marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bonos de consolidación, procedimiento administrativo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Constructora Mitre S. A. c/ Provincia de Formosa s/ Daños y Perjuicios (sumario) Daños y Perjuicios (sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-25

No concurren los extremos que se requieren para la concurrencia de la competencia contenciosa administrativa, cual es que se impugne una decisión o norma de contenido administrativo y que para resolverla se deba aplicar el derecho administrativo, cuando se pretende la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la falta de pago de los denominados "Bonos de Consolidación de Deudas", instrumentos legales que fueron dictados ante la "emergencia económica social" del Estado Provincial con el objetivo de sanear las finanzas y la situación presupuestaria del Estado. (Fundamento del Dr. A. Coll)
Protección del medio ambiente, Estado Provincial, facultades del gobierno nacional, recursos hídricos internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Corresponde rechazar el planteo de nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/11 dictada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la resolución 1149/11 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cuanto dispusieron que las obras de la provincia eran incompatibles con leyes nacionales y acuerdos internacionales, pues la titularidad de los recursos naturales que contempla el art. 124 de la Constitución Nacional a favor de las provincias no puede impedir ni obstaculizar el ejercicio de la jurisdicción que corresponde al Estado Nacional en materia ambiental -máxime si se encuentran en juego los presupuestos mínimos- cuando se trata de un recurso interjurisdiccional e indivisible que se extiende más allá de la frontera provincial. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuteco S.A. c/ Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina s/ proceso de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde imponer las costas por su orden, si la naturaleza de la cuestión debatida pudo hacer que la vencida se considerase con derecho a sostener su posición.
Daños y perjuicios, legitimación procesal, tercero damnificado
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE RAMOS MARIA DE c/ E.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-05

Una noción jurídica esencial enseña que la lesión a un interés ajeno, puede repercutir también en un interés propio, por vía de reflejo o "rebote". De allí la legitimación que incumbe a todo damnificado indirecto, además de a la víctima inmediata de un hecho (art. 1079 C.C.) (voto de la Dra. Zavala de González).
Sucesión testamentaria, privilegios (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBOSA, ADALBERTO F. c/ AIMI, OSVALDO E. s/ COBRO DE SUMAS DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-09

El privilegio que concede el art. 3900 del Código Civil se extiende a los créditos en cuyo interés se devengaron, y se funda en el beneficio directo e inmediato que representan para el acreedor a quien se oponen, provecho que consiste en poner los bienes del deudor a su disposición para el cobro de su crédito, lo que de no mediar los trabajos y diligencias que originaron los gastos debió haber logrado el acreedor por su propia cuenta.

Cuando el deudor fallece es indispensable que se inicie su sucesión y se declare la validez formal del testamento para que el acreedor pueda dirigir contra el heredero su acción. Se trata de trámites previos y necesarios, y cuya realización beneficia a todos los acreedores. Tales gastos gozan de la referida preferencia y deben satisfacerse con los bienes de la sucesión.

Debe reconocerse el carácter de crédito privilegiado a los honorarios regulados en el sucesorio al letrado patrocinante del heredero instituido, ya que ellos resultaron necesarios al acreedor para permitir su ejecución. No, en cambio, a los que se le fijaron en el ejecutivo, desde que aquél pudo prescindir de tal intervención para la percepción de su crédito.
Honorarios, embargo, base imponible, ejecución de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO SA c/ DAILY SA s/ ORDINARIO S/ INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Procede confirmar la resolución que ordenó trabar embargo sobre las acciones que pudiere poseer la actora en la sociedad accionada, a los fines de resguardar los honorarios regulados a favor de los letrados intervinientes. Ello por cuanto, el CPR 212-3°, permite trabar medidas cautelares, si quien la solicita obtuvo sentencia favorable -como ocurre aquí en lo que respecta a las costas del proceso-, pues en tal hipótesis la declaración que contiene su acogimiento, constituye suficiente verosimilitud del derecho. En función de ello, dicha cautelar, en la especie, procede sin necesidad de acreditar otro supuesto (arg. CNCom, Sala A, 22.7.08, "Rimieri de Gulisano Elena Susana y Otros c/ Jorge González y Compañía SRL y Otros s/ Ordinario"), por lo que el argumento recursivo ensayado con base en la falta de firmeza del quantum de los honorarios no constituye valladar suficiente para desvirtuar el embargo ordenado en la anterior instancia con el fin de asegurar la percepción del crédito por honorarios (arg. CNCom, Sala A, 6.8.09, "Starseg SRL c/ Administradora Haras del Pilar II s/ ordinario").
Muerte del trabajador, indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, conviviente, cónyuge separado, cónyuge inocente
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, Purificación c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El fin de la indemnización que establece el art 248 LCT consiste en resarcir a la persona que conviví con el trabajador, sin estar unida por un vínculo familiar, pero que con la muerte de aquél queda más afectada que la mujer legítima, por una cuestión de inmediatez. El citado artículo no meritúa la culpabilidad de la separación de hecho. Por ello, ante la ausencia de proceso de divorcio, en sede civil, la cónyuge supérstite no desplaza a la conviviente; lo que sí ocurre si hay declaración de culpabilidad o inocencia en el proceso civil.
Suspensión del juicio a prueba, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Strada, Rosalía Mariel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18

Resultaría violatorio del derecho de defensa en juicio que, una vez que la imputada obtuvo un resultado favorable en la etapa recursiva, se le oponga, como nuevo argumento para la denegatoria del instituto impetrado, el avance procesal de las actuaciones, máxime cuando primigeniamente se encontraba en condiciones de acceder al mismo. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Hornos).
Medida cautelar innovativa, impuesto a las ganancias, alquileres
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coneman S.R.L. c/ Fisco Nacional -D.G.I.- s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Debe revocarse la sentencia y concederse la medida cautelar de no innovar respecto de las intimaciones formuladas por la D.G.I. referidas a retenciones debidas por alquileres en relación al impuesto a las ganancias. (La actora solicitó la compensación de los saldos a favor del impuesto al valor agregado de los períodos octubre y noviembre de 1995 con las sumas debidas en concepto de retenciones efectuadas por alquileres, referidas al impuesto a las ganancias correspondientes a los meses de julio, noviembre y diciembre de 1995 a lo cual la D.G.I. resolvió no hacer lugar al pedido de compensación efectuado por ella y la intimó al pago de las retenciones mencionadas).
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: Concha Mera, Héctor Orlando c/ Lafeuillade, Juan y Lafeuillade, Miguel Angel s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-03

Si bien los instrumentos públicos acreditan la verificación del acto jurídico en sí mismo y no pueden ser destruidos sino por redargución de falsedad, no todos los hechos pasados ante el oficial público tienen el mismo valor. Estos, son los hechos narrados ante el oficial público, pero de cuya veracidad el funcionario no puede dar fe, salvo que le son expuestos. Estos no necesitan querella de falsedad y puestos en tela de juicio, pueden ser desvirtuados por prueba en contrario.
Prueba, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: TROSSERO, PABLO ANGEL c/ VETERINARIA ATALIVA Y-U OTROS s/ JUICIO ORDINARIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1145-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

Si bien es cierto que del artículo 168 del código de rito se desprende que la confesional ficta tiene la fuerza de la expresa, no lo es menos que tal eficacia probatoria no emerge en todos los casos con idéntica contundencia, puesto que su apreciación debe llevarse a cabo en función del conjunto de los elementos de juicio que obren en el proceso y de las demás circunstancias de la causa que -incontrastablemente- sean idóneas para desmerecerla como plena prueba.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL
Carátula: Meyerhoff, Rosner c/ García, Jorge s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-07

Si bien no existe norma que disponga la obligatoriedad general de las doctrinas dictadas por el máximo tribunal -en tanto cada juez debe interpretar la ley-, no es menos cierto que aquéllas tienen una influencia moral trascendente que no pueden omitirse sin que al menos se aporten nuevos argumentos. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Juicio de desalojo, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Vezzoni, Mario César c/ Ferrigno, Salvador s/ Desalojo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

Al ser derogadas las normas procesales de la Ley 21.342, art. 2 de la Ley 22.434, modificatoria del Código Procesal de la Nación, desapareció la limitación del art. 41, que prohibía la reconvención en el juicio de desalojo. En consecuencia, al aplicarse las normas del juicio sumario, la reconvención es viable en los términos del art. 357 del Código Procesal (conf. art. 487 del citado ordenamiento). Y el artículo 357 establece que la reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda, extremo que se verifica si ambas partes se irrogan respectivamente el título de dueño del inmueble.
Acción de amparo, prestadores médicos, opción de obra social, prestaciones de la obra social, servicio público, disminución de afiliados, falta de prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ MARIA ESTHER c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

Si bien la prestaciones médico-asistenciales cumplidas por los entes de Obra Social pueden calificarse como servicio público en sentido estricto (cfr. Esta Cámara, Sala I, in re "Méndez, J. O.

c/I.S.J.P." del 16.8.84, reg. en doct. Judicial 1985-I, 746), el único al cual se aplicaría lo dispuesto en el art. 2, inc. c), Ley 16.986 (Cfr. Rivas, A. A. "El amparo", pág. 167, N. 25), en autos, de ningún modo se encuentra comprometido directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia del que brinda la demandada. Tal como lo señaló la Sala -afirmación que no mereció crítica posterior- no se advierten en el sub examen los "graves perjuicios" que se invocan. Además el Instituto tampoco ha sostenido que la admisión del amparo pueda comprometer en forma actual, cierta y concreta el servicio público que presta, siendo claro que, ante la ausencia de una explicación circunstanciada sobre el particular, no pasa de constituir una mera conjetura suya la aserción de que una admisión masiva de acciones como la aquí incoada conduciría a que en el futuro no pueda cumplir con las prestaciones médico-asistenciales a su cargo;

conjetura que resulta manifiestamente insuficiente para descartar la procedencia del amparo, máxime ponderando que la interpretación del art. 2., inc. c), Ley 16.986 debe ser restrictiva, desde que representa una excepción a la admisibilidad de tal particularísimo remedio tendiente a la protección de derechos fundamentales de la persona humana receptados constitucionalmente (cfr. CNCont. Adm. Sala IV, in re "Peso, A. c/BCRA" del 13.6.85, reg. en ED 114.236; Bidart Campos, G. J. "Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo", N. 297, pág. 274/275; Sagues, N. P. "La Acción de Amparo, Los Servicios Públicos y las Actividades Esenciales del Estado", JA, doct. 1974, págs. 702/709).
Accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del concesionario (administrativo), obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: CURCIO, Rubén Darío c/ CEAMSE y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30

Disidencia del Dr. Álvarez Juliá:

1- La aplicación en forma exorbitante del deber de seguridad ínsito, apreciado como exclusivamente de resultado absoluto, puede -en algunos casos- aparecer como notoriamente irrazonable y, consecuentemente, su ejercicio excede los límites que tuvo el legislador al imponer la responsabilidad, rayano con la arbitrariedad y netamente antijurídico.

2- El ingreso brusco y repentino de un perro a una autopista, sin que nadie haya advertido que con anterioridad hubiere merodeado el lugar, determina la fractura del nexo causal prevista en el art. 1113 del Código Civil, y por ende, no puede hacer jugar una pretendida obligación de seguridad de resultado absoluta a cargo de la concesionaria vial. Más aún, cuando se trata de un animal furtivo y no de animales de gran porte -equinos, vacunos o bovinos.

(Sumario N°19415 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Recurso de casación, accidente ferroviario, voto mayoritario, fundamentación de sentencias, aplicación errónea de la ley, responsabilidad objetiva, apreciación de la prueba, culpa de la víctima, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

Se advierte que el voto de la mayoría efectúa, en principio, una aplicación de la norma que no se condice con lo aquí expuesto. En efecto, parte - erróneamente - de la aplicación del supuesto del daño con las cosas (art. 1113, párrafo segundo, primera parte del Código Civil), y por lo tanto entiende que la demandada tenía a su cargo demostrar que de su parte no hubo culpa.

En tal cometido analiza cada una de las pruebas producidas en autos - y que considera conducentes para la resolución del litigio - tales como: a) que el tren transitaba por zona urbana en horario nocturno no habitual; b) la velocidad del convoy; c) la falta de aviso sonoro suficiente; d) la presencia de arbustos en el cruce que dificultaban la visión. Y en base a tales pruebas determina que acreditó la demandada que de su parte no hubo culpa.

En la segunda parte del voto que constituyó la mayoría en la sentencia en examen, se puede observar que con la misma prueba analizada anteriormente, se ingresa a examinar la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la empresa demandada; es decir que la aplicación normativa se ubica, en la responsabilidad objetiva del daño por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, párrafo segundo, última parte del Código Civil), y concluye que no hubo culpa del conductor de la camioneta, para interrumpir el nexo de causalidad.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, atribución de culpa en el divorcio, oportunidad procesal, reconvención, principio de congruencia, principio de contradicción, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: T. de  D.G. ,  S.A. c/ D.G. ,  J.C. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Si se pretende alterar el sistema del divorcio fundado en la separación de hecho (art. 214 Cód. Civil), destinado a resolver la situación existente entre los cónyuges que desde años antes ya no conviven, sin indagar, ni discutir, ni probar, ni imputar culpas, y transformarlo en un sistema de sanción a la parte, ello debe ser introducido por vía reconvencional oportuna y en forma, a efectos de dar oportunidad al actor de discutir y probar sobre lo que se le imputa, ya que de otro modo, fallando más allá del contenido de la litis, se viciaría el principio de congruencia, afectándose la necesaria bilateralidad y, de ese modo, el derecho de defensa en juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia provincial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SABHA Y CIA SOC.COL. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR LA FALLIDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-11

Si la sentencia se basa en una interpretación posible de las leyes y principios de derecho común que gobiernan la materia de que se trata, la apelación extraordinaria local, reglada por el art.

149, apartado III, inc a) de la Constitución de Salta no podría considerarse habilitada, a menos que se haya planteado la inconstitucionalidad de dicha reglamentación legal.
Cesantía, reincorporación, salarios caídos, enriquecimiento sin causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cejas, José Gerardo Cirilo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 210-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

El artículo 129 de la ley 6769 prevé un medio extraordinario de revisión, no condicionando la impugnación de la baja a los breves plazos fijados en el orden provincial para cuestionar la legitimidad de la cesantía, por lo que es razonable que establezca, como lo hace, consecuencias distintas (unas, reguladas en el mismo artículo 129, si el reintegro se produjera dentro de tres años de la baja, y otras, fijadas en el 130, si se produjera luego de ese lapso), compatibilizando el derecho del agente con el interés público, que puede justificar poner límites temporales al derecho al reintegro, en aras a la conveniencia del servicio, y limitar asimismo el derecho a la percepción de haberes caídos, sin violación al principio de igualdad, cuando, dado el tiempo transcurrido su reconocimiento automático podría convertirse en fuente de enriquecimiento sin causa para el reclamante.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olavarría, Omar Francisco c/ Lescano, Francisco s/ Daños y Perjuicios López, Mercedes N. c/ Parisi y Muchnik, Abel y ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06|1991-09-24

No siempre el automovilista debe contar y tener respuesta hasta de la aparición "sorpresiva" de un peatón que cruza corriendo. Ello puede ser frecuente en el tránsito, pero de allí a derivar una causal de exculpación premial al desaprensivo y distraído, es subvertir todo el sistema de responsabilidad por los actos propios.

La teoría del riesgo, que no se desentiende por completo de la culpa, convoca a demostrarla para neutralizar la responsabilidad objetiva (art. 1113, Código Civil).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades jurisdiccionales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Grand Santiago Hotel de Conte Hermanos Sociedad Colectiva c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

En virtud de la obligación de la Corte de corregir la actuación de las cámaras nacionales de apelaciones cuando aparezca realizada una transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, corresponde que haga uso de la facultad de declarar la nulidad de las resoluciones que resultan manifiestamente viciadas.
Dieta parlamentaria, gastos de representación
Materia: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrari, Rubén Héctor y otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-04

Ha de tenerse en cuenta asimismo que no existe reglamentado un régimen salarial de los Sres.Diputados, pues por la naturaleza e importancia de sus funciones, la Constitución ha previsto el pago de sus servicios a través de la dieta, habiendo leyes especiales establecido la posibilidad de que, por Presidencia de la Cámara se fijen sumas a percibir mensualmente por reintegro de gastos.

No obstante, este instituto del reintegro de gastos o gastos de representación no les es exclusivo. Para otros funcionarios de jerarquía superior de la Administración Pcial., también se instituyen - inclusive para los Secretarios de Cámara de la Honorable Legislatura-, y en este caso, el Estatuto aplicable establece una clara distinción, entre retribución o remuneración ... y aquellos importes que debe recibir el agente "en concepto de devolución de gastos originados como consecuencia del cumplimiento de órdenes de servicio" que nomina como compensaciones, y entre las cuales incluye expresamente el rubro en cuestión, la movilidad y los viáticos.

Ello es índice de que en las normas estatutarias y las previsionales se ha procurado un régimen jurídico concordante y coherente acerca del concepto de remuneración, evitando situaciones anárquicas.
Restitución de sumas de dinero, pago sin causa, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: COLO, JUAN c/ OSN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-13

No revisten carácter alimentario las sumas que deben restituir los actores y sus profesionales, y que fueron percibidas por éstos como consecuencia de un fallo que luego fue revocado por la Corte. En tal sentido no corresponde la utilización del módulo que preveía el art.

276 LCT (ley 22311) por no constituir fundamento legal expreso para esta obligación de restituir. Pero esta conclusión no impide que proceda una actualización monetaria a fin de preservar la integridad del capital en cuestión y su real significación económica. Para ello corresponde aplicar el índice de precios mayoristas nivel general suministrados por el INDEC, que es el empleado por diferentes leyes como la 21391 (créditos fiscales), 21369 (créditos aduaneros), 21392 (deudas del Estado por locación de obra), etc. (Del voto del Dr.

Morell, en mayoría).
Sistema previsional, pensiones, conviviente, beneficios previsionales, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Husulak Elena c/ E.N. s/ Ret. Militar y Fuerzas de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Si bien el art. 1º de la ley 23.570 exige como requisitos para la percepción de la pensión por parte de la concubina, la convivencia durante los últimos dos años anteriores al fallecimiento -en caso de existir descendencia- y la separación de hecho del causante, circunstancia ésta última que parece haberse revertido al final de la vida del causante aunque de un modo muy particular pues ello no implicó que finalizara la convivencia con la actora, razones de equidad me llevan a concluir que la cónyuge supérstite y la actora conviviente deberán coparticipar por partes iguales -como lo entendiera el a quo- el haber de pensión que se discute en autos.

(Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. VII).