Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 4.217/13 "Patrimonio en Liquidación BANADE c/ Castello Ernesto y otros s/ incidente de apelación". Juzgado n° 9, Secretaría n° 18.- Buenos Aires, 3 de junio de 2014.

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional a fs. 54, fundado a fs. 56/58, contra la resolución de fs. 53, cuyo traslado no fue contestado, y CONSIDERANDO:

1°) El magistrado de primera instancia, mediante la decisión impugnada, desestimó la excepción de falta de personería deducida por el demandado a fs. 43/46, fundada en la insuficiencia del poder otorgado por la señora Ana María Grondona para que el señor Mario Gustavo Spadotto actúe en juicio en su nombre.

Cabe señalar que éste se presentó fs. 39/40 y en base a lo previsto en el art. 104 del Código Procesal, solicitó el levantamiento del embargo trabado en autos sobre el lote de terreno adquirido por el demandado Roberto Cesar Martín "en comisión" para la señora Ana María Grondona. Justificó la representación invocada en mérito a la copia simple del poder especial obrante a fs. 23/24 y traducción de fs. 25/28.

El juez a quo ponderó que si bien la mandante había otorgado un poder especial para la realización de las operaciones que surgían de ese instrumento, no lo era menos que el planteo formulado por el apoderado tendía a la conservación del patrimonio de aquélla, por lo que rechazó el reclamo de la parte actora.

2°) La recurrente interpreta que la decisión viola lo previsto en el art. 1184 del Código Civil [debió decir 1884] en tanto extiende el poder conferido para ciertos actos a otros no contemplados con el argumento de que hacen a la prosecución del mismo fin. En suma, manifiesta que se ha otorgado un poder amplio para la administración de bienes, pero sin incluir la actuación en juicio, facultad que exige un poder especial.

3°) La cuestión planteada debe ser resuelta con arreglo a lo previsto en la ley 10.996. En efecto, dicha normativa, que reglamenta el ejercicio de la procuración en los tribunales nacionales, establece que la representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la Capital de la República y territorios nacionales, así como ante la justicia federal sólo podrá ser ejercida por los abogados (inc.1), procuradores (inc. 2), escribanos nacionales que no ejerzan la profesión (inc. 3) y por quienes ejerzan una representación legal (inc.4) (confr. CSJN, Fallos 271:200).

Esto implica que de acuerdo al esquema legal vigente, la elección del mandatario judicial no puede recaer en cualquier persona capaz, sino en determinados profesionales que son indicados con carácter taxativo (confr. Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", ed. Astrea, T. 1, pág. 218; Fassi, Santiago C.-Yañez, César D., "Código Procesal Civil y Comercial", T. 1, pág. 337 y jurisprudencia citada en las notas 14 y 15; esta Sala, causa 4.730/98 del 15/8/02 y 305/04 del 5/11/04; Sala I, causa 6.399/00 del 2/11/04).

En otras palabras, el régimen procesal de la representación voluntaria exige que el representante acompañe un instrumento que acredite su personería en debida forma e invista el carácter de abogado, escribano o procurador matriculado (confr. art. 1 cit.; Sala II, causa 5.737/07 del 15/4/09).

Pues bien, el presentante de fs. 39/40 no se halla dentro de los sujetos comprendidos en el art. 1 de la ley 10.996, sin que la circunstancia de que se encuentre patrocinado por un abogado sea suficiente a los fines que aquí interesan. Es que si bien ello satisface el recaudo impuesto por el art. 56 del Código Procesal, no se cumple con la aludida disposición de la ley 10.996, pues el letrado interviniente en ningún momento invocó representación alguna (confr. CSJN Fallos 317:1586 y esta Sala, causa 4.730/98 cit.).

Por ello, SE RESUELVE: revocar la resolución de fs. 53 y vlta. y fijar un plazo de 40 días para que la interesada subsane el defecto de personería apuntado (confr. arg. 354, inc. 4, del Código Procesal).

En atención a los fundamentos por los que se decide, las costas se distribuyen por su orden, en ambas instancias (arts. 68, segundo párrafo, 69 y 279 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/11 (B.O. 17-10-13).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo-Guillermo A. Antelo-Graciela Medina