Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-09


Comodoro Rivadavia, 9 de Octubre de 2007.- AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa caratulada: "V., G. M. ; A., F. C.; P., G. A. ; Q. , E. R. M., H. M.; I., C. R.; F. F., D. A.; G, J. A. s/ Administración Fraudulenta en la modalidad de Delito masa", Expte. nro. 122/06, y;

CONSIDERANDO:

I.- Que el art. 312 del CPPCh. (Ley 3155), le adjudica a este Cuerpo la facultad, y obligación, del control del cumplimiento de las formalidades mínimas de la Instrucción, resultando la instancia indicada para la devolución del caso a la etapa preparatoria o a la decisión sobre aspectos relativos a la imposibilidad de continuación del ejercicio de la acción penal en el supuesto que alguna de aquellas formalidades no se hayan cumplido (STJ Chubut "M., R. R.-G., R. C. s/ Homicidio simple (el primero); Abandono de persona seguida de muerte (la segunda)" Expte. 1/06, voto Dr. Cortelezzi).- El dispositivo indicado contempla específicamente dentro de los extremos a evaluar los recaudos establecidos en el art. 305 del rito, es decir el contenido del Requerimiento de Elevación a Juicio, y autorizada Doctrina incluye en las formalidades aludidas a la efectiva verificación de las normas que regulan la declaración del imputado (Francisco D´albora, CPPN comentado, T II pag. 779, Ed. Lexis Nexis Abeledo Perrot).- II.- Huelga destacar la importancia del Requerimiento de Elevación a Juicio en el sistema procesal penal del tipo "acusatorio mixto", tanto como primer eslabón de la Acusación, como base fáctica del Juicio, y por ende acto de comunicación hacia el imputado del contenido del suceso respecto del que tendrá que defenderse.

Ello se encuentra previsto en el indicado art. 305 del rito al referir a una "relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos", la cual consiste en un detalle de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la conducta de aquel se exteriorizó.

Desde ya que cuando la apariencia típica de tal detalle se encuentra total o parcialmente ausente, no es posible abrir el Juicio (D´albora Francisco, ob. cit. pags. 740/741).- Y es que, "las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oído y producir prueba en su descargo, así como también el de hacer valer todos los medios conducentes a su defensa, que prevén las leyes de procedimientos (...).

Su imprecisión distorsiona la exigencia básica del derecho de defensa con respecto a la necesidad de que la acusación sea clara y circunstanciada" (CSJN Fallos 327:2790, 06.07.04 "F. D., S. y otros s/ Recurso de casación"; el subrayado nos corresponde).

III.- Desde tal prisma entonces procede analizar la solicitudes de Elevación a Juicio de los Acusadores, Público y Particulares, de fs. 4847/4853, 4859/4861 y 4875/4899, concretamente el primero de los mencionados, formulado por el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal en el ítem "relación circunstanciada del hecho" efectúa una descripción de las cláusulas del contrato que los suscriptores realizaron con "L. S.A. de C y A.", detallando las obligaciones de cada una de las partes.

Luego, se efectúa un relato de los acontecimientos ocurridos desde el día 28/6/95, fecha en la que la Inspección General de Justicia suspendió la autorización para operar de la firma mencionada, para posteriormente cancelarla, en fecha 14/11/96.

Así, y luego de indicar que los imputados formaban parte de los Órganos de Administración de la Sociedad, sin distinguir sobre el rol que cumplía cada uno, termina adjudicándole a todos ellos el haber continuado recibiendo montos inherentes a cuotas mensuales y celebrado nuevos contratos, aún con posterioridad a la suspensión referida, incluso luego de la cancelación, sin advertir de tales circunstancias a los suscriptores, tanto como haber utilizado el dinero en actividades no previstas en el objeto social, como el otorgamiento de préstamos, y finalmente haber cerrado la oficina comercial previo a la exigibilidad del rescate de las cuotas entregadas por los mentados suscriptores.- En lo que hace a la tipificación, se ha subsumido el hecho descripto en la figura del art. 173 inc. 7mo. del CP, Administración Fraudulenta, en la modalidad de "delito masa".

El precepto, a más de requerir que el sujeto activo perjudique los intereses ajenos confiados u obligue abusivamente al titular de estos violando sus deberes, exige un elemento subjetivo extra, como es el fin de lucro para sí o un tercero, no siendo necesario el logro de tal enriquecimiento indebido (conforme Donna, Edgardo, Derecho Penal T II-B, pag. 423, Ed. Rubinzal Culzoni).- Contrastando ambos extremos, plataforma fáctica y contenido del tipo seleccionado, tenemos que el detalle de los hechos, para el que el Acusador público ha seguido un parámetro de extender subjetivamente el reproche a toda aquella persona que haya tenido participación en alguno de los órganos de la Sociedad, y endilgarle a todos ellos la maniobra, colisiona a priori, y de allí el análisis que efectuamos en el contexto del control previo aludido, con las apuntadas exigencias típicas, las que obligan a incluir en el relato del suceso y acreditarlo luego, tal ánimo de lucro, elemento que distingue una administración "mala" de otra "infiel". E incluso es posible advertir, ya desde aquí, que el rendimiento de la prueba que se enumera no podrá superar dicha insuficiencia, más allá que, en última instancia, no se trata de una cuestión de índole probatoria.- Entonces, la relación "clara, precisa y circunstanciada de los hechos" propia del acto, que requiere la descripción de una conducta en principio pasible de poseer la adecuación típica que se propone en el mismo acto, en el caso no se halla presente.- IV.- Pero el método de pretender atribuir responsabilidad penal a todas las personas que tuvieron participación en la dirección de la Sociedad identifica otro obstáculo vinculado a las formalidades de la Instrucción y que debe ser materia de tratamiento aquí.- Y es el que tiene que ver con las declaraciones de imputado. G. V., tanto a fs. 4248, como en las ampliaciones de fs. 4397/98, 4736, 4465/4468, fue anoticiada del siguiente hecho: haber actuado como gerente o apoderada de la Sociedad L. de c. y a., comercializando entre el público suscripciones de títulos de capitalización, a pagar en cuotas ofreciendo planes por sorteo, sin encontrarse dicha comercialización de títulos autorizada legalmente por la autoridad de contralor -la Inspección General de Justicia- resultando perjudicados económicamente una numerosa cantidad de suscriptores, que abonaron en cuotas buena parte del contrato.- En similares términos se le comunica a C0 I.la imputación (fs. 4267/4268 y 4469/4470), solo que por haber formado parte del elenco directivo de L. entre los años 1995 y 1997; también a F. A. (fs. 4772); G. P. (fs. 4431, 4769); E. Q. (4433, 4763); H. M. (4435, 4765); D. F. F. (fs. 4767); y J. G. (fs. 4469/4470).- Es decir, se les ha adjudicado a todos ellos, en resumidas cuentas, una "mala" o aún "pésima", administración, lo cual no encuadra ni en el precepto penal señalado en el Requerimiento de Elevación a Juicio del Acusador Público ni en la Estafa genérica del art. 172 del CP. seleccionada por los Acusadores particulares.- Por otro costado, el sistema de involucrar a todos los que cumplieron un "rol social" sin distingos de ninguna clase, resulta un parámetro de "objetivación" de la responsabilidad penal que desatiende uno de los principios fundamentales de nuestro orden jurídico penal: que no existe responsabilidad penal sin culpa, lo que se desprende del mismo art. 18 de la Constitución Nacional.- Tal vicio, supera la operatividad del principio de conservación de los actos procesales (art. 150 2do. párrafo del CPPCh.), pues representa una nulidad de carácter absoluto, declarable aún de oficio, por involucrar garantías de raigambre constitucional (arts. 149 y 150 primer párrafo del rito).- Nótese lo siguiente.

Ante la amplitud que implica la descripción de los hechos tal como se ha efectuado, siguiendo la ecuación "participación en órganos de dirección de la sociedad = atribución de responsabilidad penal", la indeterminación que ello conlleva lesiona el derecho de defensa en la medida que en el Juicio sería posible circunscribir cualquier conducta específica apta para ser incluida en dicho esquema, pero no descripta previa y concretamente, dentro de los alcances de la imputación, o aún peor, consagrar el criterio de objetivación que esta sigue, desconociendo el principio constitucional supra enunciado.- De uno u otro modo se configura el perjuicio requerido por el instituto, debiendo caer las declaraciones de imputado indicadas y por ende los actos que son su consecuencia necesaria, como los Requerimientos de Elevación a Juicio de los Acusadores (más allá del vicio identificado en el formulado por el Ministerio Fiscal), y el Auto de Elevación a Juicio (fs. 4929/4933).- V.- Entonces, en mérito a la declaración indicada, corresponde abordar el tema atinente a la extinción de la acción penal por prescripción (art. 59 inc. 3ro. del CP).- No es el caso reproducir aquí la intensa y antigua discusión dada en Doctrina respecto de si las acciones fenecen o no, si los derechos cesan en su ejercicio por el mero transcurso del tiempo, pues el legislador ha introducido el instituto de la prescripción en el código de fondo, por lo cual la acción penal tiene límites temporales establecidos.

Pero sí vale remarcar a partir de ello, que tal instituto refiere a la seguridad jurídica, concepto que se ve afectado por la prolongación sine die de una situación, como por ejemplo un hecho de características delictuales que no arriba a su resolución definitiva en cuanto atribución a una persona determinada en condiciones de modo tiempo y lugar asertivamente definidas.- Modernamente, y volveremos sobre ello más adelante, se ha vinculado el tema al estado de zozobra que pesa sobre un imputado que carga con un reproche penal que tarda demasiado en resolverse, haciéndose referencia a un plazo "razonable" de juzgamiento, sobre todo a partir de lo estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna nacional, pero siempre atribuyendo a dicho plazo razonable una duración mucho menor que el término de extinción de la acción por prescripción.- De todos modos lo que queremos significar es que al relacionarse el tema con la seguridad jurídica, la cuestión pasa a orbitar dentro de los asuntos que hacen al orden público, lo cual explica la razón de que varios de nuestros más importantes Tribunales interpreten que la prescripción pueda ser declarada aún de oficio, más allá de la posibilidad de ser articulada como excepción (art. 297 inc. 2do. del CPPCh), y en cualquier estado de la causa.

(CSJN Fallos 321:2002; 311:2205; 311:1029; 311: 1042; 311: 1095, Superior Tribunal de Justicia del Chubut citado por José Ferreira en "Derecho Penal" jurisprudencia de la Provincia del Chubut T. I pag. 297).- Por lo tanto si bien es posible hablar de interrupciones o suspensiones del término, no lo es de preclusiones o consentimientos.- Siguiendo la "tesis del paralelismo" consistente en que el término aludido corre, se suspende y/o interrumpe para cada imputado y delito de manera independiente, tenemos que las únicas causales de interrupción resultan la "secuela de juicio" y la comisión de otro delito.- En cuanto a la primera, rige en el sub-judice la nueva redacción del art. 67 del CP en calidad de ley penal más benigna, por lo cual el ultimo acto con virtualidad interruptiva ha sido el Requerimiento de Instrucción, y desde allí hasta el presente ha expirado el máximo de la pena, seis años, prevista para cualquiera de los ilícitos que han sido endilgados (arts. 172 o 173 inc. 7mo. del rito).- En cuanto a la comisión de otro delito, los informes sobre antecedentes de los imputados obrantes a fs. 4987/5003 dan cuenta de la no configuración de la causal indicada dentro del término de extinción referido.- Por las razones expuestas, se impone el sobreseimiento de los nombrados como correlato de la extinción de la acción penal por la causal indicada.- VI.- Igualmente, y más allá de lo decidido supra, consideramos que el Tribunal debe tratar y resolver el planteo de la Defensa de G. V. respecto de su sobreseimiento por violación de la garantía atinente al "plazo razonable del juzgamiento", en virtud del extenso término que ha insumido el trámite de la causa, invocando como fundamentos los arts. 146 y 147 del CPPCh. (Ley 5478), de aplicación al sub-júdice en calidad de ley procesal penal más benigna (art. 44 Constitución Provincial).- Una de las Querellas (fs. 5064), y el Ministerio Fiscal (fs. 5065/6068), se han opuesto, el primero por que el orden jurídico nacional no establece un término concreto en orden a la razonabilidad del plazo en que debe concluirse el proceso, y por que las disposiciones de la Ley 5478 no resultan aplicables a esta causa.

El Ministerio Fiscal ha considerado que el corolario de la verificación de un exceso en la tramitación de un caso no debe ser necesariamente el sobreseimiento, invocando precedentes de la CSJN, y fallos de Tribunales Internacionales en los que se incluyen como parámetros a tener en cuenta para resolver sobre la cuestión, los medios con los que contó "el juez" durante el proceso, y el grado de congestionamiento tribunalicio. Incluso advierte sobre la "próxima" realización de Debate.- Desde ya que a tenor del pronunciamiento al que hemos arribado en torno de la extinción de la acción por prescripción, los argumentos vertidos suman en cuanto a la decisión respecto del pedido de la Defensa de V., sin dudas extensible al resto de los imputados debido a las circunstancias similares en las que se encuentran respecto de la cuestión.- Sin perjuicio de ello, esta Cámara Primera en lo Criminal, en su conformación natural, se ha expedido favorablemente en cuanto a la aplicación del art. 146 de la Ley 5478 en calidad de ley procesal penal más benigna, aunque el Superior Tribunal de Justicia se ha expedido en sentido inverso en el precedente "Romero", no obstante ha admitido planteos como el que aquí se analiza pero sobre la base de la operatividad lisa y llana de la garantía que se invoca, en el precedente "Lescano", por lo cual en dicho contexto será tratada la cuestión.- Por ende es de hacer notar que la evolución de la jurisprudencia en nuestra Provincia respecto del tema ha ido desde la no aplicación de la Ley 5478 a casos como el que nos ocupa, a la operatividad lisa y llana del instituto, utilizando parámetros de evaluación consistentes en la complejidad del caso, la dificultad de las diligencias de investigación, la gravedad de los delitos enrostrados, la conducta de los imputados en tanto idónea a fin de obstaculizar la pesquisa.- Así las cosas, procede analizar cómo incide el concepto de plazo razonable de juzgamiento evaluado sin la existencia del parámetro cuántico estipulado legalmente, y en segundo lugar si la expiración pretendida conlleva necesariamente al Sobreseimiento.- VII.- El primer tema debe resolverse buscando en la legislación pautas que permitan, sobre la base de una interpretación hermenéutica, la determinación del término aludido. Viene a colación entonces, a nivel local, la ley 4096 que establece que luego de dos años de transcurrido el proceso sin arribarse a la sentencia, procede el cese del encarcelamiento preventivo.

Si bien ello refiere a la medida cautelar mencionada, la cual no se dispuso en autos, no puede pasar desapercibido que si el Estado pierde en un determinado momento la posibilidad de ejercer coerción sobre el acusado, se ve afectada claramente la naturaleza de la acción penal, en tanto pública e idónea para, mediante la utilización del mentado instrumento de última ratio, hacer cumplir los fines de la Ley.

En tales condiciones, no es osado afirmar que transcurrido el lapso indicado -o el de dos (2) años y seis (6) meses, en su caso- en las condiciones descriptas, se extingue el derecho a perseguir.

Ello, insistimos, en la búsqueda de parámetros cuánticos a tener en cuanta ante la ausencia de una determinación expresa en tal sentido, e, insistimos, más allá de la aplicación de la Ley 5478 en carácter de ley procesal más benigna.- No obstante, aquí debe reiterarse la mención de los indicadores en orden a la dilucidación de la razonabilidad a la que alude la garantía que se invoca, que, insistimos, resultan ser la complejidad del caso (extensión objetiva y subjetiva de la imputación); complejidad y dificultades indagatorias, presencia de comportamientos dilatorios por parte del acusado, conforme ha sostenido la Corte Europea de Derechos Humanos (Edwards, Carlos Eduardo "Garantías Constitucionales en Materia penal", pags. 94/95).- En tal contexto, la evaluación del sub-júdice sobre tales parámetros arroja un saldo positivo respecto de las aspiraciones de la Defensa de V., reiteramos que extensible al resto de los imputados en función de su idéntica situación frente al instituto mencionado.- Los acusados poco tuvieron que ver con la extensión en la duración del proceso; el caso si bien complejo desde la tipificación jurídica atribuida en el Requerimiento de Elevación del Acusador Público, al que ya hemos hecho referencia, no lo es a partir del prisma que ha guiado la investigación: vincular a todo aquel que tuvo responsabilidad en los Órganos de Dirección de la firma con el reproche penal que se ejerce desde lo subjetivo, y afincar en la continuidad de las operaciones de la empresa luego de la suspensión y posterior cancelación de su actividad por la Inspección General de Justicia, el dato relevante del "caso" que se pretende llevar a Juicio Oral, por lo que la producción probatoria se circunscribió a solicitar informes al ente estatal referido, por lo cual es posible afirmar que no existieron complicaciones operativas (citación de testigos, realización de pericias etc), sin perjuicio de lo apuntado en cuanto a la cantidad de imputados y también, de damnificados.- El tal contexto, una etapa preparatoria próxima a los diez años de duración no se presente como "razonable".- VIII.- Desde el pronunciamiento de nuestro más Alto Tribunal nacional in re "Ekmedjián", previo a la reforma constitucional del año 1994, ha quedado sentada la operatividad de las garantías consagradas en los pactos que por ella se incorporaron a nuestro orden normativo.

Y en el sub-lite, transcurridos, insistimos, más de diez años desde el suceso que motivara estas actuaciones y computados los parámetros a los que se hace referencia supra y la actual situación de los acusados, no caben dudas que la garantía aludida ha sido violentada.- Cabe destacar aquí que el razonamiento que esbozamos encuentra sustento en el precedente de nuestro máximo Órgano Jurisdiccional en materia penal, desde una atenta lectura del indicado precedente "Lescano" (Expte. nro. 20674, F 248 año 2006), de fecha 22/5 del corriente año.- Podrá decirse, y algo de ello ha intentado la Sra. Fiscal, que en el lapso que insumió el desarrollo de las actuaciones la estructura del Ministerio Fiscal evolucionó hacia un régimen compatible con el sistema procesal penal acusatorio hoy vigente, con un plantel de personal limitado, al igual que el de los, por entonces, Juzgados de Instrucción, pero en todo caso tal circunstancia y sus consecuencias prácticas no pueden operar en contra de los imputados, como sería fundamentar en ello el rechazo de la solicitud de la Defensa.- IX.- En cuanto al segundo de los temas a dilucidar, si la violación de la garantía del plazo razonable tiene como derivación necesaria el sobreseimiento del acusado, más allá de la extinción de la acción penal por prescripción a la que hemos arribado en el marco del control del art. 312 del rito, nuevamente remitimos a los conceptos vertidos en el precedente indicado, en el cual se deja en claro que en los términos del art. 294 inc. 6to. del CPPCh. (Ley 3155), en dicho orden ritual existen términos de caducidad que habilitan la expiración del proceso a través del sobreseimiento (voto del Dr. Pfleger), concepto en el que coincide el votante en segundo término (Dr. Panizzi).- Corresponde agregar que de la manera que se ha expedido el Superior Tribunal de Justicia, ya referida, la circunstancia de la próxima realización del Debate carece de relevancia en la solución del caso.- Esta Cámara se ha pronunciado en similares términos en autos: "M., J. O. s/ Apremios Ilegales en concurso ideal con Lesiones Leves" Expte. nro. 136/06, a cuyos fundamentos en honor a la brevedad, remitimos.- X.- Por último, no podemos dejar de tener presente la trascendencia de los alcances de este auto tanto para los damnificados que han intentado coadyuvar al ejercicio de una acción pública que aquí fenece, como para los imputados, quienes sin perjuicio de su desvinculación por el transcurso del tiempo, podrían pretender una declaración de inocencia, e incluso respecto de la opinión pública, en su momento profusamente informada de un caso que se agota sin el esclarecimiento de lo ocurrido.- Pero existen imperativos legales que no podemos obviar, siendo precisamente una de las funciones de la Judicatura velar por el cumplimiento de las reglas de juego desde las cuales un caso debe llegar a Juicio, las que aquí, a tenor de lo expuesto han sido violentadas.- Solo es posible agregar que si se busca una buena síntesis explicativa de las razones que fundamentaron el cambio del orden adjetivo anterior por uno como el actual (Ley 5478), que privilegia la celeridad, oralidad, el sistema acusatorio, la intervención plena de la víctima y los modos de solución alternativa del conflicto, entre otros principios, podríamos recurrir al trámite de esta causa, que ha pesar de poder ser calificada (y solo por la cantidad de acusados y damnificados), como de "mediana" complejidad, llevó diez años de duración solo en la etapa preparatoria, y en definitiva culmina en virtud de vicios en actos trascendentes, existentes prácticamente desde su origen.- XI.- Por las razones expuestas, normas y precedentes citados, esta Cámara primera en lo Criminal;

RESUELVE:

1) Declarar la nulidad de las declaraciones de imputado de fs. 4267/4268, y 4469/4470 (C. I.), fs. 4772 (F. A.); fs. 4431, y 4769 (G. P.); fs. 4433, 4763 (Eduardo Q. ); fs. 4435, 4765 (H. M.); fs. 4767 (D. F. F.); y fs. 4469/4470 (J. G.), y por tanto de los actos que son su consecuencia necesaria, los Requerimientos de Elevación a Juicio de los Acusadores particulares y Público (fs. 4847/4853, 4859/4861 y 4875/4899 respectivamente), y el Auto de Elevación a Juicio de fs. 4929/4933 (arts. 18 CN, 149, 150, 263 ssgts y cddts del CPPCh).

2) Declarar la nulidad del Requerimiento de Elevación a Juicio del Ministerio Fiscal (fs. 4875/4899), por las razones apuntadas en el considerando respectivo (arts. 1|49, 150, 305, 312 del CPPCh, y 18 CN).

3) Declarar extinguida la acción penal y por tanto sobreseer definitivamente a V., G. M. ; A., F. C.; P., G. A. ; Q. , E. R.o; M., H. M.; I., C. R.; F. F., D. A.; G., J. A. por los hechos quee en su momento fueran materia de imputación (arts. 59, 62, 67 del CP, 294 inc. 1ro. del CPPCh).- 4) Sobreseer definitivamente a las personas indicadas en el dispositivo anterior por los hechos materia de imputación, por haberse extinguido el plazo razonable de juzgamiento (arts. 295 inc, 6to. CPPCh.; 18, 75 inc. 22 CN; 8 ap. 1ro. Convención Americana de Derechos Humanos).- 5) Regístrese, Notifíquese y firme que fuera devuélvase al Juzgado de Transición para su Archivo.- Protocolo n° 219/07 de fecha 9/10/07 Fdo. Dres. Martín R. Montenovo. Alejandro Rosales. Martín Navarro. Ante mí: Lucía Borjas.