marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Balance o informes falsos, competencia, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: HAMILTON TAYLOR s/ Balance falso
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-04

1 - Es competente la justicia argentina para entender en la causa por el delito de balance falso que se instruye contra una sociedad constituida en el extranjero con asiento en el país, donde desarrolla su principal actividad (en el caso, los balances fueron confeccionados y aprobados en Londres), ya que tal presunto delito está destinado a producir efectos en nuestro territorio.- 2 - Corresponde al Juez argentino conocer en la investigación sobre la confección de estados contables y balances o su carencia, de una sociedad constituida en el extranjero con asiento en el país, donde desarrolla su principal actividad, si podría configurarse el delito reprimido por el art. 300 del C.P., ya que tanto la inexistencia de balances cuanto su presencia desvirtuada son resultados de una actividad tendiente a producir un efecto determinado en el país, cuyo juzgamiento corresponde al mencionado magistrado.- 3 - La sociedad constituida en el extranjero con asiento en el país, donde desarrolla su principal actividad, está obligada a adecuar su situación como tal, a las normas que en nuestra legislación rigen la especie.- 4 - Al determinar el C.P. (art. 1, inc. 1) que sus normas son aplicables a los delitos cuyos efectos deban producirse en el territorio nacional, se adoptó el llamado principio de la unidad, equivalencia o ubicuidad, que sostiene que el hecho punible se considera perpetrado, indistintamente, donde tiene lugar la manifestación de voluntad y donde se desarrolla la actividad delictuosa, como también en el lugar en que se produjo el resultado.- 5 - Los antecedentes históricos del art. 1 del C.P.

demuestran que en ellos se atendió tanto al principio territorial como al real o de defensa.- 6 - El pensamiento de los autores del Código represivo fue aplicar la ley penal argentina a todos los delitos cometidos en el extranjero que atacasen bienes o intereses colocados bajo la custodia de nuestro ordenamiento jurídico, sea que los mismos se dirigiesen contra el Estado considerado como soberanía política, sea que se dirigiesen contra bienes o intereses jurídicos particulares.- 7 - Se tiende a considerar a los delitos a distancia, en que parte o su totalidad han tenido lugar en el extranjero y sus efectos se han producido en el país, como cometidos en el territorio nacional, de modo que es indiferente para su punición la circunstancia de que el Estado desde el cual fueron cometidos, los considere o no punibles.- 8 - Los delitos de peligro son punibles por la ley Argentina cuando sus efectos deban o debieran producirse en el país, ya sea que atenten directamente contra el Estado como tal o contra derechos particulares jurídicamente protegidos por nuestra legislación.
Homicidio culposo, lesiones culposas, jefe de policía, policía federal, manifestación popular, principio de confianza, accionar policial, exceso en el cumplimiento de órdenes
Materia: PENAL
Carátula: Mathov, Enrique José y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Debe confirmarse la condena, en orden a los delitos de homicidio y lesiones culposas, de quien detentaba el cargo de Jefe de la Policía Federal Argentina al momento de los hechos -represión de una manifestación el día 20 de diciembre de 2001-, dado que no se hizo cargo de los deberes de control que su omisión traía aparejada para la vida e integridad física de los manifestantes que se acercaban a protestar contra el Gobierno Nacional, lo que se evidenció aún más teniendo en cuenta que parte de los efectivos policiales no tenían experiencia en la intervención en esta clase de situaciones. Asimismo, considerando los múltiples canales de información con los que contaba el funcionario y las alertas que fue recibiendo, no puede eximirse de responsabilidad alegando el principio de confianza, máxime cuando tenía pleno conocimiento de que la fuerza a su cargo estaba operando mediante un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Jubilados, sistema previsional, Seguridad social, prestaciones complementarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Russo, Aída Betty c/ Caja Notarial complementaria de Seguridad Social - Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-25

No encontrándose discutido en autos que la peticionante satisfaría, prima facie, los recaudos estableci-dos por la ley para acceder al beneficio, conforme se deriva de la resolución de la Caja Notarial que la denegó con fundamento estrictamente en los arts. 2 inc. b), 5 inc. a) y c), esto es, ser jubilado de un ré-gimen no incorporado al sistema nacional de previsión, corresponde hacer lugar a la pretensión de la peticionante de que se le liquide y abone la prestación complementaria instituida por la ley 21.205. Di-cha pauta, si bien basada en un criterio objetivo, en tanto que comporta una restricción a un beneficio general dirigido a un grupo, como el de los jubilados, objeto de preferente tutela, debe ser ponderada en su razonabilidad con rigor, agudizando la exigencia de justificación del distingo. Y es que la calificación en el texto constitucional de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, distantes de protegerlos, desmejoran su posición jurídica (Fallos 328:566, voto del ministro Lorenzetti), y, en materia previsional, es claro que los procedimientos constitucionales deben otorgar la posibilidad de apreciar más ri-gurosamente la justificación fáctica y jurídica de la privación de derechos, pues se trata de un ámbito especialmente tutelado por el artículo 14bis de la Carta Fundamental -doctrina de Fallos: 329:3617, voto del Dr. Otero y disidencia parcial de la Dra. Argibay- (cfr. C.S.J.N., sent. del 02.03.10, "Martinelli, Calos Luis c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social", por remisión al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal).
Desindexación, obligaciones de dar cantidades de cosas, Ley de desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal, impulso de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEVIGNOBLE SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ MONTE ROSA Y OTRO s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

La ley 24.283 es obligatoria, pero no es un precepto aplicable de oficio. La citada ley parte de la base de que el "valor real y actual" de la prestación sea, al momento de su liquidación, menor que el importe que resulte de la aplicación de índices. Por lo tanto, puede ocurrir que ese valor real y actual sea mayor y que, en consecuencia, no se ponga en marcha el proceso desindexatorio que la ley prevé. De allí entonces que su invocación es facultativa para el deudor. Por otro lado y como se ha decidido reiteradamente, la oportunidad para su invocación es -propiamente-la de la ejecución de la sentencia (esta Sala, Causa 6736/92, 9.11.94, entre otras).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Hernderson Roberto Walter c/ Coop. Elect y Serv. Anexos de Olavarría s/ Indemnización despido, preaviso, vacaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

La presunta violación de artículos de un convenio colectivo de trabajo no resulta asimilable a la denuncia concreta de los preceptos legales que se consideran infringidos, porque los convenios colectivos de trabajo no constituyen ley en sentido formal en los términos del art. 149 inc. cuatro ap. "a" de la Constitución provincial, sino un contrato y como tal su interpretación y aplicación es una cuestión de hecho privativa de la instancia de grado y por ello ajena a la casación, salvo el supuesto de absurdo que debe ser idóneamente invocado y demostrado.
Sentencia firme, notificación de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Ratti, Mario Leonardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

La ley 24.390 debe ser aplicada hasta el momento en que la condena quedó firme, y ello se produce cuando el imputado es notificado en forma personal del último acto que resuelve su situación procesal. Entonces, la fecha computada por el juez de ejecución resulta errada dado que la resolución que dispusiera declarar desierto el recurso de casación, sólo fue notificada a la asistencia técnica. La disidencia sostuvo que el argumento de aplicación ultraactiva de la ley 24.390 para un tramo de la primer condena, debió ser rechazada, por extemporánea. (Dres. Catucci -en disidencia-, Mitchell y Ledesma).
Estabilidad del delegado gremial, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CARRERAS, OMAR c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

La detenida lectura de los arts. 48, 49 y 52 de la ley 23551 permite deducir, sin lugar a dudas, que sólo tienen derecho a la estabilidad los trabajadores que poseen lo que podría llamarse "representación sindical orgánica" y no aquellos activistas o militantes, vinculados a la entidad profesional, pero que no han accedido a los cargos, ni han sido electos delegados. (Del dictamen del PGT 20110 del 24.06.96 al que adhiere la Sala).
Remuneración, reintegro de gastos de comida, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: CALVI, ARTURO JOSE c/ EMPRESA FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-29

El gasto por almuerzo, cena o merienda, es propio del trabajador, como lo es el pago del alquiler de la casa que habita, la ropa que usa para el trabajo o el viático y el hecho de que el empleador abone una suma para compensar dichos gastos constituye un enriquecimiento para el trabajador que de esta manera no debe efectuar el desembolso y ahorra el importe para adquirir algo necesario, por lo que su naturaleza es salarial. (Conforme sentencia Sala III, 28 de febrero de 1983 'Castello, Luis A. c/ Luis y Marcelo León SRL.').
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba, costas, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Policastro, José L. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

La retribución de costas y el carácter de vencido es una cuestión de hecho que cabe desestimar si no se aprecia absurdo.
Derecho procesal, Ministerio Público Fiscal, recursos, sentencia absolutoria, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Miguel Ángel y Cancellarich, Cristian Damián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

El representante del Ministerio Público Fiscal carece de derecho al recurso al considerar que éste es un derecho del imputado y no del Estado, erigiéndose así la vía intentada en una transgresión a la garantía de ne bis in idem.

Al respecto el art. 458 del C.P.P.N. prevé que "El ministerio fiscal podrá recurrir (.) 1° De la sentencia absolutoria.", lo que pone en evidencia que la crítica desarrollada por la defensa no se compadece con nuestro derecho vigente, "en el que rige la concepción 'bilateral del recurso' -otorgamiento indistinto al acusador y al acusado- aunque impera en el derecho anglosajón pues el ne bis in idem se extiende a '.la prohibición de someter al imputado a un riesgo múltiple de sufrir una consecuencia jurídico-penal (double jeopardy)." (confr. D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 1059, Ed. Lexis-Nexis- Abeledo- Perrot, Bs. As., 2005 y en igual sentido ver esta Sala "Muñoz, Vicente Ismael s/ casación", causa n° 10.312, reg. n° 15.594, rta. el 26/03/2010).
Concesión comercial, equilibrio económico financiero
Materia: CIVIL
Carátula: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores SA y su acumulado c/ GCBA s/ Concesión de servicios públicos s/ recurso de  apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

Para poder dilucidar si concurre el deber de reparar fundado en el supuesto quiebre de la ecuación económico financiera del contrato de concesión y, en su caso, la cuantía de la indemnización, se requeriría de un informe pericial que determinase (i) cuál fue el resultado neto final de la explotación, incluyendo sus prórrogas, (ii) si al cumplimiento del plazo se alcanzó la remuneración esperada o no, y (iii) en caso negativo, si ello obedece a causas atribuibles al alea extraordinaria -a cargo del Estado-.
Compraventa, saldo de precio, depósito, escrituración, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: RATINOF, Samuel y otros c/ HUROVITCH, Alberto s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-04

Si el saldo del precio de la compraventa a valores históricos fue depositado a las resultas de que prosperara la pretensión de escrituración del inmueble, y dicha pretensión no prosperó por ser imposible su cumplimiento, decretándose la resolución del contrato por culpa del demandado, ello no implica que se pueda agravar la situación de éste con la restitución de un depósito por saldo de precio que no fue dado en pago ni percibió, ya que fue realizado a las resultas de la decisión judicial, y en modo alguno integra las sumas percibidas por el demandado de los actores y que, por la resolución decretada, debe restituir.

Tampoco puede incidir en el demandado la falta de previsión de los accionantes en resguardar el poder adquisitivo de la suma depositada, por los mecanismos pertinentes.
Depreciación monetaria, valor real
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, Manuel R. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

El reajuste por depreciación monetaria no hace a la deuda más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento.
Partidos políticos, nombre partidario, sistema republicano, democracia
Materia: POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Socialista Auténtico s/ reconocimiento - Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La exclusividad del nombre de un partido político, por principio, torna inconveniente que, dentro de ese marco de protección absoluta, pueda quedar integrada una ideología o concepción filosófico - política, desde que ello no coadyuva a proteger lo que es inmanente a la propia concepción filosófica y política del sistema republicano y democrático: el pluralismo.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, hiperinflación, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

La hiperinflación no constituye un riesgo empresario. Este, está caracterizado por el riesgo previsible en el giro normal, resulta conocido, se va dando progresivamente, al que hay que adecuarse, todo lo contrario a la hiperinflación, que su nota característica está dada por la imprevisibilidad.

La crisis generalizada y comprobada de la actividad que afectó también a la demandada, la exime del requisito de regularidad en el orden de las suspensiones y de los despidos que le impone el art.

247 de la Ley 20744 como obligación de hacer.
Ejecución de honorarios, ejecución de sentencia, embargo ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCISCO GREGO  S.A. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES  Y.P.F. s/ ORDINARIO- HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

La acción para el cobro de honorarios tramita por la vía de la ejecución de sentencia (conf. Art.50, últ. Parr. Ley 21839). Resulta así aplicable el art.502 Del Código Proc. Que autoriza, a instancia de parte, el embargo de bienes cuando la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida o fácilmente liquidable, o hubiese liquidación aprobada y no constituye un escollo para la ampliación del decretado en autos la circunstancia de no hallarse firme la liquidación practicada pues el art.61 de la ley de arancel fija las pautas para el cálculo de la actualización monetaria de los honorarios regulados, con lo cual la determinación de la suma debida solo depende de una simple operación aritmética. (Conf. Art.502, Cit pfs.2Do).
Socio empleado, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE DE SCHAUVINHOLD CLARA POR SI Y POR SU HIJA MENOR c/ CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS S.R.L. (C.E.M. S.R.L.) s/ COBRO DE PESOS (SUELDOS, IND., VAC. Y OT.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-26

El estado de socio no excluye su posible condición de empleado de la sociedad, pues ambos contratos (el de sociedad y el laboral) pueden acumularse. Es decir que, en el esquema de un contrato social valido, el socio, considerando esta condición, puede ser a la vez empleado dependiente de la misma sociedad, lo que implica una superposición de dos vínculos de distinta naturaleza: uno laboral referido al trabajo personal del agente, a su remuneración y a los derechos y deberes de las partes emergentes de las leyes laborales y otro comercial relativo a la participación del socio como tal y a los derechos emanados del capital aportado a la sociedad.
Homicidio calificado, sentencia condenatoria, prisión, declaración de reincidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Soria, Dardo Omar; Melivilos, Rodrigo Nicolás; Verdugo, Emilio Saul c/  s/ homicidio agravado por el uso de un arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-08-20

RESUELVO: 1. Imponer al Sr. Soria Dardo Omar ..., la pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber sido declarado culpable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en calidad de autor en los términos de los arts. 79, 41 bis, y 45 del Cp. Y declarar su reincidencia en los términos del art. 50 y ccdtes., del Código Penal. 2. Imponer al Sr. MELIVILOS RODRIGO NICOLÁS ..., la pena de 13 años de prisión de cumplimiento efectivo, por haber sido declarado culpable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe primario, en los términos de los arts. 79, 41 bis, y 45 del C.P. 3. Imponer al Sr. VERDUGO EMILIO SAUL ..., la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber sido declarado culpable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe secundario, en los términos de los arts. 79, 41 bis, y 46 del C.P. 4. Firme que sea, notifíquese por intermedio de la Oficina Judicial, a los familiares de las víctimas, en los términos del Art. 11 bis de la Ley 24.660, consultándole si desean ser informadas acerca de los planteos referidos a la ejecución penal del condenado, haciéndole saber que en su caso deberán fijar un domicilio, podrán designar representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirán las comunicaciones. 5. Regístrese, notifíquese y protocolícese. Requiérase a la Oficina Judicial para que, firme que sea, se practique cómputo de pena y planilla de costas, dándose debida intervención a la Sra. Juez de Ejecución Penal.
Estado Provincial, competencia provincial, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juzgado de Instrucción de Goya s/ eleva  solicitud  de  juicio  político  a la Sra. Juez de Paz Letrado  Nro. 2, María Elisa Maydana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero no pueden vedar y menos a las mas altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional.
Causales de revocación, suspensión del juicio a prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandoni, Héctor Emilio c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Brandoni, Héctor Emilio s/ art. 11179:149 bis parr 1 amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

La decisión que confirmó la revocación de la suspensión del juicio a prueba otorgada al imputado, no es la definitiva del proceso y la parte recurrente no demuestra que corresponda equipararla a una de esa especie (arts. 26 y 32 de la ley n° 402). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe y del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORZUSA, NESTOR FABIAN c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-09

La quejosa no logra rebatir lo sostenido por la Sala en el auto denegatorio respecto a que la solución dada a la cuestión no implicó la aplicación retroactiva del decreto 1694/09 a un siniestro acaecido de forma previa a su dictado, no resultando suficiente para cuestionar lo decidido la remisión a precedentes sin vincularlos concretamente con la causa, desde que el Tribunal a quo señaló que la declaración de inconstitucionalidad que realizó la jueza de grado fue del tope legal del decreto 1278/00, con expreso análisis del perjuicio concreto que éste le produjo a la reparación sistémica de la que resultó acreedor el trabajador siniestrado -que en el caso implicaba la reducción del 45,60% de la indemnización debida-, no significaba la aplicación retroactiva del decreto 1694/09, que en vez de imponer topes, dispuso mínimos o pisos indemnizatorios que no fueron aplicados a la causa, y ninguna referencia realiza el impugnante respecto de las razones -disminución de casi la mitad de la indemnización que debía percibir el trabajador accidentado- que brindaron los Sentenciantes a la hora de confirmar la declaración de inconstitucionalidad del tope que resultaba aplicable al caso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decretos 1694/09 y 12 8/00.
Sociedad anónima, escisión de sociedades, balance
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAMMAVIAL SA Y OTRO c/ AGUER, RODOLFO CARLOS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-18

Procede hacer lugar a la escisión de una sociedad anónima, toda vez que ella cumple con las disposiciones de la Ley 19550 art. 88, ya que de las constancias de autos surge la decisión de escindir plasmada en asamblea extraordinaria, así como un acuerdo de escisión que deberá ser cumplido por las partes; y, en tanto no existe disposición legal que imponga el deber de elaborar el balance especial previsto por la referida norma, con sustento en un balance ordinario de ejercicio aprobado por asamblea, se tomará como base el balance ofrecido por el accionante, no obstante el cuestionamiento efectuado por el accionado respecto de las irregularidades contables existentes en el, ya que ellas no pudieron demostrarse ante la inexistencia de libros contables de la sociedad, cuyo extravío -imputable al impugnante- estaba expresamente aclarado en el acuerdo de escisión, en el que se desistió de todo reclamo al respecto.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viola, Alfredo José c/ Lojo, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-25

Si no existe prueba alguna de la participación del vehículo en el accidente de autos, ni quién era su conductor, por consiguiente, no se trata de una exención de responsabilidad ni menos de "culpa" como afirma el apelante, sino de la improcedencia de la demanda por no mediar prueba suficiente de la autoría del demandado, ni que su vehículo participó en el evento, produciendo los daños cuya reparación se persigue -arts. 375 y 384 del C.P.C.C.-.