Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-31


Autos N° 11756 de esta Sala III, correspondientes a los autos n° 69036, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA c/ Gobierno de San Juan y Otros-Contencioso Administrativo; Autos N° 66606, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia - Acción Autónoma de Nulidad- Ordinario, y Autos N° 69.150, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Servicios de Caucete Ltda. c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA)- Cobro de Pesos- Ordinario - Acumulados".

En la ciudad de San Juan, a 31 días del mes de Julio de dos mil diecisiete reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Daniel G. Olivares Yapur y como vocal el Dr. Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Recio, para conocer sobre el recurso de apelación deducido a fojas 972 por el Señor Abogado apoderado de la parte actora Dr. Armando G. Guevara contra la sentencia definitiva dictada por la Sra. Juez del 9° Juzgado en lo Civil, Dra. Elena De la Torre de Yanzón, de fecha 14 de agosto de 2014, la que obra glosada a fojas 928/970 de estos actuados, y el recurso de apelación impetrado a fojas 640 de los autos N° 66.606 (acumulados) por parte de los Dres. Carlos E. Echegaray Bloise y Patricio A. Echegaray Bloise el que fuera concedido a fojas 641 en concepto de honorarios profesionales.

El Señor Juez de Cámara Dr. Daniel G. Olivares Yapur dijo:

En la sentencia definitiva referenciada precedentemente la Señora Juez encontró mérito para resolver del siguiente modo: "I- Rechazar la demanda de redargución de falsedad y nulidad de acto jurídico deducida en autos N° 66606, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otros Acción Autónoma de Nulidad". Costas por su orden. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Armando Guevara y José Luis Bacigalupo por sus actuaciones en forma conjunta, en doble carácter, en la suma de Pesos Treinta mil ($ 30.000), por tres etapas del proceso. Regular los honorarios profesionales a los Dres. Carlos Enrique y Patricio A. Echegaray Bloise en la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000) por su actuación en doble carácter, por dos etapas del proceso. II- Rechazar la demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios deducida en autos n° 69036 caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia de San Juan". Costas por su orden. Regúlense los honorarios profesionales de los Dres. Armando G. Guevara y Patricia del Valle Pelaytay Castañares, por sus actuaciones en forma conjunta, en doble carácter y por tres etapas del proceso, en el 21% de la base firme. Regúlense honorarios al perito, CPN Dr. Arturo Elías Manzur Novoa en el 1% de la base firme. III- Rechazar la demanda de cobro de pesos deducida en autos 69150, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.". Costas a la vencida. Regúlense honorarios al Dr. Carlos E. Echegaray Bloise por su actuación en tres etapas del proceso, en doble carácter en el 21% de la base firme. Regúlense los honorarios del Dr. Armando G. Guevara por su actuación en doble carácter, en tres etapas del proceso, en el 14,7%. Regúlense los honorarios al perito CPN Dr. Arturo Elías Manzur Novoa en el 1% de la base firme." 1. Preliminar:

Sin perjuicio de la detallada relación de la causa efectuada por la Señora Juez, y al solo efecto de otorgar mayor congruencia pedagógica al presente diré en torno a su origen y desarrollo que:

La sentencia venida en crisis, comprende la resolución del conflicto suscitado entre las partes en tres causas diferentes que fueran oportunamente acumuladas: Los Autos Nº 66606, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA - ACCION AUTONOMA DE NULIDAD- ORDINARIO, autos n° 69036, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA C/ GOBIERNO DE SAN JUAN Y OTROS - COBRO DE PESOS y autos n°69.150, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA. C/ DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CAUCETE S.A. (DECSA)- COBRO DE PESOS- ORDINARIO.

En la primera de las precedentemente enunciadas el accionante propuso acción de redargución de falsedad de instrumento público y nulidad de acto jurídico en contra del Gobierno de la Provincia de San Juan, La escribana Mayor de Gobierno Dra. Nélida del Carmen Gómez y contra la Distribuidora Eléctrica de Caucete Sociedad Anónima, trátase del Acta extraprotocolar N° 1 de transferencia de bienes, de fecha 10 de enero de 2003 pasada por ante la Escribana Mayor de Gobierno.

Expresa el accionante que dicha acta es falsa porque en ella consta que el Gobierno de la Provincia por intermedio del Ministro de Salud Pública manifestó "en uso del mandato irrevocable conferido por la Cooperativa a la Provincia a través del Contrato de Concesión de fecha 10-05-96, lo cual dio lugar a que la Escribana Mayor de Gobierno dijera "de este modo queda ratificada y concluida la transferencia de la totalidad de los bienes afectados a este servicio público".

De igual modo expresa el accionante que el acto es nulo de nulidad absoluta en razón de no haber existido un poder irrevocable a favor del Gobierno de San Juan y porque el traspaso de los bienes se configuró mediante dolo.

En los autos N° 69036 Caratulados Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda. C/ Gobierno de San Juan y otros (Sres. Alberto Liber Clavijo y Gustavo Hernán Conti, se demandó cobro de pesos en concepto de canon por la inmovilización del capital de la Cooperativa afectados al servicio público de la electricidad con mas los intereses, reclamando el accionante un canon mensual por la utilización que considera indebida de los bienes de la actora el cual estima en el 40% del total facturado mensualmente que ascendería a la suma de $ 80.000 durante un período de diecinueve meses y con más daños y perjuicios representados por los intereses y honorarios devengados en juicios promovidos en su contra, totalizando la suma de $ 2.670.000 o lo que en mas o en menos resultare de la prueba. Habiéndose trabado la litis solo con la Provincia de San Juan.

En los autos N° 69150 caratulados Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda. c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (D.E.C.S.A.) se demanda por cobro de pesos ($ 560.000) y/o lo que se determine pericialmente en concepto de costo de capital utilizado con sus intereses por la utilización de sus bienes en concepto de canon por la inmovilización de su capital afectado al servicio público de electricidad, que estima en un 40% del total facturado mensualmente, libre de impuesto, durante el período enero de 2003 hasta julio de 2003, con mas tasa activa.

En apretada síntesis he referenciado la pretensión medular que comprende a las tres causas que dan motivo a la sentencia definitiva única que resulta objeto del recurso de apelación precedentemente referenciado.

2. Recurso de apelación de la parte actora (fs. 97 de los presentes autos y/o fs. 628 de los autos N° 66606) fojas:

La expresión de agravios corre agregada a fojas 676/688 de los autos N° 66606 Caratulados Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia- Acción Autónoma de Nulidad - IV Cuerpo - y los mismos pueden sintetizarse del siguiente modo.

En primer lugar expresa el recurrente que articula nulidad de la sentencia definitiva dictada por el aquo en razón de los vicios que contiene, parcialidad manifiesta, violatoria de las disposiciones constitucionales, omitir en su parte resolutiva a la cesionaria de los derechos litigiosos como parte de la litis, falta de fundamentación y de congruencia, alteración de los términos de la litis y omisión de mencionar en los autos 66.606 todas las partes demandadas.

Afirma como título, la omisión en la resolución de las partes del litigio, y dice que la Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios Caucete Ltda. cedió todos los derechos litigiosos reclamados en autos, a favor del Fideicomiso COOPCAU y que obra en cada uno de los autos acumulados obra la constancia documental sosteniendo que la mención del actor y demandados es sustancial en la sentencia la cual adolece de falta de congruencia.

En el acápite I b. expresa que la Escribana Mayor de Gobierno que en la relación de los hechos el a quo ha mencionado como demandada, no está mencionada en la parte resolutiva sosteniendo que es relevante en tanto la cosa juzgada solo alcanza a las partes individualizadas, atacando también el fallo por incongruencia.

En el punto II que ha titulado ausencia de fundamentación y argumentos válidos dice que el a quo afirma que la acción intentada por el accionante es de redargución de falsedad, y no de nulidad, cuando debió ser la de nulidad. Afirma que la Juez concluye diciendo que no corresponde la acción de nulidad ni de redargución de falsedad. Finalmente dice que la sentencia no ha valorado adecuadamente la prueba aportada en el proceso en particular la aportada por su parte.

Objeta que la sentencia no analiza el contrato de concesión a la nueva concesionaria del servicio público de electricidad DECSA, Resolución N° 77 del EPRE de fecha 2003 en el expediente n° 614379 y 614.537/3. Resolución N° 315702 del EPRE, que recomienda hasta tanto concluya el proceso licitatorio retribuir la parte de capital inmovilizado que le correspondería a la Cooperativa tomando una tasa fijada por el EPRE, dichas pruebas dice, hubieran cambiado la suerte del juicio.

En el punto III nuevamente se refiere a la alteración de los términos de la litis por parte de la sentenciante en tanto dio tratamiento a la acción como de redargución de falsedad, cuando la acción intentada en los autos n° 66.606 es Autónoma de Nulidad. Sostiene que este cambio constituye una conducta arbitraria que, obviamente excede a sus facultades excediendo los planteos de las partes. Solicita en función de su exposición de decrete la nulidad de la sentencia dictada.

En el título II apartado II referido a los Agravios, como primer agravio expresa que su parte al entablar demanda por acción autónoma de nulidad manifestó que el acta implicaba una falsedad ideológica, no que era falsa como erróneamente le atribuye la Jueza.

Sigue diciendo que la Escribana Mayor de Gobierno al redactar el acta de transferencia de todos los bienes afectados al Servicio Público de Electricidad, debió solicitarle al representante del gobierno el poder irrevocable que afirmaba tener o ejercer y no dar por supuesta la existencia del mismo. Afirma que la Cooperativa Eléctrica de Caucete nunca otorgó un poder irrevocable a favor del gobierno de la Provincia, ello sin perjuicio que la última parte del art. 5° del Contrato de Concesión estableciera que el mismo constituye un poder irrevocable. Seguidamente objeta que el contrato de concesión no se hizo por escritura pública.

Afirma que la Escribana Mayor de Gobierno también fue demandada y no contestó la misma, constituyendo una confesión ficta a favor de la acción intentada.

Dice que la falsedad ideológica se da cuando se hacen afirmaciones no veraces, que el documento es auténtico resultando en este caso falso su contenido, refutando que la Señora Juez haya considerado al mismo instrumento público.

Expresa que el acta en cuanto a la autentificación, comprobación y fijación de los hechos es lo que no fue cumplido por la Escribana Mayor de Gobierno. En el desempeño de su rol dice, debió exigir al representante del gobierno el poder irrevocable que alegó tener y que únicamente surgía de manera inválida del contrato de concesión.

Seguidamente expresa que la Jueza confunde erróneamente lo manifestado por su parte en la acción autónoma de nulidad, al decir que la misma no es atacable por redargución de falsedad, afirmando enfáticamente en ninguna parte de la demanda en los autos 66606 atacó el acta por redargución de falsedad, únicamente afirma haber atacado el acta de nulidad por falsedad ideológica.

En el punto II- bajo el Título Omisión Tratamiento de Pruebas expresa: Que la sentenciante omite pronunciarse sobre pruebas fundamentales ofrecidas por su parte.

Dice que el fallo omite considerar el contenido del contrato de concesión que y que conforme lo dispuesto por el decreto N° 615 si el gobierno hubiera cumplido su parte hubiera percibido el 50% del valor de las acciones. Todo lo cual dice, omite la sentenciante.

Luego expresa como segunda omisión de la Señora Juez que omite pronunciarse sobre la declaración testimonial brindada por el Señor Lieber Clavijo a fojas 364.

Como tercera omisión del fallo señala que el mismo omite analizar el contrato por medio del cual se le otorgó la concesión del servicio público de energía eléctrica a la sociedad DECSA quien nunca dio cumplimiento con lo dispuesto respecto del pago de los bienes de la Cooperativa, la demandada no acreditó dice el pago de la tasa retributiva por capital inmovilizado, que el EPRE había establecido en la suma de $25.183,33.

Señala como cuarta omisión que la Juez no menciona en el fallo la Resolución N° 077/93 del EPRE ofrecida como prueba a fojas 62/63 de los autos N° 66.606 que disponía en su art. 4 que DECSA debía abonar a la Cooperativa en concepto de inmovilización de capital la suma de $25.183 tomándose esta suma como promedio y fijada unilateralmente por el ente regulador.

En la quinta omisión del fallo señala que omite la valoración de la resolución EPRE n° 281 a la que considera de fundamental importancia y que ampara los derechos de la Cooperativa, tasando los bienes afectados a la prestación del servicio público de electricidad en la suma de $ 4.476.666,67 a esa época que son las sumas demandadas por daños y perjuicios.

En el punto I fojas 648 vta, titula RECHAZO DE LA ACCION DE NULIDAD expresa que luego de diversas consideraciones respecto de la redargución de falsedad y su comparación con la acción de nulidad la sentencia se pronuncia por el rechazo de ambas y lo hace igualmente respecto de la demanda de daños y perjuicios, bajo el principal argumento de que no se ha agotado respecto de todos esos planteos la vía administrativa previa lo cual considera inadmisible. Afirma que la demanda fue de naturaleza contencioso administrativa porque apunta a la impugnación de falsedad y la nulidad de actos jurídicos estatales públicos, materia que considera extraña a ese proceso especial.

Acusa a fallo de denegación de justicia alegando que el mismo contiene un alto rigorismo formal que en los hechos destruye por equivocada interpretación el cometido de la función judicial.

En el punto I.3 acusa a la sentencia de ruinosa absurdidad en tanto pretende que todo quede en la nada, ya que si se debe hacer ahora un reclamo administrativo el resultado bien podría ser la oposición del Estado porque los actos que se cuestionen estén firmes, transcurridos tantos años desde su producción y ejecución.

En el punto II.1 que titula Innecesariedad de agotar el reclamo administrativo previo expresa que esta causa se encuentra excluida del requisito del agotamiento previo de la vía administrativa toda vez que se trata de una demanda por responsabilidad extracontractual, porque frente a un acto administrativo que la demandada ha ejecutado y consumado se torna en un ritualismo inútil, finalote agrega que esta excluida del agotamiento de la vía porque se demanda por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del estado.

Más adelante expresa que existe una clara conducta del Estado que hace innecesario su agotamiento en tanto el Estado ha contestado la demanda y ha solicitado el rechazo de la pretensión lo cual deja claramente cerrada la posibilidad de que el afectado pueda encontrar en la instancia previa una consideración a su pedido.

Expresa que la postura de la sentencia es un exceso porque la propia accionada carece de interés legítimo en exigir se agote la vía administrativa y tampoco lo ha hecho, subvirtiendo la sentencia el uso de ese derecho que es de las partes.

Agrega que existe un abuso procesal por parte de Juzgador que debe sancionarse con la invalidez del acto desmedido. Cita jurisprudencia a favor de su posición.

En el punto III que titula el objeto y contenido de la acción contencioso administrativa se dirige a afirmar que se ha demandado la nulidad con redargución de falsedad de un acta que contiene un acto inexistente o inválido. Afirma que la acción intentada encuadra en las que la doctrina ha calificado como de plena jurisdicción comprensiva además de los daños y perjuicios como su consecuencia, ratificando que los pruritos formales que el fallo desarrolla constituyen una verdadera denegación de justicia y quebrantamiento del constitucional derecho a la jurisdicción.

Efectúa reservas de ocurrir por la vía extraordinaria para el hipotético caso de un pronunciamiento desfavorable.

En otro si señala el apelante que la sentencia erróneamente regula honorarios conjuntamente con el suscripto a la Dra. Patricia Pelaytay cuando la misma no es parte en esta causa e igualmente regula honorarios al Dr. José Luis Bacigalupo que no ha tenido participación en ningún escrito, por lo que solicita se corrija tal error.

A fojas 666/675 se presentó el Dr. Carlos Echegaray Bloise quien en representación de la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) contesta la expresión de agravios y por los argumentos que allí vierte solicita el rechazo del recurso de apelación en cuestión.

A fojas 676/688 se presentan los Dres. Alberto Eduardo Bloise y Claudia I. Garramuño en representación de la Provincia de San Juan contestan el traslado oportunamente corrido de la expresión de agravios solicitando que se desestime el recurso de apelación articulado por la parte actora.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

Ingresando al estudio de la cuestión sometida a la consideración de este Tribunal, diré en primer lugar que por razones metodológicas abordaré en primer lugar los agravios vertidos respecto del proceso N° 66606, Caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia - Acción Autónoma de Nulidad- en tanto encuentro acertado seguir idéntico orden de tratamiento que otorgará la Señora Juez de primera instancia en la sentencia definitiva.

Seguidamente y habiendo efectuado un detenido estudio de la extensa expresión de agravios vertida por el apelante en referencia a la sentencia definitiva, advierto que la misma bajo excusa de denunciar presuntas equivocaciones, omisiones y carencias de la sentencia, reedita bajo idénticos fundamentos lo mismos planteos que fueran motivo de consideración ante la instancia inicial. En este sentido, no obstante los términos bajo los cuales pretende realizar una crítica observo que no logra conmover los sólidos argumentos fundantes del fallo.

Desde este punto de análisis la recurrente a efectúa numerosas manifestaciones que no tienen relación alguna con lo dispuesto por el artículo 253 del C.P.C.

La norma precitada prevé expresamente que el memorial de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, debiendo refutarse todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación a las cuestiones planteadas.

En tal sentido autorizada doctrina de Tratadistas ha señalado "No es cuestión de extensión de escrito, ni las manifestaciones sonoras, ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al Juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in indicando que evidencie la ilegalidad o injusticia del fallo..." La expresión de agravios no debe ser una fundamentación paralela a la del Juez, sino que debe cruzar tal razonamiento, demostrando el error del juez" Cfr. Colombo Carlos - Cod. Procesal Civil y Comercial de la Nación, t II, pag. 565- citado por Velert Jaime Código Procesal Civil de la Provincia de San Juan comentado y concordado, Tomo 2 - pág. 143 - Ed. Nuevo Enfoque.

Por tales fundamentos, mérito que el memorial del apelante contiene afirmaciones contradictorias por un lado, mientras que por otro reitera argumentos ya expuestos y considerados por la Señora Magistrada los cuales no son suficientes para rebatir los fundamentos vertidos en la sentencia.

En efecto, surge del pronunciamiento definitivo que la Señora Juez tituló el tratamiento como "Redargución de Falsedad y Nulidad de Acto Jurídico" habiendo comenzado por enumerar los hechos y actos comprendidos por la litis en los que concuerdan las partes para concluir en la determinación de la pretensión impetrada por la accionante en el presente proceso habiendo analizado y juzgado respecto de la redargución de falsedad pretendida respecto del acta Extraprotocolar N° 1 labrada por la Escribana Mayor de Gobierno en fecha 10-01-2003 distinguiendo de la nulidad por falsedad material y falsedad ideológica para luego abordad el tratamiento de la acción de nulidad que rechaza por entender que debió ocurrirse por la vía administrativa para cuestionar dicho instrumento.

La expresión de agravios acusa a la Señora Juez de haber cambiado y alterado los términos de la litis, en tanto expresa que la acción entablada fue acción de nulidad y no como lo expresa la sentencia "redargución de falsedad", y que su parte dio sustento a la acción alegando que existía una falsedad ideológica.

Analizando entonces los términos vertidos en el escrito de demanda ( autos N° 66606 Primer Cuerpo que tengo a la vista) advierto que a fojas 04 el accionante en el punto 2 dijo "vengo a promover demanda de redargución de falsedad de instrumento público y nulidad de acto jurídico, que deberá tramitarse por el procedimiento de acción autónoma de nulidad" ( textual) , por tal motivo, sin perjuicio de entender que el accionante alegó la existencia de falsedad ideológica del instrumento, la Sentenciante aborda correctamente el análisis de la pretensión de acción de redargución de falsedad que intenta el accionante concluyendo en su rechazo por entender que tal acción no es la correcta para la obtención de la nulidad del mismo. Es decir, la sentenciante por los fundamentos que vierte en su pronunciamiento y que no han sido rebatidos debidamente por el recurrente juzgó improponible la querella de redargución de falsedad que postuló en la demanda.

Ello conlleva a rechazar el primer agravio por encontrar que no existen alteración de los términos en que planteó la litis en particular respecto a la redargución de falsedad del acta extraprotocolar N1° fe fecha 10 de enero de 2003.

Ahora bien, respecto de la acción de nulidad por falsedad ideológica que el recurrente enfatiza, la sentencia aborda expresamente el punto cuando a fojas 621 la Señora Juez dijo "En relación a la acción de nulidad, fundada en la supuesta falta de poder y/o dolo, tampoco esta es la vía idónea, porque se trata de una cuestión vinculada a la relación contractual que unía al Estado Provincial con la Cooperativa, y por ello, debió plantearse y definirse en el ámbito de la administración" .

Vale decir entonces que el fallo efectúa particular consideración respecto a la proponibilidad de la acción de nulidad del acta extraprotocolar precitada por falsedad ideológica donde el accionante acusa la supuesta falta de poder o mandato irrevocable y concluye en su rechazo por no haberse ventilado dicha cuestión en el marco de la jurisdicción administrativa.

Sin embargo la posición en la que se sustenta el rechazo la Señora Juez aquo no es compartida por el suscripto como habré de fundarlo seguidamente.

En efecto, para este caso particular donde se acusa la nulidad de un acta extraprotocolar labrada por la Señora Escribana Mayor de Gobierno, la cual resulta ni mas ni menos que un "acto notarial" que, si bien se originó en el marco de un proceso de ejecución de la revocación del contrato de concesión de la distribución del servicio de electricidad, el mismo, como instrumento actuarial e instrumento público (cfr. art. 979 del C.Civil) resulta alcanzado por la norma prevista en el artículo 17 de la ley de procedimiento administrativo (N° 135 A Digesto San Juan) resultando en tal caso necesario a los fines de obtener eventualmente la nulidad declarada en sede judicial.

Por tal fundamento juzgo que la acción intentada (autónoma de nulidad) resulta una vía procesal procedente y en tal sentido corresponde avocarse a su tratamiento.

Ahora bien, ingresando al fondo de la cuestión propuesta, el recurrente acusa de nulo de nulidad absoluta a dicho instrumento notarial en tanto afirma que no existió mandato irrevocable que allí se menciona a favor de la Provincia de San Juan, y la Escribana Mayor de Gobierno faltó a su deber habiendo omitido requerir dicho instrumento invocado por el Señor Ministro actuante a fin de comprobar su existencia y adjuntarlo al contexto de su actuación, todo lo cual constituye una falsedad ideológica.

Ahora bien, juzgo equivocado el razonamiento efectuado por el recurrente tanto ante la primera instancia como en su exordio de agravios por los siguientes fundamentos.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 979 Ver Texto, inciso 2º del Código Civil el acta notarial es un instrumento público, ya sea que la misma se realice en escritura pública (protocolar) o extraprotocolarmente, según lo que determinen las leyes locales. Este último apartado del Código Civil, en el artículo mencionado, prevé una delegación que realiza él mismo a la ley local en cuanto a determinar los requisitos y formalidades de las actas.

Corresponde entonces a fin de abordar su estudio analizar la reglamentación que fija los requisitos y las obligaciones que debe cumplir el notario público para la conformación de dichos instrumentos. En este camino resulta aplicable la Ley Notarial de la Provincia de San Juan n° 3718 (hoy 124-C Digesto Provincial).

Allí se distingue en forma precisa los requisitos generales que debe reunir el a) Documento Notarial Protocolar y b) Los Documentos Extraprotocolares, resultando estos últimos comprendidos en la normativa concerniente a las Actas.

En efecto establece el artículo 48 de la precitada norma "El los documentos extraprotocolares se observarán los requisitos que conciernen a las actas, en cuanto sean compatibles con su carácter y las normas especiales que se establece en este capítulo". De tal forma, reenviándose a los artículos 26 y 28 de la precitada norma vemos que en el primero de ellos la norma califica: "Esta ley denomina actas a los documentos que tienen por objeto la comprobación y fijación de hechos, excluidos aquellos documentos cuyo contenido es propio de las escrituras públicas y los que tienen designación específica." Mientras que por su parte el artículo 28 establece "Las actas que constituyen documentos matrices están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones.. Apartado 2) Será suficiente la manifestación de los requirentes o interesados para actuar a nombre ajeno.

Finalmente el artículo 29 determina que Las actas protocolares complementarias se regirán en su aspecto formal por las normas establecidas para las que constituyen matriz, salvo lo dispuesto en los artículos 17, y el 23 inc. 2), y las demás excepciones que resulten o por su relación con el documento que complementan." Puede verse entonces con total claridad que, a) a los instrumentos extraprotocolares corresponde aplicarles las normas correspondientes a los protocolares con las excepciones dispuestas en la ley, y en particular lo reglamentado para las actas.

Siendo así, y de regreso al presente caso, tratándose de un acta extraprotocolar complementaria, el supuesto queda perfectamente encuadrado dentro del precepto del artículo 28 apartado 2) de la ley del notariado precedentemente citada, por lo tanto el Escribano interviniente solo debía dejar constancias (tal como lo hizo) de las afirmaciones efectuadas por su requirente y constatar los hechos y/o actos que involucraba su participación.

Por tal fundamento juzgo desacertada la posición del apelante que indica que el Escribano debió exigir la presentación del mandato irrevocable invocado por el Señor Ministro requirente de la actuación notarial complementaria, en tanto surge expresamente de la normativa pretranscripta que cuando se trata de un "acta extraprotocolar" resulta suficiente las declaraciones del requirente, por tal razón la discusión respecto de la existencia o no de un mandato irrevocable invocado por el requirente en dicho instrumento se torna vacua a los fines de la nulidad del mismo por presunta falsedad ideológica.

Analizado de esta forma el instrumento notarial, conforme a la normativa que rige su conformación, juzgo que no existen elementos que permitan declarar su nulidad, correspondiendo consecuentemente mantener el rechazo de la demanda resuelto por la Señora Juez de Primera Instancia auque por los fundamentos vertidos en el presente pronunciamiento, de igual manera voto por la desestimación del recurso de apelación articulado respecto de la causa N° 60606 Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios Caucete c/ Gobierno de la Provincia de San Juan - Acción Autónoma de Nulidad.

Seguidamente corresponde analizar el recurso de apelación respecto de los autos N° 69036 Caratulados Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda.. C/ Gobierno de San Juan y otros - Cobro de Pesos- Ordinario- y Autos N° 69150 Caratulados Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete Ltda. c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete LTDA. (D.E.C.S.A.) COBRO DE PESOS.

En ambos procesos la sentencia de primera instancia rechaza la demanda por idénticos fundamentos al haberse juzgado que el accionante no había agotado la vía administrativa iniciada que le permitiera el acceso por medio de acción contenciosa administrativa.

Contra el pronunciamiento los agravios se centran en la refutación que efectúa el apelante respecto de la innecesariedad del agotamiento de la vía administrativa y la procedencia que afirma de la acción judicial entablada como adecuada para dilucidar las pretensiones en ellas esgrimidas.

Adentrándome en el estudio de los agravios vertidos, anticipo que votaré por su rechazo en tanto encuentro acertada en este punto la posición fundada por el fallo de primera instancia.

En efecto tanto en una causa como en la otra, la pretensión tiene su fundamento y base en el proceso de revocación de la concesión del Servicio de Distribución de la Energía Eléctrica regido por el contrato suscripto por la accionante y la Provincia de San Juan y los actos administrativos inherentes a la ejecución de dicha decisión y los efectos propios de la misma.

Por tal razón, el trámite administrativo queda alcanzado por el derecho público, máxime cuando se esta tratando de un servicio esencial del estado.

Con acierto la Señora Juez de sentencia, juzgó que "el actor no tiene un crédito líquido para exigir en sede civil suma alguna de dinero.." por el contrario la discusión respecto de la relación contractual y al alcance jurídico que tiene el mandato expreso irrevocable que determina el contrato a favor de la Provincia de San Juan resultan cuestiones que inexorablemente deben discutirse ante la jurisdicción administrativa hasta agotar la misma.

Al respecto este Tribunal sigue el criterio invariablemente aplicado por la Corte de Justicia de San Juan cuando juzgó que "la reclamación previa ante la administración es un presupuesto para la impugnación judicial de los actos administrativos, y consiste en un pedido de revocación total o parcial, contra el acto, ya que el interesado lo considera irregular o lesivo, para su derecho o su interés jurídico (Prot. De Sentencias T° I, F° 197/200- 1994). Cfr. Causa Varas Aníbal B. c/ Caja Mutual de Supervivencia, vida e invalidez- Contencioso Administrativo-Sumario- Inconstitucionalidad-Sala Segunda PRE S 2° -2005-III-403.

En los casos premencionados bajo análisis (Autos N° 9036 y N° 69159) surge evidente que la pretensión de cobro de pesos y daños y perjuicios instaurada se basa necesariamente en la interpretación que ha de darse a diversas cláusulas del contrato de concesión de distribución de energía oportunamente celebrado y diferentes actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo Provincial derivados del decreto 615/01 mediante el cual se dispuso su rescisión.

Siendo así, no cabe duda alguna que tratándose de la "rescisión de un contrato de concesión de servicio público" y las vicisitudes en torno al trámite y efectos jurídicos económicos inherentes a la etapa posterior a la rescisión dispuesta, como lo es por ejemplo la discusión en torno a la interpretación que corresponde dar al tercer párrafo del artículo 28 del contrato de concesión, o la interpretación y actos derivados de la cláusula 6° del mismo contrato de concesión, dicha temática se encuentra comprendida por el derecho administrativo, y ratione materia queda alcanzada por las normas reglamentarias estatuida por las leyes provinciales que revisten carácter de orden público, determinando que tales actos deben ser revisados por la jurisdicción administrativa, estableciéndose incluso la obligación de su agotamiento para habilitar la instancia jurisdiccional judicial y por a través del proceso especial previsto a tal efecto, esto es el proceso contencioso administrativo.

De igual modo y en función de lo expuesto supra, tampoco corresponde considerar el caso como comprendido por las excepciones que prevé el artículo 27 de la ley de procedimiento administrativo 3784 (hoy 135-A), en particular por lo sostenido por el apelante en torno al inc. e) de dicha norma; y ello es así toda vez que, no constituye "conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento" el hecho de que no se haya articulado la defensa de falta de agotamiento previo de la vía por parte de la Fiscalía de Estado quién se limitó a contestar la demanda, toda vez que como lo ha sostenido la doctrina "mas allá del juicio de valor que pueda merecer el sistema positivo vigente, si se conviene en que el agotamiento de la vía administrativa y el plazo de caducidad responden a razones de interés público objetiva e imperativamente aprehendidas por el legislador y en que, por lo tanto, esas exigencias son prerrogativas condicionantes del enjuiciamiento estatal, no es posible aceptar su renunciabilidad expresa o tácita" (Derecho Administrativo" - Comadira Julio R. - Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pag. 478) ; por su parte en idéntico sentido ha juzgado la Corte de Justicia de San Juan, "siendo que lo contencioso administrativo es de orden público ratione materia, ello permite al juez examinar si se encuentra habilitada la instancia judicial e incluso puede hacerlo el tribunal de alzada y aún transponiendo el límite de los recursos, es decir, sin atenerse a los agravios que le fueran propuestos (PRE 1983-I-43) Este criterio, conforme al cual es posible que los tribunales examinen de oficio la concurrencia de los presupuestos procesales que habilitan la instancia judicial en lo contencioso administrativo, es también el imperante actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos 322:73), conforme al criterio sustentado en la cita precedente, va de suyo, la cuestión relativa a la existencia de los presupuestos procesales habilitantes de la instancia contencioso administrativa, no puede afectar el principio de congruencia desde que la eventual ausencia del presupuesto procesal en cuestión no solo puede ser alegada en cualquier estado del proceso, sino que también debe ser considerado por los jueces - incluso este Tribunal aun de oficio- Cfr. Corte de Justicia de San Juan, Sala Segunda, P.R.E. 2005,III-403 Expte. N° 3402 Varas Aníbal c/ Caja Mutual de Supervivencia.Cont. Administ. Sumario- Constitucionalidad.

Finalmente, y respecto de la queja que formula el apelante referida al abuso procesal y excesivo ritualismo formal por parte de la sentenciante, expongo que tampoco puede tener acogida toda vez que "una interpretación armónica del Código de Procedimientos ( ley 3738) y la Ley de Procedimientos Administrativos N° 3784, surge que para habilitar la instancia revisora judicial, sea que se trate de un acto administrativo respecto del cual corresponde agotar la vía administrativa, o ya sea uno de aquellos actos administrativos contemplados en el art. 27 de la ley 3784 eximidos de aquella carga, deberá interponerse el pertinente juicio contencioso administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 762 del C.P.C., computándose los plazos según se trate de denegatoria expresa o tácita. Siguiendo a Diez, puede decirse que "Vencidos eses términos, ha caducado su derecho para accionar y el acto queda firme, y contra el acto firme no hay acción en justicia" Manuel Maria Diez, o.c. pág. 58 )" Cfr. Corte de Justicia de San Juan Expte. 2475/00 Rodríguez Concepción c I.P.S.A.S.- Sumario- Diligencia Prelim. - hoy Cont. Administ- Inconstitucionalidad y Casación.

Vale decir entonces que comparto la posición jurídica asumida por la Señora Juez a quo respecto a que el accionante debió agotar la vía administrativa que había iniciado en diversas presentaciones para luego eventualmente instar la jurisdicción judicial por intermedio del proceso pertinente como en el caso resulta únicamente el Contencioso Administrativo.

Como corolario de lo precedentemente expuesto, no corresponde ingresar en tratamiento alguno de aquellos agravios que se dirigen al análisis de la cuestión de fondo suscitada en el proceso administrativo de rescisión del contrato de concesión y los actos cuestionados que postula el apelante reeditando las alegaciones que ya había expuesto en las demandas iniciales, y cabe concluir como ya lo anticipara en el rechazo del recurso de apelación articulado proponiendo confirmar el fallo de primera instancia respecto de lo resuelto para las causas en tratamiento. Así lo voto.

Respecto del agravio dirigido a impugnar las regulaciones de honorarios efectuadas a favor del letrado representante de la parte actora Dr. Armando Guevara en forma conjunta el Dr. José Luis Bacigalupo en autos N° 66606 y con la Dra. Patricia del Valle Pelaytay Castañares en los autos N° 69036, corresponde hacer lugar a dicho agravio, toda vez que, compulsados dichos autos surge que los señores profesionales prenombrados no han tenido participación en actos procesales que ameriten regulación conjunta como se efectuó en la sentencia. Por tal razón propongo dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la sentencia respecto de los Dres. José Luis Bacigalupo y Patricia del Valle Pelaytay respectivamente, manteniendo solo la efectuada al Dr. Armando Guevara. Así lo Voto.

Las costas de esta instancia corresponde en el caso de los autos N° 66606 y N° 69036 que se impongan por el orden causado en función de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 7675 (hoy 883-A Dig, S.J.) correspondiendo regular a los profesionales intervinientes en el recurso de apelación el 30% de lo que les fuera regulado en primera instancia. Mientras que las costas de segunda instancia en los autos N° 69150 corresponde imponerlas al apelante vencido de conformidad a lo dispuesto por el art. 66 y concordantes del C.P.C., correspondiendo regular los honorarios por su actuación en la alzada a los profesionales intervinientes en la suma correspondiente al 30% de lo que les fuera regulado para la primera instancia. Así lo voto.

El Señor Juez de Cámara Dr. Juan Carlos Pérez, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel Olivares Yapur.

Por lo expuesto, normas jurisprudencia y doctrina citada, SE RESUELVE:

1. Desestimar el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en los autos Nº 66606, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA - ACCION AUTONOMA DE NULIDAD- ORDINARIO, autos n° 69036, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA C/ GOBIERBO DE SAN JUAN Y OTROS - COBRO DE PESOS y autos n°69.150, caratulados "COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA. C/ DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CAUCETE S.A. (DECSA)- COBRO DE PESOS- ORDINARIO -. Acumulados, de fecha 14 de agosto de 2014, confirmando la misma por los fundamentos vertidos en el presente pronunciamiento.

2. Hacer lugar al recurso de apelación respecto de la regulación de honorarios efectuada a favor del letrado apoderado de la parte accionante Dr. Armando Guevara correspondiendo dejar sin efecto la regulación conjunta efectuada a los Dres. José Luis Bacigalupo y Patricia del Valle Pelaytay Castañares de conformidad a lo expresado en el considerando respectivo.

3. Imponer las costas de esta instancia en el caso de los autos N° 66606 y N° 69036 por el orden causado en función de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 7675 (hoy 883-A Dig, S.J.) correspondiendo regular a los profesionales intervinientes en el recurso de apelación el 30% de lo que les fuera regulado en primera instancia.

4. Imponer las costas de segunda instancia en los autos N° 69150 al apelante vencido de conformidad a lo dispuesto por el art. 66 y concordantes del C.P.C., correspondiendo regular los honorarios por su actuación en la alzada a los profesionales intervinientes en la suma correspondiente al 30% de lo que les fuera regulado para la primera instancia.

5. Protocolícese, procédase por Secretaría a dejar copia autorizada del presente pronunciamiento en cada uno de los procesos que se encuentran acumulados, notifíquese y cumplida las formalidades de ley bajen al Juzgado de Origen. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 275 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° II F° 11/25 AÑO 2017.