Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-01


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 1 días del mes de noviembre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "R., J. s/ Homicidio r/ Víctima s/ Impugnación" (Expediente Nº 22.238 - Fº 28 - Año 2011).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado a fojas 448: Panizzi, Pfleger y Pasutti.

El juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. La Cámara en lo Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, mediante sentencia registrada bajo el número 29 del año 2010, confirmó la condena de C. F. M. a la pena de dieciocho años de prisión por el delito de robo con resultado de homicidio (artículo 165 del código sustantivo).

II. Los hechos expuestos en la acusación del Ministerio Fiscal consisten en que el día veintiocho de diciembre de 2008, el imputado C. F. M., en horas de la madrugada tomó contacto con la víctima, J. E. R., en un lugar de la ciudad que no pudo determinarse. En esa oportunidad, con la finalidad de apoderarse de su automóvil marca VW GOL dominio XXX-*** y otras pertenencias, obligó a la víctima a trasladarse (a bordo de su vehículo) hacia la zona descampada denominada Cantera Lebon, ubicada aproximadamente a diez kilómetros hacia el noroeste de la Seccional Quinta de Policía. Allí atacó a R. con un elemento punzo cortante, en el cuello, provocando el óbito por shock hipovolémico. Luego abandonó el cadáver en la zona de la cantera, cubriéndolo con dos marcos de metal y otros elementos que encontró, pastos, yuyos y dos asientos de automóvil. Inmediatamente, abandonó el lugar a bordo del rodado, llevándose consigo elementos personales de la víctima, una riñonera de color negro, con letras verdes y azules, una llave, documentación del rodado en una billetera negra, con letras amarillas, dinero en efectivo y demás documentación personal. Más tarde, se trasladó en el rodado hasta la ciudad de Caleta Olivia y, posteriormente, a la de Pico Truncado donde vendió el vehículo a P. R. por la suma de PESOS CINCO MIL, firmando un contrato de compraventa.

III. En las hojas 399/414 y vuelta está el escrito en el que el doctor Eduardo Marcelo Cerdá, defensor público del imputado, objetó ese fallo.

Señaló que en la valoración probatoria el a quo había desconocido los principios de la sana crítica racional y tildó de arbitrario el resolutorio.

Luego de pasar revista de los antecedentes de la causa, expuso los fundamentos de sus agravios.

Expresó que, a la luz de la prueba recolectada, resultaba imposible corroborar el contacto entre M. y R. y, mucho menos, establecer la presencia del imputado en el lugar donde apareció el cuerpo de la víctima.

Apuntó que sólo se había comprobado la sustracción del automotor y pertenencias de R. -lo que fue expresamente reconocido por su defendido.

Señaló que, en el fallo, no se habían determinado las circunstancias en las que se produjo la muerte del preceptor, ni tampoco que se hubiera producido en horas de la madrugada, como afirmaba la acusación.

A continuación, expuso que no existían indicios que permitieran inferir que M. había estado en el lugar donde apareció el cuerpo de la víctima.

Cuestionó que el a quo tuviera por probado que el supuesto encuentro entre R. y el incuso se hubiera producido después de las 7,30 horas de la mañana. En ese sentido, se preguntó cómo podría haber hecho M. para luego de esa hora, encontrarse con la víctima, agredirla con un elemento cortante en la zona del cuello, provocarle una hemorragia aguda, trasladarla a la cantera ubicada a 14 kilómetros del centro de la ciudad, ocultar el cuerpo y regresar a su domicilio a las 8,00 horas.

Adujo que la cuestión planteada debía ceñirse a medidas precisas de distancia y tiempo. En función de ello, consideró que el descargo de M., en el sentido de que se había encontrado el auto de la víctima sin ocupantes, a las ocho menos cuarto, aproximadamente, se correspondía con aquellos parámetros, toda vez que -explicó- el tramo existente desde el lugar donde aseguró haber hallado el vehículo (calle Gaboto al ****) hasta el domicilio de su concubina, en San M.n al ****, era posible realizarlo en diez minutos.

En otro tramo de su argumentación, manifestó que el lugar donde se había producido la lesión tampoco estaba acreditado.

En esa dirección, alegó que el a quo había desconocido prueba decisiva para la solución del caso.

Reflexionó que si se suponía que la lesión que dio muerte al preceptor fue un corte a la altura del cuello; que se produjo en un lugar distinto al indicado por el acusador público; y que el cuerpo fue trasladado en el automóvil hacia la cantera; quedaba sin sustento ni explicación posible, la ausencia de manchas de sangre en el vehículo.

En otro orden, apuntó que en el lugar del hallazgo del cuerpo, se encontraron dos rastros de pisadas de neumáticos, de los cuales uno tenía similitud de diseño con los rodamientos del vehículo de R..

Dedujo entonces que la víctima debió ser trasladada en otro automóvil al lugar en el que fue hallada, explicando de ese modo, la inexistencia de manchas de sangre en el auto de la víctima y corroborando que a R. lo dejó en el lugar más de una persona, habida cuenta de la ausencia de marcas de arrastre.

Destacó que, con el cuadro probatorio recolectado, quedaba comprobado que la muerte de R. ocurrió en un lugar distinto al que indicaba la acusación.

Expuso los requisitos que debía cumplir una hipótesis acusatoria para ser considerada válida e insistió en que no había prueba certera para responsabilizar a su defendido por la muerte del preceptor.

En otro apartado de su impugnación, cuestionó que el a quo hubiera apelado al testimonio de R. A. D. para despejar las dudas y debilidades probatorias referidas a la culpabilidad de M..

Alegó que la declaración de la nombrada estaba cargada de mendacidad. Explicó que al incriminar al atribuido con la muerte del preceptor, la testigo se alejaba de la posibilidad de ser inculpada por encubrimiento agravado (artículo 277, inciso 3º, "a" del Código Penal) y se eximía de la segura imputación por encubrimiento leve (ibídem, artículo 277, inciso 1º).

Explicó las contradicciones exhibidas en el testimonio de A. D.. Dijo que ella, en un primer momento, previno que de haber sabido que M. hubiera matado a una persona, lo habría echado inmediatamente. Sin embargo -apuntó el defensor- también contó que el imputado le había manifestado que se había encontrado una presa fácil, que lo había golpeado hasta desmayarlo y que la persona había fallecido en el hospital.

A su vez, destacó que los dichos de la declarante, en el sentido de que M. había llegado el día del hecho asustado, temblando y con la cara rasguñada, se oponían a las manifestaciones de los testigos J. J. y P. V. R., quienes revelaron no haber notado nada extraño en la ropa ni en la cara del encartado.

En conclusión, adujo que las contradicciones reseñadas y las mendacidades comprobadas impedían catalogar de fehacientes o indiscutidos los datos aportados por A. D..

También subrayó que el cuadro probatorio analizado no permitía alcanzar la certeza indispensable para destruir la presunción de inocencia de su defendido e inexorablemente, derivaba en su absolución.

A renglón seguido, alegó que no se habían probado circunstancias esenciales de la acusación, ni evaluado hipótesis alternativas que demostraban la inocencia de M..

Descalificó la sentencia dictada por cuanto entendió que había sido construida sólo bajo la apariencia de una decisión fundada.

En el final, hizo reserva de acudir eventualmente por ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y formuló petitorio de estilo.

IV. En ocasión de emitir mi voto en la causa "T., I. s/ Homicidio en ocasión de robo r/ víctima - Tw. s/ Impugnación" (Sentencia Nº 34 del año 2011, del 14/06/2011) me expedí acerca la competencia del Superior Tribunal de Justicia en la consulta, a cuyos fundamentos remito (artículo 179, 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut).

La Corte Suprema de Justicia determinó que, una vez satisfecho el requisito de la revisión por un tribunal de instancia superior, mediante el recurso de casación entendido en sentido amplio, el Máximo Tribunal -la Corte- se reserva sólo la función de corregir los casos en que resulte una arbitrariedad intolerable al principio republicano de gobierno (Fallos: 328:3399).

La competencia del Superior Tribunal de Justicia, entonces, queda demarcada a garantizar que el tribunal competente para someter a un nuevo examen la sentencia de grado, haya agotado su capacidad revisora, es decir, la doble aquiescencia judicial. Con ello se garantiza el derecho al recurso del imputado -la doble conformidad.

En resolución, la competencia del Superior Tribunal de Justicia en la consulta se delimita a garantizar dos cosas: por un lado, que se haya cumplido la doble conformidad del fallo condenatorio con una revisión integral (a cargo de otro tribunal) y sin distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho. Por otro lado, que la sentencia de revisión no fuera dictada arbitrariamente, sin fundamentos que la doten de legitimidad.

V. En el caso, la Cámara en lo Penal, por mayoría, confirmó la valoración que el tribunal de mérito hizo del hecho y de la prueba.

La impugnación extraordinaria a favor del imputado, fue planteada, con destreza, por el defensor público, doctor Cerdá. Así lo reseñé en el punto III de este pronunciamiento. Esencialmente, se basó en que la sentencia del juicio fue dictada con "ausencia total de prueba acerca de las circunstancias en que produjo la muerte del señor J. E. R.". Sin embargo, eso no fue lo que pudieron corroborar los camaristas.

Temo que la defensa no acierta al hablar de "ausencia total de prueba".

El tribunal mencionado (por mayoría) produjo la aprobación judicial duplicada de la condena, para lo cual, valoró todo el material probatorio producido en el debate y analizó cada uno de los puntos de agravio propuestos por la defensa.

El doctor Pintos (magistrado que lideró el acuerdo), al contrario de lo que afirmó la defensa a favor de su propósito, juzgó que "... tal como lo exponen los jueces del debate en el decisorio, son plurales los elementos de juicio acreditados con certeza en el caso, tanto por medio de prueba directa, como también a través de inferencias regidas por las máximas de la experiencia y otras vías de razonamiento inductivo".

Los pronunciadores del voto de la mayoría de la Cámara analizaron pormenorizadamente cada una de las pruebas empleadas por los juzgadores del juicio oral y el modo en que éstos llegaron a la condena, reflexionando que su conclusión era la jurídicamente correcta.

Según la sentencia recurrida, "... el Tribunal Aquo ha analizado exhaustivamente la prueba indiciaria cuestionada por la parte recurrente, en su globalidad y sin apartarse de las reglas del correcto entendimiento humano... ha individualizado claramente los elementos de convicción que extrajo de las piezas puestas a consideración con los extremos subjetivo y objetivo de la imputación delictiva, como resultado de una integral ponderación que les permitieron fundar, en el caso, la conclusión asertiva sobre la participación de M. (en el homicidio de J. R.). Tal cometido, además, se ha cumplido contraponiéndolos con la posición exculpatoria asumida por el nombrado, procedimiento del cual fluye inequívocamente su intervención en el evento." (del voto de doctora Pettinari, hoja 389).

Así se comprobó que la muerte de la víctima fue el resultado ocurrido en ocasión del robo y la responsabilidad penal del imputado en esos hechos.

VI. Los testimonios de E. R. y A. D. cuentan con verosimilitud. Sus dichos, están respaldados por ser concordantes entre sí y con las demás pruebas que fueron tenidas en cuenta.

La declaración de ella acrecienta su valor por la del testigo C. A. I.. Y, al mismo tiempo, se corresponde (como quedó dicho) con la de E. R., respaldada, a su vez, por el testimonio de R. C. M..

Además, estas dos declaraciones dan cuenta de hechos que fueron percibidos por los testigos y permitieron arribar a la certeza de la autoría. R. vio la foto que le mostró el imputado en la Terminal de Ómnibus, cuando se atribuyó el homicidio. A. D. percibió por sí misma el teléfono portátil de la víctima, sus fotos de él (que contenía el celular) y que M. arribó a su casa con un automotor.

En rigor, el testimonio de A. D. no es meramente referencial, como alegó la defensa. Lo es en cuanto narró lo que M. le contó acerca del ataque. Pero su declaración constituye una prueba directa que permitió llegar a la comprobación de la autoría del homicidio. Esta testigo supo que el encartado -como dije antes- llegó al domicilio de ella en un automóvil que éste había robado y portaba elementos de la víctima. Es más, ella vio fotos de R., a quien luego reconoció en otras.

VII. Los Camaristas en lo Penal escucharon -en el marco del acuerdo- los registros de audio del debate y escrutaron toda la documentación admitida como prueba. Con tales elementos confirmaron la sentencia condenatoria.

Ellos analizaron la aplicación de la sana crítica en la valoración de la prueba -que hicieron los jueces que condenaron a M.- y determinaron que en el caso se la ejerció correctamente.

Las operaciones intelectuales de los votos de la mayoría cuentan con un razonamiento acertado que abarcó cada una de las partes de la sentencia que les tocó revisar. Tal revisión abarcó todos los argumentos en los que se sustentó la condena, la pena impuesta, la calificación legal escogida y los agravios del recurrente.

De la lectura del fallo surge que la participación del incuso en el evento insimulado se acreditó, entre otras cosas, a partir de los informes forenses y periciales de los facultativos interventores y, de las deposiciones de A. D., E. R., J. J. y P. V. R. en el debate.

A pesar de algunos rasgos poco perceptibles de la acusación (como el sitio exacto en que murió R.), M. contó con todos los medios de defensa y pudo ejercerla conforme a la ley. La mayoría de la Cámara en lo Penal, en punto a la determinación del momento del homicidio, confirmó cada uno de los pronunciamientos del tribunal oral, sobre la base de las contribuciones de los doctores C. G. (médico forense) y O. I. (anátomo-patólogo) (doctor Pintos, a fojas 363 y, doctora Pettinari 388).

VIII. La prueba demostró: la tenencia del teléfono celular, la billetera, documentos de víctima y de dos anillos (que si bien no se encontraron, es la misma cantidad que usaba R. y no aparecieron en su cadáver).

Los jueces refutaron el argumento defensivo que consistió en la inexistencia de contacto entre víctima e imputado (M. narró el hallazgo fortuito del automóvil de la víctima, con el vidrio de la ventanilla bajo y la llave puesta).

Pero alguien que oculta su riñonera, conteniendo dinero y documentos, debajo del asiento, no dejaría la ventanilla del auto abierta. Y, más importante aun, la inmediatez temporal entre que la víctima fue vista por última vez y la posesión del su auto por parte del imputado, es un elemento de prueba útil para acreditar el contacto entre ambos.

Esa inmediatez fue alegada por la defensa a favor de su propósito. Mas la secuencia de los hechos concuerda perfectamente, tal como fue analizado por los jueces. Entre 6,00 y 7,00 hs. M. fue dejado entre "G." y "C.". Un rato después o simultáneamente (entre las 6,30 pero antes de las 7,00 hs. -conf. testigo G.-) R. salió del boliche, conforme declaraciones de C. y M.. A las 7,00 hs. el auto de R. fue visto circulando por Rivadavia, por G., aunque no pudo establecerse quiénes viajaban en él.

El imputado se presentó en la casa de A. D. a las 8,00 hs. en posesión del automóvil de R. -asustado y temblando y le faltaba la remera debajo del buzo, con rasguños en la cara y sangre en sus ropas-. Es decir, entre media (½ h.) y una hora y media (1,5 hs.) después de que R. fue visto por última vez. M. le dijo a ella que había desmayado a golpes a una "presa fácil", quien (según supuso ella primero y luego le refirió M.) murió en el hospital. Le dejó un teléfono portátil marca Nokia 5200 que contenía fotos de escenas homosexuales y de un gordito. La testigo reconoció ulteriormente que las fotos eran de la víctima.

Antes de las 10,00 M. acudió a J. J., en la ciudad de Caleta Olivia (J. y declaración del imputado).

En su voto, en el punto III, 1, el juez Pintos analizó la continuidad de los sucesos ordenada y minuciosamente, con lo que concordó la jueza Pettinari, que efectuó un análisis igualmente sistemático.

En el pronunciamiento de la doctora Pettinari se lee que R. no se desprendía del teléfono móvil, tal como lo afirmaron los testigos (hoja 385). Es difícil de creer que J. R., que envió en quince minutos, seis mensajes de texto (el último a las 7,17 hs.), dejara su teléfono portátil en el auto, con la ventanilla abierta.

Por falta de pruebas directas, los jueces del juicio emplearon los indicios y analizaron exhaustiva e integralmente todos los de la causa (de tenencia de la res furtiva, de móvil delictivo y de conducta posterior, etc.) para arribar a una conclusión acertada.

IX. Ciertamente, se meritaron indicios que hacían presumir alguna vinculación del encartado con la muerte violenta de la víctima. Éstos analizados en conjunto, permitieron alcanzar el grado de certeza que exigía la condena.

Así quedó establecido en la sentencia recurrida.

En todo caso, la relación de la prueba indiciaria que hicieron los jueces del Tribunal oral fue juzgada por la como adecuada para llegar a la certeza. Es que "... Desde el punto de vista del sistema imperante para la valoración de la prueba, nos encontramos que con la sana crítica racional vigente es posible reconocer que una sentencia puede sustentarse sobre indicios, siempre y cuando cumplan con los requisitos que son necesarios reconocer para establecer su eficacia." (La Rosa, Mariano R., "La prueba de indicios en la sentencia penal", publicado en La Ley 2009-E, 713).

También el testimonio de oídas es aceptable en el proceso penal. La jurisprudencia ha reconocido "... la potestad del juez de valorar los dichos de los denominados testigos 'de oídas' como un medio más para arribar a la finalidad de averiguación de los sucesos históricos, es dable concebir ciertos casos en los que personas que depongan sobre hechos o circunstancias conocidas mediante los dichos de otros pueden efectuar aportes trascendentes... No se advierte en la legislación procesal la existencia de norma legal alguna que restrinja la declaración de personas que depongan sobre sucesos que conocieran a través de referencias de terceras personas. Cabe señalar que es dable concebir casos en los que las declaraciones de los denominados testigos indirectos o 'de oídas' pueden definir la suerte de un proceso, permitiendo que a través de ellas el juez reconstruya con precisión los sucesos que constituyen el objeto procesal." (Cámara Nacional de Casación Penal, "Godenzi, Hugo Roberto y otros s/ recurso de casación", expediente: 217033 07/08/2004, del voto del Dr. Tragant).

Así, el homicidio del preceptor J. E. R. quedó plenamente probado. Lo mismo ocurrió con la autoría que se le atribuyó a C. F. M..

X. La resolución recurrida determinó, por mayoría, que el tribunal oral falló acertadamente -después de haber analizado los hechos constitutivos de delito-, con coherencia y acorde con las reglas la lógica y la sana crítica.

La sentencia es válida porque los indicios constatados por los jueces fueron analizados en conjunto para arribar a la sentencia condenatoria. Entendieron que los indicios permitían llegar a una convicción absoluta de la responsabilidad penal del imputado, en esa medida permitían la inferencia lógica de ella.

Descarto la contradicción señalada por la defensa en cuanto a que M. llegó al domicilio de A. D. asustado, temblando y con la cara rasguñada, pero los testigos J. J. y P. V. R., no vieron nada extraño en la ropa ni en la cara del encartado. Es que el acusado llegó al domicilio de aquella inmediatamente después del hecho, y a Caleta Olivia (donde vive J. J.) un par de horas después y, más tarde, al de R., en Pico Truncado.

Toda la prueba producida fue explicada en la resolución del tribunal de juicio -y corroborada por la a quo su correcta valoración- con respecto los aspectos que revelan la única reconstrucción posible de los hechos, donde el imputado es el responsable penal del delito enjuiciado.

Eso es correcto, porque "En el proceso de valoración de la prueba de indicios, he sostenido, es posible llegar a un punto en que aparezca alguna sutil anfibología, que se resuelve desde la lógica prevaleciente. No debemos olvidar que toda reconstrucción histórica es ideológica, o, para mejor decirlo, una representación mental acerca de lo pasado. Los jueces se configuran o prefiguran los sucesos en su cabeza a través de intermediarios, los medios de prueba y siempre existe, aún mínimamente, una posibilidad contraria a sus juicios (ya Leibniz lo decía al enunciar el principio de razón suficiente respecto de las verdades de hecho). No está en nuestro poder la capacidad de recrear imágenes como aquellas que proyectaba el artefacto pensado por Bioy Casares en La invención de Morel o el aparato ideado para la ficción por H. G. Wells, que brinden directamente-a los jueces- la realidad del pasado que es materia u objeto de un debate; de manera entonces que en la humana faena de determinación de la verdad sobre la hipótesis acerca de lo pretérito, sólo puede valerse, quien juzga, de la interpretación más ajustada de las pruebas que se aportan." ("W., Y. L. s/ Doble homicidio agravado", Expediente N° 20.326 - W - 2005, sent. Nº 22/2008; 21/04/2008, del voto del doctor Pfleger).

Para confirmar la acreditación de los hechos, la Cámara en lo Penal, por mayoría, analizó meticulosamente, todo el contexto de cada una de las pruebas, dando las razones, expresamente, de por qué se tuvieron por probados, De manera que, en punto a la plataforma fáctica, la sentencia recurrida cuenta con los argumentos jurídicos para ser convalidada.

XI. Acreditados el dolo homicida y la substracción (del rodado y otros bienes de la víctima) por parte del autor, los magistrados no juzgaron que M. mató para robar, lo cual no se tuvo por acreditado (artículo 80, inciso 7º del Código Penal), sino que se trató de un robo del que resultó una muerte (ibídem, artículo 165).

En la sentencia recurrida no se determinó que M. hubiera planeado el homicidio con el propósito de consumar el robo, de prepararlo u ocultarlo o de asegurar sus resultados o la impunidad; sino que su acción estuvo enderezada objetiva y subjetivamente al robo. El hecho objeto del juicio, entonces, encuadra en la figura del artículo 165.

Por ello, debe confirmarse el fallo que concluyó que resultaba acertado el encuadre legal del tribunal oral en la figura del artículo 165 del Código Penal de la Nación.

El imputado se trasladó en el rodado sustraído hasta la ciudad de Caleta Olivia y, posteriormente, a la localidad de Pico Truncado lo vendió a P. R. por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), como si fuera propio firmando un contrato de compraventa.

Sin embargo, no fue condenado por ese hecho. Pero por la prohibición de la reformatio in pejus no procede agravar la condena (artículos 377 del Código Procesal Penal y 179, 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut). Cuando no media recurso acusatorio, esta prohibición tiene jerarquía constitucional.

XII. Con respecto a la pena, en el caso concreto, hay correlación entre el contenido de la sentencia y la pena aplicada.

La condena que confirmó la Cámara en lo Penal es adecuada, ya que consideró correcta la medida de la pena aplicada por el tribunal de la instancia que la precedió -dieciocho años de prisión.

El artículo 165 tiene una pena máxima de veinticinco años, lo que fue tenido en cuenta por los jueces de grado. Además, se tuvo en cuenta, en contra, la extensión del daño causado por el delito y la falta de contrición del acusado. Como atenuante, se consideró la falta de antecedentes. Los tres jueces del tribunal oral fueron contestes en ello.

Dicho monto fue impuesto como lo ordenan las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, que fueron aplicadas correctamente.

XIII. En definitiva, los camaristas de la mayoría fallaron -por medio de un razonamiento lógico- con estricta congruencia, siguiendo la relación lógica de la prueba con el hecho que se tuvo por acreditado, el derecho aplicable y la pena que impuso el tribunal oral del debate.

La conformidad entre los pronunciamientos del Tribunal oral con los de la Cámara en lo Penal, con respecto a los hechos descriptos en la sentencia de grado, el tipo penal escogido y la pena impuesta debe ser corroborada en esta instancia.

XIV. Por las razones expuestas, propicio la confirmación del fallo impugnado.

Así voto.

El juez Jorge Pfleger dijo:

I. Los antecedentes.

La lucida y lúcida evocación de las causas fuente de la intervención de la Sala, realizada por mi distinguido colega el doctor Panizzi hace que toda reiteración merezca el reproche de la sobreabundancia.

De modo que, para evitar esa censura, iré derechamente al grano sin otras palabras que las expuestas.

II. El recurso y la Consulta Creo relevante principiar éste, mi voto, con algunas precisiones respecto de la Consulta que, por imperativo constitucional y legal, esta Sala está obligada a tratar, sin perjuicio del recurso que, en perjuicio de la sentencia, se ha incoado.

Y digo esta Sala, pese a mi pertinaz opinión de que se trata de una competencia que la propia Constitución (y el Digesto Procesal) atribuyen al pleno (art. 179 inc. 2° y 377, respectivamente).

De todas maneras este criterio no es compartido por la mayoría del órgano que integro de suerte tal que sólo procedo a su marcado para, una vez más, dejar nota de cuál es la proposición que yergo.

Sin embargo aprovecharé la ocasión para intentar definir a este instituto pues saber qué es la cosa llevará a dimensionar la geografía del análisis.

En un trabajo presentado antaño ante el pleno, y luego de rendir honores al meduloso estudio del instituto realizado por José Alberto Ferreyra, Secretario de este Tribunal, señalé el acierto de un concepto que este autor había dado sobre el tema. En efecto, dijo el doctor Ferreyra a la sazón que: "...tradicionalmente, dadas dos o más escalas funcionalmente jerárquicas, de consuno excitadas a pedido de parte, el legislador predispone a las superiores para que, en ejercicio de amplias potestades revisoras, prescinda del requisito voluntario (instancia) y, en una competencia "sui generis" estatuida en beneficio de la persona, no de la ley, apruebe, elimine o rectifique la expresión jurisdiccional del inferior...". He aquí el quid de la Consulta.

También expuse que esa definición marcaba el tono de cualquier consideración que pudiera hacerse al respecto.

Sostuve que, a mi parecer, el legislador originario tuvo en miras evitar o disminuir, desde un orden político que en lo jurisdiccional poseía un talante vertical, las consecuencias de una resolución injusta que trajera aparejada penas de igual condición inicua y de consecuencias irreparables.

También señalé que, de todas formas, la consulta había sobrevivido a las mutaciones de orden ideológico que experimentaron los procedimientos y sigue en pie sin discusión, irguiéndose como una efectiva garantía adicional en el proceso criminal, a pesar de que sus orígenes encuentren una fuente decididamente ajena de aquella que nutre el proceso penal actual.

Indiqué, por lo demás, que la consulta no era un recurso, como no lo es. Que ello resultaba relevante pues echaba por tierra un obstáculo que en inteligente juego dialéctico había sido esbozado para sostener lo equivocado de la posición que se sostiene.

Me refería al hecho que es verdad que la propia constitución atribuye competencia al pleno o a cada una de las salas para conocer "...conforme lo determinen las leyes de los recursos procesales que éstas establecen...", lo que pondría en paridad a ésta y aquellos, pudiendo incluso llegarse a la afirmación que la amplitud del recurso del imputado tornaba inocua a la consulta.

Pero argumenté que esa idea, aguda, tropezaba con otro concepto que no era menos verdadero y le restaba validez. A diferencia de las impugnaciones, la consulta, ajena a los recursos que no lo es, repito, está fuera de las limitaciones que los agravios imponen a la competencia revisora, ya que más allá de la amplitud que autoricen las impugnaciones, no limita al examen sino que éste puede concernir a todos los aspectos de las sentencias emitidas, como ya se verá en este trabajo.

La locución ". El Superior Tribunal de Justicia conocerá del proceso sin las limitaciones previstas en las normas precedentes." (Regulativas de la impugnación extraordinaria y de los motivos absolutos de impugnación formal) importa la realización de un estricto escrutinio sobre la sentencia de ambas instancias. Los Jueces de este Tribunal pueden escudriñar el universo de decisiones para tocar los puntos que les sugieren esenciales a la determinación del caso, más allá de lo postulado por las partes y de los alcances de la oposición procesal.

De otra manera sería absurda la postulación del art. 377 del C.P.P. en sentido que, aún mediando recurso de parte, el Tribunal conocerá: ".sin las limitaciones previstas en las normas precedentes.".

Así demarcado los lindes de la tarea a realizar, consideraré otros aspectos que son- según entiendo- capitales.

III. La verdad, la certeza, la libre convicción En primer lugar no comparto la tesis que indica que la verdad es la correspondencia entre la cosa y la noción ideológica acerca de la cosa.

Es obvio que desde una perspectiva eminentemente teórica el predicado resulte lógico, pero no se me ocurre que tal fenómeno psíquico pueda producirse en la conciencia de los Jueces.

Verdad, para mí, no es una palabra neutral y por ende unívoca.

El dogma, cualquiera fuese, es intransigente respecto de la verdad. Se cree en algo porque es innegable, como principio o fundamento; y no es esa una misión judicial.

Pero además el vocablo permite variados enfoques. Desde la noción antes dicha podemos pasar a considerarla como la adecuación razonable entre la idea que se tiene de un objeto y lo que el objeto es en realidad, una noción quizás más flexible pero no menos engañosa en lo que atañe a la posibilidad de encontrar ese estado espiritual en el campo de nuestra disciplina Me quedo con aquella idea que señala que no existen sino criterios o niveles de verdad y que el conocimiento acerca de algo se emparienta con la ética profesional. Pues verdad será lo que sabremos luego de un trabajo paciente, sistemático e intelectualmente honesto acerca de una cosa.

El doctor Panizzi ha tenido la gentileza de citar algunas letras volcadas en otras sentencias y en esa línea ha continuado mi pensamiento, el que remozaré.

Porque verdad, en la testa de los que sentencian, se traduce en certeza el estado que la Real Academia Española define, primera acepción, como el conocimiento seguro y claro de algo y, segunda acepción, la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar (ver diccionario RAE, edición en línea) Ese entendimiento es transferible al mundo del derecho. Podemos apelar a él desde el marco de lo lingüístico y ensayar, seriamente creo, este predicado: el Juez poseerá certeza cuando adquiera un conocimiento seguro y claro sobre lo que es objeto de análisis, adhiriendo a una noción sin temor a errar, mediante su acción inteligente.

Conducirá el intelecto hacia la aceptación (reconstrucción ideológica) de una de las hipótesis en juego que se configurara en su mente, luego de la realización de la labor cuyas características hemos apuntado.

Y de allí la sana crítica racional que, como método, como camino, es el modo de conocer, de llegar a la verdad posible, a la certeza, caracterizado, este método, por la aplicación de las reglas del recto pensar basadas en la lógica, la psicología y la experiencia, a cuyo través las consecuencias se derivan de sus causas conforme el observador imparcial.

El método se proyecta hacia el cúmulo de pruebas de las que el Juez se valdrá para efectuar su labor, y allí talla el principio de que cualquier prueba legalmente obtenida es y debe ser materia de análisis (art. 25 párrafo 3° y 329 II del C.P.P.) Por lo demás, la tarea de apreciación de la evidencia transformada en medio de prueba es una tarea que implica construcción, entramado, armónica correlación para obtener un resultado sea el que fuere, negativo o positivo acerca de lo que se pretende definir.

Esto se traduce lo que una añeja jurisprudencia que he citado reiteradamente expresa, a saber: "...Constituye una facultad de la instancia de mérito seleccionar el material probatorio, prefiriendo algunos elementos y descartando otros..." (SCBA. C. Ac. 81491, Moreno S. 16/ 07/ 2003 en JPBA t. 123 F. 200, pág. 84) y "...Si los elementos de juicio de los que dispone el sentenciante para elucidar la participación de los imputados en el hecho son de valor indiciario, ello no constituye "per se" óbice alguno a la posibilidad de alcanzar la certeza, toda vez que hoy en día ya no se discute que los indicios tengan tal aptitud con la condición de que sean unívocos y no anfibológicos...Sin embargo, la valoración de los indicios exige una consideración conjunta y no un examen separado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada indicio, desnaturaliza la esencia que es inherente a este tipo de pruebas....el análisis separado de cada elemento de juicio constitutivo de prueba indirecta, instaura siempre una alternativa anfibológica que necesita ser contrastada con el resto del marco convictivo para evaluar si aún así se mantiene la duda o si es posible llegar a una certeza positiva o negativa acerca del aspecto discutido..." (TSJCBA PENAL c. Sent 97 Paglione M. A. 29/09/ 2003 en JPBA t. 122. 150, pág. 73/74).

IV. El caso, la solución sobre el problema central: la autoría endilgada y admitida en las sentencias.

a. Mi sufragio, lo adelanto, acompañará al del doctor Panizzi en lo que atañe a la confirmación de la sentencia en toda su dimensión.

Estimo, como lo ha hecho el ínclito, que la evaluación de las venidas a inspección no deja otra alternativa que la homologación.

Daré razones.

Las categorías antes expuestas, como definiciones, no han sido una expresión baladí, o si se quiere un acto intelectualmente veleidoso.

Ello es así pues las palabras están dirigidas hacia la solución del asunto, se proyectan sobre él y dan andamio a la convicción que he de explicar en los párrafos que siguen.

Pero antes voy a formular- nobleza obliga- algunas aclaraciones No creo, como el doctor Montenovo, cuya probidad y sapiencia me constan aún en la discrepancia, que pueda establecerse un estándar de exigibilidad probatoria de acuerdo a los tipos de delitos de que se trata.

Respeto su posición pues la se honesta, pero en este caso me sugiere prejuiciosa.

Porque si, como en el bajo examen, existen zonas oscuras que él mismo ha señalado con justeza, no deviene de ello- necesariamente- la debilidad de la imputación, calidad que sus colegas desechan con poderosas razones.

Es verdad que la naturaleza y la inteligencia del criminal han complotado en perjuicio de la determinación precisa de aspectos que llevarían a tener un panorama más claro acerca de la historia, pero no por ello se ignoran hitos que se conjugan para la determinación del hecho en su materialidad y autoría responsable.

Se trata éste de un caso difícil, pero no imposible de resolver como se ha resuelto pues ha sido convincente el discurso de justificación del que se ha echado mano en las instancias.

Vaya esto para hacer honores a un Magistrado con cuya labor sólo disiento.

b. Resulta incontrovertible que J. R. murió a consecuencia de la acción violenta de un tercero que arrojó su cuerpo en el sitio adonde fue hallado, días después, devastado por predadores propios de ese medio ambiente.

La opinión de los médicos forenses y anatomo -patólogo que los Magistrados de las instancias evaluaron, no deja lugar a dudas y se reafirma con cuanto verbalizaron los testigos que encontraron el cadáver y llamaron a la policía cuyos agentes también pudieron ver y estudiar, y así lo expresaron, el cuadro tétrico (me refiero a los doctores C. G. y O. I., a los testigos H. M., J. J. C. y B. V. T.- por un lado- y a los policías K. S., H. S. A., H. F. L. y el criminalista C. A., cuyas palabras en el juicio fueron sintetizadas prolijamente en las sentencias, en particular en el voto del doctor Juárez).

En el otro extremo, tampoco hay razón para dudar que el 28 de Diciembre del 2008, el automóvil en el que se conducía la víctima fue vendido por el imputado en Pico Truncado, luego de ofertarse en Caleta Olivia, a un precio vil.

Al punto concurren, como lo han dicho los Magistrados P. V. R., la compradora, y J. J., el intermediario, quien a través de P. T. y de su hijo gestionaron la transacción.

Estos dos extremos gravitan en tanto demarcatorios de un perímetro intelectual que sirvió de marco a la crítica de la prueba, como ya observaremos.

c. Adelanto la idea de que no existe audacia especulativa ninguna, ni ruptura del rigor lógico en las operaciones intelectivas realizadas por los Magistrados de ambas instancias que, a partir del hallazgo del automóvil y de los testimonios que develaron el contexto, fueron desbrozando el camino hasta llegar al punto álgido: el testimonio de D. A., fuente principal, pero no única, de incriminación.

Porque en ese sendero analizaron, también de modo adecuado, la causa por la que concluyeron en que M. estuvo en contacto con el interfecto, teniendo en consideración la franja horaria en que éste desapareció de la vista de todos el día establecido como aquél de la muerte.

Y, por fin, acudieron con precisión al testimonio de aquella mujer, quien narró al Tribunal, como antes lo había hecho a miembros de la Policía, lo que, poco antes de marcharse a vender el coche (aproximadamente a las 8 de la mañana) el imputado había dicho, de cómo se encontraba a la sazón (en estado de shock) y cómo- más adelante en el tiempo - le puso al tanto de que él había agredido al joven R..

La Juez Pettinari ha sido medulosa en el tratamiento del tema, como lo fueron los Jueces del Juicio, en especial el Juez Casal (que formuló una derivación atinada de las constancias del debate) y el Juez Juárez (quién tomo a su cargo el ímprobo trabajo de parafrasear lo que los testigos señalaron en la audiencia).

La Juez Suárez escogió un método expositivo adecuado y, en el control, el doctor Pintos hizo gala de su método y erudición.

Estos Magistrados todos, otra vez, anudaron la aparición del Volkswagen en Pico Truncado (Santa Cruz) y confirmaron esos avatares de la aparición con la interrogación de los testigos P. V. R. y J. J., los partícipes en la operación, lo reitero. Reconstruyeron ideológicamente el periplo del muerto en los últimos instantes en que fue visto con vida y señalaron un hito relevante, la percepción del "Gol" andando por la calle en la circunstancia que evocó C. D. G., quien llamó por teléfono a R. sin hallar respuesta, a eso de las 7:30 horas.

La G. había sido la anfitriona del occiso en una fiesta que dio en Rada Tilly aquella noche.

De la misma manera tomaron en consideración las afirmaciones de los testigos P. J. C. y J. J. M., quienes compartieron con el muerto el divertimento en "P. C." sitio desde el éste salió a las 6:30 horas.

Esto sería un detalle que solamente destacaríamos para establecer o fijar las postreras ocasiones en que se vio vivo a R. (como creo que lo hicieron los Jueces). Pero el dato que resulta importante enlazado con el comportamiento del imputado en esa franja, tal lo relacionaron D. A. y R. E. A..

Una breve digresión me permito formular para decir que esa evaluación constituye lo que Francois Gorphe denomina "presencia u oportunidad física", que si bien resulta lábil en solitario (".sólo puede probar la culpabilidad indirectamente." refiere el francés) adquiere confirmación cuando se analiza el todo. (ver al respecto "La apreciación judicial de la prueba" del autor citado, editorial "La Ley" 1967, página 309).

Y prosigo. Lejos de balcanizar los medios de pruebas, los Jueces los anudaron, entramaron, analizaron en relación con el entorno y no afirmaron dogmas sino sólo operaciones críticas que, para mí, elevan a la categoría de certeza (en los términos dichos párrafos arriba) sus conclusiones.

".Entiendo entonces que ha sido acertada la conclusión de los integrantes del Tribunal "a quo", valorando en forma conjunta, integral y unánime el informe pericial como la deposición oral en el debate." respecto de las condiciones del cadáver y la causa de muerte, dijo la Juez Pettinari y agregó en su voto: ".el Tribunal aquo ha analizado exhaustivamente la prueba indiciaria cuestionada por la parte recurrente, en su globalidad y sin apartarse de las reglas del recto entendimiento humano." Su juicio es acertado y se compadece plenamente con lo que se lee de los tres votos que compusieron la resolución de mérito que tres Jueces escrutaron y dos homologaron.

Poco discurso merecen esos elementos, correctamente relatados en el discurso de justificación emitido.

d. Porque el problema central, se me ocurre, está en determinar si es fiable del testimonio de D. A. y de R., el mozo de cordel, medios que la esforzada defensa intenta llevar a la mínima eficacia.Abordaré la cuestión atinente al primero.

Libre de cualquier tasación, los Jueces pueden evaluar toda prueba que sea legalmente incorporada al proceso, brindándole valor.

Ni el testigo único ni el incorrectamente denominado "testigo de oídas" son inaceptables en tanto fuentes de prueba que incrimina, en un contexto.

En una nueva estación detengo mi desarrollo para exponer un punto de vista por demás interesante. Se trata de Michele Taruffo quien en su "Simplemente la verdad" alude a la construcción del relato de los jueces y su confirmación y enseña: ".el grado de confirmación de un enunciado resulta de inferencias lógicas que toman en cuenta la cantidad y calidad de las pruebas disponibles respecto de un determinado enunciado, su grado de fiabilidad y su coherencia. Se trata de un análisis racional que se funda en argumentos y contra argumentos en valoraciones y comparaciones, al final del cual se determina cuál es el grado de fundamentación racional que corresponde a ese enunciado." (Autor y obra, Ed. Marcial Pons, 2010, página 248).

Pero más atractiva es la nota al pie cuando el italiano afirma: ".Vale al respecto la regla epistemológica según la cual la combinación de varios elementos de prueba tiene mayor valor que la confirmación que cada elemento de prueba singular puede atribuir a la conclusión, de modo que la combinación de diversos elementos de prueba, cada uno de los cuales atribuya a la conclusión un grado de confirmación débil, puede sin embargo, producir un grado de confirmación conjunto bastante fuerte. Esta posibilidad depende de varios factores, como la intensidad con que cada elemento de prueba individual confirma la conclusión, la fiabilidad de cada elemento de prueba considerado en sí mismo y la cantidad de elementos de prueba disponibles." (Ver nota 139 en la misma obra y página). Desde el ángulo visto la testimonial de la mujer reúne cualidades para ser fuerte, singularmente, y potenciar el todo, en combinación.

Veamos.

El Juez Casal, en la sentencia posterior al debate, ha considerado un sugerente cartabón para medir la fiabilidad de una deposición jurada.

Lo rescato y comparto. Porque a la hora de analizar su coherencia interna y externa, ese medio es poderoso para vincular a M. con el hecho de sangre y la sustracción del rodado.

He señalado en ocasiones que el juicio sobre la convicción acerca de la virtud de un testigo para emitir un predicado no es una cuestión de fe, entendida ésta como la creencia en algo por la autoridad o la fama de quien lo emite (quinta acepción de la Real Academia del idioma). No.

Todo testigo ha de ser examinado en sí y en relación con las demás evidencias que nutren el debate, otra manera de dar contenido a las categorías "coherencia interna" o "externa" de un relato. Con menos pulcritud y sapiencia, la noción de Taruffo.

Cuando el relato del testigo se expone en un discurso que es expresión de una vivencia posible, carece de alteraciones, no es contradictorio en sí mismo, es nítido y persistente, cuando exterioriza acerca de percepciones ostensibles en un contexto temporo espacial concreto, hay coherencia interna.

Cuando se corresponde con evidencia palpable, cuando se vincula con circunstancias de la causa que han sido traídas por otra vía, cuando encastra perfectamente con el todo, como una pieza que completa el damero, allí hay coherencia externa.

Cuando se produce ese enlace la validez es indiscutible.

Si la testigo se mantuvo silente hasta que detonó un episodio que la condujo a hablar, es harina de otro costal.

Las conductas humanas guiadas por sentimientos variados (el miedo, el afecto, la ausencia de compromiso) son a veces inexplicables o inextricables.

Pero en la sentencia no se analizan las sensaciones. Puede someterse a un test de validación los motivos que conducen a hablar en un momento y lugar determinado; pero la importancia- despejado cualquier contra argumento- no quitan verdad a la versión que una persona brinda cuando la ocasión es propicia, ni la descalifican porque sí.

Es facultad de los Jueces ubicar al órgano de prueba en la posición que estimen adecuada dentro del marco de las normas, y si los Magistrados aceptaron la deposición juramentada de la mujer, pues no veo cuál es el objeto para desdeñarla.

Tanto y más cuando se tiene, amén de los medios que se han referido, la expresión verbal del policía I., que la escuchó cuando fue a verificar un incidente de violencia y que es conteste con la versión que brindó la mujer en lo sucesivo cada vez que fue interrogada, en lo primordial.

Sumo a ello, como los Magistrados lo efectuaron, la adquisición de evidencia, como lo fueran efectos del muerto que secuestraron los funcionarios intervinientes, según lo consignara el acta de allanamiento traída por el funcionario R. C. M..

Lo del peón de terminal, es un dato que lábil refuerza, en su medida, la noción que se puede adquirir de la demás prueba. Solo, sería desechable como cargo; en conjunción contribuye a definir un contexto, aún cuando su referencia aluda a un tercero. Desecho por pueriles las explicaciones dadas por el atribuido en lo que atañe al modo en que se hizo del rodado.

En el juego de hipótesis que se da en todo debate, las reflexiones que se han vertido hacen prevalecer la lógica de la incriminación por sobre aquella que se yergue en defensa.

Es curioso que esa construcción se vincule con la imputación mínima posible, sin que pueda refutarse con éxito prueba de mejor calidad.

El derecho constitucional a callar o mentir no implica, necesariamente, ponderar la mala justificación cuando hay suficientes razones para ello.

En resumen de cuentas, los Magistrados de las instancias han realizado un profundo trabajo de análisis y ese análisis es el que se adecua a los estándares que fijé en los párrafos que anteceden.

La tarea de determinación de los hechos por los Jueces de Juicio es acertada y la opinión mayoritaria de la Cámara del doble conforme realizó una labor inobjetable que no desmerece el ataque defensivo.

Alcanza por consecuencia el nivel para ser ratificado este aspecto de la sentencia.

IV. La calificación legal En vista de que la figura escogida, como bien ha dicho el doctor Panizzi, es la de robo con resultado de muerte (art. 165 del C.P.) Aquí no se han equivocado los Jueces pues descartaron la figura calificada del homicidio para poner las cosas en la dimensión vista.

Se ha puesto en valor el desapoderamiento del vehículo, con violencia sobre la persona del interfecto.

Y esto es lo correcto, pues a ciencia cierta no es posible determinar que el autor haya matado para consumar, ocultar o asegurar el robo del coche. Sí que violentó a R. hasta que provocó la muerte, como resultado de la idea de llevarse el automóvil.

En esta figura compleja, entendemos que el homicidio es atribuible a título de dolo o de culpa, cuando no se dan los presupuestos del homicidio calificado ya referidos.

Poco interesa si M. dejó tirado a R. creyéndolo vivo o muerto, lo cierto es que le prodigó violencia suficiente para causar el resultado, que al menos se representó- agrego- por el lugar en que ocultó el cuerpo (recuérdese la presencia de lesiones vitales en las extremidades), queriendo, sin dudas, despojarlo del bien en cuestión.

V. De la pena Los Jueces de la instancia de Juicio llegaron, cada uno, mensurando la pena de modo prolijo y atenido a las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.

La Cámara Penal así lo entendió y no creo que tal decisión sea insensata.

El doctor Panizzi ha dado buena cuenta de la cualidad que posee el proceso de determinación llevado a cabo, y no es necesario añadir más, teniendo en miras la escala penal sobre la que operaron.

Coincido con los Magistrados y en especial con mi estimado colega de Sala que la sanción en justa.

Así me expido y voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I) El Ministro Panizzi, quien compuso el primer voto en esta sentencia, expuso con claridad y precisión los antecedentes del caso y los argumentos que indica la impugnación extraordinaria obrante a fs. 399/414 vta. De este modo, para no fatigar al lector, no transcribiré los mismos.

II) El eje central de la impugnación consiste en demostrar la falta de certeza en cuanto a la autoría de C. F. M. en el hecho por el cual fuera llevado a juicio.

Sostiene que no se logró comprobar que el enjuiciado hubiera tenido contacto con la víctima, como así tampoco acreditar su presencia en el lugar donde apareció el cuerpo de la víctima.

Continuó relatando que las circunstancias de la muerte no estaban determinadas.

También dijo que la prueba utilizada para la condena era contradictoria y que los datos aportados por la testigo A. D. eran mendaces.

III) La intención de lo expuesto es reflejar que los argumentos que trae la defensa a esta instancia extraordinaria se relacionan con cuestiones de hecho que fueron fijadas por el Tribunal de Mérito y revisadas por la Cámara en lo Penal.

Sin embargo, la competencia asignada a esta Sala por la consulta supera las condiciones de admisibilidad indicadas en el fallo "Comisaría Primera s/ Investigación homicidio r/v F. G. s/ impugnación" (Expte. 21.847-2009) para intervenir en el asunto.

IV) Aclarado ello diré que la Cámara en lo Penal ha realizado un pormenorizado análisis de la sentencia dictada en primera instancia, cumpliendo exhaustivamente con la garantía constitucional del doble conforme.

Así evaluó los testimonios rendidos en el debate que, junto con otros elementos probatorios, permitieron confirmar la participación del imputado en el hecho insimulado. Tomando como guía el voto del Doctor Juárez, por su claridad en la exposición, se determinó que R. fue visto por última vez entre las 06.30 y 07.30 horas del día 28 de diciembre de 2008, circulando en su vehículo marca WV Gol, dominio XXX-***- testimonios de G., C., B. y M.-.

Que el cuerpo de la víctima aparece tres días después, que su muerte se debió a shock hipovolémico causado por hemorragia aguda, y que el óbito databa entre 5 y 7 días -ello surge de los testimonios de las personas que encontraron el cuerpo en el baldío, y de los médicos forenses que intervinieron en la autopsia-.

La investigación policial permitió vincular al acusado con el hecho debatido durante el juicio.

Se demostró que el imputado tuvo en su poder elementos personales de la víctima.

Ha sido muy importante el testimonio de A. D., que declaró que R. se presentó en su domicilio en posesión del vehículo de marras. También dijo la testigo que el imputado le confesó que había golpeado a un sujeto que luego murió en el hospital. Esta testigo finalmente manifiesta que el teléfono portátil que le entregó R. contenía fotografías perteneciente a la víctima.

Las evidencias que utilizó la a-quo para arribar a la convicción segura acerca de la autoría del encausado ha sido mucha, sin que la certeza pudiera sufrir detrimento por los agravios indicados y reiterados en esta instancia.

Comparto con los señores Ministros preopinantes la validez de los argumentos que sustentaron la condena.

Son varios los indicios con enorme peso incriminatorios que avalan la condena. Entiendo sobreabundante volver hacer una reseña de los mismos, sólo diré que su análisis ha sido en forma conjunta, lo que valida su valor probatorio.

En este sentido fueron evaluados los testimonios de oídas de R. D. A. y de E. R. -empleado de la terminal compañero del imputado-, que luego se confrontaron con todo el plexo probatorio.

Si bien, como lo indica el juez Pfleger, nos encontramos ante un caso difícil de resolver, lo cierto es que los jueces de mérito han logrado desentrañar el modo en que se sucedieron los hechos.

Conforme lo expuesto entiendo que el pronunciamiento impugnado tiene como base la selección y valoración de la prueba ventilada en el debate, habiéndose utilizado las reglas de la sana crítica, y a pesar del esfuerzo de la defensa, no encuentro ningún fundamento válido para descalificar el fallo condenatorio.

V) En cuanto a la calificación legal, estimo correcta la selección efectuada por los jueces.

Al no darse los presupuestos del homicidio calificado, queda perfectamente subsumida la conducta desplegada en la figura del artículo 165 del Código Penal.

La violencia ejercida por M. para consumar el robo causó la muerte de la víctima, motivo por el cual corresponde atribuirle robo seguido de muerte.

VI) Por último estimo adecuada la pena impuesta. Se han individualizado circunstancias agravantes, mencionando el ocultamiento del cuerpo, aplicándose una sanción inferior a la requerida por el Ministerio Público Fiscal, y que se encuentra dentro de la escala legal seleccionada.

De esta manera, y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

VII) Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs. 282/310, es una decisión motivada, correctamente razonada, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de M., debiéndose confirmar la misma en todos sus términos.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar improcedente la impugnación interpuesta a fojas 399/414 y vuelta, con costas.

2°) Confirmar la sentencia registrada bajo el número 29 del año 2010, emitida por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

3º) La presente es firmada por dos Miembros de la Sala en lo Penal por encontrarse en comisión de servicios el doctor Alejandro J. Panizzi.

4º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Jorge Pfleger-José Luis Pasutti-Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.