Tribunal: JUZGADO DE MENORES Nro 3
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-03-15


EXPTE. Nº: --50/2004 Voces Jurídicas: ABORTO - AUTORIZACION JUDICIAL - RECHAZO DE LA AUTORIZACION Tribunal: Juzgado de Menores Nº 3 Competencia:

Fecha: 15/03/2004 San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, quince de marzo de dos mil cuatro.

AUTOS Y VISTOS: Los correspondientes al expediente nº 50/2004, caratulado "Solicitud de autorización por la Sra. M. J.C. por su hija S., M. J.", en el que se solicita que me expida sobre el pedido de autorización para practicar un legrado en la persona de la menor M. J. S., efectuado por su progenitora, M. J. C., en su representación.

CONSIDERANDO:

I Que a los fines de proporcionar un adecuado orden expositivo a la presente resolución conviene, de manera liminar, relatar los antecedentes del caso sometido a conocimiento y decisión del proveyente.

En este orden de ideas, destaco que, a fs. 1, comparece por ante este Juzgado de Menores la Sra. M. J. C. solicitando autorización para que se le practique a su hija, M. J. S., de doce años de edad, una intervención quirúrgica enderezada a interrumpir el embarazo que porta.

Conforme surge de las constancias del expediente nº 37/2004, caratulado "S., M. A. p.s.a. Abuso Sexual con penetración calificado por el vínculo - Ciudad", radicado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal nº 4, Secretaría nº 8, M. J. S. habría sido víctima del delito de abuso sexual presuntamente perpetrado por quien, a la sazón, es su padre. Digo esto a tenor de lo que emana de fs. 1 y 4 de los referidos obrados.

Como consecuencia de tal acontecimiento -se expresa- la niña habría resultado embarazada y es precisamente ese estado, al que su madre, en ejercicio de la representación que ejerce por su hija menor de edad, solicita poner fin acudiendo por ante esta vía e instancia.

II Va de suyo que se trata de un entuerto en el que la premura adquiere la mayor relevancia pues, como decidiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por voto mayoritario, "... la virtualidad de la propuesta se encuentra sometida al ritmo inexorable de un proceso biológico como lo es el del embarazo de la actora" ("T.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", 11/01/2001). Por tal razón es que, como emana de las constancias de la causa, su trámite se ha cumplimentado de manera sumarísima.

En este orden de ideas, luego de haber expresado su petición por ante la Secretaría Asistencial de este Juzgado, se ordenaron, a fs. 4, las medidas investigativas orientadas a examinar la condición socio-económica, psicológica-psiquiátrica y física de la menor, proporcionándose la debida representación tanto a M. J. S. como al nasciturus, con arreglo a lo preceptuado por los arts. 59 del Código Civil y 116 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, mediante la intervención que se confiriera a sendas Defensoras de Menores, Dras. Edith del Valle Franck de Moreno y Mirta Beatriz Chagra, respectivamente.

A fs. 11 obra constancia de haberse llevado a cabo la audiencia de impresión de visu tanto de la niña como de su progenitora.

A fs. 12, 18/20 y 30/31, rolan los distintos informes médicos elaborados por la Sra. Médica Pediatra del Equipo Interdisciplinario de este Juzgado, Dra. Diana Cecchín, y por el Dr. Ricardo Cuevas, especialista en Toco-Ginecología del Hospital Pablo Soria, que dan cuenta del estado físico de la menor, así como refieren a la situación y tiempo gestacional del nasciturus, habiéndose agregado las constancias médicas pertinentes a fs. 79/86.

A fs. 15/17 vta., luce agregado el informe social presentado por la Licenciada Adriana Paoloni, en relación a las condiciones en que vive el núcleo familiar de M. J. S..

A fs. 35 y vta., consta el informe conjunto confeccionado por la Licenciada en Psicología Tania Renner de Bhäler y por Sra. Médica Psiquiatra del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Menores nº 1, habilitada al efecto, Dra. Dora Silva.

Cabe hacer notar que también corren agregadas por cuerda, en copia certificada, las constancias del expediente nº 37/2004, caratulado "S., M. A. p.s.a. Abuso Sexual con penetración calificado por el vínculo - Ciudad", radicado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal nº 4, Secretaría nº 8.

El 5 de marzo del corriente año, según surge del acta de fs. 40 y vta., se celebró audiencia a fin de que los profesionales médicos y especialistas en salud mental, intervinientes en autos, brinden las explicaciones del caso, explayándose en sus consideraciones para ilustrar al Juzgado así como a los representantes de los Ministerios Fiscal y Pupilar.

A fs. 41, luce informe de Secretaría en el que se consignó que, efectuadas las consultas del caso con el Sr. Secretario de Salud Pública, Dr. Carlos Cisneros, el mismo puso en conocimiento del Juzgado que no se encuentra en funcionamiento el Comité de Bioética de la Provincia de Jujuy, a tenor de lo cual no se realizó la derivación de la causa para su consulta, continuándose con su trámite.

A fs. 51/53, se expidieron conjuntamente la Dra. Edith del Valle Franck de Moreno, en ejercicio de la representación de la menor madre y la Dra. Mirta Beatriz Chagra, en nombre del nasciturus, contestando la vista conferida pronunciándose por el rechazo de la pretensión articulada.

A su turno, el Sr. Fiscal, Dr. Ricardo Alberto Grisetti, emitió su dictamen a fs. 54/66, en idéntico sentido al propuesto por las Sras. Defensoras de Menores.

Queda, recién entonces, la causa en estado de resolver.

III En aras de continuar el examen de la cuestión, deviene menester determinar si nos encontramos ante un caso susceptible de requerir un expreso pronunciamiento judicial, correspondiendo fragmentar el análisis del pedido articulado en dos partes, la primera, de carácter general y en orden a su admisibilidad, referida a la solicitud de autorización vinculada a los derechos personalísimos y la segunda, de índole especial, atinente a la singular práctica quirúrgica pedida por ante estos estrados, atento a la falta de expresa previsión legal, inherente ya a su procedencia y que se tratará más abajo.

Debe recordarse que la niña, por intermedio de su progenitora, impetró la autorización para que se le practique un legrado, a tenor de lo consignado en el informe de Secretaría que rola a fs. 1 de autos, constituyendo éste el nudo de la materia a decidir.

Indudablemente que dicha pretensión se torna un tópico impregnado de la naturaleza singular inherente a los derechos personalísimos, habida cuenta que, como lo habré de profundizar más adelante, se encuentran íntimamente involucrados en el caso, el derecho a la vida y el derecho a la salud, a la integridad corporal y a la dignidad, entre otros muchos.

Para el caso, ya tiene decidido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy en la causa nº 870/2001, en la que se debatiera, entre otros ítems, la necesidad de requerir autorización judicial para realizar una intervención quirúrgica esterilizante en la persona de una incapaz, que la misma es necesaria por diversas las razones: "...: la primera de ellas reside en la circunstancia de que va a incidir directamente sobre la salud reproductiva de [la incapaz] y, en tanto tal, sobre un derecho personalísimo de ésta, a saber, el inherente a su integridad corporal; la segunda, que se trata de un mecanismo garantizador de que la decisión a adoptar será la más beneficiosa para la incapaz y, tercera, que su articulación se deriva de una razonable y armónica interpretación de las normas que regulan la materia" (fallo del 26/11/2001, voto del Sr. Presidente de Trámite, Dr. José Manuel del Campo).

Ciertamente que no puede resultarme ajena la circunstancia que, como lo señala Eduardo Tinant ("Anencefalia, tecnociencia y autorización judicial de terapia límite", Lexis Nexis, JA, 2001-IV, p. 432) "en general hay consenso en la comunidad bioética y jurídica acerca de que estos problemas deberían resolverse en el seno de la relación médico-paciente y, a lo sumo, con el aporte de los comités de ética de los hospitales, debatiéndose entonces desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora que es la que rige la bioética y que une a la medicina, la ética, el derecho y la filosofía. Pero si llegan a la Justicia esta debe dar respuesta pues frente a una demanda basada en la necesidad de proteger derechos personalísimos como el derecho a la vida y a la salud, aquella no puede ni debe permanecer impasible".

Es esta la posición de la que participo, pues entiendo que al Poder Judicial le está vedado permanecer silente frente a una concreta pretensión promovida por un ciudadano, sobre todo cuando ella es atinente a los derechos más consustanciados con la personalidad, so riesgo de incurrir en inexcusable denegación de justicia.

Es que, como se encarga de remarcarlo Roberto Berizonce ("El activismo de los jueces", LL, 1990-E, Sección Doctrina, p. 924), "la función judicial no puede apartarse de las transformaciones históricas y sociales; la realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país, o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérsele el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de manera distinta".

Llegada, entonces, la petición, la Justicia debe expedirse para dar respuesta a quien ha confiado en ella para resolver un conflicto actual y cierto de derechos, sin perjuicio de la inexistencia de expresa regulación legal, privilegiando, antes bien, la atención en la sustancia de la solicitud que en la forma de su discurrir.

IV A mérito de lo consignado en el expediente penal nº 37/2004, ya aludido, la menor M. J. S. sería -prima facie- víctima de un delito. Basta esa sola circunstancia para actuar la intervención de este órgano jurisdiccional, con arreglo a lo preceptuado por el art. 43 de la ley 4721. Dicha norma expresamente manda que "si en las causas por delitos, en que se procesare o acusare a un adulto apareciere un menor como víctima, el Juez competente remitirá al Juzgado de Menores la información respectiva, para la asistencia y protección del menor. Lo que se disponga se efectuará a través de la Secretaría Asistencial".

Sobre el punto, merece especial mención que la directiva legal no hace distingos entre procesamiento o acusación del presunto autor, por lo que, a los fines de estimular la actividad de este Juzgado deviene suficiente con esta última situación, como ocurre en autos.

Por otra parte, ninguna cuestión puede hacerse respecto a la ausencia de formal pedido de intervención practicada por el Sr. Juez de Instrucción en la causa nº 37/2004, habida cuenta que la norma precitada no lo exige a título de requerimiento sacramental, quedando debidamente salvada dicha omisión con el solo apersonamiento de la menor víctima y su madre por ante la Secretaría Asistencial de este Juzgado, conforme surge de fs. 1.

Tal interpretación es la que mejor se compadece con la orientación general que impone la necesidad de satisfacer el interés superior de la menor, previsto en el art. 3 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, en concordancia con su art. 19 y con los arts. 5 inciso D y 43 de la ley 4721 y sobre cuya interpretación y alcance se ha dicho que dependerá de la situación puntual en análisis (cfr. Inés Weinberg, "Convención Sobre los Derechos del Niño", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 98). Además de ello, merece tenerse en cuenta que también entra en juego, y debe ser valorado en paridad de condiciones, el interés superior del nasciturus, sobre cuya condición jurídica abundaré más adelante.

Siendo esto así, no cabe sino concluir que el caso de autos se inscribe cómodamente en el marco de la asistencia a la niña víctima, perteneciendo, por ende y de modo incontestable al ámbito de competencia de este Juzgado de Menores, debiendo así declararse.

V Conforme surge de las manifestaciones vertidas en la constancia de fs. 1, ratificadas y ampliadas a fs. 11, 29 y 40 y vta., el pedido articulado se inspira en las siguientes razones, invocadas por la madre de la menor: "que no quiere que ésta tenga un hijo y menos que sea dado en adopción"; "que no quiere sufrir y que tampoco quiere que sufra su hija".

Por su parte, la menor M.J. S., quien fuera oída a tenor de lo que expresamente manda el art. 12 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y en particular atención a su edad y grado de madurez demostrado, expresa que ella no quiere al bebé (fs. 40 vta.); "que no sabe que sería de ella si continua con el embarazo; "lo que más le preocupa es estar embarazada, que no podría ir a la escuela ni tampoco a catequesis...".

VI Aparece con suficiente claridad que se suscita en autos un verdadero conflicto de derechos entre la menor víctima y el nasciturus que, sin embargo, debe ser individualizado con mayor precisión aún. Así, mientras el último resulta portador del derecho a la vida, a vivir o de nacer, utilizando las distintas denominaciones que se emplean a su respecto, la primera no ha individualizado claramente cuál es el derecho que estima actual o potencialmente lesionado. Digo ello por cuanto, a mérito de lo referido por las presentantes no surge una concreta referencia a patología alguna -sea física o psíquica- que afecte a la niña madre. Tampoco se han consignado motivos concretos de orden socio-económico que justifiquen la pretensión deducida.

No obstante tal ausencia de declaración expresa y contrariamente a lo que correspondería hacer en un proceso de naturaleza distinta al presente, de índole netamente asistencial, no puedo valerme de tal silencio para soslayar el examen de todos los aspectos vitales de M.J. S. que fueran objeto del debido estudio a lo largo de estos obrados, en orden a precisar el conflicto.

VI.1 Corresponde condensar aquí, pues, el contenido de los distintos informes incorporados a la causa.

El informe social que rola a fs. 15/17 vta., da cuenta que M. J. S. pertenece a una familia actualmente compuesta por su madre y cuatro hijos, de los cuales ella es la mayor, cuya subsistencia se obtiene merced a lo que percibe la Sra. C. como empleada doméstica y como beneficiaria de un plan social. Este núcleo carece de cobertura médico asistencial que atienda a sus necesidades sanitarias, recibiendo atención en el Puesto de Salud del barrio o en los hospitales públicos del medio.

Desde el punto de vista habitacional, la familia cuenta con vivienda propia, de características precarias, edificada en terreno fiscal, de bloques, con techo de chapas y piso de tierra, contando con los servicios de agua potable y electricidad cedida por un vecino.

Luego de explicar la dinámica familiar, con especial referencia al hecho que viene siendo investigado en la justicia de instrucción, la profesional actuante evalúa que el padre de los menores, hoy privado de su libertad por disposición judicial, inspiraba temor a los miembros de la familia, sometiéndolos a malos tratos, siendo la Sra. C. el referente afectivo de los niños y quien cubre todas sus necesidades. Asimismo, se ponen de resalto las evidentes limitaciones económicas y laborales, al igual que el hacinamiento y promiscuidad en el que vive el grupo. Es de destacar que, durante la entrevista realizada por la Licenciada Paoloni, M. J. S. demuestra "angustia, temerosidad, retraimiento, confusión en la descripción de los hechos de los cuales fue víctima, negación a continuar con su período de gestación y un marcado apego a la persona de su progenitora". Por su parte, la madre de la niña le confía a la profesional que "se resiste a que su pequeña hija llegue a buen término con su embarazo debido a que considera que no cuenta con la edad suficiente para asumir una responsabilidad y a que ella carece de medios económicos para solventar los gastos que demandaría la manutención de otra criatura".

Concluye la Licenciada Paoloni que M. J. S. se encuentra en situación de riesgo.

El informe médico de fs. 12, elaborado por la Dra. Diana Cecchín, Pediatra del Equipo Interdisciplinario del Juzgado, refiere que la menor presenta un buen estado general, con buen peso en relación a su talla, dejando constancia de que se trata de una niña de contextura mediana. Indica además la mencionada profesional los estudios que, a su criterio, es necesario efectuar para ahondar la investigación inherente a su ciencia.

A fs. 18, la Médica Pediatra confirma el embarazo que experimenta la menor, el cual tiene, a la fecha del examen, 26 de febrero, ocho semanas y seis días, visualizándose latidos fetales positivos, agregando el resultado del estudio efectuado.

Finalmente, a fs. 30/31, el Dr. Cuevas y la Dra. Cecchín informan que la menor presenta una contextura física y un desarrollo biológico que hacen posible la gestación, desaconsejando la realización de la medida solicitada en autos pues la niña es portadora de un embarazo normal, considerando que su práctica podría acarrearle graves trastornos físicos. Agregan que, al ser el embarazo un proceso fisiológico, es de suponer que no significa un riesgo para ella, destacando que las complicaciones que, eventualmente pudiera experimentar no son distintos a los de cualquier embarazo normal.

El informe psicológico y psiquiátrico obrante a fs. 35 y vta. de la causa revela que M. J. presenta vivencias de angustia reactiva a la situación traumática que atraviesa, con manifestaciones de llanto persistente, bloqueo emocional, relacionado con el hecho. Empero, consignan la Licenciada Renner y la Dra. Silva que el estado emocional de la menor es obstáculo para comprender las características de lo acontecido. Es remarcable que, a criterio de las citadas profesionales, se infiere que J. comprende los alcances del pedido de autorización, si bien desconoce el procedimiento técnico a implementarse.

Expresan que la niña presenta características de inmadurez emocional, dependencia sensible a los estímulos externos, permeable a las opiniones y valoraciones de los otros, con excesivo temor al estigma social, lo que le genera dificultad para afrontar su vida cotidiana, incrementando su monto de angustia. Además, puntualizan el rechazo de la menor al embarazo, anotando que, a pesar de las distintas alternativas de solución a la conflictiva planteada que se le proporciona, no logra elaborar un proyecto vital en que se encuentre incluido el niño por nacer.

Es destacable que, inclusive la posibilidad de entregar al niño en adopción, incrementa sus sentimientos de culpabilidad, consignándose dos expresiones tomadas del relato de M. J.: "va a ser peor tenerlo y darlo" y "me arruina la vida".

En cuanto al examen realizado a la progenitora, la misma no se encuentra en condiciones de contener emocional ni materialmente a su hija, exteriorizando idéntico rechazo al nasciturus, sin posibilidades de plantearse otras alternativas que no sea el acogimiento del pedido formulado, que adquiere caracteres de verdadera solución, reforzado desde la propia experiencia. Por último, refiere su temor a que M. J. llegue a autoagredirse.

Previo a emitir su conclusión, las profesionales enfatizan su inferencia que la menor, por tener como modelo identificatorio a su madre, y por reactivación de las propias vivencias de la progenitora, el aborto representa para ella la única alternativa que les posibilitaría continuar con la vida cotidiana de un modo más adaptativo. Finalmente, sugieren que, en virtud de los indicadores vertidos, independientemente de la resolución que finalmente se adopte, se disponga la realización de un tratamiento psicológico para la menor y su madre.

De la audiencia fijada a los fines de brindar explicaciones, me interesa destacar los siguientes ítems: a) tanto el Dr. Cuevas como la Dra. Cecchín son contestes en que M. J. cursa un embarazo normal y que, aún en caso de practicarse su interrupción en condiciones óptimas no puede asegurarse que no se habrán de producir problemas o infecciones; b) que desde el punto de vista fisiológico, lo natural es que el embarazo continúe y que existe la posibilidad que, si la mujer experimenta un aborto, se produzca una complicación y se tapen las vías, quedando estéril; c) la Dra Silva señala que no vieron indicadores que permitan pensar que la menor pudiera autoagredirse, salvo la angustia y la depresión que presenta; d) que si bien la falta de contención familiar y la necesidad económica constituyen factores de riesgo, con un apoyo terapéutico podría revertirse tal situación; e) la Licenciada Renner rescata de entre las notas tomadas en la entrevista a la niña que ésta refirió que "cómo puede ella mirar a un hijo que lo regaló y fue una mala madre", por lo que le causa menos culpa interrumpir el embarazo; f) la referencia, puntualizada por la Licenciada Renner de que la niña dice "yo no lo quiero tener porque me arruina la vida", subrayando que es ella quien lo piensa no siendo guiada en ello por su madre; g) la apreciación que "todas las influencias externas le causan mucho miedo en cuanto a su futuro"; h) que las consecuencias de una eventual interrupción del embarazo pueden ser diferentes, pues así como a algunas mujeres les "resolvió la vida", otras no pueden superarlo; i) la niña tiene muy marcado el estigma de la sociedad por ser madre; j) precisan ambas profesionales que mentalmente la menor no está enferma pero que emocionalmente reacciona por lo sucedido; k) destacan que M. J. S. está muy identificada con su madre y el hecho de alejarla de ella implicaría quitarle el sostén de su vida; l) del examen de la progenitora y ante la posibilidad de una respuesta negativa al pedido articulado refieren las especialistas en salud mental que la misma expresó que "tendremos que sentarnos y llorar juntas"; ll) la niña, a su vez, ratifica nuevamente en la audiencia su decisión, denunciando los inconvenientes familiares suscitados con motivo de la denuncia de abuso sexual oportunamente realizada.

Hasta este punto, ha quedado debidamente descripto el panorama en el que se encuentran inmersos la menor M. J. S. y el nasciturus.

VI.2 Previamente, y a mérito de la especial significación que revisten el derecho a la vida y el derecho a la salud, cabe examinar de modo prioritario a sus respectivos titulares, si estos se encuentran actual o potencialmente amenazados y, en su caso, efectuar su ponderación recíproca.

A tenor de lo establecido por el art. 70 del Código Civil Argentino, ninguna duda puede abrigarse acerca de la calidad de persona que tiene el nasciturus. Dicha circunstancia me permite afirmar que constituye materia extraña a disquisiciones interpretativas en nuestro derecho interno el tema vinculado al inicio de la personalidad, admisibles, por cierto, en otros ordenamientos jurídicos nacionales. Por lo demás, esta aseveración resulta ratificada por el voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al reafirmar "el pleno derecho a la vida desde la concepción" ("Portal de Belén v. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación", considerandos 12 y 14, 5/3/2002, Lexis Nexis, JA, 2002-III, Suplemento del Fascículo nº 1, Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; id., CNCiv., Sala I, JA, 2000-I, 635).

La condición jurídica del nasciturus, es pues, la de persona, un ser que ". no vive de manera independiente. Pero sin embargo vive" (cfr. Santos Cifuentes, ""El Nasciturus", ED, T. 15, p. 959; Guillermo F. Peyrano, "El derecho a la vida y el comienzo de la vida humana", Lexis Nexis, JA, 2003-II, fascículo nº 1, p. 10).

Como tal, entonces, debe reconocérsele a la persona por nacer su connatural derecho a la vida, con arreglo a lo preceptuado por el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 6 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 6 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 2 de la Ley 4722.

Por cierto que, desde otra perspectiva, el derecho a la salud de la madre tampoco carece de protección normativa como surge de los arts. 25 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 5 numeral 1 ("Integridad" Física, Psíquica y Moral) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 24 numeral 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y arts. 3 inc. A y 5 de la Ley 4722.

De lo que llevo hasta aquí relatado, surge prístinamente definido el entuerto jurídico planteado y que debe dirimirse.

VI.3 Desde una primera perspectiva, que deriva de la sola ponderación comparativa de la diversa entidad de los bienes jurídicos que deben considerarse en preliminar controversia -a la sazón, la vida y la salud- la respuesta que privilegia a la primera sobre la segunda parece imponerse sin demasiado esfuerzo.

Sin embargo, tal solución no es inexorable toda vez que la vida, como todos los bienes jurídicos, no guarda entidad y supremacía absolutamente prevaleciente siempre, en toda circunstancia y a todo trance.

De este modo lo entendió la mayoría del Tribunal Cimero de la Nación al decidir la causa "T.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", ya mencionada líneas arriba, habida cuenta que en tal precedente, al otorgar prioridad a la salud de la madre frente a la exigua o nula posibilidad de sobrevida del todavía no nacido, no se frustró la existencia de este último por el adelantamiento del parto autorizado en la oportunidad pero sí se acotó el padecimiento psicológico actualmente experimentado por la progenitora.

Idéntico criterio había seguido con anterioridad el Dr. Pedro Federico Hooft, en el decisorio emitido el 5 de setiembre de 1997 (publicado en extenso en "Bioética y derechos humanos. Temas y casos", Ed. Depalma, p. 234 y sgtes.; comentado por José Mainetti y María Mainetti en "El amparo de la bioética cuando ser madre resulta un drama.", JA, 1998-IV, p. 305), en relación a un pedido con igual objeto, formulado por una mujer embarazada, afectada por un cuadro de diabetes insulino-dependiente severa y su marido.

Es, entonces, el supuesto concreto el que debe ponderarse y, en su mérito, la singular interrelación de bienes y valores que se estiman mutuamente amenazados. Esto así porque debe verificarse su distinta preeminencia en el evento y, de allí, su posible incompatibilidad o armonización, según corresponda. Es que, reconociendo que el primer problema que se plantea es aquel en el cual se debe decidir entre la vida de un individuo y la vida, la integridad corporal o la libertad de otro, conduciendo a la solución obvia de dejar prevalecer el derecho de mayor jerarquía sobre el otro, debe también admitirse que la dificultad emergente goza de igual grado de evidencia, esto es, que implica infringir coetáneamente el principio de inviolabilidad de la persona humana al sacrificar sus derechos como un mero medio para preservar derechos más importantes de otros (cfr. Carlos Santiago Nino, "Etica y derechos humanos", Ed. Astrea, 2ª edición, p. 305 y sgtes.).

Consecuente con lo anterior y sólo a modo de preliminar afirmación, formulada en abstracto y sujeta a un más profundo análisis posterior, adelanto la preeminencia del valor vida, del que resulta portador el nasciturus, frente al valor salud titularizado por la niña.

VI.4 Ahora bien, como ya lo he sostenido, el ítem preapuntado, en verdad, no es el único elemento a valorar pues otro argumento se añade al precedente: consiste en la irreversibilidad de las distintas consecuencias susceptibles de derivarse de las posibles soluciones del caso.

Según se ha puntualizado oportunamente, el estado emocional por el que atraviesa la menor, sin llegar a identificarse con una patología psíquica determinada, es pasible de experimentar una evolución merced a la realización de un tratamiento psicoterapéutico, aconsejado por las profesionales respectivas en su informe de fs. 35 y vta., cualquiera sea la decisión que, en definitiva, se adopte.

Es decir que, a criterio de las dos especialistas en salud mental consultadas, el cuadro sufrido por M.J. S. no deja de tener expectativas de reversibilidad.

Distinta es, en cambio, la suerte que seguiría el nasciturus, en el supuesto de declarar la procedencia de la pretensión instaurada. En efecto, el objeto de la misma es "provocar la muerte del niño durante su gestación" (CSJN, fallo 11/1/2001, "T.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo, considerando 13) de ello se deriva que, producida la medida que se pide, la vida del nasciturus, persona en virtud de lo dispuesto por el art. 70 del Código Civil, se pierde de una vez y para siempre, de modo irrecuperable y definitivo.

En otras palabras, mientras la profunda angustia que padece la menor tendría oportunidad -en alguna medida- de ser debidamente tratada, por mínima que ella fuera, y eventualmente superada, nada de ello sería posible para la persona por nacer.

Y conste que, a los fines de elaborar este juicio no acudo a la ponderación de la distinta entidad de los valores en juego, desde un punto de vista absoluto, sino a su consideración desde la perspectiva de la definitividad o no de su pérdida (cfr. Astigueta, "Algo más sobre el derecho a nacer", ED, 117, 425; íd. Zabala de González, "Aborto, persona por nacer y derecho a la vida", LL, 1983-D, 1128).

VI.5 Es en este punto, y como lo hube anticipado, en el que debo precisar la referencia al contenido específico de la petición formulada, así como a su posibilidad jurídica, materia inherente a su procedencia, en virtud de ya haberme expedido sobre su admisibilidad (cfr. parágrafo III).

Es sabido que el aborto está tipificado como delito en el art. 85 del Código Penal Argentino, previendo dicho digesto las causales de no punibilidad para su práctica. Tales normas se inscriben en el Capítulo I del Título 1º del Libro Segundo, denominado "Delitos contra la vida".

Le asiste razón al Sr. Fiscal cuando, en su dictamen puntualiza con precisión que la petición articulada sólo puede encauzarse por la vía de alguno de los incisos del art. 86 del Código Penal, generando el pedido una nueva polémica en cuanto se refiere a su procedencia.

Conforme lo señala Gabriel Darío Jarque -aunque en concreta referencia a la eutanasia- ("Autorizaciones judiciales y eutanasia", DJ, 1998-3, 80), "actualmente el ordenamiento jurídico argentino carece de regulación normativa específica referida a las autorizaciones judiciales para la realización de prácticas que objetivamente constituyen delito". Mas ello no constituye formal obstáculo, como lo reconoce el mismo autor, para que los jueces -de hecho- asuman posición al respecto.

Un justificativo para tal conclusión puede hallarse en la explicación que brinda Bidart Campos ("Autorización judicial solicitada para abortar", ED, T. 114, p. 184, comentando el decisorio emitido por el Sr. Juez de 1ª Instancia Penal, Juzgado nº 2 de Mendoza, del 31 de enero de 1985, publicado en ED, T. 114, p. 185; en idéntico sentido, Nemesio González, "Otra vez sobre la autorización judicial solicitada para abortar", ED, T. 114, p. 959) al expresar que en esos casos, "... o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta especialmente despenalizada, y entonces no hace falta tal autorización, porque la conducta está exenta de sanción penal; o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta que, prima facie, coincide con un tipo penal, y entonces, la autorización no puede concederse, porque un juez no puede dar venia para delinquir".

Tal razonamiento me obliga a indagar en la singular naturaleza de la pretensión impetrada, a saber, la interrupción del embarazo que cursa la niña y su posible justificación.

Para ello, se torna imprescindible examinar -como lo propone el Dr. Grisetti en su pronunciamiento- la autorización requerida bajo el cristal que proporciona el derecho penal, debiendo descartarse liminarmente el caso contemplado en el numeral 2 del art. 86 del Código Penal, a tenor de lo informado por las profesionales de la salud mental ya glosados, restando, eso sí, efectuar un análisis pormenorizado del numeral 1 del mismo precepto. La citada norma reza de la siguiente manera, en su parte pertinente: "El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".

En el aborto, es la vida del hombre en una cierta etapa de su evolución, la que resulta interrumpida. Ante ello es menester recordar que "la vida es un bien fundante, el soporte necesario para el goce actual o potencial de los restantes bienes" (Zabala de González, "Aborto, persona por nacer y derecho a la vida", LL, 1983-D, 1138; noción reiterada por Malicki en "Código Civil y normas complementarias", dirigido por Bueres, Ed. Hammurabi, T. I, p. 103; íd., Alberto Rodríguez Varela, "El derecho a nacer", ED, t. 96, p. 860). Esto conduce a la obvia aseveración que, si no hay vida, no es dable predicar la existencia de los demás derechos que sobre ella se asientan.

Con arreglo al mandato contenido en el art. 86 numeral 1 del Código Penal Argentino, se torna menester en aras de evitar la punibilidad, que el aborto se haya practicado con una teleología precisa, a saber, la de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y con la condición sine qua non que tal amenaza resulte insusceptible de ser soslayada por otros medios que no impliquen la interrupción del embarazo.

A tenor de los informes vertidos en la causa, no se ha acreditado la actual presencia de un inminente peligro de vida para la menor madre, derivado de la gestación que está en curso, lo que restringe mi análisis al eventual riesgo que podría existir para su salud.

Conforme la muy difundida conceptualización de salud que brinda la Organización Mundial de la Salud, ésta comprende "un estado completo de bienestar físico, psíquico y social que no consiste únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión orgánica".

En este orden de ideas, y atendiendo a lo que refieren los informes médicos respectivos obrantes a fs. 12, 18/20 y 30/31, queda exento de discusión que no surgen indicadores que autoricen a afirmar que la menor M.J. S. presente alguna patología física atribuible a su embarazo o que éste signifique algún riesgo para su vida o su salud.

A su vez, desde la perspectiva que aportan tanto la Licenciada en Psicología Tania Renner de Bhäler como la Médica Psiquiatra, Dra. Dora del Valle Silva, surgen elementos que permiten afirmar que la menor S. atraviesa un cuadro de profunda angustia, naturalmente derivada de su misma situación, aunque cuando fueron puntualmente interrogadas acerca del estado de salud de la niña, desde la óptica que proporciona su incumbencia profesional, se dejó debida constancia de que M. J. no está mentalmente enferma. Por otra parte, ha quedado patentizada la estrecha -pero explicable, por cierto- identificación de la menor con su madre y con las vivencias por ésta experimentadas, así como la permeabilidad de la niña respecto de su entorno próximo.

Explorados los aspectos relativos a la salud de la niña y descartadas las patologías físicas o psíquicas que pudieran haberla afectado, resta por indagar su entorno socio-económico y verificar si el mismo es determinante para justificar la pretensión entablada.

Conforme ya he tenido ocasión de reseñarlo, la situación de la familia de la menor es severamente deficitario, tanto desde el punto habitacional como en lo que respecta a sus medios de subsistencia. Mas entiendo que tales carencias tampoco justifican la petición, toda vez que, como habré de señalarlo más adelante, existe la posibilidad de poner en acto todos los recursos que el Estado debe aprontar al servicio del bienestar de M. J. S. y de su hijo en gestación y sin que el nacimiento de éste pueda significar un límite temporal para tal asistencia, con lo que, sin dudas, ya voy adelantando la solución que estimo cabe dar al caso.

Por cierto que el presente ítem guarda directa relación con el problema cuya postulación se ha dado en resumir de la siguiente forma: mientras las mujeres pertenecientes a las clases postergadas, al tener que acudir a los servicios públicos de salud para obtener la interrupción de un embarazo no deseado, deben exponer previamente su situación ante la Justicia para conseguir la autorización para ello o arriesgarse a la realización de la misma práctica en condiciones deficientes y sometidas al albur de perder la vida o de quedar severamente lesionadas, las mujeres de las clases pudientes pueden acceder a idéntica intervención sin necesidad de observar tales exigencias ni de experimentar los aludidos peligros. Ello sin contar con la distinta repercusión económica que la llegada de los nuevos hijos produce en los hogares pertenecientes a sendas clases sociales (cfr. Alberto Bianchi, "En contra del aborto", Ed. Abaco, p. 108).

No puedo permanecer ajeno a este argumento que, no obstante insertarse en una perspectiva eminentemente socio-económica, tiene inevitables repercusiones jurídicas al poner en un plano de desigualdad a las mujeres, según el estrato del que participen. Mas no parece ser el juzgador el llamado a resolver con una impronta de alcance general este entuerto, toda vez que el pronunciamiento a emitirse exige ser circunscripto al conflicto singular y actual que se somete a la decisión de la magistratura y al que cabe dar la respuesta que el ordenamiento jurídico autoriza, en un contexto de equidad, inspirado por el orden que proporciona la escala de valores que lo impregna.

Sin ánimo de eludir la toma de posiciones, más también sin perder de vista que la solución de este dilema transita por los carriles de las políticas de prevención, ajenas a la decisión jurisdiccional so riesgo de la denuncia de invasión de áreas privativas de los otros poderes del Estado, debo recordar que tal respuesta puede ser admitida cuando se trata de evitar embarazos no deseados provenientes de relaciones sexuales consentidas, lo que, evidentemente no ocurriera en el caso de autos, obligándome a ingresar en el siguiente capítulo de este examen.

VI.6 Ninguna de las razones precedentemente consignadas deben interpretarse como argumentos que autorizan a instalar una absoluta cerrazón respecto de las circunstancias vitales de la menor madre, lo que me conduce a verificar las singulares características que exhibe el presente caso, toda vez que no debe soslayarse que nos encontramos ante un embarazo derivado de un presunto abuso sexual, ante lo cual corresponde ser más preciso aún.

Frente a ello, cabe destacar que la ley, por la ausencia de un texto legal que lo autorice lisa y llanamente y por la existencia de solo dos causales justificantes, parece exigirle a la madre un esfuerzo que excede en mucho lo que naturalmente se le requiere a una progenitora, conforme se encarga de remarcarlo Martín Diego Farrell ("La ética del aborto y la eutanasia", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1993, p. 19). Mas tampoco puedo permitirme pasar por alto el hecho que aún dentro de tal postura, que califica al acto de llevar a término un embarazo proveniente de un abuso sexual como supererogatorio, se admite la necesidad de cumplir con algunas exigencias, a saber: que su omisión (en el caso, no llevar adelante la gestación por la supresión solicitada) no merezca sanción formal, entre otras.

En el supuesto en examen y siempre a la luz del derecho argentino, tal conclusión no es forzosa pues el aborto es genéricamente perseguible con arreglo a las disposiciones del Código Penal, salvo los supuestos de excepción que marca la ley, y que deben ser interpretados con el rigor que corresponde a tal materia.

Por cierto que no me es dado permanecer ajeno a las dolorosas circunstancias que originaron la situación en estudio así como los padecimientos que aquejan a la niña M. J. S. y que alcanzan a su propia madre. Es que la menor no sólo ha experimentado un hecho particularmente traumático como lo es indudablemente el abuso sexual -presuntamente proveniente de un familiar cercano- conforme dan cuenta las constancias del expediente penal nº 37/2004, sino que, como resultado de ello habría quedado embarazada, potenciando sensiblemente el efecto dañoso del injusto padecido.

Mas, si se tiene en cuenta cuál es el bien jurídico protegido en el aborto, a saber, la vida del nasciturus, no parece posible albergar dudas -aún desde esta perspectiva- acerca de la necesidad del rechazo de la pretensión incoada. Si bien es cierto que, como se encargan se señalarlo García Maañón y Basile ("Aborto e infanticidio", Ed. Universidad, p. 156, reproduciendo una cita de Martínez Morán), "es exacto que la concepción es la consecuencia de un delito no cometido por la madre, pero tampoco el hijo tiene la culpa del delito del padre", no puedo apartarme de la ponderación del estado de zozobra en el que está sumida la niña.

En este punto, me permito no compartir en plenitud la autorizada opinión del Dr. Alberto Bianchi (op. cit., p. 120/121) en cuanto señala, al tratar de individualizar el problema que el aborto solucionaría, que lo único que se consigue es borrar al ser en gestación, sin restaurar el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido, aunque agregando un sufrimiento más: el de haber abortado. A mi juicio, este diagnóstico no es riguroso como lo demuestra el resultado del examen psicológico y psiquiátrico practicado en autos, así como la impresión de visu de la menor obtenida en autos. El padecimiento de la niña es actual y cierto, de una entidad palpable y se motiva no sólo en las consecuencias del embarazo, a la sazón, el alumbramiento de un hijo no deseado y concebido en circunstancias altamente traumáticas, sino en el estado gestacional mismo. Más aún, desde su propia proyección vital la niña esgrime como otra causa de sufrimiento la posibilidad de entregar a su hijo en adopción por lo que el problema aparece con un grado mayor de complejidad que el que enuncia el autor citado.

Pero tal padecimiento, por grave que resulta, no adquiere la entidad necesaria en orden a desvirtuar la preeminencia que sigue ostentando el derecho a la vida existente en cabeza del nasciturus, atento a su distinta jerarquía (cfr. parágrafo VI.3), a la irreversibilidad de su supresión (cfr. parágrafo VI.4) y a la inexistencia de los presupuestos para tornar operativa frente a él, la preferencia por la salud de la madre (cfr. parágrafo VI.5). Lo que ocurre es que, en la especie, ni las condiciones socio-económicas de la menor y su familia, ni el estado psicofísico de aquella -actual o potencial- revelan el grado de compromiso que autoricen a tener por justificada la petición.

Empero, y siempre a tenor de los informes médico y psicológico-psiquiátrico obrantes en la causa y compartiendo lo oportunamente dictaminado por los Representantes de los Ministerios Pupilar y Fiscal, cuyos comprometidos y medulosos argumentos hago propios como formando parte de este pronunciamiento, concluyo que la menor no se encuentra actualmente afectada por una patología que, por su entidad y en los términos del primer supuesto del art. 86 del Código Penal, permita acoger favorablemente su pretensión (en igual sentido, Juzgado en lo Correccional nº 1 de Bahía Blanca, in re "Y., R.H. promueve acción de amparo", publicado en Lexis Nexis, edición digital, 24/11/2003).

VII También queda fuera de toda discusión que, a la luz de la solución a la que arribo, el estado de zozobra de la niña es susceptible de persistir e incluso de llegar a agravarse, dentro de un abanico de posibilidades expuesto por las profesionales de la salud mental que la evaluaran en la causa, lo que debe ser adecuadamente prevenido cubriendo todos los aspectos susceptibles de incidir en la contención y el mejoramiento -en la medida de lo posible- de las circunstancias que rodean a la menor madre, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 43 de la ley 4721. Esta atendible preocupación resulta compartida por los Sres. Representantes de los Ministerios Pupilar y Fiscal en sus respectivos pronunciamientos, debiendo ser adecuadamente proveída en pos de la correcta satisfacción del interés superior del niño, contenido en el art. 3 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y contemplado como directiva sustancial a observar en la especie.

Ocurre que sería no sólo absurdo sino esencialmente injusto limitar mi pronunciamiento al simple rechazo de la autorización solicitada, sin establecer las bases imprescindibles de prevención y protección para que la niña y su hijo sobrelleven el tiempo que resta de embarazo de la mejor manera posible, con ajuste a lo dispuesto en los arts. 5 inc. C y D de la Ley Provincial nº 4722; art. 25 numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. VII numeral 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art.12 numeral 2 de la Convención sobre la Eliminación de toda las formas de Discriminación contra la Mujer; arts. 19 y 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y arts. 45 y 46 -en especial su numeral 3- de nuestra Carta Magna Provincial.

En otras palabras, M. J. S. es acreedora de esta obligación debida por el Estado no sólo en su condición de menor víctima sino también en su calidad de menor madre, portadora del nasciturus, titular, a su vez, del derecho a la vida y de sus prerrogativas derivadas.

La cuestión a resolver ahora consiste en identificar las concretas medidas que deben adoptarse en orden a coadyuvar al bienestar de la niña y de su hijo.

VII.1 Debidamente analizadas las constancias del proceso, surge claro que la internación de la menor no resulta la mejor respuesta a sus necesidades actuales. Si bien es cierto que esta solución presenta la ventaja de ofrecer una innegable integralidad a la hora de evaluar y controlar continuamente la evolución del proceso gestacional de M. J., no es menos veraz que una medida semejante implicaría para ella tanto como la imposición de una verdadera pena privativa de la libertad por llevar en su seno el fruto del delito con el que se la agraviara, alejándola injustificadamente de su centro vital y del medio en que se encuentran sus más cercanos afectos, por modestas que sean sus condiciones, según lo describe el informe social de fs. 15/17 vta..

Lo que resulta a todas luces inadmisible es que, bajo las precitadas circunstancias, el Estado se desentienda de la suerte de M. J. S. y del nasciturus, por lo que cabe ordenar las medidas educativas, sanitarias y sociales enderezadas a su efectiva contención.

En este orden de ideas, a tenor de la expresión de voluntad de la menor, enderezada a mantener la continuidad de sus estudios, resulta necesario y oportuno garantizar su asistencia al establecimiento que corresponda con arreglo a su edad y nivel educativo, a lo que ya se ha dado principio de ejecución a la luz de lo consignado en el informe de Secretaría que luce a fs. 88, ejercitando los pertinentes y periódicos controles sobre su evolución, los que habrán de ser confiados a la Licenciada Mariela Mulqui, perteneciente al Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Menores nº 1, a quien se habilitará a tal fin.

Asimismo, y con miras a satisfacer los requerimientos orientados a preservar la salud psicofísica de la menor y del nasciturus, deviene imprescindible disponer las medidas inherentes a tal fin. Para ello, corresponde ordenar al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia que arbitre los medios para controlar de manera periódica y estrecha el desarrollo del embarazo que cursa M. J. S., debiendo poner al alcance de esta última todos los recursos humanos y materiales disponibles, para brindar la asistencia que le sea efectivamente requerida tanto en el domicilio de la niña, como asegurando su traslado al centro sanitario correspondiente en todas las oportunidades en que ello se vuelva necesario para el mejor cumplimiento del cometido impuesto.

Asimismo, deberá garantizarse la contención psicológica de la menor, durante las veinticuatro horas del día, al solo pedido de la niña o de su madre, y conforme a lo que prescriban los profesionales de la salud mental que deban intervenir en el evento, previéndose dicha atención tanto en el domicilio como en el centro sanitario que corresponda.

En todos los casos deberán preveerse, por la Secretaría de Desarrollo Social de esa cartera de Gobierno, los medios idóneos para ejecutar el traslado de la menor cuando ello se haga necesario, proveyéndolo directamente o por medio de terceros.

Es del caso también ordenar las medidas destinadas a mejorar en lo posible el grado de contención material de M.J. S., gravemente deficitario, según da cuenta el informe social producido en autos. Para ello, deberá oficiarse a la Dirección General de Minoridad y Familia a efectos de que proceda a incluir a la Sra. M. J.C., progenitora de la menor madre, en un plan de Fortalecimiento Familiar que permita paliar en alguna medida las necesidades mínimas del núcleo que alberga a la niña.

En igual sentido, se habrá de disponer que el Ministerio de Bienestar Social ponga en conocimiento de este Juzgado todos los beneficios sociales susceptibles de ofrecerse a la familia de M. J. S., que no hayan sido contemplados en las precedentes directivas y que no resulten incompatibles con ellas pero cuya finalidad coadyuve a aliviar y contener las necesidades generales de la menor y del nasciturus.

VII.2 Y no se diga que se establecen obligaciones excepcionales a cargo del Estado Provincial, poniendo a la menor en mejores condiciones que sus pares en igual situación, esto es, el embarazo, habida cuenta que las circunstancias por las que ésta atraviesa son de verdadera singularidad, tanto por su origen como por la gravedad que entrañan, y no pueden ser desconocidos ni menospreciados.

Por lo demás, una solución semejante, en lo que se refiere a la exigibilidad al Estado de una concreta pretensión tendiente a satisfacer un derecho humano básico y elemental -en el evento, el de alimentación- fue adoptada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil Subrogante de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, ante el excepcional requerimiento -por las circunstancias particulares que el caso presentaba- formulado por el Sr. Defensor del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Arsenio Francisco Mendoza y cuyos fundamentos, mutatis mutandi, son aplicables al sub iúdice (fallo del 21 de julio de 2002, publicado en el Diario Especializado de Filosofía del Derecho, nº 5, ED, nº 10.760, 23/5/2003, p. 14; en sentido favorable a la admisibilidad de una pretensión amparista con idéntico objeto, destaco los argumentos vertidos por la minoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada por los Dres. Fayt y Boggiano, en la causa "Ramos y otros c/ Provincia de Buenos Aires", JA, 2002-IV, 466, comentado por Frustagali y Hernández en "El derecho a la alimentación y la salud y su exigibilidad al Estado", Lexis Nexis, 30/7/2003, publicado en JA, 2003-III, fascículo nº 5, p. 78 y sgtes.) .

Lo que se ordena, entonces, resulta equitativo y guarda razonable proporción con el nivel de requerimiento socio-sanitario de la niña y del nasciturus, en orden a la satisfacción de sus derechos esenciales, compadeciéndose con las directivas constitucionales y legales vigentes en la materia y, por ello mismo, exigibles en su plenitud.

Por los argumentos precedentemente expuestos, el Juzgado de Menores nº 3 de la Provincia de Jujuy Resuelve:

1º) Declarar la competencia de este órgano jurisdiccional para decidir la presente causa a mérito de lo establecido en el art. 43 de la ley provincial nº 4721.

2º) Rechazar la solicitud de autorización formulada por la Sra. M. J.C., en representación de su hija M. J. S., para practicar en la persona de esta última una intervención quirúrgica destinada a interrumpir el embarazo que porta.

3º) Ordenar al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Jujuy que, por medio de las áreas a su cargo, arbitre de inmediato los medios enderezados a: a) Efectuar los controles sanitarios correspondientes a la menor madre, conforme su estado gestacional, de manera estrecha y periódica; b) Realizar la evaluación constante del estado psicológico de la niña M.J. S. y proporcionarle a ella y a su progenitora el tratamiento pertinente con la asiduidad que establezcan los profesionales intervinientes; c) Garantizar la prestación de los servicios de asistencia médica y psicológica durante las veinticuatro horas del día y mientras el estado de salud de la menor lo requiera a los fines de su contención inmediata y de la prevención de eventuales complicaciones en el cuadro que la misma presenta; d) Proporcionar los medios idóneos para la atención domiciliaria de la niña -o en el lugar en el que la misma resida por motivos escolares- y, en su caso, para proveer al transporte de la menor y su madre al centro de salud que corresponda si ello fuere menester; e) Hacer saber a este Juzgado, Secretaría Asistencial, en el plazo de cinco (5) días, acerca de la ejecución de las medidas adoptadas para cumplir lo resuelto, lugares de cumplimiento de las mismas e individualización de los responsables designados para realizar las tareas asignadas, quienes deberán mantener permanentemente informado a este órgano jurisdiccional sobre la evolución psicofísica de la menor y del nasciturus, dándose la participación de rigor al Equipo Interdisciplinario a los fines del control y seguimiento del caso.

4º) Ordenar a la Dirección General de Minoridad y Familia que incluya a la Sra. M. C., madre de la menor M. J. S. en el Programa de Fortalecimiento Familiar, debiendo poner en conocimiento de este órgano jurisdiccional los resultados de la gestión encomendada en el plazo de cinco (5) días.

5º) Oficiar al Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Jujuy para que, en el plazo de diez (10) días informe a este Juzgado, Secretaría Asistencial, sobre la existencia de otros beneficios sociales susceptibles de ofrecerse a la familia de M. J. S. que no hayan sido contemplados en las precedentes directivas y que no resulten incompatibles con ellas pero cuya finalidad coadyuve a aliviar y contener la situación de la menor.

6º) Disponer la continuidad educativa de la menor M. J. S. con arreglo a lo informado por Secretaría a fs. 88, ordenando que las autoridades responsables del establecimiento en el que cursa sus estudios la niña informen periódicamente sobre su rendimiento escolar, confiando su control a la Licenciada Mariela Mulqui, perteneciente al Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Menores nº 1, a quien se habilita a tal efecto.

7º) Hacer saber a las autoridades y organismos oficiados que todas las disposiciones previamente ordenadas deberán ser observadas en el tiempo y forma establecidos bajo apercibimiento de lo preceptuado por el art. 666 bis del Código Civil, sin perjuicio de lo previsto en el art. 239 del Código Penal.

8º) Citar a la menor M.J. S. y a su madre, M. J. C., para que comparezcan a notificarse de lo resuelto en el presente decisorio, en audiencia a celebrarse el día 16 de marzo a horas 10:30.

9º) Notifíquese y ofíciese con habilitación de días y horas.