Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-08-07


Salta, 07 de Agosto de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL INTERNO PENADO CUELLAR, JORGE (II) - APELACIONES EJECUCION", Expte. Nº 4924/13 del Juzgado de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial del Centro y Sur, causa Nº E01 4924/13 de la Sala I del Tribunal de Impugnación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Abel Fleming dijo:

Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.61/64 vta. por la Sra. Defensora de Juicio y Ejecución Nº 2 Dra. Irma Jovanovich contra el auto resolutivo de fs. 53/55 que deniega la libertad condicional al interno Jorge Cuellar (II) por no cumplir con los requisitos exigidos por los arts. 12, 15 y 28 de la Ley 24.660, art. 13 del C.P. y las razones expuestas en los Considerandos, debiendo continuar con tratamiento psicológico. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el Juez de grado, en el resolutivo apelado, reseña en primer término los distintos estudios e informes efectuados en debido cotejo con la normativa que regula el instituto, y al adoptar la decisión acerca de si corresponde conceder o no el beneficio peticionado, se inclina por lo segundo manifestando que no comparte los informes criminológicos por no concordar con la valoración efectuada en el beneficio de salidas transitorias, de los que surge que el interno se ha adaptado al régimen carcelario pero no tiene gran avance en su aspecto personal, de allí que considera que las salidas deben ser paulatinas y a fin de ir valorando su incorporación social debe continuar con tratamiento psicológico. Considera que también debe integrarse laboralmente para que tenga posibilidad de trabajo a fin de que una vez que se encuentre en condiciones de gozar el beneficio pueda estar incluido socialmente y con una amplia posibilidad frente a la sociedad en razón que así podrá defenderse en la vida social si se tiene en cuenta además que no tiene ningún referente familiar. Que está en periodo de prueba caracterizándose en la aceptación de las normas impuestas, por lo que mientras exista un régimen impuesto a seguir con control y observancia del mismo, la evolución se presentará de manera positiva, sin embargo al momento de ejercer la autodisciplina, las carencias de su personalidad, la institucionalización que presenta y las falencias psicológicas resultan fundamentales para estimar el cumplimiento de las formativas a las cuales se deben apegar los penados que intentan acceder a la libertad condicional donde el cumplimiento de las restricciones dependen exclusivamente del interno. Que no sólo debe reunir el penado las condiciones legales, sino que su factibilidad de reinserción social debe ser una realidad. En este extremo resulta que luego de los 60 días en que permanecerá en el domicilio del Pastor, su domicilio se torna incierto pues está supeditado a una nueva búsqueda o a instalar un taller de zapatería, incertidumbre que se acrecienta al no tener grupo familiar que lo contenga y ayude. De modo tal que no se verifica que el interno cuente con un domicilio fijo susceptible de verificaciones, como también la iniciación en el medio laboral de manera estable. Destaca nuevamente que el lugar donde fijaría su primera residencia funciona la Iglesia Evangélica a la que asisten menores de edad, lo que constituye un riesgo de reincidencia de acuerdo a lo informado por los estudios psicológicos realizados, los que advierten que las características negativas de la personalidad del penado, aún no han sido superadas en su totalidad. Coincide con el Patronato de Presos y Liberados en que aún no es conveniente su liberación teniendo en cuenta sus características personales. Propone que transcurran todas las etapas del proceso, ingresando a actividades laborales en el medio libre bajo un régimen de semilibertad en forma previa para acceder al último periodo en forma positiva.

Se agravia la defensa con lo así decidido y solicita se declare su nulidad de conformidad a los arts. 115, 161, 162, 163 ss. y cctes del C.P.P. (Ley 6345 y modificatorias.) por cuanto no se ajusta a derecho ya que el a-quo ha dictado una "nueva" resolución reeditando los fundamentos de la anterior ya declarada nula por el Tribunal de Impugnación (fs.44/49) sin haber practicado diligencia alguna, ni incorporado nueva prueba, lo que constituye una grave arbitrariedad. Reitera los cuestionamientos relativos a la residencia, al peligro de reincidencia sin respaldo ni sustento alguno. Critica que destaque como dificultad para el egreso las características negativas de la personalidad de su asistido, lo que según lo entiende la apelante nada tienen que ver con el delito cometido, sino que obedecen a diferentes factores y que el régimen penal no tiene por objeto lograr el cambio de personalidad sino la readaptación social del interno. Que esa pretensión del a-quo importa una grave afectación al principio de legalidad pues pretorianamente crea un requisito más para acceder al beneficio. Destaca que cuenta con informes favorables de los organismos técnicos y que si bien el magistrado puede apartarse de sus conclusiones, no basta desatenderlos sino que resulta imprescindible que el Juez de Ejecución exprese de manera detallada los fundamentos adecuados que le permitan arribar a una conclusión diferente, máxime cuando esa disímil conclusión lo es en perjuicio del interno. Considera en consecuencia que la resolución carece de fundamentación adecuada y por lo tanto es nula en los términos del art. 174 y 221 C.P.P. (Ley 7690) debiendo en consecuencia ser dejada sin efecto y en su reemplazo otorgarle el beneficio solicitado. Destaca la imposibilidad de formular un pronóstico certero sobre la supuesta resocialización, salvo que se pretenda hacer futurología. Cita jurisprudencia y por último considera que ante la reedición por parte del a-quo del mismo criterio que la resolución anterior formando convicción en franca contradicción por lo resuelto por el Tribunal jerárquico, considera que en caso de resolverse favorablemente el recurso por la defensa articulado, corresponderá el reenvío de los obrados a otro Tribunal de Ejecución a fin de no violentar la garantía de imparcialidad del juzgador en su aspecto objetivo. Concluye que estamos ante el supuesto del art. 51 inc.1º del C.P.P. que impone el apartamiento de la causa (vía inhibición o recusación) del Juez que hubiere pronunciado resolución, disponiendo la remisión de los obrados al Juez del fuero penal que corresponda reemplazarlo.

Que así planteada la cuestión a resolver, como ya se dijera en oportunidad de resolver el anterior recurso planteado por la Defensa contra la denegatoria de la libertad condicional, que este instituto "permite la externación anticipada de un condenado a pena privativa de la libertad que se está ejecutando, en la medida en que haya cumplido con los presupuestos que establece la ley y bajo las condiciones que también allí se consignan.

Entre los presupuestos que deben verificarse se encuentran a) la solicitud del condenado; b) que se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad impuesta de modo efectivo por condena firme y en carácter de sanción principal; c) que haya cumplido el mínimo de encierro carcelario que establece el Código Penal; d) que haya observado regularmente los reglamentos carcelarios; e) que la ponderación ínsita en la calificación de concepto lo haga merecedor de la aplicación de este instituto y f) que no se encuentre el interno en ninguno de los obstáculos impeditivos que surgen de los artículos 14 y 17 del Código Penal. En relación al primero de estos artículos la Sra. Fiscal de Cámara (Interina) a fs.38 solicita se ordene a la Autoridad Administrativa se suprima el estado de Reincidente erróneamente consignado a fs. 3, ya que de las constancias de fs. 69/70 (Unificación de condenas) del Incidente de Ejecución de Pena, se desprende que no reviste los alcances del art. 50 del C.P.

En aquel auto de fecha 26 de abril de 2013 se decía respecto de la enumeración de las exigencias requeridas que:

A) Jorge Cuellar ha solicitado por derecho propio, la libertad condicional a fs. 02.

B) El penado fue condenado por Sentencia de fecha 03/05/2001, dictada por la Cámara en lo Criminal de Orán, a la pena de diecinueve años de prisión, unificada el 26/05/2004, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual calificado por el vínculo, pronunciamiento que a la fecha se encuentra firme.

C) Que el interno a la fecha 20 de diciembre de 2012 llevaba cumplidos trece años, dos meses y veintidós días de prisión; conforme cómputo de pena suscripto por la Sra. Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Dra. Cristina Iribas, fechado el seis de febrero de 2013, habiendo satisfecho de esta manera, a ese momento, el 69,62 % del tiempo de la condena unificada, superando con holgura el tiempo de encierro exigido por el artículo 13 del Código Penal. (Cómputo de fs. 13).__ D) En orden a la observancia regular de los reglamentos carcelarios, soy de opinión que tal exigencia debe entenderse - prevalecientemente - "en función de la valoración de la conducta. Ello por cuanto, sólo de esa manera se puede asegurar que, dicha apreciación, tendrá un carácter netamente objetivo, en el sentido de que parte del comportamiento exterior del penado" (cfr. José Daniel Cesano, Concesión de la libertad condicional. Observancia de los reglamentos y calificación de concepto, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2002, pp. 86/87). Sobre esta base interpreto que "la observancia de los reglamentos carcelarios que menta el artículo 13 del Código alude al respeto, por parte del interno, de las normas que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento (artículo 100 de la Ley 24.660); conceptos estos que no pueden ser definidos positivamente sino en función de su faz negativa; esto es: la imposición de sanciones disciplinarias (...) por inobservancia de aquellas normas reglamentarias" (Cesano, Concesión, op. cit., pp. 89/90).

Sentadas estas apreciaciones, del análisis del informe de fs.3 surge que el interno no registra sanciones disciplinarias ni registra causas penales pendientes. Desde 22/06/12 se le concede salidas con tuición, concluyendo los profesionales que labraron el informe psicosocial agregado a fs. 4/6 que, "valorando el sostenimiento de sus conductas responsables en el tiempo, respondiendo positivamente al principio de autodisciplina, y teniendo en cuenta que realizó tratamiento psicológico con profesionales de la institución, no se observan inconvenientes para acceder al período condicional".

E) En lo relativo a la nota conceptual y a su ubicación institucional, del informe glosado a fs.04, se desprende que Cuellar se ha hecho acreedor de una calificación de concepto ejemplar 10, conducta ejemplar 10, al 3er. Trimestre de 2012. Estas notas también las juzgo sintomáticas de una evolución personal favorable. Además, considero que se encuentra debidamente fundada en los diversos informes de área. Así desde la clasificación criminológica se con-signa: "(...) Muestra un funcionamiento psíquico primitivo, con labilidad en sus conductas. A la fecha parece haber logrado cierto control en sus emociones, ya que ha podido verbalizar aspectos personales, logrando reconocimiento de su responsabilidad en sus conductas. Cuenta con el acompañamiento de referentes sociales residentes en Rosario de Lerma. (.) ha logrado una evolución positiva a lo largo de su internación, lo cual disminuye los indicadores de reincidencia, es por ello que se estima que no habría inconveniente para su egreso anticipado de la pena".____ Por otra parte respecto al área laboral se informa que: tiene destino laboral en la Granja Penal Modelo de Rosario de Lerma, registrando buen concepto en relación a su compromiso laboral (inf. cit) surgiendo en los obrados información que se desempeña como tractorista en la Granja Penal y que aprendió el oficio de zapatero. Durante su internación tiende a ejercer una conducta responsable frente a sus actividades laborales, despliega actitudes reparatorias, instrumenta estrategias saludables para la interacción futura (inf. psiquiátrico de fs. 08) En reunión de Concejo Correccional de fecha 29 de enero de 2013 (fs 10/11) por unanimidad sus miembros opinaron en forma favorable al beneficio de Libertad Condicional del interno, compartiendo lo expuesto por los profesionales de la Institución, sugiriendo que continúe con un estricto acompaña-miento psicosocial por parte del Patronato de Presos y Liberados.

En el informe de Pre-Libertad de fs.17/18 se consigna que el mismo tiene disponible el domicilio de la Iglesia Evangélica sita en Escuadrón de Los Gauchos s/n de Rosario de Lerma a cargo del Pastor Hugo Martín Laime, alojamiento que en principio está previsto facilitarle por el lapso de sesenta días, hasta que consiga un lugar mejor, y al que el Psicólogo Juan Matías Arroz considera inapropiado para tal fin, debido a la presencia de menores de edad que concurren a actividades sociales en el mismo espacio.

Y aunque no pueda vivir allí Cuellar en forma permanente, no puedo dejar de señalar que la posibilidad de proposición de otro domicilio, de momento no es muy realizable, frente al proceso de desafiliación experimentado por Cuellar por su dilatada institucionalización.

Que todas estas consideraciones son de actualidad, ya que no se incorporó más información ni se dio cuenta de variación de las condiciones ocurridas con posterioridad al citado decisorio. Habiendo bajado los autos en fecha tres de mayo de 2013 el siete de mayo la Defensa del penado, esta vez ejercida por la Dra. Irma Jovanovics solicitó al Sr. Juez de Ejecución el dictado de nueva resolución cosa que el magistrado hizo en foja subsiguiente por auto de fecha 21 de mayo de 2013, en el que con la misma plataforma realiza una nueva evaluación motivando su conclusión negativa al otorgamiento del beneficio.____________________ Como también ya se señalara en decisión anterior la libertad condicional no es una facultad discrecional del juzgador. En tal sentido - y tal cual ha quedado explicitado anteriormente - la ley concede este derecho sólo condicionado a que el penado reúna las condiciones normativas allí previstas. Cuando esas condiciones están reunidas "la ley otorga esa libertad y el juez debe declarar eso y no otra cosa" (cfr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal, in re "Rosales", sentencia Nº 14, 28/9/1990, citado por Adriana T. Mandelli, Doctrina Judicial, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2000, p. 323). Ahora bien, siendo la libertad condicional "una suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, a cambio de que el condenado acepte someterse a ciertas condiciones durante un período de prueba, cuya observancia dará lugar al agotamiento de la pena impuesta; y su incumplimiento, a la extensión del plazo de supervisión o a la reactivación de la ejecución de la pena suspendida, desde el momento en que dejó de cumplirse" (cfr. Alderete Lobo, op. cit., p. 65); corresponde determinar cuáles son las condiciones que, en este caso, puede el Sr. Juez de Ejecución merituar y exigir en el decisorio en el que resuelve conceder o denegar el beneficio que se le solicita. ____ De la propia Ley surge que las condiciones que permiten acceder a la libertad condicional son el cumplimiento de los dos tercios de la pena, la observación regular de los reglamentos carcelarios y el informe previo de la Dirección del establecimiento y de peritos que pronostiquen en forma individual y favorable su reinserción social, a más de los consignados en los artículos 14 y 17 del C.P (no reincidencia y no revocación anterior).

Claramente en este caso están de modo indudable cumplidos los dos primeros y el cuarto y último requisito. Resta considerar si debe tenerse o no por cumplida la exigencia de los informes de pronóstico favorable a su reinserción social, ya que en el resto de las exigencias contenidas en esta nueva motivación realizada por el Sr. Juez de Ejecución Penal, el magistrado reitera la confusión entre los que son requisitos para el otorgamiento de la libertad, de aquellos que conforme la ley condicionan su mantenimiento o revocación. Como lo destaca en sus agravios la apelante existe un preciso distingo entre los requisitos para la obtención de la libertad condicional y su mantenimiento.

Es el auto de soltura el que condiciona los logros que el penado debe alcanzar en el plazo que se le señale, y lo que debe evitar, como condición para que se lo mantenga en el goce de la libertad. La no obtención de dichos logros, o la realización de actos prohibidos, aparece como condición resolutoria que justifica la cancelación de la libertad. En el plan de la ley y montado sobre un razonamiento que parte del reconocimiento de los efectos desocializadores que inevitablemente apareja el encierro, el legislador establece condiciones de cumplimiento progresivo para el instituto, distinguiendo como umbral aquellas a cuyo logro supedita la libertad. Pero en la lógica de la progresividad que domina toda la ejecución de la pena no se queda allí, sino que le presenta al novel liberado las metas obligatorias que necesitará alcanzar para mantenerse en ese estado. De lo contrario se le revocará el beneficio. Especialmente la meta de la obtención de trabajo, por su naturaleza, será más asequible a quien está en libertad que para el que sufre encierro. Si la obtención de empleo o actividad por cuenta propia le resulta difícil a aquellos que se encuentran insertos en marcos sociales y familiares de apoyo, que decir de los que por efecto de la pena estuvieron segregados de la sociedad durante prolongado tiempo, más de una década en el caso que examinamos.

Conforman estos requisitos los obligatorios y los de imposición optativa incluidos en los parágrafos 1 a 6, y los del último párrafo del art. 13. Estos importan condiciones de mantenimiento ligadas al cumplimiento de aquellas obligaciones, que particularmente se determinen en el concreto auto de soltura (parágrafos 1, 2, 3, 5, 6 y eventualmente otras condiciones que puedan ser impuestas por el último párrafo) mientras que la exigencia de la no comisión de nuevos delitos (parágrafo 5), se trata de un requisito ministerio legis de mantenimiento de la libertad condicional. Por ello se debe descalificar nuevamente como requisito para la concesión del beneficio la previa obtención de trabajo estable. La persistencia que en este punto mantiene el Sr. Juez de Ejecución, luego del fallo de alzada, debe ser descalificada, no solo porque rompe el principio de legalidad introduciendo un requisito que la ley no establece para conceder la libertad condicional, sino para mantener la ya otorgada, sino porque importa desoír lo resuelto por Tribunal competente por imperio de la Ley para revisar sus decisiones con fuerza imperativa, y no como emisor de opiniones o consejos.

En la nueva valoración, y ceñidos a los requisitos de obtención de la libertad condicional, el Sr. Juez de Ejecución objeta en síntesis el domicilio propuesto, tanto por su precariedad temporal como por la presencia de niños, y se aparta de las conclusiones periciales favorables al pronóstico de reinserción.__________________ Con relación al domicilio dice el Sr. Juez que se torna incierto sobre cuál será el domicilio del penado una vez que transcurra los sesenta días, atento a que su reinserción se encuentra supeditado a que luego buscará un nuevo domicilio o bien que pondrá un taller de zapatería. Y es incierto aún más, porque el penado no tiene un grupo familiar que pueda contenerlo o ayudarlo. Agrega luego que para la obtención de la libertad condicional es necesario contar con un domicilio fijo susceptible a verificaciones. Por otra parte hace mención que la institución religiosa donde propone habitar, resulta inadecuada atento a la presencia de menores de edad que concurren a actividades sociales.

Sobre este punto en el decisorio anterior se decía que si bien el penado debe tenerlo a los fines de la concesión de la libertad, toda vez que el auto de soltura debe determinarlo, ello no implica que la exigencia del domicilio se extienda a domicilio fijo que aparezca como inalterable. La mutación del domicilio aparece como un derecho fundamental de la persona humana amparado por el art. 14 de la C.N. Este derecho, como todos los fundamentales, es susceptible de reglamentación, pero no puede admitirse que so pretexto de ella pueda ser alterado por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 de la C.N.)._____________________ Cuando la ley penal incluye en el apartado 1º del art. 13 la obligación del beneficiario de la libertad condicional, de "residir en el lugar que determine el auto de soltura", lo que impone es la condición operativa que mantendrá el imprescindible nexo entre el liberado y el sistema de control de las condiciones de mantenimiento de la libertad condicional. Podrá el beneficiario cambiar el domicilio tantas veces como sea necesario o lo desee, siempre a condición que actualice previamente la autorización sobre el nuevo domicilio, de modo que se satisfaga las necesidades derivadas del control y de la posibilidad de convocatoria del penado a requerimiento de la autoridad.

Respecto de la presencia de niños en el templo evangélico decía en pronunciamiento anterior que no se me escapaba, que desde la inevitable y conveniente apreciación victimológica, en la interpretación del art. 13 del C.P., aparezca como merecedor de puntual análisis el hecho que el domicilio se proponga sobre sitio sujeto a asistencia de menores, respecto de un condenado que lo fue por ilícitos por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de personas de tal condición. Pero ello podrá justificar requerimiento de domicilios alternativos, o resguardos de control adicionales, pero no la denegación categórica del beneficio, toda vez que por el art. 50 del Reglamento Interno de Unidades Carcelarias establecido por Resolución Nº 159/02 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, frente a la resolución que rechaza el beneficio, el condenado sólo podrá renovar la solicitud a los seis meses del rechazo de su anterior petición.______________ A pesar del expreso recordatorio de la imposibilidad de renovación del pedido antes de los seis meses de una denegación y de la indicación realizada sobre el requerimiento de domicilios alternativos o resguardos de control adicionales, los efectos de la nulidad por falta de motivación no fueron aprovechados por el Juez actuante ni por la Defensa para permitir un mejoramiento de las condiciones ofrecidas por el interno y su referente social, como podría haber acontecido si entre el auto revocado y el dictado de una nueva resolución se hubieran despachados proveídos tendientes a permitir la mejora de las condiciones de contexto en las que se podía enmarcar la nueva decisión. Vuelven de nuevo los autos con la opción bizarra, presentándolo al requisito del domicilio en la opción de "tómelo o déjelo" sin que el Tribunal del recurso pueda actuar en el sentido en el que podría haberlo hecho el Juez del Control de la Ejecución. Limitado entonces por los estrechos márgenes de la competencia recursiva debo decidir si la temporalidad del domicilio y la presencia de niños es causal suficiente para convalidar la denegatoria de la libertad o no. Entiendo que no. El penado fijo domicilio, el que aún temporario reúne las condiciones exigidas por la ley, permitiendo en ese lapso, el de dos meses, su verificabilidad y que le sean dirigidos los controles y convocatorias al penado que resulten necesarias. Naturalmente en ese caso corre por cuenta del penado, y de los que lo asistan en el proceso de inserción social, antes del vencimiento de aquel que se obtenga y comunique nuevo domicilio bajo apercibimiento de revocación de la libertad condicional concedida.

Puestos en la dirección de la progresividad en la ejecución de la pena, y a las condiciones de vulnerabilidad y capacidad de gestión limitada en las que se encuentra un novel liberado, es menester ayudar a que las condiciones de mantenimiento del avance se cumplan por lo que medida adicional apropiada sería oficiar al Sr. Intendente de la ciudad de Rosario de Lerma para que a través del área de política social del Municipio se asista al penado con la orientación y los medios disponibles para el logro de un domicilio dentro del plazo que reemplace al ofrecido como temporario, haciendo también saber que el mismo pretende desempeñarse por cuenta propia como zapatero, oficio aprendido durante su encierro, a los fines que se le otorgue la asistencia posible para que pueda hacerse de las herramientas mínimas y sitio para ejercerlo. Idéntica comunicación cabe efectuar al Sr. Secretario de estado de Desarrollo Social de la Provincia.

En alusión a la presencia de niños en el templo evangélico, tampoco se utilizó la oportunidad de nuevo examen que posibilitaba la declaración de nulidad para obtener alternativas al respecto, ni se cuenta siquiera con precisiones sobre la conformación del ámbito espacial, ni si allí en algún momento los menores están sin la compañía de adultos responsables. Por eso es importante que en la tramitación de un beneficio de libertad condicional antes de echar mano al recurso de la denegatoria, cuando se advierte objeción posible sobre alguno de los extremos de exigibilidad en la concesión, se opte por las medidas para mejor proveer, ya que las mismas permiten la orientación positiva del gestionante, el que de suyo necesita el acompañamiento que compense los desconocimientos y las limitaciones derivadas del largo período de segregación social. Por la limitada competencia del juez de apelación, ceñido a la materia en examen que me propone el recurso, entiendo que las objeciones sobre el domicilio bien pueden ser superadas echando mano a la imposición de medidas a las que la misma ley faculta en la remisión que hace el artículo 13 in fine al artículo 27 bis, ambos del C.P. Este último, en sus incisos 2do. y 6to. prevé la posibilidad que se le imponga al liberado la prohibición de relacionarse con determinadas personas, y la realización de tratamiento psicológico. Con relación a la primera imposición, esta puede consistir en el mandato de abstención de relacionamiento con menores de edad que concurran por cualquier motivo al predio del templo evangélico en cuestión. Con relación al segundo, imposición de asistencia Psicológica, sugerida por el Consejo Correccional (fs. 10 vta) como actividad del Patronato de Presos y Liberados, cabe complementarla como a cargo del aparato asistencial de Salud Pública de la Provincia, por el término de un año y con reevaluación de la necesidad o no de su mantenimiento al término del mismo, librando oficio al Sr. Director de Salud Mental de la Provincia para que indique profesional Psicólogo y establecimiento asistencial que atenderá al penado, conforme su lugar de residencia en la ciudad de Rosario de Lerma, remitiéndole al efecto copia simple de la totalidad del incidente.

Con relación a la segunda consideración negativa a la libertad desarrollada por el Sr. Juez de Ejecución, y cuestionada en la expresión de agravios por la Defensa, relativa al pronóstico negativo, por incierto, respecto a la reinserción social del penado, le asiste toda razón a la impugnante cuando dice "que formular un pronóstico certero sobre la supuesta resocialización es de imposible concreción pues ello es pretender formular futurología inadmisible bajo cualquier óptica en nuestro Estado de Derecho. En efecto, si hay algo impredecible es el comportamiento humano. Da cuenta de ello los siglos que lleva la discusión sobre los fines de la pena y la verificada imposibilidad de prevención total del delito, ni general ni especial, ni ante delictum ni post delictum.___________ La persona humana es el factor fuera de todo control y todo pronóstico por aquello que la dignifica o la condena: el uso que hace de su libertad. Precisamente es la libertad, la que está en la base de legitimación del castigo penal. No puede aplicársele una pena a aquel del cual no cabe admitir que podría haber actuado de una manera diferente a la que lo hizo. Pero también, es esa misma libertad que antes encontramos en los cimientos del Derecho Penal la que excluye la certeza en el vaticinio y confronta toda ideología de ortopedia social.___________________ Claro está que en este resbaladizo terreno el único vaticinio que inexorablemente se cumple, es que denegada la libertad condicional el penado no podrá cometer nuevo delito, por lo menos de abuso sexual contra menores, por la inexistencia de niños intramuros en Cárcel de Varones. La denegatoria de libertad condicional siempre es la opción de menor riesgo victimológico, pero la que se coloca en las antípodas de la ingeniería progresiva de la ley, cuando el rechazo se resuelve aún reunidos los requisitos que esta exige.__________________ De lo que podemos ocuparnos es de verificar que la oportunidad de reinserción sea consistente como oportunidad. Es decir, que a criterio criminológico se haya precedido la libertad de los avances necesarios para pronosticar (con la incerteza que eso conlleva de modo inevitable) que es de esperar como favorable su reinserción social.

Esto es lo que objeta el Sr. Juez de Ejecución. Veamos como lo hace. Dice que teniendo en cuenta el tiempo que lleva detenido, en donde solamente se ha adaptado al régimen carcelario, pero no existe gran avance en su aspecto personal. Relaciona luego la previa integración laboral para que pueda ser incluido socialmente, volviendo a confundir el requisito del trabajo como condición de otorgamiento y no de mantenimiento de la libertad condicional. Pero esta vez, proyectando como consecuencia de la falta de trabajo fijo o definitivo derivaciones negativas sobre el pronóstico de resocialización.

Completa el Sr. Juez su razonamiento diciendo que en razón de las características personales y sociales del interno, es necesario que todavía continúe con tratamiento psicológico, y que mientras tanto exista un régimen impuesto a seguir con control y observancia del mismo, la evolución se presentará de manera positiva, no obstante al momento de ejercer la autodisciplina, las carencias de su personalidad, la institucionalización que presenta y las falencias psicológicas, resultan fundamentales para estimar el incumplimiento de las normativas a las cuales se deben apegar los penados que intentan acceder al beneficio de libertad Condicional donde el cumplimiento de las restricciones dependen exclusivamente del Interno.

Objeto la visión que subyace sobre el encierro y sobre la libertad condicional en los párrafos transcriptos. La continuidad de un tratamiento psicológico no está ligada a la continuidad del encierro. La propia ley prevé este tipo de tarea asistencial como condición posible de imponer al liberado en el cumplimiento de la libertad condicional, como en párrafos anteriores ya se lo dijo.________________________ Objetar también la posibilidad de reinserción por la adaptación del penado al régimen penitenciario encierra un razonamiento circular. No debe salir porque esta institucionalizado, pero la prolongación del encierro agravará la institucionalización. Ergo algún día saldrá por cumplimiento de la pena y entonces sus chances de reinserción habrán mermado en relación directamente proporcional al incremento de su adaptación carcelaria y su institucionalización.________________________ Si se reconoce la adaptación carcelaria, eso no debe ser un obstáculo a la libertad, sino un problema sobre su permanencia en encierro, siendo la responsabilidad sobre ese efecto indeseado del propio sistema penitenciario y no del interno.

Tampoco es automáticamente equiparable libertad condicional y auto-disciplina. La posibilidad de condicionamientos en el otorgamiento de la condicionalidad, conforme al menú que ofrece el artículo 13 y el 27 bis del C.P convocan a soluciones más creativas para administrar el proceso de tránsito entre la inevitable cota de institucionalización y el autogobierno absoluto en libertad. Es que aquí está la paradoja de la pena de Prisión: pretender que en el encierro alguien aprenda a administrar a futuro mejor su libertad de lo que lo hizo en libertad en el pasado.

Dicho esto, no puedo menos que sentar la mirada en el informe elaborado por el representante del Patronato de Presos y Liberados quien se expide en sentido negativo al otorgamiento del beneficio peticionado. Su razonamiento se asienta en el entendimiento que, la concurrencia de menores al inmueble fijado como eventual residencia constituye un riesgo para aquellos, por cuanto no descarta la posibilidad que el interno incurra en conductas pederastas, y segundo, porque solo sería allí alojado por un lapso de 60 días. Respecto a esta conclusión caben dos observaciones, la primera de ellas referida a la notable contradicción con la valoración arribada por los miembros del Consejo Correccional quienes, habiendo examinado al penado por un período de tres meses consecutivos, afirman que ha logrado durante su internación una evolución positiva disminuyendo indicadores de reincidencia, respondiendo al principio de autodisciplina, sosteniendo además el acompañamiento psicosocial por parte del patronato de presos y liberados, contradicción que infiero deviene del hecho que el Lic. Arroz solo ha mantenido una única entrevista con el peticionante, por lo que frente a ello no caben dudas respecto al mayor peso que infunde el diagnóstico del Consejo, el que da cuenta del destacable esfuerzo que durante trece años de encierro ha desplegado el interno Cuellar, revirtiendo los aspectos negativos que lo acompañaban a su ingreso para dar paso, entre otros, a la reflexión sobre las consecuencias de su acción.

La segunda observación recae sobre lo que pareciera un grave olvido o desconfianza sobre las propias posibilidades de su intervención respecto a las funciones de "asistencia" que le competen al Patronato de Presos y Liberados, organismo dependiente de la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios de nuestra provincia, consistente en acompañar en la etapa final del proceso de readaptación y resocialización a las personas condenadas, procurando sus mayores esfuerzos en establecer relaciones con personas e instituciones que faciliten y favorezcan la posibilidades de integración social en la prevención de conductas de riesgo personal o social. Ello así sostengo por cuanto el Lic. Juan Matías Arroz afirma que el proyecto laboral esbozado por Cuellar se le presenta como inconsistente, con lo que pareciera descartar de cuajo cualquier gestión que el organismo al que pertenece, está obligado a realizar con aquellas dependencias estatales tendientes a lograr la incorporación del condenado a planes y/o proyectos de acción social que prevén ayudas económicas para el inicio de actividades lucrativas a personas de escasos recursos y/o que pertenecen a segmentos marginados de la sociedad. Igual fin pareciera avizorar sobre aquellas ofertas laborales cuya concreción depende del otorgamiento de la libertad, conforme lo manifestado por el referente social - Laime Hugo Martín (pastor)- al Trabajador Social Lic. Javier Alfaro (v. fs. 05), sobre lo que no se profundizó, exhibiendo con ello una preocupante futura posición de ausencia de gestión, la que además de incompatible con las obligaciones propias de la institución (patronato) es perjudicial al noble fin perseguido por el sistema de ejecución de la pena.

Debe recordarse que Cuellar no puede menos que sentar su proyecto laboral en la esperanza de ser beneficiado con planes sociales dispuestos a tal fin, o ayuda de terceros cuya conquista podrá alcanzar de la mano guía de los operadores encargados de su "asistencia". Mientras su independencia económica se concreta, cumplirá las tareas que el responsable - pastor evangélico Laime- le asigne en las instalaciones del templo, y/o realizará trabajos originados en la aceptación de alguna o varias de aquellas propuestas laborales que lo esperan -insisto- conforme lo habría indicado el pastor. El peticionante ha demostrado una conducta laboral responsable, aprendiendo el oficio de zapatero y de tractorista, por lo que ahora le corresponde, así preparado, emprender el camino de reinserción para el que se alistó y probar su capacidad de autoconducción.

Por último debo resaltar que en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentran autorizadas la presunciones en contra de los penados, y menos cuando tampoco se las funda en datos o circunstancias posibles de ser verificadas o por lo menos apreciadas por terceros. Un pronóstico de reincidencia que no se justifica pasa a constituirse para la apreciación del juzgador, en la etapa de la alzada, de una artículo de fe y no de crítico conociendo y decisión. Por lo que -tal como lo manifestara anteriormente- el temor a que Cuellar pueda ejecutar nuevamente conductas reprochables -referido por el Lic. Arroz y sostenido por el señor Juez de Ejecución-, no obtienen en estas actuaciones justificación suficiente, habida cuenta que las personas encargadas directamente de su tratamiento psicológico continuado durante tantos años de internación y su seguimiento, destacaron la evolución positiva alcanzada y no advirtieron inconveniente alguno.

A más de ello no resulta ocioso mencionar que la insistida falta de contención familiar, tampoco puede presumirse, tal habida cuenta que encontrándose libre podrán fortalecerse los vínculos que viene manteniendo con su hermano Victorino González a través de las esporádicas visitas de éste (v. fs. 10), cuyo valor e importancia no deben ser minimizados. En igual perspectiva -quizás con avance más lento- debe tenerse la relación con su hijo Abel Cuellar, con quien hasta la fecha del informe del Consejo Correccional, mantiene contacto telefónico.

Por último, la solicitud del apartamiento del Sr. Juez de Ejecución peticionada por la Defensa se encontraba ligada a la derivación de la sanción de nulidad como habilitante para ese tipo de decisión, lo que así no resuelve en este decisorio. Por ello no corresponde tratar esa petición. De mantener esa parte objeción a la intervención en el caso del señor Juez actuante deberá ante esa jurisdicción realizar el planteo de apartamiento conforme las previsiones ordinarias sobre recusación.

Definido como lo fue el voto, y pasando a la modalidad de la ejecución del fallo conforme lo dispuesto por el artículo 465 del ordenamiento procesal de las Leyes 6.345, 7262 y 7562, corresponde devolver las actuaciones al Sr. Juez de Ejecución para la emisión del auto de soltura conforme lo señalado en parte resolutiva de este pronunciamiento y con los alcances y condiciones indicados en los Considerandos. Esto es así ya que por el artículo 3ro. del nuevo Código Procesal Penal se excluye su aplicación a las causas iniciadas con anterioridad al inicio de su vigencia, lo que implica que el procedimiento novedoso del artículo 530, que establece que cuando por efecto de la resolución deba cesar la detención del imputado el Tribunal que la dicte ordenará directamente su libertad no es aplicable a este caso.

El Dr. Julio Pancio, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, LA SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, ________________________RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 61/64 vta. por la Defensora Oficial y en su mérito REVOCAR el resolutorio de fojas 53/55 vta. y CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL al interno CUELLAR, JORGE II, D.N.I. Nº 14.919.672 y demás condiciones personales de autos, conforme lo dispuesto en los Considerandos del presente fallo, la que deberá efectivizarse por ante el Juzgado de Ejecución de Sentencia.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.