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Administración Pública, política salarial, acto administrativo, presunción de legitimidad, empleados públicos, remuneración, reclamo salarial, diferencias salariales, recurso contencioso administrativo, prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abbate, Patricia Elena Concepción y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 126-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

Aunque se admitiera que la presunción de legitimidad es un carácter que alcanza a la "actividad" administrativa en general (en el caso, a la actividad de liquidación de remuneraciones), y no sólo a los actos administrativos, tal presunción no autorizaría a rechazar, (sin más fundamento que el de la falta de acreditación de las pretendidas diferencias) reclamos vinculados con cuestiones de política salarial, respecto de las cuales el sujeto público se encuentra-indudablemente- en inmejorables condiciones para comparar lo que efectivamente se abonó a los agentes con lo que se les hubiese correspondido de aplicar las políticas salariales invocadas. Ello basta a los fines de declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, sin que ello implique pronunciamiento acerca del alcance del reconocimiento que se postula, ni sobre la incidencia que en él puedan tener las pruebas rendidas, cuestiones que deberán dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia.
Poder Legislativo Nacional, Administración Pública, cuestión política
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Jurío, Mirta Luisa c/ UNLP. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

No toda "ejecución" de políticas del Congreso requiere el necesario concurso de la administración.
Cómputo de la pena, detención, orden de captura, detención a disposición de otro magistrado
Materia: PENAL
Carátula: ZAPATA, LUIS s/ COMPUTO - TIEMPO DISPOSICION JUEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-22

A los efectos de contabilizar el cumplimiento de una condena impuesta, resulta pertinente considerar el tiempo que el destinatario de ella hubiera cumplido en detención a disposición de otros jueces con anterioridad a la fecha en que hubieran procedido a poner al encartado a disposición del que dictó el fallo, con excepción de que también en dichos casos hubiera recaído sanción a su respecto; por cuya razón corresponde certificar el período en que antes de la orden de captura de autos, permaneció el nombrado privado de su libertad y tenerlo en cuenta a los efectos del nuevo cómputo que deberá practicarse.
Ahorro obligatorio, inconstitucionalidad, restitución de sumas de dinero
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDREONE, Héctor Eduardo c/ Estado Nacional (D.G.I.) s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.256 y 23.549 en cuanto se refiere al ahorro obligatorio allí establecido y que condenó a la demandada a devolverle a éste la diferencia entre las sumas ingresadas en concepto de primera cuota de dicho tributo correspondiente a la citada ley 23.256 -con el ajuste monetario conforme al índice de precios mayoristas a nivel general a partir de que ellas fueron abonadas y hasta la entrada en vigencia de la ley 23.928- y aquellas devueltas por la Dirección General Impositiva al momento de vencimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, docentes, salarios caídos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DE LOS HOYOS, GUILLERMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-04

Corresponde anular la sentencia impugnada desde que el A quo -con argumentos genéricos y en base a afirmaciones dogmáticas- se desentendió de las constancias de la litis tal cual fuera planteada y de la justa solución del caso, ya que en sustancia, no surge de la reglamentación vigente que el docente suplente tuviera derecho a percibir salarios por servicios que no han sido prestados por él, ni se advierte prueba concreta de los perjuicios efectivamente sufridos por el actor que permitan excepcionar el principio de la improcedencia del reconocimiento de emolumentos por funciones que no han sido desempeñadas; lo que cobra aún mayor relevancia en el presente caso, en el que no se desarrolla un supuesto de cesantía, suspensión provisoria o inhabilidad del agente, sino que, se trata de un no ofrecimiento de suplencia -que aunque fue reconocido como ilegítimo- no puede conferir válidamente y sin más al reclamante la pretensión de gozar de los salarios caídos. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Gastaldi, Erbetta, Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Dcto. del Poder Ejecutivo provincial 3 2/08.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL
Carátula: Lima,  Fabián Avelino c/ Javier Vicente Rinaldi s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2014-02-17

Sabido es que el conductor de un rodado debe circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, por lo que cualquier maniobra que efectúen en el transcurso de su circulación deben anunciarla cuidando de no iniciarla antes de cerciorarse que ha sido advertida por los demás usuarios de la vía; la cuestión es circular con precaución, sin crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito (art. 39 inc. b) de la ley 24.449).
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

Discernir la competencia de la corte suprema, como la de los tribunales superiores de provincia y demás tribunales inferiores de la nación y de las provincias, es cuestión que debe hacerse por medio de las leyes respectivas, resultando inadmisible que tal distribución pretenda hacerse por vía jurisprudencial (c.N. art.

100 y 101). Es que, subyacentemente, se halla la necesidad de preservar el principio de supremacía constitucional (c.N. 31).

"Pero la efectividad del mencionado principio requiere un sistema eficiente de control de constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes y sus agentes".
Tribunal colegiado, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caminoa, Jackeline y Otros, Concejales H.C.D. Lago Puelo s/ Plantean Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

Como la voluntad del órgano colegiado debe expresarse sobre la base de la concurrencia de cierto número legal de integrantes, para que la declaración de esa voluntad sea válida, se requiere el respectivo quorum; si la deliberación se efectúa sin el mismo, la decisión del collegium está viciada en la forma, al no seguir el procedimiento establecido a tal efecto.
Seguros, silencio del asegurador, reconocimiento del derecho del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: VISION  FUTURA  SRL c/ EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

De haber tenido la aseguradora algún reparo respecto de la autenticidad de la documentación aportada por la asegurada, debió haberle notificado fehacientemente, dicha situación excepcional, o en su caso, requerirle nueva información complementaria tendiente a esclarecer esa situación, interrumpiendo de esa forma el curso del plazo legal dentro del cual debía expedirse; su omision constituye una falta grave que no es consistente con el profesionalismo con el que debe conducirse una entidad aseguradora (cciv: 902); lo cual conlleva a que la compañía de seguros deba afrontar las consecuencias legales previstas por su inacción, de modo que habiendo entregado el asegurado la documentación solicitada, el rechazo efectuado por la aseguradora luego de transcurrido el plazo previsto en la ley 17418: 56, deviene extemporaneo.
Accidentes de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: LANTERNA MARIO CESAR c/ HUCK S.R.L. s/ INDEMNIZACION ACCIDENTE y DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-03

El alto grado de incapacidad para trabajar que porta el actor -49,50 por ciento-, la conciencia de su prematura decadencia -35 años- y su futuro incierto, ha de perturbar sin dudas su espíritu, generando angustias que, aún cuando no se puedan subsanar, merecen estar cubiertas, como lenitivo, con una suma mayor a la reconocida en la sentencia recurrida. En este sentido, por ser justo y equitativo, debe elevarse a $ 6.000 a cargo de la demandada, es decir, hecha ya la deducción del cincuenta por ciento por culpa del trabajador y a la fecha del accidente.
Defensa de la competencia, interés público, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA s/ DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA.  SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

La aplicación de una multa por infracción a la ley 22.262 no afecta el importante papel que desarrollan en el complejo tejido social, entidades que, como la Asociación Argentina de Anestesiología, intentan contribuir con su aporte a la búsqueda del bienestar general, ni importa un avasallamiento de ella que, igualmente, podrá cumplir el papel de perfeccionar los servicios que prestan sus miembros, sin necesidad de establecer sus aranceles mínimos, a cuyo efecto existe un nomenclador oficial que los determina y para cuya fijación el legislador ha conjugado los fines de justicia retributiva y ética profesional alegados por la apelante y el interés general de la comunidad.
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Picchi, Arol Pedro c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

La formación profesional y ubicación jerárquica del funcionario administrativo imponen correlativamente mayor cautela y responsabilidad en la adopción de criterios, especialmente si -como en el caso- era el reemplazante natural del titular de un distrito de la Dirección de Hidráulica provincial.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contar S.A. c/ Delage, Monica y otro s/ Ejecución Contar S.A. c/ Giampaolo, Carlos A. y otros s/ Ejecución Banco Río de La Plata S.A. c/ V.Y.O.R. SRL y otro s/ Ejecución y preparación vía ejecutiva Banco de Boston c/ Celasco, Fernando G. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-03|1994-12-22|1996-05-03|1997-04-22

Para que se admitan los intereses "pactados" reclamados por el ejecutante, debe mediar acuerdo en tal sentido, careciendo de eficacia el pacto celebrado entre las partes, fuera del texto del pagaré, ya que en materia ejecutiva no puede completarse el título ni hacerse valer modalidades extracartulares que configuran elementos ajenos a aquél. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: CONTRERAS  LUIS  ANGEL  C/BANCO  RIO  DE  LA PLATA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

No debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 L.C.T., con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 L.C.T. Además la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguir otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. c/ Levato, Miguel Angel y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecución   hipotecaria. Excepción de incompetencia (Expte. CSJ No. 794-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

Es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio y no logra hacerlo el recurrente que a pesar de sus extensas alegaciones no logra persuadir que se esté en presencia de una resolución que cumpla con la exigencia legal contenida en el artículo 1, primer párrafo de la ley 7055.
Detención sin orden, requisa personal, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Miranda Gustavo Daniel s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

A pesar de que previo a la requisa y hallazgo del material estupefaciente no se sabía que los imputados trasladaban tóxicos, la policía correntina posee funciones genéricas de brindar asistencia a la justicia federal, de manera tal que no existe vicio en su actuación. La requisa sin orden judicial se encuentra justificada toda vez que en el juicio se tuvo por probado, sobre la base de los testimonios de los preventores, la sospecha policial basada en la alta velocidad con la que se desplazaba el rodado que transportaba a los imputados y que se encontraban controlando la zona -a la que definieron como "caliente"- y allí observaron que el vehículo sindicado giró a 400 metros del control del aeropuerto, que el automóvil "venía aplastado contra el suelo como excedido de carga". El acta, a pesar de ser intitulada "acta circunstanciada compuesta" y no "de requisa y secuestro" cumple con todos los requisitos de los arts. 138 y 139 del CPPN, ya que se encuentra suscripta por los policías que llevaron a cabo el procedimiento, junto con dos testigos, así como la fecha, nombre y apellido de los intervinientes, junto con las diligencias realizadas y su resultado. La disidencia expresó que la ausencia del órgano encargado de instar la acción penal, en los términos previstos en el art. 188 del CPPN, impone que se declare la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo su opinión en cuanto consideró que la conducta reprochada no se consumó toda vez que la mera acción de transportar que se ve interrumpida por la interferencia de terceros, constituye un supuesto de tentativa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, recurso de apelación (procesal), acumulación de procesos, litisconsorcio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La tacha dirigida contra lo resuelto por la Cámara en torno a la admisibilidad de la apelación interpuesta por dos de los amparistas sin fundamentación simultánea y a la extensión de los efectos de la apelación correctamente interpuesta por su litisconsorte, denota tan sólo su disconformidad con lo resuelto por los Sentenciantes, quienes -con citas de jurisprudencia y doctrina especializadas- expusieron que se imponía un abordaje desde la justicia del caso concreto, teniendo en cuenta la indiscutible naturaleza unívoca y/o común de las pretensiones de los accionantes, como asimismo que el fundamento de la acumulación dispuesta radicaba en la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias; y que la naturaleza publicística de la controversia, en atención al contenido de la acción de amparo -consistente en el embate a la validez constitucional de una norma- evidenciaba la inconveniencia del sistema de personalidad del recurso basado en una concepción privatista del proceso, pues tal solución podría resultar en un escándalo jurídico que el mismo Estado en una misma causa pudiera declarar que una norma es constitucional e inconstitucional a la vez. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Spuler, Gutiérrez y Vargas).
Accidentes de trabajo, homicidio culposo, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: PANICHELI, M. s/ HOMICIDIO CULPOSO. RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

Habiéndose acreditado que el procesado murió electrocutado, por efecto de un dispositivo alargador o portalámparas que no poseía las más elementales condiciones de seguridad, corresponde hacer una distinción entre la situación del coordinador general y el capataz, pues el primero tiene la función de ejercer esa vigilancia, en forma directa o por delegación del técnico a cargo de la obra, pero el segundo sólo dirige los trabajos concretos y materiales, y no es más que un operario.

Debe responder sólo el primero a título de responsabilidad por tipicidad culposa de la conducta, porque si hubiese ejercido la vigilancia debida sobre los operarios, no hubiese permitido que la víctima usase ese elemento y el resultado no se hubiese producido.
Honorarios del abogado, remuneración fija
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTANZO, SEBASTIAN c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-17

El último párrafo del art. 2 de la ley 21839 debe entenderse limitado a la invocación de las previsiones referidas al arancel en sentido estricto y no a la aplicabilidad del diseño del art. 49.

Esto es así pues el convenio de honorarios o la retribución salarial elimina la incertidumbre que sustenta la norma, en tanto el letrado ve garantizada su retribución no sólo frente a un condenado en costas insolvente, por lo que la garantía de la retribución profesional está cumplida con la remuneración salarial, con independencia del resultado del pleito.
Recurso contencioso administrativo, principios del procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Salom, Roberto c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-09-15

Dadas las particularidades de la presente causa en la que colisionarían el principio de orden público del que se nutre todo el proceso contencioso administrativo, y el de informalismo, en función de la obtención de la verdad jurídica objetiva creo debe priorizarse, mutatis mutandi, éste último, con el objeto de que el justiciable pese a su equívoco manifiesto, tenga la seguridad de que ha sido protegido jurisdiccionalmente sobre una decisión del Poder Ejecutivo que considera errónea.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez Diez, Ricardo y otros c/ PEN  -  Congreso  de  la Nación s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Los casos a los que aluden los arts. 116 y 117 son aquéllos en los que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas, motivo por el cual no hay causa cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes; ni, por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones.
Libertad de expresión, derecho a la intimidad, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martin, Edgardo Héctor c/ Telearte SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-03

En las sociedades contemporáneas el carácter masivo de los medios de comunicación potencia la trascendencia de la libertad de expresión y el rol que cumple para el ejercicio de autogobierno colectivo pero también implica mucha mayor aptitud para causar daños, especialmente al honor y a la intimidad de terceros.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIDAL EDUARDO c/ IBO ALDO PERNUMIAN s/ EJECUTIVO"EXPTE. N12110/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-12-13

Cuando se dice "que corresponder al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que se funde las excepciones" lo que en realidad se está reflejando es el viejo onus probandi incumbit actore.
Requisa personal, prevención, medidas urgentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sarraco, Carlos Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-03

A fin de determinar el exacto alcance que los legisladores pretendieron otorgarle al término urgente plasmado en el inciso 5° del artículo 184 del C.P.P.N., no basta limitarse a su conceptualización literal, sino que debe extenderse a su análisis desde el punto de vista teleológico. Así, la norma debe ser interpretada de modo que sus limitaciones no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado, al efecto del cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad. En tal inteligencia, la disposición que permite a los funcionarios encargados de la prevención practicar las requisas urgentes, con arreglo a lo previsto en el art. 230 del ritual, dando inmediato aviso al órgano judicial competente -art. 184 inc. 5° supra citado-, debe conjugarse con la pauta establecida en el inc. 4 de esa norma. Con sustento en lo precedentemente expuesto se comprueba que, si bien la exigencia se refiere a situaciones de urgencia, su exégesis debe realizarse con un criterio más flexible, habida cuenta que no se llegue al extremo de requerir que se trate de una cuestión cuya demora pueda comprometer el éxito de la investigación. Otro entendimiento importaría reducir las facultades prevencionales a una expresión tan mínima que significaría prácticamente su eliminación, y no resulta serio sostener que éste haya sido el espíritu de la ley. (Voto del Dr. Mitchell).
Personal militar, adicionales de remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Bruzzo Natalio c/ Estado Nacional s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-20

Los adicionales creados por el decreto n° 2769/93, el decreto n° 1104/05 y modificatorios y complementarios son suplementos de carácter general y benefician a la totalidad del personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, correspondiendo su pago hasta el día 1 de agosto de 20012, fecha de entrada en vigencia de los decretos 1305/12 y 1306/12 que suprimen los mencionados adicionales, siguiendo las pautas para la liquidación dispuestas por la Corte Suprema en el caso "Zanotti". (del voto del Dr. Tazza)
Jurisdicción y competencia, jurisdicción internacional, competencia por el territorio, prórroga de la competencia, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: RESGUARDO CIA DE SEGUROS  S.A. c/ SOCIEDAD URUGUAYA DE TRANSPORTES A FLETE LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

Como principio,no puede ser modificada por la voluntad de las partes la jurisdicción y la ley aplicable,salvo en la medida que lo autorice el tratado internacional.En el caso,el art.56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 establece:"se permite le prórroga territorial de jurisdicción si después de promovida la acción,el demandado la admite voluntariamente,siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales patrimoniales".En tales condiciones,la cláusula inserta en el anverso de los conocimientos carece de eficacia a los fines pretendidos habida cuenta que,de conformidad con los principios del derecho internacional privado,la prórroga no puede concertarse sino después de promovida la acción,de manera que su acuerdo anticipado es inadmisible.