marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, perito médico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BURGOS NESTOR c/ EDUARDO ALBERTO SALVALAGGIO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S146 - 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-07-05

No asiste razon al apelante por cuanto los honorarios del perito medico deben regularse en base a la labor prestada, con independencia del monto de la condena que comprende rubros que nada tienen que ver con la labor propia del profesional.- Por otra parte, la pretension de que se regule sobre la parte que no prospera la demanda es improcedente porque no existe ninguna norma legal que prevea esa posibilidad, como en el caso de la ley arancelaria de abogados.-
Lesión subjetiva, elemento objetivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOURGUET DIEGO c/ FERNANDO BORZOTTA s/ Escrituración (LIBRO: S117 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-08-11

No hay posibilidad de reputar lesivo el acto -en la especie, para el vendedor- si no se advierte la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada a la notable desproporción de las prestaciones a que alude el art. 954 CCI, pues si tal desproporción no se exhibe en forma evidente, honorable, chocante en suma, falta de uno de los requisitos "sine qua non" para que se configure la lesión de marras. Es que siendo la lesión subjetiva una excepción al principio "pacta sunt servanda" que recepta el art. 1197 CCI, es de interpretación restrictiva, por lo que en los casos en que ella se invoca, la desigualdad debe ser acentuada, exagerada en grado tal que no deje la menor duda que resulta contraria a elementales principios de justicia conmutativa.
Interdicción de salida, levantamiento de la interdicción
Materia: NAVEGACION
Carátula: Indo  SA c/ Cap. y/o Prop. Bcza. V-108 y Rdor. 316. s/ Embargo de buque- interdicción de navegar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-28

El a quo denegó la autorización requerida en tanto su traslado originaría privilegios que desplazarían al crédito del embargante.

Es exacto, por una parte, que el remolque y las eventuales reparaciones producirían un desplazamiento del crédito de la actora (art. 482 de la ley de la Navegación) y, por otra, que no esta demostrada suficientemente la necesidad y urgencia del traslado requerido -ello así, toda vez que la certificación de fs. 75, que apenas insume diez renglones, no proporciona datos concretos sobre la naturaleza de las averías y su proyección sobre una nave que lleva más de dos meses inmovilizada-, resulta atinado mantener la denegatoria decidida. No basta, en efecto, señalar que la embarcación corre un peligro "potencial" de inundación para que se altere una medida precautoria ajustada a derecho, sino que se requiere una acreditación fundada técnicamente sobre la existencia de un riesgo cierto y actual. Por lo demás, si la embargada quiere hacer cesar la cautelar que pesa sobre su buque, tiene a su alcance recurrir al otorgamiento de fianza bastante, tal como lo autoriza el art. 540 de la ley 20.094.
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: VALFINSA S.A. s/ Régimen penal tributario Causa 32392
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-24

Encontrándose en trámite actuaciones sobre la base de investigaciones por la presunta comisión de infracciones a la ley penal tributaria, no puede admitirse que la Dirección General Impositiva (D.G.I.), que debe informar al Juez conforme al art. 16 de aquella norma, amplíe sus facultades de confeccionar el informe que tal artículo prevé y en base a disposiciones emanadas de otra ley (Art. 41, Ley 11683 (t.o.1978)) realice investigaciones, tales como pedidos de informes bancarios, reuniendo elementos probatorios para el sumario que instruye, pues solo debe llevar a cabo procedimientos y pruebas autorizadas previamente por el Juez de la causa y referidas exclusivamente a las actuaciones que tiene a su cargo.
Presunciones, apreciación de la prueba, plena prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

Al analizar la prueba indiciaria, el indicio "tiene como requisito para su existencia jurídica, que el hecho indicador se encuentre plenamente probado". Esto conforme a una precisa cita de Hernando Devis Echandía, cuando sostiene que "para que procesalmente pueda decirse que existe un indicio con fines probatorios, es indispensable que se reúnan los siguientes requisitos: a) La prueba plena del hecho indicador. Puesto que el argumento probatorio que de esta prueba obtiene el juez, parte de la base de inducir un hecho desconocido de otro o de otros conocidos, es obvio que la prueba de éstos debe aparecer completa y convincente en el proceso. Si no existe una plena seguridad sobre la existencia de los hechos indicadores o indiciarios, resulta ilógico inducir de éstos la existencia o inexistencia del hecho desconocido que se investiga. De una base insegura no puede resultar una conclusión segura". (Recurso de G., Pino)
Desindexación, sentencia firme, cosa juzgada, liquidación judicial, liquidación extrajudicial, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Carranza, Elvira c/ Consorcio Edificio Aruba s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 708- 95) Moyano, Ramon c/ Cappelletti S.R.L. s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   161-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23|1997-11-26

El Tribunal que juzgó inaplicable la ley 24283 como consecuencia de mediar "sentencia firme", y en tal exégesis conduce sin más o no neutralizar las consecuencias distorsionantes -producto de acudir a rajatablas a los índices oficiales aun en el supuesto de comprobarse su inadecuación al valor "real y actual" de la prestación "al momento del pago" - que, en concreto tiende a paliar el mencionado dispositivo legal, incurre en vicios descalificantes tales que no pueden inscribirse en el rótulo de aquéllas sentencias "erróneas", "posibles" u "opinables", sino que se endereza derechamente en las que cabe calificarlas como arbitrarias, pues no computa el significado profundo de la norma, al no consultar la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador.
Acumulación de procesos, procesos de conocimiento, procesos de ejecución
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIA DE JUJUY c/ PAPINI MARIO HECTOR s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La autorización a acumular dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites permite la acumulación de un proceso de conocimiento a otro de ejecución.
Juicio ejecutivo, acción de nulidad, allanamiento, medidas cautelares, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAVINA CARMELO c/ AIDA QUIROGA Y QUIROGA DE DANERI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-29

El allanamiento a la acción de nulidad de la ejecución y de los títulos ejecutivos no conduce necesariamente a la cancelación de las cautelares. Si por virtud de ese allanamiento se declarase la nulidad del proceso ejecutivo en razón de haber un vicio en la citación, esa declaración dejaría subsistente la demanda que, no habiendo sido desistida, podría reiniciarse salvando el defecto anterior; en tal caso el allanamiento no tiene porque operar la caducidad de las cautelares.

En cambio podría operarse ese efecto si en la acción ordinaria se declarase la nulidad de los títulos ejecutivos, ya que en tal caso no podría haber ejecución. Pues no siendo la cancelación de las cautelares una consecuencia necesaria del allanamiento a la acción de nulidad, el régimen de los honorarios es el que establece el primer párrafo del art. 81 Ley 7269 y no el segundo.-
Sociedad cooperativa, actos cooperativos
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLINA,  ALFREDO  Y  OTRO c/ SERVICIOS ESPECIALES COOP. DE CRED.VIV. Y CONS. YA LTD S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-16

La cooperativa, organizada por sus asociados, presta servicios, y estos se concretan a través de la realización del objeto social. Asimismo, el acto cooperativo implica la realización de un servicio social, de conformidad a los principios tipificados por la ley, es decir de acuerdo a los principios del cooperativismo universalmente aceptados. A tal efecto es preciso apuntar que la actividad cooperativa no es susceptible de integrarse al campo de la actividad económica lucrativa con predominio capitalista sino que opera conforme con principios de solidaridad y de servicio que delimitan un ámbito económico diferente. De modo que la caracterización de la actividad llevada a cabo por la cooperativa en cumplimiento de su objeto social, permite la subsunción o subordinación de las relaciones contractuales de él nacidas, en la relación principal que es la participación asociativa, que la condiciona y de la que no puede desvincularse (Althaus, Alfredo, Tratado de Derecho Cooperativo, Ed. Zeus, 1974, Rosario, p. 207).
Silencio, contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Moreno c/ Patria Cía. Seguros Generales s/ Cumplimiento contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La buena fe-creencia y la buena fe-lealtad que debe existir en el mundo de los convenios, resulta lógico y propende a resultados valiosos. El hombre en sociedad tiene deberes, y según las circunstancias la obligación de hablar, pues si así no lo hace su silencio puede llegar a implicar asentimiento. Es decir, que la mencionada buena fe, exige explicarse, y de no hacerse se corre el riesgo de que el órgano jurisdiccional interprete ese silencio como aquiesencia, a la luz de los principios que sientan los arts. 919 y 1198 1ra. parte del Código Civil.
Caducidad de instancia, litisconsorcio activo
Materia: PROCESAL
Carátula: Lanari, Luis y otro c/ Chubut, Provincia del s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Para decidir el planteo de caducidad es preciso determinar si todos los sujetos que integran el litisconsorcio activo se encuentran en condiciones de impulsar el procedimiento.
Despido, notificación al empleador, notificación por carta documento, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: De Franco María Fernanda c/ Prico S.R.L. s/ Cobro De Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-14

Existiendo un "cruce" de cartas documento entre la empleadora comunicando el despido y la trabajadora, notificando su estado de embarazo, debe hacerse lugar a la presunción del art. 178 L.C.T., ya que conocido el embarazo por parte de la empresa, esta debió haber ofrecido la continuación del contrato de trabajo; sin perjuicio de lo cual se mantuvo en una postura negativa.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: BUGLIARO CALABRO, Mónica Patricia c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

El reclamo por lucro cesante sólo se extiende hasta que la víctima de un accidente completa el período terapéutico y es dada de alta, sea que se haya restablecido o bien que queden secuelas aminorantes. En este último caso y a partir de dicho momento lo que se pondera es la incapacidad sobreviniente.-
Rechazo de la prueba, resoluciones irrecurribles, Ministerio Público Fiscal, código procesal penal, facultades del juez, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: N.N., Damnificado: S. H., M. Y. y otros c/  s/ Queja. Homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-25

Si bien es competencia del órgano jurisdiccional la facultad para decidir sobre la procedencia de la prueba y lo dispuesto resulta en principio irrecurrible - en el caso el Ministerio público Fiscal dedujo recurso contra la decisión que le negó la producción de prueba-, ello debe ser revisado cuando lo dispuesto causare gravamen irreparable -Artículos 199 y 449 del Código Procesal Penal-, pues podría neutralizar el éxito de la investigación llevada a cabo por el Estado (Del voto del juez juan Esteban Cicciaro).
Recurso de casación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: "RAMIREZ CARLOS ALBERTO s/ S.D. LESIONES CULPOSAS E.P. DE EMA LUGONES VDA. DE VELEZ-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-22

Es de incumbencia exclusiva del Tribunal de Juicio la valoración de la prueba y la consiguiente determinación de los hechos que constituyen el objeto de la relación procesal, por lo tanto sólo corresponde al Tribunal de Casación un control jurídico del pronunciamiento que asegure la aplicación uniforme del derecho.
Principio de irrenunciabilidad, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, NORMA LILIANA c/ CREDECON S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-22

El principio de irrenunciabilidad de derecho de los trabajadores se encuentra protegido por el orden público laboral, al que se puede definir como un mínimo jurídico inderogable.

A fin de considerar que se ha violado el principio de irrenunciabilidad e intangibilidad, debe existir el perjuicio concreto consistente en una rebaja de la remuneración, una modificación que importe una alteración irrazonable en su composición o desjerarquización respecto al nivel alcanzado por el trabajador.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco Río de la Plata S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. En autos   "B., S. y otros s/Estafa" (Expte. CSJ Nº 325-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

La admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, en lo que refiere a la inaplicabilidad de la doctrina legal, exige como recaudo indispensable, no sólo que se destaque en términos precisos la existencia de la presunta contradicción entre el fallo recurrido y las decisiones citadas en apoyo del planteo, sino, además, que se indiquen con claridad y concreción las circunstancias de hecho de los distintos antecedentes fácticos y jurídicos del precedente, a fin de poder establecer si su doctrina ha sido elaborada partiendo de idénticos presupuestos a los que llevaron a la decisión impugnada.

Por lo tanto, no habilita la vía de excepción la resolución de la Alzada, que declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal interpuesto por el actor civil al considerar incumplida la carga impuesta por el artículo 481 del Código Procesal Penal de la Provincia -señalar la contradicción en términos precisos-, desde que la impugnante había enunciado la doctrina legal en forma genérica y abstracta, sin intentar mínimamente demostrar que los presupuestos de hecho a los que respondieron las resoluciones antecedentes son similares a los analizados y tenido en cuenta en el fallo recurrido.
Culpabilidad, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: BRAVO LUIS FABIAN E.P. LOPEZ ORLANDO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-26

El ilícito culpable constituye la base para la determinación de la pena, y la pena debe adecuarse al hecho. El ilícito y la culpabilidad en la determinación de la pena, no se diferencia del ilícito y de la culpabilidad de la teoría de la imputación en general; la única diferencia sería de perspectiva: en la teoría del delito sólo interesa si se encuentran dados sus presupuestos; en la determinación de la pena, cuál es su intensidad, es decir, este análisis requerirá establecer relaciones acerca de la mayor o menor gravedad de ese hecho, y el Tribunal para graduar la pena deberá tener en cuenta el tipo del ilícito, aquellas situaciones que reducen el ilícito, la intensidad de situaciones que afectan la culpabilidad y analizarlas en forma amplia .-
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, ley de emergencia, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAILE, Firmo Marcelo; GORDIOLO, Pablo y otros.- c/ PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO DE AMPARO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-06-11

Los decretos dictados en consecuencia de la ley que dispone los Principios para la Reestructuración de la Administración Pública e instituye el Programa de Reconversión del Empleo Público Provincial y Municipal, en el marco de la legislación de emergencia, constituyen el ejercicio de la potestad reglamentaria y de la facultad de nombrar y remover por sí solo a los agentes de la Administración Pública, prerrogativas acordadas al Poder Ejecutivo por la Constitución Provincial.
Procedencia del recurso, diagnóstico médico, salud del imputado, coronavirus, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Aponte Zapata, Yanailys del Valle c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

El voto concurrente resaltó que el agravio deducido por la recurrente relativo a la ausencia de un informe médico que constatara los dichos y la grave situación de salud que atraviesa Aponte Zapata (asma, alergias y otros problemas respiratorios, antecedentes de neumonía y un cuadro de rechazo de biopolímeros en los glúteos -asociado a una cirugía estética-), debe ser acogido favorablemente; ya que el tribunal no habría contado al momento de resolver con elementos suficientes para arribar a una decisión fundada. Dres. Carbajo y Hornos -voto concurrente-.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, derivación razonada del derecho vigente, Derecho laboral, relación de dependencia, buena fe, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OCAMPO, OSCAR ANTONIO c/ ALICOOPER S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-15

La tacha de arbitrariedad del impugnante al fundamento central de la resolución, no logra atravesar el umbral de la mera discrepancia con la interpretación de las constancias de la causa y las normas de derecho común en juego que efectúo la Cámara, cuando entendió que los viajes realizados por el actor con la licencia nacional vencida, ocultándolo a los demandados, constituía una falta al deber de buena fe y a la confianza mutua que debe regir el desarrollo de la relación laboral y por consiguiente, importaba una injuria grave suficiente para su despido, sanción que se presentaba proporcional a la falta cometida por el empleado al ser él mejor que nadie quien debía saber que su principal obligación era tener en condiciones útiles la licencia nacional de conductor, puesto que no logra demostrar que con tal entendimiento los Camaristas hayan desbordado los límites que las leyes le autorizan en su facultad privativa de valorar la entidad de la injuria que justificaba el despido, resultando por tanto exento de revisión en esta instancia excepcional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 11
Filiación, prueba de ADN, San Martín, interés concreto
Materia: CIVIL
Carátula: De Alvear, Emilio José y Otro c/  s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-11

La acción declarativa deducida con el objeto de que se determine la filiación auténtica del General José Francisco de San Martín, que incluye un pedido de ADN, debe ser rechazada dado que no es posible que los actores sean titulares de la relación jurídica en que han sustentado su pretensión, la que en todo caso podría corresponder a un descendiente de San Martín, que no los hay en la actualidad. Los reclamantes no tienen un interés jurídico sustancial, sino que lo único que parece animarlos es la posibilidad de afirmar una vinculación remota y no directa con el Libertador y tal interés, por respetable que sea, no es jurídico.
Violencia familiar, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., C. N. c/ R. A., E. F. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-27

Conviene recordar algunos standards de prueba de la jurisprudencia inglesa; para sancionar penalmente un acto de violencia familiar, al igual que en el Derecho Argentino, hay que establecer la culpabilidad "más allá de toda duda razonable", pues la duda favorece al reo. En cambio, para las acciones civiles cuya finalidad puede ser también sancionatoria -pérdida de patria potestad, declaración de adoptabilidad, etc.-, el criterio es el "balance de probabilidades", que atiende a las posibilidades de riesgo que tiene el menor de sufrir nuevos actos de abuso, de violencia, etc; normalmente, a los jueces les basta un 50% para disponer sanciones civiles. Así, por ejemplo, un juez dijo que aunque no estaba probado que fuese el padre "no había otros candidatos con posibilidades de ser los autores de los actos de violencia".
Partes del proceso, muerte, sujeto pasivo, interposición de la demanda, herederos, sucesores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A.T.E.R. C/ COPELLO, CLAUDIA BEATRIZ Y OTROS EN SU CARACTER DE HEREDEROS DE ACOSTA SERGIO RAUL S/ APREMIO - Expt. N° 7166/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-19

Si bien el CPCC prevé el caso de que alguna de las partes falleciera durante el proceso, esto es, después de trabada la litis, y establece el procedimiento a seguir (art. 40), la solución no es aplicable cuando el fallecimiento ocurre antes de la interposición de la demanda, porque en ese caso debe identificarse a los herederos o representantes legales y accionar directamente contra ellos. Inobservado ello, se debe anular el trámite a partir de la interposición de la demanda e imponer las costas a la parte actora (art. 71 CPCC).
Facultades discrecionales, principio de legalidad, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

Es la legitimidad (constituida por la legalidad y la razonabilidad) con que se ejercen las facultades discrecionales, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar su cumplimiento, sin que ello implique la violación del principio de división de los poderes que consagra la Constitución Nacional (Voto del juez Rosatti).
Caducidad de instancia, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL
Carátula: COMBUSTIBLES DEL GENER Y STRAZZULLA c/ GOMEZ, Walter s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

El principio según el cual es improcedente la caducidad de la instancia en los supuestos en que el trámite del proceso se encuentra muy avanzado, debe ceder en los casos en que no ha sido dictado el llamamiento de autos para sentencia.
Recurso extraordinario, per saltum, improcedencia del recurso, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal  General  ante  la  Cámara  Nacional  de Apelaciones en lo Criminal  y Correccional a cargo de la Fiscalía N° 1 s/ interpone recurso   extraordinario   en   autos:   "Chabán,  Omar  Emir  s/ excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Corresponde desestimar la presentación si las cuestiones planteadas no constituyen acción o recurso alguno que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, habilitan la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte.