marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, constitucionalidad, jueces, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

La declaración de inconstitucionalidad importa la "última ratio" del ordenamiento jurídico, tarea en la que cabe extremar la cautela y la prudencia en el razonamiento judiciario, de tal modo que, en situación de duda, habrá de concluirse por la constitucionalidad del precepto objetado; y así corresponde aplicarla si se formulan argumentos en pro de determinada política legislativa, pero en nada se prueba la confrontación insalvable entre la norma y la constitución nacional; si se alega una violación genérica a derechos constitucionales, olvidandose que éstos no son absolutos, sino que se ejercen según las leyes que reglamentan su ejercicio (artículo 14, Constitución Nacional). (Del Voto del Dr. Casiello).
Tributos, exenciones impositivas, Dirección General de Rentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Playas Subterráneas S.A. c/ D.G.Rentas s/ Recurso de Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

La Ordenanza Fiscal t.o. 1994, en concordancia con las ordenanzas fiscales posteriores establece en su artículo 94 inciso 23 último párrafo que "las exenciones dispuestas por este inciso deberán ser solicitadas en la Dirección General de Rentas, debiendo, los que se presenten para acceder a la liberalidad, acreditar previamente en forma fehaciente el cumplimiento de sus obligaciones frente al tributo".
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Jorge Mario c/ Propulsora Siderúrgica SAIC s/ Indemnización por enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

La declaración oficiosa de inconstitucionalidad no sólo es posible, sino obligatoria, pues la Constitución no rige cuando alguien lo pide, sino siempre (art. 31 de la Constitución nacional; 3 de la Constitución de esta Provincia). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GORINO Jorge Orlando y otro c/ E.N.T.E.L. s/ CONTRATO  DE  PUBLICACION  EN  GUIA  DE ENTEL, IMPROCEDENCIA DEL DAÑO  MORAL - RESOLUCION DE CONTRATO, DEPRECIACION  MONETARIA - CRITERIO DE  FIJACION DEL DAÑO POR AVISO PUBLICADO EN RUBRO EQUIVOCADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

No me parece, proceda admitir el reclamo indemnizatorio del daño moral, pues aparte del perjuicio económico no ha sido explicado que el accionante sufriera otros de carácter no patrimonial, siendo en tal sentido notoriamente insuficiente la mención de "situaciones enojosas" con los clientes.
Leyes, razonabilidad, interpretación de la ley, accidentes de trabajo, empleador, jueces, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Santana, Carlos Alberto y Santana, Juana Francisca Taboada de c/ Comuna de Gregoria Pérez de Denis s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 709-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-26

El criterio de razonabilidad permite un adecuado ajuste de la decisión judicial a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, porque el precipuo criterio permite la adecuada función creadora que ha de llenar la jurisprudencia como fuente de derecho.

Y la pauta, nacida en el ámbito de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, puede extenderse, sin forzamiento, al terreno de los accidentes de trabajo por lo mismo que los conceptos de razonabilidad y equidad rebasan ciertamente los límites de aquel sector de la responsabilidad aquiliana para abarcar, como categoría invasora, otros terrenos de la responsabilidad.
Facultades jurisdiccionales, caso concreto, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Grindetti, Néstor Osvaldo c/ Edesur S.A. y otro s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

El control encomendado al Poder Judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un caso sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para asegurar la preservación del principio de división de poderes, que excluye al Poder Judicial de la atribución de expedirse en forma general sobre la validez de las normas emitidas por los otros departamentos de gobierno (Disidencia del juez Rosatti).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: ESPOSITO, ALFREDO c/ CORDOVANA, CLAUDIO s/ SUM.;  BOBBIO DE GERACI, HILDA C/ CORDOVANA, CLAUDIO S/ SUM.; GERACI,  MIRTA C/  CORDOVANA,  CLAUDIO  S/  SUM.;  GERACI, HILDA C/ CORDOVANA,  CLAUDIO S/ SUM. (ACUMULADOS).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

Sólo podrá eximirse de la responsabilidad derivada del ccom 184, el taxista que, en caso de fallecimiento de un pasajero, acaecido en un accidente de tránsito por el protagonizado, pueda probar que el mismo provino de fuerza mayor o por culpa de un tercero, pero para ello se requiere demostrar que existió culpa exclusiva del tercero y que el hecho de este resulta inevitable e imprevisible, lo que no se configura en el caso de que el vehículo embistente cruce a alta velocidad la bocacalle y desconociendo la prioridad de paso del embestido, ya que ello no es actualmente imprevisible en las calles de esta ciudad, por lo que está obligado al pleno resarcimiento de los daños, por la negligencia con que actuó.
Prueba, firma
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Giraldes, Ciriaco y otro. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-08-01

No probada por el demandante la autenticidad de la firma de un documento negada por el demandado, debe ser éste absuelto de la demanda (ley 1a, tít. 14, part. 3a).
Declaración de insania, inhabilitación (civil), curador definitivo
Materia: CIVIL
Carátula: G., C.C. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

Si la paciente padece un trastorno bipolar determinado por profesionales del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, cuya intervención fue requerida por la Defensora de Incapaces, y si los facultativos aconsejan tratamiento psiquiátrico de rehabilitación, internación, tratamiento y psicoeducación, y, teniendo en cuenta que la enferma no presenta conciencia de su patología, no de síntoma, motivo por el cual difícilmente cumpla por su cuenta con los tratamientos instituidos, sumado a sus antecedentes e prodigalidad y dilapidación, generan la convicción que por su perturbación y falta de conciencia acerca de ella, se encuentra imposibilitada de dirigirse a sí misma y administrar sus bienes. Por lo tanto corresponde calificarla como insana en los términos del art. 141 del Código Civil y no como inhabilitada.

La apreciación de la idoneidad del curador es función privativa del magistrado quien considera si cuenta con las condiciones necesarias para el cuidado, asistencia, protección y seguridad de la causante. Desde esta perspectiva el curador provisorio carece de legitimación para cuestionar la designación de curador definitivo del hijo de la causante.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SANTAMARIA, HECTOR c/ RAYCO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-10-16

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto, toda vez que bajo las tachas de arbitrariedad que esgrime, la compareciente se limita a reiterar planteos que ya han merecido suficiente respuesta jurisdiccional, insistiendo en su postura de que, por un lado, el convenio por el cual uno de los codeudores solidarios canceló la obligación reclamada en autos implicó un pago cancelatorio del total y por el otro, en la errónea valoración de la prueba técnica rendida en autos por apartarse de la conclusión a la que había arribado el Instituto Nacional de Tecnología Industrial respecto de la inexistencia de defectos de fabricación en el neumático; aspectos que sólo traducen su mero disenso con los criterios de interpretación del derecho sustantivo y con la valoración que efectuaran los Sentenciantes de los elementos de prueba, todo ello en uso de facultades propias.
Medianería, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Angel c/ Urdangarin s/ C. Medianería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Cuando se trata de un muro contiguo - es decir aquél construido íntegramente dentro de la propiedad del reclamante y abonado por él y que resulta lindero con la propiedad del demandado - en tanto su ancho y uno de sus costados se encuentra delimitando la misma - la prescripción decenal comienza desde que se "sirve" de la pared.
Valor probatorio, fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica, Ministerio Público Fiscal, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: ORMEÑO HUERTA, Jackson c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

En base a la extensa valoración probatoria reseñada, lo resuelto por el tribunal de mérito resiste la tacha de arbitrariedad, pues en la sentencia se detalló de forma razonada y concreta cuáles fueron los distintos elementos de prueba que llevaron a la confirmación de la participación del encausado en los eventos que le fueran reprochados, con ajuste a las reglas de la lógica, la experiencia general y el recto entendimiento, como base de la sana crítica racional. Esto ha permitido al Tribunal de juicio extraer sus conclusiones a la luz de los criterios de la sana crítica racional, como correcta derivación de las constancias de la causa. Sobre esa base, también resulta pertinente asentar que la defensa ha pretendido darle un enfoque diametralmente opuesto al que le dio el a quo, intentando demostrar -sin éxito alguno- que el condenado había mantenido relaciones sexuales consentidas con la víctima. Lo cierto es que ello no encuentra sustento probatorio alguno, sino que sólo representa la intención de la defensa de alterar el plexo probatorio reunido en contra de su representado. Además, nótese que como lo ha señalado acertadamente el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, tampoco encontró debido sustento la expresión de la parte en punto a que "no le puede constar a nadie que [ACR] hubiese sido llevada por la fuerza" a la luz del estado de drogadicción al que había sido sometida la víctima, pues este aspecto constituye per se una forma de violencia a tenor de lo dispuesto en el art. 78 del Código Penal de la Nación. La defensa pretende otorgar responsabilidad a la víctima por los hechos ocurridos o presumir su consentimiento en función de un determinado estereotipo de género, basado en prejuicios preconcebidos, por lo que debe este agravio no tiene asidero alguno, y será rechazado.
Caducidad, consentimiento, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Alcalde, Domingo Pascual c/ T.A.C. Cuyo Coop. s/ Apelación Auto Interlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-03-01

La petición de nulidad de las actuaciones, que es consecuencia de la caducidad, no pueden prosperar desde el momento mismo que ha existido una convalidación por el consentimiento expreso que el litigante a formulado. Aquí juega un rol importante el principio de preclusión, es decir la imposibilidad lógica de volver atrás a etapas procesales superadas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Alejandro c/ Banco Supervielle Societe Generale s/ Cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº  352-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-18

La interpretación judicial no es intangible ni obligatoria, incluso la de la Corte Nacional. La hermenéutica constitucional admite evolución y no debe ser estática. La prescindencia de la doctrina de un fallo anterior de la Corte no es cuestión que sustente el recurso extraordinario si la sentencia apelada se encuentra suficientemente fundada. Por tanto, en el sub judice, cabe declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la sentencia de Alzada basado en el apartamiento por parte del Tribunal de un precedente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia en litigio.
Nulidad de sentencia, principio de congruencia, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: RICARDO PAGAN c/ INGENIO MARAPA SOCIEDAD ANONIMA s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-05-13

DOCTRINA LEGAL: Es nula la sentencia que omite decisión sobre puntos o capítulos expresamente planteados por las partes y la consideración de pruebas vinculadas directamente con los hechos alegados por las mismas.
Marcas, oposición al registro de marca, nombre
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lacoste, Jean René c/ Modart SACIF e I. s/ nulidad de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Al referirse las normas al "nombre" de una persona, lo hacen con un alcance amplio, comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado con el nombre de pila y el apellido) cuando han adquirido notoriedad, porque ésta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la legislación marcaria.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, enfermedad accidente, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, daño material
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GUTIERREZ, RICARDO I. c/ TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 463 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora desde que descalifica el fallo y determina la necesidad de que el punto sea nuevamente juzgado, los defectos y omisiones en que ha incurrido el Tribunal A quo respecto a un adecuado tratamiento de circunstancias decisivas a efectos de hacer lugar o no al agravio de la demandada respecto de la condena a pagar la indemnización por daño patrimonial reclamada en su hora con sustento en la incapacidad resultante de una "enfermedad accidente" que se deriva del distracto laboral, sin que ello signifique emitir opinión sobre si en definitiva corresponde o no a posteriori del mismo (ratificación, denuncia, etc.), tema a dilucidar en definitiva por el Tribunal subrogante.
Estupefacientes, tenencia compartida de hijos menores, participación criminal, coautoría, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " LEMOS, Hugo C. y otra...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-18

La prohibición de regreso, como instituto de la imputación objetiva y por ello normativa, (en el caso), de la acción a la norma-, resulta útil para diferenciar aquellos casos de acciones adecuadas socialmente de supuestos de participación jurídico-penalmente relevantes. Ahora bien, para afirmar o negar su concurrencia es preciso, con antelación a preguntarnos por el dolo al que sólo podemos acudir una vez afirmado el tipo objetivo, puesto que en otro caso sería únicamente lo interno el fundamento de la pena (cfr. Jakobs, Gunther, "Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico", en "Estudios de Derecho Penal", UAM Ediciones y Civitas, 1º Edición, Madrid, 1997, ps. 293/324)-, verificar, en el plano fáctico, las circunstancias que rodearon a las acciones estudiadas y, de ese modo, los roles que cumplieron cada uno de los actores.

Para ello es necesario, recurrir a la prueba. Así, debe entenderse que la conducta de la imputada que ha basado su discurso exculpatorio en que su conducta se circunscribió solo a cohabitar con el poseedor de sustrancias estupefacientes , ha excedido, en principio, un accionar estereotipado e inocuo y que, por ello, no es posible negar "a priori" el co-dominio del hecho junto a su consorte de causa, si la prueba testimonial reunida concuerda en que atendía un kiosco donde se comercializaba y de donde fuera secuestrada la sustancia, y especialmente los dichos bajo reserva de identidad en cuanto la imputada había manifestado que la actividad que estaba desarrollando era su trabajo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, pretensión resarcitoria, relación de causalidad, compensación económica, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Z, E s/ Recurso de Inaplicabilidad de doctrina legal. Homicidio culposo. El  agente productor del daño -Homicidio culposo por el cual fue  absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente  también por el riesgo de la cosa (artículo 1113 del Código Civil),  debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para  posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa  coadyuvante, no excluyente, de la víctima? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

Con una visión reparatoria del daño, en la doctrina se distinguen tres tipos de daños resarcibles: a) Los daños causados por el hecho del hombre, donde éste, con su cuerpo o con una cosa subordinada a su gobierno y utilizada instrumentalmente, produce el daño injusto, b) Los daños causados por la cosa o por el hecho de la cosa, donde es ésta la que asume participación activa en el evento dañoso, con cierta autonomía del hombre y c) Los daños causados por el riesgo, o el vicio de la cosa, donde quien crea el riesgo consume seguridad y debe reparar, porque él obtiene las ventajas económicas y disfruta de los beneficios de la repotenciación del peligro del daño de la actividad riesgosa. En consecuencia con esta clasificación, el Código Civil modificado por la Ley 17711, señala tres hipótesis de responsabilidad: 1) El artículo 1109 se refiere a los daños causados por el hecho del hombre, que requiere la prueba de la culpa del responsable (responsabilidad subjetiva). 2) El artículo 1113 segundo párrafo primera parte, que refiere a los daños causados por la cosa o por el hecho de la cosa, estableciendo una presunción de culpa de la cual se libera el dueño o guardián si se prueba la inculpabilidad de su parte. 3) El artículo 1113 segundo párrafo segunda parte, trata del daño derivado del vicio o riesgo de la cosa, donde se presume la causalidad del daño con relación al riesgo o vicio de la cosa; salvo que se pruebe que el daño no se produjo (en su totalidad o en parte) por el vicio o riesgo de la cosa, sino por una causa ajena a ellos (hecho de la víctima, de un tercero, caso fortuito, o uso de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián). El automotor en movimiento genera consumo de seguridad social, por ello los daños que ocasione, son daños derivados del riesgo de la cosa (hipótesis 3); no estando comprendidos entre los daños causados por la cosa (hipótesis 2), que configura una categoría residual. (De los Fundamentos del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era si el agente productor del daño en un homicidio culposo por el cual fue absuelto penalmente por duda sobre su culpa-, demandado civilmente también por el riesgo de la cosa, debe probar la ausencia absoluta de aporte culposo de su parte, para posibilitar la morigeración de su responsabilidad por la culpa coadyuvante, no excluyente, de la víctima".
Ejecución fiscal, banco central, títulos ejecutivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. c/ Rodas, José Luis s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

El art. 42 de la ley 21.526 si bien dispone que constituirá título ejecutivo la copia simple de la Resolución del B.C.R.A. que aplica la multa, remite a las normas del C.P.C.C.N. para ejecuciones fiscales.

Y el art. 604 del C.P.C.C.N. a su vez remite en cuanto a la forma del título y su fuerza ejecutiva a la legislación fiscal.
Enfermedad accidente, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Toledo, Teodoro c/ Molinos Río de la Plata S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-10-14

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, agraviándose porque los peritos médicos no han establecido la etiología del mal que padece el actor, por lo que no surgiría probado el hecho generado, de la presunción de responsabilidad. Ello así, ya que los elementos que hacen viable la aplicación de la cita de la juez, que ataca el apelante, en cuanto a la prueba del hecho generador, surgen del contexto probatorio que la Juez analiza detalladamente. En ese aspecto la prueba testimonial respecto a los ruidos que producían las máquinas en los lugares donde prestaba servicios el actor son contundentes, el reconocimiento en la confesional que el actor ingresó sano al servicio de la demandada y la ausencia de examen preocupacional y de controles médicos periódicos, crean la convicción de que el razonamiento y las citas que la Juez desarrolla en la sentencia se ajustan estrictamente a la verdad real del caso, por ello considero como expresara "ut-supra" que los agravios de la demandada deben rechazarse.
Acción de amparo, clausura preventiva, medidas cautelares, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: KIM, IN JOON s/ Acción de amparo Causa 31670
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

1- La complementación de las disposiciones de la Ley de Abastecimiento 20680 con las leyes y reglamentos dictados en materia tributaria no dan razón para la adopción de cautelas de consecuencias irreparables como es la clausura preventiva.- 2- Las razones de tutela legal que inspiran la Ley de Abastecimiento no justifican la adopción de medidas apresuradas e innecesarias, por muy loables que sean los propósitos perseguidos con esa norma.- 3- El propósito disuasivo de la clausura preventiva aplicada, referido en el caso al comportamiento desleal de quienes competirían con ventajas por no cumplir sus deberes tributarios, es perfectamente compatible con la imposición de sanciones pero no tiene nada que ver con la adopción de tales cautelas.- 4- La vía del amparo es la única apta en el caso para evitar la lesión irreparable de un derecho de rango constitucional, lo que no será obstáculo para que en caso de juzgárselo responsable de la infracción que se le imputa y habiéndoselo escuchado y dado oportunidad de probar sus descargos, se le impongan las sanciones legales que correspondan, entre ellas y de resultar apropiadas, la misma clausura temporal del local del comercio (Ley 16986, Art. 13 y Ley 20680, Art. 5).