Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18


Buenos Aires, 18 de abril de 2006.

Vistos los autos: "Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición".

Considerando:

1°) Que el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires declaró procedente la extradición de José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres a la República del Perú, en el marco de la causa n° 25-2001 incoada ante el 4to. Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para su juzgamiento por los delitos contra la tranquilidad pública (asociación ilícita) y contra la administración pública (peculado) en agravio del Estado peruano. Y, en el caso de José Francisco Crousillat Carreño, además, en el marco de la causa n° 11-2001 instruida ante el 6to. Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para su juzgamiento por los delitos contra la administración pública -corrupción activa de funcionarios- y contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir- en agravio del Estado peruano (fs. 2926/2927 y sus fundamentos obrantes a fs. 2932/2942).

2°) Que contra esa resolución, las defensas de los nombrados interpusieron recurso ordinario de apelación que fue sustanciado en esta instancia (fs. 3132/3331 y 3332/3415) con la debida intervención, para mejorar fundamentos, tanto del país requirente (fs. 3421/3469) como del señor Procurador Fiscal (fs. 3471/3483) quienes se pronunciaron por la desestimación del recurso.

3°) Que en una primera aproximación, cabe señalar que la imputación extranjera se basa en que los requeridos habrían puesto a disposición de los intereses de Vladimiro Montesinos Torres el Canal de Televisión de señal abierta América Televisión - canal cuatro; empresa de la cual José Enrique Crousillat López Torres ostentaba la calidad de accionista mayoritario y su hijo -José Francisco Crousillat Carreño- el carácter de director general. Ello con el único propósito de que, a través de dicho medio de comunicación de señal abierta, se emitieran informaciones en forma sistemática destinadas a crear el desprestigio de ciertas personalidades de la esfera pública, política y económica de la sociedad peruana, que no eran afines al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En contraprestación de lo cual se imputa a los requeridos haber recibido fondos del erario público peruano.

4°) Que los hechos en que se sustenta el pedido de extradición están alcanzados -como "actos de corrupción"- por el ámbito de aplicación material de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley nacional 24.759, vigente a nivel internacional desde el 6 de junio de 1997. Asimismo, el país requirente depositó el instrumento de ratificación el 4 de junio de 1997.

5°) Que ese instrumento regional incluye, dentro de su objeto, el promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción como así también "promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio" (art. II).

6°) Que, además, su Preámbulo consagra la importancia de la cooperación penal entre los estados para que su acción en el campo de la corrupción sea efectiva como así también la necesidad tanto de una acción coordinada a esos fines como de la adopción de un instrumento internacional que promueva y facilite esa cooperación internacional.

7°) Que la Convención, sobre esas bases, sujeta el instituto de la extradición a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar (art. XIII.5).

8°) Que, en el marco de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República del Perú resulta de aplicación, al sub lite, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 sin que el nuevo tratado que rige entre las partes en la materia, aprobado por ley nacional 26.082, alcance al caso de autos (art. XVIII).

9°) Que de todas las cuestiones que integraron el debate en este procedimiento de extradición, ha de considerarse en primer término la referida a la prescripción de la acción penal dada la incidencia directa que tiene en la solución del caso en la medida en que el art. 19, inc. 4° del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 aplicable exige, para la procedencia del pedido, que "...el delito no esté prescripto con arreglo a la ley del país reclamante".

10) Que, como cuestión previa, parece propicio señalar que la situación descripta en el considerando que antecede sólo podría comprometer, a todo evento y por el momento, la suerte del pedido de extradición respecto de José Enrique Crousillat López Torres atento a que, con sustento en su edad, está en juego la aplicación y el alcance del art. 81 del Código Penal peruano en cuanto establece que "Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco años al tiempo de la comisión del hecho punible".

11) Que, además, no hay controversia acerca de que el requerido José Enrique Crousillat López Torres tenía más de sesenta y cinco años de edad al tiempo de la comisión del hecho punible.

12) Que el Tribunal advierte que la cuestión acerca de si la acción penal nacida de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres se encuentra prescripta según el ordenamiento jurídico peruano, ha sido materia de amplio debate en la instancia de grado, a partir de medios de prueba incorporados y/o invocados por las partes que sólo han sido el sustento para poner en tela de juicio el sentido y alcance del derecho peruano en materia de prescripción de la acción penal.

13) Que pese a los "medios de prueba" incorporados tanto por el Estado requirente como por las partes para "probar" e "informar" acerca del derecho peruano en punto a la cuestión señalada -aspecto sobre el cual no existió controversia- subsisten las discrepancias en cuanto a determinar el "sentido y alcance legal" de las disposiciones del Código Penal peruano en materia de prescripción de las acciones penales nacidas de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres.

14) Que el juez de la extradición examinó la cuestión de la prescripción respecto de cada uno de los dos delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres (fs. 2937/2949). Si bien en alguna instancia del razonamiento interpretó el Código Penal peruano con el fin de establecer cuál era el plazo de prescripción, con carácter previo, resolvió acerca del tipo penal extranjero aplicable y fijó la fecha de comisión de cada uno de los delitos con el fin de determinar cuándo debía comenzar a computarse el plazo de prescripción.

15) Que, en tales condiciones, el agravio referido a la prescripción de la acción penal no puede escindirse de otras dos cuestiones que también son materia de apelación: el alcance de los hechos incluidos en el pedido de extradición y su subsunción legal.

16) Que, en cuanto al primer punto, cabe señalar que el art. 30 del Tratado de Extradición aplicable consagra que los pedidos de extradición deberán acompañarse, en el caso de los "presuntos delincuentes", con "copia legalizada de la ley penal aplicable a la infracción que motiva el pedido" y del "auto de detención y demás antecedentes a que se refiere el inciso 3° del artículo 19" (inc. 1°). Esto es "...Que la Nación reclamante presente documentos que según sus leyes autoricen la prisión y el enjuiciamiento del reo".

17) Que los antecedentes acompañados, a esos efectos y en lo que aquí interesa, dan cuenta de que el juez penal a cargo del Cuarto Juzgado Penal Especializado de Lima doctor David E. Loli Bonilla libró una primer orden de detención contra José Enrique Crousillat López Torres, el 30 de marzo de 2001 por el delito de asociación ilícita (fs. 1064 de la causa 2242) y, luego, el 27 de noviembre de 2001, la de detención provisional con fines de extradición tanto por el delito de asociación ilícita como de peculado (fs. 172/186).

18) Que, con sustento en ello y en los autos de apertura de la instrucción dictados el 30 de marzo de 2001 (fs. 1055/1062) y su ampliación del 17 de abril de 2001 (fs. 414/420), la justicia extranjera libró el pedido de extradición respecto al recién nombrado (fs. 1558/1578) que fue presentado por la Embajada de la República del Perú acreditada en esta sede el 24 de abril de 2002 (fs. 1586).

19) Que tales antecedentes son suficientemente claros al delimitar la imputación a que los requeridos pusieron "...a disposición de los intereses de su coinculpado Vladimiro Montesinos Torres el Canal de Televisión de señal abierta América Televisión - Canal Cuatro; empresa de la cual su padre ostentaba la calidad de accionista mayoritario y desempeñando él la dirección general, con el único propósito que a través de dicho medio de comunicación de señal abierta se emitieran informaciones (sean reportajes, informes periodísticos) en forma sistemática destinadas a crear el desprestigio de ciertos personajes de la esfera pública, política y económica de la Sociedad Peruana y que no eran afines al gobierno del Ex Presidente Alberto Fujimori; así como también prestar su apoyo directo a la campaña de reelección presidencial del ex presidente, emitiendo a través de su medio de comunicación informes destinados a desprestigiar a futuros candidatos presidenciales, no permitiendo que a través de dicho medio otro candidato presidencial se promocionara y como es sabido dichos informes eran elaborados y dirigidos en el Sistema de Inteligencia Nacional, lugar al cual concurría en forma casi diaria el inculpado Crousillat Carreño conforme lo han reconocido testigos que laboraban en las Oficinas de Montesinos Torres con el propósito de sostener reuniones de trabajo con terceras personas referentes al tema del manejo de los medios de comunicación. En compensación a ello los procesados José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres venían recibiendo fuertes sumas de dinero que le eran entregadas directamente por Montesinos Torres en forma mensual..." (fs. 1468/1470 y 1471/1472 de la causa 2241).

20) Que los hechos así descriptos fueron calificados por el país requirente como delitos: a) contra la tranquilidad pública (asociación ilícita) y b) contra la administración pública (peculado), ambos en agravio del Estado peruano. Ello en infracción a los arts. 317 y 387, respectivamente, del Código Penal peruano (conf. textos legales a fs. 706/708 y 687/696 de la causa 2242).

21) Que esclarecido así el alcance del pedido de extradición y la subsunción legal que de los hechos efectuó la República del Perú, cabe examinar seguidamente lo atinente a la eventual prescripción de la acción penal según el país requirente (art. 19 inc. 4 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889).

22) Que, a esos efectos, el mismo Tratado consagra, como ley aplicable, la del Estado "al cual corresponde el conocimiento del delito" (art. 14).

23) Que el ordenamiento jurídico peruano contempla, en el art. 80 del Código Penal la prescripción de la acción penal en los siguientes términos:

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.

24) Que, a su vez, el último apartado de aquel precepto legal duplica estos plazos:

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.

25) Que, además, reduce aquéllos a la mitad en los supuestos del art. 81:

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco años al tiempo de la comisión del hecho punible 26) Que, asimismo, consagra que los plazos en cuestión se interrumpen según el art. 83:

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción y que se suspenden en los supuestos del art. 84.

Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.

27) Que las discrepancias se centran en determinar si la cláusula de reducción de los plazos de prescripción que por la edad alcanzan al padre -José Enrique Crousillat López Torres- rigen para los demás supuestos de extensión del plazo de prescripción. Concretamente, en el caso, el previsto en el último párrafo del art. 83 que consagra una suerte de extinción de la acción penal por plazo irrazonable de duración del proceso.

28) Que el juez resolvió: "El tribunal entiende que la razón en cuanto al modo de interpretar la ley, la tiene la defensa. Porque por más que no se ignoran las causales interruptivas del art. 83 ni las suspensivas del art. 84, éstas ceden ante la fulminante norma del último párrafo del citado art. 83, en cuanto establece que la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción" (fs. 2939).

29) Que el señor Procurador Fiscal, en el dictamen que antecede, intenta modificar esas conclusiones a partir de proponer, junto con el país requirente, en síntesis, que la reducción por edad establecida en el art. 81 es una excepción que se aplica sólo al plazo ordinario contemplado por el art. 80 y que no rige para el plazo extendido del art. 83 in fine.

30) Que, en una primera aproximación al punto parecería razonable considerar que la reducción en razón de la edad que consagra el art. 81 debería aplicarse tanto para determinar cuál es el plazo ordinario del art. 80 como el de duración razonable del proceso del art. 83 in fine. Constituyen dos plazos de prescripción que, fundados en razones materiales, responden a fundamentos distintos. El primero (art. 80), para poner un límite a la pretensión punitiva del Estado en condiciones razonables de tramitación de un proceso. El segundo (el del art. 83 in fine), para fijar un límite temporal con carácter general a partir del cual esa duración pasa a ser irrazonable y establecer, como sanción a esa irrazonabilidad imputable al Estado en la tramitación de un proceso, la prescripción de la acción penal.

La atenuación en razón de la edad, en cambio, está fundada en razones personales y respondería a cuestiones humanitarias fundadas en la menor expectativa de vida y la obligación del Estado de determinar los derechos de quien está en esa situación.

31) Que, en tales condiciones, corresponde incluir en la fijación del plazo contemplado por el art. 83 in fine la reducción, en razón de la edad, que consagra el art. 81. Lo contrario conduciría a que la actitud del Estado prevaleciera sobre los fundamentos humanitarios y que la reducción consagrada a esos fines quedara privada de efecto.

32) Que, como conclusión sobre el punto, el Tribunal confirma la solución adoptada por el juez en cuanto a que la reducción del plazo en razón de la edad se aplica incluso al supuesto del art. 83 in fine.

33) Que, por lo demás, el Tribunal no puede dejar de advertir que sus decisiones deben atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, aunque sean sobrevinientes a la interposición de la vía intentada y que, en ese contexto, aparecen superadas las razones que movieron al a quo a considerar innecesario abordar la incidencia que en la prescripción de la acción penal extranjera podría tener la cláusula del art. 80 in fine del Código Penal peruano (fs. 2939 vta.).

34) Que esta Corte Suprema se considera habilitada para tratar el punto teniendo en cuenta la amplitud de esta vía ordinaria para resolver sobre esta cuestión de derecho y las posibilidades de amplia defensa que sobre el particular hizo valer la asistencia técnica de José Enrique Crousillat López Torres en el memorial presentado (fs. 3299 vta. y sgtes.), al igual que el país requirente a través de sus representantes legales que, en lo sustancial, refutaron la posición de la defensa (fs. 3421/3469, en especial 3438 vta./ 3440).

35) Que según ya se transcribió, el último párrafo del art. 80 del Código Penal de Perú, al referirse al término de prescripción de la acción, establece que el plazo se duplica "en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste".

36) Que la cuestión sólo tendría incidencia respecto del delito de peculado dado que, por tratarse de un delito especial propio, la condición de funcionario público del autor principal (Montesinos Torres) fundamenta la punibilidad -ante su ausencia, no existiría lesión típica-.

37) Que la defensa se opone a que tales efectos sean extendidos al requerido de extradición pues no reúne la calidad de funcionario público y, por ende, considera aplicable el art. 26 del Código Penal peruano en cuanto consagra "Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican la de los otros autores y partícipes del hecho punible" (fs. cit.). 38) Que la imputación efectuada por el juez del Estado peruano respecto de quienes en este proceso son requeridos (en lo que aquí interesa, por el delito de peculado) parte del principio general de que todos los que participan en un hecho punible deben responder -en la medida en que no sea negado el dolo- por la misma ilicitud. En efecto, no se encuentra controvertido en el derecho penal contemporáneo que el extraneus pueda ser partícipe en un delito especial propio, pues la participación se dirige, precisamente, contra el mismo bien jurídico que ataca el delito cometido por el autor y no sólo en forma indirecta (conf. Günter Stratenwerth, Derecho Penal. Parte General I. El hecho punible, Fabián Di Plácido ed., Buenos Aires, 1999, pág. 260 s.).

39) Que establecida la imputación de peculado, el delito en cuestión se encuentra comprendido en la categoría a la que alude el art. 80 in fine del Código Penal peruano: "delitos cometidos por funcionarios públicos", y por ello, no resulta en modo alguno irrazonable que la duplicación de los plazos de prescripción sea aplicable a quien haya participado en ese tipo de delito, en tanto la norma mencionada no establece distinción alguna basada en la calidad de su sujeto activo. No se trata, por tanto, de una extensión de la previsión legal, sino de su directa aplicación.

Por lo demás -y teniendo en cuenta que la decisión aquí asumida se inserta en el marco de un proceso regido por el principio de cooperación internacional- no existen serios reparos para denegar la extradición solicitada, sobre la base de una interpretación que incluso resulta controvertida en el propio país requirente, en donde se resolverá con carácter final la cuestión.

40) Que, sentado lo expuesto, toca ahora fijar cuáles son los plazos de prescripción de la acción penal que han de computarse.

41) Que, sobre el punto, resultan inadmisibles las razones invocadas por el a quo a fs. 2939 y sostenidas por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede (acápite V), en cuanto consideran aplicable al caso la figura de la asociación ilícita agravada en perjuicio del Estado requirente (art. 317, segundo párrafo, del código de fondo extranjero) para hacer valer el plazo de ocho años.

42) Que ello es así, toda vez que cualquier duda que pudiera presentar el pedido de extradición sobre el alcance de la imputación extranjera, queda dilucidada a partir de los términos de la orden judicial extranjera antes referida que le dio sustento, dictada el 30 de marzo de 2001, que en lo que aquí concierne fue suficientemente clara al someter a proceso al requerido en cuestión con apoyo en el art. 317 del Código Penal peruano y sostener que la pena conminada para ese delito "...fluctúa entre los tres y seis años...", plazos que se corresponden con la asociación simple del primer párrafo de ese precepto legal (fs. 280/287 y 658/659 de la causa 2242).

43) Que, en tales condiciones, toda vez que los tribunales del país requerido no pueden modificar la calificación efectuada por los del país requirente porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y debe ser resuelto en el proceso penal pertinente (Fallos: 315:575, considerando 6°), el pedido de extradición formulado por la República del Perú sólo puede reconocer, en lo que concierne al delito de asociación ilícita y respecto de ambos requeridos, la imputación bajo la modalidad simple del primer párrafo del art. 317 antes citado.

44) Que lo expuesto, más allá de los reparos que pudiera merecer la solución del a quo, desde la perspectiva del principio de "doble incriminación" al no ser subsumible, en el ordenamiento jurídico argentino, la asociación ilícita "en perjuicio del Estado" como una modalidad agravada de la asociación ilícita simple.

45) Que, en cuanto al delito de peculado, no hay discrepancias con la decisión del juez que fijó en ocho años el plazo de prescripción a partir del tipo penal extranjero del art. 387 del código de fondo (fs. 2939).

46) Que delimitados así los plazos "ordinarios" de prescripción de la acción penal, cabe examinar la incidencia que sobre ellos tienen las pautas de interpretación ut supra fijadas con sustento en los arts. 80 in fine, 81 y 83 in fine del Código Penal peruano.

47) Que así entonces respecto del delito de asociación ilícita imputado a José Enrique Crousillat López Torres, el plazo ordinario que, como máximo fija el art. 317, primer párrafo del Código Penal extranjero es de seis años.

A su vez, la aplicación del art. 83 in fine lo eleva a nueve que, por aplicación de las circunstancias subjetivas en razón de la edad (art. 81), queda delimitado en cuatro años y seis meses.

48) Que, en relación al delito de peculado, corresponde duplicar el plazo ordinario de ocho años, que como máximo fija el art. 387 del Código Penal extranjero, en atención a la calidad de funcionario público del autor principal, lo que suma dieciséis años y, a su vez, elevarlo en un medio (art. 83 in fine) arrojando un total de veinticuatro años que cabe reducir a la mitad en razón de la edad. Queda así fijado un término de prescripción de la acción penal de doce años.

49) Que, cabe ahora entonces, establecer cuál es el momento de consumación de los delitos imputados ya que a partir de allí comenzarán a computarse los plazos de extinción de la acción penal fijados, para José Enrique Crousillat López Torres, en cuatro años y seis meses para la asociación ilícita y doce años para el delito de peculado.

50) Que el a quo fijó el "mes de abril de 2000" como fecha de inicio del plazo de prescripción tanto del delito de asociación ilícita como de peculado.

Aclaró "esta es la fecha que habrá de tomarse porque el contrato de locación de servicios que ligaba a los Crousillat para con Vladimiro Montesinos Torres vencía el día 9 de ese mes, ver fs. 366 de la causa n° 2242)" (fs. 2939/ 2939 vta.).

Respecto del peculado, consideró que esa fecha también era aplicable porque habría dejado de cometerse el delito ["desde abril de 2000 -recuérdese el contrato de locación de servicios de fs. 366-"] (fs. cit.).

51) Que el Tribunal advierte que el país requirente, al delimitar la imputación a los requeridos en sede extranjera, fue suficientemente claro y manifestó que, en compensación por los "servicios" prestados "...los procesados José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres venían recibiendo fuertes sumas de dinero que le eran entregadas directamente por Montesinos Torres en forma mensual, tal es así refiere este último que desde el mes de octubre de 1998 les hizo entrega de $ 619,000.00 dólares americanos en forma mensual, monto que se incrementó durante la campaña electoral presidencial y por tanto a partir del mes de noviembre de 1999 les hizo entrega de la suma de dos millones de dólares americanos hasta el mes de abril del año 2000 y durante los meses de junio y julio del citado año el monto de los pagos se remitió a la suma entregada en forma mensual. Habiendo quedado plasmadas dichas entregas a través de cintas de video cassettes que fueron filmadas por el propio Montesinos Torres, quien a su vez les hizo firmar un contrato y una letra de cambio por cada entrega de dinero a fin de garantizar el cumplimiento del compromiso que era asumido por el inculpado..." (fs. 1468/1470 y 1471/1472).

52) Que, en tales condiciones, la fecha de consumación de los delitos imputados sólo puede ubicarse en ese período temporal desde que la selección de cualquier otra fecha supone apartarse de los términos del requerimiento extranjero para acotar el objeto procesal foráneo sobre la base de consideraciones vinculadas a la valoración de los hechos y de la prueba, ajenas a este trámite de extradición.

En este sentido, cabe recordar que, según antigua doctrina de este Tribunal, este tipo de procedimiento no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues él no envuelve en el sistema de legislación nacional sobre la materia, el conocimiento del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido, en los hechos que dan lugar al reclamo (Fallos: 311:1925).

53) Que la limitación temporal establecida por el alcance de la imputación extranjera -al menos en la medida en que sirvió de sustento a este pedido de extradición- rige para desestimar cualquier defensa que se intente ya sea para antedatar o postergar ese hito consumativo a partir de elementos probatorios que han sido incorporados a la causa sólo como actos de manifestación de la actividad ilícita imputada. 54) Que la aplicación de los plazos de prescripción de la acción penal, computados a partir del momento consumativo según lo hasta aquí señalado, arroja la conclusión de que la acción penal emergente del delito de asociación ilícita simple se ha extinguido respecto de José Enrique Crousillat López Torres por el paso del tiempo en el mes de enero de 2005 desde que a esa fecha venció el plazo de cuatro años y seis meses computados desde el mes de julio de 2000.

En lo que respecta al peculado, la acción penal no habría aún prescripto desde que no transcurrieron los doce años, desde el mes de julio de 2000.

Esta solución no se vería modificada aun cuando -ante la falta de agravio sobre el punto por parte del Ministerio Público Fiscal y de los representantes del país requirente- se mantuviera la fecha 9 de abril de 2000 fijada por el a quo expresamente como aquélla en la que se habría consumado el delito.

55) Que, sentado ello, esta Corte comparte y hace suyas, en lo pertinente, las razones expuestas por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, a las que cabe remitir en razón de brevedad, para desestimar los agravios de la defensa tratados en los acápites III, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI.

56) Que a ello cabe agregar, que el compromiso asumido por la República del Perú en cuanto a las condiciones de detención a la que estarán sometidos los requeridos, deberá incluir salvaguardas acordes con la integridad de José Enrique Crousillat López Torres en razón de la edad.

57) Que, por último, en cuanto a la condición impuesta por el art. 11, inc. e, de la ley 24.767 y sin perjuicio de la solución adoptada en el marco de las consideraciones vertidas en el acápite X del dictamen que antecede, razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas de derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de libertad al que estuvieron sujetos los requeridos en este trámite de extradición.

Ello con el fin de que las autoridades jurisdiccionales competentes extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si los extraditados lo hubiesen sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.

Por todo lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal el Tribunal resuelve: I. Confirmar la resolución apelada en cuanto declaró procedente la extradición de José Enrique Crousillat López Torres solicitada por la República del Perú, para su juzgamiento por el delito contra la administración pública (peculado) y declarar improcedente el pedido de extradición en lo que respecta al delito de asociación ilícita simple; II. Confirmar la resolución apelada que declaró procedente la extradición de José Francisco Crousillat Carreño solicitada por la República del Perú, para su juzgamiento por los delitos en que se sustentó el pedido de extradición con la aclaración de que la entrega por el de asociación ilícita se refiere a su modalidad simple y no agravada (art. 317 primer párrafo del Código Penal peruano).

Notifíquese, tómese razón y devuélvase al tribunal de origen a fin de que se dé cumplimiento a lo aquí dispuesto. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia parcial)- CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

1°) Que el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires declaró procedente la extradición de José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres a la República del Perú, en el marco de la causa n° 25-2001 incoada ante el 4to. Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para su juzgamiento por los delitos contra la tranquilidad pública (asociación ilícita) y contra la administración pública (peculado) en agravio del Estado peruano. Y, en el caso de José Francisco Crousillat Carreño, además, en el marco de la causa n° 11-2001 instruida ante el 6to. Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para su juzgamiento por los delitos contra la administración pública -corrupción activa de funcionarios- y contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir- en agravio del Estado peruano (fs. 2926/2927 y sus fundamentos obrantes a fs. 2932/2942).

2°) Que contra esa resolución, las defensas de los nombrados interpusieron recurso ordinario de apelación que fue sustanciado en esta instancia (fs. 3132/3331 y 3332/3415) con la debida intervención, para mejorar fundamentos, tanto del país requirente (fs. 3421/3469) como del señor Procurador Fiscal (fs. 3471/3483) quienes se pronunciaron por la desestimación del recurso.

3°) Que en una primera aproximación, cabe señalar que la imputación extranjera se basa en que los requeridos habrían puesto a disposición de los intereses de Vladimiro Montesinos Torres el Canal de Televisión de señal abierta América Televisión - canal cuatro; empresa de la cual José Enrique Crousillat López Torres ostentaba la calidad de accionista mayoritario y su hijo -José Francisco Crousillat Carreño- el carácter de director general. Ello con el único propósito de que, a través de dicho medio de comunicación de señal abierta, se emitieran informaciones en forma sistemática destinadas a crear el desprestigio de ciertas personalidades de la esfera pública, política y económica de la sociedad peruana, que no eran afines al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. En contraprestación de lo cual se imputa a los requeridos haber recibido fondos del erario público peruano.

4°) Que los hechos en que se sustenta el pedido de extradición están alcanzados -como "actos de corrupción"- por el ámbito de aplicación material de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley nacional 24.759, vigente a nivel internacional desde el 6 de junio de 1997. Asimismo, el país requirente depositó el instrumento de ratificación el 4 de junio de 1997.

5°) Que ese instrumento regional incluye, dentro de su objeto, el promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción como así también "promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio" (art. II).

6°) Que, además, su Preámbulo consagra la importancia de la cooperación penal entre los estados para que su acción en el campo de la corrupción sea efectiva como así también la necesidad tanto de una acción coordinada a esos fines como de la adopción de un instrumento internacional que promueva y facilite esa cooperación internacional.

7°) Que la Convención, sobre esas bases, sujeta el instituto de la extradición a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar (art. XIII.5).

8°) Que, en el marco de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República del Perú resulta de aplicación, al sub lite, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 sin que el nuevo tratado que rige entre las partes en la materia, aprobado por ley nacional 26.082, alcance al caso de autos (art. XVIII).

9°) Que de todas las cuestiones que integraron el debate en este procedimiento de extradición, ha de considerarse en primer término la referida a la prescripción de la acción penal dada la incidencia directa que tiene en la solución del caso en la medida en que el art. 19, inc. 4° del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 aplicable exige, para la procedencia del pedido, que "...el delito no esté prescripto con arreglo a la ley del país reclamante".

10) Que, como cuestión previa, parece propicio señalar que la situación descripta en el considerando que antecede sólo podría comprometer, a todo evento y por el momento, la suerte del pedido de extradición respecto de José Enrique Crousillat López Torres atento a que, con sustento en su edad, está en juego la aplicación y el alcance del art. 81 del Código Penal peruano en cuanto establece que "Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco años al tiempo de la comisión del hecho punible".

11) Que, además, no hay controversia acerca de que el requerido José Enrique Crousillat López Torres tenía más de sesenta y cinco años de edad al tiempo de la comisión del hecho punible.

12) Que el Tribunal advierte que la cuestión acerca de si la acción penal nacida de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres se encuentra prescripta según el ordenamiento jurídico peruano, ha sido materia de amplio debate en la instancia de grado, a partir de medios de prueba incorporados y/o invocados por las partes que sólo han sido el sustento para poner en tela de juicio el sentido y alcance del derecho peruano en materia de prescripción de la acción penal.

13) Que pese a los "medios de prueba" incorporados tanto por el Estado requirente como por las partes para "probar" e "informar" acerca del derecho peruano en punto a la cuestión señalada -aspecto sobre el cual no existió controversia- subsisten las discrepancias en cuanto a determinar el "sentido y alcance legal" de las disposiciones del Código Penal peruano en materia de prescripción de las acciones penales nacidas de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres.

14) Que el juez de la extradición examinó la cuestión de la prescripción respecto de cada uno de los dos delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres (fs. 2937/2949). Si bien en alguna instancia del razonamiento interpretó el Código Penal peruano con el fin de establecer cuál era el plazo de prescripción, con carácter previo, resolvió acerca del tipo penal extranjero aplicable y fijó la fecha de comisión de cada uno de los delitos con el fin de determinar cuándo debía comenzar a computarse el plazo de prescripción.

15) Que, en tales condiciones, el agravio referido a la prescripción de la acción penal no puede escindirse de otras dos cuestiones que también son materia de apelación: el alcance de los hechos incluidos en el pedido de extradición y su subsunción legal.

16) Que, en cuanto al primer punto, cabe señalar que el art. 30 del Tratado de Extradición aplicable consagra que los pedidos de extradición deberán acompañarse, en el caso de los "presuntos delincuentes", con "copia legalizada de la ley penal aplicable a la infracción que motiva el pedido" y del "auto de detención y demás antecedentes a que se refiere el inciso 3° del artículo 19" (inc. 1°). Esto es "...Que la Nación reclamante presente documentos que según sus leyes autoricen la prisión y el enjuiciamiento del reo".

17) Que los antecedentes acompañados, a esos efectos y en lo que aquí interesa, dan cuenta de que el juez penal a cargo del Cuarto Juzgado Penal Especializado de Lima doctor David E. Loli Bonilla libró una primer orden de detención contra José Enrique Crousillat López Torres, el 30 de marzo de 2001 por el delito de asociación ilícita (fs. 1064 de la causa 2242) y, luego, el 27 de noviembre de 2001, la de detención provisional con fines de extradición tanto por el delito de asociación ilícita como de peculado (fs. 172/186).

18) Que, con sustento en ello y en los autos de apertura de la instrucción dictados el 30 de marzo de 2001 (fs. 1055/1062) y su ampliación del 17 de abril de 2001 (fs. 414/420), la justicia extranjera libró el pedido de extradición respecto al recién nombrado (fs. 1558/1578) que fue presentado por la Embajada de la República del Perú acreditada en esta sede el 24 de abril de 2002 (fs. 1586).

19) Que los hechos imputados en sede extranjera fueron calificados por el país requirente como delitos: a) contra la tranquilidad pública (asociación ilícita) y b) contra la administración pública (peculado), ambos en agravio del Estado peruano. Ello en infracción a los arts. 317 y 387, respectivamente, del Código Penal peruano (conf. textos legales a fs. 706/708 y 687/696 de la causa 2242).

20) Que en lo atinente a la eventual prescripción de la acción penal, según el país requirente (art. 19 inc. 4 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889), el mismo tratado consagra, como ley aplicable, la del Estado "al cual corresponde el conocimiento del delito" (art. 14).

21) Que el ordenamiento jurídico peruano contempla, en el art. 80 del Código Penal la prescripción de la acción penal en los siguientes términos:

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.

22) Que, a su vez, el último apartado de aquel precepto legal duplica estos plazos:

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.

23) Que, además, reduce aquéllos a la mitad en los supuestos del art. 81:

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco años al tiempo de la comisión del hecho punible 24) Que, asimismo, consagra que los plazos en cuestión se interrumpen según el art. 83:

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción y que se suspenden en los supuestos del art. 84.

Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido 25) Que las discrepancias se centran en determinar si la cláusula de reducción de los plazos de prescripción que por la edad alcanzan al padre -José Enrique Crousillat López Torres- rigen para los demás supuestos de extensión del plazo de prescripción. Concretamente, en el caso, el previsto en el último párrafo del art. 83 que consagra una suerte de extinción de la acción penal por plazo irrazonable de duración del proceso.

26) Que el juez resolvió: "El tribunal entiende que la razón en cuanto al modo de interpretar la ley, la tiene la defensa. Porque por más que no se ignoran las causales interruptivas del art. 83 ni las suspensivas del art. 84, éstas ceden ante la fulminante norma del último párrafo del citado art. 83, en cuanto establece que la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción" (fs. 2939).

27) Que el señor Procurador Fiscal, en el dictamen que antecede, intenta modificar esas conclusiones a partir de proponer, junto con el país requirente, en síntesis, que la reducción por edad establecida en el art. 81 es una excepción que se aplica sólo al plazo ordinario contemplado por el art. 80 y que no rige para el plazo extendido del art. 83 in fine.

28) Que, en una primera aproximación al punto parecería razonable considerar que la reducción en razón de la edad que consagra el art. 81 debería aplicarse tanto para determinar cuál es el plazo ordinario del art. 80 como el de duración razonable del proceso del art. 83 in fine. Constituyen dos plazos de prescripción que, fundados en razones materiales, responden a fundamentos distintos. El primero (art. 80), para poner un límite a la pretensión punitiva del Estado en condiciones razonables de tramitación de un proceso. El segundo (el del art. 83 in fine), para fijar un límite temporal con carácter general a partir del cual esa duración pasa a ser irrazonable y establecer, como sanción a esa irrazonabilidad imputable al Estado en la tramitación de un proceso, la prescripción de la acción penal.

La atenuación en razón de la edad, en cambio, está fundada en razones personales y respondería a cuestiones humanitarias fundadas en la menor expectativa de vida y la obligación del Estado de determinar los derechos de quien está en esa situación.

29) Que, en tales condiciones, corresponde incluir en la fijación del plazo contemplado por el art. 83 in fine la reducción, en razón de la edad, que consagra el art. 81. Lo contrario conduciría a que la actitud del Estado prevaleciera sobre los fundamentos humanitarios y que la reducción consagrada a esos fines quedara privada de efecto.

30) Que, como conclusión sobre el punto, el Tribunal confirma la solución adoptada por el juez en cuanto a que la reducción del plazo en razón de la edad se aplica incluso al supuesto del art. 83 in fine.

31) Que, por lo demás, el Tribunal no puede dejar de advertir que sus decisiones deben atender a las circunstancias existentes al momento de resolver, aunque sean sobrevinientes a la interposición de la vía intentada y que, en ese contexto, aparecen superadas las razones que movieron al a quo a considerar innecesario abordar la incidencia que en la prescripción de la acción penal extranjera podría tener la cláusula del art. 80 in fine del Código Penal peruano (fs. 2939 vta.).

32) Que esta Corte Suprema se considera habilitada para tratar el punto teniendo en cuenta la amplitud de esta vía ordinaria para resolver sobre esta cuestión de derecho y las posibilidades de amplia defensa que sobre el particular hizo valer la asistencia técnica de José Enrique Crousillat López Torres en el memorial presentado (fs. 3299 vta. y sgtes.), al igual que el país requirente a través de sus representantes legales que, en lo sustancial, refutaron la posición de la defensa (fs. 3421/3469, en especial 3438 vta./ 3440).

33) Que según ya se transcribió, el último párrafo del art. 80 del Código Penal de Perú, al referirse al término de prescripción de la acción, establece que el plazo se duplica "en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste".

34) Que la cuestión sólo tendría incidencia respecto del delito de peculado dado que, por tratarse de un delito especial propio, la condición de funcionario público del autor principal (Montesinos Torres) fundamenta la punibilidad -ante su ausencia, no existiría lesión típica-.

35) Que la defensa se opone a que tales efectos sean extendidos al requerido de extradición pues no reúne la calidad de funcionario público y, por ende, considera aplicable el art. 26 del Código Penal peruano en cuanto consagra "Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican la de los otros autores y partícipes del hecho punible" (fs. cit.).

36) Que la imputación efectuada por el juez del Estado peruano respecto de quienes en este proceso son requeridos (en lo que aquí interesa, por el delito de peculado) parte del principio general de que todos los que participan en un hecho punible deben responder -en la medida en que no sea negado el dolo- por la misma ilicitud. En efecto, no se encuentra controvertido en el derecho penal contemporáneo que el extraneus pueda ser partícipe en un delito especial propio, pues la participación se dirige, precisamente, contra el mismo bien jurídico que ataca el delito cometido por el autor y no sólo en forma indirecta (conf. Günter Stratenwerth, Derecho Penal. Parte General I. El hecho punible, Fabián Di Plácido ed., Buenos Aires, 1999, pág. 260 s.).

37) Que establecida la imputación de peculado, el delito en cuestión se encuentra comprendido en la categoría a la que alude el art. 80 in fine del Código Penal peruano: "delitos cometidos por funcionarios públicos", y por ello, no resulta en modo alguno irrazonable que la duplicación de los plazos de prescripción sea aplicable a quien haya participado en ese tipo de delito, en tanto la norma mencionada no establece distinción alguna basada en la calidad de su sujeto activo. No se trata, por tanto, de una extensión de la previsión legal, sino de su directa aplicación.

Por lo demás -y teniendo en cuenta que la decisión aquí asumida se inserta en el marco de un proceso regido por el principio de cooperación internacional- no existen serios reparos para denegar la extradición solicitada, sobre la base de una interpretación que incluso resulta controvertida en el propio país requirente, en donde se resolverá con carácter final la cuestión.

38) Que, sentado lo expuesto, toca ahora fijar cuáles son los plazos de prescripción de la acción penal que han de computarse.

39) Que, sobre el punto, resultan inadmisibles las razones invocadas por el a quo a fs. 2939 y sostenidas por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede (acápite V), en cuanto consideran aplicable al caso la figura de la asociación ilícita agravada en perjuicio del Estado requirente (art. 317, segundo párrafo, del código de fondo extranjero) para hacer valer el plazo de ocho años.

40) Que ello es así, toda vez que cualquier duda que pudiera presentar el pedido de extradición sobre el alcance de la imputación extranjera, queda dilucidada a partir de los términos de la orden judicial extranjera antes referida que le dio sustento, dictada el 30 de marzo de 2001, que en lo que aquí concierne fue suficientemente clara al someter a proceso al requerido en cuestión con apoyo en el art. 317 del Código Penal peruano y sostener que la pena conminada para ese delito "...fluctúa entre los tres y seis años...", plazos que se corresponden con la asociación simple del primer párrafo de ese precepto legal (fs. 280/287 y 658/659 de la causa 2242).

41) Que, en tales condiciones, toda vez que los tribunales del país requerido no pueden modificar la calificación efectuada por los del país requirente porque ese extremo resulta ajeno al trámite de la extradición y debe ser resuelto en el proceso penal pertinente (Fallos: 315:575, considerando 6°), el pedido de extradición formulado por la República del Perú sólo puede reconocer, en lo que concierne al delito de asociación ilícita y respecto de ambos requeridos, la imputación bajo la modalidad simple del primer párrafo del art. 317 antes citado.

42) Que lo expuesto, más allá de los reparos que pudiera merecer la solución del a quo, desde la perspectiva del principio de "doble incriminación" al no ser subsumible, en el ordenamiento jurídico argentino, la asociación ilícita "en perjuicio del Estado" como una modalidad agravada de la asociación ilícita simple.

43) Que, en cuanto al delito de peculado, no hay discrepancias con la decisión del juez que fijó en ocho años el plazo de prescripción a partir del tipo penal extranjero del art. 387 del código de fondo (fs. 2939).

44) Que delimitados así los plazos "ordinarios" de prescripción de la acción penal, cabe examinar la incidencia que sobre ellos tienen las pautas de interpretación ut supra fijadas con sustento en los arts. 80 in fine, 81 y 83 in fine del Código Penal peruano.

45) Que así entonces respecto del delito de asociación ilícita imputado a José Enrique Crousillat López Torres, el plazo ordinario que, como máximo fija el art. 317, primer párrafo del Código Penal extranjero es de seis años.

A su vez, la aplicación del art. 83 in fine lo eleva a nueve que, por aplicación de las circunstancias subjetivas en razón de la edad (art. 81), queda delimitado en cuatro años y seis meses.

46) Que, en relación al delito de peculado, corresponde duplicar el plazo ordinario de ocho años, que como máximo fija el art. 387 del Código Penal extranjero, en atención a la calidad de funcionario público del autor principal, lo que suma dieciséis años y, a su vez, elevarlo en un medio (art. 83 in fine) arrojando un total de veinticuatro años que cabe reducir a la mitad en razón de la edad. Queda así fijado un término de prescripción de la acción penal de doce años.

47) Que, en tales condiciones tomando el "mes de abril de 2000" como fecha de inicio del plazo de prescripción tanto del delito de asociación ilícita como de peculado según fijó el a quo (fs. 2939/2939 vta.), cabe concluir en que la acción penal emergente del delito de asociación ilícita simple se ha extinguido respecto de José Enrique Crousillat López Torres por el paso del tiempo en el mes de octubre de 2005 desde que a esa fecha venció el plazo de cuatro años y seis meses.

En lo que respecta al peculado, la acción penal no habría aún prescripto desde que no transcurrieron los doce años, desde el mes de abril de 2000.

48) Que, sentado ello, esta Corte comparte y hace suyas, en lo pertinente, las razones expuestas por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, a las que cabe remitir en razón de brevedad, para desestimar los agravios de la defensa tratados en los acápites III, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI.

49) Que a ello cabe agregar, que el compromiso asumido por la República del Perú en cuanto a las condiciones de detención a la que estarán sometidos los requeridos, deberá incluir salvaguardas acordes con la integridad de José Enrique Crousillat López Torres en razón de la edad.

50) Que, por último, en cuanto a la condición impuesta por el art. 11, inc. e, de la ley 24.767 y sin perjuicio de la solución adoptada en el marco de las consideraciones vertidas en el acápite X del dictamen que antecede, razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas de derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de libertad al que estuvieron sujetos los requeridos en este trámite de extradición.

Ello con el fin de que las autoridades jurisdiccionales competentes extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si los extraditados lo hubiesen sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.

Por todo lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal el Tribunal resuelve: I. Confirmar la resolución apelada en cuanto declaró procedente la extradición de José Enrique Crousillat López Torres solicitada por la República del Perú, para su juzgamiento por el delito contra la administración pública (peculado) y declarar improcedente el pedido de extradición en lo que respecta al delito de asociación ilícita simple; II. Confirmar la resolución apelada que declaró procedente la extradición de José Francisco Crousillat Carreño solicitada por la República del Perú, para su juzgamiento por los delitos en que se sustentó el pedido de extradición con la aclaración de que la entrega por el de asociación ilícita se refiere a su modalidad simple y no agravada (art. 317 primer párrafo del Código Penal peruano).

Notifíquese, tómese razón y devuélvase al tribunal de origen a fin de que se dé cumplimiento a lo aquí dispuesto. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Considerando:

1º) Que contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires que concedió las extradiciones de José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres requeridas por las autoridades judiciales de la República del Perú, las defensas de los nombrados interpusieron recurso ordinario de apelación (fs. 3132/3331 y 3332/3415).

2º) Que al sustanciarse el mencionado recurso en esta sede se dio la debida intervención para la mejora de fundamentos, tanto al país requirente (fs. 3421/3469) como al señor Procurador Fiscal (fs. 3471/3483) quienes se pronunciaron por la desestimación del recurso.

3º) Que el país requirente se presentó en el marco de la causa Nº 25-2001 que tramita ante el 4º Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para juzgar a los mencionados Crousillat Carreño y Crousillat López Torres por los delitos contra la tranquilidad pública (asociación ilícita) y contra la administración pública (peculado) en agravio del Estado peruano y, particularmente, en relación al primero de los nombrados, lo hizo también en el marco de la causa Nº 11-2001 instruida ante el 6º Juzgado Penal Especial Anticorrupción de Lima para su juzgamiento por los delitos contra la administración pública -corrupción activa de funcionarios- y contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir- en agravio del Estado peruano.

4º) Que la imputación extranjera se basa en que los requeridos habrían puesto a disposición de los intereses del "asesor del Servicio de Inteligencia Nacional", Vladimiro Montesinos Torres, el canal de televisión de señal abierta América Televisión - canal cuatro; empresa de la cual José Enrique Crousillat López Torres ostentaba la calidad de accionista mayoritario y su hijo -José Francisco Crousillat Carreño- el carácter de director general.

Que dicho accionar habría tenido como único propósito la emisión, a través del mencionado medio de comunicación, de información destinada, en forma sistemática, a desprestigiar a personalidades de la esfera pública, política y económica de la sociedad peruana, que no eran afines al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, en contraprestación de lo cual se imputa a los requeridos haber recibido fondos del erario público peruano.

5º) Que los hechos en que se sustenta el pedido de extradición están alcanzados -como "actos de corrupción"- por el ámbito de aplicación material de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley nacional 24.759, vigente a nivel internacional desde el 6 de junio de 1997.

Que en relación a la mencionada Convención, el país requirente depositó el instrumento de ratificación de aquélla el 4 de junio de 1997.

6º) Que con base en su Preámbulo y en su objeto (art. II), la mencionada Convención sujeta el instituto de la extradición a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar (art. XIII.5).

7º) Que en esa inteligencia cabe recordar que en el marco de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República del Perú resulta de aplicación, al sub lite, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 sin que el nuevo tratado que rige entre las partes en la materia, aprobado por ley nacional 26.082, alcance el caso de autos (art. XVIII de la mencionada ley).

8º) Que de todas las cuestiones que integraron el debate en este procedimiento de extradición, ha de considerarse en primer término la referida a la prescripción de la acción penal dada la incidencia directa que tiene en la solución del caso en la medida en que el art. 19, inc. 4º, del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 aplicable exige, para la procedencia del pedido, que "...el delito no esté prescripto con arreglo a la ley del país requirente".

A su vez, en virtud del art. 14 del mencionado Tratado, "la prescripción se rige por las leyes del Estado al cual corresponde el conocimiento del delito".

9º) Que esta Corte advierte que la cuestión acerca de si la acción penal nacida de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres se encuentra prescripta según el ordenamiento jurídico peruano, ha sido materia de amplio debate en la instancia de grado, a partir de medios de prueba incorporados y/o invocados por las partes que sólo han sido el sustento para poner en tela de juicio el sentido y alcance del derecho peruano en materia de prescripción de la acción penal.

10) Que pese a los "medios de prueba" incorporados tanto por el Estado requirente como por las partes para "probar" e "informar" acerca del derecho peruano en punto a la cuestión señalada -aspecto sobre el cual no existió controversia- subsisten las discrepancias en cuanto a determinar "el sentido y alcance legal" de las disposiciones del Código Penal peruano en materia de prescripción de las acciones penales nacidas de los delitos imputados a José Enrique Crousillat López Torres.

11) Que así las cosas, no es esta Corte la llamada a determinar el sentido y el alcance legal de la normativa perteneciente al país requirente y consecuentemente, en virtud de la normativa expresa que gobierna la materia, sí cabe interpretar la norma que rige el régimen de la extradición entre ambos países.

12) Que el art. 19 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, establece que "Los Estados signatarios se obligan a entregarse los delincuentes refugiados en su territorio, siempre que concurran las siguientes circunstancias:...4ª que el delito no esté prescripto con arreglo a la ley del país reclamante".

Consecuentemente, si la norma citada se la entiende en sus justos términos, resulta imposible que su interpretación permita a esta Corte determinar el sentido y el alcance legal de la normativa perteneciente al país requirente en lo que a la prescripción se refiere y ello en razón de que dicha actividad, de ser viable, corresponderá a la justicia del país requirente y no a la del país requerido.

13) Que a los efectos de dar cumplimiento a la normativa citada, como estado requerido, alcanza al Estado argentino, en lo que al ámbito jurisdiccional de decisión sobre la problemática de la extradición de ciudadanos peruanos se refiere, con advertir, tal como lo hace esta Corte, que la cuestión de la prescripción se encuentra planteada y discutida y en modo alguno declarada y resuelta.

Ello es así, en la medida en que esta Corte no puede inmiscuirse en cuestiones propias de los tribunales extranjeros lo que además, se desprende del propio límite de resistencia semántica de la norma en cuestión. Cuando ésta expresa que "el delito no esté prescripto" claramente está haciendo una mención a todo un procedimiento que debe sustanciarse conforme la normativa vigente en el Estado requirente, circunstancia que en el particular remite al ámbito interno del derecho peruano de conformidad a los arts. 80 a 84 del Código Penal peruano y que de encontrarse controvertida, bastará como suficiente dato para que, en los términos del art. 19, circunstancia 4ª del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, se tenga por cumplido el mencionado requisito y expedita la vía para la extradición solicitada.

Por lo demás, se robustece esta interpretación, cuando el propio Tratado en cuestión, en su art. 14 establece que "la prescripción se rige por las leyes del Estado al cual corresponde el conocimiento del delito".

Con lo que, reclamando el Estado peruano -en un sentido amplio- el concreto conocimiento de los presuntos delitos cometidos y por los que requiere a este Estado argentino la extradición, de los ciudadanos peruanos Crousillat Carreño y Crousillat López Torres, no se encuentra óbice normativo que impida la extradición solicitada.

14) Que lo anterior no impide las construcciones de índole argumental como forma de fortalecer una interpretación y en esa medida resulta válido acudir desde las reglas generales de interpretación del derecho y de las normas a la observación de los preceptos normativos foráneos, a sabiendas siempre, que aquella construcción que se practique, sólo lo será como una mera hipótesis que valide el criterio de toma de decisiones que haya de construirse, pero que en modo alguno pretende suplir aquél otro que debe construirse en el ámbito del país requirente.

15) Que sentado ello, esta Corte comparte y hace suyas, en lo sustancial, las razones expuestas por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, a los que cabe remitir en razón de brevedad, para desestimar los agravios de la defensa tratados en los acápites III, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI.

16) Que a ello cabe agregar, que el compromiso asumido por la República del Perú en cuanto a las condiciones de detención a la que estarán sometidos los requeridos, deberá incluir salvaguardas acordes con la integridad de José Enrique Crousillat López Torres en razón de la edad.

17) Que, por último, en cuanto a la condición impuesta por el art. 11, inc. e, de la ley 24.767 y sin perjuicio de la solución adoptada en el marco de las consideraciones vertidas en el acápite X del dictamen que antecede, razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas de derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de libertad al que estuvieron sujetos los requeridos en este trámite de extradición.

Ello con el fin de que las autoridades jurisdiccionales competentes extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si los extraditados lo hubiesen sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.

Por todo lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación.

Notifíquese, tómese razón y devuélvase al tribunal de origen a fin de que se dé cumplimiento a lo aquí dispuesto. RICARDO LUIS LORENZETTI.

ES COPIA C. 4236. XLI. Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición.

Suprema Corte:

Llegan estas actuaciones a conocimiento de V.E. en virtud del recurso ordinario de apelación contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 2 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, que concedió las extradiciones de José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres requeridas por las autoridades judiciales de la República del Perú.

-I- Dos son los hechos por los que el Estado peruano requiere las extradiciones:

1. En su carácter de propietarios del canal cuatro de la televisión del Perú ambos requeridos recibieron de manos del "asesor del Servicio de Inteligencia Nacional", Vladimiro Montesinos Torres, diversas cantidades de dinero para apoyar la reelección -por tercera vez- del ex Presidente Alberto Fujimori, mediante operativos de prensa en su favor y de descrédito de los opositores políticos y del periodismo tildado de contrario al gobierno.

2. José Francisco Crousillat Carreño acompañó a Luis Alberto Kouri Buchamar, legislador por el partido de la oposición "Perú Posible", cuando éste recibió de Montesinos la suma de quince mil dólares estadounidenses por apoyar al partido oficialista.

Estos hechos fueron filmados subrepticiamente por orden de Montesinos, formando parte de los numerosos videos secuestrados de su domicilio que registran acciones similares.

En virtud de estos hechos la conducta de los extraditables fue calificada en los delitos de peculado, cohecho (esta imputación está dirigida a José Francisco Crousillat Carreño, puesto que es quien aparece en el video del encuentro entre Kouri Buchamar y Montesinos) y asociación ilícita en perjuicio del Estado.

-II- Los memoriales de las respectivas defensas, plantean los siguientes agravios:

1. Que la sentencia del juez de la instancia es nula al carecer de fundamentación válida, puesto que se ha dado respuesta sólo aparente a los reclamos de las defensas;

2. Que el juez de la extradición, al denegar la producción de pruebas requeridas por la defensa, cercenó el derecho de defensa en juicio;

3. Que no se verifica el requisito de la doble subsunción;

4. Que los delitos son políticos, conexos a delitos políticos o motivados en una persecución política.

5. Que los hechos por los que se los requiere están prescriptos según la legislación del Estado requirente;

6. Que las pruebas recabadas en el proceso peruano y que dan sustento a la extradición fueron obtenidas ilegalmente;

7. Que los organismos judiciales del Perú que llevan adelante los procesos (Juzgados Penales Especiales Anticorrupción) son "comisiones especiales" en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional y, por ende, la extradición debe ser rechazada en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.c de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (ley nº 24767) y por violación de las garantías de juez natural;

8. Que el Estado peruano no se ha comprometido a computar en el caso de condena, el tiempo de detención en este proceso de extradición conforme lo dispone el artículo 11.e de la ley 24767, y;

9. Que el estado de los establecimientos carcelarios peruanos implica someter a los extraditables a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Siguiendo este orden, responderé los planteos defensistas, adelantando que, a mi juicio, la extradición debe ser concedida puesto que se dan en el caso las condiciones previstas en el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, aplicable al presente.

-III- Respecto de la supuesta ausencia de fundamentación de la sentencia, considero que el planteo debe ser rechazado porque no se determina el agravio y, además, por impertinente, ya que la sentencia sí fue fundada.

En efecto, los memoriales de las defensas se limitan a exponer consideraciones generales sobre el deber de los jueces de fundar sus sentencias y la obligación de responder los planteos de las partes. Así, traen a colación la doctrina del Tribunal según la cual la sentencia que no traduce una apreciación crítica y fundada de los elementos relevantes de la litis, satisface sólo en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, y debe ser descalificada en su carácter de acto judicial válido (Fallos 311:49, entre otros).

Sin embargo, en los memoriales no se hace referencia alguna a qué cuestiones quedaron incontestadas ni por qué resultaba esencial responder a tal o cual agravio.

Se olvida que la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a consideración del juez de la causa, no constituye por sí el vicio que afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio (voto de los ministros Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi en Fallos 316:50) toda vez que los jueces no están obligados a tratar cada uno de los argumentos de las partes sino los que a su juicio sean decisivos para la correcta solución del caso (doctrina de Fallos 310:1835; 311:836 y 1191; 324:3421; 326:4675, entre otros).

Criterio que, por cierto, no es una habilitación para que arbitrariamente se acepten o desechen las cuestiones invocadas por las partes sino que es el correlato necesario de una prudente ponderación de los elementos acercados al proceso, ya que la potestad de los magistrados de dejar incontestados ciertos agravios se justifica en la medida que la elocuencia de los estudiados torna inoficioso continuar haciéndolo con los restantes (Fallos 325:3083, 326:4495, entre otros).

Es lo que ocurre en el caso, donde el juez en un ítem argumental que más allá de su acierto o error está correctamente delineado, llegó a conclusiones objetivamente fundadas aunque opuestas a las defensistas.

Así (trayendo a colación el ejemplo que da la defensa en este punto) resulta razonable que el magistrado no se expidiera en todas las cuestiones circunstanciales alegadas con relación a la índole política de los delitos, porque mediante un análisis de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema, llega a la conclusión de que los hechos imputados no caen bajo esta denominación.

Es por ello que, según mi parecer, en este agravio subyace únicamente la disconformidad de los recurrentes con la solución del litigio, lo que de modo alguno es argumento suficiente para sustentar la nulidad de la sentencia.

-IV- Se queja el recurrente porque considera que sufrió un menoscabo en su derecho de defensa y, por ende, vio afectada su garantía a un debido proceso, dado que el a quo le privó de la posibilidad de producir prueba que fundamentaría sus pretensiones, contraviniendo lo establecido en el artículo 35 del tratado.

Estos agravios surgen de la negativa del magistrado en la producción de las siguientes pruebas: la inclusión de algunos recortes de periódicos, resoluciones de tribunales peruanos y del video de una conferencia académica del ex Procurador General de aquella nación, la certificación de las actuaciones llevadas a cabo en el país requirente y algunas declaraciones testimoniales.

Es cierto que el magistrado no admitió estas medidas, pero yerra la defensa al argüir que es su deber hacerlo sobre la base del artículo precitado, ya que de su letra surge claramente que ella se dará "en los casos en que fuese necesaria la comprobación de los hechos alegados". Y la determinación de qué pruebas son necesarias es una potestad del juez quien, si considera que las propuestas de la parte no son conducentes por ser ajenas a este tipo de proceso no viola la garantía de defensa en juicio, por cuanto no es obligación del tribunal conformar su decisión a las pretensiones de la parte sino velar para que ella cuente con la efectiva posibilidad de oponer sus defensas (cfr. doctrina de Fallos 321:1409).

Este criterio es concordante con la estructura del proceso penal nacional (aplicable al presente por la remisión del artículo 30 de la ley 24767 a las normas del juicio correccional) en el cual el magistrado puede rechazar pruebas si las considera impertinentes o inútiles (cfr. artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación) o "impertinentes o sobreabundantes" (cfr. artículo 356). Y el juicio de pertinencia y utilidad no admite recurso alguno (cfr. artículo 199 in fine).

En este sentido, el recurrente no demostró que las pruebas rechazadas eran adecuadas a los efectos del juicio de extradición, esto es, para la determinación de la identidad de los requeridos y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el tratado que rige la entrega (Fallos 324:1694). Es más, en algunos casos eran manifiestamente inconducentes como, por ejemplo, la de requerir al tribunal peruano testimonio de la condena de las personas que secuestraron los mencionados videos. Esta prueba, como se dirá infra (punto VIII), no aparece como vinculada al objeto del proceso de extradición.

-V- Según se afirma, los delitos por los que se requiere la extradición, arbitrariamente elegidos por las autoridades judiciales peruanas, ocultan una intencionalidad de persecución política. Y sobre la base de esta afirmación, se arguye también que "... la plataforma fáctica descripta por los jueces requirentes..., no es constitutiva de delito alguno en nuestro país" (fs. 3312).

En lo que hace a la oculta intencionalidad de persecución política, nada he de decir en este apartado, porque la cuestión sobre la supuesta condición de políticos de los delitos por los que se acusa a los extraditables o sobre la alegada intencionalidad persecutoria, será tratada más adelante. Es que introduciendo en esta cuestión especulaciones sobre una persecución política, la defensa intenta revisar la tipificación elegida por los jueces peruanos, soslayando así la inveterada doctrina de la Corte según la cual los tribunales del país requerido no pueden modificar la calificación efectuada por los del país requirente (Fallos 324:1557). De allí que el agravio -bajo este aspecto- sea inadmisible y la calificación de los magistrados peruanos resulta entonces indiscutible.

Sentado que la cuestión es ajena a consideraciones sobre la supuesta voluntad política que impulsaría este proceso de extradición, sí es atendible -y a ese análisis me abocaré en este punto- lo referido a si la calificación penal del Estado requirente tiene correspondencia en las previsiones penales argentinas y si los hechos, tal como están descriptos, son susceptibles de subsunción en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, aquello que se ha dado en llamar el principio de la "doble subsunción" o "doble incriminación".

Este examen debe realizarse teniendo en cuenta que, como sostiene el Tribunal, la configuración del principio de doble subsunción no exige identidad normativa entre los tipos penales en que las partes contratantes subsumieron los hechos que motivan el pedido de extradición, sino que lo relevante es que las normas del país requirente y requerido prevean y castiguen en sustancia la misma infracción penal (Fallos 319:531; 323:3055; 325:2777, entre muchos otros) y para esta constatación el juez de la extradición no está afectado por el nomen iuris del delito (Fallos 284:59 y 315:575). Lo decisivo es la coincidencia en la "sustancia de la infracción" (Fallos 326:4415).

Por otra parte, la tarea de subsunción en la legislación nacional presenta ciertas características peculiares, específicas a la naturaleza del proceso de extradición. En efecto, la doble subsunción del hecho no se realiza en un mismo plano, pues mientras que el examen de la adecuación a un tipo legal del país requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que ese país pretende probar, el examen de la adecuación del mismo hecho a un tipo legal del país requerido se efectúa sobre la base de que ese hecho, hipotéticamente, cayese bajo su ley (Fallos 317:1725). Es decir, "mientras que para el país requirente la existencia del hecho es hipotética, para el país requerido lo hipotético es que el hecho caiga bajo su jurisdicción" (Fallos 315:575, del considerando 5º) Sobre la base de estos criterios hermenéuticos se advierte claramente que los argumentos de la defensa son impertinentes.

En principio, porque la extensa especulación sobre la acreditación de la plataforma fáctica tal como está descripta en el pedido formal de extradición no es susceptible de valoración en el análisis sobre la subsunción en el orden normativo interno: los hechos, tal como están relatados, se tienen (hipotéticamente) por ciertos.

Sentado ello, debe verificarse solamente si estos hechos, tal cual están relatados, son tipificables en alguna o algunas de las figuras de nuestro ordenamiento penal.

No parece haber controversia, desde esta perspectiva, en que la participación de Crousillat Carreño en la entrega del dinero al legislador Kouri Bumachar es subsumible en el delito de cohecho activo, previsto en el artículo 258 del Código Penal argentino. Tampoco en que la recepción por parte de los Crousillat de dinero proveniente del erario peruano como contraprestación por el apoyo incondicional al ex presidente Fujimori en sus pretensiones electorales, tipifica en el delito de malversación de caudales públicos, receptado en el artículo 261 del Código Penal nacional.

Y la observación de la defensa de que tanto el orden jurídico argentino como el peruano, exigen del sujeto activo la condición de funcionario público, en nada afecta lo expuesto. Es evidente que los nombrados no poseían esta condición, pero la imputación se dirige a ellos en razón de la participación que les cupo en los hechos cuyo autor primario es, obviamente, Montesinos Torres; y la imputación como partícipe es una hipótesis admisible según las reglas sobre participación, que explica también que el Perú califique la conducta de los extraditables en este tipo penal. Es por eso que se acompaña al pedido de extradición las normas correspondientes a la coautoría y participación (cfr. fs. 1603).

Respecto de la calificación del delito de asociación ilícita, la defensa comete el mismo error que critica.

Según dice no se daría en el caso la doble subsunción. Para ello, emprende una larga elucubración sobre las condiciones que deben verificarse para diferenciar la mera participación criminal del delito de asociación ilícita. De allí concluye que, dadas las circunstancias en que se desenvolvieron los hechos que se les imputan a los extraditables, no existe en el caso una asociación criminal típica.

Como se infiere, el planteo de la defensa se aparta del análisis de la doble incriminación, al examinar si este acuerdo criminal en particular es atribuible a los extraditables a título de asociación ilícita o de un modo de participación en otro delito. Esto es excederse del objeto del proceso de extradición porque, como es sabido, éste no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no envuelve el conocimiento del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo (Fallos 324:1557).

En cuanto a la condición de agravada de la asociación ilícita por ser en perjuicio del Estado, la defensa no ha impugnado adecuadamente la afirmación de la sentencia de que éste -y no el tipo penal simple- es el impuesto por los tribunales peruanos.

Ello es así porque no es argumento suficiente la circunstancia de que, al decir de la defensa, toda asociación ilícita afecta, de alguna manera al Estado. Esta observación implica especular sobre la corrección de esta tipificación, pero no demuestra que la calificación elegida por el Perú fue la de asociación ilícita en su modo simple en lugar del agravado. Lo cierto es que, como se dice en la sentencia, en el pedido formal de extradición el Estado requirente califica bajo este tipo la conducta de los imputados.

Tampoco son acertadas las críticas referidas a la calificación de este delito en las normas argentinas.

Es cierto, como se dice, que los hechos según están descriptos no cumplen con las condiciones de la asociación ilícita agravada del artículo 210bis. del Código Penal Nacional, y que la imputación no contiene ninguno de los elementos previstos en esa norma. Pero la defensa no advierte que al momento de verificar el requisito de la doble subsunción no debe apegarse a la coincidencia entre el nomen iuris de las figuras en el Estado requirente y el Estado requerido, sino que debe atenderse a la sustancia de la infracción.

Así, en el caso, la asociación ilícita agravada del artículo 317 del Código Penal peruano tiene su correlato con la figura del artículo 210 del Código Penal argentino. La doble subsunción se verifica entre la asociación ilícita agravada de aquél país y la figura simple del ordenamiento nacional.

-VI- La defensa sostiene que debe rechazarse el pedido de extradición al entender que los hechos descriptos en la requisitoria estarían incluidos dentro de los denominados delitos políticos o delitos conexos a estos, que en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 no son susceptibles de extradición.

Ahora bien, sin perjuicio de que, como se dijo en otra oportunidad (cfr. dictamen de la Procuración General en autos L. 845.XL in re "Lariz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición", resuelta el 10 de mayo de 2005), la caracterización de qué debe entenderse por delito político está lejos de ser clara, sí es claro que la ley 24767 (cuyas normas sirven para interpretar el texto de los tratados, conforme su artículo 2º), establece ciertas limitaciones a esta categoría. Entre ellas se encuentra la prevista en el inciso g, del artículo 9, que establece que no se considerarán políticos los delitos respecto de los cuales la República Argentina hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar.

En este sentido, la Nación es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción (AG/Res. 1398 XXVI-O/96) cuyo propósito es el de promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio (artículo 2º, inciso 2º), y con ese objetivo es que establece la obligatoriedad de la extradición para estos ilícitos (artículo 13).

Este instrumento del cual ambos Estados son parte (ratificada el 9 de octubre de 1997 por nuestro país -aprobada por ley 24759- y el 4 de junio de 1997 por Perú), estipula que serán considerados actos de corrupción, conforme a su artículo VI, inciso 1º: "...; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; d. ...; e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo".

Estas descripciones se corresponden en sustancia con los hechos por los que se requiere a José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres dado que, como se dice en el pedido formal de extradición, habrían recibido dinero que pertenecería al erario peruano por poner a disposición del gobierno su canal de televisión (inciso c); integrarían una agrupación delictiva pergeñada para cometer delitos de corrupción (inciso e) y, en el caso de José Francisco Crousillat Carreño, habría participado de la entrega de dinero a un funcionario público para que realice actos ilícitos (inciso b).

De esta forma, los hechos relatados por el magistrado requirente constituyen actos de corrupción de los descriptos en el instrumento internacional mencionado que, siguiendo el razonamiento expuesto, quedan excluidos de su caracterización como delitos políticos en los términos del tratado de extradición, al haberse obligado el Estado a conceder la extradición mediante un instrumento internacional multilateral.

Más allá de lo expuesto, corresponde observar que el planteo de la defensa no sólo se refiere a la naturaleza de estos delitos sino que lleva la cuestión a otro plano.

A su entender el proceso en el cual se requiere la extradición está motivado por una persecución política que el gobierno de transición del presidente Paniagua y el actual, están llevando a cabo contra partidarios de Fujimori.

Sin embargo, esta afirmación se sustenta en consideraciones generales y vagas que intentan implicar -estando a la hipótesis defensista- a todos los poderes del Estado requirente, incluyendo la Corte Suprema y la Corte Constitucional, en una magna maniobra cuyo objetivo es engañar al Estado argentino para, así, lograr la extradición de quienes serían, sin más, opositores políticos.

Pero mal puede prosperar una acusación como la que se intenta si, como tiene dicho la Corte, no se acompañan pruebas fehacientes que apuntalen la protesta de la defensa con aplicación a la concreta situación de los imputados, sin que puedan considerarse de igual forma meras conjeturas que no alcanzan para conmover la confianza que necesariamente depositan los estados contratantes en sus respectivos sistemas de gobierno y, particularmente, en que los tribunales del país requirente aplicaron y han de aplicar con justicia la ley de la tierra (Fallos 187:371).

-VII- Se agravia la defensa de que los hechos por los que se requiere la extradición se encuentran prescriptos conforme a la legislación del Estado requirente, aplicable a estos fines en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 del tratado.

El Código Penal del Perú establece que la prescripción operará, en los casos de penas privativas de la libertad, una vez transcurrido el máximo de la escala penal del delito atribuido (artículo 80) y que, de tratarse de personas menores de veintiún años o mayores de sesenta y cinco al momento de la comisión del hecho, estos plazos se reducirán a la mitad (artículo 81). Pero, tras referirse a la interrupción de la prescripción, establece que "... sin embargo la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción" (último párrafo del articulo 83, el resaltado me pertenece).

Ahora bien, de la sentencia se infiere que el juez de la instancia consideró que por imperio de lo dispuesto en el artículo citado in fine la acción se extingue, a pesar de las causales interruptivas de la prescripción, en el plazo señalado para el delito más un medio y, de concurrir las condiciones subjetivas del artículo 81, este plazo debe reducirse a la mitad.

Pero la interpretación que surge de la jurisprudencia peruana es otra (por ejemplo, el dictum de la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, citado por Felipe Villavicencio T., Código Penal Comentado, Lima, Ed. Grijley, 2002, p. 255 o la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú -expediente 8987-2005-PHC/TC- que declaró "infundado" el recurso interpuesto por José Enrique Croucillat López Torres contra la sentencia de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechaza el habeas corpus presentado contra las ordenes de captura -por los hechos que motivan este proceso- al estar prescripta la acción en su contra) que comparto, y que atiende a la intención del legislador de no diferenciar a los fines del artículo 83, los casos del artículo 81 de los del artículo 80.

Esta intención queda de manifiesto en la inclusión de la expresión "plazo ordinario" en el último párrafo del artículo 83.

En este sentido, también el orden en el que están dispuestos los artículos favorece la interpretación de que la reducción por edad establecida en el artículo 81, es una excepción que se aplica sólo al artículo que lo antecede.

Y a esto debemos agregar que el enunciado "en todo caso" del último párrafo del artículo 83, tiene por objeto establecer el plazo máximo de vigencia de la acción penal aún cuando mediaren actos interruptivos de los previstos en los párrafos anteriores.

En síntesis, en la legislación peruana la acción prescribe en un tiempo igual al máximo de la escala penal (con la reducción por edad), el que se interrumpe por los actos del Ministerio Público o de las "autoridades judiciales"; pero estas interrupciones no pueden prorrogar la vigencia de la acción más allá del "plazo ordinario" que es una vez y media el establecido como máximo de la escala penal del delito del que se trate.

De tal forma, el código peruano establece un sistema de prescripción que varía, según el término sea o no interrumpido. Si no lo es, en el caso de los mayores de sesenta y cinco años sólo bastará para determinar la prescripción el transcurso de un término equivalente a la mitad del máximo que prevé la escala penal para el delito. Pero de ocurrir interrupciones la acción perdurará hasta cumplido un término igual a la suma del máximo y su mitad.

Por ello, si bien a José Enrique Crousillat López Torres, le corresponde que se aplique en su favor el beneficio de la escala menguada del artículo 81, ello será a los fines de la prescripción de la acción cuando no fuere interrumpido su curso; pero como lo ha sido, la prescripción operará siempre ("en todo caso") una vez transcurrido el término ordinario del artículo 83, al margen de que sea preciso que las interrupciones que lleven a ese plazo ocurran dentro del lapso menguado.

De las solicitudes de extradición surge que los hechos que dan origen al presente proceso ocurrieron, en relación con los delitos de asociación ilícita y peculado, entre los años 1998 y 2000 (fs. 1558/1578 de la causa nº 2242 y fs. 1592/1612 de la causa nº 2241) y en cuanto al delito de corrupción de funcionarios, por el que se persigue a José Francisco Crousillat Carreño, el 5 de mayo del 2000 (fs. 2327/2785 de la causa nº 2241).

Así, en relación con la asociación ilícita calificada por estar destinada a cometer delitos contra el Estado -que, conforme lo dicho supra, es la calificación que debe tenerse en cuenta- y el peculado, la prescripción ordinaria operaría transcurridos ocho años del suceso (artículo 317 y 387 del Código Penal peruano), por lo que la pretensión punitiva del estado continúa vigente a este respecto para José Francisco Crousillat Carreño. En cuanto a José Enrique Crousillat López Torres, que tenía más de sesenta y cinco años al momento del hecho, debe reducírsele el máximo a la mitad -por imperio del artículo 81 del código de fondo- por lo que para él la acción habría prescripto a los cuatro años.

Pero como la legislación peruana prevé como actos interruptivos de la prescripción las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales (artículo 83, primer párrafo) este plazo se ha interrumpido por la solicitud de extradición activa a nuestra Nación -del 11 de febrero de 2002- y la solicitud de detención preventiva dirigida a los Estados Unidos de Norteamérica del 28 de noviembre de 2003 (fs. 2293/95 de la causa nº 2242). De esta forma, la acción tampoco se encuentra prescripta con relación a José Enrique Crousillat López Torres.

Similar es la solución a adoptar en cuanto al delito de corrupción de funcionarios, que establece una pena máxima de cinco años (artículo 399 del Código Penal del Perú), cuya prescripción fue interrumpida por la solicitud de extradición activa librada a nuestro país el 21 de noviembre de 2003 (fs. 2327/2785 de la causa nº 2241).

De esta forma, las acciones correspondientes a los delitos por los cuales se requiere a José Enrique Crousillat López Torres y a José Francisco Crousillat Carreño se encuentran plenamente vigentes, conforme también lo afirma el juez en la sentencia recurrida, merced a otro proceso interpretativo de las normas penales peruanas.

-VIII- La defensa sostiene que la prueba principal que funda este pedido (esto es, los videos en los que se observa a los extraditables en diversos encuentros con Vladimiro Montesinos), habría sido ilegalmente obtenida. Relata, para ello, las circunstancias que rodearon su incautación y resalta que la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a algunos de los protagonistas del secuestro de este material por allanamiento ilegal de morada y otros delitos.

En mi opinión y aún teniendo por ciertas las afirmaciones de la defensa, este agravio se traduce como insostenible.

En primer lugar, porque la naturaleza del proceso de extradición impide a los jueces del Estado requerido abrir juicio sobre estas cuestiones, y las discusiones deben circunscribirse únicamente a las referidas a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por los tratados y las leyes (Fallos 324:3713; 326:3696; 327:1572; entre otros).

De ahí que se haya dicho que "la especial naturaleza del trámite de extradición no autoriza una revisión exhaustiva de los elementos que integran el proceso que se le sigue a la persona en el país requirente. Las cuestiones en torno a la validez de la prueba o de los actos procesales celebrados deben ventilarse allí mismo" (Fallos 324:1694).

No obstante estos claros precedentes, la defensa arguye que admitir una extradición fundada en pruebas ilegítimas constituye, para el Estado argentino, una afectación a su orden público y una violación de garantías fundamentales que éste debe resguardar.

Pero si bien es cierto que al imperium de los Estados se le opone la valla infranqueable del respeto de los derechos fundamentales, esto no sirve para justificar sin más que un país cuestione las decisiones de órganos extranjeros legítimamente constituidos, imponiendo su particular perspectiva sobre la regularidad o irregularidad de los actos procesales que ellos cumplen.

Una decisión como la que la defensa propugna (es decir, rechazar la extradición sobre la base de declarar ilegal la prueba utilizada por los jueces del Estado requirente), implica inmiscuirse en cuestiones propias de los tribunales extranjeros. Eufemismos aparte, se pretende que V.E. ejercite actos que menoscabarían potestades soberanas del Perú, como lo es el ejercicio de la jurisdicción en su territorio.

En segundo lugar, esta nulidad que el recurrente muestra como incontrovertible, no es tal.

Ello es así porque, según se dice, lo que signa como irregular la obtención de los videos es que, luego de incautados del domicilio de Montesinos, en lugar de ser entregados al juez de la causa, fueron enviados a Alberto Fujimori -en ese entonces Presidente del Perú- quien los puso a disposición de las autoridades judiciales peruanas un tiempo después y con signos de haber sido manipulados.

Esto, que la defensa tiene por cierto, es precisamente un argumento a favor de la validez de estos elementos como prueba de cargo. En efecto, mal pueden los extraditables calificarla de nula cuando los actos en los que fundan la tacha fueron realizados por quienes tendrían complicidad con ellos, precisamente, en los ilícitos por los que se requiere la extradición. El accionar atribuido a Fujimori y sus colaboradores debe interpretarse, en todo caso, más como un intento de encubrir delitos, que de inculpar a sus autores.

Por otro lado -y paradójicamente- lo que se cuestiona en definitiva es que personas vinculadas o beneficiarios en los hechos de corrupción -y que por ello fueron condenadas- habrían tenido acceso a las filmaciones con anterioridad a su adquisición judicial, y por ello la pretensión de la defensa implica una mengua en el derecho de defensa de sus pupilos.

Esto es así porque imponerle a jueces ajenos al proceso que se les sigue (como lo son los de la extradición) resolver cuestiones, quizás intrincadas, como la validez y fiabilidad de la prueba, sobre la base de un conocimiento imperfecto de los hechos de la causa (puesto que el juez argentino sólo cuenta con los elementos indispensables para verificar si se cumplen los requisitos para conceder la extradición y no aquellos que le permitirían expedirse sobre la responsabilidad de los extraditables), trae como peligrosa consecuencia que puedan dictarse decisiones infundadas que podrían pesar en contra de los propios intereses de los imputados.

Por el contrario, quien se encuentra abocado al proceso de fondo, el juez peruano, sin duda habrá de ponderar con mayor conocimiento las pretensiones de los imputados y llegará a una conclusión fundamentada y, seguramente, más justa.

Adviértase que si por hipótesis se admitiera la exclusión de esta prueba, el juez de la extradición debería determinar el alcance de esta nulidad, esto es, a qué actos posteriores arrastra y cuáles otros elementos probatorios deben ser tenidos por inválidos por ser consecuencia directa de la declarada írrita. Y, en fin, si de todas formas existe prueba independiente que abone la subsistencia de la imputación. Esto, que implica necesariamente un acabado conocimiento del proceso y sus vicisitudes, como es evidente, no puede realizarlo el juez de la extradición.

En síntesis, las obligaciones del Estado argentino de salvaguardar los derechos individuales no sólo no se ven afectadas por la negativa a expedirse sobre la legitimidad de la prueba extranjera sino que, por el contrario se reafirman, al asegurar que las personas recibirán una respuesta a sus pretensiones adecuada y mesuradamente ponderada, emitida por el juez natural del proceso.

-IX- No comparto la opinión de la defensa de que los tribunales de la República del Perú que llevan adelante la investigación (los Juzgados Penales Especiales Anticorrupción), sean "comisiones especiales" de las prohibidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional; ni tampoco que se haya violado la garantía del juez natural a raíz de los sucesivos cambios de titular del Juzgado Especializado nº 41, tribunal en el que tuvieron su inicio los procesos motivados en los videos hallados en poder de Montesinos.

Respecto de este último punto, adviértase que -como sostienen los representantes del Estado requirente- la identidad física del juzgador nunca ha integrado la garantía del juez natural.

Así, tiene dicho la Corte que cuando a raíz de la renuncia, jubilación o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa conociendo en la causa iniciada con anterioridad no hay sustracción al juez natural, ya que lo inadmisible, lo que la Constitución repudia, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto para conferírsela a otro que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente de que se pretende investir a un magistrado de ocasión (Fallos 310:804). Sostener la postura de la defensa implicaría, por ejemplo, la ilógica consecuencia de que ningún juez podría renunciar, jubilarse, ser promovido o incluso morirse, hasta no finalizar con todos los procesos en los que está entendiendo.

Respondido el agravio sobre la violación a la garantía de juez natural, corresponde examinar si la constitución de los Juzgados Penales Especiales y la designación de sus titulares constituyen o no algunos de los actos que el artículo 18 prohíbe.

Conforme surge de la Resolución Administrativa 047-2001-P-CSJL/PJ (cfr. fs. 2559/2563) la Presidencia de la Corte Superior de Lima dispuso "... designar a los señores Jueces Titulares en lo Penal de Lima..., como JUECES PENALES ESPECIALES" y encomendó a estos magistrados para que "... cooperen en la práctica de las diligencias de visualización, audición y resumen de seiscientos cincuenta cintas de videos en la causa nº 7853-2000 que viene instruyendo el señor Juez Penal Saúl Peña Farfán..." (fs. 2562).

De lo precedentemente transcripto surgen dos evidencias: que los designados ya eran magistrados (Jueces Titulares en lo Penal de Lima) y que la designación fue a los efectos de colaborar con el juez Peña Farfán, quien estaba abocado a la investigación con anterioridad.

En síntesis, no cabe duda de que el pedido de extradición proveniente del juzgado del que era titular el doctor Peña Farfán (juzgado nº 6) no proviene de una comisión especial adrede para este caso ya que el magistrado estaba a cargo de dicho tribunal antes de la creación del fuero del que pasó a formar parte. Y respecto de la titular del Juzgado nº 4, como surge de la referida decisión, ya era juez con anterioridad a su designación en ese fuero "Penal Especial", desempeñándose como juez penal de Lima. Se advierte, entonces, que la discutida "resolución administrativa" se limitó a crear un fuero con competencia más específica integrándolo con magistrados que ya estaban en funciones; habilitación que el Presidente de la Corte Superior de Lima tiene en el ordenamiento jurídico peruano en virtud del artículo 90, incisos 3º y 9º de la Ley Orgánica.

La reforma que el recurrente tilda de agraviante contra el artículo 18 de la Constitución Nacional no es más que una redistribución de la competencia entre órganos ya existentes.

Planteos análogos en el orden interno han sido resueltos en incontadas ocasiones por la Corte, negando siempre que esto implique una violación al artículo 18 de la Constitucional Nacional. Así, en "Catuzzi" (Fallos 310:2184) se dice: "... las garantías constitucionales que proscriben las leyes ex post facto y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, no sufren menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes cierto género de causas en que antes conocían otros que se suprimen o cuyas atribuciones restringen; la interpretación contraria, serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o reformas".

Se hace referencia allí al precedente de Fallos 17:22 firmado por Salvador María del Carril, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga y José Domínguez. Esta sentencia es especialmente ilustrativa puesto que se daba allí una situación extrema: al momento de los hechos sometidos a juzgamiento (delitos comunes cometidos por el caudillo riojano Severo Chumbita, entre los años 1861 y 1863) los tribunales nacionales aún no habían sido constituidos, aunque subsistían las estructuras judiciales preconstitucionales. Y la Corte afirma -por primera vez- este principio arriba reseñado, que será liminar en la interpretación del artículo 18 de la Constitución Nacional por el más alto Tribunal de la Nación en toda su evolución posterior.

Así, se advierte que la defensa basa su impugnación en un argumento absolutamente formalista y que desatiende la jurisprudencia nacional sobre la materia.

Y esto, en cuestiones de auxilio internacional es inadmisible: no sería razonable reclamarle a un Estado extranjero mayores exigencias de las que admitimos en el orden interno.

De esto es posible extraer dos consecuencias: que no son criticables los fundamentos de la asignación de competencia de la referida decisión administrativa en la que se circunscribe la competencia de los jueces especializados a "...los procesos instaurados y los que se instauren como consecuencia de las investigaciones que se están realizando en diversos niveles en relación con el ciudadano Vladimiro Montesinos Torres..." ya que la República Argentina ha utilizado expresiones de tenor análogo. Por ejemplo en la ley 23049 que asigna ciertas competencias a tribunales ordinarios para "... los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley siempre que: 1) resulten imputables al personal militar de las Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de Seguridad, policial y penitenciario bajo control operacional de las Fuerzas Armadas y que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo" (artículo 10 de la ley 23049; cabe destacar esta ley fue declarada válida y constitucional por la Corte en el precedente "Videla", Fallos 306:2101).

Y que tampoco es impugnable la competencia de la Justicia Especializada del Perú por haber sido constituida después de los hechos por los que aquí se requiere la extradición cuando, en el orden jurídico argentino, toda reestructuración de la competencia de los tribunales se aplica, por el principio de la perpetuatio iurisdictionis, a todos los casos anteriores y posteriores a la ley de implementación de las reformas (Fallos 24:432; 68:179; 114:89; 193:197; 215:125; 242:308; 281:92; 310:2049; 316:2695; 319:1675; 321:1865; 324:2334; 327:1211).

-X- A pesar de los esfuerzos argumentativos de la defensa, no encuentro motivos suficientes para que el Tribunal le exija al Estado requirente que compute el tiempo de detención en este proceso de extradición, apartándose así de una pacífica práctica jurisprudencial.

Ello es así porque el requisito en cuestión, contemplado en el artículo 11.e de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, no se encuentra previsto en el tratado de extradición aplicable y, como V.E. tiene dicho, ante la existencia de tratado, sus disposiciones y no las de la legislación interna, son las aplicables al pedido de extradición, ya que lo contrario importaría tanto como apartarse del texto del instrumento convencional (artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) e incorporar un recaudo no previsto por las partes contratantes alterando unilateralmente lo que es un acto emanado del acuerdo entre varias naciones (Fallos 322:1558; 323:3680; 324:1564 y 3713, entre muchos otros).

En consecuencia, esta ausencia de previsión en el instrumento internacional que rige la ayuda impide reclamar este compromiso.

En este sentido, y respecto al instrumento de extradición que rige este proceso, tiene dicho el Tribunal que la interpretación de la defensa en cuanto a que los recaudos exigidos por el Tratado de Montevideo de 1889 deben complementarse con los requeridos por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, conlleva introducir indebidamente requisitos extraños al acuerdo internacional que rige el caso (Fallos 322:1558). Y, refiriéndose precisamente al cómputo del tiempo de detención en la Argentina cuando no está contemplado en el tratado aplicable, la Corte ha sostenido su inadmisibilidad en los precedentes "Vera Maldonado" (Fallos 323:3680) y "Carezano" (Fallos 325:1186).

En nada afecta a lo expuesto la circunstancia -señalada por la defensa- de que este término no le sería computado a su pupilo en el Estado requirente y que, supuestamente, se le aplicarán condiciones de detención y requisitos para obtener la libertad más gravosos fundados en leyes posteriores. Estos argumentos constituyen defensas de fondo y, como se dijo supra, como tales son ajenas a la especial naturaleza del proceso de extradición. En consecuencia, deberán ser planteadas ante los jueces de la causa teniendo, también, en cuenta que existen mecanismos de protección nacionales y supranacionales que ejercen un control acerca de las condiciones de la extradición para evaluar el agravio a las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso (Fallos 324:3484).

-XI- Resta, finalmente, referirse al agravio por el cual la defensa intenta impedir la extradición sobre la base del estado del sistema carcelario de la República de Perú, fundándose para ello en la disidencia del ministro Zaffaroni en los autos "Borelina" (B. 3456.XXVIII, rta. el 30 de agosto de 2005). En dicho voto se hace referencia a la crítica situación carcelaria del Estado requirente sobre la base de informes de distintos organismos de protección de los derechos humanos.

Pero considero que esta situación no impide la extradición del nombrado porque, como se opinó en aquella oportunidad con cita de precedentes del Tribunal, "... debe tenerse en cuenta en estos casos, no tanto las referencias genéricas a una situación determinada sino si en la causa existen elementos que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación en este proceso en particular de la justicia del país requirente" (B. 3456.XXVIII in re "Borelina, Rosana Claudia s/extradición", rta. el 30 de agosto de 2005 y su cita de Fallos 324:3484, punto III del dictamen de esta Procuración General que la Corte comparte y hace suyo)".

Y estimo que este es el criterio adecuado por cuanto es el que propugna el Comité contra la Tortura (el organismo de las Naciones Unidas para el contralor del correcto cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penal Crueles, Inhumanos o Degradantes; cfr. GA/Res/39/46 del 10 de diciembre de 1984, ley 23338, parte II artículos 17 a 24) respecto del deber estatuido en el artículo 3 del Convenio, esto es, la prohibición de extraditar o entregar personas a países donde puedan ser sometidos a torturas o maltratos.

En efecto, en el documento "Implementación del artículo 3 de la Convención en el contexto del artículo 22" se dice que: "...6. Teniendo en cuenta que tanto el Estado Parte como el Comité [contra la Tortura] están obligados a determinar si hay motivos suficientes para sospechar que el peticionante estará en peligro de padecer torturas en el lugar donde será expulsado, devuelto o extraditado, el riesgo de tortura debe acreditarse sobre supuestos que van más allá de una mera especulación o sospecha. Sin embargo, el riesgo tampoco debe cumplir con el requisito de ser altamente probable. 7. El peticionante debe establecer que estará en peligro de ser torturado y que su fundamento para suponerlo es sustancial en el modo ya descripto, y que ese peligro es personal y actual. Puede introducirse toda la información pertinente por cualquier parte para acreditar estos extremos" (A/53/44, anexo IX CAT General Comment nº 1, el subrayado no es del original).

Y si bien es cierto que "a los efectos de determinar si existen esas razones las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos", esta regla de prueba del artículo 3.2 de la Convención debe entenderse en el contexto establecido por el propio órgano de contralor. A mi juicio, la expresión "cuando proceda" en la norma transcripta sustenta esta interpretación.

Y en el caso, más allá de las observaciones que ha merecido por parte de organismos de derechos humanos el régimen penitenciario del Perú, tal circunstancia queda subsanada por cuanto el Estado requirente ha acompañado a este pedido un informe pormenorizado de la unidad penitenciaria donde serán alojados los requeridos. Este establecimiento, conforme se observa de la documentación, no es uno de aquellos que ha merecido las observaciones negativas de los organismos internacionales sino que parece cumplir ampliamente con los requisitos exigidos para una adecuada atención a su fin resocializador (cfr. oficio nº 580-2005-INPE/01 del Instituto Nacional Penitenciario del Perú y documentación anexa, que corre agregado a los presentes).

Sin embargo y en todo caso -si V.E. lo considera pertinente- cabría igualmente la concesión de la extradición, con la salvedad de que si en el caso se comprobara su verosimilitud, deberá disponerse la entrega en condiciones que preserven la seguridad personal del extraditado (Fallos 322:507).

-XII- Por lo expuesto, a juicio del suscripto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación.

Buenos Aires, 7 de abril de 2006.

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE