Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


GUTIERREZ, Ricardo I. contra TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A. Reg.: A y S T 197 p 131-137. En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos "GUTIERREZ, Ricardo I. contra TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A. -Cobro de Australes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 463, Año 2002).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1 En la presente causa el señor Ricardo Isidro Gutiérrez promovió demanda contra Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. reclamando el pago de los siguientes rubros: 1) indemnizaciones tarifadas derivadas del despido con falsa causa (antigüedad y sustitutiva de preaviso); 2) integración del mes de despido, S.A.C. y vacaciones proporcionales; 3) indemnización de Tramitada que fuera la causa, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Nº 5 de la ciudad de Rosario hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada al pago de las indemnizaciones por ruptura incausada de la relación laboral, por daño patrimonial derivado del daño psíquico -estimada en $ 34.000-, por daño auditivo (fijada en $ 16.000) y por daño moral (respecto del cual el Juzgador consideró "justo y equitativo fijar una compensación adicional" de $ 15.000, para resarcir conjuntamente el daño moral resultante de la concreta imputación delictiva, de la incapacidad psíquica y de la incapacidad auditiva) y ordenando asimismo colocar copia del fallo en lugar visible a la entrada del establecimiento donde el actor prestaba servicios, imponiendo las costas en un 80 % a la demandada y 20 % a la actora (fs. 207/216 v.).

2. Deducidos sendos recursos de apelación por ambas partes, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral revocó el fallo de baja instancia "en los segmentos de la misma que receptan reclamos indemnizatorios independientes de la indemnización fijada por el Régimen de Contrato de Trabajo, a saber: daño patrimonial fijado en $ 34.000, compensación adicional de $ 15.000, y condena que obliga a colocar copia del fallo en el establecimiento", confirmándolo en todo lo demás (fs. 269/274).

Para así resolver, la Alzada -no obstante formular liminarmente algunos reparos genéricos en cuanto a la suficiencia técnica de los agravios planteados por la demandada- consideró (en lo que es de interés para el sub examine) que correspondía acoger los argumentos dirigidos contra la condena a indemnizar el lucro cesante, "ya que la normativa del art. 245 del R.C.T. incluye dicho rubro entre los perjuicios que deben ser resarcidos por la indemnizaci Igualmente se acogió el agravio dirigido contra la condena a pagar la "compensación adicional de los $ 15.000", juzgándose excesivo "que se impongan las indemnizaciones no previstas por la ley".

Asimismo, y en cuanto a los agravios planteados por la actora, la Alzada consideró que el dirigido contra el rechazo de la indemnización por imputación calumniosa no podía aceptarse pues tal indemnización carecía de apoyatura normativa, dado que "en el caso resultan aplicables los arts. 241, 242, 243 y 245 del R.C.T., en especial este último que no prevé este tipo de reparación y eventualmente el art. 207 C.C."; respecto del cuestionamiento del monto de la indemnización del daño moral por despido injurioso, expresó que "el monto fijado luce sumamente prudente y alcanza a casi el 50 % de la indemnización tarifada (por daño emergente y lucro cesante) que por ley corresponde, lo cual de ninguna manera puede catalogarse como simbólica, escasa o insuficiente", agregando -en punto al agravio por el rechazo de las indemnizaciones del daño moral originado en las incapacidades por daño psíquico y auditivo- que las mismas "fueron fijadas en forma global y omnicomprensiva dentro de los montos de reparación".

3. Contra tal pronunciamiento deduce la actora recurso de inconstitucionalidad fundándose en el artículo 1, inciso 3º, de la ley 7.055, por entender que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho a la jurisdicción que garantiza la Constitución de la Provincia.

En sustento de su impugnación se agravia -en primer lugar- de que la Alzada incurre en autocontradicción, toda vez que acoge la apelación de la demandada respecto de la compensación adicional de $ 15.000 y rechaza la indemnización del daño moral por despido arbitrario no obstante haber considerado que resulta "procedente la indemnización tarifada por despido pautada en la antigüedad con el aditamento de la indemnización por daño moral" y que "la acción antijurídica de despedir ha sido y es condenada en lo contractual con indemnización que prevé la ley (art. 245 R.C.T.) y la responsabilidad extracontractual con la indemnización por daño moral prevista en el artículo 1078 del Código Civil", e incluso rechazado el agravio de su parte respecto del monto fijado por el Juez de baja instancia señalando que "el monto fijado luce sumamente prudente".

El mismo vicio le atribuye al fallo cuando se pronuncia sobre la indemnización del daño psíquico -"daño patrimonial"-, la cual revoca a pesar de haber rechazado el agravio de la demandada "sobre la valoración de la pericial médica" con el argumento de que "no es más que una mera lamentación sin refutaciones técnicas o jurídicas".

En segundo lugar se agravia de que la Sala se ha apartado de normas aplicables al Sostiene también que el fallo se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto deniega el resarcimiento del daño moral ocasionado por el despido abusivo (contra lo que resulta del precedente de Fallos, 304:1155); y omite pronunciarse sobre los agravios oportunamente propuestos por su parte en cuanto a la procedencia de la indemnización del daño moral derivado de las incapacidades psíquica y auditiva, rechazado en baja instancia, y en cuanto a la condena en costas efectuada en ese mismo pronunciamiento.

Plantea, finalmente, que el fallo carece de motivación suficiente al haber sido resuelta por el voto de dos integrantes de la Sala, de conformidad con el artículo 26 L.O.P.J., que exhibe una "flagrante inconstitucionalidad" en cuanto contradice los artículos 84 y 95 de la Constitución provincial y la jurisprudencia del Alto Tribunal nacional en la materia (fs. 275/307 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 310/315 v.), la Sala denegó la concesión del recurso interpuesto (auto de fs. 321/322), por lo cual la actora acudió directamente ante esta Corte de conformidad al artículo 8 de la ley 7.055.

Mediante resolución registrada en A. y S., 183:308 (2002), esta Corte admitió la queja interpuesta -salvo en cuanto al planteo vinculado con la validez del artículo 26 L.O.P.J.- y, en consecuencia, concedió parcialmente el recurso planteado (fs. 72/75, Expte. C.S.J. Nro. 571, Año 2000, agregado por cuerda).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme del criterio entonces sustentado, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 369/371.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1 El recurso planteado ha de merecer -si bien en forma parcial- favorable acogida en esta instancia, pues no obstante remitir las tachas formuladas al examen de cuestiones de hecho y derecho común -ajenas como regla al recurso extraordinario (cfr. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234, etc.)- lo cierto es que el detenido examen de las constancias de la causa permite constatar en el pronunciamiento atacado la concurrencia de defectos graves de fundamentación que impiden considerarlo como el resultado de la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Tales defectos se verifican primeramente en el rechazo de la pretensión de resarcimiento del daño patrimonial derivado de la incapacidad psíquica, aspecto donde el Tribunal a quo se limitó a efectuar una mera remisión dogmática a "la normativa del art. 245 R.C.T.", señalando que la indemnización tarifada de la misma comprendería "la ganancia Tales defectos y omisiones respecto a un adecuado tratamiento de circunstancias decisivas para resolver el caso, obligan a descalificar el fallo y determinan la necesidad de que el punto sea nuevamente juzgado, sin que ello (conviene destacarlo expresamente) signifique emitir opinión sobre si en definitiva corresponde o no hacer lugar al agravio de la demandada respecto de la condena a pagar tal indemnización, reclamada en su hora con sustento en la incapacidad resultante de una "enfermedad accidente" que se deriva del distracto y de la postura de la empresa a posteriori del mismo (ratificación, denuncia, etc.), tema a dilucidar en definitiva por el Tribunal subrogante.

Idéntico reproche merece la revocación de la condena a indemnizar el daño moral -estimada en una suma total de $ 15.000 por el sentenciante de primera instancia-, toda vez que, más allá de si puede considerarse suficiente o no el fundamento dado para juzgar inadmisible su imposición, en todo caso resulta decisiva la concurrencia del vicio de autocontradicción que denunciara el impugnante, cuya realidad habilita a recordar que la sentencia, en tanto "operación lógico-jurídica" (por todos, C.S.J.N., "Baca Castex", Fallos, 323:1374 [2000]), siempre debe exhibir una justificación libre de incoherencias, pues lo contrario conspira contra la validez de lo resuelto, generando perplejidades en las partes e, incluso, una lisa y llana denegación de justicia.

En el caso concreto se advierte que la Sala, no obstante revocar la condena aludida, también señala en el mismo fallo que resultaría "procedente la indemnización tarifada por despido pautada en la antigüedad con el aditamento de la indemnización por daño moral" (fs. 271 v.), trae a colación jurisprudencia favorable al reclamo adicional por daño moral (fs. 271 v. in fine) e incluso efectúa un tratamiento del agravio de la actora dirigido contra el monto de la condena respectiva (al cual considera "sumamente prudente"), tratamiento que resulta inconciliable con la tesis de que no podían imponerse indemnizaciones no previstas por la ley laboral.

En vista de ello, la sentencia no puede ser ya considerada como acto judicial válido (Fallos, 307:1092; 314:1144), toda vez que las inconsistencias discursivas impiden conocer cabalmente la inteligencia que la Alzada adoptó 2. A distinta conclusión cabe arribar, no obstante, respecto del cuestionamiento que la actora le formula a la revocación de la condena a fijar copia del fallo en el establecimiento donde ella prestara servicios, pues tal punto remite a una materia propia de los jueces de la causa, resuelto con argumentos atendibles que descartan la presencia de un nuevo defecto de fundamentación, extremo que determina que los planteos respectivos no superen el nivel de la mera discrepancia o disconformidad de la impugnante con el criterio adoptado por los tribunales ordinarios en el ejercicio de facultades propias, circunstancia ajena al recurso de inconstitucionalidad reglado por la ley 7.055 (cfr. A. y S., T. 62, pág. 366, T. 65, pág. 40, T. 83, pág. 112, entre muchos otros).

Con el alcance que resulta de las consideraciones precedentes voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular -también parcialmente- la resolución impugnada.

Disponer la remisión de la causa al Tribunal subrogante a fin que dicte nuevo pronunciamiento.

Con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular - también parcialmente- la resolución impugnada.

Disponer la remisión de la causa al Tribunal subrogante a fin que dicte nuevo pronunciamiento.

Con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)