Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10


Salta, de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "ALCOBETH, Ruth y otro vs. AMADO, Ramón - Piezas Pertenecientes", Expte. Nº 284031/09 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación; Expte. Nº 284032/09 de Sala, y __________________C O N S I D E R A N D O I. Vienen estas piezas a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 21, en contra de la resolución que en copia obra a fs. 20, que reguló los honorarios profesionales de la Dra. María Eugenia Yaique por el incidente de nulidad resuelto a fs. 294/295 de los autos principales.

Al fundar el recurso (fs. 23/25) manifiesta que la regulación efectuada por un incidente que ganó la contraria, implica un prejuzgamiento, ya que no hay monto del juicio como debería haber para cumplir lo dispuesto por los arts. 6 y 8 del dcto. ley 324/63. Entiende que no se ha aplicado la norma específica que contempla los mismos parámetros de los arts. 4 y 5, pero asociados con el art. 6, es decir el art. 36 del dcto. ley 324/63. Agrega que aún cuando se hizo referencia a los arts. 4 y 5 se expresó "sin perder de vista el monto demandado $ 8.274 en el mes de abril de 2003", lo que constituye un verdadero prejuzgamiento. Que la resolución da por ganadora en forma explícita a la actora por el monto de su reclamo, en forma previa a la sentencia, y que quedó expuesto en el caso que el monto de $ 8.274 no tiene relación alguna con la prueba aportada ni producida. Formula consideraciones respecto de los antecedentes del proceso, a lo que cabe remitirse por razones de brevedad. Sostiene que tomando como base la suma señalada, y aplicando los arts. 6 y 36 del dcto. ley 324/63, se obtiene como máximo la suma de $ 315,90. Concluye diciendo que el monto del juicio no se encuentra determinado, sino que por el contrario está plenamente controvertido, por lo que no puede ser tomada como base regulatoria la suma de $ 8.274, porque se incurre en prejuzgamiento. Destaca que aún en el supuesto de que se tome dicho monto, los honorarios deberían ser menos de la mitad de los calculados. Solicita se deje sin efecto la regulación practicada anticipadamente, con costas.

A fs. 35/36 la Dra. María Eugenia Yaique contesta el traslado corrido, solicitando el rechazo del recurso. Destaca que el agravio relativo al prejuzgamiento resulta insostenible, ya que no ha discutido el recurrente la posibilidad de que en forma previa a la conclusión del juicio se regulen los honorarios del abogado vencedor en un incidente. Que siendo así, la base no puede ser otra, siendo ésta susceptible de apreciación económica, que el monto reclamado en la demanda, lo que no importa prejuzgamiento. Estima justo el monto regulado, y entiende que por el mismo la cuestión es inapelable. Pide costas.

II. Reiteradamente se ha sostenido que el tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primera instancia, aún cuando ésta se encontrare consentida. Este examen puede efectuarse de oficio (Falcón, Enrique, "El juez del recurso", LL, 1987-D-492; CApelCCSalta, sala III, fallos año 1994, fº 132; íd. sala IV, t. XX, fº 442, t, XXIV, fº 523; 793, íd. t. XXXI, fº 686, entre otros; CNCiv, sala G, La Ley, 1999-C, 775). Es que, como juez del recurso, el tribunal de alzada está facultado para revisarlo, aún de oficio, tanto en cuanto a su procedencia como a su trámite y formas, a los fines de verificar, entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos procesales cumplidos a su respecto en la anterior instancia (CNFed, Civ. y Com., sala I, La Ley, 2000-A, 208; íd. íd., 2000-B, 445; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXII, fº 219).

En tal sentido, cabe destacar que el límite de apelación fijado por el art. 253 del CPCC, reglamentado mediante acordada Nº 7741 de la Corte de Justicia de Salta ($ 500), y modificado por acordada Nº 9959 ($ 2.000), conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso, y como tal debe ser considerado por la alzada, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones dictadas en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv, sala C, La Ley 1996-C, p. 162; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 665). En consecuencia, si el monto inherente a la cuestión traída a revisión a la alzada resulta inferior a lo establecido, la resolución es inapelable (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 336/337).

En el caso, el valor comprometido en el recurso -honorarios regulados a favor de la Dra. María Eugenia Yaique- no supera el límite de apelabilidad establecido en la normativa señalada. Ello así, desde que los mismos han sido establecidos en la suma de $ 700 (cfr. fs. 20 de estas piezas), la que el apelante considera excesiva. Es decir, que más allá de las cuestiones que plantea en relación a la base tomada para efectuar la regulación, de la cual no existe constancia en autos, toda vez que la mencionada regulación se ha efectuado como un juicio sin monto (arts. 4 y 5, dcto. ley 324/63), el recurso deviene inadmisible.

En virtud de lo expuesto, no cabe sino declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 21 de estas piezas, con costas por su orden, por no haber advertido la apelada la inadmisibilidad formal del recurso (art. 67, segundo párrafo del CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I. DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 21 de estas piezas. Costas por su orden.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.