marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepciones procesales, falta de acción
Materia: PENAL
Carátula: VENTOS, HECTOR s/ EXCEPCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

No procede la excepción de falta de acción respecto del querellante fundada en la existencia de un convenio pues no es tal el depósito judicial efectuado por el procesado en respuesta a una intimación, siendo esa situación extraña a la prevista por el art.

1097 del C.C., que no se satisface con la restitución del producto del delito o aceptación de pago parcial del perjuicio sufrido cuando aquél ya ha sido consumado.
Apreciación de la prueba, lavado de activos, dolo, falta de mérito, tipo penal, fundamentación de sentencias, acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: BESTANI, Fabián Humberto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

El grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico. En cuanto a la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos, cuestión sobre la que se ha suscitado controversia en el presente caso, el autor puede actuar con dolo directo o con dolo eventual Es decir, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo no implica que éste debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso, sino que basta con que al tiempo de realizar la operación, el sujeto activo perciba que los hechos son constitutivos de una infracción delictiva, es decir, que sospeche de la procedencia ilícita de los bienes. La resolución en estudio que confirmó las faltas de mérito de los encausados en orden al delito de lavado de activos ha valorado erróneamente el cúmulo de evidencias reunidas en autos, toda vez que el tribunal de origen omitió considerar que el delito precedente que integra la figura de lavado de activos aquí investigada ha sido corroborado mediante sentencia judicial dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Como consecuencia, el tipo penal de lavado de activos permite configurar su aspecto subjetivo solamente con acreditar que el sujeto pudo sospechar de la proveniencia ilegítima de los bienes en cuestión, como bien se presenta -con el grado de corroboración propio de la instancia- en autos. En este escenario, las evidencias colectadas durante esta etapa procesal resultan suficientes como para alcanzar el grado de probabilidad positiva que se exige para el dictado del auto de mérito demandado por la acusación pública -procesamiento- Por tales razones, la sentencia impugnada adolece de vicios de fundamentación que impiden considerarla un acto jurisdiccional válido a la luz de los estándares marcados por nuestro Máximo Tribunal en materia de arbitrariedad de sentencias (Fallos: 303:2080 y 315:632, entre otros), en tanto refleja un examen parcializado y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa sin integrarlos ni armonizarlos en su conjunto. Dres. Hornos, Borinsky y Carbajo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de la arbitrariedad, cuestiones de hecho y prueba, duda
Materia: PROCESAL
Carátula: Gies Ricardo E. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-04-03

Procede la "admisibilidad formal" del recurso extraordinario basado en la causal de "arbitrariedad" por cuanto la sentencia prescinde de elementos probatorios esenciales para la determinación de un derecho; la de no percibir alimentos por parte de la esposa; que hacen aplicable lo normado por la parte final del art. 297 del C.P.C. y C. que establece "que si hubiere una duda razonable acerca del carácter de hecho o de derecho en las cuestiones propuestas el Tribunal abrirá la instancia extraordinaria y conocerá los motivos de la impugnación."
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: VALSECHI, Gustavo s/ f
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

El disenso fiscal a que alude el cuarto párrafo del art. 76 bis (C.P.), resulta inoperante, cuando el mismo no invoca otra motivación que la manifestación de la víctima relativa al comportamiento del encausado, sin aludir a la eventual modalidad de cumplimiento de la pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Emancipación, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medina, Alberto Martín s/ Emancipación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Si un menor que carece de representantes legales pero que vive con un hermano mayor de edad solicita su emancipación, la causa es de competencia de los tribunales de familia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa del consumidor, información al consumidor, entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Finvercon  S.A.  Cía.  Financiera c/ DNCI  -Disp. 445/01 (Expte.64.7464/98)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

La publicidad en sí misma tiene como fin no sólo lograr convencer al público de la necesidad de adquirir un bien o un servicio, mostrando el producto o el servicio de la manera más persuasiva, poniendo de resalto sus ventajas o bondades, sino que también debe "informarlo" de manera que pueda decidirse con conocimiento de los bienes y servicios, de sus cualidades, atributos y posibilidades (esta Sala, 19/11/96 "Modart SACIF e I.") sino, además, especialmente en actividades como las financieras, brindarle al consumidor las herramientas necesarias para poder actuar eficientemente en la administración de su propio peculio.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, bancos, promotor de ventas
Materia: LABORAL
Carátula: ANDREU, RICARDO c/ BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

Existe solidaridad en los términos del art. 30 LCT entre el Banco Español del Río de la Plata y la empresa que aquél contrató para la promoción y venta de servicios financieros como son las aperturas de cuenta corriente, cajas de ahorro y tarjetas de crédito, ya que tales actividades son normales y propias de la actividad bancaria.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vico, Victorio E. R. s/ Sucesión Maestrini, Ebe s/ Sucesión Schillaci, José s/ Sucesión Roldan, Claudio Lucilo s/ Sucesión Ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02|1993-06-17|1995-03-09|1996-08-29

Cuando el artº 35 ap. I de la ley 8904 alude al "acervo" se refiere a los bienes susceptibles de ser transmitidos "mortis causa", por lo que la inclusión de los gananciales debe ser entendida limitada a la porción del causante, quedando excluida la correspondiente al cónyuge supérstite que le pertenecen por su condición de socio.
Beneficios previsionales, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Chiara, Orlando Gaspar c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial s/ Contencioso Administrativo (Libro: S052-473) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-08-14

La devolución de los aportes es procedente cuando se cesa en el cargo por causas ajenas a la voluntad del empleado.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lacóppola, Angela Elena c/ Pérez, Roberto Francisco y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Cuando se indemniza una incapacidad permanente, no sólo debe tenerse en cuenta la disminución 'actual' de la aptitud laboral de la víctima, sino también la reducción 'futura' de sus fuentes de trabajo.-
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, legitimación activa, dominio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Caprile y Cia.  S.C.A. c/ Centurión, Daniel A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Cuando media contrato de locación, el locador está legitimado para interponer la pretensión de desalojo en aquél carácter, con prescindencia de que sea o no propietario del inmueble porque en tal caso el derecho de dominio resulta ajeno a la causa de dicha pretensión.
Nulidad del acto administrativo, vicios del acto administrativo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telecom Argentina S.A.  c/ Agencia de Acceso a la Información Pública - Resol. 2020-259-APN  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

Quien plantea la nulidad de un acto, debe señalar, de modo preciso, tanto los vicios que éste presenta como el perjuicio sufrido, y por ello, no es suficiente la mera invocación de la vulneración del derecho de defensa, si no se indican, concretamente, las defensas que se ha visto impedido de oponer el interesado, y de qué modo ese vicio habría incidido en el ejercicio de aquel derecho para que, eventualmente, la autoridad administrativa arribara a una solución distinta de la adoptada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido, despido con causa, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL. LABORAL
Carátula: ARIAS, ALFREDO AMERICO R. c/ EMPRESA BLAS PARERA SRL LINEA 3 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COBRO DE PESOS LABORAL (CSJ EXPTE   Nº 1775-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

Corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad intentado (el actor arguye ignorancia de cuáles eran los hechos de inconducta que la patronal le atribuyó en ocasión de despedirlo), si del examen del planteo recursivo -tendiente a demostrar que los sentenciantes realizaron una incorrecta e ilegal aplicación de la norma contenida en el artículo 243 de la ley de fondo- surge que el recurrente se circunscribe a su particular apreciación de la insuficiencia de los términos de la comunicación del despido, a los que considera genéricos e imprecisos.
Malversación de caudales públicos, empresas del Estado
Materia: PENAL
Carátula: CALLEJA Y FONTAN s/ INC. DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Las sociedades del Estado aún cuando puedan adoptar formas jurídicas concebidas preponderantemente para el derecho privado, no menos cierto es que constituyen de hecho un segmento importantísimo del sector público, y tal carácter tienen sus bienes. Es por tal razón que uno de los debates mas trascendentes en nuestra sociedad tiene hoy lugar en torno a la y a las ventajas o distorsiones por intervención acarrea, especialmente por la protección jurídica que se le otorga.

Para la realización de la actividad de este tipo de empresas se están utilizando fondos públicos que deben quedar sometidos a las garantías y fiscalizaciones conque todo estado de derecho debe contar, entre ellas la debida protección jurídico penal.
Banco central, responsabilidad del banco, relación de causalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Menzaghi, Darío y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

A fin de determinar la existencia - o no - de conexión causal jurídicamente relevante entre el accionar del Banco demandado y el perjuicio invocado por la actora, debe considerarse que la actividad desarrollada por el Banco, surge de lo establecido por la normativa aplicable, y que tales disposiciones han sido voluntariamente acatadas por el actor al incorporarse al circuito financiero.
Intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Lucentini Maximiliano Rodrigo c/ Swiss Medical SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-14

En el caso, habiéndose hecho lugar a la demanda interpuesta por un cirujano odontológico contra Swiss Medical S.A., al haberse probado la existencia de relación de dependencia, el cálculo de los intereses al monto de condena debe efectuarse mediante el cómputo de la tasa activa desde la extinción de la relación de trabajo -5/11/12- al 31 de mayo de 2014, y de allí en más aplicando las actas 2611/14, 2632/16 y 2608/17 que recompensan prudencialmente el no usufructo del capital debido. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Excarcelación, concurso ideal, existencia de otro proceso en trámite
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LIBERTI, CARLOS DANIEL s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-08

No procede la excarcelación del procesado por existir otro proceso en trámite y una condena en suspenso, toda vez que el concurso material delitos excede con creces el monto máximo de ocho años previsto en el art. 379 inc. 1 del código de forma.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, agravio concreto, costas
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO MACRO S.A. c/ SOLDANO, María Romina s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-22

Conforme lo dispuesto por el art. 246 del CPCC, cuando procediere la apelación en relación, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde -plazo perentorio de conformidad al art. 155 del CPCC-. Si no presentare el memorial se declarará desierto el recurso.

Cuando el recurso se concede en relación, el apelante debe fundarlo en primera instancia dentro del plazo de cinco días, caso contrario cabe declararlo desierto por tratarse de un plazo perentorio (arts. 155 y 246 CPCC). El sólo transcurso del tiempo produce automáticamente la caducidad del derecho que ha dejado de usarse. No requiere por consiguiente, ninguna actividad de las partes ni del juez; más aún, ellos no pueden evitar sus efectos una vez vencido el plazo. El plazo de cinco días previsto por el art. 246 del CPCC para presentar el memorial, es perentorio y debe computarse a partir de la notificación automática de la providencia que concede el recurso. Si la presentación del escrito en que se fundamentan los agravios es extemporánea, corresponde declarar desierto el recurso concedido.- Atento que la cuestión se resuelve con argumentos propios del Tribunal no invocados por el apelado, las costas de esta instancia se imponen por el orden causado (art. 67, segundo apartado, CPCC).
Plazos procesales, duplicación del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SANTILLAN, ROGER ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA Y NULIDAD.     CSJ EXPTE NRO 317-84 MIRANDA,  MONICA  HANNA  DE;  LAURIA, MARIA BORSOTTI DE; RECA, SUSANA LOPEZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA Y CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 175-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-26|1988-07-20

La normativa que amplía los plazos en las causas que interviene la Provincia (artículo 5, ley 9040) respeta adecuadamente las reglas rituales contenidas en la ley 4106 sin introducir variantes que afecten la armoniosa proporcionalidad de las etapas procedimentales.

Tal conclusión se corrobora si se tiene en cuenta que la ley previó duplicidad de los plazos contemplando la intervención de un ente público en el proceso, con los consecuentes "posibles tropiezos de orden administrativo interno" derivados de su compleja organización, que dificulten el cumplimiento de la actividad procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., G. P. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio culposo- Incidente de  Revisión de condena penal (Expte.: C.S.J. Nro. 38 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

No alcanza a traspasar el umbral de la admisibilidad el presente recurso de inconstitucionalidad, desde que la recurrente le endilga a la Cámara violación de la ley al desestimar su pedido de convocatoria de tribunal pleno que solicita por considerar que -en el caso- están presentes los recaudos exigidos por el artículo 28 de la Ley Orgánica de Tribunales, por cuanto dicha postulación carece de idoneidad suficiente para operar la apertura de la instancia de excepción, ya que de su fundamentación se advierte que el recurrente intenta reemplazar la "facultad" que le concede la norma a la Sala por una "obligación" del Tribunal cuando a juicio del litigante entienda satisfechos los presupuestos de convocatoria del pleno. Y esa tesis, más allá del esfuerzo del apelante, no es más que una especulación retórica que en modo alguno se erige como causal descalificante del decisorio, pues es claro que siendo una "facultad de la Sala", entra en la esfera de la discrecionalidad la admisión -o no- del pedido, es decir, la razonabilidad pretendida, no es sinónimo de que siempre deba convocarse a un tribunal pleno por el solo hecho de que la parte considere que la causa cumple con los extemos legales correspondientes.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fachinat, A. c/ Bogao y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Es procedente la entrega del inmueble objeto de la litis si ha quedado demostrada la condición de precarista del demandado por haberse declarado judicialmente el vencimiento del contrato. Deviene así ilegítima su actual ocupación; quedando entonces configurada la verosimilitud del derecho exigida por el art. 676 bis CPC, como uno de los recaudos para la viabilidad de la medida.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), derechos y garantías constitucionales, reformatio in pejus
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

La garantía de reformatio in peius vive en el ámbito de los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona autorizada por la ley, en su favor (Ayán, Manuel N. "La prohibición de la reformatio in peius", en "Cuadernos de los Institutos", Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1985, pág. 161 y ss.).

De ello se sigue que, una resolución que tome por sorpresa al imputado al dictarse un fallo más adverso que el recurrido, cuando el acusador no recurrió y la jurisdicción de este tribunal sólo fue excitada por el imputado, resulte violatoria de las convenciones internacionales sobre derechos humanos -art. 8.2, h) de la C.A.D.H. y art. 14.5 del P.I.D.C.yP.- que conceden al condenado, y en este caso al imputado, recursos contra las sentencias condenatorias, o contra resoluciones que agraven su situación procesal, y ampliaron así el catálogo histórico de garantías procesales referidas a las personas perseguidas penalmente.

Se trata de la facultad que la ley procesal concede para tornar posible que la condena o, en el caso, las resoluciones que agraviarían al imputado, sea regida, cuando lo exige el imputado, por el principio de la "doble conforme". (Conf. Julio B. J. Maier, "Derecho Procesal Penal, T. I, Fundamentos, pág. 794).
Empresa de limpieza, supermercado, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Mónica c/ Coto CICSA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-26

El servicio de limpieza en un supermercado coadyuva y resulta inescindible de la actividad normal y específica propia de este tipo de comercios, en tanto integra la actividad de expendio y venta de productos alimenticios que no podría encontrar satisfacción en el mercado consumidor si se exhibiera en salones faltos de higiene, por lo que cabe extender la responsabilidad solidaria entre la codemandada "Coto CICSA" y la empresa contratada por ésta para la realización de las tareas de limpieza en sus locales comerciales, para quien se desempeñaba la trabajadora (art. 30 LCT).
Estabilidad del delegado gremial, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VIÑALES, HUGO c/ HIDRONOR  S.A. s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

El hecho de que el representante gremial haya terminado su mandato bajo la vigencia de la ley 22105, no impide la aplicación de la ley 23511, ya que al estar corriendo el plazo de estabilidad de un año cuando entró en vigencia la última norma, nos encontramos con uno de los supuestos previstos por el art. 3 primera parte del código civil.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almandoz, Begoña Iziar c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Las normas completas no siempre están expresadas en un solo artículo o inciso de una ley; por lo general, van dispersas en varios artículos, pues éstos se limitan casi siempre a mentar solamente "partes" de normas: definiciones, preceptos, disposiciones, reglas.
Derecho procesal, procesos de ejecución, intimación de pago, notificación bajo responsabilidad, nulidad procesal, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ Zolotarchuk, Lorena Elizabeth s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

La intimación del CPR 531 puede realizarse en el domicilio real del deudor, en el domicilio constituido en el expediente, o en el fijado en un instrumento público o en uno privado debidamente reconocido (conf. CNCom, Sala D, 6.11.03, "Praiana SRL c/ Herederos de Alfonso Troncoso s/ ejecutivo") y si, como en el caso, el ejecutante opta por intimar bajo su responsabilidad en un domicilio que atribuye al presunto deudor, asume una forma de notificación fundada en la preceptiva del párrafo final del CPR 339, que prevé que si tal domicilio fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante (CNCom, Sala D, 11.2.14, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA c/ Stortini, Gabriel Pablo y otros s/ ejecutivo").
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad objetiva, carga de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: O'Mill, Allan Edgar c/ Neuquén, Provincia del s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Cuando el daño ha sido atribuido por el demandante al riesgo o vicio de la cosa, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal en cuanto atribuye la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido.
Personas con discapacidad, interpretación de la ley, importación de automotores
Materia: DERECHOS HUMANOS-TRIBUTARIO
Carátula: González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

El criterio de distinción normativa del art. 3 de la ley 19.279 encuentra una justificación objetiva, fundada y razonable pues tiene en cuenta que el bien resulta asequible para las personas que superan la capacidad económica prevista dado que pueden acceder a un automóvil con ciertos dispositivos sin la ayuda fiscal complementaria, por lo que la restricción impuesta en la ley no implica la exclusión de los solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la movilidad de calidad, sino que cumple adecuadamente con la finalidad de dirigir la ayuda estatal hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-.

Fuente del sumario: SAIJ