Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-25


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 25 de 2008.

Y VISTOS:

I. Apelaron la sindicatura y la concursada la resolución de fs. 337/340 que no accedió a la morigeración de los intereses pretendidos por la incidentista y distribuyó las costas en el orden causado.

II. La facultad de los jueces de morigerar la tasa de interés cuando éstos resultan abusivos o contrarios a las buenas costumbres (cód.civ. 953, 1071) alcanza también a los aplicados por la incidentista con apoyo legal.

Ello no supone controvertir la constitucionalidad de la aludida normativa tributaria o de la atribución delegada al organismo, sino de compatibilizarla con la normativa de que se trata y sus principios: el régimen concursal y el tratamiento igualitario de los acreedores (cfr. en igual sentido: SCJ Mendoza, sala I, 11.4.03, "Afip s/ inc. de rev en Zapata, Jorge Julio s/ conc. Prev.").

Sin embargo, la facultad morigeradora no deberá desatender, por un lado, que las elevadas tasas de interés que fija el organismo recaudador operan como mecanismo compulsivo para asegurar la recaudación a efectos de que el Estado cumpla sus actividades fundamentales y, por otro, que frente a la situación de insolvencia del deudor esa finalidad disuasiva pierde significación y es susceptible de afectar el derecho de los terceros acreedores en orden a la percepción de sus créditos.

En ese contexto, deviene prudente admitir las tasas aplicadas por la Fiscalía pero establecer como límite máximo de los intereses por todo concepto para este tipo de obligaciones, el que resulte de aplicar dos veces y media la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (CNCom., Sala C, 25-10-02, "Polyfilm S.R.L."; ídem Sala E, 22-04-03, "Automotores Ruta 8").

III. Sentado ello corresponde analizar la cuestión atinente a la imposición de costas efectuada por el juez a quo a fs. 339.

Fue bien decidida la imposición de costas en el orden causado.

Trátase en la especie, de un incidente de revisión incoado por el Fisco Nacional tendiente a la verificación de un crédito declarado inadmisible en la oportunidad del LCQ 36.

La postura inicial sostenida al dictarse la sentencia del art. 36 LCQ. fue variada por el juzgado con base en la producción de prueba pericial contable.

En ese contexto, fue bien decidida la cuestión por el juez de la anterior instancia, pues la aludida producción de prueba resultó necesaria para decidir la cuestión objeto de esta incidencia. Si el trámite de autos sirvió para despejar cualquier incertidumbre sobre la pretensión de autos, las costas del incidente deben ser distribuidas en el orden causado (CNCom, esta Sala, in re "Zanatta S.A. s/ inc de revisión por Sitra S.A.", del 17-11-89; íd. in re "Oneto Hnos. S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por el Banco de la Provincia de Buenos Aires", del 17-11-06).

IV. Por todo lo expuesto:

a) Se estima parcialmente el recurso de fs. 345 y se desestima el recurso de fs. 341, con los alcances que fluyen de la presente. Las costas de Alzada relativas al planteo referido a los intereses se distribuirán por su orden. Ello así pues la cuestión relacionada con los intereses reconocidos resulta susceptible de disímil interpretación jurisprudencial (arts. 68 in fine y 69 cpr.).

b) Las costas de Alzada generadas en los restantes planteo también se aplicarán en el orden causado por los argumentos vertidos en III. Devuélvase encomendándose al a quo las notificaciones. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. -Ana I. Piaggi (por sus fundamentos). -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero (por sus fundamentos). -Miguel F. Bargalló.

La Sra. Juez de Cámara Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero agrega:

En principio no corresponde la morigeración de intereses. Ello así en tanto no existe previsión legal que posibilite "morigerar" pautas legales concernientes al cálculo de accesorios (in re "Leader S.R.L. s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional, del 26.11.97; id. "Correcaminos S.R.L. s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional, del 9.8.99; id. "Pet Supplies Intl. S.A. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por AFIP, del 16.6.05). Sin perjuicio de ello entiendo procedente establecer como límite máximo de los intereses para este tipo de obligaciones, el que resulte de aplicar dos veces y media la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (cciv 953). Es copia fiel del original que corre a fs. 371/4. de los autos de la materia. -María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.

La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi agrega:

1. a) En nuestro país por más que el Fisco -y los restantes organismos recaudadores- sea el encargado de recaudar para proveer al bien común -desde hace mucho tiempo es inexacto que lo haga- desde hace décadas este organismo no provee ni a las necesidades ni a la gestión del bien común.

En una República donde la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, donde la educación está absolutamente deteriorada, la igualdad no existe (art. 16, CN), el sistema de salud (art. 42, CN) tampoco, donde los servicios públicos son absolutamente ineficientes, los lugares públicos lindan con la inmundicia, la suciedad y los mendigos cunden por toda la ciudad y la seguridad de los ciudadanos queda librada a la suerte, el sistema carcelario es deplorable (art. 18, CN) y la seguridad jurídica (implícita en el art. 38 de la CN) es inexistente, sostener lo consignado en el punto 2 del presente, significa un eufemismo macabro.

El organismo recaudador no cumple funcionalmente sus fines más elementales y a ello me refiero infra.

b) Lo anterior trae como consecuencia lógica, recordar que corresponde al Poder Judicial equilibrar los costos y cargas y la proporción entre medios y fines. En tal sentido, a partir del art. 28 de la Constitución Nacional cabe considerar al menos dos aspectos: 1) el de la idoneidad de la medida para obtener el fin perseguido; 2) el de proporcionalidad en sentido estricto; es decir, la ponderación entre los beneficios y ventajas para el interés general y los perjuicios sobre bienes o valores en conflicto.

Además, todos los órganos de poder están obligados a respetar el principio de razonabilidad como constitutivo del estado de derecho. Y ésta es una norma operativa. Y aunque la Constitución refiere a la igualdad de todos ante la ley -la que por fuerza crea categorías normativas- la igualdad de trato obra del mismo modo ante el poder administrador y el poder judicial.

En tal sentido resultan compatibles con el principio igualitario los llamados fueros de materia, reales o de causa siempre que sean funcionales y hasta la medida de su funcionalidad. Es copia fiel del original que corre a fs. 371/4. de los autos de la materia. -Ana I. Piaggi.