marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la privacidad, derecho tributario, liquidación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alvear Palace Hotel S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16

El principio de reserva de ley en materia tributaria (art. 51 de la CCBA) no supone que solamente una norma de jerarquía legislativa pueda ser empleada para arribar a la liquidación del tributo. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Excarcelación, nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fabrici, Fabio s/ Excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Los vicios de procedimiento no pueden ser analizados en el incidente de excarcelación, debiendo tener su cauce natural por la vía del incidente de nulidad.
Despido discriminatorio, despido por maternidad, carga de la prueba, presunción legal, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla Cecilia Soledad c/ TXD INTERNATIONAL SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-22

En el caso, la trabajadora se agravia por el rechazo de la indemnización agravada prevista por el art. 182 L.C.T. porque la juez a quo consideró que la notificación de su estado de gravidez -requerida por la norma- no había sido debidamente acreditada y por ello no habilitada la presunción contenida en el art. 178 L.C.T.. En la medida que el despido se produce en el lapso de presunción de causa (maternidad o embarazo), en tanto de la prueba testimonial se desprende que el estado de embarazo de la trabajadora estaba en la esfera de conocimiento empresarial, contrariamente a lo resuelto en origen, quien debía acreditar que el despido no tenía relación con el embarazo era el empleador. Y ello por efecto de la presunción legal. No existiendo alegación del motivo que desplace dicha presunción, debe modificarse lo resuelto en primera instancia y otorgar la indemnización agravada del art. 182 L.C.T..

Fuente del sumario: OFICIAL
Mora, mora del deudor, plazo, plazo indeterminado
Materia: CIVIL
Carátula: R. de C., I. E. c/ C., J. s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-09

La última forma de constitución en mora es la que exige la previa fijación de un plazo por parte del juez y luego la expiración del mismo, refiriéndose a ella el tercer párrafo del vigente artículo 509. Aunque en rigor acá la norma no se refiere en verdad a las obligaciones "sin plazo" como resulta literalmente del texto transcripto, sino a las llamadas obligaciones "sin plazo fijado o preestablecido" o, si se prefiere, "de plazo no determinado". A diferencia de las "puras" o "simples" o "inmediatamente exigibles", este tipo de obligación es "a plazo", pero en ellas las partes no han previsto en forma expresa cuándo se cumpliría el mismo, ni tampoco se puede inducir o deducirse su duración de la naturaleza de la obligación, o sea que, se ha dicho, "la indeterminación es absoluta.
Confirmación de sentencia, subrogación en los derechos del asegurado, contrato de garaje, hurto de automotor
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Provincia Seguros S.A. c/ Wal Mart Argentina S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

Procede confirmar la condena a los accionados a abonar a la aseguradora accionante, quien se subrogó en los derechos del asegurado, una determinada suma de dinero como consecuencia del hurto de un automotor en la playa de estacionamiento de la demandada. Es que corresponde descartar el agravio relacionado con el carácter no nominativo que se adjudica al ticket de compra, ya que es claro que la emisión de constancias de esa naturaleza es decisión del propio hipermercado, lo que, consiguientemente, no puede volcarse en contra del consumidor damnificado; en el caso, en contra de su aseguradora (CNCom, Sala D, 4.12.14, "Caja de Seguros SA c/ Coto CICSA s/ ordinario").
Extradición, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Maggioni, Roberto c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

La decisión del a quo de declarar procedente el pedido de extradición, sujeto a la condición resolutoria impuesta con sustento en lo resuelto en Fallos: 319:2557 ("Nardelli") no tuvo en cuenta las circunstancias que allí confluían para resolver de ese modo.
Actos y diligencias procesales, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NORTES M.A. c/ L. COPPOLINO. s/ Ordinario (LIBRO: A063 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-02-29

La falta de firma de la copia de poder, no implica la nulidad del acto jurídico y debe plantearse la respectiva excepción de falta de personería.-
Competencia de paz, notificación, instrumentos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES, Mabel c/ GUERINI, Alberto Américo y/u otro s/ SUMARIO: Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-05-14

Por tratarse de un oficial público en ejercicio de facultades legales, las atestaciones consignadas por el juez de paz como oficial notificador, equivalen a las mencionadas en el art. 993 del Código Civil con relación a los instrumentos públicos, de manera tal que, hasta tanto no sea declarada su falsedad, hacen plena fe acerca de la existencia material de los hechos que el notificador afirma haber cumplido personalmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Español del Río de la Plata c/ Schmidt, Gladys H. y ot. s/ Cobro ejec. y embargo preventivo Banco Río de La Plata S.A. c/ Blanco, Alberto Víctor y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21|1997-11-18

Las decisiones recaídas en un juicio ejecutivo no revisten, en principio, carácter de definitivas en el concepto del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando se refieren a cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso, sin abrir juicio sobre las que hacen a la obligación sustancial, lo que, eventualmente, podría ser objeto de debate en el juicio ordinario posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compensación económica, canon locativo, privación del uso del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: S., H. O.  c/ R., S. I.  s/ fijación de renta compensación por uso de vivienda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-04

Cabe señalar que el uso exclusivo por parte de uno de los copropietarios de un bien sólo puede fundarse en la conformidad del otro, y el silencio importa aprobación de la situación existente; de ahí que la compensación por ese uso, un canon locativo sobre un bien sujeto a indivisión sólo se debe desde que se manifestó la oposición. En consecuencia, cuando la disconformidad se manifiesta, el emplazado debe resarcir a su condómino por el provecho que obtuvo al usar para sí el inmueble, siendo el único beneficiario de los frutos civiles devengados de su ocupación.
Pago por consignación, demanda, rechazo in límine, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA HNOS. y GELUSINI S.A.C.I.A.G.I. c/ Alfonso Femía, Alfonso y Maximiliano s/ Pago por Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-07-04

La oportunidad procesal para desestimar la demanda, es el momento en que el juez advierte que se presenta algún supuesto en que la pretensión carece de tutela jurídica.

Para que el juez pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto propuesto, previamente debe examinar si no existen impedimentos procesales y si se cumplen las condiciones de la acción, que permitan la constitución de un proceso válido.

Faltando en el pago por consignación el depósito judicial, elemento indispensable para la viabilidad de la acción, corresponde desestimar liminarmente la demanda.
Sentencia, nulidad de sentencia, cuestión esencial
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BILO, ANTONIO. c/ PATRONO DE BERARDI, MARÍA TERESA. s/ ORDINARIO    S/CASACIÓN.  SENTENCIA  CIVIL  Y  COMERCIAL.  CUESTIONES  ESENCIALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-16

ES NULA LA SENTENCIA QUE AL EVALUAR LA PRUEBA, OMITE LA CONSIDERACIÓN DE UNA QUE ES ESENCIAL O DECISIVA -CONFESIONAL FICTA- , SOLUCIÓN QUE SE IMPONE ATENTO QUE LA MISMA, TENDRÍA APTITUD EVENTUALMENTE PARA DEMOSTRAR COMO ACREDITADA LA EXISTENCIA DE EXCESIVA ONEROSIDAD, REQUISITO EN CUYA DECLARADA INEXISTENCIA EL MÉRITO FUNDA LA CONCLUSIÓN DENEGATORIA DE LA APELACIÓN INTENTADA.
Asociaciones sindicales, acción de amparo, decretos, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Outon, Carlos José y otros s/ recurso de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-03-29

No puede obstar al progreso del amparo la circunstancia de que la violación de derechos fundamentales se atribuya a un decreto del Poder Ejecutivo que daría al acto la presunción de legitimidad. Tal presunción debe descartarse cuando la ilegitimidad del acto es palmaria por contravenir manifiestamente lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia, y los tribunales no pueden negar el amparo cuando no cabe otra vía que la invalidación del decreto para preservar el derecho fundamental y evitar el daño grave e irreparable en tiempo oportuno.
Desplazamiento de la competencia, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Joly, Eduardo Daniel y oros contra Legislatura de la CABA sobre amparo -otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-19

Para cuestionar la decisión de la magistrada de primera instancia que desplaza la competencia dentro de la jurisdicción local, la recurrente debía acreditar en su recurso de inconstitucionalidad que dicha resolución le genera un agravio de tardía, imposible o insuficiente reparación ulterior a los fines de equipararla, en razón de sus efectos, a la sentencia definitiva que exige la ley n° 402. Sin embargo, sus esfuerzos en este sentido no exceden del mero desacuerdo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto compartido por el juez Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: N., A. A. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que se denuncia la nulidad de un acta que debió ser suscrita por el Secretario de la Instrucción interviniente si el planteo carece del apoyo normativo pertinente (art. 355 del Código Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus mod.-).
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guglianone, Irma Isabel y otros c/ Lojko, Cristina s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Si el letrado no cumplió con la carga de notificar sus estipendios a los obligados al pago, tal lo reglado por el art. 54 del decreto ley 8904/77, no puede admitirse que la actualización monetaria de los honorarios corra a partir del respectivo auto regulatorio.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Pristera, Salvador c/ Brossio y Cia. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Consentida por el afectado la consideración de un escrito que no debió ser tenido en cuenta por el Tribunal del Trabajo rige al respecto la prohibición de reformatio in peius.
Pena, unificación de penas, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Grova, Daniel Omar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-23

Corresponde a pedido de parte dictar sentencia única cuando se hubiesen pronunciado dos o más sentencias firmes dictadas en violación a las reglas del concurso (art. 55 y 58 2da regla del C.P.), aunque una, varias y excepcionalmente todas las penas de que se trata se encuentren agotadas o extinguidas, siempre que exista interés legítimo en la unificación o ésta sea necesaria. No es óbice que el Fiscal al requerir la unificación de pena prevista por el art. 58 del C.P. no fijara su monto, ya que el único requisito indispensable es la existencia de un pedido de parte. La disidencia parcial expresó que correspondía anular la sentencia toda vez que si bien el Ministerio Público Fiscal explicó el interés de unificar, no solicitó el monto de la pena a imponer, circunstancia que afectó el derecho de defensa en juicio pues al estar ausente uno de los presupuestos esenciales del debido proceso, impidió ejercer la contradicción y, como consecuencia de ello, no delimitó el margen de actuación del órgano jurisdiccional. (Dres. Ledesma -en disidencia parcial-, Tragant y Riggi).
Recurso de casación, laudo arbitral, recursos, preclusión, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: FADUL CARLOS FELIPE c/ FADUL HECTOR JOSE Y OTRO s/ EJECUCION  DE  SENTENCIA  S/INCIDENTE  DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-18

Si bien no cabe descartar "ab initio" la posibilidad de que en algún supuesto pudiera resultar admisible la proposición de un litigio autónomo por nulidad del laudo, basado en axiales circunstancias por la norma prescripta, luego de transcurridos los plazos prescriptos en la ley adjetiva para interponer los recursos contemplados en ella, debe tenerse en cuenta el carácter restrictivo conque tal posibilidad debe ser admitida, en su caso por las implicaciones que tienen en esta materia principios esenciales para el ordenamiento jurídico como los de preclusión y cosa juzgada, que tienden a dar firmeza y consolidación a las relaciones jurídicas interpartes.
Indemnización agravada, indemnización por despido, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: MACIAS DANIEL c/ SERVICIOS WELLTECH S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-06-29

Debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1351/03 efectuada en el fallo bajo análisis y declarar procedente en el caso la sanción prevista condenando a la accionada al pago de la indemnización establecida por el artículo 16 de la ley 25561.- Esto pues, el artículo 4 de la ley 25.972 prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada que sancionaba el artículo 16 de la ley 25.561.

Por consiguiente, el Poder Ejecutivo, a la hora de reglamentar, actuó de acuerdo a las directivas implícitas dispuestas por el Poder Legislativo y en el marco de la reglamentación prevista por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional.

Los rubros que integran la citada duplicación son originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, aquellos que tienen directa e inmediata vinculación con el despido.-
Ley de emergencia, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tisera, Horacio Fernando c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega la propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Principios procesales, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S.S., S. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-20

"...con distintos alcances según el momento procesal de que se trate -y con sentido progresivo- que las situaciones excluyentes de certeza benefician al imputado. La duda, que al comenzar el proceso tiene poca importancia, va cobrándola a medida que avanza, aumentando el ámbito de su beneficio,hasta llegar a la máxima expresión de su alcance en el dictado de la sentencia definitiva. De ello se sigue que en caso de incertidumbre éste deberá ser resuelto: in dubio pro reo.
Sociedades comerciales, liquidación, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: AMARTI, JORGE Y OTRO c/ ITOLVO  S.R.L. s/ ACCION DE REMOCION - RESOLUCION, LIQUIDACION DE OFICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-31

Cuando en un proceso no se ha reclamado la disolución y liquidación de una sociedad, y el a quo la dispone conforme los principios y efectos de los art. 19 y 18 de la ley 19.550, esa circunstancia como vicio de congruencia no puede llevar a la anulación del fallo, porque el juez ha actuado en función de la autorización que le confiere la ley en el art. 19 antes citado para decidir de oficio disponiendo la disolución y liquidación de la sociedad cuando se dan determinadas situaciones. Ello constituye una excepción al principio de que el juez no puede proceder de oficio y debe resolver seg un lo alegado y probado por las partes respetando la acción interpuesta (art. 348 y 349 del C.P.C.). -Sin embargo el principio de congruencia tiende evidentemente a preservar el derecho de defensa en juicio evitando así que se sorprenda al demandado mediante una sentencia que resuelve sobre algo que, al no haber sido objeto de una pretensión concreta, no le ha dado oportunidad de ejercitar su defensa. De igual manera puede afectarse el derecho del accionante, cuando se resuelve sobre algo que no demandó y que le perjudica, porque tampoco ha podido ejercitar su defensa, lo que implica un vicio de la resolución o una ausencia de sustanciación previa que torna nulo el pronunciamiento, al haberse violado las formas sustanciales del juicio.
Retención indebida, contrato de hospedaje, responsabilidad de los dueños de hoteles
Materia: CIVIL
Carátula: Espinosa, Luis A. y otro s/ Usurpación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-23

El legítima la conducta del hotelero que frente a la falta de pago de la renta atrasada por parte de un huésped, procedió a la cesación inmediata del hospedaje y a la retención de sus efectos personales.

El contrato de hospedaje constituye una figura contractual "sui generis" que si bien participa de ciertas características de la locación de cosa y de servicios, entraña un contrato innominado por el cual una persona - el posadero - se obliga a prestar a otra - el huésped - determinados servicios a cambio de una suma de dinero, periódicamente exigible. Por ello es que el contrato no transmite al huésped la tenencia de la habitación, la que se reserva el hotelero en su totalidad, sino que le da simplemente alojamiento y morada.

La conducta del hotelero de retener las cosas del huésped hasta tanto éste cancele su deuda de hospedaje, no sólo es jurídica por reconocer tal derecho de retención los artículos 3886 y 3939 del C P. , sino que tampoco reúne los requisitos del tipo penal del inciso 2) del artículo 173 del C.P. , que exige que las cosas hayan entrado en poder del tenedor por entrega voluntaria del dueño, por contrato que produzca obligación de entregar o devolver.
Revisión judicial de actos administrativos, vicios del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Raúl Alonso c/ UNMDP s/ Recurso directo de apelación Art. 32 Ley 24.521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

Son nulos los actos administrativos emitidos por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata que anularon el concurso para la provisión de un cargo docente universitario, pues adolecen de un vicio en la causa y motivación, en cuanto violaron la esfera de competencia del Consejo Académico, y por lo tanto las facultades conferidas al mismo.
Fallos de la Corte Suprema, amnistía, prescripción, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Domato Horacio Rafael c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-12

El rechazo que el a quo efectuó respecto de las objeciones puestas de manifiesto por la defensa al juzgamiento de los delitos aquí investigados, se basó en una correcta hermenéutica de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya doctrina debemos acatar puesto que emana del último intérprete de la Constitución Nacional, en el sentido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.
Falsificación de instrumento público, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: Viola Gustavo Hernan s/ Falsedad ideológica de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-04

Es el funcionario publico en ejercicio de sus funciones a quien la Ley le ha dado la facultad de atribuir presunción de verdad a cuanto por él sea firmado, siendo irrelevante si fue él o un tercero con su conocimiento quien firmo el acta. En cuanto a la falta de "perjuicio relativo", corresponde aclarar primero que el artículo 292 del Código Penal habla de una posibilidad de perjuicio: "de modo que puede resultar perjuicio". Esta "posibilidad", como elemento del tipo, si se trata de documentos públicos, se extiende con mayor amplitud que los documentos privados, dada la oponibilidad a cualquier tercero de aquellos instrumentos.

Si el oficial de policia insertó declaraciones falsas en un documento público, relativas a un hecho que el documento debía probar, es diafano que con esa falsedad creo un riesgo concreto y un perjuicio potencial, perjuicio que en este caso se materializó, puesto que dos personas resultaron sometidas a proceso penal en base a tales actas apócrifas, lo que es indiscutiblemente un mal en sí mismo, aunque luego hayan sido absueltos. Además, se ocasionó un indudable perjuicio a la administración de justicia, ya que los instrumentos públicos viciados, por su evidente falsedad, impidieron al Juez actuante llegar al conociemiento de la verdad de lo ocurrido y arribar así a una justa sentencia.
Juicio ejecutivo, temeridad o malicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Respaldo S.A. c/ Bonomo, Edgardo Carlos y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

La motorización de sanciones requiere una cautelosa apreciación, frente a lo que puede constituir una limitación al ejercicio del derecho de defensa en juicio, por lo que cabe descartar un criterio riguroso en la aplicación de la sanción procesal. No todo desconocimiento o la utilización de los derechos de defensa improcedentes ha de reputarse temerario o malicioso, siendo el pago de las costas la sanción habitual a quien se ha opuesto equivocadamente (art. 18 Const. Nac.). La deducción de las defensas articuladas en el ~sub lite~ no patentizan de modo manifiesto una inconducta procesal que conlleven, de por si, a la tipificación de una conducta antifuncional que deba ser sometida a la potestad correctora que edicta el art. 549 del ordenamiento ritual, careciendo de tal envergadura resistencias jurídicas que no aparecen nítidamente reprochables u obstruccionistas, pues cabe priorizar, en caso de duda, la señalada garantía constitucional.