Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-25


Comodoro Rivadavia, 25 de noviembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "B. F. S.A. c/ M., I. y otra s/ EJECUTIVO", Expte. N° 13.824/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería N°3 (Expte. N° 1825/00), por haber sido apelada a fs. 113 por la parte demandada, la resolución de fs.108/109.- Que a fs. 114/116 se agravia la recurrente en cuanto al rechazo de las excepciones opuestas. En particular respecto de la prescripción señala que hay que estar al plazo legal que es de dos años a partir de la fecha de emisión, estableciendo un año para la presentación, desde el 30-04-98 al 30-04-99, otro año de prescripción del 30-04-99 hasta el 30-04-2000, por lo que la acción se encontraba prescripta al momento de interponer demanda el 10-11-2000. Respecto de la exceptio doli, sostiene que la rechaza pese a que la ley la admite, no pudiendo hacerlo con una cita jurisprudencial. En referencia a la falta de legitimación afirma que se invocó una causal autónoma y no subsumida en la inhabilidad de título, manifestando que la falta de endoso impide el acceso a la justicia del tenedor del título. Indica que a la fecha de fusión de las entidades bancarias, el pagaré no existía, ya que data de fecha posterior. Se refiere al abuso de la firma en blanco y a la prejudicialidad.- Que conforme fueron desarrollados los agravios, corresponde expedirse en primer término respecto de la excepción de prescripción opuesta. En este sentido debe señalarse que la acción no se encuentra prescripta en virtud de que no han transcurrido los tres años de plazo previstos en el art. 96 del dec- ley 5965/63 para que ella opere. La aplicación de la prescripción trienal se extiende al librador del pagaré por remisión de los arts. 103 y 104 del decreto ley, este último establece que el suscriptor del pagaré queda obligado en los mismos términos que el aceptante de una letra de cambio, de lo que resulta que rige el plazo de tres años que indica la primera parte del art. 96. El librador es obligado principal y directo, por lo que carece de sentido que se aplique el plazo de prescripción que corresponde a acciones de regreso (v. Fernández Madrid, Código de Comercio comentado, T.III, p.1923).- Teniendo en cuenta que en la demanda se menciona que el pagaré ha sido presentado para su cobro el día de su vencimiento en el domicilio de los deudores (fs.18) y atento lo previsto en los arts. 36, 96, 103, 104 del decreto ley 5965/63, se advierte que la acción no se encontraba prescripta al momento de promoverse la demanda en fecha 10/11/2000 (fs.19). La negativa de la demandada en relación con la falta de presentación del pagaré (fs.45) no afecta el cómputo del plazo toda vez que compete a la demandada la prueba de la falta de presentación (art.50 del decreto), circunstancia que en autos no se ha configurado, por lo que el agravio debe rechazarse.- Que respecto de la exceptio doli, el agravio del recurrente no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, sino que refleja discrepancia con la conclusión del juez. No obstante cabe poner de manifiesto que en relación con las denominadas excepciones causales como la prevista en el art. 18 del decreto ley 5965/63, sin perjuicio de aquéllos que la admiten, gran parte de la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria no la aceptan argumentando que en tanto la ley específica no regula el procedimiento a seguir en la ejecución cambiaria cuya promoción autoriza el decreto citado, resulta forzosa la aplicación de las normas procesales que regulan el juicio ejecutivo, entre las cuales se encuentra la que prohibe discutir la legitimidad de la causa de la obligación. Por ello cuando la pretensión cambiaria se ejercita a través de la vía ejecutiva y en razón de que la abstracción, autonomía y literalidad propia del pagaré existen desde la creación del título con prescindencia de su circulación, el ejecutado sólo puede oponer excepciones de naturaleza cambiara y no las defensas derivadas de la relación fundamental. Éstas, por lo tanto sólo pueden alegarse y probarse en proceso de conocimiento a que se refiere el art. 553 del ordenamiento procesal, ya que su admisión implicaría la desnaturalización del trámite ejecutivo y la finalidad económica a que se hallan destinados los documentos cambiarios (Cfme. Palacio-Velloso, Cód. Proc. Civ. y Com. Comentado, T.9, p.354/355; Donato, Juicio Ejecutivo, P. 612/613; Morello-Sosa-Berizonce, Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, T. VI- B P.186/187; Fenochietto, Cód. Proc. Civ, y com comentado. T.3, p.89), encontrando sustento así para el rechazo del agravio.- Se agravia también el recurrente en cuanto se rechaza la falta de legitimación activa. En este sentido debe señalarse que la legitimación para la ejecución del pagaré surge de la documentación acompañada por la accionante donde consta la fusión del B . C. A. S.A. con el B. F. S.A. (fs.5/16) y con la contestación de oficio del Banco Central de la República Argentina obrante a fs. 103 de autos que reconoce este evento. En estas condiciones y de acuerdo a lo previsto en los arts. 82 y 83 de la ley de sociedades la actora se encuentra legitimada para accionar en base el documento ejecutado. Respecto del cuestionamiento por la diferencia de las fechas, debe considerarse que el mismo carece de sustento teniendo en cuenta que la propia recurrente reconoció suscribir el pagaré en blanco ante el B. C. A. (fs.45 vta.), por lo que las manifestaciones referentes a la fecha de libramiento del pagaré así como la de abuso de firma en blanco exceden el marco cognocitivo del juicio ejecutivo y deben ser dilucidado en otro ámbito, ya que se refieren a la causa de la obligación, circunstancia cuyo estudio se encuentra vedado atento la naturaleza del presente trámite (v. Fassi- Maurino, Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, T.3, p.1021; Morello. ob.citada, p.180/181). Similar conclusión debe señalarse respecto de la excepción de falta de causa, ya que su tratamiento resulta improcedente en el presente proceso atento que la demandada pretendió introducirla dentro de la excepción de inhabilidad de título (fs.48vta.), cuyas limitaciones se encuentran especificadas en el art. 544, inc. 4to. del C.P.C.C. en cuanto establece que la misma se limitará a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, por lo que cabe su rechazo.- En relación con la prejudicialidad, en materia de juicio ejecutivo, se ha sostenido en general que la misma no procede en esta clase de procesos, por no constituir el pronunciamiento a dictarse sentencia definitiva, en razón de la existencia del juicio ordinario previsto en el art. 553 del C.P.C.C., sin que a ello obste la crítica del recurrente respecto de los términos de la sentencia, por cuanto se trata de determinar el ámbito de aplicación de la ley.- En efecto: "La sentencia dictada en juicio ejecutivo solo hace cosa juzgada formal, ya que resulta revisable mediante el juicio ordinario posterior, no existiendo en principio prejudicialidad de la causa penal denunciada, ya que así como la sentencia de trance y remate puede quedar sin efecto mediante el señalado proceso de conocimiento, ésta también sería la vía idónea para encauzar los efectos de una sentencia penal en contradicción con lo resuelto en la ejecución, con lo cual queda descartada toda posibilidad de escándalo jurídico" ("Jimenez, Rafael Francisco c/Colantuono, Carmelo s/Ejecución de cheque" -CC0102-MP697515 RSI-47-88 I- 23-2-1988; "Malagrini, Silvia A. y otros c/Rodriguez, Laura s/Ejecución Hipotecaria"-CC0102-MP 97173 RSI-239-96 I- 28-3-96; "Obra Social de Conductores de Transporte de Pasajeros c/Graña Antonio s/Acción autónoma de nulidad" -CC0101- MP 114054 RSI-1475-00 I- 31-10-2000, elDial- W7DBB; S.T.J. Sent. 54/91; Salas -Trigo Represas- López Mesa, Código Civil anotado, T.4-A, p.542).- En consecuencia y atento como se resuelve el presente corresponde el rechazo del recurso promovido por la parte demandada, con costas de la Alzada a su cargo, en razón del carácter de vencido que implica su situación procesal, procediéndose a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes de conformidad con la ley 2200-4335, trabajos realizados, resultado obtenido, mérito de la labor profesional, trascendencia para las partes, y demás pautas legales.- Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Confirmar la resolución de fs. 108/109.- 2).- Costas de la Alzada a cargo de la parte demandada vencida, regulando los honorarios profesionales de los Dres. N. L. E. y F. L. G. conjuntamente en la suma de pesos Quinientos ($500) y los del Dr. Alberto Angel Palma en la suma de pesos Trescientos ($300).- 3).- Tener presente la reserva de fs. 120 vta.- 4).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibido de actuar el Sr. Juez de Cámara, Dr. Fernando Nahuelanca y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL N° 104 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS