Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11


Causa Nº 3483-01/CC/07 caratulada "Incidente de Apelación en autos Consorcio de propietarios CORRIENTES 2445 s/ cables expuestos y otras-Clausura preventiva".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Abril de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Motiva la intevención de este estrado los recursos de apelación impetrados a fs. 401/405 por la Sra. Mónica Mirta Girola, socia gerente de Centro Alfa S.R.L, con el patrocinio letrado del Pablo Guillermo Holcman, y a fs. 424/425 por el Sr. Carlos Alberto Castagnino en su carácter de administrador del Consorcio de Propietarios de Av. Corrientes 2445/55 de esta ciudad, juntamente con su abogado, Jorge Ernesto Prigoshin, contra la decisión de fs.376/384 -suscripta por el Gonzalo Segundo Rúa, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 6. Girola se queja respecto de lo resuelto en el acápite II) que no hace lugar a la petición formulada por la nombrada a fs. 284/285 y, en consecuencia, mantiene la clausura impuesta también sobre la unidad Nº 74 (tercer piso) del inmueble aludido, revocando así lo dispuesto por el Sr. Director General de Verificación y Control mediante Disposición Nº 0758/DGVyC/2007, del 12 de febrero de 2007. Por su parte el representante del Consorcio referido se agravia del punto I) de la mentada decisión en cuanto dispone mantener la clausura preventiva de todo el inmueble sito en la Av. Corrientes 2445/2449/2451/2455, 1º y 2º subsuelos, Planta Baja y pisos 1º al 10º, la que fuera impuesta en el procedimiento llevado a cabo por personal de la Dirección General de Fiscalización y Control del G.C.B.A. el pasado 20 de diciembre de 2006, y ratificada por Disposición Nº 7464/DGFyC/2006 de dicha repartición de fecha 26 de diciembre del mismo año (art. 8 de la ley 1217).

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 443/444 dictamina que corresponde declarar mal concedidas las impugnaciones planteadas. En abono de su postura cita el precedente "Fleitas" de esta Sala.

Por último, los presentantes guardaron silencio una vez notificados en los términos del art. 57, segundo párrafo, del anexo de la LPF (fs. 442/446/447 y 448).

Cumplidos los pertinentes pasos y plazos procesales, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO El examen de adminisibilidad de las vías escogidas para la satisfacción de los derechos que pretenden los impugnantes debe estar regido por los principios de verificación que tienen por finalidad activar la competencia de este Tribunal; es decir: si han sido interpuestos en la forma y términos prescriptos, por quienes pueden recurrir y si la resolución cuestionada da lugar a ellos. A tal fin, se deberá constatar si concurren los siguientes extremos: 1) la existencia de un derecho impugnaticio, para lo cual es necesario que la ley le otorgue la posibilidad de recurrir -impugnabilidad objetiva- y que los sujetos estén legitimados para hacerlo por tener un interés jurídico y capacidad legal para interponerla con relación al gravamen que el pronunciamiento les ocasiona -impugnabilidad subjetiva- y 2) la concurrencia de los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear a la interposición del recurso como acto procesal (conf. causas nº 1589-01-CC/2003, rta. el 05/02/2004; nº 040-01-CC/2004, rta. el 24/02/2004; 033-01-CC/2004, rta. el 11/03/2004, 111-00-CC/2004, rta. el 07/06/2004; 071-01-CC/2005, rta. el 05/04/2005; entre otras).

Causa Nº 3483-01-CC/07. Sala II.

En el sentido expuesto, las impugnaciones en trato satisfacen los requisitos mencionados y se hallan deducidas por quienes están legitimados para ello.

Siguiendo con el lineamiento propuesto corresponderá examinar si en el procedimiento de faltas este tipo de decisiones es susceptible de ser atacada por los titulares de los derechos que se pretenden vulnerados por su adopción o si, de adverso, no existe recurso alguno contra este resolutorio. Ello así, porque, de concluirse esto último, deberá sin más declararse mal concedidas las vías intentadas y se tornará abstracto el tratamiento de las quejas traídas a estudio.

Sentado lo anterior, se advierte de inicio que la ley ritual aplicable al caso en estudio -la local nº 1.217- si bien estructura el derecho del administrado a que la decisión recaída en relación a una disposición cautelar sea revisada judicialmente, nada dice -de manera directa y explícita- respecto de si este control debe ceñirse a la actividad desplegada por el Juez de grado, o si también a ella alcanza el "doble conforme".

Sobre el particular esta Sala se ha expedido en la causa Nº 15794-00-CC/2006, "FLEITAS, Luis Alberto s/ Incidente de Medida Cautelar (Cañada de Gómez 5483/87) apelación", rta. el 17/08/06" -como acertadamente puntualiza el Fiscal de Cámara a fs. 444- Ciertamente en dicho precedente remarcamos que el plexo infraccional de faltas encuentra su origen en el ejercicio del poder de policía conferido constitucionalmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad (art. 104 inc. 11 CCABA), correlato de su atribución de impartir "las órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden público" (íd., inc. 14), de formular y dirigir las políticas públicas (inc. 2º) y de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están sujetas a dicho poder, conforme a las leyes (inc. 21). En consonancia con ello, el art. 1º de la Ley 451 -Régimen de Faltas de la Ciudad- extiende su ámbito punitivo a: "a. las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad" y "b. las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional en el Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación".

Es por esta esencial ubicación en el campo regulatorio propio del derecho administrativo, que la Ley de Procedimiento dispone un doble régimen de sometimiento del presunto infractor a la autoridad encargada de decidir la eventual aplicación de una sanción: uno obligatorio y de primera sustanciación -el tramitado ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas, arts. 12 a 26- y otro, independiente del anterior, materialmente judicial, promovido a simple petición de la parte interesada, en el que gravita con especial influencia el principio dispositivo -v. g., la contundente manda del art. 42 relativa a la falta de presentación del citado a comparecer, que se traduce en un desistimiento ficto de la solicitud de pase-.

El sistema así diseñado "se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas" (art. 1º de la Ley 1.217). Labrada el acta de comprobación, se inicia el derrotero procesal que coronará en una resolución conclusiva de la vía administrativa, contra la cual no caben recursos "en esa sede" (conf. art. 26), sino sólo el requerimiento de juzgamiento ante el fuero Contravencional y de Faltas, mediante escrito no fundado o "formulario que le provee la administración" (art. 24). El legajo que en virtud de ese acto se eleva tiene "el valor de antecedente administrativo" a ese efecto (art. 25).

Causa Nº 3483-01-CC/07. Sala II.

Claramente se advierte la naturaleza tanto de la materia en tratamiento como del "primer" esquema procesal previsto: un sistema de ilicitudes vinculado con facultades ordenatorias del órgano ejecutivo, de cuyo eventual quiebre detenta facultades de previsión y contralor, al que se adjudica un ritual de conocimiento sustanciado en aquella sede, frente al que sólo cabe la excitación de la competencia judicial por simple manifestación de voluntad del administrado.

En ese ámbito de legítimo desenvolvimiento de poderes constitucionalmente conferidos, "los organismos administrativos que controlan faltas (...) pueden (...) proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en infracción" (art. 7 de la L.P.F), y aun tomar otras medidas que correspondan en virtud de aquella atribución (íd.). Es la autoridad administrativa quien se expide acerca de su procedencia, y en relación a la resolución que respecto de ella recaiga, el art. 8º dispone que, a pedido de parte, "puede ser revisada judicialmente; en este caso debe formar incidente a efectos de dar inmediata intervención al Juez".

Llegados a este punto del análisis, cabe adelantar que -tal como consignamos en la causa "Fleitas" aquella "revisión" prevista -la única respecto de las decisiones emanadas del Controlador- se agota con la decisión del Magistrado de grado, frente a la cual no existe recurso alguno. Ello así, por varios motivos.

En primer lugar, como se ha mencionado, la ley procedimental prevé, respecto de las resoluciones recaídas en el juzgamiento "judicial" de las infracciones, remedios impugnaticios dirigidos sólo a enervar la sentencia definitiva. En efecto, el recurso de apelación -art. 56- designa sólo a éstas como objeto de la tramitación allí reglada; el de queja -art. 58- procede "cuando el/la Juez/a deniegue el recurso de apelación o para el caso de retardo de justicia"; finalmente, el recurso de inaplicabilidad de ley -art. 59-, "cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala...". Este escueto portal de acceso a la discusión de lo ya jurídicamente derivado y concluido carece, a diferencia del orden contravencional y del relacionado con las competencias penales del fuero, de una explícita remisión al Código Procesal Penal de la Nación o a otro cuerpo adjetivo que permita de algún modo integrar lo allí no reglado.

Tal especial carácter del ordenamiento en observación conduce a concluir que ha sido voluntad manifiesta del Legislador la de exigir, a efectos de la procedencia de la vía recursiva, concretos requisitos -delineados del modo descripto- y obviar las mentadas referencias normativas en su perfil de herramienta legal subsidiaria, pues, de haber meritado necesaria la conexión con el ceremonial nacional -o con algún otro, o aun diseñar otros aspectos del procedimiento- lo habría hecho.

La conclusión que antecede condice con la línea jurisprudencial emanada de nuestro más alto Tribunal, en cuanto "no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales o reglamentarias que equivalga a la prescindencia de su texto, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu". (Corte Sup.,11/10/2001- A.F.I.P. v. Povolo, Luis Dino s/ infracción al art. 40 de la ley 11.683); y ello en orden a la pacífica doctrina del mismo Alto Exégeta relativa a que "...no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador, razón por la cual las normas deben ser entendidas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, procurando adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor" (conf. doctrina de Fallos: 310:195; 312:1614 y 1849; 313:132 y 1149; 314:458; 315:727; 319:1131; 320:2701; 321:2453 y 324:1481, entre muchos otros; el resaltado es nuestro).

Sucede que "...esa función jurisdiccional a cargo de la administración es constitucional, a condición de que cuando los órganos de la administración Causa Nº 3483-01/CC/07. Sala II.

obren como jueces haya siempre posibilidad de una instancia de revisión o recurso ante un órgano del poder judicial (control judicial ulterior suficiente)" -Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires, Ed. Ediar, 1986. Tomo II, pág. 314-La citada doctrina concuerda con la elaboración jurisprudencial nacida de Fallos 247:646 -causa "Fernández Arias", rta. el 19/09/1960, conforme la cual: "Control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial". En el mismo fallo -anterior a la reforma constitucional de 1994- quedó establecido que el art. 18 de la Constitución Nacional no imponía la multiplicidad de instancia, aunque sí exigía, al menos, "una instancia judicial". La posterior incorporación del Pacto de San José de Costa Rica (art. 8º, inc. h) al "bloque constitucional" -art. 75 inc. 22 de la CN conf. su última reforma- y el dictado de la Máxima Ley local en 1996 (art. 13 inc. 3) en nada modifican en la especie el criterio aquí traído, toda vez que el ámbito procesal de gravitación del instituto es el trámite formalmente judicial, activado por el ejercicio de una acción que la ley ritual no niega, sino, como ya se dijo, prevé en forma expresa.

Sentado entonces que la resolución del Controlador constituye un acto administrativo frente al cual el único "recurso" legalmente diseñado está conformado por el pedido de revisión a que hace referencia el art. 8º del cuerpo adjetivo; que a efectos de expedirse sobre la "suficiencia" de este examen la doctrina y la jurisprudencia predican la exigibilidad mínima de una instancia formalmente judicial -en tanto la decisión del Controlador participa de aquella naturaleza-; que ésta se ha sustanciado y, como resultado, se ha generado un acto jurisdiccional plenamente válido -derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa; y, finalmente, que el recurso en tratamiento viene acotado estrictamente por las causales de procedibilidad del art. 56 de la misma norma, no cabe sino concluir que el a quo no debió haberlos concedido so color de existencia de gravamen irreparable o bajo el ropaje de la "arbitrariedad".

Cabe también citar, en abono de la solución que se adoptará, la decisión recaída in re "Incidente de clausura en autos Hogar del Sol SRL s/falta de higiene y otras - Apelación", causa nº 013-01-CC/2006, rta. el 13/03/2006. En aquella oportunidad, la Sala I de este mismo Tribunal se expidió en idéntica orientación que la vertida en los presentes actuados, al afirmar que la revisión de resoluciones distintas de las sentencias definitivas únicamente podría proceder en supuestos excepcionales, pues el procedimiento de faltas no remite a norma alguna que expresamente consagre la impugnabilidad de decisiones que, sin ser definitivas, resulten susceptibles de provocar un gravamen irreparable, como sí se verifica en el ceremonial contravencional.

Por último, conforme surge del oficio agregado a fs. 445, importante es precisar que en el principal se ha señalado audiencia de juicio para el próximo 16 de mayo, fecha en la que se resolverá de manera definitiva la situación del mentado consorcio y -obvio es- de los copropietarios que lo conforman.

Por ello, y en virtud de lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE DECLARAR MAL CONCEDIDOS los recursos de apelación interpuestos a fs. 401/405 vta. por la socia gerente de Centro Alfa S.R.L., Mónica Mirta Girola, y a fs. 424/425 por el administrador del Consorcio de Propietarios de Av. Corrientes 2445/2455, de esta ciudad, Carlos Alberto Castagnino.

Causa Nº 3483-01/CC/07. Sala II.

Tómese razón, y oportunamente devuélvase, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.