica, ocasional o habitual, recomendando en consecuencia una medida curativa a su respecto, tendiente a su rehabilitación.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, decretos, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: SONZINNI,  GRACIELA s/ PED. DE QUIEBRA PROMOV. EN: TRANSENER SA.(LL 13.5.04, Fplicacion 107.431)*.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

1- El decreto 677/01 del poder ejecutivo nacional es constitucional porque asegura el derecho a la jurisdicción al importar una razonable reglamentación del presupuesto a reunir para iniciar la acción que el art. 29 de la ley 23576 concede a los beneficiarios de obligaciones negociables, haciendo cesar la situación de indefensión en la que se hubieran encontrado cuando se trata de obligaciones representadas en títulos globales, pues en tal caso aquellos se verían privados de la documentación necesaria para acreditar su legitimación. 2- Al habilitar a la caja de valores a expedir certificados de tenencia de obligaciones negociables representadas en títulos globales, el decreto 677/01 no se apartó del régimen aplicable a dichas obligaciones representadas en forma cartular, pues el llamado principio de necesidad que gobierna la materia debe ser conciliado con la imposibilidad de transmitir al unísono esa única lámina a una multiplicidad de inversionistas que no son copropietarios entre sí, sino titulares autónomos de las participaciones. 3- Es constitucional el decreto 677/01 del PEN, ya que si bien se introdujo en una materia que no fue prevista por el legislador cuyas facultades delegadas invoco ni exhibe urgencia alguna que legitime la actuación del poder administrador de acuerdo al art. 99-3 de la Constitución Nacional, pudo ser dictado con sustento en el art. 99-2 de ésta, porque constituye una adecuada reglamentación de la ley 23576 sobre obligaciones negociables y no altera su espíritu al instrumentar un mecanismo destinado a evitar que se frustren los derechos de los beneficiarios de obligaciones representadas en títulos globales, que la ley ha procurado preservar.
Cesantía ilegítima, indemnización, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Estela Adriana c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa Lallana, Elsa Ramona c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-06-07

La presunción del daño (an debeatur) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad no puede alcanzar también a la magnitud del mismo y, sin más, determinarse que ésta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido. Antes bien, el monto del perjuicio (quantum debeatur), debe estar supeditado a la demostración que efectúe la actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Raúl Alfredo c/ El Eco de Tandil S.R.L. s/ Estabilidad gremial Caramelli, Carlos M. c/ Ormas S.A.I.C.I.C. s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13|1995-08-01

Unicamente gozan de los derechos previstos en el art. 48 de la ley 23.551 los trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial.
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, socios, prueba, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonquim SA c/  s/ quiebra c/pausic marcos y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Procede revocar la resolución que extendió la quiebra a los accionados, con base en que estaba probado que habían tenido amplias facultades de administración del patrimonio de la fallida, compatibles con la calidad de administradores de hecho y de socios ocultos que les había sido endilgada por la sindicatura actora. Ello por cuanto, en el caso, no se ha probado que efectivamente el apelante hubiera sido un socio oculto de la fallida; y segundo, porque, aun cuando hubiera ocurrido lo contrario, es bien dudoso que la LCQ 160 incluya, dentro de los legitimados pasivos que contempla, a quien habría revestido esa calidad respecto de un accionista. A más, el coaccionado fue administrador de hecho y controlante "externo" de la fallida, pero ninguna de esas dos calidades habilita la extensión de quiebra pretendida. No obstante, si administrar de hecho una sociedad no es en sí misma una actividad ilícita, lo que no es posible es que, pese a haber hecho lo mismo pero sin título, el administrador respectivo se libere de la responsabilidad que la ley atribuye a los administradores "de derecho". La causa de la responsabilidad de quien administra no es su designación formal (Fargosi, Alejandro E. - Fargosi, Horacio P., "Nota sobre los directores de hecho", LL, 1987-E), sino del poder implícito en la gestión que se desarrolla, lo cual revela que, si ese poder se tiene, poco importa bajo qué título: el binomio poder- responsabilidad van juntos, de modo que, si el primero fue fácticamente ejercido aun sin título, la deficiencia que no obstó a tal desempeño efectivo, tampoco debe obstar a que el sujeto de que se trate cargue con las consecuencias de su obrar.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOTTARI, MAURICIO A. c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

El deber de los tribunales de seguir la jurisprudencia de la Corte Nacional no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de sus fallos, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de ellos al resolver las causas sometidas a su juzgamiento; solución que se impone aún más a partir del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que robustece la adjudicación judicial y, de consiguiente, la obligatoriedad de la jurisprudencia como fuente material del derecho; como lo expone el Dr. Lorenzetti al puntualizar que se trata de una fuente material muy importante ya que no es posible conocer un sistema jurídico sólo mediante la ley, que suele ser declarativa, sino que es imprescindible conocer su real grado de implementación; para concluir señalando que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es obligatoria, pero los jueces tienen el deber institucional de fundar razonablemente su apartamiento, ya que, de lo contrario, sus decisiones pueden ser descalificadas por arbitrariedad. (De la disidencia del Dr. Falistocco).
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, proceso penal, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: D., M. E. y C., C. M. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad-Abuso  Sexual con acceso carnal agravado (Expte.: C.S.J. Nro. 272 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

El Máximo Tribunal de la Nación, ha elabora pautas que han afianzado una directriz muy importante: "la garantía de defensa en juicio impone un especial cuidado en la consideración de la admisibilidad del recurso extraordinario cuando, especialmente se encuentran involucradas personas privadas de su libertad..." es decir, han perfilado un concreto ablandamiento de los requisitos formales de interposición del recurso extraordinario. Ello implica, que de advertirse incumplidos ciertos recaudos que hacen a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local -en el supuesto de autos, se aduce la falta de oportuno planteo de la cuestión constitucional-, conforme lo expresado precedentemente, tal situación no puede gravitar en desmedro de los condenados que se hallen privados de su libertad.
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PARODI, Teófilo c/ DOS MUÑECOS S.A.C.I.F s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-09-17

El despido indirecto resulta injustificado si se invocan, para poner fin al contrato, argumentos que se venían reiterando durante años, ya que por el principio de contemporaneidad las partes deben reaccionar ante una conducta injusta dentro de determinado marco temporal. La falta de reacción, documentada y contemporánea ante la presunta injuria lleva a concluir que el trabajador habría consentido el estado de cosas que después pretende esgrimir.
Falta de preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: A., N. B. c/ A. S.A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-24

Para el cálculo del preaviso omitido debe aplicase el principio de normalidad próxima, noción que intenta poner al agente en situación remunerativa lo más cercana posible a aquélla en que se hubiere encontrado si la rescisión no se hubiese operado. Y por lo corriente se calcula sobre los haberes devengados en el último mes normalmente trabajado, los que deben incrementarse con la parte proporcional del sueldo anual complementario.
Despido, daño psíquico, falta de prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bascary, Fernando c/ Nextel Communications Argentina S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-17

Debe rechazarse el rubro reclamado por un trabajador en concepto de daño psicológico, ya que correspondía a éste acreditar no sólo la existencia del padecimiento psíquico, sino además, su relación causal o concausal con las tareas desempeñadas, pero no produjo prueba idónea al respecto, máxime si la patología que surge de la historia clínica, puede tener origen en factores de la más diversa índole y por ello era menester acreditar con fundamentación científica adecuada que la misma resultaba objetivamente relacionable con las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñó el dependiente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires s/ avocación en autos: Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

La supremacía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido reconocida desde los comienzos de la organización nacional y que sus decisiones son finales y ningún tribunal, nacional o local, puede desconocer la necesidad institucional de respeto y acatamiento a sus decisiones.
Notificación, notificación por devueltos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: ALETTO, Eustasia Regina c/ PEN - BCRA y Bansud s/ Amparo - Med. Caut
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

El art. 135, inc. 7mo. del CPCCN, confiere la facultad a primera instancia de notificar la resolución del "por devueltos" cuando no se haya notificado lo resuelto en la Alzada. De lo que va de suyo que la resolución la notifica la Alzada, siendo lo contrario una excepción.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOS, RAMON ALBERTO c/ EMPRESA CACORBA Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION INTEGRAL-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTO POR LA DRA. CANLLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-29

Corresponde intimar al recurrente por el plazo de 48 hs. para que deposite el monto establecido por el art. 289 del C.P.C.C. antes de tenerlo por desistido del Recurso de Casación interpuesto.
Pretensión, juicio, etapas del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Telefónica de Argentina SA c/ Ministerio de Hacienda s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Más allá del nomen iuris de la presentación efectuada, importa el contenido de la petición incluida en el escrito a estudio por parte de este Tribunal Superior. (Del voto de las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Reducción de la multa, ley de defensa del consumidor, deber de información, sociedad cooperativa
Materia: CIVIL
Carátula: Cooperativa De Vivienda, Credito Y Consumo Palmares Ltda. s/ Apelacion (Ley Pcial N° 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-03-19

Corresponde reducir la multa impuesta a una Cooperativa por infracción al artículo 4º de la Ley Nº 24.240, pues resulta arbitraria, abusiva y desproporcionada en relación a la falta cometida y teniendo en cuenta la posición de la empresa en el mercado y la ausencia de antecedentes.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, acción de amparo, plazos procesales, plazo de gracia, exceso ritual manifiesto, interpretación de la ley, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALTROC BEATRIZ MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-10

El recurso de inconstitucionalidad resulta encuadrable dentro de la categoría de los denominados "extraordinarios", supeditada su substanciación y admisibilidad a esta alzada, de conformidad con la normativa que regula su trámite. El plazo para deducirlo se encuentra fijado, en forma general, en días (artículo 28 de la Ley Nro. 402), no surgiendo ningún supuesto de excepción sea para el trámite de un amparo u otro tipo de proceso.

Por aplicación de la remisión que realiza el artículo 2 del mismo ordenamiento a las normas de los códigos de procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto resulten compatibles con esta ley, cabe estar a lo previsto en el artículo 108 del CCAyT, en cuanto dispone que: "El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo puede ser entregado válidamente (...), el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho".

Por otra parte, no se puede soslayar la finalidad específica perseguida con la brevedad de los plazos contemplados para el trámite del amparo, en el entendimiento de estar destinados a resguardar la urgencia implícita en un proceso de tal especie.

En tal convencimiento, si se parte de considerar que el plazo para la interposición del recurso en tratamiento, se extiende al prolongado que surge del artículo 28 de la Ley Nro. 402 -de diez días-, una cuestión elemental de razonabilidad impide hacer inaplicable el denominado "plazo de gracia" al mismo, con fundamento en un hipotético propósito de urgencia.

De otro modo implicaría incurrir en un rigorismo formal inadmisible. En consecuencia, no se advierte aspecto alguno atendible que autorice a no admitir los plazos de extensión o de gracia al recurso en tratamiento.

Cabe destacar que el precedente "Cavallari Juan José c. GCBA s/amparo", Expte. 9670/0, de la Sala I, refiere a un supuesto donde lo considerado y resuelto comprendía a un recurso de apelación ordinario ante el tribunal de alzada, circunstancia que difiere del caso de autos.

Por otra parte, debe destacarse que las limitaciones al derecho de recurrir deben ser interpretadas y establecidas en forma restrictiva.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, partición
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE F.H.I. Y OTROS c/ F.A.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

La masa partible entre los esposos divorciados en régimen de comunidad, no debe ser valuada al día en que se produjo la disolución de la sociedad conyugal, sino en la época en que la división se haga, es decir la más próxima a la partición.
Sentencia arbitraria, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V.A.J. s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en causa Nº 217/08 - V.A.J. - Abuso Sexual con Acceso Carnal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-17

Contra la sentencia que, por mayoría, condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual gravemente ultrajante en forma continuada, agravado por la situación de convivencia preexistente (hecho nominado segundo), los asistentes técnicos del imputado interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes cuestionan la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.). Sostienen que el tribunal ponderó como agravante que el hecho se llevó a cabo en más de una oportunidad y sucedió en la vivienda en la que convivía con la víctima, incurriendo así en doble valoración.

No se advierte, en la ponderación efectuada por el voto mayoritario del tribunal, que haya incurrido en doble valoración al referir que la acción ilícita se llevó a cabo en la propia vivienda familiar en la que convivía con la víctima, pues ello no se ha visto reflejado en el monto de la pena impuesta al prevenido en cuestión.

En efecto, aún haciendo una abstracción de tal apreciación, no se logra advertir, ni tampoco lo ha demostrado la defensa, cómo ello incidiría en el monto de la pena impuesta al acusado, a quien el a quo consideró justo imponerle la pena de diez años de prisión, dentro de una escala que va de los 8 a los 20 años de prisión.

En razón de lo expuesto, al fijar la pena no se vislumbra un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio- la que sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros)-.

Tampoco se advierte que el a quo haya vulnerado el principio del non bis in idem; ni que haya incurrido en arbitrariedad en cuanto a la aplicación de la pena, puesto que la misma ha sido impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable.

Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable.

En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Convertibilidad, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-05

El perjuicio del trabajador lo constituye el impedirle la satisfacción prioritaria de necesidades primarias de alimentación, salud y educación y éstas sufren las variaciones que reflejan los índices de precios al consumidor, que por ello se convierten a mi juicio en el parámetro más idóneo para medir el real perjuicio que sufre un trabajador por la demora en el pago de su crédito. Dado la prohibición legal de indexar - art. 7 Ley 23.928 - en este contexto, y efectuando un cotejo de las tasas en relación a los índices referidos, advierto que las tasas pasivas son las que se aproximan más, a las pautas que considero idónea.
Acción de amparo, cobertura médica, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Fondacaro , Federico c/ OMINT SA de Servicios y otro s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

En este tipo de acciones lo que se pretende, entre otros objetos, es prevenir el daño inminente o una amenaza cierta de daño concreto (art. 43 de la Constitución Nacional), ese concepto jurídico no se debe confundir con la mera acción preventiva de un daño eventual o conjetural, como sería el caso en que se ordenara a la demandada cubrir el tratamiento requerido con cualquier otro profesional que no se encuentre en la cartilla de la emplazada, ya que fundadas razones justificaron el abordaje terapéutico del menor con la mencionada profesional. De acuerdo con lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 de la Ley nro. 24.901, la accionada deberá efectuar, con la intervención necesaria de un equipo interdisciplinario -a través de acciones de evaluación y orientación-, un adecuado seguimiento y control de la enfermedad del menor y su evolución, y llegado el caso, orientarlo invariablemente hacia un servicio que contemple su superación.
Homicidio calificado, delitos contra la humanidad, homicidio con alevosía, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Jorge y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-02

La indicación que los acusados obraron con dolo eventual no se corresponde con la evidente finalidad homicida que denotan las acciones llevadas a cabo, cuya única calificación legal que cabe es la de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y, en el caso de uno de los coimputados, con alevosía.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farinelli, Alfredo c/ Leruga, Juan s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-03

La apertura del juicio a prueba en segunda instancia reviste carácter excepcional, pues las situaciones que autorizan a proceder de tal forma son señaladas en la ley de modo limitativo y, dentro de las hipótesis planteadas, la procedencia de la medida debe encararse con criterio estricto para no producir dilaciones en el proceso, ni desequilibrar la igualdad de las partes o reabrir cuestiones sobre procedimientos precluidos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), personal policial, concursos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MACHUCA, ROBERTO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Frente a los argumentos brindados por la Alzada para rechazar los agravios del recurrente, éste insiste en que lo dispuesto en el artículo 79 del decreto 423/13 es inconstitucional porque resulta irrazonable establecer que el ascenso de un agente que estuvo sometido a sumario administrativo no tiene efectos retroactivos ya que desnaturaliza la Ley del Personal Policial y contraría la Constitución nacional y provincial, en concreto al violentar el derecho al ascenso que tienen los policías, mas tales genéricos planteos no permiten tener por configurado algún supuesto con entidad suficiente como franquear esta instancia extraordinaria, desde que no logran demostrar falta de motivación en lo resuelto por los jueces al efectuar un exhaustivo análisis de la normativa en juego y considerar que en el caso no correspondía declarar la inconstitucionalidad invocada, con sustento -esencialmente- en que el régimen de concursos establecido por la ley se basa en el principio de idoneidad y armoniza con la ley 12521 y con los principios constitucionales. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional; Constitución provincial; Ley 12521; Decreto provincial 423/13, artículo 79