Prescripción de la acción penal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: K. C. W. R. P. E. J. Y. B. J. L. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-12

1. La Corte Suprema de la Nación a partir de lo resuelto en el leading case de Fallos: 186:289 (1940) ha elaborado la doctrina según la cual la prescripción en materia penal es de orden público. En consecuencia, estableció en esa oportunidad que debe ser declarada de oficio por el tribunal correspondiente, que se produce de pleno derecho..., que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo...y que debe declararse en cualquier instancia del juicio..." 2. Cuando la CSJN expresa que la prescripción penal es de orden público advierte que es un instituto que encarna un interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones particulares del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquía no implica de ningún modo que pueda violentar la normativa sin más, sino que permite atender la prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones particulares del fondo en atención a los derechos del imputado.

3. El Máximo Tribunal de la Nación ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión (Fallos: 332:1512; 330:4539; y causa "Ibáñez", del 11/8/2009, La Ley 25/9/2009, 7 - Sup. Penal 2009, octubre, 48; entre otras).Sobre la cuestión, se debe indicar que uno de los principios fundamentales que inspira al ordenamiento procesal penal es el derecho de toda persona a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas (CSJNación, Fallos 272:188).

4. En cuanto al alcance que cabe asignar a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la Constitución Nacional y de tratados internacionales referidos en ella (arts. 7, inc. 5 y 8, inc. 1, C.A.D.H.), con anterioridad a la expresa incorporación del derecho invocado a la Constitución Nacional, éste ya había sido reconocido por la Corte Suprema de la Nación al sostener que debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su situación frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (in re: "Mattei", consid. 14, Fallos 272:188).

5. Esta Corte sostuvo en reiteradas oportunidades que la naturaleza de orden público del instituto de la prescripción, que se vincula a la subsistencia de la acción penal, determina la necesidad de que el órgano jurisdiccional se expida sobre la aplicación de la nueva ley previa a toda otra resolución. De este modo, ha considerado, en atención al concepto y al alcance que le dio la CSJN al instituto de la prescripción penal, que la misma representa una excepción a la enumeración expuesta por el digesto de forma. Esta excepción no aparece arbitraria sino que se la realiza en atención a la particular situación del acusado evitando ponerlo en riesgo al analizar cuestiones previas que podrían agravar su situación y brindar una solución que de forma expedita resuelva su situación de incertidumbre.

6. En el caso particular del orden fijado por los códigos procesales penales, Jorge A. Clariá Olmedo, explica que: "Nosotros pensamos que, ante la evidencia sobre dos o más causales, debe darse prioridad a la extintiva si se cuenta entre ellas. Ello se debe a los efectos que, conforme a la ley penal, tiene la extinción de la acción. Esos efectos excluyen el argumento de la injusticia que significa para el imputado la omisión de resolver sobre el fondo cuando es evidente que no ha cometido el hecho. A fuerza de imponerle al juez analizar antes otras causales, más injusto sería que éste declarase al imputado culpable pero que no se le acusa o condena por haberse extinguido la acción penal. Este criterio es receptado por el Código Procesal Penal de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires." (Jorge A. Clariá Olmedo, "Código Procesal Penal", Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1998, tomo III, pag. 15).