marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coop. A. G. Ltda. de Acevedo c/ Marchesotti, Rodolfo A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

Si no nos hallamos ante la interpretación de cláusulas contractuales como serían, verbigracia, aquellas que pactan la habilidad ejecutiva de títulos que legalmente no tienen prevista tal aptitud -como podría ser una solicitud de adhesión al sistema de tarjetas de crédito- sino lisa y llanamente frente a un título ejecutivo creado por la ley, se exhibe improcedente la aplicabilidad dentro del juicio ejecutivo de algún artículo de los que componen la ley de defensa al consumidor Nro. 24.240 -al igual que lo atingente a disposiciones del C. de Com. y de la ley de letra de cambio- las que deben en su caso postularse siempre en el de conocimiento.
Sucesión testamentaria, disposiciones testamentarias, interpretación del testamento
Materia: CIVIL
Carátula: DIARBEKIRIAN SARKIS S-TESTAMENTARIA INC. s/ DETERMINACION DE LEGADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

Una cosa es reconstruir la voluntad del testador, para lo que podría ser menester indagar, y otra distinta es forzarla para obtener resultados diferentes o más favorables, cuando está demostrada claramente la intención que el mismo causante calificó como "bien deliberada voluntad". Ante un testamento detallado y con prolijas previsiones prescindir de su redacción para extender interpretaciones implicaría desvirtuarlo y deformar el sentido de la manda impuesta.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., M. C. c/ A., M. L. s/ Incidente de reconocimiento de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La carga de la prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la pretende.
Gobierno provincial, facultades no delegadas, autonomía provincial, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal del Estado Dr. Luis Magín Suárez. s/ Formula  denuncia - solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Reviste carácter federal la pretensión de limitar por vía judicial los poderes de una Provincia para crear sus instituciones y designar sus funcionarios, según lo establecen los arts. 5° y 105 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: VICENTE ROBLES  S.A.M.C.I.C.I.F. c/ ESTADO NACIONAL (SERVICIO NACIONAL DE PARQUES NACIONALES) s/ RECURSO  ORDINARIO DE APELACION - SENTENCIA DEFINITIVA - CORTE SUPREM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

A los efectos del recurso ordinario de apelación, el criterio de calificación de sentencia definitiva es más severo que en el supuesto del art. 14 de la ley 48.
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Costa de Medrano, Dora c/ Secretaría administrativa de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta y/o de su titular Fernández, Julio Eduardo s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-15

En todo pronunciamiento debe existir una cuestión justiciable al momento de su emisión. Por ello el dictado de la resolución aludida que no hace lugar al reclamo de la actora, convierte en abstracta la cuestión inicial planteada que consistía en la mora en elaborar la planilla de cómputo de las horas extras. Tal resolución fue notificada a la actora con posterioridad a la iniciación de ésta acción, existiendo entonces un hecho nuevo.
Proceso penal, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OTAÑO, Octavio Enrique s/ ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-24

Nada obsta a la tramitación simultánea de dos procesos contra una misma persona sin atender a ningún orden de prelación, cuando como en el caso, las conductas investigadas son escindibles entre sí.
Expropiación, expropiación irregular, derecho de propiedad, acciones posesorias, interdictos posesorios, acción negatoria, acción reivindicatoria, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Dos Américas I.C. y F. c/ Gob. del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ expropiación indirecta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

No toda restricción o perturbación al ejercicio de los derechos inherentes al dominio da nacimiento a una acción por expropiación; las acciones e interdictos posesorios, las acciones negatorias y reivindicatoria, así como las acciones por daños y perjuicios son medios eficaces que la ley pone al alcance del agraviado para obtener del Estado respeto y desagravio - arts. 2470, 2478, 2479, 2482, 2495, 2758, 2800 y concordantes del Código Civil (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Accidente de tránsito, prueba testimonial, apreciación de la prueba, acta policial, ausencia de testigos, testigos de actuación, acta de choque
Materia: CIVIL
Carátula: SALDUNA, Horacio B c/ SORIANO, Manuel s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

La ausencia de mención de la existencia de personas que presenciaron el accidente de tránsito en el acta policial levantada en ocasión de él, justifica solamente que se extreme la valoración crítica de las declaraciones de quienes al deponer en el juicio civil afirma haber sido testigos presenciales; no constituye, en cambio, por sí, sola, razón suficiente para autorizar la total prescindencia de esos testimonios si no surgen signos de mendacidad ni aparecen desvirtuadas por otras probanzas, ni su contenido ha sido objeto de una crítica específica.
Auxilio jurídico internacional, legalización de instrumentos públicos extranjeros
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: G., A.J. y E., M. P. s/ Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-25

La "Convención de La Haya suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros" (1961) se limita a una cuestión formal de los documentos públicos en general: "Su finalidad es asegurar la autenticidad de los documentos provenientes de extraña jurisdicción, evitar los inconvenientes, gastos y dilaciones debidos a la legalización requerida para la circulación internacional de instrumentos públicos, y sortear los obstáculos que provocaba el procedimiento anterior en el tráfico externo. El requisito de la legalización fue sustituido por un certificado que garantiza la autenticidad de la firma del funcionario interviniente, establece con qué carácter actuó el signatario del documento y, cuando corresponde, la identidad del sello o timbre que lleva el documento".
Espectáculos deportivos, contratos de juegos de azar
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

Teniendo en cuenta la proximidad ya señalada entre Competencia Deportiva con premio organizada por el Estado, y Juego de Azar, son útiles los conceptos de Sergio Miguel NÁPOLI, comentando un fallo donde la actora no presentó dentro del plazo legal la tarjeta que contenía la jugada ganadora del denominado juego "Loto" impugnando la inconstitucionalidad de aquél.

El autor indica que, en líneas generales, los juegos del tipo del que se examina en el fallo se organizan sobre la base de disposiciones que implican un contrato de adhesión, que son conocidas y aceptadas por los apostadores (en un certamen deportivo concursantes) al momento de realizar su jugada y cuyo cumplimiento resulta ineludible a los efectos de percibir los premios estipulados. .se hace especial hincapié en las particulares características de esta actividad . y la necesidad de establecer medidas que tienen por principal objeto evitar la configuración de fraudes entre los sujetos que participan e intermedian en el proceso.- La falta de seguridad y certeza respecto de la transparencia del juego pondría en jaque la confianza de los apostadores (en el deporte, competidores) en el sistema, con las negativas consecuencias que ello traería aparejado para su continuidad. .a modo de síntesis. en materia de juegos de azar explotados por el Estado (ídem en certámenes con premio organizados por éste) la relación jurídica que se establece entre los apostadores (o contendientes) y el organizador se encuentra en el ámbito del derecho público, revistiendo el carácter de contrato administrativo. es posible que en él se prevean cláusulas exorbitantes de derecho privado cuya aplicación no resulta cuestionable en la medida en que no puedan ser tachadas de arbitrarias o irrazonables.

La particular naturaleza y característica de la actividad justifica el establecimiento de estrictas condiciones y requisitos para la participación y la percepción de los premios de los sorteos, las que, de por sí, no resultan atentatorias de los derechos constitucionales. Máxime si son aceptadas por quienes participan al momento de hacerlo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, decreto reglamentario, convenios colectivos de trabajo, reglamentación de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: GARCIA, RAUL Y OTROS c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

En tanto el contenido de la norma reglamentaria no podría revestir una naturaleza diferente de la que tiene la norma reglamentada, si los convenios colectivos y la ley que derogó mayores beneficios por ellos otorgados es considerada de derecho común, las discrepancias que se susciten acerca de la inteligencia de sus preceptos resultaría ajena a la competencia de la Corte en razón de la reserva a que hace referencia el art. 100 de la Constitución Nacional.
Recurso de casación, regulación de honorarios, primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Ingresando en el análisis de los cuestionamientos traídos a debate por los profesionales, corresponde tratar el agravio referido a la regulación de los trabajos profesionales en primera instancia. Al respecto, adelantamos nuestra opinión a favor de la procedencia de dicho cuestionamiento, por las siguientes razones: El art. 38 de la Ley Nro. 2212 establece que: "Los procesos ordinarios se considerarán divididos en tres (3) etapas: la primera, comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones; la segunda, las actuaciones sobre la prueba, y la tercera, los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva".

En autos, como bien argumentaran los profesionales recurrentes, se han cumplido: con el escrito de demanda de fs. la primera etapa, y con el escrito de fs. que evacúa el traslado conferido por su orden a fs., conforme lo dispone el art. 359 del C.P.C.y C., la tercera etapa.

Ello, en tanto esta última y/o tercera etapa está constituida conforme prevé el transcripto art. 38 de L.A., no sólo por los alegatos, sino también por "cualquier actuación posterior hasta la sentencia definitiva", resultando en tal sentido la contestación del traslado que prevé el mencionado art. 359 antes referido, encuadrable en dichas actuaciones posteriores, en tanto no habiendo etapa probatoria, dicho "nuevo traslado por su orden" viene a suplir a los alegatos.
Competencia, competencia por el territorio, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL
Materia: PROCESAL
Carátula: Causa n° 96050 incidente de competencia entre el Juzgado Gtias. n° 1 del Dpto. Judicial Junín y el Juzgado Gtías. n° 2 del depto. Judicial La Plata c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

El hecho ventilado tuvo ocurrencia espacial en la sucursal de IOMA delegación Junín, donde se cursó la solicitud de provisión de cobertura de cirugía, gastos sanatoriales, quirúrgicos y suministro de una tricicleta y un bispedestador, resultando irrazonable que todos los casos de la Provincia de Buenos Aires sean revisados por la Justicia de un solo departamento judicial, donde se encuentran las sedes de la Administración Pública.
Concurso real, unificación de penas, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOSA, M. s/ infr. artículo 162 Código Penal Causa nro. 26.810
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-01

El proceso de unificación debe contener una revisión de las sentencias anteriores a fin de dilucidar con justicia el monto de la que será una pena única. Sin embargo rebrotar la causa a tales fines implicaría un retraso en la toma de la decisión definitiva que perjudicaría a quien es destinatario de las garantías del proceso.
Homicidio calificado, menores, violencia contra menores, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Victor Javier - Z., A. S. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-06-12

Corresponde condenar a quien golpeó a los hijos de su concubina provocándoles la muerte, en orden al delito de homicidio calificado, pues su accionar encuadra en el dolo directo de segundo grado, dado que la magnitud e intensidad de los golpes propinados a dos criaturas indefensas, no haberles proporcionado asistencia e impedir que su madre lo hiciera, evidencian que se representó seriamente el resultado muerte y, sin embargo, llevó adelante la acción, tomó conciencia del riesgo y aceptó la realización del tipo objetivo, como "consecuencia necesaria" de su conducta.
Inembargabilidad del salario, empleo público
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-04

Es improcedente el planteo de inconstitucionalidad respecto del decreto ley 6754/43 en cuanto dispone la inembargabilidad de sueldos, remuneración, y/o salario de empleados públicos, en tanto dicho régimen ha sido expresamente ratificado por la ley 13.894, por lo que mal pueden entenderse conculcados principios constitucionales, en tanto la exención de embargo aludida goza actualmente de una expresa regulación emanada del Poder Legislativo Nacional.
Procedimiento contencioso administrativo, asistencia médica, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Aun cuando la ley de fondo ha adoptado, en ocasiones, la solución de hacer ejecutivo un título, siempre atendiendo legítimos propósitos federales, el mismo Congreso ha sido constante en considerar que ésta es potestad local. Ciertamente, dar a un crédito regulado por el derecho común fuerza ejecutiva puede ser un medio apropiado de cumplir una ley federal. Por ejemplo, puede servir para que alquilar sea más atractivo para el propietario y, por esa vía, cabría cumplir el propósito nacional de activar el mercado. Pero, ello no implica despojar a las provincias de su potestad de regular el procedimiento, con características de ejecutivo, si ello surte a un legítimo propósito local. Así lo establece la CN y así lo vino reconociendo el Congreso. De lo expuesto se desprende que incumbe al legislador local hacer ejecutivo a un título. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Alberto Oscar - BUSTOS, Juan Carlos s/ Robo, defraudación especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-08-31

El secuestro de dos armas, un revólver calibre 22 largo con su carga completa de siete proyectiles, de alta velocidad, y una pistola del mismo calibre con su cargador completo (diez proyectiles, también de alta velocidad), según consta en el acta de detención y secuestro bajo la firma de los encausados -que en su confesión admiten haber usado para la comisión del ilícito que fuera frustrado por la acción policial- es suficiente sustrato para ingresar, sin otra condición, a la descripción del art. 166 inc. 2do. del C.P.-
Banco central, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "B.C.R.A. c/ Pacek Julio Juan s/ ejecución fiscal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-13

La modificación legal del plazo de prescripción de la acción penal del Banco Central no afecta el curso de aquélla respecto de infracciones cometidas con anterioridad a su vigencia.
Empleados públicos, suspensión preventiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Veloso, José c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

La suspensión preventiva que contempla el artículo 80 de la Ordenanza General 207 es una medida de carácter precautorio cuya finalidad estriba en alejar al agente de su cargo mientras dure la investigación ante la posibilidad de que su presencia pueda obstaculizarla.
Procedimiento aduanero, delitos aduaneros, disminución de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agencia Marítima Basal S.A. (T.F. 6770-A) s/ resol. apel. de la A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

La C.S.J.N. al pronunciarse in re "Agencia Marítima Heilein S.A.", del 12/5/92, sostuvo que el beneficio de la reducción de la pena, previsto en la norma para los casos conocidos como de autodenuncia procede únicamente cuando se den los recaudos de espontaneidad expresamente previstos en el precepto citado. Esta espontaneidad resulta manifiesta, según se desprende de las previsiones del legislador, como lo señala el tribunal a quo, cuando el responsable se anticipa al servicio aduanero y, antes de que se realicen actividades que permitan comprobar la inexactitud, pone en conocimiento la existencia de la diferencia. En la especie, en cambio, la iniciación de la descarga bajo el control aduanero (art.

194 del Código Aduanero), importa un principio de inspección aduanera en los términos del art. 917. (Consid. V).
Quiebra, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alejandro Borbore e Hijos SRL s/ Quiebra por Ibrahin y Masar Elaskar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-26

El art. 267 de la ley 24.522 establece un piso mínimo o sostén en cuanto establece que el conjunto de los honorarios no deben ser inferior al cuatro por ciento (4%), ni a tres sueldos de Secretario de Primera Instancia de la Jurisdicción en donde tramita el concurso, el que sea mayor.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buoninfante, Arturo y ot. s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

El art. 35 inc. a) de la ley 8904 respecto de los bienes inmuebles establece claramente que se computará como base regulatoria la valuación fiscal vigente al momento de la regulación sin que quepa admitir una tasación de sus valores, como para situaciones disímiles lo tiene previsto el art. 27 inc. a) de la citada norma arancelaria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación, identidad del receptor
Materia: PENAL
Carátula: COVARRUBIAS, CORINA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-05

La circunstancia de que la persona que recibiera la comunicación no fuera identificada carece de relevancia, pues encontrándose en el lugar acredita la recepción correcta siendo de responsabilidad de quien fija el domicilio, que llegue a su conocimiento.
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, estado de emergencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE LOPEZ M.H. c/ ANTONIO SAUD FLORES Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A073 - 311)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-02

Los derechos no son absolutos, pero tampoco pueden ser frustrados y los jueces tienen plenas facultades para determinar si se configuran los presupuestos de hecho invocados para el dictado de las normas de emergencia, su subsistencia y la razonabilidad de las medidas adoptadas. Ni la palabra "emergencia" ni ninguna otra pueden constituirse en una suerte de "palabra mágica" que otorgue un "bill" de indemnidad al legislador pasando por sobre el examen de razonabilidad de las normas. Porque el legislador puede dictar leyes, pero el control de su constitucionalidad corresponde al Poder Judicial donde deben concurrir los interesados a probar sus razones.
Periodistas, empleado de empresa periodística, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Luppino Rodolfo Nicolás c/ SA La Nación s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-26

Resulta aplicable al caso el dec. 13.839/46 ratificado por la ley 12.921, por lo cual es menester recurrir al art. 33 del mencionado estatuto, el que -al regular lo relativo a la indemnización por despido injustificado- fija una indemnización de "un mes de sueldo por año" trabajado, del mismo modo que la ley 12.908, sin tope alguno. La demandada solicita la aplicación de un tope, pero no le asiste razón. Ello así, toda vez que la normativa que con carácter especial regula la actividad de los trabajadores de prensa resultaría ser más favorable para dichos trabajadores que la contenida en el art. 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) en tanto que esta última impone un tope a dichos montos indemnizatorios. Resulta aplicable al caso lo previsto en el art. 9 de la ley 20.774 y por lo tanto recurrir a los fines de calcular la indemnización por despido injustificado a la fijada por la ley 12.908 y el Dto- ley 13.839/46. Toda vez que en el caso, al trabajador no se le otorgó preaviso, tiene derecho a la indemnización especial de seis meses de sueldo por preaviso, que prevé también el art. 33 del estatuto de los empleados administrativos de empresas periodísticas. En cuanto al SAC éste se calcula sólo sobre rubros remuneratorios y no sobre rubros indemnizatorios, que es la naturaleza de los resarcimientos que contempla el art. 33 del estatuto, por lo cual no corresponde su cálculo en el caso. Tampoco cabe hacer lugar al reclamo de la sanción del art. 2 de la ley 25.323, ya que esta norma se refiere expresamente a los regímenes ordinarios de despido, no así, a las relaciones laborales regidas por un estatuto especial. El trabajador además reclama horas extras y "compensación horas disposición de viajes". El estatuto de empleados administrativos de empresas periodísticas prevé una jornada laboral de seis horas y media por día o 36 semanales. A partir de la admisión de la empresa demandada de que la jornada diaria es de siete horas, la superación del límite diario implica la configuración de trabajo en tiempo suplementario que debe ser retribuido con los recargos previstos por la ley 11.544 y por el art. 201 LCT. Al no haberse acreditado que se excedió en más de media hora la previsión legal estatutaria, el demandante tiene derecho al cobro de dos horas y media semanales con el recargo del 50% Con relación a la compensación por el tiempo que implicaban los viajes que realizaba al interior que el reclamante que sustenta en el art. 107 LCT, no corresponde dado que el desplazamiento a otras localidades es inherente a su contratación.