Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-09-23


Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo nº 4 de la ciudad de La Plata dispuso, por mayoría, rechazar la demanda incoada por Mario Vivas contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia A.R.T. S.A., al concluir que la acción se encontraba prescripta (fs. 628/642 vta.).

El actor -por apoderado- impugnó dicho pronunciamiento mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de inconstitucionalidad y de nulidad (v. fs. 685/700 vta.), habiéndose denegado en la instancia ordinaria la concesión del segundo de los nombrados (v. fs. 702/703).

En sustento de la queja de nulidad -única que motiva mi intervención en autos conforme la vista obrante en fs. 713- sostiene el recurrente que el tribunal "a quo" omitió tratar y resolver una cuestión expresamente sometida a su consideración, cual es la solicitud formalizada en el escrito inicial de que se confiera intervención al Ministerio Público competente.

En mi opinión, corresponde que V.E. anule de oficio el pronunciamiento apelado, en tanto ha sido dictado en transgresión de lo prescripto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia.

En efecto. Impuesto del contenido del veredicto que luce en fs. 628/632, observo que sólo la primera de las cinco cuestiones planteadas en dicho acto procesal fue abordada y resuelta por todos los jueces integrantes del tribunal del trabajo actuante mientras que las cuatro restantes sólo fueron decididas por el magistrado que abrió la votación en el Acuerdo, doctor Martiarena, omitiendo emitir opinión a su respecto los otros dos jueces que componen el cuerpo colegiado, Dres. Di Stéfano y Tórtora, siquiera mediante voto de adhesión.

La anomalía detectada compromete, sin duda alguna, la bondad formal del fallo en los términos de lo dispuesto por la cláusula constitucional antes citada al punto de provocar su nulidad, pues conforme lo tiene dicho ese Alto Tribunal en doctrina invariable, en el fuero laboral, tanto las circunstancias fácticas del veredicto que se proyectarán en la decisión final como la sentencia, requieren el juicio individual de cada uno de los jueces que integran el órgano colegiado puesto que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres magistrados intervinientes (art. 44, incs. "d", "e" y "f" de la ley 11.653 y 168 de la Carta local) habida cuenta que la coincidencia o discrepancia de los sentenciantes no puede establecerse por vía de implicancia (conf. S.C.B.A. causas L.64.392, sent. del 1-VII-1997; L.62.813, sent. del 19-V-1998; L.66.802, sent. del 16-III-1999; L.78.296, sent. del 6-XI-2002 y L.74.704, sent. del 19-III-2003, entre muchas más).

Lo expuesto basta, a mi ver, para aconsejar a V.E. que proceda a anular de oficio el veredicto y sentencia dictados en autos. - 11 de agosto de 2006 -Juan Angel de Oliveira La Plata, a 23 de setiembre de 2009.

Antecedentes El Tribunal del Trabajo Nº 4 de La Plata hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, rechazando la acción promovida. Impuso las costas del juicio a la actora.

Esta dedujo recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, habiéndose concedido sólo los dos primeros.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes Cuestiones:

1º. ¿Corresponde anular de oficio el veredicto de fs. 628/632 y la sentencia de fs. 633/642 vta.? Caso negativo:

2º. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad? Caso negativo:

3º. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? Votación A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. Considero que, tal como lo propone el señor Subprocurador General en su dictamen (v. fs. 714/715), corresponde anular de oficio el veredicto y la sentencia dictados por el tribunal a quo, por las razones que de seguido habré de exponer.

La anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (conf. causa L. 95.514, sent. del 26-XI-2008; entre otras). Tal lo que acontece en el caso bajo estudio.

En efecto, según puede advertirse de la simple lectura del veredicto, los magistrados integrantes del tribunal del trabajo decidieron plantear y votar las cinco cuestiones enunciadas a fs. 628/628 vta., respecto de cada una de las cuales se pronunció el señor Juez doctor Martiarena, que inauguró la votación (v. fs. 628 vta. /631).

A continuación, y de conformidad con el orden de votación preestablecido, sufragó la señora Jueza doctora Di Stefano. Empero, lo hizo sólo respecto de la primera cuestión planteada (v. pregunta inicial, fs. 631), prestando adhesión a su voto, por compartir fundamentos, el señor Juez doctor Tórtora (v. fs. 631/631 vta.).

De lo expuesto se avizora que los mencionados magistrados emitieron su opinión exclusivamente con relación a la primera cuestión a decidir, sin que -despojados de puros ritualismos formales y más allá de la fórmula utilizada al redactar el interrogante- pueda entenderse, al indagarse en el contenido de la respuesta brindada, que el tratamiento de las restantes cuestiones hubiera sido allí incluido. Pues, claro está, no lo fue.

A mi criterio, la señalada omisión invalida el pronunciamiento dictado en la instancia inferior, ya que la evidente ausencia de la necesaria mayoría de opiniones exigida por los arts. 168 de la Constitución provincial y 44 inc. "f" de la ley 11.653 que exhibe el fallo de grado importa el incumplimiento de las formalidades que en orden a la validez de las decisiones judiciales impone la citada normativa, por lo que tal anomalía lo inhabilita como acto jurisdiccional.

En este sentido, esta Suprema Corte tiene establecido que en el fuero laboral, tanto las circunstancias fácticas del veredicto que se proyectarán en la decisión final, así como la sentencia, requieren el juicio individual de cada uno de los jueces que intervienen desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres magistrados integrantes del tribunal del trabajo (arts. 44 inc. "f", ley 11.653 y 168, Constitución provincial; conf. causa L. 89.252, sent. del 15-II-2006).

Y si bien los magistrados votantes en segundo y tercer término rubricaron con su respectiva firma el veredicto, la señalada deficiencia no puede considerarse subsanada a partir de tal circunstancia, pues tiene dicho esta Corte que la coincidencia o discrepancia de opiniones no puede establecerse por vía de implicancias (conf. causas L. 65.371, sent. del 31-VIII-1999; L. 89.252, sent. del 15-II-2006).

II. Por las consideraciones vertidas, propongo anular de oficio el veredicto de fs. 628/632 y la sentencia de fs. 633/642 vta.

Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo pronunciamiento.

No corresponde, en consecuencia, abordar el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.

Voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero al voto de la doctora Kogan. La deficiencia que da lugar a la anulación de oficio no puede entenderse subsanada, en la especie, por las firmas de los tres magistrados obrantes en la finalización del Acuerdo pues ello no acredita otra cosa que la presencia de los jueces en el acto que fue llevado a cabo de modo irregular y por ello, precisamente, se anula.

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

En atención al resultado obtenido al votar la primera cuestión, el Tribunal decidió no tratar las restantes planteadas.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador Genera, se anula -de oficio- el veredicto de fs. 628/632 y la sentencia dictada a fs. 633/642 vta. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo pronunciamiento.

Regístrese y notifíquese. - Hilda Kogan - Hector Negri - Eduardo Nestor de Lazzari - Daniel Fernando Soria