Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-25


Salta, 25 de Abril de 2011.- AUTOS Y VISTA: Esta causa N° 16.107/02 de la Cámara de Acusación, Sala I, originaria del Juzgado de Instrucción Formal de 8ª Nominación s.c. "RAMÍREZ, Roberto Edgardo y RAMÍREZ, José Carlos por Hurto simple", Expediente N° 1.218/05, y CONSIDERANDO El Dr.JULIO V. PANCIO, dijo:

I) Que corresponde a este Tribunal resolver sobre el recurso de apelación deducido a fs.266 por la Sra.Agente Fiscal Nº 4, en razón de resultar formalmente admisible conforme lo dispuesto por los arts.460, 461 y cc del C.P.P..- II) Mediante resolución agregada a fs.265, el Sr.Juez de Instrucción decide el sobreseimiento de José Carlos Ramírez y de Roberto Edgardo Ramírez, por prescripción de la acción penal en relación al presunto delito de Hurto simple (art.162 C.P.) denunciado en estos autos.- Afirma el Juez A quo que "se han cumplido claramente los plazos legales necesarios para que se conceda el sobreseimiento...", declarando además la inexistencia de actos procesales o antecedentes penales obstativos del instituto. Adecua entonces su decisión en el art.326 inc.1º del C.P.P..- El pronunciamiento es impugnado parcialmente por la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra.Liliana Jorge, pidiendo se revoque el sobreseimiento del imputado Roberto Edgardo Ramírez. Sostiene que en relación a éste "no se ha acreditado debidamente la ausencia de antecedentes condenatorios" pues el Registro Nacional de Reincidencia emitió sólo un informe nominativo al omitirse el envío de las correspondientes fichas dactiloscópicas.- Al tiempo de contestar la vista conferida al efecto, la Defensa técnica a cargo del Dr.Tomás Acosta Martorell pide el rechazo del recurso fiscal en el entendimiento que la pretensión de la apelante "deviene en un exceso de rigor formal" (fs.272).- III) Es enteramente cierto que el informe emitido por el organismo nacional referente a los antecedentes de Roberto Edgardo Ramírez, no es lo suficientemente eficaz para despejar cualquier duda en orden a la posible existencia de antecedentes condenatorios que pudiesen interrumpir el curso de la prescripción (art.67 letra a C.P.). Desde este punto de vista asiste pues razón a la recurrente.- Repetidas veces este Tribunal sostuvo que la simple identificación patronímica del sujeto es insuficiente para cumplir con la exigencia del art.5 de la Ley 22.117, no sólo por los peligros que encierra sino porque ello importa, además, una violación a la misma ley que en el artículo siguiente obliga formular el pedido con "la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante" (art.6º). Es decir, se cumple con el principio de legalidad sólo a medias cuando se solicitan los informes del caso sin acompañar las impresiones decadactilares del sometido a proceso. Fallos similares han sido dictados por la Corte de Justicia local.- Pero no se puede ignorar que los hermanos José Carlos y Roberto Edgardo Ramírez han sido procesados en autos por el presunto delito de Hurto simple (art.162 C.P.; ver fs.194/6), hecho presuntamente ocurrido en Julio de 2001 y por el cual los nombrados fueran llamados a declarar en Septiembre de ese mismo año (fs.20).- El máximo Tribunal de Justicia provincial sostuvo también que "la aplicación de las disposiciones legales sobre prescripción contenidas en el Código Penal no puede llevarse a cabo de manera irracional, conculcando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que consagran los tratados internacionales de jerarquía constitucional". Que "la cuestión traída a examen se encuentra regida por un orden normativo de jerarquía superior a las disposiciones de la ley penal de fondo, que no puede ser objeto de conculcación mediante una aplicación irrazonable de esta última. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene normas concretamente referidas a la dilación procesal vinculadas a la situación de quienes se encuentran preventivamente privados de su libertad durante el transcurso de la causa, lo que ocurre en el art.7º, ap.5. Por su parte, con mayor amplitud, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos en su art.14 establece el derecho que tiene todo acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas." (Fallo del 7/9/09 en "c/c SANTILLÁN, Juan Hilarión Rec. De Casación", Expte.Nº CJSNº 31.357/08).- En el Considerando 8º) sentenció: "en el caso resulta írrito a un adecuado servicio de justicia y contrapuesto a los fines perseguidos con la instauración del orden punitivo, cuya eficacia se halla condicionada por la posibilidad de la obtención inmediata de prueba y la menor distancia temporal entre el hecho y la condena, mantener la persecución contra el acusado cuando el órgano judicial interviniente y los representantes del Ministerio Público Fiscal omitieron desempeñar de manera eficaz las atribuciones que les cabe en orden a sus facultades de dirección y control hacia la observancia de los plazos procesales en cada caso".- Puede decirse que la Corte de Justicia de Salta siguió la orientación trazada por la Corte Federal en causa contra Roberto E.Tomás Barra por Defraudación por Administración Fraudulenta. Allí el máximo Tribunal de Justicia de la Nación dijo que cabe considerar procedente la extinción de la acción penal por prescripción "con independencia de las disposiciones concretas establecidas sobre la materia en el Código Penal" (CSJN, Fallos, 327:327).- También la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, sostuvo igual criterio en "Spiguel, Irma Beatriz s/Recurso de Casación" (3/5/2004) citado por Vanina Lanciotti y Pablo Iannariello en La Defensa Penal-I, Revista de Derecho Procesal Penal, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2010-1, pag.396), quienes sostienen "De este modo y siguiendo el lineamiento del alto tribunal, se puede interpretar que nuestra Corte Suprema dejó sentado el criterio de que, en casos de evidente morosidad judicial no imputable a la defensa, que impliquen una lesión al derecho constitucional a obtener justicia en un plazo razonable, cabe apartarse de lo regulado específicamente en materia de prescripción en el Código Penal, cuando se transforma en un obstáculo para declarar extinguida la acción".- Recuérdese que la Ley 22.117 de creación del Registro Nacional de Reincidencia a la cual se acude en virtud de su art.5º, es una ley complementaria del Código Penal que, en casos como el que nos ocupa debe dejarse de lado pues no hay razón que justifique la mora de los poderes públicos en detrimento de la garantía que dimana del art.18 de la Constitución Nacional según ha sido entendido por la Corte de la Nación.- En nuestro caso los más de siete años transcurridos desde el llamado a indagatoria de los imputados hasta el dictado del auto apelado (Febrero de 2009), son suficientemente demostrativos de la inercia de los poderes públicos en la administración de justicia en el caso concreto excediéndose en más de tres veces el plazo de vigencia de la acción penal. Voto pues por confirmar el auto recurrido aún con el vicio señalado.- IV) Y el Dr.RAÚL ROMÁN, dijo:

Que se adhiere al voto que antecede por sus fundamentos y conclusiones.- En razón del acuerdo que antecede, la SALA I DE LA CÁMARA DE ACUSACIÓN, ___________________R E S U E L V E________________ I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs.266 por la Sra.Agente Fiscal Nº 4, CONFIRMANDO los sobreseimientos de José Carlos Ramírez y Roberto Edgardo Ramírez despachados por auto de fs.265 en cuanto fuera objeto de impugnación.- II) PROTOCOLÍCESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN los autos al Juzgado de origen.-