Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-06


TEXTO:

MENDOZA, 6 de marzo de 2012.

VISTO: el expediente nro. 76/9/6/F, "B. de C.A.C.G.M. C/ C. G. P/ ALIMENTOS PROVISORIOS", y CONSIDERANDO:

1. A fs. 164/166 la actora en autos, por medio de apoderada, planteó la caducidad de la segunda instancia abierta con el recurso de fs. 84.

Sostuvo la profesional que el último acto útil de impulso de la mencionada apelación fue la contestación de agravios efectuada por su parte a fs. 128/39 el 18 de febrero del año 2.010.

Argumentó que en aquella presentación ofreció prueba -a fs. 139vta.- la que debía requerirse del Juzgado de primera instancia, dado que es la misma prueba agregada en la causa por alimentos definitivos, antes de darse vista a la Sra. Asesora lo que no se hizo.

Agregó que la apelante se limitó a solicitar autos para resolver a fs. 150 el 2 de julio de 2.010 lo que el Tribunal rechazó por inoportuno, no obstante lo cual en el mes de agosto del año 2.011, reiteró su pedido el que fue nuevamente rechazado ordenando el Tribunal una vista a la Sra. Asesora.

Por último destaca la independencia de los recursos de apelación y señala que su parte plantea la incidencia dentro de los tres días de notificación ficta del decreto de fs. 163 por el que se da, oficiosamente, vista a la Sra. Asesora.

2. A fs. 172/76 contestó a la incidencia el apelante de fs. 84, por medio de representante, quien pidió se lo desestime.

Argumentó que la única razón por la cual el Tribunal rechazó el pedido de autos para resolver efectuado a fs. 150 fue por considerarlo inoportuno -fs. 151- dado que todas las apelaciones de autos se resolverían en un único pronunciamiento -fs.158-.

Añadió que en las condiciones requeridas por el tribunal quedaron los recursos recién con la contestación de su parte ocurrida el 23 de febrero de 2.011, a fs. 159/160, por lo que a partir del 24.2.11 en que se tuvo por contestado el traslado es que correspondía computar el plazo de la caducidad, pues aquél fue el último acto útil de impulso procesal.

La referencia a la necesidad de requerir el expediente nro. 82/9/6F carece de toda relevancia, pues no hay decisión alguna del Tribunal que haya hecho lugar a la prueba ofrecida.

Por último, pidió el apoderado se sancione a la incidentante por litigar sin razón valedera, siempre y cuando entienda el Tribunal que el proceder de la misma no respondió a su derecho de defensa.

3. A fs. 178/180 planteó el demandado, por medio de su apoderado, incidente de caducidad de las instancias abiertas a fs. 98 y 120.

Afirmó que el último acto útil realizado con relación a la apelación de fs. 98 es de fecha 24 de febrero de 2.011 a fs. 161 por el que se tiene por contestados por su parte los agravios vertidos por la contraria.

Respecto de la apelación de fs. 120, adujo que fue la providencia de fs. 151 por el que se tiene por contestado al ahora incidentante el recurso de apelación interpuesto contra la regulación de honorarios de sus profesionales, resolución que lleva fecha 5 de julio de 2.010.

Por último, razonó que si se acoge el incidente de caducidad interpuesto por la contraria, debería acogerse por las mismas razones el ahora relacionado, mientras que si se rechaza aquél, cabe admitir que también deberá desestimarse éste.

4. A fs. 183/185 contestó la actora, cuya apoderada pidió se rechace las incidencias articuladas por el demandado, por las razones que allí expuso, las que tenemos por reproducidas en honor a la brevedad.

5. Entrando en la consideración de las incidencias de caducidad articuladas, lo haremos en forma conjunta, por las razones que surgirán del propio desarrollo.

La base argumental de la actora es que el último acto útil de impulso de la apelación de fs. 84 fue la contestación de agravios efectuada por su parte a fs. 128/39 el 18 de febrero del año 2.010, por lo que a la fecha del acuse de perención el plazo de ésta se había cumplido.

Partiendo desde esta fecha, en la que no hay duda se realizó un acto útil de im-pulso del recurso de fs. 84, puesto que la contestación de agravios de un recurso de apelación no es discutible que tiene aquel efecto, se advierte que dentro del plazo de seis meses (art. 78 segundo supuesto del C.P.C.), el 2 de julio de 2.010 la recurrente pidió se llamaran los autos para resolver, a lo que el Tribunal respondió que lo haría oportunamente, sin aclarar cuál sería la oportunidad (fs. 150 y 151 respectivamente).

Ante idéntico pedido de la actora efectuado a fs. 157, el Tribunal proveyó de igual modo, pero aclarando que la oportunidad sería cuando estuvieran todos los recursos en condiciones de ser resueltos pues lo serían en forma conjunta (fs.158).

Ello ocurrió el 30 de diciembre de 2.010 -el pedido- y el 1 de febrero de 2011, la providencia.

El demandado siguió el camino trazado por la Cámara y contestó a los agravios vertidos por la actora respecto de su recurso de fs. 84 lo que se tuvo por realizado conforme al decreto que luce a fs. 161 de fecha 20 de abril de 2.011.

Llegados a este estadio se consolida una situación jurídico procesal que lleva al fracaso al incidente articulado por la actora como a los opuestos por la contraria. En efecto, el decreto de fs. 158 por el cual el Tribunal comunica que los recursos serán re-sueltos en un solo pronunciamiento, apareció en la lista de expedientes salidos de despacho del 2 de febrero de 2.011 -como quedó visto- y fue consentido por ambas partes, pues no hay en el procedimiento cuestionamiento alguno en su contra.

Luego, la actora al no cuestionar tal proceder, consintió que se unificara el trámite de los recursos de apelación. Esta unificación, mala o buena, hace que los actos útiles concernientes a todos los recursos también se tornen comunes puesto que son imprescindibles para que todas y cada una de las apelaciones queden en estado de resolver. Así las cosas, la contestación de fs. 159/160 fue uno de esos imprescindibles actos para llegar a concluir la sustanciación de la segunda instancia así constituida. Ello fue proveído el 24 de febrero de 2.011 (fs.161) y el incidente de caducidad se interpuso el 15 de agosto del mismo año (fs. 166 v.), es decir prematuramente.

Las incidencias de caducidad interpuestas por el demandado llevan la misma suerte, por lo dicho y por admitirlo la propia incidentante para el caso que se resuelvan los planteos en el sentido explicado más arriba.

En efecto, si luego que el tribunal decidiera y comunicara formalmente que los recursos se resolverían en un solo pronunciamiento, el accionado contestó a los agravios referidos a la apelación de fs. 84 (fs. 159/160), ello implicó atenerse a lo dispuesto. Pero también consintió el decreto de fs. 161, que es un acto útil, no sólo específicamente de la apelación de fs. 84, sino de todos los recursos, pues era imprescindible para avanzar hacia la resolución que se ocupara en forma conjunta de todos ellos. Si bien el decreto mencionado lleva fecha 24 de febrero de 2.011 y la caducidad de instancia fue articulada el 21 de noviembre del mismo año, el planteo efectuado por la actora produjo la suspensión del plazo de la caducidad de los otros recursos, precisamente como otro efecto de la unificación decidida por el Tribunal.

Por último, el pedido de sanciones a la actora resulta improcedente. Ello por cuanto la articulación de la caducidad por aquella efectuado, si bien a nuestro juicio no puede tener éxito, fue hecho dentro de un procedimiento atípico susceptible de provocar dudas sobre el planteamiento -atento al generalizado criterio de la independencia recursiva en materia de caducidad de instancia- y, además, porque el propio demandado acude a argumentos semejantes al articular sus incidentes de perención, aunque sea en subsidio -lo que parece demostrar que también ingresó en el campo de las aludidas dudas- y, en todo caso, habría que sancionar a ambos contendientes por la misma razón.

Las costas de ambos recursos deberán ser soportadas por quienes los articularon, conforme al sistema de la derrota que impera en nuestro código procesal (art. 36, I del CPC).

Por lo que el Tribunal RESUELVE:

1. Desestimar los incidentes de caducidad de instancia planteados a fs. 164/166 y 178/180.

2. Imponer las costas a los incidentantes por sus respectivos planteos que se desestiman.

3. Diferir las regulaciones de honorarios hasta tanto se practiquen las correspondientes a los recursos de apelación.

NOTIFÍQUESE.

HG/mgt.