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Sentencia interlocutoria, tribunal colegiado, falta de firma, secretario judicial, recurso de casación, defectos del procedimiento, error judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROCCATAGLIATA DE RAMATO EDDA MARIA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-06-28

En el tratamiento de las censuras expuestas por la recurrente el Máximo Tribunal se pronunció en un sentido adverso a la impugnación planteada. La crítica apunta a la nulidad de la resolución emitida por no haber sido rubricada por uno de los miembros del órgano colegiado.

Tal objeción se desestimó, atento a la constancia de Secretaría, que consta respecto al miembro del Tribunal, que no pudo firmar el interlocutorio recurrido, por encontrarse en uso de licencia, pero intervino en el acuerdo, conforme a los términos prescriptos por la ley ritual (art. 120, último párrafo del C.P.C.C.).

En base a lo expuesto, el agravio deducido se desestimó. Agrega que las erráticas disquisiciones de la recurrente, tratan de imponer la peculiar tesis interpretativa, pero las mismas adolecen de una ostensible ineficacia crítica.

El siguiente segmento de la casación, enrostra al Mérito, la decisión adoptada en forma a los créditos fiscales con motivo de la subasta.

Las impugnaciones están dirigidas a cuestionar, por un lado, la legitimidad del Fisco para hacer valer - sin deducir tercería- su privilegio en la presente causa, y por el otro, la oponibilidad de la obligación tributaria al adquirente en subasta. La entidad del embate, a más de remitir a eventuales yerros in iudicando insusceptibles como tales de habilitar la competencia revisora de la Sala, fue debatida y resuelta en la especie.

Se evidencia en éste sentido que lejos de demostrar la efectiva existencia de alguno de los vicios formales anunciados al comienzo, tan solo exterioriza la mera discrepancia de la quejosa cuyo eventual desacierto se sustrae al control casatorio ejercible por la Sala del Superior, al menos, por el motivo legal escogido. Por ello, desestima la queja.
Contrato de trabajo, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, Francisco David c/ Aguas Naturales S.R.L. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-10

La demandada apela la sentencia del a quo que tuvo por acreditada la relación laboral invocada por el actor (socio-empleado) con fundamento en el art 27 LCT. Ante tal escenario, y de las constancias de la causa se desprende, clara e inequívocamente, que el actor actuaba como "dueño" del galpón, y era quien impartía órdenes y aportaba también un camión a la sociedad demandada. En consecuencia, no puede concluirse que revistiera el carácter "socio empleado" (art. 27 LCT), pues el propio actor integraba como gerente el órgano de dirección y, por lo tanto, no trabajó con sujeción a las órdenes que se le impartían o pudieran impartírsele. Como es evidente, al no estar probada la prestación de servicios denunciada como efectuada en favor de la sociedad codemandada, es evidente que, aun cuando -por hipótesis- se llegara a considerar operativa la presunción del art. 23 de la LCT, no cabe duda que la hipotética operatividad de la presunción quedó inmediatamente desvirtuada a través de la acreditación fehaciente de que el actor no estaba sometido a un poder de dirección y organización ajeno sino al propio a través del órgano que integraba en la sociedad demandada.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, ejecución de sentencia, honorarios, funcionarios judiciales, devolución del expediente, inconducta procesal, sanciones pecuniarias
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMOS, Marta Alicia c/ VIVIENDAS SALTA S.A s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-11

Debe tenerse en cuenta que la sanción prevista por el artículo 130 del CPCYC constituye en rigor una medida disciplinaria y correctiva, que tutela y objetiva el denominado principio de buena fe y de lealtad procesal; a la vez, puede atribuírsele un efecto resarcitorio pues se beneficia con la multa el sujeto que es perjudicado por la demora.

En el caso particular, debe ponderarse que se trata de honorarios que revisten carácter alimentario y que el mero transcurso del tiempo genera una expectativa frustrada y la pérdida del poder adquisitivo, sumado a otras afectaciones de índole anímico que no resultan difíciles de concebir.
Cuestión abstracta, excusación
Materia: ELECTORAL
Carátula: Moyano Hugo Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo ley 26.855- Medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

Cabe rechazar la excusación formulada por un fiscal federal, en atención a que lo aquí debatido ha devenido abstracto, pues la cuestión de fondo planteada en los autos principales en los que el recurrente procuraba excusarse ya se encuentra resuelta, por lo que carece de interés jurídico actual pronunciarse al respecto.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, uso de estupefacientes en lugar público, cantidad de estupefacientes, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: SCHIAFFINO, Sergio R. s/ Causa 26.347
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

La poca cantidad secuestrada, no obsta a la configuración del delito de tenencia de estupefacientes, pues ésta sobrepasa el ámbito de la privacidad, resultando idónea para poner en peligro la salud pública, dado que la tenencia para uso personal es un delito de peligro abstracto en el cual está ínsita la trascendencia a terceros, no siendo la cantidad lo que debe ponderarse sino la naturaleza y efecto de los estupefacientes . Para que la tenencia resulte atípica, es necesario que la misma ni siquiera por vía de peligro tenga aptitud para vulnerar el bien jurídico protegido y tal imposibilidad de afectación no se da cuando el tenedor se encuentra en la vía pública y en compañía de otra persona, sin que sea relevante la cantidad de material estupefaciente secuestrado.
Veredicto, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Passarelli, Ilda Pascuala c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

El veredicto firmado por el juez del tribunal del trabajo que se expidió en primer término sólo al concluir con su voto pero sin hacerlo con posterioridad a que los restantes miembros emitieran el suyo, al ser incorrectamente suscripto no emana del órgano jurisdiccional competente estructurado por la ley (arts. 53, ley 5827; 44 incs. "e" y "f" -45, t.o. 1993- del dec. ley 7718/71, actual 44 incs. "d" y "e", ley 11.653) y debe ser anulado de oficio.
Expropiación, avenimiento (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A. c/ DE ANGELIS DE ELOLA ROSA F. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

La expropiación persigue poner fina a un estado de restricción o limitación del derecho de propiedad del particular, que a raíz de una declaración de utilidad pública que pesa sobre su bien, le impide disponer libremente de él. El cumplimiento de lo convenido extrajudicialmente por expropiante y expropiado, tiene por finalidad respetar la forma y momento en que el hecho expropiatorio debía realizarse y el monto de la indemnización pactado. La expropiación es el fin principal y último, el cumplimiento de lo convenido en el avenimiento son las circunstancias de modo y tiempo en que aquella tenía que llevarse a cabo y la determinación de la indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción de la acción penal, fundamentación del recurso, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Merello Barrenechea, Luis María s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-05

Sobre la base de los principios que rigen la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, atento que en autos la querella ha cuestionado la constitucionalidad de la ley 25.990 y que la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho invocado por la recurrente, el recurso extraordinario deducido debe concederse a fin de habilitar la vía impugnativa para que el máximo Tribunal de la Nación pueda pronunciarse sobre la cuestión debatida -art. 14, inciso 3° de la ley 48-. (Dr.

Mitchell, en disidencia).
Accidentes de trabajo, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: ZAFFORA, CAYETANO c/ E.F.A. s/ ACCIDENTE - LEY  9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

No es el SMV vigente a la fecha de la sentencia el que determina el tope de la reparación sino la situación derivada de un daño consolidado y conocido por la víctima quien no puede sostener válidamente que se anotició de tal situación con la pericia médica, pues entraría en contradicción con lo sostenido en la demanda en cuanto a las incapacidades que dijo padecer.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: SARAPURA, CARLOS ANIBAL c/ MOLINA, SERGIO MARTIN; FERNANDEZ, CRISTIAN FEDERICO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-22

Que el Art. 453 del CPP prevé que " Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas o sus defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas. Para desistir de un recurso interpuesto, el defensor deberá tener mandato expreso de su representado...".
Concurso preventivo, presentación en concurso, intereses, crédito laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEIDMAN  Y  BONDER  S.C.A.  SOBRE CONCURSO PREVENTIVO SOBRE INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITOS POR RAUL OSCAR PISERCHIA. s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

La suspensión de intereses impuesta por el art. 20 de la Ley 19 551 no comprende las acreencias de naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo.
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN DE LA MONICA MARIA Y OTROS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-22

El memorándun que dispone el cese del pago de una bonificación docente, es en principio un acto interno de la administración, y no un acto administativo. Los mismos se diferencian de los actos administrativos porque no producen efectos jurídicos directos con respecto a los terceros, y en cambio los segundos redundan en la esfera jurídica de los particulares fuera del ámbito de la administración.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: López, Leonardo Vicente s/ Homicidio culposo - Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

La idoneidad de los peritos y la meritación de la prueba colectada en la causa son supuestos errores in iudicando, ajenos al recurso de nulidad extraordinario y propios del recurso de inaplicabilidad de ley.
Obligaciones, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA c/ FRUVUCO S.R.L.Y OTROS s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S117 - 445)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-09

No estamos frente a una deuda en que las partes incorporaron como cláusula de estabilización el dolar estadounidense (tal como, por ejemplo, era costumbre en el mercado inmobiliario), sino ante una deuda contraída en moneda extranjera, sin curso legal o forzoso en el país, cuyo régimen es el del art. 617 CCI, moneda que a mi juicio puede ser indicada como objeto de pago para ser regida no por las normas de las obligaciones de dar suma de dinero, sino por las que corresponden a las de dar cantidades de cosas, receptando el contrato, además, el principio a tenor del cual la obligación de pagar moneda extranjera conciente la variante de que el deudor pueda liberarse dando el equivalente en moneda nacional. El contrato de crédito celebrado entre las partes fue en moneda extranjera y ... no capricho, o para utilizar la moneda extranjera como pauta de estabilización, sino porque el crédito tenía como destino su utilización en operaciones de Comercio Exterior, realizada con habitualidad por los beneficiarios del crédito... Por ello, tratándose de un crédito otorgado en moneda extranjera, específicamente para ser utilizado en operaciones de comercio exterior, de exportación de bienes o frutos producidos por la demandada, que generará el ingreso de divisas extranjeras del exterior, resulta indudable que la restitución del crédito debía efectuarse en dicha moneda... aunque mencionándose la alternativa de pago en moneda argentina, en virtud de que, por aplicación de las normas legales vigentes no podría impedirse el efecto cancelatorio de la moneda nacional de curso legal.
Municipalidad, conflicto de poderes, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Libonatti, Antonio C. c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gral. San Martín s/ Conflicto art. 196 Constitución provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

La medida cautelar de pleno derecho legislada en el art. 263 bis del decreto ley 6769/58 (conf. art. 88, ley 11.024) alcanza sólo a la destitución del Intendente o de cualquier Concejal y no a la suspensión preventiva decretada respecto de éstos.

El texto de la ley es claro al expresar que la mera promoción del conflicto suspende la ejecución de la resolución impugnada "...la que no hará ejecutoria hasta la resolución definitiva del mismo (art. 263 bis, cit., segundo párrafo in fine). Sólo la resolución ejecutoria, ya que las providencias cautelares, en razón de su carácter instrumental, no son definitivas ni, por ende, causan instancia. (Minoría u opinión personal)
Empleados públicos, ley supletoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernandez, Delia c/ Pcia. de Bs.As. s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

Los principios consagrados en el dec. ley 7647 resultan de aplicación supletoria al régimen de empleo público, por tratarse de una cuestión que posee una tramitación con régimen especial.
Acumulación de procesos, marcas, acción de nulidad, economía procesal, sentencias contradictorias
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MEJIAS MARIA CRISTINA c/ DRAKE BEAM MORIN s/ NULIDAD DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La acumulación de procesos constituye el medio adecuado para asegurar la unicidad de la decisión, a los fines de un ajustado servicio de justicia (cfr. esta Sala, causas 3154 del 14.12.84, 5584 del 22.11.88 y 124 del 28.8.91. El principio enunciado tiene apropiada aplicación en esta oportunidad, pues el debate que convoca a las partes gira alrededor de una marca -"outplacement" -, cuya nulidad ha sido impetrada, bien que referida a diferentes clases y con distintos fundamentos. Su concentración ante el mismo juez contribuirá a dar satisfacción a los principios de sencillez y economía procesal y a la identidad de soluciones en casos similares, evitando que se provoquen soluciones contrapuestas para causas interrelacionadas (cfr. Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, pág. 220).
Sociedades comerciales, contratos de colaboración empresaria, unión transitoria, empresas relacionadas, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Immba SRL c/ Buenos Aires Servicios de Salud SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Los requisitos para la existencia de una unión transitoria son: i) Finalidad lucrativa: los partícipes se interrelacionan e interactúan a través de una organización excediendo el marco mutual y de cooperación teniendo en miras un fin de lucro inmediato, para llevar adelante un proyecto en común, ii) Objeto único transitorio: las UTE se constituyen con el objeto específico (no necesariamente comercial) de desarrollar o ejecutar obras, para el suministro de un servicio concreto, dentro o fuera del país y todos aquellos que complementen o sean accesorios al objeto principal, iii) El objeto debe ser determinado en el contrato, como asimismo, las actividades y los medios para su realización, iv) Carencia de personalidad jurídica: no constituye sociedades o sujetos de derecho, por lo que no podrá adquirir derechos, ni obligaciones, concursarse o quebrar. No tiene capacidad para adquirir derechos reales y en consecuencia no podrá ser propietaria de bienes registrables, v) Cada partícipe es independiente jurídica y económicamente, pudiendo integrar otras uniones de acuerdos de colaboración, salvo pacto en contrario (conf. H. Roitman, "Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y anotada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 885). Por otro lado, quienes están facultados por la norma para integrar esta modalidad de contratos son todas las personas humanas y jurídicas públicas y privadas (de conformidad con la nueva clasificación establecida por nuestro ordenamiento) la que incluye, a modo enunciativo, las sociedades, asociaciones, mutuales, cooperativas, fundaciones, personas jurídicas públicas, entre otros (conf. J. H. Alterini, "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, pág. 387).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ VALDEZ DE SANCHEZ, EUGENIA c/ ELMA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-16

La reparación del daño moral debe rastrearse en la represión de las faltas que sin constituir delitos penales atestiguan una conducta culpable o defectuosa; por ello procede en un accidente del trabajo no obstante no haber habido hecho ilícito por parte de la empresa. (En igual sentido, Sala IV, 24 de julio de 1973, 'Diaz, Pedro c/ Frigoríficos Argentinos SA.', DT. 1974-33).
Tasas de interés, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Almaraz, Myriam Beatriz c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. s/ Accidente - Ley Especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-09

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante Acta 2601 adoptó para corregir los créditos laborales la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, la cual es aplicable para los juicios sin sentencia, en la inteligencia de que, en los que ya hubiere recaído pronunciamiento, aplicarla retroactivamente afectaría de algún modo la cosa juzgada, por eso no afecta los efectos de la cosa juzgada ni deja en estado de indefensión al deudor, sino simplemente adecúa los efectos del pronunciamiento al contexto actual, al cual no se habría arribado si la deudora hubiese cumplido sus obligaciones en tiempo propio.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nissi, Osvaldo c/ Municipalidad de La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Un bache importa un vicio de la vía pública cuya aptitud riesgosa es innegable (se trataba de un bache de 2 metros cuadrados de superficie y con una profundidad de entre 20 y 25 ctms.) y fuera de duda la relación de causalidad existente entre la omisión del municipio en repararlo y la caída del actor que derivara en los daños cuyo resarcimiento se reclama, corresponde la objetiva imputación de responsabilidad al dueño guardián de la calzada viciada; la Municipalidad, por el mal ejercicio del poder de policía en los deberes de conservación de las vías públicas.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cáceres Pérez, Alma c/ Morais, María Elena s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-04

Cuando se han acreditado lesiones, deben presumirse las erogaciones por gastos médicos y farmacéuticos, aun cuando hayan intervenido establecimientos asistenciales hospitalarios y no se encuentre documentado su importe, pues es evidente que existen gastos que debe soportar el accidentado y, además el art. 1086 del C. Civil establece que la indemnización comprenderá el pago de todos los gastos de curación y convalescencia del ofendido.-
Intimación de pago, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ HUROVICH, ALBERTO JAIME Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

En el art. 542 del ordenamiento adjetivo nacional (solución que también adoptan la mayoría de los Códigos Procesales vigentes en el país) la citación de remate no es un trámite autónomo respecto de la intimación de pago, sino que se entiende cumplida implícitamente con esta última, de modo que aunque no se mencione la citación para oponer excepciones en el diligenciamiento, el deudor queda igualmente convocado al efecto (cfr. Bustos Berrondo, H. "Juicio Ejecutivo, pág.

120; Rodríguez, L. A. "Tratado de la Ejecución", T. II-B, N. 95, pág.

560).
Superintendencia, funcionarios judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAJ  Dra. Servini de Cubría, María s/ su denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Resulta reprochable el modo y el procedimiento realizado por un empleado judicial para la defensa de sus derechos y de una eventual defensa de la digna administración de justicia, si en lugar de canalizar sus inquietudes ante la cámara encargada de la superintendencia del juzgado, optó por concertar una entrevista entre una ex secretaria privada de la juez y un periodista.
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva, ley procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BERNALDEZ F. Y OTRO c/ OBISPADO DE CRUZ DEL EJE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-06

Cuando la norma del art. 155 C.P.C. establece en términos genéricos que las causas deben resolverse con fundamentación lógica y legal, debe afirmarse que no puede interpretársela directamente cuando ella está reglamentada por la ley procesal. El control del cumplimiento de aquella garantía constitucional corresponde en ultima instancia a este tribunal y, en principio, por vía del inc.

5 del art. 1272 C.P.C., por lo que el carril impugnativo se encuentra subordinado al cumplimiento del requisito de que la cuestionada sea sentencia definitiva (arts. 1272, in limine, 1273 y cc. C.P.C.).
Proceso judicial, carga procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vallet, Alejandro P. c/ Clínica Maternidad Colón S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Prescindir de la consecuencia impuesta por una norma procesal para el caso de incumplimiento de una carga, cuando la finalidad de la exigencia no se ha desconocido ni se ha exacerbado su primacía por sobre la vigencia de los derechos sustanciales, equivaldría a vaciar de contenido a esta clase de disposiciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fallico, Hugo c/ Finelli, Pedro s/ Incidente s/lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

El reconocimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesario otra precisión ni prueba específica alguna, cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, quedando a cargo del responsable del hecho dañoso acreditar, en su caso, la existencia de alguna situación objetiva que excluyera la posibilidad de aquel perjuicio.-