Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31


AUTOS Nº 76865 (3° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11115) "OLGUIN Erica Noelia C/ Ontiveros Eduardo - Daños y Perjuicios" ///En la ciudad de San Juan, a 31 días del mes de marzo de dos mil catorce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Luis Alberto Recio y como vocal el Dr. Daniel Olivares Yapur, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 337 y concedido a fs. 338, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2011 obrante a fs. 321/336 de autos.

EL DR. DANIEL OLIVARES YAPUR DIJO:

El señor Juez del Tercer Juzgado Civil a fs.321/336 en sentencia definitiva resolvió "I) Hacer lugar a la declinación de la asunción de la defensa por falta de pago de la póliza, invocada por la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros S.A. a 44/46, con costas al asegurado, Sr. Eduardo Ventura Ontivero en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.) y por las razones invocadas en los considerandos; II) Declarar que el accidente motivo de este proceso ocurrió por la culpa concurrente del Sr. Eduardo Ventura Ontivero y de la Srta. Erica Noelia Olguín, asignándole un 70% al primero y el 30% a la segunda; III) Consecuentemente, con lo resuelto en el punto I, hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar al demandado, Sr. Eduardo Ventura Ontivero, en los términos del art. 1109 del C.Civil -como conductor-, y del art. 1113 del C.Civil -como titular registral del automotor Dominio TTZ-198, a pagar a la actora las sumas indicadas en los considerandos de la presente, las que deberán ser liquidadas conforme los porcentajes de culpa atribuidos, con más los intereses en la forma allí asignada; IV) Imponer las costas al demandado vencido, conforme al principio objetivo de la derrota (art. 66 del C.P.C.) en la medida que prospera la demanda; V) Regular honorarios en los términos previstos por el art. 222 de la ley 2150 modificado por el art. 800 inc. 10 de la ley 8037, y en un todo de acuerdo a lo prescripto por su art. 793 ibidem, tomando en consideración los arts. 189, 194, 186, 190 y 192 ibidem: Por el juicio principal: a) a los Dres. Hugo Russo, Eduardo Moya Pontoriero y Aníbal Barbosa por su actuación en doble carácter representando a la actora y por dos etapas en el 16 % de la liquidación que se practique oportunamente en forma conjunta; b) al Dr. Carlos Alberto Reinoso por su actuación en carácter simple patrocinando al demandado Sr. Eduardo V. Ontivero y por una etapa -no produjo ni controló prueba- en el 3,6 %, según pauta explicitada supra; c) a la Dra. Erica E. Aguilar por su actuación en doble carácter representando a la citada en garantía, teniendo presente que resultó ganadora en la defensa de fondo opuesta, en el 16 % de la liquidación que oportunamente se practique; d) Al perito médico Dr. José González Testi le fijo sus honorarios en el 1,7 % de la liquidación que resulte oportunamente.- Contra tal resolución se alza la actora e interpone recurso de apelación a fs. 337, concediéndosele el recurso a fs. 338. Expresa agravios a fs. 339/346, los que no fueron respondidos por la contraria. La apelante hace reserva de los recursos extraordinarios de la Ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

ANTECEDENTES DEL PROCESO	Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Juez A-quo, se exponen los antecedentes del proceso. La causa se inicia con la demanda por daños y perjuicios deducida por la Srta. Erica Noelia Olguín a través de apoderados, reclamando del señor Eduardo Ventura Ontiveros la suma de Pesos treinta y cinco mil con mas sus intereses y costas. Pide la citación en garantía de la compañía "Liderar Cía General de Seguros", como aseguradora del señor Ontiveros, en los términos de la ley 17.418. Denuncia que el hecho que origina el reclamo sucedió en fecha 15 de agosto de 2004, aproximadamente a las 21,30 hs. en momento en que la actora, menor a la sazón por lo que la acción la entablan sus padres Justo Armando Olguín y Rosa Egidia Gordillo, circulaba correctamente en su bicicleta, sobre el costado derecho de la calzada, calle Libertador San Martín sentido Sur. Norte. y próximo a llegar al puente de Alto de Sierra es violentamente embestida desde atrás por el vehículo marca Peugeot 504 patente TTZ 198, conducido por el señor Eduardo V. Ontiveros, quien circulaba en igual sentido que aquella, a gran velocidad y en evidente estado de ebriedad. La menor como consecuencia del impacto fue arrastrada por el vehículo. El conductor pretendió reiniciar la marcha, pero estaba la menor enganchada en el paragolpe del automóvil Peugeot. La actora quedó bajo el auto, detrás de la rueda delantera izquierda, con severos golpes y lesiones, solo su cabeza estaba fuera de la carrocería del auto. Fue traslada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, describiendo las lesiones detectadas. Indicando el dictamen médico la necesidad de efectuar intervención quirúrgica urgente con colocación de prótesis. Sostiene que la responsabilidad del accionado deriva de la norma del art 1113 el C.C., que la impone en forma objetiva al dueño o guardián de la cosa productora del daño y a su vez el art 1109 del C. Civil impone a toda persona que por su culpa o negligencia produce un daño a otro, la reparación del mismo. En el caso, el conductor del peugeot actuó en forma negligente y en grado elevado de impericia, en exceso de velocidad y en estado de ebriedad, lo que lo transforma en responsable del hecho en los términos del art 1113 del CC. Reclama como daño emergente y en función de las lesiones recibidas la suma de Pesos quince mil y como daño moral, la suma de pesos veinte mil. Ofrece la prueba descripta a fs. 07 vta. /08.

Comparece a fs. 19/20 el señor demandado, Eduardo Ventura Ontivero con patrocinio letrado. Denuncia que al momento del accidente su vehículo Peugeot 504 Dominio TTZ 198, se encontraba asegurado en "Liderar Compañía General de Seguros" conforme Póliza N° 001482639, a quien solicita se cite en garantía. Niega todos los hechos invocados en la demanda que no sean expresamente reconocidos por su parte. Denuncia que en el día y hora indicados en la demanda, en la zona detallada, no hay buena visibilidad, era de noche y sin iluminación en la vía pública. Que la accionante venía sentada en el manubrio de la bicicleta y un joven pedaleando. Que de repente giraron a su izquierda como pretendiendo volver sobre el sentido de circulación y sin mucho margen de tiempo trató de girar para la izquierda para evitar el impacto lo que fue inútil pues los jóvenes de la bicicleta se atravesaron. Fue una maniobra imprudente de la víctima, a quien le atribuye la exclusiva culpa del accidente. Ofrece prueba. (fs. 19 vta/20).

A fs. 44 comparece la citada en garantía "Liderar Compañía general de Seguros S.A", por medio de apoderada, quien declina la citación con fundamento en la falta de pago de la prima de seguro al momento de producirse el evento dañoso. Reconoce la existencia del contrato de seguro con el accionado, sobre el vehículo denunciado, mediante Póliza 001.482.639. Que el asegurado incumplió con el pago mensual de la prima por lo que se suspendió la cobertura conforme cargas legales y convencionales. Que la suspensión es un supuesto de aplicación de la "exceptio non adimpleti contractus", por efecto del incumplimiento del asegurado en el pago de la prima, lo que provoca la cesación automática y temporaria de la garantía contratada, permaneciendo en suspenso hasta tanto se cumpla con la obligación principal que es el pago. Cita jurisprudencia, impugna la documental aportada por la accionada, ofrece prueba (fs. 46 y vta) . Subsidiariamente contesta demanda y oponen límite asegurativo para el caso en que se rechazare la declinación de defensa articulada, conforme límites y modalidades que el instrumento de seguro prevé. (Conforme Ley Nacional N° 17418). Impugna la liquidación y rubros reclamados. Respecto del daño emergente, atento la falta de responsabilidad del demandado en la producción del evento dañoso atribuyéndose la misma a la única y exclusiva culpa de la actora, sumado al hecho de no haberse cuantificado o intentado probar cual resulta ser el efectivo daño patrimonial sufrido, solicita el rechace el ítem, con costas. Igualmente respecto del daño moral reclamado, ante la falta de responsabilidad del demandado, considerando que la culpa de la menor ha sido causa eficiente del accidente, solicita su rechazo con costas. Impugnan documental y ofrecen prueba ( fs. 50 y vta). A fs. 77 se abre la causa a prueba y se ordena la producción de las ofrecidas, dictándose sentencia definitiva a fs. 321/336 contra la cual se alza la actora a través del recurso de apelación en estudio.

Los agravios expuestos por el apelante a fs. 340/346 pueden sintetizarse de la siguiente forma:

Primer Agravio: Agravia a la actora la decisión del Juez A-quo de admitir la declinación de cobertura planteada por la aseguradora Liderar Compañía General de Seguros SA., en cuanto concluye que, determinada la desvinculación de la citada en garantía, el legitimado pasivo en la presente causa es el señor Eduardo Ventura Ontiveros. Que el A-quo ha violado los derechos de la actora en su carácter de tercera siniestrada, víctima de un accidente y menoscabada su salud, última destinataria a percibir la indemnización por daños, verdadera consumidora del contrato de seguro que unió a las partes , ello conforme los principios consagrados en la normativa nacional y provincial de derechos del consumidor ( ley 24240 y mod.ley 26.361) . Su parte sostuvo que existiendo contrato de seguro vigente entre las partes, la relación contractual no se ha extinguido, solo está suspendida por falta de pago, siendo responsable el asegurador de ejecutar las diligencias necesarias para obtener el cobro de las primas. Al excluir al asegurador deja al actor sin posibilidad de dirigir su acción reparadora contra quien puede responder con solvencia. La legislación argentina recoge como principio rector el carácter social de los seguros reflejado en la obligatoriedad de la contratación de seguros contra terceros para todo conductor de vehículos. Cita jurisprudencia sobre inoponibilidad de falta de pago a la víctima cuando la aseguradora opta por mantener en suspenso el contrato aún cuando los pagos no se realizarán en tiempo. Considera aplicable el principio constitucional de reparación del daño causado a la víctima. Expresa que la extensión de concepto de consumidor ha borrado la distinción entre relaciones contractuales y extracontractuales por lo que la víctima de un accidente de tránsito no puede ser considerado un tercero atento su calidad de beneficiario del seguro de responsabilidad civil, debiendo ser considerado por imperio legal como consumidor de seguros, dado que sin ser parte del contrato, se encuentra expuesto a una relación de consumo. Y que la preeminencia normativa de la ley 24240 implica la inaplicabilidad a la reparación de la víctima de accidentes de tránsito, del art 31 de la ley de seguros. Solicita la revocación del resolutorio del aquo y se condene extensivamente a la aseguradora Liderar Compañía de Seguros Generales SA a abonar la indemnización pertinente en forma solidaria con el demandado en autos, mas los intereses y costas.

Segundo Agravio: También agravia al apelante la resolución del a-quo en cuanto determina la responsabilidad del siniestro objeto de la causa en un 70% a cargo del demandado y en un 30% a cargo de la actora. Expresa que el sentenciante no ha valorado la prueba con la objetividad necesaria y ha exagerado sin fundamento la violación de la normativa de tránsito respecto que obliga al uso de luces reglamentarias a la bicicleta de la actora. Entiende que la obligatoriedad de circular con luces traseras u ojo de gatos, prevista en el art. 7° inc "g" de ley 24965, es una norma incorporada como art. 40 bis de la ley 24449, y no se encontraba vigente al momento del accidente. La atribución de responsabilidad a la actora del 30% en la culpa del accidente no tiene asidero en ninguna norma reglamentaria, máxime si de los considerandos surge que ha considerado el sentenciante graves y concomitantes factores en la producción de aquel, como la conducción del demandado en estado de ebriedad. No se ha merituado adecuadamente el testimonio del señor Molina (fs. 93/94) quien expresa que la actora y acompañante circulaban por la vía apta, clara y con buena iluminación, conforme a lo manifestado en el sumario penal. Considera exagerada a la atribución de responsabilidad del 30% a la actora en el evento dañoso, debiendo imputarse al demandado la culpa única y total del accidente.

Tercer Agravio: Le agravia al apelante la resolución del A-quo en cuanto determina el monto valorado en concepto de daño material emergente en $ 8.000, en forma infundada, habiendo reclamado su parte $ 15.000. No ha merituado el grado y tipo de lesiones recibidas, siendo la incapacidad determinada por pericial médica en el orden del 30% incluso superior a la reclamada. Alude el sentenciante a que la pericia no indica la necesidad de intervención quirúrgica en la pierna izquierda de la víctima ni sobre secuelas o tratamientos posteriores. y no considera lo constatado radiográficamente respecto a la "consolidación viciosa de fractura de 1/3 medio inferior en tibia y peroné espiroidea de tercer fragmento en alas de mariposa". La fractura viciosa significa que nunca se le realizó una intervención quirúrgica a la actora para procurar una soldadura adecuada de los huesos comprometidos. Solicita se modifique el cuantum otorgado y se lo incremente conforme lo reclamado. También es insuficiente el monto otorgado en concepto de daño moral. Dice que el sentenciante no ha valorado las particulares condiciones de la actora, joven, humilde, radicada en el campo con pocas posibilidades de acceso a servicio de salud, conculcando por ello el acceso a una salud digna y el derecho a la propiedad e igualdad.

Cuarto Agravio: Le agravia la imposición de costas en tanto deben ser soportadas por el demandado en la medida que prospera la demanda, o sea que el reparto sería del 30% de las costas a cargo de la actora y solo el 70% a la demandada vencida. Solicita se revierta tal imposición, las que corresponden sean soportadas por la accionada vencida, independientemente de la atribución de la culpa, haciéndose extensiva a la aseguradora.

Quinto agravio: Se agravian los profesionales actuantes por la regulación efectuada por el A-quo en el punto V del resolutorio, considerando que son bajos, sin que se hayan contemplado en forma adecuada los parámetros de la ley 2150.

Corrido traslado de los agravios expresados por la apelante a la demandada y a la citada en garantía cédulas de fs. 348 y 349, no son respondidos.

TRATAMIENTO DEL RECURSO:

Respecto del primer agravio, centra el apelante su disconformidad con la decisión del A-quo que hace lugar a la declinación de cobertura articulada por la Citada en garantía "Liderar Compañía General de Seguros S.A", con fundamento en la falta de pago del asegurado de la prima mensual del seguro contratado. La citada compañía de seguros reconoce la suscripción del contrato de seguro de automotor con el accionado señor Eduardo Ventura Ontiveros, a través de la Póliza N° 001.482.639 pero alega la exclusión de cobertura por encontrarse el mismo suspendido ante la falta de pago de la prima. En este sentido tal como lo ha sostenido el sentenciante, ante la existencia reconocida por las partes del contrato de seguro, resulta ser a cargo de la aseguradora la prueba de la defensa articulada. "La doctrina y la jurisprudencia mayoritariamente coinciden en que la carga de la prueba del contrato recae sobre el asegurado o el actor que cita de garantía; en cambio, las de las eximentes (por ej. causales de pérdida de eficacia como falta de pago de la prima ) por el asegurado. Autos: Molina Fabián Y Ot. C/ Monserrat Miralplex, Teresa S/Daños Y Perjuicios - Inconstitucionalidad - - Fallo N°: 01199139 - Ubicación: S303-093 - - Expediente N°: 71449 - - Tipo de fallo: Sentencia - Mag.: KEMELMAJER DE CARLUCCI - ROMANO - MOYANO - Suprema Corte de Justicia - Sala: 1 - Circ.: 1 - Fecha: 26/09/2001.

En igual sentido ésta Sala ha sostenido "Si la aseguradora citada en garantía, apoya su defensa en la falta de pago de la prima para liberarse de las consecuencias del evento dañoso, debe acreditar dicho evento.- En cuanto a la dificultad de la prueba de un hecho negativo, falta de pago, éste puede ser demostrado mediante registraciones contables llevadas con arreglo a derecho; si ellas no existen es por causas imputables a la aseguradora, sobre quien debe recaer las derivaciones de su obrar.- Es decir, que si se ha admitido la existencia del seguro, aunque negada la vigencia de su cobertura, incumbe a la citada en garantía la demostración de los supuestos de hecho en los que fundamenta su defensa" (Prot. de Autos, tº II - fº 311/313 - 2001).- AUTOS Nº 63226 (4º JUZ. CIVIL) (8409 SALA III) "OLAYA RAMON ALFREDO C/MORILLA PATRICIO ALDO Y OTRA-DAÑOS Y PERJUICIOS" PROT. DE AUTOS Tº III Fº 545/547 AÑO 2006-2-11-06.

Precisamente, en la especie , la aseguradora ha producido prueba suficiente en cuanto a la falta de cumplimiento por parte del asegurado, demandado en autos, del pago de la prima mensual correspondiente al contrato de seguro Póliza N° 001 482.639, tal como lo ha considerado el Juez A-quo en la resolución recurrida. Particularmente surge de la prueba pericial llevada a cabo en extraña jurisdicción, agregada a fs. 129/130, que el asegurado se encontraba en mora al momento del evento dañoso, en tanto el pago de las primas mensuales correspondientes a los meses de abril a agosto de 2004, fueron registrados en fecha 31 de agosto de 2004 (fs. 130), de donde resulta que al momento del accidente, 15 de agosto de 2004, la cobertura se encontraba suspendida por falta de pago, de conformidad a las previsiones de las cláusulas 25 y 33 del Contrato de seguro suscripto con el demandado. (fs. 37/43 de autos).

La falta de pago de la prima suspende la garantía temporariamente hasta el día en que se coloca nuevamente en condiciones normales en cuanto al pago de la prima adeudada; ella "funciona como sanción especialísima por la mora del asegurado y tiene los efectos de una caducidad temporaria"(conf. SC Mendoza, Sala I, "Maradona J. c. García Baigorria", 27/12/1993, JA, 1995I-639, LA LEY, 1994E, 588, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci).

De los términos de la pericia contable producida por la aseguradora y agregada a fs. 129/130 resulta que el experto al practicar su informe pericial ha tenido a la vista los instrumentos que acreditan los datos consignados habiendo individualizado cada uno de los asientos de pago obrantes en la empresa, por lo que, aún cuando el actor en su oportunidad impugnó la pericia contable, tal como lo entendió el señor Juez A-quo la impugnación resulta ser una mera disconformidad por parte del accionante con los datos informados, un disenso sin sustento real y sin que haya aportado a su vez elemento de prueba alguno que acredite la obligación de la aseguradora de efectuar el cobro de las primas en el domicilio del asegurado, tal como lo invocara en su oportunidad.

Por lo que solo cabe concluir en base a los extremos acreditados en la causa, que resulta ajustada a derecho la conclusión del A.quo en cuanto a la mora del asegurado en el pago de las primas al momento del accidente y por ello ajustada a derecho su decisión de aceptar la declinación de la defensa por parte de la citada en garantía por falta de pago de las primas convenida, encontrándose suspendida por tal motivo la cobertura.

Si bien el apelante sostiene que la aseguradora al optar por mantener el contrato cobrando las primas aún fuera de tiempo, no puede oponer a la víctima la exclusión de la cobertura, lo cierto es que a la fecha del siniestro se encontraba suspendida la garantía, sin que pueda otorgársele carácter retroactivo a los pagos efectuados después del vencimiento de la prima. "Aunque la demandada hubiere reiniciado el pago de las cuotas, porque lo que aquí interesa, es subrayar la inexistencia de cobertura a la fecha en que se produjo el siniestro, hecho que determina -en consecuencia- que se deba absolver a la aseguradora citada en garantía, de acuerdo con los términos convenidos en la póliza emitida a favor de la demandada. Ello responde a que los pagos posteriores imputados al seguro no afectan el período durante el cual la póliza estuvo suspendida por su defecto, toda vez que si bien surten la rehabilitación del contrato, no alcanzan para hacer revivir los efectos ya producidos, es decir, la falta de cobertura contractual durante el tiempo en que se produjo el siniestro (conf. Sala i, causa n° 42.184/95, del 27/05/99, y sus citas). Auto: ZURICH ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. c/ LO PRIMO S.A. s/incumplimiento de contrato. - Sala: Sala 3. - Mag.: Dr. Ricardo Gustavo Recondo - Dr. Guillermo Alberto Antelo. - Tipo de Sentencia: DEFINITIVA. - Nro. Causa: Causa N°: 3.887/00. - Fecha: 08/09/2005 - Nro. Exp. : 3.887/00.

Esta Sala ha dicho "La mora en el pago de la prima da comienzo a un plazo donde se suspenden los efectos del contrato; el pago tardío rehabilita los efectos contractuales para los siniestros que se produzcan con posterioridad.- Al respecto se ha expresado que, la suspensión de cobertura del siniestro por falta de pago de la prima cesa a partir del momento en que el asegurado de cumplimiento a sus deberes, pero aunque la póliza comienza nuevamente a cubrir los riesgos, lo hace sólo hacia el futuro, ya que bien se reconoce el pago el efecto rehabilitante se produce ex-nunc, sin que la percepción de la prima pueda considerarse como una conducta que signifique una purga de la mora y de la suspensión ya operada (E.D.,tº 100-536).- AUTOS Nº 51721 DEL 8º JUZ. CIVIL (SALA III 6477) "RIVERO ROQUE Y OTROS BRIZUELA ROBERTO MARIO Y OTROS -DAÑOS Y PERJUICIOS".- PROT. DE AUTOS Tº III Fº 479/481 AÑO 2002-24-09-02.

Y si bien esta Sala también ha sostenido que la circunstancia de que la cobertura del seguro se encontrara suspendida por falta de pago al momento del hecho no resulta suficiente para liberar a la aseguradora de su obligación de responder por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, si aquélla omitió pronunciarse acerca del derecho del asegurado conforme los términos del art. 56 de la ley de seguros".- (Nº Sent.:047524- Civil - Sala L - 22/08/1994), tal criterio no resulta de aplicación en la especie en tanto no ha sido acreditado que el asegurado haya denunciado el siniestro a la aseguradora en los términos del art 56 de la ley 17418 con anterioridad a la citación en garantía , habiéndose expedido al respecto " Liderar Compañía General de Seguros S.A. al momento de su citación en autos, resultando temporánea su defensa.

Por último, resulta inaplicable a la causa la pretensión articulada por el apelante al momento de expresar agravios en cuanto a la posibilidad de encuadrar a la actora, víctima del accidente objeto del presente reclamo en la categoría de "consumidor" en los términos de la ley 24.240 y su modificatoria ley 26 361. El art. 1 de la ley N° 24240 de defensa del consumidor dispone" la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatarios final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social y a quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo". Este último párrafo modificado por la ley 26361 incorporó la figura del bystander (espectador o tercero próximo al producto o servicio). Tal es la pretensión del apelante.

Sin embargo las normas debe ser interpretadas en forma armónica y coordinada con todo el ordenamiento jurídico ,en tanto " toda norma se dicta con un propósito determinado, que el intérprete debe tenerlo en cuenta para que ese fin se cumpla" ( Borda Guillermo " Reglas prácticas sobre interpretación de la ley civil". La Ley T.64. Secc. Doctrina pág. 839).

En éste sentido Rubén S. Stiglitz y Ramón D. Pizarro ( Reformas a la Ley de Defensa al Consumidor" La Ley - 2009-pag 949) han señalado que la fuente de la figura ha sido el art. 29 del Código Brasileiro de Defensa del Consumidor" que se encuentra en el capítulo dedicado a " Prácticas Comerciales", el cual dispone " Para los fines de éste capítulo y del siguiente, "Contratos abusivos", equipárense a los consumidores, todas las personas determinadas o no, expuestas a las prácticas aquí previstas". Explican que la ley 26361 "trasplantó una frase," estar expuestos", incluida en la fuente (art. 29) pero en otro contexto (terceros expuestos a prácticas y contratos abusivos) y lo traspuso en el art. 1 para ampliar la noción de consumidor", explicando que la figura refiere a la idea de estar sometido a la posibilidad de involucrarse en la adquisición o utilización de bienes o servicios provenientes de una relación de consumo que le es extraña, cuestión ajena a la representación que se hace por ejemplo, el tercero damnificado". De tal suerte que la figura del consumidor debe interpretarse conforme a su fuente, en relación a prácticas comerciales y solo para el caso de prácticas abusivas. El elemento determinante de la figura del consumidor radica en " el carácter de destinatario final que reviste aquel, más allá que excepcionalmente se admite su extensión hacia todo integrante de la sociedad de consumo que se encuentre "expuesto" a una relación de consumo. Ha de admitirse que esa exposición se verifica en el mercado de bienes y servicios frente a comportamientos de quienes actúan como proveedores profesionales de aquellos" (HERNANDEZ Carlos A. y FRUSTAGLI, Sandra "Daños al consumidor: reflexiones sobre el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012", en Derecho Privado-reforma del Código Civil II. Año 1 n° 3- 2012), situación que no reviste el tercero interviniente en un accidente de tránsito". (Autos "PEREZ Mauro Fabián c./ WILHEM, Wilson Ezequiel y otros- Sumarísimo - Daños y Perjuicios" Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral. 4ta Circunscripción Judicial - Reconquista - 22-mayo-2013) Ed. Microjuris.com S. Argentina 24-07-13.

Cabe concluir que las normas de la Ley de Defensa al Consumidor no constituyen normas de fondo sino que constituyen reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y legislación vigente, tal como la ley de Seguros N° 17418.

Por lo que propicio el rechazo de éste primer agravio, confirmando la sentencia en recurso en cuanto hace lugar a la declinación de la defensa por falta de pago de la póliza invocada por la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros S.A.

Segundo Agravio: Le agravia al apelante la atribución por parte del sentenciante de culpa concurrente de actora y demandada en el acaecimiento del siniestro objeto del reclamo de autos, atribuyéndole a la accionante un 30% de responsabilidad en el mismo. Cuestiona la valoración de la prueba y la exagerada merituación respecto del incumplimiento a la normativa de tránsito que obliga a las bicicletas a circular con luces traseras.

A fin de dejar perfectamente definida la posición del Tribunal en materia de atribución de responsabilidad civil y en forma previa a efectuar el necesario análisis de la prueba producida en este proceso en función del agravio propuesto resulta útil traer a colación un reciente fallo de esta Sala donde nos pronunciamos al respecto.

Allí se dijo que, "en el derecho privado Argentino los presupuestos postulados por la doctrina mayoritaria que comparto son a- daño, b- factor de atribución, c- nexo de causalidad e ilicitud, e- imputabilidad.

Respecto de cada uno de ellos he de dejar sentado muy brevemente lo siguiente; el daño es un menoscabo que, a consecuencia del acaecimiento de un evento determinado, sufre una persona en algunos de sus bienes y que puede tener una estimación económica trascendente, el Código Civil determina claramente en su artículo Art. 1.068. "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

El factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona nuestro corpus civil artículo 1.067 prescribe " No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia" En idéntico sentido se refiere al factor subjetivo de atribución el artículo 1.109 "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil." El factor de atribución puede resultar objetivo y en este sentido resulta de aplicación lo normado por el artículo 1.113 del citado cuerpo legal "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." Es decir, que estaremos ante un factor objetivo de atribución objetiva de responsabilidad toda vez que se encuentren causales tales como el riesgo creado riesgo, abuso del derecho, garantía etc.

Ahora bien, respecto del nexo causal he de seguir la opinión de Pizarro-Vallespinos cuando indican es nexo causal suficiente "la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido, lo cual se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.". Es decir, estos autores entienden que existen las cadenas causales únicamente cuando existe acción humana. Por su parte los autores Trigo Represas y López Mesa señalan que de modo uniforme se admite para que deba responderse por un daño es necesario que el mismo haya sido "causado" mediante acción u omisión, por su autor. Como se puede apreciar, en la conceptualización dada por estos autores, la idea de nexo de causalidad contiene un hecho precedente y un resultado consecuente (daño) unidos, justamente, por la relación de causa-efecto y naturalmente mediante tal significación queda claramente establecido el alcance del presupuesto en estudio.

Finalmente la imputabilidad importa el corolario de la valoración efectuada por el sentenciante de todos los hechos y presunciones acreditados mediante prueba idónea que permita alcanzar la convicción suficiente y que deben quedar perfectamente determinados y plasmados en el pronunciamiento, mediante el cual se le atribuye el grado eficiente de causalidad en el obrar o en la omisión al sujeto determinado imputándosele responsabilidad resarcitoria respecto del daño ocasionado por el mismo, esta Sala III antes que ahora ha dicho que "en términos generales la imputabilidad es la aptitud necesaria para que un determinado hecho o acto jurídico (acción u omisión) pueda ser atribuido a una persona. Vale decir pues que no es otra cosa que la operación intelectiva de atribuir determinada consecuencia jurídica a un hecho antecedente del que aquella deriva (nexo causal)" in re N° 36534 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 9964) "PALOMO BENITO ALFREDO C/MIKETEC JOSE DAVID Y OTROS - AÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO - II CPO."PROT. DE SENT. T° II F° 386/392 AÑO 2010 29-07-10). Conforme al fallo emitido en AUTOS Nº 100677 (1° JUZ. CIVIL) (SALA III 11026) -Caratulados "LISI HUGO GABRIEL C/ GONZALEZ RAMON ARMANDO -DAÑOS Y PERJUICIOS" de fecha 8 de mayo de 2013.

Sentado ello, e ingresando en análisis, puede observarse que no hay disenso entre las partes, respecto al día, hora y lugar del accidente objeto de la presente, circunstancias todas que se encuentran reconocidas y acreditadas en el Sumario penal N° J914/06 "c/ Ontivero Eduardo Ventura por Lesiones Culposas- art 94 C.P. en perjuicio de Erica Noelia Olguín", del Segundo Juzgado Correccional que se tiene a la vista. También han sido acreditadas las lesiones sufridas por la actora damnificada, conforme Informe Médico obrante a fs 28 y vta del Sumario Penal e informe pericial de fs. 146/149, no cuestionado por la accionada, solo por la Aseguradora cuya desvinculación de la causa ha sido resuelta.

No obstante el reconocimiento de las partes de la existencia del accidente producido entre un automotor y una bicicleta en movimiento, han asumido posturas distintas sobre las circunstancias de aquel. Si bien en la acción de daños y perjuicios derivados de un accidente como el que aquí se trata, por las características de los hechos y las distintas versiones dadas al mismo, se presenta muchas veces la imposibilidad de determinar con grado de certeza los hechos tal como acontecieron, sin embargo le basta al Juzgador alcanzar un grado de certeza moral conforme las probabilidades ciertas de que ante determinadas conductas puedan producirse similares consecuencias. Este Tribunal ha dicho "Dado lo difícil y a veces imposible que resulta la prueba directa del hecho generador del reclamo judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han elaborado una serie de presunciones, basadas en que, por lo general, las conductas humanas producen en determinadas circunstancias, análogas consecuencias. Tradicionalmente se define a las presunciones como las consecuencias que la Ley o que el Juez, deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. (C.N. Civ. y Com. Sala IV, marzo 13-1980, Copla Coop. Obrera, Playa Lastra "A" Ltda. c/Salowicz Jacobo)(E.D. Tº 91, p. 755 Nº 75)".- (PROT. DE SENT. Tº III Fº 460/472 AÑO 2008).

Conforme lo prescribe el art. 340 del C.P.C., incumbe a las partes la carga de la prueba aportando lo elementos necesarios para avalar los hechos invocados. "Si ambas partes suministran distintas versiones con respecto a la mecánica del accidente cada una asume la carga procesal de acreditar la exactitud de sus respectivas afirmaciones (E.D .T°91- Pág. 745I jurisprudencia citada por Moisset de Espanés en su obra Accidentes de Automotores- T° II-Pag.308 N° 1104) (PROT. DE SENTE. T° III F° 567/574 AÑO 2004).- En la especie, tal como lo afirma el Juez A-quo ha sido determinante para la conclusión arribada en la sentencia recurrida, las constancias del Sumario penal N° J 914/06 "c/ Ontivero Eduardo Ventura por lesiones Culposas. art 94 C.P. en perjuicio de Erica Noelia Olguín del Segundo Juzgado Correccional. En los mismos se declara extinguida la acción penal por prescripción, sobreseyendo al señor Eduardo Ventura Ontivero por el delito de Lesiones culposas en perjuicio de Erica Noelia Olguín, conforme sentencia obrante a fs. 82 del mismo. Cabe expresar que éste Tribunal ha dicho en forma reiterada, siguiendo Jurisprudencia tanto de la Corte de Justicia de la Nación como de la Corte de Justicia local que "Ni el sobreseimiento definitivo, ni la absolución del acusado hacen cosa Juzgada en sede civil, si se han fundado en la falta o ausencia de culpa del imputado. Solo a la inexistencia del hecho principal y la falta de participación del acusado, está limitada la influencia de la absolución o el sobreseimiento dictados en sede penal, como cosa juzgada en la causa civil". Igual postura ha sido sostenida también para el caso de sobreseimiento definitivo con fundamento en la prescripción de la acción penal como acontece en la especie. " El trámite penal no hace prejudicialidad, por imperio del art. 1103 del código Civil, respecto del factor de atribución de la responsabilidad (determinación de la culpa). En igual manera, el modo de extinción de la causa penal por prescripción impidió a la jurisdicción penal expedirse respecto de la relación de causalidad entre el accionar de las partes y los daños acaecidos. A partir de ello, el juez civil tiene, relacionado con las probanzas acreditadas, amplias facultades para meritar el cumplimiento de los requisitos necesarios para imputar o no responsabilidad indemnizatoria. "Alessi, Miguel Angel C/ Ontiveros, Luis Elias y Otro S/ Daños y Perjuicios - Sumario Tribunal Ori.: Tercero Civil Nº de fallo: 01280103 (SENTENCIA) Magistrados: FERREIRA BUSTOS, CARLOS EDUARDO-RIVEROS, GILBERTO AMÉRICO-ALFERILLO, PASCUAL EDUARDO 28/09/01.

De las constancias del sumario referido surge que la actora circulaba por Libertador San Martín en sentido sur-norte, costado este , el día 15 de agosto de 2004 aproximadamente a las 21.30 hs. en una bicicleta playera pedaleando mientras su acompañante, señor Juan Carlos Molina, iba sentado en el cuadro del rodado, siendo embestidos en la proximidad del puente de Alto de sierra, desde atrás por el vehículo Peugeot 504-Dominio TTZ 198, conducido por Eduardo Ventura Ontiveros, demandado en autos, quien circulaba en igual dirección, provocándole a la actora las lesiones que da cuenta el informe médico de fs. 28. Conforme los daños que presentan tanto la bicicleta como el automóvil, descriptos en los informes periciales obrantes a fs. 13 y 25 vta del sumario penal, resulta acreditado que el impacto fue producido por el automóvil del demandado, desde atrás de la bicicleta, prácticamente en la banquina conforme croquis de fs. 7, quien conducía en estado de ebriedad atento el resultado del dosaje de sangre que se le efectuara, pasadas dos horas del accidente, dando como resultado un nivel de 1,38 grados de alcohol en sangre.( fs. 27 del sumario Penal). Resulta acreditado asímismo que la zona del accidente, es zona rural o semi rural, sin iluminación artificial y atento la hora del mismo, aproximadamente 21,30 horas en invierno da cuenta de la escasa visibilidad en la ruta , extremo que exigía de los conductores tanto del automóvil embistiente como de la bicicleta embestida, el máximo de diligencia en su accionar. La escasa visibilidad en el lugar del accidente ha sido debidamente merituada por el sentenciante al referir, conforme circunstancias que da cuenta el sumario( fs. 06) que la arteria mencionada carece de iluminación artificial. Afirmación concordante con la propia declaración de la víctima, actora en autos, al expresar a fs. 49 que la noche era oscura y no había luces en la zona, solo las luces del auto. Tales circunstancias agravadas por el estado de embriaguez del demandado, fue determinante en el resultado dañoso, habiéndose descartado que la víctima hubiere hecho alguna maniobra imprevista que de alguna forma hubiere resultado un obstáculo para el conductor del automóvil. En este sentido, la presunción de culpa de quien embiste por detrás solo cede ante la prueba de culpa de quien avanza por delante, obstaculizando de alguna manera la marcha, sin que el demandado haya demostrado que haya habido maniobra alguna de la víctima que obstaculizara su circulación, tal como lo afirma el Juez A-quo. "Si bien, en principio, el solo hecho de encontrarse en estado de ebriedad al momento de producirse el accidente no es prueba irrefragable respecto de la culpa del ebrio, ello crea una presunción desfavorable al mismo e invierte la carga de la prueba (art. 163 inc. 5º CPCC). REFERENCIA NORMATIVA: CPCB Art. 163 Inc. 5 CC0102 LP 206724 RSD-23-91 S Fecha: 12/03/1991 a: Whalde, Oscar c/ De Blasis, Genaro y ot. s/ Daños y Perjuicios Lex Doctor 9.1- En este sentido ha expresado ésta sala "En los casos de accidentes protagonizados por un automotor y un ciclista, la responsabilidad del conductor del vehículo resulta de una presunción iuris tantum, que puede ser controvertida admitiendo prueba en contrario; dicha presunción juega en contra del conductor del automotor a menos que él demuestre la culpa exclusiva de la víctima correspondiéndole la carga de la prueba. "Tratándose de una colisión entre un automotor y un ciclista, cabe asimilar la situación de éste a la de un peatón. En efecto, siendo el automóvil una cosa cuya peligrosidad es mucho mayor que la del biciclo, en éste su conductor -que es a la vez su impulsor- carece de protección de carrocería alguna; además, la velocidad que el ciclista puede imprimir a su vehículo, comparativamente es mínima. Por ello es que, en defecto de demostración de la culpa en que pudiera haber incurrido la víctima, la presunción de culpa contenida en el párrafo segundo del artículo 1113 del Código Civil, juega contra el conductor del automóvil embistente. Autos: De Los Rios Juan Daniel C/ Orellano Hugo Walter Y Otros S/ Daños Y Perjuicios - Nº Fallo: 11280018 - Ubicación: San Juan Tipo de fallo: Sentencia - Mag. : CABALLERO, HUMBERTO CUNEO DE GARCÍA, CATALINA CELIA MOYA, MOISÉS - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA - Trib. Origen: Tercer Juzgado Civil - Publicación: Cámara De Apelaciones En Lo Civil Comercial Y Mine - Fecha: 27/06/2011.

A la luz de la prueba rendida considero admisible la queja del recurrente en cuanto a la atribución compartida de la responsabilidad a título de culpa entre el conductor del vehículo embistiente y la víctima, a quien se la impone en un porcentaje del 30%, debiendo atribuirse las consecuencias dañosas emergentes del accidente acaecido exclusivamente al conductor del rodado, demandado en autos. En efecto, si bien ha sido acreditado que la actora se desplazaba con un acompañante en bicicleta playera y sin elementos reflectarios (art 40 bis ley 24449 y 25.965 del 20-12-04) por una ruta sin iluminación artificial, también ha sido acreditado que se desplazaba ésta última a velocidad adecuada, prácticamente en la banquina, en zona sin prohibición de circulación de biciclos y sin haber realizado maniobra alguna que pudiera obstaculizar la circulación del automóvil embistiente.

En efecto, la incidencia del estado de ebriedad del conductor del vehículo debidamente valorado por el sentenciante no resulta de una simple presunción, sino de la demostración cabal de que ha poseído relevancia como causal suficiente de modo tal que el accidente no se hubiera producido de no mediar tal estado de ebriedad. En efecto, de la declaración del señor Juan Carlos Molina ( fs. 37/38 del sumario penal ) resulta que se desplazaba con la accionante en bicicleta en la zona ya referida y al ver que se acercaba un auto ingresaron a la banquina del costado este. En tales circunstancias es que el automóvil también se acerca a la banquina y haciendo una maniobra, hace un trompo, embistiéndoles a la altura del faro derecho. También expresa que el conductor se bajó del auto, como dormido, no se podía mantener en pié y tenía olor a vino. Evidentemente la ingestión alcohólica del demandado, que conforme dosaje practicado dos horas después del accidente era de 1,38% lo que permite afirmar que al momento del impacto era mayor aún, fue la causa eficiente de la producción del accidente en tanto el conductor no pudo dominar el vehículo, seguramente adormecido y sin posibilidad de reacción, contando el automóvil con buen estado de cubiertas, luces y frenos. La Ley de Tránsito 24449 exige en su art 39 conducir con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio del rodado, extremos que en el caso no cumplió el demandado, por su evidente estado de embriaguez, también en abierta colisión con las norma referida. "Los efectos de la alcoholemia deben evaluarse con relación a las restantes constancias de la causa para merituar si ha incidido en la producción del evento. Luego, si como en el caso no ha podido probarse que la víctima realizara alguna maniobra que haya sido la causa del accidente, no puede atribuírsele responsabilidad". (CC0000 PE, C 2737 RSD-124-98 S Fecha: 20/10/1998 Carátula: Gavetti de Peña, María de las Mercedes y ot. c/ Bomarito, Salvador P. y otro Daños y perjuicios Mag. Votantes: Gesteira-Ipiña-Levato.).

"La culpa concurrente se configura cuando el daño resulta de la conexión de la culpa del damnificado con la culpa del autor parcial del daño. Empero, sólo puede existir culpa concurrente cuando la conducta de los culpables ha sido eficaz en la producción del daño y ha actuado con autonomía. Una culpa irrelevante de alguno de los partícipes, es decir, indiferente con respecto al resultado dañoso, no sería computada, como lo es en el caso, la circulación sin luces de la bicicleta sobre la que se desplazaba el demandado. Autos: García, Omar Walter C/ Pedro Francisco Alfaro S/Daños Y Perjuicios - Fallo N°: 97190230 - Ubicación: S077-188 - Expediente N°: 22534 - Tipo de fallo: Sentencia - Mag.: STAIB - BARRERA - GARRIGOS - Tercera Cámara Civil -Circ.: 1 -Fecha: 02/04/1997 . En igual sentido "Para la existencia de culpa recíproca es necesario que tanto el conductor como la víctima hayan tenido activa anticipación en el mismo (concausa) como que el daño sea el resultado de una conducta asumida por ambas partes y haber sido cada una de ellas, condición indispensable para la producción del perjuicio procreando esa concurrencia. Es menester que el hecho de la víctima sea a su vez ilícito, imprudente o antirreglamentario o sea haber causado el daño en cierta medida y ser culpable de ello" - CALZ, Sala I.reg.Sent.Def. 15/87 177/97.Rev. de Derecho de Daños Determinación Judicial del Daño-Rubinzal-Culzoni- Tomo I. Pág. 284).

Si bien la falta de luces traseras u ojos de gato en las bicicletas resulta contraria a las disposiciones del art. 40 bis de la ley de Tránsito, en la especie ha sido acreditado que tal incumplimiento no ha incidido como con causa del accidente objeto del presente reclamo, el que sólo cabe atribuir a la evidente conducta imprudente del accionado quien no pudo controlar el vehículo por su estado de ebriedad, debidamente acreditado.

Propicio por ello hacer lugar a éste segundo agravio, revocando la sentencia en cuanto atribuye culpa compartida entre conductor del vehículo y la víctima, atribuyéndola en forma exclusiva al demandado, en los términos del art 1109 del C. Civil.

Tercer Agravio: Cuestiona el recurrente la cuantía o montos por los que prosperan los rubros reclamados .La actora solicitó como resarcimiento a los daños causado por el accidente de marras, las sumas de $ 15.000 por daño material e incapacidad y $ 20.000 por daño moral. Para fundar la pretensión, produjo prueba pericial médica (fs. 146/149) de la que resulta una incapacidad parcial y permanente de la Srta. Olguín del 30% por las lesiones sufridas en su pierna izquierda y quemaduras por abrasión en zona lumbar y región lateral derecha. De tal elemento probatorio surgen evidenciados los daños físicos que se produjeron y que sufriera la actora, habiendo aportado a su vez certificados médicos y presupuesto de costos de futura intervención quirúrgica , instrumentos aportados en original y copia ( fs 3/4). De los términos de la pericia médica resulta con absoluta claridad que radiográficamente se observa en el miembro inferior izquierdo consolidación viciosa de fractura de 1/3 medio inferior de tibia y peroné espiroidea de tercer fragmento en a las de mariposa con deformidad en antecurvatum y en gennu varo , alejada hacia afuera del plano medio corporal.

Según Belluscio (Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado Tº V, pág. 219 y siguientes): "Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas, o psíquicas, que afectan la capacidad productiva, o que se traducen en un menoscabo en su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, productivas o no, que el sujeto solía realizar con debida amplitud y libertad". Esta sala ha sostenido "La jurisprudencia predominante se inclina por considerar el daño a las personas como integrante del daño jurídico tradicional (material o moral), sea en uno y otro, o en ambos simultáneamente. Será subsumido dentro del daño material o del moral según el caso, sobre la base de las derivaciones patrimoniales o morales que pueda producir. Debe ser íntegramente resarcido con total independencia de la categorización que pueda corresponderle. La incapacidad por la que se pretende el resarcimiento se configura cuando el hecho ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en una disminución de la salud y la integridad física -total o parcial- pero permanente y tiende al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración constituye en sí un daño resarcible pero, que como todo daño debe ser probado" (L.S. Tº II-Fº 37/42- 26-06-02; L.S. 2004-III- 15/24; L.S. 2002-Tº I-Fº 169/183, Jurisprudencia Sala Segunda de esta Cámara) AUTOS Nº 105.742 (DECIMO PRIMER JUZGADO CIVIL) (SALA III N° 10.639) "REINOSO EDUARDO ALBERTO Y OTRO C/ EMPRESA ALLECITO S.R.L. - DAÑOS Y PERJUICIOS" PROT. DE SENT. T° I F° 63/83 AÑO 2012 07-03-12.

Conforme postura citada, si bien la estimación de los daños ocasionados en accidentes de tránsito está librada al prudente arbitrio de los jueces, no siendo indispensables pruebas directas y concluyentes, bastando al efecto que la parte interesada aporte simples índices o pautas que faciliten la laboral judicial , entiende que el monto fijado por el Juez A-quo en concepto de resarcimiento del daño material reclamado por la víctima es escasa tal como lo plantea el recurrente, sin haber dado razón suficiente para reducir la pretensión originaria. Por ello considerando que a la época del accidente la víctima tenía 16 años, tenía sólo instrucción primaria y se encontraba sin ocupación, de condición humilde, con radicación en zona rural y escasas posibilidades de acceder a centros de salud para la recuperación de los daños y secuelas producidas por el accidente, estimo justo elevar el monto fijado por el sentenciante en concepto de daño material -daño emergente y lesiones- a la suma de $ 15.000 con más los intereses ordenados en la sentencia de mérito.

En lo tocante a la fijación del importe de la indemnización por daño moral, su determinación está sujeta a la prudente ponderación de la lesión a las afecciones legítimas e íntimas sufridas, a los padecimientos experimentados, o sea, son agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, lo que explica esa adecuada discrecionalidad de que goza el juzgador. Su reparación queda librada al prudente arbitrio judicial, está librada a compensar el "pretium doloris", causado por la fractura de valores espirituales, y de orden superior, las lesiones a los sentimientos íntimos de los individuos que determinan dolor y sufrimiento en legítimas afecciones. Resultando indudable dolor y sufrimiento ocasionados al pretensor, la cuantificación del daño moral no necesita probanza alguna, desde que se lo tiene por acreditado con la sola comisión del ilícito (Daray Hernán, ob. cit. pág. 210 y ss, y jurisprudencia allí citada; Prot. Sent. Tº III Fº 570/585, año 2001, de esta Sala) (PROT. DE SENT. Tº III Fº 421/429 AÑO 2002) - (PROT. DE SENT. Tº II Fº 259/261 AÑO 2005).

Siendo así, juzgo que los agravios vertidos no logran conmover lo resuelto por el A-quo en tanto la decisión, valoración y fundamentos expresados en la sentencia resultan comprensivos de todos los aspectos inherentes a la cuantificación del daño moral, razón por la que no surgiendo de la expresión de agravios objetivamente el yerro del sentenciante, ni se observa marcada desproporcionalidad entre lo aquí resuelto y el mérito efectuado por el a-quo, postulo la confirmación del fallo venido en crisis en éste punto, desestimando el agravio en tratamiento.

Cuarto Agravio: Atento la solución propiciada en el tratamiento de los agravios segundo y tercero, el agravio resulta procedente y por ello cabe aplicar el principio objetivo de la derrota para la imposición de las costas , en virtud de lo establecido por el artículo 66 y concordantes del C.P.C..

En efecto, esta Sala viene juzgando en materia de imposición de costas en concordancia con la doctrina nacional por la aplicación que las mismas deben ser soportadas por el vencido mas allá que el vencedor no haya logrado satisfacer íntegramente la totalidad de los rubros pretendidos. .	En tal sentido dijo "Las costas, como regla general, deben imponerse al vencido, porque quién hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta, su acción u omisión, debe soportar el cargo de los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho." (Prot. de Sent. Tº II, Fº 263/266, Año 1995, entre otros).- (PROT. DE SENT. Tº I Fº 189/193-AÑO 2002-3-07-02). "El art. 74 del C.P.C. (art. 68 C.P.N.) consagra el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas.- Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir los gastos del vencedor en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho.- Estas deben ser reembolsadas por el vencido, con prescindencia de su buena o mala fe, o mayor o menor razón para litigar, y de todo concepto de culpa, imprudencia o negligencia de su contrario.- No constituye un castigo, o una pena al perdedor, sino que se aplican a título de reparación patrimonial de las expensas del juicio a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho, o defensa de sus derechos frente a una demanda injusta.- Con tal base es notorio, que las costas deben ser impuestas a quien se opuso negando la procedencia de la pretensión".- (Prot. de Autos, Sala 3º, Tº III Fº 584/585 Año 2001). La noción de vencido (la cual indica que debe soportar las costas), ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por los análisis aritméticos de las pretensiones y resultados. Con tal base es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues, aunque el pedido fuera exagerado (caso de autos) cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber la demandada pagado aquello procedente. Por lo tanto el fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota no sufre menoscabo por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad (ED 88-532). Si el actor estuvo forzado a formular la demanda, un progreso parcial no implica restar relevancia a la necesidad de litigar, por lo que las costas deben imponerse a la demandada; ni las circunstancias que la sentencia no haga lugar en el todo a la demanda implica la liberación de costas al vencido. En consecuencia, aunque no se haya declarado la procedencia de todos los rubros indemnizatorios reclamados, ello no obsta a que las costas de Primera Instancia se impongan a la accionada. AUTOS Nº 33672 DEL 8º JUZ. CIVIL (SALA III 6595) "PRADO MARIA GLADYS Y APES JOSE C/PROVINCIA DE SAN JUAN - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO". PROT. DE SENT. Tº II Fº 228/237 AÑO 2003-30-05-03 COSTA14- PROT. DE AUTOS Tº I Fº 167/169 AÑO 2005- 29-04-05-PROT. DE SENT. Tº I Fº 119/127 AÑO 2006- 18-04-06.

Por tales fundamentos, habiéndose modificado la atribución de la culpa en la producción del daño decidida por el sentenciante de mérito y atribuida en su totalidad al accionado, elevándose a su vez los montos indemnizatorios en la forma referida, propicio receptar positivamente el agravio formulado, imponiendo las costas en su totalidad al demandado vencido.

Quinto Agravio: Agravia al apelante la regulación de honorarios formulada a los profesionales representantes de la actora por considerarlos bajos. Considero le asiste razón al apelante y atento las etapas cumplidas, carácter de la actuación y eficacia y mérito de la misma, de conformidad a lo dispuesto por los arts 186,187,189,194 y concordantes de la ley 2150, propicio elevar los honorarios de los profesionales representantes de la parte actora Dres. Hugo Russo, Eduardo Moya Pontoriero y Aníbal Barboza. en forma conjunta por su actuación en dos etapas, al 18% de la suma que resulte de la liquidación a practicar en su oportunidad, revocando en consecuencia la parte pertinente del punto V) del resolutorio de la sentencia recurrida.

COSTAS DE LA INSTANCIA	Deben imponerse en su totalidad a la demandada vencida, de conformidad al criterio objetivo previsto por el art 66 y concordantes del C.P.C. Correspondiendo regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, fijando los correspondientes al Dr. Aníbal Raúl Barbosa, apoderado de la actora, en el 40% de su regulación en primera instancia ( arts 196,190 de la ley 2150 y art 800 inc. 10 del C.P.C.).

EL DR. LUIS ALBERTO RECIO, por sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

POR TODO ELLO, Normas legales y Jurisprudencia citada, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la accionante a fs. 337, concedido a fs. 338, sólo respecto de los puntos II, III y IV del resolutorio de fs. 335 vta y 336, confirmando en lo demás la sentencia apelada.

II) Atribuir la culpa exclusiva del accidente motivo de éste proceso al Sr. Eduardo Ventura Ontivero.

III) Consecuentemente hacer lugar a la demanda en todas sus partes condenando al demandado Sr. Eduardo Ventura Ontivero en los términos del art 1109 del C.Civil a pagar a la actora las sumas de $ 15.000 y $ 10.000 en concepto de daño material y moral respectivamente, con más los intereses determinados por el señor juez de primera instancia.

IV) Imponer las costas al demandado vencido. (art 66 del C.P.C.).

V) Modificar la regulación de honorarios de primera instancia correspondiente a los profesionales representantes de la actora que se fijan en el 18% de la liquidación a practicarse en su oportunidad, conforme considerandos precedentes.

VI) Imponer las costas de ésta instancia al demandado vencido, regulando los honorarios del Dr. Aníbal R. Barboza por su actuación en la Alzada en el 40% de los que se fijen en Primera Instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 5854 y sus modificatorias. Si-/// ///guen firmas.

FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA-	PROT. DE SENT. T° I-F° 49/67-AÑO 2014