marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alba Cía. Arg. Seg. S.A. -T.F. 15.062-I c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

El fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, y la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos:

200:165; esta Sala, 27/2/96, "Empresas Líneas Marítimas S.A."). (Del voto en disidencia del juez Galli).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ O. S. Pers. Dirección Industria Privada del Petróleo s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

El recurso extraordinario es admisible en tanto discute la inteligencia de normas de naturaleza federal (leyes 23.660 y 23.661, decretos 358/1990 y 576/1993, resolución INOS 490/1990) y de cláusulas previstas en la Constitución Nacional (arts. 4, 17, 19 y 75, inc. 2), y la decisión del superior tribunal de la causa fue contraria a las pretensiones que la apelante fundó en ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Interpretación de la ley, Constitución Nacional, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Antedoro, Antonio Domingo c/ Instituto Nacional de Previsión Social s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La interpretación de la norma y su aplicación al caso debe ser favorable a su validez, privilegiando la solución que mejor respete la respuesta dada a la emergencia por el legislador, siempre que tal interpretación y aplicación no resulte contradictoria con la Constitución (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daño moral, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera, Miriam Del Carmen c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario - Daños y perj. - Otras formas de respons. extracontractual - Recurso de apelación - Expte. N° 1680833/36
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-08-14

La municipalidad de Córdoba debe otorgar una indemnización en concepto de daño moral a una mujer por las demoras en las que incurrió para restituir un vehículo que le había secuestrado por una infracción de tránsito, es que, resulta indubitable que las gestiones administrativas y judiciales que la reposición del mismo le importaron a la accionante válidamente pudieron generarle un menoscabo espiritual, ya que tuvo que padecer o transitar numerosas molestias y malestares que no debería haber sufrido si la moto le hubiera sido restituida en tiempo y forma.
Juicio ejecutivo, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Taboada, Hector y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

No procede abrir el juicio a prueba a efectos de acreditar que el título que se ejecuta contiene intereses usurarios, contrarios a la moral, buenas costumbres y al orden público, ya que ello desnaturaliza el carácter sumario de este tipo de procesos, donde las defensas se encuentran limitadas a un escaso número y vedado el tratamiento de la causa de la obligación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, cláusula penal, principio de inmutabilidad, abuso del derecho, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: POCEIRO DE DIEGUEZ, CRISTINA c/ DAHER, RICARDO JORGE s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-04

Si el boleto de compraventa prescribe que los intereses que deberán adicionarse al capital a reintegrar actualizado son los "que regule el Banco Nación en su momento", esto opera como una cláusula penal, desde que importa una liquidación por anticipado, de los daños y perjuicios que se ocasionen al acreedor, lo cual no constituye óbice a la posibilidad de su reducción cuando su monto resulte desproporcionado con el de la operación a la que accede.

Esto último ocurre cuando la aplicación lisa y llana de la cláusula penal resulta desproporcionada con el interés que se pretende satisfacer, que autoriza al organismo jurisdiccional a reducirla en base a lo preceptuado por el segundo párrafo del art. 656 del Código Civil, desde que de lo contraído se estaría frente a un inadmisible abuso del derecho, en franca oposición a lo normado por el art. 1071 del Código Civil.
Daños y perjuicios, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Esther E. c/ Venencio, Luis A. s/ Daños y Perjuicios Blanco, Tomás c/ Flores Cornejo, Enrique Alfonso s/ Indemnización por daños y perjuicios Montero, Pablo y otro c/ Croattini, Manuel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24|1990-08-30|1991-02-28

El cónyuge sobreviviente y los herederos forzosos no tienen que probar el daño que la ley ya presume y, por el contrario, a quien se imputa el deceso de la víctima, si quiere escapar a la obligación de indemnizar, deberá probar que no se produjo daño económico de ninguna especie en los patrimonios de quienes reclaman tal indemnización (art. 1084 C. Civil).
Impuesto sobre los ingresos brutos, AFJP, seguro por invalidez, prima, comisiones
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

No existe colisión efectiva entre lo dispuesto en el art. 116 de la ley nro. 24.241 y la norma tributaria local, ya que la porción de las comisiones pagadas por los afiliados para la satisfacción de las primas correspondientes al seguro colectivo contratado por la AFJP para la cobertura de los siniestros de muerte o invalidez, no constituye un ingreso de las prestadoras y, por ello, no puede ser computada a los fines de la conformación de la base imponible del impuesto a los ingresos brutos.
Competencia de la Corte Suprema, facultades ordenatorias, ley general del ambiente, legitimación procesal, terceros
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

La Corte Suprema debe ejercer con rigurosidad las facultades ordenatorias del proceso que expresamente le reconoce el art. 32 de la ley 25.675, pues la circunstancia de que en actuaciones vigentes en el tradicional proceso adversarial civil y, en general, se hayan elastizado las formas rituales, no configura fundamento apto para permitir la introducción de peticiones y planteamientos en apartamiento de reglas procedimentales esenciales que, de ser admitidos, terminarían por convertir al proceso judicial en una actuación anárquica en la cual resultaría frustrada la jurisdicción del Tribunal y la satisfacción de los derechos e intereses cuya tutela se procura.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, habeas corpus, recurso de apelación (procesal), patrocinio letrado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ SALIBA, JUAN MANUEL c/  s/ APELACION DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS DR. SALIBA c/ RESOLUCION DEL 07.04.19, HACE LUGAR AL HABEAS CORPUS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

No puede ser convalidada la desestimación del recurso por carecer el escrito del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del patrocinio del Fiscal de Estado pues, teniendo en cuenta que en autos ya el Servicio Penitenciario había contado con tal patrocinio al impugnar una decisión de grado que concedía el hábeas corpus -lo que motivó su revocación con reenvío a otro tribunal- como así también que lo acompaña en el memorial del remedio extraordinario, la omisión del requisito formal evidentemente se debió a un error que en lugar de motivar un liso y llano rechazo de la vía, pudo el A quo haber intimado al impugnante para que tal defecto sea subsanado -tal como lo prescribe el artículo 400 del C.P.P.-. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 400
Recurso de inaplicabilidad de ley, vacío legal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GLAVINA BRUNO Y OTROS c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-10

El recurso de inaplicabilidad de ley es un medio de impugnación tendiente a lograr la uniforme interpretación de la ley en el seno de un tribunal de apelaciones. Su finalidad radica en fijar una única doctrina legal para evitar la contradicción en la interpretación y consiguiente aplicación de una norma jurídica (Fenochietto, Carlos E., Código procesal civil y comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. II, p. 137).

El procedimiento -aplicable en virtud de lo establecido en el Acuerdo Plenario de esta Cámara Nro. 3/2002- establece que, corrido el pertinente traslado por la Sala emisora de la sentencia recurrida, las actuaciones deben ser remitidas a la otra Sala, quien evaluará los requisitos de admisibilidad del recurso (arts. 2 y 3).

A tal fin, cabe señalar que este remedio procesal extraordinario está sujeto a los requisitos que emanan del artículo 252 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (sentencia de una Sala que contradiga la de otra dictada dentro de los dos años anteriores, interposición del recurso ante la sala que dictó la sentencia que origina la contradicción, presentación del recurso dentro de los cinco días de la notificación de dicha resolución); mientras que otros, al no haber sido regulados expresamente en dicha norma, obligan a recurrir a la aplicación supletoria de otros artículos del Código Contencioso Administrativo y Tributario o, en su defecto, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal, auto de sobreseimiento, actor civil, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ESTAFA EN  GRADO DE TENTATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 372 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Resulta inadmisible la tesis de que se habría violado el "derecho a la doble instancia" por la ausencia de apelación por el Fiscal de Cámara, atento a que no se compadece con los alcances que exhibe la "manifestación de disconformidad del actor civil", la cual por su naturaleza resulta no vinculante para el Ministerio Público Fiscal, cuyos representantes conservan plenamente la facultad de no apelar (cfr. artículo 358, segundo párrafo, del Código Procesal Penal).Es que si el actor civil carece en nuestro sistema procesal del derecho a plantear recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento, tal circunstancia conduce inequívocamente a desestimar el postulado gravamen contra la "doble instancia", más aún cuando él no es la "persona inculpada de delito" a que se refiere el artículo 8, párrafo 2º, apartado h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Raúl Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-11

Las razones dadas por el a quo para denegar la excarcelación del encausado (el quantum de la pena en expectativa, la naturaleza y gravedad del delito atribuido y la existencia de otra causa en trámite que registraría el nombrado) no son suficientes para construir la idea de que se pretenderá eludir la acción de la justicia. La disidencia expresó que se dan por reunidas las pautas suficientes de existencia de riesgo procesal a tenor de los cuales se advierte la corrección del pronunciamiento recurrido. (Dres. Ledesma, Mitchell y Catucci -en disidencia-).
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tropea, Roberto s/ Beneficio de Litigar sin Gastos en autos: Tropea Roberto c/  Automotores San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-11

Con respecto a la valoración de la prueba testimonial en el beneficio de litigar sin gastos, que si bien es cierto que su apreciación no requiere un grado absoluto de certeza, si de las declaraciones no surgen elementos mínimos que permitan formar convicción necesaria acerca de la posibilidad de los peticionarios de obtener o no los recursos necesarios para afrontar los gastos de tasa de justicia y costas, corresponde rechazar el beneficio solicitado (arts.78, 79, 80 y 375 CPCC).
Prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: G., C.A. c/ T. XX SRL y P.A. SA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-04

En virtud de ello, la norma laboral (art. 258, L.C.T.) determina que el plazo de prescripción comienza a correr "desde la determinación de la incapacidad", por lo que cuando la misma no se ha efectuado, debe considerarse como tal el momento en que el trabajador debió tomar conocimiento del debilitamiento definitivo de su capacidad laboral.
Sentencia, voto de los jueces, voto mayoritario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE NULIDAD DE SUBASTA EN AUTOS: SANTIAGO LORENZO S.A.C.I.F.I.F.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO"EXPTE. N13721/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-10-13

El fallo encuentra sustento en la opinión de dos de los tres jueces de la Cámara, y esas opiniones no se contradicen.No faltó pues, la mayoría real que exige el art. 30 2do. párrafo de la ley 2990, y consiguientemente,hay -constitucionalmente- la sentencia que demanda la ley, con la voluntad razonada del número de Camaristas necesarios para que así lo sea.
Tasa de justicia, hecho imponible, exención de tasa de justicia, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Monner Sans, Ricardo c/ Senado de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-04

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional, habiendo declarado la C.S.J.N. que aquellas normas especiales que contemplan exenciones a la obligación de pagar sellado deben ser incluidas en forma expresa e interpretada con criterio restrictivo por tratarse de una excepción a las reglas generales (conf. causas S.133.XXIII, in re "Sarmiento de Peluffo, Rosa y otra s/sucesiones", del 14/8/90 y F.404.XXIII, in re "Fernández Estévez de Mondino s/ quiebra -incidente de subasta-", del 3/9/91, entre otras).
Revocación de sentencia, amparo colectivo, vivienda
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Donda Pérez, Victoria y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde revocar la sentencia impugnada y rechazar el amparo colectivo, toda vez que en el escrito de inicio no se identifica ninguna conducta estatal específica que afecte de manera actual o inminente un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico del que resulten titulares las actoras, quienes tampoco han logrado demostrar que posean una habilitación legal para tutelar los derechos de los terceros invocados. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, REPÚBLICA ARGENTINA, medidas provisionales, torturas, desaparecidos, reconocimiento de la responsabilidad, responsabilidad internacional del Estado, medidas urgentes, daño irreparable, carga de la prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Flores y otra en relación con el caso Torres Millacura y otros vs. Argentina s/ medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-11-26

Corresponde que la Corte Interamericana desestime la solicitud de ampliación de las medidas provisionales oportunamente adoptadas a favor de algunos familiares de quien fue detenido, torturado, sometido a padecer simulacros de fusilamiento y continúa aún desaparecido -motivando el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado Argentino en el marco de los casos "Millacurá Llaipén" y "Torres Millacurá"-, pues el Tribunal constata que no han proporcionado la información que se requiere para acreditar que se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia, y de riesgo de sufrir daños irreparables a sus vidas e integridad personal.
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: H.E.A. s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-30

La víctima recibió dos disparos en la zona abdominal y un tercero en la espalda cuando se alejaba del lugar. La ubicación de las heridas deja entrever la intención de disparar y ocasionar lesiones de gravedad tal, como para poner en riesgo la vida del herido. Así se debe concluir ya que la selección e indudable aptitud del medio escogido por el encartado no era otro que alcanzar el objetivo que era el de dar muerte a su contrincante, ya que el procesado sabía que disparando su arma desde la distancia que lo hizo podía lógica y naturalmente matarla.
Intervención de terceros, intervención obligada, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: AYLES  S.A. c/ BANCO NOAR COOP. LTDO. s/ ORDINARIO S/INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

Si bien la ley no exige la demostración de la relación jurídica que une al demandado con el tercero, como requisito para dar curso a su petición, esta debe revestir seriedad suficiente para justificar la excepcional alteración que habrá de producirse en la composición original del pleito.

El hecho de considerarse la deudora con derechos a accionar contra un tercero, en caso de ser condenada en un juicio en trámite, no configura, estrictamente, la calidad de pretensión regresiva que autoriza a ingresar al tercero al proceso.

Si el tercero cuya citación se solicita, es extraño a la relación que une a la actora y demandada, la controversia no es común a su respecto; asimismo los efectos de la sentencia que se dictare no comprometerán, en principio, su responsabilidad, y no le cabría arguir una acción de negligente defensa.
Obras sociales, acción de amparo, acta de inspección
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: OSRAM ARGENTINA S.A.C.I. c/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y OTROS s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-07

No es procedente la vía del amparo para iniciar una acción contra una obra social por entender la empresa que la demandada pretendería, a través de conductas intimidatorias, llevar a cabo una inspección a fin de labrar actas por determinación de supuestas deudas por obra social, toda vez que la aplicación de la figura amparista no puede alterar el juego de las instituciones vigentes (cfr. C.N.A.T., Sala V, sent. del 06.12.91, "Impresora Internacional de Valores S.A. c/ Obra Social Personal Jerárquico Industria Gráfica de la R.A."). En tal caso la actora tendrá que procurar tornar operativas las defensas que esgrime cuando, por vía de hipótesis, le sea iniciado juicio ejecutivo o, inclusive, hacer valer sus argumentos en una demanda ordinaria de repetición acusando a sus potenciales contradictores de un accionar ilícito, pero nunca acudir a una figura amparista cuyo cauce legal es otro.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION DE COMUNIDADES ABORIGENES LHAKA HONAT c/ PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-26

Corresponde denegar el recurso extraordinario cuando el material de agravios no resulta concreto y la supuesta cuestión constitucional carece de fundamentación suficiente para realizar un acabado y crítico análisis de la sentencia impugnada.
Cuestiones prejudiciales, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barrios de López, Juana Nélida c/ Oscar Alberto Yapur y/o responsable s/ Indemnización Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-27

Si bien en principio es indiferente que el Juez Penal contemple la culpa de la víctima para graduar la pena impuesta al condenado, (puesto que dicha libertad de apreciación del Juez Civil encuentra su basamento en que el mismo está vinculado al pronunciamiento penal, sólo en lo que constituye un presupuesto necesario del mismo, y no en elementos de juicio que se valoran en sede penal como circunstancias atenuantes y que sólo sirven para definir la medida de la pena); existen sin embargo supuestos de excepción. Por ello es que en el sub-discussio, para arribar a una decisión sobre los alcances de la cosa juzgada que tiene lo decidido por el Juez Penal al referirse a la culpa de la víctima, se tendría -preliminarmente- que examinar la necesidad de tal pronunciamiento, puesto que como surge de la sentencia obrante en el Expediente Penal la defensa del condenado no sólo alegó circunstancias atenuantes de su pena, sino también excusas absolutorias.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

El art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional no deja lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país.
Pago, depósito judicial, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Remo S.A. c/ La Cordobesita S.R.L. s/ Pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-07-07

La entrega por parte de la firma demandada de un cheque al interventor designado para enervar la medida cautelar ordenada debe ser considerado como un pago, ya que si bien no puede inferirse por el sólo acto del depósito que la suma haya sido dada "en pago" de lo adeudado, sin embargo al contestar la demanda el accionado manifestó su voluntad en tal sentido.

Esa exteriorización es suficiente para entender que el depósito judicial hecho en el juicio y cuya imputación hasta ese momento no podía sino atribuirse a "embargo", a partir de la clara e indudable manifestación de la intención de pago del deudor, debió considerarse como pago por consignación.
Contrato de trabajo, prueba, prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Costa, Avelino c/ Transporte 25 de Mayo S.R.L. s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

El art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo no impone la obligación de registrar en el libro especial el horario de trabajo del dependiente, ni menos aún mediante sistema de planillas.