marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, sentencia absolutoria, funcionarios públicos, despachante de aduana
Materia: PENAL
Carátula: PIANA, ENRIQUE JOSÉ Y OTROS s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-01

Corresponde anular la sentencia que, al absolver a los imputados, efectuó un análisis parcial, fragmentado y hasta contradictorio de la prueba, pues -por un lado- al negar la intervención de uno de los directores en el cobro de reintegros, omitió evaluar que aquél había depositado cheques entregados como pago de reintegros y era quien manejaba la cuenta corriente destinada a ese fin y, asimismo aceptó que había participado en la compra de oro y más adelante lo negó, y -por otro lado- resulta infundada la negativa del a quo de tener por acreditado el conocimiento de los hechos por parte del despachante de aduana pues consideró que del hecho de conocer a las otras dos empresas del grupo no se deriva que conociera las irregularidades cometidas por la tercera y descartó los dichos del coimputado relativos al pago a funcionarios públicos cuando tales dichos se refieren al socio del encartado.
Ejercicio profesional, interpretación de la ley, poder de policía, desregulación económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El dictado de los decretos 2284/91 (art. 12) y 2293/92, muestra una clara voluntad del gobierno federal de alterar el modo de ejercicio del poder de policía profesional tal como se lo conoce hasta ahora, y dicha voluntad armoniza con la creciente liberalización de la prestación de los servicios en el espacio integrado por los países signatarios de los acuerdos del Mercosur, implicando, necesariamente, la atenuación progresiva - y en algunos casos, la eliminación lisa y llana - de las restricciones administrativas y económicas que, en cada país adherente, afectan el ejercicio de las profesiones liberales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Despido sin causa, medidas de fuerza
Materia: LABORAL
Carátula: OTERO, ALVARO c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINA (AGEA) SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-22

La mera participación en asambleas y paros del personal realizados en el horario y lugar de trabajo, sin que se haya instigado a la huelga, sin incurrir en expresiones agraviantes hacia los superiores o hacia los compañeros que no participaban en la medida, y sin daños o molestias a las personas, no constituye injuria que justifique el despido, de conformidad con el artículo 243 LCT. (texto Ley 20744).
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pelloni Ricardo G. c/ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

La evaluación del daño moral no debe sujetarse a criterios rígidos, debiendo ser merituada en cuanto a su existencia y al quantum indemnizatorio considerando las circunstancias de cada caso en particular, la gravedad de la angustia y padecimientos sufridos, el hecho motivador de la lesión espiritual, la conducta de la parte agraviante y el principio de la reparación integral (confr. Sala II de esta Cámara in re "Celano Marta" del 10/10/91).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, grooming, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., V. D. c/  s/ GROOMING-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-21

En vinculación al pretendido agravio que introduce la compareciente, achacando a los Sentenciantes afectación del principio de imparcialidad, de la lectura del recurso de queja se advierte claramente la falta de cumplimiento de la carga impuesta en el artículo 8 de la ley 7055, siendo que la quejosa, siquiera tangencialmente logra rebatir lo argumentado por el A quo en el auto denegatorio, en cuanto sostuviera que si bien la posición minoritaria había considerado que las capturas de chats y fotografías no resultaban declaraciones previas sino documental que debió ser ofrecida en la etapa intermedia, lo cierto es que el planteo recursivo resultaba insustancial, en virtud de que el Tribunal sostuvo que la evaluación de la prueba del voto que lideró el acuerdo, se llevó a cabo excluyendo la misma, por lo que aún de prosperar la tesis enarbolada por la defensa, la conclusión confirmatoria de la condena de primera instancia permanecería incólume, resultando inconducente habilitar la excepcional instancia para tratar una cuestión opinable, y la quejosa soslaya desvirtuar este fundamento expuesto por la Alzada para cimentar su decisión de denegar el recurso, no haciéndose cargo de tal exigencia, lo que determina la inadmisibilidad del agravio por incumplimiento de la carga referida en el mencionado dispositivo legal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8.
Sentencia de trance y remate, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SCOTIABANK QUILMES c/ UEQUIN, ALFREDO s/ EJECUCION HIPOTECARIA-QUEJA DR. PABLO G. BRIZUELA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-17

La limitación recursiva que sienta el art. 546 del C.P.C. y C. sólo resulta de aplicación cuando el procedimiento ha seguido un trámite normal, es decir que la irrecurribilidad está reservada exclusivamente para aquellos trámites y actuaciones propios o inherentes al proceso ejecutivo. Sin embargo, no es menos cierto que cuando se configura una situación que excede el marco de los trámites y actuaciones propias al juicio ejecutivo, y se evidencia una faceta procesal impropia del juicio compulsorio, obviamente puede ser sometida a revisión.
Impuestos, impuesto sobre los bienes personales, sociedades comerciales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Aranda, José Antonio (TF 17729-I) c/ D.G.I".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Del capítulo II de la ley del impuesto sobre los bienes personales -ley 23.966- tercer párrafo, del inc. h) del art. 22 y de su reglamentación al tiempo de los hechos, - art. 20 del decreto 127/96- resulta claro que el aporte irrevocable integra el patrimonio neto de la sociedad; en consecuencia los accionistas desde el punto de vista de la ley fiscal, deben computar como patrimonio propio la totalidad de la participación que al 31/12/97 tenían en aquella. Este es el régimen de la ley, más allá de las consecuencias jurídicas que para la empresa signifique ese aporte irrevocable frente a quien lo realizó. Pero es claro que este último sujeto no resulta ser titular del patrimonio neto de la sociedad anónima a la fecha indicada, ni accionista por no existir títulos, aunque se encuentre integrado su valor, e independientemente de la situación en que fue colocado luego del cierre de ejercicio en discusión (Cons. 4°) El thema decidendum consintió en establecer si el aporte irrevocable efectuado por un tercero antes del cierre del período fiscal 1997 debe computarse dentro del patrimonio neto social a efectos de valuar, con relación al impuesto a los bienes personales, las acciones que poseía el actor a dicha fecha.
Secuestro de estupefacientes, acta de secuestro, testigos de actuación, nulidad procesal, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cardozo, Desiderio Aníbal y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

Las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, siendo condición esencial para que puedan declararse que la ley prevea expresamente esa sanción, es decir, no hay otras nulidades que las previstas en el precepto, por lo que no será nulo el procedimiento en que los testigos firmantes no hayan presenciado toda la diligencia. Por consiguiente el hecho de que los testigos hayan ingresado al domicilio allanado con posterioridad al funcionario público, no invalida el secuestro efectuado y documentado en el acta en cuestión, toda vez que dicha medida de prueba se efectuó con la presencia de testigos, sin que existan razones -tampoco las invoca el impugnante- que hagan presumir que el material estupefaciente hallado no se encontraba en el lugar antes del ingreso del preventor. Entonces, es dable señalar que quien interpone una nulidad debe invocar un interés concreto en su declaración no bastando la referencia genérica a la afectación de garantías constitucionales -como se observa en los presentes recursos-, toda vez que de lo contrario se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, lo que implica un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia.

(Voto del Dr. Madueño).
Recurso de queja (procesal), juicio sumarísimo, apertura de la instancia
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Gastón c/ Rontaltex S.A. s/ Sumarísimo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-13

La demandada se limita a reiterar en esta instancia, argumentos ya expuestos en su apelación, sin traer aquí un solo motivo técnico por el cual deba revocarse la resolución que denegó el recurso interpuesto. En mérito de la inexistencia de una crítica al rechazo de la apelación por parte del juez de grado, se mantiene incuestionada la resolución, pues la recurrente no brinda ni una sola explicación de porqué el auto objetado es arbitrario o contrario a Derecho. (Voto Romero. Adhesión Welp)
Sentencia, nulidad de oficio, veredicto
Materia: LABORAL
Carátula: Caro, J. c/ Cons. Prop. Galería Flamingo s/ Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La carencia de firmas de los integrantes del Tribunal del Trabajo del veredicto y del acuerdo constituye una violación al art. 168 de la Constitución de la Provincia en tanto que las cuestiones de hecho y derecho no han sido resueltas de conformidad con lo establecido por los arts. 45 incs. "d", "e" y "f" y 48 del dec. ley 7718/71, t.o. dec. 4444/93. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Partidos políticos, elecciones, impugnación de la elección, inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios, lista de candidatos, junta electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Humanista s/ apela Acta Nº19 de la H. Junta Electoral Nacional - elecciones 14 de octubre de 2001
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

La posibilidad de que el Partido impugnante del Acta de la Junta Electoral por la cual se proclaman los candidatos electos, no obtuviera una cantidad de votos que alcanzara el piso legal del 3% constituía una eventualidad propia de su participación en los comicios, por lo que si la referida agrupación o sus candidatos consideraban que las disposiciones legales pertinentes eran contrarias a la Constitución y podían perjudicarlos debieron plantear oportunamente la cuestión -más allá del carácter de orden público de tales disposiciones- o, en todo caso, efectuar la reserva correspondiente. Es así aplicable al caso la reiterada doctrina según la cual quien se somete sin reserva alguna a un determinado régimen jurídico no puede válidamente impugnarlo con posterioridad con base constitucional, pues no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, jueces, llamado de atención, acordadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dr. Néstor H. Buján s/ llamado de atención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

No merece la calificación de "manifestaciones agraviantes respecto de la actuación de sus superiores", ni justifica formular un llamado de atención, el hecho de que al preguntar al secretario de la Corte acerca de la solución que el Tribunal dijo haber encontrado en relación al dictado de una acordada, el presidente de cámara entrecomillara, en su oficio, el vocablo "solución" (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Ombudsman, Constitución Nacional, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - Mo. de Planificación - resol. 1961/06 s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-19

Cuando el Defensor del Pueblo actúa ante los tribunales de justicia cumple una función social que le ha sido encomendada por expreso mandato constitucional y tal intervención no encuentra sustento en un poder individual otorgado por los integrantes de un grupo determinado sino que tiene su origen en la Constitución Nacional que le impone el deber de accionar judicialmente en defensa de los derechos de incidencia colectiva en ella consagrados y, en definitiva, en beneficio de la comunidad en su conjunto.
Contratos, prueba, factura, valor probatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Caldero Morales y Bianco Consultores y otros c/ Grupo Isolux Corsan SA (Ute) y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

Las facturas por el servicio prestado son sólo una prueba más de entre otras que se pueden aportar, es decir, no son constitutivas de ningún derecho, sino demostrativas, en su caso, del contrato que entre las partes hubiera sido celebrado (esta Sala "Nidera SA c/ Garcia Soldati Ernesto s/ ordinario" del 28/19/19 entre otros).
Pago por consignación, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: FRAPIL S.A. c/ CHASANORO S.A. s/ ordinario, consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-02-02

Corresponde rechazar la demanda de pago por consignación instada por un deudor obligado en dólares a cancelar la obligación en la misma moneda ante la negativa del acreedor de aceptar el pago en pesos al tipo de cambio oficial durante las restricciones a la compra de divisas, toda vez que el llamado "cepo cambiario" no puede, bajo ningún concepto, constituirse en excusa para abstraerse del cumplimiento de obligaciones pactadas en moneda extranjera, máxime si el pacto se llevo? adelante vigente dicha restricción cambiaria.
Divorcio por presentación conjunta, desistimiento de la acción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRASCO DORA MARIA c/ MANSILLA JUAN ALBERTO s/ ORDINARIO POR SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-29

La posibilidad de la reanudación del proceso contencioso desistido en el supuesto de fracaso del proceso por presentación conjunta, ha sido supeditada a uno de los dos supuesto: 1) que medie conformidad de ambas partes, 2) que las partes hayan hecho reserva de que el proceso contencioso habrá de continuar si el mutuo consentimiento llegare a fracasar.
Trabajador autónomo, jubilación por invalidez, incapacidad laboral, incapacidad de ganancias, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRANCK, María Erminda c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

La disminución o supresión de la capacidad de ganancia no es argumentación suficiente para que se conceda el beneficio de jubilación por invalidez a un trabajador autónomo (en el caso una costurera de 51 años de edad y el 20% de incapacidad), ya que los trabajos así desempeñados no están sujetos a pautas rígidas ni a horarios excesivos, siendo los propios interesados los autorreguladores de su conducta.
Derecho comercial, transporte terrestre, obligaciones de resultado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  MERIDIONAL  CIA  ARGENTINA  DE SEGUROS SA c/ LOGINTER S.A. s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

La obligación de transportar la carga y entregarla en buen estado en el lugar de destino es una obligación de resultado, con lo cual su mero incumplimiento hace presumir la culpa. Este principio tiene expresa formulación en el art. 172 del Código de Comercio, en cuanto sólo exime al transportador de los daños que sufrieren los efectos provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito (esta Cámara, Sala II, "Fénix del Norte Cía. Argentina de Seguros S.A. v. Expreso San Miguel SRL s/faltante y/o avería de carga transp. Terrestre" del 19/12/95; "Júpiter Cía. Argentina de Seguros S.a. v. Rodoviario Michelon Ltda. y otro s/faltante y/o avería de carga trans.terrestre" del 14/6/2001, y muchos otros).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guzzo y Cía. S.A. c/ Guzzo, Felipe C. s/ Fijación de plazo y cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

La decisión que resuelve sobre la obligación al pago de la tasa de justicia por la traba de una medida cautelar, no reviste carácter definitivo en el concepto del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, demanda, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Nardo, Oscar I. c/ Cano, Carlos Alberto y otros s/ Ordinario Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

Debido al acatamiento del principio de preclusión en el proceso, queda impedida toda reapertura de asuntos definitivamente concluidos.
Extradición, fundamentación del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Villena Barrios, Wilber Enrique c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

Resulta insuficiente la mera invocación del tiempo que insumió el procedimiento de extradición -casi 5 (cinco) años hasta el dictado del auto apelado- para fundar el agravio basado en la violación al plazo razonable de duración del trámite.
Empleo público, revocación de sentencia, estabilidad del empleado público, indemnización por despido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Heudens, Roberto Alejandro c/ EN-M Interior OP y V s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

El tribunal de alzada, por mayoría, revocó la sentencia apelada y en consecuencia, condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización en los términos del artículo 11 de la ley 25.164, por el período comprendido entre el 01/05/2006 y el 23/04/2016, tomando la mejor remuneración percibida por el reclamante, con adición de los intereses devengados desde el momento de la rescisión del vínculo hasta la fecha del efectivo pago, a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Para decidir de tal modo, los jueces Treacy y Gallegos Fedriani sostuvieron que el comportamiento de la parte demandada tuvo aptitud para generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 CN otorga al trabajador contra el "despido arbitrario", resultando plenamente aplicable la doctrina que surge de los precedentes de Fallos: 333:331; 334:398, entre otros. El Dr. Alemany, en disidencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había rechazado la demanda.
LEY DE CONCURSOS, facultades del juez, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: A.B.C. Maderas SA s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-02

"La ley de concursos ha dejado librado a prudente estimación del juez la determinación del monto del activo a los fines regulatorios, hay que interpretar que lo ha hecho en la inteligencia de que sería difícil contar con un monto real y actual. Como la ley no trae otra pauta que la prudente estimación judicial, hay que considerar de relevante importancia la apreciación que haga la deudora al presentar su concurso preventivo, así como el monto estimado por el síndico en la oportunidad del informe general".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, regulación de honorarios, reducción de la regulación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Martín, Raul y otros c/ Molinos Juan Semino S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Demanda Laboral (Expte.: C.S.J. Nro.  104 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Si se entendiera que los actores pretenden la disminución de los honorarios regulados a favor de su letrado interviniente en estos autos, cabe apuntar que ésta- recurso de inconstitucionalidad contra el auto regulatorio de los estipendios profesionales por incidentes- no es la oportunidad procesal para la discusión de esa cuestión pues, conforme las prescripciones de la normativa arancelaria, el abogado acreedor de estipendios profesionales regulados en juicio que persigue el cobro de su propio cliente debe notificar ese auto regulatorio en el domicilio real de éste a fin de poder contradecir la regulación (arts. 24 y 31, ley cit.). De ahí que, analizando el caso bajo la hipótesis descripta, la regulación de honorarios cuestionada adolecería del requisito de definitividad estatuido por el artículo 1 de la ley 7055 toda vez que no se habría cumplimentado con la mecánica "ut supra" mencionada. Pues, recién agotado el contradictorio que regula la ley 6767, la fijación de los estipendios ostentaría ese carácter.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, procedimiento tributario, tributos, prescripción
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva c/ Capocotta, Julián. s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que, sin dar razón válida para ello, prescindió de lo establecido en las normas legales aplicables al caso - arts. 59 y 60 de la ley 11.683 - con arreglo a las cuales la acción del Fisco Nacional referente al tributo se encontraba prescripta con anterioridad al momento en que se realizó la determinación de oficio.
División de poderes, facultades del Poder Judicial, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

No incumbe a los jueces, en ejercicio regular de su misión, substituirse a los poderes del Estado en atribuciones que le son propias, ya que la función más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes o jurisdicciones (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Concursos, extensión de la quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arbeo y otras s/ Incidente de extensión de quiebra en: Frigorífico San Telmo. Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es aplicable al plazo del art. 163 de la ley 24.522 la doctrina según la cual la caducidad no puede interrumpirse pues es de cumplimiento fatal, pero puede impedirse ejecutando el acto necesario y previsto por la ley o el contrato, antes de que se cumpla el plazo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTIN B. GOMEZ ALZAGA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION - LUCRO CESANTE.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.    INUNDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

Es responsable la Provincia de Buenos Aires de los daños y perjuicios sufridos en el patrimonio del actor por las consecuencias nocivas que sobre su propiedad produce la permanencia de las aguas.

Ello es así, pues teniendo en cuenta que la llanura de expansión es el ámbito físico donde se extienden, en circunstancias particulares de intensidad de los ciclos hídricos, los efectos de la inundación, resulta evidente que la postura de la demandada que niega condición de zona inundada a esa llanura implica un verdadero escamoteo conceptual sustentado en una peculiar apreciación de ese término técnico, y resulta ineficaz para probar, como parece pretenderlo, la afectación a usos productivos de espacios físicos existentes fuera de los límites de la propiedad de la actora.