Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 747 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Rigourd, Jorge Alejandro vs. Fiad, Elías (h) y otros s/Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 10/4/2003, que hace lugar al recurso de apelación incoado por la actora y, en consecuencia, revoca la sentencia de primera instancia del 26/9/2002, ordenando llevar adelante la presente ejecución.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma es arbitraria por haber mediado conculcamiento manifiesto del derecho de defensa y de propiedad (arts. 17 y 18 CN).

Le agravia el hecho de que, para rechazar la defensa opuesta por su parte y revocar el fallo de primera instancia, la Cámara haya opuesto una serie de reparos todos artificiosos. Así, menciona que ha introducido el tema de la comisión, la cual ni el fallo del a quo ni la actora habían planteado, sino que la expresión de agravios de la contraria versa sobre la gestión de negocios ajenos, figura que es ignorada por el fallo de Cámara. Que en el punto el tribunal efectúa una errónea interpretación de la norma pues al art. 1162 CC es claro en determinar que una vez ratificado el acto por el tercero, por un lado, las relaciones entre la persona por quien se contrató (llámeselo comitente o mandante, Camandona en la especie) y los terceros (los demandados) para con los cuales queda como principal obligado, y, por el otro (llámeselo comisionista o mandatario, en la especie Rigourd), las que se rigen por la figura de la gestión de negocios ajeno. Que la doctrina se ha pronunciado porque la norma citada establece que la ratificación tiene el mismo efecto que la autorización previa, como si hubiese habido mandato. Con relación a él entiende que el art. 1936 dispone que la ratificación equivale a mandato y tiene entre las partes efecto retroactivo al día del acto, para todas las consecuencias del mandato. Establece también el derecho del mandante para exigir por sí mi smo el cumplimiento del contrato una vez que ratifica lo actuado lo cual implica que se ha hecho parte de él (escritura nro. 40 en el caso) desplazando al que actuó en su nombre. Destaca que siguiendo la postura sentencial, tanto Rigourd como Camandona estarían habilitados para ejecutar la hipoteca. Uno porque actuó en nombre propio y el otro porque ratificó lo actuado quedando como titular del derecho constituido.

Le agravia también que el fallo aplique el Cód. de Comercio cuando el contrato de autos es civil, sin connotación que lo aproxime a un contrato comercial y que no está tipificado como acto de comercio por el art. 8°, por lo que la afirmación contraria es infundada y apartada del derecho aplicable al caso.

Le causa gravamen igualmente el hecho de que aplicando el art. 1198 CC se diga que los demandados le abonaron las cuotas de los intereses pactados a Rigourd y que por ello no pueden ir contra sus propios actos cuando esto no es verdad ni está probado en autos, ni fue aceptado expresa o tácitamente por su parte. Que ello afecta el derecho de defensa pues da por cierto cuestiones que no constan en autos; que no están los recibos de pago ni hay declaración u omisión de su parte que determine tal afirmación por lo que la alegada doctrina de los actos propios no es de aplicación a la presente.

Cita jurisprudencia en su apoyo y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado.

Corrido el traslado de ley, la actora contesta en los términos de su escrito que rola a fs. 118/121 vta..

III.- Por auto interlocutorio del 08/7/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida coincide con el juez a quo en el sentido de que para la solución del caso se debe entrar al análisis de dos figuras regladas de manera no muy clara en el CC: el mandato y la comisión. Sin embargo, aclara que el estudio de ellas no debe perder de vista que se está en presencia de un juicio ejecutivo, con la consiguiente preeminencia de las constancias del título que trae aparejada ejecución.

Cita a López de Zavalía, para quien la comisión civil es un subtipo del mandato "en general" calificada también como "mandato sin representación". Que en el mandato en general el mandatario actúa siempre en nombre del mandante, de quien ha recibido una autorización-poder. Que en la comisión civil, en cambio, el mandatario actúa siempre en nombre propio y que las relaciones que se establecen entre el mandante y el tercero son indirectas tuteladas por acciones subrogatorias. Que, al objetar la calificación de "mandato oculto" dada por algún sector de la doctrina a la comisión civil, L. de Zavalía entiende que no hay nada oculto en el accionar del comisionista, quien en el acto puede hacer saber el carácter en que actúa, e incluso mencionar el nombre de su "representado". Por ello, entiende la Cámara que la manifestación efectuada en la escritura nro. 140 (fs. 51) en la que declara que al celebrar el mutuo actuó en comisión para el Sr. Camandona, y la aceptación de éste, no alteran el carácter ni los efectos de su intervención en el negocio documentado mediante la escritura 139. No comparte el criterio del juez a quo que señala que dichas manifestaciones de Camandona lo vinculan con los terceros con quienes contrató Rigourd, que se ha quedado como único obligado, ya que el acto de la convalidación excluye la figura de la gestión de negocios. Y no la comparte, porque, dice, la comisión es también susceptible de confirmación (conforme L. de Zavalía) ya que el comisionista actúa en nombre propio pero con una autorización-encargo por lo que la extralimitación o la ausencia de esa autorización-encargo pueden subsanarse mediante la ratificación (art. 1162 CC) sin que ella altere la intervención en nombre propio con la que actuó el comisionista. Destaca, por aparte, que esa ratificación ningún perjuicio ocasiona al tercero, más aún, que lo beneficia pues no perderá acción contra el comisionista y tendrá acción subrogatoria en contra del comitente.

A su vez, menciona que el Cód. de Comercio distingue también el mandato de la comisión según sea el modo de intervención del mandatario: mandato cuando el que administra el negocio lo hace en nombre de la persona que se lo ha encomendado y comisión cuando el que realiza el negocio lo hace en nombre propio quedando personalmente vinculado a lo pactado frente al tercero contratante.

A mayor abundamiento recuerda el art. 1198 -buena fe en los contratos que consiste en la recíproca lealtad que las partes se deben en todos los aspectos de la contratación. Que en autos el actor declaró expresamente en la escritura hipotecaria que actuaba en comisión por cuenta de tercero; los demandados recibieron de él el importe del préstamo dinerario y constituyeron a su favor el derecho real de hipoteca; más aún dando ejecución al contrato abonaron a Rigourd el importe de todas las cuotas trimestrales de los intereses pactados en la cláusula tercera de la escritura según afirmaciones del actor que no fueron controvertidas por los demandados por lo que estima que no pueden los demandados negarle legitimación al actor cuando de su propio accionar le han reconocido tal calidad.

Reitera que lo que se ejecuta es una hipoteca que fue constituida a favor del actor y que los fundamentos de la inhabilidad que la parte demandada atribuye al título, exceden el marco de sus formalidades extrínsecas, por lo que la excepción no puede prosperar. De allí que concluya haciendo lugar a la apelación de la actora, revocando la sentencia de primera instancia y mandando llevar adelante la presente ejecución.

V.- En relación al gravamen que ocasiona al recurrente el rechazo de la excepción de inhabilidad de título cabe señalar, liminarmente, que lo decidido sobre esta cuestión, en tanto inherente, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (arg. art. 544 3° párr., CPCC), admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva (cfr.: CSJTuc., in re: "Banco de Galicia y Bs.As. S.A. vs. Cano, Mario Roberto s/Ejecución hipotecaria", del 25/3/98; Banco de Catamarca vs. Pío Marchetti Soc. de Hecho s/Cobro ejecutivo", del 17/3/95; etc.).

Ahora bien, cabe puntualizar que la Cámara encuadra el negocio jurídico de la especie en el contrato de "comisión civil", y no es admisible el reproche del recurrente entendiendo que ni las partes ni el Juez a quo hablaron de tal figura jurídica, es que el tribunal puede hacerlo en virtud del facultamiento emanado del principio "iura novit curia" (arg. art. 34 CPCCT).

Asimismo, el recurrente se agravia porque la Cámara ha introducido el tema de la comisión civil no planteado con anterioridad, efectuando una errónea interpretación jurídica, pues al art. 1162 CC determina que una vez ratificado el acto por el tercero tiene el mismo efecto que la autorización previa, como si hubiese habido mandato con efecto retroactivo al día del acto, para todas las consecuencias del mandato. De allí que entienda que el mandante tiene derecho para exigir por sí mismo el cumplimiento del contrato una vez que ratifica lo actuado lo cual implica que se ha hecho parte de él (Escritura Pública nro. 140 en el caso) desplazando al que actuó en su nombre, con lo cual Rigourd no tendría legitimación activa para ejecutar la hipoteca.

La Cámara, de su lado, sostiene que no existe mandato -en sentido estricto- y sí comisión civil y que, por ende, el comisionista (que actúa en nombre propio pero en interés ajeno) se encuentra legitimado para actuar en el presente juicio. Resta entonces considerar si este encuadre e interpretación jurídicos son correctos.

En primer lugar, cabe partir de la base de que la representación no es esencial al mandato, ni al civil ni al comercial y que, por tanto, puede haber mandato con y sin representación. La tesis que niega éste último está hoy superada por completo. En segundo lugar, cabe afirmar que en nuestro Derecho Civil efectivamente existen estos dos tipos de mandatos: el representativo (art. 1869 CC) y el no representativo (mandato sin representación, "mandato oculto", "mandato-comisión" o simplemente "comisión civil" según los autores) que emerge de lo dispuesto en el art. 1929 CC, el cual dispone que el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante y que, si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros.

De este texto surge claro que el mandatario puede contratar en nombre propio -aunque en interés del mandante- y que si así lo hiciera no obliga al mandante frente a los terceros con los que contrata; es decir que los efectos del acto se producen sobre su propia esfera jurídica. Hay aquí mandato pero no representación directa. Lo que caracteriza entonces a este tipo de mandato es el actuar en nombre propio, y ello sea que se la designe como comisión civil, o como representación indirecta o como mandato civil sin representación, quedando, en este caso, personalmente obligado el mandatario o comisionista frente a los terceros con los que contrata (conf. López de Zavalía, Teoría de los Contratos, T. IV., Pte. Especial, págs. 504 y ss.; Spota, Instituciones de Derecho Civil, Contratos vol. VIII; Mosset Iturraspe, "El Mandato", págs. 100 y ss.; Ricardo Lorenzetti, Tratado de los Contratos, T. II., p. 231 y ss; Colombres Garmendia, Ignacio, "Algunos conceptos de la representación en los actos jurídicos", Boletín nro.1, Instituto de Derecho Civil y Comparado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y jurisprudencia mayoritaria).

En el caso de autos está claro que entre las partes han celebrado, más allá del nombre que se le quiera dar, un contrato "en comisión y por cuenta y orden de tercero" como surge del mismo instrumento acompañado a la demanda. El contrato ha sido celebrado por Rigourd en nombre propio; él es el designado acreedor; es en su domicilio que debían efectuarse los pagos; la hipoteca está hecha a su favor. Es decir que de la propia lectura de los instrumentos base de la demanda se desprende -no hay ambigüedad en esto- que Rigourd ha contratado en su propio nombre pero en interés ajeno. Con ello se está frente a un contrato de comisión civil, a un mandato sin representación (directa), por lo que, aplicando la doctrina del art. 1929 CC asume directamente la titularidad de los derechos y queda directamente obligado hacia las personas con las que contrata, de modo que entre éstas y el comitente o mandante no hay vínculo directo pues no existe función representativa alguna por parte del comisionista o mandatario en la hipótesis del caso.

Ahora bien, cabe precisar que el mandato lleva implícita una autorización y que ella puede ser autorización-poder (art. 1869 CC) o autorización-encargo (art. 1929 CC). Y es que el mandatario que obra debe estar legitimado a fin de que sus actos produzcan los efectos respecto de terceros, sea directamente en el patrimonio del mandante (en el primer caso: autorización poder), sea asumiendo éste los efectos oblicuos (en el segundo: autorización-encargo). Este "encargo" basta para realizar un acto en nombre propio.

Por tanto, el mandato civil sin representación que existe en la especie sólo requiere la mentada autorización-encargo, al ser dada antes del acto. A su vez, estamos en presencia de la "ratificación" (ratificación-encargo) cuando acontece con posterioridad, que es lo sucedido en el sub lite cuando, por escritura pública nro. 140 el mandatario (sin representación directa) declara que actuó en comisión (esto es: en su nombre propio pero en interés ajeno) y el mandante (Camandona) acepta que otro (Rigourd) haya actuado en tal carácter.

Se deriva de lo expuesto, que esta ratificación-encargo no supone sustituir la persona de Rigourd frente a terceros. Ella tiene efectos "inter partes"; alude a la relación interna; deslinda los derechos y deberes de las partes y aclara la posición jurídica de ambos. De ella no puede derivarse la mutación de la forma de actuación del comisionista en el acto frente a terceros (escritura pública nro. 139). En efecto, de los términos de la escritura pública nro. 140 no se deriva un mandato en sentido estricto o mandato con representación (art. 1869 CC) ni el mandante sustituye, por eso, a la persona del mandatario frente a los co-contratantes. La ratificación-encargo provoca que el mandante, al legitimar al mandatario en su actuación en interés de otro pero en nombre propio, asuma los efectos -siempre oblicuos- del negocio celebrado a su nombre (del mandatario). La ratificación-encargo no se transforma en un "apoderamiento" respecto del acto celebrado sin "poder", sino que simplemente legitima al mandatario -tal como la hace la autorización previa- en su actuar en nombre propio pero en interés del mandante, con efectos directos entre estas partes y sólo mediante vía subrogatoria -y siempre que se den sus presupuestos-, respecto del tercero con quien se contrató (arg. art 1929 in fine CC).

De los términos de la escritura nro. 140 y de la testimonial de fs. 57 surge que el Sr. Camandona acepta la declaración de Rigourd de haber actuado en comisión en el negocio hipotecario otorgado a su favor (de Rigourd) y reconoce haber "firmado un contrato" para que Rigourd realice la operación de la hipoteca por cuenta suya (respuesta a la primera pregunta), "negocio" celebrado mediante escritura nro. 140 (respuesta a la repregunta). De ello emerge la mentada ratificación-encargo por la que legitimaba a Rigourd a celebrar un negocio en nombre propio y por cuenta del comitente.

El recurrente entiende que tal ratificación hace nacer un contrato de mandato, con efecto retroactivo al acto y que, por ende, el mandante ocupa el lugar del mandatario frente a los co-demandados. Esto no se comparte pues, aún cuando la ratificación haga emerger el contrato de mandato (arg. art. 1936 CC) la solución no es distinta. Es que el contrato de mandato regula la "relación interna" mientras que la "relación externa" se desenvuelve entre mandatario y terceros y sólo por vía indirecta hay conexión con el comitente. El contrato de mandato existente entre comitente y comisionista tiene efectos retroactivos sólo entre partes; entre comisionista y los terceros la relación obligacional es la que corresponde al contrato celebrado, siendo indiferente aquel vínculo que, en todo caso, no confiere acción directa al comitente contra los terceros ni a estos últimos contra el primero. Y es que el contrato de mandato emergente por efecto de la ratificación es "res inter alia acta" respecto de estos terceros. La persona del principal -con ser en última instancia la "titular" del interés comprometido en el negocio- no puede, sin embargo, desplazar derechamente a la del comisionista, sea o no conocida su identidad (la del comitente) (esto poco importa) pues la relación concertada incluso bajo su invocación, nace, se desarrolla y muere, en principio, en la persona del comisionista. Esta doctrina es clara y no ofrece dudas en el Derecho Comercial.

El impugnante menciona que dicha rama del Derecho no tiene influencia en el caso. Sin embargo, la doctrina reconoce que tal influencia es indudable en virtud de la remisión expresa al Derecho Comercial que surge del art. 1940 CC; que es útil la terminología comercialista y que las diferencias entre la comisión civil y la comercial son mínimas y de detalle. Por ello, tampoco puede acogerse el agravio referido a que la Cámara invoca, en sostén, el contrato comercial de comisión siendo éste ajeno al que da lugar a la acción. A ello se añade que la Cámara alude al Derecho Comercial en apoyatura de la diferencia entre mandato y comisión que previamente ha efectuado y convenientemente fundamentado con independencia de ese argumento.

En lo que respecta a la aplicación de la doctrina de los actos propios, tampoco causa agravio al recurrente toda vez que, bien leída la sentencia, tal doctrina no ha sido limitada sólo al pago de los intereses (de lo que se queja el impugnante) sino a las circunstancias ciertas de que se ha celebrado un contrato con el actor; se ha recibido de él el préstamo dinerario y se ha constituido a su favor el derecho real de hipoteca. Por lo demás, como señala el tribunal de alzada, el actor afirmó que los demandados le abonaron cuatro cuotas de interés del préstamo otorgado y esta afirmación del actor no fue controvertida por los demandados al oponer la excepción.

Por último, debemos destacar, como bien lo hace la Cámara, que el presente es un juicio ejecutivo en que, en principio, la legitimación activa y pasiva sólo debe ser analizada en mérito a las determinaciones que el título contiene, con prescindencia de quiénes sean los verdaderos titulares de la relación documentada en el mismo ya que tales cuestionen exceden el conocimiento limitado que el ámbito de aquél supone.

Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación con costas al recurrente vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal) Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 10/4/2003, por lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS, conforme se consideran.- III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA