Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-03


AUTOS 37238/2 (C.C.Nº21610) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "LUZZI Marcelo F. y Otra C/ Luluaga Ricardo y Otro - Acción de Nulidad - Incidente de Ejecución de Honorarios".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2013- del Tº I -Fº165/170.- En la Ciudad de San Juan a 03 días del mes de mayo de 2013, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, los Sres. Vocales Dres. Pascual Eduardo Alferillo y Humberto Caballero, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. sub 53 y sub 58, contra la sentencia de fecha 31 de agosto del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº37238/2 (C.C. Nº21610) caratulados: "LUZZI MARCELO F. Y OTRA C/ LULUAGA RICARDO Y OTRO - ACCION DE NULIDAD - INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. sub 42/46.- EL DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO DIJO:

El a quo, en la sentencia dictada en fecha 31 de agosto de 2012, cuya copia obra agregada a fs. sub 42/46, encontró fundamento suficiente para rechazar la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa y pasiva opuesta por los Sres. Marcelo Fernández Luzzi y María del Rosario Rocca por intermedio de sus apoderadas. En segundo lugar, mantiene la sentencia monitoria obrante a fs. sub 23 y vta. en los puntos IV y primera parte del punto V del resuelvo de la resolución de fecha 29/12/11 con costas a los ejecutados vencidos por el principio de derrota procesal (art. 66 del C.P.C.). En tercer término, reformula la regulación de honorarios fijando la nueva atento a la excepción opuesta.

Notificadas las partes, a fs. sub 51 se presenta la actora e interpone recurso de apelación, el cual es concedido a fs. sub 53 con efecto suspensivo. Por su parte, el abogado José Aníbal Samper, a fs. sub 52 apela sus honorarios por bajos, el cual es concedido en los términos del art. 228 de la ley 2150.

Tramitado el expediente, a fs. sub 63 se presenta la parte actora por medio de sus apoderadas a los fines de expresas sus agravios contra la sentencia. Al respecto, solicita la revocación de la misma admitiendo la defensa de inhabilidad de título dando aplicación al límite de la responsabilidad en el pago de las costas conforme lo establecido en el art. 505, último párrafo del Cód. Civil y, de ese modo, reajustar los honorarios regulados en la sentencia de fecha 12/05/2011, obrante a fs. 01/04 de autor, con el prorrateo que prevé la norma legal citada, en orden a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen.

Al desarrollar sus argumentos, fija como premisa que el a quo aceptó la oportunidad del planteo y que la aplicación al caso del límite impuesto por el art. 505 se introduzca por medio de la excepción de inhabilidad de título por falta de limitación activa del ejecutante y pasiva del ejecutado.

En función de ello ataca directamente la incorrecta interpretación que hace el Juez a quo del art. 505 del Cód. Civil. Así, como primer agravio concreto sostiene que mal interpreta cuando el a quo entiende que en el caso de autos no existe incumplimiento de la obligación como lo exige, a su entender, la norma aludida. Esta hermenéutica restrictiva resulta de una inequidad absoluta frente a los antecedentes parlamentarios que dieron lugar a la modificación de la norma legal citad que fue la de disminuir sensiblemente el costo de los procesos judiciales.

El recurrente sostiene que el a quo coloca a su parte en el marco normativo del art. 521 del C.C., como si fuese deudor malicioso, cuando no existe declarada tal conducta en su contra.

Más adelante reclama que se debe interpretar con un sentido de igualdad (art. 16 C.N.). cita doctrina judicial en sustento de su posición.

El segundo agravio, se focaliza en la omisión técnica legal del a quo al no considerar las pautas interpretativas que prevé la hermenéutica jurídica, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, lo cual conduce a una situación de inequidad y desigualdad que conlleva, en forma directa o indirecta, a conculcar garantías de rango constitucional preservados expresamente por el art. 16, 17 y 18, tornando el decisorio atacado en un acto jurisdiccional inválido. Por ello asevera que la interpretación literal y mecánica que utiliza en el fallo impugnado deviene arbitraria, en cuanto no logra una interpretación correcta y fundada que evite conculcar los derechos de la parte actora vencida y condenada en costas.

En el punto que denomina III. agravio, la parte recurrente sostiene que el a quo no ha tenido en cuenta el grave perjuicio que sufren los actores perdidosos, en cuanto a la regulación de honorarios efectuadas por el juez y ratificada por la Cámara, benefician a cada uno de los abogados del litisconsorcio pasivo con el máximo de la escala del 189 de la ley 2150, pues a cada uno de ellos, abogados Samper y López Aragón, se les reguló mas del 215 en primera instancia, fallo que inexplicablemente la sala II ratificó con la integración de dos camaristas de otra sala y reguló los honorarios de 2da. Instancia con el mismo criterio. En función de ello y del criterio aplicado por el a quo de no aceptar el tope del 25% coloca a su parte en una situación de inequidad absoluta y desigualdad insoportable frente a las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Pide a la cámara tener que el valor del inmueble tenido en cuenta para la regulación es inferior al costo de los honorarios de los abogados del litis consorcio pasivo en las condiciones referidas precedentemente.

Así dice que cada uno de los abogados de los distintos demandados perciben mas del 21% de la base regulatoria, lo que conlleva a que estos profesionales reciban solamente por honorarios en primer y única instancia más del 42% del valor objetivo del bien en litigio de $544.921,19 al 31/07/2007 (sin valorar los demás gastos de honorarios de peritos, incidentes, tasa de justicia, etc.). La tarea remunerativa del señor juez confirmada por la cámara, continúa el apelante, ha constituido un exceso en el ejercicio de su discrecionalidad dentro de las normas de aplicación y, como contrapartida, una exacción arbitraria y desproporcionada en perjuicio siempre de la actora no más una regulación equivalente del 14 al 20%, considerándolos como un solo mandato al efecto y la regulación deberá distribuirse en proporción a la circunstancia jurídicas labor desarrollada por cada profesional, lo que no se ha respetado. Citado doctrina judicial. Por ello, sostiene la apelante, le agravia a su parte que el señor Juez en la etapa de ejecución de los mismos no aplique los límites establecidos en el art. 505 del C.C. modificado por la ley 24.432, cuya aplicación comenzó a invocarse en el escrito de impugnación de la planilla de liquidación de fecha 28/08/2007. Agrega que la falta de razonabilidad y prudencia del fallo lo tornan nulo.

En el IV agravio cuestiona la interpretación que realiza el a quo respecto de la entrada en vigencia de la modificación del art. 505 de C.C. al decir que la misma es operativa a partir de la promulgación de la ley provincial N° 7674 en la cual se adhiere a la ley nacional 24.432. Ello es así porque la modificación se relaciona con una norma sustancial y no con normas procesales que, de igual modo, son modificadas en la ley base. Cita doctrina jurisprudencial sobre el tema.

Mantiene la cuestión constitucional.

Corrido traslado a la contraria, a fs. sub 77/80, se presenta el abogado José Aníbal Samper, y en función de los argumentos que vierte, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes con costas de ambas instancias al apelante. Planteado de este modo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde advertir ab initio que no corresponde en este estadio del proceso dar repuesta a una serie de cuestionamientos tardíos realizados por la recurrente que ya han sido objeto de tratamiento en sentencias anteriores y cuyas resoluciones han adquirido efecto de cosa juzgada.

Sin perjuicio de ello corresponde recordar trayendo a colación en estos considerandos que la acción intentada por la actora no se agotó en la petición de la nulidad de la escritura de transferencia de dominio sino que reclamó a la par, el resarcimiento de una serie de daños y perjuicios que estimaba, bajo su exclusiva y excluyente responsabilidad, le habían producido los demandados. En función de ello, se definió que el proceso judicial tenía contenido económico y como dijo el a quo a fs. 733 que el mismo ".está representando por la suma de dinero que en concepto de indemnización de daños y perjuicios perseguían los actores, como así también la suma proveniente del reajuste o bien de la declaración de nulidad de la operación de compra venta por ellos concertada (art. 197 segundo párrafo de la ley 4072)".

Como se colige, no le asiste razón en su comparación entre el valor del inmueble y el monto de la base regulatoria, puesto que fue su decisión reclamar daños y perjuicios por una suma importante que a la postre y ante la desestimación de la demanda conforman la base regulatoria.

Por otra parte fue su criterio y decisión particular de apelar sin fundamentar el recurso interpuesto a fs. 832 y concedido a fs. 836 conforme los términos del art. 228 de la ley 2150 ordenado por el art. 800 de la ley 8037 y con ello no expresar agravio alguno contra el modo como se regularon los honorarios que hubiera abierto la jurisdicción a este tribunal para tratar el asunto. Por cierto que no cuestionó este modo de concesión del recurso y con ello dejó firme toda una etapa del proceso.

Por ello, se dijo precedentemente que no corresponde en derecho tratar asuntos que han sido considerados precedentemente o no han sido examinados por la jurisdicción por no haber sido introducidos por la actora al momento de ejercer su defensa, de ahí que resultan fuera de contexto algunas expresiones vertidas por esta parte para sustentar su disconformidad.

En cuanto a la aplicación de la limitación del art. 505 y su inconstitucionalidad, la misma ha sido definida por la Corte Federal cuando dijo que "la restricción incorporada por la ley 24.432 (Adla LV-A, 291) al art. 505 del Cód. Civil, sólo alcanza a los supuestos en que mediare "incumplimiento de la obligación" por parte del deudor, presupuesto que no concurre cuando el tribunal ha dictado sentencia desestimando la demanda por incumplimiento de contrato". (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Talleres Metalúrgicos Barari S. A. c. Agua y Energía Sociedad del Estado - Córdoba -", 07/07/1998, La Ley 1998-F, 190, DJ 1998-3, 1099, AR/JUR/3237/1998).

Por nuestra parte compartimos el criterio de la Suprema Corte de Justicia por cuanto se debe tener en cuenta que cuando una norma restringe o limita el alcance de un derecho (en este caso de los abogados a percibir los honorarios de la condenada en costas), su interpretación debe ser restrictiva y no amplia como pretende la actora.

Es por ello que otro tribunal Superior de provincia ha sostenido concordemente que "el presupuesto de aplicación de la norma agregada al art. 505 por el artículo 1° de la ley 24.432 (Adla, LV-A, 291) se encuentra dado sólo por el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su causa, objeto en un litigio judicial -o arbitral-, en el cual haya recaído sentencia de primera o única instancia, excluyéndose en consecuencia la posibilidad de aplicación de la ley, a la ejecución de las costas impuestas a la actora". (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, "Funes, Emma M. c. Mateu Bustos, Marcela A.", 25/02/2004, LLGran Cuyo 2004 (mayo), 328, AR/JUR/614/2004).

En función de las razones expuestas, propongo al tribunal sea desestimado el recurso con expresa imposición de las costas a la actora.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el abogado Samper que consideró bajo la regulación de sus emolumentos conforme a lo previsto en el art. 201 inc. b) de la ley 2150 modificado por el art. 800 inc. 9 de la Ley 8037, los mismos resultan ajustados a derecho, razón por la cual deben ser confirmados.

En este punto corresponde se fijen los honorarios por la actuación profesional en esta segunda instancia por el presente recurso conforme el art. 196 de la norma arancelaria se fijan los honorarios del abogado Aníbal Samper en el 30% del fijado para la primera instancia. Y los de la parte vencida, en igual proporción. EL DR.HUMBERTO CABALLERO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I) Rechazar los recursos concedidos a fs. sub 53 y sub 58 contra la resolución de fecha 31 de agosto de 2012, obrante a fs. sub 42/46.- II) Imponer las costas de Alzada a la actora. Por la actuación profesional en esta segunda instancia por el presente recurso se fijan los honorarios del abogado Aníbal Samper en el 30% del fijado para la primera instancia, y los de la parte vencida, en igual proporción.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere. MAGISTRADOS: DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO;

DR. HUMBERTO CABALLERO;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.