Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-11-29


AUTOS N° 21.731 (N° 119.635/1 4° JUZGADO CIVIL), CARATULADOS: "PÉREZ, Luis Dario C/ Soeme (Delegación San Juan) - Ejecutivo - Actuaciones p/Elevar" L.A. 188, F°51/54 VICTORIA-RIVEROS En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de noviembre del año dos mil trece, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. JUAN JOSÉ VICTORIA y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas sub 101 por el Dr. Guillermo Daniel Chaves, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 21.731 (N° 119.635/1 4° JUZGADO CIVIL), caratulados: "PÉREZ, LUIS DARIO C/ SOEME (DELEGACIÓN SAN JUAN) - EJECUTIVO - ACTUACIONES P/ELEVAR", dictada en fecha veintitrés del mes de marzo del año dos mil once, obrante a fs. sub 95-96, de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

1)El caso.

A) El actor Luis Darío Pérez inicia, por su propio derecho, juicio ejecutivo tendiente a percibir de la demandada la suma de $ 129.170, con base en documentos pagarés que describe (fs. 17).- Cumplidos los recaudos formales, en fecha 22 de Junio de 2012 el A-quo dicta sentencia monitoria (fs. 20).

Se libra el mandamiento de estilo a los fines de notificar la demanda, el que es diligenciado (fs. 30/31). De la sentencia y mandamiento referenciados, puede inferirse que textualmente expresan: " . . . Igualmente, hágase saber que al momento de oponer excepciones, el demandado deberá abonar el 0,75% del monto reclamado más 60 UT por sellado de excepción, acreditar la oportunidad del planteo presentando este mandamiento . Tanto el pago del impuesto como la presentación del mandamiento, han de ser considerados requisitos de admisibilidad del planteo de oposición de excepciones (art. 254 y 279 del C. Tributario y 62 inc. 5° de la ley 3725). En consecuencia, ante el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos no se dará curso a la presentación que pudiera hacer el/los demandados . . ." (sic- fs. 20 vta y 30 vta).

Ahora bien, se presenta el demandado oponiéndose a la sentencia monitoria, deduciendo nulidades y excepciones pretendiendo el rechazo de la ejecución (fs. 66 y ss).- Luego de cumplidos distintos actos procesales en la causa, la parte actora se presenta respondiendo el traslado de las excepciones (fs. 78 y ss) y de la nulidad (fs. 81 y ss). En ambas réplicas solicita el rechazo in límine de las defensas intentadas por la accionada, con fundamento en no haber ésta cumplido con el pago de sellado requerido, conforme lo disponen los arts 254 y 279 del Cód. Tributario y art 62 inc. 5° de la Ley 3725.- En fecha 21 de Octubre de 2010, el Señor Juez de la causa dispone el pase de los autos a resolver (fs. 87).- Luego en fecha 23/2/11 el A-quo, de oficio, deja sin efecto el llamamiento de autos que había decretado, disponiendo -como medida para mejor resolver- abrir las excepciones a prueba (fs. 90).- Este decreto es resistido mediante recurso de reposición por el actor (fs. 91), quien sostiene que el llamamiento de autos se encontraba firme y consentido por las partes, que la disposición de abrir a prueba las excepciones resulta violatorio de las garantías del debido proceso y defensa en juicio.- El Juez dispone el llamamiento de autos para resolver el recurso de reposición deducido por el accionante.- B) La sentencia:

Se dicta resolución en autos (fs. 95/96) de la que puede extractarse dos cuestiones bien definidas y que terminan por plasmarse en la parte resolutiva, a saber: a) rechaza el recurso de reposición del actor, con fundamento en que las medidas para mejor resolver, no solo que resultan una facultad del juez disponerla, sino en que resulta irrecurrible su disposición por ser una facultad jurisdiccional; y b) hace efectivo el apercibimiento con que se cursara el mandamiento, con fundamento en la falta de cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de las excepciones interpuestas por la demandada, esto es la falta de sellado. Consecuencia de ello, dispone mantener la sentencia monitoria y continuar el proceso según su estado.

Esta sentencia es apelada por la demandada (fs. 101), concediéndosele el recurso sin efecto suspensivo, conforme arts. 515 y 516 del C.P.C. (fs. 102).- C) Los Agravios:

Son propuestos por la accionada quien sostiene que se violentó en la sentencia el principio de preclusión procesal. Sostiene que es indudable que resulta plenamente ajustado a derecho el punto I de la providencia recurrida, en referencia a que el Juez disponga, como medida para mejor resolver, la apertura a prueba de las excepciones deducidas. Pero lo agravia -dice- la segunda parte de la sentencia en cuanto dispone hacer efectivo el apercibimiento con que se cursara el mandamiento, atento a la falta de cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de las excepciones propuestas. Entiende el recurrente que se concreta una cabal violación al principio de preclusión, amén de contrariar el texto legal.- Sostiene además en su queja, que el A-quo incurre en un exceso ritual manifiesto por tener por no presentadas las excepciones con fundamento en la falta de sellado, desentendiéndose así de la verdad jurídica objetiva y violando la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza la Constitución Nacional. Afirma además que ya no existe perjuicio fiscal, porque obló el sellado al momento de apelar la sentencia ahora en crisis.- Entiende también como fundamento del recurso que deduce, que si bien el Código Tributario reglamentó el pago previo del sellado para la prestación del servicio de justicia, la solución -dice- la brinda el mismo Cód. Tributario (arts. 280 y 284) que prevé el sistema de cobro por vía de juicio ejecutivo a través de la actuación del Fiscal de Estado.

Termina el recurrente por sostener que la sentencia viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso, porque lo dispuesto por el Juez es discrecional, sin apoyo en norma jurídica alguna que lo justifique.

Subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad del art. 505 del C.P.C. y arts. 254 y 279 del Código Tributario, terminando por formular reservas del caso federal.- Los agravios fueron contestados por la actora (fs. 114 y ss).- 2) CONSIDERANDO: Advierto de las constancias de autos, que la parte actora en cada presentación formal que realiza en el proceso, introduce como cuestión para resolver la aplicación de los apercibimientos contenidos en la sentencia monitoria y notificados al tiempo de diligenciar el mandamiento (omisión de oblar el sellado, como requisito de admisibilidad).- Lo afirmado surge, con toda claridad, de las presentaciones de la actora al tiempo de responder el traslado de las excepciones (fs. 78/80) y el traslado de la nulidad (fs. 81).- La actora entonces, en la primera oportunidad que se le presenta en el proceso, pide al Sentenciante la aplicación del apercibimiento con fundamento en la omisión de la excepcionante de oblar el sellado.

Advierto además que la actora, cuando el A-quo deja sin efecto el llamamiento de autos y dispone la apertura de las excepciones a prueba (fs. 90) , recurre por la vía que habilita la ley formal dicho decreto. Acto seguido, dicta la sentencia ahora en crisis.

Adelantando opinión, sostengo que los agravios traídos no logran desvirtuar las claras motivaciones expuestas en la sentencia bajo recurso. Es así desde que la actora en cada presentación que realiza, solicita la aplicación del apercibimiento, llevando tal pretensión a decisión del Juzgador; ergo no existió la preclusión alegada por el recurrente.- No surge de autos además el "manifiesto exceso ritual" que, como fundamento del recurso, introduce la demandada. Todo lo contrario, pues la sentencia monitoria expresamente consigna, advirtiendo por cierto, como requisito de admisibilidad de excepciones, el pago de sellado. Y no solo la sentencia, sino que tal exigencia fue también transcripta en el mandamiento por el que se notifica la demanda.- Por ello, esto es que fue debidamente notificado el accionado que como requisito de admisibilidad de las excepciones debía pagar el sellado al tiempo de deducirlas, encuentro ajustada a derecho la resolución dictada por el Titular del 4° Juzgado Civil.

No hay una diversidad de criterio que implique afectación al derecho de igualdad o de defensa; mucho menos que lo releve al demandado de la obligación tributaria. En la aplicación de las normas vigentes no hay ningún exceso ritual; ni va a implicar interpretación restrictiva o amplia o inadecuada, solo se cumple lo previsto por la ley. No es atendible tampoco argumentar que no surge de las normas aplicables la facultad de tener por no opuestas las excepciones. Esa decisión no es más que la consecuencia de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Tributario, arts. 505, 119, C.P.C cuando dice que no se dará curso a los escritos que infrinjan la obligación de tributar. Ante el hecho objetivo de la falta de pago de sellado, le está vedado al Juez proveer el escrito, por lo que corresponde tener por no producido el acto que constituye el hecho imponible, esto es la oposición de excepciones.

Por otra parte, el juez a-quo así lo dispuso al tiempo de dictar la sentencia monitoria, anunciando la previsión legal y las consecuencias del incumplimiento, por lo que no puede pretender el apelante ser ignorante del mandato legal (no es excusable) o del mandato judicial que se le notificó vía mandamiento.

Respecto a la afrenta constitucional ya dijimos en autos Nº 17.422 caratulados "H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.A. c/ Rocha, Daniel Alejandro y otra - ejecución hipotecaria", protocolizado en L. de A. Tº 129, Fº 110/113, del 09-12-03, "En sus agravios la recurrente reconoce la falta de reposición de sellado al momento de plantear las excepciones, pero critica que el denegarlas lisa y llanamente vulnera derechos de raigambre constitucional..." "..., no accede la recurrente al pago del tributo sino que, sin obtener dispensa por el medio apropiado (beneficio de litigar sin gasto) ni atacar la ley que lo impone, pretende que se dé trámite al expediente y se provea la petición cuando es la ley quien impide al Juzgador hacerlo (art. 254 y 279, ley 3.908) ante el incumplimiento de un requisito de admisibilidad, como ha de entenderse el pago del sellado fiscal según lo enseña Palacio, en "Derecho Procesal" Tº I, p. 412 - Abeledo Perrot, ed. 1.967. De tal suerte que aparece por demás errado considerar que la sanción no esté prevista en la ley. De igual modo fue resuelto por la Sala Segunda de la Cámara, en L. de S., Tº I, Fº 175-179 del 4-6-97, y por ésta, según fue sentenciado en los autos "Nuevo Bco. Suquía c/ Zárate Sonia.." Protoc. en L. de A. Tº 128, Fº 156-162, 2.003." Habiéndose establecido la oportunidad en que debe pagarse el sellado (art 505 del C.P.C), consignado expresamente en la sentencia monitoria y notificación del mandamiento consecuente, tampoco corresponde considerar el haberse cumplido con el mismo al tiempo de deducir la apelación, pues el mandato proviene de la propia ley y justamente por ello el momento es de carácter legal, no judicial.

No surge de autos que la demandada haya introducido la cuestión constitucional en su primera presentación, cuando - sin duda - fue previsible.- Reitero, la condición de admisibilidad de tributar el sellado al momento de deducir las excepciones, no solo esta previsto expresamente en la ley ritual sino, que se consignó en la sentencia monitoria y el mandamiento que notifica la misma. Por ello, la extemporaneidad de la pretendida inconstitucionalidad que deduce, aparece manifiesta pues debió introducirla - a todo evento - al momento de plantear las defensas en autos.

Esta omisión de introducir tempestivamente la declaración de inconstitucionalidad de las normas que apunta, importa para la quejosa el sometimiento al régimen legal impuesto.

Como colofón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto. Costas al apelante vencido (art. 66 del C.P.C.).

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas a la demandada.- El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas a la demandada.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.