Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 100136	SALA II EXPTE. Nº: 2.959/08	(JUZGADO Nº 55) AUTOS: "SERRANO, NILDA ESTHER EN REP. DE SUS HIJOS MEN. LUCÍA, JUAN P., MARÍA I. Y MARINA LUJÁN DE LOS SANTOS C/ SECURITAS ARGENTINA S.A. S/INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO " VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 15 de febrero de 2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a conti-nuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo incoado (fs. 266/9) se alzan la tercera citada Silva y la demandada, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 283/4 vta. y fs. 281/2 -respectivamente-, replicados a fs. 287/8 y fs. 290/1 por las contrarias y a fs. 303/vta. por la Defensora Pública de Menores e Incapaces de la Cámara Ad Hoc, Dra. Núñez.	La tercera citada, luego de efectuar las consideraciones del caso y citar jurisprudencia en apoyo a su postura recursiva, critica el fallo de grado alegan-do que se ha incurrido en una errónea interpretación de las normas aplicables por cuanto en-tiende que su parte (cónyuge supérstite) debió haber percibido el 50% de la indemnización por fallecimiento y el otro 50% debió haberse repartido entre los hijos del causante.

La parte demandada critica la imposición de las costas procesales y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador por considerarlos elevados. A su turno, la representación letrada de la parte actora, (fs. 279/vta), recurre los estipendios fijados a su favor por estimarlos bajos.

II.	Razones de orden estrictamente metodológico me condu-cen a analizar en primer término la crítica de la tercera citada que anticipo, de aceptarse mi propuesta, no tendrá favorable acogida.

Para así decidir conviene memorar que la magistrado a quo, en orden a lo establecido en el art. 248 de la LCT y el fallo Plenario Nº 280 de fecha 12/08/92, in re "Kaufman, José Luis c/ Frigorífico y Matadero Argentino S.A. s/ indemniza-ción por fallecimiento" concluyó que, habida cuenta el orden de prelación que dispone la norma, corresponde designar como titulares del beneficio a la viuda Mirta Jacinta Silva y a los hijos solteros hasta los dieciocho años (Lucía Belén De los Santos, Juan Pablo De los Santos, Marina Luján De los Santos y María Isabel De los Santos) representados en autos por su ma-dre Nilda Esther Serrano. Así, resultado el monto total de condena la suma de $8.759,90 de-terminó que $1.751,58 corresponden a Silva y lo restante ($7.007,92) a la Sra. Serrano en re-presentación de sus cuatro hijos.

Contra este tramo del decisorio se alza la tercera citada Silva alegando centralmente que, según las leyes anteriores, los viudos o los convivientes go-zaban del beneficio de pensión en concurrencia con los hijos, en determinadas condiciones. Alega que "dicha norma" adolece de insuficiencias y debe ser interpretada a la luz de lo dis-puesto en el art. 98 referido al haber de la pensión. Cita doctrina y jurisprudencia que establece que, como la pensión no puede exceder en caso de concurrencia del 100% de la prestación del causante, en el supuesto que así ocurriera a la viuda, viudo o conviviente, le correspondería el 50% y el otro 50% habría que repartirlo por partes iguales entre los hijos, ya que la porción de la viuda, viudo o conviviente resulta inamovible.

Por ello, a su entender, la magistrado a quo se estaría apartando de las normas legales en tanto no procedió a distribuir la indemnización por falle-cimiento de la forma que relata.

Liminarmente se impone señalar que el recurso sub examen no reúne el recaudo de admisibilidad formal que establece el art. 116 de la L.O.

Ello por cuanto, sin perjuicio de las manifestaciones que esboza la apelante, lo cierto es que no se hace cargo del tramo del decisorio en el que la Sra. Jueza a quo sostuvo que no modifica su interpretación la derogación del art. 38 de la ley 18.037 por el art. 53 de la ley 24.241 en cuanto mantiene una misma lista de derechohabientes con el mismo orden de prelación de los beneficiarios que acceden a la prestación en iure pro-pio y no iure successionis por lo que no es necesario acreditar su vocación hereditaria, ni la posesión del acervo en tanto la ley impone su propio orden de prelación con total independen-cia de la eventual vocación pensionaria, que cumple otra finalidad totalmente diferente.

Desde este enfoque es claro que la crítica en este sentido deviene en una mera discrepancia dogmática del apelante que, como tal, no cabe más que des-estimar (cfr. art. 116 de la L.O.).

Allende el escollo formal y a los efectos de salvaguardar el derecho de defensa de la recurrente analizaré la cuestión no sin antes señalar que, de todas formas, la crítica no hubiera sido receptada.

Para ello no resulta ocioso memorar que la muerte del trabajador provoca la extinción automática del contrato de trabajo en el preciso momento en que acontece el fallecimiento. Frente a tal supuesto, la LCT ha fijado una indemnización redu-cida a fin de compensar a la familia que ha perdido al sostén económico o, al menos, a quien contribuía al mismo.

En cuanto a los sujetos que tendrán derecho a percibirla, el art. 248 de la LCT remite a las personas enumeradas en el art. 38 del decreto-ley 18.037, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí previsto.

Asimismo, el plenario "Kaufman" antes citado estableció que "en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037 tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 248 de la LCT con la sola acre-ditación del vínculo y el orden de prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones es-tablecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma".

La remisión normativa ha sido, y es, materia de debate. Así, la doctrina y la jurisprudencia se ha dividido entre quienes consideran que, aún después del dictado de la ley 24.241 (B.O. 18/10/93), dicha remisión debe ser igualmente efectuada al primigenio art. 38 de la ley 18.037, en función de distintos argumentos que exceden el marco de la presente. Otros sostienen que el art. 248 de la LCT, aunque no haya sido modificado, debe ser "actualizado" en su interpretación, por lo cual la remisión debe ser realizada al actual art. 53 de la ley 24.241 que vino a reemplazar al dispositivo mencionado anteriormente.

Sobre el particular, esta Sala ya ha establecido que la re-misión debe efectuarse a la norma vigente, que es el art. 53 de la ley 24.241(cfr. in re "Martí-nez, Esther del Carmen c/ Europan S.R.L.", sent. del 18/11/07; "Alegre, Héctor Osvaldo C/ Haedo, Gonzalo María S/ Despido", sent. 97471 del 30/11/09, entre otras).

En efecto, el art. 248 de la LCT remite a una norma dero-gada por el art. 168 de la ley 24.241 por lo que no puede entenderse que subsista dicho orden de prelación. Asimismo, si bien el art. 248 antes citado -dictado con la vigencia de la norma ahora derogada- aludía a un orden y prelación, cabe señalar que el art. 53 de la ley 24.241 -que vino a sustituir las previsiones contenidas en el art. 38 de la ley 18.037- no prevé orden de "prelación" alguno.

En otras palabras, tanto porque el art. 38 ha sido derogado como por entender referida la remisión del art. 248 al art. 53 de la ley 25.241 (conforme prece-dente citado), no cabe duda que en la actualidad no existe orden de prelación alguno entre los distintos derechohabientes beneficiarios de la indemnización prevista por el art. 248 de la LCT, con la salvedad de las exclusiones o concurrencias previstas en relación a la figura de la concubina.

Corolario de lo expuesto es que los efectos del plenario "Kaufman", dictado antes de la sanción de la ley 24.241 pero aún de aplicación, sólo puede extenderse a la "sola acreditación del vínculo.sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión", pero no al orden de prelación que la norma ac-tual no contiene.

Sentado ello, cabe memorar que en cuanto a los acreedo-res al cobro, el art. 53 de la ley 24.241 enumera como derechohabientes al viudo/a, la o el con-viviente si el causante hubiese estado separado de hecho o legalmente o fuera soltero, viudo o divorciado (con la acreditación del tiempo requerido de convivencia en aparente matrimonio). Establece, asimismo, que el conviviente excluirá al cónyuge cuando este último hubiese sido declarado culpable de la separación o del divorcio, que si el causante pagase alimentos o hu-biera sido culpable en la separación personal o divorcio, la prestación deberá otorgarse al cón-yuge y al conviviente por partes iguales. También menciona a los hijos solteros, las hijas solte-ras y viudas, siempre que no gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva hasta los 18 años de edad, salvo que estuvieren incapacitados para el trabajo. Dispone también que se entiende que el derechohabiente se encontraba a cargo del causante cuando se acredita el estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular.

En consecuencia, toda vez que, como se dijo, para resultar acreedor a la indemnización en cuestión basta con que los derechohabientes prueben el vínculo, prescindiendo de acreditar los otros requisitos establecidos por la normativa previsional, tales como la edad, incapacidad, y otros requisitos, la indemnización reclamada corresponde a la viuda -tercera citada Mirta Jacinta Silva -, y a los hijos solteros hasta los dieciocho años (Lucía Belén De los Santos, Juan Pablo De los Santos, Marina Luján De los Santos y María Isabel De los Santos) representados en autos por su madre Nilda Esther Serrano por partes iguales, tal como se determinó en la sede de grado.

Por todo ello, mociono en definitiva confirmar el deciso-rio apelado en cuanto a lo principal que decide.

III.	Me abocaré ahora a tratar la crítica de la demandada quien cuestiona la imposición a su parte de las costas del proceso y, a mi modo de ver, le asiste razón.

Respecto del tema cabe apuntar que, en virtud del art. 68 2ª parte del CPCCN, la doctrina ha entendido que las cuestiones que pueden dar lugar a la eximición de costas, son fundamentalmente de dos tipos: cuestiones dudosas de derecho o cuestiones dudosas de hecho. En cada uno de los supuestos mencionados, el juez, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, elaborará un razonamiento y en él tomará en consideración si la actuación de la parte justifica objetivamente la eximición de costas (entiéndase parcial para el caso).

En el concreto supuesto de autos, a la luz de las especia-les circunstancias del caso y de las distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre la cuestión en debate, entiendo que es de justicia distributiva ordenar las costas de ambas instancias se impongan en el orden causado, lo que así dejo propuesto (arts. 68 2ª parte del CPCCN).

IV.	Respecto de los honorarios de la representación y patroci-nio letrado de la parte actora y el perito contador, en mérito a la extensión y la calidad de las tareas realizadas en la anterior sede, debo señalar que: a) los estipendios fijados a la represen-tación y patrocinio letrado de la parte actora resultan bajos, por lo que sugiero elevarlos en el 16% del monto total de condena, que incluye los intereses; y b) los honorarios del perito con-tador lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que sugiero confirmarlos (cfr. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

V.	Para finalizar, en mérito a la extensión e importancia de los trabajos efectuados en esta sede, sugiero regular los honorarios de la representación y pa-trocinio letrado de la parte actora y de demandada en el 25% para cada una de ellas de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

La Dra. Graciela A. González dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del voto precedente por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; 3) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora por las labores desplegadas en la anterior instancia en el dieciséis por ciento (16%) del monto total de condena, que incluye los intereses; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por las labores desplegadas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por su desempeño en origen;

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara