marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho comercial, marca notoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELEFONICA  SA c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA s/ cese deoposición  al  registro  de  marca Y ACUMULADAS: Causa 6.627/05 y2.224/05.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

La notoriedad no debe probarse porque si fuera necesario hacerlo, ella no existiría. Pero se trata de una idea que, llevada a sus extremos, conduce a un razonamiento circular: cualquiera podría invocar ese carácter, sin más, porque el solo proferimiento de la palabra "notoria" por parte del interesado bastaría para relevarlo de probar el hecho sobre el que se funda su derecho (art. 377 del Código Procesal). Consciente de ello esta Sala, siguiendo a la doctrina francesa, ha considerado que quien invoca esa característica debe acreditarla salvo, claro está, que se trate de aquellas marcas que por su alto poder distintivo y grado de difusión entre el público -v.gr. "Rolex", "Coca Cola", etc.- pertenezcan indudablemente a esa categoría (causa nº 3971/98 del 13/5/04 y Mathely, Paul, "Le droit francais des signes distinctifs", Librairie du Journal del notaires et des avocats París, 1984, pág. 19, ver además, pags. 18 y 310; Sala II causa nº 4772 del 21/3/02).
Prescindibilidad, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: BALBI, ELSA A. c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-13

No corresponde indemnizar el daño moral en los casos de prescindibilidad, salvo que el supuesto acto lesivo quede desprendido del vínculo laboral en orden a la cesación por prescindibilidad.
Concurso de delitos, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: S., D.E. y Otro s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-25

Lo decisivo para que exista un concurso ideal es que haya una unidad de conducta con una pluralidad de tipos, pero el concurso ideal no requiere una simultaneidad ni ella es decisiva para determinarlo sino que presupone la unidad de la conducta, que viola las normas antepuestas a diferentes tipos penales.
Constitución Nacional, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. A. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trazan una nítida línea jurisprudencial la cual reposa, a mi juicio, en dos principios cardinales que operan como marco de referencia en punto a dilucidar si la normativa de emergencia bajo análisis afecta derechos de rango superior. El primero de ellos está constituído por la limitación temporal de las restricciones, en tanto el segundo se verifica en torno a la inalterabilidad del derecho crediticio. Con arreglo a tales principios, cabe extraer una primera conclusión virtualmente contraria a la postura sostenida por el tribunal sentenciante en su pronunciamiento, en tanto del examen del precepto cuestionado -a la luz de la doctrina sentada por la Corte- surge que la ley provincial 8836 no afecta el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Carta Magna. (Voto del Dr. Madueño -en mayoría-).
Falsificación de moneda, circulación de moneda falsa, idoneidad de la falsificación
Materia: PENAL
Carátula: Tchomlekdjoglou, Jorge y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-03

El requisito de expendibilidad que requiere el art. 284 del C.P. no depende de que un experto dé cuenta de la falsedad, o de que una persona -sea por déficit en sus condiciones o capacidades, sea por circunstancias de tiempo, modo o lugar que hagan particularmente difícil detectarla reciba el billete o la moneda falsa. El objeto imitado debe poder "circular como auténtico entre el público... lo fabricado tiene que ser idóneo para confundir, para que el común de las gentes depositen su fe en él, de la misma manera que la harían frente a un billete auténtico".
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez, Luis Carlos c/ Moreno, Francisco s/ Desalojo D'Alesio, Cristobal c/ Sassi, Eduardo s/ Ejecución Bertelo, Roberto José y otro c/ D'iorio, José María y otros s/ Disolución de sociedad - Rendición de cuentas Aguilera, A. E. c/ Mirabella, J. s/ Ejecución hipotecaria Ferri Juan c/ Guidoni Julio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-09|1988-06-23|1991-04-02|1993-12-21|2000-02-22

Aún cuando admite que la norma del artº 48 CPC consagra una nulidad absoluta y, en consecuencia, de orden público, debe reconocerse asimismo que también reviste este último carácter la preclusión, toda vez que lo que con ella se persigue es que los actos procesales cumplidos queden firmes y no puedan volverse sobre ellos prolongando la duración de las causas indefinidamente, lo que importa una necesidad jurídica que justifica la validez de aquellos no obstante los vicios que pudiera presentar", de donde se interpreta que la tardía acreditación de la personería sanea la nulidad cuando la agregación del poder o de la ratificación ha sido admitida por el juez sin observación de la contraria, por lo tanto firme y consentido.
Escritos judiciales, firma falsa, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: LUQUE, Dionisia Elena c/ TRANSPORTE DEL OESTE S.A. LINEA 503 y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

Una vez formulado el cuestionamiento de la firma, no procede el reconocimiento posterior por parte del interesado, ya que solo la prueba pericial puede determinar la verdad objetiva acerca de su autenticidad. Y tratándose de escritos judiciales, no puede pretenderse que se tenga por válidos dichos actos, ya que comprobada la falsedad de la firma colocada, tales actos procesales resultan inexistentes.-
Competencia por la materia, violencia familiar
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D. S. L. C/ L. B. S/ Protección contra la violencia familiar (LEY 12.569) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-09-28

Denunciado el trato violento por parte de un sujeto que no forma parte del "grupo familiar" de la actora ni de sus progenitores (arts. 1 y 2, ley 12.569, texto según ley 14.509), la atribución de competencia prevista en el art. 6 de la ley 12.569 -texto según ley 14.509-, a favor de los tribunales de familia o juzgados de paz letrados no es aplicable. Asimismo, el art. 22 de la ley 26.485 establece que entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate, y teniendo en cuenta que el juez de grado ha dispuesto medidas precautorias conducentes a resguardar la integridad de la denunciante, el conflicto de competencia debe resolverse en favor del fuero civil y comercial, frente a su competencia genérica y residual -en tanto no se halla plenamente justificada la intervención de los fueros especializados-.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, avocación jurisdiccional, recurso extraordinario, privación de justicia, cosa juzgada, sentencia, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ibáñez,  Sara  del Pilar s/ su solicitud de avocación - privación de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Si se intenta suscitar la avocación de la Corte Suprema con fundamento en la privación de justicia y desconocer, de esa forma, la firmeza del fallo del Tribunal Superior provincial, la situación debe ser analizada con extremada prudencia, pues sin desconocer los derechos de raigambre constitucional que le asisten a la imputada, también se encuentra en juego la vigencia de la cosa juzgada a la que se le ha reconocido igual jerarquía, en la medida que la estabilidad de las decisiones judiciales constituye un presupuesto ineludible para la seguridad jurídica. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, principios procesales, resoluciones inapelables, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, pretensión, método de unificación, gravamen actual
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tieri, Maximiliano Adrian c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-20

Procede hacer lugar a la queja y conceder en relación el recurso de apelación denegado mediante el cual se rechazó la pretensión del deudor de que su concurso preventivo tramite, en forma conjunta con el de otra sociedad en los términos establecidos por el LCQ 68. Y en el caso, se observa que, la resolución impugnada resulta susceptible de ocasionarle un gravamen irreparable, en tanto importa descartar la intención de que su concurso tramite juntamente con el de la sociedad de la cual se constituyó como garante y, así, lograr su agrupamiento y los beneficios que eventualmente ello pudiera significar (cfr. LCQ 68).
Pago, intereses, reserva de compra, recibo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SNIAFA  S.A.I.C. c/ SURLON  S.A.I.C. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La presunción de onerosidad de los actos mercantiles impone una aplicación restrictiva del CCIV 624, y conlleva la posibilidad de que la suposición de la norma sea desvirtuada por circunstancias que revelen la voluntad del acreedor de percibir los accesorios (en el caso, se admitió el reclamo de intereses pese a la falta de reserva en los recibos, con fundamento en que aquella intención se infería del texto de las facturas, y de la correlación de fechas entre la recepción de los pagos y la emisión de las notas de débito correctamente asentadas en los libros del actor).
Jueces, facultades instructorias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TAIN RAUL ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-24

Dentro de las facultades de los jueces, se encuentran precisamente las instructorias, tal lo que surge del Art. 36 del C.P.C.y C. que en su inc.2° los faculta a ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Esta es justamente la facultad mas importante concedida al Juez para crear el necesario equilibrio entre Úste y las partes, procurando así la necesaria armonía que debe presidir el desenvolvimiento del proceso judicial de modo que, sin dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, el proceso no se desarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes. Y en este sentido cada parte debe demostrar probando lo que sostiene, pero los jueces están facultados para disponer de oficio las diligencias necesarias para esclarecer los hechos controvertidos y asegurar a la causa una decisión conforme a justicia, puesto que son los jueces los encargados de administrarla, los que sin duda deben tener el gobierno y la dirección de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, aclaratoria (procesal), omisión de pronunciamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dï Elia Domingo Fermin c/ Ramón Alfredo Santamarian y otro s/ Ordianario - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-03-16

1- El recurso de aclaratoria está previsto para que el Tribunal, luego de pronunciada la sentencia, aclare algún concepto oscuro, supla una omisión o corrija un error material ( art. 336 C.P.C.) La decisión condenatoria que recibe el rubro daño emergente aclaratoria mediante, no desborda los límites que la ley le asigna al art. 336 C.P.C puesto que reconoce como causa una simple omisión, circunstancia expresamente reconocida en la directiva del artículo citado, por lo que el juzgador se limitó a hacer uso de dicha facultad.

No se trata de una nueva manifestación de voluntad jurisdiccional, contradictoria con la asumida en oportunidad del dictado de la sentencia principal, sino que la resolución aclaratoria cumple una función integradora, de conformidad con las cuestiones oportunamente introducidas al proceso como materia de debate, supliendo la omisión de que adolecía el pronunciamiento aclarado, que no se había pronunciado sobre dicho rubro, reclamado en la demanda.
Interpretación de la ley, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO c/ RADIO COMUNICACIONES MOVILES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

De la legislación aplicable surge que para otorgar carácter ejecutivo a una acreencia debe tratarse de "deudas fiscales";

"créditos fiscales" y el obligado al pago ser un "contribuyente" y la llamada "orden de provisión" no responde a ninguna de esas conceptualizaciones. De admitirse lo contrario, es decir, la autorización del cobro de rubros extraños a deudas y créditos fiscales, tales como los provenientes de cualquier otro tipo de actividad estatal (como por ejemplo contrataciones, suministros, otros servicios, etc.), sin ley previa que lo habilite, posibilitarían su percepción por la vía ejecutiva y con ello se excedería el marco de legalidad tributario.
Aduanas, control aduanero, mercadería aduanera, perjuicio fiscal
Materia: ADUANERO
Carátula: "Compañía Naviera Horomar SA (TF 12711-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09

Debe ser acogido el recurso de la accionante, habida cuenta que el error por ella cometido al consignar en el conocimiento general alfabetizado el peso de la mercadería que surgía del conocimiento original perteneciente al buque no puede ser reprimido a tenor de lo previsto en el art. 995 del Código Aduanero en la medida que éste requiere que el hecho, para ser sancionado, hubiese podido producir perjuicio fiscal o hubiera podido afectar el control aduanero (cons. III).
Delitos tributarios, falta de facturación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Elías, Jalife s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Las operaciones comerciales que se concretan sustraídas del régimen legal de facturación, contienen un ingrediente que perjudica a aquellos que, en el ejercicio de sus actividades, cumplen con los recaudos que las leyes y reglamentos le imponen, frente a otros que operan en los circuitos económicos informales y de creciente marginalidad.
Hipoteca, principio de especialidad (civil), intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALINERA PROPITKIN  S.A. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ MORA.    PLAZO    TACITO.  OBLIGACIONES  EJECUCION  POR  UN  TERCERO. CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ ASOC.  COOP. DE PERMISIONARIOS CONGRESO - FERIA MUNICIPAL MODELO NRO. 77 s/ EJECUCION HIPOTECARIA - INTERESES - EXCEPCIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24|1987-09-10

El principio de la especialidad exige que la hipoteca se constituya sobre inmuebles determinados y por una suma de dinero cierta y determinada. El negocio del cual puede derivar el crédito o la obligación eventual que pretende garantizarse debe, para cumplir con la regla del art. 3131 del Cód. Civil, haberse determinado o precisado.

La cláusula del mutuo en la que se conviene el interés que devengará el crédito, sujetándoselo al régimen de préstamos para inversiones en infraestructura social con capital fijo y tasa variable no torna nula la hipoteca no sólo porque ha sido inserta y aceptada voluntariamente por todos los deudores (que además se constituyeron en lisos, llanos y principales pagadores) sino también porque se ha consignado una cantidad cierta de la deuda originaria, a cuyo efecto es suficiente que se declare el valor estimativo en el acto constitutivo de la hipoteca.
Docentes, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, Consejo Nacional de Educación Técnica
Materia: PROCESAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MASCALI, Nilda y OTROS c/ Co.N.E.T. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda contra el Consejo Nac. de Educación Técnica en la que se reclamaba el cobro del adicional por Dedicación Funcional creado por decreto 1337/87 en el cual -según los actores- se omitió la inclusión del adicional en cuestión (confr. esta Sala in re Brescia , del 19 de abril de 1994 y Barreiro , del 10 de marzo de 1994).
Estafa, ardid, engaño, relación de causalidad, perjuicio a terceros, concurso de delitos, concurso ideal, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: FERREYRA, José L. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

El delito de estafa requiere una doble relación de causalidad, el engaño debe haber provocado el error y éste, a su vez, debe haber sido determinante de la prestación.

Si el engañado fue el gerente comercial y las víctimas del perjuicio patrimonial son las entidades bancarias giradas que abonaron cheques adulterados; en ambos casos existe una relación de causalidad que conecta el error y el daño patrimonial a la conducta engañosa del imputado.

El argumento del juez para absolver, se basa en exigir la identidad subjetiva entre engañado y perjudicado en su patrimonio; ello conduce a conformar un marco de impunidad, no querido por el legislador e inconciliable con los fines de protección del bien jurídico que tutela el art. 172, C.P.

En la estafa pueden no coincidir la persona inducida a error con la desposeída de su patrimonio, es decir, que pueden ser distintos el sujeto pasivo del perjuicio y el sujeto pasivo del ardid, ya que esa identidad subjetiva no es presupuesto necesario para la configuración del ilícito.

Si a ello se suma la utilización fraudulenta de documentos privados adulterados, como vehículo idóneo para provocar el engaño en el sujeto pasivo, la conducta quedará comprendida en el art. 296, C.P. en concurso ideal con la figura de estafa reseñada.

Así, deberá condenarse al imputado como autor del delito de estafa mediante uso de documento privado adulterado, arts. 172 y 296, C.P. (Disidencia del Dr. Rivarola)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Beret, Pablo c/ Ferrari, Carlos y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Cuando se da la absolución en la causa penal por inexistencia de vínculo causal entre la conducta de los imputados y la consecuencia dañosa, resulta aplicable la prohibición del art. 1103 del C.C., porque mientras la discusión acerca de la culpabilidad puede reabrirse en sede civil, la relativa a la relación causal queda por principio excluida, para que la realización del hecho principal no se pueda juzgar dos veces con resultados divergentes.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pernice, Edgardo Gustavo c/ Verbel, Marconi de Jesus s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Habiendo el dependiente, demandado en autos, realizado una gestión bancaria encomendada por su empleadora, es evidente que la relación de causalidad adecuada está presente en el ilícito protagonizado por aquel haciendo responsable a su empleadora (art. 1113 del CCI), ya que en esa ocasión y siguiendo la secuela de los hechos, comienzan los mismos en la institución bancaria en ocasión de la tarea encomendada y concluyen en la vía pública donde el demandado comete un hecho ilícito con un arma blanca por el que fuera condenado en sede penal.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G B , J P s/ INFRACCION DEPOSITO FACTURA AÑO 1978.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 52-83 COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ C., O. s/ SOLICITA SANCIONES DISCIPLINARIAS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 286-85 COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ C., O. s/ INFORME OFICINA CONTRALOR DE FUTUROS INGRESOS.     CSJ EXPTE NRO 287-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-13|1986-11-26|1986-11-26

Resulta inadmisible el recurso intentado si aunque el quejoso afirma cuestionar no sólo la congruencia (inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055) sino también la inteligencia de preceptos constitucionales que no se condicen con la normativa de la ley provincial del notariado -lo que implicaría invocar el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055- no desarrolla luego ese agravio ni demuestra haber planteado al tribunal a quo tema alguno vinculado con el alcance con que deban interpretarse cláusulas constitucionales.
Uso indebido del espacio público, tipo penal, Salud pública, control de productos alimenticios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Mello Duarte, Fernando Gabriel s/ infracción al art. 83 C.C. C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-10

La instalación en la vía pública de un carro metálico destinado a la venta de panchos y bebidas, alimentos carentes de todo control de higiene y calidad que no pueden ser asimilados a baratijas, pues su venta podría poner en riesgo la salubridad pública.
Protección internacional de los derechos humanos, asilo diplomático, competencia consultiva de la Corte Interamericana, opinión consultiva, soberanía
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Serie A No. 25.  Solicitante: República del Ecuador c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-05-30

Si bien el asilo diplomático no se encuentra protegido bajo el artículo 22.7 de la Convención Americana o el XXVII de la Declaración, en tanto la Corte Interamericana ha resuelto en la presente Opinión Consultiva solicitada por el Ecuador sobre la materia, que el derecho a buscar y recibir asilo en el marco del sistema interamericano se encuentra configurado como un derecho humano fundamental a recibir protección internacional en territorio extranjero, la concesión del asilo diplomático y su alcance deben regirse por las convenciones de carácter interestatal que lo regulan, debiendo aquellos Estados que se hayan obligado mediante convenios multilaterales o bilaterales sobre asilo diplomático, o que lo tengan reconocido como un derecho fundamental, otorgar la protección, aun cuando el Tribunal debe resaltar que los Estados tienen la facultad de otorgar el asilo diplomático en el marco del ejercicio de su soberanía.