Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-07


Salta, 07 de mayo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "D., M. A. vs. C., E. H. por alimentos" - Expediente Nº 454051/13 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5ª Nominación (EXP - 454051/13 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

La doctora Verónica Gómez Naar dijo:

I.- Que contra la sentencia de fojas 559/561, que acogió la demanda por alimentos interpuesta por la señora M. A. D., en representación de sus hijas menores G. y C. C. (hoy mayores), y fijó la cuota alimentaria en una suma mensual equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles más el pago de obra social, el demandado E. H. C. interpuso recurso de apelación a fojas 565.

La actora afirma en su demanda que contrajo matrimonio con el demandado el 6 de junio de 1986, con quien tuvo cuatro hijas. Relata que desde el inicio del matrimonio la relación fue complicada, debido al mal carácter del señor C., situación que se agravó con el pasar de los años, tornando imposible la convivencia. Refiere que este ambiente de violencia habitual motivó la exclusión del hogar del demandado, proceso que tramitó por ante la UFI 14 del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Que desde la separación de hecho, el señor C. realizó de manera irregular una serie de depósitos destinados a los alimentos de las menores. Destaca que en mayo de 2013, se mudó a Salta con tres de sus hijas en razón de que en esta ciudad el costo de vida es mucho menor al que tendría que afrontar en Buenos Aires, y que acá residen sus hermanas y demás parientes. Manifiesta que en agosto de ese año el accionado dejó de realizar los depósitos por alimentos. Relata que tuvo que cubrir las necesidades de sus hijas en todo lo que le alcanzó de los ingresos que obtuvo de trabajos en manualidades y repostería por encargo, y que en la actualidad se encuentra sin trabajo estable. Resalta que sus hijas G. y S. son diabéticas y la primera de ellas, además, celíaca, lo cual genera gastos de insulina más consultas médicas, análisis periódicos y demás estudios, como también una dieta adecuada. Manifiesta que desde la separación de hecho, las condiciones de vida de sus hijas se vieron menguadas, que estaban acostumbradas a vivir en un status de vida muy diferente al que deben llevar hoy en día, pues dejaron de concurrir a danza, a gimnasia, a atención psicológica, música e instrumento, maestras particulares, etc., debiendo conformarse con las actividades que realizan en el colegio. Refiere que si bien percibe el canon locativo del que fuera el hogar conyugal, dicho monto es escaso en relación con los gastos. Señala que debido a su edad (50 años) le es casi imposible conseguir trabajo. Solicita que se fije una cuota alimentaria mensual estimada en un monto no menor al 55% bruto del total de haberes que percibe el demandado, con más lo que le corresponda de salario familiar y escolaridad.

A fojas 426 se llevó a cabo la audiencia preliminar que prevé el artículo 651 del Código Procesal, en donde las partes solicitaron la fijación de nueva fecha por encontrarse en tratativas para llegar a un acuerdo. Celebrada la nueva audiencia (fs. 447), ésta terminó sin acuerdo; por lo que el demandado contestó demanda en los términos del libelo agregado a fojas 449/450.

Producida parte de la prueba ofrecida y emitido dictamen por parte de la señora Asesora de Incapaces y de la señora Fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo nº 1 (interina), recayó sentencia el 21 de julio de 2017, en el sentido expuesto, con costas al accionado.

Para así decidir, la señora jueza a quo consideró que la acción alimentaria deducida a favor de G. y C. C. resulta procedente por haberse acreditado el vínculo con el demandado, recayendo sobre éste las obligaciones y derechos como progenitor. Señaló que la madre, quien convive con las jóvenes, contribuye en especie con obligación alimentaria a su cargo. Valoró que si bien el demandado se desempeñaba en la empresa Diaverum, la señora D. denunció que se ha mudado a Australia, mientras que la Agencia de Ingresos Públicos informó que el señor C. no se encuentra registrado en relación de dependencia; que las declaraciones testimoniales de las señoras M. I. P. E. y E. M. L. son contestes en que el nivel de vida que llevaban las jóvenes era bueno, concurrían a colegios privados, salían de vacaciones, realizaban muchas actividades y en que la actora no trabajaba porque su ex pareja no la dejaba. Sostuvo además que la ausencia de prueba sobre las posibilidades económicas del alimentante no obsta a la fijación de una cuota alimentaria.

A fojas 567/573 el apelante expresa agravios, los que son rebatidos con el escrito de fojas 575/577 presentado por la parte actora.

Se agravia el apelante porque se haya fundado la procedencia de la acción en que las tareas del hogar que realiza la actora alcanzan para tener por cumplida la obligación alimentaria al igual que él. Se queja también de que se haya omitido ponderar en la sentencia las constancias de autos de donde surge que ahora su capacidad económica es distinta a la situación en que se encontraba al momento de la promoción de la acción, estableciendo una cuota equivalente a tres salarios mínimos, la que considera confiscatoria, y que lo sitúa en una complicada situación para poder cumplir. Aduce que al momento de resolver, la situación económica y familiar del alimentante debe ser objeto de una adecuada valoración, a fin de no poner en riesgo la prestación alimentaria de los alimentados.

Afirma que tampoco se tuvo en cuenta que los ingresos que percibe la señora D. del alquiler deben ser considerados en parte como aportes de él, dada la naturaleza ganancial del inmueble y que la actora detenta el usufructo del automotor que fuera adquirido durante el matrimonio. Agrega que las menores nunca dejaron de poseer cobertura de salud.

A fojas 580 la señora Asesora de Incapaces informó el cese de intervención del Ministerio Público debido a que las jóvenes G. y C., ambas de apellido C., adquirieron la mayoría de edad. Por su parte, el señor Fiscal de Cámara emitió opinión en el sentido de que corresponde rechazar el recurso de apelación.

A fojas 600 se llaman los autos para dictar sentencia mediante providencia que se encuentra firme.

II.- Que, en primer lugar, atento el planteo de la actora y las atribuciones de la Alzada sobre el examen de admisibilidad del recurso, es necesario tener presente que en orden a establecer si la expresión de agravios de la parte demandada contiene una crítica concreta y fundada del fallo en los términos del artículo 255 del Código ritual debe seguirse un criterio de interpretación amplio, por ser el que mejor preserva la garantía constitucional de defensa en juicio y el principio de doble instancia que adopta nuestra ley positiva. Esta doctrina ha sido recogida en reiterados precedentes de esta Cámara y de la Corte de Justicia (CJS, "Rondoni vs. Ekhardt", Libro 44, fº 1109/1113; esta Sala, "Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. por Medida Cautelar", Libro Año 2006 2ª Parte, fs. 300/301; id., Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id. id., t. 2003, fs. 232/234; id., Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576; entre muchos otros). Es decir que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad.

Siguiendo esta pauta de ponderación, de la lectura del escrito de expresión de agravios presentado surge que contiene elementos críticos concretos y argumentaciones tendientes a rebatir los fundamentos del decisorio por lo que alcanzan a cumplir las exigencias prescriptas por el citado artículo 255.

III.- Que en forma preliminar, cabe señalar que la prestación alimentaria es uno de los deberes que se impone a los padres como contenido de la responsabilidad parental, no está sujeta a prueba directa de los gastos generados para la atención de los menores, pues ello resulta evidente. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar, educar y alimentar a sus hijos conforma a su condición y fortuna (art. 658 CCCN). La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, y resultan proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. (cf. art. 659 CCCN).

En el presente caso, no existe controversia respecto de la obligación alimentaria a cargo del progenitor demandado y la consiguiente procedencia de la demanda incoada a los fines de tornarla efectiva, sino que los agravios se centran en el porcentaje de la cuota fijada en el decisorio en crisis.

Al respecto, el artículo 659 del Código Civil y Comercial dispone, tal como lo señalaba desde antiguo nuestra jurisprudencia, que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerlas y a las necesidades del alimentado.

Con relación a las necesidades de las hijas a cuyo favor se reclama alimentos, cuadra subrayar que la cuota debe cubrir los gastos enumerados en la disposición legal, vale decir, alimentación, salud, vestimenta, educación, vivienda, esparcimiento, gastos destinados a adquirir oficio o profesión, aspectos que deben ser ponderados de acuerdo a las edades de aquéllas, pues a mayor edad se plantean usualmente exigencias mayores referidas a la educación y esparcimiento.

De acuerdo a tales parámetros, al hecho de que las hijas viven con su madre y a las pruebas que surgen de este proceso, es menester adelantar que la cuota alimentaria fijada en la anterior instancia no se aparta de una ponderación adecuada de los factores legales.

Respecto del primer aspecto a considerar como pauta de cuantificación, se observa que el fallo en crisis funda suficiente y adecuadamente la convicción arribada respecto del caudal económico del progenitor demandado. La prueba colectada y la valoración que debe darse a los indicios en la hipótesis del caso demuestran que la prestación determinada no resulta desproporcionada o inapropiada en relación a las posibilidades económicas del alimentante. Esta Sala ha resuelto que cuando no es posible establecer el caudal de ingresos del alimentante mediante prueba directa debe acudirse a la indirecta o de presunción y las probanzas de esta naturaleza deben ser apreciadas con un criterio amplio favorable a la pretensión que se persigue (Libro Sent., 1ª parte, Año 2015, fº 297/299; Libro Sent., 2ª parte, Año 2013, fº 312/314; Libro Sent., 1ª parte, Año 2013, fº 139/142).En el mismo sentido se ha expedido la jurisprudencia nacional: "Cuando no es posible establecer el caudal de ingresos del alimentante mediante prueba directa debe acudirse a la indirecta o de presunción y las probanzas de esta naturaleza deben ser apreciadas con un criterio amplio favorable a la pretensión que se persigue. La mera invocación de insuficiencia de los recursos del alimentante no puede tener virtualidad bastante para aliviar, sin más, su obligación alimentaria pues a él le corresponde arbitrar los medios conducentes a la satisfacción de los deberes adquiridos al engendrar la prole. Se encuentra constreñido a trabajar de modo tal de procurarse los recursos necesarios y sobre dicha base corresponde establecer la cuota. Los alimentos están destinados a satisfacer las necesidades más urgentes de índole material y las de índole moral y cultural adecuándose a la edad y aptitud individual del alimentado" (C.Nac.Civ., Sala G, 06/03/1989, "G.B.S. c/G.G.C. s/Alimentos", Lex Doctor voz alimentos prueba ingresos).

Por su parte, la Corte de Justicia de Salta y otras Salas de este mismo tribunal han destacado que, en lo que hace a la capacidad económica del demandado, tal hecho debe ser debidamente acreditado y no basta con manifestar contar con magros recursos: "En efecto, no aportó prueba alguna que corrobore sus dichos, por lo que no puede pretender sustraerse de la obligación alimentaria para con sus hijos con el recurso de afirmar, simplemente, que sus ingresos son insuficientes, sino que tiene el deber de esforzarse en obtener los recursos que le permitan atender las necesidades mínimas de aquéllos" (CJSalta, Sala III, Año 1975, L.L. 1976-B- 471, sec. Jurisp. Agrup. casos 1995 y 1996; CApel.CC.Salta, Sala III, Año 2000, f° 275/276). Se ha subrayado que el hecho de engendrar hijos acarrea para los padres la obligación ineludible de procurar su subsistencia, asistiéndolos y educándolos, para realizar de ellos personas útiles para la sociedad (CJSalta, fallo citado; CApel.CC.Salta, Sala III, 25-9-02, Protocolo año 2002, pág. 883).

Por otro lado, sobre la modificación en las condiciones del trabajo del alimentante esta Tribunal ha sostenido que: "La renuncia al empleo o el cambio a otro empleo hace presumir que el alimentante obtendrá iguales o mayores entradas en su nuevo empleo o bien una mayor dedicación a su actividad, por lo que no procede la cesación o reducción de la cuota de alimentos" (CApelCC.Salta, Sala I, Fallos año 1997, fº 523/525)(LL 94-10; 98-550; 133-996). En el sub lite, el señor C. aduce que su situación económica cambió durante el curso del proceso. Sin embargo, si bien del intercambio de mails que constan agregados a fojas 464/472 - los que no fueron desconocidos por el accionado - surge que el demandado renunció a su trabajo (fs. 466/468), lo que se corrobora con el informe presentado por la Empresa Diaverum que indica que el demandado no pertenece a la empresa desde el día 12 de enero de 2015 (fs. 462), a su vez, también manifestó que se mudó a Australia, donde habría conseguido un buen trabajo (fs. 469), sin que se haya aportado prueba alguna que demuestre que los ingresos que percibe por su nueva actividad u ocupación sean inferiores a los que recibía en su anterior empleo. Otro situación a tener en cuenta es que él, en fecha 17 de enero, ya habiendo renunciado a su trabajo, ofreció pasar una mensualidad de $12.000,00 (pesos doce mil) equivalente en ese entonces a casi tres S.M.V.M. ($ 4.716,00), más el proporcional del alquiler de la casa que fuera el hogar conyugal, la obra social, y el seguro, por lo que este agravio deviene inatendible atento a que el monto de la condena es similar al que él propusiera en ese entonces, y que es dable presumir - necesidad de acudir a presunciones hominis ante la ausencia de prueba aportada sobre los nuevos ingresos del accionado - que si renunció al trabajo anterior previó la posibilidad de obtener mejores condiciones económicas o beneficios en un nuevo empleo o actividad laboral.

En cuanto a las condiciones económicas de la madre, en este caso los elementos de prueba dan cuenta de una situación laboral precaria, y si bien hace uso del automóvil que fuera adquirido durante el matrimonio y percibe el alquiler del inmueble que fuera el asiento del hogar conyugal en Buenos Aires, se mudó a Salta debido a que el costo de vida aquí es inferior y debe rentar una vivienda. En efecto, al principio alquiló un inmueble sito en la calle 20 de febrero nº 1.135, luego se mudó a vivir con sus hijas a la casa de una hermana junto a su grupo familiar y finalmente, en enero del 2017 de 2015 firmó un convenio con su hermano, por el cual podía residir durante seis meses en una casa ubicada en la localidad de la Viña que pertenecía a su padre, debiendo abonar una suma de $ 2.000,00 (pesos dos mil) (fs. 546/548) en concepto de compensación económica; ello demuestra que el importe que recibe por el alquiler de la vivienda, tanto su parte como el proporcional correspondiente al alimentante lo utiliza para proveerse de un techo.

Además, no puede perderse de vista el aporte relevante que realiza la actora como progenitora conviviente, por esta sola circunstancia, tal como ha sido reconocido desde larga data por nuestra jurisprudencia: "La obligación alimentaria está a cargo de ambos progenitores debiendo cada uno de ellos contribuir para lograr satisfacer las necesidades de los hijos menores. Sin embargo, ello no autoriza a olvidar la presunción de que el progenitor que convive con el hijo menor se hace cargo de una serie de necesidades de un modo directo, a través de la cotidiana atención de sus requerimientos, es por eso, que la mayor contribución económica se encuentra a cargo del padre no conviviente, lo que no implica olvidar el aporte que el progenitor que convive con el menor realiza, solo que en el caso, éste se considera efectuado en mayor medida en especie" (CNCiv., sala H, in re: "G.M.G. y otro c/ P.R.L. s/ Alimentos", 30/09/2010, Lex Doctor, voz "cuota alimentaria padre conviviente").

Con relación al segundo aspecto que debe ser ponderado, a saber, las necesidades de las jóvenes a cuyo favor se reclaman alimentos, es menester destacar que la cuota debe cubrir los gastos de alimentación, vestimenta, educación, asistencia médica, vivienda y esparcimiento, ponderando además el incremento del costo de vida, la edad de las mellizas (hoy 18 años), y el hecho de que la joven G. es diabética y celíaca, conforme da cuenta la documentación reservada en Secretaría, lo que genera mayores gastos debido a la dieta especializada que debe consumir. Téngase presente que la cobertura alimentaria debe procurar siempre que la ruptura de la convivencia de los padres no implique además para ellos una desmejora en su nivel de vida.

Ello así, solo cabe inferir que el monto de la cuota alimentaria fijada por la señora Jueza de grado no constituye un quantum que resulte exagerado o desproporcionado en relación con los elementos de juicio aportados por ambas partes al proceso.

Por las razones expresadas, voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto a fojas 565 y consiguiente confirmación de la sentencia de fojas 559/561.

IV.- Que con relación a las costas, corresponde que corran a cargo del demandado vencido por aplicación del principio general objetivo contenido en el artículo 67 del Código Procesal.

La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:

Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 565 por el demandado y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fojas 559/561 en lo que fue materia de agravios. Con costas.

II.-ORDENA que se registre, notifique y baje.- C.A.C.C. SALTA -VOCALES: DRAS. VERÓNICA GÓMEZ NAAR - HEBE A. SAMSÓN. SECRETARIA: DRA. MARÍA LUJÁN GENOVESE. SALA II T. 2018 1ª PARTE. SENT. DEF, Fº 145/149. 07/05/18.