marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto de automotor, tentativa, tentativa inidónea, llave del automotor, dispositivo antirrobo
Materia: PENAL
Carátula: OLIVERA, Luis H. s/ PRINCIPIOS PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Debe tenerse por acreditado el intento de desapoderamiento en grado de tentativa, dado que la escasez de tiempo para vencer el sistema de seguridad del automóvil (usando la llave original que se hallaba en poder del propietario) no puede convertir en inidónea a una maniobra que aparece como intrínsecamente apta para consumar ese fin ilícito. Es decir, que el no poder ingresar al vehículo, utilizando la llave original, debido al sistema de seguridad que éste posee, no puede transformar el hecho en inidóneo, desde que la lógica indica que es ese mismo instrumento (la llave) el utilizado por el propietario para acceder al rodado.
Despido sin causa, indemnización agravada, suspensión de despidos, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, César Walter c/ Huergo, Niguel Humberto y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

Debe reconocerse la validez constitucional de las medidas contenidas en la ley 25561 pues la misma, en su art. 16, sólo limita la facultad rescisoria del empleador por medio de un aumento de la tarifa y no impide, lisa y llanamente, la posibilidad de despedir.

En cuanto a los decretos que prorrogaron la prohibición de despedir cabe arribar a la misma conclusión respecto de su validez, toda vez que el congreso Nacional en ejercicio de poderes constitucionales propios, en definitiva, no adoptó decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados sino más bien sancionó la ley 25972 (B.O. 17/12/2004) que dispuso prorrogar la suspensión de los despido hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%, convalidando y aceptando la iniciativa adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en materia que le había diso genéricamente delegada.
Juicio ejecutivo, reconocimiento de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MERCANTIL ANDINO c/ IGNACIO FRANCISCO ARAUJO RAUL EDUARDO CORREA s/ Ejecución Tipica (LIBRO: A130 - 368)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-25

El documento (carta) obrante en fotocopia a fs. 10 de autos constituiría un reconocimiento de deuda y en ya añeja opinión de doctrina se ha dicho que "Las cartas de reconocimiento de deuda, usadas corrientemente en nuestro medio bancario, tienen fuerza ejecutiva..., pero deben ser reconocidas en juicio como cualquier documento privado".
Reincidencia, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Castillo, Oscar Antonio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

No corresponde valorar a los efectos de la reincidencia, conforme los arts. 2 y 50 del Código Penal y 1º de la ley 23.070, una condena anterior del procesado si a la fecha de la comisión del delito ahora en juzgamiento ya ha transcurrido el plazo indicado en el art. 50 mencionado.
Nulidad procesal, denuncia anónima, instrucción, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: SAL, SAMUELSKLAR, JULIO s/ Contrabando, Incidente de nulidad Causa 33453
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

1- La denuncia anónima no es una manera legítima de dar curso a la iniciación de un sumario, tanto en la ley procesal actualmente vigente como en la que regía anteriormente (Art. 175 de la ley 23984 y 160 de la ley 2372).

2- La providencia disponiendo instruir sumario haciendo mérito de una delación anónima, se encuentra en franca transgresión del art.

179 del CMPC, ya que no concurre ninguna de las alternativas que dicha disposición contempla.

3- La delación anónima es uno de los aspectos absolutamente indefinibles del sistema inquisitivo de procedimiento.

4- Esa manera de iniciación del proceso debe entenderse en pugna con las garantías que emergen de la forma republicana de gobierno resguardada en el art. 33 de la Constitución Nacional, así como también en contradicción con el derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Carta.
Error inexcusable, validez de los actos procesales, escritos judiciales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Coronel, Benito Roberto c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24

Conforme doctrina del Alto Tribunal, la presentación de escritos ante otra Secretaría se trata de un "error inexcusable" (Fallos 310:2134; 312:1613). Asimismo se ha sostenido que ".los escritos judiciales deben presentarse dentro de los horarios correspondientes ante el Juzgado y Secretarías donde tramita la causa. La presentación errónea ante otro juzgado impide que pueda otorgárseles validez, y tiene por efecto que no se tomen en cuenta los cargos puestos en ellos" (cfr. C. N. A. Cont.Adm.Fed., Sala IV, sent. del 07.12.90, L.L. 1991-C-1333).
Daños y perjuicios, imputación objetiva, acción de responsabilidad, tercero citado en garantía, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Risso, Osvaldo Pedro c/ Banco Hipotecario SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Cabe revocar parcialmente la resolución de grado en cuanto imputó responsabilidad a una sociedad administradora de tarjeta de crédito, que fue citada como tercero en el marco de una acción de daños y perjuicios promovida por un cliente contra un banco. Ello así, pues en el caso, el incumplimiento que se generó no se relaciona con la operatoria de la tarjeta de crédito sino con la solicitud de baja de los productos que el actor tenía en el banco demandado, entre los que se encontraba la tarjeta de crédito provista por la administradora recurrente. De la imputación efectuada se desprende que se trató de actos que sólo el banco podía realizar y no surge de ellos que el apelante haya intervenido o que, si de haberlo hecho, hubiera podido evitarse el perjuicio sufrido por el actor. En efecto, el apelante no podía obligar al banco a cerrar la cuenta del actor cuando éste lo solicitó o que se abstuviera de cobrar distintos cargos y mucho menos, que informara correctamente la situación de deuda del accionante al Banco Central. A más, ninguna de las conductas en base a las cuales se responsabilizó al demandado se relacionó directamente con la operatoria de tarjeta de crédito. Dado que las restantes imputaciones no fueron acogidas, no encuentran razones para extender la responsabilidad a la apelante, quien fue convocado a pleito como tercero a pedido de la demandada.
Pensiones, cónyuge supérstite, otorgamiento del beneficio, conviviente, derecho de exclusión
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, Noe c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-26

Otorgado el beneficio de pensión a quien fuera en vida legítima esposa del causante, la conviviente no podrá excluirla invocando el art. 6 de la ley 23570 máxime si aquella debió reclamar judicialmente prestación alimentaria después que su esposo abandonara el hogar (cfr. art. 38, inc. 1, párrafo 2do., ley 18037, modificado por ley 23570).
Alimentos, costas, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: G. J. I. c/ L. C. L. s/ modificación de asistencia alimentaria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-20

La regla en materia de reclamo alimentario es la imposición de costas al alimentante y la excepción la constituye lo contrario a esta forma de imposición. Ahora bien, esta modalidad se fundamenta en principios muy sólidos que atañen al interés superior del niño, niña o adolescente (Art. 3 CDN) que resulta beneficiario de esos alimentos, y en lenguaje liso y llano responde a la necesidad que el progenitor que administra dicha cuota, no deba distraer parte de la misma o de sus propios recursos para pagar honorarios de los letrados que lo asistieron jurídicamente en el reclamo y de esta forma dedicarlo plenamente al alimentado.
Incapacidad laboral, obligaciones de dar sumas de dinero, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: IRAZOQUE, Rolando Nolberto c/ Berkley International A.R.T.  S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-02

"El voluntario sometimiento sin reserva expresa, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con base constitucional".

La elección de la actora de reclamar la indemnización derivada de la Ley 24.557, y más allá de los planteos de inconstitucionalidad articulados y admitidos pacíficamente por la jurisprudencia; le impone la obligación de asumir las consecuencias derivadas de la propia ley y sus normas modificatorias como el decreto 1278/00.

Si bien es cierto que el actor cuestionó la constitucionalidad de preceptos procedimentales contenidos en la norma; no debe perderse de vista, que la habilitación como "indemnizable" a la enfermedad que padece el actor, que no se encuentra en el listado del Dec. 658/96, se deriva del Decreto 1278/00, que la propia accionante invoca, y de la cual se desprende que sólo podrán admitirse situaciones individuales y concretas, en aquellos casos que la enfermedad sea consecuencia directa y excluyente de la ejecución del trabajo.

La norma, que textualmente dice: "2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo", resulta ser para el a-quo un fundamento de índole jurídico fulminante, toda vez que no se ha demostrado por parte de la accionante, la inexistencia de factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.
Instrucción, facultades de la autoridad de prevención, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: De Luca, Juan C. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

Resulta innecesario el requerimiento de instrucción respecto de las causas iniciadas por prevención policial -aún aquellas iniciadas por denuncia-.En el sub examine, ante la recepción de la notitia criminis la policía efectuó las comunicaciones a que hace referencia el art. 186 del C.P.P.N., habilitando de esta manera la actuación del magistrado como también legitimando su propia intervención, de tal forma el juez en virtud del acto impulsor emanado por la prevención se encontraba anoticiado desde el inicio del sumario quedando en condiciones de ejercer el control y dirección de la investigación, salvando de ese modo la valla impuesta por el principio ne procedat iudex ex officio. Por todo lo expuesto cabe concluir que el accionar de la autoridad preventiva interviniente tuvo contralor jurisdiccional oportuno y suficiente, por lo que el agravio de la defensa referido a la invalidez de la actuado en la causa en virtud de que no se habría dado vista de la denuncia a la fiscalía de instrucción, no tendrá acogida favorable. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Rodríguez Basavilbaso).
Abuso sexual, sentencia absolutoria, sentencia arbitraria, víctima menor de edad, apreciación de la prueba, violencia de género
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. M. c/  s/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

La sentencia que absolvió al imputado en orden al delito de abuso sexual agravado en perjuicios de una niña es arbitraria, en tanto los jueces que formaron mayoría sostuvieron que no estaba probado que la niña no hubiera mantenido relaciones sexuales con otra persona, e invocaron al efecto el informe del médico propuesto por el acusado, en cuanto sostuvo que no existe interrogatorio vinculado al inicio de una vida sexual activa, voluntaria, observable en la conducta de las niñas en el contexto social actual, pues ello constituye un mero estereotipo basado en el género y la edad, que además resulta contrario a la pauta internacional en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual según la cual las pruebas relativas a los antecedentes de la víctima en ese aspecto son en principio inadmisibles. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, juicio de apremio, honorarios, contrato de obra pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD    RECURSO  EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION     CSJ EXPTE NRO 373-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-30

Es definitiva a los fines de la concesión del recurso extraordinario, la sentencia que resuelve un recurso de inconstitucionalidad deducido en un apremio y sobre una cuestión atinente a la competencia de la Corte Suprema de Justicia local para entender en una demanda contra un ente público para el cobro de honorarios profesionales que se originan en una obra pública, en concordancia con lo ya resuelto en "Campos c Argental" A y S t 66 p 145-147 (aunque en esa causa la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso del 02-02-88, rechazó el recurso por considerar incumplido dicho recaudo).

De los fundamentos del Dr Barraguirre.
Recurso de apelación (procesal), doble instancia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Paladin, Carlos A. c/ D.G.Fabricaciones Militares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

Si bien el recurso de apelación contra la sentencia de la anterior instancia abre la jurisdicción de la alzada a los efectos de resolver si la sentencia se ajusta a derecho, en manera alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante la juez a quo.
Honorarios del abogado, aportes previsionales, sucesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tetaz, Eduardo y Arosa de Tetaz, Carmen Paulina s/ sus sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-18

Debe eximirse al letrado de cumplir con los arts. 12 a) y 21 de la ley 6716 - retenciones sobre honorarios - y arts. 145 a), 159, 185 ley 10.397 y art. 10 b rubro 83.200 ley 12.233 -ingresos brutos -, cuando su actuación en autos no devenga honorarios en razón de tratarse de patrocinio propio, de ascendientes, descendientes consanguíneos o afines- , cónyuge y/o hermanos, por lo cual la opción que ha ejercido tiene efecto de renuncia expresa y definitiva a la regulación y al cobro de los honorarios correspondientes. Su intervención tampoco está obligada a cumplimentar con la cuota anual de matriculación ( art. 12 b Dec. Ley 8904/77 ), ni con el art. 3 de la ley 8480 - bono - ni tampoco con el art. 13 de la ley 6716 - anticipo o ius previsional - ( art. 12 ley 8904; art. 5, 53, 50 inc. j y cdts. ley 5177 t.s. ley 12.277 - ; Res. 168/87, Res. 11/ago/79 y cdts. del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; arts. 13, 21 último párrafo y cdts. ley 6716 ( t.s. ley 10.268; t.o. dec. 4771/95 ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, despido, discriminación laboral, cuestiones procesales, improcedencia del recurso, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González Mario Ramón c/ Obra Social de los Trabajadores de la carne y afines de la República Argentina s/ Cuadernillo Apelación ART. 247 C.P.C.C. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-09

El actor no es representante o autoridad sindical formal, es empleado en relación de dependencia de la obra social accionada y supuestamente -habrá que estar a la decisión de fondo que corresponda adoptar una vez evaluada la prueba- ejercía una representación sindical "de hecho" de los trabajadores de la carne. O sea, si es representante sindical de hecho (formal no lo es, está claro) y si esa actividad es compatible con los deberes que le impone la dependencia, será un tema de establecer en el proceso. Una vez establecidos esos márgenes de actuación recién se podrá estudiar el alcance para el caso de los conceptos "libertad de expresión" y "libertad sindical" para sopesar las acciones del trabajador y la ex patronal (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Honorarios, base regulatoria, monto del juicio, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pendyski, Domingo y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Recurso de  revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 674 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

La ley 6767 autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Barrios, Juan Carlos c/ Gas Brill Sociedad Anónima s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Cuestiones esenciales son las que hacen a la estructura del litigio, debiendo resultar trascendentes para resolver la litis y no meros argumentos dirigidos a fundar la procedencia de la pretensión.

Solamente podrán ser desplazadas por la forma de resolver, si la cuestión tenida en cuenta en su reemplazo contempla todos los aspectos de aquel tenor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo eventual, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gentil, Raúl Reinaldo c/ Posternak, Feliciano Rodolfo s/ Cobro de diferencia de sueldos y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-22

Admitir que en alguna oportunidad prestara servicios para el demandado, de ninguna manera implica admitir que lo hizo en relación de dependencia y, por ende, que mediara una relación laboral. Se confunde haber prestado trabajo con haber prestado trabajo en relación de dependencia, tal como fuera sostenido al demandar y como debió ser acreditado por quien lo sostuvo. Cfr. "Protzman c/ Amin" del 19/2/92 del S.T.J..
Acción de amparo, pueblos originarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolletti s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-09

Es amparo y no mandamus la acción interpuesta cuando el objeto de la misma consiste en que se ordene al Gobierno de la Provincia que tome los recaudos necesarios para que inmediatamente haga cumplir a Hidronor el contrato oportunamente suscripto -y por el cual este último se comprometiera a relocalizar a los pobladores indígenas y crear la infraestructura básica necesaria para la atención sanitaria, educativa, comunitaria y social de la mencionada comunidad- previo al cierre de las compuertas de las represas de Piedra del Aguila, como así también que la Provincia tome las acciones precautorias legales para no causar a la comunidad indígena un gravámen irreparable. Ello en tanto, todas las restricciones que se afirman como inminentes se vinculan con derechos que hacen a la dignidad del hombre.
Pagaré, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes Club Companía Gral. Buenos Aires c/ Martin, Eduardo y otro s/ Cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

El art. 7° del dec. ley 5965/63 viene a registrar uno de los principios básicos del derecho cambiario: el de la autonomía de cada obligación cambiaria, con respecto a cualquier otra obligación mencionada en el título. Es como si cada firma cambiaria fuera la única existente en el documento. No hay intercomunicación entre los vicios que puedan afectar las firmas u obligaciones en el propio título; cada una se gobierna por sí misma.-
Despido, injuria laboral, licencia por enfermedad, premio por producción
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Gustavo Alberto c/ The Collection SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

La falta de pago de un premio por producción luego de operada el alta médica que habilitaba al trabajador a cumplir con sus tareas, no implica incumplimiento porque los premios se devengan por rendimiento, circunstancia no invocada por el actor en tanto sostiene que las diferencias generadas corresponden a su período de licencia por enfermedad. Sin embargo, el art. 208 L.C.T. de orden público de protección, delimita que la obligación salarial en cabeza del empleador no puede ser reducida cuando se trata de una prestación por enfermedad, es decir que debe ser igual a la que se percibía en el momento de interrupción de los servicios. Precisamente porque se trata de una norma de orden público, los contenidos del contrato de trabajo individual que estén en pugna con ella son nulos y son reemplazados en el proceso de integración contractual por la disposición mínima legal. Así, el accionar del empleador es suficientemente injurioso como para considerarlo responsable de la finalización de la relación laboral.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, horas extra, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. G. c/ T., G. s/ Alimentos Llanes, Jorge Rafael c/ Agi Construcciones S.R.L.; quien resulte responsable s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-27|2019-12-16

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Si bien las objeciones a las sentencias, relativas a la aplicación de normas de derecho común y procesal, y la apreciación que efectúan de las cuestiones de hecho y prueba son ajenas, por principio, al recurso extraordinario, cabe admitir su procedencia en aquellos supuestos donde el acto jurisdiccional carece de los requisitos que lo sustenten válidamente como tal, en razón de la arbitrariedad manifiesta derivada, tanto de una comprobada contradicción, como del apartamiento de constancias de la causa o, de la valoración de la prueba en forma parcial, fuera de contexto y desvinculada con el resto de ellas. (Del voto en Mayoría del Dr. López Viñals, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Dra. Bonari y Dr. Catalano)
Movilidad del haber jubilatorio, actos voluntarios, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MOLINA, SALOMON c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

No corresponde aceptar el planteo de inconstitucionalidad del Dec.

648/87 cuando el interesado se acogió al régimen del mismo, asumiendo una actitud que supone reconocer su validez, y tardíamente, pretende su impugnación; máxime cuando el art. 3° del referido decreto establece expresamente el carácter voluntario del régimen que instituye.