Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15


Buenos Aires, 15 de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. Los Sres. Eduardo Gustavo Arancio, Roberto Daniel Romero y Enrique Baldantoni promovieron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se declarase la nulidad de la resolución nº 04-AGC-08 que dispuso su transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), por vicios en la causa, en el objeto y en la finalidad del aludido acto. Plantearon que la causa invocada era falsa por cuanto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos -en la que los accionantes se desempeñaban como inspectores- no había sido suprimida con la creación de la Agencia Gubernamental de Control. En este mismo sentido, señalaron que tampoco las funciones y los cargos de tal dependencia habían sido eliminados pues, por un lado, la ley que creó la Agencia Gubernamental de Control expresamente estableció que tal ente debía entender en materia de habilitaciones y, por otro, se habían contratado nuevos agentes para desempeñar las funciones de los empleados apartados. Manifestaron también que la resolución atacada se trataba de una sanción encubierta y discriminatoria. Asimismo, sostuvieron que la notificación era nula porque no contenía la indicación de los recursos que podían interponerse ni de los plazos para hacerlo (fs. 1/8 vuelta). Finalmente, solicitaron como medida cautelar que se ordenara al GCBA abstenerse de implementar la medida cuestionada. A su turno, el juez de primera instancia hizo lugar a lo peticionado y, en consecuencia, ordenó a la demandada que se abstuviera de modificar las condiciones de trabajo de los accionantes hasta tanto recayera sentencia definitiva en autos (cf. Vistos lII del pronunciamiento de fs. 17/18 vuelta).

2. El GCBA contestó demanda y solicitó su rechazo (fs. 9/16). En particular, adujo la improcedencia formal del amparo pues consideró que su estrecho marco cognoscitivo no resultaba apropiado para debatir la pretensión traída a debate, al tiempo que los actores no habían acreditado la ineptitud de otras vías judiciales para canalizar su reclamo. Asimismo, postuló la improcedencia sustancial de la demanda con fundamento en la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la resolución nº 04/AGC/2008.

3. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y ordenó al GCBA que reintegrara de manera inmediata a los actores en los puestos de trabajo que ocupaban hasta el dictado de la resolución nº 04/AGC/2008, asignándoles idénticas funciones a las que venían desempeñando hasta ese momento (fs. 17/18 vuelta).

Para así decidir, consideró que el amparo era la vía procesal adecuada porque "en el caso de autos, los actores cuestionan una decisión administrativa que afecta derechos de consagrada protección constitucional, tal como el derecho a la estabilidad en el empleo público y la no discriminación, circunstancias éstas que tornan formalmente procedente la vía elegida" (fs. 18). Ello sentado, entendió que en el caso, respecto de los actores, no se había configurado ninguno de los supuestos legales que habilitan la procedencia del régimen de disponibilidad (arts. 56 y 57 de la ley nº 471). En este sentido, destacó que la creación de la Agencia Gubernamental de Control implicó la transferencia de las funciones, objetivos y recursos humanos del organismo en el cual los actores revistaban y garantizó la estabilidad del personal de planta permanente (art. 18 de la ley nº 2624) y que, por otra parte, los actores "tampoco fueron pasibles de malas calificaciones o sanciones administrativas que justifiquen su reubicación transitoria en el RAD, o al menos el Gobierno no ha alegado ni hecho constar tal extremo para justificar su decisión" (fs. 18 vuelta).

4. Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de apelación (fs. 19/21 vuelta). Se agravió de que la sentencia hubiera admitido la procedencia formal de la vía del amparo y de que no considerase al acto impugnado como una aplicación del art. 57, inc. c, de la ley nº 471.

Al contestar la parte actora el traslado de la expresión de agravios, solicitó su rechazo (fs. 53/56).

5. A su turno, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad rechazó el recurso de apelación interpuesto por el GCBA en lo concerniente a la procedencia de la vía procesal escogida y, en lo restante, declaró desierto el remedio intentado, confirmando la sentencia apelada (fs. 22 y vuelta).

Arribó a tal decisión, porque consideró que "el recurso no supera el valladar formal establecido en el art. 236 del CCAYT . toda vez que . no se relaciona con el punto discutido en autos" (fs. 22 vuelta), relativo al pase a disponibilidad de agentes por supresión de cargos, funciones u organismos (inc. a del art. 57 de la ley nº 471) y no al supuesto de agentes incursos en faltas disciplinarias (inciso c de la citada norma), como lo sostuvo el GCBA en su memorial de agravios.

6. Contra lo resuelto por la alzada, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/30). En su presentación adujo que en forma dogmática y ritualista, por un error en la transcripción del art. 57, el tribunal a quo había declarado desierto su recurso. Asimismo, manifestó que la decisión resistida vulneraba el principio de división de poderes ínsito en el sistema republicano de gobierno (arts. 1 y 129 de la CN y 1, 80, 102 y 104 de la CCABA), en la medida en que impedía al Jefe de Gobierno el ejercicio de la potestad de crear y modificar su estructura organizativa, con la consecuente reasignación de recursos humanos, y obligaba al GCBA a reincorporar a un agente trasladado al suprimirse el organismo para el que trabajaba, debiendo con ello dejar sin efecto su oportuna reubicación. Finalmente, calificó el pronunciamiento dictado de arbitrario.

7. La Cámara de Apelaciones -previo traslado a la parte actora que no fue contestado (conf. considerando III in fine, fs. 32 vuelta)- resolvió declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que no se había logrado exponer debidamente un genuino caso constitucional vinculado a las cuestiones efectivamente decididas en la causa (fs. 32/33 vuelta).

8. Frente a ello, el GCBA planteó el recurso de queja que luce a fs. 35/46 vuelta.

Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo del recurso de hecho deducido, en tanto la queja, en su opinión, reiteraba los defectos que ya contenía el recurso de inconstitucionalidad porque en ninguna de las dos ocasiones se había logrado exponer fundadamente un caso constitucional (fs. 60/61 vuelta).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja deducida a fs. 35/46 vuelta no puede prosperar pues no se ha logrado demostrar que la cuestión planteada en el sub examine verse de manera directa sobre la interpretación o aplicación de normas de naturaleza constitucional, conforme lo exige el art. 113, inc. 3º, de la CCABA.	2. Los planteos formulados por el GCBA pretenden controvertir la resolución de la Cámara CAyT que rechazó los agravios dirigidos a cuestionar la procedencia de la vía procesal escogida y, respecto de los demás, declaró desierto el remedio intentado, confirmando así la sentencia del juez de grado que ordenó al GCBA reintegrar a los actores en los puestos de trabajo que ocupaban hasta el dictado de la resolución nº 04/AGC/2008.

El recurrente sostuvo que la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto "es meramente formularia, en razón de que no ha tratado los agravios constitucionales esgrimidos por el GCBA en oportunidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad" (fs. 37) y afirmó que "en el caso he planteado verdaderas cuestiones constitucionales, vinculadas con los alcances del amparo constitucional (Constitución de la Ciudad, art. 14), las atribuciones privativas del órgano ejecutivo, constitucionalmente establecidas en los arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y el contendido del derecho de defensa y el debido proceso (Constitución de la Ciudad, art. 10 y 13)" (fs. 38 vuelta) y la tachó de arbitraria y "descalificable como acto jurisdiccional" (fs. 45).

3. Respecto del planteo vinculado a la improcedencia de la acción de amparo, si bien el GCBA señala que en el sub examine se prescindió de la norma constitucional aplicable (art. 14, CCABA) y se afectó la garantía del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio (fs. 37 vuelta), sus argumentaciones no logran poner en evidencia el perjuicio concreto que le habría causado el trámite del presente proceso por la vía del amparo. En efecto, la recurrente ni siquiera enuncia qué defensas se habría visto privada de ejercer o qué prueba se habría visto impedida de producir, en desmedro de la posición que sustenta. De ese modo, en la medida que no demuestra que tal cuestión se proyecte sobre la decisión final del pleito, el argumento ensayado se torna lábil e impide a este Tribunal adentrarse en la valoración de una cuestión de naturaleza procesal.

4. Tampoco las objeciones dirigidas a cuestionar la decisión del tribunal a quo que declaró desierto su recurso de apelación con fundamento en el artículo 236 del CCAyT logran poner en evidencia que el tribunal a quo haya incurrido en un desacierto de gravedad extrema que permita descalificar el decisorio con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Ello así, en la medida que la recurrente no puso fundadamente en crisis las consideraciones desarrolladas por la Cámara, en cuanto señaló que el escrito de apelación presentado por el GCBA había confundido el punto sobre el que se planteaba la discusión en autos (pues no se trataba, como se afirmó en el escrito, de un debate relacionado con la aplicación del inc. c del art. 57 de la ley nº 471 sino del establecido por el inc. a) de aquel artículo) y, de ese modo, no había cumplido con la carga de realizar una crítica de la sentencia de primera instancia en los términos exigidos por la norma ritual (fs. 22 y vuelta). Los argumentos vertidos por la recurrente sólo expresan su discrepancia respecto de la valoración que efectuaran los jueces de la causa de asuntos de naturaleza fáctica y procesal que, por regla, resultan ajenos a la vía prevista en el artículo 27 de la ley nº 402, mas no logran demostrar que la Cámara CAyT haya excedido el límite de las facultades que le son propias o que haya omitido brindar fundamentos suficientes para sustentar el rechazo de la expresión de agravios presentada por dicha parte.

En este punto resulta oportuno recordar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en numerosos precedentes que "lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario" (cfr. in re: "Jorge R. Moras Mom v. Nación Argentina -Poder Judicial de la Nación", sentencia del 7 de diciembre de 1988, Fallos: 311:2629; ver también Fallos: 314:800; 319:682, 323:1699, entre muchos otros); doctrina que resulta aplicable mutatis mutandi al recurso de inconstitucionalidad local.

5. Para finalizar, es menester destacar aquí que aquellos planteos vinculados al supuesto avasallamiento de potestades propias del Poder Ejecutivo local y el consecuente quiebre del principio de división de poderes se dirigen, en rigor, a cuestionar la decisión de primera instancia que ordenó la reincorporación de los agentes trasladados, mas no guardan relación directa con el pronunciamiento posterior de la Cámara CAyT que formalmente ahora se recurre y que se limitó a descartar la apelación del GCBA por considerarla infundada (art. 236, CCAyT).

Así, no resulta posible ingresar en su consideración debido a que la recurrente no ha logrado rebatir de manera idónea la decisión posterior que hoy la agravia -esto es, aquella dictada por la Cámara que declaró desierto el recurso planteado por el GCBA en relación a la cuestión de fondo debatida en autos-.

A mayor abundamiento, cabe apuntar aquí que en su presentación el GCBA tampoco ha desarrollado argumentos orientados a explicar de qué manera lo decidido por la Cámara impediría que la Administración -con apego a lo que disponen las normas constitucionales, legales, convencionales y reglamentarias que disciplinan el empleo público en la Ciudad- transfiera a los actores al área que estime más adecuada en función de su idoneidad, si eso es lo que entiende debe hacerse para dar satisfacción al interés general (conf. este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Romero, Luis Zenon c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. n° 8117/11, sentencia del 7 de diciembre de 2011).

6. En suma, el recurrente no ha logrado conectar el agravio que aduce le provoca la sentencia de la Sala II de la Cámara CAyT con un motivo de impugnación de carácter constitucional, sin que a tal fin baste la cita de diversas normas de tal jerarquía.

En este sentido, ya se ha expresado que la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para habilitar la vía recursiva ante este Estrado ya que, si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido de ordinario en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. este Tribunal in re: "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes, entre muchos otros).

En virtud de las consideraciones expuestas corresponde rechazar la queja deducida por el GCBA a fs. 35/46 vuelta.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja debe ser rechazada en relación con los planteos dirigidos a controvertir la idoneidad del amparo como vía procesal para sustanciar este pleito. Ello así, porque, tal como indica mi colega, juez de trámite José O. Casás, el GCBA no ha acreditado que las reglas de organización del debate propias del proceso de amparo hayan menoscabado su derecho de defensa proyectando efectos en la sentencia definitiva. Esa circunstancia provoca que los agravios esgrimidos remitan, exclusivamente, al análisis de una cuestión meramente procesal ajena al ámbito del recurso interpuesto (cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Akrich Gustavo Raúl c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)", expte. nº 4782/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006, entre muchos otros).

2. Por su parte, las decisiones que declaran desiertos recursos no son revisables mediante la vía intentada, en tanto no resuelven el pleito y remiten al examen de cuestiones procesales ajenas al ámbito propio del art. 27 de la ley 402. A su vez, aunque tales pronunciamientos resultan equiparables a definitivos cuando se demuestra que ellos constituyen un obstáculo que frustra arbitrariamente la revisión que a este Estrado le asigna el art. 113, inc. 3, de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa la emisión del pronunciamiento requerido, la situación de excepción mencionada no se verifica en el asunto de autos [v. mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ocharán Márquez, Olimpia Zoila c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)'", expte. nº 6024/08, sentencia del 17 de diciembre de 2008; y en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Cornejo, María Laura c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)´", expte. nº 6610/09, sentencia del 16 de septiembre de 2009; mutatis mutandi Fallos 35:302 y doctrina Fallos 311:2478].

A ese respecto, basta señalar que pese a la invocación del principio de división de poderes formulada en el recurso, en rigor, la impugnación del recurrente remitiría a analizar cuestiones de hecho y prueba (vgr. existencia de supresión de cargos, funciones u organismos en los que los agentes prestaban servicios que permita respaldar su transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad) ajenas a la intervención de este estrado en la vía intentada.

En consecuencia, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja de fs. 35/46.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja que interpusiera, oportunamente, el GCBA (fs. 35/46 vuelta) debe ser rechazada.

2. Es requisito necesario del recurso directo que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad ("Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expediente nº 865, resolución del 09 de abril de 2.001, entre otros).

Dicho recaudo ineludible no se verifica en el caso.

3. La lectura de la presentación directa permite advertir que las razones que dieron sustento al auto interlocutorio de fs. 32/33 vuelta no fueron rebatidas por el GCBA.

En efecto, en el apartado III. 2) del recurso de hecho, el quejoso se limitó a disentir con el criterio que propiciara la Sala II pero omitió explicar fundadamente los motivos de su discrepancia.

La mera manifestación de una opinión contraria a la que sostuviera la Cámara, por su generalidad, no alcanza a constituir una crítica en los términos el artículo 33 de la ley n° 402.

En particular, señalo que el GCBA no refutó los argumentos que brindara la Cámara en el sentido de que ".en varios párrafos del remedio esgrimido se evidencia una situación que, en nada tiene relación con el objeto de autos" (fs. 33) y que el recurso de inconstitucionalidad ".debió dirigirse a demostrar agravios (.) emergentes de la declaración de deserción de su recurso de apelación, lo que no fue cumplido; mas no a reiterar los que -[según] sostiene- le ocasionó la sentencia de primera instancia" (fs. 33 vuelta).

4. Por ello, voto por rechazar la queja que dedujera el GCBA (fs. 35/46 vuelta).

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.