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Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, competencia desleal, indemnización por clientela, improcedencia del recurso, prescripción, prescripción bienal, recurso de inaplicabilidad de ley, defensa de la competencia, lealtad comercial
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Davicom Comunicaciones SRL c/ Elv Comunicaciones SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Tampoco corresponde aplicar la ley 22802 de Lealtad Comercial, pues si bien a diferencia de lo que ocurre con la ley de Defensa de la Competencia, en cuestiones de lealtad comercial el conflicto se plantea habitualmente entre privados, sin necesidad de afectación al interés económico general; sin embargo, el obrar atribuido a la parte demandada no se hallaba contemplado en la ley 22802 vigente al momento de los hechos invocados en la demanda, norma que recién se reguló mediante un decreto de necesidad y urgencia en el año 2019 mediante el DNU 274/19. 3 - El DNU 274/19, que no se encontraba vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos invocados en la demanda, se diferenció expresamente de la ley de Defensa de la Competencia, ya que el art. 7 del decreto -referido a la "concurrencia de figuras"- expresamente estableció a la ley de Defensa de la Competencia como opción excluyente y excluida de las infracciones consideradas en el DNU. Por tal motivo, aun cuando el obrar atribuido a la demandada no contara con un régimen especial al momento de los hechos invocados en la demanda, nunca se podría tratar de asimilarlos con los supuestos de la ley de Defensa de la Competencia que tiene otra finalidad.
Habeas corpus, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

En materia de hábeas corpus el procedimiento exige que se agoten las diligencias tendientes a hacer efectivo su objeto y aunque, en rigor, la valoración de la idoneidad del curso de acción seguido por los jueces de la causa en cada caso particular, conduce a una cuestión, en principio, ajena a la instancia extraordinaria, corresponde que la Corte intervenga para resguardar la vigencia del instituto cuando la adopción de un criterio determinado puede llegar a frustrar su esencia.
Liquidación, intereses, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Juncalán Forestal Agropecuaria  SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Una vez aceptada por el juez la cuenta, debe ser intimado su pago al deudor, y si no lo efectiviza, debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga.
Sentencia, derechos y garantías constitucionales, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Chasampi, Carlos Oscar s/ Abuso deshonesto y lesiones leves- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-13

La sentencia para ser válida debe contener -entre otros requisitos- la enunciación del hecho que motiva la imputación (inc. 3º del art.

433 inc. 2º del art. 436 ambos del C.P.P.).

Enunciar el hecho imputado expresa la necesidad del Tribunal de consignar en manera sucinta, clara y específica la concreta conducta humana atribuida al acusado como violatoria de la ley penal.

Solo así podrá controlarse la correlación esencial exigida por las garantías del debido proceso y defensa en juicio que debe existir entre el hecho acusado y el hecho por el cual concretamente se condena o absuelve y hacer valer debidamente para el futuro la del principio non bis in idem.

La primer lectura del documento sentencial demuestra la omisión en su confección de ese requisito, la resolución del a quo deviene absolutamente nula habida cuenta que no se concedió participación al imputado como la ley prescribe y coetáneamente se lesionaron aquellas garantías de fundamental raigambre (Constitución Nacional y Provincial, arts. 18 y 29 y C.P.P. art. 176 inc.2º).

En consecuencia los autos deben remitirse a la Cámara, para que con distinta integración se dicte nueva sentencia.
Declaración de insania, internación, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: R.T. s/ DECLARACION DE INCAPACIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-07

El deber que impone al juez el art. 630 del Código Procesal no radica en obtener la comprensión de un interlocutor válido, sino en verificar si el internado se encuentra correctamente asistido tanto en lo puramente psiquiátrico, como en el aspecto social, si sus necesidades son correctamente atendidas por su curador o sus familiares, si es visitado por éstos y si, en opinión del profesional que lo trata, subsiste o no la necesidad de la internación. La comprobación de estas circunstancias -y de muchas otras, que surgen de la efectiva realización de las visitas en cada supuesto especial- no dependen desde luego de las posibles manifestaciones del enfermo, sino de su indagación a través de quienes se encuentran a cargo del paciente, sean médicos, enfermeros o asistentes sociales, como así también de la simple observación del paciente y de las condiciones de su lugar de internación.

Es por tal causa que la Acordada de la Cámara Civil 741/81 dispuso la obligatoriedad de este temperamento, que se encamina exclusivamente a obtener la adecuada protección del internado y cuyo cumplimiento no puede ser eludido por considerarse innecesario en razón de la forma clínica que reviste su enfermedad, toda vez que dicha disposición no efectúa distingos de acuerdo a los distintos tipos de pacientes, ni -mucho menos- deja librada su aplicación al criterio de cada magistrado.-
Empleados públicos, práctica administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Domb, Daniel Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Domb, Daniel Jorge c/GCBA s/revisión cesantías o exoneraciones de emp. públ. inconstitucionalidad denegado en Domb, Daniel Jorge c/GCBA s/revisión cesantías o exoneraciones de emp. públ.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

El procedimiento de confección de la planilla de capacidad forma parte de una práctica administrativa, es decir, se trata de una actividad que no está reglada expresamente. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, astreintes, multa civil
Materia: LABORAL
Carátula: Leonardi, Manuel A. c/ Moscoso Alberto s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

Deben morigerarse los efectos de la sanción prevista por el art. 666 bis del Código Civil cuando haya mediado un manifiesto desinterés de la contraparte en obtener los certificados que le correspondían. Tal actitud no puede verse premiada con el cobro de una multa diaria correspondiente a un plazo en que no efectuó manifestación alguna al respecto.
Delitos, menores, régimen penal de la minoridad
Materia: PROCESAL
Carátula: García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

La tensión existente entre el imperativo jurídico conforme el cual todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales ( art. 40.1 Convención sobre los Derechos del Niño), tiene derecho a ser tratado de modo acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad de aquél y que éste asuma una función constructiva en la sociedad, y el régimen de la ley 22.278- menores no punibles-, no puede justificar que por vía pretoriana se arbitre una suerte de régimen general sustitutivo del previsto, pues no es el Poder Judicial una suerte de plaza sustitutiva a la que pueden ser desplazados o traídos para su resolución temas que son del resorte de otros poderes ( del voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, prueba, proceso penal, imputado, presunción de inocencia, prueba de cargo, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: M., G. C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 459 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la tesis de la Alzada no fue consecuencia de la apreciación de todos y cada uno de los elementos relevantes del proceso, sino que sólo pudo resultar de una lectura fragmentaria del material probatorio aportado a la causa, desentendida de la prudencia que debe presidir la labor judicial y que exige que el juez reflexione "en serio" sobre si se ha alcanzado la convicción o certidumbre sobre los hechos, estado que despejará absolutamente la posibilidad de que opere en la materia el canon de "in dubio pro reo", contenido en el artículo 5 del código de rito, cuya presencia en el ordenamiento no puede obviarse con el argumento de la dificultad para dar por acreditada la responsabilidad penal en cada proceso (dificultad intensificada en el caso a raíz de no haberse identificado a quien disparara mortalmente contra la víctima), toda vez que tal canon compromete en definitiva la presunción de inocencia que ampara al imputado, cuya ignorancia no puede ser justificada ni siquiera ante la natural conmoción que suscita la privación de la vida de quien, con elemental inocencia de su parte, fuera víctima de un acto despreciable en términos morales y jurídicos.
Derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañia Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La sola circunstancia de que los Estados extranjeros puedan invocar su inmunidad de jurisdicción cuando son demandados por los particulares, no resulta violatoria del derecho a la jurisdicción, pues les queda la posibilidad de ocurrir ante los órganos jurisdiccionales de ese país, en procura de justicia.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, prueba, carga de la prueba, mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GRANADA MARTINEZ, RAMON c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (IDEVI) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-04

Habiendo sido tasadas administrativamente las mejoras y su pago dispuesto por las resoluciones cuestionadas -aun efectuando compensaciones- era el actor quien al impugnar su importe debía producir la prueba correspondiente para acreditar el mayor valor pretendido.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Kindruk, Teodoro c/ Biliba, Pablo-Los de Biliba,Irma-Morales,Ester s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-06-30

En cuanto a la procedencia de la causal casatoria denominada erróneamente, no omitiré señalar que es cierto, como lo ha recordado este Superior Tribunal en recientes pronunciamientos, que el principio "iura novit curia" es de restringida aplicación en el ámbito de la casación.
Instrumentos públicos, plena fe, redargución de falsedad, precio, pago, pago ante escribano, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, HUGO TOMAS c/ PAREDES, JUAN CARLOS s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-25

Si la entrega del precio fue en el acto de escriturarse el inmueble y enunciada por el escribano como cumplida en su presencia, es hecho que cuenta con la fuerza probatoria del instrumento público hasta que sea destruido mediante querella o redargución de falsedad ( artículo 993 del Código Civil), que requiere ser deducida también contra el notario por importar un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario (Conf. CNCiv. Sala D, L.L. 1978-B- 456-8; Sala C, E.D. 83 298-307).

De pretenderse que esa entrega fue efectiva pero insincera, porque el precio consignado fue inferior al realmente pagado, correspondía articular la acción de simulación (artículo 955 del Código citado) que, de todos modos, hubiera tropezado con el óbice del artículo 959 en redacción dada por la ley 17.711.
Secuestro extorsivo, agravantes de la pena, concurso de delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Wiefling,  Rodolfo  Ariel;  Ramírez,  Iván  Ismael s/ recurso  decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

En tanto todas las acciones desplegadas por los imputados constituyen plurales conductas escindibles, no se configura el concurso aparente de concusión. No cabe la agravante de la obtención del rescate porque los imputados estuvieron vigilados por la policía y fueron detenidos sin que exista un efectivo poder de disposición sobre el mismo. Corresponde aplicar la figura agravada del secuestro extorsivo por el número de personas, al haberse probado el aporte del tercer sujeto, que efectuó amenazas telefónicas. La disidencia parcial consideró que la amenaza que se endilga al tercer sujeto, no reviste una trascendencia de magnitud como para aplicar la agravante. (Dres. Ledesma -en disidencia parcial-, Tragant y Riggi).
Recusación, citación a juicio, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cirigliano, Sergio Claudio y Jaime, Ricardo Raúl s/ causa n° 36/2013 y 38/2013
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que anuló el auto de citación de las partes a juicio con fundamento en que se había pronunciado mientras se hallaban pendientes de resolución las quejas deducidas ante el rechazo de los recursos interpuestos contra la resolución que había declarado inadmisibles los planteos de recusación del magistrado a cargo del juicio si los votos que conformaron la decisión mayoritaria se limitaron a describir la secuencia de actos procesales iniciada con la recusación para saltar de allí a la conclusión normativa, sin fundamento jurídico alguno en sustento de la decisión que propician y el art. 62 del Código Procesal Penal de la Nación indica al juez recusado que, cuando declara inadmisible la recusación planteada ha de continuar sin embargo con la actividad procesal que le corresponde incluso durante la tramitación de las incidencias a las que el rechazo del planteo de lugar. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, defensor, derecho a la integridad física, derecho a la vida, libertad de expresión, derecho de asociación, facultades jurisdiccionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Escaleras Mejía y otros Vs Honduras S/ Homologación de Acuerdo de Solución Amistosa - Homicidio de ambientalista - Defensores y defensoras de derechos humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-09-26

Las normas interamericanas existentes establecen múltiples derechos cuyas garantías permiten que se materialice la labor de las defensoras y defensores, por lo que el derecho a defender derechos humanos y el deber correlativo de los Estados de protegerlo, guardan relación con el goce de varios derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana tales como la vida, integridad personal, libertad de expresión, de asociación, garantías judiciales y protección judicial, todas ellas son las que permiten en su conjunto un ejercicio libre de las actividades de defensa y promoción de derechos humanos, puesto que solo gozando de la protección apropiada pueden libremente proteger los derechos de otras personas.

Fuente del sumario: SAIJ
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sacomani, Odelo Edgard y ots. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Si el accionante alega que, dadas las particulares circunstancias de su caso, no cabe exigirle que se encontrara en actividad al momento de sufrir la dolencia que lo incapacitó y en virtud de la cual solicitó el beneficio de jubilación por incapacidad, la Caja de Abogados no puede válidamente denegárselo por no cumplir con el requisito de la "actualidad en el ejercicio" sin ponderar previamente esas circunstancias y fundar por qué, no obstante ellas, en el caso resultó razonable exigir el mentado requisito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso electoral, leyes de facto, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: MOLINA, MARIA ELENA Y PARTIDO FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

El establecimiento de barreras electorales resulta, en principio, extraño e incompatible con un sistema de representación proporcional, en tanto impide y desnaturaliza el cumplimiento de su objetivo político; y esa desnaturalización es palmaria cuando el sistema de representación proporcional es, además, constitucionalmente regulado -que adjudica las bancas obtenidas por cada partido político, aplicándose el sistema proporcional D'Hont, sin otra exigencia, ni piso, ni condición alguna-. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Recusación sin causa, desestimación de la recusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GASSER, JOSÉ NORBERTO c/ EN- AFIP- LEY 20628 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

Se rechazó por inadmisible la recusación sin expresión de causa formulada por la actora contra los tres jueces integrantes de la Sala V, atento a que dicha facultad solamente podía ser ejercida en relación con uno de los jueces del tribunal de alzada.
Establecimientos penitenciarios, juez de ejecución, control de legalidad, facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Baeza Duarte, Rubén Darío c/  s/ Legajo de ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-01-06

Es el consejo correccional de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado el interno quien confecciona su tratamiento y lo evalúa periódicamente. Es por ello que su opinión, si bien no es vinculante, sí resulta decisiva a la hora de incorporar al interno a alguno de los institutos contemplados en la Ley n° 24.660 (.) Así como el juez de ejecución debe efectuar el control negativo de legalidad sobre lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal -y no puede desecharlo por no compartir sus fundamentos-, el fiscal debe evaluar seriamente lo informado y recomendado por el consejo correccional (que es quien mejor conoce al interno), y apartarse únicamente en caso de advertir que la opinión de la autoridad penitenciaria resulta manifiestamente infundada y/o arbitraria. En definitiva, un fiscal que se aparte de lo recomendado por el consejo correccional, por el sólo hecho de disentir con los criterios utilizados por los profesionales que lo integran, no resulta razonable, y en consecuencia no es susceptible de transitar airoso el control negativo de legalidad que debe efectuar el órgano jurisdiccional.
Transporte por agua, transporte de carga, entrega de la carga, representación procesal
Materia: NAVEGACION - COMERCIAL
Carátula: GINZA SRL c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ MIKHAIL TSAREV Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

El rol asumido como agente de entrega de la carga (art. 57, Ley 22.415), solo se explica en virtud del ejercicio de un mandato que lo faculta para obrar de esa manera. Por ello, el emplazamiento de CHL Container Line, en el domicilio de quien actuó como Delivery Agent, se adecua a lo dispuesto en el art. 122, inc. a), Ley 19.550, en tanto esa norma tiene en cuenta la realización -por parte del apoderado domiciliado en nuestro país- de un acto aislado o contrato que haya motivado el litigio (cfr. Sala II, doct. de la Causa 8229 del 31.10.80).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Del Santo, Marcelino c/ Sevel S.A. s/ Enfermedad accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Las conclusiones fácticas del fallo sólo pueden ser revisadas si se demuestra la existencia del vicio invalidante del absurdo, esto es el error grave, palmario y fundamental.
Recurso extraordinario de nulidad, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Traviezo de Páez, Beatriz Delia c/ Jardín de Infantes 'Pepín Cascarón' s/ Cobro de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El ofrecimiento de someter la cuestión al examen de una junta de médicos especialistas no constituye cuestión esencial en los términos del art.156 de la Constitución provincial.
Competencia, documento nacional de identidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, Román Ramón s/ su denuncia, INCIDENTE DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28

Es competente la Justicia Federal de Bahía Blanca para entender en la denuncia efectuada por una persona debido a que otra podría estar actuando con su nombre y número de DNI, ya que de los informes de las fiscalías federales de Lomas de Zamora surge que no fue posible determinar la existencia de relación con las actuaciones que tramitan ante la Justicia de esta última localidad por el rechazo de un pedido de renovación de DNI hecha en nombre del denunciante ante la falta de coincidencia de las huellas digitales del solicitantes con las obrantes en los registros respectivos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Préstamo, Luis Antonio c/ Malacari, Pablo C. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La simple discrepancia personal con el criterio del sentenciante para juzgar sobre los hechos no es base idónea de agravios ni configura absurdo que haga procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Farmacéuticos, socio comanditado, administrador de la sociedad, socio empleado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FARMACIA AMERICANA S.C.S. c/ C.A.S.F.E.C. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

Aunque los socios comanditados sólo detenten un bajo porcentaje del capital social (en el caso, 10%), si a tenor de la documentación acompañada surge que su papel era el de administradores de una farmacia, con uso de la firma societaria y plenas facultades administrativas, lo que denota que su gestión dentro del establecimiento no estaba subordinada a la de otros socios, corresponde descartar la posibilidad de encuadrarlos en la figura del socio empleado a que hace referencia el art. 27 de la L.C.T.
Indemnización por despido, intimación a jubilarse, pago de la remuneración, pago en negro, jubilaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Kuffert Rosa c/ Kerkus Sa y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-18

La ley habilita al empleador a intimar al trabajador para que se jubile, si a su vez ha cumplido las obligaciones a su cargo para que éste pueda acceder al beneficio íntegramente. Si por su propia conducta dolosa y fraudulenta, consistente en pagar clandestinamente una parte de la remuneración y no hacer los aportes consiguientes, provoca que el trabajador perciba una jubilación inferior, carece del derecho de acudir al expediente del art. 252 L.C.T., no pudiendo obligar a aquel a cesar en el empleo a sabiendas del consiguiente perjuicio que se generará sobre sus ingresos. Se trata de aplicar la regla del artículo 1071 del Código Civil, en el sentido que "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos".