marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Distribuidora Daimo S.R.L. c/ Cubas de Robles S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El incumplimiento del pago de la tasa de justicia acarrea una consecuencia, dado que ello significa una condición de admisibilidad del acceso a la justicia, y por otra parte es una carga que pesa, en principio sobre el actor, atento lo normado por el art. 250 del Cód.

Fiscal. Dicho artículo lo obliga a abonar la tasa al momento de iniciar el proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pena, unificación de penas, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MALDANA, JORGE A. s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-26

La norma del art. 58 del C.P. es de naturaleza mixta, habida cuenta su contenido sustancial y procesal, en tanto extiende las reglas del concurso real de delitos en los supuestos de que se ocupa, por un lado y deja ingresar reglas de sustancia jurisdiccional al sentar directivas acerca de quien debe unificar y como debe hacerse, además la amplitud de las razones sancionatorias, dentro de las cuales el órgano jurisdiccional tiene para escoger el monto de la pena y por la variedad de complejas e importantes cuestiones que puede generar el procedimiento unificador, es algo más que una simple y mecánica operación aritmética.

Cuando el órgano jurisdiccional unifica penas, asume el directo conocimiento en el contenido de los litigios ya realizados por ante otros órganos, y resulta constitucionalmente necesario que el juzgamiento se efectúe según las reglas que preservan el debido proceso, pues lo contrario significaría incurrir en una lesión a la garantía de la libre defensa, al cohibir de elementales derechos del imputado.

Dicha nulidad no resulta subsanable en segunda instancia, pues no posee suficiente amplitud para las exigencias de un debido debate que precede al juzgamiento resultaría nula parcialmente la sentencia en punto a la unificación.
Falta de contestación de la demanda, iura novit curia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DUMIT RICARDO Y OT. c/ MUNICIP. LAS HERAS s/ Amparo (LIBRO: S085 - 049)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-29

Dada la incontestación de la demanda, lo que "puede" llegarse a tener por cierto, son los hechos alegados por la accionante (siempre que en autos no existan pruebas en contrario), pero no el derecho invocado por la demandante. De ahí que el juez puede incluso, apartarse de las menciones legales hechas por la actora al fundar su demanda.-
Cuestiones de competencia, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, recurso de apelación (procesal), falta de pago, conciliación laboral, competencia laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTIN, ALBA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

Corresponde declarar la incompetencia de la C.N.A.S.S. para entender en el recurso de apelación por el que se persigue, ante el incumplimiento parcial del acuerdo transaccional, el cobro de la deuda reconocida por sentencia judicial, ya que debe atribuirse competencia a la primera instancia del fuero laboral para que entienda, en primer grado, del trámite de ejecución de que se trata.

Las cavilaciones que la situación podría suscitar quedan despejadas a poco que se tenga en cuenta que con la creación de la C.N.A.S.S., en las condiciones en que fue dispuesta por la ley 23.473, se produjo un desplazamiento hacia ésta de la competencia en un universo de causas de índole previsional antes asignadas a la C.N.A.T., sin perjuicio que, por no haberse contemplado la puesta en funcionamiento de una primera instancia de seguridad social, desde todo punto de vista necesaria, el conocimiento que correspondía a los juzgados laborales en los trámites de esta naturaleza -entre los que se halla el de ejecución- no se vio alterado. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Sentencia de trance y remate, subasta de inmuebles, muerte de las partes, nulidad de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: SA DEL ATLANTICO COMPAÑIA FINANCIERA c/ DEFFINO, DORA E. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

Si luego de dictarse sentencia de trance y remate y de subastarse un inmueble se presenta la accionada principal, acreditando el fallecimiento de la coaccionada y solicitando la nulidad de todo lo actuado, petición que fue rechazada, resulta improcedente -como aconteció en el caso- que posteriormente el accionante se agravie de la resolución que decidió suspender el trámite hasta tanto comparezcan los herederos. Ello pues, el referido deceso constituyo un caso de fuerza mayor que impidió el curso del proceso, en tanto existe un obstáculo de índole legal (conf. Morello, Sosa, Berizonce, "Codigo procesal en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación", T. IV-A, PAG. 125 Y SS., Ed. Abeledo Perrot, BS. AS., 1989).
Empleados públicos, remuneración, horas extra, decretos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROCA, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 27 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28

Del artículo 65 del Escalafón del Personal Civil, decreto 2695/83 surge la sujeción de la procedencia del pago de servicios extraordinarios en el ámbito de la Administración Pública provincial a la existencia de autorización previa. Por tanto, aún cuando se hubiese acreditado que en la generalidad de los casos no era otorgada la autorización previa, ello no podría prevalecer a la clara prescripción legal relacionada con que debía ser efectuada con anterioridad a la realización de las tareas extraordinarias y por el titular de la Jurisdicción. Por otra parte, la mera circunstancia de que la Administración en algunos casos haya abonado servicios extraordinarios sin que se hubieran cumplimentado los recaudos legales exigidos no permite, sin más, tener por creado un derecho al pago de horas extras en cabeza del actor. En este sentido, debe recordarse que el principio constitucional de igualdad ante la ley imposibilita argumentar a su favor una conducta -el reconocimiento y pago- contraria a la norma. En afin orden de ideas, debe fundamentalmente recordarse en punto a la afirmación del agente de que las tareas le eran exigidas, el carácter "esencialmente documentado" de la relación de empleo. Asimismo, no puede soslayarse que el 10.3.1989 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 847 que dispuso, en su artículo 1, que "la prestación de servicios extraordinarios deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas", y -en el artículo 2- que "La norma que autorice dichas prestaciones deberá indicar el tiempo de duración de las mismas, el detalle del personal que realizará tales tareas y el total de horas que las mismas insumirán", agregando nuevos requisitos a los ya previstos en el Escalafón del Personal Civil, los cuales tampoco se hallan cumplimentados en el caso para el reclamo correspondiente a periodos posteriores a la vigencia del decreto indicado.
Liquidación judicial, impugnación de la liquidación, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACONCAGUA  CIA  DE SEGUROS  SA c/ LOVOS, HECTOR s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Es improcedente, en el caso, la impugnación de la liquidación por el demandado, quien pretendió la aplicación de la ley 24283, sin formular una cuenta alternativa de la practicada por la actora, sino que solicito la limitación en el monto indemnizatorio, para precaver que la acreedora se enriqueciera con la condena. La disconformidad del impugnante con base en una hipotética exorbitancia no fue explicada ni mensurada, aunque reconoció adeudar un saldo, (así fuese inferior), y omitió depositarlo.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PENAL
Carátula: González, Jorge s/ Doble homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-28

Los honorarios por traba de embargo deben regularse por lo dispuesto por el art. 9, párrafo 17 letra a de la ley 8904 que hace a su vez aplicable el art. 47 en relación al 21, ambos de la ley citada.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COSME, JUAN SETTIMIO Y OTRA c/ MARTI, OMAR ELADIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 354-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-22

No cabe aplicar la doctrina de la gravedad institucional a fin de habilitar la instancia extraordinaria en las cuestiones de interpretación de normas arancelarias en que la sentencia se halla fundada en los hechos de la causa y el derecho que el Tribunal estimó aplicable. La gravedad institucional requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, y el planteo del recurrente que se siente agraviado por el monto de la regulación de sus honorarios profesionales dista de exceder el mero interés particular de los litigantes.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Babbo, Rafael c/ Pepper, José Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

Si bien la privación del uso de un bien puede constituir un daño resarcible -doc. art. 1068 del C.Civil-, se requiere la demostración del impacto negativo sobre el patrimonio de quien la padeció, ya sea a título de daño emergente o de lucro cesante -art. 1069 C.Civ.- y el déficit probatorio en este aspecto conlleva a considerar indemostrado el daño y un daño no probado, es un daño inexistente, no correspondiendo resarcimiento alguno -doc. art. 1083 C.Civil.-
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Murisengo, O. c/ Figueroa, H. y/o Pellegrini de F. M. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

Dentro del marco del proceso sumario, la resolución que desestima la oposición formulada por la demandada respecto de la prueba ofrecida por la actora al contestar las excepciones deducidas por aquélla es inapelable en orden a lo dispuesto por los arts. 494 y 377 del CPC.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Infracciones aduaneras, contrabando menor, reincidencia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Schumeyer, Carlos Enrique y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

La figura del contrabando menor, constituye un tratamiento más benigno para el infractor con respecto al delito de contrabando simple, en razón de suponerse la existencia de determinadas condiciones personales como consecuencia de un elemento objetivo del tipo (valor de las mercaderías) por lo que no parece irrazonable que cuando el carácter de reincidente permite presumir que no se está ante una de aquellas situaciones que el legislador ha querido evitar en razón de su disvalor intrínseco, el beneficio no le sea concedido al encartado y que éste quede sujeto a las consecuencias del contrabando simple.
Lesiones en riña, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Lugones, Norma y otros c/  s/ Infr. art. 89, CP - lesiones leves s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Corresponde acordar al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas la competencia para entender en estas actuaciones. Ello así, porque no persiste el interés federal que ha pretendido preservar la ley n° 24.588 respecto de ninguno de los dos delitos en que se ha entendido que podría enmarcarse la conducta denunciada: lesiones en riña o lesiones leves. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Poder Legislativo Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, poderes del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Orfila, Fernando. s/ recurso de habeas corpus a favor de Alejandro Orfila
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1929-04-12

La facultad ejercitada por el Congreso al sancionar la ley N° 11.460, es de orden netamente político y, por consiguiente, de la exclusiva incumbencia de los poderes legislativo y ejecutivo de la Nación; no hallándose autorizada la Corte Suprema para examinar los hechos que han conducido a la decisión contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la Carta Fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderes del Estado.
Verificación de créditos, ejecución de honorarios, acreedor privilegiado, fundamentación del recurso, discrepancia del recurrente, falta de fundamentación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Blanco Sidesa S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

Cabe confirmar la sentencia que rechazó las impugnaciones deducidas por el Banco Central de la República Argentina contra la decisión que ordenó el pago inmediato a los acreedores- pago de honorarios por la entidad en un proceso de verificación de créditos-, pues la impugnación del recurrente respecto a la conclusión del a quo acerca de que dichos créditos tuvieron su origen en los trabajos realizados exclusivamente para la inclusión en el pasivo falencial del crédito del Banco Central y, por lo tanto, responden al concepto de gastos de justicia efectuados en el interés del acreedor, sólo traduce su discrepancia con el criterio del juzgador, pero sin refutarlo mediante argumentos contundentes que sirvan para poner en evidencia una falta decisiva de razonabilidad en el decisorio.
Procedimiento laboral, aplicación de la ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ignes, Alfredo Aleuterio c/ Aibar, Ramón Gerardo s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-04-13

Rechazada en origen en todas sus partes la demanda interpuesta por no haberse acreditado una relación de dependencia de carácter laboral, se alza la parte actora y pone a consideración de este Tribunal, como agravio concreto, la rebeldía de la accionada, a la luz del apercibimiento contenido en el art. 65 del C.P.T., que, a su entender, desplaza los principios contenidos en los arts. 59, 60 y 356 del C.P.C., que fueron esgrimidos por el a quo para fundamentar su decisorio que conllevó la inversión de la lógica racional que debe encerrar toda sentencia y el quiebre del equilibrio que representan el Juez y la igualdad de las partes. Siendo autónomo el Derecho Procesal del Trabajo, la presunción legal aplicable al caso es la contenida en el art. 65 del C.P.T., que establece que si el demandado, debidamente citado, no comparece a la audiencia o se negare a contestar la demanda, se presumirán como ciertos los hechos expuestos, salvo prueba en contrario. Así lo sostiene la doctrina y fue resuelto ya por este Tribunal, por lo que el recurso interpuesto debe prosperar y, teniendo en cuenta la presunción legal establecida y no enervada por prueba en contrario, debe tenerse por acreditada la relación laboral invocada. No habiendo acreditado la accionada el pago de los haberes correspondientes al período demandado, teniendo en cuenta el monto reconocido como percibido y el salario fijado por convención colectiva, se lo debe condenar al pago de las diferencias salariales reclamadas, con excepción de las horas extras, puesto que las mismas deben probarse de manera asertiva, convincente y efectiva, y la presunción emanada de la rebeldía y la confesión ficta de la accionada, así como la falta de exhibición de documentación laboral, resultan insuficientes. Por lo tanto, corresponde la recepción del recurso de apelación incoada, revocando la sentencia en crisis en lo que fue materia de agravios.
Entes autárquicos, despido sin causa, nulidad del despido
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: NAVARRO DE EGUIA Norma Ceferina c/ E.P.R.E. s/ Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29

Corresponde declarar la nulidad del acto de despido sin expresión de causa impugnado, mediante el cual el ente autárquico dispusiera la rescisión de la relación laboral. La reinstalación de la accionante en su empleo, en idéntica situación a la que revestía antes dictarse el acto anulado, obedece a una simultaneidad de razones: en primer lugar por cuanto se encuentra expresamente prevista en el texto del artículo 6 del Convenio Colectivo 36/75 (Trabajadores de Luz y Fuerza) que adquiere jerarquía de ley por remisión del artículo 61 de la ley 6668 - hoy 524-A (Marco Regulador de la Actividad Eléctrica Provincial).En segundo término, ella guarda especial coherencia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prevé la "protección contra el despido arbitrario". Por último, la reinstalación es la prestación que guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados por un despido, ya que el objetivo primario de las reparaciones en materia de derechos humanos debe ser la rectificación o restitución, reponiendo lo que fue sacado o quitado, borrando las consecuencias del acto ilícito y reestableciendo la situación que verosímilmente habría existido si éste no hubiese sido cometido.
Exenciones impositivas, tasas, tasa para la conservación de caminos, universidades nacionales, Universidad de Buenos Aires, facultades tributarias municipales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA c/ UNIVERSIDAD  DE  BUENOS  AIRES  -  FACULTAD  DE INGENIERIA Y MEDICINA s/ NOTIFICACION   -  RESOLUCION  CONTRARIA  -  TASAS  -  MUNICIPALIDADES  AUTONOMIA  PROVINCIAL    -    UNIVERSIDAD  -  IMPUESTO  - EXENCIONES  ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

El reclamo de tasas por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal no importa una traba al ejercicio de la actividad que incumbe a la Universidad demandada, capaz de obstaculizar o interferir en el cumplimiento de las finalidades que le corresponde atender y que están en la raíz de la exención legal que alega, por lo que ha de privar el carácter federal de nuestra organización nacional y salvaguardar las facultades propias no delegadas de las provincias, conforme a lo dispuesto por los arts. 1, 5, 104 y 105 de la Constitución Nacional.
Acción de nulidad, muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco Provincial c/ Sirtori, Héctor Carlos s/ Monitorio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-26

Toda acción legal contra una persona visible muerta, iniciada después de su deceso, resulta estéril de efectos jurídicos, porque el reclamado, al proponerse la relación jurídica procesal, ya no existe y, por lo tanto, ha dejado de ser sujeto de derecho, centro de prerrogativas y obligaciones, de modo que mal puede reconocérsele capacidad jurídica procesal, ser requerida y condenada una vez sucedida su desaparición física.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, thema decidendum, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PEÐA, ANTONIO c/ AGENCIA MARITIMA RIO PARANA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-06

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la elaboración argumental de la Sala- al discurrir todo su razonamiento a partir de que el actor no había apelado los considerandos en torno a la irregularidad de la prueba pericial tenida en cuenta por la Jueza de baja instancia, a la par de restarle eficacia al dictamen en sede administrativa por obrar en copias simples- soslayó la circunstancia de que la vencedora -actora- mantuvo su postulación al responder los agravios de la perdidosa, no obstante la relevancia que ello tenía para la decisión del órgano jurisdiccional en la habilitación de su competencia funcional para fallar, teniendo en cuenta tanto los agravios del recurrente como los planteos de la contraria, puesto que la sentencia que compone el proceso civil ha de dar respuesta a la litis, tal cual la han definido las partes . El principio procesal "tantum devolutum quantum apellatum" se advierte entonces vulnerado por cuanto el mismo es verdad respecto del apelante y no del apelado). No puede ser invocado entonces en perjuicio del actor quien resultó ganancioso en primera instancia y por tanto estaba impedido de apelar.
Delitos contra la salud pública, delito de peligro abstracto, Salud pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CALCAGNO, Daniel y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

El art. 200 del Código Penal protege la seguridad pública frente al peligro que para el bienestar físico de las personas en general representa la alteración de sustancias medicinales que consume, así como tipifica la alteración nociva para la salud , que puede hacerse sometiéndolas a otros procesos de descomposición (adulteración), tratándose de un delito de peligro abstracto, instantáneo, aunque de efectos permanentes (Conf. Ricardo C. Nuñez, "Derecho Penal Argentino", Parte Especial, T. VI, P.114/17. La infracción aludida "...no demanda daño efectivo para la salud general, ni un peligro concreto de que éste se produzca, y ni siquiera requiere que en la situación concreta personas determinadas o alguna persona haya usado el agua o consumido las sustancias alimenticias o medicinales " (C.N.C.P. Sala II "SOLIS COLUCCI, Juan E." del 23.11.2003. Mal puede sostenerse que la falta de efecto curativo no resulte nocivo para la salud de quien, afectado de un padecimiento determinado, debe consumir un medicamente apropiado para ello, cuya alteración le resta los efectos buscados, manteniendo o agravando la enfermedad, generando así la posibilidad de daño aludida por el art. 200 aludido.
Nulidad procesal, plazos procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ochoa, Samuel Jorge c/ Gomez, Verónica Amalia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-20

El plazo para promover incidente de nulidad y así evitar el consentimiento tácito del acto, corre a partir de que el demandado declarado rebelde toma conocimiento de la existencia del proceso, momento en el cual queda plenamente habilitado para denunciar la invalidez del proceso desarrollado a sus espaldas a raíz de una citación practicada en forma ilegal.
Prueba, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Gouveia Mendes, Lilian Cristina c/ K-SAS S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El supuesto de irrecurribilidad probatoria cede ante la circunstancia de la irreparabilidad, puesto que la posibilidad de conexión con la doctrina del exceso ritual manifiesto es evidente.(doctor de Lázzari, minoría)
Procedencia del recurso, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siphon SA  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (Art. 277 CCAyT)  s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Corresponde admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad dirigido, en última instancia, contra la sentencia que tuvo por admitida la acción declarativa de certeza toda vez que la actora pretenda darle un uso que va en contra de su carácter residual o subsidiario, conforme es indicado en el artículo 277 del Código Contencioso Administrativo y Tributario en tanto, en el caso, no sea actual el perjuicio ni carezca de otro medio para ponerle fin. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).