Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-08-25


2º Instancia.- Córdoba, agosto 25 de 2006.

1º ¿Es nula la decisión impugnada? 2º ¿Qué solución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

I. Por auto 111, del 31 de mayo de 2006 y a raíz de un recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Instrucción del 1º Turno, la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Río Cuarto revocó el A.I. 90 (15/11/05), dictado por el Juez de Control de la Sede, que había acogido la oposición formulada por la defensa al requerimiento de citación a juicio -"por no existir méritos suficientes para acusar ni tampoco para sobreseer"- y en consecuencia ordenó la libertad de los encartados (fs. 164/172).

II. Contra dicha resolución, recurre ahora en casación el doctor N. A. R., defensor de los imputados José Luis Carranza y Mauro Ezequiel Sierra, invocando el motivo formal de casación (art. 468 inc. 2, C.P.P.).

Funda la impugnabilidad objetiva de su pretensión en cuanto la decisión de marras ocasiona a sus representados un gravamen irreparable consistente en la pérdida de su libertad y en una retrogradación del proceso hacia etapas ya cumplidas y precluidas (fs. 175/176).

En prieta síntesis, la cuestión traída a examen se ciñe a la validez del acta de secuestro de fs. 10, que da cuenta del hallazgo de un arma oculta en el interior del caño cloacal -y debajo del inodoro- del baño del departamento donde fueron detenidos los imputados, por no haber sido suscripta por un testigo de actuación ajeno a la repartición policial (fs. 177 vta.).

Sostiene el quejoso que el problema no quedó "absolutamente zanjado", como afirma la a quo, en oportunidad de resolverse la apelación a la prisión preventiva del encartado, puesto que en aquel momento la Cámara expuso que si bien el acta era válida, determinadas circunstancias podrían menguar su credibilidad. El Juez de Control, precisamente, también reconociendo la validez del instrumento, le había restado poder convictivo a pesar de lo cual, como el cuadro probatorio le permitía arribar al grado de probabilidad requerido para la medida de coerción, la convalidó (fs. 177 vta./178).

Ahora bien; firme la prisión preventiva, la defensa pidió que se exhibiera el arma secuestrada a los imputados para que éstos expresaran si era la misma que se había hallado en su presunto domicilio, diligencia en la que el imputado Sierra negó tal identidad (fs. 178).

Culminada la investigación penal preparatoria y encontrándose la causa en una etapa que imponía otro estado mental frente a la prueba y ante este nuevo elemento de juicio, se formuló oposición instando el sobreseimiento en la expectativa de que habiendo perdido valor convictivo el acta de secuestro por la falta de reconocimiento del arma por parte del imputado, la atribución penal quedaba huérfana de sustento (fs. 178).

Es por ello, asegura el recurrente, que la cuestión de ningún modo estaba zanjada. Es más, el Tribunal de Apelación explica que duda sobre la procedencia del arma habilitaría a conjeturar sobre una suerte de sostenida confabulación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público para agravar la situación procesal de sus representados. Si tal era la alternativa, la Cámara debió analizarla al expedirse sobre la prisión preventiva, puesto que en esa oportunidad el Juez de Control ya se había pronunciado al respecto (fs. 178 vta.).

A continuación, la defensa argumenta sobre el valor probatorio del acta en crisis. Apunta que el art. 134 del Código Procesal Penal exige que al momento de labrarse tal instrumento, el funcionario público que lo hace debe hacerse asistir por un testigo de actuación que, en lo posible, sea ajeno a la repartición policial, lo que en el caso no ocurrió habiendo sido factible atento a la existencia de civiles en el lugar, supuestamente renuentes a colaborar, informada por el testimonio del Cabo 1º Díaz (fs. 179).

Expone que aunque el requisito del testigo ajeno a la fuerza policial es "deseable", su incumplimiento debe traer alguna consecuencia aparejada, en especial cuando se trata de actos definitivos e irreproductibles cumplidos contra el imputado, so pena de tornar vacía e inocua una norma procesal reglamentaria de garantías constitucionales. El efecto, entonces, ha de ser indudablemente la nulidad absoluta. Insiste en que no se trata de una prohibición excluyente de toda posibilidad de que un policía suscriba un acta como testigo de actuación, sino una prohibición condicionada a "la medida de lo posible" (fs. 179 vta./180).

Si tal interpretación no es posible, continúa el quejoso, atento al sistema de taxatividad de nulidades imperante en nuestro sistema ritual, ninguna duda cabe que la consecuencia deberá ser entonces la pérdida de valor convictivo, pues no es posible que una irregularidad tal ingrese al proceso y surta efectos plenos en el mismo (fs. 180).

Agrega que no solo no resultaron razonables las explicaciones brindadas por el Cabo Díaz, acerca de los motivos por los cuales no se valió de testigos ajenos a la fuerza, sino que también devinieron extemporáneas, puesto que debieron consignarse en el acta. También son intempestivas las consideraciones de la Cámara intentando subsanar el defecto, ya que si entendió que las explicaciones del agente fueron satisfactorias, debió haberlo así expresado en oportunidad de expedirse sobre la apelación a la prisión preventiva (fs. 180 y vta.).

Concluye afirmando que en el sub examine es aplicable el art. 413 del C.P.P. en su inciso 3, en correlación con lo prescripto por los arts. 134, 184 y 185 inc. 3º ídem, al nulificarse el decisorio por basarse en un elemento convictivo de valor dirimente ponderado ilegalmente. Y es clara la relevancia de esta prueba, puesto que en base a ella se ha tenido como cierta en el proceso la existencia de un arma de fuego, para Carranza, como elemento esencial del tipo penal de la tenencia no autorizada de armas de uso civil y para Sierra, integrando la agravante del robo calificado que se le achaca en los términos del art. 166 inc. 2, 1º supuesto, del C.P. (fs. 180 vta.).

Por dichos motivos es que la valoración de la a quo agravia al quejoso, ya que provoca la elevación de la causa a juicio y la pérdida de la libertad ordenada por el Juez de Control (fs. 180 vta./181).

III.1. Esta Sala tiene dicho que en virtud del principio de taxatividad impuesto en el art. 443 del C.P.P. y de la nómina de resoluciones recurribles en casación que emana del 469 ídem, no son impugnables por esta vía las decisiones que ordenan la prosecución del proceso (T.S.J., Sala Penal, A. 365, 20/9/01, "Delsorci"; S. 114, 25/11/03, "Balduzzi"; A. 40, 23/3/06, "Actuaciones remitidas por Fiscalía General en autos 'Ponce, Fátima c. Nancy R. Menehem y otros'"), condición ésta que reviste la decisión del Tribunal de Apelación que revoca la decisión del Juez de Control que hizo lugar a la oposición de la defensa al requerimiento de elevación de los presentes a juicio.

Ahora bien; en la medida en que la continuidad del avance de la causa va acompañado de un gravamen irreparable -tal como ocurre en el sub examine, al recobrar vigencia la prisión preventiva oportunamente hecha cesar por el Juez de Control- es en función de éste que corresponde abrir la vía.

Es que reiteradamente se ha sostenido que son equiparables a sentencia definitiva y por ello impugnables en casación, las decisiones que antes del fallo final de la causa mantienen una medida de coerción, en razón de que pueden irrogar agravios de imposible reparación posterior dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia (T.S.J., Sala Penal, "Aguirre Domínguez", S. 76, 11/12/1997; "Gaón", S. 20, 25/3/1998; "Aksel", A. 143, 21/4/1999; "Del Pino", A. 79, 3/4/2000 y S. 21, 6/4/2000; "Martínez Minetti", S. 51, 21/6/2001, A. 139, 16/5/2002, "Tissera"; S. 33, 3/5/06, "Amaya"; entre otros), posición adoptada por este Tribunal Superior en consonancia con la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 280:297; 290:393; 300:642; 301:664; 302:865; 306, v. I.:262; 307:549; 308:1631; 311, vol. I.:359).

2. Ahora bien; ingresando al preciso análisis peticionado por el recurrente, adelanto una respuesta negativa, la que se estructurará en tres planos subsidiarios de análisis: la validez del acta (infra, "b"), su dirimencia en la resolución atacada (infra, "c") y el valor convictivo de lo testimoniado por el policía que llevó a cabo el procedimiento que culminó con el secuestro del arma en el baño del domicilio allanado (infra, "d").

a) Previo ingresar al primer punto de examen, relativo a la legitimidad de un acta que ha sido suscripta por un testigo de actuación que pertenece a la fuerza policial, cuando hubiere sido posible contar con un tercero ajeno para tal función, estimo conveniente efectuar alguna consideración sobre las particulares circunstancias del caso.

El recurrente erige su embate a partir de entender que en el allanamiento y registro del domicilio donde se encontró el arma, los funcionarios que lo ejecutaron pudieron hacerse asistir por personas independientes, pero no lo hicieron "arguyendo" que los civiles que se encontraban en el lugar no quisieron colaborar.

Tal apreciación aparece, en función del cuadro convictivo meritado, como una conjetura carente de respaldo. Es que no sólo el Cabo 1º Díaz -a cargo del procedimiento- aludió al temor que los vecinos manifestaron por reputar a los encartados "sujetos peligrosos", sino que corroboró tal actitud remisa el propio damnificado Irazoqui, al testimoniar que "varias personas del lugar y clientes le manifestaron que los autores del hecho eran el 'Japonés' Carranza y el 'Koreano' Sierra, hasta una persona le manifiesta que hacía desde las diez de la noche que andaban dando vueltas alrededor del negocio, pero como ocurre siempre 'la gente por temor no quiere declarar, dado que los sujetos son peligrosos'" (fs. 12).

Así entonces, ya el mismo punto de partida de la interpretación propiciada por el impugnante -esto es, que el policía Díaz pudo obtener un testigo de actuación extraño a la repartición y no procuró hacerlo- no se ve respaldado por la prueba rendida. No obstante ello, para responder acabadamente al problema traído, continuaré en su análisis.

b) Los arts. 134 y 135 del C.P.P. contienen las condiciones generales de contenido y validez de las actas. El art. 137, por su parte, fulmina con nulidad la carencia de algunos de ellos en particular.

Es claro entonces este último texto legal en cuanto a que selecciona y así restringe sólo a ciertos requisitos y no a cualquiera de ellos, el efecto invalidante: "el acta será nula si falta la fecha; la firma del funcionario actuante, la del Secretario o testigo de actuación, o la información prevista en la última parte del art. 135". En consecuencia, únicamente será el incumplimiento de ellos y no el de algún otro, lo que nulifique el acta defectuosa.

Pues bien; entre otros ítems, el art. 134 del Código ritual prescribe la intervención de un testigo de actuación y agrega que, "en lo posible", debe ser extraño a la repartición policial. Aquel aditamento ya adelanta lo que luego ratifica el art. 137, al acotar la nulidad únicamente al supuesto de ausencia del testigo y no extenderlo además a su pertenencia a las fuerzas del orden: esta última circunstancia no configura un requisito ad solemnitatem del acta y por ende, aún cuando la suscripción del acta por un tercero ajeno fuere factible y no la gestionare, no procede la nulidad peticionada por el impugnante.

En tal sentido se ha pronunciado un antiguo precedente de esta Sala: "Si bien es cierto que... la ley ritual ha impuesto al funcionario policial la obligación de que actúe asistido por un testigo que en lo posible será extraño a la repartición policial cuando deba dar fe de actos que realice o que se cumplan en su presencia (art. 122 -actualmente, 134-), también es cierto que al prever la sanción correspondiente para los casos en que no se hubieran observado las prescripciones formales preestablecidas para las actas, en el art. 125 (hoy, 137), no ha conminado con nulidad a la inobservancia cuestionada por la defensa en la especie. Sólo ha reservado dicha categoría a los supuestos allí mencionados -falta de fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigo de actuación, etc.- pero no en el caso que aquí nos ocupa. Lo expresado así como la misma redacción otorgada al texto legal 'en lo posible' y por sobre todo, el sistema de la taxatividad legal consagrado por la norma procesal penal en al art. 170 (en la redacción vigente, 184) relativo a las nulidades, autorizan aquí a sostener que la inobservancia formal apuntada, no invalida las actas... En consecuencia, se tratará de infracciones corregibles por los jueces por vía disciplinaria pero que no vician el acto cumplido el que, observadas las restantes formalidades sí sancionables conservará su validez" (T.S.J., Sala Penal, S. 4, 10/03/76, "Jaime"). En igual sintonía, Ricardo Núñez: al afirmar que "la omisión de la asistencia de los oficiales o auxiliares de la policía judicial por un testigo extraño en la repartición policial, no está sancionada con nulidad" (Código Procesal Penal, Lerner, Córdoba, 2º ed. actualizada, 1986, nota 2 al art. 125, ps. 119/120).

Repárese, en este sentido, en el diferente régimen que contiene el Código Procesal Penal de la Nación, puesto que expresamente dispone que los testigos de actuación "en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproductibles y definitivos..." (art. 138, C.P.P.N.). El cotejo entre una y otra regulación corrobora, una vez más, que el legislador local ha optado por sostener la validez del instrumento con la sola presencia de un testigo que respalde lo en él documentado, limitándose a preferir que éste sea un tercero extraño, circunstancia ésta que -en todo caso- podrá tener incidencia en la meritación de su valor convictivo, aspecto al que me referiré más abajo.

c) Obligada salvedad que debe hacerse en este punto, antes de pasar revista a la prueba reunida a esta altura de la investigación, es la relativa a la dirimencia de la discusión sobre la validez o nulidad del acta cuestionada.

Frente a planteos similares, esta Sala ha dicho que si el procedimiento en sí no ha sido tachado de ilegal y a su vez el dato que informa el acta válidamente ingresa al proceso por otros medios de prueba, como por ejemplo, declaraciones testimoniales, la denuncia de nulidad del instrumento que sólo documenta el acto cumplido en legal forma no va acompañada de la necesaria demostración de su valor decisivo y entonces no se configura la causal prevista en el art. 413 inc. 3 del C.P.P. (T.S.J., Sala Penal, A. 441, 8/11/01, "Gómez", entre otros).

En el sub examine, aunque sin expresarlo de modo contundente, la estrategia defensiva de los encartados ha procurado apartarlos del arma hallada en el baño del departamento, ora atribuyéndosela a los ocasionales clientes de las moradoras en su ejercicio de la prostitución, ora tiñendo de sospechas la actuación del personal policial en el allanamiento, "estimando que esa arma la han puesto los mismos policías en ese lugar" (Sierra, fs. 34 vta.).

Para la primera hipótesis, el planteo de nulidad resulta irrelevante, toda vez que si no se efectúa un reproche al accionar policial, el dato consistente en el hallazgo del arma ingresa al proceso -suprimiendo el acta de fs. 10- a través del testimonio prestado por el Cabo 1º Díaz, quien pormenorizadamente relató las circunstancias en las que dicho objeto fue encontrado al registrarse el departamento donde fueron detenidos los imputados.

En la segunda alternativa, las objeciones que se esgrimen contra el acta deben hacerse extensivas, en rigor de verdad, al testimonio de Díaz, puesto que postulan una diferente versión: la comitiva policial simuló hallar el arma que en verdad no se encontraba allí.

Como es fácil anticipar, una y otra postura exculpatoria conducen a idéntico análisis: el valor convictivo de los dichos del policía actuante. A tal materia me aboco en los párrafos que siguen.

d) En efecto y tal como lo ha señalado la a quo, la vinculación del testigo de actuación con el funcionario policial que labra el acta es un extremo que puede ser ponderado a los fines de evaluar la credibilidad de lo actuado. Ahora bien; en dicha tarea, es menester cotejar tal documentación con el resto de elementos de juicio que conforman el marco probatorio, puesto que será tal contraste el que evidenciará si el acta se ajusta o no a la realidad.

En dicho examen, coincido con la conclusión arribada por el Tribunal de apelación:

d.1) El hecho en cuestión fue cometido el día 10 de junio de 2005 a las 23.15 hs. El denunciante Carlos Fabián Irazoqui puso en conocimiento de la autoridad policial que encontrándose en su local comercial, ingresó una persona de sexo masculino, de 17 a 20 años de edad, con su rostro parcialmente cubierto por una bufanda y una gorra con visera, de contextura mediana, tez trigueña, el que extrajo un revólver -describiéndolo con tambor y cañón largo- para sustraerle dinero y luego darse a la fuga acompañado de otro sujeto "que seguramente estaba aguantándolo en las inmediaciones" hacia la Iglesia San Pantaleón (fs. 1).

d. 2) Con dicha información, el policía Héctor Guekens inmediatamente comenzó un rastrillaje por el sector de barrio I.P.V. -a través de la Iglesia mencionada- y llegó al Monoblock "A" de dicho barrio, "donde sobre la escalera logra incautar una bufanda de color negro, en la creencia que podría estar relacionada al hecho descripto" (fs. 4 y vta.), labrándose el acta obrante a fs. 5.

d. 3) Comisionado para la investigación y a partir de este hallazgo, el Cabo 1º Aldo Díaz se constituyó en el lugar y entrevistó a personas que no se hicieron conocer "por temor", quienes le informaron que "dos sujetos, uno de apellido Sierra, alias 'el Koreano', y otro de apellido Carranza, alias 'Japonés' estarían viviendo o aguantándose en el Monoblock A, Departamento 17, el que queda arriba del destacamento policial del I.P.V. y es donde encuentra la bufanda Guekens, y en varias oportunidades se recibieron llamados telefónicos anónimos de que en el lugar Sierra y Carranza realizaban disparos de arma de fuego, por lo que tendrían los mismos un arma..." (fs. 6 y vta.).

d.4) Ya munido de la correspondiente orden de allanamiento, Díaz se hizo presente en el departamento mencionado, "se identifica como policía y tras hacer conocer los motivos de la presencia policial, las personas que se encontraban en el interior de la vivienda no quieren abrir la puerta, dado que aducen que no tenían las llaves de la puerta, notando por los ruidos y el hablar bajo de los ocupantes del departamento que se intentaba demorar el ingreso de los uniformados... Por lo que el suscripto decide persuadir a los ocupantes... persuasión que no tuvo eco ya que éstos hacen caso omiso a los pedidos del suscripto, escuchando que tiran la cadena del baño, por lo que ante la premura del caso y dudando que estarían haciendo desaparecer pruebas hace uso de la fuerza pública... forzando la puerta de ingreso y logrando entrar a dicho inmueble, aprehende a los ciudadanos que luego de palparlos de armas identifica como José Luis Carranza, alias 'Japonés', de 29 años de edad y a Mauro Ezequiel Sierra alias 'Coreano' de 21 años de edad. Seguidamente procede a realizar la requisa del departamento, haciéndolo por el baño... notando que el inodoro se encontraba ladeado (mal calzado) y por lo declarado anteriormente es que procede a remover el mismo del lugar, encontrándose con la sorpresa de que en el caño de desagüe de las cloacas se encontraba un revólver, siendo éste de calibre 22" marca Bagual, con su tambor cargado con cartuchos... por lo que también procede al secuestro de una gorra de color negro, similar a las características que estaban manejando de acuerdo a la denuncia formulada por el ciudadano Carlos Fabián Irazoqui..." (fs. 7 y vta.). Al declarar luego ante el Fiscal de Instrucción, explicó que mientras aguardaba que le franquearan el ingreso, escuchaba que "había personas que hablaban en voz baja y que subían y bajaban por la escalera interna. En tal oportunidad a través de una ventanita de un baño que da hacia el exterior, pudieron ver que se encendía la luz del mismo"; asimismo aclaró que "para llevar a cabo el procedimiento y el secuestro se buscaron testigos civiles pero nadie quiso colaborar. Pese a que había personas en las inmediaciones e inclusive personal de limpieza de la vecinal, repite, nadie quiso colaborar por temor a las represalias de ambos individuos" (fs. 39/40).

d.5) Es en este procedimiento que se labra el acta de fs. 10, en la que se constata el secuestro del arma de fuego descripta por Díaz, como así también la de fs. 11, correspondiente a la gorra de corderoy con visera de color negra.

d. 6) Nuevamente ante la autoridad policial, el damnificado Irazoqui aporta que "varias personas del lugar y clientes le manifestaron que los autores del hecho eran el 'Japonés' Carranza y el 'Koreano' Sierra, hasta una persona le manifiesta que hacía desde las diez de la noche que andaban dando vueltas alrededor del negocio, pero como ocurre siempre la gente por temor no quiere declarar, dado que los sujetos son peligrosos" (fs. 12).

d. 7) Practicados sendos reconocimientos en rueda de personas, Irazoqui sindicó a Mauro Sierra (fs. 25 y vta.), más no a José Carranza (fs. 26 y vta.). En los reconocimientos de objetos, individualizó el arma secuestrada como la empleada en el atraco, pero no la gorra hallada en el departamento (fs. 27 y vta.).

d. 8) Al receptársele declaración, el imputado Sierra negó el hecho y controvirtió las circunstancias de su detención. Manifestó que se encontraba en el departamento de su novia Judith Eugenia Agüero, donde también estaba Carranza, quien estaba allí desde las 21 hs. del día anterior. Relató que "cuando llegó la policía, se dio cuenta de que Carranza se había llevado la llave de la puerta al dormitorio de arriba, razón por la cual tuvo que pedirles que esperaran a que buscara. Pese a lo que les dijo, los policías rompieron la puerta a patadas e ingresaron al departamento. Luego de hacerles tirar boca abajo, comenzaron a requisar todas las cosas, pero no encontraron nada que les interesara, luego de lo cual todos bajaron a la planta baja, pero nuevamente el policía Díaz volvió a subir y al bajar dijo que desde el baño había secuestrado un 'fierro'... era chiquitito y nunca antes lo había visto... ignora a quién pertenece esa arma ni sabe tampoco cómo fue a parar al baño, estimando que esa arma la han puesto los mismos policías en ese lugar". Agregó que "desde que fue a esa casa siempre vio que el inodoro se movía" (fs. 34 y vta.).

d. 9) Similar actitud adoptó su coimputado Carranza, quien expuso que se encontraba durmiendo en la planta alta del departamento allanado, al que concurre dos veces a la semana puesto que allí vive la madre de su hijo Paola Verónica Agüero. También estaba Mauro Sierra, quien a su vez es novio de la hermana de Paola. Carranza refirió haber sido despertado por los golpes con los que los policías rompieron la puerta hasta abrirla y que al bajar se encontró con seis o siete policías, entre ellos Díaz. Sierra ya estaba esposado y boca abajo en el piso. Sabía de antemano que el inodoro estaba descalzado pero desconocía que allí hubiera un arma. Alegó que el revólver incautado no pertenecía a él ni a Sierra (fs. 35/36).

d. 10) Compareció ante el Instructor la ex novia de Sierra, Judith Eugenia Agüero. La joven dijo que el departamento de marras es su lugar habitual de residencia, al que una vez por semana o por quincena concurrían Sierra y Carranza. Explicó que dicho domicilio es frecuentado por numerosas personas ya que tanto ella como su hermana se dedican a la prostitución en dicho lugar, luego de salir de la whiskería "Le Nuite" donde trabajan: "de tal modo concurren a esa casa todo tipo de personas, muchas de ellas en estado de ebriedad, a muchos de los cuales ni conoce. Supone por ello que algunos podrían llegar a tener antecedentes policiales o ser peligrosos, aunque no podría determinarlo... Todos sus ocasionales clientes usan ese baño, por lo que no descarta que alguno de ellos pudiera ir armado, ya que suelen ir camioneros, gente de otros puntos del país a quienes sólo ven en esa única oportunidad". Agregó que el inodoro estaba totalmente suelto desde unos cinco o seis meses atrás. Indicó que la noche previa a las detenciones, Sierra y Carranza llegaron al departamento "a la tardecita", a quienes les pidieron si podían quedarse a cuidar el lugar ya que días atrás les habían robado; ella y su hermana se retiraron alrededor de las 22 hs. y regresaron a las 8.30 del día siguiente, encontrando todo revuelto y enterándose más tarde del hallazgo del arma, "lo que le sorprendió mucho porque nunca vio ni a José ni a Mauro con armas" (fs. 95/96).

d. 11) El arma, una vez peritada, resultó ser apta en su funcionamiento mecánico y operativo (fs. 101/103).

d. 12) Finalmente, a solicitud de la defensa se exhibió al encartado Mauro Sierra el revólver secuestrado "para que diga si dicha arma fue la que se secuestró en el domicilio allanado la mañana de su aprehensión", respondiendo aquél negativamente (fs. 113).

El examen de los elementos de juicio reseñados supra me persuade de que en el caso se encuentra satisfecha la probabilidad requerida por la ley ritual para requerir la elevación a juicio como así también para la procedencia de la prisión preventiva, revocadas por el Juez de Control.

En efecto, a escasos minutos de perpetrado el atraco por un sujeto que cubría parte de su rostro con una bufanda, se efectúa un rastrillaje en dirección a la zona hacia la cual habían huido los delincuentes. En dicho lugar, se encuentra caída sobre la escalera que lleva a los departamentos del Monoblock "A" una bufanda negra. Vecinos del lugar informan tanto al comisionado policial como al damnificado, que en una de las unidades se escondían Sierra y Carranza, a quienes sindican además como sujetos peligrosos. El Cabo 1º Díaz explicita razonablemente los motivos por los cuales ingresó por la fuerza al domicilio y las sospechas que le generaron los movimientos que escuchaba dentro del mismo, como así también el ruido del sanitario, se vieron confirmadas por el hallazgo de un arma debajo del inodoro que estaba descalzado.

Tanto el arma como Sierra fueron reconocidos por el damnificado Irazoqui. No reconoció a Carranza, lo que se compadece con su relato en cuanto a que sólo un sujeto ingresó al local.

Los únicos elementos de prueba que resultan favorables a los encartados son los dichos de Judith Agüero y el reconocimiento negativo del arma secuestrada por parte de uno de ellos (Sierra). La primera, por su no controvertida vinculación sentimental al imputado, aparece menguada en su fuerza convictiva al ser confrontada con los dichos desinteresados de Irazoqui. Tampoco puede contraponerse decisivamente a éstos la negativa de Sierra al exhibírsele el revólver habido en el domicilio de Agüero, en tanto aquéllos han sido prestados bajo juramento y corroborados por el accionar policial.

Esta apreciación conjunta de los diversos elementos de juicio reunidos concurre en corroboración del valor convictivo del acta de secuestro cuestionada, la que en consecuencia permanece firme en sustento de la resolución impugnada.

Voto, pues, negativamente.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

Concuerdo en un todo con lo manifestado por la doctora Tarditti por lo que me expido en igual sentido.

Así voto.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Tarditti, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2º cuestión. - La doctora Tarditti dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).

Así voto.

La doctora Cafure de Battistelli dijo:

Concuerdo en un todo con lo manifestado por la doctora Tarditti por lo que me expido en igual sentido.

Así voto.

La doctora Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la doctora Tarditti, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal resuelve: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el doctor N. R., en su carácter de defensor de los imputados José Luis Carranza y Mauro Ezequiel Sierra. Con costas (CPP, arts. 550/551). -María E. Cafure de Battistelli. - Aída L. T. Tarditti. - María de las M. Blanc de Arabel.