marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reformatio in pejus, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Guiñez, Nelson Edgardo s/ Recurso de casación. Causa: 1793
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-10

La valla que significa la prohibición de reformatio in peius, consagrada en el párrafo 3E del artículo 445 del C.P.P.N., de inequívoco fundamento constitucional pues preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto, respectivamente, impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede, precisamente, para asegurar su eventual mejora, y asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que en los aspectos no impugnados configuran, un derecho adquirido para la parte a quien benefician. (Voto Dr. Riggi).
Ejecución fiscal, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Rentas c/ Fincas de Catamarca S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deudas, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos.

De ello se colige que, si bien no son válidas las sentencias que omiten absolutamente tratar la defensa mencionada, toda vez que aquélla ha de gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa, ello debe serlo siempre y cuando resulten manifiestas, sin necesidad de adentrarse en mayores demostraciones, pero no cuando fuera necesario recurrir a elementos y consideraciones que excedan el limitado ámbito cognoscitivo en que se desarrolla la ejecución fiscal.
Racionalidad del medio empleado, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: E., A. D. c/ G., P. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-04

Corresponde el rechazo de la legítima defensa invocada como eximente de responsabilidad por el demandado ante la acción de daños y perjuicios iniciada por quien recibió su agresión, pues no se encuentra probado en autos que el actor portara algo en su mano, circunstancia que fue alegada como amenazante y, por ello, justificativa del golpe dado con el cricket del automóvil.
Compraventa de automotores, certificado de transferencia de automotores, taxistas
Materia: CIVIL
Carátula: Gimenez, Jose Marcelo c/ Vonscheidt, Rolando Ernesto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

No resulta procedente la demanda entablada por quien pretende que se inscriba a su nombre la transferencia de la licencia de taxi adquirida junto con el automotor. Ello, ya que no se cumplió con los recaudos formales destinados a transferir un automotor con su licencia de taxi, a los fines de poder explotarlo como transporte público de pasajeros en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recaudo que en el caso, no es otro que su formalización mediante escritura pública. Al respecto, el CCIV 1191 establecía -en lo que aquí interesa- que los contratos que tuvieran una forma determinada por las leyes, no se juzgarían probados si no estuvieran en la forma prescripta (Interpretación que no varía en el nuevo CCCN 1020). Tal es el caso en autos, por lo que en ausencia de su formalización por escritura pública, ni de alegación de alguno de los supuestos de excepción, mal podría juzgarse por probado el contrato. Aún en el supuesto de obviarse tal conclusión, tampoco hay constancia en autos de documento privado alguno celebrado entre las partes con motivo de la transferencia de la licencia en cuestión, por el cual pudiera considerarse que ellas se han obligado a hacer escritura pública en los términos del CCIV 1185 (solución mantenida en el nuevo CCCN 1018). (En el caso, el vendedor del rodado, quien poseía la licencia a su nombre, falleció tan solo un mes después de haberla renovado, por lo que debe tenerse por probada la voluntad de mantener para sí dicha licencia).
Cheque, prescripción, cheque de pago diferido, mediación, efecto suspensivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUGLIELO, ALBERTO c/ DOWD, FEDERICO DANIEL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

En la ejecución de un cheque de pago diferido, resulta improcedente oponer la excepción de prescripción cuando, -como en el caso-, se verifica que no transcurrió el plazo prescriptivo entre la fecha en que termino la mediación y la de promoción del juicio. En tal sentido cabe precisar, que cabe otorgar a la iniciación del trámite de mediación previa por vía analógica (Ley 24573 art. 29) efectos suspensivos sobre aquel plazo, cesando tal suspensión una vez agotada dicha etapa prejudicial.

De no admitirse lo expuesto, se estaría obligando al reclamante a realizar una conducta estéril dentro de un marco temporal que la propia ley inhabilita para ese fin (Conf., sala C, 18-10-97, "Escasany, Maria Isabel c/ Caldelas S.A. s/ sumario"). Ello sentado, tal suspensión cesa y se reanuda, en consecuencia, este, conforme lo dispone el art. 28 del Decreto del PEN 91/98, a los veinte días corridos de la fecha del acta de finalización de la mediación. Y esto satisface los distintos intereses en juego, que ante el resultado negativo de la mediación, resulta razonable conceder un cierto espacio de tiempo al requirente para ocurrir a la vía judicial (Conf. esta sala, 15-10-99, "Isola Alejandro c/ Productora Americana S.A. s/ sumario").
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AZCOITIA, ROBERTO J. (SUCESION) c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Con relación a la gravedad institucional que los recurrentes entienden configurada en la especie, no podría afirmarse que lo debatido en autos rebase el mero interés de las partes, afectando de manera directa a la comunidad, toda vez que es insuficiente el aludido incumplimiento de la Administración municipal de utilizar para el fin previsto las partidas presupuestarias de afectación específica al pago de la deuda del convenio celebrado con los actores, lo cual -de constatarse- podría generar distintas responsabilidades y otras consecuencias jurídicas, pero que son ajenas al debate del presente caso y no repercuten de manera inmediata en el ámbito comunitario. - CITAS: CSJStaFe: Nieto, AyS T 286, p 97.
Importaciones, franquicias aduaneras, delegación legislativa, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conevial  Sociedad  Anónima  Constructora,  Indus.  Com.  Inm. y Fin. s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

La resolución conjunta Nos. 178 y 181/81 de los ex ministerios de comercio e Intereses Marítimos y de Industria y Minería no importó una delegación propia de facultades legislativas, sino el ejercicio, condicionado y dirigido al cumplimiento de las finalidades queridas por el legislador, de una actividad normativa circunscripta a los límites de la ley 20.545, en la que encuentra su fuente.
Administración Pública, acto administrativo, legalidad objetiva, acto administrativo regular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La "tutela administrativa" para garantizar la eficacia de la "legalidad administrativa" consiste en controles internos de oficio de la propia administración pública, ya sean preventivos, ("previniendo" la emanación de actos ilegítimos o inoportunos autorizaciones, visaciones, aprobaciones-), ya sean represivos ("eliminando o retirando" actos ilegítimos o inoportunos - anulaciones, revocaciones, reformas-), encaminados a asegurar la regularidad de sus actos, desde el punto de vista de su legitimidad o de su conveniencia.
Pesca, promoción pesquera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Frigorífico Mellino S.A. (TF 9671-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

La actividad pesquera no se encuentra excluida, por su propia naturaleza, de los privilegios resultantes de la aplicación del régimen de la ley 23.018, siendo que ella podrá verse beneficiada de éste en la medida que el producto extraído del mar sea sometido a un proceso industrial o de elaboración en tierra firme, que permita la radicación de una población permanente asentada en sus inmediaciones, cumpliendo la política poblacional, mediante leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo, tal como lo requieren lo constituyentes en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional (antes art. 67, inc.

16) (esta Sala "Luis Solimeno e Hijos S.A. -TF 12826-A c/ D.G.A.", 23/12/2004).
Falta de reglamentación de la ley, ley de contrato de trabajo, derechos y garantías constitucionales, declaración de inconstitucionalidad, Poder Ejecutivo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

En atención al tiempo transcurrido, que durante décadas malogró la vigencia efectiva del derecho reconocido en el art. 179 de la LCT, la exhortación al Poder Ejecutivo para que complete el proceso reglamentario de la norma no efectivizaría la garantía que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional en la medida en que no aseguraría que cese la omisión advertida; de manera que solo resulta posible en el caso remediar la violación de los derechos particulares mediante la declaración de inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo Nacional al no reglamentar el artículo citado e intimarlo para que, dentro de un plazo razonable, dicte la reglamentación omitida (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Luján -Ejercicio 1944 s/ Inconstitucionalidad - Revisión (Libro: S048-002) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1950-06-13

Cuando el recurso de inconstitucionalidad progresa como consecuencia de la interpretación que el Tribunal hace de disposiciones legales de carácter administrativo, no es de aplicación el precepto del art.

404 del Código de Procedimientos Civiles, y sí la doctrina del art.

94 del mismo código.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades jurisdiccionales, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia Judicial Tribunal Oral N. 7 s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

La Corte Suprema no puede permanecer ajena - bajo el pretexto de impedimentos formales - a su indeclinable misión de velar por una correcta administración de justicia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, contrato de trabajo, docentes, universidades, despido
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Farrell, Martín Diego c/ Fundación Universidad de Belgrano. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio de un docente universitario fundado en la existencia de injurias graves imputables al empleador, omitiendo explicar por qué motivos una rebaja de cuatro quintas partes sobre el sueldo no tiene "entidad" suficiente para que pueda alegarse despido indirecto, y aclarar en qué supuestos y en relación a qué montos se configuraría la entidad a que alude, sin definirla.
Periodistas, indemnización sustitutiva de preaviso, estabilidad laboral, antigüedad mínima, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, MIRTA G. c/ LA LEY SA. EDITORA E IMPRESORA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-28

Si bien el régimen de contrato de trabajo no exige un período mínimo de antigüuedad para reclamar la indemnización sustitutiva del preaviso para el caso de su omisión, tal normatividad queda sujeta a la prelación que se otorgue al régimen general sobre el estatuto legal especial y en su caso a la coordinación que pueda lograrse de ambos textos. Durante el lapso del período de prueba prescripto en el Decreto - Ley 13839/46 las partes están investidas del ejercicio pleno de la facultad de rescindir el contrato sin consecuencias indemnizatorias.
Constitución Nacional, facultades del Poder Ejecutivo, indulto, justicia militar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soto, Carlos Raúl c/ Ejército Argentino -Estado Nacional- s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La jurisdicción penal militar se encuentra comprendida en el art.

86, inc. 6 de la Constitución Nacional.
Prescripción, impuestos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCO PROVINCIAL c/ CASANOVA, MARCELINO ANGEL s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-10-15

En el caso de anticipos de un impuesto anual, la fecha a computar a los efectos de la prescripción, conforme a lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal en su último párrafo, es el 1ro. de enero del año siguiente "al del vencimiento del plazo para el pago total". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Requisitoria fiscal, acusación
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Juan C. s/ Lesiones graves culposas s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-03

La intervención del fiscal no obliga al Tribunal en su sentencia.

Ello, en razón de que la acusación es inmutable respecto de la persona y del hecho por el cual se juzga, pero en modo alguno puede imponer al Tribunal a decidir conforme con lo que dice el fiscal en ocasión del alegato. De este modo se le cercena su potestad jurisdiccional que, si bien le impide actuar de oficio, llegada la causa a juicio con la concreta imputación de un hecho a personas determinadas, decidirá conforme con la evaluación que haga de las pruebas recibidas en el debate. (Opinión personal: Dra. Vivas de Vásquez).
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01

Corresponde rechazar el recurso de queja pues el recurso de inconstitucionalidad denegado por la Cámara sólo contiene una genérica invocación de que se hallan vulnerados los principios de legalidad, propiedad, defensa en juicio e igualdad y autonomía de la Constitución Nacional, así como los arts. 9 a 13, 51, 102 y 104 de la CCABA, que no resulta suficiente para superar que no se ha logrado exponer con claridad y precisión un caso constitucional en los términos del art. 27 de la ley 402. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Ana María Conde).
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Elvia c/ Rodríguez, María s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Es improcedente la excepción de litispendencia fundada en la conexidad que pueda existir entre el proceso ejecutivo donde se la opone y un juicio ordinario, toda vez que no existe la posibilidad de que se produzca el "escándalo jurídico" que se pretende evitar con la mencionada defensa. El mencionado riesgo sólo se corre cuando en ambos juicios la sentencia hace cosa juzgada material y no en supuestos -como el de marras- donde la sentencia será revisable en un juicio posterior (art. 551 del CPC).
Jueces, remuneración del juez, transacción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Esta Sala, al sentenciar la causa "Cicciaro", el 27 de abril de 1995, ya se pronunció sobre el alcance de los arts. 1 y 2 del decreto 1770/91, en cuanto determinan los sujetos a quienes se dirigió la propuesta de transacción. Asimismo, se pronunció sobre otras cuestiones conexas con ella, como son las relativas a la retroactividad del decreto 2024/91 y a la existencia de derechos adquiridos originados en el dictado del decreto 1770/91. (Confr.

esta Sala, "Casanbón", de idéntica fecha, para empleados del Poder Judicial de la Nación).
Readaptación del condenado, régimen penitenciario, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

Es facultad de la administración penitenciaria, en el marco del tratamiento penitenciario, la realización del diagnóstico criminológico y posterior supervisión, conducción y desarrollo del tratamiento -arts. 5, 10 y conc. de la ley 24.660- teniendo en miras el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, asesor de menores, notificación, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MINGRONE DE ALEMANO, NORA E. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

El Defensor Oficial interviene en estas actuaciones en su carácter de "Asesor de Menores e Incapaces" y en función de la representación promiscua que la ley le atribuye respecto del hijo menor de los actores, también demandante en este proceso. Por esa razón no le son aplicables las normas relativas a la notificación automática, como así tampoco las disposiciones atinentes a los deberes de los procuradores disciplinadas en el art. 11, inc. 2, de la ley 10.996, sino que se encuentra comprendido en el supuesto contemplado en la última parte del art. 135 del Código Procesal. Al no haberle sido remitido el expediente a su despacho, el Defensor no pudo ejercer sus específicas funciones durante el tiempo que demoró la tramitación de la prueba, por cuya razón cabe considerar que concurrió a su respecto una verdadera imposibilidad de obrar que comporta un óbice insalvable para la declaración de caducidad. Y, si bien la intervención del Ministerio Pupilar no puede ser identificada con la de los litigantes para sustanciar con éstos todas las incidencias del proceso, el haberse omitido su intervención adquiere máxima relevancia, por derivar de ella la declaración de perención que, en razón de lo preceptuado por el art. 3987 del Código Civil, podría conllevar la prescripción de la acción y, con ella, la definitiva pérdida del derecho del menor.
Concursos, publicación de edictos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pompili, Camilo Andrés y otras s/ Concurso preventivo de acreedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

Resultan demasiado gravosas las consecuencias derivadas de la declaración de quiebra en relación a la conducta desplegada por los deudores -no publicación de edictos ordenada por el Juzgado luego de postergada la Junta de Acreedores-, a los principios generales orientadores contenidos en la exposición de motivos en mira a los caracteres del proceso: universalidad, colectividad e igualdad, y a los consagrados específicamente tales como tutela del crédito, que apunta a la posibilidad conferida a los acreedores de obtener dentro del proceso concursal la satisfacción del crédito insinuado, en la mayor proporción posible, y conservación de la empresa tendiente a resguardarla en cuanto actividad útil para la comunidad.-
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. L. y otros c/ T. D. O. S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-06

Las reglas procesales referidas a la carga de la prueba permiten, en caso de no haberse acreditado los debidos extremos invocados en ocasión de trabarse la litis, saber cuál de las partes será la que deba sufrir las consecuencias de aquella ausencia probatoria.
Notificación por cédula, oficial notificador, diligenciamiento de cédulas, entrega en portería, fijación en la puerta
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora Delta S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Delmas S.A. s/ej. fisc. Ingresos brutos (reservado) inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Delmas S.A. s/ej. fisc. Ingresos brutos (reservado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

No es facultativo para el oficial notificador optar entre entregar la cédula a personas de la casa, el encargado del edificio o fijarla en la puerta; por el contrario, sólo si no resultara posible notificar al destinatario concreto del instrumento, ni a una persona de la casa, departamento u oficina, el funcionario debe buscar al encargado del edificio para recién luego, y dejando debida constancia de las razones que justificaron la imposibilidad de practicar la diligencia bajo las apuntadas modalidades, proceder a fijarla en la puerta de acceso del domicilio constituido. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, delitos contra la humanidad, retroactividad de la ley, derecho de gentes, interpretación de tratados internacionales, ley vigente, ley penal más benigna, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El principio de no retroactividad de la ley penal ha sido relativo, rige cuando la nueva ley es más rigurosa pero no si es más benigna. Así, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad reconoce una conexidad lógica entre imprescriptibilidad y retroactividad (art. I). Ante el conflicto entre el principio de irretroactividad que favorecía al autor del delito contra el ius gentium y el principio de retroactividad aparente de los textos convencionales sobre imprescriptibilidad, debe prevalecer este último, que tutela normas imperativas de ius cogens, esto es, normas de justicia tan evidentes que jamás pudieron oscurecer la conciencia jurídica de la humanidad (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Competencia criminal y correccional, defraudación
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Gensone, Micaela Jacqueline sobre 173 inc. 16 - defraudación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

Corresponde declarar la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional porque se debe hacer primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente que atienda al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por los órganos de la justicia nacional, que llevaron a cabo toda la instrucción del proceso y en donde el caso ha avanzado hacia la etapa de juicio (cf., mutatis mutandis, TSJ, expte. n° 17744, "Richini", 16/12/20). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).