Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-21


AUTOS N° 19.887 (42.739/4 - 3° CIVIL) "AGUILAR Cortez Francisco y Otro C/ García Andrés - Interdicto de Recobrar -Incidente de Ejecución de Sentencia" L. DE A. T° 168, F° 164/168 SAN JUAN, 21 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en los presentes AUTOS N° 19.887 (42.739/4 - 3° CIVIL) CARATULADOS "AGUILAR CORTEZ FRANCISCO Y OTRO C/ GARCÍA ANDRÉS - INTERDICTO DE RECOBRAR -INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA" el recurso que interpone el Dr. Dante S. Roble Roca contra la resolución del 08-09-08. En ella la juez hizo lugar a la excepción de inhabilidad opuesta por el ejecutado; ordenar al ejecutante practique planilla a los fines de liquidar las costas originada en el proceso, teniendo como base las pautas que deja sentada; y le impone costas del presente, por considerarlo vencido.

En el presente concurren los Sres. José A. Garcia M. y el letrado Dante S. Robles (fs. sub 13) denunciando la cesión de los derechos que le corresponden al primero por sentencia dictada en fecha 06-12-00 en autos principales en virtud de la cual fue ganador, y los actores condenados en costas. Considera que le corresponden los gastos que le ocasionó el juicio, como los daños sufridos, y los derechos que ostenta como poseedor sobre el inmueble embargado. Transfiere esos derechos al Dr. Robles; quien ejecuta por $100.000. Luego, a fs. sub 16, dice que la inicia por $11.170. A fs. sub 18 obra decreto de la juez dando curso al trámite de ejecución según normas del art. 482 del C.P.C.

Sigue la presentación de los accionados (fs. sub 33) quienes oponen excepción de inhabilidad, porque los montos pretendidos no resultan de la sentencia. Que ésta sólo rechaza la acción, y si bien son condenados en costas, no está establecida suma líquida. La liquidación es excesiva, arbitraria y falaz, sin documentación que respalde los montos, que deben ser acreditados y no arbitrarios o abusivos. Es inaceptable que el Dr. Dante Robles pretenda cobrar dos veces por honorarios que no han sido regulados por ninguna resolución judicial; y los honorarios del martillero Juan Carlos Billordo, que según él fueron cedidos. Que menos puede justificarse los gastos de autos por supuestos daños, que este rubro es totalmente inaceptable ya que si en verdad hubo daños este reclamo debe tramitar en juicio ordinario o sumario. Asimismo impugna la documentación aportada por el ejecutante ya que no le ha sido acompañada copia en el traslado.

La juez considerando que sólo es posible ejecutar las costas que le han sido impuestas al actor (hoy ejecutado) entendiendo como tales las erogaciones necesarias para la iniciación, prosecución y terminación del proceso. Que el ejecutante (fs. sub 17) formula una especie de liquidación de los gastos que supuestamente serían susceptibles de reclamos como costas. Respecto a los honorarios que le abonara su representado Sr. Andrés García, según copia de recibos, fueron por $ 9.070, pero de autos surge que por su actuación en el proceso principal se le ha regulado al ejecutante la suma de $ 5.760, por lo que sólo puede, como cesionario de los derechos del Sr. García, repetir de los obligados al pago esta suma; sin que sea considerable el acuerdo por los honorarios que le abonó su cliente. Sobre los gastos de Mensura y Publicación de Edictos los rechaza por no tener relación con el proceso principal y no están acreditados. Entiende admisible el monto por los honorarios del martillero, de quien es cesionario (fs. sub 16 vta pto III) y forman parte de las costas. Los gastos por actuación notarial y por los autos dañados, no reconocen como causa este proceso, y no integran las costas. Respecto de los daños ocasionados en los vehículos, debe ocurrir por la vía de un proceso de conocimiento, por lo que la rechaza. Que es menester liquidar las costas por tratarse de una obligación de suma ilíquida, por lo que deberá el ejecutante efectuarla; y que hasta que ello no ocurra el título no es hábil para su ejecución. Por ello hace lugar a la excepción de inhabilidad opuesta por la ejecutada. Impone las costas al ejecutante vencido, en virtud del principio de la derrota.

A fs. sub 55 el apelante funda el recurso interpuesto diciendo que el demandado debió buscar un profesional que lo defienda, por lo que pagó los honorarios que se le exigieron generándose un gasto que debe ser reparado. Que en esta ejecución no se persigue el cobro de honorarios regulados sino los gastos que efectivamente tuvo que hacer el demandado para salvaguardar sus derechos, lo que entra en el concepto de costas. Cita la sentencia en crisis en la parte que dice que las costas no constituyen un castigo sino el resarcimiento de los gastos que ha debido soportar la parte que tuvo que recurrir a la justicia por lo que pide el acogimiento del monto de $ 9.070.

El segundo agravio es por el rechazo de los gastos de mensura y publicación. Que previo a ser demandado fue intimado por carta documento, debiendo contratar los servicios de un agrimensor para defenderse; tenía que saber con precisión los título y mensura del inmueble vinculados con la demanda. Le sorprende cuando el juez dice que este gasto no tiene relación con el interdicto. El juez ha obviado el recibo del Ingeniero Savi que se acompaña a fs. sub 1.

Otro agravio es por las costas que se le imponen, porque los rubros reclamados, y que rechaza la juez, son viables.

Estos agravios son contestados a fs. sub 60.

Y CONSIDERANDO:

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En el caso de autos, notificado el Dr. Dante Roble Roca el día 24 de septiembre del año 2.008 de la sentencia contra la que apela (según constancia de fs. sub 49), promueve recurso de apelación el día 02 de octubre de ese año (fs. sub 51). Concedido el recurso el día 17-10-08, es fundado por el impugnante a fs. sub 55.

Del cómputo de plazos, considerando los momentos definidos en el punto anterior, resulta que esta impugnación es extemporánea y por tanto debió rechazársela. Por ende corresponde declarar mal concedido el recurso.

Ello, porque el proceso en el cual se ha dirimido el interdicto intentado por los Srs. Aguilar, y en donde se dictó sentencia que impuso la condena en costas, cuyos derechos fueron cedidos, se trató de un juicio sumarísimo, en el cuál los plazos son de dos días (conforme lo prescripto por el art. 481 inc. 2° del C.P.C.), salvo las excepciones expresamente contempladas entre las que no se encuentra el acto de apelar.

La apelación fue deducida al sexto día en las dos primeras horas, por lo que aparece incumpliendo aquel precepto legal.

Sobre la vigencia de las exigencias y principios procesales que rigen el proceso principal, cuando tramitan incidentes, ya dijimos en el caso registrado en L. de A. T° 163, F° 37/41, del 11-02-09, autos N° 19.804 "Montemar Cía. Financiera c/ Alessi, Miguel Angel y otro - ej. prendaria - inc. inoponibilidad bien de familia" que, el plazo para determinado tipo de proceso, por ser especial, prevalece sobre las normas generales; y en la especie el término es de dos días. Que, en esa dirección la jurisprudencia ha sostenido que "El plazo para apelar las resoluciones dictadas en una ejecución prendaria es de dos días, toda vez que, al estar regida esta causa por el decreto ley 15348/46, ratificado por ley 12962, este encuadre impone aplicar la normativa especial que rige este procedimiento que, en lo que aquí interesa, establece en dos días el plazo para apelar la sentencia (art. 30); por lo que no puede establecerse un plazo mayor para recurrir otro tipo de resoluciones recaídas en el mismo proceso; de otro modo, se caería en la inconsistencia de aceptar, para apelar decisiones en cuestiones incidentales, plazos mayores que los establecidos para recurrir la sentencia (cfr. Cnciv, sala I, 18.8.93, "Banco español del Río de la Plata c/ Bullrich", ll 1994-a-203). Base Lex Doctor en Autos: Fiat Auto de Ahorro p/f determinados c/ Calcena Dominguez E s/ EJEC. Prendaria. - Ref. Norm.: DEC. L. 15348/46. L. 12962. L. 12962: 30. - Nº Sent.: 11777/03. - Mag.: Vassallo - Dieuzeide - Heredia. - Fecha: 12/09/2006.

En ejercicio de las atribuciones que dispone el Tribunal de Alzada para revisar el decreto por el que se concede el recurso de apelación, corresponde calificarlo de errado, en cuanto no tiene en cuenta el tiempo hábil para la producción del acto impugnativo, lo que hace que deba revocarse, pues debió rechazárselo por extemporáneo.

En consecuencia propicio declarar mal concedido el recurso de apelación, con costas al apelante.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, sobre el tema de la temporalidad de la presentación dijo:

Atento los antecedentes de la causa, donde se ha tramitado el proceso principal, interdicto de recobrar, bajo las reglas del proceso sumarísimo, se advierte que cuando se inicia el proceso de ejecución de sentencia, expresamente se modifica ese temperamento y se dá el trámite previsto en el art. 482 y sig., conforme obra a fs. sub 18, lo cual es consentido por las partes.

A partir de ello, el plazo para apelar es el común y no el especial. Obsérvese que el plazo que se otorga para la citación de venta es el previsto en el art. 488 C.P.C., es decir un plazo de cinco días y no de dos.

En función de ello voto por considerar presentado en término el recurso de apelación interpuesto el día 2 de octubre de 2008.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a la cuestión de fondo planteada, dijo:

Atento los agravios vertidos por el profesional recurrente que han sido trascriptos en el voto del magistrado que me ha precedido en la votación y que refieren a la disconformidad con la sentencia en cuanto ésta no acepta la repetición de los honorarios abonados por el demandado a su abogado que exceden la cuantía determinada en la regulación de los honorarios efectuada en el expediente. El segundo agravio, está relacionado con los gastos de mensura y publicación de edictos.

En función de ello, cabe consignar que el planteo del recurrente se vincula con una interpretación extensiva de lo que entiende por costas del proceso. En esa dirección y a los fines de avalar la sentencia dictada y, por ende, desestimar el recurso corresponde decir que el art. 83 del C.P.C. hace referencia a todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que hubiere realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación.

En este sentido, los honorarios de los profesionales intervinientes se fijan a los fines de su ejecución contra el condenado en costas mediante la regulación de los honorarios en juicio. Va de suyo, que no puede repetirse contra el condenado en costas los honorarios pactados libremente, fuera del proceso, entre el demandado y su abogado. Ello es así por cuanto entre ellos existe una relación contractual que es inoponible a los terceros.

En cuanto a los gastos de mensura y publicación de edictos, corren igual suerte, dado que se debe tener en cuenta que el objeto de un interdicto de recobrar es la recuperación de la posesión (no de la propiedad) de una cosa. A partir de ello, queda en evidencia que la realización de la mensura y la publicación de los edictos no hacen a gastos necesarios para evitar el pleito sino a la determinación de su propio interés.

En función de lo expuesto propongo a los señores integrantes del Tribunal la desestimación del recurso, con costas a la apelante vencida.

El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Dr. Alferillo, voto en sentido concordante.

POR ELLO, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto, con costas a la apelante vencida.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.