marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, juicio, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MEDINA, FEDERICO DANIEL c/ SAAVEDRA, JESSICA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-10

El juicio penal pendiente, no constituye impedimento para dictar sentencia en los juicios ejecutivos porque la sentencia de remate no tiene el carácter de definitiva, y porque existe para las partes la posibilidad de reabrir la discusión en un juicio ordinario posterior, pero, existiendo constancias evidentes de la existencia de un ilícito penal, corresponde dejar sin efecto la sentencia de remate, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el juicio penal seguido contra el actor.
Condena penal, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barroso, Norma del Valle s/ Recurso Extraordinario deducido por la Dra. María del Valle Romano c/ Sentencia 13/2010 del Expte. Corte Nº 66/09: Recurso de Casación interpuesto por la Dra. María del Valle Romano por la Defensa de la imputada Norma del Valle Barroso en contra de la Sentencia Número Diecinueve/2009 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado: Moreno, Ricardo Héctor y otros ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-20

Obsta a la concesión del Recurso Extraordinario Federal la circunstancia de que no rebate la recurrente los fundamentos sobre los que descansa la resolución impugnada, por la que fue rechazado el recurso de casación contra de la sentencia condenatoria, por la insuficiencia de su embate, que no precisaba cuál o cuáles de los diversos puntos del fallo (condena penal, calificación legal, pena, condena civil, costas, etc.) le causaban agravios, limitándose a expresar su discrepancia con lo resuelto, sin presentar argumentos útiles para demostrar la irrazonabilidad de los términos de la condena. En estas condiciones, el remedio federal no cumple con el requisito de fundamentación autónoma que exige el art. 15 de la ley 48 y, por lo tanto, no puede ser admitido.
Robo con armas, resistencia a la autoridad calificada con armas, calificación legal, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: WUERICH, Cristian M. y otro. s/ ROBO PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-23

En atención a la distancia entre el lugar del despojo llevado a cabo por el imputado y el encuentro con el personal policial, así como el aspecto temporal, no corresponde escindir la unidad fáctica del hecho en robo y resistencia a la autoridad calificada por el uso de arma de fuego, sino encuadrarlo en las previsiones del art. 166, inc. 2°, C.P., cuya penalidad impone el dictado de la prisión preventiva del imputado (art. 312, inc. 1°, C.P.P.N.).
Relación de dependencia, tutela, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Gil, Manuel Enrique c/ Delviano Tevez y/o René Tevez y/o Felipa Palomo de Tevez y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-02-15

En el derecho laboral resulta decisivo, para establecer la verdadera calificación del vínculo habido entre las partes, ponderar la real situación de las mismas y las obligaciones de cada parte en la relación jurídica, así como la auténtica naturaleza de los servicios prestados, que deben ser considerados conforme a las disposiciones legales que las caracterizan, resultando ineficiente para su determinación la calificación que las partes le hayan dado, o que mediante una apariencia ajena a su naturaleza se pretende excluir la tutela de las normas de orden público, como son las que rigen el trabajo en relación de dependencia, contando con que aún juega en la vulneración del principio de realidad el error o la ignorancia de las partes respecto a los alcances jurídicos de la relación.
Honorarios, acción judicial, sujetos obligados, pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Iriarte, Adriana María  c/ Caja de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-25

Sabido es que la obligación de pagar honorarios regulados es una obligación procesal, porque en definitiva encuentra su causa en el proceso (Cfr. Sosa Toribio, "Regulación de honorarios como acto procesal, ley aplicable en el tiempo" Dossier de prácticas jurídicas, Editorial La Ley, AR/Doc/191/2019). En esta línea, no se discute que el honorario es una contraprestación que el letrado recibe por el ejercicio de su profesión y reviste carácter alimentario; es una "remuneración al trabajo personal" por los trabajos cumplidos y del beneficio que para los interesados se ha seguido de dicha labor. De allí, que acreditada la efectiva prestación del servicio, corresponde fijar los estipendios atentos la labor comprometida, apreciada en su calidad, eficacia y extensión. Ello así, en el caso, pretende el letrado del perito que por la intimación al pago de los honorarios regulados sean impuestas costas a la demandada por entender que tal acto procesal habilitó la ejecución. Siendo que, no se advierten en la causa tareas de ejecución que habiliten dar curso a la pretensión que solicita. Ello, por cuanto una vez practicada la intimación a la demandada concretó el pago a su cargo, sin que hubiese sido necesario "técnicamente" comenzar las tareas de ejecución.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Arab, José s/ Prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

El decreto que convoca a las partes a la audiencia de conciliación constituye secuela de juicio.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Testa, Eduardo A. c/ Dirección de Vialidad Provincial de Río Negro s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-12

No viola los arts. 7 y 9 de la ley arancelaria la sentencia que regula los honorarios del letrado recurrente en base al art. 39 etapas procesales- de la L.A., ya que lo que ha tenido en cuenta la norma citada -art. 39- es remunerar adecuadamente los trabajos efectuados a través de un mayor esfuerzo en supuestos en los que ha mediado producción de prueba, caso que no es el de autos, en que el recurrente solicitó la declaración de puro derecho, petición a la que prestó su conformidad la demandada. Ello, dado que no resultaría equitativo que sólo el monto del juicio rija los honorarios, con absoluta prescindencia de la calidad, eficacia y extensión de los trabajos realizados
Acción meramente declarativa, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Pineda Ariel Fernando  c/ Fideicomiso Financiero Privado Frankel  s/ acción declarativa (tram. sumarísimo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-06-27

Aquí esté el nudo de la cuestión, en cuanto la norma permite reducir a 2 años cuando "el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación", interpretando el aquo que "el otro modo" consignado no incluye como supuesto la prescripción liberatoria. Lo cual a mi criterio de ninguna manera es así: a) la ley habla de "otros modos de extinción" en alusión a un concepto de textura abierta, que no es taxativo, pudiendo encuadrarse dentro de tal expresión todos aquellos casos en que opere la extinción de la obligación del deudor, incluso la prescripción adquisitiva que la doctrina y jurisprudencia en forma prácticamente unánime reconoce y define como "un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo" siendo una de sus notas distintivas "su sentido indudablemente extintivo de obligaciones" (PIZARRO, Daniel Ramón, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Tomo 3, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pag. 655).-
Régimen de consolidación de deudas, embargo de buque
Materia: PROCESAL
Carátula: Dipronor  S.A. c/ Elma s/ Incidente de Embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

La consolidación de deudas disciplinada por la ley 23.982, no sólo tiene lugar en el caso de que el crédito sea o haya sido reconocido en sede administrativa o judicial sino asimismo en la hipótesis de que medie controversia al respecto en alguno de esos ámbitos. Tampoco resulta conducente la invocación realizada en orden a la eventual pérdida del privilegio que correspondería al crédito reclamado, habida cuenta de que la norma contenida en el art. 4 de la ley citada, comporta un verdadero impedimento legal para la traba del embargo peticionado que, en tales condiciones, formaría obstáculo para el transcurso del plazo de caducidad previsto en el art. 484, inc. a), de la ley 20.094.
Cosa juzgada, orden público, seguridad jurídica, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El respeto de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aún por invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior.
Derecho comercial, Inspección General de Justicia, fiscalización estatal, facultades de control, acción de nulidad, causa ilícita, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspeccion General de JusticiA c/ Luvik SA s/organismos externos c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Cabe revocar la resolución de la IGJ que decidió iniciar acción judicial contra la sociedad demandada a fin de obtener su nulidad por actividad ilícita. Es que el organismo ejecutó la decisión sin notificarla, es decir, sin que se hallara firme. Ello así, los jueces de esta Cámara se encuentran habilitados para examinar y decidir el fondo de la cuestión. El contenido del recurso exigirá evaluar si el organismo ejerció correctamente o no sus atribuciones; lo cual lleva implícito que, si esas atribuciones hubieran sido mal ejercidas, la Sala que entiende en el recurso debe decirlo, revocando a la IGJ y poniendo fin al asunto. En tal caso, el Tribunal no estará decidiendo -por hipótesis aplicable al caso- si debe o no prosperar una acción no ejercida o aún en marcha, sino si, al decidir promoverla, el organismo se ajustó o no a la ley, lo cual muchas veces exigirá emitir pronunciamiento acerca del fondo del asunto.
Condena penal, prisión domiciliaria, cuestiones de competencia, juez de ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrada, Santiago Antonio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodrigo L. Ovejero en causa Expte. Nº 291/05 caratulado "Andrada, Santiago Antonio - s.a. Abuso Sexual Agravado, etc."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-18

Del análisis de los arts. 33 y 34 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad Nro. 24.660, surgen dos cuestiones básicas, una, que es competencia del juez de ejecución disponer la procedencia de la prisión domiciliaria, en los casos que determina la ley.

El segundo requisito es que, además, aquella procede siempre y cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado -circunstancias que no constan en el acta de debate- y que la resolución se tomará previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique; como así también, le compete revocarla cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren.
Servidumbre de paso, constitución de servidumbres
Materia: CIVIL
Carátula: ALL FLAGS S.A. c/ G., S. y Otros (ACC/CONFESORIA) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Si alguna duda cupiese sobre la existencia de una servidumbre - o las restricciones por ella impuestas - la interpretación debe hacerse a favor del dueño del fundo que se dice sirviente y de la libertad de esa heredad (conf. arts. 3011 y 3044, Cód. Civ.).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, Poder Judicial, jueces, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Resulta la Corte el órgano más apropiado para resolver acerca de las calidades de los Jueces, determinando por medio del conocimiento, la factible concordancia, o discordancia con el contenido preferente de la norma constitucional. No hay por tanto cuestión "política" o "acto político", sino que de lo que se trata es de calificar jurídicamente una serie de hechos (edad, fecha de asignación) declarando, en relación a ellos, la adecuación -o no- de los extremos fácticos a la regla. (Del Voto del Dr. Barraguirre)
Acciones de clase, medida cautelar innovativa, televisión por cable, defensa del consumidor, facultades de la Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-23

Corresponde revocar la decisión que hizo lugar a la medida cautelar innovativa y ordenó refacturar el servicio prestado a los usuarios del partido de Berazategui con sujeción a las resoluciones 50/2010 y 36/2011 de la Secretaría de Comercio Interior si, bajo la apariencia de una pretensión con base en la relación de consumo, el planteo del accionante resulta inherente a una situación jurídica propia del derecho administrativo con relación a la cual no cabe extenderle, sin más, la legitimación representativa prevista por la ley 24.240 para la autoridad de aplicación (arts. 45 y 52), en tanto el debate gira en torno a un eventual incumplimiento de una norma emanada de una autoridad nacional sobre una cuestión federal, que excede, en principio, la normal competencia del municipio de velar por la administración de los intereses locales (arts. 190 y 191 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Acción de amparo, sentencia definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreto, José y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Es sentencia definitiva la resolución dictada en una acción de amparo, si es susceptible de provocar un agravio de imposible o tardía reparación ulterior.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, servicios de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

La mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado nacional o provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TEPELCO S.A.C.I. c/ FABERTEC S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La pretensa irregularidad procesal con anterioridad a la resolución judicial o sentencia, no puede fundamentar el recurso de nulidad, pues ella debió ser reparada por el incidente respectivo en la instancia donde ellos acaecieron. Dicho recurso está destinado solamente a reparar los vicios o defectos propios de la sentencia, no de las actuaciones que la preceden.-
Socios, reunión de socios, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rotger Norberto Reinaldo c/ Lococo Oscar Rubén y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Cabe rechazar la acción social promovida en los términos de la LGS 54 párrafos 1° y 2°, con el objeto de ingresar al patrimonio de la sociedad el beneficio económico logrado por los demandados a través de la aplicación de fondos sociales. Es que el actor no se encuentra legitimado para incoar una acción en representación de la sociedad. Así, la referida norma sanciona la actuación de los socios y controlantes que perjudican a la sociedad en aquellos casos de actuación dolosa o culposa y, en especial, cuando se han aplicado fondos o efectos de la sociedad para uso personal o de terceros. Se ha dicho que el término "fondos o efectos" utilizado por la norma debe interpretarse no en el sentido estricto de bienes corrientes de realización inmediata, sino en un sentido amplio, o sea, como la integridad del patrimonio de la sociedad (cfr. Verón, Alberto V., "Sociedades Comerciales", T. I, Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 419; ídem, Grispo, Jorge Daniel, "Ley General de Sociedades", T. I, Santa Fe, 2017, pág. 364). El bien jurídico protegido es, entonces, el patrimonio social (Rouillón, Adolfo A., "Código de Comercio. Comentado y Anotado", T. III, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 113). Por lo cual, quien emplee los recursos de la sociedad para un destino distinto de aquél determinado como propio del cumplimiento del objeto social, provocará a la sociedad un daño que deberá indemnizar, debiendo soportar las pérdidas que se hubieran producido, pero las ganancias se incorporarán al patrimonio de la sociedad, titular de los bienes desviados (Roitman, Horacio, "Ley de sociedades comerciales. Comentada y anotada", T. I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, págs. 688/689). Derívese de ello, que se trata de una acción social, porque el destino de la indemnización es el patrimonio de la sociedad. Consecuentemente, la única legitimada activa para promover esta acción es la sociedad (Manóvil, Rafael M., "Grupos de sociedades en el derecho comparado", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 701/703), por ser quien ha sido afectada por la conducta dañosa. O, dicho de otro modo: no existe posibilidad de legitimar singularmente al socio para el ejercicio de esta acción.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Eduardo Alberto y otra c/ Echeberz, Sebastián Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-05

La sola pérdida funcional del ojo lesionado permite enmarcar los límites en que -para quien la ha sufrido- las "chances" de trabajar o desempeñar todo un espectro natural de actividades acordes con su edad y sexo han debido verse menguadas, sin que sea exigible la confección de un catálogo de actividades afectadas en base a comprobaciones directas, bastando las pautas objetivas que desde ya revela el corriente razonar humano.-
Locación, posesión, prescripción adquisitiva, interversión de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mercadal, Alberto J. c/ Lo Bruno, Francisco J. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

Requiere el art. 2458 del C. Civil "un acto de rebelión" del tenedor contra el poseedor, con el propósito de privarlo de la posesión. Obviamente, es necesario que tenga la suficiente publicidad, como para que el poseedor pueda conocer aquél propósito -como mínimo-, no siendo idóneas, en consecuencia, las intenciones "in mente retenta" del tenedor.-
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: TRUJILLO, César Enrique c/ Mrio. Justicia, Seg. y Der. Humanos de la Nación - Reg. Nac. Reincidencia s/ HÁBEAS DATA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

La doctrina de la arbitrariedad se refiere sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifique un apartamiento inequívoco de la solución normativa, o una absoluta carencia de fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Clemente, Francisco Martín c/ Transporte Singh Hnos. y/o Singh, Luis Roberto y/o Singh Hnos. S.H. (Singh, Luis Roberto y sucesión ab intestato de Raúl Rogelio Singh) y/o Saravia, Isabel Estela s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

Si bien las cuestiones entre empleados y empleadores atinentes a derechos que emanan de la relación de trabajo no habilitan la vía extraordinaria, por ser extremos de hecho, prueba, derecho procesal y común, procede hacer excepción a esa regla cuando la solución a la que se arriba no puede ser considerada una aplicación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas del caso; y también cuando la decisión evidencia exceso ritual manifiesto y prescinde de tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la correcta solución del caso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Bagaglia, Karina Déborah s/ Incidente de excarcelación Baez Florentín, Ramón E. s/ Robo simple. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20|1997-06-10

Si bien se ha fundado el recurso en la impugnación del cómputo efectuado en función de la ley 24.390, la decisión recaía al respecto sin que medie aún sentencia firme no deja de referirse a la concesión de la excarcelación en los términos del art. 437 del Código de Procedimiento citado y sus leyes complementarias, por lo que el recurso resulta en tal supuesto inadmisible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretación de sentencias
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de la Comunidad Moiwana c/ Surinam s/ Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-02-08

El recurso de aclaratoria contra las sentencias de la Corte Interamericana, no puede ser utilizado como un medio para apelar una sentencia, pues el único propósito de dicha solicitud debe ser aclarar el significado de una sentencia cuando una de las partes sostiene que la sentencia carece de precisión o claridad en alguna de sus partes relevantes, sin que puedan admitirse solicitudes de modificación o anulación ni la presentación de cuestiones de hecho y de derecho expuestas en una etapa anterior del proceso y, respecto de las cuales, el Tribunal ya ha adoptado una resolución.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calenta, Karina Noemí y otros c/ Tanzi, Ignacio y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Habiendo la sentencia hecho lugar, entre otros al reclamo indemnizatorio de la actora por los rubros "valor vida como lucro cesante" y "chance", esta Alzada dejó establecido que lo que realmente se debe indemnizar ante la muerte, es el perjuicio económico que esa pérdida pueda provocar en la familia del sujeto; es decir, el daño que produce en el orden patrimonial e influye en aquellos que dependían de la víctima, extremo éste que debe acreditarse; pero de ningún modo el lucro cesante que resulta improcedente.