Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25


SAFI, Jorge Salvador contra LICHA, Aziz Reg.: A y S t 216 p 310-312.

Santa Fe, 25 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los letrados de la actora contra la resolución del 21 de febrero de 2006 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "SAFI, Jorge Salvador contra LICHA, Aziz -Pago en consignación- (Expte. 316/05)" (Expte. C.S.J. nro. 252, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Se desprende de las constancias de la causa que la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad confirmó la decisión inferior que, a su turno, había regulado los honorarios de los doctores Pistacchia y Schweizer -apoderados de la actora- por su participación en la reconvención resuelta en relación al contrato y por la restitución de las sumas abonadas en conjunto y en proporción de ley en las sumas de $356 y $166.

Es contra este último pronunciamiento que los letrados enderezan su recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario como lesivo de derechos y garantías de rango constitucional.

Sostienen que el Tribunal a quo se equivoca al no considerar que la demanda por parte del accionado reconviniente tenía por objeto la rescisión del contrato que implicó pretender el total del inmueble y no un reajuste de precio ni el pago de expensas.

Se quejan de que los Juzgadores entiendan que la cuantía económica refiere solamente a derechos personales y que se reguló exclusivamente en función de ello de acuerdo a la determinación efectuada por el recurrente y que no cabía considerarse el valor del inmueble a los fines regulatorios.

Recalcan que siempre se persiguió la resolución de la operación contractual como incumplimiento de contrato y con naturaleza de derecho real y no de derecho personal.

Destacan que de haberse acogido la reconvención sus representados hubieran perdido su inmueble y los importes abonados.

Añaden que lo decidido resulta violatorio de importantes antecedentes que aluden a la razonabilidad en la regulación del honorario y que se ha desvirtuado un largo juicio tramitado por más de cinco años.

Aducen que se realiza una interpretación parcial de la ley 6767 y se desatienden principios que integran el honorario y forman parte del derecho de propiedad y alimentos.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado aduciendo falta de oportuna introducción de la cuestión constitucional y por entender que los planteos sólo traducían discrepancia en punto una cuestión -honorarios- ajena, por regla, a la instancia extraordinaria.

Ello motivó que los letrados ocurrieran en forma directa por ante esta sede.

2. Reiteradamente esta Corte ha señalado que es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a esta instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055; A. y S., T. 58, pág. 304; T. 92, págs. 156 y 42; T. 138, pág. 424).

En el caso, dicha carga no ha sido idóneamente asumida por los recurrentes quienes no se hacen debidamente cargo de la clara imputación de incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Es que la Sala en el auto denegatorio expuso que tal exigencia no había sido satisfecha considerando que los letrados al interponer recursos de nulidad y apelación nada dicen y al presentar en ese grado el memorial que establece el artículo 28 inciso d) de la ley 6767 formulan reserva del recurso extraordinario, términos que no satisfacen el recaudo legal (cfr. fs. 22/22vto.).

Frente a ello, los impugnantes en su presentación directa se limitan a afirmar que la hipótesis favorable de mantener una regulación de honorarios tan exigua era casi imposible y que fueron sorprendidos por la decisión de la Sala, lo que resulta indudablemente insuficiente para rebatir las consideraciones efectuadas por el Tribunal, quedando así incumplida la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055.

No obstante, aun si se considerara superado dicho escollo, la queja no podría de todos modos prosperar.

En efecto: sabido es que, en principio, las cuestiones referentes a regulación de honorarios, no constituyen materia propia de esta instancia extraordinaria; por tanto, la apertura del recurso, exige que quien recurre, demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión sobre ese tema le causa, situación que no se configura en el "sub lite".

Es que tal como se desprende del fallo del A quo, el Tribunal dejó en claro que el motivo de debate entre las partes "...es elocuente para tener como cuantía económica de la causa derechos personales que si bien están en relación con convenio referido a inmueble regularan exclusivamente derechos personales, por lo que deberá estarse a la determinación efectuada por los recurrentes en su presentación a fojas 262 de las actuaciones respecto del monto actualizado del contrato sin que deba considerarse a los fines regulatorios el valor del inmueble cuya propiedad o dominio no fue motivo de debate" (f. 8/8vto.).

A lo que añadió que no habían sido planteados agravios en punto al contenido económico del contrato y había existido conformidad de la Caja Forense.

Ante lo aseverado, los recurrentes insisten en tratar de imponer su postura basada en que a fin de regular los honorarios por la actuación en la reconvención debió tenerse en cuenta el valor del inmueble involucrado pues si su intervención no hubiese sido exitosa en este punto, los actores hubieran perdido el mentado bien; afirmando además que la Sala desconoce que la reconvención tendió a la rescisión contractual que implicó pretender el total del inmueble y que por ello lo reclamado revistió naturaleza de derecho real y no personal.

Sin embargo, tal como los reparos fueron formulados -en un memorial alejado de una satisfactoria técnica recursiva; sin demostrar la irrazonabilidad del criterio del Tribunal a la luz de la ley o la interpretación que la doctrina o la jurisprudencia sostienen al respecto desde que no acredita que las citas que traen guarden analogía con el "sub discussio"; o incluso sin brindar mínimas precisiones numéricas que permitan a este Cuerpo realizar una evaluación concreta de las críticas- devienen insuficientes para lograr descalificar el decisorio a la hora de seleccionar la base sobre la cual se calcularían los estipendios.

Además, las alegaciones que formulan en el escrito de queja -tratando de mejorar el recurso, en un intento legalmente vedado- en punto a que los Magistrados omitieron aplicar las normas que rigen el caso -art. 8, apartado b), ley 6767- son esbozados como una simple afirmación genérica, insusceptible de merecer atención a través de la revisión extraordinaria.

Por otra parte, las manifestaciones de los impugnantes en punto a que los Juzgadores soslayaron ponderar la magnitud de la labor profesional realizada no pasan de ser una expresión genérica, desprovista de precisiones con las constancias de la causa que permitan a este Cuerpo evaluar la decisividad del planteo.

En definitiva los impugnantes, pese a su insistencia, no logran perfilar cuestionamientos idóneos dirigidos contra la resolución que rechazara el recurso directo que interpusieran ante la Sala.

La disconformidad con la suerte adversa de sus planteos de manera alguna resulta suficiente para acceder a esta instancia de excepción, dado que carecen de aptitud para descalificar los fundamentos brindados por aquélla a la hora de rechazar la queja deducida.

En suma, a pesar de las alegaciones efectuadas por los impugnantes, éstos no han logrado demostrar que la respuesta brindada por los jueces ordinarios al denegar el recurso deducido resulte arbitraria.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)