Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-06


Nº 588 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los seis días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"ROMERO, ATILIO JOSE ROLENDIO C/ ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. Y/O BANCO BISEL S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Nº 51.674, año 2002, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 516/542.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor a fs. 516/542, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 492/500.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 553 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos conforme resolución que obra a fs. 573 y vta..

A fs. 557/558 emite su dictamen N° 1193/02 el señor Procurador General, y a fs. 576 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, legitimación para recurrir y sentencia definitiva.

Respecto del oportuno planteo de la cuestión constitucional -apartándome en este punto de lo dictaminado por el representante del Ministerio Público-, entiendo que el agravio, de existir, se habría configurado con el dictado de la sentencia de la segunda instancia.

Sostiene la recurrente, que el fallo de Cámara incurre en arbitrariedad, al afirmar que de las constancias de la causa surge que el error en los datos referidos al actor, se originó en el Banco Bisel, sin indicar cuáles son esas constancias.

Cuestiona el razonamiento referente a que los sentenciantes -cuando dejaron fijados los hechos imputados a la Organización Veraz en la acción de hábeas data, en tanto no dieron respuesta al requerimiento de su cliente de remitirle la documentación del falso informe y su rectificación-, en aquélla oportunidad solamente le asignaron responsabilidad por las costas, por ser absolutamente incoherente y contradictorio. Señala que es incorrecta la afirmación, de que su parte ni siguiera alegó que el referido banco de datos tuviera la obligación de verificar la información, teniendo, a su vez, la misma base legal en los arts. 902, 1109 y concordantes del Cód. Civil.

Critica la conclusión arribada acerca de su expreso reconocimiento acerca de que el hecho dañoso no fue cometido por la citada agencia de informes, por ser aislada y descontextualizada, ya que así como es cierto que si no hubiera existido el falso informe del Banco Bisel, registrado por Organización Veraz, no hubiera existido daño, no lo es menos que para la configuración del hecho dañoso fue necesaria e insustituible la difusión del falso informe, hecho exclusivamente protagonizado por esta última, según lo describiera y la codemandada.

En virtud de ello, entiende que la alzada saca conclusiones imaginarias, por contradecir las constancias del juicio. Ataca la consideración de que no obran probanzas que el registro hubiera emitido algún dato erróneo, con posterioridad a la fecha de que el banco le hizo saber de la existencia del error, por ser una aserción desvinculada del debate y por lo tanto violatoria del principio de congruencia.

Finalmente el letrado interviniente critica la disminución de sus honorarios, sin que hubiere cuestionamiento al respecto por parte de la apelante, lo que, entiende, constituye un exceso de jurisdicción.

Concluye en que la sentencia en crisis, está fundada en la sola voluntad de los jueces, sin apoyo en el derecho vigente y en los elementos dados por las partes para la solución del litigio, todo lo cual les produce menoscabo los derechos de propiedad y defensa en juicio de su parte.

Liminarmente, es dable destacar -con relación a la vía impugnaticia intentada por el quejoso- que el recurso extraordinario no persigue solucionar todo vicio de procedimiento o de juzgamiento que afecte una litis. "En todo caso -dice la Corte Suprema- el recurso extraordinario no ha sido instituido para corregir cualquier injusticia con que los litigantes puedan entenderse agraviados por los fallos judiciales" (Fallos 236:70; 1186:497; 194:220, entre otros).

Por lo que la suerte de la impugnación dependerá de la demostración de agravio constitucional en el tema planteado y/o en el caso, en la demostración de una causal de arbitrariedad (conf. Néstor Pedro Sagüés, "Recurso Extraordinario", edit. Astrea, edic. 1992, p. 316/317).

Sintetizada la postura del recurrente, advertimos que la cuestión que plantea, por su carácter fáctico, procesal y de derecho común, es de aquéllas que resultan ajenas -en principio- a esta vía excepcional, toda vez que deben ser juzgadas por la instancia ordinaria ejerciendo facultades que les son privativas e impiden su revisión (conf. Sent. N° 16/90, N° 95/03, entre otras), salvo que a la luz de las pautas brindadas precedentemente, se configure un vicio de gravedad tal que torne aplicable la doctrina de la arbitrariedad (Fallos 293:226).

Sentado lo que antecede y analizada la decisión atacada a la luz de los agravios expuestos, encuentro configurado en autos el aludido supuesto de excepción, toda vez que el pronunciamiento en cuestión contiene diversos vicios integrantes de la causal señalada.

Es así como la alzada, modificando la decisión de grado que hizo lugar a la demanda, al excluir de la condena solidaria a la Organización Veraz S.A., tuvo como principales fundamentos que, lo señalado por esa misma Sala en ocasión de imponerle las costas a Organización Veraz en la acción de hábeas data:

"se trata de una cuestión completamente diferente a la controvertida en autos" (conf. fs. 495 vta.), agregando posteriormente en el mismo orden de ideas que "En función de tales premisas y analizadas las constancias de la causa se entendió que la actitud remisa de la demandada en dar inmediata respuesta al requerimiento del accionante de remitirle la documentación respaldatoria del informe evacuado a la Concesionaria Capri ., justificó a esa fecha, la promoción de la acción . lo que no significó de manera alguna expedirse respecto a la responsabilidad por el informe suministrado a Capri lo que hubiera significado adelantar criterio sobre una cuestión no propuesta" (conf. fs. 495 vta. 2° párrafo) (la negrilla me pertenece).

No obstante ello, previamente, en la Resolución N° 165/00, dictada por dicho tribunal en el Expte. N° 5216/99 -hábeas data que fuera el antecedente de la presente acción-, habían señalado los señores camaristas que: "Surge del examen de las presentes actuaciones que ante la información suministrada por la Organización Veraz a la firma Capri (fotocopia de fs. 4) que incide en la solicitud de préstamo al Citibank ." (conf. fs. 222 y vta.) (la negrilla también me pertenece).

De lo expuesto se colige sin hesitación que al haber quedado firme esta última afirmación, no es exacta la vertida en el párrafo anterior, circunstancia que determina que la recurrida incurre en el yerro de contradecir otras constancias de los autos -en este caso, los correspondientes al referido proceso constitucional- que precedieron a éstos.

Por otra parte, el pronunciamiento en crisis omitió valorar prueba esencial para la resolución de la causa, como lo es el informe emitido por VERAZ a CAPRI de fecha 25/02/99 de que el Sr. Romero se encontraba en situación 4: alto riesgo, con relación al Banco Bisel, en el mes de agosto de 1998 (conf. documental obrante en sobre N° 20.671).

También la alzada ha incurrido en el vicio de prescindir del texto legal -Ley N° 25.326 de protección de datos de carácter personal- sin dar razón plausible alguna. La aludida normativa, en su art. 4 incisos 1 y 4 -en lo que aquí respecta- se refiere a la calidad que deben tener los mismos y en el inc. 5 al deber de supresión por el responsable del archivo, haciendo también remisión al art. 16.

Este último, a su turno, consagra los derechos de rectificación, actualización o supresión que posee toda persona, el plazo dentro del cual debe ser corregido el error y las medidas a adoptarse mientras transcurre dicho término (conf. incs. 2 y 6).

Lo expuesto, tampoco puede ser desvirtuado por el hecho de que ". no existe prueba alguna que demuestre que la recurrente haya emitido algún informe con el dato erróneo ó se hubiera frustrado alguna operación comercial o crediticia del acccionante ó que la falsa información hubiera llegado a conocimiento de terceras personas, con posterioridad a la fecha en que el Banco Bisel le hizo saber de la existencia del error . y hasta la fecha en que se corrigieron los datos del sistema." (conf. fs. 496 vta.), por tratarse de una afirmación inadmisible y a su vez apartada de las constancias de la causa, ya que ninguna otra operación de aquellos tipos hubiera tenido sentido que se inicie con empresas que recurren a esta información de riesgo comercial, mientras no se modificase el dato erróneo, porque el resultado hubiese sido obvio, conforme se evidencia de las múltiples informativas dirigidas a bancos del medio (conf. oficios agregados a fs. 228, 229, 252, 253, 254, 263 y 264).

En otras palabras: es contrario a la lógica pensar que alguien que tenga conocimiento de su imposibilidad de conseguir crédito, va a seguir intentando el otorgamiento, hasta tanto pueda salvar el obstáculo que determina, inexorablemente, un resultado negativo y exponiéndose a todos los nuevos riesgos y perjuicios que ello le acarrearía.

En tal sentido, el decisorio impugnado contraría este sencillo razonamiento y, lo que es más grave aún, pasa por alto las consideraciones -ya efectuadas en su anterior pronunciamiento, reitero, devenido firme-, respecto a: la exigencia de la codemandada a la actora de nuevos requisitos para el trámite de eliminación del dato, absteniéndose a su vez de informarle a la misma que ya había procedido a borrarlo (como lo afirmara en el escrito defensivo), manifestación que a su vez no era cierta (conf. fs. 222 vta. y 223 de la Res. N° 165/00), argumentos que originaron que la Cámara modificara la imposición de costas, estableciéndolas a cargo exclusivo de Organización Veraz S.A..

También señalaron los juzgadores que: "Ciertamente, todas las pruebas producidas en el presente .sólo acreditan el efecto negativo alegado por el actor como producto del error incurrido por el Banco Bisel respecto de su situación como cliente del citado banco, el cual -como ya quedó dicho- no puede ser imputado a la recurrente" (conf. fs. 496 vta. in fine y 497).

De ello se aprecia, que encuadraron erróneamente los hechos de acuerdo a las circunstancias de la causa, al confundir la responsabilidad derivada del suministro del dato erróneo, de la emergente de su mantenimiento, por un período posterior a la comunicación de la corrección -efectuada por la entidad bancaria a Organización Veraz S.A.-, máxime por parte de quien tiene como actividad la utilización lucrativa de los mismos, como lo es esta última.

Por todo lo expresado, el fallo recurrido al concluir que: ".la apelante no ha incurrido en culpa ni en negligencia que la obligue a responder en autos por los daños ocasionados al actor por la conducta del Banco Bisel S.A. (art. 1109 C.Civil)" (conf. fs. 497), no constituye una derivación razonable del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.

Sobre el particular ha doctrinado el Tribunal Cimero que la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. Fallos 297:100; 298:360; 299:226), entiende -además- que la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos, reconoce raíz constitucional (Fallos 240:160; 247:263).

Teniendo en cuenta los argumentos que anteceden y que el agravio de arbitrariedad resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad, por importar violación a las garantías constitucionales invocadas, corresponde acoger favorablemente el recurso deducido por el actor, a fs. 516/542, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 492/500.

La solución precedentemente propiciada, torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios.

Por las razones expuestas, voto afirmativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS , DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor a fs. 516/542, y en consecuencia se decrete la nulidad de la sentencia dictada a fs. 492/500 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. Corresponde así devolver los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley 1407/62).

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio, y el criterio sustentado por este Tribunal a partir de lo decidido en sentencia Nº 06/80, deberán imponerse en el orden causado.

La regulación de los honorarios profesionales se difiere para la oportunidad en que se dicte sentencia definitiva en la causa. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretario Subrogante, de lo que doy fe.

MARIA LUISA LUCAS RAMON RUBEN AVALOS JUEZ PRESIDENTE SALA 1ra. CIV., COM. Y LABORAL SALA 1ra. CIVIL, COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA MIGUEL ANGEL LUBARY SECRETARIO SUBROGANTE SALA CIVIL, COM. Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA	S E N T E N C I A Nº 588 RESISTENCIA, mayo 6 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 516/542 por el actor, y en consecuencia, decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 492/500.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal para que, la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62).

III.- IMPONER las costas en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al Sr. Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el punto II..-