marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Domicilio procesal, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frysberg de Guelman, Maria c/ Ucceli, Maria Cristina y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Si bien el domicilio de elección es como regla inmutable y allí deben realizarse las notificaciones, no puede reputárselo subsistente si resulta de autos la imposibilidad de que el interesado haya conocido el acto, y ésto sucede cuando el locatario ha hecho entrega del bien.
Participación necesaria, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: VIDELA, LUIS - FORMOSA, RICARDO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-11

La calidad de partícipe necesario exige, además de un aporte efectivo al hecho del autor, la vinculación objetiva y subjetiva con dicho hecho, debiéndose acreditar la existencia del acuerdo previo de voluntades requerido por la participación. La existencia de promesa anterior es lo que caracteriza al cómplice secundario y lo diferencia del encubridor. No es partícipe quien simplemente sabe que el hecho va a cometerse o aquél de quien el autor por las suyas espera ayuda, porque no puede ser responsable de lo que ocurre en cabeza de otro.
Estupefacientes, cantidad de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, ultraintención
Materia: PENAL
Carátula: Leiro, Graciela Carolina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

En el caso en estudio, ha quedado debidamente acreditado que la acusada tenía en su poder aproximadamente 303,65 gramos de clorhidrato de cocaína, extremo que satisface el primero de los requisitos que requiere la figura penal en cuestión (la tenencia del estupefaciente). En punto a los componentes subjetivos que exige el delito analizado, tampoco existen dudas respecto a que la encausada conocía que tenía en su poder la droga secuestrada, y que esa tenencia era voluntaria. Es decir, en relación a los elementos del tipo objetivo (la tenencia) la imputada obró con conocimiento y voluntad realizadora o, lo que es lo mismo, con dolo. La controversia que plantea la defensa se vincula con el especial elemento subjetivo del tipo que constituye la finalidad de comercialización. Al respecto, debe señalarse que contrariamente a lo afirmado por la recurrente, conceptuamos que la concurrencia de ese particular elemento subjetivo -también denominado ultraintención- se encuentra suficiente y debidamente acreditado en autos. Ello surge de las particulares condiciones en las que la tenencia de estupefacientes se desarrollaba, las que aunadas a los múltiples y concordantes elementos de juicio, autorizan a tener por plenamente comprobado que la tenencia de esa sustancia por parte de la imputada se orientaba a su ulterior comercialización. En este último sentido, conceptuamos que la cantidad de droga secuestrada, la forma en que se encontraba fraccionada y el contendido de las escuchas telefónicas, son elementos por demás demostrativos de la intención que la orientaba en orden a comercializar el estupefaciente. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia).
Norma indirecta, responsabilidad del conductor, culpa de la víctima, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Carrasco, Danilo Walter c/ Huentemil Moraga, Alvaro Dorote y Otro s/ Daños y perjuicios por uso automotor con lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-23

Cabe revocar parcialmente la sentencia en crisis, modificando la atribución de responsabilidad fijándola totalmente a cargo de los demandados, pues conforme lo dispuesto por el artículo 1.113 del Código Civil, estaba a cargo de ellos la demostración efectiva de la culpa de la víctima, ello no ocurrió. Ello así toda vez que en principio, se reconoce que la maniobra realizada por el conductor del rodado mayor no está prohibida pero sí, como señala la jueza, que es peligrosa toda vez que interrumpe la circulación de la vía contraria y en un lugar en el que no hay una encrucijada, como bien lo destaca el actor en su recurso. Ello obliga a extremar las precauciones dada la naturaleza riesgosa de la maniobra. Ahora bien, la culpa que se le atribuye a la víctima se basa en dos circunstancias: el exceso de velocidad y haber sobrepasado a otro vehículo por la derecha. [...] en relación a la primera entiendo que no se encuentra configurada toda vez que no se trata de una encrucijada y si bien puede admitirse que no obstante ello debió reducir la velocidad, lo cierto es que la pericia determinó que circulaba a una velocidad de 31,49 km/h, con lo cual apenas si superaba la máxima permitida con lo cual dicha velocidad no fue una causa sino una condición conforme la disquisición, que se comparte que realizara el apelante demandado y que esta Sala aceptara en reiteradas oportunidades. En cuanto al adelantamiento por la derecha no lo considero suficientemente acreditado.
Extradición, auxilio jurídico internacional, pedido de extradición, aplicación de la ley
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Gorostiza, Guillermo Jorge s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

El art. 120 de la ley 24.767 establece que sus disposiciones procesales se aplicarán a los trámites de extradición pendientes, siempre que no se hubieran abierto a prueba, y, por su parte, el art. 123 deroga de manera expresa la ley 1612 y el libro cuarto, sección segunda, titulo V, artículos 646 a 674, del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Ethel Susana s/ Inconstitucionalidad arts. 39 y 40 Ley 6716 T.O. Ley 9978/83.  Tercero: Caja Previsión Social para Abogados de la Provincia de  Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Carece de efecto vinculante las doctrinas de la Corte Suprema Nacional pues conferirles tal carácter no sólo implica introducir un componente externo dentro del sistema del art. 31 de la Constitución nacional sino que además se opone a los términos del art. 100 en cuanto limita la competencia de la Corte Suprema a las particulares causas en que intervenga, restricción que se repite cuando el art. 101 se refiere a los casos en que aquél tribunal ejerce su jurisdicción. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PEÑA BAEZA JORGE HERALDO c/ PETROMEN S.A. Y OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-09-09

Habiéndose revocado el rechazo de la demanda fundado en la falta de demostración del daño cuyo resarcimiento se pretende, sólo cabe ingresar en el tratamiento de los rubros indemnizatorios reclamados.

En orden a ello, al instarse la acción se pretendió que la indemnización por daño material se estableciera en virtud de la aplicación de fórmulas matemáticas que permiten acceder a sumas que abarquen la integridad de la reparación, tal como el lucro cesante y el daño efectivamente causado. La demandada, por su parte, se opuso a la aplicación de tal sistema el que dependerá de las pruebas que se produzcan. En tal sentido, este Tribunal Superior de Justicia ha tenido oportunidad de expedirse en varias oportunidades, aplicando dichos procedimientos en el cálculo de indemnizaciones vinculadas a infortunios laborales, sin que ello quede sujeto a moldes rígidos, ya que a tales fines deben considerarse las condiciones personales de la víctima, edad, ingresos, así como las particularidades del caso.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pezzotti, Alfredo c/ Del Valle, Gonzalo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Los dichos de los testigos no son atendibles si como sucede "sub lite"- ellos están en franca oposición con el resultado objetivo de la prueba de ingeniero mecánico, que ha dictaminado que el vehículo conducido por el demandado se encontraba en movimiento y fue el que embistió al piloteado por el actor (arts. 384, 456, 474).
Daños y perjuicios, deber de vigilancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Franco María c/ Rebucci Alejandro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

En el caso (un empleado cometió homicidio de otro empleado en el lugar de trabajo), la empleadora ha incumplido el deber de vigilancia y disciplina que le impone la ley civil. Permitir que sus dependiente, organicen una comida, en la cual se consumen bebidas alcohólicas en demasía, hasta llegar el codemandado a embriagarse, constituye una grave violación del deber "in vigilandi" que pesa sobre el empleador.
Iglesia Católica, sostenimiento del culto católico, presidente de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional, patronato, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Villacampa, Ignacio c/ Almos de Villacampa, María Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

La confesionalidad impuesta al Presidente y Vicepresidente de la Nación (art. 76 de la Constitución Nacional) se relaciona con derechos - ejercicio del patronato , celebración de concordatos, pases de bulas - y deberes - sostenimiento del culto católico romano - impuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Constitución Argentina, mediando también razones de conveniencia puestas de manifiesto por los constituyentes en el sentido de que un país en que predominan sentimientos mayoritariamente católicos sea gobernado por un presidente de esa convicción religiosa.
Competencia de la Corte Suprema, control de constitucionalidad, subrogancia del juez
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Desde el punto de vista del control judicial es prudente desechar la inconstitucionalidad del sistema establecido por la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación y propiciar en cambio un escrutinio riguroso por parte de los tribunales de alzada sobre el desempeño de los jueces subrogantes, a fin de que refuercen el control sobre sus decisiones en los casos en que puedan configurarse perturbaciones a la independencia con que debe funcionar el Poder Judicial (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-29

"La pericia, que no ha sido impugnada ( art. 255 del C.P.P. ) establece, aún con una acción no habitual, la operatividad del arma utilizada en el hecho, que, como ya hemos dicho, fue secuestrada en poder del procesado y era la que siempre portaba. Resulta por lo tanto lícito concluir que...sabía perfectamente como se operaba su arma ( art. 258 del C.P.P. ), que con fines intimidatorios utilizara contra...cuando éstos lo ubicaron e individualizaron oculto dentro de su corralón, en horas nocturnas. Se dan así las condiciones requeridas por la figura prevista en el art. 166 inc. 2° del Código Penal: posible ofensividad y con ello intimidación Real, no aparente, de las víctimas, que por ello han corrido un peligro cierto, más allá del resultado de la intimidación y de su actitud frente a ella."
Menores, bien jurídico protegido, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acebs Ladislao y Otra s/ Designación de tutor de Belén E. Silva
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-12

En cuanto a la tutela reclamada, aclaramos que el orden establecido en el art. 390 del C.C. no es absoluto. Por encima del derecho que pueda tener un pariente, existe el del pupilo de ser dirigido y gobernado por quien sea el mas apto para ello. La misma patria potestad dista de ser un derecho absoluto que pueda desdeñar el interés de los menores y su protección.
Ejercicio profesional, confirmación de sentencia, sanciones disciplinarias, Colegio Público de Abogados
Materia: CIVIL
Carátula: Blanco, Carlos c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía- ley 23.187- art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al letrado sumariado la sanción de multa contemplada en el artículo 45, inciso c), de la ley 23.187, por el importe equivalente al veinte por ciento (20%) de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil. En tal sentido, consideró que en el marco de una causa penal había utilizado una serie de frases agraviantes que no se adecuaban a un comportamiento digno de un profesional. La sala confirmó el acto cuestionado, en cuanto tuvo por configurada la infracción, de conformidad con los artículos 10, inciso a) y 22, incisos a) y b) del Código de Ética, y los artículos 6, inciso e) y 44, incisos g) y h) de la ley 23.187.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, partes del proceso, legitimación procesal, conducta procesal, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, Estado Nacional, emergencia económica, doctrina de los actos propios, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina c/ Banco Argencoop Coop. Ltdo. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso  directo - Revocación de autorización para funcionar - Liquidación  (Hoy quiebra) (Expte.: C.S.J. Nro. 468 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-28

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el Banco Central de la República Argentina que imputa a los Juzgadores incurrir en un excesivo rigor formal y en falta de fundamentación al soslayar que su legitimación en este proceso no radica en el carácter de parte, sino que se funda en su calidad de órgano de aplicación de la normativa de emergencia que resultaría violada por la disposición del Magistrado de baja instancia (decretos 1570/01, 1606/01, 214/02 y 320/02 y normas complementarias), desde que la Sala no marginó la calidad de órgano de aplicación de dicha normativa invocada por la entidad rectora de la actividad financiera, antes bien, la consideró expresamente, pero el razonamiento de los Juzgadores tuvo primordialmente en cuenta otros aspectos -los atinentes a la conducta procesal del recurrente- que juzgó decisivos en la especie para negarle legitimación recursiva; máxime cuando el planteo del apelante, más allá de la imprecisión que denota, no logra convencer que su participación en la causa pueda encontrar respaldo en una analogía con la intervención que le cabe, en cuestiones de su competencia, al Ministerio Público.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORIA, NORMA OFELIA c/ HECTOR SILVA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-07

La nulidad de un acto jurídico nulo, cuya nulidad no aparece manifiesta en el acto, no puede juzgarse sino con intervención de quienes fueron parte en el mismo.
Demanda, bancos, domicilio social, sucursal, notificación en el domicilio, domicilio legal, domicilio constituido
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA c/ BANCO MULTICREDITO SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La notificación debió ser dirigida al domicilio legal del banco demandado, pues así lo contempla el art. 90, inc. 3, del Código Civil (cfr. causa 2431 del 23.2.84), que fue el denunciado por la actora en el escrito inicial y en la presentación de la demandada, o bien el domicilio constituido según lo dispuesto por el art. 14, Ley 22.362, pero no en una sucursal, pues no reviste ninguno de los caracteres tenidos en cuenta por las normas legales y tampoco se presenta la hipótesis del inc. 4 del art. 90 citado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente. En esa indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiera. Contradicción jurídica, si las hay, es aquella en que una norma dispuesta para un fin justo y valioso, aplicada conforme un texto defectuoso, produce el efecto inverso al que le es propio. En tanto la doctrina judicial del pleno se dirige a procesos judiciales temporalmente dinámicos, la definición jurídica que ella comporta no conjuga, antes bien repugna -en su valor "erga omnes"- con una fecha de caducidad en el transcurso de los juicios. Las impredecibles consecuencias técnico-procesales que es capaz de generar, sea por su influencia en los intereses de las partes, sea por la fuente de incidencias, por las consecuencias procesales específicas que supone (nulidad), la dinámica de las decisiones revisables, etc. vulnerarían el sentido jurídico propio del instituto al resultar fuente de inseguridad jurídica. Aquello establecido para un bien jurídico cual es la certeza en la interpretación de la ley, de entenderse que tiene un "lapso" de vigencia legalmente determinado, se tornaría en fuente de una incertidumbre mayor. En tal caso no sería aconsejable celebrar este tipo de Acuerdos Plenos, sujetos a un término perturbatorio de los procesos en trámite o a iniciarse. (Del Voto del Dr. Donati).
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Elba María c/ Blois S.A. y otros s/ Accidente de trabajo Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Las explicaciones dadas en la audiencia de vista de causa por el perito completan la prueba pericial.
Recurso de apelación (procesal), procedimiento laboral, aplicación de la ley laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Parada, Ester Paulina c/ Muñoz, Oscar Gabriel Amado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-10-10

La forma en que deben tramitarse los recursos de apelación contra interlocutorios dictados en procesos laborales como así también cuando el remedio de que se trate se interpusiera contra sentencias definitivas, son de inexorable aplicación las prescripciones de la ley 69, y no las del Código de forma en materia Civil y Comercial, como lo realiza la de grado.
Ejecución fiscal, aportes previsionales, ejecución previsional, Ley de Procedimiento Tributario, aplicación supletoria de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ DESINFECTADORA BUENOS AIRES SA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

El art. 29 del decreto 507/93 prescribe "Serán asimismo de aplicación, con relación a los recursos de la seguridad social, las normas de la ley 11.683, T.O. 1978 y sus modificaciones que por vía reglamentaria determine el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los ciento ochenta (180) días. No serán de aplicación supletoria otras normas de la citada ley". En tal orden de cosas fue dictado el decreto 2102/93 del 18.10.93 , cuyo art. 1 establece cuáles son las normas aplicables y comprende al art. 92, aunque declara excluido su párrafo séptimo (atinente a la inoponibilidad de la nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal y la remisión al art. 81 del noveno párrafo).
Depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, responsabilidad del depositante, responsabilidad del banco, omisión de estados contables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Domper, Manuel c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La falta de contabilización del depósito, no puede ser por sí sólo un defecto oponible al depositante (C.S.J.N. in re "Ferreira" del 17/5/88 entre otros), y tampoco vale como indicio descalificante si está probado que al tiempo de emitirse el certificado, la depositaria había dejado de anotar las operaciones en sus libros (esta Sala in re "Arbuz" del 12/5/88; "Benedit" del 17/8/89).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, horas extra
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: López, Hector Daniel c/ La Gallareta S.A.I.C.A. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Cobro de   Pesos laboral (Expte. C.S.J. Nro. 29 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-05

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que el impugnante no logra persuadir a la Corte de la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional al achacar al Sentenciante no haber acogido su pretensión de cobro del rubro horas extras debido a que no estaban respaldadas con material probatorio, cuando de la lectura del pronunciamiento se desprende que el A quo juzgó que "...su no inclusión concreta en el momento de definirse el objeto de la pretensión...se trata de un concepto cuya verificación debe ser suficientemente certera, pues así lo exige su carácter extraordinario, por lo que su no admisión en la condena debe mantenerse".
Delito penal, hurto de energía, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, acta de infracción, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: M., M. A. s/ HURTO (EXPTE N  55-04, RESOLUCION N  14, TOMO 10, FOLIO 73)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-23

Si en el domicilio no existía medidor y el imputado estaba haciendo consumo de energía eléctrica, más allá de toda discusión respecto a quien había hecho la conexión directa a la red de energía, ninguna duda cabría respecto a que el consumo en cuestión significaba un apoderamiento ilegítimo. Sin embargo, no habiéndose recibido testimonio al funcionario de la E.P.E. que realizara el procedimiento que diera origen a estas actuaciones, ni al empleado policial que lo acompañara, ni existiendo otro elemento probatorio que esclarezca la cuestión, sin rechazar la existencia de una conexión ilícita, resulta posible que la misma pueda haber sido ignorada por el imputado, quien se habría limitado a pagar a la empresa proveedora de la energía, lo que en verdad había consumido, y semejante posibilidad es suficiente para impedir el logro de certeza que sería necesario para mantener el pronunciamiento condenatorio (in dubio pro-reo).