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Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, Impuesto sobre los ingresos brutos, ejecución fiscal, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA Contra Chiesa Horacio Pedro Sobre Ejecución Fiscal - Ingresos Brutos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

En el caso, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, y revocar la sentencia de la Cámara que rechazó la ejecución fiscal porque -en su visión- al haber fallecido el ejecutado en una fecha anterior a los períodos reclamados, no había podido realizar el hecho imponible, a la par que discurrió sobre la declaración de nulidad ex officio sobre la base de cita de doctrina relativa al régimen ejecutorio previsto por el CPCCN. Esta sentencia deviene arbitraria, toda vez que los argumentos dados para resolver de ese modo no dan respuesta a los agravios, prima facie, conducentes a la solución del pleito -en especial a la aplicación del régimen que el propio CF prevé frente al fallecimiento de un contribuyente-. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Accidentes de trabajo, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: Buena Martínez, César Martín c/ Pesquera Veraz S.A. y otro s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

A la suma arribada accederán intereses desde la fecha del hecho generador de la incapacidad. Respecto de la tasa de interés aplicable, cabe señalar que mediante Acta 2601 del 21/05/2014 de esta Cámara se dispuso la aplicación de intereses de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. Es pertinente agregar que esta Cámara, de igual modo resolvió en el Acta 2630 del 27/04/2016 mantener, a partir de la fecha de la última publicación, la tasa a la cual se remite el Acta 2601. Cabe señalar que las resoluciones que adopta esta Cámara mediante actas sólo consisten en la exteriorización de su criterio y son indicativas de una solución posible pero no constituyen actas obligatorias. En consecuencia, corresponde mantener la aplicación de intereses conforme las Actas 2601 y 2630 CNAT hasta el 30/11/2017, y a partir del 01/12/2017, la fijada en el Acta 2658 hasta su efectivo pago, como fuera dispuesto en origen. (Del voto en disidencia de la Dra. Vázquez).
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, teoría de la penetración
Materia: LABORAL
Carátula: De  Bilbao  Francisco  Sebastián c/ Grupo General Store SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

A los fines de determinar la responsabilidad de los funcionarios más allá de los socios, la intencionalidad es un elemento de análisis inexorable. Por eso es importante distinguir, al tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el interior de la sociedad, la condición de aquél al que se pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser un mero socio, un socio que a su vez es un funcionario o sólo ser esto último. La hipótesis más común es la orden de contratar en negro o, en tiempos de la ley de empleo, fraguar la existencia de nuevas líneas de producción para justificar la contratación bajo una finalidad promovida más beneficiosa, o el recurso a la contratación a prueba "permanente" sin que nadie supere el periodo y sea elegido.
Recurso extraordinario, recurso de casación, pena, individualización de la pena, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Reinoso, Luis Alberto s/ causa N° 2043/2184.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La resolución por la que se negó el acceso a la Cámara Nacional de Casación Penal con base en que la decisión acerca de la individualización de la pena sólo puede ser examinada en supuestos de arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de la defensa en juicio, sin atender a las críticas que, con base en determinada inteligencia de las normas aplicables formuló la recurrente, importa una restricción indebida de esa vía recursiva. La Dra. Argibay remitió a su voto en el precedente "Casal".
Cuerpo del delito, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: CARRANZA, HECTOR s/ EXACCIONES  ILEGALES  - PRUEBAS INSUFICIENTES - CUERPO DELITO - FALTA  ACREDITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-19

Los indicios que resultan de la huída y el ocultamiento del procesado no bastan para tener por acreditado que cometió el ilícito denunciado porque ello implicaría que el cuerpo del delito podría ser mudado por la víctima, ya que no consta ni por secuestro del dinero ni por prueba testimonial.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal
Materia: Procesal
Carátula: Rectificaciones Comodoro S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y otro. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-28

La violación de la ley como motivo casatorio se configura cuando el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica vigente, o yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debiera aplicárseles. Caso en el cual habrá de indicarse con precisión la norma legal o regla de derecho que se estima violada para habilitar el recurso, siendo improcedente que el Tribunal Superior supla de oficio las citas legales que debió hacer el recurrente, ni deba inferirlas por interpretación.
SERVICIO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, empleo público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Ramos, Juan Bautista c/ SAMCO s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   241-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Incurre en error el magistrado que invocando genéricamente lo previsto en el artículo 35 de la ley 6312 (que distingue, en lo que hace al tipo de relación de empleo, entre los agentes que prestaban servicio antes de la sanción de la ley y después) considera que la demanda versa sobre el cobro de indemnizaciones relativas a una "relación de empleo público", cuando el agente ingresó a trabajar después de la sanción de la ley.
Contrato de trabajo, AFJP, grupo económico, pluriempleo
Materia: LABORAL
Carátula: Valor, Teresa Silvina c/ Met AFJP SA y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

La actora fue contratada y se desempeñó efectivamente, en forma simultánea y paralela, para las tres empresas que codemandó: Met AFJP, Siembre Seguros de Retiro S.A. y Metlife Seguros de Vida S.A.. Resulta habitual en firmas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo empresario que sus empleados presten servicios que benefician a todas, lo que no implica que se trate de contratos de trabajo separados e independientes. En aquellos casos en que el trabajador labora una jornada completa en forma indistinta y simultánea a favor de diversos grupos empresarios que conforman claramente un mismo grupo, se configura una situación no de varios empleos sino de uno solo, de una sola relación jurídica con la característica que el trabajador no tiene uno sino varios empleadores, es decir hay pluralidad de empleadores (art. 26 L.C.T.).
Orden público laboral, contrato de servicios, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Juan Carlos c/ Club Unión Eléctrica de la Sociedad Mutual Social y Deportiva de Trabajadores de EPEC s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-09-16

Teniendo en cuenta que el material probatorio acredita que la prestación de servicio efectuada por el actor a la demandada, era diaria en las tareas de bañero, mantenimiento del parque y de las instalaciones, no existiendo prueba en contrario que demuestre que esas tareas no eran exclusivas para el club demandado o que el actor también las desarrollara para otras personas en calidad de empresario, y que no se puso en tela de juicio que la remuneración del actor fuera mensual, opera la presunción prevista en el art. 23 de la LCT, sin importar lo que digan las partes, ya que está en juego el orden público laboral (arts. 12 y 14 LCT).
Jueces, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: SADAIC c/ CRAZY CONFITERIA (ARROYO SECO) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

El prejuzgamiento debe ser expreso y recaer específicamente sobre la cuestión de fondo a decidir; no se configura cuando el Juez se halla en la necesidad de emitir antes opinión acerca de un punto que resulta luego relacionado eventualmente con la materia controvertida, en tanto aquella fundamentación no enerve la defensa propia del proceso ulterior ni preanuncie de modo fatal la suerte de éste, donde pueden incidir múltiples otros temas y aún aquel aspecto que pudiera decirse reiterado, puede ser ponderado con virtualidad diversa. Amén de ello, para que se constituya una situación de prejuzgamiento, es necesario que haya habido un indebido aporte del juez, o que se haya pronunciado fuera de la oportunidad procesal correspondiente o fuera de su marco jurisdiccional, lo que no ocurre cuando en ejercicio de un acto jurisdiccional se pronuncia sentencia en otro asunto idéntico o semejante aunque exista conexidad entre ambos o se alude a un fallo dictado en otro juicio donde se discutieron cuestiones semejantes, desde que la intervención de un juez en un procedimiento propio de sus funciones, en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas importa juzgamiento y no prejuzgamiento en los términos de la norma respectiva (CITAS: CSJStaFe: Montesi SA, AyS T 92, p 90; AyS T 150, p 301; T 176, p 371; T 177, p 126; T 181, p 105; T 192, p 332; LL 1983-D, 381; Z. T. 21, P J-92; LL 1979-D, 253; CSJN: Fallos 300:380; 301:596)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, cuestión no constitucional, prueba anticipada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., J. c/  s/ 1) ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO Y ABUSO SEXUAL SIMPLE, EN CONCURSO REAL; 2) CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA (POR EL VINCULO) Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La presente queja no ha de prosperar, pues si bien la impugnante invoca lesión a garantías constitucionales, de la lectura del memorial introductor de la vía extraordinaria y su confrontación con la resolución atacada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos y las normas en juego efectuaron los Magistrados en ejercicio de funciones propias, sin que se avizore la presencia de una cuestión constitucional que justifique la intervención de esta Corte, toda vez que la Alzada -para confirmar mediante reenvío horizontal el decisorio impugnado- valoró que la falta de notificación y de control del anticipo jurisdiccional de prueba por parte del encartado o su defensor se debía a la particular circunstancia de que la calidad del imputado de aquél surgió a partir de los testimonios allí producidos, sin soslayar que el acto se llevó a cabo con la participación de un Juez y de un representante de la Defensa Pública por parte del coimputado.
Daños y perjuicios, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BRUNO DE GONZALEZ PENEDO MODESTA B. c/ FERNANDEZ PROSPERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

La sola privación del uso del automóvil durante el tiempo en que se le efectúan las reparaciones, comporta un daño resarcible (conf.

Zannoni, "el daño en la responsabilidad civil", p. 40 Y antecedentes cit. En nota 14- al pie, que concluye en la pág. 41).
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Galvalisi, Giancarla c/ ANSeS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

La aplicación de la caducidad de la instancia debe adecuarse al carácter restrictivo que es propio a la institución, sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito, temperamento que conduce a descartar su procedencia en los casos de duda razonable en los que debe privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, sentencia definitiva, monto del juicio, daños y perjuicios, Administración General de Puertos
Materia: PROCESAL
Carátula: Paz,  Valentín c/ Administración Gral. de Puertos - Res. 318 y 67/83 - y otro s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Procede el recurso ordinario de apelación interpuesto por la Administración General de Puertos, contra la sentencia que hizo lugar al resarcimiento de los perjuicios sufridos por el actor, pues se dirige contra una sentencia definitiva recaída en una causa en que la Nación es parte, y el monto del agravio discutido en ultimo término supera el mínimo establecido en el art. 24 inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58, y resolución 1360/91 de esta Corte.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PLEGADOS PILAR  SRL c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA    ACCION ADMINISTRATIVA - DAÑOS Y PERJUICIOS ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA    ACCION ADMINISTRATIVA - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-06-22

Si la inejecución del contrato no constituye por sí mismo una presunción de daños a favor del acreedor, debiendo quien solicite judicialmente la reparación de los derivados de su incumplimiento, probar acabadamente que la existencia de los mismos son consecuencia inmediata y necesaria del acto u omisión del deudor y no resultando cumplimentada por la parte la respectiva carga procesal, la facultad que confiere el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial no constituye vía adecuada para salvar la respectiva negligencia.
Reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, elecciones, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Resulta violatorio del artículo 114 de la Constitución Nacional la ley 26.855 pues, la convocatoria a elecciones nacionales para elegir a los abogados y jueces que integrarán el órgano desconoce las reglas de representación consagrada en la norma constitucional, toda vez que aquella no dispone que el Consejo se integre con jueces y abogados sino con los representantes del estamento de los jueces de todas las instancias y del de los abogados de la matricula federal, de donde no es la sola condición de juez o abogado lo que los hace representantes, sino su elección por los miembros de los estamentos a los que pertenecen, de manera tal que si los consejeros surgieran de una elección general dejarían de ser representantes del sector para transformarse en representantes del electorado.
Demanda, defecto legal
Materia: PROCESAL CIVIL -COMERCIAL
Carátula: BRIGGILER, Eldo E. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ RECURSO    REVISION    -  SENTENCIAS  CONTRADICTORIAS  -  EXCEPCIONES  DILATORIAS - SUMA RECLAMADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-10

Si la cosa demandada es una suma de dinero, parece incuestionable que su designación con exactitud como la ley exige (CPC art. 155 inc. 3) no puede hacerse de otro modo que mediante la indicación de su valor, al menos como estimación provisional y sin perjuicio de la facultad que en las acciones por daños se le reconozca al demandante de remitirse al resultado de la prueba como reclamación definitiva.

La indicación de la cantidad de dinero pretendida es indispensable no solo para satisfacer la exigencia legal, sino fundamentalmente para no entorpecer la defensa del demandado, quien tiene razón de quejarse si se le pide una suma de dinero sin decirle cual es su cuantía.

No faltarán casos en que esa indicación resulte innecesaria y superflua cuando el accionado este empeñado en negar la obligación independientemente de su valor. Pero el hecho es que , el accionado puede también tener interés en evitar un litigio hallándose o intentando una transacción y para esto es indispensable conocer exactamente el valor de la demanda.
Asegurador por riesgos del trabajo, comisiones médicas, prestaciones sistémicas, buena fe, enfermedades, fondos fiduciarios
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, JOSE AMADOR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-19

Respecto de la aplicación del art. 6 inc. 2 de la Ley 24557, tiene dicho este Cuerpo que lo reconocido por la ley a una comisión de médicos, como facultad especial en el trámite, no cabe negárselo a los jueces que deben decidir sobre el conflicto planteado ante sus estrados (cf. STJRNS3 Se. 40/09 "QUINTANA").

Sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma, y simplemente aplicando los principios surgidos de la propia ley, inciden otras circunstancias de imputación de responsabilidad sistémica; a saber, la ART asegurara el riesgo correspondiente, lo cual implica hacerlo de buena fe (art. 1198, CC) y con el mayor cuidado y previsión (art. 512, CC), en tanto no se trata de atribuir una enfermedad al listado, sino de cumplir con un deber de previsión general (art. 1, LRT).

Marco en el cual se inscribe también la previsión de un fondo fiduciario de enfermedades profesionales (arts. 13 y ss. del Dto. 1278/00), cuyo destino -entre otros- es cubrir la reparación de las enfermedades verificadas según el art. 6, inc. 2, ap. b) LRT, hasta que fueran incluidas en el listado de enfermedades profesionales.

Sin que de tal proceder derive perjuicio alguno para la ART, al disponer ésta de acciones de repetición, habiéndose constatado que se trata de una enfermedad cuya relación de causalidad con el trabajo ha quedado acreditada en el proceso. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Presunciones, medios de prueba, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

Las presunciones iuris tantum o relativas pueden emplearse en la causa, a condición de que no fueran desvirtuadas por prueba en contrario. Al tratarse de una presunción relativa, que obviamente admite prueba en contrario, su aplicación se justifica solo como última ratio, esto es, en la medida en que no exista prueba directa sobre el punto discutido. Existiendo prueba sobre ellos, la razón misma de ser de la presunción decae. En una causa la CN Com, Sala A, resolvió en este sentido que habiendo quedado suficientemente comprobada la "justa causa" para el despido, resulta inaplicable la presunción contemplada en el Art. 55 LCT.
Recurso de casación, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVIERI DE LOPEZ S. Y OTRO c/ UNION OBREROS DE LA CONSTRUCCION s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-08

La impugnación está relacionada con la determinación del carácter recurrible o nó de la sentencia de la Alzada en función de lo dispuesto por el art. 491 in-fine, en cuanto expresa que: "...La resolución será irrecurrible"; la Cámara de Apelaciones ha entendido -sin mayores consideraciones-en base a la regla parcialmente transcripta que corresponde declarar que los recursos de apelación interpuestos por las partes, han sido mal concedidos.
Seguro marítimo, derechos del asegurador, indemnización, monto de la indemnización, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARG. DE SEGUROS c/ BQ. RIO ESQUEL s/ AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

El asegurador, cualquiera sea el monto del seguro, no puede demandar al transportista un valor que supere el de plaza de la merma, art. 277 ley de la Navegación.
Derechos del consumidor, Constitución Nacional, legitimación activa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Argentinos - Asociacion para la Defensa de la Educación e Información de los Consumidores c/ Berkley International A.R.T. S.A. s/ otros - (reintegro de capital)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-15

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 ha otorgado carácter constitucional a los derechos del consumidor reconocidos en la ley 24.240 (EDLA 1993-B- 1278) de Defensa del Consumidor (reglamentada por el dec. 1798/94, EDLA 1994-B-1666). De esta manera se deja de lado el tradicional monopolio de la acción en manos del titular del derecho subjetivo, otorgando legitimación activa a entidades que resguardan los derechos colectivos. Así pues no existe óbice, en principio, para que estas asociaciones demanden en defensa del grupo de consumidores o usuarios afectados, en la medida que sea en defensa de sus derechos. (cfr. Fallos CSJN "Halabi, Ernesto c/ P.E.N.-ley 25.873, dto.1563/04 s/ amparo ley 16.986", el 24 de febrero de 2009 (Fallos: 332:111), "Padec c/ Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas contractuales" del 21/8/13 y CSJ 519/2012 "Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario", del 24/6/14, Cam. Nac. Cont. Adm. Fed, Sala III "Unión de Personal Militar Asocial Civil y Otros c/ EN - PEN M. de Defensa s/ Personal Militar y Civil de la FFAA y de Seguridad" De fecha 28/12/18". Así pues no existe óbice, en principio, para que estas asociaciones -en el caso "Consumidores Argentinos - Asociación para la Defensa de la Educación e Información de consumidores"- demanden en defensa del grupo de consumidores o usuarios afectados, en la medida que sea en defensa de sus derechos.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, fundamentación de sentencias, descripción de los hechos, acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Galván, Nora Beatriz s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-03

En la descripción del hecho efectuada por el juzgador no se alcanza a vislumbrar -concretamente- cuál es el comportamiento culposo que se le atribuye a la imputada, en tanto las genéricas referencias a "una velocidad que era manifiestamente inadecuada para la ocasión -40 km por hora y que "debió haber extremado el cuidado y previsto que podría haber surgido algún inconveniente..." no revelan -por cierto-, cuál es el deber de cuidado que se considera violado, con estricto ajuste a lo preceptuado por los arts. 398 y 399 del C.P.P.N.  (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).