Ejecución de la pena, libertad condicional, denegatoria del recurso, acción de inconstitucionalidad, deberes y facultades del fiscal, actos preparatorios, derechos y garantías constitucionales, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina, Juan Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Corresponde rechazar el recurso deducido, contra la decisión que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 56 bis de la ley 24.660 -según texto ley 27.375- y 14 inc. 10 del CP, articulado por la defensa de Juan Ramón Molina, y denegó la incorporación del nombrado al régimen de libertad condicional. En primer lugar, cabe apuntar que la opinión favorable del Fiscal ante esta Cámara Federal de Casación, aún desde la perspectiva de las reglas propias del sistema acusatorio, no puede ser en modo alguno determinante, cuando de lo que se trata es de analizar la constitucionalidad y legalidad normativa y, por lo demás, sus argumentos no encuentran fundamento definitorio sobre el tema. Así las cosas, con relación al fin de reinserción social de las penas y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin, no se advierte que el instituto establecido en el art. 56 quater impida su conquista. En efecto, el régimen preparatorio para la liberación consiste en un período de preparación y otro de salidas, las que se realizarán primero con acompañamiento y luego sin supervisión. Así, se observa que la específica normativa aplicable al encausado tiene por norte su resocialización a través de un sistema que es en sí mismo progresivo. En este punto, corresponde remarcar que la libertad condicional es una forma, entre otras, de receptar el principio de readaptación social de los condenados. Por lo tanto, no es el único medio o instituto posible para cumplir ese objetivo, ni ese mecanismo resulta excluyente y exclusivo a esos fines, de modo que implique en su peculiaridad, un derecho constitucionalmente reconocido como tal. En consecuencia, la legislación local tiene bajo su competencia seleccionar los instrumentos concretos orientados a ese fin, sin entrar en contradicción con las reglas convencionales sobre la cuestión. Por otra parte, también incumbe desestimar el planteo de la defensa relativo a que la restricción al acceso a la libertad condicional implica desligarse de la conducta del condenado durante la ejecución de la pena y a su evolución individual en el tratamiento penitenciario. Esa consideración omite apreciar las regulaciones de la propia norma del régimen preparatorio para la liberación, pues en su misma sistemática establece que "siempre que el condenado hubiera observado con regularidad los reglamentos carcelarios y, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social". En referencia al principio de igualdad y al establecimiento de diferentes regímenes penitenciarios, se observa que el criterio adoptado por el parlamentario ha sido el delito por el que la persona resulta condenada (art. 14 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660) lo cual no luce arbitrario o indebido. En efecto, se trata de un elemento objetivo que el legislador ha previsto en función de la peculiaridad, gravedad y lesividad que representan cierto tipo de injustos. En este punto hay una fundamentación directamente vinculada con la responsabilidad por el hecho, pues este último concepto -en términos constitucionales y penales- exterioriza la naturaleza e intensidad del injusto que marca la extensión de la culpabilidad del sujeto al que se le atribuye. En este caso, la culpabilidad por el hecho - injusto- es la base con la que se determina la peculiaridad del régimen aplicable que no expresa, por lo antes señalado, la neutralización o aniquilamiento de la orientación resocializadora. Y eso no implica acoger criterios relativos a la peligrosidad de la persona, lo que podría resultar incompatible con un Estado de Derecho Constitucional. Antes bien, se trata de la valoración que de los delitos ha hecho el órgano encargado de sancionar las leyes y que no se muestra irrazonable ni contrario a las garantías constitucionales del condenado. El voto concurrente afirmó que la defensa se ha limitado a invocar supuestos defectos de fundamentación en la resolución a partir de una discrepancia acerca de la interpretación de la normativa aplicable, que, de su parte, el a quo evaluó correctamente, atendiendo a las particulares circunstancias fácticas de la situación procesal de Molina, y conforme a la normativa legal que regula los institutos del régimen progresivo de ejecución de la pena. La disidencia sostuvo que la posición asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia -el que alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación-, más allá de su acierto o no sella la suerte favorable de la solicitud y limita la jurisdicción para adoptar una solución más gravosa (cfr. mutatis mutandi, causas, no FMZ 43371/2017/TO1/5/1/CFC1, caratulada: "Vegas Rodriguez, Yasmin Ayelén s/recurso de casación" (reg. no 469/20, rta. 10/6/2020; entre otras). Dres. Mahiques - voto concurrente, Yacobucci y Slokar -en disidencia-.