marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personas jurídicas, entes autárquicos, personería jurídica, responsabilidad de los entes autárquicos, Comisión Nacional de la Vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: RUA DE LE PERA MARTA E. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

Toda entidad autárquica, como sujeto de derecho, tiene personalidad jurídica propia y, por lo tanto, puede ejercer sus derechos y, correlativamente, cumplir sus obligaciones. De ello se deriva su responsabilidad por los hechos y actos que realice en el desenvolvimiento de su actividad. La responsabilidad por las consecuencias de los hechos y actos imputables es un corolario de la personalidad.

La entidad es susceptible de ser directamente demandada ante los tribunales de justicia. El ente autárquico es responsable por su comportamiento (conf. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo" T. I. p. 440, n. 128).

Pero ello no significa que la Municipalidad no pueda ser demandada también con relación a aquellos derechos y obligaciones que se deriven del ejercicio de la función pública del ente autárquico, pues en su carácter de creadora de éste tiene una responsabilidad indirecta.

Si de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de la ley de creación de la Comisión Municipal de la Vivienda, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires responde por las operaciones que realice aquélla con arreglo a las disposiciones de dicha ley, con mayor razón deberá hacerlo cuando se de un caso de responsabilidad extracontractual (arg. arts. 33, 43, 1113 y concordantes del Código Civil; conf.

CNCiv. Sala B, "Peñon, Manuel E. c-Lázaro y Requeira s-daños y perjuicios", del 11-12-82), debiendo considerarse que fue correctamente demandada, rechazándose la falta de legitimación pasiva opuesta.
Contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gattas Emp. Const. S.R.L. c/ Kim Yong s/ Cobro de facturas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

La recepción de la obra a que se refieren los arts. 1646 y 1647 bis del Civil, es el acto jurídico que traslada al propietario los riesgos de y cubre la responsabilidad del locador en lo que atañe a los vicios aparentes y a los que, siendo ocultos, no comprometen la solidez o existencia de construcción.
Juicio de apremio, tasas, contribuciones especiales, moratoria impositiva
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas c/ Paganini Daniel Néstor s/ Apremio Néstor s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-10-18

Las tasas fijadas para contribuciones fiscales se fundan en el interés de la comunidad, por lo que no pueden ser tratadas de igual modo que las moratorias para particulares. Deben respetarse las que la ley, en el caso de la Dirección de Rentas Establece en el Código Fiscal.-
Intervención de línea telefónica, derechos y garantías constitucionales, prueba, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ABDALA, OSCAR ALBERTO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 878
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

El art. 236 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el Juez podrá ordenar por auto fundado la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o conocerlas. Lo dispuesto por la ley es claro: que las comunicaciones sean del imputado, que la orden emane del juez y que dicho auto sea fundado. Por ello es que si en la grabación de una conversación mantenida por el imputado no se han observado tan mínimos requisitos, aquélla no puede ser tenida en cuenta al momento de la condena, pues sólo mediante el cumplimiento de las exigencias legales respectivas puede soslayarse el debido respeto a las garantías constitucionales, entre las cuales figura el derecho a que se acaten aquellos ámbitos privados donde sus titulares han exhibido un interés en que así se mantenga. Aunque en el sub lite se han incorporado grabaciones obtenidas con y sin orden judicial, debe homologarse el decisorio recurrido, pues no produce nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válidos. Si se suprimiera por vía de hipótesis la referencia a las grabaciones realizadas por el denunciante sin orden judicial, la conclusión a la que arriba el decisorio no se modificaría en forma alguna, toda vez que la suficiencia de las pruebas restantes configuran un cuadro probatorio pleno que da amplio respaldo al fallo (del voto del Dr. Fégoli).
Recurso de inaplicabilidad de ley, intereses, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Limitada de Picada Libertad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-09-13

Cuando la órbita de discusión está centrada en el pago de intereses que no responden a los que regula la ley de convertibilidad es procedente la avocación del Tribunal, pues es necesario sentar doctrina al respecto. (Dr. Bertolini: En disidencia).
Falso testimonio, declaración autoincriminante, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OLIVA, Juan Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

No se encuentra justificado el accionar de quien, con el pretexto de evitar autoincriminarse (art. 34, inc. 4° del C.P.), declara falsamente a efectos de mejorar su situación en otro ámbito jurisdiccional (fuero laboral). Aun cuando las declaraciones cuestionadas versen sobre conductas que lo tienen como actor en otra causa, si es ajeno a dicho proceso y no existe posibilidad de que se vea afectado por las manifestaciones que ofreció (del voto del Dr. Bruzzone).

Por ello debe revocarse el sobreseimiento del imputado y decretarse su procesamiento en orden al delito de falso testimonio (art. 275 del C.P.).
Infracciones tributarias, destinaciones de importación, importaciones en tránsito, decomiso, multa aduanera
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: DA SILVA, ALVARO DOS SANTOS s/ RECURSO DE APELACION  A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

La multa prevista en el art. 970 del Código Aduanero lo es como sanción por la comisión de la infracción allí descripta, en tanto que con el comiso se pena la introducción del bien cuya importación estiviere prohibida; de alli que no procede dejar sin efecto la multa en ejercicio del art. 916 del mismo Código invocando el mantenimiento del comiso del bien.
Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, decretos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLOMBO MARIA Y OTROS c/ ESTADO DE LA PROV. DE CORRIENTES Y PODER EJECUTIVO s/ S/ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-09-03

No son aceptables las afirmaciones de la demandada (Poder Ejecutivo) cuando defiende la posibilidad de legislar por razones de necesidad y urgencia, o por delegación legislativa. Si nuestra organización corresponde a un estado de derecho, en el que gobierno y gobernados se encuentran sometidos a la ley, ninguna norma cede "por razón de necesidad y urgencia", sino ante otras normas y, en primer lugar, ante la Constitución, la cual - a su vez- no cede ante nada ni nadie.
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Electroingeniería S.A. c/ Dirección de Energía de Catamarca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

El art. 118 del Código de Procedimientos Administrativos de la provincia de Catamarca se refiere a la forma de agotar la vía cuando se interponen recursos administrativos contra un acto de igual naturaleza, pero no para supuestos donde el particular reclamó un pronunciamiento de la Administración -que, por otra parte incumplió su obligación de resolver-, sin impugnar recursivamente acto alguno, pues sencillamente no existía.
Daño punitivo, irretroactividad de la ley, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Alu Patricio Alejandro c/ Banco Columbia SA s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-22

La multa por daño punitivo no configura un tipo penal abierto que viole el art. 18 de la Constitución Nacional, dado que ha sido insertada por el legislador en el ámbito del derecho privado, con importantes implicancias públicas, es que, la sanción punitiva en el Derecho del Consumidor se explica por la función de tutela que la ley 24.240 atribuye al estado a efectos de disuadir a empresas proveedoras de incurrir en conductas reiteradas que lesionen los bienes jurídicos protegidos por la ley de defensa del consumidor.
Culpa grave del trabajador, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Quinteros José Agustin c/ Estirenos S.A. s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-13

La sola referencia del obrar con culpa del trabajador demandante -alegando que no utilizó la protección ocular para operar con la maquinaria en su jornada laboral, con lo cual el daño no se hubiera producido-, no constituye la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del CPCC aplicable por remisión del 144 del CPL, pues en definitiva el recurrente discurre por un camino paralelo sin refutar los argumentos que sustentaron el decisorio sobre el punto.
Quiebra, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: DUARTE  ARMANDO  EN  BANCO  REGIONAL  DE  CORDOBA  SOC. COOP. LTDA. - QUIEBRA PEDIDA s/ CADUCIDAD DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-25

En cuanto a la caducidad de instancia, si efectivamente estaba agotado el trámite del incidente porque había vencido el término probatorio y la prueba estaba integramente producida, y si además en esta clase de procesos la ley no requiere el llamamiento de autos, es claro que el único acto pendiente a partir de la última prueba diligenciada era la sentencia final del incidente. Y si sólo estaba pendiente la sentencia no puede haber caducidad porque desde que la causa queda en ese estado no corre el plazo de perención (Código de Procedimiento Civil art. 1129).-
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad civil, actividad riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE RAMON c/ DELTA  S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-26

El art. 1113 del C. Civil comprende las "actividades riesgosas" ya que en la mayoría de los casos las "cosas" inertes no son por sí riesgosas, sino que adquieren esa verticalidad cuando se las emplea o usa, cuando se encuentra en "funciones". Lo riesgoso, mas que la cosa misma, es la actividad a la que está destinada. La empresa propietaria o guardiana del guinche empleado en el trabajo, está obligada a tomar múltiples precauciones que brinden seguridad al operario.-
Obligación tributaria, intereses legales, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional Afip Dgi c/ Iannone Juan s/ Incidente De Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Es improcedente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 y de las Resoluciones de la Secretaría de Ingresos Públicos dictadas en su consecuencia, em cuanto fijan la tasa de interés de los créditos fiscales, ya que no se advierte en qué medida los intereses legales en juego son confiscatorios, pues no existen elementos que permitan siquiera inferir objetivamente que la aplicación de dichos réditos legales afecta el derecho de propiedad del deudor.
Compraventa, obligación de escriturar, mora, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Roitberg, Carlos c/ Janin, Olga Susana s/ SUMARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24

El reajuste del saldo de precio adeudado en una compraventa inmobiliaria debe acordarse aún en los supuestos en que el vendedor estuviese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones -en el caso la obligación de escriturar-. Ello, en tanto, se ha considerado que una decisión en sentido contrario implicaría un grosero apartamiento y desnaturalización del sinalagma contractual, base objetiva del negocio al tiempo de la ejecución de las obligaciones.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Alicia Beatriz  c/ Leguizamón, Jonathan y/o cualquier otro ocupante s/ juicio de desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-08-30

En los juicios de desalojo, el presupuesto que confiere la viabilidad del mismo, es que el actor acredite el derecho al inmueble cuyo desahucio se persigue y que como contrapartida, el demandado se encuentre comprendido en cualquiera de los supuestos previstos por el art. 677, 2º parte del CPCC de la Provincia de Formosa, ésto es, ser locatario, sublocatario, precarista, intruso o cualquier otro ocupante, cuya obligación de restituir o entregar sea exigible.
Impuestos internos, repetición de impuestos, transporte aéreo, importaciones, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours SA c/ EN AFIP -DGI- resol 5/09 (RM CIO) 29/08 (DEV) s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda deducida con el objeto de impugnar las resoluciones de la AFIP mediante las cuales no hizo lugar a la solicitud de la actora que pretendía obtener la devolución de la suma abonada en concepto de impuestos internos al importarse para consumo un avión que posteriormente fue exportado, dado que la prohibición de discriminar que contiene el art. 80 de la ley de impuestos internos respecto de las tasas y del régimen de exenciones debe entenderse sin perjuicio de las discriminaciones que disponen los artículos que le preceden, pues lo contrario importaría no solo inconsistencia o falta de previsión del legislador, sino también incoherencia en la redacción del texto legal, como tampoco puede entenderse que, cuando aquélla norma establece -en principio- la equiparación de tratamiento tributario entre los productos nacionales y los extranjeros, ordenando que queda derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos, tal norma importe una férrea regla con proyección sobre toda otra norma a futuro.
Falta de mérito, producción de la prueba, prueba pendiente, autorización para viajar, resolución denegatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: JOSE NASTALI s/ INC. S/ AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

Si la realización de medidas procesales ordenadas por esta Alzada, al revocar un auto de sobreseimiento, pueden verse afectadas por la ausencia de quien, a su respecto, rige un auto de falta de mérito, procede denegarle la autorización para salir del país.
Inhabilidad de título, juicio de apremio, título ejecutivo inhábil, aportes a obras sociales, certificado de deuda, juicio ejecutivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ALOI, DANIEL Y OTRO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El art. 24 de la ley 23.660 remite a la vía del apremio prevista en el art. 604 del C.P.C.C., constituyendo suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las Obras Sociales o los funcionarios en que aquellas hubieran delegado esa facultad (cfr. Res. I.N.O.S. n1 475). Dicho procedimiento, dentro de la teoría general del juicio ejecutivo, se concibe como un trámite de verificación restringido en el cual, dado su limitado ámbito de conocimiento, se debe excluir todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco, admitiéndose únicamente como defensas al progreso del juicio, las deficiencias formales del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa (cfr. arts. 544, inc. 4, 605 y conc. C.P.C.C.). No obstante ello, el examen amplio de la excepción de inhabilidad de título en los juicios de apremio fue reconocido desde antiguo por la doctrina y la jurisprudencia (cfr. Podetti, J. Ramiro, "Tratado de las Ejecuciones", 2da. Edición, T. VII-B, pág. 2331).
Fianza, obligación principal, fianza comercial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Cordoba c/ Audisio, Atilio Alberto y otros s/ Fianza
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-12

La fianza en su carácter de contrato, es una operación subsidiaria, en tanto su existencia como principio, exige se cuente con una obligación principal asegurada. Esta puede ser futura, eventual o incierta, en cuyo supuesto, tendrá nacimiento cuando el hecho se produzca, estableciéndose cantidad líquida, además puede originarse en la voluntad exclusiva unilateral del fiador de la relación contractual, constituyendo siempre una obligación de naturaleza personal.

El fiador que obliga en los términos del art. 2005 C. Civil, es codeudor solidario, frente al acreedor y es fiador frente al deudor principal. No podrá entonces el fiador exigir que el acreedor justifique que ha interpelado judicialmente al deudor (art. 480 del C. de Comercio) ni ofrecer a embargo los bienes de éste último (art. 481 del C. de Comercio). Pero lógicamente una vez pagada la deuda, puede repetir del deudor principal el importe, como cualquier fiador.

La fianza es comercial cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio (art. 478 del C. de Comercio), aunque las partes y no solamente el fiador, como dice la ley, sean civiles. Basta la existencia de un acto o contrato de comercio, aunque aislado, en los términos del art. 8 C. de Comercio, para que se rija por la fianza comercial, con sus limitaciones y obligaciones contenidas en la ley mercantil, si así no lo dijera el contrato librado por las partes.
Sentencia condenatoria, defensa en juicio, debido proceso, tipo penal, administración fraudulenta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., F. E. V. s/ Administración fraudulenta s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-06-10

La Cámara en lo Criminal juzgó un conjunto de conductas que T. realizó en el tiempo, desde el ofrecimiento a embargo hasta la solicitud de aprobación de la subasta, siendo que el reproche formulado por la Acusación-no ampliado en el debate-tenía límites precisos de los que el Tribunal de juicio no podía apartarse, so pena de violar el debido proceso legal y la garantía de defensa en juicio.

Adviértase que, si bien el Tribunal inferior expuso afirmaciones sobre que la conducta reprochada (que el día 05/08/04 ofreció a embargo un inmueble determinado y omitió informar a los socios) que autónomamente configura una administración infiel, omitió discriminar la concreta valoración de la prueba para tener por acreditados los elementos del tipo penal en esa sola conducta.

Como se ve, la imputación inicial se ve desbordada a lo largo del desarrollo argumental efectuado por el Tribunal, que le va agregando nuevas circunstancias y hechos que "conformarían una maniobra ilícita", perfeccionando si se quiere las deficiencias del Agente Fiscal (en su momento advertidas por el señor Fiscal de Cámara). (Disidencia: Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto)
Violación de derechos humanos, amnistía, corte interamericana de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos son inadmisibles por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Barrios Altos". (del voto de la Dra. Liliana Catucci)
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corbalán Jennifer Milagros s/ Procedimiento Asistencial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-17

Con respecto al instituto que prevé el art. 317 del Código Civil, en sus lineamientos generales el proceso de guarda tiene por objeto en lo fundamental, la protección de la persona del menor mediante el discernimiento de su guarda a quien o quienes la solicitan con el fin de una posterior adopción. Implica un verdadero proceso cautelar en el cual el Juez debe analizar y evaluar la situación actual del menor en función de su posible adoptabilidad en el futuro.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, universidades, docentes, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sosa Padilla, Raúl Milagro c/ Universidad Nacional de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se ha cuestionado la inteligencia de una norma de carácter federal, el art. 10 de la ley 23.068, sin que sea óbice que se haya invocado la doctrina de la arbitrariedad, si de los agravios del recurrente surge de modo indudable su discrepancia interpretativa en torno al aludido precepto.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, Seguro Nacional de Salud, Fondo Solidario de Redistribución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Superintendencia de Servicios de Salud c/ O. S. Pers. Dirección Industria Privada del Petróleo s/ cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

La obligación de destinar al Fondo Solidario de Redistribución del Seguro Nacional de Salud -FRS- una porción de las cuotas ingresadas por los afiliados adherentes voluntarios, que financian las obras sociales, tiene sustento en las leyes 23.660 y 23.661 y en ese marco, la resolución 490/1990 no creó nuevos aportes para las obras sociales o el FSR, sino que reguló, en línea con los antecedentes normativos -ley 22.269-, el destino de los fondos abonados por los afiliados adherentes voluntarios; de este modo, la resolución reglamentó la incorporación al sistema de afiliados voluntarios con iguales derechos y obligaciones que los previstos en el artículo 8 de la ley 23.660. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, Municipalidad, facultades del intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La decisión del Intendente, que después de recibir las actuaciones para dictar resolución respecto del pedido de exención de pago de los derechos de habilitación, ordenó a la Asesoría legal obrar de acuerdo a los dictámenes (por los cuales se sostenía que debían abonarse aquéllos), constituyó el acto que resolvió el pedido de exención.
Cesión de derechos, bienes litigiosos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrero, Gemma c/ Chiviló, Norberto J. y otros s/ Incidente de Nulidad Lodico, José c/ Mo, Marisa s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-25|2001-04-26

Tratándose de derechos litigiosos, la exigencia del artículo 1455 del Código Civil en cuanto a la forma consistente en acta judicial, admite su reemplazo por instrumento privado presentado en el expediente, que no requiere aprobación judicial, aunque sí fecha cierta en atención al interés tutelado, que es el de los terceros -deudor cedido inclusive- que posean un interés legítimo en oponerse, adquirido con posterioridad al convenio.