Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-04


Autos N° 21.843 (N° 89033/1 7° J. C.C.), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Brizuela Juan Carlos S/ Ejecutivo (Legajo de Apelación)" En la Ciudad de San Juan, a 04 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente. Dr. PASCUAL ALFERILLO y los señores Vocales. Dres. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y JUAN CARLOS PÉREZ, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fs. sub 254 y sub 256 de los autos N° 21.843 (N° 89033/1 7° J. C.C.), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ BRIZUELA JUAN CARLOS S/ Ejecutivo (Legajo de Apelación)", contra la resolución dictada en fecha 15 de agosto de dos mil doce obrante a fs. sub 235/253 de estos autos originarios del Séptimo Juzgado Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedidos tuvieran la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En esta ocasión vienen los autos a estudio porque la Sala Primera de la Corte de Justicia de la Provincia hizo lugar a la resistencia de la actora cuando esta Sala de la Cámara de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad del art. 13 de la ley 7.053.

Decidida la constitucionalidad de esa norma, consideró la Sala de la Corte que recobran vigencia el resto de los agravios que los demandados dirigen contra la sentencia de primera instancia que no estén sustentados en la declaración de inconstitucionalidad; y manda que se la revise en base a ellos, de donde la mención que sigue solo se refiere a estos agravios.

Estos son, del modo que ya se relataron en la ocasión anterior, porque la juez rechaza la excepción de inhabilidad de título fundada en que el certificado previsto en esta norma es para el supuesto que la documentación originaria fue perdida, sustraída o destruida; circunstancias que no han sido mencionados por la demandada.

Otro agravio es porque la juez no admite la falta de legitimación sustancial alegada y probada en la causa, en base a negar que al Sr. Brizuela se le haya otorgado un préstamo personal.

Afirma que del certificado de deuda acompañado se trataría de un mutuo que habría otorgado el Banco San Juan, cuando éste informa que el préstamo identificado como N° 01 10 01 224558 62335 no fue depositado en la caja de ahorro de titularidad de Brizuela, sino en una cuenta 01 1496/6 cuyo titular es la Mutual Personal del Banco San Juan.

Esta defensa, si bien no está prevista en forma expresa, debe considerarse implícitamente incluida dentro del art. 529 inc.4° del C.P.C., y va a proceder si no existe relación entre las partes que justifique el crédito.

Considera que no es obstáculo la cuestión relativa a la no indagación de la causa en los juicios ejecutivos, por cuanto este principio cede cuando la falta de causa proviene de la inexistencia de la deuda.

En el quinto agravio es por el rechazo a la excepción de prescripción que opusiera, porque siendo un contrato de mutuo del año 1996 cuya existencia niegan corresponde aplicar el plazo de cuatro años previsto por el art. 847 inc.2° del C.de Comercio.

En el sexto agravio sostiene que la juez incurre en una manifiesta arbitrariedad en cuanto no ha considerado la prueba producida, de la cual surge la inexistencia de la deuda que se pretende ejecutar.

Formulan reservas.

Los agravios que proponen los otros demandados a fs. sub 272 son de igual tenor con excepción al referido a la excepción de prescripción, que no opusieran.

A fs. sub 288/295 la actora contesta el traslado a las quejas relatadas.

Tratamiento de los agravios:

Respecto del primero que toca tratar, que es la objeción del certificado que solo procedería cuando no hay documentación originaria, circunstancias que no han sido mencionados por la demandada; carece de asidero en tanto no responde a ninguna previsión legal. No es necesario, a contrario de lo que entienden los apelantes, la integración del título.

El artículo 13 de la ley 7053 prevé la posibilidad del Poder Ejecutivo de confeccionar un certificado de deuda para el supuesto en que no se cuente con título hábil para iniciar el cobro por vía ejecutiva.

Es decir que no se trata del caso de "perdida, sustraída o destruida" documentación, sino para el caso que no se cuente con "título" hábil para ejecutar.

Y en cuanto a la integración, tampoco es menester, desde que el Informe del Banco de San Juan S.A. está destinado a ser elevado al Ministerio de Economía, o al órgano que lo reemplace, detallando cada deudor. Por ende, es un mecanismo para la creación del título, no para la integración.

La ley en clara en estas previsiones por lo que no corresponde más interpretación que la literal que resulta suficiente.

En cuanto al agravio referido a la inhabilidad de título por falta de legitimación en tanto, según el certificado que se acompaña, se trataría de un mutuo que habría otorgado el Banco San Juan, cuando éste informa que el préstamo identificado como N° 01 10 01 224558 62335 no fue depositado en la caja de ahorro de titularidad de Brizuela, sino en la cuenta 01 1496/6 cuyo titular es la Mutual Personal del Banco San Juan; entiendo que no va a prosperar.

En primer lugar porque el título en ejecución no es el préstamo, sino el certificado expedido en forma y que se acompaña al proceso.

Luego, que si bien la doctrina y jurisprudencia, durante la vigencia del Código Procesal anterior fue abriendo la posibilidad de plantear esta excepción en el juicio ejecutivo cuando exista una falta de obligación, o vínculo entre las partes, no puede ignorarse que también existen importantes limitaciones que son propias del título ejecutivo, y del proceso mediante el que se procura su cobro.

Pero además, y viendo la ley procesal actual (n° 8.037) observamos que el artículo 507 inc. 4°, luego de restringir la discusión de la causa o legitimidad de la causa, prevé la posibilidad de hacerlo cuando " .. se acredite en la forma establecida en el art. 468 o se propusiere prueba de informe. ...".

En el caso se produjo prueba de informes, que más allá de las objeciones quedaron incorporadas a la causa y va a ser consideradas.

Pero de ellas no resulta clara y palmaria la falta de legitimación, por lo cual entiendo que no podrá debatirse en este proceso de ejecución.

Es así porque ha insistido el apelante, al momento de introducir la excepción (fs. 22) que "el préstamo identificado como N° 01 10 01 224558 62335 no fue depositado en la caja de ahorro de titularidad de Brizuela, sino en una cuenta 01 1496/6 cuyo titular es la Mutual Personal del Banco San Juan; ...", pero si observamos las constancias acompañadas al informe de esa entidad (fs. 96) resulta que el Sr. Brizuela ha efectuado pago de cuotas del préstamo N° 01 10 01 224558 , con lo cual se observa una conducta que en principio contraviene sus dichos, ya que si no está obligado a restituir una suma de dinero no se explica por qué lo hace.

En mérito a ello, aun cuando la juez no hubiera valorado esa prueba de informes, la suerte de la defensa no iba a cambiar.

El debate respecto de la existencia de dicho préstamo, el destino del dinero, el motivo de la devolución, escapa al margen propio de un proceso de cobro de un título ejecutivo.

En cuanto al rechazo de la excepción de prescripción tampoco llega a convencer el apelante del error de la Juez a quo habida cuenta que la queja no alcanza, de modo alguno, a constituir un agravio.

En el escueto espacio que le dedica a este agravio, individualizado como "quinto" (fs. sub 268 vta.), no dice otra cosa más que corresponde el plazo de cuatro años establecido en el art. 847 inc. 2° del Código de Comercio, pero no objeta el razonamiento de la juez (fs. sub 252) ni su conclusión de aplicar el caso el plazo decenal.

No obstante tal falencia, entiendo que ha sido correcta la aplicación del derecho que hizo la juez habida cuenta que se trata de un préstamo personal, que de acuerdo a la constancia de fs. 96 se debía devolver en cuotas, por lo que no es el caso contemplado en el art. 847 inc. 2° del C.de C. que no se refiere a los supuestos de cuotas que integran un precio único (v. gr., compraventa en mensualidades), sino a aquellas deudas respecto de las cuales cada cuota o período haya de considerarse como obligación distinta (v. gr., retribuciones de servicios, pago de suministros como electricidad, gas, etc.; Fontanarrosa, Rodolfo O., Derecho Comercial Argentino. Parte General; Víctor de Zavalía Editor, Buenos Aires, 1979, p. 603; Fernández Gómez Leo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial.

No quedan incluidos en la norma los pagos de capital que no representen prestaciones periódicas en las que cada una se considere una obligación distinta; esto es, a las deudas que no tengan nacimiento progresivo o sucesivo y se incrementen con el paso del tiempo, no dándose en este supuesto en el que la deuda nace de una sola vez pero por la voluntad de la parte se paga fraccionadamente en cuotas periódicas.

En mérito a lo dicho considero que los recursos interpuestos por los demandados deben ser rechazados, confirmando la sentencia apelada. Con costas. Así voto.

El Dr. JUAN CARLOS PÉREZ dijo:

Por sus fundamentos, voto en igual sentido.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los considerandos expresados, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Rechazar los recursos interpuestos por los demandados. En consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas.

Los Dres. JUAN CARLOS PÉREZ y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar los recursos interpuestos por los demandados. En consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I 2016; F°29/32; FECHA:4 de marzo de 2016 DRES.ALFERILLO RIVEROS PÉREZ.