Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-06-07


Salta, de junio de 2004.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SABBAGA DE HANNAWY, NADIMA vs. MOYANO, GUSTAVO MARCELO - APELACION CON EFECTO DEVOLUTIVO" - Expte N° 70.249/03 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 7 Nominación (Expte. Nro. CAM 74.145/3 de Sala II), y, ____ CONSIDERANDO:

La resolución de fojas tres del expediente original (nro.:67.574/03 del mismo Juzgado), que se corresponde con la copia de fojas tres de estos autos, hizo lugar al embargo preventivo solicitado por el acreedor pero convirtió a pesos monedas nacional la deuda reconocida en dólares de los Estados Unidos, por considerar la señora Juez que se trata de una obligación por alquileres vencidos con anterioridad al decreto 214/02.

Resulta que en el otro sí del escrito de fojas uno (del original y de la copia agregada aquí) el actor manifestó lo contrario, es decir, que la deuda impaga en moneda extranjera era de fecha posterior a la ley 25.561 y en consecuencia no correspondía convertir a pesos la obligación, sino mantener la moneda extranjera de acuerdo al artículo 5 de esa ley que declara vigente los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

En los agravios que presenta en cuanto la resolución apelada convierte a pesos la deuda en dólares de los Estados Unidos a razón de un peso un dólar, dice que la conversión dispuesta por la señora Juez no tiene fundamentos pues deja de lado la voluntad del deudor quien, en el instrumento presentado al juicio reconoció voluntariamente la deuda en moneda extranjera en fecha 25 de Febrero de 2002, o sea, después de sancionada la ley 25.561 el 06/01/02; que carece de fundamentos porque numerosos precedentes han declarado que si existe mora del deudor no se aplican los normas que disponen la conversión de dólares a pesos, y porque a todo evento plantea la inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley 25.561 y el artículo 8 del decreto 214/02 en cuanto la conversión de un dólar un peso genera una irritante desigualdad, lesiona el derecho de propiedad, se licúa la deuda en beneficio del moroso obligando al acreedor a recibir en pago una cosa distinta de la adeudada desconociendo la garantía de la igualdad constitucional (fs.8/9).

Por su parte el demandado manifiesta que se trata de un crédito anterior a la vigencia del decreto 214/02, y que el planteo de inconstitucionalidad es improcedente, tanto porque la justicia provincial es incompetente para hacer el control de constitucionalidad de leyes de carácter federal, cuanto porque no ha desarrollado los fundamentos en los que sostiene semejante descalificación (fs.14).

De los otros antecedentes que presenta el conflicto resulta que al abrir el proceso de preparación de la vía ejecutiva para que de acuerdo al artículo 535 inciso 3 del CPr. se determine la fecha de pago de la deuda reconocida, el acreedor también agregó en el escrito inicial el mismo otro sí digo reclamando el mantenimiento del crédito en moneda extranjera teniendo presente que el instrumento donde consta es de fecha posterior a la ley 25.561 (fs.6, expte.51.317/02).

En ese juicio el deudor se allana expresa, oportuna y totalmente al pedido para que se determine la fecha de pago. Pero se opone a la pretensión del acreedor de cobrar la deuda en moneda extranjera. Manifiesta que si bien se firmó el 6 de julio de 2002, en el instrumento se hace constar que son deudas por alquileres vencidos de fecha anterior, y por lo tanto se encuentra alcanzado por la ley 25.561.

También destaca que la deuda en dólares sería igual a casi $26.000 por seis meses de alquiler, lo que resulta manifiestamente abusivo (fs.13).

Que el control de constitucionalidad y la eventual descalificación de las leyes es una solución de última instancia cuya gravedad institucional impone un tratamiento restrictivo de la cuestión.

Eso por una parte, por otra, los derechos constitucionales deben ser protegidos no sólo a favor de los acreedores, sino también de los deudores que podrían encontrar vulnerados aquellos derechos ante el mantenimiento de las pautas contractuales en un contexto totalmente distinto e imprevisible al momento de contratar, donde los riesgos asumidos por las partes han sido superados por lo par metros que impone la realidad (CNCivil, Sala F., ED del 6/3/2003, p g.6).

Por consiguiente, antes que el control de constitucionalidad se impone utilizar los remedios legales del derecho sustancial común que permitan la recomposición de las prestaciones con arreglo a la doctrina de la imprevisión del artículo 1198 del Código Civil. La propia ley (25.561) cuando en el artículo 11 se remite al citado artículo 1198 del Código Civil admite en forma expresa que la devaluación y la conversión a pesos importa un verdadero hecho imprevisible.

No se puede negar que el nuevo escenario económico surgido de la ley 25.561, del Decreto 214/02 y demás normas complementarias configura un hecho extraordinario e imprevisible. A partir de enero de 2002 se sorprendió a la ciudadanía con una serie de medidas que alteraron sustancialmente las condiciones económicas y financieras con el renacimiento del fenómeno inflacionario en nuestro país.

"El terremoto económico y jurídico desatado a comienzos de esta año constituye un hecho imprevisible" (Alejandro Borda, "Influencia de las medidas económicas del año 2002 sobre las relaciones contractuales entre particulares", Lexis Nexis, fascículo nro.:2, 10 de abril de 2002, p g.13).

La modificación del sistema monetario producido a partir de enero de 2002 modificó también las prestaciones comprometidas, por lo que ante la controversia subsistente se justifica que el tribunal arbitre los medios para recomponer la relación entre las partes, protegiendo los derechos del acreedor del mismo modo que los derechos del deudor.

En virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que si bien se firmó el 24 de febrero de 2002 (copia fs. 5 del expediente 51.317/02), es decir, cuando los par metros habían superado los riegos asumidos, el instrumento declara que la deuda reconocida en dólares es por alquileres impagos desde setiembre de 2001.(cl usula 1¦.), se considera razonable que ambas partes soporten por igual las consecuencias del hecho imprevisible.

Por ello se modifica la resolución apelada y se dispone que los dólares estadounidense debido se conviertan a razón de $1 más el 50% de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización del día de pago. Las costas de ambas instancia por el orden causado en razón de la forma cómo se resuelve.

REGISTRESE, notifíquese y baje.

Fdo: Dres. AMERISSE - CASERMEIRO