marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración de vialidad provincial, multa, competencia nacional, leyes, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE MAXI SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 66-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

El decreto ley 505-58 (a cuyo régimen se acogió la Provincia de Santa Fe por ley 4908), facultó a la Dirección Nacional de Vialidad a celebrar convenios especiales con los organismos viales de cada provincia, suscribiéndose entre ambos organismos, el convenio por el que se autoriza a Vialidad de Santa Fe a realizar el control de pesos y dimensiones en las rutas nacionales en la Provincia de Santa Fe (art 2), reservándose a) el acceso en todo momento a los equipos, instalaciones y documentación relativa al servicio prestado, con el fin de fiscalizar y supervisar las tareas que se realicen (art 3), y b) el derecho de efectuar controles complementarios de carga en las rutas nacionales cuando lo considere necesario. Ello así, carece de sustento la objeción formulada por el recurrente basada en la ausencia de ley formal que otorgue sustento normativo al referido convenio, habiendo actuado la Dirección Provincial de Vialidad en ejercicio de facultades y derechos reconocidos, al imponer multas de carácter administrativo por constatación de infracciones referentes a cargas máximas trasmitidas a la calzada.
Sentencia definitiva, tribunal colegiado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN c/ JULIAN, HECTOR s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-04-30

LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DEL ART. 166 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL DEVIENE DE LA NECESIDAD DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA JURISDICCIONAL DE MANERA TAL QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA MERITUE INDIVIDUALMENTE LA SENTENCIA EN RECURSO.
Pensiones, conviviente, prueba, otorgamiento del beneficio, partida de matrimonio, partida extranjera
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CRESPO de MARCHETTI, Emilia Celsa c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

El inc. 1 del art. 38 de la ley 18.037, modificado por la ley 23.570, dispone que tendrá derecho a pensión la conviviente en el supuesto que el causante se hubiere separado legalmente o divorciado, a condición de acreditar haber convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos dos años. Por ello, hallándose acreditado en autos que el causante obtuvo sentencia de divorcio en su primer matrimonio, que el mismo se inscribió en el Registro Civil, y que luego contrajo nuevas nupcias con la peticionante (celebrado allende nuevas fronteras) deviene infundada la resolución administrativa que deniega el beneficio de pensión por no hallarse acreditado cinco años de vida en convivencia, ya que dicha exigencia prevista en la norma citada es de aplicación a supuestos ajenos al presente.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: URRABIETA, MARIA TERESA s/ Contrabando Causa 27226
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-16

La falta de indicación del departamento de la vivienda que se autoriza a allanar, no invalida la pertinente orden de allanamiento cuando en los hechos la actividad policial se ajustó en un todo a los límites de la decisión judicial, llevando a cabo su cometido en el domicilio de los imputados. (Del voto del Dr. Roldán).
Doctrina legal, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cuevas, Roberto Martín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Si la "creación" jurisprudencial (no se percibe que quedaría para el constituyente y el legislador si los jueces "crearan" derecho) del absurdo funcionara con independencia de la ley (derogando, de propia e ilegítima autoridad, la ley y -naturalmente- las Constituciones de la Nación y de la Provincia) y si las opiniones de los jueces (volcadas en el acto individual al que estrictamente se refieren al fallar) -y de los autores- pudieran derogar las Constituciones y las leyes entonces el derecho republicano dejaría de serlo y el gobierno de la sociedad quedaría librado a tales opiniones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Modificación de la jornada de trabajo, ampliación de la jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: O., G. J. c/ E. J. S.A. s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-22

El trabajo extraordinario debe ser probado por quien lo alega, dado que lo que se presume es que la J.. no excede el máximo legal. La prueba del trabajo extraordinario debe ser efectiva, convincente y categórica, tanto en lo que se refiere a los servicios prestados como al tiempo en que se cumplieron.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ABEL BONORINO PERO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ SUELDO DE  LOS  MAGISTRADOS- INTANGIBILIDAD- DEPRECIACION MONETARIA-  DERECHOS   Y GARANTIAS-  CONSTITUCIONALES-  INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

Con arreglo a lo prescripto por el art. 2do., inc. e) de la ley 16.986, los actos y omisiones objeto de la acción de amparo han de ser impugnados dentro del plazo de quince días hábiles desde que se ejecutaron o debieron producirse.
Proceso penal, resoluciones judiciales, plazos procesales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Carlos CALVO s/ Recurso de queja, Causa nro. 14.157
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-27

Como ha dicho la C.S.J.N. "si las resoluciones se pudieran dilatar sin término, quedaría indefinidamente sin aplicar el derecho, con grave e injustificado perjuicio para quien lo invoca y vulnerada la garantía de la defensa en juicio".
Aceptación con reserva, compraventa inmobiliaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Latella, Ricardo Pablo c/ Colegio de corredores inmobiliarios de GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-11

Cuando el adquirente de un inmueble entrega una "reserva" al agente inmobiliario y no se cumple con lo que en dicho instrumento se estipula, la misma se pierde.
Proceso arbitral, tribunales arbitrales, conjueces, carga pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

No cabe equiparar la función de los árbitros con la de los conjueces, pues éstos realizan una labor que inviste el carácter de carga pública, cuyo ejercicio, como regla, no puede rehusarse.
Proceso judicial, caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal), costas, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: "Garri María Alejandra c/ CNRT s/ Daños  y  perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

Toda vez que el art. 317 del C.P.C.C.N. dispone que "la resolución sobre la caducidad de la instancia sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente y como la imposición de costas, dado, su caracter accesorio integra la resolución que denegó la caducidad -en la especie inapelable-, resulta improcedente el tratamiento por el Tribunal de la apelación planteada.
Muerte, accidentes de trabajo, indemnización, responsabilidad contractual, carácter alimentario
Materia: LABORAL
Carátula: Chu AA p/si y en rep. de su hija ACV c/ ARTL SA s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-10

El resarcimiento debido al trabajador, por responsabilidad contractual o extracontractual, objetiva o subjetiva, o por aplicación de un sistema como el regulado por la ley 24.557, comprende, además del capital, los intereses correspondientes, porque éstos integran la indemnización, que sería insuficiente y, por ende injusta, si no los comprendiera, lo que implicaría una vulneración del art. 19 C.N. que establece como principio general la prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, que regula cualquier disciplina jurídica (conf. CSJN, 327:3753 (precedente "Aquino", y muy recientemente: R. 401. XLIII, 27/11/2012, "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino"). Resulta inadmisible negarle a la actora el derecho a percibir los intereses desde la muerte del causante. Sostener la improcedencia de esos componentes de la reparación debida devengados entre aquél momento y la fecha del efectivo pago implicaría además, la licuación de parte de un crédito de naturaleza alimentaria, y la consagración de un beneficio injustificado a favor del deudor, violatorio del art. 21, inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22, párr. 2, C.N.), en cuya virtud "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa". (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Despido por matrimonio, interpretación de la ley, trabajo de mujeres, derecho a la protección integral de la familia, igualdad de género
Materia: LABORAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Los arts. 180, 181 y 182 de la LCT no se refieren expresamente a la mujer trabajadora como exclusiva destinataria de la protección especial que consagran; es más, el art. 180, que inicia el capítulo, enfatiza la nulidad de los negocios jurídicos y de las reglamentaciones internas de una empresa que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio, expresión ciertamente comprensiva tanto de los trabajadores como de las trabajadoras.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra, Gregorio Ramón c/ Maori S.A. Agroganadera s/ Indemnización por accidente de trabajo ind. art. 212 Ferreira, Mario Carlos c/ Jarvis, Juan Eduardo s/ Indemnización por accidente Ovelar, Virgilio. c/ Compañía Argentina de Construcciones Defar. s/ Despido. Proto, Rubén Vicente c/ Cervecerías Bieckert SA. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26|1985-09-24|1985-12-17|1993-06-29

Es ineficaz la invocación de 'absurdo' si se omite la necesaria denuncia de infracción del precepto legal que rige la apreciación del material probatorio en el proceso laboral (art. 44 inc. 'e' dec.ley 7718/71).
Daños y perjuicios, intervención de terceros, consorcio de propietarios, responsabilidad del consorcio, daños en el inmueble
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Ricardo c/ SCHOENENBERGER, Carlos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

En el juicio contra un consorcio por daños y perjuicios a raíz del mal funcionamiento de un calefón instalado en una unidad funcional, no corresponde citar a los ex-titulares de las restantes unidades a la fecha del hecho, pues el objeto de tal llamado -la pretensión de reintegro ejercida por el consorcio o alguno de sus integrantes actuales de las sumas que tuvieran que abonar en concepto de indemnización- excede el ámbito de conocimiento de una demanda de daños y perjuicios. Del voto de la mayoría (Dres. Alvarez y Daray)
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Tapia, Raúl Luciano c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Carrara, Secundino c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1988-07-05

El principio jurídico de buena fe constituye un ingrediente de orden moral indispensable para el adecuado cumplimiento del derecho.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Almirón, Andrés Jorge c/ Adrin Chomik y/o Empresa del Estado Provincial y/o Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Almirón, Andrés Jorge c/ Adrián Chomik y/o Empresa del Estado Provincial y/o Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-09-26|1988-09-26

La mera confesión ficta del actor no es suficiente para determinar sin más el rechazo de su pretensión, habida cuenta que como lo establece el Código procesal Civil, para tenerlo por confeso sobre los hechos personales, se deber n tener en cuenta las circunstancias de la causa, es decir los demás antecedentes que se encuentran incorporados al proceso, así por ejemplo la absolución de posiciones del actor en el cuaderno de prueba de los demandados.
Ejecución de sentencia, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sastre, Anselmo Antonio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-03

En el procedimiento de ejecución de sentencia, a la prescripción de la ejecutoria -en ausencia de un texto legal expreso y por tratarse de una pretensión personal- le es aplicable el plazo general de 10 años y no el articular que pudiera tener cualquier derecho.
Apreciación de la prueba, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-23

La valoración de los testimonios orales debe prestarse conconsideración al tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los sucesos y su posible impacto en la precisión de los dichos y, por tanto, la existencia de discrepancias menores no desacreditan necesariamente el testimonio.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, buques de crucero, infarto, tratamiento médico, cobertura, daño psíquico
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Nelson Freddy Lewis c/ Parana SA de Seguros y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

3 - Conclusivamente, ponderando las explicaciones del experto y que, durante sus vacaciones en un crucero en el exterior luego de sufrir un infarto, la demandada le denegó la cobertura del cateterismo, sin perjuicio de que los médicos que lo trataron en el barco y el perito médico coincidieron en la necesidad de que fuera realizado dentro de las 3 a 24 hs. luego del tratamiento fibrinolítico. Que en virtud de la denegatoria, los actores debieron hacerse cargo de todos los costos del procedimiento y reunir los fondos; además tuvieron que esperar 47 horas 35 minutos para que le hicieran el cateterismo, cuando el tiempo estimado y esperado era entre 3 a 24 hs. En punto al daño psíquico alegado, fue el propio coactor quien no realizó el tratamiento recomendado cuando poseía cobertura médica para hacerlo. De todos modos los padecimientos morales deben ser reparados y para ello corresponde confirmar la indemnización por daño moral (por $300.000), comprensiva del psíquico.
Convenios colectivos de trabajo, convenios de empresa
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, OSCAR c/ MICRO MAR SA. s/ DESPIDO NAVARRO F. c/ MICRO MAR SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-30|1974-05-09

Las disposiciones de un convenio de empresa, en tanto no sean más favorables al trabajador, no pueden prevalecer sobre una convención colectiva de trabajo, suscripta por la Asociación Profesional representativa de la actividad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Angelotti, Ameleto c/ Frias, Luis Delfin y otro s/ Resolución de contrato de compraventa Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Harismonte S.C.A. s/ Incidente de nulidad de convenio Gómez, Juan Carlos y otra c/ Sabas Construcciones S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios Arco de Oro, S.A. c/ Betbede, José y otros s/ Escrituración y cumplimiento de contrato Martinez, Héctor Ramón c/ Sabas S.R.L. s/ Reintegro de importes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28|1984-12-04|1986-04-08|1985-08-23|1986-04-08

Determinar, en función de las circunstancias que ofrece la causa, la forma en que debe actualizarse la prestación dineraria para componer el deterioro sufrido por la inflación, es cuestión reservada a las instancias ordinarias.
Procedimiento contencioso administrativo, suspensión de la matrícula, psicólogos, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: MARIN, Claudio Marcelo c/ COLEGIO DE PSICOLOGOS ALTO VALLE ZONA OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

Corresponde ingresar al análisis del primer valladar que debe sortear el recurrente; esto es, la presencia de sentencia definitiva. Se está ante una apelación interpuesta en un proceso contencioso administrativo, regulado por el código aprobado por Ley 5106, en la revisión de un procedimiento administrativo sancionador. En el caso, la sanción -suspensión de la colegiación por dos años- fue aplicada por el Colegio de Psicólogos del Alto Valle Oeste, en su condición de persona jurídica pública no estatal, cumpliendo cometidos públicos y en ejercicio del poder disciplinario que expresamente le fuera asignado en el art. 6 de la Ley G N° 4349. De allí que el acto objetado goza de los atributos descriptos en el art. 14 de la Ley A 2938. Conforme a lo establecido en el rito (Ley 5106), solo resultan apelables ante el Superior Tribunal de Justicia las sentencias definitivas o equiparables a ellas (inc. b) del art. 30 CPA, condición que claramente no asume la resolución sobre una medida cautelar, que motiva el recurso en tratamiento (cf. STJRNS1: Se. Nº 108/15, in re: "CHIGUAY"; STJRNS4: Se. Nº 145/14, in re: "COMUNIDAD MAPUCHE LAS HUAYTECAS"; Se. Nº 36/15, in re: "ZILBERBERG"; Se. Nº 26/11, in re: "CATEDRAL ALTA PATAGONIA"; Se. N° 29/18, in re: "RESERVADO s/MEDIDA CAUTELAR"). (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian por la mayoría)
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ishiara, Gustavo Gabriel s/ Recurso de casación Pincen, Carlos David s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30|1998-09-30

Corresponde el rechazo "in limine" por no resultar las normas de la ley 11.922 relativas al recurso de Casación a las causas pendientes de procedimiento escrito -ley 3.589 T.O. por Decreto 1.174/86- (Ley 12.161, art. 2). (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, medida de no innovar, oportunidad procesal, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LAGGER, Francisco José. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-09

La medida de no innovar requiere para su procedencia que con anterioridad se haya dictado auto de procesamiento. Sin embargo, excepcionalmente puede disponerse y concretarse anteriormente al procesamiento, mas no puede preceder a la convocatoria a prestar declaración indagatoria. Resulta necesario que se den los presupuestos del art. 294, C.P.P., es decir que exista motivo para sospechar que el encausado ha participado en la comisión del delito investigado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, incongruencia, sentencia, fundamentación de sentencias, parte dispositiva, sentencia arbitraria, mutuo comercial, crédito hipotecario, intereses, contratos, interpretación del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ De La Horra, Nelson René s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida) - Ejecución   hipotecaria (Expte. C.S.J. Nro. 25 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad, anulando la sentencia impugnada, si la misma presenta una arbitrariedad intrínseca por el error lógico de contradicción que la torna objetable constitucionalmente al no resultar armónicos los fundamentos del decisorio con la parte resolutiva. En el caso, de las constancias de autos surge que el razonamiento del a-quo coincide con lo resuelto por el Juez de Primera Instancia -quien rechazó la impugnación de la actora que consideraba aplicable para actualizar los créditos, según el apartado I, lo estipulado en la comunicación "A" 539 emanada del B.C.R.A.- en cuanto a que de las estipulaciones contractuales surge que en caso de mora de la deudora resulta de aplicación el procedimiento de ajuste y cálculo de intereses previsto en el apartado "II", sin que sea óbice para ello que circunstancias propias de la coyuntura financiera general y ajenas al contrato de mutuo hagan que ésta mecánica sea menos onerosa que la prevista para el caso de cumplimiento normal. Siendo esta resolución impugnada por la actora -quien insiste en la aplicación de la Comunicación "A" 539 del B.C.R.A.-, resulta contradictorio que la Sala reconozca expresamente la aplicación de dicho apartado II en cuanto prevé que el ajuste se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido en el punto I, pero aplicando el índice de ajuste que elabora el B.C.R.A. de acuerdo a las comunicaciones "A" 793 y "A" 814, y finalmente resuelva acoger el recurso de apelación con costas a la parte demandada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: GINESSI, ANTONIO c/ ACINDAR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS-ACCION CIVIL (EXPTE.  : C.S.J. NRO. 308 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-14

Las cuestiones vinculadas con la determinación tanto de los montos indemnizatorios en supuestos de responsabilidad por daños, como así también de las cuestiones comprendidas en la litis , constituyen materia estrictamente reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia de excepción, por remitir al examen de extremos de hecho, prueba y derecho común y procesal.

En el caso, la impugnación sólo revela las discrepancias de la recurrente con el criterio adoptado por el a quo al cuantificar los daños, sin que se logre demostrar la irrazonabilidad del monto resarcitorio establecido a partir de tenerse por configurado el daño moral, argumentación necesaria si se considera que en esta temática (vinculada a la compleja determinación del pretium doloris), la evaluación del cumplimiento de la exigencia de justificación establecida por el artículo 95 de la Carta Magna provincial debe atender a la existencia de un margen de discrecionalidad más o menos amplio en cabeza de los jueces para que, en ejercicio de su prudencia, determinen la solución correcta a la luz de las exigencias de justicia y razonabilidad práctica.