marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BONTEMPI, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

La cuestión debatida en autos ya ha tenido respuesta jurisdiccional por esta Corte Suprema que decidió -por mayoría- anular la resolución dictada por la Cámara entendiendo que la cuestión debatida no reunía los requisitos necesarios para habilitar la vía del recurso de amparo, desde que las razones invocadas en la demanda eran insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la disposición impugnada (referida a la puntuación otorgada a la antigüedad docente en escuela pública y privada, para un concurso como suplente) producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo; y si bien en los citados precedentes no suscribimos la posición mayoritaria, teniendo presente que el criterio adoptado ha quedado firme en virtud del rechazo que el Alto Tribunal dispuso sobre los recursos directos de queja interpuestos, la voluntad del Órgano ha quedado declarada, operando como mandato dirigido a los diversos órganos judiciales y como pauta orientadora de los justiciables; por lo que la aplicación de la misma resulta trasladable a los casos futuros. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Mineur Ferreyra, AyS T 261, p 99/112; Bensabath, T 261, p 113/126; Bartomioli, T 261, p 127/139; Short, T 261, p 140/153; Garay, T 261, p 154/166. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14, Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Rojas, AyS T 272, p 22/29, sumario J0042522; Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044290. - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044222.
Amparo por mora, habilitación de instancia, prueba, objeto del proceso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MASSINI EZCURRA HERNAN c/ A.N.Se.S. s/ Amparo por mora de la administración c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-05

Para la habilitar la instancia de la acción emparo por mora (art. 28, ley 19.549), es necesario que el particular acredite, que es parte en un expediente en el cual la autoridad administrativa dejó vencer los plazos legales. Para ello, el administrado debe relatar sucintamente el objeto de su petición a la Administración, explicando, si pudiere, en qué estado del trámite se encuentra el expediente y qué tipo de actuación deberá realizar la Administración, individualizando el órgano administrativo que se encuentra en mora. A tal fin, debe indicar las normas de procedimiento que no se han respetado (cfr. Cassagne Ezequiel "el amparo por mora de la administración" La Ley 08.08.10) y, esa demanda deberá contener la prueba instrumental que acredite la existencia de ese expediente administrativo.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, monto del juicio, beneficio de litigar sin gastos, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Merlo, Ernesto Aníbal y otro c/ Liotron SA s/ prueba anticipada s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Ello así, en el marco de una petición tendiente a obtener la producción de prueba anticipada, en la cual no existen actualmente elementos que permitan determinar si -aún aplicando la mayor de las alícuotas posible para la regulación de los honorarios profesionales- la suma resultante por ese concepto sería inferior al límite de apelabilidad establecido por aquella norma adjetiva.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INTERPLAT S.A. Cía. Fin. s/ Incid. Verificación de Crédito en Martella s/Concurso resolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

En la demanda de verificación tardía, deberá indicarse -acompañando la prueba documental del caso- el monto, causa y privilegio que se pretende verificar, porque luego, inexorablemente, en la etapa probatoria deberá acreditarse conforme a las reglas que rigen el "onus probandi" en todo proceso de conocimiento pleno -art. 33, 129, 130, 301 L.C.; arts. 330 inc. 6º, 332, 375, 484 del CPCC-. En estas reglas es donde se acentúa el rigor, imponiéndose rigurosa la carga al incidentista distinguiéndose así de la estructura legal de la verificación "en término" -art. 33 L.C.-.
Principio de legalidad, debido proceso, funcionarios públicos, comisión de delitos, perjuicio económico, suspensión del juicio a prueba, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Neira Laura Viviana s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-06

El art. 76 bis CP expresamente requiere la participación del damnificado en la audiencia prevista por el art. 293 CPPN, a efectos de tomar conocimiento de la reparación ofrecida por el imputado y pronunciarse al respecto por lo que, su falta de convocatoria ha importado una afectación a los principios de legalidad y debido proceso. El hecho imputado consistente en haber transferido fondos de dos cuentas de un cliente del banco a su propia caja de ahorros y posteriormente haber retirado el dinero de un cajero automático, constituyó una acción delictiva realizada en ejercicio de funciones públicas, ocasionando un perjuicio al patrimonio estatal. El art. 77 4º párrafo del CP no establece diferenciación alguna entre el concepto "funcionario público" o "empleado público", incluyendo en ambos casos a quienes participan accidental o permanentemente del ejercicio de las funciones públicas.Conforme establece el art. 76 bis CP el acuerdo fiscal es condición para la suspensión del juicio a prueba, siempre supeditado a control de logicidad y fundamentación por parte del tribunal. El voto concurrente agregó que aun cuando el tribunal pudiera anular el dictamen del representante de la vindicta pública por falta de logicidad o fundamentación lo que no puede hacer es suplir su consentimiento, en razón de su carácter de titular del ejercicio de la acción pública.
Reformatio in pejus, recurso de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., M.; Z., N.R. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

Si la resolución obstativa esgrimió un principio rector en materia recursiva, la "prohibición de la reformatio in pejus", con expreso reconocimiento en el ordenamiento procesal local, art. 404 in fine -"Cuando hubiere sido recurrida solamente por el imputado o a su favor, la resolución no podrá ser modificada en su perjuicio"-, el agravio del Señor Defensor que señala el menoscabo de una garantía constitucional, el principio de legalidad, -nullum crimen, nulla poena sine lege, Const., Nac., art. 18- es desajustado para criticar la solución del caso. No se trata de que los Tribunales de Provincia, usurpando facultades exclusivas del Congreso de la Nación, ampliaran el elenco de ilicitudes en vigor o extendieran, más allá de la ley, sus consecuencias punitivas, sino de que el imputado, por equívoco del Magistrado, fue retribuido con una sanción inferior al mínimo de la prevista en ley. Y esta realidad, sin duda ilegal, no puede ser revisada en casación por el Superior Tribunal de Justicia por carencia de recurso del Ministerio Fiscal.
Prescripción, interrupción de la prescripción, asignación de causa, falta de interposición de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: VOLPONI DE OCHOA, Antonieta y otros c/ ECHIVELLI, Néstor Orlando s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

La sóla presentación del escrito de demanda ante la Mesa de Entradas de la Cámara, para la asignación del juzgado ante el cual debe tramitarse, el último día del plazo para que se produjera la prescripción de la acción no tiene efectos interruptivos si no se llevó el escrito al juzgado para dejar formalmente entablada la demanda judicial.-
Intereses, tasas de interés, tasa activa
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Santana, Ramón c/ Guirado, José y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-13

Prospera el agravio de la parte actora contra la sentencia de primer grado que aplicara la tasa pasiva. En efecto, a partir del 30/03/91 deber aplicarse la tasa activa que proporciona el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento, desde que tal criterio es el aplicado por esta Sala desde la desfederalización de la cuestión que se produjera luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo "Banco Sudameris c/Belcam". La tasa activa se halla integrada, entre otras, por el costo financiero, ello forma parte de la circunstancia económica en la que está inmersa toda persona que habita en la República Argentina, entre ellos el acreedor laboral, de donde resulta que, si alguien tiene que ser eximido o no cargando con un costo impropio es precisamente este acreedor de una deuda laboral, habida cuenta el carácter alimentario de las prestaciones.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, calificación de concepto del interno
Materia: PENAL
Carátula: Garone, Jorge Horacio s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

A los efectos del art. 41 inc. 1 del C.P. no resulta acreditado el buen concepto genérico que se atribuye al procesado en la sentencia con un parte policial, que no puede reemplazar las formas legalmente previstas para incorporar al proceso las declaraciones de los terceros que allí menciona quien lo suscribe (arts. 136 y sig. y 240 y sig. y concs., del C.P.P.).
Empleados públicos, acto administrativo, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYALA, ELVIRA AMELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 179-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

No es aceptable la tesis de la demandada de que cesada la detención, la actora no se presentó a desempeñar sus tareas, con lo que habría convalidado el abandono de servicios (y que motivara la cesantía en cuestión), si lo que se está juzgando es la legalidad del acto administrativo dictado en esa oportunidad (1976) y en base a la situación de abandono producido en su caso en aquélla época, y no el originado en el reintegro que no se concretó luego de la puesta en libertad, y que no motivó ningún acto administrativo por parte de la administración.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, daños y perjuicios, inundación, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TELL, ERNESTO GUILLERMO c/ PAUTASSO, ERMETE Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ACCION REAL NEGATORIA- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 529 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19

Es procedente el recurso interpuesto ya que de los fundamentos brindados por el Tribunal al tratar la temática relativa a la cuantificación del daño resarcible, se advierte que no existió una comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos ventilados en al causa tendente a desentrañar la real existencia del perjuicio en orden a los elementos probatorios que fueron arrimados al proceso.

Así, una debida fundamentación del decisorio exigía que determinadas probanzas que podían resultar trascendentales pararecrear las circunstancias fácticas acaecidas (como lo eran , laconstatación notarial y la prueba pericial) fueran evaluadas en su totalidad, es decir, no sólo en lo atinente al daño efectivamente producido sino también respecto al momento en que dichascomprobaciones fueron realizadas. O bien, en caso contrario, que se brindara una motivación debidamente fundada del por qué esas pruebas de las que podría surgir un resultado distinto al arribado merecían ser descartadas.

En el caso, la Sala reprochó al Inferior haberestimado el perjuicio sufrido en el campo del accionante -por laderivación indebida de aguas provenientes del fundo de los demandados- en base a criterios discrecionales , entendiendo que la prueba pericial era la referencia más objetiva como pauta de base para considerar la extensión afectada por las aguas...", conclusión que sólo en apariencia exhibe fundamentación, habida cuenta que,ante otro elemento de confirmación -constatación notarial- que signaba un daño mayor al estimado por el perito actuante, se requería de los Sentenciantes el aporte de consideraciones que explicaran el porqué de esa elección probatoria -prueba pericial- y, especialmente, de las razones tenidas en cuentas para desechar la restante, exigencia que se evidencia con mayor rigor en tanto laconstatación notarial -al haberse practicado contemporáneamente a la promoción del proceso- podía erigirse en un medio efic az para mensurar la superficie de campo afectada.
Recurso de apelación (procesal), principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

La jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional
Municipalidad, personal municipal, remuneración, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Occhi, José Julio. c/ Municipalidad de Rosario. s/ Recurso de Amparo - Saparata (Expte. Nro. 35-01, Resol. Nro. 248, Tomo  57, Folio 59)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-12

El decreto ley 6754/43 ratificado por la ley 13894 admite el embargo de empleados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal sólo en ciertos casos pero siempre hasta un límite del 20% de su remuneración nominal mensual, a la vez que la ley 9511 modificada por la ley 14443 se refiere a la inembargabilidad de salarios de empleados públicos en determinadas proporciones allí establecidas.

Es decir , que nunca puede admitirse la privación de salarios del empleado público en su totalidad ni en una proporción que afecte su supervivencia y la de su familia. De ahí que al haberse dispuesto en la resolución de los haberes de diciembre al actor, tal decisión resulta doblemente ilegítima y arbitraria: en cuanto al motivo por el que se lo hizo y en cuanto al monto abusivo.-
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., J.S.A. c/ L., R.A. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-11

Tratándose de un proceso sobre derecho de familia, no susceptible de apreciación pecuniaria, ante la inexistencia de bienes de la sociedad conyugal, corresponde la aplicación de las pautas del art. 6 del decreto ley 2200.
Prueba, producción de la prueba, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Sapeza S.A. c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Demanda contencioso administrativa-Cuaderno de pruebas de la parte  demandada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-31

Incumbe a las partes peticionar las medidas para que la prueba se produzca dentro del término respectivo, resultando jurídicamente irrelevante el acto de desistimiento de la prueba efectuado por la demandada con posterioridad a la caducidad peticionada y después del vencimiento del plazo del traslado conferido. En efecto, la actividad de la parte en la producción de la prueba ofrecida debe ponderarse, no pudiendo en consecuencia justificarse el abandono de la actividad, con el desistimiento extemporáneo de la prueba.
Indemnización por accidente de trabajo, interpretación de la ley, sucesores, renta periódica, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTI, MARIELA Y OTROS c/ AFJP PREVINTER S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-30

El régimen de la LRT no contempla las necesidades inmediatas, actuales y presentes de las víctimas; o de sus derechohabientes, e ignora los fines que deben tener y han tenido los regímenes que reparan los accidentes del trabajo, ligados en forma directa a evitar que la desaparición del trabajador afecte su núcleo familiar originando la desprotección consecuente (art. 14 de la C.N.) Este sistema, bajo la apariencia de protección para el futuro a través del cobro permanente de una renta de por vida, en realidad lo que hace es configurar en forma indirecta, pero significativa, una desprotección tal que torna a las normas aplicables en contrarias, por inequidad de la solución, a las disposiciones contenidas en la CN para la tutela de los trabajadores.(Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade S.R.L. c/ Municipalidad  de San Isidro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

El fundamento del derecho del administrado a ser indemnizado se asienta en la garantía de inviolabilidad de la propiedad (art. 17, Const. nac.). Lo que la Constitución nacional establece respecto a indemnización en materia de expropiación, constituye un principio general del derecho aplicable a hipótesis en que un derecho patrimonial cede por razones de interés público. Ello así, corresponde aplicar -en lo referente a la fijación de la indemnización -las normas análogas establecidas para el juicio de expropiación (art. 16, C.C.). Y ellas, desde siempre han excluido el lucro cesante como rubro indemnizable (art. 8, ley 5708).
Recurso de casación, juicio de árbitros, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FADUL CARLOS FELIPE c/ FADUL HECTOR JOSE Y OTRO s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-19

El fallo en crisis quebranta pautas de meritación en tanto que de la prueba instrumental adquieren plena relevancia en la sentencia arbitral, no sólo las personas sobre las que recayó el fallo, sino, además, a quienes representaban. En efecto, no debe dejar de avizorarse que el sometimiento al arbitraje efectuado por las partes importó una prórroga de la jurisdicción judicial a favor de jueces particulares, ello, obvio es decirlo, sólo pudo fundarse en la concertación de una convención de arbitraje libre y exenta de vicios y a la que se arribó, finalmente, con el convenio de pago acompañado.
Accidente de tránsito, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALTAMIRANO, CARLOS HUGO c/ CEJAS, RAMON G. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-25

No resulta razonable enervar la eficacia de las declaraciones testimoniales de personas que viajaban en el mismo vehículo protagonista de la colisión, por la sola circunstancia apuntada.

Ello no obsta para que sus declaraciones sean tenidas en cuenta, pero si es posible que su poder de convicción amenguase, ya que el testimonio del que viaja en el mismo vehículo protagonista del accidente puede, lógicamente, aún en forma inconsciente, tender a favorecer la posición del citado conductor. Es por ello que su testimonio debe apreciarse con mayor rigor y ser corroborado con las demás pruebas.
Recurso de inconstitucionalidad, facultades del juez, interpretación de la ley, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

Con relación a la cuestión analizada, nuestro Código Procesal Penal contiene las previsiones de los arts. 377 y 385. El primero no prohíbe a la Cámara en lo Criminal (ni de forma expresa ni por vía de interpretación) la posibilidad de aplicar una pena superior a la solicitada por la acusación. En cuanto al segundo, la Cámara en lo Criminal no tiene el límite punitivo que se prevé en el último párrafo del art. 385 del rito para el Juez Correccional (STJRNS2 Se. 54/10 "GUANES").

Se advierte así que cuando el legislador pretendió poner un límite a las potestades del Tribunal para imponer sanciones más graves que la requerida por el Ministerio Público Fiscal, lo hizo en forma clara y precisa. Así, con referencia a la sanción, el único límite expresamente previsto (para la Cámara en lo Criminal) aparece en el juicio abreviado, puesto que el art. 330 inc. 5º, apartado a), del código adjetivo prevé que el monto de la pena acordada por las partes conforma un "techo" que no puede ser ultrapasado por el Tribunal.

Se trata de una restricción excepcional que solo rige en el marco procesal para la cual fue formulada de manera expresa. De allí también que ante la ausencia de prescripciones expresas sobre el particular para el juicio común el juez no tiene cortapisa en cuanto a la graduación de la pena (ver "Algunas reflexiones sobre las facultades de los jueces y fiscales en torno a la determinación de la pena", por Ricardo Alberto Grisetti).

Con lo hasta aquí dicho puedo concluir con total convicción que el Tribunal colegiado no tiene como límite punitivo el requerimiento de pena que formule el acusador, ni se encuentra vinculado al mismo (salvo en el juicio abreviado).

De igual forma destaco que los arts. 40 y 41 del Código Penal son para la consideración del juzgador, que debe pronunciarse respecto del monto de la pena en relación con ellos y atento a los límites legales dados por los tipos penales involucrados. (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarian, Dr. Mansilla y Dr. Barotto)
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Jorge Alberto c/ Gomez  Bueno,  Justina  y/o  el  Conductor  Rojas,  Victor  y/o quien Resulte Responsable. s/ Daños y Perjuicios y Lucro Cesante el  Conductor  Rojas,  Victor  y/o quien Resulte Responsable. s/ Daños y Perjuicios y Lucro Cesante
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-10-29

El monto del juicio a considerar a los efectos de la regulación de honorarios cuando se rechaza totalmente la demanda, es el total de la suma reclamada.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad, Estado Provincial, Constitución Nacional, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Sarro, Antonio y otros c/ OCA SRL. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

La circunstancia de que se hubiese también demandado a la Provincia de Buenos Aires -de la cual es vecino el actor-, no invalida el ejercicio reconocido en el art. 5x, inc. 5x, del Código Procesal de la Nación, bien que obligue a buscar una armonización de las distintas disposiciones legales, a fin de lograr una adecuada satisfacción de las diversas prerrogativas jurisdiccionales, y que sólo puede lograrse a partir del reconocimiento del derecho del demandante a deducir su reclamo ante los tribunales nacionales; mas la existencia de una provincia codemandada y el carácter civil de la causa que sustenta la obligación llevan a que el pleito se tramite por vía originaria ante la Corte. Ello así, pues los juzgados federales o nacionales no tienen atribución para conocer respecto de los litigios civiles en los cuales sea parte una provincia, ya que la ley 48 y el decreto 1285/58 sólo mencionan ese género de procedimiento cuando se refiere a la jurisdicción originaria de la Corte lo que resulta acorde con lo dispuesto por el art. 101 de la Constitución Nacional.