marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ley nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernandez Arias Elena y otros c/ Poggio, José s/ sucesión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-09-19

La organización de las Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, establecida por las leyes 13.246, 13.897 y 14.451, en cuanto no admite control judicial suficiente de las resoluciones de esos tribunales administrativos es violatoria de los arts.18 y 95 de la Constitución Nacional
Apreciación de la prueba, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: J., O. c/ M., J. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-02

No rige en nuestro derecho el principio de la prueba testimonial tasada, que el ordenamiento procesal vigente reemplazó con ventaja por el sistema apreciativo de las reglas de la sana crítica.
Apreciación de la prueba, seguros, alcance de la cobertura
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Viola el principio de reparación integral y las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la decidida oponibilidad literal del límite de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, cuando ello implica desnaturalizar el contrato, provocar un infraseguro y patentizar el beneficio indebido de la aseguradora.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Jueces, facultades del juez, actuación de oficio, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S., E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE N  89-03, RESOLUCION N  95, TOMO 8, FOLIO 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-25

Los jueces están facultados para ejercer de oficio el control de constitucionalidad, y una de las funciones específicas del Poder Judicial es la de controlar la constitucionalidad de la actividad estatal.
Recurso de inconstitucionalidad, acción contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Vila, Alfredo Héctor s/ 73 - violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La clausura preventiva, medida precautoria establecida en la ley procesal contravencional, debe interpretarse como esencialmente transitoria, provisional y de aplicación excepcional. Ello reclama la necesidad de que el Poder Judicial actúe con extrema prudencia al disponerla, es decir, cuidando de no superponer su actuación a la labor de la Administración y sin arrogarse facultades inherentes al ejercicio del poder de policía que incumbe al Poder Ejecutivo por mandato constitucional expreso (art. 104.11, CCABA). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Plazo, plazo de gracia
Materia: CIVIL
Carátula: B., E. D. R. c/ C. S.R.L. y/o P: C. S.R.L. y/o I. P. P. S.A s/ Dif. de hab. e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-03

Los justiciables disponen para ejecutar los actos procesales de plazos que se computan por días y no por horas, puesto que el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche (art. 24, Cód. Civil). Y como el horario de las oficinas judiciales no se extiende hasta la hora veinticuatro, en que vence el término perentorio, se impone arbitrar un remedio para el debido ejercicio de la facultad del interesado. Es así que el legislador ha creado, un ingenioso arbitrio consistente en la habilitación de las dos primeras horas del día hábil inmediato posterior al del vencimiento del plazo para presentar el escrito ejecutando el acto procesal. En suma, se trata de un verdadero plazo de gracia otorgado a los justiciables.
Expresión de agravios, autosuficiencia del agravio, autonomía del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BLANCO, DAVID ALFREDO S/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-11-18

La parte - al no satisfacer el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario-, incurre en una omisión insalvable para la procedencia del recurso, pues la vía impugnativa debe bastarse a si misma de tal modo que permita colocar a los Magistrados en condiciones de resolver sobre la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente. Cuando este Alto Cuerpo se refiere a fundamentación "autónoma", esta exigiendo la presentación de un escrito recursivo autosuficiente, abarque las razones en las que el recurrente apontoca su pretensión ante la presunta inobservancia de la ley sustantiva o procesal, censurando los motivos de la sentencia para arribar a la solución que se impugna. La carencia de una adecuada técnica recursiva en los escritos presentados en forma conjunta, conduce inexorablemente a la desestimación del recurso de casación por resultar manifiestamente inadmisible, en razón de adolecer de la "autosuficiencia" que permita al Tribunal - con su sola lectura -obtener el conocimiento de todos los extremos fácticos y jurídicos necesarios para resolver un "verdadero recurso". La sustanciación exigida para lograr la apertura de esta instancia de excepción requiere de la formal y pormenorizada crítica del fallo condenatorio con la finalidad de brindar el necesario soporte técnico que evidencie la sinrazón de la sentencia que se impugna.
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Enriquez Mauro Agustín C/ Jovanovich Danisa De Los Angeles, Jovanovich Lourdes Mariana, Jovanovich Romina Julieta, y sucesión Jovanovich Gaspar Julio c/  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-11-14

Si como en el caso las codemandadas no acreditaron su voluntad de renunciar a la herencia de su padre, resultan continuadores en la titularidad del establecimiento comercial y, por tanto, asumen las obligaciones propias que derivan de su condición de sucesoras del causante y empleadoras del actor. Ello, sin perjuicio de las acciones legales de reintegro que los condenados conserven contra los potenciales sucesores que concurran a aceptar la herencia dejada por el causante. La aparente contradicción que pareciera existir entre la normativa laboral en materia de transferencia, que establecen la solidaridad del sucesor por las obligaciones contraídas por el causante antes del fallecimiento (conf. art. 228 LCT), y las normas del CCyCN, que imponen la presunción de la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, desaparece si se entiende que el beneficio de inventario le permitirá al heredero decidir si continúa o no con la explotación de la empresa, pero su continuidad importa la automática aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de transmisión y la obligación de responder por las deudas incluso anteriores a la muerte del causante. Luego y cuando se produzca la adjudicación y partición a los herederos de los bienes que componen la herencia del causante, se conocerá con certeza él o los herederos que continuarán con la actividad y que revestirán el status jurídico de empleadores, aunque esa situación se retrotraiga al momento mismo de la muerte; hasta ese instante, tanto los contratos de trabajo extinguidos antes de la muerte del causante, como después del deceso pero con anterioridad a la partición, deben dirigir su acción contra los herederos del difunto empleador en su carácter de tales. Como consecuencia de lo expuesto mientras ninguna de las codemandadas renuncie formal y expresamente a la herencia del causante, corresponde tenerlas como responsables solidarias por los créditos adeudados al actor en orden al contrato de trabajo bajo el cual desempeñaba en el establecimiento comercial aludido y en su carácter de herederas del causante. Siendo ello así procede desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta.
Procesos de conocimiento, caducidad de la acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Telecom Argentina S.A.  c/ E N. - Secretaría de Gobierno de Modernización  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

En el marco de un litigio contra Telecom, el co-demandado ENACOM planteó la caducidad de la acción, en los términos del art. 25 de la ley 19.549 y sobre la base del precedente "Gorordo" (Fallos: 322:73). Ello, con base en que el recurso de reconsideración deducido por la firma actora en sede administrativa había sido tratado como denuncia de ilegitimidad, a raíz de su extemporaneidad. Rechazado el argumento en primera instancia, el tribunal de alzada confirmó la decisión apelada. Para así resolver, puso de resalto que el acierto o error en la crítica ensayada por la recurrente quedaba relativizado si se ponderaba que Telecom no había interpuesto uno, sino dos recursos simultáneos (de reconsideración y de alzada en subsidio); y que sobre el segundo de ellos no existía controversia alguna acerca de su presentación en plazo. Ante este escenario, enfatizó que la actuación del ENACOM en sede administrativa evidenciaba una prescindencia lisa y llana del recurso de alzada oportunamente deducido, sin que hubiese sido objeto de tratamiento. Por lo tanto, sostuvo que había privado a la firma actora de una vía recursiva que el propio ente le había reconocido expresamente con anterioridad. Coligió que tales circunstancias fácticas vedaban la aplicación al caso del criterio estipulado por la CSJN en "Gorordo", sin que la 16 subsidiariedad en la interposición del recurso de alzada incidiese en la decisión.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Martorani, Felipe s/ pedido  de  avocación  en autos: "Casta!ares, Ricardo Oscar y otra s/  ordinario"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

El art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial no infringe el derecho de defensa del profesional, pues en virtud de la naturaleza del recurso extraordinario, corresponde a la Corte el último examen de admisibilidad, ya sea que haya sido concedido o denegado, y, en este último caso, a través de la deducción del recurso de queja por parte del interesado.
Responsabilidad parental, plan de parentalidad, cuidado personal compartido, emergencia sanitaria, cuarentena, coronavirus
Materia: CIVIL
Carátula: V., E. P. c/ F. P., D. s/ divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-15

Debe disponerse la instrumentación de un período de alternancia de convivencia de las hijas con sus progenitores, a los efectos de distribuir en forma equitativa las tareas de cuidado en el marco de la cuarentena dispuesta por la propagación del Coronavirus, habida cuenta que el cuidado de las menores ha recaído exclusivamente sobre la progenitora desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio y, en consecuencia, resulta justo, razonable y acorde al principio de solidaridad familiar, que los progenitores alternen los cuidados mientras dure el aislamiento y, fundamentalmente, mientras se extienda la interrupción de la actividad escolar presencial.
Auto de Presidencia, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Mobilio José y otra  c/ Aybar, José Emilio  s/ ordinario (nulidad de escritura publ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-08-31

Procede dejar sin efecto la providencia cuestionada mediante la cual se intima al apelante que presente la copia faltante de escrito, ya que en casos como en el presente, ante una equivocación involuntaria no impide en aras de concretar adecuadamente el valor justicia como objeto último de los pronunciamientos judiciales, que sea el propio Tribunal el que lo corrija.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Corghi, Hilda c/ Palomeque Mendieta, Willy C. s/ Homologación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Dada la similitud que guardan el contrato de locación propiamente dicho y el convenio de desocupación suscripto por locador y locatario, próximamente al vencimiento de aquél o aún con posterioridad, las acciones tendientes a hacer efectivo el desalojo del inmueble afectado a sendos acuerdos, habrá de participar de la misma esencia, cumpliendo idéntica finalidad, cual es la liberación de la finca locada.
Infracciones aduaneras, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, DEMETRIO JORGE Y OTRO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-02

Comprobado el cumplimiento de la tarea que legalmente le competía, la responsabilidad entendida de concurrir al pasaje, presupone el cumplimiento de obligaciones que más allá de ello no vendrían normativamente impuestas a los efectos de la penalidad recaída en el sub-lite.
Secuestro de bienes, automotor secuestrado, medidas cautelares, contrabando de automotores, sentencia condenatoria, decomiso, automotor decomisado
Materia: PROCESAL - PENAL - ADUANERO
Carátula: López Caballero, Tomás Bernardino s/ su planteo de inhibitoria de competencia. inhibitoria de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Debe mantenerse el secuestro del automóvil en el caso en que una eventual sentencia condenatoria por el delito de contrabando pudiera traer aparejado el comiso de la mercadería, conforme lo dispone el art. 876 del Código Aduanero.
Responsabilidad civil, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARTINEZ ELOISA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-17

Viola la ley la sentencia que excluye en forma general y absoluta la posibilidad de que la inhabilitación posterior a la cesantía haya provocado un daño moral al agente público separado de su cargo. Aun cuando la perdida del empleo sea consecuencia de un acto legítimo de la provincia, si el acto administrativo que impuso la inhabilitación ulterior para reingresar es anulado en sede judicial, esta constituye un hecho ilícito que obliga a indemnizar el daño moral siempre que exista.
Acción meramente declarativa, inconstitucionalidad, suplemento por función ejecutiva
Materia: PENAL
Carátula: Armana , Nora Ester c/ ANSES s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-31

Ante lo dispuesto por el art. 6 de la ley 24241 y, los términos del art. 31 de la C.N., no cabe hesitación alguna en disponer la inconstitucionalidad del art. 63 del Dec. 1110/05 invocado por la demandada en su memorial, para sustentar el carácter no remunerativo del "Suplemento por Función Ejecutiva" percibido como no remunerativo del Ministerio de Economía y Producción - Dirección General de Administración. (En igual sentido C.F.S.S., Sala III, en autos "Dopico Carmen Matilde c/ A.N.Se.S s/acción meramente declarativa", Expte. 99611/09, sent. 160208 de fecha 05.08.14).
Juicio de menores, medidas tutelares
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LAVALLEN, Paula s/ INCIDENTE TUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-14

La tutela de un menor víctima se torna particularmente delicada en una causa donde la identidad del mismo constituye objeto de debate.

En tales circunstancias la obligación de las partes de evitar cualquier perjuicio que pueda alterar psíquica o espiritualmente a la menor se torna inexcusable.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Eduardo Tomás s/ violacion    arts.   109/110  del  Código  Penal  (causa  n.  22.272)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, todo lo cual no puede objetarse si se rehuye atender a la verdad jurídica objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio.
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor real, depreciación monetaria, derecho de propiedad, pago
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Servicio Nacional de Parques Nacionales -Fisco Nacional c/ Amelia García del Río de Calero y otros s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

El expropiado no debe experimentar lesión alguna en su patrimonio que no sea objeto de cumplida y oportuna reparación, lo que exige por aplicación del principio de la "justa indemnización"- establecer un valor actualizado a la fecha del pronunciamiento y también desde la sentencia hasta el efectivo pago, por medio del reconocimiento de la depreciacion monetaria sobreviniente en el periodo de ejecucion, pues esto no importa establecer una indemnizacion mayor a la acordada, sino unicamente mantener constante su valor adquisitivo real.
Desplazamiento de la competencia, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CANDA,  Ana  María c/ CONTARTESE, Ángela s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIAs/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-01

No se advierten razones de conexidad que justifiquen el desplazamiento de la competencia de una ejecución hipotecaria hacia el juzgado donde tramita otra ya terminada, basada en el mismo título, con la cual existe identidad de deudor y garantía real, pero con diferentes acreedores hipotecarios.
Procedimiento administrativo, revocación del acto administrativo nulo, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., J. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27

El Dto. Ley 920 -norma local de Procedimientos Administrativos- en su art. 91, estipula como regla la irrevocabilidad de los actos declarativos de derechos, estableciendo el inc. 1, que su anulación requiere la declaración de lesividad previa y la ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.- Refiere de este modo a la acción de lesividad, legislativamente ya admitida en las normas procesales administrativas vigentes, la que fuera definida en ese pronunciamiento como aquélla por la cual la propia Administración considera al acto irrevocable, y acude a la jurisdicción para que declare su anulación, en contra de quien es su beneficiario.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, segunda instancia, improcedencia del recurso, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oppedisano, Diego Alberto c/ Fiat Auto Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede revocar la resolución que decretó de oficio la caducidad de instancia. Ello por cuanto, en el caso, siendo que en autos -conforme CPR 483- ya se encontraban agregados los alegatos y cumplida la vista al fiscal, pudo claramente entender el actor que era carga del Tribunal llamar autos a sentencia, sin esperar petición alguna de las partes. Véase que el estado avanzado en que se encontraba el expediente no resulta posible presumir el abandono del trámite de la causa por parte del actor, siendo que, se reitera, no quedaba a cargo de él actuación alguna que cumplir, restando nada más, conforme se observa de las constancias digitales agregadas a la causa, pasar los autos a dictar sentencia sobre el fondo del asunto. En este sentido, señálase que los jueces deben tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y procurar la mayor economía procesal (CPR 34-5° y 36-1°; conf. arg. esta CNCom, Sala D, 01/09/20, "Bertoglio Julio Cesar y otro c/ Almundo.com s/ ordinario"). A más se estima que el caso puede encuadrarse en la norma del CPR 313-3°
Suspensión del juicio a prueba, sobreseimiento, nulidad de sentencia, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: CARBALLO, Leonel Sebastián s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Los procedimientos previstos en el código de forma deben respetarse; en el caso el art. 293, CPPN fue sorpresivamente soslayado por el tribunal, pues, tras haber celebrado la audiencia prevista en aquél durante la cual las partes dieron su conformidad para que se otorgue al imputado la suspensión de juicio a prueba- resolvió disponer su sobreseimiento. En consecuencia, corresponde anular la resolución recurrida, y a reenviar las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que retome y resuelva la solicitud de suspensión de juicio a prueba que fue sometida a su jurisdicción (voto del juez Morin).
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Palma, Sergio Víctor c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La garantía de los depósitos instrumentada por la ley 21.526 se extiende a todas las personas amparadas por el régimen y el único requisito exigible por el Banco Central es la declaración jurada que la ley menciona (Disidencia del Dr. Guillermo A. F. López).
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, sobreseimiento, declaración indagatoria, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Patiño, Rodolfo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

Corresponde rechazar el recurso de casación contra el pronunciamiento que confirmó parcialmente la resolución que hizo lugar a la prescripción y dispuso el sobreseimiento, pues -teniendo en cuenta el trámite impreso a la causa- y más allá de que posteriormente se convocara una vez más al imputado a ampliar su declaración indagatoria y que en esa oportunidad se le intimaran nuevamente los primigenios eventos, junto a otros nuevos, todos los cuales formarían parte de una única maniobra de administración infiel, lo cierto es que para el fragmento cuestionado, desde el primer llamado a prestar declaración indagatoria transcurrió el plazo prescriptivo computable.