Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-29


ACUERDO Nº 85. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los señores Vocales Titulares, Doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Dra. Cecilia Pamphile para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CABEZAS MIGUEL ANGEL C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte. nº 2506/08, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: I.- A fs. 7/13 se presenta el Sr. Miguel Ángel Cabezas, por apoderado, y promueve demanda contra el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Solicita la anulación por ilegitimidad del acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo Provincial, decreto 1188/08, y la condena a la accionada a cumplir el acuerdo arribado en sede administrativa, mediante la incorporación a su haber previsional, en la proporción constitucional correspondiente (80%), de los rubros que los empleados bancarios activos percibieran durante los años 2006 y 2007 bajo la calificación de "no remunerativos", como también aquellos que, con igual denominación, pudieran percibir en el futuro, con más intereses y costas.

El actor relata que finalizó su carrera laboral el 1º de noviembre de 1996. Desde entonces, goza de un beneficio de jubilación otorgado por Disposición ISSN 731/1996 y bajo la Ley 611. Señala que, al momento de jubilarse, detentaba el cargo de jefe de departamento de tercera en el Banco de la Provincia del Neuquén. No obstante, la entidad previsional demandada no aplicó en forma correcta la movilidad que contiene el art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial de Neuquén (CPN).

Expone que, por tal motivo, dio inicio a una reclamación administrativa, que culminó con la suscripción -en el mes de abril de 2006-, de un acuerdo en sede administrativa: por el mismo, se reajustó su haber previsional a la garantía del 80% que había quedado rezagada, por los años 2004 y 2005, y se reconoció, en lo sucesivo, su derecho al mantenimiento de la movilidad en el 80% del cargo activo que ocupaba como jubilado al momento de acceder al beneficio previsional, conforme el art. 38 inc. c) de la CPN.

Por los montos retroactivos acumulados, manifiesta que se acordó un monto fijo determinado, que se liquidaría en tres cuotas mensuales, debiendo como contrapartida, renunciar a los derechos y acciones que, en lo atinente al reclamo iniciado, tuviera contra el ISSN.

Indica que, el Concejo de Administración del ISSN aprobó, mediante el dictado de la Resolución nº 129/06, el convenio referido suscripto por las partes.

Continúa su relato y sostiene que, a poco de alcanzarse el referido acuerdo, los empleados activos del Banco Provincia fueron beneficiados por otro aumento en sus haberes. Sin embargo, dicho incremento no fue considerado por la accionada, atento el carácter "no remunerativo" que se le había otorgado, lo que lo convertía en "transitorio", y como tal, fuera de las previsiones del art. 15 de la Ley 611.

Agrega que, a finales del año 2006, se acordó mediante acta que, a partir de abril del 2007, la "remuneratividad" de los aumentos sería adquirida por los activos en forma paulatina y en distintas proporciones mensuales. Luego, en marzo del 2007, a la vez que se le quita la calificación de "no remunerativo" al aumento anterior, se pacta un nuevo aumento para los trabajadores bancarios, el cual, una vez más, es calificado como "no remunerativo", aunque ahora, en forma parcial, pues a medida que pasaban los meses se iba transformando para finalmente perder tal calificación en el mes de diciembre de 2007.

Manifiesta que, el Ente accionado, no contempló dichos aumentos, negando el reconocimiento de la proporcionalidad de los mismos en el haber previsional, lo que, a su entender, vaciaba de contenido a la garantía constitucional.

Dicha situación generó un primer reclamo y, luego, un recurso ante el Poder Ejecutivo, lo que fue resuelto por la negativa, insistiéndose con la "transitoriedad" de los aumentos otorgados y, por ende, la carencia de efectos previsionales.

El actor niega el carácter transitorio de los aumentos, observando que, a poco que fue solucionado el quebranto a la movilidad respecto a su jubilación, apareció un nuevo apartamiento al principio constitucional, que se mantuvo durante dos años, en los cuales los trabajadores activos del Banco Provincia, recibieron incrementos salariales, en negro, bajo la denominación de conceptos "no remunerativos", materializados mediante acta acuerdo celebrada entre la asociación bancaria y ABAPPRA, en abril y diciembre del 2006 y marzo del 2007.

Entiende que, con esta modalidad, el jubilado no sólo deja de percibir el proporcional de las bonificaciones que pudieron corresponder al mecanismo salarial del convenio, sino que además es privado del proporcional que corresponde a la suma misma del incremento, que sí perciben los activos de modo efectivo.

En último término, entiende que la Constitución Provincial y el acuerdo arribado en el expediente administrativo imponen considerar los aumentos a los fines jubilatorios, con independencia de su calificación de "remunerativa" o "no remunerativa" que el sindicato y la empleadora puedan otorgarle.

Propone que, en su caso, sea la accionada quien exija, al Banco de la Provincia del Neuquén, el pago de los aportes y contribuciones que tal aumento pudiere generar, no pudiéndose afectar el orden previsional según la calificación que se le otorgue.

Para finalizar, cita jurisprudencia, hace reserva del caso constitucional y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas.

II.- A fs. 28 y vta. obra copia de la R.I. Nº 6707/09, por la que se declara la admisibilidad de la acción.

A fs. 32 la actora ejerce la opción por el procedimiento ordinario y ofrece prueba.

III.- A fs. 34 el Fiscal de Estado toma intervención en los términos del artículo 1º y concordantes de la Ley 1.575.

IV.- A fs. 49/56 el Instituto de Seguridad Social del Neuquén contesta demanda.

En primer término reconoce el carácter de jubilado del actor, a partir del 01/11/1996, en los términos previstos por la ley 611, y que, al momento de jubilarse, se desempeñaba como Jefe del Departamento de tercera en el Banco de la Provincia del Neuquén En idéntico orden, reconoce el convenio suscripto, de conformidad a lo establecido en la Resolución 129/06 emanada del Concejo de Administración del ISSN. Sin embargo, dice que el período comprendido en dicho convenio, no es sólo por los años 2004 y 2005, sino que va desde el 19/05/2003 al mes de abril del 2006, inclusive, manifestando haber no sólo reconocido el 80% del haber jubilatorio del cargo activo ocupado por el actor al momento de jubilarse, sino también haber hecho efectivo el pago de dicho beneficio.

Luego, niega por imperativo procesal los hechos no reconocidos y se explaya sobre su versión.

A su entender, conforme surge de la planilla de liquidación realizada por el Subdirector de Pago y Control de la Dirección de Prestaciones, Jubilaciones y Pensiones, se ha dado cumplimiento al acuerdo suscripto con el actor, como también así, a la garantía constitucional del art. 38 inc. c).

No obstante, con relación a la pretensión de la actora en orden a que la adecuación de sus haberes contemple los aumentos no remunerativos surgidos de la nueva escala salarial establecida para el personal activo por parte de ABAPRA, interpreta que, mientras las sumas otorgadas a los empleados no adquieran el carácter de remunerativas, no generan aportes y contribuciones; en consecuencia no son consideradas por el ISSN a los fines de la aplicación del art. 15 de la Ley 611.

Agrega que, teniendo en cuenta lo antes expresado -no se encuentra percibiendo aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad-, hacer lugar a la pretensión del actor, implicaría, atentar contra el financiamiento de la Caja Previsional Provincial.

Para terminar, se opone a la procedencia de los intereses pretendidos, pues, en primer lugar los mismos son accesorios de un reclamo principal, el que no puede prosperar; en segundo lugar, no puede cargarse al ISSN con una sanción que tiene causa en un convenio al cual es extraña.

Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de la cuestión federal y solicita el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas a la contraria.

V.- A fs. 59 se abrió la causa a prueba. A fs. 308 se clausuró dicho período.

A fs. 319/321 y vta. se agregó el alegato de la actora y a 322/324 y vta. el de la accionada. VI.- A fs. 327/330 y vta. obra el dictamen fiscal, quien propicia el acogimiento de la demanda.

VII.- A fs. 331 se dispone el llamado de autos, el cual encontrándose firme y consentido, coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

VIII.- La cuestión debatida posee aristas muy complejas, no sólo porque impone analizar la constitucionalidad del sistema de movilidad previsional, sino porque, además, exige ponderar equilibradamente los alcances de la respuesta, situándonos ante la difícil tarea de dirimir un conflicto en el cual, la colisión de derechos y valores comprometidos, imponen la realización de un juicio que pondere los resultados del pronunciamiento.

Con esta prevención es que he de abordar la solución que estimo, ha de regir en este caso.

IX.- Tal como ha sostenido este Tribunal, a partir del Acuerdo dictado in re "Messineo" (Ac. 613/99), en lo principal, el argumento decisivo es de carácter constitucional. Deriva del principio de la necesaria, razonable y equitativa proporcionalidad que ha de haber entre el monto del beneficio previsional que percibe el agente pasivo y el que corresponde a la asignación del cargo de que era titular, al extinguirse o cesar la relación de empleo público.

En este sentido, conforme se señalara en innumerables pronunciamientos, cuya línea argumental he de seguir en el presente, el sistema previsional neuquino, al igual que el nacional, se apoya en la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que debe reconocérsele a la prestación (cfr. entre tantos otros, Ac. 931/04).

Se dice entonces, que ésta habrá alcanzado el conveniente nivel, cuando el jubilado conserva una situación patrimonial equilibrada a la que hubiera correspondido de haber seguido en actividad (Cfr. CSJN "Sánchez, María del Carmen c/ Adm. Nac. de la Seguridad Social". LL.mayo/2005).

Y es lógico que ello sea así, habida cuenta que la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que se percibía como contraprestación a la actividad laboral, una vez cesada la misma, y como débito de la comunidad por dicho servicio. Así, cuando se otorga un beneficio, su monto originario responde al propósito de asegurar un ingreso vitalicio que deriva del status del beneficiario, siendo ese ingreso, una proyección que sustituye a la remuneración que el agente percibía cuando estaba en actividad; debe por tanto, el monto originario guardar una cierta proporción con esa remuneración.

De la misma forma, cuando posteriormente el titular se encuentra en goce de dicho beneficio, la relación entre el monto del beneficio y la remuneración que percibía en actividad no sólo debe mantenerse, sino que debe ser objeto de movilidad, lo que presupone que ese monto puede aumentar con respecto a la antigua remuneración.

Corresponde entonces advertir, que si bien estos dos momentos se presentan como mecanismos independientes (uno sirve para determinar el haber inicial, el otro -fijado en base al nivel de las remuneraciones- para adecuar el haber inicial en lo sucesivo), comparten sin embargo en la práctica, un mismo objetivo axiológico, que no es otro que servir de base para un sistema previsional respetuoso de los principios de proporcionalidad y/o movilidad jubilatoria y/o pensionaria.

Así lo ha señalado la generalidad de la doctrina conformándose al derecho judicial emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmándose que la movilidad debe arrojar un haber que resulte razonablemente proporcional al que percibía el jubilado si siguiera en servicio activo (Conf. Bidart Campos Principios constitucionales en el derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el artículo 14 bis" T y SS 1981, p. 543). En igual sentido se indica, que tal directiva resulta un correlato de la garantía de la retribución justa brindada al trabajador en actividad de la que el salario mínimo vital y móvil, constituye un piso o sea el exponente de menor significación económica, trasladándose el principio al régimen previsional, mediante el mandato de movilidad que asegura que sus beneficiarios mantengan un nivel de vida similar al que les proporcionaba a los trabajadores y a su núcleo familiar las remuneraciones percibidas en la actividad, postulado que puede definirse como el haber justo (cfr. Brito Peret, "Normas, principios y garantías constitucionales atinentes a la Previsión Social" DT 1993-A-164).

X.- Ahora bien, si la cuestión encierra un debate de interpretación constitucional, se impone partir de la premisa del carácter supremo de los textos constitucionales y, desde allí, de la necesaria adecuación de las leyes a sus previsiones.

Aquí se impone destacar, que a diferencia de lo estatuido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el cual no se ha establecido una pauta específica de proporcionalidad, estando sujeto a la prudencia del legislador establecer las condiciones en que dicha garantía se hará efectiva, en el ámbito local está cuantificada por el art. 38 inc. c), siendo un imperativo constitucional, que la Provincia mediante la sanción de leyes especiales asignará a todo trabajador en forma permanente y definitiva..." inc. c) jubilaciones y pensiones móviles que no serán menores del 80% de lo que perciba el trabajador en actividad".

Sí, como señalara precedentemente, el mandato constitucional es supremo, no podría nunca el órgano legislativo apartarse de él, desde lo cual, si la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 60 de la ley 611, provocara una lesión constitucional, tal solución no podría ser amparada jurisdiccionalmente.

La particularidad del tratamiento constitucional es decisivo y, por ende, tal como se indicara en el voto minoritario de Novelli (que luego daría pie a todo el desarrollo argumental de la posición finalmente adoptada por este Tribunal), ".La directiva constitucional no puede ser desconocida en su letra y contenido. Lo contrario importaría alterar el contenido de la manda constitucional con excepciones reglamentarias, cuando ello se encuentra expresamente vedado por el artículo 101 inc. 1) de la Constitución Provincial. la doctrina de la Corte Nacional que se cita como fundamento de la decisión precedente, y en pos de una justificación constitucional de la movilidad establecida en la ley jubilatoria provincial no puede en modo alguno considerarse aplicable al caso. Las situaciones a evaluar no son idénticas porque los ordenamientos constitucionales tampoco lo son." (Ac. 378/96).

En definitiva, el precepto es claro y fija un piso insoslayable para el legislador, en tanto determina la proporción infranqueable del 80% en relación al sueldo que percibe el trabajador al momento de cesar su actividad para acogerse al beneficio jubilatorio, proporción que en orden a la movilidad que el mismo precepto establece, debe mantenerse a lo largo de su vida en pasividad, constituyendo una precisa instrucción al legislador, de instrumentar un sistema normativo acorde a dichas directivas.

A la luz de las consideraciones expuestas, emerge con meridiana claridad, que la manda prevista en el artículo 38 inc. c) de la Constitución Provincial es netamente operativa, debiendo la legislación y las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, reflejar y garantizar la proporcionalidad que tal manda constitucional terminantemente garantiza.

Proporcionalidad que deberá estar presente en los dos momentos a que aludiera en el principio: determinación inicial y movilidad posterior.

En este contexto constitucional, entonces, corresponderá abordar el planteo concreto traído a resolución.

XI.- La actora pretende se condene al ISSN a que -tal como se obligó en el acuerdo suscripto en sede administrativa- incorpore a su haber jubilatorio el 80 % correspondiente a los rubros "no remunerativos" que los empleados bancarios en actividad percibieron, desde abril de 2006 y 2007, como también los que reciban en el futuro.

Por su parte, el ISSN reconoce que dio cumplimiento al acuerdo alcanzado en sede administrativa, el cual comprendió las diferencias resultantes de la aplicación del art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial, entre el 19/05/2003 y hasta el mes de abril de 2006 inclusive.

En lo que respecta a la incorporación pretendida por la actora del 80% de las sumas no remunerativas otorgadas al personal en actividad, afirma que, ello no corresponde en tanto, por tales sumas, no se han efectuado aportes y contribuciones.	Dicho ello, la cuestión a resolver queda circunscripta en punto al cómputo de los adicionales "no remunerativos" para el cálculo del haber previsional. XII.- Ahora bien, en función de las consideraciones efectuadas en punto al cómputo de los adicionales "no remunerativos, no bonificables" para el cálculo del haber previsional, debo una vez más, referirme a esta perniciosa práctica existente tanto en el ámbito privado como público o estatal, tendiente a reducir el también mentado "costo laboral" y, cuyo primer objetivo era y es, eludir los aportes fiscales o previsionales que, necesariamente, debieran de tener en mérito a tratarse efectivamente de remuneraciones.

No comparto la postura de quienes sostienen, que una norma legal puede privarlos del carácter remuneratorio con las consabidas denominaciones, ya que no me cabe duda alguna y sobre ello estoy totalmente convencido, que lo que debe rastrearse es en su naturaleza jurídica y así ".si la remuneración es contraprestación debida al trabajador, empleado o funcionario con la consecuencia efectiva del ingreso a su patrimonio", no serán remunerativas, a contrario sensu, las prestaciones que no reúnan uno o los tres elementos citados y no por lo que disponga una norma legal, y que al decir del eximio catedrático de la U.B.A. Dr. HECTOR RECALDE "no sería otra cosa más que una simulación ilícita de llamar -no remuneratorio- a lo que es remuneratorio".

En este sentido, la CSJN ha señalado en la causa "Bilotte Eduardo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal militar y civil de las FFAA y de seguridad" de fecha 15 de noviembre de 2005, descalificando determinados Decretos, que "Esas normas se relacionan todas entre sí, en cuanto crean "suplementos" que califican como no integrados al sueldo, y definen como no bonificables, no remunerativos, no computables para la jubilación, no integrando el haber, y le adjetivan una falsa excepcionalidad. Esta falsedad ideológica es el meollo del debate, pues chocan con leyes que dicen lo contrario. Se impugna pues, como mentiroso el "dibujo" conceptual creado por el legislador y por el poder reglamentario para disfrazar los hechos, dándole una apariencia distinta de lo que en realidad son" (conf. art. doctrina "Sobre los "adicionales no remunerativos" en la Jurisprudencia de la Corte Suprema" -nota al fallo "Bilotte"- por Roberto Antonio Punte, publicada en elDial.com - Biblioteca Jurídica Online; Idem: "Oriolo, Jorge Humberto y otros c/ Estado Nacional -M. de Justicia Seguridad y DDHH", CS 10/05/2010).

Y, tal como lo señalara en otras oportunidades, cabe acotar, que "la circunstancia que en los hechos no se hayan efectuado aportes esto no quiere decir,. que no debieran hacerse. Pues, de lo contrario la norma estaría condicionada a la voluntad de la empleadora, con el sólo hecho de no cumplir con las retenciones y efectuar las contribuciones patronales que se encuentran a su cargo" (Ac. 1590/09).

Lo preocupante es que "A pesar de esta reiterada jurisprudencia de la Corte Nacional, el legislativo y el ejecutivo continúan con la práctica autodefraudatoria de simular que parte del sueldo no es sueldo. Y esto para "ahorrar" en sus propios aportes previsionales, incurriendo en claro desfinanciamiento del sistema previsional y en una marcada irrazonabilidad respecto de lo que exigen del resto de los empleadores del país. Y todo esto dando lugar a miles de innecesarios y evitables juicios". "Al respecto cabe recordar el fallo de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social del 16-12-99, en donde se expresa que "el fuero de la Seguridad Social se halla de hogaño al borde del colapso como consecuencia de una irrefrenable litigiosidad que reconoce su principal causa en el pertinaz incumplimiento por parte del Estado de sus propias leyes y de la doctrina del más Alto Tribunal de la Nación, que el órgano de aplicación soslaya permanentemente, obligando a los afectados a recurrir a la atestada justicia previsional de primera instancia." (E.D. 19 -5- 2000).

"En definitiva, si realmente se quiere aliviar el sistema judicial de una sobrecarga indebida, lo lógico es empezar por corregir las leyes que han demostrado ser inviables por inconstitucionalidad o irrazonabilidad, ya sea derogándolas, ya sea sustituyéndolas por otras acordes a la realidad" (conf. Roberto Antonio Punte, op. cit.).

Sobre la base de estas consideraciones y de las que en extenso he expuesto en anteriores oportunidades (a las que me remito en honor a la brevedad; ver entre otros, Ac. 1639/09, 40/10 y 45/2010) debo manifestar mi preocupación por estas prácticas que distorsionan y provocan un serio impacto negativo en el sistema jubilatorio y, en consecuencia, exhortar a las autoridades competentes a erradicarlas.

Conforme se ha resuelto recientemente en los Acuerdos Nº 40/2010 "Fuentealba" y Nº 45/2010 "Addy", a los que me remito, asiste razón a la actora en cuanto a la procedencia de la inclusión de las sumas no remunerativas que percibe el personal activo de acuerdo a su categoría cuando las mismas tienen carácter de habituales y regulares.

Por tanto, corresponde analizar la cuestión desde la proporcionalidad garantizada constitucionalmente.

XIII.- Hasta aquí, en función de los desarrollos efectuados, ha quedado establecido el derecho que le asiste a la actora a percibir en concepto de jubilación el 80% de lo que percibe el trabajador activo, debiendo considerarse para el cálculo de tal porcentaje las sumas no remunerativas percibidas por los activos, y que el reconocimiento comprende a los períodos no prescriptos (dos años anteriores a la interposición del reclamo) en que exista diferencia a favor del actor por no haberse respetado el referido piso.

En consecuencia, resta considerar si la lesión a tales derechos, denunciada por el actor, ha sido efectivamente acreditada.

En este punto, la prueba determinante radica en la pericial contable obrante a fs. 83/90; la misma incluye, en lo que aquí importa, un anexo III, mediante el cual se consideran -de acuerdo a la columna tercera del informe-, para la determinación de las diferencias resultantes -confirmadas en la columna octava-, las sumas no remunerativas percibidas por los activos.

Más aún, si se coteja el informe pericial mencionado, con la planilla obrante a fs. 44/46, acompañada por la propia accionada, surge claro que los cálculos comparativos entre el 80% móvil exigido por el art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial y el haber jubilatorio percibido por el actor, en el período reclamado, lo han sido considerando solo los conceptos remunerativos. Asimismo, la contestación del oficio librado al BPN obrante a fs. 81, que da cuenta de la categoría y zona que detentaba el actor al momento de obtener el beneficio jubilatorio, como también el salario que percibe un activo en tal categoría, discriminada entre aquellos montos que son remunerativos de los que no lo son.

Del cotejo de tales constancias se advierte que, efectivamente, en algunos períodos los haberes abonados a la actora no han alcanzado el piso del 80%, incluyéndose a tal fin los conceptos no remunerativos percibidos por los trabajadores activos, para idéntica categoría en la cual oportunamente se desempeñara el actor.

Hasta aquí, debe tenerse por acreditado el perjuicio en relación a los períodos posteriores a la interposición de la demanda y los retroactivos reclamados, desde el mes de abril de 2006 que, según surge del informe pericial, están por debajo del mínimo.

No obstante, teniendo en consideración la pretensión actoral y, que la pericia comprende hasta el mes de marzo de 2009, en relación a los períodos posteriores a dicha fecha y dado que el daño aquí reclamado tiene connotación de ser sucesivo y la duración del proceso incide para que se desarrolle enteramente, acreditado con determinado y serio grado de verosimilitud y probabilidad su acaecimiento, corresponde su reconocimiento y el diferimiento en su tratamiento para la etapa de ejecución de sentencia.

Las sumas resultantes de la pericia y las que se determinarán, en su caso, en la etapa de ejecución de sentencia por los períodos posteriores, devengarán intereses, los que se calcularán, desde que cada suma es debida y hasta el 01/01/2008, a la tasa promedio entre la activa y pasiva del Banco de la Provincia del Neuquén. Desde dicha fecha y hasta su efectivo pago, a la tasa activa (cfr. fundamentos acordados in re "Alocilla" Ac. 1590/09).

Por tanto, respecto a los períodos pretendidos -desde abril de 2006- en los cuales, de acuerdo a lo informado por el perito, existen diferencias a favor de la actora y, en los posteriores, que se determinen en la etapa de ejecución, corresponde -por los fundamentos expuestos en los considerando precedentes en relación a la garantía establecida en el art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial- hacer lugar al pretendido reajuste en los períodos en que se haya vulnerado la garantía del 80%, -incluyendo a tal fin los conceptos "no remunerativos" percibidos por los activos-, que ampara a los jubilados.

XIV.- En mérito a las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda, con el alcance establecido en los considerandos anteriores, con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 L. 1305). TAL MI VOTO El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero a las consideraciones efectuadas por el Dr. Massei por lo que emito mi voto en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Señor Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada por el señor Miguel Ángel Cabezas contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN y, en consecuencia, ordenar a este último la readecuación del haber de la actora de manera que represente el 80% de lo que perciben los activos, incluyendo los concepto no remunerativos percibidos por aquellos, y condenar al ISSN al pago de las diferencias retroactivas que se adeudaren por los períodos comprendidos desde abril de 2006, las que serán determinadas en la etapa de ejecución de sentencia, con más los intereses establecidos en el considerando XIII; 2°) Imponer las costas a cargo de la demandada (art. 68 del CPCC); 3°) Diferir la regulación de honorarios para cuando se cuente con pautas a tal efecto; 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. OSCAR E. MASSEI DRA. CECILIA PAMPHILE - Secretaria