Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-19


SENT Nº 264	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecinueve (19) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte Ana María Herrera en autos: "Bachi Norma Elsa s/ Homologación judicial de convenio".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por Ana María Herrera (fs. 188/191) -tercera interviniente en autos de conformidad a la sentencia de fs. 54-, contra la sentencia nº 425 de la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 5 de octubre de 2010 (fs. 175/176). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 25 de julio de 2011 (fs. 215) del referido Tribunal de Alzada.

II.- De las constancias de autos que resultan relevantes para el dictado de la presente sentencia, se extrae que por sentencia de fecha 12 de octubre de 1995 (fs. 17) se resuelve homologar, sin perjuicio de terceros, el convenio de desocupación de fecha 15 de julio de 1994, obrante a fs. 15/16. Posteriormente, se presenta la Sra. Ana María Herrera (fs. 19/20) y solicita intervención en el proceso, petición que fue receptada favorablemente por sentencia de fecha 3 de diciembre de 1996 (fs. 54), por la que se dispone "otorgar intervención como tercera a la Sra. Ana María Herrera...".

Luego de diversas incidencias planteadas y resueltas en la causa, en fecha 23 de diciembre de 2008 (fs. 144), se presenta la Sra. Ana María Herrera, la que por intermedio de su representación letrada, plantea "prescripción liberatoria", por afirmar que desde la fecha de la obligación de entrega supuestamente convenida (15/11/1994) a la fecha del planteo han transcurrido 14 años y desde la fecha de la sentencia homologatoria, 13 años. Sostiene que existe por parte de la actora una clara inacción durante el proceso, que justifica la procedencia de la defensa de prescripción.

La sentencia de primera instancia, dictada en fecha 17 de febrero de 2010 (fs. 154/155) que resuelve el planteo de prescripción, interpreta que la referida defensa debe ser opuesta "al momento de contestar la demanda o bien en la primera presentación en el juicio que se haga quién intente oponerla", y en atención a que en autos la Sra. Herrera no lo planteo en aquella oportunidad, "sino luego de haber actuado en reiteradas oportunidades en el proceso", la sentencia de primera instancia, concluyó que la defensa de prescripción fue deducida extemporáneamente, toda vez que la primera intervención fue "al momento de pedir su intervención como tercero". Por ello, interpreta dicho pronunciamiento, que "la sola circunstancia de no haber deducido en su oportunidad la prescripción, habilita la desestimación de la misma, puesto que la defensa no logra superar el requisito formal de admisibilidad". Apelada la sentencia de primera instancia por la Sra. Herrera (fs. 159) y expresados los agravios a fs. 162/163, la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, resuelve el recurso de apelación por sentencia de fecha 5 de octubre de 2010 (fs. 175/176). La Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Herrera, por considerar -en coincidencia con el fallo de primera instancia- que la defensa de prescripción debió ser opuesta en la primera presentación en juicio, circunstancia no acaecida en autos.

Sin embargo, agrega la Cámara que "sin perjuicio de lo dicho, cabe resaltar que el término de la prescripción -eventualmente- se hubiera iniciado a partir de quedar firme la sentencia de Cámara de fs. 86 (08-11-04), desde la cual no ha transcurrido el plazo de diez años hasta la actualidad".

Por las razones expuestas, el pronunciamiento de Cámara resuelve -como dijimos- rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Herrera y confirmar el pronunciamiento de primera instancia.

III.- Frente a la sentencia de Cámara, la Sra. Herrera deduce recurso de casación (fs. 188/191), invocando que la sentencia de fecha 5 de octubre de 2010 incurre en infracción a normas de derecho y una arbitraria valoración de las constancias de autos. La parte recurrente, describe los antecedentes de la causa y explica los motivos por los que interpreta que se justificaría declarar la admisibilidad del recurso.

En primer término, la recurrente reitera su afirmación de que nos encontramos ante un compromiso de desocupación no asumido por su parte y con una sentencia homologatoria dictada sin perjuicio de terceros. En cuanto al contenido de los agravios, se observa que cuestiona que la Cámara haya considerado que no se encuentran presentes los presupuestos para la procedencia de la defensa de prescripción liberatoria, interpreta la recurrente que, desde la fecha de la obligación hasta el planteo de prescripción, transcurrió el plazo de prescripción sin que se haya efectuado ningún imperativo de cumplimiento a su parte. Asimismo, aclara que el planteo de prescripción formulado "se basa en el transcurso del plazo previsto dentro del mismo proceso", "encuadrando el caso en el artículo 4.023 del Código Civil", por lo que no funciona en ese supuesto la obligación de plantearla en la primera presentación en juicio.

Por su parte, critica que la Cámara haya considerado que, eventualmente, el plazo de prescripción se hubiera iniciado a partir de quedar firme la sentencia de Cámara de fs. 86 (de fecha 08/11/2004), por cuanto -interpreta la recurrente- que, de ese modo, se reconoce la posibilidad de plantear la prescripción liberatoria en autos y, aduce que no trató el contenido de su presentación "y simplemente se remitió a lo esgrimido por el Código Civil y esto la hace arbitraria".

De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, cita precedentes judiciales que entiende que avalarían su postura y solicita se haga lugar al recurso tentado.

IV.- Corrido el traslado de ley, la Sra. Bachi -por intermedio de su representación letrada- solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 207/210. Por auto interlocutorio de fecha 25 de julio de 2011 la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 215), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 187) y presentación tempestiva, el escrito se basta a si mismo, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. Por su parte, el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia que resulta equiparable a definitiva (rechaza planteo de prescripción), toda vez que resuelve definitivamente la cuestión debatida, no pudiendo replantearse en otra oportunidad procesal (conf. CSJT, sentencia nº 575 del 24/10/1995, sentencia nº 522 de fecha 28/7/1999, sentencia nº 603 de fecha 24/7/2006, entre otras). Por ello, corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- Del análisis de la sentencia impugnada a la luz de los agravios contenidos en el recurso de casación deducido por la recurrente, se advierte que el mencionado recurso no puede prosperar, en atención a los fundamentos que se exponen a continuación.

En primer lugar, cabe destacar que el planteo de prescripción deducido por la Sra. Herrera a fs. 144, resulta impreciso y oscuro, dado que toma como inicio del cómputo del plazo de prescripción dos fecha distintas (la fecha de la obligación de entrega supuestamente convenida y la fecha de la sentencia homologatoria), es decir, no especifica con claridad cual es la acción que alega prescripta, si la acción -ejercida en autos por la Sra. Bachi desde su inicio- de peticionar la homologación del convenio, o la "actio iudicati" que nació una vez firme la sentencia de fecha 12 de octubre de 1995 (fs. 17). Estas son las únicas acciones existentes en autos, y frente a las cuales se pudo haber opuesto la defensa de prescripción.

Esta confusión generada por la recurrente desde el inicio de su planteo de prescripción, provocó que las sentencias de anteriores instancias interpretaran que el planteo de prescripción deducido por la Sra. Herrera, fue extemporáneo por haber sido opuesto luego de diversas intervenciones en el proceso y no en la primera intervención, como lo dispone el artículo 3.962 del Código Civil. Esta solución, resulta aplicable y es adecuada en la interpretación de que la defensa de prescripción haya sido opuesta frente a la acción que reclama la homologación del convenio, la cual -a partir de haber quedado firme la sentencia de homologación de fecha 12 de octubre de 1995- no puede ser declarada prescripta, en tanto que una vez firme la referida sentencia de homologación, nació la "actio judicati" con un nuevo e independiente plazo de prescripción.

Por su parte, y aún en el supuesto más favorable para la recurrente, en el que se interprete que opuso la defensa de prescripción contra la "actio judicati", el recurso -de igual modo- no puede prosperar, por las razones desarrolladas a continuación.

En cuanto a la referida "actio judicati" el profesor Jorge Joaquín Llambías sostiene que "cualquiera haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio, si ella origina una sentencia de condena, de ese pronunciamiento de la autoridad judicial surge una pretensión que prescribe en el término ordinario de 10 años" (Llambías, Jorge Joaquín "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones" Tomo IIIº, Editorial Perrot, Buenos Aires, página 367). Así, y con relación al supuesto de sentencias homologatorias que contienen obligaciones (en la especie, de desocupación de un inmueble), la jurisprudencia señaló que "la prescripción opuesta en un proceso sobre alimentos alcanza a los créditos anteriores a los diez años previos a la demanda, pues, el plazo quinquenal de prescripción del Art. 4027 inc. 1° del Código Civil no es de aplicación cuando existe sentencia homologatoria firme, ya que por vía de principio, a la ejecución de una sentencia y al derecho a reclamar lo que ella manda cumplir, se aplica el plazo decenal de la actio judicati o iudicata -Art. 4023 del Código Civil-." (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, in re "A.C.P. vs. A.M.R.", de fecha 10/03/20011, publicado en LLNO 2011 -junio-, 505, cita online AR/JUR/12279/2011).

Sin embargo, y como lo sostiene el pronunciamiento de Cámara en su análisis ad eventum, el plazo de prescripción de la actio judicati recién inicia a partir de quedar firme la sentencia en cuestión. En igual sentido lo interpreta Moisset de Espanés, cuando señala que "a) No hay cosa juzgada mientras exista un recurso pendiente de trámite; b) Una sentencia impugnada, no está firme, ni concede a la parte la 'actio res iudicata'; c) El plazo de diez años de la 'actio res iudicata' comienza a correr cuando 'hay sentencia firme'." (Moisset de Espanés, Luís, "Prescripción", 2ª. Ed., Córdoba, Advocatus, 2006, página 391).

Por su parte, también los pronunciamiento judiciales interpretaron que el inicio del plazo de prescripción de la actio judicati se ubica en el momento en que la sentencia quedó firme, así se dijo que "el derecho del acreedor para obtener la ejecución de la sentencia que declaró verificado su crédito, está sujeto al plazo de prescripción de diez años previsto en el art. 4023 del Cód. Civil, el cual comienza a correr una vez firme y pasada dicha sentencia en autoridad de cosa juzgada" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, in re "Carpaneto, Agustín M. s/ Suc.", de fecha 30/03/2004, publicado en La Ley 2004-D, 837, cita online AR/JUR/768/2004. En igual sentido, Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, in re "Silvestrini, Américo c. Fernández, José", de fecha 11/03/2010, publicado en LLGran Cuyo 2010 -julio-, 563, AR/JUR/14674/2010).

Sobre ésta plataforma, se observa que resulta ajustada a derecho la consideración realizada por la Cámara, cuando sostiene que "cabe resaltar que el término de la prescripción -eventualmente- se hubiera iniciado a partir de quedar firme la sentencia de Cámara de fs. 86 (08-11-04), desde la cual no ha transcurrido el plazo de diez años hasta la actualidad", en tanto que del análisis de las constancias de la causa se advierte que la sentencia homologatoria de fecha 12 de octubre de 1995 (fs. 17), fue objeto de un recurso de nulidad y apelación (fs. 32) por parte de Guillermo Albino Sokolic (parte del convenio homologado), dicho recurso -por diversas circunstancias- fue resuelto recién por sentencia de fecha 8 de noviembre de 2004 (fs. 86) y, en la misma, se rechazan los recursos del Sr. Sokolic. Es decir, recién a partir de la sentencia de fecha 08/11/2004 quedó firme la sentencia homologatoria, toda vez que, previo a ella, resultaba imposible su ejecución. Finalmente, y por las consideraciones reseñadas, no se ha cumplido en autos el plazo de prescripción decenal desde el 08/11/2004 hasta la fecha del planteo deducido por la Sra. Herrera. Con relación a éste análisis y la conclusión alcanzada, que fuera llevado a cabo por el pronunciamiento de Cámara, la recurrente no aporta argumentos tendientes a rebatirlo, por lo que su recurso casatorio se muestra insuficiente para enervar su conclusión, la cual -como vimos- resulta acertada y ajustada a derecho.

En efecto, se advierte que los agravios del recurrente y la invocación de arbitrariedad, no logran conmover la solución adoptada por la sentencia de Cámara, la que se ajusta a derecho de conformidad a los fundamentos tratados precedentemente. En mérito a todo ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la Sra. Herrera.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida (artículo 105 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 230 y vta., la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la Sra. Ana María Herrera contra la sentencia nº 425 de la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, dictada en fecha 5 de octubre de 2010 (fs. 175/176), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.