marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, caducidad de instancia, impulso procesal, litisconsorcio facultativo, apertura a prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: HERNÁNDEZ ENZO MARIANO c/ CABRERA RICARDO SIMÓN Y OTRO  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-07-06

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación articulado por la compañía de seguros citada en garantía contra la sentencia que rechazó el incidente de caducidad de instancia deducido por su parte, por lo que se confirma íntegramente la misma, pues si bien entre el último acto procesal con idoneidad para impulsar el proceso -que fue la notificación del proveído de contestación de demanda- y la apertura a prueba operó el plazo de la caducidad de instancia establecido en el art. 203 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán, la misma no puede ser declarada atento a que los demandados purgaron la caducidad al haber consentido la apertura a prueba -con los alcances previstos en el art. 246 del mismo cuerpo legal-. Ello por cuanto al tratarse de un proceso con litisconsorcio facultativo pasivo y no haber objetado los demandados el acto impulsorio de pedido de apertura a prueba solicitado por la parte actora, han convalidado lo actuado por aquélla y el acuse de caducidad posterior de la codemandada no surte los efectos procesales requeridos.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, jurisprudencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Sabido es que no toda la competencia contencioso administrativa se encuentra reservada por imperio de la Constitución y de la ley a la Corte y a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo. Ejemplos sobrados de este aserto lo constituyen: 1) El recurso contencioso administrativo sumario (ley 10000), que tramita ante los jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial; 2) Los recursos contra los actos administrativos dictados por los tribunales de faltas municipales, que tramitan por ante los juzgados de primera instancia de distrito en lo penal de faltas, en última instancia (art. 99, ley 10160); 3) Las demandas por repetición de impuestos que, cuando se basan en la invalidez de la ley que los establece, se sustancian ante los jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial (art. 5, inc. j, Código Procesal Civil y Comercial); 4) Los recursos de amparo (ley 10456) -en que la mayoría de los supuestos versa sobre la legitimidad de acto u omisión de un ente público en ejercicio de funciones administrativas-, que tramitan normalmente ante los jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, o según el caso, ante los jueces de primera instancia de distrito en lo laboral.

La jurisprudencia de la Corte también ha agregado otros supuestos en los cuales, en materias contencioso administrativas, conocen y deciden jueces distintos: las demandas por accidentes de trabajo acaecidos en una relación de empleo público -hoy excluidos por ley 11330- y los reclamos de agentes públicos en los casos de indemnización por cesantía por incapacidad sin culpa (arts. 33, ley 8525; 23, inc. g), ley 9286; 31, ley 10023). (De la Disidencia del Dr. Falistocco)
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, empleados públicos, licencia por enfermedad, jubilaciones, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAHD, ELDA NELLY ALVAREZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA (CSJ EXPTE N. 122 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Queda demostrada "prima facie" la ruptura de la relación de causalidad que debería existir, entre la intimación para iniciar los trámites jubilatorios (y notificación de que se la eximía de prestar servicios) y el retiro de su tarjeta de registro de asistencia -en base a una orden verbal-, de una agente que se encontraba en uso de licencia médica durante la comunicación cuestionada e hizo conocer de inmediato, sin respuesta alguna, su convicción de que no se hallaba encuadrada en las situaciones reglamentadas; si la Administración sucesivamente aceptó su reintegro luego de finalizada la licencia por enfermedad; le concedió la licencia ordinaria y volvió a reintegrarla a sus tareas habituales por otros 22 días. Debe por ende hacerse lugar a la suspensión administrativa solicitada, hasta tanto la administración exprese debidamente su voluntad.
Subasta, impuestos, tasas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MAC S.R.L. c/ GOMEZ, JOSE R. s/ EJECUTIVO: REMATE - IMPUESTO - TASAS - PRIVILEGIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-28

Si bien el art. 914 del C. de P.C. dispone que deben reservarse los fondos para el pago de los acreedores de preferencia, tal reserva presupone que estos acreedores se hayan presentado promoviendo la correspondiente tercera, en la cual debe declararse la existencia del crédito y fijarse su rango para el pago. A falta de esa presentación nada hay que reservar, porque las simples liquidaciones del fisco no prueban la existencia del crédito ni autorizan al juez a ordenar el pago.
Accidente de tránsito, culpa concurrente, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gottig, Leandro Darío c/ Massimino, Jorge Alberto y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-24

En cuanto al grado de culpa que cada partícipe tiene en el siniestro, fue bien distribuida en partes iguales (50 por ciento a cada uno) porque casos como el presente no nos permiten precisar, con razonable exactitud, cuál de las dos conductas -la negligencia o imprudencia de ambas partes- ocasionó el suceso o contribuyó en mayor medida a provocarlo (Cfr. esta Sala en: "Solda de Kuhn c /Malaise y otra-Daños", 08-04-94).
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, despido por fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: SAAVEDRA BALEY, ANDINO c/ ICASA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-14

La expresión falta de trabajo, art. 247 LCT, sugiere que se trata de un supuesto de ineficacia funcional sobreviniente que afecta al elemento trabajo del contrato y por tanto resulta más razonable caracterizar la situación como imposibilidad de ejecución de la prestación laboral, ya que es el objeto, el elemento de la estructura de los contratos, susceptible de devenir imposible. Este razonamiento excluye del ámbito de la norma la mera dificultad de cumplimiento de la prestación remuneratoria, que nunca puede ser jurídicamente imposible y las decisiones de política empresarial motivadas por la frustración de las expectativas de obtención de un beneficio adecuado, ya que quebrantos o la baja rentabilidad de la explotación, constituyen riesgos propios del empresario que sólo éste debe asumir por necesidad estructural del contrato de trabajo, que no es asociativo, sino típicamente de cambio.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Melano, Arriel Carlos c/ AFIP (DGI) s/ amparo ley Nº 16.986 - RE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Si bien la acción prevista en la ley 16.986 no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, PRODE, falta de pago, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Paliza, Edgardo René c/ Ministerio de Salud y Acción social de la Nación y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que condenó a la Caja Popular de Ahorros de una provincia a indemnizar al actor, por no haber podido éste acceder al premio del concurso de pronósticos deportivos, si sus fundamentos satisfacen sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, responsabilidad extracontractual, sentencia condenatoria, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CASTILLO, Mario Jorge c/ EXPRESO CARAZA S.C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

La sola declaración de inculpabilidad en el juicio penal no constituye el obstáculo previsto en el art. 1103 para que se plantee en el juicio civil la responsabilidad extracontractual, puesto que es necesario que medie pronunciamiento sobre que el "hecho" no existió o que el acusado no fue su autor. Y el campo de aplicación de dicha norma es sumamente restringido.
Delitos contra el honor, audiencia de conciliación, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: LAVIA s/ CALUMNIAS  E  INJURIAS.  SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DECRETADO ANTES DE  LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  LUEGO DE LA FACULTAD INVESTIGADORA DEL  ART. 591  C.P.C.  SOBRESEIMIENTO  DEFINITIVO.  CALUMNIAS  E INJURIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26

en virtud de la facultad investigativa que el nuevo art. 591 C.P c. Otorga al juez, aunque circunscripta a los casos allí señalados, es dable inferir que luego de llevar a cabo tales diligencias, pero antes de la audiencia de conciliación, puede sobreseerse en la causa si a criterio del juzgador, los hechos llevados a su conocimiento no constituyen delito contra el honor; razón por la cual se confirma la resolución en cuanto sobresee definitivamente en la causa.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CIVIL
Carátula: LEZANA EDUARDO Y OTRO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-22

En un pronunciamiento sobre nulidad del sumario administrativo, al advertirse violada la garantía del debido proceso, se torna indiscutible la pretensión del amparista, ya que se trataría de una cuestión que no habría podido ser atendida en ningún otro procedimiento más efectivo que por la vía del amparo y, consecuentemente es en estos casos en los que los jueces están llamados a restablecer la irrazonabilidad que se patentiza en la administración, sin alterar por ello el armónico juego de las instituciones.
Competencia, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-27

La sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es por regla, una sentencia definitiva. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Pacto comisorio expreso, locación, resolución del contrato
Materia: PENAL
Carátula: Garcia María Josefa Clara c/ Universidad Autónoma de Entre Rios s/ ordinario cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-05-02

Existe consenso doctrinario al determinar los presupuestos de procedencia del ejercicio del pacto comisorio expreso. En tal sentido se señalan: a) la presencia de un incumplimiento jurídicamente relevante, b) estado de mora del incumplidor y la situación in bonis del otro contratante y c) que la voluntad resolutoria sea declarada y comunicada a la incumplidora en forma fehaciente (estimando que la cláusula no opera de pleno derecho).

Para el ejercicio de la facultad que autoriza el art. 1204 C.C. de resolver extrajudicialmente el contrato de locación si bien no se requiere la expresión de voluntad mediante el cumplimiento de fórmulas sacramentales, lo cierto es que debe ser manifestada en forma clara y categórica. Dicha aseveración condice con el principio de conservación de los contratos de cuya aplicación se desprende que toda cláusula que los deje sin efecto debe interpretarse restrictivamente. (Del voto de la minoría)
Procedimiento laboral, amparo por mora, recurso de apelación (procesal), aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Dadi,  Jorge María c/ Administraci3/4n Federal de Ingresos PúblicosAFIP s/ amparo por mora administrativa s/ recurso de hecho.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Ante la apelación en subsidio planteada por la actora, no es de aplicación al caso el placo establecido en el art. 116 L.O. Si bien la doctrina y la jurisprudencia se encuentran divididas entorno a si resultan de aplicación las normas del C.P.C.C.N. o la normativa del Amparo, en primer término -siguiendo el criterio de Carlos E. Finochietto- debe aplicarse la norma específica contenida en el art. 28 de la ley 19.549 modificada por la ley 21. 686 y en segundo lugar supletoriamente los preceptos del C.P.C.C.N. en cuanto sean compatibles, y finalmente por analogía la ley de amparo 16.986
Docentes, bonificación por ruralidad, beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castiglia, Eva Lia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Granado, Rosa Justa c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Zanotti, Zunilda Polonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|1999-12-29|2000-03-08

El suplemento por ruralidad integra la base de cálculo del haber aún cuando el jubilado no lo hubiera percibido en actividad, máxime cuando -como acontece en el caso- la Dirección General de Escuelas ha dictado un acto que reconoce que, en la época en que aquel prestó servicios, el establecimiento educacional debía considerarse como ubicado en zona muy desfavorable.
Intereses moratorios, cómputo de intereses, actos ilícitos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalobos Mirta y Miguel Barreiro c/ Ruben Alfaro s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-07

El principio general es que los intereses moratorios se devengan desde que se produce el perjuicio, el cual en materia aquiliana, ocurre en el momento del acto ilícito, pues allí nace "ex re" el estado de morosidad
Acción de repetición, medicina prepaga, cobertura médica, pago
Materia: CIVIL
Carátula: Barrionuevo Elena Amanda y otro c/ Vida S.R.L. s/ servicio materno infantil - repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-06-19

En la época en que el Hospital Español o Vida (en el supuesto que aceptásemos la existencia de la concesión en aquél momento) prestaron la mentada asistencia médica a la hija de los actores, aún se encontraba vigente la obligación del Hospital de brindarle el servicio "Integral 100%", en virtud de su afiliación y pago puntual de las cuotas del sistema de medicina prepaga. En efecto, según las constancias de la causa, los apelantes continuaron abonando la cuota correspondiente al plan asistencial hasta el mes de julio de 1997 inclusive, razón por la cual se encontraban cubiertos al producirse la internación de la pequeña, resultando por ende sin causa el pago "a cuenta" de $500 realizado con posterioridad, y el efectuado en virtud de la ejecución impetrada por la demandada. En lo concerniente a éste último punto, los pagos efectuados en septiembre de 1997 y septiembre de 1999, en el marco de la ejecución del pagaré librado en agosto de 1998, deben reputarse sin causa, atento que los apelantes ya habían abonado oportunamente la cuota correspondiente al Plan de salud que cubría los servicios prestados a su hija, siendo por lo tanto, también procedente en este rubro la repetición incoada por los actores.
Coacción, amenaza telefónica, daños y perjuicios, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: RICCO, HECTOR s/ COACCION. ACCION CIVIL. DAÑO MATERIAL. DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

1) Configura el delito de coacción (art. 149 bis, 2do. párrafo C PE), la acción del procesado que profirió a la querellante telefónicamente frases amenazantes que concretaría si no se le entregaba el dinero prometido, tratándose de amenazas graves, idóneas para atemorizar y también injustas, porque tuvieron por base una exigencia ilegítima.

2) No procede la fijación de indemnización por DAÑO MATERIAL, porque tratándose de un delito sin contenido económico, aquél debió haber sido efectivamente acreditado por la querella, lo que no ocurrió, careciéndose de bases objetivas para proceder a la estimación de oficio autorizada por el art. 29, inc. 1ro C.P.E.

En cambio, corresponde la fijación de indemnización por DAÑO MORAL en atención a los padecimientos sufridos por la querellante.
Procedimiento contencioso administrativo, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES OMAR HUMBERTO c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-15

El proceso judicial se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera de la unidad de tiempo que les está asignada.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, estupefacientes, presunciones, carga de la prueba, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Verón, Facundo Fabián - Verón, Víctor Maximiliano c/  s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2021-02-22

Procede hacer lugar al recurso de casación planteado por la defensa, y en consecuencia, revocar la condena dictada contra ambos acusados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ordenando la inmediata libertad de ambos. Es menester recordar que uno de los principios básicos que rige el proceso penal, es aquel por el cual toda persona se reputa inocente hasta tanto una sentencia firme declare su culpabilidad, incumbiendo a la parte acusadora la demostración de la responsabilidad del imputado y no a éste la de su inocencia. En el caso, se ha dictado una condena en base a presunciones por lo que no se ha llegado al grado de certeza que requiere toda sentencia condenatoria, ya que los mismos elementos de prueba expuestos en la sentencia admiten diversas lecturas e interpretaciones que no fueron destruidos desde la Acusación. De lo expuesto se colige entonces, que la pequeña dosis incautada en el allanamiento constituía tenencia para uso personal y siendo así, la figura típica se desplazaría hacia el mencionado artículo. Ahora bien, la CSJN en el caso "ARRIOLA, Sebastián y otros s/Recurso de Hecho Causa Nº 9080", ha declarado la inconstitucionalidad del segundo párr. del art. 14 de la Ley 23737, por resultar violatorio del art. 19 de la CN; por lo tanto cabe declarar inaplicable, a su respecto, dicho artículo por inconstitucionalidad del precepto.
Recurso de casación, habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Arias, Patricia Alejandra Defensora de Menores e Incapaces c/  s/ habeas corpus preventivo s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2016-05-24

Revoca el habeas corpus presentado por la Defensora de Menores e Incapaces, haciendo lugar al recurso de casación del Gobierno de Río Negro permitiendo, de esta manera, a la Policía detener a niños o adolescentes menores de edad cuando considere que están en situación de abandono, con la obligación de dar inmediata intervención a los organismos tutelares que correspondan y a sus progenitores o tutores, toda vez que el accionar policial debe proteger al menor involucrado, cumpliendo con la finalidad de dar seguridad, y dado que la policía no ejerce una función represiva, precisamente en razón de ello, se prevé la inmediata participación al organismo proteccional.
Atentado y resistencia a la autoridad, robo simple, nulidad de sentencia, desdoblamiento del hecho
Materia: PENAL
Carátula: CUENCA, GABRIEL HORACIO. s/ NULIDAD    SENTENCIA.    ATENTADO   Y  RESISTENCIA  AUTORIDAD.  ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Debe declararse la nulidad parcial de la sentencia que absuelve al procesado por atentado y resistencia a la autoridad calificada, ya que desdobló un hecho único -robo con violencia en las personas, por el que condenó al encausado-. Es que al apoderamiento, tanto como la resistencia violenta al aprehensor se vinculan en el caso de autos en lo causal como en lo temporal y por naturaleza se adecuan a la descripción típica que formula el art. 164 C.P.
Período de prueba, contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo a plazo fijo
Materia: LABORAL
Carátula: Fernandez María Soledad c/ Agroenergia S.A. y Otro s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-10-09

La circunstancia de que el originario contrato eventual se transformara luego, por imperio legal, -art. 69 de la Ley N° 24013- en uno de duración indeterminada al continuar la dependiente trabajando para la empleadora, no autoriza a entender que recién a partir de dicha conversión deba comenzar a computarse el plazo de prueba previsto por el art. 92 bis de la LCT, pues se trata de una misma y única vinculación laboral transformada en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Traverso, Humberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ No.   720-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

Una sentencia es el resultado de la "argumentación racional" cuando el razonamiento está sujeto a ciertas reglas de carácter lógico -y también a exigencias de naturaleza axiológica- cuya inobservancia determina la descalificación de las respuestas jurídicas dadas, por no configurar las mismas una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso.
Cheque sin fondos, cheque en blanco, titular de cuenta corriente, participación criminal, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: MOTTA, RICARDO s/ Cheque sin fondos Causa 29357-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Es cómplice el titular de la cuenta corriente que firma un cheque, si quien tiene el dominio del hecho, en cuanto cuenta con cheques en blanco, maneja la cuenta y los entrega, es otro, quien resulta ser el autor del delito previsto por el art. 302, inc. 1) del Código Penal. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, establecimientos educacionales, responsabilidad objetiva, derecho a la integridad física, menores
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CIVIL HERMANOS MISERICORDISTAS c/ PILAN DANIEL s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-20

El deber de custodia y seguridad que pesa sobre un establecimiento educativo se circunscribe a los daños que sustancialmente afecten la integridad física o mental del menor, provocando un perjuicio en su cuerpo o en su psiquis, y tiene como finalidad reintegrar al alumno en las mismas condiciones en las que ingresó al establecimiento. MINORIA U OPINION PERSONAL)