Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-07


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 7 de 2009 La doctora Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia dictada en la instancia previa se alza el codemandado Correa, a tenor del memorial que luce anejado a fs. 307/310.

El coaccionado finca su disenso con el decisorio de grado, cuestionando su condena en la causa. Objeta, la valoración de los elementos probatorios incorporados al litigio. Argumenta, la existencia de graves irregularidades en la producción de la prueba testimonial, por lo que -a su criterio- la misma resultaría nula. Esgrime, que se soslayó merituar las declaraciones testimoniales aportadas por los coaccionados. Manifiesta, que cuando el actor intimó para que se registre su relación laboral éste era beneficiario del Programa Jefes de Hogar y que uno de los requisitos para acceder al mismo es encontrarse desocupado, por lo que en base a ello, solicita el rechazo de las multas e indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo, como así también de los salarios reclamados, en el escrito de inicio. Finalmente, se agravia de la liquidación practicada.

Liminarmente, cabe poner de resalto que, el actor denunció en el escrito introductorio que, ingresó a trabajar para los demandados el 7 de abril de 2003...que sus remuneraciones le eran abonadas al margen de toda registración laboral.... que se consideró despedido el 27/5/05".

Asimismo, indicó que "por un error de tipeo en los telegramas remitidos a los codemandados el 16/5/05 se consignó como fecha de ingreso la de abril de 2004, por lo que al día siguiente les remitió nuevos despachos telegráficos informándoles dicha circunstancia y haciéndoles saber que la misma debió ser la de abril de 2003".

Por su parte, el codemandado Correa alegó en su contestación de demanda que, "el actor cumplió tareas y se encontró registrado durante los meses que detalla: agosto, septiembre y diciembre de 2003 y enero de 2004... que en ningún otro período Maidana laboró para él" (ver fs. 28/30), omitiendo toda referencia tanto en relación a la fecha, como así también a la forma en que, se habría extinguido su relación laboral.

Asimismo, se advierte que Correa no acompañó en los actuados ningún elemento probatorio que corrobore su versión, en orden a la supuesta registración del contrato de trabajo del actor, durante los períodos por él indicados.

Sin perjuicio de ello, creo necesario señalar que, el co-demandado Correa no negó la remisión de la misiva del 21/5/05, transcripta por el actor a fs. 6, como así tampoco su contenido, en el que se consignó "... Ud. dejó de prestar servicios a favor del suscripto con fecha octubre de 2004" ..."que el vínculo hace tiempo (desde octubre de 2004) se extinguió ...", lo que demuestra que, Maidana habría cumplimentado tareas para el apelante con posterioridad a la fecha argumentada por éste en su contestación de demanda, es decir, enero de 2004.

Consecuentemente, la situación aparece inscripta en la denominada doctrina de los actos propios, ya que se advierte objetivamente una conducta contrapuesta a otra anterior, en tanto el coaccionado en un primer momento reconoció que Maidana cumplió tareas para él hasta octubre de 2004, por lo que tal posición, torna inadmisible la defensa asumida en el responde (cfr. Luis Moiset de Espanes, "Teoría de los actos propios", L.L. 1983-D-523).

Cabe recordar que la regla "venire contra factum propium nulle conceditur", expresión latina que define sintéticamente la denominada doctrina de los actos propios, se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior, válidamente asumida por el litigante. Ello así, porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia entre sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica.

De conformidad con lo previsto por el art. 377 del CPCCN cada parte carga con la obligación de probar los presupuestos fácticos que invoca en apoyo de su postura, por lo que en tal contexto, corresponde evaluar los elementos probatorios incorporados al litigio En lo que respecta a la prueba testimonial, si bien el recurrente esgrime la existencia de irregularidades en su producción, consistentes en la ausencia de notificación a su parte de las audiencias señaladas, se advierte que, no apeló el proveído de fs. 292 último párrafo, por medio del cual el Sr. Juez a quo hizo saber a las partes que las actuaciones se encontraban en Secretaría para que las partes pudieran hacer uso del derecho de alegar, que le fue oportunamente notificado (ver fs. 294/vta) y menos aún, planteó la nulidad respecto de las actuaciones que ahora extemporáneamente pretende impugnar.

No obstante ello, aún cuando en el mejor de los supuestos para el apelante, pudiera no otorgarse eficacia suasoria a las declaraciones de los testigos que comparecen a la causa a propuesta del demandante, ello en nada modifica -a mi criterio- la suerte del recurso, habida cuenta que, tal como señalé precedentemente, el codemandado recurrente reconoció la prestación de tareas del actor, a partir del mes de agosto de 2003 y hasta el mes de octubre de 2004, a lo que debe sumarse que, llega firme a la Alzada que resulta operativa en la causa la presunción prevista por el art. 55 de la LCT, por lo que corresponde estar a las fechas de ingreso y egreso, denunciadas al demandar.

Asimismo, la presunción legal citada precedentemente también se proyecta sobre la remuneración alegada en el escrito de inicio, debiéndose ponderar, por otra parte, que tampoco el apelante cuestionó que ésta resulte concor-dante con las tareas realizadas por el trabajador, de conformidad con el art. 56 de la LCT.

En consecuencia, coincido con el sentenciante de grado, en orden a la acreditación de la irregularidad registral denunciada al demandar, por lo que el despido dispuesto por Maidana resultó ajustado a derecho y por ello se propi-cia confirmar el progreso de las indemnizaciones legales impetradas con tal fundamento.

En base a lo dispuesto precedentemente, corresponde también confirmar lo decidido en la instancia de grado, en relación a las multas e indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo y a los salarios adeudados, en el estricto marco en que fueran expuestos los agravios, en la medida que -reitero- la extinción de la relación laboral, recién se operó en mayo de 2005.

Ahora bien, surge de la prueba informativa de fs.247 -que no fue impugnada por la parte interesada- que, "Maidana fue beneficiario del Programa Jefes de Hogar, habiéndosele liquidado en tal concepto los meses de mayo de 2002 a abril de 2006" y "que uno de los requisitos para acceder a dicho programa es encontrarse desocupado".

En tal contexto, habida cuenta que se encuentra demostrado en los actuados que durante la relación laboral habida entre las partes, el actor ha percibido el beneficiario para personas desocupadas, contemplado por el Decreto Nro. 565/02, la gravedad de la inconducta de Maidana corresponde sea denunciada ante el Ministerio de Trabajo (cfe. Sent. Definitiva Nro. 96357 del 10/2/09, en autos "Morán Silvia c/ Navarro Hernán Oscar s/ Despido").

Sin perjuicio de ello, el codemandado apelante jamás registró el contrato de trabajo de Maidana, es decir, que abonaba sus remuneraciones al margen de toda registración laboral, lo que configura un verdadero fraude con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones legales, por lo que considero que, en el caso de marras, el apelante no puede pretender liberarse del pago de las multas e indemnizaciones legales, como así tampoco de los rubros salariales adeudados al dependiente, en virtud de la inconducta señalada precedentemente.

En consecuencia, en atención al planteo deducido en torno a la irregularidad registral en que habría incurrido el recurrente, oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. (conf. texto ley 25.345 -B.O. 17/11/2000) de conformidad con las instrucciones impartidas por la Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

La queja que gira en torno a la procedencia del art. 15 de la Ley 22.250 será desestimada, en la medida en que se funda en que "el actor renunció y/o se retiró de su empleo" y conforme lo expresado precedentemente fue el demandante quien se colocó en situación de despido indirecto, por lo que en base a ello y toda vez que el apelante argumentó en su presentación recursiva que " la norma en cuestión solo es aplicable en casos de despido incausado" -en el estricto marco en que fue expuesto el agravio- se propicia confirmar el progreso del rubro, en cuestión.

En lo que respecta a la multa del art. 80 de la LCT, llega firme a la Alzada que ésta no resulta incompatible con el régimen de la construcción.

Sentado ello, el judicante de grado, concluyó que, se encuentran cumplidos en la causa los recaudos establecidos por el art. 45 de la ley 25.345 y por el Dto. 146/01 0 y si bien, el recurrente argumenta que, "el actor jamás intimó, en los términos del art. 80 de la LCT, lo cierto y concreto, es que éste no negó en su contestación de demanda la recepción ni el contenido de la misiva transcripta a fs. 7 vta., de fecha 2 de agosto de 2005, por lo que se propicia desestimar el agravio, en cuestión.

Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido, la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa Juan C. C/ Cia. Argentina de Televisión S.A:" pub. En La Ley, Tomo 155 pág. 750 número 385).

En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde confirmar la sentencia de grado, en todo lo que fue materia de recursos y agravios.

En tal contexto, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida, cabe imponer las costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 CPCCN) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del codemandado recurrente por la actuación en la Alzada en un 25% y 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en origen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados (leyes 21.839, 24.432 y art. 38 L.O.).

El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios ; 2) Imponer las costas de Alzada, en el orden causado; 3) Regular los honorarios de Alzada, en la forma dispuesta en el párrafo respectivo. 4) Librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con copia del presente pronunciamiento; 5) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000. - Miguel Ángel Pirolo. - Graciela A. González á