Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-18


Comodoro Rivadavia, Dieciocho de marzo de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Estos autos caratulados: "I., F. J. A. c/ P.S y otra s/ DEMANDA LABORAL (Accidente de Trabajo)", Expte. Nº 14.001/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, Expte. Nº 069/00.

I.- Que a fs. 758/782 la parte actora, mediante sus apoderados, interpone recurso de casación contra la sentencia definitiva Nº 73/04 de fs. 737/754, por las causales de violación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad (art. 288 inc. a) e) CPCCh.). Formula reserva del caso federal.

Que expone como agravios comprendidos en la violación de la ley y doctrina legal, con relación a) Existencia de la relación laboral y del accidente de trabajo, considera que la causal prevista en el inc. e) del art.288 del Cpr.

esta dada en cuanto la sentencia declara la inexistencia de la relación laboral y por ende del accidente de trabajo, en estrecha violación que origina la arbitrariedad impetrada.

Que esta se configura cuando el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica vigente, o yerra al interpretarla en su carácter general y abstracto, o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debería aplicárseles.

Que la CSJN ha sostenido que es admisible el recurso extraordinario aunque los agravios remitan al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, cuando resulta aplicable la doctrina de la arbitrariedad.

Precisa a los efectos de demostrar que se hizo caso omiso a los extremos fácticos y legales del caso, y se arribó a una conclusión jurídica inadmisible, provocando daño a su parte, desarrollo puntualmente las impugnaciones de los votos de cada uno de los integrantes de la Cámara que se pronunciaron en autos.

Destaca, luego de examinar el voto de la Dra. Melero, que por el principio de primacía de la realidad, debió privilegiarse la prueba de la prestación efectiva de servicios por parte del trabajador, alegada en el escrito de demanda y reconocida en la contestación de la contraria, resultando irrelevante que el trabajador al absolver posiciones haya realizado una calificación jurídica propia de entendidos del derecho, y ajena a su entendimiento, precisa que la confesión sólo puede recaer sobre hechos, ya que el derecho no es susceptible de prueba, salvo el extranjero que, en tal caso, también es considerado un hecho.

Que no todos los hechos pueden ser objeto de la prueba de confesión, ya que éstos deben ser personales del confesante. Que la confesión constituye el testimonio de la parte en el proceso y que, como tal, los hechos deben ser personales, ya que testimoniar sobre hechos ajenos es función del testigo.

Agrega que resulta inoperante negar algo que ya fue reconocido, que no se puede asignar a la prueba confesional del actor, el valor dado por la vocal citada que el acto absolvió sobre la calificación jurídica de su relación, lo que no puede ser tenido en cuenta a los efectos de resolver el caso de autos, ya que no es un hecho y es al Juez a quien le corresponde la calificación jurídica de la relación así como la aplicación del derecho.

Concluye que las respuestas brindadas por el actor no se corresponden con la contestación de demanda; P.S, busco a personas para realizar el trabajo, no a Empresas de mensajería.

Que no obstante el contenido de las posiciones denunciadas, la aplicación de los postulados del método científico de la sana crítica anudando aquéllas con los restantes elementos de prueba en el juicio, lleva a la convicción indubitable de la pertinencia de desestimar el rigor probatorio de aquéllas, cuando sostener lo contrario supone incurrir en arbitrariedad por la aceptación dogmática de prueba irrelevante.

Que la Cámara coloca al actor en la situación de un empresario al rechazar su carácter de empleado, sin tener en cuenta que I con su vehículo puesto a disposición de la empresa, formó parte de los elementos personales, materiales e inmateriales de la organización empresaria de P.S SRL para cumplir con los fines de su organización, la cual estaba afectada a la entrega de correspondencia y encomiendas en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A continuación hace mención del voto emitido por la Dra. García Blanco, resumiendo al respecto que carece de congruencia sostener que existe relación laboral, esta probado en autos mediante historia clínica las lesiones producto del accidente de trabajo (imposibilidad de la dación de trabajo por la importancia de las lesiones) y que se desestime la acción por cuestiones inherentes en la que supone la improcedencia de la acción como consecuencia de una opción inexistente.

Aborda luego el voto emitido por el Dr. Alexandre, y señala que existe carencia de fundamento fáctico jurídico en su voto, que alude a interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, disiente con la afirmación "que ni se ha formalizado emplazamiento alguno a los fines de que se cumplimenten las obligaciones patronales en cuanto a la falta de entrega de recibos de sueldo ni respecto a su situación laboral contemporáneamente a la extinción de tal relación", por cuanto la prueba colectada en autos y obrante desde fs.529 a 536 inclusive, lucen las cartas documentos de reclamo emitidas a P.S SRL, con el pertinente informe y autenticación brindado por Correo Argentino.

Que tampoco se valoraron la pruebas aportadas por su parte y obrantes a fs.471 a 473 inclusive, en la que el 13-03-1998 la firma D.V-Ortopedia-Cirugia-Optica, emitió a favor de P.S SRL el presupuesto que tiene su correlato con la factura emitida el 18-03-98 también a favor de P.S SRL, documentación que fue agregada a autos debidamente certificada en su autenticidad por Escribano y de la cual surge que los elementos de ortopedia adquiridos por P.S SRL, lo fueron para el paciente I, F.

Que este hecho demuestra que la demandada reconoció su responsabilidad en el accidente de trabajo haciéndose cargo inicialmente de los gastos de atención del trabajador bajo su dependencia, siendo aplicable para el caso la doctrina de los actos propios, o en su caso si el actor se considera empresario se pregunta porqué P.S SRL se hace cargo de la factura.

Transcribe la consideración del vocal en cuanto "Tampoco han sido impugnadas las afirmaciones de los dependientes de la demandada y así se obtiene de J. O. L..., J. L. M...sin merecer la mínima observación o impugnación a fs.621/621 vta. por parte de M R .L y a fs. 622/622 vta. M F. VTA."; precisa que la afirmación efectuada se ha realizado sin tener en cuenta los antecedentes de la causa.

Que luego del plazo de intimación bajo apercibimiento, ante una petición en diligencia por su parte realizada a fs.547 el a-quo resolvió que se hiciera efectivo el apercibimiento previsto a fs.526 y tuvo en consecuencia a la demanda por desistida de la prueba testimonial en extraña jurisdicción -Bahia Blanca- de los Sres. F. V, J L; J. L. M; M. L y M. F.

Que ante el posterior agregado de la actuaciones y teniendo en cuenta que dicho decreto se encontraba firme y consentido, a fs.626 solicitó su desglose y devolución, a los que se dispuso -el a quo- estar a fs.548vta.

Menciona que la demandada en sus agravios contra la Sentencia de primera instancia afirma que no existe negligencia en la producción de la prueba en materia laboral por cuanto sería lo mismo que el tribunal se acusara de negligente en su producción ya que es todo de oficio.

Luego de agregar demás consideraciones concluye que los testigos son evaluados de forma diferente realizando consideración de los testigos que declararon en la causa, y la distinción que los mismos a la distancia, no pueden sostener que I era una trabajador independiente.

Por último respecto del voto de la vocal Dra. Alonso de Ariet, entiende que sus conclusiones carecen de sustento por cuanto I era el único trabajador que P.S.

SRL tenía en Comodoro Rivadavia, y la organización de su trabajo dependía de las remesas que recibía para ser distribuida en los distantes Barrios de Comodoro, y solo por un corto período luego del accidente requirió la colaboración de sus allegados para evitar que su empleador tuviera dificultades en la distribución de correspondencia, y luego su empleador P.S S.R.L. le abonó la factura de gastos iniciales de atención médica por el accidente de trabajo.

Con relación a b) inexistencia de opción en el régimen actual de la ley 24.557 de riesgos de trabajo, hace mención del voto de la Dra. García Blanco, impugnando sus conclusiones sobre los fundamentos de que se basa en el derecho de opción previsto en la ley 24.028 que fue derogada, no correspondiéndose el mismo con el actual régimen de la ley 24.557, y que cita jurisprudencia anterior a la sanción de la Ley de Riesgos de Trabajo, y por tanto inaplicable al caso, y que respecto de la reclución administrativa previa no ha tenido en cuenta la doctrina legal impuesta por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, luego de citas doctrinarias señala que erróneamente se optó por la acción civil, dejando de lado la correspondiente a la legislación tarifada, toda vez que conforme los fundamentos que brindo, entiende que puede accionarse civilmente y en forma subsidiaria, por defecto de la primera, requerir las prestaciones de la ley, habida cuenta que en el orden de petición efectuado ambas no son excluyentes.

Que de ello surge la improcedencia del voto de la Dra. García Blanco, y acertado el fallo de primera instancia que desestima la responsabilidad civil, y hace lugar a las prestaciones de la ley de riegos de trabajo en función a lo establecido en el art.28 receptando favorablemente lo solicitado por su parte en el capítulo XVI del escrito de demanda que a efectos de mejor proveer transcribió "El reclamo subsidiario sistémico por aplicación de la ley 24.557.

En cuanto a la c) Inconstitucionalidad de la disposición adicional tercera del art.49 de la ley 24.557 y el decreto nº84/96 reglamentario de dicha disposición, precisa que corresponde desestimar el argumento de la falta de habilitación de la instancia fundada en la disposición 3º del art.49 de la LRT que se menciona, por cuanto con su aplicación se viola la doctrina legal emanada del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut.

Menciona los autos "C.F c/B y Cía S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. nº 16.274-C-1998) bajo los extremos del art.289 inc. b) del CPr., el fallo fue dictado el 26 de febrero de 1999 y la presente demanda iniciada el 8 de marzo de 2000, siendo operativo el mismo con relación a la no exigencia del reclamo administrativo previo. Luego de realizar citas considera reunida la causal de doctrina legal y en su defecto la de arbitrariedad en función del inc. e) del art.288 del CPr.

Hace reserva del caso federal.

II.-Reseñados los agravios, corresponde verificar el cumplimiento de los recaudos formales previstos en el art. 289 CPCyC., cuyo control le es impuesto a este Cuerpo mediante la norma que le precede.

La actora presentó el escrito el 01 de febrero de 2005 a las hs. 07:45, según cargo de fs. 782 Notificada de la sentencia el día 16 de diciembre de 2004, el plazo vencía el 01 de febrero de 2005 a las 09:00 hs. (plazo de gracia art. 124 CPCyC.).

Adjunta al memorial las pertinentes copias de traslado debidamente suscriptas.

Constituye domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia en calle *** Nº XXX de la ciudad de Rawson.

No acompaña boleta de depósito en atención al beneficio de gratuidad del que goza conforme ley 69.

Con fundamento en el principio de auto-suficiencia, efectúa una reseña de la causa.

Analizado el material recursivo precedentemente estractado, cabe señalar que debe habilitarse la vía casatoria, ya que si bien los tribunales de grado son soberanos para fijar los hechos de la causa y merituar las pruebas, la queja que se orienta al reexamen de la calificación e interpretación que hizo el ad-quem de los hechos objeto del juicio y la norma aplicable, y tales actividades intelectivas son cuestiones netamente jurídicas o de derecho, que pueden y deben ser conocidas por el M. Tribunal si se funda en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las cuestiones de hecho en los preceptos legales aplicables, porque de ese modo el punto se relaciona con la causal de violación de la ley por arbitrariedad (Morello: "Las cuestiones de hecho en la casación de Buenos Aires", JA 1991 - III, p. 854; Hitters: "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", p. 314).

Asimismo, en casos como el que nos ocupa, en que se denunció arbitrariedad de la sentencia, esta Cámara resolvió que corresponde declarar la procedencia formal del recurso incoado si aquella es descalificable porque lo decidido podría no resultar una derivación razonada del derecho vigente en atención a las circunstancias de la causa (JA 1997-I, síntesis, "C.S.C. y otros v. Provincia de Buenos Aires"); pudiera presentar defectos graves de fundamentación o hubiera omitido el tratamiento de una cuestión conducente planteada en primera instancia (JA 1997-I, síntesis, "S.R. y C SA v. Bco. C"); o traduciría conclusiones contradictorias por no apreciar con sentido crítico los elementos relevantes de la litis (JA 1997-I, síntesis, "C Cía. F SA s/ quiebra").

En este orden, y no siendo en la fase de control que exige el art. 290 del CPCyC., el rol de este Cuerpo el de tomar una posición en defensa o ataque de su propio decisorio, corresponde declarar la admisibilidad del recurso incoado de conformidad con lo dispuesto por el art. 289 inc. a del CPCyC.

III.- La Srta. Juez de Cámara, Dra. Nélida Susana Melero dijo:

Cabe señalar que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia en autos: "L SA y otros c/ B y Cía. Soc. Anónima Ind. y Com. Y Agro. Ganadería s/ sumario" (Expte. Nº 18524-L-2001), se pronunció acerca de las cuestiones de hecho y dijo: ".la valoración de la prueba efectuada por los jueces de grado, es de naturaleza notoriamente ajena a la instancia extraordinaria de este Tribunal.

Conf. "la apreciación de la prueba es función privativa de los jueces de instancia ordinaria, ajena en principio a la Corte, toda vez que el recurso de inaplicabilidad de la ley no da acceso a una tercera instancia ordinaria" (SCBA, julio 3-979, "O.S.P SA c/ F Hnos. Soc. Anon. Com.por Acc.") y teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa (Fallos 278:135; 279:140; y otros) resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos 259:20; 262:302; 269:413)".

No se evidencian en el sub-lite razones suficientes que permitan apartarse de este principio, toda vez que se advierte de lo manifestado por la actora y de las constancias de autos, que la cuestión que se pretende resuelva el Tribunal es de hecho y prueba, reservada a los jueces de grado.

Asimismo, es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, ni a valorar toda la prueba, sino solo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio" (CS, 8-II-72; JA 21-1974)" (SER 04/02).

Por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto toda vez que arguye cuestionamientos atinentes a cuestiones de hecho y prueba.

Por otra parte, en cuanto a la causal de arbitrariedad esgrimida es dable recordar lo expresado por el Dr. Augusto Morello en su obra: "Los recursos extraordinarios y la eficacia en el proceso", Tº 2, p. 435, que la doctrina de la arbitrariedad solo cobra procedencia si esta suficientemente demostrado el apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación.

En el caso, las expresiones vertidas por el recurrente no constituyen una réplica objetiva capaz de desvirtuar los conceptos de la sentencia por arbitrariedad; no evidencian el sustento necesario para conmover la estructura lógico jurídica de la sentencia en vinculación con las constancias de autos y el derecho aplicable, desde que aquellas solo traducen una discrepancia personal tanto con relación a la valoración de los antecedentes de autos como respecto del alcance que el Tribunal decide dar a la norma aplicable.

"Reiteradamente este Superior Tribunal ha manifestado que "la procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (SI 72/89, 58, 96, 101/90, 176, 223/92). "... es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso ...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional ..." (SI 124, 187, 200, 211/91, 137/93)" ("P.C.A c/ P.D.C.S.A Suc. Argentina s/ ordinario", Expte. Nº 16545-P-1998, sentencia Nº 85/98).

El libelo recursivo se limita a transcribir los votos volcados en la sentencia, no verificándose en el caso una critica al fallo ni la demostración de las causales alegadas.

Por todo lo expuesto es que propugno declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la actora por las causales de violación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad (arts. 288 inc.a y e) contra la sentencia definitiva nº73/04 de fs.737/754.

Por ello, con la disidencia de Srta. Juez de Cámara, Dra. Nélida Susana Melero la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Declarar admisible en cuanto a la forma el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 758/782, contra la sentencia definitiva Nº 73/04 de fs. 737/754. y procedente por las causales de violación y errónea aplicación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad (art. 288 inc. a) e) CPCCh.).

2).- Elévense las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Constituya la contraria domicilio ante el Superior en el plazo de dos (2) días bajo apercibimiento de ley (art. 291 del CPCyC.) 3).- Téngase presente la reserva del caso federal.

4).- Regístrese, notifíquese.

Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 046 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS