Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09


Expte. nº 14053/16 "Empresa Constructora Delta SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Delmas SA s/ ej. fisc. - ing. brutos" Buenos Aires, 9 de agosto de 2018 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. La Empresa Constructora Delta SA (en adelante, Delta) acude en queja ante este Tribunal (fs. 105/122 vuelta) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que denegó el recurso de inconstitucionalidad que dedujera su parte contra el pronunciamiento que confirmó el rechazo de las excepciones opuestas en el marco de la ejecución fiscal de autos.

2. En el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) promovió ejecución fiscal contra "Delmas S.A. (quien se encuentra actualmente absorbida por la Empresa Constructora Delta S.A.)" -luego ampliada a la Empresa Constructora Delta S.A. (fs. 10 y 11)-, por la suma de doscientos veintisiete mil quinientos veinte pesos con treinta centavos ($ 227.520,30), en concepto de los anticipos 12 del año 1996, 01 a 12 del año 1997 y 01, 02 y 04 del año 1998 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, así como también por la suma de ciento ochenta mil trescientos ochenta y ocho pesos con veinte centavos ($ 180.388,20), en concepto de multa - cargo 305/2004, con más sus intereses y costas (fs. 2/5 vuelta de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que se mencione a continuación, salvo indicación en contrario).

A su turno, la magistrada de grado, no habiéndose opuesto excepción al progreso de esta acción, mandó llevar adelante la ejecución incoada por la suma de $ 457.908,50, con más sus intereses y costas (fs. 22).

3. Al tomar conocimiento la ejecutada de la existencia de este proceso, solicitó la nulidad de todo lo actuado por no habérsele notificado correctamente la intimación de pago (fs. 68/81). A su vez, opuso las excepciones de prescripción, inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva (fs. 68/81).

Zanjada por este Tribunal la cuestión relativa a la nulidad planteada con la sentencia de fs. 407/411 -en tanto revocó la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y dejó, por tanto, en pie la declaración de nulidad de la intimación de fs. 16 y de la sentencia de trance y remate de fs. 22, así como el traslado de las excepciones efectuado por la jueza de grado, fs. 97/99-, el GCBA contestó el traslado de la excepciones opuestas por la ejecutada (fs. 429/441).

4. Contra el pronunciamiento que rechazó las excepciones opuestas y mandó a llevar adelante la ejecución promovida por el GCBA (fs. 573/577), Delta interpuso recurso de apelación (fs. 582/590 vuelta), el que fue rechazado por la alzada, con costas (fs. 629/633 vuelta).

5. Disconforme con lo decidido, Delta planteó recurso de inconstitucionalidad (fs. 639/649 vuelta) y, una vez contestado el traslado pertinente por el GCBA (fs. 651/665 vuelta), la alzada lo denegó (fs. 667/669). Ello motivó la queja referida en el punto 1) de este relato.

6. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la presentación directa articulada por la ejecutada (fs. 146/149, de la queja). Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Los jueces de mérito tuvieron por no agotadas las facultades del fisco para dictar el acto que determinó la deuda fiscal e impuso la multa que aquí se pretende ejecutar (la Resolución 202/DGR/04, cf. fs. 2 y 3) y, sobre esa base, rechazaron la excepción de prescripción opuesta por la empresa demandada. El a quo consideró que las "actuaciones administrativas" (cf. fs. 631 vuelta de la sentencia de la Cámara y fs. 575 vuelta de la sentencia de primera instancia a la que remite) habían interrumpido el mencionado plazo de la prescripción. Así las cosas, la decisión recurrida resulta equiparable a definitiva, por haberse expedido acerca de una cuestión que hace a los alcances y existencia de la obligación fiscal: la posibilidad jurídica que tenía el fisco de observar las DDJJ del contribuyente en el ISIB y de re-liquidar esas obligaciones para los períodos 1996 a 1998. 2. Sentado ello, tiene razón la parte recurrente en cuanto viene sosteniendo que es de lege ferenda el referido supuesto de interrupción del plazo de prescripción de las facultades del fisco aplicado por los jueces de mérito. El CF to 2004, año en que se dictó la Res. 202/04, no contenía ese supuesto de interrupción. El art. 79 de ese cuerpo normativo preveía sólo 3 supuestos en que se interrumpía el plazo de prescripción para que el fisco ejerciera sus "acciones y poderes [.] para determinar y exigir el pago del gravamen." "1. Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva.// 2. Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.// 3. Por la iniciación de la ejecución fiscal contra el contribuyente o responsable".

Ninguna de ellas es: ".las actuaciones administrativas". El artículo siguiente de ese código establecía, a su vez, el único supuesto en que se interrumpían las facultades del fisco para imponer multas. "La prescripción de la acción para aplicar multa o para hacerla efectiva, se interrumpirá: Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible". Por lo demás, el supuesto de interrupción aplicado por los jueces de mérito no sólo no estaba previsto en la ley fiscal, sino que supondría la inconsecuencia del legislador. Ello así, toda vez la interpretación realizada por la Cámara vacía de contenido al artículo 78 del CF to 2004, cuyo texto decía "Se suspende por ciento veinte (120) días hábiles el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:// 1. Desde la fecha de la notificación de la resolución que inicia el procedimiento de determinación de oficio.// 2. Desde la fecha de la notificación de la resolución que inicia la instrucción de sumario por incumplimiento a las obligaciones fiscales de orden material o formal".

¿Qué sentido tendría, entonces, que el Legislador hubiera acordado efecto suspensivo a la notificación de las resoluciones que dan inicio al procedimiento de determinación y al sumarial si las actuaciones administrativas, actuaciones en el marco de las cuales se dictan esos actos, tenían efecto interruptivo? En suma, la decisión recurrida, en el aspecto considerado, carece de un mínimo de fundamento, por lo que debe ser revocada en lo que fue materia de agravio.

3. Empero, como la solución respecto del planteo de prescripción formulada requiere de una valoración de las constancias de la causa, no realizada, corresponde devolver las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho.

Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por; hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; revocar la sentencia de Cámara en cuanto fue materia de agravio; y devolver las actuaciones para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho. Costas a la vencida.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Concuerdo con el juez Luis Francisco Lozano en que corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de Empresa Constructora Delta S.A.

En primer lugar, como señalan mis colegas, la sentencia de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fs. 629/633 vta. de los autos principales es equiparable a definitiva, porque la cuestión referida a la prescripción de los anticipos 12/96 y 1 a 12/97 del impuesto sobre los ingresos brutos no podrá ser discutida en otro juicio.

2. En segundo lugar, la decisión de los jueces a quo debe ser, a mi criterio, descalificada como acto jurisdiccional conforme la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.

En este sentido, la sala I declaró desierto el recurso de apelación de la recurrente en cuanto cuestionó la sentencia de primera instancia por haber atribuido efecto interruptivo de la prescripción al trámite de las "actuaciones administrativas" (la C.I. nº104.634/98, efecto que se extendería hasta la notificación de la resolución determinativa de oficio).

De la lectura de las normas locales aplicables (la ley nº19.489 -artículo 10- y el Código Fiscal -artículo 62 del t. o. 1999 y sucesivos de años posteriores, cfr. fs. 38 de la C.I., "acta de iniciación de inspección"-) surge, con claridad, que aquél no pudo tener ese pretendido efecto.

3. Asimismo, y "no obstante lo expuesto" (cfr. punto IV.4 del voto de la camarista preopinante, al que adhirieron sus colegas), con cita de las leyes nº19.489 y 671, "las constancias de autos" y la fecha de inicio del presente juicio de ejecución fiscal, los jueces a quo concluyeron que los anticipos correspondientes a los años 1996 y 1997 no estaban prescriptos al tiempo del inicio del apremio.

Ello no puede ser considerado fundamento suficiente de la decisión. Aquél debió consistir, dadas las circunstancias fácticas del caso, en una valoración concreta y razonada -explicitada debidamente en la sentencia- de la fecha de vencimiento de la deuda reclamada, la fecha de inicio del presente juicio de ejecución fiscal y la incidencia que este segundo acto, el curso del proceso judicial y cada uno de los actos producidos en el marco de la C.I. nº104.634/98 han podido tener en la suspensión o interrupción de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco local para determinarla y exigirla conforme las normas locales aplicables.

Por lo expuesto, y con la extensión que surge de los considerandos de este voto, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de Empresa Constructora Delta S.A., dejar parcialmente sin efecto la sentencia de fs. 629/633 vta. del principal y devolver los autos a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a la presente. Costas a la vencida (artículos 2º de la ley nº402 y 62 del CCAyT).

Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

Coincido con el Dr. José Osvaldo Casás en que deberá hacerse lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad de la demandada, toda vez que la decisión recurrida -en lo que fuera motivo de agravio y conforme los argumentos que mi colega expone y comparto- resulta descalificable como acto jurisdiccional válido. Costas a la vencida.- Así lo voto.- La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja de Empresa Constructora Delta S.A. ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que no contiene una crítica suficiente de todas las razones por las que el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender fue denegado.

2. La Cámara no admitió el recurso de inconstitucionalidad deducido por la empresa contra la resolución que confirmó el rechazo de las excepciones opuestas por la ejecutada. Los vocales señalaron que:

(i) no existía sentencia definitiva o equiparable;

(ii) la recurrente se limitaba a discrepar con la hermenéutica adoptada de normas infraconstitucionales (Código Fiscal y CCAyT), todo lo cual era ajeno al recurso intentado; y (iii) los agravios ensayados no lograban demostrar que existiera una ". relación directa entre las cláusulas constitucionales invocadas y la sentencia impugnada" (fs. 89).

Por lo demás, los camaristas descartaron la configuración de un supuesto de arbitrariedad de sentencia.

3. La quejosa acierta en cuanto a que la decisión recurrida debe equipararse a definitiva. Ello, pues el rechazo de la excepción de prescripción no podrá ser replanteado en un juicio ordinario posterior (conf. doctrina del Tribunal adoptada en "GCBA c/ Constructar S.A. s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3275/04, pronunciamiento del 23/02/2005, entre otros).

Sin perjuicio de ello, la impugnante no logra poner en crisis las restantes razones reseñadas en el punto anterior.

Es que en su recurso directo la ejecutada insiste en objetar el modo en que el a quo interpretó los hechos y las normas infraconstitucionales en juego, impugnaciones que replica para sostener su agravio de arbitrariedad de sentencia, sin articular sus dichos con los términos del auto denegatorio. Y aunque denuncia como cuestión constitucional la supuesta afectación del derecho de defensa, no consigue refutar con argumentos concretos lo afirmado por los sentenciantes respecto de la ausencia de relación directa entre la interpretación de los preceptos constitucionales invocados y lo resuelto en el caso.

Como lo expliqué al votar en "Technology Bureau S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Technology Bureau S.A. s/ ejecución fiscal'", expediente nº 4426/05, resolución del 21/06/06, entre otros antecedentes, "?e?s requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. TSJ in re 'Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad', expte. nº 865, resolución del 09/04/01)". Y, el incumplimiento en autos con el referido recaudo define el rechazo del recurso directo intentado e impide avanzar en el análisis más allá de lo expuesto. 4. Por las razones apuntadas, voto por rechazar la queja de Empresa Constructora Delta S.A.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Empresa Constructora Delta S.A., con costas.

2. Dejar parcialmente sin efecto la sentencia de fs. 629/633 vuelta de los autos principales respecto de la prescripción del impuesto y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de jueces distintos a los que ya intervinieron en autos, se dicte un nuevo fallo de acuerdo con lo aquí decidido.

3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se remita a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

La jueza Ana María Conde no suscribe la resolución en los términos de la acordada nº 40/2014.