marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Oscar H. c/ Sicardi, Leopoldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

No puede atribuirse responsabilidad si no se establece cuál ha sido el grado de participación y contribución causal al hecho del demandado.
Peculado, malversación de caudales públicos, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Granillo Ocampo, Raúl s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Resta referirse a la clandestinidad que caracterizaba la modalidad de pago a los funcionarios investigados, que pudo ser conocida a través de los testimonios colectados durante la instrucción. El dinero era entregado en efectivo, en el interior de sobres sin identificación oficial, por parte de funcionarios que, en la generalidad de los casos, poseían idéntica jerarquía que quien cobraba, y en lugares que no funcionaban, habitualmente, como oficinas de pago. El monto recibido no constaba en el recibo de sueldo correspondiente, y la entrega se efectuaba, generalmente, sin requerir la suscripción de recibo o constancia alguna o, en el mejor de los casos, mediante la firma de un recibo sin membrete ni identificación alguna, que carecía de toda explicación vinculada al concepto del pago" (Del voto del Dr. Freiler).

Todo ello obsta a admitir el criterio esbozado por la Sala II de esta Cámara de Apelaciones, en cuanto a que se trataba de un sistema de compensación salarial a funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación. En modo alguno puede admitirse la implementación por parte de dicho poder del Estado de un sistema cargado de irregularidades y la más absoluta discrecionalidad como el aquí examinado, desconociendo el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, para abonar el salario a funcionarios públicos. Debe resaltarse que se trataba de un mecanismo de pago ciertamente informal, cuya efectivización no se asentaba en registro alguno ni se labraba ninguna documentación que dé cuenta de ella, y que se encontraba completamente exento del debido control, por parte de los organismos correspondientes, que debe recaer sobre toda la actividad del Estado. Tales características resultan irreconciliables con la racionalidad y transparencia que deben revestir los actos republicanos de gobierno, en un estado de derecho" (Del voto del Dr. Freiler).

Sustenta, también, la hipótesis propiciada el hecho de que algunos de los investigados continuaron percibiendo "sobresueldos" con posterioridad al dictado del decreto 838/94 -que adicionó al salario el cobro de lo que se denominaron "gastos protocolares", con la particularidad de que no se exigía la rendición de cuentas correspondiente-"(Del voto del Dr. Freiler).

La acción que conforma el núcleo del tipo objetivo del delito bajo estudio [prevista por el art. 261 del CP] es la sustracción. En relación con ello, cabe tener en cuenta que "el verbo sustraer... remite a la idea de que el objeto debe ser separado o apartado de la esfera de la administración pública en la que legalmente se encuentra. (...) Lo relevante es que se aparta, separa o extrae..." (D'ALESSIO, Andrés José, "Código Penal comentado y anotado", ed. La Ley, 2004, tomo II, págs. 840/1)" (Del voto del Dr. Freiler).
Juicio de desalojo, sentencia, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paz, María c/ Gorosito, Martín Alejo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Si quienes ocupan la vivienda, constituyen la familia del que ha sido demandado por su carácter de locatario y si han ingresado a la ocupación del bien conjuntamente con éste, es razonable, entonces, que deban seguir su suerte al momento de hacerse efectiva la obligación de restituir la cosa, siendo impropio que deba notificarse en calidad de demandados a todos y cada uno de los miembros mayores de su familia.
Recurso extraordinario, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gómez, Rodolfo Sixto c/ Rosi, Juan Carlos y otros s/ resolución de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que consideró extemporáneo el pedido de aplicación del art. 23 de la ley 21.839 (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cruz, J. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

El deudor responde con el inmueble afectado como bien de familia si su obligación es anterior a dicha afectación, aunque la fecha en que se debe producir el cumplimiento sea posterior a la inscripción del bien de familia como tal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, selección de causas
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios de Guido 2658/60/62 c/ Schachter, Salomón. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida si no que el recurso deducido no ha superado el examen de la Corte Suprema encaminado a seleccionar los casos en los que entenderá, según las pautas establecidas en ese precepto (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Régimen de consolidación de deudas, ejecución de sentencias contra el Estado, facultades del acreedor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tomás Guarino e Hijos S.A. Com. C.I.F.I. y A. c/ Fuerza Aérea Arg. -Sec. de Hacienda de la Nación s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

El art. 22 de la Ley de Consolidación, indica que "el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, saneamiento del vicio, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Dutra, Hector c/ Swift Armour S.A.A. s/ Demanda laboral (Expte. Nro. 263-95, Resol. Nro. 207, Tomo 56, Folio  23)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-07

No corresponde declarar la nulidad de un pronunciamiento si el defecto es reparable en segunda instancia. En caso contrario se atentaría contra el principio de la economía de los juicios o de la regla que aconseja no exigir mayor desgaste de la actividad jurisdiccional sino a condición de una imprescindible necesidad procesal.
Portación de armas, armas de guerra, acusación fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Haimur, Leandro Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-22

La sentencia que descartó la configuración del delito de portación de arma de guerra reclamado por el acusador público no se advierte que carezca de razonabilidad toda vez que la inmediata intervención policial no pudo más que determinar una relación material entre el imputado y el arma que no alcanza a la disponibilidad que es base de la portación, la cual exige un traslado que implique dominio sobre el arma de fuego en condiciones que ésta pueda ser utilizada como tal y, al mismo tiempo, poder de decisión para cesar en esa posesión dinámica. El voto concurrente agregó que la mera posición de dominio sobre el arma de fuego, que se demostró estaba cargada y en condiciones de realizar disparos, aunque tenga lugar en la vía pública, no basta para hacer responsable al imputado del delito del art. 189 bis, inc. 2 párrafo cuarto del CP, porque debe además demostrarse que éste conocía las condiciones en las que se encontraba el arma, y no habiendo, el Ministerio Público habilitado al a quo para examinar si se presentó en el momento del hecho este conocimiento porque los elementos subjetivos de la figura legal no habían sido incluídos en la descripción fáctica del requerimiento de remisión a juicio ni tampoco fue introducido por alguna de las vías que el Código autoriza (art. 347, último párrafo, o excepcional el art. 381 del CPPN), corresponde rechazar el agravio del Ministerio Público que incluyó la pretensión de la condena por portación no autorizada de arma de guerra. (Dres. Yacobucci, Mitchell, García -según su voto-).
Abogados, apercibimiento, expresiones incorrectas
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. C. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - USO DE INSTRUMENTO PUBLICO FALSIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 437 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

La defensa de los derechos del litigante, por más apasionadamente que se asuma, no justifica extralimitaciones incompatibles con la seriedad y responsabilidad con que los curiales deben desempeñar su rol procesal, pues el derecho que -para fundar sus alegaciones- les asiste, no los exime de guardar la consideración que deben a los magistrados.

Tales adjetivaciones no se justifican, ni aún en la más encendida defensa de los intereses propios o de un representado, porque nada aportan al debate más que la intención de lastimar u ofender, sin mejorar en nada la posición jurídica del postulante.

En el caso, y conforme el ejercicio de las facultades disciplinarias previstas en los artículos 22 y 24 del Código Procesal Civil y Comercial, y 222 y 223 de la ley 10.160 (t.o. dec. 46/98), corresponde imponer la sanción de apercibimiento al abogado y a su letrado patrocinante profesionales ambos firmantes del escrito de presentación del recurso extraordinario federal, toda vez que los términos empleados a lo largo del extenso memorial recursivo se exhiben como impropios y con ofensiva direccionalidad hacia el Tribunal en sus expresiones; en exceso, por tanto, del marco de la defensa.
Honorarios, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEYTON EDUARDO c/ JOSE GOMEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A108 - 350)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-10

No corresponde regular honorarios sobre desvalorización monetaria si la misma no ha sido pedida al demandar. La regulación de honorarios, como elemento integrante de las costas ,resulta ser un accesorio de la decisión principal que guarda una relación lógico-jurídica de conexidad con el objeto de la controversia. La depreciación monetaria, siempre que sea pedida, integra el monto de condena y será base de capital conjuntamente con los intereses.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, autarquía judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lacabe, Enrique Alberto c/ Ministerio de Justicia de la Nación s/ accidente ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La ley otorga a la Corte amplias facultades para determinar el régimen de percepción de la tasa de justicia, por constituir ésta uno de los recursos específicos del Poder Judicial de la Nación (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Presno, Edgardo Ramón s/ Ley 13944
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia que el tribunal a quo habría omitido tratar lo referido al momento en que cesó de cometerse el hecho en juzgamiento (art. 1, ley 13944) pues la cuestión no resulta esencial en tanto la Excma. Cámara computó el término de prescripción desde la denuncia efectuada en autos.
Incidente de nulidad, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Inc. de Nulidad en autos: BERNARDEZ, ROQUE R. c/ GERLING Juan R. s/ Cobro de salarios. Asig. famil. y Otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-12

El plazo para la interposición del incidente de Nulidad surge de los arts. 153 y 167 del C.P.C y C. por remisión del art. 48 y 141 del C.P.L.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, inadmisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARDOZO GABRIEL FERNANDO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-24

La sentencia recurrida reviste la calidad de resolución definitiva o equiparable a definitiva, emanada del más alto tribunal de la provincia, puesto que la declaración de inadmisibilidad de la acción, resuelta con relación a un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, pone fin al pleito entre las partes del juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad accidente, indemnización por accidente de trabajo, prescripción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Orellana, Epifanio Antonio c/ Provincia del Chubut s/ Enfermedad-Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-07

...la prescripción de la acción indemnizatoria del daño causado por una enfermedad laboral comienza a correr desde que el afectado estuvo en condiciones de enterarse de la existencia de su incapacidad, pues a partir de allí hay daño cierto y el crédito es exigible; nace con ello la acción e inicia su curso el plazo de prescripción.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, correos
Materia: PENAL
Carátula: DE LEON, OSCAR s/ COMPETENCIA - FEDERAL POR LA MATERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-21

El permiso estatal a empresas particulares como la damnificada, no las coloca en la órbita de excepción del art. 23, inc. 3 del C.P M.P., por tratarse justamente de una actividad privada en la que, de cometerse un hecho que violente o estorbe la correspondencia, no se pone en peligro ningún interés nacional, no se afectan las rentas del estado, ni tampoco aparece comprometido ningún funcionario público.
Responsabilidad del Estado, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Franco, Rubén Darío c/ Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-05-29

El uso y goce de los bienes de dominio público por parte de los particulares importa para el Estado nacional, provincial o municipal la obligación de conservarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos. En consecuencia, cuando el daño está causado por el mal estado de conservación o mantenimiento del camino o la ausencia de cualquier tipo de señalización preventiva, importa la atribución de responsabilidad del Estado, la que cesará -total o parcialmente-, cuando la relación de causalidad queda interrumpida por la culpa de la propia víctima.
Acción de amparo, obras sociales, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Espósito  de  Ríos Inés Palmira c/ Obra Social del Poder Judicialde la Nación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

La Sala de Feria resolvió que la ley 24.901 resulta aplicable a la Obra Social del Poder Judicial, en virtud de la resolución 796/03 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. asimismo, Sala III, causas 10.004/03 del 24-4-03 y 10.223/08 del 9-12-08; esta Sala, doctr. causas 11.071/05 del 20-12-05 y 2448/10 del 20-5-10). En este sentido, nada innova la resolución 1123/04 invocada por la recurrente, toda vez que el art. 1º también dispone que la asistencia de las personas con discapacidad afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, se regirá por el marco general normativo establecido por las leyes 22.431 -de Protección Integral al Discapacitado- y 24.901 -que instituyó el Sistema Único de Prestaciones Básicas para discapacitados- ajustado a los términos que se establezcan en el reglamento. En consecuencia, la obra social ha concordado sus disposiciones en materia de discapacidad a lo establecido por las leyes 22.431 y 24.901 (cfr. Sala III, causa 10.004/03 cit.). Asimismo, no sería admisible que por vía reglamentaria alterara la cobertura reconocida en la ley 24.901 (arg. art. 28 de la Constitución Nacional).
Contratos administrativos, reconocimiento en sede judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBERTO J AZCOITIA Y CIA SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 543-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

El certificado constituye un título de crédito reconocido y, por lo tanto, eventualmente exigible mediante la correspondiente acción jurisdiccional. El reconocimiento por el Poder Ejecutivo del derecho en su totalidad, incluyendo intereses hace cosa juzgada y considerando ese acto como de persona jurídica tendría siempre el valor de reconocimiento de deuda.
Concurso de delitos, concurso ideal, estafa, ardid, falsificación de instrumento privado, tarjeta de crédito, emisor de tarjeta de crédito, concurso aparente de leyes, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Sandra s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

El perjuicio que puede resultar de la falsificación del cupón coincide totalmente con el que causa la estafa al emisor de la tarjeta, por lo que concursando idealmente las conductas aludidas se está protegiendo dos veces el mismo bien jurídico, dándose en este caso un concurso aparente pues no hay una conducta autónoma de falsificación de documento sino una falsificación como "conditio sine qua non" integrante del ardid necesario para consumar el fin estafatorio.
Sociedad anónima, responsabilidad de los directores, acción social de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALGUERO, LEON ARNALDO Y OTRO c/ IORIO, ROBERTO ANIBAL s/ ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Es improcedente la acción social de responsabilidad contra un director de una sociedad anónima cuando ella no ha sido tratada previamente en asamblea o ha existido inacción de los órganos convocantes. No siendo óbice para ello la circunstancia de que el accionante -como presidente del directorio- carecía de facultades para convocar a asamblea, ya que en tal carácter podía reunir al directorio para decidir la convocatoria o requerir en su calidad de accionista -titular del 50%- la reunión de los socios al síndico.
Adopción, filiación, menores
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

No parece admisible que una investigación sobre la verdadera filiación de un menor adoptado bajo el régimen de la adopción plena, pueda tener lugar con base en la sola aplicación mecánica de reglas procedimentales del fuero penal, exorbitando su sentido y poniéndolas en contradicción con normas de fondo como las contenidas en los arts. 14 a 19 de la ley de adopción Nx 19.134, que regulan su situación jurídica en forma específica.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: V. R. O. c/ R. A. C. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

Las decisiones que implican cambios trascendentes en la vida de niños y menores deben ser tomadas con toda prudencia y evaluadas suficientemente las ventajas del cambio antes de decidirlo.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Campos, Luis Alberto s/ Violación calificada reiterada Ulfe, Miguel Angel; Fonseca, Enrique Ramón y otros s/ Asociación ilícita, robo reiterado, encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05|1994-09-13

No puede utilizarse como elemento integrativo de la prueba compuesta invocada para acreditar la autoría del procesado un testimonio que no se refiere a ella.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, empresa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ESCOBAR, ANTONIO R. c/ RODADOS JUNIN S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los argumentos sustentados por la parte recurrente, no logran persuadir a este Cuerpo acerca de que los Sentenciantes, al resolver rechazar la demanda respecto a la coaccionada por entender que no se habían acreditado los recaudos para la configuración de un conjunto económico de empresas que hiciesen nacer la responsabilidad solidaria entre ellas-se hayan apartado de los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba. Así la Sala señaló como determinante la falta de prueba del requisito subjetivo previsto en el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que hubiesen existido de parte de ambas empresas, de sus directores o administradores, maniobras fraudulentas o conducción temeraria para que incurran en solidaridad. Es que, la determinación de los extremos que configuran un grupo económico permanente constituye una cuestión de hecho que no está sujeta a pautas rígidas y que requiere de prudencia y realismo por parte del Juzgador; características éstas que están presentes en el pronunciamiento. Por lo demás, la invocación de otro pronunciamiento resuelto en sentido diverso no resulta suficiente para hacer variar la suerte adversa de esta impugnación desde que con aquél no se suplen las falencias probatorias que en este pleito acarrean consecuencias desfavorables para la actora. ( de la disidencia del Dr. Netri)
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, accidente ferroviario, paso a nivel, relación de causalidad, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ, Demetrio c/ S.A. EXPRESO SUDOESTE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Si el colectivo fue embestido por un convoy ferroviario, al intentar su conductor el cruce de un paso a nivel sin barreras y carente de elementales medidas de seguridad, la empresa de transporte, si bien resulta responsable de los daños sufridos por sus transportados ha interrumpido parcialmente el nexo de causalidad, a través de la prueba del hecho de un tercero -la empresa ferroviaria-.

Por ende, el daño ocasionado debe dividirse en la proporción correspondiente a la influencia respectiva del riesgo y del hecho de un tercero, por quien la empresa no debe responder.