Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88038 CAUSA NRO. 2.833/2007 AUTOS: "Q., V. B. C/ HELCINT S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO". JUZGADO NRO. SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 423/432 ha sido recurrida por la demandada a fs. 444/446 y por la actora a fs. 448/456.

II. La actora se agravia porque se rechazó la demanda en lo principal.

Memoro que el contrato laboral quedó extinguido por despido directo de la empleadora a través de la carta documento del 8/11/06 (fs. 24), pues consideró que las imputaciones que realizara la actora en el punto 3 de su misiva del 6/11/06 (fs. 28) acerca de la existencia de persecución laboral y acoso sexual por parte del Sr. R. A. B. (en adelante, R.A.B o B.), constituyeron una injuria grave que impidió la prosecución de la relación laboral.

La recurrente se alza contra la decisión de la Sra. Jueza de grado que no tuvo por acreditada la figura del acoso u hostigamiento sexual. Discrepo respetuosamente con la decisión adoptada en origen. En efecto, dado que fue la demandada quien despidió a la actora, debía acreditar no sólo que no existió acoso sexual sino que tampoco incurrió en persecución laboral (art.377 CPCCN). En orden a ello, si es cierto que de las declaraciones testimoniales rendidas en autos no surge que el codemandado R.A.B. se hubiera dirigido a la actora exhibiendo un comportamiento con connotaciones amorosas o sexuales, no es menos cierto que quienes declararon a propuesta de la actora han narrado en forma coincidente y precisa una situación de maltrato hacia la misma, con la particularidad de que esa conducta -a excepción de Ayelli- se evidenciaba, a mi modo de ver, sugestivamente, solamente con ella.

En efecto, quienes declararon a propuesta de la demandada ninguna referencia hicieron al respecto y por ende, tampoco realizaron aporte alguno para sustentar la postura de ésta última. Obsérvese que la Sra. Orive (fs.261/263), manifestó desconocer las causas de la desvinculación de la actora y si bien describió el lugar de trabajo, nada dijo acerca de la existencia de malos tratos; Scalise (fs.269/270), al igual que la testigo anterior, dijo desconocer porqué la actora se desvinculó de la demandada e indicó que el ambiente de trabajo era normal, Lopardo (fs.271/273) no aportó mayores datos pues si bien aduce que el ambiente de trabajo era normal, también explicó que se desempeñaba en la calle sin tener mucho trato en la oficina y Bordon, (fs.274/276) se expidió en sentido similar al anterior. Naturalmente, la falta de datos acerca de los malos tratos denunciados por la actora, encuentran explicación en el condicionamiento lógico de que los mencionados se encontraban todos en relación de dependencia con la demandada.

Una situación diferente presentan las declaraciones rendidas por quienes fueron ofrecidos por la parte actora. Silvia Noemi Hidalgo que declaró a fs.264/266, manifestó que el trato del Sr. R.A.B. ". con sus empleados era bueno pero con la actora siempre estaba de mal humor, gritaba, la trataba de mala forma.que a la dicente la trataba de forma correcta.."; por su parte Olga Elisabeth Ayelli,(fs.2779/282) con juicio pendiente con la demandada, explicó que veía que el Sr..B se acercaba a la oficina de la actora y siempre ".tenía maltratos verbales y después la actora se levantaba con los ojos llorosos y se iba al baño y a veces halagadores, que también la dicente recibía primero halagos y después maltrato y que el Sr.B. tenia la costumbre de ".decirle a V., a la dicente que "eras un inútil, que no sabías desempeñar las tareas." ; .Claudia Raquel Hettinger, que declaró a fs. 298/99 dijo que el trato del Sr.R.A.B. con la dicente era particularmente bien, que con Q. en cambio el trato no era muy grato, o sea la trataba mal, que había gritos, que el sr.B. tenía una forma despectiva de tratar a la gente, desconoce el motivo por el cual trataba mal a la actora, que el Sr.B. tenia una forma un poco agresiva de tratar a la actora especialmente, que a la dicente por lo menos nunca la gritó, que en particular no recuerda situaciones por las cuales sucedió .esto pero si recuerda que B..la había gritado varias veces" y Daniela Alejandra Jose (fs. 300/303) dijo que el Sr.B no tenia el mismo trato con todos, era distinto, que en particular con la señora Q. el trato era contradictorio, a veces escuchaban muchos elogios con respecto a V. y de repente cambiaba y era un mal trato evidente respecto de V., recuerda más de una vez haber visto a la actora llorando en la oficina, que esos malos tratos consistían en hablarle a la actora en un tono de voz elevado.".

Ahora bien, la declaración de Hidalgo no fue impugnada por la parte demandada mientras que sí lo hizo respecto de Ayelli, Hettiger y José según surge de las presentaciones de fs. 289 y 307/vta. Sin embargo, tales observaciones que se sustentan en el juicio pendiente de Ayelli, la reciente desvinculación de Hettiger o la baja performance de Jose, no resultan suficientes para su descalificación, por cuanto observo que las declaraciones reseñadas resultan coherentes y concordantes en el punto, provienen de personas que fueron compañeros de trabajo, se desempeñaron en el mismo lugar y revelan un conocimiento personal y directo de los hechos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral. Por lo expuesto, valorados de conformidad a las reglas de la sana crítica (art.386 del CPCCN), sus testimonios resultan convictitos y en tal sentido gozan de prueba probatoria.

Súmase a ello que de la pericia psicológica glosada a fs.370/372,no observada por las partes, art.477 CPCCN, surge, entre otras consideraciones que el Sr. R.A.B. ".posee una conducta autoritaria y dominante,. manifiesta irritabilidad ante una situación frustrante.con baja tolerancia a la frustración.es propenso a la irritabilidad, le cuesta tener en cuenta la opinión de los demás. Posee poco control emocional ante una situación contraria a sus intereses. Hay una tendencia a la descalificación del otro, critica lo que para él no es perfecto.dificultad para controlar las emociones. y que si bien no llega a ser una personalidad con tendencia al acoso sexual, si aparecen factores que dan cuenta de -entre otras causales.- de dificultades en las relaciones interpersonales. . Este informe que no fue objeto de observación por ninguna de las partes, pone de manifiesto que por razones que ni siquiera pudieron ser explicadas por los testigos, la actora era objeto de malos tratos por parte del Sr.R.A.B., extremo que considero debidamente acreditado. (arts.386,477 del CPCCN y 90 de la L.O.). He señalado con anterioridad que la violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto, mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual la persona es agredida, amenazada , humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, ( V. Esta Sala, in re Von Pieschel Marcos Alejandro c/ Teletech Argentina S.A.s/ despido", S.D. 87370 del 13/1/2012 y "Alais Andrea Karina c/ Ekekens S.A.y otro s/ despido" S.D. 87631 del 25/4/2012).

Recuerdo, además, que el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma), de allí, que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza "condiciones dignas y equitativas de labor" (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT).

En orden a tales consideraciones, surge acreditado que la demandada obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad, pues permitió que el Sr. R.A.B., maltratara a la actora e inclusive por su propio intermedio, la despidió sin ni siquiera intentar realizar alguna actividad para clarificar la situación, máxime ante una trabajadora con más de cinco años de antigüedad, sólo se avino a negar la existencia de las imputaciones efectuadas por la actora, despidiéndola sin más. Esta conducta da cuenta de que la empresa no tenía intención de adoptar las medidas necesarias de seguridad que todo empleador debe proveer a sus dependientes, a fin de que el mencionado cesara en los malos tratos.

Es que la persecución laboral a la que aludió la actora en su comunicación de fs.24, no se limita únicamente al acoso sexual, sino que de conformidad a los lineamientos de la Ley 26485, encuentra recepción en el concepto de violencia que la norma define, entendida como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y su seguridad personal, concepto que en el ámbito laboral aparece descripta como un supuesto de hostigamiento psicológico que puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.(arts.4° y 6° inc.c) Ley 26485).

En este caso concreto se configuró el ejercicio abusivo de poder por parte del Sr. R.A.B, socio gerente de la demandada y se materializó mediante conductas agresivas y maltrato verbal a las que aludieron las testigos, de allí que el caso encuadra en las disposiciones de la Ley 26485 y su Decreto Reglamentario 1011/2010 de Protección integral a las Mujeres, norma que encuentra sustento en el art. 1º de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en el art. 2º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, dirigida a garantizar fundamentalmente el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia y cuya protección se activa ante situaciones como la aquí analizada y que se expresan en hostigamiento, coerción verbal, insultos, (arts. 3º, 4º y 5º) y especialmente en el art.6° inc.c), ya citado, que contempla los supuestos de violencia laboral, por ende, hallándose acreditado el obrar antijurídico, el despido ha sido arbitrario.

Por las razones expuestas admitiré el reclamo de los rubros indemnizatorios derivados del despido (conf.art. 245, 232, 233 LCT) y ante la existencia de un acto ilícito corresponde acceder a la indemnización por daño moral, ( arts. 1071, 1072, 1078 del Código Civil y art.35 de la Ley 26485). Asimismo, resulta procedente receptar el incremento indemnizatorio previsto por el art. 2º de la ley 25.323 ya que se encuentran reunidos los recaudos para su viabilidad, pues la actora requirió adecuadamente el pago de las indemnizaciones y ante la falta de pago se vio obligada a iniciar el presente reclamo en procura de su cobro (v. CD de fs.33). III. De acuerdo a lo señalado precedentemente, estaré a los cálculos practicados por la perito contadora en la liquidación de fs.389 que no fue impugnada por las partes (art.477 CPCCN) , por lo que corresponde diferir a condena los siguientes rubros: 1)Indemnización por antigüedad $ 14469,48; 2) Preaviso más Sac $ 5225,09; 3) Integración mes despido más sac $.1915,86; 5) Art. 2º ley 25.323: $10805,21; 6) Indemnización por daño moral: $ 5000; lo que totaliza la suma de $ 37415,64. Dichas sumas devengarán intereses desde que cada una de ellas fue debida y hasta su efectivo pago, aplicándose la tasa fijada en origen que llega firme a esta Alzada. IV. En la queja y con relación al rechazo por la falta de pago de las horas extras que la actora invocara, se critica el decisorio porque no le otorga eficacia convictiva a las declaraciones de los testigos ofrecidos por la reclamante que refieren el cumplimiento de un horario de 7 a 19 horas dado que las fichas reloj agregadas al expediente (fs. 104/121) firmadas de puño y letra por la actora, exhiben una jornada inferior en términos que coinciden con al denunciada en la demanda.

Los argumentos expuestos en el memorial recursivo no poseen entidad suficiente para descalificar lo decidido en origen. En tal sentido, tengo en cuenta que la Sra. Magistrada A quo ha valorado también los testimonios de Orive (fs. 261/263), Scalise (fs. 269/270), Lopardo (fs. 271/273), Bordón (fs. 274/276) y Perera (fs,. 295), señalando al efecto que aludieron al cumplimiento de una jornada de 8 a 18 horas con una hora de almuerzo en sentido concordante entre sí y con las afirmaciones de la contestación de demanda, que se trata de personas que han referido de manera objetiva y concreta circunstancias que presenciaron en forma directa con motivo del desenvolvimiento de sus tareas y como compañeros de trabajo de la actora. Dichas declaraciones no han sido criticadas en modo alguno en el memorial recursivo y por las razones que se invocaran en grado, las considero de suficiente eficacia convictiva. Además, observo que Hettinger (fs. 298/299), ofrecido por la actora, ha reconocido la existencia de una hora para almorzar.

Por otra parte, concuerdo con lo decidido en la anterior etapa sobre la insuficiencia de las declaraciones de los testigos de la actora para acreditar la realización de cuatro horas extras por día (como pretende la reclamante) frente a lo que surge de las fichas reloj ofrecidas como prueba por la demandada y la prueba testimonial antes aludida. En tal sentido, tengo en cuenta que la actora al sometérsele a su reconocimiento los citados instrumentos, los desconoció, quedando acreditado a través de la pericial caligráfica que las citadas fichas fueron suscriptas de su puño y letra y en tal sentido, cabe valorar su actuación a la luz de lo normado por el art. 163, inc. 5°, párr. 3° del Código Procesal. Civil y Comercial de la Nación que dice: "La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones". Por ello, pierden credibilidad las explicaciones que introduce la testigo Ayelli acerca de que los hacían fichar una hora más tarde al ingresar y una hora antes al salir por indicación de la empresa, circunstancia a la que no se refiere ninguno de los otros testigos.

Consecuentemente, ante la contradicción de los elementos probatorios consignados, no es posible acceder al reclamo de diferencias salariales por falta de pago de horas extras.	V. Finalmente, la actora se agravia porque no se admitió su reclamo con fundamento en la ley 24.013 y sobre el punto concuerdo con lo decidido en origen acerca de que no se aportó ninguna prueba concluyente acerca de existencia pago parcialmente clandestino de su salario.	La referencia genérica a los principios de primacía de la realidad, protectorio e in dubio pro operario no bastan para dar sustento a este reclamo. En la queja no se cita dicho alguno de los testigos que pueda llevar a inducir que se realizaron pagos que no se registraban en debida forma. En su relación, no resulta suficiente valerse de presunciones o de principios generales del derecho del trabajo en tanto el pago clandestino es un hecho y para su acreditación deben aplicarse las cargas probatorias que surgen de lo normado por el art. 377 del Código Procesal y normas concordantes.

En tales condiciones, el agravio no puede prosperar.	VI. La demandada, por su parte, se alza contra la procedencia de la indemnización del art. 45 de la ley 25.345 y aduce, entre otras circunstancias que la actora no cumplió con la previsión contenida en el art.3° del D.146/01. El agravio será receptado favorablemente, pues según surge de las constancias de autos, la intimación cursada por la actora según el TCL 14/11/2006, carece de virtualidad para acceder a la indemnización pretendida, pues no observo que hubiera cumplido el requisito previsto por el art.3° del D.146/01, norma que tampoco ha sido cuestionada en su constitucionalidad.

De tal manera, propicio revocar el decisorio en cuanto condena al pago de este resarcimiento.

VII. De acuerdo a lo resuelto en los Considerandos II y VI de este decisorio, corresponde modificar la condena de autos y elevarla a la suma de $ 40432,11 ($37415,64 + 3016,47) , monto que deberá ser abonado por la codemandada HILCINT S.R.L. más los intereses fijados en origen. Ello así en tanto el rechazo a la condena solidaria dispuesta en la instancia de origen llega firme a esta Alzada. VIII. De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 LCT CPCCN, con relación a la modificación que propicio respecto de la condena contra HILCINT S.R.L. corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios. Señalo que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes. En tal sentido no dejo de advertir que el monto por el que prospera la demanda es inferior al reclamado, sin embargo, atendiendo a las cuestiones que fueron dirimidas, el carácter alimentario de los créditos laborales por los que prospera la demanda y la normativa aplicable al caso, sugiero que las costas correspondientes a la instancia anterior se impongan en el 70% a la parte actora y el 30% restante a la codemandada HILCINT S.R.L.. (arts.68,69 ,71 y cctes.del CPCCN y arts.38 y 155 de la L.O.).

Propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, codemandada HILCINT S.R.L. y peritos psicólogo, calígrafa y contadora en el 15%, 13%, 8%, 8%, y 8% respectivamente que deberán ser calculados sobre el nuevo monto de condena incluidos los intereses (conf.art. 38 L.O., 1, 3, 6, 7, 8 y 19 ley 21.839, 30 y 32 de la Ley 20.243 e incs. b) y g) del art. 3 del decreto 16.638/57).

IX. Con relación a la Alzada, correspondería imponer las costas a la codemandada HILCINT S.R.L. (art.68 CPCCN) y por los escritos dirigidos a esta Cámara, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 27% y los de la codemandada HILCINT S.R.L. y codemandados R. A. B., Patricia B. B., Liliana Raquel B. y Olga B. Campos (en conjunto) en el 25% respectivamente, porcentajes que deberán ser calculados sobre los que fueron regulados en el párrafo anterior, referidos a la actuación en la instancia anterior (conf. art 14 ley 21.839).

X. En definitiva, de prosperar este voto propicio: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y, en su mérito elevar el monto de condena a la suma de $ 40432,11 con más los intereses dispuestos en origen, confirmándola en lo demás que decide; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 del CPCCN) y adoptar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo dispuesto en el Considerando VIII; 3) Costas y honorarios de Alzada según lo expresado en el Considerando IX. El Doctor Julio Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y, en su mérito elevar el monto de condena a la suma de $ 40432,11 con más los intereses dispuestos en origen, confirmándola en lo demás que decide; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 del CPCCN) y en orden a ello, adoptar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo dispuesto en el Considerando VIII; 3) Costas y honorarios de Alzada según lo expresado en el Considerando IX. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

. Gloria M. Pasten de Ishihara	Julio Vilela Jueza de Cámara	Juez de Cámara Ante mí:

MG	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara