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Proceso penal, imputado, identificación del imputado, libertad, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., S. s/ Apelación proveído (Expte Nº 205-98, Resolución Nº  173, Tomo 4,  Folio 360)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-11

De la inexistencia de normas en nuestro Código Procesal Penal que legitimen la privación de libertad de las personas con el sólo propósito de identificarlas, no se sigue sin embargo una contradicción o laguna de nuestro Código, que por una parte requeriría la identificación del imputado y por otra no prevería reglas para lograrla, sino que la solución para eventuales dificultades viene brindada por su artículo 69, que, acogiendo la posibilidad de que el imputado se niegue a identificarse o aún falsee sus datos (obsérvese que si no aceptase ello sí entraría en contradicción con su propio artículo 318 "Interrogatorio de identificación", ya que lo que no puede -por mandato constitucional- requerir en el curso de una declaración indagatoria, sí lo exigiría coactivamente en un acto previo), establece que en tal caso se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que se estimen convenientes, forma identificatoria ésta que basta aún para el dictado de una sentencia definitiva, tal como lo establece el artículo 402, inciso 2º del Código Procesal Penal. No se me pasa por alto que dentro del desarrollo del proceso penal la identificación del imputado cumple otros fines instrumentales tales como el de aportar datos útiles si llega el momento de resolver sobre la libertad personal del mismo, particularmente al deber decidirse sobre la imposición de prisión preventiva, mas juzgo que ante tal eventualidad deberá actuarse a todos los efectos con la identificación supletoria que el propio Código tolera en el ya citado artículo 69, y que si de ello se sigue alguna consecuencia dañosa para el imputado (vgr. errónea atribución de identidad, pérdida de alguna de las posibilidades excarcelatorias) deberá él mismo asumirlas como consecuencias de sus propios actos.
Competencia, medicina prepaga, personas con discapacidad, Programa Médico Obligatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gallardo  Raúl  Roberto  y  otro c/ Organización  de  ServiciosDirectos Empresarios s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El padre del menor Matías Gallardo y Kolland, invocando la calidad de beneficiario de su hijo discapacitado, promueve acción de amparo contra "Organización de Servicios Directos Empresarios" (OSDE) a fin de obtener la provisión de "los recursos económicos y financieros tendientes a permitir continuar con su educación y formación escolar". Si bien es cierto que la parte demandada no reviste como agente de seguro nacional de salud, en los términos de las leyes 23.660 y 23.661 -como lo destacara el magistrado-, no es posible soslayar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que si se encuentran en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, al establecer la prestación médica obligatoria, que involucra tanto a las obras sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos, en razón de que la ley 24.754 hizo extensivas las prestaciones básicas contempladas por las leyes 23.660, 23.661 y sus reglamentaciones a estas últimas, corresponde entender a este fuero (cfr. doctrina de la Corte Suprema in re "Wraage Rolando Bernardo c/ Omint S.A. s/ amparo" del 16/9/03; en igual sentido, esta Sala, causa 123/04 del 29/6/04 y sus citas; esta Cámara, Sala II, causa 5.992/03, in re " Roldán María José y otro c/ Galeno Life SPM SA s/ amparo", del 6/04/04 y Sala III, causas 5907/05 del 20/10/05 y 6812/06 del 19/9/06, entre otras). En tales condiciones, evidentes razones de economía procesal aconsejan acatar el criterio adoptado por el Alto Tribunal (cfr. esta Sala, causas 123/04 cit., 6033/06 del 22/2/07 y 12.424/06 del 27/2/07).
Demanda contra Estado extranjero, aplicación de la ley, daños y perjuicios, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Ceresole,  Norberto  Rafael c/ República de Venezuela s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El art. 118 de la Constitución Nacional se refiere a los juicios criminales y por ello, no puede ser la norma que regule el caso en que se reclaman los daños y perjuicios derivados de supuestos actos ilícitos cometidos por agentes de un Estado extranjero.
Cuestión abstracta, amparo por mora, gobierno provincial, pronto despacho, recurso de reconsideración, recurso jerárquico en subsidio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Borsato, Carlos Alberto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-03-12

Procede declarar abstracta la cuestión sometida a consideración de este Tribunal mediante la interposición del amparo por mora en los términos del art. 52 de la Constitución provincial y de la Ley 8508 en contra del Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, a fin de que se dicte "pronto despacho" judicial respecto del recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio incoado por la misma parte, pues si bien le asiste razón al accionante, conforme lo establecido por el art. 67, inc. "g" de la Ley 5350 (T.O. 6.658 y su modificatoria Ley 10618/19), que el administrado tiene el derecho de obtener una decisión expresa de su reclamo, petición o recurso -y a considerarlos denegados por el silencio-, si la Administración no resuelve éstos en un plazo de veinte (20) días hábiles; y en el caso interpuso pronto despacho, habiendo transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta por parte de la Administración, sin embargo surge de las constancias agregadas a la causa que la cuestión a resolver ha devenido en abstracta, atento a que la accionada ha resuelto desestimar el recurso de reconsideración y no otorgar trámite al recurso jerárquico interpuesto en forma subsidiara por el amparista, resolución que ha sido notificada a la actora mediante cédula dirigida al domicilio constituido por la misma.
Empleados públicos, suspensión preventiva, sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tettamanti, Marcelo Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Escuela) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Los arts. 83 y 88 de la ley 10.430 establecen que si un agente se encuentra en situación de suspensión preventiva y le es aplicada una sanción de suspensión de tiempo menor al que lleva suspendido precautoriamente (art. 83 de la ley 10.430) o, en su caso, si el sumario concluye con su absolución (art. 88, ley 10.430) deberán serle abonados los salarios devengados durante el período correspondiente. Por lo que no es el levantamiento de la disponibilidad preventiva sino la resolución del sumario en alguna de las formas indicadas -suspensión menor o absolución- lo que da derecho al reintegro de los sueldos retenidos.
Ejecución de sentencia, escrituración, condena a escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: Villalba, Isabel y otro c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Atento que para la ejecución de la sentencia, el Juez no puede sustituir directamente a la demandada en la realización de las diligencias pendientes, también procede precisar que podrá convocar la audiencia a fin de fijar el modo más eficaz y expeditivo para su concreción y ordenar, asimismo las medidas complementarias que correspondan al asistir derecho a la actora para impulsar dichos trámites con intervención del Juzgado, que deberá velar por la idoneidad de las medidas a adoptar (arg. arts. 511, 512, 558 y conc. del C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, Cámara de Apelaciones, voto de los jueces, voto de adhesión, tribunal colegiado, fundamentación de sentencias, voto mayoritario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FOSCHIATTI, HERIBERTO PEDRO c/ GUELER, ISAAC LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO ORDINARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Aun cuando pueda afirmarse que la causa, concretamente la segunda cuestión, fue resuelta con el voto concordante de dos Jueces - dando, así, cumplimiento al recaudo exigido por la ley para que exista sentencia válida (art. 26, L.O.P.J.), es por demás de claro en la especie que la Vocal del primer voto de manera alguna podía negarse a tratar la segunda cuestión en tanto estaba necesariamente compelida a su ingreso a tenor de la conclusión a que había arribado la mayoría al tratar la primera cuestión -rechazo de la nulidad-.La mayoría obligaba a la disidente a analizar la apelación y su negativa configura sin más soslayar las consecuencias normales que surgen de la colegiación. Y ese rehusamiento termina por frustar la "deliberación" del Tribunal, que tan bien había funcionado en la nulidad habida cuenta que, producto de ella -recuérdese- se había obtenido un resultado distinto al que pudiera extraerse de una mera suma individual de votos. De ahí que se requería en la causa necesariamente el voto de la Juez sorteada en primer término aun cuando sus argumentaciones no cambiaran la solución final de la causa. Pero solo así podía darse por satisfecho el mecanismo de formación de pensamiento judicial en que se funda la sentencia de los órganos colegiados, esto es: el intercambio racional de ideas y no una colección de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes. (DEL VOTO DEL DR. NETRI)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SACCONE, CRISTIAN ADRIAN c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-12

En el precedente "Oehrli" -a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae- se hizo referencia al carácter que debía otorgársele al dictamen del fiscal en el marco de una solicitud de suspensión del procedimiento a prueba; como así también que en la etapa intermedia reglado por la ley 12734 se abre la posibilidad al imputado -como una facultad y derecho de éste- de solicitarlo sin consentimiento del actor penal, siendo en este estadio -audiencia preliminar- el juez quien debe evaluar su procedencia o no, a partir de un contradictorio oral y público en pie de igualdad y quien tiene la facultad de otorgarlo o no independientemente de la opinión a favor o en contra, fundada o no, del fiscal, criterio luego aplicado al procedimiento por flagrancia. Sentado ello, los cuestionamientos recursivos del recurrente sólo refieren a su mera discrepancia con la hermenéutica asignada por el Magistrado de la causa a normas de derecho común, habiendo brindado el Tribunal fundamentos suficientes para considerar que la oposición de la Acusación a la suspensión del procedimiento a prueba no era razonable. (Del voto del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12734. - Jurisprudencia vinculada: Oehrli, AyS T 279, p 75, sumarios J0043625, J0043626 y J0043627; Fernández, AyS T 293, p 174/177, sumario J0045492; Saucedo, AyS T 291, p 15/19, sumario J0045240.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia, ley de seguros, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zalazar, Nancy Mabel y otros c/ Díaz Fredes, Facundo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-12

El recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia, toda vez que el Tribunal no sólo incurrió efectivamente en un exceso de jurisdicción cuando de oficio anuló parte del pronunciamiento de baja instancia por considerarlo infundado (sin tener en cuenta que, aun con una terminología errónea, el planteo de la aseguradora había sido rechazado justificadamente por remisión al pronunciamiento dictado por el mismo juez en una causa entre las mismas partes en que se reclamara el pago de la indemnización por destrucción total del vehículo), sino que además -en lo que resulta decisivo para la suerte de la impugnación extraordinaria- resolvió el fondo del asunto (acogiendo por esa vía la apelación de la citada en garantía) sobre la base de una hermenéutica que se aparta de los términos de la Ley de Seguros, y también representa una interpretación regresiva de los principios directamente en juego en el caso, defectos que dan lugar al reproche constitucional de lo así decidido. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren el Dr. Falistocco y la Dra. Gastaldi)
Competencia contencioso administrativa, accidentes de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deniz, Rolando Alberto c/ Provincia de Río Negro s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-05-20

Corresponde declarar la competencia administrativa -y no la laboral- cuando, como en el caso, se trata de una demanda de indemnización por accidente de trabajo promovida por un legislador contra la Provincia, basada en la relación funcional que lo unía a ésta y en la circunstancia de haberse producido el hecho en oportunidad de hallarse en comisión de servicios. Ello así, en tanto la actividad desarrollada por el accionante es una función específica de la Administración Pública, que debe encuadrarse en el régimen común aplicable a la función o empleo público.
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: V, L. c/ D., J. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-06

El concubinato por sí mismo no determina el surgimiento de una sociedad de hecho (conf. Bossert "Régimen jurídico del concubinato", pág. 6 y sigts.).
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: GEOTECNICA-SOCIEDAD ANONIMA-HERNANDEZ JORGE s/ CONCURSO-INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

1. El acreedor laboral verificado con privilegio especial (y aún general) no debe probar la insuficiencia de los bienes afectados y que son asiento de su privilegio: puede peticionar se disponga la intimación a la deudora concursada para que deposite el "quantum" de tal acreencia sin recaudo previo alguno.

2. Aún cuando la ley 19.551: 87-2Da. Parte impone tal demostración, ello está referido a los acreedores con derecho real de garantía, no a los de origen laboral, puesto que su privilegio no recae sobre bienes predeterminados sino en variados bienes.
Reclamo administrativo previo, demanda, pretensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONTIEL GABINO MARTIN c/ CORPORACION DEL RIO DULCE DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION -  RECONSTRUCCION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-01

La pretensión introducida en la demanda judicial puede no coicidir necesariamente con los términos expresados en los recursos en sede administrativa por lo que, la incorporación al proceso del escrito de demanda es imprescindible para conocer el alcance de la pretensión expuesta por el actor mediante la acción.-
Procedencia del recurso, aclaratoria (procesal), regulación de honorarios, tasa activa, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Amaya, Arnaldo  y Otros c/ SESLEP  y/o Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-16

Corresponde hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el abogado interviniente, por cuanto la resolución recurrida omite pronunciarse sobre la fecha a partir de la cual comienza a aplicarse la tasa de interés prevista que publica el BNA -tasa activa-, infiriéndose que el recurso resulta procedente y debe ser receptado aclarándose que la fecha será la establecida en la resolución de primera instancia, a partir de la cual considera que las regulaciones de honorarios tienen poder adquisitivo.
Reconstrucción del expediente, declaración indagatoria, falta de acta, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Traficante, Héctor R. y otro s/ Reconstrucción de Expediente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Corresponde arribar a la absolución de los procesados, cuando no obra en el expediente la declaración indagatoria de los mismos, pues hace al debido proceso el control jurisdiccional de tales actos, tanto en su aspecto formal como sustantivo, tratándose de una falta grave atinente a la garantía de defensa en juicio.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Loto, Juan Jose c/ Leguizamon, Oscar Daniel y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

En cuanto a la empresa de transportes, a quien como principal se le atribuye responsabilidad indirecta en el hecho, las preguntas contenidas en el pliego si no están referidas a actos suyos sino a hechos de su dependiente totalmente ajenos a sus funciones propias, carecen del presupuesto de que se trate de hechos personales del absolvente para considerar a ésta confesión ficta a su respecto (Cód. Proc. art. 415).
Empleo público, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: V., J. O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-29

La relación de empleo público enmarca en la Ley I N° 74 (antes Decreto Ley Nº 1987). En su artículo 32 se define a la licencia como el tiempo de no prestación de servicios, por las causas que este Estatuto determina. La reglamentación completa las formas y condiciones para su otorgamiento.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: Rico, Washington Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-10

En la presentación de un recurso extraordinario, se debe puntualizar en qué concreto lugar del expediente y en qué términos precisos la cuestión Federal fue planteada y en su caso mantenida. El recurrente debe ser lo más claro posible para persuadir de que lo que él llama "cuestión Federal" es efectivamente una cuestión federal en los términos del Art.

14 de la Ley Nº 48 en sus tres incisos.
Compraventa, venta de cosa ajena, objeto imposible, efectos del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ROSALES, Guillermo César c/ SANCHEZ, Mariano y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

Cuando, en la compraventa de cosa ajena, la prestación se torna de imposible cumplimiento, debería reconocerse al comprador, al menos, el derecho de reclamar la restitución proporcional del precio, sin que constituya óbice para ello lo dispuesto en la última parte del art. 1329 del Código Civil, ya que dicha prohibición sólo se refiere a quien ha obrado de mala fe, a sabiendas de la realización del acto en perjuicio del dueño o titular del derecho.-
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, auto de procesamiento, juicio oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CONTARTESE, Enrique Rafael. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

La complejidad probatoria del delito de enriquecimiento ilícito hace que la causa sólo pueda alcanzar un complejo despliegue expositivo y valorativo en audiencias de juicio oral, ya que en la etapa instructoria resulta forzosamente parcial la evaluación de un material probatorio tan arduo.

Si se pretende justificar el importante incremento patrimonial del imputado con numerosas remisiones al patrimonio de sus familiares, será necesario hacer comparecer a todas las personas que dicen haber beneficiado patrimonialmente al imputado.

Esto no constituye arbitrariedad alguna, sino una necesidad impuesta por el tipo penal.

Por tanto, debe confirmarse el auto que decreta el procesamiento del incuso en orden al delito de enriquecimiento ilícito (del voto del Dr. Elbert al que adhirió el Dr. Bruzzone).
Inconstitucionalidad, planteo oportuno, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-22

"No corresponde el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que sólo fue introducido en la instancia extraordinaria, por ser fruto de una reflexión tardía".
Sociedad colectiva, beneficio de excusión, responsabilidad del socio, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: APALATEGUI D'ANGELO  SC c/ APALATEGUI Y CIA.  SC s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

La posibilidad de oponer el beneficio de excusión que indudablemente asiste a los socios de una sociedad colectiva por la naturaleza esencialmente subsidiaria de su responsabilidad, no obsta a que en caso de ser condenada judicialmente la sociedad, los socios respondan en caso de incumplimiento de ésta, aún cuando no estén formalmente condenados, ya que dicho beneficio solo puede ser opuesto ante el concreto intento de ejecución contra el socio sin la previa excusión de los bienes sociales.
Actos ilícitos, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LAURA E. OLIVERA BARON c/ MIGUEL J. LANDOLFO s/ SUMARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1989-06-08

En materia de actos ilícitos las costas forman parte integrante de la indemnización y aún cuando la demanda de daños y perjuicios no prospere íntegramente las mismas deben ser impuestas a la demandada vencida.
Jubilaciones, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORDOBA GUSTAVO Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - PREVISIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-23

Es justa la pretensión de los jubilados bajo la vigencia de las leyes 4687 y 5846 acerca de que les paguen las diferencias de haberes adeudadas con retroactividad a las fechas en que se produjeron los aumentos de las retribuciones con relación a las cargos de que eran titulares, sin la quita del primer mes de aumento, atento que las normas instrumentales que regulan la modalidad y oportunidad de las actualizaciones no pueden condicionar ni modificar los términos en que la ley reconoce el derecho subjetivo de los beneficios a la modalidad de las prestaciones. Esta interpretación se ajusta al texto del artículo 10 ley 4687, artículos 43, 49 y 50 ley 5846 y artículo 55 del decreto reglamentario 2706/76, y en la ley 6070 no existe un interés superior general que sea suficiente justificación para apartarse de la inalterabilidad del derecho adquirido.
Tasa de justicia, reducción de tasa de justicia, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Raúl Oscar c/ Superintendencia de Seguros de la Nación (Exp. feria de 19/94) s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

El artículo 11, 4° párrafo de la ley 23.898 prescribe que en caso de oposición al pago de la tasa de justicia se deberá formar incidente por separado con la intervención únicamente del Fisco y la parte impugnante.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Arsenio c/ Rodriguez, Francisco Baltasar y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

Tratándose de una empresa de transportes, son actuables las normas que regulan la responsabilidad contractual, en particular el artículo 184 del Código de Comercio, lo cual exige a la empresa el deber de transportar al pasajero sano y salvo hasta su lugar de destino,debiendo acreditar similares requerimientos para exonerarse de su deber jurídico, carga que pesa sobre su cabeza y no sobre la de la víctima, al ser la primera la que invoca la defensa.