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Discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, daño moral, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Naz, Natalia Gabriela c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otro s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Si bien media en el caso despido discriminatorio de la trabajadora, y por consiguiente es procedente la reparación del daño moral, la reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo no resulta imperativo de orden constitucional sino una de las acciones legislativas posibles para dar una respuesta adecuada al agravio ocasionado por el actuar ilícito del empleador, y por otro, que las previsiones de la ley 23.592 configuran una reglamentación de carácter general, que no contempla particularmente las relaciones de trabajo ni expresa la intención del legislador de extender la solución general a dicho ámbito de especificidad normativa, lo cual se hace evidente con solo considerar que, si así fuera carecerían de todo sentido el mantenimiento de reglas de discriminación puntual que, como las propias del art. 178 LCT o la previstas en la ley 23.551, establecen sanciones diferentes y no remiten a la nulidad de carácter general aun frente a los supuestos de discriminación, o la decisión legislativa de no ratificar el Convenio N° 158 de la OIT relativo a las formas de terminación de la relación de trabajo. Por otro lado, la actora fue desvinculada con otros trabajadores por haber recibido una instrucción directa por parte del Estado conforme lo autoriza el art. 5 inc. B) de la ley 23.283, perspectiva desde la cual no resulta necesario recurrir a las figuras de orden laboral para establecer una responsabilidad solidaria que emerge, en forma directa, de su actuar ilegítimo en los términos del art. 1 de la ley 23.592 y de la consecuente responsabilidad establecida por los arts. 1716, 1751 y concs. Del Código Civil y Comercial de la Nación. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría).
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, período de exclusividad, categorización de acreedores, excepciones procesales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: De Miero, María Verónica c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

La decisión que desestima la prórroga del período de exclusividad resulta -en tanto no medien claras circunstancias de excepción- inapelable en virtud de lo dispuesto por la LCQ 273-3° (CNCom, Sala D in re "Combustibles del Paraná SA s/ concurso preventivo", del 20/04/21; entre muchos otros). Desde esa perspectiva, y ante el excepcionalísimo escenario configurado en nuestro país como derivación de la pandemia del Covid-19, corresponde habilitar la instancia de revisión, siempre que el vencimiento del período de exclusividad hubiere ocurrido luego del mes de marzo de 2020 y esa pandemia hubiere sido concretamente invocada como factor disruptivo de las negociaciones y agravante de la crisis empresaria.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., H. R. c/ F., N. s/ Divorcio vincular S., L. c/ O., P. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30|1996-11-12

Los contemplados en el art. 209 del C. Civil se tratan de alimentos limitados a proveer lo necesario para la subsistencia cuando el cónyuge que los reclama carece de recursos propios suficientes y posibilidad razonable de procurárselos, o sea, que se tratan de alimentos en sentido estricto y por ello la norma indica que sólo se tendrán en consideración los elementos de juicio enumerados en los incs. 1º al 3º del art. 207 del ordenamiento legal citado.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, ley de contrato de trabajo, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GORDO, ROSA MIRIAM Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

No podrían aplicarse al caso análogamente las disposiciones del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo efectuada en el fallo recurrido, desde que están expresamente excluidas las relaciones que corresponden al ámbito del empleo público.
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabernet de los Andes S.A. c/ Administrador del Consorcio de Regantes del Dpto. Medanitos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-12

El planteo del apoderado de la demandada se encuentra enderezado a cuestionar y paralizar las medidas acordadas a los fines del cumplimiento de la sentencia, por encontrarse pendiente de resolución el recurso de queja articulado por ante la CSJN, por denegatoria del extraordinario.

Dicho planteamiento debe rechazarse de plano, por cuanto la queja pertenece a una categoría especial de remedios, siendo sólo un medio para obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible, y por sí mismo, carece de idoneidad para introducir variantes en lo que constituye la decisión ya existente.

Mientras la CSJN no lo conceda, no se suspende la sustanciación del proceso. Este efecto no suspensivo de la deducción de la queja se encuentra expresamente previsto en el Art.285, in fine, del CPCN, que no admite duda alguna: ante el mero planteamiento del recurso de queja ante la CSJN y aunque ésta requiera copias de lo actuado o la remisión de los autos, el efecto suspensivo no opera (Conf.: Fallos 259:151; 258:351; 265:336; 286:148, entre muchos otros).

En consecuencia, la queja alegada no obsta a la ejecución de lo resuelto por esta Corte de Justicia, correspondiendo no solo a la parte interesada requerir sino también al Tribunal -como juez de la causa- ordenar todas las medidas conducentes al cumplimiento de la sentencia.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, procedencia del recurso, cuestión federal, cuestiones de hecho y prueba, propiedad intelectual
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Jauregui, Silvia Georgina c/ Ediciones Santillana S.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Los agravios deducidos contra el pronunciamiento que rechazó la demanda tendiente al reconocimiento de derechos intelectuales sobre diversos libros de texto suscitan materia federal suficiente para habilitar el recurso extraordinario, pues si bien remiten a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ello no constituye óbice para la descalificación del fallo cuando en él se omite el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas y conducentes para la correcta decisión de la causa (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, caducidad, interpretación restrictiva, ley procesal, interpretación de la ley, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ENAPRO c/ AGROEXPORT SERVICIOS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 473 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que, más allá de la respuesta que merezcan los planteos relativos a la eventual aplicación de la ley 7.234 al presente litigio y a la concurrencia o no de las condiciones que tornan procedente la caducidad de la instancia (aspectos a ser dilucidados por el tribunal que corresponda, en el ejercicio de atribuciones propias sobre las cuales no corresponde que esta Corte se pronuncie), resulta innegable que en el caso la Alzada ha optado por una hermenéutica que se aparta de las exigencias del debido proceso, omitiendo dar respuestas válidas a concretos agravios esgrimidos por la actora y frustrando de tal suerte su derecho de acceder a lasegunda instancia, que -como es bien sabido- integra la garantía del debido proceso "cuando está instituida por ley".

En ese orden, el criterio de la Sala - al atribuir a la no contestación por la actora del traslado corrido del acuse de caducidad, los efectos propios de un allanamiento, cuando ha mediado el mero silencio de la actora ante un traslado que carecía de apercibimientos legales- no encuentra sustento ni siquiera por vía de una aplicación analógica del artículo 243 del código de rito -que en lo que interesa sólotiene la virtualidad de establecer los límites de la litiscontestatio- por lo que carece igualmente de asidero (y de la consiguiente fuerza justificatoria) la invocación de la pauta del artículo 246 del mismo código, en la medida que los agravios esgrimidos recayeron sobre puntos que sí fueron sometidos a juicio en primera instancia, independientemente de cuál fue la respuesta que allí se adoptara, por lo que en todo caso la naturaleza revisora de la Alzada no se hallaba en juego.
Empleados públicos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTIZ, ANA MARIA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL) s/ AMPARO - TRAMITE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-10

La afirmación meramente conjetural de la decisión administrativa de disponer el traslado del agente, es insusceptible, por sí sola, para transitar la vía del amparo, en lo demás, no se está frente a la violación de garantías constitucional alguna, ya que la retribución presupuestaria del agente no aparece afectada, siendo que, por lo demás, la sola amenaza no se perfila como vejatoria, ni traduce el propósito de obligar a la actora a tomar una actitud que lo condujera a su separación.
Tercería de dominio, bienes muebles
Materia: CIVIL
Carátula: Rubio René Armando en autos:"Zeinsteger Pedro E." c/ Monte Grande S.R.L. s/ Embargo Preventivo. Rubio René Armando en autos:"Zeinsteger Pedro E." c/ Monte Grande S.R.L. s/ Embargo Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-03-17|1993-03-17

El art.2412 del Código Civil establece la presunción de que la prueba del dominio actual de los bienes muebles depende en gran parte de la prueba de la posesión, resultando útil pero no suficiente la prueba del título o del hecho constitutivo del dominio en éstos casos.Existe un interés práctico en establecer cuando el poseedor es verdaderamente tal o cuando por el contrario es un simple tenedor, debiendo presumirse la existencia de la posesión y quedando a cargo del que reclama la restitución de la cosa, la prueba del contrato o acto jurídico invocado, para sostener que se trata de una simple tenencia.
Empleados públicos, remuneración, presunción de onerosidad, trabajo ad honorem, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

"Cabe recordar que el principio general es que, salvo disposición expresa en contrario, la gratuidad de las prestaciones de los agentes no se presume; por el contrario el derecho al salario es esencial a los agentes públicos, atento el carácter de retribuidos de sus servicios. En lo cual coincide el art. 23 LCT, que se aplica a los empleados del sector privado a los que alcanza ese régimen laboral.

No existe razón para apartarse de la solución prevista en el art. 1627 C.Civ., que establece la presunción de onerosidad de los servicios prestados, analógicamente aplicable a todo evento. Así ha dicho este Superior Tribunal que 'Rige en el sector privado el principio de que la onerosidad de los servicios se presume; no hay razón alguna que obste a que dicho criterio se aplique en el Derecho Público'".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia condenatoria, homicidio culposo, responsabilidad penal, responsabilidad médica, mala praxis, médico anestesista
Materia: - PROCESAL - PENAL
Carátula: Peleriti, Humberto Rosario s/ homicidio culposo - causa n° 19.339-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que condenó a un anestesista por homicidio culposo (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Estado Provincial, facultades legislativas, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molina Luis c/ Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S263 - 119)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-08

La facultad legisferante de las provincias respecto a la prescripción en materia administrativa es indiscutible pues éstas sólo han delegado algunas funciones al Poder Central, entre ellas la de dictar el Código Civil que regula el instituto sólo en materia privada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garbarini Paola F. y otro c/ Bianchi María Claudia y otros s/ Intervención de Sociedad remoción de directorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La Constitución Nacional no consagra derechos absolutos y todos los derechos constitucionales se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, si son razonables, no admiten impugnación constitucional.
Impuesto de sellos, boleto de compraventa, jurisdicción
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: SORIVA, RICARDO s/ RECURSO  DE APELACION - BOLETO DE COMPRAVENTA - IMPUESTO A LOS SELLOS PICASSO, EMILIO ALBERTO s/ RECURSO  DE  APELACION - IMPUESTO DE SELLOS - BOLETO DE COMPRAVENTA -  INMUEBLES EN JURISDICCION PROVINCIAL GESINIO ROGELIO s/ RECURSO  DE  APELACION  IMPUESTO  DE SELLOS - BOLETO DE COMPRAVENTA -  INMUEBLES EN JURISDICCION PROVINCIAL VIACAVA, JORGE s/ RECURSO  DE  APELACION  IMPUESTO  DE SELLOS - BOLETO DE COMPRAVENTA -  INMUEBLES EN JURISDICCION PROVINCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-17|1981-09-17|1981-09-17|1981-09-17

"Quedan sujetos al impuesto de sellos los boletos de compraventa a que se refiere el artículo 16 inc. b) de la ley de sellos ( texto según ley 18.524, anterior a la ley 22.364) cuando se relacionan con una transferencia de dominio sobre inmuebles ubicados en jurisdicción provincial".-
Excarcelación, revocación de la excarcelación, orden de captura, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R. C., R. J. s/ Exención de prisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

La defensa del imputado apela el auto que rechaza la exención de prisión bajo cualquier tipo de caución.

Precisa la Sala que el magistrado de la instancia de origen no ha procedido conforme lo establece el artículo 329 del C. P. P. N. porque después del informe actuarial, no se intimó al imputado para que compareciera a estar a derecho y tampoco se notificó de esa circunstancia al fiador, a quien debió habérselo apercibido de que la caución se haría efectiva al vencimiento del plazo. Que tal omisión torna inválida la decisión por la cual se revocó la excarcelación oportunamente concedida y se hizo efectiva la fianza depositada, por lo que resuelven en ése sentido.

A su vez, respecto de la orden de captura dispuesta que no perdió su vigencia -a la luz de la letra del artículo 329 C. P. P. N.-, señalaron que si bien el imputado registraba una condena y una causa en trámite, al no poder concluir con certeza que el imputado haya estado en conocimiento de la citación que se le cursara, con un domicilio constatado debidamente, debe prevalecer su voluntad de someterse a la jurisdicción, pues en definitiva hacer lugar a su petición garantizará la realización del juicio y la aplicación del derecho sustantivo. Por ello es que revocan el auto que denegó la exención de prisión solicitada, concediéndola bajo caución real de mil quinientos pesos.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, incongruencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, gastos del proceso, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Alfonso, Hugo c/ Asociación Mutual Ruta s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Regulación de honorarios (Expte.:  C.S.J. N  296 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demanda si de la confrontación de sus argumentos con el decisorio en crisis, surge que el Tribunal a quo al imponer los gastos causídicos incurre, por un lado, en autocontradicción y, por el otro, en un palmario apartamiento del régimen de costas que establece el Código Procesal Civil y Comercial. En efecto, conforme se desprende del relato de la causa, la actora dedujo demanda solicitando la regulación de honorarios por trabajos extrajudiciales que consistían en: a) presentación de la Asociación Mutual Ruta a la concesionaria; b) asistencia y asesoramiento profesional a la accionada en las reuniones de negociación del aludido convenio; c) el esbozo de un proyecto de contrato de compraventa y puesta en consideración de ambas partes para su corrección y aprobación; y d) redacción del texto final y asistencia en el acto de firma. Esa pretensión primigenia fue reconocida por la Sala en forma parcial, desde que ésta se limitó a tener por acreditadas las tareas reseñadas solamente en los puntos c) y d). De allí, entonces, que imponer las costas siguiendo el "...sentido del vencimiento objetivo de la ley formal..." -como lo sostiene el A quo- , aparece como una inconsecuencia lógica con el resultado del pleito al cual arribó el Juzgador, esto es, que la actora no obtuvo en la sentencia todo lo que pretendía en la demanda sino un cincuenta por ciento.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, tasa pasiva, banco central
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Getino, Nicolás Froilán. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

A partir del 1. de abril de 1991, y hasta el efectivo pago, los intereses deben calcularse según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.
Inadmisibilidad del recurso, recusación, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente, fallos de la Corte Suprema, defensa en juicio, debido proceso, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, Gerardo Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el pretenso querellante toda vez que la decisión recurrida en casación no encuadra en las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. Ello, en la medida en que el rechazo de la recusación planteada no constituye un pronunciamiento de carácter definitivo, ni se equipara a éste, en tanto no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena y el recurrente tampoco demuestra suficientemente la existencia, de una cuestión federal. Ello, pues no se verifica en el particular la concurrencia de los presupuestos tenidos en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver in re "Llerena", por cuanto el impugnante no ha logrado acreditar objetiva y razonablemente la existencia de temor fundado de parcialidad, que comporte el alegado riesgo de afectación del derecho de defensa y el debido proceso legal. Por otro lado, la parte recurrente no ha logrado demostrar que se configure en autos el supuesto legal previsto en el inc. 8 del art. 55 del Código Procesal Penal de la Nación -el que ni siquiera fue expresamente invocado por el pretenso querellante en sus presentaciones-, ni alguna de las causales previstas en el ordenamiento procesal. Ello, ya que conforme lo sostuvo el propio recurrente así como el "a quo", la denuncia formulada por el pretenso querellante contra los magistrados recusados- la que no fue debidamente identificada por el presentante- "no prosperó", por lo que carece de relevancia a los efectos de la configuración del inciso mencionado. Dres. Catucci, Riggi, Yacobucci
Recurso de revisión penal, ley penal más benigna, robo con armas, arma simulada
Materia: PENAL
Carátula: SÁNCHEZ, Nestor Martín y Gallastegui Sergio s/ por Robo Agravado y Hurto Calificado Encubrimiento y Estafa en perj. de la Firma Comercial Roberto Basualdo - Recurso de RevisiónROBO AGRAVADO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-13

Para determinar la benignidad de una ley la comparación debe hacerse en el caso concreto, esto es, en relación particular al enjuiciado y en el momento de aplicar la ley, aunque ello no deroga la exigencia de objetividad, pero comprende las circunstancias personales de los arts. 40 y 41 del Código Penal, examinables en el contexto del nuevo régimen penal.

Por ello es incorrecto sostener que, ante cambios de escala, la pena debe modificarse en proporción matemática pues ignora una regla extra legem y, por otra parte, resulta insostenible cuando la sucesión es entre penas graduables y penas fijas, o cuando la proporción de las escalas entre sus extremos varia sustancialmente.

Asimismo deben tenerse en cuenta los textos legales en todo su contenido, contemplando la escala penal, los elementos constituidos de las figuras y también las circunstancias agravantes y atenuantes.

La Ley 25882 (B.O.26-04-04) sustituyo el art. 166 del Código Penal, que preveía una escala penal de cinco a quince años de reclusión o prisión "si el robo se cometiere con armas......".

El nuevo texto de la norma modifica la figura del robo calificado por armas estableciendo una estructura al tipo y consiguientemente distintas escalas punitivas. En cuanto al tema puntual del remedio impetrado, el art. 166 inc. 2, en su tercer párrafo, se establece que "Si se cometiere un robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión", surgiendo en forma elocuente la benignidad de la nueva norma en cuanto a la reducción de la pena impuesta.

Surge de todo el contexto de las actuaciones principales que el arma utilizada para perpetrar el ilícito no fue secuestrada. Frente tal cuadro de situación, resulta que la falta de secuestro del arma como así también la inexistencia de otros elementos probatorios habilitantes, es un obstáculo insalvable para la acreditación de su aptitud para el disparo. Y es allí entonces donde adquiere operatividad la nueva ley, por ser mas benigna, correspondiendo hacer aplicación de la norma del artículo 457 inciso 5 del C.P.P.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, sucesiones, acciones de estado, acciones de filiación
Materia: PROCESAL
Carátula: P., A.E.E. c/ Y., Z.F. y otro s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

1- Las acciones de estado de familia, de las que resulte o pueda derivar una pretensión del reconocimiento de un llamado a la herencia -entre las que se hallan comprendidas las acciones de filiación- están sometidas al fuero de atracción de la sucesión por estar alcanzadas por las disposiciones del inciso 1º del art. 3284 del Código Civil. 2- Las razones de índole superior que inspiran el fuero de atracción del juicio sucesorio, en tanto institución de orden público, prevalecen sobre las que justifican la atribución de la competencia a un juzgado de familia.