Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2009-09-28


"PICAZO, RICARDO MIGUEL c/RPB SOCIEDAD ANONIMA -Indemnización -Rubros adeudados -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY". - Expte. Nº 3430 -Gualeguaychú, Sala Civil, Comercial y Laboral, Cámara de Apelaciones (Jdo. del Trabajo Nº 2) á á En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los señores miembros de esta Sala Nº 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia, actuando como Presidente la Doctora SUSANA E. MEDINA DE RIZZO, y Vocales los Doctores GERMAN R. F. CARLOMAGNO y BERNARDO I. R. SALDUNA, para conocer del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto en autos caratulados: "PICAZO, RICARDO MIGUEL c/RPB SOCIEDAD ANONIMA -Indemnización -Rubros adeudados -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", contra la sentencia de fs. 456/466 vta., dictada por la Sala Civil, Comercial y Laboral de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Gualeguaychú.

Efectuado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden Doctores: .

Estudiados los autos la Excma. Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Qué corresponde decidir con respecto al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 475/479 vta.? A LA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. MEDINA DE RIZZO DIJO:

I.- Vienen los presentes a esta Sala para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala Civil, Comercial y Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú que revoca parcialmente la del a quo (fs. 456/466 vto.).

II.- En el pronunciamiento combatido, el ad quem analizó en primer lugar la cuestión relativa al encuadramiento convencional de la relación laboral con el actor dentro del CCT 40/89, en vez del CCT 244/94 en el que dicha vinculación se encontraba encuadrada. En tal punto y luego de un meduloso análisis de la cuestión, concluyó confirmando la decisión del a quo en orden al reencuadramiento convencional del actor dentro del primero de los convenios citados. Para así decidir, el tribunal destacó que el análisis de la cuestión se centraba en la doble problemática de las empresas con trabajadores que desempeñan tareas conexas a la actividad principal y al de la concurrencia de convenios colectivos de trabajo, señalando que en tales casos, debía recurrirse -como criterios de selección- a la regla de la norma más favorable consagrada en el art. 9º de la LCT y al de la especialidad, tanto de la actividad del empleador como de las tareas desarrolladas. Puntualizó luego que el criterio de la especialidad permitía observar que ambos convenios revistaban esa condición sobre distintos planos, por lo que la concurrencia de fuentes debía ser resuelta por el criterio de la norma más favorable, concluyendo -en definitiva- en que si bien la actividad principal del empleador estaba referida al rubro de la alimentación y con ello subsumida en el CCT 244/94, la tarea del trabajador -como chofer de transporte-, debía quedar categorizada como "conductor profesional de camión de 1º categoría de larga distancia transporte internacional", dentro del CCT 40/89, por ser ésta la normativa más favorable al trabajador.

Sentado ello, analizó luego los agravios de la accionada en orden al reconocimiento por el a quo de las diferencias salariales derivadas del reencuadramiento convencional del actor y concluyó revocando lo decidido por dicho magistrado. Para así decidir, destacó que el empleador no impuso a sus trabajadores un convenio colectivo ajeno, sino que aplicó el que resultaba obligatorio para su ámbito conforme a la actividad principal desplegada y donde el oficio o tarea desempeñada por el trabajador, -si bien de carácter accesorio a aquélla-, se hallaba expresamente contemplado dentro de la normativa convencional. También consideró relevante la conducta del trabajador. En tal sentido y por un lado, valoró que durante el tiempo que duró la relación de trabajo omitió la realización de reclamo interesando su categorización de manera correcta, formulándolo recién un tiempo previo a la disolución del contrato de trabajo, y por el otro, comunicó en fecha 18/09/1991 al empleador su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación; conducta ésta que estimó relevante a la hora de interpretar la propia representatividad atribuida por el actor al sindicato para convenir en su nombre.ááááááááááááááá Por esas circunstancias, concluyó en que la recategorización del actor no era el resultado de un derecho adquirido con anterioridad a la sentencia que lo reconoce, sino que ésta, resultaba constitutiva de derechos, en razón de lo cual la justicia del caso, atendiendo a la conducta de las partes durante la vigencia del contrato de trabajo, exigía receptar los agravios de la demandada dejando sin efecto las diferencias de haberes reconocidas en la sentencia apelada y que fueran -en su caso- devengadas con anterioridad a ella. En suma y lo que aquí interesa por ser materia de embate casatorio, revocó la fecha a partir de la cual debía efectuarse el reencuadramiento convencional del actor dispuesto en la sentencia y dispuso que el mismo lo sea a partir del dictado de la sentencia ad quem y, en consecuencia, rechazó el rubro diferencias salariales reconocido en la instancia a quo.

En cuanto a las costas, readecuó las impuestas en los puntos 1º y 3º de la sentencia a quo, imponiéndolas en un 25% al trabajador y en un 75% al empleador. Las de segunda instancia, fueron impuestas en un 30% al trabajador y en un 70% a cargo del empleador.

III.- Al fundamentar su queja, el recurrente sostiene que la sentencia recurrida en cuanto resuelve rechazar las diferencias salariales adeudadas al trabajador durante el tiempo no prescripto -art. 256 LCT- a pesar del reconocimiento que se realiza referido a que al trabajador le corresponde el reencuadramiento convencional dentro del convenio más favorable -CCT 40/89- adolece de los vicios de absurdidad y arbitrariedad, al tiempo que aparece violatoria del principio de irrenunciabilidad consagrado en el art. 12, LCT.

Se agravia de la sentencia que combate argumentando que la misma resulta contradictoria, pues luego de convalidar el reencuadramiento convencional del actor como chofer de larga distancia dentro del CCT 40/89, por ser el más favorable al trabajador, otorga a dicha recategorización efectos a partir del dictado del mismo fallo, esto es para el futuro, siendo que el trabajador desempeñó las tareas descriptas y compatibles con el convenio referido durante su desempeño laboral para la demandada y el reencuadramiento convencional fue reclamado estando aún vigente el vínculo laboral. En sentido contrario a lo sentenciado, afirma que la propia Ley de Contrato de Trabajo en su art. 260 establece que en caso de pago insuficiente de las obligaciones originarias de las relaciones laborales, al trabajador le queda expedita la acción de reclamar el pago de la diferencia que corresponda por el tiempo no prescripto y que el judicante omitió observar que durante la plena vigencia de la relación laboral con la demandada, el actor intimó el pago de las diferencias salariales y el pedido de encuadre dentro del CCT 40/89.

Sostiene que la CSJN ha dicho que a tenor del principio de irrenunciabilidad -arts. 12, 58 y concs. de la LCT- y lo establecido en los arts. 256, 259 y 260, el trabajador podía reclamar su reencuadramiento convencional y las diferencias salariales que allí se pretendían porque en la materia no cabe otorgar al silencio el valor de las renuncias implícitas del trabajador (CS, Padin Capella v. Litho Formas SA, 12/03/87, Fallos 310:558). A ello agrega que el silencio del trabajador ante un pago insuficiente no libera al empleador por su saldo, el que podrá ser reclamado mientras no se haya operado el plazo de prescripción (conf. art. 260 LCT), ello en razón del posible estado de necesidad del dependiente, que no intentó la acción cuando el contrato se hallaba vigente, por temor a represalias, las que pasan a un segundo plano cuando el contrato concluye.

En suma y a los fines de evidenciar el absurdo de la sentencia, afirma que en relación a la aplicación del CCT más favorable (CCT 40/89) y sus efectos a partir del dictado de la misma, se agravia pues fue frustrado su legítimo derecho de reclamar por lo que la patronal le adeuda en concepto de diferencias salariales no prescriptas.

Se queja asimismo de la forma en que fueron impuestas las costas, solicitando se revoque la imposición efectuada a su parte. Al respecto, afirma que al hacerse lugar al reencuadramiento convencional del actor, cobra vigencia el principio objetivo de la derrota (establecido en el art. 65 del CPCC), no existiendo argumentos suficientes como para apartarse del mismo, máxime que la demandada obligó al trabajador a exigir judicialmente su reencuadramiento convencional de acuerdo a las efectivas tareas que desarrollara, lo que debió ser evaluado por el sentenciante al momento de imponerlas. Agrega a este respecto, que la cuestión debatida no genera ninguna duda porque aquí se hace lugar al reencuadramiento convencional de un trabajador.

IV.- Resumidos así los fundamentos del fallo combatido y las impugnaciones del quejoso, corresponde dar respuesta a su queja.

Sostiene el recurrente que la sentencia que combate, al dejar sin efecto la fecha a partir de la cual debía efectuarse el reencuadramiento convencional del actor (dispuesto en la sentencia, en el CCT 40/89) y disponer que lo sea a partir del dictado de la misma, rechazando -en su consecuencia- las diferencias salariales perseguidas en base a aquél, adolece de los vicios de absurdidad y arbitrariedad, resultando violatoria de lo dispuesto en los arts. 12 y 58 de la LCT. En tal sentido y contrariamente a lo resuelto, afirma haber reclamado su correcto encuadramiento estando vigente el vínculo laboral y que su silencio anterior no puede, de ningún modo, ser calificado como una renuncia al cobro de las diferencias salariales devengadas en virtud del mismo y por todo el período no prescripto, conforme lo dispone el art. 260 de la LCT.

Planteado en esos términos, considero que el recurso resulta apto para demostrar los vicios que denuncia, los que descalifican al pronunciamiento recaído como acto jurisdiccional fundado en derecho y por tanto válido. Ello, por las razones que seguidamente explicito.

1.- En primer lugar y ateniéndome estrictamente a la plataforma fáctica que emerge del fallo recurrido, llega irrevisable a esta casación que el trabajador debía ser encuadrado convencionalmente en las disposiciones del CCT 40/89, por ser éste el plexo normativo más favorable a sus derechos (conf. art. 9º, LCT).

Tal verdad objetiva existente durante la vigencia de la relación laboral -como el propio fallo impugnado lo expresa (cfr. fs. 459)- no dependía de la voluntad del empleador, ni tampoco del trabajador, sino de las propias normas convencionales y de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo conforme la naturaleza de las tareas realizadas. Ello así, mal podía el tribunal reconocer el derecho al reencuadramiento convencional del actor con efectos constitutivos (esto es, a partir del dictado de la sentencia), basado en la conducta anterior de las partes, ya que ésta, amén de resultar ineficaz a la hora de definir la normativa convencional aplicable en un caso de concurrencia de fuentes, se enfrentaba a dos principios y/o reglas basales del Derecho del Trabajo: a)- por un lado, la inoponibilidad al trabajador de la regla del derecho común según el cual nadie puede alegar su propia torpeza; ello, con referencia a la valoración que el ad quem efectúa de la conducta del trabajador de afiliarse -en el año 1991- al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y, b)- por el otro y fundamentalmente, la regla de la irrenunciabilidad de los derechos que integran el orden público laboral, frente a la cual, el silencio del trabajador debe ser valorado con criterio restrictivo frente a la clara disposición del art. 58 de la LCT que, como regla, proscribe la admisión del silencio como modo de renuncia (inscribiéndose así en la línea de los arts. 873 y 874 del C. Civil).

Precisamente y en lo que refiere a la regla consagrada en el art. 12 de la LCT, aparece diáfano que en el caso de marras, declarado el derecho del actor a ser encuadrado dentro del CCT 40/89, por ser éste el aplicable a su relación laboral (por resultar el más favorable al trabajador), los derechos nacidos del mismo se incorporaron al patrimonio del trabajador desde el momento en que se cumplimentaron a su respecto los presupuestos de hecho a los cuales tal ordenamiento condicionaba su adquisición. Ello así y tratándose además de derechos irrenunciables (conf. art. 12, LCT), Por el contrario y en tales condiciones, el silencio del actor manifestado por su mera inercia al no haber efectuado su reclamo interesando su categorización de manera correcta, formulándolo recién un tiempo previo a la disolución del contrato de trabajo, de ningún modo podía considerarse como una renuncia a reclamar los derechos que la ley le confiere -con carácter indisponible- al pago de las diferencias salariales devengadas como consecuencia de su reencuadramiento convencional, máxime si, como el propio tribunal lo expresa (fs. 459), "el encuadre de un dependiente dentro de un determinado convenio colectivo de trabajo no depende de la voluntad del empleador, ni tampoco de un trabajador, sino de las propias normas convencionales y de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo conforme la naturaleza de las tareas realizadas ..." y que, "a tenor del principio de irrenunciabilidad -arts. 12, 58 y concs. de la LCT-, y lo establecido en los arts. 256, 259 y 260, el trabajador podía reclamar su reencuadramiento convencional porque en la materia no cabe otorgar al silencio el valor de renuncias implícitas del trabajador" (CSJN, Padin Capella, J. D. v. Litho Formas S.A., 12/03/1997, Fallos: 310:558). A lo sumo, aquella inercia del trabajador sólo produciría efectos liberatorios para el empleador en caso de operarse el plazo de prescripción, pero más allá del límite temporal que éste impone (art. 256, LCT), ningún otro efecto sería posible atribuir a su silencio y/o conducta inerte.

En suma, estando vigente la relación de trabajo, podía el actor reclamar -no sólo su reencuadramiento convencional-, sino también el cobro de las diferencias salariales derivadas de la misma, las que le son debidas desde su reclamo y por todo el período no prescripto (conf. art. 260, LCT), sin que su silencio anterior pueda ser considerado como una abdicación a los mismos, la que en todo caso resulta ineficaz en el ámbito de un derecho constitucionalmente protectorio de alguien que se señala como hiposuficiente: el trabajador.

2.- En segundo lugar asiste razón al recurrente cuando señala la absurdidad del fallo, concretada al admitir el reencuadramiento convencional del actor a partir del dictado de la sentencia en la que, a renglón seguido, se confirma el carácter injustificado del despido del actor; con lo que -y de modo incoherente- se culmina en un pronunciamiento que dispone la aplicación de un CCT a una relación laboral ya extinguida.

V.- Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 284 del CPCC, aplicable por reenvío del art. 140 del CPL, concluyo propiciando hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y en consecuencia, casar la sentencia recurrida, reestableciéndose la vigencia del pronunciamiento de primera instancia en cuanto condena al demandado al pago de las diferencias salariales adeudadas al actor como consecuencia de su correcto encuadramiento convencional y por el monto que se liquida en el mismo (punto 1º del fallo de fs. 410/419).

La imposición de las costas debe serlo en todas las instancias a la demandada vencida aun cuando en esta instancia la misma no haya respondido el memorial recursivo de su contraria, pues de no haber impugnado el accionante ante esta Sala el decisorio de cámara, no se hubiere alcanzado el resultado exitoso al que aquí se arriba. En cuanto a los honorarios, deberán los mismos ser readecuados conforme al resultado de la presente. Así voto.

A la misma cuestión propuesta, el Sr. Vocal Dr. SALDUNA manifiesta que se adhiere al precedente voto, por iguales fundamentos.

A su turno, el Sr. Vocal Dr. CARLOMAGNO expresa que, en razón de existir coincidencia en los votos precedentes, hace uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 33 in fine de la L.O.P.J. 6902.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia á ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá PARANA, 28 de septiembre de 2009.

á áááááááá Por los fundamentos del acuerdo que antecede; se á 1.- Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia de fs. 456/466 vta. en cuanto ha sido motivo de agravio para la accionante, teniendo como definitiva a su respecto la sentencia de primera instancia, con costas de la instancia de mérito y las de esta alzada a la demandada vencida.

2.- Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada hasta tanto sean estimados los de la instancia de mérito.

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. - ANTE MI: ALICIA S. PEDRAZZOLI, Secretaria