Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-22


Trelew, 22 de mayo de 2006.- Y VISTO: Los recursos de apelación interpuestos a fs. 1/3 por el Dr. C. A. S. A., en representación de la querellante adhesiva L. G., y a fs. 45/47 por los Procuradores Fiscales y Funcionarios de la Fiscalía, Dres. Nelson Agustín Menghini, Rafael Luchelli, Horacio Daniel Yangüela y Maurivio Baigorria, mantenidos por el Querellante Adhesivo a fs. 71, y por el Señor Procurador Fiscal de Cámara a fs. 69 y vta. e informado a fs. 74/79 y vta. por el Querellante Adhesivo en el incidente de nulidad Nº 1953/04 oportunamente elevado a este Tribunal para su resolución, contra el auto de fs. 3273/3274 y vta. de los autos principales (cuerpo 16) agregados por cuerda, y CONSIDERANDO:

I.- El auto de fs. 3273/3274 y vta. -existente en el cuerpo 16 de los autos principales- resolvió sobreseer a J. R. G. en orden al delito de coautor de homicidio (arts. 45 y 79 C.P.), a A. A. en orden al delito de homicidio en carácter de partícipe secundario (arts. 46 y 79 C.P.) y a B. B. B. en orden al delito de tenencia ilegítima de arma de guerra (art. 189 bis, tercer párrafo C.P.). II- a) Recurso del Querellante Adhesivo: Entiende que el resolutorio que apela es un mero acto de arbitrariedad judicial. Insiste en que la resolución deviene pura y exclusivamente de la voluntad arbitraria del juzgador, apartada no solamente de las leyes invocadas por las partes, o de las que el propio ordenamiento en la materia impone en forma oficiosa, pues omitió analizar los elementos colectados en el juicio.

Cita jurisprudencia. Refiere que luego de la resolución dictada por la Cámara se han incorporado al expediente diversos elementos de prueba que, según su criterio, conllevan a acreditar la responsabilidad de los imputados. -Hace reserva del caso federal.-Concluye solicitando la revocatoria del decisorio. Al momento de mantener el recurso ratifica los agravios vertidos. En el escrito previsto por el art. 413 del C.P.P. amplía sobre los elementos no valorados en la decisión recurrida.-II- b) Recurso del Ministerio Público Fiscal:

Se agravia de la resolución que apela por cuanto la misma carece de fundamentación lógica y jurídica. Hace referencia a la confusión que le causó a la Magistrado de grado la resolución dictada por esta Cámara.Entiende que en la resolución atacada no se hace mención a ninguna probanza que permita adoptar semejante decisión. Cita jurisprudencia.- Concluye solicitando la revocatoria del resolutorio.--Estima que la SIP Nº 41 dictada por la Cámara es nula, desde que no sólo no se valoró la totalidad de la prueba incorporada, sino que se valoró la que no debía valorarse, violando claramente las reglas del debido proceso.-Al momento de mantener el recurso, el Señor Procurador Fiscal General Jefe, Dr. Ricardo Basílico comparte los argumentos expuestos en el escrito de apelación.

III.- a) Nulidad de la SIP Nº 41: La resolución puesta en crisis se encuentra firme, consentida y ejecutoriada, por lo que la nulidad deviene, a todas luces, extemporánea e improcedente. -La normativa en que se apoya la nulidad impetrada es totalmente errónea, es que la resolución de fecha 27 de junio de 2003 tiene fundamentos suficientes en los hechos de la causa y en el derecho aplicable, que, compartibles o no, alejan la decisión del supuesto de nulidad.-- Ya tiene dicho esta Sala que el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o condena; y por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que le sigue, de forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que se suceden. Teniendo en cuenta que el respeto de la garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, el principio de la progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece. - Cuando vence un término para alguna de las partes, éstas ya no tienen derecho a realizar el acto que podían efectuar dentro de aquél. En tal sentido se dice que ha precluido el derecho de la parte. Es decir que la preclusión por vencimiento del término útil es la decadencia o caducidad de la facultad que no fue ejercitada dentro de aquél.

De esta manera el proceso avanza sin dilaciones, pues la preclusión de las etapas procesales es el modo que la ley establece para que no se vuelva atrás en aquellas etapas agotadas (conf. Raúl Washington Ábalos, "Derecho Procesal Penal, T. II, Ediciones Jurídicas Cuyo, año 1993, p. 318).

Por ello, pues, transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso y que dictada una resolución judicial, el contenido decisorio deviene firme en tanto la parte que se considera lesionada no reclame en tiempo y forma su corrección o revocación mediante recursos o medios de impugnación estatuidos por la ley.- En igual tesitura se ha dicho que "La preclusión consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue" (conf. Suprema Corte de Justicia, La Plata, Buenos Aires, "B., R. I. c/ C. S.A.I.C. s/ Indemnización art. 212, párrafo 4 L.C.T.", Sentencia del 19.05.1998, Sumario B0044998). -"Las pretensiones y los actos procesales deben ser formulados y ejecutados en tiempo propio y ello en función de que la ley apunta a lograr que el proceso judicial sea un mecanismo dinámico a la par de seguro. Se trata de que los actos sucesivos que componen su curso avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados irrevocablemente y puedan valer de sustento a futuras actuaciones.

En su consecución el instituto de la preclusión constituye la garantía de fijación de los actos ya cumplidos en obediencia a tale fines imperativos. Al respecto, debe entenderse que la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal se produce por el hecho de haberse ejercido ya una vez y válidamente la facultad (consumación propiamente dicha)" (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Neuquen, Sala 02, "Z., M. R. c/ ENTEL Residual s/ Accidente Ley 9688", Interlocutorio del 09.02.1993, sumario H0000425).

En igual sentido (Carlos J. Rubianes, "Derecho Procesal Penal", T I, Ed. Depalma, año 1278, p. 415 a 418; Jorge E. Vázquez Rossi, "Derecho Procesal Penal, T II, Ed. Rubinzal Culzoni, año 1997, pgs. 51 a 59; Corte Suprema, 15/10/1998, "P., F. G.", J.A. 1999 - I - 335; Cámara Criminal y Correccional de Morón, sala 2ª, 17/8/1993, "S., C. A.", JA. 1994 - III, síntesis; Cámara Nacional Penal Económico, sala 3ª, 24/7/1985, "F., J. L. Y otros", JA 1986 - I - 125, entre otros). III.- b) Recursos del Querellante Adhesivo y el Ministerio Público Fiscal: Se advierte de la íntegra lectura del auto recurrido que el mismo carece de fundamentación suficiente, conforme lo requieren las normas procesales vigentes.-Es deber de los jueces fundar sus sentencias, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, bajo pena de nulidad. En el caso, la falta de motivación y fundamentación legal, constituye una falencia de tal magnitud y gravedad que imposibilita la facultad revisora de la Alzada y el conocimiento adecuado de los recursos de apelación interpuestos. - El Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut en su Artículo 107 expresa: "Motivación de las resoluciones. Las sentencias y los autos deberán ser motivados bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga".

Por su parte, en el Capítulo dedicado a las nulidades el Artículo 148 del citado cuerpo legal, dispone: "Regla general. Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad". -El Artículo 150 del Código adjetivo reza. "Declaración. El Tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte". - Efectuado este introito determinando el marco normativo, que manda a los jueces a fundar las resoluciones, es preciso significar que la fundamentación es la justificación de la parte dispositiva, a través de la cual el Juez trata de demostrar que la decisión tomada se ajusta a derecho. - Como se indicó, el art. 107 CPP prevé la nulidad de la sentencia para el supuesto que faltare o fuera contradictoria la fundamentación en que se basa, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica racional con relación a elementos probatorios de valor decisivo, lo que supone la adecuada ponderación de las pruebas, y la indicación o precisión de los elementos en los que se sustenta el decisorio.

-Tales requisitos se vinculan a la adecuada motivación de la sentencia, puesto que de un lado el tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente circunstanciado, que se apoye en los elementos probatorios legalmente producidos en la causa.La sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se arribe corresponda a los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las circunstancias del caso al derecho aplicado. - En la mentada resolución la Magistrado efectuó una trascripción literal del fallo anterior de la Cámara de fs. 2522 y vta. e indicó que la expiración de los plazos procesales y la falta de incorporación de nuevas pruebas al proceso, le permitían adquirir un grado intelectual de certeza que la conducían al dictado del sobreseimiento de los legitimados.

Pero no señaló la jueza los distintos elementos de juicio que la llevaron a tomar tal conclusión, ni analizó la prueba colectada a lo largo de la investigación bajo la lupa de la sana crítica a fin de explicar las motivaciones por las que, en su concepto, tales probanzas no eran bastantes para justificar la elevación de la causa a juicio. El fallo pues evidencia una falta de fundamentación que irrita las normas constitucionales y conlleva a su nulidad por la arbitrariedad manifiesta. Fundar una resolución es, en suma, justificarla.

El mismo significado de la palabra fundar convalida, de por sí, esta afirmación. Fundar, en la acepción pertinente, es apoyar una cosa con motivos y razones eficaces. La justificación constituye la prueba o demostración convincente de que la decisión se ajusta a derecho. Al exponerse lo decidido se debe procurar hacer conocer las razones que han llevado a tal conclusión presentándola como la correcta, pues no se trata de concluir con el mejor juicio de elección, sino que deben mostrarse a los que se dirige el discurso los argumentos probatorios o demostrativos que respaldan el silogismo escogido.

El acto procesal decisorio no puede tratarse de un mero acto de voluntad del juez. Este es el órgano del Poder del Estado que en ejercicio de su potestad jurisdiccional expresa el resultado de un razonamiento mediante el cual convierte en cada caso su juicio lógico en una declaración de voluntad del Estado que es contenida en la norma legal que aplica en el caso concreto, ausente en este caso. El deber de fundar tiende, sin duda, a excluir decisiones irregulares y a lograr que la resolución sea razonada derivación del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa, y no un producto de la voluntad del magistrado, como en el caso.- El cumplimiento de ese deber tiende a asegurar a los justiciables que serán mejor juzgados y a afianzar la autoridad de las decisiones de la magistratura, ya que a la calidad de órgano de aplicación del derecho vigente que revisten los Jueces, va unida la obligación de éstos de fundar sus decisiones. -A partir de estos conceptos, no existe una sola referencia en la decisión recurrida mediante la cual se pueda inferir que no hubo una acumulación de prueba conducente que le permitiera elevar la causa a juicio.

Si bien es cierto que el proceso siguió su iter, la resolución atacada no hace alusión a ninguna de las pruebas colectadas que haga presumir que aquel estado de duda haya desembocado en un grado de certeza negativa.

La nulidad de una sentencia puede y debe ser decretada cuando el vacío es de entidad suficiente como para señalar una laguna de pronunciamiento, debiendo tenerse en cuenta la existencia de una irregularidad manifiesta, grave, insubsanable; así, violaciones de formas substanciales del pronunciamiento por falta de fundamentación suficiente o adecuada, omisión de presupuestos procesales esenciales, inobservancia del principio de correspondencia objetiva entre el tema propuesto y la decisión del Juez, pues se estará entonces ante un supuesto en que quedan afectadas todas las estructuras íntimas del pronunciamiento, y que lleva a descalificarlo como acto, resolución judicial o decisión jurisdiccional.

"La fundamentación de las resoluciones judiciales, para ser tal debe consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por otro lado es necesario que estos sean meritados, tratando de demostrar su unión racional con las afirmaciones o negaciones que se admita en el fallo. Los dos aspectos señalados deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse motivada una sentencia.

La ausencia de ellos priva a la sentencia del control de logicidad de la conclusión. No habiéndose fijado el contenido de la prueba, limitándose vagamente a mencionarla, cabe la declaración de la nulidad de la misma". (Conf. Tribunal Superior de Justicia, La Rioja, Sala "A", Sumario 90001313, "L., M. A. s/ violación calificada/ Casación", Casación del 29 de octubre de 1998). El sistema de la sana crítica racional, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.

Claro que si bien el juez, en este sistema, no tiene reglas jurídicas que limiten sus posibilidades de convencerse, y goza de las más amplias facultades al respecto, su libertad tiene un límite infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.

La sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al explicar como llegó a ellas, los principios de la recta razón. (Conf. "La Prueba en el Proceso Penal", José I. Cafferata Nores, quinta edición, Lexis Nexis Depalma, p. 47 a 48, año 2003). - El juzgador está vinculado en su valoración por normas no jurídicas, pero sí lógicas, psicológicas y aun experimentales, que dan contenido al método de la sana crítica y que regulan el correcto discurso de la mente en sus operaciones intelectuales; normas completamente ausentes en la decisión de fs. 3273/3274 y vta. de los autos principales agregados por cuerda. Se insiste en que la fundamentación resulta un requisito insoslayable a efectos de asegurar la racionalización del poder, extremo básico del modelo republicano.

El requisito de la motivación, al exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada permite su eventual control jurisdiccional a través del uso efectivo de los recursos. Al exigirse al magistrado la precisión del ámbito objetivo del pronunciamiento, se persigue garantizar el principio de congruencia, enfatizando la correlación entre el hecho objeto del proceso y el que constituye el núcleo de la decisión.- El sobreseimiento de J. R. G., A. A. y B. B. B. basado únicamente en lo ordenado por la Cámara y en la extinción del plazo máximo legal previsto para la culminación del proceso, omitiendo en cambio la apreciación de las pruebas demostrativa de la insuficiencia de ellas para elevar a juicio la causa, viola los principios constitucionales del debido proceso y congruencia y debe ser sancionada con la nulidad insanable, por no ceñirse estrictamente a las normas procesales y constitucionales que ordenan a los jueces a motivar las resoluciones judiciales. - Ese defecto de fundamentación evidencia una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resiente la motivación lógica del fallo y desatiende el mandato del art. 107 del Código Procesal Penal reglamentario de la garantía constitucional de la defensa en juicio -art. 18 CN.- en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa. - En el mismo sentido: "Una sentencia que carece de fundamentación es por tanto nula, puesto que el Código Procesal se encarga en el desarrollo de aquel precepto constitucional de exigir la motivación de las sentencias y los autos, bajo pena de nulidad, volviendo sobre el punto al establecer la misma sanción cuando faltare o fuere contradictoria la motivación. No se trata de discutir la valoración probatoria hecha por el tribunal de mérito. El ejercicio de la libre convicción, o sana crítica racional, está excluido del control de la casación.

Pero precisamente porque el sistema no es el de la íntima convicción de los jueces, y la sentencia debe exteriorizar sus fundamentos que sí pueden controlarse en la casación si las pruebas valoradas son válidas -legitimidad-, si las conclusiones responden a las reglas del recto entendimiento humano - logicidad- y si la motivación así expuesta es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las formas prescriptas". (Conf. Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut, Sumario: Q0001633, Sala de Casación (Raúl Martín, Fernando Royer, Agustín Torrejón), "D. B., J. A. y otros s/ Robo", Sentencia del 16 de Julio de 1991. Atendiendo al contenido de dicha resolución, resulta que la decisión a que alude el artículo 295 del ritual debe dictarse mediante sentencia -en los términos del artículo 106- y que éste por mandato del artículo 107 del mismo cuerpo legal, deberá ser motivado bajo pena de nulidad, lo que así se dispone. - Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut, RESUELVE:-1) DECLARAR la nulidad de la sentencia de fs. 3273/3274 y vta. venida en apelación, debiendo la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 dictar nuevo pronunciamiento conforme a derecho. -2) Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. Edgar María de la Fuente Carlos Dante Ferrari Carlos A.Velázquez Ante mí: José Alberto García REGISTRADA BAJO EL Nº 65 DE 2006.SIP. SALA"B".CONSTE.-