Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-26


SENT Nro. 701 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE SEPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: " Ale de Montenegro, Carmen del Valle vs. Cía. Circuitos Cerrados S.A. s/Cobros ".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 318/332, la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 3 de diciembre de 2002, obrante a fs. 308/310 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 7 de febrero de 2003 (cfr. fs. 338). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 352, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del Código de Procedimientos del Trabajo.

II.- Sostiene la parte demandada para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, no obstante manifestar que ajustará su resolución a la directriz indicada por esta Corte en sentencia Nº 245 del 03-12-2002 por la que se descalificó por arbitrariedad la anterior sentencia de la Cámara, Sala IV, recaída en la presente causa, sin embargo se aparta de dicha doctrina, incurre en arbitrariedad e invierte con relación a la actora los elementos que determinaron la anterior anulación de la sentencia de Cámara.

Considera que el pronunciamiento no sólo omite esta vez valorar las pruebas aportadas por la demandada, sino que efectúa afirmaciones dogmáticas, sin apoyo en el responde ni en las constancias de autos, limitándose a valorar solamente las pruebas presentadas por la actora.

Las pruebas actorales a las que alude (testimonial del cuaderno nº 7; instrumental del cuaderno nº 1; exhibición de documentación del cuaderno nº 3; pericial contable de cuaderno nº 4), son las únicas que considera y valora y niega validez jurídica a la renuncia de la actora glosada a fs. 72 por no ajustarse al artículo 240 de la LCT.

Alega que la sentencia, no obstante adherir al criterio de interpretación restringido del artículo 23 de la LCT acogido por esta Corte, cuando analiza las testimoniales producidas por el actor, a las que asigna "fundamental importancia", transcribe puntualmente las que entiende probarían la relación de trabajo; sin embargo la recurrente considera que de las mismas surge la prestación de servicios, pero no que tal prestación sea "dirigida o bajo dependencia". Reclama entonces igual criterio de valoración de la prueba testimonial del actor, conforme pautas interpretativas fijadas por esta Corte.

El fallo sostiene dogmáticamente que las testimoniales no fueron objeto de tacha cuando, de fs. 207, surge la impugnación de los testigos por ser sus declaraciones genéricas y ambiguas y, aunque el recurrente admite que tal impugnación en puridad no constituye una tacha, lo cierto es que la demandada no consintió los testimonios prestados.

Igualmente acusa al fallo de afirmar dogmáticamente que la accionada no negó la autenticidad de la documentación acompañada con la demanda en la etapa procesal oportuna, entre la que se encuentran las planillas de trabajo diario de fs. 20 a 61 de autos, cuando del responde (fs. 107) se negó expresamente la autenticidad de la instrumental acompañada con la demanda.

También denuncia que el fallo realizó afirmaciones dogmáticas con relación a las siguientes cuestiones: a) presentación de fs. 140 de la demandada, donde ésta manifiesta "caprichosamente" que no corresponde exhibir documentación laboral por cuanto la actora no se desempeñó en relación de dependencia; b) a la pericial contable (fs. 162/165) donde la actora no figura registrada en el libro de remuneraciones; c) acoge las apreciaciones del perito contable de fs. 162/165, puntos 3º, 4º 7º y 8º, sin efectuar valoración alguna, en cuanto esta prueba sostiene falsamente que la demandada no conserva planillas de afiliaciones de abonados, toda vez que las fotocopias acompañadas con la demanda fueron reconocidas por la accionada; además, los archivos se encuentran computarizados; d) afirma que no existen recibos y los mismos fueron acompañados a fs. 169 y ss. en oportunidad de observar la pericia; e) imputa falsedad a las facturas, siendo que fueron otorgadas por la actora; f) resta validez a la renuncia por no observar las exigencias del artículo 240 LCT, siendo que la norma no es aplicable al caso, pues no se trata de una relación de dependencia; g) afirma categóricamente que la actora prestó servicios en relación de dependencia desde el 20-01-97 hasta el 21-8-98, sin señalar los elementos de prueba en los que basa su afirmación y sin que la actora haya probado la fecha de ingreso conforme le correspondía; y h) tiene por cumplidos los requisitos del artículo 11 de la Ley Nro. 24.013, disponiendo el pago de las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 del mismo digesto legal, cuando no se ha probado el cumplimiento de tales requisitos, no se intimó a la demandada por el término de 30 días, por considerarlo inoficioso (ver carta documento del 21-8-98) y porque al darse por despedida antes de que venciera el plazo del artículo 11, no corresponde la indemnización, pues la intimación debe hacerse estando pendiente la relación laboral.

Destaca la existencia de vicios de construcción en la sentencia con relación a: 1) establecimiento de los fundamentos de hecho: prescinde arbitrariamente de la prueba de la demandada relevante para la solución del caso (ejemplo, inscripción de la actora en la DGI, en la DGR; AFIP, etc.) y contradice abiertamente constancias de autos. Ello deviene en la incongruencia de la sentencia y en una falta de motivación válida o fundamento aparente; 2) establecimiento de los fundamentos de derecho: se aparta de la directriz del fallo de Corte y es arbitraria pues aplica una serie de presunciones que sólo cobran operatividad una vez probada la relación de servicios dependiente. Prescinde de textos legales que debió aplicar mediante la alteración del fundamento de hecho; 3) incongruente paso del fundamento de hecho al de derecho, exigiendo requisitos que sólo son exigibles a la demandada, si la actora prueba previamente la existencia de servicios dependientes; 4) incurre en petición de principios al dar "por probado lo que debió ser objeto de prueba".

III.- A su turno, la sentencia en recurso, luego de advertir que para determinar si existió o no contrato de trabajo se ajustará al criterio restringido que propiciara esta Corte en fallo casatorio Nº 465 (cfr. fs. 292/296) para la interpretación del artículo 23 de la LCT, transcribe las respuestas que estima pertinentes de las testimoniales de Peratto, Rodríguez, Corbalán, Agüero, Arias y Sarife, destacando que ninguna de dichas pruebas fue objeto de tacha por la accionada.

Sostiene que con relación al cuaderno Nº 1 del actor donde se ofrece como prueba instrumental las constancias de autos y la documentación acompañada con la demanda, el accionado no impugnó la autenticidad de dicha documentación entre las que se encuentran las planillas de trabajo diario de fs. 20 a 61 y que comienzan el 25/01/97 al 24-7-98.

El actor ofrece prueba de exhibición de documentación (cuaderno Nº 3 del actor), la que es aceptada por el tribunal y se intima a su presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 91 y 62, segundo párrafo, de la Ley Nro. 6204. Frente a la presentación de la demandada negando la existencia de tal obligación (fs. 140), la Cámara hace efectivo el apercibimiento, desestimando dicha presentación, por entender que se trata de documentación que la demandada debe conservar por aplicación de los artículos 67 y 44 del Código de Comercio.

En cuanto a la pericial contable de fs. 162/165, destaca: a) respuesta a pregunta 2ª, la actora no figura registrada en el libro de remuneraciones de la demandada en ningún período; b) respuestas a preguntas 3ª y 4ª, el perito no ha podido constatar si las comisiones liquidadas y pagadas a los promotores de ventas fueron efectuadas de acuerdo a las escalas descriptas en la demanda. Ello se debe a que la demandada no guarda ninguna documentación. Tampoco conserva archivo de las planillas de afiliaciones de abonados; c) respuesta punto 7°, ídem puntos 3° y 4°; d) respuesta punto 8, el perito reitera nuevamente falta de documentación para determinar el importe que percibía cada promotor, ya que no se conservaba la misma. Tampoco existían recibos de pago.

Pone de resalto el perito que las facturas emitidas por la actora con fechas 10-8-97, 10-7-97, 08-8-98 por las comisiones de los meses de mayo, junio y julio de 1997 respectivamente, están viciadas de nulidad porque facturan períodos anteriores a la fecha de impresión de tales facturas, cuando la fecha de impresión es del 04-9-97 en violación con las normas impositivas sobre la materia (Res. Gral. DGI, Nro. 3419/91 y modificatoria - Res. Gral. DGI Nro. 3804 y R.G. (AFIP) 100). Por lo tanto la demandada ha violado los artículos 67 y 44 del Código de Comercio.

Las observaciones a la pericia de fs. 173, son respondidas por el perito a fs. 178/180, creando convencimiento en el tribunal que rechaza las objeciones.

Descalifica la renuncia presentada por la actora a fs. 72 de autos, por carecer de validez jurídica a tenor del artículo 240 LCT.

En conclusión, el fallo sostiene que la actora prestó servicios desde el 20-01-97 al 21-8-98 en relación de dependencia con la accionada en los términos de los artículos 21, 22 y concordantes de la LCT y por lo tanto declara la procedencia de los rubros indemnizatorios y de los que no probó su pago. Asimismo entiende cumplidos los requisitos del artículo 11 de la Ley Nro. 24.013, correspondiendo el pago de las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 del mismo cuerpo legal, con costas a la vencida.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente si el mismo ha sido correctamente concedido.

Al respecto advierto que si bien el recurso incoado ha sido interpuesto en término conforme surge de la notificación de fs. 312 y del cargo inserto a fs. 332 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se ha dado cumplimiento con el requisito del afianzamiento exigido por el artículo 133 del CPT, sin embargo el escrito recursivo, no obstante los múltiples agravios que desarrolla, éstos básicamente no logran descalificar el pronunciamiento.

Aun si el fallo atacado analiza las pruebas presentadas por la parte actora que fueran omitidas en el anterior pronunciamiento, sin mencionar las producidas por la demandada, tal decisión no implica en el caso, arbitrariedad sino selección de pruebas que a criterio del tribunal resultan suficientes para probar la existencia de prestación de servicios subordinados, lo que de suyo implica descartar el resto de las probanzas.

En efecto, de las pruebas testimoniales rendidas por la actora, entre otras, la sentencia entiende probada la relación laboral, pues contrariamente a lo afirmado por la recurrente, de las declaraciones transcriptas surge con cierta verosimilitud la existencia de la misma. Adviértase por ejemplo que la testigo Rodríguez, frente a la pregunta nº 2, respecto a si sabe y le consta que la actora trabajaba para CCC, expresa que lo sabe porque eran "compañeras de trabajo" (fs. 204 vta.) o Agüero que en su respuesta tercera donde expresa "...porque una vez me ofreció el servicio y sabía que trabajaba en CCC porque le recibía los mensajes" (fs. 205, etc.). La simple lectura de dichas deposiciones, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, permiten inferir con cierta verosimilitud la existencia de una prestación de servicios subordinada.

Objeta la recurrente la afirmación sentencial que estas testimoniales no fueron tachadas, siendo que a fs. 207 la demandada observa dichas testimoniales por entender que de las mismas, en ningún momento ni en ninguna de sus expresiones, surge tipificada la existencia de relación laboral. Sin embargo, la propia recurrente descalifica su agravio al admitir que tal impugnación en puridad no constituye una tacha, pero si implicó que la demandada no consintió los testimonios prestados, considerados ambiguos y generales. Habida cuenta el propio reconocimiento de la recurrente de que en puridad no hubo tacha, el agravio queda sin sustento.

Igualmente acusa al fallo de sostener dogmáticamente que la accionada no negó la autenticidad de la documentación acompañada con la demanda en la etapa procesal oportuna, entre la que se encuentran las planillas de trabajo diario de fs. 20 a 61 de autos, cuando del responde (fs. 107) se negó expresamente la autenticidad de la instrumental acompañada con la demanda.

Como se advierte de la propia lectura del responde, se trató de una negativa genérica y no específica, por lo que el cuestionamiento resulta inexacto.

Amén de ello, el agravio de la recurrente resulta contradictorio con relación a otro contenido en el recurso y que se tratará más adelante, donde expresamente sostiene, con relación a las fotocopias de las planillas de afiliaciones de abonados (documental acompañada con la demandada), que fue reconocida por la accionada. Esta contradicción descalifica el agravio.

Tampoco resulta atendible la denuncia que el fallo realizó afirmaciones dogmáticas con relación a las siguientes cuestiones:

1) No consideró la presentación de fs. 140 de la demandada, donde ésta manifiesta que no corresponde exhibir documentación laboral por cuanto la actora no se desempeñó en relación de dependencia. Ello no es exacto pues la sentencia afirma que tal prueba de exhibición ha sido admitida en la instancia de grado y la intimación a presentarla fue requerida bajo apercibimiento de lo dispuesto por los artículos 91 y 62, segundo párrafo, de la Ley Nro. 6204, por lo que desestimó la presentación de fs. 140, reiterando la obligación de presentar dicha documentación que la accionada debía conservar en virtud de los artículos 44 y 67 del C. de Comercio.

Esta afirmación sentencial no fue rebatida por la recurrente.

2) La sentencia admite la pericial contable (fs. 162/165) donde la actora no figura registrada en el libro de remuneraciones. La recurrente reconoce que la afirmación es verdadera. Entonces, si la sentencia considera probada la relación de trabajo, la reseña que efectúa no constituye una afirmación dogmática.

3) Acoge las apreciaciones del perito contable de fs. 162/165, puntos 3º, 4º 7º y 8º, sin efectuar valoración alguna, en cuanto esta prueba sostiene que no han podido constatarse las comisiones liquidadas y pagadas a los promotores de ventas efectuadas conforme a la escala descripta en la demanda por no guardar ninguna documentación al respecto y que la demandada no conserva planillas de afiliaciones de abonados, toda vez que las fotocopias acompañadas con la demanda fueron reconocidas por la accionada, además, los archivos se encuentran computarizados.

La propia recurrente reconoce que la afirmación sentencial es parcialmente verdadera en cuanto a que no hay documentación laboral. Pero cuando alega que es falsa la afirmación que la demandada no conserva archivos de las planillas de afiliaciones de abonados, admite que las fotocopias de ellas acompañadas por la actora con la demanda (documental), fueron reconocidas por la accionada, aunque con un alcance distinto a la "asignada por la actora, el perito y el tribunal a-quo" (no dice en que sentido), lo que resulta contradictorio con el agravio precedentemente tratado, cuando la recurrente sostuvo que en el responde se había desconocido toda documental acompañada con la demanda.

4) Afirma que no existen recibos y los mismos fueron acompañados a fs. 169 y ss. en oportunidad de observar la pericia, sin embargo la sentencia sostiene que el perito "nuevamente reitera" la falta de documentación para determinar el importe que percibía cada promotor, ya que no se conserva dicha documentación, haciéndose expresamente cargo de las respuestas del perito (fs. 178/180) a la impugnación y documentación acompañada con la misma (recibos), acogiéndolas, por considerarlas fundadas y convincentes. Estos argumentos sentenciales, no fueron rebatidos por la recurrente quien se limita a efectuar una lectura parcializada de los considerandos.

5) Imputa falsedad a las facturas, siendo que fueron otorgadas por la actora. Sin embargo, no se hace cargo de los argumentos sentenciales en cuanto la invalidez de las mismas deriva de que facturan períodos anteriores (mayo, junio y julio de 1997) a la impresión de tales facturas (04-9-97), en violación a expresas normas impositivas, independientemente de quien la haya emitido.

Esta circunstancia demuestra la insuficiencia del planteo.

6) Resta validez a la renuncia por no observar las exigencias del artículo 240 LCT, siendo que la norma no es aplicable al caso, pues no se trata de una relación de dependencia. Sin embargo, al sostener el fallo la existencia de relación laboral, el cuestionamiento de la recurrente carece de sustento y la cuestión de la validez de la renuncia deviene en una cuestión pertinente.

Por lo tanto, el agravio resulta insuficiente para abonar la crítica que debe formularse a la conclusión del pronunciamiento; esto es la declaración de existencia de relación de trabajo.

7) Cuestiona que el fallo afirma categóricamente que la actora prestó servicios en relación de dependencia desde el 20-01-97 hasta el 21-8-98, sin señalar los elementos de prueba en los que basa su afirmación y sin que la actora haya probado la fecha de ingreso conforme le correspondía.

No es exacto que la sentencia haya omitido los elementos de prueba en base a los cuales tiene por acreditada la prestación de servicios en relación de dependencia. La simple lectura del fallo abona esta afirmación. Justamente el escrito recursivo pretendió, sin éxito, descalificar los elementos sobre la base de los cuales la sentencia tuvo por acreditada la relación de trabajo.

En cuanto a la fecha de ingreso de la actora, si bien el fallo no lo manifiesta expresa y puntualmente, al afirmar que la demandada "no atacó" la autenticidad de las planillas de trabajo diario de fs. 20 a 61 y que comienzan el 25-01-97 al 24-7-98, (documentación acompañada por la actora con la demanda), que la accionada aduce reconocidas en escrito recursivo (ver fs. 324 vta.), y donde figura la fecha de inicio de la relación de trabajo, dejan sin sustento a dicho agravio.

8) El fallo tiene por cumplidos los requisitos del artículo 11 de la Ley Nro. 24.013, disponiendo el pago de las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 del mismo digesto legal, cuando no se ha probado el cumplimiento de tales requisitos, no se intimó a la demandada por el término de 30 días, por considerarlo inoficioso (ver carta documento del 21-8-98 de fs. 185) y porque al darse por despedida antes de que venciera el plazo del artículo 11, no correspondía la indemnización, pues la intimación debe hacerse estando pendiente la relación laboral.

Partiendo de la invalidez de la renuncia de la actora (fs. 72) y la fecha de extinción de la relación laboral (21-8-98) establecida por la sentencia, como asimismo la respuesta de la empleadora a la intimación de la actora (ver fs. 184) la presunta violación del artículo 11 de la Ley Nro. 24.013 no aparece configurada.

La citada intimación ha sido cursada vigente la relación laboral y el despido indirecto de la actora se ha concretado antes de que transcurra el plazo legal de espera de 30 días luego de efectuada la pertinente intimación ante la negativa de existencia de relación de trabajo.

En efecto; si bien es cierto que la intimación para que se concreten las registraciones fue realizada por C.D. de fecha 18-8-98 (fs. 183), el demandado, por C.D. de fecha 20-8-98 (fs. 184), rechazó la aludida intimación negando la relación de trabajo, ello lleva a deducir que, si bien el requisito formal previsto en este artículo, en cuanto establece un plazo para que el empleador cumpla con su deber de registración, establecido para preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardarse las partes, en modo alguno importa un requisito 'ad solemnitatem' que invalide el despido indirecto del dependiente, cuando el empleador niega la relación laboral, lo que de suyo supone que no cumplirá con la registración.

Requerir el cumplimiento estricto de la formalidad temporal exigida en el artículo 11 de la Ley Nro. 24.013, en caso de existir la pieza postal del demandado, cuyo contenido no puede ignorarse -en el caso C.D. agregada a fs. 184- cuando de su texto se desprende que, ante la intimación del actor dando cumplimiento con todas las exigencias del citado artículo, es respondida con la negación total del contrato de trabajo que vinculaba a las partes, y que quedó acreditada en la causa, significaría un exceso de formalismo ritual, incompatible con la índole misma del derecho laboral y, aún más, con la garantía innominada del debido proceso en sentido adjetivo y sustancial.

Por lo expresado este planteo de la accionada debe desestimarse por improcedente.

En cuanto a los agravios referidos a los presuntos vicios de construcción de la sentencia, en realidad reeditan los conceptos que se trató en los agravios precedentes. Por lo tanto resulta inoficioso considerarlos nuevamente.

Por todo lo considerado, concluyo que el recurso en análisis debe ser declarado parcialmente inadmisible y, en lo demás, improcedente.

V.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse a la vencida, demandada en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE y, por ende mal concedido, el recurso de casación planteado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 3 de diciembre de 2002, obrante a fs. 308/310 de autos, y en lo demás, NO HACER LUGAR al mismo, conforme lo expresado en el punto 8) de los considerandos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO