Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


CARRARA, Hugo Rodolfo contra RAMIREZ, Oscar Alfredo y BONOMI, Eugenio Antonio Reg.: A y S t 206 p 220-223.

Santa Fe, 20 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia 61 del 2 de Julio de 2002, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, en autos "CARRARA, Hugo Rodolfo contra RAMIREZ, Oscar Alfredo y BONOMI, Eugenio Antonio -Demanda Ejecutiva- (Expte.

316/97)" (Expte. C.S.J. nro. 62, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado revocó el decisorio de baja instancia disponiendo en su lugar acoger la excepción de inhabilidad de título opuesta por la accionada, y rechazar la ejecución intentada, con costas a la parte actora en ambas instancias.

Contra dicha sentencia interpuso la actora perdidosa su recurso de inconstitucionalidad, tachándola de arbitraria por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia, y lesiva de derechos de raigambre constitucional, como lo son: el derecho de propiedad, defensa en juicio y debido proceso.

En la pieza recursiva, enderezó su impugnación hacia la descalificación constitucional del fallo, en mérito a las siguientes razones: En primer lugar, sostuvo que la Cámara, sin fundamento normativo válido, dejó sin efecto la sentencia inferior por considerar que el contrato acompañado resultaba inhábil al no haberse instaurado previamente las medidas preparatorias necesarias a los fines de dejar aclarado si el actor había cumplido con las prestaciones a las que se comprometiera contractualmente.

Afirmó en tal sentido, que tratándose el caso de un contrato con prestaciones recíprocas, el título integrado fundante de la demanda -boleto de compra venta con firma certificada por escribano público- cumplimentaba las exigencias impuestas por el artículo 443 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que su parte efectuó todas las mandas originadas en la compraventa de acciones y cuotas societarias, esto es, el depósito de las acciones no destruidas en la escribanía pública designada, quedando el remanente a cumplir por el apoderado que los propios demandados designaron en escritura pública complementaria.

Puso de resalto que la Cámara en modo alguno podía atribuir a su parte omisión de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, puesto que no existió manifestación ni prueba con relación a que los demandados hubieran instado al profesional designado -doctor Peralta- a que cumplimentara el cometido que contractualmente habían convenido las partes -saneamiento del título por deterioro de papeles- por lo que dicha actitud culposa de los accionados no podía servir de pretexto para eludir el pago ni excusar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos.

Por último, indicó que -contrariamente a lo sostenido por el Tribunal- el contrato no sólo era autosuficiente al momento de ejecutarse, sino que también lo fue posteriormente al sobrevenir el vencimiento de todas las cuotas documentadas en los pagarés adjuntos, respecto de los cuales los demandados no consignaron el pago a las resultas del juicio, por lo que -dijo- la dilación injustificada en la percepción de su crédito ocasionaría a su parte un perjuicio actual real y manifiesto que constituye agravio constitucional en cuanto se ve privado del goce del derecho de propiedad.

Sobre la base de los argumentos "ut supra" referidos, alegó la existencia de distintas causales descalificantes que -a su juicio- configuran "cuestión federal", como lo son: prescindir de las constancias relevantes de la causa para resolver la cuestión; aplicar al caso un texto legal cuya índole ha sido satisfecha en el proceso, y otorgar un fundamento aparente mediante la aplicación de la norma con excesivo rigor formal.

El Tribunal, a su turno, denegó el medio impugnatorio deducido lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta Sede (fs. 53/60v.) 2. Ingresando al análisis de los requisitos formales de la presente impugnación, cabe señalar que aparece cumplido en la especie el requisito de definitividad del pronunciamiento, maguer haber sido dictado en un juicio ejecutivo.

En efecto; si bien es cierto que las sentencias recaídas en los procesos de ejecución no son definitivas en los términos del artículo 1 de la ley 7055, tal principio admite excepción cuando no existe la posibilidad del ordinario posterior normado por el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial, circunstancia que se da cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de pruebas.

Y esto es lo que acontece en el "sub judice", donde el Juez, al rechazar las excepciones opuestas por la demandada meritó la habilidad del título, tema éste que no podrá ya ser objeto de discusión en el ordinario posterior, al menos en cuanto se refiere a la idoneidad de aquél para llevar adelante la ejecución (A. y S., T. 49, pág. 219; T.60, pág. 1, T. 62, pág. 65, T. 68, pág. 225, entre muchos otros).

Resulta así que el auto impugnado debe considerarse definitivo a los fines del artículo 1 de la ley 7055, por cuanto no existiría para la recurrente la posibilidad de la vía ordinaria posterior respecto de la materia allí debatida.

Sin embargo, no obstante haberse superado el óbice formal precedentemente señalado, la presente queja no puede prosperar, toda vez que, en una aproximación a lo sustancial, con las limitaciones propias de este estadio, del memorial introductorio del recurso en confrontación con lo resuelto en la sentencia impugnada, se advierte que los planteos que la recurrente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados. Traducen tan solo el cuestionamiento de la impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por la Cámara en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias y sobre materia -en principio- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

En efecto: la detenida lectura del escrito introductorio evidencia que la perdidosa, en esencia, discrepa con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional, en torno a que en el caso -contrato bilateral con prestaciones recíprocas- el título resultaba inhábil por cuanto se había omitido preparar la vía ejecutiva haciendo reconocer el cumplimiento de las prestaciones a cargo del pretendido ejecutante (artículo 456 C.P.C. y C).

Frente a ello, la quejosa intenta hacer prevalecer su propio enfoque, opuesto al del Tribunal, asentado en su particular apreciación de los hechos y de la interpretación de las disposiciones normativas aplicadas, más sin lograr persuadir a este Cuerpo que en la labor desarrollada por los Sentenciantes, éstos -más allá de su grado de acierto o error- se hubieran apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban para evaluar que resultaba improcedente la pretensión actoral.

Adviértase en tal sentido, que el A quo, concluyó que de los términos en que había sido interpuesta la demanda surgía claro que el título que servía de base a la ejecución pretendida era un contrato bilateral con prestaciones a cargo de ambas partes integrado por sendos pagarés que le servían de aval, y que del mentado contrato surgían una serie de obligaciones pactadas en favor de la compradora, indicadas por la misma recurrente en la expresión de agravios.

Sentado ello señaló que "...la ley ritual exige, cuando se trata -como en éste caso- de contratos bilaterales, que la parte contra quien se opone reconozca que la otra cumplió la prestación a su cargo (art. 446 C.P.C.C.)...", y que "...prescindir de ella llevaría a esterilizar al defensa de fondo del art. 1201 del C. Civil (excepción de incumplimiento contractual) que no puede oponerse en el juicio ejecutivo...". A lo que agregó que al haberse omitido preparar la vía ejecutiva a los fines del reconocimiento de hallarse cumplidas las condiciones pactadas, el título resultaba inhábil, por lo que "...el a quo no debió inicialmente dar curso a la ejecución, esto es, ni siquiera debió dictar el auto de solvendo (art. 452 C.P.C. y C.)..." (fs. 28v./29).

La recurrente, pretende sortear dicho argumento con alegaciones que -en esencia- tienden a demostrar que las cargas que pesaban sobre su parte se hallaban efectivamente cumplidas, y que respecto de aquéllas no probadas, se hallaba relevado de hacerlo por caer dichas obligaciones en cabeza de un tercero designado a tal efecto. Pero lo cierto es que dichas argumentaciones, solo renuevan en esta sede agravios intentados en las instancias ordinarias, pero que en modo alguno logran desmerecer lo afirmado por el Tribunal acerca del necesario tránsito por la vía preparatoria del juicio ejecutivo para constituir como hábil el título que pretendía ejecutar, y, menos aún logran perfilar la existencia de vicios descalificantes que puedan conducir a la anulación del pronunciamiento por resultar irrazonable o desbordar los límites interpretativos con que el A quo contaba.

Podrá o no compartirse la solución arribada por la Alzada, pero lo cierto es que los vicios constitucionales que la recurrente invoca, perfilando hipótesis de arbitrariedad sustentadas en "excesivo rigorismo formal en la aplicación de la norma", "prescindencia de las constancias relevantes de la causa para resolver la cuestión", "aplicación irrazonable del texto legal" y "fundamentación aparente", no encuentran sustento en las constancias de la causa, y devienen insuficientes en orden a persuadir a este Cuerpo acerca de que resulte irrazonable el criterio adoptado por la Cámara en torno al rechazo de la pretensión por intentarse ejecutar un título que -a su juicio- resultaba inhábil a los fines de hacer viable el proceso de ejecución pretendido por la accionante.

En suma, toda la línea argumental de la quejosa evidencia la mera discrepancia con el criterio con que el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias, analizó las circunstancias fácticas de la litis conforme las traducían las constancias de autos y aplicó las normas que estimó pertinentes (arts. 446 y 442 C.P.C. y C.); ámbito que resulta ajeno a esta instancia extraordinaria ya que -más alla del grado de acierto o error en lo decidido- no se acredita que en tal faena los Juzgadores desbordaran los límites interpretativos que la normativa especial respecto a procesos de ejecución brindaba; ni que omitieran dar suficientes fundamentos para rechazar la pretensión actora que permitan tener por configurada una cuestión constitucional.

De allí que, pretender abrir los estrados de esta Corte a modo de una tercera instancia ordinaria que revea lo decidido por ese Tribunal, implicaría desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber, y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)