Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-19


SENTENCIA DEFINITIVA Nº Expediente Nº 31.074/11 Sala IX. Juzgado Nº 26.

En la ciudad de Buenos Aires, el 19/10/12 , para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas " BAYARRI JUAN CARLOS C/ CLUB PORTUGUES ASOC. CIVIL S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que hizo lugar a la demanda, se alzan las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 138/139 y a fs. 140/142.

Corridos los pertinentes traslados, las partes contestan a tenor de las piezas obrantes a fs. 146/147 (actora) y fs. 151/vta. (demandada).

II.- Razones estrictamente metodológicas me llevan a examinar en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada, el que de prosperar mi voto no tendrá favorable acogida.

Ello, porque advierto que dista de constituir una expresión de agravios como lo dispone el art. 116 L.O, toda vez que no contiene una crítica concreta y razonada de aquellos aspectos del fallo que el recurrente considera equivocados, con la indicación de las pruebas y normas jurídicas que el apelante estime lo asisten.

Sin perjuicio de ello y con el fin de dejar salvaguardado el derecho de defensa, habré de analizar de modo suscinto cada uno de los cuestionamientos formulados en el escrito bajo estudio.

Así, en lo que atañe al agravio expuesto con relación a la fecha de ingreso, el recurrente no rebate el valor atribuido por el Juez aquo al reconocimiento efectuado por la demandada en relación a que el actor prestó tareas dentro de su establecimiento desde el año 2006 y al hecho de que no ha probado que desde ese período haya trabajado para un tercero que explotaba uno de los salones que la accionada le alquilaba.

En efecto, la prestación de tareas por parte del actor en el establecimiento de la demandada y el hecho de que no se haya probado que el actor prestara tareas en relación de dependencia para otro sujeto distinto de la accionada, trae aparejado la aplicación para esta última en el sub examine del art. 23 de la LCT incumbiéndole a la parte demandada desvirtuar la presunción que dimana de la norma en cuestión, circunstancia que -en consonancia con lo decidido en grado- no se verificó, en virtud de no haber aportado a la causa elemento alguno que permita corroborar la existencia del pretendido y distinto empleador. (Art. 377 del C.P.C.C.N).

En lo atinente al agravio relacionado con el horario de trabajo, se destaca que la apelante no asume mediante la crítica pertinente el valor atribuido a la prueba testifical, en base a la cual el juez de grado tuvo por acreditada la prestación de servicios del accionante durante una jornada que excedía la invocada en el responde.

Nótese que no se realiza un análisis crítico de las declaraciones de Pérez Galindo (fs. 104/105) y Sensoterra (fs. 129/130)- quienes veían al actor a partir de las 16 hs-, ya que no efectúa observaciones que permitan verificar su incorrecta valoración o que evidencie la existencia de elementos que obsten al valor probatorio que le fue otorgado en el fallo de grado (cf. arts. 90 L.O. y 386 CPCCN). En dicha inteligencia, cabe poner de relieve que la falta de oportuna impugnación por la demandada (cfr. art. 90 de la L.O.) del testimonio que ahora pretende poner en tela de juicio (Pérez Galindo), desmerece su actual planteo, debiendo destacarse asimismo que la apreciación que formula en el memorial recursivo con el fin de desvalorizar tal declaración, no alcanza para desvirtuar la ponderación que efectuó el sentenciante de grado ni logran conmover sus dichos.

El argumento esgrimido en relación a que el club realiza solamente actividades a partir de las 19 hs y que por ello no se necesitaría un empleado desde las 16:00 hs (hora de ingreso del actor), ha quedado desvirtuado por la propia prueba testimonial aportada por la parte demandada, de la que se desprende un horario de inicio de actividades diferente al denunciado.

Así la testigo López (fs. 127/28), quien posee la concesión del restaurante ubicado dentro de las instalaciones de la demandada, manifestó que ella ingresaba al club a las 17 hs, y que las actividades para los socios comienzan aproximadamente en ese horario.

Por lo demás, debo destacar que la modalidad de contratación a tiempo parcial resulta excepcional en nuestro ordenamiento, de modo que era carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicio del trabajador en jornada reducida. En tal marco, sella en sentido adverso la suerte de este segmento de la queja la ausencia de prueba alguna en contrario arrimada por la accionada a fin de desvirtuar lo decidido por el magistrado de grado en este aspecto (cfr. Art. 377 C.P.C.C.N).

En lo que atañe al disenso respecto del monto de la remuneración, la recurrente no rebate que el magistrado de grado tuvo por probada la denunciada en el escrito de inicio en virtud de haber sido acreditada la existencia de una jornada completa de labor por parte del actor, el hecho de que la demandada no haya probado la remuneración detallada en el responde y la circunstancia de que la relación laboral no se encontraba registrada.

Ante ello, cobra operatividad la presunción derivada del art. 55 de la LCT, la cual se proyecta sobre la remuneración invocada al demandar, y lleva a tener por ciertas las afirmaciones del actor en cuanto al salario mensual por él percibido, extremo que tampoco ha sido desvirtuado por prueba idónea alguna en contrario aportada por la accionada y sin que la exposición efectuada en el memorial recursivo refute tal circunstancia, extremo que define la suerte de este aspecto del recurso ( art. 386 CPCCN).

A ello se suma que no se opone en la queja parámetros objetivos y ciertos que permitan verificar la irrazonabilidad y desproporción del importe adoptado, limitándose el recurrente a exponer su disconformidad de manera meramente genérica, máxime cuando el valor reconocido (art. 56 L.O) guarda una relación adecuada con la jornada de labor y con tareas que cumplía el actor.

En lo atinente a la queja articulada en relación a la condena al pago del adicional CCT 160/75, tampoco tendrá favorable recepción en la alzada.

Ello porque el recurrente se limita a expresar la mera disconformidad con la solución que le fue adversa sin rebatir que el juez de grado hizo lugar a dicho adicional ante la falta de acreditación por parte de la demandada de las constancias de pago del mismo (art. 138 L.C.T).

Del mismo modo cabe desestimar el agravio vertido con el fin de cuestionar la base salarial que ha sido utilizada por el judicante para fijar la cuantía de dicho adicional ya que no puede pasarse por alto que el recurrente no establece en su recurso, ni siquiera por aproximación, a cuánto debería ascender -según su criterio- el importe que debió seguirse para el cálculo del mismo, omitiendo de ese modo concretar la medida del interés del recurso.

En este sentido, se impone señalar que la expresión de agravios debe bastarse a sí misma, pues el Tribunal no puede ni debe manejarse a tientas como así tampoco suplir los agravios de las partes, toda vez que se estaría violando el debido proceso y la garantía constitucional de legítima defensa de la contraria, principios por los que debe velar.

Por ello, cerrado el proceso de conocimiento en oportunidad de alegar, las partes cuentan con los elementos de juicio para sostener sus respectivas tesituras, el alcance y la medida del interés en la alzada, por lo que deviene una carga importante e inexcusable para expresar agravios que el recurrente concrete por qué considera incorrecto o excesivo el monto de la base salarial admitida, y en su caso cuál debería ser el mismo sobre la base de lo actuado, aspecto que no advierto reunido en el memorial en examen (en igual sentido, esta Sala in re "Rodríguez, Oscar Fernando c/ Numen S.A. s/ despido", S.D. 13.158 del 28/2/06; entre otros).

Por consiguiente y toda vez que en los aspectos recurridos por la demandada no encuentro razones que justifiquen un apartamiento de lo decidido en la instancia anterior, propicio se desestime el recurso de apelación incoado por la accionada. III.- Seguidamente abordaré el cuestionamiento que expone la parte actora en relación a la improcedencia de la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345, el que de prosperar mi voto, tendrá favorable acogida.

Ello porque considero, a diferencia del magistrado de grado, que el TC 080113335 mediante el cual se intima a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT, se encuentra reconocido por la demandada, en virtud de no haber dado cumplimiento con la carga procesal que pesaba sobre su parte al momento de contestar la presente acción y que consistía en desconocer categóricamente la recepción del mismo. (art. 356 del C.P.C.C.N y art. 71 de la ley 18345).

Ante tal circunstancia, el desconocimiento efectuado en la audiencia de fs. 52 carece de total trascendencia toda vez que el mencionado Telegrama ya estaba reconocido, por haber sido transcripto su texto en la demanda y por no haberse negado su recepción y contenido en el momento procesal oportuno.

Resulta irrelevante, en consecuencia, que no se haya producido la prueba informativa dirigida al Correo Oficial respecto del mismo, puesto que su contenido y recepción no resulta ser un hecho controvertido en las presentes actuaciones. (art. 377 del C.P.C.C.N).

Considero entonces que se encuentran reunidos los extremos facticos previstos para la procedencia de la multa estipulada en el art. 45 de la ley 25345, ya que de las constancias de autos emerge que el actor dio cumplimiento en debida forma con lo dispuesto por el art. 3 del dec. 146/01, y del intercambio telegráfico no surge que la demandada hubiera puesto a disposición del trabajador los certificados contemplados por la referida normativa, los que tampoco adjuntó en las presentes actuaciones.

En virtud de lo expuesto, y de aceptarse mi propuesta, correspondería modificar parcialmente el fallo atacado, debiéndose adicionar en consecuencia al monto de condena, la suma de $ 9.000 ($ 3.000 x 3), en concepto de la reparación prevista por aquella disposición.

IV.- La revocatoria parcial del fallo y modificación respecto del capital de condena, implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios efectuados en la anterior instancia, y proceder a fijarlos en forma originaria (cfr. art. 279 del C.P.C.C.N No obstante ello, en atención a que el principio rector en la materia se encuentra plasmado en el art. 68 del C.P.C.C.N., que tiene su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, sugiero mantener la imposición de costas efectuada por el Sr. Juez de grado.	Asimismo, en virtud de la calidad, extensión y mérito de las labores desarrolladas, sugiero regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, en el 16% y 14%, respectivamente, del nuevo monto de condena, incluidos los intereses (cfr. arts. 6, 7, 8 y concs. ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, art. 38 de la L.O). V.- Sugiero, asimismo, imponer las costas de la Alzada a cargo de la demandada vencida. (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.).

Regúlense los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Modificar parcialmente la sentencia de grado incrementando el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 125.504,10), con más los intereses fijados en la anterior instancia. II) Dejar sin efecto la imposición de costas y los honorarios regulados en primera instancia. III) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la demandada. IV) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, en el 16% y 14% respectivamente, del nuevo monto de condena incluidos los intereses. VI) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fue materia de apelación y agravios. V) Costas de la Alzada a cargo de la demandada vencida. VI) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y la accionada, por su actuación ante este Tribunal, en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Dr. Alvaro E. Balestrini Dr. Roberto C. Pompa Juez de Cámara Juez de Cámara	Ante Mi