Proceso penal, juicio, proceso judicial, interpretación de la constitución, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: GONZÁLEZ HÉCTOR LUIS s/ P.S.A. HURTO SIMPLE - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-12

En orden a los precedentes de esta Sala, se ha definido "juicio" en el sentido técnico utilizado por la ley procesal por tratarse de un concepto propio de esta rama jurídica, esto es, la etapa del proceso que tiene por base una acusación concreta y fundada en los hechos y en el derecho y en cuyo transcurso rige el contradictorio pleno entre acusador y acusado, los que se encuentran en paridad de condición jurídica. Dicha postura es fruto de un extenso y meduloso análisis efectuado por la Sala Penal, en los autos "Gómez" (S. n° 29, 8/11/84). Aunque aquel desarrollo tenía como motivo analizar el significado de "juicio" en relación a otro instituto la prescripción, lo allí sostenido es de relevancia al tema ahora bajo examen, por lo que brevemente, reseñamos su doctrina.

En primer lugar, se afirmó que la expresión "juicio" no tiene en la Constitución Nacional ni en el Código Penal un sentido unívoco. Respecto de la Carta Magna, se dijo que dicho vocablo es utilizado en ciertos casos con un sentido amplio, "a modo de marco de referencia dentro del cual se asegura la vigencia de ciertos derechos, como ocurre en el art. 18 que declara inviolable 'la defensa en juicio'...", hipótesis éstas en las cuales el alcance del término abarca no sólo el proceso jurisdiccional propiamente dicho, sino todo procedimiento que constituya una exteriorización de la persecución penal del Estado, desde el sumario de prevención policial en adelante.

Adscribir a este significado como el único posible en el ordenamiento jurídico argentino llevaría a consecuencias absurdas como el considerar interruptivos de la prescripción (como secuela de "juicio") a los actos cumplidos por la Policía ("Gómez", cit.).

En otros casos, prosigue el precedente, el "juicio" adquiere un significado más restrictivo, como sucede v.gr., cuando el artículo 18 dispone que "nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso".

La distinción entre proceso y juicio que surge de esta disposición, "es tan evidente que no puede pensarse que esta última palabra (juicio) equivalga a la primera (proceso)...". Similar distinción se señala en relación al artículo 52 de la Carta Magna anterior (hoy, artículo 59 C.N.), donde se separan con claridad la acusación y el juicio, momentos ambos que caben dentro del concepto genérico de proceso ("Gómez", cit.).

Resultando así infructuosa la indagación en la órbita de la Ley Fundamental, en el análisis al Código Penal, con semejante resultado, puesto que también allí, observaron algunos casos en los que el "juicio" refería a un concepto genérico de causa o proceso (art. 30), y otros en los que restringe la noción a un juicio contradictorio (art. 271 o 112; "Gómez", cit.).

El tercer nivel de análisis, entonces, fue el de la ley procesal penal. Se postuló, con apoyo en autorizada doctrina, que constituye un principio hermenéutico aceptado atender, cuando la ley penal refiere a conceptos propios de otras ramas jurídicas, al significado que éstas le adscriben ("Gómez", cit.).

Así las cosas, en nuestro Código ritual sólo se entiende por "juicio" la "segunda etapa del proceso penal... que tiene por base una acusación concreta y fundada en los hechos y en el derecho y en cuyo transcurso rige el contradictorio pleno entre el acusador y el acusado, los que se encuentran en paridad de condición jurídica..." ("Gómez", cit.).

Tales fundamentos, constituyen un primer eslabón en el examen provocado por el recurso, en tanto permiten afirmar que no se trata de una interpretación extensiva ni restrictiva, ni una analogía in malam partem, acordar al término "juicio" el significado preciso que le atribuye la ley procesal, ámbito específico de incumbencia en la materia. Así entonces, si como ocurre con el artículo 76 bis C.P. la ley penal no se ha ocupado de regular cuál es el alcance concreto que en su órbita tiene el "juicio" a cuya suspensión se aspira, habrá que estar a la regulación general que proveen los ordenamientos locales, para en base a ella circunscribir su noción.