marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, pago en cuotas, acreedores del concurso, intereses, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis y Miguel Zanniello SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado resolvió que el acreedor debía practicar nueva liquidación de la primera cuota concordataria, calculando los intereses previstos en la propuesta (50% de la Tasa Badlar) desde su vencimiento. Respecto de toda obligación de plazo cierto -ya sea que se trate de un acuerdo preventivo o resolutorio-, la mora se produce por el solo hecho del vencimiento de su término, quedando autorizado el devengamiento de intereses moratorios desde que cada cuota es debida, sin que sea necesario requerimiento alguno. Ello así, de acuerdo a los principios generales que rigen el cumplimiento de las obligaciones dinerarias (CCCN 886 y ss.; esta CNCom., esa Sala A, 25/09/89, "Red Caminera Arg. SA s/ concurso preventivo"; íd., íd., 26/04/07, "Frisciotti Guido Horacio s/ concurso preventivo"; íd., íd., 19/07/07, "Frigolomas SACI y C s/ concurso preventivo"; íd., íd., 18/12/09, "Cormasa SA s/ quiebra"; íd., íd., 17/11/09, "Defranco Fantín Reynaldo Luis s/ concurso preventivo", entre otros). En este marco, la invocación de la deudora de no encontrarse en mora en el pago de la primera cuota del acuerdo preventivo, por no haberle sido reclamado el pago resulta inatendible, habida cuenta que, ante el plazo fijado en el acuerdo homologado para el pago de la cuota, la mora deviene automática y si aquélla pretendía desobligarse, debió recurrir al instituto de la consignación, depositando préstamente el importe adeudado, a efectos de enervar las consecuencias del incumplimiento (arg. CNCom., esta Sala A, 18/12/09, "Comarsa SA s/ quiebra"). Entonces, no habiéndose abonado la primera cuota en la fecha acordada, corresponde el reconocimiento de intereses por la mora en que incurrió la concursada, desde su vencimiento y hasta el efectivo pago.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, agravantes de la pena, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, delitos, tipo penal, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Si concebimos el arma de fuego como un objeto específicamente diseñado y fabricado para provocar daño corporal, convendremos en que su utilización durante un robo conlleva eventualmente, conforme veremos- un componente de peligro hacia la integridad física del sujeto pasivo; pero también en que esa potencialidad gravemente ofensiva que representa -de conocimiento generalizado- es justamente la que provoca en la víctima de la sustracción un bloqueo absoluto de sus alternativas de defensa, dado el comprensible temor a un eventual disparo letal. Ambas vertientes doctrinarias no pueden en consecuencia ser tildadas de caprichosas o arbitrarias, puesto que tienen su raíz en datos ciertos de la realidad. Pueden reconocerse entonces en la generalidad de los robos con armas -en principio- ambos componentes protegibles por la ley: el peligro concreto hacia las personas, y el mayor estado de indefensión y consecuente intimidación que el arma provoca. La cuestión radica en determinar cual de esas dos circunstancias es la que ha sido tenida en miras por la ley para fundar la agravante, o si lo han sido las dos. El alcance otorgado por la ley al vocablo debe determinarse tanto por su significado como por la funcionalidad que la norma le asigna. En cuanto a lo primero, si le asignamos calidad de elemento normativo del tipo con la consecuente necesidad de recurrir al resto del ordenamiento jurídico para aprehender tal significado, advertiremos que el resultado de la búsqueda abona la postura afirmativa que propugno. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Trabajadores de la salud, médicos, médico de guardia, relación de dependencia, guardias pasivas
Materia: LABORAL
Carátula: KAJER, VICTOR c/ HOSPITAL ALEMAN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-17

En principio, la modalidad de desempeño de los profesionales médicos en las llamadas guardias pasivas no excluye la posibilidad de existencia de relación de dependencia. Pero, por tratarse de una situación límite, corresponde analizar en cada caso si la relación tiene o no características laborales, siendo el detalle determinante para decidirse por la respuesta afirmativa el grado de control que posea la institución sobre el profesional y la obligatoriedad del carácter personal de la prestación. (Conforme Sala III, sentencia número 43659, 20 de agosto de 1982, 'Tomas, Raúl G. c/ Centro Médico Santa Fe SCA.').
Delitos contra la humanidad, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley penal más benigna
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-03

La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho.
Enfermedades inculpables, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Cabelier Silvana Gabriela c/ Bic Argentina S.A. s/ Haberes y Rubros adeudados, Indemnización, Preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-23

El hijo por nacer genera gastos al igual que el ya nacido, pero la legislación ha entendido que en esa etapa la mayor erogación es por parte de la madre en tanto no pueden diferenciarse las necesidades de uno y otro, por lo que aquél no constituye una carga de familia a efectos de ampliar la licencia por enfermedad. Por ello, a la actora sólo le correspondía un período de tres meses de licencia paga por enfermedad inculpable, atento que su antigüedad era inferior a cinco años, ya que la circunstancia de estar embarazada no la coloca en la situación de trabajador con cargas de familia para duplicar dicho período de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Prueba pericial, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Altri, Anselmo c/ Transportes Quirno Costa s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La facultad reconocida a la parte para reemplazar al consultor técnico emerge de la propia naturaleza de la función que éste cumple en el proceso. El reemplazo, por lo tanto, debe tenerse por configurado a través de la mera manifestación de la parte, sin que se requiera conformidad de la otra ni decisión judicial alguna, bastando con que el Juez tenga presente dicha manifestación.
Sentencia, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Rios Sociedad Anónima c/ Bourlot Miguel Angel y Otro s/ Sumario  (Recurso de Queja interpuesto por el Dr. Alfredo Vitale)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-28

La notificación ministerio legis de la sentencia -ajustada a derecho en el caso- tornó inoficiosa y sobreabundante la segunda, efectuada por Secretaría ya que este Funcionario carece de facultades para modificar un sistema legal de notificaciones o vincular al Tribunal con sus errores.
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia, conciliación, levantamiento del embargo, cosa juzgada, bienes litigiosos
Materia: LABORAL
Carátula: Vidaurreta,  Fermín  y  otro c/ Alte.  Brown  SRL  Sita SRL ElPráctico S.A. U.T.E. y otros s/ ejecución de créditos laborales.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-21

Ante el cuestionamiento de la codemandada que cuestiona la resolución del juez que desestimó el pedido de levantamiento de embargo alegando la eficacia extintiva del acuerdo celebrado con la actora, cabe destacar que dicho acuerdo se celebró en la etapa de ejecución, este es, obviamente con posterioridad al dictado de la sentencia de Alzada.

Y el pronunciamiento de Alzada ha pasado en autoridad de cosa juzgada generando derechos irrenunciables que no pueden ser objeto de transacción porque han dejado de ser litigiosos o dudosos, no dándose el supuesto del art. 15 LCT. (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: O., A. S. c/ E., M. O. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-04

"La prueba del desempeño de horas extras, a cargo del trabajador, debe ser terminante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del contrato de trabajo, resultando insuficientes las presunciones".
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, práctica administrativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALMONT INC. c/ DIAZUL SA s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

En lo atinente al llamado de atención, he dicho en la causa 0978 del 19 de octubre de 1990, que no de recordar que es de recordar que de conformidad al art. 13 de la ley de marcas, cualquier persona puede deducir oposición y que la practica administrativa ha creado el "llamado de atención" que consiste en la presentación, generalmente vencido el plazo para la oposición de un escrito en el que se señala a la DRPI, la existencia de una determinada marca o causa que impediría el registro de la marca. Esta presentación, dice Otamendi "no obliga a la DNPI en sentido alguno, ni traba el registro de la marca en cuestión", en cambio, las oposiciones tienen como propósito impedir un registro solicitado, basadas en que tal registro violaría un derecho del oponente.
Prostitución, alteración de la tranquilidad pública, contravención continuada, autoría
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A.D, A. y F. A. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-22

Más allá de la discutida aplicación de la figura de la contravención continuada en el ámbito contravencional, su aplicación, en caso de considerarse legalmente viable, podría proponerse para alguno de los tipos previstos en la normativa de fondo, no para todos. Y en el caso específicamente de la conducta tipificada en el artículo 71 del Código Contravencional, su aplicación puede acercarse "tácitamente", utilizando el léxico del artículo 13 inciso 9 de nuestra Carta Magna local, al derecho penal de autor. Pues se estaría diciendo que el imputado "habitualmente" ofrece sexo en la vía pública cuando lo que únicamente se le puede reprochar es haber realizado un acto en un espacio y tiempo determinado. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Ventureira).
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GODOY HECTOR JOSE MANUEL Y OTRO c/ MARTIN FIERRO S.R.L.Y OTROS s/ EJECUCION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

Las decisiones dictadas en los procesos de ejecución de sentencia y aún la sentencia, no revisten el carácter de sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal y recursos extraordinarios en el orden local de las diferentes provincias.
Jerarquía constitucional, Estado Provincial, Constitución Nacional, Poder Legislativo Nacional, ley nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ nulidad    por  inconstitucionalidad  ley  5379  y  decreto  D.  3017
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Las provincias carecen de facultades para retardar, impedir o de cualquier manera contralorear el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional en ejercicio de facultades constitucionales, fundándose tal doctrina en el principio de supremacía consagrado en el art. 31 de la Constitución, aplicable toda vez que estén en juego los planes trazados o la política adoptada por el Congreso teniendo en vista los intereses del país como todo. Ello es así ya que uno de los altos fines cuya realización ha sido encomendada al Congreso argentino es la promoción de la prosperidad del país, dentro del cual han de entenderse armónicamente incluidos el adelanto y bienestar de las provincias.
Derecho procesal, beneficio de litigar sin gastos, efecto retroactivo, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: REBASTI,  ELENA c/ PORRINI, PATRICIA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SINGASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-07

Si bien la reforma introducida por la ley 25488 consagró el efecto retroactivo de la concesión del beneficio de litigar sin gastos a la fecha de la promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos (cpr: 84); sin embargo, dicho efecto retroactivo no puede ser extendido a las costas generadas en un expediente, como en la especie, que finalizó con anterioridad al inicio de este beneficio de litigar sin gastos, en virtud de la declaración de caducidad de la instancia decidida y firme.
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INSTITUTO  NACIONAL  DE ASOCIATIVISMO Y ES (INAES) c/ COOPERATIVAOCEAN DE PROV  DE SERV P/F Y COM LTD S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

El carácter ius publicístico del pedido de intervención judicial solicitado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la cooperativa demandada, permite excepcionar el criterio general, propio de las intervenciones judiciales solicitadas por particulares, según el cual la proposición de la persona del interventor no es vinculante para el juez (conf.

Molina Sandoval, Carlos A., Intervención Judicial de Sociedades Comerciales, Buenos Aires, 2003, ps. 194/195).
Jueces, Estado Provincial, derechos y garantías constitucionales, derecho al beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PLANA, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Al ser la ley 24.018 un instrumento de respeto de la garantía constitucional del art. 110, va de suyo la inclusión del titular de autos en dicha norma resulta por el hecho de ser juez y, por ende, gozar de esa garantía. Ahora bien, cualquier norma o convenio que se dicte en consecuencia, deberá ajustarse a la Ley Fundamental de la Nación, situación que no aparece configurada en la cláusula tercera de la ADDENDA -dictada en el marco del Convenio de Transferencia y del Acta Complementaria celebrado entre el Estado Nacional y la Pcia. de Mendoza- con la finalidad de regular los derechos jubilatorios reconocidos. Ello así toda vez que introdujo un requisito que la ley 24.018 no prevé.
Medidas cautelares, embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: DAMSKY, ISAAC c/ BANCO ROBERTS SA s/ SUM. INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

No obstante las impugnaciones efectuadas al informe pericial realizado con base en los libros de una entidad Bancaria demandada, en tanto emana de un perito oficial y no adolece de errores manifiestos, el mismo resulta suficiente para atribuir "prima facie" algún grado de verosimilitud al derecho invocado por aquella en su reconvención, circunstancia que autoriza la adopción de remedios cautelares -embargo preventivo sobre cierto inmueble e inhibición general de bienes- tendientes a su aseguramiento, haciendo extensivas a la hipótesis que aquí se trata las previsiones legales contempladas en el cpr: 212 y 209-4, aún cuando tal situación no se identifique con ninguno de los supuestos previsto en esas normas, máxime considerando que las medidas adoptadas son de carácter meramente provisional, sujetas a modificación o rectificación de acuerdo con la secuela del proceso (CPR: 203).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Diarios y Noticias  S.A.  (DYN). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Si en la causa ya se había resuelto negativamente el pedido de intervención del Estado Nacional promovido por la demandada, pues la pretensión resarcitoria del demandante se había fundado en expresiones propias de la agencia noticiosa y no en los actos de aquel, mal pudo la cámara, sin incurrir en autocontradicción y apartamiento de los términos de lo decidido, hacer mérito del comportamiento del tercero y concluir que habría una mengua de la voluntariedad del acto de la empresa periodística demandada en los términos a que se refiere el art. 1066 del Código Civil.
Ejercicio profesional, exclusión de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHIRICO, FRANCISCO s/ EXCLUSION DE MATRICULA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Es inválida la exclusión de la matrícula de un abogado si no contó con el voto concordante de los tercios de los miembros del Tribunal de Disciplina (art. 47, Ley 23.187).
Honorarios, carácter alimentario, actos ilícitos, indemnización por muerte, subsistencia de la viuda e hijos menores
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAPES, Alberto Horacio y Otro c/ IBAÑEZ, Alicia Leonor y Otros s/ EJECUCION DE HONORARIOS (INCIDENTE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-21

Cabe asignar carácter alimentario, en los términos del art. 4 de la ley 21.839, al proceso que persigue el reconocimiento de indemnización a los hijos del muerto, que fuera necesario para su subsistencia (art. 1084 del Código Civil).
Sanciones procesales, sentencia penal, sobreseimiento, sentencia absolutoria, sumario administrativo, empleados públicos, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castelli, Graciela Miriam c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 67 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

La ley 8525 expresamente dispone que "la sustanciación de sumarios administrativos por hechos que sean objeto de un proceso penal y la imposición de sanciones disciplinarias son independientes de la causa penal. El sobreseimiento o la absolución dictados en el proceso penal no impiden la sanción administrativa cuando en tal sede se ha configurado una falta" (artículo 59). Esta norma sienta el principio de independencia entre el procedimiento penal y el administrativo, que, por lo demás -como lo afirmó este Tribunal al considerar preceptos similares- no resulta extraño a los regímenes administrativos locales que regulan o reglamentan este aspecto de la relación de empleo público. En el caso, la medida de cesantía dispuesta encuentra razonable fundamento en los elementos probatorios reunidos en las actuaciones, y la sanción fue aplicada luego de un sumario en el que se observaron las normas que regulan el procedimiento administrativo y en el que se brindó a la agente una adecuada oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que no se puede afirmar que la Administración obró ilegítimamente.
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera c/ BCRA. - resolución 598/89 S/ apelación y nulidad. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Sólo en la medida en que la entidad financiera conserve la posibilidad de seguir operando conforme a su objetivo se justificará el requerimiento de planes de regularización y saneamiento o el otorgamiento, por el Banco Central, de las facilidades que enuncia el art. 25 de la ley 22.529.
Determinación de deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, error de la administración, costas, costas al demandado
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION CIVIL MARIA AUXILIADORA c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Las costas deben ser soportadas por el organismo cuando, ante la comunicación que el impugnante realiza del error incurrido -en el caso, al cargar los datos en el sistema 2000 lo que posteriormente rectifica con las declaraciones juradas pertinentes-, cuanto menos debió verificar más detenidamente la veracidad de sus dichos, evitando todo el dispendio jurisdiccional que se produjo, para arribar a un resultado fácilmente verificable.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Aliaga, Octavio c/ Bertrán Hnos. y Cía. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

En el caso de un litisconsorcio activo en el que no se altera la individualidad de las respectivas acciones, la interrupción de la prescripción sucedida para alguno de los actores no puede beneficiar a quienes no actuaron oportunamente en defensa de su derecho.
Juicio de desalojo, fiador, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OBEIDE ABRAHAN c/ ORDOÑEZ JUAN ERNESTO s/ DESALOJO - COSTAS DESALOJO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-23

Si bien el art. 16 C.A. (ley 7269) admite la posibilidad de perseguir los honorarios en contra de los garantes en la forma señalada en el art. 115 cuando se da en estos la oportunidad de participar en el juicio principal, no autoriza de ninguna manera a dictar una sentencia de condena en contra de los garantes. Es que el propósito de la citación de tercero al proceso se encuentra limitado a poner en conocimiento de estos el pedido de intervención , a fin de que, si así lo desean, hagan saber y no estrictamente valer los derechos que estimen corresponderles (conf. Ed. - 103 672). La citación a la audiencia del 751 C.P.C, solo puede tener por efecto el comparendo de los terceros garantes, a fin de que tomen conocimiento del juicio y de la obligación solidaria que se les atribuye, pero si niegan la calidad de garantes o la existencia del contrato o bien no comparecen a juicio, no puede oponérseles las obligaciones contractuales pretendidas porque no cabe reconocimiento tácito alguno como apercibimiento a la inasistencia a la audiencia del 751, pues el mismo solo puede ser aplicado a las partes en el juicio (art. 755 C.P.C.).

Los condenados en costas a que se refieren los arts. 15 y 16 ley 7269 son obviamente las partes vencidas en el juicio, y tal obligación se extiende además a los obligados en pago, en cuya situación se encuentran los garantes si han tenido oportunidad de participar en el proceso principal (art. 16) entendiendo esto, claro está, si han participado reconociendo la calidad de garantes con que han sido citados, en cuyo caso les alcanza los efectos de la sentencia en cuanto a las costas, en forma solidaria a los condenados a su pago.
Principios procesales, iura novit curia, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brizuela Rissi, Daniel Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-06-28

El art. 132 de la Constitución de la Provincia, consagra la obligación de los jueces de aplicar el derecho aún en contra de la opinión de las partes. en vista de ello, las consecuencias de este principio constitucional es entre otros, el de atemperar el principio procesal de soberanía pretensiva de las partes, siendo además, una aplicación sui géneris del principio iura novit curia.