marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación de seguridad, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Izaguirre, Martín c/ Okecki, María Celina s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-12-15

El art. 75 de la LCT. "no regula una obligación nacida o creada en el contrato del trabajo, sino que reitera un deber general de conducta, instaurado para proteger no solo a los trabajadores sino también a cualquier tercero ajeno a la relación laboral que pueda eventualmente ser dañado por las maquinas, instalaciones, etc. de la empresa.
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, exacciones ilegales
Materia: PENAL
Carátula: Rossetto, Adrián Ricardo c/  s/ p.s.a. lesiones leves, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-06-18

Con respecto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el imputado permitió al vehículo continuar su marcha, pese a advertir que circulaba en infracción, se trata de un concurso aparente de leyes, porque la comisión del hecho más grave, las exacciones ilegales, necesita justamente que el funcionario público incumpla sus deberes; es decir, el policía prefirió exigir la coima en lugar de cumplir con su deber de impedir la circulación del vehículo en infracción y labrar la multa correspondiente.

Fuente del sumario: SAIJ
Juicio ejecutivo, mandamiento de ejecución, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Garay, Alberto Alejandro y Otra s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-03-09

Respecto a los ejecutados a los que se les notificó el mandamiento de intimación y pago y no opusieron excepciones, el proceso quedó en estado de sentencia, lo que ya no depende del impulso procesal de la parte, quedando el dictado de sentencia a cargo del Juez, no pudiendo decretarse en proceso ejecutivo la caducidad de instancia.

Es así por cuanto en ese caso se agotó la instancia, debiendo el juez de oficio dictar sentencia de remate, como bien lo expresa la apelante.
Derecho contravencional, control estatal, control de productos alimenticios, bien jurídico protegido
Materia: MEDIO AMBIENTE - ADMINISTRATIVO
Carátula: LIÑAN LINARES SRL s/ INFRACCION LEY Nº 22375/5151 Y ART 127 INC F CODIGO DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-08

Se debe destacar la importancia que tienen las cuestiones de control sanitario o bromatológico a la luz de las circunstancias actuales.

La supervisión que debe ejercer el Estado en defensa de la salud de la población y de los intereses del consumidor, cada vez más desprotegido, especialmente frente a sofisticados sistemas de producción y comercialización de alimentos de uso habitual. Todo contralor resulta insuficiente para proteger este bien jurídico tutelado por el Código de Faltas; libertad de comercio y de mercados no es sinónimo de omisión o liviandad en materia de control estatal, frente a los abusos crecientes que se cometen contra la ciudadanía;

por el contrario la aplicación de las normas contravencionales debe hacerse con toda rigidez.
Defensa del consumidor, consumidores, vehículos, obligaciones del usuario, falta de legitimación para obrar, legitimación activa, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco Comafi SA c/ Sansuste, Fernando Andres s/ ejecutivo (ll 20.9.19, f. 122.131)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

1 - En el marco de una demanda incoada contra un fabricante automotriz y una concesionaria en reclamo de sustitución del vehículo nuevo adquirido, a causa de los defectos de fabricación que éste manifestara tempranamente, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa, opuesta con fundamento en que el actor promovió la acción prescindiendo de la intervención de su cónyuge, siendo que sólo es cotitular del 50% del bien. 2 - Ello así, en tanto resulta acreditado el carácter de titular de la relación de consumo del actor y en consecuencia destinatario del régimen protectorio de la ley por el cual pretende hacer efectivas sus garantías constitucionales (art. 42 CN y arts. 1, 2 párr. 2°, y 3° de la ley 24240). Además resulta acreditado su carácter de usuario de dicho vehículo con las órdenes de reparación, no encontrándose debatido que el vehículo luego de cada reparación fue restituido al mismo actor. 3 - El concepto de consumidor lleva implícito además una herramienta de legitimación con base constitucional tendiente a aplicar el régimen protectorio previsto por el legislador en la normativa consumeril. Además, en materia contractual debe prevalecer el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, los que se verían vulnerados si en el caso se recepcionara el criterio de la excepcionante, en cuanto pretende hacer valer a su sola voluntad el reconocimiento de la titularidad de la relación de consumo, conforme se beneficie o no su propia posición procesal.
Cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Álvarez, Ariel José Eugenio c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Álvarez, Ariel José Eugenio c/ GCBA y otros s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Si a partir del análisis del art. 2 de la LCT y del art. 4 de la ley local n° 471 - de Relaciones Laborales en la Administración de la Ciudad-, los jueces de mérito destacaron que no se había demostrado la existencia de disposición alguna que permitiera concluir la compatibilidad de la Ley de Contrato de Trabajo con el régimen de empleo público propio de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de hacer responsable solidariamente al GCBA por el despido del accionante, remiten, en rigor, a examinar cuestiones fácticas y de interpretación de normas infraconstitucionales, aspectos que, por regla, resultan privativos de los jueces de la causa. (Del voto de los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde e Inés M. Weinberg)
Enjuiciamiento de magistrados, Constitución Provincial, competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Superior Tribunal de Justicia s/ solicitud formación Tribunal de Enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El tratamiento por la Corte Suprema de la decisión adoptada por el órgano de juzgamiento contemplado en la Constitución del Chubut mediante la cual se destituyó a un magistrado configura una aspiración que no puede ser atendida por vía del recurso extraordinario en tanto las disposiciones locales aplicables no prevean la "justiciabilidad" de las decisiones adoptadas en este tipo de situaciones.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, despido, injuria laboral, entidades financieras, empleados de banco
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Ghiglia, Danilo Roberto  c/ Santander Rio S.A.  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-27

La patronal, en mi opinión, describió detallada y minuciosamente la falta atribuida que violentaron las reglas de actuación del empleado bancario y quebraron la confianza en la honestidad del accionar del empleado, al punto de configurar una injuria habilitante para justificar el despido (cfr. 242 y 245 LCT), lo hizo con el acto de notificación del despido de fecha 20-08-2020, la carga de precisión del art. 243 LCT quedó debidamente satisfecha. Por su parte, el trabajador no negó expresamente el detalle de los hechos y conductas tachadas de reprochables, limitándose a dar explicaciones de justificación en la línea de defensa elegida. Así, la falta de negativa concreta del hecho implica la admisión del mismo y tiene relevancia para establecer con firmeza la plataforma fáctica. La doctrina expresa que el silencio -total o parcial- en relación a los hechos expuestos en la demanda puede estimarse como un reconocimiento o admisión de la verdad de esos hechos. El silencio o la respuesta evasiva adquiere así fuerza vinculante de admisión (Voto Stettler, en disidencia. Minoría)
Facultades del fiscal, instrucción, archivo del expediente, continuación del proceso judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pazo, Carlos José s/ recurso de casación e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14

A raíz de un recurso del querellante, la Cámara de Apelaciones, revocó la resolución del juez federal que decidió archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder -en esa oportunidad el Ministerio Publico se expidió en igual sentido, dado que el imputado era un sujeto beneficiado por la ley 23.521- , y ordenó al juzgador que continuara con la investigación. Así las cosas, el Ministerio Público Fiscal decidió impulsar la acción penal y requirió medidas de prueba.

De esta forma, se habilitó al juez instructor para que comenzara con la instrucción de la causa. Es así que, no se observa que se haya violentado el ne procedant iudex ex officio. Por otro lado, en este caso, tampoco se encuentran los presupuestos que dieron origen al fallo "Quiroga" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara no intervino por la consulta del juez de primera instancia que no compartía los fundamentos del fiscal, sino a raíz del recurso del querellante. Asimismo, la Cámara no exhortó al Ministerio Público para que impulse la acción penal, sino que ordenó al juez que continuara con la investigación. El Fiscal de Instrucción, que pudo mantener su criterio si lo creía acertado, decidió requerir la instrucción de la causa. Por lo tanto, no se puede sostener que no existió impulso válido del titular de la vindicta pública. Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que, aun cuando existiese el vicio denunciado por la defensa, la actividad posterior del Ministerio Público Fiscal impulsando la acción penal- lo ha subsanado. Por lo demás, como fue explicado anteriormente, existió en el expediente un querellante que logró la intervención de la Cámara.

(Dra. Ledesma, según su voto).
Trabajadores de la construcción, pintores, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, ABEL AMERICO c/ CAVASOTTO, DANILO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

El régimen de la ley 22250 solo es aplicable al trabajador pintor contratado por una empresa de pintura para prestar servicios exclusivamente en las obras o lugares a que se refiere el artículo 1, inciso a).
Cese de la responsabilidad parental, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: A., M. B. y O.  c/ A., H. G. s/ incidente de aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Tanto en el ordenamiento derogado como en el actual que el sólo hecho de alcanzar la mayoría de edad no importa el cese de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental dado que la misma se extiende hasta los veintiún años con algunas causales específicas de cese. Se trata de una idéntica obligación alimentaria tanto en su alcance y contenido como también en los requisitos de procedencia y queda en el alimentante demostrar que debe cesar su obligación porque el beneficiario puede proveerse alimentos y que dichos recursos sean suficientes para sustentarse por sí mismo, lo que entiendo no acontece en el caso de autos.- Esto quiere decir, que el principio es que se "mantiene a cargo del alimentante la obligación alimentaria la cual cesa de pleno derecho recién a los 21 años y no con la mayoría de edad. Siendo la liberación de los progenitores una excepción cuando prueben debidamente y por la vía procesal indicada, que el hijo tiene capacidad material o cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de su vida cotidiana de manera autónoma, es decir que la carga de la prueba para que se aplique tal excepción recae sobre el padre.-
Delitos, culpabilidad, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Vecino, Rodolfo Horacio s/ Depositario Infiel
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La conciencia de la desaprobación jurídico penal del acto no requiere del autor un conocimiento completo y acabado de la antijuridicidad, basta con que sea potencial, es decir, actualizable. El autor no debe haber pensado en el momento en que realiza el hecho en que este se encuentra amenazado con una pena, sino que es suficiente con que haya podido pensar, o sea, actualizar en su conciencia el conocimiento de la punibilidad.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: A., L. c/ L. SA s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-14

No puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico. El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.
Guarda de hecho, plan de parentalidad
Materia: CIVIL
Carátula: O.R.F. s/ Protección integral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2013-12-12

Es improcedente el pedido de restitución de guarda de hecho y régimen de visitas solicitado por los guardadores de un menor, cuya madre biológica lo dejó a su cuidado, pues no es de recibo el argumento de que su accionar no encuadra en los supuestos previstos por los arts. 316, 317 y 318 del Código Civil, en virtud de la vigencia de un plexo normativo que evidencia la desaprobación de las guardas de hecho.
Fundamentación de sentencias, omisión de impuestos, mejoras, bienes inmuebles
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alvear Palace Hotel S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-16

La sentencia resulta infundada porque no relata detalladamente cuál es el contenido de la omisión del contribuyente ni informa las mejoras introducidas en el inmueble, ni examina las razones por las cuales atribuye esa omisión a la intención de engañar a la Administración. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Espectáculos deportivos, espectáculos públicos, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ RAUL c/ VIGORAUX s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-07

Entre el organizador de un espectáculo deportivo con fin de lucro y el espectador se celebra un contrato innominado (llamado de espectáculo público), por el cual el primero a cambio de un precio (el valor de la "entrada") brinda una ubicación al espectador para que este pueda presenciar el evento, pero además se compromete a que nadie sufra un daño por ese hecho ("cláusula de incolumidad" semejante a la que rige en el contrato de transporte).
Medidas cautelares, contracautela, monto de la caución
Materia: PROCESAL
Carátula: Los Idolos S.A. Pizzerias -Incidente- c/ Enargas y otro s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

El monto y la graduación de la contracautela deben encontrarse en correspondencia a dos requisitos: a)ser suficientes ante una eventual responsabilidad del solicitante de la medida precautoria, por las costas y los daños y perjuicios, en el supuesto de haberla pedido sin derecho; b) la magnitud, de la misma, no torne ilusoria la garantía del debido proceso. Al respecto, no logró la accionante demostrar que la suma fijada por el a quo, resultare en exceso a algunos de los requisitos mencionados.
Seguros, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Manuel Isauro c/ SANCOR Coop. de Seguros Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-22

El Tribunal de casación tiene vedada su actuación cuando el recurso se funda pura y exclusivamente en la refutación de los fundamentos del fallo del Tribunal de Segunda Instancia y fundamentalmente si el ataque a la sentencia recurrida se sostiene en la interpretación de un contrato, determinar el sentido y alcance de un contrato de seguros, es -al igual que la interpretación de cualquier otro negocio- una tarea reservada a los jueces ordinarios por tratarse de una cuestión de hecho exenta de censura en casación, salvo el supuesto de absurdo.
Jubilaciones, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Hernández, Blanca Estela c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-15

Debe rechazarse el agravio fundado en que la decisión afecta el derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional), si no refuta el argumento de la corte local atinente a que el decreto 1777/85 de la Provincia de Córdoba- que redujo los haberes jubilatorios por razones de emergencia previsional- había sido dictado para precisar un concepto contenido en la ley y que en consecuencia, el recurrente sólo tenía un derecho adquirido sobre los haberes ya liquidados, no así respecto de los calculados con posterioridad y en su aplicación, dado que todavía no formaban parte de su patrimonio (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay). - De su disidencia en el precedente "Iglesias" ( Fallos:331:3149) al que remitió -.
Daños y perjuicios, reclamo administrativo previo, juicios contra el Estado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: GALLO, Silvina Hortensia c/ HOSPITAL ARGERICH y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

Aún cuando del art. 99 in fine de la ley 19.987, surge que la norma no establece distinción alguna entre los diferentes tipos de causa, ella emana claramente de la distinción que por vía de interpretación ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre la vía impugnatoria de un acto, que presupone el agotamiento previsto en los arts. 23 y sgtes. de la ley 19.549, y la reclamación del reconocimiento de un derecho, cuya procedencia no depende de la declaración de invalidez de ningún acto administrativo. Por ende, quien se considera damnificado por el accionar de dependientes de la Comuna no debe cumplir, para ocurrir a los estrados judiciales en defensa de su derecho, con la exigencia del art. 30 de la citada ley, en atención a la exclusión establecida para el ámbito municipal por el art. 11 de la ley 20.261.-
Ley de empleo, promulgación de la ley, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goro Guerra, Luis A. c/ Inst. Dante Alighieri s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley Ojeda, Roberto Miguel c/ Editorial Río Negro S.A. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley Barragan, Ricardo c/ Corporación de Productores de fruta de Río Negro (CORPOFRUT) s/ Despido y cobro de haberes s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-26|1997-04-11|1997-04-30

El fundamento resolutivo que este STJ expuso en Bustos (14-9-93), y otros fallos análogos posteriores, fincaban precisamente en una exégesis del art. 72 de la Constitución Nacional. De allí que se sostuviera la imposibilidad jurídica de que el Poder Ejecutivo pudiese promulgar parcialmente un proyecto sancionado por el Congreso, expresándose que "...objetado el proyecto debe retornar a la Cámara de origen. El reenvío comprende lo vetado y lo no vetado (cf. Bustos). Ahora bien, la Corte -al decidir en Bustos y en sus similares- ha establecido una interpretación distinta a la mentada disposición, pronunciándose por la constitucionalidad de la promulgación parcial de las leyes dentro de los márgenes que describe. Y tal decisión debe ser respetada pues, versando la cuestión sobre un tópico regido por la Carta Fundamental, aquel Tribunal federal constituye el máximo intérprete de la Ley Suprema.
Excusación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BELLO, Héctor F. y OTROS -INC.- c/ E.N. s/ EMPLEO PUBLICO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-07

El tribunal no desconoce la doctrina que sostiene que la excusación del juez sólo puede ser pronunciada con anterioridad a que la causa quede en estado de dictar sentencia. Sin embargo entiende que la circunstancia de que en el momento de excusarse de intervenir en la causa el juez hubiera dictado sentencia, no impide en el caso- su aceptación.
Personas con discapacidad, importación de automotores, exenciones impositivas, declaración de inconstitucionalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el art. 8 del decreto 1313/93 se encuentra en pugna con la interpretación constitucional de la ley 19.279 y constituye un medio inadecuado para asegurar que la franquicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el acceso de este grupo a una movilidad de calidad y, por lo tanto, resulta inconstitucional (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-.

Fuente del sumario: SAIJ
Decomiso, sentencia condenatoria, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Milton Alexis c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

La disidencia parcial sostuvo que la capacidad del órgano sentenciante para ordenar un decomiso en los términos del art. 23 del código sustantivo, no puede posponerse sine die y que habiéndose omitido expresamente la disposición del decomiso en la sentencia condenatoria, aquél debe ser dictado dentro de un tiempo razonable; [.] (por ejemplo, seis meses), [ya que] no puede supeditarse a la voluntad del tribunal -o a que el condenado solicite la restitución de alguno de los elementos secuestrados -la imposición de una nueva pena, la cual si bien es accesoria y consecuencia directa de la principal, no puede quedar suspendida indefinidamente en el tiempo Así las cosas, teniendo en cuenta que en la especie recayó sentencia condenatoria el 13 de marzo de 2019 y el decomiso en cuestión fue dispuesto recién el 8 de septiembre de 2020, es decir, 1 año, 5 meses y 21 días después de aquélla decisión, es evidente que, a la luz del precedente referido, el tribunal de juicio se excedió holgadamente respecto al tiempo con que contaba para resolver el comiso de los bienes involucrados. Y ello más cuando, al momento del dictado de la sentencia de condena en relación a Páez el tribunal oral tenía pleno conocimiento de la existencia de los bienes. Dres. Riggi, Catucci y Gemignani -en disidencia parcial-.
Juicio de árbitros, laudo arbitral, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Si las partes quisieron excluir apelaciones judiciales (art. 1° del decreto 4517/66) y tal exclusión es válida, no han de llamar a las puertas de los tribunales estatales, pues no ha de permitírseles venir contra sus propios actos (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).