marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, falta de servicio público, relación de causalidad, carga de la prueba, sentencia arbitraria, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ J. N. B. y otros c/ GCBA y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde rechazar la queja que interpusiera el GCBA (fs. 110/124) toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 32 de la ley n° 402. La lectura de la presentación directa permite corroborar que sus dichos no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria y fundada que los justifiquen o respalden y no constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 32 de la ley n° 402. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Inflación, presunciones, desagio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIENA, MARIO  S.A.I.C.F. c/ EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Ha puntualizado la Corte Suprema que de los términos del Dto. 1 096/85 "no se desprende que la expectativa inflacionaria deba "presumirse" sin otro análisis que el relativo a los momentos de nacimiento y vencimiento de la obligación, sino que la concreta existencia de tal expectativa es también un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio, y que deberá constatarse en cada caso.
Tenencia de estupefacientes, armas de guerra, explosivos, bien jurídico protegido, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Wasiluk, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

No hay idéntica afectación al bien jurídico protegido en el caso de la tenencia simple de estupefacientes que en el de municiones correspondientes a arma de guerra, por tratarse de tipos penales que se integran ambos con elementos de la realidad, que el conocimiento toma y valora pero que no puede cambiar y que son , entre sí, esencialmente diversos. En efecto, dada su naturaleza, la sustancia alucinógena crea un peligro potencial para la salud pública, en cualquier cantidad que se posea y cualquiera sea su destino o aplicación -salvo justificados usos medicinales- por cuanto en sí misma es destructiva y no puede tener otro uso más que su ingesta, siempre dañina. De adverso, las municiones de arma de guerra, si no se adosan a un arma, si no se usan para la finalidad específica que subyace en la ley que castiga su tenencia, o si, al menos, no se las tiene para ello, no constituyen por sí mismas ni siquiera un peligro potencial para el bien jurídico protegido -salvo el caso de acopio- que es la seguridad común, por cuanto resultan inidóneas sin un percutor adecuado. Sin este último requisito no habrá hecho reprochable por ausencia de ofensa al bien jurídicamente protegido.

La tenencia de una escasa cantidad de municiones, no pone en peligro, ni siquiera potencialmente, la seguridad común (Voto Dr Mitchell -en mayoría-).
Servicio militar obligatorio, conscriptos, accidente en acto de servicio, actos de servicio, incapacidad parcial, indemnización, responsabilidad extracontractual, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAVERDE, GUILLERMO GERARDO c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

En la causa "Perrota, P. c/Estado Nacional", del 22.12.94, la Corte Suprema, remitiéndose al criterio seguido in re "Bertinotti, C.

c/ Estado Nacional" del 6.10.92) acotó la doctrina que sentara en la causa "Balcázar, L.", al decidir que cuando las circunstancias fácticas autorizaran a incluir la situación del soldado conscripto en las disposiciones del art. 76, inc. 3°, ap. c), ley 19.101, modif. por la ley 22.511, esto es, cuando aquél presentara "al ser dado de baja y como consecuencia de actos de servicio...una disminución menor del sesenta y seis por ciento para el trabajo en la vida civil", la definida naturaleza indemnizatoria que, en la interpretación del Alto Tribunal, la norma antes citada atribuye al resarcimiento que para tales casos consagra -"tendrán derecho a una indemnización que no podrá exceder a la suma de treinta y cinco haberes mensuales del grado de cabo o cabo segundo"-"...deviene necesario otorgar prioridad a la citada norma especial sobre las generales que regulan en el derecho común la responsabilidad extracontractual" (considerandos 6° y 7°).

Por razones de economía procesal y porque esta es la inteligencia de las disposiciones legales que la Sala siempre juzgó correcta, es apropiado sujetarse a la doctrina reseñada.
Publicidad de los juicios, publicación de edictos, confirmación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION PROTECCION CONSUMIDORES DEL MERCADO COMUN DEL SUR -PROCONSUMER- c/ DILFER S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-14

La publicidad en los procesos colectivos hacen a su transparencia y al cumplimiento de la finalidad a la que están destinados. Por ello, ante la queja del accionante, en cuanto se le ordena publicar edictos en el diario Clarín para notificar a todos quienes tengan interés en el resultado del litigio, esgrimiendo en su defensa el beneficio de justicia gratuita del que goza, y considerando que tal recaudo no puede ser suplido por la comunicación al Registro Público de Procesos Colectivos (CSJN, Ac.32/2014, y su regl., aprobado por Acordada 12/16), ya que no está destinado al consumidor mismo, corresponde confirmar la resolución en crisis, sin perjuicio de invitar a la recurrente a sugerir alternativas de publicidad gratuitas o por medios públicos, con igual o mayor alcance que la dispuesta en la sentencia de grado, para así poder mantener el litigio en conocimiento de los beneficiarios a los que dice representar, permitiendo de ese modo que ellos ejerzan, si lo desean, por sí mismos sus derechos.
Nulidad procesal, nulidad de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: REGALADO RUBEN ANTONIO c/ IPRODHA s/ INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-02-23

Debe declararse la nulidad de oficio de la resolución que rechaza el planteo de nulidad de la parte, si no se compadece con las constancias de la causa, pues ha sido dictada en base a actuaciones -escritos y providencias- que actualmente no forman parte de los presentes obrados por considerarse que los mismos correspondían a otro de los incidentes, lo que importa una violación al principio de congruencia -cf. art. 34 inc. 4 y 161 inc. 2 del C.P.C.C.- y se dictó resolución definitiva antes de haberse dado la pertinente intervención a la incidentada, con lo que la relación jurídica procesal no se hallaba debidamente constituida.
Empleados públicos, reincorporación, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pavletich, Juan Romualdo. s/ Amparo. Mandamus. Hernández, Bernardino. s/ Amparo. Mandamus. Tassara, Juan José. s/ Amparo. Mandamus. Fibiger, Alfredo. s/ Amparo. Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-02-20|1985-02-20|1985-02-20|1985-02-26

Para su validez formal, como la de todo acto de un estado republicano, los dictámenes de reincorporación a que se refiere el art. 9 de la Ley 1794 deben encontrarse adecuadamente fundados. Esto es, tienen que asentarse en una previa, razonada e inexcusable conclusión de que el peticionante ha sido objeto de esa "ilegítima exclusión de la administración pública", que la norma requiere para su aplicación, apreciación que presupone un exhaustivo análisis y ponderación de los elementos de juicio que concretamente se señalen, -circunstancias de hecho y de derecho-, posibilitando así el ineludible control de razonabilidad, de constitucionalidad y de legitimidad en cuanto al nexo de causalidad entre el acto y la condición impuesta por la ley. Sin motivación el acto no puede generar consecuencia alguna.
Régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: FERRARI  RAUL  ANGEL Y OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ PROCESODE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Este Tribunal ha decidido con anterioridad (cfr. causas 7282/92 del 8.4.99, 9888/93 del 23.11.99, 6430/95 del 3.8.2000 y 447/93 del 22.8.00) que no es razonable exigir que para el cobro de las sumas que se van devengando en concepto de intereses y costas -derivadas de la falta de cumplimiento oportuno de la sentencia de condena-, se deba cumplir nuevamente con el procedimiento previsto en el art. 22 de la ley de consolidación 23.982; exigencia que, por lo demás, no impone dicha norma (esta Sala, causa 4740/94 del 7.9.00). Es que, el art. 22 de la ley 23.982 dispone que se deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación, como asimismo, que el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del momento que allí se indica. La previsión presupuestaria debe ser suficiente para atender al capital de condena adeudado y las costas, con sus respectivos intereses hasta el momento del pago, ya que sólo de esa forma es posible cancelar los créditos resultantes de los reconocimientos administrativos o judiciales firmes, tal como lo dispone el art. 22 de la ley 23.982 (esta Sala, causa 4740/94 antes citada).
Jubilaciones, adicional por desarraigo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Colombo, María Julia c/ ANSeS y otro s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-04

Corresponde revocar la sentencia que consideró que correspondía aplicar el plazo de prescripción establecido en el art. 82 de la ley 18.037 si el adicional por residir al sur del país no se trata de una prestación de naturaleza previsional y no corresponde aplicar el plazo previsto en la ley 18.037 sino el plazo de prescripción establecido por las normas de derecho común vigentes al momento en que dicho plazo comenzó a correr.
Ejecuciones especiales, proceso penal, inadmisibilidad del recurso, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, faltas relacionadas con la higiene y la salud, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: "Umar, Eric Yamil s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, en tanto la defensa no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada, toda vez que se ha limitado a invocar una errónea aplicación de la ley sustantiva, así como defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para denegar el instituto de la libertad condicional solicitado. La jueza del tribunal a quo tomó en consideración la totalidad del informe confeccionado por las autoridades del Complejo Penitenciario Federal n°2 que se expidieron en forma negativa a la pretensión del interno pues consideraron que correspondía que finalizara la confección del Programa Individual del interno, y el avance por las distintas etapas de la progresividad del régimen penitenciario para así cumplir con el objetivo de la LEP. De este modo, y, tras escuchar a las partes litigantes del caso, la magistrada de origen entendió que las circunstancias expuestas por los profesionales demostraban la inconveniencia de incorporar al instituto de la libertad condicional a Eric Yamil Umar, todo lo cual aleja a la resolución de la ausencia de fundamentación y tacha de arbitrariedad pretendida. Por último, atento a la emergencia sanitaria declarada, corresponde encomendar al tribunal a quo a que requiera a la unidad carcelaria donde Umar se encuentra detenido, que arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, interpretación amplia, policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUDOLF, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

El planteo recursorio que expresa "para la ocasión que recaiga resolución final, se debe saber que en razón del ascenso obtenido, limito mis pretensiones al hecho que se me reconozca antigüedad en la jerarquía, es decir, que el ascenso que este año obtuve sea considerado desde la interposición del recurso", no debe ser tomada por la Administración en sentido amplio, considerándola una renuncia, sino debe ser interpretado en su integridad, es decir, confrontándolo con la totalidad de los sucesivos actos preparatorios que se cumplían en sede administrativa, como así también observando el estado en que se encontraba el trámite al momento de su presentación, llegándose a la convicción que la intención del recurrente era poner en conocimiento de la autoridad pertinente el cambio que aparejó el dictado del decreto que, al ascenderlo, modificó parcialmente el objeto de su pretensión, ya que entonces restaba ordenar la retroactividad del mencionado ascenso. Tanto es así, que cuando se le corrió vista "a los efectos de que informe a qué derecho renunciaba", expresamente fijo que no había renunciado a ningún derecho, sino que "su único propósito, era evitar que la Administración lo ascendiera a una jerarquía que ya detentaba".
Confirmación de sentencia, homicidio culposo, apreciación de la prueba, declaración testimonial, negligencia, mala praxis
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alcon, Álvarez M. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-13

Corresponde confirmar la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de homicidio culposo en tanto la prueba valorada (en particular las declaraciones testimoniales oídas en el juicio y los peritajes obrantes en el expediente y objeto de debate) resulta suficiente para tener por acreditado que el nombrado en su posición de garante de la salud y conociendo la enfermedad que aquejaba a la víctima (púrpura trombocitopénica idiopática), omitió iniciar un tratamiento que frenara su avance, cuando esa conducta era debida de conformidad con las reglas de la "lex artis"; y que, asimismo, la muerte de la víctima le es imputable como resultado de esa conducta negligente.

En tal sentido, el cuadro probatorio conformado en autos resulta suficiente para concluir la configuración en el sub juidice de una omisión culposa por parte del imputado, es decir, de la no realización de la acción mandada en el caso que habría eliminado o disminuido el peligro de que se produjera el resultado muerte con una probabilidad lindante con la seguridad. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani).
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cuevas, Roberto Martín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Las normas sobre valoración de la prueba son pautas de razonamiento humano, que no configuran dispositivos de derecho positivo, son simples preceptos de sentido común y para hacer notar su infracción no se requiere otra cosa que la puntual demostración del vicio de razonamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recman S.A. c/ Subsecretaría de Administración y Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6, Código de Procedimiento de  lo Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

En las cuestiones de competencia que involucran materia contencioso administrativa de conocimiento originario de la Suprema Corte corresponde aplicar la solución prevista en el art. 352 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de una acción de amparo y, por consecuencia, radicar la causa en el Tribunal. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento aduanero, nulidad del acto administrativo, nulidad absoluta, procedimiento administrativo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Kolynos  S.A.C.I. c/ A.N.A. s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

El "fallo" aduanero es nulo de nulidad absoluta cuando se violan las formas esenciales (art. 14, inc. b) de la ley 19549).
Caducidad de la prueba, principio dispositivo, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Leda Films S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Ordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-10

"Pese a la amplitud de las facultades instructorias acordadas a los Jueces y contempladas en el art. 36 inc. 2º del Código Procesal, sigue vigente el principio dispositivo conforme al cual corresponde a las partes aportar la prueba para acreditar los hechos que invocan, siendo en este aspecto la actividad de aquél meramente complementaria".
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL:
Carátula: O.S.N. c/ PROP. CASEROS 2585 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia de remate dictada sin tener en cuenta las excepciones opuestas por el ejecutado, y que fueron objeto de debate. Tal circunstancia la descalifica como acto jurisdiccional válido ante el vicio extrínseco que surge de la misma.
Constitución Nacional, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iribarren, Casiano  Rafael c/ Santa  Fe,  Provincia de s/ accióndeclarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Es nula de nulidad absoluta la cláusula del art. 99, inc. 4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional sancionada en 1994 (art. 6° de la ley 24.309), en tanto no responde a habilitación alguna contenida en la ley declarativa de la necesidad de reforma (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado, honorarios del procurador
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciadea S.A. (TF 14.782-I y 14.853-I acumulado) c/ D.G.I.). s/ regulacion de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Corresponde confirmar la sentencia que elevó los honorarios del apoderado que desempeñó tareas procuratorias ya que no carece de vicio alguno pues el Tribunal Fiscal de la Nación sólo había regulado sus honorarios como apoderado, mientras la cámara -haciendo mérito de las tareas posteriores- fijó también sus honorarios en el doble carácter de letrado y procurador.
Facultades del juez, deberes del juez, recusación con causa, presentación extemporánea, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: DE CAMPOS, HANNOVER AGUSTIN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-26

Constituye un recaudo de admisibilidad formal de la recusación con causa, y presupuesto de ella, el ejercicio por la parte interesada de tal facultad dentro del tiempo legal que autoriza el art. 14 del CPCC.

Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto, expresándose que: "Por constituir el instituto de la recusación uno de los medios que permite el desplazamiento de la competencia de un juez, su tratamiento reconoce estrictez en la valoración tanto de los elementos de forma como de fondo cuenta medie causal determinada.

Así, siendo requisito de forma el ejercicio de la facultad de la parte dentro del tiempo legal (art. 14 CPCC), su invocación más allá del tiempo de entablar demanda o en su primera presentación resulta extemporáneo (CapelCC, sala II, 7/6/94, fl. 195-1994)".

Las causales de recusación previstas en el art. 17, a excepción de los inc. 1° y 2° del CPCC, lo son respecto las partes y no de las personas de sus letrados o apoderados (conf. Capel CC. Salta, sala II, 25/09/95, pág. 425, entre otros).-
Abogados, ejercicio profesional, temeridad o malicia
Materia: LABORAL
Carátula: Benderski, Olga María. c/ S.N.I.A.F.A. s/ Daños y perjuicios. BRACHETTI, Eduardo José c/ Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Eléctricos y Créditos Vivienda y Consumo de Pehuajó s/ Indemnización sustitutiva de preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11|1986-07-01

Debe disponerse un severo llamado de atención al letrado apoderado que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formula planteos que evidencian una ligereza tal que no se compadece con la seriedad que debe privar en el ejercicio profesional, comprometiendo la dignidad de la justicia. (art. 35 C.P.C.C.).
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, control de constitucionalidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ Procedencia del recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La omisión de tratamiento de la cuestión constitucional propuesta, oportunamente introducida y mantenida en el proceso, así como decisiva para la solución del litigio, constituye un desconocimiento de los arts. 31 y 100 de la Ley Fundamental, al par que un menoscabo del derecho de defensa consagrado por su art. 18, todo lo cual conduce a que se descalifique el pronunciamiento como acto judicial.
Buques militares, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Aun realizando actos ilícitos, el buque de guerra extranjero está amparado por la inmunidad de jurisdicción.
Administración fraudulenta, socios, sociedad de hecho
Materia: PENAL
Carátula: FUENTES ANDRADE, OSCAR. s/ DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-10-19

Comete el delito de ADMINISTRACION FRAUDULENTA el socio (de una sociedad de hecho) que llevó a cabo distintos actos (venta de 2 rodados, del 80% del fondo de comercio perteneciente a dicha sociedad etc.) sin rendir cuentas y percibiendo dinero en su beneficio, como si fuera el único titular del patrimonio social.

Debe tenerse en cuenta que "el gestor o gerente comete el delito de administración fraudulenta: 1) si después de haber obtenido el precio de las cosas administradas las sustrae y huye; 2) si llamado a su debido tiempo a rendir cuentas, se niega a darlas, o se obstina en retener para sí el conjunto que se le confió, o su precio respectivo".
Daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización, daño material
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZENDELHADID CAMILO A. Y OTRA. c/ GOBIERNO    NACIONAL  ARGENTINO  -  COMANDO  EN  JEFE  DEL EJERCITO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-08

La indemnización del daño moral tiene presupuestos propios y, por lo tanto, concurren a su determinación razones independientes de las que sirven de base para establecer la reparación del daño patrimonial; por eso su indemnización no tiene por qué guardar proporción con el daño material sufrido.