Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-27


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Siete.- San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Febrero de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 015/08: "CHAZARRETA, Yesica Romina c/ CONCEJO DELIBERANTE DE VALLE VIEJO - s/Acción de Amparo", llamándose autos para Sentencia a fs. 38. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1º) ¿Es procedente la acción de amparo interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2º) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 39 dio el siguiente orden de votación: Ministros: Dres. Luis Raúl CIPPITELLI, Amelia del Valle SESTO de LEIVA y José Ricardo CÁCERES.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

La actora inicia acción de amparo en contra del Concejo Deliberante de Valle Viejo a fin de que se deje sin efecto el Decreto Nº 105/07, mediante el cual se dispone su adscripción juntos con otros empleados a la escuela Nº 702 "Gobernador José Cubas". Expresa que la decisión resulta arbitraria e ilegítima por que no puede el presidente del Cuerpo por simple decreto y sin fundamentos adscribir empleados públicos de planta permanente a otro lugar de trabajo absolutamente distinto modificando las características esenciales del empleo público. Aduce que la medida impugnada lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa en juicio Art. 14 derecho a la estabilidad del empleado público Art. 14 bis y otros derechos y garantías implícitos en el Art. 33 de la Constitución Nacional. Que a fs. 24 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte en sentido favorable a la competencia de este tribunal y propicia el rechazo in límine de la pretensión o su declaración de inadmisibilidad por no darse los presupuestos del Art. 1 y 6 de la Ley 4642. A fs. 28/30 el Tribunal resuelve por mayoría la admisibilidad de la acción y requiere a la autoridad demandada informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos relacionados con el Decreto C.D. Nº 105/07. A fs. 36 responde el Presidente del Concejo Deliberante que ante el pedido del director de la escuela José Cubas solicitando personal adscrito, tuvo una repuesta positiva en la que se incluyó entre otros, a la empleada Jessica Chazarreta quien no tenía a esa fecha función específica en ninguna área. Que por ello ni su estabilidad ni sueldo se encuentran alterados y su carrera administrativa y posibilidades de ascensos están subordinadas, a los informes del director de la escuela mientras dure su permanencia en ella. Que firme el proveído de autos para resolver, y practicado el acto de sorteo conforme al orden allí determinado, inicio el tratamiento de la cuestión sometida a decisión. Como concepto liminar debo precisar que, la Corte Suprema tiene dicho que ".Siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos y judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo "(CSJN-Fallos 241:291; 280:228; 306:399). Con tal fin, al abordar el tratamiento de una acción de amparo, también es preciso recordar que para que proceda esta vía, no basta que el acto sea ilegal o arbitrario, es además necesario que la ilegalidad o arbitrariedad sea manifiesta, que se advierta sin necesidad de mayor investigación o análisis, algo que fluye de la simple lectura del acto.

En ese entendimiento el planteo formulado por la actora y los elementos aportados a la causa, no permiten tener una convicción clara y ostensible de la ilicitud, en un marco tan reducido de cognición, como lo es esta vía. Ello en tanto la actora solo convence de que no esta de acuerdo con el traslado, pero no que el mismo sea arbitrario o ilegítimo. Confirma además esta conclusión el informe de la autoridad demandada y, del que a su vez tampoco surge palmario la afectación de los derechos enunciados por la amparista exigiendo en todo caso la cuestión de mayor debate y prueba. En ese entendimiento también, la CSJN- Fallos, 321:1252, señaló claramente que: ".una doctrina consolidada de esta Corte ha establecido que esta acción únicamente procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta; es inadmisible, en cambio, cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia y la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de debate y prueba. Este requisito no ha variado con la sanción del nuevo Art. 43 de la Constitución Nacional pues, en lo que aquí importa, el nuevo texto reproduce el Art. 1 de la Ley 16.986, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia formal". Y ello es así pues, si el amparo procediera ante cualquier ilegalidad o arbitrariedad cometida por la administración, se transformaría en una vía alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios previstos por el Código Procesal y por las leyes especiales. Más aún procedería en todas las impugnaciones judiciales de actos administrativos, pues los vicios que se invocan para atacarlos son, en su gran mayoría, la ilegalidad o arbitrariedad. En función de ello y por todo lo hasta aquí señalado, en la especie no se aprecian configurados, con el grado de notoriedad que la naturaleza de la acción exige, los presupuestos para su procedencia, razón por lo cual propicio que la misma sea rechazada. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva:

Que analizadas las constancias de autos, el planteo de parte y la solución propiciada en el voto precedente, me permitiré disentir con la misma, pues considero que la decisión del Concejo Deliberante configura un uso abusivo del ius variandi en la relación de empleo público con la actora, incurriendo en evidente exceso de facultades al disponer la adscripción de la actora -empleada en planta permanente, categoría 19 del Concejo Deliberante de Valle Viejo desde Diciembre de 2005, conforme consta en fs 33- a la Escuela Nº702 "Gobernador José Cubas", establecimiento que depende directamente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y no del Concejo Deliberante. De esto se desprende que la mencionada adscripción resulta arbitraria e infundada; configura un exceso en las facultades atribuidas al Concejo Deliberante.

Por todo lo expuesto considero que corresponde hacer lugar a la acción intentada, declarar la invalidez del decreto y ordenar la inmediata reincorporación de la ocurrente al cargo, en el plazo de 10 dias, del que fue privada. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero a la relación de causa y a la decisión final propiciada por quien lleva la voz en el Acuerdo, de rechazar la acción de amparo interpuesta, ya que entiendo al igual que mi colega, que en el caso de autos no se encuentra acreditada la ilegalidad o la arbitrariedad manifiesta en el accionar de la Administración, como tampoco el perjuicio actual o inminente que habilite la vía. En efecto, habiéndose fundado el acto impugnado -traslado de la actora de la sede del Concejo Deliberante de Valle Viejo a la Escuela N°702 "Gobernador José Cubas"- en un pedido formulado por el Director de dicho establecimiento, y no concurriendo en el caso de acuerdo a las constancias que obran en autos la alteración de las condiciones esenciales de la relación de empleo público, no encuentro acreditados los presupuestos necesarios que una acción como la intentada debe reunir. Al respecto, he de recordar que el ejercicio del ius variandi importa como es sabido, la facultad que tiene la Administración, en cuanto persona jurídica empleadora, de imponer unilateralmente y bajo ciertas modificaciones a la relación de empleo público. Dicha facultad que es ampliamente reconocida en el ámbito del derecho administrativo, debe ser ejercida en forma razonable, pues tratándose de la Administración Pública, la facultad de disponer el cambio del lugar de trabajo, puede ser ejercida siempre que no signifique una alteración sustancial de la relación de empleo. "Que el ejercicio del ius variandi debe responder, tambien en el caso de la Administración Pública, a tres condicones elementales; a) la justificación a razones objetivas de mejor servicio; b) la preservación de las modalidades fundamentales originalmente convenidas y c) la inexistencia de perjuicio material o moral al trabajador..." (Autos Corte N° 58/01, "Lobo, Mirtha Esther Sánchez de c/ Dco. M.T. N° 05/2001, suscripto por el Intendente de la Municipalidad de Tapso - Acción de Amparo"). De acuerdo a ello, y en función de lo acontecido en autos, habrá que concluir que en la especie por un lado, el traslado dispuesto ha sido fundado en razones de servicio y por otro lado, no veo de que modo se produce la lesión de los derechos adquiridos, pues el recurrente limita su argumentación a la simple enumeración de los mismos, sin invocar ni menos demostar de que manera concreta se ven alteradas las condiciones en que venía desarrollándose el vínculo laboral, dejando entrever ello solo su mero desacuerdo con el traslado dispuesto. Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar la acción. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Costas por su orden -Art. 17 Ley 4642. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la vencida de acuerdo a lo normado por el Art. 17 de la Ley 4642. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Imponer las costas conforme al Art. 17 de la Ley 4642, por el orden causado. Por todo ello y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por la Sra. Yesica Romina Chazarreta. 2) Con costas por el orden causado. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).