Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-19


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 21 días del mes de abril del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y del Sr. Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C., A. c/ R. P. A. y I... S.R.L. s/ SUMARIO", Expte. No. 14.376/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 (Expte. No. 1265/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 235) y autos de fs. 236, 238, 244 y 246 a fin de obtener la mayoría prevista por el art. 8 de la ley 1130, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero, Dr. Fernando Nahuelanca y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 190/199? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a conocimiento de este Tribunal el presente pleito, por apelación deducida por la parte actora, demandada y los letrados de la primera contra la sentencia definitiva nro. 062/04 del Juzgado Letrado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción (fs. 190/199, 200, 201, 202).

Sintéticamente señalo que el actor incoa demanda por el accidente sufrido con fecha 21-08-98, cuando fuera embestido en oportunidad de estar vendiendo diarios por la pick up Ford F.100 conducida por el demandado P. A. R. propiedad de la codemandada I... SRL, el Aquo hizo lugar parcialmente a la demanda. En consecuencia condenó a pagar a las codemandadas y a la citada en garantía hasta el límite de la póliza al actor la suma de $23.000 ($8.000 en concepto de daño material y $15.000 por daño moral).

A fs.214/15 luce el memorial de agravios del actor A. C. agraviándose de los montos fijados para compensar el daño material y moral sufrido, sosteniendo que el Aquo evaluó el informe del médico perito y no obstante ello evaluó excesiva la suma reclamada reduciéndola y que las secuelas laborativas están afloran a medida que pasa el tiempo, tiene dolores y limitaciones para moverse.

En igual sentido el daño moral fue subestimado, remarca que tiene 80 años y reclama una compensación que lo reconcilie con la vida y le permita tener cierta tranquilidad junto con su esposa gozando de cierta seguridad.

Sostiene sus agravios el demandado I... SRL, constituyendo la primera queja la determinación de la culpa, argumentando que fue concurrente porque la víctima cruzó repentina e imprevistamente una avenida de alto tránsito en la oscuridad a los 78 años, el Aquo realizó un análisis parcializado de la prueba sin llegar a una reconstrucción lógica del accidente, confrontando con las constancias obrantes en la causa penal "R. P. A. s/ lesiones culposas" que a fs.94 y fs. 199 se demuestra que cruzó súbita e imprevistamente, además de los testigos y la confesional que el actor quedó parado en mitad de la calle (fs.111/2 p.10). El perito mecánico rectificando su informe afirma que la velocidad con la que conducía era de 37km/h, conclusión que no ha sido impugnada, de acuerdo al art.54 de la ley 24449 el máximo permitido en ciudad es de 40km/h.

Además el Aquo hace una errada interpretación de la declaración en sede penal a fs.01 y fs.99, afirma que C. no cruzó exactamente por la esquina, no existe tampoco señalización de senda peatonal, ni tampoco se puede presumir la prioridad de paso.

Inexistencia del daño material, segundo agravio del demandado, teniendo en cuenta que no existe incapacidad laborativa jamás el Aquo debió condenar por daño material pues el mismo es inexistente, sostiene que viola los art. 1067 y art. 1068 del Código Civil. Cita doctrina que hace a sus dichos, remarcando que el actor reclamó lucro cesante sin demostrar las ganancias supuestamente frustradas de su actividad de diariero.

Exceso de valoración por daño moral, citando doctrina y jurisprudencia afirma que es excesivo.

Último y tercer agravio, la tasa de interés, peticiona la activa del Banco Nación Argentina que es la utilizada por esta Cámara de Apelaciones.

Son retrucados los respectivos memoriales de agravio por las partes a fs.228 y fs.230.

Análisis de las cuestiones:

1.- En primer término y por una cuestión de metodología abordaré el primer agravio de la parte demandada, la atribución de responsabilidad en el hecho, para luego tratar en forma conjunta los reclamos de las partes sobre los montos de condena.

En reiteradas oportunidades he seguido lo dicho por la doctrina en materia de accidentes de tránsito donde los protagonistas son un automotor y un peatón, ha mantenido un criterio basado estructuralmente en las diferencias de cuerpos o de masas una frente a la otra, la verdadera inferioridad física del ser humano ante la maquina, así como también el carácter de cosa riesgosa de los vehículos (en tal sentido Trigo Represas-Compagnucci de Caso "Accidentes de automotores", t.2, pág. 423 Ed.Hammurabi-92- cita jurisprudencia y doctrina Brebbi, Problemática jurídica de los automotores, cit.1, pág.182, Pizarro, "Responsabilidad Civil por riesgo o vicio de la cosa", pág.542).

Cuando el peatón resulta embestido por un automotor la inversión de la carga de la prueba se aplica con estrictez, no pudiendo el victimario eximirse de responsabilidad sino probando la culpa de la víctima. A la víctima de un accidente de tránsito le basta que el daño se produjo en razón el contacto con la cosa, incumbiendo al dueño o guardián que pretende eximirse de responsabilidad la demostración de los extremos que contempla el art.1113 del Código Civil. El dueño o guardián de la cosa generadora de riesgo deberá, a los efectos de eximirse de responsabilidad, acreditar la interrupción del nexo causal demostrando el hecho de un tercero por quien no deba responder. La culpa de la víctima o la configuración del caso fortuito o fuerza mayor. La exigencia de mantener el dominio sobre la cosa riesgosa de que se sirve el conductor de un vehículo, debe extenderse a la detención del rodado.

No fue imprevisto el cruce por parte de C., el propio demandado reconoce que vio al actor que se disponía a cruzar (fs. 6vta. causa penal acompañada), lo que luego hizo, excluyendo la hipótesis de la imprevisibilidad, el uso de la bocina, no resulta argumento de entidad suficiente para eximirlo de responsabilidad, porque la conducta adecuada era disminuir la velocidad, y mantener el dominio del rodado o bien detenerlo frente a la posibilidad inminente que dicha persona cruzara la calle, es más esa posibilidad era factible y previsible. No puede hablarse de dominio del automotor simplemente por haber tocado bocina, afirmando que "no dio tiempo a frenar" (fs. 6vta. causa penal) cuando debió haber adoptado una conducta diversa, previsora porque el anciano actor había exteriorizado su voluntad en sentido de cruzar la calle, al que debe respetar de una manera absoluta" (Cnac. Civ.sala H, 2000-3-07, DJ2001-2, pág.71/2).

No he de atender el argumento de la velocidad reglamentaria o no, porque el automotor es una cosa riesgosa y como tal ha de mantenerse el dominio del mismo en todo momento, evitando dañar a terceros, y como he expresado precedentemente, no se comprobó que ello se cumpliera; mucho menos la eximente excusa de la imprevisibilidad, pues si tuvo C. una conducta previa que pudo advertirla el chofer, realiza su acto (cruzar la calle) se detiene en la calle, mientras que el conductor absolutamente nada dice solo que no pudo frenar, de haber conducido con la prudencia mínima hubiera dominado el rodado, dada la secuencia descripta, se descalifica la "imprevisión". Un vehículo en movimiento crea un "consumo de seguridad social", la seguridad de los demás ocupantes de la vía pública se ve disminuida al ingresar a ella un automóvil: cuando no hay vehículos, los peatones encuentran una seguridad en grado 100, al introducirse un automotor se produce una disminución que es consumida por quien ingresa provisto de un automotor (conf. Pichón Riviere, J., citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Cod. Civ. comentado, anotado y concordado" dirigido por Belluscio-Zannoni, T.5, pág. 488). En este mismo sentido, ha decidido la Cámara Nac. Federal, sala I, Civil y Comercial que "El dueño responde porque es él quien introduce una fuente de riesgo" (LL 150-662).

Podemos entonces concluir que basta con aludir a la responsabilidad por el riesgo de la cosa; riesgo que consiste en incorporar al medio una cosa peligrosa por su naturaleza o forma de utilización (Trigo Represas "Responsabilidad por daños causados por automotores", La Plata 1977, p.38).

Estos argumentos me llevan a desestimar el primer agravio de la parte demandada.

2.- Los montos de condena, ambos recurrentes atacan en este punto la sentencia, trataré en forma conjunta los mismos. En primer término cito a modo de lineamiento general que "Toda indemnización de daño resarcible, regida ya por el derecho público o por el derecho privado, supone la existencia del daño. Si el supuesto acreedor no ha sufrido perjuicio, su pretensión de resarcimiento civil no puede prosperar pues se traduciría en un enriquecimiento sin causa" (CS LL1996-C-785 (38758S).

Al incoar demanda peticiona daño material al haber producido la lesión una incapacidad laborativa, asistiendo razón al recurrente en punto a que no acreditó ni ingresos ni pérdidas por la actividad que realizaba en el momento del hecho. No obstante la pobreza probatoria por parte del accionante, las declaraciones testimoniales de S. G. (fs.116/7) y M. P. (fs.11/8), la historia clínica agregada a fs. 37/93 de la causa penal acompañada, dan cuenta que vendía diarios y que estuvo internado desde el día del hecho 21-8-98 hasta el 28-9-98 en que se encontró "en condiciones de alta". Conforme ello existió un perjuicio económico por la incapacidad temporaria sufrida y en cuanto a la incapacidad parcial y permanente reclamada, la pericia médica es contundente, no existe. La innecesariedad de control médico periódico por la falta de secuelas tornan cierta las afirmaciones del demandado, así como la factibilidad de la realización de las mismas tareas que venía efectuando "vender diarios ya que estos son livianos" fs.138.

Son recaudos mínimos indispensables para que nazca la responsabilidad civil, que exista daño y que el mismo sustente relación de causalidad con el hecho que se invoca como su causante, también su antijuricidad y factor de atribución, y debe ser cierto (CNCiv., Sala D, LL1997-E-434, íd. LL 1997-D-752).

El daño debe tener cierta entidad, en y después del momento en que se produce según circunstancias, secuencias y consecuencias acreditadas, o por lo menos aparecer presuncionalmente confirmadas, por signos ciertos y concordantes que así permitan considerarlo. En el caso de autos, y según reseña efectuada en párrafos precedentes, la prueba ofrecida por la parte actora aunque magra, demostró un daño físico superado y un perjuicio temporal determinado y económico esto indeterminado pero probable según la actividad laboral que realizaba. Lo que brinda credibilidad respecto de su existencia su entidad en el momento que fue padecido, y con el alcance señalado, y según la doctrina "no basta la sola existencia del daño, su certeza como requisito de indemnizabilidad, sino que es menester también la acreditación de su entidad, su magnitud en los momentos -o épocas- en que éste se padece" (Zannoni: "El daño en la responsabilidad civil", págs. 50 y 57, Ed. Astrea, Bs.As., 1993). La situación generada por el suceso y sus consecuencias aparecen dimensionadas subjetivamente por quien se sintió afectado, ello no amerita la aceptación de recomposición dineraria como fuera peticionado, sino en el marco de lo probado. Por ello propongo por el daño que sufriera, una lesión física que luego de un mes de internación no dejó incapacidad readecuar lo condenado en la instancia de grado, por la lesión momentánea los gastos en que pudo haber incurrido, el menoscabo en sus ingresos siendo ello factible teniendo en cuenta la actividad que desarrolla en $3.000.

Daño moral: La jurisprudencia que cito, por compartirla, "La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados encontrándose su monto sujeto a una ponderación discrecional del juzgador" (CNCiv., Sala F, mayo 12-92 DJ 1993-1-91). Deja sentado por un lado la fijación del monto que es decisión del magistrado y por el otro, que constituye objeto de resarcimiento, la lesión en el espíritu, el sufrimiento en orden afectivo, no como pretende el actor recurrente contar con una suma de dinero que le posibilite una vida segura junto a su cónyuge. El daño moral lo constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, puesto que puede consistir en profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el equilibrio anímico de la persona. No tiene por finalidad engrosar la indemnización de los daños materiales, sino mitigar el dolor o la herida a los principios más estrechamente ligados a la dignidad de la persona física y a la plenitud del ser humano (ver en este sentido a Carlos Ghersi "Cuantificación económica - Daño moral y psicológico", pág. 125/6, Ed. Astrea-2002).

Con tales parámetros, y respecto de la valoración del monto en dinero he de advertir que en el estado actual del derecho argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva.

Ello es así, evidentemente por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero además debido a que falta todo un criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial (Bueres, A. "Código Civil ...", Tomo 3 A, pág. 182, Ed.Hammurabi-99).

Es veraz que no hay dos daños morales idénticos, por lo cual su agrupamiento resulta difícil, pero existe doctrina que sustenta la posición que algunos daños morales son parecidos y solo así se concibe que los tribunales tengan en cuenta fallos anteriores con el objetivo de armonizar decisiones entre casos análogos (Matilde Zavala de González "¿Cuánto por daño moral?", LL1998-E-1058).

No puede aspirarse a una objetivación total de los elementos de juicio para fijar el daño moral, sí que partiendo de ciertos parámetros comunes el juez deberá luego llegar a la cifra que estima justa de acuerdo a las especiales circunstancias de cada caso concreto. Siendo para ello imprescindible conocer permanentemente los montos que se están manejando por la jurisprudencia, como base del cálculo sobre la cual luego harán los ajustes particulares atendiendo a criterios subjetivos (Venturini, Beatriz "El daño moral en nuestra jurisprudencia y en el derecho comparado" LL1993-D 151 cit.), como señala el demandado recurrente.

Encuentro que el daño moral establecido por el Aquo, excede los parámetros fijados en muchos fallos de esta Cámara en su anterior composición así como esta misma Sala en forma más reciente (Sala B, Sent. 58/2002, 49/98, G., 28/98, A. P. 44/99, 81/2002; Sala A S.59/2001,16/2002, 5/99 y recientemente Sent. Def. 59/03), quedando librado al prudente arbitrio del juzgador, resulta arduo determinar un monto que compense el derecho a vivir en plenitud, "para fijar cuál es la suma de dinero que compensa el daño moral, debe atenderse a la gravedad objetiva del daño y al poder adquisitivo de ese dinero en orden a los denominados "placeres compensatorios". Nos parece que este criterio realista no se puede silenciar ni disimular, ello no inhibe que tratándose de una responsabilidad en equidad, arts. 522 y 1078 del juez deba atender a todas las circunstancias particulares del caso para ajustar o moderar la reparación, partiendo de las bases señaladas" (Jorge Mosser Iturraspe "EL valor de la vida Humana" 4ta. edición Rubinzal culzoni-2002, pág. 196 y CNCiv. Sala B 15-4-03 elDial - AA16F6). Cuando incoa demanda el actor sostiene que la lesión no le permite trabajar y le produjo un daño moral sin especificar cómo ni cuánto lo perjudicaba (fs.6), del informe pericial refiriéndose el médico a la incapacidad afirma que puede realizar la misma tarea que antes del accidente, y en lo personal considero y si recepto que puedan tener incidencia en el orden afectivo para la vida cotidiana, y una perturbación si bien nada dijo al incoar la acción. Efectuadas estas disquisiciones arribo a la conclusión que el monto condenado es excesivo y debe readecuarse, estimando prudente para tal rubro establecerlo en $5.000.

El último agravio lo constituyen los intereses. Recuerdo lo dicho en reiteradas oportunidades, la doctrina de CSJN y el STJ de nuestra provincia, mantienen el criterio que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art.622 del Código Civil queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos siempre que la decisión no lesione las garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión ("Banco S. c/ B. S.A..." y "S. ..."). En recientes fallos de este Cuerpo -Sala A- (que comparto), del cotejo de informes del Banco C. S.A. y Nación han permitido comprobar que existen factores ajenos a la realidad económica normal que inciden en la determinación de los institución bancaria local que no deben ser trasladados a quien resultó perdedor del juicio, a lo que debe agregarse que "la determinación de soluciones para la fijación de los intereses resulta esencialmente provisional, pues responde a las fluctuaciones de la economía de un país. Por ello las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por el empleo de distintos factores, varían de un modo considerable lo que puede en cualquier momento revisar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades económicas" (Ariel Barbero "Intereses monetarios", pág. 12, Ed. Astrea-2000, Dr. Julio Alexandre Sent. Def.05/2004). Por ello, la tasa que ha de aplicarse es la activa del Banco Nación Argentina.

Por imposición del art. 279 del Código ritual al haberse modificado la sentencia de grado deberán readecuarse la imposición de las costas y los honorarios de los profesionales. Conforme fue resuelta la cuestión no se ve alterado el principio objetivo de la derrota contenido en el art.68 del CPCCCh, por ello se imponen a la parte demandada vencida, respecto de los honorarios de los profesionales estos se readecuarán según lo dispuesto en los arts. 6 a 9, 19, 39, 47, 50, 61 de la ley 2200).

Las costas de la Alzada se imponen por orden causado, fundamentado esta decisión en que fueron desestimados los agravios del actor y receptados parcialmente los del demandado que modificó la sentencia exclusivamente respecto de montos de condena e intereses (Roberto G. Loutayf "Condena en costas en el proceso civil", pág. 357, Ed. Astrea-98).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por todo lo expuesto esta vocalía propone:

1.- Receptar parcialmente los agravios de la demandada y rechazar los agravios del actor.

2.- Modificar parcialmente la sentencia en punto a los montos de condena y tasa de interés, en consecuencia condenar solidariamente a P. A. R. e I... SRL a pagar a A. C. la suma de $8.000 en concepto de daño material y moral con más la tasa activa del Banco Nación Argentina desde el 21-8-98 hasta el efectivo pago.

3.- Modificar el punto 3 del fallo venido en crisis, los honorarios de los profesionales actuantes se readecuarán en el momento del acuerdo conforme las pautas arancelarias.

4.- Costas de la Alzada por el orden causado, conforme considerando respectivo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

I) Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (200 y 201) de la sentencia de fs 190/199 que hace lugar parcialmente a la demanda y condena a P. A. R. e I... SRL solidariamente a pagar a A. C. la suma de veintitrés mil pesos ($23000) en concepto de daño material y daño moral, con más los intereses a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia desde el 21 de agosto de 1998 hasta la cancelación total y definitiva, según los considerandos respectivos, hace extensiva la condena a la A. I. I. A. de S. G. S.A., quien responderá dentro de los límites señalados, impone las costas a los codemandados y regula los honorarios.

A fs 202 apela el Dr M. los honorarios por bajos. A fs 214/215 vta el actor expresa agravios, los que se dirigen a cuestionar los montos fijados para compensar el daño material y moral.

Entiende que la falta de secuelas con incidencia en su capacidad laborativa, afloran a medida que pasa el tiempo, de allí que no pueda sustentarse sólo en la pericia.

Que no es el momento de demostrar lo que asevera, pero debe ser admitido a través del elevado criterio de los jueces.

En punto al daño moral, cita jurisprudencia, para concluir que la disminución del monto indemnizatorio por daño material, no debe influir en él.

A fs 217/223 los codemandados, se agravian al no determinarse la culpa concurrente de la víctima en el accidente, a pesar que de las pruebas surge que el actor ha contribuido con su conducta a la producción del evento.

Entienden que el actor debió extremar las precauciones para realizar el cruce, dado su edad, reflejos y condiciones físicas, ya que la conducta imprevista, impidió a R. evitar el accidente. Alega que se equivoca el juez al analizar la velocidad del vehículo y si bien dice que no le parece adecuada, no lo fundamenta.

Se equivoca también, dice, al analizar la declaración de R., así como el lugar por donde C. cruza, al no existir senda peatonal. Cita jurisprudencia.

Se agravia en tanto se declara procedente el reclamo de daño material, cuando el mismo no ha sido probado, surgiendo de la pericia médica que el actor no padece incapacidad laborativa alguna.

Sostiene que no siempre que existen lesiones hay daño patrimonial. El actor no ha sufrido perjuicio material que sea susceptible de apreciación pecuniaria (art. 1068) y esa inexistencia obsta a la procedencia de la reparación o indemnización (art. 1067). Cita doctrina y jurisprudencia.

Agrega que lo decidido por el a-quo (fs 197) no tiene fundamento fáctico ni jurídico.

En cuanto al daño moral que se dispone, es motivo de agravio, en cuanto al monto, con fundamentos de esta sala y doctrina.

Solicita que al modificarse los montos como lo requiere, las costas y honorarios deben adecuarse.

Con relación a los intereses solicita se disponga la tasa activa del Banco de la Nación que ha adoptado la Cámara, y por las consideraciones y citas que efectúa.

A fs 228/229 y 230/232 vta los co-demandados y actor contestan los agravios.

II.- Por razones metodológicas, corresponde en primer lugar analizar la responsabilidad asignada al conductor para fundar la condena y reconsiderar su eventual revisión.

Cabe señalar que, en la situación es de aplicación el art. 1113 del Código Civil, por ser los daños consecuencia de la intervención de una cosa riesgosa como lo es el vehículo frente a un peatón, artículo del código por lo cual los demandados sólo pueden eximirse total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

El art. 56 de la ley de tránsito aplicable en estos actuados (la n° 13.893), prevé distintos supuestos para los peatones que circulan en zonas urbanas, y luego de determinar cuáles son los permitidos para el uso de la calzada (entendiendo como tal, según el art. 4 del mismo texto, "la parte de la vía pública destinada al tránsito de vehículos"), dispone, en lo que aquí interesa, que "en ningún caso deben ... detenerse voluntariamente en la calzada ni atravesarla corriendo. Esto último se considera infracción grave contra el tránsito y crea la presunción de su culpabilidad en los accidentes que se produzcan como consecuencia de la infracción a esta regla" (inc. "c"). Asimismo, "fuera de los casos expresamente previstos en este reglamento, le está prohibido al peatón utilizar la calzada. Si así lo hiciere, ese sólo hecho crea la presunción de su culpabilidad en los accidentes de tránsito que se produzcan como consecuencia de la infracción a esta regla" (inc. "d"). Voto del Dr Caneo en SD 47/02.

En consecuencia la venta de diarios en la vía pública y en las circunstancias que lo efectuaba el actor, "atravesar la avenida ante el llamado de un cliente constituye una infracción a las reglas de tránsito que no puede obviarse aún considerando los momentos difíciles de la economía de nuestro país y la necesidad de ganarse el sustento en la forma supra descripta. Todo lo contrario, como la ley de tránsito regula tanto el desplazamiento de los vehículos como el de los peatones y establece -como se señaló mas arriba- presunciones de culpabilidad en caso de que estos últimos desplieguen conductas en infracción a lo normado, no puede sino concluirse, atendiendo las circunstancias como se ha producido el accidente, que ha existido culpa en el mismo." (voto y sentencia aludida).

Está acreditado en la causa penal caratulada "R., R. A. s/ Lesiones culposas", Expte 8603/99 que tramita por ante el Juzgado Instrucción Nº2, y así lo dio por comprobado el magistrado (fs 101) que la materialidad fáctica del suceso (que el accidente se produjo el 21 de agosto de 1998 en la intersección de Rivadavia y Alem, a la hora siete, al ser atropellado A. C. por la camioneta Ford ..-... conducida por R.) se haya acreditada en la causa con las probanzas arrimadas a la misma, la posición asumida en la declaración antes referida por el encartado R., se ve sustentada por el testimonio de P. O. y las actuaciones policiales, crea un grado de duda razonable en cuanto a que el imputado hubiese actuado con imprudencia, negligencia o impericia, dictando el sobreseimiento.

No se pone en tela de juicio el hecho considerado por el sentenciante: que al circular por la avenida Rivadavia vio con anticipación que el actor estaba en la vereda, pues el relato del conductor es explícito en tal sentido "Que en la fecha del hecho el compareciente efectivamente conducía la camioneta mencionada que pertenece a la empresa "I... S.R.L." por Avda Rivadavia en dirección al centro. Que media cuadra de calle Alem, el dicente circulaba por el carril izquierdo mientras que por el derecho lo hacía transporte de pasajero... vio a un hombre que cruzaba la avenida en la esquina de Alem de Sur a Norte caminado lentamente, que el declarante accionó la bocina, pero esta persona no vio la camioneta ..y solamente habría observado el colectivo pues trató de seguir cruzando la calle, interponiéndose en el camino de la camioneta." Si bien el peatón distraído y aun el imprudente es un riesgo inherente al tránsito, debe computarse en su contra una conducta francamente arriesgada para atravesar una arteria.

Destaco que el cruce de la calle por el peatón requiere extremar las precauciones. Así se ha dicho que durante mucho tiempo la jurisprudencia (francesa) afirmó los derechos del peatón y se negó, a menos de imprudencia caracterizada, a reconocer la culpa de la víctima. Pero muy pronto las resoluciones que proclamaban el derecho de pasearse libremente el peatón, que afirmaban que "la vía pública esté abierta a la circulación de los peatones" como a la de los automovilistas, se fueron haciendo cada vez más raras. Se admitió que el peatón, lo mismo que el automovilista, tiene la obligación de ser prudente, de velar por su propia seguridad y por la de los restantes usuarios de la vía pública; la calzada no le pertenece; su esfera se limita a las aceras y a los paseos (Mazeaud-Tunc, Tratado de Responsabilidad, Bs. As., 1977, t.II-II, pág.51).- Dra. Elena I. Highton de Nolasco Juez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "F", a los 14 días del mes de junio de dos mil.

Conforme a nuestro derecho positivo, seguía diciendo la Dra Higthon en el voto de referencia, en que se debe juzgar el concreto caso y en que tiene valor la culpa o hecho de la víctima, cabe apreciar que el cruce de una Avenida como lo es Rivadavia y en la hora que se produce 7 de la mañana de invierno, e intempestivamente como lo relata el testigo P., quien declara que se hallaba conversando con el declarante al lado del Kiosco de Revistas, cuando alguien lo llama para comprarle un diario y esta persona cruza sin mirar., (fs 99); y a fs 7, el mismo día del hecho manifestó ante la autoridad policial que "escucha unos bocinazos y al ver hacia la Avenida Rivadavia, observa que el diariero se hallaba parado sin saber que hacer. (7 causa penal); y a la séptima posición el Sr C., contestó, al interrogársele para que jure como cierto que al ver la camioneta se detuvo en la mitad de la calzada, sí es cierto, agregando, me levantó la camioneta de atrás, me tiró al aire contra el cordón. Actitud que no sólo debe considerarse imprudente, sino arriesgada, máxime la edad del vendedor de diario, el lugar y reitero la hora en que se produce.

Sin embargo, también debe computarse que el conductor vio al vendedor tal como lo reconoce, y trató de advertir la presencia con bocinazos, por lo que no es menos cierto que debió efectuar la maniobra necesaria para evitar atropellarlo o debió haber frenado.

El informe del perito da cuenta que la camioneta circulaba a una velocidad de entre cuarenta y cincuenta km, pero al impactar no era superior a 30 km lo que no torna la misma inadecuada, máxime si se meritúa lo que dice a fs 165 al dar las explicaciones.

Corresponde en consecuencia, frente a los hechos comprobados y la posición legal que favorece a la actora, advertir que el demandado debió conducir extremando las precauciones con la finalidad de estar en condiciones de efectuar todas las maniobras necesarias para evitar accidentes. Asimismo, cabe señalar que la conducción de un vehículo en la vía pública requiere de su conductor no sólo una permanente atención y observancia de las reglas de prudencia, sino que en todo momento debe mantener el más absoluto dominio sobre aquél de forma tal que pueda detenerlo cuando lo requieran las dificultades propias del tránsito; y que es velocidad imprudente la que impide al conductor mantener el dominio del rodado, la que no se determina por el número de kilómetros de la marcha del automotor, sino cuando importa la pérdida culposa de su dominio que despoja al conductor de toda posibilidad defensiva frente a obstáculos o peligros potenciales y previsibles (Cita del fallo CNA SALA F).

No obstante, la conducta de la víctima, que emprendió el cruce de una arteria transitada, importante como lo es la Avda Rivadavia y a esa altura, intersección con la Calle Alem, no puede soslayarse.

En definitiva, cabe señalar que peatón distraído y el imprudente es un riesgo inherente al tránsito (CNEsp. Civ y Com., Sala V, 26-12-79, ED., 91-749, nº 25, C. N. Civ., Sala C, 16-9-69, LL. 138-373, íd., Sala A, 9-5-72, LL. 149-567, Reseña de fallos 29.846-S, Daray, ob. cit., p. 159 Nº 19, p. 160 Nº 25, p. 161 Nº 31 y 32, esta Sala, 21-6-76, ED. 68-434, L. 184.895, del 9-5-96 y L. 283.56, del 14-3-00, entre muchos otros), mas también que la obligación de cumplir las normas de tránsito existe no sólo para el conductor de vehículos, sino también para los peatones que cruzan la calzada (esta Sala L. 225.904, del 25-11-97), y si ambos agentes las vulneran, a ambos deben serles imputadas las consecuencias de sus actos (Boletín C. N. Esp. Civ. y Com., 2º bimestre 1987, Nº 75).

En consecuencia, encuentro que el hecho se ha producido por la conjugación de ambas culpas, hechos o actuaciones; y no habiéndose demostrado la distinta eficacia causal de las mismas con respecto al daño, evaluando la magnitud de la imprudencia de cada uno de los coparticipantes en el hecho, las atribuyó en un 50% al actor y en 50% a los demandados.

III) He de considerar los montos indemnizatorios otorgados por el sentenciante, que son motivo de agravio por el actor, por entender que deben prosperar las sumas peticionadas y el demandado por entender que no existió daño material y que el daño moral es excesivo.

Con relación al daño material, observo que el actor solicita la indemnización por este rubro con fundamento en que ha tenido una incapacidad laborativa definitiva, pero no obstante alude que el Dr S. reconoció una incapacidad de 90 días.

De la prueba incorporada y que fuera analizada por el sentenciante surge que el actor sufrió lesiones que fueron curadas y no quedando secuelas, con un tiempo de curación de 45 días, no teniendo disminución de la capacidad laborativa para vender diarios u otras tareas de acuerdo a su edad, es una persona de 80 años con una patología normal, que en ningún supuesto implica incapacidad laborativa producida por el accidente, careciendo de patología relacionada con el accidente, sólo le han quedado como secuela las cicatrices del hemitórax izquierdo (fs 137, Dr V.; y de la causa penal, informe del Dr S., fs 25, surge que el tiempo de curación es de 45 días, pudiendo reconocer incapacidad laborativa de 90 días aproximadamente.

Tales informes, que no han sido objeto de controversia, más, las partes se valen de ellos en sus agravios, me persuaden que el tiempo en que el Sr C., se vio impedido de realizar la actividad de vendedor de diarios ha de establecerse en 90 días.

No habiendo el actor aportado datos sobre la cantidad de diarios que vendía, o la suma que obtenía durante el día, y valiéndome de las prerrogativas que me otorga el art. 165 del CPCCCH, es que estimo que la indemnización debe fijarse en la suma de $3000 (tres mil pesos), pero al haber determinado la culpa del actor C. en un 50%, la suma por la que se condena a los codemandados asciende a $1.500.

En tantas veces me he expedido respecto al daño moral he mantenido, compartieno postura jurisprudencial y doctrinaria, que va de suyo que el resarcimiento en alguna medida ha de compensar las molestias, mortificaciones y vicisitudes que debió pasar el actor.

Asimismo debe tenerse presente que la reparación material es independiente del daño moral, toda vez que la reparación de uno y otro responden a principios distintos y consecuentemente, su valoración y monto indemnizatorio no guardan relación entre sí, sin dejar de señalar que es la lesión al equilibrio espiritual que la ley presume que existía con anterioridad al hecho.

Ponderando la naturaleza de los sufrimientos, objetivamente valorado porque es imposible cuantificar el sufrimiento y la angustia que el hecho le pudo ocasionar al actor, y teniendo en cuenta sus condiciones de vida, la edad, la zozobra que el hecho no cabe duda le ha provocado el monto determinado en primera instancia, me resulta excesivo, por lo que lo determinaré en $2.800 (dos mil ochocientos pesos), prosperando ante la decisión sobre la culpa, por la suma de $1.400 (mil cuatrocientos pesos).

En consecuencia la demanda debe prosperar por la suma de $2900 (dos mil novecientos pesos), resultado al que arribo al determinar la existencia de culpa concurrente entre el Sr C. y los co-demandados.

Tasa de interés: modificaré la tasa que estableciera el a-quo, pues como bien lo dice el apelante, la Cámara ha variado la misma.

Observo asimismo que el actor quien ahora pretende se mantenga la impuesta por el a-quo, solicitó la tasa de interés activa, que aplica el Banco de la Nación Argentina, no oponiéndose el demandado.

Y vengo sosteniendo que la tasa que solicita el quejoso es la que más se adapta a las circunstancias actuales.

Ya que he decidido sobre la necesidad de adaptar la tasa de interés que se venía aplicando, pues de acuerdo con la jurisprudencia de autos "Banco S. vs. B." por remisión al voto minoritario, que declaró que no existía arbitrariedad en aplicar una tasa activa y que el tópico intereses, en tanto no se lesionaran garantías constitucionales, no configuraba cuestión federal y quedaba ubicado en el espacio de la razonable discrecionalidad de los jueces de la causa (T. y S.S. 1994-565, criterio concordante con el adoptado por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Pcia en "S., C. c/ L. P. S.A." y, haciendo uso de dicha facultad "la discrecionalidad de los jueces" he de decidir la tasa a aplicar, en concordancia con la actitud tomada por mis colegas de Cámara; y a fin de adecuar a las actuales circunstancias económicas que variaron ya desde el comienzo del año 2002 con el dictado de normas de emergencia y con el propósito de compensar el potencial envilecimiento del crédito del actor, pero sin que ello signifique un enriquecimiento del mismo.

Actualmente y al haberse modificado sustancialmente el contexto macroeconómico y normativo que dio sustento, a la aplicación de la tasa activa del Banco C., que se venía aplicando, con fundamento en "S. .", y en particular luego del dictado del decreto 214/2002, que dejó de lado el régimen de convertibilidad, teniendo en cuenta el comienzo del cómputo para los créditos, es criterio de la suscripta, que el mismo debe ser modificado.

Y ello sin dejar de merituar la mora del deudor, en orden a la naturaleza de la obligación, lo que permitiría el incremento de la deuda en función de la depreciación monetaria (conf. C.N.Civ., en pleno, septiembre 9-1977, in re "L. A. S.R.L. c/ I., R. C.", El Derecho, tomo 74, página 463; La Ley, tomo 1977-D, página 1; C.N.Esp.Civ. y Com., en pleno, junio 13-1980, in re "C. Avda. S. F. .... e. A. ..../.. c/ M., E. y otras", La Ley, tomo 1980-C, página 172), lo cierto es que el art. 10° de la ley 23.928 (t.o. art. 4°, ley 25.561) veda tal posibilidad, de donde la tasa activa del Banco Nación de la República Argentina es la que a mi juicio resulta, en este momento la más equitativa.

Atento a cómo se resuelve la cuestión y por mandato del art.279, adecuaré costas y honorarios.

Las costas de ambas instancias las fijaré en iguales partes, debiendo responder cada uno por el 50% .

A fin de regular los honorarios, que difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido y demás pautas de los arts 6, 7, 9, 19, 14, 61 y 62 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Dra. Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir parcialmente los agravios de los codemandados y en consecuencia revocar la sentencia parcialmente.

2) Condenar a P. A. R. e I... SRL, solidariamente y en el término de diez días a abonara A. C. la suma de $1500 (mil quinientos pesos) en concepto de daño material y de $1400 (mil cuatrocientos pesos) en concepto de daño moral, lo que totaliza la suma de $2900 (dos mil novecientos pesos, con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde el evento dañoso hasta su cancelación.

3) Costas de ambas instancias en un 50% a cargo de cada una de las partes. Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinante, la temática sobre la tasa de interés a aplicar y la institución bancaria a tener en cuenta, quedando en discordancia sobre; 1) atribución de responsabilidad en el hecho acaecido y 2) conceptos y montos resarcitorios.

Las circunstancias apuntadas hacen que me aboque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCH, ya que resultan suficientes para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-1) En cuanto a la atribución de responsabilidad en el hecho acaecido se agravia el actor a fs. 214/215 siendo contestados los mismos por la parte demandada a fs. 228/229 vta.

He de principiar el análisis aclarando que en cuanto al tema planteado en autos, esto es, la responsabilidad objetiva de la demandada difiero totalmente con la norma que aplica el judicante en estos autos (fs. 195, pto.7mo) ya que es entendimiento jurisprudencial al cual adhiero plenamente que: "La culpa nada tiene que ver con el régimen de responsabilidad contemplado por el art.1113 del C.C., que se apoya en la teoría del riesgo, fundándose el impedimento de aquélla exclusivamente en la causa generadora del daño, por lo que ninguna circunstancia impide o disminuye el deber de resarcimiento a cargo del dueño o guardián de la cosa, quien está obligado a reparar la totalidad del daño" ."En los casos de riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad al dueño o guardián de la cosa" (SCBA, Ac 34081 S 23-7-85, "P., P. c/ T. A. S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios", AyS 1985-II-204 - JA t. 1986-II p. 456 - DJBA t. 1986-130 p. 81; Ac 37535 S 9-8-88, "C., M. E. c/ B., E. L. y otro s/ Daños y perjuicios"; AyS t. 1988-III p. 42 - DJBA t. 1988-135 p. 170). "Acaecido el daño, derivado del riesgo o vicio, el dueño o el guardián no se liberan demostrando que de su parte no hubo culpa, porque ella no interesa a este régimen de responsabilidad. Se es responsable por existir la creación del riesgo, que abastece y justifica el deber de reparar el daño (conf. SCBA, Ac 32896 S 23-9-86, "C., J. O. c/ F., J. F. s/ Daños y perjuicios"; AyS 1986-III-263).

En igual sentido se ha expedido la doctrina especializada en el tema cuando expresa que: "La prueba de la no culpa es intrascendente cuando el factor de atribución es objetiva" (Jorge Mosset Iturraspe en "Responsabilidad por Daños", T.I - Parte General- pág. 129, Edit. Rubinzal Culzoni 1998).

En lo atinente a la prueba, cuando el art. 1113 de C.C. establece que el dueño o el guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, tiene en cuenta una situación social, dejando de lado la concepción de culpa, que constituye un elemento ajeno al caso. La ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y así en principio se prescinde de toda apreciación de su conducta, desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño (conf. crit. SCBA, Ac 33743 S 14-10-86, "D. d. T., F. c/ O., M. A. s/ Daños y perjuicios").

Profundizando la presente cuestión considero que tratándose de una cosa riesgosa que tanto el dueño como su guardián responden de los perjuicios causados, para eximirse de ello debe acreditarse fehacientemente que la víctima observó un proceder que asumió las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito. Esa conducta debe, entonces, irrumpir en el nexo causal entre el hecho y el daño de una manera cabal y terminante, haciendo un aporte total o parcial que destruya, en todo o en parte, la presunción legal enunciada en el art.1113 del C.C. (conf. crit.SCBA, S 9-4-91, "G., S. c/ C., O. A. s/ Daños y perjuicios").

El hecho origen de la presente acción sucedió el día 21/08/98, aproximadamente a las 07:00 de la mañana, cuando el actor se hallaba en la intersección de la Avda. Rivadavia y Alem ejerciendo su actividad de vendedor de diarios en la vía pública, circunstancia en que fue atropellado por la pick-Up Ford F-100 dominio ...-..., propiedad de la firma I... SRL, conducida por P. A. R., causándole lesiones.

Bajo las premisas expuestas precedentemente y valorando la declaración prestada por P. A. R., conductor de la camioneta (expte. penal 8603/99 caratulado: "R., P. A. s/ Lesiones Culposas" - fs.6vta. que manifiesta expresamente que "en circunstancia de circular a bordo de la camioneta, haciéndolo a una velocidad moderada, observa a media cuadra antes de llegar a la intersección de la Avda. Rivadavia y Alem que una persona se disponía a cruzar la misma, por lo que le tocó bocina y cuando estaba por llegar a la esquina en forma imprevista este señor se cruzó y quedó parado en la arteria, no dándole tiempo a frenar la camioneta, colisionándolo con su parte delantera". Como conclusión de lo observado en el análisis de dicha prueba considero que a través de la misma cabe tener por no acreditada la culpa de la víctima, circunstancia que cobra importancia ya que de la misma se infiere la responsabilidad de la demandada conforme lo prescripto por el art. 1113, 1er. Párr. del C.C., más teniendo en cuenta que el conductor de la camioneta -codemandado y dependiente de la codemandada- reconoce haber visto al actor a media cuadra antes de embestirlo (tal como expresamente lo destaca el a -quo a fs. 194, pto.6, ap.a), de lo que se infiere que era humanamente posible determinar la conducta ejercida por el actor víctima del hecho teniendo en cuenta la actividad que realizaba el mismo -venta callejera de diarios-, no siendo determinante el sobreseimiento dispuesto por el juez penal toda vez que la decisión tomada lo fue en base a la aplicación del principio de duda razonable (expdte. penal. Fs. 101/ vta. sent. 1191/99).

A la declaración del señor R. equivale a la de una confesión extrajudicial (art. 425 del CPCCH) ya que fue formulada ante un funcionario público, teniendo en principio igual fuerza probatoria que la prestada en juicio ya que reúne los requisitos establecidos por la ley (Cám. 1era. Sala II, La Plata, DJBA, v.61, p. 281). Es que, en tales circunstancias, en principio, en nada se diferencia de la que se hace ante el juez de la causa como no sea en cuanto al lugar en que se presta y requiere para su validez los mismos elementos de capacidad, objeto y voluntad (arts. 897, 902, 913 y 917 del Código Civil; Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.V-B, pág. 132; Alsina "Tratado, 2da. Edición, v.III, p. 386, 37, c y d).

A mayor abundamiento, considero de aplicación al presente caso por lo analógico de la situación dada, la jurisprudencia que decidió que: "Aunque el automotor circulara a menor velocidad de la autorizada por las reglamentaciones del tránsito, lo real es que su conductor, pese a haber comprobado la existencia de menores jugando en la calle, ante la aparición irregular de uno de ellos, no pudo obviar la embestida, vale decir, que si no obró de tal forma es porque circulaba sin conservar el más absoluto dominio del vehículo, sin observar el máximo de atención y prudencia que las normas de tránsito imponen, lo que lo responsabilizan también de las consecuencias de lo ocurrido (art. 902, Cód. Civil) (conf. CNCiv., Sala A, 08/07/97, "P., M. E. Y otro c/ L., M. C. s/ Daños y Perjuicios", fallo citado por Dr. Hernán Daray en "Derechos de daños en accidentes de tránsito", T. 1, pág. 193, Edit. Astrea, septiembre 2001.

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas me llevan a la conclusión que deben rechazarse los agravios expresados por la parte codemandada (fs. 217/221 vta.) y confirmar la sentencia en este punto la sentencia, por los argumentos dados en el presente voto.

I.A-2) En virtud de cómo se ha decidido en el considerando precedente corresponde analizar los conceptos y montos peticionados por el actor a fs. 6 refutados por la contraria a fs. 31vta./33vta y 48vta./51 I.a-2-a) En cuanto al daño material, vale recordar que el principio que rige toda indemnización es el de la integridad y ésta se traduce en el derecho a una reparación que no tan sólo se haga cargo del daño emergente, sino que atienda a la privación que el acto ocasiona en las ventajas económicas esperadas, de acuerdo a las posibilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas (SC Buenos Aires, noviembre 18-997 - LLBA, 1998-184).

Además, el fundamento de la carga probatoria de quien alega la existencia de un perjuicio radica en que el damnificado no debe enriquecerse a expensas del responsable y la reparación debe limitarse a restablecer el equilibrio patrimonial, sin representar fuente de lucro para la víctima. Siguiendo esta línea, entiendo que es necesario calificar la certeza del daño desde el plano causal y constatar la naturaleza y entidad del interés lesionado (ver, Rev. LA LEY del 13/8/97, pág. 9, fallo 95.764, entre otros).

A la luz de dichos entendimientos estimo las siguientes circunstancias que serán pautas valorativas para determinar el monto, a saber, que la edad del actor era de 78 años al momento del accidente (edad alegada por el actor ya fs. 6 y no negada expresamente por la parte codemandada); las declaraciones testimoniales prestadas por M. S. G. (fs. 117/vta. contestación a la 4ta. a 7ma., 9na. pregunta) M. L. P. (fs. 118/vta. contestación a la 4ta., a 9na. pregunta, 1era y 2da. repregunta) que confirman los dichos del actor en cuanto a la tarea que realizaba, a quienes ayudaba a su subsistencia -esposa e hija- y los sufrimientos que soportó por el accidente padecido; que a raíz del infortunio sufrido por el actor el mismo quedó con una incapacidad que por su edad y el tipo de lesión puede llegar a los ocho (08) meses hasta después del accidente, no quedando incapacidad laborativa alguna después de ese lapso atento que su tarea consiste en vender diarios los cuales son livianos de peso (conf. pericia médica -fs. 138- pto. 3 y 4); que, asimismo, se tiene presente que la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas (DJ, 1998-1-312) implicó un daño real ocasionado a su salud consistente en lesiones en que si bien fueron tratadas y curadas adecuadamente ello no implica que no fueron sufridas por el actor atento haber tenido que soportar el drenaje pleural, la kinesiología y la antibiótico terapia, y es este daño el que debe ser indemnizado de acuerdo al art. 1069 del C.C. y al principio de reparación integral receptado en aquel cuerpo legal pues ejercida la acción común el dueño o guardián de la cosa debe responder por el daño ocasionado por el riesgo o vicio de aquella (art. 1113 del C.C.) (conf. crit.SCBA, L 33421 S 28/08/84, "E., H. A. c/ R. L. B. SACI y F. s/ Indemnización por Accidente de Trabajo", TSS, 1985, p.1331; razones por las cuales considero como justa en concepto de indemnización por daño material fijar la suma de pesos un mil ($1.000.-), fijada a la fecha del infortunio (21/08/98).

Por las merituaciones efectuadas corresponde acoger parcialmente los agravios de la parte codemandada 219vta./221vta por distintos argumentos y readecuar la sentencia venida en crisis al monto predeterminado en el considerando anterior.

I.A-2) En lo referente a la indemnización por daño moral, considero, siguiendo al Dr. Teodoro Gelber en su obra "El art. 1113 del Código Civil en los Accidentes y Enfermedades del Trabajo", Edit. Hammurabi, pág. 100 y 101, que no corresponde fijar el resarcimiento por daño moral en un porcentaje de la indemnización por los perjuicios materiales, sino en una suma prudencialmente establecida en consideración a las particulares circunstancias de cada caso, las consecuencias de orden moral, el dolor sufrido por la víctima del infortunio (conf. CNAT, Sala III 29/08/80, "B., U. c/ R. A. Q. y T. S.A.", en LT, 1980-1052). Dicho criterio ha sido el sustentado por la Corte Suprema de la Nación en autos caratulados: "O. v. F. A." (JA 1990-IV-616). Teniendo en cuenta que, de las declaraciones testimoniales precedentemente analizadas ha quedado acreditado el gran sufrimiento del actor por las consecuencias del accidente sufrido agravado por su edad y en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCCH, considero estimar como justa y proporcionada la suma de pesos cinco mil ($5.000.-) por dicho concepto. A dicho monto se le aplicarán los intereses coincidentemente fijados por mis colegas preopinantes en los lapsos y condiciones determinados para el daño material.

Por las razones invocadas corresponde acoger parcialmente los agravios de la parte codemandada (fs. 221vta./223) y readecuar la sentencia venida en crisis al monto predeterminado en el considerando anterior.

En definitiva, la presente acción prospera por la suma total de pesos seis mil ($6.000.-) en conceptos de daño material y moral con más los intereses calculados en la forma determinada precedentemente por mis colegas preopinantes I.b) En virtud de cómo se han resuelto las cuestiones, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCCh, teniendo en cuenta que el éxito obtenido por la parte codemandada lo ha sido sólo en la reducción de la indemnización establecida por el a-quo y en una interpretación jurisprudencial nueva de esta Cámara de Apelaciones en cuanto al tema de intereses lo que no cambia su naturaleza de vencido (art. 68 del CPCCH) tanto las costas de primera como de segunda instancia son impuestas a los codemandados vencidos. Los honorarios profesionales regulados en primera instancia deberán ser recalculados atento lo decidido en esta instancia y sobre los cuales deberán fijarse los correspondientes a esta instancia (art. 14 Dto. Ley Pcial 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Acoger parcialmente los agravios de la parte codemandada, readecuando el pto. 1ero del fallo a la suma de pesos seis mil ($6.000.-) en concepto de daño material y moral con más la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el 21/08/98 y hasta su efectivo pago.

2) Imponer las costas tanto de primera como de segunda instancia a los codemandados vencidos (art. 68 CPCCCh). Los honorarios profesionales regulados en primera instancia deberán ser recalculados atento lo decidido en esta instancia y sobre los cuales deberán fijarse los correspondientes a esta instancia (art. 14 Dto. Ley Pcial 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la primera y segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Al integrar el presente acuerdo en 4to.voto, advierto que de los conjuntos de mis colegas, surge cumplido el examen detallado de los puntos opuestos por las partes apelantes, los que considero para resolver. Sin perjuicio de lo expuesto, advierto que deviene pacífico con criterio mayoritario el punto relativo a la tasa de interés, que revoca la lra. Instancia respecto al Banco referente para establecerlos, con lo que carece de virtualidad un nuevo pronunciamiento.

El análisis del hecho dañoso fundante de la demanda, en razón del sufrido por el actor A. C., en el accidente de tránsito ocurrido en 22/8/98, al resultar embestido en la intersección de dos arterias de esta ciudad, Avda.Rivadavia y calle Alem, tienen en el fallo un prolijo desarrollo y análisis, integrado con conclusiones determinantes de responsabilidad del conductor embistente P. A. R. y la correlativa responsabilidad jurídica conjuntamente con la codemandada I... S.R.L., como propietaria del automotor con el que se causan los daños.

Sin considerar los contenidos de la sentencia, resulta vacío de respaldo el inicio de los agravios de la sociedad señalada, que irrumpe que no se tiene en cuenta la culpa de la víctima, cuando el fallo considerando en la exposición los hechos y factores de responsabilidad incidentes la descarta, frente a la prominente responsabilidad objetiva de R. e I... S.R.L., por los daños producidos en la persona del actor con la cosa peligrosa (art.1113 C.C.). El fallo resulta incisivo, el daño es producido con la cosa riesgosa, el automotor; en zona de circulación peligrosa como lo expresa, que el actor salió de la esquina cruzándose correctamente por la proyección de la senda peatonal a vender un diario. Rechaza por ello que pueda alegarse imprevisibilidad. Asimismo, porque además de las exigencias de conducción que se imponen en tales encrucijadas, porque R. en sede penal afirma haber visto media cuadra antes del cruce "que una persona se disponía a cruzar" (fs.6vta., causa penal). Dice entonces la sentencia, debe el conductor del rodado "poner el máximo de atención, porque C. tenía prioridad sobre el rodado para atravesar la calzada". El testigo P. O. no excusa que R. tenía la visión de C. que se disponía a cruzar. Dice primero en la causa penal que no recuerda si oyó la bocina -fs.94 causa penal-, en los presentes actuados -fs.119- que C. cruza la calle de sur a norte sin percatarse que viene la camioneta, cuando siente el ruido de la bocina y la frenada, se queda parado frente a la camioneta con los brazos en alto y es embestido y tirado hacia atrás, pero R. al margen de la bocina, debió detener por completo el rodado, para permitir el paso del peatón sin molestias. Volver a insistir entonces sobre el cruce imprevisto que el fallo considera y descarta, o que el fallo es parcializado resulta improcedente cuando de las conductas y el derecho aplicable solo queda la responsabilidad de los demandados, es mera opinión contraria que no demuestra el error o desacierto en las conclusiones del fallo (art.265 CPCCCh).

El testigo P. O., explica que C. R. se encontraba conversando con él, cuando fue llamado para la venta de un diario y que entonces C. R. cruza sin mirar. El punto deja de constituirse en presunto cargo para el actor, primero porque había sido divisado por el embistente que se disponía a cruzar, con lo que debió el máximo de atención para el dominio del vehículo, hasta frenar completamente. El caso es típico, es en tal tipo de acontecimientos donde se aprecia la caracterización de la "cosa riesgosa", dice el autor Meilij ("Accidentes de Automotores", Ed. Depalma 1991, pág.71, nº 1532), "...pues ante la total indefensión del peatón, cobra adecuada magnitud la aplicación de la teoría del riesgo creado introducido por la Reforma de 1968 en el contenido del art.1113 C.C..." y que destacan los votos de la Dras. García Blanco y Melero. Así lo ha entendido el fallo de lra.Instancia, ajustándose el Señor Juez Dr. Leonardh a la evolución conceptual en la materia introducida con la Reforma. Es oportuno recordar la oportunidad en que el Dr. Ghersi critica duramente el fallo de la C.Nac.Civ., Sala B. 25/2/91 - M., J. E. v. R., A. M. La nota a dicho fallo del Dr.Ghersi, con el título de "Accidentes de Automotores, art.l113 Código Civil, conlleva dos títulos sugestivos; "La modernidad: El auto de la sociedad civilizada contra el peatón atribulado y "El Poder Judicial: ¿Insensibilidad humana o falta de actualización jurídica? El comentario incorpora los postulados del Dr. Mosset Iturraspe ("Responsabilidad del conductor en los accidentes de tránsito", J.A.27-1975-48 y ss.) cuando expone: "...es previsible, hoy y aquí, que un peatón intente el cruce de una calle, cualquiera sea, por zonas prohibidas o que se detenga en medio de la calzada o actúe con eventual perplejidad e incoherencia de conducta, atemorizado ante la aparición de un vehículo" y a tales irregularidades los conductores deben adecuar su marcha, en cuanto a velocidad y cuidado en el manejo. Concluye este autor, que tratándose de un automotor en movimiento, cosa riesgosa como la que más, no es menester probar que existió intención o culpa del conductor y ello es así porque la atribución de responsabilidad no es a título subjetivo, de dolo o culpa, sino objetivo, sobre la base del riesgo creado.

Con todo, lejos se encuentra el caso planteado en autos de registrar una conducta del peatón tan extrema, que cruza por la senda peatonal y si el automotor venía a velocidad reducida, como finalmente se considera en autos, resulta incuestionable -aún de la ciencia física- que podía frenar. Desde la norma, el conductor debía en todo momento el dominio del vehículo, observando el máximo de atención y prudencia, el embestimiento del actor demuestra todo lo contrario. La previsibilidad era a propio cargo del conductor al aproximarse al cruce con la cosa riesgosa, viendo a la persona que vendía diarios e intentaba cruzar (arts.512 y 901 CC.).

En otro pasaje, argumenta la parte apelante sobre la prescindencia de la jurisprudencia de la senda peatonal cuando no se encuentra señalizada, pero la hipótesis no viene avalada por ningún fallo concordante. Del análisis del extractado de la Suprema Corte de Mendoza, no surge que responda a tal postulado, porque se refiere a un paso peatonal resultante de tránsito consuetudinario, del que dice el Alto Tribunal no es zona marcada. Se entiende la referencia a que no es zona "marcada" por la ley (las que resultan de la prolongación longitudinal de las aceras), al margen del señalamiento por pintado de la senda de seguridad, porque su inexistencia: "No empece a que el cruce sea considerado zona peatonal (art.49 inc.a Ley 13.893) (C.Nac.Civ., Sala E., 30/8/73, cita "Accid. de Aut.", de Alicia L. Gannio de Rognonil, pág.13, nº 37).

El primer agravio debe ser rechazado.

La cuantificación de la indemnización tiene en las connotaciones del fallo dos aspectos (fs. 197/197vta.); por las lesiones corporales y por su incidencia en la faz laboral. Las primera -dice el fallo- fueron tratadas y curadas, no quedan secuelas y el segundo aspecto cuenta la pericia médica del Dr. V.. Ellas son, que hubo una incapacidad temporal y parcial probable de hasta 8 meses. No hay pérdida de la capacidad laborativa para vender diarios ni patología cierta relacionada con el accidente, que en todo caso la capacidad o incapacidad depende de la edad, 80 años. El fallo entiende a todo evento que la reparación no depende exclusivamente de las tareas rentadas, sino que existe en el componente la reparación de la integridad física al margen del trabajo (dice télesis del art.1086 CC.), para lo que cuenta asimismo la edad de C. a la fecha del accidente, su estado civil y condición socio-económica y que la evaluación ingresa a la facultad privativa de los jueces; considera entonces excesivo el monto demandado y cuantifica el daño en la suma de $8.000, con más intereses.

La parte actora (fs.6), invocó un tiempo de curación de 90 días con una incapacidad laborativa de 90 días aproximadamente, conforme al certificado médico del médico policial en la causa penal; además, una incapacidad laborativa definitiva, al contar con 78 años de edad lo que le impide continuar como vendedor de diarios.

La crítica de la parte demandada es amplia, refiriéndose a las motivaciones del fallo -las del párrafo anterior- argumentando que es la propia sentencia la que contiene los ingredientes para la improcedencia de los reclamos, desde que no detecta incapacidad laborativa, que la prueba del daño es presupuesto esencial, por lo que carece de base para fijar una indemnización, que el actor reclamó lucro cesante sin demostrar las ganancias frustradas de su actividad de diariero, que el lucro cesante no puede presumirse.

La actora destaca que solo su fortaleza física a los 78 años le permitió vivir, pese al tremendo impacto con fracturas costales múltiples en ambos hemitórax, por lo que afirma que una indemnización de $10.000 no resulta una cifra excesiva. Considera una evidencia que la incapacidad laborativa a medida que pasa el tiempo aumenta en su cuerpo.

Las conclusiones de la pericia médica de fs. 137/139 determinan por una parte lo que el sentenciante recoge, la inexistencia de incapacidad laboral subsistente, pero asimismo reporta graves daños intermedios que desencadenan el choque del automotor en la humanidad del actor C.; politraumatismos con fracturas costales múltiples en ambos hemitórax, atelectacia pasiva basal posterior izquierda asociada a derrame pleural homolateral, hematoma en el flanco izquierdo hasta la región glútea, colocación de drenaje pleural que posteriormente se infecta, deteriorando aún más el estado general del paciente, tratado con antibioticoterapia y promedio de curación de 45 días; cicatriz de 22 cms. en hemitórax izquierdo, cicatriz a nivel 4ta. costilla y fracturas en dos costillas, que entonces la incapacidad sufrida fue temporal y parcial y que por la edad del paciente y tipo de lesión, la incapacidad puede llegar hasta los 8 meses después del accidente.

Con lo expuesto, es evidente que el sentenciante tuvo suficientes razones para considerar a la fecha del accidente, por la edad de C. y en la télesis del art.1086 CC. como señala, la producción de daños a la integridad corporal, como que además lleva en su propio seno una merma a la capacidad de ganancias, son las expresiones del Juez a fs. 197 vta., que no controvierte la demandada agraviada, aunque oponiendo que la actora no prueba el lucro cesante, con lo que no puede presumirse.

La privación de ganancias es evidente y daño cierto para quien trabajaba en la actividad de diariero, adviértanse los testimonios de M. S.G. y M. L. P. (fs.116 a 118vta.), saben que C. vendía diarios, actividad con la que mantenía a su esposa y ayudaba a una hija, después del accidente paralizó esa actividad por largo tiempo.

Es esta última la incapacidad parcial y temporaria, que el perito considera probable hasta un término de 8 meses, tiempo de aparente recepción del fallo al establecer por daño material la suma de $8.000, pero que al ser tiempo presuncional y no haberse probado los ingresos mensuales, debe estarse al tiempo resultante del informe del médico policial ya referido, que puede reconocerse una incapacidad laborativa de 90 días, por lo que resulta justa la reducción de la indemnización a la suma de $3.000 aconsejada en el primer voto.

Respecto a la indemnización del daño moral, que el actor peticionó por la suma de $20.000, sosteniendo el recurso al respecto, que el fallo otorga hasta $15.000, tras los fundamentos de fs. 198. El demandado lo considera excesivo, en función de determinada jurisprudencia que cita, cuando asimismo existe incapacidad de la total obrera.

Debe destacarse en principio la reiterada jurisprudencia de los tribunales sobre la independencia del daño moral del material, patentizada en el caso dados los daños irrogados a la integridad corporal del actor, constituyen lesión propia a padecimientos físicos, a la tranquilidad personal y a las afecciones legítimas en función del riesgo familiar. Surge por el solo hecho de la acción antijurídica -daño "in re ipsa"-, con repercusiones indudables en el medio de actuación del afectado; pero también se repara que al establecerlos, no se fije ni una suma ínfima que lo desvirtúe u otra exorbitante carente del sentido prudencial en razón de los bienes morales afectados. Se ha votado en los presentes autos por la suma de $5.000, en el ámbito de los precedentes de la Sala, monto que se ajusta a derecho en función de todos los elementos señalados.

Por el carácter indemnizatorio del juicio y su resultado corresponde la imposición de las costas a la parte demandada como se define en la primera instancia. Por otra parte, resultando modificados los montos del juicio, deben readecuarse la regulación de los honorarios, con aplicación de la Ley de Aranceles y reforma (Ley 2200/4335, arts. 6, 7, 9, y concords.), por el monto resultante con más los intereses votados en el presente acuerdo. Propongo los honorarios del Dr. F. M. en la suma de $3.000; de los Dres. O. G. A. y C. S. K., conjuntos, en la suma de $2.100; los del Dr. H. D. V. en la suma de $500 y los del perito E. J. K., en $400. En la segunda Instancia, atento el resultado de los recursos, las costas deben correr por su orden; propongo los honorarios del Dr. F. M., en la suma de $900 y a los Dres. O. G. A. y C. S. K., conjuntos, en la suma de $650.

Atento el contenido de las cuestiones tratadas, corresponde el pronunciamiento del primer voto y a los fines de las regulaciones de honorarios, reitero las propuestas.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

I. La sentencia de fs. 190/199 que hizo lugar parcialmente a le demanda y condenó a P. A. R. y a I... SRL -solidariamente- a abonar a A. C. la suma de pesos veintitrés mil, en concepto de daño material y moral con más los intereses a calcular en la etapa de ejecución de sentencia, hizo extensiva la condena a la aseguradora, impuso las costas a los codemandados vencidos, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes y ordenó integrar la tasa de justicia fue apelada por los codemandados a fs. 200 y por la actora a fs. 201. A fs. 202 el letrado apoderado de la parte actora apeló los honorarios regulados por bajos. A fs. 208 fueron concedidos los recurso; a fs. 214 expresados los agravios por la parte actora y a fs. 217/223 y vta. por la parte demandada. Finalmente, obran a fs. 228/229 vta. y 230/232 y vta. sendas contestaciones de agravios.

II.- Con carácter previo he de señalar que al expedirme sobre las cuestiones traídas en revisión, no resultará necesaria la descripción puntual del encuadre funcional de los agravios. Tal tema ya ha sido afrontado por mis colegas preopinantes y la manda del artículo 169 de la Constitución provincial no exige la repetición de la fundamentación de los recursos en cada uno de los votos.

Sí he de señalar que atendiendo a las cuestiones introducidas por las partes y a un elemental orden lógico he de comenzar el tratamiento de las cuestiones abordando lo relativo a la existencia de culpa concurrente para luego adentrarme en la cuantificación de los daños que ha sido materia de impugnación por ambas partes.

En los votos que me anteceden se ha analizado el curso del acaecimiento del hecho dañoso y sus circunstancias de modo tal que resulta innecesario volver sobre esa trama.

También, ha sido resuelta por la mayoría requerida la inexistencia de culpa concurrente en la especie. Si bien en mérito a tal resultado estoy habilitada a no expedirme sobre este aspecto de la cuestión -art. Ley 4550- he de señalar que adhiero a la postura mayoritaria.

Cuando un peatón es atropellado por un automotor, tal el caso de autos, estamos frente a un claro supuesto de responsabilidad objetiva porque el vehículo en movimiento constituye una cosa potencialmente peligrosa o generadora de riesgos. Por ello, es plenamente aplicable la presunción establecida por el artículo 1113 del Código Civil, en orden a la responsabilidad del propietario o guardián del vehículo por el riesgo creado. Al damnificado le basta probar el hecho y su contacto con la cosa, tal como se ha hecho en el sublite; y los responsables pueden excusarse total o parcialmente si acreditan que el daño se ocasionó por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Los codemandados, tal como sostiene la mayoría, no han logrado acreditar la ruptura del nexo causal como hecho extraño al riesgo de la cosa y comparto plenamente tal premisa fundante. De las pruebas arrimadas al proceso, en modo alguno resulta que lograran probar la eximente alegada que básicamente se ha fundado en la aparición súbita e imprevista del actor. En este orden de ideas es absolutamente relevante la declaración del codemandado P. A. R. en sede penal, conforme lo destaca la primer votante -por cuanto reconoce que vio al actor que se disponía a cruzar y sólo tocó bocina -fs. 6 vta causa penal agregada-. Más aún, al momento de prestar declaración a tenor del artículo 262 del C.P.P. ratifica tal extremo agregando, incluso, en relación al actor que caminaba "lentamente" y en cuanto al estado del rodado que conducía que éste tenía las cubiertas desgastadas.

Es decir, si bien tuvo tiempo suficiente para advertir la conducta distraída de la víctima optó por tocar bocina imaginando que de esa manera lo alertaría en lugar de aminorar o detener la marcha o, incluso, realizar la maniobra idónea para evitar el accidente.

Lo expuesto, excluye toda posibilidad de receptar el argumento defensivo y en función de ello corresponde el rechazo del primer agravio del actor.

2. En cuanto a los restantes agravios tanto del actor como del demandado relativos a la cuantificación de los daños previo a toda consideración y tal como vengo destacando en distintos pronunciamientos al abordar la etapa de cuantificación de los daños, sin dudas este tramo constituye "uno de los desafíos más difíciles de la tarea judicial" (Cfr. Highton, Elena; Gregorio, Carlos G. y Alvarez, Gladys en "Cuantificación de Daños Personales", Revista de Derecho Privado y Comunitario, "Derecho y Economía" nº 21, Rubinzal-Culzoni Editores).

Hecha esta aclaración, a modo de síntesis señalo que el actor ha sufrido una lesión en su integridad sicofísica como consecuencia del accidente descripta puntualmente en el voto que me antecede.

Esta lesión si bien no generó una incapacidad permanente si la determinó en forma parcial y temporaria. Ello surge tanto del informe del médico policial que actuó en el expediente penal ya referido como de la pericial médica producida en esta causa -aunque en esta última en forma presuncional-.

Ahora bien, en cuanto a los ingresos del demandado nada se ha acreditado a su respecto, no obstante ello ha de decirse que diferentes testimonios agregados a esta causa e incluso en sede penal confirman que el mismo se desempeñaba como vendedor de diarios de modo tal que es válido colegir la merma de ganancias.

Los extremos reseñados me permiten adherir a la reducción propiciada con los alcances señalados por los Dres. García Blanco y Nahuelanca.

En cuanto al monto del daño moral destaco que se ha logrado la mayoría requerida, en función de ello y en uso de la facultad concedida por la reglamentación pertinente me abstengo de votar el punto.

III.- Costas y honorarios 1. El modo en que se resuelve la cuestión determina la aplicación del artículo 279 del ritual. En relación a las costas de primera instancia ha de decirse que por aplicación del principio objetivo de la derrota corresponde mantener la imposición a los codemandados vencidos.

Las correspondientes a esta instancia se imponen en el orden causado, atendiendo al resultado de las cuestiones propuestas. 2. Los honorarios de primera instancia se fijarán de conformidad con las pautas establecidas por los artículos 6, 7, 9, 19 y 39 del decreto 2200 modificado por ley 4335. Los correspondientes a la segunda instancia en función de las pautas generales contenidas en el citado artículo 6 y las específicas del artículo 14, del ordenamiento citado. 3. La solución que se consagra determina que carezca de virtualidad jurídica el tratamiento del recurso de apelación interpuesto, a fs. 202, por el letrado patrocinante de la parte actora, Dr. F. M., contra los honorarios regulados a su favor por bajos.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por los motivos expuestos, adhiero a la fórmula decisoria propuesta por la Dra. García Blanco.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apuntadas, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar parcialmente los agravios de la demandada y rechazar los agravios del actor.

2) Modificar parcialmente la sentencia recurrida de fs. 190/199 en punto a los montos de condena y tasa de interés, en consecuencia se condena solidariamente a P. A. R. e I... SRL a pagar a A. C. la suma de OCHO MIL PESOS ($8.000) en concepto de daño material y moral con más la tasa activa del Banco Nación Argentina desde el 21-8-98 hasta el efectivo pago.

3) Declarar que carece de virtualidad jurídica el tratamiento de la apelación de honorarios de fs. 202.

4) Modificar el punto 3 del fallo venido en crisis, regulando los honorarios profesionales del Dr. F. M. en la suma de TRES MIL PESOS ($3.000); de los Dres. O. G. A. y C. S. K., conjuntamente, en la suma de DOS MIL CIEN PESOS ($2.100); los del Dr. H. D. V. en la suma de QUINIENTOS PESOS ($500) y los del perito E. J. K., en CUATROCIENTOS PESOS ($400).

5) Costas de la Alzada por el orden causado, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. F. M., en la suma de NOVECIENTOS PESOS ($900) y de los Dres. O. G. A. y C. S. K., conjuntamente, en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($650).

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) SILVIA N. ALONSO de ARIET (Juez de Cámara) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 26 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS