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Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G. de C. L. B. c/ C.E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Es insuficiente para habilitar el mantenimiento de la prestación alimentaria una vez cumplida la mayoría de edad del beneficiario, la prueba que se sustenta en el oficio respondido por la Universidad por el cual se informa que el pretensor "está registrado únicamente como aspirante a ingreso en la carrera", lo que dista de la calificación de alumno regular; y aún cuando se hubiera demostrado tal extremo, debería haberse acreditado que por las condiciones de horarios, asistencia obligatoria a clases y/o seminarios, frecuencia de examenes, presentación de trabajos y demás exigencias de la vida universitaria así como por cualquier otra limitación de cualquier índole, tornábase imposible la obtención de los medios suficientes para atender la subsistencia propia.
Recurso contencioso administrativo, Administración Pública, empleados públicos, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bolcatto, Martha Graziela Aguirre de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 48-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la recurrente si no resulta en el caso que las funciones realizadas por la misma hayan podido merecer una retribución superior a la finalmente asignada con los beneficios del suplemento previsto por el artículo 64 del decreto 2695/83, no siendo razonable suponer la identidad que alega con relación al ámbito de otros Ministerios, donde la Administración ha reconocido a sus agentes categorías -y por ende remuneraciones- acordes con sus funciones de "Habilitados", en razón de la existencia de "habilitaciones que administran reducidas cifras para gastos de funcionamiento y pago de sueldos, en algunos casos de cinco o seis agentes, lo que evidencia asignación de funciones específicas que no condicen con la importancia y dedicación que merecerían la custodia de fondos". Frente a esas circunstancias, no podría afirmarse que la "similitud" de funciones con las restantes habilitaciones haya sido cuantitativa y cualitativamente tal, que pudiera justificar un idéntico estipendio; o, cuanto menos, uno superior al que ya percibía la recurrente en atención a la especificidad de sus funciones. Ello, claro está, al margen de la cuestión que se suscita acerca de si la demostración de tal supuesta identidad hubiera implicado el automático reconocimiento del derecho postulado.
Competencia electoral, servicios de comunicación audiovisual
Materia: ELECTORAL
Carátula: Ferrari, Jorge y Otros s/ Solicitan amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-27

Corresponde declarar la incompetencia de la justicia nacional electoral para entender en una causa tendiente a que se dé cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.522 que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual, pues la justicia nacional electoral no es competente para decidir sobre cuestiones relativas a la violación de las disposiciones de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su jurisdicción, máxime cuando por tratarse de un fuero especializado, no puede interpretarse en forma extensiva.
Menores, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: BELTRAN, JOSE EDUARDO Y ANA SANTA CRUZ c/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-09-08

Se observa que la quejosa no refuta todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento al fallo en particular las aseveraciones referentes a que: a) los accionantes tenían pleno conocimiento de la peligrosidad del lugar por habitar en las cercanías; b) autorizaron a sus hijos a salir a jugar junto con un amiguito -solos-, sin la compañía y vigilancia de un adulto; c) los tres niños eran menores de 10 años, lo que implica que carecían de discernimiento, intención y libertad como para comprender el riesgo al que se sometían. Adunado a ello, la sentencia de la Alzada luce suficientemente fundada pues, para elevar el grado de responsabilidad atribuido por la magistrada de origen, tomó en consideración las circunstancias descriptas en el párrafo que antecede y la incidencia causal de las mismas en el desenlace fatal del menor.
Honorarios, honorarios del perito, regulación de honorarios, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: López, Beatriz Z. s/ Reg. de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-05

En virtud de lo dispuesto por el art. 1 del Decreto 1813 el Juez puede, fundadamente, apartarse de las escalas contempladas en la legislación, pronunciándose dentro de un amplio margen de discrecionalidad sin que ello signifique menoscabo alguno a las garantías de propiedad y al derecho a la justa retribución. De otro modo, la fría aplicación de fórmulas matemáticas, genéricas y abstractas podrían llevarnos a un razonamiento objetivamente injusto.
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó los recursos interpuestos contra la sentencia que había condenado a la concesionaria vial de una ruta por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito acaecido con motivo de la presencia de un animal suelto en esa vía.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: CECHETTO c/ SOCIEDAD RURAL CORDOBA s/ ORDINARIO-HONORARIO-JUEZ QUE REGULA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-20

La facultad que la ley arancelaria atribuye a los jueces de primer grado de regular honorarios devengados en las instancias superiores, se refiere, exclusivamente, al caso de que no este determinada la base regulatoria, de suerte que no comprende los supuestos, en el que habiendo base es un deber del superior hacer por sí mismo la regulación (art. 26 ley 7269) .-
Proceso penal, prueba, comunicación telefónica, límites del pronunciamiento, límite temporal, pretensión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Macri, Mauricio c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Corresponde ordenar al juzgado federal de instrucción acotar el período temporal del entrecruzamiento de llamadas ordenado en el marco de la causa, porque se ha ordenado revelar un período de comunicaciones realizadas por el ex Presidente de la Nación y otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo, durante un período de tiempo que excede los límites que razonablemente permite el objeto impuesto por las pretensiones de las partes acusadoras, y tal actividad implica afectar en forma parcial, en relación a lo que constituye extralimitación de los contornos de la causa, derechos individuales y esferas de actuación ajenas a la incumbencia jurisdiccional. En consecuencia, deberá emitirse un nuevo pronunciamiento donde se limiten los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos relevantes del caso.
Derecho laboral, enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, prueba, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Myriam Elizabeth c/ Asociación Mutual de Suboficiales Retirados de la Prefectura Naval Argentina s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-17

La actora comenzó a gozar de licencia por enfermedad inculpable (trastorno psicológico) y, transcurridos seis meses, la demandada le comunicó que se operaba el vencimiento del plazo legal previsto en el art.208 LCT. La accionante entendió que su licencia debía ser extendida en virtud de lo dispuesto por la referida norma para los trabajadores con "cargas de familia", toda vez que ella convivía con su padre, quien se encontraba a su cargo en los términos del art. 9 inciso b) de la ley N° 23.669. Ante el desconocimiento de dicha circunstancia por parte de la accionada, se colocó en situación de despido indirecto. El magistrado de grado consideró no acreditados los presupuestos de hecho previstos en el art. 208 de la LCT para extender la licencia de la que gozaba. La actora laboró más de 26 años con su empleadora y nunca denunció a su padre como "carga de familia", circunstancia que recién hizo manifiesta en la comunicación de rechazo del vencimiento del plazo del art. 208. Cabe destacar que la normativa invocada al respecto, si bien incluye en la calidad de "beneficiarios" a los "ascendientes", se requiere, como presupuesto fáctico para ello, que mantuvieran dependencia económica con el afiliado. Lo cierto es que la dependencia económica con la actora no ha sido demostrada, y tal orfandad probatoria no permite acreditarla, ni aún en grado de indicio. Finalmente cabe destacar que se encuentra demostrado, por dichos de la accionante, que la casa donde vive junto a su padre es propiedad de este último. En este marco, la insuficiencia expositiva y la carencia probatoria echa por tierra el planteo de la accionante en cuanto sostuvo- como fundamento de su decisión extintiva del vínculo- que le correspondía la extensión del plazo de licencia previsto en el art. 208 LCT. En consecuencia, se confirma el decisorio de la instancia anterior.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CORIA, Américo Argentino s/ Robo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

El indicio de proclividad delictiva podrá acreditar plena prueba de la autoría responsable del acusado, sólo si existen otras pruebas inequívocas que permitan afirmar la existencia de otro indicio que concurra en forma concordante con aquél.
Accidentes de trabajo, cobertura, póliza, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Fernández, Laura Autora c/ /Floor Clean S.R.L. s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-17

Si bien la actuación de la aseguradora no es encuadrable en el art. 1.074 CC por no verificarse una omisión de su parte que hubiera generado un perjuicio concreto al trabajador, ello no la exime de la condena en base a la ley 24.557 hasta el límite de la cobertura. Es que en virtud del principio "iura curia novit" , el caso encuadra en el art. 6º pto 1 de la ley 24.557 ya que se está en presencia de una contingencia prevista por esta normativa (accidente in itinere). El juzgador, en atención a dicho principio, debe aplicar la ley correspondiente a los hechos alegados y probados y nada obsta a que se acoja el reclamo por un importe superior al ya abonado por la aseguradora, toda vez que se detectó una incapacidad del 50%, superior a la determinada por la Comisión médica interviniente (24,50%). Asimismo, cabe destacar que se encuentra salvaguardado el principio de la defensa en juicio de las partes, toda vez que se ha expedido sobre la incapacidad del trabajo un perito designado de oficio y se ha dado vista a la aseguradora quien en el sub-lite ha efectuado las impugnaciones que consideró pertinentes. Consecuentemente, corresponde admitir el reclamo indemnizatorio formulado conforme lo dispuesto en la ley 24.557.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, desindexación, deuda no consolidada, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, liquidación, Ley de desindexación
Materia: PROCESAL
Carátula: Oros, Oscar Osvaldo c/ CONET s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al considerar que, por tratarse de una obligación consolidable en la que se había dispuesto su actualización hasta el 1/4/91, debía aplicarse el art. 4 del decreto 794/94, para ello ha acotado el ámbito material de la ley de desindexación a la par que ha omitido fundar adecuadamente la no aplicación al caso del art. 6 del decreto citado.
Autosuficiencia del agravio, fundamentación insuficiente, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL
Carátula: "C.H.R." S/ PROMOCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA -3 HECHOS- EN CONCURSO REAL ENTRE SI y "C.L.O" S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, AGRAVADO POR SU CONDICIÓN DE GUARDADOR -2 HECHOS-, EN CONCURSO REAL ENTRE SI", Expte. Nº 2682 (C-587/08/T.S.J.).- s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-06-01

Cuando este Alto Cuerpo se refiere a fundamentación "autónoma", esta exigiendo la presentación de un escrito recursivo autosuficiente, que abarque las razones en las que el recurrente apontoca su pretensión ante la presunta inobservancia de la ley sustantiva o procesal, censurando los motivos de la sentencia para arribar a la solución que se impugna.

La carencia de una adecuada técnica recursiva en el escrito presentado en forma conjunta, conduce inexorablemente a la desestimación del recurso de casación por resultar manifiestamente inadmisible, en razón de adolecer de la "autosuficiencia" que permita al Tribunal -con su sola lectura- obtener el conocimiento de todos los extremos fácticos y jurídicos necesarios para resolver un "verdadero recurso".-
Servicio público, consumidores, actividad comercial, recurso de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

De la característica de servicio público esencial de la telefonía fija (cfr. art. 2° inc. c) Decreto N° 843/00 PEN), derivan dos de las características típicas del régimen jurídico exorbitante que subyace a todos los servicios públicos: su "obligatoriedad", lo que posibilita concretamente al usuario exigir al prestador (sea público o privado) la prestación efectiva del servicio, y el de "continuidad", el cual supone la disponibilidad permanente del servicio cuando éste sea requerido.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso, prueba, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Olivos SACIYF y otros c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes Olivos SACIYF y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

La determinación de la ocurrencia del daño alegado por la actora constituye una cuestión fáctica reservada a los jueces de la causa cuyas conclusiones no pueden ser revisadas por este Tribunal mediante el recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Competencia, mascotas
Materia: PROCESAL
Carátula: G. A. L.  c/ J. S. J. s/ Proceso ordinario (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-03-01

En un conflicto de competencia, declaró que es el fuero de familia para entender en el proceso donde una mujer reclama un régimen comunicacional de visita de su mascota, toda vez que en materia de derecho animal se encuentra cuestionado el status jurídico de "cosa" de los animales, con base en lo normado en el art. 41 de la Constitución Nacional, en las Leyes 14346, 22421, las demás normas protectorias y en varios pronunciamientos jurisdiccionales, lo que permite inferir que los animales, y con mucha más razón los domésticos, son seres sintientes que gozan de derechos propios como parte de la obligación de respeto a la vida y protección de su integridad.
Divorcio, disolución de la sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAVO, DANTE EDGARDO c/ PALADEA DE BRAVO, YOLANDA NOEMI s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

La protección que brinda el nuevo art. 211 del Código Civil, significa oponerse a la liquidación del inmueble -si es ganancial- o a la libre disponibilidad por el cónyuge titular -si es propio de éste-. Requiere que el que la invoca en su favor no haya dado causa al divorcio y que, simultáneamente, la liquidación del inmueble ganancial o la liquidación del inmueble propio del otro cónyuge le causen grave perjuicio. Se trata de una previsión de orden asistencial que tiende a evitar que, por la disolución de la sociedad conyugal que es consecuencia de la sentencia de separación personal o de divorcio (conf. art. 1306, párrafo 1, Código Civil), el cónyuge culpable -o el que demandó la separación en razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente del otro (art. 203 Código Civil) pueda lograr su liquidación dejando desamparada la necesidad de vivienda.
Enjuiciamiento de magistrados, inmunidad de jurisdicción, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marder, José c/ Marquevich, Roberto y otro s/ beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

El nuevo texto del art. 115 de la Ley Fundamental sólo modifica el procedimiento de remoción de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación al atribuir su juzgamiento a un jurado especial, pero al remitir al art. 53 mantiene las causales e inmunidades allí previstas que son reiteración de las ya contempladas en el hoy reformado art. 45 de la Constitución Nacional.
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, concausa, eximentes de responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ, JOSE GREGORIO c/ NUÑEZ COLMAN TEODORO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

La concurrencia de diversos factores en la consolidación de una enfermedad, proceso en el cual la cosa ha sido factor desencadenante, demuestra la existencia de concausa en la producción de las consecuencias en función de las cuales se pretende el resarcimiento. Si la afección se originó no sólo en el vicio o riesgo de la cosa sino por la existencia de una predisposición del organismo (sensibilidad o labilidad al contacto con el elemento dañino) dicha circunstancia particular juega como eximente parcial de la responsabilidad que atribuye el artículo 1113 del Código Civil.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, recusación, recusación con causa, rechazo in límine, escritos judiciales, error de derecho, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Elorrio, Javier c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Incidente de recusación As. s/ Incidente de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

Las causales legales de recusación son de carácter taxativo y se exige para el recusante efectuar una argumentación sólida. Por ello, al interponer la recusación debe señalarse la causal en la que se funda (artículo 14 CCAyT) y, si ésta no es alguna de las admitidas expresamente por la ley, corresponde el rechazo del planteo (CSJN, Fallos 303:1943).

En efecto, si en el escrito en que se formula la recusación no se alega concretamente alguna de las causas contempladas en el artículo 11 del mismo ordenamiento -o la que se invoca es manifiestamente improcedente- la recusación debe ser rechazada in limine (art. 15 CCAyT).

En la especie, el recusante ha fundado su planteo en el presunto "desconocimiento inexcusable del derecho" que atribuye al señor juez de primer grado, causal que -con toda evidencia- no configura ninguna de las previstas por el legislador en el mencionado artículo 11.

Los eventuales errores de hecho o derecho en que pueden incurrir los jueces son remediables por los recursos pertinentes, pero no dan lugar a recusación.
Cuidado personal compartido, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: I.M.C. c/ T.M.L.N. s/ Medidas precautorias (art. 232 del C.P.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada por la progenitora solicitando el reintegro al hogar de los niños menores quienes se encuentran bajo la tenencia de su padre. En este sentido, se deben tener presentes los favorables informes del perito psicólogo y de la asistente social como especialmente la opinión del menor (actuales 15 años); quien ha manifestado su intención de continuar viviendo con su padre junto a su hermana, lo cual debe ser tenido en cuenta conforme a su edad y grado de madurez, y conforme los arts. 26 C.C., 639 inc. c C.C., 646 inc. c C.C., 653 inc. c C.C., entre otros; art. 12 C.I.D.Ñ.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Nicolás Rostas S.A. s-Incidente por Venta Judicial por Licitac. Pública s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-30

Nuestro sistema procesal establece dos motivos por los cuales procede el recurso de casación, en los términos de los arts. 287 y 288 CPCC, esto es quebrantamiento de las formas y violación de la ley o doctrina legal, siendo la arbitrariedad una de las especies que configuran esta última.
Derechos humanos, prisión domiciliaria, establecimientos penitenciarios, condiciones de detención, Constitución Nacional, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., M. M. A. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-20

Es que los derechos a la dignidad de las personas, por el solo hecho de ser tales, prevalecen sobre todo orden legal y, aun en ausencia de reconocimiento expreso del legislador, son fuente de inmediata protección y tutela.

Si el Estado no cumple el deber de resocializar a los condenados, para lo cual tiene que alojarlos en cárceles sanas y limpias, sin mortificarlos, no puede mantenerlos privados de su libertad, pues sería una forma de ejercicio arbitrario e ilegítimo de poder, al margen de los principios del régimen penitenciario (enseñanza, readaptación y trabajo, según el art. 23 de la Constitución Provincial).

De ahí la obligación de los jueces, por la vía que corresponda, de disponer las medidas que estimen adecuadas para restablecer ese mínimo de dignidad, lo que no debe proyectarse como si fuera la Escuela Libre del Derecho, ni ninguna de las formas de uso alternativo, sino como una medida excepcional, racional y motivada en cada caso que se presente.

La tarea de fundamentar, justificar y limitar el proceder argumentativo de la praxis no se agota en la lógica formal, como advertía Winfried Hassemer, por lo que habrán de computarse las nuevas teorías de la argumentación, desde Theodor Viehweg hasta Perelman. Para una sistematización de los paradigmas, ver Vigo, quien reivindica una razón práctica para alegar a verdades objetivas y sustanciales y que debe entenderse como saber práctico: "un hábito cognoscitivo según la recta razón, que dicta lo que debe hacerse u omitirse en todo suceso de la vida.