marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, actualización monetaria, convertibilidad, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, DALMACIO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-16

La ley 23.928 modificó las condiciones operativas de la economía argentina a partir del 01.04.91, lo que trajo aparejado, como es público y notorio, que la base monetaria circulante en el país se halle convenientemente respaldada por reservas de libre disponibilidad del Banco Central en oro y divisas extranjeras que mantienen a niveles razonables su valor adquisitivo (arts. 4 y 5).

Así, es evidente que las condiciones objetivas que determinaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley 21.864 (arts. 1 y 2) han desaparecido, por lo que no se justifica imponer esa solución -de suyo excepcional y de interpretación restrictiva- a partir de la fecha indicada y mientras no se alteren las previsiones de la ley de convertibilidad; máxime cuando se advierte nítidamente que la misma constituye una decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10 de la C.N., en cuanto establece que le compete hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras (cfr. C.S.J.N., sent. del 03.03.92, "Y.P.F. c/ Corrientes, Pcia. de") en consecuencia, corresponde desestimar la tacha de inconstitucionalidad articulada contra la ley 23.928.
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Jorge Elvio c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-22

Si bien la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones son extremos ajenos en principio al recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando la sentencia traduce una comprensión del objeto litigioso que se aparta de las constancias de la causa y de los principios desarrollados por esta Corte en el precedente "Rodríguez Pereyra" de Fallos: 335:2333, referentes al ejercicio por parte de los jueces del control de constitucionalidad ex officio, si en la demanda de inicio se describieron los hechos que motivaron la pretensión con la precisión necesaria para poder relacionar el "accionar arbitrario, abusivo y contrario a derecho" y la discriminación que se imputaba a la administración; y en el recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal, se desarrollaron argumentos dirigidos a objetar la validez de la ordenanza impugnada por contradecir la Constitución Nacional, tratados con jerarquía constitucional y apartarse de los precedentes de la Corte (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda) -La mayoría declaró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, peligrosidad del imputado, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

La sustitución de prisión no debería considerarse como algo excepcional, ya que el artículo 306 y las normas de rango constitucional lo que en definitiva establecen es que la coerción personal debe restringirse al mínimo indispensable, por lo que sería acertado apreciar primero las cautelas más leves, para recién si se revelan ellas insuficientes avanzar hacia las más gravosas hasta llegar como último extremo a la prisión preventiva. Dada sin embargo la desordenada conjunción de normas sobre privación y recuperación de libertad que en el Código ha resultado de las múltiples reformas parciales, en verdad el pensamiento deberá desarrollarse como un proceso de verificación de que las presunciones abstractas de peligro consignadas en la ley, se mantienen en forma insuperable en el caso. En este nuevo contexto, la libertad por falta de mérito del artículo 308 adquiere realmente características de absoluta excepcionalidad, toda vez que sólo podrá aplicarse -si puede o no concedérsela luego del procesamiento es todavía un debate subsistente- en aquellos casos realmente extraordinarios en los que razonablemente no se verifique la existencia de absolutamente ningún peligro procesal, puesto que, en todos los demás, deberían aplicarse restricciones preventivas.
Extensión de la quiebra, traslado de la demanda, sociedad constituida en el extranjero, domicilio real
Materia: COMERCIAL
Carátula: STEAM SA c/ NEW BALANCE INC. S/ EXTENSION DE QUIEBRA. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-03

La acción por extensión de quiebra a una sociedad extranjera, debe serle notificada en su domicilio real, toda vez que, si bien registro su sede en esta jurisdicción, dicha inscripción fue cancelada -según informe de la inspección general de justicia (igj)- y tampoco se demostró que exista representación en el país de quienes han sido denunciados como sus apoderados, de manera que la eficacia de la notificación del traslado de la demanda cursada al domicilio social inscripto -luego cancelado-, no posee validez en los términos de la ley 19550: 122, por lo que se hace necesario notificarla en su domicilio real.
Competencia por el territorio, competencia provincial, delito a distancia, juez previniente, desbaratamiento de derechos acordados, compraventa inmobiliaria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTIN MANUEL OTERO Y OTROS. s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA-  DESBARATAMIENTO DE DERECHOS- LUGAR DEL  DELITO- COMPETENCIA ORDINARIO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Frente al desbaratamiento de derechos respecto de un inmueble ubicado en sede provincial, mediante una escritura traslativa de dominio en la Capital Federal, el delito que se investiga debe reputarse cometido en ambas jurisdicciones y otorga su competencia al juez que previno en la causa -en el caso, el provincial-.
Acción de inconstitucionalidad, acumulación de acciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernal de Palacio, María Julia c/ Municipalidad de Rauch s/ Inconstitucionalidad ordenanza impositiva 1991 (promulgada por  decreto 454/91) Timpanaro, Francisco s/ Inconst. art. 98, ley 8587 con modif. ley 9340, art. 54, dec. ley  9650, resolución n. 312.293 del 14-IX-89 y resolución del 21-II-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-29|1998-12-15

La pretensión de inconstitucionalidad y la anulatoria del acto lesivo son consecuencia una de la otra, y por ende pueden correr la misma suerte en un único pleito. No se pone en marcha de este modo un nuevo pleito de proceso, ni se agúa la acción "sub examine", sino que se fijará en relación a una determinada causa los efectos que ésta habrá de producir, pues de lo contrario se estarían exigiendo en un procedimiento simbólico y ritualista- canales distintos cuya única razón sería la de satisfacer un esquema formalista que el legislador no deseó y que el jurista repele; lo que implica en definitiva obturar el acceso a la justicia, donde ha puesto énfasis la Constitución reformada en 1994 (art. 15). (Minoría u opinión personal)
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Rosa M. y otro c/ Batut, María E. y otra s/ Sumario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-12

Resulta improcedente el remedio recursivo en relación al artículo 363 del Código Procesal Civil y Comercial en tanto el principio sobre carga de la prueba del código ritual cede ante la disposición especial del artículo 1113, segundo párrafo, 2do. parte del Código Civil.-
Derechos humanos, constitucionalidad, violencia económica, políticas públicas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: T., C. I. c/ M., H. N. s/ violencia familiar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-08

En el ámbito provincial contamos con la Ley XV Nro. 12 para el establecimiento de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia familiar, define en su Art. 4 inc d) a la violencia económica, como aquella "provocada por acciones u omisiones cuya manifiesta ilegitimidad implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, por las cuales las víctimas no logren cubrir sus necesidades habituales, con el propósito de coaccionar la autodeterminación de otra persona" . Por otro lado, la Ley XV Nro. 26 de protección integral e igualdad de oportunidades y equidad de género señala que "La mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y colectivo LGBTQ+ que sufriese lesiones o maltrato físico, psíquico y/o emocional, sexual y económico, por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos y solicitar medidas cautelares conexas".
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, derecho de trabajar, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Rodríguez, Eduardo Alejandro. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-02

El derecho constitucional de trabajar, debido a la inserción en la norma fundamental de tratados internacionales en materia de derechos humanos, implica no solo el ejercicio de una actividad laboral, sino que ese derecho al sustento "comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo).
Efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada, compraventa, obligaciones de las partes, obligaciones del vendedor, factura, sobreprecio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ERGODEN  SRL c/ S.U.T.A.C.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

En caso de haber existido sobrefacturación en ciertas operaciones de compraventa adeudada, no puede pretender el vendedor el íntegro pago de las mismas, alegando que el comprador las recibió sin manifestar disconformidad alguna hasta el momento de contestación de la demanda, cuando el sobreprecio fue comprobado en sede penal, haciendo cosa juzgada en cuanto a la existencia del hecho principal y constitutivo del delito -sobrevaluación o sobreprecio en la facturación-, por lo que atento al efecto vinculante de la sentencia penal en sede civil deben desestimarse los planteos atinentes a la existencia de sobrefacturación.
Recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, preclusión
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Maza, María Beatriz c/ Furque, José Alberto y Granizo, Angel s/ Acción de Réplica, Rectificación o Respuesta - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-29

Asiste razón al Sr. Procurador General cuando en su dictamen y refiriéndose a la potestad del Tribunal de segunda instancia de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de Apelación, en relación a la forma de concesión y al plazo de interposición, a tenor de los dispuesto por el Art. 276 del CPCC, considera que la Cámara lo realizó extemporáneamente, pues debiendo verificarlos en el momento de la radicación de la causa, omitió hacerlo, sustanció el recurso poniendo los autos a la oficina para la expresión de agravios de la actora, tuvo por presentado y por contestados los agravios, y llamó a autos, para recién pronunciarse en la sentencia definitiva, ejercitando una potestad que ya había precluído, debiendo tenerse por firmes y consentidas las providencias que la propia Cámara dictara sustanciando el recurso y más allá de la oportunidad prevista para su pronunciamiento de admisibilidad, aún cuando la contraria intente prevalerse de la Ley 4179, peticionando su aplicación en el escrito de contestación de agravios de la apelación y por ende, también extemporáneamente y pasando por alto su consentimiento al procedimiento que luego pretende revertir o desconocer.

Del voto de la Dra.Sesto de Leiva-en disidencia parcial
Homicidio culposo, responsabilidad penal, responsabilidad del director de obra, trabajadores de la construcción, accidentes de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: DI GRANDE, José s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

Por cuanto el responsable de las medidas de seguridad de una obra en construcción es el profesional actuante en cada obra, o sea el director de obra y constructor que se hallan a cargo de la misma, debe ser responsabilizado el procesado -contratista, director de la obra- por el delito de homicidio culposo, a raíz de la caída de un obrero al vacío, por el hueco destinado al ascensor, que no tenía aún colocada la puerta en el piso 19, ni ningún otro medio de protección, sin que pueda descargar su responsabilidad en la Comisión Municipal de la Vivienda, ya que el pliego de condiciones bajo el que éste contrató con la empresa es inequívoco en el sentido de la mantención de la responsabilidad de la dirección de la construcción en cabeza del contratista, inclusive previendo su permanente presencia directa, o la de su representante técnico, o la de un representante en obra, lo que no ocurrió en el caso.

El procesado no se ocupó de las defensas para la vida de los obreros, porque no otra cosa se desprende del hecho que faltaban casi todas las vallas precautorias y nadie, por sus órdenes, estaba vinculado al control del cumplimiento del cuidado reglamentario establecido.
Honorarios, arquitectos
Materia: CIVIL
Carátula: BUDA LORENZO c/ CONTE SRL s/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-10

Carece de derecho al cobro de honorarios el arquitecto que confeccionó planos trasgrediendo la normativa dictada por el Municipio, pues la mera posibilidad de obtener un ajuste luego de construida una obra que ha sido proyectada en contravención al Código de Edificación, no quita al trabajo profesional su carácter antirreglamentario.
Administración Nacional de la Seguridad Social, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arisa, Angel Umberto c/ ANSeS s/ haberes jubilatorios y nulidad de acto admin.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso las costas a la ANSeS si prescindió de lo dispuesto en el art. 21 de la ley 24.463.
Contrato de trabajo, despido, comunicación del despido, invariabilidad de la causa, defensa en juicio, Constitución Nacional
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Canteros, Néstor Daniel y otro c/ San Pedro, Carlos Alberto. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El detalle de la información sobre las causas del despido no puede importar un formulismo taxativo ya que de interpretarse de tal modo la norma inferior - art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo - se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial, con la consiguiente lesión de los preceptos contenidos en el art. 18 de la Constitución Nacional (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Homicidio calificado, homicidio con alevosía
Materia: PENAL
Carátula: P., D. s/ Homicidio calificado (Expte Nº69-97, Resolución Nº31, Tomo 4,  Folio 359)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-01

Para que se presente la agravante de alevosía es menester desde un punto de vista objetivo la indefensión de las víctimas, y desde uno subjetivo, la intención de valerse de ella el o los autores a efectos de no correr riesgo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Soto, Juan José y otro c/ Novar S.A. y otro s/ Diferencias salariales Villalba, Pedro c/ Xatrux S.A. y otros s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22|2002-08-28

Es ajustada a derecho la declaración de caducidad que previa intimación efectuó el tribunal del trabajo, si la petición formulada no resultó útil a los fines establecidos por el segundo párrafo del art. 12 de la ley 11653 desde que no aportó nada nuevo ni instó de manera alguna el curso del proceso.
Depósito de la carga, obligaciones del depositario, guarda de la cosa, mercaderías de cuidado especial, seguridad portuaria, mercaderías peligrosas, robo de mercaderías, culpa civil, responsabilidad del depositario, fuerza mayor
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: SUD ATLANTICA CIA. DE SEGUROS S.A. c/ A.G.P. s/ DEMANDAS CONTRA LA AGP.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El recinto de seguridad de esta "mercadería peligrosa", en el momento del robo, estaba al cuidado exclusivo de un dependiente administrativo y esto revela, de suyo, que la vigilancia del lugar era notoriamente insuficiente. Esto constituye, como es natural, culpa civil (arts. 512 y 902 del Código de fondo). Y tan claramente estéril, a los efectos del cuidado del material, era la presencia de un único empleado administrativo que los asaltantes no sólo lo dominaron con absoluta facilidad (y luego hicieron lo propio con el guarda aduanero que se acercó al lugar durante el hecho) sino que, además actuaron con tranquilidad absoluta, al punto de que utilizaron una motoniveladora de la A.G.P. y se llevaron gran cantidad de mercadería en un camión playo. Resulta inadmisible afirmar que el hecho goza de las características de lo inevitable, pues con una guardia adecuada -concorde con la naturaleza de la mercancía almacenada en este galpón- es evidente que dos sujetos, armados con un revolver no habrían podido llevar a cabo la compleja operación delictiva que supone la sustracción de gran cantidad de mercadería peligrosa; y mucho menos si se considera que ello sólo pudo ser posible usando una motoniveladora y un camión. No es ésta la "fuerza invencible" a que se refiere el Código Civil (cfr. G. A. Borda, "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones", 5° ed., T. I, p. 89). Y si, en la mejor de las hipótesis para la demandada, se juzgase que queda una cierta duda, la solución no habría de variar porque el "casus" es de interpretación restrictiva y las situaciones dudosas deben ser decididas en el sentido de mantener viva la responsabilidad del deudor (cfr. J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T. I, ps. 249 y ss.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio de desalojo, prescripción adquisitiva, prueba de la posesión
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ, MARIA ROSA Y OTROS c/ ALBORNOZ, EMILIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DESALOJO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 435 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-10

Es inadmisible la queja interpuesta contra la decisión que confirmó el desalojo desde que no se observa que la Cámara soslayara tratar la defensa prescriptiva articulada cuando el Oficio expresamente adujo que la misma no era atendible en razón que la parte demandada no comprobó la posesión esgrimida atendiendo para ello a diversas constancias de autos que dan cuenta de la contradicción en que incurre el mismo en pos de demostrar la calidad de poseedor del inmueble -pues se ha reconocido como ocupante precario, inquilino, cuidador, "...propietario, dueño y poseedor..."-.

A ello se suma, que tal defensa no se dirigió a probar la posesión sino la mutación que la ocupación operó con el tiempo, mas sin lograr tampoco demostrarse la interversión del título.
Daños y perjuicios, indemnización, resolución del contrato, compraventa inmobiliaria, apart hotel, contrato de hospedaje
Materia: CIVIL
Carátula: PANZA LUCIO ENIO Y OTRO c/ PROGRESS  S.A.  Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

Admitida la demanda por resolución de contrato del sistema appart hotel iniciado por los compradores, por haberse encontrado a la vendedora culpable de la ruptura del vínculo contractual, procede hacer lugar a la pretensión por daños y perjuicios tendiente al pago de la suma que resulte de aplicar la tarifa hotelera que rija al momento del decisorio, por un departamento de similares características al del negocio. La explotación probablemente hubiera redituado una renta a los compradores, en el supuesto de cumplimiento de la vendedora, pues el destino y explotación del bien formaba parte del contrato mismo, posibilidad que se perdió produciéndose un daño que consiste no en el valor locativo, pues éste podía ser mayor o menor, sino en la pérdida de la chance derivada de la explotación que habría de efectuarse.
Expropiación, bienes muebles, valuación del bien, perito de oficio, valor probatorio
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD c/ S.A.G. F.  BRIDGES Y REYNOLDS Y OTROS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-05

El dictamen del perito de oficio sobre muebles expropiados es equiparable al del tribunal de tasaciones para los inmuebles y tiene importancia sustancial para determinar el valor objetivo de aquellos cuando se expide sin objeción de las partes. La opinión de las oficinas técnicas de la expropiante es idónea a los fines de los arts. 13 y 25 de la ley 21499, pero carece de la fuerza probatoria del peritaje apreciado conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 17 ley citada y 477 CPC)
Competencia de la Corte Suprema, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Racing Club s/ denuncia irregularidades en el padrón electoral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-12

Las decisiones que, por la naturaleza de las cuestiones debatidas, son aptas para ser resueltas por la Corte, no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional y su reglamentación por la ley 48.
Interposición real de persona, efectos entre partes, mandato oculto
Materia: CIVIL
Carátula: VALDEZ DE FERREYRA, María Delia c/ FERREYRA, Dardo Abraham y otro s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-26

Dándose el supuesto de interposición real de personas, no hay un acto simulado, ya que el acto es real y surte todos los efectos entre las partes, sin perjuicio de las relaciones existentes entre el adquirente y su mandante oculto, las que son para el enajenante "res inter alios acta". Ello es así, toda vez que el "tradens" ha querido enajenar el bien a favor del "accipiens" y no del mandante oculto; o sea, que aquél no ha constituido o transmitido derechos a personas distintas del adquirente.-