Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-09


2º Instancia. - Santa Fe, junio 9 de 2008.

1º ¿Es nula la resolución recurrida? 2º ¿Es ella justa? 3º ¿Qué resolución corresponde dictarse? 1º cuestión. - El doctor Cordini dijo:

Carlos Alberto del Corazón de Jesús Cecchini, el 16 de septiembre de 1978, promueve demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Julián Esterellas, los integrantes de "Droguería Litoral SRL", Jacobo Raskin, Celia Kottliarevsky de Raskin, Israel Wisniak, Edith S. Raskin de Wisniak, Delia Raskin, "Rawigo SA", Rafael Goldin, Aron Rabinovich y contra la Provincia de Santa Fe, en procura del cobro de la suma de pesos Ley 18.188 396.573, compensación monetaria por desvalorización e intereses, reclamando además sin monto determinado indemnización por daño moral.

Al relatar los hechos menciona que Francisco Humberto Genero adquirió en subasta pública realizada en el juicio de quiebra de "Droguería Litoral SRL", la carpeta de créditos de dicha empresa, pagando la suma que se reclama en la demanda como indemnización y afirma que al comprador no se le entregó por parte del juzgado el conjunto de los comprobantes de esos créditos pese a reiterados reclamos realizados en el expediente de quiebra, no cumpliendo el liquidador con esos requerimientos. Continúa diciendo que con visible mora y luego de esas intimaciones el Dr. A. M., apoderado de la fallida, informa al Juzgado de una lista de créditos que integrarían lo adquirido por Genero.

Dice el actor que cuando se intenta aprobar el acta de remate otro apoderado de la fallida promueve incidente de nulidad de subasta, que tilda de malicioso, y resuelto el mismo, Genero le cede a título oneroso el cincuenta por ciento de lo adquirido y en la misma fecha "se establece indubitablemente, que los presuntos comprobantes de los créditos subastados, no coinciden en modo alguno con lo adquirido en subasta pública...", lo que da lugar a que el juez intime al Síndico sin resultado, por lo que concluye el demandante que se remataron créditos inexistentes y que fueron cobrados por la propia fallida.

A fs. 74, la parte actora amplía la demanda integrándola con el contenido de la reclamación previa efectuada a la Provincia de Santa Fe y a la vez desiste del proceso contra la mayoría de los codemandados, quedando subsistente el reclamo respecto del síndico Esterellas y la Provincia.

Tramitado el juicio, el 17 de agosto de 2005 (fs. 318/323), la jueza de primera instancia dicta sentencia rechazando la demanda y en los considerandos expresa que el actor acciona en razón de estimar que ha sufrido un daño por el cumplimiento irregular de parte del sindico de la quiebra de Droguería Litoral de aquellas funciones que le fueran impuestas por la ley concursal, y contra la Provincia de Santa Fe, por la responsabilidad que le cabe al juez y a los funcionarios de la quiebra.

Respecto de esto último, la A quo menciona que el Estado, como persona de carácter público, responde por los daños causados por actos ilícitos de comisión u omisión imputados a sus órganos, siendo responsable extracontractualmente de los daños que cause a los particulares en la ejecución de actos ilícitos que tengan por objeto el bien común, afirmando que en modo alguno puede atribuirse responsabilidad refleja al Estado por los hechos del síndico que es el profesional designado en una actuación judicial en calidad de funcionario de la quiebra y auxiliar de la justicia.

Dice también que la actuación del contador se desarrolla en protección de intereses privados (no públicos), con autonomía y en base a su idoneidad técnica por lo que no puede encuadrarse la responsabilidad del sindico en la quiebra en la de los funcionarios públicos por los hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones a los que hace referencia el artículo 1112 del Código Civil, concluyendo que no se acciona contra el juez ni otro funcionario de la quiebra por lo que no abría legitimación pasiva para hacerlo respecto del Estado Provincial.

Dice el fallo impugnado que para la procedencia de la reclamación indemnizatoria por daños y perjuicios se requiere acreditar la existencia real y efectiva del daño y que la falta de contestación de la demanda genera la presunción de hallarse reconocidos los hechos pero que por ser juris tantum permite al juez evaluarlos dado que la incontestación no implica allanamiento.

Estima la A quo que la pretensión de la demanda debe analizarse a la luz del contenido de los autos de la quiebra de Droguería Litoral SRL ofrecidos como prueba, de los que extrae que el actor pretende acreditar el daño por la adquisición de bienes en subasta por parte del cedente Genero accionando contra el síndico, cuando tanto el actor como Genero hubieran tenido que recurrir dentro del proceso falencial, concluyendo que no se acredita la existencia de un daño real por cuanto el comprador había adquirido una "carpeta de créditos" no documentados sin verificar en qué consistían los mismos, por lo que siendo el cobro de tales créditos de naturaleza eventual, el actor debió probar que de esas actuaciones surgía un detalle minucioso de la documentación que avalaba los créditos, la solvencia de los respectivos deudores y la identificación concreta del monto que se vio privado de percibir por la actividad del síndico, no surgiendo de los actos mencionados algún informe actuarial que certifique la existencia de esa documental, ni que el comprador hubiera agotado las gestiones relacionadas con lo reclamado a través de los remedios procesales a su alcance. Agrega la sentencia que el cedente, habiendo advertido que según los edictos no se admitirían reclamos posteriores una vez realizada la subasta, y adjudicado los bienes, pudo haber impugnado de nulidad el acto o pedir reducción del precio, pero nada hizo sino que convalidó la aprobación y siguió reclamando la entrega de documentos, consintiendo tanto Genero como el actor los actos procesales, tal el que tiene presente y hace saber lo informado por el síndico a fs.542, donde manifiesta que entregó toda la documentación localizada e intervenida, la intervención de los libros que detalla encontrados en el domicilio de la fallida y que realizó su tarea sin más elementos que los detallados.

Por último, la sentencia refiere a lo actuado en los autos falenciales en los que el acta de subasta consigna la venta de los bienes, tal como se ordenó y de acuerdo con el inventario y loteo practicado, no admitiéndose reclamos posteriores y expresa que la aprobación de esa acta, que queda firme al consentir Genero dichos actos procesales, implica que no puede reclamar tardíamente en otro juicio pretensiones que debió esgrimir en la quiebra.

Recurrido el pronunciamiento y ya en esta instancia, a fs. 378/401 el actor formula la expresión de agravios y en un extenso escrito busca en primer lugar fundamentar el recurso de nulidad contra la sentencia sostenido, dice, por cuanto las arbitrariedades del fallo no pueden ser subsanadas al tratar la apelación (fs. 388) y como un primer agravio orientado a ese fin manifiesta que la exposición del caso que realiza la A quo previo al Considerando; cabe entender que refiere a los resultandos de la sentencia; tendrían inexactitudes y vicios no corregidos en el contenido ulterior del decisorio impugnado, pasando a efectuar un relato de las alternativas sucedidas en el expediente de convocatoria de acreedores de Droguería Litoral SA y posterior quiebra ofrecido como prueba, en el que se llevó a cabo la subasta del activo de la sociedad.

Más adelante (fs. 385), casi cuando finaliza lo que el recurrente titula primer agravio, menciona que resulta arbitrario que la jueza omita considerar las ampliaciones de la demanda y en especial la producida a fs.74, que integra con la reclamación presentada al Gobierno Provincial.

A fs. 386 como "típica arbitrariedad que descalifica la decisión", el actor dice que luego de sostener el fallo -correctamente- que el Estado responde por los actos ilícitos de sus órganos y es responsable extracontractualmente de los daños que cause a particulares, introduce una defensa no alegada por los demandados, en aparente referencia al contenido del fallo cuando dice que el síndico es un funcionario de la quiebra, auxiliar de la justicia, no pudiendo atribuirse responsabilidad refleja al Estado por los hechos de ese funcionario.

No se advierte que las deficiencias del pronunciamiento que marca el actor asuman gravedad suficiente para afectar la validez del mismo, los resultandos, si bien omiten referencia directa a las ampliaciones de la demanda, igualmente sintetizan el contenido del reclamo y el desarrollo del proceso, por lo que no se ven afectadas las formas prescriptas por la ley adjetiva. Tampoco el hecho de analizar la responsabilidad del síndico concluyendo su ausencia, dando los motivos para fundar esa decisión, no obstante la incontestación de la demanda por parte de dicho funcionario, importa la introducción de elementos no alegados por las partes que impongan declarar la ineficacia de lo resuelto.

No debe dejarse sin considerar, y esto responde al agravio relacionado con el tratamiento A quo respecto de los alcances del apercibimiento del artículo 143 de la ley formal, que la incontestación de la demanda hace nacer la presunción juris tantum que dicha norma establece, lo que no conlleva fatalmente a que la acción deba prosperar, pues sólo produce el efecto de tener por reconocidos fictamente los hechos expuestos en el escrito de demanda, debiendo el juez analizar, aplicando las normas pertinentes, si la pretensión cuenta con el debido sustento jurídico (Conf.: Alvarado Velloso, "Estudio Jurisprudencial...", T. IV, págs. 255/256).

La falta de contestación de la demanda, si bien se estima presuncionalmente como reconocimiento de los hechos que enuncia el actor en el escrito introductivo, así como de la documentación que pudo acompañarse con su instrumentación integrándolo, no importa necesariamente el derecho del actor a obtener una resolución positiva respecto de lo que reclama, sino que ese derecho debe ser reconocido por el juez en la sentencia mediante el análisis de los elementos de juicio captados y la aplicación de las normas pertinentes, ya que esa falta de respuesta del demandado faculta pero no obliga al magistrado, quien debe determinar, teniendo en cuenta la naturaleza, constancias del caso, hechos consignados en la demanda y aplicación del derecho vigente, el alcance de la presunción legal.

Es así que en autos, el contenido específico de la demanda al relatar los hechos menciona, y debe tenerse por reconocido, que Genero adquiere en subasta la denominada "carpeta de créditos" de Droguería Litoral SRL, sin indicar cuánto pagó por dicha compra, pero señalando que el monto de lo adquirido guarda referencia con el último balance cuya cifra se indica al accionar; asimismo debe tenerse por cierto la falta de entrega de comprobantes, pero se omite indicar concretamente a qué comprobantes refiere; la existencia de requerimientos al síndico, la entrega del apoderado de la empresa fallida de documentos relacionados con la adquisición; la impugnación del acta y pedido de nulidad de subasta realizado por la empresa; la cesión de los derechos y acciones en un cincuenta por ciento por parte de Genero en favor del actor, la promoción de medidas preparatorias a las que hace referencia; la intervención de la justicia penal, hechos todos que se reproducen con mayor amplitud en la reclamación administrativa de fs, 69/73 que integra la ampliación de la demanda producida a fs. 74.

En consecuencia, no se advierte que la sentencia incurran en violación u omisión de las formas prescriptas por la ley adjetiva bajo pena de nulidad, como tampoco que pueda adjudicarse carácter sustancial a las deficiencias que marca el actor en apoyo del recurso de nulidad, con mayor razón cuando eventualmente la corrección puede ser aportada por la vía del recurso de apelación, en caso de que así corresponda.

Por ello, a esta primera cuestión, voto por la negativa.

El doctor Saux dijo:

A su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, negativamente.

El doctor Genesio dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión. - El doctor Cordini dijo:

Conforme la relación de los hechos consignados al tratar la cuestión anterior, los agravios dirigidos contra la decisión de primera instancia, volcados como dijera en un extenso escrito, demostrativo del esfuerzo realizado por el profesional que interviene en representación de la parte actora, meritorio por cierto, en procura de obtener la revocación del fallo, se orientan y tratan de establecer, con mayor rigurosidad y precisión que el contenido de la demanda, en qué consiste la atribución de responsabilidad que adjudica a los demandados.

Tales agravios comienzan con una relación cronológica de lo actuado en el expediente de quiebra, diciendo entre otras cosas que la SRL fallida denuncia como uno de los motivos de la presentación en convocatoria de acreedores, que luego se transforma en quiebra, la cesación de pagos de la farmacia Las Colonias, constando en el "resumen del patrimonio" dentro del activo cuentas a cobrar por $a.300.620,30; relacionados con documentos librados por ésta, cuestiona la denominación de la moneda ya que dice se habla de moneda nacional y sin embargo la vigente al momento de la presentación era la denominada como pesos ley 18.188. Agrega que durante el proceso falencial se adoleció de indeterminación e indicación correcta de los signos monetarios.

Refiere luego al informe del síndico que dice que las registraciones contables se respaldan con los respectivos comprobantes, que luego no aparecen; que omite referencia sobre créditos de la empresa en cobro judicial; que el 28 de febrero de 1973 se declara la quiebra y el 27 de septiembre de ese año se subasta la carpeta de créditos, abonando el comprador en ese acto el precio, comisión e impuesto.

Refiere que no se entregó lo que compró a pesar de lo publicado y alude a escritos presentados por Genero en la quiebra. Relata que realizado el remate el abogado de la fallida pone a disposición del juzgado la documentación que enumera e informa sobre la existencia de juicios y que algunos fueron iniciados cuando ya se había presentado la empresa en convocatoria.

Alude a la constancia actuarial de fs. 402 del mencionado expediente y continúa detallando actuaciones llegando a la presentación que realiza la fallida interponiendo reposición contra el auto de aprobación de subasta y nulidad del remate.

Tacha de arbitrario argumentar como lo hace la A quo cuando considera que Genero consintió las excusas del síndico (fs. 384).

Se agravia que la sentencia omita afirmaciones que no fueron negadas por la Provincia; que a la Provincia nunca le proveyeron la prueba y que no la instó; agrega que Esterellas no ofreció prueba alguna ni alegó y que se omite consignar las ampliaciones de la demanda.

Aclara a fs. 385 que la responsabilidad se atribuye por hechos y omisiones del síndico, del juez y del secretario, introduciendo la jueza una defensa no alegada. Este agravio ya fue contemplado al tratar el recurso de nulidad.

Pasa luego a referir extensamente al caso "Amiano", resuelto por la Corte Nacional y con posterioridad expresa que es ostensible el anormal o irregular funcionamiento del servicio de justicia, que da lugar a la responsabilidad "in procedendo" que provienen del magistrado y funcionarios y afirma citando a la Corte Provincial que la responsabilidad del Estado consiste en la prestación defectuosa del servicio, se trata según el agraviado de una responsabilidad objetiva y directa (fs. 288). Respecto de estas argumentaciones introducidas como agravio, debe tenerse en cuenta que no fueron vertidas al fundamentar la demanda.

Dedica luego su exposición a tratar de establecer la responsabilidad del síndico como funcionario del Estado para seguidamente mencionar la concurrencia de responsabilidad del funcionario y la persona jurídica, criticando a fs. 393 que la A quo adelante el rechazo del a demanda con el expediente de quiebra a la vista. Se agravia de que el fallo considere que Genero y Cecchini hubieran tenido que recurrir dentro del proceso universal afirmando que el adquirente en la subasta tiene acotada posibilidad recursiva, no hay identidad de causa, sujetos y objeto entre la quiebra y este juicio y dice que en último caso, habría un exceso ritual manifiesto, que el comprador y el cesionario agotaron todas las posibilidades para obtener lo que compraron.

Se agravia que la sentencia mencione la naturaleza eventual de lo adquirido (carpeta de créditos), y dice que la jueza confunde la existencia del daño con la cuantificación y pasa nuevamente a mencionar la incontestación de la demanda por el síndico, que la existencia del daño fue afirmado en la demanda y como alternativa propone la posibilidad de cuantificarlo mediante juicio sumarísimo.

Niega que lo adquirido fueran créditos no documentados y acude al informe de sindicatura de fs. 159/163 que dice que las registraciones están respaldadas, surgen, según el actor, de los balances e informe mencionados.

Seguidamente afirma que la atestación del secretario y el decreto del 29 de octubre de 1973 traían seguridad al comprador y que después se advierte que la verdad era distinta, lo que impregna de ilicitud y de falta de servicio el proceso falencial y su ejecución.

Respecto de la solvencia de los deudores de la fallida, dice que nunca le fueron entregados los títulos y hasta la audiencia de fs. 539 pensaron que eran verdaderos porque creyeron en el servicio de justicia, acusando al síndico de guardar un silencio "ilícito" respecto de los presuntos créditos de la fallida perseguidos judicialmente y afirma que si los presuntos deudores fueran insolventes no se justifica la protesta de la ejecutada respecto del precio en que fueron subastados.

Imputa negligencia al síndico por no haber realizado las diligencias necesarias para que esas acreencias no se vieran perjudicadas y además afirma que tanto las medidas preparatorias como el expediente de quiebra ofrecidos como prueba fueron analizados por el Gobierno Provincial lo que demoró este proceso y respecto de las deudas de los socios menciona que el funcionario no informó sobre la realización de gestiones para el cobro y que no pudo acceder a los títulos.

Expone como agravio, que la identificación concreta del monto que se vio privado de percibir por la actividad del síndico (o inactividad) surge del último balance de la empresa surgiendo de la providencia de fs. 402 (siempre de los autos de quiebra) que la afirmación de la sentencia en el sentido que no existe informe actuarial que certifique la existencia de esa documental, ni que el adquirente haya agotado las gestiones relacionadas con su reclamo no es válida.

Resalta el recurrente que agotó en el proceso de quiebra todas las posibilidades para que la compra efectuada en la subasta se cumpliera, siendo aceptados los reclamos por el juez, pero que éste no concretó ningún acto eficaz para que sean satisfechos.

Niega, como agravio, que pueda suponerse conformidad de la víctima, cuando impulsó la calificación de la quiebra, promovió medidas preparatorias, esperando que se produzca algún acto en el proceso universal y en el penal, pero dice que debió evitar la prescripción de la acción de daños, agregando que la falta de servicio de justicia se extendió a la sede penal donde se dispuso el archivo y posterior destrucción de la causa.

Finaliza el escrito de exposición de agravios diciendo que el daño sufrido por el actor es real, que cuantificó la pretensión teniendo en cuenta el concepto "chance", excluyendo la desvalorización e intereses y con esas deducciones reclamó el cincuenta por ciento de los créditos subastados según el balance y respecto del daño moral, expresa que la documental que menciona evidencia las mortificaciones sufridas que no son habituales en el mundo de los negocios ni las que deba soportar un justiciable.

De la lectura del escrito presentado en cumplimiento del traslado del artículo 364 del CPCyC, surge un denodado esfuerzo del curial que representa a la parte actora orientado a revertir el resultado del juicio, argumentando sobre cuestiones que no fueron suficientemente expuestas en el escrito de demanda ni en sus ampliaciones, donde se limita la parte que acciona a mencionar las alternativas que llevaron a la compra de la denominada "carpeta de créditos" y las diversas actividades procesales cumplidas en procura de obtener documentación que refiera a tales acreencias, pero sin mayores consideraciones respecto de la identidad, cuantificación de los daños y en relación a la responsabilidad atribuida a los demandados, lo que recién es definida en esta segunda instancia al exponer los agravios y reiterada en el informe in voce.

Si se tiene en cuenta que la demanda se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito, y la limitada aportación de sustento respecto de lo que constituye la pretensión reparadora y de dónde surge la obligación de hacerlo, podría en un análisis superficial pensarse que se reclama por la reparación de los daños ocasionados por un incumplimiento contractual, no de naturaleza cuasidelictual, dolosa, extracontractual, que requería accionar ante el tribunal con competencia material en ese tipo de demandas.

Es sabido que el comprador en una subasta judicial asume ese carácter y como tal, teniendo prevalencia las reglas de procedimiento que regulan ese acto, resultan aplicables en lo que corresponda las normas que regulan el contrato de compraventa, por lo que el adquirente al ver frustrada su compra en razón de no serle entregada la cosa objeto de contrato, pudo optar por la resolución en cuyo caso no puede posteriormente pedir el cumplimiento, o bien demandar el cumplimiento conservando la facultad de rescisión en caso de ser este negado o imposible, con más los daños y perjuicios que de ello deriven.

En autos, el actor, más preciso el comprador cedente de los derechos y acciones, no obstante haber podido dejar sin efecto la compra y obtener la restitución de lo pagado y eventuales daños, de ser ello procedente, se inclinó por requerir la entrega de documentos cuya existencia, como se verá más adelante, no se encuentra plenamente probada, persistiendo en que se le entregue lo que afirma integraba la "carpeta" subastada, lo que al no serle satisfecho, según su opinión, dio lugar a reclamar adjudicando al Estado responsabilidad por el deficiente servicio de justicia que según afirma le ocasionó daños resarcibles.

Resulta evidente, tal como lo expone la A quo y surge de los escritos presentados por el actor a lo largo del juicio, que la prueba principal y casi la única con que se cuenta para resolver la cuestión en litigio consiste en las documentales ofrecidas y obtenidas por el juzgado de grado anterior a instancias de la parte que acciona, y en especial los autos Expte. Nº 994/74, "Droguería Litoral SRL s/Convocatoria de Acreedores - Hoy Quiebra", cuyas actuaciones constituyen la base argumental de Cecchini en su pretensión de adjudicar culpa en la producción de los daños que dice le ocasionó la actividad de la sindicatura y la deficiente prestación del servicio de justicia encarnada en la actividad de dicho funcionario concursal y la del Juez y Secretario.

Del examen de lo actuado en dicho expediente, surgen lo que podría denominarse deficiencias de tramitación, pero dichos errores procesales se encuentran purgados a lo largo del proceso y en su mayoría no involucran al tercero adquirente en la subasta, pudiendo explicarse muchas de esas falencias o imprecisiones en la tramitación acaecidas sobre todo en la etapa posterior a la declaración de quiebra de Droguería Litoral SRL, en la vigencia de una legislación nueva, la Ley 19.551, y la inexperiencia respecto de su aplicación tanto respecto de las partes y terceros involucrados, como para el sindico y el propio tribunal.

En lo que se vincula con uno de los argumentos esenciales del fallo recurrido cuando imputa al comprador Genero y también a Cecchini responsabilidad en función de sus propios actos, considerando que no pueden reclamar tardíamente en este proceso respecto de cuestiones que debieron esgrimirse en las actuaciones falenciales, de lo que el actor se agravia manifestando que se agotaron todas las posibilidades dentro de ese juicio, teniendo como comprador en la subasta limitada legitimidad procesal, la sentencia resulta acertada.

No se explica en la demanda o en sus ampliaciones, ni surge con claridad de la prueba con que se cuenta, el contenido concreto de la denominada "Carpeta de Crédito", que tan insistentemente Genero primero y luego quien aquí acciona por daños pretenden les sea entregado.

Declarada la quiebra de la entonces concursada "Droguería Litoral SRL" (fs. 255/256), el síndico procede a realizar lo que denomina inventario de los bienes de la fallida, designando el juzgado el martillero que debía proceder a su venta mediante subasta, cargo que es aceptado a fs. 277, y a fs. 283 dicho auxiliar solicita que el juez fije el día y hora en que se procedería a la venta "de los bienes consignados en el inventario practicado por el Sr. Síndico Liquidador", lo que es proveído a fs. 284.

Seguidamente, a fs. 288, segundo cuerpo del expediente de quiebra, el sindico dice que acompaña el inventario general de los bienes localizados en el domicilio de la empresa y que a los fines de facilitar su venta han sido clasificados por rubros separados en carpetas especiales.

Tales carpetas se agregan seguidamente de fs. 289 en adelante y corresponden Carpeta 1 a especialidades medicinales; 2 a perfumería y material de curaciones; grupo 3 a drogas medicinales; 4 a alcaloides; grupo 5 muebles metálicos; 6 muebles de madera e instalaciones; 7 rodados, 8 varios, en los que se incluyen diversos elementos físicos. Nada se dice respecto de una carpeta de créditos.

En la publicidad realizada por el martillero previa a la subasta, se menciona la liquidación de esos bienes sin hacer mención alguna a créditos u otro activo a rematar (fs. 377/379).

En los edictos publicados por el Juzgado, no se hace referencia alguna respecto de la venta de la "Carpeta de Créditos", y si bien se dice que involucra ese acto a todos los bienes existentes y consignados en el inventario practicado en autos por el Sr. Sindico Liquidador, vale recordar que en ese inventario no figura crédito alguno.

Es en el acta de subasta (fs. 394), de incompleta redacción, donde por primera vez se dice que "se reanudó la venta... de toda la existencia de bienes muebles, útiles, automotores" y "Carpeta de Créditos", informando del monto total obtenido en ese acto.No consta en esa acta, como era necesario hacerlo, que el martillero hubiera puesto en conocimiento de los presentes la venta de la tan mentada carpeta y en qué consistía su contenido.

No obstante estas serias deficiencias, Genero se presenta como comprador y a pesar también de haberse establecido el pago y entrega de lo adquirido en el momento de la subasta, el comprador paga sin recibir la "Carpeta de Créditos", presentándose varios días después en el juzgado reclamando "la entrega de los créditos que he comprado, es decir, la documentación de dichos créditos".

No se advierte ni se explica en momento alguno por quién aquí acciona, cómo toma conocimiento del contenido de la mencionada documentación y no se alcanza a comprender la actitud de Genero requiriendo la aprobación de la subasta (fs. 407), cuando no había sido atendida su pretensión de recibir "la posesión de todos los créditos adquiridos", aceptando una entrega parcial, luego rechazada, sin explicar qué documentación es la faltante, ya que dice que la presentada por la fallida a fs. 401 no coincide con el total de lo adquirido que debe surgir del balance presentado en autos. Omite Genero cuestionar el auto de fs. 408 vto., que aprueba la subasta y dispone que "ejecutoriada que fuere la misma hágase entrega al comprador de los créditos, de la documentación existente en el juzgado...". Ninguna observación hace al respecto, no obstante que según afirma permanentemente la entrega debió realizarse al momento del remate y tampoco advierte pedir la determinación precisa de qué documentación existía en el juzgado, lo que lleva directamente a lo manifestado por la sindicatura a fs. 409, cuando Esterellas informa y el juez decreta que se haga saber, que toda la documentación localizada en el domicilio de la droguería ha sido entregada, que acompaña balance general, la documentación que sirviera de base para determinar el estado patrimonial presentado a la Junta de Acreedores, sin observación, y toda la documentación probatoria recibida de los acreedores.

Por notificación según disposiciones de la ley 19.551 (art. 296, inc. 5º), el comprador quedó anoticiado de ello y no formuló cuestionamiento alguno ni requirió la entrega de la documental aludida por el síndico.

Cabe a esta altura del análisis hacer referencia, aunque no corresponde a esta Sala revisar le decisión dictada en su momento, al planteo de nulidad del remate formulado por la fallida. Al respecto no puede dejarse de considerar que existió fundamento suficiente para reclamar la ineficacia del acto, y resulta sintomático que el comprador Genero, que intervino en la mencionada impugnación como parte interesada, en vez de adherir a los términos de las observaciones aunque sea en forma parcial en lo que se vinculaba con su interés, se opone terminantemente a que se deje sin efecto y menciona entre otras cosas que se encontraba consentida la actuación del martillero, la forma de publicación de los edictos, dice que no era necesario el detalle de los créditos, admite el inventario, la presentación del balance, y luego contradiciéndose, cuestiona la actividad del sindico y expresa que las conductas reseñadas no sólo le han inferido daños, sino que pueden llegar a inferir otros mayores (fs. 439 vto.).

Pudo Genero no sólo evitar mayores perjuicios, sino resarcirse de los que decía ya haber sufrido, optando por resolver el contrato con restitución de lo pagado y los eventuales daños.

El síndico al contestar el traslado informó sobre la actividad que le cupo, el martillero por su parte refiere a la Carpeta de Créditos y entre otras afirmaciones dice que la remató en base al resumen que adjunta (fs. 444), el que de por sí no resulta suficientemente claro; no obstante, Genero decide pujar.

La tramitación de ese incidente era la oportunidad para que el comprador ofreciera como prueba la presentación de los documentos, pero ninguna referencia hizo en su ofrecimiento (fs. 440); tampoco transitó la vía incidental que permitía el artículo 303 de la ley concursal entonces vigente para obtener lo que reclamaba, como omitió, pudiendo hacerlo, impulsar mediante las herramientas procesales que disponía (art. 109 y sgtes. Ley 5531) el dictado de resolución en término de la impugnación de la subasta, cuyo resultado, rechazando las pretensiones de la fallida adquirió firmeza.

Lo que sella la suerte de la demanda consiste en que el cesionario, actual actor, al momento de concretarse ante el juzgado de la quiebra la cesión del cincuenta por ciento de los derechos y acciones de la subasta, estaba en pleno conocimiento que, según el comprador cedente, al comparecer ante el tribunal en septiembre de 1976 (fs. 539), advertía que los comprobantes que estaban a su disposición no coincidían con el total de los créditos adquiridos, no obstante la intimación cursada en 1973, pidiendo en ese acto que se efectúe una nueva intimación al síndico y negándose a retirar los créditos existentes.

Cecchini sabía que transcurridos ya tres años y sin determinación precisa de los documentos que se trataba, no había según el cedente Genero, coincidencia con lo adquirido, como también que no aceptaba retirar los existentes.

La intimación última cursada al funcionario de la quiebra a instancias de Genero y luego por pedido del actor formulado a fs. 540, recibe de Esterellas la misma respuesta que en oportunidades anteriores, es decir que procedió a entregar al juzgado toda la documentación existente localizada e intervenida al iniciar su cometido con la presencia del actuario, que la intervención sobre los libros contables encontrados fueron los que menciona y por último que la sindicatura no contó con otros elementos que los detallados, mediante los cuales desarrolló su tarea.

A dicho informe el juez dispuso tenerlo presente y hacerlo saber, decreto que quedó firme con conocimiento del actor el cual, si como se dijo, sin promover dentro del proceso el correspondiente incidente, en septiembre de 1978 interpone la presente demanda indemnizatoria.

El resultado de la denuncia penal, que culmina con la orden de archivo de las actuaciones y la calificación de conducta de la fallida, declarándola casual, todo ello según lo afirma el actor por cuanto no se cuenta con dichas actuaciones, en nada favorecen la pretensión de la demanda.

En otro aspecto, cabe reconocer que el trámite del proceso universal, especialmente a partir de la declaración de quiebra, no se revela con la necesaria prolijidad por parte del tribunal, sobre todo en relación con las actividades cumplidas en el desapoderamiento, -no existe en el expediente el acta que debe dar cuenta de cómo se desarrolló dicha tarea-, y en las que precedieron al remate; -no es aceptable que no se diera publicidad cierta y concreta en los edictos que entre los bienes a subastar se encontraba la "carpeta de créditos", en qué consistían dichos créditos-; como tampoco surge del acta de remate, como era necesario, la debida constancia de ello. Tampoco en esos autos se encuentra agregada la nómina de los compradores y la constancia de lo pagado por cada uno de ellos con el detalle de lo adquirido, trabajos éstos que si bien pueden parecer extensos, no dejan de ser necesarios para mantener el buen orden procesal y el debido control de lo actuado en relación con la venta forzosa. No obstante, esas deficiencias han sido admitidas por los intervinientes en dichas actuaciones, ya sea como terceros o como parte principal en el proceso y juzgada por el magistrado que intervino en el juicio y tanto Genero como Cecchini en su momento, consintieron esas actuaciones.

Por otra parte debe considerarse que ningún agravio emite el actor en relación con el argumento del fallo en el sentido que según se le hacía saber por los edictos, no se admitiría reclamo alguno una vez efectuada la subasta y adjudicados los bienes. La subasta fue aprobada y lo adquirido adjudicado, según se reconoce, al momento de realizarse el acto, por lo que la actividad en procura de obtener la entrega de la documentación que se afirma no ha sido obtenida, debió desplegarse antes de la resolución aprobatoria.

La conducta del síndico, la actividad desarrollada por dicho funcionario, no se revela como eficiente, pero ello no lo hace responsable como autor de los daños y perjuicios de los que afirma el actor ha sido víctima. El síndico no fue objeto de denuncia alguna ni sujeto a pedido de remoción por las causales que establecía el artículo 279, segunda parte de la ley 19.551, lo cual podría haber impulsado Genero en su momento y las respuestas dadas a las sucesivas intimaciones o pedidos de informe, siempre fueron del conocimiento del comprador y a su momento de Cecchini, quienes no ejercieron ninguna acción concreta dentro del juicio de quiebra.

Asimismo, no resulta de lo actuado un desempeño brillante por parte del tribunal, particularmente del actuario, basta como ejemplo la falta de constancia en los cargos de la documentación que se dice fue entregada por el síndico y la fallida, pero ello no significa una deficiente prestación del servicio de justicia que haga responsable al Estado Provincial, ni al sindico personalmente, desde que ninguna observación mereció dicho accionar dentro del proceso donde se desarrolló la actividad jurisdiccional.Párrafo aparte merece la cuestión relacionada con la deuda que José Luis Ortiz de Zárate tenía con la fallida y que según surge de la prueba consistente en las medidas preparatorias habría sido cancelada en el año 1972. En dicha época la empresa conservaba la administración de sus bienes por lo cual el pago no resulta contrario ni violatorio de las disposiciones de la ley de quiebras que prohíben al fallido hacer o recibir pagos, y como lo expresa la sentencia, se subastaron créditos, pero no la garantía de su percepción.

En lo que guarda relación con la acusada responsabilidad del Estado en aplicación de la doctrina de la falta de servicio, a lo que apela argumentalmente el actor adjudicando culpa en ese sentido a la Provincia y la consiguiente obligación de indemnizar, debe tenerse en cuenta que rigen "los preceptos basilares siguientes: es necesaria la previa declaración judicial del error del acto jurisdiccional que generó el daño, declaración que debe decidirse en otro proceso; la parte agraviada debió agotar las vías recursivas que admite el ordenamiento procesal para procurar evitar o impedir la configuración del error y su convalidación o consentimiento; la entidad del perjuicio debe ser de una entidad que exceda el sacrificio patrimonial razonable. En tal sentido se resolvió: sólo cabe considerar como error judicial a aquel que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de la administración de justicia, cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efectos de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento" (Jorge Mario Galdós "Responsabilidad extracontractual del Estado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Principales pautas directrices", en Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 9, pág. 33).

Resumiendo, existió en el proceso liquidatorio de la quiebra de Droguería Litoral SRL desprolijidades y ausencia de un control eficiente por parte del sindico, del juez y del actuario, pero el tercero que concurre al acto de subasta, que luego de intervenir en el mismo teniendo conocimiento de lo poco específico de lo que en realidad adquiría, omitiendo dentro del mismo proceso ejercer todas las acciones legalmente a su disposición, sin recurrir ante el tribunal superior lo resuelto por el juzgado en relación con el interés de dicho tercero, pidiendo y aun más, oponiéndose a que se deje sin efecto el remate, lo que le hubiera evitado que se produzca el perjuicio que afirma haber sufrido, el consentimiento de todo ello por el comprador Genero, asumido y ratificado por el actor por efecto del contrato de cesión de derechos, llevan a concluir la improcedencia de la pretensión resarcitoria dirigida contra el sindico y el Estado Provincial.

Por ello, voto por la afirmativa.

El doctor Saux dijo:

A su vez, iguales razones en términos semejantes y votó, por consiguiente, en igual sentido.

El doctor Genesio dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

3º cuestión. - Los doctores Cordini y Saux dijeron:

Sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde rechazar los recursos de nulidad y apelación y en consecuencia confirmar el fallo alzado, con costas (art. 251 CPCyC).

El doctor Genesio dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESOLVIO: Rechazar los recursos de nulidad y apelación y en consecuencia confirmar el fallo alzado, con costas (art. 251 CPCyC). Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense. FIRMAS