marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CABRERA CARLOS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA s/ CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-27

A partir de las afirmaciones de los actores, en cuanto sostiene que el nuevo sistema de determinación de bonificaciones le resulta perjudicial con relación al anterior, para concluir que aún aceptando como cierta tal tesis, las disposiciones de la resolución 51854 resultan legítimas, careciendo de respaldo suficiente las pretensiones de los actores que la cuestionan, debiendo ellas ser rechazadas. El aspecto referido al pretendido efecto perjudicial o menos beneficioso que los reclamantes le atribuyen al nuevo sistema remuneratorio, no puede ser analizado de la manera parcializada o sectorizada o fraccionada que utilizan los actores. Estos pretenden que solo una parte del sistema establecido por la resolución 51854 el que altera los porcentajes de determinación de las bonificaciones que se reclaman-no debe aplicarse a ellos, pero que si son de aplicación los básicos recompuestos a partir de la misma resolución.

Los actores despedazan la nueva norma y la combinan con la anterior, integrando una tercera que pretenden es la que debe aplicarse a su caso, que se confecciona con los aspectos más favorables de cada una de las dos primeras: a) los básicos recompuestos; b) los anteriores porcentajes de determinación de bonificaciones. El plexo normativo del Derecho del Trabajo, se trate de normas de origen estatal o de normas de origen convencional deben interpretarse y aplicarse siguiendo el sistema denominado "orgánico o del conglobamiento" por instituciones receptado en el art. 9 de la Ley 20744 t.o.

Limitaciones como las pretendidas en este caso por los actores pueden afectar la dinámica propia de las Convenciones Colectivas de Trabajo que requieren de manera indispensable para poder cumplir sus fines, una flexibilidad compatible con la variabilidad natural de las circunstancias económicas y tecnológicas.
Acción de nulidad, ley arancelaria, monto del juicio, honorarios, costas
Materia: CIVIL
Carátula: DEHAIS JOSÉ c/ ROSSI ALBERTO ARTEMIO Y OTRO s/ ACCIÓN DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-01

La vía contemplada en el Art. 24 de la ley arancelaria se reputa como un trámite de excepción que tiene por objeto la determinación del monto del proceso mediante la estimación del valor de los bienes involucrados en el pleito y procurando que, a tales efectos, se tengan en cuenta pautas reales y actuales. Este procedimiento está dirigido, principalmente, a los profesionales que solicitaron regulación y al obligado al pago de dichos honorarios para que ellos estimen el valor del inmueble. Por ello, no puede extenderse de manera indebida la responsabilidad de las costas a aquellos letrados que no participaron, en tanto el responsable de abonar los honorarios del perito debe surgir de quienes presentaron la estimación y asumieron el riesgo que ello implica, de conformidad con las posiciones sustentadas solo por aquellos que intervinieron de este procedimiento reglado. Además, en este tenor, el actor, como condenado en costas en las causas principales, no puede considerarse ajeno a la cuestión planteada y manifestar que a su parte no le reportaba utilidad la pericia.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, Ramón Daniel s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Carece de valor indiciario el secuestro de un arma de similares características a la que portaba el autor, en poder del imputado por ser equívoco y no cumplir con el inc.4 del art.259 del CPP.
Extradición, tratados internacionales, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: MERKIN, SAMUEL s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1055
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-16

Cuando la república argentina ratifica un tratado con otros países, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, pudiendo su inobservancia suscitar responsabilidad para nuestra nación, por lo que estando en juego la posible responsabilidad del estado argentino frente a otro estado, no puede ser otra que la jurisdicción de excepción la que intervenga en la misma. (Voto del Dr. Riggi).
Competencia federal, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Cruz Robles, Antonio Félix y otro s/ Secuestro extorsivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Atendiendo al texto del art. 3 inc. 5 de la ley 48, según leyes 20661 y 23817, resulta necesario resolver la cuestión referida a la competencia de la justicia provincial para entender en el delito de secuestro extorsivo previsto en el art. 170 del Código Penal por el que viene condenado el procesado, no obstante que en el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto no se efectúe planteo alguno sobre tal cuestión.
Fiscal de Estado, intervención fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06

En el régimen institucional de la Provincia de Buenos Aires al Fiscal de Estado le corresponde defender el patrimonio del Fisco ( art. 155 Const. Prov.; arts. 1, 19 y ss. decreto - ley 7543 / 69 ).

El art. 155 de la Constitución de la Provincia atribuye al Fiscal de Estado el encargo de defender el patrimonio del Fisco asignándole el rol de parte legítima en todos aquellos juicios en que se controviertan intereses del Estado. El sentido y valor jurídico de los vocablos utilizados excluye toda posibilidad de actuación si a ésta no la mueve la defensa del patrimonio de la Provincia..

(Minoría u opinión personal)
Competencia, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cozzi, Vicente y otro c/ Clínica Saint Emilien  S.A. s/ Daños y perjuicios / competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

En la demanda iniciada por la muerte de una enfermera, ocurrida al incendiarse la clínica en la que trabajaba, debe intervenir la Justicia del Trabajo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 18.345, aún cuando deban aplicarse normas de derecho común.
Deuda previsional, facilidades de pago, aportes y contribuciones previsionales, mora, multa tributaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: INES, JUAN CARLOS ARIEL c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-29

El Dec. 93/00 -tendiente a favorecer mediante facilidades de pago y exención de recargos y penalidades, la recaudación de dinero para el sistema- favorece no sólo al incumplidor mediante una amplia posibilidad de financiación de su deuda principal, eximiéndolo de las multas e intereses, sino también a aquél que se encuentra en vías de cumplimiento mediante planes en vigencia.

De otro modo, se encontraría más beneficiado quien aén sigue en mora que aquél que ya no lo está. Por tanto, la multa impuesta por el organismo en razón de la mora en el pago de aportes y contribuciones, debe tenerse por subsumida en los alcances del Decreto de referencia, cumplida la obligación principal y sus intereses o regularizada la misma de acuerdo con un plan de pagos vigente.
Error judicial, daños y perjuicios, revisión judicial, sentencia, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abeiro   Claudio    Alejandro c/ EN  -  Mº  Justicia s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un pronunciamiento judicial firme, pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada, no se verían estos últimos exentos a su vez, de la posibilidad de cometer un nuevo error (conf. C.S., Fallos: 321:1712 y 325: 1854).
Fundamentación insuficiente, extinción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Carlos; Caviglia, Hugo Antonio; Suárez, Eduardo Horacio; Patiño,Carlos Quintín c/  s/ Infracción ley 22.415
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-25

Carece de la debida fundamentación y corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró extinguida la acción penal por considerar configurada la violación al derecho de los imputados de ser juzgados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, sobre la base de considerar que la complejidad de la causa no legitima los más de catorce años del transcurso del proceso, atribuyéndole el paso del tiempo a la mora judicial, ya que -en atención a las particularidades de la causa- el tiempo empleado por el Estado para el juzgamiento de la conducta atribuida a los encartados no resulta incompatible con el derecho a obtener un juicio sin demoras indebidas y cabe concluir que las presentes actuaciones tienen por objeto de investigación una compleja maniobra de reexportación de mercadería que justifica el tiempo transcurrido de proceso. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos).
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: FERRES DE LICCIARDI, MARIA ANGELICA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-12-28

Es incuestionable que la actividad de piloto como la cosa sobre la cual la misma se cumple, entrañan un riesgo, no solo por la posible falla técnica sino también por la concurrencia de otros factores que más cuando se trata de una máquina dotada con todos los adelantos técnicos, contribuyen a debilitar su seguridad. Luego, el riesgo se mueve en un plano distinto al de la culpa.
Sucesiones, petición de herencia, legitimación activa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TOBIA,  Carlos  Ernesto y otro c/ LÓPEZ, Andrea Elena s/ PETICIÓNDE HERENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-14

Están legitimados para accionar por petición de herencia los nietos -en la sucesión de su abuela y en representación de su padre prefallecido- contra la heredera testamentaria del heredero que los preterió no obstante que hubieran efectuado una cesión de derechos hereditarios a favor de otra coheredera. En este sentido, es válida la reserva efectuada luego de un instrumento privado en el cuál los herederos preteridos los trasfieren a una de las dos herederas testamentarias declaradas y dejan a salvo la posibilidad de reclamar respecto de la otra beneficiaria. Aún cuando esa reserva haya sido realizada posteriormente en un documento privado, no se debe aplicar la norma del art. 996 del Código Civil, en tanto no se trata de una simulación, porque la heredera testamentaria del heredero no es un sucesor "a título singular" en los términos de esa disposición y tampoco se trata de un tercero en los del art. 1194 del mismo cuerpo normativo. Del voto de la mayoría Dr. Kiper y Dra. Abreut de Begher
Concursos, liquidación y distribución, realización de bienes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRAUN ESTRUGAMOU GUILLERMO s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

Cabe denegar la resolución que denegó el pedido de autorización formulado por el deudor para proceder a la venta de un inmueble de su propiedad. Ello así, pues contrariamente a lo señalado por el concursado, el valor de venta del bien no alcanza para atender la totalidad de las acreencias de autos.

Ante el pedido de autorización para la enajenación de un bien registrable, compete al juez del concurso ponderar la conveniencia de concederla para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores (CNCom. Sala B in re "Mazzola, Emilio Omar s/ concurso preventivo" del 20.03.07).
Fondo compensador, emergencia económica
Materia: LABORAL
Carátula: SCARPA, BEATRIZ c/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

El estado de necesidad debe ser probado en cada caso y con relación a los hechos concretos que le dieron origen, así como su repercusión en la medida que resulten afectados derechos de terceros.

Por ello, carece de sentido que se argumente acerca de la falta de derecho subjetivo de los actores a la percepción del subsidio (en el caso, jubilados y pensionados de la Caja de Ahorro) en la medida que se lo vincule a un estado de cosas genérico que en la prueba rendida no se liga con la caja demandada. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Cuestiones de competencia, competencia provincial, fraude a la Administración Pública, conexión clandestina de teléfono
Materia: PENAL
Carátula: LEONARDO ABEL SINOPOLI AZCOAGA s/ FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-14

Lo que prima facie aparece como investigado no es una obstaculización de las telecomunicaciones ni su entorpecimiento, por lo que escapa a las previsiones de la Ley 19.878 y las de la Ley 48.

El presentante se encontraría imputado del delito de Fraude, previsto en el artículo 174 inciso 5º del Código Penal, por haber usado una línea telefónica que no le correspondía y no por un hecho que tuviera que ver con la línea telefónica. La investigación del mismo, en consecuencia, está a cargo de la Justicia ordinaria, siendo el Juez natural sin forzamientos en la interpretación de las leyes que rigen la competencia, el Señor Juez de Instrucción.
Falsificación de instrumento público, libreta de enrolamiento, cuerpo del delito, falta de acreditación del cuerpo del delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MENDEZ, Horacio J. s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

La ausencia en el proceso del documento presuntamente adulterado -Libreta de enrolamiento- impide establecer el grado de credibilidad del mismo y si es susceptible de conducir a error.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD MIXTA SIDERURGICA ARGENTINA - S.O.M.I.S.A. c/ ENRIQUE T. BONELLI S.A. Y OTRA. s/ EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-27

Debe ser declarada de oficio la nulidad de la resolución que hace lugar a la excepción de incompetencia territorial planteada por el ejecutado, sin resolver previamente lo referente a la personería por él invocada- que se encuentra cuestionada en razón de que esta última cuestión podría, eventualmente, tornar abstracta la decisión de la primera (en el caso se trataba de un asunto exclusivamente patrimonial). (Sala 1,2129,271083)
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Yamin Marta c/ Sotelo José s/ Cobro de Indemnizaciones-Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-08-27

Para que opere la presunción del art. 23 L.C.T.el que invoca la calidad ce trabajador debe probar que prestó servicios en beneficio de quien le atribuye la calidad de empleador. Esta presunción -de carácter juris tantum- puede desvirtuarse: a) cuando el beneficiario de los servicios probara que los mismos se cumplieron en función de una figura extralaboral; b) cuando de las propias circunstancias en que fueron prestados, surgiera lo contrario, es decir que no se trata de un contrato de trabajo. Al admitir el accionado la prestación de servicios de su contrincante y en beneficio suyo, está a cargo de éste probar su verswión de que se trataba de labores, de la actora, originadas en su colaboración como conviviente, extremo que no ha sido cumplimentado por el apelado.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario (administrativo), obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES, Alicia Irene c/ COVISUR SA y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08

1- La concesionaria vial resulta responsable por los daños y perjuicios causados al usuario por un objeto metálico despedido desde una máquina vial que se encontraba cortando el césped en el carril central al incrustarse en el parabrisas de su vehículo. Ello así porque la relación entre el concesionario y el usuario de un peaje resulta ser una relación típica de consumo, que generan dos obligaciones para la prestataria del servicio que es la de habilitar el tránsito por el corredor vial y otra de seguridad por los daños cuyo incumplimiento hace nacer la responsabilidad contractual. La obligación de seguridad se halla indudablemente incorporada en razón de lo normado en los arts. 5° de la ley 24.240 y 42 de la Constitución Nacional, con lo que no resulta necesario recurrir al art. 1198 del Código Civil para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato. 2- No se trata de un hecho imprevisible (caso fortuito)en los términos del art. 514 del referido código porque la concesionaria para evitar su responsabilidad debió probar que la máquina contaba con los dispositivos necesarios para evitar el riesgo propio de su funcionamiento, es decir que los objetos que se encuentran al ras del suelo no salgan despedidos hacia las vías de circulación o -en su caso- que el objeto no fuera arrojado por la cortadora, dado que es usual que así ocurra debido a que tal artefacto cuenta con cuchillas que giran a gran velocidad.
Tribunal de cuentas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El decreto ley 9243, por el que se autorizaba al Colegio de Escribanos a prestar colaboración técnica al Ministerio de Economía, previó que tal Ministerio podía efectuar verificaciones contables de la mencionada entidad sin por ello excluir las atribuciones que constitucionalmente tiene el Tribunal de Cuentas para examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas (en el caso dicho examen implicó la estabilidad de la decisión emanada de ese Tribunal sin que previamente se haya expedido el Ministerio de Economía).
Procedencia del recurso, regulación de honorarios, ley arancelaria, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Gcba c/ Lin Jian s/ ejecución fiscal - ing.brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que el recurrente viene discutiendo los honorarios que le han sido regulados por sus trabajos en el pleito, por estimarlos fijados por debajo de los mínimos. Muestra, en ese orden de ideas, que la sentencia de Cámara, que redujo los honorarios regulados por su actuación profesional ante la primera instancia en el marco de la presente ejecución fiscal, omitió aplicar los mínimos que prevé la ley de aranceles (cf. art. 60 y concordantes de la ley n° 5134). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano)
Adopción, condiciones del adoptante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boc, Paula Andrea s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

El motivo de la exigencia de una diferencia de edad entre adoptante y adoptado se encuentra en que la adopción trata de crear legalmente una relación filial entre personas que naturalmente pudieran ser padres e hijos o en la necesidad de que el vínculo ficticio que surge de la adopción sea lo más parecido al real. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, recurso de apelación (procesal), ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: OIL COMBUSTIBLES S.A. c/ PETROBRAS ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

La Sala, al exigir la interposición de la revocatoria previa como requisito sustancial para la procedencia de la apelación adhesiva, ha conferido un tratamiento irrazonable al caso debatido, pues desconoce sin más la razón de existencia de la institución en análisis, desde que del artículo 367 del Código de rito surge con meridiana claridad que el apelado podrá adherir al recurso al contestar la expresión de agravios, de modo tal que lo que se exige como presupuesto es un soporte al cual adherirse, que no es sino la existencia de una apelación principal anterior deducida por la adversaria. Es que el espíritu que anima el instituto no es otro que conferir a quien el decisorio le ha sido parcialmente desfavorable la posibilidad para que exprese sus agravios en la Alzada cuando no quiso hacerlo en forma originaria y principal para no demorar el trámite de la causa con el perjuicio que ello podría suponer. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículos 347 y 367; Ley 6767, artículo 28, inciso b. Fuente del sumario: OFICIAL
Nulidad procesal, estupefacientes, testigos, acta de apertura, acta de secuestro
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Iturbide, Fermín y Rodríguez, Alicia s/ Infrac. Ley 23.737, art. 14, primer párrafo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-29

Las actas de secuestro y de apertura protocolizan distintas actuaciones y, la identidad del elemento secuestrado con relación al que se peritara, queda a salvo con la firma de los testigos del procedimiento en los sobres que se lacran. El de apertura acredita la legalidad, justamente, del momento en que tales sobres son abiertos para proceder al peritaje correspondiente. Por ello no es nula el acta de apertura cuyos testigos no son los mismos que los del secuestro.
Plan de ahorro previo, medidas autosatisfactivas, facultades jurisdiccionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ELPIDIO C/PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

La medida autosatisfactiva, que encuentra fundamentación convencional en los conceptos de la tutela judicial efectiva y en la garantía de que la prestación judicial correspondiente se arribe dentro de un plazo razonable, no es otra cosa que una herramienta procesal neutra, nacida para cubrir carencias y que de algún modo compagina adecuadamente con lo sustentado en "Halabi" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto declarara que donde exista un derecho debe concurrir un remedio procesal (legal o pretoriano) (ver Peyrano, Jorge W., "La medida autosatisfactiva: causas principales de su génesis y difusión" Sup. Doctrina Judicial Procesal 2010 (julio), 76, TR LALEY AR/DOC/4824/2010).
Marcas, marcas confundibles, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Societe   des  Produits  Nestle  SA c/ Corporación  General  deAlimentos s/ cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Si se admitiese la postura de la recurrente, en el sentido de que los eventuales daños que se podrían derivar son reparables mediante una indemnización, la medida solicitada se tornaría prácticamente inaplicable, quedando sólo la alternativa prevista en el art. 35 de la ley 22.362, es decir, la posibilidad de que el accionado optara por continuar en el uso de la marca otorgando la respectiva caución; esa protección resulta menor a la que contempla el Trips a través de la medida dirigida a prevenir la infracción y el consiguiente daño, y no a asegurar su reparación ulterior (Sala 1, causa 2945/01 del 3-7-2001). No se puede descartar el peligro en la demora con sustento en que la medida fue solicitada por Societe des Produits Nestlé SA mientras que en los envases de Nescafé se indica que es importado y fraccionado por Nestlé Argentina SA, habida cuenta de que la titularidad de los registros de marca en los que se fundó el derecho corresponde a la actora (tal como se indica en la etiqueta del Nescafé Clásico acompañado como prueba), no siendo esta la oportunidad apropiada para un examen exhaustivo de la relación entre ambas sociedades.