Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


ULRICH, Jorge contra LEIGGENER, María Irene Reg.: A y S t 211 p 287-289.

Santa Fe, 28 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia de fecha 18 de febrero de 2005 dictada por la Cámara de Apelac Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Dijo que la sentencia es arbitraria por prescindir del texto legal de la ley 25.169.

Al respecto señaló que el artículo 15 de dicho cuerpo legal establece expresamente que con su vigencia queda derogado el decreto ley 3750/46.

A su entender la interpretación efectuada por la Sala resulta arbitraria por incurrir en un apartamiento claro de los fundamentos normativos vigentes adecuados al caso contradiciendo la propia letra de la ley que consagra el principio de aplicación inmediata de la misma, llegando de esta manera a una decisión inequívocamente contra legem al considerar aplicable al caso el decreto ley 3750/46.

En segundo lugar, adujo que la interpretación del artículo 15 de la ley 25.169 vulnera el derecho de propiedad, de debido proceso legal y defensa en juicio.

Expresó que en la sentencia atacada se interpreta como derecho adquirido amparado por el artículo 15, el derecho al pago de la indemnización que prevé el artículo 29 del decreto 3750/46 contradiciendo la interpretación practicada por la Corte nacional, según la cual derecho adquirido es un derecho incorporado al patrimonio del titular, es decir cuando se han realizado todos los requisitos de hecho necesarios según la ley en vigor para que nazca el derecho a su favor.

Afirmó que desde la entrada en vigencia de la ley 25.1 69 si la rescisión contractual no se produjo antes del 01.11.99, la antigüedad del tambero hasta dicha fecha quedó dentro del ámbito de una mera expectativa y no al amparo de los derechos adquiridos, y por ende resulta arbitraria la interpretación dada por la Cámara en la sentencia cuestionada.

2. Por decisorio de fecha 20 de mayo de 2005 el Tribunal a quo resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto aduciendo falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional y mera discrepancia con la interpretación de una norma de derecho común, como así también que el fallo cuestionado no contiene arbitrariedad alguna.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte.

3. Ante todo cabe señalar que el compareciente en su presentación directa, en cumplimiento de la carga que le impone el artículo 8vo., de la ley 7055, rebate eficazmente el imputado incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión que se quiere someter a consideración de la Corte.

Sin embargo, el remedio intentado no ha de prosperar desde que no ocurre lo mismo con los restantes fundamentos del auto denegatorio, ya que la impugnante, con lo alegado en su presentación directa no logra desvirtuar lo afirmado por la Sala en cuanto a que el fallo recurrido no resulta arbitrario, no superando su planteo la mera discrepancia interpretativa, lo que no depara cuestión constitucional.

En efecto, la vía impugnativa prevista en la ley 7055 no constituye una tercera instancia, pues no cabe reproducir en ella el debate ordinario en orden a los hechos litigiosos y el derecho que los regula. Por ello, los agravios del quejoso que, en confrontación con el decisorio impugnado, no logran más que traducir la no coincidencia para con la inteligencia con que la Cámara interpretó y aplicó el derecho -en el caso la nueva ley 25169, en relación a la indemnización que por rescisión del vínculo preveía el decreto ley 3750/46 y al artículo 3 del Código Civil-, no tienen entidad suficiente para tener por configurado un caso constitucional.

Ello así, pues a pesar de invocarse prescindencia del texto legal aplicable y vulneración de derechos de raigambre constitucional, la recurrente no logra demostrar arbitrariedad en el decisorio atacado al considerar que se debía hacer lugar al pago de la indemnización que prevé el artículo 29 del decreto ley 3750/46.

De la lectura del decisorio impugnado surge que para arribar a tal conclusión la Cámara consideró que en las circunstancias del caso, y a la luz de lo previsto por el artículo 3ro. del Código Civil, debía dilucidarse si la ley 25169 resultaba imperativa o supletoria, considerando -por las razones que indica- que dicho ordenamiento legal es de carácter supletorio, salvo lo dispuesto en su artículo 9. Desde otra óptica, en relación a los llamados derechos adquiridos, citó en apoyo de su decisorio la opinión de un especialista en la materia en cuanto entiende en relación al artículo 15 y los derechos adquiridos del tambero, que el más importante y, quizás el único, es el del pago de la indemnización por rescisión del contrato. Concluyó, también con cita de doctrina, que se da en el caso lo que se llama "efecto diferido de la ley".

Frente a dichos fundamentos, la impugnante se empeña en imponer su propio criterio interpretativo en cuanto entiende inaplicable al caso el decreto ley 3750/46 y que la antigüedad del tambero quedó dentro del ámbito de una mera expectativa y no al amparo de los derechos adquiridos, mas con argumentos que no logran traspasar la mera disconformidad con la suerte adversa del pleito, reflejando solo una análisis parcializado de la sentencia cuestionada, lo que resulta insuficiente para demostrar arbitrariedad en lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de su función jurisdiccional.

Al respecto, cabe destacar que las cuestiones atinentes a la interpretación de las normas jurídicas resultan materia extraña al recurso de inconstitucionalidad, puesto que se encuentran reservadas a los jueces de la causa, salvo caso de arbitrariedad, no demostrada en autos. Esta Corte ha sostenido que no es arbitraria la sentencia si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego, ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto, tampoco si la elección importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Cfr. A. y S. T.

95, pág. 1; T. 123, pág. 49, entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) #NUMERO_FALLLO: 05090371 <#PAGE> AGUERO, Héctor Hipólito y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 211 p 298-301.

Santa Fe, 28 de diciembre del año 2.005.

VISTA: la queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores contra el pronunciamiento de fecha 23 de agosto del año 2.004 dictado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario en autos "AGUERO, Héctor Hipólito y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 400/01)" (Expte. C.S.J. 148, año 2.005); y, CONSIDERANDO: I. Por decisorio de fecha 23 de agosto del año 2.004 la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario resolvió, en lo que aquí resulta de interés, declarar la caducidad de la instancia, con costas.

Contra dicho pronunciamiento interponen los actores recurso de inconstitucionalidad afirmando que el Tribunal incurre en arbitrariedad por exceso ritual y se configura una cuestión constitucional compleja, vulnerándose el principio de igualdad, la tutela del trabajador, el debido proceso, los derecho de defensa y de propiedad (artículo 1, incisos 1 y 3, ley 7055).

En orden a sustentar la cuestión constitucional compleja, aseguran que ante su planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 11.330, el Oficio propició una interpretación de la norma mencionada que repugna principios y derechos establecidos en la Carta Magna, al sostener que no resulta inconstitucional que la caducidad corra solamente en contra del recurrente a diferencia de lo que acontece en el proceso civil, en razón del criterio adoptado por el legislador en materia de legitimación activa para deducir el recurso contencioso administrativo en concordancia con la Constitución local.

Alegan, en tal sentido, que se configura un trato desigual a las partes, al negarle a uno lo que le concede a otro en iguales circunstancias, lo que vulnera el principio de igualdad, como asimismo el de tutela judicial efectiva, toda vez que la caducidad trae como consecuencia la firmeza del acto administrativo mientras que en el proceso común antes de la sentencia de primera instancia la acción no se extingue.

Continúan diciendo, que les provoca agravio lo afirmado por el Tribunal en cuanto a que la diversidad de régimen no resulta inconstitucional y que ello se corresponde con la naturaleza propia del contencioso administrativo y con el interés de que los actos de la Administración no queden expuestos a la eventualidad de su anulación por un tiempo extenso, señalando que el interés superior debe ser su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y que además contrariamente a lo sostenido por los judicantes resulta supletoriamente aplicable el Código Procesal Laboral, en razón de que en el caso se encuentran en juego derecho laborales.

Por otra parte, acusan arbitrariedad del pronunciamiento por exceso ritual manifiesto, desde que el Organo omitió considerar que el instituto de la caducidad es de excepción y de interpretación restrictiva, destacando que en el caso se encuentran en juego derechos de carácter alimentario y que asimismo se impide llegar a la verdad de la cuestión jurídica planteada.

Arguyen, en ese sentido, que la Cámara no consideró las particularidades de la causa y la realidad del procedimiento en el fuero contencioso administrativo en orden a que las notificaciones son confeccionadas por el mismo Tribunal, por lo que a su juicio la perención no operó, toda vez que cuando se hizo el pedido en diligencia del 18.3.2003 el acto de procedimiento que faltaba realizar era la notificación a la demandada del emplazamiento ya ordenado, acto que debía efectivizarlo el Oficio.

Por último, invocan gravedad institucional.

2. Por decisorio de fecha 6 de abril de 2.005 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, señalando que no se encuentran configuradas las causales previstas en los incisos 1 y 3 de la ley 7055 (fs. 38/41), motivo por el cual los interesados acudieron por vía de queja ante esta sede (fs. 43/51).

3. Cabe señalar que el cometido que impone el artículo 8 de la ley 7055 no ha sido idóneamente asumido por los quejosos, toda vez que pese al esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los fundamentos brindados por la Cámara en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, lo que sella de por sí, la suerte adversa del remedio intentado (A. y S. T. 42, pág. 365; 92, pág. 157; T. 124, pág. 114, entre otros).

Inicialmente, no encuentra refutación suficiente lo sostenido por el Tribunal a quo en el auto denegatorio, en cuanto a que no cabe subsumir el presente caso en la causal regulada en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055 -colisión entre una norma condicionante de la Constitución provincial y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última-, en razón de que pese a que se ha puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía, no logran sustentar los recurrentes la falta de adecuación de ese dispositivo con la misma. Antes bien, disienten con la interpretación y aplicación efectuada por la Cámara del artículo 30 de la ley 11.330.

En efecto, expresan los comparecientes que la caducidad debe proceder para ambas partes en el contencioso administrativo como acontece en el proceso civil y que debe aplicarse supletoriamente el Código Procesal Laboral.

Y, de la lectura del decisorio surgen claramente las razones expuestas por el Tribunal en apoyo de lo resuelto. Así, en referencia al planteo atinente a que la caducidad sólo opera para el recurrente en el proceso contencioso administrativo, el Tribunal afirmó que ello es una consecuencia del sistema de legitimación activa adoptada por la ley 11.330 -y de larga tradición en nuestro medio- de acuerdo al cual se veda la posibilidad de que cualquier ente público interponga lo que se conoce como acción de lesividad que, como se señala en la Exposición de Motivos, no se acomoda al sistema de recursos que la Constitución de la Provincia ha articulado para la protección de los administrados.

Sostuvo entonces el Oficio que esta diversidad de régimen no es inconstitucional desde que reposa en el mismo sistema de legitimación que el legislador local ha estatuido, inspirado en la Constitución, para la materia regida por el ordenamiento jurídico administrativo, materia que no puede asimilarse a la civil. Y, destacó, especialmente, que la firmeza de la resolución que, normalmente, se sigue de la caducidad, hállase contemplada en la mayoría de los Códigos contenciosos administrativos de las Provincias argentinas.

Observó además, la improcedencia de la aplicación supletoria del Código Procesal Laboral, toda vez que el proceso contencioso administrativo se encuentra regulado en la ley 11.330 a cuyas previsiones debe ajustarse el Tribunal y sólo en caso de laguna o remisión legal debe recurrirse subsidiariamente a la aplicación del ordenamiento que la propia ley señala, que no es el texto ritual laboral sino en su caso, el Código Procesal Civil y Comercial.

Frente a tal criterio expuesto, los comparecientes sostienen en su presentación directa que el fallo se basa en afirmaciones dogmáticas, agravio que se desvanece a poco que se repare que el Tribunal brindó razones suficientes que podrán no conformar a los quejosos, que insisten en anteponer un criterio distinto de interpretación de la normativa aplicable sin traspasar el umbral de la discrepancia hermenéutica y sin lograr persuadir que la interpretación efectuada por la Cámara sea irrazonable como para merecer descalificación constitucional ni que vulnere las garantías invocadas.

Igual resultado adverso ha de correr la tacha de exceso ritual que imputan al decisorio, orientándose los cuestionamientos en torno al agravio que les ocasiona el criterio conforme al cual la Cámara hizo lugar a la caducidad de instancia, advirtiéndose que los mismos sólo traducen su particular postura al respecto, sin lograr demostrar a este Cuerpo que los judicantes hubiesen desnaturalizado las formas en desmedro de la verdad jurídica, toda vez que, tal como se afirma en la denegatoria y surge de la lectura del decisorio, la resolución de la Cámara luce fundada en las cuestiones sometidas a su consideración, en doctrina jurisprudencial y en los principios y normas aplicables, sin que la actora se haga cargo de que podía instar el cumplimiento de la diligencia notificatoria, conforme analizó el Oficio en la resolución recurrida, por lo cual el agravio queda sin sustento.

Tampoco encuentra andamiaje suficiente la alegada "gravedad institucional" invocada, en razón de que los comparecientes no demuestran ni siquiera liminarmente la incidencia que tal circunstancia tendría en orden a determinar que la cuestión debatida exceda el interés de las partes y afecte de manera directa a la comunidad en sus valores "más sustanciales y profundos" (cfr. Fallos 255:41; "Penjerek", 257:134; 290:266; 307:770; A.

y S. T. 43, pág. 293; T. 81, pág. 280, etc.).

Por ende, las deficiencias apuntadas sólo demuestran el intento de los quejosos de reabrir el debate acerca de cuestiones de hecho y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, extraña a la esfera del remedio enderezado, en tanto sus cuestionamientos sólo traducen su disenso para con la decisión del Tribunal, la que -más allá de su mayor o menor acierto- en suma remite a materia ajena, en principio, a esta instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)