Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-08


ACUERDO N° 92 .- En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los ocho días del mes de Septiembre del año dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia integrada por los Doctores OSCAR E. MASSEI y RICARDO TOMÁS KOHON, con la intervención de la Secretaria titular de la Secretaría de Demandas Originarias Dra. Cecilia Pamphile para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "VENTURÍN ELIZABETH NOEMÍ c/CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DE NEUQUEN s/ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" (expte. 1102/04), en trámite por ante la mencionada Sala y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el DR. RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- A fs. 97/100 se presenta la Sra. Elizabeth Noemí Venturín, mediante apoderado, con patrocinio letrado, y promueve acción procesal administrativa contra el Consejo Provincial de Educación. Solicita se revoque: a) el acto que dispuso su separación en el cargo de asesora pedagógica en el P.C.A. N° 5 de la ciudad de Chos Malal; b) el que estableció su ingreso a la docencia mediante la modalidad de contrataciones (resolución 440/95); c) la resolución 1188/01 del C.P.E. y d) el decreto del Poder Ejecutivo que avaló lo actuado por el C.P.E. Requiere se la reintegre al cargo, bajo las modalidades que establece el Estatuto del Docente y la Ley 1633, porque sostiene que tiene derecho a la continuidad. Además, solicita se declare la inexistencia de todos los actos administrativos que establecen la modalidad de personal contratado, especialmente la resolución 440/95. También reclama la indemnización de los daños y perjuicios (patrimoniales y morales) sufridos por el accionar ilegítimo de la Administración, con más los intereses.

Manifiesta que el 13 de abril de 1998 fue contratada para el cargo de asesora pedagógica -cargo docente- en el Puesto de Capacitación N° 5 de la ciudad de Chos Malal, designándola en calidad de interina, con contratos sucesivos hasta el 30 de diciembre de 1999. Dice que no percibió haberes en enero del año 2000 y luego le renovaron los contratos trimestralmente hasta el 6 de abril de 2001.

Alega que cumplió sus obligaciones como docente de modo irreprochable y mantuvo siempre la misma situación de revista. Explica que, el 6 de abril de 2001 le notificaron, por nota, que no se avalaría la continuación de la contratación para cumplir funciones de seguimiento de las acciones educativas de la zona; ello, por la supuesta evaluación técnica realizada sobre el uso de las horas cátedras y las prioridades determinadas para la zona norte.

Explica que formuló reclamación administrativa ante el C.P.E. que fue respondida, luego de iniciar un amparo por mora, mediante la resolución 1118/01; que la impugnó ante el Gobernador y, su planteo también fue rechazado, con argumentos del mismo tenor.

Plantea y fundamenta la nulidad del sistema de contrataciones y, en particular, del establecido por la resolución 440/95. Sostiene que está en discordancia con el Estatuto Docente, la ley 1633, la Constitución Nacional y Provincial, en tanto vulnera la garantía de estabilidad del empleado público.

Esgrime que el régimen docente regula el ingreso y egreso a la docencia (tanto para las designaciones titulares, interinas y suplencias) y que sus prescripciones no fueron cumplidas en su caso, ya que ingresó como docente interina con continuidad y fue cesanteada en su cargo en forma arbitraria. Expresa que la Administración utilizó la figura de los contratos para negarle sus derechos como docente.

Analiza la real naturaleza de la relación laboral. Refiere que, en su recibo de sueldo y en su declaración jurada de cargos, figura como personal interino; que esto encierra una contradicción porque esa situación de revista supone una serie de beneficios de los que nunca gozó y que son incompatibles con una relación contractual.

Expresa que se le asignó contractualmente una categoría DAC 6, equivalente a la de profesor de enseñanza media, nivel adultos, con una remuneración por hora cátedra de $52,03, monto por el que debió abonar el sellado del contrato. Dice que, por el contrario, la remuneración que finalmente percibió ascendió a la suma de $433, la que no se condice con lo establecido contractualmente. Además la Administración la obligó a figurar ante la D.G.I. como autónoma, fue responsable del pago de aportes y monotributo y la empleadora se desligó de sus obligaciones patronales.

Como corolario de todas las irregularidades, dice que no se cumplió con la carga horaria establecida en la declaración jurada de cargos, lo que se ve reflejado en las actas del Establecimiento y, este excedente de horas nunca le fue remunerado, configurándose un abuso por parte de la Administración.

Indica que se evidencia un fraude laboral que la perjudicó, al vulnerarse el derecho a la estabilidad previsto por la Ley 1633 (de continuidad) y en el decreto reglamentario, que regula la situación de los docentes interinos.

Describe los daños y perjuicios padecidos y reclama su indemnización. Ofrece prueba y funda en derecho.

II.- Declarada la admisión del proceso (fs. 122/123), la actora a fs. 125, amplía el ofrecimiento de prueba y opta por el proceso ordinario.

III.- A fs. 139/146 el Fiscal de Estado contesta la demanda.

Luego de las negativas de rigor, alude al dictado de la resolución 440/95 y la regulación de las relaciones del personal y, en especial, describe la relación mantenida con al Sra. Venturín que culminó en abril de 2001 cuando se dispuso no renovarle el contrato.

Indica que eso originó un reclamo que se rechazó mediante la resolución 1188/01, luego la actora interpuso otro, en similares términos, que fue rechazado mediante el decreto 937/04.

Sostiene que la acción es improcedente porque la accionante incurre en un error interpretativo. Manifiesta que, la única forma de ingresar a un cargo público es el concurso de oposición y antecedentes. El cargo que ocupaba la actora lo era en carácter de contratada, conforme a lo dispuesto por la resolución 440/95, al igual que todos los agentes que se desempeñaban en los puestos de capacitación, sin que con ello se conculque ninguna ley, ni la Constitución Nacional o Provincial.

Explica sobre el sistema creado por la resolución 440/95 con la finalidad de intercambiar experiencias y recursos para la capacitación en el desarrollo agropecuario de la Provincia. Agrega que estos puestos de capacitación no formal funcionan según las necesidades de cada lugar y, en virtud de ello, se realizaron las designaciones; así, los puestos de capacitación fueron de variable funcionamiento por lo que no resultaba conveniente, ni apropiado, la designación de personal estable.

Refiere que otra forma de designación no tendría sustento legal en el marco de la figura educativa que poseen los centros de capacitación. Indica que la actora estuvo vinculada con el sistema a través de contratos desde el año 1998 hasta abril 2001 sin que haya presentado ningún tipo de objeción, ni planteos. Dice que la vinculación contractual siempre fue de carácter voluntario y no compulsivo, siendo a término en virtud del propio Programa de Capacitación y de la reglamentación vigente.

Explica que las tareas por las que se contrató a la actora no estaban incluidas dentro del escalafón docente, sino que se desarrollaban en el ámbito de un subsistema no formal como eran los Puestos de capacitación agropecuaria y la normativa de cobertura de dichos cargos se estableció en la resolución 440/95.

Plantea que los contratos celebrados estaban excluidos completamente del E.P.C.A.P.P., del Estatuto docente, de la Ley 1633, sin realizarse aportes, ni contribuciones.

Alude a la doctrina de la Corte Suprema sentada en la causa "Vaquero" en punto a que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración.

Afirma que no se dictó respecto a la actora un acto expreso que la incorpore como empleada pública y que tampoco puede endilgarse a la demandada, que dispusiera la baja de la Administración: simplemente -dice- se venció el último plazo expreso contractual, para el cual había sido designada para prestar servicios.

Cita jurisprudencia de este Cuerpo que avala su postura y refiere a las facultades discrecionales del Consejo Provincial de Educación.

Plantea que los daños y perjuicios reclamados son improcedentes. Ofrece prueba.

IV.- A fs. 150/157 se presenta el Consejo Provincial de Educación a contestar la acción y solicita su rechazo.

Luego de la negativa de rigor, se explaya sobre la realidad de los hechos y explica el sistema establecido en la resolución 440/95, con similares fundamentos que los sostenidos por la Fiscalía de Estado respecto a la calidad de contratados de los agentes incluidos en dicho régimen. Cita jurisprudencia.

Afirma que la actora no ingresó a la Administración mediante concurso y mal puede pretender la aplicación del Estatuto docente.

Sostiene que la normativa impugnada no puede ser tachada de inconstitucional y, menos, sostener que posee vicio alguno que determine su invalidez, conforme la Ley 1284.

Impugna los daños reclamados.

Funda en derecho. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal.

V.- A fs. 164 se abre la causa a prueba y a fs. 238/240, mediante la R.I. 6901/09, luego de declarar la negligencia de la actora en la producción de la prueba testimonial e informativa, se clausura el período probatorio y se ponen los autos para alegar.

A fs. 250/251 luce agregado alegato de la parte actora y a fs. 252/254 del Consejo Provincial de Educación.

VI.- A fs. 257/261 dictamina el Sr. Fiscal quien propicia se rechace la demanda entablada.

VII.- A fs. 262, se dicta la providencia de autos para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo.

VIII.- Expuestas las posiciones de las partes, se encuentra en debate la validez de la resolución 440/95 y, como consecuencia de ello, la solicitud de la actora a reintegrarse al cargo que ocupaba, pero en la forma y bajo las modalidades que establece el Estatuto docente y la ley 1633.

La actora considera que la resolución 440/95 adolece del vicio de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido atribuciones legislativas al crear un sistema de contrataciones contrario al Estatuto docente y la Ley 1633.

IX.- Ahora bien, tal como reiteradamente se ha sostenido la existencia de uno o varios contratos a plazo, renovados o no y la presunción de una tácita reconducción, son insuficientes frente a la inexistencia de un acto de designación en planta permanente que confiera al actor el derecho a la estabilidad en el cargo: el nombramiento debe acreditarse.

Por ello, para admitir la pretensión de obtener y conservar el empleo público con derecho a la estabilidad, es imprescindible acreditar la posesión de aquél mediante constancias de las que se desprenda la preexistencia de una relación de carácter estable (cfr. en igual sentido, TSJ Pcia. de Córdoba "Vega de Vicente, Gilda v. Dirección Provincial de Vialidad y otro" del 10/10/07; Acuerdo 71/10, "Contreras", Ac. 1144/05, "Alcaraz").

En esta línea, adhiero a los argumentos relativos a que el tiempo transcurrido o el carácter de las tareas desarrolladas son insuficientes para justificar que se acuerde un derecho cuyo nacimiento está supeditado a determinadas condiciones, si éstas no se cumplieron (Fallos 310:195; 310-1390; 310:2927). Ello así, no sólo por cuanto en materia de funciones y competencias, el marco normativo, la gestión y la estructura de la organización, en la generalidad de los casos, no permiten obtener una definición uniforme de lo que debe entenderse por "tarea propia del personal permanente" (cfr. Miriam Ivanega, op. cit. pág 256), sino porque, además, esta práctica termina por desnaturalizar el sistema (particularmente en lo referido al "ingreso"), lo que en nada contribuye a las finalidades en orden a la cuales se han dictado las normas regulatorias del empleo público.

Coadyuva a esta posición, el art. 153 de la Constitución Provincial, en cuanto dispone que "sólo se crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados". Desde éste vértice, mal podría el Poder Judicial disponer el "ingreso" de la accionante a la planta de empleados permanente del Consejo Provincial de Educación, cuando ello no ha sido considerado, por la propia administración, como necesario ni justificado.

Por lo tanto: a) la regla general es que el ingreso a la planta permanente requiere de un acto expreso de designación, precedido de un concurso público tendiente a hacer efectivos los requisitos de idoneidad, transparencia e igualdad;

b) las excepciones deben interpretarse restrictivamente, por lo cual, salvo disposición estatutaria en contrario, el mero transcurso del tiempo es insuficiente para suplir aquellos recaudos;

c) la garantía de estabilidad se encuentra reservada para los agentes que integran la planta de personal permanente de la Administración Pública.

Debe insistirse en que, si lo que debe controlarse jurisdiccionalmente es que la actuación de la Administración se ajuste al principio de legalidad, mal podría -aún cuando ello respondiera al propósito de limitar la discrecionalidad administrativa en el uso o abuso de la modalidad contractual- concederse el reconocimiento directo de un derecho -en el caso a la estabilidad- cuya adquisición se encuentra debidamente reglamentada y lucen ausentes los presupuestos para su obtención. Sobre estas premisas, debo reafirmar mi posición en cuanto a que las vinculaciones contractuales no están amparadas por la garantía de la estabilidad del empleo público y, por consecuencia, la pretensión actoral en este aspecto debe ser desestimada.

X.- Ahora bien, situados en la órbita contractual, entiendo necesario señalar que la posibilidad de contratar personal a fin de cumplir tareas que, por razones específicas y justificadas, no puedan ser llevadas a cabo por el personal de planta permanente, en principio y por sí solo, no constituye un accionar contrario a las disposiciones constitucionales y legales.

Al margen de la relación habitual derivada del respectivo nombramiento, el ingreso a la función o al cargo público puede hacerse también a través de un contrato celebrado entre el Estado y el administrado, que la doctrina en general llama "ad hoc", por ser fruto de un lazo distinto al que rige al personal "estable".

En este punto, debe notarse que, si bien las razones que justifican el régimen de estabilidad, aconsejan un uso limitado de este recurso, por principio, su práctica se encuentra autorizada.

Es más, en algunos casos, lo que podría considerarse irrazonable sería el ampliar la planta de personal estable cuando no obedeciera a necesidades permanentes, no sólo por cuanto sería un dispendio de recursos materiales, sino en tanto no se respetaría la pauta constitucional de racionalidad, consagrada en el ya mencionado artículo 153.

Tenemos entonces que, en muchas circunstancias, recurrir a vinculaciones temporarias no sólo no será ilegítimo sino que, además, será la única posibilidad de un actuar razonable por parte de la Administración.

En esos casos, cuando no pudiera afirmarse que haya mediado un accionar ilegítimo o un ejercicio abusivo de las facultades de organización de sus servicios, corresponderá estar a los términos contractuales y sólo en ese contexto será responsable el Estado.

El problema se presenta, cuando el recurso a los contratos supone un accionar administrativo fraudulento e irrazonable. Como indica García Pulles, ".si bien la Administración está autorizada a recurrir a dicha modalidad, esa facultad debe ser ejercida en forma razonable, es decir, de un modo armónico con la Constitución, respetando la esfera de los derechos que la ley le confiere a sus agentes, contenidos principalmente en los arts. 14, 14 bis, ya que se trata de personas humanas que tienen derecho a trabajar y vivir con dignidad" (cfr. García Pulles Fernando, Régimen de empleo Público en la Administración Nacional, Ed. Lexis Nexis, pág. 286 y 300).

En estos casos, siguiendo el razonamiento expuesto por la CSJN en la causa Ramos (R.354,L. XLIV, sentencia del 06/04/2010) si se estableciera que en el caso el accionar de la Administración ha sido irrazonable y no existiera una justificación para la contratación, correspondería establecer una indemnización ante la rescisión incausada, por aplicación de la protección constitucional contra el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis, para el trabajo en todas sus formas.

Ello, claro está, exige un estricto escrutinio en cada caso.

XI.- Ahora bien, conforme surge de los elementos arrimados a autos y como bien resume el Sr. Fiscal en su dictamen, a través de la ley 1964 y su anexo I -Convenio entre Nación y Provincia-, del decreto 3943/90 y su anexo -Convenio entre la Unidad Ejecutora provincial y el Consejo Provincial de Educación- y los decretos 2557/95 y 211/95, en diciembre de 1986 la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén aprobó el Convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Este convenio tuvo en miras la ejecución -en jurisdicción provincial- del programa E.M.E.T.A. financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo se centraba en la puesta en funcionamiento y mantenimiento de un programa de expansión y mejoramiento de la educación técnica agropecuaria.

Luego, mediante la resolución 1261/92 y el decreto 1862/92 (art. 3), se crearon los Puestos de Capacitación Agropecuaria (P.C.A.) como Subsistemas no formales, en el marco del citado programa E.M.E.T.A. A su vez, por resolución 440/95, dictada por la Secretaría de Estado de Educación, se crea el Departamento de Capacitación agropecuaria, con la finalidad de actuar como nexo entre los P.C.A. y la Dirección de Educación de Adultos.

Se designó a las localidades de Plottier, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Aluminé y Chos Malal como lugar de asentamiento de los puestos, contando cada uno con una planta funcional conformada por: un Coordinador, un Secretario, un Instructor y un peón, asignándose 110 horas cátedras.

Asimismo, se instauró un Consejo Asesor regional "ad-honorem", integrado por representantes de municipios, distritos regionales educativos, distritos del Ministerio de Producción, entidades de productores, "así como toda otra entidad pública o privada que se considere de interés para el logro de los objetivos educativos-productivos" (art. 6).

Esos agentes y los que se desempeñarían en el Departamento de Capacitación Agropecuaria No Formal (un cargo DPA 7, dos asesores Técnicos en Capacitación No formal y un auxiliar), revestirían como personal contratado (art. 5). En el Anexo I, de la citada resolución se determinó la modalidad de ingreso, evaluaciones, régimen de convivencia del personal y egreso; condicionamientos propios y específicos atento la especial modalidad en que desarrollarían las funciones.

Con esa plataforma normativa se contrata a la actora, en forma trimestral, conforme surge de los contratos agregados a fs. 56/59, (desde 1 de julio de 1998 a marzo de 1999, se reanuda la contratación desde el 1 de julio del 2000 a septiembre del 2000, luego desde el 8 de diciembre de 2000 al 8 de marzo de 2001). Fue contratada para "cumplir las tareas asignadas en el Puesto de Capacitación Agropecuaria N° 5 o donde lo determine el Proyecto" y se fijó como remuneración "...la establecida por la Ley de remuneraciones de la provincia para el cargo DAA-6 en DAC-6 (12 horas cátedras) con sujeción a las obligaciones previsionales y asistenciales establecidas u de las normas vigentes ..." (cfr. artículo 2).

De la documentación aportada surge el desarrollo del Programa (ver los informes correspondientes realizados por la Coordinadora de los Puestos de Capacitación agropecuaria, a fs. 77/78).

En este contexto, se decidió dar por finalizada la relación contractual con la actora, ponderándose el "...uso del recurso horas cátedras y las prioridades determinadas para la zona norte para el corriente año..." (cfr. fs. 87).

XII.- Ahora bien, de lo expuesto surge que, en este caso, nos encontramos frente a la implementación de un sistema no formal de "Capacitación Agropecuaria" con dependencia de la Dirección de Formación Profesional, habiéndose establecido en su creación la planta funcional, cargos, y horas de cada puesto.

Surge de los antecedentes que fue creado con la finalidad de intercambiar experiencias y recursos que haga a la capacitación para el desarrollo agropecuario de la Provincia, funcionando los Puestos de Capacitación según las necesidades de cada lugar y en virtud de ello se realizan las designaciones.

La instrumentación del sistema se canalizó mediante la contratación del personal para el cumplimiento del programa, personal que -claramente- no se encuentra incluido en el escalafón docente.

Y esto es así y se justifica en la distinción que corresponde efectuar entre la educación formal y no formal.

En efecto, conforme se sostuviera en autos "Valdebenito Elba Haydee c/Consejo Provincial de Educación s/acción procesal administrativa" expte. 360/02, el mandato constitucional establece que: "La provincia creará escuelas destinas primordialmente a la enseñanza de adultos, aprendizaje de oficios y especializaciones corrientes, pudiendo ser con funcionamiento nocturno (artículo 123)".

Y se explicaba: "Cumpliendo la manda constitucional, se brindan dos tipos de educación, que podríamos denominar "formal" (dictada por los Maestros de Ciclo, cuya exigencia es el título "docente") y "no formal" (dictada por los MEP, cuya exigencia no es el título docente, sino solamente la idoneidad en la especialidad). Tratándose de la educación de adultos, y básicamente, en el caso, de la enseñanza de "oficios o especializaciones corrientes", las asignaturas de los "maestros de enseñanza práctica" que se dictan tienen como nota distintiva, su mutación, ya que el real interés de su dictado depende de la efectiva demanda que exista..." (Acuerdo 1092/05) .

Desde allí, que la reglamentación efectuada aparezca como razonable y no resulte inconstitucional pues ninguna duda ofrece el hecho de que si la Administración tiene una necesidad temporánea, es lógico que contrate a una persona por tiempo determinado y sin concederle la garantía de estabilidad.

Como ya se señalara, no toda contratación temporaria conculca la garantía de la estabilidad; es la excepción a la regla de la estabilidad del empleado público, conforme a la interpretación del art. 14 bis, de la Constitución Nacional y de su par local, y puede válidamente convenirse en casos especiales, tal la existencia de "razones serias y objetivas que justifiquen y expliquen el uso de la modalidad elegida y su compatibilidad con la Constitución Nacional" (cfr. votos de la minoría -Fayt, Maqueda y Zaffaroni- en la causa "Ramos").

A tenor de los antecedentes mencionados, la resolución 440/95 se enmarca en la educación no formal, extraña a la curricula normal y habitual de los establecimientos de adultos, que habilita la contratación de personal por parte de la Administración en atención a la evaluación que se efectúe acorde a las necesidades del lugar donde se implementa la capacitación.

Así los puestos de capacitación tuvieron como objetivo, a tenor de lo informado por el Director de Formación Profesional, defender y asegurar la capacitación de la población, según las posibilidades de desarrollo local y consolidar un proyecto educativo-productivo en crecimiento, por lo tanto flexible a los cambios permanentes en la zona (cfr. fs. 22, expte. 2500-34439/1).

Es que como se señalara en el Acuerdo 764/01 dictado en los autos "Arias María Teresa c/Consejo Provincial de Educación s/ acción procesal administrativa" expte. 496/98, es un dato de la realidad que la Administración en pos del cumplimiento de los cometidos estatales que le son propios, recurre a la celebración de contratos administrativos.

Así, el contrato administrativo es una especie del género contrato que se caracteriza por ser celebrado por al menos un sujeto estatal y regido directa o supletoriamente por el derecho administrativo según la función que ejerza el sujeto estatal involucrado, siendo sus elementos esenciales y que deben concurrir en todo contrato administrativo: a) que uno de los sujetos de la relación jurídica sea la Administración Pública (Estado, Comuna, Entidad Autárquica), obrando como tal, es decir como entidad de derecho público; b) que el objeto del contrato sea una prestación de utilidad pública y que en tal virtud, la Administración fije unilateralmente el objeto, modo y condiciones de la prestación y contraprestación.

Por eso "... la relación del funcionario público y del empleado público con la Administración, puede surgir de un contrato administrativo "ad-hoc", extraño a la relación normal de función pública o de empleo público dando lugar a los funcionarios llamados "contratados", que en lo sustancial, tienen un régimen distinto del aplicable a la generalidad del personal de la Administración Pública, pero a los que sin embargo, cabe también reconocerles un carácter administrativo en su vinculación. Tal tipo de contratación permite a la Administración incorporar transitoriamente personal a fin de cubrir las necesidades de sus servicios, y en el orden expuesto, indudablemente debe ser aprehendida como un contrato administrativo..." En este marco surge que la contratación en crisis en el marco de actuación de la administración -Consejo Provincial de Educación- en ejercicio de sus prerrogativas con sustento normativo en la resolución 440/95, aparece legítima y la voluntad de no renovar la función de la actora para el seguimiento de las acciones educativas en la zona (Puesto de Capacitación N° 5), se presenta como el ejercicio de una facultad discrecional que no contiene vicios de arbitrariedad. Por ende los denunciados por la actora de violación de la ley y fraude a la norma constitucional no aparecen acreditados y, en definitiva, corresponde el rechazo de la acción interpuesta por la Sra. Elizabeth Noemí Venturín, con costas a la accionante (art. 68 del CPCyC, de aplicación supletoria). MI VOTO.

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: Coincido con la solución propuesta por el Sr. Vocal que abre el Acuerdo, pues en el concreto caso analizado, entiendo que no se está frente a un supuesto en el que esté comprometida la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo, eje que por el que, aparentemente, transita el planteo actoral y sobre la que el suscripto tiene opinión comprometida que difiere con la del colega del primer voto (cfr. Ac. 12/11, 13/11, 33/11, entre otros)..

Sin embargo, en los presentes, la relación contractual entablada por las partes, posee las características de un "contrato Ad-hoc"; desde allí es que, en este caso, no existen las circunstancias determinantes del "fraude" laboral que la accionante pretende erigir.

Es que, como ya sostuviera en anteriores oportunidades en las que me ha tocado integrar el Tribunal (cfr. Ac. 985/03, autos "Sepúlveda"), corresponde destacar que dentro del ámbito de la administración pública, tienen lugar -al menos- dos tipos de contrataciones: por un lado, aquellas derivadas del ingreso al cargo o función pública a través del respectivo "nombramiento"; y por otro, aquellas que afectan a personas que trabajan para la administración en virtud de un contrato, que la doctrina en general ha dado en llamarlo "ad-hoc" merced a ser distinto al que rige a la generalidad de los funcionarios o empleados públicos (cfr. Marienhoff, Miguel "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B., pág. 87 a 93). Estos agentes pasan a formar parte de la categoría dentro de los denominados NO PERMANENTES (cfr. E.D. t, 144, pág. 482).

También he sostenido que en dicho contexto, existen diversas situaciones a tener en cuenta referidas a la modalidad contractual, que deben ser analizadas a la luz de los hechos que rodean no sólo la celebración del contrato, sino también su ejecución, a fin de merituar si la contratación no se transformó en un medio idóneo para burlar el derecho a la estabilidad del empleado público.

Precisamente, el caso de autos es uno de estos supuestos puntuales -contratación de la actora para cumplir funciones en los Puestos de Capacitación- donde resulta claro que la vinculación contractual mantenida con la demandada no tuvo por finalidad eludir la garantía constitucional de la estabilidad.

Las constancias de la causa me llevan a concluir que la verdad material coincide con la verdad formal, pues la relación contractual mantenida ha tenido un carácter excepcional y no se ha desnaturalizado su finalidad.

De tal modo, he de finalizar advirtiendo que, no se presentan una situación ilegítima o contraria a las disposiciones constitucionales, contando la relación contractual con el anclaje legal que avala la contratación en los términos realizados. ASI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, de conformidad Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Rechazar la demanda incoada por la señora ELIZABETH NOEMÍ VENTURÍN contra el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN; 2°) Costas a la actora vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la Ley 1305); 3°) Regular los honorarios profesionales de la acción y los diferidos a fs. 239 de los Dres. ..., apoderado de la actora, en la suma de Pesos ..., con el patrocinio letrado de ..., ... y ... patrocinantes de la misma parte, en la suma de Pesos ... en conjunto; de la Dra. ..., apoderada de la Fiscalía de Estado, en la suma de Pesos ..., con el patrocinio letrado del Dr. ..., en la suma de Pesos ..., de la Dra. ..., ... y ..., apoderados del Consejo Provincial de Educación, en la suma de Pesos ..., en conjunto, con el patrocinio letrado de la Dra. ..., en la suma de Pesos ...(arts. 6, 9, 10, 35 y ccdtes. de la ley arancelaria vigente); 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación, firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI CECILIA PAMPHILE - Secret