Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-14


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá para dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "P. , G. G. c/ O. A. , S. s/Separación Personal" (Expte. Nro.: 3681502006 Juzgado de Familia y Nro.: 157/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 196 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P. C. y C. correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS MOISÁ FRÜCHTENICHT.

Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es justa la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:

A fs. 6 y vta. el Sr. G. A. P. , otorgando poder al Dr. M. E. I. M., inicia demanda de separación personal y disolución de sociedad conyugal contra su cónyuge la Sra. S. O. A. , denunciando como bienes gananciales dos automotores, uno marca Chevrolet dominio XXX *** y otro marca Volkswagen dominio XXX ***.

A fs. 29/30 vta. contesta la demandada allanándose a la separación personal pero denunciando como gananciales, además, una licencia de taxis nº *** y los ingresos generados por la misma; un inmueble en calle Volta 731/765; mejoras en un inmueble del actor sito en la localidad de D. H., Provincia de Río Negro; ingresos por la locación del mencionado inmueble y bienes muebles constitutivos del ajuar conyugal.

A fs. 160/168 se dicta sentencia nº 371, T, II, F. 939/46 del 20 de Julio de 2007 conforme a la cual, en lo pertinente: Primero, se decreta la separación personal con costas por su orden regulándose los honorarios del Dr. I. M. en $1.200 y los de la Dra. Z. G. A. en $900. Segundo, se hace a lugar a la liquidación de la sociedad conyugal. Tercero, se declaran como bienes gananciales únicamente el automotor Chevrolet XXX ***, el automotor Volkswagen XXX *** y la licencia de taxis nº ***; las costas por la disolución de la sociedad conyugal se imponen en un 70% para la demandada y en un 30% para la actora regulando honorarios en un 4% del monto del proceso para el Dr. M. E. I. M. y en un 2% para la Dra. Z. G. A. .

Contra el citado resolutorio apela el actor, haciéndolo en el mismo escrito el Dr. I. M., por derecho propio y al considerar exigua la regulación de sus honorarios.

No obstante haber sido concedido el recurso a fs. 172, el actor omite expresar agravios, razón por la cual ha de considerarse desierto el mismo, quedando subsistente el del Dr. I. M. por sus honorarios.

A fs. 175 apela la Sra. O. A. por intermedio de su nueva apoderada la Dra. D. E. D. y cuyas quejas son las siguientes: Primero, se agravia de que no se recompense a su parte por el producto de la explotación de la licencia de taxis. Segundo, se agravia de que no se hubieran considerado gananciales los fondos depositados en Banco B. los cuales, dice, no fueron extraídos sino reprogramados, aduciendo además que sobre los mismos existía un condominio de ambos cónyuges. Tercero, se agravia por último, de que no se hubieran considerado gananciales el inmueble de calle Volta 731/765 y las mejoras del fundo de D. H. adquirido y realizadas respectivamente durante el concubinato, pues entiende que dicha situación debe ser equiparada al matrimonio.

Resumidas en lo pertinente las constancias de autos corresponde analizar los agravios invocados:

I) Los réditos de la licencia de taxi:

La Sra. Juez a quo considera que las ganancias producidas por la explotación de la licencia de taxis, constituyen "gananciales anómalos", entendiendo por tales aquellos que se devengan con posterioridad a la separación personal y que, en consecuencias, no se encuentran sujetos a división La recurrente, en su agravio, hace manifestaciones genéricas respecto a que los contrayentes no pueden someter a la institución del matrimonio a condiciones ni a términos y que, en consecuencias, toda ganancia devengada antes de la disolución solo puede ser considerada como ganancial.

Quien se agravia tiene la carga de efectuar una crítica detallada y concreta del dispositivo sentencial demostrando la ruptura lógica del iter racional seguido por la sentencia, siendo insuficiente para tal fin, las manifestaciones genéricas que solo evidencian una disconformidad con el resultado obtenido.

Que las partes no pueden, al celebrar el matrimonio, sujetarlo a condiciones o a plazo, es una verdad evidente que no presenta disensos en nuestro sistema jurídico mas no logra entreverse que relación guarda ello con la distinción entre "gananciales puros" y "gananciales anómalos" que hace la sentenciante, encontrándose así un escollo insalvable para la procedencia del recurso, pues mas allá de que se coincida o no con la teoría expuesta en el acto sentencial lo cierto es que el agravio debe tenerse por desierto y así lo voy a votar.

II Los fondos depositados en Banco B:

La Sra. Jueza a quo hace un pormenorizado análisis respecto a los movimientos de la cuenta de Banco . Determina que la misma no era solo de titularidad de los esposos sino que también había un tercero ajeno a la sociedad conyugal. Encuentra que del total depositado, $21.000. fueron destinados a la compra del automotor marca Chevrolet XXX *** denunciado y reconocido como ganancial; dice que respecto al saldo se abrieron dos cuentas en el Banco del C., una de $50 y otra de u$s 1.000., las cuales fueron consumidas durante la convivencia pues antes de la separación de hecho se encontraban sin saldo.

La recurrente solo expresa como agravios que la cuenta de Banco B. no fue cancelada sino "reprogramada" y ello no alcanza para atacar el dispositivo sentencial el cual reconoce la reprogramación, analiza el destino y concluye que el dinero fue gastado, presumiblemente en la convivencia.

Es por lo expuesto que el presente agravio tampoco puede tener resolución favorable en esta alzada.

III) El Inmueble de calle V. ***/*** y las mejoras en el inmueble sito en D. H.:

Se agravia la recurrente de que no se hayan tenido por gananciales el inmueble de calle Volta ***/*** de la ciudad de Esquel y las mejoras realizadas en el fundo de la localidad de D. H..

Encuentro que la pretensión recursiva no se encuentra acabadamente fundada en derecho por lo que la misma constituye una disconformidad genérica y adolece de los requisitos necesarios para su procedencia, razón por la cual corresponde declararlo desierto.

No obstante obiter dicta corresponde aclarar que de las constancias de fs. 90/91 y 99/101 surge respectivamente que el inmueble fue adquirido con anterioridad al matrimonio y que las mejoras aludidas también fueron anteriores a dicho acto.

Bien dice BOSSERT que "Para la distribución de bienes no pueden aplicarse, ni por analogía, las disposiciones que, sobre la base de distinción de bienes propios y gananciales, organizan este aspecto del estatuto matrimonial. Como ya hemos señalado en otras partes de este trabajo, dicho estatuto es exclusivo del matrimonio y ha sido estructurado atendiendo a ciertos intereses de orden público que atañen al matrimonio. (BOSSERT, Gustavo A. "Concubinato" Orbir. Rosario 1968 pag. 68).

Ciertamente que los concubinos pueden haber realizado esfuerzos comunes y acumulado aportes para obtener una utilidad participando ambos de las ganancias y pérdidas, sin embargo esto debe ser probado pues el concubinato mismo no constituye causal suficiente para presumirlo (Conf. Cam 1ª Civ. y Com. La Plata, Sala II 1241955 LL 7994). También se ha dicho que "Los jueces al considerar la prueba, deben hacerlo con un criterio estricto y riguroso, ya que la relación concubinaria puede crear una engañosa apariencia de comunidad de bienes". (CNCiv. Sala C. Cap. Fed. 2721953 LL 7025).

Respecto a la apelación de honorarios del abogado M. I. M. por considerarlos bajos y analizada que fue la normativa aplicada por la sentenciante, se advierte que la escala graduativa de los artículos utilizados ha sido aplicada erróneamente, como asimismo observo que se ha omitido la aplicación del art. 9 de la ley arancelaria. En consecuencia, los honorarios profesionales que corresponden al Dr. M. I. M. por su actuación en primera instancia deben establecerse en definitiva en el 8 % del monto del proceso que se cuantificará como activo de la sociedad conyugal, con más los importes correspondientes a las retenciones impositivas (IVA).

A LA MISMA CUESTION, el Dr.. MOISÁ dijo:

1. Por Sentencia N° 371 de fecha 20 de julio de 2007 (fs. 160/168), en lo sustancial, la Sra. Jueza de primera instancia decide: decretar la separación personal de los cónyuges G. A. P. y S. O. A. por la causal prevista por el art. 204 del Código Civil; declarar disuelta la sociedad conyugal, imponiendo las costas por su orden; y hacer lugar a la demanda de liquidación de la sociedad conyugal, distribuyendo en este caso las costas en un 70% a cargo de la Sra. O. A. y un 30% a cargo del Sr. P. .

2. Tal decisión es apelada por el actor (fs. 171), por la demandada (fs. 175) y, por derecho propio en cuanto a sus honorarios, por el letrado M. I. M. (fs. 171). Concedidos previamente los recursos, solamente la demandada apelante expresa agravios a fs. 182/187, los cuales son contestados por el actor a fs. 189/190 vta. Al no expresar agravios el actor apelante, corresponde declarar la deserción de su recurso (art. 266, CPCC).

3. Analizada la admisibilidad formal de la apelación de la parte demandada, la expresión de agravios de la recurrente no reúne mínimamente los requisitos de concreción y razonabilidad que exige el art. 265 del CPCC. En efecto, en sólo dos carillas (puntos 2, 3, 4 y 5), sin mayores fundamentos que valoraciones abstractas y apreciaciones subejtivas, la apelante se limita a expresar su disconformidad con el sentido del fallo sin precisar el derecho que le asistiría. Considera equivocada la postura del Tribunal por los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que cita, pero no da razón del porqué del yerro, limitándose a la mera trascripción de doctrina y jurisprudencia sin vincularla con hechos concretos. Ello, además de conspirar contra el derecho de defensa de la contraparte (art. 18, CN), indudablemente impide que esta Alzada pueda verificar la justicia o injusticia de la resolución apelada.

En consecuencia, la falta de suficiente concreción en los motivos fácticos y jurídicos por los cuales el fallo recurrido sería erróneo, injusto o contrario a derecho me obligan a proponer la deserción del recurso intentado por la demandada. Así se ha dicho: "Se considera desierto el recurso cuando la expresión de agravios se limita a consignar una mera disconformidad con lo resuelto por el juzgador, sin concretar cuáles son los motivos por los cuales se considera que el fallo es erróneo, injusto o contrario a derecho. En esta orientación carece de contenido la expresión de agravios si: a) Omite los argumentos en que fundara el juez a quo la decisión. b) Si contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos. c) Se limita a una serie de manifestaciones que sólo traen la disconformidad personal del apelante con la decisión, pero sin constituir una crítica adecuada. d) Implica una mera discrepancia subjetiva con la sentencia" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 288, Astrea, Bs. As., 1999; cfr. SDC N° 17/05 CANO, "R., S. c/ G. de K. , S. y otros s/ Laboral" Expte. Nº 181/04 CANO, entre otras).

En sentido concordante, también se ha expresado: "No es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in judicando: ilegalidad e injusticia del fallo.

El escrito debe ser proporcionado a la complejidad del asunto, importancia fáctica y jurídica: es pretensión dialéctica exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una sentencia circunstanciadamente fundada; es ingenuo abuso de la facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de una interminable perorata y, antes, ocupar diez días del otro letrado para replicarla" (COLOMBO, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, p. 565, Abeledo Perrot, Bs. As., 1969).

4. Con respecto a la apelación del abogado I. M. por considerar bajo el porcentaje establecido respecto de sus honorarios, entiendo que la escala graduativa no ha sido aplicada correctamente. Estimada la escala del art. 7 el honorario básico sería del 5,5 % y no del 4% como se ha resuelto. Además, teniendo en cuenta el doble carácter en que actúa (art. 9 del Dto. Ley Nº 2.200), los honorarios profesionales que le corresponden al letrado I. M. por su actuación en la instancia anterior deben ser fijados en el 8 % del monto del proceso a cuantificarse oportunamente, con más el IVA correspondiente.

5. En mérito a los fundamentos precedentes, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada (art. 266, CPCC), sin derecho a honorarios por parte de la letrada Dora Davies en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación ante esta Alzada (cfr. SDC N° 52/04 CANO, "M. , J. A. c/ J. , J. s/ Ordinario" Expte. Nº 166/04 CANO, entre otras).

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:

Conforme a lo dicho al analizar la primer cuestión voy a votar por I) DECLARAR desierto el recurso de apelación del actor y de la demandada. II) REVOCAR los honorarios del Dr. M. I. M. por su actuación en la instancia anterior, los que se establecen en el 8 % del monto del proceso que se cuantificará, con más el IVA respectivo. III) IMPONER las costas a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C. y C.).

IV) REGULAR HONORARIOS al Dr. M. I. M. en el 2,8 % del monto del proceso con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dto. Ley Nº 2.200), no correspondiendo honorarios en esta Alzada a la Dra. D. D. por su inoficiosidad.

A IDENTICA CUESTION el Dr. MOISÁ, dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) declarar desierto el recurso de apelación del actor (fs. 171) concedido a fs. 172; b) declarar desierto el recurso de apelación de la parte demandada (fs. 175), sin derecho a honorarios por parte de la letrada D. D. en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación ante esta Alzada; c) revocar los honorarios regulados al letrado M. I. M. por su actuación en primera instancia, los que se establecen en el 8 % del monto del proceso a cuantificarse oportunamente, con más el IVA correspondiente; y d) imponer las costas de esta instancia a la demandada (art. 68, CPCC), regulando honorarios profesionales al letrado M. I..M. en el 2,8 % del monto del proceso a cuantificarse oportunamente, por su actuación de fs. 189/190 vta.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

I. DECLARAR desiertos los recursos de apelación interpuestos por el actor (fs. 171) y por la demandada (fs. 175).

II. REVOCAR el punto 6º) de la sentencia recurrida con respecto a los honorarios del abogado Martín Iturburu Moneff, estimando los mismos por su actuación en primera instancia en el 8 % del monto del proceso a cuantificarse oportunamente, con más el IVA correspondiente.

III. IMPONER las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68 CPCC).

IV. REGULAR los honorarios del abogado M. I. M. en el 2,8 % del monto del proceso a cuantificarse oportunamente, con más el IVA correspondiente, por la labor desarrollada en esta Alzada (Art. 14 Dto. Ley Nº 2.200), sin derecho a honorarios por parte de la letrada D. D. en virtud de la inoficiosidad (art. 3, Dcto. Ley N° 2.200) de su actuación en esta instancia.

V. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente resolución es dictada por dos Jueces del Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley Nº 1.130, texto según Ley Nº 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste (art. 271, in fine del CPCC, texto según Ley Nº 4.550).

GÜNTHER ENRIQUE FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL NRO.: 63 /07 CANO. Conste.

Norma Marrero