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Asociación ilícita, bien jurídico protegido, actos preparatorios
Materia: PENAL
Carátula: "CALLEJAS HONORES, Mariana I. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-12

El principio según el cual los actos preparatorios no son punibles no es absoluto. Él tiene su limite en aquellos casos en los que tales actos tienen una cualidad tal que exigen una intervención especialmente anticipada, pues de otro modo, la pena carecería de toda eficacia, o bien, por tratarse de actos de una alta peligrosidad, con independencia de que el autor tenga proyectado la comisión de un delito determinado (Ziffer, Patricia; "El delito de asociación ilícita", Ed. Ad-Hoc, 2005, pág 216). En esa línea argumental se ha sostenido que la asociación ilícita afecta la tranquilidad pública por la inquietud que produce la existencia de asociaciones cuyo objetivo es la comisión de delitos. La unión de individuos para llevar a cabo semejante fin, es ya suficiente, por la potencialidad criminal que le es inherente, efecto que Nuñez ilustra con la expresión "la unión hace la fuerza" (Nuñez, Ricardo; "Derecho Penal Argentino"; Ed. Lerner; Córdoba, 1971, Tomo IV, pág. 174).Más allá de la nocividad genérica de cualquier organización para delinquir, que ya per se fundamenta su punibilidad para gran parte de la doctrina -entre ellos Soler, Sebastián; "Derecho Penal Argentino", Ed. TEA, Buenos Aires, 1978, Tomo IV, pág 591-, corresponde poner de resalto que las asociaciones criminales como la que se analiza en esta causa presentan, como característica, una peligrosidad más intensa y que va más allá de mera preparación de delitos en un grupo de personas, donde el disvalor de la conducta justifica más claramente, conforme al criterio expuesto, una intervención especialmente temprana.

Tal es el caso de una "organización criminosa que integraba una estructura de poder y que no era un poder cualquiera sino que se trataba de una parte importante del aparato represivo de quienes se habían apoderado, mediante el derrocamiento por la violencia de las autoridades legítimas, del gobierno de un Estado extranjero" (causa n° 529, "Arancibia Clavel", rta el 27/11/2000, Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6), con procedimientos capaces de potenciar la peligrosidad del grupo (falsas identidades, falsificación de documentos, uso y tráfico de armas), generando, por tanto, una situación de menoscabo del orden y la tranquilidad pública para que el tipo penal del artículo 210 del Código Penal pretende evitar. De este modo, a partir de los criterios sentados respecto del enjuiciamiento de peligro propio de la figura en cuestión y en virtud de los hechos analizados, debe concluirse a priori que han creado un riesgo de menoscabo para el bien jurídico tutelado toda vez que se puso a un número de particulares imposible de determinar ex ante en una situación de peligro respecto a la posibilidad de ser víctimas de ilícitos.
Contratos asociativos, abogados, remuneración
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROUGES JORGE LUIS c/ HAGLESTROM ARNOLDO ALLAN ALFREDO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25

La realidad muestra que pueden existir otras formas de organización de una comunidad de intereses, que no necesariamente trascienden como sociedad. Esto significa que no sólo mediante las formas típicamente societarias puede satisfacerse el interés de un grupo de personas, que resuelvan asociarse haciendo aportes al servicio de una actividad en común, para la obtención de una finalidad.

Tales relaciones se proyectan entre los asociados, imponiendo derechos y obligaciones; y se presentan cada vez con mayor frecuencia en las actividades profesionales, bajo la forma de contratos asociativos.

La Sala a quo destacó que la actividad del abogado frente a su cliente no siempre puede calificarse del mismo modo pues, tratándose de una profesión liberal, no es posible aplicar automática y genéricamente las reglas de figuras jurídicas tipificadas como la locación de obra o de servicios, o el mandato; aunque en determinados supuestos la relación profesional pueda tener identidad con algún contrato típico.

A su vez, la doctrina ha señalado las notables transformaciones operadas en el modo de ejercer las profesiones de abogado y procurador: El abogado tradicional que ejerce en forma individual y abarca todos los campos del derecho, va dejando paso a la conformación de estudios jurídicos integrados por profesionales asociados y/o subordinados, donde la labor se subdivide por áreas (del derecho o funcionales). Resulta frecuente compartir la atención y servicio de un asunto específico.

Por otra parte, estamos ante el auge de abogados de empresas, compañías de seguros, del Estado, y otros que prestan servicios de tiempo completo en relación de dependencia.

Comienza también a diferenciarse cada vez con mayor nitidez la tarea de abogados que cumplen exclusivamente una función de consulta. Las interconsultas pagadas entre profesionales, antes extrañas a nuestro medio, son hoy moneda corriente y tienden a profundizarse ante la necesidad de un mejor y más eficaz servicio de justicia.. Se ha llegado a formas inéditas de remuneración como es la de facturar servicios profesionales, en función del tiempo empleado, o a los hoy frecuentes convenios de honorarios por atención global de un asunto, o la participación en el resultado del litigio.
Daños y perjuicios, víctima menor de edad, responsabilidad penal, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: Scamarcia, Mabel y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es responsable el agente policial si, según surge de la causa penal, su conducta fue la causa eficiente del daño ocasionado al menor a raíz de un disparo.
Recurso extraordinario, desistimiento, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Basualdo, Julio Eduardo y otros c/ Nahuel Service S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si después de la presentación del recurso de hecho, los interesados depositaron las sumas resultantes de la liquidación sin formular en dicho acto reserva de continuar con el trámite de la queja cabe atribuir a tal proceder el carácter de desestimiento tácito de la impugnación (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-.
Ejecución de honorarios, intimación de pago, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: DANESI OSVALDO HUGO c/ BANCO DEL TUCUMAN S.A. s/ ACCION DE AMPARO (INC. DE EJECUCION DE HONORARIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14

Habiéndose intimado al pago de honorarios dentro del proceso de ejecución de los mismos, éste debe concluir con un pronunciamiento en el que se considerará la incidencia del pago efectuado con posterioridad a tal intimación.
Jueces, obligaciones, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: NOGALO, JOSE c/ SWIFT ARMOUR s/ COBRO DE AUSTRALES - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  471-93) ACEVEDO, IRMA S c/ SWIFT ARMOUR SA s/ QUEJA  POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 541-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-20|1996-09-11

Si bien la norma del artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que "El juez no estará obligado a seguir el dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su criterio", ello no significa atribuirle la facultad de la libre convicción, sino que debe ceñirse a las reglas de la sana crítica.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, recusación con causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 521-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

El artículo 12 de la ley 10160, al establecer que "los ministros no pueden ser recusados sin causa" consagra un régimen de excepción sobre la materia, en la que por ende deben vigorizarse las exigencias de la actividad recusatoria. De la misma manera lo ha resuelto el Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo que: "En la recusación con causa de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la causal invocada debe tener, en el caso concreto, fundamento fáctico pleno y la recusación debe ser clara, categórica y no sólo insinuada; ello en razón del criterio estricto con que debe ser aplicado el artículo 17 de Código Procesal".
Comuna, personal municipal, empleados públicos, obediencia jerárquica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

El considerar la obediencia del agente administrativo en términos absolutos no puede hacerse racionalmente. El inferior no sólo debe examinar la legalidad formal de la orden impartida sino que debe escudriñar si ella entraña una ilegalidad manifiesta.
Estabilidad del empleado público, nombramiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfaro, Martín y otros c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

La Ordenanza General nº 207 prevé específicamente el supuesto en que se genera el derecho a la indemnización por cese del agente (art. 28 inc. 2º), el cual supone que éste goza de estabilidad en el empleo, circunstancia que no se configura cuando se trata de la desvinculación de agentes que ingresaron irregularmente.
Empleo público, asignación anual complementaria de vacaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REARTES, HILDA M. c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION ? RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-12

Si el monto liquidado por la Administración por ese concepto no cubría la expectativa de la actora derivada de su interpretación subjetiva del marco regulatorio de la relación de sujeción especial, debió poner de relieve la magnitud económica de su agravio mediante elementos de juicio conducentes, máxime cuando el Tribunal aquo desestimó su pretensión, a la luz de la potestad del Estado de modificar por razones de interés público, los términos de la relación contractual que vincula a la Administración con sus agentes, en tanto tal modificación no resulte arbitraria o abusiva.

Con esa proyección el Aquo señaló que la Asignación anual complementaria por turismo social (art. 68 Dec. 3858/86 Estatuto para el Personal de E.P.O.S.) fue derogada por el Decreto 706/97 (B.O.P. 24061997) con motivo de la reorganización administrativa de la que fue objeto la ex E.P.O.S..

En ese marco, la pretensión de fondo esgrimida por la actora carece de sustento fáctico y jurídico, pues el complemento transitorio del artículo 44 de la Ley 8575 sólo compensaba las disminuciones del haber derivadas de los preceptos de esta ley, no de las producidas como consecuencia de los efectos derogatorios de otras normas en el caso el Decreto 706/97 enmarcadas en el ejercicio de la potestas variandi de la Administración como encargada de la gestión y realización del interés público.

Tales argumentos que se ajustan a la doctrina legal de esta Sala, a la que remitió la Cámara aquo y que confieren fundamento bastante al rechazo de la pretensión de fondo, no han sido objeto de réplica alguna por la apelante, quien centró todo su esfuerzo impugnativo en aducir un vicio de incongruencia que, por las razones precedentemente explicitadas, no se configura.
Representación procesal, gestor judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES c/ BOUQUET, ROLDAN s/ GESTION PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

Es deber de quien se presenta invocando el instituto del CPR:48, expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido, por lo que la huérfana mención de la estadía en otro país de su patrocinante, no otorga fundamento suficiente al pedido.

En la hipótesis menos estricta de exigencia, cuadra requerir por parte del gestor, al tiempo de la invocación de la norma de representación excepcional, la suscinta narración de los hechos que lo llevaron a efectuar la anómala presentación.
Jubilación por edad avanzada, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MACHUCA, Francisco c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-18

Para el dictado de la última parte del art. 65 de la ley 18.037 el legislador tuvo en cuenta la finalidad de la prestación, la cual responde al propósito de que puedan obtener amparo jubilatorio aquellas personal (especialmente extranjeros) que han comenzado su actividad laboral a una edad que no les permite cumplimentar el requisito de antigüedad requerido para el logro de la jubilación ordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSRE, VICTOR c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo no revelan más que la mera discrepancia del compareciente con los fundamentos desarrollados por la Cámara para rechazar el recurso contencioso administrativo en razón de la inexcusabilidad del error de derecho del recurrente, por entender que a la fecha en que se le transfirió la licencia del taxi y por ende consumó su situación de incompatibilidad por ser empleado de la planta permanente de la Administración accionada, la ley 9286 se encontraba plenamente vigente, por lo que no puede válida y legítimamente argumentar que por falta de asesoramiento ignoraba que se encontraba incurso en una situación de incompatibilidad, no sólo por haber violado la prohibición del inc. c) del art. 14 (recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias y adjudicaciones celebrados u otorgados por la administración en el orden Municipal), sino también por haber omitido a dicha fecha cumplimentar con el deber a su cargo de declarar todas las actividades que desempeñaba y el origen de todos sus ingresos con la finalidad de establecer si eran compatibles con el ejercicio de sus funciones como se lo indica el inc. i) del art. 13.
Daños y perjuicios, daño al interés negativo, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: LC ACCION PRODUCCIONES SA c/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA -ARTEAR- s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

El concepto de daño al interés negativo, no resulta, en el caso, del costo de adquisición de los equipos comprados por la actora, por el contrario, se trata que, en el tiempo que corrió desde las respectivas adquisiciones hasta la resolución contractual imputable a la demandada, tales bienes quedaron en condiciones de ser utilizados a favor del cumplimiento del contrato por ella suscripto y sujetos, entretanto, a un natural envejecimiento que los depreció en sus respectivos valores; y puesto que los equipos de que se trata, finalmente, no pudieron ser utilizados por la actora como elemento de provecho económico en su relación con la demandada, lo lógico es que la apuntada pérdida económica se indemnice como compensación al propietario por la inmovilización del capital invertido en la compra (conforme CNCom Sala E, 14.08.00, doctrina de la causa "Suárez, José María c/ Pirelli Cables SA s/ ordinario").
Demanda, enfermedad accidente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zapata, Rubén Daniel c/ Dirección de Vialidad Provincial y/o Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-27

No es procedente la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la parte actora contra la Dirección de Vialidad Provincial en lo que se reclama indemnización por enfermedad accidente. Ello así, ya que carece de trascendencia probatoria las convicciones a las que arribara la pericial médica, art.454 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria (art.107 del Código Contencioso Administrativo. La pericia no está estructurada en nuestro sistema procesal como prueba legal, sino sujeta a la libertad de apreciación del Juez, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración la idoneidad de los peritos, los principios científicos en que se fundan y especialmente las pruebas acumuladas en los autos y demás elementos de convicción que la causa ofrezca.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, jubilaciones, pensiones, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Héctor GONZALEZ s/ JUBILACION POR INVALIDEZ - INCAPACIDAD - SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Es descalificable el pronunciamiento que denegó la jubilación por invalidez, en razón de que el solicitante estaba incapacitado al iniciar su última relación laboral -art. 33, ley 18.037-. Ello es así, pues -teniendo en cuenta que la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales- el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares del caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional. En el caso, el a quo no valoró la capacidad de ganancia que permitió al actor -aún cuando tuviera un porcentaje elevado de disminución física- realizar los últimos trabajos que acredita, aspecto conducente para arribar al resultado final, dado que pone de manifiesto que la incapacidad que lo invalidó de manera total sólo se produjo durante su actividad laboral.
Competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, patrocinante, regulación de honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DELUCA, RAUL NESTOR c/ POSADAS, NELIDA Y OTROS s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

Si bien la C.F.S.S. resultaría competente para entender en la solicitud de regulación de honorarios por las tareas realizadas por el letrado patrocinante del titular del beneficio previsional, corresponde su rechazo si fue articulada mediante acción contradictoria, y no en la causa principal por la vía procesal correspondiente. (Disidencia del Dr. Laclau, adhiriendo al Dictamen Fiscal).
Gravedad institucional, jurisdicción y competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: ENFRENTAMIENTO ENTRE FUERZAS LEGALES Y SUBVERSIVAS s/ CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-01

La existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención de la Corte superando los ápices procesales frustratorios del control constitucional confiado a ella.

Se trata de condiciones pertinentes para la eficiencia del control de constitucionalidad y de la casación federal que la Corte debe cumplir, cuya consideración ha guiado tradicionalmente la interpretación de las normas que gobiernan la jurisdicción del tribunal.
Contrato de transporte, gastos de traslado, agente de carga, carta de porte
Materia: COMERCIAL
Carátula: IAB COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/  s/ LIQUIDACION FORZADA S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR D'ANDREA ARNALDO HECTOR Y OTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

El Manifiesto Internacional de Carga es el instrumento emitido por el transportista internacional, donde consta el medio de transporte, el tipo de mercancía, la cantidad de bultos, peso de la mercancía, así como los datos del importador o exportador, etc. y ampara el transporte de mercaderías movilizadas ante las distintas autoridades competentes, para su verificación y control.- La Carta de Porte, en cambio, es el título legal del contrato que vincula al transportista y el expedidor o usuario que contrata el servicio por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento. Es el instrumento comprobatorio de la recepción o entrega de las mercancías, de su legal posesión y traslado. Al respecto, el art. 36, pto. I. 8 del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre -Resolución 263/90-, aplicable al caso, califica la Carta de Porte- Conocimiento como el documento, cuya emisión y firma por parte del remitente acredita que éste ha tomado a su cargo las mercaderías de aquél, para su traslado y entrega. El art. 28 de dicha normativa establece que el remitente deberá presentar una "Carta de Porte - Conhecimiento" que contenga todos los datos que en la misma se requieran y que se utilizará obligatoriamente un formulario bilingüe que aprueben los Organismo Nacionales Competentes, el que se adjuntará como documento único para el transporte internacional de carga por carretera con la designación "Carta de Porte Internacional-Conhecimiento de Transporte Internacional (CRT)", debiendo los datos requeridos en el formulario ser proporcionados por el remitente o por el porteador, según corresponda, en el idioma del país de origen (incs. 1° y 2°). Cabe aquí puntualizar que el contenido de la Carta de Porte Internacional-Conhecimiento de Transporte Internacional glosada, en el caso, se ajusta, efectivamente, a las directivas supra indicadas. En suma, la Carta de Porte es el título legal del contrato de transporte, cuya emisión acredita que el transportador ha tomado a su cargo las mercaderías recibidas para su traslado y entrega según las condiciones del contrato, por cuyo contenido se decidirán las controversias habidas entre el cargador, el transportador y destinatario o consignatario, en su caso. A su vez, el acarreador responde por los acarreadores subsiguientes encargados de terminar el transporte y estos últimos quedan subrogados en los derechos y obligaciones del primer acarreador frente al consignatario o destinatario, en este caso, (arg. CCOM 163 y 200; Fernández Raymundo L., "Código de Comercio de la República Argentina- Tratado de Derecho Comercial en forma exegética", T° I, págs. 497 y ss.).
Municipalidad, personal municipal, indemnización, leyes, constitucionalidad, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ASCONA, JUAN RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 677-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-18

Frente al reclamo tendiente al cobro de la indemnización establecida en el inciso g) del artículo 23 de la ley provincial 9286, la negativa por parte de la Municipalidad accionada de reconocer dicho artículo como aplicable y vigente en el ámbito municipal -sin formular un planteo concreto de inconstitucionalidad , implica la necesidad de que ésta demuestre que la norma legal cuya descalificación pretende, en verdad compromete la existencia misma del municipio.