Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-16


Salta, 16 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR EL DR. CORVALAN DE UDP Nº 3 CONTRA LA RESOLUCION DE FECHA 02/12/2015 QUE DICTA PRISION PREVENTIVA EN LA CAUSA: TABOADA, GABRIEL SANTIAGO POR LESIONES Y AMENAZAS EN PERJUICIO DE ROMANO, MARIA DEL VALLE - APELACIONES GARANTIAS CON PRESO", Expte. Nº 128598/15 del Juzgado de Garantías 4ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G01 128598/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO 1º) Que arriban los presentes obrados a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 17/18 vta. por el Sr. Defensor Oficial Penal de la Unidad de Defensa Pública Nº 3, Dr. Valentín Corvalan, en ejercicio de la asistencia técnica de Gabriel Santiago Taboada, contra el auto dictado en fecha 02/12/15 cuyas copias se encuentran agregadas a fs. 12/14 vta., mediante el cual se ordenó la prisión preventiva del imputado.

Correspondiendo efectuar el control de los recaudos previstos por el Art. 527 del código adjetivo se determina que el recurso fue presentado en legal término y forma, resultando en consecuencia admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión planteada.

2º) En el auto recurrido, en apretada síntesis, se consideró acreditada con la debida probabilidad la participación del acusado en los delitos calificados provisionalmente como amenazas con arma, coacción agravada por el uso de arma, lesiones leves agravadas, amenazas y lesiones leves agravadas, todos ellos en concurso real (Averiguación Preliminar N° 205/15 y 375/15), conductas que para la A-quo se materializaron dentro de un contexto de Violencia de Género no en forma aislada sino con una alta posibilidad de reiteración conforme a los antecedentes que registra, situación intimidante para la víctima, Sra. María del Valle Romano, al encontrarse en peligro su integridad física y/o psíquica, que en este caso fue atacada a pesar de estar embarazada, indicio que el nombrado podría entorpecer las investigaciones, al existir el riesgo de que ejerza presión sobre aquella u otros testigos, para lo cual se torna necesario mantener su privación de libertad, período en el que además podrá ser examinado psicológicamente, estudio que resulta necesario atento a la notable agresividad por él demostrada como forma de garantizar la seguridad de la primera.

3º) Llegado su turno la Defensa Técnica se agravia sosteniendo que la prisión preventiva se dispuso con una fundamentación genérica y abstracta, atendiendo sólo a fines sustanciales, propios de la pena.

Indica que no se tuvo en cuenta el domicilio efectivamente constatado de su representado, quien no convive con la denunciante, lo que previene cualquier peligro para la mencionada.

Asimismo aduce que no se evaluó la factibilidad de aplicar una medida sustitutiva y, por otro lado, que si a la fecha las que se encontraban pendientes no se han practicado, las consecuencias de ese retardo no se pueden hacer recaer sobre el acusado.

Agrega que tampoco consideró su falta de antecedentes condenatorios por lo que, la eventual condena en estas actuaciones, sería de cumplimiento condicional.

Por otra parte, desvirtuando el peligro de entorpecimiento refiere que con posterioridad a la denuncia -encontrándose detenido el encartado- la Sra. Romano se presentó de modo voluntario en la Defensoría para aclarar que no fue agredida y que sólo existió una fuerte discusión entre ambos.

Finalmente, citando jurisprudencia solicita se revoque el decisorio y se conceda la libertad a su asistido.

4°) A fs. 23/24 vta. el Sr. Fiscal Penal de Violencia de Género N° 2, evacuando el traslado de ley, se expide por el rechazo del recurso articulado.

5º) Ingresando al examen de las cuestiones traídas en revisión, conforme a las críticas vertidas por el apelante, se advierte que las mismas se resumen en determinar si la fundamentación desarrollada en el resolutorio impugnado resulta abstracta o, si por el contrario, se adecua a las circunstancias particulares que el caso presenta.

En otras palabras, se reprocha una supuesta "motivación aparente", vicio que para la doctrina, en lo pertinente, se traduce "?en fórmulas vacías de contenido que no se condicen con la realidad del proceso y, finalmente, que nada significan por su ambigüedad o vacuidad?"(Olsen A. Ghirardi, Lógica del proceso judicial, Ed. Marcos Lerner, 1992, Córdoba, Pág. 118).

Ahora bien, de la atenta lectura del decisorio censurado sobresale la marcada agresividad demostrada por el causante en la comisión de las distintas conductas que conforman la hipótesis acusatoria, agravada en la especie no sólo por razones de género y del uso de un arma blanca (calificantes de orden jurídico), sino también por el hecho de ser una mujer en estado de gravidez, naturalmente más vulnerable, objeto de los ataques.

Con arreglo a ello y al cuadro fáctico caracterizado por la acumulación de las Averiguaciones Preliminares N° 205/15 y 375/15 en las que originariamente se investigaron por aparte los delitos imputados, cometidos en distintos momentos en perjuicio de la misma ofendida ? separados por un lapso temporal de aproximadamente 6 meses- la Sra. Juez de grado dedujo fundadamente que estos incidentes domésticos en un futuro podían repetirse, los que en el supuesto de consumarse, como doble efecto, servirían para llevar adelante posibles maniobras coactivas de presión directa o indirecta sobre la persona de la denunciante, en miras a frustrar la actividad probatoria, por lo que se buscó prevenirlas con el encarcelamiento preventivo del encartado.

Intentando desacreditar ese parámetro de peligro procesal y simultáneamente el mérito sustantivo provisional al que arribó la judicante, la defensa aporta una declaración prestada por la Sra. Romano mediante la cual rectifica radicalmente el sentido incriminador contenido en su denuncia, y solicita la libertad del causante, destacando su rol de único sostén de la familia.

Esta segunda narración, al margen de contradecir constancias objetivas incorporadas en la causa, como el certificado médico que documenta las lesiones sufridas por la víctima (fs. 7), es un claro indicador de las reales motivaciones que la impulsaron, las que radican en el estado de necesidad material por el que transita la misma, profundizado por el avanzado curso de su embarazo (ver fs. 19).

Por otro lado, este llamativo giro en el relato, conforme lo señala la experiencia es recurrente en este contexto delictual, en el que la función de proveedor de sustento del hombre, lleva generalmente a la mujer víctima a modificar su testimonio.

En esa inteligencia, no puede descartarse que la temida intimidación que pronostica la Sra. Juez de Garantía sea el origen de esta nueva versión, la que obedecería al temor a futuras reacciones agresivas del incoado, razón por la cual en aras de asegurar las diligencias tendientes al descubrimiento de la verdad y la veracidad de la declaración testimonial de la denunciante en el plenario, la medida de coerción personal despachada luce necesaria y proporcional para tal propósito.

Sin embargo, la resolvente se equivoca cuando incluye como factor para justificar el encierro cautelar del acusado, la necesidad de resguardar a la ofendida en su calidad de testigo, finalidad que por el contrario se satisface con las medidas protectorias e inhibitorias normadas en los arts. 102 y 248 del C.P.P., criterio diferenciador adoptado por esta Vocalía en el precedente Nº G02 123897/15, en el que se dijo: "...para la determinación de las pautas para fundar una prisión preventiva, se debe atender únicamente a las previsiones contenidas en los arts. 386, 388, 389 y concordantes del ordenamiento adjetivo, que "per se" se enderezan a neutralizar excluyentemente cualquier peligro procesal, ya sea de fuga o de frustración de la investigación, sin negar con ello que en el "sub lite" como consecuencia concomitante no buscada de la privación de libertad dispuesta, se blindó a la víctima con una cobertura preventiva ante eventuales actos de hostigamiento o acometimiento dirigidos hacia ella, pero siempre como efecto indirecto del citado instituto...".

A mayor abundamiento, el peligro de entorpecimiento en causas como la aquí analizada cuenta con visos de seriedad, resultando enteramente aplicables, en este sentido, las consideraciones desarrolladas en el precedente despachado por esta Sala en el Expte. Nº C01-115824/14 en donde se dejó sentado que: "?la compleja materia que ofrecen los casos de violencia familiar, supuestos delictivos en los que se observan el mayor grado de retractaciones por parte de las víctimas, lo que deja traslucir el temor instaurado en ellas a partir de la falta de un adecuado acompañamiento institucional del Estado que haciendo operativos los derechos reconocidos en el Art. 99 inc. b) de la ley de ritos, evite las condiciones propicias para una eventual victimización secundaria?"(Sic).

Asimismo, como indicador del perfil sumamente violento y de escaso dominio de todo tipo de freno inhibitorio exhibido por Taboada, se erige el haber dirigido su accionar contra la Sra. Romano, pese a encontrarse embarazada, delicada condición que le resultó totalmente indiferente.

Párrafo aparte es menester poner de resalto que el conflicto intrafamiliar que subyace en autos no puede ser indiferente para la jurisdicción, siendo sumamente relevante en esta dirección las previsiones consagradas en la "Convención Belém Do Pará", conforme a la cual el Estado Argentino adquirió el compromiso -al suscribir la misma- de prevenir, sancionar, reparar y erradicar toda violencia contra la mujer, so pena de responsabilidad internacional en el caso de incumplimiento, en atención a lo cual no debe olvidarse que según lo indican las estadísticas criminales, este tipo de agresión se manifiesta cíclicamente y su intensidad desgraciadamente va en aumento, lo que exige de todos los actores estatales poner un cepo a este flagelo social, reiteración delictiva que en autos se confirma al ponderar el corto espacio cronológico entre la sustanciación de las averiguaciones preliminares identificadas ut-supra, por lo que se trataría de un agresor habitual.

En este mismo orden de ideas y como se dijera en anteriores precedentes de esta Sala, es evidente que el caso traído a conocimiento, por la naturaleza del hecho atribuido y el inequívoco riesgo corrido por la Sra. Romano, adquiere connotaciones de notable gravedad, diagnóstico apoyado en la declaración de emergencia en materia de violencia intrafamiliar vigente en nuestra provincia, cualidad que también debe ser evaluada para el rechazo del planteo intentado por el apelante; ello en función de lo normado por el Art. 19 de la Constitución de la Provincia y la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos deben servir como guía para la interpretación de lo consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica (CSJN, Fallos:319:1840), en tanto sostuvo en el considerando 28 del informe 2/97 que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia...".

Resta señalar que el derecho a permanecer en libertad no reviste una naturaleza absoluta ya, que por el contrario, está condicionado por las atribuciones coercitivas de todo Magistrado y las consecuentes necesidades de evitar cualquier daño para la consecución de los fines del proceso, propósito instrumental que goza de jerarquía constitucional.

En definitiva, no se avizora la motivación aparente endilgada en el libelo apelativo, en atención a que la Sra. Juez para resolver como lo hizo, no prescindió de las concretas constancias allegadas al proceso, las cuales conjugadas con la normativa vigente, como lógica derivación desembocaron en la prisión preventiva del encartado Taboada, razón por la cual el recurso de apelación impetrado no puede acogerse.

Atento a la constancia de fs. 09 de éste Incidente, se recomienda la acumulación de las causas que el imputado Tabuada registra, ello conforme lo dispuesto por los arts. 50, 51 y 52 del C.P.P..

Antes de concluir considero indispensable recomendar con carácter de reiteración al Sr. Juez y/o Secretarios que al formar los incidentes de apelación (incoados por cualquiera de las partes) deberán incluir en la carátula el nombre y apellido del imputado, las piezas pertinentes (copia del decreto de la citación de audiencia de imputación, del pedido de prisión preventiva, planilla prontuarial, etc.) en orden cronológico al desarrollo de los actos procesales y además agregar todas las fotocopias debidamente certificadas y la correspondiente a la resolución recurrida, debiendo incluirse los datos del juez y secretario/a, que la refrendaron, no debiendo ser extraída del sistema Iurix tal como surge de lo dispuesto por la Corte de Justicia en su Acordada 11224 del 06/08/12 en su aparatado II), al no constar la firma del Juez ni del Secretario.

En mérito a ello y normas legales citadas, EL VOCAL 2 SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 17/18 vta. y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo de fecha 02/12/15, por el que se ordenara la prisión preventiva de Gabriel Santiago Taboada.

II) RECOMENDAR la acumulación de causas (arts. 50, 51 y 52 C.P.P.).

III) EXHORTAR al Juzgado interviniente el estricto cumplimiento de lo consignado en el último párrafo de los considerandos.

IV) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.