Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-11-21


Neuquén, noviembre 21 de 2007.

I) ¿Resulta procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido? II) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? III) Costas.

El doctor Jorge O. Sommariva dijo:

1.- Previo a ingresar al análisis de la temática sometida a estudio a través del recurso interpuesto, ha de efectuarse una breve reseña de lo acontecido en el presente.

A fs. 3/6vta. el Sr. Daniel Ricardo Rodríguez, por medio de apoderada, promueve demanda laboral contra Mario Cervi E Hijos S.A.C.I.A.F.I.

Sostiene que su ingreso a la firma demandada se produjo el 1º de marzo de 1984.

Que se desempeñó como encargado del sector carga con un sueldo pactado de $1200,00, hasta el 27 de marzo de 2002, fecha en que fue despedido sin causa justificada.

Narra que mediante despacho telegráfico, su empleadora le imputó haber agredido verbal y físicamente al Sr. Díaz y le comunicó el distracto.

Describe el intercambio epistolar.

Señala que en realidad fue él quien sufrió, en reiteradas oportunidades, tratos injuriantes por parte del Sr. Díaz, quien, incluso, con aparente complicidad de su empleadora, el 23 de marzo del 2002 lo invitó a pelear con el solo fin de generar un conflicto, que permitiera a la empresa desvincularlo sin abonarle indemnizaciones.

Concluye aseverando que el despido fue injustificado, contrario al principio de buena fe y de conservación de empleo y, consecuentemente, reclama el pago de S.A.C./02, vacaciones/02, indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso, integración mes de despido, indemnización Ley de Emergencia y entrega de la certificación de servicios.

2.- Por su parte la demandada, a fs. 10/12, luego de una negativa ritual de los hechos y derechos invocados en la demanda, sostiene que nada adeuda al accionante.

Reconoce la relación laboral, la fecha de ingreso y egreso, aunque niega la categoría y remuneración denunciadas.

Afirma que despidió al actor por haber agredido, en el lugar y horario de trabajo, al Sr. Dante Díaz, a quien le debía subordinación.

Narra que el 23 de abril de 2002, el Sr. Díaz le dio instrucciones al Sr. Rodríguez que no cumplió. Ello generó una discusión entre ambos que culminó cuando el accionante, luego de agredir verbalmente a su superior, le propinó un golpe de puño en la nuca.

Continúa, "Enterada la administración de la empresa del incidente, el actor fue citado ante a la presencia de su Presidente, Sr. José Mario Cervi, y ante éste intentó disculparse, admitiendo la autoría del incidente" (fs. 10vta.).

Señala que al Sr. Rodríguez se le comunicó el despido a través de despacho telegráfico, donde se hizo constar el motivo, como así también, que quedaban a su disposición la liquidación final y las certificaciones laborales.

Aclara que, como el actor no se presentó a cobrar lo que se le adeudaba, la empresa se lo depositó a su orden en una cuenta del Banco BANSUD, sucursal Neuquén.

3.- Que abierta la causa a prueba, se producen las ofrecidas por las partes y a fs. 187/194vta. se dicta pronunciamiento en Primera Instancia, por medio del cual se rechaza la demanda.

La A quo, sobre la base de las testimoniales producidas, encuentra acreditada la falta que se le atribuye al actor.

Sostiene:

"Y siendo el juez quien valora la injuria determinando la posibilidad o no de la continuación de vínculo laboral, teniendo en cuenta el principio establecido en el artículo 10 de la LCT, y su lógico consecuente del artículo 242 LCT, entiendo que la falta de respeto que implica la agresión física- el golpe propinado al mismo superior jerárquico- reacción totalmente desmedida, lo que justifica el distracto, y la culminación de la relación laboral, ya que lo contrario iría contra la necesaria organización empresarial, contra la cual no atenta el Derecho del Trabajo, y máxime, cuando esta rama jurídica, reconoce el derecho del empleador de dirigir la empresa y por ende de sus empleados" (sic, fs. 193vta.).

Asimismo, considera que los rubros S.A.C. y vacaciones 2002 se encuentran correctamente liquidados y cobrados. Y los certificados de trabajo han sido retirados según constancia de fs. 118vta.

4.- El actor se alza contra el pronunciamiento. Se agravia porque debió haberse hecho lugar a la demanda, en atención a los motivos expuestos al momento de interponerla y, sobre todo, teniendo en cuenta que los testigos no son contestes y resultan contradictorios en sus dichos.

Además, porque la Jueza a quo no consideró las circunstancias que rodearon el hecho, tales como que el agente provocador de la discusión fue el Sr. Dante Díaz, la antigüedad del actor y su falta de antecedentes disciplinarios.

5.- Que a fs. 216/221 la Cámara sentenciante, con votos divididos, emite su pronunciamiento. Revoca el fallo de Primera Instancia y hace lugar a la demanda impetrada.

Entiende, fundamentalmente, que la conducta de la empleadora resultó apresurada, no obstante haberse constatado la materialidad del hecho y que Díaz era superior jerárquico del actor. Que, en forma previa a la sanción, debieron ponderarse elementos tales como la antigüedad del demandante, la falta de antecedentes disciplinarios, la acreditación de la agresión y las circunstancias que rodearon el episodio; y recién allí, resolver la medida sancionatoria, sobre la base de los criterios de progresividad, razonabilidad y proporcionalidad.

Realiza un parangón con el derecho penal y sostiene:

"...teniendo en cuenta que la legítima defensa es causa de exclusión de la antijuridicidad de la acción, entiendo, en igual sentido, en hechos de la naturaleza que el que nos ocupa, también se deben tener en cuenta las circunstancias, ya sean atenuantes o agravantes del mismo, y en el caso estimo que opera como atenuante la conducta anterior mediata e inmediata de Díaz en cuanto su trato con los obreros y a permitir una conducta, -dejar los pallets afuera- que luego descalifica" (sic, fs. 217).

6.- Que a fs. 226/242vta. la demandada interpone recurso de Inaplicabilidad de ley.

Como fundamento de su queja, alega que el pronunciamiento en crisis implica un desvío de las leyes de la lógica y una absurda interpretación de la prueba testimonial producida en autos. Y que ello ha llevado a la Cámara a resolver la cuestión de forma tal que menoscaba la obtención de una sentencia justa, en la cual el derecho aplicado sea conforme a los hechos probados.

Señala al respecto que, no obstante reconocerse en el pronunciamiento impugnado "...la existencia material del hecho que se le imputa al actor como fundamento del distracto; la agresión física a su superior jerárquico, a quien tras una discusión por cuestiones laborales, y cuando éste dando por terminada la cuestión, se dirigía a sus oficinas, le propina por al espalda un golpe en la cabeza (una piña). Pero, con un razonamiento, reñido con la lógica, le quita gravedad, por considerarlo detonante, `de una situación que se venía tolerando a través del tiempo¿, y que a su criterio sería, `la conducta de Díaz, en cuanto trataba mal a la gente¿" (fs. 241vta.) Agrega, que el A quem realiza una errónea evaluación del material litigioso al encuadrar la situación en riña y legítima defensa, ya que, en el caso, nos encontramos frente a una discusión o reyerta, y aunque en ella se hubieren proferido injurias o excesos verbales recíprocos, nada justifica la agresión física, porque el actor no estaba defendiéndose de una ataque, ni había sido agredido físicamente. Por el contrario, cuando la discusión concluye porque Díaz se retira dándole la espalda, lo ataca, le da un puñetazo y es él quien, a partir de ese momento y hasta la llegada de los cargadores, enfrenta al superior jerárquico. La testigo Martínez San Martín lo relata claramente, e incluso, es ella quien sujeta al actor, recibiendo de éste un empujón (cfr. fs. 239).

7.- Que abierta la etapa que se transita, sobre la base de la causal prevista en el inc. c) del art. 15º de la Ley 1406, resulta necesario examinar si ha mediado el vicio que se denuncia.

Que en tal sentido, el recurrente replantea una típica cuestión de hecho, como es la de evaluar la conducta de las partes antes de la rescisión del vínculo laboral, para luego determinar la existencia o no de la injuria y, en todo caso, su alcance.

Y sabido es que -en principio- ello no constituye materia propia de la casación, salvo, como en el caso, que se alegue la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o incoherentes, que violen las reglas que rigen la materia probatoria y que lleven al juez a valorar la mencionada injuria sin la prudencia que la ley exige.

8.- Que, entonces, cabe preguntarse, en virtud de los parámetros expuestos, si la absurdidad invocada puede constatarse en la causa.

Que en el sub judice, la Cámara de Apelaciones encuentra acreditado que Díaz era superior jerárquico del actor y considera constatada la materialidad del hecho que se le imputa.

Que no obstante ello, entiende que la conducta anterior mediata e inmediata del Sr. Díaz -trato hostil con los obreros y la existencia de una orden contradictoria- conjugado con que el actor tenía una importante antigüedad en el empleo y carecía de antecedentes disciplinarios, atenúan la gravedad del hecho y por lo tanto, considera que el despido sancionatorio fue desproporcionado.

9.- Que del análisis pormenorizado de la prueba testimonial, surge palmariamente que entre el actor y el Sr. Díaz hubo una discusión por cuestiones laborales (López a fs. 85vta., Martínez a fs. 89, Nahuel a fs. 91, Díaz a fs.127 y Lavit a fs. 130), que culminó cuando Rodríguez golpeó por la espalda a Díaz (Martínez, Nahuel y Lavit a fs. cit.).

Y si bien es cierto, tal como lo señala el demandante, que no todos los testigos dan cuenta de la existencia del golpe, también lo es, que quienes omiten referirse a la agresión lo hacen porque no estuvieron en el lugar o en el momento exacto del hecho (Centurión a fs. 92/vta., Saez a fs. 93/vta. y Vega a fs. 94/vta.) o simplemente sostienen que no vieron el actuar violento, sin poder asegurar que no existió (López afs. 85vta./86 e Ibarra a fs 90/vta.).

Del mismo modo, se acreditó que el Sr. Díaz era superior jerárquico del actor (López a fs. 86/vta., Martínez a fs.89, Nahuel a fs. 91/vta., Vega a fs. 94 y Lavit a fs. 130/vta.).

10.- Que este particular estado de situación debe analizarse en el marco del art. 242 de la L.C.T., a fin de determinar si ello resulta agravio suficiente para denunciar el contrato por justa causa.

Que, el referido art. 242, en su último párrafo, otorga a los jueces la facultad de apreciar la existencia y alcance de la injuria. Pero, en ejercicio de esa actividad, el juez no puede aplicar un criterio completamente personal, sino que su apreciación debe ser objetiva y a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. Fallos: 319:1266).

Sin duda, el plexo fáctico a ponderar por los magistrados está conformado por una cantidad de factores que, analizados globalmente, permiten evaluar con mayor posibilidad de justicia si la decisión resolutoria ha sido proporcionada o no.

Dentro de ellos, es correcto considerar, en la especie, los antecedentes del empleado y las circunstancias de hecho que rodearon la agresión física denunciada.

Ahora bien, importa resaltar que, prima facie, la agresión física del obrero a un compañero de labor superior jerárquico- originada por cuestiones de trabajo, ocurrido en su lugar de desempeño, dentro del establecimiento del empleador y delante de los demás empleados, constituye injuria suficientemente grave que autoriza el despido con justa causa del agresor.

Pues, el trabajador no sólo debe obediencia y respeto al empleador, sino también a los empleados superiores en quienes aquél delega sus facultades.

Lo expuesto no implica que el dependiente, víctima de una agresión de hecho, deba poner en riesgo su vida, su integridad, por no poder defenderse. En tal hipótesis puede admitirse, empero sólo dentro de los límites, la legítima defensa.

La doctrina y la jurisprudencia laboral no han explorado en profundidad los límites de la legítima defensa, temática propia del derecho penal, aunque se admite que a tal efecto "podría considerarse un exceso en la legítima defensa cuando el ofendido reacciona desmedidamente" (Ojeda, Raúl H., Ley De Contrato De Trabajo, dirigida por Antonio Vázquez Vialard, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 367).

Y es en este punto donde se observa la configuración del vicio denunciado e imputado a la Cámara sentenciante. Ello, en tanto y en cuanto califica como relativamente grave la falta cometida por Rodríguez, minimizándola, cuando, en rigor constituye per se una falta grave, sin que en el caso encuentre amparo en la excepción de la figura de la legítima defensa.

Es que no surge acreditado, ni que la actitud del dependiente haya sido meramente defensiva, inevitable o bien, producto de una reacción ante una agresión de la misma magnitud.

Pues, aun en el supuesto de considerar al Sr. Díaz como una persona contradictoria, poco afable, con tratamientos hostiles para con el personal a su cargo, tampoco surge con entidad suficiente la justificación del actuar de Rodríguez bajo el amparo de la figura que se analiza, ya que, siguiendo a Soler, ella debe ejercerse con la moderación que haga razonable el medio empleado con relación al ataque y a la calidad del bien defendido (Conf. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tea, Buenos Aires, 1978, T. I, p. 348, parágrafo 31). Y en el caso no se encuentra alegado y menos todavía probado, que el Sr. Díaz agrediera físicamente a Rodríguez. Con lo cual, en la especie, aun admitiendo la hipótesis más favorable al actor, respecto de las circunstancias que rodearon el acto, aparece palmariamente como desproporcionada su reacción.

Sabido es, además, que la gravedad de la falta cometida puede apreciarse con criterio cualitativo o cuantitativo. Y que una sola falta, por su gravedad, es decir, por su calidad, puede constituir causal suficiente de despido (Cfr. Etala, Carlos Alberto, Contrato De Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 578).

En tal sentido, dada la magnitud del incumplimiento, la ausencia de antecedentes disciplinarios del actor no resulta causal de justificación del comportamiento por él seguido.

Por último, en razón de las consideraciones vertidas, se vuelve estéril el debate respecto de si lo que hubo entre Rodríguez y Díaz debe considerarse riña, reyerta o discusión, ya que ello no interfiere en el resultado de la contienda.

11.- Que del análisis efectuado precedentemente, se deriva, sin hesitación, el vicio denunciado, toda vez que, conforme la plataforma fáctica descripta, ha quedado debidamente demostrado que la falta cometida por el actor resulta una grave injuria que justifica la ruptura del contrato de trabajo por su exclusiva culpa (art. 242, L.C.T.).

12.- Que, sobre la base de las consideraciones vertidas, corresponde declarar la procedencia del recurso de Inaplicabilidad de Ley incoado por la demandada, con fundamento en la causal contemplada en el inc. c), del art. 15º, de la Ley de Casación.

13.- Que, en razón de lo hasta aquí expuesto y a la luz de lo prescripto por el art. 17º inc. c) del ritual casatorio, corresponde recomponer el litigio, a cuyo respecto he de proponer la confirmación total de lo resuelto por la Magistrada de Primera Instancia a fs. 187/194vta., por ajustarse los argumentos allí vertidos en un todo a derecho, previo rechazo, por idénticos motivos, de las defensas esgrimidas por el actor al fundar su recurso de apelación.

14.- Que, las costas de esta etapa, al igual que las de Segunda Instancia deberán imponerse al actor perdidoso, correspondiendo readecuar la regulación de honorarios dispuesta en la sentencia impugnada. (arts. 12º L.C. y 68º, C.P.C. y C.) Mi Voto.

El doctor Eduardo J. Badano, dijo:

Por compartir los fundamentos expresados por el distinguido colega preopinante doctor Jorge O. Sommariva es que emito mi voto en el mismo sentido que el suyo. Mi Voto.

El doctor Eduardo F. Cia dijo:

Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Jorge O. Sommariva, por lo que emito el mío en idéntico sentido. Mi Voto.

El doctor Ricardo T. Kohon dijo:

Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término, doctor Jorge O. Sommariva, así como las conclusiones a las que arriba. Sin perjuicio de ello, considero oportuno ahondar en el supuesto de absurdo suscitado en los presentes.

Del voto mayoritario de la Cámara se desprende que, no obstante encontrarse acreditada la agresión del actor respecto de su superior, ello no constituye injuria suficiente a efectos de extinguir el vínculo laboral, en atención a que también se ha constatado la existencia de circunstancias atenuantes- que justificaron el actuar del Sr. Rodríguez.

Que de acuerdo los términos en que se abrió la etapa que se transita, cabe preguntarse, si el razonamiento descripto resulta absurdo y si lo es, por qué.

Que conforme fuera afirmado por este Cuerpo, el absurdo probatorio ha sido definido como el error grave y ostensible que se comete en el juicio o raciocinio, al analizar, interpretar o valorar pruebas o hechos tergiversando las reglas de la sana crítica, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal o insostenible en la discriminación axiológica (Ac. 47/06).

El legislador provincial ha encomendado a los jueces apreciar las pruebas con sujeción a principios que eviten la arbitrariedad. Así, el art. 386 del C.P.C. y C. coloca un cerco a la actividad jurisdiccional, en lo que a la apreciación del material probatorio se refiere, constituido por las reglas de la sana crítica.

Es decir, que la tarea hermenéutica del juez se guía por la sana crítica; expresión que si bien ha sido receptada en numerosas normas, ninguna indica las reglas que la integran.

De allí que hayan sido la doctrina y la jurisprudencia las que se encargaron de explicitar algunas de las pautas que la componen.

Según estas enseñanzas -más allá de sutiles diferencias en las definiciones- no hay dudas de que valorar según la sana crítica, implica que el juez debe llegar a la conclusión, sobre el caso, respetando el material con que cuenta en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica y de acuerdo con las máximas de la experiencia, dejando expresamente reseñado en la sentencia los hitos principales de este razonamiento, para que las partes puedan controlar la manera en que se formó la convicción que sirvió de base al fallo que habrá de afectar sus derechos.

Entonces, sobre dos cuestiones interesa detenerse: las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

Las primeras, en tanto leyes del pensar compuestas por los principios de identidad, de contradicción, tercero excluido y de razón suficiente- usadas en el diario devenir de nuestras vidas, aun cuando nunca hayamos reparado en ello.

Ahora bien, no obstante que la lógica resulta indispensable, no siempre puede considerarse suficiente al momento de fallar, en tanto el puro saber del intelecto necesita comprobaciones prácticas, puesto que no sólo la sentencia debe responder a un análisis lógico, sino que, además, dicho análisis debe nutrirse de contenidos materiales verdaderos para que resulte aceptable.

Y es por ello que debe recurrirse, de igual modo, a las máximas de la experiencia, es decir a los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano, a los saberes comunes, compartidos dentro de una sociedad, respecto de aspectos corrientes de la vida y de la forma en que normalmente suceden las cosas.

Nos enseña Couture:

"Reglas de la sana crítica, son reglas del correcto entendimiento humano; contingente y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia" (Eduardo J. Couture, JA, 71-80).

Dentro de este marco de ideas debe llevarse adelante el análisis emprendido.

En tal sentido, coincido con el vocal preopinante y los jueces de las anteriores instancias en punto a la existencia de la discusión entre el actor y su superior la que concluyó cuando el primero agredió físicamente a este último.

También coincido en que no obstante la gravedad del hecho, éste no puede descontextualizarse. Consecuentemente, deben atenderse todas las circunstancias que rodearon el episodio.

Y ello, porque más allá de que la agresión física responde a un actuar antisocial, excepcionalmente puede ser justificada.

Recalco que no debe perderse de vista el carácter excepcional de la mencionada justificación, lo que conlleva su apreciación restrictiva.

Y es justamente allí donde observo el punto de quiebre en la sentencia impugnada.

Es que en ella se afirma que lo acontecido "resulta el detonante de una situación que se venía tolerando a través del tiempo, no sólo por parte del actor sino además por el resto de los trabajadores, testigos, que han declarado en autos, siendo todos coincidentes en la conducta de Díaz en cuanto trataba mal a la gente, los insultaba..." (fs. 216vta.).

Mas, tal afirmación conforma una premisa falsa dentro del silogismo complejo y último del acto de juzgar. Pues tiene por probado un hecho sobre la base de las declaraciones contestes de la totalidad de los testigos, cuando no todos ellos lo fueron.

Así, sólo algunos se refieren a los malos tratos dispensados por el Sr. Díaz; contrariamente, otros destacan su buen actuar (San Martín, Nahuel y Lavit).

Es decir, que de ningún modo puede afirmarse que las testimoniales resulten unívocas.

Por otra parte, el voto mayoritario de la Alzada, por vía de analogía, introduce la figura de la legítima defensa.

Por su intermedio se compara la situación vivenciada por las partes los malos tratos del Sr. Díaz y el golpe que el Sr. Rodríguez le propinara a aquél- con la figura del derecho penal conocida como legítima defensa.

Tal argumento recurre a la analogía para apuntalar la idea que finalmente se adopta en el fallo, consistente en ver como injustificado el despido del accionante.

Ahora bien, para que un argumento por analogía sea sólido, los rasgos que se destacan de los entes comparados deben ser relevantes y equivalentes a los efectos de sostener una determinada idea (Cfr. Irving M. Copi y Cohen Carl: Introducción a la Lógica, Limusa Noriega Editores, México 2001, pág. 450 y siguientes).

En la especie, el mero confronte de la situación de hecho con la figura penal, debilita el argumento. Pues, en el marco de la legítima defensa, la acción debe ser una respuesta a una agresión, es decir, una reacción (art. 34 inc. 6º C.P.).

En el sub lite se acreditó que quien primero propinó un golpe, es decir, una agresión física, fue el actor; contrariamente, no recibió otro golpe como respuesta.

Podría replicarse que el golpe fue la reacción a una acción ilegítima constituida por los malos tratos del Sr. Díaz conforme se afirma en el pronunciamiento en crisis-, pero inmediatamente ese argumento se resquebraja si se considera que entre la acción y la reacción debe mediar una proporcionalidad o equivalencia.

Es que, la conducta asumida por el trabajador no guarda relación proporción- con la que supuestamente intenta repeler.

Admitir un golpe como respuesta aceptable frente a una agresión verbal supone la aceptación práctica de la violencia como método de resolución de conflictos; inaceptable y reñido no sólo con el sistema normativo, sino con las reglas básicas de convivencia.

De allí que no pueda justificarse el actuar de Rodríguez, en tanto no se condice con las exigencias que debe revestir el acto de fuerza para su tolerancia, mucho menos, entonces, para relativizar la gravedad de la falta disciplinaria en el marco de ejecución del contrato de trabajo.

Pero, además, la descripción de los hechos realizada en el pronunciamiento de la Cámara, tampoco se condice con la figura de la riña, que luego se trae a colación, en tanto ésta presupone por esencia- la presencia de más de dos personas, lesiones o muerte, reciprocidad en el ataque, e imposibilidad de determinar quién fue el autor de las lesiones o la muerte.

Es que, no obstante evidenciarse una percepción de lo acaecido bien clara: "...allí comenzó la discusión que siguiera con la `piña¿ del actor a Díaz y la consiguiente discusión" (fs. 217), la subsunción descripta identificar los hechos ocurridos entre las partes en la figura de la riña- resulta violatoria de las reglas que rigen la lógica, concretamente, del principio de identidad.

Dicho principio se vincula con la esencia de las cosas; es decir, con el conjunto de notas o características que hacen que una cosa sea eso y no algo distinto.

Por riña se entiende el súbito acometimiento de hecho y recíproco (ataque y defensa) que se ejerce entre tres personas por lo menos (más de dos personas exige la ley). Afirma Soler que no puede llamarse riña al acometimiento de varios contra uno, pues es necesaria la reciprocidad de las acciones. La razón de que la figura requiera más de dos personas es que sólo resulta aplicable cuando no es posible determinar quién ha sido el autor de la muerte o de las lesiones, lo que no sería inconveniente en una pelea entre dos. Para que haya riña, además, no basta el simple altercado, sino que se requiere el empleo de medios vulnerantes. El acometimiento debe ser de hecho y no verbal(Cfr. Código Penal Comentado y Anotado. Parte Especial, dirigido por Andrés José D¿Alessio, 1era. Ed., LA LEY, Buenos Aires, pág. 68).

Entonces, claro está que se viola el principio de identidad al identificar "una discusión seguida de una `piña¿ y otra discusión" con una riña.

Todo lo dicho pone en evidencia el absurdo denunciado. Pues, se advierte en el pronunciamiento de Cámara la existencia de una anómala desfiguración de lo probado -absurdo material- y la desvirtuación en concreto de los principios y reglas que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento -absurdo formal-. (Conf. Morello, Augusto M., La Casación. Un Modelo Intermedio Eficiente, Librería Editora Platense S.R.L.-Abededo-Perrot, Buenos Aires, 1993, Pág.332). Mi Voto El doctor Roberto O. Fernández dijo:

Coincido con los argumentos expuestos por el doctor Jorge O. Sommariva, como así también con las conclusiones a las que arriba, por lo que voto en el mismo sentido. Mi Voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, Se Resuelve:

1º) Declarar procedente el recurso de Casación por Inaplicabilidad de Ley deducido por el demandado a fs. 226/242vta., y CASAR, en consecuencia, el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad Sala II- obrante a fs. 216/221, por haber incurrido en la causal prevista en el inc. c), del art. 15, de la Ley 1406. 2º) Recomponer el litigio, por imperio de lo dispuesto en el art. 17º, inc. c), de la Ley 1406, mediante la confirmación in totum del decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 187/194vta., rechazándose, en consecuencia, la acción promovida por el Sr. Daniel Ricardo Rodríguez contra Mario Cervi E Hijos S.A.C.I.A.F.I., merced a los fundamentos vertidos en los considerandos del presente pronunciamiento. 3º) Imponer las costas de segunda instancia y de la presente etapa a cargo del actor perdidoso (art. 68 del C.P.C.y C. y art. 12º de la Ley 1406) 4º) En virtud de lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.yC., dejar sin efecto al regulación de honorarios practicada a los letrados intervinientes en la Alzada, los que adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: para la Dra. S. M. -patrocinante del actor- en la suma de pesos un mil sesenta y siete ($1067,00) y los de la Dra. G. F. De S. letrada apoderada de la demandada - en la suma de pesos dos mil ciento treinta y cinco ($2135,00). 5º) Regular los honorarios de esta etapa casatoria para la Dra. A. B. apoderada del actor- en la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco ($355,00), los de la Dra. S. M. -patrocinante de la misma parte- en la suma de pesos ochocientos ochenta y nueve ($889,00) y los de la Dra. G. F. DE S. letrada apoderada de la demandada- en la suma de pesos un mil setecientos setenta y ocho ($1778,00). 6º) Disponer la devolución del depósito efectuado según constancias de fs. 225 y 257, conforme lo previsto en el art. 11º de la Ley Casatoria. - Eduardo J. Badano. - Ricardo T. Kohon. - Eduardo F. Cía. - Jorge O. Sommariva. - Roberto O. Fernández.