Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-05-27


2º Instancia. - Junín, mayo 27 de 2010.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Rosas dijo:

I.- Que en el pronunciamiento obrante a fs. 80/82 el Sr. Juez de grado desestimó la autorización de permuta solicitada por E. A. G. en nombre y representación de sus hijos menores M. del P. y J. E. G., y fijó los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes.

Funda el rechazo en que si bien los menores mediante la permuta incrementarían la cantidad de hectáreas de dominio pleno (4, ha. 16 as., cada uno), también lo es que recibirían un campo de menor calidad lo que equivaldría a un pérdida individual de U$S 25.000, la cual no lograría ser amortizada con la explotación de la mayor cantidad de hectáreas plenas en los años remanentes hasta su mayoría de edad. Asimismo, hace hincapié en que aún con la operación propuesta subsistiría un condominio de los menores con su abuela y su padre. Por tales razones concluye en que el peticionante no ha logrado acreditar la absoluta necesidad, ni la ventaja evidente requerida por doctrina y jurisprudencia para el otorgamiento de la autorización.

Los agravios del peticionante recurrente, giran en torno a que el a quo habría realizado una incorrecta valoración de la prueba rendida en autos, centrándose en la faz económica e ignorando las ventajas que la misma irrogaría para los menores quienes no sólo verían incrementada su titularidad plena en sus porciones indivisas, sino que también lograrían dar por terminado un condominio con una sociedad comercial, pasando a ser los únicos titulares del inmueble que se les adjudica. En este orden de ideas, pone de resalto el error incurrido por el sentenciante al considerar que los menores quedarían sujetos a un régimen de condominio con su padre y abuela, siendo que, conforme se acreditara en autos, los mismos únicamente revisten la condición de usufructuarios de una parte alícuota del inmueble. Asimismo se agravia de la regulación de honorarios practicada en favor de la Dra. G., quien expresamente renunciara a la regulación de honorarios profesionales invocando el art. 21 de la ley 6716.

Que habiéndose corrido traslado del memorial, el mismo es evacuado por el asesor de menores a fs. 92/93, quien solicita la confirmación del decisorio al considerar que la operación a realizar no resultaría beneficiosa en orden a la preservación del patrimonio de ambos niños, quedando las presentes en estado de ser resueltas (conf. art. 270 del C.P.C.C.).

II.- En tal labor es dable iniciar por recordar que el Sr. G., en representación de sus hijos promovió el presente pedido de autorización, con la finalidad de resolver la situación de condominio existente con la firma "El Ceibo Cereales S.R.L." respecto de dos inmuebles colindantes; facilitando de esta forma la explotación de los fundos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera individual. En este orden de ideas, manifiesta haber llegado a un acuerdo con la firma condómina (ver fs. 20/25) por medio del cual se adjudica a sus hijos la totalidad de la parcela 140-z en la que la sociedad poseía una alícuota equivalente a 25 has; quedando en favor de el Ceibo Cereales S.R.L. la totalidad de la parcela 140 aa, en la que los menores resultaban ser titulares de una alícuota también equivalente a 25 has.

Sentado ello, corresponde precisar que contrariamente a lo sostenido por el sentenciante de grado, de autorizarse la operación, los menores quedarían como únicos titulares de la parcela 140-z, ello, en virtud de las donaciones con reserva de usufructo efectuadas por el Sr. González y la Sra. De Santis en su favor (conf. informe de dominio de fs. 37/40).

II.- Aclarado este punto, es dable señalar que el art. 297 del Código Civil dispone que los padres necesitan autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos; disposición que debe complementarse con el art. 436 del mismo cuerpo que pone a cargo del tutor el deber de provocar la venta de la cosa que el menor tuviese en comunidad con otro. En estos casos, la autorización solicitada debe concederse si ella fuese manifiestamente conveniente para los intereses del menor (art. 136 Cód. Civ. aplicac. analóg., conf. Augusto C. Belluscio, Manual de derecho de familia, T. 2, pág. 395; Eduardo A. Zannoni, "Derecho de familia", T. 2, pág. 794).

Que a fin de evaluar dicha conveniencia resultan insoslayables tanto las distintas cotizaciones de los dos inmuebles, como el incremento de las hectáreas con dominio pleno que la operación produciría en favor de los menores, a raíz del canje de la parte alícuota que los menores poseen en la parcela 144-aa y que se encuentra sometida al usufructo de su padre (2/12 partes), a cambio de la parte alícuota que la sociedad posee en la parcela 144-z, libre de todo desmembramiento.

En relación al valor de los distintos bienes a adjudicar, resulta preciso señalar que conforme surge de la tasación obrante a fs. 75, existe una diferencia de U$S 2.000 por cada hectárea en favor de la parcela 140-aa que se adjudica a El Ceibo Cereales S.R.L.; justificable a partir de la inferior calidad de los suelos de una porción de la parcela 140-z que se adjudica a los menores (ver informe técnico obrante a fs. 55). Que tales valores configuran un detrimento para los menores equivalente a la suma total de U$S 50.000, o su equivalente en pesos (cotización $3,91) de $ 195.500.

Por su parte, y a fin de mensurar el beneficio que implica el incremento de la parte alícuota libre de usufructo correspondiente a los menores, equiparables a poco más de 8 hectáreas, cabe señalar que el mismo no debe estimarse hasta la fecha en que los menores adquirirán la mayoría de edad, tal como lo efectuara el Sr. Juez de grado, sino que por el contrario el mismo debe calcularse a partir de la mayoría de edad de los mismos -momento en que se extingue el usufructo legal establecido por el art. 287 del Cód. Civ.-, y hasta la fecha del probable deceso del titular del usufructo vitalicio (70 años, conf. expectativa de vida pub. en www.indec.mecon.ar).

En esta dirección, resulta oportuno señalar que de la lectura de la copia certificada de la escritura obrante a fs. 8, surge que el Sr. E. A. G., nació el 1/9/73 lo que permite estimar que su usufructo vitalicio se extinguiría alrededor del 1/09/2043. Es por ello, y tomando el valor locativo estimado por el sentenciante de grado ($1.700 por hectárea), es que se puede calcular a groso modo, y tomando como fecha de inicio la de la mayoría de edad del menor de los hermanos (13/07/2016), que el incremento de las hectáreas sujetas al dominio pleno de los incapaces, representa un beneficio mensurable en la suma de $367.200.

De lo antes expuesto surge que la operación en cuestión a la postre habrá de configurar un importante beneficio económico para los menores, el que sumado a la conveniencia de extinguir un condominio con personas ajenas al núcleo familiar justifican el otorgamiento de la autorización solicitada (conf. arts. 136, 297, 436 y ccdtes. del Cód. Civ.).

IV.- En cuanto a los honorarios regulados, y atento a la renuncia efectuada por la Dra. G. en la presentación obrante a fs. 65 y la relación familiar acreditada, es que corresponde dejar sin efecto la regulación practicada (conf. art. 21 de la ley 6716).

Así voto.

El doctor Castro Durán dijo:

Que se adhiere y hace suyos todos los conceptos doctrinales y legales dados por el Señor Juez preopinante en primer término, Dr. Rosas votando en consecuencia, en el mismo sentido.

Así lo voto.

El doctor Guardiola dijo:

Existe consenso doctrinario y jurisprudencial que la autorización judicial para actos de disposición de bienes de los menores sólo debe ser otorgada en caso de absoluta necesidad o ventaja evidente para sus intereses (doctr. arts. 297 y 136 CCivil; Borda Familia To. II 6º ed. nº 908 p. 220; LLambías Código To. I p. 963; Busso Código To. 2 com. al art. 297 nº 23; Machado To. 1 p. 550; Garbini en Código Civil de Belluscio-Zannoni To. 2 p. 167).

No se sustrae de ese criterio el caso de división de condominio del cual es titular el hijo menor con un tercero. En tal supuesto "la autorización judicial debe estar precedida de un análisis acerca de la conveniencia de la división a los intereses del menor. Amén de ello -así como sucede en la partición de las herencias- debe tenerse encuentra que la partición, en sí misma podría llegar a ser perjudicial para el menor al importar una modificación en el régimen de uso, disfrute y conservación de la cosa coposeída y, además nociva al propio interés familiar cuando se trata de cotitularidad entre el hijo menor y parientes" (Zannoni "Derecho de Familia" To. 2 p. 785).

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza el 25/06/1985 con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci en fallo publicado LA LEY, 1986-B, 169, con nota de Elías P. Guastavino, al establecer, siguiendo el criterio mayoritario la necesidad de autorización judicial para tal acción (indiscutible cuando se quiere hacer privadamente como en el caso que nos ocupa), expresó: "... a) Se afirma que el condominio es un régimen que la ley mira con disfavor (nota al art. 3451), y que no conviene a los menores (art. 436). Cabe replicar, en primer lugar, que la circunstancia de que el codificador vea con malos ojos a la comunidad, no implica -por sí sólo- que no se requiera de la autorización judicial para lograr su extinción; prueba de ello es que, aunque el art. 436 obliga al tutor a provocar la venta de la cosa que el menor tuviese en comunidad con otro, se exige la autorización judicial previa (arg. arts. 435 y 439, a contrario sensu. Para la necesariedad de esta autorización, ver Martínez, Víctor H., "La tutela en el derecho civil argentino", p. 100, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1959). Por lo demás el régimen comunitario no siempre es negativo, sobre todo desde la óptica solidarista que ha penetrado en el Código Civil a partir de la reforma de 1968. Ello explica el "renacimiento" o "despertar" del último párrafo del art. 2715 del Cód. Civil (ver L. S. 187-226). d) También se afirma que lo perjudicial sólo puede recaer en el modo de partir, y que, en consecuencia, el interés del menor estaría suficientemente resguardado por ser la partición necesariamente judicial (arts. 2698 y 3465). Tampoco el argumento es definitivo, pues el perjuicio puede estar en la partición misma, la que el juez que entiende en el condominio no podrá ni suspender ni rechazar frente al hecho consumado de la acción deducida por el representante legal, si nadie invoca la nocividad de la partición; en la autorización previa, en cambio, se podrá analizar si ella es o no conveniente (infra 4.a. y d.)... Es también la que expresamente recepcionó el art. 50, inc. 5º del Proyecto de 1936 que incluye entre los actos que necesitan autorización judicial, aquéllos tendientes a "provocar la división de condominio o herencias, aunque en ellos tuviera parte el padre. El juez no la concederá si hubiere perjuicio para el incapaz o si el donante o testador la hubiere prohibido dentro del límite fijado por la ley". ...En efecto, la división del condominio implica la modificación del derecho (ver Orgaz, Alfredo, "El acto de administración en el Código Civil, en Nuevos estudios de derecho civil", ps. 43 y sigts., Buenos Aires, 1954), produciendo como efecto una alteración en el activo; compromete el valor "del elemento capital, por lo que configura un acto de trascendencia patrimonial, no recayendo meramente sobre frutos o rentas; afecta, por ende, la propia individualidad, por cuanto antes, el derecho se tenía sobre la cuota y luego de la sentencia se tendrá sobre una parte determinada... La partición, en sí misma, puede llegar a ser perjudicial para el menor, no por la parte que se le adjudique, sino porque ella implica una modificación en el régimen de conservación, uso, disfrute, etc., de la cosa coposeída; ella puede ser nociva, incluso, para las propias relaciones familiares cuando se trata de cotitularidad entre parientes". Cita también la magistrada "antigua jurisprudencia (CC1º Cap. 3/9/24, G. del F., t. 52, p. 78 -fallo en que se denegó la autorización solicitada por el padre-; implícitamente CC 2º Cap. 20/8/30, J. A., t. XXXIII, p. 110, al autorizarse el desistimiento de la designación del partidor, con el fin de prorrogar el estado de indivisión).

En el sublite el Sr. Juez de grado Dr. Ypiña haciendo una análisis exhaustivo del resultado perjudicial a los intereses de los menores de la adjudicación en especie propuesta a la luz del convenio de fs. 13/14 de las dos parcelas en condominio, desestimó la autorización de "permuta" requerida. Propiciando la confirmación del decisorio se expidió también en meduloso dictamen el Sr. Asesor de Incapaces Dr. Avendaño.

Mis colegas arriban a una conclusión diferente en cuanto a la notoria desventaja del acto que conlleva la pérdida de u$s 50.000 por el distinto valor por ha. de las parcelas, computando que con el cese del usufructo vitalicio paterno, teniendo en cuenta su probable duración, con la consecuente adquisición del condominio pleno de poco más de 8 has. se enjuga -hasta beneficiosamente por el cálculo que se realiza- esa diferencia.

No coincido. Entiendo equivocado pretender compensar una pérdida cierta, actual y significativa en la composición del activo con una ganancia futura y tan sólo probable, en tanto depende de años de vida y rentas estimadas. Por otra parte, la supuesta ventaja se estaría obteniendo o tomando del padre no de la cocontratante El Ceibo Cereales SRL que a través de la partición obtendría una enorme ventaja sin contraprestación (además del importe referido recordemos que es condómino minoritario en una de las parcelas por lo que las decisiones sobre su administración son del representante de los menores y en la otra al tener una parte indivisa igualitaria tampoco nada per se podría decidir arts. 2699 a 2709 CCivil; con lo cual se advierte que la supervivencia de la comunidad tampoco es nociva a los intereses a tutelar). Desde esta última perspectiva tengamos en cuenta que la utilidad o provecho que reportaría el usufructo paterno (reservado a través de la donación que oportunamente efectuó, con lo que demuestra un innegable ánimo de beneficiar a sus hijos) indudablemente acrecentaría el patrimonio familiar y eventualmente llegado el caso el acervo hereditario al que accederían los hoy menores. Es decir que el beneficio hipotético que plantean tampoco es tal, salvo que se parta de la conjetura de que nada obtendrían los hijos de esa renta paterna.

Doy así mi voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Rosas dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: Por mayoría: (Dres. Rosas-Castro Durán; Disidencia Dr. Guardiola); I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/84; y en consecuencia, revocar la resolución de fs. 80/82, autorizando a E. A. G. en representación de sus hijos menores M. del P. y J. E. G., a celebrar el "Convenio de deslinde y Adjudicación" obrante a fs. 20/21 (conf. arts. 136, 297, 436 y ccdtes. del Cód. Civ.). II.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en favor de la Dra. G. (conf. art. 21 de la ley 6716). Así lo voto.

Los doctores Castro Durán y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Autos Y Visto: Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Se Resuelve: Por mayoría: (Dres. Rosas-Castro Durán; Disidencia Dr. Guardiola); I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 83/84; y en consecuencia, revocar la resolución de fs. 80/82, autorizando a Eduardo Andrés González en representación de sus hijos menores M. del P. y J. E. G., a celebrar el "Convenio de deslinde y Adjudicación" obrante a fs. 20/21 (conf. arts. 136, 297, 436 y ccdtes. del Cód. Civ.). II.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en favor de la Dra. G. (conf. art. 21 de la ley 6716).- Patricio Gustavo Rosas. - Ricardo Manuel Castro Durán. - Juan José Guardiola.