Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-24


Comodoro Rivadavia, veinticuatro de septiembre de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S., S. E. c/ BANCO R. S. COMODORO RIVADAVIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nro. 16.500/2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de en lo Civil y Comercial Nro. 2 Secretaría Nro. 4 (Expte. Nro. 847/2005), por haber interpuesto la parte actora a fs. 197 recurso de apelación contra la sentencia de fs. 193/196.

I.- Que a fs. 208/209 obra agregada la expresión de agravios de la recurrente mediante la cual solicita la apertura a prueba; expresando que el fundamento normativo de la pretensión se encuentra en lo preceptuado por el artículo 260 inc. 2 del CPr. Solicita que se provea la prueba testimonial ofrecida por la demandada y que no fuera oportunamente producida en la primera instancia. Peticiona asimismo que se provea la prueba informativa desestimada por el tribunal a Fundación A. y se reitere e intime a la Clínica P. oficiada oportunamente.

II.- En este estado y avocado el Tribunal al estudio de tal cuestión, no puede dejar de señalarse en forma liminar que para que sea acogida cualquier petición sobre prueba en la alzada, el recurso en cuestión debe haberse concedido en forma libre tal como surge de interpretar los arts. 259, 260 y 275 del CPr.

Asimismo debe puntualizarse que la producción de la prueba respectiva como también el tratamiento de las restantes cuestiones a que se refiere el art. 260 del ordenamiento ritual, solo puede hacerse si se mantiene el recurso concedido libremente. Por el contrario, si la instancia recursiva principal se extingue, por desistimiento o por falta o insuficiencia de la expresión de agravios, ello torna irrelevantes a las peticiones del citado art. 260 dado que solamente tienen significado para el caso de que el tribunal de alzada deba pronunciarse sobre la cuestión de fondo planteada a través del recurso principal (en el mismo sentido se expiden Fassi-Yánez, Cód. Proc. Ed. Astrea, T. 2 p. 467 en glosa al art. 260).

Tales entendimientos llevan en este estado al análisis del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 197 y fundado a fs. 208/209.

Sabido es que existe la carga procesal en cabeza de quien apela, de fundar apropiadamente el recurso de apelación. La omisión de hacerlo engendra la proclamación de deserción por insuficiencia del recurso. En este sentido se indica constante e invariablemente que en virtud de lo establecido por el artículo 265 del Código Procesal, pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio desatinadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los desaciertos, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión. No basta reiterar escritos anteriores. La memoria de agravios debe ser autosuficiente, debe bastarse a sí misma.

Así partiendo de interpretar el significado de la expresión "crítica concreta y razonada" de las partes del fallo que se consideran equivocadas, este Cuerpo debe evaluar la existencia de suficiencia "técnica o formal" en la expresión de agravios, esto es que contenga articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores que el apelante considere que contiene el fallo recurrido y si bien el criterio tradicional ha sido observar un grado de generosa amplitud para juzgar la suficiencia, por estimar que dicho criterio es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de defensa en juicio y al resguardo del mecanismo de doble instancia, bien entendido, esa amplitud no autoriza a marginar las normas procesales vigentes que rigen el acceso a esta instancia.

En el subjudice, analizando el escrito de expresión de agravios y haciendo aplicación de los criterios antes señalados, se advierte que el replanteo de prueba efectuado es el único argumento que sostiene el recurso, sin detenerse en la impugnación del fallo contra el cual interpuso la apelación y respecto del que, por imperativo legal (art. 265 CPCyC.) debió desarrollar una "crítica concreta y razonada".

No se advierte que del contenido de la expresión de agravios surja un ataque concreto y la consecuente demostración de los errores en que hubiere incurrido el fallo que se pretende revocar, por el contrario se limita a señalar que la resolución impugnada resulta "improcedente, injustamente tratada y arbitrariamente contradictoria" sin que se pueda concluir que tal crítica habilite la revisión por parte de esta Alzada.

En consecuencia, no habiendo cumplido minimamente con la carga del art. 265, concretando los errores pretendidos en contra de la sentencia corresponde declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 197 por la parte actora.

III- Como consecuencia de lo decidido anteriormente la petición de apertura a prueba en segunda instancia también debe rechazarse.

Sin embargo y a mayor argumento nos permitimos señalar que reiteradamente sostuvimos que la apertura a prueba en segunda instancia reviste carácter restrictivo, reconociéndose sólo las excepciones previstas por el art. 260 del CPr., considerando taxativa la enunciación y que "... en orden a la idea que la segunda instancia no importa un nuevo juicio, sino solamente la verificación de la justicia de la sentencia en base a los elementos reunidos por el a-quo, sólo excepcionalmente se permite presentar ante la Alzada nuevas pruebas o intentar reproducir las que fracasaron en primera instancia..." (José V. Acosta: "Procedimiento Civil y Comercial en Segunda Instancia", t. I, p. 247).

Ello porque el procedimiento recursivo en la legislación procesal de nuestra provincia -al igual que en el de la nación y las restantes provincias- ha adoptado un sistema conforme al cual la vigencia de la doble instancia no importa un nuevo juicio. Por lo tanto, al sustanciarse el recurso, el órgano superior no se halla facultado para diligenciar ex novo los actos probatorios producidos en la instancia anterior ni tampoco para admitir la interposición de nuevas pretensiones y oposiciones o bien el ofrecimiento indiscriminado de prueba.

En este orden de ideas, la petición también debe contener una crítica concreta y razonada de la resolución atacada -similar a la expresión de agravios-, demostrando debidamente los motivos que se tienen para considerar que la denegatoria de prueba en primera instancia o la negligencia decretada fue errónea y justificar el peticionario que no medió demora, desidia o desinterés en diligenciar el elemento probatorio declarado caduco. Y en tal sentido, atendiendo los términos del planteo efectuado, corresponde señalar que no constituye la petición formulada por el apelante, una crítica concreta y razonada de los defectos de la decisión de primera instancia ni indica razones demostrativas de la necesidad de la prueba.

Así, "Tanto en el supuesto de denegación de prueba como en el caso de la declaración de negligencia corresponde demostrar que el fallo es equivocado, pues la función prístina de la alzada, no es la de fallar en primer grado sino la de revisar las sentencias de los jueces inferiores; y es obvio que si estas se ajustan a derecho no pueden ser revocadas" (Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios" p. 483).

En base a ello, a tenor de la presentación efectuada por la recurrente corresponde rechazar al replanteo de prueba.

No obstante, cabe puntualizar otras razones por las cuales también resulta improcedente el pedido de la actora. Nótese que con respecto a la prueba informativa a la Fundación Aigle, se observa que mediando oposición por parte de la demandada a fs. 58, se hizo lugar a la misma a fs. 71 por no versar el informe pretendido, sobre datos que consten en los registros de la oficiada y resultando posteriormente rechazada la pretendida ampliación de prueba testimonial por extemporánea a fs. 75.

En tal sentido, sabido es que cuando se pretende por vía informativa la obtención de datos de origen estrictamente personal, o que se reconozca un hecho en que el tercero intervino personalmente, y que no resulta de archivo, documentación o registro, deberá ser declarado en la audiencia respectiva como prueba testimonial (arts. 442, 443 y 396 del CPr.).

Con respecto a la testimonial de la demandada (V. J. ), y la reiteración del oficio a Clínica P., deviene improcedente el planteo de la recurrente toda vez que conforme surge de las constancias de autos implica asumir una conducta contraria su anterior comportamiento procesal. Así, de fs. 133 a 135 y 137 surge que la propia actora solicitó la caducidad de la prueba testimonial que ahora juzga relevante. De igual manera, atendiendo a las constancias de fs. 142vta., 174vta., 183 y 184vta., la aquí recurrente solicitó se dictara sentencia sin perjuicio de no contar en autos con el informe que solicitara a Clínica P. resultando por tanto una prueba no esencial a su criterio conforme surge de la interpretación del art. 495 del CPr., en que justificó su pedido. Tampoco está prevista en el ordenamiento la reiteración del pedido de informe sino la posibilidad de su consideración en esta instancia si fuera agregada.

Surge claro que la actitud asumida resulta inadmisible por contrariar sus propios actos anteriores y previsiones procesales correspondientes para la apertura a prueba en la Alzada (art. 260 inc. 2 del CPr.).

En atención a tales argumentaciones resulta clara la improcedencia del planteo formulado por la actora, no encuadrando en los supuestos habilitados por la ley ritual. VI.- Las costas de esta instancia, en atención a cómo se resuelve, serán impuestas a la apelante vencida (art. 68 CPr.), procediéndose a regular los honorarios de los letrados intervinientes de acuerdo a la ley arancelaria profesional art. 14 ley 2.200, t.o. ley 4.335), teniendo en cuenta la labor profesional, resultado obtenido, la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 197 y en consecuencia rechazar la solicitud de apertura a prueba efectuada.

2)Costas de esta instancia al apelante vencido. Regúlense los honorarios de la Dra. A. del M. C. en la suma de pesos doscientos ($200).

3)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 169 DEL AÑO 2007.

DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS REGISTRADA BAJO EL N° DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS