Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30


Dictamen de la Procuración General de la Nación:

Suprema Corte:

-I- La Inspección General de Justicia, mediante Resolución Nº 318/04 (fs. 15/24, expte. administrativo Nº 1735275), denegó la inscripción del acto constitutivo de la sociedad "Ghiano, Re y Asociados Sociedad Anónima", hasta tanto se suprima de la cláusula "segunda" de los estatutos sociales, lo referido a las incumbencias propias de los profesionales de ciencias económicas reguladas por las Leyes Nº 20.488 y Nº 466 -esta última, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

Recurrido dicho acto administrativo por la sociedad (fs. 11/17), la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (fs. 66/70) revocó la Resolución I.G.J. Nº 318/04 y, en consecuencia, autorizó la inscripción de la sociedad mencionada, en tanto se ajuste a las reglas previstas por los artículos 4 -último párrafo- y 6 -inciso 2º- del Reglamento de Sociedades Comerciales de Graduados en Ciencias Económicas y Sociedades Comerciales Interdisciplinarias (aprobado por Res. Nº 125/03). A su vez, rechazó el planteo de falta de legitimación de los integrantes de la sociedad que se desea regularizar, interpuesto por el organismo de control a fojas 49, con fundamento en que, justamente, su inscripción fue rechazada.

Por otra parte, y en cuanto al fondo del asunto, los jueces valoraron que el artículo 5o de la Ley Nº 20.488, permite que las asociaciones de graduados en ciencias económicas presten servicios profesionales, y, atendiendo a la posibilidad legal de idealizar o descorporizar esa actividad, concluyeron que no habría obstáculo para constituir una sociedad comercial a tales efectos, sin que -afirmaron- resulten relevantes las diferencias entre las sociedades civiles y comerciales.

En este sentido, agregaron, fue dictada la Resolución Nº 125/03 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que aprobó el Reglamento de Sociedades Comerciales de Graduados en Ciencias Económicas-que autoriza la formación de sociedades anónimas de profesionales -aparte de las ya autorizadas por ese organismo mediante Resolución Nº 273/96-.

-II- Contra la sentencia antes referida, la Inspección General de Justicia dedujo recurso extraordinario (fs. 74/89), que fue concedido con el alcance expuesto a fojas 98/99. En ajustada síntesis, alega que existe cuestión federal, toda vez que se ha puesto en cuestión la validez de un acto de autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión ha sido contra su validez, excediéndose, a su entender, del control de legalidad que le corresponde a la Cámara Comercial.

Argumenta, asimismo, que la sentencia es arbitraria, ya que carece de fundamentación y realiza afirmaciones dogmáticas. En particular, aduce que la Cámara omitió considerar la cuestión relativa a la falta de acreditación del carácter profesional de los integrantes de la sociedad en cuestión, antecedente que permitiría inscribir una sociedad de profesionales que no sean efectivamente tales. Por otro lado, manifiesta que resulta erróneo el razonamiento de la alzada, en cuanto sostiene que no habría impedimento para que una persona de existencia ideal haga lo que puede hacer otra persona de igual carácter (refiriéndose a las asociaciones, conf. art. 5o de la Ley Nº 20.488, y a las sociedades comerciales), teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que la naturaleza de los aportes en las sociedades de capital sólo puede consistir en obligaciones de dar (art. 187, Ley Nº 19.550) y no de hacer, y el carácter intuito personae de la sociedad profesional. Con relación a las Resoluciones Nº 125/03 y 273/96 referida por la alzada, considera que no se trata de normas jurídicas, en tanto ni el Comité Directivo, ni el Consejo Profesional, tienen facultades legislativas, ni delegadas para interpretar o reglamentar ni la ley de sociedades, ni el Código Civil. Opina que al haber instado el trámite de solicitud de inscripción la sociedad como persona jurídica, las personas que la integran, no están legitimadas para actuar en la presente causa, contrariamente a lo resuelto por la Cámara.

Por último, afirma que teniendo en cuenta el tema objeto de controversia, la posibilidad de constituir una sociedad anónima de contadores, existe gravedad institucional.

-III- Cabe precisar, en primer lugar, que el tribunal a quo concedió el recurso exclusivamente en cuanto se halla en tela de juicio un acto de autoridad de la Nación y relevancia institucional de la cuestión en debate (v. fs. 98/99), sin que la interesada haya deducido recurso de queja con respecto a los fundamentos fácticos y procesales de la sentencia -en relación, específicamente, con la legitimación activa y la matriculación de los profesionales-, por lo que la jurisdicción de la Corte Suprema queda limitada a la materia federal debatida (Fallos 315:1687). Sin perjuicio de ello, no es ocioso resaltar, en torno al último de los aspectos antes mencionados, que de las constancias agregadas a la causa, surge que los peticionantes revestirían la calidad de contadores públicos (fs. 1, 20 y vta. y 14).

-IV- En ese contexto, es menester señalar que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible pues se encuentran en tela de juicio la inteligencia de preceptos federales -Ley Nº 20.488- y actos de autoridad nacional dictados en su virtud; y la decisión ha sido contraria a las pretensiones del apelante (art. 14 inc. 1 y 3, Ley Nº 48 y doctrina de Fallos 305:1094; 322:2220; 324:333; entre otros). Entonces, es oportuno recordar que V.E. tiene dicho, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo de normas no se encuentra limitada por las posiciones del a quo, ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos en debate (v. Fallos 326.2342, 2637, 3038, entre otros), y al ser invocadas también causales de arbitrariedad que se encuentran inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, han de ser examinados en forma conjunta (Fallos 324:4307; etc.).

Sentado ello, estimo necesario precisar que el thema decidendum, en definitiva, se circunscribe a determinar la procedencia -o no- de la inscripción en el Registro Público de Comercio del acto constitutivo de una sociedad anónima de graduados en ciencias económicas, que tiene por objeto -entre otras actividades- "dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el exterior, a la prestación de toda clase de servicios profesionales de asesoramiento y/o consultoría en el área impositiva, contable, concursal, pericial, costos y otras incumbencias profesionales que autoriza la ley Nº 20.488 a los profesionales de ciencias económicas" (v. fs. 1 y vta., expte. administrativo Nº 1735275, que corre agregado). Vale añadir al respecto, y atendiendo a los agravios expuestos por el órgano de control a fojas 86 vta., que la cuestión resuelta por la Inspección General de Justicia, resulta apelable ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en tanto se refiere a la constitución de sociedades comerciales (v. art. 16, Ley Nº 22.315).

Ahora bien, corresponde recordar, tal como tiene dicho V.E., que la libertad de asociación consagrada en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y en la propia Constitución Nacional -art. 14-, no reviste carácter absoluto, sino que se encuentra sujeta a las restricciones previstas por la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés del orden público o en el marco de los principios de la solidaridad social (v. doctrina de Fallos 323:1995).

Así, el artículo 5o de la Ley Nº 20.488, cuya validez no ha sido atacada, permite la constitución de "asociaciones de graduados en ciencias económicas", condicionando la posibilidad de ofrecer servicios profesionales, a que la totalidad de sus componentes posea los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados. En ese contexto legal, deberá entonces considerarse el alcance del término "asociación" y, puntualmente, si, como afirma la Inspección General de Justicia, sólo se refiere a sociedades civiles, excluyendo, de esa manera, a las comerciales -en particular, a la sociedad anónima-.

Cabe resaltar que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, y, en ese objeto, la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos 327:1507, 4201; entre otros). A su vez, en materia de interpretación de la ley es constante el criterio conforme al cual las excepciones deben resultar de su letra, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (Fallos: 302:1599, entre muchos).

Partiendo de tales premisas cabe primero descartar, como lo hacen ambas partes, una interpretación literal del mencionado artículo 5º de la Ley Nº 20.488, ya que, vista dicha expresión en el marco de la clasificación general de las personas jurídicas privadas incluidas en el artículo 33, segundo párrafo, inciso 1o del Código Civil, podría sostenerse que ella se refiere a las asociaciones civiles allí mencionadas. Sin embargo, atendiendo a que estas entidades requieren, para ser autorizadas, al bien común como finalidad, es irrazonable considerar que el legislador haya pretendido imponer ese objetivo a profesionales de las ciencias económicas, como condicionante principal de la viabilidad de su actividad asociativa.

Corresponde, entonces, reconocer un sentido general más amplio a la palabra en cuestión, comprensivo de otras estructuras societarias, civiles o comerciales, según se verá.

Aclarado ello, es dable advertir, de un lado, que la legislación vigente -cuya constitucionalidad, reitero, no ha sido atacada por los litigantes-, permite el ofrecimiento de servicios profesionales, mediante estructuras asociativas o personas jurídicas distintas de sus socios, con la condición de que todos ellos se encuentren matriculados (art. 5, Ley Nº 20.488); siendo también claro que las profesiones enumeradas en el artículo 1o de la ley citada, sólo pueden ser ejercidas por personas físicas (v. arts. 1º y 2º, Ley Nº 20.488). En igual sentido, la Resolución Nº 125/03 prevé la posibilidad de constituir sociedades anónimas de profesionales, si se ajustan a los requisitos allí previstos, que -en cuanto aquí interesa- consisten en que todos sus integrantes -socios- sean matriculados y de posible identificación, imponiendo, a ese respecto, que las acciones deben ser nominativas no endosables; de lo cual es lógico deducir, que las sucesivas transferencias, deben efectivizarse en personas que reúnan las condiciones mencionadas -profesionales matriculados-.

Desde otro lado, tal como señala el magistrado José Luis Monti en su voto (fs. 70), el artículo 3o de la Ley Nº 19.550 permite a las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, adoptar la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos en esa Ley, quedando sujetas a sus disposiciones. Ello resulta congruente con el principio de tipicidad consagrado en su artículo 1o, que sujeta, entre otros aspectos, la comercialidad de la sociedad a su forma.

No obstante ello, no se trata aquí de modificar por la vía societaria, ni por la de los actos de los dependientes, la responsabilidad directa y personal de los profesionales de ciencias económicas y de la sociedad que integran, ni alterar su régimen de incumbencias (v. Cons. 8 y 10, Res. Nº 273/96 y 2, Res. Nº 125/03 del Cons. Prof. de Ciencias Ec. de la Cdad. Aut. de Bs. As. dictadas en razón de las atribuciones conferidas por el art. 21, Ley Nº 20.488 y Ley G.C.B.A. Nº 466 -art. 2º-), desde que, como lo señalan los jueces de la causa (fs. 69), el estatuto en estudio prevé que las acciones son nominativas no endosables y que su transferencia sólo puede realizarse, respetando el derecho de preferencia y acrecer de los restantes accionistas de las misma clase, por un período de un mes. Subsidiariamente, deberán ofrecerse a socios de otras clases, en idéntico plazo, vencido el cual, los títulos valores restantes sólo podrán venderse a terceros profesionales, universitarios en ciencias económicas, debidamente matriculados (cfse. fs. 1/2, expte. administrativo Nº 1735275, ...).

Todos estos aspectos, es obvio, además de los que emanan de las reglamentaciones vigentes (Ley Nº 20.488, Res. Nº 273/96 y 125/03, y Ley Nº 19.550), deberán incluirse en el acto constitutivo de la entidad como condición ineludible de su validez.

De esa manera, en tanto concurran los requisitos previstos en la Resolución Nº 125/03, como resalta la Cámara, y en las condiciones expuestas, no encuentro óbice para que se constituya una sociedad anónima de graduados en ciencias económicas, valorando especialmente que no ha sido demostrado el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 20.488.

-V-En función de ello, en mi opinión, VE. debe confirmar el pronunciamiento atacado, con el alcance y por los argumentos expuestos. - Buenos Aires, julio 5 de 2007. -Marta Beiró de Gonþalvez.

Buenos Aires, noviembre 30 de 2010.

Vistos los Autos: "Inspección General de Justicia c. Ghiano, Re y Asociados S.A." Considerando:

Que los antecedentes de la causa, los extremos en los que se sustenta la sentencia apelada, los planteos de las partes y los fundamentos que conciernen a la procedencia del recurso extraordinario han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos términos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad.

Que no obstante, en la medida que esta Corte ha señalado en forma reiterada que sus sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 310:819; 324:3948; 325:2275, entre muchos otros), corresponde destacar que los argumentos desarrollados en el referido dictamen resultan congruentes con las previsiones contenidas en el Reglamento de Asociaciones de Profesionales en Ciencias Económicas y de Sociedades Interdisciplinarias, aprobado por la resolución 138/2005 que, en su artículo segundo, derogó la resolución 125/2003.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada con el alcance indicado. Costas por su orden por tratarse de una cuestión de derecho novedosa (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). -Elena I. Highton de Nolasco (en disidencia). -Carlos S. Fayt. -Enrique Santiago Petracchi. -Juan Carlos Maqueda (según su voto). -E. Raúl Zaffaroni. -Carmen M. Argibay.

Voto del señor ministro doctor don Juan Carlos Maqueda:

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a los que corresponde remitir en razón de brevedad.

Que sin perjuicio de ello y dado que este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que sus decisiones deben atender a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aunque ellas resulten sobrevinientes a la deducción del recurso extraordinario (conf. Fallos: 325:2275; 329:5098 y 330:4544 y 5070, entre muchos otros), corresponde señalar que además de la normativa mencionada en el citado dictamen, al momento de la inscripción deberá cumplirse con los recaudos exigidos por el Reglamento de las Asociaciones de Profesionales en Ciencias Económicas e Interdisciplinarias aprobado por la resolución 138/2005 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que derogó a la 125/2003.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden por tratarse de una cuestión de derecho novedosa (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. -Juan Carlos Maqueda.

Disidencia de la señora vicepresidenta doctora doña Elena I. Highton de Nolasco:

Considerando:

1º) Que los antecedentes de la causa y lo atinente a la admisibilidad formal del recurso extraordinario han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, por lo que cabe remitirse a sus términos, por razones de brevedad.

2º) Que es doctrina reiterada del Tribunal que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto y que, cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 329:3470 y sus citas).

3º) Que el art.5º de la ley federal 20.488 establece que las asociaciones de graduados en ciencias económicas a que se refiere dicha ley, sólo podrán ofrecer servicios profesionales cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados.

4º) Que, conforme surge del texto expreso de la norma, se ha previsto la actuación de graduados, con el alcance y bajo las condiciones allí indicadas, mediante la forma de asociación.

5º) Que ante dicha disposición legal, carece de rigor la generalización efectuada por la cámara de apelaciones, en cuanto expresa que, permitida la prestación de servicios por una persona de existencia ideal (asociación), no existen razones para impedir que otra de ellas (sociedad anónima) haga lo que pueda hacer la primera. Al así decidir, el a quo ha prescindido del régimen legal que diferencia nítidamente ambas categorías, a las que asimiló en desmedro del plexo normativo que las rige, formulando de tal modo una interpretación extensiva de inadecuado alcance, que priva virtualmente de sentido al precepto federal examinado.

6º) Que tampoco brinda sustento a la decisión recurrida lo dispuesto por el art. 3º de la ley 19.550, que autoriza a las asociaciones a adoptar la forma de sociedad bajo alguno de los tipos legales previstos, pues en esa hipótesis se habrá constituido una sociedad comercial sujeta, como tal, a las disposiciones de la ley citada.

7º) Que, por las razones expuestas, el a quo ha efectuado una errada interpretación de la norma federal en juego para descalificar la decisión de la Inspección General de Justicia, que rechazó la pretensión de inscribir una sociedad anónima cuyo objeto social incluye la prestación de los servicios e incumbencias profesionales que autoriza la ley 20.488 a los graduados de ciencias económicas.

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo resuelto. -Elena I. Highton de Nolasco.