Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09


Esquel, 09 de marzo de 2007.- Y VISTO:Para resolver los recursos de apelación impetrados por la parte actora (v. fs. 236) y por los Dres. J W (v. fs. 224) y A y A (v. fs. 226/227) -ambos por su propio derecho y contra las regulaciones decretadas en su favor-, todos contra la sentencia interlocutoria dictada por el Sr. Juez apelado en fecha 07 de julio de 2006 y registrada bajo el N° 217 correspondiente al año ppdo. (v. fs. 219/223) que dispuso declarar la caducidad de la instancia y regular los honorarios de los profesionales actuantes, Y RESULTANDO:

Que en ocasión de expresar sus agravios la actora recurrente (v. fs. 240/275vta.), manifiesta que: 1. Agravia a su parte la omisión del Sr. juez apelado de efectuar un análisis exhaustivo de la presencia, trascendencia y alcance de acto o actos impulsorios válidos, útiles e idóneos para impulsar el procedimiento;

2. Se agravia por la tergiversación de parte del a quo de los dichos de su parte en cuanto a la relevancia del consentimiento prestado por la contraria a los actos impulsorios verificados en autos; 3. El agravio que le provoca la equivocación en cuanto a atribución de la carga impulsoria en la situación procesal del sub lite; 4. El cómputo equivocado del plazo procesal pertinente efectuado por el sentenciante;

5. El rechazo liminar de la defensa de fuerza mayor alegada, la denegación de prueba sumaria ofrecida por su parte y el desconocimiento de circunstancias fácticas por parte del Sr. juez apelado; 6. La omisión de ponderar el criterio restrictivo y excepcional del instituto de la caducidad de instancia;

7. La adjudicación de dichos respecto de feriados nacionales que son palmariamente opuestos a los efectivamente formulados y 8. Los elevados honorarios regulados por el Sr. juez apelado. Cita garantías constitucionales que -a su juicio- conculca el acto apelado para finalizar solicitando a este Cuerpo revoque aquél.

Que a fs. 224 el Dr. J H. W apeló por bajos los honorarios regulados a su favor.

Que a fs. 226/227, los Dres. E A A y A A apelan por bajos los honorarios regulados en su favor, y fundan, agraviándose pues al momento de determinarse el "monto del juicio" no se incluyeron los intereses pertinentes, conforme lo solicitaran los propios actores en ocasión de impetrar su demanda.

Se agravia también, pues el Sr. juez apelado no ha respetado las pautas mínimas arancelarias contenidas en el primer párrafo del art. 7 de la Ley del Arancel Nro. 2200. Cita precedentes de este Cuerpo y solicitan se eleve el monto de sus honorarios, Y CONSIDERANDO:

Que la cuestión nuclear a considerar en el sub lite, resulta ser si efectivamente ha transcurrido el plazo dispuesto por el art. 310 inc. 2º del ritual provincial, que habilita el pedido de caducidad de instancia articulado por la codemandada a fs. 199/200 de estos autos, pues el resultado de ella definirá la suerte de los diferentes agravios expresados.

Así, debemos advertir que el fundamento del instituto de la perención o caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso la razón íntima de su extinción, y otro de orden objetivo, que se fija -por el contrario- en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica (cfr GUASP, Jaime; "Derecho procesal civil"; Tº I; p. 539/540).

También FASSI destaca que "la finalidad de la perención de la instancia no consiste tanto en la necesidad de sancionar al litigante moroso como en la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial." (aut. Cit.; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes, comentado, anotado y concordado"; Tº I; p. 771).

Dicho ello, corresponde a esta alzada analizar si concurren en este proceso los presupuestos en los que se sustenta la caducidad o perención de la instancia, ellos son: la instancia propiamente dicha, la inactividad procesal y los plazos de caducidad.

No existe duda alguna respecto de la existencia de la instancia, atento la promoción de la presente litis que tramita por las normas del procedimiento sumario "...y está constituida por el conjunto de actos que se suceden desde la interposición de la demanda hasta el llamamiento de autos" (cfr. LL 1985-A-415), por lo que en este proceso resulta de aplicación el instituto en cuestión, en función de lo prescripto en el art. 310 inc. 2º del ritual provincial.

En relación al elemento objetivo, que primordialmente interesa: la inactividad procesal, se observa que a fs. 197 y vta., cuya fecha data del 02 de marzo de 2006, hasta le fecha de acuse de la caducidad de la instancia impetrada por el letrado del codemandado Sr. D M M, sólo luce la agregación de una cédula de notificación librada con anterioridad a la providencia de fs. 197 y vta., circunstancias éstas que permiten colegir que el plazo dispuesto por el art. 310 inc. 2º se ha cumplido en su totalidad, pues no puede considerarse la agregación de una cédula por parte de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de esta circunscripción judicial como un acto idóneo para impulsar el proceso, esencialmente, por no provenir del accionar de la propia actora.

Tampoco puede considerarse acto interruptivo las cédulas de fs. 205 y 206, pues si bien en su margen inferior aparece como fecha la del 23 de mayo de 2006, el actor reconoce haberlas presentado en Secretaría para su diligenciamiento el día 07 de junio de 2006, lo que por otro lado es coincidente con el sello fechador de fs. 212. La elaboración de escritos por parte del profesional en su propio estudio de manera alguna pueden considerarse actos interruptivos de la perención.

No puede atenderse el agravio referido a la imposibilidad de instar derivado de caso fortuito o fuerza mayor producido por la intensa nevada que aduce el actor, puesto que en primer lugar dicha circunstancia resulta previsible en función de la época del año y en segundo lugar, no se ha demostrado que la imposibilidad alegada fuese absoluta, siendo insuficiente las meras dificultades.

Que en ocasión de producirse el vencimiento del plazo dispuesto en el artículo precitado, el codemandado M acusó la perención de la instancia y manifestó -aunque de manera implícita- su oposición a cualquier purga o convalidación de la morosidad acusada.

La circunstancia apuntada nos impone señalar que la primera instancia culmina con la providencia que llama "autos para sentencia", ya que a es a partir de entonces que cesa para los justiciables la carga de instar el procedimiento, por cuanto a partir de quedar firme dicha providencia comienza a correr el plazo para el dictado de un pronunciamiento conclusivo de mérito (sentencia) de primera instancia (art. 35 inc. 3.b CPCC), deber y actividad que resulta privativa del juez de la causa (cfr. EISNER, Isidoro; "Caducidad de Instancia"; p. 53).

Atento lo dicho, la apelación intentada por la actora debe rechazarse y la confirmación de la sentencia apelada se impone.

Con respecto a las apelaciones intentadas por los letrados a fs. 224, 226/227 y 240/275 vta., habiendo concluido el presente proceso por caducidad, este Cuerpo tiene dicho -y aunque con distinta composición- que, no existiendo monto del proceso en los términos que lo dispone el art. 19 de la Ley del Arancel Nro. 2200, el monto del juicio será el contenido en la demanda (cfr Cám. Nac. Civ.; 30/09/75, plenario "M S.A. c/ Consorcio P B M 2.../**"; ED. 64-250; JA 1976-I-535; y LL, 1975-D-297).

Tal solución se impone por cuanto el interés económico del pleito no varía según que la pretensión prospere o sea desestimada integralmente. Dicho criterio, fue sostenido por este Cuerpo -aunque con diferente integración- entre otros, en el Expte. 10/05 CANO, rotulado "U M N c/ A del S S.R.L. y Ots. S/ Laboral" De idéntica forma, y en función del precedente de este Cuerpo ya citado, corresponderá adicionar a dicho monto los intereses correspondientes, calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, resultando en su consecuencia que el monto del proceso debe tenerse en la suma de $766.972.- Teniendo en cuenta dicha suma y la etapa cumplida en el presente proceso (art. 39 del Arancel), deberá merituarse la labor desarrollada en base a las pautas del art. 6 y aplicarse los porcentajes que surgen de los arts. 7 y 9 de la Ley del Arancel.

Sentado ello y efectuados los cálculos pertinentes, este Cuerpo entiende que los honorarios regulados a los profesionales recurrentes Dres. E A. A, A A y J W por la labor efectuada en el proceso principal, se ajustan a derecho por lo que deben ser confirmados.

Con respecto a los emolumentos fijados al Dres. J W y C E. B por sus actuaciones en el incidente de caducidad, teniendo en cuenta las pautas arancelarias indicadas precedentemente como así también lo dispuesto por el art. 33 del Dto. Ley 2.200, se concluye que los mismos son bajos por lo que corresponde modificar los del Dr. J W, fijándolos en definitiva en la suma de $9.500.-, con más el IVA pertinente, mientras que los del Dr. C B no pueden ser modificados por esta Alzada en razón de no haber sido apelados por bajos.

Asimismo, corresponde imponer las costas de esta Instancia a los actores (art. 68, CPCC) y regularse los honorarios del Dr. C B en la suma de $750.-, con más el IVA que correspondiere, por la labor efectuada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E 1°) CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia interlocutoria de fecha 07/07/2006, registrada bajo el N° 217/06 y que obra a fs. 219/223, modificándola en cuanto a los honorarios regulados al Dr. J W por el incidente de caducidad, fijándolos en definitiva en la suma de $9.500.-, con más el IVA pertinente (arts. 6, 7, 9 y 39 Dec. Ley 2.200).

2°) IMPONER las costas de esta Instancia a los actores (art. 68, CPCC), regulándose los emolumentos del Dr. C B en la suma de $750.-, con más el IVA que correspondiere, por la labor efectuada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).

3°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse en uso de licencia anual compensatoria el Dr. Benjamín Moisá y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHTGÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° 31 DEL AÑO 2007. CONSTE. Norma Marrero Secretaria.

Norma Marrero Secretaria