Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


Buenos Aires, noviembre 30 de 2009.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) La sentencia de primera instancia (fs. 348/351) ha sido apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce anejado a fs. 357/359 vta. La demandada contestó agravios (fs. 367/368). A su vez, el perito médico G. R. D. y el Dr. R. B., por derecho propio, apelan los honorarios regulados en su favor por considerarlos reducidos (v. fs. 352 y fs. 356). Por su parte, la demandada apela los honorarios regulados a los peritos, al Dr. R. B. y a la representación letrada de la parte actora, por entenderlos elevados (fs. 354).

2) La señora jueza a quo rechazó la pretensión al considerar que la demanda carecía de fundamento por no haberse indicado cuál sería el factor objetivo o subjetivo que permitiría atribuir responsabilidad a la ART en los términos del Código Civil por los accidentes denunciados por la actora. Agregó, además, que no se invocaron las omisiones en que habría incurrido la ART para tener por verificados los incumplimientos a las normas preventivas.

Contra esta decisión se alza la accionante pues, según sostiene, la magistrada de grado efectuó una equivocada interpretación de las pruebas producidas en autos. Afirma que las declaraciones testimoniales brindadas por Andrade y Canosa demuestran la relación de causalidad entre los accidentes por ella padecidos y las reiteradas omisiones en que incurrió la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Sostiene que Provincia ART S.A. ha omitido los deberes a su cargo de contralor, información y capacitación del personal. Invoca la aplicación al caso de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Torrillo".

Liminarmente cabe señalar que, en el escrito de inicio, la actora planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 14, 15 y 39 de la ley 24.557 (v. fs. 3/10 vta.). Luego, sostuvo que "el 31 de octubre del 2005 padecí un accidente de trabajo mientras me encontraba realizando mis tareas; trasladando una olla, llena de agua y papas para preparar la comida para los chicos del jardín, sentí un fuerte dolor en mi espalda, obligándome a abandonar las tareas, por su intensidad" (fs. 13 vta.). Explicó que, como consecuencia de ello, padece de hernia lumbar. Agregó que: "el día 29/11/2005, habiendo reingresado a mis tareas a pesar del dolor que me encontraba padeciendo, me dirigía a mi lugar de trabajo, desde mi casa, cuando llegando al jardín, en la vereda frente al mismo, resbale, cayendo con todo mi cuerpo sobre mi pierna, generando un profuso sangrado" (fs. 14). Afirma que, como consecuencia de este último accidente, debió ser intervenida quirúrgicamente. Al fundar la pretensión en derecho, invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Manifestó que: "por las consecuencias dañosas originadas por la enfermedad profesional, hernia lumbar, denunciada en autos, la suscripta viene a reclamar el resarcimiento integral al que es acreedora, por los daños sufridos...En síntesis, el reclamo por la vía del derecho civil, que puede ensayar cualquier ciudadano con fundamento en el principio constitucional "alterum non laedere", alcanzaría a la suma de $ 46.300 comprensiva del resarcimiento por el daño material, moral y gastos futuros....De las liquidaciones transcriptas surge sin lugar a dudas la enorme diferencia que puede existir en el caso entre una reparación con fundamento en las normas del derecho civil y la prestación dineraria a que podría acceder la trabajadora de acuerdo a la ley 24.557". Lo mismo sostuvo respecto del segundo accidente denunciado. Concluyó, diciendo que (textual): "Es entonces claro que la empresa demandada debe entonces responder por los daños sufridos por la actora, no dentro de los reducidos límites impuestos por la LRT sino resarciendo el daño de una manera real, permitiendo que la indemnización percibida lo habilite a enfrentar la discapacidad real sobreviviente, de no entenderse de dicha forma, nos encontramos ante dos supuestos, 1) el enriquecimiento ilícito por parte de las empresas aseguradoras de riesgos de trabajo, de entender que es el empleador quien debe responsabilizarse por los daños y 2) la indefinición absoluta de los derechos del trabajador a ser resarcido por el infortunio sufrido si se entiende que no debe responder la ART" y luego transcribe dos sumarios de jurisprudencia a través de los cuáles se condenó a la ART en los límites de la cobertura en una acción dirigida también contra el empleador en el marco de la normativa civil (v. fs. 15/17 vta.).

Es claro entonces que, tal como sostuvo la Dra. Ferdman, no se le imputa-ron a la ART omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo ni se describió la situación fáctica de modo que pueda encuadrarse en el art. 1074 del Código Civil a pesar de solicitarse una reparación integral. Las alegaciones efectuadas en la demanda en torno a por qué debería la ART abonar una reparación integral lucen dogmáti-cas y sin fundamento jurídico que las sustente. No hay una imputación concreta hacia la ART en tanto los argumentos esgrimidos parecerían dirigidos al empleador, que no fue demandado en las presentes actuaciones.

En este contexto, las manifestaciones efectuadas en el memorial recursivo en torno a las omisiones por parte de la ART a las obligaciones de control y supervisión lucen extemporáneas pues no fueron sometidas a conocimiento de la jueza de primera instancia por lo que no pueden merecer tratamiento en esta instancia. Sabido es que no cabe entrar a considerar acciones, defensas o cuestiones que no fueron propuestas oportunamente a la consideración del juez de 1º instancia, en lo que están comprometidos el principio de congruencia (art. 277 C.P.C.C.N. como así también 34 inciso 4º y 163, inciso 6º de igual código) y el de defensa en juicio (art. 18 C.N.).

Repárese, por otra parte, que la quejosa tampoco cuestionó el argumento central expuesto en el decisorio de grado en cuanto a que el escrito de demanda carecería de fundamentación por no haberse indicado el factor objetivo o subjetivo que permitiría atribuir responsabilidad a la demandada por las consecuencias de los dos episodios invocados de conformidad con lo normado en el art. 65 inc. 3 y 4 de la L.O. Por el contrario, la recurrente se limitó a decir que la prueba vertida demostraría la relación de causalidad entre los accidentes y las omisiones en que incurrió la demandada pero no rebatió concretamente el argumento de falta de fundamentación en la demanda (cfr. art. 116 L.O.).

En consecuencia, coincido con la sentenciante anterior en la imposibilidad de condenar a Provincia ART S.A. con sustento en la normativa civil por no haberse invocado en la demanda de estos actuados los presupuestos de hecho y de derecho que tornarían procedente esa pretensión. Lo contrario implicaría violación del principio de congruencia y de la garantía de defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Al respecto se ha dicho que el escrito introductorio, al establecer los términos al que habrá de ceñirse la contienda judicial, necesariamente debe contener los presupuestos fácticos en los que se sustenta (conf. arts. 65 L.O. y 365 CPCCN), por lo que sólo pueden admitirse y evaluarse las pruebas que versen sobre hechos litigiosos o controvertidos ya que -sabido es- la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema del debate sobre el cual se sustanciará la prueba de los hechos controvertidos y sobre los que se dictará sentencia.

Así, "...el principio dispositivo impone la regla de que son las partes, exclusivamente, quienes determinan el thema decidendum, pues el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas. A las partes incumbe, en otras palabras, fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica..., incurrien-do en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado. El CPN consagra la regla menciona-da en el art. 34, inc. 4, que impone a los jueces el deber de respetar, en el pronunciamiento de las sentencias definitivas o interlocutorias, el principio de congruencia, y en el art. 163 inc. 6, según el cual la sentencia definitiva debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte...Tal limitación, además, reviste en nuestro ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, habiendo declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia que afectan las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes...Concordantemente con la regla precedentemente analizada, y como una natural derivación de ella, el principio dispositivo requiere que constituya una actividad privativa de las partes la consistente en la aportación de los hechos en que aquéllas funden sus pretensiones y defensas, y que, por lo tanto, le esté vedada al juez la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigan-tes...."(Lino Palacio, "Derecho Procesal Civil", Bs. As. Abeledo-Perrot, 2º edición, Tomo I, pág. 258/260).

Cabe recordar y reiterar que, en el caso, no se demandó a la empleadora sino que la pretensión fue dirigida contra Provincia ART S.A. y, en este contexto, es claro que sólo resultaría procedente imputar responsabilidad a la ART en los términos del Código Civil por omisión de las obligaciones de control en caso de verificarse algún incumplimiento a las obligaciones que la ley de riesgos del trabajo pone a su cargo y el nexo causal adecuado entre ese incumplimiento y el daño que resulte comprobado (arts. 4 y 31 ley 24.557), presupuesto fáctico que -reitero- ni siquiera fue insinuado en el escrito inicial.

Tampoco se ha invocado como fundamento una omisión específica encuadrable en la previsión contenida en el art. 1074 del Código Civil por lo que la presente causa carece de sustento jurídico toda vez que -además- la ART no resulta ser la dueña o guardiana de la cosa productora del daño y, al haberse entablado la acción exclusivamente contra ella y no fundarse dicha pretensión en una infracción a los deberes de prevención y control, no es posible responsabilizarla en la forma pretendida.

A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que no se discute que el segundo accidente fue "in itinere", ocurrido mientras la trabajadora se dirigía a su lugar de trabajo, menos aún resultó invocado que el mismo se hubiera originado en un deficiente control en materia de higiene y seguridad por parte de la ART ni surge acreditado en modo alguno, que el daño causado pueda serle imputable.

En concreto, la acción que persigue la condena de la ART por la reparación de daños y perjuicios en el marco del derecho civil, en el caso no resulta procedente. Ello así, pues la ART no responde por los reclamos asentados en el derecho civil, salvo el supuesto de responsabilidad por omisión de las obligaciones de control que, reitero, ni siquiera fue invocado en el escrito inicial.

Tampoco cuestionó la actora el argumento esbozado por la señora jueza a quo de que, al no haberse reclamado las indemnizaciones con fundamento en la ley 24.557, carecía de facultades para sustituir la vía reparatoria elegida por la litigante (cfr. art. 116 L.O.) ni tampoco solicitó en el memorial recursivo, aún en forma subsidiaria, que se condenara a la ART en los límites de la cobertura pactada (cfr. art. 116 L.O.).

Por último, y puesto que en la apelación se cita el caso "Torrillo" de la C.S.J.N. destaco que en esa sentencia (de fecha 31-3-2009) lo que el Alto Tribunal expresó es que no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el C. Civil por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral "...en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumpli-miento de sus deberes legales...."; he destacado este pasaje del considerando 8º de dicha sentencia porque, justamente, lo que aquí acaeció es que esos presupuestos no fueron invocados concretamente, tal como surge de todo lo dicho más arriba.

En base a todo lo dicho, propicio se confirme lo decidido en origen.

3) Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, estimo que los honorarios regulados al patrocinio y representación letrada de la parte actora no son elevados en tanto los regulados a la representación letrada de la demandada por su actuación hasta fs. 194 lucen adecuados. También resultan equitativos los correspondientes a los peritos contador y médico (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

4) En atención al resultado obtenido en esta instancia, corresponde declarar las costas de alzada a cargo de la parte actora (cfr. art. 68 CPCCN) y regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 357/359 vta. (Dr. S. M. F. C.) y fs. 367/368 (Dr. A. R. G.), por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en su totalidad, respectivamente, por la labor desplegada en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2º) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora; 3º) Regular a los letrados firmantes de los escritos de fs. 357/359 vta. (Dr. S. M. F. C.) y fs. 367/368 (Dr. A. R. G.), por su actuación en la alzada, en el 25% de lo que le corresponda percibir a la representación letrada de la parte actora y de la demandada, respectivamente, por la labor desplegada en primera instancia; 4º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN). María C. García Margalejo - Oscar Zas.

á