marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conflicto de poderes, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossi, Jorge Omar (Pte. Inst. Prov. Lot. Cas.) c/ Comisión Investigadora Cámara de Diputados s/ Conflicto art. 161 inc 2, Constitución de la Provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

El propósito cardinal del precepto incluido en el artículo 161 inciso 2 de la Constitución de la Provincia es de conferir a la propia Provincia a través del Poder Judicial y de su máximo tribunal judicial, la competencia para arbitrar el medio de dar solución, dentro de las instituciones locales, a los conflictos que se susciten entre los poderes públicos que la integran. Por ello es que no pueden caber dudas acerca de que el resguardo constitucional alcanza a cubrir a quienes actúan como representantes de órganos autárquicos, integrantes del Poder Ejecutivo provincial, que detentan la representación legal de dicho ente y han sido dotados de la libertad de administración suficiente conforme a los objetivos perseguidos mediante su creación. (En el caso se trató de un conflicto promovido por el Titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos).
Impuestos, régimen penal tributario, competencia por el territorio, cuestiones de competencia, competencia nacional, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: FORMICA, GUILLERMO; FORMICA, REMO s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de Declinatoria por Incompetencia  CAUSA: 35930.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

1 - La competencia territorial de distintos jueces de la jurisdicción nacional debe determinarse, en principio, según el lugar en que haya sido cometido el delito, más allá de cuál sea el domicilio sede de los negocios de la empresa en cuestión.- 2 - Si la averiguación emprendida en la causa, todavía en etapa de instrucción previa al juicio se refiere a distintas maniobras cuyo exacto lugar de comisión no puede establecerse con total precisión, la competencia debe discernirse en función de la mayor eficacia de la investigación, la economía procesal y el derecho de defensa de las partes implicadas (Cf. CSJN-FALLOS 302:501 y 303:934), lo cual indica la inconveniencia de erradicar el proceso del tribunal que conoció originalmente.
Concursos, efectos de la apertura, actos y diligencias procesales, bienes del fallido
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Roux-Ocefa SA c/  s/ quiebra s/ incidente de ineficacia del contrato de colaboración de servicios de producción celebrado con hlb pharma group sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-17

Generalmente, se ha aceptado que un acto es considerado de administración "ordinaria" cuando aparece como un acto "normal", tanto en función de la actividad del concursado, como de la habitualidad con que es realizado, sin desatender también su significación económica. En esta línea se inscribe el pensamiento de autores como Halperín, para quienes los negocios "ordinarios" de una sociedad son aquellas operaciones "cotidianas" que según su actividad autorizan a encuadrarlas dentro de su objeto social (cfr. autor citado, "Sociedades Anónimas", Ed. Depalma. Bs. As., 1974, pág. 421). De su lado, Cámara entiende que tendrán la condición de actos que exceden la administración aquellos actos que, importando o no una enajenación, alteren sustancialmente los valores productores del patrimonio, los que conforman su capital, o bien que comprometan por largo tiempo su porvenir o destino (conf. Cámara, Héctor, El Concurso preventivo y la Quiebra, ed. Depalma, Bs. As., 1978 T. I, p. 472). En cualquiera de los casos, pareciera que lo que la norma concursal pretende es que la administración se atenga exclusiva y excluyentemente a la conservación y mantenimiento del patrimonio del deudor concursado, combinando los fines de la gestión empresaria con la integridad patrimonial (conf. Conil Paz, Alberto, "Concurso preventivo y actos de administración", LL 1998-A, 1; cita Online: AR/DOC/19569/2001). Y aun cuando gran parte de los actos ordinarios del giro comercial son propiamente actos de administración, no cabe descartar la posibilidad de que comprenda verdaderos actos de disposición, tal como podría ocurrir con la venta de su producción industrial (conf. CNCom, Sala A, 23/12/08, "Laboratorios Lacefa SAICA", cita LL on line: AR/JUR/24607/2008).

En suma, podrían catalogarse los actos que "exceden la administración ordinaria" a todos aquellos que simplemente no resultan "normales" o "habituales" dentro del giro de la empresa, abarcando todas las situaciones que pueden exceder tal concepto de acuerdo con la apreciación que el magistrado haga según circunstancias particulares del caso concreto (cfr. CNCom, Sala E, 27/4/89, "Establecimientos Aralauquen SA", LL 1989- E, 613; íd. 4/6/90, "Rodríguez e hijo SA s/ quiebra s/ inc. de venta de hacienda c/Pejkovich M.", con comentario de Prus, Federico M., "Actos que exceden la administración ordinaria en la ley concursal", LL. 1192- C, 381, cita on line: AR/DOC/16758/2001).
Recursos, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: F. y Cía. SCA s/ Recurso de Queja en autos "Municipalidad de Trelew c/F. y Cía. SCA s/Ejecución Fiscal".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-09

Con el fin de que se cumpla con el propósito de no suspender el trámite del proceso, el recurso de queja por apelación denegada, sólo será admisible cuando se baste a sí mismo, vale decir, cuando su resolución sea posible con los solos recaudos acompañados.
Extradición, concurso real, asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, Italia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Di Donato, Michele s/ Extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-09

La asociación ilícita y el tráfico de estupefacientes en concurso real, imputados al requerido en la República de Italia por existir graves indicios de haber participado, con otras más de diez personas en una asociación para delinquir finalizada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que tendía a hacer llegar constantes abastecimientos de drogas y haber comprado, transportado, vendido, ofrecido y proporcionado en forma repetida grandes cantidades de sustancias estupefacientes, encuentra también subsunción legal en nuestra legislación como constitutivas del delito de comercio de estupefacientes con el agravante de ser cometido con el concurso de más de tres personas previsto en el art. 5to., inciso "c" y 11, inciso "c" de la Ley 23.737.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, expropiación
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: D N V. c/ Ibañez y otros. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, al regula honorarios en un juicio de expropiación, fijó valores inferiores al mínimo arancelario.
Sentencia, fundamentación de sentencias, violación, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA FELIPE SILVERIO c/ MIGUEL PIANA METALURGICA  S.R.L. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-28

Se ha violado el principio de razón suficiente en el pronunciamiento que dispone la condena en costas al actor respecto de la empresa productora asesora de seguros. Asiste razón al impugnante por cuanto no citó en garantía al instituto promotor de seguros, sino que solo pidió se le notificase de la "ampliación de demanda". Si bien el Tribunal interviniente lo calificó como citado en garantía, dicho instituto no asistió a la audiencia de conciliación, ni ofreció prueba, ni cumplió ningún otro acto procesal, por lo que no se constituyó en parte por el requerimiento del actor.-
Personal municipal, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Issel de Falco, Ana Dorila c/ Municipalidad de Dolores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El derecho de defensa no se encuentra comprometido si la interesada presentó su descargo, ofreció y produjo pruebas, planteó nulidades y recurrió al acto de cese con la suficiente oportunidad de hacerse oír en la sede adecuada.
Bien común, Estado, Poder Judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

El aspecto primordial de la tarea de los magistrados debe ser la preocupación de la justicia y atender en la realización del derecho, antes que a un criterio excesivamente formal a los principios que ampara la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, entendido éste como el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su perfección. (Del voto del Dr. Ulla).
Sentencia, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 950
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

La omisión de lo dispuesto por el artículo 399 del C.P.P.N.

constituye una nulidad de carácter absoluto pues atañe a la intervención del imputado y afecta las garantías constitucionales del debido proceso e inviolabilidad de la defensa desde que el proceso para ser legal, sólo puede culminar en una sentencia fundada y el derecho de defensa, para no verse menoscabado, exige que la sentencia permita conocer los fundamentos para que el imputado pueda apreciar, de ese modo, la legalidad de la prueba y la corrección de su valoración e impugnarlos, cuando correspondiere y tuviere derecho hacerlo.
Empleados públicos, escalafón, derecho a la carrera, personal contratado
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AVALOS, MARIA VERONICA c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

La presente queja no ha de prosperar, desde que la compareciente -que pretende endilgar el vicio de arbitrariedad por excesivo rigor formal en la aplicación de la norma que regula la relación entre las partes y por omisión de aquéllas más favorables al trabajador- no logra poner en crisis el pensamiento sentencial que concluyó en la improcedencia del recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora, por entender que la pretensión de que se le computen los años trabajados como personal contratado a fin de obtener su recategorización, no tenía fundamento válido, toda vez que el derecho a la carrera nace con el derecho a la estabilidad, adquiriendo a partir del nombramiento en la planta permanente el derecho a progresar dentro de los niveles escalafonarios que la componen, en condiciones de igualdad.
Costas, intereses convencionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gutierrez, Jacoba c/ María M. Escobar y Germn Ende s/ Cobro de Alquileres.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-08-21

La circunstancia de que la reducción ordenada de los intereses pactados, fuera adoptada de oficio por el A-quo, justifica la imposición en el orden causado. En sentido similar se ha resuelto que cuando una resolución ha sido dictada ex officio por un Juez, sin que ninguna de las partes dieran lugar a ella, las costas deben ser soportadas en el orden causado.
Superior Tribunal de Justicia, expropiación, indemnización, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Domingo, Osvaldo Félix c/ Provincia de Santa Fe s/ Expropiación inversa (Expte. CSJ Nº 301-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

Siendo criterio de esta Corte Suprema de Justicia Provincial que no deben reconocerse intereses cuando se opera la desposesión "jurídica" del bien y menos aún cuando "las restricciones al derecho de dominio son de tal entidad que impiden su normal ejercicio por parte del propietario", la situación que contempla el art. 20 de la ley 7534 (según el cual "salvo las que hubieren sido necesarias, no se indemnizarán mejoras realizadas en el bien durante el término de un año" a contar desde los hechos a que esa norma refiere), de ningún modo puede ser equiparada a un desapoderamiento real que justifique el reconocimiento de intereses y tampoco puede reconocerse semejante alcance a lo dispuesto por el artículo 21 de aquella misma ley.
Contrato de trabajo, médico cirujano, fraude laboral
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Sanchez Saizar, Pablo Manuel c/ Alexander Fleming S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-12

En la medida que la prestación profesional se desarrolle dentro del establecimiento empresario y con sujeción a un horario determinado, aun cuando éste admita cierto grado de elasticidad, resultaría, prima facie, aceptable la conclusión de que media relación de dependencia. Sin embargo, la circunstancia de que el profesional realice sus tareas fuera del ámbito empresario no sería, por sí sola, motivo para excluir la figura laboral. En tanto y en cuanto los ingresos del profesional estén determinados por sumas fijas, percibidas periódicamente, debe aceptarse que la relación tiene un carácter dependiente o dirigido. A su vez, no puede aceptarse que preste servicios en beneficio de múltiples entidades, ya que ello demuestra estar utilizando su autonomía técnica en un grado que resulta incompatible con la existencia de una relación dependiente. En el caso a estudio, el accionante -cirujano plástico especializado- si bien efectuó prestaciones en la sede de la demandada, contaba con su propia estructura de servicios y el hecho de que figurara en la cartilla de la institución como uno de sus prestadores no constituye dato suficiente para tipificar la relación como laboral ya que el recurrente traía su propio equipo de ayudantes y, en la sede de la demandada, operaba pacientes de otras entidades.
Declaración de incompetencia, nulidad procesal, declaración de oficio, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: THOMPSON, WALTER s/ Régimen Penal Tributario, incidente de  apelación de competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde anular la resolución apelada por la que se declaró la incompetencia para investigar el hecho imputado, toda vez que el trámite cumplido en la incidencia se encuentra en transgresión a lo que indican los art. 48 y 340 del CPP, dado que no consta que se hubiera dado vista al imputado para que tuviera oportunidad de expedirse acerca de la cuestión y tampoco se formó incidente por separado; la primera de esas omisiones infringe lo concerniente a la intervención del imputado, por lo que debe entendérsela sancionada con nulidad (Cf. art. 167, inc. 3 del CPP) y dado que el vicio afecta igualmente al ejercicio del derecho de defensa en juicio, la anulación debe ser declarada de oficio (Cf. art. 168 del mismo código).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Colman, Fernando Lorenzo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no menciona las normas de la prueba testimonial que podrían haber sido quebrantadas al computarse las declaraciones de un empleado policial -en calidad de testigo- entre los elementos complementarios de la prueba compuesta.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berlingieri, Oscar c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Sumar al haber determinado según el art. 41 de la ley 8587 remuneraciones que no fueron percibidas simultáneamente con aquél, así como computar otros servicios que no fueron desempeñados simultáneamente entre sí implicaría conceder un beneficio de monto superior a las mejores remuneraciones percibidas en actividad en un período dado de tiempo, Y ello, evidentemente, no surge ni del espíritu ni de la letra de las disposiciones legales aplicables.
Juicio, partes, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, JUAN c/ OPRANDI, EDUARDO s/ COBRO RUBROS LABORALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 613-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Si bien es cierto que la garantía constitucional de defensa en juicio comprende no sólo la posibilidad de ofrecer prueba y producirla, sino también de obtener una sentencia que sea derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos comprobados en el proceso; tal garantía sólo queda resguardada cuando se da al interesado oportunidad efectiva para hacer valer sus defensas en la etapa procesal pertinente, empero, no cabe su invocación para cubrir la negligencia de los litigantes.
Competencia, acumulación de procesos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA c/ CONSTRUCCIONES URQUIZA S.A. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-11-29

Una correcta interpretación del artículo 186 del Código de rito lleva a concluir que la competencia de la Jueza de Paz determinada por el monto reclamado, no puede ser modificada por la acumulación de procesos efectuada de oficio, considerando que el mismo texto legal establece que en razón de la competencia por el monto se debe tener en cuenta el de mayor cuantía, de donde se infiere que no se suman las cifras reclamadas para atribuir la competencia.
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORONA DANILO DANIEL c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINSTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-03-09

Es procedente la demanda contenciosa administrativa entablada por un odontólogo que habiendo sido designado subsecretario de Salud Pública con retención de su cargo en la administración, fuera separado del mismo por un decreto del Poder Ejecutivo, sin sumario previo, teniendo presente que cuando fue designado subsecretario estaba vigente la ley 6286 sobre Ministerios, ratificada por la ley 7499 que en su art. 27 contempla para el personal de planta permanente de cualquiera de los poderes, que fuere designado ministro, subsecretario o nivel equivalentes, el derecho a licencia sin goce de haberes durante el período de sus nuevas funciones y finalizadas las mismas se reintaegraran de inmidiato a su categoría inferior
Suspensión de la prescripción de la acción penal, agentes de la administración pública
Materia: PENAL
Carátula: Brunotto, José Esteban s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-18

Corresponde revocar la sentencia que, por prescripción de la acción penal, sobreseyó a un funcionario público de los delitos de abuso de autoridad y daños, si de las constancias de la causa surge que al momento del hecho el acusado se desempeñaba como inspector de tránsito y que el hecho imputado habría sido cometido en ejercicio de dicha función, sin que el juez haya verificado, de acuerdo con el art. 67, 2 do párrafo del Código Penal, la continuidad o no de la causal suspensiva de prescripción dada por el carácter de funcionario público.
Inadmisibilidad del recurso, fundamentación de sentencias, ley vigente, conciliación, homologación judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Núñez, Diego Matías y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la resolución que homologó el acuerdo presentado por los imputados y la parte damnificada, en los términos del art. 34 del CPPF, toda vez que la resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888). En ese sentido, los jueces de grado indicaron que ". la conciliación es una de las formas previstas en la legislación vigente, a través de las cuales se extingue la acción penal y cuyo acuerdo corresponde únicamente a la víctima e imputado, con posterior homologación en instancia judicial.". Destacaron que si bien ".el Art. 30 del Código Procesal Penal Federal establece expresamente que el Ministerio Público Fiscal no podrá prescindir, ni total ni parcialmente, del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio de esa función o en razón de su cargo (.) , dicha normativa no ha entrado en vigencia al día de la fecha, en tanto la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal no lo ha dispuesto, motivo por el cual, su aplicación al presente proceso no resulta válida.".

En este punto, no podemos dejar de ponderar que la entidad querellante -Banco de la Nación Argentina- prestó su conformidad al acuerdo conciliatorio celebrado entre las defensas, sus asistidos y el representante del Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes; así como también que los dos hechos que constituyen el objeto procesal de la presente encuesta resultan de claro contenido patrimonial y sin grave violencia sobre las personas. Todo lo cual evidencia, en definitiva, que lo decidido se encuentra en sintonía con las previsiones del art. 34 del CPPF, circunstancia que no ha sido adecuadamente rebatida por el recurrente, quien por lo demás, pretende hacer valer -en sustento de su pretensión- un artículo del CPPF que aún no ha entrado en vigor.
Contratos administrativos, exenciones impositivas, repetición de impuestos, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - CIVIL
Carátula: AGUERO DE ALVAREZ, MARIA c/ C.O.N.E.T. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Si de las disposiciones contractuales surge, con claridad suficiente, la obligación del Ferrocarril de exceptuar a la actora de la carga de los gravámenes fiscales materia de debate y con respecto a los cuales aquél gozaba de franquicia, corresponde el pago de daños y perjuicios contractuales según la cual, si la autoridad administrativa tiene por acreditada una circunstancia mediante presunciones, no puede descalificarse el acto de cesantía si el criterio puesto de manifiesto para apreciar tales presunciones no resulta manifiestamente arbitrario.
Reglamentos carcelarios, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Tobares, Gustavo A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La observancia con regularidad del reglamento carcelario tiene un valor sintomático "juris et de iure", en razón de su adaptación social, respecto a que el condenado, por su conducta, está en condiciones de obtener su libertad en forma condicional. La regularidad de la observancia no significa cumplimiento absoluto de los reglamentos, sin infracciones de ninguna especie, sino su acatamiento sin infracciones graves o repetidas durante todo el lapso del encierro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Almirón, Dionisio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Es insuficiente el agravio por el que se impugnan los testimonios tenidos en cuenta por la Cámara para acreditar la autoría responsable del procesado si las argumentaciones desarrolladas no pasan de ser un distinto punto de vista, sin que se demuestre que el tribunal no haya desarrollado lógica y razonadamente su convicción sobre la prueba de los hechos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Roberto Carlos s/ Homicidio calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

Es insuficiente el planteo de la defensa si no ha relacionado sus agravios con los contenidos de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- que habría conculcado el tribunal al conformar la prueba de indicios que ataca.