marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio público, contratos administrativos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTES  LA  FLORIDA  SRL, E T A GENERAL MOSCONI SRL Y EMPRESA DE TRANSPORTE 209 SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 72-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26

No puede sostenerse la naturaleza convencional de cláusulas tarifarias y como consecuencia, afirmar que "no pueden ser tocadas unilateralmente por la administración y deben ser inmutables".

Resulta errada tal afirmación, expresión de una regla de inmutabilidad que es ajena al contrato de derecho público, en el que el contratante tiene únicamente un interés económico. Pero es aceptable decir que si las modificaciones rompen su equilibrio (económico-financiero), aquél debe ser indemnizado.
Quiebra, extensión de la quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: PORCELANAS LOZADUR  S.A.I.C.  S/QUIEBRA s/ INCIDENTE DE EXTENSION DE QUIEBRA POR LA SINDICATURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La ley de concursos no contiene una normativa específica acerca del trámite que debe asignarse a la petición de extensión de quiebra, por lo que ha de concluirse que la decisión queda a criterio del magistrado interviniente en la causa. A tales efectos, han de ponderarse especialmente las características de cada caso, su complejidad, la índole de la acción intentada, y demás particularidades de hecho relativas al mismo.
Aportes previsionales, jubilaciones, fondo compensador, resolución administrativa, nulidad del acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: GINESTA, JOSE M. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DIFERENCIAS DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

La res. 2987 del 15.7.91 que modificó el sistema de aportes de la institución al Fondo Compensador no resulta nula porque fue realizada por la entidad que lo haba creado, teniendo especialmente en cuenta lo dispuesto por el dec. 1757/90, dictado en el marco de las leyes 23696 y 23697. Dichas leyes definieron los alcances de la emergencia estatal y el Parlamento declaró especialmente incluidas en ese concepto a las entidades financieras oficiales, facultó al PEN a intervenirlas u organizarlas en el marco de la crisis económica y permitió instar la revisión de sus regímenes de empleo y la reducción de su personal.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schneider, Sergio Gabriel c/ Corporación del Com. e Ind. B. Blanca. s/ Cobro honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Si resulta nula la cláusula contractual que estableció la forma de remunerar el trabajo convenido por contrariar normas de orden público del dec. ley provincial 6964/65, también lo es la que establece un plazo para su pago si es consecuencia inseparable de aquélla (art. 1039, C.C.).
Concurso preventivo, quiebra, excusación
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CUERPO  DE EJECUCION DE SENTENCIA EN INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA Y DE REVISION  DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN: COARCO S.A.C I.F.I.C.A. - CONCURSO PREVENTIVO s/ QUIEBRA - CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-19

La ley formal explícita, para que pueda interpretarse cabalmente el inc. 12, segunda parte del art. 1085, del C. P.C. que la enemistad sea manifiesta, es decir, que no por cualquier motivo puede aducirse esta causal; pues lo que se pretende de un Juez, es su total imparcialidad, ya que sus sentimientos deben quedar en el fuero íntimo de su persona, para que actúe a través de su razonamiento, con total prescindencia de aquellos.

El hecho de que en escritos se hayan utilizado expresiones fuertes, quizás en demasía, hace que el magistrado pueda utilizar recursos tales como la testadura de ellos, llamados de atención, apercibimientos, multas o inclusive pasar los antecedentes al Tribunal de Disciplina, pero no excusarse de seguir entendiendo en el asunto, pues no se ha demostrado si quiera de que esa enemistad sea manifiesta, o sea, real y notoria, no sólo por su publicidad, sino particularmente por la existencia de hechos que acusen una mutua animosidad (Martínez Crespo, Mario, C.P.C. anotado, p. 451, Ed. L.A., 2do, 1988.).-
Reglamentación de la ley, comercio interior
Materia: AGUAS-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Varios Puesteros Próximos al Mercado del Centro c/ El empresario del mismo mercado. El Dr. Garcia Juan Agustin por varios puesteros s/ amparo de posesión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1866-11-08

La del comercio interno de una provincia, corresponde a la provincia misma.
Ejecución fiscal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Terminales Portuarias Argentinas SA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-05

Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen, como principio, la sentencia definitiva a que está referido el art. 27 de la ley 402, cabe hacer excepción a dicha regla si el fallo apelado resuelve una defensa opuesta por la demandada -en el caso la de espera documentada- de un modo imposible de revisar en un proceso posterior, y da curso a la ejecución fiscal.
Extinción del contrato de trabajo, comunicación del despido, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: G., A.V. c/ O., AFJPSA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-11

El art. 243 de la L.C.T. persigue el propósito de que las partes conozcan, desde el inicio del pleito y aun antes de la traba de la litis, el contenido cierto e invariable de la misma de la causa del despido, como una forma de salvaguardar el principio constitucional de la defensa en juicio. En consecuencia, esta norma sólo autoriza a los magistrados a valorar la causal denunciada para legitimar el distracto, sin que puedan computarse faltas anteriores no mencionadas o conductas ilegítimas posteriores al despido que escapan a las reglas de conducta impuesta por la relación y el contrato de trabajo.
Falso testimonio, declaración testimonial, denunciante, causa propia, desestimación de la querella, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: SEEBER, Jorge s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Para que se configure el delito de falso testimonio es necesario que el sujeto activo reúna la calidad de testigo; no estando comprendidos en dicho concepto el denunciante, el damnificado u otra parte interesada en el litigio, situación que se da en el caso de autos, ya que el supuesto testigo depuso sobre hechos en los que ha sido protagonista, habiendo declarado en causa propia o cuanto menos estuvo interesado en el resultado del juicio; por cuyo motivo corresponde desestimar la querella por inexistencia de delito.-
Subasta, seña
Materia: CIVIL
Carátula: BRES GERMAN c/ AYUB VICTOR GABRIEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-25

Dado que no existen disposiciones legales que determinen el monto de la seña a abonarse en una subasta, y que el 8% del valor de la venta, que generalmente se admite por tal concepto, sólo ha sido consagrado por la costumbre (conf. C.N.Civ. Sala F, 1-6-71, E.D. 38 139), es factible su elevación al 30% de aquel importe, porcentaje que se adecua al que generalmente se adopta en la actualidad para las transacciones privadas y que, además, contribuye a acordar mayor seriedad a las ofertas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Payné, Julio Omar s/ Violaciones reiteradas agravadas en concurso ideal con corrupción  agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

No puede prosperar el planteo fundado en la "duda beneficiante" (art. 431, C.P.P.- según ley 3589 y sus modif.-) si la defensa no demostró su concurrencia en el debido sentido legal (art. 355, ídem Cód. y su doct.).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: LABORAL
Carátula: Brasso, Argentino Mario c/ Faienza, Vicente y otro s/ Diferencias salariales, etc. Murialdo, Eduardo c/ S.O.M.I.S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23|1985-12-27

La omisión de cuestiones a que se refiere el art. 156 de la Constitución de la Provincia no ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema porque aparece desplazado por el razonamiento esencialmente decisivo para la suerte del juicio expuesto en la sentencia, siendo ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad el acierto con que se haya analizado el asunto.
Derecho procesal, partes, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIRREYES   AGROPECUARIA   SA c/ STEIN  ALBERTO  CARLOS  Y OTROSS/ s/ DINARIO S/ INCIDENTE DE APELACION ART 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-17

Cabe desestimar la citación de terceros solicitada por la demandada (en el caso se requiere la citación de los restantes socios de la sociedad codemandada), cuando la actora promovió acción de responsabilidad de los integrantes del directorio y la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad, no advirtiéndose por la existencia de reclamo y el carácter restrictivo que debe examinarse la citación, que "la controversia es común".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos, depósito bancario, intangibilidad de los depósitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Si el depósito había sido efectuado bajo la vigencia de la ley 25.466 que garantizaba categóricamente su inalterabilidad (art. 1°) y cuyas disposiciones, de orden público (art. 3°), tenían por finalidad crear un ambiente de confianza en el sistema financiero que se encontraba debilitado, la situación jurídica quedó consolidada en lo sustancial, en virtud de dicho régimen, generando, innegablemente, derechos adquiridos en cabeza de la actora.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Fiscal - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos M., L. P sobre 14 1°párr - tenencia de estupefacientes c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde rechazar la queja porque la controversia que propone la fiscalía, al impugnar la resolución que confirmó la invalidación del procedimiento policial que originó este proceso, gira únicamente en torno a una distinta valoración de determinados hechos del caso y su suficiencia para justificar el proceder de la Gendarmería, pero no muestra que las conclusiones a las que arribaron los jueces no constituyan, al margen de su acierto o error, otra derivación posible de esas circunstancias. La discusión planteada remite a cuestiones de hecho, prueba e interpretación infraconstitucional que, salvo casos excepcionales no acreditados en este caso, no suscita la competencia extraordinaria de este Tribunal y queda reservada a la decisión de los jueces de mérito (TSJ, expte. n° 15759, "Gómez", resolución del 14/08/2019 y expte. n° 16324, "Córdoba", resolución del 14/05/2020, entre otros). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spinassi, Hector Francisco c/ Cergol Oscar Francisco s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

No existiendo congruencia entre sentencia y liquidación, configurándose así una falencia de tal magnitud y gravedad que imposibilita la facultad revisora de esta Alzada y el conocimiento adecuado del recurso traído, máxime cuando los honorarios recurridos fueron regulados con base de liquidación que como antes se indicó, no se ajusta a derecho; descalifica la resolución recurrida como auto jurisdiccional válido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, recurso de casación, Ministerio Público Fiscal, debido proceso, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BUSSI RICARDO ARGENTINO s/ DENUNCIA  -INCIDENTE FORMADO POR LA PRESENTACION DE ROSA AUGIER DE ROJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-31

En el presente caso, la impugnabilidad subjetiva de la recurrente aparece desdibujada en tanto que no existe discrepancia entre lo resuelto por la Cámara y lo dictaminado precedentemente por el Ministerio Público. Resulta inadmisible que la Resolución de un tribunal cuya decisión coincide con lo previamente dictaminado por un Fiscal de Cámara, luego sea impugnada por otro Fiscal de Cámara.

Esta falta de legitimidad impugnaticia se acentúa si tenemos en cuenta que el Ministerio Publico es único e indivisible y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen (art. 67 inc. d, Ley 6238). La situación que provocaron las actuaciones de los señores Fiscales de Cámara no solo ocasiona el quiebre de los principios de unidad, legalidad e indivisibilidad que rige al Ministerio Público, sino que, principalmente vulnera la garantía del debido proceso como de la seguridad jurídica en tanto los actos procesales del Ministerio Público forman parte del derecho adquirido por el imputado.

Las partes en un proceso penal no pueden soportar la inestabilidad que necesariamente produce la posibilidad de que los actos procesales sean revisables por tantos integrantes del Ministerio Público como son los que revisten en este carácter. El dictámen representa un derecho adquirido para el imputado y reviste en relación a sus pares autoridad de cosa juzgada, que sólo podría ser modificado por decisión del superior jerárquico.

Igualmente, se produjo una violación a la estructura esencial del procedimiento al modificar la modalidad de intervención del Ministerio Público en el proceso en razón de que no puede recurrir una decisión jurisdiccional que se ha pronunciado a favor de la exclusión probatoria en forma coincidente con la posición del Fiscal de Cámara, en tanto y en cuanto hay una retrogradación del proceso que afecta al imputado.
Obligaciones, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, Martina c/ Brundi, Eladio Pablo Francisco y otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-15

...el sistema del art. 656 -Cód. Civ.- ya citado es autosuficiente, no siendo necesario que para reducir la cláusula se haga aplicación de la Ley 24.283.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento, servicios de vigilancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal c/ Fernández, Víctor Hugo s/ av. infracción ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Si el titular del derecho de exclusión permitió el acceso a su casa de dos personas, una de las cuales desconocía y era un oficial de policía, sin indagar los motivos del acompa$amiento ni cerciorarse debidamente de la identidad del desconocido y con entera libertad y desprecio por las eventuales consecuencias de su proceder, descorrió el velo de protección de la intimidad de su hogar y realizó actos que permitieron comprobar el grave delito que estaba cometiendo, no puede ser posteriormente amparado por la cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, acción reivindicatoria, mala fe, vicios de la posesión, despojo, adquisición del dominio, incongruencia, sentencia citra petita, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gigliotti, Francisco Mario c/ Municipalidad de Río Segundo s/ acciones posesorias/reales - reivindicación - recurso de apelación - recurso directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-09-29

En la presente causa la actora persiguió reivindicar los terrenos ocupados dentro de su propiedad y el pago de daños y perjuicios por posesión viciosa y de mala fe en contra de la Municipalidad, en virtud de la desposesión violenta y clandestina que acusa y que se viene realizando a través del tiempo de la fracción de terreno que se describe en el acto de postulación inicial. Al evacuar el traslado de la demanda, la accionada reconviene por acción de despojo argumentando -en esencia- que la fracción objeto del pleito, en función del art. 2340 C.C., es un bien del dominio público artificial donde, como lo admite la doctrina, "la afectación se produce por hecho, el dominio público continuado por prescripción larga o por uso inmemorial importa la adquisición del bien para el dominio público. El Tribunal de Apelación no podía revocar o confirmar la resolución de primer grado, sin antes rebatir todas las defensas opuestas, siempre y cuando las mismas cuenten con trascendencia para la dilucidación de la causa. De lo expuesto surge clara la incongruencia citra petita en la que ha incurrido el Mérito tal como se denuncia en casación y que es producto de la omisión apreciable en el pronunciamiento fustigado respecto de los capítulos que habían ingresado a su competencia funcional y que constituía la precisa materia a resolver por así haberse trabado la litis con demanda y contestación. El principio de congruencia alude a la identidad jurídica que debe existir entre los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición, y los sujetos, el objeto y la causa sobre los cuales ha de recaer la decisión jurisdiccional. La ratio iuris de esta regla radica -por un lado- en la garantía constitucional de defensa en juicio, otorgando a ambas partes la oportunidad legal de defender cada una de las razones que sustentan sus respectivas pretensiones y -por el otro- en el derecho constitucional de igualdad ante la ley, brindando a ambos litigantes respuesta jurisdiccional sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a conocimiento del Tribunal.
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, exenciones impositivas, Actividades económicas, actividad industrial
Materia: PROCESAL
Carátula: Impulso de San Luis SA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Impulso de San Luis SA c/ AGIP s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Si las argumentaciones de la actora han sido valoradas por las instancias anteriores al considerar incumplido el requisito formal de la solicitud de exención del impuesto sobre los ingresos brutos; ello a partir de las constancias de hecho y prueba obrantes en la causa y de una interpretación de la normativa infraconstitucional aplicable, cuyo discernimiento y aplicación, por vía de principio, corresponde a los jueces a quo, corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no ha arrimado nuevos argumentos conducentes a sostener la existencia de un genuino caso constitucional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Lucro cesante, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Motor Once,  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO Motor Once  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09|1989-05-09

Para admitir la procedencia de la indemnización del lucro cesante, debe examinarse previamente si concurren sus requisitos ineludibles, esto es, que se tratara de la imposibilidad de explotar económicamente el bien y de tal modo se privara al acreedor de ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas.
Prueba pericial, contadores públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Biondo, Miguel Angel c/ Luis Solimeno e hijos S.A. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Supeditado el monto de la acción a las resultas del informe contable, correspondía al proponente procurar la completividad del mismo, respecto de los reclamos impetrados, a fin de lograr la determinación efectiva de las diferencias salariales peticionadas.
Protección de la mujer, violencia sexual contra la mujer, derechos de las niñas, niños y adolescentes, violencia contra menores, grupos vulnerables, perspectiva de género, responsabilidad del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F c/ M.J.O. s/ abuso sexual p/ recurso ext .de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2020-06-10

La víctima de violencia sexual, pertenece a un sector vulnerable de la población y es titular de una doble protección jurídica por ser mujer y niña. Se trata entonces de una doble condición de vulnerabilidad que la atraviesa, por cuanto cada una de dichas condiciones demandan una especial protección por parte de todos los agentes de la organización estatal a fin de prevenir la violencia de la que históricamente han sido objeto; y de los operadores del derecho, quienes tienen la obligación de ser diligentes en la investigación, imprimiendo en el análisis de estos casos una lectura desde el enfoque de género, con el objeto de brindar una solución justa en cada caso.
Estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: QUIÑONES, ROBERTO AMERICO s/ INCIDENTE DE APELACION DE PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La "escasa cantidad" de estupefacientes, a la cual alude el art.

14, 2 párrafo de la ley 23.737, encuentra su límite inferior en la afectación siquiera potencial de la salud pública, bien jurídico tutelado por la citada previsión. Claro es que para evaluar dicha actitud resulta insuficiente un enfoque meramente cuantitativo, por lo que habrá de relacionárselo a las circunstancias de hecho que rodearan a la tenencia y a las particularidades subjetivas del autor, en tanto pudieran aconsejar la adopción de las alternativas tuitivas que describe la misma ley.
Plazo, inhabilidad de título, títulos ejecutivos, crédito fiscal, juicio de apremio, Municipalidad, procedimiento tributario, recurso de reconsideración, efecto suspensivo
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE s/ APREMIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

Si el Municipio expide título ejecutivo e inicia el apremio fiscal antes del vencimiento del término establecido por el artículo 55 del Código Tributario Municipal, el contribuyente puede excepcionar acreditando los extremos fácticos que permitan comprobar que indiscutiblemente a ese respecto rige la suspensión legal, debiendo tener especial cuidado en evitar que por esa vía, se produzca una ordinarización del trámite -aspecto que, con razón, ha preocupado a la Juzgadora- que no condice con la naturaleza y objetivos del juicio de apremio fiscal; como ocurriría en principio si se pretendiera debatir la legitimidad de la declaración de inadmisibilidad del recurso de reconsideración o de cuáles son los aspectos cuestionados que se benefician con la suspensión, o si se produjo o no la perención de instancia administrativa, etc.