Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 30 de 2003.

Considerando:

1. Que el señor juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida por Moisés Kostzer contra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, ordenó a la demandada poner a disposición del actor -en el término de cinco días- las copias de los convenios celebrados por esa entidad con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios del Dr. Kostzer (ver fs. 155/162).

Contra esa decisión, la demandada interpuso y fundó un recurso de apelación (fs. 164/178 vta.).

El traslado del memorial fue contestado por la actora a fs. 186/187.

2. Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la cuestión traída a estudio del tribunal se centra en el rechazo de una solicitud efectuada por un matriculado organismo, tendiente a obtener "información" respecto de tres convenios que se habrían celebrado con el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.

3. Que cabe señalar que, conforme lo establecido por los art. 43 CN y 14 CCABA, la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantía reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte.

Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate o prueba (Fallos 306: 1253; y 307: 747).

4. Que, ello asentado, corresponde, en primer término, examinar el agravio de la demandada en cuanto a la competencia del fuero local. Al respecto, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse al sentenciar la causa seguida entre las mismas partes el 28 de mayo de 2002 ("Kostzer Moisés c/ Colegio Profesional de Ciencias Económicas s/ otras demandas contras la autoridad administrativa", Expte. Nº 4343). Allí se sostuvo que "el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una entidad de derecho público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado (art. 1º Ley 466), que cumple cometidos administrativos de acuerdo a la habilitación legal, actuar que se rige por la citada Ley 466".

"Partiendo del marco legal de desenvolvimiento de dicha entidad, es propicio indicar que la entidad cumple fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste por delegación normativa transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los profesionales de las Ciencias Económicas. En tal sentido, según lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 466 'Para ejercer la profesión, deberán matricularse los titulares de diplomas correspondientes a los títulos en Ciencias Económicas reglamentados por la Ley Nacional 20.488, debiendo abrirse una matrícula para cada uno de los mismos.' Por lo demás, según el art. 64 'El Consejo Directivo verificará si el profesional peticionante reúne los requisitos exigidos por la ley que reglamenta el ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas y se expedirá dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud'." "En dicho contexto, atento a que la función desarrollada por el ente demandado puede encuadrarse prima facie en el marco del derecho público, la acción intentada ha de considerarse comprendida entre las causas contencioso administrativas a que se refiere el artículo 2º del CCAyT." "Asimismo, resulta oportuno poner de resalto el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ha decidido que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para atender en ciertas materias cuando de recursos se trata, constituyen una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (ver causas "Prada, José Luis c. Inspección de justicia", del 27/12/1990; "Caputo, José Luis y otros c. Estado Nacional (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social) s/ regulación de honorarios" del 19/12/1991; y Fallos 315: 1830, que remiten a dictámenes de la Procuración General)." "Cabe observar sobre el punto que la citada Ley 466 atribuyó a esta Cámara el conocimiento de los recursos contra la sanciones disciplinarias (art. 34) y para el supuesto de denegatoria de la matrícula o su renovación (art. 68)." "Por lo demás la disposición transitoria 3º de la ley estableció que 'Hasta tanto se constituya la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, entenderá en las causas judiciales que se promuevan en razón de lo establecido en la presente ley el Tribunal Superior de Justicia'" "Desde la perspectiva de esas disposiciones legales y de las características de las funciones desempeñadas por la entidad demandada y la naturaleza de su vinculación con sus miembro corresponde confirmar lo decidido por el señor juez de grado, quien resulta competente para seguir entendiendo en las presentes actuaciones".

Con base en lo precedentemente reseñado, corresponde rechazar el agravio en examen.

5. Que, por otra parte, tampoco pueden tener acogida favorable los cuestionamientos efectuados en torno al desconocimiento del sistema y de las competencias de los órganos instituidos por la Ley 466.

Ello es así por cuanto, en principio, cabría distinguir entre la pretensión de fiscalizar las gestiones del Consejo y la solicitud de simples "vistas" de algunas de las decisiones a las que se habría arribado en la gestión. En principio, la fiscalización de la gestión de la entidad debe efectuarse por intermedio del órgano creado por la ley con competencia específica para ello, en el caso, la Comisión de Fiscalización.

Sin perjuicio de ello, no podría negarse ab initio el derecho de los matriculados a obtener información relativa a la gestión de la entidad de la que forman parte y respecto de la cual deben decidir, periódica y obligatoriamente mediante el mecanismo eleccionario previsto en la citada ley Nº 466, quiénes gobernaran su destino. En tal inteligencia, uno de los pilares para poder ejercer adecuadamente el derecho de opción antes aludido es, sin duda, contar con una adecuada información.

En ese orden de ideas, debe interpretarse que el referido derecho se encuentra debidamente tutelado por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, en el art. 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del cual, atento lo dispuesto en el art. 10 de ese mismo ordenamiento, no cabe predicar sino su inmediata operatividad.

6. Que, sobre tales bases, toda vez que la negativa a posibilitar el acceso a la información solicitada por el amparista no ha sido debidamente fundada, y en tanto no se advierten razones valederas que la justifiquen (como podría ser, por ejemplo, el hecho de que su divulgación pusiera en riesgo el normal funcionamiento de los órganos de la entidad), el tribunal entiende que pueden tenerse por configurados los requisitos exigidos en el art. 14 de la CCABA para la procedencia de la acción de amparo.

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, aun cuando a priori no se vislumbra -ni la demandante la alega- la situación de urgencia -también necesaria- que justifique la acción expedita intentada, lo cierto es que, atento el estado procesal en que se encuentra la causa -nótese que ha sido totalmente tramitada- y ponderando que a la luz de lo que en definitiva en ella se persigue sería más gravoso para ambas partes diferir la cuestión a la tramitación de un procedimiento ordinario, razones de economía procesal desaconsejan que la sala se expida en tal sentido.

7. Que, en virtud de lo expresado, deviene innecesario desarrollar los restantes agravios de la demandada; máxime, si se tiene en cuenta que ellos confluyen en los que han sido tratados en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la resolución apelada. 2) Imponer las costas de la alzada en el orden causado, en atención a los argumentos tenidos en miras para resolver la cuestión planteada y a las particularidades que ella presenta. - Esteban Centanaro Eduardo A. Russo. - Nélida M. Daniele