marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estafa, excusas absolutorias, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: GALAN, ELVIRA s/ EXCUSAS ABSOLUTORIAS. (ART. 185 INC. 1 C. P.). ESTAFA. NO   CONFIGURACIÓN    DEL  DELITO  DE  FALSEDAD  IDEOLÓGICA  DE DOCUMENTO  PREVISTA EN EL ART.  293  C. P. FALSEDAD IDEOLOGICA. ( ART. 293 C. P.  ). REFERENCIAS:  EXCUSAS  ABSOLUTORIAS.    SU    NO   APLICABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-16

corresponde absolver a la procesada en orden al delito de estafa, por aplicación de la excusa absolutoria del art. 185 Inc. 1 C.P. Al haberse acreditado el vínculo parental existente entre acusadora y acusada y su adecuación por lo dispuesto en el art. 363 Cód. Civil la razón decisiva para que el funcionamiento de la excusa absolutoria sea eficaz en el caso, no radica en la existencia de hecho único entre la defraudación y la falsedad documental por la que también se acusara, sino que, como delito contra la fe pública, la falsedad ideológica de documento, acuñada en el art. 293 C.P.

Debe recaer necesariamente sobre extremos que el instrumento público esté directamente destinado a probar, frente a sujetos indeterminados que están dando contenido a la fe pública resguardada, situación que no se da en el caso con los instrumentos en que la expresión mentirosa sería el estado civil, que no resulta extremo a probar con ellos. Por ello descarta la configuración del delito prevista en el art. 293 C.P., Su exención de responsabilidad aparece contemplada por el art. 185 Inc. 1 C.P.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, recursos administrativos, caducidad, recurso contencioso administrativo, actos impugnables
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carvallo, Néstor c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 406-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-26

Desde el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en autos "Durusell de Fernández", se observa una reiterada negativa por parte de la Corte local a considerar caducos los procedimientos administrativos en los que al particular ninguna diligencia le quedaba por realizar porque la Administración se encontraba en condiciones de pronunciarse; condiciones éstas que deben ser ampliamente interpretadas, como lo hizo la Corte nacional en el citado precedente, en el que los autos pendían del pronunciamiento de un órgano consultivo como paso previo a la decisión del órgano de administración activa. Tal doctrina es la que más armoniza con los principios que gobiernan el procedimiento administrativo, con la norma del artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial -cuya subsidiaria aplicabilidad estimó el Alto Tribunal-, e incluso con lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 11330 respecto de la caducidad en el proceso contencioso administrativo.
Prisión preventiva, Pacto de San José de Costa Rica, criterio de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: LLEBEILI RICARDO c/ DEMETRIO EMILIO DANIEL, VILLARREAL DIEGO S., VILLARREAL FERNANDO M., EACOBAR OSCAR LEONIDAS Y OTRO s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN  CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 7 inciso 5º establece que, "toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad".

Razonabilidad que, es de resorte exclusivo de los jueces con arreglo cada caso singular. Ha sido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo Tribunal de garantías constitucionales, la que interpretó exactamente la misma disposición del Pacto de San José de Costa Rica, considerando que "la razonabilidad a que él alude no puede traducirse en un número fijo de días, semanas, meses o de años, debiendo siempre estar relacionado el juicio a pronunciarse, con las circunstancias concretas de cada caso a resolverse". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Usurpación, locatario
Materia: PENAL
Carátula: C., G.A. s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-05

"Prima facie" se ha acreditado que el imputado tenía la calidad de simple tenedor del inmueble que ocupaba, como lo admite en la documental; por lo que ante la intimación a desocuparlo que se le cursara, tenía el deber de restituir el departamento.

Al no haber obrado en tal sentido e invocar la calidad de locatario, para mantenerse en la ocupación, se configura el despojo penalmente reprochable, cometido mediante "abuso de confianza".
Ius variandi, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: D'URSO, DIEGO c/ SHELL GAS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

El ejercicio de la facultad de variar concedida al empleador está condicionado por tres situaciones: a) la razonabilidad de la medida; b) la no alteración de las modalidades del contrato; y c) la inexistencia de daño material o moral al trabajador.

Se trata de un derecho discrecional pero no absoluto; es una facultad del empleador -fundada y derivada de los poderes de organización y dirección- que debe ejercitarse con prudencia y razonablemente y que está limitada por el cumplimiento de determinados requisitos.

En las presentes actuaciones-resultando un aspecto controvertido del pleito la determinación de si el cambio de tareas fue consecuencia del reclamo salarial conforme la posición del actor, o si respondió a necesidades legítimas de la empresa- la Sala sólo analizó dos de los tres requisitos, omitiendo ponderar si de las constancias surgía que la empresa en lugar de atender a su pretensión de adecuación de la remuneración a las tareas efectivamente desarrolladas, habría modificado estas últimas a fin de que resulten acordes con la remuneración abonada y si, con ello, se habría configurado una descategorización implícita en violación al principio de irrenunciabilidad, a fin de analizar si el despido indirecto devino justificado o no.

De este modo, se advierte que lo decidido se sustenta en una fragmentaria ponderación de los hechos de la causa y desde una perspectiva que eludió proyectar las implicancias del dispositivo legal que rige el caso a fin de evaluar el modo en que se ejercitó el "ius variandi", por lo que se configura una causal de arbitrariedad por omisión de ponderación de prueba conducente para la solución del litigio.
Apreciación de la prueba, sana crítica racional, corte interamericana de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

El criterio de la sana crítica racional en la apreciación de la prueba es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos que, a fin de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, disponen de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, según ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos in re "Bulacio vs. Argentina".
Concursos, legitimación procesal del fallido, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS TECNOGRAFICAS ARGENTINAS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-12-19

La legitimación procesal del fallido debe ser objeto de análisis en cada caso concreto, y conforme las circunstancias que lo rodean.

Si se trata de la liquidación del bien más importante del concurso, por lo que el interés del fallido es remanente y la posibilidad de afrontar el pasivo concursal, con sus bienes, es evidente, interés que también redundaría en beneficio de los acreedores de la quiebra, se reúnen muchos de los requisitos que determinan su legitimación
Honorarios del abogado, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ PACHECO ALVEAR JOSE AQUILES s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-10

El art. 40 de la ley 21.839 es aplicable también a los procesos de ejecución, pero, dada la estructura de éste y las características del título en que se sustenta a los fines regulatorios debe considerarse que mediaron trabajos de una sola etapa cuando la tramitación está totalmente concluida.-
Amenazas simples, lesiones leves, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: REYNOSO, Héctor s/ AMENAZAS - LESIONES - PENA - GRADUACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-10

Son atípicas las amenazas proferidas al calor de un altercado verbal o en un arrebato de ira, pues no son idóneas para amedrentar.

En cuanto a la agresión perpetrada, queda subsumida por las lesiones, art. 89 C.P., valorándose a los fines de graduar la pena conforme a las pautas del art. 41 del citado código, junto con la conducta irreflexiva del procesado, los medios empleados, el peligro corrido por otros bienes jurídicos y el empleo de armamento no destinado a ser blandido en la vía pública.
Servicio público, consumidores, comerciante, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

Es reprobable que la empresa de telefonía no pruebe las razones que imposibilitaron el servicio oportuno (en el caso se dijo era relativo a la existencia de cupos y plantel disponible en la zona), y que se limite a negar que pese sobre ella una obligación temporal de llevar a cabo un servicio de este tipo pedido por un cliente suyo, pasando por alto la normativa sobre las condiciones en la que debe prestar el servicio, entre otras el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, o el sistema de medición de calidad documentado, de donde surge que el cumplimiento tempestivo de sus obligaciones, no es una potestad discrecional de las prestatarias.
Daño moral, indemnización por muerte
Materia: CIVIL
Carátula: GODOY, Jorge Oscar y otro c/ PAREDES OJEDA, Juan Vicente y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-10

Frente a la muerte de un familiar directo, la valoración del daño moral no puede ceñirse simplemente al dolor, al padecimiento, intentando paliar sólo ese pesar, generando lo que, a través de esa mirada restrictiva, se ha dado en llamar el "precio del dolor", sino que es necesario contemplar todo aquello de lo que se es privado al perder alguno de los principales vínculos afectivos con que cuenta el ser humano y que influirán positivamente, de existir, en lo que conocemos como calidad de vida.

El derecho moderno debe procurarse y comprometerse en la protección de la calidad de vida humana entendiendo a ésta no como circunscripta a la concepción biológica, sino contemplando todos los aspectos importantes de la vida, donde juegan un rol primordial los componentes y valores espirituales.
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Halperín Carrocerias  S.A. . c/ M.C.B.A. . s/ Expropiación inversa.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes es acto de suma gravedad, que debe ser considerada como "última ratio" del orden jurídico y, para que proceda, se requiere que se encuentre cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna.
Abandono de personas, obras sociales, afiliación a obras sociales, responsabilidad de la obra social, acción de amparo, incumplimiento de resolución judicial, auto de procesamiento, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERRARA, Celestina M. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

El abandono de persona requiere para su consumación o mera tentativa, la efectiva puesta en peligro de la vida y salud de un semejante.

La eventual desobediencia de los imputados -integrantes de una obra social- a una sentencia judicial recaída en una acción de amparo iniciada por la progenitora debido a la enfermedad que padece su hijo menor, la demora en dar cumplimiento a la manda judicial o el cumplimiento defectuoso o reticente de ésta, no resultan acción idónea para colocar en peligro la vida o la salud del menor, así como para colocar al incapaz en situación de desamparo.

El entuerto de neto corte económico entre la prestadora social y el afiliado, al que el juez del amparo ha puesto debido coto, no ha conferido a los querellados el rol de garantes del bienestar físico y psíquico del menor, ni de su educación y guarda, por lo que tampoco procede endilgarles la incapacidad o el agravamiento de la enfermedad que padece.

En consecuencia, corresponde revocar el auto de primera instancia que dispuso el procesamiento de los imputados en orden al delito de abandono de persona.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, falta de acción, excepciones procesales, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: NESTOR JOSE DEVOTO s/ EXCEPCION    DE  FALTA  DE  ACCION  -  JUICIO  CRIMINAL  -  SENTENCIA  DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Las decisiones que rechazan la excepción previa de falta de acción en los procesos penales, no configuran sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ni resultan equiparables a ella a los efectos de la habilitación de la instancia extraordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso extraordinario, recurso de reposición (procesal), interposición del recurso, plazo, caducidad, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, STELLA MARIS c/ BRITOS, ROMUALDO JULIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-22

Corresponde rechazar la queja desde que se configura en la especie un supuesto de mera discrepancia interpretativa con cuestiones que, siendo de índole netamente procesal, permanecen -por principio- ajenas al control que es propio de esta instancia excepcional.

Ello así, atento a que la Cámara, al no hacer lugar a la queja interpuesta por entender que no se había producido en el caso una limitación o vulneración del debido proceso que viabilizara el recurso de apelación extraordinaria (incisos 1, 2 y 3, art. 42, L.O.P.J.), expresó que: el hecho de no compartir el dictamen del Fiscal que aconsejara la no declaración de caducidad no provoca nulidad en el trámite de la perención de la instancia (en tanto no es vinculante), sino el hecho de decidir sobre la misma sin dar audiencia a la contraparte ; y que "...el recurso de revocatoria ante el Pleno, aún cuando pueda ser calificado de anómalo se encuentra aprehendido por lo establecido en el art. 344 de nuestra ley adjetiva, lo cual provoca que en su interposición se deba respetar el plazo de tres días hábiles perentorios que fija el art. 345 del mismo cuerpo legal, lo que justifica la extemporaneidad declarada".

Tal exigencia constituyó la fundamentación del decisorio del A quo al desestimar el recurso directo, en tanto consideró que el recurso de apelación extraordinaria regulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es, como regla, apto para la discusión sobre la justicia o error del pronunciamiento.
Municipalidad, empleo público, ley de contrato de trabajo, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Carlos c/ Riquelme, Oscar Alberto s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-04

"La municipalidad no es "empresa", "establecimiento" o "empleador" -en este último caso, salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito- en los términos de los artículo 5, 6, 26 y 2 inc. a) del Régimen de Contrato de Trabajo, y por lo tanto no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo puede ser inherente a estos sujetos del contrato de trabajo".
Defraudación, pago de la remuneración, beneficios previsionales, fraude a la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: Baragiola, María Celeste s/ Defraudación contra la Administración Pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

La conducta de quien cobró indebidamente una jubilación, debe ser encuadrada en la figura prevista en el art. 175 inc. 2 del Código Penal y no del art. 174 inc. 5 de dicho cuerpo legal, toda vez que, el acusado no se valió del empleo de un medio como el ardid para inducir a un error a la administración pública -ANSES- y de ese modo conseguir una disposición patrimonial perjudicial del organismo en su propio beneficio, sino que se apropió del dinero que la administración de esa repartición pública le fue entregando a consecuencia de un error imputable a su exclusiva negligencia, ya que no se solicitó los certificados de supervivencia que debían ser requeridos, cuando por un período significativo no se presentaba el titular del beneficio a cobrar en el banco.
Subasta, martillero, comisión del martillero, gastos del martillero
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTEGNARO, Elías c/ ARAUJO, Roberto s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Debe admitirse la aplicación del art. 77 de la ley 24.441 como pauta orientadora para fijar la comisión del martillero que actúa en subasta judicial, porque se trata de un supuesto similar al de corretaje inmobiliario. Por ello, si el art. 77 de la ley 24.441 redujo la comisión en el corretaje inmobiliario a una máxima del 1 y 1/2 por ciento en que el operador inmobiliario desarrolla una mayor actividad, adelantando los gastos que podrá recuperar o no con el cobro final de la comisión y el consecuente riesgo del negocio, con mayor razón debe aceptarse la disminución en el supuesto del martillero que actúa en la subasta pública, porque a éste le son reintegrados todos los gastos que realiza, sin asumir riesgo comercial alguno.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Toledo, Hilda y otras c/ Console, Carlos Daniel y otros s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó la demanda por daños y perjuicios respecto de varios codemandados y reguló los honorarios de sus letrados: art. 280 del Código Procesal.
Medidas cautelares, recusación con causa, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cinquemani, Rubén Alberto s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad  denegado en/ Incidente de recusación en autos: "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'". "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

La estrategia argumental del actor se limita a denunciar la omisión por la jueza recusada de la diligencia prevista en el art. 41 de la ley nº 1217, individualizando el menoscabo que ésta implicó a su derecho de defensa y a otros derechos y garantías relacionados, y los argumentos constitucionales que expresa no guardan relación directa con la sentencia que recurre -que rechazó la solicitud de apartamiento de esa magistrada- sino que están dirigidos a impugnar, por razones procedimentales, el fallo que decidió mantener la clausura preventiva, que no es objeto de este recurso de inconstitucionalidad.
Administración Pública, nombramiento, acuerdo del senado
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Misiones s/ Demanda de Inconstitucionalidad (art. 6º Nº2549)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-05-12

El requisito de "acuerdo legislativo" no es algo intangible, inmutable, que sólo pueda referirse taxativamente a los funcionarios que menciona la Constitución. La ley puede establecer que dicho requisito, esencialmente de control legislativo, se extienda a otros agentes de la Nación, en cualquiera de los Departamentos o Poderes, y de hecho así ha ocurrido reiteradamente con las leyes de creación de diversos organismos descentralizados (Obras Sanitarias, Ferrocarriles, Vialidad, Banco de la Provincia de Misiones, etc), sin óbice constitucional alguno.
Cosa juzgada, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

La cosa juzgada tiene límites objetivos y subjetivos. Respecto de los primeros, "el objeto de la cosa juzgada es la conclusión última de razonamiento del Juez, y no sus premisas; el último e inmediato resultado de la decisión y no la serie de hechos, de relaciones o de estados jurídicos en la mente del Juez constituyeron los presupuestos de dichos resultados".
Despido, preaviso, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Uñac, Ernesto c/ Ariscos SA s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-09

La suma a pagar por omisión de preaviso tiene carácter indemnizatorio y no salarial y que, por lo tanto, no corresponde el pago de sueldo anual complementario sobre la misma, en tanto éste es la doceava parte de las remuneraciones. (Meili, Contrato de Trabajo, nota art. 121).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Bakir, Oulad Daoud y Monkasch, Enrique s/ lavado de activos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-26

Si el imputado ha cesado en las funciones que desempeñaba con rango de aforado, no hay fundamento legal alguno para que la causa prosiga su trámite ante el Tribunal.
Personal municipal, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Macchi, Blanca c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

El art. 7 de la ley 11.685 estableció que el personal dado de baja tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al cien por ciento de la última remunerción mensual, regular y permanente por cada año de antiguedad o fracción superior a seis meses y previó el caso de los agentes que "se encuentren en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio" (art. 9 inc. c). El cese dispuesto en la persona de la accionante que se hallaba jubilada y había reingresado a la función administrativa no puede ocasionar la indemnización por el cese como prestación sustitutiva pues ya gozaba de un beneficio de esa naturaleza, siendo irrazonable entender que quien se encuentra gozando de un beneficio jubilatorio pueda obtener otra prestación sustitutiva del derecho a la estabilidad.