Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-20


Salta, 20 de agosto de 2010.AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "GUELEB, MARIANA c. ESTADO PROVINCIAL de SALTA y/o BBVA CONSOLIDART ART y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 23319/09, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 2 (expte. nº 23319709), para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 285/287, y _ C O N S I D E R A N D O El Dr. Figueroa dijo: el Dr. Marcelo Zenteno, por la Provincia de Salta, comparece deduciendo recurso de apelación contra el decisorio de fs. 281, que rechaza la excepción de incompetencia, con fundamento en cambio de jurisprudencia de la Corte de Justicia, en autos Serapio Ema c. Provincia de Salta S/ Recurso de Apelación, expte. CJS 29237. Fallo, que reconocería que la LRT se aplica a todos los empleados, tanto públicos como privados y que los Juzgados Laborales resultan competentes para entender en tales cuestiones. Expresa que para determinar la competencia, debemos atender de modo principal, a la exposición de los hechos que hace el actor y al derecho que invoca como fundamento de la pretensión y, analizado ello en autos, surge que los Juzgados del Trabajo resultan incompetentes, toda vez que la demanda pretende el pago de una indemnización por accidente de trabajo del empleo publico, en el marco de la ley civil. Dice que la cuestión se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público local, a las que en principio, no le son aplicables las disposiciones del Derecho del Trabajo o Derecho Civil, sino supletoriamente respecto de situaciones no previstas, lo que no basta para convertir en civil o laboral al proceso, ergo, corresponde remitir los autos al Juzgado Contencioso Administrativo. Ello fue reiterado en fallos de la Corte Federal (Mendoza 20/6/06 LL 11-07-06 y Barreto 23/3/06 LL 2006-C,172). En igual sentido, la Corte local, señaló que lo determinante para establecer la competencia reside en la naturaleza del contrato que vincula a las partes, estableciendo que el Juzgado Contencioso es competente para resolver las cuestiones derivadas de la relación de empleo público. Cita Jurisprudencia.

Añade, que el fallo "Serapio" no se aplica al presente caso, toda vez que éste proceso ha fundado la acción en normas del derecho civil (art. 1109,1113 y 1078 CC). El mismo, se aplica exclusivamente respecto de la LRT, con prescindencia de las normas civiles, de ahí que los Juzgados Laborales resulten incompetentes. La Cámara Nacional del Trabajo Sala III el 29/05/09 en autos Alfonso Martín c. Gobierno de la Ciudad de Bs AS S/ Accidente. Acción Civil DT 2009, agosto 898, decidió confirmar la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en una acción dirigida contra el Gobierno de la Ciudad de Bs. As., fundada en el art. 1113 CC. A su vez, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha resuelto la incompetencia del fuero laboral frente a accidentes de trabajos de empleados públicos (Guerra c. Dirección de Vialidad, S/Ejec. Código Procesal Laboral de Salta Dr. Jesús Ramón Marengo pág. 165 sum 23).

Insiste, en señalar que la actora ha hecho opción de las normas del derecho común, pero basadas en una relación de empleo público y ajenas a la competencia de los Juzgados del Trabajo. La pretensión reparadora en sí, convalida la competencia del Juzgado contencioso, en vistas al vínculo de empleo público. Formula reserva del caso federal. La Sra. Fiscal Civil, a fs. 307/08, emitió dictámen, señalando que corresponde confirmar la sentencia recurrida y mantener la competencia del Juzgado del Trabajo º 2.

Analizada la cuestión planteada, diré que entiendo que lo decidido debe confirmarse, en orden a las razones que señalo a continuación.

De la demanda, surge que se peticionó la reparación de un infortunio laboral y se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la LRT y reglamentaciones complementarias (fs. 153). Se sostuvo que hay nexo causal indiscutible, entre la afección, el accidente, la conducta desprejuiciada de la patronal y la ART todo lo que conlleva al catastrófico estado físico psicológico del actor. Esta circunstancia, fundamenta la reparación de los daños causados en su capacidad laborativa y de vida (fs. 159). Se dedujo planteo de la inconstitucionalidad de los arts. 1,2,4,6,8,14,15,39,40, 46 y 49 LRT (fs. 176).

Ahora bien, a los fines de la determinación de la competencia, lo decisivo es merituar en la demanda, la naturaleza o calidad de la controversia, el sustracto fáctico fuente de la pretensión reclamada y las normas en que se funda la petición. En el presente reclamo, aparecen involucrados "prima facie" normas y principios del derecho laboral, por lo que se torna procedente la competencia del fuero especializado, con el amplio diseño de su competencia en materia del trabajo. La competencia laboral, no sólo se extiende al contrato de esa clase, sino también a cuestiones conexas, incluso fundadas en normas de derecho común y, cuánto más, cuando se persigue determinar quién debe responder al trabajador por obligaciones derivadas de la relación laboral e impuestas por normas de igual naturaleza. Ciertamente, el infortunio laboral es un hecho relacionado y acaecido en el ámbito del la relación de empleo.

Los tribunales de trabajo resultan competentes para entender en causas iniciadas por trabajadores, en las que habiendo sufrido un infortunio laboral y recurrido liminarmente al sistema reglado por la ley nº 24.557, luego impetran una acción judicial cuestionando la constitucionalidad de dicho régimen, para perseguir una reparación integral. La acción es entablada contra la demandada en su calidad de "sujeto responsable" en los términos de la LRT. Ese marco normativo, incluye como sujetos de su régimen al Estado, en pie de igualdad respecto de los empleadores privados. A su vez, la norma en cuestión, no hizo distingo alguno a los efectos del fuero competente en lo que respecta a la persona del empleador (cuando la misma es el Estado), por lo que entiendo debe quedar radicada esta causa en el fuero laboral. En tales reclamos, no queda comprometido el ejercicio de sus potestades jurídicopúblicas frente a los administrados (relaciones de derecho público administrativo). La opción que efectuara la actora en orden a la reparación integral del Cód.Civil, no modifica ello, ya que se postuló la competencia del fuero laboral para entender en tales supuestos, en donde se llega a la reparación integral, luego de la consideración y cuestionamiento de insuficiencia y de inconstitucionalidad de la reparación prevista en la norma específica, ley 24557.

La CJS, al resolver acerca de la competencia en Zerda, Julio César c. Consolidar Art S.A., (expte de Corte nº 29586/06, señaló que "no se advierten elementos configurativos de la competencia contencioso administrativa, desde que la demanda no contiene la pretensión de pronunciamiento alguno referido a la actuación de la Administración Pública. Tampoco se controvierte ningún derecho subjetivo o interés legítimo de naturaleza administrativa, ni se invoca la aplicación de normas del derecho administrativo, extremos que impiden la radicación del expediente ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, conforme lo previsto en las leyes 793 y 6569".

Asimismo, la CJS en Serapio Ema c. Provincia de Salta S/ Recurso de Apelación, expte. de Corte nº 29237, expresó que"la referida ley encuentra su ámbito legal en el derecho del trabajo, por lo que los juzgados laborales resultan competentes para entender en los casos que un trabajador accidentado o enfermo, o sus derechohabientes, reclamen, invocando la ley sobre riesgos de trabajo, a su empleador o a la aseguradora de riesgo de trabajo, pues el infortunio laboral es un hecho derivado del trabajo y ello, determina la competencia material. Por otra parte, la ley 24557 ha establecido un sistema de cobertura de los riesgos de trabajo mediante un seguro obligatorio que el empleador debe contratar con una A.R.T. (art. 3, ap. 3), determinando que dicho régimen legal es aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia, sean del sector público o privado (art. 2, ap. 1, incs. a y b). Que bajo tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de apelación de fojas 149 y, en su mérito, revocar el pronunciamiento de fojas 147/148 vta. y determinar que resulta competente para intervenir en autos, el fuero laboral".

También, otros tribunales han señalado que "Iniciada la acción de daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo, optándose por la vía civil, la demanda debe radicarse ante el juez del mismo fuero, sin importar la naturaleza jurídica que reviste la empresa demanda -ENTEL residual-, por cuanto la ley incorpora como sujetos protegidos a los dependientes del Estado Nacional, de las Provincias y de las Municipalidades, sin discriminar la relación de empleo público, o contrato privado", autos: Vieites, Olga Susana c. Telecom Argentina S.A. - Daños y Perjuicios - Competencia - Sent. 004120 - Civil - Sala S, de fecha 2/10/1997. " La circunstancia de que la demanda sea entablada por un agente del Estado Nacional no desplaza la competencia del fuero laboral, si la misma se encuentra fundada en la ley especial de accidente de trabajo. El derecho invocado como sustento de la acción es la Ley de Riesgos del Trabajo, la cual, más allá de su autoproclamada naturaleza relativa a la seguridad social, regula una materia de indudable esencia laboral, y por lo tanto rige el artículo 21 de la ley 18.345, que expresamente dispone que "En especial, serán de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a) Las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del Derecho del Trabajo". (del dictámen de la Fiscal Adjunta "ad hoc", al que adhiere la Sala).Toq. 1233, autos Dupalova, Ágata c./ Fuerza Aérea Argentina s/ accidenteley 9688, ley 24.557, artículo 21 de la ley 18.345; Magistrados: Ferreiros. Rodriguez Brunengo. Sala: Sala VII., fecha, 21/8/2006, Sent. nº SI 21698/06.

Por todo lo expresado, entiendo que cabe el rechazo del recurso incoado y la confirmación de la decisión de grado. En cuanto a costas por el presente recurso, decido no imponerlas, atendiendo a la naturaleza de la cuestión, art. 67 segundo párrafo del CPCC. Así voto.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto que antecede.

Por lo que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, RESUELVE I) Rechazar el recurso interpuesto y consecuentemente mantener firme la resolución apelada. Sin costas.- II) Diferir la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandar registrar, notificar, reponer y bajar los autos al Juzgado de orígen.