marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, notificación, empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública, reconocimiento en sede judicial, nombramiento, derecho a la carrera, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Baiocco, Omar Antonio c/ Comuna o Comisión de Fomento de Acebal s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 164-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

Cuando se trata de la notificación de un acto administrativo que adquiere particular trascendencia para el administrado por cuanto tiene directa incidencia en su esfera jurídica, reflejándose sobre su carrera administrativa y su remuneración (en el caso, deja sin efecto la designación del actor en el cargo de Coordinador General Administrativo de la Comuna de Acebal y lo retrograda de categoría), debe ser realizada por medio fehaciente, no pudiéndose tenerla por válida con base en simples presunciones, que ni siquiera son respaldadas con otras pruebas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: La Lucerne  S.A.C.I.F. y A. c/ Metalmarne  S.R.L. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de cámara que decidió que no correspondía modificar la imposición de costas dispuesta por otra sala del tribunal en el fallo que la Corte dejó sin efecto porque tal aspecto no había sido motivo de decisión del Tribunal, pues da un alcance inadecuado a esta decisión, ya que el tema accesorio de las costas no podía quedar subsistente al haber variado substancialmente las bases de su imposición.
Jueces, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

El poder judicial está constitucional e indefectiblemente obligado a dar una solución precisa al conflicto o problema, a decir finalmente cuál sea es el Derecho en el caso concreto que se le somete. Siendo esto así y entrando en juego la instancia judicial al final, una vez que han operado la otras piezas del poder público estatal (es decir, tras una secuencia menor o mayor de actuaciones del poder público y de un período más o menos largo), es lógico que la presión social actúe en el sentido de que la intervención judicial resuelva definitiva e íntegramente el problema o conflicto, sin provocar reenvío alguno a nuevas actuaciones de los poderes de 'intervención previa'. Se autoalimenta de esta forma un proceso conducente a considerar la acción de los poderes legislativo y ejecutivo justamente como previa y, en todo caso, provisoria, paso necesario para alcanzar la instancia de debate y resolución finales de las cuestiones. Con ello recaen sobre el poder judicial unas expectativas sociales que éste en modo alguno puede colmar adecuadamente; expectativas que, al frustrarse, generan insatisfacciones, que en gran parte se proyectan injustamente sobre aquel poder, abultando con nuevos reproches las imputaciones de obsolescencia y mal funcionamiento de que -por otras razones- es objeto. (Del voto del Dr. Ulla).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05


COOPERATIVA DE TRABAJO FENIX SALUD LTDA. S/ LE PIDE LA QUIEBRA (PHILIPS ARGENTINA S.A.) 3654/12	Juzg. 15	Sec. 30	14-15-13 Buenos Aires,	5	de junio de 2012.

Y VISTOS:

1. La actora apeló en subsidio la resolución de fs. 59 en la cual se rechazó in limine el presente pedido de quiebra.

Sostuvo el recurso con los agravios expresados a fs. 60/61.

2. El Juez a quo rechazó el pedido de quiebra sosteniendo que el acuerdo transaccional copiado a fs. 13/14 no es suficiente para sustentar la pretensión por no revestir el carácter de título ejecutivo, ni ser un documento privado reconocido judicialmente o de modo auténtico ya que no cuenta con firmas certificadas.

Tiene dicho esta Sala que para promover un pedido de quiebra no es menester contar con título ejecutivo o sentencia a favor, siempre que se satisfaga la exigencia prevista por el art. 83 de la ley 24.522, que se circunscribe a la demostración sumaria del crédito (v. esta Sala, "Tonello, Silvia le pide la quiebra la Banca Nazionale del Lavoro S.A.", del 14.12.04).

No obstante ello, cabe destacar que el acuerdo base de las presentes actuaciones fue celebrado en el marco de una mediación obligatoria, el cual tiene fuerza ejecutiva.

En efecto, dicho acuerdo puede ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencias regulado en el Código de Rito de acuerdo con lo previsto por la ley 24.573: 12.

Sin perjuicio de que no quepa equiparar el resultado de la transacción con una sentencia judicial, resulta que en ambos, al estar sometidos al mismo procedimiento de ejecución (Cpr: 499 y sgtes), el deudor tiene prácticamente agotada la posibilidad de discutir sobre la legitimidad y existencia del derecho (v. esta Sala, "Universidad de Buenos Aires c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes s/ ejecutivo", del 30.10.09).

En vista de ello no se advierte razones para desconocer, al acuerdo obtenido en el marco de una mediación celebrada en los términos de la ley 24.573, aptitud suficiente para sustentar un pedido de quiebra si de sus términos se desprende la existencia de un crédito exigible (LCQ: 80).

3. Por lo expuesto, se resuelve: Admitir el recurso, y revocar la resolución apelada sin costas por no mediar contradictor.

Devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1).

Firman únicamente los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 14 (art. 109 R.J.N.).

MIGUEL F. BARGALLÓ ÁNGEL O. SALA Miguel E. Galli Prosecretario de Cámara
Medidas cautelares, embargo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DAPERNO, FACUNDO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS s/ APELACION LEY 12036
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto en cuanto a los planteos de la aplicación al presente caso del procedimiento establecido para la ejecución de sentencias en la ley 12036 y la afectación específica de las cuentas embargadas- que la Municipalidad demandada alega se utilizan para recibir los importes de la Provincia correspondientes al fondo solidario y al fondo de financiamiento educativo- , las mismas deben formularse por las vías y ante el Órgano jurisdiccional que correspondan.
Defecto legal, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bibiloni de Manisso, María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios MULTICOMPRAS S.A. c/ Stebani, Carlos Omar s/ Cobro sumario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03|1990-07-12

Si bien las falencias en que se vertebra la excepción de defecto legal deben revestir entidad suficiente como para afectar el derecho de defensa de la parte demandada o dificultar la eventual producción de pruebas (arts.345 inc.5, 348 y concds.C.P.C.), es menester observar la obligación que impone el art.330 inc.6 del digesto ritual, en el sentido que en la demanda debe precisarse -aunque fuese aproximativamente-, el monto de lo reclamado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto sobre los ingresos brutos, productor asesor de seguros
Materia: CIVIL
Carátula: JOHNSON Y HIGGINS  S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-01

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según resulta de los considerandos del decreto municipal 6499/67 dictó esta normativa fundándose en el hecho de que la actividad de los productores de seguro constituye una forma de comercialización habitual de los servicios y contratos de seguro y que ellos por "las características jurídicas y económicas de su actividad no puede asimilarse a la figura de un mero intermediario.

En el art. 1 del mencionado decreto se estableció que, a los fines de la liquidación del impuesto a las actividades lucrativas, la actividad de los productores de seguros, quedaba sometida al pago de la alícuota general establecida por "la ordenanza tarifaria vigente y a las disposiciones concordantes de los años anteriores y frente a la Clara normativa introducida en el mencionado decreto, las modificaciones habidas en el régimen impositivo, en el año 1974, mediante la ley 20.634 que sustituyó el impuesto a las actividades lucrativas por el derecho de patente y, luego, 1976 por la ley 21 252, que sustituyó éste por el llamado impuesto a los ingresos brutos, no eran suficientes para que pudiera aplicarse a los promotores de seguros la alicuota diferencial establecida en el art.

25 para los intermediarios, pues ninguna de sus normas variaba la calificación que les otorgaba aquél.

Si existía una ordenanza que establecía que los productores de seguros no eran intermediarios, aún cuando se introdujera un nuevo régimen impositivo no podía aplicárseles en lugar de la alícuota general la diferencial fijada por estos. A ese fin era necesario la derogación expresa de aquélla ordenanza o bien su modificación variando dicho régimen legal. Esta última situación se configuró con la sanción y promulgación de la ley 22.400 (11-2-81) que entrará en vigencia a los 180 días de su publicación (pub. 18/2/81, art. 25) y que reguló la actividad de los productores asesores de seguros, estableciendo que quien se desempeña como tal es un intermediario por lo qué a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el contribuyente no puede invocar los beneficios de la ordenanza 6499/67, que ha quedado derogada, pero sí puede hacerlo respecto de los períodos anteriores a esa fecha y que fueron abonados oportunamente.

En consecuencia corresponde dejar sin efecto la resolución de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires nro. 545 dictada el 12 de mayo de 1982 y el Decreto nro. 3703 dictado por el Intendente Municipal el 6 de julio de 1963 que lo confirmaba.
Admisibilidad del recurso, examen preliminar
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

Expresa MONTERO AROCA y colaboradores que "la primera actuación del juzgado, aparte de la meramente administrativa de registro, va a consistir en decidir sobre la admisibilidad de la demanda... El control de oficio por el tribunal puede recaer sobre requisitos y presupuestos procesales, y hay que distinguir entre defectos insubsanables y defectos subsanables: Insubsanables: Existen supuestos que han de llevar a la inadmisión de la demanda sin posibilidad de subsanación, como es el caso de la falta de capacidad de las partes".
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cuarto, Olga c/ E.C.A.M. S.A.C.I.FI.C. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Según la ley 19724, la registración es obligatoria para el vendedor y facultativa para el comprador (art.12).
Simulación, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagani, Eva y otros c/ Pagani, Adolfo y su sucesión s/ Simulación y colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

El hecho de que el adquirente resulte vendiendo las fincas al hijo del causante justifica la acción, ya que el resultado final de la interposición es que los bienes, después de algún más o menos largo andar, vayan a parar a manos del verdadero beneficiario.-
Contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo, prueba testimonial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Revelero, María Laura  c/ Pozzi, Delia Jerónima  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-09

Si bien es sabido que se puede probar el contrato de trabajo solo con testigos, tales testimoniales deben satisfacer ciertos recaudos, como por ejemplo que surjan datos claros, precisos o circunstanciados sobre la prestación de servicios, lo que no se advierte en el presente caso traído a ventilar, ante la insuficiencia que se desprende de la prueba testimonial aportada por la actora recurrente (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia, agentes de la administración pública, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ROSALES JOSÉ ANTONIO c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

La circunstancia de que la demanda sea entablada por una agente del Estado Nacional -incluso los miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad- no desplaza la competencia de la Justicia Laboral si aquella se encuentra fundada en la ley especial de accidentes de trabajo o en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Nulidad de sentencia, sentencia absolutoria, juicio oral, sentencia arbitraria, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Ricardo Héctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Corresponde anular la sentencia recurrida que decidió absolver al imputado y apartar al juez del Tribunal Oral del conocimiento de la causa, remitiéndola a quien corresponda para que se desinsacule el/los magistrados que deberán realizar un nuevo juicio oral y público, toda vez que el a quo incurrió en una arbitrariedad manifiesta, pues se apartó de manera notoria y evidente de las pruebas objetivas rendidas en el expediente y de la ley penal aplicable al caso.
Acción civil, sentencia, primera instancia, cuestiones prejudiciales, suspensión de la sentencia civil
Materia: CIVIL
Carátula: Pividori, Andrés y otro c/ Expreso  Argentino    CIA.   Com. de Transporte de colectivos  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Si de las constancias de la causa penal resulta que la misma se encuentra en pleno trámite sin haber recaído una resolución definitiva a la fecha de la sentencia dictada en primera instancia en el juicio civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1101 del Código Civil, en virtud del cual correspondía la suspensión del dictado de la definitiva hasta tanto recayera resolución en el proceso criminal, regla que es de orden público, y que el juez debe aplicar de oficio, corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, cuestión de derecho común, capitalización de intereses, anatocismo, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Sonia Mabel c/ Sanatorio Mitre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

El planteo fundado en la capitalización de los réditos cada treinta días, es apto para habilitar la instancia del art. 14 de la ley 48, pues no obstante remitir al examen de una cuestión de hecho y de derecho común, se encuentra privado de apoyo legal y lesiona las garantías contempladas en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, cuestión federal, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Azic, Juan Antonio y otros c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa contra la resolución que limitó la exposición de los alegatos de las partes a un tiempo máximo de doce horas cada una, toda vez que no reviste el carácter de definitiva ni equiparable a tal; los impugnantes no han logrado demostrar cuál es el agravio actual que les genera el pronunciamiento atacado; y no se advierte la existencia de una cuestión federal. Dres. Ledesma, Slokar y David. En el mismo sentido se expidieron en la causa nº CFP14217/2003/711/RH12 "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/recurso de queja", reg. 466, 14/4/16 y causa nº CFP 14217/2003/712/RH13 "Astiz, Alfredo Ignacio y otros s/recurso de queja", reg. 467, 14/4/16.
Confirmación de sentencia, suspensión del acto administrativo, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Prestaciones Sanatoriales San Juan Bautista S.A. c/ Estado Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social  s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

La accionante pide se suspenda la aplicación del decreto 841/2022 que determina, que las entidades privadas deberán pagar a sus empleados una suma de dinero por única vez en diciembre de 2022, toda vez que ello la perjudicaría. Solicitó una medida cautelar para que hasta tanto se resuelva la acción se suspenda la aplicación del decreto 841/2022 respeto de la entidad accionante. El magistrado de grado rechazó la medida cautelar solicitada al considerar que la misma guarda estrecha vinculación con la pretensión que constituye el fondo del asunto y que además no se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Por ello se agravia la actora. Cabe memorar "que la ley 26.854 dispone en su art. 3° inc. 4° que: "(...) Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal." Sin embargo, en casos excepcionales- pueden admitirse medidas cautelares innovativas que coincidan total o parcialmente con lo que es o puede ser objeto de debate en una acción principal, y ello toda vez que a partir del caso "Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf SRL y otros" La Corte ha dejado claramente dicho que la decisión que pudiere recaer al respecto no implica prejuzgamiento y que, cuando la tutela efectiva de los derechos así lo requiere es admisible viabilizar medidas de carácter anticipatorio. Asimismo, para que un planteo como el deducido por la accionante sea viable, los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora deben verificarse en forma suficiente, que no sucede en el supuesto. Cabe confirmar la sentencia de primera instancia.
Daños y perjuicios, prestación de servicios, responsabilidad médica, establecimientos geriátricos, mala praxis, responsabilidad contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ  CARMEN TERESA Y OTRO c/ CASARES ENRIQUE ALBERTO Y OTROS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Siendo que, en el caso, no resulta cuestión controvertida que el cónyuge y padre de las accionantes fue internado en el año 2004 en el geriátrico de titularidad de la parte demandada; y que a raíz de un desmejoramiento de su salud, fue derivado -con fecha 29/05/2005- a un Hospital donde quedó internado hasta su fallecimiento, acaecido el día 31/05/2005; y tampoco se encuentra cuestionado que pesaba sobre el geriátrico la obligación de brindar una asistencia médica y psiquiátrica básica, en ese marco y ante el reclamo de los actores determinando que el centro asistencial sería responsable si la asistencia médica comprometida hubiere sido deficiente y, si como consecuencia de ello, se hubieren ocasionado daños al paciente, cabe señalar que los establecimientos de cuidados especiales como el que conducen los demandados deben actuar con celeridad, precaución, dedicación personal e indelegable y con todos los recursos disponibles que la emergencia requiera y, si violan este deber de cuidado, contribuyendo a aumentar el riesgo para el paciente, que pudo ser evitado o disminuido, lo cual, por lo menos debió intentarse, son responsables por el resultado lesivo a título de culpa. Ello cuando, por sus dotes profesionales, no podían ignorar tales riesgos y han actuado, en cambio, con negligencia e inobservancia de los deberes a su cargo. Es que, en el ejercicio de la medicina está en juego, ya la integridad física, ya la vida del paciente y, toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica en su estado actual, que previsiblemente pueden generar la pérdida de dichos bienes, entra en el concepto de causalidad adecuada (artículos 901, 902, 903 y 904 Cciv). Exigir la certeza absoluta entre tal omisión -como causa- y la pérdida de esos bienes -como efecto- dejaría en la irresponsabilidad a todo acto de mala praxis, pues resultaría materialmente imposible llegar a la comprobación de esa certeza total. El ordenamiento se maneja, en este contexto, con posibilidades reales y no con determinaciones absolutas (conf. CC02 SM, 06/08/1997, "G., C.H. y ots. c/ Prov.

de Buenos Aires Minist. de Salud s/ Daños y Perjuicios"). Por ello es que, a pesar de que el onus probandi incumbe, en su fase primaria puramente material, al pretensor, quien debe facilitar los elementos que permitan vincular la conducta y el resultado, una vez satisfecha esta carga habrá de presumirse la adecuación de las consecuencias dañosas atribuidas a los responsables (artículo 377 Cpr, conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, N° 606, página 269; Adorno, Luis, "La responsabilidad médica", Zeus, T° 29-D, página 117; Brebbia, Roberto, "Hechos y actos jurídicos", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, página 141).
Querellante, facultades del querellante, acusación, acusación fiscal, falta de acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nicolao, Elsa Angélica s/ recurso de casación. Causa: 499
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-20

Resulta excesivo, cuando no hay persecución fiscal, dar al particular damnificado un interés superior al de la sociedad, que no representa.
Transporte de pasajeros, prescripción, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Gloria Ester c/ Micro Omnibus Sur Línea 160 S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios Díaz, Rosa Mabel c/ Compañía de Omnibus Rivadavia S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1998-05-12

Si los hechos por los que se demanda caen dentro del campo de una acción extracontractual, no pudiendo la actora ejercitar opción alguna, la prescripción aplicable es la de dos años que fija el art.

4037 del C.C..
Daños y perjuicios, indemnización, daño psíquico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Danielle Marta Susana c/ Correia Cándido José M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Si no existen en autos probanzas que acrediten la irreversibilidad de la afección psicológica que sufre la actora, no corresponde agregarla a la incapacidad física " permanente", ya que hacer lugar a una indemnización conjunta,- analizando ello desde el punto de vista de la duración o permanencia del daño-, lo que se estaría indemnizando sería la posibilidad de existencia de un futuro daño permanente cuya ocurrencia, en el mejor de los supuestos, sería eventual, conjetural o hipotética, pues no hay seguridad que suceda y el daño para ser resarcible debe ser cierto, sin que quepa indemnizar la mera amenaza o peligro de un daño o menoscabo.
Amenazas, coacción, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Q., F.B. s/ Amenazas en Conc. Ideal c-Coacción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-06

El empleo de amenazas como medio para la obtención de una conducta por parte del sujeto pasivo, no altera el carácter de delito formal o de pura actividad de la coacción..." pues "...la ley actual castiga al que hiciere uso de amenazas "con el propósito" de obtener alguna de esas conductas..." -es decir, hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad-, "...con independencia de que ellas tengan efecto".