Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-14


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.552 CAUSA N° 2.138 /2010 SALA IV "PEREYRA LIDIA NOEMI C/ LABORATORIO OPOTERAPICO ARGENTINO S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 65.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 376/384 que rechazó la demanda en lo sustancial, se alzan las partes demandada y actora de acuerdo a sus presentaciones de fs. 387/390 y fs. 392/396, cuyas respectivas réplicas obran a fs. 405/408vta. y fs. 403/404vta.

Ambas recurrentes cuestionan el modo en que han sido distribuidas las costas y la regulación de honorarios practicada a los letrados y peritos (por elevados). al igual que la perito contadora (respectivamente, a fs. 396-III y fs. 390-VII). Por su lado, el perito contador y la representación letrada de la parte actora apelan los fijados a su favor por considerarlos reducidos (a fs. 385 y fs. 396-IV).

II.- Cuestiones de orden lógico conducen a analizar, en primer lugar, la queja vertida por la parte actora en torno a la valoración del Sr. Juez a quo sobre las pruebas producidas a los fines de demostrar la legitimidad del despido dispuesto mediante telegrama del 22 de Marzo de 2008.

En la oportunidad apuntada, la Srta. Pereyra consideró extinguido el vínculo con la accionada "en atención a encontrarse ampliamente vencido el plazo para la regularización de mi registración laboral, sumado a su actitud persecutoria hacia mi persona y la imposición de apercibimientos extemporáneos, improcedentes y maliciosos" (sic, instrumento de fs. 20, reconocido en la audiencia que consta a fs. 223). Previamente, la Srta. Pereyra intimó a su empleadora mediante el telegrama del 06/03/2008 al correcto registro de su real categoría laboral de "operario calificado" de conformidad con las tareas que prestaba a su favor.

El Sr. Juez a quo concluyó que la Srta. Pereyra no logró acreditar el cumplimiento de las labores correspondientes a la categoría invocada así como tampoco la conducta persecutoria denunciada, para lo que tuvo en cuenta -básicamente- que ni la prueba testifical obrante en la causa penal ni la rendida en estos actuados "aporta algún dato que permita demostrar que la actora cumplía tareas que excedía las detalladas para 'operaria no calificada' (art. 9 CCT N° 42/89). Y mucho menos aportan precisión alguna que permita encuadrar su desempeño como 'operaria calificada' según requisitos dispuestos por el artículo y normas precitados" (v. en tal sentido, conclusiones del primer párrafo de fs. 379 y del primer párrafo de fs. 380).

Contra esos fundamentos, la recurrente sostiene que de los testimonios obrantes en la causa penal (iniciada contra la actora como consecuencia de la denuncia por hurto formulada en su contra por su empleadora) y de los rendidos en ésta, surge con claridad que la accionante desempeñaba funciones de preparación de medios de cultivo correspondientes a la categoría de operaria calificada de conformidad con lo establecido convencionalmente para la actividad. Argumenta, en esa misma línea, que la demandada la capacitó a los fines de desarrollar las labores que invoca y que ello se encuentra acreditado con los instrumentos agregados también en autos. Concluye de tal modo que la medida extintiva adoptada se ajustó a derecho.

III.- Analizada la prueba aportada en la causa, adelanto mi opinión favorable a este segmento del recurso bajo tratamiento, pues encuentro elementos de prueba en estos autos y en los caratulados "Pereyra, Lidia Noemí s/hurto" -cuyas copias certificadas obran en el anexo N° 3176 agregado por cuerda al expediente- que me persuaden de que la Srta. Pereyra, efectivamente, desempeñaba tareas que excedían las de limpieza del material del departamento de control de calidad del laboratorio demandado.

Ante todo, cabe señalar que el CCT 42/89 (que abarca a todo el personal de los laboratorios de especialidades medicinales y/o veterinarias) distingue a la categoría de "operario no calificado" y a la de "operario calificado" (art. 9° del CCT mencionado) en que, el primero efectúa tareas generales que no requieren especialización -como las de limpieza- y, en cambio, al último le competen labores específicas que requieren poseer experiencia e idoneidad, entre las que menciona a los operarios de medios de cultivo, fermentación y elaboración de vacunas de producción veterinaria (inc. "g" del artículo mencionado), cuyo desempeño se atribuyó la accionante.

No se me escapa que, a los fines de respaldar esta pretensión en particular, la parte actora se limitó a ofrecer un único testigo (Bruno Oscar Leaños; v. punto 6 del escrito de ofrecimiento de prueba a fs. 125 in fine) y que, luego, en la audiencia celebrada el 17 de febrero de 2011 se la tuvo por desistida de dicho medio probatorio (cfr. lo resuelto a fs. 312).

Sin embargo, como adelanté más arriba, del examen pormenorizado de las testimoniales señaladas por el a quo, en su totalidad rendidas a instancias del Sr. Fiscal Dr. Guillermo O. Cicchetti y de la demandada en autos, e incluso provenientes de personas que, al momento de declarar, tenían o habían mantenido un vínculo dependiente con esta última, surge que, en realidad, la Srta. Pereyra desarrollaba al menos parte de las tareas que el convenio colectivo de la actividad agrupa bajo las responsabilidades de un operario calificado.

Así pues, a fs. 147/148vta. de la causa por hurto la testigo Érica Vanesa Dallasera -analista química de la demandada- declaró, en lo que aquí interesa, que la Srta. Pereyra realizaba tareas de limpieza y que, junto con otras dos empleadas (menciona a Morán y Leaños) "rotaban para confeccionar medios de cultivo, preparación, esterilización..". Seguidamente, la testigo Stella Maris Morán (empleada de maestranza del laboratorio, a fs. 149/150) confirmó lo manifestado por la anterior al manifestar que la accionante "preparaba medio de cultivos y estufas (de esterilización)". En idéntico sentido, el testigo Valentín Kalinberg (a fs. 227/228), quien se encontraba a cargo del departamento de control de calidad, declaró que la Srta. Pereyra "se encontraba bajo su cargo realizando tareas de preparación de medios de cultivo y alternativamente limpieza del material de laboratorio de control de calidad en general". Asimismo, coincidió con el primer testigo citado en que Pereyra, Morán y otra persona -que al momento de su declaración no recordaba el nombre- se turnaban para efectuar las tareas de esterilización de medios de cultivo. Cabe hacer mención que si bien en la oportunidad de declarar en estos obrados (v. fs. 284/285), el ya nombrado Kalinberg puso énfasis en que la principal labor desarrollada por Pereyra era la de limpieza, también hizo alusión a que ésta preparaba los medios de cultivo y que a esos efectos recibió la correspondiente capacitación por parte de la empresa.

Este último extremo se encuentra a su vez demostrado con los instrumentos que obran a fs. 106/114vta. que, a pesar de tratarse de copias simples, se corresponden íntegramente con las acompañadas por la contraria a fs. 332/340 del expediente de instrucción (allí en su carácter de denunciante y luego de querellante), con lo cual cabe tenerlas por reconocidas por ésta. De ellas se desprende que la actora recibió de su empleadora capacitación acerca del manejo y registro de insumos, práctica de rotulado, seguimiento de los productos elaborados hasta su venta y almacenamiento, registros del sistema de calidad y sobre el procedimiento de muestreo de producto, recurso empresario que pareciera excesivo emplearlo en una persona que simplemente "cumplió tareas de limpieza en el laboratorio de control de calidad" (según las alegaciones de la contestación de demanda, v. fs. 75, punto IV-A: "Las características de la prestación").

Por otro lado, cabe resaltar que la imputación delictual en los términos del art. 162 del Código Penal de la Nación que el presidente de la firma demandada efectuó, en representación de ésta, fue dirigida contra a la Srta. Pereyra sobre la base fáctica de que en razón de las tareas que desempeñaba tenía acceso a los registros supuestamente sustraídos por su persona. Obviamente no me estoy refiriendo a las funciones de limpieza. Nótese, en ese sentido, que la ya citada testigo E. V. Dallasera expresó en el marco de esa causa que "estos documentos son de acceso a todo el personal del laboratorio y podían ser manipulados por Pereyra a raíz de las tareas que confeccionaba junto con las otras dos personas que rotaban. (se refiere entonces a las tareas de confección de medios de cultivo; el resaltado me pertenece) Que cualquier persona del lugar tiene acceso a los mismos y más si el empleado trabajaba con esas carpetas".

No soslayo que la testigo Nadia S. Raggi (a fs. 308/309) negó rotundamente que la actora tuviera intervención alguna en la preparación de los medios de cultivo, mientras que Marcelo D. Granado (a fs. 286/287) dijo saber que la accionante "estaba queriendo hacer preparación de algunos medios, supervisada por el jefe de laboratorio o el analista de microbiología", y Adriana E. Rodríguez (a fs. 310/311) desconoció si es que estaba o no involucrada en esas funciones. Sin embargo, la circunstancia de que estos tres declarantes eran dependientes de la demandada al ser interrogados por el Juzgado impone valorar sus dichos con mayor estrictez y, desde ese punto, entiendo que el vínculo que mantuvieron con ella pudo orientar sus dichos en el sentido expresado, máxime si se considera que quien impartía órdenes a Pereyra -Kalinberg- manifestó que ésta desarrollaba las labores denunciadas en el escrito inicial y, al momento de su declaración, ya se había desvinculado con el laboratorio.

Así las cosas, las declaraciones citadas en primer término logran crear convicción sobre los hechos que relatan, pues se aprecia precisión y claridad en sus manifestaciones respecto de las tareas denunciadas, que les otorga eficacia probatoria a sus afirmaciones, de manera que, en mi criterio, logran demostrar las circunstancias alegadas del hecho discutido bajo examen (arts. 386 y 456 CPCCN).

Sentado ello, no existen dudas en cuanto a que la decisión rescisoria fue justificada, pues el silencio de la demandada respecto de la intimación ya mencionada, mediante la que, reitero, se reclamaba -entre otras cuestiones- el correcto registro del vínculo, configuró una injuria cuya gravedad no consentía la prosecución del vínculo (arts. 242 y 246 de la LCT).

Por consiguiente, propongo revocar el fallo recurrido en lo sustancial y admitir los reclamos fundados en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, así como las diferencias salariales por la categoría de "operario calificado", y recalcular la liquidación de fs. 383 de conformidad con la escala salarial vigente a la época del despido.

IV.- También deberá añadirse a la condena el incremento indemnizatorio fundado en el art. 2° de la ley 25.323. En el punto VI-F de su responde (v. fs. 83), afirma la accionada que en casos de despido indirecto no se puede imputar a la empleadora la obligación de pagar la sanción en cuestión.

Sin embargo, al votar en autos "Morales, Carla Soledad c/ Atento Argentina SA y otro s/ despido" (SD Nº 95.361 del 29.4.11, del registro de este Tribunal), sostuve, compartiendo de ese modo distintos precedentes de esta Sala anteriores a mi incorporación (SD Nº 91749 del 11.10.06, in re, "Goldstaub, Víctor Manuel c/Frantan SRL s/ despido" y en consonancia con mi criterio como Juez de primera instancia), que no existe disposición legal que excluya de la aplicación de la norma de marras a los supuestos de despido indirecto; a ello cabe recordar que las condiciones aptas para que se condene al pago de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 son dos: a) que la actora hubiera intimado "fehacientemente" a su empleador para que le abonaran las indemnizaciones propias del despido y, b) que ante la conducta reticente de ésta, la trabajadora deba iniciar las actuaciones judiciales tendientes al cobro de lo no abonado.

En autos, no constituye un hecho controvertido que la accionante emplazó a la empleadora al pago de las indemnizaciones legales (v. fs. 17), quien no depositó importe alguno en tiempo oportuno. Desde tal orden de saber, es evidente que colocó a Pereyra en situación de tener que promover esta acción para procurar el cobro de lo que se le debe, lo que torna procedente condenar a la demandada a pagar el incremento en cuestión.

V.- Aunque lo que sigue no incide en la solución a la que arribé en los párrafos anteriores respecto de la legitimidad del despido dispuesto con sustento en el art. 246 de la LCT, las conclusiones de fs. 382 in fine, así como las alegaciones formuladas en el agravio bajo tratamiento imponen aclarar que, si bien es cierto que en el telegrama extintivo la actora invocó como injuria una persecución sistemática sobre su persona, en ningún tramo de ese despacho o de ningún otro anterior a él, se vinculó dicha circunstancia a la imputación delictual dirigida por la empleadora, como argumenta ahora al apelar.

Al respecto, el texto del art. 243 de la LCT es muy claro en cuanto establece que el despido con causa debe comunicarse por escrito "con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato". En efecto, se requiere que se refiera en la forma más precisa posible el hecho que determina la extinción, a fin de garantizar el derecho de defensa del dependiente (art. 18 CN) y, por ello, se deben explicitar las conductas que se le imputan las que deben ser concretas y específicas, lo que no se advierte de los términos de la pieza postal rescisoria apuntada.

Además, en plena contradicción con los argumentos recursivos sobre este punto, en esa oportunidad, la Srta. Pereyra relacionó la actitud persecutoria invocada con el apercibimiento y advertencia dispuestos por la demandada derivadas de un incumplimiento contractual (v. telegrama de despido, notificación de fs. 23 y argumentos de fs. 394 in fine/395 in fine), más no con la causa llevada en su contra por el delito de hurto (sin perjuicio del examen que a continuación se expondrá en relación con el resarcimiento por daño moral admitido en primera instancia como consecuencia de esa última circunstancia).

No obstante -cabe reiterar- la legitimidad del despido no se ve afectada ya que cuando son varias las causales invocadas en la notificación, basta la acreditación de una sola de ellas, con entidad para justificar la adopción de la medida para, de esa manera, admitir el reclamo indemnizatorio (art. 242 de la LCT y, en sentido análogo, mi voto en los precedentes SD.95.923 del 30/11/11 "Olmos, Viviana Andrea c/ Planeta Sushi SRL s/ despido; íd., SD.96.052 del 9/2/12 "Oviedo Anabella c/ Asatej SRL s/ despido" del registro de esta Sala), tal como sucede en la especie de conformidad con el análisis y las consideraciones ut supra expresadas.

VI.- Como anticipé, la demandada apela la procedencia de la indemnización por daño moral por la imputación a la actora de una conducta delictual, mientras que esta última cuestiona el "quantum" fijado por dicho concepto por considerarlo exiguo de acuerdo a las circunstancias y motivos que explica en su memorial. Sostiene la empleadora como argumento principal, que en ningún tramo de la denuncia imputó a la actora conducta delictual alguna y que, además, el Juez penal la sobreseyó por prescripción de la acción penal, por lo que el pronunciamiento en tal sentido carece de declaración respecto del buen nombre y honor sobre su persona; agrega que aún cuando le hubiera imputado un delito, ello no genera "indemnización"; cita jurisprudencia. Al respecto, resulta desde ya desajustada a la realidad la afirmación de la demandada en el sentido de que "mi parte [..] no realizó ninguna imputación a la actora como incorrectamente sostiene el juez a quo" ya que del relato mismo de la denuncia formulada por Jorge Alberto Millán en representación de la recurrente surge en forma más que clara la imputación de una conducta delictiva a la Srta. Pereyra (tal es así que la calificó jurídicamente, ver puntos III y IV, a fs. 1vta./2 de la ya citada causa penal), sin perjuicio de la insistencia de la demandada en constituirse en parte querellante en los términos del art. 123 del CPPN (v. fs. 72/75, fs. 78/82, y apelaciones de fs. 87, fs. 97/98).

Así las cosas, tal como lo sostiene el Juez de grado, esa imputación a la trabajadora -nunca probada- causó a la actora un daño extracontractual de la cual tomaron conocimiento otros compañeros de labor pues de hecho los testigos aducen que saben que a la actora se le imputó un hurto, una sustracción de registros (sin perjuicio de la declaración formal del punto II de la resolución de fs. 240vta., cfr. art. 336 in fine del Código Procesal Penal de la Nación), a lo que cabe agregar que incluso su domicilio fue registrado en los términos de los arts. 219 y 220 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (v., al respecto, el exhorto del Juzgado de garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón agregado a ese proceso a fs. 104/127).

Tales circunstancias permiten concluir que existió por parte de la empresa una conducta extracontractual que excede el despido y que torna ajustada a derecho la procedencia de una indemnización por daño moral, por el perjuicio que ello evidentemente le ha ocasionado a la Srta. Pereyra, al afectar su integridad moral. Por tales razones, demostrados los padecimientos sufridos por la trabajadora, carece de relevancia que pretende asignarle el recurrente, el hecho de que finalmente la actora haya sido sobreseida por prescripción de la acción penal por el Tribunal de Casación (ello, luego de haber sido sobreseida en primera y segunda instancia, tal como surge de las copias del expediente penal que obra por cuerda).

A ello cabe agregar que las meras manifestaciones expuestas por el apelante respecto de que dicho perjuicio no ocasiona indemnización, en verdad no tienen sustento alguno. Obsérvese que no intenta siquiera mínimamente explicar en el memorial recursivo las razones fácticas o jurídicas que avalarían su postura, lo que sella la suerte adversa de la pretensión (art. 116 LO).

En definitiva, por las razones expuestas, he de proponer la confirmación de la sentencia dictada en la anterior etapa acerca de este asunto, aún en lo que refiere al quantum indemnizatorio. Y digo ello, no sólo porque en mi opinión la suma de $ 20.000 fue fijada por el Sr. Juez a quo en forma prudente, teniendo en cuenta las particulares características del caso, vale decir, los padecimientos y aflicciones que evidentemente sufrió la accionante, sino porque el agravio de la actora contra ese punto se halla desierto (sólo se argumenta -a modo de fundamento- la existencia de un daño dado por la angustia, desamparo y detrimento en la esfera espiritual como consecuencia de la imputación de una conducta tipificada penalmente, lo que no constituye un cuestionamiento especialmente dirigido a la determinación del monto; v. fs. 795vta./796, punto II) no son más que simples afirmaciones que configuran una mera discrepancia subjetiva con el criterio del sentenciante para la cuantificación de este resarcimiento (art. 116 de la LO).

He de proponer entonces desestimar estos agravios.

VII.- Por lo demás, cabe señalar que si bien las vacaciones no gozadas tienen carácter indemnizatorio, el art. 156 de la LCT se refiere al "salario correspondiente" al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajado y, dado que el SAC es un salario diferido que integra la remuneración del trabajador, procede considerarlo para la determinación del resarcimiento; lo contrario significaría premiar al empleador eximiéndolo de su pago cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa (esta Sala, S.D. 95.283 del 08/04/11, "Tobares, Débora Laura c/Sistemas Temporarios S.A. y Otro s/despido"; íd., 4/11/96, "Fernández, Teresa c/ Sanatorio Güemes SA s/despido"; íd., 31/5/96, "Reguera, Ernesto c/ Sanchis, Antonio s/despido").

En consecuencia, también corresponde desestimar esta crítica de la demandada.

VIII.- Tampoco considero que asiste la razón a LABORATORIO en su crítica ante la admisión de la indemnización establecida en el art. 80 de la LCT. Como difiere en la categoría laboral reconocida a través de la presente, he de concluir que la documentación aportada a fs. 61vta. y fs. 63, no refleja la realidad del vínculo de autos.

Lo expuesto me lleva a desatender lo solicitado y a mantener la condena del incremento sancionatorio en cuestión.

IX.- De admitirse mi propuesta, debería elevarse el monto diferido a condena en grado hasta la suma de $ 77.820,18, más los intereses y modo de computarlos fijados en primera instancia (que se mantienen), de acuerdo al siguiente detalle: Indemnización por antigüedad (10 períodos) [2.210,41* x 10]	22.104,10 Indemnización sustitutiva del preaviso (2.210,41 x 2)	4.420,82 SAC s/ rubro anterior	368,40 Diferencias salariales por período reclamado con SAC [cfr. detalle fs. 352]	7.259,38 Haberes Marzo 2008 (22 días) [2.210,41/31 x 22]	1.568,67 SAC s/ rubro anterior	130,72 Indemnización integrativa del mes de despido (9 días) [2.210,41/31 x 9]	641,73 SAC s/rubro anterior	53,47 SAC proporcional 1° semestre 2008 (2 meses)	368,40 Vacaciones proporcionales (5 días) c/SAC [2.210,41/25 x 5]	479,00 Daño moral (se mantiene)	20.000,00 Art. 2, ley 25.323 (50% [22.104,10 + 4.420,82 + 368,4 + 641,73 + 53,47])	13.794,26 Art. 80, LCT (2.210,41 x 3)	6.631,23 TOTAL:	77.820,18 * La base de cálculo de $ 2.210, 41 surge de añadir al salario básico para la categoría de operario calificado vigente a Marzo de 2008 ($ 1.747,12), el adicional por 9 años de antigüedad de $ 436,79 (cfr. art. 16 del CCT 42/89) y la suma de $ 26,51 en concepto de tickets cfr. dto. 198/08 (ver aclaraciones efectuadas por el perito contador al punto 6 solicitado a la parte actora, a fs. 352 pto. 1).

X.- En atención al nuevo resultado del litigio y conforme lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar su determinación en forma originaria; en razón de lo expuesto, deviene abstracto el tratamiento de los recursos en materia de costas y honorarios presentados por la perito contadora, la representación letrada de la actora y las partes (fs. 385, fs. 390 supra y fs. 396).

Así, en cuanto a las costas, propongo que las de ambas instancias se impongan a cargo de la demandada (art. 68 del CPCCN).

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, he de regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Laboratorio Opoterápico Argentino S.A. y los de las peritos contadora y psicóloga, por sus trabajos en grado, en 16%, 13%, 6% y 6%; en cuanto a los emolumentos por las tareas realizadas ante esta alzada, propicio fijarlos en 25% de lo que corresponda a cada parte de lo regulado por sus labores en primera instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. Ley 21839 y art. 38 LO). Déjase constancia que las proporciones expresadas no incluyen el impuesto al valor agregado.

XI.- En consecuencia, de compartirse mi voto, corresponde: I) Revocar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de pesos setenta y siete mil ochocientos veinte con dieciocho centavos ($ 77.820,18), más los intereses y modo de computarlos fijados en primera instancia; II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada (art. 68 del CPCCN); III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Laboratorio Opoterápico Argentino S.A. y los de la perito contadora, por sus trabajos en grado, en el 16%, 13%, 6% y 6%, respectivamente, del monto de condena con intereses; IV) Fijar los emolumentos por las tareas realizadas ante esta alzada en 25% de lo que corresponda a cada parte de lo regulado por sus labores en primera instancia, proporciones que no incluyen la incidencia del impuesto al valor agregado.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de pesos setenta y siete mil ochocientos veinte con dieciocho centavos ($ 77.820,18), más los intereses y modo de computarlos fijados en primera instancia; II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada (art. 68 del CPCCN); III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada Laboratorio Opoterápico Argentino S.A. y los de la perito contadora, por sus trabajos en grado, en el 16%, 13%, 6% y 6%, respectivamente, del monto de condena con intereses; IV) Fijar los emolumentos por las tareas realizadas ante esta alzada en 25% de lo que corresponda a cada parte de lo regulado por sus labores en primera instancia, proporciones que no incluyen la incidencia del impuesto al valor agregado.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria