marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, remuneración, trabajadores temporarios, Contratos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Mourelle   Beatriz   Mónica c/ E.N.  -M  de  Producción-  STSubsecretaría de P y V Navegables s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Si la administración ha reconocido la prestación de servicios de la persona que no tiene un respectivo nombramiento como empleado público ni un contrato temporal, las tareas efectivamene desempeñadas deben ser pagadas a tenor de lo dispuesto por el art. 1627 del C.C. (Sala II "Ehrhorn Arne Julian c/ E.N.

-Secretaría de Cultura s/ empleo público", 10/08/2000) (Del voto en disidencia del juez Gallegos Fedriani, cons. XIII).
Incapacidad parcial, incapacidad permanente, reparación integral, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: Nieve, Luis Reinaldo c/ Giordano, María Eugenia s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-12-24

Los rubros específicos, daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, no son más que partes del más omnicomprensivo daño patrimonial por oposición o diferencia con el daño "extrapatrimonial"-, de manera que la suma de aquellos no puede representar una suma mayor que la que correspondía otorgar a éste, so pena de conceder una reparación exorbitante en virtud de la atomización de rubros en los que cada tipo de daño pretenda configurarse, olvidando que se trata de reparar el daño sufrido por una persona, sin que exista justificativo para dividirlos en tantas partes como derechos se hubieren visto lesionados.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Calista, Hugo Luis c/ GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

El plazo establecido en el art. 33 de la ley nro. 402 es fatal y perentorio y no se interrumpe ni suspende por la interposición de otros recursos improcedentes. A igual solución se arriba si se aplica lo dispuesto por el art. 137, CCAyT (cf. art. 2, ley nro. 402).
Juicio ejecutivo, verificación de créditos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Pereira, Horacio  c/ Scheinsohn, Horacio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

El concurso anterior del ejecutado, concluido por inexistencia de acreedores verificados, carece de incidencia en esta ejecución planteada por un acreedor no presentado en el proceso universal (v. CNCom, Sala D, "Banco de Entre Ríos SA c/ Floor System SA y otros s/ ejecutivo" del 10/12/09). Recuérdese que no hay norma legal alguna que prevea que tras la conclusión del concurso se opere la extinción de aquellos créditos que no obstante ser de causa o título anterior al concurso, no fueron insinuados al pasivo por sus respectivos titulares. La insinuación al pasivo constituye una facultad que el interesado puede o no usar si desea permanecer ajeno al concurso. Si no opta por la insinuación, debe aguardar hasta la conclusión de éste, oportunidad en que recupera el ejercicio de las acciones individuales (v. Galindez, "Verificación de Créditos" Ed. Astrea, p.367).
Empleados públicos, ius variandi, estabilidad laboral, interpretación de la ley, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIGLIOTTI, JUAN MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 347 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

No cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente que solicita la anulación del decreto que dejó sin efecto su adscripción a la Caja de Asistencia Social-Lotería y dispuso su adscripción a la Dirección General de Despacho y Servicio Interministerial del Ministerio de Hacienda y Finanzas por conculcar su derecho a la estabilidad, desde que la medida adoptada, no obstante no encontrarse expresamente prevista y regulada en la normativa vigente (ley 8525), tiene un contenido preciso, consistente en la prestación de servicios y tareas por el agente en lugar distinto al de su destino originario, sin modificar su situación de revista o nivel escalafonario alcanzado. La norma invocada en el mencionado acto, esto es, el artículo 13 inciso a) de la ley 8525, al establecer el deber de los agentes de prestar servicio en el lugar, condiciones de tiempo, forma y modalidad que determine la autoridad con competencia para ello, legitima a la Administración para disponer adscripciones. Y, en el caso, no se advierte que la autoridad administrativa que ordenó la medida haya actuado al margen de esa potestad violando derechos subjetivos del agente. En efecto, el acto invocó concretas razones de servicio, haciendo referencia a la falta de personal en la Dirección de Despacho y Servicio Interministerial, y asignó al agente precisas tareas a realizar en el nuevo destino.
Instrucción, validez de los actos procesales, intervención fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Seguin, Elizabeth Mirtha s/ recurso de queja. Causa: 407
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

La intervención del fiscal no hace a la validez de estos actos, a diferencia de lo que sucede con los del debate.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Péres Raúl Alejandro c/ Silva Alicia Alba y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-21

La demanda presentada dentro del plazo de gracia establecido por el art. 124 del Código Procesal, constituye un acto eficaz para interrumpir la prescripción de la acción de que se trate.
Acción de amparo, invalidez del decreto, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, reforma laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Confederación General del Trabajo de la República Argentina  c/ Poder Ejecutivo Nacional  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-24

Cabe hacer lugar parcialmente a la acción de amparo iniciada por la CGT contra el Estado Nacional y declarar la invalidez de los arts. 73 (que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical), 79 (que establece reglas para la negociación colectiva), 86 (que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales), 87, 88 (que incorporan los arts. 20 bis y 20 ter a la Ley 23551) y 97 (que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos del DNU 70/2023, porque aún sin analizar la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma, las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción, o cualquier análisis del contenido normativo del DNU 70/2023, no se han cumplido los recaudos constitucionales para que la norma pueda ser considerado válida.
Proceso penal, auto de sobreseimiento, actor civil, falta de legitimación para obrar, ley procesal, interpretación de la ley, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, costas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., E. V. s/ Estafa en tentativa - Queja por apelación denegada (Resolución Nro.  120, Tomo 57, Folio 189)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-01

El art. 358 C.P.P. es claro y terminante en cuanto afirma, en lo pertinente, que "El sobreseimiento será apelable por el Ministerio Fiscal con efecto suspensivo ....", para consignar más adelante "El auto deberá notificarse también al actor civil, quien podrá manifestar disconformidad por escrito fundado en el término de cinco días; en tal caso, si el Fiscal no apelare, el Juez pasará el expediente al Fiscal de Cámara, quien podrá apelar dentro de los diez días fundando el recurso al interponerlo o consentir expresamente la resolución recaída...".Vale decir, la apelación sólo está reservada al titular del órgano requirente y el actor civil sólo puede manifestar disconformidad con el decisorio -no más que eso-, previendo la norma un singular mecanismo de instancia, que en modo alguno se compadece con el intentado. En consecuencia, el recurso de queja interpuesto por el actor civil contra el decreto dictado por la a-quo que no concede la apelación por aquél intentada y eleva los autos al Sr. Fiscal de Cámara ante la disconformidad planteada- luce notoriamente improcedente y la queja debe rechazarse, debiendo cargar el incidentista con las costas causídicas.
Procedimiento laboral, producción de la prueba, alegato, audiencia, notificación por telegrama
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZZITELLI, FRANCISCO c/ D'ANGELO, EGIDIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1949-11-18

En los casos en que el alegato sobre la prueba no se realiza inmediatamente de producida ésta totalmente, es obligatorio para el juez designar audiencia a los fines del artículo 89 de la ley orgánica, debiendo notificarse a las partes personalmente o por telegrama colacionado.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida cautelar genérica, principio de subsidiariedad, plan de ahorro previo, vehículos, daños y perjuicios, resolución del contrato, entrega del automotor, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Palau, Patricia Elisabet c/ Fca. Automobiles Argentina SA y otro s/ sumarisimo s/ incidente cpr 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-05

Ello así, toda vez que la actora promovió demanda por daños y perjuicios contra una administradora de planes de ahorro y una concesionaria, pretendiendo obtener - entre otros rubros indemnizatorios- la devolución del dinero invertido en la compra de cierto automotor, debido a que según alegó dicho vehículo no se ajustaba a las expectativas que tenía al momento de abonar el 100% del precio convenido.
Cajas de previsión, cesantía, personal policial, antigüedad, haber de retiro, sanciones laborales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL-PENAL
Carátula: Castro, Graciela Teresa c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-14

Únicamente el "servicio efectivo" será el que computa a los efectos de reunir los requisitos para obtener la antigüedad requerida por el art. 7 de la 21.965. Si bien, la cesantía importa la baja del sancionado con pérdida del estado policial y los derechos que le son inherentes, ello no implica la pérdida de los derechos a haber de retiro, que pudiera corresponder al sancionado, según los servicios prestados.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Siri, Argentino Luis en j: Siri c/ Onofre Moreno s/ Desalojo - Recurso de hecho (Libro: S048-048) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1950-07-12

Procede el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Paz que difiere el pronunciamiento de la sentencia en el juicio de desalojo hasta que recaiga fallo en el de consignación iniciado por el inquilino porque el agravio es irreparable y definitivo.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, incidentes, causales de revocación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aranda, Anita Adelina c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito promovido por la concursada contra el crédito de bustos jorge luis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

Procede revocar la resolución que rechazó el presente incidente de revisión promovido por la concursada contra cierto crédito. Ello por cuanto no cabe desestimar, con base en una sentencia de trance y remate firme, la posibilidad de la concursada de producir la prueba ofrecida (v. gr. Confesional, documental, pericial contable y caligráfica) tendiente a controvertir la causa del crédito invocado. A ello se agrega que el acreedor admitió su calidad de proveedor en los términos de la ley 24240, al reconocer su calidad de prestador de servicios financieros para el consumo, admitiendo también haber prestado dinero bajo esta modalidad en varias oportunidades y a distintas personas. En tales condiciones, no es posible descartar que la relación jurídica debatida en autos deba también considerarse regida por las normas del derecho de consumo, aplicando, incluso de oficio (LDC 65), las normas que consagran el elenco de los derechos que al consumidor o usuario reconoce esa ley. Dichas normas exigen que el juez examine las condiciones que se han aplicado al concederse al consumidor el crédito de que se trate (LDC 35, CCCN 1100, 1385 y 1389 aplicables por analogía), lo cual revela que en un supuesto como este, el que no está eximido de la aplicación de esas reglas, no cupo declarar la cuestión como de puro derecho y debió brindarse la posibilidad de probar en un juicio de conocimiento, como lo es el presente, tanto la causa como la existencia misma del crédito insinuado.
Cheque, cheque de pago diferido, cancelación del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrasana, Pablo Daniel y otro c/ Zabala, Marcelo Alejandro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

El efecto cancelatorio de un cheque con pago diferido tiene lugar cuando el importe es cobrado o acreditado a favor del acreedor, puesto que el cheque no es dinero sino una orden al banco girado que se entrega al acreedor pro solvendo y no pro soluto. En consecuencia, su entrega no constituye por sí sola el pago de la obligación dineraria debida, ya que para que la obligación se extinga es necesario que la orden de pago se cumpla (conf. CCIV, 721, 725 y 740; CNCom, Sala D, "Nidera Semillas SA c/ Morea De Ugarte María s/ ordinario", del 3.8.09, CNCom, Sala F, "Depianti Maria Florencia c/ Select Automotores SA s/ ordinario", del 5.12.17).
Honorarios, honorarios del perito, perito de parte, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Hernán Cortés  S.A. c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Habida cuenta de que el ingeniero no aportó ningún elemento de prueba que autorice a considerarlo excluido del art. 13 de la Ley 11 672, t.o. 1942, se impone desestimar su pretensión de cobrar honorarios al Estado por el trabajo técnico que desarrolló en autos, a propuesta de su empleadora, presumiéndose que él fue realizado como una modalidad propia del servicio (art. 27, inc. "a", de la Ley 22.140).

A esa solución no forma obstáculo el hecho de que el texto legal se refiera a peritos designados de oficio porque militan con relación al "consultor técnico" los mismos motivos que han dado lugar a la norma con referencia a los peritos; cabiendo agregar, por un lado, que la propia norma en cuestión consiente una interpretación amplia al aludir a los "profesionales de cualquier categoría", y en segundo lugar, que la no inclusión de los "consultores técnicos" obedece, indudablemente, al hecho de que esta figura - incorporada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sancionado por la Ley 17.454 - no existía al tiempo en que se estableció la prohibición general.
Sociedad conyugal, bienes gananciales, bienes inmuebles, ejecución hipotecaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: PICCOLO OSVALDO ANTONIO c/ MUTSCHELLER KLAUS, BERND FRIERICH s/ COBRO  EJEC.  S/  INC.  SUBASTA  JUDICIAL BIEN MUEBLE PERTENECIENTE A  DOROTHEA KUTTNE DE MUTSCHELLER.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Si en virtud del régimen de administración separada de bienes uno de los cónyuges no tiene derecho alguno sobre los bienes gananciales del otro, mucho menos lo tendrá el acreedor del primero, ya que "ex hipotesi", su derecho derivara de la garantía patrimonial de su deudor, tornando improcedente la ejecución de un inmueble de su cónyuge, si no se encuentran demostradas las excepciones consagradas en el fallo plenario "Bco. de Italia c/ Sztabinsky".
Costas, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Q., E. M. c/ M., C. A. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-10

En pleitos sobre liquidación de sociedades conyugales, por ser procesos tramitados en interés común de las partes, como regla las costas han de repartirse en porciones iguales, porque la participación de los esposos en la sociedad también es igual, pero a ese principio hacen excepción los casos en que uno de los cónyuges se ve obligado a litigar por falta de colaboración o acuerdo del otro, quien obstruye la liquidación, supuesto en que habrá un vencido considerado objetivamente.
Prueba de la filiación, presunciones
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: T., L. G. c/ L., G. E. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

El indicio que señala el art. 4º de la ley 23.511 no es cualquier indicio, sino uno grave, pues de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en función del adelanto científico alcanzado, en cuestión en la que no sólo está en juego el interés individual, sino uno social, tiene un peso específico muy elevado en comparación con los demás indicios que puedan analizarse.-
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, excepciones procesales, pandemia
Materia: PROCESAL
Carátula: Kisnerman, Marcelo c/ Paz, Luis s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Corresponde revocar la resolución que decretó la caducidad de instancia en un proceso ejecutivo, en tanto se verifica que previamente se rechazó la pretensión del ejecutante de realizar la intimación de pago mediante carta documento, y en esa oportunidad se proveyó que el interesado debía "librar el mandamiento ordenado en autos con carácter de urgente o en su caso una vez culminada la medida que por razones de salud pública se declaró en el marco de la situación excepcional derivada de la propagación del coronavirus (COVID-19)". Así, el ejecutante pudo haber optado por esta última opción, máxime cuando a la fecha se mantienen las consecuencias de la pandemia desatada a raíz del COVID 19. En virtud de lo anterior, corresponderá revocar la caducidad decretada en autos.
Deber de asistencia familiar, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: DEZORZI, SERGIO D. s/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-30

Sin perjuicio que la investigación en relación a los extremos que alega el procesado, debe continuar, es indudable que su actitud de no haber dispuesto de suma alguna de la elevada indemnización que cobrara por su retiro, previsoramente a recaudo para cumplir con la manutención de su hijo, constituye una sustracción a su debe legal y filial, éste de evidente supremacía respecto de las alegadas obligaciones comerciales insatisfechas, por lo que debe confirmarse el auto de procesamiento apelado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Adicionales de remuneración, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: BONET, ANGEL Y OTROS c/ SADEMA  S.A. s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-08-05

'Ante la supresión o rebaja de 'premios' y 'plus' acordados al margen del salario establecido por ley o convención colectiva, el trabajador que no disolvió el contrato por injuria tiene derecho a la integración de su remuneración con los rubros excluidos'.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, prueba anticipada
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHLOTMAN R. c/ ADISA SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-20

Las actuaciones que versen sobre la prueba anticipada son, interruptivas del plazo de perención de la instancia. Tal medio de prueba no puede considerarse como acto aislado e independiente del proceso, sino que forma parte integrante del mismo y tiende a impulsarlo, debiendo destacarse su carácter no provisional que hace que una vez producida queda incorporada definitivamente a la causa y sujeta a la prudente estimación judicial en la oportunidad debida.
Excarcelación, situación global del procesado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HARGUINDEGUI, ALBANO s/ EXIMICION DE PRISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-22

En materia excarcelatoria, ha de estarse a la situación integral del procesado.
Falta de legitimación para obrar, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEON OSCAR ALBERTO c/ CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR Y PROVINCIA DE ENTRE RIOS- s/ ACCION  CONTENCIOSA  ADMINISTRATIVA  S/RESOLUCION  653/86  Y  DECRETO  2604/87 M.A.S. (MINISTERIO ACCION SOCIAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-12-23

Debe admitirse la excepción de falta de legitimación opuesta, por el Consejo Provincial del Menor, cuando el acto administrativo anulado es imputable sólo al Poder Ejecutivo, en razón que éste ejerciendo el control de legitimidad sobre los actos del Consejo Provincial del Menor, cometió excesos en sus atribuciones agravando una medida sancionatoria de suspensión y convertirla en cesantía.

Por ello las consecuencias de esa actividad ilegítima del Poder Ejecutivo -no pago de salarios- no puede recaer sobre el ente mencionado, ajeno al mismo
Emergencia económica, ley provincial, régimen de consolidación de deudas, fallos de la Corte Suprema
Materia: ECONOMIA
Carátula: Carlos Alberto Arias y otros c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. A-31686/88 Ordinario por pago y reajuste de tarifas profesionales en función específica. L.A. N 47 F 2018/2021 N 872 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. A-31686/88 Ordinario por pago y reajuste de tarifas profesionales en función específica. L.A. N 47 F 2018/2021 N 872
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-11-08

Cualquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer al Estado contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación (C.S.J.N. Fallos 322:1051).
Falsificación de instrumento público, documentos de identidad, sobreseimiento, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Galeano, Beatríz s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-26

Corresponde declarar la nulidad del sobreseimiento si no surge de la resolución recurrida, ni se advierte de las constancias de la causa que los extremos previstos por el art. 34 inc. 1° CP (estado de inimputabilidad) se encuentren debidamente acreditados, y teniendo en cuenta que el a quo no examinó la disponibilidad de las "nuevas pruebas" a las que hace referencia en el art. 361 CPPN, el sobreseimiento impugnado se ancla en argumentaciones sociológicas, criminológicas e ideológicas, mas no jurídicas, que no resultan conducentes.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANSILLA, RODOLFO OBDULIO c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

En relación a la tasa de interés, tratándose de un accesorio del capital de condena, cuya determinación quedará supeditada al cálculo de las prestaciones dinerarias conforme a lo establecido en el presente, cabe recomendar a la Sala de reenvío que para su fijación tenga presente las pautas trazadas por esta Corte y por la Corte Nacional en la jurisprudencia imperante en la materia. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos 342:162; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.