Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-04


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Marzo de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Barco, Luis Alberto y otros vs. Servicios Integrales S.R.L. s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 26/6/2003 (fs. 410/412 vta.), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante pronunciamiento del 14/4/2004 (fs. 448). Consta en informe actuarial de fs. 456 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia hizo lugar a la demanda interpuesta en contra de la codemandada Servicios Integrales SRL, y admitió la defensa de falta de acción respecto de la codemandada Automóvil Club Argentino. Considera que la controversia en relación a dicha parte radica en la aplicación o no del artículo 30 LCT, precisando que la actividad implicada es la venta de combustibles y otros servicios.

Sostiene que conforme a la interpretación actual de aquella norma, la solidaridad es excepcional y sólo se alcanza cuando entre los distintos establecimientos configuran una unidad de ejecución en torno del producto final que técnicamente debe ensamblarse entre las distintas etapas de la cadena de producción, lo que no ocurre en los contratos de concesión y distribución, donde la actividad normal del fabricante al poner el producto final, difiere del distribuidor que sólo interviene en la etapa de comercialización.

Analiza la prueba de la causa desde esta óptica y señala que no se dirige a acreditar tales extremos. La Cámara postula que en los productos indicados como combustibles y lubricantes, la relación de entrega en consignación representa el desempeño por otros de negocios individualmente determinados a nombre propio o bajo la razón social que representa y no incluyen garantía de solidaridad. Añade que el paralelismo de fines de ambas empresas interviniendo en un solo aspecto del ciclo (el comercial), excluye el supuesto de que la intervención sea conjunta o complementaria, aportando elementos diferentes que la hagan destinataria de un fin específico y único.

3.- Afirma el recurrente que la CSJT se pronunció sobre los aspectos a considerar para que resulte procedente la solidaridad prevista por el art. 30 LCT, de donde se desprende que debía analizarse si concurren los siguientes requisitos: 1) Si el establecimiento en el que se desarrolla la explotación es una unidad técnica de ejecución comprendido en los términos del art. 6 LCT; 2) si se trata de una actividad propia, normal o específica del establecimiento, es decir que la complemente con independencia de cuál fuere el objeto social fijado en los estatutos; 3) si se ha encargado a otros su realización en todo o en parte.

Denuncia que tal análisis no se efectuó en el caso; que se soslayó la valoración de prueba fundamental y se arribó a una conclusión que no sigue un iter lógico, por lo que el fallo queda afectado del vicio de arbitrariedad.

En relación al primer requisito, sostiene que en modo alguno el ACA tiene una actividad distinta e independiente de los concesionarios, y que el fraccionamiento de la unidad de ejecución no depende de la voluntad del cedente ni de su objeto social. Asevera que el fallo debía analizar si el establecimiento donde prestaron servicios los actores constituía o no una unidad técnica destinada al logro de los fines de la empresa, y que si se desarrollaba la actividad principal bajo las condiciones de explotación impuestas por el ACA, en un establecimiento a su nombre, es lógico concluir que encuadra en el concepto de unidad técnica del art. 6 LCT.

En lo que concierne al requisito de la actividad propia, normal y específica, afirma que en los establecimientos del ACA que existen en todo el país, se desarrolla la actividad principal, que es prestada directamente o a través de concesionarios como en este caso. Añade que el control de la concedente revela una posición dominante, en la que cede la explotación del establecimiento que constituye su actividad principal, bajo estrictas condiciones de contralor de la concesionaria. Sostiene que no caben dudas que Integral Service SRL explotaba el establecimiento habilitado a nombre del ACA en el que se prestaban servicios principales, propios y ordinarios de la empresa.

Finalmente, en cuanto a la realización por otro, señala que en la contestación de demanda apartado III.16, existe un expreso reconocimiento por parte del ACA que no fue tenido en cuenta por la sentencia. Por ello, concluye que en el caso se presentan los tres requisitos exigidos por el art. 30 LCT: cesión de la unidad técnica, realización de la actividad principal y propia del establecimiento por un tercero, cualquiera fuere el acto que le de origen.

Denuncia que se da también el fundamento para la admisibilidad de la casación (art. 131 inc. B), por cuanto la misma sala ha fallado en sentido contrario a lo resuelto en autos. Compara lo sostenido por sentencia nº 115 del 27/7/01 y la situación que aparece en el caso de autos, señalando que si en aquel caso se declaró que existía solidaridad, con mucha mayor razón debió declararse en el presente, donde existe cesión del establecimiento habilitado a su nombre y explotación de la actividad principal por otro y bajo un control estricto del concedente. Añade que en los casos Rodríguez y Luna estamos en una situación distinta a la presente, ya que allí no existió cesión del establecimiento ni desarrollo de la actividad principal como ocurre en el caso, por lo que la aplicación del mismo criterio nos conduce a un resultado distinto.

Expresa que si el titular del establecimiento principal según los términos de la LCT, si no lo explota por sí o lo cede a otro para que lo haga en su nombre como en este caso, no puede conseguir sus fines. Señala que cuando se cede el establecimiento para que sea explotado según su destino, abarcando la actividad principal sin que la concesionaria tenga facultades para mudarlo, estamos frente al supuesto que ha previsto el art. 30 LCT.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invocan suficientemente los motivos del art. 131 CPTT, y no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT por ser el actor quien recurre. Consecuentemente, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- En el caso, se debatió entre los actores y la codemandada Automóvil Club Argentino, si esta entidad era o no responsable solidaria a tenor de lo dispuesto por art. 30 LCT, que aprehende en su normativa a quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, y a quienes contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito Resulta dirimente para la adecuada resolución del recurso de los actores, señalar que la disposición se refiere a dos situaciones distintas; una corresponde a la cesión total o parcial del establecimiento o explotación y la otra, sin alcanzar a esa dimensión, consiste en delegar aspectos propios de la gestión de dicho establecimiento o explotación. Se encarga, delega, encomienda a un tercero que complete o complemente, a través de su actividad, los procesos necesarios para alcanzar el logro de la gestión emprendida (Vázquez Vialard, Antonio, "La extensión de la responsabilidad laboral del empleador a un tercero", Revista Jurídica La Ley del 11/5/2004).

Tal distinción también ha sido reconocida por la jurisprudencia nacional, habiéndose dicho que "el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976­238) prevé dos hipótesis: 1. cesión parcial del establecimiento y 2. contratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII 07/10/1998 Martignani, Aldo E. c. Siderca S. A. y otro DT 1999-A, 843).

Prosigue el autor citado exponiendo que el primer dispositivo (cesión del establecimiento), no lleva a mayores complicaciones, en cuanto se refiere a su interpretación, ya que la norma es clara al respecto; se trata de la cesión total o parcial de la gestión del establecimiento. En cambio, la segunda situación plantea mayores dificultades, ya que se trata de la delegación de operativos que integran la referida explotación que el comitente continúa realizando por sí. La norma hace referencia a que las mismas correspondan "a la actividad normal y específica propia del establecimiento" (art. 30, párrafo 1°, LCT). Si no se cumple ese presupuesto, lo que debe ser resuelto respecto de cada caso concreto, no se genera ese tipo de débito.

En el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada se circunscribe al análisis de la segunda de las situaciones contempladas por la norma. De allí que examina si la prueba de la causa se dirige a la justificación de aquella unidad de ejecución que ha sido 'fraccionada' y que pueda considerarse para ambas empresas como 'actividad normal y específica propia' de ellas (ver cuarto párrafo de la sentencia, in fine a fs. 411). El referido enfoque se vislumbra también en la conclusión a la que arriba el fallo al limitarse a sostener que se encuentra excluido el supuesto de que la intervención sea conjunta, complementaria, aportando elementos diferentes que las haga destinatarias de un fin único. Todo ello denota claramente que el análisis del fallo se centra en determinar si concurre o no la hipótesis de contratación o subcontratación de aspectos correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento de la codemandada, omitiendo toda consideración sobre el restante supuesto contemplado en la norma.

Cabe señalar que en el presente caso resultaba insoslayable para la Cámara examinar si se configura o no el supuesto de cesión del establecimiento o explotación en los términos del art. 30 LCT, a la luz de las circunstancias invocadas en el escrito de demanda (fs. 34 y vta.). En efecto; en el punto d) de aquella presentación, los actores aluden a que la explotación se hace en nombre del ACA, que se le liquida un porcentaje que es la utilidad por la explotación y operación de los servicios, y que todas esas tareas se efectúan en el establecimiento de aquella, por todo lo cual postula la solidaridad de la codemandada con el empleador directo. Tampoco resulta un tema menor que en abono de las circunstancias invocadas, los actores citaran parcialmente el art. 30 LCT, únicamente en cuanto responsabiliza solidariamente a quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre.

La omisión por parte del pronunciamiento impugnado, de considerar una cuestión esencial introducida en la demanda, vinculada a la concurrencia o no de uno de los supuestos de aplicación del art. 30 LCT, determina la procedencia del recurso de la accionada. Al respecto, esta Corte tiene dicho que "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite hacerse cargo de una cuestión propuesta que resulta relevante para la solución del litigio" (CSJTuc., in re "Correa Blanca Natividad vs. Arce Ramos s/ cobros", sent. del 29/4/2002) Por las razones expresadas, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia o no del reclamo de los actores, corresponde CASAR la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que sostiene la inexistencia de la solidaridad en los términos del artículo 30 LCT, omitiendo analizar si se ha configurado el supuesto de cesión total o parcial del establecimiento o explotación contemplado en dicho dispositivo, cuando el mismo ha sido invocado en la demanda"; y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a que el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional, corresponde imponer las costas de este recurso por su orden (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 26/6/2003 (fs. 410/412 vta.) y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que, por la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA