Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-12


Buenos Aires, 12 de febrero de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, OBSBA) promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) por cobro de las sumas adeudadas en concepto de aportes y contribuciones por haberes de sus agentes -afiliados a la OBSBA- incorrectamente liquidados por el empleador como no remunerativos, correspondientes a los meses de enero de 2003 ($627.711,75) y febrero de 2003 ($628.039,47), más los intereses correspondientes (fs. 1/11).

2. El Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, SUTECBA) se presentó, pidió ser considerado como parte actora y adhirió en todos sus términos a la demanda incoada por la OBSBA (fs. 23).

3. La Fiscalía de primera instancia, en sendos dictámenes, consideró que el juzgado interviniente no era competente para decidir la procedencia de la ejecución intentada por la OBSBA (dictamen de fs. 12), y que prima facie no se advierte que SUTECBA se encuentre legitimada activamente para efectuar contra el GCBA un reclamo patrimonial como el deducido en autos (fs. 26/30).

4. El Sr. Juez de primera instancia resolvió declararse competente para entender en las presentes actuaciones, tener por parte a SUTECBA e intimarla para que en el plazo de diez días adecue su presentación conforme lo estipulado por el art. 269 CCAyT (fs. 37/41).

5. A fs. 42 vta. la Sra. Fiscal de primera instancia apeló la resolución, recurso que fue fundado por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 43/46.

El traslado conferido respecto de la expresión de agravios realizada por el Ministerio Público Fiscal fue contestado por la OBSBA (a fs. 47/51) y el GCBA (a fs. 52/53).

6. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió "... (H)acer lugar parcialmente al recurso de apelación y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento apelado estableciendo que -dada la naturaleza interadministrativa de la relación jurídica entre la Ob.S.B.A. y el gobierno- el conflicto entre ambos no suscita un caso judicial; confirmándolo en cuanto a la legitimación de S.U.T.E.C.B.A. para instar la pretensión ..." (fs. 54/60).

7. Contra dicha decisión, la OBSBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 63/72), que fue contestado por el GCBA (fs. 86/95).

La Sala I de la Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad por considerar adecuadamente fundado el caso constitucional basado en la eventual afectación del derecho a la tutela judicial efectiva (fs. 102).

8. El Sr. Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propició que se declare mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la OBSBA (fs. 109/112).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurrente considera que la decisión de Cámara ha violado su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que le impide acceder a la justicia para que allí se resuelva el conflicto patrimonial de autos.

El art. 27 de la ley 472 establece que "(L)as relaciones entre la Obra Social y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen naturaleza interadministrativa y bajo tal encuadramiento, las diferencias o conflictos que pudieran suscitarse entre la Entidad y el Gobierno deberán dirimirse en un procedimiento de arbitraje obligatorio".

Dicha norma les reconoce "naturaleza interadministrativa" a las relaciones entre la OBSBA y el GCBA, e instaura al "arbitraje" como mecanismo de resolución de los conflictos que se susciten entre la OBSBA y el GCBA, con carácter "obligatorio". Por lo tanto, la OBSBA no puede acudir a la instancia judicial sin haber transitado previa y necesariamente la vía arbitral prevista en la norma citada.

La obligatoriedad del arbitraje no impide que el laudo arbitral que se dicte pueda ser impugnado y revisado judicialmente, ya que:

a)	no existe ninguna norma legal que impida la revisión judicial del laudo arbitral;

b)	la ley 472 contempla expresamente la posibilidad que la OBSBA demande judicialmente al GCBA (conf. art. 12 inc.c).

c)	la condición de "ente público no estatal" habilita a la OBSBA a litigar judicialmente contra el GCBA, sin afectar el principio de unidad en la acción del Estado;

d)	la impugnabilidad judicial del laudo arbitral constituye una lógica derivación del principio de tutela judicial efectiva, que garantiza el acceso a la justicia a todo sujeto de derecho; y e)	la jurisdicción arbitral es de interpretación restrictiva en razón de la excepcional competencia que le es confiada y que le permite conocer en cuestiones que normalmente les correspondería decidir a los jueces (CSJN, 08/05/2007, "Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.E. e I. c. Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A." LA LEY 2007-D, 262).

De tal manera, el laudo arbitral que se dicte puede ser impugnado judicialmente mediante las acciones pertinentes, ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 28 de la ley 472).

2. En virtud de estos fundamentos, cabe concluir -como acertadamente sostiene la Cámara en la sentencia recurrida- que la Justicia local carece actualmente de competencia para entender en este conflicto, que debe ser sometido previamente a un procedimiento de arbitraje obligatorio (conf. art. 27 de la ley 472), sin perjuicio de destacar que el laudo arbitral que se dicte podrá ser objeto -si alguna de las partes lo considera pertinente-de una futura impugnación judicial.

No se advierte que esté afectado en este caso el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ya que la intervención de la Justicia en esta etapa del conflicto -cuando aún no se realizó el arbitraje obligatorio- resulta a todas luces prematura.

Cabe descartar, entonces, la existencia del caso constitucional requerido por el art. 27 de la ley 402, ya que el recurso de inconstitucionalidad no logra conectar de manera directa los agravios que a su criterio le provoca la sentencia impugnada con la aplicación de las reglas constitucionales mencionadas.

La referencia a principios y preceptos constitucionales, sin un adecuado desarrollo que los vincule con las cuestiones debatidas en el proceso, carece de entidad para que se considere que la controversia trata sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución (art. 113 inc. 3 CCBA), pues, como lo ha señalado el Tribunal desde sus inicios, "si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y siguientes).

3. Por lo expuesto, voto por declarar que no se ha planteado en autos una cuestión constitucional que el Tribunal deba decidir. Con costas a la OBSBA, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Adhiero a los fundamentos vertidos por la Sra. Jueza de trámite.

2. En sentido coincidente con lo considerado por mi colega, destaco que la falta de reglamentación del procedimiento de arbitraje obligatorio previsto por el art. 27 de la ley 472 no es óbice para su aplicación.

De hecho, ante tal carencia, las partes pueden acordar todo lo relativo al mecanismo de solución de conflictos, y están facultadas para ocurrir a la justicia si existieran desacuerdos.

3. Por lo expuesto, entiendo que debe declararse que no se ha planteado en autos una cuestión constitucional que el Tribunal deba decidir. Con costas.

Así voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Coincido con la solución que propicia en su voto la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, consistente en declarar que no se ha planteado en autos una cuestión constitucional que el Tribunal deba decidir.

2. En efecto, tal como lo destaca mi aludida colega, la recurrente no ha logrado configurar un caso constitucional que habilite esta instancia recursiva extraordinaria, toda vez que la cuestión que se intenta traer a conocimiento de este Estrado no involucra la interpretación o aplicación de normas contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad o el examen de validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones, conforme lo requiere el art. 27 de la ley n° 402.

Por el contrario, la dilucidación del asunto que se intenta traer a conocimiento de este Estrado -atinente a si el Poder Judicial de la Ciudad puede entender a esta altura de los acontecimientos en la pretensión de cobro de pesos entablada por la ObSBA contra el GCBA- únicamente remite a la interpretación de distintos preceptos infraconstitucionales (en particular, los arts. 12, inc. c, y 27 y la disposición transitoria contenida en el art. 30 de la ley n° 472). Por su parte, se advierte que los magistrados de la Sala I de la Cámara CAyT, más allá del acierto o error del criterio adoptado, brindaron diversos fundamentos para sustentar la decisión impugnada que no han sido debidamente rebatidos por la recurrente. En particular, el tribunal a quo sostuvo que el conflicto planteado no podía ser sometido a conocimiento del Poder Judicial de cara al expreso criterio legislativo plasmado en el art 27 de la ley n° 472 -que dispone que "(l)as relaciones entre la Obra Social y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen naturaleza interadministrativa y bajo tal encuadramiento, las diferencias o conflictos que pudieran suscitarse entre la Entidad y el Gobierno deberán dirimirse en un procedimiento de arbitraje obligatorio"-. En este punto, para expresar su discrepancia con aquel decisorio, la recurrente formula consideraciones respecto de la naturaleza jurídica de la ObSBA y expresa una interpretación alternativa de las normas infraconstitucionales en juego. Sin embargo, aquellos argumentos resultan insuficientes para enervar el razonamiento desplegado por la Cámara de Apelaciones. Por su parte, resta añadir que la actora tampoco ha demostrado haber planteado oportunamente la inconstitucionalidad del aludido art. 27 de la ley n° 472. En este contexto, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione invocados por la impugnante no guardan relación directa e inmediata con las cuestiones efectivamente debatidas en el sub examine.

Por los motivos expuestos, y de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto en su dictamen, corresponde declarar que no se ha planteado en autos una cuestión constitucional que el Tribunal deba decidir. Con costas.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar que no se ha planteado en autos una cuestión constitucional que el Tribunal deba decidir. Con costas a la OBSBA.

2. Mandar que se registre, notifique y devuelva al tribunal remitente.

El juez Luis Francisco Lozano no integra el acuerdo por estar de licencia.