Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-25


SENTENCIA DEFINITIVA: 100651 SALA II Expediente Nro.: 5083/2012 AUTOS: "MINISTERIO DE TRABAJO C/SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS S/LEY DE ASOC. SINDICALES" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 25 DE JUNIO 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

En el marco de un conflicto de encuadramiento sindical entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, Carton y Químicos (STIPCyQ) y el Centro de Empleados de Comercio de Campana (CEC) a fin de que se determine la entidad sindical representativa del personal de la empresa Valot S.A. (planta Campana), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dictó Resolución N° 1042, el 5/9/11, desestimando los recursos administrativos interpuestos por el CEC y la empleadora contra la Resolucion DNAS N° 29 del 21/10/09 por la cual se encuadró al personal de la planta Campana de Valot S.A. en el ámbito de representación del STIPCyQ. Contra tal resolución la empleadora dedujo recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de la ley 23.551 (ver expte. MTEySS 1491073/12 agregado a fs. 456).

Corrido el pertinente traslado y sustanciado el planteo formulado por el STIPCyQ en torno a la legitimación activa de la empleadora para interponer el recurso previsto en el art. 62 de la LAS, quedaron los autos en estado de ser resueltos.

Tal como lo puntualiza el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos términos se comparten y se dan por reproducidos en mérito a la brevedad), más allá de la legitimidad que se le atribuya al interés que invoca la empresa para intervenir en el referido conflicto -que en esencia involucra sólo a las entidades sindicales en pugna-, lo cierto es que en el caso no se ha presentado ante esta instancia revisora la asociación gremial cuya representatividad ha sido desestimada (CEC) sino sólo la empleadora de los trabajadores comprendidos en la contienda, por lo que la recurrente no ha recurrido en abono del posicionamiento de la entidad sindical en conflicto, sino exclusivamente por su propio derecho, lo que resulta insuficiente a los efectos de habilitar la revisión de lo decidido en sede ministerial y ello toda vez que no surge de autos que la decisión atacada hubiere sido cuestionada por la entidad vencida, circunstancia que impide considerar la subsistencia del conflicto intersindical en el que la empresa Valot S.A. interviniera en su calidad de tercero interesado.

En atención a los términos en que se suscitara el conflicto entre la empleadora recurrente y el STICPyQ (ver fs. 472/478 y fs. 489/494), estimo conveniente referir que el pilar básico sobre el que se asienta el Derecho Colectivo de Trabajo en su integridad es el principio de la libertad sindical y, como derivación de éste, para la resolución de conflictos como el que nos convoca, debe estarse a la regla de la autonomía colectiva y al principio de no injerencia, Ello supone al decir de Ackerman la independencia y autodeterminación de las entidades sindicales para su organización y la programación y desarrollo de sus actividades con exclusión de toda injerencia o interferencia de sujetos públicos o privados. (ver Tratado de Derecho del Trabajo, Ackerman -dir-, Tosca -coord-, T. VII, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 53). Este es el principio rector contenido en el art. 6 de la ley 23.551 y el que debe considerarse ínsito en la regulación de los aspectos procesales que hacen a la resolución de los conflictos intersindicales (ver asimismo art. 2.1. del Conv OIT Núm. 98).

Sabido es que la contienda de encuadramiento sindical es un conflicto intersindical de derecho, por el cual dos asociaciones de primer grado con personería gremial, pretenden poseer la representación legal del personal de una o varias empresas (cfr. López, Guillermo A.F., "Derecho de las Asociaciones Sindicales - Ley 23.551-", La Ley, Bs. As., 2000, pág. 104) y que en él -en principio- no tiene participación en calidad de parte la empresa que, a lo sumo, intervendrá sólo en la medida de la posible afectación de sus intereses legítimos.

A mi juicio no cabe soslayar que la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/Ministerio de Trabajo" (sentencia del 13/8/96 -LL 1996-D-435) en cuanto admitió la intervención del empleador en un conflicto de encuadramiento sindical, se vinculó a un supuesto de aristas particulares en tanto lo que específicamente se controvertía era el encuadre de los vendedores viajantes de "Cafés La Virginia" en el régimen estatutario de la ley 14.546.- Evidentemente los planteos deducidos por las entidades en conflicto importaban la posibilidad de una relevante modificación del encuadre legal de los contratos individuales de trabajo, circunstancia que en dicho caso justificó la intervención de la empleadora como parte interesada.Consecuentemente, lo allí decidido por el Máximo Tribunal no debe interpretarse como una habilitación genérica para que el sector empresario intervenga en un conflicto de encuadramiento sindical, en calidad de parte.

En el caso, Valot S.A. alegó que la decisión ministerial produciría un "abrupto y sorpresivo cambio en el régimen salarial y de retenciones y aportes con finalidad sindical y asistencial". No se ha especificado el alcance de los alegados cambios de encuadre y al respecto no puede soslayarse que, para la aplicación de un convenio colectivo diverso se requeriría también que el sector patronal se hubiere visto representado en su negociación, lo que torna meramente conjetural el planteo formulado que, por lo demás no implicaría la afectación de derechos adquiridos ni le otorga carácter imperativo a normas de origen convencional en la que la recurrente no se hubiere encontrado representada.

Desde tal perspectiva, no se advierte con claridad la legitimación recursiva de la empleadora en los términos específicamente previstos en los tres incisos del art. 3° del dec. 1040/01, máxime cuando la habilitación para "promover" la resolución del conflicto intersindical de derecho, al que nos venimos refiriendo, requiere que éste exista y se mantenga, lo que en la especie no puede sostenerse al no surgir de autos que la entidad sindical vencida hubiere apelado la resolución que le otorgara representación al STIPCyQ.

Cabe memorar que, como lo refiere el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede, aún soslayando los embates que con base constitucional ha efectuado el STIPCyQ , corresponde desestimar el recurso interpuesto por la empleadora en el marco de un conflicto de encuadramiento sindical promovido por un sindicato en el cual, la asociación gremial perdidosa consintió la decisión ministerial, en tanto dicho conflicto ya se encontraría resuelto con alcance vinculante para los sindicatos intervinientes (ver con idéntico criterio CNAT, Sala I, sentencia del 28/9/2011 in re "Ministerio de Trabajo c/Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino s/Ley de asoc. sindicales").

Por lo demás, el Grupo de Expertos en Relaciones Laborales ha señalado que el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, durante el año 2006, y ante un planteo de la Central de Trabajadores Argentinos sostuvo, ".que no existe posibilidad de generar un conflicto de encuadramiento a partir del solo deseo del empleador." , por lo que teniendo en cuenta que dicho juicio se emitió en el marco interpretativo del Convenio 87 sobre libertad sindical, que el Máximo Tribunal entendiera vinculante para los organos jurisdiccionales argentinos en los autos "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Estado Nacional" (CSJN, sentencia del 11/11/08), corresponde interpretar lo más restrictivamente posible todo supuesto en que se pretendiera la intervención empresarial en eventuales conflictos de carácter inter-sindical.

En consecuencia, de prosperar mi voto, corresponde rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto por Valot S.A. en los términos del art. 62 de la ley 23.551, contra la Res. MTEySS 1042 del 5/9/2011.

No obstante el resultado final obtenido, en atención a la índole de la cuestión debatida y a que de conformidad con lo normado por el decreto 1040/01 la recurrente pudo verosímilmente considerarse asistida con mejor derecho a recurrir como lo ha hecho, propongo imponer las costas de la Alzada en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto por Valot S.A. contra la Resolución MTEySS 1042 del 5/9/2011, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara