marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, honorarios, interpretación de la ley, base regulatoria, prorrateo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTILLO, JULIA c/ ALPARGATAS  S.A. s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Teniendo en cuenta que el art. 8 de la ley 24432 no contempla pautas regulatorias, sino sólo de limitación de la responsabilidad por el pago de las costas procesales, corresponde desestimar el planteo en esta etapa del proceso, sin perjuicio de lo dispuesto por el art.

277 de la LCT, modificado por el art. 8 de la ley 24432, en relación al prorrateo que podrá oponerse en la etapa correspondiente, art.

132 de la LO.
Deberes del juez, Poder Judicial de la Nación, peligro en la demora, derecho a la vida
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y Otra (Provincia del Chaco) s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

Corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados.
Embargo preventivo, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DOTTA CARLOS JOSE s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-02-26

Se solictó un embargo preventivo que fue decretado y trabado, lo que se encuentra firme y consentido y que, como tal, reviste el carácter de una medida cautelar susceptible de caducidad, a diferencia del embargo ejecutivo y el ejecutorio que no están sujetos al régimen de caducidad propio del embargo preventivo.
Medios de prueba, prueba documental
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

Los informes del Ministerio de Defensa y de la Prefectura Naval y los legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas resultan medios de prueba válidos pues en los mismos han sido obtenidos en forma lícita, cuentan con la firma correspondiente y se trata de documentación que se encuentra reservada en el ámbito ministerial y que fue elaborada en base a la documentación que le da sustento, legajos personales, de servicio y normativa, sin que exista norma procesal alguna que exija una determinada cualidad para su valoración.
Detención sin orden, requisa del automotor, secuestro de estupefacientes, denuncia anónima, medidas urgentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pini, Luis Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

El tenor de la denuncia anónima (transporte de estupefacientes) y la verificación de la existencia del vehículo importan la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permiten justificar la requisa de un automotor a fin de hallar el material constitutivo de un delito sin orden judicial -art. 230 bis del CPPN- por razones de urgencia teniendo en cuenta que la oportunidad de inspección es fugaz porque el vehículo puede ser rápidamente sacado de la jurisdicción en la cual se actúa. (Del dictamen del Ministerio Público Fiscal al que adhiere el voto en disidencia del Dr. David)
Propiedad horizontal, modificación del reglamento de copropiedad, asamblea de consorcistas, asamblea judicial
Materia: CIVIL
Carátula: PENELLI, L.A. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CORRIENTES 4416 s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

Aún cuando -por vía de hipótesis- se considerase agotada la vía interna para lograr la reunión de los copropietarios, lo cierto es que la convocatoria a asamblea judicial no constituye la vía procesal adecuada para debatir la modificación del reglamento de copropiedad y administración.-
Propiedad participada, responsabilidad concurrente
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Kurhan Juan Carlos y Otros  c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Otro s/ Programas de Propiedad Participada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

Así, en los precedentes a los que remite el fallo (causas n° 19/2008 y 7141/2008) se decidió, en síntesis, que ambos codemandados debían responder concurrentemente, pero por causas distintas y con diferente alcance. En el caso de Telecom, se interpretó que debía afrontar el pago de una suma de dinero representativa del lucro que habrían obtenido los actores si hubiesen contado con los bonos de participación ínterin la vigencia del decreto 395/92. En cuanto al Estado Nacional, se consideró que debía asumir el pago por la frustración de los beneficios que los demandantes habrían obtenido si, en lugar del dictado del decreto 395/92, él hubiera reglamentado legítimamente el beneficio.
Indemnización por despido, mejor remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos, José c/ Sade I.C.S.A. s/ Demanda Laboral -diferencia haberes e indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-03

La mejor remuneración normal y habitual se encuentra limitada en el párrafo segundo del art. 245 L.C.T. -Ley 24.013-, en cuanto a que la base no puede exceder el equivalente de tres veces el importe mensual del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo, excluida la antigüedad. Luego, siguiendo esta norma, que siempre ha de ser un convenio colectivo el que se aplique, se encuentre o no el trabajador amparado en una convención.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, fundamentación de sentencias, acto administrativo, contratos administrativos, nulidad absoluta, competencia contencioso administrativa, Corte Suprema de Justicia de la Nación, honorarios, arquitectos, cuestiones de competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84 EMPRESA ZONA NORTE SRL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   122-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20|1991-12-30

Si bien la conclusión del proceso en el llamado trámite "contencioso administrativo", no habrá de comprender todas las cuestiones motivo de la disputa de las partes -en ese sentido contiene la ley 4106 expresas previsiones-, esta Corte sí deberá pronunciarse respecto de la validez de actos y pactos en los que se originen las sumas reclamadas. Por ello, habiendo iniciado la actora juicio de plena jurisdicción, controvertiendo actos de la accionada vinculada a los convenios que causaron las acreencias reclamadas, parece prudente aguardar un pronunciamiento confirmatorio o adverso a la legitimidad de los contratos (fuente obligacional) celebrado por la Administración comunal y los particulares, solución que encuentra fundamento no sólo en relación al ordenamiento, sino también en virtud de evitar sentencias contradictorias.

En el caso, se tramita un Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción en la que se discute la nulidad o no del contrato administrativo que diera origen a los honorarios profesionales que se discuten en este recurso.
Plan de parentalidad, emergencia sanitaria, transmisión de enfermedades, coronavirus, cuarentena, Salud pública
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. c/ L., M. C. s/ divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-08

Debe ser rechazada la habilitación de la feria extraordinaria solicitada por el progenitor a fin de que se lo autorice al retiro de sus hijos y que éstos permanezcan con él hasta la culminación de la cuarentena, puesto que las medidas de protección dispuestas, tienen por objeto reducir la circulación del virus, a fin de resguardar la salud de la población, afectando incluso el normal funcionamiento de la justicia y la asistencia de los niños a clases y, en consecuencia, corresponde desestimar el planteo formulado por el actor, mientras dure la vigencia de las medidas de aislamiento tendientes a la permanencia de los menores en sus hogares, justamente para evitar todo tipo de traslado de los mismos, en pos de sus interés superior y en resguardo del resto de la población. Además, la Resolución Aclaratoria 132/2020, invocada por el actor, no resulta de aplicación al caso porque se refiere exclusivamente al supuesto que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio hubiese entrado en vigencia cuando el niño, niña o adolescente se encontrara en un domicilio distinto al de su centro de vida, lo que no ocurre en la especie ya que los hijos se encuentran actualmente residiendo en el domicilio materno.
Régimen de consolidación de deudas, obligaciones accesorias, igualdad ante la ley, justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

En el art. 16 de la ley 23.982, inspirado claramente en el principio de igualdad y justicia, el legislador consagró la accesoriedad.
Abuso sexual, recurso extraordinario federal, interposición del recurso, acordada de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: P., R. E. c/  s/ Queja (En autos: P., R. E. s/ Abuso sexual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-17

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido: "Con relación a las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, el art. 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 señala con claridad la modalidad a la que debe sujetarse la presentación, con referencias precisas a las páginas, renglones y tamaño de letra a utilizar, sin que de él surja la posibilidad de dar cumplimiento íntegro a las exigencias con la omisión de una de ellas, toda vez que se indican como requisitos independientes" (c£ B. 65. XLVI. RHE Bianchi, del 09/11/2010).
Sucesiones, aceptación de la herencia, aceptación tácita, administración de la herencia, administrador provisional, locatario, muerte del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: BISSO RIVAS, Alfredo Leonardo c/ TACACHO, Arnaldo Sergio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-20

1- La presencia en el inmueble del hijo de los inquilinos fallecidos para controlar el estado general de la vivienda y de los bienes inmuebles y demás enseres del hogar, o la concurrencia en algunas oportunidades a la vivienda para acondicionar las pertenencias de sus padres a fin de entregar la propiedad al locador, no constituyen actos que importen la aceptación tácita de la herencia, sino más bien pueden encuadrarse entre aquellos contemplados por el art. 3328 del Código Civil, según el cual "los actos que tienden sólo a la conservación, inspección o administración provisoria de los bienes hereditarios, no importan una aceptación tácita, si no se ha tomado el título o la calidad de heredero.-
Expropiación, aprovechamiento del remanente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Wesemann, Albrecht Augusto Alwin (su sucesión) c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Provincia de Buenos Aires c/ S.A. José A. Trussi y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10|2000-04-18

Las referencias de los arts. 8 y 35 de la ley 5708 a los perjuicios y desmerecimientos que sean una consecuencia forzosa, inmediata y directa de la expropiación (como serían por ejemplo gastos de mudanza, indemnización por despido de dependientes, desarme de instalaciones, etc.), resultan ajenas al caso de los remanentes.
Formación y sanción de la ley, IVA, medicina prepaga, veto parcial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Famyl S.A. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

El hecho de que la reforma tributaria contenida en el proyecto de ley 25.063, como "unidad" o "todo", haya tenido el propósito de aumentar la presión tributaria, nada dice por sí solo acerca del espíritu del "todo" o de la "unidad" referida a la regulación prevista para el impuesto al valor agregado en relación a los sistemas de medicina prepaga (Voto del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Debido proceso, fianza, violación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gallardo, Hector Argentino s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-12-16

El Tribunal de casación actúa "como juez de hecho", a efectos de comprobar si es verdad que la actividad procesal no se ha desarrollado con las formas debidas, para lo cual puede recurrir a la comprobación de las circunstancias de la causa y aún puede producir una investigación para indagar el verdadero cumplimiento de las formas.

Es verdad que en los supuestos de conexión captados por la hipótesis contemplada por el art. 47 inc. 1ro. C.P.P., el juzgamiento corresponde al mismo Tribunal (art. 49, C.P.P., texto según Ley 8452), mas este principio encuentra su límite en la garantía constitucional del derecho a ser juzgado por el tribunal imparcial.

En el caso, esa garantía resultó infringida por cuanto el tribunal del juicio en el juzgamiento de dos de los acusados, formó convicción francamente adversa a la víctima en relación a la forma en que acaecieron los sucesos.

El juzgamiento posterior del imputado (víctima), luego de formar convicción adversa en una sentencia anterior, no podía ser efectuado conservando la misma integración del tribunal de juicio, pues con ello se infringió la garantía constitucional consistente en el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, esto es sin que haya tomado previamente posición sobre los aspectos fácticos sometidos a su conocimiento y decisión.
Responsabilidad del Estado, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Nadie tiene derechos adquiridos frente a eventuales beneficios que el Estado pudo haber considerado conveniente otorgar a ciertas categorías de deudores y no a otras, sobre la base de exclusivos criterios de gobierno cuya irrazonabilidad o propósito de hostilidad ni se advierte ni han sido demostrados.
Justicia municipal de faltas, acción de amparo, actos de los poderes públicos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clausura del establecimiento
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: LIPARA, Alejandro M. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO- COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

Corresponde intervenir a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la acción de amparo contra el acto emanado de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, dependiente de la Secretaría del Gobierno de dicha ciudad, por el que se decretó la clausura del comercio propiedad del accionante (conf. ley 24588, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (N 7), Código de Procedimiento Contravencional (ley N 10), y decreto de necesidad y urgencia N 268/98 del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, prueba testimonial, segunda instancia, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SELTZER, LEANDRO JAVIER c/ CASTETS, SERGIO ENZO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

Asiste razón a la recurrente, que imputa a la Alzada haber incurrido en un supuesto de apartamiento normativo y de errónea valoración de las circunstancias del expediente, con afectación de sus derechos y garantías, desde que se evidencian las particulares circunstancias del trámite dado a la causa por el Juez de grado y que fueran omitidas por la Sala al resolver, al rechazarse su planteo de apertura de la causa a prueba en segunda instancia para que se produjeran las declaraciones testimoniales cuya realización fue ordenada, aunque luego omitida, por el Juez de grado, quien dictara sentencia sin más y con anterioridad a su celebración, situación que podía referir a la existencia de una abrupta variación de las reglas del juego, con la consiguiente afectación del derecho de defensa en juicio y en las garantías constitucionales del debido proceso legal. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 194, p 301/306. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 369
Acción de amparo, amparo por mora, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Feudis Antonio Roberto c/ G.C.B.A Defensoría del Pueblo de la Ciudad s/ Amparo Pueblo de la Ciudad s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

En el caso la Defensoría General del Pueblo no actuó en pos del interés de un ciudadano, sino que ha sido su actitud morosa en el tratamiento de la cuestión sometida a su consideración, donde la requerida evacuó el dictamen luego de haber sido condenada en primera instancia por la anterior sentenciante, hecho que demuestra la demora en que incurriera, la que obligó al actor a accionar contra la institución
Recurso de apelación (administrativo), contratos administrativos, rescisión del contrato administrativo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: INCUALCO c/ ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-16

Debe desestimarse el recurso de apelación deducido por la Administración contra la sentencia que suspendió cautelarmente los efectos de la resolución administrativa que rescindió un contrato, ya que el silencio de la apelante en punto al presunto incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 1 de la ley 19.549 para la validez del acto sancionador, es lo que permite tener por configurado el fumus bonis iuris necesario para la concesión de la medida precautoria.
Concursos, inconstitucionalidad, Ley de Concursos, acreedor laboral, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARRIOLA,  JORGE  JOSE c/ MURALLON PINTURAS SA s/ DESPIDO Y COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-11

Del dictamen fiscal 90522:

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 24522 Art. 21-5°, por no haber cumplido tal planteo con los requisitos exigidos por el C.P.C.C. art.265; a mayor abundamiento cabe señalar que la norma en cuestión no afecta, en sí misma, los derechos de los acreedores laborales, puesto que las etapas propias del período informativo del proceso de verificación les darían la posibilidad de plantear sus reclamos con amplitud de debate y prueba, en la oportunidad prevista por la Ley 24522 art.37.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: BARRIOS, Oscar Angel s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

La denuncia no tiene un correlato regulatorio de su mérito por la razón de la diversa naturaleza entre la misma y la declaración de un testigo, lo que no impide que a un denunciante se lo convoque como testigo, en cuyo caso deberá cumplimentarse a su respecto los "mandos" que el rito impone para tal circunstancia. Habiéndose cumplido las exigencias del art. 152 C.P.P. (prestar juramento de ley) como así también los 4 incisos del art. 253, no existen motivos para no tener por hábil el testimonio de la denunciante.-
Validez de los actos procesales, acta judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FLORES, OSCAR D.; VERGARA, RODOLFO V. s/ HOMICIDIO CULPOSO (FLORES); HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN  CONCU0SO IDEAL S/ CASACION (VERGARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-21

En el acta deben distinguirse dos partes: la atestación del oficial público de cuanto él haya hecho y de cuanto haya ocurrido en su presencia, y los hechos atestados a las declaraciones recibidas en el acta. Sobre la base de esta distinción, si se comprobare la falsedad de lo primero, el acta es abatida por la nulidad; pero si el error versa acerca de lo segundo, puede ser corregido mediante interpretación que hagan el juez y las partes a favor de sus derechos, señalando el error, indicando la prueba del error y las motivaciones de sus convicciones.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 30 de 2009.

Y Vistos: I. Apeló el incidentista la resolución de fs. 210 mediante la cual el Juez del concurso de Jif SA se declaró incompetente para entender en este reclamo. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 214/216 contestada por la sindicatura a fs. 225/226.

II. Los fundamentos del dictamen Fiscal que antecede, que esta Sala comparte y a los cuales se remite por razones de brevedad, resultan adecuados para rechazar el recurso interpuesto.

No se encuentra controvertido que el concurso de la sociedad concluyó por cumplimiento del acuerdo con fecha 08/11/06.

De tal modo no se advierten razones para que el reclamo de créditos en su contra deba ser atendido por el Magistrado concursal, en tanto a partir de dicha conclusión cesó su carácter de juez natural en dicha materia universal.

Por lo demás, decidir lo contrario importaría tanto como prolongar sine die el aludido proceso concursal, cuya finalización por cumplimiento del acuerdo está expresamente prevista por el art. 59 de la ley 24.522.

III. Por lo expuesto, se desestima el recurso de fs. 211 y se confirma la resolución apelada; con costas (CPr. 68). Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase, encomendándose al Sr. juez a quo las notificaciones pertinentes. La Señora Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). - Matilde E. Ballerini. - Ana I. Piaggi.