Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-28


2º Instancia. - La Plata, noviembre 28 de 2006.

1º ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 469/475? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

1º cuestión. - La doctora Suárez dijo:

I. La sentencia que recayó a fs. 469/475 de estas actuaciones, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Orsogna S.A., con costas, e igualmente rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por Ernesto Daniel Giglio contra la nombrada Orsogna S.A., Alse Alta Seguridad S.R.L. y las citadas en garantía Copan Cooperativa de Seguros Limitada y Juncal Compañía de Seguros S.A., con costas al accionante.

II. La parte vencida apela el fallo y funda su recurso a fs. 469/475, el que es contestado a fs. 477/478, por la mandataria de la aseguradora Copan. Se disgusta la actora por el rechazo de su pretensión, sosteniendo que en los considerandos de la sentencia se han deslizado contradicciones, así como que en el análisis de la prueba arrimada fueron violadas las reglas de la sana crítica.

III. Como tema preliminar corresponde proveer a la petición contenida en el aludido responde de fs. 477/478, en cuanto allí se requiere se declare desierto el recurso de la parte actora.

En tal sentido corresponde destacar que si bien el art. 260 del C.P.C., establece que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas", y que por su parte, la norma del art. 261, dispone como efecto del incumplimiento de estos recaudos la declaración de deserción del recurso, es lo cierto que no se advierte omitido el acatamiento de la carga prevista por dichas disposiciones, por lo cual, sin perjuicio del análisis referido a la procedencia de cada uno de los agravios expuestos por la apelante, corresponde rechazar el pedido formulado. Así lo propongo.

IV. La codemandada Orsogna articuló su falta de legitimación pasiva al sostener que el daño provino del personal de seguridad contratado por quien no debía responder. Si bien y pese a que habiéndose desestimado tal defensa en la instancia de origen, finalmente fue rechazada la demanda en su contra, esta temática debe ser tratada, aunque habré de hacerlo juntamente con las consideraciones de fondo que, como se verá, conducirán al acogimiento de las pretensiones del accionante.

V. Se disgusta la apelante por entender que ha incurrido el sentenciante en una contradicción en las distintas partes que conforman los considerandos del fallo y sostiene que ello aparece al confrontar los argumentos relacionados con la desestimatoria de la excepción de falta de legitimación pasiva propuesta por Orsogna S.A. con las razones que dieron lugar al rechazo de la demanda.

El Sr. Magistrado de la instancia anterior, desestimó las pretensiones del actor por considerar insuficiente la prueba arrimada en relación con los hechos de autos. Pese a haber dejado admitida la existencia de una obligación contractual entre el actor y la firma dueña del establecimiento, en cuyo marco esta última asumió un deber de seguridad respecto del primero, sostuvo, en lo que concierne al "onus probandi", que la carga de demostrar que el accionante habría sido golpeado por el personal de seguridad, pesaba sobre éste.

VI. A fin de dilucidar dichas cuestiones, resulta menester determinar el encuadre fáctico-jurídico que corresponde a la hipótesis que se estudia.

Tanto el actor como la codemandada Alse, Alta Seguridad SRL, han convenido en que los hechos se originaron dentro del local, en un conato de gresca que tuvo como protagonistas al actor y un tercero parroquiano del lugar que, a su vez, motivó la intervención del personal de seguridad dependiente de la firma Alse Alta Seguridad S.A..

Sobre el particular, la demandada Orsogna S.A. se limitó a negar los hechos relatados en el escrito introductorio, sin postular su propia versión de los acontecimientos, por lo cual hubo incurrido en el incumplimiento de la carga de expedirse con relación a los sucesos que se le incriminan.

Por su parte Alse admitió que sus dependientes intervinieron en la supuesta refriega, sosteniendo que su participación se limitó a separar a los belicosos y llevarlos a la enfermería del local.

Se sostuvo por el actor que fueron estos últimos quienes al intervenir lo tomaron del cuello, lo retiraron a un lugar apartado y, mientras uno le propinó un cabezazo, otro de ellos, luego, le asestó dos trompadas en el rostro.

El recurso de la parte actora, se ocupa de destacar algunas circunstancias que, en su opinión, de haber sido consideradas, hubieran conducido a receptar favorablemente la pretensión que fuera declarada la responsabilidad de los demandados. Las mismas se refieren tanto a la alegación de encontrarse en juego el deber de seguridad que debía prestar la empresa titular del local, como a la improcedencia de haber descartado la ponderación de prueba testimonial que considera plenamente idónea. Adelanto en tal sentido, que su recurso ha de prosperar.

VII. Dando comienzo con el estudio de la responsabilidad que se atribuye a la demandada Orsogna, diré que corresponde proceder a su análisis, tal como quedara anticipado, a partir de los deberes de cuidado, vigilancia y seguridad que imperiosamente impone la existencia de un local de comercio, abierto al público, que reúne las características del que se trata.

En efecto, no escapa a un conocimiento basado en la experiencia diaria, que estos locales bailables donde se expenden bebidas alcohólicas y reúnen a numerosos grupos de jóvenes, resultan con demasiada frecuencia escenarios de episodios violentos.

Por tal razón, a nadie escapa que la actividad así desplegada implica la incorporación al medio social de una fuente de riesgos que a diario la información periodística se encarga de confirmar.

De todo ello se deriva que su funcionamiento debe ofrecer las mínimas garantías a la comunidad, en el sentido de asegurar la integridad física de las personas que allí concurran, como contrapartida del interés económico que la empresa titular tiene cifrado en la explotación comercial que despliega a través de la afluencia de público a sus instalaciones.

En tal contexto el empresario asume una obligación de seguridad o incolumidad respecto de los asistentes, en virtud de la cual promete que la concurrencia a esos lugares no habrá de acarrear detrimento a su persona desde el punto de vista físico. La entidad sólo se eximirá de esa obligación contractual de resultado o de esa presunción de imputabilidad, demostrando la culpa de la víctima o de un tercero.

VIII. La obligación tácita de seguridad que llevan ínsita, en carácter de accesoria, ciertos negocios, es el deber de mantener al cocontratante y a sus bienes sanos y salvos hasta la expiración del contrato y constituye un típico deber de garantía.

Su vigencia resulta del principio de buena fe que regula la concertación y cumplimiento de los contratos y conforma un deber secundario de conducta que debe observar el deudor de la prestación principal. El fundamento normativo de la obligación que analizo, reposa en las previsiones del artículo 1198, primer párrafo del Código Civil (conf. Busso, t. IV, p. 346).

Dicho deber de seguridad, que es de resultado, es exigible en numerosos supuestos, entre los que se cuentan los concernientes a lugares que ofrecen distintos esparcimientos al público en general y suponen su afluencia masiva, tales como diversos espectáculos, parques de diversiones, prácticas deportivas, locales bailables, etc., y comprende desde el ingreso del asistente al lugar hasta su posterior egreso. En tal virtud si éste sufre un daño, le bastará con probar su ocurrencia, y la relación de causalidad, pero no tendrá necesidad de acreditar la culpa del organizador o empresario, ya que dicho nexo está presumido por el sólo hecho del incumplimiento contractual, exteriorizado en la circunstancia de haber sufrido un perjuicio durante el evento y como derivación del desarrollo del mismo (conf. Trigo Represas, F., en "Responsabilidad por daños en el tercer milenio" Bueres-Kemelmajer, p. 818, Ed. Abeledo Perrot; conf. Andorno, La Responsabilidad civil..., p. 36; Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños... t. II-B, p. 110).

En síntesis, las entidades que lucran con actividades de esta índole, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para que los eventos se desarrollen normalmente, sin peligro para la concurrencia. En caso contrario incurren en responsabilidad.

Tanto es así que la propia accionada, asumiendo la posibilidad que en lugares como los que explota, ocurran con cierta frecuencia, altercados y situaciones violentas, tiene contratados los servicios de personal de custodia.

Demás está decir que el accionar de estas personas -por quienes la entidad es responsable aunque se trate de una subcontratación con la empresa respectiva, ya que las utiliza para el cumplimiento de sus fines-, debe enmarcarse en estrictas pautas tendientes también a evitar que, por impedir actos contrarios al orden que desea instalar en el local, resulte aún agredida o dañada la misma clientela que procura captar y de cuya afluencia se prevale para la obtención de sus ganancias. De tal modo, el proceder de aquéllos debe extremar las medidas de seguridad de modo que, ante todo, se tenga en mira la incolumidad de esos concurrentes.

Según lo que ya se lleva expuesto, el empresario responde por cualquier daño que la víctima sufra en el interior del local, aún por el que provenga de otros concurrentes cuyo accionar lesivo aquél no ha logrado evitar.

En tal sentido no cabe entender que el hecho se hubiere presentado en forma imprevisible o inevitable para la firma comercial o sus dependientes, si se atiende al cometido al que responde la presencia de estos últimos en el lugar.

No cabe duda que sin perjuicio del deficiente cumplimiento del deber de cuidado al no haberse logrado impedir el inicial altercado de Giglio con un tercero, supuestamente llamado Portela, ejerciendo la debida contención -que en definitiva constituía el primordial cometido de los custodios-, hubo incidido de modo gravitante la propia conducta de ellos que, como luego se verá, sumaron un factor más de peligro para la integridad del nombrado.

Como el factor de imputabilidad debe encontrarse en el incumplimiento de una obligación contractual de resultado, sobre el damnificado no pesaba la carga de demostrar la culpa o negligencia de la firma Orsogna S.A., ni la forma en que las alternativas se sucedieron, ni el modo en que los custodios ejercieron su función. Le bastó al actor, para tornar procedente su acción contra Orsogna, acreditar el daño padecido y que el mismo ocurrió en el interior del local y durante el desarrollo del evento bailable, hechos éstos que quedaron oportunamente demostrados.

Por su parte, debe verse que la citada firma, al replicar la demanda, no dedujo defensa alguna relacionada con la culpa de la propia víctima, pues se limitó a formular una negativa de los hechos narrados por el actor, sin proporcionar su propia versión de los sucesos, es decir, declinó proponer a consideración alguna causal eximente de responsabilidad e incumplió la carga de dar debidas explicaciones respecto de los hechos que le fueron atribuidos. Su única defensa consistió en no considerarse obligada por el hecho del personal de seguridad, pues, según sostuvo, son éstos dependientes de la codemandada Alse.

Más allá de la circunstancia de ser diverso el fundamento por el que se propicia el acogimiento de la demanda, no resulta ocioso destacar que aquel argumento defensista, como ya se vio, es desestimable, habida cuenta que el concepto jurídico de dependencia, no coincide con el que pueda tenerse desde el punto de vista laboral. Si bien el referido personal, llamado custodia, pertenece a la dotación de la codemandada Alse, no hay duda alguna que a raíz de la contratación con ésta, la empresa bailable se prevale de su actuación para el cumplimiento de sus fines, y en tal sentido resultan dependientes jurídicos por quienes debe responder (art. 1113 primera parte del Cód. Civ.).

La responsabilidad que, según propongo, debe emplazarse en la nombrada entidad, debe hacerse extensiva, en la medida del seguro tomado, a Juncal Compañía de Seguros S.A. que aceptó la cobertura del riesgo (v. fs. 307/308; art. 118 de la ley 17.418).

IX. Sentada como quedó la responsabilidad de la firma dueña del local bailable, debe verse ahora si también debe responder la codemandada Alse Alta Seguridad S.R.L., por tratarse de la empleadora de los custodios a quienes se atribuye la calidad de agentes del daño (art. 1122, Cód. Civil) y que contrató la provisión de dicho personal con Orsogna S.A.

Por cierto, ya desde este ángulo del análisis, resulta ser otro el factor de imputabilidad por el que se pretendería obligar a la nombrada codemandada, pues ésta resulta ser un tercero respecto del damnificado, con quien no lo une relación contractual alguna y no le debe, por ello, garantía de incolumidad derivada de un negocio jurídico. Su responsabilidad habría de surgir, en su caso, por el carácter de principal que inviste respecto de los eventuales autores del daño, sobre quienes pesa el deber de no dañar a otro (arts. 1067, 1077 del Cód. Civil).

En tal virtud, dicha entidad sólo habría de responder si fuera acreditado que los dependientes se hubieran conducido con culpa o dolo.

El accionante produjo prueba testimonial que no ha sido considerada por el juzgador, por haber entendido éste que las declaraciones referidas al desarrollo de los hechos provenían de quienes se dijeron amigos de la víctima.

Tanto la enemistad como la amistad deben ser apreciadas libremente por el juez, porque del grado de intensidad que revistan depende que se considere simplemente sospechoso el testimonio o se le niegue toda eficacia. La ley procesal no excluye el aporte de estos testimonios, pues ha eliminado el sistema de tachas, dando libertad de apreciación al juzgador. No existe pues, un impedimento absoluto para considerar estas declaraciones.

Es el contenido de las mismas el que habrá de señalar su eficacia convictiva, al revelar el grado con que el testigo se involucra personalmente a través de su relato, así como que la calidad de su narrativa permitirá detectar si el mismo incurre en opiniones que aparezcan tendenciosas e instadas por el ánimo de favorecer a la parte oferente.

En el caso de autos no se detectan factores susceptibles de poner en tela de juicio la veracidad de los testigos a que me refiero. Los nombrados Veiga y Arenas, han proporcionado versiones coherentes entre sí y respecto de las que ya habían aportado en sede penal, proporcionando una adecuada razón del dicho, debiendo agregarse que los mismos no afirmaron ser amigos íntimos de Giglio, sino que han expresado ambos que se conocen por ser del barrio y que juegan a la pelota, (v. fs. 256/258 y 288/300; arts. 384, 439, 443, 456 del C.P.C.).

No fue puesto en duda que los nombrados han tenido una percepción personal y directa de los hechos, pues nada se hubo alegado sobre su idoneidad (art. 456 cit.) y se encuentra comprobado que se hallaban presentes en el lugar en que se originaron los hechos (ver constancias de la causa penal, agregada en fotocopias). Tampoco concurren elementos serios que autoricen a creer que han tergiversado deliberadamente la forma en que aquéllos se sucedieron.

La lectura de las indicadas declaraciones, me persuade de que el dependiente de la codemandada, llamado Claudio Sgrablich, juntamente con otra persona de custodia, de acuerdo al relato brindado, golpearon al accionante produciéndole las lesiones de que dan cuenta las fotografías de fs. 1/9 (v. también testimonio de Mouzo sobre la coincidencia de dichas piezas con el estado del actor, de fs. 254/255).

Por su parte, quienes han depuesto a instancias de la demandada, no aportan elementos de peso sobre lo ocurrido (v. fs. 236/241); y demás está decir que, debiendo tenerse por cierto que Sgrablich, que declaró a fs. 245/247, es quien precisamente participó como autor de los golpes propinados a Giglio, poco queda por concluir en que el suyo es un testimonio inatendible (arts. 384, 456 del C.P.C.).

No cabe duda que, en este caso, la versión proporcionada por quien intervino en el evento siendo dependiente de la actora, carece de fuerza probatoria, dada la eventual responsabilidad civil que pudo serle endilgada. Los datos aportados por éste en relación a las modalidades del evento, vienen por ello, signados por igual condición de inatendibilidad, situación que se agrava ante la absoluta inexistencia de algún elemento de juicio que proporcione cierta verosimilitud a su solitaria narración (doct. arts. 384, 424, 439 inc.3, 456 del C.P.C.).

"No tiene eficacia probatoria la declaración de un único testigo que resultaría protagonista de los episodios presuntamente ocurridos y cuya deposición no es corroborada por ningún otro medio de prueba" (S.C.B.A., L 38656; L 41988; L 44053, L 53605, y otros en igual sentido).

Las constancias escritas acompañadas a la contestación de demanda, carecen de valor probatorio, no sólo porque se trata de fotocopias simples de un libro que se dijo extraviado, curiosamente por el mismo testigo protagonista, cuando éste lo portaba, también llamativamente, en la vía pública (v. constancia de fs. 78), sino porque las mismas no coincidirían con el relato de la parte y del propio Sgrablich en el sentido de haber sido Giglio atendido en la enfermería, siendo que, por el contrario sólo se habría dejado constancia de la asistencia a Portela, quien tampoco corroboró la versión, ni firmó lo que hipotéticamente aparecería asentado.

Las reflexiones que he dejado expuestas, prohijan mi convicción que debe hacerse también lugar a la demanda contra la coaccionada Alse Alta Seguridad S.R.L. (art. 1122 cit.), haciendo extensiva esta condena a Copan Cooperativa de Seguros Limitada en la medida del respectivo aseguramiento (art. 118 ley 17.418).

X. Habida cuenta que la firma Alse ha dejado peticionado a fs. 89 y vta., la aplicación de sanciones a la contraria por entender que ha incurrido en pluspetición inexcusable, he de decir que la aplicación de la referida figura procesal, a los efectos de sostener una condena en costas no debe confundirse con la simple falta de coincidencia entre el monto de la pretensión ejercida y lo que finalmente la sentencia fija como procedente, o con el hecho que la diferencia entre las mismas supere el 20% dispuesto en la norma del art. 72 del C.P.C.

En efecto, la norma citada previene en primer término que el incurrir en petición excesiva debe presentar el carácter de inexcusable, lo que significa que, con una conducta culpable o maliciosa, se haya ha exagerado torpemente el reclamo.

En segundo lugar establece la regulación legal a que me refiero, una condición de aplicación de la misma, esto es, "que la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia".

Variadas son las razones por las que, como adelanté, concurren al rechazo de la pretensión recursiva.

Según se advierte, quien la plantea no hubo satisfecho en forma oportuna la referida condición legal de reconocer la procedencia del reclamo dentro de los límites que, finalmente, fueran declarados procedentes en el fallo. La íntegra lectura del referido escrito de contestación permite entender que, por el contrario, el mismo contiene una absoluta negativa de los derechos invocados por el accionante.

Por las referidas motivaciones, considero que debe desestimarse el pedido que acabo de analizar.

XI. Cuadra ahora, abordar el tratamiento de la materia indemnizatoria.

XI.1. Ha sostenido el damnificado padecer incapacidad como consecuencia del accidente. Todo desmedro producido con carácter de permanencia en las aptitudes físicas o psíquicas del individuo, incide en sus posibilidades laborales y en su idoneidad para generar bienes materiales. En tanto el mismo provoca una restricción a la potencialidad productiva, debe ser indemnizado como daño patrimonial emergente (conf. S.C.B.A., Ac. 42.528, del 19-6-90).

Lo que tiende a reparar este concepto, que se emplaza dentro del "daño patrimonial" por su contraposición al moral, o del espíritu, es, como se dijo, la afectación de la capacidad de generar bienes materiales, sin perjuicio que, en el capítulo destinado a la reparación de las afectaciones que trascienden el ámbito de lo económico, se considere nuevamente el desmedro padecido, como la faceta extrapatrimonial del daño.

El legitimado activo dejó acreditado a través de las constancias surgentes de la causa penal acollarada y de fs. 273/284, y pericia médica de fs. 336/350 que, como consecuencia del evento de autos producido el 4 de marzo de 2000, padeció un cuadro de politraumatismos caracterizados por traumatismo en arco superciliar izquierdo, equimosis en la región media frontal y bipalpebral bilateral, hematoma en ojo izquierdo, escoriaciones en región derecha y media del dorso nasal y en región izquierda del labio inferior. Fractura del esmalte de las piezas dentarias 11 y 43".

Al momento del examen (febrero de 2003) el accionante presentaba tumefacción leve en la región del dorso de la raíz nasal y la fractura del esmalte del incisivo medio superior y del colmillo inferior del lado derecho.

Informó el Sr. perito médico que el lapso de recuperación excepto los signos subsistentes indicados fue aproximadamente de 30 días y que en relación a las aludidas secuelas el actor porta una incapacidad parcial y permanente del 3% de la aptitud total.

Por su parte, la perito psiquiatra, quien se expidió a fs. 360/363, dictaminó que el Sr. Giglio resolvió satisfactoriamente el episodio de autos, no habiéndose encontrado deterioro de sus funciones psíquicas, por lo cual ha llegado a la conclusión que no lo aqueja incapacidad de la índole sometida a su incumbencia.

Puede afirmarse por último, en cuanto a la afectación estética alegada que la misma ha sido tenida en cuenta al ser evaluado el grado de minusvalía por el Perito médico, quien además de la comprobación del caso, consultó adecuadamente los informes odontológicos que se ocupó de citar. En cuanto a los hematomas y el aplastamiento de la nariz que fundan este reclamo, también el experto informó que no han quedado secuelas de esas características, por lo cual deberá considerarse como porcentual invalidante en concepto de incapacidad sobreviniente del 3% ya indicado (arts. 375, 384, 457, 472, 474 del C.P.C.).

Cabe tener en consideración que al momento de los sucesos dañosos el accionante contaba con 23 años de edad, se desempeñaba en actividades rentadas y cursaba estudios universitarios de administración de empresas (v. fs. 254/258 y 288/300). En tal virtud, y de conformidad con lo que esta sala viene resolviendo en casos análogos, propongo se establezca como monto resarcitorio del rubro en estudio la suma de $6000 (arts. 1068, 1083, 1086, Cód. Civil).

XI.2. También ha requerido el damnificado se otorgue indemnización en concepto de lucro cesante, sosteniendo no haber podido laborar por el término de sesenta días.

Resulta indemnizable el desmedro padecido en los ingresos del damnificado, cuando, como consecuencia directa del accidente, ha debido abandonar sus tareas habituales, y siempre que obre demostración en torno a la realización de esas actividades rentadas con anterioridad al siniestro, porque de otro modo sólo podría hablarse de un perjuicio conjetural.

"El daño, a los efectos de la responsabilidad, es aquél cuya existencia se ha probado acabadamente porque los que son hipotéticos o eventuales no son resarcibles; consecuencia de ello es que para el derecho la prueba del daño es esencial, puesto que no demostrado, carece de existencia" (S.C.B.A., Ac. 49.985, del 6-X-92).

Los testigos ya citados han afirmado que el accionante, quien es socio de la firma Newar S.R.L. (v. fs. 270) realizaba actividades rentadas, desempeñándose personalmente como matricero, aunque no han sido acreditados los ingresos que ha dejado de percibir por causa de las lesiones. Pese a esto, puede formularse una prudente estimación, ante la ausencia de pruebas concretas sobre la envergadura del perjuicio, en relación a un haber mínimo de $1.000, que se calcula por un mes, pues tal ha sido el lapso de indisposición calculado por el perito médico. Mociono en el sentido de hacer lugar a esta pretensión por la suma indicada (art. 1069, Cód. Civil).

XI.3. En lo que se refiere a la pretensión resarcitoria de los gastos médicos y farmacológicos ya efectuados y los futuros, entre los que se solicitan los correspondientes al tratamiento odontológico que debe afrontar, corresponde igualmente declarar su procedencia.

En hipótesis semejantes a la que se trata, esta Sala tiene dicho que no cabe extremar la exigencia probatoria relativa a los gastos asistenciales y de traslado cuando los importes respectivos no resultan de gran envergadura, habida cuenta que puede presumirse que, por tal razón, los comprobantes de pago respectivos no han sido conservados, o los recibos no han sido extendidos.

Lo que debe encontrarse acreditado es la necesidad de haber incurrido en ellos, antes que la cantidad precisa que pudieran haber insumido dichos pagos, toda vez que gira dentro de las facultades del sentenciante la posibilidad de proceder a su estimación (art. 165, C.P.C.).

En el presente caso debe atenderse a las características de las lesiones, que demandaron, sin duda, el consumo de antiinflamatorios y calmantes, como lo puntualizara el propio perito médico. Debe presumirse, por ello, que el damnificado ha debido solventar, algún honorario médico, gastos de medicamentos y elementos para su curación, así como la extracción de placas radiográficas.

Por su parte también se hubo justificado la necesidad de realizar un tratamiento odontológico que consiste en el limado de los bordes libres de cada una de las piezas afectadas, con administración de anestesia.

Ponderando todos esos factores, es viable estimar por el rubro en análisis la suma de $1000 que, según propongo, integrará el monto de condena (arts. 1068, 1083, 1086 cit.).

XI.4. Se ha definido el daño moral como aquél que se traduce en un agravio a los bienes inmateriales de la vida del individuo y extraños a los valores económicos, tales como la libertad, la fama, el equilibrio anímico, los afectos, los vínculos de familia, la salud, la incolumidad física, etcétera.

Su resarcimiento tiene por objeto proporcionar una compensación dineraria, que otorgue a la víctima algún grado de satisfacción, susceptible de atenuar el perjuicio ocasionado a sus íntimos valores, en la medida que el daño pueda haberse proyectado como la vulneración de bienes inmanentes al espíritu del hombre, como lo son la integridad personal, el desarrollo pleno de su vida en el ámbito individual y de relación, su tranquilidad, patentizada aquella afectación, a través de las lesiones físicas, el dolor padecido, la subsistencia de secuelas, las inquietudes, y en fin, todas las alteraciones anímicas producidas a raíz del evento.

Por todas estas razones y atendiendo al carácter de las lesiones sufridas, el tiempo transcurrido hasta la recuperación del damnificado y la subsistencia de secuelas he de proponer como evaluación de este ítem el importe de $8000 (art. 1078, Cód. Civil).

XII. Las sumas indicadas devengarán desde el 4 de marzo de 2000 y hasta el efectivo pago un interés cuya tasa será calculada según la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días en similar lapso (conf. S.C.B.A., Ac. 43.448 y 43858 del 21-5-91).

Voto, por la negativa.

La doctora Ferrer, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

2º cuestión. - La doctora Suárez dijo:

Alcanzado el necesario acuerdo de opiniones, corresponde sea revocado el decisorio apelado, y en consecuencia: 1) Se haga lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por don Ernesto Daniel Giglio contra Orsogna S.A. y Alse Alta Seguridad S.R.L. condenando a las últimas nombradas a abonar al primero dentro del plazo de diez días, la suma de $16.000 (Pesos dieciséis mil), con más los intereses consignados en el considerando XII de este decisorio; haciendo extensiva la condena a "Juncal Compañía de Seguros S.A." y "Copan Cooperativa de Seguros Limitada" en la medida de los respectivos aseguramientos (art. 118 ley 17.418). 2) Se impongan las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.), a cuyo efecto se deberá diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos el recaudo previsto por el art. 51 de la ley 8904.

Así lo voto.

La doctora Ferrer por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Por ello, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca el decisorio apelado, y en consecuencia: 1) Se hace lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por don Ernesto Daniel Giglio contra Orsogna S.A. y Alse Alta Seguridad S.R.L. condenando a las últimas nombradas a abonar al primero dentro del plazo de diez días, la suma de $16.000 (Pesos dieciséis mil), con más los intereses consignados en el considerando XII de este decisorio; haciéndose extensiva la condena a "Juncal Compañía de Seguros S.A." y "Copan Cooperativa de Seguros Limitada" en la medida de los respectivos aseguramientos (art. 118 ley 17.418). 2) Se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.), a cuyo efecto se difiere la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos el recaudo previsto por el art. 51 de la ley 8904. - Nelly N. Suárez. - Patricia Ferrer.