marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transporte por agua, transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LIDER Cía. ARG. DE SEGUROS  S.A. c/ CAP. y/o PROP. y/u otros BG "GREAT UNIVERSE" s/ TRANSPORTE  POR  AGUA  -  CLAUSULAS EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDAD -  CONTRATO DE FLETAMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

El artículo 3, apartado 8 de la Convención concordante con el artículo 280 de nuestra ley de la Navegación, establece: "Todas las cláusulas, convenciones o acuerdos en un contrato de transporte, que eximan al transportador o al buque de responsabilidad por pérdida o daño ocasionados a mercaderías por causas de negligencia, culpa o falta de cumplimiento de los deberes u obligaciones establecidos en este artículo, o que atenúen esa responsabilidad en una forma que no sea la prescripta por esta Convención serán írritos, nulos y sin efecto. Una cláusula que ceda el beneficio del seguro al transportador o cualquier cláusula similar será considerada como que exime al transportador de su responsabilidad.- Y los deberes y responsabilidades del transportista o del buque a los que el artículo alude, son concordantes con los que consagra nuestra ley de la Navegación en los artículos 270 y siguientes.-
Sanciones procesales, multa procesal, temeridad o malicia, recibo falso
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUDNY, Samuel c/ AMITRANO, Rubén Norberto y otro s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

La falsedad del contenido y fecha de un recibo con el cual se intentó enervar el desalojo por falta de pago, constituye una conducta de particular gravedad, por la que se impone aplicar la multa establecida en el art. 45 del Código Procesal, tanto al litigante como a su abogado, pues, si bien este último, en un comienzo, pudo desconocer tal circunstancia, la insistencia y reiteración de su planteo en la alzada, a pesar de contar con la categórica conclusión de la pericia, lo justifica.-
Trabajadores de la construcción, enfermedades inculpables, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, SILVESTRE VITALICIO c/ RIVA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

Los artículos 21 y 22 de la ley 22250 regulan el instituto de la enfermedad inculpable, lo que excluye la aplicación de las normas de la ley de contrato de trabajo referidas a aquél.
Protección del medio ambiente, medidas cautelares, daño ambiental, incendio, quema de pastizales
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Es procedente la medida cautelar tendiente a que se ordene al Estado Nacional, a las provincias y municipios demandados y a la Provincia de Buenos Aires a hacer cesar de modo efectivo e inmediato los focos de incendio producto de la quema de pastizales, toda vez que el peligro concreto sobre el ambiente se configura en tanto, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad, causando todo ello un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná.
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Diaz, Ramón Dario c/ Establecimiento" El Cencerro" y/o Carlos San Felix  y/o Rosa San Felix s/ Enfermedad Accidente y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-14

En el caso el trabajador tenia una afección lumbar anterior que se exacerbo con el esfuerzo de levantar una tapa, generando una leve protusión discal hacia el canal raquideo sin afectación de la raíz nerviosa en el espacio entre la quinta vertebra lumbar y la primera sacra, pero con disminución de la movilidad activa y pasiva del tronco columnario y evidente dificultad para realizar tareas de esfuerzo, por lo que se estima prudente y justo fijar la incapacidad total en un 18%, con una incidencia del factor laboral en un 40%, teniendo en cuenta la escasa antiguedad del actor en la empresa y centrando la incidencia en un solo episodio a cuya producción contribuyo tambien el trabajador al hacer el esfuerzo sin la ayuda a la que se había comprometido un compañero de trabajo.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Virgilis, César c/ Barassi, Roberto Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

En los casos de muerte de una persona no se trata de cuantificar el valor intrínseco que la vida tronchada tenía para su titular -desde que los muertos no demandan y quienes llegan al Tribunal por tal motivo no lo hacen "iure hereditatis"-, sino, tan sólo de recrear el aporte patrimonial que el difunto hacía a quienes ORGAZ llamara las víctimas jurídicas del homicidio -damnificados indirectos- para determinar la indemnización a que éstas tienen derecho "iure propio" considerando las consecuencias que en sus patrimonios ha de provocar la desaparición de aquél.
Relación de dependencia, contrato de servicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante Roberto Antonio c/ Adolfo Keym s/ Ordinario (LIBRO: S077 - 414)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-02

Cuando se afirma que las partes estuvieron unidas por un contrato de locación de servicios, éste debe probarse por escrito, y si esto no se hace y el demandado reconoce que el actor ha trabajado, se está frente a una relación laboral con carácter de subordinación y continuidad, por lo que la ley presume la existencia de un contrato de trabajo.
Recurso extraordinario de nulidad, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Alberto José y otra c/ Expreso cañuelas s.r.l. y otros s/ Daños y perjuicios Orsi de Suárez, Teresa Delia c/ Cugat, Juan Carlos s/ Cumplimiento de contrato Fontana, Nicastro S.A.C. c/ Municipalidad de General Arenales s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15|1992-06-02|2002-05-29

La procedencia del rubro intereses constituye una cuestión esencial y debe ser tratada bajo sanción de nulidad.
Prestación básica universal, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MEIJIDE, RODOLFO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-09

Si el titular ingresó al sistema aportes por un período mayor a 50 años, tener en cuenta para el cálculo de la Prestación Básica Universal sólo 45 años, sería colocarlos en una situación desventajosa, y se estaría afectando el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitu-ionalidad del art. 20, inc. b) de la ley 24.241, y ordenar al organismo previsional que recalcule el haber inicial de la PBU del peticionante, todo ello hasta la sanción de la ley 26.417.
Contravenciones, venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, error excusable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

El mismo imputado ha manifestado que "llegó al quiosco que atiende, una persona que aparentaba ser mayor de edad, para comprar una cerveza. Que como parecía mucho mayor ...no le solicitó los documentos...que después llegó la policía al lugar, que tras verificar que el comprador era menor, labró al compareciente el acta contravencional".

Cabe referir que no se trata de un "error invencible", tal como lo sostiene la defensa en su memorial . En efecto el error es invencible cuando no puede evitarse, aun tomando el debido cuidado. En este sentido, resulta evidente que en el caso de autos, por el contrario, el error en que incurrió el imputado ha sido fruto de una negligencia culpable, toda vez que, conforme lo destaca el a quo en los fundamentos del fallo, el único recaudo que debió haber tomado, consistente en solicitar el documento, no lo practicó.
Denegatoria del recurso, sentencia no firme, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

El mero hecho de que la Cámara resuelva una cuestión previa no lleva a este Tribunal a equiparar esa decisión a una definitiva. La parte debe demostrar que lo resuelto o bien le genera un perjuicio irreparable, o bien compromete la interpretación de una garantía constitucional o federal solo susceptible de tutela inmediata. Por ello, tanto en uno como en otro caso, no puede esperar a retomar la cuestión en ocasión de discutir la sentencia definitiva. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Requisa personal, falta de orden del juez, razones de urgencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, Sebastián y PALACIOS, Carlos s/ inf. Ley 23.737 Causa nro. 28.558
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

El Código Procesal Penal de la Nación autoriza una requisa siempre que existan motivos suficientes para presumir que alguien oculta cosas relacionadas con un delito (art. 230), la que debe ser ordenada por un juez salvo en los casos de urgencia en la que puede ser llevada a cabo directamente por el funcionario policial interviniente (art. 184, inc. 5to.) pero, tales razones de urgencia deben tener una entidad tal que hagan claramente aconsejable no postergar el acto durante el tiempo necesario para que el juez emita la orden que lo autorice.
Prescripción, plazo, abogados, colegio profesional, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Carnevale, Gustavo Alejandro y otro c/ C.P.A.C.F.(8189/97)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

La adecuada interpretación de los artículos 46 y 48 de la ley 23.187 y sus concordantes lleva a concluir en que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria -cuando ésta se inicia como consecuencia de la condena penal a un abogado- debe computarse desde que la sentencia condenatoria "firme" sea notificada al Colegio Público de Abogados -como persona jurídica-, con prescindencia de su comunicación al órgano competente para instruir y resolver la causa disciplinaria. Resulta evidente que la interesada en activar el proceso es la institución como tal, sin perjuicio de el procedimiento se encuentre encomendado a un organo determinado de ella (esta Sala "Contardi Marina c/ C.P.A.C.F", 23/12/03).
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, oportunidad procesal, incidentes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Fca Automóviles Argentina SA s/ incidente art 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Procede confirmar la providencia que dispuso la modalidad de difusión de la presente acción colectiva (LDC 54) según los lineamientos y modalidad impartida por esta Sala "F" en precedentes de otros pleitos que integran este mismo colectivo. Si bien aquella actividad debió haberse llevado a cabo con anterioridad a la celebración de la audiencia preliminar, resulta atinado el proceder desplegado en el grado el cual procura subsanar aquella inadvertida defección al tiempo de abrir a prueba las actuaciones, sin que aquel tardío reencauzamiento del trámite pueda comportar para la demandada agravio alguno, lo que descalifica su articulación (CPR 242-3°).
Administración Pública, facultades disciplinarias, empleo público, empleados públicos, relación de dependencia, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

En las relaciones de la Administración ejerce una supremacía especial respecto de algunos administrados por cuanto éstos tienen una calidad que los distingue de la colectividad, en particular, la relación de empleo público, en cuanto la parte preeminente puede pretender de la otra la conducta conforme al fin a conseguir por medio de la relación, puede afirmarse que la primera goza de un "poder de supremacía", mientras que la segunda se encuentra en un estado de "sujeción". Por estas razones, el objeto unitario de la pretensión del sujeto activo y de la sujeción del sujeto pasivo, debe ser identificado en el "comportamiento", antes que en la prestación, es decir, en el modo de desarrollar determinadas actividades constitutivas o no de prestaciones, en el sentido propio de la relación obligacional. En otras palabras, el sujeto activo debe tener el poder de imponer a otros la forma y el modo de una actividad destinada a conseguir el fin que es propio de la relación;

el sujeto pasivo, por su parte, tiene que cumplir un deber correlativo, el de desplegar su actividad en la forma y en el modo pretendido por el otro.
Instrumentos privados, prueba documental, traslado, firma, reconocimiento de firma
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MORELLI, HECTOR c/ CIELMEC  S.A. s/ INSTRUMENTOS PRIVADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-15

Según el CCIV:1031, el instrumento privado -especie del género documento- tiene una especial aptitud: obliga -rectius: impone la carga- a la persona a quien se atribuye su firme a declarar si esa firma es o no suya.

Pero tal carga se impone a través de un procedimiento prolijamente reglamentado por el cpr, que incluye varios actos sucesivos y ordenados: a) la agregación del documento junto con la demandada (cpr: 333) o, en ciertos supuestos, con posterioridad (cpr: 335), b) la notificación del traslado de la demanda por cédula a la que debe acompañarse copia de la documentación (cpr: 339) o, en su caso, el traslado del documento agregado con posterioridad a la demanda (cpr:

335) y, cumplidos los pasos anteriores, c) la generación de la concreta carga de negar o reconocer expresamente esa documentación en traslado, carga que debe cumplirse en la oportunidad y términos del cpr: 356-1 o, en su caso, cpr: 335.

En síntesis: esas normas procesales -particularmente la del cpr: 356 1, que concluye el procedimiento de reconocimiento o desconocimiento de la documentación- reglamentan el modo procesal de imponer el cumplimiento de la obligación mentada en el CCIV: 1031.
Terceros, intervención de terceros, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Baumgartner, Mario Enrique y ot. c/ Jockey Club de la Provincia de Bs. As. s/ Dif. de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

Si la convocatoria al colegitimado pasivo del demandado cuenta con la expresa aquiescencia del actor y el así convocado se suma al proceso con un protagonismo propio que lo lleva a negar su calidad de sujeto pasivo de la prestación reclamada por el actor y la solidaridad que lo vincula al demando frente a aquél, mal podría dejar de concedérsele -en el caso- el rol de parte litisconsorcial sobreviniente, a la cual como tal, han de alcanzar los efectos de la sentencia pronunciada en autos, máxime si el otro codeudor solidario y estrictamente demandado es insolvente (doctr. arts. 705 y 715 del C.C.). (Minoría u opinión personal)
Sobreseimiento, extinción de la acción penal, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: R., M. F.; G., E. N.; DE S. M., J.; T., J. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COHECHO,   ETC. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 29 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Si bien puede no existir pronunciamiento penal sobre el hecho y la responsabilidad al mediar la extinción de la acción penal, ello no obsta a la aplicación del artículo 1077 que refiere claramente (dentro de una de las causas de las obligaciones) al delito como hecho generador del deber de reparar civilmente, más allá de las sanciones penales que pudieran corresponder, ello así por cuanto la norma incluye al delito civil como fuente de la obligación de resarcir el daño causado. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Erbetta)
Fundamentación del recurso, ejecución del convenio
Materia: CIVIL
Carátula: Villa 21-24 (La Toma) c/ Instituto de la Vivienda de la CABA y otros s/ procesos incidentales s/recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado Expte. nº 8150/11 Lemus, Jorge Daniel s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Villa 21-24 (La Toma) c/Instituto de  Vivienda de la CABA y otros s/otros procesos incidentales CABA y otros s/ procesos incidentales s/recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado Expte. nº 8150/11 Lemus, Jorge Daniel s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Villa 21-24 (La Toma) c/Instituto de  Vivienda de la CABA y otros s/otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-15

Los agravios del recurrente remiten exclusivamente al examen de cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución del acuerdo homologado por el juez de la causa que instrumenta el "Plan Integral y Multidisciplinario de Trabajo en Villa 21/24", con lo cual es posible afirmar que el pronunciamiento impugnado en la incidencia no decide respecto del fondo de la pretensión principal objeto de autos, pretensión sobre la cual no corresponde expedirse en esta ocasión por no ser materia del recurso. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Derecho de asilo, asilo político, delitos comunes, extradición
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: García Guzmán, Juan s/ Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

Si el derecho de asilo le fue otorgado al requerido como consecuencia de una gestión ante el gobierno de la requirente y no por la presunta persecución de delitos comunes de los que no existía en nuestro país ninguna constancia, resulta procedente la extradición por éstos últimos.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de Cámara que confirmó la de primera instancia que había desestimado la excepción de incompetencia planteada por la recurrente. Ello así, pues no rebate las razones dadas por el a quo para denegar el recurso de inconstitucionalidad: los jueces rechazaron el planteo de incompetencia que el GCBA fundó en las normas del Convenio Multilateral recordando la doctrina sentada por este Tribunal in re "Libertad SA c/ AGIP s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9820/13; sentencia del 12-11-2014. Asimismo, indicaron que se discutía la validez de un acto local -liquidación de la obligación fiscal de la empresa actora-. Esa decisión no saca el pleito de la jurisdicción, ni implica privación del fuero federal, a lo que se agrega que los planteos del recurrente tampoco logran conmover la doctrina de este Tribunal en que se fundó. El GCBA se limita a señalar que existe un interés de los fiscos de otras jurisdicciones provinciales en el pleito, pero ellas no son parte, y el objeto de la demanda es la impugnación de un acto de la AGIP. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano
Habeas corpus, derechos y garantías constitucionales, pedido de informes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ DARIO ALBERTO s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-09

Así las cosas, y en un todo de acuerdo con el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara., se advierte que el accionante no puso de manifiesto ni surge de estas actuaciones, un acto concreto y abusivo proveniente de autoridad pública o de particular que menoscabe su libertad física o que implique agravamiento ilegítimo de las condiciones de la privación de libertad, que amerite la apertura del proceso constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cohecho, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MALDONADO, MAXIMILIANO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADO POR SER PERSONAL POLICIAL Y COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, ASOCIACION ILICITA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

En el caso del delito de cohecho, la Sala principió su razonamiento aludiendo a la contundencia de material probatorio para tener por acreditada la existencia de un sistema de privilegios usufructuados por un grupo de detenidos en la dependencia policial a cargo del imputado, a cambio de una contraprestación dineraria; y en tal sentido, rechazó las objeciones por la ausencia de testimonios de los familiares de esos detenidos invocando el principio de libertad probatoria -con cita de precedentes jurisprudenciales- y aludió a los medios de confirmación que tuvo en cuenta el A quo para fallar, como ser los testimonios rendidos en baja instancia -que se detallaron- y resultado de las intervenciones telefónicas; sin que logre perfilarse la presencia de un supuesto de irrazonabilidad que descalifique el pronunciamiento justificando la intervención de esta Corte.
Caducidad de instancia, notificación personal
Materia: PROCESAL
Carátula: BAGGINI, JUAN c/ INVERSORA MERCANTIL  SA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Corresponde asignar eficacia interruptiva del curso de la perención, a la notificación personal de la providencia que hace saber el juez que va a conocer.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: FORTE JUAN CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

En relación al planteo relativo a la configuración de la mora y a la diligencia de interpelación que habría tenido que cumplir el acreedor (ante el incumplimiento de la demandada a la Ley 6271) en relación a la cancelación de créditos reconocidos a los actores, la cuestión es de hecho y de prueba y por ende inadmisible en esta instancia, salvo que se invoque suficientemente el supuesto de arbitrariedad de sentencia, lo que no acontece en la especie, toda vez que no ha demostrado que la conclusión sentencial se haya apartado o prescindido de constancias relevantes del expediente y de las pruebas producidas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, cuestión no constitucional, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORONDA c/ COOPERATIVA DE SERVICIOS CORONDA LIMITADA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 515 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-13

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteradamente ha sostenido que las cuestiones referentes a honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal. (De la Disidencia del Dr Netri)