marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Campos Toledo, María Virginia c/ Embajada de la República Federativa de Brasil y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-21

La parte actora apela la resolución de primera instancia que revocó la intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución dispuesta contra la Embajada de la República Federativa de Brasil, por considerar la Magistrada "a quo" que la sentencia definitiva dictada en autos no era susceptible de ejecución forzada en relación con aquélla y, consecuentemente, desestimó el embargo sobre el bien inmueble individualizado por la recurrente. Si bien el Máximo Tribunal en la sentencia dictada el 22/12/1994 en los autos "Manauta Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa" (Fallos: 317:1880) consideró que no era invocable la inmunidad de jurisdicción en demandas laborales cuyo sujeto pasivo era una embajada o representación diplomática extranjera, este criterio - que inspirara la ley 24.488- no se extiende a la denominada "inmunidad de ejecución" subsistente y plenamente vigente conforme lo normado por el art. 6 de la citada disposición legal y lo dispuesto por el art. 45 inc. 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al establecer que "la renuncia a la inmunidad de jurisdicción (...) no implicará en principio, la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicte, que requerirán una renuncia especial". La inmunidad estatal se divide en inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución habiéndose establecido que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica la renuncia a la inmunidad de ejecución, impidiendo esta última a los órganos del estado condenado por sentencia final en juicio a ejecutar la sentencia que eventualmente se hubiere dictado contra aquel en jurisdicción local o foránea, ni aplicarle compulsivamente una decisión administrativa (conf. art. 32 inc. 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961). La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Manauta" se ciñe a la inmunidad de jurisdicción en sí. La renuncia a la inmunidad de ejecución requiere una nueva renuncia expresa, clara e inequívoca. Corresponde confirmar lo decidido en primera instancia sin perjuicio de la procedencia de las gestiones de orden diplomático que se pudieran llevar a cabo destinadas a posibilitar el cumplimiento de la sentencia y lograr el cobro de los créditos diferidos a condena.
Muerte del trabajador, concubinato, legitimación activa
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Greve González, Sonia Beatríz c/ Swiss Medical ART SA  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Resulta del intercambio telegráfico entre las partes que cuando la aseguradora puso a disposición el pago de las prestaciones de ley a los padres del trabajador fallecido, no desconocía los trámites iniciados por la actora, para acreditar su carácter de conviviente, oponiéndose a los pagos. Frente a esta situación y ante las dudas generadas respecto a quienes eran las personas legitimadas por ley para el cobro de las prestaciones, la aseguradora debió acudir a un mecanismo válido, a fin de poder cumplir con la obligación a su cargo. Concretamente, consignar judicialmente la indemnización, para que se dirima quien o quienes estaban legitimados al cobro. En tal sentido, se consideran derechohabientes las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley 24.241 quienes concurrirán en orden de prelación y condiciones allí señaladas. El citado artículo establece el siguiente orden de prelación: a) La viuda b) El viudo c) La conviviente...". En consecuencia, al comprobarse que la actora era la conviviente del trabajador al momento del infortunio fatal, la concubina resulta ser legitimada para el cobro de las prestaciones previstas por el art. 18 LRT
Despido, adicionales de remuneración, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Pérez Rodríguez, Ignacio c/ Granar S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

La accionada cuestiona la sentencia de grado por cuanto declaró justificado el despido en que se colocó el actor al tener acreditado que debió estar encuadrado en la categoría de Administrativo D (CCT 13/75). Señala que el accionante se encontraba correctamente categorizado como Administrativo A (cadete) y además no llegó a demostrar que hubiese cumplido tareas de Administrativo D. El actor intimó a su empleadora a fin de que aclare su situación laboral, se regularice su situación de registro en relación con la remuneración denunciada correspondiente a la categoría de administrativo D y se le reintegren sus tareas como administrativo, bajo apercibimiento de considerarse despedido. La accionada no contestó por lo que en consecuencia se hizo efectivo el apercibimiento. No se demostró mediante prueba hábil que la tarea que el actor dijo haber cumplido la hubiese realizado otra persona y que él fuera un mero cadete. Frente a los elementos reseñados se reputa acreditadas las tareas denunciadas por el accionante, así como que por ello debió estar encuadrado en la categoría de Administrativo D. Por lo tanto, cabe confirmar la sentencia recurrida en cuanto declara justificado el despido en que se colocó el trabajador ante la negativa de la demandada del encuadramiento pretendido y la falta de pago correcto de los adicionales de convenio reconocido (art. 242 y 246 LCT).
Despido, declaración de rebeldía, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zequeira, Matías Nicolás c/ Sindbad SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

El mero estado de rebeldía en que se declaró a la persona jurídica demandada y a las personas físicas codemandadas, no autoriza a tener por acreditados hechos de relevancia jurídica compleja para disponer la extensión de la condena a las personas físicas. No debe activarse la condena solidaria de las personas físicas toda vez que ejercían roles propios de la estructura organizacional de una sociedad, sin que se haya demostrado ni invocado, con desarrollo suficiente, que se tratara de un accionar por fuera del marco societario o con desvio funcional. La sola afirmación en la demanda respecto de funciones de dirección, administración o incluso pago de salarios, no resulta suficiente para concluir que el actor se desempeñó a título personal para los codemandados sino va acompañada de una descripción circunstanciada de los hechos que permita encuadrarlos en el marco del art. 26 LCT o bien, configurar los supuestos de extensión de responsabilidad conforme a los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550. Asimismo, la presunción del art. 71 de la ley 18.345 no exime al actor de cumplir con la carga procesal mínima de describir con claridad los hechos que sustentan su pretensión conforme lo exige el art. 65 de la ley 18.345, lo cual no fue realizado, y no se ha demostrado la configuración de fraude, abuso de la norma jurídica o actuación con culpa grave o dolo por parte de los codemandados a título personal.
Impugnación de la pericia, empleado de empresa periodística
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Baracat, Hernán Alberto  c/ Telam S.E. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

Se agravia la demandada TELAM SE por cuanto el Juez de grado enmarcó el vínculo laboral dentro de las previsiones del empleado administrativo en empresas periodísticas que regula el art. 2 del decreto 13.839/46 (modif. por ley 15.535). La relación entre las partes no fue regida por la Ley de Contrato de Trabajo sino por el Estatuto Particular de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Así, la accionada al impugnar el informe pericial reconoció que "el actor estuvo vinculado mediante un contrato regido por el estatuto particular de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas, decreto Ley 13.839/1946". El actor desarrollaba tareas administrativas para TELAM SE, es decir una empresa periodística y no se advierte que ellas estén fuera del art. 2° del decreto 13.839/46 que contiene una enumeración que no es taxativa. Si el actor hubiera desarrollado tareas periodísticas para TELAM SE se encontraría alcanzado por el Estatuto del Periodista Profesional. Por ello cabe ratificar el criterio sustentado en grado al enmarcar las tareas realizadas por el actor dentro de las previsiones del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.
Garantía al consumidor, responsabilidad objetiva
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ortiz Bernardini, Lisandro Juan Alfonso y otro  c/ General Motors de Argentina SRL y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

Cabe realizar una distinción entre los bienes reparados amparados por un certificado de garantía al tiempo de adquirir un bien mueble no consumible (LDC 14 a 17) y la obligación de garantía emanada de una prestación de servicio efectuada de manera deficiente (LDC 19 a 24). La obligación de garantía es una especie de las llamadas "obligaciones de resultado" y por ello su cumplimiento genera una responsabilidad objetiva. Esta Sala tiene dicho, que toda terminal automotriz asume frente a los adquirentes de los rodados una obligación de garantía por aquellos vicios que pudiesen eventualmente existir en los vehículos vendidos.
Fallos de la Corte Suprema, caución real, crédito laboral
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: García, Claudio Adrián c/ Galeno ART SA s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-19

La parte actora apela la resolución del Juez de primera instancia en la que, basándose en el precedente de la CSJN "Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina SA y otros s/ despido" (Expte. N° 49054/2015/1), consideró que correspondía solicitar a la parte actora y peritos que, en caso de pretender el retiro integral de los fondos por cualquier concepto, prestasen caución real (con accesoria de prohibición de contratar sobre esos bienes - art. 231 C.P.C.C.N.) para el hipotético caso que sea revocada por la Corte Suprema la decisión de alzada y que, por consiguiente, sea necesario requerir la devolución de las sumas. Para el caso que los intervinientes no ofrezcan caución real con la modalidad antes expuesta, estableció que habrá de disponerse inversión a plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días de las sumas depositadas en autos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. Contra tal decisión se alza el accionante solicitando se revoque la resolución y se exima al trabajador (actor) de la obligación de tener que prestar una caución real para poder cobrar su crédito laboral, en la etapa de ejecución (art. 285 del CPCCN), y le se ordene librar el giro ya solicitado. Debe modificarse la exigencia de requerirle al trabajador la constitución de una caución real como condición para percibir su crédito laboral. Ello así, porque el último párrafo del artículo 285 del CPCCN establece expresamente que, mientras la CSJN no haga lugar a la queja deducida contra el rechazo del recurso extraordinario federal, no se suspenderá el curso del proceso. Desde tal perspectiva, la sola interposición de la queja, o el eventual pedido de remisión de los autos principales al Máximo Tribunal tienen efecto suspensivo sobre el trámite del proceso. La suspensión del procedimiento únicamente resulta admisible si y solo si la Corte declara procedente la queja y, en consecuencia, habilita el tratamiento del recurso extraordinario, supuesto que no se verifica en la presente situación. Toda vez que hasta el momento no se ha constatado que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre la admisibilidad del recurso de queja interpuesto por la demandada, no corresponde establecer condiciones restrictivas para la percepción de un crédito laboral reconocido en sede judicial, como sería la exigencia de una caución juratoria proporcional al monto de la liquidación homologada. (Del voto de la Dra. Russo en mayoría)
Decomiso, fraude a la Administración Pública, corrupción, terceros, adquisición a título gratuito
Materia: PENAL
Carátula: Nacional de Vialidad y otros c/ Collareda, Mauricio y otros s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-18

El decomiso puede recaer sobre bienes en poder de terceros no condenados cuando se trate de personas jurídicas beneficiadas por el producto o provecho del delito, o terceros que hubieran recibido bienes a título gratuito. Quedan excluidos los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso
Garantía al consumidor, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ortiz Bernardini, Lisandro Juan Alfonso y otro  c/ General Motors de Argentina SRL y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

En el marco de una acción por incumplimiento de garantía legal (LDC) y daños y perjuicios contra una concesionaria y la fabricante de un automóvil 0km adquirido por el actor, que presentó ciertas averías al poco tiempo de adquirido, como consecuencia del cambio de motor, provocado por la falla mecánica de fábrica y, dado que esa circunstancia queda exteriorizada en el título, ese cambio provoca, efectivamente, una depreciación en el valor de venta del automotor en el mercado de usados, pese a su buen estado de conservación y mantenimiento, que la pericia estimó entre el 10 y el 15% del valor de mercado del bien. En ese contexto, cabe reconocer el daño causado, que por este concepto reclama el recurrente, estimándolo en el 10% del valor de vehículo, el que fue fijado al momento de la pericia con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de descuento a 30 días, calculados desde la fecha de la pericia hasta el efectivo pago.
Facultades jurisdiccionales, Convención sobre los derechos del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

En aquellas causas relacionadas con menores, el derecho a la tutela judicial efectiva aparece reforzado por el art. 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde se establece que los menores detentan el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y tienen el derecho de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que los tenga por interesados. (Del voto de las Dras. Adriana Rodríguez Faraldo, Teresa Ovejero Cornejo y del Dr. Pablo López Viñals)
Decomiso, fraude a la Administración Pública, corrupción, incremento del patrimonio
Materia: PENAL
Carátula: Nacional de Vialidad y otros c/ Collareda, Mauricio y otros s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-18

Para determinar los bienes alcanzados por la ejecución del decomiso basta acreditar que fueron adquiridos, incorporados o ingresaron al patrimonio de los condenados durante el período concomitante con la maniobra delictiva, sin exigirse demostración contable directa entre cada bien y los fondos ilícitos.
Rechazo de la demanda, corretaje inmobiliario, reserva de compra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Tabak, Carolina Laura  c/ Remadex SA  s/ ordinario - remadex sa c/ Tabak, Carolina Laura s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Corresponde rechazar la demanda de consignación promovida por una sociedad dedicada al corretaje inmobiliario contra un cliente que intentó comprar una propiedad inmueble, pero cuya operación fue frustrada por culpa de la inmobiliaria, ya que ésta omitió informarle de la condición resolutoria que sujetaba la aceptación de la oferta a la posibilidad de que la vendedora encontrara una vivienda para ella. En ese marco, la demanda resultó improcedente pues el depósito judicial de las sumas entregadas en concepto de reserva resultó insuficiente, ya que no incluía los intereses, y por lo tanto no cumplía con los requisitos de integridad e identidad del pago. Y si bien la cantidad implicada por tales accesorios pudo calificarse de nimia a los efectos de ponderar si la oferta extrajudicial de pago de la corredora fue real, seria y completa (lo cual permitió cesada la mora solvens y nacida la mora accipiens ante la negativa a la recepción por parte de la compradora), lo cierto es que, a los efectos de la extinción de la obligación por su pago judicial, la consignación no pudo eludir el abono de aquéllos siquiera en tal nimia cantidad pues, en principio, la integridad del pago en la consignación debe respetarse en plenitud. En tal sentido, cabe recordar que la mora de la compradora no liberó a la corredora de su obligación de restituir consignando judicialmente lo que correspondía, pues una cosa es liberarse de los efectos de la mora (y, más aún, constituir en mora al acreedor), y otra distinta es liberarse de la obligación por vía de consignación.
Responsabilidad solidaria, transferencia del personal
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: López, Alejandro Daniel c/ Clausi Zeni Juan Ignacio (Art 71 LO) y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

La Magistrada de grado extendió la responsabilidad dispuesta a la persona física demandada a la coaccionada Santo Gastronómica SRL, quien adujo que no era solidariamente responsable porque al momento de producirse la transferencia, el despido indirecto del actor ya se había producido y quien explotaba el establecimiento gastronómico en ese momento era el transmitente. Sin embargo, la empresa codemandada continuó la explotación del establecimiento gastronómico en el que el trabajador prestó servicios para la persona física accionada, y la situación fáctica encuadra en la doctrina que emana del fallo plenario "Baglieri" que dispone que el adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el art. 228 de las Ley de Contrato de Trabajo es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión. En el art. 228 la palabra existentes expresada en plural se halla vinculada al sustantivo obligaciones y no a la expresión contrato de trabajo, utilizada en singular, de ello se sigue que: las obligaciones laborales existentes al momento de la transmisión generan la responsabilidad solidaria del adquirente, ya sea que provengan de contratos vigentes o de contratos extinguidos. Ello así en virtud de la regla in dubio pro operario. Toda vez que el art. 228 LCT no distingue entre contratos vigentes o fenecidos, basta con que subsista la deuda aunque el vínculo laboral que la originó hubiera concluido con anterioridad a la transferencia.
Despido, adicionales de remuneración, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez, Miguel Ángel c/ Prenavl SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-26

El fallo de grado admitió que la empleadora debió abonarle al actor, quien se desempeñaba como "vigilador general", los salarios de acuerdo a los básicos convencionales en forma completa, tal como se reclamó en el escrito inicial, dirigido a que se le reconozca carácter salarial a las sumas determinadas en concepto de "viáticos" del CCT 507/07. El hecho de que el art. 33, ap. c) del CCT 507/07 denomine "viatico" a una suma fija no sujeta a comprobantes de gastos y, asimismo, determine que esas sumas "tendrán carácter no remunerativo" no es suficiente para excluirlo del concepto genérico de remuneración a que hace alusión el art. 103 de la LCT. La autorización contenida en la última parte del art. 106 de la LCT no está referida a cualquier "ítem" sino que trátase efectivamente de pagos a gastos que se encuentren por su propia naturaleza, a cargo del empleador. Por lo tanto, la autonomía colectiva no se adecuó al orden público laboral. Ello lleva a desestimar la postura de la accionada porque demostrado que el actor se desempeñó en jornadas completas de labor, éste tenía derecho a percibir el adicional estipulado en el inc. c del art. 33 CCT 507/07 hasta la extinción del vínculo laboral.
Reinstalación en el puesto de trabajo, medida cautelar innovativa
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Merlini, Soledad c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-04

Tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la medida cautelar innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y derecho existente al tiempo de su dictado justificándose por ello una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Fallos 316: 183: 319: 1069: 326 3729). Ello implica un detenido análisis de la verosimilitud en el derecho invocado y del peligro de un daño irreparable en la demora. De allí que resulta improcedente la medida cautelar por la que el actor, empleado de la ANSES, pretende la suspensión del despido alegando la "estabilidad del empleado público" y la reinstalación en el puesto de trabajo, ya que ello importaría inexorablemente, avanzar sobre facetas que atañen al fondo del conflicto.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

Resultan arbitrarias las sentencias dictadas sin considerar constancias o pruebas que tengan una condición decisiva o conducente para la adecuada resolución del caso, y cuya valoración pueda ser significativa para alterar el resultado de la causa. (Del voto de las Dras. Adriana Rodríguez Faraldo, Teresa Ovejero Cornejo y del Dr. Pablo López Viñals)
Revocación de sentencia, caución real, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Goicochea, Héctor Mario  c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

La sentencia de grado dispuso que la parte actora preste caución real con el fin de establecer fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudiere provocar la revisión del fallo de Alzada por el capital e intereses. El actor apela la decisión. La accionada interpuso recurso de queja ante la Corte la que no se ha pronunciado respecto de la admisión. El art. 285 del CPCCN en su última parte dispone que en tanto la CSJN no haga lugar a la queja, la ejecución no se suspende. Por ello, no se justifica la fijación de una caución real, máxime cuando la ley adjetiva ordena seguir con la tramitación de la causa al regular el proceso de ejecución de sentencia (arts. 132 y sgtes. L.O. y art 285 del CPCCN). Por lo tanto, la carga procesal dispuesta en la resolución apelada resulta improcedente toda vez que le asiste derecho a la parte actora al cobro de sus acreencias en forma íntegra, por lo que cabe revocarla. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
Proceso penal, carga de la prueba, facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

El sistema procesal penal vigente en la provincia no permite que el tribunal supla las omisiones o falencias en la actividad probatoria puesto, que es el Ministerio Público Fiscal el responsable de la iniciativa, ofrecimiento, producción y recolección de las pruebas (arts. 76, 283 y 284 del C.P.P.). (Del voto en disidencia de los Dres. Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar)