Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-21


Autos N° 21.901 (110.029 - 3° CIVIL), caratulados: "CASTRO, Gastón Andrés C/ Verderrama, Rogelio Ricardo y Otro - Daños y Perjuicios", En la ciudad de San Juan, a 21 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. GILBERTO RIVEROS y PASCUAL ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 229, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 21.901 (110.029 - 3° CIVIL), caratulados: "CASTRO, GASTÓN ANDRÉS C/ VERDERRAMA, ROGELIO RICARDO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha diecinueve del mes de abril del año dos mil trece, obrante a fs. 215/224, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo, del tercer Juzgado en lo Civil, en su sentencia dictada en fecha 19 de abril de 2013, cuya copia obra agregada a fs. 215/224, encontró fundamento suficiente para declarar que el accidente de autos ocurrió por culpa exclusiva del conductor del automóvil Renault 19 dominio VXF -990, señor Rogelio Ricardo Verderrama. En consecuencia hace lugar parcialmente a la demanda condenando al mismo, en los términos del art. 1109 C. Civ., a abonar al actor señor Gastón Andrés Castro las sumas determinadas en los considerandos con más los intereses en la forma allí establecida. Impone las costas y regula los honorarios.

Contra esta decisión de la jurisdicción, la abogada Silvina Santamaría interpone por la parte que representa recurso de apelación, el cual fue concedido a fs. 230 con efecto suspensivo.

La recurrente se presentó a fs. 259 y expresó sus agravios contra la sentencia, relatando en el punto 2 los antecedentes de la causa precisando que la magnitud del accidente jamás puede haber ocasionado los daños personales y materiales que se reclaman, no se corresponden con la mecánica del accidente probada, con los daños efectivamente probados y además no ha sido responsabilidad del demandado y que hacer lugar a esta demanda es arbitrario beneficiado a una de las partes en desmedro de la otra, con lo cual se provoca un enriquecimientos injustificado.

En el punto 3 describe el contenido de la sentencia y el 4 critica a la misma.

Inicia su alocución observando que el monto reclamado no condice con las constancias de autos al igual que el nombre de quién se beneficia con el rubro privación del uso.

En el punto siguiente describe la forma de cómo aconteció el accidente poniendo énfasis en decir que el vehículo embistente es la moto y no el automóvil guiado por su cliente el cual asevera llega antes a la bocacalle y no conjuntamente como arbitrariamente interpreta el a quo. Mas teniendo en cuenta que al momento del impacto el automóvil ya se encontraba frenado y no despide al señor Castro más bien cae frente al vehículo ya frenado.

Respecto de la prioridad de paso, dice que si bien la tenía la actora tal derecho no es absoluto ni irrestricto. Ella no es estática, lejos de lo que opina el a quo se valora con toda la dinámica del siniestro y acá encuentra acabadamente probado por la pericia que el demandado circulaba a una velocidad adecuada, advirtió la llegada de la moto, frenó y aún así fue embestido en el medio de la calle y en la parte delantera del vehículo, por lo que este principio debe ceder por la probada falta de capacidad para conducir y negligencia del actor. Cita doctrina judicial en aval de su posición.

El recurrente asevera que el señor Castro no tuvo el dominio del moto vehículo ni de la situación sino la colisión pudo haberse evitado, iba según la pericia a 30 km por hora, velocidad mas que imprudentemente para estar circulando en una moto de alta cilindrada (110) y entrando a una bocacalle. Por ello entiende que no fue culpable del accidente y por tanto no tiene ni está obligado a pagar ningún daño más que los que le fueron a él ocasionados, los cuales mediante facturas debidamente conformadas se encuentran probados en estas actuaciones a fs. 25 y 34.

La magnitud del siniestro y los daños tanto físicos como materiales, aplicando simplemente el sentido común jamás pueden generar una indemnización a favor del actor de mas de $ 17.000.

Específicamente respecto de los daños cuestiona que la incapacidad física sobreviniente por la cual se le otorga la suma de $ 9.000 basado en la informativa rendida al Hospital Rawson (fs. 88 y 89) dice que en la misma no surge nada mas que traumatismos y excoriaciones múltiples, pero que no se radiografía, no consta que fuera ingresado, ni que se le haya practicado absolutamente nada, no manifiesta si fue internado, etc. Igualmente cuestiona la decisión del a quo respecto del porcentual de incapacidad expresando sintéticamente que el actor exagera el dolor y que no ha tenido en cuenta que a los cuatro años de haber realizado la pericia ya no presenta pérdida de movilidad alguna.

En otras palabras solo se establece como tratamiento, analgésicos inespecíficos para el problema traumatológico (simples antinflamatorios) con una persona que por la pericia psicológica presentaría, baja autoestima, reacción lentificada y bajo umbral de dolor, jamás podría habérsele generado, una incapacidad del 6% y muchos menos una indemnización por $ 9.000.

También cuestiona la valoración que hace el a quo cuando no tiene en cuenta que el actor denunció que se desempeñaba como administrativo cuando en sede policial expresó que es comerciante y pasante y a fs. 146 en la pericial dice que trabajó en un maxi kiosco y empleado en un bar de una lomoteca y finalmente reconoce que se encontraba sin trabajo.

En síntesis del punto la recurrente sostiene que se trata de un accidente de menor sin consecuencias permanentes en la integridad física del actor, las cuáles no se encuentran demostradas.

En cuanto a los gastos terapéuticos sostiene que no se encuentra prueba de la realización de los mismos, mas cuando obra en autos que el tratamiento solo se refería a la ingesta de analgésicos y antinflamatorios que según la pericia no superan los $ 200, razón por la cual fijar $ 1000 es sin derecho.

Respecto del daño psicológico, lo resuelto por el a quo es absolutamente arbitrario y favorecedor para la parte actora dado que la magnitud probada del accidente y de las supuestas lesiones (las que no pasarían de un dolor en la rodilla) demuestran a simple lectura la improcedencia del reclamo. Que una caída sin daños materiales y con un golpe en la rodilla nunca puede provocar stress postraumático de una incapacidad del 30 al 40 %. La mecánica del accidente, la falta de necesidad de hacerse una radiografía, que no consta que se le haya hecho ni siquiera en el hospital, así lo indica. Por ello entiende que jamás el accidente pudo provocar un daño psíquico, salvo el de su propia personalidad insegura con falta de autoestima y dependiente que sobredimensiona el hecho, por lo que este rubro debe ser rechazado.

Respecto del daño moral el a quo entiende que no hace falta probar el daño y toma la pericia en su totalidad y otorga la suma de $ 4000 lo que agravia a su parte ya que no surge probanza de autos que esta parte haya provocado ese daño.

Finalmente con relación al daño al vehículo dice que la pericial mecánica policial y judicial coinciden en los daños pero la actora presenta un presupuesto con cosas que no surgen de las pericias como deterioradas. Además denuncia que el presupuesto está exagerado en un 112 %. De igual modo, no prueba la reclamante que haya tenido que desplazarse en el tiempo de arreglo de la moto por cuanto no tenía trabajo.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 267 y de un modo breve solicita en base a los argumentos que expone se rechace el recurso de apelación intentado y confirme la sentencia.

Planteado el recurso de apelación del modo propuesto por la demandada, en primer lugar corresponde tratar el tema relacionado con la determinación de la responsabilidad o grado de responsabilidad que pone en crisis la demandada con sus argumentos.

Así es dable recordar que el accidente de tránsito se produjo el 11 de diciembre de 2008, cerca de las 19,20 hs., cuando Gastón Andrés Castro circulaba en su moto Honda Biz 110 c.c. dominio 539EDE por calle Patricia Sanjuaninas en dirección Norte a Sur cuando al llegar a la intersección con calle San Luis choca con el automóvil Renault 19 dominio VXF 900 que era conducido por Rogelio Ricardo Verderrama, el cual circulaba de Este a Oeste.

La parte recurrente plantea la validez al caso de la prioridad de paso absoluta para quién cruza desde su derecha, establecida en el art. 41 de la Ley 6684 de adhesión a la nacional N° 24.449. Al respecto este tribunal ha fijado como doctrina en autos N° 21.218 (77.625 - 9° CIVIL) caratulados "Cabello Eber Lorenzo c/ Robles Sergio M. y Otro - Daños y Perjuicios", 15 de marzo de 2012 (L. de S. T° 112 F° 176/179) siguiendo lo dicho precedentemente en los autos N° 21.022 (71.482 - 3° CIVIL) "Ruarte, Carlos Hugo c/ Gonzáles Rosa Jorge Luis - Daños y Perjuicios", L. de S. T° 111 F° 37/40 y autos N° 20.755 "Muñoz Francisco Oscar c/ Espejo Sandra y otro - Daños y perjuicios", 9 mayo 2011, (L de S. T° 110 F° 86/90) que "cuando se produce un accidente en una encrucijada, al momento de realizar el razonamiento para determinar la responsabilidad resarcitoria se ponen en funcionamiento una serie de reglas de circulación y presunciones, contenidas en la ley de tránsito aplicable.

En ese sentido, se advierte que el A quo al construir su sentencia, principia, por analizar la presunción de culpa que recae contra quien es el embistente, dejando para un segundo término el principio de la prioridad de paso.

El camino del razonamiento adoptado por el a quo es equivocado por cuanto el embestimiento de un vehículo contra el otro, se da en el marco de una disputa legal previa que es la determinar quien tenía la prioridad de paso en esa encrucijada...

Sobre el particular, el suscrito ha expuesto largamente sobre el tema en investigaciones jurídicas, como es la titulada "La prioridad de paso en las encrucijadas" publicada en RCyS 2010-II-23 y en http://www.acaderc.org.ar/ ediciones/ accidentologia-vial/; y en distintos fallos, entendiendo que la prioridad de paso tiene carácter de absoluta, razón por la cual la interpretación de su contenido debe ser siempre restrictivo.

Como síntesis de las largas reflexiones efectuadas en los precedentes antes mencionados se llegó a la conclusión y así se expuso que cuando se realiza el razonamiento judicial para determinar la responsabilidad en la producción del accidente en una encrucijada, se debe seguir el siguiente proceso: 1) Determinar que parte de las involucradas en el accidente tenía, inicialmente, la prioridad de paso. 2) Analizar la conducta del obligado a ceder el paso. Y, 3) Verificar si la conducta del beneficiario neutraliza parcial o totalmente el privilegio.

En ese sentido, el razonamiento no se puede comenzar por el final revisando la conducta de quien tenía la prioridad de paso sin verificar si quién no la tenía cumplió con los mandatos legales.

En ese sentido, se ha sostenido que la parte que no tiene la prioridad debe ceder el paso al beneficiado deteniendo completamente la marcha y concediendo la libre circulación al otro. Como se dice en algunos precedentes, como si tuviera un semáforo en rojo".

En el caso de autos, la propia demandada en su expresión de agravios reconoce que no estaba beneficiada por la prioridad de paso, razón por la cual esta regla está aceptada y reconocida.

Con relación a su propia conducta se verifica que la parte apelante no argumenta ni justifica su accionar conforme a las exigencias de la ley sino por el contrario, trata de eximirse de su propia responsabilidad achacando a la actora conductas reprochables.

En ese sentido, la parte que no tiene la prioridad de paso, se ha sostenido reiteradamente que debe ceder el paso voluntariamente a la otra parte deteniendo la marcha de su vehículo para no entorpecer el tránsito del automotor que tiene la ventaja de paso. El demandado no argumenta haber detenido y cedido el paso voluntariamente a la otra parte, sino que le endilga que circulaba con exceso de velocidad y que fue el embistente.

Por ello se puede decir que la demandada apelante no ha cumplido con el deber de detener la marcha y ceder el paso a la otra parte, razón por la cual no se la puede eximir de la responsabilidad que el a quo le ha determinado en la producción del accidente de tránsito" .

En el caso de autos la recurrente reconoce expresamente que no gozaba del beneficio de prioridad de paso y solo intenta eximirse de responsabilidad argumentando la velocidad de 41, 11 km/h de la demandada.

En ese sentido, el actor no demuestra que haya cumplido con la premisa básica de la norma como es que debió ceder voluntariamente el paso a quién tenía la prioridad. Es decir, el recurrente ha incumplido con su deber esencial como es ceder el paso.

Sin perjuicio de ello, una velocidad de 40 km por hora, implica un recorrido de 11 metros por segundo, lo cual significa que un segundo antes del lugar del impacto el demandado se encontraba a esa distancia que por cierto implica que el actor apelante lo vio con anticipación suficiente como para adoptar las medidas preventivas que en el caso le imponía la ley: Frenar y ceder el paso.

En función de las razones expuestas propongo que se confirme el fallo en todas sus partes, se desestime el recurso con costas a la recurrente vencida".

Aplicada esta doctrina al caso el recurrente no gozaba del privilegio de tener prioridad de paso, sino por el contrario, razón por la cual en primer lugar debe demostrar que cedió el paso a quién circulaba por su derecha, circunstancia que no se encuentra acreditado, razón por la cual corresponde en derecho ratificar la decisión del a quo de atribuir la responsabilidad exclusiva del demandado (Renault 19 VXF 990) en la producción del accidente.

Avanzando en la construcción de esta sentencia corresponde tratar la cuantificación de los daños reclamados.

En ese sentido se cuestiona en primer lugar la suma determinada por la incapacidad sobreviniente. Al respecto el cuestionamiento de la recurrente no tiene la fuerza jurígena suficiente para desmoronar el razonamiento realizado por el a quo como paso previo y necesario para fijar la cuantía resarcitoria. En ese sentido, no ha impugnado la pericia médica que fija en un 6% la incapacidad del actor. Además, el recurrente marca que el reclamante tenía fuerza laboral, aún cuando lo coloca en distintas tareas. Así, como mínimo para una correcta cuantificación de la capacidad laborativa que es independiente y complementaria de la capacidad para la vida en relación, se debe tener en cuenta que a esa época del accidente el salario mínimo vital y móvil era de $ 1240 que la edad de la víctima de 29 años y una discapacidad del 6%.

En función de ello, propongo que se desestime esta queja.

En cuanto al planteo relacionado con los gastos terapéuticos que se fijan en la suma de $ 1.000, los mismos no resultan desmedidos ni irracionales, teniendo en cuenta la cuantía del salario mínimo vital y móvil que se puede utilizar como parámetro comparativo. En ese sentido, la quejosa no critica como lo exige el art. 253 del C.P.C. de un modo razonado y puntual puesto que es generalizada la idea de que cuando se produce un accidente hay gastos de atención médica y asistenciales que son de difícil prueba y por ende, la jurisdicción debe ponderar con una aproximación teniendo en cuenta el nivel de gravedad de los daños padecidos. (Ver Alferillo, Pascual Eduardo, "El resarcimiento de los gastos farmacéuticos y médicos", D.J. 20/08/2008 - DJ2008-II, 1069).

En cuanto al daño psicológico cuestiona que una simple caída con un golpe en la rodilla pueda provocar una disminución o incapacidad del 30 al 40% como daño psíquico y fija una suma indemnizatoria de $ 2.000 calculado a la fecha del accidente. Y en forma, simultánea cuestiona la suma fijada para resarcir el daño moral que fija en la suma de $ 4.000 a la fecha del accidente.

Estos ítems deben ser tratados simultáneamente y precisar que la evolución científica permite diferenciar perfectamente cuando existe daño moral del daño psíquico, ello a los fines de evitar que no haya doble resarcimiento sobre un mismo padecimiento. En ese sentido el suscripto ha definido en reiterados trabajos y fallos que "el daño moral es el menoscabo que sufre una persona en su bienestar psíquico sin que ese estado negativo o disvalioso sobreviniente (tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc.) llegue a configurar una situación patológica como consecuencia del menoscabo padecido en su integridad psicosomática -social o patrimonial". (Ver Alferillo, Pascual Eduardo, "Daño moral. Valoración, cuantificación y prueba2, en Libro "...". 2014; Alferillo, Pascual E., "El daño psíquico. Autonomía conceptual y resarcitoria", La Ley 07/10/2013, 1; La Ley 07/10/2013, 1; Online: AR/DOC/3611/2013; Límites de la legitimación para reclamar daño moral", LA LEY 01/03/2012, 3 o LA LEY 2012-B, 17; etc.) En esos trabajos quedó demostrado que la diferencia entre el daño psíquico y el daño moral se encuentra en la situación patológica del primero y que el mero padecimiento psíquico por tristeza, dolor, amargura, inseguridad, angustia, etc. no configura un daño a la psique propiamente dicha.

La lectura de la pericia presentada por la psicóloga Miriam A Seguí Solera tiene como primera observación que ella no tiene la calidad de médica y menos con especialidad en psiquiatría como para diagnosticar un padecimiento patológico a la psique y definir un porcentual.

Sin perjuicio de ello, si se lee con detenimiento la pericial marca con mucha claridad una personalidad de base muy compleja por ser depresiva, triste, malhumorado, marcadamente esquizoide, etc. y no dice en cuánto agravó el accidente su personalidad de base, lo cual descalifica la pericial por cuanto no es lo mismo determinado porcentaje de una personalidad de base enfermiza que otra que es normal. Finalmente, a fs. 172 dice que podría ser importante la incapacidad. Esa indefinición marca que no tiene certeza de sus conclusiones y ello no ayuda a definir correctamente el porcentual.

Además cabe marcar que la sentencia tiene un error en su elaboración que es no tener en cuenta este porcentual que por cierto estimo no debe ser tenido en cuenta y debe ser desestimado este rubro, con el porcentual fijado como incapacidad sobreviniente por cuanto el daño psíquico es un daño a la integridad psicofísica y social de la persona y debieron ser compatibilizados.

Por ello y atendiendo a los antecedentes de la causa, el daño moral fijado a la fecha del accidente en la suma de $ 4.000 no resulta excesivo teniendo en cuenta el grado de incapacidad fijado en el 6%.

En cuanto a los daños materiales, se debe tener en cuenta que la propia demandada apelante pudo realizar la pruebas tendiente a demostrar que el presupuesto no condecía con los antecedentes en su valor y en la existencia. No basta con expresar meras quejas sino que es necesario en los procesos de revisión por apelación argumentar en base a las pruebas aportadas realizando un correcto análisis de las mismas para desmoronar el edificio lógico jurídico construido en la sentencia por el juez y dar los argumentos suficientes para un nuevo pronunciamiento. Ello no se cumple en autos.

En función de ello propongo que se haga lugar parcialmente al recurso de apelación desestimando el reclamo por daño psíquico. En el resto se confirma la sentencia del a quo. El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación. 2- Desestimar el reclamo efectuado por rubro daño psíquico. 3- Confirmar en lo demás el fallo apelado. 4-Imponer las costas a la actora en un 6 % y a la demandada en un 94% de lo que le correspondiere por su actuación en segunda instancia. 5-Regular los honorarios de los profesionales abogados Ernesto Clavijo y Silvina Santamaría por lo actuado en segunda instancia en un 40% de lo regulado en primera instancia.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación.

2- Desestimar el reclamo efectuado por rubro daño psíquico.

3- Confirmar en lo demás el fallo apelado.

4-Imponer las costas a la actora en un 6 % y a la demandada en un 94 % de lo que le correspondiere por su actuación en segunda instancia.

5-Regular los honorarios de los profesionales abogados Ernesto Clavijo y Silvina Santamaría por lo actuado en segunda instancia en un 40% de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2014; F°171/177; FECHA:21 de octubre de 2014 DRES.RIVEROS-ALFERILLO.