Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-08-15


2º Instancia.- Córdoba, agosto 15 de 2008.

¿Adeuda la demandada los rubros reclamados por el actor en su demanda? Y en su caso ¿qué resolución corresponde dictar? El doctor Brain dijo:

I. En función de los términos en que ha quedado trabada la litis, surge que el accionante reclama el pago de los rubros mencionados en el planteamiento de la cuestión, por los montos que expresa en la planilla obrante a fs. 2 de autos, los cuales son controvertidos por la demandada. Lo que plantea en definitiva la parte actora son reclamos propios de una suspensión ilegítima y despido directo incausado, todo a lo cual le suma la indemnización derivada de incapacidad absoluta que aduce estar consolidada mientras estuvo vigente la relación. Para la procedencia de los dos primeros, cuestiona severamente los acuerdos celebrados entre el Sindicato y la demandada y la aceptación expresa que de los mismos él hiciera, sosteniendo por una parte la violación de las normas laborales fundamentales que hacen al sistema protectorio de la LCT y, además, la existencia de lesión subjetiva en los términos del art. 954 del Código Civil.

Advierte sobre dichos convenios la actitud de engaño mantenida por la patronal, como así también la violación al principio de buena fe, primacía de la realidad e irrenunciabilidad. Sostiene que no se cumplieron los requisitos del procedimiento preventivo de crisis ni las condiciones previstas en el art. 247 de la LCT. Dice también del incumplimiento del art. 15 de la LCT y del art. 21 de la ley 8015 en la medida en que no hay fundamentación en los acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo.

Aduce violación al art. 7º de la LCT y afirma la inexistencia de falta de trabajo y de fuerza mayor, resaltando además la contradicción entre la aplicación de los arts. 241, 247 y 245 de la LCT.

Para el restante reclamo fundado en la incapacidad, a su vez, indica que por tratarse de un beneficio que no fue tenido en cuenta al momento de la desvinculación, no resulta posible que su importe sea deducido de ningún monto que hubiere percibido en tal instancia y que debe ser acumulado a los anteriores por tener dos orígenes distintos, uno derivado de la LCT y el otro de la seguridad social. La demandada, por su parte, resiste el planteo sosteniendo la plena validez de los convenios por inexistencia de los vicios denunciados, el cumplimiento acabado del procedimiento preventivo de crisis que culmina conforme a las previsiones legales, la existencia de cosa juzgada administrativa y en definitiva, que debido a las sumas abonadas al actor conforme dicho acuerdo, no existe agravio alguno. Luego, desconoce que el actor sea portador de las dolencias que denuncia o que al momento de desvincularse fuera víctima de la incapacidad absoluta y permanente reclamada o, en su caso, que fueran preexistentes a su desvinculación, negando en suma que resulte procedente la aplicación del art. 212, cuarto párrafo.

En subsidio plantea compensación con los importes recibidos. Centrado así en sus aspectos sustanciales los términos de la litis, considero adecuado como paso previo al tratamiento de los puntos a dilucidar, efectuar algunas consideraciones que servirán de marco conceptual al tema bajo análisis y, a la postre, como fundamentos de la resolución a la que arribe. Asimismo cabe recordar que esta Sala, con voto unipersonal del Dr. Huber O. Alberti, ha resuelto con anterioridad a este pronunciamiento una cuestión similar a la traída a mi conocimiento, en los autos "Heredia Héctor Oscar c. Renault Argentina S.A. ordinario despido enfermedad Expte. Nº 10689/37", de fecha 11 de agosto de 2006, a los que adhiero en este decisorio, ratificando y haciendo mío en este lo allí sostenido en cuanto a que la natural desigualdad existente entre el trabajador y el empleador en el marco de la relación de empleo es el eje sobre el que se estructura el ordenamiento laboral, tanto el de orden sustantivo como el adjetivo y, aún, el administrativo. El protectorio e irrenunciabilidad, entre otros, son principios básicos de esta disciplina que, al alcanzar reconocimiento legal, positivizan el reequilibrio de la relación naturalmente desigual ya señalada. Luego, el reconocimiento de organizaciones sindicales con personería gremial dotadas de amplísimas facultades para actuar en defensa del universo de trabajadores que representan o la existencia de organismos estatales específicos -como el Ministerio de Trabajo en el orden nacional, o las Secretarias o dependencias similares en las provincias- son también manifestaciones claras de aquel objetivo en tanto persiguen cada una y dentro de su rol o competencia, la defensa del trabajador, sea a través de las reivindicaciones y conquistas, sea a través del control del cumplimiento de las normas de fondo. Por ende, la solución a la que se arribe en un conflicto individual, plurindividual o colectivo de trabajo que, transitando por los canales que el legislador ha previsto para su correcto encausamiento, es desarrollado además con la participación y asistencia de la entidad sindical con personería que represente a dichos trabajadores y con la intervención de la autoridad administrativa del trabajo que produce su homologación, goza en principio de plena validez por cuanto aparecen resguardados todas las garantías dispuestas a favor del más débil de la relación, máxime en supuestos donde el propio trabajador en forma individual lo ha ratificado, esto último por cuanto la limitación a la autonomía de la voluntad generada por el orden legal específico no implica en manera alguna su eliminación.

Por la naturaleza de la cuestión debatida y estando en cabeza del actor la prueba de los extremos que invoca, sin perjuicio de interpretar que el "thema decidendum" es una cuestión de puro derecho y que puede resolverse sin el análisis de la prueba incorporada por las partes, resulta adecuado relacionar lo acontecido en la audiencia de Vista de la Causa.

En ella se receptaron los siguientes testimonios: Francisco José González: dijo que fue compañero de Trabajo de Bustos en Renault, tiene juicio contra Renault por indemnizaciones por despido, incapacidad, seguros, preaviso y otros rubros. Que trabajó en Renault desde el 1/01/73 al mes de marzo de 2003.

Que ha sido compañero de trabajo de Bustos, no trabajaban en el mismo sector, que el dicente trabajaba en la planta de pintura y cataforesis (son dos plantas diferentes), que no hizo únicamente esas tareas, hizo mantenimiento de pintura, en la línea de producción en Forja, en tratamientos galvanoplastias, térmicos, tapicería, que nunca trabajó con el actor en el mismo sector. Que Bustos trabajaba en las líneas de producción, que siempre lo vio en la línea de producción. Que en la planta de Santa Isabel se fabricaban los motores de Kangoo, Trafic, Clio y que dichas líneas se levantaron en los primeros meses de 2002, se perdieron como 1200 puestos de trabajo, esas líneas se fueron a Brasil a la planta de Ayrton Sena, cree. Que en esos años vinieron brasileros a aprender a trabajar, a perfeccionarse, cuando se levantaron esas líneas. Que antes que se levantaran estas tres líneas había tres turnos de producción y una de mantenimiento, se trabajaban horas extras. Que las últimas vacaciones mientras trabajaba para Renault fue en el año 2001 y las tomó desde el 15/12/2001 al 15/01/2002 y ya no volvió a trabajar.

Que cuando volvió de las vacaciones no lo dejaron entrar a la fábrica como tampoco a los otros compañeros. Que en enero de 2002 cuando volvió de vacaciones lo suspendieron por baja producción, es lo que decía el Sindicato y la empresa, a la mayoría de la gente que estaba predestinada para despedirse y se los hizo firmar una suspensión en la oficina de personal. El Sindicato decía que era una suspensión pasajera y que después volvían a las tareas, que ya no fue al Ministerio de Trabajo.

Cuando firmó la suspensión el ya estaba suspendido y fue en el mes de enero de 2002 y que estuvo suspendido hasta marzo de 2003 que lo despidieron, le abonaron más o menos el 30% de lo que le correspondía y era como una bonificación, no era indemnización. Cuando entraban a firmar el papel de la suspensión lo hacían en grupos de 10 compañeros, era un papel con dos o tres hojas, firmó una sola vez y el Sindicato estaba en la oficina del personal.

Que del sindicato estaba el delegado Jaime y otros que no recuerda el apellido. Ellos le dijeron que firmaran que después regresaban a trabajar. No sabe si algunas de las personas firmantes regresaron después a trabajar. También había directivos de la empresa y dijeron que había gente del Ministerio. Las personas firmantes eran los más antiguos, eran muchos compañeros con muchos años de trabajo, algunos más de 30 años. Que el deponente pensó que no lo echarían porque tenía mucha antigüedad y un muy buen legajo, tenía mucha confianza en la empresa y confiaba porque siempre le habían cumplido.

Recordó que hubo algunas asambleas después que regresó y eran informativas y que les dijeron que después de finalizada la suspensión volverían a los puestos de trabajo. Que nunca tuvo copia de lo firmado. Que sabe que Bustos había tenido serios problemas de salud y se enteró porque familiares de la esposa de Bustos le había comentado a su esposa y le comentaron que se había sacado los dientes, que después de la suspensión quedó gente trabajando con menor antigüedad. Que lo conoció a Paz Belidoro, y tenía una antigüedad más o menos igual a de él y se enteró de que Paz tuvo problemas de tensión después del despido, que determinaron su deceso. Que las asambleas siempre las manejó la parte sindical y se realizaban en el sindicato algunas y cree que hicieron una o dos en frente de la planta, porque dentro no los dejaban, que en las que él estuvo nunca se votó nada. Que en algunas asambleas estuvieron jerárquicos de la empresa y dijeron que gente del Ministerio que él no conoce. Que él no leyó el papel que firmó porque creía que era una suspensión y después creían que volvía a trabajar y que en ese momento que firmó había gente del Sindicato, directivo y se dijo que había una gente del Ministerio. Que el tiempo que estuvo suspendido tenía obra social, cobró $ 280 por mes y el día que fue despedido cobró una bonificación, el 30% que le correspondería por despido que fue de alrededor de $ 30.000. Que el haber mensual antes de las suspensiones era de $ 1800. Que el dinero fue depositado en la cuenta donde él cobrara sus haberes. Que nunca tuvo recibo y nadie le explicó nada. Que el año de la suspensión lo pasó muy mal y contrajo varias deudas, porque no podía pagar los impuestos.

A su turno, el testigo José Pedro Sena, dijo que conoce al Sr. Ceferino Bustos de la fabrica Renault, es conocido de la fábrica, que tiene juicio en contra de la fábrica por incapacidad y por la doble indemnización. Que comenzó a trabajar el 25 de abril de 1975 y hasta el 2001 después que lo suspendieron y lo despidieron cree en febrero de 2003.

Salieron de vacaciones en las vacaciones de 2001, fines de diciembre y regresaron a mediados de enero de 2002 y ya estaban suspendiendo, lo suspendieron un año y después lo volvieron a suspender y el sindicato les dijo que después de un año volverían a comenzar nuevamente y lo despidieron. Que de las suspensiones le hicieron firmar un papel y no le daban tiempo para leerlo, por eso no sabe qué decía. Que los hacían entrar por grupos para la firma y estaban los del Sindicato, en la sala de personal de Renault y estaba el Sr. Jaime y otro delegado más que no recuerda el nombre y de la Empresa, estaba el jefe de personal, que no recuerda el nombre. Que nunca fue al Ministerio de Trabajo, que también había gente del ministerio de Trabajo en la Oficina de Personal de la fábrica, pero no sabe quién era, que siempre participó de las asambleas, que se hicieron algunas veces en la calle y otra en el sindicato, pero eran informativas y le decían de la suspensión que iban a tener, lo que iban a hacer, que les aseguraban que los de más antigüedad iban a quedar, por eso firmaron, porque ellos confiaron en eso.

Que el Secretario general del sindicato es quien dirigía las Asambleas y todo, el Sr. Dagum o algo así. Que durante la suspensión le pagaron la suma de $ 300 y cuando lo despidieron le dieron una indemnización que lo depositaron en el banco que no recuerda ahora cuál era la cantidad $ 16.000 o 20.000. Que en la fábrica de Santa Isabel, se fabricaron los motores de Clio, Kangoo, etc. y sabe que fueron levantadas esas líneas y llevadas a Brasil y como consecuencia de ello más de 1000 personas quedaron sin trabajo, que vinieron brasileros a perfeccionarse.

Que antes de firmar la suspensión el Sindicato ni nadie le dio una copia para ser leída. Que volvió de vacaciones en enero de 2002 y sabe que hubo un procedimiento preventivo de crisis. Que entre el 28 de febrero y el 1º de marzo de 2003, nadie la avisó de ninguna asamblea. Que cuando firmó la suspensión no la leyó antes. Esas personas que dicen estaban del Ministerio no se identificaron. El testigo Felipe Rosario Carreras, dijo que tiene juicio por invalidez con Renault, que también tenía juicios por diferencias de indemnización.

Que entró a Renault en el año 1979 hasta el mes de septiembre del año 2002; que fue compañero de trabajo del Sr. Bustos, trabajaban cerca y que se fue con la gente que fue despedida después de la suspensión. Dijo que en la fábrica se fabricaban motores de Kangoo, Clio, Traffic y que se dejaron de fabricar porque la producción la llevaron a Brasil. Se perdieron puestos de trabajo cuando se llevaron esas líneas de producción. Las últimas vacaciones fueron cuando quedaban suspendidas, cree que fue en enero de 2001, cuando terminó sus vacaciones no los dejaron entrar porque no había producción. Que firmó suspensiones, las mandaban por correo. En la empresa firmó el papel, en la fábrica, les llamaban por grupo, pero les dijeron que iban a volver a trabajar. Que asistió a las asambleas y allí se decía que los iban a suspender pero que iban a continuar trabajando. No les dieron ninguna documentación, que firmó porque les dijeron que era conveniente y firmaron. No se acuerda lo que firmó. Que tenía confianza en la empresa, que siempre tuvo un legajo excelente, nunca pensó que se iba a quedar sin trabajo. El Sr. Jaime era delegado de allí, cuando él firmó ese papel estaban presentes el delegado, no sabe si había alguien del Ministerio de trabajo, pero que él no conocía a nadie. A su vez, el testigo Juan Carlos Jaime, señaló que trabajó en Renault hasta el año 2004 y salió con permiso gremial al camping y después se retiró de la empresa, se fue por un retiro voluntario.

Que era delegado de Comisión Gremial hasta el último día que estuvo en la planta.

Que era delegado en la época de las suspensiones hasta los despidos, eso fue en el año 2002, que participaba en las reuniones con la Comisión Directiva del Smata y la gente de Renault, allí se discutía, por el tema de suspensiones. Se dejó de fabricar Traffic. Las suspensiones venían de los años 1998 y 1999 y venían rotando las suspensiones. Recordó que se hacían las asambleas informativas, venían acordando porcentajes de pago de las suspensiones, arrancaban con un 75%, después se bajó a un 65% después al 60%, después vino la gran suspensión de un grupo de gente por un tiempo y después se produjo el despido.

Que en la empresa se firmó un acuerdo, señalando que en esa oportunidad estaba la gente de la empresa, la gente del gremio y el Ministro de Trabajo. Lo que se firmó se resolvió en una Asamblea General por mayoría, añadiendo que en las asambleas también estaba la Abogada de Smata.

Que Renault se presentó en el procedimiento preventivo de crisis, aclarando que no hubo un despido sino un acuerdo, después de las suspensiones. Antes de las suspensiones hubo un retiro voluntario, la gente se iba con una indemnización y la fábrica le pagaba los años de antigüedad, lo que correspondía en ese momento. No se acuerda si Renault se presentó en el procedimiento preventivo con la lista del personal que iba a despedir. Reitera que en ese momento no hubo un despido, la Asamblea por mayoría aceptó la propuesta de un acuerdo, que iba del tiempo de suspensión y luego de un plazo de un año, el personal suspendido se iba, la gente votó aceptando esa propuesta. En este estado de la declaración, la actora solicita el careo del testigo con los otros testigos y la parte demandada la rechaza, a lo que el Tribunal no hace lugar, atento no verificarse supuestos de contradicción entre los dichos de este testigo y los anteriores. La parte actora repone la decisión del Tribunal y deja formulada reserva de Casación. Continuando con su relato, el testigo señaló que la Asamblea General se hizo en Smata en calle 27 de Abril, no recuerda a qué hora se hizo, pero fue antes de firmar el Acuerdo, en febrero, cree, indicando además que ya se venían haciendo Asambleas Informativas, entonces cuando no se pudo continuar, se hizo una Asamblea General, había mucha gente. Estaba la mayoría, había mucha gente.

Dijo que el personal tuvo conocimiento del Acuerdo porque fue leído en la Asamblea por el Secretario General del Gremio, se leyó punto por punto y se votó, nadie sabía quién iba a estar suspendido. Hubo mucha gente grande y joven suspendida. En el momento del Acuerdo, había gente del Ministerio de Trabajo, había una persona permanente del Ministerio de Trabajo y alguien del Smata. El personal del Ministerio de Trabajo le explicaba a cada uno de los firmantes, los términos del Acuerdo, a quien se lo pidiera, si no estaba de acuerdo le explicaba que se asesorara y que luego volviera.

Por último, el testigo Héctor Pedro Varela, dijo que tiene juicio por la doble indemnización, su abogada es la Dra. P. C.

Que ingresó a Renault en 1992 y trabajó hasta el 2003 que quedaron afuera, con otros trabajadores, les mandaron una carta documento, que supieron firmar antes una suspensión por un año, la firmaban adentro de la fábrica, en la oficina de personal, los citaban, que entraban de 10 a 20 y los recibía el Jefe Avendaño, la gente del Gremio, una persona del Ministerio y un Delegado con una mesa. Antes de eso hubo una asamblea General en el Gremio, que les leyeron un papel donde les informaban que los suspendía por un año y que después volvía a trabajar y no leyó el papel porque les habían leído antes ese papel.

Que ellos no razonaban mucho. En esa Asamblea General les leyeron las condiciones del Acuerdo. Antes de ese papel hubo varias reuniones, pero siempre salía la moción de lo que decía el gremio, el gremio les dijo que era lo mejor que había conseguido. El gremio les decía que iban a volver todos. No les dijeron que si terminaban esas suspensiones se iban a ir voluntariamente al final de ese año de suspensión.

Que durante ese año cobraban más o menos $ 380, no recuerda bien, antes cobraban más de $ 1000 y 1200 más o menos. Ese papel nadie lo tuvo en la mano, ellos confiaban en el gremio, ellos los representaban, querían volver a trabajar. Que mientras estuvo suspendido trabajó haciendo de todo, hombreando bolsas, hacía changas, cuidaba enfermos, sus hijos (5 hijos) iban al colegio. La situación económica fue bastante grave para su familia, su señora se enfermó y al poco tiempo falleció. Falleció por un problema de tensión. La obra social mermó en un 75% a los que estaban suspendidos. Antes que se trasladaran las líneas de motores hacían horas extras. Estas son en síntesis las declaraciones rendidas en la causa. A continuación describo el resto de las pruebas incorporadas a la causa: A fs. 55/75 se agregan copias simples de las actuaciones labradas ante el Ministerio de la Producción, Secretaría de Trabajo, con motivo de las suspensiones del personal de la empresa Renault Argentina S.A. tramitadas en expediente Nº 0472-42478/02, con el acuerdo sobre suspensiones y la homologación del Director de Conciliación y Arbitraje de dicha autoridad de aplicación; a fs. 76/84 se incorporan copias compulsadas de los acuerdos celebrados con motivo de la extinción del contrato de trabajo de personal de la firma Renault Argentina S.A., de fecha 27 de febrero de 2003, tramitados en expediente 0322-006019/02 con la homologación por parte del Gerente de Conciliación y Arbitraje.

A fs. 101/122 se agrega copia certificada de la Historia Clínica del actor, remitida por la Clínica Romagosa.

A fs. 125 obra agregada el acta de audiencia de exhibición por parte de la demandada del legajo médico, examen médico de ingreso, libro de sueldos del art. 52 de la LCT, legajo personal y libro de accidentes y enfermedades del trabajo; la parte actora impugna la exhibición del legajo médico, exámenes médicos de ingreso, periódicos y libros de accidentes y enfermedades de trabajo, aduciendo que no reúnen los requisitos ni exigencias de la ley 19.587 y su decreto reglamentario. A fs. 165/207, Banco Río informa y adjunta resumen de cuenta Nº 066-358950/2, por el periodo 31/01/2002 al 30/09/2004, perteneciente al accionante, sobre depósitos efectuados en dicha cuenta por la demandada. A fs. 208/231 se adjunta copia certificada de actuaciones labradas ante la Comisión Médica Nº 5, dependiente de la Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones-Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde consta las actuaciones iniciadas por el actor Sr. Ceferino Bustos, en expediente Nº 05B-L-00272/04, por incapacidad.

A fs. 232/233 se incorpora el informe de pericia técnica que describe las tareas realizadas por el actor en la Sección Ensamblaje, consistente en ajustado de puertas, ajustado de tacos de motor, colocación de vidrios y llenado de depósito de líquidos.

A fs. 256 se agrega la pericia contable.

A fs. 277/283 se acompaña informe sobre la pericia psicológica efectuada en la persona del actor, indicando que padece una incapacidad psicológica, en función del diagnóstico en ella expuesto, al que me remito brevitatis causae.

A fs. 292/294 se incorpora informe psicológico en disidencia presentado por la perito de control de la demandada, señalando en síntesis que el daño psicológico que padece el actor, al que sitúa entre el 15% y el 25% es multicausal.

A fs. 321/323 se incorpora la pericia médica efectuada al actor, donde se informa que el misma padece una incapacidad permanente del 73,21% de la total obrera, en base al diagnóstico de "Hernia de Hiato con Esofagitis crónica por reflujo grado II (10%); Gastritis crónica superficial y erosiva antral Grado II (15%); Duodenitis erosiva Grado II (15%); Hepatopatía Crónica Leve-Esteatosis hepática (15%); Lumbociatalgia por Osteoartrosis (9%); Hipoacusia Audiotraumática bilateral (4,21%); Hernioplastia derecha (de hernia recidivada) bien consolidada con dolor residual (5%)". Asimismo se encuentra reservada en secretaría la prueba informativa remitida por La Caja ART S.A., sobre examen médico de egreso, exámenes periódicos y prestaciones realizadas al actor.

II. Habiendo revelado toda la prueba documental, instrumental y testimonial, al igual que las periciales, paso ahora a considerar el primer tema objeto de pronunciamiento, esto es la disputa relativa a la validez sustancial del acuerdo, que ha sido controvertida por el accionante al denunciar que se verifica un supuesto de lesión subjetiva en los términos del art. 954 CC. En tal sentido adhiero y hago mío en este pronunciamiento, lo resuelto por esta Sala en autos "Chocobares Hugo Roberto c. Renault Argentina S.A. DDA" (sentencia número seis de fecha l4/04/05), voto del Dr. Olivio Costamagna, que la empresa demandada inició un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo a través del expediente 0322-06019/02. Luego, en el marco de ese procedimiento y atento a una asamblea realizada por el personal de la empresa, el sindicato se presentó ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y con fecha 01 de marzo de 2002 realizó una propuesta que en definitiva se plasmó en un convenio (fs. 76/84), el que fue ratificado en forma individual por el actor dando su conformidad expresa el día 13 de marzo de 2002 (fs. 55/62; 76/77 y 79). Ese convenio, en el cual participaron la máxima representación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba, los representantes del SMATA, delegados y miembros de la Comisión Interna, acompañados por abogados y apoderados de la demandada, en lo esencial estipuló que los trabajadores, en base a una asamblea previa realizada, se oponían a que la accionada despida el excedente de personal en los términos del art. 247 de la LCT, surgiendo de la asamblea una propuesta diferente consistente en suspender a todo el personal excedente hasta el día 28/2/03, abonando la empresa una contribución no remunerativa de cuatrocientos pesos mensuales para cada trabajador.

Que al vencimiento de ese plazo el contrato queda extinguido, oportunidad en que la empresa abonará una gratificación equivalente a la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT, antes de la modificación introducida por la ley 25.561, es decir un mes de sueldo por cada año de antigüedad; que al personal suspendido se le mantiene la obra social por ese período.

Que para quienes se quieran retirar antes del plazo de un año, se le abonará la gratificación antes referida más un adicional. También se establece que el personal afectado tendrá prioridad para el reingreso. La demandada acepta la solución propuesta estableciéndose en definitiva que la gratificación se abonará en tres cuotas, debiendo celebrarse acuerdos individuales con cada trabajador y que los mismos deberán ser homologados por la autoridad de aplicación. También se pauta que el día 28 de febrero de 2003 quedan extinguidos los contratos de trabajo en los términos del art. 241 con la gratificación equivalente al art. 245 de la LCT, sin la indemnización del art. 16 de la ley 25.561.

Además se conviene en que los cálculos se realizarán sobre la base de 191 horas por el jornal horario más los adicionales remunerativos. Que Renault notificará a cada trabajador conforme a lo pactado y a los fines de la suscripción de un acuerdo en los términos del art. 241 de la LCT. Dicho acuerdo es aceptado en forma expresa por el actor según constancias que tengo a la vista, en donde se dice que en función del art. 241 de la LCT las partes acuerdan la extinción del contrato de trabajo el día 28 de febrero de 2003 y que piden la homologación. Da fe de esa ratificación un funcionario de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, realizándose la misma con fecha 13 de marzo de 2002. Con fecha 08 de julio de 2002, en expediente 0472-42478/02, se dicta resolución homologatoria Nº 3434 de la totalidad de los acuerdos individuales suscriptos por los trabajadores, fundado en la justa composición de derechos e intereses (copia a fs. 62). En los acuerdos de referencia se establece claramente, conforme a la cláusula 8va. párrafo tercero, que se declara concluido el procedimiento preventivo de crisis mediante acuerdo homologado en los términos del art. 103 de la ley 24.013 (fs. 57). Conforme dicha normativa, en el inciso a) se establece que el acuerdo homologado tiene eficacia de convenio colectivo de trabajo. Luego entonces, y según lo que vengo analizando, queda claro que la empresa demandada había iniciado un procedimiento preventivo de crisis, que siguió el curso que legal y reglamentariamente correspondía y que culminó de una de las formas previstas por la normativa, la cual establece efectos jurídicos muy concretos para las diferentes formas de culminación del procedimiento preventivo. En este caso, concretamente culmina con un acuerdo que tiene los efectos de un convenio colectivo de trabajo, es decir efectos de ley (art. 8º de la LCT). De modo tal, que en principio, a mi juicio no corresponde analizar si estaban dadas las condiciones o no para el inicio del procedimiento preventivo de crisis, porque al celebrarse el acuerdo, hace presumir razonablemente que ello estaba cumplido. Debe tenerse presente que, originariamente, la demandada proponía despidos con el pago de indemnizaciones del art. 247 de la LCT.

Por lo tanto considero que no hay violación al principio de irrenunciabilidad positivizado en los arts. 12 y 15 de la LCT, porque la fundamentación que requiere la ley estaba dada por los mismos acuerdos a los que las partes habían arribado, insistiendo en que la propuesta original de la demandada era abonar la indemnización del art. 247, cuando en realidad lo acordado implicó el pago equivalente a la indemnización del art. 245 de la LCT, más un año de pago de una suma de $ 400,00 por el período de suspensión acordado.

Por tanto, ello implica un mejoramiento económico sustantivo a la propuesta primigenia, lo que no se compadece con la lesión esgrimida. Hago presente además que la indemnización agravada del art. 16 de la ley 25.561 resulta improcedente frente a la utilización del mecanismo del procedimiento preventivo de crisis previsto en el art. 1º del dec. 264/02 y 4º del dec. 265/02. En cuanto a la pretensión de las consecuencias establecidas por el art. 2 de la ley 25.323, el mismo también resulta improcedente por cuanto dicha norma requiere de una intimación fehaciente al pago de las indemnizaciones, y obviamente que se está refiriendo al caso en que tales indemnizaciones ya son debidas, y no como en el caso de marras en que las mismas están controvertidas y tienen que dirimirse forzosamente en sede judicial, máxime cuando la invocación del reclamo se efectúa a través de la demanda, lo que no puede equipararse a la intimación que exige el mencionado art. 2º de la citada ley para habilitar su procedencia.

Además, y conforme lo expresara la Sala Sexta de esta Cámara del trabajo al pronunciarse en la causa "Oviedo Sergio Eduardo c. Renault Argentina S.A. ordinario, despido", es importante resaltar, que desde la firma del acuerdo por parte de la representación gremial y la empresa Renault -primero de marzo de dos mil dos-, y la suscripción individual que del mismo efectuara el actor, con fecha trece de marzo del mismo año, han transcurrido dos semanas, plazo más que razonable para evaluar los alcances del acuerdo, requerir asesoramiento y aclaraciones necesarias y por último, aceptar la propuesta o rechazarla. Tampoco resulta un dato menor la propia confesión vertida por el actor en su demanda en cuanto a que conocía que estaba firmando un acuerdo donde manifiesta que prestaba conformidad, aún cuando al momento de suscribirlo no conociera el texto del art. 241 que allí se menciona.

Tampoco resulta intrascendente la presencia y disponibilidad con que contaba así como el entorno necesario para consultar, meditar, aceptar o rechazar lo que se le presentaba para su suscripción. Además, si aún el espíritu y ánimo del reclamante pudiere admitirse que se encontró en algún momento bajo conmoción, no considero que constituya un obstáculo que pudiere invalidar el acto administrativo que se analiza por cuanto quien firma un convenio del tipo que se ha descripto, percibe mes a mes las prestaciones que en dicho instrumento se han convenido en forma pacífica y tranquila, cobra el importe total correspondiente a la indemnización del art. 245 del RCT y casi un año y medio después pretende enervar dicho acto y sus consecuencias aludiendo a razones de necesidad, no solo que ha omitido impugnarlo en su momento, o en forma coetánea con su firma o contemporánea con los plazos que el Derecho administrativo establece cuando se pretende atacar el acto, sino que a la vez lo ha ratificado plenamente con su propio accionar. Siendo ello así, las propias cláusulas a las que ya he aludido, dan la certeza de que el actor acordó el modo de disolución, el monto de sus acreencias, el modo de pago y cancelación, cerrando de este modo cualquier posibilidad de reclamo posterior. Insisto una vez más que el actor no actuó en soledad, sino dentro de las negociaciones que en tal sentido efectuaba la entidad gremial que lo representaba. Conforme a la ley de asociaciones profesionales 23.551 se lee en forma expresa dentro de los alcances de la representación gremial circunstancias como las descriptas en los arts. 23, 31 inc. A) y c) y 40.

Sobre el tema la doctrina ha establecido que en la defensa y representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores se confiere a las asociaciones profesionales (como el caso del SMATA) , -siguiendo el precedente de las leyes 14.455 y 20.615- el poder de representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores del sector respectivo, sean o no afiliados a la organización. (conf. Néstor Corte, "El modelo sindical argentino" p. 341, Ed. Rubinzal Culzoni.).

En el caso bajo estudio, se trata de un trabajador de Renault Argentina, comprendido en una convención colectiva de trabajo, donde la empresa demandada y su personal, se encuentran dentro del régimen de convenciones colectivas, resultando aplicable a la relación, las normas del convenio firmado y las del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744, y sus modificatorias, en virtud de lo normado en dicho cuerpo legal, por lo que la situación planteada en autos encuadra sin dudas en la disposición del art. 241 de la LCT, cuando el proceso de extinción de la relación se ha materializado en el acto al que se hiciera referencia, culmina con la firma del acuerdo para dar por extinguida la relación.

Del acta de fecha primero de marzo de dos mil dos, surge la obligatoriedad de celebración de un acuerdo individual con cada trabajador dentro del plazo de quince días y su homologación por la autoridad de aplicación, circunstancias ambas que se ha acreditado debidamente como cumplidas, a lo que se suma la homologación que aparece como requisito indispensable por tratarse también de un acuerdo liberatorio en los términos del art. 15 de la LCT.

En dicho marco, la pretensión de desconocimiento de los efectos liberatorios del convenio que suscribiera atenta contra los principios de la cosa juzgada, además de pretenderse desconocer con ella los efectos liberatorios del pago efectuado con pleno asentimiento del actor, tal y como surge de las constancias informativas emanadas de Banco Río que obran en autos, en cuanto a los importes que el actor percibiera en su cuenta bancaria de cuyos extractos surgen los depósitos realizados por Renault Argentina S.A. y retirados por el actor (fs. 165/207).

En el caso de autos, no surge ni se acredita que el actor haya cuestionado oportunamente la validez de la resolución homologatoria del acuerdo y, por el contrario, como ya sostuve, con su comportamiento posterior a él, fue convalidando mes a mes los alcances del mismo. Resulta inadmisible la pretensión que articula ya que formula un ataque casi compulsivo contra su ex empleadora, pero prescinde de quienes implementaron el mismo, de aquellos que le dieron incluso la validez legal que hoy no logra revertir, ya que como dije antes, quien le ha impreso a este acuerdo el carácter de acto administrativo válido y firme, es su contenido y condiciones, producto de una negociación efectuada con la presencia de la máxima representación gremial y también convalidada con la más alta autoridad administrativa de aplicación.

Entiendo que el convenio aparece suscripto como acuerdo de voluntades, expresándose la del trabajador reclamante con discernimiento, intención y libertad, ya que no se ha acreditado ni puesto en evidencia un vicio invalidante de dichos presupuestos. Las partes, entonces, no pueden unilateralmente solicitar que se deje sin efecto, sin que medie un vicio nulificante, porque aun en el marco del orden público laboral, lo que convengan aquéllas constituye una regla a la que deben someterse como a la ley misma por razones de seguridad jurídica (conf. CNT, Sala II; T y SS 1990, p. 719).

Establecido ello, debo decir también que tampoco puede ser de recibo el reclamo si éste se lo analiza desde la perspectiva de la teoría de la lesión, conforme a lo dispuesto en el art. 954 del Código Civil que invoca el accionante. En efecto, resulta oportuno recordar el concepto que sobre dicha figura enseña la doctrina diciendo que "se trata, no de un vicio relativo a la formación del acto o negocio jurídico, es decir que afecta a cualquiera de sus elementos internos (discernimiento, intención o libertad del otorgante), y que por ende, implique un defecto de formación de la voluntad, sino de una anomalía del negocio consistente en el perjuicio patrimonial que se irroga o provoca a una de las partes de aquél, cuando, en un acto jurídico oneroso y bilateral, se obtiene de ella prestaciones desproporcionadas mediante el aprovechamiento de su "necesidad", "ligereza" o "inexperiencia" (Eduardo A. Zannoni, "Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos", p. 309, Ed. Astrea).

Surge así que hay en la lesión una connotación de naturaleza objetiva, que resulta de la desproporción de las prestaciones y otra subjetiva, pues las partes concurren a la celebración del negocio actuando la una con la finalidad de aprovechamiento o explotación de la necesidad, inexperiencia o ligereza de la restante. Trasladado esto al campo de la relación laboral y siguiendo al Dr. Luis Moisset de Espanés, parece razonable aceptar que, en principio, en "...el derecho Laboral, no se exigirá en ningún momento que el empleado pruebe su situación de inferioridad ni tampoco que demuestre el ánimo de explotación, sino que será suficiente con el quebrantamiento de los topes que efectivamente se han fijado para protegerlo.

Se exime de probar los elementos subjetivos y se atiende únicamente a elementos objetivos de fácil comprobación" (Luis Moisset de Espanés, "La Lesión y el nuevo art. 954", Ed. Zavalía, p. 162/163). Comparto en líneas generales el criterio sostenido por el distinguido jurista, pues como sostuve al introducir la cuestión, es evidente que el sistema jurídico del derecho laboral, al positivizar el principio del protectorio, lo que ha hecho es determinar presuncionalmente y a favor del trabajador, la inferioridad de éste y la posibilidad del aprovechamiento de la otra parte, constituyendo así el esencial basamento de la forma tutelar prevista en el derecho laboral. Siendo ello así, lo que debe establecerse en esta causa es la ocurrencia del elemento "objetivo", es decir si existe desproporción de las prestaciones, lo que no solo debe existir al celebrarse el acto, sino que debe subsistir al momento del reclamo.

En el caso de autos, no se observa con la claridad que requiere la normativa la desproporción a que hace referencia la parte actora, pues en definitiva percibe un monto equivalente a la situación de despido en función del art. 245 de la LCT, sumado a que durante un año, en período de suspensión, continúa percibiendo un porcentaje de su remuneración. Además, no corresponde sacar de contexto la situación objeto de análisis, pues ha sido público y notorio cual era la situación del país en términos económicos y sociales a fines del año 2001 y durante el año 2002, en donde hubo un situación extrema al producirse la renuncia presidencial por reclamos populares, con períodos de transiciones presidenciales que generaban incertidumbres que trascendían inclusive lo meramente económico y se encaramaba en lo institucional, alcanzando a toda la población por igual. La crisis llegó a extremos inimaginables, de modo tal que tanto empresas como trabajadores vivieron la afectación directa de ese proceso. Colocados entonces en ese marco, la situación imperante se hacía crítica y no resulta irrazonable que para aquellos tiempos, a los fines de dar solución a los conflictos económicos y sociales que a diario se presentaban, debiera recurrirse necesariamente a acuerdos que reflejaban desventajas para los derechos y pretensiones de las partes.

Para el trabajador, frente a la situación del desempleo con todas las consecuencias que eso trae aparejado y que debía de algún modo preservar a él mismo y a su familia. Para la empresa, porque más allá del hecho de que en la Argentina se hiciese solo el armado de los vehículos, no es menos cierto que con las disposiciones legales del denominado "corralito" y demás normas de emergencia, se produjo una necesaria retracción en las ventas en general y de los vehículos automotores en particular, es decir que estábamos ante un país sumergido en una parálisis generalizada así como un gran desconcierto.

De modo tal que, si en términos generales o "in abstracto" el acuerdo no evidencia claramente la desproporción que se denuncia, mucho menos puede aparecer írrito o carente de razonabilidad enmarcado en dicho contexto, porque lo abonado por la empresa y percibido por el trabajador, importa un monto equivalente a la indemnización simple y tal como se dijo, la indemnización doble o agravada resultaba improcedente. Entonces, no se observa, conforme a las previsiones del art. 954 del Código Civil que exista desproporción de la prestación, ni mucho menos aún que ésta sea evidente. No puedo dejar de señalar que si bien se trataba de conflictos individuales, el conjunto de trabajadores en igual situación era de más de ochocientos, por lo que por su magnitud se asemejaba a un conflicto colectivo, en donde las soluciones debían tomarse en consideración al conjunto, por lo que si bien el acuerdo requirió la aquiescencia individual, la fórmula de arreglo necesariamente debía ser general para todos por igual, circunstancia que dificulta en tales casos la obtención de mejores propuestas a título singular.

Por lo demás el hecho de que el contrato de trabajo se extinguiese en virtud del art. 241 de la LCT, y se abonase una bonificación en función del art. 245, a mi juicio no resulta necesariamente contradictorio como se pretende hacer ver, puesto que de lo que se trata es de establecer un módulo o parámetro para el pago de la bonificación teniendo en cuenta que estamos ante un procedimiento preventivo de crisis que concluye con acuerdo conforme art. 103 ley 24.013 y se trataba de acordar con más de ochocientos empleados con diferentes categorías y antigüedades, por lo que esa forma escogida aporta una manera general y más equitativa de bonificación.

Amén de ello, la propuesta que en suma cristaliza el acuerdo, fue el producto de la posición de los trabajadores reunidos en asamblea, que se lo hacen saber al gremio que los representa y éste lo plantea dentro del marco del procedimiento preventivo de crisis, llegando al acuerdo que pone fin al mismo con la intervención en la instancia de la Secretaría de Trabajo que, a través de su homologación, evidencia que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de orden formal y substancial para darle plena validez. En esta línea de pensamiento se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia expresando que, teniendo "...en cuenta que entre las partes se arribó a un acuerdo en orden a las pretensiones reclamadas y de conformidad a las exigencias normativas condicionantes de su eficacia, todo lo cual fue oportunamente corroborado por la autoridad de aplicación mediante la homologación pertinente.

El orden público laboral debe ser apreciado en concreto, so riesgo de lesionar la seguridad jurídica. En este caso el acuerdo homologado en sede administrativa presenta una triple identidad de sujetos, objeto y causa con la controversia en examen." (TSJ, Sentencia veintiséis, de fecha 11/04/06 en autos "Brandan José I. c. Perkins Argentina S.A.I.C.-demanda rec. de casación").

En consecuencia considero improcedente la pretensión del demandante por no reunir los requisitos legales del art. 954 para poder considerar la existencia de lesión, ni tampoco de vicios que impliquen la posible violación a los principios fundamentales del derecho laboral (art. 7º, 12 y concordantes de la LCT).

Tampoco proceden los reclamos por S.A.C. y Vacaciones y beneficio convencional 135 horas, porque estamos frente a un acuerdo que se extiende no más allá de sus límites, y el período transcurrido lo fue como suspensiones por un año, ante una situación extraordinaria o especial que impuso la celebración de tal convenio. En cuanto a la pretensión con sustento en el art. 212, cuarto párrafo de la LCT, solo debo decir que, si se ha dejado establecido que lo percibido por el actor a consecuencia de la extinción en la forma acordada fue el equivalente a lo que correspondía en función a lo dispuesto por el art. 245 de la citada norma, deviene improcedente el reclamo formulado por cuanto la percepción de una excluye la de la otra.

En efecto, el art. 212 cuarto párrafo, aún aceptando que regula un instituto propio de la seguridad social, no hace otra cosa que prever un modo de extinción de la relación -en este caso por imposibilidad de trabajador de prestar tareas a consecuencia de invalidez o incapacidad absoluta- poniendo a cargo del empleador el pago de una indemnización (en realidad un beneficio) equivalente al dispuesto por el art. 245 para el despido incausado. Luego entonces, si la extinción se ha operado de otro modo distinto -como ocurre en autos- pero generando idéntico pago, queda excluida la posibilidad de su nueva percepción. Sostiene al respecto Altamira Gigena que "La mayoría doctrinaria -Enrique Herrera, Miguel Sardenga, Antonio Vázquez Vialard, en la que nos enrolamos, al igual que la doctrina judicial predominante- interpreta que la indemnización prevista en el cuarto párrafo del art. 212, disolución del contrato por incapacidad del trabajador, no resulta acumulable con la indemnización del art. 245, porque se estaría reclamando dos veces una misma indemnización por extinción del vínculo, ya que tienen idéntica naturaleza jurídica (entre varias, Sala laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sent. 83 del 1/12/86, y 16 del 7/4/89) (Raúl Altamira Gigena, "Extinción del contrato de trabajo por incapacidad del trabajador", en Revista de Derecho Laboral, Extinción del contrato de trabajo-I, p. 356/357).

En esta línea de pensamiento se ha expedido recientemente la Sala Segunda de esta Cámara del Trabajo, con integración unipersonal de la Vocal Silvia Díaz, cuyos argumentos comparto, sosteniendo a modo de conclusión que "En virtud de ello, la acumulación que prescribe el mismo artículo no resulta posible respecto de indemnizaciones basadas también, en la extinción del contrato, pues tendrían el mismo fundamento reparador, la pérdida del empleo".

Los testimonios antes relacionados no hacen otra cosa que ratificar mi postura por cuanto evidencian la participación activa y cierta de la entidad gremial representante de los trabajadores y de la Secretaría de Trabajo en las distintas instancias, careciendo de relevancia lo manifestado en el sentido de que nunca les informaron de que el acuerdo contemplaba la extinción del vínculo, ello por cuanto, sea por vía del art. 247, sea por la del 241, siempre se expresó en los mentados acuerdos que a la finalización de la suspensión el vínculo quedaba extinguido, todo lo cual desvirtúa lo sostenido en tal sentido. Por lo demás, carecen de incidencia en el decisorio las pericias contable, psicológica, médica y técnica practicadas en la causa habida cuenta de los fundamentos jurídicos y legales desarrollados. En mérito a todo ello, deberá rechazarse la demanda interpuesta por el actor en todas sus partes.

En cuanto a la pretensión de imposición de costas solidaria peticionada por la demandada de conformidad a lo previsto por el art. 20 de la LCT, considero improcedente el mismo, porque en definitiva de lo que se trataba en el caso era de establecer la real validez de un acuerdo, por lo que indefectiblemente la parte actora y su letrado se colocaron en la situación de inexistencia jurídica del mismo, es decir que el acuerdo existía pero cuestionaban su validez, por lo que reclaman el todo de lo que sería un despido arbitrario.

A igual conclusión arribo al examinar las relativas al reclamo fundado en el art. 212. Las costas, se imponen al actor por cuanto no encuentro razones que permitan apartarme del principio del vencimiento objetivo, (art. 28 de la ley 7987).

A los fines de la regulación de honorarios de los letrados actuantes, el monto reclamado deberá ser adicionado desde la fecha de la interposición de la demanda, y hasta el 31 de diciembre de 2005 con un interés equivalente al 1,5% mensual y desde el 1 de enero de 2006 hasta su efectivo pago, con un interés igual a la tasa media pasiva mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c. Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c. Cor Acero S.A. y otro-Demanda-Recurso de Casación" (Sentencia del TSJ Nº 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "Farías c. Municipalidad de Córdoba-demanda-Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios proyectados desde el año 2006 y siguientes con relación a los anteriores, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A.-demanda-rec. de casación" (Sentencia del TSJ 39 de fecha 25/6/2002) a partir del año 2006 pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia.

Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. La regulación de los honorarios de los letrados actuantes, se difiere para el momento en que exista base líquida y actualizada para ello y deberá efectuarse en la forma prevista por arts. 27, 36, 39, 49 y 97 de la ley 9459.

Así voto señalando que para la resolución de la causa he analizado la totalidad de la prueba producida en la misma, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C de PC Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal resuelve: I) Rechazar la demanda incoada por Ceferino Hugo Bustos, en contra de Renault Argentina S.A., en todos sus términos y en cuanto pretendía que le abonen un total de pesos ciento treinta y seis mil setenta y uno con cuarenta centavos ($ 136.071,40) en concepto de indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, integración del mes de despido, respectivas duplicaciones conforme art. 16 de la ley 25.561, incremento art. 2º, ley 25.323, haberes caídos por el período de suspensión, S.A.C., vacaciones, beneficio convencional 135 horas, 13 días de haberes del mes de marzo de 2003 e indemnización art. 212 cuarto párrafo. II) Imponer las costas al actor (art. 28 de la ley 7987), difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados y peritos intervinientes para cuando haya base líquida y actualizada de ello, las que deberán practicarse conforme arts. 27, 36, 39, 49 y 97 de la ley 9459. III) Oportunamente cumpliméntense las leyes 8404. IV) Protocolícese y hágase saber.- Daniel H. Brain.