marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, cosa juzgada, juicio ordinario
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ METALURGICA INDUSTRIAL CORDOBA S.R.L s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-11

El derecho del accionado, en el juicio ejecutivo, a promover la acción declarativa que corresponda (art.867, C.de P.C.), constituye ciertamente un resorte que permite enmendar las limitaciones del derecho de defensa características del proceso ejecutivo, posiblitando la revisión de lo decidido en la sentencia dictada que está investida de cosa juzgada puramente formal.

Pero este efecto subsanatorio o corrector sólo opera, desde luego, por la propia sentencia a dictarse en el juicio ordinario, única decisión que puede mutar la suerte de la sentencia de remate. Hasta tanto ello no ocurra, esta cuenta con la natural autoridad y eficacia de una decisión inimpugnable, y cuya consecuencia no es otra que la de llevar la ejecución adelante, posibilitando la satisfacción y realización del crédito invocado, sin perjuicio de la repetición que eventualmente quepa si así se ordenase al cabo del juicio ordinario (arg. arts. 863, 867 y 874, C.de P.C.).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, huelga, deducciones salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A.O.E.M. c/ MUNICIPALIDAD DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO" EXPTE. N 6260/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-09-15

No habiéndose acreditado en el caso el cumplimiento del procedimiento previsto en los arts. 96 y siguientes de la Ley 3460, ni habiéndose cumplido con el debido proceso adjetivo (art. 98);que se ha cercenado el derecho a ofrecer, producir y sobre todo controlar la prueba, pues los agentes sancionados no han tenido un procedimiento legal constituido en un expte. administrativo; y que tampoco se ha acreditado la notificación a los agentes en los términos de los arts. 126 y siguientes de la Ley N° 3460, lo cual hace caer el objeto del acto administrativo (art.100 de la misma ley), y que los vicios acreditados encuadran en los supuestos "m" y "n" del art. 175, corresponde declarar la nulidad de la resolución N° 3559/88, condenando al Municipio al dictado de un nuevo acto ajustado a derecho y al reintegro y al reintegro de los haberes descontados -por aplicación de dicha norma - a los agentes que hayan adherido a la medida de fuerza.
Policía judicial, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ CASIANO HIPOLITO Y OTROS s/ CASACION  PENAL  -  LIBERTAD  PROBATORIA  - SISTEMA DE PRUEBA LEGAL -  POLICIA JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-24

Los actos practicados por la policía judicial en la etapa prevencional, quedan sometidos al régimen de las nulidades regulado por el C.P.P.. (Arts. 170/177) Siendo su objetivo, justamente, salvaguardar las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, vocal del Tribunal, sufragio, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

La exigencia legal para emitir pronunciamiento válido colegiado, formalizada en el lenguaje mediante las expresiones "votos totalmente concordantes" o "votos absolutamente concordantes" (por ejemplo en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la ley 10160) cuando la cuestión a decidir es susceptible de conclusión afirmativa o negativa, se satisface con la mayoría absoluta de sufragios en uno u otro sentido, con prescindencia de los argumentos con que cada integrante del cuerpo justifique su opción. Si en el subjudice se han logrado nueve sufragios por la afirmativa, el requisito aparece cumplido y viabiliza el dictado de una decisión válida al haberse logrado la necesaria mayoría. Obviamente, sólo referida a la legitimidad de pronunciarse en defecto de caso concreto en Tribunal Pleno (artículos 28 ley cit.) que no necesariamente implica hacerlo sobre los efectos jurídicos de la interpretación que se establezca aunque la norma que se refiere a ello esté contenida en una cláusula del mismo artículo legal. Lo primero es condición necesaria para lo segundo pero puede definirse autónomamente. Sobre esto último, aunque algunos Vocales anticiparan su opinión, el cuerpo no ha sido convocado a dar respuestas y, por tanto, debe ceñirse al interrogatorio propuesto acerca del que, repito, se ha obtenido mayoría absoluta. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Hechos controvertidos, monto del juicio, depósito en moneda extranjera, pretensión procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SUD ATLANTICA CIA. DE SEGUROS S.A c/ A.G.P. SOCIEDAD DEL ESTADO EN LIQUIDACION s/ DEMANDAS CONTRA AGP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

No debió procederse a convertir los dólares pagados a la fecha del siniestro y luego reajustar su resultado, conforme con el plenario "Agrocom c/bq. Gabrielle Koegel", del 26.2.85, hasta el 1.4.91, desde que esta metodología ha llevado a dictar una condena que supera el monto reclamado en la demanda, no supeditado a lo que en más o en menos resultare de la prueba. El reclamo en divisas no fue objetado por la a.g.p. de manera que el tema de una eventual condena en moneda extranjera no formaba parte de las cuestiones debatidas y no cabía, por tanto, alterar los términos constitutivos de la relación procesal (arts. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 del Código de forma). Esta sala, a partir de las causas 6405 y 6774 del 25.4.89 y 11.9.89, respectivamente, aceptó el reclamo resarcitorio en moneda fuerte cuando la demandada no formulaba objeción al respecto en el responde; doctrina esta que mantuvo de modo constante.

Consecuentemente, corresponde definir la causa según las pretensiones hechas valer por las contendientes (art. 163, inc. 6 antes citado), y como la pretensión de la actora fue ser indemnizada en divisas -lo que no mereció impugnación de la contraria-, a ello debió atenerse el a quo.
Fundamentación de sentencias, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Vega Humberto Cayetano s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-18

Al establecerse que las sentencias deben ser fundadas en ley, se entiende exigir que en lo esencial o sustancial de la decisión se cite el derecho que se juzgue conveniente, o no aplicable, aunque no se invoque artículo expreso, pero si se debe aludir al derecho.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chavez Vda. de Tamburrino, Jovita c/ Reinoso, Adrian Alejandro y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Sólo son legitimados pasivos en la acción de desalojo aquellos que tengan una obligación exigible de restituir, lo que no ocurre con el f del locatario. Sin perjuicio de lo expuesto, ello no resulta óbice pero mediando pedido del actor, se lo cite como tercero en los términos del Cód. Procesal, ya que las relaciones entre las partes de la vinculación locativa son conexas con las que mantienen el locador-actor con el ter fiador, bien entendido que la participación de este tercero se circunscribe al tema de la imposición de costas ello, si en el contrato éste asumió expresamente la obligación de pagar los gastos por el posible juicio de desalojo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad objetiva, daño causado con la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa in eligendo
Materia: CIVIL
Carátula: GUINCHAL, IGNACIO c/ TOSSI, JORGE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Del último párrafo del art. 1113 C.Civil resulta inequívocamente la extensión de la responsabilidad del dueño o guardián a todos los casos en que permite la utilización de la cosa por un tercero. Si el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño excluye su responsabilidad, a contrario, el uso conforme a su voluntad la mantiene. Del último párrafo del art. 1113 del C.Civil resulta el claro propósito de no exonerar de responsabilidad al propietario o al guardián que permite a otro el uso de la cosa, sea por entender que entonces no media transferencia de la guardia jurídica. Sea por presumir iuris et de iure, que sí se ha confiado la cosa a quien luego incurre en culpa en su utilización, media culpa -in eligendo- trasuntada en permitir el uso por quien no lo hace correctamente.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaves, Fabián Mario c/ Tucumán, Provincia de s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

De acuerdo a la fórmula que emplea la ley 7132 de la Provincia de Tucumán para adherir a la ley nacional 25.344, autoriza a sostener que todas sus disposiciones fueron incorporadas al ordenamiento provincial y, al margen de la concordancia que exige, no parece que pueda válidamente interpretarse que excluye la previsión del art. 18 de la ley nacional.
Menores, guarda del menor, competencia
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ EVA RICARDA s/ ACTUACIONES RELACIONADAS A LA SITUACION DEL MENOR RUIZ BRUNO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-27

El principio que atribuye competencia al Juez de Familia en lo referente a la guarda y tenencia de menores no es absoluto ya que la propia ley Nro. 6308 de creación del Juzgado de Familia pone un límite, cual es que el menor no se encuentre sometido a patronato;

así lo dispone textualmente el art. 4 inc. 3). En consecuencia la ley ha querido que se mantenga en cabeza del Juzgado de Menores toda la problemática referida a la minoridad en caso de pérdida de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, debiendo velar por la efectiva vigencia de las normas de prevención general relativos a los hechos y situaciones que puedan perjudicar el desenvolvimiento armónico de las aptitudes morales, intelectuales y físicas de aquellos y con relación a los menores en estado de abandono o de peligro moral o material o afectados por situaciones conflictuales, orientando la acción de la comunidad para su protección y asistencia. En conclusión ese Patronato se ejerce atendiendo a la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su tutela. La ley 6308, al limitar la competencia del Juzgado de Familia, ha querido mantener en cabeza del Juzgado de Menores toda la problemática referida a la minoridad, asumiendo el Estado, a través de la citada Magistrada la función proteccional hacia un sector de la sociedad que de un modo u otro denota carencias fundamentales.
Contrato de trabajo, recurso de casación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS LUIS ARTEMIO Y OTROS c/ E.C.O. S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-12

El reconocimiento de la existencia o no de un contrato de trabajp configura una cuestión típica de hecho y prueba.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, prestación del servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: Biz, Gabriel Omar c/ Benito Roggio E Hijos SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

Procede revocar la resolución en la que la jueza de grado hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por AySA SA, con base en el que competencia en razón de la materia cede frente a la establecida ratione personae, siendo que la coaccionada se trata de una sociedad anónima con capital estatal mayoritario. Ello por cuanto, en el caso, la pretensión contra dicha sociedad está subordinada -e íntimamente vinculada- a la dirigida contra la UTE -por incumplimiento de contrato- la que, por cierto, está integrada por cuestiones de neto corte contractual. En definitiva, no está controvertido que los principales temas que conforman el objeto de la litis -acción contra la UTE- sean de competencia de este Fuero Comercial. Y, por lo demás, aquí no está en juego la interpretación de normas federales ni cuestiones atinentes al servicio público que presta aquella sociedad; aspectos que podrían determinar la competencia de la Justicia Federal (conf. esta Sala, ""Metrogas SA c/ Fiorenza Ida Nancy s/ ejecutivo", del 13.5.14; íd. "Telecom Personal SA c/ Jordan Gutiérrez, Leisy Milena s/cobro de sumas de dinero", del 29.12.17).

(En el caso, AySA contrató a la UTE demandada para la realización de una planta potabilizadora, en terrenos arrendados al actor. La acción se dirige a indemnizarlo por los daños causados ante el incumplimiento del contrato de arrendamiento).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mutual Ferroviaria de la Fraternidad Secc. San Martín FCGBM c/ Lizarraga, Raúl A. y Ot. s/ Prepara vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

El monto del salario mínimo vital y móvil es inembargable, mientras que las sumas que lo exceden pueden embargarse en las proporciones previstas en el Dec. 684/70, con la salvedad que los importes por actualización monetaria, atento su naturaleza, gozan de igual protección mientras que los intereses, en cambio no se hallan amparados por el límite de embargabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Raúl y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La posibilidad del control judicial de las resoluciones del Tribunal de Cuentas surge por tratarse de actos que constituyen causa contencioso administrativa en los términos del art. 149 inciso 3º de la Constitución de 1934, pese a que en la reforma de 1994 no corresponden ya a la competencia originaria de esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO, RUBEN c/ KLEPPE S.A.C.I.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-08-22

SE DENOMINA CARACTER "DINAMICO" DE LAS REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, A LA SUPOSICION DE QUE LOS HECHOS HAN ACAECIDO CONFORME LO NORMAL Y REGULAR EN LA CONCURRENCIA DE LAS COSAS, DEJANDO DICHO CONOCIMIENTO A CRITERIO DEL JUEZ.
Prueba documental, carga de la prueba, clare loqui
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Romero, Ramón c/ López, Daniel s/ Resolución de contrato (Expte. Nro.292-97, Resolución Nro.59, tomo 1,   folio 150/151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-06-16

El que reconoce documental debe formular un reconocimiento o un desconocimiento categórico. Ante la posición evasiva y vacilante debe considerarse que la documental en cuestión ha quedado reconocida, por aplicación de la doctrina del hablar claro o "clare loqui" en materia procesal.
Estado, comercio exterior
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CIA ARGENTINA DE ELEVADORES, RECEPCIONES Y EMBARQUE SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-03

La Constitución Nacional no confiere al Gobierno Federal la potestad exclusiva de imposición sobre todas las actividades susceptibles de considerarse alcanzadas por la facultad del artículo 67 inciso 12, sino que únicamente le otorga en exclusividad la facultad de exigir derechos de importación y exportación.
Delitos contra la propiedad, daño
Materia: PENAL
Carátula: G., A.E. c/ S., J.M. s/ Querella Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-05-10

Para la configuración de los delitos de los artículos 183 y 184 del Código Penal, es necesaria la intención, voluntad y conocimiento de que se causa un perjuicio no siendo concebible ni admisible el daño culposo.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

En lo que respecta a los gastos de reparación de un automotor para su procedencia no es necesaria una prueba instrumental acabada del pago efectivo cuando ella resulta como una consecuencia normal del ilícito y no es exagerada en su ponderación.-
Intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Villamarin, Mirta Ramona y otra s/ Cobro ejecutivo de pesos Multicompras S.A. c/ Vázquez, Angel Lujan s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-13|1996-07-16

Si bien no resulta expreso de su texto si la capitalización procede una sola vez o sucesivamente, es lo cierto que la capitalización por liquidación judicial se produce por una sola y única vez ya que el acto procesal de intimación de pago dentro del proceso de ejecución de sentencia es único (arts. 500 y 501 CPCC); todas las sumas comprendidas en la condena son un capital que devenga intereses si el deudor no la cumple. Pero los posteriores intereses ya no se capitalizarán, sino que se irán devengando como interés simple.
Interés del menor, interpretación de tratados internacionales, deberes del juez
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: V., D. L. s/ restitución de menores - ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

Los tribunales están obligados a atender primordialmente interés superior del niño, sobre todo cuando es doctrina del Tribunal que garantizar implica el deber de tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción.
Suspensión del juicio a prueba, resolución denegatoria, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ANTELO, Germán Elvio s/ susp. juicio a prueba Causa nro. 29.040
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-19

Este Tribunal ha sostenido que el fundamento por el cual el Magistrado de grado no hiciera lugar a la suspensión del proceso a prueba, radica en criterios de interpretación de la Ley 24.316, tarea primordial en la función del sentenciante y que lleva a que la aplicación o no del mencionado instituto quede librada a su voluntad, resultando sólo como función exclusiva del Ministerio Público, la apreciación relativa al eventual modo de cumplimiento de la pena.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, compraventa, bienes inmuebles, depreciación monetaria, enriquecimiento sin causa, saldo de precio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: AMERICO ORLANDONI c/ ROBERTO SEEBER s/ RESOLUCION DE CONTRATO - COMPRAVENTA.    TEORIA DE LA IMPREVISION.    REAJUSTE DEL SALDO DEL PRECIO - DEPRECIACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

Corresponde desestimar -por falta de fundamentación autónoma- el agravio referido a que al a quo omitió al admitir el reajuste del saldo del precio, la consideración del valor actual del inmueble vendido, ya que el obtenido mediante la indexación dispuesta supera ampliamente el 90% del precio actual, favoreciendo el enriquecimiento sin causa del vendedor, cuya mora y culpabilidad resultarían premiadas. Ello es así, pues dicha protesta no se halla precedida de una demostración tendiente a acreditar ese resultado, conforme hubiera sido necesario a fin de satisfacer los recaudos del remedio federal.
Incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Di Risio, Carlos Amadeo c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Indemnización por enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

El objeto del vínculo laboral es la prestación de servicios en relación de dependencia. Resulta obvio entonces que la disminución laboral absoluta y permanente del trabajador provoca la disolución del vínculo. En tales condiciones, extinguido definitivamente el contrato de trabajo el empleado es acreedor a la reparación que el art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo contempla para dicha forma de desvinculación, sin que resulte óbice para ello la circunstancia de haberse invocado una causal diferente, como fue en la especie la rescisión del contrato por mutuo acuerdo.
Dementes, declaración de insania, sentencia, curador definitivo
Materia: CIVIL
Carátula: G., H.N. s/ Insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-25

Una vez dictada la sentencia que declara el estado de demencia o inhabilitación, procede designar al curador definitivo, para cuyo desempeño el Código Civil establece un orden que, sin perjuicio de la curatela especial, comprende la legítima, la testamentaria o la dativa.
Honorarios, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: PLEITAVINO VICTOR HUGO c/ COOPERATIVA  DE PROVISION DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS URBANIZACION Y VIVIENDA VILLA DEL ROSARIO LTDA. s/ SENTENCIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-07

Pese a que los cálculos aritméticos demostrarían que la regulación del abogado debió elevarse a una suma superior a la fijada por aplicación de la normativa que se cita (arts. 19 y 29 de la Ley 7269), el derecho a percibir honorarios se origina con motivo de los trabajos efectuados por el profesional a lo largo del pleito.

No obstante el cuantum definitivo de tales honorarios -cuando no están firmes-debe determinarse mediante la aplicación de la ley nueva, en este caso la Ley 8226, porque el art. 120 contiene una norma de orden público y prescribe su inmediata aplicación. Su naturaleza imperativa es insoslayable ya que expresa la auténtica intención legislativa dirigida a que los jueces la apliquen inmediatamente a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiera practicado la misma. (Voto en minoría de la Dra. Kaller de Orchansky).-
Sentencia, tribunal colegiado, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO DR.LUIS MAGIN SUAREZ s/ FORMULA  DENUNCIA  -  SOLICITA  JURADO  DE  ENJUICIAMIENTO  ,  Y  SUS  ACUMULADOS  (JUICIO  POLITICO  A LOS MIEMBROS DE LA CORTE DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN )
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

El voto de la mayoría sobre un tema previo obliga a la minoría, pues aquélla es la que decide sobre cada punto objeto de las cuestiones; y no resulta admisible que en contra de la mayoría un juez se pronuncie por la incompetencia del Tribunal, y que luego lo deje desintegrado al negarse a votar la siguiente cuestión.
Administración de vialidad provincial, multa, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario (Expte. CSJ Nº 161-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

El acta de infracción exige, como requisito para la ejecución, la aprobación del Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad. Dicho aspecto se encuentra vinculado con la ejecutoriedad del acto, lo cual lleva por sí solo a que las referencias expuestas en el memorial acerca de la falta de intervención del transgresor -afirmando que se omitieron etapas- resulten inconducentes para fundar en él alguna hipótesis de arbitrariedad.