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Accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Gervacio c/ Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de FORMOSA s/ Indemnización por accidente de trabajo la Provincia de FORMOSA s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-03-01

Se entiende por accidente todo siniestro incapacitante, traumático, súbito y violento, conceptualmente disímil de la dolencia prolongada y de pausada evolución, y por enfermedad ..., a todo proceso evolutivo de una afección incapacitante en el que total o parcialmente hayan influidos en sus génesis y/o agravamiento las tareas desempeñadas por el trabajador, quien además para hacerse acreedor de la indemnización estipulada en la misma ley, arts. 2, 8 y concordantes, será condición "sine qua non" demostrar fehacientemente que la enfermedad existía y cuales fueron los factores causales atribuibles al trabajo o su ambiente que incidieron en el origen, desarrollo y/o agravamiento de la misma. Fundamento del Dr. Saettone.
Derecho laboral, contrato de trabajo, personal contratado, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, shopping
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Da Silva, Bruno Andrés  c/ Cencosud S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-24

La demandada Cencosud S.A. se agravia pues el magistrado de grado la condenó en forma solidaria en los términos del Art. 30 de la LCT. La actividad de CENCOSUD S.A consiste en el alquiler de locales existentes en los centros comerciales o "shoppings" construidos o adquiridos por ella, y la vinculación con la codemandada - que se dedica a la explotación del local donde se prestan servicios de peluquería- es el alquiler de uno de los referidos locales, contra el pago de un canon locativo. Sin embargo, de ello no cabe inferir que el shopping haya cedido su establecimiento o que hubiera subcontratado otros trabajos que hicieran a su actividad principal, en los términos de la norma del art. 30 LCT. Cabe destacar que "tal como la normativa del art. 30 LCT lo establece, para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, debe existir una "unidad técnica de ejecución" de manera que la actividad que desarrolla CENCOSUD S.A. consiste en el alquiler de locales existentes en centros comerciales o shoppings, que fueran construidos o adquiridos por la misma sin que tenga injerencia la actividad de la otra codemandada dedicada a una actividad distinta y, en tal sentido, al ser la única vinculación entre ambos sujetos codemandados la locación de un local, el shopping no resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT frente a la actora. Así también, el art. 30 de la LCT establece la solidaridad entre contratista y subcontratista cuando la actividad desarrollada sea la normal y específica propia del establecimiento, de manera que la actividad normal y específica de CENCOSUD S.A. es la administración del centro shopping, y por ende, su actividad no se vincula con la de la codemandada quien se dedica a una actividad distinta que no completa ni complementa las actividades normales y específicas del shopping que no se ve beneficiada con el proceso productivo de la empleadora del actor. Cabe revocar la sentencia de primera instancia en este segmento.
Sanciones disciplinarias administrativas, facultades de la administración, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silva, Héctor Enrique c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa Gayarre, María Angélica c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23|2000-03-08

Resulta factible y sin restricciones el control judicial de las facultades disciplinarias de la administración pública, no solo en cuanto a su "legalidad" sino también lo atinente a su "razonabilidad" aún cuando se trate de potestades discrecionales, sin que ello implique que los jueces tengan la posibilidad de inspeccionar la "oportunidad, mérito o conveniencia" de dichas facultades, misión que le es ajena. Ello así porque la actividad discrecional no implica una franja vacua del control judicial. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, acción civil, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Riu, Antonio David c/ Riva S.A s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-02

En el caso de indemnizaciones no tarifadas, para la fijación del monto a indemnizar es de necesidad puntualizar cada uno de los elementos a los que se ha recurrido a efecto de permitir la reconstrucción del cálculo y garantizar un eventual control de legalidad.
Acto administrativo de alcance general, revocación del acto administrativo, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Es particularmente severa la aplicación de los principios del derecho administrativo que hacen a las consecuencias patrimoniales de la revocación por la administración de un acto de alcance general y a la responsabilidad por actos estatales normativos.
Facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alarcon, Nelida Beatriz y otros s/ Apelación Alfaro, Julio Alberto y otros s/ Amparo s/ Apelación Bruno, Viviana Luz y otros s/ Amparo s/ Apelación Ameduri, Rosa y otros s/ Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13|1998-08-13

"El otorgamiento de facultades discrecionales a la Administración no implica el reconocimiento de poderes ilimitados o exentos de control.

Por el contrario, discrecionalidad no es igual a arbitrariedad.

Discrecionalidad y arbitrariedad son, más bien, conceptos antagónicos. Lo discrecional se halla o debe hallarse a cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (arbitrariedad) la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñada su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad". Voto en mayoría del Dr. Romanelli Espil.
Procedimiento judicial de la seguridad social, exceso ritual manifiesto, caducidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: LAJUD CURA, ANA MARIA c/ La Bs. Aires, Cía. Arg. de Seg.", sent. del 25.09.97). (Del voto de la Dra. Maffei).A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-18

En el campo de la seguridad social, los requisitos formales no deben ser exigidos con rigor extremado pues no es posible escindirlos del objeto que persigue el derecho material específico, cual es el de cubrir riesgos de subsistencia y de ancianidad, cuyo principio informante es el de la protección de los sujetos comprendidos en su ámbito personal de aplicación y, en definitiva, hacer real y cierto el derecho a la seguridad social reconocido por la Constitución Nacional.

Ello impone analizar las normas procesales aplicables en actuaciones de la naturaleza de la presente a la luz de estos conceptos, pues podría acontecer que mediante una interpretación inadecuada de aquellas, se frustraran derechos de jerarquía superior. En ese sentido, no cabe dejar de lado lo dispuesto por el art. 36, inc. 1 del C.P.C.C., en cuanto dispone que aún sin requerimiento de parte los jueces y tribunales pueden tomar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, norma ésta que posibilita al magistrado adecuar aquél a los principios básicos de la seguridad social (cfr.

Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, págs. 152/153). (Del voto de la Dra. Maffei).
Cuestiones de competencia, amparo colectivo, acumulación de acciones, decreto de necesidad y urgencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel y otro  c/ E.N. -DNU 70/23  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-04

En virtud de lo decidido en la causa "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros c/ EN - DNU 70/23 s/ Amparo ley 16.986", en la cual se resolvió declarar la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo corresponde desvincular del Registro de Procesos Colectivos, la causa iniciada con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, y determinar que la misma tendrá tratamiento de acción de amparo individual.
Municipalidad, intendente, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALDAMARIN, Juan Pedro c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-15

Estableciendo la ordenanza que el adicional por antigüedad se fija con relación a la respectiva categoría, se evidencia que refiere al personal municipal y no al cargo de Intendente que, obviamente, por tratarse de un cargo electivo y no permanente no se encuentra encasillado en ninguna categoría.-
Personal subrogante, pronunciamiento inoficioso, flagrancia, sobreseimiento, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Soria en autos "Cariaga, Valeria Ailin c/  s/ Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-03

No existe la menor posibilidad de entender que la situación del fiscal ad hoc en la causa "Blaquier" y la actuación del fiscal subrogante en ésta sean similares como para invocar los mismos preceptos conceptuales en ambos supuestos. Resulta inoficioso expedirse sobre el reclamo del MPF para que se aplique a la causa el trámite de "flagrancia", dado el avance del trámite del legajo -que incluso llegó hasta el dictado del sobreseimiento no firme de la imputada-, hizo cobrar vocación aplicativa al principio de preclusión de los actos procesales.
Recurso extraordinario de nulidad, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Fernando s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que si bien se denuncia la violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial se cuestiona el alcance y acierto de lo resuelto por la Cámara respecto de la expresión "secuela de juicio" contenida en el art. 67 del Código Penal, pues tales planteos resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad intentado.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia consentida, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ Titular Plan Facilidades Solicitud 040502 s/ Queja por Apelación Denegada Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-10

No son apelables las resoluciones que son consecuencia de otra consentida por la recurrente.

En este sentido señala la doctrina que "...el tribunal de apelación no puede revisar ni resolver cuestiones que han quedado firmes. En caso de hacerlo, la resolución respectiva afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio (al emitir la alzada un pronunciamiento judicial sin que haya existido actitud de parte interesada que hubiera abierto la competencia recursiva), y el derecho de propiedad (al vulnerar la decisión de la alzada lo que la parte interesada había adquirido en propiedad conforme al contenido de la resolución firme)".
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tovo, Roberto s/ Quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

No siendo apelable la decisión del Juez de Primera Instancia que no hace lugar al pedido de quiebra por no estar acreditados los presupuestos del art. 90 de la ley 19.551 (art. 296 inc. 3º, ley citada), tampoco puede ser objeto de recurso extraordinario la decisión de la Cámara que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra aquella decisión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, consumación del delito, disposición de la cosa, portación de armas, concurso real, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez,     Diego    Rubén s/ recurso    de    casación    einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-02

Mientras el asaltante haya gozado, aún por un mínimo instante, de la posibilidad de disponer de la cosa, la conducta típica debe considerarse consumada. No resulta óbice la circunstancia de que lo sustraído hubiere estado en poder del coautor del hecho. Si la portación del arma es anterior al robo o continúa en el tiempo después de aquel, cobra independencia fáctica, revelándose los hechos escindibles en el vínculo entre sí al configurarse la relación concursal prevista por el art. 55 del C.P. En el caso, consumado el robo el imputado llevaba el arma y la descartó mientras era perseguido. El a quo se aparta de la base fáctica al introducir la agravante del art. 189 bis, inc. 2° del C.P. al momento de exponer los fundamentos del decisorio atacado, por lo que corresponde anular la sentencia en lo referente a este punto. Lo solicitado por el Fiscal es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse, por lo que el tribunal oral no puede ir más allá de la pretensión requerida por el primero. Disidencia: Conforme el desarrollo de los hechos, existió una continuidad de la acción entre el robo con arma y la tenencia de arma de uso civil que no permite separarlas en conductas distintas. (Voto de los Dres. Fégoli, Mitchell, Ledesma -en disidencia parcial-).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sanciones administrativas, sanciones pecuniarias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: IBM Argentina SRL c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

El eventual y secundario interés fiscal que pueda tener la Nación en la percepción de ingresos provenientes de la aplicación de sanciones administrativas pecuniarias -sean estas disciplinarias o represivas-, es insuficiente para autorizar el recurso ordinario de apelación pues no puede hablarse de valor disputado cuando está en juego la aplicación de tales sanciones, cuya finalidad es restaurar el orden jurídico infringido, y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURA JORGE EDUARDO ELIAS Y OTRO-INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS ROSSO HUGO C/GOMEZ SARA ZULMA s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-07-16

Determinar si el martillero puso en conocimiento de la subasta al titular registral del inmueble a subastar constituyen una cuestión circunstancial y de hecho y consecuentemente la temporaneidad o extemporaneidad resuelta en el incidente de nulidad deducido constituyen errores de procedimiento también excluído del ámbito de este recurso extraordinario,por lo que no puede prosperar.-
Recurso de casación penal, estupefacientes, non bis in ídem, delito independiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Justo Santiago s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, pues la falta de identidad fáctica entre los hechos investigados por juzgados diferentes, demuestra que no existió -en la especie- violación al principio que prohibe la doble persecución judicial. Los hechos imputados resultan escindibles, tanto material como temporalmente. Ello así, ya que en estas actuaciones -a diferencia de la llevada adelante por el tribunal capitalino- se juzga al imputado por su activa participación en una de las líneas de organización dedicada al tráfico de drogas. Asimismo, los hechos investigados por el juzgado federal de Mendoza son anteriores a los que fundamentaron la imputación penal del nombrado en Capital Federal, en tanto aquéllos se consumaron "con precedencia e independencia a la posterior tentativa de contrabando de estupefacientes sobre la que recayó el sobreseimiento". (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
Régimen penal de la minoridad, Convención sobre los derechos del niño, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: C., A. c/  s/ robo en poblado y en banda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

Toda vez que los términos en que viene planteada la cuestión exigen, de modo ineludible, el examen y consideración de la lógica-jurídica que informa al marco legal -en función del cual fue dictada la declaración de responsabilidad penal de la menor y como consecuencia de ella, se arribó luego a la conclusión relativa a la necesidad de imponer una pena por parte del tribunal oral interviniente-, esto es, el procedimiento establecido en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, conforme ley 24.825, corresponde declarar la inconstitucionalidad de tales disposiciones toda vez que lo allí establecido quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 118 de la Constitución Nacional razón por la cual corresponde declarar la nulidad de todos los actos procesales celebrados como consecuencia de la normativa declarada ilegítima, en particular la propuesta de juicio abreviado, la declaración de responsabilidad penal dictada respecto de la menor y la resolución por la que fue condenada a una pena de ejecución condicional (voto del juez Magariños).
Acción, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: BEUNZA, Rubén s/ Estafas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

La gramática se compadece con la lógica jurídica puesto que lo que la ley resuelve es la prescripción de la acción penal en el caso de cada delito y no la prescripción de las acciones en el supuesto de concurso. Nada hay que permita conglobar "LOS DELITOS", para asignarles un tiempo especial de prescripción no escrito en la ley.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, feria judicial, días inhábiles
Materia: PROCESAL
Carátula: CASSINI Roque c/ SOLER DE COFMAN Susana s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-19

Con arreglo a lo estatuído por el art. 311 del Código Procesal, sólo se excluyen del cómputo de los plazos de caducidad de la instancia, los períodos correspondientes a las ferias judiciales, no así los simplemente declarados inhábiles por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los cuales corren igualmente aquellos términos conforme a la citada disposición legal (conf. C.N Civ. Sala F, c. 16.154 del 1/10/85).-
Obligaciones periódicas, imputación de pago, pagaré, vencimiento del pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.M.A.R.U. c/ Hipólito Talavera s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S139 - 012)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-14

No habiendo ninguna de la partes ejercido oportunamente su derecho, corresponde imputar el pago según lo determina el art. 778 del Código Civil, disposición que consagra dos pautas generales y básicas: el principio de imputación del pago a la deuda de mayor onerosidad para el deudor y el principio de la imputación de pago a prorrata cuando las deudas fuesen de igual naturaleza.

En la aplicación del primero de los principios enunciados, la norma hace una enumeración simplemente ejemplificativa, toda vez luego de expresar "...o porque llevara intereses, o porque hubiera pena constituida por falta de cumplimiento de la obligación o por mediar prenda o hipoteca..." termina diciendo "...o por otra razón semejante...", siendo por lo tanto la ponderación de la mayor onerosidad una cuestión circunstancial, que puede variar de uno a otro caso y cuya apreciación queda librada al prudente criterio judicial. Realizando esa ponderación en el sub-examen en aras de evaluar la mayor onerosidad para el deudor, se ha dicho que podrá serlo en función de los intereses que devengan, si ellos son el único elemento a tomar en cuenta (SCBsAs, fallo del 12/5/53, LL, 70-721), lo que aprecio ocurre en el "sub-lite", pues no se advierten otras circunstancias, tales como garantías o penas que permitan efectuar la calificación buscada; pero si se observan los vencimientos de los pagarés escalonados o sucesivos en el tiempo, aspecto que también ha sido tomado en cuenta en otros casos: se ha resuelto y sostenido que cuando se trata de obligaciones en que el deudor debe pagar periódicamente cuotas que tienen vencimiento sucesivo, corres ponde hacer la imputación a las cuotas más antiguas.
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, etapas del proceso, ejecución de sentencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Zalazar, Aldo Albor Conrado c/ Coop.  de  Viv.  Con.  y Cred. Ltda. "Cofar" e Inst. de Vivienda del Ejército  IVE s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-08

El Decreto 383/91 facultó a los jueces a eximir a los procesos de la suspensión disciplinada en el art. 1 del Decreto 34/91, sólo "hasta la etapa de la ejecución de las sentencias (v. art. 2, segundo parágrafo).
Honorarios del escribano, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS Y OTRA c/ SCHIMPF DE FOLMER, BEATRIZ s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-17

El artículo 11 del Decreto 2284/91, a los fines de asegurar el cumplimiento de aquella norma y los principios que ella consagra, establece que ninguna entidad pública o privada podrá impedir,trabar, ni obstaculizar directa o indirectamente la libre contratación de honorarios, comisiones o toda otra forma de retribución por la prestación de servicios de cualquier índole cuando las partes deseen apartarse de las escalas vigentes. De consentirse que la Caja Notarial fije los aportes previsionales sobre la base de ingresos inexistentes, ello obstaculizaría a la larga la libre contratación de los honorarios ya que los profesionales para poder cubrir sus obligaciones previsionales se verían obligados a fijar los aranceles determinados por ley, lo cual contraría la finalidad y disposiciones del Decreto 2284/91 al que se adhiriera la Provincia de Entre Ríos, malográndose en los hechos lo dispuesto por estas normas-