marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, reclamo administrativo previo, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ZARZA, HORACIO FABIAN c/ ESTADO NACIONAL (FUERZA AEREA ARGENTINA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-15

No siendo necesario el reclamo administrativo previo para promover la acción judicial en asuntos de la naturaleza del presente, la presentación de fs. 14 del expediente administrativo (que corre por separado) no interrumpió el curso de la prescripción, resultando por ese mismo motivo inatendibles las consideraciones que vierte la actora en el sentido de que se halló imposibilitada de promover este proceso hasta tanto no recayera pronunciamiento en aquel expediente.
Medidas cautelares, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Comisión Provincial por la Memoria y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ pretensión anulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Corresponde suspender la ordenanza municipal que establece el Paseo del Bosque como única zona autorizada para la oferta de servicios sexuales retribuidos, toda vez que luce irrazonable establecer una fecha a partir de la cual se considerará el espacio determinado en el decreto como el único autorizado antes de asegurar la existencia de condiciones de seguridad, infraestructura, luminaria, etc. tal y como se instruye en el conjunto normativo cuestionado, pues ese acondicionamiento debería aparecer como una condición para el traspaso de la denominada zona roja y si bien el municipio afirma en su informe que tal reacondicionamiento se hizo no informa cuándo se hizo, ni aporta una prueba mínima sobre ello, de manera que se somete a las personas representadas a la disyuntiva de seguir ejerciendo en la zona roja como hasta ahora, bajo riesgo de detenciones y sanciones por violar el código de convivencia ciudadana o hacerlo en la nueva zona establecida sin que estén dadas las condiciones del espacio público para ello.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

Al no haberse sancionado la ley que reclama el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional, no puede cumplirse con la denominada "subetapa" legislativa prevista por la norma, lo cual determina la imposibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar decretos de necesidad y urgencia (Disidencia del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Responsabilidad penal, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Echeverri, Gustavo Raúl s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-07-03

La declaración acerca de la intervención que a un imputado le cupo en un hecho, debe ser el fruto de un juicio de certeza cumplido por el Tribunal de mérito, según las reglas de la sana crítica racional.

(Fundamento del Dr. Carlos Ontiveros)
Recurso de casación, nulidad procesal, jueces, subrogancia del juez
Materia: Procesal
Carátula: Compañía Financiera S.A. c/ AZZI, Sara Estela s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-12-11

La intervención del Juez firmando actos procesales que no son de mero trámite como Juez de primera instancia después de haberse inhibido por haber actuado como Juez de Cámara conforma un vicio de tal magnitud que priva de idoneidad a los actos procesales dictados por él por afectar la organización judicial y el debido proceso legal.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, suspensión de la pena contravencional, agravio concreto, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Pablo José s/ infr. Arts. 40 y 41 (ley 10) 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

No surge del recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido expreso y fundado de que se suspenda el trámite del proceso -en el caso, la ejecución de la sentencia-, y el silencio en torno a ello por parte del único órgano competente -Tribunal Superior- inhabilita quitar a la sentencia efectos propios de acuerdo a la ley -ejecutoriedad-.

En definitiva, la explicitación de los motivos por los cuales correspondería suspender su ejecución debe ser brindada ante la instancia jurisdiccional habilitada a tal fin, esto es, aquella que decidirá el destino del recurso de queja por inconstitucionalidad denegado, por ser el órgano competente para apartarse del principio general legislado en el artículo 33 de la Ley Nro. 402. No encuentra cabida entonces, la pretensión de que una instancia inferior sin competencia para ello, decida la cuestión requerida por el accionante.
Cuestión federal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzoratte, Lorenzo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-07-28

Aunque por la vía excepcional del amparo no puedan obviarse las debidas instancias ordinarias, administrativas o judiciales, y traer cualquier cuestión litigiosa a conocimiento de la Corte, debe entenderse que siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios mencionados, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo.
Acta de secuestro, firma de testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PONCE, CARLOS s/ PRUEBA - ACTA DE SECUESTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-28

Es válida el acta de secuestro, aunque esté rubricada por un sólo testigo, si sus formalidades extrínsecas no contravienen lo normado en las disposiciones legales que rigen la materia, cuyas exigencias deberán cumplimentarse en la medida de lo posible y según las circunstancias, sin demandar un ciego rigor formal que sustituya lo principal por lo accesorio ocultando la verdad substancial tras la fachada de fórmulas meramente ritualistas, pervirtiendo así el sentido de los procedimientos regulados por la ley adjetiva, en miras a salvaguardar los derechos de las partes más no a convertir el juicio penal en obsecuente servidor del rito.

Exigirle a quien niega la tenencia de bienes robados suscribir el acta que documenta la tenencia o incautación de esos bienes podría configurar forzamiento de su voluntad, inadmisible en el proceso legal.
Caducidad de instancia, segunda instancia, sentencia, notificación, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAYNE DE LLERMANOS R.V. c/ PONCE LUIS E. s/ NULIDAD DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

La segunda instancia no se considera abierta mientras la sentencia recurrida no se encuentra notificada a todas las partes interesadas. En consecuencia, el plazo a que alude el art. 310, inc.

2 del Código Procesal comienza a correr una vez que el pronunciamiento es notificado a todas ellas, aún cuando alguna ya se le hubiera concedido el recurso de apelación.
Inadmisibilidad del recurso, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba, lesiones leves, lesiones culposas, calificación legal, juicio oral, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Abadi, Emilio Daniel y otra s/ lesiones leves culposas c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

No cabe atender la pretensión defensista que calificó de infundada o arbitraria la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba formulado en la audiencia celebrada en los términos del art. 293 CPPN, al considerar los dichos de la asesora de menores, que explicó que el carácter grave/gravísimo de las consecuencias para la damnificada y su grupo familiar de la conducta reprochada a los imputados, destacando que podría estarse ante una calificación distinta y más gravosa del hecho reprochado, por lo que resultaba necesario ventilarlo en un debate oral y público. Ello, en la medida en que no se ha logrado rebatir suficientemente tales argumentos, vinculados con la gravedad que posee la plataforma fáctica descripta en la causa, y que sustentaron la citada oposición. A todo lo cual debe agregarse el carácter vinculante que tiene para la jurisdicción la oposición fundada a la concesión del instituto aquí tratado, en atención a la titularidad de la acción penal que ejerce en el caso (art. 5, CPPN), que no puede ser afectada cuando se manifiesta de forma motivada su voluntad de continuar ejerciéndola (voto del juez Huarte Petite).
Medidas cautelares, patrocinio letrado, abogados, relación con el cliente, ejercicio profesional, incompatibilidad de ejercicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CERNUSCHI VICENTE ANGEL s/ SUCESORIO AB-INTESTATO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-22

La promoción de una demanda cautelar entablada por un letrado en contra de su cliente durante la tramitación del proceso en el que ejerce su defensa, significa la constitución de un pleito. Si un abogado entra en juicio con su defendido o representado, en razón de ese conflicto debe apartarse de su defensa a fin de evitar amparar intereses contrapuestos, cosa que resultaría poco menos que imposible. Si tal hipótesis llegara a ocurrir, el justiciable quedaría en estado de indefensión, ya que el peticionante de la medida no podrá aconsejarla en contra de sus propios intereses y mucho menos recurrir, en nombre del afectado, la medida que peticionó por derecho propio. Por otra parte y conforme lo determinan las normas procesales, las medidas cautelares pedidas por el abogado en contra de su cliente deben notificarse al afectado en su domicilio real habida cuenta que si la traba de la medida se notificara en el domicilio especial constituido en el estudio del representante que pidió la medida, se impediría con ello que el afectado tome conocimiento de la cautelar dispuesta, evitándose así que pueda ejercer su defensa. Pero aún cuando la medida pudiera notificarse al afectado de otra manera, éste requerirá siempre del asesoramiento profesional para la consulta y eventualmente para su defensa respecto de esas medidas, y ese asesoramiento no puede ser brindado por la contraparte del afectado. Esta es una incompatibilidad de orden público.
Estado de sitio, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO
Carátula: Timerman, Jacobo s/ recurso de habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-20

Durante el estado de sitio el Poder Ejecutivo tiene la obligación y la responsabilidad de ejercer, en cada caso, fundada y razonablemente, los poderes que le confiere el art. 23 de la Constitución Nacional, y el Poder Judicial inviste el control jurisdiccional sobre la aplicación concreta de tales poderes.
Privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Tapia, Ernesto Gabriel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Los gastos de justicia mencionados en la norma del artículo 3879 del código civil son una preferencia de carácter especialísimo que los sitúa por encima de todo privilegio, con tal que hayan sido útiles frente al acreedor a quien se oponga. La ley no hace referencia al proceso dentro del cual se realicen, de modo que el privilegio puede invocarse siempre que se haya liquidado un bien y de esa liquidación resulte un beneficio para uno o varios acreedores.
Defensa en juicio, control de constitucionalidad, juicio de apremio
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ FERNÁNDEZ CRIADO MARTÍN ALEJANDRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-03

Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta a la ejecución de títulos ejecutivos al entender que las obligaciones objeto del presente apremio no se encuentran comprendidas en el art. 48 de la ley 12.397, pues luego de advertir que el excepcionante planteó la inconstitucionalidad de la norma mencionada, debe concluirse que el fallo ha sido prematuro, es que, previo a dictarse sentencia definitiva deberá sustanciarse el planteo de inconstitucionalidad y resolverse al respecto, para así luego, arribar a un pronunciamiento acorde a las postulaciones ensayadas por los litigantes, respetando la garantía de defensa en juicio y el principio de contradicción o bilateralidad.
Recurso de casación civil, caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez Karina Elizabeth c/ Dutto Oscar Héctor s/ Cobro de Dólares Estadounidenses - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-27

Debe hacerse lugar al incidente de caducidad ya que el último acto de impulso efectuado en la causa lo constituye la sentencia mediante la cual se declara admisible el recurso de casación planteado por la demandada, la que fue publicada al día siguiente. Es a partir de dicho acto, y hasta la presentación del incidentista, que puede advertirse que no existe actuación alguna tendiente a activar tal procedimiento, habiendo pues, vencido con exceso el término fijado por la Ley Procesal en su art. 314, inc. 2º. Máxime, en un proceso civil, que rige el principio dispositivo, que pone en cabeza de la parte -en el caso, la demandada recurrente -, el deber de impulsar el procedimiento, no siendo posible pretender que el órgano jurisdiccional sustituya a los interesados, supliendo la inactividad de la misma en su tarea de dar trámite a la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Contrato de trabajo, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N°10287 VILLEGAS, ALEJANDRO IVAN c/ DISCO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-06-03

La justa causa o injuria es un motivo legal de denuncia consistente en el incumplimiento de deberes contractuales propios de la relación de trabajo. Resulta esencial para determinar la gravedad de la injuria, la existencia de una violación (grave) de un deber contractual de prestación o de conducta.
Recurso de queja (procesal), pronto despacho
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba Bachur, R. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-27

Al efectuarse a constatación de que en los autos se excedieron ampliamente los términos ordenatorios que, para la instrucción sumaria, prevén los artículos 355 y 356 del Código Procesal Penal, debe repararse en la circunstancia de que la causa sub examen, además de revestir una complejidad inusual en la recolección de la prueba, dadas sus características eminentemente técnicas, ha demandado un esfuerzo adicional en la correlación de los elementos de convicción y en la determinación de responsabilidades derivadas de los hechos que se tuvieron por probados. Si bien el tribunal instructor no se expidió en el término legal tras el pedido de pronto despacho, el margen en que fue excedido dicho plazo no puede considerarse relevante a los fines del ejercicio de las facultades de superintendencia de esta Corte.
Libertad de cultos, educación religiosa
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO, CARINA VIVIANA; REBULLIDA CARRIQUE, MARÍA LAURA; ALANIZ, MARÍA SOCORRO DEL MILAGRO; FERNÁNDEZ, ADRIANA MARIEL: FERNÁNDEZ GÓMEZ, NANCY; GLIK, ALEJANDRA; SIMÓN, MARÍA NATALIA; VILLAREAL CANTIZANA, CLAUDIA SUSANA; LEONARD, ANDREA MARIANA; ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) c/ PROVINCIA DE SALTA; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROV. DE SALTA s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-12

La decisión de no impartir la enseñanza católica en las escuelas públicas perjudicaría a los niños de sectores carentes de recursos, que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven en lugares alejados de los centros urbanos, y cuyos padres, muchas veces por razones laborales, no tienen posibilidades de instruirlos en la religión.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, procedencia del recurso, aplicación de la ley, procesos de ejecución
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán Aseguradora de Riegos del Trabajo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede confirmar la resolución que rechazó la defensa de incompetencia incoada por la accionada. Ello por cuanto, en el caso, la deuda que se pretende ejecutar se encuentra instrumentada mediante certificado de deuda, conforme lo establecido por la ley 24557: 46 ap. 3. El citado artículo establece que para el cobro de cuotas, recargo e intereses adeudados a las ART, multas y otros conceptos allí descriptos se podrá optar en la Capital Federal por la justicia nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia en lo civil o comercial. En ese orden de ideas, resulta dirimente que la diligencia del mandamiento de ejecución de pago y citación de remate se llevó a cabo en una sucursal de la demandada recurrente, sita en esta Ciudad y fue debidamente diligenciado. En consecuencia con ello resulta procedente la intervención del juzgado de grado, en esta ejecución. También se impone resaltar, que el lugar de pago de la obligación, esto es, la cuenta del fondo de garantía creado por la ley 24557: 33 donde se depositan la totalidad de las multas impuestas a las aseguradoras de riesgos de trabajo, se encuentra localizada en esta Ciudad, por lo que esta Sala ya ha sostenido que a resultas del domicilio de pago fijado en esta jurisdicción: las acciones de este tipo quedarán radicadas por ante el fuero comercial (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Superintendencia de Riesgos de Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ ejecutivo" del 17/8/17).
Prescripción, ley provincial, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Margarita Sofía y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

Al no existir normas de derecho público local que regulen la prescripción de las acciones tendientes a efectivizar la responsabilidad extracontractual del estado por actividad ilícita, debe aplicarse en forma analógica el plazo bienal previsto en el art. 4037 del CC, referido a la responsabilidad civil extracontractual, máxime tratándose de un caso de mala praxis médica, materia relacionada con el derecho privado. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, Colegio Público de Abogados, potestad disciplinaria, abogados, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R. Y P., J. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA). DENUNCIA FORMULADA  POR LOS COLEGIADOS DRES. IGNACIO FLORENTINO LOZA Y EUGENIA VICTORIA  DELPORTE (CSJ EXPTE Nº 317-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

El recurso de inconstitucionalidad regulado en la Ley 7055 -dado su limitado alcance- no permite efectuar plenamente el "control judicial suficiente" de la sanción de apercibimiento público impuesta al recurrente por el Colegio de Abogados, conforme lo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que "la mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie deben tenerse por imperativas". Sin embargo, no habiendo sido cuestionado en autos ese limitado alcance, obliga a reiterar la admisibilidad del control judicial por la vía de la Ley 7055, y con esa base, analizar las imputaciones de arbitrariedad hechas a la sanción impugnada.
Actividad normal y específica propia del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: BANCARIO-PROCESAL
Carátula: Vallejo, Alejandra c/ Banco Río de la Plata SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Toda vez que la eficiencia y seguridad diaria del servicio del sistema bancario se fundamenta en un adecuado funcionamiento de la red informática de cada institución financiera, resulta suficientemente claro que las funciones de soporte y mantenimiento técnico informático prestadas por el actor enj el ámbito del Banco Río de la Plata SA constituyen una actividad inescindible, normal y específica propia de esta última.
Concursos, honorarios, revisión del contrato, acuerdos preconcursales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Prifamon SAIC c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-15

Corresponde admitir el planteo de la sindicatura incoado contra la resolución que fijó sus emolumentos, en tanto considera que el tope del 1% del activo previsto en la LCQ 266 ya no se encuentra vigente. En efecto, la situación general de emergencia prevista por la ley 25561:1 - emergencia, social, económica, administrativa, financiera y cambiaria- fue prorrogada sucesivamente por las leyes 25589, 25972, 26077, 26204, 26339, 26456, 26563 y 26729. En lo que aquí interesa, el art. 14 de la ley 25563 introdujo a la ley 24522: 266 las modificaciones de que se trata, y ha dispuesto la emergencia productiva y crediticia hasta el 10.12.03. Dicha situación fue reconocida y contemplada en las leyes de prórroga 25589 y 25972 -hasta el 31.12.05-, con diversos alcances en el punto.

Sin embargo, la emergencia productiva y crediticia no se halla prorrogada en las leyes 26.077 y 26.204, por lo cual, al presente, la emergencia regulada en la ley 25.563 no permanece vigente (conf. CNCom, Sala A, in re: "Supercanal SA s/ concurso preventivo" del 7/10/14; in re: "Unipack SA s/ concurso preventivo", del 23/3/09). Así, el tope del 1% del activo no se encuentra actualmente vigente (en igual sentido: CNCom, Sala B in re "Argenova SA s/ concurso preventivo", del 27/3/17).