Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-17


NEUQUEN, 17 de junio de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PEREZ MARIA ESTHER C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD" (EXP Nº 319136/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 6 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique R. VIDELA SANCHEZ, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. VIDELA SANCHEZ dijo:

I.- La actora demandó a la Caja de Seguros S.A., pretendiendo se la condene al pago de una suma de dinero, por corresponderle el beneficio de invalidez total y permanente, cubierto como riesgo por ella, conforme las pólizas contratadas por el Consejo Provincial de Educación. Debido a afecciones invalidantes le fue otorgado el beneficio jubilatorio por invalidez, pero la aseguradora declinó la cobertura, fundándose en que no se alcanzó el porcentaje mínimo indemnizable.

La demandada contestó la acción, pretendiendo su rechazo, por cuanto la asegurada no alcanza el grado de incapacidad necesario para el otorgamiento de la indemnización, ni las dolencias denunciadas se encuentran cubiertas por la póliza. En la sentencia se dice que la viabilidad de la acción debe analizarse de conformidad con los arts. 11 y 12 de la ley 17.418. Tiene en cuenta que la pericial médica dictamina que la actora presenta un sesenta y ocho por ciento de incapacidad, producida por una compleja patología, cardiovascular, psiquiátrica y espóndilo- articular. Discriminando sus componentes y el tiempo de su manifestación se dictamina que la patología cardio-vascular de hace cuatro o cinco años supone un 40%; el síndrome depresivo, de más de una década, un 20%, y un 8% la espondiloartrosis, que data de hace dos décadas, manifestándose hace siete u ocho años. El síndrome depresivo es inherente a la personalidad de la examinada.

En el análisis del informe pericial se toma en cuenta que no fue impugnado por la actora. No obstante que se ha concluido que las afecciones son psicofísicas y no principalmente psiquiátricas, como sostiene la demandada para fundar la exclusión de la cobertura. En definitiva: interpretando las pautas contractuales, del método allí establecido no corresponde computar las afectaciones excluidas, no cubiertas por el seguro contratado, por lo que aun cuando el síndrome depresivo incidió para la obtención del beneficio jubilatorio, se impone el rechazo de la acción.

II.- La desestimación de la demanda es apelada por la actora, quien sostiene que aquella decisión es arbitraria y no resulta una derivación razonada y razonable de la ley. Yerra la a quo al fijar los hechos porque la aseguradora, al comunicar por carta documento el rechazo de la cobertura, señaló que la dolencia no alcanza el porcentaje mínimo indemnizable, pero nada dijo de la enumeración taxativa de las mismas. Por esta razón entiende la apelante que el rechazo se basó solamente en el porcentaje incapacitante, no pudiendo ni la aseguradora ni la sentenciante introducir una nueva causal de rechazo. La decisión del asegurador que rechazó el siniestro debe ser clara, explícita y recepticia. Además la sentenciante desconoce y contraría su propia doctrina legal, para lo que cita extensamente un precedente del mismo juzgado. En este caso concreto existe una flagrante contradicción, pues no se exponen las razones que llevan a replantear y modificar la postura asumida en causas anteriores. Fuera de todo contexto interpretativo y normativo, se arriba a que no cabe computar afecciones excluidas, lo que supone una interpretación netamente contractualista, contrapuesta a la función social asignada a la relación asegurativa. Cita la apelante precedentes jurisprudenciales, algunos de esta Cámara de Apelaciones.

El otro agravio concierne al grado incapacitante, donde la a quo yerra al afirmar que si bien la propia aseguradora incluyó el porcentaje atribuido al síndrome depresivo, ello no puede importar una modificación a los términos de la defensa de falta de cobertura planteada al contestar la demanda. Con ello excluye -aun cuando la propia aseguradora no lo hizo- algunas de las dolencias, como la referida a ese síndrome. Así, no obstante que la demandada no hizo referencia a la composición de la incapacidad de la actora y que tal síndrome depresivo ha influido para la concesión del beneficio jubilatorio, resuelve rechazar la acción. Se ha desvirtuado la relación obligacional emergente de este tipo de contrato de seguro. En caso de duda debe considerarse subsistente la obligación del asegurador, que no sólo redacta las condiciones del contrato sino que realiza la previsión de los siniestros mediante cálculos actuariales, y está en condiciones técnicas de fijar en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus obligaciones, lo que nunca llega a conocimiento de sus asegurados. Contrariamente a lo sostenido por la a quo, señala oportunidades en que esta Cámara ha tenido en cuenta que por las circunstancias invalidantes se ha obtenido el beneficio jubilatorio.

Ha existido un error de análisis normativo, pues no se trata simplemente de la aplicación de los artículos 11 y 12 de la ley 17.418, como se señala en la sentencia, sino que en antecedentes de esta Cámara se destacó que los contratos de seguros colectivos se concretan en el marco de la ley provincial nº 642, norma clara y precisa en cuanto su finalidad y objeto.

El último agravio concierne a las costas, impuestas en su totalidad a la actora. Solicita, subsidiariamente, se la exima de responder por las costas. Introduce el caso federal. En la contestación de los agravios la accionada entiende obvio que al señalar su parte que la actora no alcanzaba el porcentaje de incapacidad mínimo indemnizable, se estaba descontando la incidencia de las dolencias expresamente excluidas por la póliza, tales como las derivadas de patologías psicológicas o psiquiátricas. Al contestarse la demanda, simplemente se ampliaron los fundamentos de la causal de rechazo. Además la actora pudo imponerse de mayores detalles, por cuanto estaba a su disposición el expediente administrativo interno y la póliza. Claramente la aseguradora consignó que se trataba de un seguro por incapacidad total, taxativa y permanente, otorgable sólo en las condiciones estipuladas en la póliza; que la dolencia de la actora no alcanza el porcentaje mínimo indemnizable y que la decisión adoptada era independiente del criterio que cualquier organismo previsional y/o laboral pudiera aplicar.

La doctrina legal de la Cámara de Apelaciones no guarda analogía con el caso de autos, existiendo por el contrario algunos que sí se ajustan analógicamente al presente ["Luna, Daniel Horacio c/Caja de Ahorros, expediente 318899] de la ciudad de Zapala y "Cuzzolino Graciela Mónica s/Caja de Seguros (expediente 5243 año 2006). En este último caso se señala que la pericia indica que la actora presenta un cuadro psiquiátrico que le produce una incapacidad del 70% y las restantes incapacidades suman el 4,22%.

La exclusión de cobertura ha sido correctamente aceptada por la sentencia de grado, pues lo que está en discusión es la recta interpretación de una póliza que, clara y expresamente, excluye la cobertura en un supuesto de incapacidad concreto: el derivado de trastornos psicológicos y psiquiátricos. III.- Sin lugar a dudas el punto central, de carácter decisivo en el caso, se relaciona con la procedencia o improcedencia de la negativa a cubrir la incapacidad en que ha caído la actora, en razón de que contiene un componente, parcial, de síndrome depresivo. Conforme surge de la pericia, no cuestionada a esta altura por las partes, la incapacidad de la accionante arroja un porcentaje total del 68%, conteniendo en él una porción atribuida al síndrome depresivo que sufre aquélla.

La cláusula en cuestión, que se observa en las copias de la póliza, señala que "quedan excluidas de la cobertura las consecuencias de ... d) patologías psiquiátricas y/o psicológicas". Un aspecto que cabe resaltar de la contestación de la demanda: al explicarse las razones del rechazo del siniestro, se señala que del dictamen médico acompañado por la propia actora "surge que la supuesta incapacidad que presentaría la misma, obedecería principalmente a un origen psiquiátrico, lo que en definitiva motivó el rechazo de la petición de cobertura...".

En realidad aparece difícil encontrar razones para la conclusión que se sostiene en la contestación de demanda, sobre la mayor relevancia de la incapacitación de origen psiquiátrico en la actora, por sobre la de origen físico. Si se trataba del informe médico de la doctora Irma I. Noccetti, contenido en la misma solicitud -suscripta por la actora- del beneficio de incapacidad total y permanente (copias acompañadas con la contestación, obrantes a fs.117/18), la misma señala el diagnóstico, resultante del examen físico, y los análisis y estudios complementarios confirmatorios del diagnóstico y, finalmente, el tratamiento recibido y la medicación. Al señalar ese tratamiento, indica que son anti hipertensivos (diuréticos y betabloqueantes) anti arrítmicos y, luego en la medicación, indica "Atenolol", "Clortalidona" y un tercer medicamento de difícil legibilidad.

Concretamente: no hay una indicación de la supremacía de las afecciones psiquiátricas o psicológicas por sobre las físicas. Si la demandada iba más atrás, en el dictamen expedido por la Comisión Médica -y por la cual se le otorgara a la actora una jubilación- se señala que en cuanto a la naturaleza de la invalidez, es psicofísica y física, sin que aparezca la determinación porcentual de una y otra, pues sencillamente se dice que la incapacidad, obviamente total, es del 70%. El informe médico volcado en formulario de la demandada (fs.83/4), de difícil lectura por su caligrafía, surge como pronóstico que, donde las alternativas preimpresas son: R bueno, malo e incierto, opta por este último. Resulta legible un informe del Centro Médico San Agustín (se lee el nombre Dra. Noccetti, pero no el segundo nombre). En la conclusión que pone esa mencionada profesional, a fs. 101, se lee "hipertensión arterial severa de difícil control". De ese mismo centro médico "San Agustín" está el informe clínico psiquiátrico de la actora (fs.102). Indica un pronóstico reservado, deterioro progresivo neurópatico, sugiriendo a la Junta Central del Consejo Provincial de Educación que se establezca su incapacidad laboral con fines previsionales.

Siguen otros exámenes: informe Holster a fs. 103/5; un examen por resonancia magnética de cráneo (fs. 106) y un ecocardiograma a fs.107/8. Se señalan con cierta detención los elementos de juicio que expone la accionada al volcar en éstos su defensa, con el objeto de resaltar la cierta perplejidad que genera que se arribase a una conclusión tan gravosa para la actora, sin una detenida observación de la documentación que tenía en su poder. No se trata de seguir en esto su argumentación al agraviarse por la sentencia, sosteniendo que su contraria expresó una cosa al comunicarle la denegación de la cobertura, a través de carta documento, y una postura distinta al contestar la demanda. Seguir esa tesitura expuesta en el primer agravio implicaría -considero- retroceder al derecho quiritario, el de la antigua Roma, donde se le otorgaba una importancia decisiva, agobiante, a las formas. Se trata, ni más ni menos, de lo ya resaltado, sobre la falta de congruencia de la defensa elaborada, respecto a la documentación en la que pretende sostenerse. Con la mención efectuada, cuyo simple objeto se señaló y que no supone considerarla definitoria, cabe abordar la problemática traída.

En autos: "Mendez Nelson German c/Siembra Seguros de Vida S.A. S/Cumplimiento de Contrato" (EXP Nº 295193/3) adherí al voto del Dr. GARCIA, quien tuvo en cuenta en su análisis contextual de la póliza "la hermenéutica amplia y favorable al consumidor con que deben interpretarse las cláusulas limitativas de la cobertura o excluyentes del riesgo". Se concluyó en ellos que, estando demostrado el acaecimiento del accidente dentro de la vigencia de la cobertura de ambas pólizas, así como la relación causal con las lesiones con entidad incapacitante, correspondía hacer lugar a la demanda, revocando la sentencia recurrida.

También esta sala, con distinta composición, con primer voto del Dr. SILVA ZAMBRANO, en: "Cordoba Alfredo Víctor c/I.A.P.S.E.R. sobre Cobro seguro por incapacidad" (Expte. Nº 617-CA-96) -donde la demandada se quejaba de la sentencia de primera instancia que la condenara al pago de las sumas de la póliza contratada, por cuanto la minusvalía fijada por la junta médica era "parcial" y por ende correspondía la exclusión de cobertura- dijo, remitiéndose a las mismas consideraciones realizadas por esta Cámara in re "ARANGUREN", que "la importancia que reviste el contrato de seguro colectivo para su beneficiario no permite condicionar su conceptualización a abstracciones propias de generalizaciones injustificadas ante un problema concreto como es el de la existencia y alcance de la invalidez invocada pues, aún cuando por hipótesis pudiera concederse que el actor "beneficiario" cuenta con una incapacidad residual para el desempeño de actividades remunerativas, como lo postula la aseguradora, de todas maneras corresponde entender que se ha configurado el siniestro que obliga al pago del beneficio por invalidez". Ello es así porque en materia de seguros colectivos que protegen la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que se desempeñan en relación de dependencia con el empleador contratante, el riesgo de incapacidad no puede ser concebido sino en conexión con las tareas o actividades habituales que el personal asegurado cumplía a la época del siniestro, pues tal conclusión es la que se impone desde el ángulo de una interpretación equitativa y de buena fe congruente con el sinalagma contractual -art.1198 del Código Civil- (Cfr.CNCom., Sala C, diciembre 5 de 1989, "Rojas Carlos J. C/Sud América, Cía. de Seguros", Carpetas DC, 311)". Por tales razones el agravio formulado fue rechazado.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, abordó un caso donde, fundamentándose en una hipótesis de exclusión prevista en una cláusula de un seguro de vida colectivo, se rechazó en primera instancia la demanda de indemnización por una incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad ("García, Ricardo c. Aseguradoras Industriales S.A. Cía. de Seguros"; LALEYONLINE). Allí se dejó sentado que la cláusula incorporada a un contrato de seguro de vida colectivo que, bajo el rótulo de invalidez total y permanente, establece directivas que acotan el riesgo cubierto, exige una inteligencia acorde con los principios indisponibles en materia de contratos por adhesión, en cuyo caso se ha de preferir la interpretación favorable a la parte no predisponente, excluyendo las estipulaciones que cabe considerar ineficaces conforme a la ley(conf. art. 1198, Código Civil y conf. art. 37, ley 24.240).

Es de destacar que en ese precedente, el allí actor sufrió pérdida visual del ojo izquierdo, problemas traumatológicos y depresión. Se entendió que son ineficaces las cláusulas establecidas en un contrato de seguro de vida colectivo que, sin una etapa de tratativas previas que le permita al asegurado participar en la creación del esquema contractual, limitan la responsabilidad de la aseguradora y restringen de tal forma los derechos derivados del contrato, desnaturalizando las obligaciones de aquella y frustrando la finalidad misma que es propia de este tipo de contratos. En el seguro colectivo debe considerarse que el otorgamiento del beneficio previsional por invalidez acredita acabadamente la incapacidad absoluta y permanente del asegurado, robusteciendo esa perspectiva que se trate de un contrato concluido por adhesión, como es habitual en las negociaciones entre las compañías de seguros y sus clientes. En caso de duda en cuanto a la extensión del riesgo en un contrato de seguro de vida colectivo debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque él redacta las cláusulas del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar, precisamente y de manera indubitada, la extensión clara de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente.

En igual sentido se pronunció la sala A de esa Cámara, en: Buzzo, Luis P. C/La Buenos Aires Compañía de Seguros S.A"; la C.N. de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 04/03/1997, "Liotino, Pedro c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro", LL 1997-D, 171; idem, sala II, 29/08/1996, "Somaschini Vanda c/Caja Nac. de Ahorro y Seguro"; C.S.J.N. "R. V. de D.S., María c. Qualitas Médica S.A.", LL, 1999-B, 118.

Rubén S Stiglitz, en su trabajo: "Seguro colectivo o de grupo" (LL 2003-E, 1220), señala, como ventaja en la difusión de los seguros colectivos, que lo es a un costo altamente beneficioso, mayor que si los mismos hubieran sido ofrecidos individualmente a cada asegurado, tanto porque existe una apreciable disminución de costos en la constitución de la cartera de asegurados y ulterior desenvolvimiento del contrato como que, entre el grupo de asegurados o adherentes, en general cuantioso, se constituye una mutualidad con la consiguiente dispersión o atomización de las consecuencias económicas desfavorables. Precisa que las indemnizaciones provenientes de los seguros colectivos tienen carácter alimentario, por lo que el desconocimiento de los derechos debe ser interpretado con cautela. De la propia regulación en la ley de seguros, surge que el seguro colectivo debe celebrarse en interés exclusivo de los integrantes del grupo (art. 153-2). El seguro colectivo se celebra por cuenta y en interés del asegurado/adherente. La finalidad de los seguros colectivos es tuitiva, pues tiende a proteger al individuo de las contingencias propias de su existencia individual (CNFed. Civil y Com., sala III, 24/6/94, "Liberato, A. c/Caja Nac. de A. y Seg.", DJ, 1995-1-922)), su función es social (CNFed. Civil y Com., sala II, 11/8/98, "Alegre, A. c/Caja Nac. de Ahorro y Seg.", LL, 1999-B, 856; idem , sala I, "R.R.H. c. C.N.A.S.", 12/3/2002, LL, 2002-D, 351) y, por ende, las reglas de interpretación específicas que le son atinentes favorecen, en caso de duda razonable, el rechazo al desconocimiento de sus derechos (CNFed. Civil y Com., sala II, 29/4/94, "Peláez, F. c. Caja Nac. de Ahorro y Seg.", LL, 1994-C, 549; idem, 26/10/95, "V. M. J. c. Caja Nac. de Ahorro y Seg.", LL, 1996-A, 507) y, por tanto, en ese caso corresponde apartarse de la literalidad de sus términos (CFed. General Roca, 29/6/95, "Hernández, O. c. Caja Nac. de Ahorro y Seg.", LL, 1996-A, 16).

Estamos en el presente caso con una beneficiaria de un seguro colectivo, que padece una invalidez en grado tal que le imposibilita realizar actividades que le generen salario. Lo señalan los casos ya citados, y pueden traerse otros, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que señalan no ser condición indispensable para ser beneficiario de un seguro por incapacidad, el encontrarse totalmente incapacitado. El criterio es similar respecto a la obtención de jubilación por invalidez.

En autos "Villagra, Ramón Amado c/Orígenes A.F.J.P. recurso de hecho", el 11 de diciembre de 2007, la Suprema Corte, por mayoría, hizo suyo el dictamen de la Procuradora General subrogante, Dra. Marta A. Beiró de Gonçalvez. Aún cuando se trataba de un caso del área de las jubilaciones, es de acotar que se reiteraba que el Máximo Tribunal había seguido el criterio de que la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales; como también que no compete evaluar exclusivamente el aspecto psicofísico para determinar los elementos que conforman el concepto de "incapacidad previsional", aserción válida aun en el plano del sistema integrado de jubilaciones y pensiones (v. Fallos: 324:3868; 323:2235, etc.).

El porcentual de incapacidad de la actora resulta suficiente para la obtención del seguro comprometido. La cuestión, como se adelantara al comienzo de estas consideraciones, versa sobre la procedencia o improcedencia de ello, dado que la actora presenta un componente que cubre parcialmente el porcentual de incapacidad, consistente en un síndrome depresivo. No se encuentra discutido que, conforme la pericia de autos, la patología cardio-vascular, que ya sufría la actora desde hacía cuatro o cinco años, incidía, disminuyendo un 40% su capacidad total; el síndrome depresivo, de más de una década, lo hacía en un 20%, y en un 8%, la espondiloartrosis, que data de hace dos décadas.

Puede observarse con toda claridad que las dos afecciones no-psiquiátricas superan a la restante en una proporción de 2,4 veces. La incidencia de ésta es en el total, a todas luces, secundaria. Con esas particulares circunstancias cabe entender imprecisa la disposición contractual de la exclusión, sin aclaración alguna para el caso que la patología psiquiátrica o psicológica incida no decisivamente en la invalidez de la interesada. En tales condiciones de imprecisión, la lectura del caso, conforme las pautas tuitivas a tener en cuenta, más aun cuando -como se dijo- se trata de una redacción contractual preconstituida, sin ingerencia alguna del beneficiario, que no aborda la posibilidad de la co-incidencia de ella con otras causas de invalidez, aparece de escasa razonabilidad la restricción sobre la cual yergue la accionada su defensa.

Se ha dicho: "Si en un contrato de seguro de vida colectivo que cubre, entre otros rubros, el riesgo de incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad, la cláusula referida a los alcances de esa invalidez total o permanente establece directivas que acotan el riesgo cubierto, esa cláusula exige una inteligencia acorde con los principios disponibles que rigen la materia contractual en supuestos de contratos por adhesión a formulas predispuestas por una de las partes y debe interpretarse en favor de la otra parte -no predisponente-, excluyendo las estipulaciones que cabe considerar ineficaces conforme a la ley (C.N.Com., 02/11/2004, Mag.: Monti, Cuartero y Díaz Cordero -Sala Integrada- autos: "García Ricardo C/Aseguradoras Industriales SA CIA. de Seguros S/Ordinario Nº Sent.: 14028/91).

También: "Si la cláusula es ambigua u oscura, las dudas que suscitare en cuanto a su alcance deben ser interpretadas en contra del asegurador que las redactó y que, en todo caso, por la función social de estos seguros y su carácter esencialmente tuitivo, las situaciones dudosas deben ser decididas en el sentido más favorable al asegurado, cuya invalidez permanente, irreversible y total ha quedado claramente demostrada" ((CNFed. Civil y Com., 26/10/1995, autos: "Vespasiani Manilo Juan C/Caja Nacional de Ahorro y Seguro S/Cobro de Seguro" Causa N° 2075/92, Magistrados: Vocos Conesa, Bonifati y Mariani de Vidal).

En las apuntadas condiciones, entiendo que no cabe admitir la defensa opuesta, por lo que cabe revocar la sentencia recurrida y condenar a la demandada a pagar dentro del plazo de quince días la suma de $20.674,10, con más los intereses liquidables a la tasa activa promedio que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén en las operaciones comunes de descuento, desde la fecha en que fue reclamado el pago y hasta su efectivización, con más las costas de ambas instancias, a cuyo efecto se adecuarán los honorarios profesionales de la instancia de grado y se fijarán los de Alzada de conformidad con el art.15 LA.

Así lo voto.

El Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia de fs. 749/751 y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda incoada por MARIA ESTHER PEREZ contra LA CAJA DE SEGUROS SA, quien deberá abonar al actor, dentro del plazo de QUINCE DÍAS, la suma de pesos VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($20.674,10), con más los intereses liquidables a la tasa activa promedio que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén en las operaciones comunes de descuento, desde la fecha en que fue reclamado el pago y hasta su efectivización.

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68, Código Procesal).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia a los profesionales letrados los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: para el Dr....., patrocinante del actor, de pesos TRES MIL TRESCIENTOS ($3.300); para el Dr....., apoderado de la misma parte, de pesos UN MIL TRESCIENTOS ($1.300); para los Dres....., ..... y ...., patrocinantes del demandado, de pesos DOS MIL TRESCIENTOS ($2.300) en conjunto y para el Dr....., apoderado de la misma parte, de pesos NOVECIENTOS VEINTICINCO ($925).

4.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: para el Dr....., de pesos UN MIL CIENTO SESENTA ($1.160); para el Dr...., de pesos CUATROCIENTOS SESENTA ($460); para los Dres..... y ...., de pesos SEISCIENTOS NOVENTA ($690) en conjunto y para el Dr...., de pesos DOSCIENTOS OCHENTA ($280) (art. 15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Enrique VIDELA SANCHEZ - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 71 - Tº II - Fº 317/324 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.