marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Lazarte, Francisco Ignacio c/ Marder de Falcoff, Perla s/ Despido Browning, Oldendorff c/ Cogasco S.A. y otro s/ Diferencia en la indemnización por antiguedad Casal, José alberto c/ Distribuidora La Estrella S.A. s/ Despido Malacalza, Ismael Honorio. c/ Cooperativa Eléctrica Limitada Pergamino. s/ Indemnización por incapacidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30|1984-12-21|1985-04-30|1984-11-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca la configuración del absurdo pero omite la necesaria denuncia de infracción del precepto legal que rige la apreciación del material probatorio en el proceso laboral (art. 44 inc. 'e', dec.ley 7718/71).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Clemente c/ Wilde S.A.I.C.E.I. s/ Indemnización art. 212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

La prescindencia de pruebas que pudieron ser esenciales o decisivas alejando la posibilidad de llegar a la verdad material, constituye uno de los supuestos típicos de absurdo.
Marcas, modelos y diseños industriales
Materia: COMERCIAL
Carátula: N.V.  Philips Globilampenfabrieren. c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. s/ Denegatoria de Registro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3ro. del decreto-ley 6673 63 se considera modelo o diseño industrial "las formas o el aspecto incorporado o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental". Basta mencionar este concepto y recordar que la actora pretende inscribir como marca la figura o dibujo que describe, el que podrá ser aplicado "de cualquier forma legal sobre los artículos que distingue, sus envases, envoltorios, elementos de propaganda en general, etc..., reservándose su titular el derecho de variar su... forma de impresión", para advertir sin ningún género de duda que estamos en el ámbito de la propiedad de las marcas y no en el de los modelos industriales de ornato o recreo, únicos admitidos en nuestra legislación.
Plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA, ELEUTERIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-12

Los únicos plazos a los que se refiere el Código Procesal son los fijados en "días". Por lo tanto, cuando se trata de plazos fijados en "meses", se descarta la aplicación de lo dispuesto por el art. 156 "in fine" del citado código en cuanto dispone la exclusión de los días inhábiles para el cómputo de los mismos. En consecuencia, el plazo de seis (6) meses dispuesto por el art. 24 de la ley 24.463 se rige por las disposiciones contenidas en el Título II del Código Civil ("Del modo de contar los intervalos de derecho"), de donde surge que los plazos de mes o meses, año o años, serán continuos y completos; y los que señalasen las leyes, o los tribunales, o los decretos del Gobierno, comprenderán los días feriados, a menos que se exprese lo contrario (cfr. arts. 25, 26, 27 y 28 C.C.).
Acción de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: BIANCHI, ANA E. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. MARTIN, DOLORES s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD MENA, JORGE E. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-07-12|1991-07-12|1991-11-05

El plazo para interponer la demanda de inconstitucionalidad es de treinta dias computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor. Analizadas las constancias de autos, se observa que computado el plazo en la forma expuesta precedentemente y no encuadrando la reclamación en ninguna de las excepciones previstas en el art.795 CPCC, debe tenerse por vencido el mismo a la fecha de promoción de la demanda y consecuentemente, extinguida la competencia originaria de este Superior Tribunal de Justicia para conocer de la misma.
Control de constitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáttedra, Ricardo y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

La generalidad exigida, en el marco del control abstracto, exclusivamente dirigido a confrontar la validez constitucional de normas, impone resolver la pretensión declarativa sin afectar relaciones jurídicas particulares nacidas al amparo del precepto cuestionado, situaciones subjetivas debatibles en el ámbito del control difuso, conforme a sus recaudos propios.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: BOSSIO, MARIA LILIAN CANGIANO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 509-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

Debe efectuarse una ponderación razonada del grado de incidencia que pudo tener la tarea desempeñada por el actor respecto del accidente sufrido, porque es propio de la naturaleza del trabajo físico una relación necesaria con las cosas.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, daños y perjuicios, juicios en que es parte una provincia, Policía Provincial, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Kulisek e Hijos SRL c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Policía de la Pcia. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema la demanda por daños y perjuicios deducida contra una provincia (Policía local) y una entidad autárquica. (En el caso se demandó a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y/o quien resulte titular del dominio del patrullero dl Comando Radioeléctrico de Luján que embistió en un accidente de tránsito a la camioneta de un particular), por cuanto es la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 101 de la C.N. , respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste al Estado Nacional y sus representaciones autárquicas, al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el art. 100 del mismo texto legal.
Concurso preventivo, quiebra, juicios universales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NEDER, JOSE EMILIO S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-03

Si el deudor tiene un juicio universal abierto no puede pretender promover otro.
Estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: Peñaloza, Ricardo Antonio s/ Falsificación de documento y estafa en grado de tentativa y estafa en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-04-27

En lo que hace a la supuesta idoneidad del medio empleado para lograr engañar o provocar el error en la víctima para conseguir una ventaja económica, cabe señalar que dicha valoración debe hacerse conforme las características de cada caso en particular y teniendo en cuenta la calidad del hipotético damnificado. Y es más, aún tratándose de burdas maniobras, si el damnificado resulta una persona de escaso nivel intelectual cualquier ardid puede resultar apto para burlar la fe depositada en este caso en el o los documentos. Aquellas teorías que exigen un despliegue sofisticado para caracterizar como apta la maniobra para defraudar, no hacen sino favorecer conductas disvaliosas y no protegen a ciudadanos que de buena fe son perjudicados por personas que explotando la cuasi-ingenuidad de muchos o el exceso de confianza lo perjudican patrimonialmente.
Secuestro extorsivo, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: vELIZ ESPIRITU JORGE s/ SECUESTRO EXTORSIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

"El delito por el cual fueron cautelados los imputados -secuestro extorsivo- se ve caracterizado como delito contra la propiedad, por la finalidad que guía al autor de sacar rescate, entendido como el precio por la liberación de la persona a quien se ha privado de su libertad (conf. Carlos Creus "Derecho Penal - Parte Especial", Ed. Astrea, pág. 503, Buenos Aires, 2007)".
Libertad de expresión, ley de radiodifusión, programa de radio, derechos personalísimos, derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la integridad psíquica y moral, malicia real, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

El modo afirmativo y zumbón de la noticia, sin tener -según su propia confesión-prueba alguna sobre el accionar ilícito imputado y sin identificar la fuente y atribuirle directamente el origen de la noticia, demuestra que el demandado asumió el origen del infundio como propio.-La imputación infamante -negada con mendacidad-es demostrativa de una actitud poco escrupulosa, violatoria de la ley que rige la radiodifusión. El art. 16 de la ley 22.285 establece que las emisiones de radiodifusión no deben perturbar en modo alguno la intimidad de las personas, ni comprometer su buen nombre y honor. Quedan prohibidos los procedimientos de difusión que atenten contra la integridad moral. La violación de la ley no requiere -en este caso-prueba específica toda vez que surge del hecho de haberse comprometido -sin fundamento cierto o probable-el buen nombre y honor del actor. No cabe eximir al demandado de responsabilidad por el hecho ilícito en función de la doctrina de la real malicia, pues aún cuando descartáramos que el obrar fue doloso subsiste incuestionablemente una conducta de temerario desinterés acerca de la veracidad de la información propalada.
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ontano, Luis Emilio c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-12-13

La potestad del Poder Judicial para revisar los actos disciplinarios de la administración sólo comprende, como principio, el control de legalidad lo que supone el de la debida aplicación de las normas de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal, con un prudente y razonable ejercicio de las facultades con que se haya investido a los funcionarios competentes, sin juzgar la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas adoptadas.
Contrato de trabajo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: BELLO Juan Luis c/ TRANSPORTES ADER S.A. s/ Cobro de Pesos (Suel.imp., asig.fam., SAC y Otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-26

En el caso se hace necesario establecer que el contrato tenía una duración de seis meses y que en tal sentido se ajustó al art. 44 de la Ley 24.013, por lo que a su vencimiento y no existiendo constancia alguna de que haya sido renovado, pasó a ser por tiempo indeterminado, rigiéndose la relación entre las partes por el C.C.

40/89 y no por el contrato cuyo plazo había vencido por tratarse de un contrato de trabajo de tiempo determinado.
Non bis in ídem, tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DRI JOSE MARIA-ALVAREZ DANERI JOSE c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-12-04

La potestad sancionadora funcional del Tribunal de Cuentas - salvo la de sus propios empleados- queda restringida a lo prescripto por el artículo 40 , inciso 13 y 44, inciso 7 de la ley 5796, lo que bajo ningún concepto excluye a la potestad disciplinaria de los otros poderes del Estado de modo tal que al sancionar el Poder Ejecutivo a los recurrentes, en virtud de prerrogativas exclusivas y excluyentes, no se viola el aforismo "non bis in idem"
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Zárate, Marcelo Mario s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad si el tribunal expresamente resolvió las cuestiones que se dicen preteridas.
Sentencia, fundamentación de sentencias, violación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALONSO ABEL ANTONIO c/ COMPAÑIA MINERAL CONTINENTAL S.A.I.C. Y OTRO s/ INDEMNIZACION - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-20

Si, en el caso, la a quo destacó, tanto respecto de la afección pulmonar como de la enfermedad auditiva del actor, que no debe dejarse de tener en cuenta que éste con alguna frecuencia debía viajar para hacer compras y otros menesteres, lo que disminuía notoriamente su exposición al ambiente contaminado, a la vez que descarta la conclusión médica de que "la patología pulmonar es consecuencia de la acción del polvo mineral por el aparato respiratorio, por falta de explicación al respecto y la califica como expresión de un sólo arbitrio, que impide su análisis crítico y la indispensable fundamentación de la sentencia judicial", la sentencia en este aspecto carece de razón suficiente pues omite que la pericia médica detectó en el actor una franca disnea con disminución en la excursión de ambas bases y vértices pulmonares. A nivel radiológico observó un puntillado de tipo "pin-heac", rectificación del diafragma y trazos de fibrosis. Expresa que esta patología es compatible con una "bronconeumonía obstructiva".

Posteriormente, asevera que la patología pulmonar es consecuencia de la absorción de polvo mineral por el aparato respiratorio y en las conclusiones, entre otras enfermedades, se dice que el actor se encuentraafectado de "neumopatía severa crónica", calificada como enfermedad del trabajo en los términos de la ley 9688 y sus modificatorias. No exige, por tanto, que dicha absorción de polvo mineral deba tener una determinada frecuencia o permanencia lo que no se acreditaría si se atiende a que el actor debió efectuar viajes que lo alejaban de su lugar de trabajo. De allí que al imponer tal exigencia, la valoración que la juzgadora efectúa de esta prueba adolece de falta de razón suficiente y ello determina que el pronunciamiento deba casarse.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Aldo V. c/ La Vecinal de Matanza S.A.C.I. de Microómnibus s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La valoración del material probatorio es función privativa de los jueces de grado, salvo que se acredite el absurdo.
Contrato de garaje, hurto de automotor, responsabilidad del garajista, fuerza mayor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CYRULNIK MARIO c/ JUAN KALOUSTIAN Y COMPAÑIA S.C.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

1. Mal puede entenderse que la tarea de vigilancia implícita en el contrato de garaje esté debidamente cumplida cuando de las dos personas contratadas para tal fin (y en un garaje de varios pisos) una de ellas cumple tareas de oficina.

2. No puede invocar fuerza mayor el garajista, siendo que quien hurtó el vehículo entró al garaje libremente, no ejerció violencia sobre persona alguna y sólo aceleró el automotor y huyó al ser descubierto.
Competencia, competencia comercial, seguros, liquidación del asegurador, citación en garantía, aplicación de la ley, fuero de atracción
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: VARSI, CARLOS M. c/ IUDICA, CAYETANO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

La citación en garantía no constituye una mera llamada a la causa del asegurador sino que implica el ejercicio de una acción contra este último y si la aseguradora ejerce la opción que le confiere la última parte del art. 118 de la ley 17.418 se esgrimen ante un mismo juez dos pretensiones. Una, la del damnificado contra el asegurado, otra la de éste contra el asegurador.

Encontrándose dedicado ante la Justicia Comercial el proceso de liquidación de la compaÑía de seguros citada en garantía en un proceso, rige el fuero de atracción en los términos del art. 136 de la ley 19.551.-
Seguros, seguro de daños patrimoniales, siniestro, culpa grave, responsabilidad del asegurador, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ, NORBERTO c/ OMEGA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

El haber dejado el automóvil en una playa de estación aérea durante varios días -en el caso, 16 días-, no es revelador de negligencia grave, pues el asegurado no debe adoptar ningún recaudo especial diferente al que hubiera tomado de dejar el vehículo en la puerta de su casa y en la vía pública, empero si hubiera dejado dentro del rodado el comprobante de legitimación del ingreso al estacionamiento, si configura el supuesto de la ley 17418: 70, ya que es una conducta excesivamente arriesgada e imprudente que en modo alguno se compadece con el debido cuidado que se debe poner en proteger las propias cosas, pues ha facilitado el obrar de quienes sustrajeron el vehículo que pudieron retirarlo fácilmente del estacionamiento.
Competencia originaria, Constitución Provincial, amparo colectivo, derechos de las niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Graham, Marisa; Hernández, Juan Facundo c/ Gobernador de la Provincia de Salta; Poder Ejecutivo Provincial s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-04

Procede declarar la competencia originaria de este Tribunal para intervenir en autos, y en su mérito, confirmar la sentencia apelada por la Defensora y el Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual la a quo declaró su incompetencia, puesto que se evidencia incontrastable que la acción de amparo colectivo se dirige en contra del titular del Poder Ejecutivo, a quien atribuyen la responsabilidad directa en la falta de adopción de acciones gubernamentales necesarias y adecuadas tendientes a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas del Norte de la provincia de Salta -el derecho a la vida, a un nivel adecuado de ella, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua segura y acceso a la justicia, entre otros-. Es por eso que atendiendo a los términos en que fue formulada la pretensión, surge notorio que ello precisaría la intervención ineludible del PE, conforme las facultades y obligaciones puestas a su cargo. En consecuencia, el caso encuadra específicamente en el art. 153, apartado II, inc. c) de la Constitución de la provincia de Salta y, por tanto, habilita la competencia originaria de la Corte.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.F.O.I. S.A. c/ GAS DEL ESTADO s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

El principio de la buena fe impone a quien contrata con la Administración Pública un comportamiento oportuno, diligente y activo, antes que displicente, lo cual lo obliga a poner de manifiesto la aparición de circunstancias que a su juicio importen un daño para sus intereses, o impongan la modificación de las cláusulas contractuales, a fin de que el órgano estatal pueda, a su vez, decidir si conviene al interés público celebrar el contrato o, por el contrario, dejar sin efecto la licitación, o llamar una nueva en otras condiciones, en su caso (confr. Sala III, "Vial Hidráulica", del 21-6-84, RAP, 75-116 y "E.F.A. c/ Palazzo", L.L. 24 12-87).
Revocación del requerimiento de instrucción, omisión de impuestos, habilitación de instancia
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: DUTRA, CARLOS MARIA. s/ Régimen Penal Tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-06

Corresponde revocar la resolución que rechazó el requerimiento de instrucción dado que de la denuncia surge que el imputado habría omitido presentar las declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias y existirían importantes acreditaciones bancarias en sus cuentas que podrían corresponder a ingresos generados por actividades gravadas, de modo tal que existirían elementos suficientes para justificar la investigación del delito de evasión tributaria, aún cuando el organismo recaudador haya utilizado el sistema de base presunta para el cálculo del monto supuestamente evadido, puesto que la existencia de los depósitos bancarios aludidos sería un dato concreto y no una mera conjetura y, si bien resultaría posible imaginar diferentes circunstancias que pudieran haber originado esos depósitos, ello no es suficiente para afirmar la inexistencia de actividades generadoras del deber de tributar, debiendo recordarse que para formular correctamente la base para habilitar la instancia jurisdiccional no es necesaria la certeza o convencimiento de la materialización de un injusto sino que basta que aparezca como hipótesis de investigación.
Prescripción de la pena, sentencia, segunda instancia, notificación
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO, R. s/ PRESCRIPCION PENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-16

Si el procesado no fue notificado de la sentencia de segunda instancia, no procede hacer lugar a la prescripción de la pena (plenario "Barba, Horacio, D" del 23-3-79); ya que no puede sostenerse que el condenado tuviera, estando prófugo, un derecho a la interpretación judicial que más le convenía, sino que es indiscutible que la interpretación que debe efectuarse al momento de la aplicación de la ley penal, no es otro que el actual (el del momento del pedido de la prescripción de la pena). Por otra parte, no es de aplicación al caso el art. 2 C.P. ya que el texto del art.

66 C.P. no fue alterado por ninguna reforma penal.
Seguros, seguro colectivo, seguro de vida, actualización monetaria, índice de precios mayoristas
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRONTELLI, MARIA c/ LA AUSTRAL CIA. DE SEGUROS  SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Promoviendo el cónyuge supérstite acción contra una aseguradora a fin de cobrar lo pactado en virtud de un seguro de vida colectivo oportunamente contratado, cabe precisar que resulta adecuado a derecho actualizar el monto de la condena hasta el 1.4.91, aplicando el índice de precios mayoristas nivel general y no por la valorización experimentada por las inversiones de las reservas que obligatoriamente deben hacer las entidades de seguros. Ello así, por cuanto tal pauta resulta ser el parámetro más adecuado toda vez que computa la mayor diversidad de productos posibles, y no el que se refiera a un rubro específico determinado.