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Transporte de carga por agua, Ley de Navegación, ley imperativa, responsabilidad del transportador, cláusula eximente de responsabilidad, cláusula limitativa de responsabilidad
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

En el Título III, Capítulo II, Secciones 4a. y 5a., LN., referido al contrato de transporte por agua, el legislador ha puesto especial cuidado en la delimitación de lo que es imperativo y del ámbito en el que las partes están libradas a la autonomía de la voluntad. En el segundo párrafo del art. 259 dispone "Las normas de la Sección 5a. de este Capítulo son imperativas para las partes". Este es, pues, el principio general. El ámbito de aplicación de la sección 5a. está especificado en los arts. 268, 271 y 284, cuyas previsiones se complementan con la enunciación de los contratos excluidos (arts.

268, segundo párrafo, 269 -con matices-y 281, inc.b). La premisa fundamental tendiente a evitar el abuso de los armadores es que las normas que rigen el transporte de cosas por agua "son imperativas para las partes" (art. 259, segundo párrafo, LN, que es concorde con lo que para el transporte carretero y ferroviario prescribe el art. 204, segundo apartado, del Código de Comercio). Y lo son a tal punto que el art. 280 dispone "Es absolutamente nula y sin efecto toda cláusula de un contrato de transporte o de un conocimiento, que exonere o disminuya la responsabilidad del transportador, propietario o armador del buque, o de todos ellos en conjunto, por pérdidas o daños sufridos por las mercaderías, o que modifique la carga de la prueba. en forma distinta a la prevista en esta Sección".
Municipalidad, habilitación municipal, nulidad del acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Ramón Héctor c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción  contenciosa administrativa de plena jurisdicción y Anulación  o ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-12-06

De autos surge que el actor solicitó permiso para el ejercicio de su industria -explotación de una barraca- siendo este otorgado en forma definitiva por la autoridad administrativa. Si con posterioridad la administración declara la nulidad de la resolución que habilita en forma definitiva el comercio del administrado, aduciendo falsedad de la firma del funcionario responsable de tal resolución, corresponde en virtud de tratarse el acto administrativo de un instrumento público, declarar la invalidéz del acto - resolución de habilitación comercial definitiva- mediante la correspondiente redargución de falsedad si se dudaba de su autenticidad, abriendo como consecuencia de ello la instancia judicial, ya que la demandada -administración- carece de toda potestad para anularlo por sí.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, prueba, presunciones, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDI JULIO c/ CAJA DE CREDITOS INDEPENDENCIA COOPERATIVA LTDA. Y OTRO s/ DEMANDAS CONTRA EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-28

El Banco Central de la República Argentina habrá de satisfacer el crédito una vez que verifique su seriedad y legitimidad, revistiendo en este tipo de procesos especial relieve la concordancia de los indicios (cfr. CNFed. Cont. Adm., Sala III, LL, T. 1989, P.

347) y reitero que, en razón de estar en juego dineros públicos, se impone afinar el juicio procediendo con suma cautela, (idem CNFed.

Cont. Adm., Sala I, Causa "Tancredi" del 29.5.87; esta Sala III Causa "Krupkin c/Bco. Central R.A. del 27.3.91).
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sablone, Alberto Emilio c/ Nozal, Miguel Angel s/ Cobro de medianería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Teniendo en cuenta que el art.24 del decreto ley 8904/77 debe analizarse dentro del contexto de dicho cuerpo legal, que es de orden público en todo lo que se refiere a su naturaleza y fines tuitivos: la dignificación y jerarquización de la labor profesional mediante su justa retribución; y que uno de los objetivos de dicha norma es la de que los honorarios se regulen tomando como base valores actualizados (S.C.B.A., Ac.30458 del 15/IX/81, D.J.B.A., t.122, p.154), no pudiéndose soslayar la pauta rígida establecida por el citado art.24 (S.C.B.A., Ac.33104 del 18/V/85, D.J.B.A., t.130, p.146). resulta improcedente el planteo de inconstitucionalidad efectuado con relación a esa norma.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, presunciones, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Silva Trujillo, Justiniano y otro. s/ estafa y falsificación de instrumento .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si la absolución por duda del acusado se asienta en una valoración irrazonable de la prueba de cargo, irrazonabilidad que se evidencia en la falta de consideración lisa y llana de la abundante prueba indicada en la sentencia de primera instancia o en la valuación fragmentaria y aislada de las circunstancias indiciarias ahí enumeradas.
Tribunal de disciplina, archivo del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ presunta inconducta profesional por denuncia de particular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-31

La denunciante efectúa una presentación contra una colegiada, no reuniendo la misma los requisitos que prevé el art. 7 del Reglamento de Actuaciones ante el Tribunal de Conducta a fin que este Cuerpo cuente con los elementos necesarios para poder evaluar la conducta cuestionada. Ante ello, previo a continuar con las actuaciones mencionadas y a fin de tener los medios probatorios suficientes para evaluar la conducta de la letrada se le requiere al denunciante mediante cédula -agregada a fs. 4 de autos- que cumplimente con el mencionado art. 7 incs. c) y d) del RATC, lo que no es cumplimentado. Es necesario destacar que este Cuerpo a fin de evaluar la conducta de un colegiado, considera que es menester contar con los elementos suficientes para avocarse al análisis de la conducta cuestionada, siendo imprescindible tener desde el comienzo de las actuaciones los medios probatorios pertinentes en los cuales se funda la denuncia. El denunciante pese a estar debidamente notificado, no ha cumplimentado en término con lo requerido por éste Cuerpo debiéndose rechazar la denuncia por carecer de los requisitos que debe reunir la misma, requisitos contemplados dentro de la normativa vigente, correspondiendo por lo tanto el archivo de las actuaciones, sin perjuicio que pueda hacer una nueva presentación con todos los elementos pertinentes." (Fdo.) Dres. Alejandra Alvarez, Liliana Barraguirre, y Carlos M. W. Carbone, Vocales; Dra. Ana Laura Mendoza, Secretaria de Sala.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, facultades reglamentarias, Poder Legislativo, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roman, Walter Duilio c/ Parrota, Emilio y otro. s/ ACCIDENTE LEY 9688 Budano, Raúl Alberto c/ Fac. Arquitectura. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21|1987-06-09

El poder político está facultado para restringir el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Nacional a fin de preservar otros bienes también ponderados en ella, atribución que constituye la esencia misma de las potestades propias del Poder Legislativo; a los jueces sólo les incumbe controlar el uso de tales poderes a fin de evitar que ellos deriven en soluciones manifiestamente inicuas o irrazonables, ya que no es resorte del Poder Judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos para conjugar esa situación crítica.
Trabajador con discapacidad, readaptación profesional
Materia: LABORAL
Carátula: CASTELLANO, VICTOR c/ LOS ANDES CIA. DE SEGUROS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

El hecho de que el operario continúe o no en las mismas labores, no constituye en modo alguno un índice relativo a su genuino estado.

Ello porque bien pudo constituir en un fenómeno de adaptación, en el cual el trabajador a fin de restituir el desequilibrio existente, interesa otros miembros en la realización de la tarea para suplir los incapacitados.
Concursos, prescripción, crédito fiscal, prescripción decenal, suspensión del plazo, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Epstein, Daniela c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito de afip y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

Corresponde rechazar el incidente de revisión promovido por el Fisco Nacional toda vez que en el caso se encuentra agotado el plazo decenal de prescripción dispuesto por la ley 14236: 16. En ese marco, no resulta aplicable la ley 26476: 44 que suspende el curso de la prescripción de las acciones durante un año, ni la ley 26860: 17 que también establece una suspensión de un año para el plazo de prescripción, toda vez que surge del debate parlamentario que fue intención del legislador que la aplicación del artículo 17 se limita a aquellos que se hayan acogido a los beneficios de dicho régimen.

En otras palabras, la referencia al carácter general no se ha hecho en cuanto a las personas beneficiadas, sino en cuanto a las obligaciones fiscales alcanzadas por la suspensión, habiendo sido la decisión legislativa alcanzar a la generalidad de ellas pero, en tanto y en cuanto se trate de obligaciones de sujetos que se hayan acogido a los beneficios de dicha ley (en similar sentido, CNCom, Sala A in re "Feldman Solana s/ concurso preventivo s/ inc. de rev. Fisco Nacional" del 10/11/16). Y en tanto no se invocó ni acreditó que la deudora se hubiese acogido a esos regímenes, ni emerge de la documentación agregada a la causa que tal plazo hubiese sido interrumpido de alguna otra manera, cabe desestimar la pretensión del ente recaudador.
Legitimación activa, servicio militar, conscriptos, damnificado indirecto, retiro militar, daño moral, acumulación de indemnizaciones
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ALVES, MAURO E. Y OTROS c/ GOBIERNO NACIONAL s/ ACCID. EN EL AMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Es improcedente la demanda de los padres del conscripto, tanto en lo que se refiere a la frustración de una ayuda futura, como en lo relativo al daño moral. La Corte Suprema interpreta que la indemnización a que se refiere el texto del art. 76, inc. 3, ap. C), Ley 19.101, modificado por la ley 22.511, agota el derecho resarcitorio en tanto se refiere a la repercusión patrimonial. Esto basta para excluir la normativa del art. 1079, Código Civil y exime de considerar si se hallan o no reunidos los presupuestos para su aplicación. Y en cuanto al daño moral, este tampoco es resarcible a los padres, en su calidad de damnificados indirectos, conforme con lo que dispone el art. 1078 del mismo Código (cfr. esta Sala, Causa 21.481/95, de 31.8.95).
Homicidio, dolo, presunciones, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gustavo Adolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-02

El obrar doloso, en un delito de los llamados de alcoba, producido en la intimidad de una habitación, y por tanto fuera de la posibilidad de que el hecho sea visto por algún testigo, requiere menos exigencia probatoria. De allí que la existencia de las presunciones e indicios, apreciados mediante las reglas de la sana crítica racional se tornan relevantes para acreditarlo. En esa exigencia, no se puede aceptar el obrar inconcebible, ilógico, inexplicable y que no se encuentre racionalmente apoyado, al menos por alguna versión coherente. Por lo que acreditado por testigos que el reo introdujo a la víctima en la habitación del hotel e inmediatamente se escuchó el disparo, cabe presumir la existencia de un altercado previo, atendiendo además a la situación conflictiva de la pareja y sumado a la personalidad agresiva del encartado, conduciendo lo expuesto a la determinación voluntaria del obrar.
Recurso de apelación (procesal), sentencia interlocutoria
Materia: LABORAL
Carátula: Beádez, Horacio Omar c/ Chal-Tex S.A.-Gran Hotel Alvear s/ Ejecución de Sentencia y Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-09

La resolución judicial resulta un auto interlocutorio que decide la única controversia subsistente en autos y que, además, imposibilita la prosecución del juicio, en el caso la ejecución de la sentencia.
Honorarios, sucesiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oviedo, Agustín s/ Sucesorio. Oviedo, Agustín s/ Sucesorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-10-06|1988-10-06

Los honorarios del profesional interviniente son a cargo de cada uno de sus representados -herederos- teniendo en cuenta su número; su monto está limitado por la cuota parte que le corresponde en el juicio e intervención que le cupo por cada uno de ellos, según el estado del proceso, es decir desde el momento en el que tomó intervención, partiendo de la valuación actualizada.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escanes, Selva María Alejandra c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

El derecho a gozar de los beneficios previsionales es imprescriptible; por el contrario, sí es susceptible de extinguirse por el transcurso del tiempo la obligación de pagar los haberes correspondientes a una determinada prestación.
Delito político, reincidencia, delitos comunes
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Adolfo s/ Delitos Políticos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Son objetivamente políticos aquellos delitos que tienen "por objeto exclusivo y único destruir, modificar o perturbar el orden político en uno o varios de sus elementos" o "aquellas infracciones que afectan al Estado en aquello que le es característico: la soberanía, la independencia, la integridad, etc. o que hieren una facultad política del ciudadano".

También pueden considerarse delitos políticos que no dan lugar a la reincidencia conforme el art. 50 del C.P., a los cometidos con un fin esencialmente político, pero tal finalidad no puede únicamente obedecer a un criterio subjetivo, debiéndose recurrir a uno mixto, objetivo - subjetivo, proveniente de la relación entre una infracción común con un delito objetivamente político.

La excepción contemplada por el art. 50 del C.P. no alcanza a los delitos comunes cometidos por causas políticas, o sea los vinculados por conexión a situaciones que representan medios de ataque contra el orden político constituido, sus poderes públicos o la soberanía popular.

No puede considerarse siquiera como delito común cometido por causas política a la sustracción de un vehículo con la finalidad de utilizarlo como "coche de seguridad y orden" de un acto a realizarse en honor de un personaje público, aún de raíz política, pues no puede entenderse como medio de ataque al orden político constituido, sus poderes públicos o la soberanía popular.
Partes del proceso, intervención de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: I., M.D. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-15

La doctrina ha intentado la explicación del concepto de comunidad de controversia, exigiendo algunas veces la comunidad de objeto y causa, en tanto requiere como condición que la cuestión debatida sea común al tercero de modo que tenga el mismo objeto y la misma causa petendi que pudieran servir de fundamento a pleitos en los cuales el tercero ocupara posición de litisconsorte junto a las partes principales. En otros casos, se consideró suficiente la conexión simple (causa u objeto) y la concomitante concordancia con el litisconsorcio facultativo, esto es, cuando la parte citante, en caso de ser vencida, se encuentra habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, o cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios. También se ha utilizado para dirimir la comunidad de controversia el criterio de la oponibilidad de la cosa juzgada, interpretando que la intervención coactiva opera en razón de la comunidad preexistente de causa común o conexa con el citante, pero atendiendo a una télesis orientada a que la sentencia que se dicte produzca cosa juzgada también respecto de él.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intercedito Mar del Plata c/ Blanco, Felix s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

La ley 8480 no impone como sanción por el incumplimiento del aporte profesional que determina su art. 3º que la parte representada no deba ser oída ni tampoco la devolución de escritos y ello lógicamente en salvaguarda del derecho de defensa en juicio. El incumplimiento de una tributación profesional, que no constituye estrictamente una carga, no puede acarrear para la parte un perjuicio, como es la indefensión a que queda sometida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), Derecho laboral, prueba del despido, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: BAUTISTA SERGIO OMAR c/ ASOCIART ART. SA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-17

Recordemos que las medidas cautelares son esencialmente provisionales y que cuando se verifiquen modificaciones en las circunstancias del proceso, se puede realizar un nuevo análisis y en su caso, una eventual revocatoria, ampliación y/o rechazo del embargo dispuesto.
Deber de información, REPÚBLICA ARGENTINA, plazo de cumplimiento
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-10-18

Debe el Estado Argentino presentar a la Corte Interamericana, a más tardar el 28 de febrero de 2018, un informe indicando todas las medidas adoptadas, enderezadas a cumplir con las reparaciones ordenadas por el Tribunal Interamericano y que se encuentran pendientes de cumplimiento, conforme los términos del artículo 68 de la Convención Americana.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., J. s/ Divorcio vincular por mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

En el caso específico de la sociedad conyugal, la disolución no es mas que el hecho o acto jurídico al cual la ley le atribuye el efecto de poner fin al régimen matrimonial. La liquidación -que importa necesariamente la disolución- constituye la etapa en que -de ser necesario- se determina la composición del patrimonio ganancial y se establece el activo y el pasivo, para desembocar, oportunamente, en la división o partición de los bienes comunes (arts. 1291, 1299, 1301, 1306, 1313, 1315 y concds. Código Civil).

Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, recurso extraordinario, cuestión federal, caducidad de instancia, competencia provincial, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Clavera, José c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-11-19

El Tribunal Superior de Justicia es competente para resolver los incidentes de caducidad de la instancia abiertos por la interposición de un Recurso Extraordinario Federal, siendo de aplicación las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Herlein, Héctor Horacio s/ Robo calificado por uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-20

La ley procedimental vigente no requiere la material comprobación de la preexistencia de las cosas sustraídas y mucho menos aún su posterior hallazgo y secuestro para que la sustracción pueda configurarse. Dichas circunstancias deben tenerse por acreditadas si -como en el caso- la denunciante es una persona seria, depone testimonialmente -bajo juramento- y sus declaraciones son coincidentes con las de otras personas que también declaran en similares condiciones legales.
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gordillo, Daniel del Valle y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción y Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-31

Si bien es cierto que en el marco del procedimiento administrativo impera el principio del informalismo a favor del administrado, en el caso, ni aún utilizando un criterio amplio y flexible de interpretación correspondería tratar al reclamo presentado ante el Ministro de Hacienda como un recurso de reconsideración, pues fue interpuesto en forma absolutamente extemporánea -más de dos años después de publicado en el Boletín Oficial-.

Por lo tanto el Decreto acuerdo que ahora se impugna judicialmente ha quedado firme y consentido, lo que impide el control de su legitimidad en esta sede.
Diferencias de cambio, moneda extranjera, CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Las diferencias de cotización por tenencia de moneda extranjera no están alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. En este sentido, en la medida en que dichas diferencias de cotización surgen a partir del revalúo mensual de la tenencia de moneda extranjera, resulta claro que no derivan del ejercicio de ninguna actividad ni constituyen una contraprestación, conforme lo establecido en los artículos 119 y 143 del Código Fiscal (t. o. 2002). (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás).
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: FERNÁNDEZ JOSE H. c/ GOBIERNO DE LA PCIA Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - EXPTE N° 3-F-00
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-28

Este Tribunal con su anterior integración, en posición que comparto, sostuvo que ".aún cuando el accidente no se deba al riesgo o vicio de las cosas es igualmente aplicable el art. 1113 CC cuando la tarea es riesgosa (Así C. Ap. Tr. Sala III, 15/5/79 en DT 1979 Pág. 1327/1328, Gelber "El art.

1113 del C. Civil en los accidentes y enfermedades de trabajo" 2° ed. Pág. 57 N° 13.2 y ejemplos que vierte sobre "tareas" con una gran "probabilidad dañosa" postura que amplia notablemente el campo de aplicación del art. 1113 CC a los accidentes de trabajo, ya que se prescinde de la noción de contacto físico con una cosa riesgosa o viciosa (Conf. Meilij "Comentarios de la ley de accidentes de trabajo 2° ed. pag. 133)".- (RL Laboral N° 11/86 Marra Roberto Francisco c/ Dirección de Arquitectura).-
Acción, legitimación activa, regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rapagnini, Fernando Javier c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

Siendo que el actor revestía la condición de hijo menor del afiliado a la fecha de acaecido su deceso se encuentra legitimado para demandar la anulación de la decisión que denegó la pensión así como en reconocimiento de su derecho a la prestación.