marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del Poder Legislativo, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Almada Martínez, Rosa Romana c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-27

Los jueces no pueden decidir directamente cómo afectar los recursos públicos, facultad esta última privativa del Poder Legislativo y, por ende, ajena al Poder Judicial, y menos aun hacerlo sin siquiera contar con elementos que muestren qué impacto puede tener esa resolución en el presupuesto (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, recursos administrativos, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: MANDATTO, SALVADOR HUGO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 695 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

El derecho de defensa en juicio es un principio receptado en diversos ordenamientos reglamentarios de tramitaciones administrativas entre los que, a título ejemplificativo, se pueden señalar: la Ley Nacional de Procedimientos administrativos, 19549 (art. 1, inc. f, apartado 1.), la ley 3460 de la Provincia de Corrientes (art. 98), la ley 951 de La Pampa (art. 12), la ley 971 de Formosa (art. 2, inc. f, apartado 1.), la ley 1284 de Neuquén (art. 108, inciso d), la ley 3784 de San Juan (art. 1, inciso f, apartado 1.), la ley 1260 de Santa Cruz (art. 1, inciso f, apartado 1.) y la ley 141 de Tierra del Fuego (art. 26 inc. a).

En nuestro ordenamiento provincial la posibilidad de intervención de partes interesadas en el procedimiento iniciado por un administrado también está prevista toda vez que el decreto-acuerdo 10204/58 en su artículo 2 dispone que "Si en la presentación se formulara denuncia contra terceros o cualquier otra gestión que signifique la intervención o refiera al interés de una parte contraria, tanto el escrito inicial como todos los posteriores que se presenten deberán ser en original y una copia en papel simple" y, ya en el ámbito del proceso contencioso administrativo, tanto la ley 4106 (art. 34) como la ley 11330 (art. 17) posibilitan la intervención de los sujetos que tengan interés directo en el mantenimiento del acto impugnado. (De la Disidencia del Dr. Falistocco)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, personal municipal, indemnización por muerte, cámara contencioso administrativa, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BULACIO, ALBA ALICIA c/  s/ INCIDENTES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

Teniendo presente que los actores pretenden obtener el pago de la indemnización por fallecimiento derivada del deceso de un empleado municipal y que, habiendo estado el causante vinculado con la Administración a través de una relación de empleo público, que constituye materia típicamente administrativa, corresponde entender en la causa a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, resulta insuficiente el criterio jurisprudencial de esta Corte invocado por el A quo para declarar la competencia del fuero laboral, toda vez que al antecedente citado no refiere a un caso en el que se haya solicitado una prestación como la requerida en estas actuaciones sino que allí se había pedido el pago de la indemnización por cesantía por incapacidad inculpable. - CITAS: CSJStaFe: Romero, AyS T 238, p 195.
Contrato de trabajo, despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Luchetti Juan Pablo c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-16

Un sumario o investigación interna es una actuación reducida, breve, normalmente dispuesta a instancia de la empleadora, en la que suelen prestar declaración testigos y se otorga a los involucrados o imputados (poniéndolos en conocimiento de los cargos que se le achacan) la posibilidad de ejercer un mínimo derecho de defensa. En el caso, el sumario no fue acompañado al expediente y esta sola circunstancia es suficiente para descalificar el despido dispuesto por la empleadora. El despido es la mayor sanción que puede aplicarse al trabajador y surge de un hecho lo suficientemente grave como para impedir la continuidad del vínculo. Debe mediar proporcionalidad entre el hecho desencadenante del despido y el despido mismo, y a su vez, debe mediar contemporaneidad. Si no media esta última, debe interpretarse que el empleador consideró que los sucesos no fueron lo suficientemente graves como para ameritar una sanción que declinó su facultad sancionatoria. Y en el caso, entre el hecho imputado y el despido transcurrió más de un mes. Si el empleador decide acudir al procedimiento de la investigación sumarial, debe garantizar su conclusión dentro de un lapso prudente. De tal modo la suspensión provisoria o precaucional, a las resultas de profundizar una investigación sumarial que nunca se llevó a cabo, no aparece sino como un intento de justificar el despido decidido mucho después. Dichas actuaciones no fueron acreditadas (lo cual habría justificado la tardanza en tomar la medida contra el actor), por lo que debe considerarse que el despido no fue contemporáneo a los hechos y, por lo tanto, calificarse como extemporáneo y carente de causa justificada.
Contrato de ajuste, navegación interprovincial, competencia federal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: MENDEZ EDUARDO c/ ARBUMASA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-12-15

Este Alto Cuerpo comparte la doctrina que sobre la materia ha sentado nuestro máximo Tribunal, la cual debe aplicarse al caso de autos por tratarse de un contrato de ajuste que se cumplía en una embarcación de bandera nacional destinada a la navegación interjurisdiccional.

La ley de navegación (20.094), tiene una previsión expresa en su artículo 515, que justifica la competencia federal, cuando, como en el sub lite, las embarcaciones estaban destinadas a la navegación interjurisdiccional. Reza la norma citada que "Los tribunales federales son competentes para entender en las causas emergentes de la navegación interjurisdiccional, o que puedan considerarse conexas a ésta".

Como el trabajador desarrolló sus tareas para la demandada en un buque que recorrió aguas de distintas provincias, el litigio no puede ser resuelto por la justicia provincial y necesariamente debe intervenir la justicia federal, debido precisamente a esa interjurisdiccionalidad. A los efectos de la aplicación de esta disposición, no importa el puerto desde donde zarparon y al que arribaron los buques.
Contaminación ambiental, desechos peligrosos, competencia federal
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: N.N. - sumario, averiguación s/ infracción ley 24.051 (ley de residuos peligrosos)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

Es competente la justicia federal para continuar la investigación en orden a la infracción a la ley de residuos peligrosos si se verifica la afectación de un recurso interjurisdiccional y se acreditó con un grado de convicción suficiente que las sustancias contaminantes se encuentran comprendidas en los supuestos de la ley 24.051, aun cuando todavía no se haya podido determinar su procedencia.
Despido indirecto, certificado de trabajo, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Antonio Héctor Benito c/ Molina, Heber Maximiliano s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-16

Si el demandado -recurrente- se sintió ofendido o injuriado por el actor en aquellas ocasiones, debió denunciarlas o tomar las medidas que consideraba a su alcance, pero no guardar silencio y dejar transcurrir el tiempo como si nada hubiese ocurrido, tal como sucedió, pues en este contexto su obligación de pagar los haberes correspondientes al actor seguía plenamente vigente, y el accionado no cumplió con ello, violentando así lo dispuesto por los arts. 208 y 128 de la LCT, lo que transforma en ajustado a derecho el despido indirecto efectivizado por el accionante. (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Quiebra, desapoderamiento, bienes propios, bienes gananciales, condominio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARAGLI, ANGEL s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-28

La mitad indivisa correspondiente a la cónyuge de un fallido de inmuebles adquiridos en condominio y en partes iguales por ambos cónyuges, no puede ser agredida por los acreedores del condómino fallido, si aquella demuestra que pudo haberlos adquirido con el producto de su trabajo, y no se puede probar la existencia de fraude alguno.
Huelga, DEBER DE LEGALIDAD, empleados públicos, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avero, Sergio Gustavo-Argachá, Celomar José c/ A.G.M.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-16

Acciona la Fiscalía de Estado y el Consejo General de Educación contra un acto de un ente gremial que se entiende ilegítimo y violenta derechos constitucionales, entre otros, el de aprender, establecidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

El a quo rechaza la declaración de ilegalidad de la huelga docente pero hace lugar a la acción de Amparo, solución contradictoria pues, si a pesar de entender que el acto es ilegítimo y existen otras vías idóneas para plantear esta ilegitimidad, en realidad el Amparo no debió prosperar. Lo primer que se impone analizar es si realmente existen vías alternativas, mencionándose las contenidas en las leyes 14786, 23551 y 25250, es decir, el procedimiento reglado por y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para los conflictos colectivos de trabajo. Se trata de un conflicto entre una entidad gremial provincial y las autoridades del Consejo Provincial de Educación, por lo que es más que dudoso que pudiesen caer en la órbita federal, reforzado este argumento con la circunstancia de tratarse de un tema de empleo público, expresamente excluido de la órbita del derecho común laboral en función del artículo 2 inciso a) de la Ley de contrato de trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de insania, retroactividad de la ley, incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Z. G. R. s/ insania y curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

El pedido de revisión de la incapacidad de hecho es procedente, aun cuando la misma haya sido decretada con anterioridad al dictado de la 26.657 que dispone que la incapacidad debe ser revisada cada tres años, pues lejos está de atacar el fundamento con el cual ha sido dictado el art. 3 del Código Civil, es decir, aquel que vela por garantizar la seguridad jurídica, habida cuenta que de modificarse los extremos que admitieron la restricción de la capacidad civil, ello operaría a partir de su dictado y no modificaría relaciones jurídicas anteriores, maxime cuando existe en el ordenamiento argentino hipótesis en que las leyes pueden aplicarse retroactivamente cuando es mayor la justicia de la nueva norma.
Trabajador, estado de necesidad
Materia: LABORAL
Carátula: Almaraz, Rogelia Aydee c/ Restaurant El Hostal S.R.L. y/o responsable s/ Diferencia de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-05

La hiposuficiencia del trabajador y el estado de necesidad en que el mismo generalmente se encuentra, le impiden discutir condiciones de trabajo, o en su caso, negarse a suscribir documentos en blanco cuando a ello se condiciona la obtención del empleo. Sobre tal base, acreditado tal extremo, corresponde aplicar las prescripciones del art. 60 de la L.C.T. y declarar la inhabilidad del título cancelatorio de las obligaciones laborales (recibos de pagos esgrimidos por el empleador).
Concursos, intereses, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Henderson, Eduardo Daniel c/ Estrella de Mar S.A. s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Los intereses de los créditos laborales se suspenden en la fecha del auto declarativo de quiebra (sin perjuicio de que los mismos renazcan en el supuesto de existir un remanente); y con respecto a los devengados hasta ese momento cabe hacer una distinción; se pagarán como privilegiados los corridos desde la mora hasta dos años; y como quirografarios, desde los dos años hasta la sentencia de quiebra. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, sentencia arbitraria, violación de la ley o doctrina legal, fallos del Superior Tribunal, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: Bohoslavsky, Guillermo c/ Ogrizek, Nelma Ramona s/ Escrituración-Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-07-24

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra el interlocutorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en el cual se observa de forma manifiesta, un apartamiento de las directivas ya trazadas por este Tribunal Superior y que debieron ser aplicadas en las instancias anteriores, junto con un desvío palmario de las leyes de la lógica que presuponen -ab initio-, un decisorio por parte del ad quem, arbitrario y con pleno desconocimiento de los fundamentos oportunamente dados en la sentencia de esta instancia extraordinaria.
Bonos externos, títulos al portador, acción reivindicatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: Florestano,  Osvaldo c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/ Acción de Reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07

Toda vez que las relaciones jurídicas de marras vinculan a la institución crediticia con los titulares de las cuentas corrientes, sólo éstos se encuentran legitimados para reclamar por los valores al portador entregados en garantía de los descubiertos en aquéllas. Lo cual en esta litis significa que la acción de marras sólo puede ser ejercida por María Elena Canesa y Salvador Inverga, toda vez que respecto del mencionado vínculo jurídico Osvaldo Florestano es ajeno, y no ha sido especialmente habilitado por aquéllos para ejercer la acción de marras. Siendo ello así, y sin perjuicio del derecho que le pudiere asistir para reclamar a los titulares de las cuentas según su particular punto de vista, el actor también carece de legitimación para demandar al banco por la restitución de los bonos que supuestamente habría entregado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Malvicini de Bianchi, Elvira y Bianchi, Miguel c/ Antoniazzi y Chappe S.A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Determinar si, conforme a la prueba producida, el derecho a opción a ampliar el plazo locativo fue o no ejercido en tiempo oportuno, constituye una cuestión de hecho.
Acto administrativo, contratos administrativos, contrato de obra pública, competencia, competencia contencioso administrativa, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Habiéndose introducido al debate cuestiones que estaban directamente ligadas con la legitimidad de actos administrativos dictados en el marco de un contrato administrativo (en el caso, ejecución de obra pública) y despejada toda duda sobre la posibilidad de oponer algún obstáculo formal para su no consideración, se imponía por parte de los jueces de la causa la declaración de la competencia contencioso administrativa, pues todos esos aspectos se encuentran regidos por el derecho público local y, más precisamente, por el ordenamiento administrativo provincial. Y, es consecuencia ineludible de lo antes dicho el que la materia comprometida en el caso en estudio es contencioso administrativa, por lo que se encuentra detraída del conocimiento de los tribunales ordinarios y está asignada por mandato constitucional y legal a los tribunales especializados (art. 93, inc. 2 Constitución Provincial y leyes 11.329 y 11.330). (Del Voto del Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, jubilaciones, cómputo de servicios, reconocimiento de servicios post mortem
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gentile, Elsa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó el reconocimiento de servicios post mortem: art. 280 del Código Procesal.
Retención indebida, pagaré, mutuo comercial
Materia: PENAL
Carátula: DAVIDOVICH, Eduardo A. s/ Causa 2.080
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-03

La supuesta retención o disposición de un pagaré que recibiera un prestamista, resulta ajena a las previsiones del art. 173, inc. 2° del C.P., pues al obtenerlo como contraprestación de sumas de dinero ya otorgadas, le asisten todos los derechos y acciones derivadas de su condición de instrumento crediticio incausado.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: PARRA, Ermelinda del Carmen s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Es intrascendente la postura defensiva que sostiene la total ineficacia probatoria de la denuncia con remisión a lo dispuesto por el art. 83 del C.P.P., puesto que el mismo no impide asignar a una denuncia el carácter de testimonio, en cuanto a las partes pertinentes que fueren abarcadas por un relato participativo de un conocimiento dado, en el que se ha entrado por haber caído el mismo bajo sus sentidos.-
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, pagaré, cheque a la orden, personas jurídicas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANUFACTURA DON ALBERTO SA c/ ERNESTO RECH SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-24

Resulta improcedente la acción judicial en los términos del C.P.C.C art 553, como consecuencia de que en el pertinente proceso ejecutivo iniciado con sustento en un pagaré, se desestimó la excepción de pago opuesta por el ejecutado cuando, -como en el caso-, surge que si bien el título ejecutado en el juicio precedente y el cheque invocado por la pretensora (del proceso ordinario) como elemento del pago del mismo, tienen datos que los "conectan", toda vez que sus respectivos montos son iguales y, a más, la fecha de vencimiento del primero y la de libramiento del segundo, se observa que ésta es posterior en dos días a la primera; sin embargo, se verifica que el pagaré fue emitido en favor de una sociedad anónima, en tanto que el cheque fue librado a la orden de una persona física. Lo expuesto indica que el cheque entregado a dicha persona, no lo fue para pagar un crédito de la entidad societaria, pues aquella persona y ésta son sujetos de derecho distintos; en tanto esa diferenciación no reposa en una mera "formalidad", sino que es un hecho relativo a la personalidad de ambos sujetos, y no puede decirse que los fondos entregados por el banco girado hayan ingresado en el patrimonio de la entidad acreedora por causa del pagaré.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Castro y Albornoz, Washington Jesús s/ Homicidio y lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad resulta inadmisible pues no se ha planteado ni resuelto caso constitucional alguno en los términos del artículo 161 inc. 1° de la Constitución provincial, no constituyendo la presentación de los recursos extraordinarios la primera oportunidad procesal para cuestionar las consecuencias de la aplicación del art. 224 del Código de Procedimiento Penal desde que el recurrente estuvo habilitado para hacerlo en anteriores presentaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de apelación de Fernández Agustina Rosa. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

Si bien excepcionalmente pueden disponerse y concretarse las medidas cautelares con anterioridad al procesamiento, estas nunca pueden preceder a la convocatoria a prestar indagatoria (*).

Si no se ha dispuesto tal convocatoria, resulta improcedente aplicar la medida cautelar respecto de la propiedad de la apelante.

Por ello, corresponde revocar el auto por el que se dispuso la medida de no innovar respecto del vehículo.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Darretche, Gabriela Beatriz c/ Hospital Zonal de Agudos Narciso López s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Para que el profesional responda directamente por las costas causídicas del adversario, es decir, de toda condena en costas que recaiga sobre su cliente, es necesario, obviamente, que se haya estipulado expresamente que el profesional asume la obligación de responder por las costas causídicas de la otra parte, en el caso de haber mediado condena a favor de ésta (artss. 1137, 1144, 1167, 1197 Código Civil; art. 4 inc. c dec. ley 8904/77). Si en el acuerdo, solamente se reconoció en favor del abogado el 30 por ciento del resultado del pleito sin que se haya previsto en forma expresa un compromiso que establezca que el letrado se hará cargo de las costas del adversario, no puede sostenerse que el abogado deba solventar las costas de la parte contraria vencedora en la litis, ya que no hubo una obligación asumida por el profesional en tal sentido (art.

499 del Código Civil), máxime si se tiene cuenta que el convenio de honorarios constituye un modo arbitrario de carácter excepcional y, por ende, de interpretación estricta, y, por lo tanto, una obligación de tal naturaleza, debió surgir en forma explícita al importar asumir una mayor responsabilidad del profesional.
Hipoteca, principio de especialidad (civil), mora, actualización monetaria, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Compañía Financiera de Automotores y Servicios  S.A. c/ Casares, Carlos Alberto o Casares Conte s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

No existe obstáculo legal para reflejar en la cobertura hipotecaria la actualización del capital, se encuentre regido o no el caso por las disposiciones de la ley 21.309. Máxime cuando en la escritura hipotecaria existe una cláusula de reajuste para el caso de mora.

Es posible, aún en los supuestos no alcanzados por la ley 21.309, la operatividad de la cláusula de estabilización de un crédito para el cual no se previó un "valor estimativo", si se le da un sentido amplio al art. 3133 del Código Civil. Es que a través del contenido de la escritura hipotecaria se puede "venir en conocimiento positivo" de la designación faltante, por "la apreciación del conjunto de las enunciaciones del acto constitutivo de la hipoteca", pues es evidente que esa cláusula de estabilización, constará en el "acto constitutivo de la hipoteca" y ella remitirá al respectivo módulo estabilizador.

Si al valor estimativo se le otorgó vigencia provisional, pues sería reajustado en función de determinado módulo, de igual modo la ponderación en conjunto del acto constitutivo en su correlación con el módulo estabilizador, revelará el verdadero alcance de lo pactado. Si el art. 3133 permite suplir la omisión de una designación, a fortiori con ese fundamento es factible captar la real voluntad de las partes a través de su exteriorización en el acto constitutivo.