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Competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo, Derecho constitucional, división de poderes, revisión judicial, administración judicial, facultades discrecionales, facultades reglamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si las afirmaciones del recurrente, vinculadas a la vulneración de facultades propias y exclusivas del Poder Ejecutivo, carecen de vinculación con los hechos del caso. Ello así, en tanto la ley que requiere reglamentación data del año 2010 y el GCBA no ha ni siquiera esbozado argumentos que intenten justificar que los años transcurridos configuren un plazo razonable y que, por lo tanto, la falta de reglamentación constituya un ejercicio legítimo de la discrecionalidad administrativa. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, vehículos, acción de responsabilidad, trabajador, responsabilidad de la concesionaria, improcedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, falta de prueba, imputación objetiva, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROVERE MARIANO FRANCISCO ANDRES C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

Corresponde rechazar la demanda incoada por el adquirente de un automóvil, en tanto fue dirigida contra un fabricante automotriz, una concesionaria y un empleado de ésta, toda vez que el accionante pretendió adquirir un vehículo cero kilómetro por una vía no oficial, mediante una "movida contable". A tal fin se relacionó con dos empleados de otra marca automotriz, que recibieron ciertas sumas en concepto de adelanto, y le entregaron una copia del contrato de compraventa del vehículo suscripto con una tercera. Sin embargo, sorpresivamente éstas personas no fueron demandadas por el actor. Ello así, pues si bien la justicia penal condenó a la tercera que intervino en el otorgamiento del contrato de compraventa, a tres años de prisión en suspenso por el delito de defraudación por administración infiel en calidad de autora, siendo una de las víctimas de dicho ilícito el aquí accionante; sin embargo, respecto del codemandado empleado de la concesionaria, acusado también por el delito de administración fraudulenta, el Tribunal Oral dictó la suspensión del juicio a prueba en los términos del CP 76 bis y ter. En consecuencia, lo actuado en sede penal no autoriza -sin más- a tener por comprometida la responsabilidad del empleado de la concesionaria por los hechos que aquí se debaten. Asimismo, las pruebas producidas en esta causa tampoco permiten formar una convicción suficiente respecto a que el coaccionado haya sido partícipe del engaño en cuestión ya que no se acreditó acabadamente, que hubiera existido una relación entre la tercera y el codemandado para efectuar la frustrada compraventa que culminó en los daños padecidos por el demandante. Por lo tanto, toda vez que no se logró comprobar un factor de atribución que permita responsabilizar al coaccionado por los hechos debatidos en autos, se deriva de ello la imposibilidad de adjudicar responsabilidad alguna a la concesionaria o al fabricante, ya que no se acreditó la participación de ninguna de las empresas en los hechos aquí debatidos.
Excusación, competencia, recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meana Raul a. c/ Martinez Juan y otros s/ Rescision de Contrato Daños y Perjuicios Restitución de dolares daño  moral Basualdo, Alejandra c/ Hospital Interzonal Materno Infantil s/ Incidente de oposición de excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02|1996-11-13

El juicio formulado en ocasión de dictar sentencia en otro expediente no constituye opinión susceptible de fundar el prejuzgamiento, aunque se haya planteado en él un caso análogo, idéntico o semejante, al del juicio en que se formula la excusación, porque cada proceso está constituido por cuestiones de hecho diferentes que obligan a especiales decisiones y porque el prejuzgamiento debe referirse a que los jueces hayan emitido opinión acerca del mismo pleito pendiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abogados, sanciones disciplinarias, tribunal de disciplina
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORELLI, EDGARDO ARIEL ALDO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

El presente recurso no puede prosperar, toda vez que los argumentos esgrimidos por el quejoso enderezados fundamentalmente a achacar una supuesta falta de motivación y fundamentación en la sentencia mediante la cual se confirmó la sanción impuesta al compareciente por su actuación profesional, no lucen idóneos para desvirtuar los argumentos dados por el magistrado que -para decidir como lo hizo- valoró el conjunto de pruebas arrimadas a la causa y, a partir de ello, compartió lo decidido por el Tribunal de Ética en relación a la conducta imputada, siendo las faltas denunciadas congruentes con lo actuado en la audiencia celebrada según el artículo 23 del Reglamento del Tribunal de Ética, lo que a su vez fue precedido de las imputaciones que se formularon en la denuncia primigenia, con más los antecedentes acompañados relativos a la actuación del condenado en el marco del expediente en cuestión.
Ejecución de la pena, delitos contra la humanidad, prisión domiciliaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-19

Los informes producidos aunados a las constancias que fueron objeto de valoración en la decisión recurrida, validan la decisión del órgano jurisdiccional en cuanto a que la rehabilitación del encartado podía y puede continuar realizándose en su actual lugar de detención, con el complemento de los recursos aportados por su prepaga en instituciones extramuros. Especialmente debe destacarse que durante su permanencia en el establecimiento penitenciario, se trabajó de modo articulado con los prestadores privados, con el fin de garantizar el derecho del encausado a ser atendido por profesionales de su empresa de medicina prepaga. En definitiva, la suma de circunstancias expuestas en el fallo conlleva a descartar la arbitrariedad que la defensa invoca en punto a los tratamientos de rehabilitación que el caso demanda. No puede dejar de advertirse que es propio que las personas detenidas posean, además de los derechos inherentes a todo ser humano, salvaguardas adicionales a este respecto, habida cuenta que cuando se asume la privación de libertad de un sujeto se afronta la responsabilidad de cuidar su salud. Y ello no sólo en punto a su atención médica, sino también en lo atingente a las condiciones materiales de detención, de cuyas consecuencias puede resultar menester un tratamiento específico, como se verifica en la especie. Efectivamente, además de atender las necesidades sanitarias de los enfermos presos, las autoridades son responsables de asegurar condiciones de encierro dignas, muy especialmente, en lo relativo a la infraestructura para higiene y aseo, tal como lo imponen las especiales circunstancias del caso en mérito de la situación de discapacidad motriz del causante, y como lo obligan -por vía de principio- las "Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos" de Naciones Unidas. En esta línea, no obstante las modificaciones progresivas que se llevaron a cabo en el establecimiento penitenciario, lo cierto es que mientras se desarrollen y culminen las necesarias reformas en curso, la situación en la cual se encuentra el detenido, impone que hasta se cumpla acabadamente con los ajustes y reacondicionamiento del lugar de detención, se disponga su egreso de la unidad carcelaria, en los términos de los arts. 32 y 33 de la ley 24.660. (Dres. Ledesma, Slokar y Catucci).
Contrato de publicidad, excepciones procesales, sentencia arbitraria, ordenanzas municipales
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Mercedes c/ Arcor S.A.I.C. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-07

Cabe descalificar por arbitraria la sentencia que rechazó las excepciones de falta de legitimación de la actora e inhabilidad de título e hizo lugar a la de prescripción, mandando llevar adelante la ejecución por derechos de publicidad y propaganda por los períodos 2001 a 2006, pues contiene un fundamento aparente que la priva de su carácter de acto judicial válido, dado que la solución definitiva del caso sólo requiere la simple constatación de la publicación oficial de la ordenanza 515/2006 de la Municipalidad de Mercedes, Pcia de Bs As, acto requerido para la satisfactoria divulgación y certeza sobra la autenticidad del texto de aquellas decisiones de contenido normativo general y que, en la especie, la sencilla verificación de tal extremo no parece afectar el carácter ejecutivo de la acción promovida.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Internet, buscadores de Internet, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVID   GUTIERREZ   PAMELA  CAROLINA  y  otros c/ MICROSOFT  DEARGENTINA SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

El magistrado de la anterior instancia, considerando que en la especie de autos se encontraba configurada la verosimilitud del derecho invocado por las peticionarias y el peligro en la demora, hizo lugar a la cautelar en cuestión y ordenó a Microsoft de Argentina SA y su buscador (denominado www.bing.com) a que adopte las medidas necesarias para eliminar toda referencia que permitiera identificar y vincular los nombres de las accionantes a través de los vínculos o enlaces que permite el mencionado buscador www.bing.com, con cualquier sito de contenido sexual, pornográfico, venta de sexo o de elementos sexuales, prácticas sexuales o cualquier otra actividad sexual. La recurrente argumenta -en lo principal- que carece de legitimación pasiva para ser objeto de una cautelar, pues adujo que su mandante no es titular del buscador Bing, ni lo opera en su administración y funcionamiento, pues el titular del buscador Bing, quien lo administra y tiene a su cargo el funcionamiento, es Microsoft Corporation, sociedad constituida y con domicilio en los Estados Unidos de América. Asimismo, señaló el carácter indefinido de la medida decretada, ya que la peticionaria la consideró como autosatisfactiva.
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Juan Antonio c/ López Benito y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Es notoria la responsabilidad del maestro mayor de obras, director técnico de la obra en la cual ocurriera el accidente que incapacitara al actor, en tanto debía observar en la ejecución las reglas del arte que hacen a su profesión, es decir, movilizar en pos de la realización de la obra elementos y personal disponible. Ello es, la supervisación -en el caso- la tarea del armado del techo, ya que otra interpretación implicaría admitir un desarrollo ejecutivo anárquico, en el cual la iniciativa y control pertenecerían a los ejecutores (oficiales, albañiles, cloaquistas, etc). En consecuencia su comportamiento evidencia una omisión culposa (art. 1109 Código Civil).-
Nulidad del acto jurídico, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA RAMON ROSA c/ ESTANCIA TIO CARLITO Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-03

Si la sustitución del embargo garantiza adecuadamente el crédito del actor y su futura ejecución, corresponde desestimar la nulidad si la parte que se dice afectada, no sufre perjuicio y en el planteo persigue la declaración de nulidad por la nulidad misma.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Thomann, Federico F. y otros c/ Municipalidad de Alte. Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

En nuestro ordenamiento procesal sólo se otorga la posibilidad de entablar la acción contencioso administrativa a quien alega un derecho individual vulnerado, no siendo suficiente la afectación de un mero interés legítimo.
Incapacidad, profesión habitual, accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Urunaga Francisco c/ Gepa Construcciones y/o Gabriel Pasqualone s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

A los fines de la indemnización prevista por la ley 9688 la minusvalía laborativa del trabajador debe calcularse teniendo en cuenta su capacitación profesional y no la mayor o menor posibilidad de cumplimentar las tareas circunstancialmente encomendadas por el patrón.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ventre, Adalberto Sergio s/ Homicidio calificado Cavaliere o Cabrera o Caballieri o Cavalieri, José s/ Tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12|1995-10-31

Los jueces de las instancias ordinarias son quienes -en principio- deben apreciar las agravantes y atenuantes mencionadas en los arts.

40 y 41 a los efectos de la graduación de las penas, siendo revisables sus conclusiones en esta sede extraordinaria (art. 149 inc. 4, ap. a, Const. Prov.) únicamente cuando se demuestra que, con violación de las leyes de la prueba, se ha omitido computar un motivo de atenuación o se ha valorado como agravante lo que debe ser atenuante o que medie infracción de las escalas penales fijadas para el delito.
Recurso de apelación (procesal), sentencia, reformatio in pejus, cosa juzgada administrativa, recursos administrativos
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BELDOMENICO, HUGO A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 309-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-21

En el derecho procesal común la decisión que se dicte por el órgano de apelación no puede empeorar la situación de quien interpuso el recurso. La "reformatio in pejus" no procede en ese ámbito. La prohibición de reformar en perjuicio del recurrente ha sido unánimemente aceptada en todos los tiempos, desde el derecho romano hasta nuestros días y doctrinariamente no motiva divergencias, lo mismo acaece en derecho administrativo, donde, salvo que se tratare de un procedimiento de oficio y sin perjuicio del respeto debido aun entonces a la cosa juzgada administrativa, la "reformatio in pejus" no es admisible.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, pronunciamiento inoficioso, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: S L, L M s/ CAZA FURTIVA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  424-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-24

Se torna inoficioso el tratamiento de la cuestión vinculada a la inconstitucionalidad de la ley de facto (ley 22421), si la sentencia recurrida fue anulada por el primer agravio. (Voto con Concordante de los integrantes de la Sala).
Acción de amparo, existencia de otras vías, régimen penal tributario, procedimiento tributario, sanciones tributarias, recursos, notificación, impugnación de la notificación, defensa en juicio
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: LIN MIN JEN s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-04

1 - Corresponde confirmar la resolución que rechazó la acción de amparo deducida porque si bien esta acción constituye una vía excepcional que procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados o las leyes, la norma que regula la materia (Ley 16986) dispone que ésta no será admisible cuando existan vías legales hábiles para obtener la reparación del agravio (Art.

2, inc. a)) y el texto constitucional vigente admite la acción únicamente cuando no existan otros medios judiciales más idóneos (Del voto del Dr.

Repetto).- 2 - La ley de procedimiento tributario contempla los recursos que permiten rever lo resuelto por el órgano administrativo (Cf. Art. 77 y 78 de la ley 11683) y hace expresa remisión a la ley procesal penal en la que está previsto, a su vez, un recurso de queja para casos en que se deniega un recurso en que procede ante otro Tribunal (Art. 476 CPP) y en estas actuaciones, el actor no ha agotado esa otra vía adecuada para obtener la protección eficaz de sus derechos (Del voto del Dr. Repetto).- 3 - Corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar al amparo solicitado toda vez que el organismo de la administración que le impusiera las sanciones por infracciónes a la ley que rige en materia tributaria, omitió notificarle la resolución que no hizo lugar a su apelación disponiendo efectivizar dichas sanciones como si se tratase de una resolución firme (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 4 - Esta previsto en la norma (Art. 100, Ley 11683) la fijación en la puerta del domicilio de un sobre cerrado y firmado con copia de la resolución cuando no hubiere ninguna persona en el lugar dispuesta a recibir la notificación o firmar el acta. El carácter fehaciente del acta acredita el hecho de haberse puesto el sobre cerrado conteniendo la resolución en la puerta del domicilio pero no acredita que el destinatario de la comunicación la haya recibido y ninguna ley autoriza a dar por decaído el derecho de un contribuyente por el transcurso de un plazo del que no haya podido enterarse. En rigor la ley tampoco dice que la colocación del sobre en la puerta equivalga a la notificación (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 5 - En consecuencia, debe entenderse incurrida la omisión de notificar que motiva el amparo. Con ella se restringe ilegalmente el derecho de defensa en juicio del demandante a quien se priva de la posibilidad de recurrir una providencia que confirma una resolución sancionatoria de cierta gravedad (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Quiebra, proceso de verificación, demanda de verificación, intereses, tasa activa
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Mandalunis, Tomas Eduardo  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-03

Corresponde aprobar las pautas utilizadas por la sindicatura para calcular los intereses que acceden a créditos verificados y admitidos de ciertos acreedores en el marco de una quiebra, en cuanto aplicó la "Tasa Activa del banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento a 30 días", en lugar de la "Tasa Activa del Banco Provincia Restantes Operaciones" pretendida por la fallida.

Ello así, pues ante la existencia de varias tasas activas corresponde acudir a aquélla análoga a la que habitualmente se aplica en este fuero, esto es: la tasa activa que cobra la entidad bancaria de que se trate, para operaciones de descuento a 30 días.

A esa conclusión se arriba toda vez que tratándose de obligaciones de naturaleza comercial, esa tasa es reconocida como resarcimiento legal del daño sufrido por el acreedor insatisfecho y se vincula con la que debería pagar frente a la necesidad de abastecerse, en el circuito financiero, del equivalente a la prestación que le es debida.
Daños y perjuicios, indemnización, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAIS ALBERTO. c/ DIAZ JOSE HUGO Y OTRO. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-18

La indemnización del daño es, en el caso pecuniaria, en el sentido de que se la concede en dinero, y tiende a reintegrar al patrimonio del damnificado el desembolso que hubo de efectuar para costear las reparaciones, adecuando dicho desembolso al poder adquisitivo actual del numerario. En consecuencia, lo que corresponde es juzgar sobre la razonabilidad de aquella erogación y sobre la existencia de algún perjuicio adicional- la desvalorización del automotor-, para luego fijar la indemnización a valores de la fecha de la sentencia, mas sin hacer incidir en los cálculos el destino que el perjudicado haya decidido dar a la cosa dañada, ni el precio obtenido en la venta de ella.
Falsificación de documentos, falsificación de instrumento público, cédula de identidad, fotografía, ardid, idoneidad del ardid, falsificación burda
Materia: PENAL
Carátula: Taberna, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-20

En orden a las características de la maniobra de adulteración efectuada en el caso (una sustitución fotográfica ejecutada mediante un recorte en el film plástico original a modo de "ventana" realizado en torno de la fotografía anterior de manera de levantar la misma mediante "traccionamiento", e incorporándose sobre dicha porción la actual plana fotográfica, procediéndose finalmente a plastificar nuevamente la cartilla por ambas caras), no puede sostenerse que la falsedad de la cédula de identidad en cuestión haya resultado grosera -burda- y por ende inhábil a los fines de configurar la posibilidad de perjuicio típicamente requerida. (Voto del Dr. Hornos, adhieren las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal).
Honorarios del martillero, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: COFYRCO CIA. FINANC. SA c/ ALLMETAL SCA s/ EJ. HIP. INC. DE NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Resulta excesivo privar al martillero de todo derecho a emolumento pese a lo descalificable o pobre que pudiera haber resultado su actuación, sin perjuicio de que se gradúe el salario de acuerdo a la efectiva calidad, extensión y mérito de la labor profesional realizada, adecuándola a guarismos que guarden congruencia con la utilidad reportada y el beneficio económico obtenido. No es posible apreciar extensivamente el supuesto contemplado en el cpr: 473, último párrafo, aplicándolo a los honorarios del martillero por una tasación, y privarlo de su remuneración.
Jurisdicción y competencia, Poder Judicial, Poder Judicial Provincial, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-04

La Constitución Nacional se ha referido a dos clases de tribunales de justicia: los nacionales y los provinciales. La competencia de los primeros, cuando actúan en territorio federal, se halla sujeta a la distribución que entre ellos haga el Congreso a los efectos de la mejor administración de justicia; por el contrario, los tribunales nacionales con asiento en las Provincias actúan con las limitaciones que impone la autonomía de éstas, a las que responde la reserva especialmente hecha con respecto a la legislación común por el art. 67, inc. 11, reiterada por el art.

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