Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-30


En la ciudad de Trelew, a los 30 días de junio del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., R. D. c/ P. P. S.R.L. s/ indemnización de ley" (Expte. N° 22.664 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente el recurso de apelación planteado?, SEGUNDA: En su caso, ¿es justa la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 211.-- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: -- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 192 vta.), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 188/192) por el cual se rechaza la demanda promovida por el Sr. R. D. B. contra "P. P. S.R.L.", con costas.-- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69, luce agregado a fs. 198/199.------- Ordenado su traslado a la contraria (fs. 200), el mismo no fue evacuado.--------- I.- El actor impugnante se agravia de que el a quo lo considerara un trabajador autónomo en la prestación de servicios que efectuara a la empresa demandada. Afirma que del contexto probatorio y de lo reconocido por la demandada en su responde surge que su parte prestó su trabajo personal en tareas de perforación en establecimientos rurales para clientes de la empresa demandada y que, en consecuencia, rige la presunción del art. 23, 2da parte, de la L.C.T. que consagra el principio de la realidad. Arguye que admitida por la demandada la prestación personal de servicios debió dicha parte probar en contra de la presunción de que dichos servicios fueron prestados en forma dependiente sin perjuicio de la calidad de trabajador autónomo suya. Asevera que para ello se requiere la concurrencia de dos requisitos, a) organización del trabajo por el propio trabajador y b) inherencia del riesgo al mismo trabajador. Indica que de las facturas arrimadas a la causa que fueran valoradas por el Juez a quo como prueba indiciaria para sostener la autonomía del trabajo que prestaba a la demandada se arriba a la conclusión contraria pues la percepción de honorarios no es más que una forma de retribución. Postula que la inscripción en la AFIP como autónomo no es excluyente de la relación laboral pues la caja de autónomos admite afiliaciones voluntarias y los empleadores suelen requerir dicha inscripción para el otorgamiento de tareas. Alude que la carga de la prueba que rige en la materia impone que el empresario que niega el vinculo deba probar la inexistencia del contrato. Reitera que la demandada reconoció que prestó servicios a clientes de la empresa consistentes en la detección de agua en zonas rurales. Señala que no hay trabajo personal si quien realiza la tarea comparte los riesgos del negocio o si el trabajador planifica y auto organiza su labor no insertándose en una organización empresarial ajena. Postula que sus trabajos no fueron prestados en forma autónoma expresando que lo hizo sin asumir los riesgos y en beneficio de la empresa demandada. De allí, concluye, son procedentes los rubros reclamados en demanda.------- II.- En el marco delimitado por los agravios que he reseñado, comenzaré por destacar el eje argumental dirimente del fallo, para luego pasar a verificar si se ha concretado con la suficiencia técnica indispensable, el puntual y razonado ataque a lo decidido requerido por el Código del rito a los fines de habilitar la instancia revisora que ejerce este tribunal de alzada.---- El juzgador de grado previo establecer cómo juega la regla de la carga probatoria, en atención al modo en que se trabara la litis en estos autos y advertir la previsión normativa contenida en el art. 23 de la L.C.T. y jurisprudencia de esta Cámara de apelaciones vinculada, se posiciona en la postura interpretativa por la cual se requiere que la sola prestación de servicios no basta para presumir la existencia de un vinculo laboral sino que debe acreditarse por quien lo afirma que éstos fueron prestados bajo relación de dependencia (ver: considerando I -fs. 189 y vta.).--- Seguidamente pasó a evaluar los elementos de prueba aportados al proceso, de modo particular la confesional prestada por el actor (fs. 153), las testimoniales de los Sres. Z. (fs. 155) e I. (fs. 167), la informativa de la AFIP (fs. 68/69) y de la municipalidad de Rawson (fs. 70/74) y la documental de fs. 34/35, la cual si bien manifestó que no podía serle opuesta al actor -a pesar de no haberla éste negado en su autenticidad- servía igualmente como prueba indiciaria (ver: considerando II -fs. 189 vta./191 vta.-). De tal evaluación estimó que no se había probado una relación de características de un vínculo dependiente apoyándose principalmente en la falta de acreditación de subordinación jurídica; concluyendo, por el contrario, que en el marco del objeto social de la demandada el actor es un trabajador autónomo que se desempeñó independientemente y en beneficio propio, pero por cuenta de la empresa demandada. De tal manera se expresó conclusivamente: "...De tal manera, entonces, que las circunstancias del caso me llevan a concluir que el trabajo realizado por el actor revistió la calidad de autónomo en forma independiente para la empresa accionada..."(sic)(fs. 191 vta.).-------- ---------- De los motivos que permitieron arribar al veredicto que he reseñado no encuentro, ateniéndome a la lectura de los argumentos pretendidamente impugnaticios vertidos por el actor recurrente, que se hubiera concretado de manera puntual y razonada una verdadera crítica que permita ingresar siquiera a la revisión del fallo puesto bajo cuestión. Es que, basta con verificar de la comparación entre el desarrollo argumental que sustenta la sentencia con los que, de su cuño, expusiera el recurrente para advertir la ausencia absoluta de tan siquiera una indicación o mención de un yerro en el juicio esgrimido por el Sr. Juez a quo, sea en los hechos ponderados, la apreciación de la prueba o en la aplicación del derecho. El valladar técnico que, insisto, no supera mínimamente el agravio bajo análisis, se encuentra ubicado principalmente en la circunstancia concerniente a que no basta con reiterar un posicionamiento que ya fuera expuesto en presentaciones anteriores, como lo es reiterar que "...prestó su trabajo personal en tareas de perforación en establecimientos rurales para clientes de la empresa y en consonancia con lo dispuesto por el art. 23 segunda parte de la ley 20.744..."(sic(fs. 198); o bien, aseverar la concurrencia de cargas probatorias en cabeza de la demandada que no fueron las que estableciera el juzgador, en un marco hermenéutico distinto al que pregona el impugnante del citado art. 23 de la L.C.T..- Debe repararse que la sede de la apelación es una instancia de revisión crítica donde lo que se ataca o defiende, pondera, analiza, apuntala o demuele es el pronunciamiento del juez en función de sus impropiedades o desaciertos. No es una instancia para reiterar argumentos buscando ganar en su replanteo una suerte diversa de la obtenida en primera instancia; muy por el contrario, tiene por finalidad realizar la crítica concreta y razonada del fallo que se impugna. Y en tal sentido, el razonamiento paralelo o propio del apelante, que sólo trasunta apreciaciones subjetivas, no comporta la crítica que exige la normativa procesal (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado...", Ed. Ediar, 2da. ed., año 1961, T IV, págs. 389/392, nota 8 y jurisp. cit.; id. Ibáñez Frocham, "Los recursos en el proceso civil", Ed. Omeba, 3ra. ed., año 1963, n° 54, pág. 193; id. Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 2da. ed. act., año 2005, T. V, n° 599, págs 261/263).---- --- Solo a mayor abundamiento diré que sobre el tópico relativo a cómo funciona la presunción legal contenida en el art. 23 de la L.C.T. tengo sentada opinión en numerosos antecedentes de este cuerpo en los cuales precisé el modo en que funcionaba las reglas de la carga de la prueba según fuera el modo en que las partes en litigio se posicionaran al tiempo de la traba de la litis.--------- De tal manera expresé que el marco presuncional provisto por el Art. 23 de la L.C.T., desde mi óptica, solo entra a jugar ante la acreditación de prestación de tareas a favor de una organización empresarial ajena bajo la dirección y efectivo poder jurídico del sindicado como empleador quien es demandado en tal carácter.-- Por lo tanto, es de ver que me inclino por la postura que propugna el entendimiento que la expresión "prestación de servicios" que usa el citado Art. 23 de la L.C.T., no se refiere a cualquier tipo de servicio, sino, al que corresponde a la tipología contractual y ámbito propio del derecho del trabajo.----------- Ello así habida cuenta que, dicho marco normativo, al referir a las características de la acción humana regulada por esta rama jurídica, la define siempre como una prestación distintiva de la tipología contractual de naturaleza laboral y que contiene a cargo del trabajador una "prestación dirigida" (Art. 4 L.C.T.); "bajo relación dependencia" (Arts. 21; 22; 99 L.C.T.); con "sujeción a instrucciones o directivas (Art. 27 L.C.T.), "a las órdenes" (Arts. 168 y 255 L.C.T.), en "relación de dependencia" (Art. 32, párrafo 3ro. y 253 L.C.T.), "haber puesto su fuerza de trabajo a disposición" de la otra parte (Arts. 103 "in fine" y 197 L.C.T.); conceptos todos ellos que caracterizan la llamada dependencia jurídica, es decir la puesta a disposición de la capacidad laboral de una persona a favor de otra que puede dirigirla. Esta postura la he postulado, como lo expresé "supra" en numerosos precedentes de esta Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut (en especial los que se registran en S.D.L. Nros. 03/01; 01/02; 11/02; 20/02; 40/03; 10/04, 53/06, entre otras CANE).-------- Tal posicionamiento hermenéutico se compatibiliza con la valoración de la actitud asumida por las partes en conflicto en cada supuesto en particular, en cuanto que el modo en que se produjo la traba de la litis determina las cargas probatorias que corresponderá atribuir en cabeza de cada una de las partes respectivamente. Si el actor afirma la existencia de un contrato de trabajo que lo vinculara a quien demanda y éste no niega la prestación de tareas sino que afirma que las mismas fueron realizadas en otro carácter o que el vinculo que las motivara era de otra naturaleza, ambas partes habrán de probar los presupuestos de hecho de la norma que indican en favor de su pretensión o defensa (Art. 377 2do. párrafo del C.P.C.C., de aplic. por vía del Art. 45 de la Ley 69).----- -- Nótese que lo dicho, no es ni más ni menos que aquello que precisa el citado Art. 23 de mentas, en cuanto establece literalmente que "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancia, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario" (sic)(lo destacado en negrita me pertenece). Es que, ante la admisión de la prestación de tareas de la parte actora a favor de la demandada, impone acreditar que la vinculación que existiera reconoce características distintas a una relación laboral o bien que esta era una empresaria autónoma.------ No hay pues inversión de carga probatoria alguna sino solo una presunción favorable a quien afirma haberse desempeñado bajo relación de dependencia ante la falta de acreditación de lo contrario. (Conf. CNCom., Sala B, 12/4/00 "ATC s/Concurso preventivo s/ incidente de verificación...", T.S.S., 2000-459; id. C.Apel. Concepción del Uruguay, sala del Trab., T.S.S. 2000-930).---- Es que de esto se trata el principio de la primacía de la realidad que rige en la materia, ni más ni menos que determinar en concreto y en cada supuesto planteado a la jurisdicción, cuál fue la realidad acontecida haciendo efectivo el principio que le da primacía a ella por encima de cualquier forma que las partes pudieran haberle dado a su vinculación.- Solo ante la negativa absoluta (en relación a la prestación de servicios como a su categorización como dependientes), de quien se sindica como empleadora se desplaza, con exclusividad, en cabeza de quien afirma la existencia de un contrato de trabajo la carga de su prueba, la cual se satisface acreditando en primer lugar que prestó servicios -que en la especie no es un hecho controvertido-; y, en segundo lugar, que éstos se emparentaban con las tareas bajo la subordinación jurídica, técnica y económica que caracterizan y dan contenido tipificante al contrato de trabajo que es el presupuesto que no fue suficientemente acreditado en autos según lo determinara el a quo sin merecer ello ataque alguno de parte del recurrente. Y ésta es la situación ocurrida en el presente proceso en el cual la demandada negó taxativamente la existencia misma del vínculo laborativo que pregona el actor (Véase al respecto el interesante enfoque de Efrain Quevedo Mendoza, "Carga y valoración de la prueba: precisiones", J.A., 1998-III-630).------ Lo referido lo es, reitero, solo a título "obiter dicta" y lo traigo a colación en el presente resolutorio por su pertinencia y adecuación al sentido desestimatorio de la demanda decidido en el anterior grado.--- ----- Por todo lo expuesto, entonces, corresponderá declarar desierto el recurso impetrado por carecer el mismo de falta de fundamentación técnica que permita ingresar a la revisión del fallo apelado, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora vencida en ella (Conf. arts. 265, 266 y 279 del C.P.C.C.).- No corresponderá regular honorarios al Dr. J. G. V., letrado apoderado del actor, por sus tareas cumplidas en esta alzada, por resultar las mismas inoficiosas (Conf. Arts. 3 y 6 de la ley 2.200)(Conf. S.T.J.Ch., in re: "Geosur S.A. s/ Concurso Preventivo (452-2003) s/ Incidente de Revisión del Banco del Chubut S.A.", Expte. N° 20.812-G-2007; S.R.E. Nro. 89).-- Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la NEGATIVA.-------- A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó: Dada la claridad de la reseña que efectuara el colega preopinante de la sentencia de origen de fs. 188/192, y de los agravios que contra la misma expusiera la actora a fs. 198/199, me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y en homenaje a la brevedad.----------- I.- Analizaré los agravios del apelante a fin de dar respuesta al interrogante acerca de la suficiencia técnica del memorial. 1) El recurrente focaliza su agravio en que el sentenciante de grado lo consideró un trabajador autónomo en la prestación de servicios que efectuara a la demandada, teniendo en cuenta que del contexto probatorio y reconocido por la contraria surge que B. prestó su trabajo personal en tareas de perforación en establecimientos rurales de clientes de la accionada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 23 de la ley 20744. Destaca que la norma referida establece una presunción que opera igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto, por las circunstancias, no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.------------ n	Reitera que la demandada admitió la prestación laboral por lo que correspondía a dicha parte destruir la presunción referida a que los servicios eran en relación de dependencia. Señala que la inscripción del actor como trabajador autónomo no es excluyente de la relación laboral. Finalmente indica que el "a quo" afirma que la demandada reconoce que el actor prestó servicios a clientes de la empresa en tareas de detección de agua en zonas rurales, pero alega que fueron en forma autónoma, para luego destacar los supuestos en los cuales no existe relación de dependencia, expresando que tales supuestos no se dan en la especie.-- 2) Puesto a interpretar el art. 23 de la LCT, el juzgador de la instancia anterior consideró que la presunción de dicha norma "...puede quedar desvirtuada mediante la acreditación suficiente de que quien llevó a cabo la prestación del servicio cuenta con una organización jurídica y económica que permite calificarlo como un empresario de su propia actividad" (ver fs. 189 vta., 1er. párrafo), y más adelante agregó con cita de un pronunciamiento de esta Cámara que "...la parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o defensa. Y la prueba de la prestación de servicios debe ser de aquellos prestados en relación de dependencia, toda vez que solamente este tipo de servicios son los que tipifican el contrato de trabajo al cual puede llegarse en su caso por la vía presuncional de la norma. De ninguna manera cualquier trabajo involucra que nos encontremos dentro del artículo 23 o del contrato de trabajo, sino solamente aquellas tareas prestadas bajo relación de dependencia" (ver fs. 189 vta., ídem).----------- Finalmente, luego de analizar la prueba producida concluyó "En suma, considero, que el actor no ha probado fehacientemente la relación laboral invocada, pues las pruebas aportadas a tal efecto resultan insuficientes para acreditar que los servicios prestados a la demandada lo fueron en el ámbito de un contrato de trabajo. De tal manera, entonces, que las circunstancias del caso, me llevan a concluir que el trabajo realizado por el actor revistió la calidad de autónomo en forma independiente para la empresa accionada...El trabajador autónomo no se incorpora a la organización de un tercero -el acreedor de las obras o de los servicios- y como consecuencia asume los riesgos de su actividad. Por eso no celebran contratos de trabajo quienes trabajan en utilidad patrimonial propia -y no por cuenta ajena- y organizan su propio trabajo. Los auxiliares autónomos entonces son los que trabajan para el empresario pero en forma independiente y en beneficio propio...Estos auxiliares son ajenos a la empresa y se ligan a ella en condiciones y para negocios diversos -civiles y comerciales-...En el presente caso, reitero, la prestación de servicios por parte del actor respecto de la demandada no configuran una relación de dependencia jurídica sino que, por el contrario, fueron realizados en forma independiente para la empresa a fin de llevar a cabo determinadas funciones de la actividad comercial de esta última. En mérito a lo expuesto, entiendo que el actor no ha acreditado de manera fehaciente el vínculo laboral oportunamente alegado, motivo por el cual corresponde el rechazo de la demanda promovida" (ver fs. 191 vta., 1er. párrafo).-------------- n	----- 3) Como se puede apreciar, el Sr. Juez "a quo" interpretó el art. 23 de la LCT en el sentido de que no cualquier prestación de servicios importa la presunción de relación de dependencia, y por ende que admitida dicha prestación corresponda a la demandada desvirtuar dicha presunción. Por el contrario el argumento dirimente del sentenciante radicó en que la presunción de la norma mentada se refiere a servicios prestados en relación de dependencia, para concluir que de la prueba rendida se desprende que los servicios que el actor prestó a la accionada lo fueron en forma autónoma.

n	- Las objeciones planteadas por el recurrente no se hicieron cargo de dicha argumentación dirimente, sino que se limitaron a remarcar que la demandada había admitido la prestación de servicios -pero sin rebatir que no cualquier servicio hace jugar la presunción que invoca a su favor-. También indica que su inscripción como autónomo no excluye el contrato de trabajo, sin hacerse cargo de que de las pruebas rendidas, entre las cuales dicha inscripción es una más, el juzgador concluyó que prestó las tareas en forma autónoma.--------- Al respecto es sabido que crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, se debe trasuntar un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia, sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 941). Reitero que el apelante basa su agravio en una interpretación del art. 23 de la LCT diversa a la brindada por el sentenciante, mas no esgrimió los motivos por los cuales la interpretación del "a quo" resultaba errónea. Y dentro de la interpretación que desarrollara, en forma consistente y coherente con la misma, el juzgador efectuó un análisis de la prueba que le hizo arribar a la conclusión de la inexistencia del vínculo laboral alegado por el quejoso. Es por ello que concluyo que el memorial analizado carece de la suficiencia técnica exigida a la luz del art. 265 del CPCC. 4) Tal como hiciera el colega preopinante, también diré a mayor abundamiento que con relación al art. 23 de la LCT expresé en reciente fallo (ver CANE, Sala "B", SDL 45/08 del 19/06/08) que para que opere la presunción contenida en dicha norma es menester que concurran dos requisitos básicos: a) la prestación de un servicio y b) una relación de subordinación económica, técnica y jurídica entre el prestador y el beneficiario de dicho servicio; sosteniéndose que en la medida en que la naturaleza del vínculo resulte controvertida, la carga de demostrar la existencia de tales presupuestos fácticos -que tornan operativa la presunción legal- pesa sobre quien invoca la relación laboral (conf. art. 377 del CPCC, arts. 45 y 76 de la ley 69). Asimismo agregué que ateniéndose al texto de la norma en cuestión, se admite como salvedades a la presunción la prueba de las "circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven", habiéndose señalado que tales tres datos o elementos son las claves que sirven para encuadrar jurídicamente el tipo de relación en lo que hace a lo central de una relación laboral, que es la dependencia subordinada (conf. Rodríguez Mancini, Jorge en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. La Ley, Tº II, 2007, pág. 77). Es así, concluí, que la mera prestación de servicios no hace operativa sin más la presunción del art. 23 de la LCT, sino que habrá que tener en cuenta tales circunstancias, relaciones o causas, para que pueda considerarse que dicha prestación se lleva a cabo bajo la forma de dependencia. Y trasladado dicho razonamiento al presente caso, encuentro congruente con dicha interpretación el razonamiento y la conclusión que se explicitaran en el pronunciamiento en crisis, ya que dado el análisis de la prueba producida se determinó la inexistencia del vínculo laboral bajo relación de dependencia.---------- n	-- II.- En síntesis, por todo lo expuesto y razonado corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la actora, con imposición de costas en esta sede a la recurrente vencida (conf. art. 59 de la ley 69 y 279 del CPCC).- Sin perjuicio de lo anterior, ante la deserción del recurso declarada, no corresponderá regular honorarios al letrado de la apelante por resultar inoficiosos sus trabajos realizados ante la Alzada.-------- A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.----- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -- Atento al modo en que me pronuncio en la anterior cuestión la presente deviene en vacía de contenido por lo que me eximo de realizar otras consideraciones a las ya realizadas.-------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo: -- En atención a la respuesta brindada a la primera cuestión planteada, deviene abstracto pronunciarse respecto de la segunda pregunta presentada.-- A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente; sin regular honorarios por sus tareas de segunda instancia al Dr. J. G. V., por haber resultado sus labores en ella inoficiosas. ASI LO VOTO.----------- A LA TERCERA CUESTIÓN El Dr. De Cunto expresó: --------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, esto es: 1) DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la actora apelante, sin regulación de honorarios al Dr. J. G. V. por resultar inoficiosa su actividad ante la alzada. Así lo voto.---------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: - --- S E N T E N C I A: -------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---------- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. - IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora recurrente; sin regular honorarios por sus tareas de segunda instancia al Dr. J. G. V., por haber resultado sus labores en ella inoficiosas.------------ Regístrese, notifíquese y devuélvase.------- Fdo: ALDO LUIS DE CUNTO - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 47 DEL AÑO 2008 - SDL.- CONSTE.-