Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-15


2º Instancia.- La Plata, octubre 15 de 2009.

¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto? El doctor Mancini dijo:

I. Postula que no cuestiona la imputación que se realiza a su asistido respecto de las lesiones causadas en el cuerpo de la víctima por haberle efectuado un disparo con un arma de fuego y que motivara su ingreso al hospital San Felipe de San Nicolás con peligro para su vida, permaneciendo allí por poco más de dos meses.

Critica sí la atribución del resultado muerte, pues ésta habría obedecido a otras complicaciones propias de su estadía en el hospital por haber contraído neumonía y sepsis -de la historia clínica y de la autopsia emergería que la muerte se produjo por shock séptico con inhibición cardíaca-.

Señala que del modo criticado, el a quo habría imputado objetivamente el resultado, sin tener en cuenta lo arriba señalado y que -justamente- por el único sitio por donde no habrían ingresado bacterias habría sido por la herida, por encontrarse cubierta con apósitos (gasas, desinfectantes, cintas adhesivas, etc.).

Cita en apoyo a su afirmación que del último examen médico realizado por el Dr. L. sobre la víctima (11/5/07, fs. 100), tres días antes de la muerte, éste habría dictaminado la evolución de las lesiones y de la cirugía toracoabdominal, señaló que la paciente estaba en recuperación y se encontraba fuera de peligro de vida, y que se hallaría en condiciones de declarar en siete días.

De ello deriva que la muerte no habría tenido por causa la herida de arma de fuego, hecho que sólo habría provocado la internación de la paciente en el hospital.

Se opone a los fundamentos vertidos por el a quo al haber apreciado como verdad irrefutable la afirmación de los médicos de autopsia referidas a las causas de la muerte; y cuestiona también la doctrina emergente de un fallo de la Sala I de este Tribunal relativa a considerarse normal la infección hospitalaria, adjudicándose responsabilidad a quien causó la herida.

Expone que al menos se verificaría un caso de duda proveniente desde el ámbito científico.

Pide que llevando a su justo alcance el reproche penal, teniendo en vistas que el ataque armado a la víctima habría sido una grave lesión con un arma de fuego que puso en peligro su vida y que en todo caso podría configurar una tentativa de homicidio, pero no un homicidio consumado, por cuanto el dolo no habría sido el propio de este ilícito y habría existido una concausa que habría interrumpido el nexo causal entre el disparo y la muerte por sepsis.

Por lo expuesto, solicita que se modifique la calificación legal por la de lesiones graves con arma de fuego y/o tentativa de homicidio con arma de fuego.

Asimismo pide que considerando la juventud del imputado, la disminución de culpabilidad derivada de su agitado estado emocional, y la actitud provocativa que habría incidido en la decisión de P., se establezca la sanción en el mínimo legal.

II.- A fs. 60 los Sres. Defensores Particulares, doctores G. I. M. y M. V. L. desistieron de la celebración de la audiencia de informes.

A fs. 63/64vta., el Sr. Fiscal ante esta Alzada, doctor Carlos A. Altuve desistió de la celebración de la audiencia de informes y peticionó el íntegro rechazo del recurso.

III.- Propicio no hacer lugar al remedio intentado.

Ello sin perjuicio de corresponder indicar preliminante que los cuestionamientos han sido insuficiente postulados por no abastecerse la exigencia prevista en el art. 451 del rito refiriendo cuáles han sido las normas que se entienden inobservadas o erróneamente aplicadas.

Sin embargo, cabe indicar -en lo que aquí interesa- que el Tribunal en lo Criminal actuante tuvo adecuadamente al comportamiento asumido por P. por causa determinante del resultado y como doloso en relación a ocasionar la muerte de la víctima.

Ello toda vez que, como quedara plasmado a partir de diversos elementos que compusieran el plexo probatorio sin que en el sub judice se haya planteado expresamente ni se verifique incursión en absurdo valorativo o arbitrariedad, pudo conocerse que el 4 de marzo de 2007, alrededor de las 22, P., luego de haber mantenido una discusión con quien había sido su concubina -T. I. B.-, se retiró de la vivienda de ésta sita en José Rivas de San Nicolás, regresó tiempo después portando una escopeta recortada marca Centauro calibre 28, sin la debida autorización legal, e ingresó al domicilio por la fuerza y efectuó con dicha arma un disparo hacia la víctima que impactó en su hemitórax derecho y le causó lesiones en órganos vitales que motivaron su deceso tiempo después.

A dicho fin, el Tribunal de mérito evaluó diversos medios de acreditación introducidos por lectura -acta de procedimiento, croquis, relevamiento de policía científica, acta de aprehensión de P. y de secuestro de la escopeta recortada en su poder con un cartucho servido en su recámara, certificado de defunción, informes médicos y protocolo de autopsia-, y producidos en la audiencia de debate -declaraciones del hijo de la víctima, E. L. Q.; de los vecinos, R. A. G. y M. M. T. y de Y. V. M.; de los médicos intervinientes en los diversos momentos posteriores al día del hecho y luego de fallecida-.

En particular en relación a los puntos en cuestionamiento, el a quo -reitero- sostuvo correctamente su verificación probatoria.

En torno a la existencia de la relación de causalidad entre el comportamiento asumido por P. -disparo de su arma de fuego- contra la víctima y el resultado muerte de ésta, el a quo indicó en detalle los elementos que le sirvieron para tenerla por acreditada, así como también fundó la misma debidamente en ellos.

En particular, merituó el informe del primer examen médico -que da cuenta del estado de la víctima a dos horas del hecho: internada en hospital, bajo anestesia general, con intubación endotraqueal, y de las características de la lesión que presentaba: ocho centímetros de diámetro con bordes irregulares y múltiples heridas de dos milímetros de ancho ovoides en la región dorsal subescapular derecha; los procedimientos que se le habían practicado: toracotomía, lobectomía; y haber apreciado la ausencia del séptimo, octavo y noveno arcos posteriores costales, hemotórax derecho con múltiples heridas sangrantes en el lóbulo inferior del pulmón derecho, múltiples heridas en diafragma, vena cava, hígado-, que fuera ampliado en la audiencia por el médico de policía Nicolás Rivera -detallando que conforme el taco recuperado del cuerpo de la víctima, la distancia entre la escopeta y ésta al momento del hecho era menor a cuarenta centímetros porque recién a dicha distancia el taco se separa de los perdigones, lo que en el caso no había ocurrido; y señalando también que el traslado al quirófano había tenido por objeto cohibir la hemorragia y que la herida era grave, sin fallecer inmediatamente en virtud de la asistencia del hospital-; los informes realizados por el médico de policía J. C. L., quien los ratificara en la audiencia oral -el primero, cinco días después del anterior informe, en el que se deja constancia que la víctima se encontraba en coma, con asistencia mecánica respiratoria y que su estado de salud continuaba siendo grave; el segundo, a dos meses de la internación, en el que con descripción del estado de la víctima, se indicó que se encontraba en riesgo de sufrir complicaciones en razón de la larga estadía y por las lesiones sufridas por la herida de arma de fuego, y luego del deceso, las constancias de la operación de autopsia, las fotografías y el respectivo informe efectuado y ratificado posteriormente en la audiencia oral por los médicos autopsiantes M. A. C. y B. J. M. -perito forense y médico de policía respectivamente, en las que se concluyera que la causa básica del deceso de B. fue la herida ovalada de 19 cm. por 7 cm. en el hemitórax derecho a nivel subescapular, compatible con orificio de entrada de arma de fuego, que coincide con las fracturas costales y las lesiones en los órganos torácicos y abdominales; que la causa determinante fue la lesión en el pulmón y del hígado por múltiples proyectiles de arma de fuego, con insuficiencia respiratoria, internación de sesenta y seis días con asistencia respiratoria mecánica y traqueotomía; la causa desencadenante fue la herida de proyectiles múltiples de arma de fuego en tórax y abdomen con infección generalizada (sepsis) y la causa final fue la muerte por shock séptico con inhibición cardíaca; y quienes señalaran en el debate que el ingreso de la víctima al hospital se realizó con riesgo de vida y pocas probabilidades de sobrevida, por haber recibido un disparo de arma de fuego que había afectado dos órganos vitales -pulmón e hígado-, sin recuperar toda su mecánica respiratoria en momento alguno, que la medicación suministrada resultó ser la correcta posibilitando que no muriera mucho antes, asimismo dio cuenta de la gravedad de la lesión que presentaba (traumatismo abierto de abdomen y de tórax) y que por los órganos involucrados potenciaba el riesgo (M.); así como también que se había constatado la destrucción del pulmón por proyectiles, hallándose perdigones en el pulmón izquierdo, en el corazón y en el hígado, y que tratándose de elementos extraños, resultando un hecho anormal para el organismo, éste provoca la respuesta inflamatoria y lucha contra ésta y los gérmenes, actuando contra sí mismo, provocándose una falla multiorgánica que llevó a la muerte; a consecuencia de ello, la herida de arma de fuego que afectó al pulmón, entre otros órganos, produjo la sepsis y ésta la muerte-.

En base a lo antedicho el a quo concluye que la víctima no falleció a causa de haber sido internada, y que -justamente- la supervivencia se debió a todos los elementos disponibles en el hospital.

No se verifica en el punto la incursión en absurdo valorativo.

Sin perjuicio de ello, no se advierte resquicio por el cual pudiera entenderse procedente la postulación defensista que ya viene negada adecuadamente por la respuesta del a quo.

En efecto, no se verificó estado de duda -y en este momento tampoco- en cuanto a que la causa eficiente de la muerte fue introducida por el autor del disparo a partir del carácter de la lesión inferida y su alcance en el organismo y cuerpo de la víctima -afectación de órganos vitales- que puso su vida per se en verdadero y real peligro, de modo que la imputación por homicidio resulta acertada.

En ese marco de debilitamiento y deterioro físico-psíquico tratado conforme la práctica médica que procuró la recuperación de la paciente, la infección intrahospitalaria mencionada por la recurrente (expuesta como uno de los tantos datos en el resumen de la historia clínica de fs. 10/11) no modifica el nexo causal existente ya señalado, pues el fallecimiento acaeció por la grave afectación que la paciente traía y no como la natural consecuencia de la praxis realizada en post de mantenerla con vida y restaurar su estado de salud -luego de la intervención de urgencia por cirugía, asistencia respiratoria mecánica prolongada, traqueotomía, etc.-.

Asimismo el mencionado informe realizado por el médico de policía J. C. L. (11 de mayo de 2007, fs. 6 del presente incidente recursivo), no merma el valor convictivo del plexo probatorio antes citado pues se trató de un pronóstico que, como el propio profesional se encarga de exponer, dependía de la evolución de las lesiones sufridas, previo señalar en detalle el precario estado general de la paciente, a quien recién dicho día se le había retirado la sonda vesical, y que se encontraba fuera de peligro de vida pero en riesgo de sufrir complicaciones.

Entonces no corresponde efectuar la modificación sugerida por la defensa por no adquirir la postulada circunstancia -infección intrahospitalaria- la relevancia pretendida como hecho desencadenante del resultado, sin encontrarse acompañada de otros datos que permitan avalarla.

Asimismo, quedó aclarado el dolo de matar mediante los indicios emergentes y lo relevado a partir de los dichos del hijo de la víctima -quien expusiera lo acaecido a partir de la primera presencia de P. en el domicilio de su madre, la existencia de una discusión relativa al talle de las zapatillas que P. comprara al hijo en común que tenían, así como que su madre se encontraba asustada y le indicó que fueran con su hermano a la habitación y que si P. regresaba, llamara a la policía; que éste volvió unos quince o veinte minutos después y su madre abrió la ventana y le dijo al deponente que llamara a la policía porque había venido armado, que escuchó una patada en la puerta de acceso y vio que P. entraba al comedor y su mamá se iba a la cocina corriendo; que inmediatamente escuchó un disparo y salió, viendo que P. se iba corriendo con el arma en la mano; que fue a la cocina y vio a su mamá tirada-; los testimonios de R. A. G. y M. M. T., vecinos que escucharon la discusión y el disparo de arma de fuego y luego concurrieron al lugar donde la víctima les indicó que había sido P. su atacante, a quien ambos habían visto previo a ello cruzar la calle y que P. llevaba algo en su pantalón, sobresaliendo un caño; y de Y. V. M. -presente en el lugar quien escuchó al imputado decirle a la víctima que iba a regresar-; el tipo de arma empleada -que puede expulsar proyectiles múltiples, y es idónea para matar-, la cercanía espacial con la que se realizara el disparo, la zona hacia donde el disparo fue dirigido; descreyendo de la versión brindada por el imputado al prestar declaración en los términos del art. 308 del CPP por carecer de acompañamiento no sólo en los restantes elementos reunidos si no en su propio comportamiento anterior y posterior al hecho y por estimar que mediante ella se pretendía un mejoramiento de su situación procesal.

La insuficiencia del agravio se evidencia -además- porque el recurrente omite en él toda consideración crítica de lo resuelto por el a quo y, en cambio, se dedica a postular una parcial apreciación del plexo probatorio, omitiendo toda consideración a los informes y exposiciones en el debate de los médicos intervinientes en los distintos estadíos de la estancia de la víctima en el hospital y conclusiones de la autopsia, que dieron cuenta de la razón de su fallecimiento.

De tal modo, no incurre en apartamiento de la normativa procesal el a quo al tener por acreditado el acaecer fáctico mediante los elementos señalados.

Como puede notarse, la determinación de la autoría y responsabilidad del imputado por el Tribunal de Juicio se adecuó a las circunstancias que emergieron del plexo probatorio valorado, sin que, por otro lado, ello pueda merecer reparo alguno en orden a su motivación, ya que fue expresado por el Juzgador el razonamiento desarrollado para arribar a la conclusión obtenida, con suficientes argumentos que, respondiendo a críticas de la defensa, no pueden considerarse apartados de las reglas de la lógica, ni de las pautas que conforme a la recta razón dimanan de la experiencia y el sentido común (arts. 210 y ccdtes. del CPP).

Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso traído por la defensa de P. en este punto pues lo antedicho abastece la exigencia de respeto a las reglas de la sana crítica y a la motivación cuya ausencia se reclama y a cuyo respecto cabe dar respuesta negativa (arts. 18 de la CN, 15, 168, 171 de la Constitución provincial, 106 del CPP).

En torno al restante motivo de cuestionamiento, es dable advertir que la parte no solicitó a las invocadas en esta instancia como minorantes -juventud del imputado, la disminución de culpabilidad derivada de su agitado estado emocional, y la actitud provocativa que habría incidido en la decisión de P.- en oportunidad de alegar en el debate para que fueran valoradas por el a quo en ese sentido, y el Tribunal, en el marco de lo normado en el art. 371 del CPP, no lo estimó pertinente.

Ello torna incensurable el actuar jurisdiccional en lo que fuera materia de recurso, además de no venir motivada cada pauta peticionada en el sentido pretendido.

Así, la determinación del quantum punitivo es una función propia de los magistrados de juicio siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala de la figura de que se trate, quienes deben valorar las particularidades del caso atendiendo a las pautas fijadas por los artículos 40 y 41 del CP, sin que se advierta en el caso de autos violación a tales límites, por lo cual, siempre que se expresen las razones que justifiquen la decisión, en base a la íntima convicción, no hay obstáculo para que el sentenciante -si fuera el caso- determine qué circunstancias ponderables son las que concurren, y a partir de las mismas gradúe la pena respectiva.

En efecto, en el caso, reitero, sin petición de parte y no apartándose el a quo de las pautas a las que debe ajustarse para ejercer su función decisoria, corresponde rechazar la queja (arts. 1, 371, 375, 448 -a contrario- y ccdtes. del CPP; 40 y 41 del CP).

En virtud de lo expuesto, propicio el íntegro rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa del encartado P., con costas (arts. 18 de la CN, 168, 171 y ccdtes. de la Constitución provincial, 40, 41, 41 bis, 55, 79, 189 bis inc. 2 párrafo 4 y ccdtes.. del CP, 1, 106, 209, 210, 371, 375, 448 -a contrario-, 530, 531 y ccdtes. del CPP).

Así lo voto.

El doctor Mahiques dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión planteada en el Acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal, resuelve rechazar el recurso deducido, por improcedente, por no verificarse las transgresiones legales denunciadas; con costas (arts. 18 de la CN, 168, 171 y ccdtes. de la Constitución provincial, 40, 41, 41 bis, 55, 79, 189 bis inc. 2 párrafo 4 y ccdtes.. del CP, 1, 106, 209, 210, 371, 375, 448 -a contrario-, 530, 531 y ccdtes. del CPP).- Carlos Alberto Mahiques.- Fernando Luis María Mancini