Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-28


NEUQUEN, 28 de julio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ROCHA AURELIA C/ NAVARRO MARIA CRISTINA S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION", (Expte. Nº 385853/9), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 498/500 que hace lugar al desalojo, se alza la demandada, expresando sus agravios a fs. 512/515, obrando a fs. 519/523 la contestación de agravios de la actora.

Sostiene la apelante que la sentencia principia con un error de encuadre jurídico acerca del vínculo que unió a las partes, pues si bien inicialmente se habría iniciado como un comodato luego su parte intervirtió el título y se convirtió en poseedora.

Enumera las pruebas que a su juicio acreditan la posesión de su parte señalando dictámenes administrativos, testigos, tomas fotográficas de las mejoras realizadas y un interdicto de obra nueva promovido en su contra que fue rechazado por haber transcurrido el plazo legal para intentarlo.

Agrega que de la sentencia surge que está probado que su parte comenzó a ser poseedora antes de mayo de 2006.

En segundo lugar se agravia por lo que entiende ha sido una absurda valoración de la prueba por parte del sentenciante, pues su parte no debía probar la simulación respecto al comodato sino la posesión, cuestión que repite se encuentra acabadamente acreditada resaltando que para intervertir el título y comenzar a poseer no se requiere de ninguna autorización.

Hace referencia nuevamente aquí al préstamo que le otorgó ADUS para ampliar la vivienda y que pese a que el IPVUN intimó a destruir la construcción bajo apercibimiento de acciones legales nunca efectuó ninguna acción, aún cuando a esa fecha aquel era el titular dominial.

En tercer lugar señala que de haberse interpuesto la acción reivindicatoria no se habría incurrido en la violación de su derecho de defensa tal como ocurrió -a su juicio- en el presente proceso, en el cual se le negó a su parte reconvenir por las mejoras realizadas al inmueble y de esa manera.

A fs. 520/523 obra la contestación de los agravios afirmando la actora que el encuadre jurídico es correcto pues la cesión de derechos invocada por la demandada no ha sido probada, agregando que ocurre lo contrario con el comodato el cual sí está probado por los expedientes administrativos y las testimoniales.

Agrega que la alegada posesión por parte de la apelante fue correctamente evaluada por el sentenciante, habiendo decidido que ello carecía de relevancia frente al rechazo de la adjudicación por parte del IPVUN y el otorgamiento de la escritura a favor de la actora.

Por último expresa, en relación a la violación del derecho de defensa alegado por la demandada, que el mismo debe desestimarse atento a que durante todo el proceso el mismo fue ejercido plenamente por aquella, destacando una conducta contradictoria por parte de aquella al afirmar por un lado que poseía con ánimo de dueño y por otro reclamar reformas en el inmueble reconociendo así el señorío de la cosa en otro.

Solicita que se rechace el recurso y se confirme la sentencia apelada.

A fs. 525/528 se presenta en esta instancia la demandada denunciando como hecho nuevo la Resolución Nº 360/11 del Instituto Provincial de la Vivienda en la que -según señala- dicho organismo reconoce la interversión del título por parte de la demandada.

II.- En primer lugar entiendo que no corresponde la admisión del hecho nuevo denunciado pues lo resuelto en el expediente administrativo no le puede ser oponible a la actora en esta instancia judicial, como tampoco resulta vinculante para el suscripto la apreciación de la autoridad administrativa, quien vale decir ha sido un tanto equívoca y confusa en sus dictámenes y conductas en relación a la vivienda cuyo desalojo aquí se pretende.

Sentado lo que antecede y respecto del agravio relativo al erróneo encuadre normativo entiendo que no le asiste razón a la recurrente.

En tal sentido es correcto pues se encuentra reconocido que el ingreso de la demandada al inmueble tuvo su origen en un comodato cuya autenticidad no pudo ser desvirtuada, en el cual se acordara expresamente en la cláusula tercera "Los gastos de mantenimiento, de provisión de energía y teléfonos están a cargo del Comodatario, así como las tasa municipales, de E.P.A.S y el Impuesto Inmobiliario. Las cargas fiscales serán abonadas por el Comodante y reembolsadas por el Comodatario dentro de los cinco días a cada comunicación fehaciente de cada pago." De este modo y aún teniendo en cuenta que el sólo pago de servicios e impuestos no es suficiente para acreditar la posesión, en el caso específico de autos no sólo que no prueba la posesión, sino que específicamente concurre a comprobar el cumplimiento de una de las cláusulas del convenio por el cual la demandada ocupaba el inmueble.

Luego y con respecto a la existencia de la construcción, respecto de la cual la apelante insiste en el carácter de acto posesorio que tendría la misma, ya que: "nadie se endeuda para construir en un inmueble que no es suyo o en el cual reconoce en otro la titularidad del dominio o la posesión." es preciso tener en cuenta que si bien la "construcción" es catalogada como un acto posesorio por el artículo 2384 del Código Civil, también es cierto que no cualquier construcción adquiere esa calificación pues es preciso enfocarse en las características de lo construido teniendo en cuenta la naturaleza y destino de la cosa.

De esta manera encuentro imprescindible señalar que en las distintas declaraciones efectuadas ante el organismo administrativo la demandada indica que la construcción aludida se relaciona estrechamente con un requerimiento de seguridad respecto a la entrada del inmueble y luego respecto al baño no queda claro si se trata de un baño nuevo o la refacción de uno existente.

Todo lo expresado, aunado al concreto conocimiento de la misma respecto a que la construcción excedía los límites del inmueble cedido en comodato -invadiendo espacios comunes- dan cuenta de un cierto desdén respecto a la normativa que deben respetar los propietarios del lugar y en consecuencia más que referir una intención de permanecer, refieren el interés de resguardar su seguridad mientras se encontrara ocupando la vivienda, despreocupándose así de la suerte del inmueble una vez transcurrido ese plazo.

Por otra parte vale destacar que en el antecedente invocado por la apelante para sustentar su posición lo afirmado allí en realidad invalida su postura pues lo decidido fue: ". la presentación del demandado ante el IPVU impulsando la desadjudicación de la vivienda a la actora, y su reemplazo por el denunciante, importa un amago de interversión del título, por cuanto exterioriza la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa (art. 2458 cód. civ.) pero para que pudiese considerarse consumada, los actos de alzamiento deben producir el efecto privativo de la posesión." Y agregábamos: "En la especie, la actuación administrativa del accionado ha importado el reconocimiento explícito de que detentaba la cosa por concesión de la actora, sin haber llegado a obtener la desadjudicación que conforma el título o causa de la posesión conservada en cabeza de la accionante "solo ánimo" (Conf. Musto, Nestor Jorge, "Derechos Reales", t.I, págs. 211 y sgtes.)".

Así, de conformidad a lo expuesto y teniendo presente que lo dirimente para acceder al desalojo es determinar la calidad en que el demandado detentaba la cosa y si en función de la causa de la detentación ésta estaba obligada a restituirla, entiendo que la sentencia de grado ha efectuado un correcto encuadre normativo de la cuestión en la figura del comodato el cual se encuentra probado y subsistente, propongo al Acuerdo el rechazo del recurso y la confirmación del fallo apelado, con costas a la apelante vencida, supeditando la regulación de los honorarios de Alzada a la previa de primera instancia (art. 15 LA). Tal mi voto.

La Dra. Patricia Clerici dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia de fs. 498/500 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

III.- Diferir la regulación de honorarios profesionales correspondientes a esta Instancia hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 15, LA).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia Clerici Dr. Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 161 - Tº IV - Fº 792 / 794 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011