Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27


Se transcriben, parcialmente, los fundamentos de la resolución anotada. "......

III) De los recursos de apelación en punto a los hechos.

Las presentes actuaciones se originan a partir de la denuncia realizada ante la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, por el Dr. Peña, en su carácter de Director de la Dirección de Auditoría Fiscal de la D.G.I. (ver fs.3/5), recibiéndose con posterioridad, numerosas ampliaciones efectuadas por el Dr. Ignacio Martín Rial, en representación de la Dirección Nacional de Migraciones, como lo acreditan las presentaciones que lucen a fs.765, 768, 975/7, 1012/20, 1162/5 y 1175/6.

Básicamente, los hechos materia de investigación consisten en la actividad desplegada por una red de personas físicas que se ocupaban ilegalmente, de facilitar y obtener el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, valiéndose de la presentación de distinta documentación con datos falsos, aparentando así cumplir los requisitos legales exigidos en materia migratoria.

Como consecuencia de tales presentaciones, la Dirección Nacional de Migraciones emitió -en la mayoría de los casos- , los permisos de ingreso solicitados o aquellos otros documentos que exigía el trámite del expediente migratorio iniciado. De este modo, dichos documentos públicos expedidos por el órgano de control migratorio, resultaron ideológicamente falsos, disponiéndose el procesamiento de los imputados por su participación en tal ilícito, así como por la perpetración de estafas cometidas contra aquellos ciudadanos extranjeros que -engañados- entregaron sumas de dinero para obtener su radicación en el país o regularizar su situación migratoria.

Ahora bien, en virtud de que la maniobra variaba según que se pretendiera el ingreso o la regularización de su situación bajo la categoría de "migrantes con compromiso de trabajo" o "migrantes con capital", para una mayor claridad expositiva, se analizarán por separado ambos supuestos, describiendo previamente la normativa que regulaba el trámite que debían llevar las presentaciones migratorias.

A) Normas aplicables........

C) De la significación jurídica que asignó el "a quo" a los hechos.

C.1) En primer lugar extrajo de la investigación llevada a cabo, la conclusión de que existía una asociación ilícita, en la cual reputó partícipes a Luis Marcelo Bernstein, Silvana Patricia Mintz, Sara Norma Tobal y Tai Wen Chen.

C.2) De otra parte, consideró que fueron cometidas en innumerables expedientes migratorios -que posteriormente se enumerarán- , delitos de falsedad ideológica.

C.3) Asimismo, respecto a 8 expedientes relacionados con Verloy S.A., que contienen la firma falsificada del Inspector Pablo Benvenuto, y que llevan los números:704.200-8/94 Zhou Shuxiong, 704.317-7/94 Zhou Zhiyong, 704 147-0/94 Zhou Xiantsu, 704.102-0/94 Zhou Jialiang, 704.146-6/94 Zhou Funeng, 705.887-9/94 Liv Weizhong, 704.376-3/94 Weng Chi Tung, y 704.318-1/94 Yang Zhisheng, el a quo consideró que se habría consumado el delito de falsificación de firma, aunque no pudo atribuir responsabilidad por ello a ninguno de los imputados, decretando la falta de mérito en orden a tal hecho.

C.4) Finalmente, reputó como consumadas 16 estafas, desprendiéndose de sus consideraciones que así resultaban las operaciones concretadas con Sport Quality a través de Cía Valetta S.A., siendo las víctimas, los ciudadanos chinos que aparecían comprando las acciones que pertenecían a la primera de las nombradas.

D) De las consideraciones de este Tribunal respecto de la significación jurídica asignada por el " a quo" a los hechos.

D.1) Del delito de asociación ilícita.

En relación a éste delito, y remitiendo a los hechos que fueran puntualmente detallados en este Considerando, puntos B.1) y B.2) , a criterio del Tribunal resulta acertada la conclusión a la que arriba el a quo -sin perjuicio de la asignación de responsabilidad que más adelante se efectuará-, pues se encuentran reunidos los elementos exigidos por la figura en cuestión.

En tal sentido, el avance de la pesquisa ha permitido comprobar, con el grado de certeza exigido en esta etapa, la conformación de una asociación ilícita, con intención colectiva de cometer delitos indeterminados (de éstos dan cuenta los hechos oportunamente detallados), durante el período 1991/1995, construida a partir de los lazos laborales o comerciales que vinculaban a sus integrantes, con una precisa estructura y coordinación.

En este contexto, no puede tener acogida favorable el agravio sostenido por el Dr. Rossi (ver fs.210/6), en representación de Bernstein y Silvana Patricia Mintz, en cuanto afirma que sólo habría participación de varias personas para intentar o consumar fraudes, resultando en consecuencia aplicables las reglas de la participación previstas en los art. 45 y 46 del Código Penal.

Tampoco se receptará lo apuntado, respecto a que las conductas delictivas desplegadas por los imputados, sólo ofendieron a los extranjeros migrantes y resultan inoperantes para afectar el bien jurídico protegido por el delito de asociación ilícita, ésto es la tranquilidad pública.

Al respecto, esta última debe entenderse afectada por la existencia de la organización investigada, cuya actuación produjo su alteración. Ello, a poco que se tome en consideración que la Ley General de Migraciones y de Fomento de la Migración, regula el flujo poblacional en base a las necesidades de la Nación, previniendo particularmente los posibles déficit de infraestructura sanitaria, educativa y social que pudieran resultar de conductas como las enrostradas a los encartados.

Así las cosas, de las decisión puesta en crisis y de las consideraciones efectuadas en la presente resolución, surge que existe una organización que mediante procedimientos ilícitos, procuraba regularizar la situación migratoria de extranjeros, reuniendo su actividad -de acuerdo al grado de certeza requerido por esta etapa procesal-, los caracteres exigidos por el art.210 del Código Penal. Ello, sin perjuicio de las consideraciones específicas, sobre la responsabilidad que por tal ilícito cabe asignar a los imputados, aspecto que se considerará al tratar la situación procesal de cada uno de ellos.

D.2) De los delitos de falsedad ideológica.

Con relación a aquellas falsedades ideológicas imputadas, sin perjuicio de la significación jurídica que quepa asignarles a la presentación de los documentos que glosan en los expedientes migratorios, y de discernir si ellos constituyen instrumentos públicos o privados, aspecto que no ha siso abordado por el a quo en el auto puesto en crisis, cabe concluir que nos encontramos en el supuesto típico de aquel que "hiciere insertar" declaraciones falsas en un instrumento público concerniente a un hecho que el documento debiera probar, de modo que pueda resultar perjuicio, en la modalidad de autoría mediata.

Ello así, en referencia a aquellos permisos de ingreso ■u otros documentos públicos- emitidos por la Dirección Nacional de Migraciones en cada uno de los expedientes cuestionados, desde que los actos del organismo oficial encuentran sus antecedentes y respaldo en los documentos incorporados a ellos por los interesados, los que -como quedara expuesto- acreditaban circunstancias falsas (compromisos de trabajo o materialización de inversiones).

D.3) De los delitos de estafa.

Finalmente corresponde considerar los hechos que el Juez a quo ponderó como delitos de estafa -siendo que nada cabe al Tribunal apuntar sobre aquellos referidos a la falsificación de la firma del Inspector Pablo Benvenuto referenciado en este Considerando como punto C.3), al hallarse fuera del marco del recurso-.

Al respecto, el Juez de grado entendió que en los casos de inmigrantes que aparecen como accionistas de Sport Quality S.A., se habían consumado delitos de estafa en su perjuicio. Se trata de los expedientes número: 1) 296.305-7 al 308-9/95 Liu Fu Cheng, 2) 268.407-1 al 411-2/95 Tu Kuo Neng, 3) 279.103/2 al 105-0 Chen Lai Chuan, 4) 208.208-5 al 211-2/95 Liu Chin Lung, 5) 251.302-8 al 304- 5/95 Kung Lug Tie, 6) 269.401-4 al 405-0 Wu Tau Sheng, 7) 283.302-6 al 305-8/95 Ou Chin Hsien, 8) 282.305-1 al 309-7/95 Kao Yin Chiao, 9) 251.404-2 al 408-8/95 Lin Min Hsuing, 10) 270.205-3/95 Su Ching Hsiung, 11) 270.302-7 al 305-9/95 Wu Pao Tsun, 12) 285.303-4 al 309- 8/95 Chen Hui, 13) 284.307-3 al 310-0/95 Hsiao Yung Fa, 14) 300.303- 4/95 Huang Ming Tsai, 15) 290.307-3 al 310-0/95 Li Lai Chuan y 16) 284.303-7 al 306-9/95 Chen Hsin Mou.

Este Tribunal, en cambio, no advierte que tales ilícitos se encuentren materialmente acreditados. Es que lo único que aparece arrimado a la causa en este aspecto, son los testimonios de cada uno de los migrantes, que ya fueran reseñados en este Considerando como punto B.2) b-.

Y en tal contexto, más allá del cuestionamiento de validez que sobre ellos efectúa, por vía incidental la defensa de Bernstein, siendo dichos elementos los únicos incorporados, resultan insuficientes para tener por acreditados dichos ilícitos en su perjuicio -pues ellos no aparecen concluyentes a tal fin- no obstante que sí resultan idóneos, bajo las reglas de la sana crítica e inmersos en un mayor plexo probatorio, para sostener que las inversiones realizadas en la firma Sport Quality S.A. fueron ficticias.

En virtud de ello, se habrán de revocar los procesamientos dispuestos respecto de Luis Marcelo Bernstein, Silvana Patricia Mintz, Gabriela Andrea Pafundi, Sara Norma Tobal y Chang Ting Yuan en orden al delito de estafa, por no encontrarse acreditada la materialidad del hecho, disponiéndose la falta de mérito de los nombrados, en tanto la investigación respecto de estos sucesos no se encuentra agotada.

En tal contexto, deberán considerarse las probanzas aludidas por el Dr. Bacigalupo en el punto VII de su memorial y disponerse toda medida que resulte útil y pertinente a tal fin.