marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, impulso de parte
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galván, Oscar Osvaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

La declaración de inconstitucionalidad del artículo 10, inciso "c" de la ley 24.050 sin solicitud de parte importa un grave apartamiento de la pacífica jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, tanto más cuanto que sobre el fondo de lo que deciden también se oponen, sin razón novedosa alguna, a las decisiones de ese magisterio. Esto sólo bastaría para descalificar el fallo en crisis. De igual modo decidir no aplicar la doctrina sentada por esta Cámara en el fallo Plenario "Kosuta, Teresa R.", la que es obligatoria para este Tribunal y para los tribunales orales que de él dependen, invadiendo así un campo que les está expresamente vedado, precisamente por la norma contra la que se alzan, no se puede hacer sin pedido de parte y sin ofrecer nuevas razones no contempladas en la corriente jurisprudencial y doctrinaria a la que se oponen. (Voto del Dr. Mitchell)
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossia, Vilma Magdalena c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Fernandez, Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14|2002-12-18

Aunque se entendiera que "los gastos de movilidad y hospedaje" pudieran considerarse remunerativos por su percepción periódica y habitual y sin sujetarse a rendición de cuentas, tal acepción amplia no puede asimilarse al concepto restringido del régimen especial en lo que se refiere a lo que debe estimarse como remuneración del legislador, según lo dispuesto en la ley 8320, por lo que no resulta de aplicación al caso de autos la doctrina elaborada respecto del concepto de remuneración que permite el régimen previsional general del decreto ley 9650/80. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, pago parcial, intereses, honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PEZZANA, ENZO LUIS c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-09

Corresponde tener por consolidada la deuda por honorarios profesionales cuando la obligación principal no ha sido saldada en su totalidad, se adeudan en autos una suma en concepto de intereses que, sin duda alguna, integra la obligación principal a cargo de la demandada vencida en juicio, resultando irrelevante si lo que resta abonar es un porcentaje pequeño en relación al monto total del juicio o si el período de tiempo durante el cual trabajaron por la tramitación de la causa es largo o no, toda vez que la ley 23982 ninguna distinción hace en estos aspectos.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARCALA DE ROMERO RAMONA DOLORES Y EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-21

La crítica del recurrente debe ser completa, pues si omite referirse a otros elementos capaces de sustentarlo, el recurso es improcedente. La conclusión del aquo en el sentido que resulta inaplicable el artículo 1109 del Código Civil, pues para ello es necesario que mediara una conducta culposa de la demandada, que no fue alegada, pues el daño provino del hecho ilícito de un tercero que no ha sido cuestionado por el recurrente y que ello se ajusta estrictamente a derecho, no se cuestiona la desestimación de la pretensión por no poder subsumirse la cuestión en ninguno de los supuestos de responsabilidad objetiva del artículo 1113 del Código Civil.
Indemnización sustitutiva de preaviso, despido sin causa, tareas de vigilancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Celma SRL c/ Galerías Larreta SACI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

La operatividad de la cláusula resolutoria excluye ciertamente el derecho al preaviso o a la indemnización sustitutiva, pero ello sujeto a la verificación por el juez de la existencia del incumplimiento, de donde si tal verificación no se ha cumplido, debe ser reconocido el derecho a la indemnización por omisión de preaviso.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corbellini, Cristina R. c/ Provincia de Bs.As. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-17

La obligación de seguridad que asume en estos casos el Fisco Provincial no se traduce en un genérico deber de indemnidad de la integridad los ciudadanos sino que se constituye en el núcleo prestacional, central y primario que deben cumplir los directores y docentes, funcionarios del Estado Provincial, en la función de la enseñanza, transitando la genesis de la responsabilidad en estos casos en el ámbito extracontractual (art. 1109, 1112, 1113 del C.

Civil).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Cáceres, Anselmo Alberto s/ Homicidio - JUICIO ORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-04

Computar la mendacidad como agravante es violatorio del principio de "prohibición de la doble valoración", porque ya se tuvo en cuenta, entre otros elementos de convicción, la mentira del procesado para sostener la existencia del injusto penal que se reprocha.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-28

Si al trabajador se le abonó en su momento una indemnización por accidente de trabajo, en término de absoluta, cabe colegir que no puede pretender luego una indemnización por enfermedad accidente posterior, ya que en virtud de aquel acto primero se declaró tácitamente que no tenía capacidad residual; comportaría reconocerle una capacidad que supera la total obrera, lo que implicaría un absurdo.
Divorcio, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Genaro Genomén Galvan c/ Nélida Dolores Abregu de Galvan s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nro.  B- 17830/97 Divorcio Vincular. L.A.Nro.  46 F. 447/449, Nro.  176. Galvan s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nro.  B- 17830/97 Divorcio Vincular. L.A.Nro.  46 F. 447/449, Nro. 176.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-05-14

Resulta incuestionable -en la especie, dadas las características particulares de la causa- que el detrimento moral excedió al producido por la mera ruptura del matrimonio y sus consecuencias legales y debe ser resarcido de conformidad a lo dispuesto por el art. 1078 del Código Civil
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, políticas sociales, plan para la vivienda, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarantino, Héctor Osvaldo y otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Cdad. de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

Cuando un individuo o grupo es incapaz de acceder a una vivienda digna, el Estado tiene en tal caso la obligación de adoptar las medidas pertinentes para proveer, al menos en un estadio básico, la satisfacción de esa necesidad. Este deber tiene vigencia aún en períodos de crisis, en especial cuando se trata de grupos en situación de extrema precariedad. En el ámbito internacional, en igual sentido se ha pronunciado el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales creado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (Observación General Nro. 4) cuyas opiniones han sido receptadas recientemente por la Corte Suprema (in re "Campodónico de Beviaqua", Fallos 316:479).

Sin embargo, no resulta posible soslayar que, de acuerdo a la redacción que el constituyente local ha dado al artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la obligación del Gobierno de la Ciudad, para la satisfacción del derecho a la vivienda, supone una cierta progresividad, en el sentido de que su plena realización requiere un cierto lapso temporal. De allí que el concepto de progresividad implique el de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OG Nro. 3), ello en el marco de las posibilidades técnicas y presupuestarias del Estado.

En consecuencia, es obvio que el Estado puede optar entre diversas alternativas para ejecutar la política habitacional, sin embargo, no puede prescindir de planificar y poner en práctica una política de desarrollo habitacional en los términos que prevé la Constitución local.
Empleo público, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TREJO, Juan Daniel. c/ Municipalidad de la Banda del Río Sali. s/ Contencioso administrativo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03

Manuel María Diez, en "Derecho Administrativo", 2da. Edición corregida y actualizada, Edit. Plus Ultra, Bs. As. 1.979, T. III, pág. 494, sostiene: "funcionarios políticos son aquellos que deben dejar sus cargos al renovarse el Poder Ejecutivo y/o legislativo los no políticos los que se mantienen independientes de las alternativas de la política a pesar de esas contingencias". Desde esta perspectiva, resulta sustancial para la dilucidación de la cuestión, la transcripción del art. 40 del citado cuerpo legal - Reglamento Interno del HCD del municipio demandado - "los bloques tendrán personal nombrado y removido en cualquier tiempo por el presidente del HCD a propuesta de la autoridad de aquellos, el que cesará automáticamente al desaparecer el mismo o en cada renovación legislativa..." (Ord. Nº 966/95 Cap. VI).

Siendo la particularidad del cargo político la transitoriedad, pudiendo disponerse su remoción discrecionalmente parece configurada tal naturaleza -política- en el cargo que nos ocupa, pues ante tan clara disposición legal y la exclusión estatutaria que dispone el artículo 2º de la Ordenanza Nº 638/91 más allá de las sucesivas renovaciones no podría configurarse un cargo administrativo con ese status.

En este orden de ideas cabe preguntarse, ¿podría sostenerse, como lo afirma el tribunal de grado, que, el actor tiene un derecho en expectativa sujeto a condición en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1506/2010? la respuesta es no, pues su remoción se encuentra legitimada en un simple cambio de autoridades.

En efecto, si el derecho a la estabilidad es concebido técnicamente como el derecho a conservar el empleo y nivel escalafonario alcanzado, salvo que medie una causa de cesantía imputable al agente, acreditada en sumario administrativo regular, o bien exista una causa legal que la justifique, no cabe duda que el dispositivo comentado (art. 40 de la Ord. Nº 966/95) no la ha consagrado.

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Sobreseimiento, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: S., L. A. c/  s/ extinción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-24

Julio Marcelo Lucini, que votó en primer lugar, quedó en disidencia. Señaló que sostuvo con anterioridad que la causal invocada "art.34, 2do párrafo de la ley 27.063 y 59, inciso 6, del CP, según ley 27.147" perdió operatividad desde que el Decreto Ley 257/2015 postergó su implementación (ver CCC, Sala 6, causa 46247/16/1 "H., K." rta.25/9/17 y sus citas, y el precedente CCC, Sala 6ª, causa 70166/04/23 "M., D." rto.15/10/15). Agregó que si bien en el caso sometido a estudio, el fiscal solicitó el sobreseimiento del imputado por entender que la acción penal se había extinguido en los términos de la normativa expuesta, luego no apeló la resolución del juzgado y tampoco su superior jerárquico adhirió al recurso de la defensa, de donde se infería que la convalidó.
Concursos, impugnación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

La cuestión sometida a decisión (si la propuesta de la concursada es abusiva o no) entronca con un aspecto muy conflictivo del actual derecho concursal argentino, que ha colocado a jueces y litigantes en el trance de dar concreción, en cada caso, a un concepto jurídicamente indeterminado como es el del abuso del derecho, con el grave riesgo del relativismo que todo juicio de esa índole lleva en su seno, al punto de ser dificultosa sino imposible la construcción de una jurisprudencia que defina cuando es y cuando no es abusiva una propuesta de acuerdo; es que en materia de descalificación de una propuesta de acuerdo, la palabra "abusiva" es un termino omniabarcativo; todo cabe en el (conf. Maffia, o., "La homologación en la ley 24522 modificada por la ley 25589", ja 2002-iv, p. 1292, espec. p. 1302), ya que la referencia al abuso del derecho constituye "...una pauta cuya vaguedad produce vértigo..." (cfr. ribichini, g., "el nuevo articulo 52 de la ley de concursos y quiebras", ll 2003-a, p. 1084).
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: BAZAN, Marcelo Antonio s/ Hurto simple, robo agravado por uso de armas, atentado y resitencia  a la autoridad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Se ha cumplido debidamente la comunicación impuesta por el art. 167 CPP con respecto a la pericia balística ordenada. Pero si la alegada deficiente redacción le impidió al acusado presenciar la pericia, hacer las observaciones que estimare pertinentes y designar perito a su costa, pudo el quejoso reclamar oportunamente un nuevo examen pericial balístico.-
Competencia, cuestiones de competencia, competencia correccional, menores, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente, menores en situación de desamparo
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: LIMBERTI, Silvia s/ Causa 2.561
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

El impedimento de contacto con alguno de sus progenitores coloca al menor en un virtual estado de abandono moral, cuando no también de carácter material, que en mérito a las previsiones del art. 29, inc. 3° del C.P.P. torna procedente la intervención del juzgado de la especialidad.
Declaración testimonial, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ghiglia, Exequiel  c/ Sindicato de Trabajadores Municipales Gualeguaychu  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-09

Los dichos de la testigo son un ejemplo claro de lo que la doctrina especializada denomina "hiperamplificación", fenómeno que se observa cuando un testigo memora con exactitud detalles que "ayudan" la postura de la parte litigante que la ofreció pero no recuerda otros detalles que, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, es muy raro que una persona hubiera olvidado (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, acción de amparo, ordenanzas municipales, derecho a la información, secreto industrial, Derecho ambiental, protección del medio ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BESACCIA, NORBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida)-Recurso de amparo-  Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 215 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

No lucen arbitrarias o irrazonables a punto de merecer su descalificación como acto jurisdiccional válido las consideraciones efectuadas por el Tribunal A quo en su sentencia desde que los ejes argumentales que la sostienen reconocen un norte único: las más que especiales y sensibles circunstancias fácticas y jurídicas que convergen en este conflicto. Repárese que en el caso se encuentra en juego el derecho a la información en directa e inescindible relación con los denominados derechos ambientales, los que también tuvieron consagración expresa en el texto de la Constitución reformada (artículo 41) y se pretende su reconocimiento por una vía que, más allá de los distintos matices que la doctrina ha anotado, fue instituida por el constituyente explícitamente como un remedio, en principio, apto para proteger aquellos nuevos derechos -artículo 43, apartado 2, Constitución Nacional- Las aristas de la causa, que podrían sintetizarse en la conclusión del a quo referida a la indisolubilidad del derecho a la información, la protección del medio ambiente y la imposibilidad o dificultad de ejercer acciones si no se cuenta con aquélla, han sido pormenorizadamente evaluadas por los jueces de grado, los que, sopesando los delicados intereses comprometidos, admitieron el amparo y dieron preeminencia al derecho a la información ambiental por sobre la confidencialidad instituida en la ordenanza impugnada. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Daños y perjuicios, daño causado por animales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gabrunski de Campos, Paulina c/ Agropecuaria 20 de Mayo S.A. F.A.C.I. y otros s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-11

En los términos del art. 1124 del C. Civil son responsables por los daños producidos por animales, el propietario y la persona a la cual se hubiere mandado al animal para servirse de ella, por lo cual es el propietario el primer responsable, y también lo es su poseedor esto es el que tiene el animal efectivamente, el que se sirve de él, pues esa circunstancia lo convierte en el guardián de la cosa, y por lo cual se puede demandarlo precisamente por haberse "servido" de la bestia al tiempo del hecho nocivo.
Propiedad horizontal, notificación, encargados de casas de renta
Materia: CIVIL
Carátula: PONTE SEVERINO c/ CAMBIOS TELETOUR S.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

Cuando se trata de edificios destinados a escritorios o departamentos es válida la notificación diligenciada con el encargado.
Juicio por delitos de acción privada, excepciones procesales, oportunidad procesal, citación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GRAFFIGNA LATINO, CARLOS s/ RECURSO DE CASACION Causa 568
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

Las excepciones, deben oponerse en el término de citación a juicio (art. 428 del C.P.P.N.). su introducción posterior resulta inoportuna.
Impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas, aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Continental S.A.C.I.M.F. y A. (T.F. 10311-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

La ley 18.526 en la que se estableció un impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permutas de divisas que encontraba su ámbito de aplicación en todo el territorio nacional y que se aplicaba a las operaciones que se realizasen con la intervención de bancos o entidades autorizadas para operar en cambio por el B.C.R.A.

(art. 1º), formó parte de un conjunto de normas legales sancionadas y promulgadas el 31 de diciembre de 1969 en virtud del cual, además de introducirse reformas en otros gravámenes, se desmembró el antiguo impuesto de sellos (ley 18.524), creándose otros dos gravámenes independientes: el impuesto antes mencionado que extendía su ámbito territorial en toda la Nación -y el que recaía sobre las actuaciones judiciales (Tasa de justicia- ley 18.525).
Azúcar, ingenios, quiebra, exportaciones, Secretaría de Comercio, Dirección Nacional del Azúcar, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Azucarera y Alcoholera  Soler S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La resolución 1132/79 de la Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, así como la resolución 267/79 dictada por la Dirección Nacional del Azúcar, no guardan correspondencia con el espíritu y la finalidad prevista por la ley 19.597, en tanto impusieron a la actora la obligación de exportar un determinado cupo de producción, sin haber evaluado que el ingenio se encontraba en quiebra y permaneció cerrado en el año anterior, y que en ese estado fue adquirido por la actora en virtud de la adjudicación otorgada por el juez interviniente en el proceso de falencia.
Daños y perjuicios, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Escalante Vda. de Peña, Lidia c/ Di Martino, Mario y Cosecha Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Sumario Cosecha Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-05-22

El demandado en el accidente, deberá demostrar la imprudencia del actor o la inexactitud de los hechos por él afirmados, lo que en definitiva importa consagrar la tesis de la inversión de la prueba, ya que sólo hace cargar al damnificado con la demostración del daño sufrido.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva, Derecho laboral, empleador, libros, prueba, prueba documental
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: SORIA, OSVALDO DARIO c/ SMUTT, ROBERTO ORESTE s/ COBRO DE PESOS LABORALES    QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    CSJ EXPTE NRO 447-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

Corresponde admitir la queja interpuesta si el quejoso rebate acertadamente, en el escrito del recurso directo, el argumento del auto denegatorio, ya que la arbitrariedad, de existir, sería sorpresiva, al surgir con el pronunciamiento de segunda instancia, no pareciendo razonable exigir que el justiciable se anticipe y prevea el dictado de una sentencia que supuestamente, contenga una conclusión contraria a las constancias de la causa.

En el caso, el quejoso explica que constituye una manifestación arbitraria el concluir como lo hace la sentencia, que su parte no llevaba los libros que establece la ley 20744, cuando consta en autos su ofrecimiento como prueba y su disponibilidad. Sostiene que el fundamento de la sentencia parte de una base inexistente, al sostener que no se cumplió con la obligación del patrón de llevar los libros.
Culpa civil, negligencia, violación al deber de cuidado
Materia: CIVIL
Carátula: A., C. c/ B.N.L. S.A. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-27

Se entiende por diligencia el cuidado que debe emplear el deudor de una obligación en el desarrollo de su actividad, esto es, el adecuado empleo o despliegue de las energías y de los medios útiles a la realización de un determinado fin, por lo que la culpa se presenta como una omisión de diligencias que imponía la naturaleza de la obligación, reflejando una conducta del agente contraria a la que era dable exigir en las circunstancias del caso y que provoca el perjuicio de un interés ajeno jurídicamente tutelado, lo que lleva a precisar que la negligencia consiste en una conducta responsable por falta de previsión, es la omisión de los cuidados debidos que no le permitieron tener conciencia de la peligrosidad de su conducta para los bienes o intereses de terceros.
Proceso penal, nulidad procesal, interpretación restrictiva, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, Carlos y otro s/ auto de proc. Causa nro. 26.618
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Las nulidades deben considerarse restrictivamente, conforme al criterio sentado por los artículos 2 y 166 del Código Procesal Penal de la Nación. "El Proceso Penal no es una ejercitación académica y las formalidades procesales no son afines en sí mismas".