marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, sentencia, falta de cita legal, loterías, permiso precario, cesación de servicios, acto administrativo, oportunidad procesal, daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rudyk, Marcos c/ Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fé s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Ordinario (Expte.: C.S.J. Nro. 554 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

No reviste entidad suficiente como para operar la apertura de la instancia la tacha de arbitrariedad esgrimida por el recurrente respecto que el fallo no indica la normativa legal en que se funda para rechazar sus pretensiones indemnizatorias. Ello así, pues del pronunciamiento atacado se deriva sin dificultad el marco normativo en que el mismo se asienta. Así, para rechazar la pretensión indemnizatoria por el pago de la apuesta invocaron los artículos 525 y 624 del Código Civil, como así también los artículos 508, 519 y 522 del Código Civil; respecto de los daños derivados del cese del permiso precario y cierre de la agencia se tuvo en cuenta, por un lado, que se trataba de un acto adoptado en ejercicio de facultades propias que involucraba criterios de oportunidad y conveniencia y que excluía por ello el derecho a una indemnización (se dijo que los derechos derivados de un permiso provisional no se incorporan definitivamente al patrimonio de su titular, no constituyen un derecho perfecto); y, por otro, y a todo evento, también se argumentó en base a los artículos 44 inciso g) del decreto 1296/82, 180 inciso 1 del Código Procesal Penal y 1071 del Código Civil; y para desestimar los derivados de la denuncia penal estéril los artículos 1090 y 1109 del C.C. -lo que surge del análisis efectuado aunque no se los cite expresamente- y 1078 del C.C., todo ello reforzado con abundantes citas doctrinarias y jurisprudenciales. De lo cual no cabe sino concluir que el fallo se sustenta en razones jurídicas -a partir de normas y principios de derecho- que, además, permiten afirmar que aquél satisface los requerimientos de la Norma Básica provincial sobre justificación suficiente.
Prueba, conducta de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: M. V., C.G. c/ T., A.L. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-28

El comportamiento de las partes en el proceso debe ser especialmente tenido en cuenta por el juez como indicio o un argumento de prueba, a favor o en contra, según el caso, y cuya gravedad debe ser apreciada libremente por aquél, principio receptado en numerosos artículos de nuestro Código Procesal.
Cese de oposición al registro de marca, telecomunicaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Telcom Argentina S.A. c/ Administradora de marcas RD S. de R.L. de C.V. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Los argumentos expuestos por la Sala en la causa n° 6393/08 a la que hice referencia y que fue fallada hace más de un año. En esa oportunidad puse de relieve el significado multívoco que tiene el vocablo "CARGA" en general, y el específico que tiene para las empresas que ofrecen servicios de telecomunicación. Sin embargo esa especificidad no implica la designación necesaria del producto, pues varias empresas tienen registradas expresiones similares sin que ello haya causado conflicto alguno. La utilización recurrente ha decantado en el uso común del término dentro de la clase en disputa, con aditamentos que varían de caso en caso. Son tales aditamentos los que conforman el complejo marcario que cada interesado explota para distinguir sus productos; así por ejemplo, en el precedente referido consta que Telecom Argentina S.A. es dueña de "RECARGA TELECOM", pero hay muchos casos más en la clase 38.
Superior Tribunal de Justicia, excusación, interpretación restrictiva, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Hector Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Pedido de  excusación de Ministro (Expte. CSJ Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-22

Si bien es cierto que la jurisprudencia ha admitido la causal de excusación por violencia moral, ha puntualizado, al mismo tiempo, la necesidad de aplicarla con criterio restrictivo y, en particular, ha subrayado la necesidad de que el excusado informe al Tribunal, aunque más no sea mínimamente, los motivos que permiten sostener la razonabilidad de la decisión de apartarse y que, por ende, no se está ante una actitud infundada. Esta última precisión encuentra como respaldo la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, al juez que le corresponde actuar conforme a los criterios de distribución y asignación de la competencia y cabe advertir que esa orientación restrictiva resulta particularmente fuerte cuando se trata de integrantes del Máximo Tribunal de la Provincia, según lo contempla el artículo 12 de la ley 10160.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: fenelli, ernesto jorge c/ di mari, nestor s/ rendicion de cuentas Gomez, Angela Isidra en autos Naje, Abalem c/ Gomez, Benjamín s/ Cobro ejecutivo. Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20|1988-02-23

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se desentiende totalmente de las razones que llevaron al juzgador a desplazar la aplicación de las normas cuya aplicación reclama.
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, aplicación de la ley, doctrina legal, nulidad de la ley, derecho interno, internalización de normas
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL S/ EXCARCELACIÓN s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-09-23

No se aprecia razón plausible para declarar la nulidad de la Ley 25.430, atendiendo a los precedentes jurisprudenciales que dejan librado al derecho interno el fijar las pautas del " Plazo razonable" de detención previo a la celebración del juicio, como el absurdo que significa pretender la aplicación de una ley, la Ley 24.390, pero no la norma que modifica y complementa aquella, la ley 25.430.

En consecuencia no se encuentran vulnerados los derechos consagrados por Tratados y Pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22, específicamente en el art. 7, inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra el derecho a toda persona detenida "a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso.", ni se resuelve contra la doctrina legal sentada en los precedentes " Mattei" (Fallos 272:188) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , y " Jorge A. Jiménez vs. Argentina", dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (01/III/1996).
Gas natural, tarifa de servicios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alliance One Tobacco Argentina S.A. c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Es inadmisible el agravio según el cual aún cuando se considere que el cargo impuesto por el decreto 2067/08 y normas consecuentes es una tarifa y no un tributo estaría violando los mecanismos del marco regulatorio que garantizan al usuario el derecho a pagar por lo que efectivamente consume, pues la ley 24.076 establece, en lo que aquí interesa, que el precio del gas a incluir en la tarifa de los usuarios es el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (art. 37, inc. a) y que el traslado a la tarifa de los costos de adquisición del hidrocarburo por el distribuidor será controlado por el ente regulador (art. 37, inc. c), y no se ha demostrado que el valor del cargo que paga por el gas importado exceda el costo de lo que realmente consume por ese concepto ni alega fundadamente la irrazonabilidad del método utilizado para su cálculo.
Recurso de inconstitucionalidad, control de legalidad, jurisdicción, queja por denegación o retardo de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PALESTRO DE FURIASSE, MARTA c/ INSTITUTO MADRE CABRINI Y OTRA s/ QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA      CSJ EXPTE NRO 233-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

La sentencia definitiva es susceptible de impugnación por vía del recurso de inconstitucionalidad de la ley provincial nro 7055, que abre una instancia extraordinaria para controlar la adecuación de los pronunciamientos judiciales dictados por los Tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Precisamente la supuesta invalidez del fallo por emanar de Juez que según la quejosa había perdido la potestad de juzgar -planteo que en abstracto encuadraría en la causal de violación del derecho a la jurisdicción (artículo 1, inciso 3, ley 7055)- sólo podría ser resuelta por esta Corte en ese estadio, previa interposición, sustanciación y admisión formal del mencionado remedio extraordinario y no por medio de la queja por retardada justicia interpuesta.
Proceso penal, auto de falta de mérito
Materia: PENAL
Carátula: DE CHANA, JOSE MARIA s/ Cheque sin fondos Causa 34916
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

El auto de falta de mérito -de carácter provisional y revocable en cualquier momento -no concluye la causa, ni por tanto la investigación. Sólo hace posible que el magistrado continúe la labor instructora y pueda, si se reúnen los elementos de convicción suficientes, decretar el procesamiento del imputado.
Gobierno de facto, Poder Legislativo, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pignataro, Luis Angel s/ inf.  arts.  1  y 2 de la ley 14.346 y arts. 25 y 27 de la ley 22.421  III
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Las previsiones hechas por el legislador con anterioridad al dictado de la norma de facto declarada inconstitucional, recobran efectividad.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO Carlos Walter c/ Páez Ramón Antonio y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-30

No habiéndose desvirtuado la pericial psicológica producida; que el monto reclamado por este rubro en la demanda no actúa como tope indemnizatorio, ya que el actor indicó: "...o lo que V.S. estime conveniente conforme a la pericial psicológica que se ofrece en este proceso";

y que los intereses "...se deben desde el momento en que se produce el daño o perjuicio objeto de la reparación, y como tienden a cubrir -por vía compensatoria- la integridad de la indemnización derivada del acto ilícito no requieren el requisito de la mora ni el de la liquidez del crédito".
Falsificación de instrumento público, idoneidad de la falsificación
Materia: PENAL
Carátula: "SHEKERDEMIAN, Rubén H. s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

La potencialidad de perjuicio como requisito para la adecuación típica de una conducta en la figura de falsificación, no debe ser interpretada como la posible inducción a error sólo a personas capacitadas para detectar su falsedad, pues el bien jurídico protegido por la norma - fe pública- debe abarcar también a todo tercero que pueda verse afectado por la utilización del documento.
Estupefacientes, decomiso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dobniewski, Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

De la lectura de los arts. 29 de la ley 25.246 y 39 de la ley 23.737 -a los que podría adunarse el art. 278 inciso 4° del C.P. texto según Ley 25.246- se desprende, la naturaleza eminentemente cautelar de las medidas que el tribunal competente puede adoptar con relación a los bienes detectados en el transcurso de la investigación, ello así a poco que se advierta no sólo la etapa procesal en la que se dictan sino también el texto del propio art. 25 el que, recuérdese, habilitaba al interesado a "probar durante el proceso su legítimo origen", lo que no tendría sentido en caso de haber mediado un decomiso en los términos del art. 23 del C.P.
Cambio de nombre, perspectiva de género, cambio de identidad registral
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C., A. E. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-02

Ordena rectificar nombre y género de un adolescente toda vez que la ley coloca a este como una categoría de sujetos que merecen una mirada especial, apartándose del molde tradicional y dando un reconocimiento a esta categoría etaria como una categoría jurídica, de modo que en nuestro derecho, opera hoy una modulación más fina, más sutil en la consideración de la autonomía de los sujetos, lo que conlleva una mirada más respetuosa de su dignidad.
Caducidad de instancia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Repetto, Roberto Luis s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

La competencia para resolver en los pedidos de perención de la instancia, corresponde al Juez o Tribunal que debía resolver la cuestión planteada en esa instancia. De ahí que si se trata de la caducidad de la segunda instancia, como ésta debe considerarse abierta con la concesión del recurso, aunque el planteo pueda hacerse validamente en la instancia de origen, y el expediente no haya sido elevado, la decisión compete al tribunal de alzada.
Prueba, confesión ficta, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: JOFRE Gustavo c/ Leal Patricia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-08

Si bien el reconocimiento tácito que implica la falta de contestación de la demanda debe ser apreciado en función de los demás elementos obrantes en el proceso, en el caso a ello debe agregarse la confesión ficta en que se encuentra incursa la demandada por no haber comparecido a la audiencia de la prueba confesional a la que fue debidamente citada. Sobre el punto son de opinión que es acertada la tesis que adjudica plena eficacia probatoria a la confesión ficta, en tanto no existan pruebas certeras que contradigan sus conclusiones. Asimismo se ha entendido que no es menester que ella sea corroborada por otras constancias probatorias, pues basta que no la desmientan. De allí que si la demandada fue la citada a juicio y no contestó el reclamo y además no compareció a absolver posiciones considero que la demanda debe admitirse sin analizar la procedencia o no del resto de los agravios.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., M. del C. y P., A. R. s/ Divorcio mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-06

De la misma manera que los bienes adquiridos durante la comunidad, pero por un título anterior al matrimonio, son propios del cónyuge que los adquirió, los adquiridos después de disuelta, pero por un título que data del matrimonio, pertenecen a la comunidad.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lavezzari, José c/ Monthieu, Luis s/ Concurso especial hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

La obligatoriedad de la verificación del crédito establecida por el art. 130 de la L. C. no se transmite a la vía del concurso especial para la realización anticipada del crédito, procedimiento éste que, según el art. 203 del citado cuerpo legal, resulta facultativo para el acreedor.-
Sociedades comerciales, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA VOZ DEL INTERIOR c/ REMONDA DE CUADRADO Y OTRA s/ CONSIGNACION IV CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-28

No puede aceptarse que una empatada votación arroje como resultado el triunfo de una de las mociones sobre la otra, cuando la igualdad de los votos no puede tener otro significado que el rechazo de ambas mociones, y, por vía de consecuencia, la inexistencia de decisión sobre el punto objeto de la votación.

Esa inexistencia de decisión, siendo producto de una votación empatada y no de la ausencia de votación, no puede razonablemente asimilarse al "silencio de la asamblea".
Prórroga del plazo, acción de daño temido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MICHIELIN, Matilde y otra c/ E.F.A. s/ COMPETENCIA:  EN RAZON DEL TERRITORIO. PRORROGA. ACCION DE DAÑO TEMID
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Hasta que no se conteste la demanda no se conoce si el accionado aceptará o no la competencia territorial elegida -la cual quedaría en el primer caso expresa o tácitamente prorrogada- por lo que resulta prematura la decisión del a quo sobre tal punto;

advirtiéndose, asimismo, que el art. 5 inc. 1 del Código Procesal invocado por el juez no rige en "los casos de prórroga expresa o tácita...".-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, usos y costumbres, clausura del establecimiento, infracciones formales tributarias, comprobantes irregulares
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Volpe, Italo Eriberto s/ apelación (infr. art. 44, incs. 1 y 2, ley 11683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que, fundada en que se trataba de una costumbre que hace a los usos comerciales, revocó la clausura impuesta por infracción a los arts.

6, 8 y 9 de la resolución general 3419 de la Dirección General Impositiva, por la existencia de dos talonarios de comprobantes uno de los cuales no cumplía con los requisitos establecidos en aquellas normas: art. 280 del Código Procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, fundamentación de sentencias, jueces, facultades del juez, daños y perjuicios, indemnización, daño material, legitimación activa, concubinato
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez, Sabina c/ Minervino, Pedro s/ Cobro de australes. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   805-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-10

Merece reproche constitucional la sentencia si los sentenciantes no explicitaron cuáles fueron los elementos objetivos que los llevaron a ponderar las consecuencias económicas del hecho dañoso, limitándose a afirmar que habiendo daño material acreditado aparecía como "razonable" fijar tal monto como reparación. Y es que, descartada toda discusión acerca de la legitimación activa de la concubina -ítem que ha quedado firme- existe una primera y principal pauta que el Tribunal pudo haber considerado para mensurar la extensión del daño, esto es, lo que percibía la víctima. Porque si la pretensión tiene como hecho generador un infortunio laboral, es casi una obviedad que el concubino de la actora -precisamente- trabajaba a cambio de una remuneración.
Vicios redhibitorios, vicio oculto, compraventa inmobiliaria, empresa constructora
Materia: CIVIL
Carátula: Guerrieri José Luis y Guerrieri María Fabiana c/ Instituto de vivienda y urbanismo de Jujuy s/ Cumplimiento de contrato. Instituto de vivienda y urbanismo de Jujuy s/ Cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-02-23

La empresa que culminó con la construcción de una vivienda adjudicada por el Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy a los accionantes, no debe responder por los graves vicios redhibitorios que el bien presentó con posterioridad, pues en la oferta realizada a dicho ente para continuar con la obra se estableció que no respondería por los vicios ocultos o fallas constructivas de los trabajos realizados por la anterior constructora.
Contrato de trabajo, empleo no registrado, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CARRANZA, JUAN C. c/ TABLE'S S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

El remedio interpuesto no ha de prosperar desde que el compareciente no rebate la solución jurídica adoptada por la Alzada a la luz de la normativa vigente al sostener que el contrato de trabajo comenzó a partir de lo que se denominaran contratos de trabajo de fomento de empleo (direccionado a un colectivo determinado de trabajadores y como políticas de empleo activas), inicio que se documentó con diversos elementos probatorios acompañados por la demandada, habiendo cumplido el empleador con la legislación vigente, no existiendo probanzas que ameriten la existencia de pagos no registrados ("en negro") por parte de la accionada, incumbiendo al actor - al denunciarlos- el onus probandi, desde que si el contrato de trabajo luce regular y legalmente registrado, quien pretende una remuneración mayor -ora en su cuantificación numérica, ora porque proviene de pagos no registrados- debe correr con la prueba.
Interpretación de la ley, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Las normas del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994) fluyen de un hontanar diferente a las del Código de Vélez, y deben ser analizadas, comprendidas y aplicadas desde una perspectiva diversa, a la luz de la influencia decisiva de los arts. 1 y 2 nuevos.(del voto del doctor de Lázzari) Fuente del sumario: OFICIAL
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-15

El apartamiento del juez de las conclusiones del perito debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del perito se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia.
Ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley, personal municipal, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: R., V. M. c/ MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-08-16

Tampoco puede encuadrarse el vínculo en el régimen de la LCT pues, tal como afirma la Cámara, el art. 2 inc. a) dispone que que ese plexo no es aplicable a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, salvo que por acto expreso se los incluya en ella o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, lo que no sucede en el presente caso.