marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, pensiones, depreciación monetaria, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Brasesco de Aragón, María del Carmen s/ reajuste de haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La limitación impuesta por la sentencia al cuestionamiento de la parte, que omitió alegar la inconstitucionalidad de los arts. 2. y 4 de la ley 21.864, no se aviene con la amplitud de criterio con que deben interpretarse las peticiones en materia previsional, particularmente cuando resultaba manifiesto que la impugnación perseguía que el monto del haber fuera acorde con la naturaleza sustitutiva de las prestaciones.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en fundación centro latinoamericano de derechos humanos sobre incidente de queja por apelación denegada - otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Si en el caso, frente a lo peticionado por el aquí denunciante, ha existido un pronunciamiento judicial que no ha sido cuestionado por las vías procesales correspondientes, ello pone de manifiesto que se acude a la queja por privación, denegación o retardo de justicia para obtener un pronunciamiento para el que la ley no la ha dispuesto. La mera invocación de un estado de privación de justicia no habilita al Tribunal a ejercer la función establecida en los arts. 113, inc. 4 de la CCBA, 27 inc. 5 de la ley n° 7 y 36 de la ley n° 402 (conf. doctrina de este Tribunal en los autos "YEBARA, DAMIÁN ENRIQUE s/ QUEJA POR PRIVACIÓN DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA en YEBARA, DAMIÁN ENRIQUE CONTRA ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA SOBRE RELACIÓN DE CONSUMO", expte. n° QTS 164704/2021-1, sentencia de fecha 24/08/2022). (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, y Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales, responsabilidad directa, responsabilidad objetiva, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION CIVIL HERMANOS MISERICORDISTAS c/ PILAN DANIEL s/ PAGO POR CONSIGNACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-20

Los propietarios de los colegios deben hacerse cargo del riesgo que su propia actividad implica, razón por la cual si algún alumno sufre un daño, se produce el incumplimiento de la obligación de seguridad asumida por parte de aquéllos, ya sea en virtud del hecho propio del propietario, de las personas de que se sirve o de las cosas que utilice, lo que hace nacer su responsabilidad contractual, directa y objetiva. Así se ha expresado que: lo que está en juego no es el primordial interés general que significa la educación de la población sino, también y fundamentalmente, el fin superior que es la seguridad e integridad física y psíquica de nuestros niños. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apertura a prueba, plazos procesales, prueba extemporánea, hechos nuevos
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORENO, RAMON OMAR c/ AUTOMOTORES LA FAVORITA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-17

Es menester distinguir entre un hecho nuevo y una nueva prueba de hechos ya alegados: solamente el primero puede ser invocado dentro del pertinente plazo legal, importando ello una cierta modificación a la forma en que quedó trabada la litis; en cambio, la nueva prueba sobre hechos ya alegados en la demanda y contestación no puede ofrecerse una vez finalizado el período pertinente.

(En la especie, se rechazó la pretensión de incorporar un elemento probatorio -posterior a las etapas procesales específicas- que vendría a ratificar circunstancias ya alegadas, toda vez que no importa técnicamente la denuncia de un hecho nuevo).
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, trámites judiciales, incidentes, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO COMERCIAL DEL NORTE c/ CORREA LLANO s/ Ejec (LIBRO: A063 - 231)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-05

El "conocimiento" del acto que se ataca de nulidad tiene necesariamente que ver con los distintos tipos de notificación que preve la ley ritual: si la providencia debe ser notificada por cédula por imperio legal (art. 68 ap. III CPC. o bien por disposición del tribunal (inc. XIV), el plazo comenzará a regir a partir del día siguiente en que ésta se efectuó (art. 63 CPC). Si se trata de notificación ficta (art. 66 CPC), el plazo se computará a partir de la aparición en lista, lunes o jueves.-
Costas, tercerías, costas al vencido
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ ANDREA LILIANA S/ s/ TERCERIA  DE  DOMINIO EN AUTOS: "RIVERA HECTOR ALBERTO C/ PEREZ JULIO  ALBERTO S/ EJECUTIVO".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Cabe imponer las costas de la tercería al ejecutante vencido, aún cuando la misma fuera iniciada vencido el plazo del cpr: 97 párr.

3x, Si no se han devengado costas a cargo del tercerista por su presentación tardía, en razón de no haberse efectivizado el secuestro del bien embargado.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, docentes, negociación colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: SAEZ, ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; y no resulta menor el dato de que tales cuestiones han sido convenidas en Paritarias celebradas entre las partes (representada la amparista en tales tratativas por el gremio al cual pertenece) y dicha resolución no fue tildada por el sector gremial como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, convirtiéndose en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirle a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal le confiere. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 14250, artículo 3; Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14 del Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Ricci, AyS T 269, p 464/477 y Burggi, AyS T 284, p 63/73.
Indemnización, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: Pino, Aladino y Otra c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-17

En materia de renta vitalicia está sujeta a un doble tope: la vida de la víctima y la vida del destinatario, y es de aplicación el "coeficiente mínimo", vale decir que la capitalización debe determinarse de acuerdo con la edad más avanzada.
Obligaciones en moneda extranjera, código civil y comercial, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones de dar cantidades de cosas, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma, Emir Fuad y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-19

El art. 765 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la obligación es de dar dinero si se debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constituir la obligación, y que si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en pesos. Dicha normativa da un giro en la cuestión relativa a la naturaleza de la obligación contraída en moneda extranjera con relación a la anterior regulación de la materia, contenida en el art. 617 del Código Civil -luego de su modificación por la ley 23.928-, que establecía que las obligaciones de dar moneda extranjera, se regían por las de dar sumas de dinero. El régimen hoy vigente estipula que dicha obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, pero establece expresamente, que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.
Recurso de casación, derecho al recurso
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IGEA, JUAN JOSÉ. s/ QUIEBRA. INCIDENTE VERIFICACIÓN TARDÍA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-04-03

PARA QUE PROSPERE LA CASACIÓN, EL RECURRENTE DEBE REBATIR EL CONTEXTO DE NORMAS SOBRE LAS QUE SE APOYA LA SENTENCIA Y NO SÓLO UN ARTÍCULO DEL MISMO DEJANDO SUBSISTENTE LOS DEMÁS.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho laboral, contrato de trabajo, gratificaciones, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GIORDANELLI, SUSANA c/ SWIFT-ARMOUR S.A.A. s/ Demanda Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-03

Cabe dar valor a las reservas formuladas en ocasión de abonar beneficios graciables con motivo del cese laboral, porque aunque pueda verse perjudicado un trabajador, se beneficiarán todos los trabajadores con un sistema que es usual en muchas empresas que, a cambio de cierta seguridad, abonan gratificaciones a los trabajadores que tienen créditos menores o inclusive no tienen nada que reclamar. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá) En el caso la cuestión a resolver es: Posibilidad de que las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador que practican algunas empresas, en el momento del cese de la relación se compensen imputándolas a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo, por cualquier concepto que sea, aún indemnizatorias de la ley 9688, reconocidas por sentencia judicial.
Acción meramente declarativa, conflicto de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casino Buenos Aires y Otro c/ Estado Nacional - Dto. 1153/03 y Otros s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-24

La acción declarativa de certeza que solicita se declare que las actividades e instalaciones de la empresa de juegos se encuentran sujetas exclusivamente al poder de policía de las autoridades federales por lo que no corresponde el ejercicio de poder de policía de la Ciudad de Buenos Aires resulta improcedente pues el establecimiento de los poderes de control ya habían sido determinados en un convenio celebrado entre autoridades nacionales y locales por lo que no se suscita en el caso un conflicto de poderes entre ambas autoridades sino una hipótesis de coordinación de competencias referente al funcionamiento y actividades que, prima facie, no vulnera cláusula alguna de la Constitución Nacional.
Contrato de trabajo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DELBENE OSCAR c/ LOS HERMANITOS S.R.L. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-09

Habiendo el ad quem fijado la existencia de injuria generadora del distracto laboral, observando en la notificación del despido el precepto contenido en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, es inatacable por la via del recurso de inaplicabilidad de ley por tratarse de cuestiones de hecho. (Voto de la mayoría).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, decretos nacionales, emergencia económica, derecho de propiedad, Pacto de San José de Costa Rica, depósito bancario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: "Smith, Carlos  Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado  Nacional s/ sumarísimo"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

El decreto 1570/01 afecta en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional así como las previsiones del art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Aristides Juan c/ Ñancuman SACA s/ Incumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

El ordenamiento procesal dispone expresamente que la medida precautoria solo podrá decretarse bajo responsabilidad del cautelado, que deberá dar caución por las costas y daños y perjuicios que pudieren derivar en caso de haberla solicitado sin derecho, facultándose al juez para graduar el monto y calidad de la misma, de acuerdo a la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso (art. 199, código procesal). Que la actual tendencia respecto a la caución juratoria, apunta a restringirla en su aplicación, pues nada añade a la responsabilidad de quien obtuvo la medida el hecho de que preste juramento, admitiéndosela solo cuando la verosimilitud aparezca "manifiesta". (Minoría u opinión personal)
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, pandemia, coronavirus, principio de proporcionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TORTEROLA JORGE NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

La sanción de la ley 27.541 es la consecuencia del ejercicio de la facultad le-gislativa, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. (Del voto de la Dra. Dorado).
Pena privativa de la libertad, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CORPUS LUCAS SEBASTIAN s.d. ABUSO SEXUAL e.p. REYNA MELCHORA SOSA DE ALBARRACIN s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

Partiendo del principio de que las penas privativas de la libertad deben organizarse sobre una base humanitaria, que coloque al hombre como principio y fin del sistema, debe señalarse que la pena impuesta a un condenado no sólo cumple una finalidad sancionadora sino, además, de rehabilitación de las conductas prosociales negadas por la producción delictiva. Es que la individualización judicial de la pena, una vez estimada su necesidad, tiene que ajustarse a las reglas previstas en los arts. 40 y 41 del Cód. Penal, pero siempre dentro de la perspectiva fundamentalmente tutelar y recuperativa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal cambiario, negociación clandestina de divisas, exportaciones, presunciones, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BENVENUTTI S.A. Causa 29900-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

Se presume una negociación clandestina de cambios la omisión de negociar en el mercado legal el producto de las exportaciones efectuadas, si no se desvirtúa tal presunción.
Personas con discapacidad, empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOLEDO, LUCIANO ANDRES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-27

La presente queja no ha de prosperar desde que la postulación recursiva se dirige derechamente a cuestionar los argumentos brindados por la Cámara en orden a decidir que no se encontraban reunidos los requisitos para la procedencia de un supuesto de responsabilidad estatal por omisión ilegítima, denotando tan sólo un disenso interpretativo que escapa al ámbito del recurso de inconstitucionalidad. Para así decidir, efectuó un repaso de la normativa que protege a las personas con discapacidad interrogándose si de la misma surgía un derecho subjetivo absoluto o, por lo contrario, un derecho de operatividad derivada, de la persona con discapacidad para exigir su nombramiento en el cargo que considere siempre y cuando no se halle ocupado el 4 % del personal de la Administración, concluyendo -con jurisprudencia del Cimero Tribunal nacional y de la Corte provincial- que se trata de una operatividad derivada en virtud de que requiere, en principio, una implementación por parte de una ley del Congreso o una decisión del Poder Ejecutivo, excluyendo al Poder Judicial de la determinación de los planes concretos que debe desarrollar el gobierno sin perjuicio del control de razonabilidad que le cabe cuando se acredite la afectación de una garantía, o sea una amenaza grave para la existencia misma de la persona. Y , a la luz de esos principios, la Alzada entendió que si bien el Poder Judicial efectuó un control de razonabilidad en orden a la implementación del derecho en juego, ordenando la incorporación del actor al cargo de preceptor con fundamento en la demora en la que incurrió el Estado, con todo no existía un mandato expreso y determinado respecto a la Administración Pública para la designación pretendida, sino un verdadero mandato indeterminado, hermenéutica que se instala lisa y llanamente dentro de los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente, sin que el compareciente logre demostrar en concreto un supuesto de arbitrariedad. (Del voto de la Mayoría. En Disidencia: Dr. Gutiérrez).
Contratos administrativos, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C. Y F.  Y OTRAS c/ CONICET s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

Como todo contrato administrativo el de obra pública no deja de ser, contrariamente a lo que se sostiene, un acuerdo entre partes y la ley que alimenta sus relaciones "en el sentido de que él constituye y traduce la sustancia misma lo que éstas han querido regular".
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Abaca, Juan Antonio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en que se denuncia omisión por parte de la Cámara del tratamiento del grado de ebriedad del procesado en el momento del hecho, si tal omisión no se ha producido.
Jueces, remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, Estado Provincial, sistema republicano
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiara  Díaz,  Carlos  Alberto c/ Estado provincial s/ acción de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

La prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 de la federal respecto de los jueces nacionales, tienen por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. En ausencia de ella, no hay Estado republicano.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, iura novit curia, facultades del Poder Judicial, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

Aúnno existiendo cita concreta en la demanda de la ley 23592, al alegarse una discriminación arbitraria, se trata de un supuesto de "iura novit curia", con lo que el remedio para conjurarla queda dentro de la facultad judicial en torno a la calificación jurídica de los hechos y su pertinente aplicación normativa, máxime si se tiene en cuenta que los accionantes hicieron referencia puntual al art. 16 de la CN, que consagra el principio de igualdad. En tal sentido, es menester referir que en la demanda se aportaron la totalidad de los presupuestos fácticos que habilitan el encuadre del caso concreto en la ley antidiscriminatoria, y además se desmostró en autos, la vinculación existente entre las decisiones rupturistas cuestionadas y la filiación sindical de los reclamantes en su calidad de miembros de la comisión directiva de un sindicato recientemente inscripto. (del voto de la Dra. González, en mayoría).
Partes del proceso, muerte de las partes, interrupción del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Portillo Juan Atilio y otros c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

Así como la ley prevé la suspensión del trámite de los procesos ante la muerte de alguna de las partes o de un profesional que actúe como apoderado (confr. arts. 43 y 53, inc. 6º, del Código Procesal), ninguna previsión contiene ante el fallecimiento de un letrado patrocinante, contingencia que no suspende ni interrumpe el curso de la perención (confr. Highton, E.I. Areán, B.A.; "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 5, p. 734; Maurino, A.L., op. cit., p. 216 y jurisprudencia allí citada), y ello es así porque no es posible soslayar la diferencia que existe cuando un litigante es representado en el proceso por un profesional respecto de aquél que comparece por sí mismo: este último no puede desentenderse de la marcha del juicio (confr. Highton - Areán, op. cit., loc. cit. y jurisprudencia citada en la p. 736).
Derecho laboral, prueba pericial, pericia médica, impugnación de la pericia, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Carecchio Néstor Jorge c/ Experta ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-28

Solo son admisibles aquellas impugnaciones que se funden objetivamente en la incompetencia del experto, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los que pudiese haber incurrido, los que deben señalarse expresa y claramente. Deben aportarse los elementos de convicción necesarios para acreditar la falsedad o error de sus conclusiones (Voto Welp. Adhesión Romero)
Policía, personal policial, incapacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bargetto, Sergio Oscar c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 373-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

No puede considerarse que las tareas diferentes en el sector Administrativo otorgadas por la Administración al actor en razón de su incapacidad, excedan a las comprendidas en el sector Cuerpo de Seguridad, salvo que se piense -sin dudas, con error- que la imposibilidad de realizar sus "tareas habituales" (utilizar armas o ser instructor de tiro) sea absolutamente incompatible con revistar en dicho Cuerpo, en el cual, por el contrario, puede admitirse el cumplimiento de otro tipo de "funciones policiales", siempre -claro está- que son acordes con la jerarquía alcanzada por el agente, es decir: "específicas del grado". Además la normativa que rige la actividad policial como el Reglamento Orgánico de las Comisarías y Sub-comisarías (decreto 3119/72),entre distintas obligaciones, prevé variadas actividades de carácter administrativo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Si bien la sentencia impugnada no es definitiva -porque no pone fin al juicio, ni se pronuncia de modo final sobre el hecho imputado- resulta equiparable a tal en tanto produce un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior, ya que se cuestiona la imparcialidad objetiva del juzgador en un momento determinado del proceso, que por su naturaleza exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: Ortíz de Espósito, Ramona Dorila c/ Lespade, Raúl Víctor s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Para que el comportamiento culpable del peatón pueda considerarse causa única del accidente, tiene que ser en extremo imprevisible e inevitable.