Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11


///dad Autónoma de Buenos Aires, de julio de 2006.- Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación deducido y fundado por la demandada a fs. 149/vta. contra la sentencia de fs. 143/47 vta., y CONSIDERANDO: 1. Que mediante la sentencia de fojas 143/47 vta. -y su aclaratoria de fs. 150-el juez de grado hizo lugar a la acción de amparo deducida y, en consecuencia, declaró la vigencia y obligatoriedad de la resolución 1869-SED-2003 en lo que hace a la designación del actor, Alberto Guillermo Aníbal Berazategui, en un cargo TP03 (Historia) en el Colegio Nº6 D.E. 2º "Manuel Belgrano", ordenando a la demandada que cumpla de inmediato con ese acto a todos sus efectos, y en especial respecto al pago de los haberes correspondientes a partir de la primera liquidación posterior a la sentencia. Asimismo ordenó al Gobierno de la Ciudad que, dentro de los quince días de ejecutoriada la sentencia, liquide las remuneraciones del actor correspondientes a tal cargo, desde su alta en marzo de 2004 hasta la fecha del fallo, con más intereses. Por último, impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios del Dr. Alberto Guillermo Aníbal Berazategui en la s uma de mil pesos ($ 1.000). 2. Que contra lo así decidido se alzó la demandada por lo que dedujo y fundó recurso de apelación a fs. 149/vta226/27 vta. En primer término se agravia pues la resolución recurrida contiene la condena al pago de intereses a favor de la actora, que "no han sido peticionados en la etapa procesal oportuna, por el amparista". Sostiene que, en consecuencia, dicha imposición excede el marco de la presente litis, e implica subsanar y reemplazar el obrar de la parte actora, al reconocer un beneficio mayor al reclamado. En segundo lugar, apela por altos los honorarios regulados al actor en su carácter de letrado en causa propia. 3. Que el artículo 27 del CCAyT establece entre los deberes de los jueces el de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (inciso 4). En el mismo sentido, el artículo 143 dispone que las sentencias interlocutorias deben contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas (inciso 2), en tanto que el 145 prevé que las sentencias definitivas de primera instancia deben contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con la pretensiones deducidas en el juicio (inciso 6). Sentado lo expuesto, la incongruencia constituye una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y la parte dispositiva de la sentencia, vedada por el ordenamiento de forma. En esta línea se ha afirmado que la sentencia que decide en demasía, viola el principio de que el juez debe pronunciarse únicamente sobre lo que piden las partes; así, el decisorio que acoge la desvaloración monetaria no peticionada por la parte es nulo. Igual sanción se aplica cuando se ha fallado en lo referente al porcentual de interés aplicable sin que el tema hubiera sido propuesto (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales-, T. 2, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 136 y ss.). Es que, los intereses constituyen en nuestro ordenamiento una pretensión autónoma y principal; es decir, es necesaria la deducción de ella ante el juez de primera instancia, a fin de que la sentencia se expida sobre la reclamación. Lo contrario implicaría un pronunciamiento extra petita. Capital e intereses son dos deudas distintas, pues una emana de la "fuente" que ha constituido la obligación primitiva y la otra se origina en la "morosidad" del deudor (cfme. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales-, T. 2, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 616). Así, adviértase que la demanda incoada en autos no incluye mención alguna al reclamo de intereses (ver fs. 1/3 vta.), que recién fue tardíamente introducido luego de trabada la litis en la presentación de fs. 142 en la que se solicita el dictado de la sentencia de fondo, sin que se hubiese corrido traslado a la demandada de dicha petición. A mayor abundamient o, cabe señalar que, al resolver una cuestión análoga a la presente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad consideró que constituye un pronunciamiento extra petita que afecta el derecho de defensa, la concesión de intereses que no fueron solicitados en la demanda (autos "Pereyra Loizaga, Nidia Angélica c/GCBA s/amparo [art. 14 CCABA] s/recurso de inconstitucionalidad concedido", resueltos el 24 de noviembre de 2004). 4. Que finalmente, en relación a los honorarios regulados a favor del actor en su carácter de letrado en causa propia, apelados por altos, corresponde señalar que la fijación del monto de los emolumentos efectuada por el Sr. Juez a quo luce razonablemente proporcionada a la labor profesional desempeñada y al resultado obtenido en el pleito. Adviértase que la tarea incluyó el éxito en el incidente de apelación de la medida cautelar, y que la renuencia de la demandada a cumplir la medida cautelar dispuesta en autos implicó la necesidad de efectuar múltiples presentaciones tendientes a logra r su cumplimiento. Disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro 1. Que por cuanto los considerandos 1 y 2 precedentes resumen adecuadamente las constancias del caso, cabe tenerlos por reproducidos aquí a efectos de evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo adhiero a lo expresado en el considerando 4, respecto de la regulación de los honorarios del actor en su carácter de letrado en causa propia. 2. Que el artículo 27 del CCAyT establece entre los deberes de los/las jueces/zas el de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (inciso 4). En el mismo sentido, el artículo 143 dispone que las sentencias interlocutorias deben contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas (inciso 2), en tanto que el 145 prevé que las sentencias definitivas de primera instancia deben contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con la pretensiones deducidas en el juicio (inciso 6). Sentado lo expuesto, la incongruencia constituye una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y la parte dispositiva de la sentencia, vedada por el ordenamiento de forma. En esta línea se ha afirmado que la sentencia que decide en demasía, viola el principio de que el juez debe pronunciarse únicamente sobre lo que piden las partes; así, el decisorio que acoge la desvaloración monetaria no peticionada por la parte es nulo. Igual sanción se aplica cuando se ha fallado en lo referente al porcentual de interés aplicable sin que el tema hubiera sido propuesto (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales-, T. 2, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 136 y ss.). Es que, los intereses constituyen en nuestro ordenamiento una pretensión autónoma y principal; es decir, es necesaria la deducción de ella ante el juez de primera instancia, a fin de que la sentencia se expida sobre l a reclamación. Lo contrario implicaría un pronunciamiento extra petita. Capital e intereses son dos deudas distintas, pues una emana de la "fuente" que ha constituido la obligación primitiva y la otra se origina en la "morosidad" del deudor (cfme. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales-, T. 2, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 616). Las primitivas legislaciones regularon el tema de los intereses, baste como ejemplo el Código de Hammurabi, las leyes de Manú y la obligación de prestar unida a la prohibición de los intereses establecida en la Biblia. En nuestro derecho positivo con la palabra interés se designa, ora un quid que representa el precio por el uso de un capital - "interés lucrativo" -, ora a un quid que sirve de indemnización por el retardo en cumplir una obligación - "interés moratorio" -, ora a un quid que reprime la inconducta procesal - "interés sancionatorio." - En sentido concurrente se sostiene que son los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación dineraria (cfme. ya lo expusiera en mi voto correspondiente a los autos "Química Erovne SA contra G.C.B.A. [Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá"- Secretaría de Salud] sobre cobro de pesos", Expediente Nº 2318/0, resueltos el 19 de septiembre de dos mil dos). Téngase en cuenta, que para un supuesto distinto al de autos, que si no se pacta expresamente la obligación de pagar intereses, el mutuo se presume gratuito a tenor de lo dispuesto por el artículo 2248 del Código Civil: "No habiendo convención expresa sobre intereses, el mutuo se supone gratuito, y el mutuante sólo podrá exigir los intereses moratorios, o las pérdidas e intereses de la mora.". Es decir que la falta de pacto expreso impide la existencia de intereses en el mutuo, aún en el comercial. Efectivamente el artículo 560 del Código de C omercio, establece la gratuidad del mutuo comercial como regla general. Principio que encuentra su fundamento en el disvalor con que era y para muchos es merituado el cobro de intereses. Estas consideraciones mutatis mutandi, se pueden aplicar al caso de autos. Si el interés compensatorio no fue convenido, no existe, si no fue peticionado -o lo fue en forma extemporánea-, el interés moratorio, no puede el juzgador aplicarlo. Así, adviértase que la demanda incoada en autos no incluye mención alguna al reclamo de intereses (ver fs. 1/3 vta.), que recién fue tardíamente introducido luego de trabada la litis en la presentación de fs. 142 en la que se solicita el dictado de la sentencia de fondo, sin que se hubiese corrido traslado a la demandada de dicha petición. A mayor abundamiento, cabe señalar que, al resolver una cuestión análoga a la presente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad consideró que constituye un pronunciamiento extra petita que afecta el derecho de defensa, la concesión de intereses qu e no fueron solicitados en la demanda (autos "Pereyra Loizaga, Nidia Angélica c/GCBA s/amparo [art. 14 CCABA] s/recurso de inconstitucionalidad concedido", resueltos el 24 de noviembre de 2004). Esteban Centanaro Por las razones expuestas, el Tribunal, RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada y revocar lo resuelto a fs. 147 vta., punto 1.b) en cuanto establece la aplicación de intereses a las sumas adeudadas a la actora. Confirmar los honorarios regulados al Dr. Alberto Guillermo Aníbal Berazategui por su labor en la instancia de grado. Costas por su orden (art. 14 CCABA y por no haber mediado sustanciación). Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Nélida Mabel Daniele Juez de Cámara Jueza de Cámara (por sus fundamentos) Eduardo Ángel Russo Juez de Cámara