Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-10


Nro. de Sentencia: 005 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"I., R. J. c/ T. S.R.L. y otro s/ SUMARIO", Expte. No. 14.808/05, venidos del ex Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 -actual de Ejecución nro. 2- (Expte. No. 829/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 246), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 186/189? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 186/189 fue apelada por las codemandadas E. G. P., a fs. 190, y T. S.R.L. a fs. 194. Los recursos fueron concedidos a fs. 191 y 195, respectivamente. En el pronunciamiento impugnado se dispuso hacer lugar a la demanda y condenar a la firma T. S.R.L	y a E. G. P. a abonar, en forma solidaria, al actor R. J. I. la suma de pesos nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho con más los intereses calculados conforme lo señalado en el considerando respectivo.

2. El recurso del codemandado G. P..

Corresponde declarar desierto este recurso, desde que el recurrente no ha expresado agravios, dentro del plazo fijado por ley (art. 266 del ritual).

3. El recurso de la codemandada T. S.R.L.

Se agravia esa parte por las equívocas consideraciones de la sentencia apelada respecto de la responsabilidad que se imputa a su parte en el evento dañoso. Destaca la ausencia de elementos que acrediten el hecho y su mecánica y luego señala, puntualmente, otras carencias probatorias.

En base a ello, concluye que no existen indicios suficientes, graves y concordantes que permitan afirmar la responsabilidad de su representada en el accidente de tránsito que nos ocupa y, en tal marco, solicita la revocación de la sentencia en crisis y el rechazo de la demanda instaurada en su contra.

Finalmente, en el punto 12, sostiene que no se pueden tener por acreditados los daños e impugna el monto fijado calificándolo como infundado. También se agravia por los intereses fijados pide su morigeración y la modificación de la fecha de cómputo de éstos. Previo a toda consideración he de señalar que los agravios no alcanzan a desvirtuar la imputación de responsabilidad que se ha efectuado. Más allá de las falencias de la sentencia, lo cierto es que estamos en presencia de un choque entre dos vehículos en movimiento. Ello, resulta de los hechos relatados por ambas partes y se trata -por lo tanto- de un hecho no controvertido.

Este extremo es relevante porque determina la aplicación del art. 1113, parte 2, párr. 2, del Código Civil, es decir en la responsabilidad por riesgo creado.

No puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "Empresa Nacional de Telecomunicaciones v. Prov. de Buenos Aires y otro" -competencia originaria- del 22/12/87, consagró tal solución y a partir de entonces se ha avanzado hacia un criterio unánime en la doctrina y jurisprudencia respecto de la aplicación de dicha tesis a los accidentes causados por automotores.

En base a lo expuesto, fácil es concluir que en los casos de daños causados recíprocamente por vehículos en movimiento, se ponen en juego presunciones de causalidad y se responsabiliza a cada dueño o guardián por el daño sufrido por el otro con fundamento objetivo en el riesgo. En ambos tenemos una presunción objetiva de responsabilidad y como ambos responden por los daños que causaren para eximirse cada uno de los responsables deberá invocar y probar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito que produzca la fractura del nexo causal.

El recurrente, en su memorial, sostiene que no se ha acreditado en autos que el conductor del vehículo propiedad de su representada se encontrara alcoholizado.

Indica, a su vez, que los daños que presentan los vehículos sumados al lugar donde se produjo el accidente, a los sentidos de circulación y a las características de las calzadas permiten sostener que el rodado del actor es el que reviste la calidad de embistente y concluye que la responsabilidad del accidente le cabe a la actora.

Las razones alegadas "per se" son insuficientes para acreditar la concurrencia de circunstancias eximentes. Es que, cargaba el demandado con la afirmación y prueba de la eximente, que no puede consistir en su falta de culpa porque ese factor es extraño a la imputación objetiva del ordenamiento. El riesgo da nacimiento a la responsabilidad del dueño o guardián, con total independencia del elemento subjetivo de la culpa que no constituye ningún presupuesto del deber de resarcir (cfr. López Mesa Marcelo J., "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2005, p. 62/64).

En el contexto legal descrito únicamente podía liberarse el demandado si acreditaba la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder y ello no ha sucedido desde que el demandado pretende introducir aspectos propios del ámbito de la responsabilidad subjetiva. La falta de prueba que alega el recurrente efectivamente es tal pero en relación a las circunstancias eximentes; así adquiere relevancia la presunción de causalidad a la que vengo haciendo referencia. Habida cuenta de ello, tal presunción de responsabilidad debe ser mantenida a la luz de las pruebas aportadas que no alcanzan a destruirla. Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de este tramo del agravio.

En lo relativo a la acreditación del daño, señalo que abordaré su tratamiento por separado respecto del daño al vehículo y el correspondiente a la pérdida del valor venal. Respecto del primero es dable señalar que no se ha negado la existencia del evento dañoso y la intervención de los rodados individualizados en la sentencia en éste.

Luego, los presupuestos de reparación agregados al escrito de inicio -fs. 6,7 y 9- guardan razonable vinculación con los aspectos sustanciales del hecho dañoso relatado por ambas partes; son contemporáneos al hecho y fueron reconocidos por sus emisores a fs. 96. Este contexto autoriza por un lado el rechazo del aspecto sustancial del agravio -inexistencia de daño- y, por otro, permite la revisión del monto indemnizatorio por este rubro. En este orden de ideas, es dable señalar que el sentenciante a los fines de la cuantificación de los montos ha acogido la liquidación efectuada por la actora a fs. 10 que asciende a la suma de pesos nueve mil cincuenta y ocho ($4.758,00 en concepto de autopartes, $1.200,00 chapista, $ 1.100 mecánico y $2.000 pérdida de valor del rodado).

Se observa que la cuantificación de los dos primeros rubros encuentran respaldo en los presupuestos de fs. 6/7 y 9, debidamente reconocidos. Respecto del rubro mecánico es dable señalar que el presupuesto glosado a fs. 8 no ha sido reconocido; de modo tal que si bien no corresponde la supresión del rubro porque su pertinencia es de orden común, su cuantificación debe ser revisada fijándose prudencialmente -art. 165 del CPCCCh- la misma en la suma de pesos seiscientos.

En cuanto a la queja por la procedencia del rubro depreciación del valor venal, he de adelantar su procedencia. La depreciación del automotor o la disminución de su valor venal es el daño cierto e indemnizable que consiste en la minoración patrimonial resultante de haber sufrido el automóvil en la colisión daños graves en su estructura que al momento de su venta determinarán que se obtenga un precio inferior al corriente.

Su existencia no se presume sin otro dato que los deterioros materiales.

Así, la merma del valor sólo se configurará en la medida que la refacción, aún correctamente realizada, deje rastros detectables y se trata de un extremo cuya prueba que está a cargo del accionante (conf. "C., J. c/ G., M. y G., C. s/ Daños y perjuicios" - CC0000 - TL 7969 RSD-15-65 S - 19-8-1986; ídem "P., D. O. y otros c/ D., L. y otros s/ Daños y perjui-cios" - CC0000 - TL 7915 RSD-15-76 S - 30-9-1986, el-Dial - W89EC. También U., O. y otra c/ C., J. s/ Daños y perjuicios" - CC0000 - TL 8278 S - 27-11-1986 elDial - W8B4D). En autos, no existe probanza alguna sobre la real existencia de dichos rastros. En función de ello no puedo sino concluir que no se encuentran acreditados los presupuestos que dan andamiaje su procedencia y acoger la queja.

Finalmente no ha de prosperar la revisión del monto fijado en concepto de privación del uso del vehículo desde que la entidad desde que la necesidad de la reparación impide el uso del vehículo y la estimación efectuada por el juez es razonable.

En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja y determino el monto de condena en la suma de pesos seis mil quinientos cincuenta y ocho ($ 6.558,00).

La queja respecto de los intereses ha de prosperar en relación a la entidad de referencia de la tasa aplicada debiendo observarse la correspondiente al Banco de la Nación Argentina. Este tribunal, en sus dos integraciones, viene sosteniendo en forma unánime su aplicación -entre otras en sentencias definitivas nº 05/04, 07/04 y 08/04-.

Es que se observó que la tasa activa del Banco del C., a partir de la devaluación del peso no responde íntegramente a factores económicos generalizados y tal extremo que ha determinado la adopción de la tasa activa de otra entidad bancaria tradicionalmente referente en la materia, el banco de la Nación Argentina.

En función de lo expuesto, propicio dicha solución para el supuesto de autos ordenando la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La queja respecto del momento a partir del cual corresponde el cómputo de los intereses no ha de prosperar desde que el momento fijado no genera agravio a la condenada al pago, desde que estamos frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual.

4. Costas y honorarios.

La modificación del monto de condena determina la aplicación del art. 279 del ritual. En función de ello, se procederá a la regulación de honorarios de conformidad con las previsiones de los arts. 6, 7 y 9 de la ley 4335, dejando señalado que no es pertinente la regulación en porcentuales desde que se conoce el monto del proceso.

De acuerdo a las pautas señaladas se fijan los honorarios de primera instancia para los Dres. F. M. T. y V. A. P., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400), los del Dr. F. M. R. en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) y los del perito P. L. C. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA. Se mantiene la imposición de costas por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Las costas de esta instancia se imponen también al recurrente vencido por aplicación del mismo principio consagrado por el artículo 68 del C.P.C.C.Ch. Los honorarios se fijan para el Dr. J. M. R. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500) de conformidad con las pautas generales establecidas por el artículo 6 y las específicas del artículo 14 del la ley arancelaria -4335-. A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Propongo la siguiente fórmula postulatoria 1. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, a fs. 190.

2. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la codemandada T. S.R.L. a fs. 194.

3. Modificar el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 186/189, fijando el monto de condena en la suma de pesos seis mil quinientos cincuenta y ocho ($6.558) con más los intereses calculados desde el 15/3/2002 a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. 4. Costas de ambas instancias al recurrente vencido, regulándose los honorarios de conformidad con el considerando pertinente.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia de fs. 186/189, hace lugar a la demanda y condena a T. S.R.L. y a G. E. P., solidariamente, a pagar a la parte actora R. J. I., en plazo de 10 días, la suma de $9.458, con más los intereses que señala en el considerando respectivo. Rechaza en el punto segundo la reconvención interpuesta por la parte demandada. En el punto tercero declara las costas a cargo de los accionados y regula los honorarios.

A fs. 190 apela la parte actora por la representación acreditada, recurso que se concede a fs. 191.

A fs.194, se presenta J. D. L. G., por la representación T. S.R.L., con patrocinio letrado y apela la sentencia dictada. El recurso se concede a fs.195.

Puestos los autos en la Alzada, por la demandada se formulan los agravios a fs. 235/239. Señala los antecedentes de la causa, que su parte contestó la demanda peticionando su rechazo y reconvino por daños y perjuicios ocasionados al rodado de su titularidad.

Destaca que el mismo Juzgador reconoció en sus consideraciones como "...incompleta la prueba producida... y que las probanzas arrimadas no resultan suficientemente contundentes para adoptar, ab initio, una decisión concreta" y luego que "...Tampoco pudo el experto precisar la mecánica del accidente, ni cuál de los vehículos fue el embistente, ni la velocidad...ni cuál de los vehículos inició el cruce en la conjunción de las arterias donde ocurrió el hecho. Tampoco ninguna de las partes ofreció, y por ende no produjo, prueba de testigos presenciales del evento dañoso".

Considera en consecuencia insólito que el Juzgador avance en una presunción de responsabilidad, ello a partir que no esclarece a cuál de las partes se refiere cuando dice que el accionado carecía de seguro de vigencia, a cuyo respecto da explicaciones, pero controvierte que pueda imputarse carga alguna y menos porque tampoco la actora reconvenida ha citado a aseguradora alguna. Niega que se haya demostrado que el Sr. P. se encontrara alcoholizado y que los indicios no constituyen plena prueba.

Opone en todo caso que el Acta es nula. Niega en consecuencia que su parte se encuentre incursa en alguna carga agravante. Aduce que su parte no se encontró obligada a impugnar la prueba pericial, negando que pudiera circular en el lugar a 60 km./h., destacando circunstancias que hacen a la velocidad de los vehículos accidentados. Señala circunstancias relativas a la localización de los daños y afirma que las mismas revelan más la responsabilidad de la parte actora. Critica la decisión del sentenciante, rechazando que los presuntos indicios señalados por éste constituyan los elementos de ser graves, precisos y concordantes.

Sostiene que en todo caso los menoscabos probatorios debieron pesar del mismo modo en una y otra de las partes. Opone que no es desidia la conducta de su parte, que la consideración está fuera de lugar y que no hay norma imperativa la obligue a litigar frente a un accidente y a una empresa que no está interesada verse involucrada en pleitos.

Impugna los daños receptados, concluyendo que los mismos no se encuentran acreditados y que existe una infundada evaluación del magistrado. Formula consideraciones bajo el título de "Epílogo", como que el Juzgador ha subjetivizado la estrategia defensiva de su parte y que no ha resultado de su agrado, explicando que dada la orfandad probatoria dicha estrategia consistió en dejar las cosas como estaban. Peticiona la revocatoria de la sentencia y se rechace la demanda instaurada.

En principio debe señalarse que el recurso concedido a fs.195 al codemandado E. G. P., no se encuentra sostenido en el plazo concedido por esta Al-zada a fs.234, por lo que se encuentra desierto y así debe declararse.

Por otra parte, observar que por lo avanzado de la controversia, principio de defensa en juicio y consentimiento de la contraparte, solo corresponde observar que se admite desde el inicio -indebidamente- a J. D. L. G. en la tramitación del juicio como representante de T. S.R.L., el que carece de capacidad procesal para ejercer la procuración -aún con patrocinio letrado- (Conf.L.L.1981-B-465; E.D.92-561 y "Cód.Proc.Civ. y Com.", Fassi, T.I, pág.103).

El examen del juicio tiene como trama litigiosa demanda y contrademanda, que la sentencia trata en conjunto y si bien al modo introductorio refiere la debilidad de la prueba en una y otra de las partes, para resolver adopta elementos que determinan el resultado del juicio. Ello es que si "ab-initio" se parte de escasos aportes probatorios de interés de las partes, no le impone el rechazo de la demanda y reconvención, si desde otro punto de vista cuenta con circunstancias objetivas del hecho que imponen cargos que no pueden ignorarse y que excluyen la conclusión que se pretende, un rechazo por igual a cada parte.

Es que en definitiva, la paridad solo es presunta, ya que surgen connotaciones del accidente en disfavor del demandado, que con razón el sentenciante destaca, a partir de las consideraciones por carencia de seguro, ausencia de la misma citación en garantía que propiciara (art.40 inc.c., art.68 Ley 24.449), encontrarse P. alcoholizado y darse a la fuga (arts.48 y 65 Ley 24.449).

Sostiene a contrario la apelante demandada que sí, había contratado un Seguro con la Cía. S. C. S. M. de S. y que la falta de impulso a la citación se debió a que la Aseguradora iba a rechazar la citación por no haber sido notificada dentro del 3er.día de la producción del siniestro, con lo que no puede merituarse en su contra porque tampoco la actora lo hace.

La contraargumentación del punto precedente llama la atención por la petición dispendiosa, solicitando la citación de la Cía. de Seguros S. C., si ahora en la Alzada agrega que no iba formalizar la citación porque no la había notificado del siniestro.

En todo caso, el rechazo que supone de la Aseguradora, habría demostrado en todo caso que el vehículo se encontraba asegurado, con lo que la evaluación habría dependido de circunstancias que pudieran favorecerla. El caso exigía por otra parte el acompañamiento al contestar de la documentación del contrato de seguro, primer indicio de veracidad de lo afirmado. Advierta que su propia parte acompaña el Acta Policial de fs. 22/22vta., la que deja constancia que al trasladar el rodado Ford F.100, dominio ***, de propiedad de T. S.R.L., no se encontraba asegurado y por lo que se le confeccionó acta de infracción por falta de comprobante de pago del seguro.

Con tales antecedentes y conducta procesal que le desfavorece, se rechaza la defensa relacionada y la crítica al concepto del fallo, con lo que se confirma la violación del art.40 inc.c. de la Ley 24.449, por circular sin el comprobante de seguro en vigencia.

No existe por otra parte la desigualdad señalada, desde que la apelante no apela el rechazo de la reconvención, con lo que la responsabilidad bajo juzgamiento es la de su parte y no la de la parte actora.

La queja respecto a que no se encuentra demostrado el estado alcohólico de P., se afirma como que no constituye plena prueba. La sentencia cuenta en principio con la constancia del acta traída por la propia interesada, indicativa que al descender del rodado P. presentaba falta de coordinación en sus miembros, dificultad al hablar y aliento etílico (fs. 22), habiéndose expedido acta de infracción Nº 169951, por "conducir en evidente estado de ebriedad y no posee seguro obligatorio (fs. 25), con constancia que se niega a firmar, pero a la imposición de la multa de dos mil nódulos por la Juez de Faltas en razón de tal Acta de Infracción Nº 169951, sí resulta firmada y se advierte firme.

Se rechaza la argumentación de falsedad y nulidad del acta señalada, corroborada por la Justicia de Faltas, defensa que no se opusiera al demandar (arg. art.277 CPCCCh).

En cuanto a la negativa del punto 5. de fs. 236 vta., que la sociedad no responde de la conducta posterior al siniestro por parte de su dependiente, en punto al art. 65 Ley de Tránsito, carece de incidencia para la modificación del concepto del fallo. Si bien la fuga es propia responsabilidad de P., demuestra presunción de culpa en la causación del accidente -"que hacen presumir la responsabilidad del hecho", dice el fallo- es el mismo art. 1113 CC, el que establece que la obligación del que ha causado un daño, se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. No existe en consecuencia traslación de culpa subjetiva hacia T. S.R.L.

En el caso por la condición de dependiente y el uso de la cosa, repercute la responsabilidad en la parte principal, propietaria o guardiana de la cosa y pone a su cargo que de su parte no hubo culpa. Esta es la responsabilidad objetiva por la que responde. Al respecto debe recordarse que no se trata de la propia diligencia de T. S.R.L., sino que debe demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (art. 1113 CC.).

Sostiene esta última parte que en modo alguno debió impugnar las aclaraciones del perito de fs. 162/164, en contradicción con la clara obligación de impugnar las concepciones que le resultan desfavorables, para su tratamiento y resolución por el Juez sentenciante, con algunas de las modalidades que admite la ley procesal.

Es la razón por lo que el tercer párrafo del art. 473 CPCCCh, prevé que la falta de observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que se argumente contra la eficacia probatoria del dictamen hasta la oportunidad de alegar, conforme al art.477 CPCCCh. No habiéndolo hecho, se rechazan las argumentaciones y crítica efectuada en esta Alzada, no opuestas oportunamente en la instancia respectiva (conf. arg.277 CPCCCh).

Todos los menoscabos que se intentan en consecuencia no prosperan, sentada la velocidad asignada al vehículo de la demandada y que debió ceder el pa-so a los vehículos que circulaban por la Av. Angel Solari, permitiendo la libre circulación.

Establecido el estado de persona alcoholizada del conductor P. y violación a la prioridad de paso, se lo presume responsable del accidente (art. 64 inc.2º Ley 24.449). Carece entonces de razón la pretensión de la recurrente de imponer a la accionante la responsabilidad como vehículo embistente, cuando se transforma en vehículo embestido por propia negligencia.

En las circunstancias de autos no resulta convincente la situación del vehículo de la demandada como vehículo embestido, desde que carece de prioridad de paso y aparece a exceso de velocidad, interfiere sin derecho la trayectoria del embistente (arg. "Accidentes de Tránsito", Meilij, pág.26, parág.47. Ed. Depalma, año 1991).

En cuanto afirma que los daños no resultan acreditados, se advierte que el sentenciante tiene en consideración en principio que los presupuestos de fs. 6/7, se encuentran reconocidos a fs. 96, que importan el valor de los repuestos por la suma de $4.758 y el presupuesto de chapa y pintura de fs. 9 se reconoce a fs. 96., por la suma de $1.200. El presupuesto de fs. 8 no se encuentra reconocido, pero resultando de orden común en razón de los daños acaecidos al vehículo del actor, por las facultades del art. 165 CPCCCh, deben hacerse lugar por suma prudencial, la que se establece en $600.

Frente a la queja de la apelante, el monto de $2000 por pérdida del valor venal aparece como excesivo, sin ninguna fundamentación que lo avale, desde que se trata de un automotor Chevrolet Vectra del año 1997, habiendo sucedido el accidente en el año 2001.

En la materia, lo que debe peritarse es un coche del mismo modelo y características, sin ningún choque, comparando sus respectivos valores respecto al reparado. No habiendo prueba precisa al respecto, pero resultando daños a piezas esenciales que hacen a la dirección y no tratándose de una unidad cero kilómetro, se estima prudencial una desvalorización de $600. Por privación de uso del automotor ejercita el sentenciante la facultad de fijación prudencial, que es propio en este tipo de gastos, desde que los responsables no pueden verse so-metidos a plazos extensos de presunta reparación, se confirma por $400 la privación de uso.

En consecuencia, el monto indemnizatorio prospera por la suma de $7.558.

La condena establece los intereses a la tasa que aplica el Banco del C. S.A., a partir del 15 de marzo de 2002. Se queja la demandada apelante, peticionando su morigeración de acuerdo al criterio jurisprudencial que impera en esta Circunscripción Judicial.

La queja debe ser atendida, desde que esta Cámara en sucesivos pronunciamientos a partir del año 2004 (v.gr. M. C., J. c/ J. M. R. y Cía. S.A. s/ daños y perjuicios", Expte. Nº 12.837 año 2002, ha resuelto como referente en materia de intereses al Banco de la Nación Argentina, lo que así se declara para su aplicación en los presentes autos, a partir de la fecha fijada en el fallo, que no causa agravio a la apelante conforme a los principios que rigen en la materia.

Costas. Sin perjuicio que corresponde revocar parcialmente la sentencia de conformidad con las cuestiones votadas, no hay mérito para su modificación en esta Alzada, atento el carácter indemnizatorio del juicio y la ausencia de oposición de la actora (art.68 CPCCCh).

De conformidad con el art. 279 CPCCCh, sí deben readecuarse los honorarios conforme al monto en que prospera la demanda y la tasa de interés que corresponde. Considerando las normas arancelarias (Leyes 2200 y 4335 de ref.de aranceles, arts. 6, 7, 9, y concords), por el mérito de los trabajos en primera instancia y su resultado, se proponen los honorarios de los Dres. F. M. T. y V. A. P., en la suma de $ 1.800; los del Dr. F. M. R., en la suma de $ 1.100 y los del perito P. L. C., en la suma de $ 400, con los restantes recaudos del fallo.

En la Alzada, se propone la regulación del Dr. J. M. R., por las valoraciones precedentes, normas citadas conjuntamente con el art.14, en la suma $ 330.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios de la parte demandada T. S.R.L., fundados a fs. 235/239.

2) Confirmar parcialmente la sentencia de fs. 186/189, en la forma que se expone en el punto siguiente.

3) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la parte actora R. J. I. y condenar a las partes codemandadas T. S.R.L. y G. E. P., solidariamente, a pagar a la parte actora en plazo de 10 días, la suma de $7.558, con más sus intereses a partir del 15/3/2002, a la tasa activa de las operaciones de descuento a 30 dí-as del Banco de la Nación Argentina.

4) Costas a los codemandados en ambas instancias, proponiendo las regulaciones de honorarios de conformidad con los considerandos respectivos.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Del cotejo del contendido de la sentencia venida en apelación a la luz de los agravios de la recurrente, que conforman un dique de contención jurisdiccional y las opiniones emitidas por quienes me han precedido en el voto, se aprecia que la disidencia que obliga mi intervención se reduce a un solo ítem, esto es, la presunta disminución del valor venal del vehículo dañado.

Así, y de conformidad con las claras disposiciones reglamentarias de la ley 4550, más allá de las objeciones constitucionales que pueda merecer, emitiré opinión respecto de todos los temas sometidos a revisión con especial énfasis en el punto en desacuerdo.

La actitud omisiva del codemandado G. P., en esta instancia, le hace acreedor de la sanción prevista por el art. 266 CPr.

Contrariamente, T. SRL. mantiene abierta la instancia ya que pese a la clara irregularidad procesal que detecta el Dr. Nahuelanca, se pecaría de extremo rigor formal obstar la intervención de quien la ha representando y así afectando seriamente, fundamentalmente el derecho de defensa y a la tolerancia con que debe valorarse la suficiencia del informe del art. 265 CPr., tal como se ha destacado reiteradamente.

Aún cuando el razonamiento del sentenciante, al valorar los requerimientos de las partes conforme la confrontación de la prueba adquirida patentice dudas, lamentos y escasa certeza, de ningún modo ha llegado al absurdo como insinúa el recurrente en el p. III-2 de su memorial. Insisto, pese a que pueda reprocharse como insuficiente la fundamentación no ha perdido congruencia, pues no omite el tratamiento de ninguna de las cuestiones sometidas a litigio.

A la hora elaborar la norma individual decisoria se le impone al juez la calificación legal del objeto litigioso, esto es tal como lo ordenan los arts. 163 y concs. una vez que el juez tiene fijado los hechos (aquellos afirmados y confirmados), debe examinar si los mismos se compadecen con alguna norma jurídica (en sentido amplio).

Debe determinar si existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que, como antecedente -supuesto de hecho abstracto normativo- prevea la situación de hecho concreta probada en el caso y, a partir de allí, si el efecto jurídico que la norma prevé para ese supuesto de hecho -consecuencia jurídica- concuerda o no con la perseguida por las partes.

Es esa operación intelectual del magistrado lo que constituye la típica situación de calificación jurídica y que en forma conteste la Doctrina y Jurisprudencia la consideran como una tarea propia de aplicación del derecho, derivada de la regla procesal "iura novit curia" e impuesta como deber a los Jueces.

Tal obligación se cumplimentó en el caso de manera insuficiente ya que el sentenciante intenta someter el tratamiento de los hechos en ámbitos de responsabilidades diferentes, cuando ya ha quedado absolutamente consolidado, pese a los vaivenes que produce la aceptación de un cambio profundo como el de la responsabilidad sin culpa en esta materia a partir de la reforma del año 1968, el de la responsabilidad objetiva a través del art. 1113. En tal sentido vale recordar a Matilde Zavala de González en su obra "Responsabilidad por riesgo", Ed. Hammurabi 1997, pág. 77, parág. 13, abre el capítulo refiriendo a esta problemática señalando que: "En el actual estadio de la evolución jurídica, ya no se duda de que se aplica la responsabilidad objetiva por riesgo a los daños que derivan de la intervención activa de los automotores".

"El automotor en movimiento, es decir, según su natural destino que es la circulación, constituye una de las cosas especialmente peligrosas que reconoce la sociedad moderna; tan es ello así que los accidentes de este género se han erigido en una de las principales causas de mortalidad... se ha extendido el principio el riesgo creado a cualquier actividad riesgosa. Y la conducción de automotores siempre ostenta un riesgo potencial" (ver evolución doctrinaria y jurisprudencial hacia la responsabilidad objetiva por Hernán Daray en "Derecho de daños en accidentes de tránsito" Ed. Astrea 2001, pág. 11, parág. 5). También Ramón Daniel Pizarro, aborda el tema en su obra "Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa", Ed. Universidad, 1983, pág. 519, p.2, opinando que la irrupción de vehículo de motor en la sociedad moderna determinó la necesidad de replantear esquemas tradicionales en materia de responsabilidad civil; representó asimismo, el punto de partida de importantes concepciones doctrinarias, basadas en el riesgo creado, que han procurado brindar a las víctimas soluciones justas, seguras, equitativas y eficaces.

El fenómeno se vivió con intensidad en casi todas las legislaciones occidentales, que acudiendo a distintos métodos trataron de brindar una respuesta satisfactoria a tal problemática. Desde las leyes especiales hasta la introducción de nuevas pautas en los ordenamientos civiles.

Si bien se advierten discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales en el encuadramiento de tales hechos dentro de los supuestos del art. 1113 CCiv., luego de la reforma de 1968, la doctrina y jurisprudencia dominante, a la que adhiere el autor de este trabajo, señala que los daños causados por vehículos en circulación, cualquiera sea la forma y modo que se produzcan, caen dentro de la órbita de aplicación del párrafo segundo del art. 1113 CCiv. (daños causados por el riesgo o vicio de la cosa).

Creemos -dice Pizarro- que es la interpretación correcta frente al art. 1113 CCiv., pues todo daño causado por un automotor en movimiento obedece al riesgo propio de la cosa, y también al de la actividad desarrollada.

Se ha dicho que los automóviles en movimiento son cosas peligrosas (ver Roberto A. Brebbia, "Problemática jurídica de los automotores", Ed. Astrea 1982, t. 1, págs. 9/11, pts. 4 y 5; Borda, "Tratado.- Obligaciones II" Ed. Perro 1976, nº1 1502; Jorge Orlando Ramírez, "Indemnización de daños y perjuicios", Ed. Hammurabi 1983, t. I, págs. 151 y sigtes., parág. 16, entre otros), y el régimen legal previsto para ellas está en el segundo párrafo, últ. parte de tal norma.

Por esta vía se protege más adecuadamente a la víctima, presumiéndose la responsabilidad del dueño o guardián y admitiéndose eximentes limitados. En tal sentido se ha resuelto que: "Tratándose de la responsabilidad prevista en el art. 1113, ap. 2º del Cód. Civil lo que corresponde indagar es si la conducta de la víctima (o en su caso de un tercero) ha concurrido concausalmente a la provocación del daño, es decir, si esa conducta interrumpió el nexo causal entre el hecho y el daño, ya sea de manera total o parcial, con aptitud suficiente para impedir la consumación de la responsabilidad objetiva que dicha norma endilga al dueño o guardián de la cosa.

Para eximirse de responsabilidad en virtud del art. 1113 CCiv., no basta demostrar que de su parte no existió culpa sino que debe probar, la culpa de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor, la culpa de un tercero por quien no se debe responder o la ruptura del nexo de causalidad (ver v.gr. C1ª CC San Isidro, sala I, junio 18-2002, ED 200-394).

Conforme todo lo expuesto, si como consecuencia del evento dañoso, aún cuando no pueda probarse fehacientemente la mecánica del hecho, tal circunstancia no obsta a los efectos de la responsabilidad atribuida a cada uno de los dueños o guardianes de los automotores involucrados. Y si a tal circunstancia se suma el consentimiento del recurrente al rechazo de la reconvención que dedujo al inicio, no cabe duda alguna que debe soportar el peso de la atribución objetiva de responsabilidad salvo que en esta instancia alegue alguna eximente omitida en su tratamiento por el a quo y no es así.

Prefirió el discurso inconducente a la solución adecuada a tal régimen legal enancada en la doctrina tradicional de la responsabilidad con culpa y la carga de la prueba respectiva.

Cabe puntualizar, tal como lo he sostenido reiteradamente en casos análogos, que la teoría del riesgo no elimina dentro de su universo la idea de culpa, aunque a ésta no se la hace gravitar como factor de atribución o de imputación de responsabilidad, sino como causal de exención.

De ahí que la víctima de un daño causado por una cosa riesgosa no tenga que probar si existe culpa en el dueño o guardián de la misma, ya que le basta con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y aquélla cuya titularidad o guarda atribuye al que demanda, quien a su vez, puede eximirse de responder si demuestra la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder.

Así se ha resuelto que el choque entre dos vehículos pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113, párrafo 2° "in fine"), con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los responsables debe invocar y probar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito ajeno a la cosa, que fracture la relación causal (ver v.gr. Cámara. Nacional Civil Sala G. 4-9-91, voto del doctor Roberto E. Grecco; LA LEY, 1992-C, 127; y fallo plenario: "V., E. c. E. P. S.A.T. y otro" (LA LEY, 1995-A, 136, DJ, 1995-1-226) "La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores, no debe encuadrarse en la órbita del artículo 1109 del Código Civil") (ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 15/12/2004, M., S. c. L., F. - DJ 04/05/2005, 27).

Los alegatos de la recurrente en cuanto a la cuestión de fondo, además de contradictorios respecto a conductas anteriores, no resultan adecuados a lo que impone el régimen legal aplicable conforme el objeto litigioso e inducen a error por lo que vale recordar que del viejo derecho español proviene la hermosa síntesis de que en el proceso hay que actuar "a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada" que sigue teniendo vigencia en el derecho moderno. Los códigos procesales dicen, tratando de amparar este principio, que la demanda contendrá los hechos en los que se funda explicados claramente.

Se ha dicho que la ley quiere que se discierna un objeto de otro, que no se confundan los hechos ni las ideas, que se rechace lo oscuro, lo confuso y ambiguo, para comprender rápida y eficazmente la materia de que se trata (Kaul, Ricardo, "La ambigüedad jurídica y la inconducta procesal", Jus, núm. 23, p. 45). (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 23/12/1986, C., S. R. L. y otros c. D., S. A. y otra, LA LEY 1987-A, 447).

De la confrontación de toda la prueba adquirida se obtiene certeza respecto de la magnitud de los daños sufridos y de la razonabilidad de los presupuestos indicativos a los efectos de su reparación, tal como se consignan y se corrigen en los votos que anteceden, lo que queda en discusión es la prueba y razonabilidad del daño individualizado como desvalorización del valor venal del vehículo reclamados conforme las razones dadas a fs. 10vta. p. 3, y cuantificados en el p. 3.1.d. sin que merezcan, pese a las estrictas exigencias que se han ido elaborando a los fines de su acogimiento por doctrina como por jurisprudencia para evitar en enriquecimiento indebido, el mínimo comentario por parte del a quo, olvidando las obligaciones que emergen del art. 163 inc. 4º, afectando la congruencia del fallo.

Un detenido análisis de los elementos que obran en la causa a los fines de acceder a tal reclamo dentro de las pautas antes señaladas me permiten adelantar su improcedencia.

Dado que la desvalorización venal de un automóvil es materia técnica y circunstanciada, resulta de suma importancia la realización de un peritaje técnico para establecer el carácter y la gravitación de los desperfectos, el estado del rodado antes y después de la reparación efectuada o futura y la idoneidad de los arreglos o el grado de posibilidad de llevarlos a cabo eficientemente (ver v.gr. CNCiv., sala D, 1999/09/06, D., M. J. c. G., J. C. y otro, en Rev. La Ley de 2000/06/28, pág.15, J. Agrup., fallo 15.087) ya que se trata de salvaguardar un daño que eventualmente se verificará en el futuro y así se ha resuelto que la perdida del valor venal de un automóvil opera en el patrimonio de su dueño una vez que se procede a su venta (CNCiv., sala L, 1999/06/10, M., P. c. H., A. G. Y otro.- Rev. La Ley del 2000/02/23, pág.5, fallo 99.878; ídem CNCiv., sala D, 1999/09/06, D., M. J. c. G., J. C. y otro, en Rev. La Ley de 2000/06/28, pág.15, JAgrup., fallo 15.086).

A lo dicho se suma el año de fabricación del vehículo por cuyos daños se reclama (mod. 1997), circunstancia negativa que se suma a la anterior y en tal sentido en casos análogos se ha dicho que es improcedente el reclamo por desvalorización del rodado siniestrado a raíz de un hecho ilícito si se trata de un automóvil de ostensible antigüedad, los desperfectos no afectaron sus partes estructurales y el perito no pudo comprobar la invocada depreciación debido a su enajenación (ver v.gr. CNCiv., sala F, 2000/04/28, en Rev. La Ley de 2000/08/09, pág.13, fallo 100.693).

Y es que la experiencia permite comprobar que consecuencia de una reparación actual permito obtener mejores preciso en el mercado de usados pues han quedado fuera de los precios indicativos de catálogos y listados de uso frecuente en agencias y comercios del ramo.

De lo expuesto la readecuación que orde-na el art. 279 CPr., no obstante no existen razones, pese a la evocatoria parcial propiciada para apartarse del principio contenido en el art. 68 CPr. por lo que las costas de ambas instancias pesan sobre los demandados y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tendrán presente las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la opinión de la Dra. Silvia Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial del Dr. Nahuelanca, la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, a fs. 190.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la codemandada T. S.R.L. a fs. 194.

3) Modificar el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 186/189, fijando el monto de condena en la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($6.558) con más los intereses calculados desde el 15/3/2002 a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. 4) Costas de ambas instancias al recurrente vencido. Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia de los Dres. F. M. T. y V. A. P., conjuntamente, en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400), del Dr. F. M. R. en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) y del perito P. L. C. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA ($490).

Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. J. M. R. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500).

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 05 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS