marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, decretos municipales, Transporte
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIANDA LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-02

La Municipalidad de Córdoba tiene el derecho de dictar los decretos municipales relacionados con el sistema de transportes públicos de la ciudad; pero cabe destacar que estos actos del estado municipal, que ejerciendo sus funciones naturales en resguardo del bien común, son sin duda actos de naturaleza lícita pero que indudablemente tienen como límite los perjuicios patrimoniales que puedan ocasionar a los particulares a través del ejercicio de sus derechos.-
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, empleador, libros, despido indirecto, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOS MADEROS S.R.L. c/ GARINO, MARIANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

Las alegaciones de la impugnante no alcanzan a controvertir las motivaciones desarrolladas por la Sala, que evidenció tanto la falta de presentación por parte de la patronal de la documental intimada, como también las consecuencias negativas para aquella parte, al afirmar que la empleadora no había cumplido en forma suficiente con desvirtuar la presunción legal y juzgar a las testimoniales carentes de eficacia probatoria en cuanto a la real fecha de ingreso del trabajador, para concluir que el despido indirecto había resultado fundado en justa causa, en el marco de la oposición de la patronal a cumplir con el requerimiento del trabajador, por lo que correspondía abonar las indemnizaciones y multas respectivas. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículos 52 y 55.
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, sanciones disciplinarias administrativas, derecho fijo, falta de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ, Roberto Daniel c/ C.P.A.C.F. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25

Corresponde dejar sin efecto la sanción de multa equivalente al 10% de la retribución de un Juez Nacional de Primera Instancia que le impuso al abogado el Tribunal de Disciplina del C.P.A.F. cuando, el letrado acompaña el bono de derecho fijo del art. 51 de la ley 23.187 que el Juzgado le reclama con anterioridad al libramiento de las cédulas en que se le fijó un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de la obligación ante el Tribunal a quo considerando que el cumplimiento tardío de ese deber formal de informar al Tribunal, no constituye falta ética que autorice la grave sanción impuesta al letrado.
Cuestiones de competencia, querellante, resoluciones judiciales, dictámenes, acción de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: RESPANTI SÁNCHEZ, E. A. y otros  c/  s/ competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

- Competencia.

Querellante que recurrió el auto por el cual el magistrado se declaró incompetente para seguir interviniendo y dispuso remitir las actuaciones a la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico a efectos de que se investigara la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 302, incisos 1° o 4° del CP.

Fiscal que había solicitado la desestimación. Requerimiento fiscal ausente. Fiscal de Cámara que no adhirió al recurso del acusador particular. Intervención limitada a revisar los aspectos formales de la resolución y del dictamen del acusador público. Cuestión de fondo que, de tenerse en cuenta, implicaría otorgarle al querellante una participación en el proceso que provocaría la transformación de delitos de acción pública en delitos de acción privada. Máximo Tribunal que no se expidió, hasta el momento, sobre la posibilidad de que el sumario avance solo con el impulso del acusador privado en este tramo del proceso (ver antecedente CSJ 33/2012 (45-D) "Diéguez Herrera, Esteban", rto.: 16/12/14, criterio que fue mantenido con posterioridad). Representante del Ministerio Público que, luego de recibir la investigación delegada, se limitó a describir la maniobra presuntamente cometida y entendió que no encuadraba en una figura legal, dictamen que fue revisado y convalidado por su superior jerárquico tras el requerimiento de los, en aquel momento, denunciantes. Decisión que no supera el test de control de legalidad y razonabilidad, ya que no se agotaron debidamente los encuadres jurídicos posibles.

Nulidad del dictamen fiscal y de todo lo actuado en consecuencia.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: COLLADO CARLOS ALFREDO c/ PONTORIERO CARLOS NICOLAS s/ TERCERIA DE DOMINIO DEDUCIDA POR S.R. QUEIROLO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-03-23

Las medidas precautorias, en principio, no son definitivas, en tanto no ponen fin al pleito ni impiden su prosecución, por lo que no pueden dar sustento a los recursos extraordinarios por aplicación del art. 4º de la ley 2275.
Actos y diligencias procesales, temeridad o malicia, aplicación territorial de la ley, competencia por la materia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Uranga Maria Inés y otros c/ Sucesores de Margarita Uranga y otros s/ incidente de ejecución sentencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Resulta procedente la multa impuesta por temeridad y malicia, -en el caso U$S 50.000- toda vez que dictada la sentencia respectiva y a efectos de proceder al remate de los bienes, se ordenó a la demandada la entrega de los títulos accionarios embargados, lo cual no hizo. En tales condiciones, la conducta examinada no resulta adecuada al deber de colaboración que rige el proceso judicial ni al de obrar de buena fe que se le exige a las partes. Esta Sala tiene dicho que actúa temerariamente quien litiga sin razón valedera y tiene conciencia de la propia sinrazón -elemento éste de carácter subjetivo referido al conocimiento de quien así se conduce- y que lo así obrado torna procedente la sanción que la reprime; mientras que se conduce con malicia quien utiliza o intenta utilizar el proceso en contra de sus fines, obstaculizando su trámite, demorando el pronunciamiento u obstando al cumplimiento de la sentencia, con ciertas, notorias y evidentes articulaciones improcedentes con conciencia -obvio es- de tal inadecuado proceder (v. sentencia del 3.12.10 en "Ropall Indarmet SA c/ Jean Gallay SA s/ ordinario"; en igual orden de ideas: v. "Kielmanovich, Jorge L.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, T. I, págs. 129/30; Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M.: "Código Procesal Civil y Comercial", La Ley, Buenos Aires, 2006, T. I, pág. 377).
Internet, falsificación de marca o designación, competencia desleal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gerfon S.A. c/ Parvo SH y otro s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

No es posible sostener -en este estado- que la marca de la actora resulte ajena al "Quartier Punta Ballena" tema que es objeto del blog. La mención de "Inmobee" en ese contexto no puede ser comprendida en los delitos marcarios que prevé el inc.

b) del art. 31 de la ley 22.362 -invocado por la recurrente-, toda vez que se relacionan con el uso de una marca falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización. Tampoco resulta aplicable el art. 10 bis del Convenio de París -aprobado por la ley 17.011-, en tanto que de los elementos obrantes en la causa no surge que dicha referencia constituya un supuesto de competencia desleal en los términos del precepto en el que pretende fundar su derecho la apelante.
Recursos, denegatoria del recurso, debido proceso, recusación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Carzolio, Carlos Cristian y otros contra G.C.B.A. y otros sobre Incidente de Recusación - Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Empleo Público-Diferencias Salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde rechazar la queja a estudio porque no rebate la razón por la que fue denegado el recurso de inconstitucionalidad que pretende sostener: no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable en los términos del art. 27 de la ley N° 402, y la parte recurrente no muestra por qué debería ser equiparada a una de esa especie (cf. mi voto in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Dorelle, Daniel Héctor y otros c/ GCBA s/ recusación (art. 16 CCAyT)" expte. SACAyT n° 6190/08; sentencia del 05-03-2009). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso contencioso administrativo, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Corporación Misionera S.A.(C.O.M.I.S.A.). c/ Instituto de Desarrollo Habitacional (I.PRO.D.HA.). s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-06-12

La naturaleza exclusiva y típicamente revisora de la competencia en esta materia del Tribunal, no autoriza la discusión de cuestiones no sometidas oportunamente a la originaria de la administración.
Prueba confesional, confesión ficta, citación en garantía, notificación en el domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: KLINGER, JORGE c/ GRUMBAUM, RAUL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

No corresponde tener por absueltas en rebeldía las posiciones del representante legal de la citada en garantía, pese a su incomparecencia a la audiencia, cuando la cédula respectiva ha sido dirigida a un domicilio distinto del que fuera constituido por la citada a los efectos personales art. 409 del C.P.C. .
Privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Zonanor Cooperativa c/ Van Petec s/ Embargo preventivo y ejecución Citibank N. A. c/ Prengler, Andrea M. y otros s/ Ejecución Roig, Luis c/ Kafalas de Lupasakis, Panagiota s/ Ejecución - Embargo preventivo Citibank N. A. c/ Arias, Pedro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21|1992-03-17|1991-06-06|1995-11-23

Los gastos de justicia importan una preferencia de carácter especialísimo, que los sitúa por encima de todo privilegio, con tal que hayan sido útiles frente al acreedor a quien se opongan. Si la actividad del apoderado del ejecutante ha redundado en su beneficio y provecho, los gastos que la misma ocasione, entre los que debe incluirse los honorarios del profesional, importan gastos de justicia que en consecuencia, gozan de la preferencia que establecen los artº 3879 inciso 1º , y 3900 del CCI, sin que corresponda efectuar distinción según las etapas de promoción y ejecución del juicio.
Ministerio Público Fiscal, requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción, nulidad procesal, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MILANESE, Mariana.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-12

Si no media requerimiento de instrucción (art. 188, C.P.P.), la actividad ulterior desplegada por el Ministerio Público Fiscal suple tal formalidad. El tribunal ha actuado en virtud de la solicitud efectuada por aquél y habida cuenta que desde el inicio del proceso la fiscalía puso de manifiesto su voluntad de ejercer la acción penal, no puede sostenerse que el juez procedió "ex officio" sin el estímulo de la actuación fiscal.
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ausfet Miscione, María Florencia c/ Ausfet, Héctor Eugenio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

La inscripción ante el registro público de la sentencia pronunciada en el juicio por reconocimiento de paternidad (art. 66, Decreto Ley 8204/63), opera el emplazamiento en el estado de familia de hija, configurándose título de estado y revistiéndose de juridicidad la preexistente relación biológica paterno filial (art.247 del Cód.Civil).
Compraventa inmobiliaria, Comisión Municipal de la Vivienda, escrituración, convenio de honorarios, nulidad del convenio, renuncia de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: LAURITI LUCIA c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION - CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

En el convenio realizado entre el adjudicatario de un bien y la Comisión Municipal de la Vivienda, presentado en el respectivo juicio de escrituración, y en el que se acuerdan la forma y plazos de cumplimiento de la obligación principal así como el monto y plazo de pago de los honorarios de los letrados de ambas partes, existen dos acuerdos perfectamente diferenciados, lo que deberá tenerse en cuenta para resolver la nulidad planteada por el ente estatal con fundamento en que su mandatario no contaba con facultades especiales.

El acuerdo sobre el cumplimiento de la obligación de escriturar, por el que se establece el plazo de un año para dicho acto, término no solo mayor al que correspondía por boleto sino también al que solicitara la vendedora, contiene concesiones recíprocas que lo ubican en una transacción, que no es nulo si el apoderado contaba con poder suficiente para hacerlo previa autorización del Intendente Municipal. Aunque se lo considerase un allanamiento la solución sería la misma, pues al representante convencional se lo supone habilitado al efecto, a menos que exista restricción expresa en el mandato o importe una virtual renuncia de un derecho del allanado que exija facultad especial.

Es nulo el convenio de honorarios para los letrados de la parte actora por su actuación en el proceso, que importa una renuncia por parte del obligado al pago del derecho a que se los fijara judicialmente de acuerdo a la ley 21.839, y que además fija remuneración para un profesional que no tuvo actuación en el proceso, si no se cuenta con facultades especiales para tal renuncia.
Declaración indagatoria, prueba falsa, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, Graciela C. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14

El aporte de pruebas presumiblemente apócrifas por parte del imputado durante la indagatoria, no constituye un accionar delictivo, correspondiéndole al Estado verificar la calidad de auténtica, y en caso que fuere falsa, podrá ser evaluado conforme las reglas de la sana crítica en la oportunidad de resolver la situación procesal del sujeto.
Auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: López, Juan Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Los sucesos que le fueran enrostrados al imputado desde el inicio de las presentes actuaciones son los mismos que los contenidos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio y en el alegato posterior al juicio, y es idéntico también al que ha sido fijado y tenido por probado en la sentencia atacada; es decir, que la plataforma fáctica se ha mantenido inalterada, por lo cual, y siendo que de la confrontación realizada se advierte con nitidez que el suceso en el fallo del a quo es congruente y se correlaciona con el que fuera delimitado durante el proceso (indagatoria, procesamiento, elevación a juicio, debate y alegatos), no es posible sostener que existe una violación al principio de congruencia. Por lo demás, tampoco se observa en el caso que se haya violado el derecho de defensa en juicio, pues el imputado contó a lo largo de todo el proceso y durante la audiencia de debate con la posibilidad de ejercer su defensa material y técnica de las imputaciones que pesaban en su contra que eran por él plenamente conocidas. (Voto del Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Contrato de trabajo, despido indirecto, obligación de seguridad, injuria laboral, condiciones dignas de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: DICIANO ALICIA BEATRIZ c/ EL PARLAMENTO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-14

Fue ajustada a derecho la denuncia del contrato que formuló la trabajadora porque la empleadora no adoptó a tiempo medidas eficientes que resguardasen a la dependiente de las conductas nefastas y modos repugnantes de su compañero de tareas, imponiéndole en los hechos, un entorno laboral lesivo de su dignidad. No fue un "acoso sexual" la causa de la resolución contractual, fue el hastío y el cansancio moral que le provocó el retardo de la empleadora en tomar medidas aptas para detener las provocaciones y ataques del compañero de tareas de la actora y evitar de ese modo que el ambiente de trabajo se tornara insufrible. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Usurpación, principios procesales, instrucción, devolución de objetos secuestrados, restitución del inmueble, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: " CRUZ, Luciano s/ solicitud de desalojo ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

La procedencia de la medida cautelar previstas en el art. 238 bis del Código Procesal Penal de la Nación requiere la concurrencia de los presupuestos comunes a todas aquellas de su naturaleza, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Desde tal perspectiva, y en lo relativo al primero de los requisitos mencionados, este Tribunal coincide con la doctrina y jurisprudencia que entiende que para su verificación resulta necesario que exista -cuanto menos citación a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Ramírez, Julio s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

Si se intimó a la demandada el pago de la liquidación aprobada dentro de determinado plazo, cabe entender que media un incumplimiento de la obligación, si el pago pretendido se hizo después de vencido el plazo y sin incluir los intereses caídos; el mismo carece, en consecuencia, de los efectos extintivos del pago arts. 508, 509, 622, 742, 764, 776 y 777 Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, Derecho penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERMERCADO EKONO SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Los principios del Derecho Penal aplicables al Derecho Administrativo Sancionador no van a serlo en forma mecánica, sino "con matices", es decir, debidamente adaptados al campo que los importa. Ni la legalidad, ni la reserva de ley, ni la tipificación, ni la culpabilidad, ni el non bis in idem, ni la prescripción tienen el mismo alcance en el Derecho Penal que en el Derecho Administrativo".

Asimismo que: "La matización, en suma, no debe realizarse en la fase de aplicación del Derecho Penal al Derecho Administrativo sino en la fase de concreción del nivel constitucional al administrativo (y al penal).

La aplicación que actualmente se viene realizando de principios y criterios del Derecho Penal es absolutamente incorrecta, aunque haya que aceptarla de manera transitoria mientras se van elaborando unos principios constitucionales punitivos, que todavía distan mucho de estar perfilados" (Nieto, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador, págs. 173 y 175, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, 2da ed. ampliada).
Distribución de alimentos, comedores comunitarios, asistencia alimentaria, sentencia firme
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otro  c/ E.N. - M. Capital Humano - Resol. 13/24 s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-25

Corresponde intimar al Ministerio de Capital Humano de la Nación a restituir el suministro de asistencia alimentaria a comedores comunitarios y merenderos, en el marco de la resolución que quedó firme. Asimismo, el ministerio demandado deberá acreditar en forma documentada si los programas o planes alcanzados por la medida cautelar están ejecutándose, en forma normal y continua.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, arma impropia, arma descargada, simulada o defectuosa, intimidación, bien jurídico protegido, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Considerar que la utilización de arma inapta no implica riesgos para la víctima, constituye una afirmación meramente dogmática, desde que la integridad del individuo humano abarca tanto lo físico, como lo psíquico, por lo que fácil es concluir que la vulneración y las consecuencias que sufre en este último campo el intimidado por un arma, aún inidónea, es mucho mayor, como consecuencia de la ostentación de ese objeto.

No es posible partir de diferenciar conceptos o términos similares en el Código, según los casos, y si es arma, en el delito previsto por el art. 189 bis del Código Penal, aun inapta o descargada -"Tenencia y portación de arma ilegal"-, también debe tenerse por tal en el delito de "robo con arma", sea que esté inútil o sin proyectiles.

Por todo ello, si lo esencial es la intimidación, debemos concluir que se satisface el tipo legal cuando se ha empleado, a sabiendas y voluntariamente, un arma, aun inapta en la circunstancia, para intimidar a la víctima y hacerle deponer su resistencia u oposición, creando con ello la profunda convicción en la víctima, de que está siendo amenazado con un elemento capaz de producirle un daño físico de entidad, en caso de oposición; con lo que, a los efectos de la agravante contenida en el art. 166, inc. 2 C.Penal lo relevante y fundante, no es el poder ofensivo real del objeto, sino el efecto intimidatorio concreto que conlleva su utilización. (Del Voto Del Dr. Crippa García)
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Manuel c/ Frigorífico San Nicolás s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Infringe el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que no pondera la injuria con la prudencia que la ley exige.
Divorcio, separación de hecho, costas al demandado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B., C.R. c/ M., D.E. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

No corresponde imponer las costas a la demandada, cuando el divorcio vincular fue decretado por la causal objetiva de separación de hecho sin voluntad de unirse (art. 214, inc. 2º, Código Civil) y dicha parte ni siquiera se presentó en las actuaciones, siendo representada por el Defensora Oficial, quien no se opuso a la pretensión del accionante.-