Derecho procesal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BELGRANO DAY SCHOOL SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Procede revocar el pronunciamiento mediante el cual el juez de grado desestimó el pedido de morigerar la medida cautelar decretada -designación de un interventor coadministrador-, dejando sin efecto la "administración diaria" que la actora detenta sobre la actividad de esa sociedad. Ello por cuanto -en el caso-, lo que se pretende no es el levantamiento de la intervención dispuesta, sino una morigeración de ella, disponiendo que la "administración diaria" de la institución educativa no siga en manos de la actora. Es que -en la especie no puede dejar de observarse que se han modificado algunas de las circunstancias que fueron ponderadas por el Tribunal para mantener el status quo cautelar entre el pronunciamiento que decretó la intervención y el aquí recurrido. En efecto, fueron confirmadas las declaraciones de prescripción de las acciones penales seguidas contra dos accionistas, habiéndose dictado sus respectivos sobreseimientos, los cuales se encuentran firmes al día de la fecha; dato éste de relevancia si se tiene en cuenta que la promoción de esas acciones como el inicial procesamiento de los imputados fueron ponderados por el magistrado de grado para decidir dictar la medida cautelar de intervención. De otro lado, tampoco puede soslayarse ni el resultado que hasta el momento han tenido las acciones de invalidez societaria (la primera rechazada con sentencia firme y la segunda también, aunque pendiente de un recurso extraordinario) ni tampoco el tiempo transcurrido desde la traba de la cautelar, (prácticamente ocho (8) años), y desde la concesión del recurso extraordinario en los autos principales -tres (3) años-, sin que a la fecha exista definición a su respecto. Debe señalarse en este punto que, cabe fijar un límite razonable para la vigencia de las medidas cautelares, pues podría presentarse una situación de desequilibrio, y si la sentencia en la acción de fondo se demorara un tiempo excesivo se permitiría que una accionante, por el simple transcurso del tiempo, obtuviera por vía del pronunciamiento cautelar un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial, debiendo entonces ponderarse no sólo la irreparabilidad del perjuicio del peticionante, sino también el del sujeto pasivo de éste, quién podría verse afectado irreversiblemente si la resolución anticipatoria fuera mantenida "sine die" (CJSN, 5/10/10, "Grupo Clarín y otros s/medidas cautelares"; Fallos: 331:941; 314:1202).

Disidencia de la Dra. Uzal:.

Procede confirmar la resolución que desestimó el pedido de la sociedad de morigerar la medida cautelar decretada, dejando sin efecto la "administración diaria" que la actora detenta sobre la actividad de esa sociedad. Ello pues, el hecho de que se haya rechazado la denuncia penal formulada contra el demandado no importa per se, que no exista actualmente verosimilitud en el derecho para mantener la cautelar objetada, habida cuenta que fueron varias las razones por las cuales se dispuso la intervención de la sociedad, fundamentalmente el conflicto habido entre los directores de ella y los administradores diarios de la institución educativa, así como el estado de incertidumbre y confusión a la que estaba sometida la entidad y la actividad del Colegio, buscándose con las medidas dispuestas, evitar perjuicios no sólo para la recurrente sino también para los terceros, esto es, los docentes, alumnos y proveedores. Por otro lado, no puede soslayarse que en ningún momento fundamenta la recurrente cual es el perjuicio que le genera que la administración diaria del Colegio siga en manos de la actora, con el contralor del interventor, cuestión que resulta dirimente para rechazar el planteo. Véase que la sola referencia al tiempo transcurrido desde el dictado de las medidas no resulta suficiente argumento, cuando dicha dilación se ha debido al trámite seguido en las actuaciones principales y a recursos que se encuentran pendientes de resolución, siendo que las partes tienen las herramientas procesales necesarias para activar la tramitación del proceso.