Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-28


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 05 días del mes de abril del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Sres. Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO y JOSÉ RICARDO CÁCERES y el Sr. Ministro Subrogante Dr. ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL, bajo la Presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría de la Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del recurso de casación interpuesto en los autos Corte N° 158/02 "TULA, Lucía Garín de: en Expte. Cámara N° 205/00: CISTERNAS, Mario Héctor c/TULA, Lucía Garin de s/Indemnización por daño moral y profesional s/RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1)¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde?.- 2) Costas.- Practicado el sorteo, conforme el acta obrante a fs. 20 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. ENRIQUE ERNESTO LILLJEDAHL, JOSÉ RICARDO CÁCERES y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

El actor solicitó indemnización por daño material y moral que le arrogó el pedido de juicio político intentado en su contra por la hoy accionada.

El A quo hizo lugar a la solicitud indemnizatoria. Contra tal pronunciamiento la impugnante dedujo recurso de apelación, que fue rechazado por mayoría. Así se insta la apertura de esta vía extraordinaria.- La síntesis del proceso expuesta por la ocurrente refiere que por expresiones vertidas en ocasión de desempeñar su mandato de legisladora provincial y, considerando que tales dichos afectaban su nombre y honor ("difusión de información falsa en forma maliciosa" fs. 136 vta., Expte. 247/98 Figueroa c/Garín), el Dr. Ernesto de Jesús Figueroa deduce acción civil en su contra reclamando indemnización por daño moral, que se radica en el Juzgado Civil de 2ª Nominación a cargo del Dr. Mario Cisternas.

Prosigue exponiendo que opuso al progreso de la acción excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta con sustento legal en la norma del Art. 103 de la Constitución Provincial (garantiza la inmunidad de expresión a los legisladores por las opiniones por éstos vertidas en ejercicio de su mandato), justificando el planteo excepcionante en la circunstancia de que las opiniones que el actor califica de injuriosas fueron por ella vertidas en ocasión y ejerciendo el mandato legislativo.

Como consecuencia de ello, tales manifestaciones se encontraban amparadas por la prerrogativa constitucional aludida, por tanto exentas de acarrear responsabilidad civil. Solicitó que la defensa fuera resuelta como de previo y especial pronunciamiento.

El magistrado difirió su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia por entender que la defensa no resultaba manifiesta. Contra ese proveído la casacionista dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, remedios éstos que fueron rechazados. Se abrió la causa a prueba y se fijó audiencia para recepcionar declaración confesional a la impugnante.

En tales circunstancias la ocurrente promovió acusación contra el magistrado actuante por ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Justificó su denuncia en ignorancia inexcusable de derecho, materializada -a su entender- mediante el desconocimiento de la inmunidad de opinión parlamentaria garantizada por el texto constitucional a los legisladores.- Que invocando daño moral y profesional provocado por el pedido de su enjuiciamiento -finalmente declarado inadmisible- el Dr. Cisternas dedujo acción civil reclamando el resarcimiento de aquellos daños contra la casacionista.

Dicha solicitud resultó acogida por el A quo quien resolvió condenar a la recurrente al pago de la suma de $ 18.000, argumentando que la referida denuncia formulada por la demandada carecía de razonabilidad y que la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento constituía prueba idónea por excelencia. A su turno el Ad quem resuelve confirmar lo resuelto en Primera Instancia.- 1- El recurso de casación deducido por la demandada se funda en las causales de errónea aplicación e interpretación del derecho y arbitrariedad. Se invoca lesión a los principios de seguridad jurídica, de defensa en juicio así como el resguardo del debido proceso.- 1.1. La errada interpretación del derecho surge, según la peticionante, porque la Sra. Vocal preopinante incurre en contradicciones tales como afirmar que la decisión del A quo se encontraba debidamente fundada, pese a tener una redacción poco clara, y en sostener que el Inferior abordó y resolvió adecuada aunque no explícitamente la defensa opuesta por la accionada como causal excluyente de responsabilidad, para luego ingresar al tratamiento de dicha defensa y a su confirmación.

Y es que si se hubieren resuelto con fundamento y razón -en la 1ª Instancia- las quejas de la accionada en aquel sentido debieron haber sido rechazadas por la Cámara sin que cupiera ingresar en su tratamiento como en definitiva ocurriera.

Destaca la trascendencia que reviste distinguir entre los actos del Juez que motivaron la formulación de la denuncia -los que pueden gozar de mayor o menor gravedad- y las motivaciones o el interés tenido en vista por el denunciante para plasmar el pedido de jury.

Señala que la inconducta de un magistrado puede no revestir gravedad suficiente más ser susceptible para fundar un pedido de enjuiciamiento, ello porque lo que en definitiva tiene trascendencia es la motivación de la denuncia.

Agrega que la conducta desplegada por el Magistrado ha contravenido expresamente la inmunidad de opinión parlamentaria consagrada por el texto constitucional y, ello, ha generado el pedido de enjuiciamiento con el único fin de restablecer la vigencia de una norma constitucional, el Art. 103.

Concluye que no fueron las medidas procesales impropias dictadas por el Magistrado las que fundaron el pedido de su enjuiciamiento, sino que el único y verdadero motivo de tal solicitud fue reclamar por el restablecimiento de la vigencia de la norma constitucional inobservada.- 1.2. En segundo término invoca que su obrar no puede ser considerado antijurídico. Alega que ha solicitado el pedido de enjuiciamiento ejerciendo el derecho de peticionar a las autoridades. Que tal petición fue ejercitada dentro del marco legal, de modo regular y persiguiendo un fin socialmente ponderable: el restablecimiento de la vigencia de la inmunidad de opinión que ampara a los miembros del Parlamento.

Que su solicitud ante el Tribunal de enjuiciamiento fue a los fines de que se analizara la conducta de un magistrado que había desconocido el texto constitucional: "llevando adelante un proceso judicial en contra de una legisladora donde se ventilaba si la conducta asumida por ésta en el ejercicio de sus funciones fue o no dañosa, extremos éstos expresamente prohibidos por el texto del Art. 103 de la C.P.".

Concluye que no ejerció de modo abusivo el derecho a peticionar, antes bien invoca prudencia en su obrar pues, asevera, la denuncia fue realizada una vez agotadas las vías previstas por el ordenamiento legal para que el Dr. Cisternas revisara su decisión. Esto, a su entender, la exime de toda responsabilidad.- 1.3. En tercer término invoca la inexistencia de daño susceptible de ser reparado. Justifica tal afirmación en la circunstancia que el pedido de enjuiciamiento no sólo fue solicitado en forma legítima sino que, además, fue desestimado, a lo que suma que en el comportamiento del denunciado no se evidenció indicio alguno de la existencia del mentado daño.- 1.4. Por último expresa que la sentencia impugnada deviene arbitraria en razón de ser contradictoria. Señala que la vocal preopinante admite, por un lado, la existencia de animus injuriandi en su accionar, materializado a través de "imputaciones livianamente formuladas" al endilgarle al Magistrado el haber incurrido en causales de remoción previstas por el Art. 11 inc. "d" -conductas nominadas como delitos o constitutivas de delitos-, y de otro lado asevera -a fs. 207- que no existen descripciones en la denuncia de conducta alguna que tipifique dichas causales. Tal ambigüedad y generalización, a su entender, tiñen a la sentencia de arbitrariedad.- A fs. 8/10 contesta el actor solicitando se declare la inadmisibilidad del presente recurso.- A fs. 14 este Tribunal declara la admisibilidad formal de la vía recursiva deducida.- A fs. 16/19 obra dictamen de la Srta. Procuradora Subrogante legal propiciando el rechazo de la pretensión casatoria.- Que por decreto de fecha 26/11/02 se ordena el llamado de autos para sentencia. Previo sorteo de la causa conforme Art. 295 del CPCC, queda concluida y en estado de emitir pronunciamiento.- 2- Superado el escollo formal que hace a la admisibilidad de la pretensión impugnaticia me avoco a dar tratamiento a la cuestión sometida a resolución.

Es esta la primera ocasión en que la Corte Provincial, desde su instalación en 1883, se avoca a decidir cuestión de tan dificultosa consideración por hallarse en juego posiciones claramente diferenciadas entre las partes que reivindican -cada una para sí- situaciones que se encuentran al amparo constitucional.

Por un lado el actor-magistrado solicita el resarcimiento del daño inferido a su honor como consecuencia de la solicitud de enjuiciamiento finalmente desestimada; y por el otro, la demandada-legisladora pretende el reconocimiento de la prerrogativa de inmunidad de responsabilidad por las opiniones por ella vertidas en ocasión del ejercicio y desempeño de su mandato.- Persuadido de que los valores jurídicos que aparecen como contrapuestos han de armonizarse mediante la aplicación de la reiterada doctrina según la cual nuestra Constitución es una estructura coherente, por lo que la interpretación de la misma debe efectuarse sin que los derechos que reconoce se enfrenten y resulten destruidos recíprocamente, ni de tal forma que aparezcan como mutuamente contradictorios, o como si nada agregaran al sistema jurídico o al cuerpo constitucional, o de modo que resulten inaplicables; menos aún soslayando situaciones que deben ser resueltas.- Asimismo me encuentro convencido de que, como bien apunta Bidart Campos, el sentido de las normas generales exige una interpretación muy cuidadosa en su aplicación a cada caso singular, y que hay que emprender un recorrido valorativo de carácter circular, que vaya y vuelva de las circunstancias del caso a la norma general y viceversa. La fisonomía de cada caso con su peculiaridad propia es irrepetible e intransferible. (ED 144-236).- Así la cuestión a dilucidar aparece formulada en términos de tensión entre el alcance que cabe atribuir al desconocimiento por parte de un magistrado de la prerrogativa constitucional de inmunidad de opinión y las consecuencias de la desestimación de una denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento con base en que tal desconocimiento implica ignorancia inexcusable de derecho.- Estimo que para resolver adecuadamente el caso resulta ineludible hallar respuesta al interrogante de si le asistía derecho a la demandada para solicitar el enjuiciamiento del actor invocando, como causa, el desconocimiento inexcusable por parte de aquél de la garantía constitucional contemplada por el Art. 103 de la C. P.- En tanto juzguemos que tal derecho existía, no cabrá sino reputarlo ejercido legítimamente pese a que la denuncia fuera desestimada; de otro modo, si entendemos que tal derecho era inexistente deberemos concluir que fue ejercido de modo ilegítimo y corresponderá indagar acerca de la presencia de los elementos configurativos de la responsabilidad civil.- Previo a dar respuesta al interrogante propuesto estimo pertinente realizar algunas aclaraciones. En primer orden destaco que con el razonamiento propuesto no pretendo introducirme en modo alguno en la tarea jurisdiccional llevada adelante en la resolución de la causa Figueroa c/Garín, en tanto no compete a esta Corte indagar acerca de la viabilidad o no de la petición en donde se produjeron los hechos que sostuvieron la petición acusatoria en contra del hoy actor.- De otra parte también resulta insoslayable advertir que es el Tribunal de Enjuiciamiento el único órgano competente para juzgar la entidad de los hechos invocados en la denuncia para dar andamiaje a la formación de jury en contra del actor. No cabe pues que esta Corte realice valoración alguna de tales hechos con vistas a resultar hábiles o no para la promoción de enjuiciamiento.- 2.1. Aclarados tales extremos, aprecio indispensable, para la mejor comprensión y resolución del caso, analizar con carácter previo la cuestión referida al denominado privilegio o prerrogativa de inmunidad de expresión parlamentaria.

Los miembros del Congreso ejercen un mandato que les ha conferido el pueblo, obrando en interés del todo colectivo y tienen el deber de cumplir y de desempeñar el papel que se les ha impuesto.

Ese deber implica la necesidad de cumplirlo con independencia, dignidad y autoridad, para lo cual es menester contar con la más absoluta inmunidad en el desempeño de sus funciones, pudiendo exponer libremente sus opiniones en todos los actos vinculados a la vida parlamentaria, sin que nadie, ni los otros poderes políticos, ni los particulares, puedan molestarlos (fallos CSJN 169:76).

La inmunidad de opinión que protege a los legisladores significa que, aún cuando una persona pudiera sentirse agraviada o afectada por las expresiones que aquéllos hayan emitido durante el desempeño de sus funciones, no pueden ser querellados penalmente, ni exigírseles reparación de los daños en sede civil por tales motivos.

Consiste en la libertad que tiene cada uno de los legisladores de expresar en el desempeño de su funciones o en circunstancias análogas, o que se vinculan o pueden vincularse con aquéllas, sus ideas y juicios sin temor a ninguna responsabilidad penal o patrimonial que pueda menoscabar su independencia presente o futura (Spota, A. en "Privilegios e inmunidades parlamentarias y el estado de derecho", en ED 179-1173).- Los constituyentes de 1853, se apartaron del molde conocido -Constitución de los EEUU- y ampliaron el alcance de la inmunidad de opinión por "razones peculiares a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política.

La Constitución se ha propuesto altos fines políticos, y si ha considerado esencial tal inmunidad, es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas a su amparo" (doctrina fallos CSJN 54:432, 460, 463).- En su proyecto de Constitución Juan Bautista Alberdi consagró en el Art. 41 que "El orador es inviolable, la Tribuna es libre: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador" -conf.

"Bases para la organización política de la República Argentina", 2° ed., Valparaíso, Imprenta del Mercurio, julio de 1852, citada por Sanmartino, L. en "Documentos constitucionales argentinos", ed. Ciudad Argentina, 1994, p. 2448.

Tal fue el alcance previsto dentro del sistema jurídico vigente -nacional y provincial- donde los miembros del Congreso gozan básicamente de dos prerrogativas o inmunidades: la de expresión (contenida en el Art. 103 de la CPr.) y la de arresto (Art. 104 del citado cuerpo legal).- En nuestra Provincia las prerrogativas aludidas fueron incorporadas a los textos de las sucesivas constituciones.

Así el Reglamento Constitucional de 1823 estableció "Los diputados no podrán ser molestados en tiempo alguno ni lugar por sus opiniones ni discursos en la Sala;

pero ella podrá castigar a sus miembros expulsando a cualquiera de ellos de su seno por desorden ..." -Art. 47, cap. VI del Poder Legislativo o Asamblea Provincial"-; la Constitución de 1855, que contó a Fray Mamerto Esquiú como Vicepresidente 2°, apuntó "Ningún diputado desde el día de su incorporación hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva" -Art. 21- y agregó " No puede acusarse a ningún diputado por delito criminal que merezca alguna de las penas indicadas en el artículo anterior, sino ante la misma Sala, quien tomará en consideración el asunto y declarará si hay o no lugar a formación de la causa" -Art. 22-; la Constitución de 1883 dispuso "Los miembros de una y otra -Cámara- son inviolables en las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo.

No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas -Art. 59, cap. IV Disposiciones comunes a ambas Cámaras-; los textos constitucionales de 1895 y 1965 ratificaron esta última previsión -Art.

98, y Art. 102, respectivamente, ambos en Cap. IV disposiciones comunes a ambas Cámaras-; finalmente el texto vigente sancionado en 1988 también reproduce el texto en el Art. 103.- Refiriéndose a la inmunidad de opinión, Joaquín V. González expresó, que "atendidos los fines que se propone la Constitución esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de burlarla impunemente, él se aplicaría impunemente por los que intentasen coartar la libertad de los legisladores, dejando anulado su privilegio y anulada la Constitución en una de sus más substanciales disposiciones" -en "Manual de la Constitución Argentina", Ángel Estrada y Cía. editores, 18° edición, Bs. As. p. 363/4-.

De otra parte y con enorme erudición el Dr. Ulla expuso que las indistintamente llamadas garantías de independencia y eficacia, privilegios, prerrogativas o inmunidades, no son sino -en su correcta acepción- prerrogativas de los miembros del Parlamento establecidas como concretas garantías de independencia de las Cámaras.

Tal consideración excluye su tratamiento como privilegio y con ello la consecuente violación del principio de igualdad (en su voto, C.S. Santa Fé, 01708/91 "M., E.J." en ED 144-233).- En orden a desentrañar su naturaleza jurídica, el citado autor, reflexiona acerca de que existe una tendencia doctrinaria prevaleciente a considerarlas derechos objetivos en relación a la función ejercida por el órgano y a la posición que se le atribuye en el ordenamiento jurídico y encuentran justificación en el interés general.

Así también lo entendió Bielsa al decir que es una garantía política esencial al régimen representativo y republicano. "Sin discusión no podría conocerse la opinión de los representantes del pueblo, por una parte y, las razones de orden diverso que justifican la sanción de las leyes, por otra" (en "Derecho Constitucional", Depalma, 3° Ed., p. 539).- De modo que no son fueros personales, ni derechos subjetivos. Son privilegios o garantías de corte funcional concedidos al Parlamento, siendo, como Poder público, el único titular de esos derechos.

Tal privilegio tiene por fin preservar el libre ejercicio del mandato de los legisladores, asegurando la libertad absoluta de la tribuna parlamentaria y de la función legislativa, libertad que interesa a la sociedad toda, por ser esencial para el desenvolvimiento del gobierno representativo (Burdeau, G. "La democracia. Ensayo sintético", p. 122). Se encuentran establecidas en interés del cuerpo legislativo, de la soberanía nacional misma, representada por el Congreso, para defender la independencia de las Cámaras y, como lógica consecuencia, de sus integrantes y de su decoro.

Podemos afirmar junto al Prof. Spota que son uno de los instrumentos que hacen a la mecánica operativa del sistema de estado de derecho en una república representativa. En consecuencia resultan oponibles bajo todo tipo de circunstancias y condiciones.- La protección así prevista posee los caracteres de temporaria -mientras dure el mandato-, plena en el sentido que importa la total irresponsabilidad civil y penal del legislador; vitalicia en tanto protege de por vida al legislador respecto, claro, del objeto de tal protección -opiniones y discursos gestados y emitidos en el desempeño del mandato- y absoluta, en tanto no admite excepciones o interpretaciones que la desnaturalicen, de allí que todas las opiniones que emita el legislador en el desempeño de su mandato quedan amparadas por la inmunidad de expresión consagrada por el Art. 103 de la C.P.- De este modo lo ha entendido invariablemente la doctrina de los autores y los fallos de la CSJN, en tanto la libertad de tribuna parlamentaria deviene requisito inherente a su concreta eficacia.- A su vez a tales caracteres hemos de sumarle tres elementos que, presentes en las opiniones vertidas por los legisladores, harían viable el amparo de la prerrogativa aludida.

Estos son: el elemento espacial o físico -siempre protegerá las expresiones expuestas en el recinto y excepcionalmente las manifestadas fuera de aquél en tanto concurra el elemento funcional; elemento funcional -expresiones vertidas en ejercicio o en ocasión de desempeñarse como legisladores- y, elemento tipológico: es decir opiniones y votos, conf. Art. 103 de la C. P.- Claro que la inmunidad de expresión consagrada por el texto constitucional no puede ser asimilada a la impunidad de opinión. Ello así pues cuanto mayor el derecho, mayor el deber de los legisladores de mantenerse dentro de los límites de la moderación.

Los abusos, la falta de cordura o la difamación pueden y deben ser reprimidos por las Cámaras respectivas, a través del ejercicio del derecho de corrección sancionando o incluso expulsando al miembro que no supiera llevar con la debida altura la carga de su mandato.

En caso de duda acerca del carácter de las opiniones la CSJN ha establecido que la incongruencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que deberá estarse a favor de la prerrogativa (fallo 28/07/94, en JA 05/10/94, p. 11).- Las prerrogativas de los senadores y diputados deben ser siempre actuadas de oficio por los órganos judiciales y por todos los demás órganos estatales que sean destinatarios de las normas que las establezcan.

No existe posibilidad de anteponer a tal principio normas procesales o de otro origen, salvo que el derecho positivo de alguna jurisdicción así lo admitiera, que no es el caso de Catamarca.

La garantía bajo examen no puede sufrir condicionamientos externos y extraños a las cámaras -juez natural, único y definitivo de la existencia e intérprete de su extensión-; pues dejaría de ser prerrogativa si se la subordinara al querer o al poder de órganos distintos a los legislativos.

La irresponsabilidad por las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato legislativo establece la suprema libertad de autodeterminación mediante palabras, escritos, votos, de modo que la actividad volitiva y espiritual (no material) de los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones resulta substraída a toda forma de control jurídico, sea éste jurisdiccional o no (Di Muccio, P., ob. cit., p. 693 y ss, citado por Ulla, en ob. cit. p. 254).

La libre expresión de los legisladores es fundamental para la formación de la opinión pública que es una característica primordial del sistema republicano.

En consecuencia es preciso tener en cuenta el efecto inhibitorio que podría tener en los representantes el hecho de que pudieran ser perseguidos penalmente y sometidos al pago de resarcimientos por sus opiniones sobre hechos y personas (en idéntico sentido Colautti, LL 1989-A-878, Ekmedjian, en ED 145-598, 187-445; Bidart Campos LL 19/04/91, entre tantos otros autores).- A su turno la CSJN ha interpretado de manera invariable la prerrogativa analizada signándole carácter amplio. Así lo expuso en el precedente "Calvete" donde afirmó "debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto, porque si hubiera un medio de violarla impunemente, se ampliaría con frecuencia por los que intentasen coartar la libertad de los legisladores" (t. I, p. 297-1864);

reiterado en los casos "Oroño" en cuanto apuntó: "Los constituyentes de 1853 legislaron acerca de las inmunidades parlamentarias con el designio de garantizar el libre ejercicio de la función legislativa, así como la integridad de uno de los poderes del Estado y aún su existencia misma en cuanto órgano gubernamental creado por la Constitución" (fallos 14-223) en caso "Alem" (fallos 54-432) y en "Martínez Casas" al expresar: "La atenuación del carácter absoluto de las prerrogativas aludidas significaría abrir un resquicio por el cual, mediante el argumento de que cabe distinguir entre las opiniones lícitas e ilícitas de un legislador, podría penetrar la acción sojuzgadora, intimidatoria o perturbadora de otros poderes del Estado, o aun de particulares, con desmedro del fin constitucional perseguido (LL 102-673).

Continuó con tal criterio en causa "Varela Cid" (ED 150-325) y recientemente en fallo "Cossio" expresó "No parece dudoso que el carácter absoluto de la inmunidad bajo examen, en atención a su propia naturaleza, es requisito inherente a su concreta eficacia" (considerando 11 sentencia del 17/02/2004, C. 1526, XXXVI); "El planteo del apelante representa una indebida restricción al ejercicio del privilegiado derecho a la libre expresión de los legisladores que podrían encontrarse sujetos a una especie de autocensura por temor a las eventuales responsabilidades en el fuero civil" (voto del Dr.

Maqueda) "La centenaria interpretación constitucional del Art. 68 de la CN elaborada por esta Corte, aventa toda hipótesis de discrecionalidad: el efecto exonerador ha de entenderse dirigido a la independencia funcional de las Cámaras Legislativas, con el propósito de que los representantes del pueblo cumplan con sus actividades, sin temor a perturbaciones o intimidaciones mediante acciones civiles o criminales" (voto del Dr. Fayt).- 2.2. Analizada, en lo pertinente, la institución involucrada, corresponde entonces abordar el análisis de la existencia y extensión del derecho a peticionar el enjuiciamiento del actor por parte de la accionada con fundamento en el desconocimiento inexcusable de la norma constitucional.- Esto es, y como lo planteáramos ab initio, desconocida por el actor la inmunidad de opinión consagrada por el texto constitucional a favor de la demandada ¿gozaba ésta del derecho a peticionar su enjuiciamiento con fundamento en que tal obrar resultaba ignorancia inexcusable de derecho?.

En su caso ¿tal derecho fue ejercido abusivamente, de modo que se materializó con las características de un obrar antijurídico? Tales las cuestiones a dilucidar a fin de encausar la revisión extraordinaria instada.- Lo que la ocurrente sometió a resolución del actor bajo la forma de excepción de falta de legitimación pasiva fue que sus manifestaciones por el ámbito en que fueron vertidas y por estar relacionadas de modo directo con el desempeño de su mandato como legisladora, resultaban amparadas por la garantía constitucional de la inmunidad de expresión, lo que vedaba cualquier posibilidad de que ningún magistrado abriera el debate acerca de la calidad o no de lesivas de aquéllas expresiones. El actor al resolver que la defensa referida no se encontraba nominada dentro de las excepciones denominadas de previo y especial pronunciamiento, y no resultar "manifiesta", desconoció la inmunidad de expresión garantizada a los legisladores por el texto constitucional.

Tal proceder generó -a criterio de la casacionista- el nacimiento del derecho a promover denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento con el fin de lograr el restablecimiento de la prerrogativa no aplicada.- Repárese que podrá resultar dificultoso decidir judicialmente si un acto determinado se encuentra o no comprendido dentro de la esfera que la inmunidad de expresión abarca.

Más ello no acontece, ciertamente, cuando la que se plantea es una situación jurídica como la discutida en esta causa, dado que el reclamo por resarcimiento iniciado por el Sr. Figueroa en contra de la hoy recurrente, se hallaba referido de manera, cierta, exclusiva y, a todas luces manifiesta, a opiniones vertidas por la demandada en el desempeño de su mandato como legisladora, por tanto tales pasajes o frases se hallaban indubitablemente amparados por el efecto exonerador del Art. 104 de la C.P. El que las opiniones supuestamente lesivas hayan sido vertidas en la Asamblea Legislativa mientras se desempeñaba como legisladora la demandada, surge del propio relato del entonces reclamante -memorial de demanda, fs. 36-, así como de los dichos de la accionada -al contestar demanda, deducir recurso de reposición y apelación en subsidio, a fs. 37, 136 vta., 153 respectivamente de autos Expte. 247/98 Figueroa c/Tula"-.

Asimismo, las sentencias de 1° instancia -fs. 379, 379 vta. y 380 vta.- y de Cámara dictadas en la causa donde acaecieron los hechos motivadores de la denuncia formulada por la ocurrente, tomaron en cuenta en qué oportunidad, por qué medios y con qué propósito fueron vertidas las opiniones por la peticionante concluyendo que "pretender indagar más allá de lo consignado en la versión taquigráfica no resulta posible pues se estaría violando la ratio legis del instituto" -fs. 364- y "los legisladores a quienes el pueblo ha conferido su mandato no pueden ser molestados por la emisión de sus opiniones" -fs. 365 vta.-.

Tales resoluciones no son materia de revisión en la presente, más por ello no puede dejar de mencionarse que resultan inobjetables, en tanto la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en reconocer que el trámite que ha de imprimírsele a una causa iniciada en contra de un legislador, por opiniones por éste vertidas durante el desempeño de su mandato es el rechazo in limine.

Y es que no se puede imponer al diputado demandado la obligación de defender en sede judicial su actuación como legislador, ya que ello sería tanto como estorbar su accionar, rompiendo el equilibrio que debe existir en la actuación de los tres poderes de la república.- En la tarea emprendida, referida a dilucidar la licitud de la petición de enjuiciamiento, entiendo que corresponde circunscribir la denuncia de la ocurrente al supuesto previsto por el inc. a) del Art. 11 de la ley 4227 "ignorancia inexcusable de derecho", ello pese a que en el texto de la petición de jury se da cita a los Arts. 10 inc. a) y 11 inc. d) -fs 16 y 16 vta. Expte. 1° instancia-.

El fundamento de tal consideración surge sin hesitación de cotejar que tanto la denuncia cuanto la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento sólo refieren, en su análisis y conclusión, a tal causal.- A ello se suma que, conciente de la prudencia y precaución con que ha de juzgarse el supuesto de mal desempeño de un magistrado por el acierto o error de sus resoluciones, toda vez que las garantías de independencia e imparcialidad de la administración de justicia exigen que los magistrados no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación expresó "son los hechos objetos de la acusación y NO las calificaciones que de ellos haga el acusador, lo que determina la materia sometida al juzgador (consid. 15/6 "Brusa").- Conforme lo desarrollado no queda espacio pues para pretender, ampliado el ámbito de la denuncia a supuestos de prevaricato o comisión de delitos por el sólo hecho de haberse hecho mención a otras causales que, como bien apunta la Sra. Vocal de la Cámara que lleva el 1ª voto "delitos no aparecen ni aún mínimamente cimentados en hechos y conductas concretas cometidas por el denunciado, si ni siquiera se menciona el modo, o cuál es el delito concreto cometido" -fs. 207 vta.-.

Lo hasta aquí expuesto impone reiterar que la tarea de verificar la entidad de los hechos denunciados por la casacionista en contra del actor -que motivaran el pedido de su enjuiciamiento- ha sido ejercida por el Tribunal de enjuiciamiento mediante resolución de fecha 11/08/98, encontrándose esta Corte inhabilitada para analizar la corrección o no de aquel desempeño.

Más lo dicho no impide fijar pautas en orden a la correcta interpretación de lo resuelto por el jury -que declarara inadmisible la denuncia de la recurrente-.

Partiendo entonces de la premisa según la cual la solicitud de enjuiciamiento de un magistrado es un acto lícito que implica el ejercicio de una garantía individual de raigambre constitucional -peticionar a las autoridades Art. 14 CN- cabe puntualizar que de resultar tal petición acogida, pese a causar daño, no será generadora de responsabilidad en tanto carecerá de uno de los elementos constitutivos de aquélla cual es la antijuridicidad (Art. 1067 CC).- Conforme lo apuntado la sola desestimación del pedido de enjuiciamiento -asimilando a este supuesto tanto el pedido declarado inadmisible, cuanto aquél que pese a haberse tramitado no ha concluido con la remoción del funcionario- no generará per se deber de reparar por parte del denunciante.- Y es que para hacer viable la responsabilidad civil frente a la desestimación del pedido de enjuiciamiento se requerirá la presencia inexorable de todos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a saber: en primer término que el denunciante haya obrado antijurídicamente, en segundo término que la ilicitud del obrar haya generado daño y, probado éste, que tal acción le sea reprochable al denunciante a título de dolo o culpa y, por último, que se acredite la relación de causalidad pertinente entre la conducta dañosa reprochada al denunciante y el perjuicio sufrido por el magistrado denunciado.

3- Carencia de antijuridicidad. El primer elemento constitutivo, la antijuridicidad, ha sido definido como obrar violatorio de la máxima alterum non laedere. Este obrar adquiere relevancia en tanto configure daño o amenace con causarlo.

El derecho de daños no ha tipificado una nómina cerrada de conductas antijurídicas, sino que engloba como ilícitas a todas aquellas en las que se perjudique a otro sin una razón justa.

Así la antijuridicidad no reside en el resultado, sino en el obrar que puede haberlo producido.

Debe tenerse presente que antijuridicidad y daño son dos elementos diferentes -pese a la obvia interrelación de que gozan- y así han de ser considerados, cada uno escindido del otro. Tal ha sido la interpretación unánime de la doctrina especializada: "La dañosidad no es pauta hábil para determinar el componente de antijuridicidad" (conf. Lorenzetti, R. LL 1991-E-59; Zavala de González, M., en Resarcimiento de daños, vol 2c, p. 486, vol 4, p. 328); "Hablar sin más de antijuridicidad en todo supuesto de indemnización, equivale a 'saltear' indebida y simplistamente aquella indispensable valoración" (Bueres en "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta", en "Derecho de daños", p. 168/9, nota 75); "No cabe reconocer la antijuridicidad ex post ipso, a partir de la producción del resultado dañoso". (De Lorenzo -en "El daño injusto en la responsabilidad civil"-, p. 22 y ss.).

Desde el marco teórico conceptual referido corresponde ingresar en el tratamiento de la cuestión fáctica, la que se halla presidida por la resolución emanada del Tribunal de Enjuiciamiento, por entender -junto con los Sres. Magistrados preopinantes en las instancias inferiores y las partes- que ésta resulta el instrumento hábil para verificar los alcances que tuvo el derecho a peticionar ejercido por la ocurrente para así poder calificarlo de ejercicio lícito o antijurídico.- El Tribunal de Enjuiciamiento mediante el dictado de la resolución concluye: 1- "la existencia de errores procedimentales que se han puntualizado"; 2- "que éstos carecen sin embargo de la entidad y naturaleza suficientes como causal de enjuiciamiento y por tanto impiden determinar la admisibilidad del presente proceso";

3- "el Tribunal por unanimidad entiende que, tratándose de un asunto de carácter complejo, en el que existen algunas opiniones jurisprudenciales divergentes, aún cuando son minoritarias, corresponde eximir a la denunciante y a su letrado de la multa en cuestión y de las costas ocasionadas por las presentes actuaciones, como así también declarar que a juicio de este Jurado de Enjuiciamiento no se ha incurrido en responsabilidad penal, atento a que por lo expresado supra, la denunciante pudo considerarse con derecho a efectuar la denuncia" (fs. 35 vta. y 36).

Se impone resaltar de qué modo y cómo la actora -por intermedio de su apoderado- explica el propósito institucional que la movió a denunciar al actor.

Así expresa al contestar demanda en autos Cisternas c/Tula -fs. 26 vta.- "Al tiempo de solicitar el enjuiciamiento del actor, no actuó movida por intereses estrictamente personales, tampoco lo hizo en forma imprudente, ni irracional, ni movida por fines políticos, ni por animadversión personal hacia el magistrado ni infundadamente ... el pedido de enjuiciamiento se formalizó para asegurar la plena vigencia de la constitución de la provincia ... así resulta del texto del pedido de enjuiciamiento, que el principal argumento para obtener el respeto del principio de la supremacía legal de la constitución sobre las otras leyes ...

todos y cada uno de los argumentos sostenidos hacían clara referencia a que las decisiones tomadas por el hoy actor en la causa Figueroa c/Tula contradecían expresamente el principio de supremacía legal ... este alto fin, debe ser defendido por todos y cada uno de los ciudadanos y habitantes de la provincia, y con toda razón por la suscripta, que precisamente representa al pueblo, pero con mayor razón por el hoy juez, quien como juez es el principal obligado a ello por expreso mandato constitucional (Art. 207 de la C. Prov.) ... quedó palmariamente expuesto que el enjuiciamiento pretendido se basó en la necesidad de obtener el irrestricto acatamiento de la constitución obteniendo así su plena vigencia ... el motivo de tal pedido fue institucional ... el señor juez ha contrariado expresamente el principio de supremacía constitucional establecida en el Art. 207 de la C. Prov. y ello en plurales oportunidades ... el fin era institucional sin dudas pues precisamente el respeto a la ley fundamental de la provincia es lo único que garantiza el funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas que rigen la vida institucional del estado ... la violación de los privilegios parlamentarios precisamente es una abierta violación a esa carta magna ... los términos presuntamente dañosos a la moral del Sr. Figueroa fueron vertidos en una asamblea legislativa ... de modo tal que ni siquiera podía suscitarse la más mínima duda de que los mismos no podían ocasionar consecuencias jurídicas ... este fin institucional al que aludo es lo que constituye o importa un causa de justificación que obsta notoriamente al nacimiento de cualquier obligación de resarcir ... esta causa de justificación tampoco fue excesiva ... jamás persiguió apartar al juez de la causa, tampoco el pedido de enjuiciamiento fue imprudente, pues en todo su texto no se advierte ofensa alguna a la persona ni a la investidura del Sr. Juez, así no se lo acusa de parcialidad, no se le atribuyen segundas o aviesas intenciones, no se descalifica su capacidad o idoneidad profesional, simplemente se dijo "que el Sr. Juez ha contrariado expresamente el principio de supremacía constitucional establecido en el Art. 207 de la C. Prov." ...tampoco fue imprudente ni intempestivo tal pedido de enjuiciamiento pues se lo dedujo recién después de agotar todos los remedios procesales a mi alcance para lograr la efectiva vigencia del Art. 103 de la C.P. tampoco fue el pedido irracional, pues la violación constitucional existió y se consumó, y más aún, el pedido de enjuiciamiento tuvo justificación legal precisamente en disposiciones constitucionales ... esta irracionalidad tampoco existió para el Tribunal de enjuiciamiento pues debe repararse que en su resolución dijo "por lo considerado ut-supra, la denunciante pudo, considerarse con derecho a efectuar la denuncia ..."; al fundar agravios de apelación -fs. 139- "los párrafos citados aludían de un modo cierto e indudable a que el pedido de enjuiciamiento del magistrado fue iniciado y enderezado teniendo en cuenta un fin exclusivamente institucional que se resumía en la necesidad de mantener incólume el respeto y la vigencia del principio supremacía legal de la constitución de la provincia y que se había violentado con puntuales decisiones tomadas por el Juez ... tales argumentos no tenían otro propósito que poner de manifiesto que el juez se estaba apartando de un mandato de clara raigambre constitucional y pese a haberse adoptado los remedios procesales el juez de aquella causa no retrocedió en su empeño de hacerme participar como demandada ... no surge de ninguna parte del texto de la sentencia que el inferior haya dado tratamiento puntual a esta defensa opuesta como causa de justificación, es decir, la propuesta o petición formal de resultar eximida de la obligación de indemnizar en virtud de que el pedido de enjuiciamiento se formuló con un fin eminentemente institucional ..."; y al deducir recurso de casación -fs. 3- "el razonamiento del Tribunal de Alzada aplica erróneamente la ley pues no declara de recibo la causa de justificación a la obligación de indemnizar, que constituye el interés institucional tenido en vista por la suscripta al tiempo de la denuncia y que como ya se expresó era el de asegurar la vigencia de la supremacía constitucional ... no fueron las impropias medidas procesales que tomó el juez las que ocasionaron la denuncia o el pedido de enjuiciamiento, sino que el motivo desencadenante fue el obtener o mantener la vigencia de la constitución provincial, afectada precisamente por la falta de observancia de los privilegios parlamentarios establecidos en el Art. 103".

Cotejada la conclusión a la que arriba el Tribunal de Enjuiciamiento con las expresiones vertidas por la accionada, en orden a fundar el fin perseguido al solicitar el enjuiciamiento del actor, surge indubitable y sin mayores esfuerzos interpretativos que aquélla actuó movida en aras a defender la prerrogativa constitucional prevista por el Art. 103 de la C.P., cuya inobservancia por parte del actor violentó el principio de supremacía constitucional previsto por los Arts. 31 de la CN y 207 de la C.P.- La Cámara rechaza el primer agravio de la demandada -consistente en la falta de tratamiento de la defensa de haber obrado con interés institucional -o lo que es lo mismo sin antijuridicidad-, argumentando "que, más allá de los más o menos explícita que pueda ser la redacción de la sentencia del inferior, la misma no aparece de manera alguna privada de fundamentos", luego se avoca al tratamiento de la defensa opuesta para concluir que "no se advierte la arista institucional invocada" en razón que las imputaciones realizadas al magistrado han "quedado circunscriptas al ámbito de una sola causa, no se ha demostrado que tengan trascendencia pública dañosa, ni que la actuación del magistrado tuviera repercusión institucional".

Agrega que la valoración realizada por la mayoría del Tribunal de Enjuiciamiento al referir "la denunciante movida tan sólo por un criterio distinto que el juzgador pretende por esta vía convertir a este jurado en tribunal de Alzada" desvirtúa totalmente la pretendida defensa de la demandada, para finalmente concluir que "no surgiendo razonablemente fundada la denuncia se presume su intencionalidad".

El Sr. Camarista que vota en segundo término adhiere al fundamento según el cual la denuncia se basó "en una discrepancia personal con el criterio jurídico sustentado por el juez".- Claramente la Alzada admite la omisión de tratamiento por el juez inferior de la defensa opuesta por la accionada y reduce la cuestión a presumir la existencia de culpabilidad en el obrar de ésta.

Más en tal razonamiento omite realizar valoración alguna tendiente a justificar la existencia de antijuricidad -presupuesto inicial en la cadena de la responsabilidad civil- en el obrar de la accionada, lo que me induce a pensar que al no haberse rastreado la existencia de ilicitud en el obrar, mal pudo haberse dado tratamiento -implícito o explícito- a la defensa opuesta por la accionada como causa excluyente de responsabilidad.

Se impone, pues, concluir que tal defensa no se abordó correctamente en la primera instancia y, llamada a suplir tal falencia, la Cámara ha incurrido en idéntica omisión, pues no ha abordado la cuestión constitucional planteada como defensa por la accionada.

Sentado ello encuentro displicentes -y por ello reprochable por resultar arbitrario- los fundamentos que la Alzada expone para rechazar la primera queja de la demandada. Lo dicho porque a poco que tales argumentos se contrasten con la garantía constitucional prevista por el Art. 103 de la C.P., así como con la parte resolutiva de la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento -la que resulta forzoso señalar ha sido omitida por el Ad quem- en cuanto afirma "que por lo expresado supra, la denunciante pudo considerarse con derecho a efectuar la denuncia" -fs. 13 renglones 11 a 13 inclusive- pierden total virtualidad.- ¿Cómo podría interpretarse tal decisión del Jury sino en orden a que el pedido de enjuiciamiento -pese a ser desestimado- ha sido realizado dentro de los límites de razonabilidad y sin que pueda atribuírsele a la denunciante abuso o exceso de ninguna especie en su obrar?.

Con el rechazo del agravio bajo análisis se ha desconocido una prerrogativa constitucional que hace a la existencia misma de nuestro sistema político. Además, por encontrarse prevista en la Carta Magna, su desconocimiento ha generado que la super legalidad material que consagra a la Constitución una preeminencia jerárquica por sobre todas las demás normas del ordenamiento, también se vea vulnerada.

De discreparse eventualmente con esta interpretación -conforme la cual propicio valorar la denuncia realizada por la accionada como lícita- la pretensión resarcitoria intentada resultaría asimismo inviable, toda vez que como se analiza seguidamente, tampoco se ha probado -de modo alguno- que tal obrar haya ocasionado perjuicio al actor.

4. Inexistencia de daño jurídicamente relevante. Siguiendo el orden impuesto corresponde cotejar la existencia del segundo elemento del iter resarcitorio, en el caso sub examine será ponderar la existencia o no de perjuicio -daño- moral derivado del pedido de enjuiciamiento legítimamente obrado por la ocurrente en contra del actor.

Hablar del honor supone referirnos a la persona valorada en su integridad, en sus proyecciones individuales y sociales. Este derecho personalísimo se encuentra protegido en nuestro ordenamiento penal (Arts. 109 a 117) así como en el ámbito Civil donde se contemplan consecuencias resarcitorias de injurias y calumnias (Art. 1089) así como de acusación calumniosa (1090) no rigiendo en aquel contexto la exigencia de la tipicidad del derecho penal.- Zavala de González refiere con precisión "que el daño moral sea una afectación espiritual del sujeto no quiere decir que todo estado espiritual disvalioso sea un daño moral. Deben concurrir, además, los presupuestos de resarcibilidad de todo perjuicio".- De antiguo la doctrina se debate acerca de si el daño moral debe ser probado o si ha de presumirse. Se expidieron en sentido afirmativo Arazi, Meza, Agoglia, Lorenzetti, Ghersi, Pizarro, Zavala de González, -en obras citadas- Palacios, L. -en "Derecho procesal", t. IV, p. 364-; Devis Echandía -en "Compendio de la prueba judicial", t. I, p. 231-; Vélez Mariconde -en "Acción resarcitoria", p.

36-; Tanzi -en "Prueba del daño", LL 1992-A-318; A-318-; entre otros. Por el contrario Mosset Iturraspe opina que éste se presume.- La diferencia entre ambas posturas deviene, a mi criterio, puramente formal. Y es que por la propia naturaleza del daño moral frecuentemente la prueba directa resultará difícil, cuando no imposible, en cambio la prueba presuncional gozará de mayor accesibilidad.

Más ello no supone per se la presunción de daño moral, antes bien siempre resultará ineludible la acreditación de su existencia, lo que variará será el modo o el medio mediante el cual se verifique aquel precepto.

Se podrá recurrir entonces a la acreditación de la producción del perjuicio de modo indirecto -mediante presunciones hominis o indicios- más siempre habrá de acreditar el actor la existencia del perjuicio.- Refuerza lo expuesto que en el derecho positivo vigente no se contempla una presunción legal genérica, absoluta o relativa, de la existencia del daño moral aplicable a cualquier hipótesis de acto ilícito aquiliano (Arts. 522 y 1078 no consagran tal regla), salvo algunos casos especiales como los previstos por los Arts. 1071 bis y 1088 del CC donde la presunción que se consagra es de carácter relativo: dados los presupuestos establecidos por las normas citadas, se presume la existencia de perjuicio extrapatrimonial.- De otra parte interesa recordar que la carga probatoria de las partes se encuentra claramente delimitada. Así a la actora le corresponde probar el hecho, el daño y el nexo causal. Sobre la demandada pesa la carga ineludible de producir pruebas que destruyan tales elementos básicos de la acción.- A efectos de cumplir con tales cargas podrá acudirse a la prueba presuncional o indiciaria, pero será siempre el actor quien lleve sobre sus espaldas la carga de demostrar el acaecimiento efectivo de los presupuestos fácticos constitutivos contenidos en la norma sobre la cual ha edificado su pretensión resarcitoria.

Así lo ha expresado reiteradamente la doctrina especializada: "La deficiencia o no probanza del daño gravita en contra del damnificado sobre quien recaía tal carga probatoria" (Zavala de González, Matilde, citada por Gandolla, J.E. en "Las cargas probatorias. Importancia en el proceso.

Aspecto constitucional", en Revista de derecho de daños N° 4, p. 240) "Todo daño debe ser probado por quien lo alega; es éste un requisito esencial para obtener una condena resarcitoria, pues un daño improbado no existe para el derecho"; y diferentes tribunales: (CNCom, Sala C, 30/09/91, LL 1992-A-44); "El daño es un presupuesto de la responsabilidad civil, de modo que es irrelevante la existencia material del perjuicio si no se lo comprueba apropiadamente, pues un daño no probado no existe para el derecho; tanto es así que, faltando la indispensable acreditación del daño, no puede suplirse la prueba de su entidad por la prudente estimación judicial" (CNCom, Sala A, 15/03/90, LL 1992-A-314).- Lo dicho no empece que en determinadas ocasiones la ley tenga por verificada la existencia de un daño negándole al demandado su demostración adversa (tales los denominados daños legalmente ciertos: intereses moratorios, la cláusula penal, entre otros).

Por imperio legal su reparación deviene automática. En otros casos la ley infiere la configuración del daño a partir de la acreditación de determinado hecho lesivo, estableciendo de este modo un daño legalmente presumido (tal el supuesto en caso de homicidio -Art. 1084 CC- en que la ley supone que por hecho del crimen hay una serie de familiares que se han visto privados de lo necesario para su subsistencia). En las presunciones legales referenciadas se libera al actor del onus probandi.- Distinto es el supuesto de las presunciones hominis o judiciales del daño que son aquéllas practicadas por el juez sobre la base de los datos aportados a la causa, es decir que operan sobre la base de elementos objetivos que deben ser suministrados por el actor.

Téngase presente que no hay aquí relevo del onus probandi a favor del actor, sino una modificación sólo parcial de la regla general de la carga de la prueba, pues para que la presunción hominis de existencia del daño resulte operativa el actor deberá necesaria y previamente demostrar los acontecimientos o hechos objetivos -indicadores- a partir de los cuales se formulen tales indicios o presunciones hominis (conf. Agoglia, Boragina y Meza, "La prueba del daño moral", en Revista de Derecho de Daños N° 4, p. 162; y Pizarro, "Daño moral", p. 567).- Retomando la plataforma fáctica planteada: daño moral nacido del pedido de enjuiciamiento obrado legítimamente, resulta vital señalar que éste se verificará "si la petición de enjuiciamiento asume la forma de calumnia, injuria, acusación calumniosa o cuasidelito civil, supuestos en los que se lesiona el honor del magistrado" -Lorenzetti, ob. cit.-.

En consecuencia sólo cuando las manifestaciones vertidas en la denuncia puedan ser calificadas como las figuras descriptas y encontrándose reunidos los demás elementos de la teoría general de la responsabilidad civil, la pretensión resarcitoria resultará viable. Ello importa descartar la responsabilidad cuando la imputación carezca de contenido peyorativo aunque hiera la susceptibilidad del denunciado.- Definida la carga de la prueba, así como el modo en que puede ser acreditado el perjuicio susceptible de ser resarcido en supuestos en que se reclame daño moral derivado del pedido de enjuiciamiento, se impone recrear como expone el actor que se ha visto lesionado su honor promovida la denuncia para su enjuiciamiento y resultar ésta finalmente desestimada.- En esa tarea el actor expresa en su memorial de demanda -fs. 14- "Garín disgustada probablemente con el resultado de la causa y aprovechando un momento adverso de mi vida ... para agravar mi situación y con ensañamiento personal sin precedentes informa al Diario El Ancasti sobre la existencia y contenido de la denuncia pretendiendo hacerme quedar mal con la comunidad ... me acusa de ignorancia del derecho y de cometer prevaricato ... efectúa una denuncia absolutamente falsa ... recurre a un medio masivo de comunicación con el objeto de desacreditarme y deshonrarme públicamente ... no solicitó el jury con propósito institucional, lo hizo con animadversión personal y resistencia política con el magistrado cuestionado ..."; al contestar agravios -fs. 150- "sólo por estar en desacuerdo con una resolución interlocutoria, la accionada me imputó hasta la comisión de delitos en mi función de juez ... es obvio que no era nada liviana la acusación y, produjo una gran afectación moral y profesional habida cuenta que me desempeño en la justicia provincial hace más de 20 años, siendo incluso padre de siete hijos ... con su proceder irresponsable ha producido un padecimiento e incertidumbre, amén de la afectación profesional, que no puede desconocerse y menos negarse, e inclusive me ha expuesto a lo que políticamente se pueda resolver, siendo la petición de remoción de un juez un acto de suma gravedad de amplia difusión social y que causa enormes daños con su sola formulación"; y finalmente al contestar traslado del recurso traído a resolución -fs. 9- "la apelante con su denuncia irreflexiva e infundada se desentendió de los menoscabos que tal proceder significaría, máxime siendo diputada provincial ... debió prever las consecuencias dañosas que de suyo las imputaciones que me hizo conllevan ... debiéndosele imputar dolo eventual o por lo menos culpa y ello está más que demostrado con la resolución del Tribunal de enjuiciamiento".- De otra parte corresponde señalar que del memorial de demanda se desprende que el reclamo del actor se apoya en dos extremos: el agravio derivado de la solicitud de enjuiciamiento, así como el derivado de la difusión que alcanzó la denuncia por su publicación en diario El Ancasti.- A fin de verificar la existencia de daño susceptible de ser resarcido a través del primer extremo citado por el actor -solicitud de enjuiciamiento-, no caben dudas que el único medio de prueba útil será el texto de la denuncia. Sólo del texto de ésta surgirá o no la existencia de términos agraviantes o injuriantes generadores de la obligación reparatoria.

En consecuencia corresponde valorar los términos semánticos lexicales utilizados por la accionada al solicitar el enjuiciamiento del actor a fin de constatar si revisten o no el carácter de agraviantes, requisito indispensable, a fin de tornar viable la reparación civil.- El Ad quem condena a indemnizar el daño moral sufrido por el actor presumiendo su existencia sin explicitar cómo ha tenido por acreditado el perjuicio, o de dónde se ha derivado su existencia -para el caso que haya recurrido a prueba indiciaria o presuncional-.

En esa inteligencia expresa "La petición de enjuiciamiento genera por sí misma perturbación en el ánimo del Juez sin que necesite mayores probanzas ... se corona la retahíla de acusaciones afirmando que está incurso en la causal prevista por el inc. a) del Art. 10 y Art. 11 inc. d) ... Fácil es apreciar el grueso calibre de las imputaciones vertidas en la denuncia ... resulta absolutamente gratuito y carente de toda fundamentación la imputación de delitos que con toda ligereza achaca la denunciante ... Ante ello no advierto que sean necesarias mayores "pruebas" del daño moral inflingido".

Más adelante, a fs. 207, la Sra. Vocal agrega "si esos supuestos delitos no aparecen ni aún mínimamente fundados en hechos y conductas concretas cometidas por el denunciado, si ni siquiera se menciona el modo, o cuál es el delito concreto cometido, tal ambigüedad y generalización está reñida con los más elementales cánones de una conducta ajustada a la ley, ello convierte a la conducta de la apelante en antijurídica y paralelamente genera un daño cierto y real".- Que de una prolija lectura de la denuncia realizada por la demandada no quedan resquicios de duda acerca de la inexistencia de imputaciones al actor que revistan el carácter de ofensivas, agraviantes, injuriantes y menos aún calumniantes.

Las particularidades del texto analizado impiden considerarla como una denuncia temeraria, maliciosa, realizada con el propósito de agraviar, deshonrar o desprestigiar al actor, supuestos únicos e insoslayables que de existir harían viable la petición del actor.

Más no es el caso bajo análisis. Antes bien, y pese a que en el texto analizado se hace mención a causal del inc d) Art. 11 ley 4147 -que enuncia como causa de remoción la comisión de delito-, advierto con absoluta claridad que tal mención a más de realizarse al finalizar el escrito no ha merecido desarrollo por parte de la denunciante, ni valoración alguna por parte del Tribunal de Enjuiciamiento.

Consideraciones éstas que también son realizadas por la Sra. Vocal preopinante -fs. 207 renglón 4 a 7 inclusive- así como por el Sr. Vocal que votara en disidencia -fs. 210 vta., renglones 8 a 18 y 22 a 27 ambos inclusive; y fs. 213 2° párrafo-.

De modo que carece de sustento alguno que la sola mención del inciso referido pueda erguirse como agravio suficiente con las características de injuriante en contra el actor que tornen viable el reclamo resarcitorio.

Ello toda vez que, como tiene expresado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, "son los hechos objetos de la acusación y no las calificaciones que de ellos haga el acusador, lo que determina la materia sometida al juzgador (consid. 15/6 "Brusa").- Avala tal conclusión la circunstancia que el Tribunal de Enjuiciamiento local, pese a declarar la inadmisibilidad de la denuncia, afirma la existencia de errores procesales en el obrar del actor y absuelve de multa, costas y responsabilidad penal a la accionada "atento que por lo expresado supra, la denunciante pudo considerarse con derecho a efectuar la denuncia" (sic fs. 13, 11° a 13° renglón).- Y a fuerza de ser reiterativo ¿cómo podría entenderse tal decisión por parte de los integrantes del Jury sino en orden a que el pedido de enjuiciamiento -pese a ser desestimado- ha sido realizado dentro de los límites de razonabilidad y sin que pueda atribuírsele a su obrar abuso o exceso de ninguna especie.

Ello en tanto en tal resolución se alude de modo expreso a que la demandada "pudo considerarse con derecho a efectuar la denuncia".- No debe perderse de vista que la prueba se encuentra estrechamente relacionada con la garantía constitucional de la defensa en juicio. Sin los elementos demostrativos de la razón invocada la garantía citada se tornaría ilusoria. De otra parte y, concebida tal garantía como complementaria del "debido proceso" -también asegurado por el plexo constitucional-, la sentencia debe ser útil (que resuelva todas las pretensiones), congruente (que tenga relación lo sentenciado con lo pretendido y defendido), imparcial (que el juez no se haya inclinado subjetivamente por una de las partes), fundada (que contenga las razones de hecho y de derecho que justifiquen el decisorio) y justa (que derive de la verdad de los hechos).- Para dar adecuado cumplimiento al recaudo de fundabilidad del fallo el juez debe dictar su decisorio aplicando los principios de razonabilidad y legalidad, lo que lleva ínsito el deber de conocer todas las pruebas a él acercadas por las partes para así, habiendo conocido la verdad de los hechos, plasmar en los fundamentos de la sentencia aquellas probanzas en apoyo de las razones esgrimidas por los litigantes.- En ese orden de ideas se ha expresado que "No sirve a las partes ni a la sociedad el sólo cumplimiento de un complejo jurídico de reglas procesales, si el mismo es basamento de un juicio divorciado de la verdad y la justicia.

Porque el procedimiento no es un fin en sí mismo, sino el camino para llegar a la verdad y hacer justicia. La Justicia, así con mayúsculas, debe "vivir" en cada acto procesal, palparse en todo juicio como un valor constante que sirva de norte tanto a las partes como al juzgador"; "La procedencia de una acción que carece de la prueba de los hechos, derecho y daño que esgrime, puede conculcar los derechos de propiedad de raigambre constitucional y carecer de sustento y fundamentos fácticos y jurídicos suficientes que invalidarían el fallo dictado" (Gandolla, J.E. ob. cit. p. 237).- "El derecho es una obra colectiva que empieza en la máxima generalidad, pero que busca y culmina en una máxima particularización, y en este último punto se requiere la síntesis de todo el esfuerzo anterior pero en vista de ese esfuerzo concreto y particular que exige la resolución equitativa del problema jurídico"; "Siempre estará un juez diciendo con imperium lo justo, entonces, hay que estar muy atentos a quién le conferimos esa privilegiada misión ética, hay que controlar a los que la ejercen y hay que pretender que las fundamentaciones judiciales hagan explícito lo que muchas veces está oculto o bajo ropaje formal oculto" (Vigo, R. en "Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho", en Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 16, p. 316, Rubinzal Culzoni).- En relación al segundo hecho invocado por el actor como hábil para provocarle perjuicio -difusión del pedido de enjuiciamiento en medio de prensa- se hace preciso resaltar que el actor no ha producido prueba alguna tendiente a acreditar que la demandada ha sido la autora material de la difusión del contenido de la denuncia.- Referido a tal extremo el fallo impugnado expresa: "del texto se admiten expresiones que obviamente no son producto de la inventiva del periodista ... el actor produjo prueba de donde surge que la noticia no fue dada a conocer por el Jury ... Ello importa una seria presunción en contra de la demandada".

Renglón seguido advierte "la responsabilidad no estriba en quién dio la noticia sino en la gravedad institucional que supone la denuncia ... lo que provoca su seria e ineludible publicidad ... este es otro factor no tenido en cuenta por la demandada ... la publicidad es consecuencia directa y previsible de la denuncia".- Resulta oportuno destacar que no soy ajeno a que en ocasiones se realizan pedidos de enjuiciamiento con bastante ligereza y utilizándolos como medio de presión o castigo para el magistrado que falla en contra de las pretensiones del denunciante.

Más tal nota de la realidad no puede de modo alguno llevarnos a responder con idéntica ligereza que todo pedido de enjuiciamiento desestimado generará para el solicitante la obligación de reparar el daño producido al magistrado cuestionado, cimentando tal afirmación en que el daño en el caso ha de presumirse, por tanto el ofendido está relevado de probar su existencia.

De ningún modo tamaña generalización aparece como respuesta razonable a un tema de enorme trascendencia.

Y es que entiendo que frente a la difusión que pudiera tener el pedido del enjuiciamiento de un magistrado mediante cualquier medio, incluyendo el simple comentario generado en el ambiente tribunalicio, en tanto aquélla no suponga por parte de la prensa ejercicio abusivo de su derecho a informar ni genere daño susceptible de reparación -habiendo esta Corte ya sentado doctrina al respecto en causas Lucero c/Obispado y Leiva c/Bustamante-, ha de primar en un juez suficiente fortaleza y templanza de espíritu, como ejemplo de equilibrio.

Ello porque su alto ministerio está de por sí expuesto a la difusión, más tal situación no debe debilitar su armadura espiritual en desmedro de la enorme función que recae sobre sus hombros: cual es la de dar a cada uno lo suyo.

"El hombre público (no sólo el funcionario público estatalmente oficializado) no resigna su derecho al honor, a la dignidad personal, a la privacidad; pero su misma exposición pública obliga a usar parámetros parcialmente distintos a los comunes cuando aparece un posible conflicto entre esos derechos -nunca desprotegidos- y las libertades que parecen rozarlos y herirlos" (Bidart Campos, G. en "Esta vez tuvo razón la libertad de expresión periodística", en ED 138-694).- Que, por otro lado, resulta vital verter algunas consideraciones en torno a los fundamentos utilizados por la Sra. Vocal opinante en primer término para tener a la demandada por autora del contenido de la publicación aparecida en diario El Ancasti, en tanto lo presume con enorme grado de certeza según surge del texto de la sentencia.- - Así expresa que el actor produjo prueba de donde surge que la noticia no fue dada a conocer por el Tribunal de Enjuiciamiento lo que importa una seria presunción en contra de la accionada, sin que surja de la lectura del fallo impugnado fundamentos de aquel postulado.

A renglón seguido, agrega "de todas maneras la responsabilidad no estriba en quién dio la noticia sino en la gravedad institucional que configura la denuncia; por ello, efectuada, provoca su seria e ineludible publicidad.

Este es otro factor que debió tener presente la accionada antes de denunciar al juez, ... la publicidad es una consecuencia directa y presumible de la denuncia".

Es que la libertad informativa en relación a funciones públicas se extiende no sólo a la crítica strictu sensu, sino también a la divulgación de acontecimientos -en el caso se divulgó el pedido de enjuiciamiento sin valoración alguna- y como se expresara al iniciar la presente el actor no produjo prueba alguna para tener por cierta aquella circunstancia, por lo que resulta arbitrario hacer caer sobre la demandada "un cono de sombra" que la identifique como autora oculta de la divulgación periodística.

Al actor y sólo a éste le cabía probar la certeza de las afirmaciones sostenidas en su memorial de demanda.

No corresponde -so riesgo de incurrir en arbitrariedad- invertir la carga de la prueba en este supuesto.- A tenor de lo expresado por la Sra. Vocal la difusión del pedido de enjuiciamiento de un magistrado en un medio de prensa configura una situación de gravedad institucional, restándole importancia a su autor.

Al respecto no puede perderse de vista que la recepción de la denuncia se realiza por ante la Mesa de Entradas de la Secretaria Penal de la Corte de Justicia, de modo que en el proceso que va desde la recepción de la denuncia, la constitución del Tribunal hasta el juicio sobre su admisibilidad formal, intervienen otras personas además de la denunciante y los miembros del Tribunal -empleados administrativos, abogados, empleados de los miembros no pertenecientes al poder judicial, etc. Cualquiera de ellas pudo dar noticia sobre el contenido de la denuncia a un medio de prensa. Tal circunstancia no fue descartada por la Sentencia impugnada.- El actor sólo acreditó que el Tribunal no difundió el pedido, más ello no permite inferir -al menos con el grado de certeza absoluta que le impone la Sra.

Vocal- la presunción en contra de la accionada respecto a que ésta fue la autora de la difusión.- En orden a lo expuesto advierto que tampoco ha sido acreditada -de modo directo ni indirecto- la existencia de perjuicio al actor mediante el segundo hecho invocado en su demanda.- 5. Ausencia de factor de atribución subjetivo. Habiendo concluido que en autos se encuentran ausentes los elementos antijuridicidad y daño, en principio no cabría detenerse en la verificación de la existencia de factor de atribución.

Más estimo prudente dedicar algunos párrafos a ello para consolidar la posición que vengo sosteniendo en orden a la viabilidad del recurso extraordinario deducido.- El elemento aludido se presenta como la razón justificante del deber resarcitorio y sólo opera a partir de la causación de un daño injusto. Demostrada la producción de un daño y que éste ha sido causado adecuadamente por un sujeto, todavía se hace necesario enunciar un juicio de valor que permita determinar si el que obró debe o no responder, aquí cobra relevancia la presencia del factor de atribución.- La culpa -como factor de atribución subjetivo- es un concepto independiente de la antijuridicidad. De modo que debe primero verificarse la ilicitud del hecho, para luego endilgarle a su obrar reprochable a título de culpa o dolo.- En ese orden la petición de enjuiciamiento de un magistrado es un acto en extremo grave pero que en sí mismo entraña una única finalidad cual es la institucional, de modo que para su solicitud se hace exigible una diligencia por encima de la media (Lorenzetti, R. ob. cit.).

Más tal exigencia no supone en modo alguno que cualquier descuido, incumplimiento o negligencia en la petición produzca el deber de reparar.

Por el contrario y, ratificando lo expresado al tratar el supuesto de antijuridicidad, el pedido de jury para ser susceptible de generar reparación deberá reunir las características de ilicitud e injuriosidad -mediante la producción de perjuicio- antes desarrolladas.- A fin de calificar la imputabilidad del sujeto denunciante el camino a seguir será la apreciación rigurosa de la culpa, concepto éste escindido del de culpa grave.

Ello en el entendimiento que se encuentran cuestiones de extrema importancia en juego; por un lado la inmovilidad de los magistrados en su cargo y, por el otro, el derecho de ejercer la petición de su remoción con fundamento en el desconocimiento de una prerrogativa que hace a la existencia de nuestro sistema de gobierno, derechos éstos ambos de raigambre constitucional.- El fallo impugnado rechaza la segunda queja de la accionada -referido a la ausencia de imprudencia o negligencia en su obrar- argumentando que "la demandada no obró con debida cautela, ni agotó los recursos posibles".

Refiere con cita que "cuando no existía una probabilidad razonable de que fuesen verdaderas las calidades peyorativas o las conductas indebidas imputadas al magistrado o cuando, aún siendo reales, era evidente que no autorizaban su remoción, surge una presunción vehemente de que quien pidió el juicio político obró con negligencia o imprudencia".

Repárese que la cita doctrinaria alude a "calidades peyorativas imputadas al magistrado", en el caso bajo examen y analizada que fue la denuncia presentada por la casacionista, no se advierte la imputación de agravio o injuria alguna al actor.

Asimismo en el fallo se expresa que si "aún pese a ser reales -las imputaciones peyorativas- no autorizaban la remoción, igualmente se presume un obrar culposo en la denunciante".- Tal afirmación aparece huérfana de cualquier tipo de fundamento, por cuanto del ejercicio de un derecho ejecutado de modo regular -pedido de enjuiciamiento- sin que se produzca perjuicio o lesión -en tanto el actor no ha probado su existencia de modo directo ni ha surgido éste de indicio alguno- y pese a la falta de entidad de la causal de remoción no puede derivarse como inferencia o presunción válida que se ha obrado con culpa.- La jurisprudencia ha sido tajante en este sentido y sólo ha considerado configurada la culpa en el denunciante, cuando en el pedido de enjuiciamiento se observan "gravísimas e infundadas acusaciones"; "expresiones con marcado tono agraviante"; "cuando se configura el delito de injuria contra el juez";

"denuncia temeraria y maliciosa"; "realizadas con el propósito de agraviar y desprestigiar"; "pedido de enjuiciamiento realizado con ligereza como medio de presión contra el juez"; "imputación liviana y desaprensiva de delitos" (CNCiv, Sala G, 10/11/89 "Vilar c/Ricciardi", ED 137-203; Trib. Coleg. Resp. Extrac., N° 4, Santa Fe; 31/10/95 "Cechini c/Cortés", LL 1996-IV-239; C 1°Civ. Com. La Plata, sala 3° 28/08/92 "López c/Sindicato de vendedores de diarios", JA 1993- II-67, entre tantos otros).- Jamás se ha presumido la existencia de la culpa en otros supuestos, menos aún en casos como el debatido en los presentes donde, reitero una vez más, el propio Tribunal de enjuiciamiento ha dado por efectivamente existentes los errores endilgados al actor, más aún ha eximido a la denunciante de la imposición de costas, la multa prevista para el caso de declaración de inadmisibilidad de la petición, así como de la responsabilidad penal, por considerar que la denunciante pudo creerse con derecho para formular su pedido.- Que ello sumado a la ausencia de terminología injuriante en el texto de la denuncia, resulta válido para concluir que no cabe reproche a la demandada por la denuncia realizada contra el actor, en tanto ha obrado ejerciendo un derecho del que era titular, no denunció hechos falsos, no injurió ni desacreditó; en consecuencia no advierto que su obrar pueda ser tachado de imprudente ni de abusivo en los términos del Art. 1071 del C.Civ.- 4.- Al no haberse acreditado la producción de perjuicio al actor resulta imposible analizar la existencia o no de relación de causalidad entre aquél y la conducta desplegada por la ocurrente, la que como se expresara, ha sido valorada como lícita.- 5.- Por las razones expuestas considero de estimarlo así los Sres. Miembros que votan en orden posterior, que corresponde casar la Sentencia recurrida, ordenando en consecuencia revocar el fallo de Cámara en todas sus partes, rechazando la acción de daños y perjuicios deducida por el actor. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme al relato de los hechos efectuados por quien inaugurara el Acuerdo, en la presente causa convergen dos derechos de rango constitucional como son el derecho a peticionar a las autoridades ejercido por la demandada quien como legisladora solicitó el enjuiciamiento del actor- juez- y, por otro lado, el derecho encabezado por aquél de que se respete su buen nombre y honor.

Para así denunciar y promover la remoción del actor del cargo de juez, la demandada invocó el interés institucional que supone bregar por el pleno respeto de la supremacía de la Constitución de la Provincia de Catamarca, violentada a su juicio por decisiones adoptadas por aquél en los autos 194/97 "Figueroa, Ernesto de Jesús c/ Tula, Lucía Garin de- s/ Daño moral".

En ese orden acusó al Magistrado, entre otras cosas, de haber incurrido en ignorancia inexcusable del derecho, y ello por haberse apartado de las normas de la Constitución de la Provincia otorgando preeminencia a las leyes rituales, para de ese modo dar andamiento a la pretensión procesal ejercida por el Dr.

Figueroa, cuando estaba absolutamente claro que ello era improcedente, pues se refería a expresiones vertidas por la demandada en su calidad y en ocasión de su desempeño como legisladora.

En virtud de ello correspondía rechazar de plano la demanda, y no instruir una causa difiriendo el tratamiento de la defensa -Excepción de falta de legitimación pasiva- para el momento de dictar sentencia, pues con dicho proceder se haría ilusoria sin duda el funcionamiento de la inmunidad parlamentaria de los legisladores por los dichos vertidos en ocasión del ejercicio de su mandato.- En ese contexto y teniendo en cuenta la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que declaró la inadmisibilidad de la denuncia, el actor reclamó el resarcimiento del daño moral y profesional que le ocasionó el pedido de juicio político sin sustento fáctico ni normativo que lo respalde.- Los jueces de las instancias inferiores consideraron para condenar al pago de la suma de $ 18.000 en concepto de daño moral, que en autos no se había acreditado el tan mentado interés institucional, que por el contrario se había comprobado la imprudencia y negligencia con que obró la demandada, quien no podía desconocer, por su condición de legisladora, que algunas resolución adversas en un trámite judicial no constituían motivos valederos como para formular tamaña denuncia.

Contra dicho pronunciamiento que en su mayoría resuelve confirmar la sentencia de primera instancia la legisladora decide promover el presente recurso extraordinario.

A tal fin endereza su crítica a rebatir la afirmación que se hace en la sentencia respecto a la ausencia, en el caso, del interés institucional aduciendo, al respecto, que si se hubiera analizado correctamente la cuestión, no podría nunca haberse condenado al constituir la observancia de los privilegios parlamentarios un asunto de interés institucional configurativo de una causa de justificación que excluye cualquier reproche de ilicitud en su conducta.- Expuesto sintéticamente el presente agravio, he de adentrarme a dilucidar lo que a mi juicio constituye la cuestión central, no sin antes recordar que desde sus orígenes la idea del privilegio parlamentario supuso la protección de un núcleo básico de actividad que se encontraba formado por las opiniones y los votos emitidos por los legisladores en las Cámaras legislativas.

En él pudo verse incluido cualquier tipo de manifestación por injuriosa que sea, incumbiendo esencialmente al cuerpo legislativo sancionar con las medidas que entienda correspondan, cualquier extralimitación de los congresistas.

De modo que, la inmunidad de opinión que el Art. 68 de la Constitución nacional y nuestro Art. 103 otorga a los legisladores, supone que aquéllos no puedan ser procesados penalmente, ni civilmente, ni molestados de ninguna manera por las opiniones que expresen en ejercicio de su mandato.

Pues su objeto es proteger al legislador de las presiones y amenazas, a fin que pueda desempeñar en forma independiente y libre el mandato conferido por el pueblo, de ahí que cuando una persona cualquiera pudiera sentirse agraviada o afectada por las expresiones que aquél haya vertido durante el desempeño de sus funciones, no puede querellarlo penalmente, ni exigir reparación de los daños en sede civil, por tales motivos ... (Miguel Ángel Ekmekdjian- Tratado de Derecho Constitucional- Tomo IV, págs. 378/379).- En tal sentido cabe apuntar, que nuestro plexo constitucional al estatuir "Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos".

Y que "Ninguna autoridad podrá interrogarlos, procesarlos, ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas", ha previsto en dos apartados distintos lo que la C.N. engloba en el Art. 68. De modo que se distingue en el orden provincial "la inmunidad de opinión" y "la inmunidad de proceso o jurisdicción".- Entendida esta última como "la imposibilidad de iniciar proceso judicial ... o administrativo ... ni citación para comparecer en juicio ... ni como testigo ..." ello conf. Bidart Campos en "Derecho Constitucional del Poder" T-I, pág. 276.

Habrá que inferir que la inmunidad que estamos tratando supone la imposibilidad absoluta de iniciar en todo tiempo cualquier tipo de proceso -ya sea penal, civil o administrativo- contra un legislador siempre y cuando tal tipo de proceso tenga origen en las opiniones que aquél haya expresado como tal.

Siendo oportuno acotar que la eliminación hecha del término "acusado" -el que es utilizado en la Carta Magna nacional-, ha respondido al propósito de evitar las interpretaciones disímiles que se formulaban en cuanto pudiera entenderse que aquél aludía únicamente a exención de proceso penal.

Igualmente cabe señalar que en el orden provincial también se reemplaza el término "judicialmente" por "ninguna autoridad", con lo que se admite hasta la imposibilidad que se le inicien procesos administrativos.- Hecha esta aclaración, he de apuntar que en autos se aduce, con insistencia, que la denuncia formulada ante el Tribunal de Enjuiciamiento obedeció pura y exclusivamente a la necesidad de restablecer la vigencia del plexo constitucional afectada por la actuación del juez en autos 194/97 "Figueroa, Ernesto de Jesús c/ Tula, Lucía Garín ...", quien no observó que las declaraciones vertidas por la demandada como Diputada provincial y que agraviaban supuestamente al actor, guardaban íntima conexión con la función legislativa por ella desempeñada, al haber sido vertidas en ocasión de desarrollarse la Asamblea legislativa.- Antes de ingresar al tratamiento de la cuestión que nos convoca, estimo necesario señalar que si hiciera una supresión hipotética de la condición de legisladora que exhibe la demandada, sin duda estimaría como justo auspiciar la reparación del daño moral inferido en la persona del actor por la formulación del pedido de juicio político, pues encuentro reunidos los extremos que deben darse para que surja la responsabilidad civil.

Y ello al considerar que en autos, tal como lo postula el ilustrado voto que inaugura el Acuerdo, y lo reafirma el meduloso dictamen de la Sra. Procuradora Subrogante, la demandada haciendo un ejercicio excesivo del derecho a peticionar a las autoridades, promovió el juicio político del actor, formulando una denuncia sin que se hayan adoptado las medidas de precaución que aconsejaba la prudencia y el respeto por la personalidad del juez.

Que estando ello en conexión directa con el perjuicio sufrido, y siendo atribuible al obrar culposo de la demandada, lógico resultaba ordenar la reparación del daño inferido al honor y reputación del Magistrado.

Empero ello, encuentro que el sub-examine debe ser analizado teniendo en cuenta primordialmente que el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades ha sido ejercido por una legisladora, lo que constituye, a mi juicio, el eje sobre el que girara toda la discusión.- Efectuada esta aclaración, y haciendo entonces abstracción de lo apuntado, corresponderá examinar principalmente la compatibilidad de los dichos injuriosos para el actor, materializados a través de la denuncia formulada ante el Tribunal de Enjuiciamiento, con la actividad parlamentaria, para de ese modo poder determinar si cabe la responsabilidad y su consecuencia.- Esta difícil tarea importará precisar el hecho de que en el caso de autos, el juicio político se inicia no a instancia de un ciudadano común, sino de una legisladora la que investida de la consabida inmunidad parlamentaria, cuenta como se sabe de amplia protección constitucional.

Y ello que al parecer ha sido una cuestión menor a juicio de los sentenciantes, comporta en mi opinión una problemática que suscita especial consideración, la que será abordada concatenando estos dos hechos, a saber: en el marco de un proceso de daños se demanda a una legisladora por expresiones vertidas en ocasión de su desempeño como tal.

Compelida a contestar demanda, la legisladora interpone como excepción de previo y especial pronunciamiento la falta de legitimación pasiva, fundamentada en la circunstancia incontrastable de que las expresiones por el ámbito en que fueron vertidas y por estar relacionadas de modo directo con el desempeño de su mandato como legisladora, resultaban amparadas por la garantía constitucional -Art. 103 de la C.P.-.

Al momento de resolver, el Sr. Juez de la causa consideró que la falta de legitimación planteada no resultaba manifiesta, rechazando en consecuencia su procedencia y difiriendo su tratamiento al momento de dictar sentencia.

Dicho modo de resolver importó el sometimiento de la legisladora al proceso judicial, con todo lo que ello implicó, llegándose hasta el extremo de proveer la prueba de absolución de posiciones ofrecida por el actor.

Ante ello y en procura de lograr el respeto por la norma constitucional, la demandada decide promover el juicio político en contra del Juez actuante.- Siendo ello así, he de señalar principalmente que cuando se presenta como en este caso una demanda cuya pretensión resulta objetivamente improponible porque se sabe desde un principio, ya que así lo informa la demanda, que el proceso iniciado contra la legisladora tiene por objeto determinar la eventual responsabilidad que le pudiera corresponder por opiniones y expresiones vertidas en ejercicio de su función, el juez de la causa debe rechazar in limine la demanda, al comprobar que carece de la facultad de juzgar el caso, pues por expresa prohibición constitucional (Arts. 68 y 103) el objeto de la pretensión no puede ser juzgado, encontrándose incapacitado para decir el derecho, al faltarle la "iuris dictio".

En estas situaciones se dice que la controversia no puede ser sometida no ya a un determinado magistrado, sino a todo el organismo judiciario ... No se trata pues, propiamente de una forma de la incompetencia. Se trata de la negación del poder de juzgar del punto de vista de la violación de la ley ... (Peyrano- El proceso atípico- páginas 36/55).

Preguntándose el autor, al que vengo siguiendo ¿cuándo un juez se encuentra en dicha situación?, la respuesta que dá es sencilla: cuando el tribunal se encuentra en la imposibilidad de juzgar el objeto de la pretensión propuesta.- Lo que impondrá sin duda una resolución "bien fundada" en el sentido de expresar acabadamente los serios motivos que movieron al órgano jurisdiccional a formular en el caso un respuesta jurisdiccional discordante respecto de la expectativa que tenía el actor acerca de que el proceso que se generara tuviera un desarrollo completo y no abortado (autor y obra citada).- Por otro lado y ante la similitud que presenta la figura examinada con la excepción de falta manifiesta de legitimación para obrar en el actor, se postula que aquélla puede quedar sujeta (haciendo la salvedad de que su resolución siempre será apelable) al trámite y resolución previsto para la excepción de mención.- De igual modo y a los fines de despejar cualquier duda que pudiera surgir al respecto, se podría decir mutatis mutandi que si "Se demanda por daños y perjuicios a un juez en funciones como consecuencia del ejercicio de sus tareas jurisdiccionales.

Se propicia la idea de que ab initio debería declararse la improponibilidad objetiva de la pretensión contenida en la demanda respectiva, no debiendo, consecuentemente, imprimirse trámite a la misma.

Es que se está frente a una pretensión que adolece de la imposibilidad temporaria de ser juzgada y, en consecuencia, carece de la chance de recibir substanciación; y si todavía fuera tramitada y llegara la causa al estado de dictar sentencia de mérito, ésta, fatalmente, será adversa al pretensor, con desmedro para la economía procesal y con un inútil dispendio de la actividad jurisdiccional.

Relacionado con lo anterior, cabe consignar que si -por inadvertencia- se hubiera proporcionado trámite a una pretensión de dicha laya, igualmente el tribunal interviniente podría, en cualquier momento -oficiosamente o a pedido de parte- rechazarla, máxime cuando está en juego una suerte de garantía funcional teñida por el orden público" (Peyrano, Jorge W- Eguren, María Carolina- "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe"- T. I, pág. 165).- Sin duda la repulsa de plano sólo procederá ante vicios graves, evidentes, y manifiestos, supuesto que estimo era el de autos donde el actor pretendía llevar a proceso a una legisladora por expresiones vertidas en ejercicio de su función, lo que surgía claramente del propio texto de la demanda, pues en ella se consigna, "A fuerza de ser reiterativos, debemos remarcar que la accionada conocía que sus expresiones en el recinto resultarían agraviantes, ...". "Esa desafortunada intervención de la accionada en la Asamblea Legislativa ..." (sic).- Ahora bien, efectuada esta primera acotación, he de preguntarme, ¿qué actitud debe adoptar el órgano jurisdiccional ante situaciones de duda, como es el caso que suscita nuestra atención, donde el actor inicia el presente proceso aduciendo sentirse agraviado por los términos empleados en la denuncia formulada por la legisladora al promover su enjuiciamiento?.

Antes que nada, estimo deberá precisarse a los fines de determinar la eventual conexión que el pedido de juicio político pudo tener con la actividad que por aquel entonces desempeñaba la demandada, que la inmunidad de expresión del legislador debe ser interpretada en el sentido más amplio y absoluto, (C.S.N, "Varela Cid, Eduardo", El Derecho, t.150. p.325), siendo necesario recordar a este fin que la demandada al contestar demanda afirma con especial énfasis, que el pedido de juicio político se sustentó en la necesidad de restablecer la vigencia del orden constitucional, violentado por la actuación del juez en aquel proceso.- En estos casos se aconseja adoptar una actitud cuidadosa y ponderada respecto del juicio de proponibilidad objetiva dándole trámite a la demanda, pues sin duda será necesario un mínimo juicio de fundabilidad que importe el análisis de mérito de cierto y determinado elemento probatorio.

Pues, entiéndase bien, se habla de improponibilidad objetiva de la pretensión o de defecto "absoluto" en la facultad de juzgar.- Hecha esta pequeña aclaración la que es forzoso realizar, so riesgo de incurrir en contradicción, me avoco a verificar si en autos concurre al igual que en aquel otro proceso, un defecto absoluto en la facultad de juzgar por la improponibilidad objetiva de la pretensión.- A tal fin estimo necesario recordar, que en la causa de mención se pretendía determinar la responsabilidad de la legisladora por expresiones vertidas en ocasión de su función como tal.

Conforme fuera expuesto, ello no podía ser al contar la demandada con un privilegio absoluto que la eximía no solo de responder por las opiniones que hubiera emitido en el desempeño de su función sino que le concedía una exención absoluta de proceso.

Siendo ello así, habrá que inferir que la actitud de la legisladora solicitando el juicio político del actor, importó el cumplimiento de una conducta relacionada con la labor de control que le compete al Congreso en el marco del sistema institucional argentino.

Así puede verse que en ejercicio de su función como legisladora y en defensa de los fueros parlamentarios y de la independencia del Poder que representa, decidió promover el juicio político, tras la tramitación de una causa judicial que la sindicaba como demandada, y que procuraba determinar si las expresiones vertidas por ella en oportunidad de realizarse una asamblea legislativa, revestían el carácter de lícitas o ilícitas.

La labor parlamentaria no queda limitada a los actos parlamentarios típicos y a los actos paraparlamentarios, pues se ha visto concurren en dicho ámbito una multiplicidad de funciones, que responden en las sociedades modernas a una concepción dinámica de las tareas de los parlamentarios.

En tal sentido se ha señalado que "las opiniones comprenden, votos, discursos, informes, dictámenes, proyectos de leyes, resoluciones, declaraciones, homenajes y hasta actitudes ...". ("Pérez Guilhou y Otros, Derecho Público Provincial" T. II, páginas 140/141).- Desde dicha perspectiva entiendo, deberá examinarse la causa de justificación que se alega y que se sustentó en la necesidad de hacer respetar la vigencia del Art. 103 de nuestra Constitución Provincial, que consagra la inmunidad de opinión y de jurisdicción que tienen los legisladores.

Pues el criterio con que se analice la labor parlamentaria debe ser lo más amplio y flexible posible, siendo esencial a los fines de lograr la protección que brinda el Art. 68 de la C.N. y el Art. 103 de la C.P., un encuadramiento genérico de la labor, ya sea en la actividad legislativa típica que comprende a los proyectos de ley, votos y opiniones en las sesiones o ya sea en la parlamentaria que abarca a las labores de trabajo en comisión, información y control del Congreso.- De ahí entonces que la antijuridicidad se encuentra ausente en el sub-judice, al concurrir, como se aduce, una "especie de causa de justificación" que bien podría decirse, ampara y legitima sin condicionamiento alguno el actuar de la demandada quien como legisladora promovió el enjuiciamiento del actor.

Es decir, la inmunidad de jurisdicción opera en cierta forma por los efectos que produce como una causa de justificación, borrando de esta manera cualquier reproche que se le pueda hacer a la conducta de la legisladora, si ha quedado comprobado como en el caso analizado, que la actuación del juez ha violentado la inmunidad de opinión que supone lógicamente y por extensión, una inmunidad de proceso, respecto de la cual se afirmó la imposibilidad absoluta que tienen los legisladores no solo durante su mandato sino también después de concluido el mismo de ser sometidos a proceso judicial alguno.- Y sostengo que en el caso se excluye la antijuridicidad, pues concurre un título (causa de justificación) que obliga a soportar esa lesión extrapatrimonial exclusivamente a quien la sufre, es decir se trata de un sacrificio exigible al propio damnificado que se justifica o fundamenta en la primacía que tiene el ejercicio del control que le compete al cuerpo legislativo como representante del pueblo respecto a las funciones del poder judicial, y que se supone más valioso de aquel otro interés invocado por el actor.- Este razonamiento importa, por otro lado, adscribirse al criterio preponderante en la doctrina autoral la que compartida por nuestro más alto Tribunal en su actual integración, postula que las inmunidades parlamentarias deben ser interpretadas del modo más amplio y absoluto posible, pues ellas están destinadas a garantizar la independencia funcional de las Cámaras legislativas, así como la integridad de uno de los tres poderes del Estado.

Y es que los constituyentes de 1853 definieron el ámbito de estas inmunidades apartándose del modelo que principalmente habían tenido a la vista y le reconocieron una dimensión mayor, una más acentuada eficacia protectoria, tomando en cuenta "razones peculiares a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política"... enrolándose así a aquellas constituciones europeas como la de Francia e Italia que prescriben una interpretación amplia de la inmunidad parlamentaria en contraposición de aquellas otras -Estados Unidos- que protegen esencialmente la labor parlamentaria en el seno de la asamblea legislativa, tratándose en sustancia de una inmunidad funcional en razón del cargo, pero localizada en un ámbito ideal consistente en el Parlamento y sus comisiones anexas.

De lo hasta aquí expuesto, se podría concluir que en el sub-lite concurre, al igual que en la causa examinada, una demanda de objeto improponible, no obstante ello resulta conveniente analizar el segundo extremo de los cuatro que deben darse para que opere el deber de reparar, pues encuentro en el caso la oportunidad de recordar que este Cuerpo ha sostenido con anterioridad, que la solicitud de juicio político contra un magistrado, que resulta rechazada de plano por el Tribunal de Enjuiciamiento, genera una fuerte presunción del daño inferido al honor del magistrado. Y ello viene al caso, pues enfáticamente se afirma, que en la especie no hay daño porque el pedido de enjuiciamiento no prosperó.- Sobre el particular, dable será consignar, que se puede denunciar y pedir el enjuiciamiento, lo que no se puede hacer al ejercer ese derecho es agraviar gratuitamente al juez, pues la ilicitud dimanará sin duda de las formas y modalidades en que la petición denunciadora se lleve a cabo.- Siendo ello así, estimo que en el caso de autos se encuentra suficientemente acreditado el daño producido, el que surge en mi opinión como algo notorio de la misma naturaleza de los hechos que lo han causado.

Es decir, si como bien se ha sostenido "la petición de un juicio político es un acto de extrema gravedad institucional ..., y de amplia difusión social ... no puede negarse -so pretexto de ausencia de prueba directa- la existencia del desmedro espiritual que supuso para el Sr. Juez que se lo acuse de carecer de los conocimientos jurídicos necesarios para el ejercicio del mandato, como de su desempeño fuera del marco de la ley.

Abona esta postura el hecho que "en el ámbito extracontractual, el daño moral no requiere de una prueba directa de su existencia y entidad, ya que se manifiesta "in re ipsa", es decir por la propia calidad de la conducta y la condición del afectado que permiten inferir la trascendencia del agravio espiritual padecido". (Félix A. Trigo Represas- Marcelo J. López Mesa- Presupuestos de la Responsabilidad Civil- T. I. págs. 543/544).- De ello puede colegirse entonces, que la formulación del juicio político ha perturbado los sentimientos del juez, pues los fundamentos vertidos en la denuncia han sido sin duda desmerecedores de su personalidad.

Ahora bien, como dicho extremo debe ser ponderado teniendo en cuenta que no es su mera producción la que autoriza sin más la reparación, sino que deben darse todos los presupuestos del deber de reparar, pues el solo daño no posibilita el ejercicio de la pretensión resarcitoria, dable será consignar que si en autos, como se expusiera supra, medió la causal invocada, el daño que se causó fue justo desde el inicio, pues quien optó como en este caso por un interés más valioso, sacrificando el de menor entidad, no debe responder, siendo pertinente acotar al respecto que, "El derecho es un camino a la libertad.

Empero, una excepción a esa libertad de obrar se encuentra en la ilicitud, en el daño injusto, y una "excepción de la excepción" (Orgaz), un retorno a la libertad, en las causas de justificación, cuya nómina no se desprende de un catálogo o serie cerrada, sino que "pueden ser simplemente deducidas de los conceptos esenciales de las diversas instituciones y del espíritu de la legislación".

(Derecho de daños- Mosset Iturraspe Novellino- Tercera Parte- página 78).- "La antijuridicidad del daño desaparece cuando concurre una causa justificativa que lo legitima, o bien cuando existe una causa que la excluye y un derecho que ampara el actuar administrativo, generando la obligación jurídica de soportar el daño" (Tribunal Supremo de España, en autos "D. Jesús Emilio c/ G"- 18/10/1999).- En rigor, de lo afirmado no debe quedar la idea de que los excesos que se pudieron haber cometido al formularse el pedido de juicio político sean irreprimibles. Pues la Constitución ha fijado el ámbito en que estas cuestiones deben ser dirimidas.

Son las propias Cámaras del Congreso las que podrán corregir a sus miembros y hasta excluirlos de su seno. Por eso probada como en este caso "alguna conexión" de la expresión del legislador -diría yo la actitud de aquella solicitando el juicio político, con el desempeño de su función-, la corrección de los excesos no debe buscarse en la ley penal, ni en la civil, sino en la decisión política de la Cámara de corregirlo, removerlo o excluirlo de su seno.

Así la aplicación de estas sanciones impedirá que en lo sucesivo, el honor de los habitantes pueda ser vulnerado, ... "ya que es preferible tolerar ese ocasional exceso, a introducir el peligro de que sea presionada o entorpecida la actividad del Poder Legislativo ...", (del voto del Dr. Fayt en autos CS, 2004/10/05- Marín, Rubén H. c. Fernández, Pablo D.).- La interpretación asignada a la cláusula constitucional, me induce a pensar que la resolución impugnada resulta insostenible, desde que, a tenor de las constancias que obran en la causa, no es posible concluir en que las expresiones de la demandada carezcan de conexión alguna con la tarea legisferante que por aquel entonces aquélla desempeñaba.- Sobre tal base aprecio que, si bien es cierto, el actor pudo lucir al tiempo de interponer la demanda una posición que, prima facie, no lo privaba de la posibilidad de obtener un respuesta jurisdiccional acorde a su pretensión, desde mi punto de vista, no es menos cierto que al momento de decidir, y ya con los elementos aportados por él a estos autos, resulta claro que este Tribunal carece de potestad para juzgar el objeto de la pretensión, al procurarse nuevamente se determine la responsabilidad de la legisladora por una actitud vinculada con el ejercicio de su función, por lo que estimo deberá rechazarse la demanda.

Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que los colegas preopinantes en minucioso análisis de la situación planteada, exhiben en medulosas exposiciones opiniones disímiles, sin embargo desde diferentes ópticas coinciden en propiciar la revocación del fallo.- La situación así presentada limita mi posición al respecto, pues por un lado la suerte del recurso está definida, mientras que las diferencias en los fundamentos me obligan a inclinarme por uno de ellos.- De este modo, haciendo abstracción de mi genuino parecer sobre la cuestión, me aúno al enfoque y argumentos formulados por el Dr. Cáceres y, en honor a la brevedad y en mérito del voto adhesión que me permite expedirme sin mas términos que expresando su sola denominación, me adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido. Es mi voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Lilljedahl dijo:

Costas por su orden (en todas las instancias), por lo novedoso de la cuestión dilucidada y porque bien pudo el actor creerse con derecho a litigar. Así Voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme a los fundamentos efectuados y teniendo en cuenta que en autos el actor bien pudo creer que le asistía el derecho a litigar, propicio la imposición de las costas por el orden causado. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero una vez más a lo expresado por los señores Ministros que me preceden en el Acuerdo respecto a la presente cuestión, votando en consecuencia en el mismo sentido.- En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procuradora General subrogante en su Dictamen Nº 113/02, LACORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar la Sentencia Definitiva Nº 34/02 (Expte. Cámara Nº 205/00, fs. 196/215); consecuentemente revocar la misma en todas sus partes, rechazando la acción de daños y perjuicios deducida por el actor.- 2) Costas en todas las instancias en el orden causado.- 3) Hágase saber a al Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Segunda Nominación, que deberá proceder a la devolución del depósito judicial, obrante a fs. 1 de autos, a la recurrente.- 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.- 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.-