Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-17


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 17 de 2008.

El Dr. Liberman dijo:

I.- La sentencia de fs. 384/388 fue recurrida por la parte actora; expresó agravios en su presentación de fs. 437/447, con respuesta del traslado a fs. 451/455.

II.- Alicia Mabel Arévalo promovió la presente acción como consecuencia de los daños que sufriera el 18-6-1995. En su demanda, relató que había concurrido -como hacía habitualmente- al local bailable "Viejo Correo" de esta ciudad, y cuando se estaba retirando en horas de la madrugada, cayó sobre sus pies una de las vallas de contención que se utilizaban para ordenar el ingreso de las personas a ese local. Señaló que como consecuencia de ese accidente, fue acompañada en un taxi y trasladada al Hospital Durand. En la instancia anterior, el juez rechazó la acción intentada. Contra esa decisión versan las críticas de la apelante.

III.- Agravia a la actora el rechazo de la demanda y la incorrecta valoración de los elementos de prueba. Además de haber hecho hincapié en la obligación de seguridad que pesaba sobre la parte demandada, señaló que la valla es una cosa riesgosa, y que los testigos se pesan y no se cuentan.

Lejos de contener el escrito de expresión de agravios una crítica concreta y razonada de las partes del decisorio que considera equivocadas, la quejosa intentó con varias citas de doctrina y jurisprudencia, poner énfasis en ciertos elementos para lograr la modificación de la sentencia.

Llama verdaderamente la atención que Arévalo se haya quejado de que el juez fue muy estricto en la valoración de la única testigo que fuera traída a juicio por esta parte, y en la persecución de la verdad (fs. 438). Hay que serlo cuando aparece una sola -supuesta- testigo presencial del hecho, se hizo la denuncia en la comisaría pasados casi dos años del referido accidente (fs. 1/vta., c.p.), y cuando, contrariamente a la respuesta dada por la propia actora en la audiencia de absolución de posiciones (ver resp. a la pos. 11 a 13, fs. 148), se demostró que ninguna denuncia se había efectuado en la comisaría ubicada a pocas cuadras del local bailable el día 18-6-1995 o en fecha cercana al hecho (ver fs. 316). Estos dichos deben ser apreciados con severidad, de modo que su testimonio no deje lugar a dudas en el ánimo del juzgador; máxime cuando no declaró en sede penal, y recién lo hizo en este proceso, luego de haber transcurrido más de 7 años del accidente (fs. 151/152). Es indudable que debe analizarse cuidadosamente, para apreciar si realmente presenció el hecho sobre el cual depone. Además, es extraño que, en ocasión de realizar la pertinente denuncia ante la autoridad policial (41 días antes de iniciar este proceso), Arévalo no manifestara que contaba con testigos presenciales del hecho (ver fs. 1/ vta., c.p.).

Ahora bien, comparto las apreciaciones del sentenciante que quitaron credibilidad a esta testigo. Es muy raro que luego de 7 años pueda recordar con exactitud el día y hora en que sucedió el hecho (ver resp. a la preg. V y X, fs. 151), sin haber explicado al menos cómo recordaba la fecha del accidente. Así las cosas, además de las imprecisiones en que incurrió con relación a las vallas, que no sabía cuál era el pie lastimado, tampoco se escapa que la actora fue quien le avisó que tenía que declarar (ver resp. a la preg. V, fs. 152). Se equivoca entonces la quejosa cuando, para justificar las imprecisiones de la testigo, dijo que era intrascendente que haya sido una o varias las vallas que ocasionaron el daño, ya que quedó probado que una sola era suficiente para generarlo (fs. 438).

IV.- Desde otra óptica, de la causa penal se desprende que la actora había sido atendida el día 18-6-1995 en el Servicio de Urgencias del Hospital Durand por presentar traumatismo de pie izquierdo (ver fs. 13). Pero esta circunstancia no quedó asentada en la fotocopia de la historia clínica de la paciente agregada a fs. 115/119. Allí surge que recién ingresó a ese nosocomio el 26-6-1995 (esto es, 8 días después de la fecha del hecho), con fractura de 3º y 4º MTT derecho (ver fs. 118 y 261). El perito fue claro en que ésta era la única documentación que reflejaba la asistencia y los tratamientos recibidos por Arévalo. A pesar de esta circunstancia, la actora, tanto en su escrito de inicio como a la hora de realizar su denuncia en sede policial, señaló que había sido lesionada en su pie izquierdo (ver fs. 1/4; y fs. 1/vta., c.p.), y nada había dicho con relación al pie derecho. Incluso el perito médico explicó que, de la contestación del hospital agregada en estos autos se advierte lesión en el tercer y cuarto metatarsianos del pie derecho (ver fs. 288/289); peritaje que no recibió objeciones por las partes. En rigor, más allá de no haber acreditado los ocho días de internación (fs. 1/vta., c.p.), en sus conclusiones el experto señaló que no quedaron secuelas incapacitantes (fs. 288/289). Además, en la documentación acompañada por el hospital, no hay constancias de que Arévalo hubiera sufrido un accidente de esta índole.

En conclusión, dejando de lado por las razones explicadas el testimonio de Juárez, la actora sólo cuenta a su favor con la atención recibida en el Hospital Durand, el mismo día en que ocurrió el hecho (fs. 13, c.p.). Las lesiones sufridas en el pie izquierdo, frente a la contestación del hospital de fs. 115/119, no fueron debidamente acreditadas en estos autos. Si bien la actora en todo momento hizo hincapié en que ése era el pie lesionado, el perito médico elaboró su dictamen en base al pie derecho; y no hubo un cuestionamiento a ese informe en la etapa procesal oportuna. De este modo, comparto con el sentenciante que no se encuentra acreditado que las lesiones que surgen de la causa penal se hubiesen producido dentro del local bailable propiedad del demandado.

Por eso, teniendo en cuenta que la parte actora tiene la carga de probar los hechos articulados para crear la convicción en el juez (cfr. art. 377 Código Procesal), propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia recurrida, con costas de alzada a cargo de la actora perdidosa.

Los Dres. Pérez Pardo y Rebaudi Basavilbaso por análogas razones votan en igual sentido.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia recurrida, con costas de alzada a cargo de la actora perdidosa.

Fíjanse los emolumentos de la Dra. P. S. P. en la suma de dos mil seiscientos veinticinco pesos ($ 2625) de conformidad con el art. 14 de la ley 21.839.

Conociendo de los recursos deducidos a fs. 390, 397 y 402 con relación a las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 388, teniendo en consideración las mismas pautas expuestas por el Sr. Juez de la causa y lo normado por los arts. 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, art. 13 de la norma legal citada, por no ser elevados los fijados por el principal a los Dres. S. y A.; P. S. P.; P., L. y S. y los del perito médico F., se los confirma. Por altos los correspondientes al incidente de fs. 71/72, se reducen los de los Dres. S. y A., a la suma de quinientos veinticinco pesos ($ 525) y los del Dr. P., a la de setecientos sesenta pesos ($ 760).

El art. 21 del decreto 91/98, reglamentario de la ley 24.573, fija la retribución de los mediadores de acuerdo a una escala cuya base de determinación es el monto de la sentencia o acuerdo al que arriben las partes. En atención a esta normativa, el Juez en la sentencia no justiprecia la labor del profesional, sino que se limita determinar los honorarios siguiendo los lineamientos allí establecidos, por lo que los mismos no son apelables. En consecuencia, no habiéndose apartado el "a quo" de lo prescripto en dicho ordenamiento, se desestima el recurso interpuesto a fs. 390 contra los honorarios del mediador O. E.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Víctor Fernando Liberman. -Marcela Pérez Pardo. -O. Hilario Rebaudi Basavilbaso.