Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Juz.10 Sec.19 Causa n° 4111/10" P.G.N.R c/ OSDE y otro s/ sumarísimo" Buenos Aires, 3de junio de 2014.- Y VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 423, la parte actora a fs. 426 -concedidos en relación a fs. 424 y fs. 427, -fundados a fs. 428/429, fs.435/437 vta., que mereciera la réplica de fs. 439/441. Finalmente, la señora Defensora Oficial interpuso y fundó el recurso de apelación que luce agregado a fs. 447/449, concedido en relación a fs. 451 y contestado por la demandada a fs. 455.

Y CONSIDERANDO:

I.- Los señores H.D.L.P. y S.A.G. iniciaron la presente acción de amparo -en representación de su hijo menor de edad N.R.P.G.-contra OSDE a fin de obtener la cobertura integral de las prestaciones de: a) Tratamiento de estimulación temprana en módulo de dos sesiones semanales a cargo de la lic. Girado; b) tratamiento psicológico en módulos de dos sesiones semanales; c) terapia vincular con ambos padres; d) tratamiento de psicopedagogía en módulos de tres sesiones mensuales; e) apoyo a la integración escolar durante toda la jornada escolar, todo ello conforme fuera indicado por los profesionales que asisten a su hijo en función de la discapacidad que padece (trastorno general del desarrollo no especificado) (v.fs. 27/32 vta).

A fs. 37 se hizo lugar a la medida cautelar requerida al inicio de las presentes actuaciones y en consecuencia se ordenó a OSDE que proveyera la ".cobertura integral del 100% de todos y cada uno de los tratamientos indicados por los médicos tratantes de N.R.P.G.".

Interín el trámite de la causa, el señor Juez de primera instancia modificó de oficio la precautoria y restringió la cobertura a los médicos e instituciones incluidos en la cartilla de OSDE (fs. 63).

Esta decisión fue apelada subsidiariamente por la parte actora y a fs. 147/148 este Tribunal revocó la decisión apelada y ordenó a la demandada que diera en forma inmediata cobertura integral del 100% de la totalidad de los tratamientos necesarios para afrontar la enfermedad que padece el menor debiendo realizarlos los profesionales que en la actualidad lo asisten sin distinguir si pertenecen o no a la cartilla de prestadores de la demandada.

II.- Encontrándose los autos en condiciones de dictar sentencia, la señora Jueza de primera instancia declaró abstracta la cuestión planteada y ordenó a OSDE que otorgara la cobertura de los tratamientos que se reclamaron en el escrito inicial con los profesionales que lo asisten, bajo la modalidad de reintegro. Las costas las impuso en el orden causado (v.fs.415/418 vta.) Contra dicha decisión apelaron ambas partes. La demandada en su memorial de agravios cuestiona la distribución de las costas (v.fs. 428/429).

Por su parte, la actora se queja de que se haya establecido ambiguamente en la sentencia que la demandada deberá dar cobertura bajo la modalidad de reintegro cuando la demandada ya venía reconociéndolo de acuerdo a los aranceles estipulados en el contrato. Seguidamente, critica la distribución de las costas(v. fs 435/437).

Finalmente, la señora Defensora Oficial adhirió a los argumentos volcados por la accionante y enfatizó que las costas sean impuestas a la demandada en virtud de la negativa brindada (v. fs. 448/449).

III.- Ahora bien, a efectos de dar una respuesta adecuada a los agravios de ambas partes, conviene sintetizar una serie de hechos no discutidos en la causa, a saber la condición de afiliado del niño a la Obra Social Organización de Servicios Directos Empresarios -OSDE- (cfr. copia de la credencial a fs. 6), la enfermedad que padece "trastorno generalizado del desarrollo no especificado", debido a la cual se le expidió el correspondiente certificado de discapacidad (cfr. fs. 34) y la necesidad de realizar los tratamientos individualizados en el escrito de inicio (cfr. fs. 9/22).

Está en debate si corresponde el reintegro de los gastos de acuerdo a los valores establecidos en materia de discapacidad y si corresponde la imposición de las costas decidida por el magistrado de primera instancia.

Como es sabido, el art. 28 de la ley 23.661 establece que los agentes del seguro deberán desarrollar un programa de prestaciones de salud, a cuyo efecto se establecerán y actualizarán periódicamente las prestaciones que deberán otorgarse obligatoriamente (cfr. esta Sala, doctr. causa n° 841 del 7/2/2001 y 6624/11 del 13/3/2012, entre muchas otras).

Por su parte, la ley 24.754 determina en su único artículo que las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a dar la misma cobertura que las obras sociales (cfr. esta Sala, causas n° 5475 del 14/8/03 y n° 15768/03 del 5/8/04).

Ello sentado, debe recordarse que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud). Es que, como sostuvo este Tribunal en casos que guardan cierta similitud con el presente, el PMO no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 63 0/03 del 15-4-03 y 14/2006 del 27-4-06, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. esta Sala, causas 8545 del 6-11-01, 630/03 del 15-4-03 y 14/2006 del 27-4-06).

En otro orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Ley Suprema), reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (cfr. Fallos 323:3229).

Sentado lo expuesto, se debe recordar que la demandada reconoció las prestaciones pretendidas bajo la modalidad de reintegro pero a valores reconocidos en el contrato.

En función de ello, atendiendo al carácter de discapacitado del menor, y que a través de la modalidad reconocida por la demandada le permite al menor recibir los tratamientos indicados por sus médicos tratantes. No obstante, OSDE no puede desconocer la vigencia de la Resolución 428/99 que establece el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con discapacidad. De ahí que la integralidad dispuesta en la ley 24.901 debe guardar relación con los valores reconocidos en la modificación realizada a dicha Resolución (v. Resolución del Ministerio de Salud n° 1859/2013).

En ese entendimiento, tampoco puede perderse de vista que ".los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en su art. 19, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halle el niño o la niña." (Conf. CIDH, causa "Furlan y Familiares c. Argentina", fallada el 31.08.2012).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde modificar este aspecto del decisorio y ordenar a la demandada que brinde la cobertura requerida en el escrito de inicio bajo la modalidad de reintegro a los valores reseñados en la Resolución del Ministerio de Salud 1859/2013.

IV.- Finalmente, y en cuanto a la imposición de las costas, resta sostener que le asiste razón a la parte actora.

Ello ocurre así pues no puede soslayarse que la conducta asumida por la demandada obligó a los padres del menor a judicializar el reclamo impetrado.

Pues bien, teniendo en cuenta que la accionada cumplió la prestación de autos luego de que el a-quo se hubiera pronunciado a fs. 37 y fs. 147/148, este Tribunal sostiene que las costas deben imponerse a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

Por los fundamentos vertidos, SE RESUELVE: Modificar la resolución apelada en el sentido acordado en los considerandos precedentes. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN N° 31/11 y 38/11-B.O. 17.1013.- Regístrese, notifíquese - a la señora Defensora Oficial en su público despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase -.

Ricardo G. Recondo-Guillermo A. Antelo-Graciela Medina