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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, José; Salazar, Dionisio s/ Robo calificado automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra evidenciar, con el debido apoyo legal, que el arma utilizada en el hecho no tuviera aptitud ofensiva pues al referirse a la pericia omitió remitirse a norma alguna (en el caso el art. 252, n.a., C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, parte dispositiva, fundamentación de sentencias, voto de los jueces, voto mayoritario
Materia: PROCESAL
Carátula: Favilla, Humberto José y otra c/ Piñeyro, José Ricardo y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La sentencia constituye una unidad lógico jurídica, cuya validez depende no sólo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permita llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del tribunal.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diebra, Tomás c/ Bar, Juan Carlos y otros s/ juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Las medidas cautelares y sus trámites no interrumpen la caducidad de instancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercería de dominio, bienes muebles, embargo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Director Laura Lea c/ Gorenstein Ilan s/ ejecutivo s/ incidente de terceria de domino de Zilberay Paula Alejandra.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

Corresponde ordenar el levantamiento de embargo trabado sobre bienes muebles del tercerista, en tanto se acreditó que ésta habitaba el inmueble donde se efectuó la diligencia y no quedó probado que dicho domicilio sea también el del ejecutado (CCiv. y Com. de Resistencia, Sala III, 13.8.08, La Ley on line; AR/JUR/5641/2008). Es que la presunción de propiedad resultante del CCIV 2412 opera en favor de quien tiene la cosa al momento de la traba del embargo. Así, no habiéndose probado que el ejecutado convivía con la tercerista, juega en favor de ella la presunción señalada, circunstancia que imponía a la ejecutante la carga de acreditar los hechos que desvirtuaran tal presunción (CNCom, Sala E, 24.8.98, La Ley, 1999-A, 278 DJ, 1999-1-1040; en igual sentido, López Mesa, Marcelo J., Código Civil y leyes complementarias anotados con jurisprudencia, 2008, Buenos Aires, pág. 982).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), relación de dependencia, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZABALA, DELIA CARINA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La actora no ha explicado -aunque sea mínimamente- cuál habría sido la génesis de su vínculo con la demandada, ni surge de las constancias a la vista de este Tribunal que haya intentado acreditar ese hecho -ni siquiera mediante una declaración testimonial-, limitándose a negar reiteradamente la existencia de un plan asistencial, o probar que la naturaleza de la relación con la demandada haya mutado en algún momento a través de la celebración de un contrato, del dictado de un acto de nombramiento o de algún otro hecho o actuación relevante a ese fin; por lo que no resultaría adecuado afirmar que la recurrente haya contado con una razonable expectativa al mantenimiento de la relación que la unió con la Municipalidad demandada; y que serían aplicables los criterios establecidos en los precedentes jurisprudenciales a los que alude la compareciente a fin de requerir una compensación económica por la ruptura del vínculo.
Querellante, calidad de parte, damnificado indirecto, herederos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LARA, Miriam Nancy. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-05

Se excluye de la posibilidad de erigirse en querellante a quienes resultan simplemente damnificados por el hecho -en tanto no sean, a su vez, ofendidos- (art. 82 del C.P.P.N.).

Es necesario distinguir la noción de "ofendido" y "damnificado".

Ofendido es el titular del bien jurídicamente tutelado por la norma, es el sujeto pasivo del hecho delictivo y no se puede proyectar a otras personas aunque el ilícito las alcance de alguna manera (*).

Damnificado es quien por causa directa del hecho, sufre un daño o agravio consistente en una pérdida, total o parcial, de un bien económicamente valorable y jurídicamente tutelado, o un ataque a sus sentimientos o afecciones íntimas (**).

Sólo al primero se acuerda la posibilidad de querellarse, al segundo sólo en casos excepcionales (art. 82, tercer párrafo del C.P.P.N.).

Ante la muerte de quienes fueran lesionados directos por el fraude que se investiga, sus herederos no pueden querellarse, al no resultar particularmente ofendidos, como sería el caso de la comisión de algún ilícito contra la sucesión (***), por lo cual corresponde confirmar la resolución que así lo dispuso.
Sociedad irregular, sociedad en formación, constitución de sociedades, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIA NIEVES CORNALO c/ EDIT PEREZ DE GONZALEZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-15

La distinción entre sociedad irregular y en formación para que permita aplicar un diferenciado régimen de responsabilidad de los integrantes de esas sociedades requiere también determinar si la llamada sociedad en formación ha operado dentro de los límites que le permite el 'iter constitutivo' o si se trata de actos que lo exceden, en cuyo supuesto los socios responden como si se tratara de una entidad irregular.
Indemnización expropiatoria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: GALLERA c/ M.C.B.A. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

La ley 24.283 no es aplicable en materia expropiatoria, ya que no debe actualizarse el valor de una cosa o bien. El valor de la cosa es el fijado en la sentencia al momento de la desposesión y a partir de ese momento nace una deuda de dinero. Esta deuda dineraria, sustitutiva del derecho de propiedad del expropiado, que debió ser -por mandato constitucional- de pago previo, no puede sometérsela a los vaivenes que posteriormente tenga el valor de la cosa expropiada en el mercado.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, conflicto de poderes, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, Feliciano Reinaldo y otra c/ Pcia. de Buenos Aires y otra s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La función más importante de la Corte consiste en interpretar la Constitución de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa.
Locación de cosas, turbación de la posesión, responsabilidad del locador, derechos del locatario, disminución del alquiler
Materia: CIVIL
Carátula: WEIMBRAND DE EIDELMAN, ELENA-WEIMBRAND DE PLAUNIK, REBECA c/ PLACENTI RIOS, ELVIRA-ALVAREZ, JOSE RAMON SUB Y OCUP s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-07

Las consecuencias jurídicas de las perturbaciones al locatario no han sido previstas por el Código (art. 1515 C.C.); no obstante, se entiende que el locatario puede resolver el contrato, o reclamar la disminución del alquiler, sin perjuicio, en ambos casos de la acción indemnizatoria y cuando la turbación es duradera el inquilino tiene derecho a pedir la disminución de los alquileres futuros pero no a retener por sí los ya devengados. También es claro que el locatario no puede reducir unilateralmente el precio del arrendamiento.
Requisa personal, falta de orden del juez, razones de urgencia, autoridad de prevención, comunicación al juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SALIAS, JUAN E. Y OTROS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

Para que los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad puedan, excepcionalmente, disponer requisas urgentes, deben mediar motivos suficientes, y la urgencia fundarse en circunstancias objetivas que, en definitiva, quedaran sujetas al control judicial, para lo cual se establece la obligación de comunicar de inmediato al juez competente (articulo 184, inciso 5to. Del C.P.P.N.).
Leyes, aplicación temporal de la ley, derechos adquiridos, ley procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION c/ ENERGIA MENDOZA s/ Apremio (LIBRO: A161 - 315)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-12

La ley 5607 es de naturaleza procesal y de aplicación inmediata en los procesos en trámite pudiendo afectar los efectos en curso de una relación jurídica, salvo la alteración o modificación de derechos adquiridos, en cuyo caso los poderes legislativos se enfrentan con la protección del derecho de propiedad.-
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario (administrativo), autopistas
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BRAVO, Daniel Gustavo c/ AUTOPISTAS DEL SOL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-23

La presencia de un perro muerto en la ruta, convierte a ésta en una cosa riesgosa por su virtualidad dañosa. De ahí que, de no mediar las eximentes previstas legalmente, el concesionario vial debe responder por los daños sufridos por el conductor de un rodado que colisionó contra el guard-rail como consecuencia de la maniobra que tuvo que realizar para esquivar un perro muerto que se encontraba en la autopista.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación, promiscuidad de causales
Materia: PROCESAL
Carátula: A., V. c/ Consejo de la Magistratura s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-02

La doctrina tradicional pareciera indicar la impertinencia de encarar promiscuamente ambos remedios -recurso de inconstitucionalidad-recurso de casación-. "Pero a poco que se profundiza en los introductorios, y aunque mediatamente el interés que mueve los recursos no es sino la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial que se pretende, es también evidente que con buena estrategia, se han fundado ambos ataques con fundamentos propios.- Así, si el primer Recurso se limita al planteo de constitucionalidad, el segundo ataca el fallo de la Cámara, en una crítica completa y razonada de cada uno de sus aspectos" y luego, dijo: "Aunque esta aclaración que formulo se presente como sobreabundante, es necesario -a mi juicio- el efectuarla, pues si objetivo y argumentos fueren idénticos, ello hubiera conducido sin más al rechazo de una de las vías propuestas. Y siendo el Tribunal que integro estricto en el tratamiento de la admisibilidad de los remedios extraordinarios, debe dejarse sentado que en este caso, no existe promiscuidad, y que la admisión de ambos recursos no implica de ningún modo una excepción a la regla general de estrictez con que el Cuerpo procura evitar la desnaturalización de estas vías.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Goncalves, Bonito Silvana c/ Saleski, Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

El pleno dominio o más absoluto dominio requerido para la conducción (arts. 85, 86 ley 5.800) está relacionado con la exigencia de que el vehículo no se torne en un objeto incontrolado o descontrolado (debe ser conducido por ejemplo con el uso de ambas manos, conservando la derecha, sin efectuar movimientos sinuosos, o imprevistos etc.; art. 66 inc. 1 ley 5.800) y por ende, generador de daños a personas o cosas, mas en manera alguna ello tiene como significación que las reacciones de quienes conducen deban indefectiblemente ser de una rapidez y precisión automática que permita por ejemplo, detener en forma instantánea un coche en movimiento, frente al cruce imprevisto e intempestivo de alguien.

De otra forma, y en una interpretación lógico-jurídica, la misma ley prohibe por ejemplo "...cambiar la dirección, disminuir bruscamente la velocidad, detener el vehículo, antes de asegurarse que es posible hacerlo sin peligro para terceros y sin prevenir tal intención con las señales prescriptas por el Código... (art. 66 inc. 1 tercer párrafo ley 5.800), es decir, exige la omisión de toda conducta imprevista o imprevisible.
Prescripción de la acción penal, orden de captura
Materia: PENAL
Carátula: O.J.E.-.G.E.A.G.F.M.S.-.G.F.R.R.-.L.M.S.L.J.J.Y.D.J. c/ s/ LESIONES EN RIÑAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2016-10-04

Teniendo en consideración el tiempo que transcurrido entre la sentencia firme hasta el presente, surge que la pena temporal privativa de libertad impuesta se encuentra prescripta, conforme previsiones de los arts. 65 inc. 3º, 66 del Código Penal.

Siendo que la prescripción, por tratarse de una cuestión de orden público, opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo (CSJN - Fallos 305:1236, 311:2205, 313:1224, 323:1785); y habiéndose comprobado la extinción de la pena, corresponde dejar sin efecto la orden de captura que pesaba en contra del imputado.- DRES.: GRELLET DE BARRIONUEVO - ASIS - PELLEGRI (P/T).-
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  autos incidente de excepción de falta de acción en autos Villalba, Julián y otros s/ infr. art. 96, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

El mandato contenido en el artículo 104, del CPPCABA tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y es la propia ley la que establece, en el artículo 105 del CPPCABA, que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones, de modo que no se trata una simple pauta de razonabilidad sujeta al arbitrio jurisdiccional, sino que el mero transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Ley de accidentes de trabajo, caducidad de instancia, plazo, interrupción del plazo, procesos de ejecución, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, FRANCISCO c/ ACI FORMAS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Los plazos previstos en el art. 10 de la ley 9688 y 14 de la ley 24028, derogatoria de la anterior, son plazos de caducidad que tienen por objeto evitar la inacción procesal en los procesos de ejecución en los que se persigue el cobro de las indemnizaciones previstas en dichas normas y no impedir la satisfacción del crédito, produciéndose por cada acto y/o diligencia que la parte realice en procura de la efectivización del mismo, una interrupción de su cómputo.
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad, Estado Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Petrolo, Miguel Angel; Blacona, Alberto Luis y Aguado Fermoselle, Omar Francisco c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 640-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

Es necesario invocar y demostrar que las normas provinciales cuya constitucionalidad se cuestionan, comprometen efectivamente la existencia misma del municipio afectado por el accionar de la provincia en cuyo territorio se halla asentado, y no basta la simple manifestación de que el gobierno provincial, mediante los actos legislativos atacados, ponga en peligro la subsistencia de la Comuna, pues el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraria la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto.
Proceso contravencional, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L; J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

Respecto al agravio que sostiene que la vigencia de la medida cautelar adoptada por el a quo excede la duración del plazo máximo de la pena de clausura prevista por el artículo 23 del Código Contravencional (Ley Nro. 10).

La clausura preventiva es una medida cautelar extrema cuya aplicación necesita que se reúnan para su procedencia los extremos estipulados por el artículo 18 inciso b de la Ley de Procedimiento Contravencional y de tal suerte deviene excepcional y extrema, que autoriza al Juez o Jueza interviniente a mantenerla hasta que se reparen las causas que dieron motivo a aquella, delimitando el plazo de vigencia de la misma (conf. art. 29 Ley Nro. 12).

Sería contrario al sentido común, a la seguridad jurídica y al máximo principio de justicia a que todo proceso debe aspirar, hacer cesar una medida precautoria como la que aquí se debate resultando de ello que los únicos perjudicados resultarían ser los propios vecinos denunciantes damnificados y hasta el presente las únicas víctimas por la conducta desplegada en perjuicio de ellos. (Del voto en disidencia del Dr. Dessanti)
Revocación de sentencia, sentencia condenatoria, Código Procesal Penal de la Nación, sentencia absolutoria, tribunal oral, Cámara Federal de Casación Penal, competencia del tribunal de casación, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Duarte, Felicia s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Puesto que la resolución de un caso puede adoptar las formas alternativas de absolución o condena y, según la manda del artículo 470 del código de forma, la Cámara de Casación debe resolver el caso con arreglo a la ley y a la doctrina correspondiente, la facultad de casar una sentencia absolutoria y, si correspondiere, dictar una sentencia de condena surge de los principios expuestos pues, "debe resolver el caso" y la posibilidad del tribunal de corregir el error del a quo dictando la respectiva condena, resulta indudable máxime cuando el derecho a recurrir la sentencia absolutoria legalmente previsto integra el derecho de defensa previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. (Del voto del señor Juez Gustavo M. Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, reincidencia, derecho al recurso, pena, agravantes de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

En relación a las argumentaciones efectuadas por el Tribunal para concluir que el imputado debía ser declarado reincidente -con la consecuente agravación de la pena que ello conlleva-, y más allá de considerar inconstitucional cualquier agravación de la pena por la reincidencia y de que dicha declaración no causa un gravamen concreto y actual cuando se cuestiona sólo la compatibilidad del instituto con las normas superiores -lo que no ocurre en autos dado que aquí se discute la concurrencia de sus presupuestos legales-, asiste razón a la defensa respecto a que no ha existido doble conforme; surgiendo por tanto la necesidad de que se garantice en el caso la posibilidad de revisión amplia de lo decidido en este aspecto conforme lo estipulan las normas convencionales de jerarquía constitucional. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Gastaldi, Netri, Spuler y Reyes) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 282, p 348; T 287, p 84. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2.h; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.5; Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso, competencia federal, amenazas, violencia de género, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, abuso sexual, daño
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Charlín, José Antonio s/ malversación de caudales públicos (art. 260) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-08

Corresponde desestimar el recurso interpuesto por un ex juez federal, contra la sentencia que lo condenó a la pena de cinco años de prisión, en orden a los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas, amenazas en situación de violencia de género, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, abuso sexual en grado de tentativa en situación de violencia de género y daño por romper parte del mobiliario del juzgado, habida cuenta que el recurso intentado omitió el recaudo fijado por el art. 7 inc. c, de la reglamentación establecida en la acordada 4/2007.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: RUPPEL ROLANDO MANUEL c/ LA LUQUENSE S.A. s/ LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-06

Para hacer viable la aplicación del artículo 1113 del Código Civil, es imprescindible que la cosa actúe como elemento activo en el desencadenamiento del infortunio laboral. Idem de esta Cámara L.A S. 21/8/85 fs.337, L.A.S. 1983 pág.380 y L.A.S. 1982 pág.539.
Confirmación de sentencia, procesamiento, coautoría, culpa, muerte del paciente, mala praxis
Materia: PENAL
Carátula: P., N. I. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

Explicaron que sin perjuicio de las precisiones que pudieren surgir de un eventual debate oral, se encuentra en principio demostrado con el grado de probabilidad requerido por el artículo 306 del CPPN., el comportamiento disvalioso tanto del médico endoscópico que provocó a la paciente una perforación esofágica -sin advertirla y por ende revertirla-, como así también de la médica anestesista, al no controlar debidamente los valores multiparamétricos y, luego, tomar tardíamente las medidas adecuadas que, en conjunto, ocasionaron la muerte de la víctima. Agregaron "Al diferenciar en imprudencia-negligencia. la norma no sólo está reprochando un hacer de más -imprudencia-, sino también en cuanto al segundo supuesto, está conminando toda omisión que se aleje del cuidado debido, incluida, claro está, la omisión de conjurar un riesgo. En estos últimos casos se estará causando normativamente (no evitando) la muerte, siempre que con la acción debida el resultado no se hubiera producido, con una posibilidad rayana en la certeza" (David Baigún, Eugenio R. Zaffaroni, Código Penal, Ed. Hammurabi, 2010, t. 3, p. 691). Finalmente indicaron que ambos imputados deberán responder en calidad de autores, en tanto no es posible la coautoría culposa.