Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29


Causa nº: 2-61987-2017 "DE JESUS VINDEIRINHO HECTOR MARCELO C/ GONZALEZ JOSE RAUL S/MATERIA A CATEGORIZAR " JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA Sentencia Registro nº: 104 Folio: .............

En la ciudad de Azul, a los 29 días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 de la Ley 5.827), encontrándose en uso de licencia al momento del sorteo la Doctora María Inés Longobardi (SCBA, Resolución SE5199 del 06/6/2017), para dictar sentencia en los autos caratulados: "De Jesús Vindeirinho, Héctor Marcelo c/. González, Héctor Raúl s/. Materia a Categorizar" (Causa Nº 61.987), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-C U E S T I O N E S- 1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 257/261?.

2da.- ¿Es justa la regulación de honorarios de fs. 261? 3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

-V O T A C I O N- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:

I.1. El juicio ejecutivo.

Dada la incomparecencia del ejecutado ante la intimación que oportunamente se le cursó, en los autos "González, José Raúl c/. De Jesús Vindeirinho, Héctor Marcelo s/. Cobro Ejecutivo - Med. Cautelar" n° 34.446 que tramitaron por ante el Juzgado Civil y Comercial n° Uno con sede en Olavarría y arriban por cuerda, la sentencia de trance y remate mandó llevar adelante la ejecución sobre la base de los tres pagarés en que el actor sustentó su pretensión, librados por las sumas de U$S4.420, U$S698 y U$S1.796 (cf. copias de fs. 9/11, fs. 12/14vta. y 25/25vta. de dichos autos y originales glosadas entre las fs. 287 y 288 de la I.P.P. n° 01-02-004054-10/00).

Firme dicho decisorio, a pedido del ejecutante se decretó la subasta del automotor embargado (fs. 26/27vta, 33/33vta.). Pero a fs. 115/146 el ejecutado compareció a juicio y solicitó la suspensión cautelar de la venta judicial con fundamento en las conclusiones de un informe pericial privado que acompañó, y en las copias de la causa penal por estafa instruida contra el ejecutante y su esposa (I.P.P. n° 4054/2010 de trámite por ante la UFI n° 10 de Olavarría, que también arriba por cuerda). En el aludido informe pericial la Licenciada en Criminalística María Eugenia Cabrera Pando hizo constar que "[.] las firmas obrantes en los pagarés [.] no fueron realizadas por el Sr. Marcelo Vindeirinho [.]".

A fs. 160 se ordenó comunicar la suspensión provisoria del remate ordenada a fs. 8vta. del sub-caso.

2. El juicio ordinario posterior.

2.1. En fecha 01-12-10 Héctor Marcelo de Jesús Vindeirinho promovió el presente juicio ordinario posterior en los términos del art. 551 del Código Procesal contra José Raúl González negando la deuda, afirmando la falsedad de las firmas obrantes en los documentos ejecutados en el compulsorio así como también la inexistencia de causa jurídica en su libramiento. Sostuvo que fue engañado e incluso estafado por el accionado quien lo demandó ejecutivamente con base a tres pagarés apócrifos. Expresó que en fecha 20-10-10 radicó denuncia penal contra José Raúl González -y contra su esposa Dora Nazabal- por el delito de estafa (I.P.P. n° 4054/2010 que tramitó por ante la UFI n° 10 de Olavarría). Pidió la suspensión cautelar de la subasta decretada en el juicio ejecutivo y ofreció como prueba instrumental las constancias del juicio ejecutivo y de la causa penal (2/5vta.).

Con posterioridad amplió la demanda ofreciendo -entre otros medios- prueba pericial -caligráfica y contable- e informativa (fs. 22/23vta.).

2.2. El demandado compareció espontáneamente a través de su apoderado y contestó la demanda (16/18vta.). Relató que si bien el actor alegó en autos la falsedad de los tres pagarés, en ningún momento del juicio ejecutivo anterior opuso la excepción homónima. Expresó que el art. 551 es la instancia adecuada para debatir aquellas defensas que en la estructura del juicio ejecutivo resultan improponibles por vincularse con la causa del crédito reclamado, pero que para ello es preciso antes cumplir con todas las obligaciones provenientes de la sentencia del juicio ejecutivo. Coincidió con el actor en ofrecer como prueba instrumental las constancias del juicio ejecutivo y de la causa penal, y pericial caligráfica sobre los tres pagarés cuestionados.

3. La I.P.P. n° 01-02-004054-10/00.

Se inició a raíz de la denuncia formalizada por el actor de autos en fecha 20-10-10, y concluyó con el archivo de las actuaciones, habiéndose expresado en la resolución pertinente que "[.] que el proceso judicial en el fuero civil llevado adelante contra el denunciante . ha tenido como base la ejecución de títulos de crédito que no han sido firmados por el demandado Sr. Héctor Marcelo de Jesús Vindeirinho [.]", "[.] no habiéndose reunido prueba suficiente en cuanto al elemento subjetivo que reclama el tipo penal en juego [.]" (fs. 318/318vta.; lo resaltado es mío).

4. Transitada la etapa probatoria se dictó la sentencia que arriba apelada.

Se comenzó indicando en dicho decisorio que las partes están vinculadas por una relación comercial. Que en autos se discute la falsedad de las firmas de los tres pagarés que sustentaron el juicio ejecutivo anterior y que concluyó con la sentencia de remate en virtud de no haber el ejecutado opuesto excepciones. Que el actor alegó la inexistencia de causa jurídica en el libramiento de los tres pagarés y la falsedad de la firma, en tanto el demandado pidió que se rechace la acción porque la falsedad no fue opuesta en el juicio ejecutivo y no resulta posible reeditarla en el ordinario posterior (arg. art. 551 del C.P.C.C.). Que el actor de autos no opuso excepción alguna en el juicio ejecutivo y que, justo antes de concretarse la subasta decretada, radicó denuncia penal por estafa contra el ejecutante y su esposa.

Se dijo además que antes de archivarse la referida causa penal ofrecida de consuno por ambas partes, se recabó prueba que adquirió plena validez al no haber sido atacada de nulidad. Puntualmente, los peritos caligráficos oficiales de la Asesoría de Mar del Plata Sergio Gustavo García y Héctor Ramón Botto concluyeron que "las tres firmas cuestionadas precitadas, no se corresponden con las de puño y letra del Sr. Héctor Marcelo de Jesús Vindeirinho" (fs. 259/263). En una pericia posterior el perito calígrafo de la Asesoría de Mar del Plata, Carlos Mariano Hernando, concluyó que "no corresponde al patrón gráfico del SR. De Jesús Vindeirinho las firmas cuestionadas de los pagarés de fs. 6, 7 y 8.", expresando la a quo "es decir, ninguno de los tres documentos fue suscripto por el actor de autos (fs. 281). Entendió la magistrada presentenciante que la falsedad de las firmas insertas en los pagarés la exime de analizar las demás probanzas. En tal sentido sostuvo que de seguirse el razonamiento defendido por el demandado la falsedad probada en la causa penal no podría alegarse en este juicio ordinario posterior en razón de no haber sido articulada oportunamente en el ejecutivo, lo cual -a su criterio- implicaría un exceso ritual manifiesto por lo irrazonable. En esa faena sostuvo que debe darse preeminencia al valor justicia por el de seguridad jurídica, tal como se hizo en un precedente de este tribunal (causa n° 38.872 del 05-11-97, "Gil."). Destacó que en esos términos la admisión de la demanda constituye una excepción a la revisión de la cosa juzgada, inspirada en que nadie puede obtener provecho de su propio fraude. Sobre la base de esos fundamentos admitió la demanda, con costas por su orden (fs.257/261).

5. Los recursos.

5.1.a. El actor apeló la sentencia a fs. 262, siéndole concedido el recurso libremente a fs. 263, que fundó en esta sede a fs. 284/284vta., se ordenó sustanciar a fs. 287 y no fue contestado.

Únicamente criticó la imposición de las costas por su orden con el argumento de que toda la actividad jurisdiccional de autos se debió a la negligencia probatoria del actor en acreditar en tiempo oportuno la falsedad de los títulos base de la ejecución. Expresó, por el contrario, que si bien no ejerció defensa alguna en el ejecutivo tal omisión ya fue castigada procesalmente con la imposición de las costas de dicho pleito. Sostuvo que en autos hay un perdedor -el demandado- y un ganador -el actor- y que, en consecuencia, debe aplicarse el principio objetivo de la derrota.

5.1.b. El accionante apeló también por altos los honorarios regulados a los letrados actuantes, siéndole concedido el recurso con los efectos y alcances del art. 57 del dec-ley 8904/77.

5.2.a. El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia a fs. 264, que le fue concedido libremente a fs. 267, fundó a fs. 285/286vta., se ordenó sustanciar a fs. 287, y fue contestado a fs. 288/289.

En la expresión de agravios de fs. 285/286vta. el demandado aseveró que en el sub-caso se debería cuestionar la causa y no otras cuestiones como la falsedad de los títulos, dado que precluyó la etapa procesal para hacerlo. Con relación a la inexistencia de causa en el libramiento de los tres pagarés, cuestionó que el fallo solo ponderó la última de las varias pericias caligráficas realizadas en sede penal, sin tener en cuenta las graves divergencias existentes entre las mismas ni de analizarlas en su totalidad. Mencionó que el decisorio no valoró la prueba pericial contable en cuyo punto 4 claramente se informó que los pagarés reconocen causa justa en la refinanciación detallada en el punto 3. Alegó que luego de la pericia realizada por la Asesoría Pericial de Necochea el accionante solicitó en la causa penal que se fije audiencia de conciliación, reconociendo la existencia de -por lo menos- la firma en un pagaré. En referencia a la afirmación de la a quo de que "el hecho que la firma de los pagarés resulte falsa, hecha por tierra cualquier otro análisis que sobre la restante prueba pueda realizar, por lo tanto y como señalara precedentemente no me es útil efectuarlo", sostuvo que se ha violado el art. 384 del ritual al haber analizado la prueba en forma aislada, estancada e independiente a punto tal de no tener en cuenta la pericial contable.

5.2.b. Asimismo, tanto el accionado como su letrado apelaron por altos los honorarios regulados a favor de éste último, recurso que les fue concedido con los efectos y alcances del art. 57 del dec-ley 8904/77 (fs. 265/266, 267).

6. Habiéndose practicado el sorteo de rigor (fs. 296), la causa está en condiciones de ser decidida.

II.1. En los apartados precedentes destaqué que mediante el presente juicio de conocimiento posterior (ordinario en la terminología de la ley procesal) el actor pretende dejar sin efecto lo decidido en el compulsorio que lo precedió, en cuyo marco el aquí accionante ostentó la calidad de ejecutado contra quien se mandó llevar la ejecución adelante sobre la base de tres pagarés en razón de no haber opuesto oportunamente excepciones legítimas.

Para conseguir dicho propósito el actor adujo que: a) las firmas insertas en los tres pagarés ejecutados cuya autoría le fue atribuida, son falsas; y b) que las obligaciones reclamadas a través de esos documentos carecen de causa jurídica.

Según se desprende de los escritos constitutivos del proceso ambos litigantes ofrecieron de consuno prueba pericial caligráfica sobre los tres títulos, así como también con carácter de prueba instrumental las constancias de la causa penal n° 01-02-004054-10/00 instruida contra José Raúl González y Dora Nazabal por el delito de estafa y las del juicio ejecutivo anterior, entre otros medios probatorios (fs. 2/5vta., 16/18vta., 22/23vta.).

La prueba instrumental fue favorablemente proveída. En cambio, no ocurrió lo mismo con la pericial caligráfica ya que -fundamentó la a quo- quedan excluidos del juicio ordinario posterior en los términos del art. 551 del Código Procesal aquellos planteos que debieron ser ventilados en el juicio ejecutivo (fs. 71). Con esa decisión se buscó impedir que se materialice en autos una irregular incorporación de prueba tendiente a demostrar extremos de hecho que, en su caso, debieron haber sido alegados y probados en el juicio ejecutivo por resultar inadmisible su abordaje en el ordinario posterior en virtud de la limitación prevista en el art. 551 del Código Procesal. Me refiero, claro está, a la excepción de falsedad (a cuya demostración está específicamente orientada la prueba caligráfica ofrecida), la que debe ser articulada y probada en el juicio ejecutivo puesto que "el juicio ordinario posterior no implica la admisión de un doble juicio en todos los casos, ni es medio idóneo para reparar los errores u omisiones en que pudo haber incurrido el ejecutado al no articular en su momento las defensas o producir las pruebas admisibles en el proceso de ejecución" (art. 542 inc. 4 del C.P.C.C.; Enrique M. Falcón, "Juicio Ejecutivo y Ejecuciones Especiales", ed. Rubinzal-Culzoni, 2ª ed., T. II, págs. 109 y 110). El decisorio en cuestión devino firme.

Pues bien, esa limitación procesal condujo a que no se produjera en autos la pericial caligráfica lo que, sin embargo, no significó que el sub-caso se decidiera con total prescindencia de dicha específica prueba técnica ya que, al haberse admitido como instrumental las constancias de la causa penal por estafa, se incorporaron por esa vía, y debido al expreso ofrecimiento probatorio de ambos litigantes, las pericias caligráficas de los pagarés cuestionados que se produjeron en dicha sede. Ciñéndome a las consecuencias privatísticas del material recolectado en sede penal (es decir, abstrayéndome de sus implicancias punitivas), no paso por alto que las pericias caligráficas recabadas en la I.P.P. poseen aptitud para acreditar en autos extremos de hecho que, ciertamente, debieron haber sido alegados y probados en el juicio ejecutivo precedente, en virtud de la limitación procesal que antes mencioné (me refiero a la falsedad de las firmas insertas en los documentos; arts. 542 inc. 4 y 551 del C.P.C.C.). Sin dejar de advertir que en situaciones normales ello es así, entiendo que la justa composición del sub-caso impide aplicar a rajatabla esa restricción procedimental no siendo posible, en aras de resguardar el valor justicia, prescindir de la existencia y conclusiones de dichas probanzas, tal como lo hizo la a quo en la sentencia que arriba apelada.

Citando un precedente de la Corte Provincial hace ya casi veinte años este tribunal decidió que "no cabe considerar infracción legal alguna al análisis de las constancias de la causa penal porque no sólo fueron producidas con arreglo al régimen procesal respectivo sino incorporadas en autos como prueba, sin impugnación de las partes" (Ac. L. 50.659, 5/5/93, "Bohiler, Carlos A. c/. El Halcón S.A. Accidente", D.J.J. T° 147, p. 175; cit. en "Otra vez sobre el valor probatorio del expediente penal en sede civil (en la Suprema Corte de Buenos Aires)", L.L. Bs. As, junio 1997, p. 1522; esta Sala, causa n° 38.872 del 05-11-97, "Gil c/. Capitanio", con mi voto). De esa manera, cabe asignar valor a los medios probatorios incorporados a la causa penal y que fueron trasladados al fuero civil no sólo sin que medie objeción alguna de parte de los litigantes sino, antes bien, en virtud del expreso ofrecimiento de todos ellos (esta Sala, causa n° 38.872, cit.).

Admitida así la valoración de las pruebas recabadas en la causa penal, anticipo que me abocaré a volcar las partes pertinentes de las pericias caligráficas elaboradas por los peritos oficiales a quienes sucesivamente les fue encomendada la tarea. Con respecto a las pericias privadas, que se encuentran incorporadas a dicho expediente penal y que también ponderé, cabe mencionar que cada experto dio la razón al litigante que le encargó la tarea (ver fs. 18/47, 163/199 de la I.P.P.).

Para una más fácil lectura aclaro que cuando en los dictámenes se menciona el pagaré de fs. 6, es el que asciende a U$S4.420; el de fs. 7 es el de U$S698; y el de fs. 8 el de U$S1.796. Pues bien, de las pericias caligráficas oficiales producidas en la causa penal se extrae que:

- En la que desarrolló la perito de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Necochea, Bárbara B. Liébana (me refiero a la de fs. 128/133vta., pues en la anterior de fs. 97/101vta. no le fue posible emitir una conclusión), se hizo constar que: "las escrituras literales y numéricas de los pagarés de fs. 6 y 7, PERTENECEN AL PUÑO Y LETRA DEL SR. HÉCTOR MARCELO DE JESÚS VINDEIRINHO"; "el llenado y firma del pagaré de fs. 8, NO CORRESPONDE AL PATRIMONIO ESCRITURAL DEL NOMBRADO UT-SUPRA"; "NO SURGE LA PARTICIPACIÓN DEL SR. DE JESÚS VINDEIRINHO en la firma del pagaré de fs. 6"; y, finalmente, que "la signatura del instrumento de fs. 7, PERTENECE AL PUÑO Y LETRA DEL DENUNCIANTE".

- Sin embargo, en la realizada por los peritos Sergio Gustavo García y Héctor Ramón Botto de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Mar del Plata se concluyó que: "las tres firmas cuestionadas precitadas, no se corresponden con las de puño y letra del Sr. Héctor Marcelo de Jesús Vindeirinho" (fs. 259/263).

- Finalmente, el perito de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Mar del Plata que realizó la última pericia ordenada en sede penal, coincidió con la conclusión de los expertos que lo precedieron, expresando que "no corresponden al patrón gráfico del Sr. De Jesús Vindeirinho las firmas cuestionadas de los pagarés de fs. 6, 7 y 8" (fs. 276/281).

Acoto que con el resultado de ésta última pericia la titular de la Fiscalía a cargo de la investigación dispuso el archivo de la causa penal, destacando a tales fines "[.] que si bien es cierto que el proceso judicial en el fuero civil llevado adelante contra el denunciante . ha tenido como base la ejecución de títulos de crédito que no han sido firmados por el demandado Sr. Héctor Marcelo de Jesús Vindeirinho, no es menos cierto que a partir de las conclusiones vertidas en las pericias obrantes a fs. 259/263 y a fs. 276/281, tampoco se corresponden al patrimonio escritural de los denunciados Sr José Raúl González y Sra Dora Nazábal [.]". Por eso, "[.] no habiéndose reunido prueba suficiente en cuanto al elemento subjetivo que reclama el tipo penal en juego [.]" la fiscal dispuso archivar las actuaciones (fs. 318/318vta.).

Aun cuando a los fines represivos el material probatorio recolectado no alcanzó para tener por configurado el tipo delictivo de estafa, en el sub-caso no es posible soslayar las conclusiones probatorias que emanan de la causa penal iniciada con posterioridad al juicio ejecutivo que tramitó contemporáneamente con el presente juicio de conocimiento, teniendo sobre todo en cuenta que su regularidad procedimental no fue cuestionada y que, reitero, fue incorporada como prueba con la conformidad de ambos litigantes.

En tal sentido advierto que todas las pericias oficiales concluyeron de modo unánime en que las firmas insertas en los pagarés de U$S4.420 y U$S1.796 no pertenecen al actor de autos. Se ha expresado en doctrina que "cuanto más numerosas son las pruebas concordantes, más probable resulta la hipótesis de que sean conformes a la realidad: si pruebas realmente independientes coinciden en el mismo sentido, esto se deberá a que tienen un fundamento común en la realidad" (Gabriel H. Quadri, op. cit., T. I, pág. 613).

En cambio, con relación al pagaré por U$S698 no se verificó la aludida unanimidad de opiniones ya que, mientras la perito Bárbara B. Liébana aseveró que la firma sí pertenece al actor (fs. 128/133vta.), los expertos Sergio Gustavo García y Héctor Ramón Botto -que realizaron la segunda pericia de oficio- concluyeron que la firma cuestionada no se corresponde con las de puño y letra del actor de autos, temperamento sustancialmente idéntico al que adoptó el perito Mariano Hernando -que confeccionó la tercera- que también expresó que las firmas no corresponden al patrón gráfico del actor (fs. 276/281).

Bajo ese panorama, entiendo que la falsedad de las firmas que ostentan los pagarés de U$S4.420 y U$S1.796 atribuidas al actor ha quedado suficientemente acreditada en sede penal con los tres dictámenes periciales oficiales que resultaron coincidentes sobre el punto, sin que existan motivos para apartarme de las conclusiones concordantes a las que arribaron los expertos ni tampoco del procedimiento técnico que siguieron para ello (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.). La especificidad de dicha prueba en orden a demostrar la inautenticidad de las firmas atribuidas al hoy actor constituye, por lo demás, una razón más para aceptar como válidas las conclusiones de las referidas pericias caligráficas (cf. Gabriel H. Quadri, "La Prueba en el Proceso Civil y Comercial", ed. Abeledo-Perrot, T. I, págs. 142 y 143, T. II, págs. 1358 y 1359).

En cambio, sí existió discordancia pericial con relación al pagaré librado por la suma de U$S698, la que se verificó entre la primera pericia oficial (realizada por la perito Bárbara B. Liébana) y las dos restantes (realizadas, la segunda, en forma conjunta por los peritos Sergio Gustavo García y Héctor Ramón Botto; y la tercera, por el perito Carlos Mariano Hernando). En efecto, en la primera pericia la perito Liébana expresó al respecto que "la firma de fs. 7, resulta hermanable con sus correspondientes genuinas. Se aprecian semejanzas de inclinación, presionados, velocidad gráfica, sistema ejecutivo, que las relacionan genéticamente. Se pueden verificar correspondencias puntuales, tales como apoyo inicial, escape hacia la derecha, superposición de trazos medios y es peculiar la leve torsión del trazado curvilíneo inferior" (fs. 128/133vta.). Por el contrario, los peritos García y Botto expresaron conjuntamente en la segunda pericia oficial que "si bien existen similitudes formales o de ciertos elementos de estructura con las genuinas del premencionado (especialmente en la dudosa de fs. 7), no se determinaron concordancias que permitan atribuirlas a su autoría" (fs. 259/263). Y finalmente, en la tercera pericia de oficio el perito Hernando se expidió en el mismo sentido que la anterior al realizar el cotejo de la firma dubitada con la genuina, expresando "respecto a la de fs. 7, si bien presenta ciertas similitudes formales, su desarrollo estructural es disímil. En efecto, el gesto gráfico genuino, exhibe como característica constitutiva, su configuración en un solo tiempo gráfico, el cual produce, como elementos de mayor altura a sus movimientos inicial y final, siendo éste último, del tipo regresivo". Continuando, sostuvo que "en el caso de las firmas genuinas realizadas en el último período cronológico, sus valores centrales, son producto del movimiento final regresivo" y precisó que "en cambio, la dubitada de fs. 7, se desarrolla evolutivamente, es decir va de izquierda a derecha", por lo que finalizó expresando que "los elementos genuinos y distintivos del patrón gráfico indubitado, no encuentra analogías identificatorias en las firmas sujetas a peritaje" (fs. 276/281).

Ahora bien, a pesar de la apuntada discordancia de los dictámenes periciales en la faena valorativa me he de inclinar por el sentido conclusivo que emerge de las dos últimas pericias que tacharon de falsa a la firma obrante en el pagaré de U$S698. No sólo porque las experticias realizadas por tres expertos distintos (si bien en uno de los casos interviniendo dos de ellos en forma conjunta) me persuaden de que es posible disminuir la posibilidad de error frente a la única llevada a cabo por una sola perito, sino también porque en la realizada en último término el perito Hernando contó para el cotejo con firmas insertas en un instrumento público que posee cierta contemporaneidad genética con las puestas en los pagarés impugnados, y que no había sido tenido en cuenta en las dos pericias oficiales anteriores; me refiero al legajo del automotor dominio GDK-244 inscripto bajo la titularidad del actor en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor desde el 28-02-07 (cf. fs. 26/27vta. de autos; fs. 277 y constancia de devolución de fs. 326/326vta. de la I.P.P.; arts. 384 y 474 del C.P.C.C.). Es que debe tenerse presente que para franquear su ingreso al Registro las firmas puestas en dicha documentación deben haber sido autenticadas por Escribano Público o el encargado de registro con atribuciones fedatarias, quien debe constatar la identidad del firmante (arts. 1, 13 y ccs. del dec-ley 6582/58).

Luego, el análisis conjunto de las pericias caligráficas oficiales producidas en el marco de la causa penal I.P.P. n° 01-02-004054-10/00 cuya incorporación al sub-caso como prueba instrumental se produjo merced al ofrecimiento oportuno e incuestionado de ambas partes de la relación litigiosa, permite concluir que las firmas insertas en los tres pagarés en los que se sustentó la pretensión ejecutiva anterior, son falsas (arts. 384, 474 y ccs. del C.P.C.C.).

2. A fin de abastecer debidamente el sentido decisorio anticipado considero preciso reparar brevemente en la prueba pericial contable producida por el perito oficial Pablo Antonio Mikkelsen a fs. 124/125vta. de este juicio de conocimiento.

Luego de dictaminar que el demandado lleva sus libros contables según las disposiciones legales vigentes, el profesional sostuvo que "el actor tenía con la demandada varios contratos de crédito personal a sola firma en cuotas, por distintos bienes que fueron adquiridos en el local comercial Casa del Crédito", habiendo puntualizando el experto que "surge que con fecha 5 de junio de 2005, se refinanciaron los siguientes créditos" por las sumas de U$S4.420, U$S184,48, U$S349, U$S76 y U$S1.833,52, que arrojan un total de U$S6.913. Respondiendo a otro de los puntos de pericia destacó que "de la documentación compulsada surge que los pagarés referidos reconocen causa justa en la refinanciación efectuada por la parte demandada.". Finalmente, expresó que habiendo compulsado la declaración jurada de ganancias "surge que el demandado declaró, dentro del rubro Deudas a Cobrar, en forma global, los montos adeudados por las sumas referidas" con anterioridad.

Pues bien, en la pericia glosada a fs. 124/125vta. se hizo constar que en fecha 05-6-05 el accionado asentó en su contabilidad cinco contratos de crédito personal a sola firma por adquisición de diversos bienes por parte del actor, cuya deuda total ascendió a U$S6.913 (suma que representa una diferencia de apenas U$S1 con lo reclamado en el ejecutivo), y que dicho monto también se incluyó en el rubro "deudas a cobrar" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Ahora bien, frente al pedido de explicaciones del actor el perito contador explicó más tarde que "en los registros de la demandada se encuentra asentada la operación de referencia, que refiere a la suma documentada mediante los pagarés reclamados judicialmente, pero no fue exhibida a este perito copia del contrato de refinanciación del saldo adeudado" (fs. 134/136). Por resolución de fs. 142 (que devino firme en virtud de lo decidido por esta alzada a fs. 202/202vta.) se dispuso intimar al demandado para que acompañe la documentación que acredite que el día 05 de junio de 2005 el actor habría refinanciado los créditos personales n° 70744, 95677, 92911, 69743 y 95677, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 386 del C.P.C.C. Habiéndose diligenciado debidamente la intimación y ante el silencio del accionado (cf. fs. 153/153vta.), a fs. 158 se hizo efectivo el apercibimiento disponiéndose aplicar en su oportunidad lo prescripto por el art. 386 del ritual.

He pasado revista a los vaivenes suscitados en torno a la producción y resultado de la prueba pericial contable a fin de dejar clarificado que la misma estuvo orientada a probar la causa jurídica del libramiento de los pagarés. En la tarea de valorar el medio probatorio en cuestión debe partirse de la base de que los asientos contables -cuya conformidad con las disposiciones contables aplicables no se pone en tela de juicio- han sido unilateralmente confeccionados por el accionado. Por lo demás, si bien el perito informó en su dictamen de fs. 124/125vta. que el actor tenía con la demandada "varios contratos de crédito personal a sola firma" (identificados como créditos n°70744, n°95677, n°92911, n°69743 y -nuevamente- n°95677), lo cierto es que al brindar las explicaciones de fs. 134/136 el experto precisó que el asiento contable se refiere a la suma documentada mediante esos pagarés y que no le fue exhibida copia del contrato de refinanciación del saldo adeudado, además de destacar que "no resulta parte de la tarea pericial de autos de este perito el presentar copia de la documentación probatoria de las partes" (fs. 136). Pero he de precisar que tampoco el demandado, a quien se intimó bajo apercibimiento de aplicar oportunamente lo prescripto por el art. 386 del Código Procesal, aportó contrato, factura o cualquier otra documentación idónea para justificar la causa del libramiento de los pagarés.

A mi entender no es posible razonar, como pretende el demandado, que la causa jurídica del libramiento de los pagarés está justificada en el asiento contable que da cuenta precisamente del libramiento de esos mismos pagarés pero sin que se hubiera acompañado el contrato causal subyacente, facturas u otra documental adicional, ya que ello sólo demuestra la existencia del asiento contable en sí mismo considerado más no la causa jurígena que constituye la razón de ser de las obligaciones representadas en los documentos abstractos cuestionados (arts. 499 y 500 del C.C.; arts. 7, 726 y 727 del CCyC).

3. Por todo lo expuesto concluyo que, de un lado, con la prueba pericial caligráfica se ha demostrado que las firmas insertas en los tres pagarés cuestionados son falsas, es decir, no fueron estampadas por el actor a quien, por lo tanto, no puede serle atribuido el carácter de sujeto pasivo de la obligación que portan.

Del otro que, con la prueba pericial contable producida no se ha podido acreditar la existencia de causa jurídica en el libramiento de los pagarés, que fuera cuestionada por parte del actor de autos (arts. 499 y 500 del C.C.; arts. 7, 726 y 727 del CCyC).

Amén del análisis probatorio realizado ut supra entiendo que resulta innecesario a los fines del sub-caso, abrevar en la prueba pericial contable. En efecto, con el resultado de la pericia caligráfica que da cuenta de la falsedad de las firmas insertas en los pagarés se torna innecesario acudir a la contable, desde que el juicio sobre la autenticidad de las firmas de documentos abstractos constituye un prius lógico anterior al de la existencia de la causa de la obligación. De modo tal que, demostrada la falsedad de las firmas deviene innecesario acudir a la inexistencia de causa a los fines de fundamentar el presente voto.

4. Por lo demás, considero que no es de recibo la crítica del demandado en cuanto a que en la causa penal el actor solicitó que se fije audiencia de conciliación y reconoció la existencia de -por lo menos- la firma de un pagaré (fs. 285/286vta. de autos, y fs. 157/157vta. de la I.P.P.).

En efecto, además de haberse dejado aclarado que el ofrecimiento conciliatorio tenía por único fin "dar término al conflicto con el denunciado" por lo que no importó un reconocimiento de deuda en los términos del art. 718 y siguientes del Código Civil (fs. 157vta. de la I.P.P.; art. 7 del CCyC), el denunciante se manifestó acerca de la firma inserta en el pagaré de U$S698 enseguida de llevada a cabo la primera pericia caligráfica oficial cuya conclusión sobre el punto fue, sin embargo, posteriormente desmentida por las restantes dos pericias oficiales que se ordenaron en el marco de la investigación penal.

Y teniendo en cuenta que me he inclinado por asignar valor probatorio a las conclusiones coincidentes de las dos últimas pericias oficiales en lo atinente a la firma del pagaré de U$S698 (cf. ap. II, pto. 1), coherente con ello considero que debe descartarse el agravio bajo tratamiento, lo que así propongo al acuerdo (arts. 260, 266 del C.P.C.C.).

5. Antes de finalizar destaco que en la elaboración del presente voto no he pasado por alto que el art. 551 del Código Procesal impide articular en el ordinario posterior aquellas cuestiones que no poseen límites cognoscitivos en el ejecutivo. Tampoco soslayo que en el ejecutivo precedente el actor omitió oponer oportunamente excepción de falsedad de título, lo que condujo a que se mande llevar adelante la ejecución por resolución que -con el alcance propio del tipo de proceso- pasó en calidad de cosa juzgada.

No obstante ello, sostengo que la justa composición del caso exige ponderar las conclusiones probatorias que emergen de la causa penal por estafa iniciada luego del ejecutivo, en cuyo marco se demostró que las firmas obrantes en los pagarés ejecutados resultan falsas.

Recuerdo que en el precedente "Gil" se dijo que en estos singulares y atípicos supuestos conviene "prioritar el principio justicia -y sus correlatos, eficacia, orden, paz social- por sobre la aparente y formal autoridad de la cosa juzgada derivada de una sentencia fundada en un cheque falso, aunque el interesado fue negligente en la acreditación oportuna de esa falsedad. Es que entre el conflicto o tensión entre ambos valores, me inclino, en el caso, por auspiciar la solución axiológica y jurídicamente más valiosa: no cerrar los ojos ante el ilícito cometido y admitir la tardía -pero efectiva- acreditación de la falsedad del instrumento". Y se destacó, asimismo, que los arbitrios pretorianos de la verdad jurídica objetiva y del exceso ritual manifiesto "permiten superar el argumento jurídico relativo a que fue la propia conducta del perjudicado la generadora de la decisión judicial ahora impugnada". Citando un precedente de la Suprema Corte (Ac. 37350, "Martínez, Inés Josefina c/ Benítez, Juan Carlos. Daños y perjuicios", en A. y S., 1987-III-387) se dijo que "resulta inconciliable con un adecuado servicio de justicia que pueda mantenerse -por razones meramente formales- una condena cuando de la prueba surge evidente que al demandado no puede hacérsele responsable de los daños reclamados", y que "la admisión de soluciones injustas cuando es posible lo contrario, es incompatible con el fin de la tarea judicial" y, a su vez, contrario al postulado de nuestra Constitución Nacional de afianzar la justicia (esta Sala, causa n° 38.872 cit.).

Por las razones expuestas habré de propiciar la confirmación del decisorio apelado en cuanto hizo lugar a la demanda (Const. Nac., preámbulo; arts. 1, 2, 3 y ccs. del CCyC; arts. 374, 384, 386, 457, 462, 474, 542 inc. 4, 551 y ccs. del C.P.C.C.).

5. También propiciaré la confirmación del decisorio de grado en cuanto impuso las costas del sub-caso por su orden, ponderándose a ese fin que fue la negligencia probatoria del actor (al omitir acreditar en el ejecutivo anterior la falsedad de los documentos) la que dio origen a toda la actividad jurisdiccional posterior (art. 68 del C.P.C.C.; esta Sala, causa n° 38.872, cit.).

No empece a la conclusión mencionada lo argumentado por el actor en cuanto a que dicha omisión ya fue castigada procesalmente con la imposición de las costas en el ejecutivo precedente (fs. 284/284vta.), ya que ninguna transferencia patrimonial se efectivizó en virtud de esa condena y la misma ha quedado sin efecto por imperio de lo decidido en el sub-caso. En tal sentido se ha expresado que, "aunque el ejecutante haya procedido de buena fe y tenido éxito en el juicio ejecutivo, con costas, probada su falta de derecho sustancial en el ordinario subsiguiente, está obligado a devolver lo pagado por la otra parte, incluso las costas", y "ello sin perjuicio de que eventualmente pudieran declararse las costas por su orden en el ordinario" (Falcón, op. cit., pág. 117).

6. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la demanda y ordenó dejar sin efecto las medidas oportunamente dispuestas, con costas de ambas instancias por su orden (Const. Nac., preámbulo; art. 718 del C.C.; arts. 1, 2, 3, 7 y ccs. del CCyC; arts. 68, 69, 374, 384, 386, 457, 462, 474, 542 inc. 4, 551 y ccs. del C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:

En cuanto a los recursos deducidos a fs. 265 y fs. 268 contra la regulación de honorarios de fs. 261 cabe señalar, atento la labor cumplida, los trabajos realizados por los letrados intervinientes y conforme lo dispuesto por los arts. 1, 2, 16, 21, 22, 28, 47 y cc. del Decreto-Ley 8904/77, que la misma ha de confirmarse -por la acción- respecto del Dr. N. G. R.y modificarse, en lo demás que decide y respecto de ambos letrados, en la forma en que se expresa a continuación. Por la acción principal, se fijan los honorarios del Dr. N. G. R., en la suma de pesos diecinueve mil ($19.000) y los del Dr. J. A. P., en la suma de pesos trece mil seiscientos setenta y siete ($13.677); y por las incidencias resueltas a fs. 34/36; fs. 111 y fs. 151/152, los del Dr. N. G. R., en las sumas respectivas de pesos tres mil setenta y tres ($3.073), pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364) y pesos tres mil setenta y tres ($3.073); y los del Dr. J. A. P. en las sumas respectivas de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364), pesos tres mil setenta y tres ($3.073) y pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364); en todos los casos con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere.

Asimismo, regúlanse los honorarios por los trabajos cumplidos en esta instancia (art. 31 del decreto-Ley 8904/77), en la siguiente forma: a) por la resolución de fs. 235/236: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364); y b) por la presente sentencia: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos tres mil ochocientos ($3.800) y los del Dr. J. A. P., en la suma de pesos dos mil seiscientos sesenta ($2.660); en ambos casos con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, por los distintos fundamentos expuestos, se resuelve: 1) confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la demanda y ordenó dejar sin efecto las medidas oportunamente dispuestas; 2) con costas de ambas instancias por su orden (Const. Nac., preámbulo; art. 718 del C.C.; arts. 1, 2, 3, 7 y ccs. del CCyC; arts. 68, 69, 374, 384, 386, 457, 462, 474, 542 inc. 4, 551 y ccs. del C.P.C.C.); 3) modificar la regulación de honorarios de fs. 261 en la forma dispuesta en la cuestión precedente; y 4) regular los honorarios por los trabajos cumplidos en esta instancia (art. 31 del decreto-Ley 8904/77), en la siguiente forma: a) por la resolución de fs. 235/236: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364); y b) por la presente sentencia: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos tres mil ochocientos ($3.800) y los del Dr. J. A. P., en la suma de pesos dos mil seiscientos sesenta ($2.660); en ambos casos con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A Azul, Agosto de 2017.- AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda y ordenó dejar sin efecto las medidas oportunamente dispuestas (Const. Nac., preámbulo; art. 718 del C.C.; arts. 1, 2, 3, 7 y ccs. del CCyC; arts. 374, 384, 386, 457, 462, 474, 542 inc. 4, 551 y ccs. del C.P.C.C.). 2) con costas de ambas instancias por su orden (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 3) modificar la regulación de honorarios de fs. 261 en la forma dispuesta en la cuestión precedente; y 4) regular los honorarios por los trabajos cumplidos en esta instancia (art. 31 del decreto-Ley 8904/77), en la siguiente forma: a) por la resolución de fs.235/236: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos dos mil trescientos sesenta y cuatro ($2.364); y b) por la presente sentencia: los del Dr. N. G. R., en la suma de pesos tres mil ochocientos ($3.800) y los del Dr. J. A. P., en la suma de pesos dos mil seiscientos sesenta($2.660); en ambos casos con más el aporte legal e I.V.A., si correspondiere. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDÓS JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II Ante mi CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II