Régimen jubilatorio provincial, Constitución Provincial, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Varela Dalla Lasta, Carlos c/ Administración General de Asuntos Previsionales de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-25

El actor, por intermedio de apoderado promueve acción de amparo en contra de la Administración General de Asuntos Previsionales de la Provincia -Organismo dependiente del Gobierno Provincial- cuestionando el proceder ilegítimo en que incurriera aquélla de liquidar incorrectamente su haber jubilatorio conforme al 82% móvil.

Señala que el monto liquidado no llega al 71% del sueldo en actividad.

En el caso se objeta la reducción del beneficio jubilatorio en más del 11% efectuada en forma reiterada por el Organismo Previsional, cuestión que ya fue resuelta por este Tribunal, por lo que resulta de obligada cita reproducir los conceptos allí formulados, pues de igual modo en el sub examine, el Organismo responsable reproduce la misma actitud de absoluta indeferencia respecto al pedido de informe solicitado por este Alto Cuerpo.

Siendo ello así, cabe considerar entonces como cuestión no discutida el hecho de que los haberes del actor han sido reducidos en el porcentaje indicado y que dicho reajuste ha sido practicado de oficio por la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales (AGAP).

De la misma manera, como he señalado en los autos Corte Nº 023/2011 "Monllau, Antonio Bernabé - c/Estado Provincial - s/Acción de Amparo" "los derechos adquiridos a que hace referencia la actora en su demanda, no nacen de las liquidaciones que se acompañan como documental, sino antes bien, en virtud del principio elemental y básico que sustenta el sistema previsional argentino, que refiere a la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, que no es más que responder al principio de naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo".

De allí que en este caso, la cuestión a resolver se conecte con principios que este Tribunal viene recordando en forma reiterada y que es preciso traer a colación una vez más pues de movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad se trata la presente acción.

A estos fines me interesa aclarar conforme fuera expuesto en autos Corte Nº107/2011 "Aden René Eduardo - c/ Estado Provincial - s/ Acción de Amparo", que el sistema previsional nacional tiene un carácter jurídico abierto y programático, expuesto a la regulación discrecional del legislador, donde solo se prevé la movilidad de la prestación conforme al Art. 14 de la Constitución Nacional, razón por la cual requiere para su configuración de la asistencia de la ley, de allí que la ley en este sistema sirva de complemento, pues es necesario delimitar concretamente el derecho constitucional.

Sistema diferente al que rige en el orden local, donde de acuerdo a la legislación vigente no es posible el ejercicio de esa discrecionalidad en la configuración legal del contenido de la movilidad, ya que la Constitución Provincial garantiza a través de su Art. 180 incs. 1 y 3 además de la movilidad, la proporcionalidad y la irreductibilidad de la prestación.

De esta forma se consigna, que la ley organiza y garantiza el régimen de previsión social, que se ajusta a las siguientes pautas: 1- Jubilación Ordinaria, con un haber igual al ochenta y dos (82%) por ciento móvil de las remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad.

3- Las prestaciones son móviles y estrictamente proporcionales al tiempo trabajado y a los aportes realizados".

De esta manera la norma constitucional al garantizar el porcentaje del ochenta y dos por ciento (82%) móvil de las remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad consagra un derecho constitucional fundamental que se erige en un valladar inquebrantable sobre el cual no puede haber ninguna restricción, pues se trata como suele afirmarse, del núcleo pétreo o esencial del derecho previsional adquirido por el beneficiario.

De allí las diferencias que puedan suscitarse, pues como antes he afirmado, la Nación únicamente garantiza que el haber jubilatorio sea móvil mientras que la Constitución Provincial aparte de darle contenido al derecho constitucional con el 82% móvil, va más allá y establece que el haber debe ser proporcional con el sueldo en actividad de manera que se establece un patrón de medida que debe tomarse en cuenta a los fines de que el haber se adecue a las variaciones que experimente el sueldo del agente que ocupa el mismo cargo que desempeñaba al momento de otorgarse el beneficio jubilatorio.

Y de esta forma entra en escena el principio de la proporcionalidad, pues la jubilación que debe tender a que el beneficiario goce de un standard de vida similar al que gozaba mientras estaba en actividad, implica una parte de lo que cobra quien se encuentra en actividad en el mismo cargo o función.

Así, la -proporcionalidad y movilidad- se interrelacionan de un modo integral con el principio de la irreductibilidad de las jubilaciones, llevando la correcta interpretación de ellos a determinar el resultado del haber.

Por otra parte, es oportuno señalar que estos principios al estar plasmados en la Constitución Provincial tienen plena operatividad, pues derivan de la norma primaria que sirve de fuente pero también de límite a la norma infraconstitucional que pretenda estatuir sobre el contenido del derecho previsional.-