Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-12


SENT Nro. 665 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 12 DE SEPTIEMBRE de 2003 Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la defensa técnica de los imputados, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 23/7/2002 (fs. 297/298), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 07/10/2002 (cfr. fs. 310 y vta.). En esta sede, no se presentaron memoria sobre el recurso, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso intentado (cfr. fs. 318/319). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 304/308 por la defensa de los imputados Pedro Pablo y Juan Alberto Torasso, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 23/7/2002, que desestimó el planteo de nulidad incoado contra el anterior pronunciamiento del fecha 02/5/2002.

Expresa que la sentencia es equiparable a definitiva, por ocasionar agravios de imposible reparación ulterior; y el caso presenta además caracteres de gravedad institucional, habilitantes de la instancia extraordinaria de la casación. Ello en tanto se cuestiona la estructura esencial del proceso, con gravitación en el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

Al reseñar los antecedentes del caso, manifiesta que su parte interpuso recursos de apelación y nulidad contra el auto de elevación a juicio; cuestionando además la constitucionalidad del art. 358, último párrafo del CPP, que dispone su inapelabilidad. Ante la denegatoria de la concesión de estos recursos, planteó queja directa al Superior, declarada inadmisible en los términos de la sentencia del 02/5/2002. Expresa que dicha resolución carece de motivación, dado que tiene como único fundamento la cita de un precedente de esta Corte Suprema de Justicia, y lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara; por lo que planteó su nulidad en base a las disposiciones de los arts. 184, 185 inc. 1º, 186 2do. párrafo del CPP y sus concordantes del CPCC, y art. 28 de la Constitución de la Provincia. Esta impugnación fue igualmente denegada, en los términos del fallo cuya casación reclama.

Invoca el deber de motivación de las sentencias, conforme al sistema de la sana crítica racional adoptado por la ley adjetiva, que impone el respeto a las reglas de la lógica y la experiencia común. A su entender, el decisorio recurrido conculca Pactos Internacionales incorporados al ordenamiento jurídico por la reforma constitucional de 1994. Puntualmente, expresa que según la jurisprudencia interpretativa del Pacto de San José de Costa Rica, no sólo son apelables las sentencias definitivas, sino también los demás autos procesales importantes, como el de elevación a juicio. Añade en tal sentido, que el rechazo de su planteo de inconstitucionalidad del art. 358 procesal no puede tenerse por fundado con la mera referencia a un pronunciamiento de esta Corte Suprema de Justicia, o a lo dictaminado por el Ministerio Público; lo cual sería insuficiente para satisfacer el deber de motivación exigido por la Constitución local. Según afirma, la doctrina mencionada por este Tribunal en la sentencia Nº 93 del 28/02/2002 es anterior a la reforma constitucional; destacando además que en el sistema procesal nacional, el imputado tiene oportunidad de impugnar el auto de procesamiento, previsto como presupuesto ineludible del auto de elevación a juicio; lo que no sucede en el ordenamiento procesal local.

Menciona distintos precedentes jurisprudenciales referidos al deber de motivación de las decisiones judiciales, para concluir que en el sublite, el Tribunal a quo ha soslayado todos los planteos de su parte, conducentes para la solución del pleito, causando un perjuicio de imposible reparación ulterior. Como doctrina legal, postula que "Resulta inválida como pronunciamiento judicial la sentencia que omite considerar y merituar los argumentos defensivos del imputado, habida cuenta que ello vulnera la igualdad y defensa en juicio, ocasionando un perjuicio que excede el interés de los litigantes".

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 07/10/2002, con fundamento en que el caso presenta caracteres de gravedad institucional, según la previsión contenida en el art. 469, inc. 2º del CPP. A fs. 318/319 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por el rechazo de la impugnación, a mérito de la doctrina de esta Sala Civil y Penal en relación a la cuestión central planteada por el recurrente; esto es, la inapelabilidad del auto de elevación a juicio.

2.- Según dispone el art. 443 del C.P.P., las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Tal principio de formalidad exige que los recursos deben ser ejercidos, como regla, de conformidad con el procedimiento prescripto en las leyes procesales; pues cada uno de ellos tiene su propia estructura, y no es posible utilizarlos por analogía, o interponerlos cuando no han sido previstos. Esta autonomía funcional y normativa determina que las resoluciones judiciales admiten un carril de impugnación; y la omisión en su utilización no puede verse subsanada con planteos ulteriores tardíamente intentados. La instancia revisora reclamada por la defensa exige la elección adecuada del sendero impugnaticio, con observancia de las formas que al mismo correspondan; lo que en la especie no ha sido cumplido.

De las constancias de la causa resulta que por auto del 02/5/2002 (fs. 285/286), la Sala a quo declaró inadmisible el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la defensa del imputado, cuestionando la providencia que denegó dicha vía impugnaticia contra el auto de elevación a juicio. Dicho pronunciamiento fue atacado de nulidad por el apelante, alegando falta de notificación de la intervención de la Sala a quo, y ausencia de motivación suficiente. La sentenciante rechazó este planteo, haciendo mérito de que los agravios expresados no bastan para declarar la nulidad de una resolución que reúne las condiciones de validez, y aparece fundada según las exigencias del art. 142, CPP. Contra este decisorio, de fecha 23/7/2003, es que la defensa dedujo el recurso en examen.

La reseña precedente evidencia que la vía casatoria ha sido mal concedida. Los agravios del impugnante se dirigen contra la anterior sentencia de la Cámara, que rechazó la queja por apelación denegada; y la previa deducción de un recurso de nulidad en la misma sede, es ineficaz para habilitar la vía casatoria posteriormente intentada contra aquella resolución. Tal planteo de invalidez no constituye un sendero impugnaticio autónomo contra las sentencias pronunciadas por la Cámara Penal; toda vez que la alegada inobservancia de las normas que el Código establece bajo pena de nulidad constituye un motivo específico habilitante del recurso de casación (arg. art. 468, inc. 2º, 469 y cc. del C.P.P.).

En rigor, el memorial recursivo está dirigido a cuestionar el rechazo de la queja por apelación denegada; y desde este enfoque la impugnación casatoria resulta extemporánea. Al respecto, el art. 468, inc. 2º del CPP prevé como motivo de casación, los supuestos de inobservancia de las normas previstas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad; siempre que, como principio, el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hubiera hecho protesta de recurrir en casación.

Es del caso señalar que, tratándose de una sentencia no definitiva, la defensa acude al supuesto de gravedad institucional previsto en el art. 469, 2º párrafo de la ley adjetiva. Mas de los fundamentos recursivos se desprende que tal hipótesis se dice configurada con el contenido del pronunciamiento del 02/5/2002, desestimatorio de la vía directa. Ello así, la previa deducción de un planteo de nulidad perjudica la habilitación de la vía intentada. De otra parte, tampoco han sido rebatidos los fundamentos propios de la sentencia cuya casación reclama, y que refieren al cumplimiento del deber de motivación de las resoluciones judiciales.

3.- A lo expuesto se añade que según doctrina de este Tribunal, como regla, las resoluciones que refieren a nulidades procesales no constituyen sentencia definitiva. Su exclusión del control casatorio se encuentra justificada, en tanto el conocimiento anticipado de estas cuestiones puede ser fuente de perturbación en la marcha de los procesos, antes del dictado de la sentencia que habrá de definir la situación del imputado frente a la ley penal. De lo contrario, se convertiría a este carril excepcional en una tercera instancia ordinaria, admitiendo la revisión de toda clase de resoluciones judiciales.

El recurrente no propone elementos de convicción demostrativos del interés institucional que se dice comprometido en autos, en relación a la sentencia que impugna. La sola invocación del derecho a la defensa en juicio, o la alusión a pretensas nulidades absolutas, no bastan para tener por configurada la hipótesis de excepción invocada en miras a obtener la apertura de la instancia casatoria, ni permiten obviar, por sí, el recaudo de definitividad del pronunciamiento (cfr. CJSTuc., entre otras, sentencia Nº 43 del 03/3/95; Nº 218 del 01/4/98). Eventualmente, en la etapa plenaria el imputado y su defensa tendrán amplia oportunidad de demostrar y hacer valer sus pretensos derechos.

En el caso, los jueces de mérito han proporcionado razones para rechazar el planteo de nulidad articulado en su sede, y las mismas no han sido suficientemente rebatidas en el memorial casatorio; dado que -se reitera-, el planteo sustancial está dirigido contra el anterior pronunciamiento atacado de nulidad.

Se concluye que la defensa no logra poner en evidencia el supuesto de gravedad institucional alegado, en relación a un pronunciamiento que, a más de carecer de definitividad, no es el que dio lugar a los agravios en que sustenta la impugnación.

4.- A requerimiento de este Tribunal, obran en autos informes de los Colegios de Abogados y de Procuradores de la Provincia, de los cuales resulta que la Sra. Graciela Beatriz Salicas, -apersonada a fs. 196 en la condición de apoderada general para juicios de Luis Alberto Salicas, con facultades especiales para querellar-, no se encuentra matriculada en la Provincia como abogada o procuradora (cfr. fs. 321 y 324). En consecuencia, la nombrada carece de facultades para intervenir en autos en representación del querellante; por lo que corresponde disponer su apartamiento de la presente causa, cursándose las notificaciones pertinentes (arg. arts. 7, 125 y cc., CPP).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto a fs. 304/308 por la defensa de los imputados Pedro Pablo y Juan Alberto Torasso, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 23/7/2002.

II.- DISPONER el apartamiento de la Sra. Graciela Beatriz Salicas, DNI Nº 12.598.588, con cese de su intervención como apoderada del querellante Luis Alberto Salicas en la presente causa. Notifíquese.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA