Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-11


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Doce.- San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Septiembre de 2.008.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 021/07: "OLMOS, Ernesto Martín c/ MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA DE TINOGASTA - s/ Acción de Amparo", llamándose autos para Sentencia a fs. 33. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Amparo interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 33vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. Amelia del Valle SESTO de LEIVA, José Ricardo CÁCERES y Luis Raúl CIPPITELLI. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 9/12 de los presentes autos, empleado de la Municipalidad de Tinogasta interpone Acción de Amparo en contra del acto administrativo que declarara la caducidad de la relación contractual existente (empleo público) entre el ocurrente y el municipio de cita, considerando que en el acto administrativo de que se trata, la patronal declara la caducidad de la relación pero remitiéndose a la cláusula octava de un contrato tácitamente reconducido y que hace mención a causales de rescisión y no de caducidad; considera además que la mera mención genérica de la cláusula octava priva de causa al acto administrativo cuestionado. Que a fs. 23/24 este Alto Tribunal declara formalmente procedente la acción de amparo interpuesta. Que a fs. 27 vta. se da por decaído el derecho del municipio a producir el informe de ley, obrando a fs. 30 el llamado de autos.

Que ello así, del análisis de las constancias de la causa, surge con patente claridad que la Municipalidad alega por una parte la caducidad de la relación contractual con el ocurrente, pero para fundar tal afirmación y voluntad administrativa, en el mismo acto remite sólo genéricamente a la cláusula octava del contrato que contiene enunciadas causales de rescisión, confundiendo así dos institutos jurídicos distintos y que con su impropia utilización invalidan el acto administrativo de que se trata, viciando su causa. Ello es así, porque para la doctrina ".la rescisión es un acuerdo de voluntades (ab initio) por el cual se deja sin efecto un contrato, por ello también se le llama distracto, agregando que, puesto que el acuerdo de voluntades ha podido crear un vínculo jurídico, puede también aniquilarlo o extinguirlo; mientras que la caducidad es la pérdida o extinción de una acción o derecho por inacción en plazo perentorio. está ligado al presupuesto de la inobservancia de un término perentorio e inspirado en la exigencia de ejercicio solícito de derechos. Es un efecto del transcurso del tiempo" (Garrone J. A., Diccionario Jurídico, tomos I y IV, Págs. 482 y 215). Pero además de confundir institutos jurídicos para fundar su decisión extintiva, la administración al hacer referencia a la cláusula octava del contrato de locación de servicios, si de rescisión se tratara, omite especificar la causal en la que pretende fundar la decisión mencionada, privando así de causa al acto administrativo en una muestra de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que torna viable la presente acción en los términos y alcances de la Ley de Amparo. Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar a la acción intentada en los términos peticionados. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

En autos el actor interpone acción de amparo persiguiendo se declare la nulidad de la resolución mediante la cual la Municipalidad de Tinogasta dispone la caducidad del contrato de empleo público suscripto entre ambas partes. Afirma que para así decidir, la Administración invoca la cláusula octava del convenio de locación de servicios, firmado el 01/02/04, por el plazo de tres meses. Que habiendo vencido el 30/4/04, se celebra nuevo contrato, el que es renovado nuevamente el 30/07/04, estableciéndose expresamente en el mismo la tácita reconducción. Aduce que desde el 01/02/04 se desempeña de manera ininterrumpidamente, que su desvinculación exigía cuanto menos la clara mención de los hechos y el derecho en que se sustenta, que el proceder de la Municipalidad resulta arbitrario por que, para declarar la caducidad del contrato hace operativa una cláusula -la que establece supuestos de rescisión- de un contrato ya extinguido. Del análisis de las constancias de la causa, no advierto la concurrencia de los presupuestos que necesariamente deben darse para que una acción como la entablada pueda tener viabilidad. En efecto entiendo, que el medio elegido no es eficaz para enervar los efectos de una decisión tomada por la administración en ejercicio de atribuciones legales. Anticipado ello, oportuno es recordar que las partes celebraron sucesivos contratos de locación de servicios, todos por periodos de tres meses - el primero el 1/2/2004, el segundo el 1/5/2004 y el último en Julio de 2004; estableciéndose en este último que de no mediar notificación de cese del servicio al vencimiento del contrato, se consideraba que operaba la reconducción tácita del mismo. A su vez en la cláusula octava, se estableció que la Municipalidad podía rescindir el contrato, antes de su finalización, por razones de indisciplina, presupuestarias o por incumplimiento, comunicando esta determinación con una anticipación de diez días corridos. Teniendo en cuenta dicho contexto, he de analizar los efectos que produjo en el caso la tácita reconducción expresamente pactada en el contrato de locación de servicios examinado, supuesto que importa "la configuración de una nueva relación locativa en los mismos términos que la originaria" (Lorenzetti, Ricardo Luis, "Código Civil Comentado" Contratos Parte Especial, T. I, pág, 665). Pues ha de tenerse presente que si no media cláusula alguna que la prevea expresamente, debe entenderse que en materia administrativa, al igual que en materia civil no existe tácita reconducción. Establecido ello, de los términos del contrato suscripto surge que las partes han convenido la renovación contractual de modo indefinido, lo que supone que a los tres meses vencía el contrato y que a su vencimiento nacía otra relación establecida en los mismos términos que la originaria, supuesto que duraría, conforme a lo pactado en la cláusula séptima hasta que se decida comunicar el cese de los servicios. Así la extinción del vinculo contractual (conforme a la cláusula octava y séptima), podía ocurrir antes del vencimiento del contrato, supuesto en el cual la Administración ejercita su poder de rescindir de oficio el contrato, bajo la única exigencia de que se anoticiara -con una antelación de diez días- de tal decisión; o bien la extinción del vínculo podía también producirse, una vez vencido los tres meses de duración, notificando el cese de los servicios. En el caso traído a resolver, se cuestiona la facultad rescisoria ejercida unilateralmente por la Administración cuando decide poner fin a la relación que mantenía con el administrado, olvidándose quizás el quejoso que el contrato previó expresamente la facultad rescisoria del vinculo contractual y que aún de no haberse previsto expresamente esta figura, la misma configura una prerrogativa que la Administración Pública tiene igualmente por estar ínsita en todo contrato administrativo. (Corte Suprema de Justicia de la Nación- "Tecsa S.A c. Segba S.A", 21/12/1999).

En ese contexto no resulta arbitrario ni ilegítimo el proceder de la Administración cuando decide la extinción del contrato que todavía estaba vigente, pues más allá del "nom juris" que se le dé a la figura, - caducidad, o rescisión unilateral- lo cierto es que de los términos utilizados en la carta documento que obra a fs. 2 surge clara, la intención de dar por terminada la relación. Expresión que no podrá por esta vía objetarse, -bajo el ropaje instrumental de la falta de causa- pues se sabe, aun cuando el contrato haya establecido los supuestos que autorizan a la Administración Pública a rescindirlo, ello no significa que no puede rescindírsele por otros supuestos distintos a los expresamente contemplados; ya que si así no fuere, se estaría en presencia de una renuncia de la Administración a rescindir el contrato, lo cual carecería de validez, por cuanto esta prerrogativa es irrenunciable, pues no se trata de derechos de la Administración Pública, sino de "potestades" de ésta. Siendo ello así, encuentro que la voluntad rescisoria se desprende naturalmente de las características propias y de las notas relevantes que tuvo el vínculo contractual entre las partes, que la Administración para así decidir ha valorado la situación existente y sobre esa base, adoptó la resolución que juzgó más conveniente. Así el amparo interpuesto resulta improcedente, pues no puede someterse a la supervisión judicial el desempeño de los órganos administrativos, sino se demuestra acabadamente el vicio de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión adoptada. Conforme a lo expuesto, propicio el rechazo de la acción. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto y adhiero a los fundamenteos y solución propiciada por la Sra. Ministro que habilita el Acuerdo y, emito mi voto en esa dirección. Ello es así pues, la Municipalidad demandada, no obstante estar debidamente notificada (fs.25), no remitió los antecedentes relativos al acto administrativo comunicado al actor mediante telegrama del Correo Argentino de fecha 03 de abril de 2007, ni produjo el informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, tal como lo fuera requerido en el Resolución que declaró la procedencia formal de la acción. La falta de ofrecimiento de prueba y del deber de informar sobre los fundamentos de hecho y de derecho que razonan la legalidad del acto o conducta que se cuestiona, resultan insuficientes y violan el principio de bilateralidad, atento a la contradicción que debe surgir en el amparo para resolver el acto o comportamiento en crisis, encontrándonos en cambio en la presente causa, frente a derechos subjetivos que fueron suprimidos, unilateral e improcedentemente por la administración. Por otra parte respecto de lo alegado por la demandada en el telegrama, debo expresar, que la doctrina tiene dicho que, la extinción de un acto administrativo en razón del incumplimiento del interesado a las obligaciones que aquél le impone se denomina caducidad. Si del acto nacen derechos y obligaciones para el interesado y éste no cumple estas últimas, es procedente que el órgano en ejercicio de la función administrativa extinga el acto. El incumplimiento debe ser grave. Es la facultad que tiene la Administración de extinguir unilateralmente el acto administrativo, a título de sanción, cuando ha mediado culpa o dolo del administrado por no cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Pero asimismo es necesario que previo a la caducidad del derecho, el beneficiario tenga oportunidad suficiente de defensa, como requisito previo al dictado de cualquier acto que pueda afectar derechos subjetivos o intereses legítimos. Porque en caso contrario como bien lo sostiene la Sra. Ministro preopinante el acto administrativo se convierte en arbitrario. La naturaleza, extensión y gravedad de esas faltas o del incumplimiento en que ha incurrido en este caso el agente cocontratante, y su incidencia sobre las necesidades colectivas en relación a su carácter impostergable o no, es una cuestión de hecho, no jurídica, que compete decidir directamente y en primer grado a los órganos administrativos del Estado, sin perjuicio del exámen que el poder jurisdiccional pueda hacer ulteriormente para establecer si existe concordancia entre los motivos invocados para resolver la caducidad y la realidad, es decir si el acto de revocación es arbitrario o acusa desviación de poder. De ser así, el cocontratante tendrá derecho a reclamar el retorno al status quo ante la hipótesis de haberlo reclamado. "En materia de amparo, más que ninguna otra, debe destacarse la importancia del "caso concreto", ello determina que las pautas primarias de procedencia de esta via deben adaptarse a las particulares circunstancias de cada asunto, las que pueden ser determinantes de una variada solución." (TSJ de Córdoba, Sala Civil y Com. 5-3-91, L.L.C. 1991-970). Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que conforme como se resuelve la primera cuestión planteada, las costas deben ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme lo resuelto en la primera cuestión planteada, las costas deben ser por el orden causado. Art. 17 de la Ley 4642. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida.

Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (Por mayoría de votos) RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Sr. Ernesto Martín Olmos, en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo notificado mediante Telegrama de Correo Argentino, el dia 03 de Abril de 2.007. Manteniendo vigente la relación laboral del actor con la Municipalidad de Tinogasta. 2) Con costas a la demandada que resulta vencida.

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.