Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2010-06-15


San Salvador de Jujuy, junio 15 de 2010.

El doctor del Campo dijo:

La Sala I del Tribunal de Trabajo rechazó la demanda articulada por la señora Lorenza Blas Cutipa, Mariela Barbilla, Liliana Griselda Barbilla, Graciela Ester Barbilla y Delia Rosaura Barbilla, destinada a que la demandada -Liberty A.R.T. S.A- indemnice el accidente sufrido por el señor Vivian Barbilla Flores, a raíz de haberle producido la muerte; impuso las costas a la accionante y reguló los honorarios profesionales.

Para fundar el decisorio, expresó en lo medular el Tribunal de grado que, el accidente in itinere ha sido definido por la jurisprudencia como el infortunio que sufre el trabajador al dirigirse desde su domicilio al trabajo para prestar servicios o viceversa, al concluir las tareas. Pero como el hecho ocurre fuera del lugar de trabajo y de la posibilidad de control por parte del principal, para que sea posible adjudicar responsabilidad por sus consecuencias, es preciso demostrar que la contingencia ocurrió en el trayecto más directo y seguro que habitualmente utiliza la víctima, sin que se produzcan desvíos por causas particulares o ajenas al itinerario habitual, con excepción de ciertas hipótesis extraordinarias. Tomó como primera conclusión que tal situación excepcional no se presentaba en el caso, y ello impedía acoger la pretensión reparadora que reclama la actora.

Para investigar cómo ocurrió el infortunio, recurrió a las pruebas producidas, estimando como las más importantes la declaración del señor Luís Cruz, compañero de trabajo, y que, además, fue la última persona que vio con vida al infortunado trabajador, así como las actuaciones del Expte. Nº 552/06, tramitado ante el Juzgado de Instrucción Penal Nº 2, Secretaría Nº 3, caratulado: "Persona a establecer p.s.a. de homicidio culposo en accidente de tránsito Palpalá", en el que se investigó el siniestro.

Valoró que mediante la declaración del testigo recibida en la audiencia de vista de la causa, se demostraron de modo incuestionable: 1º) que el día del infortunio, el testigo y la víctima, luego del trabajo fueron a la despensa "Doña Marga"; 2º) para ello, debían desviarse del recorrido habitual pues el negocio queda a una cuadra y media del obrador y en dirección opuesta a la que debían utilizar para regresar a sus hogares; 3º) que llegaron al lugar a las 16,30 horas, la víctima permaneció alrededor de 15 minutos, según el testigo, este último permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 19 horas. El testigo también explicó que desde el obrador y hasta la colectora donde ocurrió el accidente, se demora entre 20 y 30 minutos en bicicleta, medio de transporte utilizado por el obrero fallecido.

Al considerar luego las constancias de la causa penal referenciada, meritó que la investigación policial realizada a las 22,40 horas del día 3 de febrero de 2006 luego de tomar conocimiento del siniestro por un llamado telefónico anónimo recibido a las 20,40 horas, pudo constatar que el operario siniestrado se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica (fojas 1), mientras que a fojas 32 el informe técnico al describir el lugar señala que la visibilidad es óptima "ya que no existe elementos que obstruyan la visión del conductor, existiendo buena iluminación artificial en el lugar" (sic).

Concluyó, que si el señor Barbilla se retiró del almacén alrededor de las 17 hrs. utilizando una bicicleta que le insumía entre 20 y 30 minutos para llegar a la colectora, resulta incomprensible que fuera denunciado el siniestro tres horas después si, como quedó demostrado, el cuerpo quedó tendido sobre la calzada; que se trata de una ruta de un solo carril en cada sentido de circulación en un lugar con buena visibilidad, sumamente transitado puesto que vincula a esta ciudad con la de Palpalá, que cuenta con una importante densidad de población.

Evidentemente, quienes utilizaron esa vía debieron necesariamente ver a la víctima ni bien ocurrió el evento dañoso, por lo que no consideró convincentes las afirmaciones de las actoras al pretender explicar el tiempo que medió entre ambos hechos acreditados, referidos a pastizales y a un lugar solitario cuando de la mencionada investigación policial resulta precisamente lo contrario. Agregó que Barbilla debió permanecer con el testigo mucho tiempo más que el reconocido, y que en esas condiciones, resulta imposible atribuirle responsabilidad al principal por las consecuencias de un siniestro ocurrido fuera del lugar de trabajo y de su posible control.

Finalmente estimó que, luego de analizadas cuidadosamente las pruebas producidas, la actora no logró acreditar los presupuestos necesarios para la viabilidad de la acción.

El Dr. S. G. B. en representación de Lorenza Blas Cutipa, Graciela Ester Barbilla y Delia Rosaura Barbilla dedujo recurso de inconstitucionalidad (fojas 6/8), agraviándose de la sentencia por considerarla arbitraria.

Afirma que el decisorio no ha dado un adecuado tratamiento a la cuestión planteada por su parte y se basa en afirmaciones dogmáticas. Insiste en la consideración y mérito de la prueba rendida, en especial "la actuación notarial Nº 208,... en la que se hace constar el recorrido desde el obrador hacia la casa del trabajador y el escribano actuante expresa que en la misma æel sector es desolado, observamos un descampado a la derecha y a la izquierda de la autopista pastizales y arbustosÆ, esto es coincidente -continúa- con el informe de fs. 65 de SS Asesores adjuntado por la demandada, donde dice æconcurrimos a la colectora de la ruta Nº 66 y comprobamos que se trata de acceso pavimentado con grandes pastizales a los alrededores. No existe vivienda tipo familiar. Hay una estación de servicios a 100 metros de allíÆ...". Colige de ello que tales circunstancias pudieron demorar la toma de conocimiento del acaecimiento del siniestro por las autoridades policiales. Dice también que el Tribunal de grado omitió y "no puede desconocer" que corresponde la aplicación del artículo 9 de la L.C.T., que debe prevalecer el principio pro operario. Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, insiste sobre las pruebas y la valoración que a su juicio debe efectuarse, concluyendo en que no existió interrupción del recorrido del trabajador al regresar a su domicilio, por lo que pide la revocación del fallo.

La contraria, representada por el Dr. E. R. R., contestó el traslado conferido a fojas 35/38, solicitando el rechazo, y en idéntico sentido se expidió el Ministerio Público Fiscal en ocasión de enviarle los autos a los fines de que cumpla con lo preceptuado en el artículo 9 inciso 4º de la ley Nº 4346, t.o. Nº 4848.

Firme el llamado de autos, la causa quedó para resolver.

Que se consideran fundamentos suficientes y ajustados a derecho los brindados por el Tribunal sentenciante para el rechazo de la demanda articulada por la parte actora, ahora recurrente.

Del escrito recursivo se advierte que las quejas que se ensayan sólo traducen una opinión meramente discrepante con el criterio adoptado, proponiendo otro favorable a sus pretensiones, y que además remiten a la consideración de cuestiones vinculadas a los hechos y la apreciación de la prueba.

Al respecto este Superior Tribunal de Justicia ha expresado, fijando posición en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que, en principio y salvo absurdo manifiesto, la revisión de la valoración de la prueba destinada a fijar los hechos de la causa, es materia extraña a este extraordinario remedio y reservada a los jueces de la causa, quienes resultan soberanos para ello y a cuyas conclusiones debe estarse (L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446, L.A. 40 Fº 830/833 Nº 291, L.A. 40 Fº 386/388 Nº 142, L.A. Nº 40 Fº 601 Nº 212, L.A. 39 Fº 824/834 Nº 329).

Los motivos por los cuales la parte recurrente pretende la revocación del decisorio que censura, llevan a la conclusión de que se pretende únicamente la revisión de cuestiones vinculadas a la consideración de los hechos y de la prueba realizada por el tribunal de grado, materia vedada a este Superior Tribunal en virtud de tratarse de un juicio llevado a cabo mediante el procedimiento oral y, por ello, caracterizado por el principio de inmediación, esto así, pues nadie se encuentra en mejores condiciones de meritar la prueba rendida en dicha oportunidad, que los jueces de la causa (L.A. Nº 45, Fº 322/323, Nº 142; L.A. Nº 42, Fº 826/827, Nº 294; L.A. Nº 42, Fº 793/794, Nº 281). Esta regla, sólo cede en caso de que la ponderación efectuada fuera absurda o arbitraria, lo que no surge de la lectura del decisorio pronunciado por el Tribunal del Trabajo.

Que a mayor abundamiento, hemos expresado antes de ahora que, ante la negativa de la parte demandada respecto a la producción del hecho y su consideración como "accidente in itinere", le corresponde a la parte actora probar tal circunstancia, no sólo por aplicación de la regla general que impone que quien invoca un hecho debe probarlo, sino porque al haber sucedido los hechos fuera de la órbita del empleador, no resultan incluidos en mecanismos de inversión probatoria. La carga directa normalmente responde a aquellas situaciones en donde no sólo es propio de la invocación su demostración, sino, porque el reclamo que constituye el fondo de una causa judicial debe imponer el respaldo que procure la demostración de las circunstancias o de los hechos bajo análisis y que componen la litis. Por lo demás es pacífica y reiterada la jurisprudencia que impone el "onus probandi" al trabajador o al actor -causahabientes- en caso de fallecimiento; y que la prueba del accidente "in itinere" debe ser terminante, concreta y categórica sobre el hecho accidental y su relación causal con el trabajo (L.A. Nº 40, Fº 973/975, Nº 345).

El tribunal sentenciante fue especialmente minucioso en ocasión de valorar la prueba rendida y conducente para la resolución de la causa, en especial las testimoniales rendidas, no resultando posible precisamente por ello volver sobre su apreciación como lo pretende la parte actora recurrente, y fue expresado líneas arriba.

Por los motivos expuestos, corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. S. G. B. en representación de la señora Lorenza Blas Cutipa, Graciela Ester y Delia Rosaura Barbilla, con costas a su cargo en su calidad de vencidas en la instancia, conforme artículo 102 del Código Procesal Civil para regular los honorarios profesionales (artículos 4, 6, 11 y concordantes de la ley Nº 1687), en las sumas de pesos diez mil ochocientos ochenta y cinco ($ 10.885) y pesos ocho mil setecientos diez ($ 8.710), respectivamente para los Dres. E. R. R. y S. G. B., con más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) en caso de corresponder.

Los doctores Bernal, Jenefes y González adhieren al voto del Dr. del Campo.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, resuelve: 1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. S. G. B. en representación de la señora Lorenza Blas Cutipa, Graciela Ester y Delia Rosaura Barbilla. 2º) Imponer las costas a cargo de las vencidas y regular los honorarios profesionales en las sumas de pesos diez mil ochocientos ochenta y cinco ($ 10.885) y pesos ocho mil setecientos diez ($ 8.710), respectivamente, para los Dres. E. R. R. y S. G. B., con más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) en caso de corresponder. 3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula. Se deja constancia de que el Dr. Sergio Ricardo González habiendo emitido su voto, no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Esta sentencia ha sido pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia, en conformidad con lo dispuesto mediante Acordadas Nº 18/10 y Nº 35/10.- José M. del Campo.- María S. Bernal.- Sergio M. Jenefes.