marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sola Juan José c/ Ares Marcelo s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Quien vende un automotor tiene la obligación de entregar la cosa vendida con todos sus accesorios, como es el caso de la documentación necesaria para la inscripción del automotor.
Interpretación de la ley, gobierno de facto, estado de sitio, privación ilegal de la libertad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043 -. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

De los debates parlamentarios surge nítidamente que la finalidad de la ley 24.043 fue otorgar una compensación económica a personas privadas injustamente de su libertad durante la vigencia del estado de sitio impuesto en el último período de ruptura del orden constitucional.
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, apreciación de la prueba, legítima defensa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Cabe dejar sin efecto la sentencia que denegó el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia que la condenó a doce años de prisión por homicidio simple de su conviviente y padre de sus hijos, pues la Corte local no cumplió con las pautas de revisión y control de las condenas que surgen de la doctrina establecida por la Corte Suprema en el precedente "Casal" (Fallos:328:3399), ya que obvió o no consideró debidamente elementos probatorios esenciales para resolver el recurso, como obviar una circunstancia clave para dilucidar el estado físico, en los momentos inmediatamente posteriores al homicidio, de una imputada que decía haber matado sin querer cuando se defendía de una golpiza, lo que no fue analizado ni valorado en su digna dimensión.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empleados públicos, deberes del funcionario público, injuria laboral, deducciones salariales
Materia: Administrativo
Carátula: Gimenez, Nestor Albino c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-10-07

Si el proceder de los accionantes no constituye el ejercicio del derecho de huelga, ni tampoco implica el ejercicio lícito de norma legal alguna, resulta claro que corresponde analizar las consecuencias jurídicas que importa tal proceder. Es evidente que la relación laboral implica una serie de derechos y obligaciones recíprocas a la que deben ajustar su cometido las partes, y entre los deberes a cargo del subordinado están la buena fe, lealtad, disciplina y obediencia y además lógicamente el cumplimiento fue omitido por los actores, actitud ésta que importa un incumplimiento de sus obligaciones y deberes, una injuria, y autoriza a la parte afectada, al descuento de sus haberes.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, hipoteca, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: JUAN PEDRO KONIGSBUCH Y OTRA. s/ DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Es competente para conocer de la presunta comisión del delito de desbaratamiento de derechos acordados, el juez del lugar donde se suscribió la escritura de constitución de una hipoteca conteniendo la prohibición de enajenar o comprometer en venta el inmueble, respecto del cual se había suscripto un boleto de compraventa.
Cuestiones de competencia, competencia comercial, deportistas profesionales, jugador de fútbol
Materia: PROCESAL
Carátula: HERRERO ALVAREZ, María C. c/ MAIDANA, Julián E. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Resulta competente la Justicia Comercial en la demanda por cobro de pesos que se sustenta en la adquisición de los derechos federativos de un jugador de fútbol, así como de los derechos a la transferencia y contratación de aquél por cualquier club del país o del exterior.

Ello por cuanto las obligaciones contractuales -que motivan el reclamo- llevan implícito el lucro y la especulación de todo acto de comercio.
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López Mesa Juan Carlos c/ Min. de Ed. y Justicia (C.O.N.E.T.) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

En principio, las omisiones observables en sede administrativa no importan violación de la defensa en juicio, cuando el posterior trámite judicial ofrece oportunidad para subsanarlas (C.N.Fed.

Cont.Adm., Sala IV, 25/10/94, "González", D.J. del 26/7/95).
Trabajadores ferroviarios, adicional por zona, decretos, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, JESUS AMERICO Y OTROS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-31

El Poder Ejecutivo, al dictar el decreto 2681/80 que cambió el texto del artículo 33 del CCT. 21/75 "E", no adecuó su proceder a la delegación impuesta por la ley 21476, por lo tanto, el mencionado decreto resulta inconstitucional (artículo 86, inciso 2, Constitución Nacional).
Acción contencioso administrativa, solve et repete, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-06-07

La actora no ha acudido a los estrados judiciales habilitando convenientemente la instancia; por los efectos que como precedente pudiera tener el presente decisorio, el precepto del art. 54 del Código Fiscal se trata de una norma de inexcusable cumplimiento, como principio, y se extiende a todo tipo de contribuciones que perciba el Estado. Se erige, de tal modo, en una condición para que quede expedita la acción contencioso- administrativa ante este Tribunal.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEDESMA CARINA DE CAMPO c/ KOROLIK LILIANA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Si la contraria afirma la inexactitud de la situación patrimonial descripta por el peticionario del beneficio de litigar sin gastos, debe aportar lo necesario para justificar los hechos positivos que pusieran de manifiesto la existencia de otros recursos.-
Quiebra, rehabilitación del fallido, efectos entre partes, embargo de la remuneración, levantamiento de medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Juarez, Diego Patricio  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Los bienes adquiridos con posterioridad al decreto que dispone la rehabilitación escapan al ámbito de la quiebra. Sin embargo, el activo proveniente del embargo de los haberes del fallido merece un tratamiento diverso. En efecto, estímase que si el emolumento percibido por la relación laboral, en su proporción legal embargable, emana de una relación de empleo de origen anterior al decreto de falencia o nació mientras el deudor se encuentra fallido, dicho bien importa la existencia de un activo generador de frutos de origen preconcursal o concursal que por ello persiste afectado a la satisfacción de los acreedores del concurso. Ello así, en tanto resultaría paradójica la circunstancia de que aquél que se encuentra en estado falencial y generase una fuente laboral de ingresos alcanzada dentro del marco de la quiebra, habiendo incumplido sus obligaciones y no honrando sus deudas, pueda sustraerse de la posibilidad de resarcir a sus acreedores por su incumplimiento, transcurrido un año desde el decreto de quiebra, encontrándose en mejor posición que aquél que se halla in bonis, y atendiendo a sus obligaciones sometido a un embargo, como ocurre con cualquier demandado en un juicio ejecutivo individual. En este contexto no cabe levantar el embargo sobre los haberes del fallido rehabilitado.
Honorarios, aplicación de la ley, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: LETIZIA, CARMELO c/ EFA s/ INDEMNIZACION ART. 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

El tope de responsabilidad que establece el art. 1 de la ley 24432, que modifica el art. 505 del C.Civil no impide regular honorarios en medida superior, ya que subsisten las reglas arancelarias específicas no derogadas ni sustituidas por la normativa en cuestión y no se debe confundir el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción. Ello sin perjuicio de que en la etapa procesal oportuna peticionen los interesados los que estimen pertinente.
Impuestos, exenciones impositivas, cooperativa de trabajo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Condor  Arquitectura  e  Ingeniería   Coop Trab L (TF19021-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-06

La exención prevista en el art. 7, inc. h), apartado 20 del texto actual de la ley de IVA que mantiene el anterior, expresamente equipara la situación de los socios de las cooperativas de trabajo -que ponen a disposición de dicha entidad sus servicios personales, para que ésta a la vez los coloque en el mercado- y los asalariados de otras entidades o empresas. De tal manera no sufren la carga tributaria, por el hecho de participar de aquella modalidad cooperativa, los servicios que trabajadores ponen a su disposición y que la entidad organiza y proporcionan a terceros. De otro modo correspondería, por la circunstancia de prestarse un servicio lucrativo encuadrado en el hecho generador y no existir relación de dependencia, lo que explica que sean declarados exentos. Quiere decir que se trata de evitar el tributo sólo sobre ciertos, no todos, los actos cooperativos de una cooperativa de trabajo (art. 4 de la ley 20.037), contemplando la situación de trabajadores que no están en relación de dependencia, con el objeto de no descolocarlos competitivamente por la circunstancia de haber elegido tal modalidad cooperativa. Pero esta situación nada prejuzga ni implica para que los servicios que, a título oneroso, a su vez presta la cooperativa a terceros, como sujeto enunciado por la ley y no exento como consecuencia del carácter económico o productivo de aquellas, sean considerados como actos cooperativos gravados, como lo son los de otras entidades cooperativas instituidas como sujetos pasivos por el ordenamiento en virtud de un criterio generalizador impuesto a partir de la ley 23.765 Ello significa que todos quedan alcanzados, más allá de que puedan trasladar o no la carga tributaria al que resulta ser usuario (Cons. IV).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-03


Salta, 3 de Febrero de 2011.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ROLDAN, MARCELO VALENTIN; ROLDAN, JUANA; ROLDAN, JULIA Y OTROS vs. ROLDAN, GUILLERMO LEONCIO; ROLDAN, CELIA - DIVISION DE CONDOMINIO" - Expte Nº 47926/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 7º Nominación (Expte. N° CAM 6.968/0 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Viene apelada por el Dr. Diego Iglesias, por Bersabel Díaz, la regulación de honorarios practicada a fojas 356/357 presentando su memorial a fojas 268/369, donde expresa que son elevados los montos fijados. A fojas 371 /372 produce su responde los actores, solicitando se declare desierto el recurso por los motivos expuestos.

Sabido es que la apelación debe cumplir con la carga procesal impuesta por el artículo 255 C. Pr., que dispone que ésta debe contener una crítica concreta y detallada del fallo en crisis, indicando, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que así considere, ya que es la pieza jurídica que fija los límites dentro de los cuales debe moverse el Tribunal. (cf. Fallos de esta Sala II, 1991, fs. 359/360, t. IV, fs. 419 entre otras).

Así, conforme reiterada jurisprudencia para fundamentar la apelación, no procede reiterar argumentos sostenidos en primera instancia, pues ello no implica la crítica razonada de las cuestiones resultas por el a quo. En el memorial debe el apelante rebatir los argumentos del Juez, y el escrito de fojas 268/269, no se expresa la circunstancia apuntada, ya que sólo denota disconformidad con lo resuelto por el Juez de 1º instancia, sin contener una crítica idónea para mantener la instancia recursiva, como lo exige la ley de rito. La expresión de que, el monto fijado es elevado, es una frase que no constituye de ninguna manera un detalle del gravamen a la apelante, recaudo indispensable como se dijo, para la admisibilidad del recurso intentado.

Por lo que se declara desierto el recurso por insuficiencia del memorial.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Competencia de paz, leyes, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Susana c/ Romano, Ana Maria y/o Alloe, Antonio s/ interdicto de recobrar De Sante, Antonio c/ Roldan, Carina s/ desalojo C., C. A. s/ tutela S.M., E.R. s/ denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02|1995-11-20|1997-11-04|1998-04-30

Las normas que se refieren a la organización de los tribunales son de orden público. Las leyes que fijan la competencia absoluta, no son modificables por las partes, ni tampoco por la Corte o por ningún otro tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación de sentencia, amparo por mora, título universitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Belgrano, Lucio Gastón c/ Universidad de Buenos Aires-Ley 24521 s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

El juez de grado denegó el amparo por mora promovido por el actor contra la Universidad de Buenos Aires que tenía por objeto la emisión del título de Licenciado en Administración, decisión que fue revocada por la alzada, quien admitió la demanda. Para así decidir, el Tribunal consideró que, más allá de la exclusión o no de la feria estival, lo cierto es que el cómputo de ese plazo inicia con la solicitud del título, salvo que hubiere un incumplimiento de los requisitos por el interesado, en cuyo caso cobraría virtualidad la reglamentación invocada por la demandada y se entenderá como "inicio del trámite de solicitud" el momento en que se cumplan todos los requisitos formales y sustanciales. Asimismo, entendió que la materia sometida al juicio de amparo por mora tiene una dinámica que no permite una ponderación de manera consolidada al momento de deducir el escrito postulatorio, sino que exige el examen de su desarrollo en tiempo real, siempre - claro está- dentro de los límites procesales que -en el caso- autorizan la consideración del transcurso del plazo para emitir el acto como un hecho modificativo o extintivo de la pretensión durante la sustanciación del pleito. Sobre dicha base, consideró que, al momento de la sentencia, se encontraba ampliamente vencido el aludido plazo de 120 días.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, servicios de vigilancia, Policía Provincial, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE ABELARDO MORALES c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

Si de las constancias de la causa y de los términos del pronunciamiento impugnado se desprende que los recurrentes fueron suspendidos preventivamente en sus funciones y pasados a situación de disponibilidad, en abril de 1976, por decisiones administrativas expresas, y sin que mediara la detención preventiva de aquéllos, corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al cobro de diferencias de haberes con fundamento en que la medida adoptada respecto de lo actores resulta equiparable a la suspensión real de funciones como situación de hecho creada con motivo de la detención preventiva del empleado (arts. 60 de la ley 570 y 126 del Régimen Disciplinario Policial).
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: LABORATORIOS  RICHMOND  SACI Y F c/ ELI LILLY AND COMPANY Y OTROSS/ s/ CCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

El consentimiento al que se refiere no puede ser otro que el que está previsto por el art. 315 del Código Procesal, cuando dice "La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal.". Dicho consentimiento debe provenir del interesado en la perención respecto de un acto realizado por el tribunal o por la parte contraria, pero no en relación a un acto efectuado por la misma parte, como ocurre en la especie, toda vez que desde la apertura de esta instancia, el único acto impulsorio ha sido el retiro de copias del memorial realizado por la propia actora.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Constitución Provincial, código procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NICOLORICH, DINA ANGELICA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

La recurrente invoca la configuración de una hipótesis de contradicción entre la ley reglamentaria y la Constitución provincial, mas sin que sus argumentaciones logren demostrar una patente confrontación entre la decisión legislativa al establecer las normas de organización judicial y la disposición constitucional citada; no logrando demostrar irrazonabilidad o arbitrariedad en lo argumentado por la Sentenciante, que entendió que la Cámara organizada como Colegio en modo alguno contraría al artículo 84 de la Constitución provincial ya que ésta manda que las cámaras de apelación se integren con no menos de tres vocales y, en su caso, puedan, ser divididas en salas y el nuevo sistema prevé un Tribunal de Segunda Instancia con una integración superior a tres jueces y las Salas que intervienen en los casos concretos, según la mecánica prevista, serán uni o pluripersonal de acuerdo a los recursos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 84; Ley 13018, artículo 21.
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  EMBOTELLADORA  ARGENTINA  S.A.  SOBRE PEDIDO DE QUIEBRA POR ULTRALEAD CHEMICAL  S.R.L. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-28

Un contrato de compraventa y los instrumentos que justificarían la entrega de ciertas cosas, no acredita la prueba sumaria del crédito, conforme los alcances que deben otorgarse al art. 90 de la ley 19.551, careciendo tal documento del requisito de exigibilidad.
Cuestiones de competencia, competencia federal, servicios de transporte aéreo internacional, cancelación de vuelo
Materia: COMERCIAL
Carátula: S., D. y otros c/ Avianca s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-15

Deberá entender la justicia en lo Civil y Comercial Federal en la demanda por daños y perjuicios interpuesta por los actores por la cancelación de un vuelo internacional, habida cuenta que la causa del reclamo de los coactores aparece conectada al incumplimiento de la demandada en la adecuada prestación del servicio de transporte aéreo y, si bien se encuentra involucrada una controversia de índole mercantil, no puede desatenderse que la dilucidación del reclamo objeto de este proceso exigirá, en principio, el análisis y la aplicación de normas nacionales e internacionales que regulan la actividad aeronáutica, en particular, la posible incidencia de cuestiones de política aérea cuando involucran las disposiciones relativas a los deberes y obligaciones de las compañías aéreas, y que, además el reclamo deberá analizarse teniendo en cuenta las normas que regulan dicha actividad en conjunción que disposiciones de Estados extranjeros.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tuffano, Arturo c/ S.I.C.S.A.  S.A.C.I.F.I.A. s/ Cobro de pesos ordinario Gabriele, Nicolás y otro c/ Fernández, Daniel Esteban s/ Daños y perjuicios Lipovetzky, Bernardo c/ González, Alberto y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27|1996-09-03|1996-12-27

Para que la pluspetición produzca consecuencias desfavorables respecto del vencedor, la otra parte debe haber admitido el monto hasta el límite establecido por la sentencia (art. 72, C.P.C.).
Derecho procesal, partes del proceso, costas, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Colcar Merbus c/ Fys Group s/ cobro ejecutivo Establecimiento Gráfico Cortiñas Hnos. SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22|2019-08-13

La eximición de costas autorizada por el CPR 68, segundo párr., procede -en general- cuando media "razón suficiente para litigar", expresión que contempla aquellos supuestos en que por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado. En este marco, cabe puntualizar que la "razón suficiente para litigar" que autoriza a apartarse del principio general de la derrota, no importa la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para liberarlo de las costas (CNCom, Sala A, 7.11.89, "Angeba SA s/ quiebra s/ pedido de extensión de quiebra a Barleón SA"; íd. 18.6.06, "Torres Darío Raúl y Otro c/ Sanbro SRL Viviendas La Solución s/ Ordinario"; íd. Sala B, 25.2.93, "SA La Razón s/ conc. prev. s/ inc. de cobro de crédito").
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 116 San Miguel de Tucumán, 08 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado de la parte demandada en autos: "Urbina, Lucía Graciela vs. E.D.E.T. S.A. s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de queja presentado por el apoderado de la parte demandada contra la resolución de fecha 9/12/2003 (fs. 30) dictada por la Sala IIª de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, en la cual se resolvió no conceder el recurso de casación que se había interpuesto contra la sentencia de fecha 30/9/2003 (fs. 1).

El recurso de queja fue presentado en término, con copias y boleta de depósito, y está dirigido contra sentencia definitiva.

La parte demandada se agravia de que el recurso casatorio fue mal denegado, y manifiesta que su parte denunció el vicio de arbitrariedad fundado en la omisión en considerar y merituar la prueba del expediente penal y en la errada valoración de la prueba pericial, de lo cual se derivó una distorsionada apreciación de las restantes pruebas y una errada aplicación del derecho, concluyéndose en no atribuir ninguna culpa a la víctima.

Atento a los agravios propuestos, corresponde declarar provisionalmente admisible el recurso (art. 820 in fine CPCC), admisibilidad cuya determinación definitiva surgirá cuando se examine el expediente y pruebas ofrecidas.

Por ello y oído el señor Ministro Fiscal a fs. 45, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja presentado por la parte demandada contra la resolución de fecha 9/12/2003 (fs. 30) dictada por la Sala IIª de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, y declarar admisible provisionalmente el recurso de casación (art. 820 in fine CPCC).

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA