marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pueblos originarios, amenazas, explotación de minerales, mercurio, deber de prevención del daño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 38/2017 - Medida cautelar No. 113-16 -- Comunidad Nativa "Tres Islas" de Madre de Dios respecto de Perú c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-09-08

Corresponde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indique, a raíz de las amenazas sufridas por algunos de los miembros de la Comunidad Nativa "Tres Islas" de Madre de Dios, presuntamente de parte de quienes se encontrarían relacionados a la explotación minera, que a pesar de sus reiteradas denuncias el Estado no habría implementado medidas de protección ni tampoco arbitrado otras enderezadas a la identificación de los presuntos responsables.
Viajantes de comercio, comisión por ventas, declaración jurada
Materia: LABORAL
Carátula: BENZI, FRANCISCO c/ ESTABLECIMIENTO PINGUINO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

Aún en el caso en que la demandada no lleve el libro especial previsto en el art. 10 de la ley 14546 no corresponde acordar operatividad a la presunción del art. 11 de la citada norma, si no se acompañaron las notas de venta que pretende hacer valer en el escrito inicial, individualizando concretamente las operaciones que se pretenden impagas.
Recursos, recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: QUIROZ, ANGEL O. Y OTROS c/ CADECO S.R.L. Y/O MARCELO O. IGHANI s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

No procede el recurso extraordinario cuando el apelante ha sustraído el conocimiento de los jueces de la causa la cuestión que presenta ahora como de naturaleza federal, impidiéndoles con su actitud discrecional que se pronuncie sobre ella.
Honorarios del abogado, desregulación económica
Materia: PROCESAL
Carátula: SPADARO, DOMINGO C. c/ LAWRENCE, ANGELICA s/ DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

El art.8 del dec. 2284/91 de desregularización económica, se refiere a la desregularización de las escalas arancelarias, tarifas que fijen honorarios o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales, y deja sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en las leyes arancelarias. Estable en su art. 11, que ninguna entidad pública o privada podrá impedir, trabar, ni obstaculizar directa o indirectamente la libre contratación de honorarios por la prestación de servicios de cualquier índole, cuando las partes deseen apartarse de las escalas vigentes. De esta manera, dicho decreto permite las convenciones de los particulares, en forma libre y sin la obligación de sujetarse a las leyes, decretos y resoluciones que fijan los respectivos aranceles, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad a la vigencia de esta normativa en que no correspondía apartarse bajo pena de nulidad, en orden a lo establecido por el art. 21 del C.

Civil. El decreto de desregulación económica al dejar sin efecto el carácter de orden público de los aranceles, remite a la aplicación del art. 1197 del C. Civil y sus concordantes. El dec. 2284/91, prescribe para los supuestos en que los interesados establecen honorarios convencionalmente, pero cuando la determinación de cada emolumento no ha sido convenida, los honorarios judiciales no deben, ni pueden regularse por debajo de las escalas y pisos mínimos establecidos por los aranceles profesionales razón por la cual, son de aplicación las pautas contenidas en la ley 21839.
Quiebra, protección de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARGARIAN  DAVID  SOLICITA  EXCLUSION  DE  BIEN  EN:  MARGARIAN DAVID s/ QUIEBRA PROPIA - BIEN DE FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-20

Si el inmueble del fallido estuvo inscripto en el régimen de familia 14394, pero luego fue desafectado de ese beneficio por gestión de un acreedor individual antes de la declaración judicial de quiebra, significa que ese inmueble estaba ya sujeto al desapoderamiento que prescribe el art. 111 de la ley 19551.

La inembargabilidad e indisponibilidad que tuvo antes el inmueble quedó sin sustento después de la cancelación, sin que más tarde el requirente haya gestionado la nueva inscripción en forma tal que la pudiera hacer valer antes de la declaración de la quiebra.-
Pesificación, obligaciones en moneda extranjera, liquidación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FERROCARRILES  ARGENTINOS c/ BANCO  DE  LA  PROVINCIA DE BUENOSAIRES S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06

La mera aprobación de la liquidación por la suma de US$ 731.99728 no puede tener el alcance que le atribuye la apelante, pues ese acto sólo tiene por objeto determinar la suma adeudada con arreglo a las bases establecidas en la sentencia de condena, y el auto respectivo, como principio, no tiene el efecto de la cosa juzgada (confr. esta Sala, causa 5608/98 del 28.5.04 y sus citas de doctrina y jurisprudencia). El silencio que en tal sentido observó la demandada no puede implicar conformidad con el mantenimiento de la deuda en moneda extranjera, en tanto la pesificación surge de una norma de alcance general, esto es, no se trata de una circunstancia propia de la presente litis sino que es una de las consecuencias que la normativa en cuestión trajo aparejada sobre el universo de situaciones que ella determina; es claro, entonces, que la legislación de emergencia, respecto de las deudas en divisas, tiene vocación universal, y por lo tanto comprende las condenas en moneda extranjera (confr. causa 5608/98 cit.). Juzga el Tribunal que en la especie no es posible sostener que se hubiera producido preclusión alguna, en la medida en que la pesificación del crédito no es un asunto que previamente se hubiese debatido o resuelto en forma explícita o implícita en autos, aspecto que basta para diferenciar el sub examen del precedente de esta Sala invocado por la recurrente (causa 352/97 del 20.12.00).
Recurso de inaplicabilidad de ley, doctrina de los actos propios, restitución de aportes, aportes previsionales, empleados públicos, emergencia económica, Estado Provincial, incumplimiento del convenio, falta de pago, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: R., N. C. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ INCONSTITUCIONALIDAD ART.5 LEY 2990/96 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-16

Adviértase que la accionada pretende en esta etapa volver atrás con un acuerdo al que se arribó en el marco de expresas facultades legales (firmado en el marco de lo ordenado por el Decreto de naturaleza legislativa Nro. 1/04, ratificado por la ley 3868) y que estableció claramente las consecuencias de su incumplimiento, y ello implica desentenderse de los compromisos oportunamente asumidos.

La actitud del recurrente conlleva la contradicción de sus propias postulaciones previas y remite a la doctrina de los actos propios.... Tal conducta debe ser exigida con mayor razón al Estado, máxime teniendo en cuenta que la Administración debe cumplir los principios sentados por el art. 47 de la Const. Pcial., lo que obliga a asumir un comportamiento moral ejemplar en todo su accionar.
Defensa del consumidor, relación de consumo, servicio público
Materia: COMERCIAL
Carátula: Achilli Diego Roberto y otro c/ Edenor S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-21

Por aplicación del artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se hace eco del mandato contenido en el art. 42 de la Constitución Nacional al establecer que las normas que regulan la relación de consumo -como es la que surge con la empresa de suministro eléctrico- "deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor.", corresponde rectificar el criterio expuesto en algunos fallos de este fuero y calificar como "de resultado" a la obligación a cargo de la empresa prestadora de un servicio público, lo que determina que la atribución de su responsabilidad se base en el factor objetivo (art. 1723 del Código cit.).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Visca, José c/ Mesquidas, José A. y otros s/ Daños y perjuicios Canzani, Pedro Alejandro c/ Borturo, Daniel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02|1995-12-04

No incide en la determinación del monto indemnizatorio el pretenso ahorro de combustible, gastos de rodamiento, etc. desde que aquí no se está frente a la elucidación de una cuestión relacionado con el lucro cesante (art. 1069, Código Civil), sino simplemente la relativa a la estimación de los gastos razonables que pudo hacer el damnificado al tener que utilizar otros medios de transporte equivalentes al de la unidad chocada, durante el lapso que insumieron las reparaciones (arts. 1083 y 1094, Código cit.).
Nulidad de patente, diligencias preliminares, gastos del proceso, costas al vencido
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: REIDY ROBERTO GABRIEL c/ ESCOBAR ALDO ANTONIO s/ NULIDAD DE PATENTE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Los daños causados por las medidas preliminares dictadas sobre la base de la patente nula (el haber tenido que informar sobre la clientela, el tiempo que debió emplear a tal fin, fotocopias que debió atender), en virtud del principio "iura curia novit", de alguna manera puede considerarse que significaron "gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso" (art. 77, 1er. párrafo, CPCC), que deben ser soportados por la parte vencida (art. 68, CPCC).
Demanda, contestación de la demanda, audiencia, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: CONTRERAS ROQUE VICENTE c/ GONZALEZ GIRAL  S.R.L.  Y OTRO s/ CONTESTACION DE DEMANDA - PRUEBA - FONDO DE DESEMPLEO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-21

Los demandados no han contestado la demanda ni han asistido a la audiencia de vista de la causa para la cual fueron debidamente citados. Conforme a lo dispuesto por el art. 49 última parte de la Ley 7987, al dársele por contestada la demanda a la parte demandada, ante su incomparecencia a la audiencia de conciliación, se genera una presunción de veracidad de los hechos que la parte actora relató en su demanda, la que podrá ser desvirtuada por prueba en contrario.

El caso en análisis muestra la efectividad e importancia de la reforma legal producida por la mentada Ley 7987 sobre la anterior norma Ley 4163, que debía aplicarse en concordancia con el art. 166 del C. de P.C. pues al establecerse la presunción "iuris tantum" favorable al relato contenido en la demanda, la mera falta de prueba en contrario hace que deba resolverse a la procedencia de las pretensiones de quién demanda, en tanto éstas resulten respaldadas por la normativa de fondo vigente.-
Competencia por la materia, competencia comercial, inscripción registral, registro de la propiedad automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLARO, Zulema y otro c/ PANIAGUA, Adrián y otro s/ TRANSFERENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-19

Es competente el Fuero Comercial para intervenir en el reclamo de la entrega definitiva de un vehículo y la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor con sustento en el incumplimiento de obligaciones que hacen a la actividad comercial, contrato suscripto por el representante legal de una concesionaria en cumplimiento de su objeto comercial cuando además dicho automotor se encuentra involucrado en un juicio donde se ejecuta el saldo de precio de venta que tramita ante un Juzgado Comercial. Ello así porque, sea por el objeto de la acción o bien por la conexidad existente con el juicio donde el automotor se encuentra embargado, el proceso debe tramitar en esa jurisdicción.
Sentencia absolutoria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duret, Alejandro Guillermo y Otro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

La disidencia consideró que la Sala IV de la C.F.C.P. -en su anterior integración- luego de anular la absolución, debió reenviar las actuaciones a otro tribunal de juicio. (Dres. Gemignani -disidencia parcial-, Borinsky, Slokar -disidencia-).
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gamaleri, Gustavo Darío s/ Inc. apelación en "Perez T. c/ Saavedra, Carlos s/ Daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

La intervención obligada prevista en el art. 94 del C.P.C.

corresponde siempre que se invoque que la controversia es común.

Pero ello, no significa que una a las partes con los terceros cuya intervención coactiva se exige un litisconsorcio necesario, bastando al efecto el enlace de intereses en que podría fallarse -. a espalda del interesado- sobre derechos y obligaciones de su directa incumbencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incapacidad laboral, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, DAMIAN c/ COMPAÑIA    DEPOSITOS    FRIGORIFICOS  DEL  PUERTO  DE  BUENOS  AIRES s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-25

La circunstancia de habérsele otorgado al empleado una incapacidad menor a la estimada en su escrito de demanda, no le hace perder al demandado la calidad de vencido (artículo 68 CPCCN., Sala I, 13 de mayo de 1974, 'Diaz, Carlos A. c/ La Equitativa del Plata SA.', SD. 34324).
Recurso de casación, protesta
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Carina s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

A los fines de la admisibilidad y procedencia del recurso de casación, la exención de reclamo oportuno prevista por el inciso tercero del art. 449 del Código de Procedimiento Penal -que prevé los supuestos de intervención, asistencia y representación del imputado en el juicio, en los casos y formas que la ley establece- es también comprensiva del supuesto de quien fue juzgado por los preceptos de una ley derogada, toda vez que esto afecta sustancialmente el derecho de defensa en juicio.
Acción de amparo, retiro policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Gutierrez,   Juan   Alberto c/ EN  -M°  Justicia  Seguridad  yDDHH-PFA- Dto 2744/93 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

El reconocimiento de la naturaleza general de las asignaciones creadas por el decreto 2.744/93 al personal retirado con arreglo a lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Torres", 17/3/98 fue ratificado por el Alto Tribunal in re "Costa", 29/08/2002 y "Mallo", 29/11/2005 (Cons. 7°).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, citación en garantía, prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Scaglia, Matías Andrés c/ Coppari, Carlos Alberto y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-04

Teniendo presente que el Juez de grado tramitó el pedido de declinación de garantía como una defensa de fondo, sin formalizar incidente alguno y ello fue consentido por todas las partes intervinientes, y que la instrumental en cuestión fue ofrecida en la etapa procesal oportuna y no se advierte irregularidad en su incorporación a la causa, no puede sostenerse válidamente que el ejercicio de ese derecho trascendental hubiera precluido, sino que se trata de una prueba válida traída al proceso sin que exista irregularidad o indefensión de la contraria como presupuestos básicos de la declaración de ineficacia del medio de confirmación.
Pena privativa de la libertad, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Majerovich, Gustavo y otros s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

Cuando la ley requiere la específica indicación de los motivos para la articulación del recurso de apelación, no quiere decir con ello que el recurrente explique acabadamente los argumentos jurídicos en los que cimienta su censura, pues esa posibilidad está contemplada en el artículo 454 del mismo texto legal al prever la designación de audiencia para informar. Lo que se pretende entonces, es una manifestación que individualice exactamente cuál es el tema que agravia al recurrente bastando su sola mención sin otras consideraciones, las que podrán alegarse en la etapa procesal oportuna. Se descarta así la apelación resultado de una reacción impulsiva que se abandona en el momento de fundar el recurso, circunstancia que la ley trata de prevenir con la norma que nos ocupa. (Voto del Dr. Madueño).
Salario básico de convenio, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA, NARCISO c/ IZA INDUSTRIAS ZEMELMAN AMERICANAS SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

El decreto 1670/81 absorbió todos los aumentos sobre básicos de convenio para el período octubre - diciembre de 1981, por lo que, no cuestionada su inconstitucionalidad, y dada su latitud, es improcedente el reclamo de dichos rubros.
Remuneración, pago, recibo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: LARRAYA OVIDIO c/ EL TRUST PROPIEDADES SA s/ DEMANDA - RECURSO CASACION - PAGO - RECIBO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-05

La regla de la amplitud en materia probatoria instituida por la ley de contrato de trabajo halla una excepción en lo referido a la instrumentación del pago, por remuneraciones al trabajador, que solo debe acreditarse mediante recibo firmado por el mismo confeccionado en las condiciones que establecen los arts. 139 Y 140 y únicamente puede ser suplido por confesión judicial.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, cancelación de deudas
Materia: ECONOMIA
Carátula: G.C.B.A. c/ ALOISIO, Setimio Nicastro s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-07

El art. 1º de la ley 23.982 contempla entre los supuestos de consolidación de deuda, aquellos créditos reconocidos por pronunciamiento judicial (conf. inc. c), con lo cual no cabe distinción alguna entre obligaciones principales y accesorias.
Competencia por el territorio, seguros, citación en garantía, domicilio del asegurador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BULACIO, Pablo Gaspar y otro c/ GOÑI, Omar Raúl s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-03

Por aplicación de los arts. 90, incs. 3 y 4 del Código Civil, para que el asiento de la sucursal, a los fines de la citación en garantía, surta efectos de domicilio de la aseguradora, es necesario que se trate de establecimientos o sucursales propiamente dichos y de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, Ignacio Carlos José c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20

La autoridad administrativa tiene amplias facultades para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones, cuando no se ha demostrado que la decisión impugnada se encontraba viciada de arbitrariedad o absurdo.
Retroactividad de la ley, derecho de propiedad
Materia: CIVIL CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, María del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Terenzi, Edith E. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Segura, Jorge Oscar y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad  Dif.Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-12|1996-04-29|1996-10-08

La Corte Suprema de la Nación ha delineado con ponderable claridad la doctrina que enseña, que la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un "derecho en espectativa ya existente". Mas ni el legislador ni el juez podrán, en virtud de una ley o su interpretación, alterar o arrebatar un derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior, pues en el caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema. La decisión del caso, debe estar guiada, desde una visión constitucional, por la necesidad de evitar que la conclusión que se alcance vulnere derechos "consolidados" en el patrimonio de la persona a la que se pretende aplicar la norma en forma retroactiva.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares, estado parte, medidas de seguridad y protección, buena fe
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de la República Argentina. c/  s/ Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, al igual que todas las personas que ingresan a tales centros carcelarios, entre ellos los empleados y funcionarios que prestan servicio en dichos lugares. c/ Rep. Argentina s/ Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

La presentación de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana no da motivo al Estado a no adoptar las providencias necesarias con el fin de atender la solicitud de medidas cautelares de protección, puesto que mientras el Tribunal o su Presidente deciden respecto de lo solicitado no existe obstáculo para implementar en el interín, de buena fe, las medidas cautelares pretendidas.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, médico cirujano, intervención quirúrgica, consentimiento del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroga, Rosa Erminia. c/ Jassin Adolfo. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

Los médicos y cirujanos, como principio, no deben emprender ningún tratamiento sin haber obtenido el consentimiento del enfermo.

Ello se impone por respeto de uno de los aspectos más fundamentales de la libertad personal. Esa conformidad del enfermo es exigida a salvo los supuestos de incapacidad, en que debe requerirse a los representantes legales, y en el caso de imposibilidad.