Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-16


"BERRUTI, María de las Mercedes y otro c/ Osde Binario S.A. y otro s/ sumarísimo" (Expte.N° C26311) Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche General Roca, 16 de febrero de 2012.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 339 por los actores contra la sentencia de fs. 330/335;	Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros de este tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1. Mediante el pronunciamiento de fs. 330/335 fue rechazada en todas sus partes la demanda interpuesta por los actores en contra de dos empresas de medicina prepaga y, subsidiariamente, contra el Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto de que se les brindase cobertura de hasta tres tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, medicación, honorarios médicos, y otros gastos que demandase la realización de dichas prácticas. Las costas fueron impuestas en el orden en que fueron causadas.

Para decidir de esa manera, el Sr. juez de la instancia anterior se apoyó en lo que había resuelto con anterioridad esta Cámara en autos "Poljak, Laura L. y otro c/ Omint C.S. Salud S.A. s/ Acción de Amparo" (Reg. N° 029 F° 044/48 Año 2011. PSI). En resumidas cuentas, entendió que las dos empresas de medicina prepaga demandadas no se encontraban obligadas a brindar la cobertura pretendida, pues las prácticas no estaban contempladas en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Juzgó además, en lo que entendió que también servía de fundamento para rechazar la acción subsidiaria dirigida en los términos del Art. 94 del C.P.C.C.N. en contra del Estado nacional, que la omisión de incluir en el PMO y los planes de cobertura estatal los tratamientos de fecundación asistida no podía ser considerada irrazonable o lesiva de la Constitución nacional, ya que lo mismo cabría decir de un universo de situaciones que tampoco cuentan con previsión normativa que obligue a su atención. Vinculado a esto último agregó que no advertía que en el caso concreto estuviesen dadas las condiciones para acceder a la pretensión de cobertura por fuera de lo establecido en las previsiones contractuales y legales aplicables, pues a la sazón no estaba en grave riesgo la vida misma de los accionantes. Finalmente, concluyó en que el equilibrio de la ecuación económica dada por la recaudación del sistema de salud por un lado, y sus erogaciones, por otro, resultaba esencial para la supervivencia del sistema; a la par de entender también, que al ser los recursos económicos siempre escasos frente a las necesidades de la sociedad, mientras no estuviese en grave riesgo la vida de las personas la determinación de cómo son empleados esos recursos es materia que incumbe a las autoridades políticas del estado.

2. Los recurrentes expresaron agravios a fs. 341/351, cuyo traslado fue contestado a fs. 354/363 por la co-demandada Galeno Argentina S.A. En lo medular, sostuvieron que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, porque:

a. Es errado centrar el debate en el análisis de políticas legislativas o en la inclusión, o no, de ciertas patologías en el PMO; ya que el ejercicio pleno del derecho a la salud reproductiva protegido por la Constitución nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos de rango superior a la ley, es operativo y trasciende la voluntad reglamentaria del legislador (primer y segundo agravios).

b. En el análisis del proclamado equilibrio económico del sistema, la sentencia atacada ha priorizado un mero interés comercial o mercantilista, restringiendo los derechos a la vida, a la integridad física, a la autodeterminación, y a la igualdad; todos constitucionalmente reconocidos (tercer agravio).

c. La materia decidida en la sentencia no es ajena a las incumbencias del Poder Judicial, pues éste tiene entre sus cometidos evitar el menoscabo de las garantías y derechos constitucionales de las personas (cuarto agravio).

d. La acreditación de la ilegitimidad de la omisión en dar cobertura al tratamiento de fertilización asistida, no debe quedar supeditada a que exista un grave riesgo de afectación a la vida o la salud de las personas. Por el contrario, entienden que basta con la mera afectación del derecho a la salud (quinto agravio).

e. Las costas debieron ser impuestas en cabeza de las demandadas (sexto agravio).

También hizo la reserva del caso federal.

3. Las cuestiones involucradas en el caso sub-examen, y propuestas en el recurso de los actores, son sustancialmente análogas a las ya resueltas por esta Cámara en "Poljak, Laura L. y otro c/ Omint C.S. Salud S.A. s/ Acción de Amparo" (Reg. N° 029 F° 044/48 Año 2011. PSI) a cuyos argumentos que comparto en su totalidad -y que son aplicables tanto en lo que hace al vínculo contractual entablado entres los actores y las empresas de medicina prepaga demandadas, como en lo que atañe a la relación jurídica indeterminada, de derecho público, que vincula a aquellos con el Estado nacional- corresponde remitir anteponiendo copia simple a la presente para evitar innecesarias repeticiones.

4. Propongo, en suma, rechazar el recurso en estudio, confirmando la sentencia apelada.

En cuanto a las costas del proceso, entiendo que dado que la cuestión que se resuelve no ha perdido su carácter novedoso pues el antecedente de esta Cámara no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, deberían ser impuestas en el orden causado, también en esta instancia -art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.- Los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y co-demandada Galeno Argentina S.A. por la actuación que les cupo en la segunda instancia, deberían fijarse en el 25% y el 26%, respectivamente, de los estipendios que oportunamente se les regule por su actuación en la primera instancia.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de fs. 339, con costas de alzada en el orden causado;

II. Registrar, notificar y devolver. Fdo. Lozano y Barreiro, jueces de Cámara. La restante vocalía se encuentra vacante. Reg. N° 004 F° 004/05 Año 2012 PSI.