Tribunal: JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO Nro 58
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-05


1º Instancia. - Buenos Aires, octubre 5 de 2005.

Considerando: 1) La parte actora reclama en autos el pago de indemnización por despido y demás rubros de la liquidación final.

Sostiene que ingresó a trabajar el 9/1/1997 y egresó por despido el 5/4/2002 desempeñándose con la categoría de recepcionista y en el sector de reservas en las condiciones que detalla. Refiere que el 4/4/2002 su superior jerárquico el Sr. Diego Martínez le comunica que la empresa había decidido prescindir de sus servicios y agrega que el 5/5/2002 se vio constreñida a firmar una escritura ante escribano donde se le impone la desvinculación y se le otorga una compensación dineraria en carácter de gratificación. Sostiene que la escritura adolece de nulidad y que el C.C.T. Nº 271/75 establece la estabilidad propia. Manifiesta que el 18/11/2003 intimó al empleador en los términos del despacho que transcribe, a abonar diferencias de liquidación, pretensión rechazada por la demandada.

Funda el derecho que estima le asiste, practica liquidación y solicita el progreso de la acción con costas.

2) A fs. 39/47 contesta demanda Línea Aérea Nacional Chile S.A. oponiéndose al progreso de la acción.

Niega los hechos expuestos en la demanda, manifiesta que Muiño ingresó a trabajar el 1/2/1997, su categoría laboral era la de recepcionista y la sección de trabajo el sector reservas.

Refiere que en el mes de abril de 2002 las partes acordaron finiquitar el vínculo de común acuerdo y el 5/4/2002 se formalizó el acuerdo mediante escritura pública, abonando la empresa una gratificación extraordinaria de $15.660,34.- eventualmente imputable a cualquier diferencia salarial o indemnizatoria. Niega que el consentimiento de la actora haya estado viciado al momento de suscribir el acuerdo y sostiene que no existe elemento alguno que demuestre la falta de libertad de la actora al momento de suscribir el acuerdo. Agrega que la suma abonada excede la tarifa legal y resulta superior a la que hubiera correspondido en caso de despido ad nutum. Impugna liquidación, sostiene que la estabilidad declarada en el C.C.T. Nº 271/75 no tiene carácter absoluto y en todo caso plantea su inconstitucionalidad. Plantea la inconstitucionalidad del decreto 264/02 y solicita el rechazo de la acción con costas.

3) La demandada sostiene que ambas partes acordaron finiquitar el vínculo de común acuerdo y que el 5/4/2002 se formalizó el acto ante escribano público. Niega que el consentimiento de la actora haya estado viciado de nulidad. La escritura pública que acompaña el perito contador consigna en su texto que el vínculo se extingue en forma irrevocable conforme lo normado por el art. 241 L.C.T. No resulta ocioso recordar que el art. 241 L.C.T. regla el acuerdo por el cual las partes de común acuerdo extinguen la relación de trabajo. Se trata de un negocio bilateral extintivo que no requiere pago alguno para su validez. Sin embargo en el acuerdo de autos la demandada se obliga a abonar a la actora la suma de $15.660,34.- en concepto de gratificación extraordinaria por la desvinculación y las partes imputan tal pago para cubrir cualquier rubro o diferencia remuneratoria, indemnizatoria o de cualquier otro tipo incluidos conceptos referidos al art. 212 L.C.T. y a la ley 24.557.

La demandada niega que el consentimiento de la actora haya estado viciado de nulidad. Al respecto advierto que el acuerdo data del 5/5/2002, es decir se formaliza durante el período más agudo de la crisis que asoló al país, con una tasa de desempleo superior al 20 % de la población económicamente activa. Los testigos que deponen en autos, Vázquez Caballero y Etchegaray, también fueron invitados por la empresa a desvincularse. Etchegaray dice que los llamaban en forma personal, cada uno discutía lo suyo; se decía en la empresa que no había futuro, que la empresa iba a solicitar la apertura del procedimiento de crisis; el futuro era incierto, no se sabía que iba a pasar con los empleados (ver declaración de fs. 116/117).

Las declaraciones de los testigos han sido impugnadas por la parte demandada, la cual se agravia de la falta de imparcialidad de los testimonios (ver fs. 121/123). La demandada sostiene que los testimonios deben ser apreciados con suma cautela y restricción pero lo cierto es que la apreciación restrictiva pierde toda virtualidad y carece de significado si tenemos en cuenta la catástrofe social que asolaba al país. La intensidad de la crisis y el estado de necesidad del trabajador lo ha compelido a renunciar a derechos irrenunciables y la desvinculación de autos integra una serie de seudo acuerdos a los que recurrieron las empresas para ocultar el despido ad nutum. En estos términos no puede válidamente argüirse que la actora ejerciera libremente su voluntad al suscribir la desvinculación y resulta evidente que el acuerdo tenía por finalidad ocultar la extinción incausada del vínculo.

La demandada arguye que la suma abonada excede la tarifa legal y resulta superior a la que hubiera correspondido en caso de despido ad nutum. Esta aseveración resulta cierta ya que el perito contador informa que en caso de despido directo la liquidación ascendía a $14.543,52.- (ver pericia contable de fs. 154 vta.). La demandada abonó en concepto de liquidación final $15.855.- conforme recibo que acompaña a fs. 33. Cabe interrogarse porqué la demandada acudió a la denuncia del contrato por mutuo acuerdo cuando la suma a abonar por despido directo era menor y la respuesta a tal interrogante será encontrada en las disposiciones convencionales que regían la vinculación y estatuían un régimen de estabilidad absoluta.

4) La demandada arguye que de la lectura del articulado del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 271/75 se desprende que la estabilidad declarada en su art. 10 deja de tener un carácter absoluto en atención a las disposiciones de los artículos 12 y 52. Estimo que no le asiste razón y que no se configura en autos la falta o disminución de trabajo que autoriza a reducir o suspender al personal efectivo (art. 12) ni las causales taxativamente enumeradas que autorizan al despido con justa causa (art. 52).

Así las cosas corresponde analizar la cláusula convencional en cuestión. El doctor Vázquez Vialard responde afirmativamente al interrogante de si es factible negociar a través de un convenio de empresa o acuerdo de partes una cláusula de estabilidad absoluta (Revista Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni).

En un excelente trabajo a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad sostuvo que para decidir debe tenerse en cuenta lo peticionado por el actor y la fuente jurídica de la pretensión. Señala la aplicación indiscriminada del precedente "De Luca", puntualiza que la doctrina se ajustó a la situación fáctica que el tribunal debió resolver y que la doctrina de los tribunales inferiores adolecía de un grave error de interpretación de la norma ya que el concepto de estabilidad absoluta no genera el pago de remuneraciones por un período futuro y que la responsabilidad que cabe imputarle al empleador se limita a los daños que su actitud ha causado. Se trata de la reparación del daño causado mientras que para la referida doctrina el empleador debía abonar por adelantado el importe de los salarios que se devengarían en el futuro sin obligación de satisfacer su débito. Analiza los precedentes "Unión Obrera Metalúrgica c. Siderca" y "Figueroa c. Loma Negra" y señala el criterio de la C.S.J.N. según el cual el concepto de estabilidad relativa que recepta la L.C.T. no podría ser modificado por las partes aun actuando de común acuerdo. Sin embargo destaca que el tribunal no se ha planteado la posibilidad de inexistencia de conflicto entre el derecho a ejercer industria lícita y la propia decisión adoptada por el empleador que admite sujetar su conducta a una limitación que es la de no despedir. No puedo soslayar que el doctor Vázquez Vialard limita la validez de la cláusula de estabilidad absoluta a aquella concertada a través de una negociación directa o de un convenio colectivo de empresa.

En el caso de autos no podría hablarse de una vía heterónoma de imposición del instituto. El C.C. de T. Nº 271/75, ha sido suscripto por la Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados y por las Compañías Privadas de Aeronavegación Comercial denominadas Grupo B. Se trata de un conjunto de empresas identificadas por el art. 3 del Convenio Colectivo como aquellas que, con exclusión de cabotaje se dedican a vuelos internacionales. Las empresas estuvieron debidamente representadas en la comisión negociadora y la autoridad administrativa homologó el C.C. de T. Nº 271/75 por un acto administrativo que no fue cuestionado. A casi treinta años de su homologación no encuentro mérito para descalificar una disposición convencional cuya aplicación no ha generado cuestionamiento alguno. La vigencia de la cláusula denota que su aplicación resulta por lo menos pacífica y por las razones expuestas no advierto colisión con las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional por lo que corresponde admitir la reparación por daños y perjuicios causados que pretende el accionante.

5) Que para determinar el monto del crédito que se reconoce a la actora tengo en cuenta que la accionante percibió en concepto de gratificación extraordinaria la suma de $15.660,34.- (ver escritura de fs. 150/152), monto superior al que le hubiera correspondido percibir por despido arbitrario según lo informa el perito contador a fs. 154 vta. al responder el punto 5) de la requisitoria de la parte actora y que no ha merecido objeción alguna en este aspecto de parte de ésta (ver fs. 159).

En cuanto al resarcimiento por daños y perjuicios considero equitativo fijar su monto en el equivalente a un año de salarios, que es el importe que se reconoce habitualmente en el caso de un mayor grado de estabilidad al trabajador (art. 52 ley 23.551). Advierto que la liquidación (en sus dos alternativas) que practica el perito contador (fs. 161) a solicitud de la actora no se ajusta a derecho por lo que será desestimada, ya que el experto se limitó a multiplicar el salario por el número de años que indica.

Así diferiré a condena en concepto de daños y perjuicios la suma de $13.105,30.- la que devengará a partir de la fecha del distracto el 5/5/2002 el interés establecido por la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (art. 622 Código Civil, art. 8 decreto 529/91 modificado por el decreto 941/91 Acta C.N.A.T. 2357 del 7/5/02 sustituida por Resolución C.N.A.T. Nº 8 de fecha 30/5/02) hasta su efectivo pago.

El modo en que se resuelve el litigio torna inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del dec. 264/02 formulado por la demandada.

6) Que tal como se decide habré de imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 24.635 dicha parte deberá reintegrar al Fondo de Financiamiento administrado por el Ministerio de Justicia de la Nación (art. 14 ley citada) el honorario básico de $25.- indicado en el art. 22 del decreto 1169/96 dentro del plazo previsto para el cumplimiento de esta tendencia.

Por todo lo expuesto y citas legales, Fallo: I) Hacer lugar a la demanda y condenar a Línea Aérea Nacional Chile S.A. a abonar a Muiño Andrea Patricia dentro del quinto día de aprobada la liquidación que determina el art. 132 LO la suma de pesos trece mil ciento cinco con treinta centavos ($13.105,30), la que devengará intereses en la forma establecida; II) Imponer las costas a la parte demandada vencida; III) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y del perito contador en el 16%, 12% y 6% respectivamente del monto de condena que incluye capital e intereses (conf. art. 38 LO y 6, 7, 8, 9, 14, 19, 39 y conc. ley 21.839, art. 3 dec.-ley 16.638/57 sin perjuicio de lo establecido por la ley 24.432); IV) Firme este pronunciamiento, notifíquese al Ministerio de Justicia - Fondo de Financiamiento ley 24.635 lo dispuesto en el considerando 6) de la presente; V) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también al obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. Nº 6/05).

Regístrese, notifíquese y consentida que sea con citación fiscal archívese. -Ana M. Simone.