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Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, sentencia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, voto en disidencia, parte dispositiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Guaragna, María Luisa Edith c/ Caja de Previsión Social s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Seguro por fallecimiento (Expte.   CSJ Nº 49-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y anular la resolución impugnada si no concurre en el sub judice la "total concordancia" exigida por el artículo 26 de la ley 10160, desde que -en un voto con fundamentación individual- el vocal de segundo voto ha sustentado una disidencia parcial, falencia, ésta, que impide la conformación de la unidad lógica exigible en la decisiones judiciales, no resultando -por ello- ajustado a derecho el ejercicio por la Vocal de tercer voto de la opción prevista en la referida norma. Es que no sólo no se advierte la observación de dicho recaudo en la motivación expuesta sino que, más grave aún, ni siquiera hay una real coincidencia en la solución que, en definitiva, fue adoptada. La parte resolutiva del decisorio recurrido no resulta ser, entonces, la conclusión final del razonamiento del Tribunal, sino únicamente del pensamiento de uno de sus integrantes.
Derecho procesal, procesos especiales
Materia: PROCESAL
Carátula: RICCOBON ORLANDO RUBEN c/ OCUPANTES s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

En lo concerniente al valor probatorio que es dable acordar a un acta de constatación notarial, la mayoría sostiene que no goza de las prerrogativas de los arts. 993 a 995 del Código Civil, porque es utilizada para referencia de ciertos hechos (no para constituir derechos, como la escritura pública) y, por lo tanto, los requisitos para una o para otra son distintos, ya que los recaudos del arts. 1001 del Código Civil rigen sólo para las escrituras, pudiendo ser desvirtuadas mediante prueba en contrario. Ahora bien, los demandados no pudieron desvirtuar los hechos alegados por el actor y que constan en las actas de constatación notarial, ya que de la prueba que ofrecieron no surgen elementos que permitan rebatir la conclusión explicitada por la jueza en cuanto a que el día (...) el predio lo ocupaba el actor.También comparto el razonamiento que desarrolla la jueza, al concluir que sí hubo violencia en el ingreso al predio, ya que la concurrencia en dos oportunidades en el mismo día, en la primera que se abstuvieron de entrar con la presencia policial y en la segunda que fueron con un grupo de personas, que motivó el repliegue dejando en ese momento el alambrado (bien precario por cierto), en el suelo, es el resultado de las actas notariales de donde surge que el actor había colocado un alambrado como protección y cerrado con candado la tranquera de un camino de acceso al predio. Asimismo, de las diligencias realizadas en sede penal, de donde surge la rotura de alambrado y croquis del lugar, actuaciones que por haber sido realizadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, también revisten carácter de instrumento público (conforme el art. 979 inc. 2°del Código Civil).
Sociedades comerciales, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jorge Rodolfo Lagostena S.R.L. s/ Conformación e inscripción del contrato social
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Es frecuente que una sociedad y sus socios, sin advertir el vencimiento del plazo de duración, continúen desenvolviendo su actividad normal como si nada hubiera ocurrido; pero desde el punto de vista legal, como consecuencia de lo previsto por el art. 94 inc.

2 de la ley 19550 la sociedad se ha disuelto y ya no es posible hablar de prórroga, porque el art. 95 de la misma le exige que la prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración.
Alimentos, costas, incidentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L. C. A. c/ R. DE L. L. B. s/ Incidente  de reducción cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Si bien el art. 69 del Código Procesal Civil y Comercial se hace de aplicación restrictiva, resulta plenamente aplicable al caso por el cual se pretende una reducción de la cuota alimentaria, en tanto el incidentista se halla en mora en el cumplimiento del pago de las costas devengadas en el proceso alimentario. Ello, en consonancia con el fin moralizador de tal norma en orden a disuadir la articulación indiscriminada de incidentes.- (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, daños y perjuicios, daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: WISSLER, VIRGINIA c/ ASOCIACION MUTUAL ARGENTINA MEDYCIN Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

En cuanto a los reproches esgrimidos por la valoración y alcances dados a la pericial psicológica, la Alzada puntualizó lo considerado en el fallo respecto a que no sólo debían ponderarse las apreciaciones individuales brindadas por la trabajadora, sino que la evaluación de su estado de salud psíquica debía también sustentarse en que al menos una de las situaciones de acoso denunciadas había sido probada como causante del daño reclamado; y también respondió el Tribunal la alegación consistente en que el daño psíquico no puede ser cuantificado autónomamente, especificando que el agravio fue abordado en la sentencia, en donde se razonó que la patología sufrida por la trabajadora significó para ella una disminución de sus aptitudes y acarrea consecuencias en su vida personal, familiar y social, todo lo cual justifica un resarcimiento autónomo, no correspondiendo por ende que se lo supedite a la reparación del daño moral, y asimismo, en relación a la cuantificación de este rubro, el a quo señaló que en su momento el juez inferior había brindado los elementos objetivos considerados -magnitud del hecho traumático y situación personal de la víctima-, y que la indemnización resultaba equitativa y razonable.
Cuestiones de competencia, Cámara de Apelaciones, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Boock, Rodolfo y otros s/ pta.  inf.  arts.  5  ,  inc. a), 14 y 11, inc. c) de la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

No existe cuestión de competencia pendiente de solución si la planteada fue resuelta por el tribunal instituido para hacerlo y no se encuentra dentro de las facultades que el art. 24, inc. 7° del decreto-ley 1285/58 confiere a la Corte, la de revisar las decisiones de las cámaras nacionales cuando ellas actúan como tribunales dirimentes en los conflictos de competencia.
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De La Barra Claudio Tamon c/ Bogadi Gustavo Marcelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Al coincidir los litigantes en ofrecer el sumario criminal como prueba excluyente, sin reserva alguna cabe incorporar la inspección ocular, croquis ilustrativo en cuanto a la mecánica del hecho, y otras atestaciones de manera válida en el proceso civil, por un principio elemental de veracidad, lealtad y buena fe procesal que impide retornar sobre lo ya aceptado (arts.374 y 384 del CPC).-
Requerimiento de instrucción, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G., D. del C.; S., D. R.; L., O. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-19

Si la enunciación de los hechos imputados que el fallo contiene, revela que la plataforma fáctica de la requisitoria fiscal no ha sido redactada de manera precisa ni circunstanciada, de modo que la agravante del delito que la A-quo declara Lesiones Graves en agresión, no fue descripta dentro de la acusación, ni como realidad material, ni como productora de consecuencias típicas, la decisión jurisdiccional ha sido dictada con violación a la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio de las imputadas.
Trabajadores de la salud, kinesiólogos, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: GATICA, EDGAR ISAIAS. c/ TRAUMATOLOGIA DEL COMAHUE S.R.L. s/ DESPIDO POR FALTA PAGO HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-18

La circunstancia de que haya facturado por los servicios que prestaba no es determinante pues, probado como está que se trató de un vínculo de carácter subordinado y, en tanto rige en nuestra materia el principio de primacía de la realidad, es obvio que tal instrumentación carece de virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que regulan el contrato de trabajo (arg. arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT).
Contrato de trabajo, despido indirecto, despido con causa, injuria laboral, salarios caídos, falta de pago, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Beltrame, María del Carmen c/ Martin y Cía S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-24

En caso de invocarse varias injurias pretendiendo justificar el "autodespido", basta con la acreditación de una causal que, por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo. Así la falta de pago de la retribución mensual en tiempo y forma es injuria suficiete para darse por despedido. Si el empleador niega la falta de pago, el único medio admitido por el legislador para acreditar la cancelación de los créditos emergentes de la relación de trabajo son los recibos de sueldo (art. 138 LCT), salvo confesión judicial. El recibo de sueldo constituye, por antonomasia, el documento que acredita la debida cancelación de los créditos laborales. (Del voto del Dr. Corach).
Compraventa, compraventa inmobiliaria, vicios redhibitorios, vicio oculto, conocimiento del vicio, acción quanti minoris, prescripción, cómputo del plazo, excepción de prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO  NACIONAL  DE  SERVICIO SOCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS c/ DINTEL  SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

Resulta procedente la excepción de prescripción opuesta por el enajenante accionado, con fundamento en haber transcurrido el plazo previsto por el cciv 4041, a los efectos del ejercicio de la acción.

A tal fin, procede computar el inicio del término de prescripción desde que el vicio sea descubierto o se haya hecho aparente, o bien desde el momento que aquel se percibió, o se estuvo en condiciones de tener conocimiento de su existencia, actuando el comprador con debida diligencia.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivieri Antonio c/ Jiménez ramón s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-17

El supuesto de haber retirado la cédula de notificación de la Oficina de Mandamientos, carece de efectos interruptivos, porque ni en el proceso, - ni fuera de él- se produjeron actos tendientes a impulsar el procedimiento. Distinta habría sido la solución, si la actividad desarrollada por la actora en la Oficina de Mandamientos hubiera tenido por finalidad notificar la demanda, porque ello si, - en principio- habría tenido efectos interruptivos del plazo de caducidad de instancia.
Compraventa inmobiliaria, edificio a construir
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO CARLOS R. c/ CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Los contratos de entrega de una unidad a construirse, cuando según los términos del pacto la construcción no asume figura central y los medios de construcción y la persona de la realización de ella no tienen mayor importancia, quedan comprendidas en la compraventa y no en la locación de obra (conf. CNCiv. Sala C, L.225.343 y 225.162 del 12-7-78; id. Sala A, E.D. 10-113; íd. Sala D, E.D. 40-272; íd.

Tribunal de Superintendencia R. del 15-9-80; id. Sala C, R. 13.986 del 24-5-85 y R. 14.335 del 5-6-85
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NIEL, LUIS LEONARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.      CSJ EXPTE NRO 103-82 CARNELLI, MARIA ESTHER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 51-84 ITURRASPE, SARAH FLOGLIA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 682-86 CASAL, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-23|1987-05-27|1989-11-23|1990-10-18

Si bien en el régimen de jubilaciones puede ser procedente modificar el sistema de ajustes móviles, sin que ello, por sí solo determine la lesión a un derecho adquirido que en realidad no es tal, puede configurar una lesión patrimonial, de naturaleza constitucional, cuando el cambio de régimen del sistema de movilidad vigente al momento del otorgamiento del beneficio, en su aplicación al caso concreto, en el presente y con proyección más acentuada e incierta en el futuro, deja de guardar proporcionalidad razonable similar respecto de lo que seguiría ganando el beneficiario si estuviera en servicio activo.

Nota citas jurisprudenciales: "De Nardo c/Provincia de Santa Fe".

A y S T 51, p 6-12.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, costas, Administración Pública, enriquecimiento sin causa, compensación económica
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CEBALLOS, ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Atento a que la Municipalidad demandada no debió pagarle al actor -por su desempeño como encargado de una playa de estacionamiento de ese ente- un monto inferior al salario mínimo, vital y móvil, habiéndose enriquecido, por lo menos, con la diferencia entre éste y lo efectivamente pagado; y teniendo en cuenta que debe abonarse una cantidad actualizada, dado la desvalorización que se produjo en el signo monetario desde la fecha en que las respectivas diferencias le fueron debidas al recurrente, se estima adecuado establecer prudencialmente en una suma determinada, el monto a reconocer al actor, con más intereses a la tasa del 6% anual desde la fecha del reclamo administrativo hasta la sentencia, y actualización monetaria. Teniendo en cuenta el resultado del pleito, las costas han de ser distribuidas, debiendo cargar la demandada con el 50% de ellas, y el actor con el 50% restante (artículo 86, ley 4106).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Jorge c/ Policía provincial de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

Los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su tratamiento, sino únicamente a los que a su criterio fuesen decisivos para dictar el fallo.
Jurisdicción, competencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Acharán, Gabriel J. y otro s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que, en casos como el presente, en que se trata del encubrimiento de un delito investigado por la justicia nacional cometido en una provincia, aquél debe ser conocido por la justicia federal territorialmente competente; no lo es menos que el tribunal oral debió remitir el proceso al órgano judicial que realmente tiene competencia y no a un tercero que ninguna vinculación podría tener con el asunto. En consecuencia corresponde remitir las actuaciones al Tribunal Oral Nº para que adecue su declinatoria de competencia en la forma indicada y hágase saber al Juzgado Correccional Nº 1.
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara subrogante J. C. Reynaga s/ Casación en autos 07/93 sumario instruido a raíz de la muerte de  María Soledad Morales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-04-19

Es procedente el recurso de casación promovido por el Ministerio Público, debido a que el Tribunal de grado no tuvo en consideración un mínimo de circunstancias fácticas que era necesario valorar, omisión ésta que se salva en esta instancia extraordinaria; el pronunciamiento de autos es en definitiva solamente, la consecuencia de la interposición recursiva contra un auto de procesamiento, que aún modificado mantiene su característica propia de provisionalidad, sin que ello implique abrir juicio sobre eventuales contingencias posteriores al mismo, las que de hecho y por derecho serán consecuencia de la actividad jurisdiccional que el Sr. Juez Instructor desarrolle conforme a las previsiones legales de esta etapa procesal.
Subrogancia del juez, adicional por subrogancia, gratificaciones, aplicación de la ley, funcionarios judiciales, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Prack, Horacio Enrique s/ haberes por subrogancia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Por el recargo de tareas que la subrogación supone, la ley estableció una gratificación para quienes la cumplen, según se trate de un reemplazo en cargo de similar o superior jerarquías, sin que por vía de superintendencia el Tribunal pueda modificar tal monto, máxime cuando éste no resulta irrazonable o arbitrariamente desproporcionado.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SPERATTI, GUILLERMO EDUARDO; RODRIGUEZ, RUBEN PEDRO; RICCIARDULI, FRANCISCO JOSE; SANCHEZ, ANTONIO OSVALDO; s/ "QUEJA EN: DENUNCIA S/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL BANCO  PROVINCIA DE RIO NEGRO, ASUNTO: COERPE"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-25

La invocación de gravedad institucional no suple la ausencia de definitividad, en la medida en que no se demuestre que la intervención de la Corte no tuviera otro alcance que el de remediar-eventualmente-intereses particulares.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Medefin  SA . Compañía Financiera c/ DGI. s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

Es improcedente el examen de cuestiones que no fueron objeto de sustanciación en la instancia anterior.
Recurso extraordinario federal, concejo deliberante, cuestión no justiciable
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA RUA LUIS A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS:"CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL  DE SANTIAGO DEL ESTERO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA   (INTERVENCION FEDERAL) S/ QUERELLA POR CONFLICTO DE PODERES".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-07

La intervención de todos los Concejos Deliberantes de los municipios provinciales es un acto de naturaleza no judiciable, deviniendo improcedente el recurso extraordinario interpuesto.
Efectos del contrato, efectos entre partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NUÑEZ CARMEN c/ GUZMAN JAVIER s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-30

Los efectos de los contratos sólo alcanzan a los sujetos de la relación, esto es, a las partes y a las personas que resultan asimilados a ellos. Sabido es que partes del contrato son quienes se han puesto de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, concurriendo a la formación del consentimiento y celebración del contrato. Quienes no revisten la calidad de partes son, en principio, terceros. Si los terceros pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato, mal puede el accionado invocar supuestos incumplimientos de la actora operados en relación a su cocontrante en un convenio del cual no es parte, para negarle legitimación en este proceso.-
Caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: I. , P. J. y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-03

Para que se configure caso fortuito o fuerza mayor, el mismo debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado- extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no hubiera ocurrido por su culpa. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de apelación (procesal), facultades del juez, resoluciones inapelables, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ VIDETTA, MARIA HAYDEE s/ FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ALZADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-03

El Tribunal de Alzada, como juez del recurso, tiene la facultad de revisarlo aún de oficio, tanto en cuánto a su procedencia, como a sus formas y trámite, a los fines de verificar -entre otros aspectos la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su respecto en la primera instancia. Es en función de ello que ésta Cámara tiene decidido que las resoluciones relativas a la agregación de elementos probatorios participa, por vía de principio, de la regla de la inapelabilidad establecida por el art.379 del Código Procesal.
Tráfico de estupefacientes, tipo penal, denuncia, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: Sesia, Marcelo A.; Romero, Juan A.; Selerpe, Jorge A.; Reboledo, Fabián D. y Marín, María I. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-14

Corresponde rechazar el agravio fundado en que la denunciante era la esposa del imputado si se trata de una conjetura personal de los recurrentes, que como tal carece de seriedad. La reserva de identidad en modo alguno convierte a la denuncia en una prueba secreta, sino que únicamente imposibilita la eventualidad de un careo con el denunciante y la verificación de sus condiciones personales, característica que por sí sola no controvierte ninguna garantía. Son válidas las órdenes de intervenciones telefónicas que se sustentan en averiguaciones e investigaciones policiales llevadas a cabo con conocimiento y control de la autoridad judicial. Está debidamente fundada la condena por la producción y posterior fraccionamiento y distribución de estupefacientes si se sustentó en el resultado de los allanamientos, la forma de acondicionamiento de la droga, la cantidad de sustancias utilizadas como "de corte", el decomiso de prensas y moldes, la identificación de los encausados mediante observaciones personales, informes, filmaciones, fotografías y desgrabaciones de conversaciones telefónicas, que asimismo revelaron el contacto entre los imputados y una fluida e importante relación patrimonial. La escasa cantidad no es lo único que requiere el tipo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. No es errónea la agravante del art. 11 inc. "c" ley 23.737 por no haberse especificado el rol que cumpliría cada integrante, cuanto en el fallo se anotó que los acusados tenían un conocimiento común de la actividad. La disidencia parcial postuló la absolución por la tenencia de estupefacientes para consumo personal al no haberse probado que afectara la salud pública y, asimismo, consideró, con respecto a las pautas de los arts. 40 y 41, que la ligera mención a las pautas de desimetría contenidas en tales normas no basta para satisfacer la adecuada motivación del fallo. (Dres. Catucci, Ledesma -en disidencia parcial- y Mitchell).