Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22


Causa nº 158-01/CC/2005 caratulada Incidente de apelación en autos Pérez, Gastón Adrián y A., D. E. s/ inf. art. 189 bis C.P.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de noviembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.- Y VISTOS:

La Sra. Defensora Oficial, Dra. Patricia B. López, interpuso recurso de apelación (copias obrantes a fs. 184/192) contra la resolución del Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 15, Dr. Gustavo Adolfo Letner que dispuso no hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada respecto de Gastón Adrián Pérez (copias glosadas a fs. 177/179 apartado I).

En cuanto a la procedencia del remedio articulado argumentó que el resolutorio frustra de modo irreparable la posibilidad actual de que el proceso tendiente a establecer la responsabilidad de su asistido en orden al hecho endilgado no continúe más su trámite, por lo que debe ser considerada equiparable a sentencia definitiva (conf. art. 449 del C.P.P.N. de aplicación supletoria). Según la recurrente el Magistrado realizó ...un juicio adelantado de pronóstico negativo para el imputado, implicando ello una lesión directa a la presunción de inocencia (fs. 188vta.), al considerar que, en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria sería improbable dejar en suspenso su cumplimiento. Refiere también que la demora en la tramitación de las presentes actuaciones no puede convertirse en un obstáculo que impida gozar a su pupilo del beneficio de suspender el proceso a prueba. Por otra parte, sostiene que su aplicación en este proceso no contradice las reglas del art. 58 del C.P. ...pues nada obsta a que se ejecute de manera diferenciada un pronunciamiento que debió haberse adoptado con antelación a las restantes causas que tuvo mi representado... (fs. 188vta.). Formuló reserva en los términos de la Ley 402 -arts. 26 y 27- y Ley 48 -art. 14- (fs. 184/192).

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter Fernández luego de declarar formalmente admisible el recurso de apelación (punto II, fs. 201) y de reseñar los antecedentes de la causa (puntos III y IV, fs. 201/202), analizó la normativa en juego a la luz de los argumentos expuestos en la impugnación por la Dra. López (punto V y VI fs. 202/204) y finalmente concluyó en que ...debe rechazarse el recurso bajo examen y confirmarse la sentencia en crisis en tanto no concede la suspensión del juicio a prueba... (punto VII, fs. 204).

La Defensa contestó los agravios resaltando su propio criterio de interpretación del art. 76 bis del C.P. en cuanto a que contiene supuestos independientes de procedencia. Sostuvo que la situación de su asistido encuadra en el párrafo primero del artículo mencionado, toda vez que la conducta que se le imputa -portación ilegítima de arma de fuego de uso civil- constituye un delito reprimido con pena que no supera los tres (3) años de prisión -art. 189 bis, tercer párrafo del C.P.-. Dicho extremo obsta a la remisión del cuarto párrafo de la norma en cuestión, ya que el antecedente condenatorio que Pérez registra corresponde a hechos cometidos con anterioridad al que ha dado inicio a estas actuaciones (fs. 211/212).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Del examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, surge que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante el juez que dictó la resolución cuestionada y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y si bien no se trata en la especie de una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones -con cita de doctrina y jurisprudencia- en el sentido de que las resoluciones que admiten o rechazan la suspensión del proceso a prueba pueden ser equiparadas a aquélla en el supuesto de configurarse gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior, habilitando la vía recursiva intentada (art. 432 primera parte, 449 del CPPN, de aplicación supletoria conf. art. 55, de la Ley 2387 ref. ley 1330).

II.- Corresponde entonces valorar el cuestionamiento de la defensa a fin de constatar si efectivamente el rechazo de la solicitud de suspender el juicio a prueba respecto de Gastón Adrián Pérez ha vulnerado el estado de inocencia del que goza, conforme el art. 18 de la C.N., tal como invoca la apelante.

El judicante, al verificar el cumplimiento de los presupuestos objetivos y Causa nº 158-01/CC/2005 Sala II subjetivos necesarios para la procedencia del instituto, destacó que la fiscal manifestó su opinión desfavorable a la concesión de la suspensión del juicio a prueba en favor de Pérez, habiendo emitido un dictamen fundado luego de examinar los extremos exigidos por el art. 76 bis del C.P. En el caso, centró su negativa en los antecedentes penales que registra el nombrado, los que impedirían, de recaer sentencia condenatoria en estas actuaciones, la aplicación de una pena de ejecución condicional.

Sobre este aspecto se ha dicho que: La expresa conformidad del fiscal de la causa es necesaria para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, por lo que su opinión adversa constituye un impedimento que obsta a su concesión, habida cuenta el rol que el Ministerio Público tiene en el proceso oral en función requirente. Del mismo modo parece razonable exigir al fiscal que emita un pronunciamiento fundado, sobre la existencia de los presupuestos de procedencia (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa carat. D., R. A., rta. el 14-05-1998, sumario publ. en El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, Tomo I, Arts. 1 a 78 bis, DONNA, Edgardo Alberto y otros, Rubinzal- Culzoni, Editores, Santa Fe, junio de 2003, pág. 613).

Siguiendo con el planteo de la defensa, cierto es que el Magistrado fundó el rechazo de la aplicación del instituto en el entendimiento de que el artículo mencionado establece un único supuesto de viabilidad, no correspondiendo efectuar un análisis aislado y desconectado de los distintos párrafos que la norma contiene, por lo que no sólo se requiere la conformidad fiscal Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable.... (cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P.), sino que su oposición -en la medida en que no sea arbitraria y se encuentre debidamente fundada- será indispensable para el otorgamiento del beneficio.

En tal sentido, se ha expresado que El argumento de mayor peso que se puede oponer a la interpretación de los dos supuestos no reposa, sin embargo, en la ruptura del contexto, sino, antes bien, en la frustración del régimen legal de la condena de ejecución condicional, que la reforma ha mantenido paralelamente a la introducción de la suspensión del juicio a prueba. Si se interpreta el texto legal, seccionando el párrafo cuarto de los párrafos primero y segundo, es evidente que los supuestos resultantes serían dos: a) delitos cuyo máximo de pena privativa de libertad no exceda de tres años, y b) delitos cuyo máximo exceda de esa escala legal, siempre que según las circunstancias del caso fuere posible la condena de ejecución condicional, y que el fiscal preste consentimiento. Esta disección lleva a una consecuencia frustrante del sistema legal. Según el art. 26 C.P., la condenación de ejecución condicional procede sólo en caso de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, o cuando se trata de una segunda suspensión si han transcurrido los plazos del art. 27 C.P. Ahora bien, la mutilación del párrafo que opera la interpretación de los dos supuestos lleva a que imputados de delitos que han sido condenados por otros hechos con anterioridad (sea en suspenso o con cumplimiento efectivo) obtengan por vía de suspensión del proceso lo que no podrían obtener por vía del art. 26 C.P., y para colmo sin necesidad de respetar plazo alguno!. En otras palabras, de admitirse que el cuarto párrafo regula un caso distinto podrían acceder al beneficio aquellos imputados que registren una condena anterior, incluso los que resulten reincidentes, lo cual es contrario a los fundamentos del instituto, pensado para los delincuentes primarios y ocasionales que no manifiestan peligro de reincidencia. Para evitar este resultado no podría recurrirse al párrafo cuarto que expresamente reenvía a la posibilidad de condena de ejecución condicional, pues si es un supuesto distinto, como pretenden algunos, no puede arbitrariamente ser utilizado en conexión con el primer párrafo según convenga o no a la argumentación (Conf. GARCÍA, Luis María, en su artículo La Suspensión del Juicio a Prueba según la doctrina y la Jurisprudencia, publ. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nros. 1 y 2, Año 2, Ed. Ad-Hoc, 1996, págs. 317/375, el destacado es nuestro).

Analizando las constancias de autos se advierte que Gastón Adrián Pérez y José Néstor Tosto fueron detenidos junto al menor D. E. A. el 19 de diciembre de 2003, alrededor de las 23:55 horas, en circunstancias en que se hallaban a bordo del rodado marca Peugeot 505, dominio TJI-897, color marrón, en la intersección de la Avenida Pedro Goyena y la arteria Miró de esta Ciudad, secuestrándose del interior del vehículo un revólver calibre 32 largo, de color plateado, con la inscripción Trade Mark, serie número 245652, conteniendo en su interior cuatro cartuchos (fs. 1/2 ).

Efectuada la correspondiente consulta telefónica con el Juzgado Nacional interviniente, el 20 de diciembre de 2003 se dispuso la inmediata soltura de los prevenidos mayores y la entrega del menor a su progenitora, previa recepción de testimonio y acreditación de identidad y parentesco (fs. 56, 57 y 60/vta.). Se agregaron los informes prescriptos por los artículos 26 y 41 del C.P. respecto de los imputados, Causa nº 158-01/CC/2005 Sala II confeccionados en el lugar de detención (fs. 141vta.), como así también los realizados por el Patronato de Liberados (fs. 10/14 del legajo nº 20.073 acollarado). La pericia balística correspondiente concluyó que el revolver de figuración en autos es apto para producir disparos, pero de funcionamiento anormal, mientras que dos cartuchos tomados al azar para la prueba no resultaron aptos para sus fines específicos (fs. 74/75). El Juzgado Nacional de Menores se declaró incompetente para seguir entendiendo en la causa y dispuso la remisión a la Fiscalía en lo Contravencional Nº 10 (fs. 80) que rechazó la competencia atribuída y devolvió las actuaciones al Juzgado Nacional de Menores Nº 7, donde se dispuso sobreseer a los imputados en orden al delito de tenencia de munición de guerra y trabar la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 82). El Máximo Tribunal se expidió declarando la competencia de este fuero (fs. 84). Arribado el expediente a la Fiscalía Contravencional se escuchó en los términos del art. 41 de la LPC a Pérez ( fs. 85/86) y se requirió la elevación a juicio respecto del nombrado y de A., en orden al delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil solicitando que Pérez sea condenado a la pena de seis meses de prisión más las costas del proceso (fs. 87/90).

En lo que aquí interesa corren por cuerda fotocopias certificadas de los legajos nº 20073 y 23459 del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, de los que surge que mediante sentencia firme dictada el 28 de octubre de 2005 en la causa número 2122 en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 Gastón Adrián Pérez fue condenado a la pena de un año de prisión, con más su declaración de reincidencia por primera vez y costas en orden al delito de robo simple en grado de tentativa en concurso real con robo simple (hecho ocurrido el 25 de marzo de 2005), sanción que se unificó con la pena de tres años de prisión recaída el 20 de septiembre de 2004 en la causa número 1876 del registro del Tribunal Oral Nº 3 en orden al delito de robo simple reiterado en dos oportunidades, en concurso real con el de lesiones graves (en orden a los hechos acaecidos el 8 de julio, 12 de agosto y 14 de septiembre de 2003) condenándolo en definitiva a la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, revocándosele la libertad condicional que le fuera oportunamente concedida (fs. 1/7 del legajo nº 23459). Practicado el correspondiente cómputo de pena, surge que ésta la agotará el diez (10) de mayo de 2008 (fs. 8/vta. del legajo nº 23459).

La reseña que antecede permite advertir que al tiempo en que la CSJN declarara la competencia de este fuero contravencional y de faltas para conocer en este proceso (28 de septiembre de 2004) Pérez había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nacional Nº 3 en la causa número 1876 por los delitos de robo simple reiterado (dos hechos) en concurso real con lesiones graves, ocurridos con anterioridad al inicio de las presentes actuaciones, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (20 de septiembre de 2004). Por otra parte, cabe señalar que durante el período en que se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional cometió los hechos en los que resultaron damnificadas Cecilia María Costa Vila de Braun y Carmen Olga Rizzo y por los que fuera condenado a la pena de un (1) año de prisión, con más su declaración de reincidencia por primera vez y costas, dando lugar a la unificación de la condenas.

En consecuencia, en punto a las circunstancias del caso analizadas en un primer momento por la Fiscal y posteriormente por el Magistrado al denegar la suspensión del proceso a prueba, debe concluirse que ...los antecedentes del imputado son circunstancias personales que se refieren al caso sometido a decisión...., por lo que ...una resolución denegatoria de la suspensión fundada en que en caso de recaer condena por el hecho del juicio no se trataría de primera condena a pena de prisión no afecta de modo alguno el principio de inocencia. Este será recién destruido si continúa el proceso y recae sentencia condenatoria... (Conf. GARCÍA, Luis María, aut. y ob. cit. pág. 342/343).

En este contexto, la resolución del Magistrado que rechaza la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba respecto de Pérez aparece razonable a la luz de la interpretación integral del art. 76 bis del C.P., de la fundada oposición fiscal a la viabilidad del instituto y de los antecedentes que registra el nombrado.

Resta aclarar que tampoco se ha verificado una prolongación injustificada del proceso que importe la pérdida del derecho a resultar favorecido con la suspensión del juicio a prueba en esta causa en tiempo oportuno, toda vez que poco antes de resolverse la contienda de competencia entre el fuero nacional y contravencional por ante la CSJN, recayó sentencia condenatoria a tres años de prisión de efectivo cumplimiento respecto de Pérez, extremo que impediría el otorgamiento de aquél beneficio.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo el Tribunal:

RESUELVE:

Causa nº 158-01/CC/2005 Sala II I.- CONFIRMAR la resolución de fs.178/179, en cuanto dispone no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba respecto de Gastón Adrián Pérez.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas a fs. 192 apartado V.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota.- Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Dr. Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Fdo: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.