Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-24


2a Instancia.- Buenos Aires, noviembre 24 de 2009.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda viene apelada por la demandada. El recurso es procedente.

La declaración de Barreto -único testigo- resulta inidónea para tener por acreditado el pago por "horas extras" porque cuando, como en el caso, la prueba instrumental revela el pago de retribuciones por trabajo suplementario, el trabajador que pretende la subsistencia de tiempo no retribuido debe precisarlo y probarlo acabadamente. La demanda presenta, en el tema, deficiencias insalvables de articulación, insusceptibles de ser compensadas con vagas referencias testimoniales. Por lo demás, sólo resta decir que el empleador no está obligado a utilizar medios de control del ingreso y egreso de los trabajadores del establecimiento. Si decide libremente hacerlo, no está obligado a conservarlos, ni, por no existir norma que lo imponga, a exhibirlos. El horario que el empleador debe registrar en el libro del artículo 52 es el normal. Si en el establecimiento se cumple normalmente trabajo extraordinario, debe llevar el registro ordenado por el artículo 6º de la Ley 11544, pero la omisión en llevarlo no permite presumir la prestación de tareas en sobretiempo, que debe surgir de prueba eficaz autónoma. Probado este extremo -circunstancia que en el caso no sucedió- , la omisión permite aceptar estimaciones razonables del trabajador. Las finalidades de contralor externo de la carga documental que la ley impone al empleador, explican que se exija el asiento del horario normal asignado a cada trabajador, lo que permitirá a la inspección del trabajo constatar los eventuales excesos.

La solución propuesta conduce a dejar sin efecto la condena de entregar nuevas certificaciones de trabajo.

II.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y se fije el capital nominal en $ 1.110,89.- al que accederán intereses en la forma establecida; se dejen sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios; se impongan las costas de primera instancia al actor, ya que ha sido derrotado en lo principal, y se regulen los honorarios de las representaciones letradas de la actora y de la demandada y los del perito contador, en $ 1.500.-, $ 2.000.- y $ 550.- respectivamente, sin costas de alzada atento no mediar réplica (artículos 68 y 279 C.P.C.C.N.; 6º, 7º 8º, 14 y 19 de la Ley 21839; 3º del D.L. 16638/57).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ no vota (artículo 125 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y fijar el capital nominal en $ 1.110,89.-;

2)Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios;

3)Imponer las costas de primera instancia al actor;

4)Regular los honorarios de las representaciones letradas de la actora y de la demandada y los del perito contador, en $ 1.500.-, $ 2.000.- y $ 550.- respectivamente, sin costas de alzada. JUAN CARLOS E. MORANDO- LUIS ALBERTO CATARDO.