Tribunal: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19


2º Instancia. - Lomas de Zamora, mayo 19 de 2006.

El doctor Soukop dijo:

El haberse desatendido la petición por parte de Jorge Gorostiaga, para que se declare la nulidad del resolutorio por el cual la Fiscalía actuante archivó los obrados, y se dicte el sobreseimiento a su respecto, motivó el remedio en tratamiento.

Al resolver el a quo, entendió que el peticionante no se encontraba legitimado para intentar los planteos de nulidad y consiguiente sobreseimiento, atendiendo a la circunstancia que la Fiscalía actuante no había efectuado requerimiento en los términos del art. 308 del ritual, lo que obstaba al carácter de imputado del presentante, y a partir de ello estimó no correspondía expedirse, lo que también hizo extensivo al planteo nulificatorio.

El art. 60 de la ley procesal concibe la figura del imputado en el más amplio sentido del concepto, con pleno carácter de parte, asegurándole a quien es perseguido el resguardo constitucional de sus derechos sin atender al grado de formalización del trámite de la investigación (art. 12, CPP); prerrogativas que en el caso de autos -donde aparece claramente identificado en la denuncia, imponiéndosele además de la preceptiva del art. 60, CPP- no le han sido garantizadas al formalizar su petición, y esa lesión al pleno goce de sus derechos exige de los operadores su más pronta reparación, debiéndose revocar el resolutorio en crisis, encomendando al a quo -dado el carácter de imputado que se le otorga a Jorge Gorostiaga-, resuelva los planteos oportunamente intentados (arts. 60, 433, 442, y 447, CPP).

Mas he de agregar que si bien el Sr. Juez de Garantías deberá expedirse sobre el fondo del planteo deducido, lo deberá hacer previa vista del Sr. Fiscal interviniente, a fin otorgar audiencia al contrincante, tal como resulta de la esencia del principio acusatorio.

El doctor Little dijo:

He de disentir con los fundamentos expuestos por el Dr. Soukop, en cuanto entiendo que la persona a la que se le hace saber la formación de una causa no reviste el pleno carácter de parte en el proceso; ya que atribuirle tal entidad importaría colocarlo en un rol más gravoso de aquel viene siéndole dado. Comparto lo expuesto en lo concerniente a las plenas garantías que aun en dicha posición debe dársele al mismo, especialmente en cuanto a la posibilidad del pleno ejercicio de todos los derechos de parte del imputado y por ende el relativo a la interposición de los recursos que éste realizó y que en el voto se propone el a quo se pronuncie en lo específico.

Mas entiendo que la solución pasa por analizarse si se encontraban dados los presupuestos previos para llevar a cabo la notificación en los términos del art. 60 del CPP respecto del reclamante, lo que anticipó no debió realizarse.

Recordemos que desde el punto de vista material, imputado es la persona que es perseguida penalmente, esto es, que corre el riesgo de sufrir la situación en que la coloca un procedimiento penal dirigido en su contra, de sufrir la persecución penal, estatal o privada, según los casos.

Acudo a prestigiosa doctrina a fin de echar luz sobre los aspectos que vienen, siendo debatidos y que considero fueron aquellos que motivaron las distintas presentaciones que debió realizar la recurrente a modo de conocer el alcance de su vinculación al proceso y en definitiva para dejar a salvo su nombre.

En relación al tema, sostiene Maier que imputado es la persona contra la cual se ejerce la persecución penal, precisamente porque alguien indica que ella es la autora de un hecho punible o participa en él, ante una de las autoridades competentes para la persecución penal, dependiendo el concepto de dos notas principales, íntimamente ligadas entre sí: a) la individualización de la persona perseguida; y b) los actos de persecución penal contra ella. Derecho Procesal Penal, II. parte general, Sujetos Procesales, p. 188, Edit. del Puerto, 2003.

Toda vez que no existe duda respecto al primero de los aspectos, -la denunciante la individualizó certeramente-, el centro del análisis debe centrarse en el alcance de los actos de persecución penal dirigidos contra el mismo.

El destacado procesalista citado, refiere que la academia pretendió definir al imputado como aquella persona contra la cual se ejerce una acción penal, criticando tal definición en razón de los distintos alcances que puede darse al concepto de acción procesal, concepto discutido desde tiempo pasado.

Posteriormente analiza el caso ante el supuesto de la instancia privada, tal como el que se ventila en la presente, calificándolo como paradigmático, pues dice, según la letra misma de la ley (CP, 72, II) sin ella no se puede proceder a la formación de causa. Ello determina que la decisión judicial que declara la inexistencia de la instancia aclare, precisamente, la invalidez de la persecución penal transcurrida, a la manera de la nulidad absoluta de un acto según los arts. 1046, 1047 y conc. del CC. Si ello es así, la declaración no haría cesar la calidad de imputado, sino que aclararía ex post, que ella nunca debió existir o no existió válidamente. Derecho Procesal Penal. II. Parte General, sujetos procesales. P. 201. Ed. del Puerto.

La elocuencia del análisis me exime de cualquier comentario por adherir plenamente a tal postura, debiendo sólo indicar que en razón que la comunicación al imputado fue realizada sin conocerse previamente el parecer de la denunciante relativo al ejercicio de la acción, y por devenir presupuesto básico para dirigirle imputación, la misma devendrá nula.

Tal como se desprende de lo actuado a fojas 9/10, la denunciante hizo saber su intención de no instar la acción, siendo nulo lo actuado a fojas 7, ya que la norma aplicable alude a la perpetración de un delito, lo que fácilmente pudo haberse descartado de haberse interrogado previamente a la denunciante en la primera oportunidad (fs. 1/2)-, en lugar de hacérselo una vez que oficiosamente el personal preventor anoticiara al impugnante de la imputación dirigida en su contra.

En consecuencia, entiendo que el ejercicio de la acción de parte de la denunciante es lo único que permitiría el inicio de la presente, motivo por el que su inexistencia inhabilita su progreso.

Lo expuesto considero importa una violación constitucional severa, cual es la afectación al estado de inocencia de previsión constitucional y regla básica de todo sistema de derecho penal liberal y peana sobre la que se sostiene todo la estructura de nuestro sistema de enjuiciamiento a través de la previsión que expresamente realiza el primer artículo de Código Procesal Penal; debiendo por lo tanto, según mi parecer, declararse la nulidad de la la notificación obrante a fojas 7 y de lo actuado en consecuencia de conformidad a lo normado por el art. 203 del CPP en función de la facultad prevista por el art. 435 del rito.

Resta señalar que lo indicado, no exime al juez de grado de pronunciarse respecto de lo solicitado por el recurrente dejando a salvo su nombre ante el injustificado inicio de la presente que motivó que debiera acudir a idóneo ante el desacertado ingreso en el sistema jurisdiccional al que nunca debió acceder.

Por lo expuesto entiendo que debería declararse la nulidad indicada, debiendo expedirse el a quo en consecuencia, adhiriendo entonces en lo especifico a los argumentos dados por el colega preopinante.

El doctor Díaz Ferrer dijo:

Adhiero al voto del Dr. Soukop y al primer párrafo del voto del Dr. Little, en cuanto de sus textos se deduce que ambos reconocen la facultad del recurrente de peticionar y recurrir frente a resoluciones adversas, tal como lo ha hecho.

Por ello: esta sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, por mayoría resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 30/33 (arts. 421 y 439, CPP). II. Revocar el decisorio de fs. 29, debiendo el a quo pronunciarse sobre los planteos oportunamente intentados previa vista al Sr. Agente Fiscal (arts. 60, y 447, CPP). Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen. Sirva la presente de atenta nota de envío.- Marcelo D. Soukop.- Pablo A. Little.- Joaquín A. E. Díaz Ferrer.