Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de febrero de 2016.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "ORESA S.A. vs. BURGOS, María Regina y otro - SUMARIO" - Expte. Nº 433464/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 5º Nominación; Expte. Nº 433464/13 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) El Dr. Ariel Iván Valdiviezo, apoderado de Oresa S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el decreto de fs. 21, (fs. 22) que, mediante remisión a la providencia de fs. 19, ordenaba salvar lo sobrescrito a fs. 13, suscribir el escrito de demanda e indicar en qué carácter comparecía el Dr. Estanislao Saravia Aráoz. Mediante resolución de fs. 27/28, se declaró la nulidad del escrito de demanda de fs. 13/15, se rechazó el recurso de reposición y se concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio.

Al fundar el recurso (fs. 29/30), el Dr. Valdiviezo se agravia pues, a su criterio, la providencia de fs. 21 impide la prosecución del proceso, vulnera el principio del debido proceso y defensa en juicio. Considera que lo resuelto a fs. 27/28, deviene de un análisis parcial de las constancias de autos.

Señala que Oresa S.A. encargó al Dr. Ramiro Saravia el cobro de sus acreencias y que el escrito inicial fue redactado por este último, pero tal vínculo se extinguió luego del sorteo de la demanda.

Aclara que al momento de su interposición, se acompañó un escrito rectificando la misma, solicitando se tuviera por presentada con su firma. Considera que ello justifica la inexistencia de la firma del Dr. Saravia y debe considerarse que fue el quien suscribió el escrito.

Invoca lo dispuesto por el art. 331 del CPCC, en tanto contempla la posibilidad de modificar o ampliar la demanda y el art. 57 del mismo cuerpo legal, que prevé la forma de subsanar la falta de firma de abogado.

Afirma que el escrito puede ser ratificado por otro letrado, y para que proceda la declaración de nulidad, debe haberse producido un daño, pues la misma no puede responder a un mero prurito formal.

Sostiene que se ha incurrido en un excesivo ritualismo y que la resolución atacada no se encuentra debidamente fundada. Solicita se haga lugar al recurso y se la revoque. A fs. 37 dictamina el Sr. Fiscal de Cámara, quien se pronuncia por la desestimación del recurso.

II) El tribunal de apelación está facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primer grado, aún cuando se encuentre consentida.

Como órgano natural del recurso, tiene legitimación, para rever el trámite de primera instancia aun de oficio, revistiendo este examen el carácter de previo al tratamiento de la cuestión de fondo, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv., sala C, 13/02/96, LL 1996-C, pág. 162; Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", ed. Astrea, t. 2, p. 28 y sgtes.; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIII, fº 920, íd. t. XXXVI-I, fº 322, entre muchos otros).

Se advierte en autos que el Dr. Valdiviezo se notificó del decreto de fs. 19, en fecha 3 de diciembre de 2013 (cfr. fs. 19 vta.) y que, mediante presentación de fs. 20, se limitó a formular aclaraciones. El decreto de fs. 21, que motivara la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, remite a lo ordenado en su precedente firme de fs. 19, por lo que se trata de una decisión que es mera consecuencia de otra anterior firme y consentida.

Es jurisprudencia de este Tribunal que un litigante no puede reeditar la discusión respecto de una cuestión ya decidida y firme, por haberse operado la preclusión (CNCSala F, en L.L. 1977-A-541; CApelCCSalta, Sala III, t. 1994, fº 222, íd. 1995, fº 314, íd. íd. t. 1999, fº 549, íd. íd. t. 2004, fº 820) y las normas y principios que vedan reeditar etapas procesales precluidas son de orden público.

La estabilidad de las etapas procesales cumplidas así como la de las decisiones jurisdiccionales, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica son también exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional (cf. CSJN, La Ley, 1981-C-667-J, Agrup. Caso. 4407).

Si una decisión no mereció recurso alguno, por lo que se encuentra firme, no resulta admisible un planteo posterior que pretende reeditarla. Se lo impide la preclusión que veda dentro de un proceso el regreso a etapas o momentos ya extinguidos o consumados (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", Bs. As., Astrea, tomo I, año 1987, págs. 512 y 513 y CApelCCSalta, Sala III, t. 1993, fº 371; Sala IV, t. XXXVI-I, fº 125).

III) Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe precisar que la demanda, como acto formal, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos, cuales la expresión por escrito y la firma (cfr. Falcón Enrique, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, pag. 1073, Ed. Rubinzal Culzoni, 1º ed. año 2006).

Esta última determina quién es su autor, independientemente del carácter en que comparezca. Es un presupuesto formal para poder interponerla y quien la suscribe asume responsabilidad por las consecuencias que tal acto pueda eventualmente producir.

Nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que los escritos firmados por quien no tenía poder para representar a la actora, ni invocó personería de urgencia, constituyen actos jurídicamente inexistentes e insusceptibles, en consecuencia, de convalidación posterior (CSJN, Fallos, 278:84, con cita de los precedentes registrados en 246:279 y 263:474; 328:1003; cfr. esta Corte, Tomo 45:957; 60:123; 90:573; 93:561; 113:407, entre otros).

Es que el abogado patrocinante no representa a su patrocinado y sus actos procesales no sustituyen a los que debe realizar éste, de modo tal que no puede el letrado no apoderado presentarse por sí solo pues esa actividad no le ha sido confiada (cfr. Falcón, Enrique M., Cód. Proc. Civ. y Com. Comentado, T. I, p. 414)? no se trata aquí de la situación prevista -por ejemplo- en el art. 57 del Código Procesal Civil y Comercial, donde corresponde intimar el cumplimiento del requisito complementario de la firma de abogado en una presentación ya suscrita por la parte, sino de la falta de un recaudo imprescindible para la existencia jurídica del acto, como es la firma de dicha parte (CJSalta, 40: 331/338).

En autos, el Dr. Valdiviezo reconoció expresamente que, al momento de la interposición de la demanda, el Dr. Saravia no era apoderado de Oresa S.A. (cfr. fs. 29 vta. primer párrafo) y tampoco fue suscrita por quien tendría legitimación sustancial para promoverla.

En consecuencia, el art. 57 del CPCC no resulta aplicable al supuesto analizado. Por todo lo expuesto, los agravios devienen inadmisibles, por lo que corresponde desestimar el recurso.

Las costas se imponen por el orden causado, por no haber mediado sustanciación (art. 67, apartado segundo, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 22 . Costas por su orden. II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.