Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-10


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 10 de 2007.

El doctor Galmarini dijo:

I- La presente actuación se origina en el accidente de tránsito ocurrido el día 20 de septiembre de 1993, aproximadamente a las 6 hs., cuando la actora viajaba como pasajera del taxi, marca Renault, dominio C1.619.267, el que era conducido por Claudio Alberto Ovide. Relata la reclamante que el taxi circulaba por la calle Bartolomé Mitre, y que cuando el Renault 12 estaba cruzando la intersección con la calle Rawson colisionó con un automóvil marca Ford Taunus, dominio B1.932.710, conducido por Hernán Pablo Orsomarso. El impacto produjo en la demandante numerosas lesiones.

La sentencia de fs. 419/428 hizo lugar a la demanda promovida por Nélida Alicia Seisdedos condenando a Claudio Alberto Ovide, Liliana Fernández Pacheco, Guillermo Oscar Serafini, Hernán Pablo Orsomarso, Amelia Concepción Lapiana y Karina Andrea De Brito y Natalia De Brito -como sucesoras de Alberto Oscar De Brito y en la medida de su interés- in solidum a abonar dentro del plazo de diez días la suma de $10.300, en concepto de daños y perjuicios, con más intereses que se devengan desde el día del hecho y hasta el dictado de la sentencia, al 6% anual y desde allí hasta el efectivo pago a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Con costas. Hace extensiva la condena a las compañías de seguro "La Caja Naciona de Ahorro y Seguro (e.l.) y a "Omega Cooperativa de Seguros Ltda." (art. 118 de la ley 17.418) Apelan el codemandado Ovide (fs.430), el apoderado de "La Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.) (fs. 434), y la actora (fs. 438).

Esta última funda su recurso con el memorial de fs. 536/538 el que fue contestado a fs. 567/569 y fs. 571/573; el apoderado de "La Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.) lo hace mediante la expresión de agravios obrante a fs. 539/543, cuyo traslado es contestado a fs. 571/573; el codemandado Ovide expresa agravio a fs. 544/546, los que fueron replicados a fs. 563/565. La actora mediante el escrito obrante a fs. 575/577, responde los agravios de la compañía de seguros en liquidación y del codemandado Ovide.

II- Responsabilidad:

La compañía de seguros "La Caja Nacional de Ahorro y Seguros" (e.l.) se queja de que el Sr. Juez le atribuyó la responsabilidad del siniestro al conductor del Ford Taunus y a sus propietarios y por ende a ella, pretendiendo endilgársela al codemandado Ovide, conductor del taxi. Por su parte el codemando Ovide pretende que se le atribuya a Orsomarso, conductor del automóvil Ford Taunus.

En autos no se encuentra en discusión que el accidente ocurrió en la intersección de las calles Bmé. Mitre y Rawson por las que circulaban por la primera el taxi, conducido por Ovide y, por la segunda el automóvil Ford Taunus, conducida por Hernán P. Osomarso.

Como en el caso se trata de una colisión entre dos vehículos en movimiento resulta aplicable la doctrina recaída en el fallo plenario "Valdez, Estanislao F. c. El Puente S.A. y otro", del 10 de noviembre de 1994 -DJ, 1995-1-226-, según la cual "la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil" (LA LEY, 1995- A, 136, fallo 92.833; ED, 161-402, fallo 46.273; JA, 1995-I-280). Más allá de las consideraciones formuladas en mi voto en ese plenario, lo cierto es que en el de la mayoría explícitamente se sostuvo "...el choque entre dos vehículos en movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113 párr. 2 "in fine") con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los responsables debe probar e invocar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la relación causal". En tales supuestos la mayoría del tribunal ha considerado aplicable el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil.

Con respecto a las presunciones de causalidad se ha sostenido que quien demanda tiene a su cargo demostrar su título -en el caso la existencia del acto ilícito- y la causa física del daño -en el caso el contacto físico o material-, y probados ambos (título y causa física) rigen las presunciones de causalidad, las que sirven para aligerar la prueba que le incumbe producir al damnificado (Atilio Aníbal Alterini-Oscar José Ameal- Roberto M. López Cabana "Derecho de Obligaciones -Civiles y Comerciales", p. 228, nº 515, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995). Se presume que el autor material es autor jurídico, y por lo tanto responsable, a menos que pruebe la ruptura de la relación causal (Alterini-Ameal-López Cabana, op. y loc. cit.). En el caso del art. 1113 específicamente se endilga responsabilidad al dueño o guardián, cuando se prueba el acto ilícito y el contacto físico de la cosa riesgosa causante del daño (CNCiv. Sala F, noviembre 16/2004, L. 372.901 "Krauthamer Diego c. Arriola Dalmiro Alberto y otros s/ daños y perjuicios").

En autos la existencia del accidente no se encuentra cuestionada y tampoco el contacto entre ambos vehículos, de ahí que la carga de la prueba de las eximentes recaía sobre los demandados.

En el caso, deben tenerse en cuenta los dichos de la propia actora cuando declaró ante personal policial. Manifestó que el día del acccidente (20/9/1993), siendo las 6hs. aproximadamente, se hallaba viajando como pasajera en el interior de un taxi, marca Renault 12, cuando "el taxi se deplazaba por la calle Bartolomé Mitre al llegar a su igual Rawson en forma imprevista el taxi que viajaba fue embestido por otro vehículo que se desplazaba por Rawson, produciéndose el impacto en la puerta delantera izquierda, es decir en todo su lateral del mismo lado..." (fs. 30 de la causa penal).

Del informe pericial efectuado en sede penal por el perito en Accidente Vial Marcelo Vijande, surge que al examinar el automóvil Ford Taunus presentaba daños frontales con corrimiento de su frente hacia el lateral izquierdo que afecta con deformaciones y roturas a: paragolpe delantero, frente superior, frente inferior, capot, ambos guardabarros delanteros, ambos pasaruedas delanteros,faro delantero derecho, faro de giro delantero derecho, parrilla de rtadiador, partes componentes del motor, radiador, partes componentes del sistema de suspensión y dirección delantero y puerta delantera izquierda zona inicial, todos producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros de reciente data, y en el Renault 12 se observan daños en sobre su lateral izquierdo que afecta con deformaciones y roturas en ambas puertas de lateral, cristales de las mismas, zócalo del piso, guardabarro trasero, techo lado izquierdo, parante central del techo, paragolpe trasero, daños producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros estáticos de reciente data. Además sostiene que el Renaul 12 también presenta daños en su frente trasero con incidencia sobre el extremo derecho que afecta con deformaciones y roturas en el paragolpe trasero, panel de frente trasero, tapa de baúl, faro trasero, guardabarro trasero y llanta trasera derecha, daños que fueron producidos por golpe o choque con o contra cuerpos, estáticos de reciente data (fs.43vta., fotografías de fs. 24/26 y croquis de fs. 29, de la causa penal).

Por último, ha de destacarse la pericia mecánica obrante a fs. 188/195 en los autos conexos caratulados "Ovide, Claudio A. c. Orsomarso, Hernán Pablo y otros s/ ds. y ps." (Expte. nº 94.639/95).

El perito, en la causa mencionada, al analizar la probable mecánica del accidente, sostuvo que el taxi Renault 12 conducido por Ovide circulaba por la calle Bmé Mitre, en el Barrio de Almagro, con dirección oeste-este, transportando una pasajera en el asiento trasero (fs. 194, Resp. 11a, del Expte. nº 94.639/95). Cuando el automóvil mencionado que circulaba por una arteria de gran densidad de tránsito y que arriba a la intersección por la derecha, se encontraba realizando el cruce de la calle Rawson, (que tiene una densidad de tránsito inferior); resulta embestido en su lateral medio y trasero, por la parte frontal del automóvil Ford Taunus que conducía Orsomarso, quien circulaba por la calle Rawson con dirección norte-sur (fs. 194, resp. 11b, del expediente citado). Maniesta el perito que, el impacto es excéntrico, lo que hace que se produzca una roto traslación antihoraria del Renault 12, hasta que impacta con su parte trasera derecha un poste (fs. 194, resp. 11.c, Expte. cit).

Además sostiene que el Ford Taunus se desplaza girando hacia la izquierda, hasta contactar nuevamente con su parte frontal, a la parte frontal del Renault 12 (fs. 194, resp. 11.d).

Por último, expresa que "de acuerdo a la ubicación de las deformaciones que presentan los rodados intervinientes, las características del lugar del evento, las trayectorias de los mismos y los desplazamientos post impacto producido, el rodado embistente fue el Ford Taunus de la demandada ya que es el que aportó la energía que produjo los daños principales en ambos vehículos" (fs. 194vta., resp. preg.b del cuestionario de la citada en gtía).

Las pruebas examinadas precedentemente son demostrativas de que el Ford Taunus fue el vehículo embestidor y que el automóvil Renault 12 tenía prioridad de paso por circular por la derecha.

Estas circunstancias son reveladoras de que se ha acreditado que el accidente se produjo por la culpa exclusiva del conductor del Ford Taunus, configurándose así la eximente de la culpa de un tercero por el que Ovide no es civilmente responsable. De modo tal que tanto se aplique el art. 184 del Código Comercial, como el art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, el codemandado Ovide queda liberado de responsabilidad y en razón de la última norma citada deberán responder el conductor y los propietarios del Ford Taunus, junto con su aseguradora.

De ahí que, por las consideraciones expuestas, deben admitirse los agravios formulados por el codemandado Ovide. En consecuencia, se revoca la sentencia en cuanto condena a Claudio Albero Ovide; Liliana Fernández de Pacheco; Guillermo Oscar Serafini y a Omega Cooperativa de Seguros Limitada.

III- Incapacidad psicofísica:

Se agravia la accionante de que el Sr. Juez haya desestimado este ítem, alegando que el dictamen médico no determinó un grado de incapacidad sobreviniente.

Más allá del alcance con que deben interpretarse los porcentuales de incapacidad, no es exacto que el perito no haya determinado grado de incapacidades, pues a fs. 299 al contestar el pedido de explicaciones sí lo hizo.

Reiteradamente he sostenido que la incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual he resuelto que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, LA LEY, 1994-B, 613, fallo nº 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id junio 6/2002, "Maidana, Javier Y. c. Reina Carlos E. y otros s/ daños y perjuicios", L.342.607; id., agosto 12/2004, "Aranibar, Jorge A. c. Foces Gabriela P. s/ daños y perjuicios", L. 393.963, entre otros). Lo indemnizable como incapacidad sobreviviente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, especialmente las que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, "Huaman, María de la Cruz c. Micro Omnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios", L. 258.943 -La Ley, 2000-C, 948, J.Agrup. caso 15.079-), para lo cual adquieren mayor relieve las secuelas funcionales o anatómicas descriptas en los respectivos informes periciales (CNCiv. Sala C, octubre 31/2003 "Martin, Guillermo Rubén c. Ecodyma S.A. y otro s/ daños y perjuicios" L. 376.004; id. Sala C, noviembre 6/2003, "Alisal César Augusto c. Nogueroles, Jorge Raúl s/ daños y perjuicios" L. 377.968; id. Sala F, marzo 28/2006 "Paz Victoria del Valle y otros c. Campomar Eduardo Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios" L. 439.016).

Cuando se presentan secuelas físicas, psíquicas y estéticas, y se admite la indemnización del costo de tratamientos, deben apreciarse las circunstancias demostrativas de la existencia de esos daños y valorar el perjuicio efectivamente sufrido a fin de evitar la duplicación injustificada del resarcimiento. No interesa tanto que se establezcan sumas independientes por cada rubro o que se estime una suma global, sino que debe reconocerse al damnificado una cantidad que en definitiva satisfaga la justa indemnización a que tiene derecho.

En la causa penal, que se encuentra agregada por cuerda al expediente, surge del acta policial realizada el día del accidente, que "el conductor del taxi como así también una pasajera fueron derivados al Htal. Durand por una ambulancia"; el Inspector Zarbo se constituyó en el Htal. Durand tomando contacto con la Dra. Bengochea quien refirió que la pasajera del taxi Nélida Alicia Seisdedos "presenta fractura arcos costales izquierdos, permaneciendo internada" (fs. 1vta. de la causa penal fotocopiada). Asimismo, en el expediente mencionado, se encuentra agregada la contestación de oficio del Htal. Durand donde se informa que en el Libro de Accidentes de Tránsito, el día 20/9/93 la Sra. Seisdedos fue atendida en el Servicio de Urgencias, quien presentaba fractura de 6º y 7º costillas izquierdas. Se indicó vendaje elástico, analgésicos y fue destinada a su domicilio (fs. 38, de la causa penal).

También debe tenerse en cuenta el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense en el expediente penal, donde consta que las lesiones padecidas que la actora han sido fractura de 6? y 7? costillas izquierdas, y que de no mediar complicaciones el período de recuperación es de cuarenta y cinco días, inutilizándola para el trabajo por un lapso mayor a un mes. Su mecanismo de producción ha sido de choque con o contra objeto de consistencia dura (fs. 59 del expediente penal).

A su vez el perito médico, Raúl Horacio Tagliabue, designado de oficio en autos, teniendo en cuenta las constancias de autos y el examen médico legal practicado, afirmó que la actora padeció traumatismo de tórax que le ocasionó fracturas de arcos costales izquierdos, complicada con derrame pleural izquierdo (fs. 276, pto. 4.3).

Sostuvo el perito, en relación a las consecuencias funcionales de las fracturas durante el período de curación, que la paciente los primeros días presenta fuertes dolores en todo el hemitórax, puesto que a pesar de la inmovilización con vendaje elástico no se puede evitar que los arcos costales lesionados acompañen los movimientos respiratorios, también los movimientos habituales cotidianos generan dolor. Asimismo la respiración es dificultosa y entrecortada (fs.276vta., Capitulo 5, Pto. 5.1 traumatológicos, pto. 4).

Posteriormente, el perito explica que las lesiones a tórax cerrado, como en el caso de autos, generalmente son provocadas por la acción de los fragmentos óseos correspondientes a una fractura costal que se enclavan y desgarran el parénquima pulmonar (fs. 276vta., Cap. 5, Pto. 5.1 traumatológicos, Pto. 5); que el derrame padecido por la actora fue de carácter leve y las consecuencias son dolor, disnea (fatiga) que puede acompañarse de hipotensión y taquicardia (fs. 276vta., Cap. 5, Pto. 5.1 traumatológicos, Pto. 6).

Además, el perito al contestar las explicaciones de la parte actora expresa que la incapacidad por fractura de varias costillas con complicación respiratoria es del 20%. Para arribar a dicho porcentual consideró como elementos orientativos la tabla de valuación de incapacidades en el aparato locomotor de los Dres. Osvaldo Anibal Romano y Daniel Fernández Blanco (Código de Tablas de incapacidades laborativas, Baremos Nacionales y extranjeros. Dr. Santiajo J. Rubinstein, segunda edición, pág 168); los hallazgos clínicos y estudios complementarios y la disminución del nivel de competitividad para sortear un examen preocupacional (fs.299). Finalmente el perito manifiesta que el accidente de marras fue causal de la lesión (fractura de costillas) y de las secuelas de ellas emanadas (fs. 277, Capitulo 6, Conclusiones).

Como las secuelas psíquicas o psicológicas también integran el concepto de incapacidad sobreviniente, entiendo que lo referente a la indemnización por esas secuelas están comprendidas en este ítem, más allá de las consecuencias que puedan producir en el ámbito específico del daño moral.

En lo que respecta a la esfera psicológica, sobre la base del informe psicodiagnóstico realizado por la Licenciada Graciela Attina , el Dr. Tagliabue, manifestó que la actora como consecuencia del accidente, presenta una neurosis fóbica postraumática leve y le produce una incapacidad del 10%. Para arribar a dicho porcentual consideró como elementos orientativos la tabla de valuación de incapacidades en el aparato locomotor de los Dres. Osvaldo Anibal Romano y Daniel Fernández Blanco (Código de Tablas de incapacidades laborativas, Baremos Nacionales y extranjeros. Dr. Santiajo J. Rubinstein, segunda edición, pág 168); los hallazgos clínicos y estudios complementarios, y la disminución del nivel de competitividad para sortear un examen preocupacional (fs. 299).

Las secuelas físicas y psíquicas incapacitantes mencionadas anteriormente, justifican la procedencia del reclamo. Atendiendo a la entidad de dichas secuelas, la edad de la damnificada al momento del accidente -58 años-, las actividades que entonces desarrollaba -obstetra - y la valoración de la Sala en situaciones similares, haciendo uso de las facultades atribuidas por el art. 165 del Código Procesal, propongo fijar la indemnización por este concepto en la suma de $ 20.000.- IV- Gastos de médicos, farmacéuticos y traslado: La actora cuestiona la indemnización fijada en primera instancia por gastos médicos y farmacéuticos, en $ 350, por considerarlos exiguos pretendiendo su elevación. Asimismo se queja porque el Sr. Juez no hizo lugar a la indemnización en concepto de traslados.

Si bien carecemos de elementos probatorios acerca del efectivo desembolso de las erogaciones, la jurisprudencia ha fijado criterio amplio en torno de la admisión prudencial de los gastos en concepto de atención médica, farmacia, traslados, etc., para cuyo acogimiento no se exige inexorablemente la presentación de los respectivos comprobantes, pues debe presumirse que en la medida de lo razonable, debieron sufragarse, aun en los casos en que el damnificado ha recibido atención gratuita en hospitales públicos. Sabido es que la prestación gratuita del servicio de salud no supone que el damnificado no se haya visto en la necesidad de costear la adquisición de medicamentos y calmantes, realizar traslados también a su costa, etc.(CNCiv. Sala C, septiembre 29/1989 en LA LEY, 1990-A, 667; id. diciembre 10/1981 en ED, 96-508; id. octubre 7/1993, L. 111.531; id. octubre 5/1995, L.168.478; id. octubre 5/1995, L.171.364; id.febrero 24/1998, "Margaride C/ Mazur s/ ds. y ps.", L.225.662; id. Octubre 2/2001, "Cerrudo, Daniel R. c. Empresa Privada de Trenes Bs.As. S/ daños y perjuicios", L.318.839; id. Sala F, marzo 8/1995, L. 156.186; id. abril 19/2005 L.409.729 "Andia María Luisa c. Transportes 22 de Setiembre S.A.C s/ Daños y Perjuicios"). De ahí que, debe admitirse la pretensión de la actora, incluso en lo que respecta los gastos de traslados, toda vez que en el escrito de demanda fue solicitado conjuntamente con las erogaciones realizadas por medicamentos.

La Sra. Seisdedos se atendió por guardia del Hospital Durand (v. contestación de oficio de fs.38 de la causa penal), pero no demostró qué tratamiento posterior tuvo que realizar y su consecuente evolución.

La lesión sufrida por la accionante me hace presumir que debió utilizar distintos tipos de medios de locomoción y la administración de medicamentos, lo cual lleva a considerar exiguo el monto establecido en la sentencia de primera instancia para la indemnización de este ítem. En consecuencia, fijo una suma global de $700 comprensiva de los gastos de medicamentos y traslados (art. 165 Cód. Procesal).

V- Daño Moral:

Es de recordar que la cuantificación de este daño queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. La reparación "integral" del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues, el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (CNCiv. Sala "F", noviembre 15 /2004, L.378.649, voto del Dr. Eduardo A. Zannoni).

También es sabido que el daño moral repercute en los sentimientos o en la interioridad del damnificado, lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física (CNCiv. Sala C, octubre 13/1992, "Varde c. Ferrocarriles" -DJ, 1993-2-770-, voto del Dr. Cifuentes; id. Sala C, noviembre 27/1992, "Vinaya c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", LA LEY, 1993-D, 278, fallo nº 91.599; id. Sala F, octubre 26/2004, "Molina Silvia Sandra c. Línea 37 Cuatro de Septiembre y otros s/ daño s y perjuicios").

La naturaleza esencialmente resarcitoria del daño moral y la finalidad perseguida por este item (ver antecedentes citados), y el monto reclamado por la actora en la demanda, me llevan a considerar atendible la queja de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros (e.l.), por lo que propongo reducir la indemnización de por daño moral a la suma de $7000.- Por las consideraciones precedentes, voto porque se modifique la sentencia de fs. 419/428, en cuanto condena a Claudio Alberto Ovide Liliana Fernández de Pacheco; Guillermo Oscar Serafini y a Omega Cooperativa de Seguros Limitada liberándolos de responsabilidad. Asimismo, se modifica en lo atinente a los montos indemnizatorios en concepto de Incapacidad Psicofísica que se fija en la suma de $ 20.000; el Gastos de tratamientos médicos, farmacéuticos y traslados que se eleva a la suma de $ 700, y del daño moral que se reducen a la suma de $7.000. Con las costas de alzada a cargo de los demandados (arg. art. 68 Cód. Proc.).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los doctores Zannoni y Posse Saguier votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 419/428, en cuanto condena a Claudio Alberto Ovide Liliana Fernández de Pacheco; Guillermo Oscar Serafini y a Omega Cooperativa de Seguros Limitada liberándolos de responsabilidad. Asimismo, se modifica en lo atinente a los montos indemnizatorios en concepto de Incapacidad Psicofísica que se fija en la suma de $ 20.000; el Gastos de tratamientos médicos, farmacéuticos y traslados que se eleva a la suma de $ 700, y del daño moral que se reducen a la suma de $7.000. Con las costas de alzada a cargo de los demandados (arg. art. 68 Cód. Proc.). Toda vez que este tribunal ha modificado lo decidido por el Sr. Juez de primera instancia, de conformidad con lo establecido por el art. 279 del Código Procesal, deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

Por ello y en atención al monto del proceso -capital e intereses-; trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión y calidad; resultado obtenido, y lo dispuesto por los arts. 6º, 7º, 9º, 10, 11, 37, 39 y concs. de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, se regulan los honorarios de la Dra. S. B. S., letrada patrocinante de la actora, en siete mil seiscientos pesos ($7600). Por la representación letrada de la codemandada Pacheco y de la citada en garantía "Omega Cooperativa de Seguros Ltda.", se regulan los honorarios de los Dres. S. F. T. y J. A. M. I., en conjunto, en cuatro mil ciento cincuenta pesos ($4150). Por la representación letrada del codemandado Ovide, se regulan los honorarios del Dr. J. C. E. en cuatro mil ciento cincuenta pesos ($4150). Por el patrocinio letrado del codemandado Serafini, se regulan los honorarios de la Dra. L. A. V. en setecientos pesos ($700). Asimismo, por el patrocinio letrado de los codemandos Orsomarso, Lapiana y De Brito, se regulan los honorarios de la Dra. M. A. O. en tres mil doscientos pesos ($3200) y por la representación letrada de la "Caja Nacional de Ahorro y Seguro", se regulan los honorarios de los Dres. B. J. C., C. G. F., M. G. y S. C. R., en conjunto, en cinco mil pesos ($5000).

Por la labor del perito médico Dr. R. H. T., apreciada por su importancia y calidad, de conformidad con lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en dos mil trescientos pesos ($2300).

Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios de la Dra. S. en dos mil trescientos pesos ($2300), los del Dr. G. en dos mil cien pesos ($2100), los del Dr. E. en dos mil quinientos pesos ($2500) y los de la Dra. V. en mil ochocientos pesos ($1800). - José Luis Galmarini. - Eduardo A. Zannoni. - Fernando Posse Saguier.