Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


TS07D44219 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 44219 CAUSA Nº: 20561/10 - SALA VII - JUZGADO Nº: 1 En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2.012, para dictar sentencia en estos autos: "MACORETTA, DIEGO DAMIAN c/ CENTRALAB S.A. S/ Despido"; se procede a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- Ambas partes se agravian disconformes con distintos aspectos del fallo de grado que hizo lugar a la demanda por despido incausado por aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA.

II.- La accionada basa su crítica recursiva, en general, en el hecho de que -en su entender- el sentenciante de grado habría efectuado un análisis incorrecto de la prueba rendida, y soslayado elementos de crucial importancia que -supuestamente- permitirían concluir que tuvo motivos concretos y valederos para despedir en forma directa al trabajador.

A mi juicio, no tiene razón.

En primer lugar, debo destacar que es sabido que conforme el art. 377 del C.P.C.C.N., a las partes les incumbe acreditar los hechos expuestos como fundamento de sus pretensiones, es decir que tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo del propio interés. Y no es el que niega una situación fáctica descripta por el adversario el que debe probar, sino el que afirma la configuración del supuesto de hecho con el que intenta beneficiarse. Así, el reparto de la carga de la prueba se regula a tenor del principio de que la probanza de hecho debe darla aquella parte que tiene interés en afirmar su existencia en cuanto le es favorable su efecto jurídico (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, "Código Procesal.", Tomo 8, pág. 95).

Sentado ello, debo señalar que comparto lo resuelto por el Dr. Bertolini, en cuanto juzgó que la demandada no cumplió con dicha carga procesal a pesar de haber sido quien puso fin al vínculo, toda vez que -en el caso- no se reunieron los presupuestos fácticos propios del abandono de trabajo, por lo que el despido fundado en lo dispuesto en el art. 244 de la LCT resultó injustificado.

Digo ésto, pues para que se configure el abandono de trabajo, es necesario determinar que el ánimo del trabajador sea el de no reintegrarse a sus tareas.

Se ha dicho que una vez evidenciado que el actor no tiene intención de abandonar su trabajo, resulta estéril e inaplicable la figura extintiva prevista por el art. 244 de la LCT, dado que este recurso excepcional no es subsumible en presupuestos de incumplimiento contractual (v. de esta Sala, los autos "Cáceres, Walter c/ Teclastar S.A. s/Despido"; S.D. 37.187 del 09.12.03).

No puede soslayarse en el análisis de las circunstancias de la causa que el actor puso en mora con su primer telegrama a la empleadora con respecto a la registración y manteniendo esa condición de morosa, la legitimada pasiva no pudo pretender responder con una puesta en mora recíproca, a los efectos de poder considerar un abandono de trabajo. El articulo 510 del Código Civil señala que "... uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva...".

De tal manera la respuesta telegráfica de la demandada ha resultado ineficaz con respecto a la controversia extintiva que las partes mantuvieron en autos, ya que puesta en mora por el actor, ni cumplió ni ofreció cumplir con su obligación de registrarlo.

Por todo lo expuesto, resulta evidente que el vínculo roto por el trabajador transitó el camino normativo correspondiente, situación que le hace acreedora a las indemnizaciones correspondientes, habida cuenta que no podía ser puesto en mora, por una morosa (esta Sala, en autos: "Silva, Walter Raúl C/ Cayrus, Noel Atilano S/ Despido"; S.D. 40.011 del 30.3.07).

III.- No está en discusión que el trabajador reclamó, entre otras cuestiones, para que se le ingresen sus aportes previsionales atrasados (v. despacho de fs. 5).

Frente a ello, la accionada invoca en su defensa que el "a quo" no habría efectuado un análisis correcto de los hechos, el actor no podría retener tareas legítimamente, pues habría especificado que la deuda por aportes y contribuciones se devengó en un período del año 2.008 (a partir de agosto), y no -como señaló el sentenciante de primera instancia- la irrogada entre el año 1.996 y el año 2.003.

Tal argumentación se contradice los lineamientos del art. 277 del C.P.C.C.N., debido a que ésta es novedosa: dicho planteo recién fue introducido a consideración en esta instancia, por lo que resulta indudablemente extemporáneo.

Tampoco es cierto lo que señala en tal sentido la quejosa, ya que el reclamo formulado en el despacho epistolar por el trabajador (v. comunicación del 20.8.09 de fs. 5) para que la accionada proceda a regularizar la situación laboral y previsional, no se limita al período señalado en el recurso.

Propicio, en consecuencia, la confirmación del fallo en estos aspectos.

RECURSO DE LA PARTE ACTORA.

III.- La apelante se agravia porque solicita que se incluya en la condena la multa del art. 132 bis de la L.C.T.

En primer lugar, debo señalar que se encuentra acabadamente cumplida la exigencia de efectuar la intimación fehaciente que, a tal fin, cursó el trabajadores (v. fs. 467).

Luego, observo que llega sin mayor cuestionamiento que en el período abarcativo entre mayo de 1.996 y abril del 2.003 no se ingresaron los fondos de previsión y seguridad social (v. informe de la AFIP, fs. 96/105), a pesar de que el ingreso del dependiente conforme surge del recibo glosado a fs. 4 data del 02.05.96.

Tal circunstancia es indicativa de que al momento de cursado el despacho intimatorio de referencia e -inclusive- a la fecha de la extinción del contrato de trabajo la empresa tenía (y no hay constancias de que ello haya variado) una importante deuda pendiente, en el marco de una relación laboral reconocida y que abarcó un vasto número de años, sin haberse ingresado los montos correspondientes a aportes y cargas sociales.

En consecuencia, el actor resulta acreedor a un monto mensual equivalente a la última remuneración devengada mensualmente a su favor, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario, desde el momento del distracto hasta que se acreditase, de modo fehaciente, haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos (en igual sentido, esta Sala en: "Puric, Julia Gabriela c/ Hotelería y Desarrollos S.A. s/ Despido"; S.D. 26.2.04).

Dicha suma, devengará intereses acorde a lo dispuesto en el Acta Nº 2.357 (cfme. Resolución de Cámara Nro. 8 del 30.5.02) y es aplicada en particular por esta Sala ya que, en la especie, estado actual y trámite que precede el recurso, se adecua -como tasa variable- a la índole de la cuestión que se resuelve -cfr. art. 622 del Código Civil- (v. de esta Sala, entre muchos otros, "Gambarte, Marcelo Aldejandro c/ BVA S.A. s/ Despido", S.D. 39.149 del 20.4.06).

IV.- Con respecto al agravio por la falta de consideración del pedido a efectuar un requerimiento por los certificados de trabajo y a los fines previsionales, soy de la opinión que de conformidad con lo prescripto en el art. 80 de la L.C.T. corresponde ordenar a la demandada la entrega de los mismos, que contengan la mención de: categoría, salarios percibidos -mes por mes- y tiempo de trabajo cumplido; todo ello, dentro del mismo plazo que el capital de condena (art. 80 L.C.T. y art. 12 inc. "g" de la ley 24.241).

Dichos certificados se deberán acompañar a partir de que sea notificada la intimación expresa que se deberá practicar luego de devueltos los autos a primera instancia.

Propongo, en consecuencia, la modificación parcial del fallo en la forma que dejo expuesta. V.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

Asimismo, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la demandada (art. 68 del Código procesal) y regular los honorarios de esta instancia en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) para la actora y en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para la demandada de lo fijado, en favor de cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-). LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO:	La sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo principal a la demanda, ha sido recurrida por ambas partes a tenor de las presentaciones de fs. 168/169 y fs. 180/181, que fueron contestadas a fs. 186/188 y fs. 183, respectivamente.

La parte demandada afirma que la sentencia le causa agravio porque hizo lugar a las indemnizaciones por despido. Afirma que la retención de tareas dispuesta por el actor no resultó justificada en tanto la misma se fundó en la supuesta falta de ingreso de aportes desde agosto de 2008, y no como lo sostiene el a quo al periodo 1996/2003.

Por su parte, la actora se agravia porque el sentenciante no trató su reclamo fundado en el art. 132 bis LCT.

Analizadas las constancias de autos, advierto que asiste razón a la parte demandada en lo que atañe a la causa en la que se fundó el actor para decidir la retención de tareas.

En efecto, según lo denunciado por el accionante a fs. 11 punto 6) del escrito de inicio, la retención de tareas estuvo motivada por un supuesto faltante de aportes jubilatorios desde agosto de 2008, alegando para ello un informe de ANSES de fecha 12 de agosto de 2009.

Siendo ese el reclamo del actor, en mi opinión lo concerniente al periodo 1996/2003 no ha integrado la materia litigiosa, y por ende la consideración del mismo para fundar la sentencia puede implicar violación de la garantía de defensa de la parte demandada.

Ahora bien, de la prueba informativa producida por AFIP a fs. 95/105 y fs. 139/144 surge acreditado que la demandada ha ingresado los aportes retenidos y que, en los casos de pagos parciales, se ha acogido a Regímenes de Asistencia Financiera, por lo que el organismo recaudador no informa deuda pendiente.

Por otra parte, debo señalar que la parte actora no acompañó en autos el supuesto informe de ANSES al que hizo mención en el intercambio telegráfico ni produjo prueba a su respecto.	Por el contrario, la prueba informativa de AFIP producida a instancias de la parte actora a fs. 88/90 ratifica la inexistencia de deuda de la demandada con el organismo recaudador.

Lo expuesto me inclina a disentir parcialmente y con todo respeto con el voto de mi colega preopinante, ello por cuanto en mi opinión no existen en autos elementos que justifiquen la condena reclamada por la parte actora con fundamento en el art. 132 bis LCT.

En ese aspecto, no puedo dejar de señalar que la presentación recursiva de fs. 180 y vta. solamente puede ser interpretada en el límite de la materia litigiosa conformada por los dichos de la demanda y la contestación, y por ello ante la falta de prueba que demuestre la deuda en la integración de aportes, considero que corresponde suplir la omisión del sentenciante rechazando en este aspecto la demanda incoada.

Sin embargo, la conclusión a la que arribo no habrá de tener incidencias en lo que hace a la condena impuesta en la sentencia en concepto de indemnizaciones por despido sin causa.

En ese sentido, debo señalar que si bien es cierto que en mi opinión no se probó en autos que la retención de tareas estuviera debidamente justificada, no es menos cierto que tanto por la intimación cursada con ese fundamento, como por el resto de los reclamos planteados por el actor, no es posible considerar que en este caso se hubiera configurado su voluntad de hacer abandono de su puesto de trabajo, tal como lo requiere la causal de despido en la que se basó la demandada.

Por ello, y sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes, entiendo que la decisión de la demandada de producir el despido resultó apresurada y no se ajustó a los requisitos exigidos para la configuración del abandono de trabajo, razón por la cuál adhiero al voto que antecede en tanto propone confirmar en este aspecto la sentencia apelada.

En todo lo demás que ha sido materia de recurso adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.

Atento las conclusiones arribadas, considero que las costas de alzada deben ser soportadas en el orden causado (conf. art. 71 CPCCN), regulando los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponde por lo actuado en primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada rechazando la condena pretendida con fundamento en el art. 132 bis LCT, y ordenar la entrega de los certificados del art. 80 LCT conforme las pautas establecidas en el considerando IV del primer voto. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 4) Regular los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo que les fue fijado en primera instancia.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Llamada a dirimir con tercer voto la diferencia surgida entre mis distinguidos colegas en cuanto a la procedencia del reclamo basado en el art. 132 bis de la L.C.T. adelanto que adhiero al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.- En relación al tema en debate, he tenido oportunidad de señalar lo siguiente:

Se trata de un artículo incorporado por la ley 25345, el cual estatuye; " Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los Organismos de Seguridad Social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados o asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último, al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas, que procediere en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito de derecho penal." La norma en examen está dando lugar a un debate, que, en ocasiones, disminuye su efectividad.

De un análisis sencillo del texto se desprende el error en el que ha incurrido el legislador, al hablar de "sanciones conminatorias" En rigor de verdad, no esa la institución que está intentado incluir.

Tengo dicho ya en el año 1998, que las sanciones conminatorias, o astreintes, o condenaciones conminatorias, se encuentran reguladas en el Código Civil y en el CPCC.

Su incorporación se produce en razón del lll Congreso Nacional de Derecho Civil, que deliberara en Córdoba en 1961, que aprobó, al respecto, la recomendación N8 ( Conf. Ferreirós Estela, "Incumplimiento Obligacional, Ed. La Rocca) Es que se supo entonces, que era necesario que los jueces pudieran dictar ese tipo de condenaciones de carácter pecuniario contra quienes dejaran de cumplir algún deber jurídico impuesto por algunas de sus resoluciones.

He allí el concepto y la naturaleza misma del instituto que nada tiene que ver con este artículo de la LCT.

En cuanto a las astreintes o sanciones conminatorias agregué que el nacimiento de este instituto se encuentra en el derecho francés, donde comenzó a utilizarse de manera casi pretoriana, pasando luego a Egipto, Alemania etc.

Es frecuente encontrar a quienes piensan que se trata de un efecto normal o necesario de las obligaciones, cuyo punto de partida se debe ubicar en el artículo 505 del CC; empero, no es así.- Los efectos de las obligaciones son los medios por los cuales se satisface el derecho del acreedor, pudiendo ser principales o secundarios. Los principales, por su parte se clasifican en normales o anormales, Los anormales refieren a un sucedáneo y los normales conducen al cumplimiento por medio de acciones judiciales, el cual puede ser voluntario, forzoso o por otro, Los secundarios, son medios auxiliares.

En ningún ámbito de esta elaboración clasificatoria, caben las sanciones conminatorias; siendo motivo de ello, el hecho de que su finalidad inmediata no es el cumplimiento de la obligación, sino el cumplimiento de una "resolución judicial", que puede ser una sentencia o una resolución simple..

Así lo expresa con claridad meridiana, el artículo 666 bis del CC, cuando faculta a los jueces a imponer estas condenaciones conminatorias, en beneficio del titular del derecho, de carácter pecuniario, a quienes no cumplieren deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Y es coherente que así sea, habida cuenta, que el fundamento del instituto es el "imperium judicial", el cual debe ser ejercido, para que se cumplan sus resoluciones. De lo contrario, como ya he señalado, caería derrumbado el orden jurídico y la seguridad que se sigue de él Claro está, que es frecuente, que tal imposición culmine con el cumplimiento de la obligación que, seguramente, contiene la resolución; pero ello solo muestra una finalidad secundaria, no siendo la télesis misma del instituto.

De tal manera, estas condenaciones, no deben ser confundidas con sanciones, cuya finalidad es otra, la cual puede ser sancionatoria del incumplimiento obligacional mismo, puede ser reparatoria, etc. En este caso, lo que se preserva es el imperium de los jueces volcado en una resolución, cuyo cumplimiento es lo que se persigue.

Por otra parte, son caracteres de las astreintes, la provisoriedad; no tiene vinculación ni proporcionalidad con el daño ocasionado; se fijan sobre las íntimas convicciones y por eso son revisables por el mismo juez, miran hacia el futuro incumplimiento y pueden reducirse o dejarse sin efecto y hasta aumentarse en cualquier momento por el mismo magistrado.

De lo expuesto surge, a mi modo de ver con claridad, que el artículo 132 bis de la LCT, no se corresponde con este instituto y que el legislador ha dado un nombre incorrecto a otro tipo de figura. La misma son los "salarios continuatorios".- En rigor de verdad, a lo que es evidente que quiso referirse el redactor del artículo en cuestión, es a los llamados salarios continuatorios, utilizados algunas veces por el legislador, como una suerte de hilo conductor, que se extiende en el tiempo de manera sancionatoria, ante determinados incumplimientos y hasta que se efectivice la extinción de la obligación que se impone en la ley, Así, impone el pago de un equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor del trabajador, hasta el momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.

Surge con toda claridad que esta imposición nace de la ley misma, que no reviste provisoriedad alguna, que no queda librada al criterio de los jueces, ni puede ser variada por ellos. No está orientada a defender el imperium judicial, sino a hacer cumplir al empleador su obligación de depósito de los aportes retenidos.

En rigor de verdad, se ha tratado, en el caso, de un legislador tibio, ya que no se atrevió tampoco a imponer con claridad, salarios continuatorios, porque refiere a "un equivalente", como temerosos de que se pudiera pensar en una prolongación del contrato de trabajo, cuando en realidad esa figura prolonga solo sancionatoriamente, un efecto pecuniario del contrato, que ya no funciona como contraprestación.

Aclarada la naturaleza jurídica del instituto, hemos de ver, hasta cuando se debe entender que se extiende la sanción periódica.

Es frecuente encontrar entre distintos jueces, también distintas posiciones con respecto a la solución que debe darse a la pregunta expuesta ut-supra. Hasta cuando debe extenderse la condena en una sentencia dictada con motivo de diversos reclamos, que incluyen una extinción de contrato de trabajo, durante el cual se retuvieron pero no se efectivizaron los correspondientes aportes descriptos en el artículo 132 bis de la LCT? Existen posiciones según las cuales la condena llega hasta el momento de dictarse la sentencia aun cuando no se hayan hecho los depósitos; es decir, cuantitativamente llega, no ya hasta el momento del cumplimiento con el depósito, sino hasta el dictado del acto Otra posición, tal vez no tan distinta, hace lo mismo, pero le deja abierta una puerta al reclamante, en el sentido de advertirle que puede, a posteriori, iniciar un nuevo reclamo por los períodos pendientes.

Finalmente, una tercera posición mantiene la condena hasta que se efectivice el depósito.

Es que hay jueces que consideran que ir con la condena más allá del momento del dictado de la sentencia, no es posible y hay otros magistrados que sostienen lo contrario.

Adelanto que me enrolo en la posición de estos últimos. Así, he de describir mi consideración sobre el tema.- Se suele decir de los institutos jurídicos, son casi como los seres vivos, ya que nacen viven y mueren; solo no se reproduce, Empero, en el caso de la sentencia, es obvio que nace y casi siempre, muere. Lo que queda en el medio, entre el nacimiento y la muerte, es lo que denominamos; "temporalidad de la sentencia"; su límite. La muerte se produce, en las ocasiones en que por alguna circunstancia especial deja de producir sus efectos.

Como bien señala Hitters, no debe confundirse ese tipo de límite con el de la cosa juzgada. En el primer caso se extinguió por el cumplimiento de la condición para la cual ha nacido; el motivo por el que fue dictada.

En el caso de la cosa juzgada, lo que depende del tiempo, es la posibilidad de alterar la sentencia. En igual sentido se expresan también Wuasp e Imaz.

Siguiendo ese andarivel, conviene tener en cuenta, en lo atinente al tiempo, que la sentencia no consume su eficacia concomitantemente con su nacimiento; su destino es perdurar durante diversos períodos de tiempo que pueden ser más largos o más breves, según los casos y que también puede ser indefinido, dependiendo de la cuestión a decidir. Es más; ese territorio temporal puede abarcar el pasado y también el futuro, según sean relaciones anteriores o posteriores.

Es que, en la sentencia, hay, y es legítimo que lo haya, si el caso lo requiere, posible retroactividad o ultraactividad.

En rigor de verdad, el tema está referido a la dimensión ontológica y cronológica de la sentencia, y al consumo de su eficacia. Es bueno analizar, por un lado, el límite temporal de la cosa juzgada Cuando hablamos de cosa juzgada, hablamos del tiempo en el que es posible que el fallo pueda ser alterado; cuando nos referimos al marco temporal del decisorio, nos referimos, como dije, a su consumo, ya que su eficacia no se consume en el momento en que nace, sino que está destinada a perdurar en el tiempo Cuando hablamos de retroactividad de la sentencia, nos referimos a la consideración de situaciones fácticas pretéritas, que sean atrapadas por el fallo a partir de cierto momento, dándole un enfoque distinto del que hasta entonces tuvieron, o, como bien señala Guast, que respetando la estimación anterior, se las preceptúe como alteradas en los sucesivo, casos en los cuales estamos, sin lugar a dudas, ante la retroactividad en una sentencia. Baste para tenerlo claro, recordar entre otros casos, el de las providencias meramente declarativas.

Empero, la sentencia, no solo puede ser retroactiva, sino que es frecuente hablar de sentencias ultraactivas; es decir, las que operan sus consecuencias para el futuro; hacia delante; vinculando a los acontecimientos jurídicos-procesales que afecta y que surgen de ahí en más; incluyendo los casos frecuentes en que su eficacia sobre momentos posteriores no tiene límites fijos, por no estar temporalmente definida.

Autores como Hitters, reproduciendo a UASP y a Imaz, hacem referencia también al "fenómeno de modificación en el tiempo del fallo" y lo hace, presentado, así, una cortapisa cronológica, que se presenta por dos circunstancias enclavadas en la vida futura del pronunciamiento, es decir el cumplimiento de una condición o de un plazo. Dos modalidades, presentadas, como ocurre habitualmente, como accidentes insoslayables.

Tanto la condición como el plazo son modalidades del acto jurídico o de la obligación Es que son actos simples, también llamados, puros y simples, los que solo presentan los elementos esenciales del acto; sujetos, voluntad, objeto, vínculo, causa, sin llevar modalidad alguna, De lo contrario se llaman actos modales, es decir que contienen modalidad, plazo o cargo.

La condición hace pender de un hecho futuro e incierto la vida misma del acto. El plazo, en cambio, hace depender de un hecho futuro y cierto, la exigibilidad del mismo.

La condición puede ser suspensiva o resolutoria, Es suspensiva cuando suspende la producción de efectos hasta que se produzca el hecho y resolutoria, cuando el hecho acarrea la extinción del derecho y acontecer, A su vez, entre otras clasificaciones, se puede decir del plazo que es cierto, cuando se sabe cuando va a ocurrir el hecho, o incierto cuando no se sabe cuando va a ocurrir, y también puede ser suspensivo o resolutorio, según el hecho futuro marca el inicio del derecho o sus efectos o la extinción y sus efectos. Eso sí; el plazo fatalmente ocurrirá Trasladado esto a la ultraactividad, debe tenerse en cuenta la posibilidad de la existencia de estos fenómenos de modificación en los tiempos del fallo, como la condición y el plazo, en cuyo caso, el juez podrá determinar, por ejemplo, un pago de multa o por cualquier otro concepto, hasta determinada fecha, ya que a lo que se está tendiendo es a la extensión del límite temporal de una sentencia y no a su inmutabilidad, que es otra cosa.

Algunos autores, han puesto como ejemplo de esta última situación, la sentencia que condena al demandado a pagar a una multa si, con posterioridad al acto mismo, le sigue prohibiendo la entrada a su contraria a un feudo que poseen en condominio.

Cuando el artículo 132 bis de la LCT, introducido por la ley 25.345, hace referencia al pago de la sanción que describe hasta que se haya hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos, en rigor de verdad, está introduciendo en la parte sancionatoria de la norma, un plazo resolutorio.

Es plazo porque pende de un hecho futuro y cierto, que bien puede cumplirse en el curso del proceso, situación en la cual, el cumplimiento referido, hará cesar la sanción continuatoria, Empero, de no ser así, el juez debe condenar hasta que se cumpla ese hecho, momento en el cual, ha de cesar el lapso encerrado en la modalidad y con él, la obligación de pago impuesta.

No obstante, este hecho puede no haber ocurrido antes de la fecha de la sentencia, la cual, con su condena, deja abierta la continuidad expuesta por el plazo señalado.

Se corre así, el límite temporal de la decisión judicial, en lo que a ese item se refiere y se produce una sentencia con ultrraactividad, impuesta por el propio legislador en la norma descripta.

En el ínterin, el magistrado, puede llevar a cabo todos los actos que tengan que ver con ese reclamo, en atención a la extensión del límite temporal extintivo En el Derecho Procesal mismo, se encuentra contemplada la solución a la interpretación de la norma expuesta, sin que se pueda pensar en cercenar el derecho del accionante, por el dictado de la sentencia, o en exigirle, que inicie un nuevo proceso, para algo que ya fue reclamado y resuelto.

Es que, como señalé ut-supra, no deben confundirse los límites temporales de la sentencia, con la cosa juzgada.

Es consecuencia de lo expuesto que en algunas ocasiones, el empleador que retuvo los aportes y no los depositó oportunamente, se acoja a algún régimen de moratoria y efectivice cuotas.

No obstante, no se puede considerar, que se haya cumplimentado la norma habida cuenta que se está haciendo referencia a un pago y el pago debe ser, según lo marca el propio derecho común: "íntegro", condición que no se ha cumplido, cuando ha quedado sujeto a cuotas Vale, por tanto, preguntarse, qué pasaría si la sentencia tuviera por efectivizados los aportes y luego, el perdidoso dejar de pagar el monto en cuotas, Lo que el artículo 132 bis requiere para el cese de la sanción es que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los montos retenidos.

Obviamente rigen aquí los artículos 724 y siguientes del CC, referidos a la integridad y a la identidad del pago Solo entonces se habrá cumplido el plazo impuesto por la ley, plazo que será resolutivo para uno y suspensivo para el otro, tal como suele ocurrir en estos casos y será en ese momento en que el tema aprehendido por el artículo 132 bis habrá adqui8rido el carácter de cosa juzgada, Ello sin perjuicio de que la ultraactividad de la sentencia se haya extendido solo para él. (Doctrina Laboral - Errepar - diciembre de 2011).- Luego, ya entrando en el caso en análisis, advierto que como se señala en el primer voto el actor cumplió acabadamente la exigencia de efectuar la intimación fehaciente prevista en el decreto 146/01 y ha quedado demostrado que al momento de esa intimación y a la fecha de extinción del contrato incluso la empresa tenía una importante deuda pendiente, por no haber ingresado los montos correspondientes a aportes y cargas sociales, sin que sea relevante el acogimiento a un plan de facilidades por parte de la demandada, lo que resulta inoponible al trabajador.- Así doy mi voto.- Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido e incrementar la condena de primera instancia con un monto adicional equivalente a la última remuneración devengada mensualmente, que llevará intereses desde el distracto y hasta el momento del ingreso de los aportes adeudados, de conformidad a lo dispuesto en el Acta Nº 2.357 (cfme. Resolución de Cámara Nro. 8 del 30.5.02). 2) Ordenar la entrega de los certificados del art. 80 conforme las pautas establecidas en el considerando IV. 3) Mantener los honorarios fijados en grado. 4) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. 5) Fijar los emolumentos de esta instancia en favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) para la parte actora y el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para la demandada de lo fijado, en favor de cada uno de ellos, por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.