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Recurso de casación, nulidad de oficio, funcionarios públicos, ombudsman, sobreseimiento, fundamentación de sentencias, inexistencia de delito, revelación de secretos, delito de acción privada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. s/ Violación de secretos s/ Apelación s/ Casación. (Expte. Nº 26407/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

Advierto -en concordancia con el recurrente y con lo alegado por el señor Fiscal General en su alegato casatorio- que la sentencia interlocutoria en tratamiento ha incurrido en el vicio lógico de contradicción toda vez que, si bien ha expresado que comparte lo resuelto por el señor Juez de Instrucción, confirmó los sobreseimientos por inexistencia de delito, ello en referencia al art. 306 inc. 2º del rito, separándose de la postura de ubicarlos en su inc. 1º, por entender que el hecho existió, pero que no encuadra en ninguna figura penal.

En esto último es coherente con la argumentación desarrollada en el sentido de que la información que se dio a publicidad no contaría con protección legal, al tratarse solo de la difusión de un listado de personas.

Y no encuentra ninguna vinculación conceptual -más que la decisión de sobreseercon lo argumentado por el Juez de Instrucción, que sostiene el carácter reprobable desde el punto de vista moral de haber dado a publicidad determinada información, pero que esta no era secreta pues no había sido dispuesto así en un acto concreto de la Defensoría del Pueblo, tal como prevé el art. 15 de la Ley K 2756, por lo que se verificaba la ausencia de un elemento normativo del tipo objetivo.

En consecuencia, tampoco era posible así ninguna remisión a lo dicho por el primero. No obstante este error de actividad, por los argumentos antes expuestos respecto de la aplicación al caso del principio iura novit curia y aquellos derivados de una mejor administración de justicia que harían disvaliosa la retrocesión del trámite, cuando los hechos sometidos a análisis permanecen inalterables y el derecho aplicable ha sido presentado por las partes en la audiencia de casación, no voy a aplicar la regla general prevista en el art. 441 del código adjetivo, sino que voy a resolver el caso con arreglo a la ley y a la doctrina que declaro, atento al art. 440 de la misma normativa.

Para ello circunscribo mi análisis a la dirección del reproche penal en orden a los arts. 157 y 157 bis, pues hacia tales significaciones jurídicas se dirigió el accionar de los representantes de la vindicta pública.

Respecto de la segunda norma, esta reprime -en lo que interesa- al funcionario público que "ilegítimante proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley".

Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia que he consultado -en un criterio que comparto- considera que esta violación de secretos impone el ejercicio de la acción privada, tal como establece el inc. 2º del art. 73 del Código Penal, pues no queda alcanzada por la salvedad de su última parte, que únicamente abarca el art. 157 de la ley sustantiva. (Voto del Dr. Apcarían sin disidencia)
Competencia por la materia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ PESCI Y ABOSLAIMAN S.H. DE PESCI LUIS ENRIQUE Y ABOSLAIMAN Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-02-15

Hay que detectar, la verdadera naturaleza de la ley y, una vez logrado ese paso, colocarla, con el encuadre que parezca correcto, bajo la lupa del juicio de constitucionalidad. Dicho de otro modo, no podemos quedarnos con el rótulo formal que a una ley le otorga el legislador, ni aferrarnos a él para evaluar su constitucionalidad. El bisturí tiene que calar más hondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO ADOLFO s/ Contrabando Causa 24099
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-23

1- La ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretenda llevar a cabo el personal policial, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento del aquél. No obstante haber firmado el acta donde presta expresa anuencia para permitir el ingreso de dicho personal a su domicilio podría objetarse el valor coercitivo del acta en cuestión por haber sido confeccionada por los mismos funcionarios que concretaron el secuestro, pero en el caso eso no puede prosperar, dado que en sede judicial la ratifica expresamente.(Del voto del Dr. Roldán).- 2- El hecho de ser interceptado por la comisión policial al llegar a su domicilio no es suficiente por sí para correr un manto de sospecha respecto de la espontaneidad de su decisión de prestar conformidad para que ingresen al mismo. (Del voto del Dr. Roldán).
Empleados de banco, subcontratación laboral, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: BRANDAN, VICENTE MIGUEL c/ LUSARDI, CARLOS Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-17

No siendo la actividad gastronómica la específica de una Banco, el comedor existente en el mismo y explotado por un concesionario no constituye establecimiento susceptible de ser cedido a otros, lo que impide se le condene solidariamente en los términos del artículo 30 Ley de Contrato de Trabajo por no verificarse los supuestos del efecto normativo.
Seguro colectivo, seguro de vida, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: JEREZ, JOSE GREGORIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29

No son competentes los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal para entender en un reclamo por el que se pretende el cobro de un seguro de vida colectivo, contratado voluntariamente por un ex trabajador con alguien que no era su empleador. Dicha figura se encuadra en la ley 17418 y en consecuencia se diferencia del contrato de seguro establecido en los términos de la ley 13003.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentación insuficiente, jueces, pérdida de la jurisdicción, remisión del expediente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sindicatura en  B.I.B.A. -Quiebra- c/ Remaggi, Luis y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Medidas  Conservatorias de prueba -Honorarios (Expte.: C.S.J. Nro. 596 año  2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

No le asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que el fallo atacado es nulo por haber sido dictado cuando el Tribunal integrado tenía sustraída su jurisdicción -por que la Corte de la Provincia solicitó la remisión de los incidentes que tuvieran relación directa con la sentencia declarativa de quiebra y dispuso que los restantes quedaran en el juzgado a disposición de la Corte- invocando que el incidente de regulación de honorarios es un procedimiento accesorio de las medidas conservatorias de prueba. Al respecto, la cuestión fue analizada en el auto denegatorio, al sostener la Sala que obsta a la suspensión invocada el consentimiento del procedimiento habido a partir de que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe devolviera al Tribunal el expediente para su continuación, debido: "...el estado de la causa y las cuestiones debatidas en la misma...", sin que la impugnante haya rebatido satisfactoriamente dichos fundamentos, quedando incumplida, de tal forma, la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055.
Incidentes, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Siguero, Silvia s/ Inc.Nulidad en autos "Siguero, Elena s-Inc.Remoción de Admin.Judicial  en autos "Siguero. Eugenio s-Suc. Ab-Intestato"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-18

Por el artículo 180 del C.P.C.C., el traslado de los incidentes se hará efectivo personalmente o por cédula, habiendo entendido la doctrina que se aplican, por tanto, los distintos medios previstos para la notificación de la demanda, ya que, la demanda incidental debe ser notificada en el domicilio real del accionado o sujeto pasivo del incidente o artículo.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, restricciones al dominio
Materia: CIVIL
Carátula: GIUDICE, CARLOS c/ CONSORCIO CALLE RIOBAMBA 1142/1152 s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

La modificación del sistema de ingreso y egreso de un edificio decidida por el consorcio afecta de manera especial al copropietario cuya unidad, habida cuenta del destino establecido en el reglamento de copropiedad, sólo puede utilizarse como consultorio médico, porque perjudica la utilización de la misma, en una medida no comparable con las restantes unidades, que al hallarse destinadas a vivienda, carecen del movimiento propio de un consultorio médico; y en tales condiciones, resulta verosímil que afecte también su valor de venta o al menos dificulte su enajenación. Si bien no cabe desconocer las razones de seguridad tenidas en mira al decidirse la modificación del sistema de ingreso y egreso del edificio, no parece razonable que, se hagan recaer mayores perjuicios a un copropietario, beneficiando así a los demás. Sobre todo cuando existen soluciones alternativas que evitarían ese trato imperativo.
Derecho Tributario, impuestos, empresa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Reig Vázquez Ger y Asociados c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La acepción económica de "empresa" en el derecho tributario es equívoca, a grado tal que, conforme lo revela la legislación vigente, no es uniforme ni aun dentro de un mismo impuesto.
Concursos, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asociación de Viajantes de Mar del Plata s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

La mayoría exigida para aprobar una propuesta consistente en la entrega de bienes a los acreedores es la prevista en el artº 57 de la ley de Concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: DURAN OBDULIO c/ MADERO LENHARDTSON Y CIA SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-17

1. Corresponde admitir la demanda incoada a fin de obtener el cobro de cierta suma de dinero, en repetición de las sumas abonadas en un proceso ejecutivo, toda vez que dicha acción ejecutiva resultó ilegítima al carecer de causa, y los pagos realizados lo fueron al sólo efecto de evitar el embargo, ejecución y subasta de los bienes del actor, entonces ejecutado.

2. No puede reconocerse a la sentencia dictada en el proceso ejecutivo el carácter de cosa juzgada formal y material, toda vez que el accionante (revisionante en el concurso de la actora) debió haber demostrado la causa de la obligación -cosa que no hizo- (CNCom, Sala B, in re "Vanhoutte Héctor s/ incidente de verificación por Favaro SACI", del 07/05/80; ídem, Sala A, in re, "Wester, Guillermo Nicolás s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Crédito Platense SA", del 22/05/01).

3. En consecuencia, ante la falta de acreditación de la causa de los pagarés involucrados, corresponde admitir la reparación pretendida en relación a las sumas depositadas en el proceso ejecutivo, con más los intereses correspondientes.
Declaración de insania, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Raúl EOLO LAVEZZO s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  COSTAS - INSANIA - PERITO - GASTOS COMUNES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

La circunstancia de que las personas designadas de oficio revistan el carácter de "auxiliares" de la justicia no autoriza a modificar la calificación de beneficiario del trámite del juicio de insania que corresponde al incapaz, ni justifica obviar la aplicación de conocidos principios que toman en cuenta el interés o al beneficiario, para efectuar la distinción entre gastos particulares y comunes.
Daño moral, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: Lopez, Guillermo Ramón c/ Clínica Privada Santa Cecilia S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-14

La corrección del monto establecido por el a quo en concepto de daño moral encuentra justificación sólo en caso de indemnizaciones excesivamente bajas o altas en relación a la realidad económica y las circunstancias del caso.
Automotores, registro de la propiedad automotor, documentación del automotor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Carlos A. Polak c/ Registro Nacional Automotor s/ Alteración en los números de Motor y de Chasis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-14

Por haberse constatado la existencia de alteraciones en los números de motor y de chasis del automotor en cuestión la decisión por la cual la autoridad administrativa no admitió la pretensión del actor tendiente a obtener la regularización de la documentación correspondiente, fue correcta. A esos fines no resulta conducente la alegación ante ella de circunstancias relativas a la posesión del vehículo habida cuenta de que se trata de un extremo que excede el marco de consideración de la autoridad registral y, por lógica implicancia, el de la vía prevista en los arts. 15 a 22 del decreto 335/89, en cuya virtud las presentes actuaciones debieron llegar a conocimiento del Tribunal.
Fallos de la Corte Suprema, límites del pronunciamiento, recurso extraordinario, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Luchessi, Gustavo Ariel y otros c/ E.N.A. - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmado por las sentencias ulteriores.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manetta, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Las normas del pliego de bases y condiciones son la ley del contrato, de sujeción obligatoria para ambas partes, de las que los contratantes no pueden apartarse ni aún mediando acuerdo al respecto; ergo, las cuestiones deben resolverse con estricto apego a dichas normas.
Personal militar, cambio de lugar de trabajo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R., A. M.  c/ E.N. - P.S.A.  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

Corresponde declarar la nulidad del acto administrativo que dispuso el traslado de una agente de la policía de Seguridad Aeroportuaria que prestaba servicios en el Aeroparque Jorge Newbery, a una unidad ubicada en la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, y determinar que se evalúe el pase solicitado por la accionante a la ciudad de Mar del Plata, por razones familiares, dado que el accionar de la demandada al decidir un traslado hacia la provincia más austral del país, desconociendo las razones familiares urgentes invocadas por la actora para peticionar su cambio de destino, luce arbitrario e irrazonable.
Detención, nulidad procesal, facultades de la autoridad de prevención, competencia correccional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Walter Edgardo s/ recurso de casación". Causa n. : 1980.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

De la inteligencia de los arts. 184, incs. 5 y 8 y 230 del C.P.P.N. y de lo establecido en el texto de la ley 23.950, promulgada en septiembre de 1991 y modificatoria de la Ley Orgánica de la Policía Federal, cuyo art. 1, inc. 1 se establece que fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal (la Policía Federal) no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional de turno. (Voto del Dr. Fégoli).
Costas, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pizarro, Mario Gonzalo c/ Reinaldo José Rodocevich y otro s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Pizarro, Mario Gonzalo c/ Reinaldo José Rodocevich y otro s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-03|1994-03-03

Atribuida la responsabilidad en forma exclusiva al demandado, éste debe abonar íntegramente las costas, con prescindencia de los montos reclamados, porque ello no hace a la viabilidad de la pretensión sino a la medida en que la misma ha prosperado.
Competencia por el territorio, sucesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ronconi, Pedro s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-14

La competencia territorial atribuida legalmente al Juez del último domicilio del causante, puede ser prorrogada en el ámbito de una misma provincia, en tanto estén de acuerdo la totalidad de los herederos.
Locación de cosas, rescisión del contrato, extinción del contrato de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: ESCANDARANI ELIAS c/ PRIERI Y CIA. SOC. COLECTIVA Y OTROS s/ SUMARIO - LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

El hecho de recibir la cosa locada y las llaves respectivas antes del vencimiento de la fecha establecida importa rescindir de común acuerdo las obligaciones creadas por el contrato, es decir que se otorga el "distracto" que autoriza el art. 1200 del Cód. Civil y que rige para el futuro (ex-nunc). Si el locador aceptó la rescisión anticipada del contrato y no exigió el pago ni formuló salvedad al respecto, no puede invocar la disposición contractual que seguiría entonces rigiendo a pesar del distracto. En el mismo sentido aparece inaplicable la reserva efectuada al recibir las llaves que comprende a los derechos que le correspondían hasta la rescisión y no los que emanaban de ella. Esta interpretación es consecuencia del efecto futuro del distracto.
Impuestos, régimen penal tributario, querellante particular, representante legal, infracciones tributarias
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de excepción de falta de acción  CAUSA: 37417.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-02

Estando admitido en la causa que la persona de existencia ideal que actúa como querellante es una asociación civil sin fines de lucro constituida para defender los intereses de los comerciantes del ramo, una persona de ese carácter debe considerarse particularmente ofendida por el ilícito tributario investigado, maniobras que indudablemente afectan a quienes comercian en dicho ramo, sin perjuicio de que también puedan afectar a los intereses del Fisco cuyo derecho a querellar no puede entenderse excluido por la admisión de otros damnificados (Cf. Sala A, Reg. 43 bis/95), de donde quien representa al ente ideal en el caso no es un simple mandatario a quien quepa exigir prueba de que ha sido especialmente apoderado, tratándose del representante legal de aquella persona jurídica.
Recurso de casación penal, testigos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CUEVAS DIEGO RICARDO Y OTRA. s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-17

Se debe destacar que el Tribunal de juicio al recibir en forma personal y en audiencia pública la declaración de los testigos, se encuentra en inmejorables condiciones para arribar a conclusiones sobre los dichos. En este sentido adquiere relevancia lo sostenido por los autores José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti en su obra Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado. Impreso por editorial Mediterránea noviembre de 2003 coincidente con la mayoría de la doctrina y jurisprudencia del país.

Dicen: "Consecuentemente, la señalada interpretación dominante considera vedada a la competencia funcional del tribunal de casación, la posibilidad de controlar la eficacia conviccional que el tribunal de juicio haya asignado a los elementos probatorios en que apoyó sus conclusiones sobre la existencia de los hechos probados, o que aceptó como no suficientemente probados. Por ello, se entiende prohibido el intento de revalorar aquellas pruebas, procurando demostrar que una equivocada merituación de ellas ha determinado que tales conclusiones fácticas sean erróneas y pretender, mediante esta impugnación, que el Tribunal de la casación vuelva a fijar los hechos de un modo diferente al establecido en la decisión recurrida". Obra citada Tomo 2 pág. 419/420.
Estupefacientes, guarda de semillas de estupefacientes, tenencia de estupefacientes, concurso real, concurso ideal, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ AÑASCO, R. Y OTRO s/ ESTUPEFACIENTES - GUARDA SEMILLAS - TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-10

1) La disposición del art. 2 inc. a) de la ley 20.771 en lo que atañe a la guarda de semillas, sanciona un supuesto legal diferente, del que contempla el art. 6 del dispositivo legal que reprime un tipo independiente, cual es, la mera tenencia de estupefacientes, razón por la cual, ambos tipos no concurren integrativamente en forma ideal, sino materialmente.

2) La ínfima cantidad de restos vegetales y semillas de "cannabis sativa" secuestrada, plantea dudas acerca de su aptitud para el consumo personal del imputado, razón por la cual la conducta que se le endilga deviene atípica.

Al margen de que en el caso de autos no se ha especificado el número de semillas, salvo en lo que concierne a su capacidad germinativa del 95%, es de toda evidencia que las simientes secuestradas, atento su exiguo peso total de 1,62 gramos incluyendo los restos de sustancias vegetales, es insuficiente para posibilitar su siembra y propagación vegetativa e hipotéticamente también para concretar el tráfico ilegal de la droga, por lo que cabe descartar de plano el peligro inmanente que ello significa.

3) Por lo demás la escasa cantidad de "cannabis sativa" incautada en este caso, aún debe ser apreciada de menor valor, por la suma de las semillas agregadas, tornándose aplicable la doctrina del Tribunal que establece que cuando existen dudas sobre la idoneidad toxicomanígena concreta, ello también origina incertidumbre sobre su posibilidad de producir dependencia psíquica o física según las limitaciones impuestas por la ley penal o las reglamentaciones pertinentes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, caducidad de instancia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lago, Pedro Juan c/ Empresa N. Emilozzi S.A.C.I.A.C.I. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que carece de un análisis crítico de los elementos relevantes para la solución del planteo y por aplicación de un criterio de caducidad de la instancia que va más allá del ámbito que le es propio, culmina en la frustración ritual del derecho del recurrente a obtener una sentencia que se pronuncie sobre el fondo de la pretensión, con grave lesión del derecho de defensa en juicio.