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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, proceso penal, encuadre legal, tipo penal, sentencia condenatoria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., A. S. c/  s/ rapto en grado de consumado y abuso sexual simple en concurso real y otros-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-28

El planteo de afectación del principio de congruencia, desde la generalidad en la que ha sido formulado, se muestra insuficiente para desmerecer y restar decisividad a lo sostenido por el A quo en relación a dicho tópico, desde que la Cámara, para desestimar tal postulación, consideró que en el caso no existía falta de identidad entre lo pretendido por el Actor penal y lo resuelto por el Tribunal del debate, al no avizorar un apartamiento del núcleo fáctico sometido a juzgamiento; ni que los tipos penales por los que fuera condenado el justiciable alteraran la posibilidad de desplegar una efectiva defensa o perjudicara su expectativa de pena, teniendo en cuenta las escalas sobre las cuales se había escogido la misma.
Nulidad de sentencia, recurso de casación, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Propuesta Republicana - PRO (Distrito Tucumán) c/ Provincia de Tucumán s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2015-08-22

Como consecuencia de la procedencia del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que hizo lugar a la acción meramente declarativa y en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la ley 8532 de la provincia de Tucumán, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la sentencia mencionada aun cuando tal medida no fuera cuestionada en el recurso, pues dispuesta la casación, esto es, la anulación y/o revocación del pronunciamiento recurrido afecta a todos los actos posteriores que de él dependan o sean su consecuencia, conforme surge del texto y doctrina del art. 170 CPCyC de Tucumán. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)
Obligaciones del trabajador, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: D.S., H. c/ A. SRL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-26

El elemento m s indicativo de la existencia de relación laboral, pues en ella no puede faltar, es la subordinación jurídica, que surgida de las facultades de dirección y fiscalización de aquel en cuyo favor la persona física realiza los actos, ejecuta las obras o presta los servicios, consiste en la potestad de emitir él ordenes, verificar su cumplimiento y ejercer un poder disciplinario.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: A. R. E. T. c/  s/ Régimen de comunicación A., M. Comunidad M. L. F. L. c/ Municipalidad de Epuyen s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-12|2018-10-02

El recurso de apelación, como medio impugnativo permite al justiciable elevar a conocimiento de un tribunal superior la solución que estima injusta para que la modifique o revoque, no está concebido en nuestra legislación como un "novum iudicium", sino como una remisión del material incorporado a la instancia de origen, a fin de reparar los posibles errores, que, expuestos en la expresión de agravios, exhiba la sentencia. Así como el principio dispositivo deja en manos de las partes la fijación del alcance del contenido de la pretensión y oposición en todos sus elementos (sujeto-objeto-causa), el principio de preclusión indica que desde que el proceso se desarrolla en forma sucesiva (progresividad) con la clausura definitiva de cada uno de los estadios que agotan su desarrollo, la determinación de aquellos elementos deba concretarse a las piezas liminares del proceso. A su vez, el principio de consumación impedirá reeditar el ejercicio de tales facultades procesales, salvo en hipótesis excepcionales. El acatamiento de estos principios asegurará la vigencia de aquellos otros que consagran la bilateralidad del contradictorio, la igualdad de las partes y el equilibrio procesal. Habida cuenta de ellos, la expresión de agravios constituye una alegación crítica -de hechos o derecho- que valora la atendibilidad de la pretensión o de la oposición, impugnando las conclusiones del fallo. Aquellos aspectos de la sentencia de Primera Instancia que no fueron materia de expresión de agravios ante la Segunda, fueron consentidos por las partes, y aunque fuere parcialmente, la materia consentida ha pasado en autoridad de cosa juzgada, amén de haber precluído por consumación, la facultad procesal impugnatoria.
Recurso de revisión (procesal), leyes, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Pedro Pablo s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Tratándose de un proceso de revisión iniciado durante la vigencia del Código procesal - según ley 3589 y sus modif.- no es legalmente posible aplicar en forma retroactiva el art. 467 -inc. 8- de la ley 11.922, pues el art. 5 de la ley 12.059 remite al art. 3 en tanto este se refiere al cambio de procedimiento en las causas iniciadas durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal, a producirse el 1 de enero de 2002 (ley 12.395). (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ABACA, SILVANO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-02-14

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto pues, aun de aceptarse la facultad que conforme a las normas tienen los jueces para morigerar en materia de honorarios, no es menos cierto que tradicional y reiterada doctrina ha señalado que ello resulta excepcional y sujeto, siempre, a la explicitación de debida fundamentación.

Y en este sentido, lo argumentado por la Cámara no satisface, por su generalidad, los referidos recaudos de excepcionalidad y de motivación suficiente, más cuando -debe señalarse- tampoco justifica, si estimaba que los trabajos no eran de magnitud, cómo resultaban excesivos o desmarcados los mínimos establecidos por la ley arancelaria.- (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Sumario administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jauand, María M. y Trovatelli de Hernández, Nora c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa Solana, Norma Nelly c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1984-11-06

La competencia revisora de la Corte, en materia contencioso administrativa, no se extiende en principio a los procedimientos cumplidos en el ámbito administrativo, pues la deficiencia de los mismos puede superarse en la oportunidad que los afectados tienen de defenderse, probar y alegar en la instancia judicial. Esa regla reconoce excepción en aquellos casos en que la ley disponga lo contrario, o en que medie una violación grave del derecho de defensa, o si del examen de las pruebas producidas en el juicio y denegadas por la autoridad administrativa surgen elementos cuya omisión haya menoscabado la recta apreciación de los hechos por parte de ésta en el ejercicio de facultades discrecionales insusceptibles de revisión judicial plena, u otras causas de similar gravedad; circunstancias que no se configuran en el caso ya que los arts. 54 y 56 del decreto 168/58 contiene prescripciones que permiten un adecuado conocimiento por parte de los sumariados de los cargos que se investigan y la notificación se cumplió al ordenarse la instrucción del sumario.
Subasta, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUHLER JUAN c/ ELBA ANTONIA DE LUCA s/ DIVORCIO - INCIDENTE DE REGUALCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-06

La nulidad de la subasta debe ser interpretada aún con criterio más restrictivo que la nulidad de los actos procesales en general ello en defensa de la seguridad jurídica respecto de los actos judiciales y para evitar el desprestigio de este tipo de ventas y en función de los terceros cuya buena fe se presume, en aras de la tranquilidad y el orden público.
Prescripción, plazo de gracia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIKEL EDUARDO MARIANO c/ NAVARRET CESAR AGUSTIN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-12

El "plazo de gracia" concedido por el artículo 121 del Código Procesal Civil y Comercial, no es aplicable a la demanda en cuanto acto interruptivo de la prescripción, por tratarse de una norma adjetiva que sólo opera en el ámbito procesal y respecto de plazos procesales exclusivamente y además da por presupuesta la existencia de un proceso y, o trámite abierto y radicado en justicia; lo contrario mportaría la modificación -constitucionalmente inadmisible- de un plazo fijado por la ley civil común. (VOTO DE LA MAYORIA).
Derecho procesal, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: RICALE VIAJES S.R.L. c/ VISA ARGENTINA S.A. Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

Constituye condición de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de la ley que la recurrente haya cumplido con la carga de invocar el precedente con anterioridad al pronunciamiento del fallo definitivo (Cpr: 288). La oportunidad para tal invocación previa es, como regla, la de la presentación de la expresión de agravios o su contestación, o la de los memoriales, según se trate, respectivamente, de apelación concedida libremente o en relación. Ello no obsta a la invocación formulada en la primera instancia, aunque en tal supuesto es imprescindible, como condición de admisibilidad del recurso, que aquella se reitere con motivo del cumplimiento de los actos procesales mencionados anteriormente (cfr. Palacio, Lino Enrique; "Derecho Procesal Civil", tomo V, pág. 210, parágrafo 580.b, Abeledo Perrot, 1979; CNCom., Sala B, 24.11.2005, "Castro, Oscar c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/ amparo"). (En el caso, la actora incumplió dicha carga procesal. En efecto, los precedentes no fueron invocados con anterioridad al dictado de la sentencia recurrida sino al interponer el recurso de inaplicabilidad de ley.).
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, flete, contrato de transporte, transporte terrestre, comercio exterior
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Gabriel CANOVAS AMENGUAL c/ TRANSPORTES SAN FRANCISCO DE FRANCISCO DI GERONIMO s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  INTERVENCION  DE  LA CORTE SUPREMA -  COMPETENCIA  FEDERAL  -  FLETE - TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONL  - COMERCIO EXTERIOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

No es de competencia de la justicia federal el juicio por restitución de fletes, derivado de un contrato de transporte de mercadería al exterior, pues no se involucra la interpretación y aplicación de leyes federales sino las de las normas de derecho común que rigen las relaciones contractuales entre las partes.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luis Enrique Murua y actores de Exptes. acumulados c/ Banco de la Provincia de Jujuy-Ente Residual y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B 52876/99 Ordinario por daños y perjuicios y Exptes. acumulados. L.A. N 47 F 1332/1335 N 582 Banco de la Provincia de Jujuy-Ente Residual y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B 52876/99 Ordinario por daños y perjuicios y Exptes. acumulados. L.A. N 47 F 1332/1335 N 582
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-03

Según Jorge Bustamante Alsina, para hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la actividad judicial, es necesario tener en cuenta: "1) La cuestión prejudicial que consiste en la previa determinación de que el error judicial no ha sido consentido por la parte a quien perjudica y que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en tal caso goza de la presunción de verdad (res iudicata pro veritate habetur). 2) La existencia del error judicial debe ser verificada en el mismo proceso en que se habría cometido, debiéndose agotar para tratar de llegar a esa declaración, todos los recursos y las instancias que hacen posible la reposición, la apelación y, excepcionalmente la nulidad y la revisión. 3) La acción de daños y perjuicios contra el Estado sólo será posible después de declarado el error judicial, deduciendo la acción ante el juez competente que no será el que cometió el error judicial, probando el daño y la relación de causalidad".
Prueba pericial, carácter vinculante, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Delia c/ Macen S.A. s/ Daños y perjuicios Morrone, Pedro c/ Vilella, Pedro s/ Daños y perjuicios Gomez Alzaga, Martín c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08|1996-05-30|1997-04-01

El dictamen pericial se halla sujeto a la valoración del Juez conforme a las reglas de la sana crítica,por lo que carece de efecto o fuerza vinculante ya que el Magistrado puede apartarse de las conclusiones del experto, debiendo en este último supuesto dar mínimamente las razones del apartamiento (art. 384, 474 del Código Procesal).
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: BCRA.  y  ex  autoridades  estatutarias  del Bco. de Los Andes SA. en J: B.C.R.A.  Y EX AUTORIDADES ESTATUTARIAS  DEL BCO.DE LOS ANDES  S.A s/ quiebra  s/ inc. de rev. s/ casación. QUIEBRA - INCIDENTE DE REVISION  - CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Procede el recurso extraordinario, si se halla en tela de juicio la interpretación de una norma de naturaleza federal, como lo es el art. 54 de la ley 21.526.
Inimputabilidad, estado de necesidad, excusas absolutorias
Materia: PENAL
Carátula: Settini, Juan C. - Cottet, Carmen s/ Hurto Calificado - La Violeta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

El estado de necesidad disculpante resulta causa de exclusión de atribuibilidad que puede extenderse, si su naturaleza lo permite, a los partícipes, lo que no ocurre en el caso de exclusión de la pena para los parientes próximos en los delitos contra la propiedad.

(arg. art. 185 inc. 3° y últ. par. C.P.).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: Procesal
Carátula: Paterlini, Daniel René y otros c/ Centro de Empleados de Comercio s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-03-14

En orden a la violación de la doctrina legal invocada por el quejoso;

este Tribunal -en anterior composición- ha reiterado que el precedente, no puede emanar del mismo Tribunal que pronunció el fallo recurrido.
Acción reivindicatoria, prueba, excepción de prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grazioli, Antonio Osvaldo c/ Santa, Hugo Luis s/ Acciones Posesorias/Reales - Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-14

Tratándose de un juicio de reivindicación donde se opone como defensa la prescripción adquisitiva, no resultan de aplicación las limitaciones probatorias establecidas en el inc. c) del art. 24 de la ley 14.159, en particular cuando prescribe que el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial como los restantes requisitos requeridos por el Código Procesal para el juicio de usucapión, sin perjuicio de que en definitiva y cualesquiera sean los medios probatorios a los que se acuda, lleven convicción al juzgador para resolver conforme a derecho.
Libertad de expresión, funcionarios públicos, medidas cautelares, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por un funcionario público, la posibilidad de requerir la prevención del daño que introdujo el CCC en los arts. 1710 y siguientes requiere como realidad la demostración de daño o su potencial ocurrencia con un grado importante de verosimilitud. No protege el temor infundado, por ende el planteo es improcedente si no se logra demostrar de qué manera las expresiones provocan una afectación en los derechos o en el ánimo del peticionante.
Compraventa, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez, Rodolfo y otros c/ Gonzalez, Hector Omar s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

La venta de automotores puede hacerse por instrumento público o privado, pero sólo surte efectos a partir de su inscripción registral. La obligación del vendedor de un vehículo conlleva la de otorgar la documentación exigida por las reglamentaciones para efectuar la transferencia, como así también las necesarias para habilitar la circulación del vehículo.
Monto de la indemnización, ley de defensa del consumidor, absurdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvucci, Adriana Marisa y otro c/ Caja de Seguros S.A. y otro s/ Cumplimiento de contrato c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-31

La cuantificación del daño punitivo ha sido impuesta al juez por el art. 52 bis de la ley 24.240, quien la graduará teniendo en cuenta "la gravedad del hecho y demás circunstancias". De allí que la decisión que fija su monto sólo puede ser atacada en la instancia extraordinaria por medio de la denuncia de absurdo.(doctor Genoud, mayoría)
Pena única, método de unificación
Materia: PENAL
Carátula: ARAOZ, Juan Carlos s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

El plazo a computar para la aplicación de la pena única debe serlo desde la fecha del pronunciamiento originario que después obtuvo firmeza, hasta la fecha en que se cometió el delito investigado actualmente.
Trabajadores ferroviarios, convenios colectivos de trabajo, gratificaciones, remuneraciones accesorias, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: GIANELLI, Nelson c/ DGI DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

Aún cuando el art. 43 del CCT Laudo 15/91 señala que para la obtención de la gratificación por dicho artículo instituida, es condición necesaria que el agente compute como mínimo quince años de servicios continuados en la DGI, lo cierto es que del modo en que fueron incorporados los actores a la accionada, no corresponde desconocerles el derecho a la percepción del mismo, pues la antigüedad que computaron para Ferrocarriles Argentinos, les fue reconocida a todos los efectos y del texto de la norma señalada no surge en forma explícita ni implícita, que los servicios a los que se refiere, lo fueran en relación a los efectivamente prestados en la DGI. Tal interpretación no se opone en modo alguno a la voluntad de los firmantes del acta de Enero de 1990, en relación al cómputo de la antigüedad.
Constitucionalidad, prisión perpetua, inhabilitación absoluta, accesorias legales, confirmación de sentencia, sentencia condenatoria, Tucumán, delitos contra la humanidad, proporcionalidad de la pena, Constitución Nacional, Ministerio Público de la Defensa
Materia: PENAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

Resulta insuficiente el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua articulado por la Defensora Pública Oficial -respecto de quienes fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlos coautores penalmente responsables por la comisión de delitos considerados de lesa humanidad-, pues si bien por imperio constitucional, la medida de la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del injusto y la culpabilidad del autor, no se ha argumentado un agravio de tal índole a los fines de justificar una declaración de inconstitucionalidad, pues no basta con la mera aseveración en abstracto de que se ha visto afectado el principio de proporcionalidad de las penas si no se justifican las razones de por qué en el caso concreto resulta desproporcionada la sanción recibida por quien fue encontrado coautor penalmente responsable de delitos de singular gravedad.
Recurso extraordinario, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Kamenszein, Víctor J. y otro c/ Fried de Goldring, Malka y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Si bien las cuestiones vinculadas con las formalidades de las sentencias y el modo de emitir su voto los miembros de los tribunales colegiados son de naturaleza procesal y ajenas en principio, a la aplicación del art. 14 de la ley 48, cabe apartarse de dicho principio cuando la conclusión a la que se arriba no aparece como la derivación necesaria de fundamentos normativos y fácticos sustancialmente coincidentes.
Factura, medios de prueba, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENRIQUE MASKIN Y CIA.  S.A. c/ ANY LEN  S.R.L. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-26

La factura es un documento emanado del vendedor, generalmente en formulario o papel con membrete, en el cual se consigna la fecha y se detalla el nombre del vendedor y comprador, la mercadería remitida en su totalidad, mencionándola en su calidad, precio, lugar de pago, lugar de entrega, etc.

La nota de pedido es la que llena el comprador antes de celebrarse el contrato, la factura se expide, después que el contrato está concluido y coincidiendo, casi siempre, con la remisión de los efectos. La factura la remite el vendedor al comprador, sin su firma, con una copia para que el adquirente reciba la mercadería y firme el original, quedándose con el duplicado.

El art. 774 C. de Comercio dispone que si el comprador no observa la factura dentro de los diez días, se presumen cuentas liquidadas.

El problema será demostrar cuando no existe firma del comprador o de su dependiente hábil, al pie de la factura, que la factura fue recibida por el adquirente en su oportunidad. La ley presume en caso de duda que la cuenta fue presentada el día de su fecha (art. 847, inc. 1ro), pero es una presunción "juris tantum".

La prueba de los efectos vendidos y su entrega queda a cargo del vendedor, siendo la factura la prueba por excelencia de la ejecución del contrato de compraventa. Acreditándose la entrega de la cosa como hecho material, ello constituye el específico instrumento mercantil que prueba que el vendedor ha ejecutado su prestación.

La entrega que se haga de ella en el domicilio del comprador importa la entrega efectiva de los efectos vendidos. Quien recibió la mercadería en el domicilio del comprador, obró como gestor de negocios, constituyendo su entrega cabal tradición de la cosa en los términos del art. 2386 del C. Civil.

Tratándose de un contrato de compraventa mercantil puede ser probado por los medios que establece el art. 206 del Código de Comercio, entre otros por documentos privados, testigos y por presunciones.

Son prueba del contrato mercantil, los instrumentos privados facturas- emitidas por el vendedor, la entrega de éstos al transportador, la declaración testimonial no impugnada, la información del transportador.-