Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-18


Expte. Nº 5945 caratulado "M. C. C. c/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a dieciocho días del mes de junio del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil doce en autos Nº 21366 (104607) caratulados: M.C.C c/ Provincia de San Juan-Contencioso Administrativo".----------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:---- --- En la sentencia impugnada el Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora sólo en lo vinculado a las costas, disponiendo eximir de las mismas a la vencida. En lo demás confirma la sentencia de primera instancia que había resuelto rechazar la demanda contencioso administrativa.------------------- --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia del recurso, el a quo, concluye que: 1º) el apelante no rebate en la forma requerida por el artículo 253 del C.P.C. las consideraciones efectuadas por la juez de primera instancia, en particular, que la defensa de prescripción fue tratada en sede administrativa y que la actora no la introdujo en sede judicial, como así también que los actos administrativos cuestionados no deben ser declarados nulos por los fundamentos que allí se expresan; 2º) para que la propia Administración pudiera declarar la prescripción de la acción punitiva, tal posibilidad debió estar prevista en una norma legal que faculte su declaración en sede administrativa; que en el ámbito administrativo no resultan aplicables los principios generales del Código Penal desde que priva lo atinente a la correcta prestación del servicio público, y que distinta solución podría haber correspondido en el supuesto de haberse planteado tal pretensión en el proceso contencioso administrativo, lo que no ha acaecido en autos; 3º) el órgano judicial puede revisar aquellos actos administrativos que emiten los distintos órganos del Estado en virtud de sus potestades discrecionales, pero para ello es necesario que haya mediado arbitrariedad o irrazonabilidad por parte del emisor del acto; que lo contrario importaría sustituir el criterio de los órganos administrativos por el temperamento de los órganos judiciales e iría en desmedro de la división de poderes. Sostiene que la sanción aplicada tiene directa vinculación con un hecho que en su momento tuvo gran repercusión en la opinión pública, según surge de la documentación aportada por la misma actora; que en tal contexto, los argumentos planteados por la recurrente no demuestran el posible error de los fundamentos dados por la primer sentenciante para rechazar la demanda, ni la afectación de los derechos y garantías constitucionales que se invocan.-------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 inciso 3º de la ley 2275 y motivado en que el fallo impugnado viola la garantía de defensa en juicio, la legalidad y supremacía de los preceptos de la Constitución Nacional (artículos 19 y 31) y de la Constitución Provincial (artículos 24 y 33).------------------ --- La recurrente en primer lugar tilda de arbitraria la decisión del a quo por cuanto -según afirma- la defensa de prescripción interpuesta en el sumario administrativo no fue resuelta, pese a que fue la propia Administración la que consintió su tratamiento como defensa de fondo; que consecuentemente, el decreto 1571/07 que decide su cesan-tía y el decreto 0008/08 que resuelve el recurso de reconsideración incoado por su parte, en tanto no se expiden sobre tal planteo, son nulos de nulidad absoluta al no pronunciarse sobre todas las peticiones formuladas (artículos 1 inc. f, ap. 3º; 7 inc. c de la Ley de Procedimientos Administrativos).------------------------------------- --- En segundo lugar la quejosa se agravia de que el fallo impugnado considere que la Administración no debe resolver la defensa de prescripción por no existir norma legal que lo autorice, como así también que no resultan aplicables analógicamente las disposiciones del Código Penal; que al así decidir desoye lo resuelto por esta Corte en la causa "Guevara Miguel A. c/ Provincia de San Juan -Inconstitucionalidad y Casación-", en el que votara como ministro subrogante el Dr. Octavio A. Sánchez, quien en el fallo impugnado cambia de criterio sin fundamentación alguna, lo que torna arbitrario lo decidido. Refiere asimismo que al concluir el a quo que en el supuesto de haberse planteado la prescripción en sede judicial podría haber correspondido una solución distinta, niega la jurisdicción revisora de lo tratado y debatido en sede administrativa; que todo lo que fue objeto de tratamiento en el procedimiento administrativo puede ser revisado en la instancia judicial.------------------------------------------------- --- Por último afirma la recurrente que yerra el tribunal a quo al considerar que el acto que decide la sanción disciplinaria ha sido dictado dentro de los límites y condiciones que el ordenamiento jurídico impone; que al así decidir no se ejerce el control jurisdiccional de los hechos y el derecho en que se funda la decisión administrativa. Afirma que el decreto de cesantía es nulo por falta de motivación, condición de legalidad del acto; que en el mismo no se resolvió la situación jurídica de todos los imputa-dos, transgrediendo así el principio de igualdad desde que la falta que se les imputó a éstos fue la misma que a su parte.------------------------------- --- El recurso de casación es subsumido en los incisos 1º y 2º del artículo 15 de la ley 2275 y motivado en que se ha dejado de aplicar el plazo de prescripción previsto en el artículo 62 inciso 4º del Código Penal (de un año), como así también en la errónea interpretación y aplicación de los principios establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 3784, en particular el artículo 7 incisos "b", "c" y "e" de la citada norma.------------------ --- Tras exponer los antecedentes de los recursos plantea-dos, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a su desestimación, en función de las consideraciones que a continuación expongo.--------- -- Liminarmente advierto que los dos primeros agravios se enderezan -con sus diversos argumentos- a impugnar dos cuestiones distintas: a) por un lado, la regularidad del procedimiento administrativo que concluyera con el dictado de los decretos impugnados que -al decir de la recurrente- omiten decidir el planteo de prescripción de la acción sancionatoria que su parte introdujera en sede administrativa; y b) por otro, la solución propiciada en el fallo impugnado, la que - en el entendimiento que medió pronunciamiento de la Administración en cuanto a la excepción opuesta- refuerza sus conclusiones sosteniendo que no pro-cede la declaración de prescripción de la acción disciplinaria en sede administrativa por no existir norma legal que lo autorice, ni resultar aplicables analógicamente las disposiciones del Código Penal.--- --- La impugnación dirigida a cuestionar la regularidad del procedimiento administrativo que concluyera en los decretos cuestionados no resulta, en mi opinión, admisible formalmente por no satisfacer el requisito que impone el artículo 13 inciso 4º de la ley 2.275 en cuanto a que la cuestión constitucional debe tener eficacia para modificar la resolución recurrida.---------------------------------- --- Y es que, aun admitiendo que en el procedimiento administrativo pudieran haber existido irregularidades vinculadas al pronunciamiento expreso sobre un tema concreto que fuera planteado por la administrada -omisión de pronunciamiento de la Asesoría Legal, y omisión de tratamiento y decisión del tema en el decreto 1571/07-, lo cierto es que la voluntad de la Administración en cuanto al mismo, se encuentra plasmada en el decreto 0008/2008 que resolviera el recurso de reconsideración incoado por la actora.----------------------------------------------------- --- En efecto, en este último decreto la Administración trata la excepción de prescripción de la acción sancionatoria adhiriendo en definitiva a lo manifestado por Fiscalía de Estado y adoptando el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Trimarco", en virtud del cual no resultan aplicables a las correcciones disciplinarias las disposiciones del Código Penal por no importar el ejercicio de la jurisdicción criminal.----- --- Si bien es cierto que tal decisión no se ve reflejada en la parte resolutiva del decreto -que se limita a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto- debe recordarse que toda resolución administrativa -al igual que una sentencia judicial- constituye una unidad lógica-jurídica cuya validez constitucional depende no sólo del imperio ejercido en la parte dispositiva sino también del razona-miento explicitado en los considerandos.------------------ --- Por lo que, la sentencia -o resolución administrativa- debe ser ponderada en su contenido integral, resultando determinante para su validez, la adecuación de lo que se decide o analiza a lo que es materia del proceso.--------- --- De donde se concluye que las omisiones e irregularidades apuntadas por la impugnante no tendrían eficacia para modificar la resolución recurrida, pues no cabe admitir el recurso y anular una sentencia en el sólo interés de la ley. La razón de ser de la carga que impone el artículo 13 inciso 4º de la ley 2275 radica en que no resulta admisible un eventual pronunciamiento anulatorio por factores o circunstancias que no han tenido incidencia alguna en el sentido del pronunciamiento recurrido y que tampoco han de tener gravitación en un hipotético nuevo pronunciamiento. En definitiva: constituiría un dispendio jurisdiccional inútil anular el acto administrativo por las irregularidades apuntadas cuando la voluntad de la Administración se encuentra plasmada en el decreto 0008/08 en el sentido de la improcedencia de la excepción de prescripción.------ --- El segundo agravio se endereza a impugnar, como adelantara, la solución adoptada en el fallo del a quo, en cuanto refuerza las conclusiones de la Administración vinculadas a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria. En forma preliminar a su tratamiento, debo decir que yerra la recurrente cuando afirma que el a quo considera que la Administración no debe resolver la defensa de prescripción por no existir norma legal que lo autorice. Tal conclusión se desvincula del hilo conductor sobre cuya base el tribunal elabora su razonamiento. En efecto, en la sentencia de alzada se afirma que resulta posible plantear la excepción de prescripción de la acción sancionatoria en sede administrativa o bien en sede judicial; que en el caso la actora optó por la primera vía exclusivamente. Que la resolución denegatoria de la Administración se justifica por la inexistencia de una norma que faculte su declaración en esa sede, no resultando aplicables los principios generales del Código Penal desde que priva lo atinen-te a la correcta prestación del servicio público.--------- --- De donde se desprende que el a quo no afirma que la Administración no debe resolver el planteo, sino que no puede hacerlo en el sentido pretendido por la actora por ausencia de norma. De no ser así, carecería de sentido efectuar la distinción de las vías posibles por las cuales la excepción se puede plantear. Corolario también de lo dicho es que lejos estuvo de la voluntad de la jurisdicción decidir y resolver en esta sede la excepción de prescripción, de lo contrario, estaría obviando la premisa inicial en el sentido que la actora optó por su introducción en sede administrativa exclusivamente. Es por ello que el a quo concluye que podría haber correspondido una solución distinta de plantearse la excepción en el proceso contencioso administrativo (fs. 448 in fine).------------- --- Por lo que llevo dicho, este segundo agravio también incumple con el recaudo establecido por el artículo 13 inciso 4º de la ley 2275, en cuanto la recurrente deja sin demostrar de qué manera la cuestión constitucional puede tener eficacia para modificar la resolución recurrida.---- --- Más allá de ello, en la eventualidad que el fallo generara confusión interpretativa y aún cuando se entrara en el tratamiento del agravio, corresponde su rechazo en los términos previstos por el artículo 5, segundo párrafo de la ley 2275 y por razones de economía procesal. Como se dijera, la queja de la recurrente se endereza a cuestionar lo decidido por el a quo por cuanto -afirma- se aparta de lo resuelto por esta Corte en Expte. Nº 3333 "Guevara Miguel A. c/ Provincia de San Juan -Inconstitucionalidad y Casación-", en el que votara como ministro subrogante el Dr. Octavio A. Sánchez, quien en el fallo impugnado cambia de criterio sin fundamentación alguna.-------------------- --- Pues bien, el fallo "Guevara Miguel Ángel..." fue emitido, en fecha 15 de mayo de 2006, por jueces de cámara que actuaron como Ministros Subrogantes en la causa radicada por ante esta Sala II de la Corte de Justicia, quienes en forma expresa se apartan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, Tomo 256:97, in re "Alejandro Nicolás Trimarco"). La Corte Suprema en el fallo citado consideró que: "Las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer penas, por lo que no se aplican, a su respecto, los principios generales del Código Penal ni las disposiciones en materia de prescripción".------------------------------ --- También el fallo "Guevara Miguel Ángel..." se aparta de la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional de la Corte de Justicia de San Juan, sin mencionarlo expresamente. En efecto, con anterioridad al pronunciamiento mencionado precedentemente, el 30 de septiembre de 2003, la Sala Tercera de Superintendencia de la Corte de Justicia sentó criterio en el sentido de que: "... si bien las sanciones disciplinarias constituyen 'penas' que se rigen por algunos de los principios del derecho penal común, no es menos cierto también que lo señalado no admite una identificación o asimilación absoluta entre estas dos clases de sanciones, puesto que, así como ambas participan de una misma naturaleza jurídica (índole represiva), las finalidades que persiguen unas y otras son diferentes, como también lo son los respectivos objetos de protección jurídica de los ordenamientos a los cuales pertenecen (Derecho Penal Disciplinario y Derecho Penal Común)" y que "... ante la orfandad de disposiciones que contemplen el instituto de la prescripción en materia de la acción disciplinaria en nuestra reglamentación interna y en la legislación vigente (Acuerdo General Nº 24/98 y L.O.T. Nro. 5854), es criterio de este Tribunal que la aplicación por vía analógica de la ley penal más benigna (...) no resulta procedente" (Autos Nº 9537 "García Rafael Isaac pone en conocimiento hechos (Dr. José Enrique Domínguez) Cámara Penal y Correccional Sala III", Protocolo de Sentencias Administrativas, Año 2003, T. I, fº 46).---------------- --- Asimismo, la Sala Segunda de la Corte de Justicia, en fecha 30 de junio de 2005, en autos Nº 3205 caratulados "Yánez, Horacio Agustín c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo -Inconstitucionalidad y Casación", donde la recurrente postula la inaplicabilidad de la ley penal por analogía y la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria ante la ausencia de una norma legal expresa que la contemple en materia de sumarios administrativos, se pronuncia en igual sentido que la Sala Tercera de Superintendencia en el decisorio analizado en el párrafo anterior.-------- --- Con posterioridad al caso "Guevara Miguel Ángel...", la Sala Tercera de la Corte de Justicia, ha continuado con el criterio que sostenía antes de aquel caso fallado por ministros subrogantes, esto es, que ante la falta de disposiciones que contemplen el instituto de la prescripción en materia de acción disciplinaria, la aplicación por vía analógica de la ley penal no resulta procedente (cfr. Re-solución de fecha 23/03/2009, dictada en Expte. N° 14700/06, caratulado "SECRETARIA SOCIAL S/ pone en conocimiento (SITUACIÓN REF. SR. JUEZ DEL 8° JUZGADO CIVIL; Re-solución de fecha 11/10/2012 dictada en Expte. Nº 25626/09. LOPEZ AGUIRRE ANA MARIA S/ Justifica Inasistencia (c/ certif. médicos) entre otros).-- --- De las consideraciones anteriores surge que, salvo el precedente "Guevara Miguel Ángel...", que -como se dijo- fue suscripto por jueces de cámara que actuaron como ministros subrogantes, la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional, anterior y posterior de la Corte de Justicia, en su composición natural, ha sido en forma re-iterada e invariable coincidente con el criterio sustenta-do por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 203:399; 256:97; 310:316; 320:1765), que ante la falta de disposiciones que contemplen el instituto de la prescripción en materia de acción disciplinaria, la aplicación por vía analógica de los principios generales de la ley penal y las disposiciones en materia de prescripción, no resultan procedentes.---- --- Por último, la queja vinculada al cambio de criterio del Dr. Octavio A. Sánchez, quien actuara como ministro subrogante en el fallo "Guevara", no resulta en mi opinión admisible porque los recursos extraordinarios tienen por finalidad ejercer el control de constitucionalidad o legalidad del fallo que se impugna. El juzgamiento de la actuación de un miembro integrante del tribunal sentenciante en otras causas, como por ejemplo la eventual existencia de opiniones contradictorias, no son, en cambio, materia de los recursos extraordinarios instituidos por la ley 2275 sino de procedimientos específicamente previstos en nuestro ordenamiento a los que, de entenderlo necesario, la recurrente puede acudir.------------------------------- --- El agravio vinculado a la pretensa irrazonabilidad de la sanción disciplinaria, resulta a mi juicio inadmisible formalmente. En éste sentido la queja traída a esta instancia no se vincula a las circunstancias fácticas que motivaron la sanción, sino: a) a la falta de resolución de la defensa de prescripción opuesta, tema éste que ha sido tratado supra; y b) a la falta de motivación del decreto que decide la cesantía ya que -aduce- no resolvió la situación de todos los imputados. Este aspecto del agravio no fue introducido por la recurrente al plantear el recurso de reconsideración ni en el líbelo de demanda, impidiendo así que la cuestión fuera tratada y resuelta en todas las instancias, lo que obsta su admisibilidad formal por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 4 de la ley 2275. Tiene dicho el Tribunal, desde antiguo y reiteradamente, que no corresponde hacerse cargo en la instancia extraordinaria de cuestiones que - pudiendo serlo- no fueron sometidas a las instancias de mérito ni resueltas por ellos (PRE S.1a 1997-I-188).---------------- --- Por último, el recurso de casación, en lo vinculado a la inaplicación del artículo 62 inciso 4º del Código Penal (de un año) debe ser rechazado (artículo 5º, segundo párrafo de la ley 2275) por las razones que fueron explicitadas al tratar el de inconstitucionalidad.--------------- --- El agravio vinculado a la incorrecta interpretación y aplicación de los principios establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en particular el artículo 7 incisos "b", "c" y "e" de la citada norma, resulta inadmisible en el marco del recurso de casación. Esta Corte, en forma reiterada e invariablemente ha dicho que los errores de interpretación y de aplicación de la ley procesal, pueden conculcar el derecho de defensa, y en su caso, motivar un recurso de inconstitucionalidad, pero no el recurso de casación, que se encuentra instituido para verificar la correcta aplicación e interpretación de las normas que de-finen la relación sustantiva (PRE S. 2a 1988-I-5).-------- --- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto la desestimación formal de los recursos deducidos.----------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:-------------------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) De-volver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mi:Dr. Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.---------------------------------- Df-5945 CS P.R.E. S.2da-2013-II-305.