Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-23


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 23 días del mes de abril del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia -Presidido por Jorge Pfleger; integrado con los señores Ministros Juan Pedro Cortelezzi y Daniel Luis Caneo, para dictar sentencia en "FISCAL GENERAL de INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS del CHUBUT s/ presentación" (expediente 20.863-F-2007).-	El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 364: Cortelezzi, Pfleger y Caneo.-	El Juez Juan Pedro Cortelezzi dijo:

1.- Contra la sentencia que rechaza los planteos de nulidad oportunamente interpuestos por la defensa y consecuentemente confirma el sobreseimiento del imputado, la querella interpone en tiempo recurso de casación ante esta Sala Penal.-	El reproche finca, básicamente, en cuatro agravios: 1.- la valoración parcial y contraria a la sana crítica efectuada por la Cámara de Apelaciones, que finalmente confirma el sobreseimiento de R A G; 2.- hace una aplicación lisa y llana del artículo 294, inc.6° del C.P.P.; 3.- considera que la querella incurrió en una imprecisa descripción de los hechos y un desacertado encuadre legal; 4.- confirma el sobreseimiento definitivo provocando un gravamen irreparable al tornar imposible la continuación de la acción penal en contra del imputado en autos.

Que a fs. 303/5 la Sala "A" de la Cámara de Apelación rechaza los planteos de nulidad interpuestos y confirma el auto de fs. 261/vta. que sobresee a R A G.

Sostuvo el a-quo que el único dato de cargo es la pericia contable de parte y que frente a tal insuficiencia probatoria y agotamiento del plazo para instruir, la solución impugnada se ajusta a derecho.

Y este ha sido el argumento utilizado por el juez instructor, quien a fs. 261/vta. dejó sentado que habiéndose vencido los plazos previstos por el artículo 183, no habiendo autorización del Tribunal de Alzada para continuar la investigación, y siendo que los elementos de prueba reunidos no han permitido que el Ministerio Público Fiscal requiera la elevación a juicio, deberá resolverse el sobreseimiento.

Conforme lo manifestara en la oportunidad de tener que votar en autos "Marchante" (sentencia nro. 20/2006 del 23 de junio de 2006), el caso sometido a estudio deberá tratarse como un recurso extraordinario, con las limitaciones del art. 415 y ss. del C.P.P. Por esa razón, en esta instancia no habré de valorar la forma en que el tribunal de mérito aplicó su razonamiento, sino simplemente si ha dado un fundamento para resolver como lo hizo.	Así, entiendo que los fundamentos dados en la resolución recurrida cumplen acabadamente con la prescripción del artículo 107, ya que el sobreseimiento decretado se basó en el vencimiento del plazo máximo previsto en el artículo 183 y la falta de elementos suficientes para fundamentar la elevación a juicio de la causa, conforme lo prevé el artículo 294, inc.6°.

Como ya lo he dicho en otras oportunidades, nuestro ordenamiento adjetivo ataca a la sentencia cuando faltare o fuera contradictoria la fundamentación -cnf.art.363, inc.3° C.P.P.-, pero si esta existe, al tribunal de casación le está vedado su tratamiento.

Por otro lado, habiendo analizado los presentes autos, se advierte no sólo la excesiva duración del proceso como lo indica el a-quo, sino también una total desidia en la investigación, que se limitó a ordenar la declaración indagatoria del Presidente de CORFO, y luego de ello la actividad a sido literalmente nula, con sucesivos pedidos de prórroga a la Cámara, que en cuatro oportunidades se han solicitado.

Y esta circunstancia, más allá del colapso judicial que menciona también la Cámara, en donde se han registrado cambios de titularidad del juzgado interviniente, y consecuentes subrogaciones legales, le es imputable a la parte acusadora -Ministerio Público Fiscal y querella-, que al advertir la pasividad del sumario, debieron apremiar a quien estaba a cargo de la instrucción para lograr su objetivo. Les cabe entonces a ambos la responsabilidad por los actos propios.

Y en particular, adjudico este abandono de la tarea investigativa, al Ministerio Público Fiscal, organismo que representa los intereses de las personas afectadas por el delito, y por ende su labor no culmina con la promoción de la acción -C.P.P., art. 12-, sino que tiene el deber constitucional -C.N. art. 120- de maximizar todos sus esfuerzos para comprobar la existencia del delito y lograr la condena de los culpables.

Siendo ello así, entiendo que el recurso de casación de fs. 313/7 vta. resulta improcedente, correspondiendo confirmar la resolución impugnada, con costas. Así voto.	El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- El asunto ha venido a consideración de esta Sala a consecuencia de la proposición casatoria deducida por el titular de la Oficina Anticorrupción, doctor R Oscar Villalón, en desmedro de la sentencia interlocutoria emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones Instructoria de la ciudad de Trelew que el 30 de Noviembre de 2006, resolvió confirmar el auto emitido por el señor Juez de Instrucción nro. 3 de Trelew quien, a su turno, dispuso el sobreseimiento definitivo de R A G, en relación con el delito de malversación de caudales públicos y reculado en concurso ideal (arts. 260, 261 y 54 del C.P.) ocurrido en Rawson (Chubut) entre los años 1996 a 2001.

El Magistrado había dispuesto cerrar el caso con apego al art. 294 inc. 6° del C.P.P (Ley 3155), luego de que el Ministerio Público Fiscal se abstuvo de requerir la elevación de la causa a juicio, pese a la tesis imputativa de la querella (ver las hojas 255, 261, 291/301, 303/305 del legajo, en lo que atañe).

II.- La razón de la impugnación fue expuesta en el escrito de fs. 313/317, cuyos términos parafraseó mi colega de Sala a cuya letra he de remitirme en honor a la brevedad.

III.- Aún cuando en verdad el querellante no lo haya afirmado con precisión a la hora de motivar el recurso, infiero del texto que está anejo que su postulación refiere a la violación de las reglas procedimentales tanto en el sendero de construcción del decisorio, cuanto en la aplicación de uno de los presupuestos extintivos de la acción penal durante la etapa preparatoria (art. 415 inc. 2° del C.P.P, aplicable en la especie).

En relación con lo primero ha señalado el apelante que el camino seguido por los jueces fue incorrecto y que se apartaron de la sana crítica al valorar la prueba y en punto a lo segundo sostuvo que, desde aquella posición, decidieron en error el sobreseimiento.

Refiero a estas misceláneas, sin apartarme del criterio soslayar al menos una paráfrasis acerca del contenido del escrito de la querella, ya que, como bien lo expresó el Ministro Cortelezzi, la limitación de la casación en estos supuestos hace que el estudio posible comprenda, solamente, el comportamiento del Juez como destinatario de la norma adjetiva que debe cumplir, de allí que el límite casatorio está impuesto por la comprobación de si acaso el Juez, en palabras de Fernando De la Rúa, "...cumplió e hizo cumplir los preceptos jurídicos reguladores de la actividad..." tarea que se efectúa "...mediante una investigación sobre la conducta procesal observada por el Juez y las partes puesta en relación con los preceptos procesales en concreto..." (ver su libro "La casación penal" Editorial De Palma, páginas 69 y 70)	El control siempre será jurídico, pues está vedado al Juez de la Casación penetrar en el terreno de los hechos y de la prueba, a salvo de los casos en que la impugnación sobrevenga a una sentencia de condena.

IV.- No es censurable, en verdad, el camino que antecedió a la decisión del señor Juez de Instrucción al tiempo de dictar el sobreseimiento definitivo del causante, que validó la Cámara de Apelaciones.

La capacidad del querellante adhesivo queda siempre, en la etapa crítica no así en el debate, supeditada a la posición del Ministerio Público Fiscal, que, en este caso, poco margen ha dejado al órgano de la decisión. Una alternativa implicaba, como lo hizo, extinguir el ejercicio de la acción; la otra elevar el expediente en consulta al Fiscal de Cámara (art. 306 C.P.P.)cuyo dictamen, de ser absolutorio, hubiera importado la obligación de cerrar el asunto.

Esto es así por cuanto no otra inteligencia que la dada por el " a quo" resulta posible si se toma en cuenta el claro precepto del art. 307, en armonía con los demás que delinean la crítica instructoria, en tanto edicta: "...Siempre que el Procurador Fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de su dictamen serán notificadas al defensor del imputado...", diálogo necesario para abrir la exclusa de la fase subsiguiente, la del debate.

La aplicación del precepto del art. 294 inc. 6° del C.P.P. en sintonía con el art. 183 del mismo texto legal también ha sido correcta.

No puede objetarse a los jueces el haberse apegado con estrictez al plazo perentorio estipulado en el art. 294 inc. 6° del C.P.P. pues, como bien han referido, se trata de la manera en que se regula en el proceso el concepto de plazo razonable, tiempo en que sin agraviar los derechos del imputado debe llegar toda causa a su fin (art. 75 inc. 22 de la C.N. en función del art. 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica).

Recuerdo en esta instancia que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado su posición firme de respeto al principio, pues ha aceptado el dictamen del señor Procurador General en el sentido que: "..Cuando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado por el art. 18 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, el único remedio posible es declarar la insubsistencia de la acción penal por medio de la prescripción, en la medida en que ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal modo, el derecho federal invocado...". (Caso "Acerbo" del 21/08/2007)	Porqué si bien es cierto que el plazo razonable debe de ponderarse siguiendo las particularidades del supuesto en que ha sido invocado, no menos cierto es que : "... La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8 º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competente en la conducción del proceso..." (idem precedente)	La pertinencia de la cita finca en que, si acaso se pretendiera, como se pretende, que el plazo del art. 294 inc. 6° del adjetivo es ordenatorio, la palmaria defección del Estado en la preparación del caso- casi cuatro años han mediado desde la declaración del imputado hasta la iniciativa fiscal de la hoja 235- no atribuible al perseguido ni a dificultades propias de la complejidad en la investigación, sería operativa la garantía que resguarda el derecho que la Corte Suprema, con pertinacia, ha reivindicado.

De modo entonces que, con mi distinguido preopinante me pronuncio por el rechazo de la impugnación casatoria y la confirmación total de la sentencia.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Juan Pedro Cortelezzi y Jorge Pfleger, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el artículo 357 del Código Procesal Penal (texto según ley 4550).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente .

--- S E N T E N C I A - 1º) Declarar que el recurso de fs. 313/7 vta. es improcedente, con costas (C.P.P., art. 486).

2º) Confirmar la resolución interlocutoria de fs. 303/5.

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Pfleger, Cortelezzi, Caneo.-