Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-22


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 22 de 2009.

El doctor Zas dijo:

I. Contra la sentencia de la anterior instancia (ver fs. 197/202), se alzan las partes actora y demandada en los respectivos términos de los memoriales que lucen a fs. 209/214 y fs. 207/vta.

II. Por cuestiones metodológicas trataré en primer término la queja vertida por el actor.

Esta parte recurre porque considera que el juez de primera instancia parte de una premisa incorrecta y llega a una conclusión también incorrecta al considerar que la percepción de sumas regulares y periódicas por parte de un dirigente sindical no implica la existencia de prestación de tareas que puedan considerarse comprendidas en una relación de trabajo. Agrega que quien abonaba las sumas periódicas no era el sindicato ni la federación sino la Obra Social demandada, por lo que estaría acreditada la realización de tareas extraestatutarias.

No asiste razón al recurrente y en este sentido me explicaré.

En primer lugar, cabe destacar que todo lo señalado por el juez de primera instancia parte de las posturas asumidas por las propias partes y de la prueba rendida en autos.

El sentenciante de grado concluye que: "No se ha acreditado, por cierto, que el hecho de percibir sus salarios -o el equivalente de ellos, dados los alcances de la licencia gremial y el cumplimiento de tareas exclusivas para el sindicato y la obra social (en el primero como secretario adjunto y en la segunda como tesorero)- reflejara una relación de trabajo subordinada independiente de aquella que primero mantenía en suspenso y en condiciones de licencia gremial, y por la que en los últimos cuatro años percibió salarios de su empleadora...".

Al respecto, considero que el argumento de que el reclamo ha sido formulado por un dirigente sindical contra la Obra Social de quien percibió salarios no resulta suficiente en los términos del art. 116 de la ley 18.345 para conmover la conclusión precedentemente transcripta.

En efecto, el mismo actor en su demanda manifiesta que por acto eleccionario sindical fue designado Secretario Adjunto del Sindicato Capital hasta 2003 y que luego pasó de ser Secretario Ajunto a ser Tesorero. Agrega que las tareas que desempeñó durante el lapso que se extendió el vínculo excedieron notoriamente las responsabilidades estatutarias (ver fs. 3 vta./4). Es decir, se desempeñó en un cargo electivo dentro del Consejo Directivo, puesto que como afirma el actor a fs. 212 vta. del art. 8 del Estatuto de la OSPIA se desprende que entre los miembros del Consejo Directivo de la OSPIA se encuentra el Tesorero.

En este contexto, estimo que la relación habida entre el actor y la Obra Social demandada no es la propia de un empleador y un empleado, porque la prestación de servicios no proviene de la existencia de un contrato de trabajo sino de las funciones desempeñadas que -aunque diversa naturaleza- tienen una misión gremial específica de defensa y representación de los trabajadores de la actividad.

Por su parte, con relación a la existencia de recibos coincido con lo sostenido por el sentenciante en cuanto a que las sumas que abonó la demandada obedecen a una suerte de compensación económica por los haberes que deja de percibir el trabajador de su empleadora, pero de ninguna manera implica transferencia del contrato de trabajo.

En consecuencia, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que ha sido materia de recurso y agravio.

III. La demandada se agravia por la forma en que han sido impuestas las costas de primera instancia.

Estimo que en virtud del principio objetivo de la derrota consagrado por las normas adjetivas de aplicación (arts. 68 C.P.C.C.N. y 155 de la ley 18.345) y que no encuentro motivo para apartarme de ello sugiero imponer las costas de primera instancia a cargo del actor.

IV. En este mismo sentido, propicio imponer las costas de alzada a cargo del actor vencido (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Postulo regular los honorarios de alzada a los profesionales actuantes en esta instancia en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir a cada uno por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

La doctora García Margalejo dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiero al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que ha sido materia de recurso y agravio. II. Modificarla en el sentido de imponer las costas de primera instancia a cargo del actor. III. Imponer las costas de alzada a cargo del actor. IV. Regular los honorarios de alzada a los profesionales actuantes en esta instancia en el 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir a cada uno por su actuación en la anterior instancia. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).- Oscar Zas.- María C. García Margalejo.