Tribunal: Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-23


2º Instancia. - San Nicolás de los Arroyos, diciembre 23 de 2008.

Se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 157/161? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Telechea dijo:

1.- Los actores, Miguel Mariano García y Nélida Catalina Petrich, han promovido formal demanda de cobro de pesos persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios experimentados como consecuencia de un accidente de tránsito acaecido el 3 de abril de 2006, sobre la Ruta Nacional nº 8, en las proximidades de la ciudad de Arrecifes, siendo aproximadamente las 20,10 hs.- Señalan que en esa oportunidad, circulando a velocidad normal, en sentido Todd - Arrecifes, repentinamente y desde su derecha, se cruzó sobre su carril de marcha un caballo de color oscuro produciéndose su embestimiento, experimentando la unidad Ford Orion GL de cuatro puertas, dominio AHP-998, modelo 1995, diversos daños.

Reclaman la reparación de los perjuicios experimentados como consecuencia del siniestro, tales como los gastos incurridos en la reparación de la unidad, lucro cesante, desvalorización del vehículo, lucro cesante, gastos de transporte y daño moral.Evacuado el traslado de la demanda por la accionada Caminos de América SA y producida la prueba ofrecida por las partes, se ha procedido en la instancia originaria al dictado de la pertinente sentencia.

Por la misma se hizo lugar a la demanda considerándose que el concesionario demandado no cumplió con las obligaciones a su cargo ya que no aseguró un uso adecuado del corredor manteniéndolo libre de obstáculos, en especial teniendo en cuenta que -según el dicho de los testimonios producidos- en el lugar solía haber animales sueltos, a lo que se aduna que ninguna prueba produjo la demandada sobre eventuales tareas preventivas.

2.- Han deducido contra dicho pronunciamiento recursos apelatorios ambas partes.

La actora cuestiona los montos indemnizatorios admitidos, en tanto la demandada lo hace respecto de la responsabilidad a ella atribuida.

3.- La responsabilidad:

Caminos de América SA se agravia, en primer lugar, de la valoración de la prueba producida, en especial un informe del Servicio Meteorológico Nacional (fs. 90/91) del cual surge que al momento del hecho, en la zona donde ocurriera el mismo, el cielo se encontraba cubierto, con visibilidad reducida entre 5 y 15 Km por lluvia o llovizna, lo que exigía del conductor de la unidad afectada máxima atención y prudencia, de conformidad con los términos del art. 50 de la ley nacional de tránsito.

Seguidamente cuestiona la valoración que efectuara el a quo de la normativa vigente para las concesiones viales, reseñando brevemente las mismas y concluyendo que la responsabilidad del concesionario vial se extiende solamente hacia los compromisos asumidos en el Contrato de Obra Pública que no son otros que la construcción, reparación, etc. de las rutas, reservándose el Estado el poder de policía, por lo que el concesionario solo se ve obligado, cuando se detecte la presencia de animales sueltos en la ruta, a avisar a las autoridades competentes, recalcando que tal obligación se limita a supuestos en que tal presencia sea efectivamente detectada.

Concluye afirmando que a Caminos de América SA no le corresponde ninguna imputación de responsabilidad por el hecho denunciado, agregando que si alguien fuere responsable ese sería el propietario del caballo o el conductor del vehículo.

Respecto del primer agravio he de señalar que no surge de lo actuado elemento alguno del cual pueda inferirse cierto grado de responsabilidad atribuible al conductor del automóvil Ford Orion.

El informe meteorológico a que hace referencia la recurrente solo menciona una reducción de la visibilidad en función de precipitaciones (entre 5 y 15 km) que en modo alguno implican imposibilidad de circular, lo que -por otra parte- no se ha acreditado.

Tampoco surge de autos que la conducción a cargo del Sr. García haya sido -como se pretende- negligente o imperita y a velocidad inadecuada. Por el contrario del informe pericial obrante a fs. 144/5 se desprende que "no obran en autos datos técnicos objetivos suficientes para poder determinar la velocidad del Ford Orion siniestrado".

Siendo que la carga del acreditamiento de tales irregularidades en la conducción recayó sobre la parte demandada (art. 307 CPCC), el incumplimiento de tal actividad procesal solo a la misma puede perjudicar, por lo que el presente agravio debe ser desestimado.

Respecto de la responsabilidad de Caminos de América S.A. en su condición de concesionaria de la explotación del corredor vial donde se produjo el hecho, he de señalar que entiendo procedente seguir los lineamientos que al respecto expusiera el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, coincidente en alguna medida con el del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en su voto vertido en los autos "Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/V.I.C.O.V. SA s/Daños y Perjuicios" que tramitara por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (21 de marzo de 2006, Fallos 329, pág. 646/669).

Refirió en tal oportunidad el Dr. Lorenzetti (me atrevo a su transcripción parcial por razones de claridad argumental) "que el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad ... que el prestador debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que en el caso, exige un comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte... La invocación de una costumbre que llevaría a entender que el concesionario de la ruta sólo se ocupa del mantenimiento de su uso y goce, sin brindar servicios complementarios relativos a la seguridad, es contraria a esa expectativa legítima, así como violatoria del claro mandato de seguridad mencionado (cit. art. 42, de la Carta Fundamental)." "Que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1º y 2º). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del vinculo que une a la concesionaria con el Estado".

"Que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio. Esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto sean previsibles....".

"Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la Constitución nacional) y legal (art. 5 ley 24.449; ley 24.240)".

"Que la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas.... Que no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno. El régimen de causalidad vigente (arts. 901 a 906 del Código Civil) toma en cuenta las consecuencias normales y ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevitables o no previsibles.-...La previsibilidad exigible variará -de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil- de un caso a otro, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación.-" "Que el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por rutas concesionadas no constituye un evento imprevisible... Es el explotador del servicio quien está en mejor posición para recolectar información sobre la circulación de los animales y sus riesgos...Es claro entonces que la carga de autoinformación y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz, pesa sobre el prestador del servicio.-...Esta carga de autoinformación importa también el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo".

"De tal suerte la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes en los términos y circunstancias indicados, compromete la responsabilidad de la concesionaria".

Agrega asimismo que "la responsabilidad que el art. 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardador de un animal por los daños que causa no es excluyente de la responsabilidad de distinta índole que, de un modo u otro, cabe a personas que -como la concesionaria vial demandada- tienen a su cargo el debe de evitar que ningún animal esté suelto en determinados lugares por razón de la peligrosidad que su presencia representa".

Con posterioridad al fallo mencionado precedentemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también en hecho similar al que nos ocupa, calificó al vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas como una relación de consumo en el derecho vigente aunque no aplicó a dicho supuesto la ley 24.240 por haber sido sancionada la misma con posterioridad al siniestro. Aun prescindiendo de dicha normativa se consideró que el vínculo entre ambas partes era contractual, regulado por el Código Civil ya que la misma es diversa a la que se da entre el concesionario y el estado. Que esa relación contractual genera en la empresa a cargo de la explotación del corredor vial una obligación de prestar un servicio constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198 C.C.), entre estos últimos existe un deber de seguridad que obliga al prestador a la adopción de medidas prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. Que el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por rutas concesionadas, es claramente previsible para un prestador de servicios concesionados lo que genera sobre el mismo el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo (CS Buenos Aires 7 de noviembre de 2006, autos "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico SA y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/daños y perjuicios" y "Martínez Lamas, Manuel c/Buenos Aires, Provincia de y otros. s/ daños y perjuicios"; Fallos, 329, pág. 4944/4978; en igual sentido CS Buenos Aires 5 de junio de 2007 causa "González Torres M.E. c/Deluca, J.A. y/o Servicios Viajes SA s/Indemnización de daños y perjuicios y daño moral", votos de los Drs. Ricardo Luis Lorenzetti y Eugenio Raúl Zaffaroni, Fallos, 330, pág. 2533/2548).

Tales argumentos me llevan a postular ante el Acuerdo el abandono de lo que hasta este momento hemos venido sosteniendo en anteriores pronunciamientos sin dejar de recordar que ya desde antiguo, esta Cámara -con citas de la Corte Provincial- ha remarcado la necesidad de prestar acatamiento a la doctrina de la Corte Suprema de la Nación -última intérprete de la Constitución Nacional- con el propósito de procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia (RSD 162-93, entre otras).

Siguiendo dichos lineamientos y entrando al análisis detallado de los elementos colectados, debemos señalar que en el caso puntual que nos ocupa ha quedado debidamente admitida la ocurrencia del hecho sobre una vía concesionada a favor de la demandada, que el mismo aconteció en la forma detallada en la demanda, y que -según premisa inatacada de la sentencia (fs. 159 vta. primer párrafo)- "en el lugar solía haber animales sueltos".

No se observa -por otra parte- elemento alguno de prueba del cual pueda colegirse que la accionada haya adoptado medidas tendientes a prevenir o evitar accidentes como el que nos ocupa.

No se ha acreditado la existencia de un organigrama adecuado de control de la presencia de animales sueltos en el corredor, ni que los accionados hayan sido alertados de tal posibilidad, ni de gestiones efectuadas por la concesionaria ante las autoridades pertinentes a solucionar tal peligrosa y repetida presencia, ni la colocación de señalización adecuada que advirtiera sobre tal peligro.

Por todo lo expuesto, soy de opinión que el recurso interpuesto por la accionada debe ser desestimado, lo que así dejo postulado.

4.- Montos reclamados:

a.- Pérdida de valor de la unidad:

Desestimó el a quo este reclamo alegando la falta de acreditamiento del perjuicio cuya reparación se pretende.

Señala el recurrente que de lo actuado surge claramente que el automóvil que interviniera en el hecho experimentó como consecuencia del mismo serios daños, que se ha visto afectado en sus partes vitales y ello implica necesariamente una disminución de su valor de reventa.

No puedo acompañar al recurrente en su razonamiento.

Ningún elemento de convicción se ha producido a fin de acreditar las afirmaciones que al respecto se han volcado en el escrito de demanda, carga que recayó sobre la propia accionante.

Y ello obsta al reconocimiento pretendido, por cuanto está vedado a los jueces otorgar indemnizaciones sobre meras conjeturas. Solo acreditada fehacientemente la existencia real del daño, el art. 165 del CPCC autoriza a los magistrados a fijar el monto de los mismos según su criterio (SCBA, DJJ tomo 111, pág. 134; Morello y otros, "Códigos Procesales...", tomo II-C, pág.134 y siguientes, edición 1986: Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo 1, pág. 657; Cámara Primera Apelación San Nicolás, RSD 123-00).

b.- Lucro cesante:

Pretendió aquí la actora que se le reconocieran las perdidas que debió soportar -según afirma- como consecuencia de ver afectada una actividad particular consistente en el armado y confección de prendas de vestir que realizaba en su domicilio luego de su jornada normal de trabajo, lo que le representaba una utilidad extra de $ 1500 por mes y para la cual utilizaba la unidad afectada.

Ante el rechazo del a quo por falta de acreditamiento del perjuicio alegado, se agravió la pretendiente alegando que el perjuicio surge de la prueba testimonial producida.

Tampoco aquí comparto la queja. Nada puede concluirse de los dichos obrantes a fs. 127/131.- Roberto Luis Divirgilio, Roberto Néstor Divirgilio y Roberto Raúl Montardit desconocen que el actor tenga alguna actividad laboral por fuera de aquella efectuada en relación de dependencia, en tanto Jorge Eduardo López se ha limitado a señalar que García trabaja con el hijo aclarando que su trabajo principal es en Manufacturas Arrecifes.

Esta última referencia es claramente insuficiente para admitir el rubro en cuestión. No se ha acreditado con la contundencia necesaria que el actor realice tareas laborales por fuera de su empleo en relación de dependencia, tampoco se ha hecho referencia alguna al tipo de tales labores, ni la rentabilidad, etc.- Ello impide hacer lugar al recurso dado que tal como se ha adelantado para que un perjuicio sea indemnizable el daño de ser cierto y surgir debidamente acreditado de las constancias de la causa, carga que recae sobre quien pretende su reconocimiento (art. 375 CPCC; este Tribunal, RSD202-06).

c.- Gastos de transporte:

Señala el actor que como consecuencia de la privación del uso del automotor ha debido recurrir diariamente a la utilización de algún remis para trasladarse a su lugar de trabajo a razón de un costo de $ 5 por día, motivo por el que reclama la suma de $ 1.000.- Fue desestimado el reclamo por falta de prueba del perjuicio y contra ello se alza el recurrente, afirmando que la procedencia de los mismos es puramente de sentido común.

Sin perjuicio de señalar la insuficiencia del memorial al respecto, debo recordar que este Tribunal tiene dicho sobre esta materia, que tal acreditamiento resulta ser un elemento determinante a los fines de admitir el reclamo en cuestión ya que la privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño in re ipsa, por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente la privación le ocasionó perjuicio (SCBA, Ac. 40095; Ac. 44760; Ac. 52.441; Ac. 548789; este Tribunal RSD 123-00).

d.- Daño Moral:

Se señala en la demanda que como consecuencia del accidente acaecido, del impacto sufrido y demás connotaciones, la Sra. Nélida Catalina Petrich de García ha quedado con alteraciones que la afectan en su vida cotidiana y en especial al trasladarse en automóvil, por lo que reclaman por este concepto la suma de $ 6.000.- Rechazó el a quo la procedencia del rubro ante la falta de prueba al respecto.

Debo señalar aquí que no se ha atacado la premisa fundamental del resolutorio cual es la falta de acreditamiento del perjuicio, limitándose la actora a formular una mera disconformidad con lo resuelto, lo que resulta a todas luces insuficiente para conmover lo resuelto de conformidad con los términos del art. 260 del CPCC.

Sin perjuicio de ello he de remarcar que efectivamente ningún elemento probatorio se ha aportado que demuestre la existencia de alguna perturbación en la coactora del tipo denunciado. No se ha acreditado mediante la correspondiente pericia psicológica que la Sra. de García padezca como consecuencia del hecho habido alteración alguna en su estado psíquico que justifique la pretensión deducida, por lo que no cabe sino desestimar este agravio.

De conformidad con lo hasta aquí desarrollado, y por los argumentos expuestos, doy mi voto por la afirmativa.

Por iguales fundamentos, el doctor Porthé votó en el mismo sentido.

2º cuestión. - El doctor Telechea dijo:

Por las razones expuestas al tratar la anterior cuestión propongo que desestimemos los recursos deducidos por ambas partes, con costas en cada caso a cada uno de los recurrentes vencidos, de conformidad con los términos del art. 68 del CPCC.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el doctor Porthé dijo:

Participo y adhiero a lo preopinado por el doctor Telechea y al punto quisiera tan sólo destacar que este Tribunal desde antiguo ha mostrado apego al estricto seguimiento de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de la Nación como la que en el voto se propugna.

Tanto es así que en causas antecedentes -vgr. "Peyrano c/Don Bernardo SRL y otros " (RSD 337/00)- juzgamos la responsabilidad civil generada por la presencia de animales sueltos en rutas concesionadas conforme los parámetros que por entonces surgían de los fallos de ese Alto Tribunal de la Nación, por lo que -reitero- doy mi voto coincidente con el argüir del distinguido colega.

Con lo que finalizó el presente Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente SENTENCIA Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1º.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas de Alzada a su cargo. 2º.- Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, imponiéndose las costas generadas en esta instancia a la recurrente vencida. - César Luis Telechea. - Carlos Arturo Porthé.