Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07


Buenos Aires, Diciembre 7 de 2005.

Resultando:

I. Que a fs. 12/24 se interpone recurso de apelación contra el "acto administrativo penalizador", ¿según expresión de la parte recurrente¿ de estricta naturaleza tributaria, que la sanciona con su silencio.

La actora manifiesta que no recibió respuesta por parte del órgano recaudador de la nota que presentara el 28 de enero de 2005, por lo que se encontró en una situación límite y, dependiendo en forma casi total de su respuesta, viene a solicitar la intervención de este Tribunal. Dice que en casos como el presente, tratándose de un acto de los que el referido organismo está obligado a realizar y no lo hace, utilizando el silencio como arma a su favor, deja al contribuyente en una situación de incertidumbre.

Asimismo deja en claro que el silencio es una denegatoria o rechazo, entendiendo que alguien debe controlar el accionar del ente fiscalizador, ya que su forma de actuar para con los administrados resulta en muchos casos hasta inconstitucional. Sostiene que no tiene porqué perder el derecho de defensa, por no tener una resolución que atacar.

Agrega que la actividad de la Dirección General Impositiva tiene una serie de roles que cumplir, entre el que se encuentra el de responder a los contribuyentes sus consultas. Deja planteado el caso federal y pide se provea de conformidad, lo que en caso contrario nos encontraríamos ante una verdadera denegación de justicia.

II. Que a fs. 37 se elevan los autos a consideración de la sala A.

Y Consideraron:

I. Que el art. 159 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) establece, en lo que aquí interesa, que: "El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a $...; b) los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas superiores a $....; c) de los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y de las demandas de repetición que se entablen directamente ante el Tribunal. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a $....; d) de los recursos por retardo en las resoluciones de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art. 81; e) del recurso de amparo a que se refieren los arts. 182 y 183 de la ley...".

Analizado lo que ha venido a apelar la recurrente, cabe concluir que aquel no habilita la instancia de este Tribunal, en tanto no resulta determinativo de la materia imponible o sus accesorios en forma cierta o presuntiva, no ajusta quebrantos ni, por lo demás impone sanción alguna, como lo entiende la actora. Asimismo, debe destacarse que no se trata del caso previsto en el art. 81 de la ley de rito.

En efecto, si nos atenemos a lo manifestado por la recurrente, la misma viene a apelar el silencio de la Dirección General Impositiva ante la presentación que efectuara el 28 de enero de 2005, en la cual cuestiona el Régimen de Asistencia Financiera Ampliada "El Rafa", por considerar que el mismo es de imposible cumplimiento al no condonarse los intereses resarcitorios y las multas. Agrega que el mismo utiliza fórmulas de interés compuesto, lo que implica la capitalización de dichos intereses. Asimismo destaca que del capital original adeudado de $47.194,13 (de IVA), se les pretende cobrar $115.464,08, lo que ¿dice¿ implica un 144% más, y peticiona se declare inadmisible a "el Rafa" y se le reintegre el dinero ya abonado.

II. Que tal como lo ha decidido este tribunal en reiteradas resoluciones, los actos que reúnen características como las reseñadas y que no se encuentren comprendidos en los incisos del art. 159 de la ley procedimental, como claramente ocurre en el sublite, resultan ajenos a su competencia (vid. entre otros, "Gutierrez y Belinsky S.A.", "Acelin S.A.C.I.A. s/recurso de apelación", "Gráfica Ares S.A.C.I.F. s/recurso de apelación", "Curi Hnos. S.A. s/recurso de apelación".

En el último de los decisorios referidos, la sala B de este tribunal, remitiéndose a lo resuelto in re "Cresol S.A.", expresó: "...puede afirmarse desde ya que no todo conflicto tributario entre la Administración y los particulares es materia que permita un pronunciamiento válido de este Tribunal Fiscal. Es al respecto el art. 141 (hoy art. 159) de la ley 11.683 el que dispone que puede conocer este Tribunal, a saber: a) recursos de apelación contra resoluciones que "determinen tributos o impongan multas; b) recursos de apelación contra resoluciones denegatorias de reclamaciones de repetición de impuestos; c) recursos por retardo; d) recursos de amparo".

"Que como puede observarse el fundamento de tal competencia en el caso de recursos de apelación radica en la existencia de una determinación de oficio, criterio que puede adoptarse como pertinente y razonable para discriminar la competencia".

"Que en este aspecto es evidente que la Dirección General Impositiva no realiza sólo funciones "determinativas", ya que estando a su cargo la "aplicación, percepción y fiscalización de los tributos" ejerce para ello un cúmulo variado de funciones que se materializan, a su vez, en una variedad de actos jurídicos administrativos relativos sea a la percepción, recaudación, a la ejecución, a la devolución, o a la determinación de los tributos, sea asimismo a la interpretación de normas que le atañen (véase al respecto el conjunto de disposiciones que hacen al capítulo I, Título I de la ley 11.683").

"Que de ese conjunto de actos que continuamente produce la Dirección General Impositiva sólo un número determinado de ellos habilitan a los contribuyentes a iniciar una discusión en un órgano administrativo jurisdiccional como es este Tribunal Fiscal y que se encuentran expresa y explícitamente enumerados en el art. 141 (Hoy art. 159) citado. Al respecto, el suscripto ha sostenido en reiteradas oportunidades que la competencia adjudicada por ley se relaciona con actos emanados de jueces administrativos y en funciones de tales, entre las que solamente se encuentran las mencionadas en el art. 9º, inc. b) de la ley y dónde se ha querido excluir de esta instancia a las cuestiones relativas a la administración activa o meramente recaudatoria".

"Que ello no implica de por sí que en aquellos casos en que no sea posible acudir a esta instancia reine la arbitrariedad, pues en virtud de lo normado por el art. 74 del decreto reglamentario de la ley se establece un recursos específico para aquellos casos, al disponer que cuando en la ley o en el presente reglamento no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyentes o responsables podrán interponer contra el acto administrativo...recurso de apelación para ante el Director General.... A su vez, el resultado de tal procedimiento revestirá el carácter definitivo y podrá impugnarse por la vía judicial, conforme lo dispone el art. 23 de la ley 19.549. De tal forma, cualquier acto de la administración tributaria puede resultar, por una vía expresa o por vía complementaria, impugnable tanto administrativa como, luego judicialmente".

"Que en este sentido cabe tener presente que las normas que atribuyen la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado son de orden público ya que se trata, en definitiva, del poder jurisdiccional que la Constitución, la ley o los reglamentos o las acordadas atribuyen a cada fuero y a cada tribunal o juez (Podetti), de ahí que la claridad y no ambigüedad en la fijación de la competencia sea de fundamental importancia para asegurar la efectividad de los derechos de los particulares, en la medida en que no hay derecho legítimamente protegido si no hay un órgano ante quien alegar el daño".

"Que en el caso específico de la competencia de órganos jurisdiccionales, independientes y administrativos como es el caso de este Tribunal, resultan pertinentes las expresiones de Gordillo, al decir que Frecuentemente se compara la competencia de los órganos administrativos con la capacidad de los sujetos privados de derecho; en ambos casos se estaría señalando una aptitud de obrar, la medida de las actividades que el órgano o el sujeto pueden legalmente ejercer. Sin embargo, es importe destacar que mientras en el derecho privado la capacidad es la regla, y por lo tanto se presume en tanto una norma expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente existente" ("Tratado de Derecho Administrativo", Parte General, tomo I, Cap. IX-9)".

"Que tal criterio resulta concordante con lo que indicara B. Fiorini al tratar la "competencia administrativa" (es decir, "la medida de capacidad funcional que tienen los órganos dentro de la organización administrativa") dónde dice: "que las atribuciones de cada órgano se establecen por disposiciones legales, sean de substancia administrativa o legislativa y por consiguiente ninguna competencia puede existir en el ámbito administrativo sin una regla de Derecho que lo regule (B. Villegas Basavilvaso, D. Administrativo, tomo II, pág. 259, 1950) (véase la voz "competencia administrativa" en la Enc. Jurídica Omeba, t. III, pág. 489 y sigtes.)".

"Que debe en consecuencia conjugarse el principio precedente relativo al carácter expreso de la competencia y el sistema recursivo instaurado por la ley 11.683 y su decreto reglamentario al regular recursos ante este Tribunal, ante la justicia y recursos para toda aquella situación que no se encuentre expresamente considerada a nivel jurisdiccional. Se ve así la nítida concordancia entre aquél principio de explicitud y el presente régimen al salvaguardar los derechos de los administrados ante un caso no "expresamente" previsto, lo que le otorga, a tal sistema, tanto racionalidad como razonabilidad".

No resulta ocioso recordar que cuando la ley habilitó una vía procesal ante este Tribunal frente a un supuesto de "silencio" de la administración, lo hizo expresamente (art. 159, inc. d), de la ley 11.683) En consecuencia, el recurso intentado es inhábil para sustentar la competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que cabe declarar su incompetencia. Sin costas por no haberse trabado la litis.

Por ello, se resuelve: 1º) Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa. Sin costas por no haberse trabado la litis. 2º) Hágase saber lo resuelto a la Administración Federal de Ingresos Públicos ¿DGI¿ a los efectos que pudiera corresponder en el trámite instado por la presentante por nota de fecha 28 de enero de 2005. ¿ Ignacio J. Buitrago. ¿ José E. Bosco. ¿ Ernesto C. Celdeiro.