marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de consumo, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hospital de Gestión Descentralizado San Bernardo c/ Escudo Seguros SA s/ Sumarísimo o Verbal - Defensa del Consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-09-19

Tal como lo sostiene de manera unánime la jurisprudencia, el vínculo jurídico que une al asegurado, con el asegurador, es una relación de consumo y, del juego armónico de las normas aplicables - Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley 24.240 y el Art. 68 de la Ley 24.449-, permite concluir que la víctima no es un tercero extraño al contrato que vincula al asegurado con el asegurador, sino que también es "consumidor" por estar "expuesto a una relación de consumo" y, por ende, le son aplicables las normas de defensa del consumidor.
Costas, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARASSO, ARTURO ALBERTO c/ CAJA  DE  PREVISION  Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PCIA. DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - COSTAS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-05-31

Corresponde imponer las costas a la demandada, si con su actuación administrativa ha hecho necesaria esta instancia judicial y la desaparición de la materia contencioso administrativa se produjo como consecuencia de un acto de la propia administración, luego de haberse trabado la litis.
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, inhabilidad de título, intereses, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ PICCO, CLARA ENRIQUETA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-02

En lo que respecta a la interpretación del art. 510 del C.P.C. cabe consignar que si bien de su texto emerge que la desestimación sin haber dado sustanciación, procede cuando la oposición a la ejecución se sustente en excepciones que no fueren las autorizadas por la ley, debe considerarse extensiva al caso de que, no obstante hallarse aquellas comprendidas en la enumeración del art. 507, la ejecutada no cumpla los requisitos a que se encuentra supeditada su admisibilidad o bien que la cuestión planteada exceda los supuestos previstos en dicha normativa.
Cuestiones de competencia, competencia federal, supresión del estado civil, falsificación de documentos, documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: Balduina, Alicia Margarita s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Debe entender el juzgado federal y no el de instrucción, en una causa en la que se investiga el delito de supresión de identidad, cometido contra una persona nacida en 1980, habida cuenta que, según la edad que la misma tendría en la actualidad, cabe inferir que se le expidió un documento nacional de identidad con datos falsos y, dado que la supresión concurre idealmente con la falsificación del acta de nacimiento y del documento destinado a acreditar la identidad de la persona, debe intervenir la justicia federal en virtud del carácter nacional del último documento. -Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la Corte.
Enriquecimiento sin causa, tasas de interés, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: A., S. F. c/ H. E. S.R.L. y/o N. T. SRL y/o I. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

La tasa activa de interés ha sido seleccionada con el propósito de mantener incólume el contenido económico de la sentencia y en ejercicio de la facultad judicial dispuesta en el art. 622, regla 3° del C.C. de determinar el interés que debe abonarse en defecto de habérselo convenido por las partes o existir disposiciones de leyes especiales.

El objeto de este accesorio está dirigido a resarcir al acreedor el daño moratorio sufrido por la indisponibilidad del crédito judicialmente reclamado, a cuyo efecto, se parte de la razonable presunción de que el actor se ha visto necesitado de suplir tal indisponibilidad mediante el recurso a fuentes de financiación en el mercado de dinero.

Aquí es cuando corresponde mensurar cuantitativamente este perjuicio, sirviendo entonces de parámetro las tasas activas que perciben los bancos, que marcan una razonable pauta acerca del costo del dinero.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Nacional, obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Albornoz,  Luis  Roberto  y  otro c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Al ser demandado, prima facie, un Estado local y una entidad nacional (O.S.U.O.M.R.A.), la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste al Estado Nacional -o a una entidad nacional-, al fuero federal, es sustanciando la acción en la instancia originaria de la Corte Suprema.
Concursos, junta de acreedores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatore, José s/ Concurso preventivo s/ Incidente de apelación Artº 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La preclusión se opera en las audiencias, con respecto a los diversos actos jurídicos que se llevan a cabo en la junta de acreedores, en el momento en que se rubrica el acta, cuya firma importa conformidad con la constitución de la audiencia y el contenido de lo que figura como ocurrido en ella.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, pesificación, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: LEBAN, Daniel N. c/ BALMACEDA, Alberto P. y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-11

Si bien corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 de la ley 25.561, 1 y 8 del decreto 214/2002 y 16 de la ley 25.563, en cuanto establecen la pesificación de la deuda derivada de un mutuo en moneda extranjera garantizado con hipoteca, con fundamento en razones de equidad y justicia social que el Tribunal no puede soslayar, se debe fijar un plazo -en el caso 60 días corridos- para que acreedor y deudor establezcan la mejor forma de recomponer la deuda conforme a parámetros de equidad, bajo apercibimiento de hacerlo el Tribunal.
Jueces, jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arguello Varela, Jorge Marcelo c/ Estado Nacional (CSJN) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

La ley 24.018, que reiteró la plena vigencia de las reglas atinentes a la movilidad de los haberes jubilatorios de los funcionarios y magistrados judiciales, fue sancionada con posterioridad a la acordada 56/91, por lo que cabe entender que ésta quedó sin efecto, más aún cuando su art. 35 deroga toda otra norma que se oponga a ella.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López s/ Recurso de amparo -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Es de competencia originaria de esta Suprema Corte el conocimiento y decisión de la pretensión que tiene su origen en un contrato de concesión de obra pública celebrado entre la comuna y una empresa para la construcción y explotación de una red de distribución domiciliaria de gas natural, que se singularizó a través de convenios suscriptos por los vecinos y la contratista ya que este tipo de acuerdos se halla regido por normas administrativas y genera relaciones jurídicas de igual índole entre los usuarios y la autoridad. (art. 1º, 3º y conc.del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajador autónomo, cómputo de servicios, aplicación de la ley, defensa en juicio, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRANDAN, DELIA ANTONIA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

La aplicación del memorandum 363/89 implica una violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio y al orden prelativo de las normas -arts. 18 y 31 de la C.N.- al tiempo que denota un excesivo reglamentarismo que tiende a desvirtuar el espíritu de las normas de la seguridad social. Por ello, corresponde dejar sin efecto la resolución que, con fundamento en lo dispuesto por la resolución 4629/89 C.N.P.T.A. y el memorandum antes referido, denegó el reconocimiento de servicios solicitado.
Sociedades comerciales, liquidación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lejarraga, Martín A; c/ Kugler, Ricardo W. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-23

Tratándose de sociedades de hecho, ni la sociedad ni los socios pueden invocar respecto de terceros derechos o defensas nacidos de un contrato social no inscripto; pero ello no impide que "los socios entre sí" invoquen derechos y defensas que surgen de un contrato no inscripto pero firmado por las partes como expresión de regir sus propios intereses privados.
Facultades tributarias, aplicación de la ley tributaria, aplicación analógica de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nación  Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

No debe aceptarse la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho o imponer obligaciones más allá de lo previsto por el legislador.
Compensación jubilatoria, obras sociales, Superintendencia de Servicios de Salud, solidaridad previsional, sistema nacional del seguro de salud, Fondo Solidario de Redistribución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: O. S. PERS. de la Construcción c/ Est. Nac. -M° de Salud y ACC. SOC. - SUPERINT. SERV DE SALUD- s/ ejecución Ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-26

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda que la Obra Social del Personal de la Construcción (OSPECON) inició contra el Estado Nacional (Superintendencia de Servicios de Salud) con el objeto de que se ordenara, por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, liquidar y transferir a su cuenta los fondos correspondientes a la compensación establecida en el art. 24 del Anexo II del decreto 576/03 respecto de los trabajadores incluidos en el inc. a) del art. 10 de la ley 23.660 ya que la solución da con fundamento en el principio de solidaridad que sostiene, junto con otros, al sistema de seguridad social permite que la actora, con las características que la identifican, pueda hacer frente a la cobertura de salud obligatoria de aquellos beneficiarios durante los tres meses contemplados por el artículo mencionado en los que no ingresará una contribución al sistema, mediante recursos que percibirá del Fondo Solidario de Redistribución.
Traba de la litis, deberes del juez, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: B. C. E. c/ G. E. A. s/ DIVORCIO VINCULAR (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-16

El límite infranqueable de la potestad de juzgar lo constituye el presupuesto fáctico de los hechos esenciales, emergentes de la traba de la litis que resultan ajenos a la discrecionalidad judicial, por ser las partes las que fijan en la demanda y oposición los hechos concernientes al objeto del proceso, siendo facultad-deber del juez la decisión del conflicto y la aplicación del derecho, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos legales enunciados por las partes.

Es condición de validez de la sentencia que la misma se ajuste al contenido de las peticiones formalizadas, pues el órgano jurisdiccional debe pronunciarse respecto al pedido de protección de derechos que se hacen valer.

Es que si no hay decisión sobre alguna cuestión oportunamente propuesta, se genera una omisión que afecta el derecho de defensa del recurrente (cfr.

C.S.J.N. Fallos 247:260; L.L. 132-88).

Tal omisión impide a la resolución impugnada constituirse en un acto jurisdiccional válido.

Ello por cuanto está afectada en su validez al haber incurrido en incongruencia negativa, por no recoger el fallo la totalidad de las pretensiones ejercidas, admitiéndolas o rechazándolas (cfr. Colombo C. Código Procesal Civil Comentado, T.2,p.43).

El principio de congruencia -normado en el segundo párrafo del art. 34 C.P.C.C., señalado como límite al principio iura novit curia-, implica la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio, surge del principio dispositivo, en virtud del cual se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función jurisdiccional como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez.

Analizando la sentencia en crisis a la luz de los parámetros precitados, se advierte que en la misma se respetó el principio de congruencia.

DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.
Ley vigente, aplicación de la ley, pacta sunt servanda, divorcio, matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Villacampa, Ignacio c/ Almos de Villacampa, María Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

La circunstancia de que ambos contrayentes se hayan sometido voluntariamente al régimen legal vigente en oportunidad de su matrimonio, no constituye un obstáculo a que ulteriormente uno de ellos invoque prerrogativas que les confiere el nuevo sistema normativo, principalmente porque el principio "pacta sunt servanda" invocado por la apelante, no resulta absoluto ni siquiera en el marco estrictamente contractual y patrimonial del cual exceden las relaciones matrimoniales.
Reparación integral, indemnización, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Petruccelli, Exequiel Mariano c/ Asociart ART SA s/ Accidente - acción civil s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

En tanto la presente acción fue iniciada con el objeto de obtener una reparación integral por los daños sufridos en un accidente in itinere, en los términos del art. 1113 del antiguo Código Civil y la doctrina sentada por la CSJN en el fallo "Aquino", y al no ser necesario interpretar las normas que regulan la relación de trabajo ni las obligaciones del empleador para resolver el caso, resulta de aplicación el art. 17, inc. 2 de la ley n° 26773, que determina la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para entender en los juicios iniciados por la vía del derecho civil. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KINSELLA, JOSE ALBERTO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

En relación a los argumentos de la recurrente, es necesario aclarar que el presente caso no resulta equiparable al precedente "Miño", correspondiendo recordar que en dicha ocasión, no obstante haber quedado en minoría en oportunidad de expedirme en el recurso directo, entiendo que al resolverse el recurso de inconstitucionalidad se hizo especial mención de las particularidades probatorias de aquel caso surgidas con las constancias de los autos a la vista respecto de la prueba testimonial que puso en evidencia las condiciones laborales en las que se encontraba el actor y la pericial médica en la cual el experto señaló la existencia del vínculo etiológico de la patología, extremos que no se dan en el caso bajo examen. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Miño, AyS T 293, p 181/183.
Acción de amparo, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bassano, Mario Marcelo c/ Estado Nacional (Comité Federal de Radiodifusión).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-09

De lo establecido por el inc. b) de la ley 23.898 se deriva que las acciones de amparo pueden promoverse sin que ello genere a quien lo hace la obligación de pagar la tasa de justicia, ya que tal tributo sólo deberá ser abonado en el supuesto de que el amparo fuese rechazado y con posterioridad a la sentencia que así lo decida.
Derecho procesal, jueces, facultades instructorias, medidas para mejor proveer, socios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dompra SRL y otro c/Barrios, Carlos s/incidente de valuacion de cuotas c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Procede confirmar la resolución que ordenó que un experto lleve a cabo una nueva valuación a fin de determinar el valor de las cuotas del socio excluido. Es que si bien las medidas para mejor proveer son, por regla, inapelables (Fassi, Santiago C. - Yáñez, César D.: "Código Procesal Civil y Comercial", Astrea, Bs. As., 1988, p. 283; esta, Sala "Banco Itaú Buen A yre SA c/ Peker Jorge Oscar s/ queja", 8/5/12), sin perjuicio de ello, los agravios expresados por el actor tampoco son suficientes para demostrar el error que se atribuye a la sentencia.
Honorarios, actualización monetaria, derecho de propiedad, violación
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ  DANIEL  Y  MIEREZ JORGE EN AUTOS: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  EN: CENTRO  FINANCIERO  S.A.  CIA.  FINANCIERA  -  QUIEBRA PEDIDA s/ INCIDENTE    DE   VERIFICACION  TARDIA  -  REGULACION  DE  HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-27

No se deben actualizar los honorarios de los letrados del incidentista, en tanto no se tenga la certeza de que el crédito de su cliente sea percibido en su totalidad. Además la corte suprema de justicia de la nación dice, que si la regulación absorbe el 33 % del monto de la causa, es confiscatorio y abusivo, lesionando el derecho de propiedad de la constitución nacional. El calculo a los fines de la regulación debe realizarse sobre el valor histórico del crédito, sin perjuicio de que en el supuesto de que el acreedor perciba una cantidad mayor, los letrados tendrán derecho a un honorario adicional en la medida de dicho incremento.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, locación, aparcería rural, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-AGRARIO
Carátula: Daperno, Lorenzo c/ Astengo, Enrique s/ Cumplimiento de contrato - Arrendamiento y daños y perjuicios  (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-08

Los conceptos jurídicos "locación" y "arrendamiento" son sinónimos; la calificación "urbana" y "rural" no tiene más relevancia que la ubicación catastral de los mismos; pero tanto la locación como el arrendamiento -comunes entre sí-, no alcanzan a identificarse con la aparcería. La ley 13246 constituye un verdadero estatuto regulador de las relaciones jurídicas y técnicas: aparcero dador por una parte y por la otra aparcero recepción, es la relación entre el capital y el trabajo, aplicado a la actividad agropecuaria, donde cualquiera sea la distribución de los beneficios (especies y frutos) del proceso productivo, no existe entre las partes pago en dinero ni vínculo de subordinación. (Del Voto del Dr. González). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿resultan competentes los Juzgados de Circuito en los juicios de cumplimiento de contratos de aparcerías rurales?
Accidentes de trabajo, muerte, recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Carmona Vda. de Vera, Amora Tomasa c/ Mosso Hnos S.A. Ltda. s/ Indemnización fallecimiento - Inconstitucionalidad (Libro: S056-221)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-07-19

La sentencia que admite la procedencia de la acción prevista por el inciso 8 del artículo 157 de la ley 11729 equiparando al despido injustificado, la muerte del empleado, y permite su acumulación a la de la ley 9688, no es susceptible de impugnarse por recurso de inconstitucionalidad alegando violación de texto expreso de la ley, pues de está frente a una cuestión de naturaleza interpretativa.
Recusación, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo,  Alfredo  Pedro  (diputado  nacional) c/ integrantes de la Cámara Nacional Electoral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-17

Si el Consejo de la Magistratura no es parte en las actuaciones sino el tribunal que dictó el pronunciamiento impugnado en la instancia del art. 14 de la ley 48, no es función de la Corte decidir un conflicto litigioso en el que se encuentra en juego la existencia y el alcance de una prerrogativa jurídica propia del órgano mencionado, sino únicamente ejercer su jurisdicción extraordinaria apelada con respecto a una decisión de dicho cuerpo que, por ende, sólo reviste la condición de superior tribunal de la causa.
Proceso penal, homicidio criminis causa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paez, Manuel Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz en causa Nº 37/08, caratulada "Paez, Manuel Oscar p.s.a. Homicidio Agravado - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-18

El homicidio criminis causa requiere necesariamente una vinculación subjetiva del homicidio con otro delito -es decir, que al momento de cometer el homicidio, el autor esté expresamente motivado por el despecho ante el fracaso de su intento criminal-, aunque no es necesaria para la concurrencia de la agravante en cuestión una preordenación anticipada, ya que la ley únicamente exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, pudiendo surgir el designio motivante de la conducta, sin una previa reflexión, como una decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho.

En autos ha quedado demostrado que la primigenia intención del imputado fue abusar sexualmente de la menor de quince años, y ello ha sido plenamente probado. La frustración del imputado ante el fracaso de lograr el fin propuesto al intentar acceder carnalmente a la menor motivó que aquél le aplicara con un arma blanca, un puntazo mortal en el tórax, a nivel del área cardiaca, provocándole así una hemorragia masiva la que desencadenó en forma casi instantánea en la muerte de la menor.

En razón de lo precedentemente consignado, cabe concluir que en el caso analizado, el obrar doloso del acusado (destáquese que el encartado ocasionó la muerte de la menor, no sólo utilizando un elemento apto a tal fin, sino que además, el mismo fue aplicado en una zona vital, región cardiaca, provocando así el daño irreversible que fuera descripto) y los datos fácticos establecidos en el hecho acreditado, permiten calificarlo como homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7mo. C.P.).