Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-12-27


Río Gallegos,	27	de noviembre de 2012.- Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "MACKENZIE DE HEWLETT MAYO FRIDA c/ COPPOLA SEBASTIÁN HECTOR s/ PREPARA VIA EJECUTIVA", Expte. Nº M-13.356/08 (M-1.785/10-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y, CONSIDERANDO:

I.- Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por el demandado a fs. 320/333 vta., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 301/308 vta..- El fallo atacado hace lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, disponiendo "Revocar la condena al pago de la indemnización por falta de preaviso por rescisión anticipada.

Condenar al demandado al pago de las deudas por rescisión anticipada por la suma de mil doscientos ($ 1.200), tasa de barrido y limpieza, expensas comunes, facturas de servicios públicos y el alquiler de noviembre de 2007 en forma íntegra Imponer las costas de la primera instancia al demandado vencido en lo principal y las de segunda instancia por su orden" (confr. fs. 308 vta.).- La sentencia de primera instancia había admitido parcialmente la excepción de inhabilidad de título en relación a la tasa de barrido y limpieza, expensas comunes e "indemnización por rescisión anticipada", rechazando en lo demás pretendido (en cuanto a 21 días del mes de noviembre debido en concepto de alquiler, la suma reclamada por la factura de SPSE, e indemnización por falta de preaviso).

La Cámara, advertida por el recurrente de la contradicción entre lo argumentado en los considerandos y la parte dispositiva, subsanó el defecto de la sentencia, entendiendo que se había rechazado la excepción opuesta respecto a la indemnización por rescisión anticipada, y se había hecho lugar a la defensa del demandado respecto a la indemnización por falta de preaviso, tal como se había referido en los considerandos.- Para así decidir, argumentó el ad quem que "el demandado debate la causa de la obligación en tanto contradice los hechos relativos al pago, relata el padecimiento por el abuso de las inmobiliarias locales, el desequilibrio de las partes contratantes y su estado de indefensión a pesar de su profesión de abogado, cuestiones que exceden el marco del proceso ejecutivo y deben se planteadas en un proceso ordinario" (confr. fs. 305).

"La documental aportada resulta insuficiente para producir la convicción sobre el hecho alegado, ello por cuanto las constancias de la compra de otro inmueble por el demandado como la oferta de alquiler publicada en el diario local en noviembre de 2007 de un departamento que no se identifica con el que alquiló y debía restituir, aun cuando fuera el mismo, no prueban que el demandado lo entregó el 1º de octubre.- No habiendo prueba alguna que acredite la restitución en la fecha alegada." (confr. fs. 305 y vta.). "Así, se verifican los presupuestos fácticos por la que el inmueble debió ser entregado mediante un acta de recepción, la que podría haber sido confeccionada por el locatario.

Iguales consideraciones merece el recibo de pago (v. fs. 39) cuyo importe -dice- debió imputarse como indemnización por rescisión anticipada" (confr. fs. 305 vta./306). "Por lo expuesto debe rechazarse los agravios del recurrente respecto a la fecha de entrega del inmueble, teniéndose por restituido el 21/11/07, conforme surge de las manifestaciones de la actora en la C.D.." (confr. fs. 306 vta.).

"Sentado esto, cabe destacar que los alcances del título ejecutivo fijados en el art. 1581 del C.C. comprenden la ejecución no sólo del alquiler adeudado, sino también de cualquier otra deuda derivada de la locación en tanto surja del título la liquidez de la deuda conforme el art. 499 del C.P.C. y C..

Por ello alcanza al monto reclamado por la rescisión anticipada encontrándose expedita su vía ejecutiva, en tanto su importe se liquida a través de una simple operación aritmética que encuadra en las previsiones del art. 502, inc. 6º del código ritual y el demandado, como locatario del inmueble, no acreditó su pago siendo insuficientes y ajenos al presente proceso sus dichos respecto al error en la imputación consignada en el recibo de fs. 39" (confr. fs. cit.).- Cabe aclarar que la sentencia sometida a revisión reduce la indemnización impuesta en primera instancia a la suma de $ 1.200.

En cuanto a la procedencia de la excepción de inhabilidad de título en relación a la deuda reclamada por la tasa de barrido y limpieza y expensas comunes que en primera instancia se le hiciera lugar, expresa el ad quem, por cuanto el título ejecutivo de la presente acción es el contrato de locación y su prorroga "que estipula que el pago de los citados rubros es a cargo del locatario, conformando así el precio" (confr. fs. 307 y vta.) hace lugar a los agravios de la actora por lo que estima procedente la ejecución de la deuda por dichos rubros, y el alquiler de noviembre de 2007 en forma íntegra, de conformidad con la cláusula décimo tercera "el locatario debe abonar el mes por adelantado en forma íntegra siendo improcedente un pago parcial" (confr. fs. 308).- II.- El recurrente fundamenta el recurso de casación interpuesto en violación de la ley (art. 3 inc. a), ley 1687) citando las normas del código de rito que se detallan a continuación: art. 499, por inexistencia de título ejecutivo en cuanto a tasas, expensas y determinación de la fecha de restitución del inmueble; art. 504 porque negó ser inquilino los meses de octubre y noviembre, por consiguiente no existió título ejecutivo en esos meses; art. 528 porque no se abrió a prueba por hechos controvertidos: fecha de restitución del inmueble y pago por rescisión anticipada. Cita los arts. 16, 17 y 18 de la CN y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

Asimismo invoca quebrantamiento de forma, porque no se expide respecto al agravio que la determinación de fecha de entrega del inmueble no se refiere a la "causa de la obligación", alega absurdo y falta de fundamentación o fundamentación aparente y violación del principio de congruencia, solicitando por último la nulidad del fallo.

Sostiene que la Cámara, luego de realizar un prólogo sobre la excepción de inhabilidad de título, trata la fecha de la restitución del inmueble y que "la restitución deviene en un hecho relevante" y la contradicción en la que incurre es "al expresar por un lado que no son necesarias indagaciones o pruebas atento las formas extrínsecas del título ejecutivo y que el 'crédito está en el título' pero afirma que la restitución es un "hecho relevante"" (confr. fs. 324 vta.).

Continua expresando "Si es un hecho relevante y no se encuentra en el título, debe probarse o desecharse. Sin embargo, dicha posibilidad no es siquiera contemplada por el ad-quem" (confr. fs. cit.) . Concluye "lo correcto en el caso hubiera sido rechazar el reclamo de la actora por falta de pruebas u ordenar la apertura a prueba" (confr. fs. 325).

En cuanto al absurdo en que incurre el fallo en crisis, señala que la prueba documental demuestra que los dichos de la actora sobre el abandono del inmueble es falso, y dice "pues fue puesto en alquiler (y alquilado) varios días antes del 21 de noviembre de 2007. Ello no mereció comentario alguno de la Cámara.

El único comentario fue que aunque se demostrara que el inmueble dado en alquiler es del presente proceso, ello daría como resultado la misma sentencia" (confr. fs. 325 vta). Indica que al oponer la excepción de inhabilidad de título expresó que "las llaves fueron entregadas en la inmobiliaria a los encargados de ella, los hermanos Díaz, por lo cual yerra la Cámara al expresar que no se precisaron estos datos.

En segundo lugar, se afirma respecto de la publicación de la oferta para su alquiler del departamento objeto del contrato de locación, en el diario La Opinión Austral, que aunque fuera el mismo no probaría la fecha de restitución.

Este análisis resulta, además de arbitrario y absurdo, totalmente parcial, pues no se han analizado los hechos descriptos por el actor en su demanda" (confr. fs. 326). Argumenta que se viola el principio de congruencia al referirse la Cámara al acta de deterioro, dice: "el 'acta de recepción' es sólo para constatar deterioros y no para probar la restitución del inmueble.

Es decir, esta cláusula no se relaciona con tema alguno que se discuta en los presentes.

En definitiva, el 'acta de entrega de llaves' no es requerida por el contrato, pese a lo afirmado. Lo expuesto en el fallo, al expresar que podría haber solicitado un acta de recepción, ignora absolutamente lo expuesto por mí al momento del relato de los hechos, donde explico justamente por qué no poseo acta de entrega del inmueble.

Es decir, mi negativa a perder el depósito es la razón por la cual no se documentó la restitución del inmueble. Es por lo expuesto, que en el punto, la decisión emanada de la Cámara, adolece de falta de fundamentación por carecer de pruebas para afirmar lo expuesto, amén de la falta de congruencia, absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas" (confr. fs. 327).

Señala que "la fecha en la cual se restituyó el inmueble es un hecho controvertido, y por lo tanto debe probarse. El actor afirma que ello sucedió el 21 de noviembre de 2007, mientras que yo sostengo que el 1º de octubre existía plena disponibilidad del inmueble" (confr. fs. 327 vta.); sin embargo -dice el quejoso- que la Cámara sin constancia que lo demuestre, toma como fecha de restitución la que afirma la actora. (confr. fs. cit.). Dice que "se han violado las reglas de la carga de la prueba, es decir, el debido proceso legal, y como consecuencia de ello mi derecho de defensa" (confr. fs. 328).

Luego de referirse a la prueba en el juicio ejecutivo, expresando "que debe probarse lo que se alega como cierto" (confr. fs. 327), cita doctrina y jurisprudencia, concluyendo que se han violado las reglas de la carga de la prueba, el debido proceso legal y como consecuencia su derecho de defensa. (confr. fs. 328).

Refiere que la discusión de la fecha de restitución del inmueble no es causa de la obligación, por lo que concluye "rechazar la excepción de inhabilidad de título en este punto, invocando que no puede discutirse la 'causa de la obligación' en un juicio ejecutivo, es jurídicamente erróneo.

Es un hecho, que no integra el título ejecutivo, y como tal debe probarse. Para el ad-quem es un 'hecho relevante'. Entonces, la prueba acompañada debería haber sido considerada minuciosamente por la Cámara, y en caso de duda ordenar la apertura del juicio a prueba. Sin embargo, y como se expresara repetidamente, no hay fundamento jurídico alguno que explique en la sentencia atacada, por qué la fecha de restitución del inmueble es 'causa de la obligación'.

Por ello, se incurre en falta de fundamentación e incongruencia" (confr. fs. 329). En lo que se refiere al título ejecutivo por expensas y tasas municipales señala que "se incurre en violación de la ley y falta de fundamentación" (confr. fs. cit.).

"La Excma. Cámara hace lugar a los agravios de la actora en el punto, expresando: "el título ejecutivo de la presente acción es el contrato de locación y su prórroga, el que estipula en las cláusulas octava y vigésimo primera que el pago de los citados rubros es a cargo del locatario, conformando así el precio de la locación." (ver. pág. 13/14). Como fundamento de lo expresado, se citan tres fallos." (confr. fs. 329 vta.).

Expone que los fallos citados se refieren a situaciones jurídicas y fácticas diferentes resultando inaplicables al caso, asimismo cita doctrina y jurisprudencia de la que surge la exigencia de acreditar que el locador haya abonado las expensas o tasas reclamadas, detallando un criterio minoritario en la jurisprudencia que sostiene que la repetición sólo es soslayada cuando la deuda no fue negada.

Por último, acerca de la indemnización por rescisión anticipada y facturas de servicios dice que nada debe en tal concepto, que "la indemnización fue pagada, documentándose como mes de octubre en el recibo.

Por otra parte, al 1° de octubre de 2007, la actora tenía libre disponibilidad sobre el inmueble objeto de autos. siendo que las facturas se (sic) servicios corresponden a los meses de octubre y noviembre, nada debo al respecto" (confr. fs. 332).

Asimismo se agravia por la imposición de costas que le fueron impuestas en su totalidad a su parte (confr. fs. 333) y hace reserva del caso federal (confr. fs. 333 vta.).- Que, a fs. 414/417 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal. Sostiene -por los argumentos que allí esgrime y a los cuales remitimos "brevitatis causae"- que la casación no es procedente.- II.- En primer lugar cabe asentar que si bien la sentencia dictada en un proceso ejecutivo no es, en principio, definitiva a los fines del recurso de casación (confr. art. 1º, ley 1687) y así lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal (confr. Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1089, Folio 1392/1394, entre otros), este enunciado no es absoluto en tanto admite excepciones; como ser, cuando no existe la posibilidad de revisar la decisión cuestionada en un posterior proceso de conocimiento (art. 532, CPC y C) o cuando, como en este caso, nos hallamos ante la posible configuración de la causal de casación por errónea aplicación de la ley (art. 3º, inc. a, de la ley 1687).

Ante la presunción de hallarnos frente a tal supuesto, vale hacer excepción de aquella doctrina y revisar el fallo atacado, máxime si se tiene en cuenta que la misión del magistrado debe tender sin duda a lograr la justicia del caso más allá de las formas procesales (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Sentencia, Reg. 279, Folio 1522/1526; Tomo XII, Sentencia, Reg. 426, Folio 2328/2332).- Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la parte demandada, esta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º inciso a) -Recurso de Casación- de la ley 1687, fundamentalmente por estar directamente vinculada a un defecto de apreciación legal e interpretación en relación a los hechos y pruebas de la causa por parte de la Cámara de Apelaciones o error de subsunción como lo cita Hitters: "subsumitionsrtum", que actúa cuando se llega a una defectuosa calificación de los hechos (aut. cit. en 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación', pág. 205/206).

Esto es, se ataca por el recurrente la actividad de juzgamiento de la Cámara ad-quem en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación del artículo 499 del CPC y C por inexistencia del título ejecutivo en cuanto a tasas y expensas y por restitución del inmueble.- Corresponde ahora analizar el fondo de la cuestión traída a esta instancia. Se inician las actuaciones para ejecutar el cobro de alquileres y demás rubros derivados del contrato, por la suma de $ 5.620,01, con más sus intereses pactados y costas.

El demandado opuso, en lo que en esta etapa interesa porque ha sido materia de casación, la excepción de inhabilidad de título basándose en la restitución del inmueble antes de la fecha señalada por la actora.- Cabe recordar que el título ejecutivo lo constituye el contrato de locación del inmueble, celebrado en instrumento público o en instrumento privado con la firma autenticada notarialmente o con el reconocimiento del carácter de inquilino conforme al procedimiento de preparación de la vía ejecutiva previsto en el artículo 502 inciso 2º del Cód procesal (confr. Highton Elena I. - Areán Beatriz A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 9, ed. 2008, pág. 446).

La ley acuerda acción ejecutiva para el cobro de alquileres de inmuebles en atención a la naturaleza del crédito en los términos de los artículos 1578 y 1581 del CC, y ella es admisible con prescindencia del hecho que el deudor permanezca o no en el inmueble arrendado (confr. Cámaras Civiles, en pleno, noviembre 6-1913, in re "Estrada de García, María L. c/ Szernin, Egon", publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 5, pág.19, doctrina judicial citada por Palacio t. VII, p. 364, Novellino 72 y en la ob. cit de Highton, Arean, entre otros); en consecuencia, para el rechazo de la acción debió acreditarse la restitución del inmueble arrendado al locador antes del transcurso de los períodos que éste reclama.

En conclusión, la cuestión que se debate es el hecho de la restitución del bien alquilado al locador, con anterioridad al transcurso de los períodos que éste reclama.- En cuando a la defensa opuesta por el ejecutado, el artículo 523, inciso 4º del CCP y C, expresa que la inhabilidad de título "se limitara a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa".

La excepción de inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas del documento y tratándose de una ejecución de alquileres, a la existencia de un vínculo locativo y al cumplimiento del trámite de integración del título previsto en los artículos 504, inc. 2° y 506 del Cód. Procesal (confr. Morello - Sosa - Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. de Bs. As. y de la Nación, T. VI B, ed. 1996, pag. 237).

Por lo visto, la defensa opuesta se basa en la discusión sobre la existencia de la relación contractual durante el mes de noviembre del 2007, y las tasas, expensas y la indemnización por rescisión anticipada.- El recurrente afirma que no debe suma alguna, y funda la inhabilidad de título, en que el inmueble alquilado fue entregado el 1 de octubre, que el recibo que corresponde al pago del alquiler del mes de octubre, corresponde al monto debido por rescisión anticipada.

En este punto, aunque no lo califique así expresamente, se trata de una excepción de pago en relación a la demanda de éste último ítem (rescisión anticipada), incompatible con la inhabilidad de título. Por otra parte, la actora sostiene que fue devuelto el inmueble el 21 de noviembre.- Circunscribiéndonos al argumento del recurrente, en virtud de lo expuesto, el contradictorio planteado sobre la ocupación o desocupación por parte del inquilino, en principio excede el marco de discusión en la acción ejecutiva entablada. Lo que se debía acreditar era la restitución del inmueble, y se observa que la ejecutada no intentó prueba tendiente a acreditar tal extremo.

Pues el hecho de que el inmueble se encontrara desocupado no acredita su restitución al locador, toda vez que la finalización del contrato se produce con la entrega de la cosa, fehacientemente comprobada en las actuaciones.

Por ello las argumentaciones referidas al ofrecimiento del alquiler del inmueble en el diario local, o la adquisición de otra vivienda, no enerva en tener por no acreditada la entrega del inmueble tal como lo expusiera el ad quem al decir: "La documental aportada resulta insuficiente para producir la convicción sobre el hecho alegado, ello por cuanto las constancias de la compra de otro inmueble por el demandado como la oferta de alquiler publicada en el diario local en noviembre de 2007 de un departamento que no se identifica con el que alquiló y debía restituir, aun cuando fuera el mismo, no prueban que el demandado lo entregó el 1º de octubre.- No habiendo prueba alguna que acredite la restitución en la fecha alegada." (confr. fs. 305 y vta.).- En el caso, el demandado se agravia de la hipótesis elaborada por la Cámara sobre uno de los medios de prueba de los que se podría haber valido el ejecutado, al referirse al acta de recepción como también podría haberse referido a la entrega de las llaves y otro medio de prueba como la testifical para acreditarse la restitución del inmueble (arts. 355 y 364, CPC y C), lo cual no implica incurrir en un exceso en la congruencia, sino que se trata de una construcción intelectual en pos de la fundabilidad de la petición, sin caer por ello en incongruencia por exceso.- En cuanto a la procedencia de la suma demandada por rescisión anticipada, no hay discusión. En primera instancia el demandado al oponer excepción reconoce su procedencia, pues expresa que la abonó. Ante la Cámara introduce la improcedencia por esta vía ejecutiva de la indemnización por rescisión anticipada.

En casación no se agravió. Lo que denota el equívoco derrotero trazado por el recurrente. En cuanto al recibo de pago de alquiler de octubre del 2007, invoca falsedad en dicha imputación, pero no hay prueba ni reserva alguna, porque tal como se expresara dicho debate excede el marco del proceso ejecutivo. Y aun cuando se pretendiera ser flexible en el criterio acotado que marca este tipo de proceso, se observa que en la denuncia en Defensa al Consumidor, el recurrente refiere que rescindió en NOVIEMBRE (confr. fs. 103).

Asimismo el recurrente sostiene que no reconoce deuda del mes de octubre y noviembre, pero él mismo dice que en octubre hizo arreglos en el departamento, dato este último que contribuye a destruir el argumento del mismo demandado que trata de sostener que el 11 de octubre entregó el inmueble y fortalece la convicción que se formara el ad quem sobre el hecho de la restitución del inmueble en el mes de noviembre.- Por lo expuesto, el razonamiento de la Cámara utilizado para la construcción de la sentencia resulta absolutamente razonable y no puede imputarse arbitrariedad.- El contrato de locación prevé en la Cláusula 10ª Rescisión. "La parte locataria podrá, transcurridos los seis (6) primeros meses de vigencia de la locación, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión a la parte Locadora con una antelación mínima de sesenta días respecto a la fecha de entrega del inmueble.

La parte Locataria, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la locación deberá abonar a la parte Locadora, en concepto de indemnización total y definitiva, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un solo mes, si la opción se ejerce transcurrido dicho plazo" (tal como está previsto en el art. 8 de la ley de locaciones).

Tanto la cláusula como la norma exigen la notificación fehaciente (confr. Salgado, Locación, comodato y desalojo, 3ra. Edición actualizada, Ediciones La Rocca, pág. 166), lo que no se verifica en autos.- Por ello, y tal como ha entendido el tribunal de la anterior instancia, consideramos que en este aspecto, el recurrente no ha refutado las conclusiones del pronunciamiento cuestionado mediante argumentos conducentes para poner en evidencia los agravios alegados los que, por otra parte, sólo traducen discrepancias acerca de cuestiones de prueba y de derecho procesal, como la interpretación que merecen los artículos 499, 504 y 528 del ordenamiento formal y su aplicación al caso, todo ello materia propia de los jueces de la causa e irrevisable en esta instancia, en tanto, si como a nuestro entender ocurre en el sub examine, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que, más allá de su acierto o error, descartan la tacha de arbitrariedad (Fallos: 325:1145 y 326:742 y sus citas, entre otros).- III.- Por el contrario, consideramos que el recurso de casación debe prosperar en lo relativo a las críticas dirigidas contra la ausencia de fundamentación en lo relativo a la condena a pagar la tasa de barrido y limpieza y expensas, los que estaban a cargo del ejecutado según lo previsto en el contrato.

Es cierto que el demandado negó la deuda y al oponer la excepción de inhabilidad de título repelió el embate argumentando la ausencia de pago por parte de la actora, de la deuda reclamada en estos conceptos.

También es cierto, que el caso de autos reúne ciertas particularidades que no se encuentran detallados en los fallos citados por el ad quem.- En este tópico, se ha considerado en forma mayoritaria que se encuentran amparadas con el proceso ejecutivo, la repetición de impuestos, suministros de luz eléctrica ya pagados que estaban a cargo del inquilino. "Pero, si las sumas reclamadas en tales conceptos carecen de respaldo documental, el ejecutante no puede pretender la repetición de aquello que no acreditó haber abonado" (confr. Highton - Arean, ob. cit., T. 9, pág. 447).- En este sentido se han expedido distintos tribunales, los créditos por los que se reconoce el derecho a accionar en los términos del artículo 1578 del Código Civil, se extienden a cualquier otra deuda derivada de la locación, esto es, cláusula penal, impuestos, tasas y expensas ya abonados, con los accesorios correspondientes, si el contrato puso su pago a cargo del locatario (confr. CNCiv., Sala I, 31/3/1998, La Ley, 1999-F, 800; CNCiv., Sala E, 17/07/1997, La Ley, 1998-C, 619; CNCiv., Sala A, 09/12/1996, La Ley, 1997-B, 787 -39.304-S-; CNCiv., Sala A, 12/11/1996, La Ley, 1997-C, 557 - DJ, 1997-2-975; CNCiv., Sala A, 25/10/1996, La Ley, 1999-B, 769 (41.226-S) - ED, 174-369; CNCiv., Sala G, 21/05/1996, La Ley, 1996-E, 674 -39.132-S-; CCiv. y Com. Córdoba, 5ª Nom., 05/06/1995, LLC, 1995-879; CNCiv., Sala J, 26/02/1991, La Ley 1991- C, 356 - DJ, 1991-2-385; fallos cit por Santos Cifuentes, en Código Civil Comentado y Anotado, La Ley, 2011, pág. 566 - el resaltado nos pertenece).- Es por lo expuesto, que la apreciación realizada por el demandado no resulta desacertada en este punto, correspondiendo que prospere parcialmente el recurso de casación.- IV.- En cuanto al agravio referido a las costas de primera instancia impuestas en su totalidad al recurrente, habida cuenta las particularidades del caso, se adelanta que debe prosperar.- En atención a la resolución de la litis, resultando vencedor el ejecutado en una de las defensas opuestas, las costas se deben imponer considerando el monto que resulta admitido en esta sentencia (confr. art. 537, CPC y C). Así lo ha dicho cierta doctrina "En caso de que la ejecución sólo prospere parcialmente, al ejecutado vencido corresponde imponerle las costas por la parte que progresa la ejecución; no así por la parte en que no progresa la demanda" (confr. Loutayf Ranea Roberto G., Condena en costas en el proceso civil, Ed. Astrea, 1998, pág. 394).

Es que las excepciones opuestas por el demandado, como oposición a la pretensión del actor constituye también una pretensión procesal en donde resulta vencedor el ejecutado, y vencido el ejecutante en el monto por el que prosperan tales defensas (confr. Loutayf Ranea, ob. cit., pág. 395).

En este sentido se han expresado otros autores como Alsina que sostiene con un criterio equitativo que cada parte pague las costas correspondientes a la excepción que ha perdido en el supuesto en que se opongan varias excepciones (confr. Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal civil y comercial, Ediar, 1962, t. V, pág. 334).- Por lo expuesto, considerando el monto por el que se pretendió ejecutar y las defensas opuestas por el demandado que han prosperado, corresponde imponer las costas de primera y de esta instancia en el orden causado.- Como corolario de todo lo desarrollado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 320/333 vta., y en consecuencia, casar parcialmente revocando la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto condena al demandado a abonar la tasa de barrido y limpieza y expensas, confirmándola en todo lo demás; imponer las costas de primera y de esta instancia en el orden causado, teniéndose presente la reserva del caso federal.

Por ello, y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE:

1º) Hacer lugar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 320/333 vta., y en consecuencia, casar parcialmente revocando la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto condena al demandado a abonar la tasa de barrido y limpieza y expensas, confirmándola en todo lo demás.- 2º) Imponer las costas de primera y de esta instancia en el orden causado.- 3º) Tener presente la reserva del caso federal.- 4º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse.- Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos.