marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Discriminación, discriminación laboral
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Aranda, María Luisa c/ Banco Patagonia S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

Al confrontar la libertad de empresa con el derecho a trabajar (sea al celebrar un contrato o bien al finalizarlo), la jurisprudencia del cimero Tribunal de la Nación prevé para quien fuera afectado por un acto discriminatorio y prima facie lo haya acreditado, la asistencia de un estándar probatorio que traslada al demandado la carga de probar que, como reprochado del acto discriminatorio, tuvo como causa un motivo o criterio objetivo y razonable ajeno a ella. Y así, el ejercicio de la libertad de empresa -en todas sus manifestaciones-, encuentra su límite en la afectación del derecho a la no discriminación en las relaciones laborales; límite que se manifiesta tanto en el ejercicio del derecho del empresario al finalizar una contratación (de trabajo), como así también al iniciar una contratación (de igual carácter), si su despliegue no puede ser encuadrado como un motivo objetivo y razonable y máxime si se violenta la igualdad real de oportunidades en perjuicio de uno de los colectivos señalados en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional. Perspectiva desde la cual resulta evidente que asistimos a un tiempo en donde el derecho constitucional se posiciona por sobre todas las relaciones jurídicas, verticales y horizontales, y que ningún acto de trascendencia jurídica puede ser validado si se encuentra motivado por una irrazonable diferenciación o discriminación; lo cual no es otra cosa que aplicar la fuerza normativa constitucional y convencional en todos los ámbitos de la vida diaria (cf Cao, Christian Alberto, Ibíd.). (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Finocchi, Juan c/ Reynes, Lorenzo y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Si bien ha progresado la pretensión actora y, en consecuencia, la demandada revista la condición de vencida, no es menos exacto, que también ha progresado el derecho de retención que ha esgrimido el demandado. Siendo ello así, cabe considerar que ha mediado un vencimiento parcial y mutuo, resultando de aplicación lo prescripto por el art. 71 del ordenamiento procesal, que posibilita que el órgano judicial distribuya prudencialmente las costas, en proporción al éxito obtenido. En atención a ello, y lo decidido respecto del derecho de retención, postulo graduar la imposición de las costas en una proporción del ochenta por ciento para el demandado y en un veinte por ciento para el actor (art. 71 bis Cód. Procesal).
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, aplicación de la ley, Constitución Provincial, competencia del Superior Tribunal de Justicia, proceso penal, resoluciones recurribles, revocación de la prisión preventiva, recurso de casación, interpretación de la ley, recursos, iura novit curia, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares, cómputo privilegiado de la privación de libertad, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GAON, Pablo Alberto y Otro s/ Defraudación Calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-15

- La Constitución de la Provincia, incluye dentro de la competencia del Tribunal Superior de Justicia, la de conocer y resolver, en pleno, de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad (artículo 165, 2).

En cuanto a la posibilidad que la ley infraconstitucional restrinja o excluya resoluciones jurisdiccionales como objeto impugnable en esta vía recursiva, existen valiosos precedentes del Tribunal Superior que la excluyen.

Así se ha sostenido que el propósito de la Constitución (artículo 132, 1°, C. Pcial. de 1923), ha sido el de crear una jurisdicción que asegurara el imperio de la constitución dentro de una interpretación uniforme, por medio de un tribunal que por su jerarquía y composición asegurase el acierto de sus resoluciones, de modo que esa jurisdicción derivada debía ejercerse contra toda resolución que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma sin otra condición que el recurso se promueva en un caso concreto y por parte interesada.

El recurso de inconstitucionalidad, ya que emanando éste directamente de la Constitución, la cual lo otorga sin restricciones, no puede ser excluído ni limitado por una ley de la Legislatura.

Así regla el art. 483 CPP que limita las resoluciones que constituyen el objeto impugnable, no puede restringir la competencia diseñada por la Constitución al Tribunal Superior -una vez transitadas exhaustivamente las instancias ordinarias- por la clase de resolución jurisdiccional impugnada, toda vez que ello implicaría incursionar en una esfera vedada al legislador infraconstitucional.

De tal modo, la resolución que deniega el cese de la detención es objeto impugnable por directa derivación de disposición constitucional (artículo 165, 2), sin limitación en orden a la clase de resolución.
Extradición, tratados internacionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades del Poder Judicial, detenido, nacionalidad, opción de jurisdicción
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Si los tribunales de las instancias anteriores se han pronunciado a favor de la extradición de un nacional (art. I del Tratado de extradición con el Brasil lley 17.272]) no resulta extemporáneo el ejercicio por parte de la Corte de la facultad de conceder o no la extradición.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rabano de Madrid, María Luisa c/ Merlo, Patricia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Es procedente la excepción de falta de legitimación pasiva cuando la ocupación por parte de la demandada, antes de configurar el supuesto de mera intrusión, revela una pretensión mayor como es el derecho a la propiedad del bien.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Riquelmez, Gladys María c/ Caíno, Pedro Omar s/ Laboral por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-17

La prueba denegada tendía a acreditar la relación de trabajo, lo que se ha resuelto en forma favorable al actor en la sentencia en cuanto reconoce que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo que fuera negado por la demandada, prosperando todos los créditos reclamados, excepto las asignaciones familiares que están pendientes del recurso de apelación interpuesto. Resulta definitivamente esta controversia, la apertura a prueba se torna irrelevante.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, culpa, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: Camusso, Diego Pedro c/ Etma SACIFCI y Sancor Coop. Ltda. Seg. s/ Laboral. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad  (EXPTE CSJ Nº 263-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

En los casos de daños, la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el artículo 1113 del Código Civil debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.
Concursos, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, ejecución forzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: COEGO, OSCAR c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES. s/ CONC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Habiendo el BCRA dictado resolución disponiendo la liquidación de una entidad bancaria, ningún acreedor podrá dentro del término de 150 días, contados a partir de dictada la resolución, iniciar o proseguir actos de ejecución forzada -conf. Ley 21526: 47-; pero a los efectos del computo de dicho plazo no deberá tenerse en cuenta el período en que fueron restituidas provisoriamente las autoridades naturales del banco como consecuencia de una medida cautelar dictada en sede judicial.
Libertad de expresión, medios de comunicación electrónica, noticia falsa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Lewin, Miriam Liliana c/  s/ abuso de autoridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-22

Más allá de la tutela constitucional prevista en los arts. 14 y 32 CN, junto con otras normas internacionales de igual jerarquía, lo cierto es que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y se encuentra sujeto a restricciones, como las responsabilidades derivadas de su uso irregular o perjudicial. En tal sentido, cabe destacar la gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo y de las organizaciones internacionales respecto de las acciones deliberadas de desinformación que se llevan a cabo a través de los medios digitales, especialmente en época de elecciones.
Preaviso, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, LEANDRO LEONARDO Y OTROS c/ COINFORM  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Durante el lapso de preaviso rigen en plenitud los derechos y obligaciones recíprocos, entre ellos el de no causar injuria a los intereses a la parte contraria.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, prueba, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: G. de S., C. c/ S., H. C. s/ Divorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

Si las partes se han atribuído recíprocamente la culpa del divorcio por la causal de injurias graves, aún cuando surja de la prueba producida la existencia de otra diferente, no puede ser objeto de consideración y juzgamiento. De lo contrario, la sentencia que la acogiere no salvaría el principio de congruencia, ya que fallaría sobre algo no invocado y se afectaría al derecho de defensa de una parte, a quien no se le habría reconocido la posibilidad de ser oído y de producir prueba de descargo.
Costas, costas al vencido, falta de imposición de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Dresdner Forfaitirungs Actiengesellschaft c/ San Luis, Provincia de s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

En el caso en que la Corte Suprema omitió pronunciarse respecto de las costas no existe razón suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 del Código Procesal
Acta de infracción, policía, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Línea de Microómnibus S.A.T.C.F. s/ art 6.1.63 y otros ley nº 451 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

Atribuir a un cuerpo especial la facultad de labrar actas de infracción no implica que el Poder Ejecutivo local haya legislado mediante el Decreto nro. 2124/04 en materia de policía, sino que se ha puesto en ejecución un medio accesorio para promover la acción pública en materia de faltas de tránsito, concretamente, cumplir con lo dispuesto por el órgano constitucionalmente competente para legislar en esas cuestiones. (Voto de la Dra.Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de los Dres. José O. Casás y Luis F. Lozano).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asesoría tutelar n°1 (oficio n° 520/18) contra gcba sobre incidente de apelación - acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la queja que pretende traer a conocimiento del Tribunal la decisión que mandó a secuestrar la información que el recurrente fue condenado a entregar en la sentencia definitiva. Ello así, toda vez que esta decisión es posterior a la definitiva y el GCBA no muestra que corresponda equipararla a una de esa especie. Y aunque sostiene que le genera un perjuicio irreparable; empero, en tanto no muestra que lo allí decidido se aparte palmariamente de lo resuelto en la definitiva, el perjuicio que denuncia proviene de la definitiva, y no de la recurrida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Instrumentos privados, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL
Carátula: Sujolusky, Juan Carlos c/ Chaquif, Morabes s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

De conformidad a lo estatuido por el artículo 1028 del Código Civil, el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido, y el artículo 1026 le otorga el mismo valor que a un instrumento público, quedando a cargo del emplazado el desvirtuar tales preceptos y generando el incumplimiento de dicha carga tener por acreditada la relación existente entre las partes.
Confirmación de sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. E. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "C., A. E. s/nulidad" (Causa N° 68.181/2018) resuelta el 10/9/19 donde Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron el rechazo de la nulidad planteada por la defensa.
Proceso judicial, gestor judicial, obligaciones del gestor, responsabilidad del mandatario, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferry Lineas Argentinas S.A. c/ Min. de Economía (Fondo Marina Mercante) s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

El art. 48 (ver espec. primer párrafo, in fine) le impone la obligación de cargar con todas las costas provocadas por su actuación -entre los que se encuentran, obviamente, los gastos de justicia-, amén de la responsabilidad por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado.
Policía, pautas, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALLAVIDINI, JORGE CARLOS DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 357-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

El Jefe de Policía, al establecer "pautas" para el funcionamiento de las Juntas de Calificaciones, dicta un acto constitutivo de una fuente secundaria del Derecho Administrativo, es decir, de rango inferior a la ley formal, asumiendo de este modo el poder normativo de la Administración Pública -no concretado en actos legislativos formales- que le compete exclusivamente al titular del Poder Ejecutivo.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrando, Isabel c/ Consorcio de Propietarios calle Diag.80 entre 42 y 116 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

El reglamento de copropiedad y administración de un consorcio constituido según lo dispuesto por la ley 13512, forma parte del título de dominio de cada uno de los copropietarios y constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones y su acatamiento es fundamental en el sistema organizado por la citada norma como medio de propender al normal desarrollo de las relaciones entre los copropietarios y al buen funcionamiento del régimen comunitario establecido por la ley.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, instituto de previsión social
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social c/ Guillermo Bravo y Asociados s/ Incidente Tasa Judicial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

La ley 23.966 en su art. 34, incorporó entre las excepciones contempladas en el inc. f), del art. 13 de la ley 23.898, al "...

Instituto Nacional de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes, contribuciones y demás obligaciones de la seguridad social", habiéndose señalado asimismo que dicha exención tendría efectos desde la vigencia de esta última norma, en consecuencia, la ejecutante se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia en las presentes actuaciones.
Mandato tácito, actos de administración
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Mauricio Juan y otros c/ Fibranor S.A. y/o quien resulte responsable s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-20

El mandato tácito previsto en el art.1877 del Código Civil, es mirado con estrictez en dicho cuerpo legal, ya que como regla está limitado a negocios de administración, en tanto que para los de disposición como refiere el sub-discussio, se requiere contar con mandato expreso y formal, conforme art. 1881 del CC.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: G., A. L. c/ A., L. F. s/ Acción de reclamación de la filiación extramatrimonial - Recurso de  Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 313 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

El proceder del Tribunal demuestra que incurre en un exceso ritual, y en una interpretación y aplicación palmariamente irrazonable de la norma del caso -artículos 356 y 357 del C.P.C. y C.- dado que exige un requisito de forma, sin dar un fundamento suficiente al pronunciarse sobre las consecuencias de su incumplimiento, evidenciando un injustificado y lesivo apego, desde la óptica constitucional, a las formas.
Aportes previsionales, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. San Martín c/ Sucesores de Pinto Miguel J. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Habiéndose abonado al presentarse en el juicio el aporte profesional exigido por el artículo 3 de la ley 8480, el letrado reemplazante del anterior mandatario, no debe presentarlo nuevamente. El premencionado artículo modificado por la ley 10.596, contempla un derecho fijo a abonarse en forma exclusiva "al iniciarse o contestarse toda gestión judicial", sin que de los términos en los que se halla redactada la ley pueda inferirse que ese bono fijo deba ser abonado por cada letrado interviniente.
Revocación de sentencia, beneficio de litigar sin gastos, declaración testimonial, medios de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Waxemberg, Sebastián Ariel c/ ALBA Compañía Argentina de Seguros SA s/ beneficio de litigar sin gastos. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-13

Cabe revocar el decisorio en donde se le requirió nuevamente acompañar a la parte actora las declaraciones testimoniales en los términos del CPR 79-2°. Téngase en cuenta que, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la amplitud probatoria para tener por acreditada la carencia de recursos, en términos que hagan procedente la franquicia. De esta manera se ha decidido que el otorgamiento del beneficio para litigar sin gastos queda librado a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. De modo que, ante el excepcional supuesto de carencia de testigos -tal el presente caso-, nada obsta a que se admitan otros medios de prueba, puesto que las normas específicas no los prohiben y las generales respectivas los admiten (CPR 378), (cfr. Arazi - Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, p. 384 y ss., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007).
Recurso de apelación (procesal), ejecución fiscal, titularidad del dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ CLUB ATLETICO EXCURSIONISTAS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

La decisión dictada en la ejecución fiscal a efectos de averiguar la titularidad de dominio del inmueble a que se refiere la deuda reclamada, en modo alguno quebranta el principio de igualdad, vulnera la garantía de defensa en juicio ni ocasiona gravamen, en los términos del art. 242 de Código Prcesal.-
Juicio abreviado, alegato, calificación legal, monto de la pena, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E. J. s/ Fraude a la administración pública s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-12-07

Del propio texto legal (art. 325 bis del Cpp) es dable deducir que el juzgador, a quien se dirige el alegato, tiene facultades para controlar tales cuestiones: esto es, la calificación legal y el monto de la pena. Ello es así pues el alegato implica una petición al juez atento a que su función y utilidad "... debe surgir de la forma sintética y metódica en que se recapitulan los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y el derecho que invocan, con el fin de orientar al juez, en sus conclusiones definitivas.

No tendría sentido que el legislador posibilitara alegar a las partes en la audiencia - es evidente, por los beneficios de la inmediación -, en un intento de mejor exposición de sus posturas, sobre temáticas que ya serían incontrovertibles para quien debe ser convencido.
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, competencia, competencia civil y comercial
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VELAZQUEZ, GABINO SALVADOR c/ INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL  (CSJ EXPTE N. 500-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La Provincia de Santa Fe adhirió a la ley 24028 (aplicable a la relación de empleo publico, según art 1, 2do párrafo) por la ley 11025 y estableció la competencia de los jueces de distrito de primera instancia en lo civil y comercial para entender en las acciones en las que se reclaman derechos o indemnizaciones que pudieren corresponder según el derecho civil; con lo que actualmente esa competencia resulta detraída del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Agregación de la prueba documental, notificación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando, Incidente de Apelación de prisión preventiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-29

La falta de la previa notificación a las partes que dispone el art.

348 del CPMP, antes de proceder a agregar documentos que se presentan a la instrucción o que de cualquier manera deban obrar en el proceso, en modo alguno pueden dar lugar a la nulidad por tratarse de una formalidad no esencial subsanable a lo largo del sumario.