Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05


Expte. nº 9243/12 "GCBA s/ queja por recurso de incons-titucionalidad denegado en 'Mollisaca, Reina Mamani c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'" Buenos Aires 5	de junio de 2013 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante GCBA, acude en queja ante este Tribunal, a fin de sostener el recurso de inconstitucionalidad que oportunamente dedujera contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que confirmó, en todos sus aspectos, la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de amparo.

La Cámara de Apelaciones denegó el recurso de inconstitucionalidad, con sustento en que no se había planteado adecuadamente un caso constitucional. Ello así, toda vez que el recurso sólo reflejaba la discrepancia respecto de la manera en que se había valorado la prueba y la realidad judicial verificada. Añadió, también, que de los propios términos de la sentencia recurrida resultaba que las cuestiones que habían sido objeto de tratamiento y decisión se circunscribían a la interpretación de normas infraconstitucionales como la ley n° 3706 y el decreto n° 690-GCBA-2006 y sus modificatorios, y el fallo se presentaba como debidamente fundado (fs. 141/142).

En su queja obrante a fs. 14/20, el GCBA se agravia de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad "en razón de que en la especie existe cuestión constitucional suficiente, puesto que lo decidido en autos por la sentencia de Cámara resulta contrario a la doctrina sentada por el TSJCBA en causas análogas a la presente." (fs. 14 vuelta). Afirma, también, que existe cuestión constitucional, por cuanto la Cámara de Apelaciones dictó una sentencia que prescindió de la norma constitucional aplicable (art. 14, CCBA) y condenó al GCBA afectando la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio de su parte. Sostiene, además, que la alzada incurrió en exceso de jurisdicción al resolver la apelación, toda vez que "la cuestión planteada por la actora, era evidentemente abstracta" (fs. 14 vuelta). Tachó de arbitrario el pronunciamiento atacado.

2. En el caso, Reina Mamani Mollisaca, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad, promovió acción de amparo contra el GCBA, con el objeto de que se le permitiese acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas de habitabilidad (fs. 1/18 vuelta, de los autos principales, a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se designe, excepto expresa indicación en contrario).

Relató que su grupo familiar lo componían ella y su hijo menor de edad (al momento de la demanda, tenían 46 y 14 años, respectivamente); que no contaba con familiares que pudieran proveerle ayuda económica alguna; que percibía la suma de pesos trescientos ($300) mensuales por su trabajo como empleada doméstica; que recibía la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), por los programas Ciudadanía Porteña y Plan Nuestra Familia; y que ante la imposibilidad de poder afrontar el alquiler del lugar donde habitaban se encontraban próximos a ser desalojados. Apuntó que su hijo, con motivo de la beca que obtuviera, se encontraba cursando el segundo año del colegio en el Instituto Adventista Balcarce, como pupilo los días hábiles. Explicó que la obtención de un trabajo estable se le dificultaba debido a una contusión cerebral sufrida en el año 2002 que le había dejado secuelas (problemas de visión, constantes dolores de cabeza y adormecimiento de brazos). Manifestó haber sido beneficiaria del programa creado por el decreto n° 690/06, pero que, una vez recibida la última cuota prevista (en mayo de 2009), se le denegó la posibilidad de renovación.

Como medida cautelar, requirió que mientras durase la tramitación del amparo, se ordenara al GCBA que la incluyera -junto a su grupo familiar- en alguno de los programas de emergencia habitacional. Esta medida, concedida por el juez de grado (fs. 47/49), no fue cuestionada por el GCBA.

El GCBA contestó demanda y solicitó su rechazo (fs. 55/63 vuelta).

La Asesoría Tutelar -en virtud del informe socio ambiental de fs. 108/111- consideró que, al no encontrarse residiendo el menor con su progenitora, correspondía que cesara la intervención de ese Ministerio Público (fs. 121), lo que el juzgado de grado tuvo presente (fs. 122, punto II).

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al GCBA que incorporase a la actora, y a su grupo familiar, en el plan habitacional previsto por el decreto n° 690-GCBA-06 (modificado por decreto n° 167-GCBA-11); o en su defecto, en cualquier otro plan o medida concreta que garantizase efectivamente su derecho a la vivienda (fs. 127/130).

3. Disconforme con lo decidido, el GCBA apeló y expresó agravios (fs. 133/139 vuelta), que fueron contestados por la parte actora (fs. 143/165 vuelta). La Asesoría Tutelar, por su parte, dictaminó que no correspondía que se le notificase la sentencia recaída en autos, en tanto su intervención había cesado (fs. 171), lo que fue tenido presente por el juzgado de primera instancia (fs. 172, punto II).

4. A su turno, la Sala II de la Cámara CAyT decidió ". [c]onfirmar, en todos sus aspectos, la sentencia de grado." (fs. 175/180).

Para así decidir, los jueces sustentaron la decisión en los artículos 17 y 31 de la Constitución de la Ciudad, y en los principios rectores de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2, 11 y 12); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I, II, XI); la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 3 y 25) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 2, 4, 5, 17, 19 y 26).

Tomaron en consideración lo resuelto por la mayoría de este Tribunal en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, sentencia de fecha 12 de mayo de 2010, señalando que los argumentos del GCBA, que pretenden fundar su recurso de apelación en este precedente, "culminan por refutarlo en todos sus términos, en función de la extremadamente vulnerable situación de la parte actora" (fs. 176). Entendieron, además, que "el estándar fijado en ese precedente no puede permanecer ajeno, en la inteligencia que le cabe asignar, al que, en forma específica, dictó la Corte Suprema de Justicia en autos 'Q. C., S. Y. c/ GCBA s/ amparo', del 24/4/2012" (fs. 176).

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones tuvo en cuenta las disposiciones de la ley nº 4036, que tiene por objeto el reconocimiento integral de los derechos sociales y ordena dar prioridad en las prestaciones a las personas en estado de vulnerabilidad social.

Interpretaron también, que en virtud de lo establecido en ley n° 3706, los paradores no constituían una alternativa habitacional toda vez que dicha norma define como personas en situación de calle, entre otros supuestos, a las personas que concurren a los albergues nocturnos.

En cuanto a las constancias del caso, la Sala II consideró que la actora no recibía ayuda económica de sus familiares, que vivía sola (su hijo asistía a una institución educativa durante jornada completa) en una habitación que formaba parte de un inmueble en el que compartía el baño y la cocina, que en el año 2002 sufrió un accidente que le produjo traumatismo craneal por el que debió permanecer internada por un extenso período y que le generó secuelas en su columna y en su visión, y que desempeñaba tareas de limpieza en una vivienda familiar en la que cumplía una jornada laboral de quince (15) horas semanales por las que percibía la suma de pesos trescientos ($300) por semana. Apuntó, a este respecto, que todo este estado de marcada vulnerabilidad social no aparecía controvertido por el GCBA, quien ni siquiera en la instancia de grado había ofrecido prueba pertinente para comprobar un estado diverso. Tampoco había prueba concreta que acreditase la existencia de vínculos familiares con capacidad económica para coadyuvar en la situación de la actora. Concluyó, entonces, que la omisión en dispensar cualquier tipo de asistencia era lo que configuraba una lesión constitucional. Y que el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales exigía, por regla, que el Gobierno brindase una prestación habitacional que resguardase en su totalidad la integridad de la persona humana (esto era, la preservación de su intimidad, la posibilidad de un desarrollo adecuado para su reinserción en el ejido social, la tutela de su salud, la conservación del núcleo familiar, etc.), dejando sentado que "[n]o se trata de establecer una directriz judicial genérica sobre el tema. Por el contrario, estamos en presencia de un caso concreto (cf. art. 106 CCABA) en que existe una persona que, en principio y a estar por los elementos de juicio allegados, se halla en situación de extrema vulnerabilidad social y en situación de calle" (fs. 177 vuelta).

Finalmente, desechó el argumento del GCBA relacionado con la división de poderes y la invasión de la zona de reserva de la Administración, afirmando que "frente a una situación de vulnerabilidad social, ordenar a la autoridad administrativa que brinde asistencia a la parte actora, que titulariza un derecho en tal sentido no implica en modo alguno invadir o profanar atribuciones del ejecutivo. Por el contrario, se trata de un estricto control de legalidad que incluso, por la forma en que lo resolvió el a quo, preserva el equilibrio entre los poderes" (fs. 178/180).

5. En el recurso de inconstitucionalidad (fs. 184/194 vuelta), cuya denegatoria dio lugar a la queja que da cuenta el punto 1, el GCBA centró sus agravios en que el decisorio impugnado violaba la garantía del debido proceso legal adjetivo y de igualdad, el derecho de defensa, el derecho de propiedad, el principio de legalidad y de división de poderes. Ello así, en tanto: i) se apartaba de la normativa aplicable al caso, toda vez que ". ordena hacer algo que la ley no manda." (se suprimió el resaltado y las mayúsculas del original); ii) lo condenaba a pagar un subsidio sin monto ni límite temporal; siendo las sumas a abonar de muy difícil recupero; iii) desconocía los precedentes más recientes en esta materia, por cuanto ni siquiera se encontraba probado el grado de incapacidad de la actora o que las dolencias que la aquejaban le imposibilitasen trabajar; iv) no había tenido en cuenta que el menor ya no estaba a cargo de la actora; y v) invadía la zona de reserva de la Administración, pues la sustituía en sus prerrogativas de planificación y desarrollo de las políticas sociales. Calificó de arbitrario el pronunciamiento atacado y señaló que la cuestión revestía gravedad institucional.

6. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició declarar inadmisible el recurso de queja articulado por el GCBA por considerar que carecía del requisito de la debida fundamentación (fs. 149/151 de esta queja).

A su vez, la Asesoría General Tutelar -tras elaborar un nuevo informe socio ambiental que indicaba que el hijo menor de edad de la actora se encontraba viviendo con ella- se presentó manifestando circunscribir su dictamen ". a la efectivización de los derechos del adolescente (.) de conformidad con lo dispuesto por el art. 125 de la Constitución de la C.A.B.A. y los arts. 1° y 49 inc. 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público n° 1903.". En tal sentido, solicitó el rechazo de la queja interpuesta por el GCBA por no rebatir el auto denegatorio o, en su caso, que se denegase el recurso de inconstitucionalidad intentado por dicha parte por carecer éste de fundamentación suficiente (fs. 153/190 de esta queja).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402; sin embargo no puede prosperar.

2. En primer lugar, es posible advertir que los agravios vertidos en la queja no satisfacen la carga de realizar una crítica concreta y razonada de los argumentos por los cuales la Cámara CAyT decidió no conceder el recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, este Tribunal ya ha dicho reiteradamente que la ausencia de una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los motivos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso obsta a la procedencia de la queja puesto que la presentación resulta así privada del fundamento tendiente a demostrarla (cf. el Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], ED. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, T. II, ps. 60 y siguientes; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05). Es aplicable, entonces, lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo al fundamento que deben expresar las quejas por recursos denegados (Fallos, 287:237; 298:84; 311:133, 2338; en el mismo sentido, este TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 9/4/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], ED. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 92 y siguientes).

Las circunstancias indicadas resultan suficientes para concluir que la queja del GCBA no puede prosperar.

3. Por lo demás, destaco que en el sub examine no se ha logrado acreditar que las normas constitucionales invocadas guarden relación directa e inmediata con las cuestiones abordadas por el tribunal a quo en la sentencia que se pretende resistir.

Ello es así pues, cualquiera sea el acierto o error de la interpretación que se efectuara de la ley n° 3706, es posible advertir que el tribunal a quo, a partir de la valoración de aspectos de hecho y prueba de la causa, entendió que la parte actora estaba en una situación prioritaria [cf. la reglas del art. 31 CCBA y la doctrina establecida por este Tribunal in re "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, sentencia del 12/05/10"], sin que el GCBA se haya hecho cargo -siquiera mínimamente- de esa circunstancia.

Conforme lo sostuviera en la causa "Alba Quintana", ya citada, "si bien en nuestro sistema los magistrados deben ser fieles al programa legislativo y al orden jurídico vigente, ante la ausencia de una regulación precisa por el legislador del derecho a la vivienda, dentro del marco de los decretos que ha venido sancionando el Poder Ejecutivo, pueden controlar si la asignación de los beneficios se ha realizado sin exclusiones, con total transparencia y sobre la base de las prioridades establecido por aquél" (cf. el punto 6 de mi voto, criterio coincidente con el expuesto por mis colegas Ana María Conde y Luis Francisco Lozano en el punto 8 de su voto conjunto).

En el caso, al recurrir la decisión de la Cámara, el GCBA no controvirtió lo afirmado por los magistrados en el sentido de que la actora no recibía ayuda económica de sus familiares, en el año 2002 sufrió un accidente que le produjo traumatismo craneal por el que debió permanecer internada por un extenso período y que le generó secuelas en su columna y en su visión, y desempeñaba tareas de limpieza en una vivienda familiar en la que cumplía una jornada laboral de quince (15) horas semanales por las que percibía la suma de pesos trescientos ($300) por semana.

Así las cosas, los jueces de la causa consideraron que la actora formaba parte del universo de personas con prioridad, con sustento en la valoración de cuestiones de hecho, y el GCBA no mostró, a fin de desvirtuar lo afirmado por aquéllos, que aplica los recursos estatales a subsidiar a personas que están en una situación preferente a la de la actora ya sea por padecer una mayor necesidad, medida según parámetros válidamente adoptados por los órganos que representan la voluntad popular, o porque estando en igual situación la medida del beneficio acordado es menor al que el a quo le reconoció.

Finalmente, la afirmación del GCBA con arreglo a la cual el a quo habría acordado un subsidio cuyo monto no encuentra correlato en la normativa vigente, tampoco suscita la intervención de este Tribunal por la vía intentada, en tanto la parte recurrente no muestra que esa conclusión pueda extraerse necesariamente de la sentencia que dispuso confirmar el pronunciamiento de grado que había ".orden[ado] al GCBA que incorpore a la Sra. Reina Mamaní Mollisaca . y su grupo familiar en el plan habitacional previsto por el decreto 690-GCBA-06 (modificado por decreto 960-GCBA-08 y decreto 167-GCBA-11), o en su defecto cualquier otro plan o medida concreta que garantice efectivamente su derecho a la vivienda." (fs. 130).

En suma, cabe concluir que el tribunal a quo arribó a la solución del caso concreto con fundamento en cuestiones de hecho y con base jurídica infraconstitucional, que no han sido rebatidas y, por ende, permanecen incólumes.

4. Resta añadir que los agravios planteados tampoco logran poner de resalto deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan considerar al pronunciamiento impugnado como la "sentencia fundada en ley" a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

5. Por otra parte, cabe señalar que los planteos formulados en la queja sobre el carácter abstracto de la cuestión planteada por la actora y la imputación a la Cámara de habilitar "la acción de amparo para cuestiones que carecían de actualidad y vigencia" (fs. 14 vuelta) y de decidir en forma contraria a la doctrina sentada por este Tribunal en los autos "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Mantovano, Carlos A. y otros c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)'" expte n° 3098/04, y en "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pons, Sandra C. y otros c/ GCBA s/amparo art. 14 CCABA)'" expte nº 3097/04 -ambos con sentencia de fecha 16 de diciembre de 2004-, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], ED. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004/B, T. VI, p. 1177 y ss. y p. 1244 y ss., respectivamente, no encuentran apoyo en las circunstancias de esta causa.

En efecto, no resulta de aplicación al sub lite la doctrina de los precedentes citados pues trataron situaciones fácticas sustancialmente distintas a la de autos toda vez que, en aquellos casos, se verificaba la inexistencia de un gravamen concreto y actual por parte de los amparistas quienes, como consecuencia del dictado de una nueva norma, continuaban recibiendo por parte del GCBA asistencia habitacional. La situación del sub lite es exactamente la contraria, nada hubo de abstracto ni carente de actualidad en la demanda promovida por la actora, que necesitó de la medida cautelar dispuesta en autos para volver a percibir un subsidio habitacional ante la negativa del GCBA de renovarlo.

6. Por último, el planteo esbozado por el GCBA referido a la doctrina de la "gravedad institucional" -elaborada por nuestro tribunal cimero y consolidada a partir de la causa "Jorge Antonio", Fallos: 248:189, sentencia del 28 de octubre de 1960- tampoco puede prosperar, pues no aparece respaldado con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240).

En virtud de las consideraciones expuestas y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, corresponde rechazar el recurso de queja deducido por el GCBA a fs. 14/20.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Por las razones expresadas por el Sr. juez de trámite en el apartado 2 de su voto, que comparto, adhiero a la solución que propone. Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con el juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, en que corresponde rechazar la queja deducida a fs. 14/20 porque no se ha acreditado la existencia de una cuestión constitucional (cfr. art. 113.3 CCBA) o federal (cfr. CSJN, Fallos 311:2478).

2. Cualquiera sea el acierto de la interpretación que la Cámara hizo de la ley n° 3706, entendió que la parte actora estaba en situación prioritaria [cf. la reglas del art. 31 CCBA y la doctrina establecida por este Tribunal in re "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 6754/09, sentencia del 12/05/10"], sin que el GCBA se hubiera hecho cargo de esa circunstancia. Conforme la doctrina sentada por el Tribunal en la causa "Alba Quintana", ya citada, la inobservancia de las prioridades en la distribución del subsidio ".puede ser presumida por los jueces cuando el beneficio le es denegado a una persona que se halla dentro del universo de personas con prioridad." porque ".la normativa que los regula no permite asumir automáticamente que la distribución de los recursos se realice de acuerdo a las prioridades aludidas." para asistir siempre al grupo más necesitado (cf. el punto 12 del voto conjunto de los jueces Conde y Lozano).

En el caso, la Cámara entendió que la parte actora (una mujer de 46 años, con un hijo de 14 años -ambas referencias tomadas al momento de la interposición de la demanda-, quien en el año 2002 sufrió un accidente que le produjo traumatismo craneal que le generó secuelas en su columna y en su visión, cf. fs. 176 vuelta), formaba parte de aquel universo de personas con prioridad. En este orden de ideas, tal como lo señala el Dr. Casás en su voto, el GCBA no mostró, a fin de desvirtuar la mencionada presunción, que aplica los recursos estatales a subsidiar a personas que están en una situación preferente a la de la actora ya sea por padecer una mayor necesidad, medida según parámetros válidamente adoptados por los órganos que representan la voluntad popular, o porque estando en igual situación la medida del beneficio acordado es menor al que el a quo le reconoció (cf. el punto 12 de "Alba Quintana", ya citado). A ese fin, no alcanza con lo postulado por la recurrente en cuanto a que ". no se ha merituado las circunstancias de hecho y prueba al momento de dictar sentencia, dado que como se cita en las consideraciones del decidendo en crisis, surge del informe social de fs. 108 y siguientes que el hijo de la actora, en la actualidad no convive con ella, lo que la posiciona en forma diferente ante la igualdad que se debe exigir conforme al orden de prioridades establecidos en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires" (fs. 34), pues, con ello, no muestra que el hijo de la actora (de 14 años de edad al momento de interponer la demanda, es decir, al 10/07/2010) no esté a su cargo, ni que se den los aludidos extremos para afirmar que brindar asistencia a la actora conduciría a violar la igualdad a que aludí más arriba.

3. La afirmación del GCBA con arreglo a la cual el a quo habría acordado un subsidio cuyo monto no encuentra correlato en la normativa vigente, tal como lo señala el juez Casás, tampoco suscitan la intervención de este Tribunal por la vía intentada, en tanto la parte recurrente no muestra que esa conclusión pueda extraerse necesariamente de la sentencia que dispuso ".confirmar la sentencia de primera instancia." que había ".orden[ado] al GCBA que incorporase a la actora en el plan habitacional previsto en el decreto N° 690/06 o cualquier otro plan o medida concreta que garantizase efectivamente su derecho a la vivienda" (fs. 175/180); circunstancia que dista de aquella contemplada por este Tribunal in re "Alba Quintana", citado.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido con el Sr. Juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, en cuanto a que la queja interpuesta por el GCBA a fs. 14/20 debe ser rechazada.

2. Tal como se destaca en el voto preopinante, el recurso no contiene una crítica concreta y razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad que logre rebatir fundadamente los argumentos dados por la Cámara para no conceder el recurso, sustentando su presentación en una mera discrepancia con lo decidido en la anterior instancia, lo cual resulta suficiente para rechazarlo.

3. Pero además, la queja padece de un defecto genérico: no logra conectar el agravio concreto que -afirma- le provoca la sentencia de Cámara, con un motivo de impugnación de carácter constitucional, esto es, con la aplicación de una norma que lesione una garantía constitucional referida directamente al caso (cf. este Tribunal in re "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo [art. 14, CCABA])", expte. nº 3264/04, resolución del 23/05/03). Es decir, que no se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402, más allá de efectuar alusiones genéricas a la violación del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso legal.

En efecto, en ninguna de sus presentaciones el Gobierno logró vincular los principios constitucionales que dice afectados con las razones dadas por la Cámara para fundar su sentencia, consistentes en la valoración de las circunstancias sociales, laborales y familiares del actor (mujer sola, de 49 años de edad, con un hijo a cargo, que sufrió una caída por escaleras con importantes secuelas físicas, que se desempeña efectuando tareas de limpieza y percibe una remuneración apenas suficiente para afrontar el costo de su habitación), para sustentar la decisión de incluirlo dentro del grupo prioritario para la distribución del subsidio habitacional (conf. doctrina de este Tribunal en la en la sentencia pronunciada el 12 de mayo de 2010 en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte n° 6754/09"), más allá del acierto o no de su ponderación por los jueces de la causa.

Por otra parte, el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente denegado por la Cámara, en tanto las disposiciones puestas en juego para fundar la sentencia -especialmente las leyes locales n° 3706 (Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle) y n°4036 (Ley para la protección integral de los derechos sociales)-constituyen aplicación e interpretación de reglas infraconstitucionales, materia que en principio no se encuentra comprendida por el recurso interpuesto.

4. Por último, debo señalar que el agravio referido a que la condena carece de monto determinado y de límite temporal tampoco puede prosperar en tanto esta determinación no resulta en este caso arbitraria ni afecta el derecho de defensa del recurrente, toda vez que el pronunciamiento del juez de primera instancia -que la Cámara deja firme- dispone referenciar el monto del subsidio que percibe la actora a los planes habitacionales fijados en los decretos que el Gobierno establece con tal fin, en concordancia con la doctrina de este Tribunal dictada en la causa "Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo" (ya mencionada); o proveer ".en su defecto cualquier otro plan o medida concreta que garantice efectivamente su derecho a la vivienda." (fs. 130).

Por ello, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA a fs. 14/20.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por la Asesora General Tutelar y el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.