Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-10


2º Instancia.- San Justo, mayo 10 de 2005.

1º ¿Corresponde en la Alzada abrir el sobre de posiciones no abierto en primera instancia? 2º ¿Es justa la sentencia apelada? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? I. Antecedentes del caso.

En el presente "sub judice" AADI CAPIF ACR relama el pago de aranceles por la reproducción pública de grabaciones fonográficas efectuadas en un comercio propiedad de la demandada. Adelantando desde ya que este embate no debería prosperar pues -según mi convicción judicial- la actora obtuvo como resultado una sentencia justa, toda vez que la accionada fue condenada a abonar dentro de los diez días de ejecutoriada la misma, la suma de ($1918,70) con más los intereses establecidos desde la fecha de mora (19/9/02) hasta la fecha de su efectivo pago y obligada entregar dentro del término de 10 días de quedar firme el pronunciamiento de Primera Instancia las planillas que manda confeccionar el art. 40 del dec. 41.233/34, texto conforme art. 2º dec. 1670/74, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de resolver la obligación en daños y perjuicios, todo con especial imposición de costas.

II. Apelación y sus agravios A fs. 201 apela la sentencia únicamente la actora, cuyo recurso es concedido libremente por S. S. a fs. 203, expresando los agravios en la alzada a fs. 223/227 y que corrido el traslado de ley a la demandada, a fs. 231 se le dio por decaído el derecho que ha dejado de usar, pasando las actuaciones para dictar sentencia.

En síntesis los agravios de la parte actora apelante son los siguientes: a) El período adeudado: se agravia ya que el sentenciante hace lugar a la demanda incoada desde la fecha de constatación de uso de música fonograbada y no a partir del comienzo de las actividades del comercio tal como solicitara la actora en su escrito liminar. Al incoar la acción de demanda, la actora reclama los aranceles devengados desde el inicio de la difusión pública de grabaciones fonograbadas estimando que el mismo comenzó en la fecha en que le fue concedida la habilitación municipal (punto IV) a) de la demanda.

Apunta que el demandado supo cual era el período reclamado y desde cuando principiaba el devengamiento de aranceles por la difusión pública de grabaciones fonograbadas la cual por otra parte siempre negó a pesar de que las probanzas rendidas en autos fueron demostrativas de lo contrario.

En cumplimiento del art. 330 del CPCC la actora estima el monto de la demanda, estableciendo como fecha de inicio de la reproducción fonograbada el mes de setiembre de 1999.

Sabido es que conforme a la carga dinámica de la prueba quien invoca un hecho debe probarlo, pero no es menos cierto que el demandado debe prestar el deber de colaboración, procesal y no sólo limitarse a una mera negativa de los hechos en los que se basa la cuestión.

Por ello solicita se haga lugar a la fecha estimada por la actora considerando que no se ha producido prueba en contrario al respecto y en tal sentido solicita se modifique la fecha de inicio del reclamo. Cita jurisprudencia en apoyatura de su reclamo.

b) La Mora: Se agravia la actora, respecto a como resuelve la cuestión de la mora en su resolución el juez de primera instancia. Establece la mora de la demandada de la fecha de la notificación de la demanda (18/8/2002) considerando que el caso de autos encuadra en los supuestos que requieren previa interpelación al deudor para constituirlo en mora.

Manifiesta la actora en defensa de su agravio que el requisito de la constitución en mora, impuesto por el legislador, es en materia contractual y en autos no existe contrato entre el usuario de grabaciones fonograbadas y la actora, porque el régimen de licencia legal no lo permite, no a Aadi Capif prohibir el uso del repertorio y en consecuencia, la utilización de sonidos fonográficos, aún en ausencia del pago, no constituyendo un ilícito, sino que genera únicamente una obligación de pago.

Conforme lo expuesto es aplicable la mora automática que regula el art. 509 del C.C, ello en razón de que el usuario de grabaciones fonograbadas, sabe que adeuda el arancel devengado por dicha utilización desde el mismo momento en que recurre a la misma, por ello es procedente se haga lugar al agravio interpuesto.

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

III. La solución 1º cuestión. - El Taraborrelli dijo:

Delimitados los agravios marco de esta instancia recursiva, que constituyen según argumentos de la apelante quejosa, la critica concreta y razonada en contra del pronunciamiento de Primera Instancia, y conforme lo adelantara es mi convicción judicial que los mismos no deberían prosperar, en su consecuencia correspondería confirmar la sentencia puesta en crisis.

Sin embargo y previo a considerar dichos agravios, advirtiendo el suscripto en este acto que en la oportunidad de dictarse sentencia en primera instancia no se procedió a la apertura del sobre que contiene el pliego de posiciones ofrecido por la actora y que debía absolver la parte demandada, siguiendo el criterio fijado por mi colega el doctor Eduardo Angel Alonso en su voto pronunciado en los autos: "Enrique Edgardo Walter Hugo y otro c. Clínica Modelo La Ferrere y otro s/daños y perjuicios", causa 375/1 R.S. 16/03 de fecha 30/9/03, con la adhesión de los doctores Taraborrelli y Posca, en esa oportunidad se aplicó la doctrina de nuestro más Alto Tribunal Provincial sentada en los autos "Ugarte y Compañía S.A. c. Valente S.R.L. s/cobro ordinario de pesos", declarando la procedencia de la apertura del sobre que contiene el pliego en la Alzada, toda vez que el Tribunal tiene facultades para abrir los sobre de posiciones que correspondían su apertura en primera instancia.

Por lo expuesto no encuentro objeción procesal para que en la Alzada se proceda a su apertura a los efectos del valorar la confesión del no compareciente, ya que está dentro mis facultades la apreciación judicial de todas las pruebas obrantes en autos (arts. 384, 456 y concs., C.P.C.C.).

En su consecuencia, en este acto y en presencia del Actuario, procedo a la apertura del sobre de posiciones de marras, el que ha de quedar glosado a su foliatura de presentación (fs. 147), glosando el pliego de posiciones a fs. 233, todo ello a los fines de su pertinente valoración.

Por todas las consideraciones legales y doctrinarias expuestas. Así lo voto.

Los doctores Alonso y Posca adhieren al voto que antecede votando también por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Taraborrelli dijo:

Sometiendo a estudio el primer agravio subtitulado: a) La mora y antes de entrar a considerar los agravios que giran en torno a dicho instituto, toda vez que el Juez de Primera Instancia concluyó en su pronunciamiento que en la especie no se trata de obligaciones a plazo, -siendo la mora el primer presupuesto de la responsabilidad-, comenzaré por analizar el tipo o clase de obligación que asumió el sujeto pasivo, es decir el demandado.

A propósito, de ello se trata de una obligación "ex-lege" cuya causa-fuente o eficiente reside en el arbitrio de legislador y responden a esta noción un cierto número de obligaciones que desde luego no están sistematizadas sino, contrariamente, diseminadas a través de todo el ordenamiento legal. Se rigen por los principios generales que gobiernan a cualesquiera obligaciones. Es una fuente innominada, no hay un régimen uniforme de ellas y se gobiernan por las normas legales que las han creado y por las generales que integran la teoría general de la obligación prevista en los arts. 495 a 895 del Cód. Civil.

Ahora bien, la actora critica la sentencia argumentando que la mora del deudor se produjo automáticamente con aplicación del art. 509 del Cód. Civil, pues dice que el usuario de grabaciones fonograbadas que comunica las mismas al público, sabe que adeuda el arancel devengado por dicha utilización, desde el mismo momento que recurre a las mismas.

A mi juicio no se trata de un supuesto de mora legal, toda vez que no existe ninguna norma jurídica del derecho positivo -como fuente formal del derecho- que así lo prescriba y autorice su aplicación. En mi opinión la clasifico como una obligación pura y simple (art. 527, Cód. Civil) toda vez que su cumplimiento no depende de condición alguna. De esta manera el legislador contrapone las obligaciones condicionales a las obligaciones puras y simples, siendo estas últimas aquellas en que sus efectos se producen desde el momento mismo de su nacimiento, ya que su exigibilidad no depende de ningún cargo, plazo o condición, o bien resultan exigibles en la primera oportunidad que su índole consiente. De no ser así el plazo se habría convertido en un elemento natural de las obligaciones, cuando en realidad es un elemento meramente accidental de ellas (art. 527 y doc. art. 3956, Cód. Civil).

Que la mora se integra de tres elementos, a saber: a) el retardo o incumplimiento (como un elemento material); b) la constitución en mora que se produce por medio de la interpelación judicial o extrajudicial (la mora ex-personae) elemento denominado formal; y c) la imputabilidad, identificado como un elemento subjetivo. Sin embargo se necesitan que previo a todo ello se cumplan con dos requisitos básicos -especialmente en las obligaciones de dar sumas de dinero- que son: la liquidez de la deuda y su exigibilidad.

Una obligación es exigible cuando el acreedor puede obtener la ejecución forzada o compulsiva de ella.

De la atenta lectura del art. 509 del Cód. Civil surge claramente que las obligaciones puras y simples no están reguladas. Al ser obligaciones de exigibilidad inmediata, están regidas por el principio de la mora "ex-persona", que requiere la interpelación al deudor para constituirlo en mora, pues sólo de esta forma y modo resultará colocado en situación de imputabilidad.

Que la carta documento agregada por la actora cuya pieza corre glosada a fs. 22, es la misma parte que en su escrito introductorio al relatar los hechos expresó: "... aviso de no entregado por causal 'dirección incorrecta'. En su consecuencia y sin perjuicio de que la misma carece de los requisitos indispensables -entre otros el monto o suma de dinero debidamente expresado- para constituir formalmente en mora el deudor, al no haber sido notificado el deudor, como el mismo acreedor lo indica, no produce ningún efecto legal". De allí que: "La notificación de la demanda constituye interpelación idónea para constituir en mora (conf. SCBA Ac. 48.163, sent. del 10/VIII/93 en DJBA, 145-126). Y en las obligaciones puras y simples la exigibilidad de la misma se produce desde su nacimiento (SCBA Ac. 48.597, sent. del 10/VIII/93).

De la lectura del pliego de posiciones glosado a fs. 233 a tenor del cual debería haber absuelto la demandada y a pesar de que por resolución obrante a fs. 154 se proveyó que en cuanto a la confesión ficta solicitada en el acta que antecede tiénesela presente para el momento de dictar sentencia (art. 415, Cód. Procesal), en nada -a mi juicio- modificaría con su resultado respecto a los agravios tratados con referencia a la fecha de constitución en mora del deudor demandado, toda vez que no surge ninguna posición que haya formulado la parte actora para tener por confeso -en forma ficta- a la demandada respecto al instituto de la mora y su constitución. Es más aún existen posiciones formuladas sobre hechos negativos, cuando deben ser redactadas en forma afirmativa (art. 409, Cód. Proc.).

Por todo ello, corresponde rechazar este agravio y confirmar en esta parcela el decisorio recurrido, sobre la base de los fundamentos que surgen de este voto.

Acto seguido, pasaré a considerar el segundo agravio sub-titulado: b) El período adeudado. En esta parcela la parte actora pone en crisis la sentencia argumentando que los aranceles se devengan desde el inicio de la actividad comercial, es decir desde la fecha de la habilitación municipal.

Que por el art. (375, Cód. Proc.) le incumbe la carga de la prueba a la parte que afirmare la existencia de un hecho controvertido y cada una de las partes deberá probar el prepuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

En la especie, es la parte actora la que carga con la prueba, toda vez que afirma un hecho controvertido invocado como fundamento de su pretensión (art. 375 ap. 1º, Cód. Proc.). Ello vale como principio general aplicable a los juicios de conocimiento.

Referente a este tópico estimo que de acuerdo a las pruebas rendidas en el presente juicio, no obstante la pretensión de la accionante de que correspondería liquidar los aranceles a partir de la fecha de habilitación municipal, sentencio que corresponde tomar como fecha el 24 de octubre de 2001 -fecha en que se constató la difusión de música- labrándose el acta de constatación de uso de música fotograbada, cuya pieza corre agregada a fs. 24 y que fuera reconocida su autenticidad según da cuenta el acta de audiencia testimonial cuya pieza corre agregada a fs. 156/157, de la cual surge que el testigo Héctor Salvador Fraza declara (a la pregunta 12) que es auténtica y fue confeccionada por su puño y letra.

En suma, declaro con validez y fuerza probatoria a dicho instrumento (arts. 1012, 1014, 1020, 1026, 1028, 1029, 1031, 1035 inc. 1, Cód. Civil y arts. 375, 384 y 456, Cód. Proc.).

Referente al pliego de posiciones glosado a fs. 233, materia de estudio precedente, su valoración con respecto a su incidencia en el presente agravio en exégesis, sigue la misma suerte que la anterior solución obtenida al considerar el primer agravio y, que -a mi juicio- en nada modificaría con su resultado la fecha a partir de la cual comenzarían a computarse la liquidación de los aranceles, toda vez que no surge ninguna posición que haya formulado la parte actora para tener por confeso -en forma ficta- otra fecha que no sea la del acta de constatación de fs. 24.

En suma, debería confirmarse en esta parcela el fallo recurrido en cuanto ha sido materia de agravios.

Por todas las consideraciones legales y doctrinarias expuestas corresponde y es mi convicción confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, voto por la afirmativa.

Los doctores Alonso y Posca por iguales consideraciones y fundamentos a lo expuesto por el preopinante, adhieren votando también por la afirmativa.

3º cuestión. - El doctor Taraborrelli dijo:

En su consecuencia, corresponde confirmar en todas sus partes la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con especial imposición de costas a la parte demandada, por aplicación del principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68, Cód. Proc.).

Por todo ello, así lo voto.

Los doctores Alonso y Posca por iguales consideraciones votan en igual sentido confirmando en todas sus partes la sentencia apelada.

Considerando: Conforme el resultado obtenido en la votación que instruye el acuerdo que antecede este Tribunal resuelve: Confirmar en todas sus partes la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio, con especial imposición de costas a la demandada (arg. art. 68, C.P.C.C.). - José N. Taraborrelli. - Eduardo A. R. Alonso. - Ramón D. Posca.