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Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cocovi, María José y otro c/ Hospital Interzonal de Agudos General San Martín de La Plata y otros s/ Daños y perjuicios González de Freire, Noemí c/ Clínica Privada General Belgrano s/ Daños y perjuicios Tagliaferro, Juan A. c/ Cangelosi, Jorge E. s/ Daños y perjuicios Urquiza, Claudia c/ Navarro, Carlos Favio y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20|2002-02-19|2000-10-11|2006-04-05

La responsabilidad profesional -en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone- requiere para su configuración los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil.
Restitución de bienes, indemnización, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: BROWER  DE KONING, JUAN JOSE O. EN: BARBARO, CARLOS - QUIEBRA PEDIDA s/ INCIDENTE DE RESTITUCION DE BIENES -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-10-11

El reclamo del incidentista significa en el aspecto de la entrega de la máquina, un simple pedido de restitución del bien, cuya titularidad esta acreditada. Con respecto al arreglo de dicha máquina, representa la pretensión de indemnización de un daño ilegítimamente producido por el fallido, por lo cual una vez que el incidentista conozca concretamente el monto del perjuicio inferido, tendrá que hacer valer su derecho por la vía pertinente.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida cautelar genérica, préstamo bancario, evidencia digital, consumidores, derecho subjetivo vulnerado, instrucción preventiva, mutuo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: IRIARTE, RODOLFO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-01

Además surge del intercambio epistolar con la entidad demandada que podría haber existido fraude digital a través del sistema Home banking y así habría sido también comunicado a la aseguradora. Se agrega que al menos en este estadio, su versión de los hechos no aparece suficientemente contrastada en el mencionado intercambio de misivas (e-mails) con la accionada.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, jueces, facultades del juez, depreciación monetaria, índices de actualización, excepciones procesales, beneficiario del seguro, cambio de categoría
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAÑETE, MARIA ELENA Y OTRO c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Recurso de inconstitucionalidad-Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1055 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

Debe desestimarse la postulación de la Caja previsional demandada, toda vez que no se advierte que los sentenciantes -al sostener que no es admisible hacer soportar exclusivamente al beneficiario toda la incidencia del fenómeno inflacionario producido durante el trámite del beneficio cuando los índices revelan la excepcionalidad de la situación-, hayan excedido el marco propio de su función jurisdiccional incurriendo en un arbitrario apartamiento del régimen legal, si se atiende a la anormal situación imperante, y a las condiciones y al tope considerado tolerable -una disminución del 25% - que se impusieron al reconocimiento de la actualización en el referido lapso, teniendo siempre presente el carácter asistencial del beneficio en cuestión. Además, no explica la recurrente por qué con el criterio del A quo -de reconocer el reajuste del seguro por fallecimiento (cuando supere ese límite), en base al sueldo que el causante habría percibido de seguir en actividad al mes anterior en que el debió hacerse, según la categoría que corresponda de cuerdo a la escala vigente a esa fecha-, se produciría, implícitamente, un cambio de categoría, causándole un daño mayor, cuando ello ha operado precisamente como límite al ajuste, lo que permite vislumbrar la intención de evitar que, mediante la matemática aplicación de tales índices, se pudiera producir una distorsión del sistema.
Juicio ejecutivo, costas, allanamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burgos Riego c/ Cavalli, Exequiel Armando s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El allanamiento implica una sujeción total y absoluta a la pretensión de la otra y, en principio, las costas deben ser soportadas por quien ha resultado perdidoso ante la razón de su adversario, ya que así lo impone el criterio introducido en nuestra ley procesal (arts. 68, 69, 556 del Código Procesal). que resulta de toda evidencia que la actora con su accionar, y no obstante el ulterior allanamiento prestado, ha provocado la necesidad del demandado de excepcionarse, debiendo por tal motivo cargar con las consecuencias procesales derivadas de su condición de vencido sobremanera cuando el debate se inscribe en el marco de un proceso ejecutivo de limitada cognición, ya que el presunto acreedor debe privilegiar una prudente ponderación de la demanda y su alcance, so pena de agravar innecesariamente la posición del ejecutado operando a contrario sensu la presunción del artículo 537 de la ley ritual.

Minoría u opinión personal)
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, remoción de directores, incumplimiento del convenio, auxiliares de justicia
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARKING NAUTICO s/ CONCURSO  S/  PIEZAS  POR  SEPARADO  -CPR  250-  S/  APELACION POR LA  CONCURSADA DE LA RESOLUCION DE SEPARACION AL DIRECTORIO  DE  LA MISMA  (LC: 18, 2 PARTE).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

Aún cuando la gestión del directorio de una sociedad obstaculice o ponga en peligro las posibilidades de que el deudor cumpla un acuerdo preventivo, resulta improcedente que, para superar tal obstáculo y evitar el peligro, el directorio elegido por asamblea societaria sea desplazado y sustituido por un auxiliar del magistrado. Ello, por cuanto los directores removidos no serían los inmediatos responsables de un eventual incumplimiento del acuerdo preventivo, y la responsabilidad por tal evento resultaría imputable al delegado del juez, quien además asumiría el riesgo comercial de la administración de la empresa y el riesgo de incumplimiento del acuerdo.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: ARIAS  DE  PIZARRO  MARIA  ANTONIA Y OTROS c/ EDESUR SA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

No cualquier mejora de fortuna es suficiente para dejar sin efecto el beneficio sino aquella que le permite al condenado en costas salir de la situación económica personal que en su momento el juez considero para concederlo (conf. CNCiv., Sala "G", 3.3.83, L.L. 1983-C-280; citado por la Sala 3 de esa Cámara en la causa 6274/98 del 24.05.01). En el caso de autos la recurrente sólo manifestó su opinión respecto de la importancia que podría tener el monto indemnizatorio que repara los daños sufridos en la vida de los actores, extremo que resulta insuficiente para considerar que mejoró su fortuna, en los términos del art. 84 del Código Procesal
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías, recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado y otro c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

La decisión atinente a la existencia de otras vías legales para la tutela de derechos invocados por medio del amparo no es susceptible de reverse en la instancia extraordinaria, en tanto no medie arbitrariedad ni palmario desconocimiento de garantías o principios constitucionales, pues ese procedimiento de excepción no está destinado a reemplazar los medios normalmente instruidos para la solución de controversias jurídicas.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AGUILA MIGUEL ANGEL c/ CRIVELLI GUIDO s/ APREMIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-11

Acorde con lo previsto por el art. 871 C.P.C., sólo serán recurribles en el juicio ejecutivo (norma aplicable al proceso de apremio) las resoluciones que la ley declara tales, entre las cuales no está prevista la denegatoria de una solicitud de aclaratoria.
Constitución Provincial, interpretación de la ley, Derechos humanos
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Es indudable que cuando la segunda parte del artículo 7 de la Constitución Provincial emplea la palabra "competen" al referirse a los "derechos inviolables" más que atribuirlos, los reconoce conforme a la expresión utilizada en el artículo 6, y por esa razón le pertenecen al hombre en cuanto tal; es decir, el vocablo asume un significado de reconocimiento y de garantía con valor declarativo pero no ya constitutivo porque ellos existen antes e independientemente de cualquier intervención estatal porque son innatos e insuprimibles. (Doctrina: Bidart Campos, G. y Herrendorf, Daniel E. "Principios de Derechos Humanos y Garantías". Ediar, Bs.As. 1991 p 79; Ramella, Pablo, "Los Derechos Humanos". Bs.As. 1980 p 12). (Del Voto del Dr. Ulla)
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campos Patricia c/ Domínguez Lino s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

La finalidad esencial de la ley 19724 es la afectación al régimen de la prehorizontalidad previa al otorgamiento de los contratos, porque de lo contrario, los boletos no podrían tener la constancia de tal afectación con lo cual se incumplirían los arts. 1 a 4, 13 y concs. de la ley.
Honorarios, costas, seguros, obligaciones del asegurado
Materia: PROCESAL
Carátula: Segundina Burgos de Chocala c/ Guillermo A. Rodríguez y Alfredo Ayusa s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente. Nº B- 48122/99 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 46, F 365/368, N 142 Alfredo Ayusa s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente. Nº B- 48122/99 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 46, F 365/368, N 142
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-23

Con relación a la imposición de los honorarios profesionales del letrado del asegurado el Superior Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse sobre el tema expresando: "...La dirección del proceso es carga contractual. La observancia de la misma consiste en dejar al asegurador la gestión de la litis. El sujeto gravado de esta obligación es el asegurado, pues sólo así se sustrae de la amenaza que importa la aplicación de las consecuencias del incumplimiento. El cumplimiento exigido es un "no hacer" o un "dejar hacer" al asegurador la dirección del proceso, que infringido afecta el interés del asegurado pues sólo él, de observar la carga, ve favorecida su posición contractual. La ventaja para el asegurado radica en que el esfuerzo diligente y especializado del asegurador repercutirá en favorecer su indemnidad patrimonial. Y para el asegurador, el mismo tiene un interés directo y exclusivo, pues de prosperar la pretensión de la víctima, es su patrimnio el que en definitiva resulta comprometido (cfr. Stiglitz, Contrato de Seguro, pgs. 240 y sgtes.)... En caso de que el asegurado asuma su defensa en juicio, sin darle noticia oportuna al asegurador para que lo haga éste, los honorarios de los letrados del asegurado quedan a su cargo. Se trata de un supuesto particular en el marco de la carga de aviso al asegurador de la demanda promovida. El asegurador ignora la existencia del juicio, pues la omisión del asegurado consistente en darle noticia oportuna al asegurador para que éste asuma la defensa en juicio, impide precisamente por desconocimiento, que materialmente el asegurador ejerza el derecho a dirigir la litis. La única consecuencia que deviene de la inobservancia de la carga consiste en que los honorarios del letrado del asegurado lo son a su cargo" (in re: "Elizabeth Miriam Maldonado de Anze c/ I.R.M.I. S.A.", L.A. Nº 38, Fº 1516/1518, Nº 631, cfr. "Alvero de Yapura por sí y su hijo menor Francisco Benjamín Guanuco c/ Manuel Bernabé Soria y Miguel Easdale").
Notificación por edictos, rebeldía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FIGUEREDO, Hugo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Dado que la intimación efectuada por edictos reviste el carácter de notificación ficta y encuentra fundamento en el desconocimiento del domicilio real o eventuales sitios de permanencia (art. 150 del C.P.P.N.), la incomparecencia del imputado a prestar declaración indagatoria conduce, por imperio de lo normado en el art. 288 de dicho ordenamiento, a decretar su rebeldía.

Por ello, y dado que la previsión del el art. 289 ibidem no deja otra alternativa que disponer la detención del inculpado, debe confirmarse la declaración de rebeldía del imputado.
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

En autos, no resulta satisfecho, sino en modo aparente, el requisito de que los fallos constituyan derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos probados del caso, pues la sentencia en crisis no se halla dotada de la fundamentación suficiente que es dable exigir como condición de validez de los fallos judiciales.
Defensa del consumidor, plan de ahorro previo, automotores, Inspección General de Justicia, fiscalización de sociedades, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - DISP DNCI 2381/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Sin perjuicio de la aplicación que quepa hacer de las disposiciones a que remite la ley 22.315, el adherente a un plan de ahorro previo es un consumidor amparado por la Constitución Nacional y por la ley 24.240 conf. su art. 1º, la cual debe aplicarse a este caso para responder a la tutela amplia e integral que el art. 42 de la C.N. exige. (cons. 4º).
Contratos civiles, expromisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almirón, Juan Luis c/ Paez Molinero, Facundo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La asunción de deuda, (ya sea "privativa" o "acumulativa", pero que tienen efectos distintos) consiste en un contrato celebrado entre el deudor y un tercero por el cual éste se compromete a satisfacer la obligación en reemplazo del deudor primitivo. La expromisión (que puede ser "simple" o "novatoria", con efectos también diferentes), por el contrario, importa un convenio celebrado entre el acreedor y un tercero, por el cual éste se obliga a satisfacer la deuda ajena referida en dicho acto. Como se ve lo que caracteriza a la expromisión es la prescindencia del deudor en el acto jurídico realizado entre el acreedor y el tercero que carga con la deuda ajena. La expromisión vincula fundamentalmente al acreedor con un tercero; en tanto que la asunción de deuda relaciona al deudor con un tercero (sin perjuicio de una eventual, pero no necesaria, intervención del acreedor).
Plazo, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: M., G.N. c/ L., L.J. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-24

La demanda de cumplimiento lleva implícito el pedido de fijación de plazo.
Acción meramente declarativa, interés legítimo
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Contralmirante Cordero c/ Municipalidad de Campo Grande s/ Acción declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-10

El interés -en la pretensión declarativa- "consiste en una situación de hecho tal, que el actor, sin tal declaración sufriría un daño, de modo que la decisión judicial se presenta como el medio necesario para evitar el mismo". (En disidencia: Dr. Leiva).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, concurso de delitos, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ DELITO  CONTRA  LA  LIBERTAD  -  DELITO  CONTRA  LA SEGURIDAD COMUN -  DELITOS  CONTRA  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  MEDIOS  DE TRANSPORTE  Y  DE  COMUNICACION - REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

Resulta irrelevante la tenencia cuando el acto material constitutivo del ilícito definido en el art. 189 bis, tercer párrafo, del Código Penal coincide temporal y especialmente con otro delito, por lo que, de adverso, puede concluirse en que se configura la tenencia cuando la detentación del arma supera el tiempo en que se consuma el delito concurrente.
Recurso de nulidad, vicios, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Contin, Nazario R. s/ Incidente de nulidad, recusación en autos: Tapia, Edith S. c/  Contin  Naszario, Raul s/ Ordinario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-11-12

La alegación de la nulidad por vía de recurso debe considerarse circunscripta a las impugnaciones fundadas en los vicios que pudieran afectar a alguna resolución judicial en sí misma.
Prescripción de la acción penal, facultades del Poder Legislativo, carácter taxativo, interpretación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: NINCI, María. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Ante la disyuntiva de obedecer lo que manda el código procesal, de atacar el cumplimiento de las normas taxativas de la extinción de la acción penal , la solución es otorgar preponderancia a la ley nacional, ya que resulta inadmisible declarar extinguida la acción penal de un modo no articulado en el ordenamiento jurídico, con la creación de un procedimiento extintivo ilegítimo, no sancionado expresamente por la norma nacional que es la que debe prevalecer sobre la local.

Si el Poder Legislativo, en ejercicio de la jurisdicción local, estableció en el art. 422 del C.P.P.N. un presupuesto de extinción de la acción penal, invadió así el marco de atribuciones entre las que se encuentra la de dictar y modificar el Código Penal, en clara violación a los arts. 31 y 75, inc. 12 de la C.N. .

La manda del art. 422, inc. 1°, del C.P.P.N. -precepto adjetivo de aplicación local- no puede prevalecer frente a cuanto dispone el art. 59 del C.P., por tratarse ésta de una norma nacional y porque no puede verse contrariada la declaración contenida en el art. 31 de nuestra ley fundamental .

Por ello, debe declararse la inconstitucionalidad de los arts.

422, inc. 1° y 423 del C.P.P.N.
Indemnización por accidente de trabajo, seguro por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Berti,  Alfredo  Jesús c/ Asociación  Civil  Club Atlético Boca Juniors s/ Accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

Aún cuando el club demandado se haya ocupado de brindar al actor las prestaciones médicas pertinentes (y en forma eficiente, por lo que surge de autos), ello no lo releva de cumplimentar el resto de las prestaciones, cuales son las monetarias, que la ley otorga al trabajador y que no le fueron efectivizadas. Respecto de la ART, tampoco estaría justificada por haber omitido cumplir con las prestaciones dinerarias en su tiempo. (En el caso la empleadora no hizo denuncia de la lesión del actor, tomó a su cargo las prestaciones en especie y luego, se opuso a que la ART fuera traída a autos)
Acción de inconstitucionalidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Labinca S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.405
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Aunque patrimonial la cuestión, si la reclamación tiene carácter preventivo, por cuanto las normas controvertidas no han afectado concretamente, por su aplicación, la situación particular de los accionantes, la presentación inicial resulta oportuna (arts. 684 y 685, segundo apartado, del C.P.C.C.).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mayans c/ Castro s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

En el pacto de cuota litis, la remuneración del abogado por su cliente vencedor -y sin perjuicio del referido derecho del primero a las costas a cargo del adversario vencido- no puede exceder de la tercera parte del resultado líquido del juicio (art. 4 inc. "b" del arancel). Pero hace excepción a dicha limitación, pudiendo entonces alcanzar hasta la mitad de tal resultado, que el profesional tome a su cargo los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas causídicas del adversario (inc. "c").
Medida de no innovar, ley de emergencia, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación del Personal Sup. de la Administración Pública Provincial APSAPP s/ Medida Cautelar. Asociación del Personal Sup. de la Administración Pública Provincial APSAPP s/ Medida Cautelar.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-10|1996-05-10

La aplicación automática de la Ley 4256 a partir de su entrada en vigencia, determina la existencia de un peligro cierto, real e inminente a los recurrentes, lo cual hace indispensable el otorgamiento de la cautelar solicitada, hasta tanto se resuelva la acción principal. Sabido es que el transcurso del tiempo puede causar daño o lesionar el interés legítimo de quien ha debido recurrir al órgano judicial para lograr el reconocimiento de su derecho. Las medidas cautelares se otorgan, precisamente, para neutralizar el peligro que la demora puede causar. Tal peligro consiste en la necesidad de prevenir, o si es posible, eliminar el daño que puede sufrir el eventual derecho mientras dura la tramitación del proceso en el cual ese derecho puede ser reconocido, y justamente a esto tiende la medida peticionada. No sólo se persiguió que no se efectúen las quitas contempladas en la ley 4256 (art.39), sino algo que podría resultar aún más gravoso (reformulación de la antigüedad), frente a la que los recurrentes consideran un derecho adquirido. Consecuentemente, se torna procedente la medida peticionada, a fin de disipar o enervar esa amenaza o temor al daño invocado.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, interposición del recurso, plazo, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante, Rafael y otros c/ La Helvética S.A. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación (Expte. CSJ Nº 127-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

El primer paso en el juicio de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que debe realizar el Tribunal, refiere a los requisitos de formalidad "strictu sensu" o rituales, entre los que se incluyen, principalmente: órgano ante el cual ha de recurrirse;

término para hacerlo; naturaleza recurrible del pronunciamiento;

legitimación procesal para recurrir; formalidades del escrito del recurso; preparación y mantenimiento de la cuestión constitucional que funda el recurso.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: BELTRAN RICARDO ANTONIO DEL VALLE c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO Y/O OTROS s/ DIFERENCIAS DE HABERES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-23

Los honorarios de los abogados intervinientes en un proceso laboral, no se pueden regular sobre la base de una transacción o conciliación ya que les es inoponible si no intervinieron en ella.