Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N°: 100466	SALA II EXPTE. Nº 20.397/2008	(JUZGADO Nº 80) AUTOS: "JEREZ, NICOLÁS MARTÍN C/ ICONA S.A. Y OTRO S/ MOBBING" VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, 27 de abril de 2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a conti-nuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo incoado (fs. 517/25) se alzan las partes actora y codemandada Icona S.A., a mérito de los memoriales obrantes a fs. 529/32 y fs. 536/43 -respectivamente-, replicados a fs. 555/57 vta. y fs. 549/53.

La parte actora sostiene que la sentenciante de grado omitió condenar a la coacccionada Icona S.A. a que corrigiese los libros laborales en función de la real fecha de ingreso determinada en la sentencia. Asimismo se queja del rechazo de la multa que establece el art. 9 de la ley 24.013.

A su turno la codemandada Icona S.A. finca su disenso en las siguientes cuestiones: a) rechazo de la excepción de prescripción por las diferencias sa-lariales reclamadas; b) admisión de los rubros "premio por bonificación" y "adicional por títu-lo; c) progreso de las sumas correspondientes a diferencias por rubro presentismo; y d) conde-na por los salarios de suspensión. Por otra parte se queja de la procedencia del daño moral y por el monto que determinó la sentenciante de grado aduciendo que en el caso no se encuentra acreditado que el actor haya sido víctima de mobbing. Finalmente se alza contra los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, de Icona S.A. y de los peritos psi-cólogo y contadora, por considerarlos altos.

Por su parte, a fs. 528 y fs. 534 la representación letrada de la parte actora y la contadora -respectivamente- recurren los estipendios fijados a su favor por estimarlos bajos.

II.	Razones de orden estrictamente metodológico me condu-cen a tratar en primer término la crítica de la codemandada Icona S.A. respecto del rechazo de la prescripción planteada que, anticipo, no tendrá favorable acogida en mi voto.

Para así decidir conviene memorar que la sentenciante de grado tuvo en cuenta que el 12/12/07 el actor efectuó la primera intimación fehaciente que in-cluyó el reclamo de pago de diferencias salariales que surte los efectos suspensivos del plazo de prescripción por un año en los términos del art. 3986 2ª parte del Código Civil. A su vez consideró que con fecha 24/06/08 se labró el acta de cierre ante el SECLO y que el presente reclamo se inició el 24 de julio de 2008 (cfr. cargo de fs. 71 vta). A influjo de lo expuesto y desde la perspectiva de que la prescripción corre desde que cada prestación se hizo exigible, esto es, desde que mensualmente se produjo la falta de pago de las diferencias debidas, decla-ró no prescriptas las posibles diferencias de salarios posteriores al 24 de febrero de 2006. Contra dicho tramo del decisorio se alza la codemandada Icona S.A. alegando que el reclamo de las supuestas diferencias salariales que exige el actor corre desde el mes de diciembre de 2005 y el inicio de la presente acción se produjo con fecha 24/07/08, por lo que han transcurrido holgadamente los dos años que establece el art. 256 de la LCT.	Sin embargo, la queja en cuanto a este aspecto no prospe-rará ya que no reúne el requisito de admisibilidad formal que establece el art. 116 de la L.O..

Ello así por cuanto de una simple lectura del relato efec-tuado supra se desprende que la recurrente no sólo no rebate adecuadamente el decisorio en cuanto a este aspecto sino que no vincula la queja a lo dispuesto en la anterior sede, donde cla-ramente se ha determinado que las diferencias salariales que no se encuentran prescriptas son las posteriores al 24/02/2006.

Desde este enfoque lo esgrimido por la codemandada en el memorial en cuanto a este aspecto no dista de constituir una mera discrepancia dogmática que, como tal, a la luz de las pautas que determina la norma procesal señalada supra, no cabe más que desestimar.

En consecuencia, corresponde declarar desierto este tra-mo del recurso, lo que así dejo propuesto.

III.	Sentado lo anterior corresponde tratar la crítica de la coaccionada respecto de la admisión del rubro "premio por bonificación".

Sobre el punto corresponde señalar que arriba firme a esta instancia que en oportunidad de contestar la acción (cfr. fs.216/29, puntualmente fs. 218 vta./219 vta.) Icona S.A. negó haberle otorgado al actor premio por bonificación.

Desde esta perspectiva, es claro que lo esgrimido por la recurrente a fs. 537 punto 2) en tanto sostiene centralmente que dicho adicional era una "dádi-va agraciable" que su parte otorgaba a los empleados en forma equitativa, constituye una pos-tura distinta a la que mantuvo al contestar la acción de modo que tratar lo pretendido en la queja implicaría violentar el principio de congruencia consagrado por el art. 163 inc. 6 del CPCCN y el art. 277 del CPCCN, lo cual asimismo traería aparejado la afectación del derecho de defensa en juicio de la contraria (art. 18 C.N).	Por ende, voto por desestimar la crítica y confirmar el decisorio atacado en ambos aspectos.

IV.	Respecto de las diferencias salariales por descuento en el rubro "presentismo" la sentenciante de grado, luego de analizar las posturas adoptadas por las partes sobre el punto en los escritos constitutivos del proceso, consideró que en las planillas presentadas a la contadora a fs. 465/6 surge que el actor cobró el presentismo con excepción de los meses de octubre 2007, marzo, abril y mayo de 2008. Asimismo tuvo en cuenta que la codemandada no exhibió documentación alguna de la que surjan las condiciones por las cuales abonaba el presentismo que se pagaba aún cuando el actor tuviera ausencias por enfermedad y/ó licencias. A su vez señaló que de la documentación exhibida no se desprenden ausencias injustificadas de Jerez pero sí ausencias por horas enfermedad, licencia trámite y horas accidente.

En base a ello consideró que la demandada omitió justi-ficar las condiciones de pago del ítem presentismo como así tampoco explicó las razones que justificaron el descuento en los señalados períodos por lo que, en los términos de los arts. 55 de la LCT y 388 del CPCCN, admitió el reclamo por este concepto.

Icona S.A. se alza contra este tramo del decisorio comen-zando por señalar, al igual que cuando criticó el adicional por bonificación, que el presentismo también constituyó una "dádiva agraciable" que su parte otorgaba en forma equitativa a sus empleados. Sin embargo, la postura esgrimida en el responde sobre el punto (cfr. puntualmente fs. 218 vta. 220 vta. y fs. 221), obsta el tratamiento de este tramo de la queja (cfr. art. 277 del CPCCN).

Seguidamente la apelante continúa atacando este tramo del decisorio pero, a mi juicio, tampoco este tramo de la queja constituye la crítica concreta y razonada que impone el art. 116 de la L.O.

Adviértase que en el memorial se sostiene que si un em-pleado no cumplía no le abonaba el presentismo y que los descuentos habidos en los meses de octubre 2007, marzo, abril y mayo de 2008 se debieron a llegadas tarde al puesto de trabajo del actor y es él quien debía probar lo contrario. Sin embargo, más allá de esgrimir su contrario punto de vista de vista, la apelante no funda ni en hechos ni en derecho su postura recursiva, lo cual no condice con las pautas que establece la señalada norma procesal.

A esta altura no resulta ocioso señalar que la jurispruden-cia con la que coincido ha determinado que no reúne las exigencias del art. 116 el escrito de expresión de agravios que trasunta exclusivamente una mera disidencia con la forma en que el sentenciante ha analizado las constancias probatorias de la causa (CNAT, Sala VIII, del 11/07/96 "Alvarado c/Metrovías, DT 1997- A 317) o una simple disconformidad con lo re-suelto (CNAT, Sala I, del 20/02/97 "Nodar c/Agrocom S.A." DT 1997- B-1376, entre otros).

Enseñaba Carlos J. Colombo que la expresión de agravios establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. arts. 271 y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Carlos J. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs. 445 y stes.).

Lejos de ello se advierte que la apelante no se hace cargo de los fundamentos del decisorio en cuanto a este aspecto, ni mucho menos señala en la queja cuál sería el yerro en el que supuestamente habría incurrido la sentenciante de grado a la hora de analizar la procedencia de este tópico, circunstancia que conduce a desestimar la crítica por infundada.

Párrafo aparte merece el tramo de la crítica donde se sos-tiene que Icona S.A. no llevaba registro alguno de entradas y salidas de personal y que por esa razón no se exhibieron a la contadora ya que, a la luz de las circunstancias debatidas, en modo alguno se advierte que este dogmático argumento enerve el análisis efectuado en grado en cuanto al punto.

A mayor abundamiento debo señalar que, allende la se-ñalada carencia recursiva, el análisis efectuado que la magistrado a quo tanto de las posturas asumidas por las partes como del informe contable se ajusta a las reglas de la sana crítica y lo comparto (cfr. art. 90 in fine de la L.O.).

De allí que mociono confirmar el decisorio atacado, tam-bién en cuanto a este aspecto.

V.	En cuanto al rubro "adicional por título" la Dra. Díaz Aloy, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 48 del CCT 77/89 y el informe contable del que surge que la contadora no contó con los elementos de juicios disponibles para poder de-terminar la base de cálculo utilizada por la demandada para liquidar el rubro, admitió la dife-rencia reclamada por tal concepto por la suma de $2.004, con base en la presunción prevista en el art. 388 del CPCCN.

La coaccionada critica este tramo del decisorio alegando que no es cierto que su parte no le haya suministrado la información a la contadora en este sentido; empero, a la luz de las pautas del ya señalado art. 116 de la L.O., esta postura luce inatendible habida cuenta que no sustenta sus dichos en las probanzas vertidas a la lid.

La misma insuficiencia recursiva se advierte en el segun-do tramo de este agravio donde se advierte que la apelante reitera los mismos argumentos que esgrimió en la impugnación de fs. 446/7 que, en razón de la respuesta brindada por la conta-dora a fs. 479 punto 4, fue tenida en cuenta por la sentenciante de grado, sin perjuicio de lo cual aquélla resolvió del modo en que lo hizo. Dicho en otras palabras, la apelante vuelve a hacer hincapié en una postura ya expuesta, analizada y, con acertado rigor crítico (cfr. art. 90 in fine de la L.O.), desestimada en la anterior sede pero sin señalar en qué pruebas obrantes en la causa sustenta su adverso punto de vista.

Por lo expuesto, es claro que la queja en este punto es in-eficaz, por no reunir los recaudos del art. 116 de la L.O, y por esa razón impulsaré su desesti-mación.

Consecuentemente, voto por mantener también este pun-to del decisorio atacado.

VI.	En cuanto a los salarios por suspensión la magistrado a quo juzgó que del intercambio telegráfico obrante en autos surge que los días 19/02/2008 y 22 de abril de 2008 Jerez impugnó la suspensión impuesta por la patronal por falta de causa, cumpliendo así con la pauta impuesta por el art. 67 de la LCT. De allí que consideró que al demandado le correspondía la carga de acreditar la conducta del actor y que la sanción im-puesta resultaba proporcional a la misma. A su vez consideró que del art. 34 del CCT 77/89 surge que el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias pero, antes que la medida sea efectiva, deberá oír previamente al trabajador, quien podrá efectuar los descargos correspon-dientes sin perjuicio de lo cual nada probó la demandada en este sentido.

A influjo de lo expuesto, dado que la coaccionada no acre-ditó las conductas que le imputó al actor, la procedencia de las medidas impuestas ni el cum-plimiento del derecho de defensa exigido por la norma convencional, admitió el planteo acto-ral mandando a suprimir el apercibimiento impuesto mediante la misiva del 15/02/08 así como la suspensión de dos días notificada mediante misiva del 16/04/08, eliminándose los mismos de su legajo y ordenando el pago de los salarios caídos por dichos días, tomando en con-sideración la suma de $147,02 determinada por la contadora a fs. 443.

La coaccionada sostiene en la queja que era el actor quien debía probar que no correspondía que su parte le aplicase las medidas disciplinarias co-rrespondientes, pero no explica la razón de su aseveración, omitiendo así efectuar el análisis crítico que exige el ya señalado art. 116 de la L.O.

Por ende este tramo de la queja es inadmisible y también lo es el segmento en el que sostiene que los apercibimientos fueron por demás procedentes. Ello así ya que, más allá de que no se advierte la razón por la cual dicha circunstancia debería ser considerada, lo cierto es que tampoco aquí funda ni en hechos ni en derecho su contrario punto de vista y esta circunstancia conduce sin más a desestimar la crítica por infundada.

Amén de ello, coincido con el análisis que la Dra. Díaz Aloy efectuó en el decisorio de grado a fin de determinar la procedencia de este tópico (cfr. art. 90 in fine de la L.O.). Por ende, voto por confirmar el fallo apelado también en este senti-do.

VII.	El actor denunció en la demanda la existencia de hosti-gamiendo o mobbing que habría sido llevado a cabo por el codemandado rebelde Parisi -gerente de planta- con conocimiento de la demandada Icona S.A. Jerez denunció en la deman-da que las agresiones y campaña persecutoria de Parisi en su contra comenzaron en septiembre de 2007 siendo denunciado a su empleador el 03/12/07. Contó en su hora que fue despedido en junio de 2008 y luego reincorporado como consecuencia de gestiones realizadas por el sindicato al que se encuentra afiliado. Fundó su pretensión de reparación moral y psicológica en los arts. 1109 del Código Civil, 14 bis de la Constitución nacional, 75 de la LCT y 4 apartado 1 de la ley 24.557.

La codemandada negó este extremo alegando que el actor sigue trabajando en la empresa, que Parisi renunció a su puesto de trabajo y que el hecho de que el actor haya sido aislado de sus compañeros cae ante la circunstancia de que fue designa-do por sus pares como delegado de planta.

La Dra. Díaz Aloy determinó que las declaraciones de Lencina, Maglioni, Graff, Albornoz y Bustos -todos compañeros de tareas de Jerez- acreditan que el trabajador en Icona estaba sometido a continuos maltratos por parte de Parisi desde me-diados del año 2007 hasta su despido en junio de 2008 -luego dejado sin efecto-.

Además de las declaraciones testimoniales la sentenciante de grado ponderó que las medidas disciplinarias impuestas al actor en el período de hostilidad denunciado se consideraron injustificadas, así como también el extenso intercambio telegráfico habido entre las partes y los descuentos del presentismo ocurridos en el mismo período y considerados injustificados. A su vez tuvo en cuenta que la pericia psicológica determinó la existencia de un trauma en el aparato psíquico del actor a consecuencia del hostigamiento pa-decido que impresiona al permitido como verdadero y que padece un trastorno adaptativo mix-to, con ansiedad y estado de ánimo depresivo que implica una incapacidad parcial y permanen-te del 7%.

Por todo ello tuvo por acreditada la existencia de un trato hostil constitutivo de mobbing por parte del codemandado Parisi, mientras se desempeñaba como superior del aquí actor en el establecimiento de la demandada.

A influjo de ello hizo lugar al reclamo por daño moral y por el hostigamiento padecido como así también admitió la reparación a los daños psíquicos y tratamiento pasicológico, que cuantificó en la suma de $35.320.

Finalmente y teniendo en cuenta que el actor puso en cono-cimiento de la codemandada Icona las circunstancias referidas, intimándola reiteradamente a que tomase medidas para que cesaran los maltratos a los que era sometido por Parisi, a lo cual la misma hizo caso omiso limitándose a negar los hechos, le atribuyó la responsabilidad por los daños irrogados al actor en virtud de su omisión al deber de seguridad impuesto por el art. 75 de la LCT y por las consecuencias dañosas derivadas del hecho del dependiente Parisi con-forme el art. 1113 del Código Civil 1º párrafo. También le atribuyó responsabilidad al code-mandado Parisi en los términos del art. 1109 y 1081 del C. Civil.

A fs. 6, 7 y 8 de su memorial, la codemandada Icona S.A. critica este tramo del decisorio alegando centralmente que se han ponderado indebidamente las declaraciones testimoniales por cuanto, según su postura, no existió en el caso aislamiento de los compañeros de trabajo hacia el trabajador ya que fue elegido delegado sindical y que Parisi era una persona que no tenía buen trato con los empleados. Sugiere el apelante que los testigos no han dado suficiente razón a sus dichos y a su vez critica que se haya tenido en cuenta la pe-ricia psicológica. Finalmente insiste en que no hubo daño moral y psicológico a la par que cri-tica el monto que por dicha reparación se fijó en el decisorio de grado. Sin embargo, a mi modo de ver, no le asiste razón.

Liminarmente debo señalar que la apelante reitera en el re-curso una postura ya expuesta, analizada y desestimada por la sentenciante de grado en su de-cisión, en punto, que el actor no fue aislado de sus compañeros de trabajo ya que incluso fue designado delegado sindical.

En este sentido no resulta ocioso señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "la mera reedición por las partes de los ar-gumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a ellos, no constituye una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido" (CSJN fallos 285:19; 288:108; entre otros).

De conformidad con lo expuesto y a la luz de las pautas que establece el art. 116 de la L.O., la crítica no es más que una mera discrepancia dogmática con lo resuelto que, como tal, no cabe más que desestimar.

Sin perjuicio de ello, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de la parte y dada la índole de las cuestiones debatidas, me abocaré a su tratamiento, no sin antes dejar sentada mi postura adversa a la recurrente.

Es que, allende las subjetividades que se señalan en el memorial, comparto lo decidido en grado en cuanto a que las probanzas colectas en autos acreditan lo nuclear del marco fáctico de maltrato aludido por el accionante en la demanda, es decir la presión psíquica y moral que aquél denunció como sufrida en el ámbito de trabajo.

Al respecto anticipo que, a mi juicio, tanto las declara-ciones testimoniales como la pericia psicológica obrantes en la lid, han sido analizadas en la anterior sede con el acertado rigor crítico que imponen los arts. 386 del CPCCN y 90 de la L.O.

Como bien lo puntualizó la Dra. Díaz Aloy, de las decla-raciones de Lencina (fs. 369), Maglioni (fs. 376), Graff (fs. 384), Albornoz (fs. 406) y Bustos (fs. 410), se desprende que la conducta hostil de Parisi se evidenciaba en gritos, insultos y amenazas al actor delante de todos ("pelotudo", "acordáte que estás en capilla", "te voy a echar a la mierda", "vago de mierda", "empleadito", " te voy a mandar a barrer"); difundir que había una lista negra en la cual el actor estaba primero; decir a los compañeros del actor que no se junten con él y al que veía que igual se juntaba con él le cortaba los refrigerios y lo em-pezaba a perseguir además de incluirlo en la lista negra; denigraba al actor y buscaba que reaccionara.

Asimismo coincidieron los deponentes en afirmar que, después del despido, el apoyo sindical y la reincorporación del actor, el trato de Parisi cambió y que el actor tenía buen trato con sus compañeros; que Parisi era una persona arbitraria que tenía mal trato con todos y en particular con el actor que se había transformado en una obse-sión para él y que el coaccionado perseguía a Jerez en cada trabajo que le encargaba.

Dichos declarantes en forma coherente, precisa y concor-dante, han graficado la existencia del maltrato psicológico denunciado por el trabajador y, da-do que fueron compañeros de tareas de aquél, conocen los hechos sobre los que depusieron por su percepción directa y lucen sinceros y objetivos, razón por la cual corresponde otorgarles pleno valor probatorio (cfr. 90 in fine de la L.O.).

Sentado ello, cabe memorar que el acoso moral laboral es definido en la doctrina médica, sociológica y jurídica como una situación creada por una per-sona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, de forma siste-mática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en particular.

Es que el vocablo "mobbing", como nos lo recuerda María Cristina Giuntoli (Mobbing y otras violencias en el ámbito laboral, El Derecho-Universitas SRL, Buenos Aires, 2006), fue utilizado por el etólogo Konrad Lorenz para describir los ata-ques de una coalición de animales débiles contra otro más fuerte de la misma especie o de otra y en la década de los 80 el psicólogo alemán Heinz Leymann lo empleó en el análisis de las re-laciones laborales para identificar las situaciones en que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otro sujeto. Francisco Javier Abajo Olivares (Mobbing. Acoso psico-lógico en el ámbito laboral, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2004) remarca, en el mismo marco conceptual, la intencionalidad de esa violencia psicológica, consistente en lograr que la víctima quede aislada de su entorno y abandone el sector, el grupo o la empresa.

Frente a las circunstancias en las que se desarrolló el vínculo laboral del caso subexámine, resulta importante poder distinguir esa peculiar situación de "mobbing", terror psicológico, persecución psicológica, o acoso laboral, de la "la violencia psicológica general" de un ambiente de trabajo, ya que, repito, en las hipótesis de "mobbing", la agresión psicológica tiene una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico; su destrucción psicológica y con-secuente sometimiento; y/o su egreso de la organización empresarial o del grupo (confr. Marie-France Irigoyen, El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Paidós, Bar-celona, 1999. En similar sentido, Abajo Olivares, Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral, ya citado: Giuntoli, Mobbing y otras violencias en el ámbito laboral, ya citado, entre otros).

En cambio, en la segunda hipótesis se alude a un ambiente de trabajo agresivo, hostil y dañino, que puede ser consecuencia de inadecuados estilos de dirección basados en un liderazgo autocrático o climas organizacionales cargados hacia la competitividad y con fallas en aspectos de comunicación, sistemas de recompensas, u otros factores que afectan a todos o a una gran mayoría de los trabajadores de la empresa. La agre-sión en esta hipótesis tiene como base la supuesta superioridad personal de los directivos sobre los empleados y se hace con la declarada intención de asegurar el buen funcionamiento de la empresa y sus niveles de productividad (confr. Manuel Pando Moreno, "Mobbing. Tipos, comportamientos, perfiles y sus consecuencias psicológicas en el trabajo", en Mobbing. Estu-dios multidisciplinarios sobre el acoso psicológico en el trabajo, Número Especial de Juris-prudencia Argentina, coordinado por Patricia B. Barbado, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006-III).

Con esta perspectiva y estos instrumentos de enfoque y análisis, tengo en cuenta las particularidades de la litis y lo declarado por los compañeros de tareas de Jerez para concluir que está comprobado que las condiciones de trabajo en el estable-cimiento de Icona S.A. eran objetivamente nocivas y hostiles.

Sin embargo, no encuentro elementos de juicio que me lleven a considerar que las circunstancias descriptas hubieran sido generadas por Parisi (supe-rior del actor) con el fin intencional de destruirlo psicológicamente, someterlo, degradarlo, y/o lograr su egreso de la empresa.

Es decir que no encuentro probado el componente subje-tivo perverso e intencional que permite definir lo que jurisprudencia, medicina y sociología del trabajo han identificado bajo la conceptualización de "mobbing".

Si bien el testigo Graff refirió que el propio Parisi le dijo que no se juntara con el actor porque estaba en una lista negra, más afuera que adentro de la empresa, este extremo no puede considerarse para acreditar la mentada intencionalidad de ge-nerar el daño y dado que, a mi entender, la lectura completa y en su debido contexto del testi-monio y de la referencia llevan a pensar que el jefe de planta aludía al deseo de despedir al ac-tor en algún momento, mas no que buscase su salida forzada por el acoso.

Empero, repito que veo suficientemente acreditada la no-cividad del ambiente de trabajo, lo que activa la responsabilidad del empleador en los términos del art. 1109 del Código Civil.

Pongo el acento en que todos los testigos precedentemen-te señalados coincidieron en afirmar también que Parisi tenía malos tratos con el personal, di-rigiéndose hacia los trabajadores en términos similares a los descriptos anteriormente. Al punto remarco la declaración de Albornoz (jefe de administración) quien refirió que, por el trabajo que realizaba, estaba todo el día con Parisi y veía que perseguía y trataba mal al actor y que también lo hacía con la gente que dependía de él (depósito y transportes de la empresa) y que por ello el testigo muchas veces habló en la empresa. Incluso este deponente refirió que decidió pedir la renuncia porque él nunca trabajó de esa manera.

Esta descripción, concordante y no contradicha por nin-gún elemento de juicio, evidencia un ambiente de trabajo hostil y dañino en el que el deman-dante estuvo inmerso en forma prolongada y en el que debió sobrevivir. Pero, más allá de ese clima general agresivo, debo remarcar que los tres testigos recién mencionados han coincidido al afirmar el maltrato que Parisi infirió al pretensor.

Tal como se señaló supra, contaron que delante de todos los empleados utilizaba vocablos despectivos hacia al actor e incluso le profería amenazas.

Del cúmulo de hechos descriptos se desprende por un la-do la nocividad del ambiente laboral y, por otro, que la coaccionada permitió y toleró semejan-te clima de trabajo y de relaciones jerárquicas, ya que no se ha invocado ni acreditado que hu-biese tomado medida preventiva o sancionatoria alguna al respecto.

Inevitable resulta, entonces, concluir que Icona S.A. no cumplió siquiera básicamente su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dig-nas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los arts. 14 bis de la Constitución Nacional, 75 LCT y 4 apartado 1 de la ley 24.557, es decir que no garan-tizó la indemnidad psicológica de su dependiente, con lo que, al permitir condiciones y un am-biente de labor nocivos, actuó culposamente habida cuenta que se ha comprobado la responsa-bilidad personal del superior jerárquico Parisi que implementó un clima general y personal hostil por el que el principal debe responder no sólo por pesar sobre sus hombros dichas obli-gaciones sino también por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la empresa (arts. 1113 Código Civil y 64/65 LCT).

Esto es así puesto que el empleador debe velar irrestrictamente por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del estableci-miento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT), de la misma forma que debe preservar también la dignidad del trabajador cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que le garantiza "condiciones dignas y equitativas de labor" (art. 14 bis C.N.).

De ahí que el principal no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62/63 y concs. LCT).

Por todo ello concluyo entonces que no veo configurado en su tipicidad el "mobbing" aducido al demandar pero si un entorno laboral general y particular hostil, nocivo y dañoso.

De la pericia psicológica obrante a fs. 253/68 surge que el actor padece un trauma en el aparato psíquico a consecuencia del hostigamiento padecido que im-presiona al perito como verdadero y que padece un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo siendo que los términos de la apelación no conmueven el mencio-nado informe, motivo por el cual corresponde aceptarlo máxime cuando, contrariamente a lo que se sostiene en la queja, se observa que el mismo fue realizado conforme lo dispuesto por el art. 472 del CPCCN. Por esta razón, al igual que se dispuso en la sede de grado, corresponde otorgarle pleno valor probatorio (cfr. art. 477 del CPCCN).

De allí que, más allá de lo que se señala en la queja, lo cierto es que se encuentran debidamente acreditadas en la causa las circunstancias fácticas que justifican la procendencia de la reparación por daños psíquicos, siendo que no surgen de la crítica sub examen argumentos de peso que conlleven a enervar su procedencia (cfr. art. 116 de la L.O.).

Respecto al reclamo por daño moral es del caso recordar que se ha definido al daño moral como la lesión en los sentimientos que determina dolor o su-frimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas (confr. Jorge Bus-tamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 234).

Claro que, como es sabido, las eventuales heridas subjetivas no son de una prueba simple, directa ni fácil ya que, como grafica el maestro Bustamente Al-sina, residen en lo más íntimo del alma (Ob. cit, pág 248). Mas, como lo señala Arazi, puede determinarse su existencia mediante presunciones judiciales en base a las máximas de la expe-riencia o de los hechos notorios, según cada caso (Roland Arazi, "Prueba del Daño Moral", en Revista de Derecho de Daños Nº 6 Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107), quien explica que son máximas de la experiencia el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.

Pues bien, no es difícil colegir que tanto el ambiente de trabajo hostil en que prestó servicios el reclamante como el maltrato personal que padeció de su superior jerárquico, han podido razonable y presumiblemente generar dolor moral, sufrimiento emocional y padecimientos que -a mi juicio- deben ser reparados.	Es que frente a un hecho como el acreditado en autos, me resulta fácil representarme, en mérito a mi experiencia de vida, el sufrimiento y el dolor moral como un corolario normal y típico de haber padecido ese clima hostil de trabajo y, peculiar-mente, tras haber sido maltratado con los graves epítetos que le profirió el coaccionado. Ade-más, me parece de clara evidencia que el modo en que se trató al trabajador lo ha afligido y humillado, de lo que se desprende con sencilla lógica material la comprensión de que tiene que haber mediado dolor espiritual y sufrimiento intenso.

Desde esta perspectiva considero que tanto lo resuelto en grado en cuanto al punto como la suma determinada por la Dra. Díaz Aloy a fs. 524 vta. se ajusta a las constancias y las particularidades obrantes en la lid. Ello, sumado a que no se ad-vierte que la queja en este sentido diste de constituir más que una simple discrepancia dogmá-tica con lo resuelto (cfr. art. 116 de la L.O.), no me conducen más que propiciar su confirma-ción.

Por todo ello, considero que lo expuesto basta para des-estimar la crítica de la codemandada, razón por la cual voto por confirmar el decisorio apelado también en cuanto a estos aspectos.

VIII.	Resta señalar que lo manifestado por la coaccionada en el memorial al punto 9) luce inatendible por resultar extemporáneo toda vez que dicha parte no formuló formal excepción de transacción.

IX.	La parte actora plantea en la queja que en la anterior ins-tancia se ha omitido analizar su petición respecto de ordenar la regularización del contrato de trabajo en los libros de la demandada debido a su defectuosa registración.

De la lectura del decisorio apelado se advierte que le asis-te razón al apelante razón por la cual, en orden a las previsiones del art. 278 del CPCCN co-rresponde que esta Alzada se aboque a su tratamiento.

Sentado lo anterior, teniendo en cuenta lo peticionado al demandar (cfr. fs. 61 vta. último párrafo) y dado que arriba firme a esta sede que Icona S.A. fue empleadora del actor desde el inicio del vínculo (20/09/2009) y que el mismo era un con-trato por tiempo indeterminado y no eventual como adujo la coaccionada (cfr. fs. 522 segundo párrafo), corresponde admitir la pretensión del reclamante, condenando a la coaccionada Icona S.A. a rectificar en sus libros laborales la real fecha de ingreso de Jerez conforme surge del presente pronunciamiento, en un plazo de cinco días hábiles de notificada la liquidación del art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de astreintes (cfr. art. 666 bis del C.C) que, en caso de incumplimiento, fijará la sentenciante de grado. X.	La sentenciante de grado desestimó la multa reclamada con fundamento en el art. 9 de la ley 24.013 habida cuenta que el actor no acreditó en la causa el requisito formal para su viabilidad que consagra el art. 11 inc b) de dicho cuerpo legal (co-municación a la AFIP). Asimismo desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 47 inc. b) de la ley 25.345.

El reclamante critica este tramo del decisorio, haciendo un relato de las circunstancias habidas en cuanto al punto a la par que insiste en la inconstitu-cionalidad del art. 11 inc. b) de la ley 24.013 (mod. por el art. 47 de la ley 25.345). Sin embar-go a mi modo de ver no le asiste razón.

Ello por cuanto, más allá de que el apelante no aporta ningún elemento que conduzca a apartarse de lo decidido en grado al respecto, ya que se limita a disentir con el modo en que ha sido analizada la cuestión en la anterior (cfr. art. 116 de la L.O.) lo cierto es que, habida cuenta que arriba firme a esta Alzada que el actor omitió efectuar la comunicación a la AFIP y dado que lo resuelto en grado coincide con el criterio que mantie-ne este Tribunal (cfr. in re "Vaamonde, Marcela Fabiana C/ Preto, Modesto Alejo Domingo S/ Despido", sent. 97372 del 11/11/09, entre muchos otros), voto por desestimar la crítica y confirmar el fallo atacado también en cuanto a este aspecto.

XI.	Resta señalar que, sobre la base de los trabajos efectuados en la anterior instancia, atento su importancia, extensión y calidad, considero que los emolu-mentos regulados a favor de la representación letrada de la parte actora (14% del monto total de condena) son bajos, por lo que sugiero elevarlos en el 16% del monto total de condena, mientras que los estipendios de la representación letrada de Icona S.A, los de la perito conta-dora y los de la psicóloga (12%, 8% y 8% -respectivamente- del monto total de condena) lucen equitativos y ajustados a derecho por lo que impulsaré su confirmación (cfr. arts. 38 L.O., 38 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

XII.	Para finalizar y atento al resultado de los recursos inter-puestos, sugiero imponer las costas de Alzada a cargo de la coaccionada Icona S.A. (conf. art. 68 del CPCCN) a cuyo fin sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio le-trado de las partes actora y codemandada, por los trabajos realizados ante esta sede, en el 25% para cada una de ellas de lo que le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto precedente por análogos fun-damentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Hacer saber a la coaccionada Icona S.A. que deberá dar cumpli-miento con lo dispuesto en el acápite IX de la presente; 3) Elevar los honorarios de la re-presentación y patrocinio letrado de la parte actora en el dieciséis por ciento (16%) del monto total de condena que incluye los intereses; 4) Imponer las costas de Alzada a cargo de la codemandada Icona S.A.; 5) Regular los honorarios de la representación y pa-trocinio letrado de las partes actora y codemandada Icona S.A., por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por su desempeño en origen;

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara