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Personal de casas particulares, juicio de desalojo, competencia, tribunal de trabajo para el personal de casas particulares
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO, MATILDE c/ RENE, ROSA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-31

Es competencia del Consejo de Trabajo Doméstico el conocimiento de causas en las que se demanda el desalojo de una vivienda suministrada al trabajador de esa actividad con motivo de la relación laboral que lo uniera al demandante, siendo la resolución de dicho cuerpo recurrible o ejecutable por ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo.
Exportaciones, IVA, pesificación, deserción del recurso
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Algodonera Avellaneda SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación contra la sentencia que consideró que el régimen del decreto 214/02 no contempla los créditos y deudas originados en la devolución a exportadores del impuesto al valor agregado y que el decreto 261/02 sí establece un régimen específico sobre la materia, si los argumentos del recurrente no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollado por el a quo, quien resolvió el pleito de conformidad con lo decidido por la Corte en su anterior intervención en estos autos al resolver un recurso extraordinario deducido por la actora.
Honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Iommi, Miguel Angel c/ ESEBA SA s/ Accidente de trabajo, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

La aplicación del art. 17 de la ley 24.028 en el ámbito de la provincia avanza indebida e injustificadamente sobre sus poderes no delegados en franca colisión con los arts. 5, 75 inc. 12, 116, 121 y 122 de la Constitución nacional
Certificado de trabajo, intimación a exhibir documentos, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Palavecino, Mario Alberto c/ Momberg, Juan s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-08

La intimación fehaciente a entregar las certificados de trabajo que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación, sólo puede surtir efectos -el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización- una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.
Cuestión constitucional, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juncos, María Eva c/ GCBA s/ amparo - aplicaciones móviles - internet s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y a la acción de amparo interpuesta y ordenar al GCBA que se abstenga de tratar en forma distinta a la actora y a las empresas de radio taxi existentes a los efectos de la solicitud y trámite del permiso para prestar el servicio de despacho de viajes, conforme lo establecido en el Capítulo 12.8 del Código de Tránsito y Transporte (texto conforme ley n° 6098). Si bien los artículos 1, incisos c) y d) y 2 de la ley n° 5627 -impugnados por la amparista por considerar que impedían la contratación de un servicio de taxi a través de aplicaciones móviles que no dependan de las centrales de radio taxis o de la aplicación oficial del GCBA-, fueron sustituidos por la ley n° 6098 -que eliminó la restricción objetada en la demanda- esta norma aún no ha sido reglamentada, motivo por el cual, en los hechos, la actora continúa sin poder utilizar la aplicación cuya titularidad ostenta, circunstancia que resulta lesiva del derecho a trabajar, a ejercer industria lícita y del principio de igualdad. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto en igual sentido de la juez Inés M. Weinberg).
Garantía del Estado, derechos y garantías internacionales, privación ilegal de la libertad, revisión judicial, estado de derecho, presunción de inocencia, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-09-18

La finalidad del control judicial inmediato es prevenir la arbitrariedad o ilegalidad, tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juez garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, procurando un trato consecuente con la presunción de inocencia que ampara al inculpado, en tanto no se establezca su responsabilidad, caso contrario, quien ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, tal como lo exige el artículo 7 de la Convención Americana, en aras de proteger la libertad del individuo contra la interferencia del Estado.
Infanticidio, competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Nuñez, Nélida P. s/ INFANTICIDIO S/ COMPETENCIA. HUENTELEO, MARTA Y HUENTELEO, ELVIRA s/ INFANTICIDIO (HUENTELEO MARTA) S/ ENCUBRIMIENTO (HUENTELEO ELVIRA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-04|1993-02-25

Es competente la Cámara del Crimen para continuar el trámite en la presente causa, en donde se investigara un hecho cometido por una menor -16 años-, encuadrándoselo en la figura del art. 81 inc. 2do.

infanticidio-. Ello, en tanto aunque en la práctica el sistema penitenciario vigente ha diluido las diferencias en la ejecución de ambas penas privativas de la libertad -reclusión y prisión-, ellas no han desaparecido en nuestra legislación que aún las contempla con criterio distintivo, por lo que no puede dejar de tenerse como más gravosa la previsión de la pena de reclusión, circunstancia que en principio excluye la actuación del Juez Correccional en los delitos que tengan prevista esta clase de pena, precisamente por ser pesta de competencia de excepción -art. 25 del CPP.-, y residual de la Cámara del Crimen -art. 24 del CPP-.
Empleo público, cargos docentes, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MILIC, ROSA c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

La omisión en el decreto 1592/79, de la modificación de las categorías correspondientes al personal de la D.I.N.E.A. , no justifica ni basta, por sí sola, a excluir a quienes como la actora integraba el personal docente regido por la ley 14.473 en igualdad de nivel escalafonario y de enseñanza asignado a similares funciones que la correspondientes al personal docente de supervisión y directivo de enseÑanza media y superior y, por tanto, acreedor a un tratamiento salarial semejante.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ENLEIP, Alé s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1980-06-19

La crítica fundada en la inhabilidad del testigo en razón de la edad, como única base, es enteca y no alcanza para sostener nada más que lo que establece la ley. Es decir, valga la redundancia, que se trata de un testigo inhábil, lo que no es obstáculo para hacer concursar su declaración con otros elementos (art. 256 in fine del C.P.P.).-
Formación y sanción de la ley, proyecto de ley, veto parcial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Famyl S.A. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Cuando el proyecto de ley constituye un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no puedan separarse del texto legal sin detrimento de la unidad de éste, el Poder Ejecutivo no puede promulgar parcialmente el proyecto de ley sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional y sin asumir la calidad de legislador.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Jubilaciones, pensiones, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Marina Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Analizado el régimen jurídico instituido por la ley 10.430 y las distintas normas que lo modificaron y sustituyeron pueden inferirse que el cargo de Jefe de División, en ningún caso, fue equiparado a alguna de las categorías comprendidas en el Agrupamiento Jerárquico del nuevo escalafón, a saber categorías 21, 22, 23 y 24, a cuyos titulares efectivamente la citada ley les reconoció el adicional en cuestión (art. 139 de la ley 10.430 -texto original-).
Programa de televisión, marcas de servicio, propiedad industrial
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

El titulo del programa "Hola Susana" constituye una marca que distingue un servicio de producción de un programa de televisión, con características de una actividad comercial y empresarial, que excede el marco de una obra artística amparada por la ley 11.723 de propiedad intelectual. Actualmente la orientación en la producción de programas televisivos esta dirigida esencialmente hacia un fin económico y comercial a efectos de obtener mayor rentabilidad, superando de esta forma el simple interés intelectual o artístico que -en principio- podría poseer un programa de entretenimientos de las características del de HS. Esta circunstancia se halla palmariamente evidenciada en la evolución de dichos programas en el mercado y en la medición del rating.
Homicidio simple, homicidio en riña
Materia: PENAL
Carátula: S., H.M.; C., M.E.; P., R.A.; M., W.M. s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-19

En la agresión del Código Penal, artículo 95, no hay un reproche a quien procura la muerte del ofendido o colabora en ella -sí a quien participa violentamente del ataque-; en el homicidio simple el tipo subjetivo se aplica al despliegue cuyo resultado es, con probabilidad o seguramente, la muerte.
Medidas cautelares, modificación de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, MARY N. c/ PEREZ, R. s/ DIVORCIO.ACCION DE NULIDAD DE CONVENIO DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD  CONYUGAL.ORDINARIO.COPIAS DE APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-08-31

Las medidas cautelares pueden ser modificadas en cualquier estadio del proceso, pero se debe acreditar que ha variado la situación de hecho existente al momento de su traba, no pudiendo fundarse en que fueron inicialmente excesivas, pues en tal caso, la parte afectada debió recurrir a lo decidido por el juzgado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia, falta de fundamentación, repetición de impuestos, intereses, actualización monetaria, mora de la administración
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Astorqui y Cía. S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a que la actualización e intereses de la suma a cuya devolución se allanó la Dirección General Impositiva se devengaran a partir del reclamo administrativo, si omitió toda referencia a los motivos que sustentan su aseveración acerca del abandono por la actora de la vía administrativa, y no consideró ni el carácter denegatorio que la recurrente atribuyó a resoluciones obrantes en los autos ni la expresa invocación de haberse ocurrido ante el ente recaudador no obstante tratarse de pagos efectuados a requerimiento; ello, sumado a la omisión de examinar el alcance de los actos cuestionados en orden a su encuadre entre los que el art. 129 de la ley 11.683 contempla como susceptibles de provocar la mora de la Administración.
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. B. c/ E. I. M. M. SRL s/ sumario-cobro de pesos e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-06

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera.
Enjuiciamiento de magistrados, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., C. c/ Juez de Cámara en lo Criminal de Comodoro Rivadavia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-29

Aun en el supuesto de que el Tribunal de Enjuiciamiento reciba la peor de las denuncias en contra de un Juez, el interés en hacerla valer no le pertenece a aquél, so riesgo de perder su imparcialidad, pero tampoco puede facultar, por sí mismo, al acusador, so riesgo de que en tal resolución, usurpe competencias ajenas y seleccione la solución del conflicto.
Proceso judicial, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, reclamo salarial, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ayos  Ángel  Rubén c/ EN -M° Interior- PFA s/ Personal Miitar yCivil de las FAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

El carácter irrenunciable que posee la naturaleza de la materia objeto del reclamo -derivado de su naturaleza alimentaria impone una interpretación que garantice el acceso a la jurisdicción a ese fin aún sin ahondar en el trámite seguido para el agotamiento de la instancia administrativa, atendiendo a que la cuestión a decidir en este estado del proceso es el acceso a la justicia mas no el resultado del pleito y mucho menos los posibles fundamentos de la sentencia a dictarse (Cons. 9°).
Traslado de la demanda, notificación, notificación por cédula, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: D., H. M. c/ F., J. O. s/ filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-03

Refiere que la notificación del traslado de la demanda, dada su importancia, debe concretarse en los términos del art. 136 del CPCCN, y dicha circunstancia no refleja un exagerado rigor en el cumplimiento de las solemnidades que muestre un obstáculo para la concreción de los derechos de las partes, en la medida que no puede dejar de considerarse que, al tratarse del traslado de la demanda y del emplazamiento a juicio de los sujetos pasivos de la acción, la apreciación de los recaudos legales requeridos para su notificación procede con criterio estricto en razón de la especial trascendencia que tiene en el proceso.
Disolución de la sociedad conyugal, medidas cautelares, embargo, acreedor del cónyuge, indivisión postcomunitaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DOLCE MARIA CECILIA, DOLCE FERNANDO SANTOS Y DOLCE SILVANA c/ MARTINEZ CROIZIER SILVIA s/ Incidente de Levantamiento de Embargo (LIBRO: A161 - 151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-12

En el estado de indivisión no es posible embargar bienes particulares, porque el acreedor posterior a la disolución de la sociedad conyugal por muerte del cónyuge no deudor, se encuentra con un patrimonio encogido, ideal, sin contenido concreto. Pero en el caso, la situación de incerteza ha concluido desde que por partición judicial, todos los bienes han sido adjudicados en condominio a los herederos de la causante.-
Conciliación, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Kolman, José Ricardo c/ Corpofrut, Frigorífico Gral. San Martín s/ Diferencia de indemniz. por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Si las partes suscribieron un acuerdo transaccional para extinguir la relación laboral (art. 15, L.C.T.), y el mismo fue ulteriormente homologado por la autoridad administrativa del trabajo; consentida dicha homologación -y cumplido además por el empleador el pago convenido-, al no formular el interesado la impugnación pertinente en la misma sede por razones formales o sustanciales, corresponde asignarle a dicho acto administrativo los efectos de la cosa juzgada.
Contratos comerciales, plan de ahorro previo, círculo cerrado, rescisión del contrato, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAPDEVILA, HUGO RAMON c/ PLAN OVALO  S.A.  DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ RESTITUCION DE SUMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-20

En un contrato de ahorro para fines determinados cuya rescisión se produjo con anterioridad a la resolución 8/82, cabe aplicar - a los fines de la liquidación respectiva - la modalidad establecida en el contrato, a pesar que el art. 10 de la citada resolución impone la aplicación inmediata de la misma a las prestaciones pendientes de cumplimiento, pues ella no puede modificar las consecuencias que las situaciones jurídicas han producido con anterioridad.

La divergencia se resuelve en base a la aplicación de la norma del CCIV: 3; las "consecuencias" de que habla el referido precepto, son las derivaciones de hechos de la relación o situación contemplada por la norma. Corresponde pues excluir las derivaciones jurídicas de hechos ya acontecidos al tiempo de la sanción de la nueva ley. Así pues la nueva ley no puede aplicarse a consecuencias posteriores que se derivan de hechos ya cumplidos y sin conexión con otros factores sobrevinientes.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: De Felippi, Héctor Pedro y otro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

El orden jurídico pone topes a la recurribilidad, ya sea en la misma posibilidad recursiva ya sea en las condiciones que impone para viabilizar el recurso. En otras palabras, no cualquier acto es recurrible, ni cuando un acto es recurrible lo es sin que correlativamente deban cumplimentarse determinadas condiciones.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción confesoria, acciones reales, prueba, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: 37079 - MAGIS, ROBERTO FCO. Y OTS. c/ CIPORKIN, JULIO OSCAR s/ ACCION POSESORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-20

La prueba que debe producir el actor para la acción confesoria varía según los distintos casos en que procede la acción. Así, si se trata del supuesto en que está en juego el cumplimiento de las restricciones legales, le basta con acreditar el derecho a poseer el inmueble afectado por la violación.
Juicio de apremio, liquidación, intereses, tasa pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: PLUCCI, PABLO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO    APROBACION DE LIQUIDACION PICCIONI, CARLOS DAVID c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ACLARATORIA ESTAPE, CARLOS ALBERTO c/ SERCA SRL s/ COBRO DE AUSTRALES LABORAL. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N° 533-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29|1992-07-29|1993-11-17

El tenor de los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Yacimientos Petrolíferos Fiscales contra Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes sobre cobro de australes", Y.11 XXII Originario; reiterado en las causas "Entidad Binacional Yacyretá contra Misiones Provincia de sobre expropiación" E.276 XII Originario 19-5-92; y en "López, Antonio Manuel contra Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. sobre accidente acción civil" L.44 XXIV; aconseja -al margen de los criterios que, ante pedidos expresos de aplicación de una tasa distinta, los integrantes de esta Corte local hubiesen podido adoptar con anterioridad al dictado del último precedente citado- se disponga el cómputo de la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941-91; o la que, en su caso, se demuestre pueda corresponder.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, Silvia Del Carmen c/ Cacace, Bruno Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-02

La declaración del testigo en relación a las directivas o instrucciones que se daban a los trabajadores en el ámbito donde el actor alega haber prestado servicios no aporta fuerza convictiva suficiente por limitarse a expresar apreciaciones subjetivas, creencias o pareceres sin comunicar los hechos que conoce proprio sensibus, es decir invadiendo una zona procesal reservada al juzgador al enjuiciar los hechos.
Régimen penal tributario, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, extinción de la acción penal
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: TAMARI, V. s/ ley 23.771 Causa nro. 26.870
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Como lo señalara este Tribunal, el delito imputado se perfecciona cuando no se depositan los tributos -aportes o contribuciones- una vez vencidos los plazos en que el agente debió ingresarlos, sin que los pagos efectuados con posterioridad al hecho excluyan ninguno de los elementos del delito. Lo expuesto, sin perjuicio de la relevancia de tal proceder para dar lugar a la extinción de la acción prevé el artículo 14 de la ley 23.771, en caso de que medie invocación al respecto y se acrediten los elementos por él exigidos, entre los cuales se halla la efectivización del cumplimiento de la obligación y la aceptación de la pretensión previsional, con prescindencia de que ésta tenga lugar aún antes de la iniciación del proceso penal careciendo del sentido que se arguye su inclusión el artículo citado.
Constitucionalidad, control de constitucionalidad, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

En el campo del Estado constitucional de derecho, el juez facultado para aplicar la Constitución no está limitado por la mera subsunción de los supuestos de hecho a la norma en cuestión, sino que la interpreta en sus positividades expresas y en sus implicitudes expansivas. El juez mediante el control de constitucionalidad asume y confirma la fuerza normativa, significando su decisión jurisdiccional un acto de interpretación restauradora como si la Constitución no existiera con anterioridad, como si la inventara en cada caso que resuelve.
Medios de prueba, defecto legal, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fleishcher, Alfredo c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23

La excepción de defecto legal (también denominada "oscuro libelo"), constituye el medio para determinar la omisión o la formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles en la demanda o reconvención, que revistan entidad suficiente como para afectar el derecho de defensa del demandado, privándolo de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la eventual producción de pruebas (cfr. C.N.A.Civ., Sala A, sent. del 28.08.95, "Gentile, Alfredo J. A. c/ Metrovías"). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).