marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Barcellos, Raúl Alberto s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

El vocablo "juicio" en el art. 67 del Código Penal no incluye lo que en nuestro régimen procesal constituye la etapa sumarial.
Incapacidad absoluta, indemnización, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Tellechea, Telma R. c/ Frigorífico Swift Armour S.A. Argentina s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

Producida la situación prevista en el art. 212 párrafo cuarto de la L.C.T. el vínculo laboral se extingue por imposibilidad de su subsistencia, constituyendo el cese de la relación un requisito indispensable para la procedencia de la indemnización prevista en dicha norma.
Daños y perjuicios, dependientes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balsells, Viviana T. c/ Levitzky, César M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

No puede extenderse a la empresa -con fundamento en el art. 1113 del C.C.- la responsabilidad por los daños ocasionados por quienes realizaban el transporte de productos de la misma, si no se acreditó que entre ambos mediaba relación de dependencia.
Medidas cautelares contra el Estado, medida interina, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nitzcaner, Thomas Gabriel  c/ E.N. - DNU 70/23  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-05

El art. 4 de la Ley 26.854, dispone que el juez podrá dictar una medida interina, solo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, fuero de atracción, liquidación del asegurador, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: IEKOWSKI, ESTELA c/ BERRETTA, FALVIO s/ DAÑOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-29

Toda vez que la ley 24522 debe aplicarse en forma inmediata a los procesos en trámite (CCIV 2 y 3), las acciones recibidas en el juzgado comercial, en virtud del fuero de atracción, por haberse dispuesto la liquidación de la compañía aseguradora citada en garantía (ley 19551: 136 y 137), de conformidad con el nuevo régimen legal, deberán enviarse nuevamente al tribunal de origen para que continúen en el su trámite, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto (ley 24522: 133, párr.

3.).
Sucesiones, derecho de habitación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gizzi, Romildo s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-03

El derecho real de habitación no opera ipso iure. Requiere invocación expresa del cónyuge supérstite, oponiendo su derecho a coherederos y legatarios antes de consentir en el proceso sucesorio cualquier acto que suponga incompatibilidad con la conservación del mismo. Normalmente lo será antes de consentir la partición o venta del bien (conf. art. 3475 bis del C. Civil), o su adjudicación en plena propiedad a los herederos (art. 3503 del C. Civil), o a alguno de ellos.
Medidas cautelares, caducidad, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DAVIDS JUNCOSA, Carlos c/ JUNCOSA DE DAVIDS, Alba s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-04

Como expresamente lo dice el artículo 207 del Código Procesal Civil, sólo rige para el supuesto de "obligación exigible", o que se encuentre expedita, de manera que en el caso de una obligación modal, el término de 30 dias, prescripto para la caducidad de una medida cautelar, se computan desde el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Litisconsorcio necesario, integración de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Scacavac, Marta Beatriz c/ Seitler, Marta Beatriz s/ Nulidad de escritura.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

Si se trata de un litisconsorcio pasivo necesario cabe el juez disponer de oficio la integración de la litis (art. 89 Cód.

Procesal) de manera que si así no se procede corresponde declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad a la traba de la litis.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ RICARDO SEGUNDO Y OTRO s/ PENAL - CASACION PENAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-04-25

Es nula la sentencia que al absolver al imputado de los hechos descriptos en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, calificados como robo y resistencia a la autoridad, solo suministra razones sobre las conclusiones de hecho que permiten justificar la absolución por el asalto y las omite en relación al intercambio de disparos con el personal policial. Este episodio frente a la conclusión que el imputado no intervino en el robo, adquirió autonomía conceptual y jurídica, que requería de una motivación especifica para que la absolución a ese respecto satisfaciera el requisito del art. 417 Inc. 4° del C.P.P.
Prescripción, interrupción de la prescripción, seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aramberry Luis Ma. c/ I.A.P.S. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-17

En el caso, la misma aseguradora interrumpió la prescripción con el inicio del pago de la indemnización y no habiendo practicado la liquidación de la totalidad de aquella- en autos no se acompañó la liquidación-, la prescripción se ha mantendido interrumpida.
Administración fraudulenta, responsabilidad del escribano, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TRONO, Blanca. M.M. y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-12

Si la imputación consiste en el fraude perpetrado, consistente en el desapoderamiento de sumas de dinero a la damnificada, bajo la apariencia de negocios jurídicos de mutuos hipotecarios, celebrados en escrituras en las cuales intervino una escribana -coimputada-, lo cual se derivó en daño al no habérselas inscripto pese al compromiso asumido de hacerlo y de lo cual se beneficiaron los imputados al utilizar dicho dinero para otorgar préstamos a terceros, debe aseverarse que las consideradas "faltas o infracciones administrativas" en las que habría incurrido la escribana, podrían ser analizadas bajo la figura de los  arts. 248 y/o 249 del C.P., consideradas en el contexto de una administración infiel del art. 173, inc. 7° del C.P. Los coimputados resultan por su parte, coautores del ilícito, en virtud de la distribución de funciones, debido a la forma que se obtenían los fondos, el destino que se les daba y la omisión de la escribana en completar el trámite de inscripción.

El tipo penal del art. 173 del C.P. se configura por haber perjudicado el interés confiado al hacer endeble el crédito contraído por la falta de inscripción de la hipoteca ante un eventual incumplimiento.

Por otro lado, no puede descartarse el tipo penal de estafa, en tanto las personas que confiaban en el imputado lo hacían, por el hecho de que el dinero entregado en préstamo contaba con una garantía real (del voto del Dr. Bruzzone al que adhirió el Dr.

Barbarosch).

Por ello, corresponde revocar el sobreseimiento decretado.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, obligaciones negociables, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GIOVACHINI, JUAN c/ CABLEVISION SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

En la ejecución de obligaciones negociables resulta improcedente oponer la excepción de inhabilidad de título con base, -como en el caso-, en que el titular de la O.N. tiene que recurrir al canje de su participación por un titulo individual. Ello pues, el decreto 677/01 subsume dentro de la calificación de "obligaciones negociables a (...) los títulos valores (...) emitidos (...) en forma cartular (...) incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo (...) valores de crédito o representativos de derechos creditorios (...) a los títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva que aparezcan emitidos por la entidad autorizada que lleva el registro de las obligaciones negociables (art. 2, parte 1 y art.

4, parte 1). luego, de la interpretación de tales disposiciones en consonancia con lo preceptuado por la ley 23576 art. 29 deriva la aptitud ejecutiva de los títulos en cuestión (conf. este tribunal, sala d, 11.3.04, "Financiera Ludicor SA c/ Telecom Stet France Telecom SA"). Por ello, la calificación del título ejecutado resulta subsumible en el genero de obligaciones negociables, resultando improcedente la defensa opuesta, en tanto no se advierte que sea menester recurrir al antes aludido canje para viabilizar lo pretendido.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, reconvención, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: COLACI Carlos Alfredo y otro c/ OLMOS DE CASO Dolores Osmunda y otros s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

Cuando media reconvención y el proceso cae en caducidad de la instancia, las costas deben imponerse en el orden causado, pues han sido ambas partes las que, desatendieron un pleito que tenían la carga de urgir y dejaron entonces sin definir su conflicto. (conf. C N.Civ. Sala B, R.270.627 del 13/4/81).

No tiene relevancia el tenor de cada uno de los reclamos, pues lo cierto es que los dos justiciables, voluntariamente, trabaron una litia global, extremo que, al no haber una sentencia definitiva que marque sus respectivos derechos, torna de aplicación analógica el artículo 71 del Código Procesal e impide considerar de modo independiente cada reclamo (conf. C.N.Civ. Sala E, R.E.D. 16-285; íd , Sala F, R.E.D. 15-248, nro. 35; íd. Sala C, E.D. 65-270; C.N.Civ.

en pleno, "Establecimiento Bonanza c/Brussa", conf. E.D. 80-603).
Oportunidad procesal, reclamo administrativo previo, rechazo de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Salas, Celia Raquel c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-03

La actora, agente profesional dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, interpone demanda Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción con el objeto de lograr el reconocimiento del adicional por incompatibilidad profesional previsto en el Art.1 de la Ley N4756, la declaración de ilegitimidad del Art.3 del Decreto Acuerdo 1162/04 y, por fin, el pago de las diferencias de haberes devengadas por la falta de liquidación del adicional de cita desde el día 16/12/04 -fecha de interposición del reclamo administrativo previo- con más intereses desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

La primera cuestión a considerar es el agotamiento de la vía administrativa como habilitante necesario de esta instancia, control que puede practicarse en definitiva por la prerrogativa que este Alto Tribunal conserva, aún después de la declaración prima facie de su competencia, para entender en autos dictada en los presentes.

En este contexto, coincido con el detallado análisis practicado por la Sra. Procuradora Subrogante en su dictamen, pues si se observan las constancias de autos, aparece un primer reclamo administrativo de la actora solicitando al Ministro de Obras y Servicios Públicos la incorporación en su remuneración habitual del adicional por incompatibilidad profesional con fecha 16/12/04; que ante la denegatoria tácita, siendo autoridad de última instancia el titular del Poder Ejecutivo, correspondía la interposición del recurso de Reconsideración ante la autoridad denegante y, en su caso, conjuntamente Recurso Jerárquico ante la autoridad de última instancia; y es precisamente el Recurso de Reconsideración, no optativo y claramente imperativo en los términos del Art. 120 del CPA, el que la actora omitió, no pudiendo asimilarse a este último el nominado recurso Jerárquico ante el Ministerio de fecha 4/07/05, interpuesto extrañamente en igual fecha que el Recurso Jerárquico por ante el Gobernador de la Provincia, de lo que resulta que este último deviene manifiestamente extemporáneo y que, en consecuencia, la vía administrativa no ha sido regularmente agotada. Tales circunstancias inhabilitan la admisibilidad de la Acción Contencioso Administrativa en los términos y alcances del Art.5 del CCA, razón por la que la acción intentada debe rechazarse. Es mi voto.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia
Prisión preventiva, constitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Maciel, Sergio Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-19

La restricción de la libertad de una persona durante el proceso cuando pueda fundarse racionalmente que su soltura obstaculizará la investigación o que se fugará para no cumplir pena resulta compatible con los derechos amparados en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporada. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso).
Menores, sustracción de menores, prueba de la filiación, prueba de histocompatibilidad, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Guarino, M. s/ Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde la realización del examen de histocompatibilidad entre un menor, supuesta víctima del delito previsto por el art. 146 del C.P. y quienes se atribuyen su carácter de abuelos paternos, pese a la supuesta oposición de quienes afirman ser sus progenitores victimarios.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, selección de causas
Materia: PROCESAL
Carátula: Castellanos, Jaime Enrique c/ Caja Nacional de previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

La desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida; sólo cabe concluir que el recurso no ha superado el examen del tribunal encaminado a seleccionar los casos en los cuales entenderá, según las pautas establecidas en ese precepto (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: YENILER HOLDING INC. c/ BOSCO, Susana B. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Si el demandado no negó la existencia del mutuo hipotecario, ni tampoco ha desconocido las facultades del apoderado de la razón social actora al tiempo de celebrarlo, no puede pretender su cuestionamiento en el juicio ejecutivo por vía de la excepción de falta de personería, ya que no sólo importaría contrariar los propios actos, sino también la buena fe que debe presidir en el cumplimiento de los contratos.
Contrato de trabajo, empresas relacionadas, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, Jorge Enrique c/ Antonini, Alberto; Mikuy S.R.L. y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-06-11

No corresponde considerar configurado un grupo económico de carácter permanente a los efectos de inferir en una condena solidaria, en los términos del art. 31 LCT, pues dicha norma refiere a los conjuntos económicos de carácter permanente y requiere para que se configure la solidaridad que consagra, la acreditación de maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Esta conducta debe existir y persistir al momento del despido y, a su vez, el accionante acreditar la reticencia del empleador a corregir los incumplimientos, situación que no ha sucedido en autos, por lo que no se puede imputar responsabilidad solidaria en los términos allí referidos a las sociedades aquí demandadas pues al momento del distracto no se configuraba el requisito legal, esto es la existencia de fraude laboral. (Voto en Minoría Dra. Mirta Inés Regina)
Acción penal, prescripción, secuela de juicio, actos y diligencias procesales, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO ALBINO ROGELIO s/ ACCION PENAL - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-26

El acto procesal es valido o no con independencia de la notificación . Así un acto nulo lo seguir a siendo a un cuando fuere notificado y al reves un acto válido conservar a tal valor prescindiendo de la noticia de su existencia sin perjuicio de los efectos que son inherentes al acto.

Por eso es correcto afirmar que lo decisivo para interpretar cuando hay secuela de juicio, es el análisis sustancial de la operatividad del acto del juez de orden a su persecutoriedad. El acto es operativamente persecutorio cuando trasunta esa expresión de voluntad del Estado. No obstante, si se considera que el conocimiento de dicha manifestación jurisdiccional de seguir persiguiendo penalmente producir a efectos a partir de la notificación, el agravio del recurrente no puede ser acogido, por cuanto al imputado se notifico la citación a juicio y la fijación audiencia para el debate. Consecuentemente, los términos legales para considerar extinguida la acción no han transcurrido (C.P., art. 62 inc. 2do.).-
Guarda del menor, competencia de menores
Materia: CIVIL
Carátula: N.G.V. Y Y.P. s/ GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-15

El ejercicio del patronato por el Juez de Menores no está limitado a los supuestos extremos de privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad por resolución judicial a la que aluden los arts. 307 a 310 del C. Civil reformado por Ley 23264, sino que también están comprendidas las situaciones de hecho en que queda suficientemente configurado el desamparo material y moral del menor por claudicación de las personas adultas sobre las que recae la obligación legal de asumir su protección, asistencia y representación. En estos casos también debe acudir prestamente el Estado a enjugar el déficit, a suplir la carencia a través de los organismos especializados, sin que ello signifique que se deba adoptar apresurada decisión sobre privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad ya que basta con constatar el abandono en los hechos para que el Juez de Menores pueda decidir la guarda judicial del menor en los términos del art. 11 de la Ley 10903, esto es, sobre la base de la privación o suspensión de la simple tenencia. Se asemeja bastante a una medida cautelar que, como tal, se debe adoptar con premura y que es esencialmente mutable según lo aconsejen las circunstancias, ya sea porque aparezca el padre o la madre a reasumir sus responsabilidades o por sustitución de la patria potestad por otras instituciones más estables y definitivas como la adopción, la tutela,etc., configurada "prima facie" la situación de abandono que justifica la intervención del Juez de Menores en ejercicio del patronato, y no tratándose de una delegación momentánea y circunstancial de la tenencia de la guarda del menor que pueda efectuar el padre en forma espontánea y convenida con un tercero de su amistad o confianza; tampoco la abuela, como cualquier otro tercero que asume de hecho el cuidado de un menor, está legalmente obligada a tomar tal responsabilidad sino cuenta con los respaldo de una decisión jurisdiccional que le confiera los facultamientos indispensables. Que una persona bondadosa se haya hecho cargo del menor, no le quita a éste la calidad de abandonado en cuya protección debe acudir el Estado para disponer,cuanto menos, su guarda judicial.-
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Villarreal, Osvaldo Raúl; Guevara, Sixto Leonel s/ Infracción a los arts. 25 y 26 de la ley 22.421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia omisión de una cuestión esencial si el sentenciante dio expreso tratamiento a la misma (art. 156, C.P.P.).
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, adicional por subrogancia, Estado Provincial, emergencia económica, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Portugal, Marta Haydee Vigil de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 59-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-08

No puede proceder la pretensión de la recurrente a que se le abonen las diferencias salariales existentes entre su categoría de revista y la categoría 23, y que funda en los "mayores servicios prestados" al haber desempeñado -en su carácter de Coordinadora General de Programación de Proyectos (categoría 22)- funciones de "jefe a cargo" como reemplazante natural de dicha Subdirección (categoría 23) que se encontraba vacante. Ello desde que tal aseveración no aparece apoyada en constancias que acrediten fehacientemente el desempeño de actividades que hayan podido merecer una retribución superior a la correspondiente a la categoría 22. En tales condiciones, no puede accederse a lo solicitado, ni sobre la base de la teoría del enriquecimiento sin causa, ni en base a ningún otro título jurídico; menos con fundamento en los regímenes que invoca (subrogancia, o, en su caso, titularización), los cuales exigen mucho más que el mero cumplimiento de funciones correspondientes a cargos superiores. Por otra parte, en la fecha que invoca la recurrente, se encontraba vigente la ley 10472 (de Emergencia Económica y Reforma del Estado), y su decreto reglamentario 877/90 (B.O. 29.3.1990), por lo que la prohibición en ella establecida quedaría sin contenido jurídico si se acordara el suplemento requerido.
Daños y perjuicios, gastos futuros, gastos médicos, gastos de prótesis, gastos de farmacia, tratamiento psiquiátrico, silla de ruedas
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCISCO CARLOS JOAQUIN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Por la naturaleza de la afección que aqueja a la actora dichos gastos, aunque futuros, son ciertos y no conjeturales, y comprenderán lo referente a los gastos de asistencia medica integral (incluyendo la asistencia psiquiátrica), farmacológica y elementos de ortopedia (zapatos especiales, reposición de órtesis y prótesis, ajustes y reparaciones de la silla de ruedas).
Competencia federal, extranjeros, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZAKALIK Isidro c/ José ESPIN s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 421)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-15

Quien pretende acogerse a la competencia federal en razón de su nacionalidad, debe acreditar ser extranjero con las partidas de nacimiento dotadas de los recaudos que autoricen su reconocimiento en nuestro país (debidamente legalizada). La cédula de extranjería que sirve para acreditar identidad y no nacionalidad.-
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corigliano, Pedro G. y Otros. c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Nuestro ordenamiento procesal sólo otorga la posibilidad de entablar la acción contencioso administrativa a quien alega un derecho individual vulnerado, no siendo suficiente la afectación de un mero interés legítimo. Situación jurídica que invocan los demandantes en su carácter de vecinos perjudicados por una ordenanza y un decreto que aprobaron un plano de obra para la construcción de una clínica psiquiátrica en predio contiguo a sus propiedades. (MINORIA U OPINION PERSONAL)