Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 26 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Vassallo dijo:

I. Juan Carlos Pessolano promovió demanda contra Caja de Seguros de Vida S.A. -actualmente Caja de Seguros S.A.-, a fin que esta última sea condenada a abonar el seguro de vida colectivo optativo (no obligatorio), por incapacidad total y permanente para el trabajo, conforme la póliza Nº 13.944.

Estimó la cuantía de su pretensión en la suma de $ 59.700,60 o lo que en más o en menos resultara del proceso, calculados al mes de noviembre de 2000, con más intereses costos y costas.

Manifestó que prestó servicios para el Escuadrón Nº 48 de Gendarmería Nacional, en la Provincia de Corrientes.

Señaló que sufrió de hipertensión arterial causada por el aplastamiento de un conducto de circulación de orina, le realizaron una nefrectomía (extracción de un riñón) homolateral. Adujo que la incapacidad para trabajar se incrementó hasta la incapacidad total y absoluta, e ingresó en la categoría de DAF (Disminuido en sus Aptitudes Físicas); por lo que fue destinado a tareas livianas en el centro Asistencial de Gendarmería del Destacamento de Rosario, por un plazo de seis meses, "...luego del cual se dispone su pase a Disponibilidad" (fs. 13v).

Entendió que correspondía una doble indemnización, pues consideró que la enfermedad se originó "...en algún golpe recibido durante esa dura vida profesional" y explicó que según los términos del contrato "cuando la incapacidad proviniera de un accidente...producida directa y exclusivamente por causas externas, violentas y fortuitas", la indemnización sería duplicada.

II. Al comparecer al pleito, la aseguradora reconoció la relación contractual con el actor. Mas negó el derecho de este a cobertura por haber omitido efectuar la necesaria denuncia del siniestro conforme la ley 17.418, art. 46.

En este aspecto negó que tal denuncia hubiera sido efectuada ante el tomador, ni en las oficinas de la aseguradora.

Por último negó que se hubiere configurado en este caso, el riesgo cubierto.

A tal efecto señaló que, por imperio de específicas cláusulas del contrato, no procedía el reclamo mientras que el asegurado se encontrara en actividad (cfme. el endoso 60, art. 5, ap. C).

Menos aun la doble indemnización, pues la estipulación que así lo contemplaba, condicionaba el beneficio a que la incapacidad sobreviniente al accidente tuviera lugar en un plazo de noventa días desde la ocurrencia de aquél.

III. La sentencia de la anterior instancia dictada en fs. 264/272 rechazó la demanda e impuso las costas a la parte actora (cpr. 68).

El fallo se apoyó en dos argumentos centrales: 1) que no fue acreditado que el actor hubiera realizado la denuncia del siniestro ni a la aseguradora ni a su empleador; 2) tampoco que demostrada una incapacidad compatible con el riesgo asegurado, amén que había sido probado que el señor Pessolano continuaba cumpliendo funciones en la fuerza.

La sentencia fue apelada por el actor, quien expresó sus agravios en fs. 293/301, los que fueron contestados en fs. 303/306.

La señora Fiscal de Cámara se excusó de intervenir en la causa conforme su dictamen de fs. 308/309.

IV. a. El quejoso intentó, al fundar su recurso, rebatir los fundamentos del fallo en estudio.

Desdichadamente, con un cuestionable desapego a la técnica recursiva e incompatible con la actuación esperable de un profesional de derecho, inicia la crítica de la sentencia formulando una imputación al señor Magistrado que luego no avala con hechos.Dijo en fs. 296 el quejoso que "Inexplicablemente la sentencia que aquí apelamos recurre a afirmaciones falaces para justificar la intención evidente de hacer perder el reclamo al actor" (el subrayado me pertenece).

Tal frase parece atribuir al señor Juez a quo un propósito cuasi doloso, por cierto ajeno a la función judicial.

El atribuir que se recurre a "afirmaciones falaces" predica una aviesa intención que no puede admitirse de un magistrado; tanto más si ello va dirigido a "hacer perder el reclamo al actor".

En rigor lo dicho descarta el error in iudicando, y afirma la utilización de artilugios con un fin espurio.

De así ser comprobado, la sentencia debería ser anulada y el magistrado denunciado por mal desempeño.

Sin embargo, luego de tan desafortunada frase, la expresión de agravios discurre por carriles diversos, cuestionando los fundamentos del fallo y omitiendo indicar concretamente, cuáles son las "afirmaciones falaces" y menos aun, destacando elementos que acrediten la intención dolosa del magistrado.

Entiendo así que el letrado no ha medido la gravedad de tal acusación, quizás en el fragor de su tarea en pos de revertir la solución de la sentencia.

Empero ello no lo exime de guardar un razonable estilo, tanto más cuando se trata de un graduado en derecho de amplia experiencia.

Por ello estimo necesario, antes de ingresar en el estudio de los concretos agravios, llamar la atención del profesional para que en el futuro evite este tipo de afirmaciones cuando las mismas carecen de apoyo probatorio, y no son seguidas por una conducta compatible a la imputación realizada.

b. Concluido este preámbulo, que entendí necesario, cabe ingresar en el análisis de los agravios desarrollados por el actor en su pieza de fs. 293/301.

Como fue anticipado, la sentencia se apoyó en dos pilares para rechazar la demanda: 1) No fue acreditada la denuncia del asegurado en los términos del artículo 46 de la ley de seguros; y 2) Tampoco fue demostrado que el actor padezca de una incapacidad de la magnitud cubierta, amén que continúa trabajando en Gendarmería Nacional.

Estas serán analizadas por separado.

1) La sentencia dijo no acreditado que el actor hubiera efectuado la denuncia ante la tomadora o la aseguradora, de la configuración del siniestro que hiciera nacer su derecho de percibir el resarcimiento previsto en el seguro.

Formaliter, no fue acompañado con el escrito de demanda documento alguno que demuestre el cumplimiento de tal obligación.

En rigor, ello ni siquiera fue alegado por el señor Pessolano en su escrito de demanda. Confirmando tal omisión dijo en su presentación que "...inició reclamo extrajudicial y mediante el trámite de la mediación privada ante la aquí demandada aseguradora para el pago de la cobertura..." (fs. 14: segundo párrafo).

Luego en su presentación de fs. 42/44 mediante la cual dice contestar un traslado referido a la tempestividad de la denuncia, que valga destacar nunca fue conferido, afirma dogmáticamente que tal denuncia fue realizada por su parte al empleador, como que este último luego la trasladó al asegurador.

Sin embargo al intentar acreditar sus dichos, sólo esgrime como prueba la constancia copiada en fs. 10, instrumento emitido por Gendarmería Nacional del 24 de noviembre de 1992 que acredita la condición "D.A.F." del señor Pessolano.

Es evidente que tal "constancia" no constituye la denuncia que se dice omitida.

Según puede apreciarse, trátase de una actuación interna de aquella Fuerza, que califica la aptitud psicofísica del empleado a efectos de su propia labor (ver último ítem del referido formulario).

Pero de ningún modo constituye la denuncia que prevé el artículo 46 de la ley de seguros, en tanto comunicación a la aseguradora sobre la ocurrencia del siniestro (Stiglitz Rubén, Derecho de Seguros, T. II, página 191 y siguientes).

Véase que la póliza en su artículo 15 (fs. 175/176), impone al asegurado denunciar por escrito la existencia de la incapacidad por intermedio del principal, acompañar las constancias que así lo acrediten y prestarse a la revisión por médicos de la Caja.

La estipulación se encuentra en línea con la obligación legal que emerge del ya mentado artículo 46. Por lo cual el predicado desconocimiento del contenido de la póliza en nada modifica la situación del quejoso.

El quejoso sostiene, en novedosa argumentación desarrollada en su expresión de agravios, que era carga del empleador comunicar a la aseguradora tal evento, una vez que tuvo conocimiento de la disminución física del actor.

Así, el incumplimiento de esa obligación de la empleadora, no puede serle oponible.

Empero tal excusa carece de apoyatura tanto en derecho como en lo fáctico.

Como ha dicho esta Cámara en un supuesto similar, la obligación de la tomadora nace, en su calidad de intermediaria convencional entre el asegurado y la empresa de seguros, cuando existió previa denuncia de aquél a la tomadora que esta última debe trasladar a la aseguradora (CNCom., Sala C, 27.12.2006, Lucero Rogelio c. Caja de Seguros S.A. s/ordinario).

A todo evento, aun cuando fuera admitida la tesis del recurrente, Gendarmería Nacional nunca pudo cumplir la hipotética obligación.

Es que según el formulario copiado en fs. 10, invocado reiteradamente por el actor, aquella Fuerza sólo asignó al actor una incapacidad laboral del 57,25%, amén que descartó toda limitación respecto a la asignación de destino y sólo acotó sus condiciones para el servicio a cierta actividad allí detallada.

De hecho el señor Pessolano continuaba laborando en Gendarmería Nacional en marzo de 2005 (fs. 112).

Es evidente entonces, que para la tomadora del seguro el actor no se encontraba comprendido dentro del riesgo cubierto por el seguro que era, amén de la muerte, la incapacidad total y permanente para el trabajo.

Corolario de ello es que, siempre dentro de la tesis esgrimida por el apelante que no comparto, Gendarmería Nacional no podía denunciar a la aseguradora que se hubiera producido el siniestro cubierto por esta respecto de su agente Pessolano, pues según los exámenes que le realizó el actor no calificaba dentro de la incapacidad total y permanente para el trabajo prevista en la póliza.

Por último, la constatación de la registración de la denuncia por parte de la aseguradora con fecha 1.11.2000 tampoco varía la solución del recurso.

La sentencia expresó que tal asiento coincidía temporalmente con el inicio de la mediación, extremo cuestionado por el quejoso.

Es cierto que aquél momento no coincide con el de la mediación que se cumplió el 11.04.2001.

Pero esta cuestión aparece anecdótica y carente de valor a los efectos de esta disputa. Lo relevante es conocer si la denuncia, de tenerla por realizada en noviembre de 2000, fue concretada en los tiempos previstos por la ley.

El recurrente sostuvo que el siniestro ocurrió o, cuanto menos fue comprobado, cuando fue calificado como "D.A.F.".

Como ha sido dicho, el quejoso se apoyó en el formulario de fs. 10 para sostener que la empleadora conocía su situación.

De ser adoptado este elemento como demostrativo de la invocada incapacidad, debe concluirse que el mismo data del 13.11.1992, es decir, ocho años antes de la fecha en que se habría denunciado el siniestro.

Véase además, que el actor fijó la fecha asentada en los libros de la demandada (noviembre de 2000), como la de efectiva denuncia, pues de otro modo carecería de sentido que hubiera requerido que los réditos se devenguen desde ese momento.

Lo expuesto ratifica aun mas la conclusión del punto en estudio.

Todo ello, entonces, justifica el rechazo de la pretensión del actor con base en el contrato de seguro colectivo, pues la omisión de denuncia oportuna torna operativa la caducidad del derecho previsto por el artículo 47 (Halperín-Barbato, "Seguros", página 296/297).

2) Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para confirmar el fallo en estudio.

A todo evento cabe realizar otras consideraciones que apoyan la dirección en que me dirijo.

El señor Juez a quo negó que se hubiere comprobado que el actor hubiese padecido el grado de incapacidad cubierto por la póliza (cláusula 15; fs. 175).

En los términos del contrato el riesgo cubierto se puede definir del siguiente modo: 1) estado de incapacidad total y permanente; 2) originada en enfermedad o accidente, 3) que no permita desempeñar cualquier tarea remunerativa; lo que implica la pérdida del derecho a la percepción de haberes.

En reiteradas ocasiones hemos mencionado que coincidimos con la doctrina judicial que establece que el concepto de incapacidad total y permanente que no le permita al asegurado realizar cualquier actividad remunerada no debe ser entendida literalmente -pues es difícil imaginar una situación de incapacidad que no lo permita absolutamente-, sino en el sentido de que no pueda realizar su actividad habitual o una remunerativamente equiparable en condiciones de competencia (conf. CNCom. Sala B, 19.2.87 "Guerini, E. c. Iguazu Cia. de Seguros S.A."; id. Sala D, 3.4.2000 "Luoreiro, C.R. c. Caja Nac. de Ahorro y Seguros"; id. Sala C, 3.4.2000; "Gutierrez J. c. La Meridional Cia. de Seg. S.A. entre otros)" (esta Sala, 11.10.06, "Patiño Bonifacio Ramón c. Caja de Seguros S.A. s/ordinario).

No obstante, el informe del empleador ya invocado, indica que el actor continúa en servicio.

Tal situación, permite extraer dos conclusiones:

En primer lugar, estimo que es un hecho notorio (cfme. Couture E. "Fundamentos del derecho procesal civil" nro. 150 p. 233 ed. 1993) que las fuerzas de seguridad requieren personal para tareas que no son las específicas de aquéllas, y que por consiguiente tampoco exigen el estado físico necesario para estas últimas (vgr. tareas administrativas, etc.).

La parte actora alegó que "...fue destinado a tareas livianas en el Centro Asistencial de Gendarmería, del Destacamento Rosario" y aunque allí mencionó que era "por un plazo de 6 meses, luego de lo cual se dispuso su pase a Disponibilidad" (fs. 43 v., agregada en agosto de 2001), lo cierto es que continuó trabajando para su principal.

Surge de la prueba informativa de fs. 112 de la Gendarmería Nacional que el actor "...al 28/2/05 continúa trabajando para esta Fuerza".

No se encuentra acreditado en el proceso que el actor hubiere perdido el derecho de percibir haberes, sino que se probó que continúa en relación de dependencia. Por lo tanto, no se cumplió con ese requisito para la configuración del siniestro.

"Debe tenerse en cuenta en tal sentido que la definición contractual del riesgo cubierto en el contrato de seguro debe ser interpretada literalmente, que el interés asegurable debe ser determinado de manera precisa y que el siniestro se configura en el seguro de personas recién cuando las consecuencias del daño -en este caso la pérdida del derecho a la percepción de haberes y la imposibilidad de realizar una actividad remunerada similar a las que realizaba- se producen en la persona del asegurado (Halperín - Barbato "Seguros" cap. IV. nro. 52.a. p, cap. VII. nro. 2 y cap. VIII nro.1. pgs. 386, 891 y 949 ed. 2001). Estas pautas hermenéuticas del contrato de seguro desplazan las pautas de interpretación genérica previstas por la ley 24.240: 37. b, sin perjuicio de puntualizar que la cláusula que precisa el riesgo no restringe los derechos del asegurado sino que los define" (esta Sala, 11.10.2006, "Patiño Bonifacio Ramón c. Caja de Seguros S.A. s/ordinario).

En tal sentido, sería inimaginable requerir que el seguro colectivo estableciera como riesgo cubierto la simple modificación de las tareas asignadas al trabajador.

Sabido es que cuando se labora en relación de dependencia, el empleador goza del poder de dirección y tiene la facultad de distribuir las tareas y disponer las medidas que mejor convengan.

De allí que, sin ingresar en otros aspectos, debo concluir que existe, como mínimo, marcadas dudas sobre la real incapacidad del actor.

Lo expuesto basta para desechar el recurso en estudio.

Cabe recordar, que los jueces sólo están obligados a fallar considerando los argumentos que estimen conducentes y suficientes, prescindiendo de aquellos otros tangenciales o sin proyección jurídica alguna (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; etc.).

V. Conforme lo hasta aquí dicho, propongo al acuerdo, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, confirmar la sentencia de la anterior instancia.

Asimismo, propicio que las costas de Alzada sean impuestas a la parte actora en su calidad de vencida (cpr 68).

Así voto.

Los doctores Dieuzeide y Heredia adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia; e (b) Imponer las costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

(c) Confirmar los honorarios de la perito contadora, doctora Patricia Marengo por haber sido apelados únicamente por altos (decreto ley 16.638/57).

Respecto de los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Hugo H. Zuccotti, como los del consultor técnico, Agustín J. Paternóster, la Sala advierte que los mismos fueron apelados por altos por la parte demandada que resultó vencedora en el proceso.

Nótese que la demandada carece de agravio para apelar por altos los honorarios regulados en favor del letrado apoderado de la parte actora y del consultor técnico; pues las costas de ambas instancias fueron impuestas a esta última.

En razón de lo expuesto, declárese mal concedido el recurso de apelación interpuesto respecto de los honorarios del letrado apoderado de la parte actora y de su consultor técnico (fs. 274).

Por el escrito de fs. 303/306 fíjanse los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada doctor C. P. R. en la suma de $ 5.000 (cinco mil pesos) (ley 21.839 art. 14). -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.