Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-22


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 28/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en contra de la Sentencia Nº 20/11 dictada en Expte. Nº 021/08 -Rodríguez, Carlos Ariel -Homicidio culposo -Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº VEINTE/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 15, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº VEINTE/2011, dictada el 14/04/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a CARLOS ARIEL RODRÍGUEZ, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO, por el que viene incriminado (Art. 84 segundo párrafo, segundo supuesto, art. 45 y concordantes del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a la inhabilitación especial de ocho (08) años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 40, 41 y conc. del C. Penal y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del C.P.P.); ordenándose una vez firme esta sentencia el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de los oficios de rigor y en la forma de estilo a las Autoridades Administrativos otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente Sentencia.

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Pedro J. Vélez, en su calidad de asistente técnico del imputado Carlos Ariel Rodríguez, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Centra su primer embate cuestionando la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2 del C.P.P.).

Sostiene que se ha sobrevalorado el informe técnico mecánico y que, además, no se evaluó adecuadamente el resto de pruebas aportadas, por lo que el Tribunal, erróneamente, ha considerado a su defendido como autor de homicidio culposo, aún existiendo elementos relevantes que excluyen el nexo causal existente entre su conducta y la muerte de la joven Coronel.

Dice que podría hablarse de caso fortuito a causa de la existencia del badén, y luego de éste, un montículo de tierra y escombros, que es con lo que impacta Rodríguez y le hace perder el control del rodado. Agrega que esto se ve reflejado en los informes técnicos planimétrico y accidentológico, en el acta inicial de procedimiento y en los testimonios de quienes presenciaron el hecho. Esta circunstancia, a su entender, no puede ser descartada o minimizada por el sólo hecho de que el Tribunal consideró que su defendido conocía tanto la zona como la existencia del montículo oculto luego del badén de la Av. México. Sostiene que la sentencia se basó en meras conjeturas, sin sustento fáctico, y no en lo probado efectivamente en la causa.

Refiriéndose puntualmente al hecho de que Rodríguez se conducía a exceso de velocidad momentos previos al accidente, argumenta que del informe técnico accidentológico surge que no fue posible determinar ésta; sin embargo, el a quo concluyó que sí existió -teniendo en cuenta los daños sufridos por la víctima, dejando de lado el hecho de que el rodado no presentaba daños que evidenciaran un exceso de velocidad-. En tal sentido, refiere que el rodado impactó con el montículo del lado en donde se encontraba la menor, la que salió despedida de éste, lo cual explica las lesiones sufridas por Coronel, y su posterior deceso.

Menciona, además, que todos los que iban en el vehículo sabían que la puerta del lado del acompañante estaba rota y que las veces que salieron en él, Coronel siempre iba sentada de ese lado. Destaca el recurrente, que nada había ocurrido con anterioridad, porque Rodríguez siempre tuvo el control del rodado, y que sólo lo perdió ante el hecho imprevisible de encontrarse con el obstáculo infranqueable formado por el enorme montículo de tierra y escombros ubicado luego del badén, con el que no pudo evitar impactar.

Agrega que las faltas reglamentarias relacionadas con el estado del vehículo, atribuidas a su defendido y consideradas como causa del resultado, tampoco generan responsabilidad penal para su defendido.

Concluye solicitando la nulidad de la sentencia y la absolución de su defendido.

II. b. Ingresando puntualmente al tratamiento del primer embate esgrimido por la defensa, el cual radica en analizar si efectivamente el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, y si a consecuencia de ello corresponde absolver al imputado Carlos Ariel Rodríguez, adelanto mi respuesta negativa a la presente cuestión.

En la señalada dirección, debo destacar que en modo alguno pueden tener acogida favorable las aseveraciones referidas a la sobrevaloración del informe técnico mecánico, como tampoco las que refieren a que el juzgador omitió valorar adecuadamente el resto de pruebas aportadas, invocando la existencia de elementos relevantes que excluyen el nexo causal existente entre la conducta de Rodríguez y la muerte de la joven Coronel. Digo ello, puesto que una detenida lectura del fallo en crisis, permite aseverar que el tribunal ha efectuado un análisis pormenorizado e integral del material probatorio incorporado a debate -el que además contó con la anuencia de las partes-, lo que le permitió concluir de la manera en que lo hizo, con relación a la existencia del hecho y a la participación punible de Rodríguez en el mismo.

El tribunal tuvo por acreditado: "Que con fecha dieciséis de Octubre del año dos mil seis, a horas veintitrés con cinco minutos (23:05) aproximadamente, en circunstancias que Carlos Ariel Rodríguez conducía de forma imprudente, negligente e inobservando los reglamentos, un vehículo marca "Dacia", dominio X-693747, de color azul oscuro, por Av. México al 500 de esta Ciudad Capital, impactó un bordo de tierra lo que ocasionó que Yanet Gabriela Coronel, quién venía en el asiento delantero como acompañante de Rodríguez, saliera despedida del automóvil a causa del impacto, lo que le ocasionó posteriormente la muerte por traumatismo cerrado de tórax como causa de muerte; neumotórax, traumatismo de hígado e injuria hepática, según informe de operación de autopsia obrante en la causa".

El recurrente intenta deslindar la responsabilidad de su asistido argumentando que ya otras veces Rodríguez había transportado a la víctima y nada había ocurrido con anterioridad al hecho en cuestión, aseverando que ello se debió a que Rodríguez siempre tuvo el control del rodado, y que sólo lo perdió ante el hecho imprevisible de encontrarse con el obstáculo infranqueable formado por el enorme montículo de tierra y escombros ubicado luego del badén, razón por la cual no pudo evitar impactar.

Considero que las objeciones de la defensa se desvanecen y pierden virtualidad, a medida que se analiza el razonamiento del juzgador. En primer término, ha quedado plenamente acreditado que Rodríguez conducía su rodado alcoholizado, conforme lo constatado en el Informe de toxicología y química legal (fs. 48), en el que se consigna que el resultado de dosaje de alcohol etílico en sangre contiene 1,30 g/l de alcohol lo que corresponde a embriaguez (muestra "6" -"Nº 714/06). A ello se suma, lo ponderado en relación a las condiciones en las que se encontraba el vehículo conducido por el imputado (automóvil marca Dacia, dominio X-693747), las cuales se consignan en el Informe técnico mecánico Nº 756/06 (fs. 82) el que detalla que el funcionamiento del sistema de transmisión es malo, que no funciona la caja de cambios, que los cinturones de seguridad están fuera de funcionamiento, que no posee luces reglamentarias en la parte trasera, que se encuentra rota la cerradura de la puerta delantera derecha (lo que además ha sido relatado de manera coincidente por los testigos Luis Miguel Coronel y Hugo Antonio Varela); igualmente describe los daños constatados en el sector frontal derecho y puerta derecha; destacando que se encuentran en buen estado el funcionamiento el motor, los frenos, el sistema de dirección, los espejos retrovisores y cubiertas. En idéntica dirección, también resulta relevante lo detallado en el Informe pericial accidentológico (fs. 95/100), en donde puntualmente se consigna que en el lugar del hecho la visibilidad es regular y la superficie es de tierra en buen estado de conservación; revistiendo trascendental importancia en lo que hace al hecho en cuestión, lo referido en cuanto a que se trata de un tramo recto con doble sentido de circulación, que se observa un montículo de tierra hacia el sector sur de la avenida, concluyendo que de haberse respetado las disposiciones reglamentarias, el accidente podría haberse evitado, o sus consecuencias habrían disminuido en forma considerable, consignándose además que la etiología del siniestro se debe a la pérdida de control y dominio del vehículo por parte del conductor del automóvil (repárese que conducía alcoholizado); conclusiones estas que echan por tierra las argumentaciones del recurrente.

En idéntica dirección cabe destacar, por haber sido motivo de agravio, que si bien el referido informe consignó que debido a la falta de datos técnicos, como falta de huellas de frenada, efracciones, derrapes, no se pudo determinar la velocidad del rodado, no obstante ello, el juzgador asertivamente interpretó, con base a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, sumado al cúmulo de elementos probatorios aportados, que aquélla puede inferirse a partir de la gravedad de las consecuencias que se han constatado. De este modo, enfatizó que una persona no pudo salir despedida de un vehículo, como sucedió con Yanet Coronel, si es que el automóvil hubiese circulado a una velocidad precaucional y prudente. Destáquese aquí lo ponderado por el a quo, en cuanto a que Rodríguez no sólo impactó el montículo de tierra con el lateral derecho del rodado a la altura del paragolpe, sino que, además, lo atraviesa, desplazándose luego hacia su derecha, hacia el cordón sur de la Avenida México impactando con un pilar de madera y despidiendo, recién allí, el cuerpo de la víctima el cual quedó tendido sobre el sector derecho de la calzada, con traumatismos de tórax, cráneo e hígado, que le provocaron la muerte en menos de una hora de producido el accidente (fs. 17, 21/22 vta.).

Dentro de este contexto de análisis, tampoco puedo dejar de mencionar el reconocimiento expreso por parte del recurrente, de las infracciones en las que ya había incurrido su asistido al sostener enfáticamente que todos los que iban en el vehículo sabían que la puerta del lado del acompañante estaba rota y que las veces que salieron en él, Coronel siempre iba sentada de ese lado, y que nada había ocurrido con anterioridad, porque Rodríguez siempre tuvo el control del rodado, argumentando que ahora lo perdió ante el hecho imprevisible de encontrarse con el obstáculo infranqueable formado por el enorme montículo de tierra y escombros ubicado luego del badén, con el que no pudo evitar impactar. Frente a este intento de estrategia defensiva, pretendiendo, una vez más, deslindar la responsabilidad del acusado por la existencia de un montículo de tierra y piedras, repárese en primer lugar que el mismo se encontraba al costado de la Avenida México, que se trataba de un tramo recto de doble circulación, que se constató que la visibilidad en el horario de producción del hecho era regular, por lo cual había visibilidad y que conforme surge del acta inicial de actuaciones, el conductor estaba advertido de la situación por dos carteles cuyas leyendas decían: "Trabajamos para Ud. Municipalidad de la Capital" y "Tránsito pesado, peligro, zanja". En razón de ello, entiendo, contrariamente a lo aseverado por la defensa -quien sostiene que Rodríguez siempre tuvo el control del rodado-, cabe responder que no es así, y que en el evento que se le reprocha sí pudo, conociendo las deplorables condiciones de seguridad en las que se encontraba su vehículo, sumado al grado de embriaguez en el que conducía el automóvil, evitar la muerte de una menor de 15 años de edad. Como bien señala el tribunal, Rodríguez tenía 31 años, debió prever el riesgo y resguardar a la menor, puesto que conocía que la puerta estaba rota y debía ser sostenida por la víctima, que los cinturones de seguridad no funcionaban, que en otras oportunidades como lo señaló la defensa ya había transportado en idénticas condiciones a la niña, por lo que el accidente fatal era a todas luces evitable, máxime si se tiene en cuenta que ninguno de los otros pasajeros ni el conductor sufrió algún tipo de lesiones, como lo resaltó el a quo.

Tampoco pueden tener acogida favorable las críticas que sostienen que la sentencia se basó en meras conjeturas, sin sustento fáctico, y no en lo probado efectivamente en la causa, porque el tribunal ponderó que el imputado conocía tanto la zona como la existencia del montículo oculto luego del badén de la Av. México. Este razonamiento efectuado por el tribunal encuentra sustento en las declaraciones brindadas en debate por los testigos Luis Miguel Coronel y Hugo Antonio Varela. El primero de los nombrados expresó que aquella tarde estuvo tomando cerveza en un negocio del barrio llamado "Evelyn", ubicado en Av. México esquina Maipú Norte, que Rodríguez llegó primero, que se fue y al rato regresó, que siempre se juntaban en ese lugar, que salieron a dar una vuelta en el auto, que después regresaron, siguieron tomando cervezas, y volvieron a salir en el auto y que cuando estaban circulando por Av. México esquivaron un bordo de tierra que estaba por la mano del acompañante y allí Rodríguez perdió el control del auto. Por su parte, Varela, además, aclaró que el accidente ocurrió a tres cuadras del local comercial en donde habían estado bebiendo las cervezas. En efecto, resulta coherente razonar que si siempre se juntaban en el mismo local comercial, sito en Av. México, idéntica Avenida en donde ocurrió el accidente, sólo que a una distancia de tres cuadras, resulta evidente que la zona era conocida por el imputado.

En este orden de ideas, cabe descartar que haya sido el montículo de tierra sobre la calzada la causa determinante del resultado final y, consecuente eximente de la responsabilidad reprochada a Rodríguez. Reitérese que el mencionado obstáculo se encontraba señalizado, que el imputado debió extremar su deber de cuidado y prevención, lo que le resultó imposible debido al estado de embriaguez, sumado a las deplorables condiciones de funcionamiento del vehículo que conducía y a la desaprensión e imprudencia de haber permitido que la menor de quince años se sentara en el asiento del acompañante (delantero derecho) cuya puerta no cerraba porque tenía rota la cerradura; y tampoco funcionaban los cinturones de seguridad. En efecto, ninguna duda cabe de que ha sido Rodríguez quien ha incurrido en infracciones a las normas de tránsito, las que se reconocen como generadoras del nexo causal determinante del hecho (arts. 39 ins. a) y b) inc. "b"; 48 inc. a y ccdtes. de la Ley Nº 24.449).

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado, Carlos Ariel Rodríguez, en el hecho que se le endilga.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

III. a. Subsidiariamente, el recurrente esgrime como segundo motivo casatorio, el previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P. Se agravia al sostener que la sentencia viola de manera flagrante lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P. porque el juez analizó parcializadamente la supuesta peligrosidad de Rodríguez, sin tener en cuenta las demás pautas de valoración establecidas en la normativa señalada.

Critica la aplicación de pena de dos años y tres meses de prisión efectiva. Reconoce que Rodríguez tiene una sentencia condenatoria de vieja data, la que es valorada en un primer momento por el juez como que no resulta computable, luego menciona que la existencia de un proceso pendiente demostraría cierto desinterés por parte del imputado ante la sanción jurisdiccional.

Cita jurisprudencia y doctrina al respecto. Asevera que no se tuvo en cuenta como pauta de mensuración a favor del acusado, su edad, su educación, sus costumbres, destacando puntualmente las circunstancias constatadas en el informe socio ambiental obrante a fs. 43/45 vta., de donde surge -resalta el recurrente-, que Rodríguez es una persona trabajadora, que tiene buena competencia en su trabajo, que nadie contribuye a asistir las necesidades de su hogar, que tiene una familia a su cargo, la cual está integrada por su esposa e hijos, que tiene una buena relación de pareja, que se preocupa por la necesidades de sus hijos, casi no se relaciona con sus vecinos y que su consumo de bebidas es esporádico.

Enfatiza en que el tribunal no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias atenuantes mencionadas, razón por la cual concluye que el a quo al imponer la pena de prisión efectiva, violó tanto lo normado en el art. 41 del C.P., como lo prescripto por el art. 16 de la C.N., alegando que ante conductas similares en ocasiones anteriores aplicó pena de prisión en suspenso.

Finalmente hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. b. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado, Carlos Ariel Rodríguez.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 16, 06/06/11; S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

El primero de los agravios radica en denunciar que el tribunal ha omitido ponderar circunstancias que resultarían favorables a Rodríguez. Puntualmente cuestiona la falta de consideración relativa a la ausencia de antecedentes penales y al informe socio ambiental favorable y que se haya considerado -negativamente- la existencia de causas penales abiertas, las que a criterio de aquél debieron ser ponderadas en sentido afirmativo, debido a la ausencia de antecedentes penales computables, conforme lo enfatizado. Con respecto al cuestionamiento aludido, estimo que en modo alguno resulta atentatorio de los principios de inocencia e igualdad el hecho de valorar como agravante que el acusado registre causas penales abiertas, en razón de que dicha pauta no va dirigida a demostrar una mayor peligrosidad cuya afirmación afectaría garantías constitucionales, sino que lo relevante es la mayor advertencia e indiferencia -y así lo entendió el tribunal- en cuanto capacidad psicológica de motivarse en la norma, que sobre el alcance del poder punitivo tiene un individuo que ha experimentado personalmente las consecuencias de ser imputado como responsable de la comisión de un delito respecto de otro que jamás se ha visto vinculado a un proceso penal. Es decir, que configura un hecho que permite al autor actualizar el grado de conciencia sobre los alcances de la norma y las consecuencias de su violación, por lo que importa un mayor grado de culpabilidad cuantificable en el marco del art. 41 C.P. al tiempo de la individualización de la pena.

En razón de ello, considero que no ha existido omisión por parte del a quo en su fundamentación, sino que ello ha sido en sentido contrario a las pretensiones del recurrente, en lo que a este tópico se refiere.

Advierto que de las circunstancias que surgen del informe socio ambiental, el tribunal también atorgó un grado de desvalor a la diferencia de edad entre víctima y el conductor del rodado, quien debió asumir una actitud responsable mientras la conducía en su rodado.

A la crítica de que el tribunal, al imponer la pena de cumplimiento efectivo, violó lo normado en el art. 41 del C.P. y la garantía de igualdad contenida en el art. 16 del C.P. porque en anteriores conductas similares se aplicó pena cuyo cumplimiento se deja en suspenso, cabe reiterar lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes, en donde se dijo que la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, establecidos en el art. 41 del C.P. no es un concepto abstracto, sino que se refiere a la manera en que se desarrolla el hecho constitutivo del delito. Este modo de ejecución es particular de cada ilícito y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados -ya sea como atenuante o agravante- al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente.

Desde esta perspectiva, el tribunal ponderó que Rodríguez utilizó un vehículo que no se encontraba en condiciones mínimas de funcionamiento para circular, la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas como conducta precedente, y que se conducía a una velocidad inadecuada y antirreglamentaria. Además, frente a la advertencia de los carteles que referían "TRABAJAMOS PARA UD. MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL" y "TRANSITO PESADO, PELIGRO ZANJA"; es decir, que señalaban, de alguna manera, el obstáculo sobre la calzada, el imputado continuó su marcha sin extremar las precauciones necesarias, embistiendo con la parte frontal derecha del rodado, a la altura del paragolpe, al montículo de tierra y piedras, a lo que se le suma que continuó su marcha hacia su derecha, hacia el cordón sur de la Avenida México, impactando en un pilar de madera, despidiendo allí el cuerpo de la víctima. En idéntica dirección, el a quo puso de resalto la gran diferencia de edad existente entre víctima (15 años) y victimario (31 años). De este modo, consideró que reviste especial relevancia la edad de la víctima y su presumida inexperiencia e inocencia, infiriendo una suerte de manipulación de la misma por parte del acusado, una persona mayor de 31 años, primero en la ingesta de bebidas alcohólicas por el lapso de varias horas, y luego ubicándola en su vehículo en una situación de alto riesgo, que desencadenó en el resultado fatal. Sumado a ello, el a quo también ponderó en contra del acusado, la conducta posterior al delito, lo que se desprende de lo manifestado por Hugo Antonio Varela, quien puntualmente manifestó que cuando el auto frenó, Rodríguez se quedó dentro del rodado, omitiendo así asistir o auxiliar a la víctima.

En este orden de ideas, contrariamente a lo sostenido por la defensa, valoro que el tribunal fundamentó debidamente por qué estimaba justo imponer la pena de prisión efectiva. Justificó su postura en que si bien no se puede ignorar que en materia de Homicidio Culposo la condena en suspenso constituye la regla y la pena de cumplimiento efectivo sólo debe aplicarse en casos excepcionales, excepcionalidad que atañe a casos de culpa grave, concepto este abstracto y de dificultosa justipreciación. No obstante ello, destacó que la misma puede estimarse ante una inequívoca confluencia de múltiples circunstancias agravantes -como en este caso- y a la ausencia total de reproche alguno sobre la conducta asumida por la víctima en el evento, lo que también ha quedado descartado en el caso bajo examen.

En el precedente "Oyola" (S. nº 5, 04/07/06) que menciona el recurrente, en el que entendí viable la aplicación del art. 26 del C.P. y se revocó la sentencia, condenando al imputado a pena de ejecución condicional, sostuve que ". en el caso del homicidio culposo también puede darse que se prive de la libertad cuando la incidencia de circunstancias agravantes y minorantes del comportamiento humano y que surgen de la plataforma fáctica demuestren que nos encontramos en presencia de una conducta reprochable, como ser conducir totalmente alcoholizado, drogado, que haya abandono de la víctima, que haya dos víctimas fatales, picadas, conducir en un auto sin frenos, con cubiertas lisas, el caso de culpa con representación, etc.; es imposible detallar el casuismo. En mi criterio, no basta que sólo uno de esos elementos provoque el accidente para que se lo deba privar de la libertad sino una concurrencia de varios elementos; deben valorarse todas las pautas de los arts. 40 y 41 y haber una conjunción de elementos agravantes para imponer una pena privativa de la libertad" En el hecho disvalioso atribuido a Rodríguez, revela una suma de circunstancias agravantes que justifican la aplicación de pena privativa de libertad impuesta, la cual no aparece como arbitraria. En efecto, ha quedado debidamente acreditado que Rodríguez conducía un vehículo en pésimas condiciones de seguridad; que esta situación era plenamente conocida por el imputado, puesto que ha sido reconocido por la propia defensa que en otras oportunidades había transportado a la menor encontrándose el vehículo en idénticas condiciones; que no funcionaban los cinturones de seguridad y que la cerradura de la puerta delantera derecha estaba rota, motivo por el cual, la puerta se abría y la menor debía sostenerla para que aquello no sucediera. Repárese que en un vehículo automotor la puerta y el cinturón de seguridad son dos elementos esenciales de seguridad. Que el imputado conducía alcoholizado (1,30 l/g en sangre); que dadas las condiciones en las que se encontraba su vehículo permitió que la menor de edad se ubicara del lado del acompañante, mientras que las dos personas adultas que también iban en el auto se ubicaron en el asiento de atrás; las diferencias de edades existentes entre el conductor (31 años) y la víctima (15), lo cual denota que debió extremar mayores recaudos en razón de su mayor experiencia y madurez. La actitud posterior al delito asumida por el acusado, quien no se bajó del vehículo a asistir a la víctima ni a interiorizarse de lo que había sucedido; las horas previas al accidente en las que Rodríguez y la menor estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas.

En razón de lo expuesto, considero que el a quo ha fundado debidamente su voto ponderando una sumatoria de circunstancias agravantes, como fuera analizado. Adviértase además, que Rodríguez fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado previsto en el art. 84 -párrafo segundo- del C.P., el cual prescribe una pena mínima de dos años de prisión, y que en el caso, el a quo estimó justo imponer la pena de dos años y tres meses de prisión efectiva, lo que no aparece como una conclusión ilógica en relación con las pautas de valoración y la significación jurídica asignada al hecho que quedó establecido en la sentencia. Asimismo, repárese que el impugnante no logró evidenciar que la pena decidida, aún ponderando como factor atenuante las circunstancias por él señaladas, importe un desajuste de las reglas de los arts. 40 y 41 en relación con la escala penal del delito atribuido, a tenor de la gravedad del hecho, tal como ha quedado acreditado, y el grado de culpabilidad del agente en relación con aquél.

Por expuesto, entiendo que no se vislumbra la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta. por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Carlos Ariel Rodríguez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico del imputado Carlos Ariel Rodríguez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.