marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Huarte, Hugo César s/ Daño Cañon, Carlos L. s/ Denuncia Fazio, María Catalina s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10|1994-05-10|1993-04-27

A los efectos de establecer el Superior Tribunal de Provincia que abre la vía federal extraordinaria debe tenerse en cuenta que si bien las competencias delimitadas por las leyes locales no deben achicarse por el solo hecho de haberse planteado casos federales que corresponde oportunamente resolver, no basta con introducir cuestiones federales para ocasionar el automático desplazamiento de las leyes procesales. Los tribunales provinciales deben aplicar la Constitución de la Nación -asegurando su supremacía- dentro del campo de su competencia.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañia Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El control de constitucionalidad de las leyes que compete geneéricamente a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, no se limita a la función de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permitan.
Costas en el orden causado, acciones de filiación
Materia: CIVIL
Carátula: L.T.L. c/ D. C. C. Y/O CONTRA SUS SUCESORES s/ ORDINARIO FILIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-04

En litigios enderezados contra los herederos y/o sucesores de la persona a quien se le atribuye la paternidad, casos en los que existe una "demanda necesaria", ya que debió acreditarse la filiación, sin que bastara para el dictado de la sentencia el allanamiento por hallarse interesado el orden público, y no encontrándose habilitados los sucesores para reconocer a la accionante por tratarse de un acto personalísimo intransmisible "mortis causae", es equitativo que todos los interesados concurran a satisfacer los gastos que provoque ese trámite, es decir, que las costas se distribuyan en el orden causado.
Juicio de desalojo, prueba, comodato, posesión, falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Esther Nery c/ Fernández, María Rosa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-08

La actora no ha acreditado la calidad de propietaria de la vivienda, ni ha probado la existencia del contrato de comodato verbal alegado como causal para exigir el desahucio.

En este proceso se intenta introducir una acción real, no siendo el juicio de desalojo la vía adecuada para que en el pueden debatirse y dilucidarse cuestiones que desbordan su objetivo, como son las relativas al mejor derecho a la posesión o la posesión misma.

La actora no ha acreditado suficientemente la propiedad del inmueble, la calidad de ocupante ilegítima que le imputa a la demandada, ni la existencia del contrato de comodato, que por ser gratuito, no se presume, sino que quien lo invoca debe probarlo.

Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada, ya que no se niega la titularidad de la cuenta de OSSE a nombre de la actora, ni que habitó el inmueble desde el año 1991 a 1993.-
Recurso de casación, fianza
Materia: PENAL
Carátula: CUADERNILLO DE RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. REMIGIO CAROL EN LOS AUTOS CARATULADOS: "PALIZA, CESAR GERARDO s/ S.D.HOMICIDIO E.P.DE YOLANDA PALMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-02

La fianza constituye tratamiento exclusivo de los Tribunales de grado, no siendo revisable el criterio seguido por éstos.-
Procedencia del recurso, recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baistrocchi de Velert, Ana María c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Tercería de Dominio deducida en autos Nº 54278 Moya Pablo Esteban c/ Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) s/ Apelación de sentencia S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN (acumulados 7204 y 7205)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-13|2021-12-21

El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, qué gravamen le causa y debe probar además que ello ocurre en el caso concreto.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Febrero, Héctor Omar c/ Fratesi, Alba Leticia vda. de Menéndez s/ Interdicto de Retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-12

No satisface sino en forma aparente la necesidad de ser razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, la que pese a citar las normas aplicables, y aún con la aclaración efectuada respecto de su adaptación al caso, fija una retribución por honorarios que se aparta de la prevista en esas disposiciones, a la luz de la base económica computable a ese fin, en relación a los porcentajes arancelarios pertinentes.

"Procede el recurso extraordinario respecto de los honorarios regulados en instancias ordinarias cuando la regulación respectiva se limita a efectuar una cita de las disposiciones arancelarias, y omite pronunciarse sobre articulaciones serias y conducentes para la decisión respectiva, formulada oportunamente por los interesados".
Delitos tributarios, personalidad de la pena, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Persa S.A. (T.F. 15.238-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

El principio de la personalidad de la pena en relación a la infracción del art. 47 de la ley 11.683, (t.o. 1978), no se altera por la circunstancia de haber suprimido la ley 29.658 el adverbio "fraudulentamente" que había sido agregado por la ley 20.046 para calificar la conducta del agente de retención, pues ello no significa que el legislador disminuyera los recaudos de índole subjetiva que integran la infracción de que se trata (confr. esta Sala "Banco Macro S.A.", del 29/12/94, entre muchas otras).
Docentes, extranjeros, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La igualdad ante la ley, principio esencial de nuestro sistema constitucional, no guarda correspondencia ni puede ser identificado con la idoneidad a la que se refiere el artículo 16 de la CN.

Mientras la igualdad garantizada se refiere a la inadmisibilidad de discriminación alguna para una categoría o grupo de habitantes en razón de sus características personales, la idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser instituidos por las leyes o los reglamentos.

No se trata de un concepto genérico, como lo es el de igualdad, sino de un conjunto de condiciones exigidas para el ejercicio de los empleos, cuya razonabilidad debe ser ponderada en cada caso concreto con relación a la diversidad de las funciones y tareas a desempeñar.
Municipalidad, facultades de la Municipalidad, personal municipal, licencia por enfermedad, causas de justificación, ausencias injustificadas, prueba, carga, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Si en definitiva, el agente no observó el procedimiento establecido en la ley 9256 para la concesión de licencia por enfermedad, ni esgrimió razones de excepción como para justificar su accionar, no resulta irrazonable el proceder de la Administración al juzgar como injustificadas las inasistencias y, en consecuencia, aplicar la sanción de cesantía. (Voto del Dr. Gutiérrez al que Adhiere la Mayoría. En Disidencia los Dres. Vigo y Falistocco)
Inimputabilidad, ebriedad, falta de prueba, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: CONDORI OJEDA, Germán. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

Si se desconoce el grado del estado de ebriedad del imputado por la negativa de aquél a realizarse una extracción de sangre, y, con ello, si la ingesta de alcohol fue suficiente para colocarlo en estado de inimputabilidad, sumado a que el informe médico legal concluyó que el encausado se hallaba lúcido, orientado, coherente y sin signos de intoxicación aguda evidente, resulta imposible concluir en un sobreseimiento por inimputabilidad originado en una intoxicación etílica.

Si el imputado golpeó repetidamente con la hebilla de su cinturón contra el capot de un automóvil, difícilmente pueda afirmarse la inexistencia de dolo en su accionar. El propio accionar del encausado y su descripción, impide considerar que haya obrado sin intención de dañar.

Por ello, corresponde revocar el auto que decreta el sobreseimiento del imputado.
Recurso de revisión (procesal), falta de fundamentación
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PONS JOSE c/ OSCAR H. GALLARDO Y OTRO s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-30

El mandato contenido en el art. 155 Constitución Provincial impone a los jueces el deber de fallar las causas sometidas a su decisión con fundamentación lógica y legal, y el rito conmina con la sanción de nulidad a la transgresión de aquel mandato (art. 147 C.P C.). Tales razones de hecho y de derecho permiten la fiscalización, de la justicia, del fallo por las partes y por esta Sala en vía de casación, de donde su ausencia desbarata la garantía del debido proceso.

La cámara a-quo ha incurrido en la hipótesis omisiva pues la mera referencia jurisprudencial a una doctrina de esta Sala, como sustención de la condena a la codemandada, no informan respecto a su identidad fáctica con los hechos de la causa.

De tal guisa, por lo menos queda vacua la necesidad de comparar críticamente los casos mentados para infiriendo semejanzas o diferencias que autoricen conclusiones iguales o antagónicas. De otra suerte no es posible saber si la resolución fue dictada o no contemplando un supuesto normativo distinto al que se alega aplicable a este caso por la revisionista.-
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, costas, tasa de justicia, exención de tasa de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Castro, Héctor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de Apelación s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

No resultan aplicables las normas para la exención del pago de la tasa judicial cuando la pretensión del accionante se sustenta en un contrato de locación de servicios y no en una relación laboral o de empleo público en planta permanente. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Eduardo A. Russo, febrero 14 de 2001
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Finsur Cía financiera S.A. c/ Fábrica sudamericana de elementos prefabricados S.A. s/ Ejec. de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

No es título ejecutivo, tratándose la accionante de una entidad financiera, la constancia del saldo deudor que carece de las firmas conjuntas del gerente y contador (art. 4 ley 21309).
Quiebra, compraventa inmobiliaria, tradición, escrituración
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANEBIANO, CAYETANO  S.A.I.C. c/ FINBER CIA. FINANCIERA S.A. s/ CONCURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

Ante la falta de tradición del inmueble a favor del comprador, a lo que se suma la omisión de su inscripción dominal, no se adquiere el pretendido derecho real. De tal suerte,la obligación pendiente es de hacer, lo que la torna inexigible en la quiebra.

En tanto el dominio del inmueble permanece en cabeza de la fallida vendedora, y siendo la inscripción registral constitutiva del derecho de propiedad (CCIV: 2505 y ley 17801: 1 y 42), fue bien decidida la inoponibilidad de la venta respecto de quién quedó sujeto al régimen concursal.
Acción de amparo, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, gravamen irreparable, peligro en la demora, procedimiento tributario, domicilio fiscal, domicilio constituido, notificación
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: BRANDCO INTERNACIONAL S.A. s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-23

1 - Debe ser confirmada la resolución por la cual se rechazó "in limine" la acción de amparo deducida contra la disposición del organismo administrativo que dispuso la clausura del local, medida que fue efectivizada de donde no se advierte el peligro actual o inminente que lesione, restrinja o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, requisito exigido para la acción de amparo (Art. 43 CN).- 2 - Por la ley de procedimiento tributario, 11683, se atribuye al domicilio fiscal los efectos del domicilio constituído previsto por la ley procesal civil por la que se establece que los domicilios constituídos susbsisten mientras no se constituya o denuncie otro (Art. 42 del CPC y C), resultando ajustado a derecho las notificaciones referentes al procedimiento que concluyó con la sanción aplicada que se llevaron a cabo en el domicilio fiscal constituído por el accionante ante el organismo recaudador distinto al domicilio del local clausurado.
Prescripción adquisitiva, tenencia simple, tenedor, locación de inmuebles, usurpación
Materia: CIVIL
Carátula: COELHO DE GARCIA MAYOR, María de Jesús c/ CAMPOS COUCEIRO DE NUÑEZ, María Consuelo y otros s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-03

Aunque el ladrón o el usurpador sean poseedores, no lo es quien recibió la tenencia de la cosa a través de un contrato de locación. No se trata de juzgar la licitud o ilicitud de la causa de la posesión. La del usurpador tiene su origen en un acto ilícito, es de mala fe y no reconoce justo título. Pero es, en su origen, la afirmación del señorío animus domini que se alza contra el derecho del propietario que constituye, con el transcurso de veinte años de posesión ininterrumpida, su título. No ocurre lo mismo con el locatario o sus sucesores que, desde el origen de su relación con la cosa, han reconocido en otro el derecho de propiedad. No debe pasarse por alto que la usucapión es un modo originario de adquisición del dominio, es decir no reconoce un tradens u otro modo derivativo de adquirir, como lo es, por ejemplo, la sucesión.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLERO, ANGEL M. Y LINARES, ENRIQUE s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

En los juicios penales las costas de primera instancia son a cargo del vencido y las de segunda instancia a cargo del apelante cuando la sentencia es confirmatoria.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, culpa de terceros, empleados públicos, indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador, responsabilidad del empleador, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ EDUARDO c/ SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La argumentación de ser transportado el actor por un elemento riesgoso perteneciente a la accionada no tiene entidad suficiente para controvertir, por si sola, la culpabilidad de un tercero que, por violar expresas disposiciones legales (arts. 13, inc. 2° y 14, incs.

2 y 3 de la Ley 5.800 -en cuanto a las luces reglamentarias- y art. 92 del Código de Tránsito -en cuanto a la velocidad reducida obstructivas del tránsito, y el detenerse en la calzada por propia voluntad del conductor) ha producido el daño por el cual ha sido condenado penalmente, configurándose así, el supuesto eximente de responsabilidad previsto en el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, aplicable aún a los accidentes de trabajo cuando la víctima hubiera optado por esta vía (LL 141-630-S-25.252).
Hábeas data, información sensible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barravecchia, Santos José c/ B.C.R.A. s/ Hábeas Data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

La confidencialidad de los datos que se exige en el art. 43, tercer párrafo, de la C.N. sólo puede alcanzar a la llamada "información sensible", esto es a aquellos datos que hagan referencia a la vida íntima de las personas, a sus ideas políticas, religiosas o gremiales.
Recurso contencioso administrativo, contrato de publicidad, lotería provincial, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial c/ Polilar S.R.L. y Otros s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1990-05-29

Nuestra ley ritual administrativa Nº 1005, no cataloga los eventos jurídicos que son recogidos por la especialidad contenciosa administrativa, circunstancia que inclina su estudio a la luz de la doctrina y jurisprudencia emergente en la materia. La C.S.J.N.

indicó menester dos condiciones para la caracterización de los contratos administrativos: a) que uno de los contratantes sea la Administración Pública y b) que el objeto de la transacción sea una prestación pública.

El objeto del contrato motivo de esa acción no lleva aparejado como finalidad la satisfacción de una necesidad pública, ya que la contratación por parte del Estado Provincial, de publicidad para promover la venta de una lotería no implica la contratación directa o inmediata de un servicio público. Por lo que debe rechazarse el recurso de reposición contra el decreto que declara la incompetencia de este Tribunal Superior, para entender en el juicio ordinario (Resolución de contrato, daños y perjuicios, y restitución de lo indebidamente pagado), iniciado por el Estado.
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, aplicación de la ley tributaria, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hoechst A.G. c/ DGI s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Las convenciones internacionales que versan sobre materia fiscal deben ser interpretadas de acuerdo a la doctrina general de hermenéutica en materia de tratados y de normas tributarias teniendo particularmente en cuenta los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, aprobada por la ley 19.865, que consagran el principio de la buena fe conforme al criterio corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éste y teniendo en cuenta su objeto (Voto de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Medicina prepaga, acción de reintegro
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CASTELLARI, JUAN CARLOS c/ CENTRO ASISTENCIAL DE LA ASOCIACION MEDICA DEL DEPARTAMENTO CASTELLANOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-30

El recurso excepcional interpuesto merece favorable acogida al comprobar que la Cámara ha conferido un tratamiento irrazonable al caso debatido, fundando su decisión de reconocer a la actora el derecho a percibir el 50% de la cantidad reclamada como reintegro por prestaciones médicas razonando que estaba a cargo de la demandada probar que los importes que -a su hora- reintegró se ajustaban a las normas contractuales y al valor arancelario reconocido a los prestadores que integran la Red Argentina de Salud; constituyendo una afirmación dogmática la simple presunción a la que arribó el A quo de cuánto debía reintegrarse al actor, toda vez que surge de las pruebas aportadas que anteriormente le han reconocido el total de lo gastado por otras prestaciones efectuadas en el mismo Sanatorio y que la empresa accionada reconoció que la prestación se debía reintegrar (aunque no por la suma pretendida por el actor) y que pesaba sobre su cabeza la carga de demostrar que se ajustaba a los valores arancelarios reconocidos a los prestadores.
Concursos, reglas procesales, actos y diligencias procesales, defectos del procedimiento, fallido, pretensión, nulidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOEING SA c/ ALTEÑO MONICA PILAR Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Siendo que lo que se pretende es la nulidad del decreto de quiebra por cosa juzgada írrita ante la existencia de una supuesta deficiencia en la representación de la sociedad -poder otorgado a la codemandada quien no reunía las condiciones necesarias para ser apoderada de una sociedad- y en tanto la intervención de la mencionada es de fecha posterior a dicho decreto, no puede sino concluirse en que no existió vicio alguno, al menos, en el tramo del procedimiento que derivó en la sentencia que decretó la falencia de la sociedad actora. Y si bien, en principio resulta suficiente para desestimar la nulidad pretendida por la accionante y, por ende, para el rechazo del recurso de apelación deducido, procede destacar, que en el caso existe, además una circunstancia adicional que torna inviable la pretensión de nulidad del decreto de quiebra, esto es, que la accionante no ha acreditado debidamente la inexistencia de los presupuestos sustanciales del proceso falencial, es decir, que no se encontraba en "estado de cesación de pagos" al momento de decretarse su quiebra. En esa dirección, cabe destacar que uno de los presupuestos básicos para la declaración de la nulidad planteada -y de cualquier tipo de nulidad- es la existencia de un perjuicio y, consecuentemente, de un interés jurídico, en declararla. Este presupuesto tiene su origen en el principio "pas de nullité sans grief", que significa que las nulidades no existen en mero interés de la ley. En efecto, no hay nulidad sin perjuicio (Cpr: 172). Esto ha llevado a la jurisprudencia a afirmar reiteradamente que, en virtud del principio de la trascendencia y la conservación, no cabe declarar la nulidad por la nulidad misma (conf. Cpr: 169; CNCom, Sala C, 14.05.1990, in re: "Cueros Argentinos s/ quiebra s/ inc. de nulidad de subasta por el síndico").

(En el caso, la accionante pretende la nulidad del auto de quiebra no por haber alegado "indefensión" por carecer de asesoramiento legal, sino por no haber participado en el proceso, toda vez que no estuvo representada en él, pues los actos procesales llevados a cabo por quién actuó como representante sin tener titulo habilitante para ello no poseían ningún efecto jurídico, tuviesen, o no, al lado la firma de un abogado, tratándose de una nulidad de carácter absoluto, insubsanable, insalvable y de imposible confirmación posterior).
Quiebra, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Filipponi, Mercedes Irma y otro en Autos: "Banco Central R.A. s-Pedido de Quiebra Bco.Patagónico S.A." s/ Incidente de Verificación Tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-23

...fijados los créditos por indemnizaciones y salarios en sentencia firme de los tribunales de trabajo, sus términos no se pueden variar al aceptar la verificación, aún cuando se reconozcan conceptos improcedentes, y en tales casos lo único que procesalmente corresponde es cuestionar el privilegio que tales créditos tienen en la quiebra.