Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12


Buenos Aires, 12 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía de Cámara Oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala II del 19/04/13 que confirmó la resolución de primera instancia en cuanto allí se había decidido suspender el proceso a prueba ¬a favor del Sr. Mariano Raúl Martínez, pese a la oposición de la fiscalía.

2. Los jueces, por mayoría, declararon admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 165/166).

3. El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención en este legajo, sostuvo el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Fiscal de Cámara. Además, solicitó que se hiciera lugar al recurso de inconstitucionalidad, se declarara la nulidad de la resolución judicial cuestionada y se continuara con la tramitación del caso (172/177).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/2010.

En consecuencia me remito, en lo pertinente, a los argumentos expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba oportunamente concedida al Sr. Mariano Raúl Martínez.

2. Por último, con relación a lo solicitado por el Sr. Fiscal General Adjunto en el cuarto punto de su dictamen (v. foja 177 vuelta), ningún temperamento cabe adoptar. En efecto, si ese representante del Ministerio Público Fiscal ha advertido la posible comisión de un delito de acción pública, nada impide que formule la denuncia que considere pertinente. Para ello, no requiere intervención alguna de este Tribunal que, por lo demás, no tiene competencia para su tratamiento (cf. art. 113, CCABA).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 1. La cuestión aquí debatida es análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Máximo s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución de fecha 08/09/2010. Consecuentemente, por las razones allí dadas y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7909/11, pronunciamiento de fecha 07/12/2011 -decisiones a las que me remito-, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, revocar la sentencia impugnada, dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

A su turno, ante la mención del fallo dictado por la CSJN in re "Acosta", que a fs. 139 vuelta invoca el a quo, corresponde señalar que aquel Tribunal, al describir la interpretación que allí descartó por arbitraria, dijo que la sentencia impugnada había sostenido ".que la conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era vinculante y que '...al prever dicha figura en abstracto y en su máximo una pena de seis años de prisión, el beneficio se torna improcedente, pues supera el límite de tres años de prisión que impone el art. 76 bis, 1° y 2° párrafos del Código Penal'" (el subrayado me pertenece). En ese contexto, las referencias del máximo Tribunal federal a un derecho a obtener una suspensión del proceso a prueba no pueden ser leídas con independencia de la circunstancia de que en el caso existía una voluntad fiscal favorable a la concesión del beneficio y que era el juez quien se había negado a otorgarlo con base en una interpretación de la ley que la Corte Suprema desechó por errada. Así las cosas, del precedente mencionado no puede extraerse una conclusión contraria a la aquí postulada (v. entre otros el punto 8 de mi voto en "Porro Rey", ya citado).

2. Respecto de lo solicitado por el Fiscal General Adjunto en el punto cuatro de su dictamen, adhiero a lo expresado por mi colega, el Dr. José O. Casás. La juez Inés M. Weinberg dijo: 1. El recurso articulado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 142/159) satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por la ley n° 402. 2. El progreso de la pretensión esgrimida por la recurrente exige determinar la correcta inteligencia atribuible a diversas reglas constitucionales (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA) a fin de establecer si la interpretación formulada por el a quo de la legislación infraconstitucional cuestionada las respeta.

Conforme aquellas previsiones, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3 CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. art. 124 y 125 CCABA).

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPPCABA).

La titularidad de la acción penal lleva implícita su discrecionalidad, toda vez que no podrá concebirse dicha potestad si el fiscal careciera de facultades para tomar decisiones sobre su ejercicio.

3. El instituto debatido en autos y reglamentado por el código procesal penal local debe ser interpretado y aplicado a la luz de los lineamientos enunciados como rectores del sistema jurisdiccional local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA).

En lo que aquí importa, el artículo 76 bis CP, cuarto párrafo, establece que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio" (el destacado me pertenece).

Por su parte el artículo 205 del CPPCABA complementa el artículo mencionado en lo relativo a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el ámbito local, estableciendo que "la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. Contra la decisión no habrá recurso alguno".

A la luz de lo expuesto, si bien compete al juez la facultad para otorgar la suspensión del proceso a prueba, el juicio de oportunidad acerca de la conveniencia de continuar o no con la persecución penal recae sobre el Ministerio Público Fiscal, representando su conformidad una condición necesaria para que pueda proceder dicho instituto.

En virtud de ello, el modo en que ha quedado resuelta la cuestión por el a quo configura un manifiesto exceso jurisdiccional. En un proceso organizado bajo el esquema acusatorio -en el cual los fiscales tienen la potestad acusatoria y los jueces la función jurisdiccional-, la interpretación formulada por los magistrados no se acomoda a las previsiones constitucionales que deben regir la materia debatida en autos.

Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relación con el instituto aplicado, exceden aquellas que la ley procesal y la CCABA establecen. Los magistrados reemplazan con su actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso.

La norma de fondo puntualmente exige el consentimiento expreso por parte del Ministerio Público Fiscal para otorgar la suspensión del juicio a prueba (cf. art. 76 bis CP), sin que pueda suplir dicho requisito la falta de fundamentación de la oposición efectuada por el agente fiscal.

En definitiva, la pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto, implica su reemplazo, provocando la alteración de roles de los actores del proceso y lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas.

4. Por lo dicho, corresponde: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la sentencia recurrida, y c) dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba dispuesta en autos y ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las precedentes consideraciones.

La jueza Ana María Conde dijo: Suscribo la solución propuesta por mis colegas preopinantes, en tanto los mismos argumentos que oportunamente expuse en el caso "Benavidez" (08/09/10) me conducen -como en esa ocasión- a equiparar a "definitiva" la resolución objetada mediante el recurso de inconstitucionalidad concedido por el tribunal a quo, pues advierto que en este caso la Fiscalía ha puesto de manifiesto tener un "razonable interés" en que se sustancie el juicio. En el caso, la Fiscal de primera instancia que intervino en la audiencia se opuso a la concesión del beneficio solicitado por la defensa sobre la base de que, más allá de lo dispuesto a través del criterio general de actuación Nº 178/08 y de su adhesión a los fundamentos que lo inspiran, el hecho reviste ciertas características que no deben ser soslayadas. En este sentido, señaló que el hoy imputado "el día Sábado 5 de mayo aproximadamente a las 00:30 horas, [esto es, en un] (.) horario y un día inhábil [en el que habría habido] (.) gente en la vía pública [fue encontrado] (.) con una pistola (.) calibre 22 LR, (.) apta para el disparo, con el cargador colocado con tres cartuchos en su interior (.) de punta hueca" y ello "no es un dato menor (.) [puesto que] la característica de los proyectiles [con] que el arma estaba cargada, es decir, proyectiles prohibidos, (.) sin dudas hace a la peligrosidad de los mismos" (fs. 95 vuelta; énfasis añadido). Por otra parte, la Fiscal recordó que el proceso se inició a raíz de "un llamado del comando radioeléctrico por una persona que alert[ó] sobre un grupo de masculinos (.) [que aparentemente estaban] consumiendo estupefacientes (.) [y que el personal de prevención al llegar al lugar habría observado que dentro de] este grupo (.) [estaba el] encartado [que, al advertir la presencia de la PNA, habría comenzado] (.) a alejarse en forma apresurada y [también habría] arroja[do] el arma al suelo"; extremos que, en opinión de la Fiscalía, "aumenta[n] aún más la peligrosidad de la conducta del encartado y[a] que no es un dato menor el hecho de que el mismo se encontrara formando parte de un grupo, y que (.) conforme la denuncia, [las personas de aquel grupo podrían haber estado] consumiendo estupefacientes" (fs. 96).

En resumen, cualquiera que sea el acierto o desacierto de la hipótesis de investigación seguida por el Ministerio Público Fiscal o de las estrategias probatorias que no pudo desplegar, como consecuencia de esta suspensión del juicio a prueba, resuelta contra su expresa voluntad, lo concreto es que estos fundamentos -innegablemente vinculados con las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho o con la cantidad y características puntuales de los elementos incautados- pueden ser calificados como "opinables", de acuerdo a criterios personales, pero no pueden ser tachados de inexistentes o desvinculados con esta causa. En efecto, las circunstancias apuntadas por los integrantes del Ministerio Público Fiscal indudablemente "constituyen 'un obstáculo serio, razonado y suficiente' como para no otorgar el beneficio que se solicita, toda vez que importan una valoración (.) de las características del delito (concreto)" investigado ("Toledo", 28/10/09) y encuentran sustento en un minucioso estudio del caso, que, aun en el supuesto de que finalmente resulte incorrecto o exagerado, deberá ser validado o no por los jueces de la causa a la hora de dictar una sentencia que se expida sobre su mérito.

Finalmente, con relación a la solicitud efectuada por el Fiscal General Adjunto, en el pto. IV.4) de su dictamen (fs. 177 vuelta), comparto lo indicado por el doctor Casás (pto. 2 de su voto). En todo caso y sin que ello signifique restarle relevancia a la cuestión, que el Dr. Cevasco considera que debe ser investigada penalmente, lo cierto es que no se advierte obstáculo alguno que le impida canalizar sus denuncias o cuestionamientos a través de los carriles y ante quien crea competente, ni razón alguna que le vede extraer o remitir a tal efecto -por sí mismo y sin el auxilio de este Tribunal- los "testimonios" y toda documentación que respalde los hechos presumiblemente ilícitos, que habrían llegado a su conocimiento, una vez que cuente nuevamente con el expediente en su oficina. Por lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso deducido por el MPF -que en autos ha demostrado tener un razonable interés en que el proceso no sea suspendido-, revocar la decisión en crisis en cuanto fue materia de agravio y ordenar la continuación del trámite. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 142/159 vuelta admitido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, si bien fue interpuesto en tiempo y forma, debe ser rechazado por falta de agravio constitucional suficiente (cf. art. 30, ley nº 402).

2. Los argumentos utilizados por el Ministerio Público Fiscal en su presentación no acreditan un caso constitucional porque no se advierte que a consecuencia de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia se estuvieran vulnerando garantías o preceptos constitucionales.

La Sala II consideró, para el caso concreto, que la oposición fiscal no obedeció a criterios de política criminal. Asimismo, explicó el alcance del control jurisdiccional que correspondía en el marco de su competencia circunscripto a la legalidad del acto de la oposición, para finalmente, concluir que no se advertía en lo argumentado por la fiscalía ningún fundamento que vinculara las predicadas "razones de política criminal" con los hechos descriptos. Por su parte, el recurrente sostuvo que "la resolución dictada por los magistrados integrantes de las Sala II de la Cámara del fuero propone una interpretación de normas de derecho común que pone en crisis las bases constitucionales en las que se cimenta nuestro ordenamiento procesal" (fs. 147 vuelta). Además, agregó que "el caso presentado es de grave trascendencia institucional puesto que no sólo pone en jaque al sistema acusatorio, a la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal y el rol que le cabe a éste en el proceso penal sino que además, el pronunciamiento atacado se aparta arbitrariamente de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Superior de Justicia y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (fs. 147 vuelta y 148)".

Cotejando los argumentos esgrimidos por la Cámara con los expuestos por el Ministerio Público Fiscal, no advierto contradicciones constitucionales, sobre todo cuando se le ha concedido al imputado de la causa penal el beneficio de la suspensión del proceso a prueba con sólidos argumentos. No hay en todo esto demostración de que lo decidido le pueda producir al recurrente un daño que merezca reparación inmediata. Tal como sostuve en el expte. n° 6454/09 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", "las garantías del procedimiento penal no están concebidas para proteger al Estado de sí mismo, sino para y en favor de los imputados".

3. En consecuencia, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de fs. 142/159, revocar la resolución de Cámara, del 19/04/13, y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren. 2. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 08/09/2010 en los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Máximo s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, como parte integrante del voto del juez José Osvaldo Casás.

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución mencionada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.