Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-13


Salta, 13 de Marzo de 2.013 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "PEÑA, NORA DEL VALLE CONTRA FIGUEROA OUTES, GUILLERMO ALFONSO Y/O SUS SUCESORES Y/O SUS HEREDEROS FORZOSOS Y/O FIGUEROA SOLA, MARIANO Y/O FIGUEROA SOLA, GUILLERMO Y/O FIGUEROA SOLA, ALVARO Y/O FIGUEROA SOLA, CAROLINA Y/O FIGUEROA SUAQUE, VICTORIA - ORDINARIO" , EXP - 9548 / 4; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo nº 6 para resolver las vías recursivas interpuestas a fs. 319/322 vta. y a fs. 330/331 vta. y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo: La sentencia de primera instancia, por medio de la cual se rechaza la excepción de litispendencia opuesta por Ana María Suaqué en representación de su hija y la de prescripción opuesta por ella misma y por Guillermo, Mariano, Carolina y Álvaro, todos de apellido Figueroa Solá, por la que se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y se rechaza la demanda en contra de Victoria Suaqué; se rechaza la misma defensa opuesta por Ana María Suaqué y se hace lugar parcialmente a la demanda, condenándose a todos los mencionados (excepto a Victoria Suaqué) a pagar en favor de Nora del Valle Peña la suma de $21.355,38 a junio de 2.009, es objeto de las mentadas apelaciones deducidas por los codemandados Figueroa Solá y por la actora, respectivamente.

APELACIÓN DE LOS CODEMANDADOS FIGUEROA SOLÁ Tras aseverar que el pronunciamiento adolece de graves defectos de razonamiento y que resulta arbitrario, el recurrente desarrolla el contenido del primer agravio, donde critica la decisión de la Señora Jueza de desestimar la excepción de prescripción opuesta por su parte, por considerar aquella que con la interposición de la demanda el 5 de septiembre de 2.002 interrumpió la prescripción.Omitió tener presente -agrega- que la actora demandó dos veces. El primero de los reclamos (que se presentó en la mentada fecha) tramitó por expediente nº 4.774/02 y estuvo dirigido contra Guillermo Alfonso Figueroa Outes y/o sus sucesores (con domicilio en Las Palmeras nº 228 de Tres Cerritos) cuyos nombres ni domicilios no fueron denunciados, lo que lleva al apelante a concluir que no tiene efecto interruptivo: no se individualiza cuál es el reclamo, los hechos ni las personas contra las que se dirige el mismo. Advierte que al no haber cumplido el representante del actor con la intimación contenida en el último párrafo de la providencia de la actual foja 232, debió hacerse efectivo el apercibimiento del art. 120 del C.P.C.C., cuyo texto transcribe; en consecuencia, la demanda interpuesta en aquel expediente contra los codemandados de apellido Figueroa Solá debe tenerse por no presentada y por no interrumpida la prescripción respecto a ellos.

Luego de citar el art. 3.993 del C.C. y un antecedente jurisprudencial, el recurrente expresa que desde la primera presentación en el mentado expediente hasta la interposición de la segunda demanda que tramita en estos autos (el 18 de agosto de 2.004), transcurrieron veinte meses, lo que ilustra sobre el abandono o el desistimiento tácito del proceso por parte de la actora; que desde la última fecha hasta que se concretó el traslado de la demanda (el 12 de diciembre de 2.006) transcurrieron otros veintiocho meses y que la primera demanda se inició en contra de la cónyuge del causante y la segunda en contra de los hijos de ella. Cita algunos otros antecedentes.

Agrega que como la actora se consideró despedida el 6 de diciembre de 2.000 -de acuerdo a lo denunciado a fs. 7- y no el 6 de noviembre de 2.000 -como se consignó a fs. 6 vta.-, y como surge de la interpretación de los arts. 128 y 149 de la ley de contrato de trabajo, que las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo son exigibles a los cuatro días de operada, el plazo comenzó a correr el 13 de diciembre de 2.000 y la intimación fehaciente suspendió el curso de la prescripción por un año, el que finalmente se cumplió el 13 de diciembre de 2.003. Señala que en autos no sólo se dedujo la demanda cuando la acción estaba ya prescripta, sino que también se configuró el desestimiento tácito y hasta la caducidad de instancia y que a la ley le interesa brindar seguridad y estabilidad a los derechos, que si la demanda no está notificada no reúne los requisitos para que se haya entablado la relación litigiosa y, por lo tanto, no puede interrumpir la prescripción. Que lo que procuró la actora al interponer la segunda demanda fue asegurar su posición ante la posibilidad de que este Tribunal confirmara la caducidad de instancia que había sido dispuesta en primera instancia ante el planteo formulado por la señora Suasque en el otro expediente.

El segundo agravio se relaciona con que se haya decidido acumular estas actuaciones al expte. nº 4.747/02, proceso que tiene como partes a la actora y a la cónyuge superstite, pero no a sus mandantes, puesto que nunca se los demandó ni se trabó la litis en contra de ellos. Como no tuvieron participación en los autos referenciados, las actuaciones y probanzas allí cumplidas le resultan inoponibles, más aún si se dictó sentencia.

El tercero critica la decisión de haber hecho lugar parcialmente a la demanda con sustento en la prueba testimonial respecto de la que la Sentenciante no formuló análisis alguno, pues ninguno de los declarantes aportó precisiones sobre las causas de la extinción de la supuesta relación laboral y refirieron no conocer si se pagó la indemnización. Asevera el recurrente que no se tuvo en cuenta que el doctor Figueroa Outes no tomó conocimiento del envío de los telegramas aludidos ni de la demanda ni de las citaciones, que fueron realizadas estando ya fallecido él; que la propia actora se contradijo en cuanto al monto que debía percibir por diferencias de sueldo y sueldo adeudados y no probó lo que había percibido, por lo que no es posible determinar si correspondía pagar o no diferencia.Mantiene la reserva del caso federal.

El traslado de fs. 324 y vta. es contestado a fs. 332/333. Allí el actor afirma que el apelante no formula ninguna crítica respecto al criterio de la Sentenciante de que, como el plazo de prescripción se encontraba interrumpido porque el 5 de septiembre de 2.002 se había deducido demanda laboral en contra de Guillermo Figueroa Outes y/o sus sucesores, se rechazó la prescripción; que el análisis de aquél es equívoco y vacuo; que confunde la legitimación procesal de los señores Figueroa Solá como herederos del demandado del causante, puesto que ellos fueron demandados el 18 de agosto de 2.004 y notificados el 12 de diciembre de 2.006 no como demandados directos, sino como sucesores del causante; que el recurrente introduce cuestiones ajenas a su planteo inicial, se refiere a la falta de presentación de copias, formula una cita respecto del proveído de fs. 33 (actual 232), al rechazo de la revocatoria y al pronunciamiento de primera instancia de fs. 253/254, pero que nada de eso afecta el cumplimiento de denunciar los herederos porque así fue solicitado por la codemandada Suaqué; que la Sentenciante mencionó el efecto suspensivo de la intimación fehaciente al empleador, la primera interrupción que implica la presentación de la demanda el 5 de septiembre de 2.002 dirigida contra los sucesores, la segunda interrupción que representa la denuncia de herederos a fs. 28 (el 6 de diciembre de 2.002) y la última, producida el 18 de agosto de 2.004 con la presentación de esta demanda, nada de lo cual fue mencionado por los apelantes. Insiste con que éstos confunden la legitimación procesal de su parte con la del cónyuge superstite y sostiene que sobre eso fundamentan los agravios respecto a la acumulación del expte. nº 4.774/02. El tercer agravio -afirma- es inexistente, pues carece de sustento fáctico y jurídico.

I. Debo comenzar a analizar este aspecto del agravio advirtiendo que, como la consecuencia de que opere prescripción liberatoria es la pérdida de la posibilidad de reclamar civilmente un crédito, su interpretación debe ser de criterio restrictivo y más cuando se trata de un reclamo formulado por un trabajador, cuya voluntad el legislador procuró suplir a causa de su marcada hiposuficiencia en el sinalagma laboral, positivizando algunos principios doctrinarios que definen al derecho laboral como una disciplina jurídica autónoma, entre los cuales se encuentra la irrenunciabilidad, receptado en el art. 58 de la ley de contrato de trabajo. En efecto: si la intención de renunciar no se presume en una relación propia del derecho netamente privado (art. 874 del C.C.), a fortiori es posible predicar esto respecto de un vínculo jurídico laboral, que contiene elementos de orden público (ver la doctrina y el antecedente invocado en la obra de Fernández Madrid, "Tratado práctico de derecho del trabajo", t. II, p. 1.401). El apelante sostiene que la primera demanda promovida por la señora Nora del Valle Peña, que tramita por expediente nº 4.774/02 y fue agregada a fs. 200/307 vta. de estos autos supliendo la foliatura original de aquél (fs. 2/108), no tuvo efecto interruptivo del curso de la prescripción y debe tenerse por no presentada en contra de sus mandantes, es decir, los hijos del señor Guillermo Alfonso Figueroa Outes, que son, según el auto declaratorio de herederos dictado en el sucesorio de éste cuya copia obra a fs. 9 de la reserva realizada a 126 vta. de autos: Guillermo Alfonso, Carolina, Mariano Germán y Álvaro Chistian (éste último comparece por sus propios derechos) todos del mismo apellido. Así lo considera porque, luego del pronunciamiento de esta Sala obrante a fs. 253/254 de autos, quedó firme el decreto de fs. 232 (fs. 33 original) y, por lo tanto, el actor "...perdió la oportunidad de acompañar las mismas y en consecuencia no se podrá correr el traslado a los demás herederos..." (conforme lo resuelto por la Señora Juez de Primera Instancia a fs. 239).

No coincido con el argumento del recurrente, puesto que el efecto de que no hubiera podido notificarse a los hijos del causante que había sido promovido un proceso en contra de ellos, no altera la actividad procesal desarrollada por la señora Nora del Valle Peña, actividad ésta que orienta a descartar su inacción como presupuesto subjetivo para la procedencia de la prescripción liberatoria. En efecto: luego de que mediante la contestación de la demanda de fs. 220/224 por parte de la señora Ana María Suaqué se incorporara al expediente Nº 4.774/02 el dato cierto del fallecimiento del empleador y la fecha en que ello ocurrió, la actora hizo conocer a fs. 227 y vta. el nombre y el domicilio de los herederos, a fin de que se cumpliera también respecto de ellos el traslado de aquella demanda. Más allá de que lo actuado después de que se dictara la providencia de fs. 232 (en forma específica, su penúltimo párrafo) condujo a que no pudiera -al fin- concretarse ese acto procesal respecto de los señores Figueroa Outes, el curso de la prescripción quedó, en mi criterio, igualmente interrumpido con la manifestación de voluntad de la actora de mantener vivo su derecho emergente no sólo de la demanda, donde menciona como sujetos pasivos de este proceso a los sucesores de Guillermo Figueroa Outes, sino también de la denuncia precisa de los datos de aquellos luego. En efecto: la formulación de esos actos procesales resulta elocuente per se del ánimo de la actora de continuar el reclamo, lo que es independiente del conocimiento que de ellos puedan tener los deudores. El mismo criterio es sostenido por autores como Salvat y Galli en "Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general", ed. 1.956, T. XI, nº 2.133 y Llambías en "Tratado de derecho civil. parte general", ed. 1.982, t. II, p. 693, nº 2.135, citados en la nota 43 del t. 6B de Código Civil dirigido por Bueres y Highton, ed. Hammurabi).

En otros términos: tiene por esto razón la Sentenciante cuando decide atribuir a la demanda que tramita en el expte. nº 4.774/02 presentada en el Juzgado el 5 de septiembre de 2.002 (fs. 207 vta.) un efecto interruptivo que se mantuvo con la promoción del segundo proceso en expte. nº 9.548/04. Respecto a esto quiero destacar que, desde mi análisis, ésta última no representa un nuevo acto de interrupción, sino la continuidad del efecto de eliminar el tiempo transcurrido desde que la actora se consideró despedida mediante la remisión del telegrama nº 330863572 de fs. 3 de la reservada a fs. 208, hasta la iniciación de la primera demanda. Postulo lo anterior no porque piense que la interrupción del plazo sólo puede darse una vez como ocurre respecto de la suspensión del curso de la prescripción (art. 3986 del C.C.), sino porque considero que el proceso promovido en primer término no se extinguió ni por desistimiento tácito ni por caducidad de instancia, al contrario de lo que afirma el recurrente. Respecto de esto no puedo dejar de reiterar que si la intención de abdicar del procedimiento no se presume en el proceso civil (conforme el texto del art. 306 del C.P.C.), debiendo asumir la expresión positiva de la voluntad la categoría que describe el art. 917 del C.C. -que refiere "verbalmente, o por escrito, o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos"-, menos aún es posible presumírsela en el proceso laboral, donde la eficacia de este acto se encuentra condicionada -aún siendo categóricamente formulada la manifestación en ese sentido- por el cumplimiento de formalidades como la notificación personal del trabajador en el juicio y la posterior homologación judicial (conforme segundo párrafo del art. 277 de la ley de contrato de trabajo), formalidades éstas coherentes con el constitucional principio protectorio. Por ello, no resulta aceptable para mí la propuesta del apelante de considerar una invocada inactividad procesal como un desistimiento tácito, lo que se potencia si tengo en cuenta que la pretensión de la codemandada Suaqué de tener por caduca la instancia generada con la promoción de esas actuaciones a fs. 258 fue desestimada mediante fallo de esta Sala de fs. 292/293 vta.. Y siendo que la interrupción de la prescripción a causa de la interposición de una demanda se tendrá por no ocurrida sólo si el accionante desiste de ella o si se produce la caducidad de la instancia (conforme art. 3.987 del C.C.), concluyo entonces que el efecto interruptivo no se vio alterado por circunstancia alguna.Atendiendo a lo afirmado en torno a que en la promoción del expte. nº 4.774/02 la actora omitió precisar el nombre de los herederos del empleador Figueroa Outes y que ello generaría la consecuencia ya referida: más allá de que eso no es real, toda vez que denunció la identidad de ellos a fs. 227 y vta., cuando le fue requerido (fs. 226 y vta.), me remito a la doctrina invocada por la Juzgadora en torno a que aún una demanda defectuosa tiene eficacia interruptiva del curso de la prescripción: la situación procesal derivada de la forma de conclusión del proceso en el diseño adoptado por el art. 34 del C.P.L. no puede asimilarse a un supuesto de caducidad de instancia o desistimiento, únicos que contempla el ya mencionado art. 3.987 del C.C. como idóneos para aniquilar los efectos interruptivos de la promoción de la demanda. Esta tesis ha sido sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en "García de Morales, Ofelia c. Cavasso, Carlos y otros", del 10 de marzo de 1.992, publicada en ED 2/7/93 G 358-XXIII.

"La CSJN al expedirse en García de Morales, Ofelia c/ Cavasso, Carlos y otro sostuvo que el art. 67 de la ley 18345 contempla el ejercicio de una facultad saneatoria para el caso de demandas que tuvieren defectos de forma, omisiones o imprecisiones de modo que, de no subsanarse tales anomalías, la situación derivada del apercibimiento legal cae inequívocamente bajo las previsiones del art. 3986 del C. Civil que, en forma expresa atribuye virtualidad interruptiva a la prescripción de la demanda aún cuando fuera "defectuosa".... En el caso no se trata de una deserción de la instancia como la que alude el art. 3987 del C. Civil, o de un desistimiento expreso, sino de un supuesto singular y específico como el del art. 67 L.O. que se relaciona con el defecto del escrito que materializa la acción (art. 3986 C. Civil) y no con un acto volitivo concreto de abdicación, lo que resulta relevante en materia de prescripción." (transcripción del pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, del 30 de junio de 2.000 en "Aguilera, Ramón c. Fernández, Jorge - accidente").

En conclusión: si aún en casos en que se individualizó incorrectamente el nombre del demandado se acordó la mentada eficacia al acto de interponer una demanda, considerándose ese error como excusable (ver la sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Figueroa, Juan c. Adelma S.A. y otro - accidente", del 5 de julio de 1.999), resulta razonable concluir que los actos desarrollados por el actor que cuentan con entidad suficiente como para permitir concluir en su voluntad de mantener vigente el reclamo, voluntad ésta que se encuentra descripta por el propio apelante en el segundo párrafo que comienza a fs. 321 vta., donde refiere los dos procesos promovidos por la señora Peña: esta conducta resulta per se elocuente de su intención de que no se extinga el crédito del que se consideraba titular.

El segundo agravio se sustenta en que todo lo actuado en el expte. nº 4.774/02 resulta inoponible a los coherederos Figueroa Outes por no haber sido ellos demandados: en primer lugar paréceme oportuno reiterar que eso no es exacto, puesto que, por una parte, el actor menciona en el objeto (punto II de fs. 203) que la demanda se orienta en contra del causante "y/o SUCESORES", lo que se reitera en el texto del poder especial nº 1.573 (fs. 202) y, por añadidura, luego de que se introdujo en autos el dato certero de que había fallecido el señor Guillermo Alfonso Figueroa Outes y, ante la providencia de fs. 225, la señora Nora del Valle Peña informó los datos de los herederos, acto sobre cuya implicancia me expedí ut supra, habiendo destacado que efectivamente la litis no pudo trabarse respecto a aquellos.

Precisado esto, hago notar que este aspecto del memorial carece de real sustento, puesto que, como lo manifiesta el mismo apelante, el proceso que tramitó por expte. nº 4.774/02 y sobre el cual se pronunció la Juzgadora en el punto II y en el punto VI al condenar a Ana María Suaqué, tuvo solamente esa virtualidad, puesto que la condena a los coherederos Figueroa Outes resulta consecuencia de la demanda promovida en estos autos. En conclusión y conjugado con lo resuelto anteriormente: la demanda primera tuvo respecto de los codemandados Figueroa Outes la sola eficacia de interrumpir respecto de ellos el curso de la prescripción pero no la de atribuirles la condición de deudores de la actora, lo que surgió de la tramitación de estas actuaciones. Por ello, la oposición a que se hayan acumulado ambos expedientes resulta inocua, aserto éste que resulta compartible con sólo tener presente que si se dejara sin efecto la mentada acumulación, lo único que se obtendría sería que la primera demanda prosiguiera en contra de la demandada Suaqué (quien, por lo demás, consintió la sentencia) pero ninguna relevancia procesal tendría para aquellos.Atendiendo al tercer agravio, hago notar que la extinción del vínculo se definió, desde el razonamiento de la Señora Jueza, no por lo declarado por los testigos, sino por "...la falta de contestación de la intimación cursada..." (fs. 311 in fine). En otros términos: el despido se concretó mediante la remisión del telegrama 330863572 el 6 de diciembre de 2.000 al domicilio de Las Palmeras nº 228 del barrio Tres Cerritos ante la falta de respuesta al anteriormente enviado al mismo domicilio, denunciado como real por la viuda Suaqué a fs. 220 y referido por los testigos como último del causante (ver declaración de Ricardo Dangelo de fs. 145 vta. in fine/146 y de Irma Bava de fs. 148 in fine hasta mitad de fs. 149). Como ambas intimaciones fueron concretadas en la persona del empleador directo -quien no había aún fallecido, lo que ocurrió el 1 de marzo de 2.001 según la declaratoria de herederos ya identificada que en copia se reservó- las mismas fueron válidas, puesto que la actora cumplió librando los requerimientos fehacientes para que el contenido de ellos llegaran a conocimiento del demandado y no parece razonable restarles eficacia si éste no puso su diligencia para imponerse del contenido de ellos. Si bien durante ese tiempo, al parecer, el causante no se encontraba con un buen estado de salud que le permitiera atender a las intimaciones, pudo la señora Suaqué, luego de recibido el aviso de visita del cartero (ver la constancia adherida a fs. 1 de la documentación reservada a fs. 208 de autos), poner la diligencia necesaria para encontrarse en condiciones de, luego de conocer su contenido, responder al mismo, lo que no ocurrió.Pero más allá de lo analizado, el agravio de que el causante no recibió ninguna intimación ha sido introducido en esta instancia esencialmente revisora de lo actuado en primera; no encontrándose incluido este elemento en la litis, sugiero sea desestimado (arg. art. 271 del C.P.C.C.). De prosperar mi voto se rechazará en su integridad la apelación de los codemandados Figueroa Outes, con costas, por eficacia del principio objetivo receptado en el art. 67 del C.P.C.C..APELACIÓN DE LA PARTE ACTORAI. La actora se agravia por la decisión de la Señora Jueza de rechazar las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y la correspondiente a los daños generados por no haber podido percibir el fondo de desempleo. En ese sentido, advierte que la afirmación de la Juzgadora de que existe contradicción entre el monto intimado en las piezas postales y las consignadas en la planilla deriva de una interpretación arbitraria, puesto que lo que exige la ley es que se consigne la fecha de ingreso, la categoría y la remuneración, lo que se cumplió por su parte; que la indemnización se genera de pleno derecho por haber remitido la intimación fehaciente y que la circunstancia de que la remuneración sea mayor o menor es debido al fraude laboral, pero que si se confirmara lo resuelto, debe eximirse a su parte de las costas porque quedó acreditado que la empleadora negó fraudulentamente la relación. Agrega que la actora no tuvo responsabilidad en la enfermedad del demandado; que mientras éste se encontraba con vida, la actora aceptó su propuesta de solicitar una planilla de liquidación, la que luego no le fue pagada porque a la cónyuge de aquél le pareció exorbitante, luego de lo cual su parte formuló la intimación y se explicitó todo en la demanda, por lo que se puede aseverar -según el actor- que la conducta del empleador o de su cónyuge indujo a la trabajadora a colocarse en situación de despido y que si así no se considerara porque aquél se encontraba enfermo, correspondería que se exima de costas a su parte. En cuanto a los daños y perjuicios el apelante afirma que la Juzgadora omite todo análisis, puesto que está probado que la actora no podía acceder al fondo de desempleo por la falta de registración laboral ni tampoco al subsidio que hubiera debido percibir su mandante. En estos casos debe acreditarse, señala, la causa del distracto y adjuntarse los recibos de haberes, lo que resultaba imposible a la señora Flores, pues carecía de toda documentación inherente a la relación laboral. Solicita que, en caso de confirmarse lo resuelto en primera instancia, se exima de costas a su parte porque, según él, existen sobradas razones que justifican tal reclamación.El traslado de fs. 335 y vta. y 346 y vta. es contestado a fs. 349/450 y vta. en una presentación en la que los codemandados Figueroa Outes afirman que el memorial se encuentra incompleto en su redacción, lo que hace imposible su comprensión; que no constituye una crítica concreta de los fundamentos del fallo y que no puede agraviarse por falta de fundamentación de la sentencia, puesto que se encuentra claramente tratada y su fundamento es la propia ley. II. Las críticas que el apelante opone la decisión de rechazar las indemnizaciones contempladas en la ley nacional de empleo no tienen entidad para cuestionar su fundamento, que consiste en que, como existe una contradicción entre el monto de la remuneración denunciado en el telegrama nº 347445650 ($360) y el consignado en la planilla de fs. 7 y vta. ($243 desde diciembre de 1.998 hasta noviembre de 1.999) y de $247,05 (desde diciembre de 1.999) hasta agosto de 2.000, el actor no cumplió con la denuncia de las circunstancias verídicas que refiere el último párrafo del art. 11 de la ley 24.013. Destaco en primer lugar que no existió la mentada negativa fraudulenta por parte del accionado de la existencia de la relación laboral: el empleador Figueroa Outes omitió incluso retirar de la oficia de Correo Argentino los telegramas remitidos por la actora, por lo que no resulta posible aseverar literalmente que negó la existencia de la relación de trabajo, sino, en todo caso, sería posible postular que guardó silencio frente a los requerimientos contenidos en el remitido el 30 de noviembre de 2.000. No me parece serio, por otra parte, vincular el hecho de denunciar distintas remuneraciones con la existencia de un fraude, toda vez que los montos correspondientes fueron introducidos en autos por medio de manifestaciones formuladas exclusivamente por su parte en piezas postales y en la promoción del proceso, lo que desdibuja la pretensión del apelante. Pero tenemos, por otra parte, que la existencia de un supuesto fraude constituye un dato contenido en el memorial de agravios, puesto que en el texto de la demanda de fs. 5/9 no se consignó referencia ni fundamentación alguna tendiente a determinar la procedencia de los rubros reclamados ni tampoco una explicación acerca de cómo arriba a los resultados que menciona en el punto D) de fs. 7 vta., todo lo cual me orienta a desestimar este reclamo.Pero superando lo mencionado, quiero hacer notar que el reclamo de las indemnizaciones reguladas en los arts. 9 y 10 de la mencionada ley resulta categóricamente inadmisible porque ellas están previstas no para hipótesis de omisión de registración, sino de registración defectuosa: para los casos en que lo que surja de la documentación no se corresponda con lo real, sea que se trate de fecha de ingreso (art. 9) o de remuneración (art. 10), la que no se actualiza en autos, donde hubo la trabajadora no fue inscripta por el empleador.

Respecto del agravio derivado de la imposición de costas: entiendo que el concepto "circunstancias verídicas" es objeto de diversas interpretaciones y en algunos casos no resulta exigible su mención en casos de ausencia total de registro (como lo resolvió, por ejemplo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Klekl, María c. UDECA S.R.L. - despido", del 9 de febrero de 2.005). El apelante pudo haberse creído con razón válida para recurrir respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 11, por lo que sugiero que sean impuestas en primera instancia por su orden respecto del rechazo de éstas últimas y que sean confirmadas las derivadas de la desestimación de las de los arts. 9 y 10, por lo mencionado en el párrafo anterior. Con costas por su orden en esta instancia atento a que el demandado no se encontró en condiciones de contestar eficazmente el memorial del actor por haber sido impresa su presentación de manera incorrecta y, en realidad, en los hechos no hubo una real oposición de su parte.Considero que el rechazo del reclamo de la actora por daños y perjuicios debe ser revocado. Dejando de lado el incorrecto nomen iuris al que recurre el actor para individualizar este aspecto de su pretensión, considero que la fundamentación, si bien lacónica y asistemática en relación a la estructura lógica de la demanda (punto VII de fs. 8 vta.), resulta suficiente para condenar su pago. Digo eso porque lo que justifica la reparación del daño es que el hecho de haber omitido registrar a la trabajadora privó a ella de gozar de la posibilidad de percibir la prestación por desempleo: en la medida en que durante el lapso en que la relación no fue registrada, el empleador no ingresó las contribuciones destinadas a financiar el Fondo Nacional de Empleo. "Habiendo el legislador previsto en el Título IV de la ley 24.013 (DT, 1991-B, 2333) -arts. 111 a 127, inclusive- la regulación del fondo de desempleo y los aportes que corresponde efectuar al empleador, es procedente la condena impuesta para que abone el seguro respectivo, si el trabajador no pudo percibir el beneficio por falta de los aportes necesarios para su obtención" (doctrina de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Balbuena, Carlos Miguel c. Reich, Paulina y otro", del 24 de mayo de 2.006).

Propongo por ello que sea revocado el rechazo del pago de la "indemnización" referida y se condene a los codemandados a pagar la prestación por desempleo, la que debe cuantificarse tomando en cuenta que, por haber prestado servicios desde febrero de 1.989 hasta diciembre de 2.000 contaba con casi doce años de servicios durante los cuales el empleador no cumplió con las cotizaciones al Fondo Nacional de Empleo (conforme inc. c del art. 120) y que le hubiera correspondido, por ello, percibir la prestación durante doce meses (como lo dispone el art. 117 de la ley 24.013). Además, debe tenerse presente la mejor remuneración normal y habitual que debió la actora percibir durante los seis meses anteriores al distracto (conforme lo dispone el primer párrafo del art. 118 de la ley 24.013, es decir, $247,05): considerando éste último monto debería calcularse respecto de los cuatro primeros meses de acuerdo al porcentaje que publique el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 118, al 85% del quinto al octavo mes y del 70% desde el noveno mes hasta el duodécimo mes. Pero el monto mínimo y máximo que refiere el último párrafo del art. 118 de esa ley fue precisado recién en el 13 de marzo de 2.006, fecha de publicación del decreto 267, cuyo art. 1 determina el mínimo en $250, no siendo en consecuencia aplicable a un distracto producido años antes, propongo que se tenga como base el salario mínimo, vital y móvil que tuvo vigencia a la fecha del despido, es decir, al 6 de diciembre de 2.000. Ello implica $200 (según resolución 2/93 del C.N.E.P.S.M.V.M.) para los cuatros primeros meses, $170 para los meses comprendidos entre el quinto y el octavo y $140 para los meses comprendidos entre el noveno y el décimo segundo, lo que arroja la suma de $2.040, que, a junio de 2.009 y aplicando la tasa activa de interés promedio mensual del Banco de la Nación Argentina, que no fue objeto de agravio, importa la suma de $6.042,68 que sugiero se condene a pagar a los codemandados.

Con costas por su orden en esta instancia porque, como ya lo expresé, no hubo una real oposición del apelado.

En conclusión: propongo que se haga lugar parcialmente a la apelación de la parte actora y a) se modifique la imposición de costas dispuesta en primer instancia respecto al rechazo de las indemnizaciones previstas en la ley 24.013 en la forma ya descripta y b) se incremente en la suma de $6.042,68 la condena de primera instancia, por lo que deberá progresar la demanda por la suma de $27.398,06, con costas por su orden en esta instancia (segundo párr. del art. 67 del C.P.C.C.). Propongo igualmente rechazar lo demás que fue objeto de agravio, también con costas por su orden por la ya referida circunstancia.

La Dra. Ana María Guadalupe Varela dijo:

Disiento con el voto de la señora vocal preopinante, solo en relación al último agravio del recurso interpuesto por la parte actora, ello por cuanto desde mi análisis el reclamo por daños y perjuicios por falta de percepción de subsidio por desempleo, resulta improcedente por los fundamentos que paso a exponer.- En primer término, debo recordar que como lo ha sostenido esta Sala en reiterados pronunciamientos, el escrito de demanda debe contener todos los requisitos establecidos en el artículo 32 de la ley Nº 5298 y sus modificatorios. La recurrente, al narrar los hechos, al referirse a fs. 8 vta. al beneficio del subsidio por desempleo, articula su planteo como hipotético, no lo encuadra en un hecho determinado, como que haya solicitado la percepción de aquél y que la misma le haya sido denegada, sino que se limitó a solicitar informativa al A.N.S.e S., prueba ésta que no fue proveída en primera instancia, habiendo consentido la apelante tal omisión.- Que el artículo 2 de la ley 24.013 establece entre sus objetivos, entre otros, organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados. En cuanto al trámite para percibir el subsidio, el inciso f) del artículo 113 de la ley 24.013 dispone el requisito de haber solicitado el otorgamiento de la prestación en los plazos y forma que corresponda, hecho éste no alegado, ni probado en autos. Al respecto especifica Chirinos: "Finalmente, el trabajador debe solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponda. En cuanto al plazo, éste debe ser dentro de los 90 días a contar desde el cese laboral. .Respecto de las formas que se deben cumplir, el trabajador al momento de la solicitud ante el órgano gestor (ANSeS) tiene que presentar la siguiente documentación: DNI, LE ó LC.

En caso de resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa (art. 242 LCT): telegrama/s de desvinculación laboral por denuncia del trabajador fundada en justa causa y formulario PS. 3.2 "Requerimiento de Actuación Administrativa Prestación por Desempleo".- Cuando exista duda sobre justa causa de despido, ANSeS a través de la UDAI requerirá la intervención sumaria de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para acreditar la situación legal de desempleo.- . Declaración Jurada para el inicio del trámite por la prestación por desempleo (Formulario PS. 3.23) .- (Tratado de la Seguridad Social- Bernabé Lino Chirinos - T. II, págs. 80 y 81 - Ed. La Ley año 2009).- Por ello, en virtud de los fundamentos expuestos, normas legales y doctrina citadas, voto por el rechazo de éste agravio, con costas a la parte actora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 del C.P.C.C.

El Dr. Álvaro Figueroa dijo: adhiero al voto de la Dra. Varela.

Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. Rechazar la apelación del demandado en su integridad, con costas.

II. Hacer lugar parcialmente a la apelación de la actora y, en consecuencia modificar la imposición de costas en primera instancia respecto del rechazo de las indemnizaciones derivadas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, las que son impuestas por su orden, con costas por su orden en esta instancia. Rechazar lo demás que fue objeto de agravio, con costas por su orden respecto del agravio por el rechazo de las indemnizaciones derivadas de la ley 24.013 y con costas al actor respecto del agravio por el rechazo del rubro daños y perjuicios.III. Tener presente la reserva constitucional formulada a fs. 322 vta..

IV. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.

V. Mandar se copie, registre, notifique y que bajen estos autos al Juzgado de origen.