Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 6 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 454/462? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I. Viene apelada la sentencia de fs. 454/462 por la cual el primer sentenciante rechazó la demanda entablada por Mariné Gabriela Irurieta contra Provincia Seguros S.A. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de seguro de vida, más intereses y costas.

II. Sostuvo la actora al demandar que, como beneficiaria de un seguro de vida concertado por su madre, le habrían informado en la aseguradora demandada que el día 5 de noviembre de 1999 se encontraría a su disposición, en una cuenta del banco demandado, la suma de $ 25.000 correspondiente a la liquidación del siniestro nro. 23.215. Dijo que cuando se presentó a cobrar, el gerente le habría informado que la referida suma ya había sido retirada. Ante esa circunstancia, inició la causa penal correspondiente, a la vez que reclamó a la compañía aseguradora, la cual habría negado su responsabilidad con sustento en que al depositar la suma debida, ya había cumplido con su obligación. Pidió la actualización monetaria y planteó la inconstitucionalidad de la ley 23.928, art. 7 y la ley 25.561, art. 4.

III. Provincia Seguros S.A. opuso excepciones de pago y prescripción. Subsidiariamente contestó la demanda. A fs. 392/3 se presentó un acuerdo conciliatorio suscripto entre la compañía aseguradora y la actora por la suma de $ 12.000. Acto seguido, la Sra. Irurieta desistió de la acción respecto de dicha compañía (fs. 395).

Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires opuso también excepción de prescripción. Subsidiariamente contestó la demanda y negó la responsabilidad que se le atribuyera en los hechos. Manifestó que el 20 de diciembre de 1999, en la sucursal de Temperley, habría efectuado el pago manual de la suma reclamada a una persona cuyo documento coincidía con el de la actora. Sostuvo que en ese momento habría cancelado su obligación.

IV. El juez de la anterior instancia hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el banco demandado y rechazó la demanda. Consideró que no había habido relación contractual entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la actora, puesto que ésta no era titular de una cuenta en esa entidad, sino que se había tratado de una estipulación a favor de tercero en los términos del art. 504 del Código Civil. Sobre esa base, encuadró la relación en la órbita extracontractual y aplicó el plazo de prescripción bienal (art. 4037, Código Civil). Fijó como dies a quo el 20.12.1999, fecha en que se habría producido el hecho dañoso (retiro del depósito), y toda vez que la demanda fue iniciada el 30.12.2002, consideró operada esa prescripción. Impuso las costas a la actora vencida.

V. Apeló la actora. Los agravios desarrollados en su memorial pueden sintetizarse así: a) el encuadre de la relación que la vinculara con el banco debe situarse en la órbita contractual, pues, tratándose de una estipulación a favor de terceros, le son aplicables las normas relativas a ese tipo de responsabilidad contractual y la prescripción debe ser la decenal; b) no habría en el caso una relación de consumo que determine la aplicación de la ley 24.240; c) error del juez al fijar el dies a quo para computar el plazo de prescripción, toda vez que no podría partir de un instrumento cuya falsedad fue acreditada, debiendo fijarse en el día en que tomó conocimiento del hecho generador, esto sería el 10.6.02; d) que el a quo ignoró las causales de interrupción o suspensión de la prescripción que la apelante describe pormenorizadamente; y e) el error de utilizar como eximente de responsabilidad del banco el hecho de un tercero, a quien trata de ajeno al ámbito de la responsabilidad del banco. Por último, cuestiona el régimen de las costas.

VI. La primera cuestión que corresponde examinar es la concerniente al plazo de prescripción aplicable respecto de la acción deducida en autos. El juez, tras una referencia poco clara a la configuración de un contrato a favor de tercero, en la cual considera "tercero" al banco demandado, entendió que entre éste y la actora no habría "lazo convencional alguno". Por ese motivo consideró aplicable la prescripción bienal del art. 4037 del Código Civil.

Tal enfoque no es correcto ni se adecua a los antecedentes del caso. El contrato de seguro de vida presupone, por cierto, una estipulación a favor del tercero beneficiario, aquí la actora. En el caso en examen, quienes participaron de ese contrato fueron, por una parte, el tomador del seguro (madre de la actora), que en el esquema triangular de esta forma de contratar asumió el carácter de estipulante, y por la otra, la compañía aseguradora codemandada, que asumiera el rol de promitente.

De modo que, como se advierte ab initio, el banco no era el "tercero" en el esquema contractual descripto; esa condición correspondía a la actora. El banco era más bien un sujeto en quien la compañía de seguros delegó la realización del pago de la suma asegurada. Su condición podría entonces encuadrar en los términos del art. 814 del Código Civil, que contempla la figura de la llamada delegación imperfecta, esta es la situación en la que el deudor "da a otro que se obliga hacia el acreedor", sin que este último consienta en desobligar al deudor primitivo, de manera que el delegado asume el carácter de un nuevo deudor que se añade al originario.

Bajo este enfoque es claro que no se alteró el derecho del acreedor o delegatario -en el caso beneficiaria del seguro-, quien simplemente habría adquirido un título adicional para reclamar del nuevo deudor la prestación debida. El contenido de ésta seguía siendo el mismo y la obligación del banco no difería de la que recaía sobre la aseguradora, originada naturalmente en un vínculo contractual. Habría así dos deudores concurrentes de la misma prestación (conf. Llambías, Jorge J. "Tratado", Obligaciones, III, nros. 1788 y 1791, p. 54 ss.).

La conclusión sería idéntica si se considerase al banco como un tercero designado para efectuar el pago en los términos del art. 727 del Código Civil, pues tal situación tampoco altera las relaciones originarias en cuanto concierne al acreedor de la prestación debida. Es más, el acreedor no podría oponerse al pago en tanto se preserve la identidad entre el objeto de éste y el objeto de la obligación (conf. Llambías, Jorge J., ídem, II-B, nro. 1428, p. 144, y art. 729, C. Civil). Cualquiera sea pues la óptica que se adopte, la acción deducida por la beneficiaria del seguro tendría siempre carácter contractual.

Como expresa con razón Llambías, el "tercero" del artículo 504, es tercero respecto del contrato que originó la obligación, pero no con respecto a la obligación de la cual es acreedor, siendo su situación idéntica a la de cualquier otro acreedor en cuanto a los medios de que dispone para compeler al deudor al cumplimiento de la obligación (Llambías, Jorge J., "Código Civil anotado", Bs. As. 1989, T. II-A, p. 63 y ss.).

Como queda dicho, pues, la figura del art. 504 aquí invocada torna aplicable el régimen de la responsabilidad contractual. Por consiguiente, el plazo de prescripción aplicable en la especie, es el de diez años dispuesto por el art. 4023 del Código Civil. De donde se desprende que la demanda incoada por la actora, más allá del cuestionamiento del dies a quo, no se encuentra prescripta.

En ese contexto es que corresponderá revocar la sentencia y desestimar la excepción de prescripción opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

VII. Así las cosas, corresponde ahora tratar la procedencia sustancial de la demanda respecto del banco codemandado.

La actora reclamó la suma de $ 40.000 en concepto de daños y perjuicios, por incumplimiento del contrato de seguro de vida de la cual ella era beneficiaria. Se acreditó en autos que la firma del recibo de pago acompañado por la demandada es apócrifa (v. peritaje caligráfico, fs. 172/177) y no pertenece a la actora beneficiaria del depósito. Por consiguiente, ese instrumento carece de eficacia y el presunto pago, de haber existido, carecería de efecto cancelatorio de la obligación de la entidad demandada.

En realidad, fue esta última la que admitió la existencia de un hecho ilícito cometido por un tercero, quien haciéndose pasar por la actora, con el uso de un documento de identidad falsificado, habría retirado el dinero depositado a nombre de la accionante. Sobre esa base, el banco procuró eludir su responsabilidad, pero no acreditó una eximente susceptible de liberarle de las consecuencias derivadas de su participación en el hecho.

El banco se limitó a manifestar que habría pagado bien, cumpliendo con el procedimiento específico de verificar el DNI. Sin embargo, si tenemos en cuenta los servicios que presta la entidad demandada, debía extremar los recaudos y actuar diligentemente en punto a la verificación de la identidad de quien se presentaba a retirar una suma de dinero. Esta actividad adquiere mayor relevancia cuando la acreditación de identidad lo es a fin de realizar un trámite, procedimiento o gestión, que compromete y puede afectar seriamente valores, derechos o bienes -propios o de terceros-, por lo que mayor será el deber de prudencia y mayores los recaudos y diligencias que deben desplegarse a fin de evitar la sustitución de persona, máxime cuando el tipo de fraude de que se trata no constituye un hecho imprevisible, improbable ni aislado (Sala D, in re "Zangara Héctor c/Citibank NA" del 10.9.2004; esta Sala, in re "Frigorífico Metan S.A. c/ Banco Río de la Plata S.A. del 2.3.07).

En ese orden, el banco no produjo prueba tendiente a desvirtuar el presupuesto de responsabilidad que pesaba sobre él en los términos de los arts. 902, 904, 512 y concs. del Cód. Civil. Por lo tanto, cabe tener por acreditada la culpa o negligencia en su proceder al efectuar el pago. Juega aquí el principio según el cual el banco, por su actividad habitual y la profesionalidad con que la lleva a cabo, debe extremar su diligencia en el desarrollo de su actividad, máxime teniendo en cuenta que se trata de una institución que está intermediando en el tráfico de dinero, y los particulares que contratan con ella, al momento de confiarle sus intereses, descuentan su profesionalidad.

Considero que lo hasta aquí expresado basta para dirimir el conflicto de autos, por lo que deviene abstracto el tratamiento de los demás agravios invocados por la actora. En este sentido, cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (CSJN, fallos 307:2216).

En ese orden, corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires al pago de $ 25.000 en concepto de restitución de la suma a cuyo pago se había obligado y que fue indebidamente entregada a una persona distinta de la actora.

VIII. Resta analizar la indemnización pretendida en concepto de daño moral. Tal como lo sostuve en reiteradas oportunidades no hay que perder de vista que la indemnización por daño moral debe ser concebida en una doble función, como reparación a quien padeció las consecuencias aflictivas y como sanción ejemplar al proceder reprochable de quien las hubo causado (conf. Sala C, 28.3.03, in re "Porcel, Roberto José c/Viajes Futuro S.R.L.", y jurisprudencia allí citada). Este perfil bifronte resulta particularmente relevante en estos casos, por las condiciones que inviste la demandada en relación con las legítimas expectativas del usuario de sus servicios. A esa circunstancia se añaden otras no menos relevantes: (i) que a la fecha de la muerte de la madre de la accionante ésta era menor de edad (12.11.1997), por lo que esperó dos años hasta adquirir la mayoría de edad (22.10.1999) para reclamar el dinero; (ii) las vicisitudes que ha tenido que soportar a lo largo de estos años, con distintos reclamos, incluida la tramitación de una causa penal, hasta llegar al sub lite, donde ha sido patente la actitud reticente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto fáctico, estimo prudente conceder por este concepto la suma de $ 15.000, de conformidad con lo dispuesto en el art. 165 del Cód. Proc.

IX. Por último corresponde descontar del monto establecido de condena, la suma de $ 12.000 percibida por la actora en virtud del convenio celebrado con la restante codemandada Provincia Seguros S.A.

X. La suma de condena tal como ha quedado establecida en los considerandos precedentes ($ 28.000), devengará intereses desde el día en que la actora, según sus propias expresiones de fs. 517, habría tomado conocimiento de los hechos y efectuado el reclamo consiguiente. La tasa aplicable será la activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones ordinarias de descuento, conforme la doctrina plenaria del Fuero (in re, "S.A. La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales (art. 288)", del 27.10.94), aplicable de acuerdo con los términos del art. 303 del Cód. Procesal.

XI. Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, corresponderá revocar la sentencia apelada, desestimar la defensa de prescripción opuesta y hacer lugar a la demanda en la forma precedentemente expuesta. Las costas de ambas instancias se impondrán al banco codemandado en su calidad de vencido (art. 68 del Código Procesal).

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan Manuel Ojea Quintana y Bindo B. Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada, se desestima la defensa de prescripción, y se hace lugar a la demanda en los términos de los considerandos VII a X. Las costas de ambas instancias se impondrán al banco codemandado en su calidad de vencido.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15.11.06 de esta Cámara de Apelaciones. -Bindo B. Caviglione Fraga.-José L.Monti. -Juan ManuelOjea Quintana.