Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-15


ACUERDO N° 38/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los quince días del mes de junio del año dos mil once, se constituye la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por la señora Vocal Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN y el señor Vocal, Dr. ANTONIO G. LABATE, y con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "CASELLI PAULA S/ HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES GRAVÍSIMAS CULPOSAS" (expte. n° 27 - año 2010) del Registro de la mencionada Sala; estableciéndose a dichos fines que, conforme al sorteo de práctica, los votos debían respetar el siguiente orden: Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán y Antonio G. Labate.

ANTECEDENTES: Que por Resolución Interlocutoria N° 505/2009, del 18 de noviembre de 2009, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió, en lo que aquí interesa: "(...)I.- CONFIRMAR la Resolución Interlocutoria N° 482/09 (...), dictada por el Juzgado en Todos los Fueros de la ciudad de Villa La Angostura (art. 414 CPPyC) (...)" (fs. 537/540 vta.). Cabe aclarar que, a través de dicho auto, el Sr. Juez de Instrucción había denegado la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulado por la defensa (fs. 477).

En contra de tal resolución, dedujo recurso de casación el Sr. Defensor Particular, Dr. Juan Manuel García Berro (fs. 562/569), el que fue declarado admisible por Resolución Interlocutoria N° 127/2010 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 592/594).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 611 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes	CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: I.- Contra el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, que confirmó la denegatoria al beneficio de la suspensión del proceso a prueba, oportunamente adoptada por el Sr. Juez del Juzgado en Todos los Fueros de la IV° Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la Localidad de Villa La Angostura, el Defensor Particular de la imputada Paula Caselli, Dr. Juan Manuel García Berro, interpuso recurso de casación, por el que alega que la resolución recurrida es nula por falta de fundamentación (arts. 106 y 310 bis, tercer párrafo, del C.P.P. y C.), en tanto se le otorgó carácter vinculante al dictamen fiscal que, de modo arbitrario e irrazonable, se opuso a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, dando lugar a una errónea aplicación del art. 76 bis del Código Penal, al interpretarse que el instituto no es aplicable en los delitos culposos que tienen prevista, en modo conjunto, una pena de inhabilitación.	Sostiene al respecto que si bien el Juez preopinante de la Cámara de Apelaciones ratificó en su totalidad el auto de primera instancia, los otros magistrados aludieron a la falta de consentimiento fiscal que, en su concepto, sería vinculante. Por ende, ni siquiera se estudiaron las críticas que la defensa había señalado en el sentido de que: a) se estaba contrariando el art. 3 del código de forma y las normas internas e internacionales que aluden a un derecho penal mínimo y al principio de resocialización, b) se soslayaron los antecedentes parlamentarios que favorecían el otorgamiento del instituto en este tipo de delitos, c) es ciertamente irrazonable conceder la suspensión del juicio a prueba en delitos dolosos de mayor gravedad y negarla en delitos culposos que tienen prevista una pena menor, o incluso en actividades no reglamentadas en las cuales no se podría inhabilitar, y d) se pueden imponer normas de conducta que busquen remediar la impericia, incluida la abstención de esa actividad de parte del imputado, que fue, precisamente, parte del ofrecimiento realizado en la audiencia.

Manifiesta haber invocado los casos "Acosta" y "Norverto" de la C.S.J.N., que estima aplicables al caso y de ineludible observancia por los tribunales inferiores. En este sentido, remite a las razones dadas por los camaristas para eludir su cumplimiento: el Dr. Varessio expuso que en "Norverto" se realizó una remisión al precedente "Acosta", en el que se imputaba el delito previsto por el art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737, que no tiene prevista pena de inhabilitación, mientras que el Dr. Rimaro agregó que, en dicho caso, la Corte no concedió el beneficio sino que revocó el pronunciamiento denegatorio del instituto por razones vinculadas con la temporaneidad de la solicitud. Su discrepancia con ambos votos la funda alegando que, en "Norverto", el Tribunal Oral había rechazado la probation por extemporaneidad, pero más adelante la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, confirmó la denegatoria porque se trataba de un delito que tenía prevista una pena de prisión superior a los tres años, conjuntamente con una pena de inhabilitación, que fue precisamente lo que revocó la Corte: "...Dicha remisión no obedeció a la analogía entre casos, ya que si bien en ambos se trataba de delitos con pena de prisión prevista superior a tres años, en "Acosta" el delito no tenía prevista pena de inhabilitación (inf. Ley 23.7373), y en "Norverto" sí (Art. 302 inc. 3°, primera hipótesis del Código Penal). Por el contrario, la remisión ordenada tuvo por objeto que se aplique en "Norverto" el criterio interpretativo sentado en "Acosta"..." (cfr. fs. 566), priorizándose de ese modo, de acuerdo con el principio de legalidad, una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, que consulte, asimismo, las garantías del debido proceso, legalidad y defensa en juicio, como así también los principios de razonabilidad e igualdad ante la ley (arts. 1, 16, 18, 28 y 33 de la C.N.; 24 y 29 de la C.A.D.H.).

A ello añade que la Procuración General de la Nación es favorable a la concesión del beneficio cuando el interesado consienta aceptar, como norma de conducta, la abstención de realizar la actividad vinculada con el delito enrostrado (Resolución n° 86/2004, P.G.N.).

Hizo reserva del caso federal.

II.- La resolución de la Cámara de Apelaciones que aquí se cuestiona, funda el rechazo de la suspensión del juicio a prueba -en el voto de la mayoría- en la ausencia de consentimiento fiscal al otorgamiento de tal beneficio, actitud a la cual se le otorga un carácter vinculante, en la medida en que, en el caso concreto, se la considera fundada y razonable.

La esencia de la falta de anuencia del representante de la acusación pública, se debe a que los delitos que se le endilgan a la imputada (homicidio culposo -art. 84, segundo párrafo, del Código Penal-, y lesiones culposas agravadas -art. 94, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal-) se encuentran reprimidos con pena conjunta de inhabilitación, fundamento éste que, particularmente, es esgrimido por el otro votante en minoría -que también postuló el rechazo de la pretensión recursiva-, y es en el que se sustenta la decisión del magistrado instructor.

Mas allá de las críticas vertidas por el casacionista, expuestas en el apartado que antecede, corresponde principiar el análisis de las cuestiones planteadas, destacando que respecto del carácter del "consentimiento del Fiscal" que exige la normativa aplicable, este Cuerpo ya se ha pronunciado en numerosas oportunidades. En efecto, al fallar en los autos "Morales" (Acuerdo N° 15, del 31/03/1999), este Tribunal Superior de Justicia afirmó que la opinión negativa del fiscal no es vinculante (esto es: obligatoria) para el juez, al momento de decidir la concesión o no del beneficio. A tal efecto, delimitó el perfil de esta exigencia, al expresar, con cita de Carlos Edwards ("La Probation en el Código Penal Argentino. Ley 24.316", Marcos Lerner Editora, pág. 56), que "más que un consentimiento, lo que debe expedir el fiscal es un dictamen; ese es justamente el término que se utiliza en el Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, que describe precisamente la forma de actuación del fiscal: a través de requerimientos y conclusiones (...) Creemos (...) que la única hermenéutica compatible con la dinámica de este instituto, es que el fiscal solo verifica la existencia de los presupuestos de procedencia y la ausencia de los presupuestos de improcedencia establecidos para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba; más que un 'consentimiento' es una 'comprobación o verificación' de admisibilidad que efectúa el fiscal".

Esta postura es la que se mantuvo invariable a lo largo del tiempo, a través de reiterados pronunciamientos de este Cuerpo ("Norambuena", Acuerdo N° 4/2001; "Tardugno", Acuerdo N° 39/2005, entre otros); incluso, es la tesitura que ha seguido esta Sala Penal ("Rivas", Acuerdo N° 43/2010, entre otros).

En el caso de autos, se advierte que la negativa formulada por el Agente Fiscal se fundó en el obstáculo que constituye, a su entender, que los delitos imputados se encuentran reprimidos con pena conjunta de inhabilitación, lo que, de conformidad con lo expresado en el párrafo octavo del art. 76 bis de la ley penal, torna improcedente el instituto de trato.

Sin embargo, en esta materia, a partir del precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 331:858), se ha sostenido que "para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312; 1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal".

Este argumento ha sido esgrimido no sólo para adoptar el llamado "criterio amplio" (es decir, para fijar su procedencia en aquellos delitos cuya pena, en abstracto, superen los tres años de prisión), sino también para el acogimiento del beneficio aún en casos en que el delito posee pena de inhabilitación, e inclusive, para planteos efectuados fuera del momento procesal fijado por la ley adjetiva (C.S.J.N., "Norverto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 del C.P.", N. 326 XLI, de fecha 23/04/08). Es que, en el último precedente referido, la problemática que concitó la atención de la Corte no tuvo atingencia exclusiva en un supuesto exceso ritual derivado de la declarada extemporaneidad del ofrecimiento, sino también en otros factores condicionantes adicionados en la instancia anterior; específicamente, aquellos vinculados al monto del delito en abstracto y a la pena de inhabilitación conjunta derivada de aquél (conforme se desprende del dictamen del Procurador General de la Nación, S.C.J.N. 326; LXLI, 22/02/07).

Esta resulta una interpretación constitucional de la norma que tanto este Tribunal Superior, como sus inferiores, no pueden desoír, ya que si bien las sentencias de la Corte Suprema sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos y no resultan obligatorias para los casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094; 311:1644; 312:2007, entre otros).

La tesitura que sostengo, ya fue adoptada por este Cuerpo -con diversa integración- a partir del precedente "Granda" (Acuerdo N° 29, del 16/10/2008), y posteriormente seguida por esta Sala Penal en numerosas ocasiones ("Linares", Acuerdo N° 1/2010; "Potenzoni", Acuerdo N° 32/2010; "De Loredo", Acuerdo N° 39/2010, entre otros).

En lo que se refiere específicamente con la procedencia del instituto en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, en los autos "De Loredo" (Acuerdo N° 39, del 06/10/2010) "Rivas" (Acuerdo N° 43, del 25/10/2010), y más recientemente en "Cuevas" (Acuerdo N° 31, del 6/6/2011) y "Eztefen" (Acuerdo N° 37, del 15/6/2011), en base a los parámetros expuestos precedentemente, me pronuncié de modo contrario a la exégesis estrictamente literal de la norma, por cuanto en determinadas ocasiones, puede conducir a constituir una gravísima ofensa al sentido de justicia. En este sentido, se pronunció el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en los autos "Delillo", al expresar: "7º) Que una interpretación literal de la norma resultaría irracional, ya que permitiría la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba a quienes se les imputa delitos dolosos, los que en términos generales contemplan conductas de mayor nivel de gravedad, y la impediría en todos los casos de delito culposo, donde la producción del resultado, lejos de ser el querido por el autor, sobreviene al deber de cuidado" (C.S.J.N., D.411.XLIV, "Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Karina Claudia Delillo en la causa Delillo, Karina Claudia s/ causa 8260", del 03/08/2010).

Bajo estas pautas es que, como lo señalé, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a dos principios constitucionales rectores, como son el de "mínima intervención penal" y el "pro hómine", en los precedentes "Acosta" y "Norverto" alzaprimó una interpretación no literal del texto, haciendo prevalecer a los mismos. Y esta es la exégesis que considero correcta, a fin de evitar una irrazonable asimetría legal.

Esto es así, pues conforme lo ha sostenido la propia Corte Suprema, "la interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción, a cuyo efecto una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual aquélla forma parte, es la consideración de sus consecuencias" (Fallos: 303:917; 310:464, considerando 9°; 320:607, considerando 11°, y sus citas).

Este criterio interpretativo, seguido por este Tribunal desde los fallos que se han mencionado en párrafos más arriba, determina que la probation puede ser concedida en un delito sancionado con pena conjunta de inhabilitación, cuando dicho obstáculo sea sorteado satisfactoriamente mediante la imposición al probado por parte del magistrado interviniente, de la inhabilitación para la actividad productora de la conducta que produjo el hecho delictivo, u otra actividad preventiva, como regla de conducta del art. 27 bis del Código Penal -en función del art. 76 ter-, a cumplir en el período de suspensión del proceso a prueba, como consecuencia de la auto exclusión ofrecida voluntariamente por el propio imputado.

Es que al imponer el legislador la limitación de la pena de inhabilitación para la concesión del mentado beneficio, lo ha sido con el fin preventivo de impedir la continuidad de la actividad riesgosa de la que desencadenó el delito, es decir, de neutralizar el riesgo propio de la actividad que generó el hecho delictivo, dándose una preponderancia superlativa, en este aspecto, al interés general de la sociedad.

Por ello es que, mediante la imposición de la inhabilitación como regla de conducta del artículo 27 bis del Código Penal, como consecuencia del ofrecimiento del propio imputado, el referido fin preventivo que persigue la norma del 76 bis de la ley penal, se encuentra plenamente compensado.

Esta postura que sostengo, que se deriva de los precedentes "Acosta" y "Norverto" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encuentra a su vez respaldo en importante jurisprudencia. Así se desprende, por un lado, del antecedente "Norverto", pero fallado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, en consecuencia de lo dispuesto por el Alto Tribunal Nacional, en el que se sostuvo que en casos como el presente, para la procedencia de la suspensión del proceso a prueba "no se encuentra óbice en la afirmación de que la pena de inhabilitación -conjunta o alternativa- esté vinculada a una actitud profesional o una cualidad del agente, toda vez que en estos casos el fin preventivo que se pretende se encontraría satisfecho con la posibilidad de suplirla mediante la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar con el acordamiento del instituto" ("Norverto", C.N.C.P., Sala IV, del 30/06/2009, del voto del Dr. Hornos).

Esto es así, toda vez que, como lo sostiene el Dr. Zaffaroni en el precedente "Delillo" -ya citado-, "resultaría una total inequidad impedir que la imputada acceda a la suspensión del juicio a prueba y se exponga a ser estigmatizada mediante la imposición de una condena, cuando el delito que se le endilga es de carácter culposo y cuando además, ella ofrece como pauta de conducta la autoimposición de una inhabilitación. Una decisión en ese sentido, resultaría tan restrictiva que tornaría inoperante la norma y desvirtuaría su sentido como mecanismo alternativo del proceso; mecanismo que, por otra parte, se adecua a la moderna normativa internacional en la materia" -lo resaltado, en negrita, me pertenece- (C.S.J.N., D.411.XLIV, "Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de Karina Claudia Delillo en la causa Delillo, Karina Claudia s/ causa 8260", del 03/08/2010, del voto del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, considerando 9°).

Todo ello además, se encuentra en sintonía con la postura adoptada al respecto por la Procuración General de la Nación en su Resolución N° 24/2000, puesta en vigencia nuevamente por Resolución N° 86/2004, en la que se sostiene que "la inaplicabilidad del instituto respecto de los delitos amenazados con pena conjunta o alternativa de inhabilitación llevaría a realizar una interpretación irrazonable de la ley en tanto permitiría su aplicación para los delitos de mayor gravedad cometidos en forma dolosa, quedando excluidos aquellos sancionados con una pena menor y cometidos en forma negligente, es decir, violando sólo un deber objetivo de cuidado. Esta interpretación resulta contraria al principio de igualdad ante la ley a la naturaleza misma del instituto que pretende evitar la estigmatización de quienes tienen su primer contacto con el sistema penal, tanto sea por delitos dolosos o culposos". Y a párrafo seguido se dice "que la interpretación propuesta no resulta incompatible con el interés social en remediar la impericia que pudo haber llevado a la comisión del delito imprudente, si se condiciona la aplicación del instituto a que el imputado ofrezca cumplir con ciertas actividades tendientes a neutralizar esa impericia y consienta la inhabilitación judicial en la actividad que se vincule directamente con el delito objeto de imputación. Con ello se da respuesta a las opiniones que fundamentan la exclusión de este tipo de delitos en el interés social perseguido por la pena de inhabilitación y además se obtiene la misma solución del conflicto pero por una vía más eficaz y menos estigmatizante y, por lo tanto, ahora acorde con la esencia del instituto en cuestión" -lo resaltado, en negrita, me pertenece-.

Esta tesitura, fue mantenida por el máximo representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación al dictaminar en los precedentes "Triputti" y "Delillo" -ya citado-, por lo que se puede aseverar que mantienen plena vigencia.

Sin embargo, se advierte que en el caso de autos la doctrina expuesta no resulta aplicable, toda vez que, por contrario a lo afirmado por el recurrente, la imputada no ofreció abstenerse de conducir vehículos automotores u otra regla de conducta apta para lograr el fin preventivo que se persigue. Solamente se limitó a expresar, luego de efectuar el ofrecimiento de resarcimiento económico, que "se ofrece a cumplir todas las demás reglas de conducta que el Tribunal considere apropiadas, por el tiempo que el Juez estime corresponda" (fs. 489 vta.), pero jamás ofreció expresamente su autoinhabilitación o la realización de otra actividad que satisfaga la finalidad señalada.

En consecuencia, es que en casos como el presente resulta improcedente la suspensión del proceso a prueba, toda vez que si bien la inhabilitación puede ser concebida como una regla de conducta de conformidad con el art. 27 bis del Código Penal -en virtud del carácter enunciativo de las reglas enumeradas en éste-, adquiere específicamente esta naturaleza cuando deviene como consecuencia de la autoimposición por parte del imputado, que de ese modo consiente la inhabilitación judicial.

En base a las razones expuestas, considero que la casación deducida debe ser declarada improcedente. Mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, el tratamiento de la presente deviene abstracto. Mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Corresponde imponer las costas en esta instancia al recurrente perdidoso (Arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- RECHAZAR el Recurso de Casación deducido por el Sr. Defensor Particular, Dr. Juan Manuel García Berro, a favor de Paula Caselli. II.- Con costas (Arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.). III.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando la señora Vocal, Dra. LELIA GRACIELA M. DE Corvalán y el Sr. Vocal, Dr. ANTONIO G. LABATE, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario