Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-17


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 17 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 636/657? El doctor Ojea Quintana dijo:

I.- La causa 1. Se presentó a fs. 11/14 la delegada liquidadora de "La Inmobiliaria Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." promoviendo demanda contra el Instituto Nacional de Reaseguros por el cobro de la suma de australes setenta y dos millones dieciséis mil doscientos cinco con setenta y un centavos (A 72.016.205,71), con costas. Hizo reserva de incluir en el reclamo lo que correspondiera por los créditos verificados con posterioridad.

Explicó que el 17/12/1986 fue decretada la liquidación forzosa de la citada aseguradora "La Inmobiliaria...", en trámite ante el Juzgado de Comercio Nº 9, Secretaría Nº 17. Adujo que conformados los listados de los créditos reclamados a la compañía de seguros, el 28/10/1987, presentó el mismo ante el Inder para que ésta asumiera el reaseguramiento comprometido; mas ello no fue respondido.

Se refirió a las actuaciones seguidas en los autos "La Inmobiliaria Cía. Arg. de Seg. Grales. S.A. s/ liquidación judicial s/incidente de denuncia al Inder" y explicó que el a quo allí le encomendó finalmente la determinación de lo reclamado y, aprobado ello, el inicio de la presente causa.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

2. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 29/35 se presentó el Instituto Nacional de Reaseguros.

En primer lugar, opuso excepción de falta de acción y de prescripción.

Seguidamente contestó demanda y solicitó su rechazo con costas. Sustancialmente, reprochó que los liquidadores de la actora no tramitaran en forma debida la solicitud de cobertura por reaseguramiento, lo que le impidió efectuar un debido análisis técnico sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

A continuación, reconvino contra la actora en los términos del artículo 161 de la ley 17418, solicitando la compensación del saldo a su favor que existe en su vinculación con "La Inmobiliaria".

Ofreció prueba.

3. La actora respondió las excepciones formuladas por la accionada a fs. 68/70.

También replicó la contrademanda a fs. 73/74 requiriendo su desestimación. Sostuvo principalmente que no corresponde la aplicación de una normativa distinta a la concursal, conforme las previsiones de la ley 20.091. Subsidiariamente acusó la prescripción de la acción.

II.- La sentencia de primera instancia Mediante el pronunciamiento de fs. 636/657 el a quo receptó sustancialmente la demanda promovida por La Inmobiliaria Compañía de Seguros Generales S.A. contra el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) condenando a esta última a abonarle a la primera la suma de $1.129.034,230059 con más los intereses que determinó.

Aclaró liminarmente que las partes se hallaban contestes en punto a que las unió una relación de reaseguro.

Luego, se introdujo en el estudio de la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Descartó la aplicación en el caso del artículo 58 de la ley 17.418 y juzgó aprehendido el asunto por el plazo genérico decenal estipulado por el artículo 4023 del Código Civil. También se refirió a la hipótesis que entre las partes se hubiese verificado una cuenta corriente mercantil, supuesto en el que correspondería examinar la cuestión bajo el plazo quinquenal determinado en el artículo 790 del Código de Comercio.

Finalmente, consideró que el plazo prescriptivo debía computarse desde el momento en el que el daño se encontraba liquidado por el asegurador y que, en tanto aquel último se hallaba en estado de disolución forzosa, debía fijarse el dies a quo a la fecha del dictado de la resolución que informa el artículo 36 de la ley 19.551 -31/10/1986-.

Asignó efecto suspensivo a la intimación que luce a fs. 1 del expediente 49.751 -en tanto constituyó un requerimiento auténtico entre funcionarios públicos- y al requerimiento efectuado por el síndico en esa misma causa el 6/11/87 (fs. 7 vta.) a fin que el INDER determinara el alcance de su participación en los contratos de seguro pues ello, mediando interpretación amplia del primer párrafo del artículo 3986 del Código Civil, representó una suerte de reclamo judicial. Así, concluyó que el plazo recién se habría reiniciado ante el dictado de la providencia que ordenó a los liquidadores promover acción por cobro de sumas de dinero, el 4/8/89 (fs. 27 del expediente 49.751).

De modo que al momento de la promoción de la presente demanda el 20/6/90 (v. cargo inserto a fs. 14 vta.) no se hallaba consumido ni el lapso prescriptivo más estrecho previsto en la ley de seguros (1 año; LS 58).

Con base principalmente en las pericias contables producidas en la causa, en los términos de los artículos 386/477 del Código de Rito, admitió la demanda por la suma total de $1.129.034,230059 comprensiva de las diversas ramas de seguro comprendidas por el reaseguramiento.

Ordenó la capitalización de ese monto hasta el 1/4/1991 y desde esa fecha el devengamiento de réditos a una tasa compuesta por el equivalente de la variación del índice de precios, nivel general, más un interés puro del 6% anual no capitalizado, no pudiendo su resultado ser inferior al de la tasa pasiva promedio BCRA con más un 1% anual. Desestimó el pedido de actualización monetaria.

De otro lado, trató la reconvención por compensación formulada por el INDER y la excepción de prescripción opuesta por la reconvenida.

Apreció insustancial esta última defensa, toda vez que había sido articulada por si eventualmente se consideraba aplicable al sub lite el plazo prescriptivo anual, y el temperamento asumido fue diverso.

En punto al fondo de la cuestión, desestimó la compensación procurada puesto que no se había instruido actividad probatoria alguna que acreditara la existencia del crédito que a su favor invocaba la reconviniente. Descartó la valoración de los libros del INDER ya que se hallaban rubricados "en fecha muy posterior a la de las operaciones y las operaciones carecían de documentación respaldatoria". Asimismo, afirmó que la propia interesada consintió que el perito no se expresara sobre los puntos requeridos a fin de sustentar su pretensión (fs. 520/521 y 524).

Impuso las costas a la demandada vencida (Cpr. 68).

III.- El recurso De esa sentencia apeló Instituto Nacional de Reaseguros S.A. a fs. 658. Su expresión de agravios luce a fs. 680/690 y fue replicada por los delegados liquidadores de La Inmobiliaria Compañía de Seguros S.A. a fs. 697/698.

Sus cuestionamientos giran en torno a los siguientes tópicos: a) correspondió la aplicación en el sub lite del plazo prescriptivo anual estipulado en el artículo 58 de la ley 17.418; b) el curso de la prescripción debió computarse a partir de la entrega de las planillas de pago al contado y de los bordereaux reclamados, concretada a principios de los años ochenta; c) los elementos de juicio traídos resultaron insuficientes para estimar existente el reaseguramiento invocado y el cumplimiento de los requisitos necesarios para la liquidación de los siniestros; y d) el a quo no limitó el alcance de la indemnización a la legislación propia a la modalidad de liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros.

IV.- La solución (i) El plazo de prescripción El apelante objetó que el anterior sentenciante juzgara que la relación jurídica habida entre las partes se halló disciplinada en materia de prescripción por el plazo decenal que informa el artículo 4023 del Código Civil.

Insistió el demandado en la aplicabilidad en el sub examine del artículo 58 de la ley de seguros, que fija en un año el lapso prescriptivo. En tal sentido, sostuvo que el reaseguro, por tratarse precisamente de un contrato de seguro, está alcanzado por la norma citada que regula específicamente este aspecto de las relaciones asegurativas.

Es dable señalar que el magistrado de grado efectuó un minucioso análisis de las normas cuya aplicabilidad en el caso podría procurarse para determinar puntualmente cuál es el plazo de prescripción que opera en el contrato de reaseguro. Así, descartó que al vínculo contractual reasegurativo pudiera extenderse el régimen de este instituto propio del contrato de seguro y de la cuenta corriente mercantil y concluyó resolviendo la cuestión con base en el plazo genérico establecido en la mentada previsión del Código Civil.

Comparto la tesitura adoptada por el a quo en punto a la inexistencia de un plazo de prescripción específico aplicable a la relación jurídica bajo examen. No puede soslayarse que la interpretación de este instituto debe ser restrictiva y que, en caso de duda, debe estarse a la solución más favorable a la subsistencia del derecho y por el plazo más dilatado (esta Sala, in re: "A.P.S. s/ concurso s/ incidente por A.I.M.", del 4/2/1998).

Por lo demás, este Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que frente a la ausencia de un plazo de prescripción específico que regule el contrato de reaseguro, corresponde juzgar la cuestión bajo la óptica del lapso genérico decenal establecido en el artículo 846 del Código de Comercio (esta Sala, in re: "Sud Atlántica Cía. de Seguros c/ INDER s/ incidente de determinación de participación", del 9/2/2007).

Finalmente, también resultó acertada la decisión en cuanto rechazó la aplicación de los plazos relativos a la cuenta corriente mercantil y al contrato de seguro. Bastan para abonar tal tesitura los argumentos elaborados por la Sra. Fiscal de Cámara en el dictamen emitido en el citado caso "Sud Atlántica..." -supuesto que exhibe analogía con el presente- en donde se expresó que "...si bien puede admitirse la validez de la crítica en lo que se refiere a la consideración de las relaciones entre la aseguradora y el reasegurador bajo la figura de la cuenta corriente mercantil, regulada en el artículo 771 del Código de Comercio, ya que resulta más apropiado asignarle los caracteres de la cuenta simple o de gestión -cf. C. Federal en lo Civil y Comercial "Galicia y Río de la Plata Cía. de Seguros c/ I.N.D.E.R. s/ incidente de determinación de deuda", 24/8/99; López Saavedra, Domingo M., "El contrato de reaseguro y la prescripción", La Ley, 1995-D, 1440)- ello no trae aparejada la consecuencia que extrae la recurrente, en el sentido de que el plazo de prescripción que debe aplicarse es el previsto en el artículo 58 de la ley 17.418" (dictamen fiscal nº 112.475, del 19/7/2006).

De modo que el plazo genérico decenal precisado por el anterior sentenciante es el legalmente adecuado para regular la prescripción en materia de reaseguramiento. Mas no en los términos del artículo 4023 del Código Civil referido en la sentencia apelada, sino por virtud del artículo 846 del Código de Comercio.

Corresponde, en consecuencia, desestimar este aspecto recursivo.

(ii) El dies a quo También cuestionó el recurrente que el a quo iniciara el cómputo del plazo prescriptivo desde la resolución establecida en el artículo 36 de la ley concursal y no a partir de la entrega de cierta documentación efectuada a principio de los años ochenta.

Como explicó el anterior sentenciante, el transcurso de la prescripción comienza una vez que el siniestro correspondiente al seguro directo haya sido liquidado (Rubén S. Stiglitz, "Derecho de Seguros...", La Ley, Bs. As., 2008, T. III, pág. 389).Comparto, pues, que aquellos créditos recién pudieron juzgarse liquidados a partir de la resolución del art. 36 de la ley 19.551 y, en consecuencia, desde ese entonces debió transcurrir el plazo prescriptivo.

Nótese que la resolución del citado artículo 36 fue emitida por el tribunal el 31/10/1986 -aspecto no discutido por el apelante- y que la demanda fue promovida el 20/6/1990 (v. fs. 14 vta.).

En el caso se ha concluido que el plazo aplicable para resolver la cuestión es el decenal. Más allá de que pudieron verificarse las contingencias puntualizadas por el a quo que suspendieron e interrumpieron su cómputo, lo cierto es que aún prescindiendo de aquellos extremos, a la fecha de promoción de este juicio aún no había operado el lapso de 10 años necesario para estimar prescripta la presente acción.

(iii) Existencia y cuantía del crédito a) La crítica ensayada con relación a la ausencia de los libros contables de "La Inmobiliaria" resulta insustancial.

Es que los extremos que podrían corroborarse mediante la exhibición de esa contabilidad, han sido acreditados a través de otros elementos que fueron ponderados por el juez de primera instancia en su resolución.

Y, puntualmente, en lo que refiere a la existencia de relaciones reasegurativas que anudaron a las partes, nada aportó el apelante para desvirtuar las consideraciones efectuadas por el a quo para decidir este aspecto (v. fs. 651, punto 3º c). No se trató de trasladarle "un prueba negativa". Sino que bastaba que produjera pericia contable sobre sus libros para evidenciar la inexistencia de cualquier vinculación con la accionante, a fin de dejar de lado la presunción construida por el anterior juez con sustento en la provisión monopólica de reaseguros a cargo de la demandada.

Mas no lo hizo y ningún otro elemento aportó para desvirtuar la conclusión del magistrado de grado en cuanto sostuvo que el demandado registraba un vínculo reasegurativo con "La Inmobiliaria".

b) El recurrente se agravió porque considera que la pericia contable no daría cuenta sobre la participación que correspondería al INDER por los siniestros verificados en la liquidación de "La Inmobiliaria".

Soslaya el apelante que se contó además con la pericia que luce a fs.

580/586, realizada por un licenciado en organización y técnica del seguro, mediante la que se informó con precisión el alcance de la participación que le corresponde por el reaseguramiento de los siniestros verificados en la quiebra de "La Inmobiliaria". Es dable poner de relieve que el propio recurrente no sólo consintió las pautas establecidas para la realización de dicha experticia y la metodología de trabajo asignada al perito (v. audiencias de fs. 520/521 y 524/525) sino que presentado el dictamen tampoco lo impugnó en tiempo y forma.

El informe del experto, producido con base en las circulares, notas y resoluciones a las que refirió y en los usos y costumbres propios del mercado reasegurador -parámetro admitido por las partes en la citada audiencia que obra a fs. 520/521-, dio cuenta puntualmente sobre: a) el tipo de reaseguro contratado para cada una de las ramas correspondientes; b) la procedencia del reaseguro en caso de verificarse un monto excedente de la respectiva prioridad a cargo de la sociedad actora en liquidación; y c) el alcance de la participación del INDER en función del porcentaje de cobertura reasegurativa correspondiente sobre ese excedente.

Por donde no se advierten las insuficiencias acusadas en la expresión de agravios.

c) La cuestión concerniente a la falta de acreditación del pago de la prima no exhibe relevancia en orden a la estimación de la demanda. Es que ello tan sólo fue invocado por el accionado al reconvenir, mas sin hallarse demostración fáctica alguna a lo largo de la secuela de la causa.

Y cupo al demandado, en todo caso, acreditar tanto la caducidad del reaseguro fundada en la ausencia de cancelación de las primas como la existencia de la deuda, por virtud del principio que fluye del Cpr. 377. Mas ningún indicio se desprende de las numerosas pericias contables en orden a comprobar esta afirmación de la demandada.

De modo que no puede estimarse este argumento invocado por el apelante como defensa -y a su vez como fundamento de su contrademanda-, puesto que no cuenta con un mínimo respaldo fáctico que lo sustente.

(iv) La aplicación del decreto 1061/99 En esta instancia recursiva el recurrente introdujo la cuestión concerniente a la aplicabilidad en el caso del mentado decreto 1061/99. Esta norma autoriza al propio INDER a ofrecer la cancelación de sus responsabilidades y obligaciones con miras a extinguir totalmente los efectos pendientes de los contratos de reaseguro celebrados con las distintas entidades aseguradoras; ello, en cumplimiento de la previsión del artículo 26 de la ley 24.764.

Sin embargo, deviene improcedente la admisión de este requerimiento.

Es que el propio decreto excluye la aplicación de dicho procedimiento de cancelación de los compromisos reasegurativos asumidos por el INDER, en los supuestos en los que se trate de relaciones aprehendidas por la ley de consolidación de la deuda pública.

En efecto, el segundo párrafo del artículo 6 del decreto 1061/99 (texto sustituido por el art. 6º del Decreto Nº 1220/2000, B.O. 29/12/2000) reza: "En aquellos casos en que el objeto de los reclamos judiciales a los que se hace referencia en el párrafo precedente -juicios pendientes promovidos por causas que no incluyan conceptos del Plan de Corte- se encuentre alcanzado por las previsiones de la Ley Nº 23.982, la forma de pago se ajustará al tratamiento establecido por la normativa mencionada...".

En el caso, la ley 23.982 resulta aplicable al caso por los siguientes motivos:

a) La causa de las obligaciones, a los efectos de la consolidación, la constituyen los hechos o actos que de modo directo o inmediato les hubiesen dado origen (fallos 316-1775; 322-3200, entres otros) y, en el sub lite, los siniestros liquidados resultan anteriores al 1/4/1991 -fecha de corte establecida por la citada norma-. Ello, por lo demás, coincide con el temperamento asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Mapre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. c INDER", del 28/9/2004 (fallos 327-3921; DJ, 2005-1-509).

b) La demandada es un ente comprendido en su artículo 2, en tanto al haberse dispuesto su disolución y liquidación, corresponde que sus obligaciones sean asumidas con fondos del Estado Nacional con los alcances establecidos por esta norma. Ello fluye del ya referido artículo 6 del Decreto 1061/99.

c) Si bien esta materia no ha sido específicamente propuesta a la judicatura por las partes, cabe señalar que la aplicación de este régimen de consolidación resulta inexcusable atento al carácter de orden público que revisten sus disposiciones (art. 16, ley 23.982) (fallos 327-3921; esta Sala, in re: "Ladefa S.A.C.I.F. E. P.A. c/ Rýo de la Plata T.V. s/ordinario", del 9/10/2007).

Todo ello permite desestimar la pretensión recursiva de la apelante, en cuanto procuró la aplicación de la modalidad del citado decreto 1061/99, e impone actuar el régimen de consolidación del Estado Nacional sobre la obligación de dar sumas de dinero contenida en la condena establecida por el juez de grado, conforme las previsiones y mecanismos administrativos previstos por la ley 23.982.

V.- Conclusión Por los fundamentos expresados, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo desestimar la apelación de la demandada y confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de recurso, modificándola en su alcance con sujeción a las previsiones de la ley 23.982 sobre consolidación del Estado Nacional a partir del 1/4/1991 (conf. acápite IV.iv). Costas de Alzada a la demandada, sustancialmente vencida (Cpr. 68).

Por análogas razones los doctores Monti y Caviglione Fraga adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se desestima la apelación de la demandada y se confirma la sentencia de grado en cuanto fue materia de recurso, modificándosela en su alcance con sujeción a las previsiones de la ley 23.982 sobre consolidación del Estado Nacional a partir del 1/4/1991 (conf. acápite IV.iv). Costas de Alzada a la demandada, sustancialmente vencida (Cpr. 68). El doctor Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/02 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de Apelaciones.- José Luis Monti.- Bindo B. Caviglione Fraga.- Juan Manuel Ojea Quintana.