Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-29


2º Instancia.- Buenos Aires, mayo 29 de 2014.

Considerando: I. Que a fs. 251/254, la Sra. Jueza de primera instancia, desestimó la acción de amparo intentada por Propiandar S.A., contra el Estado Nacional, AFIP e impuso las costas a la vencida.

En primer lugar, precisó, las condiciones que la normativa establece para la admisión del proceso de amparo y, en especial, se refirió al recaudo relativo a la verificación de arbitrariedad o de ilegalidad manifiesta en la conducta administrativa cuestionada.

Sobre el punto, destacó que, no concurren en el caso, los requisitos legales que autorizan la promoción de la acción intentada, toda vez que, la baja de la CUIT de la actora se sustentó en el supuesto comprendido en el art. 4º inc. b) de la RG 3358, por no haber presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1 de enero del año inmediato anterior a la fecha de evaluación (01/01/2011).

Añadió que la actora no impugnó la decisión administrativo, mediante el procedimiento administrativo específico que contempla la Instrucción General Conjunta Nº 932/12 (DIPYNF) y Nº 1203/12 (DIPYNR).

En ese orden, recordó que no corresponde promover el proceso de amparo cuando existe una vía específica y más idónea, y en mérito a lo expuesto, decidió desestimar la acción.

II. Que a fs. 257/264 la parte actora interpuso su recurso y fundo la apelación contra la referida sentencia.

Expresó que, mediante la presente acción, pretende que se ordene al Fisco Nacional, que restituya la Clave Única de Identificación Tributaria, que fue dada de baja por su contraria, de manera manifiestamente ilegitima y arbitraria.

Sostuvo que, el ente fiscal carece de facultades para suprimir datos personales, los que se han encuentran protegidos por el art. 2º y 5º de la Ley 25.326, entre los que corresponde considerar a la clave de identificación en cuestión.

Desde esta perspectiva, invocó la inconstitucionalidad de la RG 3358/02, y sostuvo que, tal como el DNI sólo puede ser suprimido cuando fallece la persona que identifica, la CUIT solo puede ser dada de baja, si la empresa se liquida.

Expuso los argumentos en que sustenta la impugnación constitucional formulada, y en especial, alegó que el organismo fiscal carece de competencia para las facultades que se auto-atribuyó mediante la resolución cuestionada, y que su actuación, según el régimen legal tributario vigente en el país, es posterior y, nunca, como pretende la norma impugnada, previo a que suceda la conducta del contribuyente.

Al respecto, citó jurisprudencia, y por último, formuló reserva del caso federal.

III. Que a fs. 276/280 la demandada contestó los agravios de la actora, y peticionó que se los rechace con costas. También formuló reserva del caso federal.

A fs. 282/283 emitió su dictamen el Sr. Fiscal General y opinó que debería confirmarse la sentencia apelada.

IV. Que de la compulsa de las actuaciones surge que, Propiandar S.A. promovió el presente amparo contra la AFIP -DGI, a efectos de que se ordene al demandado que restablezca la Clave Única de Identificación Tributaria nº ... la cual fue dada de baja con sustento en las previsiones de la RG 3358/2012 cuya inconstitucionalidad invocó.

En lo sustancial, destacó que se trata de una omisión (vía de hecho) en la que está incurriendo la AFIP DGI, al no dar cumplimiento con las resoluciones generales que establecen la existencia de la clave en cuestión, produciendo una afectación concreta a sus derechos y garantías constitucionales.

Al presentar el informe de ley, el ente fiscal, expresó que la baja de la CUIT en cuestión, fue realizada porque la actora no había presentado declaraciones juradas determinativas, desde el 1º de enero del año inmediato anterior a la fecha de evaluación y, por ende, quedó subsumida en el art. 4º inc. b) de la RG Nº 335812.

Añadió que, según los registros obrantes en la administración, la accionante ha regularizado las presentaciones omitidas, pero no declaró ingresos, por lo que, la conducta se subsume en lo previsto por el art. 4º inc. c) puntos 1 y 2 de la mencionada resolución.

Con base en lo expuesto, sostuvo la improcedencia de la acción que fue promovida en su contra V. Que la Resolución General Nº 3358/2012, dispuso la cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de las sociedades comerciales regularmente constituidas y de los contratos de colaboración empresaria, que reúnan determinadas condiciones (artículo 1º).

Asimismo, precisó que los sujetos alcanzados, debían ser evaluados periódicamente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de inscripción ante la Administración Federal y el cumplimiento dado a la obligación de presentar las respectivas declaraciones juradas (artículo 3º).

Una vez practicada la evaluación mencionada, la norma establece que, se procederá a la cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los contribuyentes con fecha de inscripción previa al 1º de enero del año inmediato anterior a la fecha del proceso de evaluación (para el primer proceso: antes del 1º de enero de 2011), que: a) A la fecha de evaluación no registren altas en impuestos y/o regímenes, o b) no hubieren presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1º de enero del año inmediato anterior a la citada fecha de evaluación, o c) habiendo presentado declaraciones juradas en dicho lapso, no hayan declarado: 1. ventas en el impuesto al valor agregado, 2. ventas/ingresos en el impuesto a las ganancias, 3. empleados, y 4. trabajadores activos en "Mi Simplificación" (artículo 4º).

La Resolución General AFIP Nº 3358/2012, también dejó sentado que, la cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización que competen a ese Organismo, ni implica liberación de las obligaciones materiales y formales a cargo de los sujetos alcanzados, las que deberán ser cumplidas en la medida que correspondan.

Por último, dispuso que, la referida cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) quedará sin efecto, en caso que la Administración Federal realice al sujeto una fiscalización y de ella se derive un ajuste de los tributos a su cargo o cuando se haya dictado una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando tributos adeudados, aunque la misma sea objeto de impugnación o de recurso en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

VI. Que en punto al procedimiento que debe seguir el contribuyente, a los efectos de la rehabilitación de la clave dada de baja con motivo de las disposiciones normativas referidas en el considerando que antecede, el Fisco Nacional, invocó en estos autos los términos de la Instrucción General Conjunta Nº 932/12 (DI PYNF) y Nº 1202/12 (DI PYNR) de fecha 30 de agosto de 2012 (ver informe fs. 236 vta.).

Destacó que la instrucción general tiene como objetivo determinar el procedimiento que deberán observar las áreas operativas para analizar y resolver las solicitudes de rehabilitación de inscripción que presenten los sujetos cuyas CUIT hayan sido canceladas como resultado de los procesos llevados a cabo en cumplimiento de la Resolución General Nº 3358 (AFIP).

Añadió que la norma instructora, realiza un detalle exhaustivo de los distintos pasos que debe seguir el contribuyente y la autoridad fiscal para procederá a la rehabilitación de la clave única.

Una vez cumplido el procedimiento formal, dijo el Fisco que, la norma señala que procede la resolución del juez administrativo, que de ser favorable habilitará la realización del trámite descripto en el Anexo II, y en el supuesto de desestimar la presentación, deberá emitir el correspondiente acto administrativo debidamente fundado e indicando la vía recursiva prevista en el art. 74 del Decreto 1397/1979.

VII. Que sentado lo expuesto, debe señalarse que de la compulsa de las actuaciones se desprende que la baja de la CUIT correspondiente a la parte actora, se dispuso en septiembre u octubre de 2012 (ver fs. 2vta., y fs. 26/29).

Asimismo, a fs. 24 y 25 obran los formularios multinota presentados por el actor, junto con las declaraciones juradas que detalla, con fecha 30 de abril y 3 de mayo de 2013 (confr. sello obrante en el margen superior de los formularios).

Siendo así y teniendo en cuenta el procedimiento invocado por el Fisco al presentar el informe que obra a fs. 234/242, debía el Juez Administrativo proceder a dictar la resolución que habilite el procedimiento previsto en el Anexo II de la Instrucción General Conjunta Nº 932/12 (DI PYNF) y Nº 1202/12 (DI PYNR), o dictar el acto administrativo que desestime la presentación.

Sentado lo expuesto, debe resaltarse que no existe constancia en autos acerca del dictado de una resolución del tenor de la mencionada precedentemente, ni de acto alguno que notificara al actor la decisión administrativa adoptada con relación a sus presentaciones.

Así las cosas, conviene tener presente que las multinotas obrantes en copias a fs. 24 y 25 fueron presentadas hace más de un año, y que la propia demandada reconoce que el contribuyente "regularizó las presentaciones en cuestión" (ver fs. 237 punto 2) segundo párrafo), aun cuando advirtió que las declaraciones aportadas no declaró ingresos.

Se deduce de lo expuesto que, no es materia de discusión en autos que, luego de la baja de la CUIT dispuesta con sustento en las previsiones del art. 4º de la RG 3358/2012, la parte actora, presentó sendas DDJJ, por manera que, activó el procedimiento para la rehabilitación de su clave, y el Fisco Nacional omitió dictar el acto que admita o desestime su petición.

En efecto, el silencio del ente fiscal impide tener por cumplido el procedimiento dispuesto por el mismo organismo para la reactivación de la CUIT, y al mismo tiempo, obsta a que se pueda considerar fundada una decisión desestimatoria (siquiera en la circunstancia mencionada con relación al contenido de las DDJJ presentadas y el supuesto previsto por el art. 4º inc. c) de la RG AFIP 3358/12), precisamente por la falta de pronunciamiento administrativo.

A esta altura, cabe puntualizar que, no resulta razonable pretender que el contribuyente "suponga" cuál es el fundamento de la baja de su clave de identificación tributaria, dado que, si la medida se adoptó por falta de presentación de determinadas declaraciones juradas, no resulta válido que se mantenga luego de haberse cumplido con la observación, es decir, una vez presentadas las declaraciones de impuestos. Menos aún, si nada dice el Fisco a efectos de sustentar una decisión que, en definitiva, prolonga una situación que afecta de modo concreto los intereses invocados por el amparista.

En consecuencia, advirtiéndose que por un lado la contribuyente dio respuesta al requerimiento fiscal adoptando el curso de acción encarrilado a la regularización de su situación mediante la presentación de las DDJJ de IVA que le fueron requeridas; que presentó mediante las Multinotas F 206 la solicitud de rehabilitación, cumpliendo -al menos de manera formal- con los recaudos establecidos en las Instrucción General Conjunta Nº 932/12 (DI PYNF) y Nº 1202/12 (DI PYNR) y dado que en definitiva la AFIP, tanto en sede administrativa como en la judicial, no expresó debida y fundada razón de la negativa a tal rehabilitación, no existe a esta altura justificación fáctica ni jurídica suficiente para mantener la grave consecuencia que, para la amparista, representa la cancelación de la clave fiscal.

Finalmente, cabe aclarar que, si bien la AFIP al contestar el informe, manifestó que la contribuyente no declaró ventas en el IVA, ni ventas/ingresos en el Impuesto a las Ganancias (fs. 237), es claro que ello comporta un mero argumento para intentar mantener subsumida la situación de aquél en las previsiones de la Resol. 3358/12 (art. 4 inc. c) puntos 1 y 2), mas -en modo alguno- alcanza a fundamentar y menos aún a justificar el silencio -y consiguiente negativa- a la rehabilitación, que fue solicitada al regularizarse el cumplimiento de las obligaciones fiscales requeridas por el ente recaudador, y con observancia de las propias reglas dictadas por el fisco a tal efecto.

Sobre el punto, nótese que el juez administrativo debía pronunciarse en el sentido de habilitar o no el proceso de excepción establecido en el punto 6.1 "Casos Especiales" de la I.G. Conjunta Nº 932/12 (DI PyNF) y 1202/12 (DI PyNR), y como constancia de la operación realizada el sistema emitir un formulario 3282/E (el que deberá archivarse junto con la solicitud efectuada mediante F. 206 y la documentación respaldatoria), nada de lo cual ocurrió, advirtiéndose a esta altura que la omisión de todo pronunciamiento al respecto se erige como un factor de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en el obrar de la administración tributaria.

VIII. Que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas -a que aluden la ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción-, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de un amplio debate y prueba (Fallos: 301:1060; 306:1253; 307:747; esta Sala en una integración anterior, Expte. Nº 20.903/2010 "Unión de Trabajadores del ISSP c. EN M de Salud - SSS s//amparo ley 16.986", 17/03/2011).

El art. 43 CN expresamente habilita el amparo como forma "rápida y expedita", que supone actuar un proceso sin dificultades de admisión formal y de la manera más urgente, porque la pérdida de tiempo puede frustrar el objetivo tutelar buscado; en consecuencia si el daño inminente actúa como amenaza que solamente puede evitarse cuando se tenga un proceso tan rápido y expedito como aquél, pareciera que no cabe sino admitirlo como instrumento de satisfacción para la tutela inhibitoria (Gozaini, Osvaldo Alfredo, La Ley 2000-F,1105); de suerte tal que, si como aquí ocurre, ha quedado establecida oportunamente la configuración de una lesión grave y actual a los derechos del accionante, mediante una conducta que luce susceptible de serio y fundado cuestionamiento, procede tener por justificado el empleo de la vía intentada, ante la clara y manifiesta inidoneidad de aquélla normativamente prevista, para obtener una tutela eficaz de sus de derechos (en un sentido concordante, esta Sala, in re "Mutual de agua y energía eléctrica c. Estado Nacional s/amparo" del 02/09/1982).

En el sub examine, con base en las consideraciones fácticas expuestas (en particular teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se dispuso la baja de la CUIT y de los pedidos para su rehabilitación) y haciendo mérito de las previsiones normativas involucradas (RG AFIP 3358/12 e Instrucción General Conjunta Nº Nº 932/12 (DI PYNF) y Nº 1202/12 (DI PYNR), cabe tener por verificadas la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta de la denegatoria que se deriva del silencio en que incurrió el Fisco Nacional, con relación a los pedidos formulados por la amparista para obtener la reactivación de su Clave Única de Identificación Tributaria.

Como corolario, corresponde admitir la acción de amparo promovida por Propiandar S.A. y ordenar al Fisco Nacional que proceda a la rehabilitación de la CUIT de la actora, en el plazo de tres días a partir de la notificación de la sentencia.

IX. Que las costas de ambas instancias se imponen a la vencida, teniendo en cuenta la decisión que se adopta y por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota establecido en el art. 14 de la ley 16.986 y art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

Por lo expuesto, oído el Sr. Fiscal General, el Tribunal Resuelve: 1º) Admitir el recurso de apelación interpuesto a fs. 257/264, y revocar la sentencia que obra a fs. 251/254; 2º) Hacer lugar a la acción de amparo y en consecuencia, ordenar al Fisco Nacional que proceda a la rehabilitación de la CUIT de Propiandar S.A., en el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, 3º) Imponer las costas de ambas instancias a la vencida (art. 14 de la ley 16.986 y art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). - María C. Caputi. - José L. López Castiñeira. - Luis M. Márquez.