marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enriquecimiento sin causa, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Cossio Ricardo Juan Alfredo y otros c/  s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

En el entendimiento de que la acusación formulada a los imputados es la de la comisión de un grave delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento -el desfalco en perjuicio del Estado de decenas de millones de dólares en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impuestos (D.G.I.), en el que habrían estado implicados ejecutivos de la empresa multinacional I.B.M. junto con funcionarios del Gobierno Argentino-, se torna necesario el juzgamiento de las conductas en un juicio oral y público, de conformidad a la manda de la Constitución Nacional, que en el artículo 36 ordena su imprescriptibilidad.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, corretaje inmobiliario, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA, DANIEL ROBERTO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

El compareciente no logra rebatir eficazmente la argumentación de los Judicantes en relación a las diferencias conceptuales y de consecuencias jurídicas -a partir de la caracterización de la actividad profesional de corretaje inmobiliario como eminentemente personal a tenor de la ley 13154- entre los actos realizados por los empleados dependientes de corredores o sociedades de corretaje -o por los órganos de éstas- y a las llevadas a cabo por comisionistas o gestores de negocios independientes, como así tampoco respecto de los planteos referidos a la inexistencia de prueba de los actos de corretaje, en tanto conforme destacaran los Magistrados en el auto denegatorio, el hecho de que los agentes inmobiliarios realizaban tareas de incumbencia de los corredores actuando como autónomos pero bajo la estructura comercial de la sociedad franquiciada surgía del escrito de presentación de pruebas, como así también del acta de audiencia y del descargo formulado por el sancionado, por lo que puede observarse entonces que los Sentenciantes al fallar se basaron en los elementos de convicción obrantes en autos, los cuales fueron razonablemente evaluados e interpretados por aquéllos conforme la normativa aplicable en el sub lite, extremo que no depara cuestión constitucional. (De la disidencia parcial del Dr. Erbetta). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13154
Administración Pública, facultades de la administración, empleados públicos, ius variandi, cambio de lugar de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fornero, Edelberto Jacinto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 431 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

Está dentro de las facultades de la Administración disponer un cambio de funciones en la medida en que las necesidades del servicio lo requieran, la cual debe ser, lógicamente, ejercida racional y razonablemente, con motivación suficiente y sin originar perjuicios al agente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galaburri, Jorge Raúl c/ Martínez Vega de Lanzoni Araya, Erminda o Esminda s/ Cobro de pesos ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley si una parte de las argumentaciones vertidas carecen de vinculación con los fundamentos del fallo, desplazando la totalidad de los temas considerados con réplicas o conclusiones inexistentes.
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

El instituto de la recusación tiene como basamento garantizar el adecuado ejercicio de la función judicial y asegurar a los habitantes del país una justicia imparcial e independiente y ello se traduce en la necesaria separación de la causa de aquel magistrado que no se encuentre en condiciones objetivas de satisfacer tal garantía (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Rebeldía, sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Avalos, Filiberto de Jesus c/ Galíndez, Ramón Rafael s/ DESALOJO POR CESACION DE COMODATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-09-30

A pesar de que el proceso se sustanció en rebeldía y recién con posterioridad a la sentencia compareció el rebelde apelando la misma, ello no trae como necesaria consecuencia la desestimación de plano del recurso apelatorio, pues tal postura se contradice con lo dispuesto por el art. 64 del C.P.C. que permite la comparecencia del rebelde en cualquier estado del juicio, lo que abarca también los trámites posteriores a la sentencia. No empece a la conclusión aludida lo dispuesto por el art. 67 del C.P.C., pues la norma hace expresa referencia a la inimpugnabilidad de la sentencia cuando la misma haya sido ejecutoriada.
Actividades molestas, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morellato, Omar Américo c/ Silvino Llaneza e hijos S.A.C.I. e I s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

La acción tendiente a obtener indemnización de daños fundada en el art. 2618 del C.C. prescribe conforme al art. 4037 de ese mismo cuerpo legal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Allan, Ramón A. c/ Frigorífico Anselmo S.A. y ot. s/ Indemnización por incapacidad accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo dictado en la etapa de ejecución de la sentencia regulatoria que ha quedado firme y consentida respecto de la ejecutada, no reviste carácter definitivo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, protección del medio ambiente, uso racional de los recursos naturales, biodiversidad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El derecho al ambiente según el texto de la Constitución Nacional se conforma no sólo por cuanto se establece en el art. 41 párr. 1º, que "Todos lo habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras", sino también -y necesariamente- por el cúmulo de derechos reflejos que el propio texto constitucional del referido art. 41 CN enumera en su segunda parte cuando establece que "las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental ...
Daños y perjuicios, legítima defensa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castillo, Julio David c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-22

Quien disparó en legítima defensa de su vida y accidentalmente hirió a un tercero, debe contribuir, por razones de equidad, a soportar el daño que infirió la víctima (doct. art. 907 Código Civil).
Recurso extraordinario, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Carlos María s/ Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-19

El depósito previsto en el artículo 76 de la ley procesal laboral no puede, en sí mismo, ser tachado de inconstitucional ya que debe distinguirse entre una norma que actúe como impeditiva de la garantía de defensa en juicio, o simplemente como limitadora de un recurso extraordinario contra una sentencia previamente dictada en un proceso contradictorio, en el que las partes gozaron de todas las garantías y medios legales de defensa. La consignación del importe de la condena constituye una medida cautelar tendiente a asegurar la ejecución de la sentencia y a impedir que recaiga sobre el trabajador el "periculum morae". Y si bien en determinados casos ha flexibilizado esa cautela procesal admitiendo medios sustitutivos menos estrictos, fue porque dichos casos presentaban características excepcionales que no han sido invocadas oportunamente ni acreditadas por el quejoso. (Disidencia del Dr. Roquel)
Letra de cambio, pagaré, recursos, acción cambiaria, proceso judicial, excepciones procesales, excepción de incompetencia, relación de consumo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sainfi SA c/ Ricci, Nelson Pascual s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede revocar la resolución por la que el Sr. Juez de Grado se declaró incompetente, de oficio, para entender en estas actuaciones, con base en que el demandado tenía domicilio en extraña jurisdicción y que el pagaré ejecutado provenía de una operatoria de cesión de varios cheques, y fue librado en el marco de una relación de consumo, por lo que concluyó que el vínculo se encontraba incluido en las disposiciones de la ley 24240. Ello por cuanto, en el caso, se advierte en primer lugar que el juez de grado no indicó en su pronunciamiento cuáles serían los elementos objetivos obrantes en autos que le permitirían inferir la configuración de una relación de consumo. No obstante, cabe apuntar que, del examen de las constancias acompañadas a la causa, así como de la literalidad del documento que se ejecuta, no se extraen indicios suficientes que permitan concluir que la relación que unió a las partes pueda ser encuadrada en una relación de consumo conforme las disposiciones de la ley 24240 por lo que no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para la aplicación de la LDC 36, así como tampoco de la doctrina emanada del fallo plenario "Autoconvocatoria". Disidencia del Dr. Chomer:.
Convertibilidad, intereses, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, ANGEL c/ FARGO  S.A. s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

Existen dos posibles respuestas del derecho frente a las secuelas de los procesos inflacionarios: la repotenciación de las deudas por medio de índices que traten de reflejar la pérdida del valor del dinero y la aplicación dinámica de la tasa de interés, en su teleología reparadora del perjuicio originado por la mora, que se ve configurado, entre otros elementos, por la inflación misma. A partir de la ley 23928 nuestro derecho positivo retoma, por razones vinculadas a la política económica, el segundo sistema, que es, históricamente, el tradicional y por lo tanto, no existiría objeción constitucional si para más, en el caso concreto, no podrá sostenerse que el diseño de la tasa de interés no conjura adecuadamente el daño nacido del incumplimiento.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Moriña, Luis Rodolfo s/ hábeas corpus interpuesto a su favor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

El art. 18 de la Constitución Nacional reconoce a los habitantes del país el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia.
Empleo público, diferencias salariales, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

En el debate de la ley n° 5936 se declaran dos finalidades: igualdad de las pautas de remuneración de todos los agentes del Gobierno de la Ciudad, y respeto de los derechos adquiridos por algunos agentes (entre ellos, los que a la fecha de sanción de la ley n° 5936 ya percibían el Fondo Estímulo). Sin embargo, no se observa de qué manera la supresión del Fondo Estímulo para los agentes que ingresaron a partir de determinada fecha pueda cumplir con el primero de esos propósitos cuando otros agentes que realizan iguales trabajos lo siguen percibiendo. Por otro lado, la legislación introduce una desigualdad mayor que la que pretende eliminar ya que parte de la premisa de que absolutamente todos los agentes de la ciudad realizan las mismas tareas; pero esto es patentemente falso. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Internet, redes sociales, Facebook, juez previniente, menores, competencia provincial, publicaciones obscenas
Materia: INFORMATICO-PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N.  c/  s/ publicaciones, reprod. y/o Distrib. obsenas. Denunciante: Aponte, María Elena
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-27

Corresponde a la justicia local que previno entender en la denuncia relacionada con el ingreso a una cuenta de la red social Facebook de un menor de edad si no es posible apreciar circunstancia alguna que surta la jurisdicción federal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Propiedad horizontal, cobro de expensas comunes, obligaciones propter rem
Materia: CIVIL
Carátula: MOCHETTI, César Alfonso s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

Cuando existen obligaciones por expensas, en caso de titulares sucesivos de la unidad, cada uno de ellos responde con todo su patrimonio y puede ser perseguido en sus otros bienes, a pesar de la enajenación o abandono de la cosa, al tratarse de expensas devengadas durante el tiempo en que fueron propietarios.
Títulos ejecutivos, cheque, inhabilidad de título, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUAREZ JORGE EDUARDO c/ ALONSO MANUEL AGUSTIN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-13

Sostiene el recurrente que en las constancias bancarias de devolución del cheque no se habrían cumplido los recaudos establecidos por el art. 38 del D.L. 4776/63 para que pueda reputarse validamente protestado: no consta la hora de presentación, y la firma supuestamente autorizada es ilegible no existiendo nada que haga presumir que corresponde a persona con suficiente poder para suscribir el rechazo.

Si bien la constancia bancaria de negativa de pago debe ser suscripta por persona autorizada (art. 38 D.L.4776/63), el actor no necesita probar dicha circunstancia, bastando que del propio título así surja.

Ello es imperativo de los principios de literalidad y suficiencia a cuyo mérito basta que el texto del documento se infiera el cumplimiento de las formalidades legales, lo que genera una presunción de verdad que, de ser cuestionado, deba ser acreditado por el contador ("reus in excepcione fit actor"). En el dorso del cheque obra una firma (ninguna norma legal impone que sea legible), el cargo del suscriptor dentro de la entidad bancaria, y a mayor abundamiento, un sello que dice firma autorizada. Si el demandado consideraba que mediaba una falsificación, debió ponerlo de relieve. En suma le correspondía el "onus probandi" de demostrar que el cheque no ha sido rechazado por persona autorizada y con facultades dentro de la entidad bancaria para hacerlo.
Honorarios, remuneración del juez, conjueces
Materia: Procesal
Carátula: Neira, Germán c/ Logascio, Antonio s/ Indemnización Art. 76 Ley 22248
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1984-07-04

Para este Tribunal es inobjetable la procedencia de solicitud de regulación de honorarios, por cuanto la actuación del profesional en el proceso principal como conjuez, no tiene carácter de gratuidad en virtud de que el estado tiene entre sus principales funciones asegurar la justicia y tanto la Ley 1130 como la Ley 37 determinan el modo de cumplirla para el caso de impedimento, recusación o excusación de los magistrados titulares y sus subrogantes.
Empleo público, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Gustavo c/ Provincia de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-11

La "estabilidad" integra la plataforma jurídica del sistema previsto como garantía del administrado en relación de dependencia con la administración, teniendo como corolario el "derecho a la carrera" y a "determinado escalafonamiento", y que comprende la posibilidad de progresar dentro de las distintas clases, grupos y categorías del escalafón administrativo y a estar correctamente encasillado.

El criterio de mesura frente a los supuestos de supresión de cargos presupuestarios está dado por el derecho del agente a una equivalencia necesaria entre el cargo anterior y aquél en el que pueda ser reubicado (confr. art. 19 Ley 6402).

No se concreta lesión alguna a la estabilidad y al derecho a la carrera, cuando la administración reubica al administrado en un cargo de igual nivel y especialidad acorde a su título habilitante.

La alegada pérdida de oportunidades para concursar cargos vacantes, a más de configurar una conjetura meramente hipotética sobre las posibilidades concretas del actor a ocupar una vacante determinada, conduciría al análisis del mérito con que el poder administrador instrumentó la estructura organizativa atribuida al nuevo órgano creado, que reemplazó al anterior en el que revistaba el actor.
Privilegios (civil), acreedor hipotecario, impuestos, tasas, contribuciones especiales
Materia: CIVIL
Carátula: Obra  S.A.  de Ahorro y Préstamo para la vivienda c/ Azar, Alfredo H. s/ Sucesión - Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El crédito hipotecario tiene prioridad frente a las deudas por tributos fiscales, sean impuestos, tasas o contribuciones de mejoras posteriores al tiempo de constitución de la hipoteca (artículos 3918, 3934 del Código Civil. Ello es así porque se trata de un privilegio especial que es preferente al privilegio impositivo, el cual es general.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad extracontractual, indemnización, daño moral, daño psíquico
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MILLER,  ANGELA c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTINSA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

Cabe condenar a una empresa ferroviaria, por el fallecimiento de un joven de 27 años, que se ganaba la vida realizando trabajos de albañilería, pintura y algún papel de "extra" en televisión, a pagar a sus padres en concepto de indemnización por daño moral, comprensiva del daño psíquico y tratamiento terapéutico, la suma de $ 50.000, con mas sus intereses a la tasa activa que cobra el banco nación en sus operaciones de descuento a treinta días, desde el momento del accidente a la presentación en concurso de la accionada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, abogados, sanciones del Colegio Profesional, matrícula profesional, suspensión de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: T., N. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE APELACION INTERPUESTO ANTE COLEGIOS PROFESIONALES (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 8 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-17

Es inadmisible la queja interpuesta contra la sentencia confirmatoria de la del inferior que calificó la conducta del letrado como violatoria de las normas de ética profesional reduciendo la sanción aplicada a la suspensión de la matrícula profesional por el término de 4 meses, desde que el cuestionamiento recursivo no traspone el límite de la mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que le son privativas, sin que se pueda apreciar que el Tribunal haya omitido valorar prueba decisiva vinculada al desistimiento del denunciante, desde que todo ello fue motivo de tratamiento expreso, pero dándole una trascendencia distinta a la pretendida por el quejoso.

En el caso, radicando la cuestión en resolver si el profesional incriminado podía sustraerse de la sanción disciplinaria, habiendo acordado con su cliente el levantamiento de la denuncia formalizada en su contra, la Alzada entendió que la lealtad, probidad y buena fe que debe guardar todo abogado no se reduce al ámbito del proceso sino que se extiende a todos los actos de su actividad profesional, no sólo por su propio prestigio sino específicamente, por el de la profesión y de la sociedad toda que deposita en los letrados la guarda de sus derechos, por lo que las consecuencias del convenio no debían extenderse más allá de la disponibilidad que han tenido las partes en sus posiciones jurídicas, aclarando que el proceso de imputación ante el Órgano disciplinario es ajeno al acuerdo entre las partes.

Y, en tales términos concluyó que lo ocurrido no había sido sólo un problema entre profesional y cliente, sino que resultó de interés para elColegio de Abogados , y para todos los miembros de la sociedad, convirtiéndose la sanción impuesta en la respuesta correctora al quebrantamiento producido, creyendo justo, sin embargo, reducir la sanción aplicada.
Compraventa inmobiliaria, Fondo Nacional de la Vivienda, precio indeterminado
Materia: CIVIL
Carátula: ANALI, JOSE RICARDO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-18

De acuerdo con el art. 12 de la ley 21.581, la determinación del precio de venta debe resultar de la suma de la totalidad de los importes abonados en concepto de certificación de obras, actualizados desde la fecha de cada una de ellas, a la que se debe adicionar el valor del terreno, también debidamente actualizado, para finalmente prorratearse el resultado entre todos los adjudicatarios del complejo de viviendas, procedimiento que no está a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda sino de la actual Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social (conf. art. 2 de la citada ley), organismo que adelanta los fondos para la realización de la obra, pero si dicha Secretaría no cuenta aún con aquel precio definitivo y no ha sido traída a juicio a tales fines, es improcedente la demanda por escrituración entablada.
Certificado de trabajo, lugar de trabajo, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Dos Santos, Sandra c/ Consolidar AFJP SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-10

Cursadas las intimaciones requeridas, si el empleador manifestó su intención de cumplimiento, poniendo los certificados "a disposición" del requirente, o mediante una fórmula equivalente, el trabajador debe concurrir a la sede de la empresa, que es el lugar de cumplimiento de la obligación, a fin de que se haga entrega efectiva de aquéllos. Su omisión, que lo coloca en la situación de mora accipiendi, purga la mora del deudor y, en el caso, esteriliza las diligencias en virtud de las cuales lo colocó, a su vez en esa situación. En el caso, la actora no retiró las certificaciones acompañadas, articuló la cuestión con extrema ambigüedad e importantes omisiones y tampoco acreditó haber concurrido a la sede de la empresa a buscar los certificados.