Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12


CAUSA N° 27.442/2006 "STEINCO GUSTAVO ALEJANDRO (TF 18283-I) C/DGI" Buenos Aires, 12 de febrero de 2008.- Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor Juez de Cámara Dr. Gallegos Fedriani dice:

I.- Que, por decisorio de fs. 1415/1435 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones recurridas, con costas. II.- Que, contra tal decisión apeló la parte actora a fs. 1440 y expresó agravios a fs. 1441/1491, cuyo traslado fue contestado a fs. 1493/1505. III.- Que, se agravia la recurrente en esencia, respecto a que el Tribunal Fiscal arbitrariamente desconoció la nulidad de todo lo actuado, en razón de que el allanamiento y secuestro fue practicado sin la correspondiente orden judicial y sin que medie consentimiento voluntario y expreso, en razón -esto último- de las intimidaciones y amenazas propiciadas por los funcionarios intervinientes. Por otro lado, manifiesta el arbitrario desconocimiento por parte del decisorio apelado, de la nulidad de los procedimientos seguidos contra los responsables solidarios. Sostiene que en el caso de los Señores Ceciaga y Samaán, se inició el procedimiento determinativo sin que exista (respecto de los hechos que lo sustentan) resolución determinativa del Impuesto al Valor Agregado por el período abril de 1994 a marzo de 1995. Plantea la nulidad de los actos dictados en la causa seguida contra Implant Co S.R.L. por tratarse de un procedimiento ajeno a los iniciados contra los socios y no puede pretenderse que tal situación sea saneada por revestir el carácter de socios, ya que se extiende la responsabilidad sin que tengan la posibilidad de plantear las defensas pertinentes. Arguye el desconocimiento del decisorio en cuanto a que en forma arbitraria omite la ponderación de la prescripción para determinar de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal correspondiente al año 1993 respecto al Sr. Ceciaga. Aduce el desacierto del a quo al sostener que existen operaciones que dan origen a la obligación de tributar en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y Beneficiarios del Exterior; así como la inexistencia de operaciones de ventas "en negro" que el a quo considera han sido efectuadas por la empresa. Por último plantea agravios en relación a: 1) el desconocimiento por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, ante la falta de de configuración del hecho imponible excluyente del presupuesto habilitante de la responsabilidad; 2) la inexistencia de responsabilidad del señor Ceciaga por falta de participación en la administración de la empresa; 3) que no se tuvo en cuenta la improcedencia de los intereses resarcitorios, dado que no existió mora culpable y la confiscatoriead de los mismos; 4) la arbitraria imposición de sanciones en los términos de los artículos 45 y 46, a quienes no han cometido infracción alguna, menoscabando los derechos de defensa y debido proceso, sin que se configuren los elementos subjetivos que se requieren en dichos tipos infraccionales. Que, en su contestación, la demandada manifiesta en relación al planteo de nulidad, su improcedencia porque no han sido probadas las imputaciones de irregularidades cometidas y se remite a lo expuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación en los considerandos II, III y IV. En relación a la extemporaneidad respecto a la sustanciación del procedimiento extensivo a los responsables solidarios, estima que de los artículos 8 inciso a) y 6 de la ley 11.683, se deriva que sólo se puede perseguir a los deudores solidarios cuando el deudor principal no ha cumplido con la intimación administrativa de pago, nunca antes, y también trae a colación lo resuelto por el a quo en cuanto a este punto se refiere. En lo atinente al agravio de la prescripción respecto del Sr. Ceciaga, arguye que se corresponde con una particular interpretación que se efectuó (la actora) de la ley 24.587 y al respecto vuelve a reproducir los fundamentos del Tribunal Fiscal Nación. En cuanto al origen de las obligaciones tributarias, manifiesta que los fundamentos resultan carentes de toda razón lógica y sostiene el accionar correcto y ajustado a derecho, reiterando nuevamente las conclusiones del Tribunal Administrativo. Respecto al agravio de los intereses, sencillamente aduce que el sustento de las alegaciones es la Nada, reproduciendo textualmente lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación. Por último, respecto a las sanciones sostiene que la actora en ninguna instancia, ofreció, produjo o acreditó prueba alguna que sustente sus dichos y vuelve a reproducir en forma textual las conclusiones vertidas por el a quo. IV.- Que, en primer término cabe destacar que se analizarán los fundamentos del decisorio apelado, en la medida en que claramente, la demandada no ha fustigado los agravios de la actora sino, antes bien, los ha -en términos genéricos- reproducido al contestar cada agravio. En tal inteligencia, corresponde efectuar y considerar por separado cada agravio y a su vez cada conclusión (en relación a ellos) vertida por el a quo, a efectos de, por un lado, sistematizar la cuestión a resolver de forma más precisa y por otro, habida cuenta el concreto y reiterado planteo de nulidad de todo el proceso incoado por la actora, que se tratará en forma primigenia por razones lógicas y toda vez que podría tornar inoficioso el pronunciamiento de los restantes. V.- Que, en el considerando IV del decisorio de fs. 1415/1435, el Tribunal Fiscal de la Nación trató el planteo de nulidad sustentado por la actora y manifestó: "Entendemos que el "allanamiento" supone la inexistencia de consentimiento por parte de la persona que tiene derecho a excluir a terceros de su domicilio, por lo que su anuencia no se presenta como obstáculo jurídico. Este es el criterio seguido por nuestro Más Alto Tribunal.". Con posterioridad, trae a colación diversos extractos de precedentes de la C.S.J.N., que sustentaron el análisis del Tribunal Fiscal y si bien no cabe reproducirlos a todos, cabe destacar dos en particular. El primero prescribe: ".la ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretendió llevar a cabo el personal policial, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquel, en la medida que tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización (Fallos 316:2464)" (Ver fs. 1421 vta.). El segundo, se trata de la causa "Florentino, Diego Enrique" y en relación a ella sostiene el Tribunal Fiscal de la Nación: "Para ello es útil el examen de las circunstancia (sic) que rodearon el procedimiento y las particularidades en que manifestó la falta de oposición al registro.no es nula la diligencia de secuestro si el procesado reconoce haber dado su consentimiento para el ingreso a su domicilio de los preventores y no ha invocado, ni cabe suponer, la existencia de ningún vicio en tal consentimiento prestado.(Fallos 313:612)" (ver fs. 1421 vta. y 1422). Con posterioridad, manifiesta el Tribunal Fiscal: "En atención al extenso pero necesario relato de los hechos efectuado, sólo cabe concluir que la nulidad intentada por la recurrente no puede tener acogida favorable. En efecto, no ha logrado demostrar en esta instancia la inexistencia del permiso otorgado por los socios a los funcionarios de la Administración Fiscal a efecto de que lleven adelante su tarea, y específicamente, a que retiren la información contenida en sus equipos informáticos. Los elementos de juicio aportados por la actora no han logrado acreditar el alegado "vicio en la voluntad" de los socios presentes durante la acción fiscalizadora quienes suscribieron las actas.y podrían haberse negado, no sirviendo como prueba suficiente las declaraciones testimoniales producidas en esta instancia.en su declaración testimonial ante este Tribunal el señor Sténico aclaró que los funcionarios fiscales le pusieron en conocimiento que en caso de no acceder a los pedidos que se le efectuaban, acudirían a una orden de allanamiento, lo que demuestra claramente que estuvo en conocimiento que podía negarse al acceso (fs. 1353)". En atención a tales manifestaciones, concluye: "En consecuencia y no existiendo en autos constancia alguna que nos permita inferir que la autorización para que los funcionarios fiscales pudieran llevar adelante su tarea fiscalizadora fuera prestada bajo algún tipo de coacción, no es procedente desconocer la prueba, que fue obtenida sin desconocimiento de garantías constitucionales." (ver fs. 1423 y vta.). VI.- Que, a priori, resulta imprescindible analizar los precedentes jurisprudenciales de nuestro Máximo Tribunal, en la medida en que constituyen los fundamentos en los que reposan las conclusiones del Tribunal Fiscal para sostener, que en esta causa, no hay nulidad de todo lo actuado, habida cuenta que existió -para el Tribunal Fiscal cabe reiterar- consentimiento de los presentes para allanar y secuestrar información y documentación. Por ello, y por una cuestión de orden cronológico, cabe citar el Fallo 306:1752 ("Florentino Diego Enrique") que versó sobre la imputación por delito de tenencia de estupefacientes. En la precitada causa, resulta de nodal importancia traer a colación los fundamentos esbozados por el Sr. Procurador General que, entre otros, esbozó: ".el domicilio es inviolable (.) La garantía así consagrada, no surgió del mero voluntarismo de esos congresales sino que reconocía hondas raíces históricas desde los orígenes mismos de la patria". (Conf., Fallos 306:1758). Con posterioridad, concluye: "Aunque por vía de hipótesis fuera compatible lo expuesto por la Cámara, en el sentido de adjudicar a la falta de oposición expresa de los padres del imputado el carácter de su consentimiento tácito a la actuación policial, no advierto razón -ni el a quo suministra alguna- por la cual deba concluirse que esa supuesta autorización, prestada al encontrarse con la comisión policial en el interior del domicilio, justifique el allanamiento ya consumado" (Conf., Fallos 316:1760). La corte, en el fallo citado decidió: ".ni ha mediado consentimiento válido que permitiera la intromisión del personal policial en el domicilio del procesado.el permiso que podría haber otorgado carecería de efectos por las circunstancias en que se prestó, al haber sido Florentino aprehendido e interrogado sorpresivamente por una comisión de cuatro hombres en momentos en que ingresaba con su novia al hall del edificio donde habitaba, quedando detenido. En tales condiciones, lo expresado por el a quo en el sentido de que debió mediar al menos una resistencia verbal para que fuera oída por los testigos, resulta irrazonable dada la situación referida, a lo que se suma la inexperiencia del imputado...por otra aparte, admitido como fue en la que los progenitores no autorizaron el allanamiento, aparece carente de toda lógica derivar la existencia de un supuesto consentimiento tácito por ausencia de oposición expresa al registro, cuando ya se había consumado el ingreso de los extraños a la vivienda." (Conf., Fallos 306:1765, el destacado es propio). En tal inteligencia, la C.S.J.N. en las referidas actuaciones concluyó que resultó inválido el registro domiciliario y por lógica consecuencia, el secuestro practicado en dichas circunstancias. De particular relevancia, resulta el voto del Dr. Petracchi en la causa indicada ut supra. En efecto, destacó el actual Ministro: ".cabe poner de relieve que el a quo deduce la existencia de tal consentimiento justificante de la falta de resistencia verbal del imputado, cuando ya se hallaba detenido, a la entrada de los agentes policiales, y especialmente, de la falta de oposición expresa de sus padres cuando los agentes ya se encontraban en el interior de la morada, cuyo ingreso no les había sido franqueado por los progenitores del aprehendido.O sea que sólo la activa protesta frente al hecho consumado excluiría la posibilidad de entender que ha mediado un consentimiento tácito que, además, tendría el efecto de excusar a posteriori la entrada no consentida de los agentes policiales. Con tal inteligencia,.el a quo establece, en realidad, una presunción de renuncia a un derecho fundamental basada en la omisión de una protesta expresa que.aparece como una exigencia desmedida e inmune a la razón.Si el consentimiento puede admitirse como una causa de legitimación para invadir la intimidad de la morada, él ha de ser expreso y comprobadamente anterior a la entrada de los representantes de la autoridad pública a la vivienda, no debe mediar fuerza o intimidación, y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el allanamiento." (Conf., el voto citado en el considerando 8° -el destacado es propio-) Por último, concluye tajante en el considerando 12): ".el solo consentimiento expreso debidamente comprobado, con conocimiento del derecho a no prestarlo, y previo al ingreso de los agentes del orden.puede justificar, si así lo dice la ley procesal, dicho ingreso realizado sin orden de autoridad competente." (el destacado es propio). Que, cabe ahora hacer referencia al Fallo 311:2507 "Héctor Hugo Romero y Otros"; en estos actuados, el Sr. Procurador General manifestó que el caso no encuadraba en el supuesto decidido en la causa "Florentino" en la medida que -sostuvo que no solo se debió tener en cuenta las condiciones de detención de quien presta consentimiento para juzgar la validez o nulidad del acto. (Conf., 311:2510). Desde ya, tal conclusión tiene sustento en que dicha causa, uno de los detenidos luego de ser conducido a la sede policial, recién se confesó autor del delito y autorizó la requisa de su domicilio, sin que de los elementos de juicio acumulados en dicho proceso, surgiese duda alguna acerca de la libertad del imputado para manifestarse en ese modo. Por último y lo más destacable del dictamen, a criterio de este Tribunal, deviene cuando afirma: "La claridad de esas afirmaciones (en relación a cuando el imputado manifiesta su voluntariedad para cooperar con la policía) resulta aún más categórica cuando se observa que es el mismo procesado quien insiste acerca de la espontaneidad de su decisión para colaborar con la investigación" (311:2513, el destacado es propio). Reafirma el Procurador asimismo, que el domicilio integra la esfera de intimidad propia de cada individuo y por ello se encuentra sujeto a su exclusiva decisión. La Corte en este fallo, se hace eco de lo dictaminado por el Sr. Procurador y confirma la sentencia reiterando en el considerando 5°: ".desde esta óptica, resulta asimismo adecuada a las constancias obrantes en la causa la conclusión a la que se arriba en el precitado dictamen en lo concerniente a la eficacia plena que cabe atribuir en este caso al consentimiento dado.quien al declarar en sede judicial destacó inequívocamente el carácter voluntario y libre de todo vicio de aquel acto." (Fallos, 311:2517, el destacado es propio). Sólo aquí cabe destacar que, como más adelante se analizará, en estos actuados ha ocurrido todo lo contrario. En cuanto al fallo 313:612, no agrega nada a la cuestión ya analizada en los precedentes precitados, simplemente reitera uno de los párrafos que surgen de la causa "Florentino", respecto de que no procede en todos los casos declarar la nulidad siempre que se preste consentimiento privado de la libertad y que debe practicarse un examen exhaustivo de todas las circunstancias que rodearon cada situación en concreto para evidenciar si hubo vicios en la voluntad para prestarlo. En el fallo "Fabián Alberto Vega" 316:2465 (la más reciente invocada por el a quo), el dictamen del Procurador General Sustituto luego de reiterar los fundamentos invocados en el párrafo precedente, concluye que no se trata en el caso de prueba obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales. La Corte, en contra de lo que opinó el Procurador, manifiesta en el considerando 5°: ".esta Corte tiene dicho que la ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretendió llevar a cabo el personal policial, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquél en la medida en que tal actitud debe hallarse de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización". Continua en el considerando subsiguiente: ".del examen de las constancias de la causa surge que la única prueba que acredita el consentimiento es el parte policial donde se refiere que el padre de Vega no opuso reparos al ingreso de la autoridad de prevención a su domicilio sin que ello surga.de la necesaria ratificación judicial de los dichos del titular del derecho de exclusión" (316:2472, el destacado es propio); circunstancia que, se reitera, no aconteció en la presente causa. En base a tales postulados, el Máximo Tribunal Judicial concluyó que sobre la base de los actuados en dicho precedente, no se permitió descartar una situación de coerción que obste a la consideración de dicho consentimiento como una decisión libre y espontánea. En tales términos, la Corte hizo lugar al recurso de queja y declaró procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia apelada. Por último, en relación dicha causa, cabe destacar lo que reitera del Dr. Petracchi que ya había esbozado con antelación y que -en casi todos sus términos- adopta el voto en conjunto. En efecto, sostuvo nuevamente el actual Ministro: ".la ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretendió llevar a cabo el personal policial, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquél en la medida de que tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización.los funcionarios intervinientes se limitaron a señalar que el padre del acusado "no opuso objeción" al ingreso de la autoridad de prevención a su domicilio. Tal manifestación, sumada al hecho de que no hubo ratificación judicial por parte del titular del domicilio de su voluntad de otorgar el consentimiento.lleva a la conclusión de que el procedimiento policial de autos no satisface los requisitos exigidos por la jurisprudencia.Por tal razón, resulta ajustada a derecho la solución de cámara de negarle validez al secuestro de los objetos robados, que fue producto del citado ingreso policial." (Conf., 316:2475, considerando 5° y 6°, el destacado es propio). VII.- En base al cuadro jurisprudencial reseñado en el considerando precedente, que cabe reiterar, resulta necesario habida cuenta que constituye la base sobre la que se asienta el razonamiento del Tribunal Fiscal para determinar que no procede el planteo de nulidad de todo lo actuado, corresponde analizar como primer elemento, en que momento la actora efectuó el planteo de nulidad. Esta circunstancia, encuentra fundamento en que los fallos del Máximo Tribunal, tienen un asidero fáctico diverso. En efecto, la cuestión aquí debatida, presupone un procedimiento en sede administrativa de la A.F.I.P., y luego (en el caso de corresponder) otro un procedimiento "mixto" (para calificarlo de algún modo sin que ello implique efectuar consideración alguna sobre su naturaleza jurídica) claramente diferenciado de un allanamiento en sede penal o con la imputación de un delito a una persona física. Inclusive, la actividad jurisdiccional del Tribunal Fiscal de la Nación, sigue perteneciendo a la esfera administrativa, con lo cual, la revisión judicial o en otros términos, la Tutela Judicial Efectiva consagrada constitucionalmente, recién adquiere plena dimensión cuando las actuaciones arriban a este Tribunal Judicial de alzada. En efecto, si bien el recurso de apelación y revisión limitada previsto en la ley 11.683 (art. 86 y 195), se encuentra en cierta forma "restringido" en cuanto a lo atinente a la revisión de los hechos y las pruebas sustanciadas en la instancia administrativa del Tribunal Fiscal de la Nación, ello, en ningún modo implica que la revisión judicial no pueda valorar aquellos elementos, no sólo cuando se hayan omitido sustanciar y/o incorporar al proceso determinados hechos y/o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos y mucho más aún cuando se trata de la nulidad de todo lo actuado por violación a garantías constitucionales. En tal sentido, si bien el legislador previó y estableció el modo en que un conflicto en la relación tributaria entre la Afip y un contribuyente accede a un Tribunal Judicial, ello no implica que se desconozcan principios y valores constitucionales, cuya consagración expresa ha operado a través de diversos tratados internacionales. Así las cosas, la plena vigencia del principio de Tutela Judicial Efectiva, encontraría un fuerte valladar en disposiciones como las contenidas en la ley procedimental tributaria nacional (art. 86 inc. b, punto 1 y 2 y 192 y siguientes) y si bien aquí no ha sido discutida la constitucionalidad de tales normas, cabe resaltar que el principio aludido, permite sustentar los fundamentos incoados precedentemente. Más aún, por el principio indicado en el párrafo inmediato anterior, claramente se evidencia una limitación que no se condice con los fundamentos dogmáticos de raigambre democrática que aquel encierra y que no pueden ser soslayados por el Poder Judicial al ser, en estos casos, la primera intervención de un órgano jurisdiccional ajeno al poder administrador y con características propias que no se condicen con el régimen exorbitante en el que se desempeña la Administración y los Tribunales Administrativos. Dicho esto, la actora no sólo plantea la nulidad de todo lo actuado al expresar agravios en ésta Instancia, sino antes bien, efectúa dicho planteo en el primer momento que corresponde en sede administrativo, esto es, cuando se le corre vista en los términos de los artículos 17 y 71 de la ley procedimental tributaria. Tal planteo, fue sostenido a lo largo de todo el proceso. Así, a fs.143/154 de las actuaciones administrativas 2° cuerpo Ganancias se plantea en relación al contribuyente Ceciaga Rafael, a fs. 132/145 de las actuaciones administrativas en relación contribuyente Pacchioni Alejandro (impuesto a las ganancias 1992-1993), a fs. 131/144 en lo concerniente al contribuyente Osvaldo Santamarina (impuesto a la ganancias 1992-1993) y a fs. 31/59 y vta. y a fs. 144/165 y vta. (primer cuerpo de estas actuaciones) -en especial punto V,1,2 y 3-. En tales términos, como primer hecho de extrema relevancia, cabe destacar que la parte actora no solo "no" consintió en forma expresa el allanamiento en sede judicial, requisito exigido por nuestro Más Alto Tribunal en los precedentes citados (en especial el más reciente invocado y destacado por esta Sala en el considerando VI) sino antes bien, lo planteó en todas las etapas administrativas en las que tuvo oportunidad de aducirlo y en las que corresponde procesalmente hacerlo, esto es, cuando se le corrió vista en los términos de la ley procedimental administrativa y luego en las restantes sin efectuar o indagar sobre lo que hubiese acontecido en el caso de que en la primera no lo hubiese efectuado. En tal inteligencia, cabe reiterar, la misma jurisprudencia que trae a colación el Tribunal Fiscal de la Nación establece de manera expresa, la necesaria ratificación judicial por parte del titular del domicilio, de su voluntad de otorgar el consentimiento como requisito exigido -entre otros- por el Máximo Tribunal Federal. Por tal razón, la circunstancia apuntada permitiría per se decretar la nulidad de todo lo actuado, lo que no cabe efectuar -aquí y ahora- hasta no analizar los restantes elementos acontecidos en autos, con el fin de tener en consideración otro que puedan resultar de tal entidad, que permitan (lo que en principio no sería posible, en base a la forma en la que se pronuncia la C.S.J.N.) dejar vacío de contenido el requisito aludido.

VIII.- Que, entrando al análisis de los fundamentos que basamentan los planteos nulidificantes incoados, la resolución determinativa de oficio concluyó: ".como testimonio de lo actuado.obra el acta labrada por la fiscalización interviniente el día 25/04/95, en la cual consta que, al constituirse los actuantes en el entonces domicilio fiscal de la firma.fueron atendidos por el Sr. Juan Héctor Samaán quien manifestó ". ser personal de la empresa, invocando que salvo la relación laboral citada, no tiene otra vinculación con la contribuyente.", y que ".no se halla presente ninguno de los componentes de la sociedad.", situación ésta, que no permitió iniciar la verificación ordenada, por lo cual se dio por finalizado el acto. Continúa luego el Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos de la Agencia N° 3: ".posteriormente, el mismo día a las doce horas y cuarenta y cinco minutos se hizo presente el Sr. Gustavo Alejandro Sténico, lo que motivo, la reapertura del acto, procediéndose a notificar el inicio de la citada orden de intervención al nombrado y al Sr. Juan Héctor Samaán, ambos en carácter de socios gerentes de Implant Co S.R.L." (Ver fs. 15 y 16 -primer cuerpo de las presentes actuaciones- el destacado es propio). Que, previo a continuar con el análisis, corresponde puntualizar un dato que tiene particular relevancia; así, los Inspectores en el caso y conforme surge no sólo del acto administrativo transcripto sino de las actas labradas y de los testimonios rendidos, se instalaron o constituyeron dentro de la empresa y aguardaron dentro de la misma un período temporal (alrededor de 3 horas) hasta que se apersonó Stenico, momento en el cual reabrieron el "acta". En la inteligencia, deviene operativo lo establecido en la causa invocada "Florentino" (ya referenciada en el presente y traída a colación por el Tribunal Fiscal de la Nación) donde se afirma que el consentimiento puede admitirse como una causa de legitimación, siempre que se preste en forma expresa y "comprobadamente anterior a la entrada de los representantes de la autoridad pública" a la vivienda sin que medie fuerza o intimidación. Por ello, a priori no se advierte que el accionar de los inspectores se corresponda con la exigencia requerida, más aún, al momento de constituirse SIN ORDEN DE ALLANAMIENTO JUDICIAL, como lo requiere el ordenamiento (artículo 41 inc. e de la ley 11.683), debieron previo al ingreso a las instalaciones, manifestar y solicitar el consentimiento poniéndolos en conocimiento "previo al ingreso" de la opción que tienen de negarse porque "ellos" -los inspectores- NO tienen orden judicial Tal situación, resulta diversa de un consentimiento prestado estando los inspectores ya dentro, aún cuando les hiciesen saber la circunstancia (lo que mas adelante se analizará) en términos poco concretos o claros. O dicho de otro modo, la forma en que la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y en consecuencia la imposibilidad de allanar -sin orden judicial-, se encuentra debidamente garantizada, sólo se torna operativa en el caso que los agentes públicos obren de la forma indicada en el párrafo precedente. Es decir, los agentes públicos (en el caso los "inspectores"), para garantizar de forma plena el principio constitucional aquí tratado, se deben ajustar a los siguientes requisitos,: 1) poner en conocimiento en forma concreta y positiva a los representantes de la firma; 2) en forma "previa" al ingreso del local; 3)haciéndoles saber que "No" tienen orden judicial para allanar; 4) que pueden negarse a dejarlos ingresar para efectuar allanamiento alguno; 5)dejando constancia -aunque resulte obvio- que su objetivo constituye o puede constituir el posible allanamiento de objetos. En otro lado, el punto medular que deviene irrefutable y fulmina la posibilidad de un consentimiento en los términos aquí tratados (ya que se alega que al suscribir el acta implica no efectuar objeción o prestar consentimiento), se pone de relieve en la siguiente formulación de Folco: "Cabe agregar aquí (se venía refiriendo básicamente a los requisitos que exige la Corte y que ya fueron referenciados) que la suscripción del acta por el inspeccionado no demuestra su aquiescencia al ingreso de los inspectores al interior del local y a la entrega de la documentación secuestrada.lo que supone un contorno en el cual la mencionada aquiescencia de la persona no equivale a una expresión auténtica de consentimiento" (Conf., Teresa Gomez-Carlos María Folco, Ley de Procedimientos Tributario Comentada, Edición 2005, pág. 186). A ello debe adimentarse que, si la A.F.I.P. estimó necesario obtener información o documentación de la empresa y su correspondiente consentimiento, debió iniciar la pertinente inspección y la formulación de los requerimientos y en su caso, la correspondiente solicitud para allanar al juez competente. Por último, a este respecto deviene pertinente traer a colación lo esbozado por Soler (Conf., "Como actuar frente a las inspecciones de la A.F.I.P.", 2° edición, pág. 30 y 31) en el sentido que ".la mera ausencia de reparos u objeciones de parte del inspeccionado no puede considerarse autorización suficiente.". Como bien lo apunta el citado autor, si los operativos llamados "expedición de pesca" de la AFIP requieren respaldo judicial (y el juez debe examinar una serie de requisitos como evaluar el funcionario que lo pide, el objeto de la pretensión impositiva, si ella guarda relación con la verificación de los hechos, el sujeto pasivo, desconexión entre medio y fin, entre otros) y tal situación es de por sí, contraria al espíritu de la garantía establecida por el artículo 18 de la Constitución Nacional, con mucha más razón y mucho mayor énfasis se debe en proteger dicha garantía, en el caso que no se busque previamente el respaldo jurisdiccional. Conforme se desprende del análisis hasta aquí efectuado y las exigencias enunciadas, no se observa en la especie, el cumplimiento de ellas, que cabe reiterar, se derivan en forma clara y directa de los precedentes de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal de la Nación, también reseña que la administración fiscal ".se instaló en el domicilio de la firma." (ver fs. 1419 vta.). no obstante concluye: ".previa conformidad prestada por los socios gerentes.", cosa que como ya se demostró, en ningún modo puede admitirse, cuanto menos desde los tópicos hasta aquí tratados. IX.- Ahora bien, mas allá de todo el cuadro referenciado hasta aquí, cabe traer a colación algunas de las declaraciones testimoniales que en ningún modo brindan certeza de un contexto en el que se evidencie, en palabras de la C.S.J.N.: ".que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo." para prestar el consentimiento. Así, la testimonial brindada por Stenico (fs. 1353) ratifica que ya estaban ahí los inspectores cuando él llego a la firma; que le consultó a Cabello si podía ayudarle, a lo que éste respondió que no, que quería los libros contables. Luego, como no estaban los libros -declara-, decidieron iniciar el operativo y les pidieron que firmaran el acceso a la cuenta de toma de inventario, y como se negaron, ".los amenazó.". A su vez, pone en evidencia la sustracción de elementos y objetos personales como cartas, escritos personales que figuran impresos y abiertos en el expediente", circunstancias todas que no pueden ser ponderadas en el sentido de brindar consentimiento alguno. Otra testimonial a tener en cuenta, que otorga un marco al menos dudoso, respecto al desarrollo de los hechos, se advierte en la declaración brindada por Alicia Martinez -Supervisora de la AFIP- (ver fs. 1351) que sostiene texutalmetne: que ".no se acuerda si era un allanamiento." que ".integraba el equipo de trabajo del supervisor Cabello" y que fue ".con el equipo completo.". Por último, lo manifestado por Saamán, también resulta relevante cuando afirma que el Jefe del operativo les advertía que si no firmaban el acta llamaban a la fuerza pública. Que, claro está que un acto administrativo que se deriva de la obtención de pruebas ilegítimas por el modo en que han sido colectadas, son actos ilícitos, por ello, al declararse la nulidad de un allanamiento, ipso facto cae la prueba en él obtenida, en la medida en que son consecuencia inmediata y necesaria de aquél (Fallos 308:733). Por todo lo expuesto hasta aquí, en base a la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, las circunstancias de la causa y de una correcta lectura hermenéutica de tales fallos, se desprende claramente que los agentes públicos (en el caso los "inspectores") no han cumplido con todos los requisitos que se deben cumplir para que el consentimiento pueda ser válido sin orden de allanamiento. Así, cabe reiterar que se requieren los siguientes requisitos: 1) poner en conocimiento en forma concreta y positiva a los representantes de la firma; 2) en forma "previa" al ingreso del local; 3)haciéndoles saber que "No" tienen orden judicial para allanar; 4) que pueden negarse a dejarlos ingresar para efectuar allanamiento alguno; 5)dejando constancia -aunque resulte obvio- que su objetivo constituye o puede constituir el posible allanamiento de objetos no constituye un consentimiento válido, la mera ausencia de reparos u objeciones de parte del inspeccionado. No obstante ello, la suscripción del acta, no demuestra la aquiescencia al ingreso de los inspectores al interior del local y a la entrega de la documentación o información en soporte magnético secuestrada; más aún, si el mismo se brinda en las circunstancias que rodearon el presente allanamiento, ello supone un contorno en el cual la mencionada aquiescencia no equivale a una expresión auténtica de consentimiento. Por último, las testimoniales brindadas y los constantes planteos de nulidad en los momentos procesales oportunos, excluyen la posibilidad de una "ratificación posterior judicial" exigida por nuestro más alto Tribunal en el caso que se pretenda considerar un consentimiento como válido. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado; con costas en ambas instancias a la demandada vencida (arg. art. 68 del C.P.C.C.N.). ASI VOTO.- El Sr. Juez de Cámara Doctor Jorge Eduardo Moran dice:

I.- Que, en primer término, la recurrente se agravia respecto a que el Tribunal Fiscal desconoció la nulidad de lo actuado, en razón de que se habría allanado y secuestrado documentación de su inmueble sin una orden judicial a tales efectos y sin el consentimiento voluntario y expreso de la parte actora. Preliminarmente, corresponde hacer una distinción entre un allanamiento y una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines de dilucidar sobre las facultades que posee dicho organismo para cumplir sus funciones. El art. 35 de la ley 11.683, que establece las facultades especiales de funcionarios y empleados de la AFIP, en su inc. c) faculta a dichos funcionarios a inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros que puedan registrar o comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas. Asimismo establece que de este procedimiento se deberá dejar debida constancia en actas de la existencia e individualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Es decir, surge de la propia ley la facultad que tiene la AFIP para inspeccionar pero dicha inspección debe efectuarse con el consentimiento expreso del inspeccionado sino estaríamos, ahí si, en presencia de un allanamiento que supone la inexistencia del consentimiento, tal como lo define D´Albora ¨ el allanamiento es la visita cumplida contra la voluntad expresa o presunta de quien podría oponerse al ingreso.( ¨ Curso de derecho procesal Penal¨; D´Albora Francisco, pág. 228, Ed. Abeledo Perrot ). Nuestro Máximo Tribunal en su fallo ¨ Rayford, Reginald R. y otros ¨ (13/05/86) sostiene que la ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquel en la medida en que tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización y debe desecharse la legitimidad de la requisa y, por ende, del secuestro que es su resultado, si las circunstancias del caso llevan a la conclusión de que en el procedimiento efectuado faltó el consentimiento del procesado y hace aplicable la regla que excluye cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional. ( Teresa Gómez y Carlos María Folco; ¨ Procedimiento Tributario ¨, pág 186). Que el Tribunal Fiscal al momento de dictar sentencia hizo referencia a la potestad de la demandada de fiscalizar y verificar la correcta declaración de las obligaciones por parte de los contribuyentes y que, tal como se consignó ut supra, dichas facultades han sido expresamente previstas en los arts. 35 y 36 de la ley 11.683. Así tiene dicho que ¨ Las disposiciones emanadas del dec. 618/97 y de los arts. 33 a 36 de la ley 11.683 de procedimiento tributario otorgan al Fisco Nacional amplias facultades tendientes a la verificación y fiscalización de los contribuyentes, por lo tanto resulta improcedente alegar la ilegitimidad del retiro de documentación fotocopiada del domicilio Fiscal del contribuyente con sustento en el art. 58 del Código de Comercio, pues revistiendo los preceptos de la citada ley ritual el carácter de norma especial cabe su aplicación frente a la norma general invocada por el recurrente ¨ ( González Oscar, Tribunal Fiscal de la Nación Sala B, 04/08/2003) Asimismo, dejó en claro que el contribuyente podría haberse negado a dicha inspección habiéndose opuesto a suscribir las actas labradas durante la acción fiscalizadora o habiéndolas rebatido por simple prueba en contrario, lo que no hizo. Es jurisprudencia de esta Cámara que ¨ El acta labrada por los inspectores Fiscales- en el caso, aduaneros - constituye un instrumento público administrativo, por haberse levantado por funcionarios competentes para efectuar la diligencia que instruye, de modo que lo manifestado por los inspectores hace fe mientras no se pruebe su falsedad ¨ ( conf. ¨ Fernández Vega, Manuel c. Administración Nacional de Aduanas ¨ CNACAF, Sala II, 9/12/1980) La recurrente, al momento de expresar agravios, no sólo omitió referirse a dicha circunstancia sino que además intentó asimilar el procedimiento fiscalizador a un allanamiento, desvirtuando dicha afirmación ella misma al prestar declaración testimonial uno de los socios presentes durante el procedimiento, el señor Stenico, quien declaró que los funcionarios fiscales le pusieron en conocimiento que en caso de no acceder a los pedidos que se le efectuaban, acudirían a una orden de allanamiento, lo cual demuestra claramente que pudo negarse al acceso de los funcionarios fiscalizadores, actitud que no adoptó. El contribuyente se encontraba facultado a rechazar la verificación, es decir, podía impedir que los funcionarios del Fisco ingresaran al domicilio y tomaran contacto con la documentación contable pero no por la garantía de la inviolabilidad del domicilio consagrada en nuestra Constitución Nacional, que no es un extremo debatido en autos, porque no se trata de un allanamiento sino solamente de una inspección del Fisco Nacional. La actora tenía la facultad de negarse a la inspección y, ahí si, la AFIP de acuerdo a las facultades del art. 35 inc. e) de la Ley de Procedimiento Tributario debería haberse presentado con una orden de allanamiento. Asimismo, y en la medida que quisiera entenderse que la queja del recurrente se vincula con el derecho a no declarar contra sí mismo del que podría haber hecho uso, corresponde destacar que dentro del derecho tributario encontramos un serie de obligaciones que se imponen al sujeto pasivo que, al menos por ahora, aparecen como contrapuestas al derecho a no declarar contra sí mismo. Son los deberes de colaboración que el legislador pone en cabeza de los contribuyentes o de terceros ajenos a la obligación Tributaria; es decir obligaciones que se imponen con el objetivo de aportar datos de relevancia para el Fisco en su proceso de verificación y fiscalización de tributos.( Conf. Eusebio González García ¨ Medios de defensa del contribuyente, Derecho Tributario, t XII). Es decir, que todo aporte de pruebas efectuados en forma absolutamente voluntaria por el contribuyente, que son posteriormente utilizadas en el proceso sancionador, no viola el derecho a no declarar contra sí mismo, pues lo que se encuentra prohibido es utilizarlos como medio de prueba autoinculpantes mediante el ejercicio de coacción sobre el inspeccionado, extremo que pese a haber sido materia de agravio no fue debidamente probado en autos, sino todo lo contrario como ya he señalado ut supra. Sobre el punto, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica se pronunció claramente en el sentido de que el privilegio que deriva de esa garantía constitucional y de conformidad con el cual se requiere la orden de allanamiento y requisa para allanar un domicilio y requisar los papeles privados no puede ser mantenido cuando se trata de documentación y registros requeridos por la ley para ser llevados a fin de que exista información disponible de las transacciones sujetas a registración gubernamental (cfr. Wilson v. United Status, 221 U.S 361; Davis vs. United Status 328 US. 582; Shapiro v. United Status, 335. U.S. 1), porque existe una distinción fundamental entre la protección constitucional acordada a los papeles exclusivamente privados y la que tienen los documentos que no reviste ese carácter por pertenecer a una corporación (ídem, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, Causa Nº 7161 ¨ Florido Raúl s/ recurso de casación ¨, sentencia del 2 de octubre de 2006).Por último corresponde resaltar que en los procedimientos de inspección de la AFIP, la jurisprudencia es clara respecto a que ¨ Resulta improcedente el planteo de nulidad formulado, en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de tributos, con el argumento de que la documentación que dio sustento a la denuncia había sido aportada compulsivamente por el imputado durante una inspección pues, las facultades de verificación y fiscalización previstas en el art. 35 de la ley 11.683 no han sido ejercidas en el caso con el objeto de colectar elementos probatorios necesarios para la instrucción, sino que estuvieron destinadas a constatar si el contribuyente cumplía o no con sus obligaciones tributarias ¨ ( Aguilar, José; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, 02/02/2006). ¨ Cabe rechazar el planteo de nulidad formulado respecto de una diligencia administrativa en virtud de la cual funcionarios de la AFIP obtuvieron copia de los soportes magnéticos de la contabilidad del contribuyente pues, la actuación del Fisco se ajusta a lo previsto en el art. 36 de la ley 11.683¨ ( N.N., Cámara Nacional de Apelaciones en los Penal Económico, Sala A, JA 2004-III, 341). En consecuencia, en base a la doctrina y jurisprudencia citada y no encontrando elementos de prueba que hagan suponer que el consentimiento de la recurrente para que se efectuase el procedimiento de verificación y fiscalización cumplido por la AFIP haya estado viciado, ni que se haya tratado de un allanamiento que requiriese orden judicial, corresponde desestimar el agravio expuesto por la recurrente confirmando lo resuelto por el Tribunal Fiscal en lo que al mismo hace. II.- Que se agravia la recurrente por el arbitrario desconocimiento por parte del a quo de la nulidad de los procedimientos seguidos contra los responsables solidarios. Manifiesta que en el caso de los señores Ceciaga y Samaán, se inició el procedimiento determinativo sin que existiese resolución determinativa del IVA por el período abril de 1994 a marzo de 2005. Plantea la nulidad de los actos dictados en la causa seguida contra Implant Co S.R.L. por tratarse de un procedimiento ajeno a los iniciados contra los socios, extendiendo la responsabilidad sin posibilidad de plantear las defensas pertinentes. El art 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece respecto al contenido del escrito de la expresión de agravios que el mismo deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes que el apelante considere equivocadas. Que dicho esto, de la presentación efectuada por la recurrente surge palmariamente que la misma no cumple con la carga antes enunciada ya que solamente se basó en manifestaciones discrepantes sin sustento no logrando rebatir lo que el Tribunal Fiscal resolvió en este punto en sus considerandos XVII y XX y, mucho menos, explicó las razones por las cuales dicho Tribunal debería haberse apartado de aplicar lo que la ley 11.683 establece taxativamente en su art. 8 inc.a) en la cuestión atinente a los responsables en forma personal y solidaria con los deudores. Que, por lo expuesto, cabe desestimar el presente agravio y confirmar lo resuelto por el a quo sobre el punto. III.- Que sobre el agravio expresado por el desconocimiento del sentenciante de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para la determinación de oficio de la materia imponible en el impuesto a las ganancias por el período fiscal correspondiente al año 1993 respecto del señor Ceciaga, sólo cabe concluir en que la interpretación que la recurrente hace a su favor respecto de la suspensión del termino de prescripción por un año de las acciones y poderes fiscales para determinar y exigir el pago de los tributos establecida en el art. 10 de la ley 24.587 carece de una fundamentación razonable como para evaluar si correspondería apartarse de lo que surge claramente de la ley y de su espíritu. Que atento a lo expuesto corresponde no hacer lugar a dicho agravio y compartir lo resuelto por el tribunal Fiscal sobre el mismo. IV.- Que el recurrente se agravia aduciendo el desacierto del a quo al sostener que existen operaciones que dan origen a la obligación de tributar en el IVA, Impuesto a las Ganancias y Beneficiarios del Exterior. Asimismo manifiesta la inexistencia de operaciones de ventas no registradas que el Juzgador considera han sido efectuadas por la empresa. Que para decidir como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que ¨ VI.- Que ante todo, es menester precisar que del relato efectuado surge, como primera conclusión, que el recurrente presentaba una situación deficiente en materia de registros y documentación, lo que habilitó al Fisco a recurrir al procedimiento estimativo, por lo que habida cuenta de esas limitaciones su accionar encuentra sustento en la normativa legal (cfr. esta sala ¨Bottino y Caballero Sociedad Comercial Colectiva s/ apelación¨, 6.2.98)¨. ¨ Es sabido que las determinaciones sobre base presunta como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco nacional, deben reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requieren la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados ( conf. Dadea, Marta Elisa, sala B de este Tribunal, 22-12-83)¨ ¨ De tal modo el principio inquisitivo puede complementarse con la existencia de la carga de la prueba, en tanto la actividad del juez ( en el sentido aludido) no puede evitar, en todos los casos, la incertidumbre sobre los hechos alegados y no suficientemente probados; por tanto, el resultado desfavorable de la falta de prueba habrá de recaer, necesariamente, sobre la parte que invocó el hecho incierto¨. ¨VIII.- Que bajo tales pautas hermenéuticas debe entonces analizarse los actos en cuestión, los que no merecen reprobación en cuanto no se observan irregularidades en el procedimiento llevado adelante [...] el ente fiscal circularizó a los clientes de la firma, los que aportaron comprobantes de sus operaciones. Con esos elementos constató que las facturas aportadas por algunos clientes no cumplían en su totalidad con las disposiciones de la RG 3419/91, dichas facturas coincidían con los importes que en los listados figuraban con la letra N; no se encontraban incluidas en las declaraciones juradas respectivas del impuesto al valor agregado presentado [...] Dichos elementos - a criterio de los suscriptos- resultaron hábiles para autorizar al ente fiscal a concluir fundadamente que las operaciones transcriptas identificadas con la letra ¨B¨ o ¨N¨, responden a ventas declaradas o no respectivamente¨. ¨IX.- Que por otra parte, tampoco puede acogerse la impugnación a la depuración de las cuentas bancarias realizada por el ente fiscal que efectúa la actora...el recurrente manifestó que operaba con una sola cuenta corriente (Banco Galicia Nº 003057/7, Sucursal Nº 039) y que no poseía cuentas a nombre de terceros afectadas al giro comercial. No obstante, a raíz de información brindada por algunos clientes que manifestaron que algunos pagos eran efectuados por medio de giros bancarios en las cuentas particulares de los socios gerentes [...] Con sustento en esos elementos el ente fiscal procedió a la depuración de las cuentas bancarias, lo que arrojó el monto de ventas gravadas omitidas, presunción que no fue destruida por prueba alguna en esta instancia....¨. ¨X.- Que con respecto al agravio vinculado con el cálculo de acrecentamiento del 10% del impuesto al valor agregado por operaciones con responsables no inscriptos [...] frente a la ausencia de elementos probatorios acompañados por la actora, sólo cabe confirmar la posición adoptada por el ente fiscal¨ Que respecto a este agravio en particular cabe precisar que las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas-por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso- salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuento a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla ( conf. C.FED en los Cont. Adm. sala II, in re: : ¨Quilmes Combustibles S.A.C.I¨, sentencia del ¨, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re:¨ Tognola, Maria Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI¨, sentencia del 17-5-2000; ¨Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-1) c/ DGI¨, sentencia del 30-11-2000). Asimismo resulta oportuno destacar que la facultad de la D.G.I. para proceder a la determinación de oficio ha sido reconocida en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia, ¨sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio- como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa¨( Fallos: 268:514 y sus citas en cons. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107) ( conf. Sala I, in re ¨Casado, Abel y Casado, Maria Teresa Soc. de Hecho s/ apelación- Ganancias e I.V.A., fallada el 7 de mayo de 1993). A su vez la Sala II de este Tribunal ha sostenido que no se puede construir una doctrina general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre la base presunta previsto en la ley, pues no es válido descartar ¨ab initio¨la aplicación de métodos indiciarios ( en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador al establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción (conf. in re ¨Verón Teresa A¨, fallada el 13/04/93) En el caso y a partir del criterio expuesto y los precedentes citados no existen razones que justifiquen apartarse de lo resuelto por el a quo dado que no se observa la existencia de un error manifiesto en la apreciación de la prueba y la misma no ha podido ser desvirtuada por la recurrente en la etapa previa. En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde desestimar el agravio impetrado por la recurrente. V.- Que se agravia respecto a que el a quo desconoció la absoluta improcedencia de los intereses resarcitorios y el carácter confiscatorio de los mismos. La recurrente en su escrito de expresión de agravios busca sustentar su posición en este punto en doctrina y jurisprudencia que remarca que la procedencia de los intereses resarcitorios se encuentra condicionada a la existencia de mora culpable del deudor. Que sobre el punto corresponde hacer referencia que la infracción contemplada en el art. 45 comprende tanto las omisiones de presentación de la declaración jurada como a la presentación de aquellas inexactas, que no resulten ajenas a la sanción por la existencia de error excusable. En tanto el art. 46 requiere que para que se figure la infracción en él contemplada se trata de declaraciones engañosas o que medie ocultación maliciosa. Ahora bien, si por aplicación de la presunción del inc. a) del art. 47 toda la presentación inexacta debe juzgarse como dolosa o engañosa no se advierte cuál seria el motivo que condujo al legislador a contemplar como situaciones diversas las que caen dentro el art. 45 y las que quedan comprendidas en el art. 46. Esta Sala en la causa 19.840/2004 ¨Carlos Romero e hijos y Cía. (TF 15.145-I) c/ DGI, fallada el 2/05/2005 ha tenido el criterio que ¨la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que ¨no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación (conf. Díaz Sieiro - R.D. Veljamovich - L. Bergoth, ¨Procedimiento Tributario¨, 1993, comentario al art. 46 de la ley 11683) ( causa Nº 22.708 caratulada ¨casino del Litoral S.A. (TF 15.319-I) c/ DGI¨, fallada el 8 de febrero de 1999). Que el temperamento expuesto es aplicable al sub lite en el cual la recurrente no ha logrado demostrar mediante prueba alguna que su omisión en el pago de tributos no haya sido producto de una conducta engañosa para con el organismo Fiscal, tal como lo entendió éste al realizar las determinaciones pertinentes encuadrándolas en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683. Asiste razón al tribunal Fiscal al entender que ¨En el caso de autos, el deudor no acompaña ninguna razón que posibilite su exoneración. Como quedó expuesto, la causal de excusación es restringida y su sustantividad se ve constreñida a la manifiesta imposibilidad de cumplimiento por razones excepcionales ajenas a la voluntad del obligado.¨ Que respecto a la confiscatoriedad de los intereses la recurrente mediante las alegaciones efectuadas en su escrito de expresión de agravios no logra demostrar que la aplicación de dichos intereses produzca efecto confiscatorio alguno, mas aún, solo se limitó a transcribir jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal carente de concordancia con el caso de autos o, en el mejor de los casos, sin haber explicado las razones que llevarían a establecer que la aplicación de un interés resarcitorio signifique en forma automática que los mismos sean confiscatorios o violatorios de disposición constitucional alguna. Por lo expuesto precedentemente se desestimar este agravio. VI.- Que respecto al agravio sobre la arbitraria imposición de sanciones en los términos del art. 45 y 46 de la ley 11.683, a quienes no han cometido infracción alguna, menoscabando los derechos de defensa y debido proceso, sin que se configuren los elementos subjetivos que se requieren en dichos tipos infraccionales; solo cabe referir que dichas argumentaciones han sido tratadas y rechazadas en los considerandos IV, V y VI del presente a los que me remito por razones de brevedad. Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas. ASI VOTO.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany dice: I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las dos resoluciones mediante las cuales, el 13 de diciembre de 1999, la Dirección General Impositiva determinó de oficio las obligaciones solidarias correspondientes a Gustavo Alejandro Stenico, Juan Héctor Samaán, y Rafael Ceciaga, en su carácter de responsables por deuda ajena de las obligaciones de la empresa Implant Co. S. R. L, deudora principal, en concepto de impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 1992, 1993 y 1994; y del impuesto al valor agregado vencido entre junio de 1992 y enero de 1993. También confirmó la tercera resolución, dictada el 30 de mayo de 2000, por la que esa dirección determinó de oficio la obligación de aquellos en concepto del impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos 1994 y 1995; más los intereses resarcitorios y la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Como fundamento, relató que el 25 de abril de 1995 los inspectores de la Dirección General Impositiva se presentaron en el domicilio fiscal de la empresa Implant Co S.R.L., dedicada a la venta de productos para odontología. A las 12. 45 fueron recibidos por el señor Stenico, que acreditó su carácter de socio gerente con la copia del contrato social respectivo, y les manifestó que la contabilidad se hallaba en el domicilio del contador de la empresa. Sin perjuicio de ello, permitió el acceso de los funcionarios a los datos contenidos en el sistema informático, que fueron verificados por el analista de sistemas de la Dirección General Impositiva. La información obtenida fue copiada en siete diskettes, debidamente ensobrados e identificados y, de la compulsa ulterior de esos datos resultó que la empresa llevaba un listado de los clientes con un código por cliente, la fecha y número de los comprobantes de pago emitidos, así como el importe respectivamente facturado. En particular, la Dirección General Impositiva verificó que en el registro informático cada comprobante era seguido de dos letras adicionales: "N" o "B". Sobre la base de esa información y de la documentación obtenida en el domicilio de la empresa, la autoridad fiscal requirió por circular a los clientes los comprobantes de las operaciones registradas de ese modo, además de constatar que la empresa no emitía facturas en legal forma. Asimismo, comprobó que la suma de la totalidad de los comprobantes irregularmente emitidos que coincidía con las operaciones registradas en el sistema informático bajo la letra "N" no había sido declarada por la contribuyente a los fines del pago del impuesto a las ganancias y al valor agregado. Al ser Interrogado sobre el significado que la empresa atribuía a dichas letras, el señor Samaán contestó que por "B" debía entenderse "básico" y que "N" significaba "nitruro de titanio", sin aclarar la relevancia de tales identificaciones para el giro comercial de la empresa, ni explicar la coincidencia entre los importes de las facturas identificadas bajo la letra "N" y la suma del monto de los comprobantes emitidos de manera irregular. Por otra parte, en el curso del sumario administrativo seguido contra Implant So. S.R.L., los funcionarios solicitaron y obtuvieron la información relativa a los pagos recibidos por la empresa mediante depósitos en su cuenta bancaria, que depuraron de los gastos de rigor. En suma, concluyeron que las operaciones identificadas con la letra "N" se correspondían con ventas no declaradas y en base al importe de ellas, consideradas como ganancias o utilidades, la Dirección General Impositiva determinó de oficio las obligaciones de Implant Co. S.R.L. como deudor principal y, con posterioridad, de sus socios, como responsables por deuda ajena en concepto de impuesto a las ganancias y al valor agregado, por los períodos señalados en las resoluciones administrativas apeladas. Además, le imputó a la empresa y a sus socios la infracción prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Después de reseñar los hechos del modo expuesto, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó los agravios formulados por la empresa y por los responsables solidarios. Sobre el particular, dijo que debía ser descartado el argumento relativo a que los inspectores habían entrado y allanado ilegalmente el domicilio de la empresa y que la prueba obtenida de ese modo no podía ser usada en contra de aquellos. En tal sentido, señaló que del Acta de Inspección agregada a las actuaciones administrativas resultaba que el señor Stenico, representante legal de la empresa, no había puesto reparos y permitido el acceso de los inspectores, así como facilitado el ingreso al sistema informático. Además, había firmado el Acta sin formular objeciones de ninguna clase. Por otra parte, desechó lo argumentado por los apelantes con relación a la supuesta violación del derecho de defensa de los socios, proveniente de que los procedimientos seguidos en su contra fueron iniciados una vez que el acto de determinación de oficio de las obligaciones impositivas de la empresa Implant Co S.R.L. ya se hallaba firme. Al respecto, el tribunal expresó que en virtud de lo dispuesto por el art. 16 de la 11.683 las deudas impositivas solo pueden ser reclamadas a los responsables por deuda ajena, una vez que la obligación ha sido determinada respecto del deudor principal y éste ha sido efectivamente intimado a pagarla. En semejante orden de ideas, también descartó la defensa fundada en la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa M.526.XXI "Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/rec. de apelación", del 6 de abril de 1989, de conformidad con la cual las presunciones utilizadas por el Fisco para determinar de oficio la base imponible y los impuestos adeudados no pueden servir de fundamento para presumir la conducta dolosa del contribuyente y sancionarla. Sostuvo que tal precedente no resultaba aplicable al caso, porque en la especie la caracterización de la conducta como intencional se fundó en una serie de elementos de prueba reunidos durante el sumario, tales como las constancias del Acta de Inspección, la falta de presentación de la contabilidad, la existencia de comprobantes de ventas irregulares, las respuestas de los clientes interrogados mediante circulares, las constancias de los depósitos bancarios y los restantes extremos demostrativos de la voluntad de los infractores de defraudar al Fisco. II. Que contra esta decisión, los señores Gustavo Alejandro Stenico, Juan Héctor Samaán, Rafael Ceciaga y la empresa Implant Co. S.R.L. interpusieron el recurso de apelación fundado a fs 1441/1491, replicado a fs 1493/1505. En cuanto interesa, sostienen que las tres resoluciones que determinan los impuestos indicados y les imponen la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683 son nulas de nulidad absoluta, porque: 1º) Se fundan en pruebas obtenidas mediante un allanamiento practicado sin orden judicial y sin el consentimiento del representante de la empresa cuya firma en el Acta fue puesta por exigencia de los funcionarios, de modo que no es válido inferir de ella su conformidad con el procedimiento, llevado a cabo con violación a las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional. En tal sentido, señalan que el art. 35 inc. e) de la ley 11.683 dispone que el organismo fiscalizador podrá "recabar por medio del Director General y demás funcionarios autorizados por la Dirección orden de allanamiento al Juez Nacional que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse". Sobre el particular, invocan la doctrina de Fallos 306:1752, 307:440, 308:733 y 853, según la cual el allanamiento de morada sin orden judicial del juez competente es inconstitucional, y la prueba obtenida de este modo irregular no puede ser usada contra el imputado. 2º) Los señores Stenico, Samaán y Ceciaga fueron privados del derecho de defensa, debido a que la Dirección General Impositiva no promovió el procedimiento de determinación de oficio ni les imputó la infracción del art. 46 de la ley 11.683 simultáneamente sino después de los procedimientos seguidos contra el deudor principal Implant Co S.R.L. Es decir, lo hizo una vez que dichos procedimientos habían concluido y cuando los cargos, descargos y pruebas, así como el acto final que determinó de oficio los impuestos debidos por Implant Co S.R.L. y le impuso la multa se hallaban firmes. De manera tal que no tuvieron oportunidad de acreditar la ilegalidad del procedimiento ni demostrar los errores cometidos al determinar los impuestos adeudados o acreditar la falta de intención de defraudar, ni pudieron demostrar la inexistencia de las ventas "no declaradas". Al respecto indican que todo el procedimiento de determinación de oficio se basó en la presunción de que las operaciones identificadas en el sistema informático de la empresa (que bien pudo ser alterado por el analista de sistemas de la D.G.I) bajo la letra "N" se correspondían con operaciones "en negro"; presunción fundada en indicios ilegalmente obtenidos y en documentación secuestrada por los inspectores sin orden de allanamiento. 3º) Los depósitos bancarios realizados por los clientes de la empresa en la cuenta bancaria de ésta fueron incorrectamente "depurados" por la D.G.I, que consideró la totalidad de los correspondientes a las ventas "N", sin tener en cuenta que algunos de los depósitos que surgen de los extractos bancarios correspondientes a los períodos fiscales considerados no correspondían a ventas gravadas y no declaradas. Sostienen que entre dichos depósitos existen cheques rechazados, retiros en efectivos y nuevos depósitos del mismo dinero, así como acreditaciones por préstamos en "descubierto". Además, dicen que si se presume que el importe total de los depósitos se corresponde con las ventas no declaradas pero gravadas, también debería considerarse que la empresa (que no elabora los productos que vende) tuvo necesariamente que incurrir en gastos para adquirirlos, y tales gastos debieron haber sido deducidos para determinar los impuestos en cuestión. 4º) No cabe imputarles "intención" de defraudar basándose en meras presunciones acerca de la existencia del hecho imponible, cuya veracidad objetiva no se acreditó de modo cierto; razón por la que no corresponde considerarlos responsables por los intereses resarcitorios ni aplicarles la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Sobre el particular, señalan que en la causa M.526.XXI "Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/rec. de apelación" del 6 de abril de 1989, se estableció como doctrina que la intención de defraudar no puede ser inducida en base a meras presunciones (criterio mantenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causa "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello- TFN (nº 10.582-I) c/D.G.I.", del 31 de marzo de 1999; y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva", del 24 de agosto de 2000). Por tal razón, y dado que la determinación de oficio se fundó en presunciones, en la especie tampoco concurre el elemento subjetivo del tipo indispensable para imputarles responsabilidad por la infracción prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Menos aún mediante el artificio de invertir la carga de la prueba tal como en el caso hizo el Fisco, que aplicó erróneamente el art. 47 de la ley 11.683 sin acreditar, dicen, ninguno de los extremos previstos en dicha norma para presumir la intención dolosa y al margen de que, cuando el soporte fáctico de la presunción de dolo resulta meramente conjetural, la inversión de la carga de la prueba de la intención de cometer fraude es violatoria de la presunción de inocencia que los ampara. III. Que el art. 18 de la Constitución Nacional, al declarar que el domicilio y los papeles privados de las personas son "inviolables", se refiere al domicilio como lugar de residencia, morada o habitación; no al domicilio fiscal constituido por exigencia legal impuesta a las personas de existencia ideal ni a los "papeles" que constituyen la documentación contable que las sociedades comerciales deben obligatoriamente llevar para ser debidamente fiscalizadas por las autoridades competentes. En otras palabras, la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional no alcanza al domicilio fiscal ni a la contabilidad de una sociedad comercial, y por tal razón es que el art. 35 de la ley 11.683 dispone que los funcionarios de la Dirección General Impositiva tendrán en cualquier momento amplios poderes para "inspeccionar los libros anotaciones papelees y documentos de responsables o terceros que puedan registrar las negociaciones y operaciones sujetas a fiscalización. El inc. e), de ese artículo, al establecer que dichos funcionarios podrán "recabar" la orden judicial de allanamiento, se refiere al supuesto en el que, para desarrollar la tarea de fiscalización e investigación, sea necesario ingresar al domicilio particular de una persona física o requisar sus papeles "privados"; pero dicha orden no es necesaria para entrar en el domicilio legal de una persona de existencia ideal, que ésta debe constituir so pena de no ser autorizada a existir como tal (cfr. art. 44 del Código Civil; art. 11, inc. 2º), ley 19.550; y resolución 1334/98), ni para requerir la documentación contable llevada en los libros identificados, rubricados, y autenticados por la autoridad pública competente, también exigidos por las leyes como requisito para autorizar el funcionamiento de la sociedad y con el objeto de registrar y hacer constar de modo público, es decir, verificable por los funcionarios encargados de controlar su actividad, los negocios y operaciones que constituyen el objeto de su respectiva actividad (cfr. art. 33 y concordantes de la ley 11.683; art 43 del Código de Comercio; y art. 61 de la ley 19.550). Ese domicilio no constituye la morada o lugar de habitación de una persona física, ni la contabilidad y la documentación respaldatoria llevada conforme lo exigen las leyes constituyen los "papeles privados" protegidos por la garantía constitucional señalada. La Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica se pronunció claramente en el sentido de que el privilegio que deriva de esa garantía constitucional, de conformidad con el cual se requiere la orden de allanamiento y requisa para allanar un domicilio y decomisar los papeles privados, no puede ser mantenido cuando se trata de documentación y registros requeridos por la ley para ser llevados a fin de que exista información disponible de las transacciones sujetas a regulación gubernamental (cfr. Wilson v. United States, 221 U.S. 361; Davis vs. United States 328 US. 582; Shapiro V. United States, 335. U.S. 1), porque existen una distinción fundamental entre la protección constitucional acordada a los papeles exclusivamente privados, y la que tiene los documentos que no reviste ese carácter por pertenecer a una corporación (ídem, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa nº 7161 "Florido Raúl s/recurso de casación", sentencia del 2 de octubre de 2006). En tales condiciones, resulta irrelevante juzgar si la firma puesta en el Acta de Inspección por el representante de la empresa, sin formular objeciones al procedimiento, constituye o no una manifestación de voluntad válida y suficiente como para expresar su asentimiento a la entrada de los funcionarios y a la requisa de los datos, en los términos de la doctrina de la causa de Fallos 313:1305. De aceptarse la inteligencia asignada por los apelantes al art. 35 de la ley 11.683, la simple negativa a permitir el ingreso de los inspectores y a exhibir la contabilidad alcanzaría para enervar las atribuciones de la Dirección General Impositiva que, sin el concurso directo de la autoridad judicial, no podrían llevar a cabo ninguna inspección ni fiscalizar a nadie. IV. Que, con relación a la doctrina establecida en la causa M.526.XXI "Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/rec. de apelación" del 6 de abril de 1989, según la cual la intención de defraudar no puede ser inducida en base a las presunciones que la ley autoriza a utilizar para determinar la existencia de la obligación tributaria (mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello- TFN (nº 10.582-I) c/D.G.I.", del 31 de marzo de 1999, y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva", del 24 de agosto de 2000) cabe formular las aclaraciones siguientes: a) En primer lugar, esa doctrina instituyó una regla general de aplicación del art. 46 y concordantes de la ley 11.683, según el texto ordenado en 1978 (cfr A.D.L.A. XXXVIII-D-3486). Ese texto no contenía las presunciones introducidas con posterioridad en el art. 47 de la ley 11.683 ni en él se decía, como se dice en el texto vigente en la actualidad, que "se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones.," etc. El fallo del 6 de abril de 1989 es claro al expresar, en su considerando 5º, que la negativa de la cámara a extender el sistema de presunciones previsto en la ley 11.683 para determinar la existencia y medida de la obligación impositiva al campo de la responsabilidad penal tributaria ". se ajusta al principio de legalidad (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional), toda vez que la ley 11.683 (t.o.1978), vigente en el momento de los hechos, circunscribía la aplicación del mencionado sistema probatorio al ámbito del derecho tributario sustantivo.". De modo tal que en el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor, toda vez que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente asignaba dicho efecto; circunstancia que cambió con posterioridad, al ser modificado el texto de los arts. 46 y 47 de la ley por la ley 23.314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable. Además, teniendo en cuenta que la presencia de dolo o culpa constituye una cuestión de índole psicológica rigurosamente interna, que no puede percibirse directamente por los sentidos de un observador externo, tampoco cabe desechar que la prueba indiciaria pueda admitirse con mayor operatividad, especialmente en ámbitos en los que difícilmente los autores dejarán huella documental de su intención de cometer la infracción (cfr. Alejandro Nieto: "Derecho Administrativo Sancionador". Editorial Tecnos. Cuarta Edición, Madrid, 2005. Págs. 376, 377 y, especialmente, 422). En tales condiciones, es claro que la grave discordancia entre las constancias de los registros informáticos y los registros de la contabilidad, así como entre las constancias extraídas de los comprobantes irregularmente emitidos y los montos depositados por los clientes de la empresa en la cuenta bancaria de la empresa durante un lapso de tiempo más que considerable constituyen, entre otros, indicios suficientes para presumir la culpabilidad de los socios encargados de llevar adelante los negocios de la empresa y en tales condiciones la presunción de inocencia no puede subsistir (conf. esta Sala in re "Las Pirguas S.R.L. (TF 24592-I) c/DGI" fallada el 31 de agosto de 2007). V. Que, en distinto orden de ideas y con relación al agravio según el cual el derecho de defensa de los socios fue violentado, porque cuando la Dirección General Impositiva inició los procedimientos en su contra ya se hallaban firmes los actos administrativos de los cuales surgía la responsabilidad de la empresa Implant Co S.R.L, cabe advertir que los interesados no explican qué defensas se vieron privados de oponer ni cómo el proceder de la autoridad fiscal menoscabó su posibilidad de defenderse de manera eficaz. Al respecto, reiteran que se les imputa responsabilidad por deudas impositivas ajenas en cuyo procedimiento de determinación no se les dio intervención, alegando que dichas deudas nunca existieron pues fueron determinadas en base a pruebas ilegales y presunciones que no reflejan la realidad acerca de la configuración y medida de los hechos imponibles. En síntesis, las defensas que según ellos habrían sido privados de oponer son las mismas que fueron opuestas por la empresa al formular su descargo y apelar las resoluciones administrativas cuestionadas. En tales condiciones, los agravios expresados sobre el particular están infundados, máxime cuando, además de lo expuesto, los interesados se limitan a alegar que los depósitos bancarios no fueron correctamente depurados, pero no precisan qué operaciones y montos concretos habrían sido incorrectamente considerados como ventas gravadas y no declaradas, ni qué cheques habrían sido rechazados y depositados nuevamente, o qué importes en definitiva correspondería tomar en cuenta como gastos de adquisición de los productos vendidos sin declarar. Al respecto cabe añadir que, en su sentencia, el Tribunal Fiscal de la Nación expresó que los peritos contadores se habían limitado a informar que no habían podido cumplir con su tarea porque los libros de contabilidad de la empresa nunca les fueron entregados, y dijeron que no les había sido posible hallar a la persona que los tenía en su poder, "el señor Stenico" (cfr. fs. 1425 y fs. 1396). En virtud de ello, afirmó que las objeciones expuestas por los apelantes constituían meros asertos dogmáticos sin sustento en ninguna prueba ofrecida o producida por los interesados durante las actuaciones administrativas; extremo del pronunciamiento recurrido que los interesados concretamente no refutan en su escrito de fs.1141/1491. Por ello, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos, y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de esta instancia a los apelantes vencidos (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribuanl Fiscal de la Nación, con costas de esta instancia a la actora vencida (arg.art. 68, Segundo párrafo CPCCN).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Pablo Gallegos Fedriani - Jorge Eduardo Morán (en disidencia) - Jorge Federico Alemany