Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-23


SENT. DEF. Nº: 16058 EXPTE. Nº: 25.999/2006 (23245) JUZGADO Nº 37	SALA X AUTOS: "MORENO FEDERICO C/ BAYTON SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires, 23/04/08	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) La sentencia de primera instancia llega a esta alzada con motivo de los recursos de apelación articulados por las codemandadas "Bayton Servicios Empresarios S.A." a fs. 225/235 y "Gillette Argentina S.A." a fs. 238/243. Los agravios vertidos por esta última fueron replicados por el actor a tenor de la presentación glosada a fs. 253/255. Asimismo la perito contador cuestiona los honorarios que le fueron regulados por estimarlos reducidos en tanto que las codemandadas cuestionan por altos los honorarios profesionales regulados en la sentencia.

Los agravios de la demandada Bayton Servicios Empresarios S.A. giran en torno de los siguientes cuestionamientos: a) la atribución de carácter remuneratorio a los viáticos percibidos por el actor, b) la procedencia del incremento indemnizatorio contemplado por el art. 2º de la ley 25.323, c) la admisión del resarcimiento previsto por el art. 16 de la ley 25.561, d) la aplicación de la multa establecida por el art. 1º de la ley 25.323.

A su turno, la codemandada Gillette Argentina S.A. critica el decisorio de grado en cuanto aplica a su respecto la solidaridad contemplada por el art. 30 de la L.C.T. Asimismo, en forma subsidiaria cuestiona la condena impuesta en los términos de los arts. 16 de la ley 25.561 y 1º de la ley 25.323. Del mismo modo apela la tasa de interés aplicada en el decisorio apelado y critica e modo en que fueron impuestas las costas del pleito, solicitando, en definitiva, la revocatoria del fallo.	2º) Por una razón de orden metodológico daré tratamiento en primer término a los agravios vertidos Bayton Servicios Empresarios S.A. en relación con los viáticos y la indemnización prevista por el art. 2º de la ley 25.323 dejando aclarado que la crítica que gira en torno de la admisión del incremento resarcitorio del art. 16 de la ley 25.561 y la multa establecida por el art. 1º de la ley 25.323 serán tratadas conjuntamente con las vertidas por la codemandada Gillette Argentina S.A..

En lo atinente a los viáticos Bayton Servicios Empresarios S.A. se agravia al aducir que la magistrada de primera instancia no explicitó la razones fácticas y jurídicas que tornarían viable su inclusión en la base salarial del trabajador del caso. Asimismo sostiene que la sentenciante no valoró adecuadamente las pruebas arrimadas a la causa y de las que -a su entender- surgiría acreditado que los viáticos se abonaban contra entrega de comprobantes.

La crítica que formula la demandada no reúne los recaudos contenidos por el art. 116 de la L.O. pues la recurrente insiste en señalar que de la declaración testimonial vertida por Arico y del peritaje contable corrobora su postura pero lo hace sin reparar en que la magistrada analizó debidamente dichos elementos de juicio y explicitó las razones por las cuales los desestimaba a los fines pretendidos por la demandada y tales argumentaciones -reitero- no fueron rebatidas por la aquí apelante.

No obstante ello cabe convenir que las argumentaciones vertidas recién en esta instancia no fueron invocadas por la litigante al momento de contestar la acción pues, como bien lo señaló la juez "a quo" en el escrito de conteste, solo negó la remuneración denunciada sin explicitar las razones fácticas que tornarían insostenible la tesis del inicio en orden a la naturaleza remuneratoria de los viáticos percibidos por el demandante (art. 277 del C.P.C.C.N.).	Consecuentemente propicio la confirmatoria de lo decidido en grado en este segmento.

Es momento ahora de dar tratamiento a la crítica instalada por Bayton Servicios Empresarios S.A. frente a la admisión del incremento del art. 2º de la ley 25323. Anticipo que en el punto no encuentro mérito para apartarse de lo decidido en la instancia anterior.

En efecto, la facultad de eximición conferida por la citada norma al juez apunta a aquellos supuestos en que hayan mediado causas suficientemente objetivas que justifiquen la conducta del empleador pues la intención del legislador argentino, al introducir el aumento resarcitorio, ha sido precisamente la de evitar que el empleador omita dar cumplimiento a la obligación de resarcir el acto extintivo del contrato sin la presencia de un motivo válido, obligando de tal modo al trabajador a iniciar una tramitación administrativa o una acción judicial en procura del cobro de las indemnizaciones legales emergentes del despido arbitrario.

Desde tal perspectiva, en el caso se aprecia que la magistrada que me precede admitió el referido incremento resarcitorio aunque sólo en relación con las diferencias que prosperaron por el fallo y para cuya percepción el trabajador tuvo que iniciar la presente contienda judicial.	Por lo tanto, al no hallar mérito suficiente para ejercitar la facultad legal de eximir o reducir tal resarcimiento, postulo rechazar el planteo recursivo de la demandada en este tramo.

3º) Es momento ahora de expedirse sobre los agravios vertidos por la codemandada Gillette Argentina S.A.

La Sra. Juez "a quo" condenó solidariamente a la aquí recurrente al hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y sobre este tramo del pronunciamiento se agravia la parte porque, según aduce, la actividad desarrollada por la otra empresa demandada (Bayton Servicios Empresarios S.A.) no es la normal y específica de Gillette Argentina S.a.

En torno de la cuestión suscitada he tenido oportunidad de sostener antes de ahora, tanto como juez de la anterior instancia como en calidad de juez subrogante de las Salas VI y X de esta Cámara, que la solidaridad emergente del citado art. 30 corresponde determinarla en cada concreto y particular caso en función de las circunstancias fácticas que circunscribieron la pertinente cesión, contratación o subcontratación. También he dicho que es menester interpretar la exigencia de la norma legal referente a "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia" en armonía con el concepto de "establecimiento" que prevé el art. 6º de la ley laboral en cuanto establece que es "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones" (ver, entre otros, mi voto en los autos "Pérez, Héctor F. c/ Asociación Civil Club Atlético Vélez Sarsfield y otro", sentencia de la Sala VI de la C.N.A.T. del 28/9/2006, pub. en "Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social", LexisNexis, fascículo 24 del año 2006, p. 2209).

Desde la precitada óptica de enfoque, considero que en este especifico caso corresponde confirmar lo resuelto en grado. Lo entiendo así pues la litigante argumenta que las partes estuvieron ligadas por un contrato de naturaleza comercial por medio del cual contrató los servicios de Bayton para la prestación de servicios de promoción, confección de transfers y relevamiento de datos de productos de Gillette en sus clientes indirectos, tareas todas que -de conformidad con el objeto societario- no se correspondían con trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de dicha empresa. Sin embargo, se aprecia que de los elementos de juicio aportados a la causa hubo una subcontratación con la demandada Bayton Servicios Empresarios S.A. por la cual esta última prestó servicios de merchandising a Gillette y que dichas tareas consistían en la reposición de productos en supermercados, hipermercados, clientes mayoristas, farmacias y perfumerías incluyendo además el mantenimiento adecuado de las góndolas donde se comercialicen los productos, así como la toma y remisión de información del punto de venta (fs. 135 vta. y documental de fs. 123/130).

Con base en tales circunstancias cabe convenir que resulta válida la consideración acerca de que la actividad objeto de la contratación se enmarca dentro de la calificación de "normal y específica propia" del establecimiento de Gillette Argentina S.A. en la medida en que se tenga presente que las tareas de promoción y reposición de productos perfeccionó un cierto tramo de la unidad técnica de ejecución que conforma la actividad de la contratante (Gillette Argentina S.A.) en tanto que dicha actividad contribuyó a la obtención de la finalidad perseguida que no es otra que la comercialización y distribución de sus productos (arts. 6 y 30 L.C.T.), según así resulta del informe suministrado por el perito contador a fs. 136 vta. ap. 3 b).

Es por lo expuesto que, al arribar sin cuestionamiento que el actor realizaba tareas de promoción, venta y publicidad de los productos de Gillette Argentina S.A. considero que en este concreto caso -y tal como ya lo anticipara- resulta aplicable la solidaridad que prevé el mentado art. 30 de la L.C.T., razón por la cual propicio la confirmatoria de lo decidido en grado en este segmento.

En cuanto al planteo que formula la demandada acerca de la tasa de interés aplicada en el decisorio, propicio su deserción pues la litigante no explicita adecuadamente las razones por las cuales -a su juicio- resultaría excesiva (art. 116 L.O.).	No obstante ello, lo resuelto en grado en orden a la tasa de interés a aplicar a la condena dispuesta coincide con el criterio que al respecto adopta este Tribunal, por lo cual no cabe más que confirmar el fallo en este segmento.

4º) La misma suerte correrán -al menos en este voto- los agravios de las demandadas dirigidos a cuestionar la procedencia de las indemnización prevista por el art. 1º de la ley 25.323.

En lo atinente al primero de los resarcimientos (el relativo a la ley 25.323) los cuestionamientos formulados por las quejosas no logran superar la valla impuesta por el dispositivo del art. 116 de la L.O. al no contener una crítica concreta, detallada y pormenorizada del segmento del decisorio atacado. Obsérvese, en ese sentido, que Bayton Servicios Empresarios S.A. aduce que la multa no procede porque el actor se hallaba correctamente registrado, más lo hace sin reparar en los argumentos vertidos en el decisorio al allí concluirse que si bien el rubro "viáticos" constaba en los recibos de sueldo, no se efectuaban sobre ellos los aportes correspondientes, no se los consideraba para el pago de las vacaciones ni el sueldo anual complementario. Del mismo modo Gillette Argentina S.A. formula una mera discrepancia dogmática pues sostiene que la magistrada efectuó una interpretación errónea del citado art. 1º de la ley 25.323 en tanto que en el caso no hubo una ausencia de registración y que admitir un temperamento distinto conllevaría a una conclusión desmedida y abusiva. Sin embargo, al igual que la restante codemandada no rebate los argumentos vertidos en el decisorio en cuanto a que la ex empleadora registró como no remunerativo un rubro que en realidad ostentaba tal carácter con lo cual quedó configurado uno de los supuestos de viabilidad establecidos por la precitada normativa legal que es precisamente la registración "de modo deficiente" del contrato de trabajo.	En cuanto a la quejas de las demandadas dirigidas a cuestionar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 25.561 y sus decretos de prórroga, tampoco tendrá recepción favorable.

Lo entiendo así pues en el marco de la grave crisis económica que dio origen a la ley 25,561, la normativa del artículo 16 no resulta irrazonable pues no limita el poder del empleador de despedir, ni mucho menos el derecho constitucional de ejercer toda industria lícita, sino que los torna más onerosos. Con su sanción el legislador quiso proteger al trabajador en época de desempleo, que ante una situación de despido sufre la consecuente dificultad de reincorporarse al mercado laboral. De ese modo se intentó salvaguardar la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario (artículo 14 C.N.) la cual ante la emergencia debe prevalecer por sobre el derecho de propiedad del empleador. Destácase además que es criterio del máximo Tribunal que ante situaciones de gravedad puede intervenirse en el orden patrimonial limitando los derechos en el tiempo, para asegurar la protección de la comunidad y el restablecimiento del tráfico normal de las relaciones de la sociedad que el sistema político requiere (Fallos 313:2; 1530, entre otros).

En cuanto a los decretos que prorrogaron la prohibición de despedir, considero que debe arribarse a la misma conclusión pues, el Congreso Nacional en ejercicio de poderes constitucionales propios sancionó la ley 25.972 (BO. 17/12/04) mediante la cual se dispuso prorrogar la suspensión de los despidos hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10 %, convalidando de ese modo los decretos cuya constitucionalidad aquí se cuestionan.

La citada ley 25.972 fue dictada por el Congreso Nacional que es quien tiene el deber de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, sin que los jueces, al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia. Si bien la prórroga de los despidos arbitrarios dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 no surge de una manera explícita, al establecerse la misma hasta que la tasa de desocupación resulte inferior al un 10 % se admitió que al momento de dictarse la ley 25.972 estaba vigente tal suspensión, lo que abarca las prórrogas dispuestas por el P.E.N.

Consecuentemente, dado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de extrema gravedad institucional, sólo puede ser llevado a cabo con suma prudencia y en la medida que la afectación de las garantías surja de manera clara e irreconciliable, situación ésta que no se aprecia en el caso de autos. Por ende, propongo confirmar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por las demandadas.

5º) En cuanto a las costas, de conformidad con lo que dispone el art. 68 CPCCN, deben ser soportadas por la parte vencida, criterio que se fundamenta básicamente en el hecho objetivo de que quien hace necesaria la intervención judicial del Tribunal por su conducta, acción u omisión debe soportar el pago de los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho.

No escapa a mi criterio que el monto por el que prospera la acción es inferior al reclamado. Sin embargo no puede pretenderse la adopción de un criterio puramente aritmético para la fijación de costas, derivada sólo del cotejo entre el monto reclamado y el diferido a condena, toda vez que en lo sustancial (esto es en cuanto a los derechos en juego) ha triunfado la parte actora. Así, es litigante vencido "aquel contra el cual se declara el derecho" o "se dicta la decisión judicial" (Conf. Fenocchietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial comentado" T. 1º pág. 261), todo lo cual conlleva a la solución propiciada.

En cuanto a los honorarios, estimo que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes resultan equitativos, de conformidad con las pautas arancelarias vigentes por lo que sugeriré que sean confirmados (art. 38 LO. y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. ley 16.638/57).

Voto, en consecuencia, por la confirmatoria de la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios, con costas de alzada a cargo de las codemandadas por resultar vencidas (art. 68 primer párrafo del CPCCN), regulándose los honorarios de los letrados firmantes de fs. 225/235, 238/243 y 253/255 en el 25 %, respectivamente, de los que les correspondiera por la actuación profesional en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente adhiero al mismo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de alzada a cargo de las demandadas; 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 225/235, 238/243 y 253/255 en el 25 % respectivamente de lo que les correspondiera por la actuación profesional en la anterior instancia.

4) Se deja constancia que se encuentra vacante la tercera vocalía (109 del R.J.N.).

5) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- ANTE MI Z.A.