Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26


Expte. nº 2805/04 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "Aguas Argentinas SA c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ ejecución fiscal - ABL" Buenos Aires, 26 de febrero de 2004 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. Aguas Argentinas S.A. inició, ante la justicia nacional en lo civil, un juicio ejecutivo por cobro de una suma de dinero ($ 4.446,06) contra la Comisión Municipal de la Vivienda, en su carácter de propietaria del inmueble sito en la calle Mariano Acosta 3134 de esta Ciudad, conforme el certificado de deuda expedido de acuerdo con lo dispuesto por el decreto PEN n° 999/92 (fs. 9 y 11).

2. El Gobierno de la Ciudad planteó excepciones de incompetencia, inhabilitación de la instancia judicial, prescripción y de espera. Asimismo, se opuso a que el juicio tramitara por la vía ejecutiva, pues, por regla general, la acción ejecutiva no puede iniciarse contra el Estado y no está prevista por la norma procesal que la demandada estima aplicable. Finalmente, pidió que se aplicara la ley local n° 70, el art. 399 del CCAyT y, en subsidio, la ley nacional n° 25.563 (fs. 13/23).

3. Radicadas las actuaciones ante el fuero local, el juez de primera instancia dictó sentencia y resolvió desestimar la oposición a la vía ejecutiva, rechazar las excepciones de inadmisibilidad de instancia y de espera, y hacer lugar a la excepción de prescripción respecto de los períodos anteriores al año 1994. En consecuencia, el pronunciamiento mandó llevar adelante la ejecución de las sumas reclamadas a partir del año 1994 (fs. 25/26).

4. La Ciudad apeló la sentencia. Sus agravios se refirieron a la oposición de la vía ejecutiva, al rechazo de la excepción de espera y a la aplicación de la ley n° 744 (fs. 28/38).

5. La Sala II, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso intentado: confirmó la sentencia apelada en cuanto mandó llevar adelante la ejecución, pero la revocó en cuanto excluyó la aplicación al caso de los arts. 399 y 400 del CCAyT (fs. 39/42).

6. La Ciudad interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 50/55), que fue denegado por la Cámara (fs. 57).

7. Frente a tal decisión, la Ciudad interpuso esta queja (fs. 58/67).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Si bien el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad fue deducido en tiempo y forma (art. 33, LPTSJ), él no puede prosperar.

2. La queja reitera los defectos que ya contenía el recurso, pues en ninguna de las dos ocasiones se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402. Dichos escritos sólo incluyen un reproche puramente genérico de la sentencia recurrida, así como la mera mención de disposiciones constitucionales sin articular correctamente una cuestión constitucional (cf. el Tribunal in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Novik, Jorgelina Carla y Wlodkowsky, Irene c/ GCBA s/ amparo", expte. n° 1465/02, resolución del 24 de abril de 2002; "Cavalleri de Goldberg, Marta Raquel s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cavalleri de Goldberg, Marta Raquel c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]", expte. n° 1309/01, resolución del 6 de marzo de 2002 y sus citas).

3. La recurrente aduce, genéricamente, que las sentencias de grado afectan la garantía de los arts 1°, 13, inc 3°, 80, inc. 1°, y 81, inc. 3°, de la CCABA y los arts. 18 y 129 de la CN.

Sin embargo, el recurso no rebate el argumento por el que dichas resoluciones consideraron válido someter este juicio al procedimiento regulado por los arts. 542 y cc. del CPCCN, según el cual, por imperio del art. 5 de la ley n° 24.588, esas disposiciones mantienen vigencia en la Ciudad. Menos aun explicaron cómo o por qué ese razonamiento vulnera el principio de división de poderes, la forma republicana de gobierno, la autonomía de la Ciudad o el derecho de defensa en juicio. Por lo demás, frente al art. 7 de la CCBA y al art. 5 de la ley n° 24.588, dictada como consecuencia del art. 129, CN, invocado por la recurrente, huelga decir que ella debió esforzarse para fundar la supuesta inconstitucionalidad de la aplicación del juicio ejecutivo del CPCCN -acción que no llevó a cabo consecuentemente- y en explicar su agravio concreto frente a esa aplicación.

4. Además, la queja plantea una cuestión constitucional insustancial.

Como lo expusieran mis colegas, los jueces Julio B. J. Maier y Guillermo A. Muñoz, desde antaño la Corte Suprema ha señalado que las provincias pueden ser demandadas (causa "Domingo Mendoza y Hermano con la provincia de San Luis, sobre derecho de exportación-cuestión de competencia", Fallos: 1:485, sentencia del 3 de mayo de 1865) y ejecutadas en sus bienes por las obligaciones que contraigan como personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 42 del Código Civil (doctrina de Fallos: 322:447, y las numerosas citas que se efectúan en el considerando nº 11) (conf. "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Obra Social para la actividad Docente (OSPLAD) c/ GCBA s/ ejecución fiscal - otros", expte. nº 1895/02, resolución del 5/3/03). Al respecto, corresponde recordar que la suma que se pretende ejecutar es adeudada por la Comisión Municipal de la Vivienda, en su carácter de propietaria de una finca, por la falta de pago de servicios sanitarios.

5. Finalmente, tampoco se logra demostrar de qué manera la aplicación del juicio ejecutivo afecta la correcta administración de las rentas y el erario público de la ciudad, crítica ésta que la recurrente debió efectuar si se tiene en cuenta que la sentencia de la Cámara expresamente admitió la aplicación de los arts. 399 y 400 del CCAyT para la ejecución de la sentencia y que la cuantía de la deuda ejecutada no representa una suma de importancia, más aún al haberse admitido la prescripción de una parte del monto reclamado.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.	El recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 58/67 fue deducido en tiempo y forma (art. 33, ley 402). Sin embargo no puede ser admitido.

2.	El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente rechazado por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad. En efecto, la decisión recurrida no configura sentencia definitiva a los fines del recurso intentado (art. 27, ley 402).

El Gobierno de la Ciudad intenta impugnar, a través del recurso de inconstitucionalidad, una resolución que admite la vía ejecutiva y manda llevar adelante la ejecución por cobro de servicios de aguas en un inmueble de su propiedad. Como se puede apreciar, esta resolución no sólo no es definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, sino que tampoco puede equipararse a tal en la medida que no pone fin al pleito, no impide la tramitación del juicio, ni pude equipararse a tal en la medida que el Gobierno no logra demostrar cuál es el gravamen de imposible reparación ulterior que la misma provoca (cf. voto del doctor Maier, voto del doctor Casás y mi voto en la causa "Fundación Navarro Viola c/ GCBA s/ demanda contra aut. adm. otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. 1467/02, sentencia del 17/04/02).

3.	La invocación de agravios de índole constitucional no suple la falta del requisito precedentemente señalado (cf. mi voto en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Obra social para la actividad docente (OSPLAD) c/ GCBA s/ ejecución fiscal - otros", expte. 1895/02,sentencia del 05/03/03).

4.	Lo expuesto precedentemente, torna abstracto el tratamiento de la suspensión solicitada por el Gobierno de la Ciudad.

La jueza Ana M. Conde y el juez Julio B. J. Maier dijeron:

Adherimos a los dos votos precedentes.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por el Gobierno de la Ciudad.

2. Mandar que se registre, se notifique, se ponga en conocimiento del Sr. Fiscal General y, oportunamente se remita esta causa a la Sala que tuvo intervención para que sea agregada a los autos principales.