marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo con armas, suspensión del juicio a prueba, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gordillo, Ronan Raúl s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en Expte. Corte Nº 70/12 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en contra del Auto Interlocutorio Nº 23/12 (Gordillo, Ronan Raúl - Robo Calificado, etc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-23

La Cámara Penal no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado por robo calificado (con arma de fuego).

Contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

Las constancias del principal dan cuenta de la fecha de nacimiento del imputado el 22 de enero de 1985.

Por ello, era ciertamente mayor de edad a la fecha del hecho de la causa, supuestamente perpetrado el 30 de junio de 2010. Por ende, no era de aplicación en las presentes el Régimen Penal de la Minoridad establecido mediante la Ley 22.278.

Así las cosas, carece de fundamento el agravio constitucional que el recurrente invoca como vinculado al desconocimiento en la sentencia de lo dispuesto en el art. 4 de dicha ley.

En las condiciones referidas, el recurso es inadmisible debido a que, por esta vía, la intervención de la Corte Suprema está prevista para garantizar la vigencia y supremacía constitucional (Fallos 326:107) y los argumentos presentados no demuestran su afectación en el caso, como tampoco el cercenamiento alegado al derecho de defensa ni la relación de lo resuelto con las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas.

Ello es así dado que esa mera invocación efectuada en el recurso, sin un desarrollo argumental que ponga de relieve su compromiso en el caso, resulta insuficiente a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria; puesto que, de otro modo, la competencia de la Corte Suprema no tendría límite, en tanto, como reiteradamente lo ha señalado dicho tribunal, no hay derecho que no tenga su fuente en la Constitución.

Por las razones dadas, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Despido, remuneración, horas extra, base indemnizatoria del despido
Materia: LABORAL
Carátula: CORNEJO ENDARA, LUIS ALBERTO c/ ATAHUALPA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-08

El principio de que las horas extras no forman parte de la remuneración del trabajador a los fines de la indemnización por antigüedad, no puede resultar aplicable para un trabajador que con monótona regularidad venía prestando su tarea dentro de un esquema que para él, en su caso concreto, se convertía en lo común, lo regular, lo cotidiano.
Adopción, citación de los padres de sangre
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., M. s/ Adopcion plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

El primer párrafo del artículo 11 de la Ley 19.134, al establecer que "El padre o la madre del menor no serán necesariamente citados a juicio...", implícitamente viabiliza la posibilidad de citarlos, cuando a criterio del magistrado actuante su comparecencia resultare indispensable, útil, conveniente u oportuna.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pogost, Fabio Enrique s/ infracción art. 1° Ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-11

Corresponde conceder el recurso de casación deducido si el decisorio recurrido de resulta equiparable a sentencia definitiva, atento el efecto que tiene sobre la suerte del proceso, ya que imposibilitaría la continuación de las actuaciones, al aplicarse el art. 2 del Código Penal.
Seguros, riesgo asegurable, cobertura, póliza, modificación de la póliza
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEDINA, Gualberto c/ SEGOVIA, Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-19

Las compañías de seguros no son entes asistenciales y sus actividades que son de carácter mercantil, consisten en asegurar riesgos precisos y por lo tanto insusceptibles de modificación posterior con la introducción de otros factores no considerados al momento de contratar, no estando comprendidas dentro de la póliza ni en la ley 17418 las eventuales contingencias sociales y económicas, las que no pueden ser invocadas para pretender una condena contra la aseguradora, pues se convalidaría una ampliación del riesgo cubierto respecto de circunstancias no tenidas en cuenta al establecer la cobertura, así como tampoco al fijar la prima.
Conjueces, designación de jueces, aceptación del cargo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Triviño, Juan Humberto y Otros s/ Homicidio Culposo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-09

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 51 establece que en caso de recusación, excusación.... u otro impedimento, los Jueces de Cámara serán reemplazados... por conjueces de la lista; y en el art.

186 que los abogados de la matrícula están obligados a aceptar los nombramientos para integrar tribunales en los casos establecidos en esta Ley (inc.2), disposición que con otras palabras repite la ley que regula el ejercicio de la abogacía y organiza el Consejo Profesional respectivo en la Provincia.

No establecen las leyes citada, ni el Código Procesal Penal, la obligación de prestar juramento previo a la aceptación. Sin embargo, si para nombramientos de oficio de profesionales, la L.O.P.J. exige su aceptación (art. 211) y para actuar como perito no oficiales el C.P.P. exige a lop expertos aceptar el cargo y hacerlo bajo juramento (art. 296 C.P.P.), dicha condición debería considerarse implícita en el caso de los abogados de la lista que sean convocados para intervenir como conjueces, por la índole de sus delicadas funciones.
Prescripción de la acción penal, recurso extraordinario, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Romero Feris, Raúl Rolando y otros s/ fraude a la administración pública por administración infiel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-19

La corte provincial no pudo válidamente obviar la cuestión relacionada a la supuesta prescripción de la acción correspondiente al delito imputado sobre la que había alertado el representante del Ministerio Público, por lo que corresponde suspender el trámite de los recursos extraordinarios hasta la resolución definitiva de la cuestión que al respecto tomen los jueces de la causa.
Bienes inmuebles, comodato
Materia: CIVIL
Carátula: VIARO NESTOR MARIO c/ CARLOS FRANCISCO VIARIO s/ DESALOJO URBANO - INMUEBLE - COMODATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-17

Sea intruso o comodatario el accionado se encuentra obligado a devolver el inmueble que ocupa sin plazo convenido de ocupación.
Superior Tribunal de Justicia, actos de los poderes públicos, indemnización, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OFICIO  492/93  9O-250/930  EN  AUTOS CARATULADOS: "IRUSTA ROSA CLARA S/AMPARO" s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-18

Nos encontramos así ante el ejercicio de atribuciones propias y exclusivas del Cuerpo conferidas por el art. 131 de la Constitución Provincial en cuanto autoriza la remoción de los empleados del Poder Judicial, en el caso, por razones de servicio que así lo determinan, con supresión del cargo o categoría y la debida indemnización.

Razones de servicio cuyo mérito, oportunidad o conveniencia es resorte exclusivo del Tribunal Superior de Justicia, como cabeza del poder y cuyo conocimiento y decisión no es de competencia del juez de grado inferior. Remoción que se decreta con pago de la indemnización correspondiente establecida en el art. 32 de la Constitución Provincial que consagra un régimen de estabilidad impropia, esto es, que puede ser reemplazada por una indemnización.
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia, competencia, honorarios, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: PERREN, VICTOR GERMAN c/ COMUNA DE AMBROSETTI s/ APELACION - MEDIDA CAUTELAR - REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.:    C.S.J. NRO. 303 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-09

En el trámite que el artículo 15 de la ley 11.330 imprime al recurso de apelación, éste no tiene por ante esta Corte substanciación o actividad alguna.

De tal manera, no siendo este Tribunal aquél por ante el cual se desarrolló la actividad profesional a justipreciar, no corresponde al mismo efectuar la regulación de honorarios, que deberá ser solicitada por ante el a quo.
Letra de cambio, pagaré, firma, sociedades comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: IGLESIAS, ENRIQUE c/ PIANOTURS  S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

Tratándose de una sociedad comercial, la firma comprende también la razón social o denominación. La firma del documento es condición esencial de la existencia del mismo (decreto ley 5965/63: 11) y por ende debe existir desde el momento de la creación del título, no siendo susceptible de integración posterior.
Subasta judicial, martillero, honorarios, quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: Santangelo, Horacio s/ CONCURSO   PREVENTIVO  S/QUIEBRA (INCIDENTE  APELACIÓN)  S/CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-05-12

La postergación de una subasta es una de las contingencias procesales propias de los trámites concursales, por ello las dilaciones que pudieran provocarse, deben ser soportadas igualitariamente por el martillero y los demás funcionarios y empleados del concurso, no correspondiendo efectuar pagos anticipados o a cuenta de lo que ya ocurrió o de lo que ya se trabajó.
Acción reivindicatoria, posesión, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAZ, ROBERTO ROLANDO c/ GUILLERMO SIALLE s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-21

La ley exige al reivindicante la presentación del título que acredite su derecho a poseer o sea la causa en que funda su derecho de dominio.
Daños y perjuicios, falsa denuncia, responsabilidad civil
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPETTO, JORGE c/ LUA SEGUROS LA PORTEÑA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

La denuncia o querella calumniosa involucrando un verdadero acto delictuoso son aptas por si solas para hacer viable el juicio civil por resarcimiento de los agravios patrimoniales y no patrimoniales soportados, los cuales pueden tener su raíz no ya en el dolo sino en la negligencia, imprudencia o ligereza con que halla procedido el denunciante o querellante (cfr. cnciv, sala d, in re "Di rimini, Mario Oscar c/ Fernández, Alfredo s/ daños y perjuicios", del 21.4.99).
Daños y perjuicios, muerte de las partes, actos de administración
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: López, Alejandro c/ Suc. de Marenco, Amadeo Jacinto s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En el marco de una acción por daños y perjuicios, el actor -padre de la víctima fatal- fallece luego del dictado de la providencia de autos para sentencia, por lo que se asigna al hijo la administración provisoria de su sucesión y se lo autoriza para ser parte y continuar el trámite del juicio.

La demandada alega violación de la doctrina legal en el fallo de Alzada que impugna, en cuanto a la falta de legitimación del administrador designado.

Con relación a la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal, establecida en "Vizcarra Segundo c/ López Domingo, Casación" de fecha 12/09/05, en donde se sostuvo: "que el administrador de la sucesión no tiene legitimación activa ni pasiva para estar en juicio, si no media autorización unánime de los herederos, la que no puede ser suplida por la autorización del juez.

Y ello es así, toda vez que el administrador de la sucesión sólo tiene facultades conservatorias de los derechos e intereses de la comunidad, quedando excluidos de su gestión los que exceden la conservación, la mera administración y los actos de disposición", cabe aclarar que, en aquel caso, el administrador provisorio había entablado acción de reivindicación, la cual, por su naturaleza, difiere sustancialmente de la presente causa.

En efecto, en el sub lite, el administrador, que es también heredero beneficiario, goza de la correspondiente autorización judicial y el consentimiento de los demás herederos, según consta en los autos principales, lo que no aconteció en aquel precedente.

Por lo tanto, nada obsta a su presentación a los fines de la continuación del juicio ya iniciado, ni a tomar participación en el carácter pretendido, formulando planteos como la apelación deducida, que no excede los actos ordinarios de administración, la que se compone no solo del ejercicio de los derechos de administración de los bienes, sino también de los medios legales tendientes a hacerlos efectivos. Por tal razón, no hay identidad entre el precedente citado y el caso que motiva el recurso. En consecuencia, el agravio referido a la errónea aplicación de la doctrina legal de esta Corte de Justicia no se encuentra configurado en autos.
Sentencia arbitraria, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, empresa distribuidora de gas, intoxicación, muerte de un menor, obligación de seguridad, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Marcia Andrea Vela, Claudio Alejandro Gnocato y M. E. G. en la causa Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

La sentencia que eximió de responsabilidad a la empresa distribuidora de gas por los daños provocados por la intoxicación con monóxido de carbono sufrida por una mujer y su hijo y debido a la cual perdiera la vida el menor es arbitraria, pues según el perito, las deficiencias de control habrían posibilitado la existencia de instalaciones antirreglamentarias y carentes de las mínimas condiciones de seguridad, por lo cual, sin abrir juicio sobre la conclusión que quepa extraer de tal material probatorio, es claro que la mera afirmación de que existiría una "situación de incertidumbre" -respecto de la cual no se ofrece ninguna elaboración adicional- no basta para fundar la sentencia recurrida (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco)
Acciones de clase, vacío legal, omisión de legislar, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

No hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase.

Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.

Frente a esa falta de regulación -la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido-, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Sentencia condenatoria, doble instancia, juicio previo, juicio oral, defensa en juicio, debido proceso, fundamentación de sentencias, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Héctor Gerónimo Di Siervi y Juan Carlos Irazábal en la causa Magallanes, Ernesto Rodrigo y otros c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

Es arbitraria la sentencia de la cámara de casación que confirmó la anulación de la absolución y la condena impuesta a los imputados, pues omitió tratar adecuadamente el cuestionamiento referido a la afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio previo y debido proceso y de los principios de oralidad, contradicción, inmediación y continuidad del juicio oral que había formulado con sustento en los artículos 18, 24, y 118 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional, división de poderes, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La misión que incumbe a la Corte Suprema de mantener a los diversos poderes tanto nacionales como provinciales en la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Sustracción de menores, derecho a la identidad, derecho a la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

El delito de sustracción y ocultamiento de un menor de diez años -artículo 146 del Código Penal- no limita el ámbito de tutela a los derechos de los niños a gozar de la vida familiar y a los derechos que de esos vínculos surgen, sino que incluye también el derecho a la libertad, autodeterminación e identidad.
Concursos, efectos de la apertura, homologación del acuerdo, conclusión del acuerdo preventivo, juez del concurso, deberes y facultades del juez, decisiones administrativas, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Linea Expreso Liniers SAIC c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-08

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia que el carácter universal del proceso concursal, que justifica que sean decididos por un juez único todos los reclamos que los acreedores del fallido tuvieran contra éste, no puede ser usado para extender la competencia del magistrado a los reclamos que el deudor pudiera tener contra medidas ordenadas por otros jueces o autoridades administrativas (v., en ese sentido, CSJN "Industrias Frigoríficas Nelson SA s/ quiebra s/ incidente de apelación previsto en el art. 250 del CPr.", del 04/05/00). Ello así cuando, como en el caso, el juez del concurso dispuso la suspensión en la aplicación de cierta resolución del Ministerio de Transporte, en el marco de la LCQ 59, afectó la ejecutoriedad de una resolución de carácter general, lo cual es totalmente ajeno a la órbita concursal. Esa decisión ministerial es recurrible ante la justicia federal. No hay acción posible que puede entablarse en el marco de este concurso. En definitiva, no hay que olvidar que la nota típica de las medidas cautelares es la de no constituir un fin por sí mismas, pues deben estar ineludiblemente vinculadas a resguardar una posterior providencia definitiva, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente; y constituyen instrumentos jurisdiccionales tendientes a asegurar el resultado práctico de otro proceso (v. esta Sala, en el precedente "Alvarez y Patiño SA s/ concurso preventivo s/ incidente de medida cautelar", del 19/07/07).
Concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, seguros
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Curtiembres Fonseca SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-27

El principio general en materia de concurso preventivo es la continuación de todos los "contratos en curso de ejecución", los cuales pueden clasificarse en: a) contratos de ejecución diferida donde el objeto de la obligación se encuentra diferido en el tiempo, sean las prestaciones de una sola de las partes y/o de ambas partes, y ii) contratos de ejecución continuada o fluyentes (es decir de tracto sucesivo), cuya característica se centra en que el cumplimiento de las prestaciones no se agota en un momento determinado, sino que se van cumplimentando a través del tiempo, de manera que si bien se trata de similares prestaciones las mismas se van cumplimentando de manera individual y distinta a través de distintos momentos temporales, reiterándose periódicamente y, se oponen -por cierto- a los contratos de ejecución inmediata. En ese sentido la jurisprudencia ha precisado que la LCQ 20 solo resulta de aplicación a los contratos de ejecución diferida, mas no, a los de ejecución continuada o fluyente pues en estos últimos, las prestaciones se reiteran y, en consecuencia, no se encuentran pendientes y diferidas en el tiempo (cfr. Francisco Junyent Bas y Calos A. Molina Sandoval "Ley de Concursos y quiebras. Comentada y actualizada según leyes 25589, 26086 y 26684. T. 1 fs. 180 y ccdtes.). Por lo demás, véase que doctrinariamente se ha puntualizado al contrato de seguro como un contrato de tracto sucesivo, de modo que este contrato -cuyas prestaciones deben cumplirse en forma periódica y/o reiterada- no queda incluido, en principio, en las prescripciones del citado art. 20 LCQ (cfr. arg. esta CNCom, Sala E, in re: " Gasbi SRL s/ conc. Preventivo s/ inc. de apelación 250" del 08/08/12; Sala D, in re: "Logistech SA s/ concurso preventivo s/ inc. art. 250" del 10/11/15; Sala F, in re: "Labesta SA s/ concurso preventivo s/ inc. de apelación 250", del 15/3/17).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, transferencia de fondo de comercio, derechos de las partes, obligaciones del vendedor, documentación administrativa, contrato de habilitación, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Merino, Ricardo y otro c/ Gómez, Luis Dario s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-20

En ese marco, corresponde acceder al reconocimiento de los gastos efectuados en arreglos y reformas; pues si bien el demandado criticó el reconocimiento de este rubro alegando que no resultaba necesaria ninguna reparación en el local, y explicó que según las cláusulas del contrato de locación, las partes declararon que el mismo era recibido en muy buen estado de uso y conservación, agregando que no fue notificado de la necesidad de efectuar alguna reparación, según lo previsto también en el contrato. Sin embargo, la necesidad de las reparaciones fue acreditada mediante declaraciones testimoniales.