Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-31


AUTOS N°43127/3 (C.C.Nº22453) DEL Quinto Juzgado Civil, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Coop Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda. - Cobro de Pesos - Legajo de Apelación para elevar a Cámara".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2017- del Tº II - Fº165/169.- En la Ciudad de San Juan a Treinta y Un (31) días del mes de octubre de 2017, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 31, contra la sentencia de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en los presentes autos Nº43.127/3 (C.C. Nº22.453) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ COOP ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA - COBRO DE PESOS - LEGAJO DE APELACION PARA ELEVAR A CAMARA -", dictada por el Sr. Juez titular del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería, obrante a fs. sub 23/29 vta.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Resulta procedente el recurso planteado? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR. ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

ANTECEDENTES I. A fs. sub 23/29 vta. consta la sentencia dictada por el Sr. Juez titular del 5° Juzgado Civil, en el cual resuelve rechazar la prescripción de intereses y admitir la impugnación efectuada por la parte demandada a la planilla de liquidación efectuada por la parte actora y, en consecuencia determina que corresponde aplicar la tasa pasiva prevista en el art. 23 de la Ley 883 A, como aprueba la liquidación practicada por la parte demandada a fs. 651/2 (de los autos principales, de $713.544,19 al 02/06/2016), impone las costas por su orden y regula los honorarios a los profesionales intervinientes.

Para así decidir consideró, en lo relativo al recurso, que debe aplicarse el interés previsto en el art. 23 de la ley 883-A en razón de estar practicándose una nueva planilla de liquidación, y las costas por su orden en razón a lo establecido en el art. 20 de la misma norma, regulando los honorarios conforme las pautas previstas en los arts. 40 y 41 de la ley 56-O.

II. A fs. sub 30, la parte actora, a través de su apoderado, plantea el recurso de apelación y a fs. sub 32/35 expone los fundamentos del recurso deducido.

Sostiene, en síntesis, que se agravia en primer lugar por haberse dispuesto la aplicación de la tasa pasiva prevista en el art. 23 de la ley 883-A, cuando por sentencia firme se condenó al pago de los intereses tasa activa de la ley 4119, desde octubre de 2002 hasta su efectivo pago y las costas, y destaca que en los Autos N° 43.1272, en trámite en el mismo juzgado, se resolvió en la forma expuesta por su parte.

Como segundo agravio expone que las costas no deben ser impuestas por su orden al no ser aplicable -según alega- lo previsto en los arts. 22 y 26 de la ley 883-A, y en su caso deben ser impuestas a la demandada conforme lo establecido por el art. 21 de la ley 883-A.

Hace reservas y pide que se admitan los agravios.

III. A fs. sub 37/38 el apoderado de la parte demandada replica los fundamentos dados por la actora recurrente, alegando -en síntesis- que no se trata de una crítica concreta y razonada de la sentencia que se impugna, sino que repite argumentos ya analizados, incumpliendo los previsto en el segundo párrafo del art. 253 del CPCC.

Sin perjuicio de ello, expone que el primer sentenciante ha interpretado correctamente lo dispuesto en la ley 883-A y la ha aplicado a las consecuencias de una situación jurídica existente.

Respecto del segundo agravio indica que la queja resulta irrelevante dado que si se ha admitido el planteo sobre la tasa de interés aplicable, no puede aplicarse lo dispuesto por el art. 21 de la ley 883-A.

Formula reservas y pide que se desestime el recurso, con costas a la actora.

IV. A fs. sub 53 se certifica el pase de los autos a estudio.

TRATAMIENTO DEL RECURSO 1. El recurso de apelación no es un nuevo juicio sino la revisión de la sentencia impugnada, por lo que -como principio- el tribunal de alzada está limitado a pronunciarse sobre las cuestiones propuestas a decisión del juez de primera instancia, tal como expresamente se dispone en el art. 262 del CPCCyM.

Sin embargo, con relación a lo que debe revisar goza de la plenitud de la jurisdicción; es decir, de todos los elementos, poderes o atributos de tal función, de la misma manera que el tribunal de primera instancia.

2. Ahora bien, los agravios del apelante deben ser considerados en la vía intentada pues, aunque reiteran argumentos expuestos al plantearse la impugnación de la liquidación, ello no es óbice para su consideración cuando son el fundamento de la crítica formulada contra la sentencia sometida a revisión.

3. Dicho ello se puede afirmar que, conforme las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, de modo tal que no son aplicables a los hechos pasados cumplidos, pues las situaciones jurídicas ya constituidas o ya extinguidas se rigen por la ley bajo la cual fueron constituidas o extinguidas (arg. art. 7, CCyCN).

Pero la dificultad se plantea cuando se trata de hechos, relaciones o situaciones que no se agotan instantáneamente, sino que duran en el tiempo, o cuya realización, ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, por lo que en una parte -al inicio, al concretarse o al nacer- caen bajo el imperio de una norma, y en otra parte o partes -al realizarse las prestaciones o agotarse las consecuencias o los efectos de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, de la o las siguientes o sucesivas-, caen en otra. 4. Y en lo relativo a la tasa de interés, se ha sostenido que es de aplicación inmediata la ley nueva, entendiéndose incluso que "los intereses devengados durante el imperio del Código Civil se rigen por esa ley anterior y los que sean a partir del 1 de agosto de 2015 estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior -art. 7 CCCN- lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido... " (CNCiv. Sala I, 3/11/2015, "M.G., L. y otro c/ A.,C. y otros s/ daños y perjuicios", RCyS 2016-III, 124 , RCyS 2016-IV, 165, La Ley online AR/JUR/61314/2015) 5. Por su parte, la Corte Suprema no ha hecho distinciones, aplicando las leyes nuevas con efecto inmediato cuando "tan sólo se alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir de la entrada en vigencia del nuevo texto legal" (Cfr. Belluscio-Zannoni; "Código Civil..." com. art. 3 por Jorge E. Lavalle Cobo, cit. CSLN, 21-5-76,ED, 67-412).

6. En la ley N° 883-A, se ha establecido expresamente que "es de aplicación a las causas que se encuentren en trámite al tiempo de su entrada en vigencia, y en las que no se hubiere clausurado el término de prueba. Los artículos 22 y 23 serán aplicables a las causas en trámite que no tuvieren regulación y liquidación firmes, respectivamente". Por ende, conforme lo indicado precedentemente, resultando los intereses un accesorios del capital, los mismos se establecen aplicando la normativa vigente en el momento en que se hicieron exigibles, y si se advierte un cambio en la regulación normativa de los mismos solo será aplicable a las causas en trámite que no tuvieran " liquidación firme".

7. También es importante tener presente que los efectos de la providencia que aprueba la liquidación carecen de autoridad de cosa juzgada.

De allí que se diga que las liquidaciones son aprobadas "en cuanto hubiere lugar por derecho". Y en palabras de MORELLO, dicha frase de práctica forense significa que la aprobación se realiza en la medida que la liquidación se ajuste al derecho declarado y reconocido en la sentencia. (Cfr. Verbic, Francisco; Disponible en: http://www.academia.edu/9243627/Liquidacion_y_cumplimiento_de_la_sentencia_civil ).

A ello se agrega que, según tiene dicho la Corte de Justicia de San Juan, el juzgador debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque éstas fueran sobrevinientes (P.R.E. S.2ª 2009-III-571) y en la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reiteradamente resuelto que debe atenderse a las modificaciones introducidas por los nuevos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123; 325:28; 326:417; 327:4495; etc.).

8. En conclusión, no se advierte una errónea aplicación y/o interpretación de la normativa vigente en la sentencia impugnada si se determina que corresponde aplicar la tasa pasiva prevista en el art. 23 de la ley 883-A, en la liquidación practicada con posterioridad a su entrada en vigencia (09/05/2016), pues es aplicada para ambas partes sea vencedora o vencida, sin perjuicio de que con anterioridad a esa fecha (01/10/2004) se haya practicado una liquidación que ascendió a $ 245.325,96, que comprendió capital, intereses (tasa activa) y gastos.

9. Y tampoco resulta erróneo que las costas hayan sido impuestas por su orden, dado que se ha establecido que el sistema de imposición de costas previsto por los artículos 20 y 21 de la ley 883-A no es inconstitucional (CJSJ, Plen- 97, Protocolo de Fallos Plenarios de la Corte - Año 2015, Fº82.), como al no haberse incurrido en plus petición inexcusable, grave temeridad o malicia, negligencia en el trámite, abandono del proceso, nulidades provocadas imputables a su conducta, como que se aprecie que palmariamente se ha incurrido con intención, culpa grave o notorio desconocimiento del derecho en conductas que hayan provocado un desgaste jurisdiccional inútil en el principal o en los incidentes, o intención o culpa grave en el desarrollo de la relación jurídica sustancial antecedente, y ello haya sido motivo directo del juicio (art. 21, ley 883-A.), por lo que propongo el rechazo del recurso.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL Dr. ROBERTO M. PAGÉS LL., DIJO:

Atento a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 30., con costas de Alzada en el orden causado (art. 20, ley 883-A).

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso planteado a fs. sub 30;

II- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.