marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra, Antonio Ramón c/ Municipalidad de Cerro Azul - Misiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Si bien la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones es un tema ajeno a la instancia extraordinaria, la Corte debe intervenir cuando las elaboraciones del a quo llevan a un pronunciamiento ultra petita que lesiona la garantía de defensa en juicio. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: V., J.R. c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-10

"En la acción de plena jurisdicción se pide no sólo la anulación del acto, sino también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las cosas a su respectivo estado, o bien el resarcimiento de los daños sufridos. Por lo tanto, esta acción procede cuando se alega agravio a un derecho subjetivo, exige la lesión del mismo y el Juez tiene jurisdicción plena, de ahí su nombre".
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03


Buenos Aires, 3 de agosto de 2010 Considerando:

Que los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en los precedentes "Nieto", "Villarreal" y "Cuello" (Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379 y 330:3483) y en las causas O.166.XLIII. "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII. "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008, cuyas consideraciones se dan por reproducidas.

La jueza Argibay se remite a su disidencia en la causa "Villarreal" (Fallos: 331:379).

Por ello, por mayoría y resultando inoficioso que dictamine el señor Procurador General, con el alcance indicado, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la decisión apelada. En consecuencia, se admite que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (conf. art. 16, segunda parte, ley 48). Con costas. Notifíquese y devuélvase. Ricardo Luis Lorenzetti.- Elena I. Highton de Nolasco.- Juan Carlos Maqueda.- E. Raúl Zaffaroni.- Carmen M. Argibay.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: Constante, Edgardo A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Es improcedente la denuncia de violación del art. 255 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 ysus modif.-, afirmándose que el a quo se habría apartado de modo arbitrario y absurdo de las conclusiones de la pericia accidentológica, si la pericia en análisis no sólo no hace alusión alguna a la "prioridad de paso" alegada por el recurrente sino que determina como causa del accidente la "actitud del automovil" conducido por el procesado que cruzó la intersección "encontrándose la motocicleta muy próxima" y establece que "el automóvil no se detuvo antes de iniciar el cruce".
Incendio, delito de peligro
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS HUGO ALBERTO s/ INCENDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-05-16

El incendio es punible cuando tiene potencialidad expansiva; en esa expansibilidad reside el peligro. La quema de rastrojos en una chacra es un incendio si el rastrojo se pone fuego en condiciones que permitan su comunicabilidad al monte o la chacra vecina. Basta el peligro común para las personas o los bienes, esto es el peligro de que el fuego se difunda alcanzando personas o bienes indeterminados, ya sean personas o bienes de toda la colectividad o personas o bienes circundantes en general.-
Empleo público, licencia por enfermedad, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, diferencias salariales, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vucinovich, Vicente Carlos c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

La reclamación de las diferencias salariales no percibidas con motivo de la licencia declarada nula debería, eventualmente, ser planteada por la vía de reclamo de los daños y perjuicios, que se entiendan causados por la falta de percepción de los salarios percibidos bajo el período de dicha licencia médica impugnada.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Abaca, Eva Margarita por sí y por sus hijos menores María Eugenia, Jorge Sebastián, Juan Pablo y Juan Manuel c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó la demanda por indemnización de un accidente de trabajo.
Derecho laboral, trabajador, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Sulfacid S.A. c/ Capodaqua, Alberto y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Medida   cautelar y exclusión de tutela sindical (Expte. CSJ Nº 671- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-07

En doctrina y jurisprudencia no se ha acordado con precisión cuál es la naturaleza y alcance de la acción que la ley 23551 autoriza para pedir la exclusión de la garantía sindical. Estudia Bof cuales son las posiciones al respecto: a) la acción de exclusión de tutela es de naturaleza cautelar; b) es una acción autónoma y de conocimiento que analiza la cuestión de fondo pero con un debate limitado a establecer si la conducta del empleador no lesiona la libertad sindical tutelada; y c) acción autónoma y de conocimiento, mas incluyendo en el debate tanto la cuestión sindical como la contractual, referida -esta última- a las medidas a aplicar por el empleador. Tras formular una razonada crítica a las dos primeras corrientes de opinión -las que, vale aclarar, se sustentan en la aparente mayor protección que acarrean para el trabajador- se enrola decididamente en la tercera, destacando la necesidad de que en la demanda el actor especifique con claridad y precisión la medida que dispondrá; y pone énfasis en que "...la protección gremial...cede ante la justa causa y -de allí- que es preciso que la cuestión contractual y sindical sean tratadas simultáneamente antes de levantar la tutela...". Aclara, por lo demás, que el "carácter preventivo" del proceso de exclusión de tutela no implica una acción previa o cuestión prejudicial, sino que "...significa contar con un sistema que evite o impida la ejecución de actos u omisiones que importen un desconocimiento o ataque a la libertad sindical, previniendo de este modo que el empleador pudiera disponer medidas contractuales que estén encubriendo comportamientos antisindicales...".
Ejecuciones especiales, derecho a la salud, libertad condicional, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Lucero, Jorge Amado c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-23

Corresponde señalar que el imputado Jorge Lucero es portador del virus del VIH. Esta condición lo incorpora dentro de los grupos de riesgo que especificaron tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Salud de la Nación. Si bien esta sola circunstancia, por sus características en este caso concreto, no decide la cuestión; una vez sumada a los criterios asumidos en las Acordadas de esta cámara, exige un celo particular a la hora de ponderar los intereses en juego. En esa línea, a pesar que Lucero no se encuentre incorporado al listado de pacientes de riesgo elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, cabe evaluar dos aspectos significativos dentro de este inusual contexto. Por un lado, la relativa proximidad del plazo para acceder a la libertad condicional, que resulta una referencia a tener en cuenta, según se recomendó en la última Acordada de esta Casación Federal (cfr. punto 2, d) Acordada 9/2020 C.F.C.P.). Y, por otro lado, de manera particular, la opinión favorable del representante del Ministerio Público Fiscal que, a mi entender, define el balance de intereses en juego dentro de este caso (voto del Dr. Yacobucci). El voto concurrente sostuvo que la posición adoptada por el Ministerio Público Fiscal ante el tribunal oral en relación a la factibilidad de morigerar la prisión preventiva a través de la detención domiciliaria -a cubierto de la exigencia de fundamentación, más allá de su acierto o no- sella la suerte favorable de la solicitud al limitar la jurisdicción del a quo para adoptar una solución más gravosa (voto del Dr. Slokar). El tercer voto refirió que el fiscal se expidió dentro de los límites y alcances de su actividad requirente, haciéndolo en favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria a Lucero por el tiempo que dure la situación excepcional sanitaria imperante a nivel nacional. En consecuencia, y por fuera de cualquier otro examen jurisdiccional, entiendo que los argumentos que determinaron al representante del Ministerio Público Fiscal a pronunciarse como quedó expuesto, superan el test de razonabilidad y legalidad propio de esta instancia. Dres. Yacobucci, Slokar -voto concurrente- y Mahíques -por su voto-.
Regulación de honorarios, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa Arditi Enrique A. c/ Catalina Licanic y otros s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A001 - 351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-07-05

Corresponde la aplicación del art. 12 de la ley de Aranceles en caso de allanamiento del actor una vez planteadas las excepciones.-
Prueba pericial, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Schnablegger, Armín y otro c/ S.A.M.E.E.P. (Servicio de Agua y Mantenimiento. Empresa del Estado Provincial) s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-14

No procede el recurso de apelación interpuesto, ya que de ningún modo puede aceptarse que por el procedimiento del recurso de apelación, se pretenden hacer valer hechos o derechos que debieron ser ejercidos en la estación procesal oportuna. En efecto, si el apelante consintió la pericial contable (pte. de pericia f.), que de acuerdo a los términos de la litis y en especial a la forma en que fuera incoada la demanda, podría haber constituido el único elemento probatorio a los fines de su pretensión, debió precisamente, al ponerse a observación de partes expresar claramente su disconformidad y plantear las omisiones en que habría incurrido el perito, si así lo consideraba. La impugnación con la pericial debe alegarse en la instancia de origen.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, certificado de depósito a plazo fijo, certificado de deuda líquida y exigible
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORTINO,  GUSTAVO  FAVIO c/ BANCO SUPERVILLE SOCIETE GENERALE SAS/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-01

Procede sustentar una ejecución con base en un certificado de deposito a plazo fijo nominativo, toda vez que tal documento posee vocación de titulo ejecutivo -continente de un reconocimiento autosuficiente de deuda liquida y exigible-, conforme se desprende de la Ley 20663 art. 4
Retención indebida, sociedad anónima, acciones societarias
Materia: PENAL
Carátula: JURADO, JORGE E. s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-27

Comete el delito de defraudación por retención indebida el socio de una sociedad anónima que no pone a disposición de una socia las acciones correspondientes, pese a haber admitido que se encuentran en la sede de la sociedad.
Derecho contravencional, responsabilidad contravencional, responsabilidad de las personas jurídicas, teoría del delito, nulidad procesal, juicio abreviado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CASINO PUERTO MADERO (responsable) s/ Infr. Art. 60 Ley 1472. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

En el caso, se le endilga "prima facie" a una persona jurídica de ser autora responsable de las contravenciones contempladas en los artículos 60 y 61 del Código Contravencional, que prohíben suministrar alcohol a personas menores de edad y tolerar o admitir la presencia de personas menores en lugares no autorizados, tipos estos que según dicha normativa admiten "...culpa...".

Según el Ministerio Público Fiscal la persona de existencia ideal responsable del Buque que funciona como Casino, a través de su prepresentante legal, admitió que una menor de 16 años ingresara al buque y permitió que consumiera bebidas alcohólicas, reconociendo lisa y llanamente la existencia del hecho y aceptando la imputación realizada, y expresó su voluntad de someterse a la normativa prevista en el artículo 43 de Ley de Procedimiento Contravencional.

La voluntad final y real del legislador fue establecer la eventual responsabilidad de las personas jurídicas en las distintas contravenciones previstas en la ley 1472; ello es factible mediante la elaboración y/o adopción de una nueva dogmática; habiéndola innovado y desarrollado excepcionalmente el Dr. David Baigún, en la obra "La responsabilidad penal de las personas jurídicas"-año 2000- Ed. Depalma, a la cual adhiero y me remito, a los fines prácticos de ampliación argumental de la postura que sostengo.

De allí que en consonancia con la dogmática de mención, trasladándola al caso concreto se puede afirmar que el hecho investigado en autos responde a las variables de "acción, tipicidad, antijuricidad y responsabilidad" por parte de una persona jurídica.

En efecto, en cuanto al primer término, ha existido "acción" en el hecho investigado acción entendida como "institucional".

La tipicidad, se denomina en este nuevo campo dogmático para el caso concreto, el "Tipo de comisión con decisión institucional negligente".

En relación a la antijuridicidad permite descartar en autos la existencia de causales de justificación, como así también es claro que la acción institucional achacada se contrapone a la normativa vigente, puntualmente los artículos 60 y 61 de la Ley Nro. 1.472.

Por último "...la categoría tradicional de la culpabilidad pierde sentido en el nuevo sistema...la responsabilidad apunta al acto del apartamiento o desvío de las exigencias establecidas por él".

Ello así, es que no resulta nula el acta de juicio abreviado (art. 43 L.P.C.) celebrada con una persona juridica.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, valor de la mercadería, dictamen pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Furbia  S.A. c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. Bq. "Río Gualeguay" s/ cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-26

El valor en plaza del faltante de las mercaderías ha sido determinado por la pericia de tasación que no mereció observación de parte de la recurrente y del cual no cabe apartarse. Es decir que la demanda debe prosperar por la suma ya fijada por el perito debiendo detraerse la suma percibida por la actora de su aseguradora para la fecha de arribo del buque y sin perjuicio del posterior reajuste de dicha suma hasta el efectivo pago, conforme a las pautas establecidas por esta Cámara en el Plenario "Agrocom".
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS REAL  S.R.L. c/ GAVA, HUGO ROBERTO s/ RECURSO    DE  INAPLICABILIDAD  DE  LEY  -  ADMISIBILIDAD  REQUISITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-04

La vía del recurso de inaplicabilidad de ley no resulta apta para analizar el acierto o desacierto del fallo impugnado, tal como se desprende de la mayor parte de los fundamentos expuestos en el memorial, cabiendo agregar que lo resuelto por la Sala II se funda en la apreciación de circunstancias particulares de la causa que la distinguen suficientemente del precedente citado, no existiendo, por consiguiente, la contradicción invocada.
Matrimonio, libertad de cultos, control de constitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La secularización que nuestra legislación ha tenido en materia matrimonial no es posible de tacha constitucional alguna fundada en la afectación a la libertad de conciencia y de religión (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Nombre comercial, sociedades comerciales, inscripción de sociedades, sociedad en formación, sociedad irregular, denominación social, homonimia, nombres similares, novedad, principio de inconfundibilidad, cese de uso de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHEMICAL BANK c/ CHEMICAL ARGENTINA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

Demanda por cese de uso incoada por sociedad inscripta contra sociedad en formación durante el período intermedio entre la concertación del contrato y la constitución definitiva de la sociedad, mediante la inscripción registral existe una sociedad en formación en ese lapso los socios no deben apartarse de las reglas del contrato social. El sujeto de derecho originado por consentimiento de las partes no puede ser entendido como una sociedad irregular durante el llamado "iter constitutivo", ni como una sociedad regularmente constituida luego de practicada la inscripción registral. Por el contrario, la sociedad en formación es la misma que los socios acordaron registrar (conf. CNCOM., Sala C, Causa "López, Oscar c/Mariscal, Miguel" del 5.8.88). Ello así, le asiste derecho a cualquier sociedad inscripta a obtener la modificación de la denominación de otro ente, antes o después de concluidos los trámites de inscripción, cuando se dan supuestos de homonimia o paranimia, o sea cuando los nombres elegidos son iguales aun parcialmente afectándose el principio de la novedad e inconfundibilidad (conf. CNCom., Sala A, Causa "Medilab SRL. c/ Mediclar S.A. s/modificación denominación social", del 1.8.89).
Reincidencia, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: Villaseco Quiroga, Marcelo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido efectivamente al menos una parte de la condena anterior, cometiere un nuevo delito dentro de los términos previstos por el último párrafo del art. 50 CP, pues la reincidencia presupone que se haya ejecutado una porción de condena para que el sujeto haya experimentado la sensación de haber sufrido la pena privativa de libertad. El voto concurrente agregó que el juez de ejecución no goza de atribución alguna para decidir acerca del acierto o error de la condición de reincidencia decidida por el tribunal de mérito al dictar la sentencia. (Dres. Fégoli, Madueño, Rodríguez Basavilbaso -por su voto-).
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad, sentencia arbitraria, errónea apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Saldaña, Ricardo Roberto c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

Cabe revocar la sentencia que desestimó la rehabilitación de la jubilación por invalidez percibida por el actor y hacer lugar a la demanda, pues para determinar el 22,56% de minusvalía al tiempo de la extinción de la prestación, el informe del Cuerpo Médico Forense sólo hizo mérito del dictamen de la Comisión Médica 08, que no había reportado la existencia de tratamientos que pudieran justificar la mejoría en el estado de salud del titular o una evolución favorable del cuadro diagnosticado que autorizara un cambio tan sustancial en el porcentaje de incapacidad, máxime cuando en la causa existía otro dictamen posterior que también le había asignado al peticionario un 70% de invalidez.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Flores González, Ernesto; Blanco, Carlos s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Es insuficiente el agravio que se limita a denunciar la violación de determinada norma legal, pero no funda su planteo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F., R. L. c/  s/ robo calificado por uso de arma y abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

Respecto a la determinación de la pena, la Alzada explicó que el Tribunal de Juicio en tal labor se había valido de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal con respaldo en las circunstancias comprobadas de la causa, revisando el A quo cada uno de los criterios mensurativos empleados por los Sentenciantes y concluyendo que no surgía arbitrariedad u omisión alguna de pauta relevante de ponderación, encontrándose suficientemente fundada la justipreciación de la pena, frente a lo cual la recurrente prácticamente reitera los cuestionamientos esgrimidos por su parte en las instancias ordinarias, los que -como se expuso- tuvieron suficiente tratamiento y respuesta, no persuadiendo ésta que la solución arribada -más allá de que no le conforme- se aleje de las constancias comprobadas de la causa, o de las reglas de la sana crítica racional, no apareciendo prima facie el fallo impugnado disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida, máxime al repararse que algunas consideraciones realizadas por la presentante -en concreto, las vinculadas con la declaración de reincidencia- no encuentran correlato en la sentencia impugnada. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Recurso contencioso administrativo, costas, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CRISTINA, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE PLENA JURISDICCION - APREMIO  (CSJ EXPTE Nº 456-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-02

Conforme se desprende de la normativa del artículo 251 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable al recurso contencioso administrativo por el artículo 23, ley 4106) en los procesos de ejecución, el allanamiento -amén de ser oportuno (art 84, ley 4106)- requiere, para eximir de costas al obligado, ir acompañado del depósito de la cantidad reclamada. En el caso, no habiendo ocurrido tales eventos, la ejecutada deberá soportar las costas del proceso de ejecución.