Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-17


Autos N° 22.289 (63.112 - 5° CIVIL) caratulados: "GIL Manuel - Sucesorio" En la ciudad de San Juan, a 17 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el señor Vocal, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA , a fin de celebrar acuerdo en estos Autos N° 22.289 (63.112 - 5° CIVIL) caratulados: "GIL MANUEL - SUCESORIO", originarios del Quinto Juzgado Civil, sobre el recurso de apelación articulado a fs. 152 por el Dr. Elio Martos, por derecho propio contra el auto regulatorio de fecha 29 de julio de 2016 obrante a fs. 149.

El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

El juez a quo en el resolutorio referenciado reguló los honorarios del abogado Elio Rubén Martos, por su actuación profesional en doble carácter durante dos etapas del presente proceso sucesorio, en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL ($ 179.000) y los honorarios del perito Juan Carlos Billordo, por su actuación profesional en autos, en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000). La regulación fue realizada sobre la suma de $2.700.000, que arroja la tasación obrante a fs. 120/121, y al momento en que fue efectuada la misma.

Contra dicha resolución se alza a fs. 152/153, el profesional Elio Martos, por derecho propio, sostiene que los honorarios regulados son bajos. Se agravia por cuanto el a quo, no tuvo en cuenta el carácter de apoderado en que interviene, ni las etapas procesales cumplidas, habiendo actuado con dedicación en el proceso hasta el dictado de la sentencia declaratoria de herederos, su anotación en el registro correspondiente, denuncia de bienes y pedidos de informes. Sostiene que el a quo debió hacer la regulación sobre la base del mínimo probable y el máximo probable, teniendo en cuenta el valor de la tasación. Considera que lo regulado no alcanza el mínimo probable por lo que el juez no aplicó las pautas del art. 27 de la Ley 56-O. Solicita por tal motivo se eleven sus honorarios a su justo nivel para reflejar una adecuada valoración de la actividad profesional desarrollada.

Tratamiento de los agravios:

1- A los fines de fijar los honorarios en los procesos sucesorios, debe puntualizarse que el escrito de iniciación con aptitud suficiente por si solo para que el juez pueda declarar abierta la sucesión constituye, a los fines regulatorios, la primer etapa a la que se refiere el art. 194 de la ley 2150. (L.A. Tº 106, Fº 88/89, 2000).

La segunda etapa consiste, conforme el criterio expuesto precedentemente, en todos los actos (escritos mediante los cuales se presentan: oficios, exhortos, edictos, recibos) hasta la sentencia declaratoria de herederos; aunque tales actos los realice el apoderado de uno o algunos de los presuntos herederos, ya que benefician a todos los demás en el avance de la causa, concluyendo esta segunda etapa con la sentencia declarativa. (L. de A. T° 185, F° 103/104).

Como lógica conclusión la tercer etapa principia a partir de la aludida resolución, comprende las operaciones de inventario y avalúo; y se extiende hasta lograr la inscripción de los bienes a nombre de los herederos en el Registro de la Propiedad.

Concordando lo apuntado con las constancias de autos se advierte que los trabajos realizados por el apoderado de los herederos declarados Elio Martos, conforman las dos primeras etapas efectuadas en su totalidad y la tercera etapa en forma parcial, ya que realizó la denuncia de bienes (cfr. 95), adjuntó informe del Registro de la Propiedad y solicitó la designación de perito tasador a los fines regulatorios (art. 19 Ley 56-O). Por tal motivo, si bien no se encuentra concluída íntegramente la última etapa del proceso sucesorio, el citado letrado tuvo desempeño profesional iniciándola, por ello tal actuación, corresponde valorarla como etapa parcialmente cumplida. Por tal motivo propicio se admita este agravio.

2- A fin de continuar con el análisis de los agravios efectuados por el citado profesional, corresponde revisar cuantitativamente los emolumentos fijados por el a quo para determinar su adecuación a derecho.

El profesional se agravia de que el auto regulatorio no consideró su actuación como apoderado, alegando que lo regulado no alcanza al mínimo probable.

El art. 27 de la Ley 56-O establece en la parte pertinente, la escala aplicable en los procesos sucesorios cuando un sólo abogado patrocine a todos los herederos, fijándola del 9 al 15%.

Del análisis del fallo se advierte que el aquo por cada etapa reguló el 3,31% aproximadamente, ascendiendo al 6,63% (en forma aproximada) por dos etapas. Es decir que efectuó la regulación considerando la tarea como patrocinante, sin considerar el carácter de apoderado en que ha realizado su labor el Dr. Martos (art. 10 de Ley 56-O), por tal motivo propicio que sean elevados.

Por ello, conforme lo expresado en los párrafos precedentes, corresponde elevar los honorarios del profesional, teniendo en cuenta la actuación profesional efectuada en doble carácter, por dos etapas cumplidas en forma íntegra y por su actuación en forma parcial en la tercer etapa conforme se ha explicitado, en virtud de los trabajos realizados, el resultado obtenido y la gestión profesional, en la suma de $256.500 (cfr. arts. 10, 19 y 27 Ley 56-O).

Así voto.

EL DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por sus fundamentos, voto en igual sentido.

De acuerdo al resultado de la votación, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación. Modificar el auto regulatorio de fecha 29/07/2016, elevando los honorarios del letrado Elio Rubén Martos, por su actuación profesional en doble carácter y por dos etapas cumplidas en forma íntegra y en forma parcial por la tercer etapa en la suma de pesos doscientos cincuenta y seis mil quinientos ($256.500).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° I-2017; F° 60/62; FECHA: 17 de marzo de 2017 DRES. RIVEROS-VICTORIA