marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, libertad de cultos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. MESIANICA MUNDIAL EN LA ARGENTINA c/ MATSUMOTO YASUSHI Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-29

1- La libertad religiosa importa que cualquier habitante del país tiene derecho a tener un credo determinado y también a no tenerlo, de modo tal que, aún habiendo pertenecido a una determinada asociación, congregación o iglesia, pueda, en razón de su íntima convicción, renunciar a esa creencia o apartarse de ella, ya sea porque se ha transformado en ateo o bien porque considera que las enseñanzas o postulados de otra forma de culto satisfacen más sus necesidades de manifestarse religiosamente o responden mejor a sus angustias o desazones o a los eternos interrogantes que plantea la vida.

2- La conducta de aquel miembro de una determinada congregación religiosa que decida separarse del culto en el que había depositado su fe y adherirse a otro distinto o al constituido por un cisma de la vieja iglesia, podrá tener sanciones desde el punto de vista religioso, ya que en el antiguo será considerado como "reprobo o renegado", con las consiguientes penalidades de esa índole pero no una sanción de carácter civil como si incumpliera un contrato o cometiera un ilícito.

3- Las cuestiones suscitadas entre un ministro de una iglesia que entra en conflicto con los guías de la sede local de la agrupación religiosa son de tipo teológico y deben ser resueltos por la autoridad común y superior, pero no por un órgano judicial, ya que las cuestiones religiosas, aún cuando se desarrollen en forma pública, pertenecen a aquello que, por ser de íntima convicción, totalmente subjetivo e inserto en la libertad de conciencia, no se encuentra sujeto a la jurisdicción ordinaria.
Cámara de Apelaciones, juramento de funcionarios públicos, jueces, cambio de lugar de trabajo, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara Nacional de Apelaciones en  lo  Civil  y  Comercial Federal s/ comunicación - Puppo, Jorge del Valle s/su situación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Mal pudo disponer el decreto 164/96 el "traslado " de un magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civil y Comercial Federal si el ejercicio de esa facultad requiere que el juez se encuentre en posesión de su cargo y el peticionante no había cumplido con el juramento dispuesto en el art. 7 del decreto - ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467 (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Mala praxis, abogado apoderado, representación procesal, demanda laboral, responsabilidad del abogado, obligaciones del abogado, policía federal, diferencias salariales, obligaciones solidarias, pago total, sentencia condenatoria, monto del juicio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C., R. A. c/ A., J. H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

En un juicio por mala praxis interpuesto contra dos abogados, no puede atribuirse a sólo uno de los co-accionados el 50% de la responsabilidad, si el cliente perjudicado con la actuación había otorgado un poder a ambos letrados para ser representado en el juicio, pues, cuando los deudores aparecen vinculados con la partícula "o", quedan sujetos al régimen legal de las obligaciones solidarias pudiendo el acreedor reclamar a cualquiera de los deudores la totalidad de la deuda, independientemente de la acción de regreso que al condenado le pudiera corresponder respecto del otro demandado.
Hábeas data, Internet
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tanús, Gustavo Daniel y otro c/ Cosa, Carlos Alberto y otro s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

Dado que la actividad de los demandados -comercialización de bases de datos- provoca una invasión en la esfera de la intimidad y tranquilidad de los actores, provocando un daño, por la intromisión en sus datos personales, reflejado en el envío masivo de mensajes no solicitados -spam- y la oferta de comercialización de esos datos que se efectúan a terceros , corresponde hacer lugar la acción de habeas Data a fin de hacer cesar esa intromisión, suprimir los datos de esas bases de datos, y el bloqueo de toda dirección de correo electrónico vinculada con los demandantes.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BILO  ANTONIO  (EN RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: BILO, ANTONIO C/PATRONO DE BERARDI, MARÍA TERESA). s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-06-14

SI -COMO OCURRIERA EN AUTOS- RESULTA PROCEDENTE INTIMAR AL RECURRENTE PARA QUE DENTRO DE UN PLAZO PERENTORIO DE 24 HORAS, REGULARICE EL DEPÓSITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 280 CPC BAJO APERCIBIMIENTO DE DICTARSE RESOLUCIÓN DENEGATORIA, ES NECESARIO QUE DICHA INTIMACIÓN DETERMINE CLARAMENTE CUÁL ES EL SALDO IMPAGO, O CUANDO MENOS LAS BASES CONCRETAS DE SU LIQUIDACIÓN, PARA PRESERVAR ASÍ LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EVITAR SORPRESAS.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: H., G.E. s/ Abuso de Autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-17

La nulidad de una resolución puede y debe ser decretada cuando el vacío es de entidad suficiente como para señalar una laguna de pronunciamiento, debiendo tenerse en cuenta la existencia de una irregularidad manifiesta, grave, insubsanable; así, violaciones de formas substanciales del pronunciamiento por falta de fundamentación suficiente o adecuada, omisión de presupuestos procesales esenciales, inobservancia del principio de correspondencia objetiva entre el tema propuesto y la decisión del Juez, pues se estará entonces ante un supuesto en que quedan afectadas todas las estructuras íntimas del pronunciamiento, y que lleva a descalificarlo como acto, resolución judicial o decisión jurisdiccional.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cobro de sumas de dinero, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Sánchez, Úrsula Inés contra GCBA y otros Sobre Cobro de Pesos", expte. SACAyT n° 1060/18-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

La tacha de arbitrariedad de una sentencia solo comprende situaciones de carácter excepcional; no alcanza a la discrepancia con respecto a la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas por los jueces; no es un medio para corregir sentencias equivocadas; y solo es admisible ante decisiones que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas. En suma, no puede tratarse de una vía oblicua para exponer agravios que no involucren razones constitucionales, sino un remedio excepcional para que el TSJ conozca sobre decisiones manifiestamente carentes de fundamentos y que, de esta manera, lesionen el derecho de defensa en cuanto incluye el derecho a obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los hechos de la causa. Se trata, así, de un remedio ante decisiones "desprovistas de todo apoyo, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces", según la letra de la CSJN en el caso "Rey" (Fallos 112:384) y de otras situaciones semejantes que el referido tribunal ha ido sistematizando. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Legitimación procesal, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucero, Ricardo M c/ Villafañe, Raúl y Otro s/ Daños y Perjuicios - Sumario - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-09-08

La legitimación consiste en la aptitud o competencia del sujeto para alcanzar y soportar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses a la que se ha aspirado. Quien opone la excepción de falta de legitimación para obrar, ha de probar los hechos que dan sustento a la misma.
Extradición, culpabilidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: De   Sousa   Nunes,  Joao s/ robo,  estafa,  falsificación  de documentos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

El procedimiento de extradición no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues él no envuelve en el sistema de legislación nacional sobre la materia, el conocimiento del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido, en los hechos que dan lugar al reclamo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuteco S.A. c/ Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina s/ proceso de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Cuando se encuentra en discusión el alcance que corresponde asignar a normas de carácter federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto.
Sentencia, deberes del juez, fundamentación de sentencias, responsabilidad del Estado, contratos administrativos, deber de obrar con prudencia, responsabilidad extracontractual del Estado, debido proceso, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

Los alcances de la responsabilidad del Estado ante el hecho dañoso, tiene que ser probada y evaluada acabadamente en el pleito, además de entenderse en el contexto de las disposiciones del plexo normativo invocado en la causa y el restante correspondiente al ordenamiento institucional y reglamentario de la Administración que incluya a los funcionarios públicos que con deberes concretos de raigambre constitucional no han sido traídos al proceso.

Quien se relaciona, contrata y presta servicios u otro vínculo con el Estado o sus dependencias, tiene un adicional deber de diligencia en la observancia de sus normas y demás reglas.

Hay un orden jurídico distinto; la administración del Estado, exige responsables de uno y otro lado bajo disposiciones específicas que no pueden ignorarse por ser de carácter público y cuya contradicción debe probarse por quien la invoca, en virtud de las presunciones de que gozan sus actos.

Quienes ejercemos la potestad jurisdiccional, tenemos que ser perceptivos que la sociedad reprocha cada vez más que no obstante la existencia de legislación y reglamentaciones al respecto, hay ausencia de responsables; obrar omiso, negligente o corrupto de funcionarios que deben cumplirlas; y cuestiona o descalifica con frecuencia ciertas cuestiones o reclamos no suficientemente fundados o irrazonables e inclusive causas en las que pueden derivarse serios y graves precedentes que den lugar a invocaciones jurisprudenciales ulteriores para casos que se pretenden análogos, procurando evitar que el Erario público indebidamente tenga que hacerse cargo de los actos de sus funcionarios y agente s, no sólo de la Administración, sino también a veces de sus concesionarios, contratistas, proveedores e inclusive hasta los mismos jueces, con proyección hasta tribunales internacionales con competencia en derecho "supranacional"; por eso en la cuestión de autos se ha de ser especialmente prolijo, racional y objetivo cuando se trata de involucrar o desinvolucrar de responsabilidad al Estado. Esa percepción a la que nadie debe ser ajeno, no puede ir en detrimento de los legítimos derechos de los causahabientes de la víctima que son actores en autos, a quienes tenemos el deber de dar la correspondiente seguridad jurídica de un debido proceso con la posibilidad de una amplia producción probatoria adecuadamente valorada en una sentencia justa, oportuna, completa y de equidad, que se ajuste con rigor a los aspectos técnicos formales del ordenamiento jurídico y al propio tiempo respete la igualdad ante la ley y el interés general del Estado y de esa misma sociedad cuyas reglas deben ser inexcusablemente observadas con objetividad y sin dogmatismo (ver "VARGAS BARRIA", Se Nro. 77/02, "CAVASIN" Se Nro. 20/04)
Juegos de azar, obligaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: KRAVCHICK MIGUEL LEONARDO c/ LOTERIAS PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL  L.O.A.S. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-22

La obligación tanto de llevar libros como de exhibir tal documentación es obvia: el concesionario es un delegado de la Administración Pública, en el caso de L.O.A.S. , quien no pierde, al atribuirle a aquél la explotación de la Lotería en la forma de pago de comisión por las ventas, el poder de vigilancia y contralor de sus operaciones. Ñ
Tenencia simple, posesión, interversión de título
Materia: CIVIL
Carátula: La Rinconada  S.A.  (en liquidación) c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Para que se opere la mutación de la tenencia en posesión no basta con la modificación interna de la voluntad, ni siquiera con su exteriorización por simples actos unilaterales, sino que se requiere la conformidad del propietario, o bien, actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho; lo primero, porque así queda excluida la unilateralidad de la mutación, y lo segundo, con arreglo al principio del art. 2458 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba testimonial, videofilmación, pericia balística, prueba de descargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Pucheta, José Damián c/  s/ homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (dos hechos)-tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por la participación premeditada de dos o mas personas (tres hechos) en concurso real y en calidad de coautor-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-28

En relación a sus críticas a la meritación efectuada por el A quo para confirmar la declaración de responsabilidad penal del imputado en los delitos investigados, la discusión no se aparta de la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho aplicable realizó el Tribunal en ejercicio de funciones que le son propias, toda vez que que los Judicantes justificaron la credibilidad de la testigo que dijo haber reconocido a los encartados durante los hechos, en que sus declaraciones resultaban adecuadas a las imágenes captadas por la cámara de video-vigilancia, a lo declarado por las demás personas que vieron lo acontecido y por las encargadas de sacar fotografías y efectuar la planimetría del lugar, así como por el perito balístico, los médicos forenses y el personal policial que arribó apenas luego de ocurrido el suceso, evaluando asimismo las alegaciones vinculadas a los supuestos testigos de descargo, aportando razones para restarles fiabilidad (por sus inconsistencias) y considerarlos, por tanto, irrelevantes para desbaratar la posibilidad de coautoría de los imputados teniendo en cuenta los horarios y el resto del material convictivo.
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vaquié Horacio Felipe c/ Fernández Miguel B. s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

No debe suspenderse la ejecución hipotecaria ante el concurso preventivo del deudor si bien en un principio éste no fue verificado, pero luego sí conforme surge de una certificación posterior y la denuncia del síndico. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, publicación periodística, distribuidor de diarios y revistas
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, OSCAR D. c/ S.A.  LA RAZON s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Existe solidaridad en los términos del art. 30 de la LCT entre la empresa editora de diarios y la distribuidora encargada de su reventa y distribución, toda vez que las labores desarrolladas por ésta configuran actividades propias del desarrollo normal y específico del proceso de producción de la primera.
Incapacidad, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERREYRA HORACIO Y OTRA c/ DUTTO ALBERTO MIGUEL Y/O OTROS s/ NULIDAD DE BOLETO DE COMPRA VENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-02-20

El art. 4023 2do. párr. del CC establece como norma general que prescribe a los diez años la acción de nulidad, trátase de actos nulos o anulables, sino estuviere previsto uno menor.

Consecuentemente, de no surgir del ordenamiento legal un plazo menor, debe aplicarsele el mencionado. El supuesto de los actos de los insanos no declarados tales no está previsto expresamente en ninguna disposición que establezca un término menor a diez años.
Inadmisibilidad del recurso, trata de personas, solicitud de excarcelación, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Blanco, José Constantino c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-12

Es inadmisible el RE interpuesto contra el pronunciamiento que -frente a la inexistencia de pautas concretas que permitan concluir la ausencia del riesgo procesal y teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad del delito de trata de personas y la posible influencia sobre las víctimas- rechazó la solicitud de excarcelación, ya que lo resuelto no constituye cuestión federal y no se demostró la existenciade arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Recursos administrativos, plazo, pretensión
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El recurso administrativo no puede confundirse con una denuncia, porque presupone que la autoridad ha producido ya una actuación y un particular, interesado en su remoción y basándose sobre reales o pretendidos vicios de la decisión, solicita su anulación debiendo presentarse dentro de términos generalmente perentorios, después de los cuales dicho interés no puede ser hecho valer, es decir, no es más reconocido. Ello es para evitar que los actos de la Administración queden expuestos a la eventualidad de la anulación por tiempo indefinido, produciendo incertidumbre continua en la vida administrativa.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, extorsión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Romero, Isolina Mabel s/ extorsión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

En atención a que la competencia criminal en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha llevado a cabo el delito y teniendo en cuenta los dichos de la madre del interno, que no se encuentran desvirtuados por otros elementos de la causa, en cuanto a que las llamadas extorsivas tuvieron lugar en la unidad donde se encuentra detenido su hijo -Ezeiza-, las que habrían sido efectuadas por detenidos alojados allí, es en esa sede donde debe proseguir la investigación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, contestación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DOLCE, NOEMI c/ SURRA, LUIS s/ DECLARATORIA DE POBREZA    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 531-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Decidir si una cuestión está o no comprendida en la litis es, en principio, materia ajena a la vía de excepción del recurso de inconstitucionalidad.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Amaya, Ramón Antonio y Vallejos, Luis Mauricio y otro s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-21

El recurso extraordinario federal contiene diversos agravios de los cuales procede, en mi opinión, el que tacha de arbitraria la decisión del Tribunal que omite el tratamiento del planteo de prescripción por la vía indirecta de rechazar el recurso de inconstitucionalidad que interpusiera el Fiscal de Cámara (art. 53, ley 12). (Del voto en disidencia de la Dra. Ruíz)
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Andreani, Vicente y otros c/ Televisión Litoral S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Cobro de pesos (Expte. CSJ N.   173-1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

Si la Alzada reputó no configuradas algunas de las causales de arbitrariedad invocadas en el recurso de inconstitucionalidad y la actora ha consentido esa decisión al no deducir la queja respectiva, la jurisdicción de la Corte local ha quedado abierta en la medida en que se la ha otorgado el Tribunal inferior, razón por la cual el correspondiente juicio de admisibilidad -y, en su caso, procedencia- del recurso se ha de limitar a los agravios que fueron materia de expresa y oportuna concesión por la Alzada, quedando excluidos los restantes agravios.
Derechos y garantías constitucionales, exhibición de documentos, prevención del delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mamani Callamullo, Luis Beltrán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-18

La detención de personas con fines identificatorios está permitida sólo cuando se presentan las circunstancias debidamente fundadas a que alude el art. 1°, inc. 1° de la ley 23.950, no obstante, el caso de la supuesta verificación de un delito -sin mediar requisa y por voluntaria exhibición del documento espurio- por parte del imputado como consecuencia de un mero requerimiento de identificación efectuado por el personal policial, es ineficaz para violentar garantía constitucional alguna
Suspensión del trabajador, suspensión por falta o disminución de trabajo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILAR, Jaime y otros c/ HORMISON S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-02

No habiendo probado el empleador la falta o disminución de trabajo por motivos de fuerza mayor que justifique las suspensiones al personal, procede el pago de los salarios caídos con motivo de dichas suspensiones. No basta alegar una situación económica negativa, sino que es necesario probar su incidencia efectiva en la rama de producción del empleador.
Remuneración, homologación del acuerdo laboral, acuerdo no homologado
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Ventura, Gerardo c/ Escoco, Jorge o Scoco, Jorge s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-30

Habiéndose efectuado acuerdo de pago ante la Defensoría Oficial no homologado, en el que no estaban incluidas, ni reclamadas las diferencias salariales cuyo pago en autos se demanda, no es ello motivo para que las mismas sean rechazadas, atento el carácter irrenunciable de los créditos laborales, que el demandado no probó haberlas pagado y porque los acuerdos liberatorios sólo son válidos cuando se realizan con intervención de la autoridad judicial o administrativa.