Tribunal: CAMARA DE APELACION EN LO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-28


TESTIMONIO del ACUERDO PLENO ACUERDO de CÁMARA Nro. 05/2005 En la ciudad de Rosario a los 28 días del mes de abril de dos mil cinco, se reúnen en Acuerdo los señores Vocales de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con la Presidencia del Dr. Juvencio Liberal Mestres, a los fines de tratar los siguientes temas: 1.-) JURISDICCIONAL: "RIVERO, CARLOS FABIAN S/HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA. CÓMPUTO DE PENA. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL" Conforme lo dispuesto en el Acuerdo de Cámara Nro. 03/2005 de fecha diecisiete de marzo de 2005 en el Expte. Nro. 64/2005 del registro de Mesa de Entradas "Rivero, Calos Fabián s/Homicidio agravado por uso de arma.

Cómputo de pena. Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal", siendo admitido el mismo por la Sala I de esta Cámara y habiendo resuelto este cuerpo que existe contradicción en los términos del art. 479 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, se fijó mediante el Acuerdo de Cámara precitado la cuestión a resolver que a continuación se transcribe: ¿Es necesario haber cumplido dos años en prisión preventiva en forma previa a la vigencia de la ley Nro. 25.430 para que sea ultraactivo el cómputo privilegiado que establecía el texto derogado del art. 7 de la ley 24.390?.

Al respecto tomó la palabra el Dr. GUILLERMO J. FIERRO y dijo: Como integrante de la Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de esta ciudad me tocó votar en el auto N°420 En primer término, a mi juicio debe quedar en claro que la aplicación retroactiva de la ley más benigna es una auténtica excepción al principio recto en materia penal, que el de la irretroactividad de la ley represiva, cuyos fundamentos no necesitan ser desarrollados en esta oportunidad.

En consecuencia, se debe aplicar siempre la ley vigente en el momento del hecho (tempos regis actum), salvo que posteriormente se dicte una ley más favorable al imputado o condenado, que ponga de relieve la innecesariedad y con ello la injusticia de castigar ese hecho o de castigarlo más severamente que lo indispensable, conforme a las nuevas valoraciones que tiene la sociedad al momento de la aplicación de la ley en cuestión.

Ahora bien, se han producido soluciones concentradas con la sanción de la ley 25.430 que modificó los artículos de la anterior 24390 vulgarmente conocida como ley del 2 x 1- que permitía computar doblemente los plazos de detención preventiva cuando ella excediera los dos años y, por tanto en forma distinta a la prevista en el art. 24 del Código Penal.

Para algunos tribunales, la nueva ley 25.430 era de naturaleza inequívocamente procesal y por tanto resultaba inaplicable la regla de la ley más benigna.

Por consiguiente la nueva forma de practicar el cómputo se efectuaba del modo que lo establecía la nueva ley, sin excepciones.

Para otros, por el contrario y pese a las apariencias, la cuestión de la prisión preventiva era de naturaleza penal y así lo acreditaban los artículos 3 y 24 del Código Penal y en virtud de ello la ley más benigna era de obligatoria aplicación y el cómputo doble en los casos anteriores a la vigencia de la nueva ley se seguían aplicando ultraactivamente.

Un tercer criterio que es al cual adhiero admite la ultraactividad de la ley más benigna siempre, claro está, que la medida cautelar efectivamente sufrida por el imputado antes de la sanción de la ley 25.430 excediera el plazo de dos años.

En el supuesto de que ese presupuesto no se hubiera concretado, no puede invocarse la hipótesis de la ley más benigna, toda vez que la situación contemplada por la norma aplicable no se configuró.

Se trata de una condición suspensiva pues el beneficio que otorga la ley se encuentra subordinado a que se encuentre cumplido el supuesto que ella estableció.

Por último, en una situación intermedia, hubo decisiones judiciales que aplicando la tesis de Roubier recogida en el artículo 3 del Código Civil, que dispone que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes y así se acogieron a los efectos inmediatos de la nueva ley y en el tramo anterior a la vigencia de la 25.430 aplicaron el cómputo doble, mientras que a partir de su sanción se adecuaron al nuevo procedimiento impuesto por esta última norma.

Esta diverg Pero esa situación se vió alterada al incorporarse con rango constitucional (artículo 75, inciso 22 C.N.) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que en sus respetivos artículos 15.1 y 9 in fine, luego de afirmar el principio del nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, agregan: "Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello." Dicha incorporación de esa norma superior a nuestro ordenamiento tiene diversas repercusiones, a saber:.

a) si bien ha sido formulada de un modo incompleto, pues no se refiere expresamente a la hipótesis de la desincriminación, sino a la mayor levedad del castigo, dicha regulación solo consagra la tesis de la ley penal posterior mas leve; b) ello implica que no se pronuncia acerca de la ley anterior mas benigna (irretroactividad relativa) y su consecuente ultraactividad; c) dicha norma no necesariamente descarta la aplicación en nuestro sistema jurídico de las leyes transitorias o excepcionales, toda vez que en el caso de ellas, no se presenta una ley penal posterior más leve, sino que la cuestión a dilucidar radica en determinar si recobra su vigencia la ley anterior mas benigna, pues el mecanismo que se presenta, no es aquel que plantea el dictado de una ley (posterior) más favorable que nunca se dicta- sino si persiste la ultraactividad de la ley más favorable derogada.

d) El alcance de los pactos internacionales es bastante mas restringido al criterio admitido por nuestra jurisprudencia y doctrina, ya que de su texto no es posible sostener que él abarca todas aquellas situaciones que también conforman una ley mas benigna, tales como la creación de una nueva causa de justificación, de inculpabilidad o que restrinja la penalidad, la introducción de nuevos requisitos en los tipos, etc., dado que las normas internacionales aludidas solo contemplan la cuestión de la penalidad; e) La única conclusión que cabe extraer, es que al igual que antes las varias hipótesis no contempladas por los artículos 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no tienen la jerarquía constitucional que si tiene la ley penal posterior más leve.

En síntesis, mantengo el criterio expresado con los demás vocales de mi sala, en orden a puntualizar que el artículo 7 de la ley 24.390 cuya aplicación ultraactiva se pretende aplicar en autos, no puede ser arbitrariamente fragmentado y éste es terminantemente claro al prescribir que es indispensable el cumplimiento de la condición que el mismo precepto establece, esto es: " Transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión " Los jueces no son legisladores y no pueden por su cuenta tomar una aporte de la norma anterior mas favorable y dejar de lado aquella otra parte que no le conviene al imputado.

Así lo tiene reiteradamente resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de febrero de 1987, "Morcillo de Hermelo, Elena M. c/Nación Argentina" en Fallos 310-267: " La regla de aplicación integral de la ley mas benigna impide a los jueces construir una nueva norma con los aspectos más benévolos de leyes sucesivas.." Pues bien, lo antedicho pone de manifiesto lo que, a mi juicio, constituye una grave confusión en la cuestión planteada porque cabe preguntarse en definitiva ¿qué es lo que pretende la defensa en este proceso? y la respuesta no puede ser otra que se le aplique a su pupilo la ley más benigna entre la 24.390 y su posterior 25.430 y, ante ello, no pueden caber dudas que a los jueces sólo le está permitido determinar si una de ella es mas favorable que la otra, pero haciendo una valoración completa de ambas y no parcializada.

Una cosa es aplicar una ley más benigna y otra muy distinta es aplicar solamente un tramo mas benigno de una ley creando un derecho inexistente pues no hay norma alguna en el derecho penal argentino que contemple esa situación y permita aplicar el cómputo de prisión preventiva contemplado en la última parte del art. 7 de la ley 24.390, sin tener en consideración el precepto en su totalidad, esto es, la condición previa de que se hayan cumplido íntegramente los plazos previstos en el art. 1 de la referida ley.

En definitiva, al interrogante planteado por el pl La duda estuvo en establecer si era más adecuado colocar el texto del actual artículo 3 dentro del art. 305 del Código Penal en su parte final o, tal como se encuentra ahora, criterio que obviamente fue el que prevaleció.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ANTONIO OSCAR PAOLICELLI y dijo: Que adhiere sin reservas al voto del Dr, Guillermo J. Fierro.

Al respecto tomó la palabr Adhiero en consecuencia a los argumentos y conceptos vertidos por el Dr. Fierro, y me pronuncio en idéntico sentido.

Al respecto tomó la palabra el Dr.OTTO H. CRIPPA GARCIA y dijo: "Ante la cuestión a resolver, debo manifestar, en el mismo sentido en que lo hice anteriormente a partir de la causa "Gómez, Alberto s/Incidente de Cese de Prisión", mediante voto al que adhirieron o compartieron los Vocales de la Sala III que integro, que es mi criterio el de amplia interpretación.

El principio de irretroactividad de la ley penal más benigna, surge como consecuencia de la idea social de defensa, que sirve de base a la legislación punitiva; tal idea importa admitir que toda modificación a las normas obedecerá a que el legislador ha encontrado un desajuste entre las leyes anteriores y los fines que perseguía al dictarlas, esto es, que la nueva disposición sirve mejor a los intereses que busca tutelar y, por ello, debe ser la última o esta última, la que se aplique a los hechos que hayan de juzgarse después de su sanción.

No puede desconocerse tampoco, que una ley que modifica o corrige una anterior, es una nueva ley que se rige por el sistema general de rretroactividad y, que toda norma, en la medida que integre el sistema jurídico regulador de la imputación penal y sus consecuencias, retroactúa cuando resulta más benigna que la anterior; y no escapan a ese criterio, las reglas del cómputo de la prisión preventiva, pues ellas hacen en definitiva, al cumplimiento y duración de la pena, y a la menor restricción de la libertad personal, aspecto este que doblemente protege el ordenamiento sustantivo al establecer en su art. 3°, con sentido de justicia, que "en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado", dejando de lado imperiosamente el principio de unidad contenido en el art. 2 del C. Penal.

Es dable afirmar que resulta justo que, luego de cometido el hecho, si el legislador cambia su concepción jurídica acerca de la pena y modifica las consecuencias de la imputación penal, no se le niegue el beneficio o la consecuencia más beneficiosa a quien se encuentra o estuvo en condiciones de ampararse en la ley más benévola.

Es que la retroactividad o la ultraactividad de la ley más benigna se funda en un principio objetivo de justicia, y no puede discutirse que la mayor benignidad debe referirse a la pena, y en tal sentido es más benigna la ley que sustituye la pena vigente en su cómputo, por otra de la misma especie, pero de menor duración o, en su caso, de ejecución mas favorable.

Por ello, reitero mi postura en el sentido de que si bien la ley 25.430 modifica la ley 24.390 de un modo más gravoso, es ésta última la que, por ser más favorable al procesado (art. 3° C. Penal), debe ser aplicada a todos aquellos casos en el que el procesado hubiere estado detenido durante la vigencia de la ley 24.390, aunque fuere parcialmente, y aún cuando sea juzgado con posterioridad a la sanción de la 25430, cualquiera que fuere el tiempo de detención cumplido en vigencia de la anterior ley, o aunque hubiere sido detenido en la vigencia de la nueva ley, si el hecho fue con anterioridad a este.

Por ello, mi respuesta al interrogante, es que el criterio aplicado por la Sala IV es incorrecto, ya que el beneficio es aplicable siempre, en tanto el hecho haya sido cometido durante la vigencia de la ley 24.390, sin tener cuenta los tiempos de detención cumplida a la fecha de la nueva ley 25.430.-.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ALBERTO P. BERNARDINI y dijo: El acuerdo que nos convoca, nos coloca ante un interrogante que he tratado como integrante de la Sala I de esta Cámara en el caso "Coppari, Sebastián y Ot. " en auto 260/04 citado para fundar la existencia de contradicción- y en otros que, en igual sentido, concluyen con una respuesta negativa: no se requiere el cumplimiento de dos años de prisión preventiva con anterioridad a la vigencia de la ley 25.430 para la aplicación del cómputo privilegiado del art. 7 de la ley 24.390, derogado por aquella.

Una nueva encuesta y análisis de los fundamentos de tal postura interpretativa, de los dados en similar conclusión por el Dr. Crippa en su voto que sigue los precedentes de la Sala III, y de los expresados en el voto del Dr. Fierro que, contrariamente da respuesta afirmativa al interrogante propuesto conforme ya lo expresara en antecedentes de la Sala IV de esta Cámara, me lleva a reiterar la posición expuesta, esto es, la respuesta negativa..

Debe tenerse en cuenta que, en principio, la conclusión por la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, no es mas que la operatividad de la ley vigente al momento de hecho.

Se trata ni más ni menos que la vigencia del principio de legalidad, del cual se deriva o es contracara de igual moneda, la irretroactividad de la ley, y que por si mismo lleva a la ultraactividad de la ley del hecho.

La excepción (retroactividad o ultraactividad de la ley más benigna sucesiva a la ley del hecho) tiene clara recepción en nuestro sistema legal art. 2 del C. Penal- y su rango constitucional dentro del marco del art. 9 de la CADH. Tras el desarrollo lineal precedentemente expuesto, cabe preguntarse, por un lado, si nos encontramos ante un problema (el cómputo de la prisión preventiva) de interés para la configuración de la ley más benigna.

Por otro lado y si así fuere, si en el caso es válida la distinción entre situación o condición cumplida o no cumplida (el transcurso de dos años de prisión preventiva bajo la ley del hecho o sucesiva) para que la situación adquiera existencia según se hayan cumplido o no los dos años- y con ello se integre o no la hipótesis de la ley más benigna que en esa situación se basa.

Por último, si la conclusión negativa al interrogante propuesto en el acuerdo desconoce la unidad de las leyes sujetas a consideración, como exigencia del respeto a la fuente de producción normativa (en el caso, el tratamiento del cómputo de la prisión preventiva cuando no se ha cumplido la situación bajo una ley y se integra con otra distinta para recoger los aspectos mas beneficiosos de ambas).

Respecto de la naturaleza del cómputo de la prisión preventiva, debe concluirse que ingresa directamente en la entidad de la pena y consecuentemente no puede negarse su relevancia en la problemática de la ley más benigna.

La privación de libertad sufrida cautelarmente no puede escindirse de lo que es el sufrimiento de la pena privativa de la libertad.

Además, las necesidades cautelares que llevan a la prisión preventiva y el valor como pena que en concreto otorga la ley a tal privación, son extremos que confluyen como producto de la potestad punitiva, conminada en la ley previa al hecho que determina los límites de tal potestad.

Cabe agregar aquí los lineamientos constitucionales y los Tratados con rango constitucional, que afirman la importancia del acceso a la justicia en tiempo razonable, constituyendo la norma derogada, que fija plazo y otorga una especial valoración a determinado tiempo de prisión preventiva, una clara limitación, en tal sentido, a la potestad punitiva en sus manifestaciones durante el proceso.

En relación a la cuestión sobre la validez de la distinción entre situación cumplida o no cumplida antes de la derogación, lo precedentemente expuesto considero que es ya suficiente fundamento para desestimarla como relevante para el contenido de la ley más benigna en base a esa situación.

Es que, precisamente, la conminación en la misma ley configura un marco de actuación de la potestad punitiva, a través de la consideración del legislador sobre la tasación del cómputo por el rigor de la cautela.

No cabe prescindir del tiempo de la ley para remitirlo al tiempo del cumplimiento de la condición.

El legislador, con posterioridad a la conducta regida por esa ley no puede modificar retroactivamente su valoración en la ley del hecho o sucesiva, bajo el fundamento de que todavía no se cumplió en el tiempo la situación.

Esta situación ya ha sido valorada en el tiempo de la ley que la contemplaba y que es el que debe ser tenido en cuenta para demarcar cual es el límite legal de la potestad punitiva.

Estimo que no cabe hacerlo porque constituye un agravamiento retroactivo del marco de actuación de la ley del hecho o en su caso sucesiva mas benigna.

El legislador valora y define en la ley el marco punitivo para las conductas delictivas que caen bajo su vigencia, otorgándole al mismo tiempo vigencia ultra activa frente a las eventuales leyes posteriores de marco punitivo más gravoso.

En cuanto al problema de la unidad de las leyes en consideración, corresponde analizar dos aspectos.

En primer lugar, si se trata de la ley del hecho la que contiene el cómputo más benigno y el caso no tiene en la ley posterior ningún otro extremo que la torne en definitiva menos gravosa, ya he anticipado al comienzo de este voto que no hay más que aplicar la ley del hecho y no existe ninguna excepción que considerar ni, por lo tanto, creación judicial de ley distinta.

En segundo lugar, si la nueva ley respecto de la del hecho o sucesiva se encuentra dentro de un marco legal que resulta menos gravoso, nada obsta a la operatividad de la excepción del art. 3 del C. Penal, esto es, el apartamiento al principio de la unidad del art. 2, conjugando dos leyes para observar separadamente la ley de mayor benignidad ajena al cómputo y otorgarle ultra actividad, en el cómputo de la prisión preventiva y por el principio de la ley más benigna, a la más favorable al procesado.

Al respecto tomó la palabra el Dr. HUMBERTO H. GIMENEZ y dijo: Adhiero a los fundamentos y a la conclusión que propician los doctores Crippa García y Bernardini. La cuestión traída a resolución de este pleno remite a la problemática de la sucesión de leyes-penales-en el tiempo.

Con su habitual claridad expositiva, el maestro Soler (Derecho Penal Argentino, t.1, pag. 251, Ed. 1987) ha expresado que sobre el punto existen dos criterios: aplicación de la ley vigente al momento del hecho irretroactividad- o de la ley vigente al momento del fallo retroactividad-, con sus variantes relativas que, haciendo mérito del principio de benignidad propio del derecho penal, postulan la retroactividad o ultraactividad de la ley posterior o anterior más benigna, según sea el criterio dominante.

El contenido de las normas en cuestión, solo puede ser analizado para determinar su mayor o menor benignidad, pero dirimida la cuestión, el régimen legal aplicable queda sellado y no puede ser alterado por la economía interna del propio texto legal.

En el caso, la ley n° 24.390 estableció en el artículo 7mo. el llamado cómputo privilegiado de la prisión preventiva, modificando el régimen de conversión del art. 24 del C. Penal, siempre que el procesado hubiese excedido dos años en privación de libertad cautelar.

La ley n° 25.430 derogó este cómputo, remitiendo directamente al régimen general del art. 24 del Cod. Penal. Si una ley estableció un beneficio que otra deroga, esta última ha de considerarse necesariamente mas gravosa. En cuanto tal, no cabe ninguna duda que la aplicación al caso del texto originario de la ley N° 24.390 se impone, no ya por aplicación del principio de mayor benignidad, sino derechamente por el de irretroactividad: la imputación jurídico-penal y todas sus consecuencias, aún accesorias, deben ser evaluadas por la ley vigente a la fecha de comisión del hecho.

No advierto que en el caso concurra ninguna circunstancia que autorice apartarse de los principios generales en la materia.

Si bien es cierto que para acceder al beneficio que establecía el art. 7mo. de la ley n° 24.390, se requería una condición, esta condición no puede evaluarse autónomamente y menos todavía a la luz de la legislación posterior más gravosa. Estimo que en la posición contraria subyace un error lógico que es asimilar el cumplimiento de la condición para la obtención del beneficio con la propia determinación del régimen legal aplicable, que constituye su presupuesto: Establecida la ley que regirá la relación jurídico-penal, es obvio que deberá verificarse luego el cumplimiento de la condición a que aquella subordinó determinado beneficio, pero ello constituye un estadio lógico posterior que no puede interferir en el prius jurídico. Para una mejor comprensión de la cuestión, pongamos por caso que la ley posterior, en lugar de derogar el cómputo privilegiado, lo hubiese agravado, por ejemplo requiriendo que el procesado hubiese transcurrido más de tres años en prisión preventiva.

¿Podría ponerse en crisis que el imputado que aún no llevaba dos años cumplidos en prisión preventiva a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley se beneficiase con el régimen de cómputo privilegiado establecido originariamente por la ley n° 24.390?.

En mi criterio se impone claramente la respuesta negativa pues el posterior agravamiento del régimen de conversión de la prisión preventiva no podría nunca desplazar la ley vigente a la fecha de comisión del hecho.

En el caso traído a resolución, la derogación del régimen importa una radicalización del agravamiento pero que debe ser juzgado en función de los mismos criterios.

Idéntica consideración merece formularse para el supuesto en que una ley posterior modificase los términos de prescripción de la acción penal cuando aún no había transcurrido el término menor fijado por la ley vigente al tiempo del delito.

Es esta ley que rige los límites de la persecución penal del agente y no resultaría razonable exigir que éste, para acceder a la extinción de la acción penal, hubiese consolidado su derecho durante la vigencia del régimen más favorable, en una suerte de transposición de la doctrina de los derechos adquiridos, propia de otros ámbitos jurídicos, a sede penal.

Por último, solo quiero destacar que por la presunción del legislador racional, debe entenderse que cuanto éste dicta una norma sabe anticipadamente que ésta se insertará en un contexto normativo preexistente del que muchas veces extraerá su verdadero alcance y límites de aplicación.

En el caso, puede afirmarse que el legislador de la ley n° 25.430, y dejando de lado por resultar innecesaria la discusión en torno a los tratados de superior jerarquía, conocía que su reforma se enfrentaría a casos como los que aquí se resuelven y a la clara y terminante disposición del art. 2do. del Cod. Penal. No obstante ello, no incluyó ninguna norma de derecho transitorio que diese a estos casos una solución distinta de la que se impone por los principios generales y que conducen ineluctablemente a la solución ya anticipada.

Así voto.

Al respecto tomó la palabra el Dr. ERNESTO A. PANGIA y dijo: Que adhiere sin reservas a los votos de los Dres. Crippa García, Bernardini y Giménez. Al respecto tomó la palabra el Dr EDUARDO DANIEL SORRENTINO y dijo: Que adhiere sin reservas a los votos de los Dres. Crippa García, Bernardini y Giménez. Al respecto tomó la palabra el Dr JUVENCIO L. MESTRES y dijo: Que adhiere sin reservas a los votos de los Dres. Crippa García, Bernardini y Giménez.

Al respecto tomó la palabra el Dr ERNESTO MARTIN NAVARRO y dijo: Que adhiere sin reservas a los votos de los Dres. Crippa García, Bernardini y Giménez Al respecto tomó la palabra el Dr ELENA RAMON y dijo: Que adhiere sin reservas a los votos de los Dres. Crippa García, Bernardini y Giménez.

Por lo tanto la Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, reunidos en Tribunal Pleno y por el voto de la mayoría de sus miembros, RESUELVE: I) Establecer como doctrina aplicable, con los alcances previstos en el art. 488 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe: "No es necesario haber cumplido dos años en prisión preventiva en forma previa a la vigencia de la ley Nro. 25.430 para que sea ultraactivo el cómputo privilegiado que establecía el texto derogado del art. 7 de la ley 24.390.

II) Hacer lugar a la pretensión del recurrente remitiendo el presente expediente a la Sala I de esta Cámara. 2.-) .. 3.-) .. 4.-) ..

Con lo que no siendo para mas, se da por finalizado el Acuerdo, firmando los señores vocales asistentes por ante mi que doy fe.- Fdo: MESTRES (Presidente), GIMENEZ, BERNARDINI, PANGIA, SORRENTINO, CRIPPA GARCIA, NAVARRO, RAMON, FIERRO, JUKIC, PAOLICELLI, Ante mi: Baroni (en suplencia).

Rosario, 16 de mayo de 2005.-