Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-31


En la ciudad de Trelew, a los 31 días de marzo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L. N. F. c/ I. S.R.L. s/ Cobro de Pesos - Laboral" (Expte. N° 22.515 - Año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 255.---- A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo: Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 242 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 236/238, por el cual se rechaza la demanda promovida por N. F. L. contra I. S.R.L., N. J. R. y D. G. R., imponiendo las costas a la actora vencida.-- A fs. 243 se concede el recurso. A fs. 244/247 obra el informe del art. 62 de la ley 69 presentado por la demandante, cuyo traslado conferido a fs. 248, no es contestado por la contraria.----- -- I.- Comenzaré por reseñar los agravios de la actora. La apelante empieza por señalar que la sentenciante de grado afirma que no se ha probado la relación laboral invocada, fundado ello en que D. G. R. era titular de la propiedad cuando C., el hijo de la actora, ya se encontraba trabajando en la misma, que la transfirió el 28/03/03 y que justo un mes después del fallecimiento de C. la titularidad aparece a nombre de la codemandada I..--- Indica que la "a quo" omite e ignora que el testigo C. M. expresa que C. trabajó con R. y después con los nuevos dueños de I., que el declarante T. coincide en que C. trabajó como sereno para R. e I., y que el testigo H.dice que trabajaba para los hermanos R. limpiando el terreno y como albañil. En cuanto a los testigos de la demandada, señala que todos afirman la participación de R. con el inmueble, ya sea como comprador o vendedor, en el período en que trabajó C..------- Expresa que se ignoró que del informe registral surge que cuando aparece R. como titular del inmueble C. ya se encontraba laborando, y que de lo informado por el municipio se desprende que I. S.R.L. tenía la habilitación comercial a su nombre desde el 27/07/93 y con un período de baja, vuelve a solicitarla en junio de 2004. También se refiere a que se ignoró que cuando R. inscribe el inmueble a nombre de R. O. G., éste era socio mayoritario de la sociedad codemandada, la cual al mes de fallecer C. adquirió el inmueble al citado G..---------- --------- Señala que se omitió evaluar la prueba documental agregada en autos, así como la argumentación de la actora al contestar la excepción donde se solicitó la aplicación de los arts. 225/228 de la LCT. Considera que la magistrada de la anterior instancia se equivoca cuando dice que no se demandó al titular del inmueble al momento de los hechos, ya que quien lo era a ese tiempo resultaba ser el socio mayoritario de I. S.R.L., quien adquirió el inmueble al mes de fallecer C.. Indica que no se consideró la norma de la ley 19587.- Culmina diciendo que no existen dudas de que C. realizó tareas en el inmueble identificado en autos donde existía un establecimiento, cuyos titulares, a través de sucesivas transferencias fueron I. S.R.L. en el año 1993, D. G. R. en el año 2002, R. G. en marzo de 2003 y nuevamente I. S.R.L. en junio de 2003. Cita jurisprudencia plenaria en cuanto a la responsabilidad del adquirente de un establecimiento por las obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión, por lo que señala que la sociedad codemandada es responsable por las consecuencias del fallecimiento de C. . Efectúa el petitorio de estilo.- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, realizaré el análisis de los agravios de la actora.-------------- -- 1) La sentenciante de grado, al examinar si existió relación de dependencia entre el fallecido Cerda y los demandados a la luz de los arts. 21 a 23 de la LCT, concluyó que la misma no había sido acreditada, haciendo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva, argumentando: "...Desde tal perspectiva corresponde comenzar el análisis advirtiendo las imprecisiones que campean en la demanda ya que se denuncia como empleadores de la relación laboral que invoca a varias personas físicas y a una jurídica sin establecer otra relación entre ellas que el resultar propietarios del inmueble donde el hijo de la demandante hoy fallecido, habría cumplido tareas de sereno. Dentro de ese enfoque, tenemos que del informe registral obrante a fs. 163 vta., no observado por las partes, se desprende que el codemandado N. J. R., tal como lo afirma al contestar demanda, nunca fue titular del inmueble en cuestión. La titularidad de D. G. R., tal como también lo afirma al contestar demanda, fue muy posterior -el 16/10/2002- a la fecha de ingreso que denuncia la parte actora (02/15/01) -sic- y no llegó ya que vendió el 28/03/03 a la época en que se desencadenaron los hechos (28/06/03). Lo mismo ocurre con I. SRL quien resulta propietaria a la fecha del informe (01/04/05) y lo es desde el 14/07/03 es decir, en fecha posterior al fallecimiento de C. ..En el contexto referido, claro para mí resulta que no puede aplicarse sin más la solidaridad que escuetamente postula la parte actora a fs. 74, ya que tal figura no exime de analizar los hechos continuatorios, modificatorios y/o extintivos de la relación que debieron suceder a partir de marzo de 2003 y que evidentemente sirven de base a toda solidaridad que se pretenda..." (ver fs. 237/vta.).--- - La apelante aduce que en la sentencia se ignoró lo expuesto por los testigos, citando las declaraciones de C. M. , T. y H.. El primero (ver fs. 169/vta.) expresa que C. trabajó con R. y que después la planta fue vendida de R. a I. , que C. trabajaba de sereno y lo veía porque trabajaba al lado en una empresa pesquera, y veía a los R. y después a los nuevos dueños de I. (respuesta a generales de la ley), aclarando que en el período denunciado en la demanda C. trabajó para U., R. y después para I., realizando tareas de mantenimiento y de sereno (respuestas primera y segunda), dando como razón de sus dichos que trabajaba en el parque industrial. T. (ver fs. 170/vta.) coincide en que C. laboraba como sereno de R. (respuesta primera), en los galpones que tenía en el parque liviano (respuesta segunda), agregando que además trabajaba como albañil fuera de ahí (respuesta tercera), y que como sereno y cuidador se desempeñaba los siete días de la semana (respuesta cuarta), añadiendo que lo sabe por haberlo visto en el galpón (respuesta a razón de sus dichos). En cuanto a H. (ver fs. 167/vta.), es conteste con el anterior testigo en cuanto a que C. trabajaba como albañil para los R. (ver respuesta a generales de la ley), expresa que lo vio trabajar para los hermanos R. en el período denunciado (respuesta primera), haciendo limpieza de terreno y ayudante de albañil (respuesta segunda), agrega que lo vio vivir en el parque industrial (respuesta cuarta) y que le contaron que hacía de sereno en ese lugar (respuesta sexta). Debe añadirse que el testigo C. (ver fs. 210/vta.) confirma que C. trabajaba como sereno en una pesquera en el parque industrial (respuestas segunda y tercera).---- -- Ante tales declaraciones contestes, que afirman haber visto trabajar a C. para los R. y para la sociedad codemandada, devienen estériles las declaraciones de los testigos que dicen haber visitado la planta en estado de abandono y que no vieron a nadie en ella (ver fs. 172/176 vta.). Al respecto es sabido que las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios negativos de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (conf. CN. Civ., Sala F, 29/09/66, LL, 125-118; Sala D, 16/07/82, JA, 1984-11-521). A ello debe sumarse un hecho sobre el que no existe controversia, y es que C. falleció en el inmueble en cuestión, lo que es un indicio de peso respecto a que laboraba como sereno en el lugar (ver 01/03 de la causa penal que corre por cuerda).-- Es de recordar que para que opere la presunción del art. 23 de la LCT es menester que concurran dos requisitos básicos: a) la prestación de un servicio y b) una relación de subordinación económica, técnica y jurídica entre el prestador y el beneficiario de dicho servicio; sosteniéndose que en la medida en que la naturaleza del vínculo resulte controvertida, la carga de demostrar la existencia de tales presupuestos fácticos -que tornan operativa la presunción legal- pesa sobre quien invoca la relación laboral (conf. art. 377 del CPCC, arts. 45 y 76 de la ley 69; conf. CANE, Sala "A", SDL 22/04 entre otros). En el mismo sentido se ha dicho que si quien afirma la existencia del hecho es el que tiene que probarlo, también está a su cargo acreditar el carácter laboral cuando no surge evidente por sí mismo y ha sido negado (conf. Vázquez Vialard: "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Astrea, 1982, Tº 3, pág. 435). Entiendo que la actora ha demostrado con la prueba testimonial reseñada, que C. laboraba como sereno en la planta donde falleciera, haciéndolo de manera estable y no ocasional, por lo que encuentro reunidos los elementos característicos de la relación de dependencia.--- n	2) Sentado lo anterior corresponde distinguir entre los diversos codemandados a fin de analizar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por todos ellos. De las declaraciones testimoniales arriba referidas y que dan cuenta de la actividad laboral de C., es de destacar que si bien expresan que trabajaba como albañil para los hermanos R., su labor como sereno en el galpón donde falleciera se vinculó a aquél de los hermanos que era dueño de dicho establecimiento y a I. SRL (ver fs. 169/170 vta.). Si a ello se añade que el único de los codemandados R. que fuera titular registral del bien es D. G. R. (ver fs. 163 vta.) y que el fallecimiento del trabajador se produjo mientras cumplía funciones de sereno en la planta fabril mencionada, encuentro que el codemandado N. J. R. , resulta ajeno al vínculo laboral que motiva la presente acción, debiéndose confirmar el acogimiento de la falta de legitimación pasiva en lo que respecta a dicho coaccionado.----------- En cuanto a D. G. R., ha quedado demostrado que C. laboró para el mismo en carácter de sereno y cuidador. Es cierto, como se expresa en la sentencia, que R. aparece transfiriendo el inmueble sede del establecimiento dos meses antes del deceso del trabajador y que I. SRL aparece adquiriendo el mismo un mes y medio después de ese infausto acontecimiento (ver fs. 163 vta.). También es cierto que el reclamo de la actora está motivado en el fallecimiento mentado. Al respecto es de tener en cuenta la norma del art. 228 de la LCT.------ n	- El art. 228 de la LCT dispone en su primer párrafo: "El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes en la época de la transmisión y que afectaren a aquél...". Al respecto se ha entendido que las deudas alcanzadas por la solidaridad son: 1) las contraídas por el cedente antes de la cesión, tanto las que ya resultaban exigibles en ese momento como las que aún no tenían plazo vencido...En cambio, las nacidas después de la transferencia son exclusivas del adquirente, salvo fraude (conf. Tosto, Gabriel A., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, pág. 169). Y en cuanto a las obligaciones contraídas con trabajadores cuyos contratos se extinguieron con anterioridad a la transferencia, la Cámara Nacional del Trabajo, en fallo plenario 289 "Baglieri", por mayoría, resolvió que "El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de la LCT es responsable por las obligaciones del transmitente, derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión" (conf. CNTrab. en pleno, 08/08/1997, DT, 1997-B, 2013).----- n	---------- Dicho lo anterior, es de destacar que si bien al tiempo del siniestro el codemandado D. R. habría transferido el inmueble a un tercero que luego del deceso de C. lo transfiriera a I. SRL, de acuerdo a las declaraciones testimoniales el trabajador fue empleado de R. y de la sociedad codemandada, sin hacerse referencia al tercero que aparece como titular registral entre ambos coaccionados. Ahora bien, más allá de lo expuesto por los testigos, encuentro claro que C. laboró para D. R. pero no así para I. SRL, y ello por cuanto no puede decirse que existió cesión del establecimiento a la sociedad codemandada en los términos del art. 228 de la LCT por cuanto resulta acreditado que al deceso de C. la planta estaba inactiva, en estado de abandono (ver fs. 02 de la causa penal). Por lo tanto cabe confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar a la falta de legitimación pasiva de I. SRL. Sí resulta legitimado D. R. ya que el mismo resulta obligado por cuanto no cumplió con su obligación de empleador de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 3, 4 y concs. de la ley 24557, dado que no registrara la relación de empleo.-- n	- Al respecto se ha entendido que el trabajador no registrado que sufre un accidente laboral -en este caso el derechohabiente- debe iniciar una acción judicial declarativa para probar la existencia y modalidades de la relación laboral (decr. 717, art. 11); una vez obtenida la sentencia firme debe determinar si el empleador está o no asegurado en una ART y si el empleador no hubiera contratado a una ART, entonces se le deben reclamar a él las prestaciones (art. 28, ap. 1 de la ley 24557). A fin de abreviar las etapas procesales nada obsta a que se amplíe el objeto de la demanda y por razones de economía procesal se reclame también la condena a otorgar las prestaciones del sistema y si hay responsabilidad civil del empleador la reparación del daño no cubierto por la LRT (conf. Ramírez, Luis Enrique: "Riesgos del Trabajo. Manual Práctico", Ed. BdF, 2007, págs. 194 y 197).----------- En la especie, se ha tenido por acreditada la relación de empleo con D. G. R., y no se ha invocado ni acreditado la contratación con una ART. En consecuencia, corresponde desestimar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por dicho codemandado.----------- n	---- 3) Determinada la legitimación pasiva, corresponde tratar la defensa de prescripción opuesta por el demandado D. G. R. a fs. 51 vta. "in fine"/52. Es que dado que se revoca parcialmente la sentencia a fin de rechazar la falta de legitimación pasiva deducida por uno de los codemandados, se deben tratar los aspectos sobre los que no hubo pronunciamiento alguno, ya que debe aplicarse al caso la doctrina de la apelación implícita, mecanismo equilibrador de la igualdad de las partes y protector de la defensa en juicio, de acuerdo al cual, la Alzada, si bien ha de ceñirse al punto objetado con el recurso, al considerarlo, tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia le asistían al órgano de primera instancia, correspondiéndole pues ocuparse de las argumentaciones planteadas tanto al demandar la parte actora, como también las defensivas opuestas por la demandada al contestar la acción, merced a que la sentencia, basándose en la falta de legitimación pasiva, no ingresó a considerar. En particular, en la especie, queda de manifiesto que el codemandado se vio impedido de recurrir el fallo por serle éste favorable, por lo que los argumentos que opusiera en su defensa habrán de ser considerados a los efectos de elucidar si procede o no la demanda indemnizatoria (conf. doct. art. 277 del CPCC; esta Cámara, c. 11.357, SDL 88/95; c 11.827, SDL 16/96; c. 11.836, SDL 28/96; c. 12.023, SDC 18/96, entre otros; ídem Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales...", Ed. Platense, 2da. ed., año 1988, Tº III, págs. 111 y jurisp. cit. en págs. 406/407 y 418/419; conf. SCBA., Ac. y Sent. 1985-I-142; CN. Civ., Sala A, LL, 1985-E-195; id. Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, ed. año 1975, Tº V-465; Loutayf Ranea, Roberto: "El recurso de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, ed. año 1989, Tº I, págs. 78/79).-- n	----- Es así que entrando en el análisis de la prescripción opuesta, es de considerarse que el art. 256 de la LCT establece: "Prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo...". El cómputo del plazo comenzará a correr desde que el crédito laboral se encuentre en condiciones de ser exigido (expedito), condicionado a su vez a que la inacción sea voluntaria, no siendo en principio óbice para ello la situación de subordinación o dependencia en que se encuentra el acreedor respecto del obligado (arts. 3956, 4035, inc. 5 y 4036 del C. Civil). El plazo prescriptivo sólo puede comenzar a correr desde el momento en que el titular del derecho se ha encontrado en condiciones de ejercitar la correspondiente acción, lo cual presupone que el derecho haya nacido, que el mismo sea exigible y que la inacción sea voluntaria, o sea, que su conducta omisiva responda a una decisión consciente y deliberada, adoptada con intención y libertad, esto es, que no se encuentre viciada por ignorancia, error, dolo o violencia física o moral (conf. Tosto, op. cit., ídem, págs. 671/672).-------- n	----- En el "sub exámine" se incoa la acción con fundamento en el art. 18 de la ley 24557, es decir que el hecho que origina y hace exigible el derecho resulta ser el deceso del trabajador, por lo que a partir de ese momento quedó expedita la acción. En consecuencia, dado que el fallecimiento de C. se produjo el 28/05/03 (ver fs. 183) y la demanda fue promovida el 24/06/04 (ver fs. 37 vta.), no transcurrió el plazo de dos años establecido en el art. 256 de la LCT, por lo que cabe rechazar la defensa de prescripción.----------- 4) Como se expresara en el considerando precedente la actora funda su legitimación en el art. 18 de la ley 24557 (ver fs. 36, 4to. párrafo), que reza: "1) Los derechoshabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria prevista en el artículo 15 apartado 2. 2) Se consideran derecho habientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas...". En comentario a esta norma se ha considerado que se trata del supuesto que tradicionalmente se denomina "accidente fatal", el cual provoca en forma mediata o inmediata el fallecimiento de la víctima (conf. Conflitti: "Riesgos del Trabajo", Editorial Universidad, 1996, pág. 205). Al respecto es de considerar que de la declaración testimonial de fs 169/vta. se deduce que el escape de gas que provocara el fallecimiento del trabajador fue consecuencia del mal estado de las instalaciones respectivas, lo cual aparece claramente verosímil dado que el inmueble se encontraba en estado de abandono como surge de fs. 02 de la causa penal.--------- n	-- Corresponde analizar la titularidad del crédito que reclama la actora. El art. 18 de la ley 24557 en su texto ordenado conforme el art. 9 del decreto 1278/00, en el tercer párrafo de su segundo apartado amplió la legitimación activa en caso de muerte del damnificado y en ausencia de las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24241, a ambos padres del trabajador en partes iguales y si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En la especie, no habiéndose alegado ni acreditado la existencia de las personas enumeradas en el artículo citado y habiendo fallecido el otro progenitor (ver partida de defunción en copia a fs. 08), cabe tener por legitimada a la actora, madre del trabajador fallecido (ver partida de nacimiento en copia a fs. 07).--- n	-- La actora al liquidar su pretensión (ver fs. 37, pto. VII) reclama el monto de $ 50.000 en base a lo establecido en el art. 11 de la ley 24557 (t.o. según decreto 1278/00). En la parte pertinente de la norma mencionada ( ap. 4, inc. c), el texto reza: "En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inc. "b"; artículo 15, apartado 2; y artículos 17 y 18, apartados 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas los beneficiarios percibirán además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación:...En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000)".. Consecuentemente, estando la actora legitimada por el art. 18 de la ley 24557, corresponde acoger este ítem por el monto pedido de $ 50.000.---- n	--------- En segundo lugar se peticiona el crédito emergente del art. 15, 2do. párrafo, ap. 2 de la ley 24557. Dicha norma dispone: "Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del art. 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a CINCUENTA Y TRES (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a pesos CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000)". La legitimación de la actora para reclamar esta prestación surge de lo normado por el art. 18, 1er. párrafo de la ley 24557. En cuanto al monto base del cálculo, la actora ha denunciado un sueldo mensual de $ 450 (ver fs. 35, anteúltimo párrafo). Si bien el codemandado R. impugna la liquidación practicada (ver fs. 52), nada dice en cuanto a los motivos por lo que lo hace. Si a ello se le añade que ninguna prueba en contrario se produjera a fin de contradecir el monto denunciado, en atención a lo dispuesto por los arts. 55 de la LCT y 44 de la ley 69, procede considerar el haber referido. Es así que efectuados los cálculos correspondientes de acuerdo a lo normado por el art. 15, 2do. ap., 2do. párrafo (450 x 53 x 2,95 -65%22- = 70.357), la suma reclamada resulta correcta, por lo que se acoge este rubro por el monto de $ 70.357.--------- n	-------- En el marco de la LCT, la demandante peticiona la indemnización del art. 248, equivalente a la mitad de la prevista en el art. 245, por la remisión que se efectúa en la primera de las normas citadas al art. 247. De allí que habiéndose determinado la extensión de la relación laboral en dos años (mayo/01 a mayo/03), el monto reclamado se cuantifique en un mes de remuneración ($ 450). Ahora bien, los beneficiarios de la indemnización establecida en el art. 248 de la LCT, por remisión de la norma, resultan ser las personas enumeradas en el art. 38 del decreto-ley 18037/68, mas con la sanción de la ley 24241 se ha entendido que los beneficiarios son quienes resultan enumerados en el art. 53 de esta última norma (conf. Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, págs. 840/841 y Del Bono, Carlos M. en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., ídem, págs. 539/541). De la lectura del artículo referido no surgen del elenco de beneficiarios los padres del trabajador fallecido, como expresamente se ha establecido para las dos prestaciones ya reconocidas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 de la ley 24557. En consecuencia no estando legitimada la actora para este reclamo procede el rechazo del mismo.----- n	A continuación se solicita el pago de la parte proporcional del salario anual complementario y de las vacaciones en la mitad del haber mensual, atento la altura del año en que se produjo el deceso (28 de mayo). Este crédito le asiste a la actora en razón de su condición de heredera de su hijo (conf. art. 3567 del C. Civil, t.o. según ley 23264). En consecuencia cabe reconocer el mismo en el monto requerido de $ 220.-- Se solicita también resarcimiento por daño material y moral por la privación de la actora de acceder a la pensión por fallecimiento en virtud de la falta de registración del vínculo laboral y la inexistencia de aportes (ver fs. 37, dos últimos párrafos). Si bien a la luz del art. 18 de la ley 24557 la actora tenía legitimación para acceder al beneficio de pensión, con el ítem solicitado requiere una indemnización sustitutiva por el derecho común por la privación de dicho beneficio, tanto en el aspecto patrimonial como en el extrapatrimonial. En consecuencia debió la actora acreditar los extremos que hacen viable dicha responsabilidad civil, que básicamente son cuatro: antijuridicidad de la acción, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto A.: "Responsabilidad por daños (Elementos)", Ed. Depalma, 1993, págs. 111/114).- n	La antijuridicidad de la omisión en la registración de la relación laboral y en efectuar los aportes de ley resulta evidente, y el factor de atribución es de carácter objetivo por el mero hecho del incumplimiento legal. Ahora bien, en cuanto al perjuicio material, el daño en sí, resulta también evidente en cuanto a que se trataría de la compensación por la pérdida del monto de la pensión de la que se vio privada la actora como consecuencia de la falta de regularización laboral y previsional del vínculo contractual por parte de los demandados. Es así que se condenará a los accionados a abonar el monto que resulte de la liquidación a practicar en la etapa de ejecución de sentencia tomando para ello las siguientes pautas: el monto mensual de la pensión correspondiente a la remuneración de $ 450 que se determinó como haber mensual del trabajador -el que por aplicación analógica del art. 98, ap. 3, inc. a) de la ley 24241 lo determino en el 70%, esto es $ 315-; y la cantidad de meses por los que la actora vio frustrado el acceso al beneficio a cuyo fin debe tomarse la edad de la misma actora al tiempo del deceso de su hijo (mayo de 2003), hasta que la misma arribe a la edad de expectativa de vida para el sexo femenino que se determina en 75 años para nuestra provincia (conf. http://www.indec.gov.ar:Población/Indicadoresdemográficos/Esperanza de vida al nacer por y jurisdicción). Al monto resultante deberá deducirse un 30% que se estima razonable como gastos personales, para así deducir la ganancia neta de la que se vio privada la actora, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por el art. 165, 1er. párrafo "in fine" del CPCC.------ n	---------- Distinto es el caso que se presenta respecto del daño moral. Se ha considerado que este daño importa una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente a aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. Pizarro, Ramón: "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA del 17/09/86). En la especie, debe tenerse en cuenta que L. no reclama el resarcimiento de este daño extrapatrimonial por la muerte de su hijo sino por la privación de acceder al beneficio de la pensión, por lo que el perjuicio en la faz espiritual no se presume ni resulta evidente, sino que debió haber sido objeto preciso de prueba así como el nexo causal adecuado. Si a ello se agrega que se reconoce en la presente el resarcimiento por el daño patrimonial que la privación de la pensión le ocasionara, se refuerza la hipótesis de que se debió acreditar en forma específica la intranquilidad de espíritu y el desánimo que la privación material referida le habría causado. Al no haberse producido prueba al respecto corresponde el rechazo de este rubro.

n	Finalmente se solicita la indemnización del art. 80 , 3er. párrafo de la LCT (t.o. según art. 45 de la ley 25345). Al respecto cabe precisar que la actora resulta legitimada a este reclamo "iure hereditatis" (conf. art. 3567 del C. Civil), y que la intimación pertinente respecto de D. R. de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 del decreto 146/01 fue realizada según constancias de fs. 06 y el informe de fs. 189. En consecuencia se hará lugar a la misma por el monto de $ 1.350.-- Las sumas por las que prospera la demanda llevarán sus intereses a la tasa activa que percibe el Banco del C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento desde que cada suma fuera debida hasta la del efectivo pago.-- III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado a fin de hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por N. F. L. contra D. G. R., confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de agravio.-------- n	------- En consecuencia de lo anterior condeno a D. G. R. a abonar a N. F. L., en el plazo de diez días de consentida la presente, la suma de pesos ciento veinte y un mil novecientos veintisiete ($ 121.927), con más el monto que surja de la liquidación a practicar de acuerdo a las pautas establecidas en el considerando II, pto. 4, párrafo 8vo. en la etapa de ejecución de sentencia de acuerdo a lo dispuesto por el art. 165, 1er. párrafo "in fine" del CPCC. En todos los casos deberán adicionarse los intereses a la tasa activa que percibe el Banco del C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento desde que cada suma fuera debida hasta la del efectivo pago.-------- Dado que se revoca parcialmente la demanda, por aplicación del art. 279 del CPCC, corresponde adecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios de la instancia anterior. Consecuentemente, en virtud de que se hace lugar a la demanda con excepción del rubro daño moral y de la indemnización del art. 248 de la LCT, encuentro equitativo imponerlas en un 20% a la actora y en un 80% al codemandado vencido, con excepción de las generadas por la participación de los codemandados N. J. R. e I. S.R.L., respecto de lo cual se mantienen a cargo de la actora (conf. arts. 68 y 71 del CPCC). En cuanto a los honorarios de la primera instancia, dado el mérito, extensión y eficacia de la labor desempeñada, como el resultado del pleito, se establecen los del Dr. I. C. P. , letrado de la actora, en un 19,6%; los del Dr. S. A., letrado del codemandado D. G. R., en un 14%, porcentajes a calcular sobre el monto de condena, manteniendo la regulación efectuada en el fallo apelado al Dr. A. como letrado del codemandado N. J. R. y a la Dra. D. I. V. , letrada de I. SRL; en todos los casos con más el IVA (arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39 y 47 de la ley 2200, leyes 23349 y 23871).------------ n	- Atento a que se hace lugar parcialmente al recurso de apelación, las costas de esta sede se imponen en un 20% a la actora y en un 80% al demandado perdidoso (conf. art. 71 del CPCC). A tal efecto, dado el mérito y eficacia de la actividad recursiva desplegada por el letrado y el resultado de la apelación, regulo por su actuación en la Alzada, al Dr. C. P., en un 30% de lo determinado por honorarios de la instancia anterior (conf. arts. 6, 14 y 47 de la ley 2200), con más el IVA correspondiente (leyes 23349 y 23871).- Voto entonces a esta cuestión parcialmente por la NEGATIVA.----- n	-- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 242) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 236/238), por la cual se rechaza la demanda incoada por la Sra. N. F. L. a la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "I. S.R.L.", y los Sres. N. J. R. y D. G. R.; con costas.--- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69, luce agregado a fs. 244/247.------- Ordenado el traslado de la expresión de agravios a fs. 248, éste no fue evacuado por la parte contraria.-- I.- La reseña de los agravios ha sido efectuada por el Sr. Magistrado que me precede en la votación por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.

n	-- Si resulta útil identificar para precisar la materia del presente recurso que básicamente el mismo consiste en postular la existencia de la relación laboral denunciada en demanda a través de la crítica a la valoración probatoria centrada en la supuesta omisión de la juzgadora del anterior grado de hacer mérito de los elementos aportados a ese fin.---- II.- En tal contexto de análisis luego de la detenida revisión de la causa encuentro que efectivamente existen aristas fácticas que concurren acreditadas en autos y que fueron inexploradas por la juzgadora del anterior grado, aún cuando, eventualmente, pueda arribarse a la misma conclusión.---- Ello es así, habida cuenta que tal como surge de la porción del fallo transcripto por el Dr. De Cunto, la Sr. Juez a quo centró su argumentación en que el carácter de propietarios del inmueble de quienes fueron demandados y donde habría cumplido tareas de sereno el Sr. J. R. C., hijo de la actora, no les atribuye "per se" la calidad de empleadores. Es a partir de allí, que descarta como legitimado pasivo al co-demandado Sr. N. J. R., puesto que éste no fue titular del inmueble en cuestión. Respecto al Sr. D. G. R., advirtió que éste lo adquirió con posterioridad a la fecha de alta de la relación laboral denunciada en demanda (02/05/01 y 16/10/02 respectivamente), vendiéndolo antes de que falleciera (28/03/03 y 28/06/03 respectivamente). Y, finalmente, de "I. S.R.L." indica que resultó propietaria del inmueble desde el 14/07/03, fecha posterior al deceso de C.. Es a partir de tales datas que señaló que lo pretendido resulta confuso toda vez que la única relación entre los demandados es la de resultar ser titulares de la propiedad del inmueble en cuestión no demandándose a quien resultaba ser titular al momento del fallecimiento (quien si bien no se lo menciona surge de constancias de autos sería el Sr. R. O. G. , titular registral hasta el 14/07/03 -ver: informe de estado y condiciones de dominio de fs. 163 vta.-).------------ n	Es en este marco hermenéutico que realmente no tenía mayor sentido ingresar siquiera al mérito de la testimonial producida puesto que es fácil de ver la sentenciante apoyó su veredicto en las indudables falencias del planteo inicial las que, tengo para mi adelantando opinión, no son superadas de modo alguno por los dichos expuestos por los testimonios citados por la parte actora recurrente, en el sentido que C. habría sido sereno del edificio de cuya titularidades dominiales varias refiriera precedentemente. Ello así por las siguientes razones que paso a exponer.------------- n	- En la demanda se afirmó que el Sr. C. "...falleció mientras cumplía tareas para los demandados, ingresó a laborar en relación de dependencia para los mismos el 02 de Mayo del año 2001 desempeñando las tareas de sereno en el inmueble donde funcionaba una planta pesquera ubicada en la intersección de las calles Perú y Colombia entra las calles Costa Rica y Chile de la ciudad de Madryn...Al inicio de la relación laboral los propietarios del imueble donde prestaba las tareas de sereno el joven C. eran los codemandados N. y D. R. quienes posteriormente vendieron el mismo a la empresa demandada propietaria del mismo al momento del fallecimiento de C."(sic)(fs. 35).---- n	- Como es fácil de ver en tal aseveración, extractada del relato de los hechos efectuado en la demanda, existen varias circunstancias de hecho que no se corresponden con lo acreditado en estos autos, cuales son: que en el inmueble donde se denunciara en demanda que cumplió tareas de sereno el fallecido C. "...funcionaba una planta pesquera..."; y, que la sociedad demandada fuera la propietaria del inmueble "...al momento del fallecimiento de C....".-- Respecto al primero de tales hechos, es de hacer notar que no se acreditó de modo alguno la afirmación que contiene y, añado, que no se puede inferir de su ubicación o el posible destino del edificio. Quiero decir, no puede afirmarse ni de su ubicación en el parque industrial pesquero ni del destino estructural de la edificación que pudiera tener el inmueble, que al tiempo de desempeñar el causante las dicentes tareas de sereno funcionara realmente en él una planta pesquera. Y el siguiente dato es evidentemente desajustado con lo acreditado en autos en relación a la sucesión de transferencia dominiales inscriptas sobre dicho inmueble de la que dan cuenta con sus precisas datas el informe de estado de dominio antes aludido (ver fs. 163 y vta.)(Arts. 386 del C.P.C.C. de aplic. por vía del art. 45 de la ley 69).-------------- n	Lo dicho tiene trascendencia, habida cuenta que se conceptualiza normativamente al "establecimiento" como una unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones, por lo que no encuentro que pueda identificarse al inmueble sin más con el establecimiento pesquero en el que se afirmó en demanda que trabajó el Sr. C.. Es decir, el edificio por sí solo no es más que un posible elemento material o instrumental que conjuntamente con otros elementos puede llegar a conformar una organización empresaria destinada al logro de fines económicos o benéficos (Conf. doct. arts. 5° y 6° de la L.C.T.).-- Y, en tal inteligencia, cabe postular que si la relación de dependencia se define por la incorporación personal del sujeto que trabaja en una organización a la que es ajeno, a los efectos de que el resultado de su trabajo sea aprovechado para la producción de un bien o servicio, parecería que lo que define la posibilidad de un trabajo dependiente en la especie -la presencia de una empresa- se encuentra ausente en la especie.-- Es que tengo para mi que la relación de trabajo, como complejo de derechos y obligaciones recíprocos de trabajadores y empleadores, surgidos del contrato del mismo nombre, se debe desarrollar en un marco funcional llamado empresa. Pues bien, el ya citado art. 5 de la L.C.T. define a la empresa como organización, esto es, como disposición ordenada de elementos contribuyentes al logro de un fin elegido por su titular. Y dado que el derecho del trabajo tiene como finalidad inmediata la regulación de las relaciones que derivan de la prestación de trabajo personal en empresas, el mencionado concepto define el marco en el que se desarrollan esas relaciones.

n	------- Y en tal entendimiento, comparto la tesitura que propugna que los rasgos definitorios de la dependencia son irrelevantes en muchos supuestos como elementos identificatorios de la relación de trabajo, y es por ello que no refiero a los clásicas manifestaciones de la dependencia que suele definir la existencia de una relación dependiente (subordinación técnica, jurídica y económica), ya que no son configurativos "per se" del contrato sino consecuencias necesarias de que, en su ejecución, el trabajador asuma el rol de medio personal de una organización empresarial ajena. En esta inteligencia, entonces, cabría señalar que los intentos de identificar el contrato de trabajo desde la situación de dependencia son estériles, ya que ese rasgo no lo define, en cuanto comparte con otras figuras jurídicas -mandato, locación de servicios; en ciertos caso, locación de obra- que, en la medida en que uno de los sujetos sea una persona física, se presentan exteriormente con la misma fisonomía. Insisto, sólo la inserción del sujeto como medio de una empresa ajena permite distinguir al contrato de trabajo de las figuras análogas. (Ver CNAT, Sala VIII, 23/8/02, "Bodio, Horacio Omar c. Cooperativa de Trabajo Limitada y otro s/ Despido", elDial-AA127B)(Conf., mi voto, S.D.L., sala B, Nro. 01/05, CANE).------------- n	-------- Este entendimiento es compatible con lo que ha de entenderse como empresa, que importa una organización instrumental. Se ha dicho que la palabra "empresa" proviene del verbo emprender y significa, según el diccionario de la Real Academia Española, acción "más o menos complicada y difícil", de lo cual se deduce que se encuentra constituida por una multiplicidad de acciones simples ordenadas para el logro de la acción en sí. Es decir la palabra empresa es un participio sustantivo; no designa una sustancia sino una actividad cuyo fin es un principio esencial, y cuyo ser un "hacia" más bien que un ser en acto. Vale decir, la empresa es un ente de naturaleza intermedia entre las sustancias y las meras acciones porque no consiste solamente en una actividad sino en una obra común que se objetiva o encauza en un orden exterior. Y es en tal inteligencia, que el párrafo 1° del artículo 5to. de la L.C.T., define a la empresa como una organización o unidad estructural racionalmente ordenada que tiene carácter instrumental para el logro de determinados fines (Conf. Pueyrredon Ernesto, "La empresa, su naturaleza y su fin", E.D. 50-625).- n	Como organización la empresa ordena los elementos o medios de los que se vale para la consecución de sus fines, entre ellos se encuentran los personales, materiales e inmateriales. Y es en este contexto donde se ubica el territorio propio de la materia reguladas por las leyes del trabajo, que está constituido por las relaciones jurídicas en virtud de las cuales una persona, a cambio de una remuneración, presta servicios personales en una estructura empresarial ajena. O bien, dicho de otro modo, sin una empresa, como organización destinada a utilizar el trabajo humano como un medio productivo, no hay contrato de trabajo. Sin organización empresaria, sin estructura jerárquica, poder de dirección, poder de organización, y sin utilización del trabajo como medio o instrumento para, dirigido, producir bienes o prestar servicios, no puede predicarse que hubo contrato de trabajo. Abro un paréntesis para dejar sentada mi opinión en relación a cómo funciona en la materia la regla de la carga de la prueba a la que también aludiera la juzgadora del anterior grado. He dicho en antecedentes análogos al presente que el art. 23 de la L.C.T. solo entra a jugar ante la acreditación de prestación de tareas a favor de una organización empresarial ajena, bajo la dirección y efectivo poder jurídico del sindicado como empleador.------- Es decir, no soslayando la existencia de diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales asumidas por prestigiosos autores y tribunales del país, he tomado ya posición hermenéutica en el sentido que me inclino por la postura que propugna el entendimiento de que la "prestación de servicios" que utiliza el mentado art. 23 de la L.C.T., no se refiere a cualquier tipo de servicios, sino, al que corresponde a la tipología contractual regulada en la órbita propia del derecho del trabajo.------ n	---------- Es que, dicho marco normativo, al referir a las características de la acción humana regulada por esta rama jurídica, la define siempre como una prestación distintiva de la tipología contractual de naturaleza laboral la que contiene a cargo del trabajador una "prestación dirigida" (art. 4, L.C.T.); "bajo relación de dependencia" (arts. 21, 22, 99, L.C.T.); con "sujeción a instrucciones o directivas (art. 27, L.C.T.), "a las órdenes" (arts. 168 y 255, L.C.T.), en "relación de dependencia" (art. 32, párrafo 3° y 253, L.C.T.), "haber puesto su fuerza de trabajo a disposición" de la otra parte (arts. 103 "in fine" y 197, L.C.T.); conceptos todos ellos que caracterizan la llamada dependencia jurídica, es decir la puesta a disposición de la capacidad laboral de una persona a favor de otra que puede dirigirla.------------- n	- Esta postura la he explicitado, como lo he dicho al comienzo, en otros precedentes de esta Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut (conf., mi voto en S.D.L., Sala B, N° 03/01;01/02; 20/02; 31/02; 40/03; 10/04; 53/06, entre otras de C.A.N.E).-- Tal posicionamiento hermenéutico se compatibiliza con la valoración de la actitud asumida por las partes en conflicto en cada supuesto en particular, en cuanto que el modo en que se produjo la traba de la litis determinará las cargas probatorias a atribuir en cabeza de cada una de ellas respectivamente. Si la parte actora afirma la existencia de un contrato de trabajo que vinculara a al dependiente con quien demanda y ésta no niega la prestación de tareas sino que afirma que las mismas fueron realizadas en otro carácter, o que el vinculo que las motivara era de otra naturaleza, en tal supuesto ambas partes habrán de probar los presupuestos de hecho de la norma que indican cada una a su turno a favor de su pretensión y defensa (art. 377, 2° párrafo del C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69).--- n	Nótese por lo demás, que lo dicho, no es ni más ni menos que aquello que precisa el citado art. 23 de mentas, en cuanto establece literalmente que "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario"(sic) (lo destacado en negrita me pertenece). Es que, ante la admisión de la prestación de tareas a favor de quien es demandado como empleador, impone acreditar que la vinculación que existiera reconoce características distintas a una relación laboral o bien que éste era un empresario autónomo.------------- n	-- No hay, pues, inversión de carga probatoria alguna sino solo una presunción favorable respecto de quien afirma haberse desempeñado bajo relación de dependencia ante la falta de acreditación de lo contrario (conf. CNCom., Sala B, 12/4/00, "ATC s/ Concurso preventivo s/ incidente de verificación...", T.S.S., 2000-459; id. C.Apel. Concepción del Uruguay, Sala del Trab., T.S.S. 2000-930).-- Es que de esto se trata el principio de primacía de la realidad que rige en la materia, ni más ni menos que de determinar en concreto y en cada supuesto planteado a la jurisdicción, cuál fue la realidad acontecida, haciéndolo efectivo por encima de cualquier forma (o informalidad) que las partes pudieran haberle dado a su vinculación.------ Solo ante la negativa absoluta (en relación a la prestación de servicios como a su categorización como dependiente), de quién se lo sindica como empleador se desplaza, con exclusividad, en cabeza de quien afirma la existencia de un contrato de trabajo la carga de su prueba la cual se satisface acreditando, en primer lugar, que se prestó servicios y, en segundo lugar, que éstos se emparentaban con las tareas bajo la subordinación jurídica, técnica y económica que caracterizan y dan contenido tipificante al contrato de trabajo (véase al respecto: Fenochietto, Carlos Eduardo, "Carga de la Prueba", en L.L: 1980-A-secc. Doct., pág. 806/818; y el interesante enfoque de Efrain Quevedo Mendoza, "Carga y valoración de la prueba: precisiones", J.A. 1998-III-630).- En la especie, todos los demandados negaron enfáticamente que se hubieran vinculado con el Sr. C. en algún tipo de relación que pudiera ser enmarcada dentro del derecho de trabajo (ver: escritos de responde de fs. 50/52 y vta.; 61/62 vta.; y, 67/69 y vta.), de modo que, a tenor de las contestaciones de la demanda, pesaba sobre la actora -para lograr que opere la antedicha presunción- el onus probandi de la subordinación jurídica, económica o técnica de su hijo C. en el desenvolvimiento de sus tareas como sereno en el inmueble identificado en demanda como de propiedad de los Sres. R. y de "I. S.R.L.".- Y, puesto que la demandante no aportó probanzas en ese sentido, la existencia del contrato de trabajo que alegara no puede tenerse por cierta tal como lo definiera la juzgadora del anterior instancia.-- Afirmo que no se satisfizo tal carga de probar una vinculación de características propias de una relación de naturaleza laboral por cuanto de los testimonios prestados surge indubitablemente que C. vivía en el inmueble en cuestión pero no que prestara los servicios de sereno que se denuncian en demanda.- Así, se infiere de los dichos del testigo M. C. H. (fs. 167 y vta.) quien si bien aseveró saber que C. trabajaba para los Sres. R., indicó que lo hacía "...ahí en Marcos A Zar y Estivariz ahí en los departamentos...", añadiendo a continuación que "...Yo lo vía trabajar ahí nomás..."(ver respuesta por las generales de la ley). Más adelante dicho testigo ante la pregunta de si vio en alguna oportunidad al señor C. prestar tareas en un predio ubicado en el Parque Industrial pesado respondió textualmente "...No, yo lo vi vivir ahí en el Parque Industrial Pesado..."(sic)(ver resp. a la 5ta. pret.)(fs. 167 y vta.)(Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la ley 69).-- El testigo V. E. C. M. (fs. 169 y vta.), afirmó conocer a C. desde el año 2001 "..en la planta que era de R.., primero era de U. , este chico trabajó con el nuevo dueño R. donde él trabajaba, después fue vendida de R. a I.. Yo lo vi a él que estaba de sereno nada más, conozco a su mamá del Bolsón, yo lo pasaba a ver porque yo trabajaba al lado con una empresa Pesquera que está en la calle Perú en la esquina...", preguntado para quién trabajaba el Sr. C. entre el 2 de mayo de 2001 y el 28 de mayo de 2003, manifestó "Estaba con la empresa hasta el 2003 que yo lo conocía hasta esa fecha, él estaba ahí primero con U. después R. y después I. en todo el período del 2001 al 2003"; y, interrogado sobre las tareas que realizaba expresó "Yo lo veía a él haciendo tareas de mantenimiento y cuidado como casero, como sereno, hacía tareas en general en realidad..."(sic)(fs. 169 y vta.). Pues, los dichos de este testigo que he transcripto en las porciones más relevantes, a mi juicio, se encuentran plagados de impresiones, pareceres, impresiones y vaguedades conceptuales que permiten ponderar que no se condicen necesariamente con la realidad acontecida y que, por lo tanto, impiden otorgarle mayor fuerza convictiva.------- --- Y digo de tal manera, habida cuenta que, por caso, nunca precisó a cual de los Sres. R. refería en sus respuestas cuando dijo "este chico trabajó con el nuevo dueño R. "(sic). Téngase presente que solo uno de los co-demandados Sres. R. fue titular registral y que el otro no tuvo ni siquiera con el inmueble vínculo jurídico alguno puesto que N. J. . no fue titular de dominio del mismo sino D. G. R., y por un período de tiempo acotado solo a algunos pocos meses (víde: informe de dominio de fs. 163 y vta.).- Tampoco fue explicito y claro respecto al período durante el cual fuera preguntado sobre donde trabajó C. refiriendo "...él estaba ahí primero con U. ..." (sic)(lo destacado en negrita me pertenece). Preciso que lo resaltado por mí responde a la porción valorativa de lo que, entiendo, cabe interpretar de lo realmente visto por este testigo, cual es la circunstancia de que efectivamente C. "estaba" -vivía- en dicho inmueble lo cual se encuentra lejos de calificar a tal circunstancia como un vínculo de naturaleza laboral, restando todo posible valor probatorio a las inferencias subjetivas que trasuntan las demás afirmaciones que contiene las manifestaciones vertidas por este testimonio (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la ley 69).-- Asimismo, el testigo J. O. T (fs. 170 y vta.) quien expresó: "...A C. lo conozco de vista, sé que trabajaba ahí porque trabajaba para R., trabajaba ahí donde era I., Parque Industrial Liviano donde ahora está C. C. ...", preguntado sobre donde trabajó Cerda entre el 2 de mayo de 2001 y el 28 de mayo de 2003, respondió "Trabajaba ahí como sereno de R., yo tengo entendido que ya lo había vendido U. , que era el dueño de I. y ya había pasado a manos de R. ", en relación al interrogante consistente en qué tareas realizaba C. en el inmueble dijo: " Era sereno, cuidador y tengo entendido y tengo que el trabajaba para R. en la construcción también pero fuera de ahí"; empero cuando se le requirió que describiera físicamente a los Sres. R., expresó que no podía porque no los conocía no pudiendo explicarse, a mi entender, suficientemente sobre la razón de sus dichos. De la valoración global de este testimonio considero que no emana del mismo certeza alguna sino más bien un conjunto de inferencias que efectúa el declarante a partir de datos sueltos que no permiten atribuirle a sus conclusiones el carácter de representación de lo captado directamente por sus sentido por el como medio de prueba (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la ley 69).

La prueba testimonial resulta importante para elucidar esta naturaleza de cuestiones, no obstante puede ser fuente de numerosos errores judiciales si no se la aprecia críticamente. Usualmente este medio de prueba -testimonio- se completa mediante otras circunstancias que sirven como indicios que permiten corroborar sus dichos, o bien, lo testimoniado permite interpretar a los indicios. En ambos supuestos estos medios de prueba se complementan. Pues en todos los testimonios valorados precedentemente se efectúan aserciones que luego no se encuentran acompañadas de presupuestos fácticos que le den apoyo, por caso afirmar que el fallecido C. trabajaba como sereno en el inmueble que fuera de propiedad de R. y luego o no conocer donde queda el inmueble o no conocer a el susodicho titular dominial al que refiere como empleador. Con claridad se ha dicho que generalmente hablamos de inferencia mediata pensando en un proposición intermedia entre la inicial y la final. Pero esto no impide que existan varias proposiciones intermedias, de modo que la una descanse en la otra y así sucesivamente. Ello sin mentar que lo que a veces nos parece un silogismo de primer grado es en realidad un largo polisilogismo del que por implicación hemos sobreentendido muchos escalones intermedios. Y en esta dirección, porque los testigos hayan coincidido en manifestar que C. "estaba", o bien que "vivía" explica , quizás, que hubieran sobreentendido que trabajaba ahí como fenómeno denominado de concatenación que disminuye fuertemente, como lo he dicho "supra", su valor de convicción (Conf. Gorphe, Francois, "Apreciación judicial de las pruebas", Ed. Temis, 3ra. reimp. de la 2da. ed., año 2004, págs. 288 y sgtes.; Conf. Muñoz Sabaté, Luis, en "Técnica probatoria, Ed. Temis, ed. año 1997, págs. 198 y sgtes.).------- -- No huelga destacar que resulta inaudibles las alegaciones consistentes en afirmar que al producirse la transferencia dominial del Sr. D. G. R. a nombre del Sr. R. O. G., éste último era socio mayoritario de la sociedad "I. S.R.L.", la que lo adquiere al mes de fallecer el Sr. C. el inmueble (vide: expresión de agravios -fs. 246-). Es que bastará con señalar que no fue éste un hecho que formara parte del marco fáctico de la litis encontrándose pues desorbitado de la materia que tuvo el juzgador de grado a su consideración y decisión, por lo que se encuentra vedada su atendibilidad por esta alzada en los términos previstos por el art. 271 del C.P.C.C..- Asimismo, tal como viene de exponerse, es totalmente erróneo asimilar al inmueble al establecimiento como lo sostiene el impugnante a efectos de propiciar la viabilidad de la pretensión deducida en este proceso con cita de los arts. 225/228 de la L.C.T..------- -- En síntesis, por todo lo razonado, concluiré en que corresponde confirmar el fallo apelado en todo lo que fue materia de agravios, con costas a la parte actora apelante vencida en esta instancia (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).- Los honorarios del Dr. I. C. P., letrado apoderado de la parte actora, por sus tareas de segunda instancia, apreciándolos por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en la suma de $ 4000, con más el I.V.A. pertinente (conf. arts. 6 y 14 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).-- Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.----- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- 1. Toca al suscripto dirimir la disidencia existente entre los vocales que me preceden en la votación a fin de formar la mayoría requerida para el Acuerdo (art. 271 del C.P.C.C. y arts. 8 y 9 de la ley 1130, modificados por los arts. 1 y 4 de la ley 4.550). Al respecto, llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 242, que fuera concedido a fs. 243, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 236/238 que rechazó la demanda laboral instaurada por N. F. L. contra I. S.R.L., N. J. R. y D. G. R. , con imposición de costas a la vencida.--- ------ El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 244/247, el traslado conferido a fs. 248 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.-- 2. El fallo en crisis desestimó la demanda al considerar que el Sr. N. J. R. nunca fue titular del inmueble en el que habría cumplido tareas de sereno J. R. C., en tanto que D. G. R. lo fue en fecha muy posterior a la del ingreso denunciado de la citada persona y a la época en que se desencadenaron los hechos ya había vendido el inmueble. A su vez, rechazó la acción respecto de I. S.R.L. toda vez que su calidad de propietaria lo fue desde el 14/07/03, esto es, en fecha posterior al fallecimiento de C..-- Sin perjuicio de ello, con carácter previo la sentencia de la anterior instancia señaló que la presunción emergente de la prestación de servicios, en los términos del art. 23 de la L.C.T. debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo. A partir de tal consideración precisó que la carga de la prueba de la relación de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción sino que, por el contrario, de la prueba depende que la misma entre a jugar, lo que le permitió advertir las imprecisiones que campean en la demanda ya que se denuncia como empleadores de la relación laboral que invoca a varias personas físicas y a una jurídica sin establecer entre ellas que el resultar propietarios del inmueble donde el hijo de la demandante hoy fallecido, habría cumplido taras de sereno.

En tales condiciones, cabe señalar que se alegó en demanda que "J. R. C., fallecido mientras cumplía sus tareas para los demandados, ingresó a laborar en relación de dependencia para los mismos el 02 de mayo del año 2001 desempeñando las tareas de sereno en el inmueble donde funcionaba una planta pesquera ubicada en la intersección de las calles Perú y Colombia entre las calles Costa Rica y Chile de la ciudad de Puerto Madryn.- Al inicio de la relación laboral los propietarios del inmueble donde prestaba las tareas de sereno el joven C. eran los codemandados N. y D. R. quienes posteriormente vendieron el mismo a la empresa demandada del mismo al momento del fallecimiento de C. " (acápite III, fs. 35).-- Frente a tales alegaciones debe precisarse que no se acreditó que en dicho inmueble funcionara una planta pesquera al momento que ingresara C. a ese lugar, pues su ubicación en el parque industrial no permite sin más identificar dicho predio con un establecimiento, entendido como una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones (art. 6 de la L.C.T.).- Es más, se admitió que a la muerte de C. estaba la planta "fuera de uso" (fs. 35 vta., 4to. renglón).-- Tocante a la manifestación vertida en el escrito de demanda en el sentido que la sociedad codemandada era la propietaria del inmueble a la fecha de la muerte de la citada persona, la misma no se compadece con las circunstancias comprobadas de la causa si se confronta la fecha del deceso (28/05/2003, copia del acta de defunción, fs. 9) y la de la compraventa (escritura del 14/07/03, informe dominial, fs. 163 vta.).--------- - A su vez, cabe señalar que si bien el art. 26 de la L.C.T. define como uno de los sujetos del contrato de trabajo al empleador ("persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador"), lo cierto es que dicha noción debe correlacionarse con la de "empresario" del art. 5° de la LCT (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 89) (el resaltado me pertenece).----------- De tal modo, el empresario es quien desempeña el carácter de empleador. Se trata de uno de los sujetos de la relación individual del trabajo. Es aquel hacia quien se halla subordinado el trabajador, aquel para quien presta su actividad; aquel, en fin, bajo quien se encuentra en relación dependiente, quien dirige y organiza el trabajo (Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", Editorial Universidad S.R.L., 1999, pág. 68). Como el contrato de trabajo se inserta habitualmente en el marco de una organización empresaria, las normas que lo rigen están fundamentalmente referidas a las tareas cumplidas dentro de una organización de tal tipo. En este sentido el artículo 21 de la L.C.T. . debe ser vinculado con los artículos 4°, 5°, 64 y 65 de la misma ley, en los que se contempla el trabajo prestado dentro de una empresa. De ahí que en el plexo normativo de la L.C.T., empleador es en principio sinónimo de empresario (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2da. edición actualizada, 2000, T. I, pág. 627).-------- Empresa es una organización de bienes y servicios para la producción de bienes o servicios con un fin económico (Halperín, "Curso de derecho comercial", Depalma, 4ta. ed. act., 2000, vol. I, pág. 90,). Es una organización apta para producir bienes materiales e inmateriales destinados al cambio con propósitos de obtener beneficios (conf. Fontanarrrosa, "Derecho Comercial Argentino. 1: Parte general", Zavalía, 4ta. edición, 2001, pág. 175). Es una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, están ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos (art. 5, 1er. párrafo, de la L.C.T.). Por eso, cuando el contrato de trabajo se inserta dentro de una organización empresaria ello es lo que permite diferenciar a esa relación de otras figuras que tienen características análogas.--- Es criterio de esta sala "B", c. 20.005, S.D. L. 01/2005. En ese marco, no se advierte que las tareas alegadas como cumplidas en una planta fuera de uso puedan quedar subsumidas en esa organización destinada a la explotación de una determinada actividad productiva, lo que excluye la existencia de una relación contractual comprendida en el ámbito del derecho laboral.----------- Por lo demás, y aun cuando se obviara tal circunstancia, se requiere para la existencia de la relación laboral que los actos realizados y servicios prestados lo sean en favor de la otra parte y bajo su dependencia.------- Desde esta perspectiva, negada la relación laboral no basta con demostrar la existencia de servicios, sino que debe acreditarse que los mismos se prestaron bajo relación de dependencia para que resulte aplicable la presunción prevista en el art. 23 de la L.C.T.----- - Es criterio de esta Cámara, entre otros pronunciamientos, sala A, c. 13.752, S.D.L. 117/98, c. 13.997, S.D.L. 151/98, c. 14.827, S.D.L. 37/99; sala "B", c. 13.299, S.D.L. 99/98, c. 16.592, S.D.L. 03/01, c. 18.042, S.D.L. 31/02, c. 21.618, S.D.L. 46/2006, c. 21.896, S.D.L. 10/2007.--- También es la postura sustentada por el Superior Tribunal de Justicia, por cuanto "la presunción emergente de la prestación de servicios, en los términos del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo" (JUBA Chubut, S.T.J., sumario 03084, 29/11/94, causa N° 197/94). Por ello, no cualquier prestación de servicios permite la operatividad de la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T. y como consecuencia es carga del actor acreditar los servicios bajo dependencia.-- Así, "para configurar la relación de dependencia es esencial demostrar la existencia de subordinación" (S.T.J., fallo citado, causa 197, 29/11/94).-- Es que, el art. 23 de la L.C.T. no comprende toda prestación de servicios sino aquellos que encuadran en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22 de la L.C.T.), en concordancia con la noción de los sujetos que los abarca (trabajador y empleador, arts. 25 y 26).----- Efectuadas tales precisiones, los codemandados R. negaron que C. ingresara a trabajar bajo su relación de dependencia y que se desempeñara como sereno (D. G. R., negativas 1 y 2, fs. 50 y vta.; N. J. R., negativas 1 y 2, fs. 61 y vta.), en tanto que el restante codemandado negó que al momento de su fallecimiento cumpliera tareas para la empresa y que ingresara a laborar para la misma desempeñando tareas como sereno (I.S.A., negativas de fs. 67 vta.).---------- En consecuencia, si los codemandados negaron la existencia de la relación de empleo corría a cargo de la parte actora acreditar la prestación de servicios en relación de dependencia a favor de los mismos. Se trata de probar los hechos afirmados en demanda que fueron negados por su contraria (art. 377 del C.P.C.C.). Criterio de esta sala "B" expuesto en reiterados fallos, entre otros, c. 20.272, S.D.L. 22/2005, y más recientemente en c. 22.318, S.D.L. 58/07, y c. 22.512, S.D.L. 15/2008.----- Involucra la carga de la prueba del hecho aducido, que al ser negado resultó controvertido, a mérito de lo prescripto por el art. 377 del C.P.C.C. (conf. CNTrab., sala III, diciembre 15-1978, "N. de S. c/W. Arg. S.A.", TySS. 1979-253; esta Cámara, ya en su composición de sala única, en autos "R., J. E.c/ D. G. S.R.L. s/laboral", S.D.L. 104/96, entre otros fallos).- Esto es, era carga de la accionante demostrar la prestación de servicios de C. y también que las tareas alegadas lo fueron en relación de dependencia.-- En este último aspecto, es de la esencia de la relación laboral que los actos realizados y servicios prestados lo sean en favor de la otra parte y bajo su dependencia (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 12.450, S.D.L. 93/97; c. 11.817, S.D.L. 104/96 y c. 12.092, S.D.L. 110/96). Por eso, para que exista dependencia laboral debe comprobarse que una persona que necesita utilizar su capacidad de trabajo para participar en el sistema general productor de bienes y servicios realiza esa participación a través de una organización empresaria total o preponderantemente ajena (conf. CNTrab., sala IV, 20/12/1976, "V. , G. A. c. P. -F. S.R.L." DT. 1977-278). Y la doctrina tradicionalmente ha distinguido tres aspectos de la relación de dependencia con características particulares: la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica, que concurren habitualmente en todo contrato de trabajo. Y respecto de la dependencia jurídica, el empresario, propietario del capital, tienen por esta razón la facultad de organizar el trabajo y de dar órdenes a sus trabajadores, ejerciendo el poder de dirección (conf. Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 5.6.4., págs. 643/644).--- Y entre sus notas características, se ha señalado que el trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador (arts. 65 y 66, LCT) en cualquier momento y con relación a las modalidades de ejecución del trabajo debiendo cumplir las órdenes o instrucciones que se le impartan (art. 86, LCT), careciendo de autonomía al respecto (Etala, ob. cit., pág. 71).-------- --- Y la nota de subordinación jurídica necesaria para configurar la relación de dependencia jurídico-personal del trabajador frente al empleador se forma por dos elementos, a saber: la dirección y la fiscalización (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, par. 242, pág. 118).------ En ese contexto, la prueba testimonial rendida en la causa permite tener por acreditado que C. habitaba en el inmueble pero no que cumpliera tareas de sereno bajo la subordinación técnica, económica, y jurídica de los codemandados.-- Así, si bien H. lo vio trabajar en "Marcos A. Zar y Estivariz ahí en los departamentos" "con D. R. y el hermano" cumpliendo "tareas de "limpieza de terreno y ayudante de albañil", en cuanto a la prestación de tareas en otro lugar expresó que "No, yo lo vi vivir ahí en el Parque Industrial Pesado", ". yo sabía que vivía ahí ." (respuesta por las generales de la ley, 1a., 2a., 4a. y 5a. pregunta, fs. 167 y vta.) (el subrayado me pertenece).------ En lo que hace a la declaración de C. M. cabe señalar que no resultan convincentes sus dichos lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69) no sólo por no precisar a cual de los R. aludía, sino también por cuanto al aludir a que conocía a C. desde el 2001 "en la planta" que era de R. hizo mención al trabajo cumplido para la "empresa hasta el 2003" (respuesta por las generales de la ley y 1a. pregunta, fs. 169 y vta.), cuando tales manifestaciones se contraponen con las realizadas por H. que diferenció en el lapso que va desde el 2001 hasta el 2003 entre las tareas cumplidas en la construcción de departamentos y su situación de vivir en un predio ubicado en el parque industrial.---------- Y el testigo T. a la pregunta formulada acerca de donde trabajó entre el 02/05/2001 al 28/05/2003 manifestó que "trabaja ahí" "en el Parque Liviano", "Era "sereno, cuidador" y que esas tareas de "sereno y cuidador" las cumplía "los siete días de la semana", a pesar de haber señalado previamente que "trabajaba para R. en la construcción también pero fuera de ahí" y además sin individualizar a los Sres. R. ya que no los conocía (respuesta a la 2a., 3a., y 4a. pregunta y 1a. repregunta, fs. 170 y vta.). En tales condiciones, su relato resulta inverosímil si se considera que por un lado aludió a que trabajaba los siete días de la semana como sereno y cuidador en los galpones ubicados en el parque industrial y al mismo tiempo lo hacía en la construcción en otro lugar.--- Y es requisito para la eficacia probatoria del testimonio que no aparezca imposible ni improbable la ocurrencia del hecho en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo expone (conf. Devis Echandía, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, T. II, pág. 43).----- Así, se ha descalificado el testimonio cuando el mismo resulta inverosímil por estar en contra de lo que indican las máximas de la experiencia universal (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 322).- A su vez, el testigo C. no supo donde trabajaba C. entre mayo de 2001 y mayo de 2003, pues su conocimiento lo fue por referencias ("No se. Un día lo encontré al pibe este que estaba en una pesquera chiquita, le pregunté que estaba haciendo y me dijo que trabajaba ahí", respuesta a la 2a. pregunta, fs. 210), por lo que se trata de un testigo "de oídas" o de referencia.------- A ese respecto, la declaración de un testigo de referencia carece de eficacia porque la relación de sujeto conocedor a objeto conocido no es directa (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 439). No se trató de un conocimiento adquirido directamente ya que los hechos relatados no cayeron bajo el dominio de sus sentidos.------ Así, los denominados testigos de referencia son aquellos que no han apreciado el hecho a que se refiere la causa, sino que la versión que indican proviene de la referencia que han hecho otras personas (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, par. 426.9.9., pág. 299).-- Finalmente, sobre la presencia de Cerda en el inmueble ubicado en el Parque Industrial Pesado nada aportan las declaraciones prestadas por P., D. G., A., L., y G. (fs. 172/vta., 173/vta., 174/vta., 175/vta., y 176/vta., respectivamente) pues ni siquiera lo conocían.-- En consecuencia, desde que corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del C.P.C.C.), a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Víctor P. de Zavalía Editor, 5a. edición, 1970, T. II, pág. 273), apreció que las declaraciones brindadas por los testigos C. M. y T. en atención a las deficiencias antes apuntadas carecen de fuerza de convicción para tener por acreditada la prestación de servicios alegadas en demanda a favor de los codemandados R., la prestada por C. carece de eficacia por tratarse de un testigo de referencia, en tanto que los dichos de H. sólo permiten demostrar que C. vivía en el inmueble sito en el parque industrial pero no que trabajaba en el mismo como sereno. En ese contexto, cuando se trata de probar un hecho sólo por prueba de testigos, las declaraciones tienen que ser categóricas, amplias, sinceras, con razón de sus dichos y convincentes a tal punto que no deje duda alguna en el ánimo del juez (Falcón, obra y tomo citado, par. 456.9.7., pág. 364; en igual sentido, Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, par. 6, pág. 446).-- Por ello, desde que la deficiencia probatoria habida recae en cabeza de la actora a cuyo cargo se encontraba acreditar los hechos alegados que, al ser negados, resultaron controvertidos (art. 377 del C.P.C.C.), corresponde desestimar los agravios vertidos en cuanto a que se encuentra acreditada la relación de dependencia.----- ---- Finalmente, la restante alegación vertida acerca de la inscripción del inmueble a favor de G. y calidad de socio mayoritario resulta inaudible pues no se trató de cuestión propuesta en demanda, por lo que la prohibición impuesta por el art. 271 del C.P.C.C. impide ingresar a su consideración.----------- Por lo demás, la falta de alegación a ese respecto impide considerar la prueba rendida desde que no puede producirse prueba de hechos no alegados.- El objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales. Hay una identificación normal, de principio, entre objeto de la prueba y objeto de la alegación. Respecto de los datos de hecho rige el principio general que acaba de ser expuesto. La necesidad de su prueba es la regla (Guasp, "Derecho Procesal Civil", Tomo Primero, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, par. 23. 5. págs. 328 y 329, respectivamente). En cuanto a la acreditación del hecho no alegado, es de precisar que son los mismos datos fácticos alegados los que deben comprobarse (Guasp, obra y tomo citado, pág. 328, n° 5). Así, no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos (art. 364 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69). Vale decir que los hechos llamados a establecerse en objeto de la prueba deben haber sido introducidos por las partes en el proceso, a través de sus escritos constitutivos de demanda, reconvención, excepciones y sus contestaciones, y excepcionalmente, al alegarse hechos nuevos en primera y segunda instancia, pues para el ordenamiento procesal que nos rige el hecho no afirmado no existe (Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot, 1996, par. 2.a) I., pág. 40) (el subrayado me pertenece).---------- - 3. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan las tareas desplegadas en esta instancia, entiendo que resulta prudentes los honorarios que propone regular el Dr. Lucero a favor del Dr. I. C. P., letrado apoderado de la accionante, en la suma de $4.000.- (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.---- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:---------- Tal como he votado la primera cuestión entiendo que corresponde por tanto: I) REVOCAR parcialmente el fallo apelado, a fin de hacer lugar parcialmente a la demanda laboral de cobro de pesos promovida por N. F. L. contra D. G. R., confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.- II.) En consecuencia de lo anterior condeno al demandado D. G. R. a que en el plazo de diez días de consentida la presente, abone a N. F. L. la suma de pesos ciento veintiun mil novecientos veintisiete ($ 121.927), con más la que surja de la liquidación a practicar en la etapa de ejecución de sentencia de acuerdo a las pautas establecidas en el considerando II, pto. 4, párrafo 8vo.; en todos los casos con más los intereses a la tasa activa que percibe el Banco d. C. S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento, desde que cada suma fuera debida hasta la del efectivo pago. III.- Adecuar la imposición de costas de la instancia anterior, cargándolas en un 20% a la actora y en un 80% al demandado vencido, manteniendo la imposición a la actora respecto de las generadas por la intervención de los codemandados N. J. R. e I. S.R.L. (conf. arts. 68 y 71 del CPCC). Determinar por adecuación, los honorarios de la primera instancia de la siguiente manera: al Dr. I. C. P. en un 19,6%, y al Dr. S. A. en un 14%, en ambos casos del total de condena, manteniendo la regulación efectuada al Dr. A. como letrado de N. J. R. y a la Dra. D. I. V. como letrada de I. S.R.L.; con más el IVA correspondiente.- IV.- Las costas en la Alzada se imponen en un 20% a la actora y en un 80% al codemandado vencido (art. 71 del CPCC), regulando los honorarios de esta sede al Dr. C. P. en un 30% de lo establecido para la instancia anterior, con adición del I.V.A. correspondiente.------- Así lo voto.-------------- -------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:---- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de alzada a la parte actora recurrente. 3) REGULAR los honorarios del Dr. I. C. P., por sus tareas en esta segunda instancia, en la suma de $ 4.000, con más el I.V.A. pertinente.---------- ASI LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado por mayoría con la anterior votación.-- Así lo voto.------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar:-------- S E N T E N C I A: -------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, por mayoría, RESUELVE:--------- CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios.--------- IMPONER las costas de alzada a la parte actora recurrente.---------- REGULAR los honorarios del Dr. I. C. P., por sus tareas en esta segunda instancia, en la suma de $ 4.000, con más el I.V.A. pertinente.--------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO - ALDO LUIS DE CUNTO (EN DISIDENCIA) REGISTRADA BAJO EL N° 18 DE 2008 - SDL.- CONSTE.

CECILIA INES CORNEO - SECRETARIA DE CAMARA