Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-07


NEUQUEN, 7 de marzo de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "ACUDEN C/ EPAS S/ INCIDENTE DE APELACIÓN E/A 473647/13" (ICC Nº 1695/13) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. En oportunidad de interponer la demanda, la actora solicita el dictado de una medida cautelar consistente en que se ordene a la demandada que "en aquellos juicios que a partir del presente lleve adelante a los efectos de recuperar créditos frente a deudores morosos, se abstenga de solicitar la fijación de intereses mayores a los establecidos en el artículo 31, 8° párrafo, de la ley 24240, hasta tanto haya recaído sentencia firme en estos autos".

La Sra. Jueza de Primera Instancia deniega tal petición, al considerar que el objeto de las medidas cautelares es asegurar la eficacia de una sentencia judicial en el tiempo que transcurre entre la iniciación del proceso y el dictado de ésta. Agrega que no constituyen un fin en sí mismas, en cuanto a que están concatenadas con el resultado final del proceso.

Sobre estas bases, entiende que la solvencia de la entidad estatal demandada impide advertir la afectación de una eventual sentencia favorable a la actora, por lo que no hace lugar a la cautelar (cfr. fs. 50 y 40).

II. Contra dicho pronunciamiento se alza la actora, presentando su memorial a fs. 44/48.

Cita jurisprudencia de esta Sala en apoyo de la verosimilitud del derecho y cuestiona la decisión en dos aspectos centrales y relacionados.

Por una parte, indica que si bien es cierto que las cautelares -en principio- no pueden coincidir con el objeto del juicio, no lo es menos que se ha admitido este tipo de medidas cuanto la tutela inmediata es imprescindible, frustrándose, en caso contrario, el derecho invocado.

Por la otra, entiende que la irreparabilidad del perjuicio reside en la circunstancia de que, de no admitirse su cautelar, la demandada podría iniciar juicios, peticionando que los intereses se liquiden de acuerdo al régimen tarifario.

Cita como ejemplo varios procesos de cobro sumario de pesos y sostiene que las sentencias que en esos procesos se dicten tendrían el alcance de cosa juzgada para los demandados.

III. Es cierto que la circunstancia de que una pretensión cautelar coincida con el objeto del proceso, no determina por sí sola su improcedencia.

En esta línea la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, sostuvo:

".9. Que, ante tales afirmaciones, la alzada no podía desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones -como ocurre en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa- existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, estudio que era particularmente necesario en el sub lite en razón de que el recurrente pretendía reparar -mediante esa vía- un agravio causado a la integridad física y psíquica tutelada por el artículo 5, inciso 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"10. Que ello resulta así pues es de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.

"12. Que el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado" (cfr. CSJN, "Camacho Acosta c. Grafi Graf SRL y otros").

Sin embargo, tal como surge de la transcripción efectuada, si bien la anticipación de la tutela es posible, se encuentra reservada a supuestos excepcionales y graves, en los cuales aquélla se presente como impostergable.

Por ello es que, tal como lo ha señalado el TSJ: ". Su despacho requiere la concurrencia de los tres recaudos comunes a cualquier medida cautelar (apariencia de derecho, peligro en la demora y contracautela) y de un cuarto requisito que le es propio: la posibilidad de que se consume un "perjuicio irreparable" que sufrirá el solicitante de la misma si ésta no se le despacha favorablemente, para lo cual deberá demostrar de manera convincente, con los elementos aportados en esta etapa procesal, la probabilidad cierta de tener razón, siendo el grado de cognición que necesita el juez para otorgarla, la certeza suficiente que se integra con la gran probabilidad de que el derecho invocado, existe (cfr. Ivana María Airasca, "Algunas consideraciones sobre la medida cautelar innovativa". Medida Innovativa. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 171)." (cfr. R.I. 487/11, en autos "ERRECART DELIA MABEL", entre muchas otras). Todos los extremos deben concurrir para acordar este tipo de tutela anticipatoria, pero lo indefectible, lo decisivo, es que la demora en el otorgamiento de la tutela cause un daño irreparable y grave; este es el extremo que determina que la decisión judicial favorable sea impostergable.

Desde esta perspectiva, entonces, aún cuando pudiera considerarse que el derecho reclamado es fuertemente verosímil ".lo que en rigor va a determinar la imposibilidad de acoger este pedido, es la ausencia de la debida acreditación del requisito de la "gravedad del daño", circunstancia que puede ser ya advertida del relato efectuado."(cfr. R.I. 152/11,entre otras).

V. En efecto: la atribución anticipada de una tutela (esto es, antes de concluir un proceso, prescindiendo de todas las garantías que éste implica para el ejercicio adecuado del derecho de defensa que asiste a ambas partes) es claramente excepcional, lo que se advierte desde la sola formulación.

Por lo tanto, deben existir fuertes razones para proceder en tal sentido. Y, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, éstas no se presentan en autos. Explicaré por qué lo considero así.

V.1. En primer lugar, debe ponderarse que el daño que se denuncia, el derecho -cuya lesión se intenta evitar- impacta en el ámbito netamente patrimonial, en tanto lo controvertido es la tasa de interés moratorio que corresponde aplicar: supone la existencia de una deuda, de mora, de un reclamo judicial, de un proceso y de una condena al pago de la deuda y sus intereses, los cuales no se controvierten en su procedencia, sino en la cuantía de la tasa.

En segundo lugar, la medida solicitada impacta sobre el derecho de acción de la demandada, habiéndose entendido que no puede ser empleada para condicionar el ejercicio del derecho, también de índole constitucional, de ocurrir ante la justicia para hacer valer los reclamos que el acreedor entienda legítimos (CNCiv., sala G, 15/10/81, ED, del 19/3/82 y LA LEY, 1983-B, 640; ED, 96-778; LA LEY, 1982-A, 246; LA LEY, 1983-D, 647; LA LEY, 1983-A, 70; ED, 98-182; LA LEY, 1982-D, 328; LA LEY, 1983-A, 32; ED, 99-192; LA LEY, 1983-A, 174; LA LEY, 1982-D, 405).

En tercer lugar, aún cuando la formulación anterior pudiera admitir excepciones, tampoco se advierte que el caso presente características que justifiquen un proceder que se aparte de esa regla. Tal como el mismo peticionante lo denuncia, los procesos por los cuales se reclama el pago son de conocimiento, contexto en el cual los allí demandados pueden plantear la defensa del derecho que aquí se pretende tutelar. Y no es razón suficiente alegar que los demandados pueden quedar en rebeldía y no ejercer sus derechos, puesto que lo que aquí debe valorarse es la posibilidad cierta de ejercicio.

Desde este vértice, nótese que al existir otra posibilidad cierta de tutela, el presupuesto para concederla aquí, cae: este tipo de medidas es, por su naturaleza excepcional, de carácter subsidiario, desde lo cual sólo serán admisibles frente a la inexistencia de otra medida idónea para asegurar el derecho, por lo que no corresponde admitirla, cuando la seguridad que se intenta puede obtenerse por otros medios legales.

VI. En definitiva, no se trata aquí de apegarse a las reglas tradicionales, sino de efectuar un concreto juicio de atendibilidad, el cual, en términos de Peyrano: ".presupone principalmente, un control axiológico que hasta llega a exigir alguna suerte de clearing o balanceo de los valores jurídicos en danza. El juicio de atendibilidad posee algunas otras características que lo identifican: a) por tender a legitimar una situación excepcional, sólo debe emitirse un juicio positivo cuando inequívocamente deba preferirse determinado valor (el que sustenta una solución excepcional) por sobre el otro valor (el preservado por la solución canónica); b) por estar en juego una situación excepcional que procura legitimar la no aplicación de una solución dogmática recibida y de índole habitualmente amplia, la solución de excepción debe ser cuidadosamente acotada a las circunstancias del caso para, de tal modo, impedir confusiones y equívocos a la hora de citar precedentes." (cfr. PEYRANO, Jorge W., "Nuevamente sobre usos "no conformes" de la prohibición de innovar y de la medida innovativa", en Revista JA Fascículo 8, 2005-III, del 24/08/2005, citado por Bacarat, Edgar José, en "¿La prohibición de innovar a fin de que no se inicie juicio ejecutivo?", Publicado en: Sup. Esp. Cuestiones Procesales Modernas 2005 (octubre), 44-DJ 2005-3, 1061).

Conforme creo haberlo explicitado, no encuentro razones para acordar la tutela solicitada; por el contrario, las expuestas demuestran que no se acredita en el caso un daño grave y de imposible reparación ulterior.

Estas razones que explican y coadyuvan a la razón de decisión de la magistrada de grado, determinan que la solución desestimatoria deba ser confirmada, rechazándose el recurso de apelación deducido. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar el auto de fs. 39/40 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.