Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, falsedad material, rechazo del reclamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'Agostino, Jose Enrique  c/ Sucesoras de Antonio Domingo D'Agostino y Otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-07

Procede confirmar la resolución que rechazó las excepciones de inhabilidad y de falsedad de título opuestas por las herederas del deudor fallecido y sentenció la causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución de pagarés firmados hace casi 30 años, por un librador fallecido hace más de 16 años y ausencia de documentos indubitados, por cuanto, en el caso las accionadas omitieron demostrar la falsedad invocada, cuya carga le incumbía por expresa prescripción del CPR 549, párr. Ello así, con la salvedad de que las demandadas no deben responder por un hecho propio, sino en calidad de herederas del deudor fallecido y en la medida de sus obligaciones en la sucesión del causante (conf. CCIV 3358, sig. y cctes. y CCCN 2317 y cctes.), debiendo la juez que tiene a su cargo del proceso sucesorio, entender en lo que se refiere a la responsabilidad de las herederas en la ejecución de la acreencia (y sus eventuales limitaciones), pues es asunto que queda comprendido dentro del orden público que se deriva del fuero de atracción fijado en el CCCN 2335 y 2336.

Es que, desde la muerte del causante, los herederos quedan investidos de su calidad de tal sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, pudiendo ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante (CCCN 2337), detentando todos los bienes y acciones de aquel, de manera indivisa (art. 2280). Por ello, y sin perjuicio de que las demandadas responderán iure hereditatis, no puede admitirse la inversión de la carga de la prueba pretendida por las demandadas, basada en el hecho de no haber ellas suscripto los documentos, pues las mismas han pasado a ocupar en el marco del contrato, el lugar que le correspondía al causante/librador.

Voto del Dr. Kolliker Frers:

Se estima que dos cuestiones deben ser puestas de relieve para asignarle a la decisión adoptada la correcta dimensión que corresponde darle en función de los antecedentes del caso: la primera de ellas atañe al relativo alcance con que debe apreciarse el "onus probandi" en materia de excepción de falsedad cuando quien la opone es un heredero o sucesor universal del presunto firmante del documento. En este sentido, la carga de la prueba de los hechos en que fundan la excepción, que corresponde al ejecutado (regla consagrada por el CPR 549 y en la doctrina emergente del fallo plenario dictado por esta cámara in re: "Rondinelli de Andrade" el 28/07/70), en el caso no resulta sin más de aplicación tratándose de herederos o sucesores universales del supuesto autor de la grafía, pudiendo a diferencia de éste, limitarse a manifestar su ignorancia al respecto (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil - Parte General", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, T° II, pág. 413 n° 1612; CCIV 1031 y 1032). De manera tal, que si bien corresponde no juzgar la responsabilidad de los sucesores universales en términos análogos a los que se derivan de una negativa o desconocimiento de la firma por el propio firmante, si finalmente se determina por vía judicial la autenticidad de la grafía, la situación de aquellos queda equiparada a la de este último, que es justamente lo acontecido en el caso luego de realizarse las pericias caligráficas que llevaron al experto a concluir que la firma del documento ejecutado era atribuible al causante; en segundo lugar debe quedar claramente establecido que la condena pronunciada en autos debe ser entendida como dictada en su condición de herederas y sucesoras universales del firmante del documento que es materia de ejecución, esto es "iure hereditatis" y no "iure propio", de modo que esa condena sólo puede hacerse efectiva contra ellas en la medida de su responsabilidad sucesoria sobre los bienes que componen el acervo hereditario, motivo por el cual deberá ser la jueza del sucesorio quien determine el modo de hacer efectiva la sentencia, tal como lo prevé este mismo pronunciamiento.