Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14


CAUSA N° 195-00/CC/2004 "Cristaldo, César Miguel s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Francisco José Malini Larbeigt, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 5 a fs. 354/357, contra la resolución obrante a fs. 350 vta/353 vta. dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, Germán Garavano, de la presente, de la que, RESULTA:

1.- Que a fs. 1/65 obran copias del procedimiento prevencional llevado a cabo el día 15/11/2002, por el que se iniciara la instrucción respecto del delito de previsto en el art. 189 bis, tercer párrafo del Código Penal que habría sido cometido por César Miguel Cristaldo.

2.- Que a fs. 217 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la competencia de este fuero Contravencional y de Faltas para entender en la presente causa.

3.- Que a fs. 321/323 se agrega la audiencia recibida a Cristaldo, en los términos del art. 41 LPC, en la sede de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 7.

4.- Que a fs. 328/329 lucen las copias de los testimonios remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia, de los que surge que el imputado registra como antecedente una condena dictada con fecha 22/6/04, en la causa nº 860/03 -1058- del Tribunal en lo Criminal nº 3 del Departamento Judicial de San Isidro, en orden a los delitos de robo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra; hecho que habría sido cometido el 20/11/02, a la pena de tres años de prisión en suspenso y costas, imponiéndole, además, de acuerdo a lo normado por el art. 27 bis del C.P., las siguientes reglas de conducta por el término de dos años: a) fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y b) abstenerse de abusar de estupefacientes y de bebidas alcohólicas 5.- Que a fs. 333/336 obra el requerimiento de elevación a juicio, formulado por la Sra. cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 7, Daniela Dupuy, por el que imputa a César Miguel Cristaldo la portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis, párrafo tercero del C.P.), -hecho que habría tenido lugar el 15/11/02-, solicitando la imposición de una pena de un año y ocho meses de prisión y las costas del proceso.

6.- Corrido el traslado de rigor, el Sr. Defensor Oficial solicita, a fs. 343/347, la suspensión del juicio a prueba en favor de su asistido, de conformidad con lo normado por el art. 76 bis del Código Penal.

En este sentido, señala que su ahijado procesal no registra condenas anteriores relativas a hechos previos al que se le imputa en la presente causa, residiendo actualmente junto a su familia. Asimismo, advierte que la naturaleza del hecho, la ausencia de víctimas y su comportamiento procesal posterior a su detención favorecen a la aplicación del instituto en cuestión. Finalmente, solicita que la "probation" sea concedida por un plazo no mayor a un año, y se fijen las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía ante cualquier cambio de domicilio, 2) cumplir con las citaciones que le curse la fiscalía y/o juzgado por el mismo término y, 3) realizar tareas comunitarias.

7.-Que a fs. 348 la Magistrada actuante dispone, previo a resolver lo peticionado por la defensa, correr vista al Ministerio Público Fiscal.

8.- Que a fs. 349 consta la conformidad prestada por la Representante del Ministerio Público Fiscal, María del C. Gioco, para la concesión de la "probation".

9.- Que a fs. 350 vta./353 vta., luce la decisión del Magistrado de Grado que resuelve rechazar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa oficial, y tener por concluida la investigación penal preparatoria.

Fundamentó su decisión afirmando que, si bien la escala penal del delito endilgado no supera los tres años, existe otro obstáculo para la concesión del beneficio en cuanto a que resulta posible presumir que en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena a imponer no sería de ejecución condicional, toda vez que registra una condena dictada por el Departamento Judicial de San Isidro. En este sentido, sostiene que tal pronunciamiento condenatorio anterior hace imposible la condenación condicional según las reglas del art. 26, C.P.

Asimismo, señala que el consentimiento prestado por la Sra. Fiscal para la procedencia del instituto de la "probation" no resulta obligatorio para el juez del caso.

10.- Que a fs. 354/357, se agrega el recurso de apelación presentado por el Sr. Defensor Oficial contra la decisión supra reseñada. Sostiene su procedencia afirmando que la decisión que denegó la suspensión del juicio a prueba le irroga a su asistido un gravamen irreparable.

Alega que el Sr. Juez de Grado formula una errónea interpretación de la ley sustantiva, en cuanto al instituto de la condena de ejecución condicional. En este sentido, señala que si bien Cristaldo registra una sentencia condenatoria en suspenso dictada en sede provincial, el hecho que se le enrostra en estas actuaciones es anterior al que motivara dicha condena.

Por ello, considera que, en este caso, también sería viable, mediante la unificación de condenas, una sentencia de ejecución condicional, toda vez que no hubo un nuevo ilícito luego de dictada la primera condena.

Añade que dicho instituto supone un beneficio para quienes se encuentran en la categoría de "primarios", y que su asistido no realizó ningún hecho posterior a la sentencia que lo condenara por el suceso del 20 de noviembre de 2002, por lo que infiere que Cristaldo no dejó de ser primario.

Por otro lado, con cita de jurisprudencia, refiere que la imposibilidad del dictado de una condena condicional no resulta obstáculo legal para la operatividad del instituto de la "probation" cuando la escala penal por el delito imputado lo permite.

Además, manifiesta que la decisión adoptada por el Sr. Juez de Grado vulnera el principio del debido proceso adjetivo, toda vez que no se limitó a decidir respecto de la razonabilidad de la solicitud de aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, sino que el Magistrado formuló una interpretación errónea de la ley sustantiva.

Por último, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

11.- Que a fs. 362/363, dictamina el Sr. Fiscal de Cámara solicitando se rechace el recurso de apelación y se confirme la resolución puesta en crisis, en cuanto no hace lugar a la suspensión del proceso a prueba.

Al respecto, sostiene que la interpretación efectuada por el a quo es correcta y razonable, y se apoya en doctrina y jurisprudencia consolidada del fuero nacional. Asimismo, considera que, en este caso: 1) la concesión de la suspensión del juicio a prueba peticionada no resulta viable, toda vez que el antecedente condenatorio que registra Cristaldo aunado al delito que aquí se le imputa supera el quantum establecido en el art. 76 bis del CP, 2) no se ha vulnerado el debido proceso y, 3) la aquiescencia fiscal no es vinculante.

13.- Que a fs. 365/366, el Sr. Defensor Oficial contesta la vista conferida reiterando que el debido proceso adjetivo se ha desvirtuado en su aspecto operativo, asumiendo el Magistrado de Grado roles que no le pertenecen y ha decidido sobre cuestiones ajenas a su función. Asimismo, disiente con el Sr. Fiscal de Cámara en cuando a que, a su criterio, el Sr. Juez de Grado se ha excedido en su ministerio al rechazar la solicitud del instituto. Refiere que, en la ciudad, es regla constitucional que la acción penal o contravencional sea ejercida por el Fiscal, y que la "probation" no es otra cosa que "suspender" el curso del proceso, esto es "suspender" el impulso de la causa, paralizar la acción penal, con el fin de lograr su extinción. Finalmente, aclara que la conformidad del Ministerio Público Fiscal vincula al Magistrado de la causa.

14.- Que a fs. 367 pasan los autos a estudio del Tribunal, siendo la cuestión a resolver si resulta admisible el remedio procesal impetrado y, en su caso, la decisión a adoptar.

PRIMERA CUESTIÓN:

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que si bien no se trata de una sentencia definitiva, resulta equiparable a ella en sus efectos, por tener capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 55, LPC y 449, CPPN).

En efecto, la decisión que deniega el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es pasible de desentrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un juicio que su defensa quiere evitar, por lo que corresponde afirmar que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En el caso de autos, se agravia la defensa por la decisión del Sr. Magistrado de Grado que rechazó la suspensión del juicio a prueba por entender que, a la luz del antecedente registrado por el imputado César Miguel Cristaldo, sería razonable inferir que en caso de recaer sentencia condenatoria, aquélla no sería de ejecución condicional, de acuerdo a las reglas previstas en el art. 26 C.P., a las que se remitió en virtud de lo normado en el cuarto párrafo del art. 76 bis del mismo cuerpo legal.

Ingresando al estudio de la cuestión planteada cabe destacar que, según surge del requerimiento de elevación a juicio, al encartado se le endilga la comisión del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil cuya escala penal, de acuerdo a la ley 25.086, vigente al momento del hecho (de seis meses a tres años de prisión) haría viable la concesión del beneficio impetrado, a la luz de lo normado por el art. 76 bis, C.P.

Sin embargo, tal como se dijo precedentemente, el imputado registra una condena de fecha 22/6/04 a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, en virtud de un hecho cometido el 20/11/02; esto es, posterior al objeto procesal de estos actuados, que tuvo lugar el 15/11/02.

De este modo, es dable advertir que en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria en esta causa, el Magistrado de Grado deberá proceder a la unificación de condenas, de acuerdo a las reglas concursales.

En efecto, toda vez que el Tribunal que dictó la primer sentencia se vio impedido de realizar el juzgamiento del segundo hecho por cuestiones procesales-en el caso, distinta jurisdicción-, corresponderá al Juez de este fuero suplir aquella deficiencia -no atribuible al justiciable ni al primer Tribunal- y dictar un único acto jurisdiccional, en tanto los hechos hubieran podido ser juzgados conjuntamente.

De ello se colige que el a quo -siempre ante una eventual sentencia condenatoria- deberá decidir la pena a imponer en el marco establecido por los arts. 55 y 56 C.P, sin quedar obligado a respetar como mínimo la pena impuesta por la sentencia anterior, pudiendo incluso unificar ambas condenas imponiendo una pena inferior a aquélla. Es obvio que puede también aplicar una pena superior, empero, la única limitación que tiene el Tribunal que unifica condenas reside en que no puede imponer una pena superior a la suma de todas las sanciones impuestas o bien, si es el que condena en último término, aplicar una pena superior a la suma de todas las restantes, más la que razonablemente pudiera imponer por el hecho juzgado en último lugar, todo lo cual responde a la regla prevista en el art. 55 del C.P. (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, ed. ediar, 2000, Bs. As., p. 973/974).

Recuérdese que en autos se trata de un hecho delictivo cometido con anterioridad a la existencia del suceso que motivó el dictado de una sentencia condenatoria previa, razón por la cual el eventual segundo acto jurisdiccional debe operar como una especie de revisión del primero, aunque al solo efecto de componer todos los hechos ilícitos que no pudieron sustanciarse en un mismo proceso. Por lo tanto, respecto de la determinación de la pena y modalidad de cumplimiento el Tribunal unificador puede adoptar su propio criterio.

La integración de condenas efectuada de acuerdo a los parámetros expuestos autoriza al Juez a imponer tanto una pena de cumplimiento efectivo, como nuevamente una condena en suspenso si el monto por composición así lo permite. De allí que no resulte acertado el criterio del Magistrado de Grado al sostener que en virtud del antecedente condenatorio registrado por el imputado deviene imposible la aplicación de la condenación condicional según las reglas contempladas en el art. 26, C.P. Distinto sería si a esa conclusión arriba luego de desarrollada la audiencia prevista en el art. 293, C.P.P.N., fundando adecuadamente las razones que sustentan ese pronóstico de pena a imponer.

Lo propio en sentido contrario, esto es, si teniendo en cuenta las circunstancias del caso considera procedente dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y mediase consentimiento fiscal, podrá suspender la realización del juicio (conf. art. 76 bis, cuarto párrafo, C.P. y al criterio amplio para la concesión del instituto bajo estudio seguido por esta Alzada en la causa nº 408-00/CC/2005 "Aguilera, César Alberto, s/ inf. art. 189 bis, C.P. -Apelación", rta. el 19/12/05).

De ser ese el caso, igualmente deberá verificar la concurrencia de los demás extremos requeridos por el art. 76 bis, C.P. y así decidir acerca de la procedencia del instituto solicitado por la defensa, sin que el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal resulte vinculante, tal como en este punto ha resuelto el sentenciante. Al respecto, cabe puntualizar que la norma en cuestión exige el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, pero ello no implica que el visto bueno de la fiscalía obligue al Magistrado a resolver favorablemente pues, en definitiva, será el Juez quien fundadamente decidirá acerca de la suspensión del proceso a prueba.

Para ello, sin perjuicio de la solución que en definitiva se adopte, el a quo no puede omitir la realización de la audiencia prevista en el art. 293 CPPN, pues prescindir de su celebración importa negar al encausado la posibilidad de que pueda exponer sus argumentos ante un Tribunal competente, afectando el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 CN, pues el cumplimiento de las distintas etapas procesales es una garantía de las partes y no puede quedar sometido a la discrecionalidad del juzgador (CNCP, Sala II "Mascimo, María Susana s/recurso de casación", rta. el 6/9/99 y "Garcete, Federico s/ recurso de casación", rta. el 12/5/99, entre muchas otras).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I.- Revocar lo resuelto por el Sr. Juez a quo a fs. 350 vta./353 vta., en cuanto rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa oficial a fs. 344/347, disponiendo que el Magistrado de Grado sustancie la audiencia prevista en el art. 293 CPPN y resuelva el pedido de la defensa de acuerdo al criterio expuesto en la presente.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente los a efectos antes mencionados.

Ante mí:

Nota: se deja constancia que la Elizabeth Marum no firma la presente por encontrarse en uso de licencia. Bs. As., 14 de febrero de 2005.