Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-02


En la ciudad de Trelew, a los 02 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Juan Humberto Manino y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T., K. L. c/ A. D. S. S.A. s/ pago por consignación" (Expte. N° 20.696 - año: 2005) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 155. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez expuso: I.- En compendio, la sentencia de primera instancia dictada en estos autos decidió: A) rechazar la articulación de inconstitucionalidad de la legislación de emergencia económica formulada por la demandada.B) declarar pesificada la deuda con garantía prendaria de la actora para con la demandada en la relación de cambio U$S 1 = $ 1, más el ajuste del capital por aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (C.V.S.) a partir de la cuota mensual n° 10, vencida el 10/10/02. C) declarar satisfechas la totalidad de las cuotas correspondientes al capital original, así como los intereses moratorios e improcedentes los punitorios y, por ende, subsistente sólo la deuda por el monto correspondiente al ajuste de acuerdo a la variación del C.V.S. de las cinco últimas cuotas.

D) desestimar la pretensión de pago por consignación de dicha deuda subsistente -y, en consecuencia, la de cancelación de la prenda unida a la anterior en acumulación sucesiva-, en razón de no haber siquiera alegado la actora la realización de una oferta real de pago de tal ajuste por C.V.S., de modo que no concurría en el caso el requisito de la negativa injustificada a recibirlo de parte de la acreedora demandada previsto para el andamiento de la consignación en el art. 757 inc. 1° Cód. Civ.

Tal conclusión obstativa al progreso de la demanda, añadió la juzgadora de origen, tornaba innecesario analizar si la suma consignada reunía los extremos del art. 758 cód. cit.- E) rechazar el planteo de reajuste de precio de la compraventa formulado por la parte demandada. F) imponer las costas motivadas por la demanda a la actora y las causadas por los planteos de inconstitucionalidad y reajuste del precio a la demandada.

II.- Tal fallo fue apelado por la actora, quien al agraviarse en la pieza de fs. 145/148 expresó, en apretada síntesis, que los supuestos de pago por consignación no se agotan con la enumeración enunciativa del art. 757 Cód. Civ., resultando el procedimiento consignatorio viable también en todas las demás hipótesis de obstáculos serios al pago directo o de riesgo de hacerlo con error.

Sobre esa base argumentó que frente a la negativa a pesificar la deuda de la acreedora, quien exigía en cambio cobrarla en dólares estadounidenses, se alzó ante la deudora un impedimento grave para el pago y habría carecido de sentido el ofrecimiento de lo debido en concepto de ajuste por el C.V.S., pues tal ítem presupone una pesificación de la deuda a la que se negaba la demandada.

Esa circunstancia constituyó una real y seria dificultad para efectuar el pago, asimilable a las previstas en la enumeración no taxativa del art. 757 cód. cit., que tornó entonces procedente la consignación, más allá de cualquier diferencia mínima en el monto, en la que no puede ampararse la acreedora sin incurrir en un ejercicio abusivo de su derecho. III.- Corrido el pertinente traslado de dicha expresión de agravios, la demandada lo evacuó a fs. 150/152, ocasión en la que, resumidamente, sostuvo que para el acogimiento de la consignación en el supuesto del art. 757 inc. 1° Cód. Civ. es menester que el deudor haya hecho una oferta extrajudicial de pago, real y concreta, y que pruebe la negativa injustificada del acreedor a percibirlo, requisitos que en la especie la actora no demostró. Recordó luego el principio de integridad del pago, manifestando que tampoco ha sido observado por la deudora. - IV.- Cual bien indicara la recurrente, desde antiguo, y hasta el presente, promedia acuerdo doctrinario en interpretar que la lista de supuestos justificantes del pago por consignación estampada en el art. 757 Cód. Civ. no es taxativa, sino enunciativa de las situaciones más frecuentes; de allí que siempre que el deudor enfrente una dificultad seria impeditiva del seguro ejercicio de su derecho a liberarse de la obligación -el "ius solvendi"-, queda él legitimado para satisfacer el pago con intervención judicial.

Apreciar las circunstancias fácticas que puedan obstar al ejercicio seguro del derecho de pagar es asunto eminentemente prudencial, que ha encararse con criterio estricto para no desvirtuar el carácter excepcional de la consignación, pero cuando concurra una real dificultad o un riesgo serio para practicar el pago directamente en manos del acreedor, no cabrá vacilar en la procedencia del juicio por consignación (confr.: Llambías, "Obligaciones", Abeledo-Perrot 1970, II-885/886, n° 1558; en idéntico sentido, Lafaille, "Tratado de las obligaciones", EDIAR 1947, I-440/441, n° 391; Salvat-Galli, "Obligaciones en general", 6ta. ed., II-319/320, n° 1319-20; Busso, "Código Civil anotado", EDIAR 1955, V-583, n° 5; Salas, "Código Civil anotado", 2da. ed., I-382, n° 1; Borda, "Obligaciones", 4ta. ed., I-582/583, n° 762; Cifuentes-Sagarna, "Código Civil comentado y anotado", Ed. La Ley 2003, I-549). En verdad, como indicara el maestro Busso (ob. ind., V-582, n° 3), útil para definir los supuestos de pago por consignación es adoptar la fórmula general -y no casuística- del art. 372 del Código Civil alemán: ella procede cuando un deudor no negligente se ve impedido de ejecutar con seguridad su obligación por causas provenientes del acreedor o por la incertidumbre que exista sobre la persona de este último. Así es que se equipara a la negativa infundada del acreedor a recibir el pago, prevista en el art. 757 inc. 1° cód. cit., cualquier proceder suyo que implique reclamos o exigencias que estén al margen de lo debido o que puedan perturbar la correspondiente liberación del deudor (confr.: Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., III-218). Por caso, cuando el acreedor pretende una cuantía mayor que la que el obligado estima adeudar, es innegable el derecho de éste a consignar la última cifra (confr.: Llambías, opus cit., II-886/887, n° 1559). - Tal aconteció en el subexamen. En efecto, canceladas ya por la actora todas las cuotas de precio pactadas por sus valores originales, y no obstante que las disposiciones de los arts. 11 de la ley 25.561 (texto del art. 3 de la ley 25.820), 1° del dec. 772/02 y 1, 2 y 4 de la ley 25.713 produjeron la pesificación de la deuda al tipo de cambio U$S 1 = $ 1, más el ajuste por C.V.S., la acreedora le reclamó mediante carta documento un supuesto saldo pendiente de tres mil quinientos cincuenta y dos dólares estadounidenses, intimándole a abonarlo en el plazo de quince días (fs. 30).

Semejante comunicación, exigiendo una suma mucho mayor a la debida y en moneda diversa a la establecida por una ley de orden público, llevaba implícita la negativa a recibir en pago algo distinto a lo que pretendía, máxime que, descartando por anticipado toda tratativa entre los partes, la acreedora hizo constar en la misma carta documento que daba "por concluido intercambio epistolar".

De poco hubiera servido un concreto y formal ofrecimiento por la deudora de pagar la suma resultante del ajuste de las cinco últimas cuotas de acuerdo a la evolución del C.V.S., pues con la postura asumida ya la acreedora adelantaba el rechazo de tal oferta o bien la aceptación de la suma que se le ofreciera como pago sólo parcial y sin por ello liberar a la deudora. Razón asiste a la apelante al destacar cual fue el epicentro del debate: la pesificación de la deuda según la recordada relación de cambio, que la ley imponía pero la demandada no aceptaba. Sin acuerdo sobre ese punto inicial, no tenía caso ofrecer el pago del ajuste según el C.V.S., porque éste dependía de un "prius", partía de una premisa lógica: la procedencia de la indicada pesificación.

Tal fue el obstáculo real y serio al pago directo que abrió camino a la consignación, pues aunque no se cuente entre los supuestos enumerados en el art. 757 Cód. Civ., sí se halla abarcado por el concepto general emanado de esa norma. No se trataba en la especie entonces de alegar la realización del ofrecimiento extrajudicial del pago ni de acreditar la negativa de la acreedora a percibirlo, porque esos son requisitos de la hipótesis contemplada en el inc. 1° del mentado precepto, mientras que en el caso "sublite" topamos con otra circunstancia: la de una deudora impedida de ejercer su "ius solvendi" por una causa proveniente de su acreedora, que le reclamaba una especie de moneda y en una cantidad diversa de la que resultaba de aplicar las normas de orden público reguladoras de la emergencia de económica. - V.- Viable en principio así el pago por consignación, para establecer su procedencia o improcedencia hemos de analizar si el intentado se adecua al principio de integridad al que ambas partes aludieran, cuestión en la que la sentenciante del anterior grado no ingresara dado el sentido de su anterior conclusión (v. fs. 132 vta., párr. 3°). Tal investigación nos lleva en primer término a determinar cuáles eran los conceptos adeudados. Comenzaré señalando que ha quedado admitido en estos actuados -sobre ello no versó el debate (ver escritos de demandada y contestación)- que la deudora canceló la totalidad de las catorce cuotas mensuales del precio pactadas conforme sus valores originales.

Por su lado, en la sentencia de primera instancia fue declarado que la deudora había abonado también todos los intereses moratorios devengados, que no correspondía el cómputo de los intereses punitorios estipulados a fs. 9 vta., párr. 1°, y que, por aplicación de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 25.713 (modificados por los arts. 1 y 2 inc. "c" de la ley 25.796), sólo eran ajustables las cuotas a partir de la n° 10, con vencimiento el 10/10/02, y ello de acuerdo a la variación del C.V.S. (fs. 131 "in fine" / 131 vta.); tales conclusiones han ganado firmeza, toda vez que la demandada, a quien aquéllas perjudicaban, no apeló el fallo.

Por consiguiente, la deuda de la actora está limitada al mencionado reajuste de las cinco cuotas de precio finales, a realizarse por aplicación del C.V.S. Para establecer el importe del rubro contamos con el dictamen pericial contable de fs. 85/86. No obstante, al apreciar la eficacia probatoria de tal elemento de juicio es observable que el experto incurrió en un ligero error aritmético que fuerza a separarse parcialmente del mismo (art. 477 C.P.C.C.).

En efecto, aunque fueron correctamente calculados los ajustes de cada una de las cinco cuotas, se deslizó una errata en la adición de esos parciales para la obtención del total adeudado, que en verdad alcanza no a la suma allí indicada, sino a la de $ 37,92 ($ 0,52 + $ 1,39 + $ 3,76 + $ 8,93 + $ 23,32 = $37,92). - Frente a ese importe de la deuda tenemos una demanda de pago por consignación cuyo monto original fue de $ 20 (fs. 37, 39 vta. y 44).

Sin embargo, al advertir la actora que había incurrido en equívoco al liquidar a fs. 39 vta. el monto del ajuste de una de las cuotas, amplió su demanda en $ 15 (fs. 88/89 y 101). Corrido traslado de tal ampliación, la demandada se opuso a ella por considerar que, realizada luego de haberse trabado la litis, resultaba extemporánea (fs. 103, 105). El tribunal a fs. 106 tuvo presente lo peticionado para resolverlo en el momento oportuno, providencia que fue consentida. Corresponde pues pronunciarse sobre esa cuestión.-- Considero que la ampliación debe ser admitida en el caso. Bien se ha señalado que "las postulaciones que -sin cambio de sustentación- tienden a corregir errores materiales no constituyen transformación o cambio de la demanda" (Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., IV-B-84).

Si bien el art. 331 C.P.C.C. veda la modificación de la demanda después de su notificación, ello es aplicable cuando lo alterado es la pretensión incoada en alguno de sus elementos esenciales, lo que puede resentir las posibilidades de defensa del adversario; pero no lo es cuando del análisis del "casus" no resulta derecho que se resienta ni lesión que se produzca (confr.: Colombo, "Código de Procedimiento...", 1era. reimpr., Abeledo-Perrot 1964, I-274, n° 2; Ayarragaray-De Gregorio Lavié, "Código Procesal...", Zavalía Ed. 1968, pág. 274, ap. 2).

Ello precisamente ocurrió en la especie. El incremento de la suma consignada no infirió menoscabo al derecho de defensa de la demanda, porque no significó una variación de la plataforma fáctica que delimitó la pretensión -la denominada "causa petendi" de ella- ni de las alegaciones jurídicas con que la actora la apontocó, sino la corrección de un error material en el cálculo del monto adeudado.

Tampoco menoscabó el derecho de defensa de la demandada al descolocarla en relación a la contestación de la demanda que ya había producido. Nótese en efecto que la acreedora en su responde de fs. 53/58 no peticionó el rechazo de la consignación por diferencias en menos en la liquidación del ajuste por C.V.S., sino que se opuso lisa y llanamente a la pesificación con ese método de reajuste e insistió en la dolarización de la deuda..

El mayor o menor importe de ese ajuste entonces ninguna influencia tuvo en el esquema de oposición a la demanda que eligiera, de forma que la posterior ampliación no lesionó su derecho de defensa . Corresponde en consecuencia tener por ampliada la demanda de pago por consignación hasta la suma de $ 35, lo que nos lleva a detectar una diferencia de $ 2,92 con el monto adeudado.

Por cierto que la consignación sólo tiene la fuerza de pago cuando concurre el requisito de la integridad de éste (arts. 742, 758 y concs. Cód. Civ.).

Sin embargo, cuando lo que falta para completar la totalidad de la prestación resulta insignificante, el rigor de aquel principio debe atenuarse, ya que en esas condiciones el rechazo del pago por parte de la acreedora so capa de que el mismo no es íntegro es contrario a la buena fe y constitutivo de un abuso de derecho (arts. 1071, 1198 cód. cit.; confr.: Busso, ob. ind., V-485, n° 64; Cazeaux-Trigo Represas, opus cit., III-127, n° 1; Llambías, ob. ind., II-803, n. 214; Borda, opus cit., I-546, n° 698; S. C. Mendoza, J. A. 1990-III-361; C.N. Civ., sala "C", L. L. 1986-B-413).

Tal es el caso ocurrente, pues rechazar el pago del último ítem adeudado y, en consecuencia, también la cancelación de la prenda que garantizara una obligación contraída por $ 6.062, convertibles a dólares estadounidenses en esa época, en razón de que existe un nimio saldo deudor de $2,92 bien puede catalogarse como un ejercicio abusivo del derecho, pues excede los límites impuestos por la buena fe, trayendo a debate judicial una nimiedad con olvido de que, según el clásico aforismo latino, de insignificancias no se ocupa el pretor - "de minimis non curat praetor"- (este cuerpo, c. 20.440 S.D.C. 34/05, c. 20.469 S.D.C. 50/05).

Extintivo de la obligación por tanto el pago (arts. 724, 725, 759 "in fine" Cód. Civ.), él habilita en consecuencia la cancelación de la prenda que la garantizaba (art. 25 del dec.-ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, y art. 3236 cód. cit.). VI.- Las razones expuestas me conducen a propiciar la revocación de la sentencia apelada, en el punto I de su parte resolutiva, a fin de: a) declarar válido y con fuerza extintiva de la obligación el pago por consignación realizado por K. L. T. a A. D. S. S. A. hasta la suma de treinta y cinco pesos, imputable al ajuste por aplicación del C.V.S. de los montos de las ultimas cinco cuotas de precio de la compraventa de automotor por ellos celebrada el 12/11/01; b) ordenar la cancelación de la prenda que garantizaba el saldo de precio de dicha operación. A tenor de lo dispuesto en el art. 279 C.P.C.C., habrá de adecuarse a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada en la instancia de origen, que deberán imponerse a la demandada vencida (art. 68 cód. cit.).No será menester practicar adecuación de los honorarios regulados en el punto I del mentado fallo, toda vez que fijados allí de acuerdo al mínimo del art. 8 del dec.-ley 2.200 -dado el escaso monto del pleito-, la variante en la decisión final no puede influir sobre ellos.

Las costas de segunda instancia han de cargarse sobre la parte demandada que resultara derrotada (art. 68 C.P.C.C., ya cit.), regulando los honorarios de los Dres. S. E. L. D. C., G. A. C. y D. H. G., por sus labores de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellas, en las sumas respectivas de $ 87,50, de $ 87,50 y de $ 162,50, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19 del dec.-ley 2.200; leyes 23.849 y 23.871). Consecuentemente, me expido en esta cuestión primera por la NEGATIVA.- A la MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó: La detallada y por cierto completa síntesis que ha llevado a cabo el Sr. Magistrado preopinante del fallo venido en apelación, así como de los agravios vertidos contra el mismo por la actora, torna justificado por las conocidas razones de brevedad procesal, que me remita a la misma para evitar fatigosas repeticiones.- De esta forma ingreso directamente, atendiendo los agravios vertidos, a lo que considero el nudo o "meollo" del litigio planteado. Que lo son si hubo razón de la actora para consignar en autos y pedir la cancelación de la prenda que garantizaba el crédito y si el pago por consignación realizado reunía las condiciones de integridad que debe poseer. 1º) .- Por cierto que la enumeración del Art. 757, inc. 1º del C.Civil respecto de los casos o supuestos donde puede tener lugar la consignación, es de naturaleza enunciativa y no taxativa. Así lo entiende la casi totalidad de la doctrina sobre el punto (confr., entre otros, Bueres-Higton, "Cód. Civil...", Ed. Hammurabi, 1998, Tomo 2B, pág. 122 y ss., comentario al Art. 757; Llambías, "Cód. Civil anotado", Ed. Abeledo Perrot, 1979, Tomo IIº-A, pág. 664 y ss.).- Si el deudor tropieza con un obstáculo o valla insalvable a su propósito de pagar y liberarse de su obligación (ius solvendi), resulta evidente que no puede cortapisarse su derecho con ingreso del punto específico y taxativo en los casos establecidos en el Art. 757, inc. 1º del C.C..

En el sub-examen, si la actora, cual lo narra el colega, había satisfecho sus obligaciones anteriores plenamente y regía la pesificación forzosa de la Ley 25.561 según la reforma del Art. 3 de la Ley 25.820, recibiendo una intimación de la acreedora (fs. 30) a abonar la deuda existente en dólares EEUU, esto es, una suma mayor a la adeudada y en una moneda diferente de la establecida por la ley de orden público, resulta notorio y evidente que tal intimación conllevaba la postura de la acreedora de no recibir otro pago que no fuera el que pretendía.

Dado ello, carecía de significado práctico alguno y de relevancia que la actora intimara el cobro para incluirse en el Art. 757, inc. 1º del C.C., toda vez que sin duda alguna -visto la intimación cursada- se encontraba adelantada ya la postura de la demandada acreedora. La legislación aplicable y de orden público establecía una pesificación al cambio fijado con más el C.V.S. de las cuotas pendientes, que no era aceptada por la demandada.

No resultaba por tanto propio y racional el ofrecer el pago e intimar cual lo reza el art. cit., para ingresar al pago por consignación, sino el encontrarse la legitimada activa con un concreto obstáculo a su intención de pagar y liberarse; ello condujo a la procedencia inicial de la demanda de pago por consignación y sus efectos. 2º .- La segunda cuestión es si el pago por consignación reunía o no las condiciones de integridad exigidas por los Arts. 742, 758 y concs. del C.C. - Efectivamente como lo detalla el colega al comentar la pericia contable de fs. 85/86, referido a la deuda de la actora por las 5 cuotas finales con más el C.V.S., el monto de la obligación alcanzaba a los $ 37,92. Frente a ello la demanda fue por un monto original de $ 20 que luego, advertida la actora del error de cálculo cometido, la llevó a ampliar la misma (fs. 88/89) por la suma de $ 15.

La demandada se opuso a tal ampliación, posterior a la notificación de la demanda, quedando el punto a resolver por lo que cabe ocuparse del mismo. Concuerdo aquí con el colega en que la ampliación con el depósito de fs. 88 no importó la modificación de la demanda que afectara el derecho de defensa de la demandada, razón de la prohibición de cambio.

No se alteró la pretensión ejercitada que seguía siendo la misma ni, como dije, se afectó la defensa de la acreedora que, cabe destacarlo, en su responde de fs. 53/58 no trató ni peticionó por diferencia en menos de la liquidación por ajuste del C.V.S., sino que incursionó en la oposición a la pesificación insistiendo en dolarizar la deuda. Debe pues aceptarse la ampliación de la demanda con consignación de la suma de $ 35 que nos conduce a que existe una diferencia de $ 2,92. Me parece evidente y estoy persuadido de ello, que tan mínima diferencia no puede ser obstáculo al progreso de la pretensión, pues de basarse en esto se estaría en un pleno ejercicio abusivo del derecho que la ley no acepta, situación que el órgano jurisdiccional tiene el deber de hacer observar.En consecuencia, corresponde hacer lugar al pago por consignación con la consecuente cancelación de la prenda que cubría los derechos de la acreedora.

Conclusión. Debe revocarse la sentencia apelada, declarando válido y con fuerza extintiva el pago por consignación realizado por la actora, ordenando en consecuencia la cancelación de la prenda. Por imperio del Art. 279 del CPCC. ante tal revocación, debe adecuarse la imposición en costas de la sede de origen que, visto lo resuelto en este acuerdo, deben serle impuestas a la demandada vencida por el Art. 68 del CPCC.. Sin necesidad de adecuar honorarios por el monto oportunamente fijado. Las costas de Alzada deben ser a cargo de la demandada, vencida por el agravio de la actora, entendiendo que los honorarios propuestos regular a la Dra. S. L. D. C., Dr. G. A. C. y Dr. D. H. G., están adecuados a la tarea cumplida y normativa arancelaria que se cita.- Voto yo también la cuestión por la NEGATIVA. A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez respondió: - Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde revocar la sentencia apelada, en el punto I de su parte resolutiva, a fin de: - A) declarar válido y con fuerza extintiva de la obligación el pago por consignación realizado por K. L. T. a A. D. S. S. A. hasta la suma de treinta y cinco pesos ($ 35), imputable al ajuste por aplicación del C.V.S. de los montos de las ultimas cinco cuotas de precio de la compraventa de automotor por ellos celebrada el 12/11/01. - B) ordenar la cancelación de la prenda que garantizaba el saldo de precio de dicha operación. - C) imponer las costas de ambas instancias a la demandada. D) regular los honorarios de los Dres. S. E. L. D. C., G. A. C. y D. H. G., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas de $ 87,50, de $ 87,50 y de $ 162,50, con más el I.V.A. pertinente. ASI LO VOTO. A la SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino: - Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez. Con lo que se dio por terminado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 Ley 2200 y 271 del C.P.C.C., Textos Ley 4550). Trelew, 02 de febrero de 2.006. - En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: REVOCAR la sentencia apelada, en el punto I de su parte resolutiva, a fin de: -A) Declarar válido y con fuerza extintiva de la obligación el pago por consignación realizado por K. L. T. a A. D. S. S. A. hasta la suma de treinta y cinco pesos ($ 35), imputable al ajuste por aplicación del C.V.S. de los montos de las ultimas cinco cuotas de precio de la compraventa de automotor por ellos celebrada el 12/11/01. - B) Ordenar la cancelación de la prenda que garantizaba el saldo de precio de dicha operación. - C) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. D) Regular los honorarios de los Dres. S. E. L. D. C., G. A. C. y D. H. G., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas de $ 87,50, de $ 87,50 y de $ 162,50, con más el I.V.A. pertinente. Regístrese, notifíquese y devuélvase. - Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DE 2.006 - SDC.- Conste.-