Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-11


En la Ciudad de Buenos Aires al 11 días del mes de Agosto de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este estrado el recurso de apelación interpuesto a fs. 12/15 vta. por la letrada apoderada de VISAT SRL -titular de la habilitación del local de baile clase C denominado "Mágico Boliviano", Marisa Alejandra Gómez, contra la resolución glosada a fs. 7/9 vta. en cuanto decreta la clausura preventiva del local referido sito en la Av. Rivadavia 10.925 de esta ciudad, hasta tanto se efectúen los trabajos necesarios a los fines de subsanar adecuadamente las causas que sustentan la medida.

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara manifiesta que corresponde rechazar los planteos intentados por la defensa y mantener la clausura dispuesta, conforme a los argumentos que expone en el dictamen de fs. 19/20.

Cumplidos los plazos procesales pertinentes se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- La impugnación en examen fue interpuesta por quien tiene derecho a hacerlo, por escrito fundado, ante la Magistrada que dictó el auto criticado el cual es de aquellos cuya recurribilidad se encuentra expresamente prevista por la ley (art. 29 LPC), y en tiempo oportuno; esto último se colige del cotejo de la fecha en que se dicta la resolución en crisis (4/8/06) con la obrante en el cargo que luce a fs. 15 vta. (9/8/06), toda vez que se ha omitido acompañar la fotocopia de la notificación por nota ordenada a fs. 9 vta., segundo párrafo.

II.- Primigeniamente corresponde puntualizar que en virtud de que las medidas precautorias -entre las que se encuentra la clausura preventiva-, pueden eventualmente vulnerar derechos de raigambre constitucional, deben ser esencialmente transitorias, provisionales y de carácter excepcional. Ello impone la necesidad de que el juzgador obre con extrema prudencia al disponer su aplicación y consecuente duración.

El requisito de la verificación de la contravención previsto en el art. 29 de la LPC debe ser correctamente interpretado, ya que de la redacción literal podría entenderse que la materialidad infraccionaria debe estar plenamente acreditada al momento del dictado de la medida cautelar. Esta interpretación haría desaparecer toda diferencia entre la clausura de carácter precautorio -arts. 18 inc. b y 29 LPC- y la pena accesoria -art. 23 inc. 1º del CC-, lo que evidentemente no se condice con el fin perseguido por el ordenamiento jurídico. Además, y conforme el art. 7 del Código de fondo, aquélla télesis impediría en forma absoluta la adopción de la cautelar de clausura.

Procede ahora direccionar nuestro análisis a la constatación de la existencia de determinados elementos que permitan acreditar la presencia de los extremos habilitantes para su viabilidad, circunstancia que, a nuestro entender, queda cumplida teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por la juez Zangaro. Así, la Magistrada apoyó su temperamento en las diversas y coincidentes testimoniales obrantes en el legajo a las que adunó la declaración del preventor interviniente -el que afirmó que desde los domicilios de los denunciantes escuchó ruidos provenientes del local en cuestión; también sopesó con ecuanimidad el informe producido por el Ingeniero Industrial Gerardo Crespo, del que surgiría a priori la insuficiencia del trabajo de insonorización existente en el lugar en función de las potencias sonoras en juego usuales en locales de ese tipo. -ver fs. 8/vta.

Causa Nº 21596-01-CC/06. Sala II.

Por otro lado la recurrente se limita a cuestionar la idoneidad del Ingeniero Crespo y reclamar que se "descarte de plano" el informe producido por el profesional nombrado, mas lo cierto es que no aporta una sóla probanza ni documentación que acompañen sus embates, los que obviamente quedan huérfanos de sostén alguno.

Respecto de las afirmaciones de la defensa en torno a la falta de medición efectuada con "decibelímetro" a los fines de establecer una escala de magnitud de ruidos, el TSJ dijo que: "(...) si el legislador hubiese querido integrar el tipo con las reglas jurídicas que rigen las emanaciones sonoras, le bastaba con efectuar un reenvío a los ruidos prohibidos por la legislación vigente. En tal caso, sólo operarían las limitaciones (y correcciones) relativas al volumen, las notas predominantes y la forma de aparición, pues la sección pertinente del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental se refiere únicamente a esas circunstancias. Sin embargo la ley va más allá pues introduce el volumen, la reiteración y la persistencia como elementos calificantes del ruido, para tornarlo disvalioso y contravencionalmente relevante (..)" (Expte. N° 358/00 "Iwán, Félix Jonás s/art. 72 del Cód. Contravencional s/recurso de inconstitucionalidad").

En este escenario y luego de la reseña efectuada estamos en condiciones de afirmar, con relación a la exigencia del inminente peligro para la salud o seguridad pública, que efectivamente se encuentran comprometidas las mismas, siendo preciso señalar que para la adopción de la medida cautelar prevista en el art. 29 LPC no es necesaria la certeza de la materialidad de los hechos y la responsabilidad del comprendido por aquélla, sino la verificación de que la conducta que se erige en objeto del proceso contravencional pone en riesgo o inminente peligro la salud o seguridad pública, "(...) Entender lo contrario implicaría desconocer la finalidad de la cautelar receptada en la norma referida. Las consecuencias perjudiciales que la clausura dispuesta irroga al imputado de la conducta, que en principio, la motiva, no puede ser fundamento válido para obstaculizar su materialización si se verifican los extremos exigidos en la disposición legal" (causa 112-00-CC/2004, rta. 30/04/04, del registro de esta Sala II).

El panorama probatorio descripto resulta suficiente para acreditar la subsistencia de la situación fáctica que diera lugar a la investigación motivo de encuesta -ruidos de carácter molesto- sin perder de vista que el bien jurídico tutelado no debe limitarse, al menos en forma excluyente, a una afectación de la salud o seguridad pública, pudiendo darse incluso respecto de un número reducido de personas y más aún, sin exigir la existencia de lesión concreta. -conf. causa n° 218-00-CC/2004, caratulada "Estevanez, Emiliano s/infracción art. 72 CC (Av. San Martín 5759) clausura preventiva -art. 29 LPC- Apelación", rta. el 08/07/04, del registro de esta Sala- En consecuencia, las manifestaciones de la defensa respecto del "escaso número de denunciantes" -ver fs. 13-, carece de todo sustento.

Por último, en lo referente al daño que genera la medida -la Gómez hace especial hincapié en el hecho de que la empresa cuenta con cuarenta empleados- cabe desatacar que, como antes dijéramos, las precautorias son medidas esencialmente transitorias y provisionales y duran hasta que se reparen las causas que dieran lugar a ellas, en razón de lo cual será la propia diligencia de la parte afectada al satisfacer las irregularidades detectadas, la que determine su duración.

Por lo expuesto, habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fs. 7/9 vta. en todo cuanto ha sido materia de agravio.

Causa Nº 21596-01-CC/2006. Sala II.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la Primera Instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Déjase constancia de que el Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.- Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.