Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05


GENTILE, Oscar H. contra ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR y/u Reg.: A y S t 215 p 436-440.

Santa Fe, 5 de septiembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur contra la sentencia 117 de fecha 1 de octubre de 2004, dictada por Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en autos "GENTILE, Oscar H. contra ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB SPORTIVO BEN HUR y/u otro -Laboral- (Expte.

202/03)" (Expte. C.S.J. nro. 43, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante la sentencia impugnada, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó -por mayoría- el pronunciamiento inferior que, a su turno, había hecho lugar a la demanda impetrada por Oscar Gentile, salvo en lo atinente al rubro de diferencias salariales, imponiendo las costas a la accionada.

Contra dicho decisorio interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como así también violatorio de derechos constitucionalmente tutelados como lo son: el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho de propiedad y el derecho a la jurisdicción. Puntualmente achaca al pronunciamiento los siguientes vicios descalificantes: 1) Apartamiento de la normativa vigente: Expresa que en todo lo relativo al funcionamiento de las instituciones mutuales, resulta de aplicación la ley 19331 de creación del INAES; la Ley de Mutualidades 20321 y las resoluciones que dicta el citado organismo de contralor.

Afirma que en razón de ello, su parte sostuvo que la relación mantenida con el actor no era de carácter laboral, ya que según la resolución 152/90 del INAES resulta posible otorgar una retribución a integrantes del Consejo Directivo o Junta Fiscalizadora que de manera efectiva presten tareas, sin que ello implique reconocimiento de relación laboral.

Agrega que el actor convalidó dicho encuadre con su propio accionar al abonar en forma autónoma su jubilación -tal como se encuentra acreditado mediante informe presentado por el ANSES- confirmando con ello que, como mínimo los recibos que presentó para acreditar su carácter de dependiente no se compadecían con su proceder.

Argumenta que las disposiciones de la ley 20321 que regula las asociaciones mutuales y las resoluciones que dicte el INAES son normas de orden público, y que existen fallos de la misma Cámara de Apelación que dictó la resolución impugnada que así lo indican; razón por la cual -sostiene- no se puede obviar la aplicación de la normativa mutual para evaluar el proceder de su parte.

2) Omisión de considerar prueba relevante: Bajo este acápite hace hincapié en la falta de consideración del informe del ANSES en donde consta que el actor formalizó aportes como autónomo por el período comprendido entre julio de 1994 y junio de 1997, y que la firma Long Automotores -anterior empleadora del actor- concretó depósitos en el mes de agosto de 1994; circunstancias -a su entender- acreditantes de que éste no ingresó a trabajar para la accionada en el mes invocado al demandar (junio de 1994). Refiere también a la falta de consideración de diversas constancias documentales (recibos de pago a miembros de la Junta fiscalizadora, declaración testimonial del actor en sede penal; Acta 261 bis del Consejo Directivo; Acta del juzgado de Instrucción de f.

216) a las que sindica como demostrativas del verdadero vínculo que uniera a las partes, esto es, el desempeño del actor como tesorero y no dependiente de la entidad.

3) Arbitraria inversión de la carga probatoria: Sostiene que resulta una verdadera inversión de la carga de la prueba que, no obstante no haber sido probados numerosos extremos de la demanda, igualmente se acogiera la pretensión del actor, destacando además, que dicha arbitrariedad se agrava aún más al darse por ciertas las versiones del demandante no obstante las imprecisiones del texto de la demanda con relación a supuestas fechas que éste pretende invocar a su favor. Por último bajo el enunciado "consideración de los puntos de la resolución" esgrime sus quejas acerca de la valoración que efectuara la sentencia de los distintos elementos de prueba mencionados "ut supra", agraviándose además de la interpretación que diera la Cámara a los testimonios rendidos en autos.

Destaca en el punto que la sentencia incurre en una total desconsideración de las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte, minimizando otros que a su entender resultaban relevantes para resolver la cuestión.

Finalmente formula consideraciones en torno a la no aplicación -en el caso- de la ley 24013 en cuanto permite la posibilidad de eximir a la parte a quien se atribuye alguna irregularidad. Afirma en tal sentido que tomando en cuenta la complejidad y particularidades del caso y la posibilidad cierta de que existieran dificultades de interpretación, constituye un excesivo rigor formal y un exceso de discrecionalidad no admitir la interpretación del caso conforme dicha normativa. 2. El Tribunal a quo, mediante resolución 757 de fecha 17 de diciembre de 2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede (fs. 87/123).

3. En primer término, es dable señalar que de la compulsa del auto denegatorio con el escrito de queja, surge que el cometido que impone a la quejosa el artículo 8 de la ley 7055 -de rebatir y neutralizar cada uno de los motivos expuestos por la Cámara para cimentar su decisión de denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a destruir la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido en autos por aquélla, quien, en un intento de satisfacer formalmente tal exigencia, si bien se hace cargo de los fundamentos de la denegatoria con el propósito de desvirtuarlos, de modo alguno puede juzgarse que lo haya logrado, lo cual por sí sólo sellaría la suerte adversa del remedio intentado.

Por cierto, la recurrente no logra desmerecer con plausibles fundamentos lo aseverado por el A quo al basar la denegatoria en torno a la falta de cumplimiento del recaudo de oportuno planteo de la cuestión constitucional, máxime cuando -como en la especie- se trata de una sentencia confirmatoria de la de inferior instancia, razón por la cual, a tenor de lo repetidamente sostenido por este Cuerpo, debió al menos introducir la cuestión en oportunidad de expresar agravios ante la Alzada (Cfr. A. y S. T. 52, pág. 421; pág. 483; T. 56, pág. 82; T. 59, pág. 150; T. 63, pág. 239; T. 79, pág. 297; T. 82, pág. 39; T. 101, pág. 195, entre otros).

Si bien lo precedentemente apuntado constituye insuperable valladar para la admisiblidad del recurso interpuesto ha de puntualizarse, en tren de abundar, que no obstante ello, del análisis de las referidas hipótesis de arbitrariedad que se intentan perfilar, confrontadas con lo resuelto en la decisión criticada, se advierte que las mismas carecen de adecuada apoyatura en las constancias de la causa, y traducen tan sólo el cuestionamiento de la impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión.

Adviértase al respecto que el memorial -y la queja- en nada distan de ser una expresión de agravios de una apelación común, en el cual la quejosa enuncia reproches relacionados fundamentalmente con la valoración de la prueba producida en la causa, disintiendo en ello con la labor efectuada por la Cámara en ejercicio de facultades que le son propias, mas sin aportar elementos idóneos que permitan demostrar de qué modo se habría configurado la pretendida arbitrariedad de sentencia.

En efecto: una meditada lectura del voto de los doctores Berger y Vecchioli, evidencia que la cuestión fue minuciosamente considerada, y que la conclusión a la que arribaran los Juzgadores acerca de la existencia de la relación laboral subordinada que se invocara en la demanda -mas allá de su mayor o menor grado de acierto o error-, se encuentra fundada en un detallado análisis de cada uno de los elementos probatorios arrimados al proceso, circunstancia que descarta sin más cualquier posible viso de arbitrariedad en el decisorio en cuestión.

Así, el voto del doctor Berger, refirió en primer término a la fuerza probatoria de las actas de reuniones del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de la mutual accionada, concretamente, el Acta 144 de donde dedujo que en fecha 22 de junio de 1994 se decidió incorporar al actor para que se desempeñara como personal jerárquico de la institución, habiendose analizado las funciones del demandante, su trabajo y el sueldo a percibir; y el Acta 169 de donde entiende, emerge que al 3 de marzo de 1995 el actor ya había ingresado a la mutual como gerente y que para la existencia de dicho vínculo no constituyó obstáculo el hecho de que se hubiera desempeñado como integrante de la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual desde 1994. Seguidamente, hizo referencia a las retribuciones mensuales recibidas por el actor desde el 30 de junio de 1994 en concepto de gastos de representación y viáticos (conforme informe del perito contador) y lo abonado semestralmente bajo la misma denominación, deduciendo que se le pagaban aguinaldos.

Reafirmó dichos conceptos con los recibos presentados por Gentile donde la accionada figura como "empleador" y el actor como "beneficiario", otros percibidos en concepto de "haberes", habiéndose liquidado respecto de algunos meses "antigüedad, "asistencia", "jubilación", "obra social", "aporte sindical", "salario familiar", "esposa", "prenatal", y "asig. vac.". Asimismo, consideró que no existió impedimento fáctico ni jurídico para que el actor trabajara como gerente en relación de dependencia por el hecho de haberse desempeñado también como integrante del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora, por cuanto a su entender dichas funciones de ningún modo se mostraban incompatibles entre sí; que no podía entenderse que Gentile se hubiera desempeñado como empleador y empleado al mismo tiempo por cuanto el empleador fue la Asociación mutual y no cada uno de los integrantes de sus órganos; y que el actor no tenía, por ser tesorero, una posición dominante en la estructura de la asociación demandada que hiciera aplicable el criterio jurisprudencial según el cual no se reconoce la relación laboral cuando alguno de los miembros del directorio desarrolla además alguna función gerencial.

Finalmente, tras meritar las testimoniales de Romero, Burkard, Rubén Rosetti, Rossa Torino, Rey y Rosso -coincidentes en tren de acreditar que el actor se desempeñó como gerente-, y desestimar otras (Marengo, Berardo, Baintti, Lescano, Aragoni) por diversas razones fundadas en algún interés de los deponentes; así como otras (Zewnclusen, Trucco, Corrales, Viscardi, Eduardo Rossetti, Rocca, Rocchia) por carecer de veracidad frente a la prueba emanada de la documental aportada, arribó a la conclusión de que el actor desempeñó tareas en la mutual demandada hasta el mes de enero de 1999, que a lo único que renunció en fecha 21 de diciembre de 1998 fue al cargo de tesorero e integrante del Consejo Directivo, y que continuó trabajando, razones de las cuales concluyó que la demanda debía prosperar ya que el actor tuvo justa causa para considerarse despedido ante la actitud de la demandada de no proveerle trabajo y negar que hubiera ejercido el cargo de gerente. A idéntica conclusión arribó el doctor Vecchioli, indicando que luego de un minucioso análisis del plexo probatorio, se encontraba probada la existencia de un vínculo laboral entre las partes, fundando sus conclusiones básicamente en que pese a que la prestación del actor en diversos segmentos de la actividad de la mutual lo fuera como gerente, tesorero, integrante de la Junta Fiscalizadora y/o Consejo Directivo nada indicó que existiera superposición de tareas o facultades; que los testimonios que a la postre beneficiaron al reclamante se encontraban bien definidos frente a aquéllos que coadyuvaron la posición de la demandada y que las declaraciones de éstos últimos cedían frente a las pruebas documentales y periciales arrimadas al proceso.

Y, ciertamente, no se vislumbra de qué manera el temperamento aludido -más allá de su acierto o error- haya desbordado el marco ordinario de la exégesis de los hechos, derecho y pruebas -tal como se expresara, vedados por regla a esta instancia excepcional- con insubordinación a la reglas de la sana crítica o mediante afirmaciones parciales, inequitativas o ilógicas, importando un sustantivo agravio al derecho a la jurisdicción que permitan descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

De allí, que los reproches de la recurrente dirigidos a demostrar la arbitrariedad del decisorio vinculados con el "apartamiento de la normativa vigente", la "omisión de considerar prueba relevante" y "la arbitraria inversión de la carga probatoria" no logran traspasar el límite de la mera discrepancia en torno a la solución a la que arribaran los Juzgadores, con sustento en los elementos de prueba que consideraron idóneos para resolver la cuestión y en el derecho que reputaron aplicable al "sub lite" y reflejan, aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello excluídos de este control al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, circunstancia que de configurarse justificaría la apertura del remedio intentado.

En suma, tratándose de una cuestión de derecho común, y hallándose la resolución fundada en la situación fáctica, probatoria y del derecho en que el Tribunal subsumiera el caso, no cabe invocar la doctrina de la arbitrariedad a fin de habilitar esta vía de excepción.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)