Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-28


SENT Nº 849	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Luque Emilio Salvador vs. Yune Gerardo Miguel s/ Pago por consignación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Viene a consideración y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 17 de junio de 2008 (fs. 151) y cuya concesión fuera denegada mediante sentencia del mismo tribunal de fecha 23 de setiembre de 2008 (fs. 163). Contra dicho pronunciamiento el actor dedujo recurso de queja que fue declarado admisible por esta Corte en sentencia de fecha 22 de diciembre de 2008 (fs. 199). Consta en informe actuarial de fs. 217 que sólo la parte demandada ha presentado el memorial facultativo del art. 137 CPL.

2.- La sentencia impugnada ha rechazado el recurso de apelación que dedujera el actor contra la interlocutoria de fecha 28/9/2007 por la que no se hizo lugar a la acumulación de procesos que solicitara el actor. La sentencia en embate se funda en que a partir de la norma -de aplicación supletoria- del art. 175 CPCC, se observa en el caso analizado que ambos procesos tramitan por diversos procedimientos y que si bien resulta competente en los dos procesos la justicia del trabajo, la sentencia a dictarse en cada caso es de competencia diferente (Juez de Conciliación y Trámite en el proceso de pago por consignación, y la Excma. Cámara del Trabajo en el proceso ordinario). También considera el fallo impugnado, que no existe la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias por la finalidad diferente que se persigue en cada caso.

3.- Por su parte el actor recurrente impugna dicha sentencia por considerarla "contraria a diversos y concordantes pronunciamientos fallados en un mismo sentido" (sic); ataca la sentencia por arbitrariedad ya que se trataría de un fallo meramente dogmático que viola normas legales expresas en la materia y derechos constitucionales del mismo consagrados en los arts. 16, 17 y 18 CN; asimismo la ataca por asumir gravedad institucional. Cita dos sentencias que en casos idénticos dispusieron la acumulación de los procesos, una data del 23/11/2077 (sentencia N° 268, Sala V) y otra del año 2000 dictada en el mismo sentido. En su virtud sostiene que este caso debe incluirse en el art. 131 inc. b) CPL. Por último, plantea la gravedad institucional que estaría presente en el caso en razón del criterio ya expuesto por esta Corte, ya que existen pronunciamientos contradictorios sobre una misma cuestión, excediendo el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia; está en juego la racionalidad y unidad de la manifestación de voluntad del Estado a través de sus órganos judiciales; sostiene que precisamente una de las finalidades de la vía recursiva casatoria es la de tender a la unificación de la jurisprudencia; por último sostiene que al estar en juego normas de orden público, existe gravedad institucional, como asimismo por encontrarse en juego de correcta administración de justicia que hace a la seguridad jurídica excediendo el interés particular del recurrente.- La parte demandada, a su turno, presenta memoria sosteniendo la sentencia recurrida. En ese afán sostiene que no existe identidad de objeto en ambos juicios, encontrándose ambos procesos en distintos estados procedimentales; tampoco existe la posibilidad de sentencias contradictorias porque "la consignación, en caso de prosperar, determinará que hubo mora accipiendis y el acreedor moroso será condenado; más, en el ordinario se determinará y discutirá la procedencia de otras pretensiones: real antigüedad, horario de trabajo, sanciones aplicables, etc." (sic). Sostiene que el obstáculo más importante que plantea la cuestión es que, de acuerdo al particular sistema de la ley 6.204, diferentes los tribunales que deben dictar sentencia en los dos juicios, preguntándose si podría darse delegación de competencia y modificar el trámite y las instancias.- 4.- En orden al análisis de admisibilidad que debe efectuar esta Corte, debemos decir que el recurso de casación ha sido interpuesto en término y no resulta necesario el afianzamiento de ley por no haber condena alguna. En cuanto a la falta de definitividad de la sentencia impugnada, cabe señalar que el planteo efectuado por el recurrente es de una cuestión de derecho en la que concurriría un supuesto de gravedad institucional previsto en el art. 813 inc. "b" del CPCC cuya aplicación supletoria, en virtud de lo dispuesto en el art. 14 CPL, ya fue resuelta por esta Corte (sentencia N° 995/98 entre otras). Por otra parte esta Corte resolvió que "en el proceso laboral se encuentra ínsita la gravedad institucional como presupuesto habilitante de la admisibilidad del recurso de casación en los casos en que no se trate de sentencias definitivas" (sentencia N° 1285/2007). El caso planteado por el actor recurrente se basa en la existencia -acreditada- de criterios opuestos entre las Salas del mismo Tribunal sobre idéntico tema, lo que nos lleva al convencimiento de que la cuestión propuesta excede el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia, por cuanto si una misma cuestión puede ser resuelta de manera opuesta según sea el tribunal que -en razón del turno- deba entender en el litigio, grave descreimiento y desazón causará a quienes obtengan soluciones contradictorias. Y debe advertirse que el problema planteado no puede encontrar otra solución al no existir, en nuestra legislación, el régimen de plenarios que posibilita uniformar las decisiones judiciales ("Casfec c/ Tintorería Primer Centenario", del 28/12/76; "R.N. SRL c/Cía. San Pablo de Fabricación de Azúcar" del 28/12/81; sentencia N° 291/1993; entre otros fallos de esta Corte).

El excesivo ritualismo que se observa en el pronuncimiento impugnado pone en evidencia el desconocimiento de la estrecha vinculación existente entre las normas procesales con las constitucionales, tanto explícitas (art. 18 de la CN) como las implícitas (gravedad institucional, debido proceso, derecho a una rápida, segura y eficaz solución, etc.); ello es así porque las normas procesales se presumen sancionadas en salvaguarda de los derechos constitucionales de los justiciables. Consideramos útil transcribir unos conceptos que plasma Hitters en su obra "Técnica de los Recursos Extraordinario y de la Casación" (Ed. 1991, p. 389 y sgtes.): ".a los fines de la determinación del concepto de definitividad, importa más el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado. Claro está que este principio debe manejarse con razonabilidad, ya que si el camino pergeñado por la ley adjetiva es muy tortuoso, y si se presume que en caso de ser utilizado por el damnificado la solución será tardía, en esas situaciones de excepción el fallo aunque por su contenido no sea definitivo, produce el efecto de tal.".

La cuestión planteada en este caso por el recurrente, excede, sin lugar a dudas, el interés individual del recurrente para incidir en la adecuada prestación del servicio de justicia, tornando admisible el recurso analizado. La CSJN ha considerado, contrario sensu, que hay gravedad institucional si de la solución del caso puede desprenderse algún principio general que sirva para ser utilizado en problemas futuros de índole similar; uno de los supuestos, es el de interpretación de la ley ante la existencia de sentencias contradictorias del mismo tribunal, el caso que nos presenta el recurrente. Estando reunidos los requisitos de admisibilidad, corresponde abordar el análisis acerca de la procedencia del recurso.

5.- El actor se agravia porque la sentencia impugnada resulta "contraria a diversos y concordantes pronunciamientos fallados en un mismo sentido" (sic); y por ello la ataca considerando que la misma presenta una situación en que está clara la gravedad institucional. Cita dos sentencias que en casos idénticos dispusieron la acumulación de los procesos, una data del 23/11/2007 (sentencia N° 268, Sala V) y otra del año 2000 dictada por la Sala III en el mismo sentido. En su virtud sostiene que este caso debe incluirse en el art. 131 inc. b) CPL. Por último, asegura que la gravedad institucional estaría presente en el caso en razón de que existen pronunciamientos contradictorios sobre una misma cuestión, excediendo el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia; está en juego la racionalidad y unidad de la manifestación de voluntad del Estado a través de sus órganos judiciales; sostiene que precisamente una de las finalidades de la vía recursiva casatoria es la de tender a la unificación de la jurisprudencia; por último sostiene que, además, al estar en juego normas de orden público, existe gravedad institucional, como asimismo por encontrarse en juego de correcta administración de justicia que hace a la seguridad jurídica excediendo el interés particular del recurrente.- Esta Corte tiene resuelto que "la finalidad de la acumulación de procesos no se afirma solamente en cuestiones de economía procesal, sino en cuestiones de conexidad jurídica y en evitar el eventual dictado de resoluciones contradictorias. Así, la acumulación debe permitir arribar a una sentencia única y conjunta, ya que los nexos que existen entre las distintas causas aconsejan una solución armónica, simultánea" (sent. n° 72/2005). La acumulación se verifica a través de la unión material de dos o más procesos que, en razón de tener por objeto pretensiones conexas, no deben ser sustanciados separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de decisiones contradictorias, e incluso de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada alcanzada por la sentencia dictada en cualquiera de ellos (CCCC Sala I, "SIT SRL vs. García Aráoz", 20/4/94). La conexidad de causas se presenta en la práctica cuando las pretensiones deducidas en ellas tienen en común, al menos, uno de los elementos de identificación (sujetos, objeto o causa). En tal hipótesis, la ley considera oportuna su proposición ante un único juez a fin de tramitarlos y decidirlos simultáneamente ("Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán", directores M. Bourguignon y J.C. Peral, Tomo I, p. 477). La acumulación no sólo tiende a evitar sentencias contradictorias sino también a asegurar la eficacia y efectividad de la cosa juzgada e impedir dispendio de actividad procesal (principio de economía procesal).

La sentencia en embate ha rechazado la acumulación peticionada por el actor, en mérito que el trámite de ley para los dos procesos es diferente; la competencia material corresponde a diferentes órganos; y porque -sostiene el fallo recurrido- no existe posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias atento a la finalidad de cada proceso. Como se observa, la sentencia atacada se funda en argumentos aparentes, de excesiva latitud, que no responden a las circunstancias fácticas del caso, por lo que anticipo que propondré el acogimiento del recurso de casación.

Analizada la cuestión, observo que la discusión litigiosa planteada en el proceso de pago por consignación que nos ocupa es un tema que también deberá ser resuelto oportunamente en el proceso ordinario por cobro de pesos, circunstancia que no nos deja dudas que pueden dictarse sentencias contradictorias con las consecuencias escandalosas previsibles. La conexidad entre ambos procesos es evidente y surge del contenido de la demanda y su contestación: tienen identidad de objeto (pago/cobro de una suma de dinero), sujetos (empleado y empleador) y de causa (relación laboral concluida por despido sin causa).

En este caso, la acumulación de ambos procesos no sólo es factible sino que resulta necesaria para evitar la posibilidad de sentencias contradictorias; ello es así porque ambos trámites se encuentran en la misma instancia (sin sentencia), en razón de la materia, en ambos casos, resulta competente el fuero laboral, y los dos procesos pueden sustanciarse por los mismos trámites.

A esta altura corresponde tomar en cuenta las particularidades que presenta el proceso laboral ordinario (instancia única), diferente del similar civil y comercial, por lo que las normas de aplicación supletoria deberán ser adecuadas razonablemente. De manera que de acuerdo a la norma del art. 175 inc. 1° CPCC, y considerando que el proceso sumarísimo (pago por consignación) puede ser ordinarizado, no así al contrario, resulta razonable que éste sea acumulado en el proceso ordinario, por lo que deberá ser el tribunal de sentencia el que disponga "el procedimiento a imprimir al juicio acumulado".

Por tanto, la decisión del tribunal de rechazar la acumulación de los procesos, deviene arbitraria y contraria a derecho. La ausencia de razonabilidad resulta violatoria del derecho a la defensa en juicio constitucionalmente amparado. Ello vicia de nulidad al fallo impugnado, descalificando al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación sobre la base de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional, el pronunciamiento que rechaza la acumulación de procesos en base a un mero análisis dogmático y erróneo de las circunstancias del caso".

En consecuencia, voto porque se case la sentencia recurrida y dictar como sustitutiva la siguiente: "HACER LUGAR a la acumulación de procesos solicitada por la parte actora, debiéndose acumular el proceso de pago por consignación en el proceso ordinario por indemnizaciones. La Cámara del Trabajo, a través de su Sala correspondiente, dispondrá el procedimiento a imprimir al juicio acumulado. Con costas al demandado por el principio objetivo de la derrota".

6.- Respecto de las costas de esta instancia casatoria, atento a la novedad del caso -no hay antecedentes en esta instancia- serán soportadas por su orden (art. 106 inc. 1° CPCCT y art. 49 CPL).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 17 de junio de 2008, conforme lo considerado. En consecuencia casar íntegramente la misma en base a la doctrina legal expuesta en el considerando, y dictar como SUSTITUTIVA la siguiente: "I.- HACER LUGAR a la acumulación de procesos solicitada por la parte actora, debiéndose acumular el proceso de pago por consignación en el proceso ordinario por indemnizaciones. La Cámara del Trabajo, a través de su Sala correspondiente, dispondrá el procedimiento a imprimir al juicio acumulado. II.- COSTAS al demandado por el principio objetivo de la derrota. III.- HONORARIOS de la instancia de grado, oportunamente".

II.-COSTAS del recurso como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad	HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.