Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12


SENT Nro. 141 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, -con más la integración del doctor René Mario Goane -por inhibición del doctor Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte accionada en autos: "Aybar, Eusebio Alonso vs. Abraham, Camilo Elías s/Cumplimiento de contrato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte accionada contra la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil y Comercial Común, del 24/6/2003, que hace lugar al recurso de apelación y revoca el punto I de la resolutiva de la sentencia de primera instancia de fecha 30/8/2002.

II.- El recurrente sostiene que la sentencia de Cámara es arbitraria e incurre en infracción a los arts. 34, 39, 40, 272, 272, 775, 779, 280 y ccdts. del CPCC; violó los principios de sana crítica y de congruencia, los arts. 263, 624, 777, 3270, 3417 y ccdts. del CC y las normas de los arts. 18 y 28 CN, lesionando el derecho de defensa.

Esencialmente, el recurrente se agravia por entender que el decisorio omite resolver expresamente el planteo realizado en primer término al contestar el traslado del memorial del actor en que su parte sostuvo que los términos del escrito de fs. 431 no era una expresión de agravios en sentido técnico jurídico conforme lo requiere la norma del art. 779 procesal. Que dicha omisión es arbitraria y no se condice con el criterio sentado por doctrina y jurisprudencia que indica la naturaleza del agravio y que exige que el apelante deba justificar ante el tribunal el modo en que el pronunciamiento impugnado lo perjudica lo que se logra con la entidad de los agravios que contiene a los efectos del fin perseguido. Que la CSJN ha indicado que no hay agravio si no se formula una crítica razonada y concreta que resulte eficaz para descalificar lo resuelto. Reitera que el memorial de agravios no constituye una crítica razonada y concreta de los fundamentos dados por el Inferior en la sentencia del 30/8/2002 pues no demostró que sea errónea, injusta o contraria a derecho, señalando una por una sus falencias y proponiendo su solución que denote la entidad del agravio, obligación que no puede suplirse por afirmaciones genéricas. Agrega que no suple la expresión de agravios la remisión a exposiciones que pudiera haberse hecho con anterioridad, lo que fuera puntualizado en su contestación al memorial. Que los dichos son reticentes y que además tergiversan las constancias de autos cuando menciona que la planilla confeccionada por el Juzgado a fs. 290 contempla la desvalorización monetaria y que la misma fue consentida por las partes.

Manifiesta que nada de ello consideró el fallo en crisis incurriendo en infracción al art. 272, no siendo motivada con arreglo a la ley ni ajustarse lo dispuesto en el art. 34 procesal y del art. 40 cuando considera como agravio una constancia de autos inexistente cual es el de que la planilla de fs. 290 contempla la desvalorización monetaria. Entiende que el fallo afirma falsamente que en la planilla en cuestión no se haya contemplado la desvalorización monetaria; que en la presentación de fs. 422 el actor contestaba la impugnación de planilla de fs. 373 diciendo que la planilla de fs. 290 contempla la desvalorización monetaria, la misma fue consentida por las partes, por lo que, dice, el sentenciante se extralimitó en sus facultades al resolver una cuestión no propuesta por el recurrente, arrogándose facultades de conocimiento y no de revisión violando la doctrina legal del art. 775 procesal.

Entiende que el tribunal a quo suple la negligencia de parte al considerar no acertada la argumentación del Inferior en cuanto a que no corresponde aplicar indexación ni actualización monetaria, rompiendo con ello la igualdad ante el proceso y afectando el derecho de defensa del impugnante.

Agrega que el fallo es arbitrario porque considera que el apelante criticó totalmente los fundamentos del fallo en recurso y ello lleva al sentenciante a suplir negligencia de parte y a no merituar correctamente los fundamentos dados por el Inferior en la sentencia apelada, que se resolvió no sólo la impugnación de la planilla de fs. 405/408 que no se hace lugar al actor; sino también resuelve hacer lugar a la impugnación de planilla articulada por el demandado a fs. 419/420 y aprobar la planilla de capital intereses y gastos corriente a fs. 405/407 lo que no fue revocado por el sentenciante resultando una incongruencia total el fallo en crisis ya que sólo revocó el punto I de la resolutiva de la sentencia apelada por lo que infringe expresamente el principio de congruencia y la norma del art. 34, y todo ello, dice, en razón de que el actor no demostró que la sentencia era errónea o contraria a derecho y el sentenciante se equivocó al considerar memorial de agravios la presentación del actor de fs. 431, que no se agravió de los fundamentos que dio el Inferior al fallo apelado que resolvió dos impugnaciones de planilla.

Se agravia por cuanto la sentencia manda a confeccionar nueva planilla y a actualizar montos cuando no existen agravios sobre ello y es contrario a lo dispuesto en la sentencia de fondo, de trance y remate y resolutiva de fs. 206/207 que fuera considerado correctamente por el inferior y porque prevé un mecanismo que infringe la norma del art. 623 CC mandando actualizar el monto de planilla que no contiene actualización alguna del capital, y sí un descuento de pago de intereses por lo que al actualizar su monto produciría anatocismo.

Que no considera la sentencia que al aceptar el actor un pago sin efectuar reserva alguna de actualizar el capital y de aplicar intereses y que fuera receptado por cuenta de capital según decreto de fs. 288 consentido por las partes por lo que al no hacerse reserva de capitalizar y aplicar tasa de interés el heredero del actor no puede ejercer un derecho mejor y más extenso que infringe las normas de los arts. 3270 y 3417 CC ya que ese derecho no estaba en el acervo sucesorio.

Sostiene que la deuda quedó cancelada a la fecha en que el actor tuvo conocimiento del depósito (03/9/82), por aplicación del art. 777 en concordancia con el art. 624 CC, que el sentenciante no aplica infringiendo sus normas al ordenar actualizar un capital no adeudado, lo que fuera puntualizado al contestar los agravios del actor y que no mereció tratamiento alguno. Que, por lo dicho, la jurisprudencia que cita el tribunal sobre actualización e indexación carecen de asidero legal pues no visten al caso sub examine.

Agrega por último que el tribunal se equivoca al imponer las costas de ambas instancias por su orden ya que queda demostrada con los argumentos referidos la crisis de la sentencia por lo que cabe su revocación con costas.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso de casación.

Corrido el pertinente traslado, la demandada contesta a fs. 506/508.

III.- Por auto interlocutorio del 01/9/2003 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia del 24/6/2003 señala que la planilla de fojas 290 quedó firme para el apelante conforme éste mismo lo expresa en el punto III de su memorial de expresión de agravios. Que los guarismos establecidos en la planilla de fojas 290 son respetados por la planilla presentada por la parte actora (fs. 405/408) y que fuera objeto de impugnación por el apelante e incluso sus operaciones matemáticas parten de los datos numéricos establecidos en ella.

Sin embargo, entiende que asiste razón al recurrente en cuanto resulta erróneo que en la planilla en cuestión no se haya contemplado la desvalorización monetaria ya que se observa que en la misma no se ha practicado ningún mecanismo de actualización (indexación). Cita precedentes de la CSJN en la que se ha considerado procedente el reclamo por depreciación monetaria y sostiene que no resulta acertada la argumentación del Inferior en cuanto a que no corresponde aplicar indexación ni actualización monetaria por cuanto el tal concepto ya fue considerado por el sentenciante al fijar el monto de la condena, con criterio que fuera confirmado por la Alzada, porque del texto de la sentencia definitiva de fecha 31 de marzo de 1980 surge que la actualización practicada por el juez sentenciante lo fue únicamente hasta la fecha de tal resolución. Que, por ello, procede receptar la impugnación que José Rodolfo Aybar -heredero del actor- realiza respecto de la planilla presentada por la parte demandada a fojas 405/408 debiendo los interesados confeccionar nueva planilla a partir de los datos existentes en la foja 290, que se encuentra firme y desde la fecha de la misma (27 de octubre de 1981) actualizar su monto utilizando el Indice de precios al Consumidor de Bienes y Servicios de San Miguel de Tucumán -por ser el de uso constante y corriente en sede judicial- y hasta la fecha del depósito de fs. 291. Reducido el monto del mentado depósito y si existiera algún saldo, el mismo deberá ser actualizado hasta el 31 de marzo de 1991, conforme lo disp one la ley 23.928.

Respecto a los agravios contenidos en el punto IV del memorial del apelante (referidos a que no existe constancia de pago cancelatorio por $ley 18.188, 46.000.000, el que fuera retirado a cuenta de planilla y que la actora demoró 19 meses en percibir el pago razón por la cual procedió a la actualización y que descontado ese pago queda un saldo adeudado hasta la fecha) entiende que no corresponde que sean tratados puesto que no fue una cuestión propuesta a consideración del Inferior, conforme lo que surge del texto de la impugnación de planilla (fojas 412) (doctrina art. 775 procesal) y por lo tanto concluye en que queda fuera de la limitada competencia del Tribunal.

Por ende, hace lugar a la apelación revocando el punto I de la resolutiva de la sentencia de primera instancia disponiendo hacer lugar a la impugnación de la planilla incoada a fs. 412 por José Rodolfo Aybar debiendo los interesados practicar nueva planilla conforme se considera. Impone las costas de ambas instancias por el orden causado.

V.- De la confrontación del recurso de casación, puesto en relación con los términos sentenciales se concluye en que el mismo debe prosperar.

En efecto, los agravios del recurrente radican, esencialmente, en que el tribunal de alzada no ha merituado lo expuesto en el punto I de su contestación al memorial de agravios del apelante, consistente en que tal libelo recursivo no constituía verdaderamente un memorial, fundamentando tal aserto con las razones allí expuestas (fs. 434/435). A su vez, no se advierte en la sentencia en recurso, alusión alguna a tal temática.

Esta Corte tiene dicho, en términos netamente aplicables al caso que, por cierto, el tribunal de alzada, como juez del recurso es quien debe determinar si el escrito presentado resulta adecuado y suficiente como expresión de agravios, correspondiendo que lo declare desierto cuando el escrito presentado no reuniere los requisitos propios de una expresión de agravios. Pero que también es verdad que se ha interpretado que, cuando el tribunal de apelaciones no hace referencia alguna sobre la suficiencia o insuficiencia del escrito de expresión de agravios, es que considera tácitamente que se trata de una pieza idónea para llenar su objeto. Que, sin embargo, ello es permitido en tanto no exista un planteo de la contraparte al respecto, pues ignorar el cuestionamiento importa un vicio sentencial consistente en la omisión de considerar una de las defensas que pueden ser conducentes a la solución del recurso (conf. CSJTuc., sentencia Nro. 249 del 23/5/95).

Cabe considerar así que la decisión de la Cámara debe ser congruente (arts. 34, 272, 273 y 280 CPCC), esto es, resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes. En la especie, al no pronunciarse expresamente sobre una cuestión propuesta por el demandado, cual es la insuficiencia del memorial de la recurrente para fundar el recurso, el tribunal de alzada ha incurrido en incongruencia por omisión (decisión citra petita), afectando no solo el principio de congruencia, sino también el de derecho de defensa, ambos de raíz constitucional (arts. 17 y 18 CN). A ello se agrega que también resulta incongruente la sentencia, como lo advierte el recurrente, por cuanto al revocar el punto I de la resolutiva de la sentencia de Ia. instancia, dejando subsistentes los restantes provoca con ello la contradicción consistente en mandar, de un lado, a realizar nueva planilla(punto I) a la vez que, por el otro, aprueba la planilla de fs. 405/407 (punto III) por efecto de haber hecho lugar a la impugnación de planilla articulada por el demandado (punto II), por todo lo cual cabe descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.

Por consiguiente, corresponde casar la sentencia recurrida en base a la siguiente doctrina legal: "Resulta arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia del tribunal de alzada que se dicta sin considerar una de las defensa opuestas por la parte apelada, cuando ello puede resultar conducente para la solución sentencial del litigio". Por ello corresponde vuelvan los autos al tribunal interviniente a fin de que por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

VI.- Las costas del recurso de casación, atento a su resultado nulificante, se imponen por el orden causado (arts. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte accionada contra la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil y CC, del 24/6/2003 y en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de la doctrina legal enunciada. REMITANSE los autos al tribunal interviniente a fin de que por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS de la instancia casatoria como se consideran.

III-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE