marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interrogatorio policial, declaración policial, medidas urgentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sr. Agente Fiscal de Ministerio Público Dr. Emilio Canavesio s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-12-01

El Código Procesal Penal autoriza el interrogatorio sumario de los detenidos realizado ante los funcionarios policiales intervinientes, solamente en caso de considerar la autoridad correspondiente, que median razones de "urgencia" para que se brinde ese interrogatorio sumario. El mismo reposa en la circunstancia de que la Policía, por la función pública que realiza está obligada al cumplimiento de los deberes que la ley les acuerda, entre ellos interrogar sumariamente a los detenidos en casos de urgencia -art. 197 C.P.P., debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico vigente garantiza dichos cumplimientos con previsiones de responsabilidad penal.

El ejercicio de esa actividad se halla limitada exclusivamente al cumplimiento de dos condiciones esenciales: que sea sumario y que medie una razón de urgencia para efectuarlo.
Daño simple, taxi, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: GRECO, Jonathan Emanuel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

El daño causado a un automóvil de alquiler -taxímetro- tipifica el delito de daño simple, y no el de calificado, ya que el sentido de la agravante, no resido sólo en la posibilidad de acceder a su utilización, ni en el dominio público de la cosa, sino en una conjunción de factores, de la cual el hecho de que la cosa "esté librada a la confianza pública" es un elemento determinante.

El sentido de la agravante se aquilata en su valor en el caso de un banco de plaza; el que no sólo es de utilización pública sin restricción alguna, sino que además de halla librado a la confianza del público, que es, a la vez, su titular y custodio.

La agravante se basa en el respeto a las cosas de uso público, que deben ser respetadas de una manera especial, debido a que todos pueden acceder a ellas, de modo que quien las daña provoca una lesión a la sociedad más que al Estado (*).

En el caso de un automóvil de alquiler, su uso se encuentra restringido a la celebración de un contrato de transporte entre pasajero y conductor, por ende su uso no es público; ni se halla librado a la confianza pública como un monumento o una señal de tránsito. Se trata de un bien de naturaleza privada, el que puede ser utilizado por cualquiera que contrate su servicio y se encuentra bajo la custodia de su conductor.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito daño simple (del voto de los Dres. Bunge Campos y Gerome).
Sociedad conyugal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de Catamarca c/ Rossi, Jorge Ricardo y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-20

El art. 1276 del código civil sienta el principio general de que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de los bienes que adquiere. Este principio general contiene una limitación de carácter excepcional contenida en la norma del art. 1277, que prohibe a cada uno de los cónyuges realizar cierto tipo de actos de disposición sin la concurrencia del consentimiento del otro.

Esta excepción debe interpretarse restrictivamente y su aplicación no puede extenderse ni ampliarse por vía analógica, sino que se ha de limitar a los supuestos contemplados por la norma.

Este consentimiento que debe prestar uno de los cónyuges al otro, administrador de los bienes gananciales, está orientado a prevenir el abuso o el fraude de uno de los esposos, evitando el empobrecimiento de la sociedad conyugal, a través de malos negocios; por eso se exige que el administrador coincida con su cónyuge en la conveniencia de la enajenación o gravamen. Se trata de una limitación en las facultades de administración y no de una incapacidad de hecho o de derecho.

En el caso, la cónyuge prestó su consentimiento para que su esposo -cónyuge administrador- pueda gravar el bien mueble registrable -tinglado parabólico- en el marco de las normas que organizan la constitución de gravámenes reales sobre muebles registrables. Ahora bien, cuando consiente, está aprobando el acto realizado por su esposo, pero ello no la convierte en co-deudora, pues se mantiene la distribución de responsabilidades que fija el art. 5 de la ley 11.357. Ello así, el consentimiento dado por la conyuge sobre el bien mueble registrable, no la obliga a responder por la deuda contraída por el otro, ya que en virtud del art. 1277 del C.C., una vez prestado en consentimiento no asume ninguna responsabilidad ante terceros.

En consencuencia, corresponde hacer lugar a la apelación deducida por la co-demandada, en contra del decisorio que rechaza la excepción de inhabilidad de título por ella interpuesta, revocándose el mismo sólo en lo atinente a la defensa opuesta, declarándola procedente por cuanto carece, la excepcionante de legitimación pasiva para ser demandada.
Procesos de conocimiento, prescripción, rechazo de la demanda, revocación de sentencia, jubilaciones, pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sanatorio Bernal SRL y otros UTE c/ EN- M° Economía y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

Pretensión dirigida a obtener el cobro de una deuda del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por prestaciones supuestamente impagas. Planteo de prescripción que es rechazado por los efectos que proyecta el expediente administrativo en trámite. Defensa de falta de legitimación pasiva deducida por el Estado Nacional. Trámite de reconocimiento de deuda consolidada y el dictado de normas reglamentarias. Legitimación para demandar de una Unión Transitoria de Empresas. Falta de prueba acerca de la materialidad de las prestaciones médicas. Doctrina de la buena fe en la actuación administrativa. Se revoca la sentencia y se rechaza la demanda.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Avalo, Abrahan Gustavo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-02-25

En la acción de amparo la facultad otorgada a los jueces de declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se fundamenta el acto lesivo, no supone en modo alguno la posibilidad de emitir declaraciones abstractas de constitucionalidad, salvo que se esté en presencia de una acción autónoma de inconstitucionalidad o de una acción declarativa de inconstitucionalidad.
Recurso de queja (procesal), juicio abreviado, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: TURCUMAN Silvia Yamile s/ Adquisición de Dominio por Usucapión - Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-16

Es oportuno recordar que dado que se trata de una norma de excepción a los principios generales en materia de recursos, el art. 451 del Código Procesal Civil debe ser de interpretación específica.

Sobre esta base, cabe concluir que si bien la resolución apelada, en tanto no está referida a una sentencia definitiva o a una providencia que decrete o deniegue medidas precautorias, se excede el referido margen de inapelabilidad dispuesto por el mencionado art. 451 del CPCCM cuando la decisión impugnada es susceptible de ocasionar un perjuicio grave e irreparable o cuando media un exceso en las facultades privativas del juez.

Además, cuando el CPCCM habla de sentencia definitiva, no necesariamente es la que resuelve el fondo del asunto sometido a decisión, sino que es equiparable a ella la que pone fin al proceso por el tratamiento de alguna otra circunstancia, como puede ser la vía de la perención.
Pago parcial, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: LEMAN S.A. c/ M., G. y Otros s/ EJEC. ALQUILERES s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-13

"Cuando el pago, aunque parcial, satisface alguno de los rubros de la acreencia total, el acreedor debe recibirlo; cubiertos los réditos que deben ser abonados en primer término, el saldo se deriva automáticamente al capital, que en la medida consiguiente queda saldado parcialmente, y a partir de que el acreedor pudo disponer del depósito, deja de devengar intereses".
Nulidad del acto jurídico, auto de elevación a juicio, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GIRI, GUSTAVO GONZALO Y CHOCOBAR, RAMON ANTONIO. s/ HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO AGRAVADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-03

El auto de Requerimiento de Elevación presupone la previa declaración de los imputados, cuya exigencia reconoce, por vía de interpretación extensiva la fuente constitucional del art.

18, ya que nadie puede ser condenado sin ser oído; además debe versar sobre el hecho que tuvo en cuenta en la declaración o que surgió de la exposición, estableciéndose así el vínculo entre ambos actos, estos elementos se encuentran plasmados con creces en el Requerimiento en crisis, a mas de contar con un cúmulo importante de probanzas que lo sustentan, lo que posibilita al nulidiscente la refutación en la etapa prevista en el art. 376 procesal (D'Albora, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación", editorial Abeledo-Perrot, Bs. As. 4° edición 1999, pág. 608).

En definitiva el hecho imputado en el requerimiento ha sido descripto en forma clara y precisa y es coincidente con la declaración de un gran número de testigos con respecto al lugar, la hora y modo en que se desarrolló el acontecimiento histórico punible.

La trasgresión a la defensa en juicio como causal-esgrimida por defensa- debe resultar del acto procesal irrito, el cual requiere una entidad manifiesta que torne el acto insalvable al no tomar en cuenta los recaudos necesarios para su concreción. El nulidiscente tampoco manifestó el interés legítimo, concreto y no exhibió un motivo de indefensión o de restricción ilegítima de sus derechos o intereses en el proceso o las medidas que se abstuvo de plantear (Principio de instrumentalidad).

Al no ser posible la nulidad por la nulidad misma, y no emerger un menoscabo en los intereses de la defensa, éste Tribunal considera que las nulidades procesales en materia penal solo son admisibles si se acredita que de la violación de las formas del proceso han ocasionado un perjuicio concreto para el nulidicente.

No existiendo nulidades en el solo interés de la Ley o para satisfacer pruritos formales, por lo que no se observa que la nulidad invocada por la defensa haya enervado las facultades del dictado del remedio nulidificante en contra del Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio, Art. 155, 186 inc. 3ro, 187, 189 inc. 1° CPPT.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Falivene, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Cardillo, Antonio Salvador R. c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24|2004-03-01

En materia de determinación del haber previsional constituye un principio básico el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad, principio que tiende a que el beneficiario conserve una situación patrimonial equivalente a la que le correspondería de haber seguido prestando servicios, lo cual no se cumpliría si se accediera al reajuste pretendido, pues llevaría al absurdo de una prestación jubilatoria superior a la que gozaba el accionante al tiempo de prestar servicios.
Títulos ejecutivos, títulos de crédito, alteración del título, fecha del título, rectificación de la fecha
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Rómulo Félix c/ Catán, María Cristina s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-04-05

Si nos atenemos a la definición del término "alterar" que en nuestra lengua se traduce por "cambiar la esencia o forma de una cosa", deberemos acordar que tal procedimiento en modo alguno ha tenido lugar en el texto del documento que sirve de base a la presente ejecución, ya que en el mismo, no se ha "alterado", la fecha en él inserta, sino que, meramente, se ha hecho constar mecanográficamente la cifra 2000 para determinar el año de emisión del mismo.

Esto es así ya que no podemos atribuirle a la cifra "199", el carácter de año de emisión, como el recaudo formal indica (art. 101 inc. 6 Dec. Ley 5965/63), ya que es de público y notorio que en el año 199 no existían los pagarés tal como hoy los concebimos.

A partir que no se "alteró" en modo alguno uno de los recaudos formales exigidos mediante la inclusión del texto "2.000" en el formulario utilizado, desde este ángulo no cabe modificar lo resuelto por la "a quo".

Desde el punto de vista jurídico tampoco resulta aplicable al caso en consecuencia, lo dispuesto específicamente por el artículo 88 del Dec. Ley 5965/63 aplicable por la remisión que efectúa el art. 103 del mismo cuerpo legal, en cuanto a lo dispuesto para los casos de alteración del texto ya sea de la letra de cambio o del pagaré. Fundamento del Dr. Pignocchi.
Leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, docentes, acumulación de cargos, horas cátedra
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Segurado, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 440 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-25

El examen de constitucionalidad ha de limitarse al caso concreto traído a decisión, es decir, debe entenderse referido a los aspectos que interesan en atención a las pretensiones ejercidas por las partes. Así, alcanzará sólo a las normas cuya aplicación es necesaria para la decisión del caso, y no a una ley genéricamente considerada. De ello se deriva que, en el sub lite, el cuestionamiento efectuado por la actora debe entenderse dirigido al artículo 4 de lal ley 6779, en tanto impone un límite de acumulación de 30 horas para los docentes que dicten exclusivamente horas cátedra, en tanto ese fue el impedimento para que el cese haya sido por la totalidad de las horas que la recurrente dice efectivamente desempeñadas.
Personal de casas particulares, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BERACOCHEA RODRIGUEZ, Modesta c/ BLUMENFELD, Salomón s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-16

El plenario "Goldberg C/ Szapiro", dictado por las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo y en lo Comercial el 3/10/50 (DT XI-358; LL, 62-683) tuvo por objeto determinar el paso a seguir respecto de las acciones interpuestas en el fuero del trabajo fundadas en las leyes 11729 y 12921. Los tribunales debían asumir la competencia y si no se acreditaba el vínculo laboral invocado, debían desestimar la demanda. La situación es otra cuando el reclamo versa sobre relaciones laborales que de acuerdo a alguna subclasificación deban someterse a diversas competencias pues en el caso del servicio doméstico, aún cuando deba entender otro tribunal, no puede negarse su naturaleza laboral.(Del voto del Dr. Guibourg).
Peritos, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Ramón c/ Arriazu Moure y Garrisino SAICIF s/ Accidente-Regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-05-10

lo relacionado con la exclusiva presentación del trabajo pericial, como asimismo, contestación de explicaciones, observaciones o impugnaciones y hasta el pedido de regulación de honorarios, no requieren de la exigencia del patrocinio letrado obligatorio dispuesto en el art. 56 del C.P.C. y C. pues en estos casos están cumpliendo con su función específica de auxiliares de la justicia.

En cambio, cuando se trata de impugnaciones de los honorarios producto de esa actividad o su consecuente ejecución, el perito se convierte en parte en el proceso, como titular de una acción, quien reclama el auxilio de la jurisdicción. (...escritos...que sustenten o controviertan derechos, dice el art. 56 C.P.C. y C.).
Fundamentación de sentencias, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorenzino,   Gerardo   Augusto c/ Instituto   Argentino del Diagnóstico y Tratamiento S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estimen conducentes para fundar su decisión.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Galiano, Carlos Jorge c/ B.A.N.A.D.E. s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

El voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional, por medio del recurso extraordinario.
Honorarios del perito, cobro al cliente, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPASIDERO DE JUAREZ, Ana M. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

La postura jurisprudencial que afirma la posibilidad de que el perito cobre sus honorarios a cualquiera de las partes, inclusive a la vencedora en costas, sin perjuicio del derecho de repetir de la contraparte la suma que resultare haber abonado en exceso en virtud de la forma en que se impusieron las costas, no es más que un criterio que debe ser aplicado adecuadamente y teniendo en consideración cada caso en particular.
Reforma del Estado, privatizaciones, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La última parte del art. 10 de la ley 23.696 no posibilita la derogación por el Poder Ejecutivo de "regulaciones" de servicios fuera de un determinado proceso de privatización.
Ejecución fiscal, mandamientos, extraña jurisdicción, acción de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) c/ AICE S.A. de Ahorro Prev. y Prest. para Fines Determinados s/ ejecución fiscal -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-03

Procede declarar la nulidad de la ejecución cuando el domicilio que se consignó en el mandamiento, no coincide con el domicilio fiscal de la ejecutada. Ello es así en tanto la ejecutada presentó el formulario F.560, solicitando la inscripción de nuevo domicilio con anterioridad a la promoción de esta ejecución.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milone, Liliana c/ Guillen, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-01

El principio de congruencia significa que, como regla general, debe existir correspondencia perfecta sobre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el Juez debe pronunciarse sobre todo lo que temporánea y formalmente se le pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas, y debe dictar el fallo basándose en los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (SCBA en Ac. en Ac. 50.077).-
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: SALAZAR, IRENE. c/ DI TULIO S.A. s/ DESPIDO. INDEMNIZACIÓN. Ponce, Alicia. c/ Exhibidora Viedma y/o Hartman Vda. de Alvarez Tapie. s/ Salario.  Remuneración  en  Especie. Reclamo. Inaplicabilidad de Ley. Fernández, Hugo Aleardo c/ Zumos Argentinos SA. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-10-29|1987-12-07|1989-03-08

CON ARREGLO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 245 LCT DEBE INTERPRETARSE QUE LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA ES EQUIVALENTE AL MEJOR SUELDO MULTIPLICADO POR DOS, SIN APLICACIÓN DEL TOPE QUE PARA FIJAR LA BASE EN FUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VITAL ESTABLECE EL PÁRRAFO ANTERIOR.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DURANTE DE MORO YOLANDA c/ STATKIEWICZ MIGUEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

A los efectos de establecer si la velocidad era la adecuada, debe estarse a la permitida en el lugar del accidente, conforme los carteles indicadores puestos en el mismo por la autoridad competente.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gillioni c/ MONSA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Si el hecho dañoso cuya reparación se reclama fue causado por terceros ajenos a la emplazada - en el caso, los malvivientes que subieron al transporte y que ninguna relación tenían con la empresa -, el accionar de aquéllos configura, sin duda, un supuesto de caso foruito o fuerza mayor apto para eximir de responsabilidad a la transportadora. El asalto que efectúan personas extrañas al transportista no constituye una circunstancia relacionada con el hecho del transporte; por elcontarrio, es un hecho extraño al mismo que, aunque de acuerdo a la realidad social que estamos viviendo puede calificarse de previsible, resulta para las empresas de transporte automotor inevitable, atento principalmente a la gran cantidad de colectivos que hoy en día invaden las calles y la inumerable cantidad de personas que lo utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, en el caso ninguna responsabilidad puede atribuirse a la demandada, pues el daño no provino ni del vicio ni del riesgo de la cosa de su propiedad, ni del hecho de su dependiente, tratándose de un acto efectuado por un tercero por el que no se encuentra obligado a responder. La situación vivida por el pasaje escapa a la esfera de probabilidades ordinarias que deben tener en cuenta una empresa que presta servicio de pasajeros, encuadrándose la misma dentro de las causales previstas en los arts. 184 del Código Comercial y 514 del Código Civil.
Juicio de alimentos, mediación, requerido, domicilio en el extranjero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R.P., F. c/ D.K.V., R.L. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-04

El hecho de que el alimentante resida en el exterior, no es óbice para el cumplimiento de la instancia conciliatoria establecida en la ley 24.573, cuyo art. 11 al exceptuar de comparecer personalmente a las personas domiciliadas a más de 150Km. de esta ciudad, dispone que podrán hacerlo por apoderado.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA JOSE ANTONIO c/ POLANCO SERGIO DANIEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La abolladura en la llanta delantera de la motocicleta es la que puede dar noticia del embestimiento de ésta contra el automotor y no la cubierta, dado que en razón de la naturaleza flexible que le es propia puede embestir un elemento duro sin destruirse o, siquiera, marcarse.
Nulidad procesal, requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: COZZA, Héctor R. y otros s/ infr. ley 23737 Causa nro. 12.994
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

No procede la nulidad articulada ante la falta de requerimiento fiscal de instrucción, ya que al ser la génesis de la presente investigación la actividad prevencional desplegada por la autoridad policial en el marco de una investigación que se venía ya desarrollando, también bajo la dirección del Juzgado Federal de Dolores, no se aprecia necesaria la formulación del requerimiento por parte del Ministerio Público. Ello así, puesto que la prevención policial es una de las formas de iniciación del proceso que, como bien señala el fiscal ante esta Alzada, desplaza la necesidad del requerimiento cuya ausencia, en este caso, agravia a las defensas