Declaración de la víctima, sentencia arbitraria, cámara Gesell, delitos contra la integridad sexual, Convención sobre los derechos del niño, recurso de inconstitucionalidad, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL
Carátula: C., E. G. por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia en perjuicio de L.C.A. (M) - T., M. E. (DEN) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-18

El núcleo de los agravios de las recurrentes consiste en la selección y valoración de la prueba, respecto de lo cual resulta oportuno recordar que en nuestro ordenamiento procesal penal rige el sistema de libertad probatoria y el de libre convicción del juez o sana crítica racional, indicados por la ley. Ello implica, por un lado, que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos en la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación legal alguna. Este método prescribe la libertad de convencimiento de los jueces, pero les exige que sus conclusiones sean el producto razonado de las pruebas en que se basen y así puedan ser explicadas. Esta libertad implica facultades de seleccionar y descartar, y de conceder o restar eficacia conviccional a las pruebas en que fundan la sentencia.

Por ello, le es dable al tribunal fundar su certeza a partir de aquellos elementos conducentes para el esclarecimiento de la verdad y nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente en el testimonio de la víctima, siempre y cuando, este sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinarán que le sea asignada credibilidad.

Asimismo, se ha señalado que el principio de la libertad probatoria permite que un sólido y coherente testimonio habilite para alcanzar el grado de certeza sobre la existencia y la autoría del hecho delictivo, siendo inidóneo descalificar el aporte probatorio que ello significa a partir de meras suposiciones, si la claridad y coherencia de las declaraciones traslucen características del hecho histórico vivido por la menor damnificada.

Por aplicación de la lógica, en el caso, toma primordial consideración el testimonio brindado por la menor víctima en cámara Gesell, de la que surge con claridad la actuación del imputado en diferentes oportunidades, avalado dicho testimonio por el informe psicológico de la profesional que asistió a la niña, a quien ésta también le reveló la autoría del acusado, declaraciones que cobran valor al resaltar que no se observan contradicciones ni indicadores de mendacidad en su discurso.

Los delitos de contenido sexual se cometen generalmente sin la presencia de testigos, y por ello adquieren fundamental relevancia los dichos de la víctima, al extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en la declaración de ésta, siempre y cuando sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado.

La certeza para condenar no debe insoslayablemente surgir de un panorama totalmente desprovisto de elementos favorables a la posición del acusado; es claro que una exigencia de tal naturaleza determinaría que prácticamente cualquier movimiento defensivo en el plano de la prueba, o cualquier debilidad de la evidencia, aún de la incorporada de oficio o a pedido de parte acusadora, frustrarán la posibilidad de una condena. Sin embargo, la viabilidad de un pronunciamiento contrario al acusado requiere de un convencimiento razonablemente alcanzado mediante el triunfo racional de los factores incriminantes por sobre los que revisten carácter neutro o favorable al acusado, situación que se verifica en el presente caso.

En la especie, no se advierten motivos para una absolución que desincrimine libremente de culpa y cargo al encartado, sino por el contrario, es fácil advertir que los conceptos vertidos párrafos arriba se reiteran en el "sub judice" por lo que no debe circunscribirse a acotar su conducta en la libido, dado que la integridad sexual no se tutela sólo desde dicha óptica, que por estricta puede generar mayores disturbios, sino en la falta absoluta de libertad de la víctima, que por su propia condición, no sólo tenía el discernimiento indispensable, sino que las consecuencias sobre la personalidad y equilibrio psíquico pueden ser determinantes para el resto de su vida, dejándole secuelas indelebles.

En las presentes actuaciones se encuentra comprometido el interés superior de la niña, principio previsto en los tratados internacionales referidos a niños, niñas y adolescentes (Convención sobre los Derechos del Niño) y en la Ley 26061, que debe ser aplicada porque el Estado es responsable frente a su incumplimiento, por lo que corresponde hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos y, en consecuencia, ordenar que bajen los autos al tribunal de juicio que por turno corresponda, a fin de que dicte una nueva sentencia con arreglo a la presente. (Del voto en minoría del Dr. Cornejo)