Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-15


Ciudad de Buenos Aires, 15 de agosto de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora, contra lo decidido a fs. 107; y CONSIDERANDO: 1. Que, a fs. 106, la actora, en el marco del incidente de ejecución de sentencia, solicitó a la señora juez de primera instancia que se trabase embargo sobre las sumas de dinero que "Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado" tuviese "...depositadas en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y/o en el Banco de la Nación Argentina ... hasta cubrir las sumas de $68.495,25, con más la que V.S. estime corresponder por intereses y costas". A fs. 107, la a quo denegó la medida requerida por cuanto en autos se había dictado una sentencia que condenaba al pago de una suma de dinero que no era de naturaleza alimentaria, resultan aplicables, en consecuencia, los artículos 395, 399 y 400 del CCAyT. Contra esa decisión, la ejecutante interpuso y fundó un recurso de reposición con apelación en subsidio. Denegado el primero, fue concedido el restante. 2. Que, en primer término, cabe señalar que en el artículo 1º del CCAyT se dispone que "...Se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires...". En tales condiciones, dado que las Sociedades del Estado integran la cadena de descentralización de las actividades del Estado -aun cuando pudiese entenderse que se trata del último eslabón-, deben ser consideradas, en los términos del CCAyT, como autoridades administrativas. 3. Que de lo expuesto surgiría sin más la razón de ser de lo decidido por la magistrado de grado, sin perjuicio de lo cual cabe formular las siguientes consideraciones. En primer término, aun cuando en el artículo 399 del CCAyT se hace una referencia genérica a "las autoridades administrativas", el carácter excepcional de lo allí previsto y el hecho de que se prevea una inclusión presupuestaria, permiten concluir que dicha alusión realizada en la citada norma no se compadece con el amplio concepto de "autoridad administrativa" contemplado en el artículo 1º ya transcripto. En efecto, de tal aseveración se desprende que a los fines del incidente de ejecución de sentencia, los entes públicos no estatales o los privados en ejercicio de potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires, no deben ser considerados autoridades administrativas. Pero ¿qué sucede con las Sociedades del Estado? Ya se manifestó que ellas constituyen, quizá, el punto máximo de la descentralización. Y en tal orden de ideas, cabe recordar que la Sala, al resolver lo atinente a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por SBASE sostuvo que "...desde el punto de vista orgánico, no pueden caber dudas en que la demandada integra el amplio género señalado por el Código, dada su indudable pertenencia al aparato administrativo de la Ciudad, como Sociedad del Estado...Asimismo, la titularidad exclusivamente estatal de su patrimonio determina su carácter público..." y, además, "...atendiendo a un criterio funcional... la actividad de la demandada que concretamente se trae a examen en la causa se vincula con cometidos claramente públicos, de dirección y control del servicio público, por lo que desde tal perspectiva también cabe atribuirle el carácter de autoridad administrativa demandable ante este fuero..." (confr. resolución del 14 de febrero de 2002 en los autos principales). 4. Que corrobora el acierto de la solución propiciada el hecho de que -tal como lo manifiesta la Sra. Fiscal de Cámara- la ley de Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires incluya a las sociedades del Estado dentro de lo que se denomina Sector Púb lico y condicione la validez de las erogaciones originadas en sentencias judiciales a la partida que anualmente se fija al efecto en la Ley de Presupuesto (confr. arts. 4, 35 y 47 de la ley 70). 5. Que, en tales condiciones, admitir la pretensión de la parte actora de excluir a SBASE del procedimiento previsto para la ejecución de sentencias contra autoridades administrativas implicaría contrariar lo expresado en la referida resolución, lo cual resulta inadmisible para el ordenamiento jurídico. Máxime, si se repara en que la demandante, que ahora pretende desconocer el carácter de autoridad administrativa de la ejecutada, en momento alguno cuestionó lo allí decidido. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, se RESUELVE: Confirmar la resolución apelada. Regístrese, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y, oportunamente, devuélvase.