marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro de vida, beneficiario del seguro, conviviente, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mendoza González, Carmen Rosario c/ Zurich Santander Seguros Argentina S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-16

Corresponde reconocer la legitimación de la mujer conviviente de un asegurado fallecido para percibir su seguro de vida, puesto que en materia de interpretación de las cláusulas de los contratos de seguro que designan el beneficiario, se debe tener en cuenta cuál ha sido la voluntad real del asegurado y, en caso de duda acerca del beneficiario de un seguro de vida, deben ser investigadas todas las circunstancias que permitan establecer la voluntad del asegurado. En consecuencia, resulta razonable interpretar que el asegurado haya tenido la intención de beneficiar a quienes conformaban su núcleo de afectos en el momento que contrató.
Allanamiento domiciliario, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Juan D. A. s/ Infr. artículo 292  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El allanamiento realizado es válido, esté fundado en la circunstancia de que dos meses después del acto, el procesado reiteró no haberse opuesto a la inspección de su domicilio.
Acción de amparo, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PASTORINO, JUAN A. c/ M° de Trabajo y Seguridad Social (Ex 500.184/95) s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El art. 2, inc. d) de la ley 16.986 halla su quicio constitucional en tanto se admita el debate de inconstitucionalidad en el ámbito del proceso de amparo cuando en el momento de dictar sentencia se pudiese establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no claras, palmaria y manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que este remedio tiende a proteger (conf. C.S. in re "Peralta, Luis A. y otro c/ E.N. (Mºde Economía-B.C.R.A.)", LL.

1991-C-140 y sgtes.).
Recursos, depósito previo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero  Héctor  Francisco  Carrera  S.A. c/ Terrenos Golf SanMartín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título dedueño.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos no es contraria a la garantía constitucional.
Jueces, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZANNI CLAUDIO ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-05

Una cosa es modificar las formas, procedimientos o maneras de elección de magistrados y otra, absolutamente diferente, es posibilitar la remoción de los que ya estaban designados, disfrazando o cohonestando una cesantía -incausada, inmotivada, sin debido proceso- de una nueva forma de elección. De otra manera, implicaría abrir la puerta de la inmersión de un Poder sobre otro. MINORIA U OPINION PERSONAL)
Redargución de falsedad, nulidad de testamento, litisconsorcio pasivo, costas, escribanos públicos, albacea
Materia: PROCESAL
Carátula: Foglizzo, Alberto Carmelo y otro c/ Nietto, Nelly Antonia y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-12

Si bien la demanda de redargución de falsedad de testamento contenido en instrumento público configura un caso de litisconsorcio necesario pasivo que hace obligatorio que la demanda se proponga contra todos aquellos que participaron en el acto impugnado, es decir, contra las partes y el escribano interviniente, ello no implica que todos los demandados deban ser condenados en costas en caso de que se declare la nulidad pretendida, pues la legislación de fondo no exige al escribano comprobar médicamente el estado mental del testador, conclusión también aplicable al albacea.
Procedencia del recurso, daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, daño emergente, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Marchese, Marta Beatriz  c/ En - M Seguridad - PFA y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-05

La sala hace lugar al recurso de la actora y reconoce el daño biológico (incapacidad sobreviniente) -rechazado por la jueza de grado- como parte de la indemnización otorgada en concepto de daño emergente. El "daño biológico -físico y estético" no es autónomo respecto del daño material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso y son rubros que, más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de la totalidad de secuelas que la lesión origina en la víctima. Las conclusiones periciales resultan contundentes y por demás elocuentes en cuanto a las irreversibles secuelas que acarreó el hecho para la víctima, por lo que el monto otorgado debe ser revisado de cara a ellas; máxime cuando no fueron impugnadas por la demandada.
Sentencia arbitraria, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., J. y Otros c/ L. ?? J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04

Cuando se ha prescindido o valorado deficitariamente la prueba, se desemboca en una diáfana hipótesis de sentencia arbitraria, porque lo resuelto sólo en forma aparente satisface la exigencia de ser una derivación razonada de los "hechos comprobados", de la causa que no han podido ser cabalmente verificados al haberse dejado de atender pruebas, que debidamente evaluadas, habrían conducido a que se arribase a un sentido diferente del que propiciara el juzgador.
Contrato de trabajo, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Unión  del  Personal  Civil  de la Nación UPCN c/ Estado NacionalI.N.T.I.   Instituto   Nacional   de   Tecnología  Industrial s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-10

Es posible recurrir al trámite del juicio ejecutivo cuando se trata de perseguir la extinción de obligaciones consolidadas, ya que no se observa incompatibilidad alguna puesto que el procedimiento ejecutivo se diseñó como una vía especial que posee una etapa de conocimiento muy restringida y una faceta ulterior compulsiva típica que es, precisamente, la que se vería afectada por el régimen particular de cobro al que alude la normativa de consolidación (conf. arts. 3, 5 y conos. ley 23.982 a los que remite la ley 25.344). En consecuencia, no existe obstáculo alguno para ceñir el proceso ejecutivo a la etapa inicial de cognición, que es igual para cualquier ejecutada (sea un organismo oficial o no), y cesa con el pronunciamiento sobre las excepciones. Sólo difiere la etapa de cumplimiento de la sentencia de trance y remate en la que la ejecutante debe someterse a las previsiones de las leyes 25.344 y 25.725
Declaración policial, valor probatorio, personal policial, declaración testimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ibarra, Rodolfo Aníbal y otro s/ Recurso de casación - Causa:1490
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

"En modo alguno, la ley prohibe expresamente que el imputado formule al preventor manifestaciones de manera libre y espontánea, por lo que pueden resultar válidamente introducidas al proceso mediante el testimonio del funcionario que las recibiera. (Voto del Dr. Fégoli).
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calvo, Juan Carlos y otros c/ Microómnibus Primera Junta SA s/ Nulidad de asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Existen supuestos en que una disposición legal impide la actuación útil de la parte por la propia organización del proceso, como acontece cuando debe esperarse la resolución de una incidencia que, por ende, obstaculiza la actuación procesal de la parte.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, consecuencias remotas, daño psíquico, apreciación de la prueba, daño moral, cuestiones de hecho y prueba, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FREDINI SILVIA DEL ROSARIO c/ ALLOIS MARCELO RAUL Y OTROS s/ SUMARIO POR INDEMNIZACION DANOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-30

En ningún caso son imputables las consecuencias remotas,que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad";es decir que la regla es que las consecuencias remotas que no tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho danoso "no son imputables",tal como lo entendió la Cámara aplicando la norma legal correcta en orden a los hechos y pruebas valoradas en la sentencia:la valoración realizada por el Tribunal de grado en el sentido que los trastornos psicológicos no tienen adecuado nexo de causalidad con el evento danoso,al tratarse de una persona con fondo depresivo,etc,y la ponderación que efectúa respecto a que la pretensión resarcitoria del daño moral no se ha fundado en una especial afectación de su ánimo vinculada a la carencia del automotor y que su vez no puede por vía del daño moral repararse rubros no reclamados o insuficientemente probados "son cuestiones de hecho " irrevisables mediante el remedio casatorio intentado,salvo absurdo.
Desobediencia a un funcionario público, facultades del juez, sanciones conminatorias, orden de secuestro
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RANA, Cosme s/ inf. artículo 239 C. P. -consulta  Causa nro. 27.838
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

El hecho denunciado deviene igualmente atípico, toda vez que queda desplazada la figura penal de la desobediencia reprimida por el artículo 239 del Código Penal de la Nación, por una sanción especial que en el caso se encuentra regulada por el ordenamiento ritual, artículos 36 y 37 del Código Procesal Civil y Comercial, a través de los cuales se faculta a los jueces, entre otras cosas, a requerir la presentación en la causa de documentos que estén en poder de las partes, pudiendo, en el caso de no cumplirse la orden por él dada, aplicar sanciones conminatorias compulsivas y progresivas en concordancia con las amplias facultades que para requerir el cumplimiento de sus órdenes le confiere el artículo 120 del Código Procesal Penal de la Nación, amen de la facultad para secuestrar toda documentación (artículo 231 de la norma formal)
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Juarros, José Ezequiel c/ Juarros, Raúl José. s/ transmisión de acciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

La primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Empleador, relación de dependencia, trabajador autónomo, afiliados previsionales, sociedad de hecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CITTERIO, RUBEN c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-23

Acreditado en autos que quien demanda daba su nombre a un grupo musical que amenizaba bailes y brindaba su servicio a quienes se lo requiriesen, distribuyendo lo percibido entre todos los integrantes que participaban en cada función en partes iguales (18 %), con la sola excepción del titular que retenía un porcentaje ligeramente mayor (25 %) como contraprestación por facilitar los instrumentos y ser el que concretaba la actividad del grupo, a la vez que soportaba los gastos de traslado, debe concluirse que aquél no actuó como empleador sino como organizador de un equipo en los términos del art. 101 del R.C.T.;

máxime si surge del expediente que los músicos niegan la existencia de relación laboral y se encontraban inscriptos como trabajadores autónomos. En consecuencia, debe dejarse sin efecto el cargo por aportes formulados contra el titular.
Recurso extraordinario, depósito previo, sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Dacuez Oscar N. R. c/ Ivoskevich Eduardo Carlos s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-28

Un aval bancario debe ser encuadrado en el artículo 979 inciso 9 del Código Civil. Los incisos 5 y siguientes de la citada norma, comprenden los documentos que atañen al desenvolvimiento de las finanzas del Estado, mientras que en el presente caso, no se trata de operaciones de ese tipo, sino de un contrato celebrado entre el banco y un particular.Si la parte demandada trajo a juicio una constancia del carácter de fiador que a su respecto el Banco de Entre Ríos asumía con relación al juicio, el que fue desconocido por una de las partes contrarias tanto en su autenticidad como en las facultades de sus firmantes para representar a la institución bancaria, tratándose de un instrumento privado, era necesario demostrar tales aspectos en la forma en que la ley procesal establece para que ese instrumento privado adquiera eficacia.No mediando actividad del apelante que pretende sustituir el depósito que manda el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral para demostrar la autenticidad del documento, el juzgador no puede disponer medidas probatorias supliendo la negligencia de parte, debiendo -en consecuencia- restarle todo valor probatorio a la documental presentada.
Competencia penal, jueces
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JUZGADO CIVIL UNO s/ REMITE ACTUACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-06-04

Para dirimir cual es el Juez en Turno en la causa elevada a esta Cámara por los Sres. Magistrados a cargo de los Juzgados Penales Nros. 1 y 2 de esta ciudad Capital, debe tenerse en cuenta cual es el Juzgado receptor de la denuncia.
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, horas extra, prueba, carga de la prueba, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLO MARIA SOLEDAD - EXPTE. Nro. 5995 - c/ LAURA VEGA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-10-18

El trabajo suplementario u horas extras realizado por el trabajador por encima de la jornada legal no es obligatorio conforme lo prevé el art. 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que la prueba de la realización de las mismas está a cargo del dependiente y la misma debe ser concluyente.
Excarcelación, resolución denegatoria, prisión preventiva, cohecho, fraude a la Administración Pública, cómputo de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RUBIO, RODOLFO s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

Corresponde denegar la excarcelación a quien se decretó prisión preventiva por considerarlo autor de cohecho y partícipe necesario en defraudación a la administración pública, toda vez que teniendo en cuenta la naturaleza y multiplicidad de los hechos que se le enrostran al solicitante, el máximo de pena privativa de libertad que corresponde de acuerdo a la calificación referida supera los ocho años y, en caso de recaer condena, ésta no será de ejecución condicional.
Resoluciones judiciales, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Sandra Marisa c-Municipalidad de Pto. Madryn s-Denuncia Contencioso Administrativa s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-28

Este Superior Tribunal ha admitido siempre -concedido que fue el recurso por las Cámaras de Apelaciones de las restantes Circunscripciones- la impugnación de las decisiones tomadas por aquéllas en primera instancia en el contexto de Ley N° 3098, fueren de índole interlocutoria o definitiva, y cualquiera fuese el objeto del alzamiento: sustantivo, adjetivo, y aún en materia de costas y honorarios.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Pucheta, Eustaquia en rep. de sus nietos Alejo, Alejandro, Miguel y Reynaldo González c/ Arbolares S.A. y otra s/ Lucro cesante Kolarik, Juan c/ Capea S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19|1997-08-26

La demanda promovida con falta de personería no interrumpe la prescripción.
Proceso contravencional, medidas cautelares, deberes y facultades del juez, excesos u omisiones en el pronunciamiento, cuestión de fondo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Nulidad en autos Flores, Flavia Argentina c/ inf. art. 83 Ley 1472- Apelación s/ inf. art. 83 Ley 1472- Apelación c/ inf. art. 83 Ley 1472- Apelación s/ inf. art. 83 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

Este tribunal ha sostenido con anterioridad que para valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas, conforme lo exige la normativa vigente, debe evaluarse desdeun punto de vista estrictamente juridico y no probatorio el encuadre legal de la conducta máxime si, a partir de de allí, cabe derivar la inexistencia de una vioolacion a la ley contravencional (causas 179-00-CC/2005 incidente de apelación en autos "Tosino, Rodrigo Luis Emilio por inf. art 85 CC-Ley Nº 1472-apelación", del 03/08/2005; 119-01-CC/2005 incidente de nulidad en autos "Bertolini, Roberto Cesar s/inf. art 83-Ley Nº 1472-apelación",del 26/05/2006, entre muchas otras ), pues "ninguna duda cabe que el juez tiene no solo la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello, pues mal podría convalidar la medida adoptada a la luz del art. 21, Ley de Procedimiento Contravencional,y continuar el trámite conforme el procedimiento contravencional
Defensa del consumidor, orden público, facultades del gobierno provincial, autonomía provincial, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Edelar S.A. s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El carácter de orden público de la ley nacional de protección al consumidor no impide que las provincias e incluso las municipalidades, dentro de sus atribuciones naturales, puedan dictar normas que tutelen los derechos de los usuarios y consumidores, en la medida que no los alteren, supriman o modifiquen en detrimento de lo regulado en la norma nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La clara formulación del art. 18 de la Constitución Nacional que en su parte pertinente establece: "...quedan abolidos para siempre .

.toda especie de tormentos y los azotes...", también constituye una valla infranqueable para la validez de la ley 23.521. Este mandato constitucional forma parte de las convicciones éticas fundamentales de toda comunidad civilizada, que no puede permitir la impunidad de conductas atroces y aberrantes, como lo es la tortura.
Prueba, prueba del contrato, fotocopia, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, valor probatorio, presunciones, principio de prueba por escrito
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodysa  S.A. c/ Dansas Argentinas  S.A. s/ Cobro dólares (u$s40.404)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

Toda la prueba acompañada, permite tener como cierta la fotocopia agregada por la actora, que sería un principio de prueba por escrito del contrato que unió a las partes originariamente. Tal fotocopia corroborada, por los demás elementos de prueba y por la documentación original acompañada, llevan a ese convencimiento, conforme a las reglas de la sana crítica. Y ello es así por cuanto aún si la considerase como una simple presunción, ésta reviste singular valor en la prueba de los contratos ya que, las presunciones judiciales constituyen indicios que, apreciados libremente por el Juez, forman su convencimiento de la verdad de un hecho o de un acto jurídico.
Sentencia arbitraria, fundamentación del recurso, discrepancia del recurrente
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ham, Ricardo s/ infr. art. 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303) s/recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulada, nº 8743/12 Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ham, Ricardo s/infr. art. 149 bis, amenazas -CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

La diferencia de opinión existente entre la juez que condenó al imputada y las juezas de Cámara que, al revisar esa sentencia, lo absolvieron, radicó en la disímil valoración jurídica de la conducta endilgada, pues mientras que en primera instancia se consideró que sí era constitutiva del delito de amenazas (art. 149 bis del CP) en Cámara, sobre la misma base fáctica, se consideró que ello no era así, de modo que si los querellantes pretendían impugnar la sentencia por la causal de arbitrariedad debieron explicar concreta y sólidamente por qué carecían de razonabilidad los fundamentos, y no limitarse, como lo hicieron, a sostener su preferencia por los fundamentos que respaldaron a la sentencia de primera instancia. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Luis F. Lozano y Alicia E. C. Ruiz).
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez de Guerra, María N. c/ Salim, Carmen s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-07

Se trata de una persona de sexo femenino que cruzando por una senda peatonal es atropellada por un automotor y a consecuencia de ello sufre una fractura del calcáneo de pie derecho y solicita en su demanda la indemnización de un daño psíquico pero sin especificar en que consiste ya que sólo expresa que es diferente al estético y al moral y solicita que determine el perito médico psicólogo, la posibilidad de daño psicológico luego del evento, sin afirmarse en la demanda la existencia de miedo, inseguridad, nerviosismo, dolores de cabeza y fallas de memoria, por lo que no haber formado parte del escrito liminar, no se puede admitir una indemnización por daño psicológico.
Superior Tribunal de Justicia, tribunal de cuentas, resoluciones, resoluciones recurribles, revisión judicial, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MANSILLA, FROILAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE REVOCATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-09

No obsta a la competencia de esta Corte Suprema para tramitar y resolver acerca de la ilegitimidad e invalidez de una resolución del Tribunal de Cuentas, la circunstancia que la ley 12510 establece que contra los fallos y resoluciones definitivas dictadas por dicho Tribunal en los juicios de cuentas y de responsabilidad queda expedita la vía judicial contencioso administrativa, ya que la ley se limita a regular los requisitos y el procedimiento que se deberá seguir ante este Tribunal en el trámite del control judicial de dichos actos, pero de ninguna manera desplaza la competencia de esta Corte, que está atribuida por la Constitución.