Tribunal: CAMARA DE APELACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-11


En la ciudad de Trelew, a los 11 días de agosto del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "TORRES, Gustavo Guillermo c/ GALLARDO, Isolina s/ Interdicto de retener" (Expte. N° 230 - 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿son elevados los honorarios regulados en la sentencia de grado y TERCERA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 278.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 257/260 vta.) rechazó la acción de interdicto de retener promovida por GUSTAVO GUILLERMO TORRES contra ISOLINA GALLARDO, imponiendo las costas del proceso al actor vencido, procediendo a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en forma porcentual.

II. El fallo es apelado a fs. 264 por la representación letrada del actor, quien recurre a su vez la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por resultar elevados, siendo concedidos los recursos a fs. 265 libremente y en relación, respectivamente. III. A fs. 148 obra sentencia interlocutoria, de fecha 28 de mayo de 2010, registrada bajo el Nº 43/2010 SIC, por la que esta Sala, en uso de las facultades otorgadas por el art. 279 Anexo A - Ley XIII Nº 5 (antes art. 276 del mismo cuerpo legal), resolvió modificar la forma libre de concesión del recurso interpuesto por el actor contra la sentencia definitiva que efectuara el juez de grado a fs, 265, concediéndolo en relación por tratarse el presente de un juicio sumarísimo, poniendo los autos en Secretaría a disposición de las partes a los fines dispuestos por el art. 248 del mismo cuerpo legal (antes art. 246 del C.P.C.C.).IV. A fs. 273/275, la parte actora presentó memorial a los fines de fundar el recurso de apelación interpuesto, que contiene en síntesis, los siguientes motivos de agravio: Se agravia en primer lugar por cuanto la afirmación que realizó el juez de grado en la sentencia en crisis, que rezaba "la instrumental aportada y los testimonios recavados... De lo que se deriva la inexistencia de la calidad de poseedor del actor como requisito previo para interposición de esta clase de demanda lo cual trae aparejado el rechazo de la misma" (SIC), no se ajustó a las constancias del proceso, afirmando que el verdadero poseedor al 20 de Enero de 2008 era su representado. Agrega que la denuncia efectuada por la propia demandada en esa fecha, en la que admite actos realizados por el Sr. Gustavo Torres en ejercicio de la posesión, era suficientemente clarificadora y demostrativa de que el actor se encontraba ejerciendo la posesión material del Lote 7-A de la Fracción C de la Sección B-II, por lo que mal podría pretender modificar el status quo anterior a dicha fecha, sosteniendo que lo verdaderamente significativo fueron los hechos posteriores al 20 de Enero de 2008, y por ende los hechos turbatorios que interesaban a la causa petendi no fueron los del año 2001, 2003, 2004 y 2006 que se integraron a la questio facti a modo de presentación histórica, sino que, reitera que lo que verdaderamente interesaba era la turbación a partir del 20 de enero del año 2008. Alega que el sentenciante no tuvo en cuenta prueba fundamental, como la denuncia obrante a fs. 62/63, por la que la Sra. Gallardo denunció el corrimiento del alambrado por un tal Sr. Ulloa (el chileno), quien le manifestó a la demandada que el nuevo alambrado lo realizaba por orden del Sr. Gustavo Torres. Afirma que su parte no sólo demostró en autos el derecho a poseer el inmueble de marras con los títulos obrantes a fs. 5/30, sino que también probó el ejercicio de la posesión por parte del actor. A renglón seguido, y para el caso de que esta Alzada confirme la sentencia recurrida, se agravia por resultar elevados los honorarios que fueran regulados a los letrados intervinientes, como asimismo por no haber determinado el a quo en forma precisa, sobre qué inmueble debía aplicarse el art. 23 de la Ley de aranceles, si sobre el Campo Campamento Villegas en su totalidad o sólo sobre el Lote 7-A de la Fracción C de la Sección B, Departamento Gaiman, que era el bien objeto de la presente litis, peticionando que la valuación se realice sobre este último inmueble. Concluye, en definitiva, solicitando se revoque en todas sus partes la sentencia recurrida, haciendo lugar a la acción de interdicto de retener interpuesta por su representado, con expresa imposición de costas a la accionada.

V. Corrido traslado a la contraria del memorial de agravios mediante providencia de fs. 276, el mismo no es contestado por la demandada. VI. Ingresando al tratamiento de la cuestión debatida en autos, corresponde precisar que la demanda carecía de viabilidad ab initio, ya que fue iniciada sin dar cumplimiento a los recaudos legales necesarios para su procedencia.

En primer lugar, cabe advertir que tipológicamente el interdicto iniciado por la actora encuadra en el art. 612 inc. 2, Ley XIII, Nro. 5., que regla el interdicto de retener la posesión o la tenencia.

El régimen legal de este interdicto está contenido -en lo que a esta causa concierne- en los arts. 616 y 618, Ley XIII, Nro. 5.- El art. 616 edicta que "Para que proceda el interdicto de retener se requerirá:

1°. Que quien lo intentare se encuentre en la actual posesión o tenencia de una cosa, mueble o inmueble.

2°. Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbare en ellas mediante actos materiales".

El art. 618 estatuye que "La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y fecha en que éstos se produjeron".- De la conjunción de esas dos normas surge que, indudablemente, es requisito esencial para la procedencia del interdicto de retener, que el actor invoque y pruebe su condición de poseedor del inmueble al momento de los hechos turbatorios. El art. 618 es clarísimo respecto de que "la prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor...".

Bien se ha dicho en un fallo que el objeto principal del interdicto de retener está dirigido a dar protección judicial a aquél que se titula poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble frente a la existencia de actos materiales que importen una turbación potencial o efectiva al ejercicio de la posesión o de la tenencia. De modo que la prueba del proceso versará sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, como así también sobre los actos de perturbación atribuidos al demandado (C. Apels. Comodoro Rivadavia, sala A, 21/11/06, U., A. v. Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Interdicto de Retener", en AbeledoPerrot online).

El juez de grado dice que no se ha probado en autos el hecho de la posesión, lo cual puedo compartir, a la luz de la prueba colectada en autos. Pero el problema es mayor: el hecho de la posesión no ha sido debidamente introducido a autos en la etapa procesal oportuna, lo que impide directamente valorar la prueba existente, pues ésta sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor.

Y el actor de autos ha pretendido invocar y probar su derecho a poseer, a través de los títulos glosados en autos a fs. 8/29), pero no ha invocado ni probado debidamente su posesión efectiva sobre el inmueble en las condiciones que requiere la procedencia de un interdicto.- No invocada idóneamente la posesión por el actor, la demanda no podía prosperar, cualquiera sea la prueba que contuviera; aunque es dable aclarar que tampoco la posesión del actor surge acreditada en la litis debidamente, ni es dable extraer su prueba de la denuncia de fs. 63, que a lo sumo se refiere a la traza de un alambrado, pero que no involucra al resto del lote en litigio.

Igualmente ello es irrelevante, por cuanto como esta Sala resolviera con anterioridad, en el decisorio del 23/9/08 dictado in re "ARSICH, Sergio Alejandro c/ SALINAS, Héctor y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008), cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.". La carga de la prueba es un imperativo del propio interés, que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones respectivas, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso, pues ella no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer, y el riesgo de no probar es perder el litigio (esta Sala, mi voto, en sentencia del 13/8/08, in re "M., R. G. y otro c/ S. s/ cobro de pesos laboral"; registrada bajo el Nro. 52 de 2008 SDL; en igual sentido, Cám. CC Neuquén, Sala 1a, 15/2/96, "F., O. E. c/ A. D. G. e Hijos S.R.L.", en Juba sum. Q0000027; ídem, 18/5/95, "C., A. M. y otro c/ H., D. O. y otro", en Juba sum. Q0000902).

Como se dejó sentado en esa sentencia, en un litigio judicial no tienen tanta trascendencia los hechos como las afirmaciones procesales de dichos hechos y su acreditación. Por ello los hechos no afirmados no ingresan a la litis y los no probados tampoco pueden tener virtualidad en ella (cfr. esta Sala resolviera con anterioridad, en el decisorio del 23/9/08 dictado in re "ARSICH, Sergio Alejandro c/ SALINAS, Héctor y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.806 - año: 2008).

En la misma línea un prestigioso tribunal capitalino ha declarado que cabe recordar la necesidad de una buena técnica en la redacción del escrito inaugural de la instancia, como así de su contestación, en lo referente a los actos de afirmación y negación (alegaciones) que efectúan los contendores del proceso sobre aspectos de hecho y de derecho susceptible de apoyar sus respectivas pretensiones, como así la prohibición que sobre el sentenciante recae de verificar la existencia de hechos no afirmados debidamente por ninguno de los litigantes. una vez así trabada la litis, cualquiera haya sido la actitud asumida por la defensa, queda delimitado definitivamente el objeto del proceso y con ello fijado el "thema decidendum" que demarca los límites de actuación de los tribunales de ambas instancias. de modo pues, que como resultado de la carga de negar o desconocer que pesa sobre el accionado o el reconvenido sobre las alegaciones contenidas en la demanda o reconvención, quedan establecidos los hechos controvertidos y en consonancia con el principio procesal de la carga de la prueba la contraparte deberá emprender, en principio, el esfuerzo probatorio de justificar los extremos fácticos en que apoya su pretensión o su defensa, en su caso, en cuanto fueron negados. es que siendo el juez extraño a los hechos sobre los cuales debe pronunciarse, su decisión no puede pasar por las simples manifestaciones de las partes y debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones (C. Nac. Com., sala A, 10/7/01, NUPERI, GABRIEL PEDRO v. UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, COMITÉ CAPITAL FEDERAL Y OTROS S/ ORDINARIO, en AbeledoPerrot online).- Surge claramente de ello que se trata de dos cargas distintas y sucesivas: la carga de la afirmación de los hechos y la de su prueba. Ambas deben ser cumplidas a cabalidad en el proceso, por cuanto el cumplimiento de una sola de ellas tiene iguales efectos que el incumplimiento de ambas.

Un hecho no afirmado en tiempo oportuno es un hecho que no ingresa a la litis a la manera de una afirmación procesalmente relevante; y técnicamente el objeto de prueba son las afirmaciones de parte y no los hechos en sí. Y un hecho afirmado y no probado carece de incidencia en la suerte de la contienda, salvo que se trate de un hecho notorio y de público conocimiento.

En el caso de autos la actora no ha afirmado idóneamente su carácter de poseedora del inmueble ni ha invocado su legitimación como poseedora sino como propietaria del establecimiento. Y el interdicto legitima al poseedor y no al propietario para iniciarlo (conf. arts. 616 y 618. Ley XIII, Nro. 5).

Para verificar lo dicho, repárese en que a fs. 48vta. la actora manifiesta que "en tal calidad de propietario se encuentra ejerciendo la posesión pacífica e ininterrumpida hasta la actualidad..."; que a fs. 49vta. al abordar la legitimación activa de su parte afirma textualmente que "conforme lo acredito con el título de propiedad que acompaño y la escritura de donación, revisto la calidad de propietario del inmueble objeto de esta acción. Como V.S. podrá apreciar el espectro del art. 610 es suficientemente amplio para la legitimación activa, ya que la misma compete no solo a poseedores sino también a tenedores del bien" (sic). Y seguidamente, a fs. 50 bajo el título "Posesión y tenencia", expresa textualmente que "Conforme surge del título de propiedad y de la Donación que acompaño, acredito de manera suficiente la posesión del bien inmueble en cuestión, en virtud del cual solicito el amparo judicial ante el accionar turbatorio de la demandada". Y por si algo faltara en el punto siguiente ("Turbación"), afirma la actora que "las denuncias efectuadas ante la autoridad policial...ponen de manifiesto el comportamiento habitual y crónico de la demandada para impedir el ejercicio pacífico de la posesión por parte de mi mandante...".

De este relato de los hechos afirmados en la demanda surgen varios extremos de hecho: 1) el actor no ha afirmado idóneamente ser poseedor del inmueble al momento de los hechos turbatorios; no ha afirmado cómo adquirió tal posesión, ni a través de qué hechos la ha ejercido; 2) el actor parece asumir que la adquisición del derecho de propiedad implica la toma y mantenimiento de la posesión, lo que no es correcto; 3) el actor confunde propiedad dominial con posesión y con tenencia del predio, conceptos todos de significación no sólo diferente sino, en ocasiones, incompatible; 4) la actora ha reconocido el comportamiento habitual y crónico de la demandada para impedir el ejercicio pacífico de la posesión por su parte.

Y además de no haber afirmado debidamente que actuaba en su carácter de poseedor, cómo la había adquirido -cómo se lo había trasmitido su causante, qué actos posesorios había realizado el actor- etc, luego la prueba tampoco ha sido clara al respecto. Es más, tampoco se han afirmado debidamente los extremos de hecho atinentes al requisito de anualidad del interdicto. Si se mira el relato de los hechos contenido en la demanda, el último episodio de turbación referido por la accionante data de 2006 y la demanda se promueve en Octubre de 2008. Con todo ello a la vista, debe considerarse que no estaban dadas las condiciones para el andamiento del reclamo interdictal, dado que no se han cumplidos sus requisitos, o que al menos su cumplimiento no surge debidamente afirmado del relato de los hechos contenido en la demanda, con lo que no se arriba directamente a la faz probatoria, porque el reclamo naufraga directamente en la faz postulatoria del proceso.

Bien se ha juzgado en este punto que el trámite abreviado de los interdictos no autoriza a prescindir de etapas esenciales del procedimiento que obsten a la posibilidad del dictado válido de la sentencia (C. Nac. Civ., sala L, 22/6/94, MARCOLONGO, Alicia G. v. CALVO, Marcelo, INTERDICTO", en AbeledoPerrot online). Interdicto o no, las dos fases del proceso (postulatoria y probatoria) se encuentran igualmente en vigor y deben ser satisfechas, en medida aceptable, so riesgo de que el reclamo colapse en caso contrario.

Para despejar cualquier duda al respecto, cabe recordar los alcances de una pretensión interdictal, según la magistratura argentina lo ha determinado:

1) El interdicto es un remedio policial, urgente, breve por naturaleza, sumarísimo y hasta podría decirse de carácter extraordinario para lograr soluciones rápidas en casos en que está en juego, de alguna manera, la posesión de un bien, es decir, que se trata de una tutela específica contra la turbación o despojo (C. 1a Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1a, 10/10/89, Cernadas, Oscar R. C. c/ Consorcio Propietarios Edificio Torre Plaza, en Juba sum. B1350923 y en LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil anotado con jurisprudencia", Editorial Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, tomo 3, p. 1069). El objeto de los interdictos en líneas generales tiende a proteger el hecho de la mera tenencia de las cosas, o en su caso la posesión actual, habiendo sido instituidos para evitar que nadie zanje sus conflictos por propia mano (C. 2a Civ. y Com. La Plata, sala 1a, 5/10/04, Valiente, Carlos Alberto y ots. c/ Remesnitzky, Marcelo Darío, en Juba sum. B255429). A través del interdicto de retener se reclama el amparo judicial frente a la alegada existencia de actos materiales que importan una turbación al ejercicio de la posesión o tenencia (C. Nac. Civ., sala E, 23/10/1990, -Iranzo, María C. v. Lauricica de Martínez, Rosa C.) JA 1993-II, síntesis).

2) Por ende, el objeto de la prueba en un interdicto es el hecho en sí de la posesión y el despojo con violencia y clandestinidad, por lo tanto resulta ajeno determinar si el actor es propietario del inmueble en cuestión, pues este proceso tiene por finalidad reponer las cosas al estado en que se encontraban, impidiendo que cada cual se hiciera justicia por su propia mano, con la consiguiente alteración del orden público y escarnio del derecho (C. Civ. y Com. Santiago del Estero, 2a, 04/08/1997, -Gallardo, Raúl v. Olivera, Víctor H.) JA 1999-IV-síntesis).- 3) Dentro de los alcances limitados del interdicto de retener, sólo se decide acerca de la posesión o tenencia como situación de hecho "jus possessionis" y no sobre el mejor título que las partes han podido tener respecto de la misma "jus possidendi" (C. Civ. y Com. Junín, 28/10/1985, -Zitti, Juan B. v. Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires) JA 1986-I-485.

4) Desbordan el objeto del interdicto, tanto las cuestiones atinentes a la eficacia, ineficacia o alcance del título presentado por la parte actora, cuanto las razones que pueda o no tener la demandada para fundar su actitud y retener la posesión o la tenencia de la cosa (C. Nac. Civ., sala A, 22/02/1993, -Minian, Jorge M. y otro v. Palacios, Oscar R.) JA 1993-III-652.

5) Tratándose de interdicto de recobrar, al igual que respecto de los de retener y obra nueva, la no anualidad de los hechos en que se funda -despojo o exclusión de la posesión o tenencia-, es uno de los presupuestos fácticos de admisibilidad de la acción, el que debe ser verificado por el órgano jurisdiccional, conjuntamente con los de la posesión o tenencia actual y el despojo o exclusión de éstos; ello así, la no anualidad integra la carga probatoria del actor (C. Apels. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com., 13/09/1985, -Toso, José M. v. Redson, Horacio) JA 1985-IV, síntesis.

6) El interdicto de retener se trata de un simple remedio de carácter policial tendiente a prevenir la violencia o el atentado de hacerse justicia por mano propia, y constituye una protección cuya finalidad es amparar al poseedor actual por el sólo hecho de serla frente a que pretenda turbarlo o privarlo del ejercicio de la posesión (C. Nac. Civ., sala B, 22/10/81, Griffa de Sánchez, María J. y otros, JA 1982-I, síntesis).- 7) Resulta ajena a la esencia del interdicto de retener, la dilucidación de las relaciones de derecho que pudieran vincular a las partes (C. Nac. Civ., sala J, 6/6/95, Fasan, Pablo E. v. Bevilacqua, Sara L. y otros, JA 1998-III-síntesis). En los juicios de interdictos son inoperantes las alegaciones acerca del dominio y los títulos que puedan acreditarlo, ya que el objeto de la litis tiende a restablecer la situación de hecho existente antes de suceder el despojo, de modo que para nada interesa discurrir acerca del título correspondiente al inmueble motivo del pleito (C. 2a Civ. y Com. La Plata, sala 3a, 17/5/90, Los Morenos Agrícola Ganadera S.A.C.I. y F. c/ Leguizamón, Omar, en Juba sum. B350375). El limitado alcance cognoscitivo de la vía interdictal, hace que, como los restantes medios de protección posesoria, deba circunscribirse a la defensa del hecho de la posesión, con independencia del derecho en que ésta se sustente o la extensión de los respectivos títulos que pretendieran hacer valer las partes (C. Nac. Civ., sala A, 30/4/93, Consorcio de Propietarios Silvio Ruggieri 2916 c. Propietarios Cerviño 3421 y otro, LL 1993-D, 338 y DJ 1994-1, 389).

Ello así, vista la demanda promovida en autos y dado que no puede enmendar el actor la plana en el recurso de apelación, introduciendo aspectos no alegados en la instancia de grado (art. 280, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 277 CPCyC), corresponde la confirmación del decisorio de grado.- VII. Por tales fundamentos, habré de proponer al acuerdo la confirmación del decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (art. 69 LEY XIII Nº 5, ex art. 68 C.P.C.yC).- En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes a la Dra. Sonia Adriana KENT, letrada apoderada de la actora, en el 25% de los honorarios que se le determinen como honorarios de grado; tal porcentual se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).

Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:

Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por el recurrente realizara el ponente.

Poco añadiré a la sólida motivación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastarán las consideraciones siguientes.

I.- En verdad confusa ha sido la alegación por el actor de su título de pedir, pues en el escrito de demanda dio más extensión y relevancia al origen de su calidad de propietario del inmueble que a su condición de poseedor del mismo (fs. 49 vta., cap. IV, apdo. 1) y hasta denunció como "causa petendi" la violación de su derecho real de dominio previsto en el art. 2506 Cód. Civ. (fs. 48 vta., párr. 1°). Ello excede el ámbito cognoscitivo del interdicto de retener, en el que la controversia queda circunscripta al hecho de la posesión o su ausencia por parte del promotor y a la existencia o inexistencia de actos de turbación por el demandado (art. 616 C.P.C.C., ex art. 610). Consecuentemente, establecer el derecho a la posesión queda fuera del campo de este interdicto, medida policial ceñida a mantener el orden y prevenir el uso de la violencia privada. En otras palabras, dentro del limitado campo de este remedio sólo cabe decidir acerca de la posesión como simple situación de hecho -"jus possessionis"- y no sobre el mejor título a la posesión por una u otra de las partes -"jus possidendi"-; en suma, aquí no se discutía el derecho a poseer sobre la base del carácter de propietario del inmueble, porque un título válido sólo da derecho a la posesión de la cosa y no la posesión en sí misma, siendo el actual y efectivo ejercicio de esta última el que legitima activamente en el interdicto de retener (art. 616 inc. 1° C.P.C.C.).II.- Pero lo que sella la adversa suerte de la demanda, aun con mayor rigor que la falencia antes destacada, es la caducidad de la vía por el transcurso del año reglado en el art. 627 C.P.C.C. (antes art. 621). Nótese que el demandante enumeró turbaciones acaecidas entre los años 2001 y 2006 (fs. 49/vta. y 51/vta.) para dar sustento a un interdicto promovido el 9/10/08 (fs. 53), cuando estaba ya holgadamente agotado el lapso anual de la citada norma, recaudo este controlable oficiosamente por los jueces, toda vez que, establecidos los plazos de caducidad en aras del interés público, ellos deben ser aplicados de oficio por los jueces en tanto a su vencimiento quedan extinguidos "ope legis" los derechos, que no podrán ser ya reclamados (confr.: Josserand, "Derecho civil", trad. de S. Cunchillos, Bosch 1950, to. II, vol I, pág. 770, n° 1005).

En verdad, esta circunstancia debió motivar el rechazo de la demanda en el umbral mismo del proceso. Es que cuando del propio relato del actor surge en forma indubitada la ocurrencia de la caducidad, la misma debe ser declarada de oficio e "in limine litis", pues la caducidad extingue el derecho mismo y constituye un presupuesto de improponibilidad objetiva de la demanda (confr.: Falcón, "Código Procesal...", Abeledo-Perrot 1991, IV- 63/64, n° 621.9.2).

III.- Hoy alega el actor apelante que su calidad de poseedor del inmueble ha sido acreditada con la denuncia de la propia demandada obrante a fs. 62/63. No lo creo así, pues de tal denuncia policial sólo se extrae diferencias en cuanto al tendido de un alambrado, cuya posición no fue aclarada, ignorándose si el mismo deslindaba el lote 6 del 7-A o al último del 8-D, de modo que quedamos ayunos acerca de quién poseía uno u otro.

IV.- Señalaré por último que el Señor Juez "a quo" concluyó la posesión del bien por la demandada -que no por el actor- apoyándose en las probanzas testificales rendidas, que enumeró y hasta transcribió prolijamente, constancias que apontocó todavía con lo que tituló un "indicio significativo" (fs. 259, párr. 2° y fs. 259 vta./260). Contra tal razonamiento el apelante no trajo la crítica concreta y razonada que el art. 268 C.P.C.C. (ex art. 265) exige para la suficiencia técnica de la pieza de agravios, de manera que en ese aspecto el recurso ha quedado desierto (art. 269 ídem, antes art. 266).

La cuestión no puede ser soslayada ni resulta de menor entidad. En efecto, es bien sabido que de no expresarse agravios acerca de cada uno de los puntos que integraron el tema de debate y fueron considerados separadamente por el "a quo", quedan consentidos aquellos sobre los que no medió precisa y fundada impugnación (confr.: C.S.N., L.L. 137-538; C.N. Civ., sala "D", E.D. 11-633; este tribunal, c. 19.003 S.D.C. 47/03, c. 21.633 S.D.C. 12/07, c. 22.920 S.D.C. 13/08, c. 104/08 S.D.C. 18/09, entre muchos). Y si ha quedado consentida la conclusión de que la poseedora del inmueble era la demandada, hecho este que excluye la posesión del actor -no pueden concurrir sobre la misma cosa dos posesiones iguales y de la misma naturaleza (art. 2401 Cód. Civ.)-, de allí se sigue sin el menor esfuerzo que el actor, en tanto no poseedor, careció de legitimación activa para promover este interdicto (art. 616 inc. 1 C.P.C.C., antes art. 610).

V.- Por los motivos expuestos, coincidentes con los más largamente expresados por el colega preopinante, considero que la sentencia atacada merece ser confirmada, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 69 cód. cit., antes art. 68) y regulando los honorarios de la profesional actuante, por sus trabajos de alzada, en la suma propuesta por el Señor Magistrado ponente, acorde a la extensión, calidad y resultado de esas tareas (arts. 5, 6, 8, 13, 22, 31 de la Ley XIII n° 4, ex arts. 6, 7, 9, 14, 23, 32 del Dec.-ley 2.200).

Me pronuncio aquí entonces por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: La actora cuestiona por elevados los honorarios que se regularan en el grado a los diversos profesionales. Analizada la cuestión a la luz de la normativa aplicable al caso, se comprueba que no existe tal vicio en la determinación arancelaria cuestionada, ya que incluso de les ha regulado el mínimo de la escala arancelaria a todos los profesionales, lo cual surge de comparar lo regulado a cada uno con lo dispuesto por el art. 6, Ley XIII, Nro. 4. Ello así, los porcentuales fijados no son elevados y deben mantenerse tal como fueron fijados en la sentencia de grado.

Sin embargo, resulta menester aclarar que dichos porcentajes habrán de calcularse sobre el valor del bien objeto del litigio (6, Ley XIII, Nro. 4); esto es, no sobre todo el inmueble sino sobre la fracción, cuya posesión fuera debatida en esta litis, a la sazón, el lote 7-A de la Fracción C, de la Sección B-II, identificada debidamente en la litis y con los títulos de propiedad agregados a la causa.-Es que, como bien se ha decidido, en los supuestos de interdictos no puede ponderarse el valor total del inmueble que lo motiva, sino en todo caso fijar la cuantía retributiva en concordancia con el valor económico del interés lesionado cuya protección jurisdiccional se requiere (C. 1a Civ. y Com. La Plata, sala 2a, 8/6/00, Arias, Luis c/ Liscia, Sergio, en Juba sum. B152314).

Por los fundamentos expuestos supra, a la segunda cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.- A DICHA CUESTIÓN SEGUNDA el Dr. Velázquez manifestó:

Regulados los honorarios apelados en los mínimos de las escalas respectivas (7 % y 11 %, según el art. 6 de la Ley XIII n° 4), mal puede considerárselos elevados cual pretende el recurrente. Tocante a la base regulatoria, lleva razón el apelante y el fallo debe ser aclarado en ese aspecto. El objeto de este interdicto fue el Lote 7-A y es el valor del mismo el que representa el monto del proceso, cual prevé el art. 31 de la citada ley, y no el valor del resto de los lotes, cuya posesión en la especie no estuvo en disputa.

Me expido pues en esta cuestión por la NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de Trelew, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

En vista del acuerdo arribado acerca de los puntos precedentes, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo en cuanto ha sido materia de agravios por la parte apelante. - II) MANTENER las determinaciones arancelarias efectuadas en el grado tal cual fueron efectuadas en la instancia anterior.

III) ACLARAR que los porcentuales en que se han fijado los estipendios profesionales de grado habrán de calcularse sobre el valor del bien objeto del litigio; esto es, no sobre todo el inmueble sino sobre la fracción, cuya posesión fuera debatida en esta litis, a la sazón, el lote 7-A de la Fracción C, de la Sección B-II, identificada debidamente en la litis y con los títulos de propiedad agregados a la causa.

IV) IMPONER las costas de alzada a la parte actora apelante, fijándose los honorarios profesionales de la Dra. Sonia Adriana Kent en el 25% de los honorarios que se le regularan en el grado.- V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Tal mi voto.

A ESTA CUESTIÓN FINAL EL Dr. Velázquez respondió: -El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. López Mesa, reflejo fiel del pleno acuerdo antes alcanzado al tratar las precedentes cuestiones.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 7 Ley V - Nº 17, antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).

-Trelew, 11 de agosto de 2010.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:

SENTENCIA: CONFIRMAR el fallo en cuanto ha sido materia de agravios por la parte apelante.

MANTENER las determinaciones arancelarias efectuadas en el grado tal cual fueron efectuadas en la instancia anterior.

ACLARAR que los porcentuales en que se han fijado los estipendios profesionales de grado habrán de calcularse sobre el valor del bien objeto del litigio; esto es, no sobre todo el inmueble sino sobre la fracción, cuya posesión fuera debatida en esta litis, a la sazón, el lote 7-A de la Fracción C, de la Sección B-II, identificada debidamente en la litis y con los títulos de propiedad agregados a la causa.

IMPONER las costas de alzada a la parte actora apelante, fijándose los honorarios profesionales de la Dra. Sonia Adriana Kent en el 25% de los honorarios que se le regularan en el grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: DRES. CARLOS A. VELÁZQUEZ Y MARCELO J. LÓPEZ MESA JOSE PABLO DESCALZI, Sec.