Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-19


En la ciudad de Trelew, a los 19 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., A. M. y otras c/ L., D. A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 21.796 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 342 .

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Manino manifestó: - - Iº .- La sentencia y los agravios.

- Iº .- 1º) .- La sentencia .

- A fs. 288/296 la sentencia de origen hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por los actores A. M. C. y D. E. G., por sí y por su hija entonces menor de edad L. A. C., por los daños acaecidos a la menor y a ellos por el accidente de tránsito sucedido el 17/08/2003 en la Avda. Eva Perón de esta ciudad, con el automotor dominio .......... propiedad del primer demandado, conducido en el momento del evento por el hijo de los demandados, F. D. L. , del cual y como consecuencia del accidente sufriera diversas lesiones la menor L. A. C., de naturaleza traumática cráneo-máxilo-facial y otras, que motivaran la necesidad de su atención y diversas curaciones e intervenciones.

Del modo y forma en que se produjo el siniestro el Sr. Juez a-quo declaró la responsabilidad del hijo -también menor de edad en ese entonces- de los demandados, F. D. L., por culpa de éste, con responsabilidad del demandado principal como titular del dominio del rodado, en conjunción de los Arts. 1109, C. Civil y 1113, 2do. párr., C. Civil por el riesgo de la cosa.

. En este punto, determinó que el más que probable no uso del cinturón de seguridad por la víctima, defensa esgrimida por la demandada en su responde (fs. 69 y vta) conforme los transportados y lo que surgiera de la causa penal y prueba de autos, no había acreditado que ello fuera coadyuvante o una causa adecuada para agravar las consecuencias del accidente, o que ello debió ser motivo de atención por el padre del menor conductor del vehículo.

De manera preliminar el a-quo trató el pedido de morigeración cuantitativa que pidiera la demandada (fs. 68vta./69), por tratarse del denominado "transporte benévolo" al quedar demostrado por las constancias de la causa penal 13204/03 glosada por cuerda separada a estos autos y por las constancias arrimadas a la litis, que el menor F. conducía el rodado citado transportando a un grupo de amigos entre los cuales se contaba la menor L. dañada en el accidente. Por las conclusiones que expuso a fs. 291 vta./292 desestimó el planteo de morigeración que adujera la demandada.

- Ingresando en los reclamos ejercitados, el Sr. Juez a-quo hizo lugar al rubro de los gastos médicos, de atención y demás que llevaran a cabo los padres de la menor, aceptando los mismos en mérito a la documentación glosada y por el monto de $ 14.972,85 .- También hizo lugar al reclamo de gastos terapéuticos futuros, con sustento en la pericia de fs. 231/233 que concluyera en la necesidad de una corrección quirúrgica, una cirugía ortognática por la disfunción masticatoria, fijando el monto de este ítem que según presupuesto de fs. 13 se estimara en $ 800, en la suma adecuada al momento de su decisión de $ 1.200 .

Aceptó luego el reclamo por daño moral, para la menor damnificada, estimado en la demanda en la suma de $ 250.000, sobre el cual y por las diversas consideraciones que vertiera sobre este rubro (fs. 283), lo fijó en la suma de $ 20.000 .

- Se ocupó luego del reclamo por lesión estética para la menor, estimado en la suma de $ 100.000. Señaló que este ítem configura o un daño patrimonial por la pérdida de ventajas económicas conexas a la capacidad laborativa, o configura un aspecto del daño moral por el desmedro espiritual que la misma importa. Al entender que en el caso no existía repercusión patrimonial por no afectar la actividad remunerativa de la menor, habiendo considerado el punto en el reclamo por el daño moral, desestimó el reclamo por dicha lesión estética.

Finalmente trató la incapacidad sobreviniente que afecta a la menor, que se dejara librada a la apreciación judicial. Consideró y mencionó antecedentes del tema y que la pericia de fs. 231/233 había determinado una incapacidad parcial funcional de grado leve a moderado, por lo que de acuerdo a lo expresado en el ítem daño moral, estimaba ajustado fijar el porcentual incapacitante en un 15 % . Con este porcentual y para fijar el monto aplicó la fórmula matemática financiera (fs. 294 vta.), estimando como ingresos probables y adecuados a la víctima, estimados por su edad y posibilidades, de $ 1.500 mensuales, que multiplicados por 13, arrojaron la suma que indicara, aplicando a la misma el citado porcentual del 15 % y estimando como "vida útil" con comienzo a los 24 años y hasta los 65 que arrojó 41 períodos, arribó finalmente al monto de este rubro en la suma de $ 44.801,16 .

No hizo lugar al planteo de la demandada de aplicar a las sumas indemnizatorias la tasa "pasiva", con cita de precedentes de esta Alzada, determinando que las costas del proceso, en atención a los rubros que procedieran pero por sumas sustancialmente inferiores en grado notorio a las peticionadas en la demanda, correspondía que fueran distribuidas, imponiendo el 70 % a la demandada y el 30 % restante a la actora.

Fijó así en su resolutorio el progreso de la demanda, condenando a los demandados y a la aseguradora citada en garantía B. I. S. S.A., a abonar en el plazo y con los intereses que estableció, la cantidad de $ 80.974,01 de los cuales $ 64.801,16 correspondían a la menor L. A. C..

El fallo fue apelado por ambas partes del litigio. Lo expongo en el orden en que vinieron expresados.

Iº .- 2º) .- Los agravios de la actora.- Constan en su presentación de fs. 314/320 y pueden y deben resumirse en: - a) - Que la suma concedida en reparación del daño moral es sumamente exigua y además de no guardar concordancia con el impacto espiritual de las lesiones cráneo-faciales, entre otras, sufridas por la menor L., se sustentó -la suma fijada- en antecedentes no aplicables al presente caso. Destaca que no se tuvo en cuenta la atención que debió prestarse a la víctima, citando la experticia del Dr. I. Z. como perito médico odontológico (fs. 231/233), que ya he citado, resaltando que puede agravarse si se espera una libre evolución de la enfermedad (las lesiones) y no se somete a una intervención quirúrgica. Se explaya sobre las condiciones de dicha intervención, cita los testimonios de autos sobre las dificultades de L. en la actualidad para comer y hablar, que debe considerarse la edad (21 años) y la necesaria operación que debe encarar. Esto implica en su entender que la víctima todavía debe sufrir nuevas vicisitudes derivadas de lo sufrido, con impacto y perjuicio de su ánimo y estado espiritual, tales como alteración de proyectos de vida, situación menoscabada en su aspecto y en su vida de relación que configuran un panorama que no puede evaluarse con la suma otorgada por daño moral que, en consecuencia, debe ser aumentada a la cifra que se reclamara en la demanda ($ 250.000).

b) - Que debe concederse el reclamo por la lesión estética, para lo cual y como el a-quo la consideró en el tema del daño moral, integrándola al mismo, se remite a lo ya expresado respecto del punto anterior. c) - Critica la suma fijada ( $ 1.200) por la futura intervención quirúrgica. Sostiene que dicha cifra no guarda relación alguna con la realidad, mencionando a guisa de ejemplo que las piezas dentales a reponer fueron presupuestadas en $ 2.000 cada una por la Dra. M., así como cita sumas presupuestadas para tal intervención netamente superiores a la que fijara el a-quo. Para lo cual pide realización de prueba en esta Alzada con pedido de informes a al Dr. Z. y a la firma E. para que suministren costos reales de las intervenciones que debe realizarse a la víctima.

d) - En cuanto a la incapacidad sobreviniente acepta el sistema llevado a cabo por el a-quo para fijar la suma resarcitoria. Pero destaca que la víctima es estudiante de derecho, siendo factible suponer que a partir de su egreso y comienzo de su ejercicio devengue sumas superiores a los $ 1.500 que estimara el a-quo; por lo que entiende y pide se fije el ingreso en $ 2.500 mensuales con la pertinente corrección de la liquidación practicada.

e) - Su postrer agravio es el referido a la imposición en costas, destacando que su parte ha resultado ganadora del pleito y que aunque las sumas reclamadas hayan sido reducidas a cifras inferiores, ello no le quita su carácter de gananciosa, por lo que corresponde que las costas se le impongan totalmente a la parte demandada.- - La réplica de la demandada.

La demandada replicó la expresión de agravios mediante su presentación de fs. 332/335.

La inicia solicitando desestimar el pedido de prueba en la Alzada que hiciera la actora respecto al punto futura intervención quirúrgica, por extemporánea y sin sustento en las posibilidades del Art. 260 del CPCC. sobre el tema. No hubo prueba ofrecida y denegada y la ausencia de acreditación de los extremos sobre los cuales ahora pide prueba en la Alzada se debieron únicamente a su inactividad. Entiende que hubo premura de la actora en el pedido de cierre de la prueba y por ello el a-quo tuvo en cierta manera -cosa que así hizo-, que sustituir la ausencia de elementos para el tema de la intervención fijando la suma que consignara en su fallo. En cuanto al rubro daño moral sostiene que es solicitar una suma mayor sin fundamento, en base a la futura intervención que por obvio, realizada como corresponde, nada ha de influir en el espíritu de la menor y que además es un daño futuro y no un daño actual que no fue reparado por razones desconocidas. Embate contra las consideraciones de la afección facial de la víctima, señalando que fueron bien apreciadas por el juzgador quien, para fijar el monto del daño moral ha llevado a cabo una adecuada interpretación de los factores en juego. Para la reparación de la lesión estética sostiene que media insuficiencia técnica en este agravio por falta de consideración y análisis como lo establece el código ritual. Vuelve sobre la futura intervención quirúrgica reiterando conceptos ya expresados y lo improcedente del pedido de prueba. En lo que hace a la incapacidad sobreviniente estima que o se acoge el rubro de lucro cesante o el de gastos de cirugía futuros, destacando que la víctima no es portadora de tal incapacidad sobreviniente porque así resulta de la pericia realizada, ya que en ella se indica que con la operación se eliminarán las secuelas incapacitantes. Comenta sobre los posibles ingresos de la Srta. L. por su futura profesión indicando que no existe justificativo alguno para los $ 2.500 que se pretende, lo que es entonces una mera discrepancia con el criterio del juzgador. Finaliza con la imposición de las costas, citando doctrina de esta Sala "A" en que la distribución se impone cuando o son rechazados rubros reclamados o la suma que se fija tiene un monto sensiblemente menor a la pretendida, como fuera el caso de esta causa; por lo cual bien se estuvo en la distribución que se llevara a cabo. Iº .- 3º) .- Los agravios de la demandada. Los plantea a fs. 321/326 y pueden sintetizarse en : - 1) - Que el a-quo desechó toda cuota parte de responsabilidad en el evento por parte de la entonces menor L. C., con tres elementos que consigna, todos ellos referidos al no uso del cinturón de seguridad por parte de la víctima. Que la Ley de Tránsito 24.449, vigente en este municipio por la O.M . 5490/96 que adhirió a la Ley 4.165 que había adherido a la Ley de Tránsito (LT), dispone que los vehículos deben contener dispositivos de seguridad (cinturón) y que al aceptar la menor el ser transportada como lo fuera en el asiento delantero entre conductor y acompañante, no estaba utilizando cinturón alguno. Cita para esto lo probado sin duda en la causa que en la camioneta viajaban atrás 5 personas y adelante 3, el conductor, el acompañante y entre ambos la menor L.. Que admitir ser transportada en estas condiciones, ingresa el elemento culpa en el accionar de la víctima que influyó en la relación causal del accidente, por lo que el Sr. Juez a-quo no pudo dejar de tenerlo en cuenta atendiendo a los elementos de la causa penal y testigos de autos. Que por otra parte, al estar entre conductor y acompañante la víctima dificultaba sin duda el manejo del rodado que también debe ser evaluado como culpa de la misma. Que todo ello surge de la causa penal que al ser ofrecida como prueba por ambas partes reviste el carácter de "prueba común" con fuerza probatoria suficiente. Que en consecuencia debe evaluarse la incidencia de la conducta de la víctima en la relación causal adecuada imputando su cuota parte de responsabilidad en el evento.

En apoyo de este agravio cita doctrina ya emanada de este cuerpo sobre las consecuencias del no uso del cinturón de seguridad. 2) - Ataca la concesión del rubro incapacidad sobreviniente que surge y se otorga cuando media disminución permanente e irreversible en la víctima, pero que no corresponde cuando se demuestra la posibilidad de recuperación. Lo que en autos -dice- surge con claridad de la pericia del Dr. I. Z. (fs. 231/233), donde concretamente el experto menciona incapacidad leve a moderada, factible de agravarse si se espera una libre evolución y no se somete a una intervención quirúrgica. Que es factible -sigue citando al perito-, esperar una modificación de las secuelas físicas realizándosele la intervención quirúrgica apropiada. Destaca que de esta experticia realizada por pedido de la actora que no tuvo objeción de su parte por el resultado netamente favorable a su postura, surge que la incapacidad leve a moderada constatada por el experto no se ha consolidado como secuela permanente y por el contrario es dable esperar una mejora como consecuencia de ella. Reflexiona sobre como por un lado el a-quo otorga el rubro gastos de intervención quirúrgica futura y a la vez otorga incapacidad sobreviniente, sostiene que aquí ha mediado una violación al principio de congruencia. Si la incapacidad sobreviniente es definitiva, es contradictorio otorgar resarcimiento por operación futura. La necesidad de la intervención que trata el a-quo, según lo dictaminado en la pericia, es precisamente para modificar la tal mentada incapacidad actual de leve a moderada. Por lo tanto no existe en la víctima incapacidad sobreviniente, sino transitoria y parcial, lo cual conlleva a que solamente le puede corresponder el lucro cesante dejado de percibir entre el día del evento y su alta, si es que prestaba servicios remunerados, pero no una indemnización por incapacidad sobreviniente que para ser indemnizable debe ser definitiva. 3) - Este 3er. agravio, de difícil comprensión, indica que es supletorio del anterior. Sostiene que si en L. no existe incapacidad sobreviniente, es contradictorio que se haga lugar a una intervención futura de reparación de las secuelas maxilo-faciales. Si en cambio, la incapacidad es permanente, debe hacerse lugar a ello y no puede hacerse lugar al pago de indemnización futura (es de suponer que por la intervención). Entiende pues que al no tener dicha incapacidad carácter de permanente debe confirmarse lo resuelto por el a-quo. 4) - Concluye en se ha demostrado la incidencia en la relación causal del hecho de la víctima (la "culpa"), por lo que debe atribuírsele un grado de responsabilidad en las lesiones que sufriera. Dice que no se ha demostrado portación de incapacidad permanente o sobreviniente, no siendo su parte responsable del hecho de no haberse llevado a cabo la intervención quirúrgica necesaria. Que por ello corresponde el pago de la operación a realizar pues de lo contrario si la minusvalía es permanente no procede hacer lugar a este rubro. O es permanente y por ello irreparable o es reparable y no permanente. Y que la morigeración de la indemnización se impone en el porcentaje a establecer por el "hecho (culpa) de la víctima".

La réplica de la actora.

Formulada a fs. 328/330, desecha los agravios de la demandada. En cuanto al no uso del cinturón de seguridad, entiende que ello debió ser motivo de oposición por parte de la aseguradora citada en garantía, extendiéndose en las prescripciones de la Ley de Seguros, circunstancia que no llevó a cabo la citada por lo que sostiene que aceptó la responsabilidad por el seguro concertado con sus consecuencias.

Aquí para abreviar trámite, me adelanto al tratamiento, haciendo notar a la actora que la cuestión del no uso del cinturón por la víctima -además de la defensa esgrimida por la demandada-, fue explícitamente mencionada y tratada a fs. 88 y vta. de su responde por la aseguradora, que por otra parte aceptó sin reparos su citación e intervención (fs. 86), con lo que tal introducción no es entendible y también es inaceptable.

Luego analiza lo de la incapacidad sobreviniente (el 15 %), sosteniendo que debe confirmarse este punto, reiterando presuntos gastos de intervenciones futuras y monto de los mismos, según opiniones del Dr. Z. obrantes en autos. Finaliza con su comentario sobre que resulta -para la demandada-, contradictorio en aquello de incapacidad sobreviniente y futura intervención reparatoria de las secuelas maxilo-faciales. Destaca que el propio experto no asegura que la operación sea la solución del problema, sino la necesidad de hacerla para evitar posibles daños mayores, Que no se ha dicho que con la operación desaparecerán la incapacidad, sino que podría atemperar la misma; esto es entonces que la incapacidad es parcial y permanente y la operación futura modificaría las secuelas pero no las haría desaparecer.

- IIº .- Aclaración sobre el tema del transporte "benévolo".

Debo manifestar a mis colegas del cuerpo que, en atención al resultado de la litis y lo analizado y tratado respecto de la cuestión del denominado transporte "benévolo", reservo mis personales opiniones en lo tocante a este tan discutido tema del derecho de daños. La demandada, en este punto, solamente pidió "morigeración" de la posible indemnización por tratarse de este tipo de transporte (fs. 87/88 del responde), morigeración que fue desestimada por el Sr. Juez a-quo a fs. 291 vta./292 (Consid. 3ro.), decisión que ha llegado con firmeza ganada a esta Alzada, lo cual y por obvio obsta a todo otro tipo de tratamiento de la cuestión. Por lo que nada más he de añadir a lo expuesto, reservando como dije mi personal opinión.

IIIº .- Tratamiento de los agravios.

Dada las particularidades del presente, considero necesario una disquisición previa sobre aportes de responsabilidad o aportes causales y en consecuencia de ello, tratar en primer lugar la defensa esgrimida por la demandada y por la aseguradora sobre el no uso del cinturón de seguridad por la entonces menor L. C.. Toda vez que recién luego de dirimir en mi opinión este punto, podrá ingresarse de forma directa en los rubros indemnizatorios y la suerte de los recursos interpuestos.

Trataré por tanto primero aquello de los aportes de responsabilidad y los aportes causales, recordando que en el sub-examen ha mediado una conjunción en el encuadre legal o el pretendido por las partes de los Arts. 1109 y 1113 del C.Civil.

La responsabilidad y los aportes causales.

- No debe confundirse concurrencia de "responsabilidades" con concurrencia de "aportes causales", que deberán tenerse en cuenta según esté entablada la litis...

- Cuando discutimos un accidente entre dos automotores y ha mediado, por ejemplo, no solamente demanda sino reconvención, con atribuciones recíprocas de haber sido el otro el "responsable", podremos usar aquello de concurrencia de responsabilidades, toda vez que en la relación causal habrán mediado, en su caso, responsabilidad de ambos rodados en la atribución objetiva de "responsabilidad".- - Pero si hay demanda e ingresamos en el "hecho de la víctima" no habrá concurrencia de responsabilidades, sino (por la víctima) concurrencia de aportes causales.

El porqué de la distinción es por cuanto la víctima no tiene "responsabilidad" ya que se refiere al daño sufrido por la misma, con lo que no puede haber responsabilidad por su propio accionar, sino la concurrencia de su aporte causal -o de su concurrencia en la relación de causalidad adecuada-, que contribuye a la causación del daño y por ende libera total o parcialmente al "dañante". Deberá entonces hablarse de aportes causales en la causación del daño que involucrará exoneración parcial o total de la responsabilidad del embestidor, del que choca, etc..., en suma de quien causa el daño pero con esta circunstancia. Con lo cual hablaremos de responsabilidad disminuida por el "aporte causal" del hecho de la víctima, o aun exoneración total de la "responsabilidad" por el "aporte causal" exclusivo de la víctima del suceso.

- No habrá distribución por tanto de "responsabilidades" cuando hubo hecho de la víctima, sino concurrencia de aportes causales, con lo que la distribución se hará en proporción a la cuota parte de causalidad; como lo ha tratado ya autorizada doctrina ( confr., Bustamante Alsina , "Función de la culpa en la responsabilidad objetiva", L.L. 1994-C-165; esta Alzada en S.D.C. 1/94, 51/94, 10/95, mi voto en S.D.C. 24/95, exp. 11578; esta Sala "A" en la S.D.C., 18/06, exp. 20976). La responsabilidad y el aporte causal de la víctima.- Considero y así lo opino que en el evento debatido en autos, medio el aporte causal de la víctima L. C., para arribar al resultado dañoso. De las constancias de la causa penal, prueba común para las partes, surge con meridiana claridad que la entonces menor no estaba utilizando el cinturón de seguridad que deben utilizar todos aquellos que "circulan". Así lo especifica de manera taxativa el Art. 40 "Requisitos para circular" de la L.T., cuando en su inciso k) establece que "sus ocupantes" usen los correajes de seguridad. No es una obligación para que el que "conduce", o el que "maneja", sino para todos los "ocupantes".

Veamos las constancias de dicha causa penal.

- De la declaración del conductor F. D. L. (fs. 70), surge que en la camioneta Chevrolet tipo pick up, de doble cabina, viajaban cinco (5) personas en el asiento de atrás y tres (3) adelante, L. mismo manejando, "otro chico" y L., no recordando L. si L. iba del lado de la puerta; que no recuerda si llevaban puestos los cinturones de seguridad; que la camioneta tiene dos (2) cinturones en el asiento delantero; y que no recuerda si L. lo llevaba puesto o él mismo lo estaba usando. El Tgo. G. a fs. 33 dice que él viajaba en el asiento delantero con L. y con L. y narra quienes tuvieron lesiones en el accidente; p. ej. él mismo tuvo un golpe en el lado izquierdo de la cabeza con pérdida de conocimiento. Este testigo se contradice cuando declara a fs. 199 de autos, pues indica que él viajaba atrás y adelante lo hacía R. F.; pero detalle a mi entender harto importante, es que aquí sí declara que L. iba al lado de L..

Lo que es corroborado por el testimonio de L. a fs. 37 (causa penal), donde declara que iba en el asiento delantero, que iba charlando con F. (L.), aunque nada dice respecto del uso del cinturón. Concluyo en que L. no estaba utilizando el cinturón por lo siguiente:

a) - Estaba sentada al lado del conductor, con lo que mal podía estar usando el cinturón pues hubiera sido el del acompañante, imposible de usarlo ella por tener que accionarlo desde la puerta del acompañante y por encima o costado de éste; sería absolutamente ilógico pretender que estaba usando el cinturón del conductor por las mismas e idénticas razones;

b) - No había otro cinturón de seguridad, aparte del usado en su caso por el conductor, que el del acompañante, lo que me remite a lo anterior;

c) - En ningún lugar se dijo que L. viajaba contra la puerta del acompañante sino por el contrario, todo indica y su propia declaración así lo establece, que estaba "en el medio" del asiento delantero, lo cual retorna a lo antedicho.- En consecuencia y por razones de lógica, las lesiones sufridas por la víctima tuvieron el aporte causal de no estar usando el cinturón, que la impulsó contra la estructura del rodado con las lesiones sufridas, relevante las maxilo-faciales, con las otras, que no hubieran debido suceder en caso de ser sujetada en su lugar por el cinturón.

Discrepo, con respeto, en un todo con el criterio del Sr. Juez a-quo en que carece de virtualidad que L. haya usado o no el cinturón. Por el contrario entiendo que la falta de uso del cinturón constituyó un "aporte causal" para que sufriera las lesiones que le produjo el accidente.- Si la víctima hubiera estado utilizando el cinturón de seguridad, la fuerza de retención que el mismo ejerce contra el cuerpo del que lo usa, hubiera impedido notablemente el desplazamiento de su cuerpo dentro del habitáculo del rodado y su proyección contra la estructura del mismo.

La indudable disminución de la velocidad de la camioneta por la "mordida" del cordón y pérdida del control del vehículo que relata L. a fs. 70 de la causa penal, de haber tenido colocado L. el cinturón, hubiera aumentado sin duda la fuerza retenedora de su cuerpo, pues precisamente el hecho notorio de lo que implica el uso del cinturón es el evitar el desplazamiento del cuerpo al cual está sujetando. Si bien la responsabilidad primaria por el siniestro debatido fue la imprudencia y negligencia del conductor L., al abstenerse la entonces menor L. de utilizar el instrumento de seguridad, concurrió con su actuar a la relación causal del siniestro sucedido y sus consecuencias, así como en la magnitud de las lesiones recibidas. Un accidente de tránsito y esto para cualquiera que se desplace en un vehículo, es un hecho perfectamente previsible y aquel que no adopta las precauciones debidas para evitarlo o atenuar sus consecuencias, incurre a mi modo de ver en un grado de responsabilidad propia por la producción de las consecuencias del accidente, que acude a la eximición parcial o en su caso total por el hecho de la víctima (Art. 1113, 2do.,2do.), ó en caso encuadrado en el Art. 1109, en la culpa de la víctima que prevé el Art. 1111 del Código Civil. Esto por aquello del "aporte causal" al que ya he hecho referencia en el apartado anterior. Respecto del uso del cinturón de seguridad, se ha decidido -por ejemplo- en doctrina con la cual coincido, que si la víctima de un accidente traspone un paso a nivel a velocidad superior a la normal y sin el cinturón colocado, lo cual hubiera evitado que fuera despedida de un rodado, se configura la concurrencia de culpa en el siniestro producido (confr. CNCiv., Sala "B", 25/10/99, L. L., 2000-C-889 [42.610-S]. O que si la víctima viajaba con dos personas más en el asiento delantero del rodado, no configurado para tal uso -supuesto expreso del sub-examen-, y que impidió por ello la utilización del cinturón de seguridad, se presenta la imprudencia en el actuar que configura un grado de culpa por los daños sufridos (confr. CNCiv., Sala "J", 26/3/96, L. L., 1998-C-969, J. Agrup., caso 12.780).

- Si una persona decide no utilizar el cinturón de seguridad asume voluntariamente el riesgo que pueda producir su conducta y se torna, en la medida de cada caso a analizar, en responsable aunque sea parcial de los perjuicios que sean consecuencia de esa decisión. La imperiosa necesidad de ser precavido y resguardarse de las contingencias del tránsito es cada día más apremiante y palpable, a poco que observemos la lamentable situación de ser un país con una de las mayores estadísticas de accidentes de tránsito con su secuela de lesiones y muertes.

Como ya lo dijera en alguna otra oportunidad, aflige advertir que en los comentarios de p. ej. los "feriados largos", ya no solamente se informa sobre la concurrencia a los lugares turísticos, sino que también es información renovada las víctimas de los accidentes de ese "feriado largo". Los medios de comunicación abundan en avisos y mensajes tendentes a que de una buena vez dejemos de ser uno de los países con la mayor estadística que he reseñado. La tecnología del automotor incorpora cada vez mejores elementos de protección, en una especie de ecuación que tiende a destruir el rodado pero salvando la vida e integridad de sus pasajeros ( v.gr. el sistema de "air bag" casi uniforme de colocarse en los vehículos que se están produciendo). No puede entonces desoírse con desaprensión más que imprudente - como la entonces menor L. lo hiciera -, la conveniencia del uso de un elemento de seguridad hoy integrante del equipo de cualquier automóvil. O en su defecto, no incurrir en la desaprensiva situación de no ocuparse del tema, con la vana presunción de que no va a ocurrir un accidente.

El factor "culpa", el hecho de la víctima, obra en supuestos como el aquí debatido y dentro la normativa aplicable (Art. 1113, apart. 2do., párr. 2do., C.C.), como factor opuesto al de endilgado de responsabilidad, o sea como presupuesto eximente de la misma, parcial o total, por no tener que responder por la "culpa" (el hecho) de la víctima, cuando el daño es causado por el riesgo de la cosa. Dispone el Art. 903 del CC., que las consecuencias de los hechos libres son imputables al autor de ellos y el Art.901 edicta que son consecuencias inmediatas de un hecho las que acostumbran suceder del curso natural y ordinario de las cosas. Si la menor hubiera estado utilizando el cinturón de seguridad, no hubiera sido despedida de su asiento del modo que se desprende de las lesiones sufridas. Su accionar imprudente contribuyó de manera certera a producir el desplazamiento dentro del habitáculo y las lesiones constatadas en la causa. Hubo pues intervención de su conducta, como hecho de la víctima, que intervino en la relación causal productora del daño, resultando por ello atribuible a su conducta el aporte causal en el daño que se le infiriera.

Responsabilidad de su parte no de manera totalmente exonerativa de la responsabilidad del conductor en los términos del Art. 1113 del C. Civil, pero sí con entidad suficiente para exonerar parcialmente aquella responsabilidad, como defensa que tanto la demandada como la citada en garantía tuvo derecho a oponer y que debe ser considerada en este momento de asignación de responsabilidad y aportes causales en el accidente ocurrido.

Considero entonces y así lo opino, que la responsabilidad del siniestro obedeció a la objetiva del conductor en los términos del Art. 1113 del C.Civil, aunada con el hecho ("culpa") concurrente de la víctima por los argumentos expuestos. En necesidad de distribuir por tanto las cuotas partes de responsabilidad objetiva del conductor y del hecho de la víctima, como aporte causal, entiendo que la demandada - y su aseguradora por el seguro contratado -, deben responder por el 70 % (setenta por ciento) de las consecuencias del accidente, quedando liberadas en el 30 % (treinta por ciento) restante por el accionar de la víctima del suceso. Así ha tenido ocasión ya de decidirse (confr., C. N. Civ., Sala "I", "R. c/ O.", J. A., 2000-Iº-281);como asimismo en esta Alzada (confr., esta Sala "A", S.D.C. 33/01, exp. 17129).

Esto es, en suma, que del monto de los daños que se establezcan, contribuir la demandada y su aseguradora, con el 70 % de las consecuencias dañosas del siniestro, quedando liberadas del 30 % restante.- Dirimida esta cuestión que como se observa era previa al tratamiento de los reclamos por los daños, puedo adentrarme en ese capítulo.- Los daños.

En atención al modo como fueron expresados los agravios contra la decisión de origen, constituyen motivo de tratamiento de los mismos, los referidos a los siguientes daños.

El daño moral.

- No veo motivo para apartarme de lo decidido por el juzgador de origen en este rubro, pues ha llevado a cabo un acertado encuadre del problema y de las consecuencias anímicas que el infortunado evento causara, en su trascendencia, a la menor dañada. La suma pretendida por la actora ($ 250.000) por este concepto y en esto concuerdo con la demandada, escapa a toda consideración de posibilidad de análisis, sin ir más lejos a poco que recordemos las sumas inferiores por cierto fijadas por este cuerpo en accidentes que produjeron no ya lesiones a la víctima, sino el fallecimiento de ella (confr, entre otros, esta Sala "A", S.D.C. 29/00, exp. 16166, $ 80.000; S.D.C. 04/03, exp. 18204, $ 60.000 en total; S.D.C. 56/06, exp. 21120, $ 60.000 a $ 70.000), aplicando si se quiere en ello, como lo hace el a-quo, las reglas de Mosset Iturraspe que consigna en su sentencia.

Es que siempre, en cuanto al monto y he aquí el gran problema, en forma paradojal nuevamente se presenta la cuestión, verdaderamente insoluble, de como y de qué manera mensurar a través de un medio tan imperfecto como es una suma de dinero, la entidad y envergadura del daño moral por el menoscabo que sufre una persona por lesiones sufridas en un evento dañoso. Este es sin duda el dilema en que nos encontramos los jueces cuando de sentenciar el punto se trata, que siempre ingresamos en este ríspido instituto absolutamente convencidos que sea cual sea la suma monetaria que se determine -único medio posible de obtener una reparación por la imposibilidad de reponer las cosas a su estado anterior (Art. 1083, C.C.)- quedarán todos insatisfechos, reclamantes, responsables y el juzgador incluido. De allí la normativa del Art.165 del CPCC. dejando al prudente arbitrio judicial la fijación monetaria del rubro, donde por cierto pueden y deben influir todos aquellos elementos que conllevan al menoscabo anímico que se pretende reparar.

La entonces menor L., desde el evento y posteriormente, ha de sobrellevar la mortificación, el dolor a secas, que se le produjo por su infortunio causado en mayor grado por el accionar del conductor del rodado siniestrado. Pero en la necesidad de graduar, con toda la ríspida estructura antes mencionada, entiendo, hemos entendido, que tampoco puede llegarse -salvo casos de deceso- a sumas que escapan a razonabilidad práctica de como acudir y dirimir la cuestión.

No hay en autos, fuera de lo alegado y que considero el a-quo ha tenido en debida consideración, elementos o datos que admitan ingresar en la suma solicitada por la actora. Resulta así de acertada aplicación el Art. 165 del CPCC. que sujeta al prudente arbitrio judicial la fijación del monto respectivo. En el sub-examen, la cifra de $ 20.000 la considero prudente y atinada a las características del caso, donde puede descartarse toda intención dañosa o demasiado imprudente del menor L. en producir el daño que produjo, elemento este que también debe ser evaluado.

- Lo cual y finalizo, no resulta conmovido o alterado por las apreciaciones que en su queja sobre este rubro formula la demandante, pues entiendo que lo que alega ha sido tenido en cuenta por el Sr. Juez a-quo.

Concluyo pues desestimando esta queja de la actora y propongo la confirma ción del fallo en este aspecto.

- La lesión estética .

No es tanto, como aduce la demandada en su réplica (fs. 333vta), que medie insuficiencia técnica del agravio de la actora. Porque como lo dice la actora en su queja, este punto fue tratado por el a-quo en el tratamiento del daño moral (fs. 293 vta)y específicamente luego (fs. 293vta/294).

- Es que, además, es doctrina ya reiterada de este cuerpo lo atinente a la lesión estética.

- Ya hemos dicho que la lesión estética, cuya existencia en la menor L. ha quedado demostrada en autos (pericia fs. 232), no constituye un tercer daño a resarcir de manera independiente. Sí incluirlo en el reclamo por daño patrimonial, cuando la lesión produce incapacidad laboral disminuida en la víctima, o en el daño moral por el detrimento espiritual que provoca. O sea que, en definitiva, o se lo incluye en el daño patrimonial o se lo considera en el daño moral, pero no como un tercer género de daño (confr., entre otras, esta Sala "A", S.D.C. 09/99, exp. 14013; S.D.C. 39/00, exp. 16429; S.D.C. 55/06, exp. 21500 ). En el sub-examen la lesión estética fue expresamente contemplada por el a-quo en su decisión sobre el daño moral, como lo explicitara a fs. 293 vta., párr. 1ro. "in fine", tratándolo luego específicamente a fs. 294, al mencionar que la lesión no ha afectado la actividad remunerativa de L. y que su influencia en la esfera espiritual la consideró en el daño moral.

Por ello no concedo andamiento a la queja de la actora y propongo al acuerdo la confirmación del fallo en este aspecto.

La futura intervención quirúrgica.

Corresponde acoger parcialmente el agravio de la actora sobre este ítem. El a-quo tuvo en cuenta lo presupuestado para este rubro (fs. 13, $ 800), aumentándolo a la cifra de $ 1.200 como lo consigna a fs. 292 vta.. La demandante pretendió el considerable aumento de esta cifra, según sus alegaciones de fs. 318 (5º), donde pretendió la realización de prueba en esta sede.- - Su pedido de prueba fue desestimado por este cuerpo a fs. 337 ( S.I.C. 173/06), acorde con lo manifestado por la demandada en su réplica (fs. 332), por lo que aquellos medios solicitados no tienen cabida en esta sede.- Pero debe aceptarse parcialmente lo manifestado a fs. 318, de la siguiente manera que propongo al colega.

Del presupuesto de fs. 13, surgen erogaciones posteriores al tratamiento ya aceptado por el a-quo de $ 800, hoy $ 1.200. Son éstas estimadas en las cifras que allí se consignan bajo el epígrafe de " Presupuesto estimativo del tratamiento post - reducción". Tales gastos deben integrar el rubro, con la aclaración que es errónea la apreciación de implantes de dos piezas dentarias que se cita a fs. 318, ya que se trata solamente de una (implante de incisivo), por cuanto el 3er. molar debe ser extraído y no con implante. De esta manera y en este aspecto, debe integrarse el gasto de esta operatoria con los importes allí determinados y en el orden en que se citan, de $ 50 + $ 150 + $2.000 + $ 180 + $ 120. Que determina una erogación de $ 2.500 .

Dicha cifra de $ 2.500 debe pues adicionarse a los $ 1.200 ya consignados, llevando el total del rubro a la suma de $ 3.700 .- La incapacidad sobreviniente.

Existe aquí queja de ambas partes. La actora acepta la aplicación de la fórmula matemática financiera, pero aduce que los $ 1.500 mensuales como promedio de la posible remuneración de la Srta. L. deben ser aumentados a $ 2.500 (fs.318 vta./319). Lo que es rechazado por la demandada (fs. 333), pero con la alegación de que la víctima no es portadora de incapacidad sobreviniente, pues es parcial y temporaria que se solucionará con la futura intervención quirúrgica, que eliminará su actual estado, sustentando tal apreciación en las constancias de la pericia de fs. 231/233 del perito médico odontológico.

No estoy de acuerdo con ninguna de las apelantes.

En lo atinente al aumento de la suma remunerativa (de $ 1.500 a $ 2.500) que aduce la actora, debe estarse en mi opinión a la realidad del mercado que indica que aún profesional del derecho como lo ha de ser L., sus posibilidades remunerativas no necesariamente deberán alcanzar dicha suma. Sin dejar de considerar que no estamos en presencia de una abogada recibida (ver fs. 318 vta."in fine"), sino de una estudiante que, eventualmente y es de esperar que no suceda, puede no llegar a finalizar sus estudios; con lo que este argumento carece de sustento. Sea por su novel condición de profesional -de lado, pero no del todo no relevante, el no recibirse-, parece ajustado a la realidad del mercado la suma tomada en cuenta por el a-quo, que todos nosotros, cuando iniciamos nuestro ejercicio profesional, tuvimos en cifras similares de aquellas antiguas monedas en curso como nuestra remuneración.

Y en lo tocante a lo manifestado y alegado por la demandada, del dictamen médico odontológico que se cita, el mismo no especifica la desaparición total y completa de las lesiones y secuelas maxilo-faciales de L., sino que es "factible" una modificación de las secuelas físicas, agregando como surge de fs. 232 que aún luego de la intervención, persistirán secuelas que indica y que dependerán en su resultado final de la propia capacidad regenerativa de la paciente.

Entiendo pues que estamos en presencia de una incapacidad sobreviniente que ha de persistir aunque resulte modificada o atenuada por la intervención quirúrgica a llevarse a cabo. Con condiciones futuras que ni siquiera el experto pronostica por elementales razones propias del estado actual y desarrollo de la paciente. Por lo tanto y disiento del argumento de la demandada de fs. 325 vta./326, de que es o una cosa u otra.

Hay incapacidad sobreviniente que ha de persistir en el tiempo, pese a la operación a realizarse, con una proyección hacia el futuro no posible de mensurar en el sentido en que lo pretende la demandada. Bien ha estado pues el Sr. Juez a-quo en calcular la incapacidad sobreviniente como lo ha efectuado en su sentencia, con cifras y elementos que -cabe destacarlo- solamente han sido impugnadas por la legitimada pasiva en la suma remunerativa pero no en los otros factores de la fórmula.- Recordando para la finalización de este punto que es sabido con abundancia que la reparación de un daño como el sufrido por la Srta. L., tiene naturaleza integral y así ha sido considerado por el a-quo a fs. 294 y vta.. Desestimo por ello tanto la queja de la actora como la de la demandada y propongo al acuerdo la confirmación del fallo en este ítem ($ 44.801,16).- IVº .- Las sumas de la condena.

- Arribo así a las sumas de la condena, con el siguiente cuadro: Gastos de los padres de la menor (firmes) ....................... $ 14.972,85 .

- Daño moral para la víctima ............................................ $ 20.000 . Futura intervención quirúrgica ....................................... $ 3.700 .- Incapacidad sobreviniente .............................................. $ 44.801,16 .- Total ............................................................................... $ 83.474,01.- Tenemos por tanto como monto de condena los indicados $ 83.474,01. De los cuales corresponde deducir conforme la concurrencia de responsabilidad y aportes causales que he tratado, el treinta por ciento (30 %), por el cual debe eximirse a la demandada y a la aseguradora citada en garantía. De esta manera, la suma total de condena asciende a la cifra de Pesos Cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con 80/100 ( $ 58.431,80) .- - De los cuales corresponden a los padres de L. C. $ 10.481, y a L. A. C. la suma de $ 47.950,80.

Cifras a abonar a la actora por la demandada y la aseguradora citada en garantía en el plazo y con los intereses establecidos que han venido con firmeza ganada a esta sede.

Vº .- Costas y honorarios.

Costas y honorarios de la primera instancia.

En este tema debe aplicarse, por vía del principio de seguimiento, la doctrina ya fijada por el Excmo. S.T.J. de la Provincia, en que cuando media concurrencia de responsabilidades - en el caso concurrencia de responsabilidad con aporte causal-, la distribución de las costas ha de seguir el mismo criterio, imponiéndose en la medida de la cuota parte de responsabilidad (o aporte causal) atribuida a cada uno de los intervinientes en el hecho dañoso (confr., JUBA CHUBUT - Doctrina Sumarios 01316, 01317, 01321, 02460); doctrina que ha sido aplicada reiteradamente ya por esta Alzada (confr., entre otros, esta Sala "A", S.D.C. 33/99, exp. 14768; 11/00, exp. 15777; 33/01, exp. 17129; 38/03, exp. 18772, etc.). Por este fundamento, aunque sea distinto al invocado por el Sr. Juez a-quo, corresponde mantener la distribución de las costas de la sede de origen en un 70 % de las mismas a cargo de la demandada y aseguradora y en el 30 % restante a cargo de la actora.

Desde que los emolumentos profesionales por las tareas en aquella sede han sido fijados en porcentuales, los mismos se ajustarán automáticamente al nuevo monto del proceso a establecerse.

Costas y honorarios de Alzada.

- La actora ha sido derrotada en sus agravios más importantes, progresando mínimamente el relativo al costo de la operación quirúrgica futura como consta en este mi voto, de concordarse con ello. La demandada también ha tenido una cuota de derrota en sus agravios, en relación al tema de la incapacidad sobreviniente como lo he dejado explicitado. Pero ha logrado la modificación del tema concurrencia de responsabilidad con aportes causales, que conlleva como lo dejo votado a una reducción de los montos de condena, elemento que debe ser considerado.

- Esta situación me lleva a entender que debe practicarse la distribución de las costas de esta sede en los términos del Art. 71 del CPCC.. Pero atendiendo a la suerte obtenida por los recursos, con mayoritaria proporción de derrota de la actora, con triunfo de la demandada en el punto de responsabilidad y de aportes causales y su derrota en un rubro de envergadura como es el daño por la incapacidad sobreviniente, tanto en importancia como en el monto, propongo distribuir las costas de esta sede en un 90 % a cargo de la actora y en el 10 % restante a cargo de la demandada y aseguradora.- En lo atinente a los emolumentos profesionales por los letrados actuantes, Dr. R. L. como apoderado de la demandada y aseguradora y Dr. A. F. como letrado patrocinante de esa parte, así como los del Dr. E. R. M. como letrado apoderado de la actora, en mérito a la normativa arancelaria aplicable (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. del Dec. Ley 2.200) y mérito y resultado de la labor cumplida, propongo fijar para el apoderado y el letrado patrocinante de la demandada ya citados, el 30 % de los honorarios que resulten a sus respectivos favores por sus trabajos en la sede de origen; y para el letrado apoderado de la actora, el 25 % de los que igualmente resulten a su favor por sus tareas en la sede de origen.

Honorarios a los cuales deberá adicionarse el respectivo IVA (Leyes 23.349/23.871).

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: - En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada, los agravios vertidos por los recurrentes y sus contestaciones realizara el Señor Magistrado ponente.

Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.- I.- La temporaneidad de la defensa del asegurador.

Comenzaré señalando que no veo asidero a la argumentación expuesta por la parte actora en su responde a los agravios de la adversaria, relativa a la extemporaneidad de la defensa de la aseguradora por haber alegado la eximente de "culpa" de la víctima recién al contestar la citación en garantía y luego de haberse agotado el plazo del art. 56 de la ley 17.418, lo que importó la tácita aceptación del siniestro por su parte.

Es exacto que la mencionada norma establece la carga de la aseguradora de expedirse, dentro del lapso que fija, acerca del derecho del asegurado. En realidad, más que pronunciarse sobre el derecho del asegurado, lo que la ley impone al asegurador es la carga de manifestarse sobre la existencia de circunstancias que impidan al asegurado exigir el cumplimiento de la prestación comprometida por el asegurador (confr.: Meilij, "Seguro de responsabilidad civil", Depalma 1992, pág. 111). Ello entonces encuadra en la relación interna entre las partes del contrato y no en la externa que pueda surgir entre la aseguradora y el tercero damnificado.- Si la disposición legal se refiere a la carga de pronunciarse el asegurador respecto del "derecho del asegurado", para que ella resulte aplicable deben darse en el caso de que se trate las respectivas calidades de asegurador y asegurado. Así pues, la carga en cuestión versa sobre el "derecho del asegurado" y no sobre el que pudieran tener terceros damnificados. Entender lo contrario significaría admitir la existencia de una acción directa y autónoma entre el tercero y la aseguradora o categorizar el contrato de seguro de responsabilidad civil como una estipulación a favor de terceros, supuestos estos que este cuerpo ha descartado, sosteniendo en cambio que la naturaleza jurídica de la citación en garantía es la de una acción directa no autónoma (c. 15.732 S.D.L. 5/00, c. 17.129 S.D.C. 33/01; confr.: S.C.B.A., L. L. 1988-A-117/119).

II.- La eximente del hecho de la víctima.

Considero demostrado que al momento del hecho la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pues así resulta de las declaraciones vertidas en el expediente penal que corre por cuerda.

Casi sobreabundante resulta encarecer la idoneidad probatoria de esas constancias. Hemos tenido en efecto ocasión de declarar que cuando los litigantes concordaron en ofrecer la causa penal como prueba -como en la especie sucediera (fs. 56 vta., "c-5"; fs. 73 vta., cap. VI, "instrumental"; fs. 92 vta., cap. VI, "instrumental")- y no procedieron después en la forma prevista en el art. 395 C.P.C.C., es decir no formularon contra esa causa impugnación total o parcial seguida de incidente de redargución de falsedad, el valor probatorio de tales actuaciones queda admitido para todos los justiciables en calidad de hecho integrante de la relación procesal, razón por la cual sus constancias tienen virtualidad y eficacia probatoria, sin necesidad de que los elementos convictivos allí producidos hayan de ser reeditados o ratificados en el juicio civil (confr.: S.C.B.A., JUBA, base SCSBLP, sum. 22.384; esta alzada, c. 12.561 S.D.C. 17/98, c. 19.607 S.D.C. 30/04).

Cual señalara el preopinante, de las declaración formulada en ese expediente por F. D. L. surge que la camioneta accidentada contaba con sólo dos cinturones de seguridad en el asiento delantero (fs. 70 vta.) y que en él viajaban el declarante, como conductor, y dos acompañantes, situada la víctima en la posición central (testigo G., fs. 33/vta.). En esa ubicación es evidente que la damnificada no pudo llevar colocado el cinturón de seguridad.

-Deseable hubiera sido, claro está, contar con pruebas directas de dicha circunstancia, pero hemos de recordar que si bien las eximentes de responsabilidad son de restrictiva aplicación y rigurosa acreditación, nada impide que su concurrencia pueda establecerse mediante una construcción presuncional fundada en hechos precisos y concordantes (confr.: Cám. Apel. C. y C. San Isidro, sala II, Rev. de Der. de Daños, 2006-1-312) . Es que en ocasiones la obtención de una probanza directa se muestra en la práctica seriamente dificultosa y a raíz de ello se han formulado pautas de flexibilización del "onus probandi", tales como a mayor dificultad, menor exigencia probatoria o el límite de toda carga es la posibilidad de cumplirla (confr.: Zavala de González, "La prueba en los procesos de daños y perjuicios", en la obra colectiva "Procedimiento probatorio", Panamericana 1998, pág. 333). Ya antaño el maestro Couture indicaba que "para el caso de prueba muy difícil (diffilioris probationis) los jueces deben atemperar el rigorismo del Derecho a fin de que no se hagan ilusorios los intereses legítimos" ("Fundamentos de derecho procesal civil", 3era. ed., reimp. Depalma 1997, pág. 247, n° 157) y hogaño, en idéntico orden de ideas, nuestra Corte Suprema Nacional ha declarado que "las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía, por sobre la interpretación de normas procesales, a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal" (L. L. 2001-C-959).

- En cuanto a la calificación de ese hecho de transitar en automotor sin cinturón de seguridad, bien ha destacado el colega antes sufragante su ilicitud en tanto constituyó la infracción a la norma legal que declara indispensable su uso para circular (arts. 40 inc. "k" de la ley 24.449 y 1066 Cód. Civ.).

- Cierto es que para operar como eximente el hecho de la víctima debe tener incidencia causal adecuada en la producción del resultado, ya sea como causa exclusiva del daño o como concausa del mismo, pero no es menos exacto que, también aquí, demostrar ese nexo de causalidad en muchas oportunidades es harto difícil y para establecerlo hemos de acudir a las presunciones, fundadas ellas en los indicios que el proceso ofrezca y en el conocimiento de lo que suele suceder "según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 Cód. Civ.). Cabe recordar que, examinada la cuestión bajo el prisma de la causalidad adecuada (art. 906 cód. cit.), para establecer en el plano jurídico si un suceso es causa de otro, es menester realizar "ex post facto" un juicio o diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era de suyo idónea para producir normalmente ese resultado, según el curso ordinario de las cosas (confr.: Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Astrea 1984, pág. 229). Cobra así importancia la llamada prueba "prima facie" o de primera impresión, esto es que acreditada una cierta situación de hecho es dado considerar que ella ha producido cierto resultado si, según la experiencia, éste responde a un curso causal típico y determinado, concepto que enmarca en el capítulo de la apreciación de la prueba -no en el de la carga de producirla- y que sólo significa una facilitación de ella (confr.: Santos Briz, "La responsabilidad civil", Montecorvo 1977, pág. 743).

- - Si en el caso una elaboración presuncional permite deducir que la víctima circulaba sin usar el cinturón de seguridad y además tenemos probado que, al descontrolarse la marcha del vehículo, "todos en la camioneta -entre ellos la damnificada, añado de mi cuenta- se empezaron a mover de una lado al otro" (testifical de E. E. P., a fs. 36 del expediente penal), es dado concluir que esa falta de sujeción de la damnificada contribuyó a producir sus lesiones al volcar el rodado, puesto que la experiencia casi cotidiana muestran que es ese el resultado habitual de los accidentes de tránsito cuando los ocupantes de un automotor transitan sin el mentado correaje de retención para su resguardo. No es imprescindible en la especie la prueba directa de la relación causal, pues en una prognosis póstuma, en un juicio lógico a la lumbre de las reglas de la experiencia, aquélla puede establecerse con altísimo grado de probabilidad o cuasi certeza. No es fortuito que en el art. 1620 del Proyecto de Código Civil de 1998 -sin valor normativo, pero que tiene interés como fórmula de análisis dogmático-, tras dejarse sentado que, como regla, la carga de probar la relación causal corresponde a quien la alega, se exceptuaran de tal principio aquellos supuestos en que "conforme las reglas de la experiencia, su existencia sea presumible". Tal modo de juzgamiento, a partir de indicios y según la experiencia de vida, hunde profundas raíces en la historia del pensamiento, pues el propio Aristóteles, en formulación sintética y rudimentaria, señaló que el juez "no debe juzgar únicamente sobre la base de lo necesario, sino también de acuerdo con lo verosímil", es decir "aquello que más frecuentemente ocurre de una determinada manera" ("El arte de la retórica", trad. de E. Ignacio Granero, EUDEBA 1978, Lib. 2, Cap. 25, págs. 311/312).

- Así pues, la falta de utilización de cinturón de seguridad por la damnificada es ciertamente relevante para dar lugar a la eximente parcial de responsabilidad (art. 1113, párr. 2° parte 2da. Cód. Civ.), por encontrarse dicho déficit de conducta en adecuada relación causal con el daño (arts. 901, 906 ídem). En la prognosis póstuma del hecho, acudiendo al ineludible método de la supresión mental de factores, considero que a la producción de las consecuencias dañosas concurrieron el riesgo generado por la circulación del automotor y, asimismo, el aludido hecho de la víctima, que vino cuando menos a agravar las consecuencias; a la hora de estimar la cuota que en esa causación le correspondió a este último, me inclino, como el Señor Juez que en el uso de la palabra me precediera, por atribuírsela en un 30 %, alícuota que marcará la magnitud de la exención de responsabilidad de la parte demandada.

- III.- La incapacidad sobreviniente y el importe de su indemnización. Delimitada la competencia revisora de la alzada por la extensión de los agravios -el clásico aforismo "tantum devolutum quantum appellatum", íntimamente conectado al principio de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 164, 271 C.P.C.C.)-, hemos de ceñir el análisis en este tópico a las impugnaciones vertidas por las partes: la de las demandadas, relativa al carácter temporario y no permanente de la incapacidad; la de la actora, referida al monto de una de las variables de cálculo. Marginadas de toda consideración quedarán así cuestiones tales como si las disminuciones físicas detectadas en la víctima tienen o no influjo reductivo en su capacidad laboral y, consecuentemente, en sus ingresos económicos, y si son o no resarcibles a título de daño patrimonial. Vayamos pues a los concretos ataques lanzados contra esta porción del fallo.

- Si la incapacidad sobreviniente es la disminución física o psíquica que pudiere quedar luego de completado el tratamiento de recuperación (confr.: S.C.B.A., Ac. y Sen. 1990-II-539), no cabe duda que de tal sólo puede calificarse aquella que, a partir del alta de la víctima, ha quedado definitivamente instalada adquiriendo permanencia.

- En la especie el peritaje médico ha determinado la existencia en la damnificada de tres lesiones con secuelas funcionales: 1) disfunción masticatoria derivada de una maloclusión dentaria adquirida; 2) alteración neurosensitiva producida por una disestesia relacionada con el nervio mentoniano izquierdo; y 3) síndrome de dolor y disfunción cráneo-témporo-mandibular (fs. 231/232, ptos. "b" y "c"). De ellas, la maloclusión dentaria y el síndrome de dolor y disfunción cráneo-témporo-mandibular podrían muy probablemente remitir mediante una corrección ortodóncica quirúrgica (cirugía ortognática), pero la disestesia mentoniana persistirá, pudiendo evolucionar a una recuperación satisfactoria o no, dependiendo de la aleatoria capacidad regenerativa tisular del organismo del paciente, según dictaminara el experto a fs. 232/233, pto. "d".

- De todo ello se sigue que la prevista intervención quirúrgica no arrojará como resultado el íntegro restablecimiento de la damnificada, la desaparición definitiva de la incapacidad, sino una parcial remisión de ella. Resta analizar el remanente de insuficiencia funcional que perdurará tras la cirugía.

- Desde luego que para ser indemnizable también el daño futuro debe ser cierto. No es sencillo sin embargo en múltiples oportunidades establecer esa certidumbre en punto a esta especie de los daños porvenir y ello fuerza a realizar un juicio de probabilidad en tanto se trata de avizorar un acontecimiento no acaecido (confr.: Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", 2da. ed., pág. 70). En el subexamen debe apreciarse si es previsible la prolongación de un daño actual -la incapacidad hoy existente- según las circunstancias del caso (confr. Orgáz, "El daño resarcible", Marcos Lerner - Ed. Córdoba 1980, pág. 22). En relación a la disestesia mentoniana, el perito no brinda seguridad alguna acerca de si habrá una recuperación satisfactoria o no, considerándola dependiente de la capacidad regenerativa tisular del organismo de la víctima, circunstancia esta dudosa e incierta (al punto de que el tratamiento por el experto sugerido a fs. 231, pto. "b" apdo. 4 es sólo el de "seguimiento evolutivo"). Al no conocerse técnicas que aseguren la correcta regeneración del tejido nervioso y la adecuada unión de los extremos del nervio cortado -al menos el perito no las menciona-, debe concluirse que la satisfactoria recuperación de la paciente es azarosa y no cabe entonces considerarla probable. Hemos pues de catalogar la incapacidad de marras como permanente y, por ende, indemnizable.

- Cuestionó la actora la suma de $1.500 mensuales en que el sentenciante de origen estimara sus ingresos a los fines de liquidar el importe del resarcimiento por la incapacidad sobreviniente. Para ello refirió que ella es una estudiante de derecho que a partir de su graduación dentro de unos dos años tendrá expectativa de ingresos superiores a los señalados, que conjetura en unos $ 2.500 mensuales.- Dos objeciones formularé a tal argumentación:

A) El hecho de que la actora sea estudiante universitaria no fue invocado en la debida oportunidad, que no es otra que la de promover la demanda (art. 330 inc. 4° C.P.C.C.), sin que la expresión de agravios de ocasión a la formulación de noveles alegaciones introductivas de datos fácticos que modifiquen la litis trabada. Aunque en la sentencia puede hacer mérito de hechos no invocados oportunamente si se produjeron durante la sustanciación del pleito, ello es a condición de que los mismos aparezcan debidamente probados (art. 163 inc. 6° párr. 2° cód. cit.) y en autos el hoy aseverado carácter de estudiante universitaria de la demandante no aparece demostrado.

- - B) A mayor abundamiento señalaré que, aun cuando tuviéramos en cuenta esa calidad de estudiante universitaria de la actora, el monto de los ingresos económicos futuros estimados por el juzgador del anterior grado ha sido prudente. Subrayaré en primer término que la posibilidad de que la demandante accediera en lo futuro a las entradas propias de un profesional del derecho no pasa de ser una expectativa o esperanza, que no puede ser contabilizada siquiera como una chance si no se justifica -y en la especie no se lo justificó- que la víctima estaba en condiciones objetivas de lograr dichos beneficios económicos en un tiempo más o menos cercano, pues "la posibilidad lejana es solamente posibilidad, es decir eventualidad e hipótesis" (Orgáz, ob. ind., págs. 74/75); es exigible algo más en la escala de los valores lógicos que lo meramente posible, debiendo aparecer en cambio la posibilidad lo bastante fundada como para que, transformándose ya en probabilidad, configure una chance (S.T.J. Chubut, c.15.268 S.D. 2/96; en idéntico sentido, S.C. Mendoza, J.A. 1980-I-196; este cuerpo, c. 11.401 S.D.C. 2/96, c. 14.812 S.D.C. 44/99, c. 20.976 S.D.C. 18/06). En segundo lugar, pondré de resalto que en reciente precedente relativamente comparable a este caso -la diferencia estriba en que en aquél la actora habíase ya graduado de abogada, bien que hacía escaso tiempo, y había iniciado el ejercicio profesional- juzgamos que resultaba prudente estimar en $ 1.500 el monto de los ingresos mensuales de un novel letrado, así fuera como un promedio de los que podría obtener tener a lo largo de toda su vida productiva; las actuales circunstancias de ocupacionales y condiciones económicas no permiten fundar la probabilidad de un promedio remunerativo mayor (c. 21.500 S.D.C. 55/06).

- IV.- El desembolso por la operación quirúrgica futura y el monto de su resarcimiento.

- He expresado ya que la ulterior cirugía únicamente logrará la parcial remisión de la incapacidad, pero no conseguirá la completa recuperación de la víctima, la cesación absoluta de la incapacidad. Así pues, indemnizar el costo de tal acto médico no es incompatible con el resarcimiento del daño consistente en la insuficiencia funcional residual, que perdurará tras la cirugía.

- Atinente al costo de tal terapia, no son aceptables en mi concepto los argumentos de la recurrente relacionados con gastos adicionales del acto quirúrgico, pues, cual el ponente destacara, ellos no fueron acreditados. Pero si entiendo resarcibles las erogaciones que motivará el tratamiento post-reducción al que aludiera la profesional tratante a fs. 13 últ. párr. Se trata de egresos necesarios consecutivos a la intervención, comprendidos en el concepto de "todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido" aludido en el art. 1086 Cód. Civ. Alcanzarán dichos desembolsos a la suma de $ 2.500, sin que quepa, como la recurrente pretende, computar el costo de reemplazo de dos piezas dentarias, pues, de acuerdo a la citada fs. 13, sólo se prevé el implante de un incisivo inferior y no también el del tercer molar.

- V.- La lesión estética.

- Si el juzgador de la anterior instancia atendió al perjuicio de la víctima derivado de la lesión estética que sufriera como factor agravante del menoscabo moral por ella experimentado y no como un daño patrimonial (fs. 293 "in fine"/293 vta.), el que la recurrente al impugnar el punto se remitiera a lo que antes vertiera acerca del detrimento espiritual no alcanza en esta especie a configurar una insuficiencia técnica del agravio. Por cierto que la reproducción o remisión por el apelante a argumentos volcados en piezas anteriores no satisface la carga de una crítica concreta y razonada que el art. 265 C.P.C.C. le impone (este cuerpo, c. 15.841 S.D.C. 58/99), pero no es ese el caso de autos, pues la quejosa remitió no a presentaciones anteriores, sino a otra porción del mismo escrito donde había desarrollado argumentos sobre los efectos de la lesión estética en la damnificada. Por lo demás, muy reiteradamente hemos declarado que ante una cierta dosis de crítica, así sea mínima, debe considerarse técnicamente bastante la expresión de agravios, ya que en caso de duda ha de estarse a favor de la suficiencia de la queja. La declaración de deserción, en efecto, exige cautela, porque entran allí en la liza valores superiores como el acceso a la justicia y la defensa en juicio (doc. de los arts. 265 y 266 C.P.C.C.; esta sala "A", c. 15.132 S.D.C. 46/98, c. 16.166 S.D.C. 29/00, c. 17.242 S.D.C. 29/01, c. 17.716 S.D.C. 14/02, c. 18.675 S.D.C. 30/03, c. 19.522 S.D.C. 20/04, c. 19.928 S.D.C. 8/05, c. 19.978 S.D.C. 5/05, c. 21.693 S.D.L. 51/06, c. 21.694 S.D.L. 52/06).

- Vayamos pues al tratamiento de este agravio. No es exacto que en la demanda se haya reclamado por la lesión estética refiriéndola exclusivamente a su influjo en el daño moral. En párrafo algo confuso la parte actora estampó que "por este concepto independientemente de lo reclamado como daño moral aunque integrativo de dicho concepto se reclama la suma de PESOS CIEN MIL" (fs. 55 últ. párr.; los destacados me pertenece).A pesar del difícil ensamble entre los términos "independiente" e "integrativo", queda patente que lo pretendido ha sido una indemnización fundada en la lesión estética por separado de la del daño moral, interpretación del pedimento reforzada si cabe por la circunstancia que ya en el primer párrafo del capítulo respectivo destacó la parte actora la gran influencia actual de la buena presencia para la postulación a empleos y que ella es presupuesto, explícito o solapado, para la obtención de beneficios económicos (fs. 54 vta., cap. "III-3, Daño Estético"). No hesito pues en entender que la reclamación formulada tuvo un doble contenido: por la proyección de la lesión en el daño moral y por sus consecuencias patrimoniales.

- Bien descartó el "a quo" en el subexamen esa doble exigencia, ante la ausencia de demostración del efecto de la lesión estética en el patrimonio de la víctima.- En las reiteradas oportunidades en que nos hemos expedido acerca de este tema (c. 10.270 S.D.C. 26/93, c. 11.377 S.D.C. 6/95, c.12.409 S.D.C. 38/97, amén de las citadas por el Dr. Manino), expuse, y he de reiterarlo en ésta, que la categorización del daño estético se ha visto más de una vez dificultada por la tan común como en ocasiones desinterpretada denominación de "daños materiales" como sinónimo de "daños patrimoniales". Es innegable que la lesión estética, al recaer sobre un cuerpo humano, posee materialidad -el agredido es un ente material, no un elemento abstracto-, pero ello no la asimila a un daño "material" en esa lata acepción, no rigurosa, que identifica a éste con el perjuicio patrimonial. La pauta distintiva que permite encuadrar un daño en una u otra de las dos grandes categorías de patrimoniales o morales es la clase de consecuencias que genera. Nótese que si el daño es la consecuencia perjudicial que se sigue de un ataque o agresión, para catalogarlo no debe atenderse a la índole del derecho agredido, sino a los efectos de la lesión. Así, será patrimonial cuando ocasione un menoscabo económico y será moral cuando provoque una modificación disvaliosa del espíritu, en ambos supuestos de modo directo o indirecto. Pero no es el ente que recibió la agresión lo que califica al perjuicio, porque aun el ataque a una cosa, típico objeto material, puede generar, amén de daño patrimonial si la destruyó o degradó, daño moral indirecto si el sujeto tenía para con ella una afección legítima, mientras que una agresión al honor, típico bien inmaterial, puede provocar, además de agravio moral, un daño patrimonial indirecto al influir, retrayéndola, sobre la clientela comercial o profesional del difamado (confr.: Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", Ediar 1985, IV-89/91).

- A la luz de las consecuencias provocadas, la lesión corporal que menoscaba estéticamente a la víctima configura un daño de naturaleza ambivalente. Aparecerá siempre como moral, claro, porque la deformación afecta el espíritu de todo ser humano que ve alterada su apariencia física, pero para que a la vez asuma la condición de daño patrimonial, será menester que indirectamente repercuta en las posibilidades económicas del lesionado.

- - En síntesis, esta clase de lesión provoca siempre daño moral -el ser humano que ve afectada su integridad física sufre en su espíritu a partir de ese cuerpo deformado- y, además, podrá provocar daño patrimonial si (y sólo si) se refleja sobre su situación o posibilidades económicas (confr.: Zannoni, opus cit., págs. 160/163).

- - En el subexamen el Señor Juez "a quo" concluyó que la deformación corpórea producida no influyó negativamente en las posibilidades de la víctima de obtener rentas o lucros (fs. 294 párr. 1°), sin que agravio alguno de la recurrente permita revisar tal conclusión. No cabe entonces catalogar esta lesión estética como productora de daño patrimonial indirecto, sino únicamente de daño moral directo y dentro de tal apartado debemos considerarla. VI.- El daño moral.

- - Liminarmente debe destacarse que, mal grado lo afirmado por la recurrente, el juzgador de la anterior instancia no omitió considerar la incidencia de la lesión estética al determinar el monto del resarcimiento del daño moral. Antes bien, la tuvo en cuenta y lo hizo constar de manera expresa a fs. 293, último renglón y a fs. 293 vta., renglones 1° a 3°.

- Tocante a la suma fijada, escasa a criterio de la apelante, recordaré que, dada la naturaleza reparadora que el rubro daño moral tiene, el "quantum" de la indemnización debe estar referido a la magnitud del daño espiritual sufrido, correspondiendo entonces para fijarlo atender al tipo de interés lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó y a la índole del hecho generador de la responsabilidad. Es en este último aspecto donde juega la relación entre la cuantía de la reparación y la gravedad del ilícito, porque para establecer el grado de los sufrimientos a compensar importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, en tanto hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta (este cuerpo, c. 10.735 S.D.C. 49/94, c. 11.578 S.D.C. 24/95, 12.859 S.D.C. 25/98, entre muchas otras posteriores).- Entiendo así que en el caso cabe tener en cuenta: A) A propósito del interés herido, que se trata de un derecho de la personalidad, en concreto el derecho a la integridad física.

- - B) Respecto de las consecuencias del hecho, que él provocó a la actora los padeceres físicos e incomodidades propias de graves heridas y numerosas fracturas -de tibia y peroné derechos, de clavícula izquierda y de mandíbula-, cuya atención requirió de varias intervenciones quirúrgicas -queda todavía pendiente una, con sus consiguientes riesgos- con sus correspondientes períodos de internación sanatorial y tratamientos ambulatorios posteriores, así como las zozobras motivadas por las dudas acerca del éxito de las terapias en punto al recupero de su capacidad y el deterioro anímico surgido de la deformación estética de su cuerpo.

- - C) Tocante a la índole del ilícito, que el factor de atribución de la responsabilidad es el riesgo creado, fuente la más alejada de la intencionalidad dañosa y, por ende, la menos hiriente para el ánimo de la víctima.

- - Contemplando esos parámetros, entiendo que el monto de $ 20.000 determinado por el sentenciante de la otra instancia en ejercicio de la facultad judicial consagrada en el art. 165 C.P.C.C. no resulta exiguo, como sostuviera la recurrente, mereciendo ser confirmado.

- Claro está que la cuantía del resarcimiento debe armonizarse con los dispuestos en casos análogos, porque ello deja a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (confr.: Highton de Nolasco - Gregorio - Álvarez, "Cuantificación de daños personales...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 21, Rubinzal-Culzoni 1999, págs. 127 y sgts. y en "Predictibilidad de las indemnizaciones..." en Revista de Derecho de Daños, n° 2004-3, Rubinzal-Culzoni 2004, págs. 9 y sgts.; esta alzada, c. 20.271 S.D.C. 37/05, c. 20.376 S.D.C. 42/05, c. 20.412 S.D.C. 41/05). Entre nuestros precedentes contamos con el de la ya mentada c. 21.500 S.D.C. 55/06, donde en supuesto similar fijamos la indemnización del daño moral en $ 35.000, mas eran parcialmente distintas las circunstancias personales de las damnificadas, pues la allí víctima padeció, al margen de heridas físicas comparables a las de la aquí actora, una mayor incapacidad parcial y permanente, que llegó al orden del 48%, y daño psíquicos aquí no demostrados.

- - VII.- La conclusión.

- Por las razones expuestas, considero que la sentencia atacada debe ser parcialmente revocada, a fin de establecer el monto del capital de la condena en la suma total de $ 58.431,80, de la que $ 47.950,80 corresponderán a L. A. C. y los restantes $ 10.481 a sus padres, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.

- - Vista la concurrencia de riesgo y hecho de la víctima en la causación del infortunio antes concluida y por aplicación del criterio sentado por nuestro Superior Tribunal de Justicia en la materia, las costas de la precedente instancia han de imponerse en un 70 % al demandado y su aseguradora y en un 30 % a los actores (art. 68 parte 2da. C.P.C.C.; confr.: Sup. Trib. Jus., S. D. 33/94, 28/95, 46/95 y 2/96). Ello desprové de base a la impugnación de los demandantes a propósito de este tema, pues, aunque por razones distintas a las explicitadas por el "a quo", la condenación en costas que pronunciara ha de mantenerse.

- Innecesario será también practicar adecuación de los honorarios regulados en el fallo recurrido a tenor del art. 279 C.P.C.C., ya que la fijación de ellos por porcentajes hará que las adaptaciones operen mecánicamente. La desestimación de los principales agravios de la parte actora -sólo prospera muy fragmentariamente uno de ellos- y el acogimiento de la fundamental de las impugnaciones del demandado y su aseguradora -rechazándose en cambio las dos restantes que expusieran-, delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo, que autoriza a distribuir las costas de ella del modo que el Dr. Manino propone, ajustado a las proporción de éxito y fracaso lograda por las partes (art. 71 C.P.C.C.).

- Acompañaré también al colega en los honorarios que propiciara regular por las labores profesionales de alzada, porque los entiendo remuneraciones acordes con el mérito y resultado de aquéllas (arts. 6, 7, 9, 14, 19 del dec.-ley 2.200, texto del dec. 138/99).

- - Me expido en esta cuestión pues PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- - A la SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

- Visto el acuerdo arribado, corresponde:

- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, fijando el monto de la condena que la demandada y la aseguradora citada en garantía deben abonar a la actora en la suma de $ 58.431,80, de los cuales corresponden a los padres de L. C. $ 10.481, y a L. A. C. la suma de $ 47.950,80; cifras a abonar en el plazo y con los intereses establecidos en la sentencia de origen; CONFIRMANDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso; - IMPONER las costas de Alzada en un 90 % a la actora y en el 10 % restante a la demandada y aseguradora;

REGULAR por sus tareas en esta sede a los Dres. R. L. y A. F. el 30 % de los honorarios que resulten a su favor por sus trabajos en la primera instancia; y al Dr. E. R. M. el 25 % de los honorarios a su favor que correspondan por su tarea en la sede de origen; DISPONER que se adicione a los honorarios el respectivo IVA. ASI LO VOTO.

A ESTA ULTIMA CUESTION el Dr. Velázquez respondió: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el colega antes sufragante, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la anterior cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haber sido recusado el Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la Ley 1130, To. Ley 4550). Trelew, 19 de abril de 2007.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; por mayoría, pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, fijando el monto de la condena que la demandada y la aseguradora citada en garantía deben abonar a la actora en la suma de $ 58.431,80, de los cuales corresponden a los padres de L. C. $ 10.481, y a L. A. C. la suma de $ 47.950,80; cifras a abonar en el plazo y con los intereses establecidos en la sentencia de origen; CONFIRMANDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso; - IMPONER las costas de Alzada en un 90 % a la actora y en el 10 % restante a la demandada y aseguradora;

REGULAR por sus tareas en esta sede a los Dres. R. L. y A. F. el 30 % de los honorarios que resulten a su favor por sus trabajos en la primera instancia; y al Dr. E. R. M. el 25 % de los honorarios a su favor que correspondan por su tarea en la sede de origen; DISPONER que se adicione a los honorarios el respectivo IVA.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

c.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 19 DE 2007 -SDC.- CONSTE.-