marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

Para fijar el monto de la indemnización corresponde en primer lugar distinguir la estimación y liquidación de los valores (aestimatio y taxatio) y el momento en que la víctima adquiere el derecho de ser resarcida. Cuando el juez liquida en dinero el quantum de los daños debe partir de la base que "el dinero es el sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco". Ese quantum, la suma de dinero, es la medida del valor a reparar. Como tal medida, debe responder a una estimación de valores al momento en que se hace su liquidación. No interesa el precio que tenía mi automóvil en el momento en que fue destruido, pues ese "precio" es un "valor histórico". Interesa -descartada obviamente la reparación en especie, in natura- cual es el precio actual, pues éste representa el valor patrimonial destruido.

... el precio actual es el sustitutivo del automóvil destruido (bien con valor intrínseco). Desde esta perspectiva cobra todo su sentido la afirmación reiterada en muchos fallos de que en los casos en que la determinación del monto indemnizatorio tiene lugar por vía de un pronunciamiento judicial, el daño resarcible debe ser valuado, en principio, al tiempo de la sentencia definitiva, lo cual impone efectuar los reajustes que sean del caso teniendo en cuenta incluso la depreciación monetaria operada. El momento de la sentencia liquidadora -se ha dicho- es relevante en orden a la medida del daño, en cuanto tiene en consideración el valor que en tal momento subsistiría en el patrimonio del perjudicado si el daño no se hubiese producido, por lo que se pretende crear, por mediación del resarcimiento a favor del perjudicado, una situación correspondiente a aquella que existiría de faltar el daño ocasionado. Debe distinguirse, sin embargo, entre la valoración de la medida del daño y la liquidación del mismo. Lo que se denomina, respectivamente, la aestimatio y la taxatio.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Burzoni, Ariel R. c/ Hoffman, Virginia C. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

Las defensas personales a las que aludía el art. 20 del D.L. 4776 /63, cuando el cobro se perseguía por vía de ejecución, eran las excepciones que regulan los códigos adjetivos en este tipo de juicio (v.gr. pago, compensación, etc.), pero en modo alguno autorizaba la ordinarización del juicio ejecutivo permitiendo la discusión del negocio que dio origen a la emisión del título. Más todavía,a los terceros portadores aquellas defensas personales no les eran oponibles ni aun en un juicio ordinario posterior, pues en todos los casos el deudor debía entablar su acción contra aquél frente a quien detentaba esas defensas, sea, por ejemplo, para repetir el importe del cheque si se lo hubiera pagado y debiera abonarlo nuevamente a un tercer portador que lo ejecuta, sea para perseguir el cobro de la acreencia que frente a aquél tenía y no puede compensar ante el actual tenedor. Como se advierte, la norma iba mucho más allá del juicio ejecutivo, pero a la vez, en nada modificaba la estructura acotada dentro de la cual él se desenvuelve. Cód. Proc. art. 551
Medidas cautelares, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bogado Pedro y otra c/ Alluchon Mario L. y/o responsable del fondo de comercio "La Vieja Barraca" s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

Conforme lo dispuesto por el art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial el medio idóneo para impugnar una medida precautoria indebidamente dispuesta lo es el recurso de apelación contra el resolutorio que la dispuso. Si tal apelación no se produjera dentro del plazo de cinco días contados desde que la medida fue conocida por el afectado, la resolución que decretó la misma adviene firme y así, precluída toda posibilidad de impugnar el error en que se hubiere incurrido al disponerla.- (Minoría u opinión personal)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-19


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 19 de 2007.

Considerando: Apela la ejecutada la resolución dictada a fs. 514, mediante la cual el Sr. juez a quo desestimó el pedido de nulidad formulado a fs. 484/8. Expresa agravios en el escrito de fs. 517/21, cuyo traslado fue contestado a fs. 615/6.

El magistrado de la anterior instancia rechazó el incidente articulado con fundamento en lo dispuesto por el art. 42 del Código Procesal en cuanto establece en su última parte que "...todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido se tendrá por subsistente el anterior".

Sin embargo, a criterio de este Tribunal dadas las especiales particularidades del caso, aplicar tales principios al sub examine, sería incurrir en un excesivo ritualismo formal.

En efecto, de las constancias de autos se desprende que en la anterior instancia se omitió proveer en su oportunidad la modificación del domicilio constituido por los ejecutados a fs. 468/72. Como consecuencia de ello, el ejecutante notificó el interlocutorio en el que se declaró inaplicable la ley 26.167 en la presente ejecución en el anterior domicilio constituido, vedándole de esa manera la posibilidad de recurrir el decisorio.

Más aun, ante la primera presentación del ejecutado posterior a dicha resolución, en la que pedía se libre oficio a la Oficina de Subastas Judiciales, el magistrado de primera instancia advirtió la omisión. Empero, en lugar de supeditar el oficio a que se practicara la notificación en el nuevo domicilio constituido de la ejecutada -a fin de evitar futuras nulidades-, optó por continuar el proceso y limitarse a tener por constituido dicho domicilio (ver constancias de fs. 482).

Por tal motivo, teniendo en consideración los derechos involucrados y toda vez que se afectó el derecho de defensa en juicio del recurrente, es que corresponde admitir la queja introducida.

Por ello, Se Resuelve:

Revocar la resolución dictada a fs. 514; y en consecuencia, conceder en relación el recurso de apelación interpuesto a fs. 484/93, debiendo devolverse las actuaciones a la instancia de grado para su sustanciación. Las costas de ambas instancias, se imponen en el orden causado atento la forma en que se resuelve. -Fernando M. Racimo. - Juan C. G. Dupuis. - Mario Pedro Calatayud.
Régimen jubilatorio, sentencia firme, régimen de consolidación de deudas, aplicación temporal de la ley, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GERMAN, ARON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

A juicio del Tribunal, la ley 23.982 no había afectado el sistema de movilidad previsto en el régimen previsional, el que recién fue sustituido por el establecido por la ley 24.241. Por lo tanto, la interpretación que el Superior Tribunal efectuara con posterioridad en la causa Chocobar, Sixto Celestino -sent. del 27.12.96- no puede afectar derechos adquiridos, reconocidos en una sentencia firme.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Izzula, Blas c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

No media cosa juzgada si al homologar el acuerdo celebrado entre las partes, la autoridad administrativa del trabajo no se pronunció acerca de la procedencia o no de los rubros que integran el objeto de la demanda judicial.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, acopio de armas, granada de mano
Materia: PENAL
Carátula: BARREIRO, Ramón y otra s/ proc. Causa 26.619
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

No puede afirmarse la existencia de acopio en virtud de la detentación de las cuatro granadas EAMS, materiales cuya reunión no se halla contemplada en el inc. 4to. del art. 189 bis del Código Penal, sino por su párrafo 3ro., al no poder considerárselos armas en el sentido literal del texto. Por otra parte, la cantidad de las armas existentes en el lugar, de acuerdo a lo señalado, impide sostener la existencia de una voluntad de acopio que exceda de la simple tenencia ilegítima. Esa voluntad de acumular armamento que la figura escogida por el Sr. Juez de grado presupone no puede inferirse de la sola tenencia de un número plural pero no elevado de armas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), accidente in itinere, demanda, prueba testimonial, prueba pericial, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OCAMPO, GASTON CEFERINO c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

La postulación extraordinaria gira en torno a invocar falta de fundamentación en lo decidido, mas omite hacerse cargo de los argumentos desarrollados por la Alzada, que condenó a la Aseguradora, por considerar que la falta de contestación de la demanda tornaba aplicables las sanciones establecidas en la ley de rito, en especial, el reconocimiento de los hechos relatados por el actor en su escrito inicial (accidente in itinere, a causa el cual sufrió lesiones y debió ser hospitalizado y operado), agregando que, ante tal marco, la accionada tampoco había probado en contrario al supuesto fáctico reconocido por aquella incontestación; y destacó además que el testigo había corroborado, en sustancia, los hechos invocados por el trabajador y el perito había dictaminado que las lesiones se corresponden con el mecanismo del accidente y son causa eficiente y suficiente para producirlas, sin que tal informe hubiera sido controvertido por la demandada. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Constitución en mora, suspensión de la prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Picallo, Guillermo Daniel y Otro c/ Banco Bansud S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

Si bien el art. 3986 del Código Civil establece que la prescripción se suspende por la constitución en mora, aquélla se suspende por la interpelación -siendo necesario el protesto por escribano público, o el telegrama colacionado, o algún otro procedimiento que aleje toda duda sobre su efectividad y fecha- por lo que examinadas las misivas invocadas por los recurrentes - nota y carta documento enviada a la entidad bancaria demandada para que regularice su situación, ésto es, liberación, rehabilitación y borrado ante el Veraz S.A.-, se advierte que no reúnen los recaudos necesarios como para suspender la prescripción.
Revocación de sentencia, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Fabiani, Esteban Mario c/ Pierrestegui, Jorge Alberto. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Es descalificable lo decidido si el sistema de capitalización admitido por el a quo supera significativamente el monto que resultaría de aplicar, en el período correspondiente, los índices de aumento de precios por los que se persigue mantener la intangibilidad del crédito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo, exceso ritual manifiesto, derechos y garantías constitucionales, personas con discapacidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, MONICA B. c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-27

Nuestra Suprema Corte nacional ha trazado en innumerables precedentes lineamientos acerca del deber que atañe a los magistrados de preservar los valores superiores comprometidos en los casos sometidos a su decisión. Así ha dicho que "corresponde otorgar un lugar preeminente a aquellos mandatos de raigambre constitucional por sobre regulaciones meramente instrumentales que, bajo la pretensión de reglar el acceso a la jurisdicción de sujetos potencialmente legitimados, no pueden frustrar ni dilatar insuperablemente las altas garantías puestas en cuestión por quienes promovieron la reclamación (doctrina de Fallos: 310:937); y que " el derecho a obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el trámite de la causa y, con esa intervención, superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos:326:1512).Trasladando tales principios al "sub examine" no puede este Cuerpo omitir considerar que en el actual grado de desarrollo del proceso si se declarara inadmisible la queja por su presentación fuera de término, se estaría cercenando el acceso a la revisión constitucional de lo fallado por la Alzada, dando prevalencia a una cuestión de trámite -que irremediablemente sellaría la cuestión- por sobre la jerarquía de los intereses en juego y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en una materia -discapacidad- acerca de la cual -de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema- requiere de los jueces y de la sociedad toda la consideración primordial de su interés, la cual debe orientar y condicionar la decisión de los magistrados en el juzgamiento de estos casos (Fallos:322:2701; 324:122 y 327:2413). Actuar de otro modo, implicaría renunciar concientemente a ejercer en tiempo apropiado la atribución jurisdiccional puesta en juego, abdicación que aún al amparo de la literalidad de las normas procesales aplicables, nuestra Corte nacional ha descalificado como repugnante a la Constitución. Máxime cuando la cuestión de fondo involucrada en los presentes guarda extrema similitud con lo planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación "in re" "Segarra, Marcelo Fernando c/ Instituto de Obra Social del Ejército s/ sumarísimo" que fuera resuelto por el Máximo Tribunal el 18 de junio del 2008 en un sentido favorable a la pretensión del amparista en su condición de discapacitado. ( de la disidencia del Dr.Erbetta)
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldini, Horacio Luis y otra c/ El Halcon S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Teniendo en cuenta que el actor detuvo a la camioneta sobre el carril izquierdo de la avenida destinada a la circulación de colectivos y al tránsito pesado, sin dejar señal o advertencia idónea para los restantes automovilistas, en lugar de colocar al vehículo sobre el costado derecho de la calzada, tal como lo manda el art. 92 inc. 2º, segundo párrafo de la ley 5800, cabe concluir que el actor contribuyó a la producción del accidente; no obstante, la mayor parte de responsabilidad pesa sobre el conductor del colectivo, que lo guiaba a excesiva velocidad -aproximadamente a sesenta (60) km/h-, pues de haber conducido con mayor prudencia hubiera podido frenar o evitar el obstáculo (arts. 85 y 87, ley 5800). Consecuentemente, debe cargarse con un treinta (30) por ciento de responsabilidad al actor y con el setenta (70) por ciento restante al chofer del colectivo, co-demandado en autos (arts. 1111 y 1113, C. Civil).
Títulos ejecutivos, contrato de obra pública, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Por esencia, la causa de la obligación cartular se relaciona con la materia contencioso administrativa al referir a un contrato de obra pública. En efecto, el contrato de obra pública es una locación de obra en cuya ejecución la Administración Pública procede como poder administrador y se trata de contratos administrativos que destacan la necesidad de que el interés general prive sobre el particular. De tal modo, se rigen por el derecho administrativo y sólo en forma supletoria por el derecho común, y compete a los jueces en lo contencioso administrativo la demanda por cobro de pesos fundada en el contrato de locación de obra. (De los Fundamentos del Dr. Donati)
Coautoría, procesamiento, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: N. C., J. J.  y  F., J. J.  s/procesamientos-homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-18

Finalmente sobre el cuestionamiento de la coautoría asignada destacaron que, sin desconocer que no se ha establecido con certeza quien disparó el arma, aún cuando no hubiera sido quien accionara la pistola, por su ubicación en el vehículo del lado de la acera por el que transitaban las víctimas y la trayectoria de los disparos, como hipótesis de mínima debió correrse y hacer espacio para que se empuñara el arma en la dirección pretendida e inclusive, en caso de que estuviera elevado, accionar el dispositivo para bajar el cristal de la ventanilla, todo lo cual da cuenta de una participación primaria en el hecho, además de que habían compartido juntos esa madrugada en el rodado, lo que permitía sostener también que hubiera tenido a su disposición el arma lista para el disparo. Igualmente, señalaron que toda discusión sobre un supuesto de coautoría o de participación podrá ser debatida en el juicio oral.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno, Moisés Argentino c/ Ineco de Rossi, Eduardo Gustavo y otro s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

Es inatendible la pretensión de trasladar al tribunal del trabajo, el deber que incumbe a la parte de acreditar la procedencia de los rubros reclamados, pues las facultades que el art. 12 de la ley 11.653 confiere a los jueces laborales, no se traducen en que se deba suplir la inactividad o desidia de las partes y sustituirlas en la carga ineludible que les incumbe de demostrar los presupuestos fácticos en que sustentan sus pretensiones, siendo aquéllas quienes deben soportar -en caso contrario- las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
Jubilación de magistrados, edad mínima para jubilarse, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Colombo, Claudio Julio c/ Estado Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros y otro s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-14

Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley 27.546 que introdujo una modificación gradual de la edad jubilatoria para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público, dado que el cambio legislativo para los magistrados y funcionarios hombres, estableció una escala gradual que va aumentando de a un año de edad por año calendario hasta llegar a los 65 años para el 2025, y la escala de progresividad así establecida hace ilusorio acceder al derecho pretendido, toda vez que el magistrado o funcionario nunca alcanzará la edad requerida por la norma hasta cumplir efectivamente los 65 años de edad, porque cada año necesitará uno más para llegar. Para que realmente hubiera un aumento gradual, debió establecerse un método similar al de la ley 24.241, al que refiere la propia recurrente en su expresión de agravios, en cuanto allí se procedió a fijar 1 año de edad cada 2 años calendario.
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Altamiranda, Walter Daniel c/ Río Mayo S.A. s/ Diferencia de salarios, etc. Silva, Raúl Eduardo c/ Kombi Cars SRL s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14|1992-06-30

No es útil la denuncia de infracción del art. 6 inc. "c" de la ley 11.544 si no concurren en la causa los presupuesto de excepción a los que alude la norma citada.
Contrato de trabajo, despido con causa, acta notarial, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: PAREDES, JOSÉ MARÍA c/ CAÑUELAS GAS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-13

La escribana no justifica debidamente la identidad del actor (conf. art. 1.002, C. Civ.), sin que supla tal exigencia, omisión que obsta al alcance otorgado por el juez de primera instancia al citado instrumento, pues estamos en presencia de un acta notarial donde la cabal constatación de la identidad del requerido es fundamental para dilucidar la certeza de un acto (confesión extrajudicial) cuya existencia y alcance compromete la garantía constitucional de defensa en juicio de aquél.
Concursos, principios generales del Derecho, competencia, persona humana, pedido de quiebra, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mancini, Mauro Ezequiel le pide la quiebra Gómez, Leandro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado se declaró incompetente. Ello por cuanto, en el caso, si bien no está controvertido que el presunto deudor tenga su domicilio particular en otra jurisdicción, sin embargo, se encuentra acreditado que tiene, o por lo menos tuvo, en esta ciudad una sede de su negocio comercial. Véase, que el crédito con el que sustenta el pedido de quiebra surge de una sentencia laboral en la que el accionado fue condenado por el despido del aquí apelante por la labor que prestó en ciertos comercios que aquel explotaba. En tal sentido, y encontrándose prima facie verificada la realización de una actividad económica organizada (cfr. CCCN 320), y frente a la actual ausencia de otros elementos que indiquen lo contrario (v. gr. cierre de los negocios o ubicación de la administración del establecimiento principal en extraña jurisdicción), no cabe sino concluir que, como una de las sedes de la explotación comercial del presunto deudor se encuentra en esta Ciudad, resulta competente el juez de grado para seguir entendiendo en esta causa.
Excarcelación, resolución denegatoria, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vigo, Alberto Gabriel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

Los fundamentos señalados en la resolución del a quo son impertinentes por cuanto se refieren a modalidades y circunstancias de planificación de los hechos que pertenecen al pasado y que, si bien son adecuados para señalar dificultades probatorias, no son viables a la hora de demostrar el peligro actual y concreto de que el imputado a quien aquí se trata en particular, pondría en riesgo la investigación o la recepción de elementos de prueba si estuviese en libertad. De modo tal, que no se demostró en la sentencia recurrida de qué modo la privación de la libertad cautelar sería idónea para superarlas, removiendo esos obstáculos que dificultan la investigación de los hechos. La disidencia sostuvo que el fallo recurrido no adolecía de vicios, por tanto conformaba un acto jurisdiccional válido. (Dres. Yacobucci, García y Mitchell -en disidencia-).
Proceso judicial, carga procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PINTOS, JOSE HUMBERTO c/ RODRIGUEZ AMICONE, EDGAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS PINTOS, JOSE HUMBERTO c/ RODRIGUEZ AMICONE, EDGAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA  INTERPUESTA POR DR. RAFAEL (h)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-31|2001-07-10

Aunque el juzgado se encuentre en condiciones de proveer, esto no exime al actor de la carga de impeler el proceso, ya que la instancia comienza con la demanda y termina en su primera etapa con el llamamiento de autos. Sólo en este estadio el juicio queda sustraído a la actividad de las partes, pero hasta la citada oportunidad ellos no están liberados del deber de urgir el procedimiento. Es así que la carga del litigante termina donde empieza el deber del juez.