Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-24


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 12.988 EXPEDIENTE N° 27.878/2009 SALA IX JUZGADO Nº 43 AUTOS: "RODRIGO LIPARA S.R.L. C/ PADIN LUIS ALBERTO S/ DESPIDO - TERCERIA" Buenos Aires, 24/2/12 VISTOS:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado en la presente tercería (actor de la causa principal que corre por cuerda) a fs. 216/219vta., dirigido a cuestionar la resolución dictada a fs. 209/211 por la cual el Sr. Juez de la instancia anterior admitió la demanda de tercería de dominio incoada y dispuso el levantamiento del embargo de los bienes muebles individualizados en la diligencia de fs. 244/245 de la causa principal que corre por cuerda.

Asimismo, a fs. 212 apela el letrado patrocinante de la parte actora la regulación de sus honorarios por bajos.

Corrido el pertinente traslado de ley, la parte actora de la presente contestó agravios a fs. 221/225.

Requerida la opinión del Sr. Fiscal General ante esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declinó su intervención a tenor del dictamen obrante a fs. 238.

Y CONSIDERANDO:

I- Que la recurrente invoca que el embargo sobre bienes muebles se llevó a cabo en un inmueble con el cartel de la demandada en el principal, "Rocayapa" y en un local dirigido por los mismos socios de "Rocayapa S.A.". Que el sentenciante de grado se apartó de los argumentos que esgrimiera en la resolución dictada en los autos principales que corren por cuerda y en la que desestimó el levantamiento de embargo sin tercería. Agrega que en esta causa la parte actora no aportó nuevos elementos ni mejoró la prueba aportada en el principal; en particular que no demostró la autenticidad de las facturas agregadas a efectos de acreditar la titularidad de los bienes embargados, así como tampoco que los bienes individualizados en dichas facturas sean los que efectivamente se embargaron. Aclara que en el caso de autos no se embargó un bien de titularidad del socio de Rocayapa (Sr. Rodrigo Lipara), sino que se embargaron bienes muebles no registrados en un local que (según consta en el mandamiento de embargo en el principal gira bajo cartelería y uso comercial) con cartel en el frente del negocio de Rocayapa, que es la demandada del principal. Agrega que ni Rodrigo Lipara ni su hermana Carla Lipara -ambos socios de Rodrigo Lipara S.R.L. y de Rocayapa S.A.- ninguna prueba ofrecieron de su desvinculación absoluta de Rocayapa, por lo que no se estaría violando el principio de cosa juzgada si se rechazara la tercería, sino que se estaría aplicando la Ley de Sociedades Comerciales, ya que sostiene que Rodrigo Lipara opera con carteles y propaganda de la sociedad Rocayapa, lo que según su postura está probado en autos. Concluye que como no se probó que Rocayapa sea una marca registrada que esté explotando Rodrigo Lipara S.R.L., le parece obvio y concluyente que se trata de la misma sociedad que está actuando aparentando interpósita persona que no es tal por tratarse del mismo socio de Rocayapa, Sr. Rodrigo Lipara quien comercializa sus productos con cartelería y papelería de Rocayapa. Asimismo se queja por la imposición de las costas de esta tercería.	II- Que en primer lugar cabe observar que la tercería de dominio es un proceso autónomo reglado por el art. 45 de la ley 18.345 que se sustanciará con el embargante y el embargado y tramita por la vía ordinaria estipulada por los arts. 65 y sig. de la ley 18.345. Se trata de una pretensión por la cual una persona ajena a las partes de un proceso principal persigue el levantamiento de un embargo trabado en dicho proceso sobre un bien de su propiedad (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1991, pág. 273 y sigs.); por lo que tiene por objeto la protección de su derecho de dominio del bien afectado por un embargo.

Vale decir, en el marco de una tercería de dominio el debate debe circunscribirse a si los bienes afectados por un embargo dispuesto en otro proceso son de propiedad del tercerista-actor en la tercería; en cuyo caso corresponderá el levantamiento del embargo efectivizado en la causa.	Por tanto, cualquier otra cuestión relativa a una posible vinculación entre tercerista y embargado, fraude, simulación o responsabilidad solidaria deberá debatirse en el marco de un proceso de conocimiento autónomo y diferente a la tercería de dominio.

Por lo demás, obsérvese que si se trata de bienes muebles (como en el caso en que se trata de unidades 0 km., nuevas y sin patentar) la carga de la prueba depende de la circunstancia de que el tercerista se hubiere encontrado o no, al trabarse el embargo, en posesión de aquéllos, ya que en el primer supuesto y en tanto el poseedor cuenta a su favor con una presunción de propiedad, al tercerista le basta acreditar el hecho de la posesión, correspondiéndole al embargante la carga de probar los hechos tendientes a desvirtuar dicha presunción (cfr. Palacio, op.cít., págs.305 y 306).

III- Que, sentado lo expuesto y analizadas las constancias obrantes en la presente se advierten las siguientes circunstancias:

a) La diligencia de embargo se llevó a cabo "Bajo responsabilidad de la parte actora, en el domicilio de Av. Directorio 1396/98 y una persona que dijo ser Rodrigo Lipara manifestó que el requerido Rocayapa S.A. no vive allí (ver fs. 244/245 de la causa principal que corre por cuerda).

b) Que el local de Av. Directorio 1396 P.B. se encontraba a la fecha de la diligencia habilitado a nombre de R. Lipara S.R.L. (ver fs. 73).

c) Que según fs. 109/118 Rodrigo Lipara S.R.L. le adquirió a Mondial Kawasaki la mercadería que se detalla en las pertinentes facturas y que corresponde a artículos vendidos por JUKI S.A., nuevos, sin uso y sin patentar.

d) Que conforme se desprende de fs. 123/127 Rodrigo Lipara S.R.L. le adquirió a Corven Motors S.A. las unidades detalladas que también son 0 KM y sin patentar.

e) Que a fs. 140/142 obra el mandamiento de constatación por el cual el Oficial de Justicia manifiesta que se constituyó en Av. Directorio 1396 y que una persona que dijo ser Rodrigo Leonel Lipara le manifestó que la finca está ocupada por Rodrigo Lipara S.R.L., "...tratándose de un negocio de venta de motocicletas en general con bienes propios...". Agrega asimismo el Oficial de Justicia fotocopia del contrato de locación del inmueble, celebrado entre la locadora y Rodrigo Lipara S.R.L. en calidad de locatario; constancia de la inscripción de Rodrigo Lipara S.R.L. ante la Afip con domicilio fiscal en Directorio 1396; fotocopia de la Habilitación del local de Directorio 1396 a nombre de Rodrigo Lipara S.R.L. y fotocopias de las facturas emitidas por Juki S.A. y a nombre de Lipara Rodrigo S.R.L. (ver constancias obrantes en el sobre de fs. 140. IV- Analizadas las constancias obrantes en autos, a la luz de la sana crítica (art. 386 C.P.C.C.N.) se concluye que en el domicilio donde se ha llevado a cabo la medida ejecutoria efectivizada a fs. 244/245 de los autos principales, funcionaba un negocio de venta de motocicletas en general habilitado y explotado por Rodrigo Lipara S.R.L., a quien le proveían las unidades OK y sin patentar Juki S.A. y Corven Motors S.A.	Que no se advierte elemento probatorio alguno que dé cuenta que en el domicilio en el que se practicó la diligencia operara comercialmente Rocayapa S.A. Por el contrario, de la prueba informativa dirigida a Honda S.A. surge que dicha empresa tenía un domicilio diferente (ver fs. 149/159); coincidente con el que la propia recurrente le atribuyó en la demanda incoada en la causa principal (ver fs. 16 e instrumental agregada a fs. 4 y fs. 7/10) y que Rocayapa admitió en su escrito de conteste (ver fs. 81 pto. I).	Que, por último, teniendo en cuenta el objeto de la presente (tercería de dominio) el principio de congruencia y las normas anteriormente citadas y que rigen la cuestión obstan al análisis de circunstancias como las planteadas por la quejosa y relativas a la conformación de las sociedades comerciales involucradas, extremos respectos de los que a mayor abundamiento se señala que ninguna prueba se ha aportado. De modo tal que teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes embargados resulta aplicable el art. 2412 del Código Civil que establece que:"La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea, a favor del poseedor, la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reinvindación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida".

En consecuencia, y considerándose que en el caso, no se advierte la existencia de mala fe en la posesión o que las cosas hubiesen sido robadas o perdidas, la presunción contemplada en el art. 2412 del Código Civil no ha sido desvirtuada, por lo que, corresponde confirmar la sentencia apelada que recepta la tercería de dominio incoada y ordena el levantamiento de los bienes embargados.

V- Por otra parte con relación al agravio referido a la imposición de las costas del proceso, cabe señalar que lo decidido se ajusta al principio general que rige en la materia (cfr. art. 68 C.P.C.C.N.) y, por tanto, en este aspecto el decisorio también debe ser confirmado. VI- En tanto que con respecto a los honorarios estipulados en el pronunciamiento recurrido, teniendo en cuenta las normas arancelarias vigentes, la naturaleza de la cuestión planteada en autos y la extensión, índole y mérito de las tareas cumplidas por los profesionales intervinientes, las sumas fijadas por el Sr. Magistrado de la Instancia anterior resultan reducidas; por lo que de acuerdo a los parámetros mencionados precedentemente se regulan los emolumentos correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del demandado en las respectivas sumas de $ 10.000 y $ 8.000, calculadas a valores a la fecha de este pronunciamiento y por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

VII- Que teniendo en cuenta la solución a la que se arriba y el principio general que rige en la materia las costas de esta Alzada se declaran a cargo del recurrente (Padín Luis Alberto), conforme lo dispuesto por el art. 68 C.P.C.C.N.

Los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en este tramo procesal, se estiman en el 25 %, para cada uno de ellos, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (arts. 38 L.O. y 14 ley arancelaria).

Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravio, a excepción de los honorarios regulados por la actuación en la etapa anterior que se fijan para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del demandado Padín en $ 10.000 y $ 8.000, respectivamente, sumas calculadas a valores a la fecha de este pronunciamiento. 2) Costas de esta instancia a cargo de la recurrente. 3) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandado Luis Alberto Padín por su actuación en esta instancia, en el 25 % para cada una de ellas que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en la instancia de origen.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.- DR. ROBERTO C. POMPA DR. ALVARO E. BALESTRINI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante Mí.