Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20


Buenos Aires, diciembre 20 de 2006.

El doctor Sarli dijo:

I. A fs. 14/18 ARCOR S.A.I.C., por apoderado, interpone recurso de apelación contra las Res. 0163/05 y 0162/05, dictadas en los Expedientes EA42 Nros. 15.085/99 y 15.076/99, por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior, por las cuales se denegaron los recursos de repetición interpuestos por dicha firma (en concepto de diferencia de tasa de estadística abonada en demasía), denegatorias con fundamento en la invalidez de los certificados de origen presentados respecto de los Despachos de Importación Nros. 15.567-1/94 y 14.519-9/94 de la Aduana de Paso de los Libres. Expresa la actora que mediante los aludidos despachos de importación, importó mercaderías de origen y procedencia Brasil, al amparo del ACE 14, presentando los certificados de origen que acreditaron el origen Brasil de la mercadería importada. Manifiesta que no obstante ello, a requerimiento del servicio aduanero, pagó la tasa de estadística al nivel del 10% en los términos del dec. 1998/92, siendo que dicha alícuota no correspondía, por lo que procedió a solicitar ante la Aduana de Paso de los Libres la repetición de la diferencia de Tasa de Estadística abonada en exceso. Expresa que la Dirección General de Aduanas rechazó los pedidos de devolución argumentando que los certificados acompañados no resultan de aplicación por carecer de firma autógrafa del funcionario interviniente. Señala, asimismo, que a los despachos de importación les fue asignado canal de selectividad rojo a uno y naranja al otro, lo que implica un control minucioso de la documentación agregada en cada solicitud de destinación, agregando que se autorizo el libramiento a plaza de las mercaderías sin formularse observación alguna con relación al régimen tributario declarado y a los tributos abonados. Manifiesta que el servicio aduanero cuestiona la firma consignada en el campo 14 de los certificados de origen. Al respecto, señala que en todos los certificados intervenidos por el Sr. Benedicto de Sanctis Pires de Almeida (como los casos de autos), se da la misma situación, esto es que el funcionario suscribe los certificados por medio de firma preimpresa; que ante este hecho se solicitó dictamen jurídico a fin de evaluar si resultaba necesario seguir librando oficios (a la entidad certificante -FIESP-) con respecto a la falta de firma ológrafa en los certificados; y que por ello se expidió el Departamento de Asesoramiento de la Dirección de Asuntos Legales de la Aduana, mediante dictamen Nº 1051/01 de la División Régimen Tributario, dejando aclarado que no resulta necesario la expedición de un nuevo oficio en cada uno de los expedientes involucrados, sino que resulta suficiente la agregación de una respuesta de la FIESP producida en otra actuación (en la medida que existe identidad de la entidad emisora y del suscriptor del certificado). Señala que con fecha 17/12/03 el mismo Departamento, mediante dictamen Nº 3035/03, reafirmó dicha postura y sostuvo que un certificado así emitido adolece de un defecto más vale formal que sustancial, por lo que corresponde tenerlo por válido. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Solicita se revoquen las resoluciones recurridas.

II. A fs. 33/43 el representante fiscal acompaña las act. adm. antecedentes de esta causa (exptes. EA42 Nros. 15.085/99 y 15.076/99) y contesta el traslado del recurso. Se refiere a los antecedentes de la cuestión. Sostiene que la repetición solicitada no se ajusta a derecho, ello con fundamento en que no existen en las actuaciones administrativas certificados de origen que cumplan con los requisitos de validez; y por ello entiende infundada la pretensión de obtener un beneficio derivado de la aplicación de Tratados Internacionales. Señala que no se verifica el cumplimiento establecido en el art. 4 del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI, el cual establece que los certificados de origen deberán estar debidamente intervenidos con sello y firma de las Reparticiones Oficiales. Manifiesta que resultan ineficaces los informes ratificatorios de la autoridad del país exportador para tener por acreditado el origen de la mercadería, pues el Acuerdo y sus normas complementarias establecen el cumplimiento de un conjunto de recaudos que no pueden ser suplidos por otros elementos probatorios cuando el incumplimiento es evidente. Señala que para ser beneficiario del régimen preferencial pretendido por la actora (ACE 14 y su Protocolo Adicional 17), es necesario el cumplimiento de sustanciales requisitos inherentes a dicho régimen; por lo que su incumplimiento trae aparejada la aplicación del régimen tributario general. Cita jurisprudencia para fundar su criterio. Entiende que la exigencia del certificado de origen no constituye un exceso de rigorismo formal, expresando, al respecto, que los tratados han sido firmados para ser cumplidos y que en ellos se establecen regímenes de excepción. Señala que la regla general en materia de importaciones es que los importadores deben pagar los gravámenes correspondientes, aunque a los fines de facilitar el comercio y la integración económica los países han firmado los tratados que establecen ventajas arancelarias, y para ser acreedor de dichas ventajas se debe probar el origen zonal de la mercadería con documentación válida. Cita la doctrina de los fallos Mercedes Benz y Autolatina Arg. S.A., entre otros. Entiende que actuar conforme lo sostiene la actora implicaría crear un estado de inseguridad jurídica absoluta, agregando que reputar como válido un certificado que adolece de ciertos requisitos sustanciales implicaría desnaturalizar la esencia misma del régimen que lo regula y por ende la esencia del propio certificado. Solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.

III. A fs. 51 se elevan los autos a esta sala G y se pasan a sentencia.

IV. Según resulta de los antecedentes administrativos de esta causa (Expedientes EA42 Nros. 15.085 y 15.076/99 -acumulados-), por los despachos de importación Nros. 15.567-1/94 y 14.519-9/94, registrados ante la Aduana de Paso de los Libres el 17/06/94 y 06/06/94, respectivamente, la firma actora importó para consumo sendas partidas de "gomas de mascar (chicles)", declarando origen y procedencia de Brasil, invocando el régimen preferencial del ACE Nº 14, acompañando a tal efecto los respectivos certificados de origen, y -en lo que aquí interesa- liquidando tasa de estadística con el nivel arancelario del 10% conforme el dec. 1998/92 (ver la documentación de los referidos despachos en los sobres de fs. 13 y 67 -respectivamente- de dichas actuaciones administrativas -encabezadas por el EA4215.085/99-, sobres en los que obran además los respectivos certificados de origen, facturas y conocimientos de embarque).

Mediante los citados expedientes, la actora presentó ante la aduana de Paso de los Libres los reclamos de devolución de lo que entendía -y entiende- haber abonado de más en concepto de tasa de estadística por los referidos despachos, esto es la diferencia entre el 10% y el 3% "ad valorem" (ver fs. 1/6 vta. y 56/61 vta. de las act. adm).

En el inicial EA42 Nº 15.085/99 (reclamo respecto del D.I. Nº 15.567-1/94), a fs. 14/15 se expidió la Sección Fiscalización y Valoración de Importación (de la región Aduanera Posadas) en el sentido de que el certificado de origen aportado (para dicho despacho) no cumple con las normas de origen del ACE 14 (falta de firma y sello). A fs. 16/17 la División Jurídica (de la aludida región aduanera), por la misma razón, se expidió igualmente en el sentido de que no correspondía hacer lugar a la devolución solicitada. A fs. 21, la División Ordenamiento y Convenios (de la DGA) también se expidió (siempre por la misma razón) en el sentido de que el certificado de origen no resulta de aplicación por no ajustarse al art. 4 del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI (sello y firma). A fs. 24 el administrador de la aduana de Paso de los Libres (a las resultas de lo dictaminado por el servicio jurídico de la D.G.A., ver fs. 22) intimó a la firma Arcor SAIC -atento la falta de firma ológrafa del funcionario certificante- para que subsanara dicha omisión. Al respecto, a fs. 26/30, la actora acompañó la respuesta emitida por la entidad certificante -FIESP-, incluida su traducción. A fs. 43 obra la Nota Nº 1339/03 por la que se informó que la mercadería de la P.A. NALADI 17.04.0.07 se encontraba negociada a la fecha del registro del despacho, en el ACE 14, con el 82% de preferencia porcentual. A fs. 44, por Nota Nº 2041/04 se informó que la declaración comprometida en el despacho resulta completa. A fs. 45 se emitió el dictamen jurídico 3085/04, en sentido denegatorio de la repetición intentada. A fs. 47/49 se dictó la Res. 163/05 apelada en autos, denegatoria de la repetición respecto del D.I. Nº 15.567-1/94.

En el inicial expte. EA42 Nº 15.076/99 (que corre agregado al mencionado EA42-15.085/99 desde fs. 54/56 de este último, y que comprende al reclamo respecto del D.I. 14.519-9/94), a fs. 68/69 (por ende de las act. adm. encabezadas por el EA42-15.085/99) se expidió la Sección Fiscalización y Valoración de Importación (de la región aduanera Posadas) en el sentido que el certificado de origen aportado (para el aludido despacho 14.519-9/94) no cumple con las normas de origen del ACE 14 (falta de firma y sello). A fs. 70/71 la División Jurídica (de la referida región aduanera), por la misma razón se expidió igualmente en el sentido que no correspondía hacer lugar a la devolución solicitada. A fs. 74 la División Ordenamiento y Convenios (de la DGA) también se expidió (siempre por la misma razón) en el sentido de que el certificado de origen no resulta de aplicación por no ajustarse al art. 4 del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI (sello y firma). A fs. 76 el administrador de la aduana de Paso de los Libres (a las resultas de lo dictaminado por el servicio jurídico de la D.G.A., ver fs. 75) intimó a la firma Arcor SAIC -atento la falta de firma ológrafa del funcionario certificante- para que subsanara dicha omisión. Al respecto, a fs. 82/84 la actora acompañó la respuesta (al respectivo oficio librado, ver fs. 80) emitida por la entidad certificante -FIESP-, incluida su traducción. A fs. 96 obra la Nota 1346/04 por la que se informó que la mercadería de la P.A. NALADI 17.04.0.07 se encontraba negociada a la fecha del registro del despacho, en el ACE 14, con el 82% de preferencia porcentual. A fs. 97 por Nota Nº 2061/04 se informó que la declaración comprometida del despacho resulta completa. A fs. 98 obra el dictamen jurídico 3311/04, en sentido denegatorio de la repetición intentada. A fs. 99/101 se dictó la Res. 0162/05 apelada en autos, denegatoria de la repetición respecto del D.I. Nº 14.519-9/94.

V. Cabe señalar que, tanto este Tribunal Fiscal como la Alzada han resuelto en forma pacífica y reiterada que si una operación de importación se encuentra alcanzada y/o amparada por un Acuerdo Internacional -en este caso el ACE 14- y si en el seno y/o en el marco de dicho Acuerdo se negoció un nivel de tasa de estadística (3%) menor que el fijado por normas de derecho interno (en este caso el dec. 1998/92), por el principio de supremacía de los tratados internacionales, recogido por la CN en su art. 75 inc. 22, debe estarse a la tasa de estadística fijada en el aludido Acuerdo Internacional (ver sentencias de este Tribunal y de la C.N.A.C.A.F. recaídas en las causas nros. 8662-A y 8781-A, ambas caratuladas "Trumar S.A", entre muchas otras).

Ahora bien, como a tal conclusión se arriba a partir de que las respectivas importaciones estén amparadas por el ACE 14, que requiere la presentación de un certificado de origen "que efectivamente ampare a las mercaderías" corresponde analizar si en el caso de autos los certificados de origen acompañados por la actora resultan válidos a los fines para los cuales fueron emitidos, y si por lo tanto corresponde el tratamiento arancelario del ACE 14, tal como lo pretende la actora y en consecuencia procede la repetición pretendida, o si no es aplicable y por ende corresponde el tratamiento tributario del arancel general y en consecuencia dicha repetición resulta improcedente, como lo sostiene el fisco a partir de la resolución apelada.

VI. Es claro que el certificado de origen (reglado en los respectivos Acuerdos Internacionales) es el documento necesario e imprescindible para acreditar el origen zonal de la mercadería, origen del que deriva el tratamiento preferencial, y, por lo tanto dicho certificado debe reunir todos los requisitos exigidos por el respectivo Acuerdo y su reglamentación, fundamentalmente en cuanto tales disposiciones y/o requisitos se refieran, directa o indirectamente (aunque en este último supuesto asimismo claramente), a la propia "validez" del certificado.

VII. Debe tenerse presente que ambos certificados presentados por la actora se refieren efectivamente a las mercaderías documentadas por los despachos de importación de autos, y así cabe admitirlo en cuanto en esos certificados se consignan, por su descripción exacta, a dichas mercaderías, y se consignan además sus respectivas P.A. N.A.L.A.D.I y el peso y valor de las mismas, todo ello en exacta coincidencia con los correlativos datos en cada uno de los despachos, así como también se individualizan por su número y su fecha las respectivas facturas comerciales presentadas, cuyos datos asimismo coinciden con lo consignado en los propios certificados y en los despachos. Teniéndose en cuenta lo indicado en este párrafo, los certificados en cuestión efectivamente amparan a las respectivas mercaderías (las de los despachos de autos) y por ello -desde este punto de vista-son aplicables en el caso.

Por otra parte cabe señalar que, en cuanto los aludidos certificados se presentaron "junto con los respectivos despachos" (ello según las constancias que resultan de la observación de la documentación obrante en los sobres de los despachos) y teniéndose en cuenta la fecha de emisión de ambos certificados, éstos fueron por lo tanto presentados dentro de su plazo de validez (esto es dentro de los 180 días a contar desde la fecha de certificación por el órgano o entidad competente en el país exportador), es decir dentro del plazo establecido por la Res. 78/87 del Comité de Representantes de la ALADI y reiterado en particular para el ACE 14 en virtud de lo establecido por el art. 12 del Anexo V de este último; de modo que tal presentación fue, desde el indicado punto de vista, tempestiva.

Además, ambos certificados de origen fueron emitidos (ambos en la misma fecha) el 06/05/94, es decir con anterioridad a los respectivos embarques. (30.05.94 respecto del D.I. 15.567, y 13/05/94 respecto del D.I. 14.519, fechas consignadas en cada despacho, y a su vez en los respectivos conocimientos de embarque), y por ello en cumplimiento de lo reglado en el 17º Protocolo Adicional del ACE 14 (emisión válida a más tardar hasta la fecha de embarque de la mercadería amparada por el certificado), vigente a la fecha de registro de los despachos de autos, por lo cual los certificados son válidos también desde este enfoque.

VIII. La causal invocada en la disposición apelada, para denegar la repetición, radica en que los certificados de origen de los que se trata carecen de firma "ológrafa" y del sello "en original" que identifica al funcionario certificante, conforme lo requerido por el punto 4º del (ALADI/CR) Acuerdo Nº 91. No obstante ello, interesa especialmente aquí destacar (en cuanto a dicha carencia): que los certificados han sido emitidos en un formulario preimpreso, que tienen la indicación asimismo preimpresa de la entidad certificante ("Federþao..." -FIESP-) y, además de sus fechas de emisión, tienen en su campo 14 la firma en "facsímil" (del funcionario) en nombre de dicha entidad con la correspondiente aclaración en letras de imprenta (impresas) del nombre de dicho funcionario firmante (Benedito de Sanctis Pires de Almeida). En las señaladas circunstancias considero que la carencia señalada en las disposiciones apeladas, de -solamente- la firma ológrafa del funcionario que debe firmar por la entidad certificante (sustituida por facsímil de dicha firma -tal como suele darse según se puede observar en numerosos casos traídos a conocimiento del Tribunal-) y del sello del firmante (sustituido por los caracteres impresos que identifican a la entidad en cuyo nombre se da la firma del facsímil), constituirían -en todo caso- apenas un mero defecto formal no invalidante en el sentido del criterio de la C.S.J.N. in re "Mercedes Benz" (sentencia del 21/12/99), sin que corresponda en el caso aplicar el criterio del mismo Alto Tribunal sentado in re "Autolatina", sentencia del 10/4/03, ello en el sentido de que, por tratarse en este caso de autos de despachos posteriores al 17º Protocolo Adicional del ACE 14, correspondiera lisa y llanamente invalidar los certificados (y por ende no correspondiera el mecanismo de consulta al país emisor, previsto -después de dicho 17º Protocolo- sólo para el caso de "duda" sobre el cumplimiento de los requisitos de origen y no cuando hubiera certeza acerca del incumplimiento). No corresponde aplicarlo (a dicho criterio del caso "Autolatina") porque -es evidente a mi juicio- ese criterio, de "invalidar" sin necesidad de consulta, sólo está referido al incumplimiento de requisitos "esenciales o sustanciales" (e incumplimientos sobre los que no existan dudas) y no ante el incumplimiento de requisitos meramente formales, tal como el que se da en el caso de autos. Ello así en cuanto en el considerando 9º del aludido precedente "Autolatina" se enfatiza que (con el régimen después de aquel 17º Protocolo) "... han quedado limitados los supuestos en los que la aduana debe proceder de ese modo..." (se refiere a la limitación al procedimiento de consulta), por lo que tal limitación ("no" efectuar la consulta y en cambio invalidar el certificado) no se dará y/o no deberá darse en "todos" los casos de incumplimiento sino sólo en los casos de "inhabilidad manifiesta" -tales como los casos de dicha causa "Autolatina", según se lo expresa en dicho considerando 9º-, y debe tenerse en cuenta que los dos supuestos de "inhabilidad manifiesta" que en ese caso se consideraron eran el de presentación del certificado después de vencido su plazo de validez de 180 días y el de emisión extemporánea del certificado (a los que debe agregarse -obviamente- el supuesto de que el certificado no "ampare" -no describa y/o no comprenda- a la mercadería efectivamente presentada a despacho y/o despachada). En todo caso, pues, los certificados del caso, sin firma ológrafa y sin sello de la entidad certificante, pero en formularios preimpresos de la entidad certificante y con firma en facsímil, habrían debido constituir una situación de "duda" que habilitaba la aludida consulta pero no la invalidación de los certificados).

En este último sentido (y con carácter a mi juicio corroborante de lo que se viene exponiendo) no puede dejar de considerarse que en el caso (en ambos expedientes de reclamo), en la propia instrucción del procedimiento aduanero de repetición, el propio instructor entendió que debía requerirse a la entidad certificante que "subsanara el defecto" de los certificados (sus comentadas carencias) y así intimó a la actora a tal efecto, y así la actora aportó -en cada caso- la certificación de autenticidad de los certificados (con la concreta explicación del por qué de la firma en facsímil). Ello no podía sino significar que, independientemente de las razones que a tal requerimiento impulsaron, el servicio aduanero (el propio juez administrativo), entonces efectivamente entendía, en vez de considerar inválidos los certificados, que debía efectuarse la consulta al país emisor (en el caso a la entidad emisora), que era, precisamente, lo que, según mi criterio, debía la aduana hacer en el caso ante la objetiva situación de que "en este caso" no se estaba ante un supuesto en el cual "no existiera duda alguna" acerca de la invalidez, esto es ante un supuesto de "inhabilidad manifiesta" (sino, por el contrario, que se estaba ante la aludida objetiva "duda" razonable en orden al cumplimiento de los requisitos de origen, en las explicitadas circunstancias dadas). De modo que, en este caso de autos, además de no estar (según mi criterio) ante supuestos de 'inhabilidad manifiesta', la propia aduana entendía -concretamente- que debía actuarse de conformidad con esa situación y así deber efectuarse la consulta (ello según lo que después resultó ser el propio criterio de la C.S.J.N. in re "Autolatina" del 10/04/03), y así se intimó al efecto, y así se obtuvo la indicada respuesta de la entidad certificante. Por lo tanto, no es razonable, en este caso, desconocer los informes de la entidad emisora -FIESC- que obran en cada uno de los expedientes de reclamo, y por ende no es aquí aplicable el criterio del citado caso "Autolatina" en el sentido de que "... resultaría ineficaz el informe 'ratificatorio' de la autoridad del país exportador..."; en suma, no ante la indicada situación de "duda" y de no "inhabilidad manifiesta", y -sobre todo- no en un caso donde el informe (ratificatorio de la validez del facsímil), es precisamente la respuesta a un requerimiento que según la propia aduana debía efectuarse.

Con la precedente conclusión (esto es que los certificados de origen presentados por la actora en el caso de autos, en cuanto -sí- reúnen todos los requisitos esenciales establecidos en el respectivo Acuerdo, son válidos a los fines de acreditar el origen zonal de las mercaderías importadas, y por eso que a las operaciones involucradas debe aplicárseles el régimen preferencial del ACE 14) cae el fundamento (invalidez y/o inaplicabilidad de los certificados) que exponen los decisorios aduaneros para denegar los reclamos de la actora, y por ello -teniéndose además en cuenta lo expuesto en el segundo párrafo del capítulo V de este voto- procede revocar la resolución apelada; con costas (art. 1163 del C.A.).

X. La suma total (nominal) a ser repetida es de $12.658 ($6.358 por el despacho Nº 15.567-1/94 y $6.300 por el despacho Nº 14.519-9/94), suma que constituye la diferencia entre lo abonado en concepto de tasa de estadística (10%) por los despachos de autos y lo que en realidad correspondía abonar (3%), ello con más los intereses correspondientes, los cuales deben computarse desde el 21/12/99 (fecha de presentación de ambos reclamos, conf.: art. 811 del C.A.) y -en la presente sentencia- hasta el 31/12/99 en razón de que se trata en el caso de una deuda consolidada en los términos de la ley 25.344 IX. Por todo lo expuesto, a mi juicio corresponde:

1) Revocar las Res. 0163/05 y 0162/05, dictadas en los Expedientes EA42 Nros. 15.085/99 y 15.076/99, y apeladas en autos, y por ende hacer lugar a los reclamos de repetición respectivamente efectuados por la actora, por la suma total (importe nominal) de doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($12.658), abonada en concepto de tasa de estadística por los despachos de importación Nros. 15.567-1/94 y 14.519-9/94 de la Aduana de Paso de los Libres (suma "consolidada" en los términos de la ley 25.344), con más los intereses pertinentes (calculados desde el 21/12/99 hasta el 31/12/99), y sin perjuicio de los accesorios que con posterioridad correspondan por el tratamiento de las deudas consolidadas; con costas al fisco.

2) Con carácter previo a la regulación de sus honorarios el letrado de la actora deberá denunciar su CUIT y su situación ante el IVA (acompañando copia de la constancia de su inscripción ante la AFIP, Res. general 689/99 (AFIP)), y asimismo denunciar su situación ante C.A.S.S.A.B.A..

Así lo voto El doctor Krause Murguiondo dijo:

I. Que se remite a la relación de los hechos contenida en el voto del doctor Sarli.

II. Que en diversos precedentes el suscripto ha considerado que el hecho de no contener el certificado de origen firma ológrafa, podía no considerarse, en determinados supuestos, un defecto sustancial. Pero ese criterio estaba influenciado por la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional in re "Mercedes Benz Argentina SACIFIM c. ANA- expte. 632/97", sentencia de fecha 21/12/97, que extendió el concepto de defectos formales, que no implicaban la pérdida de beneficios arancelarios, a numerosos supuestos.

III. Que, entiendo que en las circunstancias de la causa, las conclusiones referidas en los precedentes indicados en el punto anterior, no pueden prevalecer. Que, en la presente causa, habida cuenta la fecha de la importación y la fecha de los certificados de origen involucrados, resultan aplicables a los hechos las normas contenidas en el Protocolo Adicional XVII, y a los efectos de resolver el alcance y los efectos de la cuestión formulada, corresponde analizar la litis teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7879-A), c. D.G.A.", de fecha 10/04/03, donde analiza los temas vinculados a la certificación del origen en casos en que se encontraba vigente el Protocolo Adicional XVII.- IV. Que por el art. 4º del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma de las reparticiones oficiales o entidades gremiales, y esta circunstancia no se da en la causa en que la firma ha sido sustituida por un sello del funcionario que debía intervenir.

Que al respecto, conviene recordar también que el 17º Protocolo Adicional del ACE 14, en su Capítulo III inc. 9, expresa: "...los certificados de origen deberán ser emitidos exclusivamente en el formulario cuyo modelo se anexa al presente, los cuales carecerán de validez en caso de no haberse completado todos sus campos". Y, a su vez en el formulario aprobado por ese Protocolo Adicional se prevé expresamente que debe contar con la fecha, firma y sello de la entidad emisora.

Que la Corte Suprema Nacional in re "Autolatina Argentina S.A.", sentencia de fecha 10/04/03, consideró que en casos en que, de la compulsa de los certificados de origen, resultara que adolecen de "inhabilidad manifiesta" para cumplir la finalidad a que están destinados, la Aduana puede dejar de la lado su aplicación a la importación, y reclamar los tributos de conformidad al régimen general de importación, y no bajo el sistema arancelario preferencial de los Acuerdos de Complementación Económica mencionados (ACE 14 y Protocolo Adicional XVII).

Que a juicio del suscripto la falta de firma ológrafa es una deficiencia de carácter sustancial, que implica una inhabilidad manifiesta del certificado de origen. Que además de las normas contenidos en los Acuerdos internacionales ya citadas, conviene recordar la importancia sustantiva de la firma de los instrumentos públicos y privados, que prescribe nuestro derecho interno, donde se la considera "esencial" para la validez dé esos instrumentos (arts. 988 y 1012 del Código Civil).

V. Que cabe recordar asimismo, lo señalado por el máximo Tribunal, en la causa mencionada, respecto a la obligación de los países signatarios de acudir al mecanismo de consultas, en relación a los casos en que resultan aplicables las normas del Protocolo nº 17. Al respecto, expresó:

"...a diferencia de lo resuelto en la causa "Mercedez Benz S.A.C.I.FI.M.-T.F.N. nº 8010-A", Fallos 322:3193... la autoridad aduanera argentina no se encontraba obligada a adoptar el procedimiento establecido por el art. 16 del Anexo V del ACE nº 14...El art. 12 del citado protocolo (se refiere al Protocolo Adicional nº 17) establece un procedimiento similar al previsto por el art. 16 del Anexo V, pero a diferencia de éste -que imponía su aplicación "siempre" que un país signatario considerara que los certificados emitidos por autoridades del otro no se ajustasen a las disposiciones del régimen de origen-, prescribe que la administración del país importador deberá acudir a ese procedimiento cuando "tuviera dudas en cuanto a la autenticidad o veracidad de la certificación, o en cuanto al cumplimiento de los requisitos de origen...". La indicada circunstancia permite afirmar que han quedado limitados los supuestos en los que la Aduana debe proceder de ese modo, de manera que si la inhabilidad del certificado resulta manifiesta... el importador no puede exigir que se cumpla con ese procedimiento, dada la completa ausencia de duda al respecto".- Que, atento los extremos supra señalados, toda vez que la falta de fecha de emisión del certificado de origen relativo a la causa, resulta en causal de manifiesta inhabilidad, supuesto este señalado en el fallo citado de la Corte Suprema Nacional, la Aduana pudo considerar irrelevante el mecanismo de consultas previsto en el Acuerdo, y pudo proceder a desconocer de manera directa la validez y aplicabilidad del certificado a la operación de importación, y desconocer en consecuencia la aplicación de las preferencias porcentuales previstas en el ACE 14 a los efectos tributarios.- VI. Que también descalifica la Corte Suprema, para los casos en que resulte una inhabilidad manifiesta del certificado de origen, los informes ratificatorios de las entidades certificantes, al decir que "... -a partir del citado protocolo adicional nº 17- resultaría ineficaz el informe ratificatorio de la autoridad del país exportador para tener por acreditado el origen brasileño de los bienes, pues a tal efecto el acuerdo -con sus notas complementarias- establece el cumplimiento de un conjunto de recaudos, que no pueden ser suplidos por otros elementos probatorios cuando el incumplimiento de aquellos es palmario y evidente, ya que lo contrarío supondría desconocer la concreta regulación establecida por las partes signatarias sin ninguna justificación válida".

Que, consecuentemente, la prueba de fs. 29/30 y 83/84 del expediente administrativo, carece de entidad para modificar lo que se resuelve en la causa.

VII. Que atento las divergentes opiniones mantenidas por los organismos jurisdiccionales a través del tiempo en esta cuestión, resulta equitativo imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la sala E de este TFN en la causa 10694-A "Molinos Río de la Plata", de fecha 16/11/00.

Por lo expuesto, voto por:

Confirmar las Res. 0163/05 y 0162/05, dictadas en los Exptes. EA42 Nros. 15.085/99 y 15.076/99. Con costas por su orden.

La doctora Winkler dijo:

Que, atento la prueba producida a fs. 30 y vta. y 84 y vta. de los antecedentes administrativos, adhiere en lo sustancial al voto del doctor Sarli.

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, se resuelve: 1) Revocar las Res. 0163/05 y 0162/05, dictadas en los Expedientes EA42 Nros. 15.085/99 y 15.076/99, y apeladas en autos, y por ende hacer lugar a los reclamos de repetición respectivamente efectuados por la actora, por la suma total (importe nominal) de doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($12.658), abonada en concepto de tasa de estadística por los despachos de importación Nros. 15.567-1/94 y 14.519-9/94 de la Aduana de Paso de los Libres (suma "consolidada" en los términos de la ley 25.344), con más los intereses pertinentes (calculados desde el 21/12/99 hasta el 31/12/99), y sin perjuicio de los accesorios que con posterioridad correspondan por el tratamiento de las deudas consolidadas; con costas al fisco. 2) Con carácter previo a la regulación de sus honorarios el letrado de la actora deberá denunciar su CUIT y su situación ante el IVA (acompañando copia de la constancia de su inscripción ante la AFIP, Res. general 689/99 (AFIP)), y asimismo denunciar su situación ante C.A.S.S.A.B.A. - Jorge C. Sarli. - Gustavo A. Krause Murguiondo. - D. Paula Winkler.