Insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Security Supply SA  c/ Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-27

El voto en disidencia del juez Rodolfo Eduardo Facio considera que dos órdenes diversos, aunque complementarios, llevan a una misma solución consistente en rechazar la aplicación de los requisitos previstos en la ley 19.549, y en su decreto reglamentario, para considerar habilitada la instancia judicial: (i) Por un lado, el régimen legal que rige la actividad de las sociedades del Estado, contemplado en la ley 20.705, las describe como aquellas sociedades que "con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos" (artículo 1°). (ii) Y en un aspecto de indudable trascendencia establece, con claros términos, que "no serán de aplicación a las sociedades del Estado las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos" (artículo 6°).

Asimismo señala que: (i) "sin desconocer que la gestión de un servicio público o una actividad industrial o comercial por medio de una sociedad del Estado implica una forma de descentralización de la administración pública", las específicas disposiciones normativas aplicables llevan a concluir en que ellas excluyeron a las sociedades estatales -como indudablemente es la parte demandada- en la aplicación de las "las leyes [...] de procedimientos administrativos"; (ii) el pliego de "Bases y Condiciones Particulares" establece que: i. "[t]odo cuanto no esté previsto en el presente Pliego será resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Código Civil" (Artículo 3, "Régimen Jurídico"). ii. "No serán de aplicación la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen jurídico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705 (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES)" (ídem). iii. "Si durante el desarrollo del llamado a Licitación o Solicitud de Cotización o durante la ejecución del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverá a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestión, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelación que se indica a continuación: 1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, 2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, 3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, 4) La oferta del Adjudicatario, 5) El contrato u Orden de compra y sus anexos, 6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspección de Obra, 7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, 8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones, 9) El Código Civil" (ídem); (iv) la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, y este principio cardinal de buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura" (Fallos: 330:1649) y que uno de los principios rectores en materia contractual "consiste en considerar al pliego de condiciones como la ley de la licitación o ley del contrato, pues es en él donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario, con las notas de aclaración que correspondan"; (v) en este caso, como puede apreciarse con facilidad de la reseña efectuada, la documentación contractual, que gobierna la vida del contrato y fija los alcances precisos de la voluntad de las partes contratantes, excluye al "régimen jurídico de Contrataciones del Estado" con fundamento en "lo previsto en la Ley 20.705"; (vi) ante la claridad que tiene el artículo 6 de la ley 20.705 y las referidas pautas del contrato, cobra una notoria relevancia, como ha dicho la Corte Suprema, el principio hermenéutico que establece que la primera fuente de interpretación de un texto legal es su letra y cuando no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicado directamente; (vii) La sociedad demandada no alegó que se haya configurado una "discrepancia] o incompatibilida[d] en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio", que es el único supuesto en que, según el pliego, podría haberse acudido al texto del decreto 1023/2001, en rigor, luego de que la cuestión no haya podido ser superada por la aplicación de ninguno de los siete instrumentos que lo preceden en el orden de prelación (artículo 3 del pliego de "Bases y Condiciones Particulares"); (viii) aún si se considerara que la impugnación efectuada por la parte actora comporta un supuesto de "discrepancia o incompatibilidad" -aspecto que no ha sido alegado por la sociedad demandada- no se advierte por qué razón debería aplicarse el decreto 1023/2001 y no las piezas jurídicas que, con preeminencia sobre aquel decreto, detalla el pliego; (ix) el Máximo Tribunal, en una causa que exhibe ribetes similares, expresó que la "decisión de denegar la habilitación de la instancia judicial supone un apartamiento" de las normas aplicables.