marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Violación, violación calificada, violación calificada por parentesco, víctima menor de edad, declaración de la víctima, violación a menor de doce años, presunciones, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Low Díaz Ramón Orlando por el Delito de Violación Agravada s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-06-21

Atento la naturaleza de los hechos investigados (violación agravada) que podemos encuadrar como "delitos ocultos o de intimidad", dónde la víctima es un menor de edad (con las dificultades propias para obtener una declaración fluida) la prueba directa resulta de escabrosa obtención, pasando a cobrar relevancia como elementos de convicción los dichos de la víctima y la prueba indiciaria. Por lo que en el caso de autos, la versión unívoca de los sucesos aportada por la menor, en cuanto a la esencia de los mismos y la permanente sindicación de autoría en la persona del imputado arrojan como resultante el pronunciamiento condenatorio. La fuerza probatoria asignada por los Sres. Jueces del juicio a los dichos de la menor, se encuentra robustecida por la prueba indiciaria, la cual, por la naturaleza del delito, deviene en preponderante con la finalidad de analizar y valorar determinadas circunstancias y antecedentes, que guardan relación directa con el hecho investigado en autos, toda vez que el cuerpo del delito se encuentra palmariamente comprobado con la pericia médica, siendo ésta una prueba directa e inmediata, a la que debemos sumar el testimonio que refiere actitudes del imputado, de neto contenido sexual, dispensadas a la declarante ya su hermana menor víctima; las declaraciones testimoniales prestadas en la instrucción y en el debate, los resultados de la pericia psiquiátrica- psicológica realizadas al imputado; los indicios detallados, al ser varios, unívocos, concordantes y directos con el hecho principal, conducen lógica y naturalmente a la conclusión adoptada, solución que en modo alguno se encuentra reñida con los principios de la sana crítica racional que rige la materia (Art. 199 del Código Procesal Penal).
Acción de lesividad, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NOGUES, JORGE ARTURO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION JACOBS, GRACIELA SUSANA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-27|2007-08-27|2007-08-27

De conformidad a lo dispuesto por el art. 32 del C.P.A, la Administración puede declarar la nulidad de sus actos por razones de ilegitimidad en sede administrativa; pero si el acto administrativo estuviese firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo podrá impedir su subsistencia y la de los efectos pendientes mediante declaración judicial de nulidad- acción de lesividad-.

En el caso, el Poder Ejecutivo a partir de una investigación practicada de oficio, detecta una serie de irregularidades en el trámite administrativo y dicta el Decreto que se impugna, declarando la nulidad de la Resolución Interna de la Dirección de Producción y Extensión Rural mediante la cual se le adjudicaron parcelas al actor, resolución que estaba firme y consentida al momento de declarar su nulidad.

Si bien el interesado, una vez que lo conoció, pudo impugnar este Decreto por Recurso de Reconsideración para agotar la vía administrativa previa, en la especie, al ordenarse en el mismo Decreto iniciar acción de lesividad, no comenzará a correr plazo alguno para impugnarlo, pues esa decisión no causa estado, al carecer de efecto definitivo respecto del derecho subjetivo del administrado, ya que al ordenar la promoción de la demanda por lesividad, la administración está reconociendo su incompetencia para declarar la nulidad en su propia sede, razón por la cual el interesado podrá ejercer su derecho de defensa cuando se le corra traslado de dicha demanda.

En consecuencia, debe rechazarse la acción contencioso administrativa articulada al carecer de habilitación la instancia judicial por no existir un acto definitivo sujeto a revisión. (Del voto del Dr. Oviedo-Por la Mayoría)
Instrumentos privados, fecha cierta, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LINKER BERNARDO c/ VALLS CAMILO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Si bien la enumeración de los supuestos mencionados en el art. 1035 del Cód. Civil no tiene carácter taxativo porque la ley no lo dice y no existe ningún asidero legal que permita sostener tal punto de vista, la apreciación de la prueba tendiente a dar fecha cierta a un instrumento privado por otros medios se debe evaluar en forma muy rigurosa.-
Prestación de servicios, relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana Juan Carlos c/ Demonte Amadeo y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-05-20

Teniendo en cuenta que según surge de lo actuado que los trabajos efectuados por el actor fueron dirigidos por el demandado, resulta de consiguiente aplicable al caso la presunción contenida en el art. 23 LCT, siguiéndose así con la doctrina judicial sentada en tal sentido por el Superior Tribunal de Justicia.

El actor legítimamente pudo considerarse trabajador integrante del plantel necesario para el desenvolvimiento de la actividad empresaria de quien lo dirigió en su cometido.
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, hechos nuevos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B; S. D. s/ inf. art. 189 bis CP-Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Para que proceda una nueva solicitud de suspensión del juicio a prueba por un hecho nuevo, este debe implicar una verdadera mutación de la plataforma fáctica que sirvió de sustento a la resolución que la denegara con anterioridad.
Posesión, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ ALICIA c/ DIAZ IRMA BASILIA s/ REIVINDICACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-29

Cuando la posesión tiene publicidad y excluye el disfrute del titular inscripto, es conocida, o debe ser conocida por el tercer adquirente y por ende, produce específicamente, efectos respecto de la protección de éste último, por la fides pública, ya que en tal supuesto, la publicidad de la posesión engendra incompatibilidad con el ejercicio de los derechos del titular inscripto, que no puede quedar ileso de la usucapión, y para protegerse contra la consumada por el poseedor, deberá probar que no conoció ni debió conocer la situación posesoria de la finca.
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez, Alicia Elena c/ S.G.P.E.R. y/o Secretaría de Salud de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-16

Surgiendo del informe médico que el tratamiento farmacológico requerido resulta necesario para preservar el estado de salud, es que debe acogerse la acción articulada. La obligación del Estado de suministrar medicamentos para el tratamiento del paciente surge claramente de la norma del artículo 42, 2do. párrafo del a Carta Magna Nacional cuando expresa "las autoridades proveerán a la protección de esos derechos", haciendo referencia al derecho a la protección de la salud; que ello se halla reconocido, implícitamente, por nuestra Constitución Provincial (artículo 15) y en forma expresa por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional -artículo 75 inciso 22-.
Administración Pública, sanciones administrativas, pena, administración de vialidad provincial, multa, competencia, competencia provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Habiéndose puesto en cuestión la legitimidad de sanciones administrativas impuestas por autoridades locales, encontrándose toda la actividad administrativa cuestionada regida por normas materialmente administrativas e, inclusive -y primordialmente- de carácter local, no puede ponerse en duda la índole local de la materia bajo análisis, máxime si se considera que se está examinando la legitimidad de actos realizados por autoridades provinciales y que, por otra parte, dichas autoridades eran competentes.
Dictamen fiscal, pena de inhabilitación, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz Brizuela, Juan Ramón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

En el marco de la audiencia del art. 293 CPPN, se debe precisar si el dictamen fiscal recurre a fórmulas genéricas, caprichosas o, por el contrario, si presentó motivos fundados para oponerse a la concesión del beneficio. Al respecto, si el fiscal general expuso que, conforme la instrucción general PGN 24/2000, el ofrecimiento de auto-inhabilitación propuesto por la defensa resultaba insuficiente para sortear la pena de inhabilitación que prevé la figura legal, además de no cumplir con el plazo mínimo de probation que estipula el art. 76 CP, cabe concluir que su argumento tenía arraigo normativo y doctrinario para no ser descalificada, ya que era una derivación lógica y razonada del derecho vigente (voto del juez Bruzzone).
Contrato de obra pública, responsabilidad del Estado, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J.J. Chediak S.A. c/ Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

A diferencia de lo que sucede en el derecho civil, en el que el caso fortuito o la fuerza mayor implican una situación jurídica en la cual, a pesar de mediar inejecución, el deudor queda exento de responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones - art. 513 del Código Civil - en el contrato de obra pública se otorga al contratista estatal, además, el derecho a ser indemnizado.
Detenido, prueba del concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: Ricardone, Sara. s/ Declaratoria de causahabientes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-08-06

Lo que resulta de las circunstancias acreditadas en autos, es que la relación matrimonial de hecho no se inició en julio de 1974, ni el causante estuvo detenido sin solución de continuidad el tiempo comprendido entre noviembre de 1974 y julio de 1976, en razón de lo cual tampoco la relación extra conyugal comenzada antes pudo quedar borrada por la separación forzada de la pareja el lapso residual que estuvo detenido el causante.

En apoyo de tal aserto debe repararse en las expresiones vertidas por los testigos que se expresaron con total conocimiento de la relación de la pareja, ya por su vinculación con el causante o por haberle prestado auxilio, quienes también confirman la relación de éste con la actora, aclarando que la fecha aproximada en que se iniciara la convivencia formal en 1972 o 1973, lo cual valorado en conjunto permite sostener sin lugar a dudas la antigüedad de la relación de la pareja con los caracteres de un matrimonio de hecho, que perduró hasta la muerte de él, como así también prueba que la detención de Outes ha sido alternada.
Pago por subrogación
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Caseros S.A c/ Elías de Herrera, María Eleonor s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-07-02

Si bien el acreedor está obligado a aceptar el pago ofrecido por un tercero, no está obligado a subrogarle en sus derechos y si quiere hacerlo lo hará, sin intervención alguna del deudor. Entre las condiciones del pago con subrogación debe ser expresa es decir, que la intención de subrogar debe ser manifiesta, evidente, sin que por ello sean menester fórmulas sacramentales. Además como se rige por la cesión de créditos, debe siempre constar por escrito y aún, por excepción en escritura pública y acta judicial si se trata de acciones litigiosas. Es condición que la subrogación expresa sea hecha con anterioridad al pago o en el momento del pago, y al estar sometida a las reglas de la cesión debe constar en instrumento público o privado con fecha cierta.
Agravantes de la pena, proporcionalidad de la pena, homicidio, arma de fuego, intimidación
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Sobre la adecuación constitucional de la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del Código Penal, no existe obstáculo para que el legislador, guiado por los principios de proporcionalidad y determinación, tome en cuenta los medios empleados no sólo para definir como delictivo un acto que, de otro modo, no lo sería, sino también para tratar de un modo más grave un hecho que ya lo era aun sin emplear ese medio. No puede sostenerse que el legislador incurre en una infracción a la prohibición de doble valoración cuando incluye entre los medios de ejecución que agravan el homicidio el empleo de violencia o intimidación con un arma de fuego, pues en principio tiene cierta discreción para agravar el hecho según el medio empleado. De ese modo, la regla de agravación es aplicable en todos los casos de delitos cometidos con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego salvo cuando el empleo de un arma de fuego está ya contemplado como constitutivo o agravante de la figura legal concretamente aplicable (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone). Cita de "Moreira, Marcelo Daniel", CNCCC 32012/2013, Sala 1, Reg. nro. 579/2018, resuelta el 24 de mayo de 2018
Hurto, prueba
Materia: PENAL
Carátula: LICALZI, MIGUEL ANGEL ANTONIO - FABRIS, JOSE EDUARDO s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-22

Las deficiencias del procedimiento que se plantean -ausencia de constatación o inventario- en modo alguno autorizan a invalidar la eficacia de las pruebas remanentes que dan apoyatura valida al juicio de reproche, no siendo en consecuencia, óbice para la acreditación del hecho al existir otros medios de prueba idónea a tal fin.
Fundamentación del recurso, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

La tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación.
Declaración autoincriminante, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La cláusula constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo veda el uso de cualquier forma de coacción o artificio tendiente a obtener declaraciones acerca de hechos que la persona no tiene el deber de exteriorizar, mas no abarca los supuestos en que la evidencia es de índole material y producto de la libre voluntad del procesado (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, deber de información, supervisión de cumplimiento de sentencia, sentencia de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Perrone y Preckel Vs. República Argentina S/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-11-17

Conforme lo establece el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el marco de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, los Estados Parte en la Convención Americana se comprometen a cumplir la decisión del Tribunal en todo caso en que sean partes, obligación que incluye el deber estatal de informar a la Corte acerca de las medidas adoptadas a los fines de dar cumplimiento a cada uno de los puntos ordenados en las Sentencias que declaran su responsabilidad internacional por violación a la Norma Convencional.
Intereses, anatocismo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Luis Miguel c/ Guido R. Lagier y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-05

En cuanto a la afirmación de que se incurre en anatocismo y superposición de intereses, porque como lo afirma la fórmula Moore "...ya tiene intereses...(y) sobre ese monto se ordena...nueva aplicación de intereses...", dicho agravio, debe rechazarse, pues la fórmula Moore no lleva intereses. Es sólo la determinación de un capital que si "hipotéticamente" se pusiera a cierta tasa de interés, esa renta debería ser igual al ingreso dejado de percibir.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, pago, crédito documentado, exhibición de comprobantes, operaciones bancarias
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Droguería Avantfar SA c/ Obra Social de la Industria del Personal del Vidrio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

2 - En ese marco, cabe considerar que la procedencia de la excepción opuesta no ha sido debidamente demostrada (CPR 377 y 549), pues la expresión "pago documentado" empleada en el CPR 544-6° implica que tal hecho extintivo de las obligaciones cambiarias -que no es posible presumir- debe acreditarse, como regla general que no halla excepción en la especie, mediante instrumentos emanados del ejecutante y con referencia precisa al crédito en ejecución. Por lo tanto, la ausencia de imputación concreta de los supuestos pagos efectuados determina la improcedencia de esta defensa (CNCom, Sala B, in re "Crosignani, Ángel c/ Moreno Crotto s/ ejecutivo", del 28/06/86; idem in re "Serfaty c/ Rotemberg", del 22/04/83; entre otros).
Amparo colectivo, Colegio Público de Abogados, riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rizzo, Jorge G. y Otro c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-07

Debe revocarse lo decidido en la anterior instancia y, teniendo en cuenta que ya se sentó criterio respecto al fondo, corresponde remitir la actuaciones al Juzgado que le sigue en orden de turno, a fin que se expida sobre la procedencia de una medida cautelar incoada por el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendiente a obtener la suspensión de la aplicación de la Ley 27.348, dado que lo que se trata de proteger son derechos colectivos por supuestos intereses, también colectivos (de los abogados de la matricula). La doctrina de la CSJN señala que la acción declarativa -al igual que el amparo- tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos dado que dicha circunstancia no solo se convertiría en un contrasentido que tornaría estéril el reclamo, sino que además viola la lógica del Código Civil y Comercial (arts. 1711, 14 y 240) con respecto a la acción preventiva (arts. 1711, 14 y 240).
Desistimiento, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Estornell S.A.C.I.F.I. c/ Malah Hnos. Soc. de Hecho s/ Cumplimiento de Contrato - Medida Precautoria (LIBRO: A001 - 044)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-21

En los supuestos de plazos comunes, cuando se desiste del proceso respecto de uno de los codemandados después de haberse corrido traslado de la demanda a los demás, el comienzo del plazo para responder debe ser fijado por el juez de la causa y notificarse posteriormente por cédula a los litigantes. No procede la declaración de rebeldía cuando se ha omitido fijar y notificar el momento inicial del plazo para responder.-
Recurso de casación penal, auto de procesamiento, derecho al recurso, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Montello, Pablo Javier s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La confirmación del procesamiento no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el art. 457 CPPN, sin que la impugnación haya satisfecho los requisitos de motivación y autosuficiencia exigidos, ya que los planteos formulados por la defensa no son más que meros juicios discrepantes del criterio adoptado por el a quo, cuyo desacierto no ha logrado acreditar.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: S., Y. E. c/ B., J. J. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-04

Lo prioritario en relación al tema de alimentos gira en torno al concepto de necesidad, el que indica que no se trata de hacer que los alimentados participen de la fortuna paterna, si existiere o que la cuota se fije en proporción directa a ésta o teniendo en cuenta la posición económica del alimentante, debiendo sí tenerse en cuenta tales parámetros como pautas a los efectos de la determinación del monto definitivo.
Materia: CIVIL
Carátula: RUMIE VITTAR CARLOS c/ ABDO SALUM Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - ESCRITURACIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-21

Un crédito, y en términos más latos, un derecho, es litigioso cuando se encuentra ya sometido a un litigio, es decir, cuando su existencia o su extensión ha sido judicialmente contestada, cuando su reconocimiento ya se halla controvertido y depende de la sentencia que pondrá fin al pleito.
Juicio abreviado, facultades del juez, graduación de la pena, medidas de seguridad curativas, calificación legal, estupefacientes, pena accesoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dï Arcangelo, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

Resulta contradictorio, y por lo tanto se torna arbitraria la decisión del magistrado que por una parte declaró la procedencia del juicio abreviado aceptando la calificación legal de tenencia de estupefacientes para consumo personal y la pena de un mes de prisión de cumplimiento en suspenso y por otra, no sustituye la mencionada pena por la medida de seguridad educativa también acordada por las partes.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dell'Orsini, Rosa María del Huerto c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Coadyuvante: Ríos, Antonia (en rebeldía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Al no haberse acreditado en el caso que el retiro del hogar conyugal fuese originado en la culpa de la actora o de ambos cónyuges, sino que, por el contrario lo actuado tanto administrativa como judicialmente es indicativo precisamente de la situación inversa, cabe concluir en la ilegitimidad de los actos administrativos que denegaron el beneficio pensionario.
Docentes, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ DE PEREA FELIZA Y OTRAS c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR, MEDIA Y TECNICA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-26

Resulta procedente el pago de haberes devengados a los accionantes en retribución a la función desempeñada en los nuevos cargos directivos en razón de la efectiva prestación de servicios que les otorga un legítimo derecho al cobro de los mismos, aún en ausencia de los instrumentos legales que legitimen su situación. (Minoría u opinión personal)