Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27


Causa Nº 415-03-CC/2005 caratulada "incidente de excarcelación en MENDIETA Jesús Carlos s/ inf. Art. 189 bis C.P - apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de dos mil seis se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe para resolver el presente.

Y VISTOS:

Vuelven las actuaciones a conocimiento del Tribunal como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la asistencia técnica del imputado, Sandra Marcela Donnini, a fs. 131/137 vta., contra el pronunciamiento de la Sala de Feria obrante a fs. 118/119 vta. donde se resolviera confirmar el auto de fs. 96/97 por el cual se rechaza la solicitud de excarcelación en favor de Jesús Carlos Mendieta bajo ningún tipo de caución.

Fundamentalmente se agravia la Defensa en cuanto sostiene: "que el decisorio cuestionado ha negado a su defendido el ejercicio constitucional a permanecer en libertad durante el proceso sin que se den los extremos procesales exigidos por la normativa constitucional, integrada por los Pactos Internacionales, transformándose así el encarcelamiento de su defendido en una pena anticipada" (fs. 131).

En este sentido, alega, el pronunciamiento resultaría conculcatorio de la presunción de inocencia y principio de legalidad constitucional.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 142/143 vta. postula que debe declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, conforme a los argumentos expuestos en el dictamen mencionado.

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor ingresan las actuaciones a estudio del Tribunal.

Y CONSIDERANDO:

En primer término corresponde efectuar el oportuno examen de admisibilidad dirigido a la comprobación de los requisitos extrínsecos e intrínsecos que la normativa pretende (art. 53 de la L.P.C., art. 26 inc. 4º de la Ley 7 y arts. 27 y 28 de la Ley 402), debiéndose afirmar entonces que el recurso interpuesto cumple con las exigencias de tiempo y lugar regulados por el ordenamiento legal, ya que fue presentado dentro del décimo día hábil y ante el Tribunal, que si bien no dictó la resolución aquí cuestionada por tratarse de la Sala de Feria, intervino con anterioridad y resolvió sobre la materia en la presente causa.

Examinados los recaudos formales, y recordando que no se agota en tal análisis el estudio de procedibilidad del remedio intentado, cabe ahora establecer si la cuestión esbozada constituye un caso constitucional. Esto es, si se dan los extremos que exige el art. 27 de la Ley 402.

De no ser así, el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad se vería convertido en la tercera instancia ordinaria de todos los procesos que tramitan por ante los tribunales inferiores de la jurisdicción local, lo que evidentemente contraría las razones de su creación y finalidad, desvirtuándose en absoluto los límites del recurso de casación constitucional que establece la precitada norma del art. 27 de la Ley 402. En tal sentido, aquel estrado ha dicho que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para abrir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (TSJCBA, causa Nº 261/00, "Rébora, Horacio V. C/ G.C.B.A. s/ recurso de queja", 19.4.00).

Respecto a los recaudos del art. 27 de la Ley 402 en cuanto exige liminarmente que el pronunciamiento cuestionado sea una sentencia definitiva, esta Sala in re "Incidente de excarcelación de Ruiz, Pablo Roberto o Ruiz, Félix Gastón s/ inf. Art. 189 bis, 3º C.P.N. - apelación" dijo: "El primero de los requisitos exigidos por el mencionado art. 27 manda que la resolución impugnada sea definitiva. Con arreglo a doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquellas resoluciones que importen una medida de denegación de libertad personal durante el trámite de un proceso penal constituyen sentencia equiparable a definitiva que habilita el control de constitucionalidad, dictada por el superior tribunal de la causa (Fallos 304:152)." Corresponde en este punto constatar la presencia de los requisitos sustanciales previstos en la segunda parte del art. 27 de la ley 402, es decir, analizar si la resolución en crisis ha controvertido la interpretación o aplicación de Causa Nº 415-03-CC/2005 alguna norma contenida en la Constitución Nacional o local, o bien, su validez o la de un acto, bajo la pretensión de ser contrarios a ellas.

Conforme a lo precedentemente apuntado la Defensa Oficial, a fin de configurar el caso constitucional y luego de enunciar -aunque de manera incompleta- las razones por las cuales la Sala de feria confirmó el pronunciamiento de grado, determina que la solución adoptada carece del "mínimo soporte de fundamentación que justifique ignorar el derecho constitucional que le asiste de permanecer en libertad durante el proceso y consecuentemente conculcando la presunción de inocencia de la que goza en la actualidad...", (Fs. 133 vta.), agregando incluso que "...dicha conclusión afectaría de modo palmario el principio de inocencia del que goza toda persona sometida a proceso, además de una afirmación soterrada de un derecho penal de autor". (fs. 134) De una lectura pormenorizada del pronunciamiento no se aprecia la falta de fundamentación enrostrada sino, por el contrario, se han vertido fundamentos suficientes y enunciado acabadamente las razones objetivas que motivaron la confirmación de la decisión recaída. En este sentido: "las sendas condenas que registra el encausado -una de ellas de cumplimiento efectivo-; los otros dos procesos en trámite que posee; la circunstancia de haber sido recientemente excarcelado en uno de ellos y su actitud posterior al hecho pesquisado en el principal, se erigen en indicios verificables y objetivos que satisfacen los extremos requeridos por la mentada norma procesal para habilitar la presunción contenida en su última parte de momento que, de recaer condena por el evento ahora incriminado la misma, necesariamente, no podrá ser suspendida en su ejecución" (fs. 119 vta.); sin violentarse asimismo las garantías constitucionales que se dicen conculcadas.

En consecuencia, la tacha de arbitrariedad alegada responde más que a una falta de fundamentación del decisorio al desacuerdo con la solución aplicada al caso. Sobre este punto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido que cuando el recurso se sustenta en la arbitrariedad de la sentencia, no resultan pertinentes para admitirlo las meras discrepancias con el contenido del pronunciamiento que se dicta ("Martínez, María del Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de queja por denegación de recurso extraordinario", causa 209/00) cuando, como en este caso, el fallo se encuentra debidamente motivado.

En apoyatura de sus dichos nótese que a lo largo de la presentación la Defensa, lejos de sortear con éxito los requisitos propios del caso constitucional, se ha esmerado en cuestionar las circunstancias fácticas valoradas por la Sala de feria para arribar a su decisorio, las que por otra parte ya fueran objeto de análisis y resolución tanto en la instancia inferior como en esta Alzada, y devienen ajenas, por otra parte, a la instancia extraordinaria.

En otro orden de ideas, y respecto al principio de legalidad y presunción de inocencia, esta Sala al momento de pronunciarse sobre la apelación fiscal de la denegatoria de prisión preventiva del encausado -CN 415-02-CC/2005- sostuvo: "Como parámetro objetivo de exégesis para la determinación de esos riesgos procesales, el Juzgador deberá valorar, entre otros aspectos, las circunstancias del hecho, las condiciones personales del autor, el monto de la pena a imponer, etc, por las cuales se pudiere presumir fundadamente la posibilidad cierta de aquel. Acreditados dichos supuestos, la aplicación del instituto queda legitimado y en forma alguna se contrapone al 'principio de inocencia' toda vez que en nuestro ordenamiento, el encarcelamiento preventivo está previsto como medida cautelar con exclusivo fin procesal, desechándose los argumentos que equiparan a la prisión preventiva con la pena. 'Este principio -(de) inocencia- aparece hoy universalmente reconocido y si bien desde siempre, ha sido un esfuerzo permanente el tratar de armonizar este dogma con el encarcelamiento preventivo, tal 'compatibilidad' hoy viene reconocida normativamente por las disposiciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos (en tanto admiten la coexistencia de ambos). Si además reparamos que los Pactos están integrados a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la conclusión es que la prisión preventiva no es en sí misma inconstitucional y tal es la respuesta que cabe dar a quienes así la consideran. Así las cosas, si conforme a estas disposiciones de validez incuestionable, el princip io de inocencia no logra excluir y neutralizar la aplicación de la prisión preventiva; por lo menos debe actuar como regla de interpretación limitativa en la imposición de ésta.' (Solimine, Marcelo A, 'La interpretación de las normas excarcelatorias del Código Procesal Penal de la Nación. La polémica desatada por fallos antitéticos', La Ley 15/09/2004)", en causa citada .

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia al momento de resolver en: "Ministerio Público, Defensoría Contravencional y de faltas nº 2 s/queja por recurso de inconstitucional denegado", en causa Ruiz, Pablo Roberto o Ruiz, Félix Gastón s/inf. art. 189 bis C.P." dijo: '...tampoco se han acercado elementos que permitan, en el caso, advertir una contradicción general entre la posibilidad de privación de la libertad durante el proceso y el principio de inocencia, salvo que se entienda que el principio nombrado impide de manera absoluta la privación de libertad Causa Nº 415-03-CC/2005 procesal, algo que desde el nacimiento del principio -art. 9, Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, París, 1789: '...presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley'-, resulta contradicho históricamente por la misma afirmación principista, que tolera la privación de libertad procesal y no se propone erradicarla totalmente, aún cuando sí tornarla excepcional. Claro está que las circunstancias mencionadas en el art. 319 CPPN no imponen automáticamente la denegación de la excarcelación: la interpretación de esta disposición conforme al principio de inocencia requiere entender esas menciones como factores a ser tenidos en cuenta por el juez de mérito para evaluar la probabilidad de fuga del imputado o el peligro de que entorpezca la investigación...La ponderación concreta de las circunstancias del caso permitirá al juez de mérito evaluar la conveniencia de la medida" (Del voto del J ulio B. Maier).

La restricción de la libertad de un individuo -mediante decisión jurisdiccional fundada- no implica per se la conculcación de los principios enunciados. La prisión preventiva, y en consecuencia la denegatoria de la solicitud de excarcelación, han sido aplicadas en el caso -como se dijera- con un exclusivo fin cautelar y no como un anticipo de pena sin proceso previo.

A mayor abundamiento, no surge del decisorio impugnado argumento alguno que permita presumir que la solución del caso responda a una valoración sobre la "personalidad del imputado o a su mera peligrosidad", como atribuye sin sustento la Defensa Oficial al referirse a "la afirmación soterrada de un derecho penal de autor" (fs.134).

No se ha demostrado la existencia de un conflicto real en la aplicación o interpretación de normas constitucionales, sino más bien una enunciación dogmática de derechos y meras discrepancias con el decisorio impugnado, lo que impide la apertura de la vía extraordinaria pretendida.

Por su parte, ningún elemento se ha incorporado que permita realizar un nuevo análisis o que señale un distinto punto de vista para el estudio de los temas propuestos por la defensa, por lo que no cabe apartarse entonces de las consideraciones y soluciones que se adoptaran en el decisorio de la Sala de feria interviniente.

Por lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 131/137 vta..

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y a la defensa mediante cédula, y oportunamente devuélvanse las presentes a la primera instancia interviniente. Sirva lo aquí proveído de atenta nota.

Ante mí:

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas