Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08


LRT invalidez contrato de seguro en Milone. Condena a pagar a Cía de seguros de retiro SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100486 SALA II Expediente Nro.: 1080/10 (Juzg. Nº53) AUTOS: "AGRANO DIEGO GABRIEL C/ LIBERTY A.R.T. S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE- LEY ESPECIAL" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 8/5/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia condenó a la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. a pagar al actor la suma resultante del monto transferido por Liberty ART S.A. en concepto de prestación dineraria con deducción de lo percibido.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 90/92; fs. 76/82 y fs. 106/107).

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque, según dice el sentenciante incurrió en una "confusión" con el tipo de contrato que se celebró entre Agrano y San Cristobal. Destaca que la cuestión gira en torno a un contrato de renta vitalicia en pesos, cuya prima única fue determinada por la transferencia de $ 180.000.- realizada por Liberty ART -en concepto de indemnización accidente sufrido por el accionante- y mediante el cual la aseguradora determinó la renta mensual sin que haya existido divergencia entre las partes en cuanto al tipo de contrato. También se queja porque la fecha que consideró el sentenciante como inicio del cómputo de los intereses.

La codemandada San Cristobal Seguros de Retiro S.A. se agravia porque el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 14, ap. 2 inc. b) de la Ley 24.557. Destaca que no existe obligación sin causa y que, a su juicio, es indiscutible que los fondos de San Cristobal Seguro de Retiro S.A. son de su propiedad y que es inconstitucional obligarla a depositar en autos lo que la sentencia dispone pues está generando en favor del actor un enriquecimiento sin causa.

Trataré en primer lugar el recurso de la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A.. Los términos de los agravios imponen señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en los autos "Milone, Juan A. c/ Asociart SA ART" con referencia a su art.14, ap.2, inc. b, señaló que la LRT si bien no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, "sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada en el considerando 4º, por no establecer excepción alguna para los supuestos como el sub-exámine, en el que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art.14 bis C.N.), al paso que modifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio" (C.S.J.N,, 26-10-04, en T.y S.S. 2004, pág.943). De acuerdo con la doctrina que emerge del voto de la mayoría en el fallo citado, es evidente que el sistema de prestación de pago mensual que establece el art.14, ap.2 inc. b) de la LRT, frente al trance de suma gravedad que deriva de padecer una de las incapacidades más severas (superior al 50%), implica una reducción drástica en el universo de opciones que le permitirían reformular dicho proyecto, en la medida que impide la configuración de las alternativas que podrían resultar realizables a través de la percepción de una indemnización de pago único.

Tal solución -siempre según la doctrina que emana del fallo del Más Alto Tribunal- constituye una arbitraria discriminación y una irrazonable injerencia reglamentaria en el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida de quien es víctima de un infortunio laboral y no se compadece con las necesidades impostergables de quien padece una severa incapacidad. Por ello, y tal como lo entendiera el Sr. Juez de la anterior instancia, estimo que el art. 14 2.b. de L.R.T., en el caso, resulta violatorio de las garantías que consagran los arts.14 bis y 16 de la Constitución Nacional y los Tratados de jerarquía constitucional que menciona el art.75, inc.22 de la Ley Suprema. Este criterio fue adoptado también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Suárez Guimbard, Lourdes C, Siembra A.F.J.P S.A"; del 24/6/08; 331:1510; publicado en la Ley 14/7/08; DJ 16/7/08,769; DJ 2008-II, 769.

En consecuencia, habida cuenta del valor mensual de la renta que le corresponde percibir al actor (ver fs. $ 853,86.-, ver fs. 123) y que padece un muy elevado grado de incapacidad (63,74%), considero que corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2, inc. b) de la Ley de Riesgos del Trabajo efectuada en la sentencia recurrida.

La demandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. argumenta que la solución a la que se arribó en la instancia anterior por aplicación de tales precedentes soslaya la existencia del contrato de seguro de renta vitalicia que el propio actor suscribió -al que considera irrevocable- y las previsiones contenidas en el art. 19 LRT, así como la renuncia a futuras acciones de inconstitucionalidad que el actor efectuó al suscribir el referido contrato.

Los términos de los agravios llevan a señalar que el actor suscribió el mencionado contrato en función de una previsión legal (art. 14, ap. 2 inc. b) LRT) que le imponía sujetarse a tal modalidad contractual.

Ahora bien, en autos solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la referida norma y, a la luz de la doctrina emanada del más Alto Tribunal y de las consideraciones antes expuestas, es evidente que en el caso fue correctamente declarada la inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2 inc. b) de la Ley 24.557. Si se prescinde de la existencia de dicha norma -en razón de su oposición a la Constitución Nacional- cabe concluir que el contrato suscripto en función de ella está afectado por la misma razón de invalidez puesto que, al ser una consecuencia de una norma legal inválida, la normatividad particular creada a partir de la autonomía individual, también es opuesta a las garantías constitucionales afectadas por la norma que le da origen (arg. arts. 953 y 1167 del Código Civil).

En otras palabras, en un caso como el de autos, al ser inválido en términos constitucionales el art. 14 ap. 2, inc. b LRT, también lo es el acto jurídico (contrato) que es consecuencia de una norma opuesta a la Constitución Nacional cuyo objeto también debe considerarse contrapuesto a ésta (cfr. arg. arts.1045, 1047 y 1052 del Código Civil).

En efecto, la luz de lo establecido en los ya citados arts. 953 y 1167 del Código Civil, un contrato que deriva de la aplicación de una norma contraria a la Constitución Nacional, está afectado por un vicio (ya que su objeto también es contrario a determinadas garantías constitucionales) determinante de una nulidad absoluta que aparece patentizada en forma manifiesta en el propio acto contractual; y, a la luz de la previsión contenida en el art. 1047 del Código Civil, dicha nulidad puede y debe ser declarada por los jueces, aún sin pedido de parte, máxime cuando -como en el caso- tal declaración debe efectuarse "en interés" y en resguardo de la vigencia efectiva de la Ley Suprema.

La renuncia a iniciar en el futuro determinadas acciones judiciales que aparece en el texto del contrato de renta vitalicia de fecha 23/6/09 obrante en el sobre de fs. 5, constituye una cláusula nula, sin valor alguno, en la medida que se contrapone al principio de irrenunciabilidad que emana del art. 12 RCT; máxime cuando, en el caso, la operatividad de la renuncia afecta derechos emergentes de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de rango constitucional.

En síntesis, más allá de la invalidez del contrato de seguro de renta vitalicia en razón de que su objeto es contrario a las garantías constitucionales analizadas, tampoco puede considerarse válida ni operativa la "renuncia" que en el marco de esa negociación privada, el actor habría efectuado con relación a derechos indisponibles garantizados por la Constitución Nacional.

Desde esa perspectiva, es insostenible el argumento de la demandada en cuanto pretende la "supuesta irrevocabilidad" de un contrato cuya invalidez debe ser declarada por oponerse su contenido y objeto a las garantías constitucionales cuya protección justifica la declaración de inconstitucionalidad de la norma en virtud de la cual se suscribió el pacto individual.

No comparto la interpretación que efectúa la recurrente de la doctrina emergente del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Llosco Raúl c/Irmi S.A." (C.S.J.N.; L 334; XXXIX, del 12-6-07) porque, a mi modo de ver, al pronunciarse en esa causa, el más Alto Tribunal dejó en claro que en el ámbito de la aplicabilidad de la ley 24.557, debe efectuarse un escrutinio estricto de la conducta del trabajador a los efectos de determinar si, efectivamente, las circunstancias en cuyo marco invocó ciertos preceptos o ejerció determinados derechos propios de este régimen legal -al cual, en principio, tiene obligación de sujetarse- autorizaban a considerar que actuó en forma incompatible con la posterior promoción de un reclamo judicial basado en la inconstitucionalidad de una de sus normas (del voto de la Dra. Highton de Nolasco). La aplicación de tal doctrina a un caso como el de autos, lleva a concluir que, al comenzar a percibir la renta que deriva del régimen legal cuya constitucionalidad se cuestiona en estos autos y en virtud de la insuficiencia de la percepción mensual ante una incapacidad de la magnitud que padece y la necesidad de reformular su proyecto de vida en función de dicha incapacidad y de atender a su subsistencia en condiciones dignas (lo cual, también fue valorado en el voto de la Dra. Highton de Nolasoc en el fallo "Llosco" antes citado), el actor pudo considerarse legítimamente asistido de derecho a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma cuya aplicación obstaría a que las condiciones de su vida futura se adecuen a la protección que la Constitución Nacional otorga a la víctimas de un infortunio laboral. En consecuencia, estimo que, contrariamente a lo argumentado por la recurrente, no media en el caso apartamiento de la doctrina que emerge del caso "Llosco".

Se agravia la demandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. porque el sentenciante la condenó a abonar la suma de $ 180.000.- cuando, según dice, la prima única ascendió a la suma de $ 178.748,76.-; y, considero que, en este aspecto, le asiste razón.

En efecto, si bien el valor del contrato en moneda ascendió a la suma de $ 180.000.- (ver póliza de seguro de renta vitalicia obrante en el sobre de fs. 5), lo cierto es que, deducidas las tasas e impuestos, la prima pura única arrojó un total de $ 178.748,76.-. A su vez, como la renta bruta devengada en favor de Agrano dio lugar a determinados aportes de índole previsional que deben ser deducidos del importe a percibir por aquél, corresponde acoger el agravio de fs. 106 vta./107 y establecer que la condena dispuesta a fs. 88 (I) debe quedar reducida al monto resultante de restar a la suma de $ 178.478,76.- el importe mensual de la renta "bruta" (o sea la neta más el importe de los aportes previsionales) percibida por el actor hasta el momento en el que sea efectuada la liquidación que prevé el art. 132 LO.

El agravio de la parte actora dirigido a cuestionar el alcance de la sentencia dictada en la instancia anterior en el punto 2. a) (fs. 91), está referido a una cuestión que ha devenido abstracta en razón de la aclaratoria dictada por el tribunal inferior a fs. 88 I en la cual se adecuó el resultado a los conceptos que se recurren en el memorial recursivo.

En cuanto al cómputo de los intereses, tal como lo señalara mi distinguida colega Dra. Graciela A. González al votar en primer término en los autos Kalinowski, Ana c/ Liberty A.R.T S.A s/ Indemniz. por fallecimiento" (sent. 93.979 del 06/12/05 del registro de esta Sala) en un caso vinculado a las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo pero que guarda similitud con el presente, "no podría considerarse que ha existido incumplimiento por parte de la accionada desde el momento del fallecimiento del causante, ni mora alguna desde esa fecha, puesto que, la ART procedió a depositar el importe correspondiente a la reparación debida entregándoselo a una administradora que lo invirtió en un régimen de renta, todo en el marco de la normativa legal aplicable sin que en dicho contexto pudiera tampoco plantearse la inconstitucionalidad del art. 15 LRT porque ello requiere necesariamente de la intervención del Tribunal de Justicia".

En el caso, San Cristobal Seguro de Retiro S.A. no se benefició conservando el capital en su poder ni se sustrajo a sus obligaciones, por lo que recién podría condenársela al pago de accesorios en caso de que no diera satisfacción a la condena recaída en autos dentro de los cinco días desde que le sea notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., como lo estableció el juez de grado.

Por ello, propongo no hacer lugar al agravio y confirmar lo decidido en la instancia anterior, en el punto.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, únicamente, con respecto a la acción dirigida contra la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A.; por lo que deviene en cuestión abstracta los planteos efectuados al respecto.

La demandada se atuvo a un régimen normativo y el derecho del actor deriva de una declaración de inconstitucionalidad de ese régimen que se efectuó al momento de dictar la sentencia definitiva de la causa, por lo que estimo que existen razones que justifican que, en cuanto concierne a la acción dirigida contra San Cristobal Seguro de Retiro S.A., las costas sean impuestas en el orden causado en ambas instancias (cfr. art. 68 2da. pte. CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto con relación a la acción que prospera contra la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A., de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15% y de la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. en el 12%; a calcularse sobre el capital diferido a condena con más los intereses en caso de que éstos llegaran a devengarse.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de lo que corresponde para cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto diferido a condena al que resulta de restar a la suma de $ 178.478,76.- el importe mensual de la renta "bruta" (o sea la neta más el importe de los aportes previsionales) percibida por el actor hasta el momento en el que sea efectuada la liquidación que prevé el art. 132 LO.; 2) Imponer las costas de ambas instancias con respecto a la acción que se propicia confirmar contra la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A., en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. en el 15% y 12%, respectivamente, a calcularse sobre el capital de condena con más los intereses en caso de que éstos llegaran a devengarse; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada San Cristobal Seguro de Retiro S.A. por los trabajos realizados en esta Alzada en, respectivamente, el 30% y 25% de lo que corresponde por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.