Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-25


Por su importancia se transcriben los fundamentos del auto anotado. I. El Señor Marcelo Iglesias y la Señora Nilda Elizabeth Galindo Cáceres se presentan ante esta Cámara y deducen recurso extraordinario federal contra la decisión obrante a fs. 24. De autos se desprende que los nombrados pretenden ser querellantes en la presente causa, constituyendo el rechazo de tal pretensión uno de los agravios que pretenden hacer valer mediante las vías recursivas entabladas. II.. De la lectura de los numerosos escritos presentados por Iglesias y Galindo, se desprende que éstos han actuado por derecho propio, sin contar con patrocinio letrado, careciendo ellos mismos de la condición de abogados, habiéndose adoptado en consecuencia el temperamento obrante a fs. 53, el que sin embargo, habrá ser objeto de un reexamen de lo planteado en autos, teniendo en cuenta la multiplicidad de causas con pretensiones análogas, la necesidad de evaluar el acierto de lo resuelto a la luz de los estándares internacionales en la materia y a fin de posibilitar el eventual control de lo resuelto por esta Cámara.. Previo a expedirse sobre la viabilidad de la pretensión recursiva instaurada ante esta Sala, atento lo que se señala, es menester un pronunciamiento acerca de la regularidad y admisibilidad formal de esas presentaciones. En principio, cabe aclarar que esta Sala entiende que no procede intimación en ese sentido toda vez que los nombrados plantearon expresamente la inconstitucionalidad de la exigencia de actuar con patrocinio letrado por considerar que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y los numerales 1.1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. 107 vta.) y promovieron un beneficio de litigar sin gastos requiriendo que se les designara defensor oficial (conf. escrito de fs. 3 vta.). Debe esta Cámara evaluar entonces el acierto de esos planteos. III. El Código Procesal Penal de la Nación establece como uno de los requisitos formales para desempeñar el rol de querellante el de actuar con asistencia letrada (conf. Artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación). Concordantemente, el artículo 110 de la misma norma impone al actor civil actuar siempre con patrocinio letrado. Este recaudo es coherente, por otra parte, con la norma genérica del artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual los jueces no deben proveer ningún escrito que sustente o controvierta derechos si no llevan firma de letrado, lo que es reforzado en el artículo 57, conforme al cual debe tenerse por no presentado y devolverse al firmante todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese. Tal requisito, además de favorecer la defensa en juicio de los individuos, responde también a la necesidad de asegurar la buena marcha del proceso, la celeridad y el orden de los procedimientos. Acerca de esta exigencia, se ha señalado que "ha dado plausibles resultados para el normal trámite de los procesos y para mantener el decoro y ponderancia en la actuación" (De Gregorio Lavié, J. A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ediar, Bs. As., 1985, t. I, p. 187). La actuación de los patrocinadores responde también, dado lo expuesto, al interés público. Se ha señalado que "la justicia, cuyo recto funcionamiento tiene una altísima importancia social, no podría proceder sin graves obstáculos si los jueces, en vez de encontrarse en contacto con defensores expertos en técnica jurídica, hubiesen de tratar directamente con los litigantes, desconocedores del procedimiento, incapaces de exponer con claridad sus pretensiones, perturbados por la pasión o la timidez" (Calamandrei, P., Instituciones, II, p. 393). Esta Cámara, por otra parte, ha atribuido la inteligencia de la normativa en cuestión al propósito de evitar presentaciones de legos ante los estrados, que a tenor de la falta de conocimientos específicos de la temática jurídica, eventualmente podrían llegar a obstaculizar su actuación (conf. Sala II, Tolosa, M. A., reg. 7938 del 12 de abril de 1991 y sus citas; Valotta, M.R., reg. 8001 del 10 de mayo de 1991; y más recientemente, Silvestroni, M., reg. 15553 del 29 de junio de 1998). Debemos preguntarnos si esta norma, tal como lo postulan los recurrentes, es inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado, con cita de precedentes invariables en la materia, que la exigencia de firma de letrado "no comporta alteración reglamentaria de ningún principio constitucional" ni "afecta el derecho de defensa" (Fallos, t. 238, p. 376; t. 260, p. 114; t. 265, p. 289). Este panorama no ha cambiado, pese a lo que opinan los recurrentes, con la entrada en vigencia de la norma de derecho internacional de derechos humanos que se invoca. En tal sentido, no se aprecia una restricción irrazonable de las garantías del debido proceso, ajustándose al marco de las legítimas limitaciones que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla en su artículo 32, en relación con los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Esta concordancia, en principio, con las garantías de la Convención, es admitida tácitamente por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC 11/90 del 10 de agosto de 1990 opinó que la víctima de una violación a los derechos humanos no se halla exenta del requisito del previo agotamiento de los recursos internos por la mera necesidad de valerse de servicios jurídicos para ello, ya sea por razones legales o de hecho, sino que debe además demostrar que se vio impedida de obtenerlos , por ejemplo por razones de indigencia o debido a una situación de temor generalizado que haga que los abogados no acepten casos cuando crean que ello pudiera hacer peligrar su vida y la de sus familiares(Serie A, Fallos y Opiniones, Nro. 11). IV. Habiendo concluido en la exigibilidad en el caso de la actuación con patrocinio letrado y en la constitucionalidad de tal exigencia, corresponde determinar si deben desecharse de plano los escritos presentados o hacer lugar a la intervención de la defensa de oficio tal como postula el otro punto planteado por el recurrente. La decisión sobre esta cuestión se halla vinculada con el deber de garantizar en el caso el acceso a la justicia, garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también de rango constitucional en virtud de lo establecido en el artículo 75, inc. 22, de la primera de las normas citadas. Sobre este tema, la aludida opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de debidas garantías no se circunscribe al imputado en una causa penal sino que todo individuo tiene derecho al debido proceso en las sustanciaciones de cualquier otro carácter a que alude el artículo 8 de la Convención. Precisamente, allí se concluye que no es necesario el agotamiento de recursos internos cuando no sea posible acceder a los servicios jurídicos exigidos debido a razones de indigencia, supuesto alegado por el recurrente. Y también se señala que el Estado debe brindar asistencia legal gratuita al indigente cuando ésta sea necesaria, afirmando incluso que una persona en esa situación se vería discriminada por razón de su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la proveyera gratuitamente. Este último aspecto alude a otra norma en juego, la del artículo 1.1 de la Convención, conforme a la cual el Estado debe respetar y garantizar los derechos por ella reconocidos sin discriminación alguna por razones como, entre otras, la posición económica. Tal como se ha visto, el acceso a la justicia no se circunscribe al imputado en una causa penal, por lo que también cabe entender que rige respecto de quienes pretendan actuar como querellantes, en ordenamientos en que esto es admitido, tal como lo hace el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. A no otra conclusión debe arribarse a la luz de la amplia formulación del artículo 8 de la convención y a las opiniones de los órganos encargados de su aplicación. Sobre los alcances del acceso a la justicia en casos como el que se alega aquí, es legítimo acudir, como ya ha hecho antes este Tribunal emulando a la forma en que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos explora las fuentes de interpretación de este novedoso corpus juris, a la rica jurisprudencia que sobre el tema ha elaborado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en base a normas análogas a las aplicables en el sistema interamericano del que la República Argentina forma parte (conf. Moreno Ocampo, L., reg. 1050 del 22 de noviembre de 1996). En el caso Airey, del 9 de octubre de 1979, el Tribunal Europeo señaló que en tanto exista una facultad judicial en la legislación interna, ésta debe poder ser utilizada por todo aquél que cumpla los requisitos legalmente exigidos y que el Convenio Europeo persigue la protección de los derechos considerado no en sentido teórico o ideal, sino como derechos reales y efectivos, punto que visualiza como singularmente claro en relación con el derecho de acceso a los tribunales a la vista del papel preeminente que en una sociedad democrática tiene el derecho a un juicio justo. En ese precedente, se arribó a la conclusión de que dada la vigencia del debido proceso "puede en ocasiones competer a un Estado proveer de asistencia jurídica cuando se demuestre el carácter indispensable de ésta para un acceso efectivo a los Tribunales, ya sea porque sea legalmente exigida la asistencia de letrado, como ocurre en los ordenamientos internos de algunos de los Estados contratantes para determinados tipos de procesos, ya por la complejidad del procedimiento o del caso". Esa asistencia debe ser eficaz, en el sentido de que el litigante sea capaz de presentar su caso de manera adecuada y satisfactoria (Boletín de Jurisprudencia Constitucional. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de jurisprudencia, 1959-1983, Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid, pág. 568. También ver precedentes en el mismo sentido, aunque relativos a imputados en causas penales, Artico, del 13 de mayo de 1980; Pakelli, del 25 de abril de 1983). Convergentemente, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en 1990, establecen en lo atinente a la cuestión que: 1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal. 2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos tales como la posición económica. 3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos. A su vez, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, establece que las víctimas tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional (art. 1); promoviendo el establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean entre otras cosas poco costosos y accesibles (art.5); e instando a la adecuación de los procedimientos judiciales a las necesidades de las víctimas a través de -entre otras vías- de la prestación de asistencia apropiada durante todo el proceso judicial (art. 6.c). Igualmente, el proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, elaborado por la Comisión de Expertos reunida en Palma de Mallorca entre los años 1990 y 1992, en su artículo 42 preceptúa que "las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho a ser oídos y a ser asistidos por abogado, el que, en casos graves, podrá ser designado de oficio". En concordancia con estos principios e ideas y con la renovada tendencia a reconocer con amplitud los derechos de la víctima, la renovación de códigos procesales penales que se halla en curso en el continente ha contemplado la necesidad de asegurar efectiva y no abstractamente esos derechos. En tal sentido, puede citarse por ejemplo el Código Procesal Penal de Guatemala, que en su artículo 539 contempla que quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. En nuestro medio, el novísimo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece en su artículo 85 que si quien alega su condición de víctima "no contara con los medios suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en particular damnificado, el Centro de Asistencia a la Víctima se lo proveerá gratuitamente, a fin de que acceda legítimamente al procedimiento judicial". En concordancia con lo expuesto, esta Cámara entiende que de concurrir la situación de indigencia que se alega, corresponderá proveer la asistencia técnica que corresponda por el Estado, a fin de garantizar el acceso a la justicia del pretendido damnificado por los hechos por los que pretende querellar. Será menester, por tanto, la tramitación del beneficio de litigar sin gastos a que se hace referencia, resultando de aplicación lo normado por el artículo 78 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria (en el mismo sentido Navarro, G. R., Daray, R. R.., Código Procesal Penal de la Nación, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. Aires, 1996, t. I, pág. 223). Concordantemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es obvio que el ejercicio de las acciones penales no puede quedar excluido del otorgamiento de la carta de pobreza que autoriza el ordenamiento procesal (conf. La Ley, t. 74, p. 231). En cuanto a la pretensión de la designación de defensor oficial, no advirtiendo urgencia en la actuación, deberá estarse a lo que resulte del trámite de beneficio de litigar sin gastos. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe anticipar que de otorgarse tal beneficio, esta Cámara considera de aplicación el artículo 85 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, surgiendo también de la ley 24.946, entre las funciones del Ministerio Público, ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes (artículo 25, inciso K); entre los deberes y atribuciones del Defensor General de la Nación realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados (artículo 51, incisos d y e); y más específicamente, en el artículo 60 de esa ley, bajo la rúbrica de DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES, cuanto se norma en el apartado a) al disponer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de los individuos que invoquen y justifiquen su pobreza.Ver además "IGLESIAS M. S/RECUSACION" del 25.9.98, Reg. nro. 814 ; "IGLESIAS s/Recurso de queja"del 26.9.98, Reg. nro. 816 y "VAZQUEZ, J . A. s/Rec. de queja"