marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: G. D. A. c/ C. Vda de T., S. s/ Cobro de haberes e Indemnizacion de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-08

El testigo de oídas pierde su eficacia al no haber percibido el hecho directamente, pudiendo ser un elemento coadyuvante solo si, concurriendo con otros elementos probatorios corroborantes, alcanzan a revelarse con valor indiciario, lo cual como es de verse del mérito global de los elementos de prueba incorporados al proceso, en el caso no aconteció (Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO c/ RUBEN ANTONIO IBAÑEZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-30

El reconocimiento tácito, interruptivo de la prescripción, resulta de todo hecho o acto que importe la admisión de la existencia del derecho invocado por el acreedor y que permita conocer, con la certidumbre exigida por el art. 917 del C.Civil esa ausencia de "voluntad de liberarse".
Responsabilidad del funcionario público, mal desempeño de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ S., V. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-24

La norma, art. 69 CP, contiene dos obligaciones o deberes por parte del Estado, la obligación de accionar contra el funcionario responsable que ha causado con su inconducta un daño y por otro lado la obligación de hacerlo citar a juicio, ....que hemos creído oportuno incorporar, porque normalmente el Estado se olvida de citar a juicio a los responsables del daño, con lo que se enfrenta o expone a la posibilidad de que se le oponga lo que se llama "Excepción de negligente defensa", con lo cual es imposible después ejercitar la acción de repetición.

Es un mandato que la Constitución hace para que el Estado Provincial y los Municipios de ahora en adelante, cuando deban soportar acciones contra sí mismos por actos irregulares de esos funcionarios, los citen en el mismo juicio en que el Estado deba comparecer".

Con lo dicho no puede haber lugar a duda, la citación a juicio de los funcionarios, es un imperativo para el Estado, una carga que le es impuesta y la obligación a concurrir al proceso por ende no es tal sino en la medida en que se lo haya debidamente citado y si así no fuera no existe obstáculo alguno para que se intente la defensa de negligente defensa.
Honorarios, regulación de honorarios, rechazo de la demanda, costas al demandante, regla de prorrata, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ricale Viajes SRL  c/ Prisma Medios de Pago SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

Procede desestimar la pretensión de la actora, perdidosa en ambas instancias, de prorratear los honorarios regulados por aplicación del CCCN 730, pues la restricción sólo alcanza a los supuestos en que mediare "incumplimiento de la obligación" por parte del deudor, presupuesto que no concurre cuando el Tribunal haya dictado sentencia desestimando la demanda (CSJN, "Exolgan SA c/ Distribuidora Química SA s/ daños y perjuicios", del 16/08/05, CNCom, Sala B, "Ricale Viajes SRL c/ Santangelo Walter Andres s/ ordinario, del 07/04/21); Sala E, "Ricale Viajes SRL c/ Cattaneo Gabriel Antonio s/ ordinario", del 01/02/21).

El régimen establecido por el CCCN 730 en supuestos en que el actor fue condenado en costas, generaría una injusticia entre los diversos litigantes obligados respecto del pago de honorarios de los peritos, en tanto acorde el CPR 77 -modificado por la ley 24432-, la parte no condenada en costas debe afrontar el 50% de su monto.

En tales condiciones, se premiaría al condenado a pagar gastos con una reducción en el pago de los honorarios en desmedro de quienes obtuvieron el rechazo de la demanda interpuesta en su contra y, a pesar de no tener que afrontar las costas, estarían obligados a abonar la mitad de los emolumentos de los expertos sin la reducción derivada del prorrateo (arg. CNCom, Sala A, "Express Rent a Car SA c/ Transener SA y otro s/ ordinario", del 12/02/16).
Cosa juzgada, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Zotarelli de Almendariz, Nélida Ester c/ Cooperativa Eléctrica Ltda. de Chacabuco s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

No existe identidad de cuestión y por tanto no media cosa juzgada, si el acuerdo conciliatorio homologado en sede administrativa del trabajo no incluyó el reclamo indemnizatorio por accidente de trabajo que, conforme con las normas del derecho común, se impetra en sede judicial.
Propiedad intelectual, patentes, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

En tanto el Acuerdo ADPIC permitía a un país miembro en desarrollo aplazar la aplicación de los criterios de patentabilidad del acuerdo, que abarcaran sectores de tecnología no protegidos en su territorio, hasta diez años a contar del 1° de enero de 1995 (arts. 65.4, 65.1 y 65.2 del tratado), bien podía el legislador argentino fijar un período de transición que finalizara a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la ley correctiva 24.572 en el Boletín Oficial, esto es, al 23 de octubre de 2000.
Suspensión del juicio a prueba, impugnabilidad objetiva, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Pearce, Daniel Aníbal c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-27

La disidencia parcial consideró que la decisión recurrida en casación-denegación de la suspensión del juicio a prueba-, por principio no cumple con el requisito de la impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 CPPN toda vez que no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya fundado debidamente la implicancia de una cuestión de naturaleza federal. (Dr. Gemignani -disidencia-).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: "ADVENTIS  PHRMA S.A. (T.F. 29083-I) c/ DGI s/ DIRECCION GENERALIMPOSITIVA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

La expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada, y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el anterior sentenciante, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no es suficiente para sostener un recurso de apelación (conf. esta Cámara, Sala IV, fallo del 28.02.02, Expte. N° 15.296/01). Y aún cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique en los hechos derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 CPCC; conf. esta Cámara, Sala 1, causas 7693 y 7706 del 23.11.93 y 13.718/96 del 19.2.98; ídem, Sala 2, causas 1437/99 del 7.4.00 y 745 del 15.3.07 y esta Sala, "Compañía Arg. de Const. S.A.I.C.F.E.I. c/Ferrocarriles Argentinos s/Contrato de Obra Pública", del 07/08/09, causa Nº 28.298/95; "SIGLA S.A. c/ Consejo Nacional de Investigac Cient. y Técn. (CONICET) s/Contrato Administrativo" del 25/06/07, causa Nº 23.899/94; "González Domínguez Rubén Dario c/EN-PFA y otros", del 16.7.07, causa Nº 42.734/03; "Banco Río de la Plata SA c/EN - AFIP DGI Sumario 463/03 (GC) s/Dirección General Impositiva", del 23.10.07, causa Nº 490/05; y esta Sala "Primera Red Interactiva de Medios Arg. (Prima) S.A. c/DNCI -Disp 280/09 (expte S01:96667/08)", del 13/05/10, causa Nº 16.795/09; "DGA (Autos National Starch & Chemical SA - TF 22958-A)", del 31/10/08, causa Nº 7.900/08; "Comercializadora Multiemprendimiento SA c/DNCI - Disp. 285/04 (expte S01:0119320/02)", del 30/09/10, causa Nº 1676/07; "Corporación Río Luján SA c/DNCI - Disp 930/08 (expte S01:382434/06)", del 23/03/10, causa Nº 1897/09; "Etronix c/DNCI - Disp 61/07 (expte S01:371065/07), del 23/03/10, causa Nº 13340/09; "Kramnik SRL c/DNCI - Disp 112/09 (expte S01:102713/06), del 30/03/10, causa Nº 15058/09; "CTI PCS SA c/DNCI disk 385/05 (expte S01:68114/03), del 30/03/10, causa Nº 48942/05).
Conducta procesal, responsabilidad civil, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANFILIPPO, SANTIAGO LUIS C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

En tal sentido, fue entendido que hay una exigencia de corrección que impone al damnificado buscar el modo de limitar los daños derivados del incumplimiento, debiendo calificarse de culposa la conducta del acreedor insatisfecho que, después de comprobarse el hecho del incumplimiento, no se cuida de limitar, en cuanto sea posible, los daños que se deriven de ello (conf. Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños - Eximentes", Buenos Aires, 1980, t. III, ps. 129/130, n° 28, entre otros; CNCom, Sala D in re "Zappettini Raúl Martín c/ Banelco SA s/ ordinario", del 11/08/09).
Poder Legislativo, legisladores, empleados públicos, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Un legislador que sea empleado del Estado (Provincia, Municipio o Comuna) puede, en sede legislativa, hacer críticas a sus superiores sin que ello implique insubordinación como sucedería en el caso de un empleado común. Deben incluirse los casos de personas jurídicas privadas, civiles o comerciales, y también los de entidades o personas privadas en el ejercicio de funciones públicas -o servicios públicos- de modo especial, en esta última hipótesis, los pertenecientes a órdenes profesionales -como los abogados, médicos, etc-. Ninguna sanción puede serle aplicada al legislador por la orden a la que pertenece -colegios o consejos, en nuestra Provincia , aun cuando esté prevista por las normas que las instituyen y organizan a causa del ejercicio de la función parlamentaria.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE RAMOS MARIA DE c/ E.P.O.S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-10-05

Aunque la vivienda de una persona es el ámbito de su residencia y de su familia, constituyendo un centro material en donde se despliega la vida hogarénea, por cualquier perjuicio material al mismo, no es admisible la indemnización por daño moral, pues es menester que haya efectiva repercusión subjetiva en sus moradores, afectándolos en su seguridad, en el goce del bien, perturbando seriamente la normalidad de la comunidad de vida que allí se desenvuelve. (Del voto, en disidencia parcial del Dr. Bonta).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, monto de la indemnización, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Matesevach, Antonio c/ Fabrizio, Benedetti s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-12-28

La privación de uso del vehículo dañado en un accidente importa siempre en perjuicio económico para su dueño, lo que debe ser indemnizado, no siendo impedimento para ello la falta de elementos probatorios, pues se presume que quién tiene y usa un vehículo lo hace para llenar una necesidad. Ante la falta de prueba sobre el monto del perjuicio la determinación queda librada al prudente arbitrio judicial, teniendo en cuenta el tiempo que demandarían las reparaciones, conforme a los daños sufridos por el vehículo y que el perito estima en aproximadamente treinta (30) días hábiles.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rico, Fernando c/ Solbach, Adolfo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

El art. 1101 del C.C. es de orden público como toda regulación de la competencia judicial, involucrando la distribución de las dos jurisdicciones. Por ello, los jueces civiles carecen de jurisdicción para sentenciar en infracción a la norma.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMIREZ EDGARDO c/ TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

La presentación como particular damnificado no sirve en sí misma para interrumpir el curso de la prescripción. Para que ella pueda ser asimilada a la "demanda" a que se refiere el art. 3986 del C.

Civil, es necesario que el presentante formule expresamente su pretensión indemnizatoria (art. 29 C. Penal) o, por lo menos anuncie que lo hará de manera de dejar explícita una manifestación de voluntad idónea para desvirtuar la presunción de abandono inducible del silencio o inacción.-
Políticas públicas, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad dene-gado en: Zava, Yanina Paola. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-07

La referencia expresa que hace el art. 31 de la CCBA a la resolución progresiva de la problemática habitacional consolida el compromiso constitucional del Estado de generar, sin solución de continuidad, políticas públicas orientadas a la satisfacción plena del derecho a la vivienda adecuada (voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Mandato, apoderado
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA PICO Y CÍA. S.R.L. c/ SOSA Emanuel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-09-10

Sobre la interpretación del poder se ha dicho que si bien es restrictiva, el objeto para el cual se ha otorgado el mandato determina las facultades que se le han conferido al mandatario y ello, aunque las facultades no se hallen explícitamente mencionadas y en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida (CNCiv., Sala C, 30/6/89, LL, 1990-A-263).-
REPÚBLICA ARGENTINA, convocatoria a audiencia, derecho a las garantías judiciales, presunta víctima, declaración testimonial, sistema interamericano de reparaciones, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Gorigoitía Vs Argentina c/  s/ Resolución de Convocatoria a Audiencia Pública
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-03-20

Corresponde hacer lugar al pedido de declaración de la presunta víctima, en el caso que se alega la responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación al derecho de recurrir el fallo -Artículo 8.2 de la Convención Americana-, en perjuicio del sargento que en jurisdicción nacional fue encontrado penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio, pues resultan oportunas las declaraciones de todos quienes puedan probar un interés directo en el caso en tanto proporcionan mayor información sobre las violaciones alegadas y sus consecuencias, pudiendo asimismo ilustrar al Tribunal acerca de las medidas de reparación que eventualmente pudieran adoptarse .
Juicio de desalojo, intruso, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marroni Orlando Roberto c/ Suárez Lidia Mabel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

El acto administrativo por el cual la Municipalidad permite la ocupación del inmueble -a quién fuera demandado por desalojo por intruso- es un acto unilateral que no puede extinguir ni alterar los derechos adquiridos que el actor tenía respecto de aquél (art.1199 C.C.) y sin que ello implique reconocimiento alguno de derechos del mismo frente a dicha Municipalidad, la que no ha sido parte en el juicio ni llamada a comparecer a él por la demandada.
Empleados públicos, cesantía, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

Es ilegítima la actividad administrativa dirigida a excluir del servicio al agente con invocación de la causal de cesantía prevista en el art 8 inc a) de la ley 8525 que no responde al real motivo determinante de lo decidido.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Massa de Obiglio, Martha Elena c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

Incumbe a la parte actora acreditar la manera en que denunció haber efectuado sus tareas para la demandada si esa modalidad fue desconocida en el escrito de responde.
Juicio oral, principio de inmediación, interrogatorio de testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA, Jorge Eduardo s/ Hurto Simple (art. 162 C.P.) en perjuicio de Fernando Gabriel Camargo- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-03-13

Cuando el testimonio es, en el caso concreto, de una naturaleza tal cuya relevancia es decisiva en la solución de la causa, debe primar la garantía del pleno y directo interrogatorio.

Pues si el aludido testimonio fuese dirimente, o sea que si fuese suprimido hipotéticamente de la fundamentación del fallo - condenatorio, por cierto-, el resto del material probatorio no permitiría inducir indefectiblemente la conclusión sobre la culpabilidad del acusado como lo exige el respeto al principio de razón suficiente en materia de sentencias de condena, ésta podrá ser anulada por vulneración del aludido derecho de nivel constitucional de confrontación de la prueba testimonial.

En este caso concreto la condena dictada se apoya exclusivamente en los dichos de la víctima incorporados por lectura sin que haya existido la más mínima inmediación -percepción directa y personal- y posibilidad de controlar o confrontación; todo lo cual conlleva a su descalificación como acto procesal válido.
Juicio de desalojo, obligación alimentaria, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: Lechesi, Nilda Del Valle c/ Bustos, María de los Angeles s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-23

Cabe declarar la nulidad de la orden de desalojo en razón de la falta de intervención en el proceso de los menores que habitan el inmueble, y el ministerio pupilar, en tanto si bien, en principio, la circunstancia de que haya niños viviendo en la propiedad no los convierte en parte del juicio, la presente acción contiene ribetes especiales, pues el desahucio de la demandada importará a la vez la de sus hijos menores que cohabitan con ella, que son a la vez nietos de la actora, por lo que existe un vínculo familiar que puede incidir en la causa por la cual los mismos habitan la vivienda, debiéndoseles reconocer una legitimación autónoma en su carácter de posibles acreedores alimentarios de la demandante.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: OTERO DE FLORES, Nélida Ester y otros c/ RODRIGUEZ, Benigno Oscar y otro s/ Indemnización por muerte, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Si bien es cierto que en el supuesto de rebeldía las reglas del art.

354 inc.1 del C.P.C.C. no obligan al Tribunal del Trabajo a acoger automáticamente las pretensiones del actor, lo facultan para que se tengan por ciertos los hechos que constan en la demanda, y las decisiones que al respecto se establezcan sólo pueden revisarse ante la instancia extraordinaria mediante la demostración del absurdo.
Acreditación de la prueba, privación ilegal de la libertad, violencia de género, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: Calderón, Leandro Martín s/ lesiones leves (art. 89), coacción (art. 149 bis), abuso sexual (art. 119, 1° párrafo) y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-19

Se encuentran acreditados los elementos objetivos y subjetivos del tipo del art. 142 inc. 1º del CP, resultando desprovistos de todo asidero los planteos de la defensa, vinculados con que no se ha determinado cuánto tiempo habría "sin posibilidad de salir de su domicilio", pues no sólo la norma no requiere un mínimo temporal como elemento para la configuración del delito sino que, analizado desde un aspecto fáctico, no existe lapso de tiempo demasiado corto para que se vea vulnerada la libertad de la víctima, máxime a la luz de las circunstancias del caso, en que el encausado privó de salir de su domicilio a su pareja, quien todo el tiempo estuvo al tanto de encontrarse encerrada en el departamento (sola con su hijo) y a la que momentos antes había golpeado y violentado sexualmente.
Concursos, honorarios, quiebra, acción revocatoria, conclusión de la quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Agropecuaria Don Gio SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-09

1. La regulación de honorarios en el caso de levantamiento de la quiebra por haber prosperado la revocatoria interpuesta, constituye -a los fines regulatorios- un supuesto no previsto específicamente en la ley de arancel 21839, modificada por la ley 24432 (conf. esta Sala in re: "Lope de Vega 2038 SA s/ quiebra" del 18/10/17). 2. Por ello deben valorarse los trabajos profesionales efectivamente realizados por el letrado peticionante de la quiebra y el síndico, tomando en consideración las pautas señaladas en el art. 6 inc. "b" a "f" y siguientes (CNCom, Sala b in re: "Club Atlético Banco de la Nación Argentina s/ pedido de quiebra por Rodríguez Martin Ezequiel" del 27-5-13; Sala E in re: "Febre Jorge Ignacio s/pedido de quiebra por Lanin SA" del 21-11-96 entre otros), ponderando el tiempo transcurrido, las tareas efectivamente cumplidas, el modo de conclusión del proceso y las sumas involucradas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, régimen jubilatorio, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Moscoso, Beatriz Amalia c/ Instituto Municipal de Previsión Social. s/ pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La garantía del art. 16 de la Constitución Nacional no impide la existencia de regímenes jubilatorios distintos en tanto no exista una discriminación irrazonable o propósitos persecutorios, extremo que no concurre en el caso en que todos los potenciales beneficiarios dentro de la órbita municipal se encuentran en la misma situación.
Pacto de cuota litis, nulidad relativa, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BLASCO SILVIA DEL VALLE Y OTROS c/ DIRECCION DE BIENESTAR DE LA ARMADA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Aún cuando se considerara que el pacto de cuota litis celebrado adolece de una nulidad en razón de lo dispuesto por el art. 4, Ley 21.839, se trataría de una nulidad relativa, que como tal no se puede declarar de oficio (art. 1048, Código Civil), y que es, de otro lado, susceptible de ser cubierta por la confirmación de los otorgantes (art. 1058, Código Civil; esta Sala, Causa 2618 del 4.6.93; CNCiv., Sala I, in re: "De León Araujo de Costabel c/Silverio Frey s/Sumario" del 26.11.90).