marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, avocación jurisdiccional, tribunal de alzada, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Lado, Carlos Alberto c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.) s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Aun cuando la competencia fue erróneamente aceptada por el juzgado de grado, en tanto aquélla correspondía al fuero contencioso administrativo, ello no implica sin más atribuir competencia al Tribunal de Alzada con competencia civil y comercial para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada, pues persistir en la intervención del trámite seria contrariar normas de derecho contenida en el Código Contencioso Administrativo.
Cuestiones de competencia, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, jueces, delito penal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: COMISION PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  JUSTICIA CRIMINAL - DELITOS FISCALIA  NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  - PREVENCION EN LA CAUSA  - IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS - SUMARIO - INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Las facultades de investigación que la ley 21.383 confiere a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no importan liberar a los jueces penales de las obligaciones que por ley les son exigidas -comprobación en un proceso regularmente iniciado, de la existencia de un hecho o de una omisión que la ley reputa delito o falta (art. 207 del Código de Procedimientos en Materia Penal), y la determinación de sus autores, cómplices o auxiliares (art. 178, inc.

3, del ordenamiento citado).- Ello sin perjuicio de la intervención que -en virtud de lo prescripto en el art. 4 de aquella norma legal- pueda asignársele al aludido organismo.
Fundamentación insuficiente, despido, negativa del trabajador, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CENTENO JAEL LAURA ROCIO c/ GUIÑEZ FERNANDO HECTOR JAVIER Y OTRO s/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-17

La utilización de una causal genérica como la expresada por los demandados en la misiva, a saber: "incumplimientos puesto de manifiesto por ostensible negación a realizar tareas propias de las actividades para la cual fue contratada, más la negativa a realizar, cuando le es requerido tareas consistentes en ordenar las mercadería exhibida, o dejar de utilizar servicios de Internet cuando en el negocio no se requiere su utilización." esta en contravención con el deber de expresar de manera concreta, clara y particular, la conducta que puntualmente se le atribuye a la actora a los fines del despido. Consecuentemente, resulta insuficiente que los apelantes se limiten a cuestionar la prueba testimonial producida en autos por considerarla insuficiente, cuando ellos mismos no han detallado clara y concretamente la causa o causas determinantes del despido directo, ni han aportado otra prueba que el telegrama de despido.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, parentesco
Materia: PENAL
Carátula: OZUNA RAMON s/ P/SUPUESTA VIOLACION.COL.LIEBIGS"EXPTE. N10336/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-12-20

El supuesto interés por la relación e familia o afecto no son en si descalificantes jure et de jure(cfr.T.S.Santa Cruz, mayo 12 969,RLL,XXIX,1762, Sum,143,C.N.Fed.Sala Crim. y Correc.mayo 27 -969,LL-136-47) ya que el control interno e la declaración permite señalar que sus relatos no han sido dubitativos, contradictorios ni que haya existido un discurso premeditado (cfr.Cafferata Nores,-La prueba en el Proceso Penal-2da. Edic.pág.112,C.Ediciones Depalma, BS.As. 1994;Desimoni Luis,-La prueba y su apreciación, en el Nuevo Proceso Penal, pág. 158, N°52, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Bs.As.1994)
Seguros, obligaciones del asegurado, obligaciones del asegurador, robo, prima, contratos de adhesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRENFIN SA c/ MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-22

Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la aseguradora a pagar a su asegurado la suma de $25000 -monto por el que se había contratado el seguro-, en concepto de indemnización prevista en la póliza mediante la cual se había instrumentado un contrato de seguro tomado por la accionante para cubrir el riesgo de robo de valores depositados en caja fuerte, en razón de haber acaecido el siniestro al ser sustraídos de dicha caja, dinero efectivo, cheques y documentos por un valor aproximado a $30000, sin que la aseguradora pueda pretender eximirse del pago, alegando la existencia de una cláusula por la cual se exigía al asegurado que, en caso de guardar en la caja valores que superen los $25000, debía contar con un custodio armado, lo cual no fue cumplido por el asegurado pese a haber guardado valores por un monto mayor; ello así pues dicha cláusula debe entenderse -conforme a la buena fe con que deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse los contratos, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender con cuidado y previsión (CCIV art.1198) y, sin olvidar que por tratarse de un contrato concluído por adhesión, como es habitual en las negociaciones entre las aseguradoras y sus clientes, sus cláusulas deben interpretarse contra el predisponente-, en el sentido de que la enumeración de montos que efectúa la cláusula en cuestión remite a distintas "sumas aseguradas" y no a mayores valores que pudieran ingresar en el ámbito de la asegurada, por lo que habiéndose -en el caso- contratado un seguro de $25000, el asegurado no estaba obligado a contratar ningún custodio.
Juicio político, defensa en juicio, jubilación de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Samamé, Eduardo c/  s/ impugnacion en autos Unifica exptes. 001/08 y 002/08 CI SA Nelson A. Menghini y Ester Cárdenas de Balsamello s/denuncias solicitando juicios politicos al Procurador General de la Provincia de Chubut Dr. Eduardo Samamé exptes. 001/08 y 002/08 CI SA Nelson A. Menghini y Ester Cárdenas de Balsamello s/denuncias solicitando juicios politicos al Procurador General de la Provincia de Chubut Dr. Eduardo Samamé
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Si bien es cierto que el tribunal a quo omitió notificar a las partes de la medida para mejor proveer dispuesta y, ulteriormente, sustanciar con aquéllas la prueba incorporada, no puede soslayarse al ponderar la efectiva afectación al ejercicio de defensa en clave constitucional que -en rigor- el expediente jubilatorio de que trató la medida se encontraba agregado con anterioridad en la causa judicial, como consecuencia de la presentación que había intentado el Fiscal de Estado y por medio de la cual se había anoticiado al tribunal sobre el mencionado estado de pasividad del recurrente, pieza de la que se le había corrido traslado al recurrente, que efectuó el responde pertinente.
Presunción de legitimidad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., T. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-29

"...no basta que la demanda esté enderezada a solicitar la anulación de las resoluciones dictadas en sede administrativa.

Es imprescindible, además, que el actor controvierta en forma adecuada los argumentos contenidos en aquellas decisiones"... "...los fundamentos esenciales de la resolución administrativa que no han sido impugnados en la demanda, llegan firmes a la instancia judicial e impiden revisar la legitimidad de la decisión denegatoria, cualquiera fuera la opinión que pudiera sustentarse en punto a su acierto o justicia intrínseca".
Discrepancia del recurrente, fundamentación insuficiente, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: QUEZADA ROBERTA c/ ARGENOVA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-03-01

Las formulaciones del recurrente, respecto al convenio colectivo de trabajo que entiende aplicable a la actora, resultan estériles para revertir el fallo atacado, toda vez que no son suficientes para poner en evidencia que los jueces hubieran incurrido en absurdo o arbitrariedad.

Esto en virtud que los fundamentos del recurso incoado se limitan a exponer la propia opinión del recurrente en torno a las tareas que presuntamente desarrollaba la actora como empleada administrativa y acerca de la actividad principal que desarrolla la demandada, exponiendo su desacuerdo con la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo de la Alimentación Nº 372/04.

No promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.

En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación.

Al no encontrarse acreditado el absurdo o arbitrariedad del señalado pronunciamiento judicial, la referencia a la violación de la ley, deviene inaudible por no ser razonables los agravios que habilitan la pérdida de eficacia del decisorio.
Cuestiones de competencia, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorente, Juan Ignacio c/ Alaniz, José Luis y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

La correcta traba de la contienda de competencia exige el conocimiento por parte del órgano que la promovió de las razones que informan lo decidido por el otro juez, para que declare si sostiene su posición, requisitos que cabe dejar de lado cuando lo aconsejan razones de economía y celeridad procesal. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Derecho laboral, beneficios sociales, medicina prepaga
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, Daniel  c/ Ace American Insurance Company Sucursal Argentina  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-16

El suministro de medicina prepaga no reviste carácter salarial. Corresponde que se tipifique como "beneficio social" a dicha cobertura y planes médicos privados, porque se trata de prestaciones no dinerarias que tienden a mejorar la calidad de vida del trabajador y de su grupo familiar sin implicar un rédito patrimonial, y el legislador ha contemplado la posibilidad de que la empresa moderna funcione como entidad ente dador de beneficios sociales (art. 103 bis LCT) sin que se haya acreditado un uso abusivo de dicha potestad ya que, en el mundo moderno, es común que los ejecutivos empresarios como el accionante perciban tales prestaciones. (Del voto del Dr. Pose, en mayoría)
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hermoso, Roque Silvestre Cardozo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Si la empresa nombrada omitió o no encuentra en sus archivos la constancia de un examen médico preocupacional, ello debe atribuirse a su absoluta responsabilidad, por lo que las consecuencias de dicho incumplimiento deben ser cargadas exclusivamente sobre la empresa, no pudiendo perjudicar al actor.
Recurso de casación, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nicolás Perrota c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Amparo  Laboral  s/  Incidente  de  Apelación  s/  Recurso  de  Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-07-27

No puede ser atendido un argumento o una defensa que aparece por primera vez en esta instancia extraordinaria, toda vez que el recurso deberá estar siempre referido a la sentencia que se somete a revisión, quien no lo ha expuesto en la debida oportunidad no puede a posteriori ingresar la cuestión en una instancia que no es la adecuada.
Costas, exención de costas, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nieto, Miguel A. s/ Incidente de levantamiento de embargo sin tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

No corresponde eximir de costas al actor que indebidamente trabó embargo sobre un inmueble perteneciente a un tercero en el juicio principal, aunque se haya allanado a las pretensiones de éste en el incidente de levantamiento de embargo sin tercería, pues la excepción al principio objetivo de la derrota prevista por el art.

70 inc. 1° del CPC no opera si el vencido que se allana a la pretensión del adversario ha dado lugar a la reclamación con su conducta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez, José Eduardo c/ Prefectura Naval Argentina s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

En los casos en que el dueño se desprende voluntariamente de la guarda de la cosa, aquél sólo puede liberarse si ésta fue usada contra el destino autorizado o el que regularmente sirve según su naturaleza, o contra la finalidad del desprendimiento. Como dice la última parte del art. 1113 del Código, debe tratarse de un uso contrario a la voluntad expresa o presunta del dueño.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: QUEVEDO, RAUL RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE FIRMAT s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

Las acciones participan de la naturaleza del derecho que protegen en cada caso particular, pues siendo la acción un poder dirigido a la tutela de un interés, toma su naturaleza; por lo que, salvo los casos que la ley conceda otra acción o recurso ante distinta jurisdicción, si lo lesionado es un derecho subjetivo de carácter administrativo corresponde, en principio, a los órganos con competencia en lo contencioso administrativo su resolución.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL VITO, AIDOR. c/ VALENZUELA, CHERA. s/ HONORARIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-03-26

NO ES FUNDADO EL RECURSO QUE SE LIMITA A INVOCAR UNA GENÉRICA VIOLACIÓN DE LA LEY ARANCELARIA, SIN PRECISAR LA NORMATIVA ERRÓNEAMENTE APLICADA. EN TAL CASO CORRESPONDE DECLARAR MAL CONCEDIDO EL RECURSO.
Locación de obra, desistimiento de la obra, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GOLDIUK NAUM c/ EPSZTEIN, Mario s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-04

Cuando el dueño ejerce el derecho de desistir de la obra que le confiere el art. 1638 del Código Civil, no se presenta, en sentido estricto, una hipótesis de incumplimiento contractual, sino que se pone en juego una facultad discrecional con consecuencias indemnizatorias que están previstas en la norma. Se trata, sin duda, de un derecho potestativo (en tanto no requiere expresión de motivos y puede ejercitarse en cualquier tiempo) de orden legal, que constituye una excepción a la intangibilidad de los contratos y que no encuentra otra limitación que la obligación de indemnizar los perjuicios que prevé la propia ley.
Garantía del Estado, interés superior del niño, responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA ARGENTINA, malos tratos, muerte de un menor, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, derecho a la vida, violación
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-09-18

Es deber del Estado respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción -artículo 4 de la Convención Americana-, atendiendo a las modalidades especiales que el cumplimiento de dicho deber presenta en el caso de menores de edad, pues la condición de garante del Estado con respecto a este derecho -en el caso la República Argentina-, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su afectación, por lo que si el joven que fue detenido ilegítimamente ingresó a la sede policial en buen estado de salud y posteriormente murió, debe el Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, mediante elementos probatorios válidos.
Homicidio simple, tentativa de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Marcelo Ignacio Macía s/ p.s.a.  de  los  delitos  de  homicidio simple y homicidio simple en  grado de tentativa en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-09-16

Conforme la prueba acumulada y merituada en la causa corresponde tener por acreditadas las realidades fácticas del modo y manera que han sido relatadas en las requisitorias.

En efecto, de las conclusiones de la autopsia surge con claridad que el puntazo aplicado por el encartado a la víctima ha sido el causante de la lesión padecida y que en definitiva le causó la muerte, por lo que la conducta desplegada por el imputado queda atrapada por la figura del homicidio simple -primer hecho- quien deberá responder también por el denominado segund hecho- homicidio simple en grado de tentativa en concurso real como autor y en los términos de los arts. 42, 45, 55, 79 del Código Penal.

Así, la jurisprudencia tiene dicho que "si el procesado, al agredir, lo hizo con el propósito de cometer un homicidio...y objetivamente dio comienzo a la ejecución de aquel delito, empleando un medio idóneo -cuchillo- de modo adecuado a su propósito, no pudiendo consumar su acción por la decisiva intervención de terceros, el hecho ha sido bien calificado de tentativa de homicidio.

En efecto, el testimonio de la víctima del segundo hecho -esposo de la víctima fatal- en cuanto a que si su hija no le pega con una silla al encartado, -quien ya le había dado dos puntazos en la pierna- éste "lo destripa", y que del testimonio de otra de sus hijas surge que de no haberle pegado su hermana, dicho puntazo hubiera alcanzado a su padre en el estómago, sumado a la circunstancia de que al momento de los hechos ya había acabado con la vida de la cónyuge, se infiere claramente la intención homicida del acusado.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'onofrio de Finocchiaro, Rosa c/ Finocchiaro, Néstor s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Si el demandado, pretende que en la Alzada se decrete el divorcio vincular, en base a la causal prevista en el artículo 214 del cód.

civil, (t.o ley 23.515). Tal intento no es atendible, pues por tal itinerario se invita al Tribunal a dictar un fallo incongruente en tanto la referida causal no formó parte del "thema decidendum" -arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del c. proc. No suple este déficit la mera cita del art. 214, en tanto de la explicitación que porta la reconvención no surge articulada la causal que ahora se pretende hacer valer, ni aún en forma subsidiaria -arts. 330 incisos 3° y 4° y 355 del cód. procesal.-
Defensa del consumidor, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: S., M. C. c/ Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o quien resulte responsable s/ juicio sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2023-07-14

Corresponde condenar a una entidad bancaria a reintegrar las sumas de dinero extraídas sin autorización de la caja de ahorros de titularidad de la actora, toda vez que se ha vulnerado el derecho a la protección de los intereses económicos de la accionante como consumidora, lo que constituye un acto ilícito por transgresión de la obligación de seguridad que pesa sobre la demandada, quien reconoce la existencia de las extracciones de la caja de ahorro de la actora, no acredita la identidad de la persona que realizó las mismas, ni informa haber tomado medidas de seguridad para impedir que hechos como los denunciados sean de tan sencilla comisión, máxime teniendo en cuenta que se trata de un sujeto comercial hiperespecializado, que cuenta con recursos técnicos y económicos de gran importancia.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maziotti,Juan Antonio c/ Pcia de Bs As s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Para decidir el grado de incapacidad a los efectos del otorgamiento de la jubilación por invalidez la prueba pericial médica posee una eficacia decisiva para resolver el caso, no solo por la naturaleza de la cuestión debatida (doc. art 457 CPCC y art 25 CCA) sino en la medida que también puede proporcionar una valoración concreta de la incapacidad en relación a la tarea específica, acorde con las normas aplicables, frente a la insuficiencia de fundamentación que exhiben los informes médicos en que se sustenta la denegación del beneficio.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrientos,  Hugo  Luis  y  otros c/ E.N.Tel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Corresponde rechazar el planteo de arbitrariedad si no surge de la sentencia recurrida que el a quo se haya excedido o apartado de los hechos y prueba producidos, como así tampoco que aquélla sea infundada.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Canca, Luis Alfredo y otra c/ Martínez, Benigno y otra s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Si se atribuye al empleador el quebrantamiento del deber jurídico de no dañar a otro según lo establecido por el art.1109 del Código Civil, resulta indispensable que se alegue y demuestre en juicio la actitud de culpa y omisión culposa del principal y la relación de causalidad entre el daño sufrido y las tareas desarrolladas.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Juana N. c/ Empresa La Amistad SRL s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

El transportista tiene el deber jurídico de conducir sano y salvo al pasajero a su destino. Se trata de una obligación de resultado, y no de medio, cuyo incumplimiento deriva, precisamente, del hecho de no alcanzar el resultado previsto.-