Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


FRONTINI, Norma Catalina contra MEDYCIN y/o responsables Reg.: A y S t 216 p 96-99.

Santa Fe, 20 de setiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 146 del 23 de mayo de 2003, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "FRONTINI, Norma Catalina contra MEDYCIN y/o responsables -Amparo-Cautelar Innovativa- (Expte. 236/02) (Expte. C.S.J. nro. 414, año 2003); y, CONSIDERANDO:

Por decisorio 146 de fecha 23 de mayo de 2003 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario resolvió, con fundamento en la falta de motivación y por no integrar el elenco de resoluciones apelables en el régimen del amparo, declarar mal concedidos los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra el auto 3137 -que tuvo por no presentado un escrito de la demandada- y rechazar la apelación deducida contra la sentencia 1141 -que acogió el amparo tendente a que la accionada suministrara tratamiento oncológico a la actora, invocando en este punto que ni la argumentación recursiva ni las constancias de autos auspician el acogimiento del planteo de la caducidad del artículo 2 de la ley 10456 que opusiera en primera instancia-.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad sorpresiva.

En el memorial recursivo afirma que configura una hipótesis de arbitrariedad, la falta de motivación suficiente del decisorio, por cuanto el razonamiento de los Sentenciantes, apartándose de la necesidad de explicar los fundamentos de la resolución con un grado de lógica y coherencia con la realidad de las constancias de autos y con la ley, confirma (con diferente sustento) el fallo de primera instancia, infringiendo normas procesales sustanciales, dejándolo en absoluto estado de indefensión.

Señala que el fallo constituye una negación de justicia que lo despoja de los derechos de propiedad, del debido proceso y el acceso a una justicia digna, al obligarlo a cargar con las costas del litigio.

Sostiene que le agravia que, con apartamiento del texto del artículo 2 de la ley 10456, la Cámara entienda que no operó la caducidad al momento de la interposición del amparo.

Destaca que el reclamo de la actora se efectuó por una vía procesal inválida, ya que si pretendía el reconocimiento de un derecho, no debió iniciar la acción de amparo, dado que ésta no procede si se pueden utilizar otras vías judiciales o administrativas eficaces para idéntico fin (juicio ordinario acompañado de una medida cautelar).

Apunta que se interpretó de modo diferente la ley, al reputar extemporánea la "contestación de la demanda" (que se presentó sólo treinta minutos después del vencimiento del plazo), y no aplicó igual criterio con la presentación de la acción de amparo (iniciada nueve días hábiles después de lo que la ley establece).

Añade que para fundarlo se elucubró una teoría del daño continuo que, de ser tenida por válida, desvirtuaría la figura del amparo.

Finalmente, señala que la Cámara incurre en contradicción cuando por un lado rechaza la apelación interpuesta contra el auto 3137 por no integrar el elenco de resoluciones apelables (art. 10, ley 10456) y luego, se aparta caprichosamente de dicha norma en lo que refiere al tema de la caducidad.

2. A su turno, la Alzada denegó la impugnación deducida, mediante resolución 270 del 22.9.2003 (f. 26 y vto.), aduciendo falta de autosuficiencia del escrito recursivo e incumplimiento del recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede (fs. 30/32 vto.).

3. Liminarmente, y aún cuando pudieran juzgarse satisfechos recaudos formales exigibles, se ha de señalar que la impugnante en su presentación directa no ha rebatido eficazmente lo afirmado por la Sala en el auto denegatorio de la concesión del recurso de inconstitucionalidad, en cuanto a la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

En efecto, los Sentenciantes sostuvieron en el auto denegatorio que "todo el andamiaje que sirve de soporte a la impugnación estriba en la arbitrariedad de lo resuelto por esta Sala respecto de la caducidad del amparo.

Sin embargo, tal defensa ya había sido rechazada por el Juez de baja instancia (con fundamento que la Alzada confirmó), sin que la demandada introdujera la cuestión constitucional al fundar la apelación" (f. 26 y vto.).

Frente a estas precisas consideraciones nada alegó en su presentación directa la quejosa.

A ello cabe agregar que lo argumentado en su memorial recursivo en torno a la existencia de una supuesta arbitrariedad sorpresiva resulta insuficiente para tener por superado dicho óbice en relación a los planteos esenciales que hoy se quieren someter a consideración de esta Corte.

Por ello, en el caso dicha carga no ha sido debidamente asumida por la compareciente en cuanto al achacado incumplimiento del recaudo formal de introducción oportuna de la cuestión constitucional.

Es que, como señaló la Sala, siendo el decisorio atacado confirmatorio del apelado, para cumplir debidamente con la exigencia que surge del artículo 1 de la ley 7055, la quejosa debió, al menos al expresar agravios, efectuar los planteos de índole constitucional que entendía involucrados en el caso, para así permitir a la contraparte ejercer debidamente su derecho de defensa y al Tribunal a quo pronunciarse al respecto (cfr. criterio de A. y S., T. 59, pág. 150 y pág. 168; T. 60 pág. 418, etc.).

No debe olvidarse que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, la exigencia del planteamiento oportuno no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (cfr. A. y S., T. 99, pág. 302; T. 101, pág. 195; T. 103, pág. 37), radicando su fundamento en la necesidad de que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos (A. y S., T. 64, pág. 461; T. 72, pág. 88, entre otros).

No obstante lo expuesto, y aún cuando pudiera considerarse superada la valla formal señalada, la presente queja igualmente no ha de prosperar.

Ello así toda vez que al ingresar -mínimamente- en el ámbito de lo sustancial se advierte que la mencionada hipótesis de arbitrariedad articulada, traduce tan sólo el cuestionamiento de la parte impugnante a la labor cumplida por el órgano jurisdiccional de segundo grado al tratar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, en ejercicio de funciones propias, lo que resulta insuficiente para operar la apertura de la instancia extraordinaria intentada.

En efecto, del memorial recursivo en confrontación con la sentencia impugnada, surge que la recurrente disiente con la conclusión a que llegara la Sala al desestimar el recurso impetrado tratando de imponer su propio criterio acerca de la caducidad de la acción de amparo intentada.

Sin embargo, lo cierto es que no logra acreditar que los Juzgadores hubiesen incurrido, al decidir como lo hicieran, en los vicios endilgados y más arriba reseñados.

Así pues, a estarse a las constancias que surgen del "sub lite", lo decidido por la Alzada venía referido a la necesidad de "indagar si la defensa de caducidad opuesta por la demandada resulta idónea para reputar que medió la 'razón plausible para litigar' prevista en el artículo 17 de la ley 10.456...".

Y en punto a ello, los Sentenciantes entendieron que "no aparece cumplida la exigencia del CPCC, 356, con relación al fundamento brindado por el Inferior ..." y que "... la insistencia en que la demanda de amparo fue interpuesta cuando ya estaba excedido el plazo previsto en el artículo 2 de la ley 10.456 no tiene soporte alguno y repugna al sentido común más elemental pues, tratándose de un tratamiento médico, la lesión se concreta cada día que el paciente se ve privado de él; por ende, resulta -cuando menos- absurdo plantear la caducidad prevista en el referido precepto (destinado a conjurar situaciones que nada tienen que ver con la que motivó este amparo)" (f. 13 y vto.).

La argumentación precedentemente transcripta no logra ser desvirtuada por la interesada, quien postula que el pronunciamiento se aparta de lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 10456 (al considerar los Sentenciantes que no operó la caducidad al momento de la interposición del amparo); además, no demuestra que los Jueces de la causa se hubiesen apartado de los términos legales o hubieran propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión que desnaturalice los fines para los cuáles fue consagrado, o efectuado -más allá de su mayor o menor grado de acierto- una valoración de los recaudos de aquél que conlleve al soslayamiento de los preceptos que lo regulan.

De allí que, se advierte que la cuestión traída evidencia la simple disconformidad de la recurrente con el alcance asignado por la Sala a normas de derecho procesal, a la vez que refleja la pretensión de aquélla de imponer su postura en la causa, al insistir en la defensa de caducidad que ya había sido rechazada por el Juez de primera instancia, solución que la Sala ratificó, aunque con diverso fundamento.

Tampoco tiene entidad suficiente para la apertura de esta instancia extraordinaria el achaque atinente a la arbitrariedad por contradicción al rechazar la apelación interpuesta contra el auto 3137 por no integrar el elenco de resoluciones apelables (art. 10, ley 10456) y luego, apartarse de dicha norma en lo que refiere a la caducidad.

La configuración de la "autocontradicción" como causal de arbitrariedad requiere, según la doctrina elaborada por este Tribunal, la acreditación de la existencia de una irreductible contraposición de fundamentos, de tal manera que torne ininteligible el decisorio y, consiguientemente, falto de fundamentación suficiente y agraviante a los más mínimos niveles del derecho a la jurisdicción (cfr. A. y S., T. 67, pág. 418; T. 74, pág. 302; T. 99, pág. 209; etc.).

En el caso, no se advierte en donde radicaría la mentada autocontradicción, ya que ésta no se desprende del fallo cuestionado, con lo que la disimilitud de criterios del recurrente en contra de lo sostenido por los Sentenciantes, no es razón suficiente para franquear esta instancia recursiva de excepción.

Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones de la impugnante, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de la discrepancia de la apelante con la apreciación de las particulares y excepcionales circunstancias del caso y con su solución, y que, más alla de su acierto o error, no aparece "prima facie" divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

En definitiva, se ha de seguir que, en el "sub examine", no se advierte la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte; la conclusión a la que arribó la Alzada podrá o no ser compartida, pero en la medida que no implica un palmario apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)