marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: GUALPA, GUILLERMO FELIPE; TOLEDO, JAVIER ORLANDO Y ROMERO, JOSE HERNAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-25

La pena privativa de la libertad encuentra distintas vertientes en cuanto a su finalidad y, a su vez, también son distintos los estamentos que intervienen en la determinación del monto, modalidad y forma de ejecución.

Así, en el proceso de individualización de la sanción penal, se puede verificar la participación que hace el Poder Legislativo, al fijar en la norma jurídica la sanción adecuada a cada delito, de acuerdo a la violación del bien jurídico que pretende proteger.

Esta función está constitucionalmente atribuida al Poder Legislativo, único encargado de estipular la criminalidad de los actos, desincriminar otros y aumentar o disminuir escalas penales; y así se materializa el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Carta Magna, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, poniendo en cabeza del legislador la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente.

El segundo momento, cronológicamente, corresponde al estamento judicial al dictar la sentencia, desentrañando entre ese mínimo y máximo que el legislador señaló, y que aplica a un individuo en particular, concretando de esta forma, cuanto menos en teoría, la pena más adecuada y que se merece en justicia el sujeto que delinquió. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirieron los Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Erbetta).
Recursos, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, medidas cautelares, levantamiento del embargo, sustitución de medidas cautelares, rebeldía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAIFF José y ot. c/ LA GREMIAL ECONOMICA y ots. s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A074 - 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-31

No es apelable el pedido de levantamiento de embargo preventivo y su sustitución, cuando se se dispuso trabarlo en razón de la rebeldía de la demandada. El cuestionamiento de su procedencia debe hacerse a través del recurso de apelación en forma principal, directa y expresa contra la resolución que dispuso la medida precautoria. Si en cambio se plantea el levantamiento o la sustitución, ya no cuestiona el fundamento de la medida, sino su cesación por causas ajenas a las que se tuvieron en cuenta para decretarla.-
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonaura, Juan C. c/ Chabin, Luis Osvaldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-01

Tampoco constituyen argumentos de atenuación de la responsabilidad objetiva atribuida a la accionada, las condiciones climáticas adversas -día lluvioso y ruta resbaladiza- como configurativas del caso fortuito, ya que tales acontecimientos no revisten la categoría de sucesos extraordinarios e imprevisibles que excusen la responsabilidad del que causó el daño, sino circunstancias que exigen extremar la precaución del conductor por reducción del margen de seguridad que pueda ofrecer el sistema de frenos.-
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mecafer S.A. y Albano S.A. c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Acción de Amparo. Cuestión de competencia artículo 6º el Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

La atribución de competencia para el conocimiento y decisión de la acción de amparo está claramente conferida a cualquier Juez de la Provincia con el solo límite de la jurisdicción por el lugar, por lo que la Suprema Corte no tiene competencia originaria para juzgar en este tipo de acciones pues los supuestos previstos en el art. 149 incs. 1 y 3 de la Constitución no las comprenden; por lo que, no es dable sustituirse al señor Juez de Primera Instancia o a las Cámaras de Apelaciones pertinentes en el análisis de admisibilidad de la demanda pues son ellos quienes tienen conferida por ley tal atribución (arts. 9 y 10 de la ley 7166). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Candidatos, lista de candidatos, oficialización de listas
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Partido Humanista s/ Solicita reconocimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-05-10

Resulta improcedente la petición tendiente a oficializar al candidato a los cargos de Intendente y Concejal que no cumple con el requisito de diez años en el ejercicio de la ciudadanía, toda vez que este Tribunal debe aplicar normas de carácter constitucional, previstas para la organización de los Poderes del Estado (art. 41 en función del art. 86 de la Constitución Provincial), y no de evitar una aplicación excesivamente ritualista y formalista de las normas que rigen el proceso electoral. Asimismo, en atención a la organización federal de Gobierno que surge de nuestra Carta Magna Nacional deben establecerse como facultades propias provinciales la determinación de los requisitos correspondientes a las autoridades locales, de conformidad con los arts. 1 y 5 y art. 121 de la Constitución Nacional.
Depósito, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Legal Clemente c/ Anthonioz Blanc S.A. s/ Cobro de Pesos-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-25

Debe rechazarse el recurso de queja por apelación denegada cuando el profesional actúa con negligencia puesta de manifiesto no sólo en la demora en confeccionar el oficio, sino también en no haber tomado los recaudos necesarios en dicha confección.
Indemnización, ley de empleo
Materia: LABORAL
Carátula: López, Susana c/ Geriátrico Nasser y/o Jorge Mamani y/o Siempre Limpio S.H. y/o Graciela Fernández s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-11-06

El fin de la ley 24013 fue resolver la situación de los trabajadores no registrados, pero con un espíritu enderezado a la conservación de la situación de empleo y no a su liquidación. De allí que el derecho a la percepción de las indemnizaciones que establece exige del trabajador una conducta perseverante, tendiente a la regularización de la relación y a su subsistencia regularizada. Así pues ante el cese de la relación la registración no cumpliría tal objetivo. Es precisamente ésta la motivación que sustenta la exigencia dispuesta en la reglamentación de la Ley Decreto 2725/91 cuando en su articulo 3 establece que a los fines de que la intimación produzca los efectos previstos en la ley, ella deberá hacerse estando vigente la relación laboral inciso 1 y que además haya transcurrido un plazo de treinta días corridos a partir del requerimiento sin que el empleador haya regularizado la situación inciso 2, especificando así los requisitos y formalidades que ya contiene el artículo 11 de dicha norma a los fines de la procedencia de las indemnizaciones previstas en sus artículos 8,9 y 10.
Impuestos provinciales, exenciones impositivas, servicio de agua corriente, interpretación de la ley, ley derogada, concesión de servicio público
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ GCBA y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

La franquicia tributaria acordada por los arts. 45 y 59 de la ley 13.577 a Obras Sanitarias de la Nación, fue derogada en el año 1979 por la ley 22.016, que además se encarga de señalar, de modo expreso, que las entidades y organismos en ella mencionados se encuentran sujetos a la potestad tributaria local (arts. 1°y 30); por lo cual para el momento en que Aguas Argentinas S.A. resultó adjudicataria (y luego concesionaria) del servicio público en cuestión (ley 23.696, decreto 999/92 y decreto 787/93), las exenciones tributarias en las que se pretende amparar dicha empresa - frente al reclamo del GCBA de cobrarle la ocupación del subsuelo de la vía pública - habían perdido vigencia hacía varios años atrás (Disidencia parcial del juez Rosatti).
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, destitución, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La intervención del Tribunal de Enjuiciamiento cuyo funcionamiento regula al ley 7050, acontecerá en el caso en que deba expedirse sobre la posibilidad de destitución de algún Juez por mérito de un factor de atribución "objetivo", por no tratarse -las implicadas- de conductas posteriores a la designación; valorando adecuadamente, la eventual clausura que una resolución adversa podría tener en la discusión de su habilidad originaria.(Del Voto del Dr. Barraguirre)
Competencia ordinaria, fuero de atracción, sucesiones, jueces, nulidad del acto jurídico, sentencia ultra petita
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  MAYO  COOPERATIVO  LTDO c/ MENDEZ ENRIQUE ADRIAN y otro s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24

Procede revocar la decisión mediante la cual se rechazó la nulidad planteada por los herederos del codemandado, y de seguido el juzgador se inhibió de seguir entendiendo en orden a lo dispuesto por el cciv 3284, ordenando la remisión de la causa al tribunal civil donde tramita la sucesión del causante. Es que el magistrado interviniente no debió emitir pronunciamiento en punto a la incidencia pues carecía, en ese momento, de jurisdicción para ello ya que antes del dictado del fallo apelado ya se tenía conocimiento de la existencia del sucesorio a través de la presentación esgrimida por los herederos antedichos quienes, también, introdujeron el planteo de nulidad referenciado.- Consecuentemente desde una óptica estrictamente procesal, por aplicación de una norma relacionada a un instituto de orden público, como lo es el fuero de atracción (art. 3.284 del Código Civil), no correspondió emitir el decreto cuestionado sobre la cuestión de fondo propuesta sino, directamente, materializar el envío de la causa al juzgado civil del sucesorio, a sus efectos.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grubert, Alejandro Crisólogo y otra c/ Estado Provincial por acto de su H. Cámara de Senadores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-29

Ninguno de los actos administrativos en los que se sustenta la demanda se encuentran viciados en punto a la competencia o facultades del Presidente de la H. Cámara Senadores ni en su forma no es ello al menos el cuestionamiento de legalidad que se les formula), sino en cuanto a la arbitrariedad que representa la exclusión de que fueran objeto -sin causa real, concreta, tangible, ponderada- los accionantes, respecto del adicional por productividad dispuesto por el primero de ellos.
Deudas del fallido, depósito bancario, depósito en moneda extranjera, restitución de sumas de dinero, obligaciones de dar cantidades de cosas, verificación de créditos, crédito en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL-BANCARIO
Carátula: BANCO ARGENFE s/ QUIEBRA S/ INC. DE DEPOSITO POR ALVAREZ, LUIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Procede desestimar la pretensión del incidentista orientada a la devolución de determinada suma de dólares estadounidenses, que oportunamente había depositado en el Banco fallido, en custodia.

Ello, pues en el contrato de depósito bancario en custodia, con servicios accesorios, la propiedad de la cosa depositada pasa al depositario (cf. CCiv: 2188-2°, 2189-1°, 2192, 2220 y 2221) y en tal caso, tratándose de un depósito de moneda extranjera, debe considerarse a la obligación de restituirla como obligación de dar cantidades de cosas (CCiv: 617), fungibles y consumibles en los términos del CCiv: 2324, 2325 y nota del 616. En tal sentido, la doctrina ha sostenido que "la propiedad de la cosa pasa al depositario, quien tiene obligación de devolver otra cantidad igual a la recibida" (Bollini Shaw-Boneo Villegas: "Manual para Operaciones Bancarias y Financieras", Abeledo Perrot, 2° ed., pág. 180; Quintana- Ferreyra - Alberti: "Concursos", ed. Astrea, T 3°, pág. 396). Por consiguiente, el encuadramiento jurídico así realizado impide que la relación entablada entre el incidentista y la fallida pueda ser incluida en la hipótesis de la Ley 19551: 142 (Ley 24522: 138) y 181 y debe concluirse en que la obligación de la deudora de restituir la suma de moneda extranjera se ha convertido en obligación de dar suma de dinero, lo que constituye un pasivo esencialmente verificable, en los términos de la ley 24522: 129, 130 y 131.
Juicio de desalojo, causales de desalojo, falta de pago, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: PEREYRA, LUCENA RICARDO OMAR c/ ZANETTA, RICARDO Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-12

La limitación probatoria del juicio de desalojo y su estructura formal, que obedece a pautas de celeridad especiales, hacen que no se compadezca con un criterio amplio en materia de admisibilidad de la reconvención en sí. Frente a un desalojo por la causal de falta de pago, y ante lo dispuesto por el art. 685 del C.Procesal, de admitirse la reconvención introducida por el accionado se perturbaría el trámite abreviado de la acción incoada, máxime si él ofrece prueba testimonial.
Pobreza, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: C, J s/ LESIONES   CULPOSAS  (INCIDENTE  DE  DECLARATORIA  DE  POBREZA)      EXPTE NRO 194-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-28

La concesión del beneficio de litigar sin gastos no supone la pobreza strictu sensu o la indigencia, ni tampoco la concurrencia de un impedimiento absoluto para hacer frente a los gastos causídicos, sino tan sólo su imposibilidad sin comprometer gravemente su situación patrimonial. En consecuencia, se deberá ponderar, en miras a conceder o no el beneficio, los gastos de promoción y sustanciación del principal, al cual accede.
Tercería de dominio, domicilio social, posesión, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piedralba S.R.L. en j: Petazzi Hugo c/ Faltox y Rubén Bauco s/ Tercería Dominio (LIBRO: A162 - 147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-23

Procede el levantamiento del embargo sobre las maquinarias para bodega que integran el establecimiento industrial, porque al momento del embargo en el domicilio social, la tercerista tenía la posesión de los bienes (art. 2412 CC), justificando además, el modo de adquisición mediante escritura pública dos años antes del embargo.- Frente a la presunción de propiedad que resulta de la posesión de las maquinarias, no es relevante la falta de coincidencia de los números que identifican las máquinas, pues aún cuando fueran bienes distintos, unos y otros estaban en poder del tercerista en su domicilio.-
Impuesto a las ganancias, jubilaciones, acción de amparo, facultades tributarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-10

Debe rechazarse la acción de amparo interpuesta por jubilados con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c, de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias en cuanto el mencionado tributo alcanza sus haberes, habida cuenta que los reclamantes no logran demostrar que el actuar estatal adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ni cuál es el perjuicio concreto que les produce en su esfera de derechos, dado que los montos cobrados a los actores son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones de la mencionada normativa y la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público. (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la mayoría)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pliego de Marini, Silvia E. c/ Gallegos, Carlos D. s/ Daños y perjuicios Giménez, Ana Graciela c/ Amma, Guillermo Daniel y ot. s/ Daños y perjuicios Daroch, Claudio c/ Consorcio Propietarios Edificio Grandio II s/ Daños y perjuicios Mendos de Schifini, Norma y otros c/ Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves s/ Daños y perjuicios Aguilar, César Oscar y otro c/ Apaz, Roberto Angel y otro s/ Daños y perjuicios Esperon, Enrique Luis c/ Mauro, Osvaldo Fabio y otros s/ Daños y perjuicios Portugal, Raúl Saúl c/ Compañía Colectiva Costera Criolla S.A. y otros s/ Daños y perjuicios González, Ramón E. y otros c/ Cremenosi, Marcelo F. y otros s/ Daños y perjuicios Moyano, Graciela Beatriz c/ Cía. Andrade de Transporte de Pasajeros S.R.L. -Línea 238- y otro s/ Daños y perjuicios Masciandro, Verónica Leticia y otro c/ Aire Libre Jardín Maternal y Alicia Eleuteria Rodrigo s/ Daños y perjuicios Orellana, María del Jesús y otros c/ Barragán, Norberto Rubén y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23|1992-03-03|1995-12-12|1993-09-21|1996-02-27|2000-08-02|2001-03-21|2002-02-19|2003-04-23|2004-12-01|2006-05-31

Decir de la atribución de responsabilidad ante un siniestro determinado o mensurar el grado de culpa de cada uno de los protagonistas del evento ilícito, conforma -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- una típica cuestión de hecho, extraña a la competencia de esta Corte.
Resolución administrativa, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Barraza, Jorge Alberto c/ Oblak, Hnos. S.A.C.I.F. e I, s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Firme la disposición de la Subsecretaría de Trabajo que fija indemnización por accidente de trabajo, las contingencias posteriores relativas a la actualización monetaria así como la fecha de su procedencia e índices adoptados se vinculan directamente a la etapa de ejecución de sentencia y tales cuestiones sólo encuentran excepcional cabida en sede extraordinaria en el caso en que la procedencia de la indexación monetaria no haya sido motivo de decisión en el pronunciamiento que puso fin a la cuestión litigiosa, incluida las de carácter administrativo, o cuando en la etapa de cumplimiento de la resolución o las contingencias procesales alteren las previsiones originales respecto al tema.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Abdenur, Salomón s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-04-10

Cuando el recurrente cuestiona la indemnización del daño fijada mencionando las normas de la ley de fondo aplicables, debe tenerse por satisfecha la exigencia de fundamentación para evitar una lesión al derecho de defensa derivada de un excesivo rigor formal. Si bien las cuestiones relativas al monto indemnizatorio revisten carácter fáctico o probatorio, son susceptibles de análisis por vía de recurso extraordinario en el marco de la doctrina de arbitrariedad.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDO GONZALO MIRANDA c/ LEDESMA ANGELA Y OTROS s/ PREVARICATO-CUADENILLO DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA  DRA. ANGELA LEDESMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-28

La violencia moral invocada por el juez se justifica cuando se pone en duda el atributo más importante que debe tener el juzgador para su desempeño y, que se esgrime como una de las máximas garantías para el justiciable, esto es, la imparcialidad del juez.
Lealtad laboral, deber de no concurrencia
Materia: LABORAL
Carátula: Avllaneda, Luis Alfredo c/ ASEMBAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-08-03

La obligación de abstenerse de la concurrencia sancionada en el artículo 88, se integra dentro del deber más amplio impuesto al trabajador de observar la fidelidad. Ello por cuánto competir con el empleador en negociaciones, implica de alguna manera intentar realizar tratos con terceros, actuales o potenciales clientes del principal, lo que evidentemente no condice sino que se opone con aquella principal obligación de defender los intereses de la empresa. Lo que es en definitiva el fundamento normativo, cuyo texto, indica que la violación de éste deber se consumará con la sola realización de negocios que comporte un daño eventual al empleador. Así no es necesario entonces, que se pruebe la efectiva materialización del perjuicio al empleador, toda vez que se aúna a la obligación del trabajador de actuar observando los principios de colaboración y solidaridad y de acuerdo con el principio de buena fe. Lo que importa en definitiva es la actitud o conducta del trabajador potencialmente perjudicial, no el daño efectivamente causado.
Auto de procesamiento, fundamentación de la resolución, situación del imputado, derecho a ser oído
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DICTADO RESPECTO DE JOSÉ MARÍA BARRIO, EN LA CAUSA N° 21.081 CARATULADA "XURE S.R.L. S/ CONTRABANDO"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-23

La fundamentación del auto de procesamiento, aunque imprescindible, sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho (conf. arts. 294, 304 Y 306 del Código Procesal Penal). Esta estimación no es definitiva ni vinculante. El mismo juez puede revocarla posteriormente y el defensor tiene oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevación a juicio (conf. arts. 311 y 349 del código citado). (Del voto de los Dres Repetto y Bonzón) (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Reformatio in pejus, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO DE LA PCIA. DE BS.AS. c/ GRAMONDI, MAURO s/ APREMIO (42)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-02

El principio de "no reformatio in pejus", obstaría una decisión por la cual el apelante se encontrare en situación menos favorable que con anterioridad al ejercicio del derecho de recurrir.
Competencia, prórroga del plazo, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pissinis, Andrés s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

La competencia territorial en materia de sucesiones es susceptible de prorrogarse mediante acuerdo de los llamados a recoger la herencia (art. 1º CPCC.).
Expediente, expediente de disposición, menores
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, P.M. s/ MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-05

Si bien los expedientes de disposición de menores son de carácter secreto, éste no es absoluto y admite excepciones, siempre que se tenga en cuenta los intereses del menor.
Locación de obra, prueba del contrato, honorarios del proyectista, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GARCIA MIRAMON, Enrique c/ COOPERATIVA 6 DE JULIO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-19

Si se demuestra el aprovechamiento de los planos por la coincidencia en líneas generales del proyecto con una obra, surge indudable el derecho a cobro de honorarios por parte del profesional que los ha preparado. Ello es así, porque con fundamento en lo dispuesto por el art. 1191 del Código Civil, en combinación con lo estatuido por el art. 1627 del mismo cuerpo legal, la utilización de la obra intelectual que supone el empleo de los planos prueba el común consentimiento requerido para tener por configurado el contrato de locación de obra, aún cuando la obra intelectual se materialice prescindiendo de sus autores, pues esa circunstancia es sobreviniente al contrato perfeccionado.