marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación, intimación al empleador, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Miguel Rivero c/ Bus Salta S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-28

La primera intimación cursada por el trabajador, no llegó a manos de la patronal, lo que lo lleva a reiterarla. Este detalle, del envío de una segunda intimación a registrar la relación laboral y el consecuente otorgamiento de un nuevo plazo de treinta días, es de la mayor importancia, atento a que la decisión del actor de darse por despedido, resulta ser ante tempus, si la demandada estaba todavía dentro del plazo concedido y no hay razones para suponer lo que la empresa pudiera hacer, el incumplimiento no se presume, solamente se constata, en caso de producirse.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Rozycki, Carlos y otros s/ Malversación de caudales públicos en forma reiterada, eTC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

El acierto con que la Cámara resolvió una cuestión es materia ajena al recurso extraordinario de nulidad.
Improcedencia del recurso, principio de congruencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Marcela Ilda c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-09

La disidencia descartó la afectación del principio de congruencia en tanto la defensa tuvo conocimiento de la acusación efectuada subsidiariamente por el MPF en su alegato, por lo que no se vio afectado el ejercicio material de la defensa y postuló el rechazo del recurso de casación contra la condena en tanto lo resuelto se ajusta al tipo penal contenido en el art. 247 primer párrafo CP, bajo la modalidad de ejercicio no autorizado de la profesión de abogada, por cuanto al tiempo en que ocurrió el hecho la imputada se desempeñaba como funcionaria de la ANSES y estaba alcanzada por la prohibición del art. 13 ley 25.188. (Dr. Figueroa -disidencia-)
Aportes previsionales, pago, falta de pago, pago extemporáneo, cómputo de servicios, evasión previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CELARAYAN, Severiano Ramón c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-01

La falta de ingreso o los ingresos extemporáneos de aportes y contribuciones no puede afectar el derecho del titular al cómputo respectivo, salvo el supuesto de colusión y el de inobservancia de la carga de denuncia contemplado en al art. 25 de la ley 18.037 - t.o. 1976-, norma ésta que se halla referida exclusivamente a períodos posteriores al 31.12.76, en los que el trabajador, teniendo cabal conocimiento del incumplimiento de parte de su empleador, pese a ello no lo denuncia ante el organismo, convirtiéndose en "copartícipe" de la violación de la ley.
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, Pacto de San José de Costa Rica, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: SILVA CORIA, A. D. s/ TENTATIVA DE VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

"Si bien la plena vigencia de la Ley Nacional N° 24.390 es innegable, no resulta aplicable a todas las personas sujetas a proceso penal o que lo hubieren estado: de su texto ( art. 8° ), surge que modifica el art. 24 del Código Penal, pero aclara que solo lo hace respecto de los casos en ella comprendidos; y en sus artículo 9° determina que resulta reglamentaria del art. 7° punto 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", que específicamente se refiere al derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable por los jueces competentes. Por ello es que la Ley Nacional N° 24.390, como la posterior Ley Provincial N° 11.624, fueron dictadas en beneficio de los procesados encarcelados cuya detención hubiese excedido "esos plazos razonables", con el objetivo de provocar su excarcelación, por lo que no alcanzan a los penados" ( Dr. Lucchelli Causa N° 1.838 )
Cuestiones prejudiciales, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: CONCHA UÑATES RAÚL A. Y OTRA c/ DELTROZZO CLAUDIO RICARDO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-07

La disposición del art. 1.101 C.C., sienta un principio de orden público pero su aplicación no es de carácter absoluto y debe ceder en aquéllos supuestos en los que la utilización literal de la norma se oponga en su aplicación concreta a un derecho fundamental -en el caso art. 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica-, por cuanto las normas de los Tratados Internacionales son operativas, y los jueces no pueden prescindir de éstas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Control aduanero, contrabando con intervención de funcionario aduanero o de fuerzas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar Gonzáles, Moisés c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-01

Resulta evidente que el ocultamiento de la sustancia prohibida en el plato de enganche de la base delantera del camión que conducía el imputado constituyó un ardid idóneo para burlar el debido control aduanero.
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación de Trabajadores del Estado c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Tanto si se interpreta que la Legislatura, al sancionar la ley n° 471 utilizó el término "paramédico" en un sentido técnico como si se considera que lo tomó como una referencia genérica a las disciplinas vinculadas a la medicina, lo cierto es que en ninguno de los dos casos la palabra referiría a los enfermeros. Por lo tanto, la interpretación de la Cámara incluyendo dentro aquel término, a los profesionales que realizan tareas de enfermería, no es una derivación razonada del derecho vigente, ya que ésta no logra demostrar, en definitiva, por qué el legislador -que había sancionado pocos meses antes la ley de ejercicio de la Enfermería - habría elegido llamar a éstos "paramédicos", sustituyendo un término preciso, indudable y utilizado en la legislación local, por otro genérico, vago y de forzada interpretación. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Aguero, Juan E. s/ Robo autom. abuso armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reclama la aplicación del art. 34 inc. 6º del Código Penal si el recurrente en su interpretación sobre los hechos se desentiende de lo resuelto al respecto por el "a quo".
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, daño moral, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

Establecer el monto indemnizatorio por el daño moral sufrido constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisible en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo.".
Administración General de Puertos, tasa de almacenaje
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUDAMERICANA DE INTERCAMBIO. c/ LA NACION ARGENTINA (MINISTERIO DE ECONOMIA). s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-30

Debe rechazarse la tacha relativa al pago de almacenaje y manipuleo pues ella importa fundar el recurso en el interés de terceros -Administración General de Puertos- cuya representación no se invoca.
Concurso preventivo, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERGOGLIO, RAUL ANGEL c/ BARA, ORLANDO JUAN s/ INCIDENTE  DE  REVISION  -  CADUCIDAD  DE  INSTANCIA - CONCURSO CIVIL  PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-22

La única disposición de la ley 19.551 en materia de caducidad se limita al art. 300 en el que solamente fija el plazo pertinente, es obvio que para el resto de la normativa a aplicar debe acudirse a las normas procesales locales por remisión del art. 301 Ley 19.551.

Vale decir al título XXII del libro segundo del código de procedimientos de Córdoba en lo que sea pertinente "con la rapidez y economía del trámite concursal". De modo que debe tenerse presente el art. 1129 CPC según el cual la perención no se opera "cuando la causa se encuentra en estado de sentencia".

Así los incidentes concursales cuyo trámite se regula de acuerdo al art. 303 y siguientes Ley 19551 en tanto resulta del art. 305 que el juez dicta "resolución una vez vencido el plazo" que esta norma prevee para la producción de la prueba.

Estando vencido dicho plazo, de acuerdo a las diligencias obrantes en autos no puede operarse la caducidad si la causa ya se encontraba en estado de sentencia, no siendo óbice la presentación del incidentista pidiendo resolución, ya que es innecesario tal impulso de parte.
Prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orrego Francisco Alcides c/ Municipalidad de Parana s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-26

Respecto de la excepción de prescripción parcial opuesta por la demandada, rigen supletoriamente las normas del Código Civil en el ámbito del derecho administrativo, por lo tanto debe deshecharse el planteo formulado por la misma, en cuanto entiende que por vía de analogía resulta aplicable el Art. 256 LCT para las relaciones emanadas del contrato de trabajo.- El plazo de prescripción de esta acción particular, es el previsto por el Art. 4027 - inciso 3º del C.C., o sea que la prescripción se opera a los cinco años de tratarse de diferencias de haberes por una relación de empleo público.
Daños y perjuicios, cosa juzgada, aplicación de la ley, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros Daniel Emilio c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

La hipótesis de que el señor Quinteros puede ser vinculado nuevamente al juicio queda desvirtuada por la resolución que lo sobreseyó (ver informe del Fiscal Federal - UFI AMIA). De todos modos, en autos no se debate la responsabilidad penal del actor en ese hecho, sino la responsabilidad civil del doctor Galeano por las medidas que adoptó contra aquél. El ejercicio de su función en ese acotado marco es lo que está en tela de juicio aquí, por lo que no se advierte cuáles son los efectos que las sentencias a dictarse en la Causa AMIA y sus conexas podrían proyectar sobre este litigio.
Contratos administrativos, extinción de los contratos administrativos, rescisión del contrato administrativo, indemnización, daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ghiggeri   Hnos  S.A.C.I.F.I.A. c/ E.N.  Armada  Argentina s/ contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

Si bien el régimen bajo el cual se encuadró el caso fue en su momento el del reglamento de contrataciones del Estado aprobado por decreto 5.720/72, que, en la reglamentación al art. 61 de la entonces ley de contabilidad, aprobada por el decreto-ley 23.354/56, negaba en su inc. 88 el derecho al reconocimiento del lucro cesante cuando se trataba de la rescisión por parte del Estado, lo cierto es que -más allá del alcance que pudiera darse a tal norma- la Corte Suprema a partir del precedente "Sánchez Granel" (Fallos: 306:1409, 1985), reconoció el derecho a la reparación integral, incluyendo el lucro cesante, que con más razón es extensible a la indemnización cuando se trata como en el caso de una rescisión a pedido de la contratista por " culpa" (o atribuible contractualmente) del Estado (Fallos: 312:649, "Motor Once", 1989) (Del voto del juez Coviello, cons. X.6).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia aplicable, ley laboral, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEBRAND, SERGIO EDUARDO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Ronald Dworkin afirma que a pesar de tratarse de dos órdenes normativos diferentes, la distinción entre el derecho y la moral no es en la práctica jurídica de los tribunales tan rígida ni tan clara, porque esta visión del positivismo clásico es unilateral, dado que junto a las normas existen principios y directrices políticas que no se pueden identificar por su origen, como sucede con las normas, sino por su contenido y su fuerza argumentativa. Así, mientras las normas se aplican o no se aplican, los principios dan razones para decidir en un sentido determinado, pero a diferencia de las normas, su enunciado no determina las condiciones de su aplicación, sino que es el contenido material del principio -su peso específico- el que determina cuándo se debe aplicar a una situación determinada. Y en tal sentido, lo decidido en "Espósito" y sus posteriores réplicas, no es justo ni equitativo para un trabajador siniestrado que ha quedado con una incapacidad que tendrá altas probabilidades de dejarlo fuera del mercado de trabajo, en momentos particularmente difíciles como los que estamos atravesando, por los altos índices de desempleo que actualmente existen y la desproporcionada oferta que esta situación naturalmente genera. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045591.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CIUDAD c/ LOPEZ s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-09

Si bien -en principio- lo relacionado con el monto de los honorarios remite al examen de cuestiones de derecho no federal, ello no constituye óbice para abrir el recurso cuando lo decidido conduce a la frustración de garantías que cuentan con amparo constitucional.-
Beneficios previsionales, convertibilidad, ley vigente, actualización monetaria, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CICARDINI, CELIA MARÍA c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-07

La ley 23.928 -que sigue vigente-, al igual que la 25.561, prohiben la actualización de créditos, habiéndose modificado únicamente la paridad cambiaria. La prohibición de todo tipo de repotenciación de deuda ha sido ampliamente ratificado no solo por la citada ley 25.561, sino también por las posteriores normas dictadas en consecuencia.
Suspensión de la prescripción, interpelación, telegrama
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTEROS, TOMAS OSCAR c/ NCR ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

El telegrama posee virtualidad suficiente para suspender la prescripción por el término de un año, ya que obra como la constitución en mora en forma auténtica que prevé el artículo 3986 del Código Civil.
Contrabando de automotores, sustracción de mercadería al control aduanero, procesamiento
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: NAVERIO, FABIO HERNAN-ESPOSITO, ALICIA NORA s/ Contrabando, incidente de apelación interpuesto por la defensa de la imputada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-01

Corresponde confirmar el procesamiento de la imputada por contrabando (Art. 863 y Art. 865, inc. f, del CA) dado que los elementos reunidos hasta el momento indicarían su participación en la sustracción al control aduanero del vehículo que habría importado en tanto ésta reconoció haber firmado el formulario de inscripción como importadora - exportadora ocasional y no está acreditado su descargo en el sentido de no haber otorgado el poder irrevocable sin obligación de rendir cuentas para gestionar la inscripción, el patentamiento y la futura venta del vehículo en cuestión, surgiendo de las pruebas reunidas que el auto importado fue inscripto a su nombre y posteriormente transferido a uno de los mandatarios incluídos en aquel poder, todo ello habiendo rubricado los formularios pertinentes ante el titular del Registro Nacional de Propiedad del Automotor, y estando esa documentación certificada por un escribano, el mero desconocimiento de la imputada no le quita virtualidad (del voto de los Dres. Repetto y Bonzón).-
Impuestos, confiscatoriedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores, Ciriaco Eleuterio y otros s/ sus sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

Es confiscatoria una imposición cuando supera el 33% del valor de los bienes afectados. Un impuesto que en su aplicación importa absorber más de la tercera parte ( 33 por ciento ) del valor de los bienes afectados al mismo, pugna con los arts. 14, 17, 20 y 31 de la Constitución Nacional y es, por consiguiente, confiscatorio. Pero no cabe admitir la tacha de confiscatoriedad porque se exceda la proporción de 33% del valor del bien sumando distintas imposiciones u honorarios y deba soportarlos íntegramente una parte (Minoría u opinión personal)
Enfermedad profesional, convenios colectivos de trabajo, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas Galvan Carlos Maria c/ Provincia ART  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-23

El art. 106 de la LCT autoriza a que un convenio colectivo de trabajo o laudo arbitral atribuya carácter no remuneratorio a gastos de comida, traslado o alojamiento sin exigencia de rendición de cuentas. Y el CCT 40/89 así lo hace. En autos, el apelante reclama que los "haberes sin descuento" son integrativos del salario y justamente en el concepto de "haberes sin descuento" se encuentran incluidos esos viáticos, que como se viene diciendo, conforme art. 4.2.11, del CCT que lo regula son no remunerativos, así surge de lo recibos de haberes agregados al proceso, que en tal concepto contempla (viáticos item 4.2.2 y dif. viáticos s/ convenio, ajuste por redondeo). Y, en la actuaciones, concretamente al iniciar la acción, no se advierte que el actor haya invocado la inconstitucionalidad del CCT en ciernes, o que argumentara que dichos conceptos no respondieran a los viáticos que indican (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, responsabilidad del banco
Materia: ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: Labaque, Felipe c/ B.C.R.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

La obligación que como garante -y por imperio de la ley- asume el Banco Central no es una obligación de garantía personal concreta a favor de un determinado acreedor, sino que es una responsabilidad de carácter general e indeterminado y no comporta una obligación automática -a cargo del referido ente rector de nuestro sistema financiero- sino adecuada a la finalidad que ha inispirado la sanción de dicho régimen (Fallos 307:534; 315:2223 y sentencia en las causas 9-3-93. Durañona, Elena; 14-9-93, Maymo, Alcides H;

22-12-94, Estancia Los Nogales, entre otras).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carbajal, Alberto Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Perención   de instancia (Expte. C.S.J. Nro. 644 Año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

En nuestro sistema legal, la preclusión de la acción de caducidad no procede de manera automática, desde que se contempla que los litigantes podrán también pedir la declaración de caducidad por vía de acción o de excepción antes de consentir ningún trámite del procedimiento (artículo 233 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por lo establecido en el artículo 23 de la ley 4106), por lo tanto, no resulta de purga automática la caducidad, y por ende, para que éste evento saneador se produzca es menester que la parte que la invoca haya consentido algún trámite impulsorio, único límite preclusivo de su potestad de articular la perención de instancia.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ Lidia y otro c/ MUBA ASOCIADOS  S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-22

Todo boleto de compraventa suscripto por las partes debe ser evaluado tanto por el comprador como por el vendedor, máxime cuando se encuentra impreso, se ha tomado la posesión y se ha pagado el precio, sin haberse formulado reserva alguna mecanografiada o manuscrita a continuación del mismo (conf. C.N.Civ. Sala E, E.D. 70 140; íd., Sala F, E.D. 74-556).
Contratos, compraventa, factura, prueba, valor probatorio, factura electrónica, moneda extranjera, demanda en dólares, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Nidera SA c/ Peña, Juan Antonio s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

1 - Resulta procedente el reclamo de cierta suma en dólares procedente de facturas por mercaderías, pues si bien tales facturas fueron emitidas en pesos, al pie de cada una de ellas se efectuó la previsión mediante la cual se estableció que el precio de la operación era en dólares estadounidenses. También se apuntó que atento la imposibilidad técnica de emitir facturas electrónicas en dólares en el sistema de la AFIP, habían sido emitidas por el valor de la mercadería considerada en pesos, al tipo de cambio vigente al momento de la emisión del comprobante. Asimismo, se previó que el pago podría ser efectuado a su vencimiento mediante la entrega de la cantidad de dólares pactada o bien en la cantidad de pesos necesarios para adquirir aquella cantidad de dólares, al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, para el día hábil cambiario anterior al del efectivo pago. Por último se agregó una última previsión para el supuesto de que antes del vencimiento se instruyera un sistema de desdoblamiento cambiario. En ese marco, de acuerdo a lo que surge de las facturas y de conformidad con la normativa mercantil aplicable (CCOM 474-3°), es indiscutible que la moneda de pago pactada fue dólares estadounidenses. 2 - En tanto es de público conocimiento que entre junio de 2012 y marzo de 2016 el sistema web de la AFIP no autorizó la emisión de facturas electrónicas en moneda extranjera, es irrefutable que el precio pactado en dólares estadounidenses fue facturado en pesos por restricciones ajenas a la voluntad de las partes, bien que admitiéndose el pago en moneda de curso legal a la paridad vigente en el momento del efectivo pago. Así las cosas, es a tales términos contractuales a los que corresponde estar (CCIV 1197, CNCom, Sala F in re "Nidera SA c/ Arguello, Fernando Martín s/ ordinario", del 05/02/19).
Inhibitoria, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: AZAR MUSA Y OTROS S.D. HOMICIDIO TRIPLEMENTE CALIFICADO POR ALEVOSIA, ETC. E.P. DE VILLALBA PATRICIA FERNANDA, BSCHIER NAZAR LEYLA F. Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-09

El exceso de celo o delicadeza personal no compromete la imparcialidad y objetividad del juez. La conveniencia de mantener la originaria radicación del proceso prima sobre la susceptibilidad que traduce la inhibitoria por violencia moral formulda, desde que la labor intelectual a concretar por el prealudido juzgador carece de entidad suficiente para presumir compremetida la libertad de espíritu necesaria que, se descuenta, ha de procurar el propio juzgante, ante todo en la recta y solicitada aplicación de la ley.