marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, falta de mérito, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina y otros c/  s/ recurso de casación REGISTRO N° 229/17.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-27

El voto concurrente expresó que corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido por la UIF en lo concerniente a la falta de mérito declarada respecto de uno de los imputados pues dicha resolución deviene ajena a las enumeradas en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación e insusceptible de ser recurrida por la vía casatoria incoada. (Dres. Borinsky, Hornos y Ledesma -según su voto-).
Choferes, locación de automotor, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, ELAN AGUSTIN c/ LEPISKE, MARIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

La prestación personal del actor como conductor del automóvil adquirido por otros y destinado a la actividad lucrativa del transporte supone una gestión cmercial por parte de sus propietarios y los coloca como patronos de quien conducía el vehículo. En tal sentido, el hecho de que se haya firmado entre las partes un contrato de locación del automotor mediante el pago de una tarifa, alquiler, que se debía abonar por adelantado, obteniendo como ganancia la totalidad de la recaudación, no obsta a que se aplique al caso la presunción del art. 23 LCT, que opera aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien prestó el servicio.
Empleados públicos, remuneración, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroga Lavié Humberto c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

Los derechos del agente público, entre los que se encuentra el derecho a la retribución, nacen cuando el agente toma posesión del cargo y comienza a ejercer la función (Sala IV, in re "Roggero, Raúl Arturo c/ E.N. -Min. de Relac. Ext. y culto- s/ empleo público", del 9/6/94).
Transacción, sentencia, ejecución de sentencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ EJECUCION ACUERDO TRANSACCIONAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 228 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-18

Debe entender en la causa la Corte Suprema de Justicia Provincial desde que estamos en presencia de un proceso en el cual los actores peticionan el cumplimiento de un acuerdo transaccional comprensivo de una serie de causas tramitadas por ante la Corte bajo el régimen de la ley 4106 que fuera homologado, por lo que evidentemente, la causa principal no encuadra en el artículo 38 de la ley 11330 por haberse iniciado con anterioridad a la instalación de esos Tribunales especializados y, por lo tanto, bajo el régimen del Código de lo Contencioso Administrativo (Ley 4106).

Consecuentemente , atento al orden público que hace a la competencia de la Corte, la homologación del acuerdo transaccional que pacta la competencia de la Cámara Contencioso Administrativa no tiene entidad suficiente como para desplazar esta causa del conocimiento de la Corte.

Sólo a mayor abundamiento, debe señalarse que también resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 5, inciso j), del Código de Procedimientos Civil y Comercial provincial (aplic. suplet., art. 23, ley 4106) en cuanto establece que "el juez del principal tiene competencia para conocer... del cumplimiento de la transacción...".

Fijada así la competencia del Tribunal, corresponde imprimir al presente el trámite de juicio sumarísimo, a tenor de lo normado por el artículo 387, inc. c), ap. 3), de la ley 5531 (aplic. suplet., art. 23 de la ley 4106) y lo peticionado por los ejecutantes.
Contrato de obra pública, mayores costos, licitación pública, cláusula de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 286-84) BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86) BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-19|1996-06-12|1997-09-10

En los contratos de obra pública, cuando las fórmulas para el reajuste de los precios originales dejan de cumplir la finalidad esencial de reconocer los mayores costos que preserven el precio pactado originariamente, debido a que uno o algunos de los índices considerados representativos para servir de referencia, no reflejan adecuadamente el verdadero precio existente, la fórmula se torna irrepresentativa y autoriza su revisión.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, prenda con registro, juicio ejecutivo, intereses, tasas de interés, juicio ordinario, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MOLINARO, OMAR IGNACIO c/ MARUCCO, OMAR ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION  PRENDARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 88 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

Debe rechazarse la queja interpuesta por cuando conforme a la ley qu e regula el recurso extraordinario local, es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio, lo cual no fue cumplimentado por el impugnante, ya que solo refiere al recaudo de definitividad del decisorio atacado, justificando su cumplimiento en el caso, pero olvida atacar las razones dadas por la Sala para justificar su decisión de no conceder el recurso intentado. En efecto, el Tribunal A quo -en su resolución denegatoria- destacó -en relación a la arbitrariedad alegada- que no se ha equivocado al aplicar la ley, sino que considera que sólo habría de especificarse tasa de interés conforme al artículo 11 inc. c) del decreto- ley 15348/46 en el caso de que se hubieran pactado intereses y, al haberlos afirmado el recurrente, debió también haberlos probado; reforzando tal afirmación con cita de jurisprudencia. Señaló, además, que en el pronunciamiento cuestionado ha justificado adecuadamente la amplitud en la recolección de pruebas y, en cuanto a los reclamos referidos al consentimiento por parte de la Sala de una supuesta desnaturalización del juicio ejecutivo, dijo que no puede observarse cómo la ordinarización de un procedimiento o que el Tribunal permita, en su caso, que se desenvuelva a través de la vía más amplia, podría ocasionarle al quejoso un concreto perjuicio de indefensión; concluyendo que la sola disconformidad con la solución dada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias resulta ajena al remedio extraordinario.
Delitos contra la salud pública, concurso de delitos, sangre humana, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa
Materia: PENAL
Carátula: "LUNARDON, Roxana y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-18

Es constitutiva del delito descripto por el art. 91, última parte, de la Ley 22.990 la conducta de quien le da a la sangre humana o sus hemoderivados un destino distinto al que autoriza dicha ley liberando sangre para ser transfundida cuando esta debió ser indefectiblemente descartada como consecuencia de los resultados serológicos obtenidos.A su vez, esta conducta también se ve alcanzada por las previsiones del art. 202 del Código Penal en cuanto se habría, al menos, efectuado actos que se consideran idóneos para la transmisión de enferemedades peligrosas.
Renuncia al empleo, renuncia bajo presión, intimidación
Materia: LABORAL
Carátula: TOBAR, ALBERTO JESUS c/ DISCOS CBS SAICF. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-23

El hecho que se haya imputado al dependiente un acto doloso y se lo colocara en la disyuntiva de una denuncia policial o la renuncia, no implica que la actitud del empleador haya constituido 'intimidación' o 'violencia' en términos que invaliden la renuncia dado que si la imputación era falsa nada tenía que temer y por lo tanto el trabajador se encontraba en plena libertad para no renunciar. (Conforme Sala 7, sentencia número 632, 16 de febrero de 1981, in re: 'Pandolfi Francisco c/ Canale SAIC. s/ Despido'). La ley 18037 (to. 1976) en su artículo 65 in fine, posterior al Decreto Ley 6277/58, determina expresamente la incompatibilidad de la jubilación por edad avanzada con el goce de 'toda otra jubilación' o retiro nacional, provincial o municipal, sin efectuar
Jurisprudencia, sentencia, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: CANTARO, GABRIEL s/ JURISPRUDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-12

Independientemente de la distinta opinión que puedan tener los integrantes de una de las Salas de la Cámara, por un principio superior de respeto a las decisiones de la C.S.J.N. , no cabe apartarse de la doctrina que a través de aquélla se sienta, sino existe fundamento suficiente y serio.
Recurso de queja (procesal), caducidad de instancia, inactividad procesal, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Puccio, Arquímedes Rafael y otros s/ secuestro extorsivo, etc. - causa n 57.275 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Ante la sanción y puesta en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, en el cual la inactividad de las partes en el trámite ante la instancia superior, acarrea su deserción - carga de mantener el recurso impuesta por el art. 453 del Código Procesal Penal de la Nación - no resulta fundado entender que la naturaleza criminal de los procesos penales impida declarar la caducidad de la instancia por no haberse activado el recurso de queja ante la Corte Suprema.
Radiodifusión, subasta judicial, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: "COMFER c/ Comodoro  Rivadavia  TV  S.C.C.  de  Televisión  yRadiodifusión s/ Ejecución Fiscal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

Más allá de que las concesiones, las licencias o los permisos constituyen bienes inmateriales que con distinto alcance se incorporan al patrimonio de una persona, lo cierto es que su otorgamiento sólo corresponde al Estado, que se ha reservado legalmente la prerrogativa de así hacerlo es decir, en otros términos, lo que aquí los letrados pretenden es "embargar" una "institución" iusadministrativa que sólo corresponde al Estado.

De tal forma, más allá de lo que disponga el ordenamiento procesal, es admisible como hipótesis -porque, ello en nuestro derecho no se permite- embargar o subastar los bienes afectados a una concesión, pero no hacer lo mismo con el contrato, que es la concesión, habida cuenta, que los contratos administrativos son, en principio intuito personae, y además, sería una forma de transferir oadjudicar sin selección previa un contrato administrativo. Con licencia como las de autos, significaría que sobrepasando el procedimiento legal de adjudicación, bastaría que mediante la subasta cualquier persona adquiera la titularidad (Del voto del juez Coviello, cons. IX).
Constitucionalismo social, derechos individuales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, José G. s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-09-29

El interés social de obtener una justicia eficaz, es por sí mismo, uno de los límites a los que deben someterse los derechos individuales, que no son absolutos.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Civil Escuela Privada Ranelagh c/ Heredia Emir s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

En orden a lo dispuesto por el artículo 354 inciso 1° del código procesal Civil y Comercial, en la contestación de la acción entablada el demandado deberá negar cada uno de los hechos expuestos en la demanda, su silencio podrá estimarse como reconocimiento de los mismos, en consecuencia si el accionado nada dice acerca de los rubros "fotocopias" y "uniformes" su admisión en la sentencia deberá ser confirmada, puesto que ese silencio lleva a la admisión de la pretensión.
Caducidad de instancia, instancia única
Materia: PROCESAL
Carátula: B. DE C.A.C.G.M. c/ C.G. s/ ALIMENTOS PROVISORIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-06

Al no cuestionar la actora el decreto que comunica que los recursos serán resueltos en un sólo pronunciamiento, consintió q se unificara el trámite de los mismos. Esta unificación, mala o buena, hace que los actos útiles concernientes a todos los recursos se tornen comunes, puesto que son imprescindibles para que todas y cada una de las apelaciones queden en estado de resolver.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: DELGADO, MIRTA B. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-04

La vinculación de empleados de la empresa de ferrocarriles, no comporta la subordinación personal que se atribuye al obrero o dependiente respecto de su patrón. Sería poco razonable considerar que ha faltado libertad, al declarar en una causa en la cual el Estado o una entidad pública tienen interés, o que se ejerció presión anímica para determinarlas en algún sentido especial. Con mayor razón si no fueren procesados personalmente, máxime si el principal testigo quedó desvinculado de aquella dependencia. A falta de otros testigos presenciales, es de rigor considerarlos eficaces, sobre todo si no se advierte ningún elemento descalificante de sus dichos.
Nulidad procesal, declaración de oficio, juicio sumario, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL
Carátula: MEIJIDE VDA Y GONZALEZ, JOSEFA s/ Sucesión.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

Corresponde declarar de oficio por el Tribunal de Alzada la nulidad de todo lo actuado en un proceso sumario, relativo al cobro de los alquileres que adeudaba el causante, por ser un trámite ajeno a dicho proceso y que debe cumplirse por otras vías.
Negociación colectiva, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Castelli, Lorena Elizabet  c/ Video Drome S.A.  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-02-15

Este Tribunal entiende que el ámbito de validez personal de los convenios está dado por la representatividad de los respectivos firmantes, de modo que ningún empleador queda obligado por el convenio si no intervino en él, por el sector patronal, una entidad que lo represente
Concesión administrativa, autopistas, daños y perjuicios, responsabilidad del concesionario (administrativo), derechos del usuario
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Choi Do Min y otro c/ Huarte S.A. y Asociados U.T.E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Aun cuando la responsabilidad de la concesionaria vial no puede ser fundada en un insuficiente o nulo ejercicio del poder de policía y que tampoco es posible convertirla en guardiana del orden social sustituyendo a la acción policial en prevención y represión de los delitos, su responsabilidad sí puede ser fundada en el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad que nace de la relación de consumo que la une con el usuario, es decir, en una fuente de responsabilidad distinta (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Servicio público, derechos subjetivos
Materia: LABORAL
Carátula: Correa de Basañes, Elena Concepción c/ O.S.S.E s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-17

El usuario de un servicio público tiene un derecho subjetivo para utilizar el servicio público, conforme a los límites impuestos por las reglamentaciones. Esto significa que la manera de acceder a él está encuadrada en las condiciones prescriptas por las normas vigentes que regulan ese tipo de prestaciones. En los servicios públicos "uti singulis" onerosos, cuya utilización es "facultativa" para el usuario, la relación que se genera es contractual.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPBELL, TOMAS SEAN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA (CSJ EXPTE Nº 509-95) MARTINEZ COSTA, NICASIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE AMPARO. PLANTEO DE INCOMPETENCIA (CSJ EXPTE Nº 715-95) Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97) Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94) Rogiano, Julio César y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Recurso de amparo (Expte. CSJ Nº   59-98) Vivir El Río S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Acción mera declarativa (Expte. CSJ   Nº 884-97) Rodríguez de Aime, Diana Luz c/ Dipos Residual y/u otros s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Demanda laboral (Expte. CSJ Nº   586-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-04|1996-12-11|1998-03-11|1999-07-26|1999-06-23|1999-06-16|1999-06-09

El hecho de que una de las partes -invocando que la materia en debate corresponde, en orden a lo dispuesto por el artículo 93, inciso 2 de la Constitución Provincial, a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema Provincial- haya solicitado pronunciamiento sobre la cuestión de competencia, y de que su contraparte tuvo suficiente oportunidad de expedirse en sede sobre el punto, basta para que el Tribunal se pronuncie al respecto, y para que disponga, en su caso, lo conducente en orden a la tutela de su competencia si ésta pudiera estar afectada. Este criterio, sostenido en "López", ha recibido consagración legislativa en cuanto que el artículo 2 de la Ley 11330 no refiere a "conflictos de competencia" sino a "cuestiones de competencia", y autoriza a que, a pedido de cualquiera de las partes, la Corte intervenga de inmediato y disponga a ese efecto "las medidas que estime necesarias para resolver la cuestión".
Médicos, delitos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

El precepto legal del artículo 156 del código Penal exige como uno de los requisitos del tipo, que para que la divulgación del secreto sea punible, debe ocasionar un daño. Ello lleva a preguntarse cuál es el daño al que refiere la norma y al que el ordenamiento intenta proteger. De un primer análisis, se advierte que el ordenamiento penal se está refiriendo al eventual perjuicio que se pueda ocasionar a la persona que confió el secreto a un profesional. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Recurso de revisión (procesal), improcedencia del recurso, sentencia condenatoria, hechos nuevos, confesión extrajudicial, confesión por escritura pública, valor probatorio, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carlos Avellaneda y Eduardo Bonino Méndez, en favor de los penados Laurentin Montes, A. E. Guerrero y M. Gómez s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1992-11-19

La confesión de un tercero, realizada por escritura pública y luego en sede judicial, por la que se atribuye la autoría del hecho por el cual se encuentran condenados los hoy recurrentes, como hecho nuevo carece, por ahora, de la eficiencia necesaria para determinar la revisión del fallo cuestionado. En efecto, el único modo de hacer evidente que los condenados no cometieron aquel hecho consiste en la declaración judicial de certeza de la responsabilidad de otro, mediante sentencia irrevocable de condena. En ese orden de ideas, mal puede este Tribunal determinar que otra persona cometió el hecho condenado en forma originaria sorteando el debido proceso penal, máxime si por esa confesión se estuviera responsabilizando del hecho a coautores y cómplices que se verían inculpados sin ejercer su derecho de defensa en un debido proceso, como lo exige el art. 18 de la Constitución Nacional. Resulta ajeno a la lógica pretender que la Corte de Justicia originariamente manifieste que el hecho fue cometido por quien ahora confiesa y remita las actuaciones al Juez de Instrucción para que instruya la causa, a fin de que determine la calificación del delito, la aplicación de la pena y la participación que les cupo a los supuestos copartícipes o cómplices. (Del voto del Dr. Caceres)
Personal municipal, sumario administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PONCE, NORBERTO JAVIER c/ COMUNA DE PIAMONTE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

No puede convalidarse el pronunciamiento impugnado en cuanto dispone la anulación del acto de cesantía apoyándose en la demora injustificada del procedimiento llevado adelante para su dictado, si se considera en primer término, que la demora operada en el procedimiento sumarial tuvo como causa el procesamiento del agente en sede penal por el hecho que era la base de la sanción que habría de aplicársele en sede administrativa (desde que cuestiones relativas a la prejudicialidad penal obligaban a la Administración a suspender el sumario a esperas de lo que la justicia resolviera al respecto); y en segundo término, porque si bien se comparte la consideración de los Sentenciantes respecto de la falta de complejidad para la resolución de la causa (como pauta para entender la demora como irrazonable), ello no se debió exclusivamente al retardo del Estado, ya que una vez vencido el tiempo de la condena privativa de la libertad que la Comuna entendió que estaba cumpliendo el agente (aunque estaba prófugo) reinició el procedimiento sancionador, cursó las notificaciones necesarias, fijó audiencias y recién dos años después se presentó el actor solicitando la finalización del sumario por vencimiento del plazo sumarial, sosteniendo la nulidad de lo actuado.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, expensas comunes
Materia: CIVIL
Carátula: López de Lucini, María Elena c/ Consorcio Guayaquil 200 s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-16

Es necesario contar con unanimidad cuando se trata de reformas estatutarias, como ocurre cuando se modifica el porcentual de participación en los gastos comunes de inmueble.

Aún en los asuntos que exigen unanimidad podría requerirse judicialmente la modificación que se considera justa y necesaria, para evitar arbitrariedades.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, valor disputado en último término, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ALCALIS (CIDASA). c/ GOBIERNO  NACIONAL.  MINISTERIO DE ECONOMIA. SECRETARIA DEESTADO DE DESARROLLOINDUSTRIAL Y PETROQUIMICA E.N.. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Es improcedente el recurso ordinario de apelación si en el escrito en que se lo interpuso la apelante no sólo omite demostrar que el valor disputado en último término supera el mínimo legal, sino que se limita a invocar la existencia de gravamen irreparable sin formular agravios concretos que permitan al Tribunal inferirlo.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benigno Giovannini c/ Micheli Miguel s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-14

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley y los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió.

MINORIA U OPINION PERSONAL)