Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30


AUTOS N° 20.249 (3.163.1 - 9° CIVIL) "GOFFMAN, Mario Alberto y Otro C/ Nidia Carolina Rocha de Moreno - Sumario - Ejecución de Honorarios Dr. Lloveras" L. DE A. T° 169, F° 24/28 SAN JUAN, 30 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos AUTOS N° 20.249 (3.163.1 - 9° CIVIL) caratulados: "GOFFMAN, MARIO ALBERTO Y OTRO C/ NIDIA CAROLINA ROCHA DE MORENO - SUMARIO - EJECUCIÓN DE HONORARIOS DR. LLOVERAS", el recurso de apelación impetrado a fs. sub 244 por la parte ejecutante, contra la resolución de fecha 01-06-09, dictada por el Noveno Juzgado Civil.

Y CONSIDERANDO:

1. Los Dres. Antonio y Ronald Eduardo Lloveras, invocando su propio derecho, han interpuesto recurso de apelación contra la resolución que les ha denegado la inscripción de dominio proindiviso en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, porque lo adquirido por ellos en subasta pública no es un bien inmueble, sino los derechos hereditarios que le corresponden a la cesionaria Sra. Nidia Cristina Moreno Rocha en la sucesión del Sr. Dardo Rocha. Por ello el juez a quo proveyó que debían ocurrir al proceso sucesorio. Apelaron, los agravios fueron contestado por la parte contraria, quien pidió el rechazo del recurso y la confirmación de lo resuelto.

2. Dicen los apelantes que en la ejecución de honorarios se decretó la subasta del 30% de los derechos hereditarios que les corresponden al Sr. Dardo D. Rocha y su hermana Nydia C. Rocha de Moreno sobre el inmueble del causante N.C. 15-99-600400, dominio inscripto a nombre de Dardo Domingo Rocha, bajo el n° 1048, folio 48, t° 3, año 1951, del Departamento Sarmiento. La subasta fue realizada y aprobada, poniéndoselos en la coposesión del inmueble en la proporción del 15 % de esa adquisición judicial. Luego el Juzgado ordena la inscripción en el Registro Inmobiliario y a tal efecto oficia. Consentida la providencia, el apoderado de los cesionarios de los derechos hereditarios se presenta solicitando que el oficio a remitirse determinara claramente lo debía que debía inscribirse, es decir, los supuestos derechos y acciones adquiridos por los ejecutantes.

Manifiestan su agravio porque el juez, oficiosamente, ha violentado la preclusión procesal ya operada con respecto a la providencia de fojas 463 (sub 241) que ordena la inscripción en el Registro de la Propiedad de los derechos inmobiliarios que adquirieron en la subasta judicial. Además, desconoce los efectos de la adquisición en subasta pública de los derechos inmobiliarios indivisos cuya inscripción ordena en el decreto revocado. Dicha revocación oficiosa es extemporánea, pues la inscripción en el Registro de la Propiedad de los derechos inmobiliarios adquiridos en la subasta había sido proveído favorablemente en fecha 04/05/2009 (fs. 463, sub 241). Ese proveído quedó notificado automáticamente (art. 138, CPC), consentido, precluyendo la oportunidad de cualquier impugnación al respecto, menos hacer la revisión oficiosa, actividad vedada al juez frente a un acto procesal consentido.

Que respecto a lo primero dejaron citadas las actuaciones del primer cuerpo del expediente, "en la que consta nuestra adquisición en remate público judicial del 15% de los derechos hereditarios de los ejecutados sobre el inmueble, y su perfeccionamiento por la sentencia judicial que aprobó la subasta, el pago del precio y la toma de posesión judicial de los derechos inmobiliarios indivisos adquiridos; y que esa adquisición ha devenido en cosa juzgada y tiene efectos de oponibilidad erga omnes, independientemente de la inscripción registral". Hace aquí una profusión de citas doctrinarias y jurisprudenciales.

Con respecto a lo segundo, alegan que la resolución también ignora o desconoce el efecto principal y correlativo a la adquisición judicial de los derechos subastados: Al quedar esa adquisición consumada y devenida en cosa juzgada, ha causado la extinción del dominio que tenían sobre ellos los ejecutados (conf. arts. 2508 y 2610, C.C.). La evidencia de esta situación consumada e irreversible basta para revocar la resolución apelada. Además, pone de relieve el error y la falta de sentido jurídico al mandar ocurrir "ante el respectivo proceso sucesorio", lo cual resulta ajeno a la situación de los adquirente de esos derechos, porque han quedado excluidos de la masa hereditaria de Dardo Rocha a consecuencia de la subasta judicial.

Cita jurisprudencia donde se dijo: "El adquirente en una subasta judicial no es un sucesor singular de la cosa en los términos de los arts. 3265 y 3266 del C. Civil", ya que "la transferencia de un inmueble realizada en subasta judicial tiene el carácter y alcance de un acto de atribución de derechos autónomos a favor del adquirente, con prescindencia de los derechos del transmitente", siendo en este caso "inaplicables las disposiciones contenidas en los arts. 3265 y 3266 C.C., por no verificarse la transmisión de los derechos por contrato." (J.A. t°, 2000-I. 422). "Es decir, que en cuanto a su validez, eficacia y oponibilidad, la adquisición en subasta pública judicial tiene el carácter y efectos de un modo originario, desvinculado de todo antecedente causal y publicidad registral, análogamente a lo que ocurre con la sentencia que declara adquirido el dominio por usucapión; por lo cual no es solo infundado sino absurdo remitirnos a un juicio sucesorio al cual, por esas razones, somos totalmente ajenos".

3. Juzgamos que hay un error de concepto al plantear el recurso, cuyo informe trae argumentos insuficientes para lograr la revocación o modificación de la resolución impugnada. Se dan las razones, descartando que la doctrina y jurisprudencia invocada por los recurrentes no es aplicable al sub judice:

Es necesario vincular la subasta con los bienes que integran el caudal relicto del causante Dardo Domingo Rocha, desde el momento que lo subastado versa sobre derechos hereditarios aplicados al inmueble de causante individualizado. Así está planteada expresamente la postulación, aunque los recurrentes pretenden sobre esa base girar hacia la compra de un porcentaje del bien inmueble rematado, idea equivocada para sostener que la inscripción de dominio sobre el 15% se haga de inmediato, fuera del sucesorio.

4. Sin embargo, habrá que marcar algunos actos procesales donde la voluntad e intención del ejecutante que termina adquiriendo derechos hereditarios en la subasta, es indubitable, y por ello desautorizan ab initio su cuestionamiento:

5. La sustitución de embargo peticionada por el Dr. R. Eduardo Lloveras (fs. 41) fue para que se trabara "sobre los derechos que les corresponde como herederos de Dardo Rocha sobre el inmueble inscripto en el Registro de T. de Dominio de Sarmiento, n° 1048, f° 248, tomo 3 año 1951".

6. El informe del Registro General de la Propiedad obrante a fojas su 49 confirma que los derechos hereditarios a subastar se hará sobre el inmueble que pertenecía al causante Dardo Domingo Rocha. Obviamente, los actores, ejecutores de los honorarios, conocían perfectamente esta circunstancia y de ello, a mayor abundamiento, lo vuelve a manifestar el propio Dr. R. Eduardo Lloveras en el escrito de fojas sub 70, que a los efectos de la publicidad por el remate ordenado hace saber al Juzgado "que el inmueble cuyos derechos hereditarios se subastarán es un campo abierto sin ocupantes..." 7. Los edictos de remate se publican poniendo en conocimiento que la subasta será sobre "el 15% de los derechos hereditarios sobre el inmueble (fs. sub 74, 82 y 83).

En el acta de subasta de fojas 118, el Dr. Eduardo Lloveras, gana la puja y adquiere "los derechos y acciones subastados". El juez Araoz Salguero aprueba la subasta (fs. 119 vta.).

8. Resulta por demás evidente el acierto que en un principio tuvo la providencia desestimatoria de fecha 28 de noviembre de 2006 (fojas sub. 135) ante la petición de toma de posesión, que no hizo lugar "atento que en autos se han subastado derechos hereditarios y no cosas". Sin embargo, la revocación subsiguiente de esta resolución, ordenando "poner en posesión al adquirente en la subasta de la parte indivisa del inmueble que le corresponde, autorizando al oficial ejecutor a allanar domicilio y hacer uso de la fuerza pública si fuere menester", trajo gran confusión e hizo creer al peticionante que podía hacer valer ese nuevo acto procesal, al que atribuye firmeza, para insistir sobre la inscripción del dominio a su nombre, del que según acta labrada a fojas 140, tomó nomás posesión del inmueble.

9. La cuestionada providencia dictada en fecha uno de junio de 2009 (fs. sub. 243), objeto del recurso de apelación que tratamos, vuelve los pasos para declarar que "el Dr. Ronald E. Lloveras es adquirente en subasta sólo del 15% de los derechos y acciones hereditarias que le corresponden a los obligados al pago sobre el inmueble inscripto bajo el N° 1048, F° 48, T° 3, Año 1951 Departamento Sarmiento y no del inmueble identificado..." Por contrario imperio los decretos de fs. 378 y 463 fueron revocados oficiosamente y en su lugar dispuso la jueza: "Al pedido de inscripción del dominio proindiviso en el Registro General Inmobiliario, no ha lugar por improcedente. Ocurra ante el respectivo proceso sucesorio".

10. Cabe preguntarse ahora: ¿Puede prevalerse el adquirente de derechos hereditarios en subasta pública de un error judicial y anteponer la preclusión procesal para lograr la inscripción registral del dominio sobre un inmueble que en realidad no le fue transferido con la aprobación de la subasta? Esta última decisión de revocar oficiosamente actos procesales, evitando producir un acto jurídico nulo, de nulidad absoluta y manifiesta, está bien tomada. La cuestión no es de orden procesal, sino de derecho de fondo: El adquirente de la subasta de derechos hereditarios, no tiene título para solicitar la inscripción del derecho real de dominio sobre el inmueble, porque la venta judicial se ha limitado a ello, nada más. El consentimiento o firmeza que toman los actos procesales no puede crear derechos reales, en este caso el condominio (art. 2503, C.C.). De modo que invocar la preclusión para atacar la disposición adoptada, carece de relevancia. La inscripción de dominio hubiera llevado indefectiblemente a una nulidad manifiesta en los términos del art. 1038 del C.C. El acto podría haber sido considerado nulo, de nulidad absoluta por la ilicitud de la causa (art. 1044, C.C.). La causa es ilícita cuando se presenta contraria a las leyes o al orden público (art. 502, C.C.). La hipótesis de la nulidad absoluta se da cuando el vicio está reflejado en un defecto esencial. Sin perjuicio de la posibilidad de alegarla todos los que tengan interés en hacerlo, podría incluso ser declarada por el juez aun sin petición de parte conforme lo prescribe el art. 1047 del Código Civil. Los afectados estarían facultados para invocarla en cualquier momento, puesto que "el título nulo por defecto de forma, no puede servir de base para la prescripción" (art. 4012 del C.C.). El vicio o defecto sería perdurable.

Lo mismo, en el caso de normas que tutelan intereses privados, pueden dan lugar a la nulidad absoluta cuando ese interés privado está en función del reconocimiento de intereses generales (Conf. Julio César Rivera, Instituciones de Derecho Civil - Parte General II, Ed. Abeledo-Perrot, 1997, p.964). La inscripción de derechos reales en el Registro Inmobiliario tiene ese carácter y hace a la seguridad y firmeza jurídica de las transacciones y actos que en él deban inscribirse.

11. La jueza a quo, con su resolución, más allá de las desprolijidades anteriores, anticipó un planteo de nulidad de fondo (legislada por el Código Civil), evitando un desgaste jurisdiccional inútil.

Por ello, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo impugnado. Costas a la parte vencida (art. 75, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.