marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, principio de congruencia, defensa en juicio, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Benito, Abel Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

No se configura violación alguna al principio procesal de congruencia y no se ha visto afectado, ni las partes lo demuestran, el derecho de defensa, toda vez que, si bien la defensa invoca una afectación a dicho principio, el cuestionamiento se dirige al cambio en lo que hace a la calificación que entiende aplicable los representantes del Ministerio Público Fiscal actuantes en las diferentes instancias y la que finalmente adoptara el tribunal oral. Al respecto, -más allá de que la defensa no alcanza a demostrar una real afectación al principio invocado, ni restricción alguna al derecho de defensa; de la atenta lectura del recurso es posible advertir que la queja se dirige en realidad contra el cambio de la calificación- no se advierte del recurso intentado que frente a la plataforma fáctica que precede al debate, se haya afectado el principio de congruencia cuando el Tribunal se expidió sobre el mismo hecho durante todo el desarrollo del proceso, no variando el sustrato material del reproche. Para que se viole el derecho de defensa en juicio, debe encontrarse afectado el principio de congruencia fáctica. Para que se conmueva la garantía constitucional de defensa en juicio, es necesario que se haya producido una mutación esencial entre el hecho intimado y la base fáctica contenida en el documento acusatorio, con el hecho juzgado, produciéndose un menoscabo en la facultad de la refutación por parte de los imputados. Tal perjuicio sólo concurre cuando la diversidad fáctica le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas en su interés o si la diversidad comprometió la estrategia defensiva.
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, Miguel Angel c/ Carrizo, José Aniceto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

Cuando el martillero solicita anticipo de gastos para efectuar el remate, son las partes -en principio- las que deben solventar esas erogaciones.-
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, peculado, consumación del delito, depósito judicial
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, César s/ Causa 26.714
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-24

a) El delito de malversación previsto en el art. 263 del C.P., en los casos de depósito judicial de bienes embargados, se consuma con la sustracción de dichos bienes del ámbito de la administración, custodia o depósito, con prescindencia del perjuicio patrimonial que con ello pueda sufrir o no el embargante.

b) A los fines del art. 261 del C.P., la expresión "sustraer" no exige apoderamiento ni apropiación, siendo suficiente la violación de la custodia.
Empleados públicos, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palacios, Stella Maris c/ Municipalidad de Brandsen s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Las designaciones de agentes en el carácter de personal temporario generan, bajo determinadas circunstancias, una situación que resulta asimilable a la del personal estable -y en el caso, además, fue reconocida por un acto administrativo del Intendente-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con perforación o fractura, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Kacz, Mario Claudio s/ recurso de casación. Causa: 622
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

El tipo de robo con efracción castiga al que, al encontrarse con las medidas de seguridad y defensa las que hace referencia el art. 167, inc. 3ro. del C.P., no desiste de su actitud.
Querellante, facultades del querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: Miguel Angel Dávila Saffe s/ Incidente  de  prescripción  de  la  Acción  Penal-Sobreseimiento en  Sumario  N. 22379/98 presentado por el Dr. Miguel Angel Dávila Saffe  - Queja por recurso denegado.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-10-16

En la medida en que se ha admitido que, si en la discusión final el querellante requirió condena pese al pedido absolutorio del Ministerio público facultando de ese modo al Tribunal para dictarla, no se advierte ninguna razón para impedirle recurrir de la que en el caso concreto, recaiga.
Prescripción de la acción penal, condena anterior, fraude, estafa procesal, tentativa, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Gabriela Quigley, Dr. Julio Piantoni instan sobreseimiento por prescripción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-27

En caso de que el curso de la prescripción de un delito sea interrumpido por una tentativa de estafa procesal, la prescripción del delito anterior debe reiniciarse recién en el momento en que se verifique la terminación del intento de fraude y no cuando comienza. La razón de ello radica en que el sujeto, con posterioridad a la comisión de un determinado ilícito, vulnera continuamente, mientras dura la tentativa de estafa procesal, el mandato legal de no cometer nuevos delitos. Durante todo ese tiempo está cometiendo un (nuevo) delito, al mantener en el tiempo la ejecución del intento de fraude. Diferente es el supuesto en que el nuevo delito se cometa durante la ejecución del curso del intento de fraude procesal. En tal caso, la prescripción de la estafa tentada no ha comenzado a correr (pues se está cometiendo mientras se está tentando) y, por ende, mal podría el nuevo delito interrumpir una prescripción no iniciada. Es decir, la comisión del nuevo delito no incide en la prescripción de la tentativa de estafa procesal. Sin embargo, la tentativa de esta procesal sí que incide en la prescripción de este nuevo delito. Ello por cuanto mientras no finalice el intento de estafa, con el desistimiento de la acción judicial fraudulenta o con su frustración, se mantiene un estado antijurídico que justifica que no deba comenzar a correr el cómputo de la prescripción del nuevo delito, cometido durante la vigencia de la tentativa de estafa procesal.
Sociedad anónima, contrato de transferencia de tecnología, regalías comerciales, responsabilidad de los directores, prohibición de contratar con la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BISCOSSA, CARLOS Y OTROS c/ FLAT SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

No procede la nulidad de un contrato, en el que se pacto el pago de regalías, celebrado entre los directores y la sociedad, sin aprobación previa del directorio ni ratificación asamblearia, con fundamento en la LS: 271, si la operación se llevó a cabo con la intervención directa de la totalidad de los accionistas, con lo que quedó salvaguardado el interés que pretende proteger la referida norma, máxime cuando la sociedad pago puntualmente las regalías pactadas hasta que decidió paralizar la producción.
Actualización monetaria, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, Juan José y otros c/ ESEBA y DEBA s/ Indemnización por enfermedad del trabajo Luquez, Dora Alicia c/ American Denim S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo (ley 9688 -ley 23.643). Redondo, José Eliseo c/ Molinos, Concepción s/ Indemnización por accidente Maciel, Obdulio H. c/ Cerinagro S.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios Cuevas, Marcelino y ots. c/ Resignum S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28|1997-04-22|1999-08-31|1999-11-24|2001-03-14

El juzgamiento de la aplicación y alcances de la ley 24.283 corresponde diferirlos a la etapa de ejecución de sentencia, donde ambas partes podrán incorporar -en la forma que determine el tribunal de la instancia- los elementos de juicio que consideren pertinentes para la resolución de la cuestión.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LUIS VELAZQUEZ c/ ESTADO NACIONAL (MRIO. DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ACCION DE AMPARO Y MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

La acción de amparo constituye una vía excepcional que, cuando se alega la inminencia de un daño, sólo procede si dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior, circunstancia que, como es obvio, debe acreditar fehacientemente quien demanda.
Liquidación, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viglianchino, Luis Eduardo y otra c/ Martin, José Julio y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Si una parte entiende que en la liquidación se omitió alguno de los pagos realizados "a cuenta", debe cuestionarla cuando se le corre traslado de ella, toda vez que su resistencia después de que la misma se encuentra aprobada y firme, carece de eficacia. La preclusión cierra las posibilidades de planteos futuros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, daños y perjuicios, indemnización, pretensión, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Prochaska, Ladislao Francisco c/ Meneghetti, Nélida Ramos y/u otro s/ Indemnización de daños y perjuicios. Recurso de Inconstitucionalidad  (Expte CSJ Nº 118-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-27

Resultan descalificables constitucionalmente -por no ser derivación razonada del derecho vigente- aquellos pronunciamientos que a la calidad de "usuario" contemplada en el artículo 1110 del Código Civil, le añaden otro requisito -el pago de las reparaciones- que resulta extraño a dicha norma.
Concursos, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central, patrocinio letrado
Materia: COMERCIAL
Carátula: GINVERSA SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE PRONTO PAGO POR JORGE A. CALVAGNO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

En la liquidación de una entidad financiera siendo el síndico o liquidador el propio banco central, este como institución no puede reclamar el derecho a tener patrocinio letrado, pues su propia organización implica de por si que la materia nunca puede exceder en su competencia; por lo que ya sea designando un apoderado con título profesional de abogado, o si no lo es asignándole para patrocinarlo un abogado de su cuerpo jurídico, siempre resultara actividad propia del banco, cuya elección sobre el modo de operar no puede recaer de ninguna forma sobre la masa y mucho menos desvirtuando los fines del art. 50 de la ley de entidades financieras.
Seguros, productor asesor de seguros, cláusulas del contrato, póliza, derechos del asegurado, elevación de la cobertura, siniestro, responsabilidad solidaria, sentencia absolutoria, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIFILIPPANTONIO, LUIS c/ FIDES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Si al recibir la póliza, el asegurado advirtió que solo se cubría el riesgo de determinado tipo de las mercaderías de su negocio, y solicitó a quien creyó que era el productor de la compañía una ampliación de la cobertura, el que sin objeción alguna le reintegró la póliza con el pertinente agregado, y en atención al cual el asegurado no procedió de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 17418, art.12, ante el acaecimiento del siniestro -en el caso, incendio del local con todas las mercaderías-, deberán responder en forma solidaria la productora y la aseguradora. No obsta a ello el hecho de que en la causa que por ello se siguiera en sede penal, haya sido absuelto el empleado de la productora por el delito que le fuera imputado, pues ha quedado probado que el agregado se hizo con la máquina de escribir de la oficina de aquella, con intervención de personas por las que debía responder (C.Civ. art. 1113), al igual que la aseguradora.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, justicia municipal de faltas
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: RIQUELME, VALERIA DOLORES c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Esta Corte oportunamente resolvió el conflicto de atribuciones suscitado entre el Fiscal de Cámaras y el Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación disponiendo -después de analizar y descalificar la Instrucción General emitida por el Fiscal General de la Provincia con posterioridad a lo decidido en el precedente "Pighin"-, que debía intervenir un integrante de éste último, considerando que sin perjuicio de la autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación correspondía a esta Corte Suprema como cabeza el Poder Judicial asegurar el funcionamiento del sistema de justicia -en el caso de la Justicia de Faltas provincial- y evitar un espacio de impunidad respecto a infracciones cuya naturaleza es netamente penal.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia, primera instancia, deberes del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivas Ruzo, Humberto c/ Municipalidad de Capayan s/ Medida preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-30

Frente a una excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada por ante el juez de primera instancia, él mismo de resolver sobre ella y no limitarse a remitir como en el caso, las actuaciones a la Corte de Justicia por entender que la cuestión debatida es de carácter contencioso-administrativa; consecuentemente se resuelve remitir los autos al juzgado comercial y de ejecución a sus efectos.
Excepciones procesales, defecto legal, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GRILLO  LILIANA  NOEMI c/ PINTURERIAS  PRESTIGIO  SA s/ CESE DEOPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

La excepción de defecto legal no es procedente cuando lo omitido son las copias del escrito de demanda (conf. Colombo, Carlos Kiper, Claudio, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado, La Ley, 2006, t. III, pág. 693); circunstancia que, como bien lo indicó el a quo, tampoco justifica la nulidad de la notificación cumplida, sino que sólo autoriza la suspensión del plazo correspondiente (conf. Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial, Ed. Abeledo Perrot, 1992, t. III, pág. 46 y sus citas). Sin perjuicio de señalar que todavía no se ha dictado el auto de reanudación de los plazos procesales, tampoco puede acogerse la solicitud del recurrente tendiente a que se ordene un nuevo traslado de la demanda, toda vez ello sólo correspondería en el supuesto de admitirse la excepción de defecto legal (conf. art. 354 bis del CPCCN).
Incidentes, apertura a prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MARZIALL Miguel Ángel c/ Imparado Salvo Maria José s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-03

Teniendo en cuenta que no se rechazó in limine el incidente, y a que como señala la doctrina, es circunstancia facultativa para el juez la apertura a prueba en los incidentes, pues en el trámite de ellos queda a criterio del magistrado la opción de recibir la prueba ofrecida o decidir prescindiendo de ella cabe desestimar el pedido de que se deje sin efecto la prueba proveída.
Rebelión, escrituración
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Criminal c/ Muñoz, Pedro José s/ delito de rebelion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-08-17

El ejercicio del cargo de escribano durante la rebelión, otorgando escrituras de venta, trabando embargos y autorizando remates de bienes robados por orden de los rebeldes, no importa complicidad en la rebelión: 1° si el nombramiento de escribano no se hizo y aceptó con el preciso objeto de solemnizar aquellos actos; 2° si dicho nombramiento no fue admitido precisamente para servir a los rebeldes; 3° si existen presunciones de que, aun así, fue aceptado por temor de aquellos. La intervención de tal escribano en los actos mencionados, no podía legitimarlos, y por lo tanto, no podía perjudicar a los despojados.
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos Villalba, Tranquilina c/ Figari, Omar y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

La eficacia de la causa penal queda sujeta a la apreciación por parte del Juez Civil y Comercial conforme a las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.), quien no tiene obligación de merituar todos los elementos allí existentes, sino tan sólo los que él estime como relevantes para la dilucidación de la cuestión litigiosa, pudiendo dar inclusive preferencia a unos sobre otros.
Prueba, prueba de informes, organismos del Estado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tovo, Cesar Luis c/ M.C.B.A s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

El deber de informar que pesa sobre las partes se acentúa al tratarse de reparticiones públicas, en orden a sus fines específicos y las funciones de seguridad y amparo que son de su esencia.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Pappalardo, Luciano c/ Estado Nacional (Mrio.de Defensa) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

No es siempre método recomendable para la interpretación de la ley, el atenerse estrictamente a las palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe determinarse en procura de su aplicación racional, que a la vez que elimine el riesgo de un formalismo paralizante, permita a los jueces superar las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal y dar pleno efecto a la intención del legislador.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, falta de tribunal superior común, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Alderete Fidel Angel c/ Galeno A.R.T. S.A. y/u otros s/ Daños y Perjuicios - Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-30

Este Cuerpo es competente para resolver en el conflicto negativo de competencia ya que no existe una Cámara o Tribunal común a los órganos involucrados en la contienda (Juzgado del Trabajo y Minas y al Juzgado en lo Civil y Comercial) ostentando el Superior Tribunal de Justicia el carácter de órgano superior y común debiendo actuar en pleno en toda actuación no atribuida expresamente a una de sus Salas.
Competencia contencioso administrativa, empleados públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Bahamondez, Víctor Hugo c/ Canal Provincial de Televisión s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-30

Las pretensiones del actor por supuestas deudas del ente autárquico originadas en pagos incorrectos del Estado Provincial mientras fue agente del mismo, deben ser rechazadas por no haberse utilizado la vía procesal pertinente para la determinación de su existencia y monto y por cuanto una cuestión contencioso administrativa no se transforma en laboral por el hecho de que un agente del Estado acepte pasar a revistar en un ente autárquico.
Cáritas, cesión de derechos, cesión onerosa, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: BUSCIGLIO, CARLOS c/ OLIDED  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-24

Como en Caritas no hubo ni hay establecimiento o explotación habilitada a su nombre, sino cesión de un permiso designado a la obtención de fondos y si esto es hito diferencial es que los terceros cesionarios sí están específicamente orientados al lucro mercantil, a diferencias de Caritas, cuya actividad normal y específica pertenece a un área distinta, toda vez que la venta de golosinas en los trenes no convierte a la iglesia en empresa, en los términos del art. 5 LCT.
Responsabilidad del Estado, sentencia, error judicial, daños y perjuicios, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Egues, Alberto José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Sólo cabe reconocer la posibilidad de responsabilizar al Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Derechos y garantías constitucionales, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., B. N. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-29

Hay legislación específica, tal como lo refirieron los Sres. Camaristas en sus votos. Así, la Ley 24.660, en consonancia con la normativa constitucional, establece en su art. 58 que: "El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos.

Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos".
Contrato de trabajo, licencia por enfermedad, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ Daniela Andrea c/ González González S.A s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-27

La obligación de dar aviso, sólo se concreta y se perfecciona, desde el momento en que el empleador recibe la comunicación; con independencia de la fecha y horario de emisión del telegrama, en el caso... Es decir, que para que sea eficaz no basta con que se emita, sino que ha de llegar al destinatario interesado en su contenido, y es por ello, que tendrá virtualidad la comunicación que llega primero.

En cuanto a la pretendida aplicación de la norma del art. 23 de la convención colectiva de aplicación, corresponde apartarse de lo allí previsto, y aplicar en la especie, la interpretación generalizada realizada tanto en doctrina como en jurisprudencia, de la teoría de la recepción; ello amparado en los siguientes fundamentos:

1- Por cuanto la mencionada teoría de la recepción es la única que garantiza la seguridad e igualdad jurídica de las partes ante situaciones de incertidumbre que podrían presentarse; como sería por ejemplo aquellos supuestos en que los telegramas se extravían, o cuya entrega sufre demoras injustificadas. De modo alguno podría hacerse cargar con las consecuencias de tales circunstancias negativas al receptor, constituyendo una postura generalmente aceptada, tanto por doctrina como jurisprudencia, que el remitente carga con las consecuencias jurídicas adversas de la notificación; salvo por supuesto, de casos excepcionales en que la falta de recepción sea imputable al destinatario.

2- En segundo lugar, puede decirse que si bien es cierto que la ley prevé la aplicación de la norma más favorable al trabajador, va de suyo que la misma no puede contrariar derechos fundamentales reconocidos por fuentes de mayor jerarquía, ni avalar consecuencias adversas a principios jurídicos o a derechos primordiales; entre otros, de seguridad jurídica, de defensa en juicio, de propiedad e igualdad ante la ley (art. 31 Constitución Nacional).
Cobro de sumas de dinero, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, prueba
Materia: PENAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Figueroa, María del Carmen  c/ Club Neptunia  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-15

Ha quedado acreditado en autos que el Club demandado mantuvo un contrato de trabajo con la accionante (arts. 21 y 22 LCT ), contrato que debemos presumir celebrado por tiempo indeterminado y con prestaciones continuas (art. 90 y 91 LCT). Y, a partir de ello, no corresponde atender las argumentaciones "subsidiarias" que formula la empleadora que cometió fraude a la ley (art. 7 Ley 24.013) y no exhibió el libro de sueldos y jornales demostrando una modalidad laboral distinta a la señalada (Voto Ronconi. Adhesión Romero)