Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-23


AUTOS N° 19.837 (61.261 - 5° CIVIL) "FUNES, Luis Esteban C/ Vega Lecich de Turcato - Daños y Perjuicios - Ordinario" L. DE S. T° 106, F° 16/28 En la ciudad de San Juan, a 23 días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 19.837 (61.261 - 5° CIVIL) caratulados "FUNES, LUIS ESTEBAN C/ VEGA LECICH DE TURCATO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO", dictada en fecha diez del mes de julio del año dos mil ocho, obrante a fs. 375-386, de estos autos originarios del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen a estudios estos autos promovidos por el Sr. Luis Esteban Funes por recurso que interpone a fs. 387 contra la sentencia del 10-07-08, que hace lugar parcialmente a su demanda y condena a la Dra. María Graciela Vega Lecich para que en diez días de ejecutoriada le abone, en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad profesional, la suma de $15.000 con intereses, ley 4119, desde el 06-05-03 hasta su efectivo pago, y por pérdida de chance la suma de $10.000 calculada a la fecha de la presente resolución; con costas. La demandada recurrió a fs. 389.

Cabe remitirse, por razones de economía, al relato del caso que hiciera el juez a-quo. Sin embargo diré, a modo de inicio de la presente, que el Sr. Funes promueve demanda por resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo le causara la Dra. Vega Lecich como consecuencia de la labor profesional desarrollada en los autos nº 7194, "Funes Luis E. C/ SES y otro - ordinario" tramitados ante el 6º Juzgado del Trabajo. En aquellos, expresó que trabajaba en S.E.S. SE y a resultas de la privatización de la empresa se dictó el decreto 097/95, ratificado luego por ley nº 6709, por lo cual procedió a su jubilación anticipada junto a casi 300 operarios, en el año 1996. En el año 1997 ex compañeros le avisan que la Dra. Graciela Vega Lecich iba a iniciar una serie de demandas contra SES, y participa de reuniones, y resuelve otorgarle poder a ese fin. El 19-12-97 la abogada deduce demanda laboral, en su representación, contra SES y Energía San Juan, mediante los autos ya citados. En esa presentación la Dra. Vega Lecich reclama el pago de: 12 sueldos de 1996, a razón de $1.733 por mes, que totaliza $20.802; el sueldo anual complementario sobre esos meses no pagados, $1.733,52; la bonificación anual por eficiencia, que sobre esos sueldos y la antigüedad que detentaba significaban $4.507,20; el pago del beneficio de ticket canasta, que a razón de $180 por mes, representa para el año 1996, $2.160; daños y perjuicios porque la decisión unilateral de anticipar su jubilación representó perder la chance de ser accionista de la empresa, a través de las acciones clase C de propiedad participada y que justiprecia en el monto de $12.000.

La Dra. Vega Lecich consintió Juzgado y no notifica la demanda; que amplía el 15-09-2000, elevando el monto a $77.335,70, y extiende el reclamo al paquete de acciones clase C, emergentes de la privatización de SES, la perdida del derecho de adquisición de los bonos de participación en las ganancias de la nueva empresa privatizada; y reclama el pago del art. 9 del C.C.T. nº 36/75. El 28-09-00, amplía la prueba. Recién entonces notifica la demanda.

El día 30-11-00 la codemandada S.E.S. S.E. peticiona la perención de instancia por no haber impulso procesal del expediente por un período superior al año y 46 días la que es declarada por resolución del 30-03-01 del Sr. Juez del 6º Juzgado Laboral, quien le aplica las costas del proceso; fallo que es confirmado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de fecha 28-08-01. Los apoderados del SES fijan base regulatoria, que es aprobada, en $127.545,03, regulándose a los Dres. Brussotti y Yanzi por su actuación en primera instancia $7.000, suma que fue apelada; pero cualquiera sea el resultado de esa apelación, habrá que sumar los honorarios de 2ª instancia más los que luego se le regulen a los abogados de Energía San Juan, por la contestación de demanda que efectuaron en juicio. Dijo haber perdido el juicio por la negligencia inexcusable de su letrada; ser una persona que tiene como único ingreso un haber jubilatorio, por lo que no ha podido ni podrá hacer frente a los honorarios de los abogados del SES y de Energía San Juan, circunstancia que ya ocasionó que se embargara su inmueble ubicado en Calle Rivadavia nº 1678 Este Barrio Kennedy. Afirma que realizó su reclamo laboral en calidad de ex trabajador de SES, al amparo de la Ley de Contrato de Trabajo que expresamente consagra la prescripción bianual para todo reclamo emergente a un contrato de trabajo. Que, como culminó su relación laboral con SES en 1996, todos los rubros que reclamó en la demanda tramitada ante el 6º Juzgado del Trabajo, están alcanzados hoy por la prescripción. Por el accionar irresponsable y negligente de la abogada María Graciela Vega Lecich ha perdido el derecho y la acción para volver a reclamar esos rubros en otro proceso. Los daños son, 1) la pérdida de chance de ganar el juicio, que debe ser ponderada de acuerdo al reclamo hecho en aquél; quizás no un monto igual al demandado, sino valorando las posibilidades de éxito, disminuyendo o incrementándolo según sean menores o mayores de restablecer la acción, tomando en consideración todas las circunstancias de la causa. Analizando la demanda laboral se concluye sobre la probabilidad de éxito. Otro daño consiste en la responsabilidad por las costas totales, intereses y honorarios profesionales de aquel juicio.

Los agravios de la actora: Lucen a fs. 397 y consisten en el monto de condena por pérdida de chances, $10.000 a la fecha de sentencia. Califica esa determinación de arbitraria porque el a-quo falla con abstracción de la normas jurídicas vigentes y aplicables a los rubros de carácter laboral, cuando el principio "iura novit curia" así lo obligaba.

Hace un detalle de los rubros reclamados en el fuero del Trabajo, que tendrían que haber conformado la chance. Se refiere a que el juez descalifica del pedido de las acciones clase C, en base a la pericia contable; y el reclamo por remuneración del art. 9 del CCT 36/75, porque las pruebas arrojan que ese rubro fue cobrado en bonos "CREFI".

Luego dice de los otros cuatro rubros que integraban el reclamo laboral, esto es sueldos año 96, más SAC, más BAE, más monto de ticket canasta, que sumados alcanza a $ 29.202.	Para cuantificar el valor de la chance el aquo estaba obligado a analizar la viabilidad de ellos, de naturaleza remunerativa y alimentaria, a la luz de normas jurídicas que le eran aplicables y el principio de inversión de carga probatoria (art. 55, ley 20.744; y 101, ley procesal del fuero) por lo que la única posibilidad que no prosperaran era que la demandada hubiese acompañado con la contestación los libros de sueldos y jornales; si se hubieran acompañado había que rechazarlos y si no se debieron admitir. Analizando la contestación de aquel expediente se observa que SES no adjuntó comprobante o libro alguno donde constase el pago de esos 4 rubros, por lo que la chance dejó de ser incierta para tener toda la posibilidad de éxito. La posibilidad que esos rubros prosperaran era más acotada que la de aquellos que dependen de otra prueba.

Estos eran exigibles al año 1.996, y la sentencia que declara perimida la instancia es del 28-08-01. Entonces, por ser prescriptibles a los dos años, es imposible la promoción de una nueva demanda, perdiendo la acción y el derecho. El error del a-quo es que no analizó la posible procedencia de esos rubros que en el año 1.996 era de $29.202, y a la fecha de sentencia representaba $ 100.000, con probabilidad casi absoluta de ser admitidos. Por ello le agravia que se haya cuantificado en solo $ 10.000 a la fecha de sentencia.

Dice que la decisión del juez no es justa ni equitativa, y nada tiene que ver con las reglas de la sana crítica; es desproporcionada. Pide se la revoque y acceda a fijar el monto en consonancia con la suma de $ 29.202.

Estos agravios son contestados a fs. 412.

Agravios de la demandada:

A fs. 402 dijo que el juez, sin el menor análisis, decidió condenarla, por un fundamento inexistente. Que el a-quo sostiene su responsabilidad, tanto por la pérdida de chance como por el pago de los honorarios devengados en aquel juicio, por la actuación y la caducidad decretada; pero la sentencia no hace mérito alguno de la probable procedencia del reclamo laboral, sino que dice que la caducidad misma produce daño, siendo que en su defensa dijo que su actuar no generó daño ya que aquel proceso no tenía otro destino que el rechazo total con costas, pero en virtud del ocultamiento de información por parte del actor y de la incompetencia de los jueces laborales para entender en el tema de propiedad participada que se reclamaba. Por ello, la producción de la caducidad no resulta válida para condenarla. Analizar los rubros pretendidos le permitiría determinar cuáles hubieran sido admitidos, y cómo hubiera sido una eventual condenación en costas. En consecuencia, conforme lo probado, se hubiera podido advertir que la totalidad de los rubros laborales serían rechazados. Los reclamó en virtud de instrucciones del actor. En cualquier circunstancia habría sido la actora quien debía pagar las costas.

Otro tanto hubiera ocurrido con el reclamo fundado por perder la chance de ser accionista porque este tema ha sido juzgado tanto por la justicia laboral como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de competencia comercial, por lo que la demanda por este rubro también habría sido rechazada, con lo que no advierte que el actor sufra perjuicios por la caducidad; más, que al tratarse de un tema comercial y con un término de prescripción decenal, conf. art. 847 del C.Com. podría promover un nuevo proceso en el fuero civil para reclamar el rubro incluido en la demanda laboral. Por ello, el actor tenía expedita y sin prescribir la acción.

Destaca que los honorarios de los abogados del SES se fijaron teniendo en cuenta la totalidad de los rubros reclamados por el actor, los que no correspondían, por lo que no puede hacerse cargo de esos honorarios.

Además, la regulación de honorarios no solo tuvo su origen en la caducidad sino que igualmente hubiera sido condenado en costas, porque iba a ser rechazada la demanda; siendo mayores por tratarse de un proceso completo y no de un incidente; a aquellas habría que agregar las que le hubieran correspondido a la demandada, como perdidosa, pero a cargo de su cliente, lo que hubiera sido más perjudicial.

Aquella demanda no hubiera prosperado, en parte, porque los rubros los había percibido, y estaría enriqueciéndose ilegalmente, lo que constituye un abuso que no debe ser premiado como resulta de la sentencia - y dicha situación había sido ocultada - (cuestión que reconoce el a-quo en su sentencia); y en parte porque la justicia laboral es incompetente para entender en el tema de propiedad participada. Todas estas circunstancias no han sido analizada por el juez. Por eso constituye un error condenarla porque el actor pierde la chance de iniciar un nuevo juicio por cuanto esto no tiene contenido. Lo que se resarce como daño en caso de caducidad es la pérdida de la chance que tenía de cobrar el crédito reclamado en el juicio caduco.

El hecho que hayan pasado dos años del nacimiento de la acción no necesariamente implica que estén prescriptas porque el demandado puede o no oponer la prescripción, y debe admitirse en sentencia. Si hubiera proseguido el juicio, tampoco podría haber iniciado otro, ya que si bien en el supuesto anterior podría haber opuesto la prescripción, en caso que hubiera terminado habría podido oponer la cosa juzgada.

Los agravios son contestados a fs. 409 y siguientes.	Tratamiento de los agravios:

En el caso de autos el juez encontró responsabilidad de la letrada Sra. María Graciela Vega Lecich por haber dejado caducar la acción que promoviera por su poderdante del Sr. Luis Esteban Funes en expediente nº 7194, caratulado: "Funes, Luis Esteban c/ Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E. SES. y otra - ordinario", del Sexto Juzgado del Trabajo. Para ello dijo que "...conforme lo actuado y sin que importe valoración alguna respecto de los fundamentos dados por las partes en el juicio laboral de marras, lo cierto es que el mismo culminó por perención de instancia, con lo cual genera responsabilidad en la demandada. En efecto, la responsabilidad del art. 512 del Código Civil, está referida a la responsabilidad civil, y una consecuencia de ella es la obligación de indemnizar en cuanto nos encontramos ante un juicio de responsabilidad..." ".... Queda perfectamente en claro, conforme lo expresado precedentemente, que la perención de instancia dictada en el expediente laboral ya citado, crea la responsabilidad civil de la Dra. Vega Lecich y por tanto debe resarcir los daños que tal actuar le ha causado al actor, ello sin perjuicio de que el actor en su oportunidad no le haya brindado la información necesaria, circunstancia que no encuentra relación causal con el impulso del proceso principal.

Y refiriéndose a uno de los rubros, pérdida de chance, dijo que "...está dada en la imposibilidad de iniciar un nuevo juicio por haber prescripto la acción". La Dra. Vega Lecich reclama en sede laboral un resarcimiento a Funes de los sueldos correspondientes al año 1996, S.A.C., Bonificación Anual por Eficiencia. Ticket Canasta y daños y perjuicios por la perdida de chance de ser accionista. La caducidad de la instancia ha quedado consentida y firme en fecha 28 de agosto de 2001. Con lo cual la prescripción de dos años para el reclamo se ha producido (art. 256 Ley Contrato de Trabajo). Es decir, se ha visto el actor Funes impedido de efectuar un nuevo reclamo, sin que importe su resultado, de allí que solo se merite la mera chance de realizar un nuevo juicio." "Por ello, la demandada debe resarcir el rubro indemnizatorio de la pérdida de la chance y en su cuantificación debe tenerse en cuenta y meritarse tanto lo expuesto por la demandada en cuanto a la ocultación de prueba por parte de Funes, como la prueba pericial contable realizada en autos a fs. 349/350, en su resultado. Con lo cual permite concluir al suscripto que eventualmente, de haber tenido la oportunidad el actor de iniciar un nuevo juicio, algunos de los rubros podría haber sido acogido. Pero como está en el ámbito de lo hipotético y se debe cuantificar la pérdida de la chance, debe estarse a la sana crítica judicial y en tal sentido considero justo y equitativo fijarla en la suma de $10.000 calculados a la fecha de la presente resolución.".

De las consideraciones del juez a-quo, transcriptas en el párrafo precedente, se puede concluir que la sola declaración de perención de instancia genera responsabilidad civil de la Dra. Vega Lecich, sin que trascienda el argumento de defensa referido a que el Sr. Funes actor no le haya brindado la información necesaria; y resta entidad de eximente a esta circunstancia porque no encuentra relación causal con la falta de impulso del proceso.

Esta conclusión, referida a la responsabilidad, no fue válidamente rebatidas con una crítica razonada, sino que la demandada centró su defensa en la ausencia de daños producidos por su actuación, del modo que lo alegara en su contestación de demanda al igual que al tiempo de expresar agravios, pero no en falta de responsabilidad.

Este posicionamiento, de la demandada frente a la sentencia, impone ocuparnos de determinar si existen daños generados por la inactividad de la abogada apoderada.

Al respecto dijo el juez que debe indemnizar al actor que se ve impedido "de efectuar un nuevo reclamo", "sin que importe su resultado, de allí que solo se merite la mera chance de realizar un nuevo juicio." Con lo cual determina el perjuicio que es "solo" la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso con idénticas pretensiones.

Y sobre la cuantía del resarcimiento, tiene en cuenta la ocultación de prueba, referida por la demandada, como así lo dictaminado en la prueba pericial, lo fija en $10.000; pero sin decir en que forma y medida inciden estos factores; y por sobre todo dejando de lado el eventual resultado, es decir la viabilidad de los rubros reclamados.

En este punto encuentro razonable la crítica de ambos litigantes; y comparto que el juez expresamente deja de lado una pauta que define, y por ende trasciende, tanto en lo referente a la existencia del daño, como en su determinación, y en la consecuente reparación. Actitud contraria a la jurisprudencia que cita en su fallo y dice, entre otros, que "... el juez actuante debe calibrar, medir, merituar, dentro de sus posibilidades, qué chances de éxito pudo haber tenido el demandante si la perención no se hubiera producido, o si la sentencia se hubiera apelado, o la prueba producida "en toto". Por lo tanto, el monto del resarcimiento variará, según hubiera sido la mayor o menor posibilidad de éxito del reclamante, o sea, la mayor o menor probabilidad de que la "chance" pudiere llegar a concretarse. (Sumario N°16496 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2005)". (Autos: Abalos Aliaga Rubén c/ I.N.Jj. y otro s/ daños y perjuicios - responsabilidad prof. abogados. magistrados: Moreno Hueyo, Molina Portela, Degiorgis. Citas contenidas en consideraciones de fs. 281 vta. y siguientes).

En el caso, el juez no se ocupa del éxito que pudo alcanzarse en la demanda caduca; y tampoco de la suerte que pueda tener la reclamación en un futuro proceso. Tal omisión no se satisface con decir "...lo cual permite concluir al suscripto que eventualmente, de haber tenido la oportunidad el actor de iniciar un nuevo juicio, algunos de los rubros podría haber sido acogido...".

Aunque con finalidades distintas, advierto que es común este agravio y debe admitirse, porque el juez aquo estaba obligado a analizar la viabilidad o procedencia de los rubros reclamados para de esa forma llegar a definir si hay daños que deba resarcir la demandada. Porque si no existe daño, nada tendrá que reparar. En el supuesto que se admita la existencia de un perjuicio habrá que determinarlo, y fijar cuál es el monto indemnizatorio.

Ante la omisión del juez a-quo paso a analizar las postulaciones del actor que se siente perjudicado, en primer lugar, por la pérdidas de chance de obtener fallo favorable en el juicio caduco, porque la "fundamentación seria de cada rubro...hacían prever una gran probabilidad de éxito al reclamo..." (así lo dice a fs. 23 vta.); en segundo lugar, la imposibilidad de iniciar otro juicio con igual contenido, por la prescripción de la acción y el derecho; finalmente por el importe de honorarios que debió pagar a los abogados que defendieron a S.E.S. S.E.en el juicio laboral.

Sobre la chance de obtener un resultado favorable en el proceso perimido adhiero al concepto que brinda Eduardo Zannoni, en "El daño en la responsabilidad civil" Ed. Astrea, pág. 74)", diciendo que "...la chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro que integra la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto conlleva daño, aun cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad, es la chance y no el beneficio esperado como tal..." (ob. cit. pág. 78). A lo que agrego, también siguiendo reiterada doctrina y jurisprudencia, que el perjuicio indemnizable en casos de responsabilidad profesional no está dado por la suma reclamada en el juicio cuya instancia caducó a raíz de la inactividad procesal del letrado, sino por la probabilidad mayor o menor de obtener éxito en dicho proceso.

En ese orden, observo que la demanda laboral contenía la pretensión de diversos rubros; y en cuanto a la probabilidad de éxito, el juez a-quo ha descalificado el que consistía en "la remuneración del art. 9 del CCT 36/75 y el de acciones clase C de propiedad participada". Sobre éstos hay una definición que no fue criticada por el actor; por ende concluyo que no hay ninguna posibilidad de procedencia.

Sin embargo insiste el actor en la expresión de agravio sobre la viabilidad del pago de 12 meses, más los accesorios, SAC y BAE, y ticket que hacen a aquella fecha la suma de $ 29.802, y que actualizados alcanzarían a $ 100.000 (asi lo dice a fs. 397 vta.).

Analizadas las probabilidades de procedencia de este último rubro resulta que eran muy escasas en tanto no se daban los supuestos de hecho que exige la normativa legal para la percepción de salarios por 12 meses, con sus accesorios, correspondientes al año 1.996.

Ello, porque a partir del 01 de enero del año 1.996 el Sr. Funes deja de pertenecer a la empresa Servicios Eléctricos Sanjuaninos; lo que resulta de la posición 21 del pliego de fs. 167, "..cese de servicios ocurrido el 31-12-95..."; circunstancia que se prueba con el acta - recibo - firmada por el Sr. Funes en la liquidación de la suma reintegrable decreto 0097/95; y renuncia que suscribe el día 16 de julio del año 1.997, cuando dice del cese "...a partir del 01 de Enero de 1.996, a los efectos de acogerme a los beneficios de la jubilación...".

Con lo cual no queda duda que hubo - allá en fecha 01-01-1.996 - desvinculación del dependiente, y el cese de la prestación del servicio, por lo cual mal podría seguir percibiendo "salarios", que conforme la misma norma corresponden en tanto se mantuviere la relación laboral y "hasta el retiro", o el cese de la prestación de trabajo.

Asi lo ha resuelto la Cámara de Apelaciones del fuero Laboral, Sala Primera, en fallo dictado en autos N° 6627 "Di Carlos Alberto c/ S.E.S. S.E. ", del 02-02-06, ante planteo similar, diciendo que " ...En el primer agravio la actora discrepa con la sentencia, en tanto el a-quo rechaza el reclamo de sueldos de junio a diciembre de 1.996, SAC, y Ticket Canasta. Con fundamento en el art. 9 inc. a) del C.C.T. 36/75, en el que conforme a ello, el trabajador conserva su puesto, debiendo abonársele el sueldo hasta que obtenga el beneficio de la jubilación, gozando durante ese tiempo de todos los beneficios de la relación laboral. Que con relación al argumento de la actora respecto a que durante el período en que el actor se encontraba percibiendo el haber jubilatorio anticipado que contemplaba el art. 9 inc. a) del C.C. antes citado, se mantenía la relación laboral y, por tanto, la misma se habría extendido hasta el 30-04-98, no cabe sino su rechazo, toda vez que la misma normativa establece expresamente que: "Los haberes jubilatorios anticipados por las Entidades serán reintegrados a la misma por las respectivas cajas de jubilaciones, las que lo harán descontando de los importes que le correspondieren a los respectivos beneficios de jubilaciones...". Por lo que no puede interpretarse que lo que percibía el actor en tales conceptos fueran "remuneraciones" siendo clara la expresión del C.C. al referirse a "haberes jubilatorios anticipados". A más de ello, tampoco el actor alega haber prestado servicio alguno a favor de la demandada durante ese período, único supuesto en que quizás podría haberse computado como antigüedad (conforme art. 18 de la L.C.T) y tener derecho a la remuneración correspondiente".

Si el Sr. Funes no tenía derecho a percibir salarios durante el año 1.996, por haber cesado en sus servicios y percibir haberes de jubilación anticipada, no es válido aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba para que sea la empleadora quien demuestre haberlos pagado, si nunca dijo haberlo hecho; en consecuencia ningún libro podría presentar a fin de acreditar lo que no alegó. Es que en la contestación de demanda (del expediente laboral) se defiende diciendo que no correspondía el pago; y que de admitirse la postura del actor estaría percibiendo durante el año 1.996 el haber jubilatorio, y además, el salario.

En cuanto a la posibilidad de iniciar otra demanda, con igual reclamo de rubros laborales generados - según el actor - en el año 1.996, considero que no se ha extinguido, como lo entiende el juez a-quo, y también el actor en su demanda.

Ello, porque aun cuando se considere que dichos conceptos están prescriptos, ésta es una defensa que puede o no utilizarla el deudor requerido judicialmente, por lo que es una eventualidad que no sella anticipadamente la posibilidad de promover un nuevo juicio; el art. 3.949 del Código Civil define la prescripción liberatoria como "...una excepción para repeler una acción...". Luego, que la prescripción, tiene que ser declarada, no es automática ni procede ipso iure. Finalmente, que aun declarada no extingue la obligación, sino la acción, por lo cual no cabe admitir el razonamiento del juez, ni la argumentación de la actora en este sentido.

En cuanto a la posibilidad de suscribir acciones clase "C" adhiriendo al programa de propiedad participada, el actor recurrente ha acatado la descalificación que hiciera el juez, según lo dice en el escrito de agravios, siguiendo el informe pericial de fecha 31-05-07, fs. 313-350; con lo cual no existía expectativa de viabilidad para este rubro; y la chance tampoco.

Diferente es la suerte con respecto al monto representativo de los honorarios que debió pagar el Sr. Funes a los abogados de su oponente en el proceso laboral, que fue de $ 15.000; resultado de la condenación en costas, y de la ejecución que en su contra promovieran los Dres. Yanzi y Brusotti, en el que arriban a un acuerdo por la suma mencionada.

Cuando la abogada Vega Lecich es demandada por este rubro, esgrime en su defensa dos argumentos; el primero que incluye en la demanda el rubro "compensación del art. 9 del CCT 36/75" pura y exclusivamente porque el Sr. Funes le ocultó que había percibido el crédito, por lo que las costas que genera por este concepto son a cargo de éste; otro, es que reclamara en el fuero laboral por la confusión que había en aquel momento en donde se promovían juicios en sede laboral, comercial y contencioso administrativa, por tratarse de un asunto nuevo, sin jurisprudencia o doctrina que definiera la competencia, pero a la fecha ya se ha declarado que es incompetente, lo que implica que igualmente el juicio se perdería y sería condenada en costas la actora.

El juez da escasa respuesta al primero de estos argumentos, cuando dijo que cabe resarcir los daños sin perjuicio que el actor en su oportunidad no le haya brindado la información necesaria porque "...no encuentra relación causal con el impulso del proceso principal"; y que debe resarcir por el pago de honorarios por $ 15.000 porque están acreditados.

En esta última expresión aparece el argumento central, cual es la independencia del hecho de un posible ocultamiento de información con la diligencia exigible al letrado que debe impulsar el proceso para evitar que ocurra la perención.

En esa dirección no hay agravio; la queja gira, y en demasía, en las escasas posibilidades de éxito de la reclamación en fuero laboral, pero deja de contestar, o marcar el error del a-quo en cuanto dijo que la perención genera responsabilidad del profesional por la inejecución del contrato a título de culpa; y en este caso puntual por dejar caducar la instancia.

A su vez, tampoco acredita que el Sr. Funes le hiciera un relato incorrecto de la realidad que era de interés para la promoción de la demanda laboral, ocultara información, retaceara pruebas, etc. hechos que alegó la demandada en su defensa y que por tanto debieron ser probados conforme lo requiere el art. 361 del C.P.C.

En cuanto a la eventual incompetencia del fuero laboral, que en hipótesis también conduciría al rechazo de la demanda, y con ello a igual imposición de costas, no resultan eximente de la responsabilidad por los honorarios pagados.

Así lo considero porque aun cuando se admitiera que la justicia laboral es incompetente para resolver sobre las acciones clase "C", y también que existieran dudas y confusión sobre cuál era el Tribunal competente, la elección no deja de ser responsabilidad de la abogada que asume la defensa técnica de los intereses de su mandante, y como tal está obligada a actuar con diligencia y pericia en función de la ciencia en la que está preparada.

Pero además, es de destacar que el proceso no concluye por incompetencia; no la declaró el juez, quien admite y da curso a la demanda laboral; la demandada S.E.S. E.E. no la opuso en la contestación de demanda de fs. 46.58.

A su vez, que las costas impuestas representan la retribución correspondientes a los profesionales abogados, por la labor cumplida, según el carácter en que actúan y la etapa del proceso. De donde, ante una eventual declaración de incompetencia no iba a influir en el trabajo que tuvieron que desempeñar los letrados de la empresa demandada con motivo de la acción que instaura el Sr. Funes.

En mérito a lo antes dicho voto:

I) Por el rechazo del recurso que interpone la actora. Con costas.

II) Hacer lugar parcialmente a la apelación de la demandada. Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la indemnización por pérdida de chance. Mantenerla en lo que respecta a la responsabilidad por las costas del proceso laboral. Costas de Alzada en un cincuenta por ciento a cada litigante en mérito al resultado al que se arriba.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. OCTAVIO A. SÁNCHEZ, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Por el rechazo del recurso que interpone la actora. Con costas. II) Hacer lugar parcialmente a la apelación de la demandada. Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la indemnización por pérdida de chance. Mantenerla en lo que respecta a la responsabilidad por las costas del proceso laboral. Costas de Alzada en un cincuenta por ciento a cada litigante en mérito al resultado al que se arriba.

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS Y OCTAVIO A. SÁNCHEZ, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Por el rechazo del recurso que interpone la actora. Con costas.

II) Hacer lugar parcialmente a la apelación de la demandada. Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la indemnización por pérdida de chance. Mantenerla en lo que respecta a la responsabilidad por las costas del proceso laboral. Costas de Alzada en un cincuenta por ciento a cada litigante en mérito al resultado al que se arriba.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.