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Estado Provincial, emergencia económica, empleados públicos, reclamo salarial, Administración Pública, obligaciones, pago de la remuneración, actualización monetaria
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDEZ, JORGE ALBERTO LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 403 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

La justificación opuesta por la provincia basada en la situación de emergencia económica que acuciaba al estado provincial en el momento del pago con atraso de sus haberes mensuales a los agente de Vialidad Provincial, en principio, no es suficiente para desconocer el derecho de los actores que se vieron perjudicados por el efecto inflacionario a consecuencia del retardo en el pago de sus salarios. En ese sentido, debe recordarse que la norma invocada por la demandada (el artículo 45 de la ley 23.697 al que la provincia adhirió por el artículo 119 de la ley 10472) refiere, en concreto, a las políticas salariales que se instrumenten o, en otros términos, al "sistema de remuneraciones", lo que no es materia discutida en la presente causa, en la que se reclaman diferencias en concepto de actualización de remuneraciones. La circunstancia de que la legislación de emergencia haya vedado la aplicación de coeficientes para la determinación de las remuneraciones, no es fundamento adecuado para el rechazo del reclamo, pues, obviamente, una cosa es cómo debe establecerse una determinada política salarial, y otra muy distinta es la de cómo deben actualizarse las diferencias a favor de los agentes. En virtud de todo lo expuesto, corresponde reconocer el derecho de los recurrentes a que se actualicen los haberes percibidos con atraso.
Justicia militar, privación ilegal de la libertad, delitos comunes cometidos en actos de servicio, personal militar, fuerzas de seguridad
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ALFREDO ANTONIO GIORGI s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

Los hechos referidos a la privación ilegítima de la libertad de una persona están claramente comprendidos en el art. 108, inc. 2, del Código de Justicia Militar. Por una parte, porque la desviación que pueda haberse operado en la prestación del servicio militar, al destinárselo a la persecución, secuestro, tormento y muerte de personas, no quita que los actos de esa índole llevados a cabo por militares o empleados militares sean actos del servicio; y en segundo lugar, porque el establecimiento donde habría sido alojada la víctima después de su detención estaba sometido exclusivamente a la autoridad de las fuerzas armadas o de las de seguridad bajo control operacional de aquéllas, sin que interese si la afectación a esos fines fue dispuesta legítima o ilegítimamente en relación con las prescripciones del derecho administrativo.
Tutela sindical, despido del delegado gremial, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, José Martín y otro c/ CAMINOS S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-09

El reclamo indemnizatorio agravado solicitado por los actores ante el despido de la patronal sin previa exclusión de la tutela sindical, requiere para su procedencia que el trabajador opte por considerar extinguido el vinculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose así en situación de despido. No habiéndose invocado ni acreditado que los actores cumplieron con el requisito exigido en la ley 23551 art. 52 4to. párrafo, resulta improcedente la condena establecida en la sentencia de primera instancia.-
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, gratuidad del procedimiento, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gomez, Elio German c/Federacion Patronal Seguros SA s/ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

De conformidad con la doctrina plenaria sentada in re "Hambo, Debora Raquel c/ CMR Falabella SA s/ sumarísimo", del 21/12/21, el beneficio de justicia gratuita aprehende las costas, pero ello de ninguna manera impide su imposición o desplaza lo dispuesto por el CPR 68 y ss. Solo queda impedida la ejecución de las expensas con cargo a los consumidores (CNCom, Sala D in re "Ale, Alicia Socorro y otro c/ Aondio, Luis Alberto s/ ordinario", del 15/02/22).
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Oviedo, Zulma Beatriz c/ De Lucca, Jorge Fabián y/o responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

La velocidad a la que se desplazaba el automotor, cercana a los 140 kilómetros por hora, si bien ciertamente excesiva, no constituyó la causa determinante del infortunio, toda vez que aún de haber circulado a la reglamentaria velocidad de 110 Km/h, igualmente el demandado lo hubiera embestido con suficiente violencia como para producirle lesiones graves como las que le causaron la muerte. De tal manera la responsabilidad que tuvo en el accidente la propia víctima ha exonerado la de los demandados al interrumpir el nexo causal entre el hecho y el daño.
Sentencia consentida, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones La Plata S.A. c/ Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

La circunstancia de que la autoridad administrativa resuelva abocarse al tratamiento de una cuestión que ha quedado firme por el transcurso de los plazos de impugnación, no puede de manera alguna generar el derecho a replantear aquella por vía judicial, por dos razones:1) Porque la necesidad del agotamiento normal del procedimiento de impugnación no se configuró y 2) porque la resolución denegatoria, en definitiva, no tiene como objeto purgar el vicio de extemporaneidad.
Emergencia económica, obligación alimentaria, cuota alimentaria, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: G.F., M.T. c/ L.G., M.A. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-07

Si durante la vigencia de la ley 23.928 de convertibilidad se reclamaron las cuotas impagas hasta entonces en moneda nacional, dicha circunstancia no implica en absoluto que se hubiere renunciado a hacer valer los términos del convenio -en el caso el 30 por ciento de los ingresos que percibe el alimentante en moneda extranjera y con fondos provenientes del exterior. Admitir una interpretación diferente a la par que llevaría a alterar sustancialmente los términos de la convención, importaría tanto como sorprender a la actora en su buena fe, toda vez que al momento de iniciar la ejecución tuvo en cuenta variables cambiarias absolutamente distintas de las que exhibe la realidad actual. De allí concluir que ésta redujo la cuota en forma voluntaria y sustancial cuando en realidad jamás se expidió en tal sentido (arg. art. 874 del Código Civil)es una conclusión que no consulta los parámetros de interpretación que suministra el art. 1198, primera parte, de la ley sustantiva.

Si los ingresos del alimentante provienen del exterior, quedan exceptuados del régimen de pesificación a tenor de lo dispuesto en el decreto 410/02 inc. 1°, apartado g).

***LEY C 023928 1991 03 27 0010 000 0000 000 ***CCI C 000340 1869 09 25 0874 000 0000 000 A ***CCI C 000340 1869 09 25 1198 000 0000 000 A ***DEC C 000410 2002 03 01 0000 000 0000 000
Subasta judicial, crédito fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fama, Domingo c/ Gigera, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-23

En materia de impuestos con motivo de la celebración de una compraventa -como es la subasta judicial conf. 1324 inc. 4 del C.C.- las leyes fiscales en lo referente a las cargas impositivas designan quien tiene que ser su destinatario, y en lo que hace a contribuciones y tasas de servicios públicos, el asiento de esas cargas lo constituye el propio bien inmueble, razón por la cual el momento de la toma de posesión marca con precisión la situación de cada una de las partes respecto a dichas obligaciones: desde esa oportunidad los impuestos o tasas que se reconocen a tal cosa como hecho imponible, recaen sobre el comprador y los anteriores a la tradición de ese bien los debe soportar el vendedor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ministerio Público Fiscal, querella, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Barreiro, Rodrigo c/  s/ víctima lesiones graves (art. 90) 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-21

Corresponde declarar la nulidad de la resolución del Tribunal de Impugnación en donde le reconoce a la querella el derecho a formular cargos en forma autónoma al Ministerio Fiscal, pues una interpretación respetuosa de la voluntad del legislador y sistemática lleva a concluir que, en los casos de presuntos delitos de acción penal pública, el querellante no se encuentra facultado para formular cargos en forma autónoma, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional, 71 del Código Penal, 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 2893, 64, 69, 99 y 100 del C.P.P.N. y concordantes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Sixto Leoncio c/ Santa Cruz, Blanca Luz s/ Division de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Sólo a través del absurdo puede lograrse que la Corte se aboque al examen de la configuración del instituto de la cosa juzgada.
Pago, efecto extintivo del pago, liberación del deudor
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: M., N.E. c/ Q. argentina A. SA s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-11

Cuando se trata de un pago que se realiza en el proceso (Art. 275, L. C. T.), "los efectos cancelatorios se operan desde que el acreedor queda formalmente enterado del depósito judicial de la suma debida, y siempre que los fondos queden efectivamente a su disposición". Esta es también la posición sostenida por esta Sala desde la histórica S.I.L. n º 76 de 1996 - " M., O. R. c/ F. S.A. s/ laboral", cuya doctrina expresa -en lo pertinente- que las tasas deben aplicarse hasta la fecha en que se ordenó el retiro de los fondos, pues no puede considerarse pagada la deuda por el deudor desde el momento en que efectuó el depósito desde que, siendo el pago un acto jurídico bilateral (Art. 944 C. Civil); no es concebible su eficacia sin conocimiento siquiera del destinado a ser "accipiens".
Administración Pública, excepción de incompetencia, agotamiento de la instancia administrativa, resolución administrativa, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Irazola, José Luis c/ Dirección  Provincial  de  Vialidad  de  San  Luis y/o Gobierno de la Provincia de San Luis. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Si en oportunidad de contestar la demanda, la Administración no cuestionó la habilitación de la instancia judicial ni opuso la defensa de incompetencia en razón de la demanda deducida fuera de término (art. 505 de la ley 310 de la Provincia de San Luis), sino que rechazó la pretensión del actor en cuanto al fondo - ilegitimidad de su encasillamiento en el escalafón administrativo -, es descalificable el pronunciamiento que rechazó la demanda con fundamento en que el actor - al desistir implícitamente del recurso de reconsideración - había consentido la resolución administrativa, ya que se pronuncia - al tiempo de dictar sentencia definitiva - respecto de una defensa no opuesta oportunamente.
Señal televisiva, apoderamiento, hurto simple
Materia: PENAL
Carátula: F., C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

La señal de televisión es una e indivisible, pero puede ser dispuesta por una persona sin que la disposición -apoderamiento- elimine la señal misma. Pero que el apoderamiento ilegal no incida en la tenencia de la señal -única e indivisible y que permanece dentro del ámbito de custodia del sujeto pasivo- no trae la consecuencia de eliminar una apropiación contraria a la ley que, de cualquier manera, acontece dado que la indivisibilidad de la señal no quiere decir que no sea susceptible de apropiación. El hurto simple, como atentado a la propiedad de las personas, sólo exige un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena, no que el apoderamiento ilegítimo haga desaparecer, para el tenedor que la ley protege, a la cosa mueble objeto del hurto. Que una señal continúe intacta y que el empresario continúe con su explotación comercial son circunstancias que no derogan la posibilidad de recibir la energía que hace posible la emisión y obtener -de mala manera- sus beneficios.
Juicio de apremio, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ López, Carlos s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

Los reproches que le merece al demandado la conducta del Departamento Ejecutivo Municipal y sus apoderados deviene inatendibles, habida cuenta que debióse proponer por el particular la dilucidación de la eventual lesión a sus derechos a través de una vía que, ciertamente, no es la de este proceso civil, pues cualquiera haya sido el trámite impreso a la expedición del documento que encabeza ésta ejecución, no es dable en este tipo de procesos, dada sus notas de restrictez, discutir esos antecedentes que no hacen al título mismo sino al proceso de su formación.
Dolo, inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: Sacco, José Ramón s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Los conceptos que en doctrina usualmente se denominan de "Dolos", directo, necesario y eventual y "culpas" conciente (o con representación) e inconsciente (o sin representación) son compatibles todos ellos con la ebriedad voluntaria.
Subasta, acciones societarias, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARKEO SA c/ ARENOSTO, ADRIAN s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

En caso de subasta judicial de acciones que no cotizan en bolsa no es de aplicación la ley 17811: 36, por lo que no es necesaria la intervención del corredor de bolsa, bastando para ello la intervención de un martillero público.
Costas, beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Cabral, Rodolfo Claudio c/ Julio Nelson Pergher s/ Incidente Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-13

Es requisito procesal previo para la ejecución al trabajador por las costas que le han sido impuestas, acreditar la mejora de fortuna en el patrimonio del obrero.
Intereses, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO CARLOS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL  E.E.I.C. s/ RECURSO  DE  ACLARATORIA  -  RECURSO  DE CASACION - RECURSO DIRECTO -  CREDDITOS LABORALES - INTERESES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-10

Es un aspecto particularmente delicado "determinar el interés que deberá liquidarse a partir de la vigencia de la ley de convertibilidad, es decir desde el 1ro. de abril de 1991, para lo cual es indispensable tomar en consideración no solamente el decreto 529/91, sino también las modificaciones que le introduce el decreto 941/91, al fijar como línea orientadora que "el Juez podrá indicar la tasa de interés que regirá a partir del 1ro. de abril de 1991 a los fines de mantener incólume el contenido económico de la sentencia. Dicho principio orientador "puede no verse satisfecho si sólo se manda pagar el promedio de tasas pasivas de interés, que solamente a título de ejemplo se ordena al Banco Central de la República Argentina publicar", explicando que "sin apartarse del espíritu de la ley, ni poner en riesgo la estabilidad económica", se podía seguir el camino trazado por el decreto 959/91 que para entender a distintos tipos de obligaciones dinerarias, y precisamente con el fin de "mantener incólumes los valores adeudados", prevé en varios de sus artículos "que a la tasa pasiva se sumen tasas de interés de hasta el uno por ciento mensual.

Cualquier solución que se adopte en materia de intereses moratorios es esencialmente aleatoria, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país. Es un hecho notorio que las tareas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo, por el influjo de distintos factores. (Voto del Dr. Moisset de Espanés por sus fundamentos).-
Leyes, constitucionalidad, declaración de oficio, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso de inconstitucionalidad, impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07

Se declara de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 5 inciso j de la ley 5531; 56 del Código fiscal y 59 del Código Tributario Municipal por vulnerar la competencia de la Corte diseñada por los incisos 1 y 2 del artículo 93 de la Constitución Provincial y es improcedente el recurso de inconstitucionalidad en el que se cuestionaba la competencia de ese Tribunal para entender en una acción de repetición por el pago de un impuesto.
Prórroga de la prisión preventiva, asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Saucedo, Ezequiel Arnaldo y otros c/  s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-22

Cabe confirmar la sentencia que decidió prorrogar, por el término de seis meses, la prisión preventiva dispuesta respecto del detenido, imputado en orden a los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícito de estupefacientes (arts. 210 CP y 5, inc. c), y 11, incs. a) y d), de la Ley 23.737) habida cuenta que la medida dispuesta se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa, justificando el plazo de prórroga en las razones indicadas en la Ley 24.390. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el a quo advirtió que una eventual liberación del detenido podría perjudicar la investigación desarrollada en sede instructora, donde varios imputados permanecen prófugos y otros no individualizados, que formarían parte de la organización que se le atribuye haber integrado al encartado.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Felipe Raúl c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Incumplimiento de prestaciones médicas y dinerarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31

Si la relación procesal se ha trabado exclusivamente contra la aseguradora de riesgos del trabajo, es claro que las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557, y la consecuente habilitación al operario para accionar por patologías de origen laboral no contempladas en el listado respectivo, aparecen dirigidas a permitir la legitimación pasiva de la demandada. En consecuencia, consentido dicho pronunciamiento, deviene extemporánea la pretensión de cuestionar la decisión de responsabilizar a la aseguradora de riesgos del trabajo -respecto del otorgamiento de las prestaciones de la ley especial- por fuera de la tabla indicada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), recurso directo
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: GOMEZ, FELIX c/ BLUA, DANTE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (CSJ EXPTE Nº 150-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-01

A través del recurso de queja es posible hacer efectiva la intervención y conocimiento de los tribunales superiores, cuando los inferiores, han denegado la apelación deducida contra las decisiones susceptibles de impugnación. Sin el recurso directo, el juicio del juez sobre admisibilidad de los recursos para ante un tribunal de grado superior, sería definitivo y de él dependería la existencia misma de la doble instancia o de las instancias extraordinarias.
Incapacidad laboral, ley sobre riesgos del trabajo, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Frare Carlos Mario c/ Petroquímica Rio Tercero SA y otro - Ordinario - Incapacidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-10

La Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales para el grado III de la Reacción Vivencial Anormal Neurótica (RVAN) prevé un 20% TO. Luego el 66% otorgado por el perito oficial desatiende tal prescripción. Al respecto la CSJN ha clarificado que lo allí previsto responde a una previsión legal: la Ley de Riesgos del Trabajo -originaria- subordinó su aplicación a que previamente se aprobara un baremo para la evaluación de las incapacidades laborales conforme al cual se determinaría el grado de incapacidad permanente a los efectos de establecer la cuantía de los resarcimientos tarifados; obligatoriedad que luego fue ratificada en la Ley 26773. Por lo que entender que esas reglas tienen solo un alcance indicativo no se compadece con las disposiciones del sistema.
Actualización monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: JAVKIN Jacobo David c/ FERREYRA Héctor s/ DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-02

El interés puro del 8% anual constituye un porcentaje justo y equilibrante al ser coordinado con el otorgamiento de una incrementación por desvalorización monetaria. Dicho porcentaje determina sumas que no conmocionan el nivel patrimonial del deudor y, a la vez, no elevan sin equidad los requerimientos económicos del acreedor.-
Nulidad de sentencia, prisión domiciliaria, remisión del expediente, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: Prahim, Nahuel Gonzalo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria del encausado y reenviar las actuaciones al tribunal para que, en audiencia contradictoria entre todas las partes, se dicte, con la urgencia que el caso requiere, un nuevo pronunciamiento toda vez que surgen contradicciones entre lo referenciado en los informes que obran en las presentes actuaciones y lo resuelto por el magistrado pues, por un lado, se destaca en la exposición que los ingresos que percibe la abuela del condenado son insuficientes para la sustentación de la familia y para afrontar los gastos diarios. Y por otra parte, en la decisión criticada, el juez en función de ejecución, afirmó que "...surge claramente que la menor JSP se encuentra contenida en un ámbito familiar acorde a sus necesidades". Cabe remarcar que sea el padre de la menor quien solicita la medida, no puede ser un obstáculo a su concesión en los términos del art. 10 inc. f) del C.P. y 32 inc. f) de la ley 24.660, ello así pues "lo que la norma pretende garantizar es que aquella relación de dependencia no se quiebre, más allá del género de la persona privada de la libertad". No se puede soslayar que el supuesto bajo análisis reviste especial importancia toda vez que se encuentra en juego la posible situación de desamparo de la menor. Asimismo, corresponde señalar que los informes, en los cuales se ha basado la resolución, se encuentran desactualizados toda vez que datan de agosto de 2020. De esta forma, con el fin de evaluar correctamente el estado en el que se encuentra el núcleo familiar del condenado, se entiende que resulta conveniente la elaboración de un amplio informe socioambiental sobre la situación actual de la hija del imputado y de su abuela para que se discuta con todas las partes, a fin de justipreciar la procedencia o no del instituto. Así también, corresponde señalar la necesaria intervención del Defensor Público Oficial de Menores e Incapaces en la audiencia, con el objeto de preservar el interés superior de la niña.