marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, regímenes jubilatorios especiales, escribanos públicos, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arturi, Lidia Mabel c/ Caja de Previsión Social de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Tanto la equidad, interpretada como un correctivo de la justicia rigurosamente legal, y los principios generales del derecho previsional -a los cuales incorporo la protección del o la conviviente que ha cohabitado con el causante por un tiempo prolongado(razonablemente fijado en un término de cinco años)- deben ser colocados en un rango superior a los términos de las leyes previsionales que contengan soluciones particulares. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHEINER, OSCAR ERNESTO c/ CAJA DE PREVISON Y SEGURIDAD DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE CORDIBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-03

Los pronunciamiento por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recurso locales, no son, como regla, susceptibles de revisión en la instancia del art. 14 de la Ley 48.

Sin embargo, el Máximo Tribunal ha señalado que tal principio reconoce excepción cuando el remedio federal se apoya en la doctrina de la arbitrariedad -que es de interpretación restrictiva-, y cuando lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona garantías constitucionales.
Impuestos, interpretación de la ley, aplicación de la ley tributaria, gobierno provincial, gobierno nacional, Impuesto sobre los ingresos brutos, coparticipación federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

El principio general del art. 9, inc. b, de la ley 20.221 (t.o. ley 22.006) que establece el compromiso de las provincias de no aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales coparticipados encuentra su excepción en su párrafo 4 que excluye "expresamente" de esta obligación, entre otros, al impuesto provincial sobre los ingresos brutos (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano, Carlos S. Fayt y Ricardo Levene hh.!).
Gobierno de facto, validez de la ley
Materia: PENAL
Carátula: PAGANI, JORGE LUIS s/ DENUNCIA SOBRE REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-02

Si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha contribuido a esclarecer la cuestión, en modo alguno autoriza a sostener que la sustitución del orden constitucional por vía de hecho sea un acto legítimo.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha evolucionado de un reconocimiento a la sola posesión de la fuerza, que imposibilitaba discutir judicialmente el título de las autoridades (Acordadas del 10 de setiembre de 1930 y 7 de junio de 1943) pasando paulatinamente a admitir "facultades" legislativas cada vez más amplias, llegándose a borrar distinciones entre normas "de iure" y de facto, y a aseverarse que el gobierno surgido de una revolución triunfante tiene el "poder" de realizar todos los actos necesarios, y entre ellos, los de carácter legislativo para el cumplimiento de sus fines.

La Corte Suprema de Justicia, en su actual integración, ha establecido que los actos del gobierno de facto, necesitan ser ratificados o desechados, explícita o implícitamente, lo que importa descartar su validez original.

El triunfo de la rebelión carece de efectos legitimadores del hecho.
Absurdo, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Josefina c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo.(doctor Genoud, sin disidencia)
Fuero de atracción, sucesiones, declaración de insania, regulación de honorarios, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: P. DE C., A. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La sucesión no ejerce fuero de atracción sobre el proceso de insanía seguido en vida de la causante y que quedó finiquitado, en lo principal, con su deceso. Las cuestiones pendientes, tales como la rendición de cuentas final por parte de la curadora o la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes, deben ser zanjadas por el órgano judicial allí interviniente, art.

404 C.Civil
Abordaje de buque, accidente de navegación, daño, gastos de fotografía, compensación económica
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: HORAMAR S.R.L c/ CAP.Y/O ARM.Y/O PROP.Y/O RESP. BQ. STAR ENTERPRISE s/ ABORDAJE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Es una medida aconsejada por la prudencia, frente a un choque (de barcos, de automóviles o de lo que fuera), documentar el estado en que quedo el embestido mediante fotografías, las que en un ulterior juicio pueden ser de suma utilidad para juzgar sobre la entidad de los daños e,inclusive, como un dato valioso a los fines de la determinación de la responsabilidad. De allí que el modesto gasto que reclama la actora por fotos tomadas a la barcaza no comporte un dispendio superfluo, resultando justo incluir entre los daños resarcibles el monto facturado, tal como lo hizo el liquidador de seguros.
Crédito laboral, actualización monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: SAMORANO JULIO RAMON c/ FLORES LUCIO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-22

Si al resolverse en un caso concreto la aplicación de la ley de desindexación no se hizo mención expresa de la aplicación del porcentaje del 8% de interés anual sobre los rubros adeudados desde que son debidos, es porque se entendió que no era necesaria, ya que es esta la práctica usual en similares situaciones. Ello es así, puesto que en el derecho laboral, la costumbre cuando es constante y reiterada, tiene fuerza de ley y se vuelve obligatoria. Pretender lo contrario implicaría establecer excepciones y privilegios que tienden a mantener inalterable una deuda anterior a marzo de 1991, lo que resulta inaceptable y carente del sentido de justicia.
Administración Pública, control de razonabilidad, sanciones administrativas, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

La Administración puede ejercer una potestad administrativa sancionatoria, siempre que dicha actividad se funde en ley formal, se observen los principios del debido proceso y exista control judicial suficiente. Por lo tanto no es posible limitarse a desconocer genéricamente a la Administración la posibilidad legalmente reconocida de sancionar las infracciones de carácter administrativo.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, docentes, antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SHORT, MARIELA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

Más allá del esfuerzo de la perdidosa -fundamentalmente, tratando de brindar andamiaje a sus críticas a partir de aseverar que la diferenciación de la calificación de los antecedentes según provengan del sector público o privado en los concursos docentes se trata de una "acción positiva" enderezada a borrar las diferencias históricas y privilegiando los antecedentes en el sector público a raíz de las exigencias concursales del ingreso frente a la discrecionalidad propia de la relación laboral privada- lo cierto es que no logra desvirtuar el núcleo del razonamiento del A quo en punto a la ostensible desigualdad en el acceso al cargo derivada en el modo de calificar los antecedentes; resultando por lo demás esclarecedora la referencia del Juez de primera instancia cuando sostuvo que esa diferente valoración de la antigüedad impone de hecho, una valla difícil de sortear, máxime teniendo en consideración que el concurso referido contempla exclusivamente la valoración de los antecedentes y títulos, y de la manera como se ha de establecer el orden de mérito en caso de empate, pero no prevé una instancia de oposición, deviniendo de esta manera la valoración de los antecedentes un punto determinante en el resultado del aspirante (De la disidencia del Dr. Gutiérrez, a la que adhirieron los Dres. Spuler y Falistocco),
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de apelación (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Berisso, Juan Carlos y otros s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

De acuerdo con el principio de apelación adhesiva, si la resolución que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso de apelación (administrativo), improcedencia del recurso, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: RULLI, MATIAS S/ APELACION RESOLUCION N° 2/2019/JEP-JSRN S/ APELACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-28

Las meras expresiones del recurrente referidas a la gravedad institucional, la afectación al superior interés partidario y de la comunidad toda, denotan que carece de la legitimación activa para su pretensión en tanto no se verifica cuál es el perjuicio concreto que a su condición de afiliado le produce la proclamación partidaria que abriría esta instancia judicial. La mera condición de afiliado o ciudadano, implican una generalidad que no permiten tener por configurado un interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a entender el planteo como una causa, caso o controversia, único supuesto que autoriza la intervención de los jueces. (Voto del Dr. Mansilla, Dr. Barotto, Dra. Piccinini y Dra. Zaratiegui sin disidencia).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro S.A. (T.F. 9014-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La garantía constitucional de la defensa en juicio supone elementalmente la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia, la que no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho. (Fallos: 246:87;

249:399).
Recurso contencioso administrativo, resolución administrativa, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Castillo, Juan Domingo c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-10-30

"El recurso implica siempre la existencia de una decisión previa emanada de la administración pública, puesto que no se recurre contra el hecho causante, sino contra la decisión que es la que vulnera el derecho del recurrente. El hecho no podrá revisarse sin la decisión administrativa previa, pues si ésta no existe no se constituye el presupuesto legal que habilita la apertura del recurso contencioso".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, universidades
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: MAGDALENA MARIA ROSA WILDE DE PARRAVICINI c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" s/ JUICIO ORDINARIO.    UNIVERSIDAD.    ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PUBLICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La exclusión de estabilidad de quienes desempeñan la función prevista en los arts. 48, inc. f), y 54, inc. j), de la ley 22.207, no está en pugna con la estabilidad del empleado público consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional -derecho que no es absoluto sino que debe ejercerse conforme a las leyes que lo reglamentan- ya que dicho principio no excluye la posibilidad de que en los altos niveles de la administración existan cargos de confianza de las autoridades superiores, sujetos tanto a la designación fuera de la carrera administrativa cuanto a la remoción incausada o a la cesación junto con el funcionario del cual dependen
Accidente de tránsito, señales de tránsito, trabajos en la vía pública, señalización defectuosa
Materia: CIVIL
Carátula: Severino, Pedro Oscar y Jorge Enrique c/ Hormigonera Testa Hermanos  S.A.  y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Las señales indicadoras no sólo deben ser medios aptos para cumplir con su objeto - advertir a los transeúntes alguna circunstancia relevante para su seguridad - sino que también deben resultar en sí mismas inocuas para terceros.
Responsabilidad del Estado, restricciones al dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mansilla Lidia Rosa c/ Provincia de Buenos Aires s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

En cuanto a la luminosidad y vista que tenía la propiedad de la actora con anterioridad a la construcción del viaducto de que se trata, no constituyen perjuicios jurídicamente protegidos por el ordenamiento jurídico, por lo que su privación por causa de la erección de la obra pública no constituye un daño jurídico que la Administración tenga el deber de indemnizar, como no lo tendría un vecino -de conformidad a lo prescripto en el art. 2620 del C.C.- en caso que, con motivo de la construcción que levantare en su propio fundo, privare de esa ventaja a un vecino lindero (confr. C.S.J.N.

in re "Beccan", del 9/5/89). (Consid. III. 2.a).
Prescripción, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: A., N.H. c/ B., M.E. y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-17

"No se puede considerar prescripta de oficio la acción en razón del principio que emana del artículo 3.964, Código Civil, que señala que el juez no puede suplir de oficio la prescripción, lo cual significa que ella no produce sus efectos de pleno derecho, ni puede ser declarada de oficio por los jueces, sino que debe ser opuesta en forma concreta y en la oportunidad y modo que fijan los artículos 3.962, Código Civil, y 344 y concs. del CPCC".
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Plinio, Cristante c/ Asat, Jaian s/ Posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

A los efectos de obtener una sentencia favorable que otorgue el título de dominio sobre un bien inmueble que se dice haber adquirido por modo mediante posesión veinteañal la acreditación del corpus y del "ánimus domini", debe ser cabal e indubitable.
Prueba, prueba pericial, perito de parte, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Dr. Botto, Nelo s/ Inc. de Nulidad Causa 2.070
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

La ausencia del perito de parte a una de las tres entrevistas dispuestas, por su exclusivo arbitrio, no puede poner en crisis el examen pericial cumplido, si en definitiva ha tenido acceso al material reunido y ha podido expresarse luego en su disidencia. La tardía intervención del otro profesional en el examen de las víctimas, quien en definitiva ha tomado conocimiento de las operaciones y sus resultados habiéndose expedido separadamente por sus diferencias, tampoco ha conculcado el derecho de defensa en juicio, pues dicha situación resulta equiparable en el caso a la prevista por el art. 258, última parte del C.P.P.
Recibo, contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Santo Jose Augusto c/ Frigorifico de Aves Soychu SA s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-18

El recibo de pago de haberes apareja como efecto principal el de acreditar el cumplimiento de dicha obligación por el empleador aunque sirve también para demostrar otros contenidos esenciales del contrato de trabajo, tales como la fecha de ingreso, modalidad de la relación, existencia de cargas de familia, descuentos, calificación profesional y período al que corresponde el pago.
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, reglamentación de la ley, honorarios del abogado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Prato, Osvaldo c/ CASSABA y otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-07

La ley nro. 1.181 no confirió a ninguno de los órganos de la Caja de Seguridad Social para Abogados aptitud para reglamentar la ley en un rango equivalente al de un decreto que solo pudo emitir el Jefe de Gobierno. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de casación, cuestiones procesales, costas
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO DIOGENES DAVID s.d. HOMICIDIO CULPOSO e.p. LEDESMA MARISA ADRIANA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12

Si bien la materia relativa a las costas, atento a su naturaleza procesal, se halla reservada a los Tribunales de grado, que son soberanos en su imposición, exoneración o compensación de las costas, lo que en principio excluye su revisión a través del Recurso de Casación, ello no constituye -sin embargo- óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando el recurrente objeta eficazmente, su calidad de parte vencida.
Derecho procesal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Y.P.F. S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-09-08

Las medidas cautelares, por principio, tienden a asegurar el resultado final del proceso ya sea mediante el aseguramiento de cosas o bienes o de situaciones jurídicas o fácticas que no pueden someterse al riesgo de modificarse o desaparecer durante el transcurso del proceso. Cumplen con la finalidad de evitar que una eventual sentencia favorable se torne ilusoria por imposibilidad posterior de cumplimiento. De allí que uno de los requisitos comunes a estas medidas es la conexidad que debe existir entre la pretensión cautelar y la pretensión sustancial.
Extinción del contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nº 117/08 Vergara, René A. c/ Círculo Médico de Catamarca y Otros s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-29

En relación al reclamo de la indemnización prevista por el Art.80 de la L.C.T con la reforma del Art.45 de la Ley 25.345, son requisitos para su procedencia que:

a) transcurridos 30 días desde la extinción por cualquier causa del vínculo laboral, el trabajador remita al empleador el requerimiento fehaciente de la entrega del certificado de trabajo, conforme lo dispone el Decreto 146/01 que reglamenta el Art. 45 de la Ley 25.345. b) debe probar la existencia de ese requerimiento y el transcurso de dos días hábiles posteriores sin cumplimiento de la obligación. Ambos requisitos no fueron alegados ni probados por el actor.

Por lo expuesto, y coincidiendo con la solución propiciada en ambas instancias, es inadmisible su reclamo y como consecuencia se desprende su rechazo.
Personal de casas particulares, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Nadal, Etelvina c/ Thobokholf, Nelly s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   284-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-21

La ley 21307 (que fue derogada por ley 23546 de Convenciones Colectivas de Trabajo, publicada el 15-01-88) fue, durante su vigencia, ley básica y única del régimen salarial para el personal del servicio doméstico y tanto los incrementos como la fijación de salario mínimo sólo podían ser dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, la ley 21307 no le otorgaba directamente la facultad al Ministerio de Trabajo sino que ésta emergía de los decretos de aumento dictados por el Ejecutivo en base a la ley.
Plan de parentalidad, suspensión del régimen de visitas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZARATE, CARLOS ABEL Y NORMA BEATRIZ BRANDONI s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-25

Si bien es reconocido por el padre de la menor una excesiva manifestación de cariño (marca rosada en la mejilla que se atribuye a un beso), es desproporcionada la decisión del a-quo de suspender sin más el régimen de visitas, privando con ello al padre y a la menor de mantener vivo el vínculo filial, como si fuera una sanción, más que una prevención. Retomando el tribunal plenitud de jurisdicción dispone que las visitas se realicen con la presencia de una asistente social hasta tanto se dilucide la cuestión y se practiquen las pericias ordenadas tratando de que el vínculo afectivo entre el padre y su hija menor no se interrumpa.
Despido, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

La ley laboral impone al empleador que ejerce sus facultades resolutivas sin invocar o justificar la causa de la extinción del contrato, la obligación de pagar a su dependiente la indemnización legal con independencia de los daños reales sufridos.
Contrato de trabajo, despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Carello, Sebastián Alberto  c/ Banco Patagonia S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-10

La demandada cuestiona que la Juez a quo haya rechazado la pérdida de confianza como la causal del distracto. El actor era gerente de una sucursal bancaria de la accionada y previo a una auditoria fue despedido. Se verifico que el accionante incumplió con las reglas operativas de la entidad demandada denominada "Conozca a su Cliente" que implicó un "desapego negligente" a sus deberes como funcionario de la misma. La "pérdida de confianza" como causal autónoma de despido, debe partirse de la alegación de un hecho desleal (incumplimiento concreto) que en razón de su naturaleza y del tipo de función encomendada pueda llevar razonablemente al ánimo del empleador la convicción de que hechos de similar factura pueden repetirse en el futuro calificando así la conducta del dependiente. De ahí que, la "pérdida de confianza" como factor subjetivo para justificar la ruptura del contrato de trabajo, debe derivar de un hecho objetivo que, injuriante por sí mismo, se ve agravado por la pérdida de confianza que tal hecho trae aparejada. Cabe revocar las condenas al pago de las indemnizaciones por despido.
Subasta, aplicación supletoria de la ley, compraventa
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ARCAS DE MAGARIÑO, MARIA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-11

En el procedimiento encaminado al cumplimiento de la sentencia de remate, la subasta es el acto procesal mediante el cual se enajenan, porun auxiliar del Juez que actúa en representación de éste, el bien o bienes embargados, con el objeto de satisfacer, con su producido, el importe del crédito que dio origen a la ejecución.

La circunstancia de que el elemento objetivo de la subasta consiste en un contrato de compraventa, no implica desconocer a aquélla su carácter de actor procesal, sujeto - por ende y sin perjuicio de la aplicación supletoria de la legislación civil y comercial - a las normas que gobiernan a aquel tipo de actos.