Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-14


EXP 26010 / 10 Salta, 14 de marzo de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MIRANDA, FEDERICO GUSTAVO ANTONIO C/ REYNAGA, CARLOS DAMIAN; RODRIGUEZ, ESPERANZA AGUSTINA Y/O Y OTROS S/ ORDINARIO", EXP - 26010/10; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 2, para resolver la apelación interpuesta a fs. 245/252, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

La parte demandada apela la sentencia de primera instancia como consecuencia de la condena a Carlos Damián Reynaga. Se agravia en primer lugar por la forma en que fue resuelto su planteo de redargución de falsedad del acta labrada en el expediente conexo 29056/02. Reitera los fundamentos expuestos en la instancia de grado, para sostener la falsedad ideológica del documento. Refiere al artículo 28 CPL y analiza los alcances de la norma, objetando que la falta de citación de su parte para realizar la medida afecta su derecho de defensa y el debido proceso legal. Concluye solicitando que se declare la nulidad del acto celebrado. El segundo agravio versa sobre la existencia de la relación laboral. Analiza la valoración que el fallo apelado efectúa de los testimonios, diciendo que es contradictorio y aparente el fundamento empleado, y que se transgredió el principio de congruencia. Afirma que la señora jueza de primera instancia incurrió en serias contradicciones. Continúa el desarrollo del recurso valorando los dichos de Francisco Cardozo, Adrián Guzmán, Dante Basilio y José Cardozo. También efectúa consideraciones sobre el informe de la Dirección Nacional de Migraciones (fs. 157/158) y del Tribunal Electoral (fs. 166), diciendo sobre el primero que resulta importante destacar que en un día laboral el actor se encontraba fuera de la ciudad, y sobre el segundo que no puede ser tenido en cuenta para establecer la existencia de la relación laboral entre las partes. Sostiene que también se agravia por la categoría laboral que la sentencia le reconoce al actor, diciendo que en la demanda no se describió jamás cuáles eran las tareas que cumplía, y que ello fue destacado en la contestación de la demanda. En tal sentido considera incumplidos los requisitos del artículo 32 inciso c) CPL. Mantiene la reserva del Caso Federal.

El recurso es respondido a fojas 256/257, solicitándose su rechazo con costas.

El primer agravio tiene alcance en relación a dos aspectos. El primero, la afectación del derecho de defensa que invoca el apelante por la medida practicada con fundamento en el artículo 28 CPL; y el segundo lo resuelto en torno al incidente de redargución de falsedad sobre el mencionado acto, que afirma no fue realizado.

En torno a lo primero, debo decir que no es posible efectuar el control en esta instancia de la medida ordenada por la señora jueza de primera instancia en los autos, "Miranda, Federico Gustavo Antonio s/Medidas Preparatorias", expediente 25461/10, ya que la revisión de la medida preparatoria solo procede en los casos que haya sido denegada (art. 59, inc. g, CPL), supuesto que no es el que analizamos.

Ahora bien, en torno a la redargución de falsedad resuelta en primera instancia, es necesario recordar que la finalidad que tiene es destruir la eficacia de un documento agregado al proceso como elemento probatorio (cfr. Derecho Procesal Civil, tomo IV, pág. 457, Lino E. Palacio).

A fojas 92 vta. la demandada solicitó la declaración de nulidad de lo actuado por el señor oficial de justicia, impugnando la autenticidad y validez del informe producido por el funcionario. Fundamentalmente objeta el contenido del instrumento, y en particular lo vinculado a supuestas manifestaciones en él contenidas. En definitiva, lo que se procura es atacar la eficacia probatoria del documento.

En lo que tiene que ver con el instrumento público que se analiza, cabe distinguir tres tipos de expresiones que conforman su contenido: a. los hechos cumplidos por el oficial público, o pasados ante su presencia; b. las manifestaciones de las partes, y c. las meras enunciaciones (cfr. Código Civil Comentado, pág. 541, Julio César Rivera-Graciela Medina).

Con respecto a lo primero, debo decir que se encuentra probada la materialidad del acto, en cuanto a que el oficial de justicia se constituyó en el domicilio del demandado. En tal sentido, hace plena fe en los términos del artículo 993 del Código Civil de Vélez.

Sobre las manifestaciones y meras enunciaciones, si bien hacen plena fe (arts. 994 y 995), cabe hacer un distingo en cuanto al valor probatorio que se le asigna.

"Pero en este caso plena fe debe interpretarse como prueba completa, que no implica que se trate de prueba indiscutida, y así las manifestaciones vertidas en este orden pueden ser desvirtuadas por simple prueba en contrario (Llambías, Borda). Así tanto para el caso de las cláusulas dispositivas como para el de las manifestaciones directas no hace falta argüir de falso el instrumento y ser exitoso en esa acción para quitar valor a dichas cláusulas o enunciaciones. La mera prueba en contra es suficiente para ello, en tanto las cláusulas en cuestión no hacen a la verdad de los hechos pasados ante el oficial público o cumplidos por él, sino hacen a la veracidad del acto mismo de acuerdo a las declaraciones de las partes, acerca de lo cual la fe pública que otorga el oficial nada predica". (ob. cit., pág. 542).

Considero que se encuentra probada la materialidad del acto, en cuanto a la presencia del oficial de justicia en el domicilio del demandado, conforme surge del expediente 29056/12, y en particular de la declaración de fojas 112vta., brindada por Adriana Jorgelina Reynaga (hija del demandado). Sobre las manifestaciones y enunciaciones que objeta la apelante, ningún valor puede asignárseles, en la medida que los hechos que forman parte de la litis deben ser acreditados con los medios de prueba que en cada caso corresponda.

No es posible suplir un medio probatorio por otro, dado que de adoptarse tal criterio se alteraría el debido proceso en forma tal que, lejos estaría de garantizarse el derecho de defensa de las partes.

La ley procesal determina e incorpora distintas técnicas para captar y reproducir los hechos de la mejor y más adecuada forma posible, atendiendo no solo a dicha finalidad, sino también a la preservación de las garantías individuales en juego. Considero que debe rechazarse el agravio, sin perjuicio de dejar a salvo que las manifestaciones y enunciaciones contenidas en el documento deben ser cotejadas y valoradas con el resto del material probatorio colectado en autos. Por la forma que se resuelve, propicio imponer las costas por el orden causado (art. 67, segundo párrafo CPCC).

En relación al agravio vinculado a la valoración de los testigos, debo decir en primer lugar que es sostenido como criterio uniforme que el juez de primera instancia goza de mejor posibilidad de valoración dado la inmediatez que tiene al recibir la declaración, y que, salvo caso de absurdo, la revisión en esta instancia es acotada.

Como pauta general también esta Sala ha sostenido que los testimonios deben ser sometidos a un doble test para determinar el valor que se le asigna para la resolución de la causa. Por un lado, debe efectuarse un análisis extrínseco, y por el otro uno intrínseco. El primero responde a las circunstancias ajenas al testimonio pero que inciden en él, como ser que los hechos narrados sean pertinentes y la capacidad del testigo; el segundo se refiere a la buena fe, sinceridad (sujeto testigo), y a la exactitud y veracidad (relación de la persona con los hechos sobre los que declara).

Considero que dada la forma en que quedó trabada la litis, en cuanto al desconocimiento de la relación laboral por parte del demandado, los testimonios resultan relevantes para resolver la cuestión.

Así es que brindaron declaración Francisco Cardozo (fs. 150/152); Ochoa (fs. 152vta./154); Guzmán (fs. 154); González (fs. 155); Basilio (fs. 186); Portal (fs. 187); José Cardozo (fs. 189); Miguel Yapura (fs. 191vta.); Yañez (fs. 193) y Bitriaga (fs. 194vta.).

El testimonio de Francisco Cardozo no aporta datos fieles sobre la existencia de la relación laboral. Si bien dice conocer al actor y al taller del demandado, su relato de los hechos es por demás impreciso. Afirma haberlo visto al actor en el trabajo (domicilio del demandado), pero no indica qué tareas lo veía realizar. Dice que lo hacía de lunes a viernes en horario comercial, y que sabe que hacían confecciones de cintos. Que esto lo conoce por comentarios y porque lo vio. La declaración luce imprecisa e insuficiente. No es posible considerar este testimonio.

Ochoa dijo que el actor no trabajaba en la casa de los demandados; que Reynaga es jubilado y hace artesanías; dice que en ocasiones iba él a ayudar y un primo Matías Yañez; que en el lugar habían tres máquinas para cortar cuero. El testimonio luce veraz en cuanto a la descripción de lugar, las tareas en cuero que allí se realizaban, y la existencia de máquinas de trabajo.

Guzmán dijo que Reynaga hacía cintos; que sabe -porque le contaron- que el actor había tenido un accidente y no iba a trabajar. A preguntas sobre si sabe algo más, aparte de lo que le contaron, respondió que no. Que lo vio al actor salir y entrar de la casa del demandado, pero adentro nunca. Entiendo que nada aporta este testimonio sobre la invocada relación laboral.

González dijo ser conocido y amigo de muchos años del demandado. Que sabe que es artesano; que no conoce al actor; que en el lugar había una sola máquina. La declaración no tiene mayor sustento, y entiendo que el carácter de amigo de años del accionado impide su consideración (art. 458 CPCC).

Basilio dijo que sabe que el actor trabajaba en el domicilio del demandado, porque lo veía ingresar allí; que a veces el portón estaba abierto, y además por comentarios del barrio; que conoce que en el lugar hacían cintos; que conoce al demandado, pero no a la esposa e hijas; que sabe que viven en ese domicilio, pero solo de vista. Considero inconducente esta declaración. El testigo da precisiones sobre algunos aspectos (en particular del trabajo del actor), pero a su vez imprecisiones de otros (composición de la familia de Reynaga, quiénes viven en el domicilio, etc.).

Portal afirmó que lo conoce al actor como vecino; que los Reynaga son artesanos, hacen cintos, que hacen sus trabajos a mano, o con una o dos máquinas; que Miranda vivía al lado de la casa del demandado; que en el domicilio de Reynaga vivían él, su esposa, las dos hijas y los niños de ellas. El testigo es concreto en la descripción de las tareas que hacía el demandado y la composición del grupo familiar. Nada aporta en torno a la relación laboral.

José Cardozo dijo que lo conoce al demandado de vista, y también al actor; que éste trabajaba en la casa de los Reynaga; que él pasaba por el lugar y abrían la puerta en el tiempo que hacía calor, entonces podía ver que trabajaban allí. A preguntas sobre quiénes trabajan, respondió que los empleados, y que no los conoce a todos. También a preguntas formuladas, sobre si lo vio al actor hacer algo concretamente, dijo que no. La declaración no tiene sustento, y luce más bien como producto de suposiciones del declarante, ya que no vio al actor trabajando, ni pude individualizar tareas realizadas en concreto.

Yapura dijo conocer a los demandados y al actor, que éste vivía al lado de Reynaga; que desde que lo conoce es un artesano; que hacía cintos para vender; que vio una máquina en el domicilio de aquel.

Yañez dijo que los demandados hacían changas, cintos; que en ocasiones iba a la casa de Reynaga; que no tiene una fábrica, pero sí máquinas viejas que eran del padre.

Bitriaga dijo conocer al actor porque el padre vive al lado de la casa de Reynaga y sabía ir a su casa; que también él es amigo del demandado; que trabajaba con cintos; que él vive a la par de la casa; que el accionado tiene tres máquinas en su domicilio; dos que funcionan y otra que no, que son viejas; que el actor nunca trabajó.

He considerado necesario analizar la totalidad de los testimonios, dado que la resolución de la causa -en mi criterio- se circunscribe a ellos.

Sabido es que ante la negativa de la relación laboral, es al actor a quien le incumbe la carga de la prueba de su existencia. (art. 377 CPCC, de aplicación por el art. 90 CPL).

Lo que le era exigido era que acredite la efectiva prestación de servicios, es decir que ejecutó tareas a favor del demandado, y recién allí se tornaría operativa la presunción del artículo 23 LCT, en el sentido que el demandado -para liberarse de responsabilidad-, debería probar la naturaleza no laboral de la relación.

En autos el actor no ha probado en forma mínima que haya cumplido tareas a favor del demandado. No produjo prueba de la efectiva prestación de servicios, naturaleza de las funciones que dice haber desempeñado, horarios cumplidos, ni ningún otro elemento constitutivo de la relación de trabajo.

En la demanda se menciona que el actor era auxiliar especializado, y que confeccionaba elementos de cuero. Esta escasa descripción de tareas lejos está de tenerse por probada, ya que ninguno de los testimonios menciona conocer en qué consistían las supuestas labores, o la formación con la que contaba el actor.

Los testigos que dijeron haberlo visto, no dieron precisiones ni pudieron avalar sus dichos. Las declaraciones son genéricas, sin fundamentos, basada en suposiciones o por comentarios del barrio, ya que todos son vecinos.

Si bien es posible tener por acreditado que en el domicilio del demandado se confeccionaban cintos, y que en el lugar había máquinas (siendo intrascendente que fuera una, dos o tres); ninguna prueba indica que en el lugar haya existido una "fábrica". Por el contrario, en este aspecto las testimoniales refieren a que Reynaga hacía artesanías, y que las máquinas eran heredadas del padre. Además de ello se trata del domicilio familiar del accionado, quien convive con su esposa, hijas y nietos. Es posible concluir en todo caso que las labores que se ejecutaban eran en el marco de una organización familiar, que nada tiene que ver con una estructura de otra índole como se sugiere en la demanda.

Ante la falta de prueba de la prestación de tareas, tampoco resulta aplicable ninguna de las presunciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por lo expresado, voto por hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocar los puntos II) y V) de la sentencia de primera instancia, con costas en ambas instancias al actor (art. 67 CPCC).

En los términos del art. 13 del decreto ley Nº 324/63, sus modificatorias, y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios._ La Dra. Analía Villa de Moisés adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) HACIENDO LUGAR parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, y revocando los puntos II) y V) de la sentencia, con costas al actor en ambas instancias (art. 67 CPCC), manteniendo firme el punto I) del fallo, con costas por su orden en esta instancia (art. 67, segundo párrafo CPCC).

II) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I.