marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Eduardo E. c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-07

Es verdad que en algunos casos las irregularidades del procedimiento administrativo quedan superadas si el perjuicio puede remediarse a través de la plena revisión judicial de aquellos trámites y actos consiguientes, más en la especie, a la falta de audiencia, se añade el hecho de que la Resolución TC nro. 210/95 se limita a exponer los argumentos demostrativos de la efectiva producción de demoras en los plazos concedidos para que el I.S.S.P. presentara las rendiciones de cuentas, pero no contiene ninguna referencia y análisis de las razones que el ente autárquico asistencial dedujo para explicar sus incumplimientos. Cualquiera que fuera el mérito de esas excusas y su consiguiente procedencia o improcedencia, lo cierto es que no puede ignorárselas y debieron abordarse en la evaluación de los antecedentes que constituyen la causa del acto administrativo, para que la motivación sea cabalmente aceptable (art. 99 inc.e ley Nro. 141) (del voto del Dr. González Godoy).
Responsabilidad del peatón, obligaciones del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: Q., S. c/ A., H. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-08

"Si bien en cabeza de los conductores pesa el deber de actuar con cautela y prever conductas distraídas o imprudentes de los peatones que conforman riesgos comunes a la circulación vehicular, ello no justifica el obrar temerario de los paseantes quienes también deben ajustarse a los dictados de una adecuada disciplina vial".
Carácter remuneratorio, sueldo anual complementario, ley vigente, aportes previsionales, Fondo Nacional de la Vivienda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: METALURGICA CONSTITUCION S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Si bien la ley 23.041 modificó el sistema para su determinación, el sueldo anual complementario conserva el carácter de salario diferido, no pudiendo confundirse su naturaleza con la fecha de pago ni con la base sobre la que debe calcularse. En consecuencia, atento la fecha de vigencia de la ley 23.060, para el calculo de la contribución por ella restablecida -con destino al Fo.Na.Vi.-, sólo deben computarse aquellas remuneraciones devengadas a partir del 1 de abril de 1984, quedando sujetos al gravamen los haberes correspondientes al S.A.C. del trimestre abril, mayo y junio de dicho año, puesto que el derecho al cobro del aguinaldo nace originariamente al momento de cada remuneración. (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz voto en disidencia).
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Paz Miguel Ángel y otros c/ Tecotex S.A.C.I.F.I.A. s/ Enfermedad accidente/profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-06-25

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora toda vez que no encuentro reprochable que la Cámara haya afrontado, como tarea primordial dentro del juzgamiento del presente caso, la determinación de la vinculación causal de las tareas desarrolladas por los actores como trabajadores a las órdenes de la demandada y la afectación actual a su estado de salud; esto es, la determinación de la existencia de una enfermedad nacida del trabajo desarrollado por los actores. En las concretas circunstancias de este caso, en donde dichas enfermedades profesionales no se encuentran en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, por un lado, y en donde los actores reclaman la inconstitucionalidad de la limitación establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo a la indemnización tarifada ajustada exclusivamente a aquellas enfermedades que el Congreso delegó en el Ejecutivo que determine, por el otro, la falta de respuesta en un plazo determinado debe ser entendida en su justa medida, ya que la existencia de un deber jurídico de pronunciarse en cabeza de la aseguradora sólo encuentra sentido dentro del orden sistémico de la ley de riesgos del trabajo y no fuera de ella.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, proceso penal, juicio oral, instrucción suplementaria, auto de procesamiento, tribunal oral, competencia funcional, Cámara de Apelaciones, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002) INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Es inadmisible lo argumentado por el recurrente al cuestionar la revocación del auto de procesamiento alegando el cercenamiento para impugnar la decisión por recursos ordinarios, desde que no exterioriza que hubiere dogmatismo en el razonamiento del A quo al distinguir entre la situación de la Cámara como instancia revisora y la de aquélla erigida en Tribunal Oral de Instancia énica, haciendo alusión a que "en este especial y excepcional sistema de enjuiciamiento elegido esta Cámara no está actuando como tribunal revisor de alzada sino en instancia originaria y única", a lo que añadió que "Si bien es cierto la revocación o reforma del procesamiento a decidirse como se propone, constituye pronunciamiento sobre el cual las partes carecerán de facultad de apelación como puede otorgársele durante la instrucción original, tal es la consecuencia derivada del sistema de enjuiciamiento en instancia única por el que se optó; y esa veda impugnativa no difiere de la que también comprende a la sentencia definitiva que se dictará de llegarse al juicio", dejando debidamente sentada la diferencia en la situación en el ámbito de actuación del juez de sentencia; y ante lo cual el compareciente sólo endereza planteos que reflejan únicamente su disenso al respecto. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Procedimiento laboral, diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: LABORAL
Carátula: Infoconsulting  Buenos  Aires  SA c/ Cisternas Jacqueline Carla yotros s/ diligencia preliminar.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-20

El secuestro de documentación a efectos de resguardar la producción de una eventual prueba presenta caracteres cautelares que exigen no solo la debida identificación y prueba sumaria del peligro, sino también la acreditación de la verosimilitud del derecho del pretendiente, pues no resulta factible que un tribunal de justicia disponga el allanamiento a la privacidad de una persona a mero requerimiento de otra.
Derecho constitucional, control de constitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-19

Son inválidos los decretos de necesidad y urgencia 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003 que desconocen naturaleza salarial a la "asignación mensual no remunerativa de carácter alimentario", pues no se ha demostrado que hubiesen sido sometidos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, por cuanto a la fecha en que fueron dictados no estaba constituida y por lo tanto, no hubo pronunciamiento oportuno por parte de las Cámaras del Congreso. (del voto de la Dra. Argibay)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUANCA, Francisco Jesús; MUSAIME, Carlos Ramón y otros c/ SENDAS NORTEÑAS S.A. s/ ENTREGA DE DOCUMENTACION. LIQUIDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-08

No corresponde en la Alzada el tratamiento de cuestiones que no han sido sometidas al Tribunal de primera instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa inmobiliaria, vicios, precio, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-02

Es procedente la reducción del precio cuando falta una de las cualidades esenciales de la cosa vendida que no puede ser advertida al momento de su recepción, como en el caso de autos, en que los vicios objeto de la litis son verdaderas fallas de carácter estructural, inapreciables a simple vista por un particular o incluso por un técnico, pues para su detección fue necesario proceder a excavaciones.
Concurso preventivo, quiebra, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NEDER, JOSE EMILIO S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-03

El fuero de atracción es de orden público, por lo tanto todo proceso de carácter universal conlleva inherente este rasgo y en consecuencia en la quiebra se impone este principio.
Caducidad de instancia, buena fe procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cámara, Carlos Crisanto; Cámara Martín, Carlos y Cámara, Adriana Sandra c/ Clínica Grupo Suizo de Salud Mental, Menéndez Victoria e Instituto Geriátrico Suizo Argentino s/ Daños y Perjuicios con Resp. Contractual del Estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

La única prueba pendiente al momento de resolverse la caducidad de la instancia era una informativa que había sido ofrecida y aún no producida por quien en definitiva, solicitó la declaración de caducidad, tratándose de una actitud reñida con los principios de buena fe y lealtad que deben campear en el proceso -art. 34 inc. "d" del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires- (del voto del Dr. Méndez).
Mutuo hipotecario, nulidad del contrato, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: FITTIPALDI, GUILLERMO c/ BASEL CIA. FINANCIERA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Para determinar la existencia de la lesión que permita declarar la nulidad de un mutuo con garantía hipotecaria, es necesario precisar la existencia de desproporción entre las partes mediante una comparación, pero no cualquiera sino la que resulte mas acorde con las características del negocio en cuestión, de allí que la pauta mas propicia no es comparar el índice de fluctuación entre el interés pactado y la inflación operada durante la vigencia del contrato, sino la comparación entre negocios similares, como otro mutuo con garantía hipotecaria, ya que ello es el índice mas claro respecto del mercado relativo a ese tipo de operaciones.

(En el caso se comparo con otro mutuo con garantía hipotecaria celebrado contemporáneamente por el deudor con otra entidad bancaria, de similares características, las que por otra parte eran conocidas por este atento su calidad de corredor inmobiliario, determinándose el rechazo de la nulidad planteada).
Impuesto inmobiliario, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Y.P.F. c/ Poder Ejecutivo de Mendoza s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-02-02

Para fundar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, resulta necesario, determinar qué es el impuesto inmobiliario, cuál es su naturaleza, el hecho, la base imponible. El impuesto inmobiliario, también denominado contribución territorial, contribución inmobiliario, o contribución directa, ha sido calificado como un impuesto real u objetivo por aplicarse en función de la tierra y edificios, sin atender a las condiciones personales de los contribuyentes. Por disposición del Código Fiscal, la base imponible deberá efecutarse sobre la base del avalúo fiscal vigente, y conforme a la o las alícuotas que fije la ley impositiva. El avalúo fiscal está compuesto de la suma del valor del terreno y el de las mejoras computables.
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miño, Angela Rafaela c/ López, Fernando Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La violación constitucional del decreto 260/97 es doble, pues no sólo se afecta a un derecho, sino a un derecho declarado judicialmente. El decreto 260/97 provoca la violación a lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución, la desigualdad que introduce resulta de ser una moratoria sectorial.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, menores, convenio de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guacone Julio Rubén y otra c/ Budiño Néstor Eduardo y/o quien resulte propietario responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

La autorización referida al pacto, que justifique la disposición de parte importante del patrimonio del menor, debe fundarse en datos de necesidad y notoria ventaja para éste. Y en tal sentido es advertible que la actuación mediante el beneficio de litigar sin gastos señala la posibilidad de representación del defensor oficial con la consecuente gratuidad derivada de dicha asistencia. Frente a ello, la incomodidad en la comunicación y la alusión al conocimiento del profesional, que se argumenta, distan de ser imprescindibles para respaldar, en pro del menor, la merma económica que derivaría del acuerdo llevado a cabo por el progenitor.-
Incidente de nulidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: URIARTE CARMEN ROSARIO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA s/ INCIDENTE DE HOMOLOGACION DE CONV. DE HONORAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

En determinados supuestos, una sentencia definitiva -de la instancia que fuere- puede ser objeto de un incidente de nulidad en tanto se den ciertos presupuestos excepcionales. En ese sentido, la Corte Suprema -con motivo de un planteamiento efectuado por una de las partes- declaró la nulidad de un fallo suyo por cuanto, por error, fue firmado por un ministro que se había excusado de entender en la causa.
Empleados públicos, funcionarios de facto, remuneración, enriquecimiento sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

"Respecto de los sueldos percibidos, es justamente la doctrina del funcionario de hecho la que explica y da solución a la cuestión. Si estuviéramos en presencia del usurpador es decir, de aquél que se apodera e inviste 'per se' como agente público, denotando una actividad, sin lugar a dudas dolosa no cabe duda de que no correspondería ningún derecho creditorio. En cambio, distinta es la solución que corresponde al funcionario de hecho, ya que si bien los sueldos percibidos no encuentran amparo en la norma estatutaria, sí lo encuentran en los principios del enriquecimiento sin causa".
Daños y perjuicios, calumnias
Materia: CIVIL
Carátula: Triaca, Alberto Jorge c/ Diario La Razón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

El calibre indudablemente grave y acusador de delitos de las declaraciones hace necesaria una especial prudencia por parte de la comunicadora de la información, lo cual, tratándose de la posible difamación o atribución de diversas conductas penalmente reprimidas debe cuidar al límite máximo sus precauciones antes de emitir el cable informativo.
Excepción de incompetencia, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: ABRUTIN, David y otros c/ SANCHEZ, Adolfo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-17

Eluden el fuero de atracción la ejecución de la garantía prendaria o hipotecaria (conf.,Cámara, H "El Concurso Preventivo y la Quiebra" edición 1980, Vol.I, pág. 516, letra b; Argeri, Saúl A., "La Quiebra y demás Procesos Concursales", edición 1972, Tomo: 1, pág. 272, punto: III, letra b) de manera que en un juicio de esa naturaleza no procede la excepción de incompetencia fundada en el instituto señalado.
Concurso de delitos, hecho único
Materia: PENAL
Carátula: N., B.I. s/ Robo tentado en C. R. con Resistencia a la Autoridad en C. I. Con Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-18

Por "unidad de hecho" se entenderá entonces la existencia de movimientos voluntarios que responden a un plan común "...y que son típicos de un ti-po que admite una pluralidad eventual de movimientos..."; cuando el tipo "... requiera expresamente una pluralidad de movimientos..."; cuando "...la realización de otro delito aparece como elemento subjetivo del primero..."; cuando "...el segundo tipo se cumple como una forma de agotamiento del primero..."; en el "...delito permanente o continuo..."; cuando se trata de "...tipos que admiten o requieren el cumplimiento por un medio simbólico..." y entonces se considera de modo unitario "...todos los movimientos que tienen unidad simbólica..."; la omisión de evitar varios resultados en los delitos de omisión; en los delitos de realización progresiva; en el delito continuado.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ARREGUI, Nicolás Eduardo c/ Tieri, Patricia Imelda s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-12-14

La preparación de la vía ejecutiva (reconocimiento ficto de documento y firma) aún con la planilla de liquidación practicada por el ejecutante, no conlleva a la conformación de un título ejecutivo (art. 488 inc.1 y 489 y 490 del C.P.C.), desde que el documento en el caso, "Pacto de Cuota Litis", carece -reitero- de los requisitos de liquidez y exigibilidad propios de aquél.
Recurso de casación, costas, Derecho laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Aguila, Alvarado Adelaida c/ Fuhr, Carlos Wilfredo y Casa de Repuestos Fuhr s/ Laboral - Ley 9688 - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-03-29

En materia de imposición de costas, el derecho laboral se haya sujeto a las mismas directivas que cualquier otra especialidad del derecho; la materia de la condenación en costas es típicamente procesal, y no difiere ni se halla influenciada por el derecho de fondo que los litigantes hayan puesto en juego; y la conducta procesal de los litigantes en los procesos derivados del proceso laboral, esta sujeta al mismo sistema general de imposición de costas.
Incongruencia, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernardin SAIC s/ Concurso comercial preventivo. Incidente de regulación de honorarios.  Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso Extraordinario (Expte. CSJ  Nro. 293-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

La autocontradicción y prescindencia del artículo 3 de la ley 7055 imputada a la sentencia recurrida carece de consistencia en tanto no se advierta que el fallo incurra en irremediable incongruencia interna, de suerte que las proposiciones que lo integren resulten ininteligibles y sea menester acudir a aportes argumentales extraños a su contenido para tornarlo comprensible, correspondiendo denegar el recurso extraordinario (ley 48) interpuesto.
Infracciones laborales, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SPEEDAGRO S.R.L. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-04

No se encuentra configurado el agravio relativo a la falta de declaración de la prescripción de la infracción - pese a haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 54 de la Ley 10.468- por entender la recurrente que el plazo pertinente debe contabilizarse hasta la fecha en que su parte fue notificada, desde que se desentiende de la argumentación de la Sala en el sentido de que las acciones emergentes de las infracciones impuestas por la Secretaría de Estado de Trabajo prescriben a los dos años, remarcando los juzgadores que , luego de impuestas las sanciones correspondientes, el término prescriptivo se interrumpe por los actos encaminados a obtener su cobro, concluyendo que la norma no contempla prescripción durante el trámite administrativo, sino sólo antes y después del mismo.
Asociaciones sindicales, tutela sindical, acción de amparo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: O., S.O. c/ U.T.A. TW s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-31

La intención del legislador ha sido cubrir con la acción del artículo 47 de la Ley 23.551, todas aquellas situaciones jurídicas que no presentan en el régimen legal (que integra con carácter de atención prioritaria el estatuto que norma la vida interna del gremio de la actividad) otro medio expresamente previsto para alcanzar el mismo fin de protección de derecho. Y es indudable que el estatuto contempla vías de reclamo que se presentan adecuadas para un adecuado, eficaz y pronto resguardo del derecho que se dice afectado por los actores.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donnarruma c/ Caja Banco Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

En los términos del art.149 inc.1 de la Constitución de la Provincia, parte interesada son todos aquellos sujetos comprendidos en las disposiciones impugnadas, o a los cuales ellas deban aplicarse, y que se consideren agraviados en razón de su incompatibilidad con un derecho, exención o garantía reconocido por alguna cláusula constitucional.
Impuestos, régimen penal tributario, personas jurídicas, dolo, notificación, presentación extemporánea, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: ESCAÑO, ANTONIO JESUS s/ Incidente de nulidad Causa Nro. 35077.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

1-Corresponde revocar el procesamiento apelado por no ajustarse a derecho si el requerimiento de instrucción no indica quienes serían las personas imputadas, siendo que la norma aplicable (Ley penal tributaria) señala que en los casos de sociedades incurren en el delito sus directores, administradores y mandatarios que hubieran intervenido en el hecho (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 2-En el caso, la denuncia que dió origen al requerimiento de instrucción, se refiere a la omisión de presentar declaraciones juradas de los impuestos a los activos y a las ganancias que correspondía tributar a una sociedad anónima, omisión cuyo cumplimiento fue intimado por la Dirección General Impositiva notificando a una persona que se identificó y acreditó como apoderado de la sociedad, no obstante lo cual el juez, habiendo averiguado quienes eran lo directores del ente ideal dispuso escuchar como sospechoso al presidente del directorio quien dijo no haberse enterado de la intimación, advirtiendo que su receptor habría omitido comunicárselo y que tan pronto supo de ella procedió a presentar las declaraciones omitidas. El carácter doloso de la omisión desaparece al demostrar un serio empeño en cumplir y el cumplimiento tardío es un indicio de ese empeño (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 3-El delito que se imputa es una pura omisión y para entender configurada esta clase de delitos, debe existir una situación objetiva o situación típica cuyas circunstancias deben estar descriptas en la ley (Cf. Jescheck, Tratado de derecho penal, Trad. por Mir Puig y Muñoz Conde, Barcelona, 1981, v.2, p.848); en la figura en cuestión tal situación objetiva consiste en haber sido notificado de la intimación para presentar la declaración. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Gastos del proceso, costas
Materia: CIVIL
Carátula: J.M., C.E. c/ M., A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-08

"... Las costas son una institución de carácter eminentemente procesal, que en lo que se refiere a nuestro ordenamiento formal receptan el principio doctrinario de que tal condena está justificada con el solo hecho objetivo del vencimiento...".