marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por accidente de trabajo, opción del trabajador, inembargabilidad de la indemnización
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26

Entiendo que no resultan atinados los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito recursivo cuando viene a sostener la aplicación de normas laborales protectorias de la indemnización acordada, pues como lo destaca la Cámara de Apelaciones en la sentencia que se cuestiona, no fue en ese marco jurídico que se acordó la indemnización, sino que la misma se sustentó en el derecho común, y que por consiguiente el crédito no posee tal amparo legal.

Si bien el derecho reconoce a los accionantes la facultad de decidir en forma libre entre las vías que pone a disposición de éstos para obtener la satisfacción de sus pretensiones, ello no implica que una vez efectuada esa opción puedan abiertamente pretender la aplicación de los beneficios o prerrogativas que se encuentren regulados en aquellas vías que -reitero- por libre elección, han desdeñado. Esto es, no pueden buscar amparo legal en uno u otro sistema normativo según mejor convenga a sus intereses, pues efectuada la elección por una de las vías acordadas, les son aplicable íntegramente las normas que en forma armónica gobiernan aquélla elegida y de voluntario acatamiento
Intereses, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ RECTIFICACIONES DAVISON s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-02

Tratándose de operaciones del tipo del que origina estos actuados -cobro de descubierto en cuenta corriente bancaria- por aplicación del art. 565 del Código de Comercio, que remite a los intereses que "cobren los bancos públicos", la tasa a aplicar es la activa, es decir la que cobra el Banco de la Nación para operaciones de descubierto en cuenta corriente.
Acción de amparo, caducidad, plazos procesales, ilegalidad continuada
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: TUDURY MARTHA ESTHER c/ PEN-LEY 25.561,DTO. 1570/01 Y 214/02 s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-27

El art. 2, inc. e) de la ley 16.986, en cuanto fija el plazo de caducidad de quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no configura un escollo insalvable si aquello que se pretende enjuiciar es conceptuado como una ilegalidad continuada originada tiempo antes de recurrir a los estrados judiciales y mantenida al momento de accionar y con posterioridad.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Maidana, Delfor Roberto s/ Tentativa de robo agravado - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Es atenuante la calidad de los motivos que determinaron al procesado a delinquir, probados por vía confesoria, en tanto procuraba dinero para facilitar el viaje de su madre a otra Provincia con motivo de hallarse gravemente enferma la madre de ésta.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cajal, Mario Sebastián y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Es aplicable la doctrina de arbitrariedad, si los argumentos que hicieron procedente el recurso extraordinario deducido, involucran cuestiones que atañen a la interpretación efectuada de las normas aplicables, de forma tal que se condenó a efectuar un pago sin norma legal que lo sustente, con grave menoscabo de las garantías consagradas por la Constitución Nacional.
Contrato de trabajo, empresa, subasta judicial
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Cerda, Andrés Avelino y Otro c/ Cascada  S.A.,  Roberto Aguirre  S.A. y Abelio de Jesus e Hijos S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. Santibañez Aguirre, Rubén y Otros c/ Cascada S.A.; Roberto Aguirre S.A, y Abelio de Jesus S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-04|1990-11-05

Siempre que a la venta de un establecimiento -incluído el caso de una subasta judicial-, le suceda la continuación de la explotación como unidad productiva en marcha, se produce la transferencia del contrato ope legis -en claro apartamiento del derecho común-, privilegiándose el elemento objetivo de la empresa sobre el dato objetivo del empleador. (Del voto de la minoría).
Aplicación de la ley laboral, obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, opción del trabajador, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia laboral, competencia civil
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CEVALLOS, CONRADO c/ YPF s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Teniendo en cuenta la reforma introducida por la ley 24028 en la competencia para juzgar las causas en las que se reclame indemnización civil por accidente de trabajo, la invocación del art.

75 LCT, que establece una obligación patronal pero no contiene pautas indemnizatorias autónomas, no es por sí sola suficiente para eludir la nueva distribución procesal.
Materia: PENAL
Carátula: JOSE MANUEL VELEZ s.d. ABUSO SEXUAL e.p. DE MONICA ELIANA ROMANO VELEZ s/ RECURSO DE APELACION REYES, OSCAR RAMON; PEREZ FABIO ENRIQUE; REA, RAMON ESTEBAN; SOSA, DANIEL EDUARDO S.D DE USURPACION DE PROPIEDAD E.P FLINEE, GLADYS NORMA". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-10-04|2007-02-22

La nulidad es una medida de carácter excepcional, que cede ante los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales, siempre que no se hubieren afectado formas esenciales del procedimiento o vulnerado garantías constitucionales. Si no media perjuicio, la invalidez del acto por nulidad queda descartada.
Concursos, concurso especial, reglas procesales, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANILINAS ARGENTINAS  SA  S/ QUIEBRA c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES (EN LIQ.) s/ CONCURSO ESPECIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Si bien el concurso especial tramita por vía incidental y su promoción y activación compete a un acreedor particular, lo que supondría instancia susceptible de perimir a tenor de lo previsto por la lc: 300, mediando sentencia verificatoria firme no corresponde hacer lugar a la caducidad de la instancia por haber arribado la oportunidad de su ejecución mediante el propio concurso especial. Además resulta inconducente la declaración de perención frente a la posibilidad de replanteo del incidente.
Juntas de calificación, sanciones disciplinarias administrativas, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stipelman, Carlos Arnoldo c/ E.N. (Policía Federal) s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-07

Cuando la junta de disciplina, sin fundamento fáctico alguno ha desacreditado al actor, no sólo desde el punto de vista profesional, sino también personal imputándole fallas éticas que ninguna base encuentran en los antecedentes que el mismo organismo menciona ha de concluirse en que el Estado, por medio de uno de sus organismos, produjo un perjuicio de índole moral al actor que debe ser adecuadamente reparado. (Del voto del Juez Galli, consid. 16º).
Bienes públicos del Estado, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad si el recurrente no logra acreditar, más allá del acuerdo o desacuerdo con el criterio interpretativo que los jueces hicieron de las normas infra constitucionales, que la interpretación realizada por el a quo -por la cual se entiende que el vagón de un tren que se utiliza para la prestación de un servicio público pero que se encuentra bajo custodia de una empresa privada, no es un bien de uso público, en los términos del artículo 184 inciso 5to del Código Penal- sea arbitraria, carente de motivación y de fundamentación lógica a partir de la cual se produzca una violación del debido proceso, del principio de legalidad, afectación del principio de división de poderes y del principio acusatorio. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, registro de la propiedad inmueble, embargo, actos ilícitos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Mascaró de Manuilo, Martha Esther c/ Buenos Aires, Provincia de s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

La responsabilidad del Estado en casos de comportamiento irregular del registro inmobiliario se limita al importe por el que se trabó la medida cautelar al tiempo de la venta efectuada sobre la base del informe omisivo -actualizado y con sus accesorios-, pues por ese importe habría respondido el adquirente en caso de que el certificado se hubiera librado con constancia del embargo, siempre que no fuese superior al crédito del embargante y que el valor del bien embargado hubiera sido suficiente para responder a dicho crédito.
Prescripción de la acción penal, sentencia condenatoria, comisión de nuevo delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-25

La prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público, motivo por el cual debe ser declarada de oficio, pues se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente, corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos, y además los hechos criminales entre sí no tienen efecto interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado. El voto concurrente agregó que evidenciada la pérdida por parte del Estado de la potestad de juzgar en virtud de la extinción de la acción penal, resultaría contradictorio que la demora en el dictado de una resolución en tal sentido permitiera considerar interrumpida la prescripción por la circunstancia de que en ese tiempo -posterior al momento en que operó la prescripción- se dictó finalmente la sentencia condenatoria firme por el otro hecho delictivo cometido.
Derecho laboral, indemnización por muerte, trabajador, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Vera Díaz Nicolás Ezequiel y otros  c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Alsina 3158 y otro s/ Indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-24

Se quejan los accionados porque el fallo de grado admitió el reclamo indemnizatorio formulado por los hijos del trabajador fallecido, pues la remisión que formula el art. 248 de la LCT al art.38 de la ley 18.037 debe entenderse realizada actualmente al art.53 de la ley 24.241, que no contempla como beneficiarios a los hijos mayores de edad, a menos que estén incapacitados para el trabajo. Lo cierto es que carece de relevancia que los actores reúnan o no las condiciones necesarias para acceder a una pensión, pues, como lo ha resuelto la CNAT en el conocido plenario "Kaufman", en caso de muerte del trabajador las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037, tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 248 de la ley de contrato de trabajo con la sola acreditación del vínculo y el orden de prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma" (CNAT en pleno, acuerdo n° del 12/8/92, en autos "Kaufman, José L. c/ Frigorífico y Matadero Argentino SA, LL, 1992-E-126 y DT 1992-B-1872). Se confirma la sentencia de primera instancia.
Audiencia, nulidad de la notificación, notificación automática
Materia: LABORAL
Carátula: BORDON Ramón Alcides c/ MIRASOL S.C.A. s/ Cobro de Pesos, Dif.de Sueldos y Asig.Familiares-Incidente de  Nulidad de Notificación promovido por el Dr.Rafael Briceño en autos:
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-21

Aún cuando las diligencias de notificación de las audiencias de conciliación y de vista de causa deban reputarse como inexistentes, las nulidades procesales que de tal vicio se pudieron derivar se tendrán por no producidas cuando, a partir de la notificación por ministerio de la ley de providencias que necesariamente presuponen aquéllas, la parte supuestamente perjudicada dejó trascurrir el plazo de convalidación -artículo 167 del Código Procesal Civil y Comercial-; ello sin distinguir el origen de la omisión o defecto, y aún cuando se trate de una formalidad sustancial o de trámite esencial del juicio.
Litispendencia, juicio ejecutivo, quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: PEIRANO, JULIO CLAUDIO c/ CITY BIS  S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

No cabe posibilidad alguna de litispendencia entre un proceso colectivo como el de quiebra y una ejecución individual.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, concursos, responsabilidad del síndico del concurso, sanciones procesales, multa, remoción del síndico del concurso, resoluciones irrecurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: IMOLA S.A. s/ QUIEBRA- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL SINDICO  CONTRA LA SANCION QUE LE FUERA IMPUESTA POR NO PRESENTAR  TEMPORÁNEAMENTE LOS INFORMES INDIVIDUALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 175  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

No configura cuestión constitucional idónea para habilitar la instancia ante esta Corte la interpretación propuesta por la Sala a los efectos de sostener la inapelabilidad de la resolución que impus o la multa al síndico, hermenéutica que sustentó en doctrina autorizada, citándose a Migliardi ( quien afirma -respecto de los apercibimientos y multas aplicadas al síndico- que ante la falta de disposición expresa, estas sanciones deben ser consideradas inapelables), y a Rouillón ( que con referencia a los arts. 273, inciso 3) y 255 de la ley 24522, señala que decidida por el juez la remoción, esta resolución es apelable, extrayendo, así el Tribunal, la conclusión de que, al no aludir el autor de igual manera a las otras sanciones contempladas en la ley -apercibimientos y multa-, admite implícitamente la inapelabilidad), reforzando la exégesis asignada en que la apelación de la remoción era explicable a partir de la importancia y trascendencia de esta sanción frente a las otras, en tanto importaba el cese del síndico en sus funciones, no sólo en el concurso en que se la disponga sino en todos aquellos otros en que intervenga; su inhabilidad para desempeñar el cargo durante un término de cuatro a diez años; y la reducción de sus honorarios.

De ahí que no puede interpretarse, al margen del texto expreso de la ley, la apelación para otras sanciones que no fueran l a remoción. (Doctrina: Migliardi: "Concursos y procedimiento concursal, Comentario y análisis de la ley 19551", Ed. Depalma, 1975, pág. 215; Rouillón:"Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24522", Ed. Astrea, 1996, pág. 283; Moro, "Síndico Concursal - Sanciones - Ley 24522", en comentario a fallo, L.L., 1995 E, 176)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, relación de dependencia, mandato
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: PUCHE, RODOLFO ARMANDO c/ SOLARI, JORGE RAUL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

El recurso debe ser declarado inadmisible, desde que los agravios del compareciente no alcanzan para desmerecer lo resuelto por la Alzada, que -considerando que no se encontraba discutido que la función del actor había consistido en administrar campos de propiedad de los accionados, girando la cuestión en torno a la naturaleza de dicho vínculo, cuyo carácter laboral había sido expresamente negado por los demandados- entendió que no se había acreditado la subordinación típica de una relación laboral, tampoco la categoría desempeñada ni la jornada laboral; juzgando que las tareas desempeñadas se correspondían a la función de un verdadero administrador en una situación encuadrable en la figura del contrato de mandato regulado por la normativa civil, precisando que el encargo consistía en representar al accionado para la realización de actos jurídicos y de naturaleza comercial, cumpliendo el accionante incluso con obligaciones propias de un mandatario, como la de rendir cuentas en el período de tiempo acordado, y asumiendo obligaciones de resultado, pues ante un resultado adverso debía responder, lo cual también descartaba cualquier ajenidad en el riesgo empresario. (De la disidencia de los Dres. Gastaldi y Netri)
Recurso de apelación (procesal), juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: BERTULETTI DE WEIL c/ GANDOLFO DE BILBAO, E s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

El capítulo correspondiente al proceso de desalojo después de la reforma de la ley 22434, al igual que la ley 21342, no se ha ocupado del recurso de apelación, por lo cual es aplicable lo dispuesto por el art. 496, párr. primero del C.Procesal.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, daño causado por animales, animales sueltos en la vía pública, autopistas, responsabilidad objetiva, responsabilidad del concesionario (administrativo), obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Greco, Gabriel c/ Camino del Atlántico S.A. s/ daños y perjuicios Borneo, Mario Blas Andrés c/ Camino del Atlántico S.A. s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13|2000-03-13

El concesionario debe en principio responder por los accidentes provocados por animales, salvo que pruebe que ese hecho reviste los caracteres de caso fortuito en sentido amplio de ruptura de la causalidad.

Velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores viales no es una obligación accesoria, extraña a los concesionarios, sino muy propia de la índole del servicio y su incumplimiento lleva aparejada responsabilidad contractual objetiva.

El deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente de las rutas, la remoción inmediata de obstáculos, el control ininterrumpido de la conducción, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transitan por las rutas ... y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio ambiente, la estructura y fluidez de la circulación. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Fuerzas Armadas, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Alaniz,  Miguel  Angel c/ EN  -M°  Defensa-  EMGE s/ personal Militar y Civil de las FFAA y Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-02

De conformidad con lo dispuesto por la C.S.J.N. en los autos caratulados: "Daus Oscar Normando c/ M° del Interior y otros s/ daños y perjuicios", del 18 de julio de 2006, los requisitos de admisibilidad de la acción contenciosa adminsitrativa previstos en la ley 19.549 no son aplicables en el ámbito de las fuerzas armadas y de seguridad, criterio que no varía aun cuando el decreto 9.101/72 fuera derogado por su similar 722/96 (modificado éste por el decreto 1.155/97), puesto que la aplicación supletoria de la ley 19.549 a los procedimientos especiales no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos.
Revocación del acto administrativo, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA, IVAN F. c/ EN. (SEC. COM.) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

Tratándose de una revocación de derechos por razones de oportunidad, al actor se le debe una indemnización con lo que aparece el problema de la delimitación del resarcimiento. En tal sentido se ha dicho que la revocación de derechos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia participa de los caracteres (aunque no sea exactamente igual) de la expropiación por causa de utilidad pública.
Injurias graves, cónyuge culpable
Materia: CIVIL
Carátula: V.,C.R. c/ A.,A.C. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-07-30

El hecho de ejercer actos de violencia física y psíquica sobre el otro cónyuge configura una conducta de gravedad tal que tipifica la causal subjetiva de injurias graves, máxime cuando los mismos guardan relación con las denuncias por violencia familiar efectuadas por la víctima y resultan compatibles con el informe pericial practicado en donde se evidencian rasgos de psicopatía en el agresor.
Acción de amparo, asistencia médica
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Si bien el programa "Incluir Salud" fue instituido en la órbita del Estado nacional con el objetivo de gestionar y transferir recursos financieros para la asistencia médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas, corresponde desechar el planteo de la administración local dado que en su recurso de inconstitucionalidad no se hace debidamente cargo de que está basado en un esquema de descentralización de gestión que asegura la asistencia médica a los beneficiarios a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde estos residen (arts. 1° y 2, y Anexos I y III de la resolución n° 1862/2011). En línea con ello, se prevé que las provincias y la CABA adhieren al programa con el fin de brindar atención médica integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas residentes en su ámbito territorial, y que cada jurisdicción desarrollará las obligaciones comprometidas originadas en el convenio a través de la Unidad de Gestión Provincial, la cual es responsable de la gestión y el control de la atención médica integral prestada a los beneficiarios. (Del voto en disidencia parcial del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- I, II, III Y IV CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-26

No deben confundir daño, lucro cesante, con el rubro indemnizable chance, y dentro de la temática del daño emergente del proceso licitatorio no se debe asimilar el concepto de beneficio presupuestado y por ende, esperado, con la chance frustrada, sino que la ganancia eventual es sólo un parámetro más a tener en cuenta en la mensura del daño específico reclamado.