Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 28406 SALA V. AUTOS: "LOURENCO JUAN CARLOS C/ HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" (JUZGADO Nº 45).

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

I) Que a fs. 831 el juez de primera instancia, con fundamento en la doctrina es-tablecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Abdurramán" rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 8° de la ley 24.432 y aprobó el prorrateo requerido por la codemandada QBE A.R.T. S.A. a fs. 791 vta.

II) Que contra la resolución precitada apelan la parte actora a fs. 832/vta. y la perito psicóloga a fs. 834/835, recursos que fueron concedidos a fs. 848.

Oportunamente la causa fue devuelta a primera instancia a fin de que el juez de grado substanciara los mencionados recursos (ver fs. 872), y luego de los traslados pertinentes, QBE A.R.T. S.A. contesta a fs. 874/875.

III) Que en casos substancialmente análogos esta Sala consideró inconstitucio-nal el art. 8° de la ley 24.432 (ver, entre otros, sent. n° 67.829, 28/09/2005, "Carrizo de Depaoli, Claudia Alejandra c/Servicio Penitenciario Federal" y sent. n° 68.952, 23/10/2006, "Unión del Personal Civil de la Nación c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en el men-cionado caso "Abdurramán":

".es preciso recordar que, en diversas materias, el legislador ha puesto de manifiesto su decisión de disminuir el costo de los procesos judiciales, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas con menores recursos económicos o de no agravar la situación personal de las personas afectadas por tales procesos, apartándose así de las pautas generales contenidas en las leyes arancelarias (vgr. Art. 48 de la ley 14.394; art. 38 de la ley 18.345; arts. 260, 266, 269, 292 y concs. de la ley 24.522; art. 634 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre otros)." ".Que igual propósito persiguió mediante la sanción de la ley 24.432., fina-lidad que se desprende del conjunto de disposiciones que conforman esta ley, entre ellas el art. 8°, cuya invalidez constitucional ha sido puesta en tela de juicio." ".Que respecto de la aducida violación del derecho de igualdad cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta Corte, que la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales." ".Que, por último, cabe destacar que el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 de la L.C.T. limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el quantum de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsa-bilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de orden público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (Fallos: 250:410)." ".En este sentido, atento a la finalidad tenida en vista por el legislador., la solución consagrada en el art. 277 de la L.C.T. se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando "la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos".La elección entre el presente u otros medios posibles y conducentes para tales objetivos, constituye una cuestión que excede el ámbito del control de constitucionalidad y está reservada al Congreso." ".Que, por lo demás, la tacha de inconstitucionalidad que admitió el a quo no resulta viable toda vez que los letrados de la parte vencedora no demostraron, mínima-mente siguiera, en qué medida la aplicación al sub lite de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa." (conf. C.S.J.N., A. 151. XXXVII., 5/05/2009, "Abdurraman, Martín c/Transportes Línea 104 S.A."). Si bien las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 307:1094). Ello es así por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 100 -hoy art. 116- de la Constitución Nacional y 14 de la ley 48, Fallos: 212:51).

Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la autoridad que inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzga-miento (doctrina de Fallos: 212:51; 312:2007).

Cabe destacar que en el sub lite los recurrentes no aportan razones no examina-das o no resueltas en el caso "Abdurraman", que guarda substancial analogía con el presente.

Si bien con posterioridad al citado precedente del Supremo Tribunal Federal es-ta Sala declaró la inconstitucionalidad del art. 277, L.C.T. (texto según el agregado del art. 8° de la ley 24.432), en ese caso los letrados de la parte actora invocaron razones no examinadas o no resueltas en el caso "Abdurraman", al invocar el perjuicio que representaba para su cliente la resolución cuestionada y la injusticia que para el trabajador implicaba el hecho de que parte de una indemnización por accidente del trabajo imputable a culpa de los demandados, se afecte al tener que afrontar, con dinero proveniente de tal indemnización, las denominadas ".consecuencias nefastas de una norma indudablemente inconstitucional." (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. int. n° 28.315, 30/12/2011, "Braggio, Pablo Gastón c/Avícola Capitán Sarmiento S.A. y otro").

En el presente caso los recurrentes no alegaron perjuicio alguno para el actor, ni la violación de derecho constitucional alguno de aquél, por lo que la situación es substancialmente análoga a la resuelta por nuestro más Alto Tribunal en "Abdurramán", lo que impone en el "sub-lite" su leal acatamiento, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión en contrario de este tribunal.

No modifican la conclusión expuesta las consideraciones vertidas en el escrito de fs. 834/835, pues la incidencia de QBE A.R.T. S.A. en la responsabilidad por las costas es la misma que la correspondiente a la indemnización del actor.

Por las razones expuestas, corresponde la confirmación de lo resuelto a fs. 831, párr. 2° y 3°.

IV) Que, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión resuelta y la existen-cia de pronunciamientos de diverso signo, corresponde distribuir las costas de alzada en el orden causado (conf. arts. 68, párr. 2°, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

Por los fundamentos expuestos, el TRIBUNAL RESUELVE: 1°) Confirmar la resolución de fs. 831, párr. 2° y 3°. 2°)Distribuir las costas de alzada en el orden causado. Reg., not. y dev. Se deja constancia que el Sr. Juez de Cámara Dr. Enrique N. Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MMV Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara