Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 19 de 2008.

Considerando: 1º) El señor juez de grado rechazó el planteo de desindexación formulado por la accionada y dispuso que Fibos S.A. -cesionaria del crédito de la actora- debía comparecer en sede administrativa a suscribir los formularios de requerimiento de pago por la suma de $ 20.331,51, sin costas por no haber mediado actividad procesal de la vencedora que ameritara regulación de honorarios y por laexistencia de jurisprudencia no uniforme sobre el tema decidido.

En lo que aquí importa, para así decidir el magistrado afirmó -siguiendo los fundamentos expuestos por la Sala 3 en la causa Nº 1.721/94, resuelta el 23/8/05- que el objeto de la demanda fue el recupero de lo pagado por la accionante a la consignataria de la mercadería transportada en el buque Río Gualeguay, razón por la cual se trataba de una típica obligación dineraria. Consecuentemente, juzgó que no existiendo un bien determinado y teniendo en cuenta que la ley 24.283 era de aplicación a situaciones excepcionales, la pretensión desindexatoria fundada en la citada norma resultaba improcedente.

2º) El Estado Nacional -quien asumió la deuda de ELMA- sostiene que al haberse resuelto la cuestión en la forma apuntada se le coartó la posibilidad de probar la desproporción a la que hace referencia la ley 24.283. Manifiesta que no es acertada la sentencia cuando afirma que no existe un bien determinado y que, en tal sentido, esta Sala a fin de determinar el valor del faltante consideró el valor de la mercadería y la repotenció al 1/4/91 dando como resultado la suma de $ 17.848,42, circunstancia que torna aplicable la desindexación. Afirma que recalculó el capital de condena en función de las pautas dictadas al respecto por la Sindicatura General de la Nación -aplicación del índice combinado del 70% del índice de precios mayoristas Nivel General y el 30% de la evolución del tipo de cambio dólar- lo que arrojaba un monto de $ 17.182,56.

3º) Por tratarse de una cuestión en la que está comprometido el orden público, pues se refiere a la jurisdicción y a la competencia funcional, el Tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar -incluso de oficio- la procedencia del recurso de apelación, sin que sea obstáculo para ello la concesión realizada por el juez de primera instancia ni la conformidad que al respecto pudieran haber prestado las partes, sea en forma expresa o tácita (conf. esta Sala, causa 11.952/94 el 29/10/99 y sus citas, entre otras).

Cabe destacar que -como principio- una causa es susceptible de apelación por virtud de su monto cuando el capital reclamado en la demanda supera el mínimo previsto en el art. 242 del Código de forma, con las modificaciones de la ley 23.850. Y la subsistencia de la apelabilidad requiere que, una vez dictado el pronunciamiento de primera instancia, éste ocasione al recurrente o recurrentes un gravamen que supere el aludido mínimo de la ley 23.850 y no que la contienda haya sido reducida a un monto exiguo que no alcanza ese tope mínimo exigido para habilitar la instancia de revisión. Cuando esto sucede, por razones sobrevinientes que el Tribunal necesariamente debe ponderar (art. 163, segunda parte, del Código de rito), el pleito pierde el régimen de la doble instancia y queda sometido al de instancia única, precisamente por la escasa entidad del debate que subsiste (conf. esta Sala, causas 3785/99 del 7.8.01; 5904/97 del 9.10.01 y 5924/00 del 27/12/01).

En tales condiciones, meritando que la demandada sostiene que como consecuencia de la liquidación practicada en sede administrativa siguiendo los preceptos de la ley 24.283, el monto adeudado a asciende a $ 17.182,56 (ver además, la presentación de fs. 585/587, en la que la recurrente acompañó copias de las constancias administrativas que daban cuenta de la reliquidación formulada en su sede, agregadas a fs. 545/573), cuando el a quo dispuso la suscripción de los formularios de requerimiento de pago por la suma de $ 20.331,51, es claro que el gravamen no llega al quantum mínimo que contempla el art. 242 del Código Procesal, fijado por la Corte Suprema en $ 4.369,67 (conf. Fallos 323:311). Y tal circunstancia veda toda intervención de este tribunal de alzada para conocer de un recurso de apelación de dicha parte, extremo que no la privaba de ocurrir a una instancia superior, toda vez que contaba con el derecho de interponer -directamente ante el juez, dentro de los diez días- el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48.

Por ello, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación de fs. 619 (conf. esta Sala, causa 8322/00 del 15.3.02, entre otras).

El doctor Marcó dijo:

Que el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que a los fines de establecer la apelabilidad o no de cualquier pronunciamiento que se dicte en un proceso, debe atenderse "exclusivamente al capital reclamado en la demanda"; en este caso $ 20.331,51 que es el monto pretendido en esta ejecución de sentencia (conf. art. 499 y sigtes. del CPCCN).

La claridad del texto legal, en mi opinión, determina la inadmisibilidad de asignarle una inteligencia que importe prescindir de sus términos, pues su exégesis debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308: 1873); de modo que no corresponde a los jueces apartarse de sus propósitos cuando no requiere esfuerzo de interpretación, debiendo ser aplicado directamente con prescindencia de elaboraciones ajenas a su función, por ser ellas propias del legislador (Fallos: 218:56).

En ese orden de ideas, cabe recordar que las normas deben ser interpretadas mediante un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador -toda vez que la primera fuente de comprensión son sus palabras-, la que no debe ser obviada por posibles imperfecciones técnicas que dificulten la consecución de la finalidad que persigue (Fallos: 200:175; 283:239; 299:167), siendo apropiado agregar que en esta materia debe obrarse con la mayor prudencia a fin de evitar que la inteligencia que se le asigne implique la pérdida de un derecho (Fallos: 311:2223; 316:1533).

Por otro lado, es posible sostener que mediante la norma analizada el Código Procesal consagra, como principio, el régimen de la doble instancia, siendo claro que la instancia única es la excepción, razón por la cual debe ser interpretada restrictivamente como todo instituto que conduce a la pérdida de un derecho; en ese sentido, es útil señalar que cuando la ley ha querido restar una instancia de alzada, lo ha dicho expresamente, como ocurre con el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia; en efecto, el art. 24, inc. 6º, apartado a), del dec. ley 1285/58 contempla a esos fines el valor disputado en último término, es decir, el monto del agravio, no siendo dudoso concluir que no es éste el criterio plasmado en el art. 242 del CPCC.

Sobre tales bases, juzgo que computar a los efectos de fijar el límite de la apelación el interés económico debatido, o el valor del agravio traído a decisión de la alzada, o el monto del incidente planteado, importa apartarse del expreso texto legal, postura que, en mi parecer, no es admisible (Fallos: 300: 687; 301:958).

Por lo expuesto, considero que corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación articulado a fs. 619.

En consecuencia, por mayoría, este Tribunal resuelve: declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 619, debiendo el a quo resolver cualquier cuestión que pudiera suscitarse con posterioridad a la concesión del recurso. - Eduardo Vocos Conesa.- Hernán Marcó.- Santiago Bernardo Kiernan.