marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Laciana, Carlos s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

Corresponde rechazar el agravio relativo a que la sentencia habría omitido especificar los años que el ente previsional debía considerar para determinar el haber inicial ya que, aún cuando el fallo no lo especifique expresamente, de sus términos surge de modo inequívoco que, una vez efectuados los cálculos que ordena y obtenidos los resultados, se deberán tomar los tres mejores años, de acuerdo a lo establecido en el art. 49 de la ley 18.037.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, mandato, forma del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: URIBURU, MARCELO MARIO c/ CABIDO GIL, SIMON Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

Por aplicación del principio de libertad de formas, aplicado específicamente al mandato por el art. 1873 del Código Civil, el poder para otorgar boleto de compraventa puede ser expreso -y, en este caso, escrito o verbal- y aún tácito, bajo la comprensión de que la parte final del art. 1184, inc. 7 del Código citado, no impone una exigencia formal tendiente a asegurar la libre prestación del consentimiento por el mandante -que desde ese punto de vista no requiere recaudos formales estrictos- sino para justificar la legitimidad de los títulos de adquisición de inmuebles.
Prescindibilidad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez Santos, Eugenio G. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

Es insuficiente la mera invocación de razones de mejor servicio como causa fundante del acto de prescindibilidad, en tanto la decisión especialmente delicada de separar a un agente de su cargo, debe apoyarse en razones suficientes, precisas y causales, con el debido resguardo del derecho de defensa, las que no se suplen por la sola invocación del concepto genérico que expresa la ley respectiva ni mucho menos, por la mera cita de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, sistema acusatorio, principio de congruencia, acusación fiscal, sentencia, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, modificación del objeto del proceso, declaración de oficio, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, L. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-05

En el caso, se observa que el acusador entendió que los distintos hechos imputados, por los que se infringen los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Nro. 255, conforman una actividad que realiza el mismo tipo de ilícito constituyendo una unidad jurídica de acción.

Por su parte la juzgadora, dedujo que no se trataba de una unidad jurídica de acción, entendida como contravención continua, sino que en realidad se encontraba ante una de carácter permanente, efectuando en este sentido una construcción jurídica de pensamiento a través de la cual concluye que en muchos casos se utiliza el concepto de contravención continuada para referirse a una contravención de carácter permanente. Así la imputación efectuada por un hecho continuado en el tiempo fue mutando en manos de la juzgadora, convirtiéndose en imputaciones dirigidas a tres hechos diferentes.

Estas circunstancias, denotan una intención de la juzgadora por enderezar la acusación supliendo así, la voluntad del acusador público, quien no previó en ningún momento la posibilidad, aún en forma subsidiaria, de efectuar imputación alguna por tres hechos independientes. Entendemos al respecto, que si ello hubiese ocurrido, el resultado del proceso podría ser pasible de confirmación en esta Instancia, pero al estar dirigida la acusación a un hecho de carácter continuo, el objeto de juicio no puede ser otro.

Así puede colegirse que el imputado ha sido colocado en un estado de indefensión, ya que aquél no pudo prever que sería condenado por un ilícito contravencional que no se le reprochó en las oportunas etapas procesales y en consecuencia, nada pudo alegar respecto de ella.

Cabe concluir que la sentencia dictada en autos no ha cumplido acabadamente con los principios constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, siendo pasible de nulidad en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad y del artículo 168 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en la especie, y como limitación a la arbitrariedad punitiva observada en los presentes, habremos de declarar de oficio, la nulidad de la sentencia en crisis, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Código Contravencional habremos de absolver al encartado. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Estado Provincial, remuneración del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuellar, Carlos Marcelo s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-07-21

No puede negarse a una Provincia la potestad para establecer que la dignidad del salario de un juez no debe ser entendida como negación de la necesaria cuota de solidaridad para con los demás habitantes de esa Provincia, y que en función de ello debe admitirse cierta posibilidad de reducción.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, locación, concesión administrativa, recibo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ ENCINA, CARLOS M. s/ DESALOJO - MEDIDA PREVIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

En lo referente al vínculo contractual, frente a la conducta observada por las partes, cabe destacar que en el primitivo contrato y su prórroga, la relación fue calificada como "contrato de arrendamiento" de naturaleza "precaria" y el precio fue denominado "alquiler", no haciéndose alusión alguna a la figura de la "concesión". No habiéndose demostrado que se trate de un bien del dominio público, el contrato debe ser entendido como las partes lo hicieron durante 25 años: como un contrato de locación. Si bien algunos recibos fueron extendidos por canon de concesión, no cabe extraer como consecuencia que fue ésa la verdadera naturaleza del contrato, porque no es el recibo un documento que pueda alterar las bases contractuales y porque también se otorgaron recibos en concepto de "alquiler", de manera que no hay una conducta inequívoca con aptitud como para extraer consecuencias jurídicamente relevantes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Portero, Sara Elisa c/ Cíclope S.A.C.I.F.A.C.I. s/ Daños y perjuicios Zalazar, Paulina c/ Moreno, Carlos s/ Daños y perjuicios Manzone de García, Olga Beatriz c/ Loyola, Marcelo Carlos s/ Daños y perjuicios González, Modesto y otros c/ Moreno, Carlos y otro s/ Acción de repetición Herrera, Alcira Cándida c/ Buiatti, Aldo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1989-07-07|1990-12-28|1991-08-20|1994-03-08

No basta invocar el absurdo, sino que hay que demostrarlo cabalmente, lo que, precisamente por ser tal, podría ser hecho en pocas palabras.
Pena, atenuantes de la pena, violación
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, José Anibal s/ Amenazas y Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-13

Actúan como atenuantes a) la falta de cultura del procesado;

b) la falta de antecedentes penales; c) la miseria y promiscuidad en que vivía y d) porque las condiciones de vida de nuestras colonias o zonas rurales hacen difícil asimilar las reglas mínimas de convivencia social. El trato sexual o intersexual en estas comunidades es reducido, llegando a los límites de lo inexistente.

Y de este modo y en este medio no resulta difícil deducir que la naturaleza instintiva animal del victimario no ha podido sublimarse por su poquísima educación y el escaso trato social que lo llevan a un estado psicológico rayano con la oligofrenia cultural. El victimario es un producto de hombre social de la despoblada región del interior, tímido, poco comunicativo, ignorante, no sociable, queriendo tal vez de ése modo a veces eludir el contacto social que lo circunda, y otras la instintiva y natural de afectos y de cópulas carnales para satisfacer los instintos animales que subyacen en cada uno de nosotros.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, personal policial, cesantía, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, JOSE MARCOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-01

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que los razonamientos de la quejosa afirmando que no se probó la negligencia del actor ni existió desproporción en la sanción de cesantía y que la Cámara extralimitó sus facultades y se subrogó en las potestades discrecionales de la Administración en materia disciplinaria, sólo intentan oponer una singular interpretación de las circunstancias fácticas, de las normas en juego y de las constancias de la causa, no demostrando -en las particularidades del sub examine- cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce ni tampoco la decisividad de sus planteos, a fin de lograr la descalificación constitucional de la sentencia que declaró procedente el recurso contencioso administrativo resolviendo reincorporar al actor y pagarle haberes caídos desde la cesantía.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

"Se debe ser muy cauteloso cuando se trata de responsabilizar al Estado por sus actos omisivos pues otro criterio puede conducir a absurdas conclusiones. En efecto, dice, el Estado debiera cumplir proveyendo de todo cuanto interesa a la sociedad pues teóricamente, de él se esperan todas las medidas aptas para defender el bienestar de la colectividad y de los individuos; entonces ante la mayoría de los sucesos dañosos, siempre sería posible al lesionado reclamar por la omisión estatal, así debería responder por los asaltos en las plazas públicas, por hechos de la naturaleza que no fueren previstos, tales como anegamientos producidos por grandes lluvias, inundaciones producidas por ríos a los cuales no se canalizó debidamente o se rectificó su curso, etc.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSA, RUBEN c/ RADIO EMISORA CULTURAL  S.A.  LS5 RADIO RIVADAVIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-03

El inc. 2 del art. 212 del CPCCN, que condiciona la pertinencia de la medida cautelar a que el derecho alegado resulta verosímil en base a una presunción procesal, no resulta aplicable cuando la decisión que resuelve la contumancia confesional se encuentra pendiente en un recurso que se tuvo presente en los términos del art. 110 de la LO. La norma en cuestión contempla una forma de excepción a la regla general, toda vez que tampoco puede asimilarse al supuesto contemplado por el inc. b) del art. 62 de la LO, falta de contestación de la demanda, y por ello no libera de la realización de una evaluación de la apariencia de verosimilitud desde un punto de vista restrictivo.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación, interpretación de la ley, jurisprudencia, doctrina, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Herrera, Daniel Antonio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Victor M. Pinto en Expte. Nº 52/05 Herrera Daniel Antonio s.a. Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en Concurso Ideal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-04

Se interpone recurso de casación contra un auto interlocutorio dictado por el Sr. Juez Correccional que rechazó el pedido de la defensa del imputado de la suspensión del juicio a prueba, por entender que la "probation" es únicamente viable para delitos que no prevean la pena de inhabilitación como principal o conjunta.

Ante los problemas interpretativos planteados a raíz de las ambigüedades y aparentes contradicciones del texto legal, cabe adoptar los argumentos brindados por la C.S.J.N. en el voto mayoritario del Acuerdo Plenario Nro. 5, "KOSUTA, Teresa R. s/ recurso de casación" y en "Vera González, Alcides J. c. Radio y Televisión Riojana S.E. y otra", en los que, entre otras afirmaciones, al referirse al alcance que cabe otorgar a la ley 24.316 sostiene:

"..el referido dispositivo legal no efectúa distinción alguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal, conjunta o alternativa; ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión.. el contenido concreto de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra establecida sanción de inhabilitación...".

Consecuentemente con lo desarrollado, no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación, debiendo destacarse que no existe en la ley positiva actual ningún delito conminado con pena de prisión e inhabilitación en forma alternativa (De la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino", Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, p. 225).

En consecuencia, es correcta la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas enrostrados al imputado y corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Escrituración, sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: JAIME HECTOR A. c/ SILBERBERG EDELSTEIN CECILIO Y BERGUER JORGE A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

Si sólo se reclamó la escrituración sin formular ninguna pretensión subsidiaria para el supuesto de ser aquella imposible, ante la propia aseveración del accionante de que el inmueble había sido rematado por orden de un Juzgado de otro fuero, no cabe otra solución que el rechazo de la demanda, porque no es posible condenar a escriturar lo que ya fue transmitido a un tercero y tampoco hay otra condena supletoria de la pretendida en la demanda.
Denegatoria del recurso, prisión preventiva, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Muiña, Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-07

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra el pronunciamiento que dispuso restituir la prisión preventiva que pesara sobre el encartado y ordenar su inmediata detención, pues los jueces de la instancia anterior efectuaron un examen integral de las constancias obrantes en autos, observando las condiciones personales del imputado y los riesgos procesales que habilitan y justifican la necesidad de la medida cautelar dispuesta por el a quo, sin que la defensa haya logrado rebatir lo dispuesto por el tribunal en los fundamentos brindados en su resolución y, contrariamente a lo afirmado por la defensa, las cuestiones atinentes a los efectos de los recursos contra los autos que disponen el sobreseimiento, es de aplicación al caso lo normado por el art. 337 2º párrafo del CPPN. Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani.
Daños y perjuicios, responsabilidad de entidades deportivas, responsabilidad objetiva, partido de fútbol
Materia: CIVIL
Carátula: Randi, Lucas c/ San Lorenzo de Almagro y otros s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-27

Las organizadoras de un partido de fútbol deben responder por las lesiones - fractura maxilar - padecidas por un espectador a quien, durante un altercado, le propinaron un golpe de puño, pues el damnificado demostró haber sufrido el daño durante el encuentro deportivo y las emplazadas no aportaron elemento alguno que pueda tornar viable la fractura del nexo causal, máxime cuando el accionar de terceros dentro del estadio tampoco configura supuesto de excepción de responsabilidad frente a la víctima.
Costas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Blanco, Blanca Rosa c/ Cha-Cos distribuidora y/o Nilda Massin y/o Miguel Alberto Ferreyra y /o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-30

En cuanto a la imposición de las costas del juicio, en base a lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en el caso "Robledo c /Pliauzer", sentencia N.41, dictada por vía de inaplicabilidad de Ley, por tanto vinculante, se establece el criterio de que vencido es quién ha dado lugar al pleito, aunque la demanda prospere en menor medida que la pretendida.
Acciones de filiación, impugnación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: ASESORIA DE FAMILIA E INCAPACES c/ S., J. D. s/ Acción de impugnación de Filiación extramatrimonial y Acción de reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Existe legitimación activa para promover la acción de impugnación del reconocimiento de paternidad pues el art. 263 del Código Civil faculta al hijo y también a "los demás interesados".

Así, la legitimación activa para obrar es amplia. Pueden promover la acción el propio hijo y todos los que tengan un interés legítimo, sea moral o material. Entre los otros interesados, mencionamos: ... quienes aleguen ser padre o madre del reconocido.

Tocante a la legitimación pasiva, hay que tener en cuenta que en un proceso de estado de familia deben intervenir de manera ineludible todas las personas que pueden ver afectado su estado como consecuencia de la sentencia que allí deba dictarse.

Por lo tanto, en todos los supuestos en que se esté discutiendo el emplazamiento o el desplazamiento de un estado de familia determinado, deberán intervenir en calidad de partes todas las personas que puedan ver modificado su estado de familia como consecuencia de la sentencia, o bien, que deben ejercer su derecho de defensa porque su conducta resulta cuestionada.
Responsabilidad del banco, falta de prueba, indemnización, ley de defensa del consumidor
Materia: BANCARIO-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salguero Rotela, Diana Jessica  c/ Banco Patagonia Sa s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

Así, y sin perjuicio del incumplimiento objetivo de la entidad bancaria, se entiende que no se ha demostrado que su actuación haya configurado un deliberado y desaprensivo proceder o tenga una entidad generalizada que amerite la aplicación de una sanción que no persigue fines indemnizatorios sino de disuasión y prevención. Tampoco se le ha endilgado un incumplimiento concreto realizado con el ánimo subjetivo requerido para la procedencia de la solución de la LDC 52 bis.
Intereses compensatorios, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ Daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Los intereses relativos a la obligación de reparar por parte del responsable del hecho dañoso, surgida una vez producido un daño, ya sea su fuente contractual o extracontractual- son de carácter resarcitorio, y forman parte de esa obligación, ya que resultan necesarios para compensar la diferencia entre el valor actual del monto indemnizatorio y el valor que habría tenido, de otorgarse al momento de la aparición del daño. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz y Silvina Manes).
Compraventa, nulidad relativa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ OSADCIA, JUAN ALBERTO c/ DI TELLA, LUCIANO NICOLAS EN REPRESENTACION DE PUNTA DE AGUA S.A.A.C.e I. Y OTRO s/ ORDINARIO-LESION SUBJETIVA-EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-08-03

En el ámbito civil, en principio, la venta de cosa ajena es nula, y dicha nulidad es relativa, pues no se encuentra interesado el orden público, ya que la venta comercial de cosa ajena es válida a tenor del artículo 453 del Código de Comercio.
Prueba, extraña jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: IANNICCARI, Bruno c/ Cielos del Sur S.A. Austral s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

Toda actuación de prueba a cumplirse en extraña jurisdicción, prevista y regulada por la ley ritual, que es el derecho procesal aplicable, "es parte del proceso, y por ende, de la instancia".
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad, perito médico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GHIGO, FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

El cuestionamiento acerca del baremo utilizado, introducido en la expresión de agravios interpuesta por ante la alzada, resulta extemporáneo por encontrarse consentido el método utilizado por el perito, y no poder resolver en esta etapa a una instancia ya precluída.
Recurso contencioso administrativo, verosimilitud del derecho invocado, Municipalidad, facultades tributarias, bienes públicos del Estado, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Litoral Gas SA c/ Municipalidad de Arroyo Seco s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (EXPTE CSJ Nº   172-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

El "fumus boni iuris" constituye la piedra de toque del sistema cautelar establecido por la ley 11330, y en diversos precedentes la Corte ha relacionado la verosimilitud del derecho con las razones invocadas por la Administración, ya en el acto impugnado, ya en la contestación del pedido cautelar. En la especie, frente a la afirmación de la actora de acuerdo a la cual se encuentra eximida del tributo municipal por Derecho de Ocupación del Dominio Público en razón de lo normado por el artículo 22 de la ley 24076 -marco regulatorio del gas- y su reglamentación aprobada por decreto 1738/92, en tanto remite a los derechos previstos por el Código de Minería, los argumentos expuestos por la Administración en el acto impugnado no son desechables liminarmente, en cuanto sostiene que tanto la ley, como su reglamentación, cuanto sus remisiones a la ley 17319 y al Código de Minería, no establecen exención alguna. Por el contrario, las mismas se refieren exclusivamente al supuesto de las servidumbres administrativas, el cual es enteramente distinto a nuestro caso. Del párrafo inicial del artículo 22 del decreto 1738/9 2 surge palmariamente y sin dejar lugar a duda, que la remisión que realiza la norma está referida en forma excluyente al tema de las servidumbres administrativas, circunstancia que obviamente hace razonable el reenvío al Código de Minería. En tal sentido son dos cosas totalmente distintas la ocupación a título de servidumbre para instalar la red, aspecto éste que es objeto de la legislación citada por la accionada, de la tributación generada en virtud de facultades propias de contralor que tienen los Municipios sobre los agentes que operan dentro del radio de su jurisdicción, especialmente si se repara en que la exención tiene carácter excepcional y debe provenir de una manifestación expresa de voluntad y no de meras inferencias.